En este nuevo libro de la serie «Episodios históricos de España», Ricardo de la Cierva analiza minuciosamente las distintas tramas conspirativas que se fueron gestando durante los años de la República, tanto en el plano militar como en el civil, y que al final confluirían en el levantamiento cívico-militar de julio de 1936.

La tesis del autor, sustentada en documentos de la época, es que estas conspiraciones, múltiples, diversas e interpenetradas, estuvieron caracterizadas, en general, por el burocratismo, la confusión y la ineficiencia, lo que se tradujo en continuos aplazamientos y en las escasas posibilidades de ser llevadas a la práctica con éxito; y que, sólo la inminencia del peligro que supuso para amplios sectores de la población española el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 y la quiebra de la propia legalidad republicana que siguió a éste, simbolizada en el asesinato de Calvo Sotelo, consiguió aunar todos esos procesos y dejar de lado las significativas diferencias y reticencias que los separaban, ante el convencimiento de que lo que estaba en juego era la propia supervivencia. Como vaticinó Gil Robles en las Cortes en una profecía autocumplida: «Media España no se resigna a morir».

Ricardo de la Cierva

Ante el Alzamiento.
Trama civil y conspiración militar

Episodios históricos de España - 33

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Titivillus 29.01.15

Título original:Ante el Alzamiento. Trama civil y conspiración militar

Ricardo de la Cierva, 1997

Editor digital: Titivillus

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Para Mercedes 93

La primacía absoluta del
proyecto militar

La preparación para el Alzamiento de julio de 1936 no fue arbitraria ni caprichosa; fue la forma concreta que adoptó la reacción de lo que había llamado José María Gil Robles ya desde el mes de abril de 1936, en plenas Cortes: «Media nación que no se resigna a morir». Conviene ahora, antes de reconstruir los sucesos previos al Alzamiento de julio, sentar algunas orientaciones de fondo sin las cuales será difícil situar en su contexto la importante documentación que vamos a incluir en este Episodio.

En primer lugar, aunque acabamos de decirlo, pero nunca será suficiente, la doble conspiración para el Alzamiento fue auténtica; se produjo sin ningún género de duda desde poco después de las elecciones que dieron la victoria al Frente Popular. Pero no fue un proyecto subversivo por iniciativa propia, sino como reacción ante las provocaciones revolucionarias del Frente Popular, que no necesitan «documento secreto» alguno porque se expresaban en forma de amenazas públicas de manera continua y se venían corroborando por los hechos, desde las salvajadas de la Revolución de Octubre hasta los atentados y desórdenes de la primavera trágica. Gil Robles era el más moderado de los líderes de la derecha y cuando anunció que ante el comportamiento revolucionario y confiscatorio del Frente Popular «media nación no se resigna a morir», no estaba incurriendo en exageración alguna. Es evidente que por parte de la derecha se dieron comportamientos insolidarios y antisociales, pero que de ninguna manera justificaban una respuesta revolucionaria, sobre todo desde que el Frente Popular había conseguido elevar al poder a un Congreso y un Gobierno favorables no sólo a sus reivindicaciones, sino también a sus desmanes.

En segundo lugar, la reacción del centroderecha (porque incluyó a muchos elementos del centro) se articuló en dos frentes: el militar y el civil. Uno y otro eran también múltiples; comprendían diversas líneas y diversos elementos, no siempre con la coordinación conveniente para sus fines. Su objetivo principal, en conjunto, era derribar al Frente Popular, no precisamente a la República; algunos generales especialmente destacados por su republicanismo (como Miguel Cabanellas y Gonzalo Queipo de Llano) tomaron parte muy destacada en la gran conspiración y numerosos miembros o simpatizantes del Partido Republicano Radical se adhirieron de diversas maneras a los sublevados de julio. En su correspondencia con Juan de Borbón, Franco repetiría que «el Alzamiento no fue contra la República, ni se preparó en favor de la Monarquía». Otra cosa es que los monárquicos pretendiesen una Restauración y animaran al presunto jefe del Alzamiento, el general Sanjurjo, para que la propiciase. Pero la «media nación que no se resigna a morir» no se alzó por Alfonso XIII ni contra la República, sino formal y únicamente contra el Frente Popular desmandado.

Y en tercer lugar, dentro de la gran conspiración, el frente militar tuvo mucho más peso e importancia que la trama civil. El general Mola, que en nombre de la Junta de Generales y del general Sanjurjo asumió la dirección del Alzamiento, aceptó la cooperación de las milicias carlistas y las falangistas para que actuasen como unidades autónomas, pero encuadradas y subordinadas absolutamente al mando militar de cada gran unidad, de cada sector y cada frente. La Junta de Burgos también admitió colaboradores civiles en su elemental estructura administrativa, pero nunca en puestos de primer nivel.

El «frente cívico» cooperó aportando fondos importantes y un fuerte apoyo moral a la conspiración militar, pero muy pocos civiles (fuera de José María Gil Robles, José Calvo Sotelo y unos pocos colaboradores muy próximos de cada uno) estaban al tanto de los proyectos militares. La principal colaboración civil, sin embargo, sería la de la Iglesia, prácticamente unánime, y la de las multitudes de centroderecha que se incorporaron de formas diversas al esfuerzo de guerra en cuanto ésta se desató. Estas consideraciones primordiales son básicas para comprender el desarrollo del Alzamiento de 1936, tanto en su fase de conspiración como en su fase de sublevación.

Considerar al Alzamiento de julio de 1936 como un pronunciamiento más, como un acto de «golpismo» según la interpretación de algunos comentaristas ignorantes a raíz del golpe del 23 de febrero de 1981, es simplemente una tontería. El golpe del 23 de febrero fue semejante al de Sanjurjo en 1932, pero tiene muy poco que ver con la convulsión nacional de julio de 1936, aunque algún general del 23-F reprodujera, con adaptaciones, el bando del general Mola. No merece la pena discutir un minuto más esa comparación esencialmente equivocada; no hay elementos comunes, ni fines, ni motivos remotamente semejantes.

Para completar el estudio de los elementos del «frente cívico» que ya hemos analizado en el Episodio anterior, nos falta describir el caso de Falange Española, que tratamos a continuación.

Falange Española ante el
18 de Julio

La auténtica participación de Falange Española, sus mandos y su fundador, en la preparación del movimiento de julio es un tema apasionante que presenta todavía grandes lagunas y no puede, por tanto, despacharse con las cuatro generalidades al uso. En este resumen trataremos de plantear correctamente determinadas hipótesis de trabajo que tal vez puedan resultar sugerentes para aquellas personas que se hallan en disposición de documentar de forma definitiva tan importante capítulo de la conspiración.

Ya sabemos que, después del triunfo de febrero de 1936, la Falange se convirtió automáticamente en el principal objetivo de una ofensiva implacable del Frente Popular y del Gobierno; cree éste, sobre todo después del ascenso de Casares Quiroga, que la entrega del fascismo español a las fieras aplacaría sin más a los desbordantes extremistas, y declara, como ya sabemos, una beligerancia abierta que ya se venía ejerciendo desde muchas semanas antes de su proclamación. Desmanteladas sus estructuras, esterilizada su actividad política, la Falange, acorralada, se lanza por el único camino que le quedaba libre: la rebeldía absoluta, la reacción violenta, la conspiración interpretada como venganza a la vez que como sistema de supervivencia. Ponderadas todas las fuentes, parece claro que la celda número diez de la Prisión Provincial de Alicante, habitación de José Antonio Primo de Rivera, se convirtió durante la primavera trágica en uno de los puntos clave de la gran conspiración. ¿En qué sentido?

Cuando el fundador de la Falange, todavía en la Cárcel Modelo de Madrid, se convence de que el Frente Popular no está dispuesto a dejarlo libre, renuncia a las escasas esperanzas de convivencia que le había hecho concebir la nueva presencia de Manuel Azaña y se consagra por completo a la actividad conspiradora, cuyas bases quedaron sentadas en la reunión de Gredos el verano anterior, como ya sabemos. A fines de marzo de 1936 llama a la cárcel a Manuel Hedilla, a quien sustituye en la jefatura provincial de Santander por Martín Ruiz Arenado, militante montañés afincado, como sabemos, en Sevilla. El eficaz falangista transmerano queda inmediatamente encargado de una «misión especial» que, según García Venero, «abarca un tercio del territorio nacional».

La misión conspiradora de Manuel Hedilla fue destacada por primera vez en el reportaje de Luis Romero Tres días de julio —sorprendentemente exacto en todo este asunto como en tantos otros— y queda plenamente confirmada para la Historia en el libro de García Venero que, como se sabe, refleja —sobre todo en este punto— con exactitud el pensamiento y el testimonio de Manuel Hedilla. (Cuando recuerdo a García Venero me invade un sentimiento de dolor y frustración por las injusticias que la opinión pública, y en especial la derecha española, cometieron con él; era un gran periodista, un gran historiador y un gran patriota, pero estaba completamente solo y los vecinos tardaron una semana en encontrarlo muerto en su casa repleta de libros).

La misión de Hedilla consiste en unificar a los elementos de la conspiración y enlazarles con las masas; sus gestiones incansables se extienden a Castilla, León, Galicia y el norte. Para el éxito de la conspiración en toda la zona contribuyó, de forma que ha dejado pocos detalles pero sin duda resultó muy eficaz, el viajero de la conspiración joseantoniana. Uno de sus agentes, el teniente de Infantería retirado Félix de Cañas, fue detenido en Palencia como viajante de una agrupación política declarada ilegal por el Gobierno a mediados de junio de 1936[1].

Las esperanzas de Primo de Rivera vuelven otra vez al terreno político con motivo de las elecciones parciales de Cuenca, que motivaron, como sabemos, el despliegue ofensivo del socialismo y el famoso discurso de Indalecio Prieto el 1 de mayo. Después del testimonio de Gil Robles, parece claro el sincero deseo de toda la derecha en salvar al jefe de la Falange con el acta conquense, y se advierte también en ese testimonio que la decisión para el establecimiento de la candidatura definitiva partió de José Antonio, quien no deseaba exponer al general Franco a la luz de las acusaciones abiertas. (Hay otras interpretaciones que me parecen dictadas por resentimientos posteriores). Tras la eliminación de esta esperanza, ya agónico, dicta José Antonio su famosa carta —que ya conocemos— a un militar español, en cuya difusión participó también decisivamente Manuel Hedilla; esa carta era la credencial de los emisarios falangistas cerca de las guarniciones y a su conjuro se formaron en bastantes de ellas los olvidados y esenciales comités militares, integrados por fervorosos —casi siempre jóvenes— falangistas de uniforme.

Parece que la idea de lanzar una sublevación sincronizada con las elecciones municipales previstas para abril y luego aplazadas partió del jefe encarcelado[2]. A las seis de la mañana del 6 de junio de 1936, Primo de Rivera llega a la celda número 10 de la Prisión Provincial de Alicante, desde Madrid. El 13 de mayo, aún en la Modelo, difunde una circular a todas las jefaturas territoriales, provinciales y de las J.O.N.S. en la que advierte:

«Y ahora una advertencia especial. Andan por España algunas personas que, especulando con nuestras actuales dificultades de comunicación, aseguran a nuestros militantes que se han concertado fusiones o alianzas con otros partidos. Terminantemente: no les hagáis caso. No se ha llegado a pacto alguno con nadie»[3].

El 24 de junio difunde, ya desde Alicante, un comunicado «urgente e importantísimo» a los mismos destinatarios, que por su importancia debe reproducirse expresamente:

«Ha llegado a conocimiento del jefe nacional la pluralidad de maquinaciones en favor de más o menos confusos movimientos subversivos que están desarrollándose en diversas provincias de España.

»La mayor parte de los jefes de nuestras organizaciones, como era de esperar, han puesto en conocimiento del mando cuantas proposiciones se les han hecho, y se han limitado a cumplir en la actuación política las instrucciones del propio mando. Pero algunos, llevados de un exceso de celo o de una peligrosa ingenuidad, se han precipitado a dibujar planos de actuación local y a comprometer la participación de los camaradas en determinados planes políticos.

»Las más de las veces, tal actitud de los camaradas de provincias se ha basado en la fe que les merecía la condición militar de quienes les invitaban a la conspiración. Esto exige poner las cosas un poco en claro.

»El respeto y el fervor de la Falange hacia el Ejército están proclamados con tal reiteración, que no necesitan ahora de ponderaciones. Desde los 27 puntos doctrinales se ha dicho cómo es aspiración nuestra que, a imagen del Ejército, informe un sentido militar de la vida toda la existencia española. Por otra parte, en ocasiones memorables y recientes, el Ejército ha visto compartidos sus peligros por camaradas nuestros.

»Pero la admiración y estimación profunda por el Ejército como órgano esencial de la patria no implica la conformidad con cada uno de los pensamientos, palabras y proyectos que cada militar o grupo de militares pueda profesar, preferir o acariciar. Especialmente en política, la Falange —que detesta la adulación porque la considera como un último menosprecio para el adulado— no se considera menos preparada que el promedio de los militares. La formación política de los militares suele estar llena de la más noble ingenuidad. El apartamiento que el Ejército se ha impuesto a sí mismo de la política ha llegado a colocar a los militares, generalmente, en un estado de indefensión dialéctica contra los charlatanes y los trepadores de los partidos. Es corriente que un político mediocre gane gran predicamento entre militares sin más que manejar impúdicamente algunos de los conceptos de más hondo arraigo en el alma militar.

»De aquí que los proyectos políticos de los militares (salvo, naturalmente, los que se elaboran por una minoría muy preparada que en el Ejército existe) no suelan estar adornados por el acierto. Esos proyectos arrancan casi siempre de un error inicial: el de creer que los males de España responden a simples desarreglos de orden interior y desembocan en la entrega del poder a los antes aludidos, charlatanes faltos de toda conciencia histórica, de toda auténtica formación y de todo brío para la irrupción de la patria en las grandes rutas de su destino.

»La participación de la Falange en uno de esos proyectos prematuros y candorosos constituiría una gravísima responsabilidad y arrastraría su total desaparición, aun en el caso de triunfo. Por este motivo: porque casi todos los que cuentan con la Falange para tal género de empresas la consideran no como un cuerpo total de doctrina, ni como una fuerza en camino para asumir por entero la dirección del Estado, sino como un elemento auxiliar de choque, como una especie de fuerza de asalto, de milicia juvenil, destinada el día de mañana a desfilar ante los fantasmones encaramados en el poder.

»Consideren todos los camaradas hasta qué punto es ofensivo para la Falange el que se la proponga tomar parte como comparsa en un movimiento que no va a conducir a la implantación del Estado nacionalsindicalista, al alborear de la inmensa tarea de reconstrucción patria bosquejada en nuestros 27 puntos, sino a reinstaurar una mediocridad burguesa conservadora (de la que España ha conocido tan largas muestras), orlada, para mayor escarnio, con el acompañamiento coreográfico de nuestras camisas azules.

»Como de seguro tal perspectiva no halaga a ningún buen militante, se previene a todos por esta circular, de manera terminante y conminatoria, lo siguiente:

»1. Todo jefe, cualquiera que sea su jerarquía, a quien un elemento militar o civil invite a tomar parte en conspiración, levantamiento o cosa análoga, se limitará a responder: “Que no puede tomar parte en nada, ni permitir que sus camaradas la tomen, sin orden expresa del mando central, y que, por consiguiente, si los órganos supremos de dirección del movimiento a que se les invita tienen interés en contar con la Falange, deben proponerlo directamente al jefe nacional y entenderse precisamente con él o con la persona que él de modo expreso designe”.

»2. Cualquier jefe, sea la que sea su jerarquía, que concierte pactos locales con elementos militares o civiles, sin orden expresa del jefe nacional, será fulminantemente expulsado de la Falange, y su expulsión se divulgará por todos los medios disponibles.

»3. Como el jefe nacional quiere tener por sí mismo la seguridad del cumplimiento de la presente orden, encarga a todos los jefes territoriales y provinciales que, con la máxima premura, le escriban a la Prisión Provincial de Alicante, donde se encuentra, comunicándole su perfecto acatamiento a lo que dispone esta circular y dándole relación detallada de los pueblos a cuyas J.O.N.S. se ha transmitido. Los jefes territoriales y provinciales, al dirigir tales cartas al jefe nacional, no firmarán con sus nombres, sino sólo con el de su provincia o provincias respectivas.

»4. La demora de más de cinco días en el incumplimiento de estas instrucciones, contados desde la fecha en que cada cual la reciba, será considerada como falta grave contra los deberes de cooperación al Movimiento.

»24 de junio de 1936.

¡ Arriba España!»[4].

Pocos días más tarde, el 29 de junio, se dicta desde Alicante una segunda circular en la que se concretan las normas para la colaboración de los falangistas con el sector militar a punto de sublevarse:

«Como continuación a la circular de 24 del corriente, se previene a los jefes territoriales y provinciales las condiciones en que podrán concertar pactos para un posible alzamiento inmediato contra el Gobierno actual.

»1. Cada jefe territorial o provincial se entenderá exclusivamente con el jefe superior del movimiento militar en el territorio o provincia, y no con ninguna otra persona. Este jefe superior se dará a conocer al jefe territorial o provincial con la palabra «Covadonga», que habrá de pronunciar al principio de la primera entrevista que celebren.

»2. La Falange intervendrá en el movimiento formando sus unidades propias, con sus mandos naturales y sus distintivos (camisas, emblemas y banderas).

»3. Si el jefe territorial o provincial y el del movimiento militar lo estimaran de acuerdo indispensable, parte de la fuerza de la Falange, que no podrá pasar nunca de la tercera parte de los militantes de primera línea, podrá ser puesta a disposición de los jefes militares para engrosar las unidades a sus órdenes. Las otras dos terceras partes se atendrán escrupulosamente a lo establecido en la instrucción anterior.

»4. El jefe territorial o provincial concertará con el jefe militar todo lo relativo al armamento largo de la fuerza de la Falange. Para esto se señalará con precisión el lugar a que debe dirigirse cada centuria, falange y escuadra, en un momento dado, para recibir el armamento.

»5. El jefe militar deberá prometer al de la Falange en el territorio o provincia que no serán entregados a persona alguna los mandos civiles del territorio o provincia hasta tres días, por lo menos, después de triunfante el movimiento, y que durante ese plazo retendrán el mando civil las autoridades militares.

»6. Desde el mismo instante en que reciba estas instrucciones, cada jefe territorial o provincial dará órdenes precisas a todas las jefaturas locales para que mantengan enlace constante, al objeto de poder disponer, en plazo de cuatro horas, de todas sus fuerzas de primera línea. También darán las órdenes necesarias para que los diferentes núcleos locales se concentren inmediatamente sobre sitios determinados, para constituir agrupaciones de una falange por lo menos (tres escuadras).

»7. De no ser renovadas por nueva orden expresa, las presentes instrucciones quedarán completamente sin efecto el día 10 del próximo julio, a las doce del día.

Alicante, 29 de junio de 1936».[5]

Esta circular, que con la fecha del mismo día 29 de junio se cita en las Obras Completas de Primo de Rivera (edición oficial de 1964) como dirigida a los «camaradas de la primera línea de Madrid», me parece auténtica después de una cuidadosa confrontación de fechas con todos los documentos de la conspiración.

La circular secreta de Mola, fechada el 1 de julio de 1936, sitúa en su verdadera luz el contenido de las órdenes de José Antonio que acabamos de transcribir. El jefe de Falange no se niega, naturalmente, a la cooperación con el Ejército en la sublevación inminente; su «Carta a un militar español» y sus emisarios oficiales trabajaban ya desde marzo en este sentido. Lo que José Antonio desea es mantener el control de la Falange sin fusiones con otras fuerzas de derecha y cooperar directamente con los jefes de la sublevación que él elija; durante todo el mes de junio, como veremos muy pronto, seguían coexistiendo varias conspiraciones simultáneas e interpenetradas, y algún sector de alguna de esas conspiraciones no merecía al fundador de la Falange demasiadas garantías políticas. El contacto efectivo entre Alicante y Pamplona se estableció, desde la misma llegada de José Antonio a su nueva prisión, por medio de enlaces militares y civiles (Hedilla, conde de Mayalde). El «último manifiesto de José Antonio», fechado el 17 de julio e incluido también en sus Obras Completas, ofrece bastantes seguridades de autenticidad. Para entonces todo estaba decidido en la conspiración militar y en la Falange.

Existieron, pues, contactos eficaces entre Alicante y Pamplona. No consta el enlace de José Antonio con Sanjurjo ni tampoco con «el técnico» Valentín Galarza en Madrid, el cual, sin duda, estaba enterado de la actitud del preso de Alicante por medio de su permanente conexión con Mola. La investigación debe centrarse en los contactos de José Antonio con el Ejército de África y con el general Franco, para los que existen indicios sumamente sugestivos.

La clave para la conversión en definitiva de la hipótesis de esos indicios la conoce seguramente un documentadísimo investigador joseantoniano que todavía guarda una parte considerable de sus hallazgos; nos referimos a Enrique Pavón Pereyra, quien ha levantado un poco el velo de esos hallazgos en algunos artículos de la revista falangista En Pie[6]. En los registros de la Prisión de Alicante puede comprobarse la visita de numerosos militares al jefe. Antón Sáenz de Heredia, tío de José Antonio, conservó, según tenemos entendido, importantes documentos sobre la actividad conspiradora de su sobrino, desplegada incluso antes de su prisión en varias entrevistas con los generales Franco, Mola, Fanjul y Goded. Felipe Ximénez de Sandoval, en su biografía y en un artículo publicado en Unidad, de San Sebastián (8 de octubre de 1937), alude a los contactos entre Franco y José Antonio, por medio de emisarios, en mayo de 1936; la sugerencia se ha confirmado por el testimonio de Gil Robles.

El cuñado de Franco, Ramón Serrano Súñer, era uno de estos enlaces, sin que su jefe político, Gil Robles, lo conociese en toda su amplitud. Para los contactos con numerosos militares jóvenes, sobre todo los destacados en África, el representante de Primo de Rivera era su hermano Fernando, que gozaba de gran prestigio entre sus compañeros. ¿Son Fernando Primo de Rivera, Serrano Súñer y Hedilla los tres emisarios del jefe prisionero que se distribuyen los «tres sectores» de España a que aluden Venero-Hedilla?

A partir de las elecciones de febrero, numerosos militares jóvenes, incluso antes de la carta que a ellos se dirigía, ingresan en la Falange y participan en los comités falangistas con mayor entusiasmo que en las cada vez más burocráticas reuniones de la UME. Es posible que en julio de 1936 el 30 por 100 de los afiliados a la Falange fueran militares en activo.[7] El jefe efectivo de la Falange de Marruecos era precisamente uno de los más eficaces sublevados: el coronel Seguí. El teniente coronel Yagüe estaba en contacto personal con Primo de Rivera, aunque tal vez no había formalizado su adhesión a la Falange (trámite, por lo demás, imposible en aquellas semanas febriles), pero era falangista de facto, lo mismo que otros muchos jefes y oficiales jóvenes del Ejército de África, como se demostraría en el famoso grito de las maniobras del Llano Amarillo. Otros jefes esenciales de la sublevación africana, Bartomeu, Gazapo, eran afiliados o adictos a Falange. Fernando Primo de Rivera, enlace y propagandista del partido entre los jóvenes militares españoles desde 1934, fue detenido la misma noche del asesinato de Calvo Sotelo por un oficial de Asalto compañero suyo y fusilado poco después del estallido de la Guerra Civil.

José Antonio Primo de Rivera había sondeado indirectamente al comandante militar de Alicante, general García Aldave, de antecedentes monárquicos, y creía poder confiar en su adscripción al Alzamiento. Pavón Pereyra describe su desencanto al darse cuenta de que el viejo general no estaba dispuesto a sublevarse: «Aldave se ha rajado», gritaba a sus compañeros de prisión. El mismo autor cree que, ante la deserción de Aldave, fue el propio José Antonio quien propuso a Mola el traslado de Goded a la jefatura del Alzamiento en Valencia. Y es que, a pesar de la benévola transcripción que el distinguido historiador falangista nos ha ofrecido acerca de la visita a José Antonio de sus directivos valencianos, en el Informe Costa, ya citado, encontramos una versión que, aun contando con la inquina contra Falange por parte del secretario general de la DRV, nos parece más de acuerdo con la realidad.

En efecto, los falangistas de Valencia, bastante divididos en vísperas de julio, no acceden a sumarse a la conspiración de las demás fuerzas de derecha, «por alegar que ella (la Falange) iba a preparar su propio movimiento». El jefe de la Falange valenciana, Carlos Solís, rehusó asistir a la reunión de El Saler, pero desde los primeros días de julio —sin duda por la segunda parte de la circular del jefe que hemos citado— cambia de actitud y colabora en cuanto se lo permiten sus escasas fuerzas.[8]

Pocos días antes del Alzamiento (el 8 de julio, según Pavón Pereyra), un grupo de directivos y falangistas valencianos visita al jefe en la cárcel de Alicante. Parece que Primo de Rivera les preguntó por el número de afiliados de la Falange en Valencia, y al contestarle ellos con una cifra que creyó excesiva, les respondió, según Costa: «Y con tantos afiliados, estoy yo en la cárcel». Y les reprendió duramente por sus divisiones y por haber permitido la difusión de un número del semanario comunista Verdad muy injurioso para la Falange.

Al regresar a Valencia los falangistas, para justificarse ante su jefe, organizan el asalto a Unión Radio. A las nueve de la noche del 11 de julio, los asombrados valencianos escuchan:

«Aquí Falange Española de Valencia, que habla desde el estudio de Unión Radio tomado militarmente por ella, así como las manzanas próximas. Españoles, dentro de breves días se llevará a cabo la revolución nacionalsindicalista que nos redimirá a todos. ¡Arriba España! Dedican un recuerdo a doña Manolita y se retiran»[9].

Cuando las izquierdas se reponen de la sorpresa, el alcalde, Cano Colomer, empuña el mismo micrófono y proclama que el Ejército está con el Frente Popular. De hecho, el incidente ejerció considerable influencia en el desarrollo de la sublevación en Valencia, días más tarde; el experto general Mola llegó a preguntar si el asalto a Unión Radio había sido planeado por los comunistas. Lo mismo se creyó en Valencia.

Como represalia por la algarada, los extremistas del Frente Popular incendian inmediatamente el edificio de la Derecha Regional Valenciana, ante la presencia del jefe de la Región Militar, general Martínez Monje; pero son rechazados a tiros cuando tratan de aplicar el mismo castigo al órgano de la DRV, Diario de Valencia.

En su reunión con el comandante Bartolomé Barba el día 17 de julio, Carlos Solís no puede ofrecer más que «trescientos afiliados, de los que sesenta eran de acción», según el Informe Costa corroborado por el testimonio de Bartolomé Barba conservado en el mismo legajo.

Lo que fue de verdad
el 18 de Julio

Si en los párrafos anteriores hemos tratado separadamente cada uno de los sectores «civiles» de la conspiración ha sido por razones de claridad metodológica; la realidad era mucho más unitaria y, en cuanto al espíritu, casi podría calificarse de unánime. Tanto que en las primeras semanas de julio de 1936 ya puede hablarse de frente cívico-militar, que no agrupaba, naturalmente, a todos los ciudadanos ni a todos los militares, pero sí al suficiente número de unos y otros como para convertir a la inminente sublevación en algo muy diferente de un pronunciamiento clásico, aunque no pasara de tal en la mente de alguno de sus protagonistas.

El sorprendente historiador Gil Robles deja escapar en diversas partes de su no del todo coordinado volumen exculpatorio algunas tesis que contradice él mismo lúcidamente a distancia de pocas páginas, pero que parecen arrancadas de la mejor propaganda republicana sobre los motivos de la Guerra Civil. Así, al final de su obra, habla del «antagonismo Ejército-pueblo que en aquellos días se observaba en torno a los cuarteles peninsulares». Y su tesis sobre la CEDA-víctima (¿quién se hubiera atrevido a pronosticar semejante epíteto entre noviembre de 1933 y febrero de 1936?) le lleva a considerarla como instrumento de los ultraconservadores, que cuando lo creyeron oportuno se fueron «a la sombra de una espada» y dejaron a la CEDA «abandonada en medio de la calle».Todo ha quedado escrito en No fue posible la paz.

La realidad era muy distinta, como reconoce el propio Gil Robles en un texto rabiosamente contradictorio respecto de los anteriores y perfectamente objetivo: la actitud de una gran parte del pueblo español en la primavera trágica era la de «protesta ciudadana concretada en torno al Ejército». Excelente formulación de lo que en este capítulo entendemos como «frente cívico-militar», que produciría el «Movimiento cívico-militar», como le designaba, aun en el mes de julio, el general Cabanellas en los titulares zaragozanos, con la misma expresión que utilizarían los obispos de España.

