Índice

1. CÉSAR DUARTE: EL SAQUEO ATROZ

CHIHUAHUA: LA NARCOVIOLENCIA

DUARTE JÁQUEZ: LAS DENUNCIAS DEL SAQUEO

LA BATALLA DE JAVIER CORRAL

2. LOS MOREIRA: GOBIERNOS DE NARCOS Y CORRUPCIÓN

PANORAMA DEL NARCOTRÁFICO

LAVADO DE DINERO

EL GRANDE

EMPRESARIOS EN EL NARCO

COAHUILA: EL IMPERIO DE LOS ZETAS

RUMBO AL PRI

DETENCIÓN EN ESPAÑA

RUBÉN MOREIRA: NARCO Y MUERTE

LA VENGANZA DE LOS ZETAS

3. ROBERTO SANDOVAL: ENTRE EL NARCO Y LA RIQUEZA IMPUNE

DE BARRENDERO A NUEVO RICO

NAYARIT: LA EXPANSIÓN DEL CJNG

LA VIDA GLAMUROSA DE SANDOVAL

EPÍLOGO

ACERCA DEL AUTOR

CRÉDITOS

1

César Duarte: el saqueo atroz

Mediante una bien aceitada red de corrupción, a la que incorporó a socios, amigos, compadres, colaboradores y familiares, el exgobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez, prófugo de la justicia desde octubre de 2017, consumó uno de los saqueos más escandalosos a las arcas del estado, se enriqueció a manos llenas, benefició al crimen organizado, en particular al Cártel de Juárez, y al término de su mandato dejó una deuda histórica de más de 47 000 millones de pesos. Y lo peor: se fugó ante los ojos de todo el mundo, incluida la Procuraduría General de la República (PGR), y está libre.

Tan pronto terminó su mandato —uno de los peores en la historia reciente de Chihuahua—, César Duarte cruzó la frontera y se refugió en Texas; se afirma que también se le ha visto en Nuevo México, en las residencias de lujo que adquirió como gobernador y ahora utiliza para ocultarse de la justicia mexicana o para esperar que el gobierno de Estados Unidos le conceda el asilo político que solicitó, al declararse perseguido por el Estado mexicano.

El caso de corrupción política e institucional que protagonizó Duarte Jáquez —muy parecido a los que condujeron a prisión a los exmandatarios de Veracruz (Javier Duarte de Ochoa), Quintana Roo (Roberto Borge Angulo) y Tamaulipas (Eugenio Hernández Flores)— también salpicó de lleno al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su exdirigente, Manlio Fabio Beltrones, a quien se acusa de idear y operar, a través de terceros, el perverso plan para distraer recursos públicos federales de varios estados y así financiar las campañas políticas de candidatos a gobernadores en los estados en los que el PRI no era gobierno.

Además de Chihuahua, el saqueo, según los señalamientos y las investigaciones oficiales, se efectuó en Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, donde se repitió el modelo de la creación de empresas fantasma y contratos de obras que nunca se ejecutaron para triangular recursos públicos que se canalizaron al PRI con el fin de apoyar económicamente a sus respectivos candidatos a puestos de elección popular. En 2016 hubo elecciones de gobernador en 12 entidades; también se renovaron congresos locales y presidencias municipales.

Manlio Fabio Beltrones, exdirigente del tricolor, enfrenta serias acusaciones por haber sido el artífice de esas maniobras financieras cuando dirigía el PRI. A principios de enero de 2018, Alejandro Gutiérrez, su principal operador, fue encarcelado bajo el cargo de peculado agravado, al acreditarse que dispuso de 250 millones de pesos del gobierno de Chihuahua —entregados por César Duarte y sus principales colaboradores— para fondearlos en el PRI y financiar las campañas a gobernadores de 2016.

Como las investigaciones continuaron y el nombre de Manlio Fabio Beltrones salió a relucir como el estratega de las maniobras, el lunes 8 de enero de 2018 el exgobernador de Sonora tuvo que tramitar un amparo ante la justicia federal para no ser detenido, pues de las investigaciones que llevan a cabo la fiscalía de Chihuahua y la PGR se desprende que el sonorense está seriamente implicado en la distracción de recursos públicos en varios estados del país, que sirvieron para apuntalar las finanzas del PRI.

Lo curioso de todo es que en la elección de 2016 el PRI perdió siete gubernaturas, entre otras las de Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua —de donde se desviaron recursos públicos— y fue a Beltrones a quien le atribuyeron los descalabros electorales; sin embargo, en su momento el exsenador de la República reviró y dijo que la causa de la derrota tuvo que ver con los escándalos de corrupción de algunos gobernadores y, sobre todo, con los malos gobiernos que encabezaron, lo cual hizo insostenible la posibilidad de un triunfo real.

El problema de la corrupción política fue un tema trascendental en los diagnósticos del Revolucionario Institucional: poco antes de que arrancaran las campañas, Beltrones estaba consciente de que venía la debacle y, según se pudo saber, él mismo sugirió al presidente de la República Enrique Peña Nieto que era urgente y necesario proceder penalmente en contra de algunos gobernadores, porque el riesgo de perder las gubernaturas era inminente. Y algo peor: el escenario para el 2018 se tornaría harto complicado. Paralelamente, Beltrones también denunció otro grave problema: que el narcotráfico estaba detrás de muchos candidatos priistas, particularmente en Tamaulipas, tierra de nadie, donde los cárteles del Golfo y Los Zetas ya habían entrado en arreglos con los abanderados del PRI. Beltrones pidió el relevo de los candidatos priistas porque, dijo, “no vamos a permitir que el crimen organizado se infiltre en las campañas”. Pero de nada sirvió el llamado.

Peña Nieto habría escuchado un tanto preocupado la propuesta de Manlio Fabio Beltrones. Ya eran un verdadero desastre el gobierno de Javier Duarte y la escandalosa gestión de Roberto Borge, ambos acusados de saqueo, desvío de recursos y enriquecimiento inexplicable.

Javier Duarte se ufanaba en Veracruz de haberle entregado a Peña Nieto cerca de 3 000 millones para su campaña y se sentía intocable; en Quintana Roo, Borge Angulo despilfarraba el erario, vendía los terrenos de más alta plusvalía a precios irrisorios y beneficiaba a sus familiares con cientos de hectáreas cuyo atractivo más importante era su ubicación frente al mar Caribe.

De igual forma, el gobierno de César Duarte atraía los reflectores tras ser acusado de desviar dinero público para el PRI y para su bolsillo. Mediante una decisión dictatorial ordenó descontar a los empleados del gobierno 200 pesos quincenales. El dinero iba a parar a las arcas del PRI y sus principales colaboradores se despachaban con la cuchara grande en medio de aquel festín: era la danza de los millones, la locura gubernamental.

Sin embargo, en el momento más álgido de las campañas para gobernadores Peña Nieto no quiso hacer justicia y asumió los costos de la impunidad. Cobijó a los gobernadores hasta que los nuevos mandatarios arribaron al poder y detonaron los escándalos de corrupción. Salvo el Estado de México y Coahuila —que el PRI ganó mediante fraude electoral—, este partido perdió el resto de las gubernaturas, alcaldías y la mayoría en casi todos los congresos que se disputaron. El Partido Acción Nacional (PAN), en alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), le asestaba un duro golpe al PRI, aunque en gran medida los exmandatarios pavimentaron con sus actos de corrupción el camino de la derrota así como la ruta que los condujo a la cárcel o a evadir la justicia. Hasta el mes de enero de 2018 el único exmandatario que seguía prófugo era César Duarte, avecindado en Texas, en espera de una extradición o de que el gobierno de Donald Trump lo acepte como asilado político.

Miguel Ángel Yunes Linares —cuyo proyecto político es dejar a su hijo como gobernador en 2018— se aprestó a desnudar todas las corruptelas de Javier Duarte: documentó el descomunal saqueo, la compra de propiedades dentro y fuera de México, el uso del poder para fines personales. De igual forma acreditó, conjuntamente con la PGR, que mediante una red de empresas fantasma se desviaron recursos del orden de los 30 000 millones de pesos, que lo mismo se utilizaron para financiar campañas que para la compra de propiedades en el extranjero a través de testaferros.

Lo mismo hizo César Duarte en Chihuahua desde que tomó posesión como gobernador, en octubre de 2010. En ese estado se utilizó un esquema similar a los de Veracruz y Tamaulipas. Y cuando se iniciaron las investigaciones estas alcanzaron a los principales colaboradores de César Duarte y a altos exfuncionarios del PRI, entre otros a Alejandro Gutiérrez, principal operador de Manlio Fabio Beltrones.

En todo este embrollo y danza de millones también resultó salpicado el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien fue una pieza clave para la entrega de los recursos federales que a la postre se utilizaron para el financiamiento de las campañas políticas del PRI.

La fiscalía de Chihuahua documentó que Alejandro Gutiérrez —quien fungió como secretario general del PRI cuando Beltrones fue dirigente de ese partido— había sido detenido por las policías federal y estatal de Chihuahua por el delito de peculado agravado.

De igual forma, se giraron órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno de César Duarte por diversos delitos, pero también resultaron implicados en las maniobras financieras para traspasar dinero público al PRI.

Ellos son el exsecretario de Educación, Ricardo Yáñez Herrera; Karla Areli Jurado Bafidis, exdirectora de Administración de la Educación; el exdirector de Adquisición y Administración de la Secretaría de Hacienda y diputado federal suplente, Enrique Antonio Tarín García, y Gerardo Villegas Madriles, exdirector de Administración de la misma dependencia y sobrino del exgobernador César Duarte.

El caso alcanzó su punto máximo de ebullición cuando el periódico The New York Times, en su edición del 20 de diciembre de 2017, hizo estallar el escándalo del desvío de fondos públicos al PRI y colocó los reflectores precisamente en el operador de Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Gutiérrez, personaje que el diario estadunidense describió como “un político veterano del PRI y aliado del presidente Enrique Peña Nieto”.

Firmado por los periodistas Azam Ahmed y Jesús Esquivel, el texto deslizó los primeros pormenores de una investigación que implica a buena parte del aparato priista que estuvo a cargo de las elecciones en 2016, y da cuenta de que la Secretaría de Hacienda fortaleció las finanzas de los estados de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas —por citar solo tres entidades—, donde los respectivos mandatarios (solo Egidio Torre, exgobernador de Tamaulipas, goza de libertad y no enfrenta juicio alguno) crearon empresas fantasma y establecieron contratos con compañías de amigos y compadres para desviar dinero y de esa forma financiar las campañas políticas del PRI.

La nota del New York Times añade otros elementos:

En ese momento, los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Los exfuncionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control.

Los documentos revisados por The New York Times se centran en gran medida en el esquema de malversación en Chihuahua. Según los registros, millones de dólares del gobierno federal fueron transferidos en enero de 2016 al estado con el propósito de ser utilizados en el sector educativo.

Luego, el dinero se desvió a cuatro compañías utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor fiscal del país ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según los contratos gubernamentales que se firmaron.

Esas compañías, supuestamente contratadas por el estado de Chihuahua para proporcionar servicios educativos, recibieron casi 14 millones de dólares en sus cuentas, según los contratos y los registros que muestran que el dinero se había recibido.

Pero las empresas no proporcionaron el servicio, según las declaraciones juradas de los actuales funcionarios de educación del estado. En cambio, el dinero se convirtió en efectivo y se devolvió al PRI para que fuera utilizado en las campañas electorales, según los antiguos funcionarios del estado vinculados al plan.

Uno de esos funcionarios llamado Ricardo Yáñez está cumpliendo una sentencia en prisión de cuatro años. Sin embargo, no todo el dinero se destinó a fines políticos. Alrededor de 230 000 dólares se depositaron directamente en una cuenta comercial operada por Gutiérrez, exsecretario del PRI, según los registros bancarios y las declaraciones de los testigos.

De acuerdo con el mencionado diario, los contratos y registros bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las mismas empresas falsas, o bien a empresas conectadas con ellas en los estados de Sonora y Durango. Los registros bancarios, de acuerdo con esta información, muestran que cientos de miles de dólares se depositaron en algunas compañías en el estado de Colima. En su testimonio rendido ante las autoridades, algunos de los exfuncionarios implicados en esta megatriangulación de fondos dijeron que también se realizaron movimientos millonarios desde las arcas de los estados de Veracruz y Tamaulipas.

Luego, el periódico centra su atención en las maniobras de César Duarte, exgobernador de Chihuahua —refugiado en Estados Unidos— y en Manlio Fabio Beltrones. Apunta The New York Times:

Duarte huyó a Estados Unidos, donde está evadiendo los cargos federales y estatales de corrupción, incluidas las acusaciones de que se robó más de 300 millones de dólares durante su gestión en el estado.

La hija de Duarte es ciudadana estadunidense y, de acuerdo con los documentos legales, el exgobernador solicitó una tarjeta de residencia permanente, la cual le habrían otorgado sin mayores inconvenientes.

De acuerdo con el diario, se cree que Duarte vive entre Texas y Nuevo México. Y todos los intentos por contactarlo han resultado infructuosos. El jefe del partido en el momento del plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde hace muchos años del presidente y su familia.