Entre el elemento «cívico» de ese frente se borraban día a día incompatibilidades y diferencias ante la certeza del peligro común. Los afiliados a diversas organizaciones poco ha rivales deponían sus discrepancias, a las que por primera vez, caída la venda, consideraban como accidentales. Los cuadros directivos derechistas y centristas no formalizaban la unión, pero se iban agrupando insensiblemente en torno del Ejército. Las «derechas» recobran su sentido genérico de la primavera de 1931. Al final de la República ocupa el primer plano una nueva constelación de líderes cuyas conjunciones no tuvieron tiempo de hacerse efectivas: Calvo Sotelo, Ventosa, Gil Robles, nombres conocidos, conexiones nuevas; la idea, brillante, es de Josep Pía. La alusión a 1931 no es metafórica; Gil Robles nos refiere que en abril de 1936 se celebraron reuniones en San Sebastián para incorporar al movimiento a los nacionalistas vascos, y semejantes intentos no resultaron un fracaso total como lo demuestra la actitud de numerosos nacionalistas alaveses.

A fines de mayo, Primo de Rivera da su representación a Antonio Goicoechea para actividades conspiratorias en el exterior. Por los mismos días tiene lugar una entrevista entre el jefe prisionero y Manuel Fal Conde; éste propone un Gobierno paritario y José Antonio le ofrece el concurso de la Falange en la proyectada sublevación carlista. El Socialista de 18 de junio da cuenta de una extraña reunión en el Hospital Militar de Carabanchel en la que se señalan como favorables a la sublevación elementos tan pocos afines a ella, en principio, como el general Eduardo López Ochoa, que se encontraba allí enfermo y detenido; a propósito de esa reunión aparecieron octavillas en el hospital que clamaban: «Salvemos a López Ochoa y a Primo de Rivera».

Después del 1 de julio, fecha, como veremos, del informe de Mola en el que se reconoce la incorporación al alzamiento militar de fuertes organizaciones civiles, el «frente cívico-militar» se perfila y se unifica. El 10 de julio, precisamente cuando Gil Robles conversa por última vez con Calvo Sotelo en el Congreso, se recibe en Pamplona la nueva y definitiva adhesión del líder monárquico y su partido a los planes del director. La adhesión llega por medio del director del Diario de Navarra, Raimundo García, que tenía órdenes de visitar a José Antonio en Alicante y a Gil Robles en Madrid; el testimonio es del propio Gil Robles. Numerosos republicanos, como ya hemos repetido, se incorporan al nuevo frente. «Una parte de la opinión que había concedido el sufragio a las izquierdas se sintió arrepentida de su acto. Lamentaba no habérselo dado a la CEDA», confirma un autor tan poco sospechoso de partidismo derechista como Julián Zugazagoitia[10].

Recordemos, en este mismo sentido, los contactos entre republicanos moderados y derechistas para frenar la marcha ciega del Frente Popular. Miguel Maura ha revelado a Alejandro Argullós que el presidente Azaña compartía en julio su idea de «dictadura republicana» lo mismo que Mola.[11]

La campaña sistemática de desprestigio y vejación contra el Ejército, alentada por las medidas complacientes y unilaterales del Gobierno, tiene en José María Gil Robles a uno de sus mejores notarios. No debe extrañar que en un momento particularmente dramático, doce de la mañana del 18 de julio, el general Fanjul pronunciase una arenga en el Cuartel de la Montaña cuyo resumen, conservado en la declaración del teniente coronel Gonzalo Méndez Parada, es el siguiente:

«Violenta censura para el Gobierno, a cuyos componentes tildaba de asesinos que habían tratado de triturar al Ejército. Que el levantamiento no iba contra la República, que acatábamos. Que en el acto que realizábamos queríamos conseguir que España y su Ejército volvieran a ser lo que debían. Que nuestro destino histórico tendría realidad apoyado en un Ejército fuerte con un gran número de divisiones. Que el rango de todos los componentes del Ejército se elevaría, para lo cual el nuevo Estado atendería nuestras necesidades, que no cubría este Gobierno, ni siquiera las más perentorias. Y terminó con vivas a España, a la República y al Ejército».[12]

El frente cívico-militar tiene una nueva concreción en las tantas veces citadas candidaturas para las elecciones de Cuenca, meditadas y defendidas por los jefes de los principales grupos políticos de derecha en colaboración con ilustres militares que pronto encabezarían la sublevación. Falange y UME, por su parte, organizan «mancomunadamente» la contrapolicía y la contrarrepresión, según Venero-Hedilla.[13] En el informe posterior sobre las circunstancias del Alzamiento en Cádiz, se enumeran de esta forma las causas:

«En resumen puede decirse que los antecedentes en Cádiz del movimiento fueron:

a) Los disturbios provocados por el Frente Popular.

b) El insulto a los oficiales y tropas en las calles.

c) Manifestaciones en plazas y escaparates ofensivas al Ejército».[14]

Y afirma el mismo informe que el Gobierno ordena la prisión del general Varela, ante la indignación de los militares por el asesinato de Calvo Sotelo.

El entierro del alférez Reyes, descrito ya en estos Episodios, da pie a Gil Robles para su excelente formulación del «frente cívico-militar» que hemos citado también. En circunstancias semejantes, que por desgracia se prodigaban durante la primavera trágica, es donde se forjaban los lazos más duraderos entre militares y civiles cada vez más decididos a acabar con una situación imposible. Con su contundencia y falta de rodeos característica, Onésimo Redondo expresaba la opinión de millares de españoles: «Esto no puede seguir así».[15]

Miles de alambicadas argumentaciones posteriores pueden resumirse con ventaja en la doble tesis de Orlandis, quien considera el Alzamiento de julio como «un simple acto colectivo de legítima defensa que no fue una locura generalizada; la guerra era inevitable porque la convivencia nacional se había hecho imposible». El enorme peso de los hechos que catalogábamos anteriormente pesaba sobre quienes daban en julio de 1936 los últimos toques —inseguros, febriles— a una sublevación que creían —tal vez deseaban— rápida y general. Resulta absurdo enmarcar sus intentos como cobarde lucha por intereses materiales, aunque dentro de sus esfuerzos de propaganda pulsasen también ese fácil resorte, como acabamos de ver en la arenga de Fanjul (de vuelo demasiado corto para tan alto empeño; ya conocemos el verdadero pensamiento del general, mucho más elevado). Aquellos hombres, presionados y abrumados por el peso de su responsabilidad, tenían delante a una España que creían irremediablemente abocada a la desintegración múltiple; tenían delante su propio destino personal y el de los suyos, amenazado y vacilante. Veían a España —a la España que les habían transmitido y enseñado— y se veían a sí mismos y a los suyos vejados, acorralados, en trance de desaparición colectiva y física. Nadie mejor que José María Gil Robles acertó en el momento justo —15 de julio de 1936— a proclamar la fórmula justa que ya conocemos: «Media nación no se resigna a morir».

Es el título de El Debate que encabeza estas palabras históricas: «Una masa considerable de opinión, que es, por lo menos, la mitad de la nación, no se resigna implacablemente a morir: os lo aseguro. Si no puede defenderse por un camino, se defenderá por otro. Frente a la violencia que desde allí se propugne surgirá la violencia por otro lado, y el poder público tendrá el triste papel de mero espectador de una contienda ciudadana en la que se va a arruinar, material y espiritualmente, la nación».[16]

No fue, pues, el Alzamiento de julio, provocado y alimentado por el frente cívico-militar, por un sector importantísimo del Ejército y del pueblo español, un acto jurídico, ni una jugada de intereses, ni una reacción clasista -¿puede hablarse de semejantes interpretaciones en un asunto que implicó a media España?-. Todos esos caparazones ideológicos se fueron forjando más tarde, en los procesos de mitificación y de propaganda de guerra y de posguerra, en el choque de la Guerra Civil española con las oleadas propagandísticas de la Segunda Guerra Mundial. Nadie, y menos el Ejército, tenía en España la menor inclinación innata a sublevarse y a derribar violentamente la situación.

Era la propia situación, el propio marco político y social, el que se estaba desintegrando en el caos y en el miedo. El Alzamiento de julio fue eso: el estertor —preagónico y rebelde— de media nación que no se resignaba a morir; no nació de una serie de consideraciones ni de una disquisición legalista, sino del instinto de conservación individual y colectivo, de lo más hondo de la tradición española. No fue un acto superficial y compuestamente legalista, sino un acto profundamente vital. Lo demás son palabras. Y solamente tratará de justificarlo o condenarlo quien guste de justificar o condenar los movimientos sísmicos.

Las Fuerzas Armadas en 1936

En vísperas de la Guerra Civil, el Ejército español cuenta, en su «Sección de actividad», con tres tenientes generales (categoría a extinguir) y, con los ascensos decretados inmediatamente antes del estallido: ochenta y seis generales, de los que veinticuatro son de División y el resto de Brigada. Si se añaden los generales de la Guardia Civil y Carabineros, el total de generales españoles en activo en vísperas del 17 de julio de 1936 es de 104. (Datos del Anuario Militar 1936).

Para los datos estadísticos —esenciales en vísperas del estudio de la Guerra Civil y para el estudio directo de la conspiración—, nos basamos en tres fuentes básicas: el Anuario Militar de España, 1936, cerrado en abril, pero que recoge en addenda los datos más importantes hasta poco después de que Santiago Casares Quiroga fuese designado jefe del Gobierno y ministro de la Guerra; las investigaciones exhaustivas de los hermanos Jesús y Ramón Salas Larrazábal, junto a sus aclaraciones, y las elaboraciones de datos primarios que se han realizado en el Servicio Histórico Militar de Madrid y nos han sido facilitadas, junto con orientaciones imprescindibles, por el magistral historiador militar de la guerra española coronel Martínez Bande. Sin embargo, la responsabilidad para la selección, valoración y elaboración histórica de las conclusiones nacidas de esos datos pertenece al autor de este libro, así como los posibles e inevitables errores que puedan deslizarse en esta necesaria y delicadísima exposición.

Nos referimos, siempre que no se indique lo contrario, a los efectivos aproximados presentes en filas el 17 de julio. El número de jefes, oficiales y asimilados es, para el Ejército de la península, Baleares y Canarias, unos 8.850; para el Ejército de África, unos 1.620. Suboficiales, península e islas, 7.000; África, 1.572. Cuerpo auxiliar subalterno, 4.300 y 549. Tropa, 40.000 y 20.000. Estaban, pues, presentes en filas el 17 de julio unos sesenta mil hombres en la península, Baleares y Canarias y algo menos de veinticinco mil en África. Se encontraban en sus puestos casi todos los generales, jefes y oficiales de uno y otro Ejército; en cambio, la tropa se hallaba en su mayoría de permiso en la península; las plantillas de tropa comprendían allí 101.455 soldados. Las plantillas de tropa en el Ejército de África comprendían 21.638 soldados europeos y 8.745 indígenas (aparte las fuerzas jalifianas).

Las fuerzas de la Guardia Civil, a las órdenes del inspector general Sebastián Pozas Perea, comprendían 1.520 generales, jefes y oficiales; 2.100 suboficiales, y 30.700 números de tropa; estas cifras se refieren al personal realmente presente en filas el 17 de julio. Con el mismo criterio, la cifra de generales, jefes y oficiales de Carabineros es de 700, que mandan a 1.090 suboficiales y 13.000 de tropa.

No se han podido encontrar datos globales fidedignos sobre los efectivos de las Fuerzas de Vigilancia, Seguridad y Asalto. Se puede deducir una cifra aproximada a partir de las palabras de Calvo Sotelo en las Cortes el 16 de junio de 1936: los agentes de la autoridad equivalen, según el jefe de la oposición monárquica, «casi a la mitad de las fuerzas que constituyen el Ejército en tiempos de paz». Suponiendo que Calvo Sotelo se refiera a las plantillas de todo el Ejército, como es verosímil, esa mitad asciende a unos 75.000 hombres; descontando los correspondientes a los dos institutos armados, quedarían unos 25.000 hombres para los efectivos de Seguridad y Asalto.

Los almirantes en activo eran, el 17 de julio, 19; capitanes de navío, fragata y corbeta, 224; oficiales y alumnos, 521. Estos datos corresponden al Cuerpo General de la Armada. El resto de la Marina estaba servida por 35 generales, 521 jefes y 667 oficiales. Las cifras de clases y marinería son inciertas, pero para el total de las dotaciones de los barcos se pueden calcular unos once mil hombres. Estos barcos eran, el 17 de julio, dos acorazados de 15.750 toneladas (España y Jaime I); dos cruceros protegidos sin terminar, de 10.000 toneladas (Canarias y Baleares); cinco cruceros más, de 4.750 a 8.000 toneladas; diecisiete destructores, once torpederos, doce submarinos, cinco cañoneros, nueve guardacostas, ocho guardapescas y veinticuatro barcos auxiliares y especiales.

La Aviación no constituía Ejército aparte, sino que estaba integrada en el Ejército por medio de la Dirección General de Aeronáutica. Los aviones eran 303, todos anticuados, que se distribuían de la forma siguiente: 14 hidros de reconocimiento y bombardeo Dornier; 40 hidros de la Marina Savoia; 27 bombarderos Vickers Wildebest; 33 cazas Nieuport 52; 3 cazas Hawker Fury; 111 Bréguet XIX, de reconocimiento y bombardeo ligero; 3 Dragón; 5 Fokker F. Vil, de bombardeo; un autogiro, y tres avionetas-escuela.

Desde el advenimiento del Frente Popular, como ya sabemos, los asuntos militares se trataron —sobre todo después del nombramiento de Casares Quiroga— con el espíritu revanchista y sectario que, por desgracia, era de esperar. (Nótese bien esta esencial circunstancia: los militares españoles iban viendo que casi siempre acababan por suceder las cosas que eran de esperar). Cesan y caen en situación parecida a la de desgracia los favorecidos por la situación anterior, por limpia que sea su ejecutoria republicana.

El laureado general Eduardo López Ochoa, republicano de siempre, no solamente cesa en su Inspección General, sino que (el 12 de marzo) ingresa en la Prisión Militar de Guadalajara y será trasladado más tarde, bajo custodia, al Hospital Militar de Carabanchel. Franco y Goded cesan como vocales del tribunal revisor de los fallos de tribunales de honor; se les sustituye por dos generales adictos al Frente Popular, Sánchez Ocaña y García Gómez Caminero (este último es designado para la Inspección de López Ochoa). Ya sabemos que el 23 de febrero Franco es alejado a la Comandancia Militar de Canarias y Goded, a la de Baleares, a la vez que se designa jefe del Estado Mayor Central a José Sánchez Ocaña y jefes de las Divisiones 7 y 4 a los generales Molero y Llano Encomienda.

La Gaceta de la primavera trágica es una constante danza de nombres y de destinos en los altos mandos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Civil; los súbitos traslados afectan también a militares de menor graduación. Para calmar las exigencias de los extremistas, el Gobierno recrudece su actividad antirrepresiva en todo lo que se refiere más o menos remotamente al recuerdo de Asturias, cuyo Gobierno General se había suprimido ya en tiempos de Portela. Se deniega el 14 de mayo la licencia para un viaje a América al comandante Lisardo Doval, disponible forzoso. El 15 de mayo de 1936 salta la noticia rencorosa e inútil: se ha detenido en la Aduana de Irún al general Dámaso Berenguer, que se excedió en sus palabras contra un vista que no le permitía salir con una cantidad exigua de dinero.

El Heraldo de Madrid —periódico esencial para este período, que prestaba atención continua a los temas militares y a los temores de la República sobre la actitud del Ejército— proclama el 18 de mayo: «Los mandos de las fuerzas de la República, para los republicanos». Ya había sugerido ese periódico el 22 de abril que «las clases deben ascender a tenientes y capitanes como en el Tercio». El ascenso de Casares trajo consigo algunas modificaciones importantes. Es nombrado subsecretario de Guerra el general Manuel de la Cruz Boullosa; Masquelet, como se sabe, pasó al Cuarto Militar del presidente. Batet, que ocupaba ese cargo, es destinado el 14 de junio a la jefatura de la Sexta División (Burgos), con el encargo expreso de vigilar a Mola. Se crea la Guardia Presidencial, mandada por el comandante de Caballería Segismundo Casado.

El Cuartel General de las Fuerzas de Marruecos se traslada de Ceuta a Tetuán. Los puestos más importantes se cubren con generales que se piensa —y casi siempre son— adictos sin condiciones: es designado subsecretario de Marina el general de la Armada Francisco Matz (22 de febrero), e inspector del Cuerpo de Seguridad (29 de febrero) el coronel Ildefonso Puigdengolas. El ya procomunista Ignacio Hidalgo de Cisneros es uno de los ayudantes del nuevo ministro de la Guerra. Virgilio Cabanellas, jefe de la Primera División orgánica, desempeña en comisión, desde el 5 de abril, la Segunda Inspección General.

Y, lo que es más grave, la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista) —que según los comunistas, probablemente exagerados, no es más que la prolongación de su Unión Militar Antifascista, creada en 1934— manda al Gobierno informe tras informe, que a veces obtienen los efectos pretendidos, dirigidos casi siempre al aislamiento o la disponibilidad forzosa de algún enemigo político, de algún competidor, quizá, para el ascenso o la carrera. Cree Gil Robles, probablemente con razón, que la influencia de la UMRA aumentó mucho a partir de las elecciones. Su auténtico creador es el capitán (procedente de tropa) Eleuterio Díaz Tendero, alucinante personaje que ocupaba sus ocios durante la República en confeccionar un archivo completísimo sobre la filiación política de todo el personal militar.

Si este libro hubiese sido redactado por el duque de Maura, el epígrafe correspondiente a este momento sería, sin duda, «La agresión al Ejército». No es el sectarismo, es decir, la actitud hacia una parte del Ejército, el más grave error del Frente Popular y de su Gobierno; es la actitud global hacia todo el Ejército en cuanto tal, la «actitud permanente de ofensa contra el Ejército» que demuestra abrumadoramente Gil Robles y a la que ya nos hemos referido antes. El 4 de marzo se registran los sucesos antimilitares de Alcalá; el 13, el incidente en la calle madrileña de Caballero de Gracia; el 14 de abril y 2 de mayo aparecen símbolos insultantes en varios lugares de España; la protesta ciudadana, ya lo sabemos, «se concreta en torno al Ejército» en el entierro del alférez Reyes.

En Melilla se insulta públicamente a la Legión. Lo peor es que la reacción del Gobierno ante la agresión continua y creciente no es imponer el orden y corregir a los culpables, sino suavizar con palabras el problema y luego, inmediatamente, dar la razón con los hechos a los agresores. Así, la Academia de Toledo debe retirarse al campamento de Retamares porque unos oficiales decidieron no tolerar un insulto a su uniforme; la Caballería de Alcalá se traslada fulminantemente a Valencia tras el casi linchamiento de un oficial; después del entierro del alférez Reyes ingresan en prisión, el 17 de abril, el teniente coronel jefe del Parque Móvil de la Guardia Civil y siete jefes y oficiales más. El jefe de la Legión en Melilla, Telia, se ve privado del mando. En su discurso del 16 de junio, como sabemos, Calvo Sotelo resume las principales etapas de la agresión del Frente Popular contra el Ejército.

Un movimiento de defensa propia y específica surgía en el corazón de muchos militares españoles cuando se iban enterando del clima no popular, sino frente-popular, contra la institución a la que habían consagrado su vida. «Un difuso deseo de frenar la anarquía por todos los medios», como describe certeramente uno de nuestros historiadores militares. Es posible que muchos creyeran que bastaría un rápido pronunciamiento; pero otros muchos pensaban, sin duda, en la general repulsa con que la idea de ese pronunciamiento se había recibido en los cuartos de banderas con motivo de las elecciones de febrero y temían, en consecuencia, la posibilidad de una reacción violenta e imprevisible. Sin embargo, la Ley Constitutiva del Ejército estaba ahí y les obligaba a la defensa de la patria contra sus enemigos exteriores e interiores. El dilema era espantoso: ¿Habría ya que empezar a considerar como uno de esos enemigos al propio Gobierno, como proclamaban los primeros emisarios de la gran conspiración? El Ejército, «reserva de patriotismo» como le llamaba Ramiro Ledesma Ramos, aumentaba con estas meditaciones —hechas muchas veces en voz baja, algunas en voz alta— su zozobra y su división.

El lector de estos Episodios tiene ya en la mano datos e indicios bien suficientes para comprender la trascendencia que esa múltiple división de las Fuerzas Armadas Españolas —aflorada desde decenios y enconada después de las reformas de Azaña y su concreta aplicación— está a punto de tener para el planteamiento y el desarrollo de la Guerra Civil. Vamos ahora a completar la tesis con algunos datos documentales y numéricos que nos parecen imprescindibles.

Uno de los más impresionantes documentos para evidenciar el estado de división en que se hallaban algunos sectores de las Fuerzas Armadas Españolas en vísperas de la tragedia se contiene en la declaración prestada en 5 de diciembre de 1939 por el coronel Jacobo Roldán Fernández, a la sazón gobernador militar de Tarragona, y el 17 de julio teniente coronel en funciones de jefe del Regimiento de Infantería de Alcántara, en Barcelona.[17]

«Una gran parte de la oficialidad del Regimiento era muy afecta a la situación gobernante en aquel entonces, con distintos matices izquierdistas… los más, y éstos desgraciadamente porque la policía y los confidentes de la Generalidad y aliados encontraban fácil su labor; los menos, completamente opuestos a aquel Gobierno (llamémosle así), y, por último, otros que constituían una masa neutra, con distintas tonalidades, desde el ventajista, dispuesto a colocarse siempre al lado del vencedor, hasta el pusilánime, que aun repudiando la situación gobernante no se atrevía por una o por otras razones a afrontar los riesgos propios de aquellos momentos decisivos, pasando por el hombre derechista en muchos aspectos pero que, considerando el problema de la disciplina militar en absoluto, no era capaz de percibir que lo absoluto no es humano y que aquéllas eran tan excepcionales circunstancias que prestar entonces obediencia al régimen imperante era aliarse con los enemigos de la patria y traicionarla».

Un nuevo aspecto de la división parcial de las Fuerzas Armadas puede comprenderse ante esta noticia del Heraldo de Madrid el 18 de marzo de 1936:

«Entre las felicitaciones que recibe Heraldo de Madrid figuran numerosísimas de militares, soldados, clases de tropa y jefes y oficiales. No las publicamos porque los militares no pueden exteriorizar sus sentimientos públicamente; pero desde luego las agradecemos en el alma. Muchos de estos militares nos llaman la atención, y nosotros la llamamos a nuestra vez del ministro de la Guerra y del presidente del Consejo de Ministros, sobre la prohibición en vigor de que entren en los cuarteles periódicos de matiz izquierdista…».

En las conversaciones militares de la época dominaba la conjetura sobre la actitud de la Guardia Civil —pieza importantísima por la veteranía y el entrenamiento de sus miembros— en caso de sublevación militar. Muchos presuntos sublevados no habían comprendido bien la lección de Octubre; además, el Gobierno supo atraerse con eficacia a los principales mandos y combinar éstos acertadamente hasta las mismas vísperas del estallido. La Guardia Civil, por lo general, se inclinaba a obedecer a sus jefes, sobre todo cuando les veía decididos a la sumisión al Gobierno; los demás cuerpos e institutos armados parecían inmunes a la rebelión, dado su matiz izquierdista generalizado, quizá según apresuradas estimaciones. La situación puede comprenderse bien a la luz de este informe retrospectivo del coronel Manuel Mejías, dado en 1942 en Barcelona tras una investigación minuciosa. Por supuesto que una parte muy considerable de la Guardia Civil se sumó al alzamiento militar, pero no cabe olvidar las conclusiones de este informe, referido a Barcelona y aplicable en otros puntos vitales, no ciertamente en todos:

«Las numerosas y bien organizadas fuerzas de estos cuerpos: Guardia Civil, Carabineros, Seguridad y Asalto, Aviación, constituyen como es sabido el bando opuesto al movimiento militar. Sus mandos y cuadros de oficiales, absolutamente adictos al Gobierno republicano; sus elementos, reclutados entre los más destacados por sus ideales marxistas, y el apoyo decidido de una masa inmensa de población armada por la Generalidad de Cataluña…».[18]

Según un complicado estudio estadístico, he aquí la división territorial de los miembros de las Fuerzas Armadas Españolas el día 20 de julio:

Ejército de la península, Baleares y Canarias: Generales, jefes, oficiales y asimilados, 4.660 en zona nacional de casi 9.000.

Suboficiales, 2.750 de unos 7.000.

Cuerpo auxiliar subalterno, 2.010 de unos 4.300.

Tropa, 14.175 de 40.000.

Ejército de África: Todo él prácticamente en zona nacional.

Guardia Civil: Generales, jefes y oficiales, 700 en zona nacional de unos 1.500.

Suboficiales, 800 de unos 2.100.

Tropa, 12.700 de unos 30.700.

Total, 14.200 de unos 34.320.

Carabineros: Generales, jefes y oficiales, 290 en zona nacional de 700.

Suboficiales, 450 de unos 1.090.

Tropa, 5.300 de 13.000.

Para las Fuerzas de Seguridad y Asalto, estimamos una proporción parecida a la de los demás institutos armados.

Los jefes y oficiales afectos a Aviación se distribuyeron de forma muy aproximada a los porcentajes generales del Ejército. Para la Marina —sobre la que se ha fantaseado mucho— faltan y sobran datos; dejamos la discusión para el estudio de la Guerra Civil.

Naturalmente que la situación geográfica no condiciona exclusivamente la adscripción personal a una de las zonas en Guerra Civil, pero, sobre todo para los «neutros», puede y suele resultar definitiva. Es muy interesante señalar que de los 24.741 miembros del Ejército de África que se hallaban en filas el 17 de julio, combatieron en el Ejército nacional 24.400. En las dos zonas del Ejército de la península la diferencia entre combatientes y «leales geográficos» es mayor, pero no tal que haga cambiar muy esencialmente los porcentajes indicados. Porque conviene notar desde ahora que el triunfo o la derrota en un determinado lugar se debió siempre primordialmente, sin excepciones, a la resultante de la actitud de las Fuerzas Armadas en cada punto.

El 17 de julio había en España 16 generales con mando de División o asimilados, más uno para cada uno de los institutos. Se suman al Movimiento cuatro: Cabanellas, Franco, Goded y Queipo de Llano. Los otros catorce permanecen fieles a la República. Y las historias siguen hablando de sublevación de los generales. La edad media de los militares sublevados es notablemente inferior a la de los que no se sublevaron. Aquel movimiento fue, como no podía ser otra cosa, una suprema decisión de juventud.

Juntas y juntas:
La conspiración dividida

Ha llegado el momento de estudiar la fase militar —o mejor, las fases militares superpuestas y no siempre identificadas— de la gran conspiración. Que en la España del Frente Popular y la primavera trágica existía un vacío de poder, siempre peligroso en país de tan rudimentaria ciudadanía pero tal vez mortal ante la desbocada Europa de la época, es un hecho que probablemente no pondrá en duda ninguno de nuestros lectores.

Evidentemente se dan las condiciones clásicas para que el Ejército intervenga en la dirección política del país: el vacío de poder, la conciencia de la propia identificación con el destino y el peligro de la patria, la imposibilidad absoluta de soluciones civiles y la invitación de fuertes grupos políticos. En este caso, y según Azaña, las mujeres españolas eran las principales animadoras del Ejército a la rebelión[19]; el dato es exagerado pero sintomático. Las invitaciones —envueltas en una brillante aureola teórica— las recibía el Ejército desde la más alta tribuna de la nación, el Parlamento, por la misma voz que le había designado columna vertebral de la patria.

A la tradición, o necesidad, intervencionista del siglo XIX agregaba el Ejército español su reciente tradición antidisgregadora —1905, 1934— y antirrevolucionaria —1909, 1917, 1934—. Todos los factores condicionantes de la intervención, viejos y nuevos, se conjuntaban con virulencia en el invierno y la primavera de 1936. Pero las aguas venían de más arriba y hay que verlas en todo su cauce.

El primer impulso de la conspiración militar se monta en la estela del 10 de agosto de 1932. Es un intento de reedición militar del 10 de agosto, al que desean agregarse y prestan su apoyo político, económico e intelectual los monárquicos españoles. Nadie duda un momento del nombre del jefe supremo, cada vez más simbólico y quizá cada vez menos operante: el general José Sanjurjo Sacanell, símbolo vivo de la persecución contra el Ejército, cortejado por todos los presuntos conspiradores. En la estela del 10 de agosto nace, pues, la Unión Militar Española o UME como uno de los elementos del frente monárquico. Esta todavía misteriosa organización ha gozado de una amplia publicidad, insuficiente en cuanto a su fundamento documental, exagerada en cuanto a sus pretensiones. La UME nace, como sabemos, en la resaca del 10 de agosto y con la cooperación —no identificación— de los monárquicos militantes. Nace como órgano de propaganda, no como instrumento original de conspiración, aunque poco a poco las dos funciones se van unificando. El coordinador general de la protesta militar era el teniente coronel Valentín Galarza; pero el activista más decidido —fundador probablemente de la UME como institución e inventor del nombre— era el comandante Bartolomé Barba Hernández, alrededor del cual renace una especie de ala derechista de las Juntas de Defensa; eso era la UME en 1933, año en que empiezan a surgir las primeras pruebas documentales de su actividad.

Hasta ahora todos los comentaristas han dependido, a la hora de estudiar las actividades de la UME, del folleto La Unión Militar Española, de Antonio Cacho Zabalza. Creemos que en esa fuente no se deslindan bien los hechos y la cronología. En los diversos informes y declaraciones recogidos durante la Guerra Civil o poco después de ella a propósito del Alzamiento, no existe, que sepamos, una descripción completa de las actividades de la UME, pero se dejan caer algunas alusiones que pueden arrojar definitiva luz sobre el asunto.

De ellas —vamos a citarlas inmediatamente— se deduce que la UME se formó y se desarrolló como junta de jefes y oficiales; en las guarniciones existían juntas locales o regionales, coordinadas por una Junta Central —«junta de coroneles» se la llama en un informe—, presidida por Bartolomé Barba. Esto justifica la analogía con las Juntas de Defensa que hemos insinuado, aunque el preferente carácter político y conspiratorio de la UME desbordaba la tónica profesional y presindical de las juntas. Se agrupaban en la UME jefes y oficiales de tres procedencias bien diferentes. La masa más importante estaba formada por muchos retirados (voluntarios) de Azaña, entre los que destacaban por su entusiasmo algunos antiguos colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera, que formaban una especie de ala derecha de las Juntas de Defensa; el «ala izquierda», como ya sabemos, colaboró en las reformas y en el Gabinete Militar de Azaña. Alguien ha citado la existencia de una «sección de retirados» dentro de la UME; no parece que se trate de un sector autónomo, sino de una de las tendencias citadas. La UME —sobre todo sus miembros retirados— sentía notable afición a la burocracia conspiradora, lo que no suele ser método subversivo eficaz: ya hemos visto a algunos de ellos introduciendo ese tipo de aficiones en las milicias falangistas. Emilio Rodríguez Tarduchy y el comandante Arredondo representaban en la UME esta tendencia.

Entre los jefes y oficiales jóvenes que recuerda, poco después de la Guerra Civil, el fundador, Bartolomé Barba, destacan algunos de Barcelona (López Várela, etc.), Seguí, Rubio, Norefia, De la Lastra, Tió, Fernández Ceballos. Otro de los miembros característicos de la UME es el famoso comandante de Asturias Lisardo Doval; entre sus papeles de noviembre de 1933 se encuentran algunas notas de reuniones de la UME, entre las que la siguiente nos parece la más significativa:

«En las primeras reuniones de Cortes será preciso solicitar autorización para que el ministro de la Guerra pueda revisar los expedientes y conceder el reingreso en el Ejército a aquellos jefes y oficiales retirados por el decreto Azaña que lo soliciten.

»Será preciso también nombrar con la posible urgencia una Comisión de Técnicos que se encargue de revisar toda la legislación dictada por el Gobierno siendo Azaña ministro de la Guerra y aplicada al Ejército, proponiendo las modificaciones que se juzguen necesarias. Esta comisión la integrarán tres jurídicos y un jefe de cada cuerpo y arma. Entre los asuntos a estudiar figurará el restablecimiento inmediato de los tribunales de honor».[20]

Desde mediados de 1934 la UME se estructura —siempre en medio de la mayor heterogeneidad y confusión— en juntas divisionarias; después de Octubre, su fundador, Barba, designa a la Junta Central como «Junta de coroneles rectora del Movimiento».[21] Las «Juntas Militares» anteriores se designan ya, con más uniformidad, como «Juntas divisionarias» dependientes de la «Junta Central», llamada también en algunos documentos de la época «Junta Superior».

Dado el origen un tanto múltiple, pero al menos parcialmente upetista y monárquico, de la UME, no tiene nada de extraño que desde su fundación estuviesen más o menos informados sobre sus actividades algunos generales de parecida ejecutoria e ideología. El 16 de junio de 1932, poco antes del 10 de agosto, el Gobierno desmanteló una pequeña conspiración en la que figuraban los nombres de Orgaz, Barrera y el grupo de La correspondencia militar de Rodríguez Tarduchy. Hay, pues, generales en contacto con lo que es o será la UME antes y después del 10 de agosto; pero la conspiración de los coroneles va por distintos caminos —que a veces, sí, se cruzan y entrecruzan— con la conspiración de los generales. Así sucederá hasta casi el final, y en algunos aspectos hasta el mismo final.

El breve, pero vital, testimonio del ya coronel Bartolomé Barba Hernández aclara mejor que ningún otro este punto. A propósito del expediente sobre el fracaso de la conjuración en Valencia, dice Barba el 26 de agosto de 1939:

«Los generales, ya avanzado el año 1935, acudieron a enterarse de qué era eso de la Unión Militar, siendo el primero que lo hizo, mediante un hábil encuentro con el hoy teniente coronel Lázaro, el general Goded».

Hay que poner, pues, muy en duda, las afiliaciones de generales a la UME, de las que tanto se ha hablado. Entre la Junta de Generales, de la que inmediatamente vamos a hablar, y la UME existió, antes de enero de 1936, una serie de contactos y enlaces más bien de tipo informativo y personal; a partir de la reunión conjunta de enero de 1936 se entabló cierta coordinación conspiratoria que sólo el esfuerzo y la iniciativa de Mola, meses más tarde, haría eficaz. Mientras tanto, la UME continuó su confusa labor de propaganda y captación de lealtades, quizá más orientada a la ideología que a la acción directa. Las famosas proclamas de la UME, que fueron incluso publicadas en la prensa izquierdista de 1936, no tienen más importancia que la anecdótica. La experiencia de julio de 1936 es terminante: en los puntos en que la UME dominó la organización del Alzamiento —Barcelona, Valencia—, el fracaso fue más ruidoso y decisivo. Sería, sin embargo, injusto atribuir a la UME la causa exclusiva de los fracasos locales. Su labor de captación y propaganda, y su impulso final coordinado, aunque fuera imperfectamente, por Mola rindió frutos que no por falta de contabilidad dejan de ser esenciales para el resultado de la gran conspiración. El número de sus afiliados se ha exagerado muchísimo. No superó el 10 por 100 de la oficialidad.

Conspiraciones de generales:
La fase confusa.

De forma paralela y, como hemos dicho, frecuentemente entrecruzada, un grupo —heterogéneo también y variable— de generales conspira contra o sobre la República desde el primero de sus bienios. En este grupo hay también varias subdivisiones, es decir, varias conspiraciones, entre las que no pueden trazarse límites netos. Una de ellas se monta también en la estela del 10 de agosto; otra de ellas, cuyas fases intermitentes ya conocemos, depende de los generales con mando central en la etapa derechista. Enlace de todas y gran conspirador entre 1932 y 1935, ambos inclusive, es el general Manuel Goded Llopis, que reanuda su actividad conspiradora de la Dictadura una vez liquidada su ocasional colaboración con Azaña en el incidente de Carabanchel. La conspiración de los generales tiene un carácter más marcadamente militar que la de los coroneles —UME—, y aparece como más política; aunque, como aquélla, establece también sus contactos con grupos políticos, deja siempre bien clara la supremacía militar en la organización del golpe y la administración de los resultados previsibles.

Dos testimonios importantes demuestran que la conspiración de los generales cristalizó en un organismo ejecutivo —una junta, naturalmente— a la vista del hundimiento del bienio negro, a fines de 1935. A esa época se refiere uno de los principales testigos, el general Manuel González Carrasco, cuando afirma en su declaración retrospectiva de 9 de julio de 1946:

«De acuerdo con los generales Barrera, Goded, Orgaz, Varela, Ponte, Villegas, Fanjul y Fernández Pérez, procedieron a la organización de un nuevo movimiento militar» (subrayado nuestro).[22]

Coincide exactamente con este testimonio el del general Antonio Aranda: «Fue planeado el Alzamiento un mes antes de las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular».[23]

Por su parte, el coronel Carlos Lázaro, ayudante de Goded, afirma en el expediente de los sucesos de julio en Barcelona:

«Hasta primeros de marzo (de 1936), Goded fue el verdadero jefe e inspirador del movimiento nacional, siguiendo desde entonces laborando con Rodríguez del Barrio, que, en ausencia de aquél, quedó como jefe del movimiento».[24]

La documentación disponible nos permite reconstruir tres de las reuniones conspiradoras de la Junta de Generales; sabemos que fueron muchas más, en algún espacio de tiempo casi diarias.

La primera reunión conocida se celebra en enero de 1936, en casa del general Barrera. Así la describe uno de los participantes, González Carrasco, quien poco después reingresaba en el Ejército (4 de febrero) en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo:

«Después de repetidas reuniones (a partir de diciembre), se celebró en el mes de enero, y en casa del general Barrera, una a la que concurrió por primera vez la Junta Superior de la UME y varios delegados de provincias. En dicha reunión se acordó la ejecución del movimiento para el momento de las elecciones, y fue designado el que suscribe para encargarse de organizarlo en Barcelona, a cuya población marchó en los primeros días del mes de febrero, cumpliendo órdenes del general Barrera…

»Se acordó se efectuase el movimiento primero el viernes y después el miércoles posterior a las elecciones. Suspendido el movimiento desde Madrid por el general Goded, que resultó el director, debido, según manifestó, a dificultades surgidas a última hora y motivado por la marcha del mismo a Baleares y separación de la Junta a voluntad propia de los generales Barrera y Fernández Pérez, procedió a reorganizarla, consiguiendo que el general Rodríguez del Barrio se pusiera al frente de ella» (subrayados nuestros).[25]

A la luz de este testimonio, comprenderá el lector mejor los movimientos de Goded y sus amigos en los días que precedieron y siguieron a las elecciones de febrero.

La segunda reunión documentada tiene lugar en casa del candidato de la CEDA a las Cortes y agente de Bolsa José Delgado y Hernández de Tejada, en la calle del General Arrando —desde 1939 General Goded, hoy nuevamente General Arrando—, número 19. La reunión se celebra para aprovechar la coincidencia en Madrid de los miembros habituales de la Junta con el general Franco (que esa misma noche salía para su destino de Canarias) y el general Mola (que pasaba unas horas en la capital, procedente de África y de paso para su destino en Navarra). Es el día 8 de marzo de 1936. Gil Robles da una lista de asistentes: además de Franco y Mola, Orgaz, Villegas, Fanjul, Varela y Valentín Galarza. Según el resumen del Servicio Histórico Militar, ya citado, parece que asistieron también Rodríguez del Barrio, Saliquet, González Carrasco y Kindelán; pero estos otros generales participaron sin duda alguna en las reuniones habituales de la Junta, si es que alguno faltó en la reunión de general Arrando. Los puntos principales tratados en la reunión fueron los siguientes:

a) Organización y preparación de un «movimiento militar que evitara la ruina y la desmembración de la patria».

b) El movimiento «sólo se desencadenaría en el caso de que las circunstancias lo hiciesen absolutamente necesario» (tesis de Franco, varias veces repetida durante aquellos meses).

c) Por iniciativa de Franco se decide que el movimiento «fuese exclusivamente por España, sin ninguna etiqueta determinada». Después del triunfo se trataría de problemas como el de la estructura del régimen, símbolos, etc.

d) En la reunión se decide la formación de una junta (en realidad lo que se decidió fue la consolidación y quizá la ampliación de la junta ya existente) constituida en principio por los generales comprometidos residentes en Madrid: Orgaz, Villegas, Fanjul, Rodríguez del Barrio, Saliquet, García de la Herrán, Kindelán, González Carrasco y Varela. Se admite la jefatura ya implícita de Sanjurjo, lo que supondría un nuevo lazo de unión con la UME. La representación de Sanjurjo no recae sobre Varela, como indica Gil Robles, sino en el inspector general de la primera inspección, Rodríguez del Barrio, suplente de Goded (que ya estaba en Mallorca) para la preparación del Alzamiento.

En esta reunión la Junta discute otra vez los dos planes que se habían trazado en principio ya en el mes de enero para la ejecución del Alzamiento. Estos dos planes eran el centrípeto —actuar sobre Madrid desde las provincias— y el centrífugo —apoderarse en Madrid de los resortes del poder e imponer el pronunciamiento a las provincias—. Al principio, la Junta se inclinó por el segundo plan; en la reunión de General Arrando se adopta —sin concretar la fecha— un posible plan mixto, que se confirma en la tercera de las reuniones documentadas, la del 17 de abril, en casa del general González Carrasco.

El mismo día —o quizá el anterior— de la reunión descrita, Franco y Fanjul coinciden con el coronel Aranda, que ha venido a Madrid a justificarse ante Azaña de las acusaciones —por lo demás verdaderas— que se le hacían por conspiración. Gil Robles ha recogido la decisión de Franco en la breve reunión de los tres jefes:

«Que cada cual declare el estado de guerra en su jurisdicción y se apodere del mando. Después ya veremos cómo nos ponemos en relación».[26]

Esta frase supone que la minuta recién transcrita por nosotros de la reunión del 8 de marzo no expresaba planes concretos y ejecutivos, sino acuerdos de principio sujetos en definitiva al arranque de la improvisación. Así sucedió en la realidad, a pesar de que Mola, como veremos, puso algunos elementos de orden en el confuso deseo de los sublevados. También revelan esas palabras algo muy importante: el convencimiento por parte de los principales responsables de que el Alzamiento debería proceder jerárquicamente, de arriba abajo. En marzo-abril no se pensaba seriamente que jefes inferiores o generales sin mando se impusiesen a los mandos designados por la República. La misma convicción estaba en la base de la confianza, que luego se demostró como desorientada, pero no infundada, por parte del Gobierno del Frente Popular.

Sobre la reunión de 17 de abril, celebrada en su propio domicilio, resume sobriamente el general González Carrasco: «Se acordó efectuar el movimiento»[27]. La fecha se fija para el 20 de abril.

Se adoptaba el plan mixto que antes hemos descrito. Se encargaban del levantamiento en Madrid los generales Rodríguez del Barrio, Orgaz y Varela; Villegas iría a Zaragoza, Fanjul a Burgos, Ponte y Saliquet a Valladolid y González Carrasco a Barcelona. La baza principal era Madrid, donde tenía su cuartel general de la Primera Inspección el director en funciones del pronunciamiento, Rodríguez del Barrio. En cumplimiento de su misión, González Carrasco sale el 18 de abril para Barcelona, y allí se entera —por medio de un telefonazo de Varela— de que Rodríguez del Barrio, alegando el recrudecimiento de una dolencia crónica, se retiraba de la conjura.

Regresa inmediatamente González Carrasco y se celebra una nueva reunión, a la que no asisten ni el enfermo, ni Orgaz —detenido en Madrid—, ni Varela —enviado a Cádiz—. Se encarga de la dirección del movimiento, interinamente, el general Villegas. Pero todos sienten que su oportunidad ha pasado y la Junta de Generales, aunque continúa esporádicamente sus reuniones, puede considerarse fuera de combate. Sus eventuales seguidores en divisiones orgánicas, guarniciones y establecimientos militares han perdido ya por completo la confianza en su dirección. Es el momento en que entra en el primer plano de la historia de España el comandante militar de Pamplona, el general Emilio Mola Vidal.

Mola, el director

Al entrar en la descripción detallada de la última fase de la gran conspiración, las dificultades historiográficas se acentúan. Muchos testimonios posteriores tratan de subrayar la importancia de determinadas intervenciones o determinados enlaces; la confusión de fechas y de hechos es enorme y se incrementó porque casi todos los testigos más o menos directos no suelen limitarse a transmitirnos sus experiencias, sino que pretenden además sentar plaza de historiadores definitivos. El último ejemplo de esta actitud lo dio en 1968 José María Gil Robles, en cuyo resumen —el más completo, eso sí, de que hasta ahora se dispone— domina la preocupación histórica y, por supuesto, la apologética sobre el testimonio directo de la propia actuación, testimonio que, paradójicamente, es, como sabemos, incompleto. Por eso resulta tan precioso para el historiador un testimonio tan descomprometido y tan directo como el del propio ayudante del general Mola, el comandante Emiliano Fernández Cordón, que en el mes de enero de 1946 envía los recuerdos de su diario al Servicio Histórico Militar, donde se conservan, junto a este esencial documento, el detallado comentario del mismo testigo acerca de los errores del capítulo correspondiente de la Historia de la Cruzada Española y una serie de documentos más que van a constituir, con el Informe Cordón, el eje de nuestro relato. Hablé detenidamente con el general Fernández Cordón en Valencia en 1968 y comprobé que entre esos documentos, transmitidos por el ayudante de Mola, figura la colección casi completa de las instrucciones reservadas del general, algunas de las cuales se han publicado, casi siempre de forma fragmentaria, en diversos libros-testimonio. Creo que soy el primer historiador en publicar por primera vez esas instrucciones íntegras y dentro del imprescindible contexto de los documentos coetáneos.

El general Emilio Mola Vidal, héroe de la guerra de África, militar de talante liberal y eficaz director general de Seguridad en los Gobiernos Berenguer y Aznar, procesado y encarcelado injustamente por la República y amnistiado en 1934, excelente táctico, persona de amplia cultura, notable escritor y personalidad dura e implacable, patriota a carta cabal, había sido nombrado jefe de la circunscripción oriental de Marruecos (Melilla) en agosto de 1935, por iniciativa del general Franco, jefe entonces del Estado Mayor Central. Simultáneamente es nombrado jefe de la Circunscripción Occidental de Marruecos (Ceuta) el general Gregorio de Benito.

Más tarde, en diciembre de 1935, Mola fue nombrado, también por iniciativa de Franco y en plaza de superior categoría (era aún general de brigada), jefe superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, cargo que solamente desempeñó dos meses largos, porque, naturalmente, el Gobierno del Frente Popular no tardó mucho en relevarlo.

La combinación de mandos de marzo es la siguiente: el general Romerales (a quien Gil Robles había trasladado desde la Circunscripción Oriental de Marruecos a la Brigada y Comandancia de Pamplona) vuelve a Melilla, ya que el Gobierno le considera absolutamente seguro; el general Capaz, jefe de esa circunscripción desde el nombramiento de Mola como jefe superior, pasa a la Occidental, de la que se releva a Gregorio de Benito, trasladado a Huesca, y Mola, como sabemos, va a Navarra. Ha invertido, pues, el Gobierno de izquierdas la combinación del Gobierno de derechas; pero con absoluta ceguera ha situado en dos guarniciones clave, situadas en zonas fronterizas y rodeadas de una población católica y conservadora, a dos competentes jefes heridos en su amor propio y arrinconados en su carrera. «No le falta a Navarra más que yo esté allí destinado», confía Mola a su ayudante en cuanto conoce la noticia.

«En los dos meses que nuestro general desempeñó el último cargo (jefe superior) —dice Fernández Cordón—, la compenetración y relación con el general Franco, que continuaba en la Jefatura del Estado Mayor Central, fue absoluta, y no es aventurado asegurar que por aquel entonces ambos generales y el ministro de la Guerra (Gil Robles) eran coincidentes en tener preparado y aun en llevar a la práctica un premeditado acto de audacia y de fuerza para evitar a todo trance que España, por sus amañadas y escandalosas elecciones, volviera a caer en manos de las izquierdas, ocasionando su total ruina».[28]

El 6 de marzo de 1936 Mola, con sus ayudantes comandante Emiliano Fernández Cordón y teniente coronel Gabriel Pozas Perea (su jefe de Estado Mayor había sido Francisco Martín Moreno), sale de Africa, y desde su llegada a Madrid, el 7, hasta su salida para Pamplona, el 14, se reúne varias veces con la Junta de Generales y con los hombres de la UME, como ya sabemos. El 14 por la noche llega a su destino y encuentra a los jefes y oficiales de la guarnición totalmente dispuestos a sublevarse contra el Frente Popular. Los jefes de mayor graduación eran precisamente los más animosos, al revés de lo que sucedía en otras guarniciones: el coronel Solchaga, jefe del Regimiento de América número 23, y el coronel García Escámez, jefe de la 4 Media Brigada de Cazadores de Montaña.

El mismo día de la llegada de Mola a Pamplona (y de Franco a Santa Cruz de Tenerife a bordo del Dómine) la prensa de izquierdas insiste en que se ponga en vigor el decreto de octubre de 1931 sobre destinos en África, en virtud del cual el personal militar allí destinado tendría que regresar a la península antes de los cinco años; en octubre de 1936, pues, no quedaría en Marruecos ninguno de los jefes y oficiales que se encontraban allí en 1931, muchos de los cuales estaban comprometidos o al menos eran adictos potenciales a la sublevación. No se ha comentado suficientemente la convulsión que este inesperado recuerdo legislativo del primer bienio produjo en el ánimo de los militares africanos; la fecha tuvo, sin duda, que pesar mucho en la fijación del alzamiento militar para antes de terminar el verano de 1936.[29]

La fama del general Mola, ganada en los campos de batalla de África, en su paso por la Dirección General de Seguridad y en su reciente mando de Marruecos, conquistó inmediatamente entre los militares españoles muchos adeptos para los planes subversivos del general, enemigo jurado de la República que le había causado gravísimos perjuicios y le había empujado al borde de la miseria; esos planes se empezaron a divulgar muy pronto por medio de una red de enlaces de toda confianza. En su detenido paso por Madrid, Mola, perspicaz observador de hombres y de conspiraciones, generó una desconfianza radical hacia las posibilidades reales de las juntas subversivas madrileñas; pero contuvo su aprensión hasta que, después del fracaso de la intentona de 20 de abril, «asume por propia iniciativa la dirección del alzamiento con el asentimiento tácito de los principales comprometidos», en frase de los historiadores del Servicio Histórico Militar, quienes creen que «hacia fines de mayo la dirección de Mola es acatada de modo expreso por todos los conspiradores y el plan del alzamiento se concreta y se define».

Las cosas no parecen tan sencillas. A partir de ese fracaso de abril (un pronunciamiento abortado que no llegó a asomarse a la realidad), todo el mundo vuelve sus ojos a Mola, que parecía muy decidido en medio del general desaliento. Pero la esperanza en Mola y la conexión con Mola son preferentemente de signo individual. A nivel institucional, tanto la Junta de Generales —muy atenta a las instrucciones esporádicas del general Goded— como la UME siguen con sus planes semiautónomos, aunque enlazan con Mola y van dándose cuenta, muy a su pesar, de que Mola ofrece la única dirección coherente para la sublevación.

Gil Robles destaca innecesariamente la iniciativa del general Gonzalo Queipo de Llano, quien como reacción a la estrepitosa destitución de su consuegro, el presidente Alcalá Zamora —y movido también, por supuesto, por los sentimientos comunes a tantos militares españoles de la época—, recuerda sus aventuras conspiratorias de 1930 y toma por su cuenta la iniciativa para un nuevo alzamiento militar. La ejecutoria muy republicana del bizarro general no parecía la más indicada para dirigir un intento semejante, y en vista de que por las guarniciones no se le hace demasiado caso, Queipo decide conectar con Mola, lo que hace en una entrevista el 13 de abril.

Después de muchas reticencias, Mola advierte que precisamente esa ejecutoria puede resultar sumamente útil en aquellos momentos y decide aprovechar, además, la excepcional movilidad de Queipo, que en su calidad de inspector general de Carabineros podía recorrer libremente el país sin despertar sospechas. Mola acaba por confiar en Queipo de Llano, quien hacia finales de mayo puede considerarse ya incorporado definitivamente a la conspiración, pero bajo la dependencia directa de Mola. La Junta de Generales, ante la experiencia de 1930, no confiaba excesivamente en su capacidad resolutiva y por eso se le envió, a fin de cuentas, al fracaso seguro de Sevilla, que, como veremos en su momento, se convirtió en uno de los éxitos más inesperados y decisivos para el planteamiento de la Guerra Civil, gracias a la inteligencia, al sentido humano y al valor suicida del más republicano de todos los generales españoles.

Tras el fracaso del 20 de abril, recuerda el general González Carrasco, «pasan días y días y la Junta se entera, por Saliquet, de que Queipo de Llano gestionaba la adhesión de la guarnición de Valladolid a un movimiento que preparaba». Es entonces cuando, por decisión de la Junta de Generales, González Carrasco marcha a Pamplona para establecer una conexión más estrecha con Mola. Debió éste de pedir garantías, porque, al regreso del emisario, la Junta «escribe una carta a Mola nombrándole jefe de Estado Mayor del general Sanjurjo».[30]

La carta fue, sobre todo, de intenciones; en la correspondencia de Sanjurjo no se reconoce la jefatura efectiva de Mola hasta bastante más tarde, finales de mayo. La conexión entre Mola y Sanjurjo se afianza merced a las negociaciones de uno y otro con los dirigentes carlistas.

Las relaciones entre Mola y Goded serán siempre más difíciles. A finales de mayo Goded recibe una carta de Bartolomé Barba en la que le pide se haga cargo de la sublevación en Valencia.[31] «En junio exploré la actitud de la guarnición de Valencia, poco decidida al Alzamiento. En cambio, la guarnición de Barcelona pedía fuera Goded en lugar del designado, González Carrasco. Informé al general Goded, quien pidió fuera Mut a entrevistarse con él»[32]. Aún enlazado con Mola, Goded procedió siempre de manera autónoma como segundo efectivo de Sanjurjo y director in absentia de la Junta de Generales. La decisión de ir a Barcelona la tomó él a última hora, desarticulando así los planes de Mola, quien sólo de muy mala gana accedió al cambio.

Sobre las relaciones de Mola con Franco en la etapa final de la conspiración, se han dicho bastantes cosas, no siempre con el debido fundamento. Algunos colaboradores de Mola han pretendido que esas relaciones casi no existieron. El testimonio de Fernández Cordón es terminante: desde 1935 Mola —que había sido designado por Franco para el puesto vital que ocupó en Marruecos— y Franco marcharon de perfecto acuerdo. Lo que pasa es que en los primeros planes de Mola el Ejército de África —que se estimaba con razón incondicional de Franco— constituía una especie de reserva; la decisión había de depender de las Divisiones del Norte, en rápida convergencia sobre Madrid. Pero Mola sabía muy bien que la colaboración de Franco era esencial, dado el prestigio del comandante militar de Canarias en el Ejército y en el país. El enlace entre los dos generales estaba asegurado por medio del teniente coronel Valentín Galarza, que tenía contacto diario y cifrado con Mola (Fernández Cordón), recibía además frecuentemente la visita de los colaboradores del director y recibió también, como ha revelado Gil Robles, no menos de treinta misivas de Franco, con fríos y objetivos análisis de la situación real.

Éstos son, pues, los militares esenciales de la conspiración durante todo su desarrollo: Emilio Mola, el director, en Pamplona; Valentín Galarza, el técnico, enlace general con las juntas y con los diversos centros de todo el país, con Franco y con Goded y con Africa; Francisco Franco, el gran apoyo moral y de prestigio, en Canarias, y José Sanjurjo, el símbolo, en Estoril. Para más detalles sobre la actitud de Franco, y para varias anécdotas reveladoras, es muy útil el resumen histórico debido a Gil Robles.

Por si hacían falta más pruebas sobre la ineficacia de la Junta de Madrid, a mediados de mayo, con motivo de las agresiones del Frente Popular a la Guarnición de Alcalá, el jefe en funciones de la Junta, general Villegas, deja escapar una nueva ocasión de pronunciamiento «con probabilidades de éxito»[33]. La indecisión de Villegas confirma a Mola en su iniciativa personal. La jefatura de Mola se va acatando cada vez más por los comprometidos. A últimos de mayo el teniente coronel de Caballería Juan José Alfaro Rubio, destinado en Larache, visita a su compañero José Navarro, conde de Casa de Loja, quien le da cuenta de los planes «al indicarle que sería a base del general Mola a la cabeza y empezando por Navarra».[34] En el mes de junio Mola, cada vez más pesimista sobre las posibilidades del Alzamiento en Madrid, encarga al teniente coronel Álvarez Rementería que actúe como delegado suyo y jefe del Alzamiento en la capital, según el mismo testimonio de Carlos Lázaro.

La primera «instrucción reservada»
de Mola

A finales de abril, después de su paso por Madrid, de sus primeros contactos semiautónomos con varios generales (Queipo, Kindelán) y, sobre todo, después del fracaso de la intentona de la Junta para el día 20, Mola asume la iniciativa del Alzamiento, como ya hemos dicho, y esta decisión se concreta en el primero de los documentos de su jefatura, la «Instrucción reservada número 1», dictada a fines de abril y transcrita a continuación en versión íntegra:[35]

«Instrucción reservada número 1

Las circunstancias gravísimas por que atraviesa la nación, debido a un pacto electoral que ha tenido como consecuencia inmediata que el Gobierno sea hecho prisionero de las organizaciones revolucionarias, llevan fatalmente a España a una situación caótica, que no existe otro medio de evitar que mediante la acción violenta. Para ello los elementos amantes de la patria tienen forzosamente que organizarse para la rebeldía, con el objeto de conquistar el poder e imponer desde él el orden, la paz y la justicia.