Beltrones también es mencionado en el documento de sentencia. Yáñez Herrera manifestó que el exgobernador César Duarte le dijo que Beltrones había ideado el plan de financiamiento. Este dato resulta trascendente, pues Beltrones estaba sumamente preocupado por el virtual descalabro electoral, tal y como ocurrió en las pasadas elecciones.

Yáñez Herrera —testigo clave de esta danza de millones y triangulaciones— dijo en alguna de sus múltiples declaraciones que en varias ocasiones se reunió con Alejandro Gutiérrez, el operador de Beltrones, así como con otros funcionarios del PRI. En ese momento, afirmó, el PRI ya había perdido las elecciones y fue entonces cuando decidieron disminuir los daños.

Por donde se vea, la captura de Gutiérrez es un golpe político para el PRI y para Manlio Fabio Beltrones, su exlíder. Gutiérrez no es un personaje menor dentro de dicho partido ni en la operación electoral: fue secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, diputado federal y senador por el estado de Coahuila.

A él se le imputan cargos de peculado agravado, lo que derivó de un señalamiento proveniente de un testigo protegido —implicado en el embrollo de los millones transferidos al PRI— que lo vincula con el traspaso de cerca de 250 millones de pesos de las arcas del gobierno de Chihuahua para financiar, en 2016, las campañas electorales de ese partido en varios estados.

Tras conocer la causa, el juez Octavio Rodríguez Gaytán consideró válida la imputación por desvío de recursos públicos, el cual consistió, según las investigaciones de la fiscalía de Chihuahua, en la simulación de cuatro contratos por prestación de servicios profesionales, pagos por servicios que realizó la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua a las empresas Servicios y Asesorías Samex, SC, Servicios y Asesorías Sinax, Servicios y Asesorías SISASS, SA de CV, y Despacho de Profesionistas Futura, SA de CV, firmas que en total cobraron un monto de 246 millones de pesos por contratos que, según se confirmó, nunca se cumplieron.

Tras la captura de Gutiérrez —efectuada en el estado de Coahuila—, Manlio Fabio Beltrones salió en su defensa: dijo que su excolaborador fue detenido con pruebas falsas y carentes de toda validez jurídica, y en abierta violación a sus derechos fundamentales. Y también defendió su actuación como presidente del PRI: “El presidente del PRI no puede firmar, y no firmó, convenio alguno con los gobernadores para acordar la transferencia de recursos federales”.

Formado a la sombra de Fernando Gutiérrez Barrios —quizá uno de los personajes más singulares de su tiempo, una mezcla entre el mafioso y el político— y amigo personal de Luis Donaldo Colosio —“La bala que mató a Colosio también mató mi carrera política”, manifestó tras el asesinato de su paisano—, Beltrones no ahorró palabras en su autodefensa:

“Es inverosímil que el presidente del CEN del PRI haya instruido a un gobernador sobre el destino de recursos, pues ello corresponde al propio ejecutivo estatal en el marco de sus atribuciones”. Más adelante fustigó la información periodística que lo implica como autor intelectual del esquema de financiamiento de las campañas de su partido en 2016 con dinero público.

Sin rodeos, expuso que la información periodística que lo embarra en dichas maniobras está basada en filtraciones y conjeturas inverosímiles surgidas a partir de una indagatoria de la fiscalía de Chihuahua, sustentada, a su vez, en declaraciones de un testigo protegido beneficiado, “figura de oprobio judicial que creíamos erradicada con el nuevo Sistema Penal Acusatorio; se imputan nexos que no existen ni existieron entre funcionarios de Chihuahua e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando estuvo a mi cargo, de agosto de 2015 a julio de 2016”.

Luego se centró en el gobernador Javier Corral, cuya principal promesa de campaña fue encarcelar a su antecesor, César Duarte: “Lamentablemente, el gobernador Javier Corral y el fiscal del estado de Chihuahua han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con testigos protegidos que aportan declaraciones a modo para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática, buscando beneficios en la temporada electoral”.

Tras el descalabro del PRI en 2016, Manlio Fabio Beltrones también justificó la derrota de su partido —la más lastimosa de su historia—: “Hoy toca hacer una pausa necesaria”, dijo el priista al hacer un balance de la elección del 5 de junio, cuando el PRI perdió siete de 12 gubernaturas, entre otras, las de los estados donde había gobernado durante 86 años: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.

Luego matizó: “Esto es un tropiezo electoral, pero no una derrota”.

El golpe electoral y político para el presidente Enrique Peña Nieto y para el PRI cimbró toda la estructura del mismo. Desde ese momento se empezó a avizorar el peor escenario para las elecciones presidenciales de 2018.

En su balance, Manlio Fabio Beltrones cuestionaba a los malos gobiernos que coadyuvaron a la derrota de su partido. En su discurso fue elocuente:

Estoy convencido de que los priistas estamos obligados a hacer una profunda y seria reflexión sobre lo que ocurrió en la jornada electoral del 5 de junio, tanto por la enorme responsabilidad que tenemos con los ciudadanos de los estados y municipios donde triunfamos, como en los que, no obstante nuestro esfuerzo, no pudimos alcanzar la mayoría. Los resultados dan cuenta de que el PRI es el partido que más votos obtiene y el único que compite con posibilidades de éxito en cada elección y en todos lados.

Todos coincidimos en que debemos hacer un análisis minucioso y objetivo de las circunstancias en que se dio este proceso y de sus resultados. Nuestra responsabilidad como primera fuerza política nacional así lo exige.

Hay que resaltar que, como siempre, nuestro partido se preparó para el proceso electoral, para enfrentarlo con el trabajo de organización y movilización de nuestros candidatos, proceso difícil por la alta calidad política de nuestros muchos y variados cuadros aspirantes; se hizo siempre incluyendo a las fuerzas y expresiones que componen el partido, lo que se tradujo en unidad y disciplina partidista, en la gran mayoría de las entidades.

Beltrones fustigó la crítica que en su momento lo sacudió respecto de la imposición de candidatos sin historia: “No admito la errada conseja que afirma que con otros candidatos nuestros resultados hubiesen sido diferentes. La realidad y las circunstancias son las mismas y siguen a la vista de todos”.

Luego se enfocó en los malos gobiernos, los que sepultaron al PRI:

No tengo duda alguna, y hay que decirlo: estamos obligados, como nunca antes, a escuchar la voz y reclamos de los ciudadanos, de todos ellos, votantes priistas y de otros partidos, que exigen mejores resultados en sus gobiernos y el combate a la corrupción e impunidad dondequiera que estas se encuentren.

Quieren que la modernidad se refleje en los bolsillos de las familias mexicanas; que su trabajo sea mejor remunerado; servicios de salud de calidad y calidez; vivienda digna; seguridad para sus hogares y sus ciudades. No están satisfechos con solamente enterarse de que vamos bien, sino que quieren sentirse bien.

En siete estados tuvimos un tropiezo electoral pero no una derrota política, y lo digo porque tuvimos a los mejores candidatos y candidatas; sus propuestas hablan por sí mismas de la calidad de los proyectos que propusieron impulsar, calidad muy superior a la de nuestros adversarios, concentrados en solo exhibir el supuesto o real deterioro gubernamental en algunos estados, oferta suficiente para sustentar una confusa alternativa porque nunca fundamentaron una real y completa propuesta de gobierno.

El balance de Manlio, aquel día aciago para el priismo, estaba muy lejos todavía de convertirse en pesadilla para el político sonorense. El lunes 8 de enero de 2018, en conferencia de prensa, el gobernador de Chihuahua Javier Corral anunciaba acciones legales en contra de Beltrones, quien ya había tomado cartas en el asunto a través de su abogado, Antonio Collado —también defensor de Alejandro Gutiérrez—, y había tramitado un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra. La medida cautelar también tenía el objetivo de conocer si existían o no investigaciones en su contra. El mandatario chihuahuense asimismo objetaba el bloqueo de la Secretaría de Hacienda para entregarle los recursos que permitirían reforzar las finanzas del estado luego de los desvíos orquestados por Duarte Jáquez.

CHIHUAHUA: LA NARCOVIOLENCIA

En 2010, tras concluir su periodo como legislador federal —en su último año fungió como presidente de la Cámara de Diputados— César Horacio Duarte Jáquez, originario de Parral, Chihuahua, empezó a preparar su plataforma de lanzamiento como candidato al gobierno de su estado natal. Entonces el PRI se aprestaba a preparar las mejores credenciales de quien sería su abanderado en la entidad gobernada por el priista José Reyes Baeza Terrazas, que estaba azotada por la corrupción, la desaparición forzada de personas —principalmente mujeres— y el crimen organizado, representado por el Cártel de Juárez y sus diferentes ramificaciones criminales.

El perfil que delineó el PRI sobre el político chihuahuense dibujaba a un César Duarte impoluto, honesto y honorable, transparente como el agua más prístina y con las más sanas intenciones de transformar la dolorosa realidad de su estado, que se manifestaba, entre otros aspectos, en el aumento de la pobreza, lastre tan pernicioso como la violencia y el narcotráfico.

Para el PRI, César Duarte era el mesías, el hombre del cambio; nadie como él para revolucionar a un estado que necesitaba fuertes transformaciones sociales, económicas y políticas. El trabajo de marketing no podía ser mejor para colocarlo; era la versión única e irrepetible de un priista que buscaba afanosamente entronizarse en el poder político.

Así vendió el PRI a su candidato César Duarte, y sus paisanos lo creyeron todo:

Es el primer chihuahuense que logra por unanimidad ser presidente del Congreso de la Unión de 2008 a 2009 en la LX Legislatura; fue electo como legislador federal por la vía del voto directo y no de manera plurinominal, posición que le permitió ampliar su visión de Estado sobre los grandes problemas del país, y particularmente de Chihuahua, y gestionar para nuestra entidad más recursos en medio de una crisis económica sin precedentes.

El maquillaje para quien a la postre resultó un pillastre en el poder era insuficiente. Se necesitaba más color para vender la mentira: la bendición presidencial. Y lo lograron:

Al final del ejercicio de su presidencia en el Congreso fue reconocido por el presidente de la República Felipe Calderón, por los logros en la conducción del Poder Legislativo, y también por el resto de las fuerzas políticas que valoraron el nivel de apertura, de puentes y de diálogo político para alcanzar el desarrollo pleno de los temas de la agenda nacional.

Y la lluvia de elogios no se hizo esperar en la construcción artificial de un candidato:

Tribuno brillante y orador elocuente y destacado, César Duarte logró que sus principales iniciativas obtuvieran el consenso del pleno legislativo, sobresaliendo la Ley de Energía para el Campo, la cual fue aprobada por unanimidad, y las reformas para agilizar la aplicación de créditos y recursos a las actividades primarias del país; otra iniciativa de enorme trascendencia social y humana fue la que provocó los cambios a la Ley del Buró de Crédito, donde más de 100 000 chihuahuenses, así como más de 2 millones de mexicanos, fueron liberados de lo que se ha considerado un yugo financiero.

En su perfil, los publicistas del PRI también incluyeron algunos datos biográficos: que es hijo de un personaje a quien llaman Chano Duarte; que se casó con Bertha Olga Gómez Fong y tuvo tres hijos; que es abogado de profesión, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; que pertenece al PRI desde 1979; que fue presidente de la Confederación Nacional Campesina de Chihuahua; que su comida favorita son “los burritos juarenses”.También dicen que viajó varias veces a Guatemala y Colombia para analizar los esquemas de seguridad más eficaces para poder aplicarlos en Chihuahua en contra de la delincuencia organizada.

En junio de 2010, pocos días después de haber ganado la elección de gobernador, César Duarte lucía sonriente, gozoso de haber sido electo. Tanta era su felicidad que solía decir que no tenía miedo de gobernar el estado de Chihuahua, entonces considerada la entidad más violenta del mundo debido a los enfrentamientos entre las bandas del narcotráfico, en particular los cárteles de Juárez y Sinaloa, enemigos acérrimos desde hacía varios años.

Se señalaba a César Duarte por haber ganado la elección mediante un fraude electoral, pero el fragor de la violencia era de tal magnitud que las balaceras y las matanzas generadas por los cárteles de Juárez y de Sinaloa —en abierta lucha por el control del estado— apagaban toda protesta en contra de las sucias elecciones.

Duarte Jáquez conocía, y muy bien, las causas de la violencia generalizada que vivía la entidad, particularmente Ciudad Juárez —territorio sin ley—, pero omitía mencionar a las organizaciones criminales por su nombre. Cuando los reporteros le preguntaban cómo le iba a hacer para gobernar el estado más violento del mundo, el priista respondía: “Primero hay que quitarle ese estigma que se le ha impuesto”, aunque a lo largo de su campaña se refirió a Chihuahua como “una patria ensangrentada, empobrecida y desordenada”.

Y todas las veces que se le preguntó cuál sería su estrategia para enfrentar al narcotráfico, él siempre respondió que confiaba en el nuevo sistema de seguridad pública; que se aplicaría en Chihuahua un plan piloto de seguridad, y presumía a los cuatro vientos que este sería un modelo que más adelante se pondría en marcha en todo el país.