Esta organización es eminentemente ofensiva; se ha de efectuar en cuanto sea posible, con arreglo a las siguientes bases:

Base 1.1 La conquista del poder ha de efectuarse aprovechando el primer momento favorable, y a ella han de contribuir las Fuerzas Armadas, conjuntamente con las aportaciones que en hombres y material y elementos de todas clases faciliten los grupos políticos, sociedades e individuos aislados que no pertenezcan a partidos, sectas y sindicatos que reciben inspiraciones del extranjero, «socialistas, masones, anarquistas, socialistas, comunistas, etc». (sic).

Base 2.1 Para la ejecución del plan actuarán independientemente, aunque relacionadas en la forma que más abajo se indica, dos organizaciones: civil y militar. La primera tendrá carácter provincial; la segunda, la territorial de las divisiones orgánicas.

Base 3.1 Dentro de cada provincia, Comité Provincial (primer orden) compuesto por un número de miembros variables elegidos entre los elementos de orden, milicias afectas a la causa y personas representativas de las fuerzas o entidades económicas de composición lo más reducida posible. A estos comités compete: ’

a) Designar el Comité Suplente, organizar los del partido judicial (segundo orden) y dictar las normas por que se han de regir éstos y los de ayuntamiento (tercer orden), que serán organizados por los de segundo orden.

b) Nombrar presidente, secretario y agente de enlace con los comités militares de guarnición o territoriales, según que la provincia no sea o sea cabecera de división orgánica.

c) Tener designados los individuos con instrucción militar, pertenecientes o no a las milicias contrarrevolucionarias, que les pidan los comités militares, por conducto de los agentes de enlace, para reforzar los cuerpos armados en el momento de la movilización, en la inteligencia de que dichos individuos han de estar dispuestos a la lucha y a morir por nuestra Santa Causa.

d) Tener designado el personal técnico y obrero que en el momento oportuno ha de encargarse de los servicios municipales, correos, teléfonos, telégrafos, estaciones, radios (estos tres últimos bajo la dirección de ingenieros militares, si los hubiera), agua, luz, gas, electricidad, panificación y demás para la vida regular de toda población, en inteligencia que en primer término habrán de ser empleados los funcionarios u obreros que presten servicios en ellos y sepan con toda seguridad que han de ser entusiastas colaboradores.

e) Tener preparado el personal auxiliar de la policía gubernativa en donde convenga incrementar las plantillas o sustituir total o parcialmente los funcionarios de la escala técnica.

f) Tener preparadas las personas que han de hacerse cargo del ayuntamiento de la capital y aprobar los nombres que propongan para los de los pueblos.

g) Hacer rápidamente las estadísticas de vehículos de tracción mecánica y de sangre y tener designados los que han de incorporarse a las unidades armadas, a petición de los comités militares, desde luego con sus conductores.

h) Organizar la defensa contra las alteraciones del orden público en las poblaciones donde no haya fuerzas armadas. Podrán delegar esta defensa en los pueblos en los comités de segundo y tercer orden.

i) Tener designados, de acuerdo con el jefe del comité militar territorial, la persona que al producirse el movimiento ha de encargarse del Gobierno Civil de la provincia (siempre que sea posible, es preferible que de dicho Gobierno se encargue el jefe más caracterizado de la Guardia Civil; si no es persona de carácter, es preferible una persona civil).

j) Prestar cuantos auxilios les pidan las autoridades militares, una vez producido el movimiento, especialmente todo lo referente al abastecimiento de tropas y ganado.

k) Facilitar los recursos que sean necesarios tanto antes como después del movimiento. Éstos siempre han de estar justificados y ser lo más limitados posible, porque la esplendidez conduce al abuso.

(Nota. Lo de los comités de segundo y tercer orden no es preceptivo. Se organizarán únicamente en aquellas provincias que por su especial situación política lo permitan. Ahora bien, sí habrán de organizarse comités en todas aquellas poblaciones donde haya guarnición, aunque no sea de capital de provincia).

Base 4. En la capitalidad de cada división orgánica actuará un comité militar (regional), compuesto de los jefes más caracterizados de cada arma afectos a la Causa y presidido por el de más categoría. En las guarniciones donde no exista cabecera de división, también habrá un comité local, compuesto de análoga forma y dependiente del regional. Donde no haya más que un cuerpo, el comité lo integrarán las tres personas de mayor categoría comprometidas. Los comités militares tienen por misión:

a) Tener dispuestos los bandos declarando el estado de guerra, los talonarios de requisición y estudiada la movilización, en inteligencia de que los Cuerpos del Ejército habrán de ser incrementados en un 25 por 100 a un 75 por 100 de su efectivo con el personal facilitado por los comités civiles. En las poblaciones en que sea posible, se nombrarán los comités suplentes, para el caso de que fueran arrestados o inutilizados los anteriores citados.

b) Tener estudiado y solicitado previamente en los comités civiles de primer orden los vehículos y conductores para el transporte de tropas y material, bien entendido que, en principio, habrá de tenerse preparado el transporte de las dos terceras partes de las tropas movilizadas de cada guarnición, con su material y víveres, teniendo presente que en todo transporte hecho con camiones se necesita una reserva de vehículos equivalente a la cuarta parte del número preciso, y que cada cincuenta carruajes necesita una reserva móvil de gasolina de mil litros y cien de lubrificantes.

c) Estar en relación, por conducto del miembro que se designe, con el agente de los comités civiles de primer orden.

d) Escribir, transmitir y ejecutar la orden de movilización y avance.

e) Entenderse, por conducto de su presidente, con el jefe director del movimiento, o con la persona que le represente.

f) Organizar la defensa militar del territorio y el avance sobre el objetivo que se indique con arreglo a las instrucciones que reciba de la dirección o de las que le dicte su propio juicio, si no las hubiese recibido.

g) Buscar el apoyo de la Armada en los puntos en que esto sea conveniente, e incluso su colaboración.

h) Solicitar de los comités civiles los auxilios necesarios que se indican expresamente en la Base 3.1, reduciendo a lo estrictamente necesario lo de orden económico.

Base 5.1 Producido el movimiento y declarado el estado de guerra, se procederá en el acto a refundir en uno solo los comités civiles y militares, en los lugares donde haya guarnición, para proceder de común acuerdo, según las inspiraciones y órdenes que reciban del director del movimiento. Llegado este caso, los comités provinciales cívico-militares quedarán subordinados al de la capitalidad de la cabecera de la división.

Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.

Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas.

Base 6.1 Conquistado el poder, se instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al Ejército, para consolidar la situación de hecho, que pasará a ser de derecho.

Base 7.1 Los alféreces y suboficiales que tomen parte en el movimiento serán recompensados con el empleo inmediato o destino civil, si así lo desean, de sueldo equivalente al del empleo-recompensa que se les ofrece. Los cabos de análoga circunstancia percibirán una gratificación en metálico de carácter vitalicio o colocación civil decorosa; los soldados, seguridad de trabajo con jornal remunerador en las provincias de donde son naturales.

Base 8.1 La organización ha de llevarse a cabo en el plazo máximo de veinte días, porque las circunstancias así lo exigen.

Base 9.1 Los comités civiles sólo han de tener conocimiento de su organización particular.

Esta «Instrucción reservada número 1» no especifica el plan general de la insurrección, sino solamente su montaje institucional; parece un complemento del plan centrífugo, en el que seguían insistiendo los generales de la Junta de Madrid, quienes preparan, según parece, un nuevo pronunciamiento para mediados de mayo, con motivo de la elección presidencial. Villegas y Fanjul iban a ser los directores ejecutivos de este proyecto, que parece tomar cuerpo con motivo de los sucesos de Alcalá, como ya hemos indicado. Pero hay un nuevo aplazamiento. La prensa de izquierdas comenta con ironía la «dimisión» del general Rodríguez del Barrio, el 20 de mayo. (El cese del general en la Primera Inspección aparece en La Gaceta del 22, pero por entonces ya se encontraba al margen de las actividades conspiratorias). En vista de estos acontecimientos, Mola se afianza en su iniciativa y a partir del 25 de mayo —con ficticia localización en Madrid— difunde su circular «El objetivo, los medios y los itinerarios», que va firmada ya por «El director». En ella se prescinde del plan de la Junta y se adopta el «plan centrípeto», es decir, sublevación en las provincias y marcha sobre Madrid. Mola reconoce la importancia decisiva de la capital, pero ante los repetidos fracasos de las intentonas anteriores desconfía de que el movimiento pueda iniciarse allí con el suficiente empuje; refleja, además, la actitud inhibicionista de la oficialidad madrileña. He aquí el documento:

«El objetivo, los medios y los itinerarios

La capital de la nación ejerce en nuestra patria una influencia decisiva sobre el resto del territorio, a tal extremo que puede asegurarse que todo hecho que se realice en ella se acepta como cosa consumada por la inmensa mayoría de los españoles. Esta característica tan especial tiene forzosamente que tenerse en cuenta en todo movimiento de rebeldía contra el poder constituido, pues el éxito es tanto más difícil cuantas menos asistencias se encuentren dentro del casco de Madrid. Es indudable que un hombre que pudiera arrastrar esta guarnición por entero, o en su mayor parte, con la neutralidad efectiva del resto, sería el dueño de la situación, y sin grandes violencias podría asaltar el poder e imponer su voluntad. Esta importante preponderancia de Madrid hace que mientras unos hombres sigan encastillados en los ministerios sean los dueños absolutos del país.

Desgraciadamente para los patriotas que se han impuesto en estos momentos trágicos la obligación de salvar a la patria, volviendo las cosas a su justo medio, en Madrid no se encuentran las asistencias que lógicamente eran de esperar entre quienes sufren, más de cerca que nadie, los efectos de una situación político-social que está en trance de hacernos desaparecer como pueblo civilizado, sumiéndonos en la barbarie. Ignoramos si falta caudillo o si faltan sus huestes; quizás ambas cosas.

De las consideraciones anteriormente expuestas se deducen dos hechos indiscutibles: primero, que el poder hay que conquistarlo en Madrid; segundo, que la acción sobre este punto, desde fuera, es tanto más difícil cuanto mayor sea la distancia desde donde ha de iniciarse la acción. Es absurdo, por tanto, creer que la rebeldía de una población, por importante que sea, ni aun la de una provincia, es suficiente para derribar un Gobierno: los sucesos de 6 de octubre confirman cuanto decimos.

Claro es que si los movimientos de índole conservadora no hallasen, como respuesta inmediata, en el proletariado, la huelga general revolucionaria, cabría levantar las masas de patriotas de una región y lanzarlas íntegras contra la capital con razonables posibilidades de vencer; pero la actitud de la clase obrera obliga a distraer gran número de fuerzas en el mantenimiento del orden, y, como es consiguiente, para lograr unos efectivos capaces de poderlos enfrentar con las fuerzas, tanto organizadas como irregulares, que pueda presentar la capital se necesita que la rebeldía, desde el primer momento, alcance una extensión considerable.

A la vista del mapa de España, tenida en cuenta la distribución y capacidad ofensiva de las unidades de nuestro Ejército y el momento político, que da a las masas proletarias una moral y una fuerza ofensivas considerables, se estima imprescindible, para que la rebeldía pueda alcanzar completo éxito, lo siguiente:

1. Que se declaren en rebeldía las Divisiones 6ª y 7ª, con el doble objeto de asegurar el orden en el territorio que comprenden y caer sobre Madrid.

2. Que las fuerzas de la Comandancia Militar de Asturias tengan a raya a las masas de la cuenca minera y puerto de Musel, y que parte de la 8ª División y Guarnición de León refuercen dichas tropas.

3. Que la 3ª División secunde también el movimiento y disponga dos columnas: una para remontar la costa levantina hasta Cataluña, si fuera preciso, y otra para lanzarla sobre Madrid en ataque demostrativo.

4. Que la 4ª División se haga cargo del Mando y Gobierno de la región catalana y tenga a raya a las masas proletarias de Cataluña, coadyuvando de esta forma al movimiento general.

5. Que permanezcan en actitud pasiva las fuerzas que guarnecen Baleares, Canarias y Marruecos; pero que en el caso probable de que el Gobierno acuerde traer a la península fuerzas de choque a combatir a los patriotas, dichas fuerzas se sumen al movimiento con todos sus cuadros.

6. Que las Iª y 2ª Divisiones, si no se suman al movimiento, por lo menos adopten una actitud de neutralidad benévola, y desde luego se opongan terminantemente a hacer frente a los que luchan por la causa de la patria.

7. La colaboración de la Marina de Guerra, la cual debe oponerse a que sean desembarcadas en España fuerzas que vengan dispuestas a oponerse al movimiento.

8. La colaboración de las masas ciudadanas de orden, así como sus milicias, especialmente Falange y Reque- tés.

9. Las líneas naturales de invasión de las divisiones Tercera, Quinta, Sexta y Séptima son:

De la Tercera: La carretera de Valencia a Madrid por Tarancón.

De la Quinta: Burgos-Aranda de Duero-Puerto de Somosierra-Logroño-Soria-El Burgo de Osma-Riaza- Puerto de Somosierra-Pamplona-Tudela-Soria, etc.

(Las fuerzas procedentes de Logroño y Pamplona pueden ir, si se estima oportuno, por Almazán y Jadraque, a caer sobre Guadalajara).

De la Séptima: Valladolid-Segovia. Luego sobre Villalba por Navacerrada o Somosierra.[36]

Madrid, 25 de mayo de 1936.

El director».

Durante la última semana de mayo —aunque figuren sin fecha— dirige Mola a sus mandos adictos las «instrucciones reservadas números 2, 3 y 4».

La «Instrucción reservada número 2» se refiere a la marcha de las columnas; la número 3 a la declaración del estado de guerra —nótese que Mola concibe la sublevación expresamente dentro de la República—, y la número 4 confirma que Mola se apoya todavía casi exclusivamente en las tres divisiones del Norte y cree en la resolución rápida del pronunciamiento. He aquí los textos de los tres documentos:

«Instrucción reservada número 2

»1. Las fuerzas que forman parte de las columnas de avance irán racionadas de pan para un día y de ración para dos, como mínimo. El ganado llevará pienso para dos días.

»2. Como se tienen noticias de que el Gobierno piensa utilizar los camiones blindados recientemente adquiridos para las Tropas de Asalto, que según informes son 26 en toda España, y que casi su totalidad están en Madrid, y como se carece de ametralladoras antitanques, se tendrá presente que a toda columna en camiones que cuente con artillería habrá de preceder un camión que lleve una pieza emplazada en la plataforma y dispuesta de manera que pueda disparar a vanguardia, para lo cual, si es necesario, se desmontará la techumbre del baquet que protege al conductor. Estas piezas irán preparadas para hacer fuego.

»3. No se hará fuego sobre los aviones, nada más que en caso de que éstos bombardeen las tropas propias.

»4. Las marchas por carretera en camiones deberán emprenderse en las últimas horas de la tarde o después de media noche, con objeto de burlar la vigilancia de la aviación, que solamente puede observar durante el día.

»5. Al encontrarse con una columna de fuerzas de otra cuya actitud se ignora, se hará alto y no se aproximará a ella hasta tener la seguridad de que son tropas amigas. Para ello se usará de parlamentarios, a ser posible de sargentos u oficiales.

»6. Se evitará durante las marchas alojar las tropas en casas particulares. Serán preferidos locales en los cuales, por lo menos, pueda alojarse una compañía o unidad análoga. Durante los estacionamientos se montará siempre el conveniente servicio de seguridad».

«Instrucción reservada número 3

»1. Tener redactado y, a ser posible, cifrado de antemano el telegrama ordenando a las guarniciones de la división la declaración del estado de guerra y movilización. Estos telegramas deberán confirmarse por escrito y ser enviados mediante agentes civiles o militares de absoluta confianza.

»2. No se dará cumplimiento a ninguna orden verbal que no sea transmitida por persona conocida de antemano, o debidamente autorizada por escrito firmado por quien la remite.

»3. Tener redactado y, a ser posible, cifrado de antemano telegrama dando cuenta a las divisiones de cómo y por qué se ha iniciado el movimiento. En estos telegramas no se detallarán los planes de movilización ni movimiento de fuerzas, pero sí el objetivo final.

»4. Se ha de procurar por todos los medios, en el momento de declararse el estado de guerra, que el comité civil tenga preparada gente para que aplauda con entusiasmo a las fuerzas, para que éstas se vean asistidas por el pueblo. Será conveniente que se den vivas al Ejército, a la Marina y a la España republicana».

«Instrucción reservada número 4

»Para el régimen de tiempo se tendrá presente lo siguiente:

»1. La hora inicial será aquélla en que se comience el movimiento por la división que tome la iniciativa en el sector de Valladolid-Burgos-Zaragoza. Para ello, el general jefe de cualquiera de las divisiones 5ª, 6ª y 7ª, al dar cuenta con arreglo al párrafo 3.1 de la Instrucción Reservada número 3, dirá la hora en que va a declarar el estado de guerra: Ésta es la hora inicial (H).

»2. La primera etapa de las fuerzas deberá estar realizada, por lo tanto, a la hora H más treinta y seis horas. La confronta de esta etapa debe hacerse a la hora H más treinta y seis más una.

»3. La segunda etapa deberá estar realizada a la hora H más treinta y seis más veinticuatro más veinticuatro. La confronta de destacamentos, a esta hora más dos».

Con fecha 29 de mayo, uno de los principales conjurados de Marruecos, el teniente coronel Heli Rolando de Telia Cantos, jefe de la Primera Legión del Tercio, queda como disponible forzoso en Melilla. El impulsivo jefe legionario no se resigna y, enterado de su posible detención, se refugia en la zona francesa en espera de acontecimientos. A mediados de mayo, alertado el Gobierno por el general La Cerda, jefe de la División de Burgos y conocido en el Ejército por sus simpatías que unos llaman marxistas y otros soviéticas (uno y otro calificativo parecen bastante exagerados: en realidad el general mostraba interés en la organización militar de la URSS), pero en cualquier caso de filiación izquierdista declarada, el Gobierno ordena al inspector general de la zona, general Juan García Gómez Caminero (el espectador de los incendios de Málaga y uno de los generales más adictos al Frente Popular), que realice en Navarra una investigación exhaustiva.

Algunos oficiales de Pamplona trazan un plan para secuestrar y eliminar al inspector general; Mola consigue disuadirles a duras penas y Caminero, en su informe, aconseja el inmediato relevo de Mola y la reducción de la guarnición navarra. Como resultado directo de este informe llega a Pamplona, el día 4 (quizá el 3) de junio, el director general de Seguridad, Alonso Mallol, con impresionante escolta de sesenta agentes de Vigilancia al mando de un comisario. Llegan también a Pamplona tres secciones de Asalto de Logroño, Vitoria y San Sebastián. Mallol procedía de Logroño y a su llegada a Pamplona ordena numerosos registros domiciliarios, en los que se detiene al instructor de los requetés, teniente coronel de Caballería (retirado) Alejandro Utrilla, a quien se ocupa una pistola ametralladora.

Se da para el viaje de Mallol una excusa fútil —la inspección de los puestos fronterizos—, pero todo el mundo sabe que el objetivo de la inspección es el jefe de la Brigada, quien consigue, con su aplomo y habilidad característicos, desorientar al director general y convencerle de su fidelidad a la República. Precisamente en vísperas de la llegada de Alonso Mallol se habían intensificado los contactos entre Mola y los grupos antigubernamentales; el 1 de junio se había entrevistado con el enlace de José Antonio Primo de Rivera, Rafael Garcerán, y el 4 con José María Oriol en Azpiroz. El jefe de la Falange ofrecía cuatro mil hombres al general; Oriol, sus numerosos contactos —que comprendían algunos muy interesantes con los nacionalistas vascos— y su cuantiosa fortuna personal, hasta el último céntimo. Valentín Galarza, hijo, cree que Juan March hizo por entonces idéntico ofrecimiento; otros testigos muy directos lo niegan tajantemente.

El 29 de mayo los enlaces de la guarnición de Valencia —hermanos Cañada Pera— pidieron a Mola «de forma un tanto violenta» la iniciación inmediata del alzamiento; es posible que el enviado de Primo de Rivera se sumase a la alborotada exigencia. Fernández Cordón recuerda que ésta se contenía en una inconsiderada nota redactada a lápiz por el propio Bartolomé Barba. Los hermanos Cañada pueden considerarse como afectos a Goded y la Junta de Generales; alarmado por su actitud, Mola escribe a la Junta para reclamar de forma expresa el mando en jefe de la conspiración, «comunicándoles su decisión de asumir de modo expreso la dirección», según los documentos que nos sirven de guía.

Muy pronto se recibe la respuesta afirmativa —por medio de Valentín Galarza— y en ese instante, «ya en plena posesión de sus facultades directivas», Mola dicta sus instrucciones para las divisiones 5ª, 6ª y 7ª y para la provincia de Navarra, que llevan fecha de 31 de mayo. Las instrucciones para Navarra figuran sin fecha, pero intercaladas entre las anteriores. Por otras fuentes sabemos que la versión que vamos a transcribir es incompleta; que se dictaron un día más tarde, el 1 de junio, y que suponen una ligera variación respecto de las instrucciones anteriores: ya no es Sangüesa, sino Tudela, el punto donde deben recogerse las armas enviadas desde Zaragoza.

Instrucciones conjuntas para las divisiones 5ª y 6ª

(Título nuestro).

«Por el mando de la 5ª División se tendrá en cuenta lo siguiente:

»lª Aprovechando el primer incidente que se produzca se declarará el estado de guerra en todo el territorio de su mando, enviando previamente a las demás divisiones el telegrama que previene el párrafo tercero de la Instrucción Reservada número tres. Procederá en la misma forma tan pronto tengan noticias de que se han declarado en rebeldía fuerzas pertenecientes a las 4ª o 6ª divisiones, hayan recibido o no el telegrama a que acaba de hacerse referencia.

»6ª Inmediatamente de declarado el estado de guerra y tan pronto se tenga conocimiento ha secundado la provincia de Navarra, se enviará, escoltado por un destacamento compuesto de una compañía de Infantería, dos ametralladoras y una sección de la Guardia Civil, un convoy de camiones sobre Sangüesa con seis mil (6.000) fusiles y un millón (1.000.000) de cartuchos Máuser. Este convoy será recogido por un destacamento de igual efectivo que se habrá enviado de Pamplona, permaneciendo el procedente de Zaragoza en Sangüesa hasta que regresen los camiones de vacío, que escoltarán hasta el punto de origen.

»7ª Simultáneamente al destacamento, y a ser posible antes, saldrán dos compañías de Infantería, una sección de ametralladoras, otra de morteros de 50 milímetros, al mando de un jefe, para Tudela, donde se le unirán dos compañías y una sección de máquinas procedentes de Estella. La misión de estas fuerzas es la de enlace entre las divisiones 5ª y 6ª y cerrar el paso sobre Navarra por la carretera de Madrid, así como facilitar la marcha sobre Soria de la columna de Navarra.

»8ª En Zaragoza, al mando de un general o coronel, se organizará una columna que se compondrá por lo menos de dos escuadrones de Caballería, cuatro batallones de Infantería y servicios. Esta columna podrá ser incrementada por las organizaciones de patriotas no encuadradas en las unidades.

»9ª Los elementos de esta columna se fraccionarán en forma que las primeras tropas se hallen en la zona de Calatayud antes de las treinta y seis (36) horas siguientes de haberse iniciado el movimiento. A su llegada a este punto enviarán un destacamento de enlace a Cardejón, donde confrontará con otro que las columnas de Pamplona y Logroño enviarán desde Soria.

»10ª Veinticuatro horas más tarde, la vanguardia de la columna se hallará en Medinaceli, enviado otro destacamento a Almazán, donde establecerá contacto con otro de las columnas de Pamplona y Logroño, que se hallarán ya en Burgo de Osma.

»llª Veinticuatro (24) horas después la vanguardia de la columna se hallará en Guadalajara, donde concentrará todos sus elementos para caer sobre Madrid.

»12ª. Si las tropas de Madrid avanzan sobre el puerto de Somosierra o estuvieran establecidas ya en él, es misión de la columna de Zaragoza amenazar sus comunicaciones, marchando parte de ella por Torrelaguna a El Molar, Venturada o Lozoyuela.

La Columna de la Sexta División, o parte de ella, ha de marchar a caer sobre Madrid por Somosierra.

»13ª Si el transporte por ferrocarril es posible, se procurará que un fuerte destacamento llegue a las inmediaciones de Guadalajara lo antes posible, en cuyo caso este destacamento ejercerá la misión de extrema vanguardia.

»14ª El ganado que no pueda ser transportado irá en jornadas ordinarias por carretera.

»15ª Se procurará llevar en camiones por lo menos los tiros de una pieza por cada batería transportada.

»16ª Se tendrá muy en cuenta en las marchas cuanto se previene en la instrucción reservada número 2.[37]

»17.ª El jefe de la división y los de las columnas resolverán por sí las dudas que se les presenten con arreglo a su leal saber y entender, teniendo por premisa llegar cuanto antes a la capital de la República, lo que será su obsesión.

»18.ª Caso de fracasar el movimiento, el repliegue se hará sobre el Ebro, debiendo tener presente que en la línea Zaragoza-Miranda habrá de extremarse la resistencia, y que Navarra será el reducto inexpugnable de la rebeldía.

»Madrid, 31 de mayo de 1936.

El director».

«Instrucciones especiales para la provincia de Navarra

»1. Declarado el estado de guerra, y dentro de las dieciséis (16) horas siguientes a la inicial, habrá situado el Batallón de Estella una compañía de fusiles con dos máquinas y demás elementos que se citan en el artículo 7.0 de las directrices para la 6.11 División; otra agrupación de composición análoga marchará a Rincón de Soto. Ambas se pondrán a las órdenes del jefe que se indica en el artículo 7.0 antes citado, y tienen por misión obstruir (no destruir) las carreteras de Soria a Tudela y de Soria- Alfaro-Rincón, impidiendo el paso a Navarra, tanto por carretera como por vía férrea, de fuerzas enemigas. Destacamentos de patriotas lo impedirán por el puente y barca de Castejón, por la de Azagra, San Adrián y Lodosa; otro destacamento se establecerá en Mendavia.

»Las otras dos restantes compañías del Batallón de Montaña de Estella cumplirán lo que se determina en las directrices antes citadas, teniendo en cuenta que deben quedar en su poder los elementos de transporte, por si tuvieran que proseguir la marcha a Bilbao. Con la R M. del Batallón y elementos de patriotas se cuidará del orden público en Estella.

»3.11 En cuanto a Pamplona, asegurado el orden público, organizará una columna compuesta de una sección de Zapadores, el Batallón de Montaña y otro del Regimiento 23, la que avanzará sobre Logroño, debiendo estar en esta plaza antes de las veinticuatro horas de iniciado el movimiento, donde se incorporará una batería transportada.

inmediatamente de declarar el estado de guerra se enviará desde Pamplona una compañía de Infantería del Regimiento 23, con una sección de la Guardia Civil, a Tudela, para recoger en dicho punto y escoltar hasta la ciudadela un convoy de diez camiones procedente de Zaragoza, con armamento y municiones de fusilería.

»5.0 Las tropas y el ganado irán racionados en la forma prevenida en mi instrucción anterior.

»6.0 En cuanto a lo preceptuado en el artículo 21 de las directivas, se ha de tener presente que a las tropas de Infantería sólo han de seguirlas un número reducido de mulos y los caballos asignados a los jefes y ayudantes. Estas fuerzas no llevarán ningún ganado transportado.

»7.0 Aparte de los destacamentos de patriotas que se mencionan en el párrafo primero del primero de esta orden, se situarán otros en Liédana, Sangüesa, Zúñiga, Alto de Carrigorri, inmediaciones de Betelu, Leiza, Ezcurra y Vera».

«Directivas para la 7ª División

»Por el mando de la 7.11 División se tendrá en cuenta lo siguiente:

»1.0 Aprovechando el primer incidente favorable que se produzca declarará el estado de guerra en todo el territorio de su mando, enviando previamente a las demás divisiones el telegrama que previene el párrafo de la instrucción reservada número 3. Procederá en igual forma tan pronto tenga noticia se han declarado en rebeldía fuerzas pertenecientes a la 5ª o 6ª divisiones, haya recibido o no el telegrama a que acaba de hacerse referencia.

»2.0 Inmediatamente de declarado el estado de guerra y cumplido lo que dispone el párrafo primero de la instrucción reservada número 3, se procederá con arreglo a la instrucción reservada número 1 y muy especialmente a la Base 5ª.

»3.0 Ante el planteamiento de huelga general, con motivo de la declaración del estado de guerra, se comunicará a los obreros la orden de reintegrarse al trabajo, advirtiéndoles que de no hacerlo se ejercerán ejemplares castigos en los más destacados miembros de la directiva del sindicato correspondiente o partido político. Puede asegurarse que con este enérgico sistema ninguna huelga durará más de veinticuatro horas.

»5ª Declarado el estado de guerra se procederá a incrementar las plantillas de los cuerpos armados en la forma que previene el apartado a) de la base 4ª de la instrucción reservada número 1.

»6ª Independientemente que por el mando de la división se atienda al restablecimiento del orden público en las capitales de provincia y pueblos donde se alterase, enviando destacamentos motorizados de efectivo motorizado (sic), si no bastasen las fuerzas de la Guardia Civil se organizará una columna cuyo efectivo mínimo lo deben constituir dos escuadrones de sables y uno de armas automáticas, de Caballería; tres batallones de Infantería, un grupo de artillería ligera del Regimiento 13 (una batería transportada) y otro del número 14 (también una batería transportada), una batería del Regimiento pesado número 4, dos compañías de ametralladoras del batallón número 2, dos compañías de zapadores y los servicios.

»7ª Las vanguardias de las distintas agrupaciones que constituyen esta columna se hallarán, a las treinta y seis horas de iniciado el movimiento, ocupando la línea de Ávila-Villacastín-Segovia. A la misma hora se encontrará en Valbuena de Duero un pequeño destacamento procedente de Valladolid, que habrá de confrontar con fuerzas de Caballería del regimiento que en la actualidad guarnece Palencia; dicho destacamento se replegará a su base cuando las indicadas fuerzas sigan la marcha hacia el S.E.

»8ª Veinticuatro horas más tarde las fuerzas de la 7.1 División habrán de tener ocupados los puertos de Guadarrama y Navacerrada, prosiguiendo la concentración lo más rápidamente posible para, sin pérdida de tiempo, situarse en la línea Escorial-Collado de Villalba-Mora- zarzal, con lo cual amenazará Madrid y al mismo tiempo la retaguardia de las fuerzas que hayan podido enviarse por el Gobierno para cerrar el paso a la columna de Burgos, que, por la distancia que tiene que recorrer, no podrá hallarse en la zona Riaza, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Castillejo hasta las ochenta y cuatro horas de haberse iniciado el movimiento.

»9ª El mando de la 7ª División debe darse cuenta que de la rapidez con que avance y, sobre todo, ocupe los pasos de Guadarrama y Navacerrada depende en gran parte el éxito de la columna de Burgos, que ha de caer sobre Madrid por Somosierra, por cuyo motivo debe estar muy al tanto de los movimientos de las fuerzas de la guarnición de Madrid, que por Alcobendas y El Molar posiblemente avanzarán a ocupar dicho paso, enviando, si preciso fuere, un fuerte destacamento motorizado sobre Lozoyuela.

»10ª Si la columna de la 7ª División no encuentra resistencia, debe avanzar en seguida con elementos motorizados a situarse en la línea Torrelodones-Colmenar Viejo, dejando la artillería no transportada convenientemente emplazada en los pasos de la sierra de Guadarrama por donde su columna haya cruzado la divisoria.

»llª Las baterías transportadas únicamente conducirán en camiones los tiros correspondientes a una pieza.

»12ª Se tendrá presente en las marchas cuanto se previene en la instrucción reservada número 1.

»13ª El ganado que no pueda ser transportado irá a su destino por jornadas ordinarias, salvo el caso poco probable de que pueda utilizarse el ferrocarril.

»14ª El jefe de la división y los de las columnas resolverán por sí las dudas que se les presenten con arreglo a su leal saber y entender, y han de tener por única obsesión llegar cuanto antes a la capital de la República.

»15ª Caso de fracasar el movimiento, el repliegue se hará sobre el Duero primero y sobre el Ebro después, debiendo tener presente que en la línea Zaragoza-Miranda ha de extremarse la resistencia y que Navarra habrá de ser el reducto inexpugnable de la rebeldía.

»16ª Caso de que en cualquiera de las provincias que integran la zona de la 7ª División hubiese un levantamiento armado de carácter civil perteneciente a elementos de las milicias patriotas, las fuerzas del Ejército no desobedecerán la orden de marchar contra ellos, sino que aprovecharán esta circunstancia para buscar su contacto y ponerse de su parte, pues hay que apoyar con toda decisión a los buenos españoles que se sublevan contra un estado de cosas que nos van a sumir en la ruina, la desolación y el descrédito.

»Madrid, 31 de mayo de 1936.

El director».

Los segundos de Mola nos han revelado que era el propio general quien redactaba y copiaba a máquina sus circulares e instrucciones reservadas; enviadas a Madrid, se distribuían desde allí por medio de Valentín Galarza. En ocasiones las notas de Mola a Galarza iban en clave fijada por el propio «director», pero no siempre sucedía así.

Seguramente para orientación de los jefes de las «organizaciones civiles», que durante el mes de junio negociaban con él o le enviaban cada vez con mayor frecuencia sus enlaces, Mola redacta el 5 de junio unos presupuestos políticos, bajo el título «El Directorio y su obra inicial», que constituyen el siguiente documento de la serie:

«El Directorio y su obra inicial

»Tan pronto tenga éxito el movimiento nacional, se constituirá un Directorio, que lo integrará un presidente y cuatro vocales militares. Estos últimos se encargarán precisamente de los ministerios de la Guerra, Marina, Gobernación y Comunicaciones.

»El Directorio ejercerá el poder con toda su amplitud; tendrá la iniciativa de los decretos-leyes que se dicten, los cuales serán refrendados por todos sus miembros.

»Dichos decretos-leyes serán refrendados en su día por el Parlamento constituyente elegido por sufragio, en la forma que oportunamente se determine.

»Al frente de los ministerios no consignados anteriormente, figurarán unos consejeros técnicos, quienes ejercerán las funciones que hoy tienen los ministros.

»Los Consejos que celebre el Directorio podrán ser ordinarios y plenos.

»Los primeros los integrarán el presidente y vocales; los segundos, los citados y los consejeros técnicos.

»Los primeros decretos-leyes serán los siguientes:

a) Suspensión de la Constitución de 1931.

b) Cese del presidente de la República y miembros del Gobierno.

c) Atribuirse todos los poderes del Estado, salvo el judicial, que actuará con arreglo a las leyes y reglamentos preestablecidos que no sean derogados o modificados por otras disposiciones.

d) Defensa de la dictadura republicana. Las sanciones de carácter dictatorial serán aplicadas por el Directorio sin intervención de los tribunales de justicia.

e) Derogación de las leyes, reglamentos y disposiciones que no estén de acuerdo con el nuevo sistema orgánico del Estado.

f) Disolución de las actuales Cortes.

g) Exigencia de responsabilidades por los abusos cometidos desde el poder por los actuales gobernantes y los que les han precedido.

h) Disolución del Tribunal de Garantías.

i) Declarar fuera de la ley todas las sectas y organizaciones políticas que reciben su inspiración del extranjero.

j) Separación de la Iglesia y del Estado, libertad de cultos y respeto a todas las religiones.

k) Absorción del paro y subsidio a los obreros en paro forzoso comprobado.

l) Extinción del analfabetismo.

m) Creación del carné electoral. En principio no tendrán derecho a él los analfabetos y quienes hayan sido condenados por delitos contra la propiedad y las personas.

n) Plan de obras públicas y riegos de carácter remunerador.

o) Creación de comisiones regionales para la resolución de los problemas de la tierra, sobre la base del fomento, de la pequeña propiedad y de la explotación colectiva donde ella no fuere posible.

p) Saneamiento de la Hacienda.

q) Ordenación de la industria de guerra.

r) Restablecimiento de la pena de muerte en los delitos contra las personas, siempre que produzcan la muerte o lesiones que ocasionen la inutilidad para el ejercicio de la profesión de la víctima.

»El Directorio se comprometerá durante su gestión a no cambiar en su gestión el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas, reforzar el principio de la autoridad y los órganos de la defensa del Estado, dotar convenientemente al Ejército y a la Marina para que tanto uno como otra sean suficientes, creación de milicias nacionales, organizar la instrucción premilitar desde la escuela y adoptar cuantas medidas estimen necesarias para crear un Estado fuerte y disciplinado.

»Madrid, 5 de junio de 1936

El director».

El 6 de junio el teniente coronel Yagüe, llamado a Madrid, se entrevista con el subsecretario, general Cruz Boullosa, y a continuación con el ministro, Casares Quiroga. Cuando Mola se hallaba en Marruecos como jefe superior, ascendió el teniente coronel García Escámez —jefe de la Segunda Legión—, a quien, como sabemos, se destinó a Navarra. Mola entonces, de acuerdo con Franco, designa a Yagüe para ese puesto. El animoso y competente jefe legionario —recordemos su actuación en la Revolución de Octubre— había servido bajo el mando de Mola en una de las compañías de Regulares del Grupo de Tetuán número 1; al salir de Marruecos, Mola le confiere su representación allí para los trabajos conspiratorios. Todo el mundo consideraba además a Yagüe como una especie de representante personal de Franco, y ya conocemos sus íntimos contactos con la Falange. El teniente coronel consiguió desorientar en Madrid a sus altos interrogadores y regresa a Marruecos el día 10 de junio, sin que, como se temió, le quitasen el mando.

Durante todo el mes de junio se suceden las entrevistas de Mola con generales comprometidos y dirigentes o emisarios civiles. Recordemos los contactos con los jefes del carlismo, muy intensos durante este mes. Con el general Cabanellas, republicano convencido, considerado absolutamente seguro por el Gobierno y ganado para la sublevación por Queipo, se entrevista Mola el 7, el 14 y el 28 de junio: la cooperación del jefe de la División de Zaragoza era esencial por la situación del territorio y por lo nutrido de los parques divisionarios, con los que Mola había decidido armar a sus tropas auxiliares (lo que prueba la escasa efectividad de la ayuda italiana pactada en 1934). Durante este mes de junio se afianza la colaboración de Queipo con más reuniones entre él y Mola. La primera entrevista con Cabanellas se celebra en Murillo de las Lenas, pueblo aislado de Las Bárdenas. Además del envío de las armas preocupaba a Mola el control inmediato sobre la masa anarcosindicalista de Zaragoza. El día del Corpus, 11 de junio, Mola habla con Kindelán en un bosque próximo a Lecumberri, localidad junto a la que se celebran numerosas entrevistas secretas en esta época. Kindelán se encarga de asegurar el máximo concurso de la Aviación (en la que Mola no tenía demasiada confianza y, como veremos en su momento, se equivocó, porque sus mejores hombres se sumaron al alzamiento) y, en lo posible, la neutralización de las fuerzas aéreas adictas al Gobierno, en combinación con González Carrasco y Álvarez Rementería. Se encarga también Kindelán de supervisar la red de enlaces de Valentín Galarza.

Durante el mismo mes de junio Mola se entrevista, a orillas del pantano de Yesa, con el general De Benito, comandante militar de Huesca; con el general Saliquet (dos conferencias en una casa de la avenida de Carlos III de Pamplona); con el general González Carrasco, a fines de mes, en Irurzun, para encargarle el mando de la sublevación en Barcelona; con el coronel Ortiz de Zárate, teniente coronel Alberto Álvarez Rementería (Madrid), capitán Antonio López Varela (Barcelona).

El 20 de junio dicta Mola la «Instrucción Reservada número 5», así como las «Instrucciones para las Fuerzas de la Armada». Sus hombres de confianza en la Marina eran el contraalmirante (en reserva) Luis de Castro Arizcun y el vicealmirante jefe de Personal del Ministerio, Ruiz de Atauri. Entre ellos y Mola actuaba como enlace un marino que gozaba también de la plena confianza, de Franco: el capitán de fragata (disponible) Salvador Moreno Fernández, y un dirigente monárquico: Eugenio Vegas Latapié. He aquí los dos documentos a que acabamos de referirnos:

«Instrucción Reservada número 5

»Por información reservada recibida se sabe que el Gobierno, conocedor del movimiento, pretende oponerse a él utilizando las fuerzas que juzga muy afectas, cuales son: la Aviación (de Getafe y Alcázares) y las Fuerzas de Asalto. Su acción piensa realizarla casi exclusivamente sobre la línea del Ebro, porque cree que es en Navarra donde existe el foco más importante de la rebeldía. Sobre la acción de la aviación poco hay que decir: primero proclamas con falsedades y luego el bombardeo de mucho ruido y poco efecto. En cuanto a los guardias de asalto, parece intentan emplearlos como infantería transportada, llevando en extrema vanguardia los camiones blindados que tienen en la actualidad en número de veintiséis.

»Para neutralizar estos medios ofensivos se tendrá presente:

a) Que no contando nuestra aviación con otras bombas que las de 11 kilos y siendo este proyectil de escasa potencia destructora, aunque de gran efecto moral, convendrá advertir a la tropa y personal paisano militarizado no se deje impresionar por las detonaciones.

b) Los transportes de fuerzas deberán hacerse, siempre que sea posible, desde la caída de la tarde al amanecer. Nuestros aviones, por carecer en casi su totalidad de equipos completos de iluminación, son inofensivos durante la noche.

c) No debe olvidarse que en toda columna que disponga de artillería debe llevarse un cañón emplazado en plataforma y dispuesto en condiciones tales que pueda hacer fuego inmediatamente sobre los camiones blindados de los guardias de Asalto. (Se están haciendo gestiones para conseguir sean inutilizados dichos camiones).

d) Durante los estacionamientos, y a prudencial distancia de las tropas, se interceptarán las carreteras con carros, vallas o postes, y a las inmediaciones de estos obstáculos y a prudencial distancia se montarán puestos armados, los cuales tienen la obligación inexcusable de romper el fuego contra las fuerzas del adversario que no se entreguen a la primera intimación.

e) Las fuerzas enviadas por el Gobierno que pasen a nuestras filas se les obligará a ir en vanguardia de las propias, delante de la plataforma del cañón, pues así se podrá comprobar cuál es su conducta. Una vez experimentada convenientemente su lealtad, podrían alternar con las demás fuerzas en el orden de marcha.

f) En ningún caso debe darse crédito a las noticias que, valiéndose de la radio y otros medios de divulgación, dé el Gobierno, con objeto de hacer decaer la moral de las fuerzas y organizaciones de patriotas. Ha de advertirse a los tímidos y vacilantes que aquél que no está con nosotros está contra nosotros, y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no sean compañeros, el movimiento triunfante será inexorable.

»Tan pronto se reciba copia del manifiesto que se dará a la opinión con motivo del movimiento, se procederá a tirar un número de ejemplares en cada localidad (de momento es preferible en multicopista y no en imprenta) a falta de fecha y firma, ejemplares que serán repartidos y publicados en los periódicos el día del movimiento, una vez llenado el requisito de poner la firma.

»Madrid, 20 de junio de 1936.

»El director.

»Dése copia de esta circular a los representantes de todos los cuerpos comprometidos».

«Instrucciones para las Fuerzas de la Armada

»El Ejército tiene la seguridad absoluta que, en momentos tan difíciles para la patria, la Armada Española se pondrá al lado de sus hermanos para luchar, con objeto de lograr salga la nación del estado deplorable en que se encuentra en la actualidad y cooperar con ellos a restablecer el orden público y crear un Estado fuerte y respetado donde reine la paz y la justicia.

»Base Naval de El Ferrol. El levantamiento de las fuerzas de la Armada deberá ser simultáneo con las del Ejército de las divisiones 6ª y 8ª, debiendo atender con las unidades de que se puede disponer a los siguientes cometidos:

a) Asegurar el orden público en El Ferrol, reduciendo a la impotencia al personal que se declare en contra del movimiento.

b) Vigilar la costa, en la forma en que le sea posible hacerlo, desde la desembocadura del Miño a la del Bidasoa, muy especialmente el sector comprendido entre Avilés y Pasajes de San Juan, impidiendo todo desembarco de fuerzas enemigas y, muy especialmente, el contrabando de armas que no vayan expresamente consignadas al Ejército de los patriotas.

c) Dos unidades pequeñas habrán de cooperar con las fuerzas del Ejército al mantenimiento del orden público en Bilbao. La acción de su artillería sobre la cuenca minera puede ser en extremo eficaz.

d) Otras dos unidades podrían, a su vez, ser convenientes en Gijón y Santander, especialmente en el primer punto. Tan pronto se inicie el movimiento, el mando de las fuerzas navales de El Ferrol destacará dos oficiales de enlace al Cuartel General del Ejército de Operaciones. Estos oficiales, de no recibir orden expresa en contrario, irán a Burgos, en donde les dirán el punto en que se halla el Cuartel General o línea por la que se desplaza éste.

»Base Naval de Cádiz. Procederá en la forma en que se indica en la segunda parte del apartado a) anterior, en su base, y actuará de acuerdo con las tropas de Africa, con las cuales se pondrá inmediatamente en contacto para facilitar los embarques, transportes y desembarques en los puertos que le indique el jefe de las fuerzas de tierra.

»Base Naval de Cartagena. Actuará en forma análoga que la anterior y, además, tendrá la vigilancia de la costa de Levante desde su base hasta el golfo de Rosas. Dos unidades se destacarán a Barcelona y una a Valencia, procurando mantener contacto con el mando militar de los patriotas, dentro de la independencia de sus servicios.

»Fuerzas Navales de África. Su cometido principal es escoltar los transportes de tropas y facilitar el embarque y desembarque de ellas.

»Madrid, 20 de junio de 1936.

El director».

Las Instrucciones para las Fuerzas de la Armada sugieren ya que Mola ha evolucionado mucho en su concepción estratégica inicial. Mantiene, sí, el plan centrípeto, pero, por primera vez, atribuye importancia esencial e inmediata a la Marina de Guerra y a la intervención directa del Ejército de África, considerado hasta entonces como reserva. Esta evolución cristaliza definitivamente en las importantes Directivas para Marruecos, dictadas en «Peloponeso» el 24 de junio, las cuales, según los comentaristas del Servicio Histórico Militar, «suponían un cambio fundamental en el plan del alzamiento, hijo de las grandes dificultades con que se tropezaba. Ya no se pensaba mantener a nuestras fuerzas de África en actitud pasiva —como en las instrucciones de mayo—, sino que se les reservaba un papel activo y quizás decisivo». La «persona a quien va dirigida esta Instrucción» es el teniente coronel Yagüe; el «prestigioso general» no hacía falta nombrarle. He aquí las trascendentales instrucciones:

«Directivas para Marruecos

»Ha de procurarse por todos los medios organizar dos columnas mixtas sobre la base de la Legión, una en la Circunscripción Oriental y otra en la Occidental, que desembarcarán, respectivamente, en Málaga y Algeciras, aunque conviene, hasta el momento preciso, hacer creer que los puntos de desembarco son Valencia y Cádiz. Esto es muy interesante para el feliz éxito de la operación.

»Jefe de todas las Fuerzas de Marruecos será, hasta la incorporación de un prestigioso general, la persona a quien va dirigida esta instrucción.

»Como la dirección del movimiento tiene absoluta confianza en dicho jefe, deja en absoluto a su albedrío los detalles de ejecución, así como el de reforzar la guarnición de Málaga con las que crea necesarias para garantizar el orden público; pero sí ha de tener presente:

»1. Que el movimiento ha de ser simultáneo en todas las guarniciones comprometidas y, desde luego, de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al fracaso.

»2. Que inmediatamente ha de proceder al embarque y traslado de fuerzas a los puntos indicados, en inteligencia de que se tiene casi la seguridad absoluta de que este solo hecho será suficiente para que el Gobierno se dé por vencido.

»3. Solicitará la colaboración de la escuadra y tendrá tomadas las disposiciones convenientes para inutilizar la aviación que no sea afecta. La artillería antiaérea de los barcos actuará al primer intento de agresión.

»4. La marcha de las columnas, una vez desembarcadas, ha de ser rápida y sobre Madrid, procurando durante el avance arrastrar todas las fuerzas cívicas simpatizantes con el movimiento salvador de la patria.

»5. No debe olvidar el jefe la conveniencia de llevar las fuerzas convenientemente abastecidas, con suficientes municiones y numerario para satisfacer en el acto los gastos que convenga no dejar pendientes.

»No olvidarse que el dinero abre todas las puertas.

»6. Oportunamente se enviará aviso de estar preparados y, después, día y hora del movimiento.

»El telegrama de estar preparados dirá: Mil felicidades en nombre de toda la familia, Eduardo. A lo que contestará el Director con un telegrama fechado en Ceuta y firmado por don Juan, por el que se comprenda está dispuesto, poniendo en el telegrama un texto cualquiera.

»El movimiento se avisará por un telegrama que dirá: Día (tal) llegará a ésa Fulanito, ruego salgas a recibirle. Firmado Eduardo. El nombre de fulanito indicará por el número de letras la hora, que será la de la mañana si no lleva apellido; si se pone apellido, se refiere a la tarde. Ejemplo: Día ocho llegará a ésa Nicasio, ruego salgas a recibirle. Firmado Eduardo, que quiere decir: que el movimiento habrá de realizarse el día 8 a las 7 de la mañana.

»7. Habrá de tenerse presente que, desde luego, el movimiento se producirá donde está el director y que, por lo tanto, no debe hacerse caso de las noticias que para quebrantar la moral haga circular el Gobierno por radio u otros medios.

»8. Inmediatamente de producido el movimiento en Marruecos habrá de comunicarse al director por el medio más rápido, incluso, si es posible, por avión, que puede tomar tierra en el aeródromo inmediato o en el eventual que existe cercano a la capital en que éste se fecha.

»Le ruego acuse inmediatamente recibo de estas instrucciones si está conforme con ellas.

»(Nota: De estas instrucciones sólo tienen conocimiento el destinatario, el director y una tercera persona que ejerce de coordinador. Son, por lo tanto, absolutamente reservadas).

»Peloponeso, 24 de junio de 1936.

El director».

En los mismos días en que redactaba este documento, Mola se mostraba sumamente optimista. «Es cuestión solamente de horas —dijo al dirigente carlista Baleztena—. Ahora no ocurrirá lo que el 10 de agosto de 1932».

Su optimismo se deterioró bien pronto. Las noticias de Madrid eran cada vez peores. El Gobierno parecía bien informado y estrechaba el cerco a los presuntos conspiradores; se sucedían las combinaciones de mandos, que si bien a veces eran poco explicables —como la sustitución de La Cerda por Batet al frente de la División de Burgos a mediados de junio—, sembraban el desconcierto en las guarniciones. Mola, que tanto había criticado las dilaciones y los aplazamientos de la Junta de Madrid, se ve obligado a ellos en más de una ocasión; parece que una de las fechas más acariciadas por Mola fue «entre San Juan y San Pedro».

Entre los papeles de Mola se ha encontrado una copia de la famosa «Información confidencial número 2» sobre la sublevación del «Soviet nacional»; ya hemos indicado en su momento que no Creemos auténtico este documento, pero es bien posible que Mola sí lo creyera; 29 de junio es una de las fechas que en él se señalan para el alzamiento caballerista-comunista. En este ambiente de aplazamiento y desánimo, envía Mola la última de sus instrucciones, fechada en «Madrid» el 1 de julio de 1936 y que transcribimos a continuación. La «fuerza nacional» de que en ella se habla son los carlistas; la «fuerza combativa» es Falange Española; la capital de provincia aludida es Informe Reservado.

»La dirección del movimiento patriótico estima necesario dirigirse a los compañeros comprometidos en él para ponerles al corriente con toda lealtad de ciertos hechos demostrativos de que el entusiasmo por la causa ni ha llegado todavía al grado de exaltación necesario para obtener una victoria decisiva y de que la propaganda no ha alcanzado un resultado completamente halagüeño.

»1. Está por ultimar el acuerdo con los directivos de una muy importante fuerza nacional indispensable para la acción en ciertas provincias pues la colaboración es ofrecida a cambio de concesiones inadmisibles que nos harían prisioneros de cierto sector político en el momento de la victoria. El llamado «Pacto de San Sebastián» está aún demasiado reciente para que los españoles lo hayan olvidado, así como las dolorosas consecuencias que ha traído para España. Nosotros no podemos en forma alguna hipotecar el porvenir del nuevo Estado.

»2. Oficiosidades de ciertos elementos, sin otra representación que la suya personal han hecho que haya tenido que dictar el director de cierta fuerza combativa una orden terminante para que sus afiliados sólo se entiendan con quienes deben entenderse. Hoy, como no podía menos de suceder, la inteligencia es absoluta.[38]

»3. Se ha intentado provocar una situación violenta entre dos sectores políticos opuestos para apoyados en ella proceder; pero es el caso de que hasta este momento —no obstante la asistencia prestada por algunos elementos políticos— no ha podido producirse, porque aún hay insensatos que creen posible la convivencia con los representantes de las masas que mediatizan al Frente Popular.[39]

»4. Se ha podido apreciar, con notoria contrariedad, que en cierta capital de provincia, en que todos se hallaban unidos y de acuerdo para salvar a la patria, ha bastado la presencia de una sola persona opuesta a nuestros ideales para que el panorama haya cambiado radicalmente. Eso es prueba de que el ideal no estaba arraigado y de que el entusiasmo demostrado era más ficticio que real. El caso no es único.[40]

»5. Se tiene conocimiento también de que determinadas instrucciones han sido conocidas tan pronto circularon por quienes debían ignorarla, lo que es prueba evidente de que falta discreción o existen traidores.

«Podríamos ir citando más hechos análogos. Hace falta, por tanto, que los exaltados se revistan de paciencia y de que todos se dediquen con el mayor entusiasmo a captar voluntades y a descubrir a los indiscretos o traidores para que tanto unos como otros reciban su merecido.

»También se ha de tener presente que todo está ya en marcha y que no ha de cundir el desaliento aunque sean inutilizadas las personas que llevan la dirección por importante que sea el papel que tengan o se les atribuya. Los que queden deben proseguir la obra iniciada. ¡¡Viva España!!

»Madrid, 1 de julio de 1.936.

El director».

El equipo de colaboradores íntimos de Mola

El importantísimo informe Fernández Cordón, además de incluir toda la serie de instrucciones reservadas del general Mola, nos ofrece el relato de cómo Mola procedió al reclutamiento y reparto de funciones entre sus colaboradores más próximos. Éste es el documento:

«(García Escámez) procedía también de Ceuta donde se encontraba durante el mando del general (sobre las Fuerzas Militares de Marruecos, en 1935) de primer jefe de la Segunda Legión del Tercio, en cuyo cargo cesó al ascender a coronel. Esta circunstancia hizo que se reanudasen las relaciones oficiales y particulares entre ambos iniciadas en Ceuta, terminando, pasado algún tiempo y ya convencido el coronel García Escámez de la importancia de sus trabajos para conseguir su traslado a un mando de las guarniciones de Madrid, Sevilla, Málaga o Zaragoza, en ser uno de los más destacados colaboradores y entusiastas auxiliares del general en la preparación del movimiento y el que influyó constantemente en él para que se determinase de acuerdo con el general Franco y desde que éste se encontraba en Canarias, a erigirse en jefe supremo del Movimiento por considerarse que de no ser así se llegaría difícilmente a aunar y encauzar los deseos y trabajos hasta entonces muy dispersos. En esta labor le ayudó mucho al coronel el ayudante del general, amigo suyo de antiguo y al que el citado coronel requería con frecuencia con este fin (n. del a.: el ayudante del general era el comandante Fernández Cordón).

»A los pocos días de permanecer en Pamplona dio orden el general a su ayudante de que con gran discreción y cautela fuese pulsando a la oficialidad de la guarnición para informarle de cómo se encontraba ésta en relación con el fin que se perseguía. Y el general, con una intuición y perspicacia tan suyas, había empezado a conocer a algunos jefes y oficiales y se iba dando perfecta cuenta de quiénes podrían ser los realmente dispuestos a colaborar con él leal y honradamente a sus propósitos. La selección efectuada personalmente era acertadísima.

»Empezó el ayudante la labor encomendada y no se equivocó al comprobar que en el comandante Esparza, jefe de Estado Mayor del general, y los capitanes Barrera, Vicario, Díez de la Lastra (Gerardo y Gonzalo), Lorduy, Vizcaíno y Moscoso y Navarro Bridons encontraría el general entusiastas y francos colaboradores.

»En este sentido informó a su general y éste comenzó a llamar a los citados para pulsarles personalmente e irles encargando misiones y trabajos a realizar. Puede decirse sin temor a sufrir error alguno que apenas había pasado un mes desde la llegada del general a Pamplona cuando éste podía contar y emplear en delicadas e importantes misiones, además de a su ayudante, al coronel García Escámez, comandante Esparza y capitanes citados. Tampoco le faltaría nunca la lealtad y colaboración del oficial 1o de Oficinas Militares, Urías y del brigada con destino a la Comandancia, Pérez Madrid.

»Ya en marcha los trabajos de la conspiración, fue concretándose por S.E. la misión a realizar por cada uno.

»Su ayudante y su jefe de Estado Mayor, Cordón y Esparza, quedaron encargados de servir de enlace entre el general y el elemento militar y civil afectos al Movimiento evitando a todo trance que absolutamente nadie entrase directamente a su despacho sin haber sido interrogados y definidos por estos dos jefes, especialmente por el ayudante, más libre de misiones profesionales.

»El capitán Barrera era el enlace del general con el elemento civil carlista y el diario informador de las actividades y manejos de socialistas y marxistas de Pamplona.

»Los capitanes Vicario, Díez de la Lastra y Lorduy eran los enlaces del general con la Falange de Navarra.

»Los capitanes Vizcaíno y Moscoso y Navarro Bridons ejercían una constante influencia y atención sobre las clases y tropa dentro de sus respectivos cuarteles.