Cuando César Duarte asumió la gubernatura, el estado de Chihuahua enfrentaba una verdadera crisis de seguridad. No había estructura policiaca local ni federal que le hiciera frente a la guerra entre los cárteles de Juárez y Sinaloa. En cada uno de los 67 municipios de la entidad había violencia: balaceras, levantones, desapariciones, ejecuciones. En 2010 las cifras más conservadoras daban cuenta de unas 25 000 muertes por los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado.

El triunfo de César Duarte, pese a su discurso elocuente y a sus “buenos propósitos”, no daba ninguna esperanza a los chihuahuenses. Más aún porque el PRI había postulado a varios candidatos presuntamente ligados al narcotráfico. Uno de ellos era Héctor Murguía Lardizábal, abanderado de ese partido a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, un territorio corroído por la violencia. Esto derivó en un fuerte escándalo, pero el PRI no reculó y sostuvo a su presunto narcocandidato.

El entonces presidente estatal del PRI en Chihuahua, Miguel Ángel González, desoyó los cuestionamientos hacia Murguía Lardizábal y, tajante, dijo públicamente:

“La decisión ya está tomada”, y agregó que esta había recaído en Héctor Murguía “porque era una garantía de triunfo”. Y así, la candidatura de este personaje, pese a su mala fama, recibió el respaldo de la entonces lideresa nacional del PRI Beatriz Paredes Rangel, y del mandatario chihuahuense José Reyes Baeza.

Pronto empezaron a salir a flote más evidencias que robustecían la versión pública de que Murguía Lardizábal estaba ligado a los cárteles de la droga. Los hechos empezaron a confirmarlo. Durante su administración municipal unos 500 policías se sumaron a la protección de los operadores y sicarios del Cártel de Juárez, entre otros el llamado JL.

No fue todo: durante la gestión de Murguía Lardizábal, el 17 de enero de 2008 su secretario particular, Saulo Reyes, fue detenido en El Paso, Texas, cuando pretendía sobornar con dinero a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que le permitieran cruzar un cargamento de marihuana.

Según sus antecedentes, ya antes había cruzado media tonelada de esa droga a territorio estadunidense sin mayores consecuencias, la cual ocultó en una casa de su propiedad ubicada en Horizon City, Texas. La Corte Federal texana lo condenó a ocho años de prisión y al pago de 50 000 dólares. La PGR, por su parte, integró la averiguación previa AP/PGR/CHIH/CDJUA/VI/37/2008 por sus presuntos vínculos con el Cártel de Juárez, así como por la red de corrupción que se integró para proteger los intereses de esta organización criminal en Ciudad Juárez y otras zonas donde el cártel tenía presencia.

Si alguna duda quedaba de los presuntos nexos de Murguía Lardizábal con el narcotráfico, estos se confirmaron al término de su gestión con los resultados en materia de seguridad: Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo. En tres años hubo 7 000 muertos, entre ellos 190 policías; 10 000 huérfanos; 250 000 habitantes de esa demarcación emigraron como consecuencia de la violencia; se cerraron cerca de 10 000 negocios; se perdieron aproximadamente 130 000 empleos; 25 000 viviendas fueron abandonadas. Además, el Cártel de Juárez tenía un mercado seguro en el consumo de drogas: había 80 000 adictos a todo tipo de sustancias.

El narcotráfico lo controlaba todo. Era más que evidente que este había influido en el proceso electoral que llevó a la gubernatura a César Duarte. Un claro ejemplo fue que hombres armados, presuntamente sicarios, se mantuvieron resguardando el municipio de Batopilas —donde el priista Leonel David Hernández Vega ganó la elección en forma apretada y por ello se iba a impugnar el resultado— para impedir que el abanderado del PAN, Jesús Limón, acudiera ante las autoridades electorales a presentar su denuncia por las irregularidades en la contienda.

En 2010, cuando terminaba el sexenio de José Reyes Baeza, el escenario de violencia en Chihuahua era de miedo. Tan solo en Ciudad Juárez, al término de la administración del entonces alcalde José Reyes Ferriz se contabilizaban cerca de 7 000 muertos. Al gobernador saliente le recriminaban por todas partes que había sido un obstáculo para frenar la lucha contra el narcotráfico en el estado. Y a pesar de que los munícipes le solicitaban que pidiera ayuda a la Federación para detener la oleada de violencia, Reyes Baeza se oponía bajo el argumento de que los alcaldes de otros partidos pretendían utilizar el combate a la delincuencia como bandera política.

El panorama en Chihuahua era negro. A la ineficiencia del gobernador Reyes Baeza y la colusión de muchos alcaldes con el crimen se sumaba el hecho de que las policías de la entidad se convirtieron en verdaderos brazos armados de los cárteles. Por ello, había acciones que nadie entendía de otra manera más que como complicidad abierta y descarada de los cuerpos de seguridad.

En varios municipios era común —pero en Ciudad Juárez alcanzó niveles de escándalo— el hecho de que la policía detenía a presuntos narcos y delincuentes, y tan pronto se ponían a disposición de las autoridades estatales no tardaban ni 48 horas encerrados porque eran puestos en libertad.

Un caso que llamó la atención y que ejemplifica lo anterior fue el de un joven policía que detuvo a unos sicarios que viajaban a bordo de un vehículo. Iban armados hasta los dientes. Le aconsejaron al policía que no se arriesgara porque lo iban a matar. La gente que iba en el vehículo era muy peligrosa. No hizo caso. Procedió a efectuar la detención de los delincuentes armado con un rifle R-15.

Uno de los narcos le advirtió: “En 48 horas estaré libre y te buscaré para partirte la madre”. La sentencia era real y se cumplió. Transcurridas 48 horas el policía desapareció y fue hallado muerto con el tiro de gracia.

No existía ningún tipo de colaboración entre las autoridades municipales y estatales. De acuerdo con cifras oficiales, en un trienio fueron detenidos cerca de 10 000 criminales en Ciudad Juárez acusados de secuestro, narcomenudeo y asesinato; solo 500 de ellos se quedaron en prisión, pues la gran mayoría fue puesta en libertad.

La Procuraduría no le daba ningún tipo de seguimiento a los casos —tampoco permitía que otras autoridades actuaran—, lo que derivó en más violencia y muerte. La corrupción policiaca y de las autoridades encargadas de la procuración de justicia frenaba las acciones incluso de la Federación.

Ejemplo de ello fue el Operativo Conjunto Chihuahua, implementado por el gobierno federal en 2008, el cual resultó un fracaso. Anunciado por el entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño como la panacea para resolver la violencia del narcotráfico en Chihuahua, las acciones militares terminaron convertidas en operaciones infructuosas.

La idea de Mouriño, se dijo en aquella ocasión, era fracturar y desmantelar las cadenas y redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales. Esa fue la razón por la que más de 4 000 policías federales, y otro tanto de militares, arribaron al estado y de inmediato tomaron el mando de la seguridad mediante la instalación de diez bases de operaciones mixtas y 46 puestos de control móviles. Para patrullar el estado, las fuerzas federales contaban con 180 vehículos, 13 equipos de detección molecular, tres aviones C-130 Hércules y un Boeing 727/100 de la Fuerza Aérea Mexicana.

Ese aparatoso movimiento policiaco y militar buscaba frenar la violencia y debilitar al pernicioso Cártel de Juárez y a su principal ejército de sicarios, La Línea. Pero después de seis meses, ante la ola de terror que azotaba a Chihuahua, quedó claro que el despliegue de policías y militares era insuficiente frente al poder del narcotráfico.

Ante la fuerza del Estado el narcotráfico respondía con más violencia y corrupción. Entonces la violencia se recrudeció. Hubo fuertes y cruentos ataques contra centros de rehabilitación para adictos; los penales del estado estaban bajo el control del narcotráfico, particularmente de las bandas aliadas al Cártel de Juárez como Los Aztecas, Los Mexicles y Los Artistas Asesinos, las cuales tenían infiltradas a todas las policías del estado.

Los alcaldes chihuahuenses le exigieron al gobierno de Felipe Calderón que enviara cerca de mil soldados al estado. Y así se hizo. Los militares pronto sustituyeron a casi 800 agentes policiacos. Tras ser sometidos a exámenes para evaluarlos, resultó que los policías tenían nexos con el narcotráfico, eran consumidores de droga y una buena parte operaba como sicarios del Cártel de Juárez.

Mientras las fuerzas federales realizaban operativos, detenciones y patrullaban el estado para pacificarlo, el crimen organizado exhibía a las autoridades por todas partes.

Días después de que César Duarte tomó posesión como gobernador, el crimen organizado le dio la bienvenida a su más puro estilo: dos familiares suyos fueron ejecutados, entre ellos Mario Humberto Medina, su sobrino. Era el primer aviso. Estaba claro que lo querían someter.

La crisis de seguridad que heredó César Duarte tenía que ver, en buena medida, con la protección al crimen organizado que le dio el gobierno de José Reyes Baeza. Patricia González Rodríguez, quien fungió como procuradora del estado, fue severamente señalada por tener nexos con el Cártel de Juárez.

Ya en el gobierno César Duarte, ocurrió un hecho que mantuvo a Patricia González Rodríguez en el ojo del huracán: su hermano, Mario González Rodríguez, fue secuestrado. El hecho ocurrió el 21 de octubre de 2010 y, según ella misma denunció, participaron expolicías y agentes activos del estado. Lo verdaderamente sorprendente es que luego apareció un video en el que su propio hermano la acusa de varios asesinatos y de tener vínculos con el Cártel de Juárez. El video habría sido grabado en las instalaciones de la Procuraduría del estado.

Sin embargo, la exprocuradora protagonizó un escándalo. El entonces gobernador César Duarte, negó que en el plagio hubieran participado exagentes y agentes del estado. Patricia González dijo que tenía conocimiento de que la Secretaría de la Defensa Nacional —que la veía con recelo por sus presuntos nexos criminales— contaba con información sobre el secuestro de su hermano, el cual fue perpetrado por una célula del Cártel de Sinaloa que estaba confrontado con el de Juárez.

La exprocuradora había generado serios conflictos en el estado y se le acusaba de haber obstaculizado, en el sexenio de Felipe Calderón, el Operativo Conjunto Chihuahua al dejar en libertad a cuanto delincuente era detenido. Estas acciones pusieron en evidencia sus presuntos arreglos con el crimen organizado, en particular con el Cártel de Juárez.

Y el plagio de su hermano —llevado a cabo por el Cártel de Sinaloa— ponía en evidencia que le estaban cobrando la factura por la probable protección que otorgó, desde la Procuraduría del estado, al Cártel de Juárez, entonces encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, quien enfrentaba un conflicto a muerte con Joaquín el Chapo Guzmán Loera.

El crimen organizado se encargó de evidenciar las razones del secuestro de Mario González. En mantas que aparecieron en varios puntos del estado se denunciaba: “A las autoridades y al público en general: No se dejen engañar, las causas de todos los desmanes en esta ciudad son causados… por el Cártel de Sinaloa”. Y otra decía: “Qué pasó, Noel Salgueiro, para qué secuestraste a Mario González”.

Y además se afirmaba que el secuestro del hermano de la procuradora Patricia González ocurrió porque ambos habían incumplido con los acuerdos pactados con el Cártel de Sinaloa.

Tras la colocación de las mantas, el narcotráfico subió a YouTube un video en el que aparecía Mario González sometido a un interrogatorio. Se le cuestionaba sobre una ola de asesinatos ocurridos en Chihuahua y él responsabilizaba a su hermana de dichas muertes. El caso fue investigado por la PGR dentro de la averiguación previa PGR/CHIH/1613/2010-ll/B.

La PGR hizo el seguimiento del caso y de un dato casi irrefutable: el video se había grabado en las instalaciones de la Procuraduría del estado, pues las características del interior del inmueble eran idénticas a las del edificio oficial. El contenido del video generó un fuerte escándalo.

El interrogatorio implicó a funcionarios y exfuncionarios en el narcotráfico. Dijo, por ejemplo, que Ariel Meixueiro Muñoz, Ramón Humberto Oviedo Sáenz y Édgar Artemio García —alcalde, director y comandante de la policía municipal de Namiquipa, respectivamente— fueron ejecutados por La Línea.

En Chihuahua, la administración de César Duarte continuó con la protección al crimen organizado otorgándole impunidad, y acalló las voces de los activistas mediante una oleada de crímenes con los que eliminó cualquier cuestionamiento a su gobierno.

Ese fue el sello que impuso Duarte Jáquez en Chihuahua desde los primeros días de su gobierno, cuando el 16 de diciembre de 2010 fue asesinada frente al Palacio de Gobierno Marisela Escobedo Ortiz, quien se había convertido en un personaje incómodo para el gobernador. Había transcurrido poco más de un año y medio de su gestión y ya habían sido asesinados ocho activistas sociales y defensores de los derechos humanos.