»El general se entregó de lleno a la redacción de las instrucciones, claves, normas, prevenciones, organización de columnas, itinerarios, objetivos de éstas, estando constantemente enlazado por cifrado con el teniente coronel don Valentín Galarza, residente en Madrid y jefe de Estado Mayor del Movimiento».

El último documento enviado por Mola puede referirse también a la situación difícil de los conspiradores en Barcelona, entre los que se encontraba un hermano del propio general de Pamplona; el mayor problema era que el presidente de la Generalidad, Luis Companys, estaba decidido a que el cada vez más probable pronunciamiento de 1936 no le sorprendiese como había hecho el Ejército en 1934; para ello contaba con la información excelente que le comunicaba de forma continua el capitán Escofet, que la recibía de sus enlaces y espías, bien situados en todas las unidades militares de la capital catalana. Escofet ha relatado con fría precisión la vigilancia por él establecida sobre los promotores del Alzamiento en Barcelona, en lo que constituyó la clave del fracaso de los planes de Mola en Cataluña.

Las cuentas de la conspiración

Por la fecha en que se difundía el último escrito de Mola, ya estaba completado el cuadro de mandos de la rebelión. Mola había conseguido el acuerdo de los principales comprometidos, que se distribuían así: Franco, Marruecos; Queipo, Andalucía (después de una inicial asignación a Valladolid, vetada por la Junta de Generales); González Carrasco, Cataluña; Cabanellas, su división aragonesa; Goded, Valencia, tras dominar su Comandancia de Baleares (igual misión previa debería cumplir Franco en la suya de Canarias); Mola, Navarra-Burgos. La Guarnición de Barcelona pedía que se le enviase a Goded, y en Madrid, donde había dos o tres jefes preconizados, parecía imponerse la candidatura del general Fanjul. A primeros de julio ya está en plena actividad —a pesar de ciertas oscuridades documentales y testimoniales— la cooperación al alzamiento de Falange Española, prácticamente sin condiciones; Renovación Española ha aportado una colaboración valiosa en el terreno económico y en el de la coordinación; la CEDA, por su parte, ha contribuido con la promesa de sus milicias y con la aportación del famoso medio millón, sobre el que da nuevos detalles el ayudante de Mola en una carta, hasta ahora inédita, a Joaquín Arrarás:

«… Le fueron entregadas (las 500.000 pesetas), no en cheque, sino en billetes de 100 pesetas nuevos, al entonces capitán Gerardo Díaz de la Lastra. Éste se apresuró a dar cuenta de ello al general, quien dispuso me hiciese yo cargo de ellas, y durante unos cuatro días las guardé en mi pabellón, hasta que, a indicación mía y comprendiendo el general que para mí era un compromiso tener en mi casa tan crecida suma, me ordenó se las entregase al capitán Barrera, dándole orden a éste, que se puso de acuerdo con el director del Crédito Navarro, Isaac Goñi, para que quedasen depositadas en dicho centro bancario. Exigió el general desde el primer momento que se viese en él la persona que las había entregado al capitán señor Díaz de la Lastra, y ello motivó la entrevista que con S. E. celebró Francisco Herrera Oria, consejero de El Debate, persona que había entregado a este capitán la citada cantidad. Contra ésta no se había cargado partida alguna al iniciarse el movimiento en Pamplona».[41]

La conspiración, en efecto, puede considerarse como una de las más baratas en la historia secreta; el legajo Fernández Cordón contiene uno de los más extraordinarios documentos de 1936, que detalla precisamente los gastos de la conjura, cargados todos a una donación de diez mil pesetas hecha a Mola por el capitán Barrera de las que solamente fueron aceptadas dos mil, que ni siquiera fueron gastadas en su totalidad. He aquí el detalle de los gastos de la conspiración, que ascendieron en su conjunto a la cantidad increíble de 1.709,25 pesetas:

Comida en Irurzun (entrevista con Queipo): 56,40

Viaje a Madrid y Barcelona del comandante Fernández Cordón: 235,40

Viaje a La Coruña (comandante Salón): 350,00

Merienda en Irurzun (conferencia con el general González Carrasco): 11,60

Doscientos sellos de 0,30: 60,00

Papel y sobres: 13,55

Comida en el restaurante Iruña (Pamplona) (Mola, comandante Cordón, coronel Zaldívar): 22,50

Viaje a Logroño (entrevista con el coronel Ortiz de Zárate): 97,50

Viaje a Zaragoza (comandante Cordón, capitán Vicario): 46,90

Viaje a La Coruña (capitán Vizcaíno): 130,30

Viaje a Logroño, Bilbao y Burgos (capitanes Vizcaíno y Moscoso): 395,00

Viaje a Bilbao (capitán Díez de la Lastra): 73,00

Gasolina: 217,10

Total: 1.709,25 pesetas.

La conexión entre el centro directivo de la gran conspiración, en Pamplona, y los comprometidos de las guarniciones se hacía a veces por simples cartas, como sugiere el estado de cuentas que acabamos de transcribir; pero, sobre todo, por medio de enlaces permanentes, emisarios ocasionales y visitas de sondeo e inspección realizadas por jefes de alta categoría y probada fidelidad a Mola. El principal de éstos era Queipo de Llano, que recorrió dos y hasta tres veces las principales guarniciones y comandancias predicando la sublevación.

A principios de junio es el coronel García Escámez quien hace un viaje a Andalucía, tras el que escribe a Fernández Cordón que la mayoría de los oficiales se mostraban dispuestos al alzamiento, mientras que la mayoría de los jefes «se mostraba reacia», nueva demostración del carácter juvenil del alzamiento, en el que la Falange, sin duda, adquiría cada vez un papel más preponderante por el creciente número de sus afiliados o simpatizantes entre la oficialidad y los jefes más jóvenes. Los enlaces más importantes de Mola son su jefe de Estado Mayor, comandante Esparza, y su ayudante, comandante Fernández Cordón. Un grupo de capitanes actúa con entusiasmo y desprendimiento en esta tarea: Barrera, enlace con los carlistas e informador sobre los movimientos del socialismo; Vicario, Lastra y Lorduy, enlaces con Falange; Raimundo García «Garcilaso», director del Diario de Navarra, enlace con los políticos de la derecha, singularmente con Calvo Sotelo.

El enlace permanente con Valentín Galarza se estableció casi siempre por medio de muchachas de Renovación o de Falange Española que llevaban las misivas a casa de Milagros Morante, familiar de Valentín Galarza, que vivía en Madrid, en la calle de Núñez de Arce, 9, única persona fuera de los principales conspiradores que conocía la verdadera actividad del «técnico». La misma red femenina se encargaba de los contactos entre Galarza y Franco; entre todas estas mujeres-incógnitas, que jamás han contado sus a veces increíbles aventuras en la conspiración, conocemos los nombres de Elena Medina (Sevilla) y África Hoces (Madrid). La animosa Sección Femenina de Falange estaba entregada en alma y vida al trabajo subversivo. Los dirigentes carlistas fueron casi todos enlaces de la conspiración; el principal fue tal vez Antonio Lizarza, uno de los mejores cronistas de aquellos momentos febriles.

Graves problemas en Madrid y Barcelona

Estamos ya a comienzos del mes de julio y los acontecimientos se precipitan. Cuando la colaboración de los militantes carlistas podía ya considerarse como conseguida, cunde entre ellos el desconcierto ante la influencia evidente sobre los planes futuros de Mola de los generales republicanos (Queipo, Cabanellas) que imponen la concepción depuradora, pero expresamente republicana, del proyectado alzamiento. No se trataba solamente de Queipo y Cabanellas; tras ellos alentaba un fuerte sector del Ejército que, como muy bien había advertido Calvo Sotelo en las Cortes, no albergaba la menor intención de sublevarse contra la República en cuanto tal.

Es muy posible que los carlistas, animados de un alto sentido patriótico, hubieran aceptado de buena gana la alianza con los republicanos de orden, como de hecho la aceptaron al solventarse las diferencias; pero ni un solo carlista estaba dispuesto a ofrecer su vida y a bajar de sus montañas —reales o simbólicas— por los ideales que asomaban en algunos párrafos de las instrucciones del director. Las dos primeras semanas del mes de julio, como sabemos, se pasan en negociaciones y arbitrajes, llevados a buen término por la visión política de Sanjurjo, por la coincidencia fundamental de todos los conspiradores… y, como veremos muy pronto, por la tremenda vuelta a la realidad que supuso el inconcebible asesinato de José Calvo Sotelo por las fuerzas del Gobierno. Las célebres fiestas de San Fermín, que estallan en Pamplona el 7 de julio, permitieron el viaje de varios comprometidos importantes, ansiosos de ultimar con Mola los preparativos inmediatos del alzamiento; entre ellos figuran los generales Fanjul, De Benito, González de Lara (jefe de la brigada de guarnición en Burgos), Kindelán y el coronel de San Sebastián, León Carrasco Amilibia, ante cuyas vacilaciones y reticencias Mola designó como jefe del alzamiento en la capital de Guipúzcoa al teniente coronel del Sexto Batallón de Zapadores, José Vallespín Cobián.

Otro de los conspiradores que llegan por aquellos días a Pamplona es el propio hermano de Mola, Ramón, destinado como capitán de Oficinas Militares en Barcelona. Él es quien informa a su hermano sobre el deseo de los militares comprometidos allí de que sea Goded el jefe del alzamiento en Cataluña.

La situación general de la conspiración en vísperas del asesinato de Calvo Sotelo distaba mucho de considerarse satisfactoria. No acaba de fijarse —es un problema de horas, pero muy significativo— si la decisión carlista de apoyar a Mola con base en las cartas de Sanjurjo es anterior o inmediatamente posterior a la noticia del gran crimen madrileño; los testimonios que tratan de anticipar esa fecha nos han parecido hasta ahora ligeramente forzados, pero a la vista de los nuevos documentos incluidos en el legajo Fernández Cordón parece realmente más probable que la decisión de don Javier y sus consejeros —que para ella fueron concretamente, según esos documentos, Baleztena, Martínez Berasain, Arellano, Martínez Morentín y Elizalde—, tomada el día 12, se llevaría a cabo a pesar de la contramarcha impuesta por Fal Conde al propio don Javier los días 12 y 13; si esto es así, la cooperación de los carlistas navarros se hubiera producido aun en contra de la orden del regente y según las orientaciones del conde de Rodezno.

Sea cual sea la precisión de esta posibilidad —y los carlistas deberían ser los primeros interesados en aclarar definitivamente el problema—, el caso es que cuando Baleztena y sus amigos se disponen a conferenciar con Mola el 13 de julio «para comunicarle las bases del acuerdo», el general les comunica la terrible noticia de Madrid, de la que él mismo acaba de enterarse por Raimundo García. Aquello no permitió más dudas y Mola «en seguida comenzó a tomar las medidas para que el alzamiento, ya inevitable, se verificase de modo inmediato».

Solucionado, pues, el gravísimo problema de la participación carlista, recorría Mola una y otra vez, en aquella mañana ominosa del 13 de julio, la situación de sus planes en toda España. Esta situación, como decíamos, distaba de ser clara.

La principal preocupación seguía siendo Madrid. Mola intentó viajar a Madrid una y otra vez desde su llegada a Pamplona, pero se le denegó el permiso invariablemente. Le falló incluso el infalible derecho a extraer caballo del Depósito Central de Remonta. El plan de Mola —sugerido por Franco, como varios indicios dan a entender— consistía en que la Guarnición de Madrid abandonase sus cuarteles para tomar contacto con las columnas que confluirían desde el norte; si esto no era posible, las tropas deberían acuartelarse en resistencia pasiva y negarse en todo caso a combatir a sus compañeros. Seguían trabajando en Madrid los generales Fanjul, García de la Herrán, Villegas y González Carrasco. Éste era el propagandista más entusiasta y arriesgado del alzamiento fuera de la capital; actuó varias veces como emisario de la poco efectiva Junta de Generales. Bartolomé Barba seguía intentando la conspiración por su cuenta y también viajaba bastante, aunque se mantenía en cierta conexión informativa con Mola, lo mismo que Carrasco.

Según Fernández Cordón, los principales jefes comprometidos en Madrid eran, aparte de los anteriores, el coronel Tulio López Ruiz, el teniente coronel de Ingenieros Alberto Álvarez Rementería («excepcional y principalísimo colaborador»), el teniente coronel de Infantería Gabriel Pozas Perea y el capitán de Infantería Pedro Lozano. El coronel jefe de Estado Mayor de la Primera División Orgánica, Pérez Peñamaría, amigo de Mola, le aseguró su concurso para impedir que la Guarnición de Madrid apoyase al Gobierno. Se encargó de ganar para el alzamiento al general José Miaja, «que parecía propicio a ello». Miaja, en efecto, había servido como capitán en Africa a las órdenes de Mola. Escribió éste una carta que Peñamaría leyó a Miaja, quien la recibió bien.

Ya sabemos cuál era la situación de la Guarnición de Barcelona, sumamente dividida y mayoritariamente hostil a los proyectos de Mola. La Generalidad, por medio del capitán Escofet, poseía, como hemos dicho, un excelente servicio de información que en todo momento estuvo al corriente de los movimientos y los planes de los presuntos sublevados. El jefe de la División, general Llano Encomienda, estaba decidido a impedir el alzamiento. Según Fernández Cordón, «muchísimos» jefes y oficiales de la guarnición se catalogaban simplemente como «indeseables», aunque había algunos «buenos», como los generales Fernández Burriel y Legorburu. Ante esa situación poco podían las guarniciones de las demás provincias catalanas, donde el alzamiento estaba mucho mejor organizado que en Barcelona y donde se contaba con probabilidades muy serias de éxito.

La situación de Barcelona era tan negra que solamente un esfuerzo genial de improvisación podría salvarla para los planes de Mola. Por eso la guarnición decidió, in extremis, invocar la presencia de Goded, tal vez el único general capaz del milagro. Goded poseía una importante trama de relaciones en todo el Ejército y sus ambiciones de encabezar el movimiento no eran un secreto para nadie. Desde los días de Alhucemas en 1925, la rivalidad profesional entre Goded y Franco era notoria. Goded se jugó todo a una carta presentándose a cuerpo limpio en Barcelona cuando todo estaba ya virtualmente perdido. La baza de Franco entre Canarias y el Ejército de Marruecos parecía mucho más segura.

La situación de espíritu y organización de la guarnición madrileña en vísperas de la sublevación está admirablemente reflejada en este testimonio de uno de sus jefes, destinado entonces en Campamento, el coronel de Artillería Aníbal Moltó, quien el 23 de julio de 1936 declara:

«Debo manifestar que ninguno de los jefes y oficiales teníamos noticias de quién era el jefe del alzamiento en Madrid, ni ningún detalle de éste, y aquéllos que decían estar más enterados manifestaban que la Guardia Civil era el enlace y había que aguardar órdenes por su conducto».[42]

En alguno de los documentos que hemos transcrito puede ya intuirse cuál va a ser la actitud de la Guardia Civil en el Alzamiento. Esta ejemplar institución, una de las contribuciones españolas más originales y profundas a la convivencia y el orden social en la época contemporánea, no se había concebido como instrumento de guerra, sino como instrumento de paz. Los comentaristas extranjeros, sin más fuentes que las folclóricas, tienen acerca de nuestra admirable Guardia Civil una idea parecida a la de los gitanos. Por eso no comprenden la situación del instituto frente a los acontecimientos de 1936.

En varias ciudades importantes —Madrid, Barcelona, Valencia—, la Guardia Civil se mostró o bien neutral o bien favorable a la República. Esta actitud dependía sobre todo de la decisión de sus mandos superiores, sobre los que actuó como freno exagerado el temor a un nuevo fracaso como el del 10 de agosto, que tanto había perjudicado a la Guardia Civil, hasta amenazar su propia existencia y suprimir su Dirección General. El recuerdo de Octubre actuó en el mismo sentido de fidelidad al Gobierno.

La indecisión de la Guardia Civil corrió parejas, en muchos lugares, con la indecisión de los mandos del Ejército. La decidida postura del inspector general, Sebastián Pozas Perea, a favor del Gobierno preparó desde febrero los mandos de tercios y comandancias en dirección antisubversiva. En resolución, la Guardia Civil, como demostró luego su actitud en las primeras semanas de la guerra, es, como el resto de las Fuerzas Armadas, un exponente de la tragedia del pueblo español, con el que por extracción y por ideal se hallaba plenamente identificada. El Alcázar de Toledo, Oviedo y, sobre todo, Santa María de la Cabeza son nombres que no se hubieran escrito en la historia de España sin la Guardia Civil. Pero el primer reflejo institucional del instituto fue obedecer al Gobierno, como era su tradición.

No eran mejores las perspectivas en la tercera capital española, Valencia. El jefe de la Tercera División, general Fernando Martínez Monje, pasaba por muy afecto al Frente Popular. Los demás generales —Gámir Ulibarri, de Infantería; Cavanna, de Artillería— carecían de significación política y se mostraban indecisos ante los rumores, «al igual que los jefes de Cuerpo y el de Estado Mayor, coronel Machimbarrena»[43]. La Junta Divisionaria de la UME era tan entusiasta como inoperante; celebraba reuniones diarias en las que no tomaba ninguna decisión. La presencia del comandante Bartolomé Barba, incorporado a la Junta a petición de ésta, no pudo enmendar las cosas. En la reunión de El Saler con los representantes de las milicias políticas, Barba les impuso unas condiciones de absoluta supremacía militar que probablemente contaron con la aprobación de Mola, tan parecidas eran a las «instrucciones reservadas». En el informe Costa se resume así la situación de Valencia en vísperas del Alzamiento:

«Casi todos los jefes de Cuerpo consultados habían dicho que harían lo que hiciesen los demás, y que a la orden que se les diese desde Capitanía, obedecerían».

Las preocupaciones de Mola rozaban la angustia si a estas previsiones tan oscuras para las tres ciudades más importantes de España se añadían las aún más negras de las dos siguientes: Bilbao y Sevilla. Se habían intentado, a lo que parece, ciertos contactos con los nacionalistas vascos con vistas a la sublevación militar, pero solamente en Vitoria alcanzaron éxito estos intentos. La situación se agravaba aún en Bilbao por la decidida hostilidad al Alzamiento por parte del comandante militar, Piñerúa, y de la mayoría de los jefes y oficiales. En cuanto a Sevilla, siempre se la dio por perdida. La leyenda de «Sevilla la roja» fue un éxito de la propaganda comunista, que si bien muy pronto se reveló inconsistente en vísperas del 17 de julio, parecía insalvable. El general de la División, Fernández de Villa Abrille, permanecía fiel a los ideales de extremismo republicano que le llevaron a conspirar en 1930 y no se sublevaría jamás contra un Gobierno de la República.

El informe García Escámez no era nada alentador, aunque Queipo de Llano, que también había inspeccionado la zona, se mostraba algo más optimista (lo que le valió, muy contra su voluntad, el destino a la cabeza de la imposible sublevación sevillana). El alma de la sublevación en Andalucía eran los generales López Pinto y Varela, más o menos recluidos en Cádiz (López Pinto tenía mando, pero casi no tropas). El telegrama de Escámez desde Sevilla, dirigido a Fernández Cordón, había sido exactamente éste: «Las niñas (oficiales) bien, las encargadas (jefes) mal». Los hermanos Eduardo y Antonio Álvarez Rementería (comandantes) eran los principales enlaces de Mola y los conspiradores más activos en la división andaluza.

Las maniobras del Llano Amarillo

Tan sombríos presagios se empezaban a aclarar en la mente de Mola cuando pensaba en las comandancias insulares, en las que la personalidad, el prestigio y la decisión de los generales Franco y Goded parecían asegurar el triunfo fulminante, como así sucedió en realidad. Los dos generales, esperanza máxima de la sublevación, deberían encargarse inmediatamente después de sendos objetivos esenciales: Valencia y Marruecos.

La situación en el Protectorado estaba erizada de peligros; allí había concentrado el Gobierno a sus jefes superiores más fieles (generales Romerales y Gómez Morato, comandante de aviación Puente Bahamonde, alto comisario y delegados gubernativos), pero la mayoría de los jefes y oficiales no lo dudarían en cuanto Franco se pusiese al frente de ellos. El general Capaz, quien con toda seguridad estaba con los conjurados (fue fusilado en Madrid por el Frente Popular), se encontraba fuera de su destino, con permiso. Con el buen deseo de mantener ocupadas a las fuerzas, el Gobierno ordena la realización de unas maniobras que se desarrollan en el Llano Amarillo de Ketama, entre el 5 y el 12 de julio. En ellas se sella definitivamente la unión de todos los conjurados, simbolizada en la algarabía del banquete final, cuando, en presencia de las autoridades republicanas, se grita de mesa en mesa: «CAFE» (Camaradas, Arriba Falange Española).

El teniente coronel Yagüe anuda en el Llano Amarillo los hilos de la conspiración, sostenida con gran entusiasmo y discreción por los numerosos adeptos que Falange Española —cuyo jefe efectivo en Marruecos era el teniente coronel Seguí Almuzara— tenía entre jefes y oficiales. Es muy difícil destacar nombres entre los innumerables comprometidos del Ejército de África; es más fácil catalogar a los adversarios. Además de generales y autoridades civiles superiores, eran éstos: el coronel inspector del Tercio Luis Molina Galano, el teniente coronel jefe del grupo de Regulares de Ceuta número 3 Juan Caballero López, el comandante de Estado Mayor Carlos Pedemonte, el comandante de Infantería Juan Montero Cabaña, y los capitanes Alonso y Pardo.

Otros jefes y oficiales, como el comandante de Infantería Edmundo Seco Sánchez, ponían la disciplina por encima del compañerismo y decidieron no apoyar a un movimiento violento que, en su opinión, habría de pagar un precio demasiado caro por obtener unos resultados inciertos. Esta actitud fue la de muchos militares que en España no apoyaron al movimiento de julio movidos por lo incierto del ambiente y por otra versión del servicio a España, del que jamás deserta un militar español. He aquí otro de los más terribles y humanos aspectos de nuestra gran tragedia nacional.

El 10 de julio el teniente coronel Alfaro, que había tomado el mando accidental del territorio de Larache ante la destitución, por sospechas del Gobierno, del coronel Mágica, conferencia con el jefe del sector designado por Yagüe para el momento de la sublevación, teniente coronel Losas. Éste le informa de que «la contraseña para el momento del Alzamiento no serían tiros ni alboroto, sino precisamente la llegada de Franco al aeródromo de Auamara. Y añadió: «Ten cuidado de no adelantarte, no tengamos otro 10 de agosto».[44]

Perspectivas favorables en
las regiones del centro-norte

Mola sabía que la suerte de Levante dependía de Valencia, como la suerte de Extremadura dependía de Sevilla. Una y otra parecían muy poco prometedoras, y Mola, seguro de Marruecos, soñaba con que se triunfase en Valencia o en Barcelona —la primera posibilidad era muy grande, como se demostró luego— y se dedicaba con afán a la consolidación del Alzamiento en las tres divisiones del norte que creía poder controlar directamente: Zaragoza, Valladolid y Burgos. Porque Galicia se daba también como inicialmente perdida, lo que no preocupaba con exceso a Mola por dos razones: el dominio de Valladolid y León dejaría aislada a Galicia y el coronel Aranda se encargaría de cerrar una posible conexión con las regiones cantábricas si en éstas fracasaba la sublevación.

Se ha dicho que Aranda fue una incógnita para los sublevados hasta el mismo 18 de julio, y nada hay más injusto: Aranda no solamente no fue jamás incógnita, sino que constituyó una baza segura y vital. Tanto que Mola no envió a Asturias ni un solo enlace. «Aranda controlaba por sí solo», recuerda Fernández Cordón. El coronel asturiano tenía en un puño a sus jefes y oficiales; estaba además en contacto con varios militares retirados, como Fernández Ladreda, de gran influencia en la región, y su mentalidad liberal y abierta le aseguraba el concurso de los numerosos republicanos de orden, que eran quizá la mayor fuerza popular de Asturias. A los militantes rojos, por supuesto, los conocía muy bien, y ya sabría cómo eliminar su peligro.

Desde las elecciones de febrero tenía preparados Aranda los planes minuciosos para la segunda defensa de Oviedo en los años treinta. En su testimonio recuerda que, después de tranquilizar a Azaña el 7 de abril, y después de breve contacto, tan discreto como siempre, con los generales que por aquellos días conspiraban en la capital, «regresó a Oviedo y aprovechó la circunstancia de la entrega de su bandera al Regimiento de Simancas para reunir a la oficialidad de Asturias y pedirle que tuvieran confianza en él hasta el momento supremo, manteniéndose entretanto en la más discreta disciplina para evitar pretextos de nuevos traslados y reducciones que debilitasen las fuerzas y su espíritu». Triplicó, pues, la dotación de ametralladoras de la Guarnición de Oviedo y trasladó a lugar seguro las armas y municiones disponibles.

En la división gallega poco podía esperarse de los generales Salcedo, jefe de la División, y Rogelio Caridad, azañista notorio. El coronel Pablo Martín Alonso se mostraba favorable, pero las difíciles perspectivas no acababan de aclararse. Mola nombra enlace suyo al capitán jurídico Tomás Garicano, organizador muy eficaz que coopera al éxito de Galicia —otra de las sorpresas de la sublevación, quizá porque no se valoró lo suficiente el apoyo popular al Alzamiento y se supervaloró, en cambio, la fuerza real de las masas extremistas—. La Marina y la callada coordinación de Manuel Hedilla fueron otros factores decisivos para el resultado. Apoyaron a Garicano el coronel de Ingenieros Cánovas y el comandante Coucciro, entre otros varios oficiales.

La resistencia de Teruel fue, durante todo el año 1936, una página inesperada y vibrante que todavía no se ha descrito como merece, ahogada en la fama de hechos bélicos posteriores.

Mola se mostró siempre muy seguro del triunfo en Valladolid, donde la guarnición estaba con él; Queipo de Llano la había trabajado admirablemente en cuanto se disiparon los equívocos. El general Saliquet conseguiría en la bella ciudad castellana uno de los escasos triunfos decisivos que se pueden apuntar en el haber de la junta madrileña. Nombres clave en Valladolid durante la conspiración: el comandante retirado Caballero, Gonzalo Silvela «Balbo», enlace de Mola; el coronel Serrador, el teniente coronel Uzquiano y el comandante Moyano, que además de informar a Mola se mantenían en contacto con los generales Saliquet y Ponte. La adhesión popular era tal vez el factor que más tranquilizaba a Mola para esperar el éxito de la sublevación en todo el territorio castellano y leonés de la división vallisoletana. No podía sospechar entonces hasta qué grados de heroísmo llegaría esa adhesión. No podía sospechar que una telefonista de Benavente venciera, completamente sola, a toda una columna de mineros asturianos desviados ya por el coronel Aranda.

Y llegamos al final de nuestra descripción geográfica de las perspectivas de la conspiración: la Sexta División de Burgos, de la que dependía el mismo Mola. Por supuesto que el general de Pamplona no dudó jamás del resultado en su reducto carlista, Navarra y en toda la división castellana, mandada, sí, desde junio, por el héroe republicano de Octubre, Domingo Batet, pero cuya población civil era hostil a la República y cordial enemiga del Frente Popular. En dos ocasiones Batet intentó sondear a Mola y éste consiguió desorientar a su superior. La Guarnición entera de Burgos, prácticamente sin una sola excepción, secundaba el Alzamiento, y a su cabeza el general de la Brigada, Gonzalo González de Lara, y José Aizpuru, íntimo de Mola. En Vitoria sucedía más o menos lo mismo, gracias al tesón y la inteligencia del enlace de Mola e íntimo de Franco, el teniente coronel Camilo Alonso Vega; los dos generales de Vitoria, García Benítez y Gil Yuste, estaban comprometidos hasta el fin.

En Logroño, ciudad a la que estaba Mola muy vinculado familiarmente, fallan los jefes, pero actúan con gran eficacia los enlaces, Navarro Bridons e Innerarity. Ávila y Segovia podían darse como seguras. Las mayores dificultades se perfilaban en la cornisa cantábrica; poco podía hacer en Bilbao el enlace de Mola, Ortiz de Zárate, ante unos jefes prietistas y una guarnición sumamente reducida por indicación de Prieto.

San Sebastián era una incógnita. La guarnición era en general favorable. Pero el comandante militar, coronel Carrasco, se mostraba tan inseguro como su hermano, el general de Logroño. Para colmo, las conspiraciones se entrecruzan: los carlistas hacen aquí un poco la guerra por su cuenta y designan jefe del Alzamiento al antiguo miembro del Directorio en 1923, general Musiera, mientras Mola encarga de la misma misión al seguro Vallespín Cobián.

Éste era, más o menos, el panorama que, con la preocupación que puede suponerse, estaba considerando el director durante la noche en que caía asesinado en Madrid el jefe de la oposición monárquica parlamentaria, José Calvo Sotelo.