A pesar de que a Marisela Escobedo le habían asignado escoltas para cuidarla, el día que la asesinaron ninguno de ellos la protegió, lo cual generó fuertes sospechas de que detrás del crimen estaba la mano de César Duarte. Por todas partes se acusaba el entonces gobernador de haber cometido un crimen de Estado, que hasta la fecha está impune.

La violencia que generó el narcotráfico en el sexenio de César Duarte no solo derivó en dolor social sino que el impacto se reflejó en el desplazamiento de miles de personas —en otros casos hubo desapariciones forzadas— que dejaron poblaciones enteras vacías.

Un caso emblemático fue el municipio de Guadalupe, donde en 2008 había 18 000 habitantes y para 2014 solo quedaban 2 500 pobladores. Esto se explicaba porque 90 por ciento de la población había sido desaparecida por el crimen organizado y el resto de la gente se refugió fuera del estado por miedo a ser asesinada.

Las poblaciones más afectadas por la violencia del narco fueron Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y una pequeña parte de Ciudad Juárez. El entonces alcalde de Guadalupe, Gabriel Urteaga, resume en pocas palabras las causas de la desaparición y desplazamiento obligado de tantas personas: “La violencia, en general, se llevó a mucha gente”. El exalcalde de Villa de Juárez también describió la ruina de su municipios debido a la violencia: “Desde que se entra al pueblo se ve la destrucción. Donde yo vivo hay 35 casas vandalizadas, quemadas, abandonadas. Todo está destruido”.

Miles de familias que huyeron por la violencia del narcotráfico buscaron asilo en Estados Unidos; contrataron abogados para tal fin pues nadie quiso regresar a sus poblaciones. Temían morir bajo las ráfagas de las metralletas y los cuernos de chivo, o quemadas, porque justamente eso hacían los sicarios: quemaban a sus víctimas para no dejar rastro de sus fechorías. También las enterraban vivas y ahí quedaban los cuerpos atrapados bajo pesadas placas de cemento.

La violencia se recrudeció en Chihuahua desde 2008, cuando las autoridades anunciaron que el Cártel de Sinaloa había entrado en el estado para apoderarse de la plaza. Entonces empezó la guerra con el Cártel de Juárez, pues el Chapo Guzmán quería desplazar a ese grupo criminal y también buscaba acabar con la hegemonía de los Carrillo Fuentes en el narcotráfico.

César Duarte utilizó la violencia del narcotráfico para desplegar una gran cortina de humo en los medios de comunicación. Incluso, llegó a afirmar que el capo Rafael Caro Quintero, quien salió de prisión mediante maniobras y argucias legales, operaba desde Chihuahua.

Esta versión fue manejada por César Duarte a través de Jorge González, quien fuera fiscal del estado. Aseguró que tenía información de que Caro Quintero ya estaba en Chihuahua y que estaba decidido a disputar el territorio al Cártel de Sinaloa.

Javier Corral desmintió la afirmación de González y dio su versión:

No hay ningún elemento, ninguna fuente policiaca confiable, tanto de la Policía Federal como militar, que confirme ese dicho. Las fuentes de inteligencia consultadas, tanto en México como en Estados Unidos, aseguran que no tiene capacidad ni poder para arrebatar una plaza y menos una tan importante como Ciudad Juárez.

Caro Quintero ya está viejo, no tiene hombres ni poder para disputar algo como Juárez y menos al Cártel de Sinaloa, que la domina junto co n otros grupos del Cártel de Juárez.

DUARTE JÁQUEZ: LAS DENUNCIAS DEL SAQUEO

Desde principios de 2011, a escasos dos meses de haber asumido la gubernatura de Chihuahua, a César Duarte se le empezaron a documentar actos de corrupción y un amplio tráfico de influencias para enriquecerse a costa del erario.

Muy pronto salieron a relucir los nombres de varias empresas utilizadas por el ahora exmandatario para obtener contratos mediante la compra de medicamentos a precios elevados. El gobierno de Chihuahua pagó miles de millones de pesos a través de esas empresas, las que a su vez le abonaban al gobernador cuantiosas sumas.

Por ejemplo, algunas de las empresas relacionadas con Duarte Jáquez son Ymmarsa Pharmaceutica, SA de CV y Servicios y Atenciones Médicas K, SA de CV, a las cuales convirtió, según las denuncias, en las principales proveedoras del sector salud del estado y las benefició con licitaciones a modo para adjudicarles contratos. Estas compañías fueron denunciadas en su tiempo por vender medicamentos con sobreprecios, pero Duarte Jáquez las protegió. Y era obvio: las empresas eran suyas.

Cuando salió a flote el negocio con dichas firmas, César Duarte ya enfrentaba varias denuncias ante la PGR por peculado, corrupción y malversación de fondos, así como uso indebido de atribuciones, las cuales presentaron el abogado y activista Jaime García Chávez y la diputada Rocío Reza Gallegos. Las denuncias fueron respaldadas por 40 senadores y ciudadanos de Chihuahua que, incluso, crearon un movimiento social en contra de Duarte Jáquez.

Y es que los casos de corrupción alcanzaron niveles de escándalo nacional. El caso de las farmacéuticas puso al descubierto el favoritismo del gobernador cuando se dieron a conocer los pagos multimillonarios que recibieron.

Según datos oficiales, y con base en las denuncias, entre 2011 y 2013 el sector salud de Chihuahua gastó poco más de 2 600 millones en la compra de medicamentos. Las empresas Ymmarsa Pharmaceutica, SA de CV, Farmacias EconomiK, S de RL de CV, y Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S de RL de CV —cuya propiedad se le atribuye a Eduardo Almeida Navarro, uno de los impulsores de la campaña de Duarte Jáquez— recibieron de 2011 a 2013 más de la mitad del presupuesto estatal destinado a la adquisición de medicamentos y material de curación.

En las denuncias también se documentó que el gasto en materia de salud se incrementó 32 por ciento desde la llegada de Duarte Jáquez a la gubernatura. Pese a ello, era notorio el desabasto de medicamentos y de todo tipo de materiales. Incluso, la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), al realizar algunas auditorías reveló que no había controles sobre los almacenes.

No fue todo. La ASF señaló a las empresas relacionadas con César Duarte de incumplir con algunos requisitos, tanto en las licitaciones como en el cumplimiento de los contratos. Otros proveedores del sector salud, en su mayoría desplazados por el gobernador, denunciaron que dichas empresas cotizaban los medicamentos y productos médicos y clínicos a precios mucho más caros que sus competidores del ramo y pese a ello ganaban los contratos millonarios con el gobierno.

Las anomalías —entre las que sobresalían violaciones a la Ley de Adquisiciones, tráfico de influencias y corrupción— se pusieron en manos de la Secretaría de la Función Pública, pero esta dependencia resolvió que el caso debía investigarlo la Contraloría del estado. Esto benefició a César Duarte y a sus aliados. La Contraloría era manejada por Liz Aguilera, aliada del gobernador, a quien este apoyaba para diputada federal. En la realidad esta mujer se convirtió en una verdadera tapadera de Duarte Jáquez.

Sin embargo, el saqueo continuó impune. De 2011 a 2013 el presupuesto en materia de salud aumentó —pasó de 784 millones a 974 millones en total—, y las mismas empresas relacionadas con César Duarte se siguieron beneficiando con los contratos a modo. De igual forma, se probó que en esos dos años el sector salud gastó más de 2 600 millones de pesos solo en la adquisición de medicamentos y material de curación.

El modus operandi para arreglar las licitaciones y beneficiar a las empresas aliadas del gobernador se conoció tiempo después. Un empleado que conocía muy bien esas maniobras reveló que, en efecto, las licitaciones se ajustan según la conveniencia y las instrucciones que reciben de arriba, es decir, del gobernador.

Dijo también que una semana antes de las licitaciones empiezan a preparar todo para concursar. El gobierno manda las licitaciones y los operadores del gobernador las acomodan para favorecer a sus amigos y socios. Todo se hace así.

La ASF puso el dedo en la llaga cuando dio a conocer que, pese al gasto millonario en salud, el desabasto de medicamentos privaba en todo el sector. E hizo observaciones puntuales de los ejercicios 2012 y 2013. Expuso que hubo mala distribución de medicamentos, lo que derivó en desabasto. De igual forma, hubo malos manejos en los almacenes y en el control de los medicamentos caducos, y resaltó que el estado de Chihuahua le había pagado a la empresa Servicios y Atenciones Médicas K, SA de CV más de 500 millones de pesos.

Otra de las empresas que salió a relucir en el tráfico de influencias operado por César Duarte es Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S de RL de CV, la cual también es propiedad de Almeida Navarro. Según el semanario Proceso, “el empresario posee una avioneta Cessna 402 matrícula N3403”, y en junio de 2014 fue nombrado presidente seccional del PRI municipal en Chihuahua. Grupo Alsa está compuesto por siete compañías. Tres fueron proveedoras del gobierno de César Duarte y de la presidencia municipal de Chihuahua: Construcciones Corporativas Inmobiliarias, SA de CV, Comercializadora Corporativa Internacional, SA de CV, y Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S de RL de CV.

Estas empresas, según los antecedentes públicos que se conocen de ellas, se encargan de instalar alumbrado público, remodelar inmuebles, vender maquinaria, construir y remodelar escuelas y de la venta de medicamentos.

Cuando transcurría el cuarto año de gobierno, César Duarte ya enfrentaba un grave problema de corrupción y falta de credibilidad debido a los malos manejos de las finanzas del estado. Era evidente que Duarte Jáquez y sus principales socios y colaboradores llevaban a cabo un verdadero atraco al erario de la entidad. Y así lo confirmaba el hecho de que en 2014 Chihuahua era la tercera entidad más endeudada del país. Su deuda pública alcanzaba los 19 000 millones de pesos.

Y la corrupción salía a flote a borbotones. Fue en ese año cuando César Duarte fue denunciado ante las autoridades federales porque con dinero público constituyó una sociedad mercantil —el Banco Progreso Chihuahua— en la que él aparecía entre los principales accionistas.

Quien desmenuzó los pormenores de lo que fue calificado como un acto de “atraco y descaro” fue el abogado y activista Jaime García Chávez, quien no dudó en denunciar penalmente al entonces gobernador César Duarte. Y fue así como la PGR comenzó a investigar al ahora prófugo exmandatario por los delitos de peculado y malversación de fondos.

De igual forma, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió la denuncia, por conducto de García Chávez, así como también la fiscalía del estado. En dicha denuncia se afirma que César Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez crearon en Banorte el Fideicomiso 744743 con un monto de 68 millones de pesos y le dieron la instrucción a esa institución bancaria de invertir y comprar acciones en el Banco Unión Progreso, el cual tiempo atrás había recibido autorización de la banca múltiple para operar. Más tarde, según el Diario Oficial de la Federación, dicha institución se convirtió en Banco Progreso Chihuahua.

La denuncia de García Chávez —PGR/CHIH/JUA/2143/2014-VI.A— fue atraída en 2014 por la PGR, entonces encabezada por Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo.

Cuando el asunto tronó públicamente César Duarte fue cuestionado por los medios de comunicación. El escándalo era lógico. El gobernador de Chihuahua utilizaba dinero público para constituir una empresa privada en la que él y su esposa eran los beneficiarios principales.

Duarte Jáquez evadió los cuestionamientos una y otra vez. Sin embargo, en una ocasión se pasó de cínico: reconoció que, en efecto, había firmado el fideicomiso pero que no supo lo que firmaba. Y empezó el malabarismo de justificaciones: “¿Saben cuántos papeles firmo al día? ¿Se imaginan? Lo firmé, sí, pero no lo leí, a lo macho que no lo leí”.

Luego siguieron otras explicaciones a manera de enredo. Duarte Jáquez dijo que su secretario de Hacienda Jaime Ramón Herrera Corral —preso actualmente por desvío de dinero público para el financiamiento de las campañas del PRI—, cuando fungió como presidente de esa institución crediticia le pidió salvar el antiguo Banco Unión Progreso de una crisis financiera.

García Chávez dio una amplia explicación de cómo surgió el proyecto del banco. “Jaime Herrera era el presidente del Unión Progreso y fue él quien impulsó la creación del banco con la fusión de otras instituciones, como la Unión de Crédito Progreso, Akala y Banca Única. Constituyó el banco adelantándose a la creación de la ley contra el lavado de dinero, en octubre de 2012, la cual entró en vigor nueve meses después. Se adelanta y se convierte en accionista del Unión Progreso”.

A través de las áreas de transparencia y de la Secretaría de Hacienda, el denunciante García Chávez logró saber que en 2014 el gobierno de Chihuahua ya había depositado más de 80 000 millones de pesos en el Banco Unión Progreso, y otros 106 741 000 pesos por medio de 353 operaciones en Akala, socia del banco. De esas operaciones, cerca de 340 se realizaron cuando Herrera Corral ya era secretario de Hacienda del estado. El depósito más fuerte, dijo García Chávez, se efectuó el 2 de diciembre de 2013. En esa ocasión el gobierno del estado depositó 1 208 millones de pesos.

En medio del escándalo y las denuncias en contra del gobernador César Duarte, el 12 de noviembre de 2014 los directivos de esa institución ofrecieron una conferencia de prensa, en la que Luis Ramón Daw Daher, director jurídico de la institución, afirmó que tanto el gobernador como su esposa tenían invertido en el fideicomiso un total de 65 millones de pesos, pero que se habían reservado el dato debido al secreto bancario.

Cuando se descubrieron sus artimañas y maniobras para hacerse del banco, César Duarte no tuvo más remedio que reconocer que, en efecto, él y su esposa eran socios del banco y que tenía esa solvencia económica porque desde 1983 ha sido comerciante.

En parte, César Duarte tenía razón. Desde principios de la década de 1980 ya tenía fama de dedicarse a vender carros usados en la frontera, pero no contaba con la solvencia económica como para hacerse de un banco.

Herrera Corral justificó las acciones de César Duarte con Banco Unión Progreso: dijo que era una entidad financiera autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que contaba con autorización para recibir depósitos de los gobiernos y que estos pueden invertir donde les den mejores condiciones.

Y añadió:

“Si se ve el comportamiento de las tasas de interés, Unión Progreso tiene el mejor interés de depósitos, pero Hacienda no dio información, cuando los denunciantes la pidieron, sobre los montos que se transfirieron de Santander, Bancomer y Banorte”.

De acuerdo con los pormenores del caso, la polémica arreció cuando el Congreso de Chihuahua le autorizó a César Duarte pedir un préstamo de 44 575 millones de pesos, de los cuales 3 000 millones fueron bursatilizados en bonos carreteros.

Desde entonces abundaban las sospechas sobre los malos manejos del dinero en Chihuahua, lo cual aumentó la deuda estatal. Se dijo entonces que el endeudamiento había aumentado porque se tuvo que apoyar al estado en la crisis de seguridad, así como para promover la educación e impulsar la infraestructura.

Herrera Corral —quien se convirtió en el estratega y operador financiero de Duarte Jáquez del dinero que se transfirió al PRI— sostuvo en su momento que los recursos obtenidos a través del fideicomiso carretero no implicaban ningún riesgo para el estado “porque se pagan solos”.

Pero nadie entendía por qué la deuda del estado se había elevado a más de 40 000 millones de pesos. La que dejó José Reyes Baeza al término de su gestión como gobernador era de 12 000 millones de pesos, más los acumulados; quedaba claro que Duarte Jáquez había recibido el estado con 13 000 millones de endeudamiento y él lo había casi triplicado.

Por esa razón, la sociedad chihuahuense comenzó a protestar. El severo endeudamiento y el enriquecimiento del gobernador César Duarte unió a militantes de diversos partidos; también se sumaron campesinos, barzonistas, el movimiento Madera 65 y el estudiantil de 1972. Para entonces ya avanzaban las denuncias y las presiones políticas en el Senado de la República en contra del mandatario chihuahuense.

Con una actitud cínica que rayaba en el descaro, César Duarte se reía de las denuncias en su contra. En diversas ocasiones dijo, llenándose la boca: “Si no les he tenido miedo a los sicarios, menos a los chismosos, enemigos del progreso y zánganos”.

Dueño del dinero y del poder —el cual usó con fines aviesos—, Duarte Jáquez compró la complicidad de rectores y académicos de las universidades de Chihuahua, quienes enderezaron una guerra sucia en contra de Jaime García Chávez, quien denunció el negocio del banco. A través de desplegados periodísticos y columnas políticas pagadas, el exdiputado local y activista social fue señalado como corrupto.

Decían las denuncias pagadas en diversos medios de comunicación:

Con afanes electoreros, dicho personaje ha tratado de confundir y distraer con infundios y mentiras las condiciones de avance en materia educativa, seguridad, desarrollo económico, empleo y salud que los chihuahuenses hemos alcanzado en los últimos cuatro años.

Agraviada, la sociedad comenzó a organizarse. Las protestas arreciaban, en gran parte debido a la indolencia de Duarte Jáquez; después, los ánimos se crisparon con el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, quien fue acribillada el 16 de diciembre de 2010 frente a las puertas del Palacio de Gobierno.

Como muestra del repudio al crimen cientos de personas colocaban veladoras alrededor del inmueble oficial, pero los responsables de la seguridad las quitaban. Aquello empeoró el malestar de la gente. Las veladoras se siguieron encendiendo por todas partes.

De paso por Chihuahua como parte de su periplo, Javier Sicilia, quien encabezaba el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fustigó el artero crimen de la activista social y colocó una placa en recuerdo de Marisela Escobedo.

César Duarte no tardó en reaccionar, al igual que el entonces fiscal Carlos Manuel Salas. Ambos acusaron al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, dirigido por Luz Estela Castro, de defender a delincuentes y de lucrar con esa causa.

Otros dos asesinatos —el de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís, el 22 de octubre de 2012— incendiaron más la situación. Ambos eran integrantes de El Barzón y encabezaron varias protestas. Ahí donde había un acto de injusticia y agravio, ellos llegaban para arropar la causa. Por eso se les quería. Cuando fueron asesinados la gente se enardeció y arremetió en contra del gobierno de César Duarte.

Mediante el despilfarro de recursos públicos este quiso acallar las protestas y construirse una imagen pública distinta. Para ello no escatimó gastos en imagen y publicidad. Tan solo en 2012 desembolsó 500 millones de pesos en medios y, según las denuncias que entonces hizo Javier Corral —el actual gobernador de Chihuahua—, al año siguiente Duarte Jáquez se gastó más del doble en su imagen: 1 048 millones.

LA BATALLA DE JAVIER CORRAL

Javier Corral, exdiputado federal y exsenador de la República, emprendió durante varios años una dura batalla en Chihuahua que exhibió la corrupción de los últimos cuatro gobernadores. Pero cuando visualizó la posibilidad de ser gobernador, abanderado por el PAN, comenzó a denunciar toda la corrupción generada por César Duarte durante su administración.

Una de sus promesas de campaña —igual hizo Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz para ganar la elección— fue que si ganaba la gubernatura metería a la cárcel a su antecesor, César Duarte. Corral ganó las elecciones y ahora está enfrascado en una fuerte pugna con el gobierno federal porque, según ha denunciado, el presidente de la República Enrique Peña Nieto sigue protegiendo al exgobernador César Duarte —prófugo de la justicia—, debido a que es una pieza clave en el esquema de financiamiento al PRI, el que se implementó desde 2016.

Corral tenía claro que no cedería ante ninguna presión y que no habría “borrón y cuenta nueva en Chihuahua”, pues eso, decía, “solo perpetuaría la impunidad y la corrupción en el estado”.

Ganador de la elección para gobernador, Javier Corral tenía muy claro la herencia que César Duarte le dejaba: un estado financieramente quebrado y con una gran crisis de seguridad.

Su diagnóstico sobre las condiciones del estado era amplio y al mismo tiempo puntual. Chihuahua está acosada por el narcotráfico porque una negociación política reubicó a los cárteles tradicionales de Ciudad Juárez en la sierra, lo que representó un caldo de cultivo ya que ahí los jóvenes no tienen trabajo ni estudios. “Hay que regresarle al estado el trato digno que merece, generando las condiciones de un desarrollo económico que valore el ingreso salarial y genere empleos; podemos recuperar a los jóvenes de la sierra”.

Después del triunfo de Corral, el 5 de junio de 2016, César Duarte comenzó a maniobrar en el Congreso con un objetivo central: blindarse. Sabía que las denuncias en su contra derivarían en órdenes de aprehensión. Tras la derrota del PRI en Chihuahua, Duarte Jáquez tardó una semana en dar la cara públicamente. Ante los medios de comunicación solo habló sobre que en Chihuahua no había desabasto de gasolina.

Apenas habían transcurrido dos semanas de la derrota del PRI en el estado y el sistema de transporte colapsó por falta de combustible. En medio del malestar social, que iba en aumento, el Revolucionario Institucional impugnó los comicios del 5 de junio ante el Tribunal Estatal Electoral, y se filtraba información a la prensa en el sentido de que le habían cometido fraude, ya que el órgano electoral había mandado imprimir 143 000 boletas de más respecto de la lista nominal, las cuales no se supo cómo fueron utilizadas.

La deuda del estado, de acuerdo con datos oficiales, era de 46 000 millones de pesos. Esa era otra herencia para Javier Corral. Una semana después del descalabro electoral, César Duarte envió una iniciativa al Congreso para que se aprobara que la deuda se monetizara —se empujaba la bursatilización—por un plazo de 25 años.

El anuncio de la iniciativa generó rechazo social. En las redes sociales la gente comenzó a pedir juicio político contra Duarte Jáquez; diversos grupos sociales se organizaron y amenazaron con tomar las instalaciones del Congreso del estado para impedir que se aprobara la iniciativa.

El secretario de Hacienda de Duarte Jáquez, Jaime Ramón Herrera Corral, comenzó a manejar el terror, fiel a su estilo. Decía que si no se aprobaba la bursatilización o una medida similar, el gobernador entrante enfrentaría “una parálisis financiera”. La deuda de 46 000 millones incluía pasivos enormes; entre otros, una deuda de 10 000 millones tan solo con proveedores.

Las maniobras de César Duarte para blindarse no surtieron efecto, y una vez que el PRI perdió las elecciones comenzaron las represalias en contra del gobernador saliente. Una empresa española, Corporación Empresarial, SL, vendedora de invernaderos, a quien César Duarte le adeudaba cerca de 4 millones de dólares, realizó maniobras legales para que se le embargaran bienes al exmandatario chihuahuense.

La demanda se hizo efectiva por exhorto y se gestionó tanto en España como en México. Esta se presentó por primera vez el 23 de septiembre de 2015. La empresa y sus accionistas exigieron a través de sus abogados el pago de la deuda. Como Duarte Jáquez se negaba, entonces procedieron a embargar los bienes tanto del exmandatario como de su esposa Bertha Olga Gómez, y de su socia Alma Dalila Martínez Carrujedo. Esta última, por cierto, también resultó ser accionista del Banco Unión Progreso: cuenta con 45 millones de pesos en esa institución financiera y es esposa de Olegario Guzmán Orquiz, compadre de Duarte Jáquez, quien desapareció el 22 de agosto de 2010 del Club Campestre de la ciudad de Parral.

En el exhorto que promovió la empresa española, esta exigió el embargo de cinco propiedades del matrimonio Duarte-Gómez: entre otras, 15 por ciento de las acciones del Banco Unión Progreso de Chihuahua, Única Casa de Cambio, SA de CV, el hotel Sheraton, Hidroponia de Parral, SA de CV, Industrial Parral Forestal, SA de CV e Hidroponia de Chihuahua, SA de CV.

También quedaron sujetas a medidas cautelares las cuentas personales de Duarte Jáquez y su esposa en los bancos Santander, Akala Financiera, Bancomer, HSBC, Unión de Crédito Progreso, Banco Azteca y Banco del Bajío, entre otros.

Tan pronto dejó el poder, César Duarte huyó del país ante los ojos de todo el mundo. Primero estuvo escondido en Chihuahua, luego cruzó la frontera y se refugió en Estados Unidos, donde ha solicitado asilo político, ya que se autocalifica como perseguido por el régimen de Javier Corral.

El 31 de marzo de 2017, a petición de la PGR, la Interpol emitió una ficha roja en contra del exmandatario a fin de que sea detenido en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Duarte Jáquez tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana por los delitos de peculado, tráfico de influencias y quebranto financiero al estado de Chihuahua.

Cuando cruzó la frontera a César Duarte se lo tragó la tierra. No se ha vuelto a saber de él. El exgobernador priista se mueve en tres automóviles diferentes. Se afirma que familiares y amigos le llevan víveres a los lugares donde se esconde y que su único pasatiempo es pasear a su perro, pues la mayor parte del tiempo se la pasa tras las rejas de las residencias en donde se oculta.

De acuerdo con información difundida en Chihuahua, César Duarte posee varias casas en Texas. Una de las residencias es la marcada con el número 343 de Crimson Cloud. Es una casa de una sola planta que está valuada en unos 490 000 dólares. Está registrada a nombre de su esposa, Bertha Olga Gómez.

Se afirma que la esposa de Duarte Jáquez la adquirió en septiembre de 2011, un año después de que su marido asumiera la gubernatura de Chihuahua, aunque en realidad ha estado en poder de los Duarte desde 2009, cuando Luis Gómez Fong —cuñado del exgobernador— la compró.

Se asevera también que el 24 de marzo de 2017 César Duarte arribó a esa vivienda a bordo de una camioneta con placas de Chihuahua. Lo escoltaba un coche Cadillac. El 29 de ese mismo mes una persona que comía en un restaurante en El Paso,Texas, tomó una fotografía en la que aparece el exgobernador. Está sentado charlando con otras personas. La imagen circuló por Internet, pero ni la PGR ni Interpol, al parecer, se dieron por enterados pese a existir una ficha roja en contra del exgobernador.