La señal:
El martirio de José Calvo Sotelo

Un aguerrido sector de la propaganda histórica basada en la Guerra Civil española sigue, incluso hoy, en sus incesantes esfuerzos para quitar importancia al asesinato de José Calvo Sotelo como antecedente inmediato y esencial del conflicto. La evidencia histórica está, como tantas otras veces, en contra de las tesis propagandísticas. Los datos de este epígrafe y los documentos de uno de los siguientes van a demostrarnos que la muerte de Calvo Sotelo fue, sencillamente, la señal. Claro que la conspiración estaba en marcha desde mucho antes del 13 de julio; su punto de no retorno estaba ya superado y el Alzamiento, casi con seguridad, hubiera estallado aun sin la terrible noticia.

Pero la terrible noticia, que se extendió por toda España a partir de las primeras horas de la mañana del día 13, contribuyó decisivamente a borrar las dificultades y las dudas de los conspiradores; aceleró los preparativos, impulsó a la improvisación y, como demostraremos en su momento, ante su impacto se fijó definitivamente el día D y la hora H. Otra consecuencia que no se ha calibrado con la suficiente precisión: la muerte de Calvo Sotelo impulsó la participación popular en los proyectos militares.

Innumerables españoles supieron desde entonces que en España solamente tenían derecho a la vida política, y hasta a la vida física, los adictos al Frente Popular; adquirió entonces su plena conciencia de solidaridad defensiva aquella «media España que no se resigna a morir» que proclamaba José María Gil Robles. En este sentido hemos llamado «martirio» —testimonio— a la muerte de José Calvo Sotelo. En este sentido es mártir todo hombre —sea cual sea su tendencia política— capaz de morir conscientemente por su ideal y por su gente. La parte del Ejército y la parte del pueblo español que se alzó cuatro días más tarde lo comprendió así desde el primer instante, y José Calvo Sotelo fue proclamado por ellos como el primer caído de su rebeldía y su lucha. El 14 de diciembre de 1968 José Calvo Sotelo fue declarado muerto en campaña por el Gobierno español. Su muerte fue, por tanto, la señal.

En el siniestro plan que culminó con el asesinato de José Calvo Sotelo estaba también incluida otra víctima ilustre: José María Gil Robles. Está, por eso, bien justificada la minuciosidad con que Gil Robles ha recogido datos, testimonios y documentos sobre la muerte de su amigo, al que estuvo a punto de acompañar en el momento supremo. No es fácil mejorar la actitud de Gil Robles en aquellos días, quizá los más valientes y elevados de toda su carrera anterior y posterior. Al revés de lo que sucede en los epígrafes anteriores y en los siguientes, tampoco es fácil en éste superar la cristalización histórica de su libro en el episodio de la muerte de Calvo Sotelo y sus consecuencias políticas. Consideramos, pues, aquí el testimonio de Gil Robles como fuente esencial y principal; a él remitimos al lector que quiera ampliar el breve resumen que a continuación intentamos. Para completar el relato de Gil Robles utilizamos otras fuentes, que vamos a detallar, y varios documentos reunidos en nuestra antología Los documentos de la primavera trágica, en especial los discursos más significativos que se pronunciaron en la Diputación Permanente de las Cortes el 15 de julio, el testimonio de Indalecio Prieto, y la sentencia contra el chófer de la camioneta de asalto número 17.

En el ya citado Dictamen de la Comisión de Burgos en 1939 se incluye el testimonio de Andrés Amado, así como datos muy sugestivos sobre la eliminación, después del 18 de julio, del sumario que empezó a instruirse sobre el caso. Es muy aleccionadora la impresionante carta de Julián Zugazagoitia sobre los abogados que protestaron con motivo del asesinato, acerca del que se ocupa también el difundido volumen de la Causa General.

Sobre el jefe de la oposición parlamentaria monárquica y del Bloque Nacional pendían en el mes de julio de 1936 las amenazas múltiples del Frente Popular. El 15 de mayo de 1936, y bajo el titular: «Sin careta. Calvo Sotelo y el pistolerismo fascista», el órgano del PCE, Mundo Obrero, había escrito:

«La defensa —ardorosa, provocativa, cínica— que ayer hizo Calvo Sotelo en la Diputación Permanente de los crímenes fascistas es toda una caracterización política de ese lacayo de dictadores, incubado bajo la bota del general majo y chulón que tiranizó al país durante siete años, que sueña con el solio dictatorial.

»Exaltó y justificó el terrorismo como instrumento de lucha.

»Y esta defensa del fascista Sotelo de sus pistoleros tuvo como trampolín la derogación del estado de alarma.

»Como pocas veces, representó el papel de cínico primero. Protestó de todo. Protestó de las detenciones de asesinos. Estos miserables, además de una buena pistola y un buen salario, cuentan en la Cámara con un buen abogado.

»La organización es perfecta: cuentas corrientes en los bancos, cotizaciones en organismos de contratación, como Renovación, JAP y ese Bloque Nacional; cómplices en la Administración de Justicia, el Cuerpo de Vigilancia y en las cárceles.

»Y hasta un caudillo con investidura parlamentaria para agitar un espantajo de martirologio con las actividades de unos asesinos.

»La destrucción de todo esto es tarea inmediata del Frente Popular. Con ese miserable Calvo Sotelo a la cabeza».[45]

En el debate trágico del 16 de junio se lanzaron sobre Calvo Sotelo otras amenazas más graves, por provenir de los bancos del Parlamento y del propio banco azul. La invectiva de Casares Quiroga, que ya conocemos, fue interpretada allí mismo por el propio Calvo Sotelo como una amenaza personal. Al producirse el asesinato, todo el mundo recordó aquellas palabras.

Durante los primeros días de julio se produjeron en la escolta de Calvo Sotelo una serie de modificaciones que motivaron el contacto entre los diversos jefes parlamentarios de la derecha: en un momento dado, el 7 de julio, Gil Robles pone a Ventosa por testigo de que «por organismos dependientes del Ministerio de la Gobernación, aunque no del propio ministro, ha habido órdenes para que se deje impune el atentado que se prepara»; así lo reconoció Ventosa en la sesión de la Diputación Permanente de las Cortes el 15 de julio. Se informa al ministro de la Gobernación, Moles, quien tranquiliza a Calvo Sotelo y promete redoblar sus precauciones para que nada ocurra. El mismo 12 de julio se había sustituido la escolta «sospechosa» de Calvo Sotelo por otra a la que él mismo, en conversación con su amigo Joaquín Bau, calificó de «mucho peor».

Al anochecer del 12 de julio, como un acto más de la escalada de muertes y venganzas de la primavera trágica, es asesinado junto a su casa y casi a la vista de su mujer —la boda era aún muy reciente— el teniente de Asalto José del Castillo, instructor de las MAOC a quien los militantes de la derecha y la Falange señalaban como ejecutor de uno de los jóvenes asistentes al entierro del alférez Reyes. El asesinato de Castillo tuvo lugar en la calle de Augusto Figueroa, casi esquina a la de Fuencarral, y aunque no pudo verse a los autores todo el mundo estaba de acuerdo en que se trataba de un crimen político. A las once de la noche el cadáver de Castillo estaba expuesto en una sala de la Dirección General de Seguridad. La vela se convirtió inmediatamente en clamor de venganza. Los subordinados y compañeros del muerto se aglomeraron en una sala del vecino cuartel de Pontejos.

El comandante Burillo, el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés (que fue baja el 14 de febrero de 1935 y el 4 de julio último había ascendido a capitán, permaneciendo en situación de disponible forzoso) y el teniente de Asalto Máximo Moreno son quienes canalizaron el clamor general en un plan de venganza. Condés y Moreno habían participado, según recordamos, en el intento madrileño de la Revolución de Octubre. Burillo tendría una actuación muy destacada en la Guerra Civil hasta su captura —y fusilamiento posterior— en los muelles de Alicante durante la última jornada del conflicto.

«A las doce aquí», fue la cita de Pontejos. Y bastante más tarde, a las dos de la madrugada, salió una doble expedición en busca de Gil Robles y de Calvo Sotelo. Máximo Moreno capitaneaba el grupo encargado de Gil Robles, pero no le encuentra: el jefe de la CEDA había salido para Biarritz, donde, como sabemos, acostumbraba a pasar los fines de semana desde las elecciones de febrero. El conductor de la camioneta, a quien se obligó a prestar este servicio, era el guardia Orencio Bayo Cambronero (no «Florencio Vayo», como escribe Gil Robles)[46]. Se colocaron junto al conductor Condés, jefe de la expedición, el guardia José del Rey, participante también en los sucesos de Octubre; pertenecía a la escolta de Margarita Nelken. Los demás ocupantes de la camioneta eran los guardias Amalio Martínez Cano, Enrique Robles, Sergio García, Bienvenido Pérez Rojo, Ismael Bueso, Ricardo Cruz y Aniceto Castro, y los llamados por Gil Robles «activistas» Federico Coello, Santiago Garcés y Francisco Ordóñez, pistoleros de las MAOC, lo mismo que el autor individual del asesinato, el comunista Victoriano Cuenca, antiguo pistolero de la escolta del presidente cubano Machado.

Calvo Sotelo vivía en la calle de Velázquez, en una casa que luego perteneció a la Diputación Provincial de Madrid, en el número 89. Allí descendieron Condés, Cuenca, José del Rey y algún otro número. Se identificaron y la escolta les dejó subir. Lo que sucedió en el domicilio de Calvo Sotelo ha sido descrito con sobriedad y hondura insuperable por Gil Robles, pero aún no se ha comentado como se merece el dolor espantoso de aquella familia española a quien, en paz todavía, se le arrebató al padre y al esposo por agentes uniformados del Gobierno. Resultaron inútiles todas las protestas. Calvo Sotelo, diputado a Cortes, alegó su inmunidad parlamentaria y solamente se entregó a su suerte cuando Condés le hizo ver su condición de oficial de la Guardia Civil. Al subir a la camioneta número 17, saludó a los suyos, en el balcón. Sabía que iba a la muerte.

Eran poco después de las tres de la madrugada cuando la muerte le llegó entre sus verdugos, por unos disparos de Cuenca mientras la camioneta llegaba al cruce de Velázquez con Ayala. Ya estaba a la vista la otra expedición, que no había conseguido eliminar a Gil Robles. Por orden de Condés el cadáver se entrega en el depósito del Cementerio del Este, donde permaneció incógnito hasta las once de la mañana.

La viuda de Calvo Sotelo, Enriqueta Grondona, alertó como pudo —los raptores y asesinos habían inutilizado el teléfono— a los amigos personales y políticos de su esposo. Andrés Amado, Vallellano y Goicoechea acuden a los centros dependientes del Ministerio de la Gobernación y a los prohombres del régimen. Se llama a los políticos ausentes: Zugazagoitia a Prieto, Carrascal a Gil Robles, su propia esposa a Martínez Barrio. Todos regresan inmediatamente a Madrid. Todos coinciden en que, como dice Julián Zugazagoitia, «es la guerra».

A las once de la mañana se identifica el cadáver. «Aquella noche sobre todo se respiraba un clima de guerra civil. El observador más imparcial podía ver que el choque era inminente»; así recoge Gil Robles su primera impresión —exacta— al llegar a Madrid y ponerse inmediatamente en cabeza de la unánime protesta de todas las gentes de orden, entre las que figuraban innumerables republicanos. Uno de los testimonios más escalofriantes es el de Indalecio Prieto, que estaba en la sede del PSOE, en la calle de Carranza, cuando llegó Condés, miembro del PSOE, a darle cuenta de lo sucedido. El testimonio de Prieto está en su obra Convulsiones de España. Prieto afeó a Condés su crimen pero no le denunció. Trató únicamente de evitar sus propósitos de suicidio, que Condés le anunció «abrumado por la vergüenza y el deshonor». Prieto le aconsejó que guardase su vida para el enfrentamiento de la guerra civil que ya era cuestión de pocos días. Condés le hizo caso y murió en los primeros días de la guerra cuando luchaba en el frente del Guadarrama. También Cuenca corrió la misma suerte, así como Máximo Moreno, que era observador del avión derribado sobre Somosierra en uno de los primeros combates aéreos, cuando le atacó el capitán de Aviación Ángel Salas Larrazábal que se había presentado al general Mola. Desde la madrugada del 13 de julio de 1936, España era el reino de la muerte.

Catorce de julio, día de los dos entierros. Los jefes de la derecha se reúnen en casa de Gil Robles, heredero de la víctima al frente de toda la derecha española, ya sin distinciones ni formalismos. Aconseja Gil Robles al desbordado ministro de la Gobernación, Moles, que no enviara a la Guardia de Asalto para mantener el orden en el entierro de Calvo Sotelo. Así lo hizo el ministro, quien a su vez recomienda: «Guárdese la vida. Yo no puedo ya hacer nada por usted». El entierro de Castillo había sido por la mañana, en el Cementerio Civil, con la Guardia de Asalto, puños cerrados, silencio.

Por la tarde, casi en el mismo sitio —solamente una pared separaba los dos cementerios—, el entierro de Calvo Sotelo, con la Guardia Civil, a hombros de sus amigos y sus fieles. Unos gritos de «Abajo el Parlamento» al llegar, valiente, la Mesa de las Cortes, todos del Frente Popular; se les expulsa. Habla, deshecho y sereno, el conde de Vallellano. La sinceridad llena de hondura humana las palabras solemnes de Antonio Goicoechea, que son una declaración de guerra y como tal se interpretan:

«No te ofrecemos que rogaremos a Dios por ti; te pedimos a ti que ruegues a Dios por nosotros. Ante esta bandera colocada como una reliquia sobre tu pecho, ante Dios que nos oye y nos ve, empeñamos juramento solemne de consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte, salvar a España. Que todo es uno y lo mismo; porque salvar a España será vengar tu muerte e imitar tu ejemplo será el camino más seguro para salvar a España».[47]

El mismo día 14 el Gobierno, en desmañada nota oficial, trata de invitar a la calma introduciendo un sofisma muy repetido luego por la propaganda que le apoya: la equiparación de los dos atentados, el de José del Castillo, instructor de milicias extremistas, ejecutor personal de un joven de derechas, asesinado por unos pistoleros enemigos, y el de José Calvo Sotelo, que jamás utilizó personalmente la violencia, que era diputado a Cortes y jefe de la oposición monárquica y que había sido arrancado de su casa por agentes uniformados del Gobierno actuando como tales. Desde el punto de vista político e histórico, la equiparación es ridícula; solamente fue entonces válida desde el punto de vista humano, ante las lágrimas y el dolor de dos mujeres españolas. Por iniciativa del presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, y en contra de la protesta de Gil Robles, el Parlamento suspende sus sesiones durante ocho días. Es una de las poquísimas figuras de la República que en estos días febriles conserva la serenidad, se mantiene por encima de las pasiones desatadas y procura enderezar el timón fuera de la catástrofe: su fracaso sería tan noble como definitivo.

La declaración de guerra civil en la
Diputación Permanente de las Cortes

Quince de julio de 1936, día de la sesión de la Diputación Permanente de las Cortes, última reunión parlamentaria de la República, última vez en que los enemigos hablan —aunque sean lenguajes diferentes— sin apelar a las armas. «Ningún historiador podrá prescindir —apunta con toda razón Indalecio Prieto—, como luminoso antecedente, del acta de aquella memorable sesión»[48]. Gil Robles, por razones comprensibles, no cita in extenso su admirable intervención de aquella mañana y por eso nos vemos obligados a completar bastante sus comentarios a la histórica sesión.

Ábrese ésta poco antes de las once y media de la mañana del 15 de julio. Asisten, bajo la presidencia de Martínez Barrio, los ministros de Estado (Barcia) y de la Gobernación (Moles) y los diputados Fernández Clérigo, Pórtela, Ventosa, Suárez de Tangil (conde de Vallellano), Gil Robles, Carrascal, Cid, Indalecio Prieto, Álvarez del Vayo, Araquistáin, Rico, Pérez Urría, Coro minas, Díaz Ramos, Palomo, Vargas, Aizpún, Marcelino Domingo y Tomás Piera.

La reunión ha sido obligada por el deseo del Gobierno de prorrogar el estado de alarma, para lo que necesitaba, según el artículo 42 de la Constitución, la autorización de las Cortes. Leída la proposición del Gobierno —que a nadie importa lo más mínimo—, Vallellano, profundamente abatido, pero con gran energía, lee una durísima declaración —declaración de guerra, la segunda que resuena desde la muerte de Calvo Sotelo después de la pronunciada por Goicoechea en el entierro— en la que se refiere al tema que estaba en la mente de todos:

«La Diputación quedó enterada de una comunicación dando cuenta de la designación de Marcelino Domingo para el cargo de vocal propietario en sustitución del señor Velao, en representación de la minoría de Izquierda Republicana.

También se leyó la siguiente comunicación: Excelentísimo señor: Considerando necesario el Gobierno prorrogar por treinta días más el estado de alarma que se declaró por decreto de 17 de febrero último, con sujeción a lo preceptuado en la vigente Ley de Orden Público, tengo el honor de ponerlo en conocimiento de vuestra excelencia a los efectos de la autorización de las Cortes a que se refiere el artículo 42 de la Constitución.

Madrid, 11 de julio de 1936.- El presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga.

Excelentísimo señor presidente del Congreso de los Diputados.

El señor presidente: El señor Suárez de Tangil tiene la palabra.

El señor Suárez de Tangil: En nombre de las minorías tradicionalistas y de Renovación Española integrantes del Bloque Nacional, voy a dar lectura del siguiente documento:

“No obstante la violencia desarrollada durante el último período electoral y los atropellos cometidos por la Comisión de Actas, creímos los diputados de derechas en la conveniencia de participar en los trabajos del actual Parlamento, cumpliendo así un penoso deber en aras del bien común, de la paz y de la convivencia nacional.

El asesinato de Calvo Sotelo —honra y esperanza de España— nos obliga a modificar nuestra actitud. Bajo el pretexto de una ilógica y absurda represalia, ha sido asesinado un hombre que jamás preconizó la acción directa, ajeno completamente a las violencias callejeras, castigándose en él su actuación parlamentaria perseverante y gallarda, que le convirtió en el vocero de las angustias que sufre nuestra patria. Este crimen, sin precedentes en nuestra historia política, ha podido realizarse merced al ambiente creado por las incitaciones a la violencia y al atentado personal contra los diputados de derechas que a diario se profieren en el Parlamento. ‘Tratándose de Calvo Sotelo, el atentado personal es lícito y plausible’, han declarado algunos.

Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto. No queremos engañar al país y a la opinión internacional aceptando un papel en la farsa de fingir la existencia de un Estado civilizado y normal, cuando, en realidad, desde el 16 de febrero vivimos en plena anarquía, bajo el imperio de una monstruosa subversión de todos los valores morales, que ha conseguido poner la autoridad y la justicia al servicio de la violencia.

No por esto desertamos de nuestros puestos en la lucha empeñada, ni arriamos la bandera de nuestros ideales. Quien quiera salvar a España, a su patrimonio moral como pueblo civilizado, nos encontrará los primeros en el camino del deber y del sacrificio”.

Inmediatamente después de la lectura del documento, el señor Suárez de Tangil lo entregó a la Mesa e hizo ademán de retirarse.

El señor presidente: Un momento, señor Suárez de Tangil. Quiero hacer unas manifestaciones respecto al contenido del documento que acaba de leerse.

El señor Suárez de Tangil: Las atenciones y deferencias que oficial y particularmente debemos en este trágico caso al señor presidente me obligan a cumplir sus indicaciones.

El señor presidente: Comprenderán los señores diputados que el estado de dolor del señor Suárez de Tangil y de la representación parlamentaria en cuyo nombre acaba de leer ese documento fuerzan a la presidencia a tener un criterio de amplitud que de otra manera no hubiera tenido. Todas las manifestaciones hechas por el señor Suárez de Tangil, que corren a cargo de su exclusiva responsabilidad, han podido producirse sin que les ataje la campanilla presidencial, habida cuenta del estado singular de la conciencia personal y política de esos grupos; pero no extrañará el señor Suárez de Tangil —cuando transcurra algún tiempo me hará la justicia de rendir tributo a mi previsión y a mi obligación— que todo lo que no es sustancial en el cuerpo del escrito que acaba de leerse, todo lo que significa inculpaciones que pueden estar justificadas por ese estado de dolor, pero que no las justifica ciertamente la realidad, no pase al Diario de Sesiones. (El señor Gil Robles pide la palabra). Llegado el momento de que el documento leído por el señor Suárez de Tangil sea estudiado por el presidente, éste procurará y cree que conseguirá que quede libre y expedito el derecho del señor Suárez de Tangil y de los grupos que representa a que manifestaciones de su estado de conciencia política tengan constancia oficial; pero aquellas otras que suponen una exacerbación de las pasiones, unas acusaciones sobre las que no quiero entrar, pero que en estos instantes sólo el enunciarlas contribuiría a envenenar los ánimos aún más de lo que se hallan, el presidente de la Cámara, cumpliendo un deber que cualquier otro en mi lugar cumpliría también, impedirá que tengan paso. No lo tome el señor Suárez de Tangil ni la representación de sus grupos a descortesía, a falta de atención y, en lo que tienen de humano, a ausencia de colaboración y solidaridad con el dolor que experimentan, que nos es común, sino a previsión obligada, mucho más en quien en estos instantes las circunstancias le han deparado obligaciones tan amargas como las que sobre mí pesan.

El señor Gil Robles tiene la palabra.

El señor Gil Robles: Sin perjuicio de tratar con la amplitud debida, en el momento oportuno, el tema planteado por el señor Suárez de Tangil y recogido por la presidencia, he pedido la palabra en relación con las que acaba de pronunciar el señor presidente de las Cortes.

No he de ocultar que he oído sus palabras con natural alarma. No es mi ánimo censurar la actitud de la presidencia ni coartar el uso de atribuciones que el reglamento le confiere; lo que creo absolutamente excesivo, intolerable, desde el punto de vista de las oposiciones, es que la Mesa se arrogue la facultad de tamizar las manifestaciones hechas por los diputados en una sesión de la Diputación Permanente, que, a los efectos de publicidad, debe tener igual rango que las sesiones de Cortes para aquello que no constituya una ofensa o que sus autores no sean capaces de mantener.

Si de las palabras del señor Suárez de Tangil, de los conceptos por él vertidos —que en gran parte hacemos nuestros— se deducen acusaciones, la Mesa no tiene más que darles la tramitación adecuada. Tacharlas, hacer que no lleguen al acta, que no sean transcritas en el Diario de Sesiones, es algo que significa un atentado al derecho, que nunca ha sido desconocido, de las minorías y que pondría a los que estamos en ciertos núcleos de oposición en la necesidad de considerar si es posible que así habríamos de continuar en la Diputación Permanente y en las Cortes. Nada más.

El señor presidente: El señor Gil Robles ha advertido en sus primeras palabras que la presidencia tiene una función reglamentaria que, porque la puede ejercer, le es obligado cumplir. No pasará el presidente del ejercicio de esa función reglamentaria; se sostendrá estrictamente dentro de ella, y cuando se haya producido, ejerciendo la facultad reglamentaria en la forma que su conciencia le dicte y su deber le marque entonces podrá recoger las censuras o los aplausos de los distintos grupos que constituyen la Cámara y que están representados en la Diputación Permanente. Antes sería un poco extemporáneo que el señor Gil Robles adelantara el comentario.

La presidencia lo que ha dicho y repite es que va a ejercer esa función reglamentaria; lo ha dicho como tributo que debía al señor Suárez de Tangil. No quiero que si, como me tiene anunciado particularmente, después de hacer las manifestaciones que hemos oído abandona nuestra discusión, se vaya con el convencimiento de que va a pasar íntegramente al Diario de Sesiones el documento que ha leído. Quiero que sepa que la presidencia va a ejercer su función reglamentaria. (El señor Suárez de Tangil pide la palabra). ¿Cómo ha de ejercerla? Confíen los señores diputados en que yo he de procurar casar, dentro de las dificultades que ello tiene, el derecho de todos, dejando a salvo ese derecho, pero procurando que al ejercitarlo no se agraven los mismos problemas que el Parlamento tiene la obligación, por su alta jerarquía política dentro del país, de resolverlos.

El señor Gil Robles tiene la palabra.

El señor Gil Robles: No era mi ánimo adelantar una censura, sino simplemente exponer un criterio. Las facultades que el reglamento y la práctica parlamentaria otorgan al presidente de las Cortes son, pura y simplemente, las de eliminar del Diario de Sesiones expresiones malsonantes, conceptos injuriosos, excitaciones a la comisión de determinados delitos o violencias. De ahí nunca se ha pasado, ni en las atribuciones del presidente ni en la práctica parlamentaria.

No pretendo con mi juicio sustituir al de la presidencia; pero sí me atrevo a afirmar, como un criterio propio, que de las palabras del señor Suárez de Tangil no se deduce que el presidente pueda hacer uso de esas facultades para suprimir injurias, quitar expresiones malsonantes o eliminar conceptos que pudieran ser delictivos.

La actitud que adopta el señor presidente es extraordinariamente alarmante para las minorías. Si la inviolabilidad del diputado queda sometida a normas de la Mesa, a un criterio, que yo tengo la seguridad de que ha de ser inspirado en este caso en los más altos y patrióticos móviles, pero que puede, evidentemente, coartar un derecho, la función parlamentaria está de más. Si admitimos aquí las oposiciones la teoría de que no incurriendo en injurias, agravios, delitos o excitaciones a la violencia, puede permitirse la Mesa quitar una frase, reducir un texto o introducir una corrección, ha desaparecido por completo la función parlamentaria, y nosotros, antes de que eso se produzca, queremos que haya un criterio perfectamente definido por parte de la Diputación Permanente de las Cortes. Si es así, nosotros tenemos que declarar que la investidura parlamentaria no nos sirve para nada.

El señor presidente: El señor Suárez de Tangil tiene la palabra.

El señor Suárez de Tangil: Había pedido la palabra para manifestar que por azares, en este caso de una malaventura, tengo que sustituir como vocal suplente en la Diputación Permanente de las Cortes a mi entrañable, fraternal y queridísimo amigo el señor Calvo Sotelo; que yo no venía aquí a entablar un debate ni a producir polémica, sino sencillamente a decir lo que hubiéramos dicho en una sesión pública de la Cámara, si ésta se hubiera celebrado en el día de ayer o en cualquiera otro, naturalmente el más próximo al hecho execrable que toda conciencia honrada debe condenar.

En cuanto a la interpretación de los preceptos reglamentarios, me atengo en absoluto a las manifestaciones que con más autoridad que yo, desde todos los puntos de vista, ha hecho el señor Gil Robles.

Y para quien se va a marchar, para quien mientras no cambie la situación de España y dure este Gobierno, va a hablar por primera y última vez, probablemente, en la Diputación Permanente de las Cortes, poco queda por decir. Entrega su pleito a la representación de las demás minorías de la Cámara, a la autoridad, siempre respetada personalmente por mí, del señor presidente de la misma, y si él, por su parte, va a interpretar en conciencia sus deberes, yo entiendo que en conciencia he cumplido ya los míos. Y puesto que no es ocasión ni momento, por lo que a mí se refiere, de prolongar este debate incidental sobre el reglamento, a todas luces, desde mi punto de vista, extemporáneo, dejo, como digo, en manos de la representación de las demás oposiciones de la Cámara y a la propia conciencia del señor presidente la resolución que hayan de dar al asunto. Yo, por mi parte, he cumplido con mi deber, creo que con todo comedimiento y respeto, dominando la situación de mi ánimo.

El señor presidente: Espero y deseo que la retirada parlamentaria de los grupos de Renovación Española y tradicionalistas, que han delegado su derecho en su señoría, sea transitoria y que circunstancias bonancibles para todos nos permitan contar de nuevo dentro de la Cámara con la cooperación de sus señorías. (El señor Suárez de Tangil abandona el salón).

Tiene la palabra el señor ministro de Estado.

El señor ministro de Estado (Barcia): Por lo mismo que no quería entablar debate en torno a las manifestaciones hechas por el señor Suárez de Tangil en representación de las minorías, en cuyo nombre hablaba, y respetando en absoluto su actitud y dándome cuenta de su enorme dolor —no es menor el del Gobierno y el mío personal—, he querido hacer uso de la palabra en este momento.

Yo no voy a entrar en la cuestión reglamentaria, que compete exclusivamente al señor presidente de la Cámara. Dentro de las facultades reconocidas explícitamente por el propio señor Gil Robles, creo que están la medida y el tono en que se ha producido el señor presidente de la Cámara; pero quiero decir, después de oídas estas manifestaciones, que sólo por ese enorme respeto al tremendo dolor que embargaba al señor Suárez de Tangil, y que yo de corazón comparto, no puse inmediata rectificación a algo dicho por el señor Gil Robles, que es muchísimo más que una injuria, que es una imputación calumniosa, y que todo hombre de honor y de sentimientos que se vea acusado en esos términos, con un fondo de iniquidad tan espantoso, tiene que hacer lo que he hecho: sofrenar una vez más mis sentimientos, ahogar la pena, dejar que el dolor me corroa, hacer frente a la situación difícil y reservarme para este momento para decir que hay tal fondo de injusticia en algunas de esas manifestaciones, que, como decía el señor presidente del Consejo de Ministros, a la Historia entregamos el resultado de las actitudes y de los conceptos que fueron aquí vertidos. Y salvados y defendidos estos principios, no intervengo por ahora con mayor extensión en el debate.