Tras la difusión de la fotografía, César Duarte cambió su residencia. La segunda casa cuya propiedad se le atribuye —otro de sus refugios en Texas— está marcada con el número 6476 de Snowheights. Fue construida en 2010 y está registrada a nombre de Raúl Fernández Moreno, un ganadero oriundo del municipio de Balleza, Chihuahua. En esa demarcación, se asegura, Duarte Jáquez tiene tres ranchos con ganado de alto registro. También se afirma que Fernández Moreno es uno de sus múltiples testaferros. La residencia está valuada en cerca de 316 700 dólares. En dicha casa no vive Raúl Fernández sino familiares de César Duarte. Luego de que se difundió la fotografía por las redes sociales, Duarte Jáquez se refugió en una de las casas de su hermano.

La tercera residencia se encuentra en Oak Landing y tiene el número 7741; está a nombre del señor Raúl Fernández y su costo es de unos 188 500 dólares. En esa casa también se ha visto al exmandatario. En ella hay servidumbre que se encarga de atenderlo. Le compran comida y todo lo que necesita el exgobernador para pasar el tiempo leyendo o paseando a su perro.

Sin embargo, a pesar de que la prensa de Chihuahua y los medios nacionales han hecho público que César Duarte se encuentra viviendo en Texas, y han divulgado incluso sus direcciones, ninguna autoridad lo busca. Las autoridades estadunidenses, entre otras el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), han dicho que no están buscando al exgobernador porque no tienen ninguna orden para hacerlo.

Entre una ficha roja y una orden de arresto internacional existen diferencias. La primera no implica necesariamente que las autoridades de algún país emprendan una búsqueda exhaustiva de alguna persona. En el segundo caso sí lo implica, pero contra Duarte Jáquez no se ha aplicado tal medida.

Luego de que César Duarte se convirtiera en prófugo de la justicia —siguió el mismo camino de Javier Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández—, 51 colaboradores suyos procedieron a solicitar amparos ante la justicia federal para no ser detenidos y sometidos a proceso. Hasta el mes de abril de 2017, la lista de amparados la conformaban exfuncionarios de su gabinete, exalcaldes y empresarios.

Sin embargo, a algunos el amparo les duró muy poco, pues meses después comenzaron a ser detenidos. Es el caso del empresario Jaime Agustín Fong Ríos, quien está preso por el desvío de 15 600 millones de pesos del erario estatal a través de la empresa Fritag, SA de CV, ya que se prestó para inflar precios en licitaciones que emitió la Secretaría de Salud cuando el titular era Pedro Genaro Hernández Flores. De igual forma se afirma que la fiscalía del estado tiene abiertas otras carpetas en contra de Fong Ríos, pues se habría prestado a aplicar el mismo esquema fraudulento en otras áreas del gobierno de Chihuahua.

En este mismo embrollo —por eso solicitó un amparo para no ser detenida— se encuentra Ana Edith Lozoya de Alba, representante de la empresa Fritag, SA de CV.

Otra versión indica que los amparos se comenzaron a solicitar en serie desde el mes de marzo del año pasado. Todo se aceleró precisamente cuando el gobernador Javier Corral ordenó efectuar una investigación para conocer el tamaño del desfalco al estado, ante las evidentes omisiones de la PGR que, pese a tener en su poder una denuncia en contra de César Duarte por peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades, no actuó.

Poco después del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, la fiscalía de Chihuahua aprehendió a cuatro funcionarios de César Duarte. Uno de ellos fue Javier Garfio Pacheco, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, exalcalde de la ciudad de Chihuahua, paisano y compadre del exgobernador Duarte Jáquez.

Otros de los detenidos fueron Ricardo Yáñez Herrera, exdirector de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) y exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, y Gerardo Villegas Madriles, quien se desempeñó como director de Administración de la Secretaría de Hacienda. Tiene un vínculo de parentesco que lo une con César Duarte.

De igual forma se detuvo a Antonio Enrique Tarín García —primo de César Duarte—, quien era diputado federal suplente y realizó maniobras en el Congreso para protestar como legislador y así escudarse en el fuero, pero no lo logró.

Con estas detenciones se desataron en cascada diversas promociones de amparo ante los juzgados federales. Hasta mayo de 2017 hubo 76 solicitudes de amparo ante la justicia. Entre los solicitantes había 14 exsecretarios. También figuraba César Duarte.

Pero, paralelamente a las solicitudes de amparo, la fiscalía del estado de Chihuahua llevó a cabo más investigaciones en contra de funcionarios implicados en el desvío de recursos del erario público; inicialmente algunos no estaban indiciados.

Las primeras detenciones generaron la renuncia de cerca de 15 empleados con cargos directivos en la Secretaría de Hacienda —de acuerdo con personal de la misma dependencia—, y ocho funcionarios se acogieron al programa de oportunidad: accedieron a brindar información para obtener beneficios en el proceso penal.

Entre los funcionarios que buscaron obtener beneficios aparecía el exsecretario de Hacienda Jaime Ramón Herrera Corral, quien promovió un amparo y luego se desistió. Este personaje también había sido denunciado en la PGR por el abogado Jaime García Chávez, junto con César Duarte, por la constitución del Banco Progreso Chihuahua con dinero público y por estar implicado en todas las triangulaciones de recursos que se hicieron para financiar las campañas del PRI. De igual forma, Mario Trevizo Salazar, exdirector de la Consejería Jurídica, así como Raúl Chávez, secretario de la Contraloría estatal, fueron implicados en este embrollo.

Otros exfuncionarios se acogieron al programa de testigos protegidos. Tal fue el caso de Fidel Pérez Romero, exsecretario de Trabajo y Previsión Social; Eduardo Esperón González, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas; José Miguel Salcido Romero, expresidente del Tribunal Superior de Justicia y exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, así como Manuel Russek, exsecretario de Economía.

Junto con ellos, otros 30 exfuncionarios de otros niveles también se acogieron al beneficio del criterio de oportunidad, luego de que el gobernador Javier Corral hizo un llamado a todos los que contaran con información para colaborar con la justicia.

Los que sí obtuvieron amparos fueron exfuncionarios que laboraban en la Junta Central de Agua y Saneamiento, encabezada —se asegura— por amigos, compadres y familiares de César Duarte, desde donde desviaron cientos de millones para el PRI y para enriquecerse. Otros amparados fueron Raúl Jalavera Leal, Carlos Hermosillo —quien falleció en un accidente carretero— y Carlos Alonso Guzmán.

Se afirma que en el caso de Hermosillo quien se amparó fue su viuda, Mayra Julieta Urbina Arzola, y que el mismo día que ella promovió su amparo, el piloto personal de Duarte Jáquez, Julio Berlanga Fuentes, también buscó la protección de la justicia.

No podían faltar los familiares de César Duarte, quienes también se ampararon. Tal fue el caso de sus hermanos, Alejandro y Mario Héctor Duarte Jáquez, así como otros parientes, entre ellos Federico Duarte Medina, quien estuvo a cargo de la exportación de ganado en Santa Teresa, a través de la polémica Unión Ganadera Regional División del Norte, uno de los principales ahorradores del Banco Unión Progreso.

Los secretarios amparados fueron los siguientes: Leonel de la Rosa Carrera, extitular de Desarrollo Rural y director de Ganadería; Eloy Soto Payán, amigo de Duarte Jáquez, así como Raymundo Romero Maldonado y Mario Trevizo.

A la lista se sumaron José Luis García Rodríguez, exsecretario de Desarrollo Social; Emma Saldaña y la excontralora Liz Aguilera, quien también fue presidenta de la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo y lideresa del PRI en Chihuahua.

En el área educativa se ampararon el exsecretario Marcelo González, así como el secretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Alejandro Villarreal. Y entre los empresarios amparados figuran María Luisa Tagle Jiménez, principal accionista de Grupo Industrial y Constructor; Benito Adolfo Tagle Rodríguez; Jaime Galván Guerrero; Parrish Cárdenas Mata, apoderado legal de Prometeo Proyectos Ejecutivos, y Eugenio Baeza, exalcalde suplente de Chihuahua.

Cuando las autoridades armaron el rompecabezas a través del que César Duarte desvió recursos, de inmediato se solicitaron cateos para revisar algunas de las propiedades del exmandatario.

El 1 de abril de 2017, agentes de las Fiscalía General del Estado catearon tres propiedades de César Duarte en los municipios de Hidalgo del Parral y Balleza. El objetivo, se dijo, era recabar indicios de prueba para acreditar la comisión de varios de los delitos que se le imputan.

Luego de obtener las respectivas órdenes de cateo, la Policía Estatal Única registró las propiedades y localizó obras de arte sustraídas del Palacio de Gobierno y muebles que fueron robados de diversas oficinas de las dependencias públicas.

Algunos de los cateos se efectuaron en una casa ubicada en la calle Primera cruce con 20 de Noviembre, en la colonia Altavista, en Parral; en una oficina localizada en la calle Tecolotes y San Patricio sin número, colonia Esmeralda, también en Parral, así como en el rancho El Saucito, en el municipio de Balleza.

De acuerdo con datos de la investigación, en una de las propiedades las autoridades investigadoras encontraron una lista que corresponde a la nómina secreta, que incluye a personas que recibían hasta tres millones de pesos como pago. Se trata de operadores tanto del PRI como del PAN.

Por ello, fueron presentados ante jueces de Control el exdirector de Administración de Hacienda, Gerardo Villegas, y Ricardo Yáñez Herrera, ambos acusados de peculado por el presunto desvío de 246 millones de pesos de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.

En ese juicio presentaron testimonios como testigos protegidos varios implicados, entre otros Jaime Ramón Herrera Corral, exsecretario de Hacienda. El testigo protegido T-701-2017 fue presentado por el ministerio público como un exfuncionario del más alto nivel del gabinete de César Duarte entre los años 2010 y 2016. Este fue quien denunció toda la red delictiva que se tejió para llevar a cabo el saqueo de dinero del estado.

Este testigo —en realidad se trata de Jaime Ramón Herrera— dijo que la red de corrupción se fundamentaba en tres niveles.

El primer nivel estaba conformado por tres titulares de las secretarías encargados de la elaboración de las políticas públicas.

El segundo lo integraban directores y directores generales, también familiares de César Duarte. Era el núcleo fuerte para la defraudación y en él figuraban Gerardo Villegas Madriles, Antonio Enrique Tarín y Carlos Hermosillo. Todos ellos —aseguró el testigo— eran protegidos de Jesús Manuel Esparza Flores, titular de la Auditoría Superior del Estado.

En ese segundo nivel de corrupción —apuntó el testigo— también se encontraban algunos empresarios, socios externos del gobernador, y era donde se concentraba el núcleo duro de los desvíos financieros.

El tercer nivel estaba compuesto por una red de empresas que triangulaban enormes sumas de dinero mediante la asignación de contratos de obra y servicios que nunca se cumplieron, lo que evidencia que este esquema se utilizó para justificar los millones de pesos que terminaron en las arcas del PRI. Los empresarios actuaron en un abierto contubernio con el gobierno de César Duarte. Se trataba de contratistas que simularon trabajar para el gobierno, aunque en realidad sirvieron de puente para canalizar recursos del gobierno del estado a las diversas campañas políticas del partido en el poder.

Según el testigo protegido —pieza clave en todo este rompecabezas de corrupción—, una de las empresas que se creó para desviar dinero del erario fue Servicios y Asesorías Samex, SC, la cual tenía un contrato por 55 millones de pesos.

Con otra suma aproximada también fue incorporada al esquema de corrupción Servicios y Asesorías Sinax, SA de CV, la que tenía un contrato por 46 millones de pesos. Luego se creó la empresa Servicios y Asesorías SISASS, SA de CV, a la que le otorgaron un contrato por 90 millones de pesos y, más tarde, se integró Despacho de Profesionistas Futura, SA de CV.

De acuerdo con información de la Fiscalía Estatal de Chihuahua, por medio de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda se hicieron desvíos por 745 millones de pesos. Por ello, tres funcionarios tuvieron que ir a la cárcel: se trata de Gerardo Villegas, quien fue director de Administración de la Secretaría; Antonio Enrique Tarín y Sergio Medina, quien estuvo a cargo de la Dirección de Adquisiciones.

A Medina se le atribuye el delito de peculado agravado debido a que desvió 379 millones de pesos y por simular un procedimiento administrativo en complicidad con otros colaboradores y personas externas. Los hechos, según las investigaciones, se efectuaron en el mes de octubre de 2016, con la contratación de servicios informáticos que nunca fueron prestados.

Dos exsecretarios de Educación, Cultura y Deporte repitieron el mismo esquema. Ellos fueron Karla Areli Jurado Bafidis y Ricardo Yáñez, los que fueron arrestados en marzo bajo acusaciones de simular procedimientos administrativos de contratación de servicios durante 2016, para lo que entraron en contubernio con la Dirección de Adquisiciones.

En este esquema también están implicados algunos empresarios, entre otros Germán López Cervantes, quien presuntamente participó en un quebranto al erario estatal por 120 millones de pesos. El expediente señala que como representante legal de Kepler Soluciones Integrales, SC, López Cervantes aportó documentación para simular un procedimiento de contratación de servicios profesionales que no fueron prestados, en complicidad con Villegas Madriles y Tarín García.

Otra pieza del desfalco multimillonario a Chihuahua es Jesús Manuel Esparza Flores, exauditor del estado, quien fue aprehendido en un hotel de Palenque, Chiapas. Este personaje está acusado de peculado agravado por un monto de 524 189 pesos, y por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio ilegal del servicio público por encubrir una observación de 1.8 millones de pesos de la administración del municipio de Parral, de donde César Duarte es originario.

Según las investigaciones, Esparza usó más de 500 000 pesos del erario para adquirir paquetes vacacionales para él y su familia en Playa del Carmen y Cancún, en Quintana Roo, así como para viajar a San Francisco, California y Miami, Florida.

Al igual que Roberto Borge hizo de Cancún su feudo y vendió terrenos a diestra y siniestra bajando los precios, asimismo César Duarte traficó con terrenos de alta plusvalía en Chihuahua, y de esa forma benefició a sus amigos, compadres y socios.

Ahora que han salido a flote datos y evidencias de que César Duarte montó este andamiaje de corrupción para enriquecerse y beneficiar al PRI —presuntamente a sugerencia de Manlio Fabio Beltrones, ideólogo del esquema de corrupción— la PGR parece hacerse de la vista gorda respecto al paradero y la detención del exmandatario.

El caso de César Duarte y sus desfalcos ya confrontó al gobierno de Javier Corral con el presidente Enrique Peña Nieto. Corral acusa a la Secretaría de Hacienda de retener los recursos al estado, todo ello a raíz de las investigaciones en las que se ha puesto al descubierto el sofisticado esquema de saqueo de dinero público para financiar las campañas del PRI en el año 2016.

Lo peor es que todo el mundo sabe dónde está escondido César Duarte, pero la PGR no lo quiere detener.

2

Los Moreira: gobiernos de narcos

y corrupción

Maestro y a la vez alumno del llamado bajo mundo político, Humberto Moreira Valdés abandonó las aulas para lanzarse a una aventura que en pocos años lo encumbró a la gubernatura de Coahuila y a la presidencia nacional del PRI, antes de verse sacudido por fuertes escándalos que lo mismo lo ligaron con el narcotráfico que con maniobras —falsificación de documentos, entre otras artimañas— para obtener créditos millonarios que desaparecieron, pero que se sumaron al descomunal endeudamiento de ese estado, uno de los más considerables del país en los últimos años.

Humberto Moreira, un modesto maestro normalista —además de dicharachero, con dotes de bailarín y maestro de la mentira—, creció a la sombra de Carlos Salinas de Gortari y de la maestra Elba Esther Gordillo, ambos personajes de infausta memoria, que forman parte de la llamada historia negra de México.

El primero se vio envuelto en los crímenes políticos que sacudieron su sexenio y vio derrumbarse su gobierno de mentiras tras el estallido del conflicto zapatista en Chiapas —en 1994 la economía, que pendía de alfileres, se fue a pique—, lo que puso fin al mito de la paz social que tanto presumía el entonces poderoso presidente de la República. Por su parte, la maestra Elba Esther Gordillo construyó un cacicazgo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), un botín con el que se enriqueció sin límites y gozó, como nadie de su gremio, de la impunidad que le confería el sistema priista, corrupto hasta la médula, al que apuntalaba con votos comprados en cada elección estatal o federal.

Sin ser hermanos biológicos, sin que los una ningún vínculo consanguíneo, por las venas de Moreira corre la misma sangre de la maestra Elba Esther Gordillo. La complicidad enfermiza, que a veces resulta más fuerte que la hermandad, liga de por vida y funde los destinos que se abren paso a golpe de ambición desmedida. Al lado de la maestra, Humberto Moreira inició su ascenso político. Trabajó en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) —su trampolín—, donde Gordillo lo arropó y favoreció su carrera política. Así, bajo su tutela, el encumbramiento de Moreira fue fulgurante: alcanzó un buen nivel como maestro normalista y cuando la profesora asumió la dirigencia nacional del SNTE ahí estuvo Humberto Moreira acompañando a su mentora. El exgobernador de Coahuila entonces tenía cerca de cuarenta años de edad.

Después de estar afincado en la Ciudad de México durante algún tiempo, Humberto Moreira decidió regresar a Coahuila, su terruño. Era el año de 1994, tiempo de magnicidios en el país. Ya entonces abrigaba el deseo de ser gobernador de su estado. Pero le faltaban muchos años de carrera para ascender a ese cargo, ya que solo había ocupado varios puestos dentro del ramo educativo a nivel federal.

Con habilidad supo seducir a Enrique Martínez y Martínez, exsecretario de la Reforma Agraria y exembajador de México en Cuba, quien lo convirtió en su delfín para la gubernatura. Antes lo hizo secretario de Educación y después saltó a la presidencia municipal de la ciudad de Saltillo. No concluyó su periodo porque en 2005 fue lanzado como candidato del PRI al gobierno de Coahuila, impulsado también por la maestra Elba Esther Gordillo.

Moreira Valdés le ganó la elección al panista Jorge Zermeño, exalcalde de Torreón, quien tras su derrota fue rescatado por Vicente Fox, nombrándolo embajador de México en España.

Quien mejor describió a Humberto Moreira por dentro y por fuera fue Miguel Ángel Granados Chapa en su columna Interés Público del 7 de noviembre de 2011. Granados escribió:

Moreira es audaz. No conoce rubores ni reparos. Sin pretender lo contrario, se muestra como el verdadero jefe de los legisladores locales y federales. Colocó a su hermano Carlos al frente del sindicato magisterial y a Rubén lo encamina hacia la gubernatura. Lo hizo presidente del PRI estatal y diputado federal. Ya en la Cámara, Rubén Moreira ha ganado presencia a fuerza de desplantes. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro y se contó entre los legisladores que escoltaron a Julio César Godoy Toscano (acusado de estar relacionado con Los Zetas en Michoacán y de enriquecerse con dinero del crimen organizado) en el momento de rendir protesta, con lo cual eludió la acción ministerial que buscaba aprehender al michoacano antes de que el fuero lo protegiera.

Brilla hasta en el mundo social. Se casó no hace mucho con una colega de la Cámara de Diputados, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, quien con esa decisión depuso sus posibilidades de ser gobernadora de Hidalgo y será primera dama en Coahuila, si prospera el designio del gobernador saliente, su hermano, que con la licencia que obtendrá puede eludir el rubor de entregar el gobierno a otro Moreira.

El actual gobernante se ha distinguido por su animosidad contra el PAN, y especialmente frente a algunos de los personeros locales; de modo particular, el senador Guillermo Anaya, compadre del presidente de la República. Delató el intento de Vicente Fox de orillarlo a presentar cargos falsos contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia. Y a Felipe Calderón le ha reprochado ácidamente su estrategia contra el narcotráfico, imputándole que la ordena desde la comodidad de su escritorio. Tiene razón en parte. Pero esgrime esa imputación como coartada que esconde su propia ineficacia en materia de seguridad. Coahuila no se cuenta entre los estados con mayor número de homicidios como resultado de la guerra contra el narcotráfico. Pero se caracteriza por el gran número de secuestros y desapariciones, especialmente en la Comarca Lagunera.

Tan intensa es la práctica que priva de la libertad a toda suerte de personas, que se ha constituido una agrupación llamada Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, la cual ha documentado innumerables casos de tal delito sin merecer la atención gubernamental. El organismo se ha erigido, por extensión, en una suerte de observatorio ciudadano que señala puntualmente la ineficacia de la procuración de justicia y de la seguridad pública. Ha denunciado, por ejemplo, la impunidad que rodea a quienes mataron a miembros de la familia Siller Galindo el 24 de octubre.

Los asesinatos de María Angélica Galindo Sánchez, su hija Karen Alejandra y su hijo Ricardo Siller Galindo a manos de agentes de la policía investigadora del estado manifiesta la seria crisis de seguridad que se vive en Coahuila. Asimismo, a cargo del licenciado Jesús Torres Charles, para cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad y la integridad de las y los ciudadanos.

A Moreira esa agrupación civil lo señala porque con sus discursos en torno a la muerte de estas tres personas “trata de simular actos de justicia” y juzga inaceptable que se minimice “esta estrategia al comparar lo que sucede en nuestro estado con índices de violencia en otros lugares del país”

En enero Moreira se irá del gobierno. Y pondrá al PRI en el incómodo, terrible dilema de optar entre él y Gamboa Patrón. Tan malo el pinto como el colorado.

PANORAMA DEL NARCOTRÁFICO

Antes y durante el gobierno de Humberto Moreira, en Coahuila se establecieron las condiciones para que se afincaran varios cárteles de la droga atraídos por sus disputadas rutas, sus conexiones con Estados Unidos y el vacío legal que caracteriza a ese estado y que atrae a empresarios y delincuentes dedicados al lavado de dinero, quizás una de las actividades más boyantes. Antaño, el territorio fue ocupado por el Cártel de Juárez, fundado por el capo Pablo Acosta, oriundo de Ojinaga, Chihuahua, quien fundó esa organización criminal cruzando fayuca de Estados Unidos a México; después operó con marihuana y dinero. En sus años de gloria tuvo tanto poder que llegó a ser considerado una especie de guardián de la frontera. “Aquí mando yo”, parecía decir el Zorro de Ojinaga, como le apodaban sus amigos y socios.

Acosta Villarreal nunca fue detenido, pese a sus andanzas criminales. Él era la autoridad. Su perfil era muy parecido al de Juan Nepomuceno Guerra, un viejo bragado que, al igual que Pablo Acosta, fundó el Cártel del Golfo y se convirtió, desde las filas del hampa, en el jefe supremo de policías, delincuentes y políticos. Fue un cacique y próspero empresario de todo lo ilegal, y con los años alcanzó la estatura de capo, un señor de la mafia a quien respetaban.

Pablo Acosta era un hombre arrojado, de esos que no se andaban con medias tintas. “Entre chuecos —decía— las cosas son estrictamente derechas”. Esa era su consigna. Cuando el policía Guillermo González Calderoni, a la cabeza de un operativo espectacular en Ojinaga lo intentó detener, se desató una balacera. En una escena de película, Calderoni le gritó, megáfono en mano: —Entrégate, Pablo, estás perdido—, mientras varios helicópteros artillados sobrevolaban el rancho de Acosta y los francotiradores apuntaban a todo lo que se movía en aquel predio.

Sin duda era el fin del capo. Pero en el mundo de la mafia hay de finales a finales y el de Pablo —según su historia— fue digno de él.

Quienes recuerdan esta historia en Ojinaga cuentan, sin disimular el orgullo que les provoca esa hazaña, que Pablo Acosta respondió al llamado de Calderoni con un reto casi a muerte:

“Si tienes tantos güevos —le gritó desde el sitio donde se encontraba refugiado— ven por mí”.

Y cuando Calderoni se aproximaba protegido por un escudo de hombres armados, Acosta Villarreal empuñó su arma, se disparó en la cabeza y cayó muerto.

La muerte de Acosta dejó en la orfandad a muchos policías, políticos y a otros capos en ascenso, como los hermanos Carrillo Fuentes, alumnos de Pablo, quienes aprendieron de él las finas artes del manejo del narcotráfico, las reglas ortodoxas de la mafia; era la llamada vieja escuela hoy extinguida del mapa criminal.

Pablo Acosta pasó a la historia y tras su muerte se hizo todavía más famoso. El grupo Los Tigres del Norte lo inmortalizó con El Zorro de Ojinaga, un corrido que rescata las andanzas del fundador del Cártel de Juárez y lo pinta de cuerpo entero.

Muy pronto el llamado Pablote —medía 1.80 metros y pesaba más de cien kilos— pasó a ser una leyenda, no sin antes transmitir sus conocimientos del negocio del narcotráfico a los hermanos Amado, Cipriano y Vicente Carrillo Fuentes, a la postre jerarcas del Cártel de Juárez.

Fue a petición de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto —el más longevo de los narcotraficantes mexicanos y tío de los Carrillo— que Acosta Villarreal los recibió en su rancho de Ojinaga, un predio rodeado por el desierto donde vivía y ayudaba a la gente necesitada.

Entonces fue cuando ganó fama y respeto como benefactor social, igual que ahora ocurre en Sinaloa con Ismael Zambada García, el Mayo —libre e impune desde hace décadas—, o como acostumbraba Joaquín el Chapo Guzmán Loera —extraditado hace más de un año a Estados Unidos— en sus tiempos de esplendor como jefe del Cártel de Sinaloa. Y es que, donde había necesidad social y vacío de poder, los capos ayudaban a la gente para comer y resolver las urgencias derivadas de alguna enfermedad. Pronto acudían al llamado de la gente y pagaban los medicamentos, la cirugía o el traslado de algún enfermo para que fuera atendido en un hospital. Por eso la gente los quería y los protegía. Los capos de la vieja guardia sabían —y muy bien— que su negocio necesitaba no solo del respaldo del poder político sino también de la sociedad.

En la mafia siempre hay herederos o vivales que están al acecho para tomar el control del negocio. Muerto Pablo Acosta, el mando del Cártel de Juárez pronto pasó a manos de Rafael Aguilar Guajardo, exagente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), socio de los hermanos Carrillo Fuentes y de Manuel Bitar Tafich —otro expolicía—, afincado en Torreón, que formaba parte de la siniestra policía política creada en el sexenio de Miguel Alemán Valdés.