El señor presidente: Tiene la palabra el señor Gil Robles acerca de la comunicación que se ha leído.

El señor Gil Robles: Como en el curso de las breves palabras que voy a pronunciar habrá ocasión de recoger, de una parte, el encargo, no ciertamente sencillo, pero sí honroso y obligatorio en conciencia, que ha hecho el Conde de Vallellano, y, por otra parte, las palabras que acaba de pronunciar el señor ministro de Estado, reservo para ese momento el hacer las afirmaciones y rectificaciones pertinentes. Y ahora he de referirme, con toda la brevedad posible, a la comunicación del Gobierno pidiendo una nueva prórroga del estado de alarma y, por consiguiente, de la suspensión de garantías constitucionales prevista en el artículo 42 de nuestra ley fundacional.

Es ésta la quinta vez que el Gobierno viene a solicitar la suspensión de organismos parlamentarios, puesto que este carácter tiene la Diputación Permanente de las Cortes. No voy a entrar en estos momentos en la cuestión tantas veces debatida, y en cierto modo resuelta por un acuerdo tácito de los partidos, de la competencia de la Diputación Permanente para acordar la prórroga del estado de alarma. En unas oposiciones o en otras, con mayores o menores responsabilidades de Gobierno, casi todos los partidos que aquí están representados han convenido en que una interpretación amplia del artículo 42 de la Constitución, en relación con el 62 de la misma, permite que sea la Diputación Permanente la que acuerde la declaración o prórroga del estado de alarma; pero si esa interpretación amplia no violenta el texto de la Ley Fundamental, no cabe duda de que la conducta del Gobierno al traerla precisamente hoy, antes de las veinticuatro horas de una suspensión de sesiones, a nuestro juicio injustificada, constituye una violación clara y notoria del espíritu democrático de la Constitución del 31.

Si se compara el artículo 17 de la Constitución del 76 con el artículo 42 de la Constitución vigente, se observa claramente una diferencia que se marcó en las Cortes Constituyentes: el deseo de que estas facultades extraordinarias que se otorgan al Gobierno para una corrección de los excesos posibles de la libertad tengan tales limitaciones que en ningún caso puedan exceder de una determinada duración sin que intervenga la voluntad de las Cortes para ratificarlas o para rectificarlas. Y no deja de ser extraño que, presentada la comunicación en el día de ayer, por lo menos, a las Cortes, se hayan suspendido ayer mismo las sesiones y haya sido necesario venir hoy a tener una reunión especial de la Diputación Permanente. Y si la fecha de la comunicación (como puedo deducirlo de un cambio de papeles entre el oficial mayor y el señor presidente de las Cortes) tiene fecha de hoy, no cabe duda de que el acuerdo del Gobierno es anterior a la época de la suspensión de sesiones. Hace un mes que se trató de este asunto en las Cortes, y la prórroga se pidió el día 14. ¿Es que el Gobierno no pudo prever que tenía necesidad de pedir esta prórroga del estado de alarma y no hubo margen para que se discutiera en las Cortes?

El señor presidente: Permítame el señor Gil Robles. La comunicación dirigida por el Gobierno a la presidencia de las Cortes tiene fecha 11, fue cursada el sábado y dada entrada en el Registro de Secretaría…

El señor Gil Robles: Agradezco esta manifestación al señor presidente, porque viene a reforzar mi argumento. Si en la Mesa obraba ya una comunicación del Gobierno pidiendo una prórroga del estado de alarma, que, con arreglo al espíritu de la Constitución, debía discutirse, no en la Diputación Permanente, sino en las propias Cortes, con toda la publicidad, con toda la solemnidad que tiene el mayor rango de las Cortes sobre la Diputación Permanente, ¿no es una violación clara y manifiesta por parte del Gobierno y por parte de la Mesa el haber consentido en una suspensión de sesiones, que no ha tenido más objeto que sustraer a la publicidad necesaria, y que reclama la opinión pública, sucesos tan graves, sucesos tan escandalosos, sucesos tan criminales como los que han motivado la comunicación del señor Suárez de Tangil? Esto, notoria y claramente, es, no ya una infracción de la letra, sino una infracción del espíritu de la Constitución, y por parte del Gobierno no acusa más que el propósito de rehuir una discusión pública, de la cual, ciertamente, no hubiera salido demasiado bien parado, no por la fuerza dialéctica de las oposiciones, sino por la fuerza incontrovertible de los hechos.

Y hecha esta manifestación y esta protesta, vamos a entrar un poco en el fondo de la cuestión.

El señor presidente: Si su señoría quiere, podemos dejar resuelto el asunto que primeramente plantea, antes de entrar en el fondo de la discusión. Ello es interesante, y aunque no creí que habría de dar cuenta del episodio hasta que se reuniera el Parlamento en sus sesiones plenarias, como se ha sometido ya a conocimiento de la Diputación Permanente por el señor Gil Robles, siento el deseo de que ésta conozca en la integridad de todos sus detalles lo ocurrido.

El Gobierno no ha tomado la iniciativa de suspender las sesiones de Cortes más que de un modo formulario; la iniciativa de su suspensión de las sesiones durante ocho días me corresponde a mí; la responsabilidad íntegra de la petición y del consejo a mí me cabe, y ha sido, accediendo a mis deseos reiterados, por lo que el Gobierno ha utilizado su facultad reglamentaria que, de otra manera, no sé si hubiera pensado poner en práctica. ¿Desborda mi iniciativa las facultades de la Presidencia de la Cámara? No lo sé. Vosotros, ahora, si lo estimáis oportuno, o más tarde el Parlamento, reanudadas las sesiones, diréis si he desbordado o no esas facultades, y si, al someter al Gobierno, con la representación de presidente de las Cortes, el problema de que, ajuicio mío —y al decir a juicio mío me refiero al de las propias Cortes—, no creía conveniente la celebración de sesiones en estos días, he faltado al cumplimiento de mi deber; yo de antemano acato el fallo y hasta considero posible que reglamentariamente ese fallo me deba ser impuesto.

Todo lo que mi conciencia se escrupulice y rebele contra el hecho de que haya desbordado el área de mis atribuciones se tranquiliza y conforta pensando que lo he hecho con el propósito de librar al país de una situación dificilísima, de resultados imprevisibles, que de antemano me tenía atemorizado. Me parece que planteo la cuestión con toda claridad, con toda desnudez.

De la misma manera que no encontré en el señor Gil Robles asistencia bastante para suspender las sesiones por acuerdo de la Cámara, tampoco la encontré en el Gobierno para que, por su propia iniciativa, se suspendieran las sesiones. Ha sido la reiteración de mis consejos y de mis peticiones las que llevaron al ánimo del señor presidente del Consejo de Ministros primero —seguramente del Gobierno después— la convicción de que debía acceder a esa solicitud. La responsabilidad, pues, del acto formalmente corresponderá al Gobierno, puesto que ha dictado el decreto; moralmente esas responsabilidades me corresponden a mí en toda su integridad. Ya me he apresurado en el día de ayer a aceptarlas de modo público, y puesto que aquí la cuestión se plantea oficialmente, las quiero aceptar también. No vacilen sus señorías, si estiman que he procedido desbordando mis facultades y merezco una corrección; pero sépase que, recapacitando en la situación pasada y en la de hoy mismo, tantas cuantas veces me encontrara en una idéntica volvería a proceder como lo he hecho, y que si esto constituye agravio o merma del derecho de los señores diputados, pueden imponerme la sanción que quieran. De antemano la acepto sin defenderme. Lo que digo es que no encuentro dentro de mí mismo estímulos morales bastantes para hacer cosa distinta de lo que he aconsejado.

El señor Gil Robles continúa en el uso de la palabra.

El señor Gil Robles: Me permitirá la Presidencia que, antes de entrar en el fondo de la cuestión, y toda vez que ha pretendido que este asunto se liquidara previamente, recoja con toda brevedad sus palabras.

No se trata, señor presidente, de anunciar, ni clara ni embozadamente, una censura contra su señoría. A nadie le puede caber duda alguna de la rectitud de los propósitos que han movido a su señoría a tomar la iniciativa a que viene refiriéndose. Tenemos la absoluta seguridad de que los móviles más nobles y más levantados han influido en su ánimo para tomar esta decisión; si alguna manifestación más nos fuera necesaria, bastaría la que acaba de hacer en estos momentos, apresurándose a aceptar toda la responsabilidad que en el orden moral pudiera derivarse de haber tomado esa iniciativa. Pero permítame que le diga a su señoría que esa nobleza de sentimientos, servida por una dialéctica muy acertada, no puede hacer que el problema se desvíe de sus cauces naturales.

Su señoría no puede tener en este punto ninguna responsabilidad, porque no tiene facultades para ello. Su señoría ha tomado una iniciativa de consejo, de petición; de ahí no puede pasar ni la actuación de su señoría ni las responsabilidades que de ella pudieran derivarse.

Decía su señoría que al Gobierno le corresponde exclusivamente la parte formal de la responsabilidad; tengo la seguridad de que el Gobierno tiene gallardía suficiente para no permitir que ésa su responsabilidad en la medida adoptada la comparta su señoría con él, puesto que al Gobierno corresponde, con arreglo al artículo 81 de la Constitución, suspender las sesiones de Cortes. Su señoría podrá haber dado el consejo; el Gobierno ha tomado la resolución, luego en el orden político —único de que aquí se trata— la responsabilidad íntegra cae sobre el Gobierno. (El señor ministro de Estado: Evidente). Por eso no había en mis palabras la menor censura para el señor presidente; va toda para el Gobierno, que, en circunstancias como éstas, no ha afrontado un debate público y ha traído al seno de la Diputación Permanente —más restringido en todos los órdenes— un problema que la misma Constitución quiere sea tratado en el Parlamento pleno. Ésta era la única significación de mis palabras, el fundamento de la protesta que aquí públicamente —con la publicidad que sea posible— quiero formular ante la opinión, ante la Diputación Permanente y ante el Gobierno. Entremos ahora en el fondo de la cuestión.

La suspensión de garantías constitucionales tiene dos finalidades muy claras, encaminadas al mantenimiento del orden público, incluso tal como la define nuestra ley orgánica en la materia, que dice: ‘Se garantizan los derechos civiles, políticos, sociales e individuales de los españoles’, y para garantizar también el normal funcionamiento de los organismos del Estado. Si no sirve para cumplir estas dos finalidades, el estado de alarma no puede tener la menor justificación. Si el estado de alarma no tiene eficacia suficiente para garantizar los derechos de los ciudadanos y el normal funcionamiento de los órganos del Gobierno, el estado de alarma, resorte normal y legítimo de todos los Gobiernos, se convierte en una facultad abusiva. En cierto modo, así lo ha reconocido el propio señor presidente del Consejo de Ministros —cuya ausencia lamento extraordinariamente, aunque esté dignamente representado por los ministros aquí presentes, porque a él he de referirme con alguna insistencia— en la pasada reunión de la Diputación Permanente de Cortes, cuando vino a pedir otra prórroga del estado de alarma, diciendo que se iba extendiendo por España un estado de subversión y de anarquía que era preciso cortar por todos los medios posibles. Ésa era la finalidad que tenía el estado de alarma.

Hace escasamente un mes, discutiendo precisamente con quien ahora tiene el honor de dirigirse a la Diputación Permanente, el señor Casares Quiroga pronunció unas palabras, que eran la promesa formal, venían a ser el compromiso solemne de la eficacia de las medidas que el Gobierno estaba dispuesto a adoptar. Decía: ‘Tenga la seguridad su señoría de que en este caso, como en otros, el Gobierno impondrá su autoridad sin teatralidad, sin excesos de gesto ni de palabra, porque atribuirme a mí excesos verbalistas ya implica tener imaginación’. Tan optimista era en una de las anteriores sesiones de la Diputación Permanente que anunciaba, incluso, dulcificar alguna de las medidas que entran en la suspensión de garantías constitucionales en el estado de alarma. A ello hace referencia el acta que antes se leyó y también estas palabras tomadas del Diario de Sesiones: ‘El Gobierno tiene en estudio la posibilidad, incluso, de levantar la censura, permitiendo a los periódicos emitir libremente su opinión; pero desde luego, tenga su señoría la seguridad de que los textos parlamentarios serán respetados’. Tanto lo han sido, que cuando ayer un periódico —perdónenme los señores diputados que con esto adelante un inicio— quiso publicar unas palabras muy nobles y muy levantadas del señor Calvo Sotelo al aceptar toda la responsabilidad que sobre él quisieran echar, en plena sesión, la censura ha sido implacable y lo ha tachado. Ni el homenaje al muerto, ni el respeto debido a las palabras en que aceptó una responsabilidad y una muerte con que Dios quiso honrarle, ni el respeto tampoco a la palabra del presidente ni a la inviolabilidad de las palabras contenidas en el Diario de Sesiones; la censura ha sido implacable para unos y para otros.

Pero, ¿es que ha cumplido alguna de las finalidades el estado de alarma en manos del Gobierno? ¿Ha servido para contener la ola de anarquía que está arruinando moral y materialmente a España? Mirad lo que pasa por campos y ciudades. Acordaos de la estadística a que di lectura en la pasada sesión de las Cortes. Voy a completarla con una estadística del último mes de vigencia del estado de alarma. Desde el l6 de junio al 13 de julio, inclusive, se han cometido en España los siguientes actos de violencia, habiendo de tener en cuenta los señores que escuchan que esta estadística no se refiere más que a los hechos plenamente comprobados y no a rumores que, por desgracia, van teniendo en días sucesivos una completa confirmación: Incendios de iglesias, 10; atropellos y expulsiones de párrocos, 9; robos y confiscaciones, 11; derribos de cruces, 5; muertos, 61; heridos de diferente gravedad, 224; atracos consumados, 17; asaltos e invasiones de fincas, 32; incautaciones y robos, 16; centros asaltados o incendiados, 10; huelgas generales, 15; huelgas parciales, 129; bombas, 74; petardos, 58; botellas de líquidos inflamables lanzadas contra personas o cosas, 7; incendios, no comprendidos los de iglesias, 19. Esto en veintisiete días. Al cabo de hallarse cuatro meses en vigor el estado de alarma, con toda clase de resortes el Gobierno en su mano para imponer la autoridad, ¿cuál ha sido la eficacia del estado de alarma? ¿No es esto la confesión más paladina y más clara de que el Gobierno ha fracasado total y absolutamente en la aplicación de los resortes extraordinarios de gobierno, que no ha podido cumplir la palabra que dio solemnemente ante las Cortes de que el instrumento excepcional que la Constitución le da y el Parlamento pone en sus manos había de servir para acabar con el estado de anarquía y subversión en que vive España? Ni el derecho a la vida, ni la libertad de asociación, ni la libertad de sindicación, ni la libertad de trabajo, ni la inviolabilidad del domicilio han tenido la menor garantía con esta ley excepcional en manos del Gobierno, que, por el contrario, se ha convertido en elemento de persecución contra todos aquéllos que no tienen las mismas ideas políticas que los elementos componentes del Frente Popular.

Ya sería esto bastante grave; pero lo es muchísimo más que esos resortes en poder del Gobierno tampoco han servido para garantizar el normal funcionamiento de los órganos del Estado. Las sentencias de los jurados mixtos no se cumplen; el ministro de la Gobernación puede decir hasta qué punto los gobernadores civiles no le obedecen; los gobernadores civiles pueden decir hasta qué punto los alcaldes no hacen caso de sus indicaciones; los ciudadanos españoles pueden decir cómo en muchos pueblos del sur existen comités de huelga, los cuales dan el aval, el permiso, la autorización para que se pueda circular por carretera. Diferentes personas en la provincia de Almería, hace pocos días, han sido detenidas en cinco pueblos del trayecto por otros tantos comités de huelga que, a despecho de las órdenes del ministro de la Gobernación y de los gobernadores civiles, han impedido la circulación de vehículos, los han obligado a pasar por comités de huelga y casas del pueblo para que les den un volante de circulación, que es el mayor padrón de ignominia, fracaso y vergüenza para un Gobierno que tolera, al cabo de cinco meses, que ese estado de cosas continúe en una nación civilizada.

Pero si necesitamos algún testimonio del fracaso estrepitoso del Gobierno, ahí tenemos lo que está ocurriendo en Madrid con la huelga de la construcción. Decía el señor Casares Quiroga que él reclamaba el auxilio de todos los elementos del Frente Popular, desde los que se sentaban en el banco azul hasta los últimos comités de los pueblos o las últimas organizaciones sindicales, para que le ayudaran a mantener la legalidad republicana, en la cual deseaba que todos viviéramos. Y esas mismas organizaciones son las que han dejado incumplido reiteradamente un laudo del ministro de Trabajo, cuyo fracaso no tiene precedentes en la historia política de ningún país; son las propias organizaciones que apoyan al Gobierno las que no quieren o no pueden cumplir las órdenes que emanan de la autoridad. Ahí tenéis los conflictos obreros que se están ventilando diariamente a tiros entre las organizaciones societarias, aunque la censura no permite que se diga una palabra; ahí tenéis esos obreros que han muerto ayer en Cuatro Caminos, bajo las balas de otros hermanos de trabajo, que, en plena subversión contra el Gobierno, no acatan las órdenes emanadas de la autoridad. El Gobierno dio un laudo, fijó un plazo: ese plazo se incumplió. Tomó recientemente el Consejo de Ministros un acuerdo terminante y categórico, que implicaba la reafirmación del principio de autoridad. Elementos que controlan al Gobierno y que comparten con él las funciones de autoridad, aunque no la responsabilidad ante la opinión y ante la Historia, le obligaron a que diera un nuevo plazo, que venció anteayer; ni anteayer, ni ayer, ni hoy se ha cumplido el laudo del ministro de Trabajo. Las obras paradas, los obreros tiroteándose, Madrid abandonado, la autoridad por los suelos. ¿Para eso queréis una prórroga del estado de alarma? ¿Para eso queréis unos resortes excepcionales? ¿Qué confianza podemos tener ni las oposiciones ni la opinión pública en lo que vosotros hagáis?

¡Ah!, pero yo sé que fácilmente os vais a acoger al recurso ordinario con que estáis pretendiendo paliar vuestro fracaso: esto es una maniobra fascista, esto es un ataque de los enemigos del régimen. Tal se están poniendo las cosas, que ya la opinión pública, humorísticamente, está recordando aquella famosa anécdota del tenor que cuando emitía una nota en falso daba el viva a Cartagena para evitar el abucheo del público. Cuando tenéis un fracaso, tenéis que invocar al fascismo, parte por un comodín ante la opinión pública, parte porque estáis viendo el estado de opinión que se está creando en España. En más de una ocasión, en público en las Cortes, en privado con alguno de los que me escuchan, yo he expuesto la hondísima preocupación que me produce el ambiente de violencia y subversión que se va creando en España.

No es ésta la ocasión de que yo vaya a marcar diferencias doctrinales con unas u otras teorías políticas. Perfectamente definidas están mi actitud y la doctrina de mi partido a través de una actuación intensa, aunque sea modesta por ser mía. No es éste el momento de recordar esas diferencias, pero sí el de recordar que en España está creciendo de día en día un ambiente de violencia; que los ciudadanos se están apartando totalmente del camino democrático; que a nosotros diariamente llegan voces que nos dicen: ‘Os están expulsando de la legalidad; están haciendo un baldón de los principios democráticos; están riéndose de las máximas liberales incrustadas en la Constitución; ni en el Parlamento ni en la legalidad tenéis nada que hacer’.

Y este clamor que nos viene de campos y ciudades indica que está creciendo y desarrollándose eso que en términos genéricos habéis dado en denominar fascismo; pero que no es más que el ansia, muchas veces nobilísima, de libertarse de un yugo y de una opresión que en nombre del Frente Popular el Gobierno y los grupos que le apoyan están imponiendo a sectores extensísimos de la opinión nacional. En un movimiento de sana y hasta de santa rebeldía, que prende en el corazón de los españoles y contra el cual somos totalmente impotentes los que día tras día y hora tras hora nos hemos venido parapetando en los principios democráticos, en las normas legales y en la actuación normal. Así como vosotros estáis total y absolutamente rebasados, el Gobierno y los elementos directivos, por las masas obreras, que ya no controláis, así nosotros estamos ya totalmente desbordados por un sentido de violencia, que habéis sido vosotros los que habéis creado y estáis difundiendo por toda España.

Cuando habléis de fascismo, no olvidéis, señores del Gobierno y de la mayoría, que en las elecciones del 16 de febrero los fascistas apenas tuvieron unos cuantos miles de votos en España, y si hoy se hicieran unas elecciones de verdad, la mayoría sería totalmente arrolladora, porque incluso está prendiendo en sectores obreristas, los cuales, desengañados de sus elementos directivos y de sus directores societarios, están buscando con ansia una libertad que encuentran en esas vagas quimeras, que muchas veces encarnan en la fantasía de las gentes cuando ya están al borde de la desesperación y de la ruina.

Cuando la vida de los ciudadanos está a merced del primer pistolero, cuando el Gobierno es incapaz de poner fin a ese estado de cosas, no pretendáis que las gentes crean ni en la legalidad ni en la democracia; tened la seguridad de que derivarán cada vez más por los caminos de la violencia, y los hombres que no somos capaces de predicar la violencia ni de aprovecharnos de ella seremos lentamente desplazados por otros más audaces o más violentos que vendrán a recoger este hondo sentido nacional».

Epílogo

Con la sesión de la Diputación Permanente de las Cortes celebrada el 15 de julio, termina realmente la historia de la Segunda República española. El asesinato de Calvo Sotelo por fuerzas del Gobierno —aunque nunca se ha demostrado que fuese por orden del Gobierno— era la señal definitiva. He dicho ya que el Alzamiento se hubiera producido aun sin esa señal, y sin tardar mucho tiempo. El avión enviado a Canarias para recoger al general Franco y llevarlo a sus tropas de África esperaba en el aeródromo de Gando desde días antes del magnicidio. Pero el general Franco se había echado momentáneamente atrás y sólo se lanzó de nuevo a la rebeldía (ésta era una palabra que a Franco, según me dijo, le encantaba para aplicarse a su actitud en aquellos momentos) cuando supo la noticia de la eliminación de Calvo Sotelo, que puso también irrevocablemente a los carlistas y los falangistas a las órdenes de Mola. Desde la madrugada del 13 de julio toda la vida española se cifraba en la preparación de la Guerra Civil, sobre todo por los conspiradores militares y las derechas, decididas a no aguantar ni esperar más. En la sesión del 15 de julio, sus representantes formularon la declaración de guerra en las Cortes. Nadie podría ya evitar esa guerra.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES. (Madrid, España; 9 de noviembre de 1926) es un Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de varias carteras con Alfonso XIII, su tío fue Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Su padre, el abogado y miembro de Acción Popular (el partido de Gil Robles), Ricardo de la Cierva y Codorníu, fue asesinado en Paracuellos de Jarama tras haber sido capturado en Barajas por la delación de un colaborador, cuando trataba de huir a Francia para reunirse con su mujer y sus seis hijos pequeños. Asimismo es hermano del primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano (1969), Juan de la Cierva y Hoces (Óscar por su labor investigadora).

Ricardo de la Cierva se doctoró en Ciencias Químicas y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Fue catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá de Henares y de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica en la Universidad Complutense.

Posteriormente fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo durante el régimen franquista. En 1973 pasaría a ser director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ya en la Transición, pasaría a ser senador por Murcia en 1977, siendo nombrado en 1978 consejero del Presidente del Gobierno para asuntos culturales. En las elecciones generales de 1979 sería elegido diputado a Cortes por Murcia, siendo nombrado en 1980 ministro de Cultura con la Unión de Centro Democrático. Tras la disolución de este partido político, fue nombrado coordinador cultural de Alianza Popular en 1984. Su intensa labor política le fue muy útil como experiencia para sus libros de Historia.

En otoño de 1993, Ricardo de la Cierva creó la Editorial Fénix. El renombrado autor, que había publicado sus obras en las más importantes editoriales españolas (y dos extranjeras) durante los casi treinta años anteriores, decidió abrir esta nueva editorial por razones vocacionales y personales; sobre todo porque sus escritos comenzaban a verse censurados parcialmente por sus editores españoles, con gran disgusto para él. Por otra parte, su experiencia al frente de la Editora Nacional a principios de los años setenta, le sirvió perfectamente en esta nueva empresa.

De La Cierva ha publicado numerosos libros de temática histórica, principalmente relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería y la penetración de la teología de la liberación en la Iglesia Católica. Su ingente labor ha sido premiada con los premios periodísticos Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Mariano de Cavia concedido por el diario ABC.

Notas

[1] Cfr. Heraldo de Madrid, 20-VI-1936. <<

[2] García Venero, M., Falange…, 1967, p. 108. <<

[3] Primo de Rivera, J. A., Obras Completas, 1964, p. 931. <<

[4] José Antonio Primo de Rivera, Obras Completas <<

[5] Primo de Rivera J.A., 1964, p. 941 s. <<

[6] Concretamente, en los números de enero a abril de 1969. <<

[7] Estimación de Enrique Pavón Pereyra. <<

[8] Informe Costa, en SHM, AGL, L. 273 bis, C. 18, A. 4. <<

[9] Informe Costa, ibid. <<

[10] Historia de la guerra en España, 1940, p. 6. <<

[11] Testimonio de Alejandro Argullós, al autor, 1969. El testimonio de Mola, en sus documentos, que transcribimos más abajo. <<

[12] SHM, AGL, loc. cit. Méndez Parada actuaba como jefe de Estado Mayor del general Famjul para la sublevación de Madrid. <<

[13] Falange, p. 106. <<

[14] SHM, AGL, L. 273, C. n. 4. <<

[15] Onésimo Redondo…, p. 21. <<

[16] Gil Robles, No fue posible la paz, p. 682. <<

[17] SHM, AGL, L. 273, C. 4, A. 4. <<

[18] SHM, AGL, L. 273, C. 4, A. 4. <<

[19] Azaña, M., Obras Completas, IV, p. 405. <<

[20] Archivo de la DSD, Salamanca, documentación de Lisardo Doval. <<

[21] Declaración de Bartolomé Barba, Informe Costa ya citado. <<

[22] Testimonio del general M. González Carrasco, SHM, AGL, L. 273, C.13, A.4. <<

[23] Testimonio del general Antonio Aranda, archivo particular del autor. <<

[24] SHM, AGL, L. 273, C. 5, A. 4. <<

[25] Documento SHM, el mismo de la n. 22. <<

[26] Gil Robles, J. M., No fue posible la paz, p. 719. <<

[27] SHM, AGL, L. 273, C. 5, A. 4. <<

[28] Informe Fernández Cordón, SHM, AGL, L. 4, C. 8, A. 31. <<

[29] Cfr. Heraldo de Madrid, 14-111-1936. <<

[30] Declaración del general González Carrasco, SHM, AGL. L. 273. C. 18. A. 4. <<

[31] Informe Costa, ya citado. <<

[32] Declaración del coronel Lázaro (ayudante de Goded entonces), SHM, AGL. L. 273. C. 18. A. 4. <<

[33] Testimonio, ya citado, del coronel Carlos Lázaro. <<

[34] SHM, AGL, L. 273 bis, C. 13 bis, A. 4. <<

[35] Instrucciones de Mola en el legajo F. Cordón. Subrayados originales. <<

[36] Debe querer decir Guadarrama. (Nota del SHM). <<

[37] Mola, legajo Fernández Cordón. <<

[38] Mola se refiere a la Falange y este documento muestra que su inteligencia con José Antonio era total. Me lo confirmó el conde de Mayalde, uno de los enlaces seguros de José Antonio con Mola. <<

[39] Es posible que Mola se refiera al acercamiento de algunos líderes falangistas a los sindicalistas de Pestaña, enfrentados con la FAI. Pestaña firmó el pacto del Frente Popular, los anarquistas no. <<

[40] La capital de provincia es probablemente Valencia, y la persona desafecta el el jede de la Derecha Regional Valenciana, Luis Luica, que después no se sumó al Movimiento <<

[41] Carta de E. Fernández Cordón a J. Arrarás anexo al informe citado del primero, conservado en SHM, AGL. <<

[42] SHM, AGL, L. 273 bis. C. 14, A. 4. <<

[43] Declaración González Carrasco, SHM, AGL, L. 273, C. 18, A. 4. <<

[44] Declaración del coronel Alfaro, SHM, AGL, L. 273bis, C. 13 bis, A. 4. <<

[45] Los documentos de la primavera trágica, p. 567s. <<

[46] Ver testimonio en el proceso de Orencio Bayo, citado en el Dictamen de Burgos, Editora Nacional, 1937. Expulsado del Cuerpo por resolución de 17 de junio de 1940, condenado a treinta años por conmutación de sentencia en 19 de junio de 1946 (Archivo del autor, Consejo de Guerra 28 de agosto de 1943). <<

[47] Cfr. el autógrafo de Goicoechea con estas palabras en Gutiérrez- Ravé, O. C., p. 32. <<

[48] Prieto, I., Convulsiones de España, I, p. 160. <<