Bitar fue piloto y tenía a su cargo la fumigación de plantíos de droga. Eran los tiempos en los que estos personajes protegían el negocio del narcotráfico, lavaban el dinero sucio y de esa manera construyeron grandes emporios al amparo del poder policiaco del país. De todo ello da cuenta su larga historia al lado de Amado Carrillo, su compadre y socio hasta 1997.

Mientras Rafael Aguilar Guajardo se consolidaba como jefe del Cártel de Juárez, Amado, Cipriano, Vicente y Manuel Bitar construían su emporio en la ciudad de Torreón, tal vez uno de los territorios más boyantes del país para los negocios legales y también los ilegales. Amado Carrillo creó la empresa de aerotaxis Taxeno en la Comarca Lagunera —tierra próspera gracias al lavado de dinero, entre otras actividades—, la cual utilizaba para transportar pasajeros y con frecuencia droga.

En 1989 Amado Carrillo Fuentes era un desconocido en el mundo criminal. En una ocasión fue detenido por militares en la sierra de Sinaloa. Lo encontraron todavía medio borracho en una choza donde había pasado varios días. Lo aprehendieron porque los soldados le encontraron una pistola de uso prohibido. Cuando telefonearon a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para informar de su detención proporcionaron su nombre y otros datos personales. En la Sedena tomaron nota y dieron la orden de que lo pusieran a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).

Aparentemente, el nombre de Amado Carrillo nada les decía a los altos mandos del Ejército, de tal suerte que fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición del ministerio público federal. Carrillo Fuentes ya tenía contactos en la milicia. Uno de ellos era su amigo el general Jorge Maldonado Vega; lo había conocido en el restaurante San Ángel Inn de la capital mexicana, donde Carrillo cenaba. El militar se le acercó, se saludaron efusivamente y el general se puso a sus órdenes. Frente al apuro que tenía, Carrillo Fuentes no dudó en llamar a su amigo para que lo liberara del problema. Maldonado Vega movió sus influencias y es posible que por esa razón el Señor de los Cielos haya sido consignado solo por la posesión del arma y no por sus antecedentes en el tráfico de drogas, pues en 1989 ya formaba parte del Cártel de Juárez y operaba en los estados de Coahuila y Chihuahua.

Carrillo Fuentes fue internado en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Entonces como ahora, esa prisión era un hotel de cinco estrellas. Ahí coincidió con Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de Jefes, preso desde esa época por el delito de tráfico de drogas y el asesinato de Enrique Camarena, el agente de la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés), la agencia antidrogas estadunidense, que fue torturado en 1984 en Michoacán y por cuyo crimen fueron procesados, además de Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, entre otros.

En el Reclusorio Sur a Carrillo también le dieron la bienvenida otros capos de la vieja guardia. Uno de ellos fue Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, quien había sido detenido y posteriormente preliberado durante la gestión de Fernando Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación.

El caso es que Amado Carrillo permaneció en prisión menos de tres años y salió en 1993 para reincorporarse al Cártel de Juárez. Viajó a Chihuahua y se reencontró con su amigo Rafael Aguilar. En una de sus múltiples declaraciones rendidas como testigo protegido y que forman parte del expediente conocido como “El Maxiproceso” —integrado en contra del Cártel de Juárez—, Tomás Colsa McGregor, el narcojoyero de Carrillo Fuentes y de otros capos, reveló que poco después de su liberación Amado Carrillo y Rafael Aguilar se trenzaron en una ardua discusión.

La acalorada disputa terminó cuando Rafael Aguilar le propinó una bofetada a Carrillo Fuentes, quien guardó silencio como si se hubiera tragado el coraje y el odio. Esta declaración de Colsa resulta interesante porque poco tiempo después Rafael Aguilar fue asesinado. La disputa bien pudo derivar en venganza, pero ese crimen nunca se investigó a fondo por parte de las autoridades, ni Carrillo Fuentes fue acusado de ese asesinato. Y es que después del ríspido encuentro, Rafael Aguilar viajó a Quintana Roo.

El 12 de abril de ese año, cuando paseaba por Cancún, Rafael Aguilar fue ejecutado. Nacido en 1950, Aguilar era el hombre de confianza del extinto Miguel Nassar Haro, policía del sistema acusado de torturador y de estar implicado en múltiples actividades delictivas. De la mano de Nassar, en 1985 operó las plazas que la DFS tenía en la frontera norte. Luego dejó de trabajar para el gobierno. Fue detenido en posesión de cocaína por Guillermo González Calderoni —la suerte lo socorrió en varias ocasiones—, pero resultó absuelto de ese delito por el juez tercero de distrito con sede en Chihuahua, Fernando Bernal, aparentemente por falta de pruebas, según se dijo entonces.

La PGR ejerció acción penal en su contra en 1992 por delitos contra la salud, pero volvió a correr con suerte: le fue negada la orden de aprehensión. La jueza María Teresa Zambrano Calero determinó que las amapolas encontradas en su domicilio eran simples plantas de ornato y no sembradíos con fines comerciales. La policía estadunidense le había confiscado propiedades valuadas en un millón de dólares a finales de la década de 1980, pero mediante diversos mecanismos legales logró que se las devolvieran. Este expolicía de la DFS parecía blindado ante los embates de la justicia. Nadie lo podía encarcelar. Pero Aguilar no estaba hecho a prueba de balas.

La tarde del Lunes Santo de 1993, su buena estrella se apagó. Ese día se encontraba disfrutando de unas vacaciones en el Caribe mexicano. Lo acompañaban María Teresa Delgado Varela, su esposa, y Miguel Aguilar Delgado, su hijo de once años. El reloj marcaba las cinco de la tarde. El capo del Cártel de Juárez salía de un restaurante en la Avenida Kukulcán, en pleno corazón de la zona turística de Cancún, cuando un comando lo atacó a balazos. Los tiros fueron precisos.

El grupo armado lo había seguido a bordo de dos autos y cuando lo vieron salir le dispararon a quemarropa. Tanto la esposa como su hijo resultaron heridos. En la balacera murió Georgian Knasell, un turista que coincidentemente transitaba por ese lugar. Solo dos balas penetraron el cuerpo de Aguilar Guajardo, pero fueron letales, según los detalles de este atentado narrados en el libro Historia secreta del narco: desde Navolato Vengo (Editorial Océano), de José Alfredo Andrade Bojorges, uno de los abogados del Cártel de Juárez.

Andrade Bojorges cuenta que unos buzos que presenciaron el crimen intentaron prolongarle la vida a Aguilar dándole respiración de boca a boca. El autor afirma que, pese a los balazos, el capo se sintió reanimado por un momento, pero minutos después murió. Segundos antes de expirar —dice— Aguilar pronunció sus últimas palabras: “Ya la libré”.

Los delincuentes no opusieron resistencia: quedaron asegurados Erickson Linares Villa, Refugio Chávez Urías y Silvino Aguirre Fierro. La PGR, en su sede de Cancún, integró la averiguación previa 52/93 por el delito de homicidio. El juzgado segundo en materia penal actuó en auxilio del juzgado único de distrito, ubicado en Chetumal. Existió un videocasete de los hechos que filmó una turista, pero nunca fue exhibido en el proceso. Por más que trataron de avanzar en la investigación del homicidio, los detenidos confesaron que fueron contratados por un sujeto llamado Jorge; era todo lo que sabían. La complicada red de niveles de ejecución demostraba su efectividad.

Mientras el abogado Sergio Roldán organizaba el velorio, el cuerpo del narcotraficante llegó a Ciudad Juárez a las 15 horas del día siguiente. Se celebró una misa de cuerpo presente en el templo de la Natividad del Señor; dos camiones repartidores de cerveza Carta Blanca fueron utilizados como escudo para bajar a la esposa de la ambulancia y llevarla al interior del recinto. El sacerdote que ofició la misa, José Blanco, expresó: “Yo le dije a Rafa que éramos pasajeros en este mundo, le dije que el tiempo era de Dios”.

Sigue Andrade Bojorges:

Con él acabó una etapa donde el control estatal del narcotráfico era indirecto, infiltrando con su autorización en los cárteles a elementos fieles a grupos políticos determinados. Muerto Rafael Aguilar, el grupo de Fernando Gutiérrez Barrios salía del negocio de las drogas. Amado Carrillo, socio y guía moral del Cártel de Juárez, asumió el control directo de la plaza, a su manera, clandestinamente, con niveles de ejecución sigilosos. Había crecido hacia afuera, pero era imprescindible consolidarse adentro.

Amado Carrillo comenzó a controlar el llamado Triángulo Dorado del Narcotráfico, conformado por los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. En este último estado se asentó de la mano de sus colegas de la DFS e inició la expansión de su negocio. Uno de sus principales contactos fue Manuel Bitar Tafich, un empresario de origen árabe que más tarde se convirtió en el cerebro financiero de la organización criminal.

Realidad pura, el encuentro entre Bitar y los Carrillo tiene tintes de ficción. Un día Manuel Bitar llegó al hotel de su hermano, y, como era su costumbre, se sentó en el restaurante. Mientras esperaba a sus amigos para la tertulia tomaba café. De pronto, uno de los meseros le gritó:

—Señor Bitar, allá le hablan. Le buscan aquellas personas —el mesero señaló al fondo del restaurante, donde dos individuos aguardaban en una mesa cercana a un ventanal.

Eran los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes. Habían ido a contactarlo para que les rentara su avión. Querían trasladarse de Torreón a Culiacán, Sinaloa. El viaje era de ida y vuelta. Iban recomendados. Al principio acordaron verse en dos días, pero los hermanos no volvieron; no obstante regresaron una semana después y se hizo el viaje. Luego siguieron otros vuelos a Ojinaga en Chihuahua; a Monclova, Múzquiz y Sabinas en Coahuila. Amado viajaba acompañado de su primera esposa, Candelaria Leyva, y del jefe de Bitar Tafich, Juan Manuel Alatorre, quien era el comandante de la DFS en la Comarca Lagunera.

Coahuila era un estado clave para el Cártel de Juárez —lo sigue siendo hasta la fecha—: había sido centro de operaciones de Aguilar Guajardo en la década de 1980. Ahí fundó la empresa Carnes de La Laguna, que hasta ahora opera con otros dueños. A principios de esa misma década, Bitar Tafich era uno de los pilotos de la DFS destacamentados en La Laguna. Fue compadre de Rafael Aguilar y también de Amado Carrillo, y actualmente es un próspero hotelero en la ciudad de Torreón.

La Comarca Lagunera fue un refugio clave para Amado Carrillo y trampolín para su expansión en el mundo del narcotráfico. Desde Coahuila podía llegar con mucha rapidez a Estados Unidos y depositar los cargamentos de droga por vía aérea.

Durante los años en que Amado Carrillo encabezó el Cártel de Juárez nunca fue detenido. El Ejército lo protegía, según declaró Vicente Carrillo Leyva, el Vicentillo, su hijo, en un testimonio rendido ante la PGR tras ser aprehendido en 2009.

Lo que declaró el Vicentillo amplió todavía más los detalles respecto de la protección militar al narcotráfico. Y el Cártel de Juárez fue una de las organizaciones más protegidas en su momento de auge.

Y es que desde que lo encabezaba Amado Carrillo, el Cártel de Juárez —una de las organizaciones de narcotráfico más antiguas del país— siempre ha contado con la protección de efectivos del Ejército, así como de las policías estatales y federales.

Según el testimonio del vástago de Carrillo Fuentes —Vicente Carrillo Leyva—, que forma parte de la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDCS/097/2004, “estos elementos cuidaban a mi padre y a mi familia” durante los viajes que realizaban en México y en el extranjero.

También dice que después de la muerte de su padre, en 1997, la dirección del Cártel de Juárez fue asumida por su tío Vicente Carrillo Fuentes, quien contaba con una célula de sicarios “mayormente compuesta por exmilitares, siempre fuertemente armados, que se transportaban en convoyes. De igual forma refirió que este grupo estaba asentado en el estado de Chihuahua y se asoció con Los Zetas, representados por Lazca o Lazcano, con un objetivo central: defenderse del Cártel de Sinaloa.

Conocido en el mundo del narcotráfico como el Ingeniero, Carrillo Leyva dijo en 2009 tener 32 años, y tras su captura fue considerado por la PGR y la DEA como el prototipo de la nueva generación de narcotraficantes y lavadores de dinero en ascenso dentro del crimen organizado. Ya en ese tiempo se le acusó de varios delitos tipificados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre otros, tráfico de estupefacientes y blanqueo de activos.

Su detención causó polémica y no poca controversia: la PGR dijo que lo detuvo en un parque cuando realizaba una rutina de ejercicios matinales, pero Celia Quevedo Gastélum —su esposa— señaló que agentes federales sacaron a su marido de su departamento de la Ciudad de México. Ambas versiones nunca se aclararon.

En las declaraciones ministeriales de Carrillo Leyva lo verdaderamente revelador no era que su padre hubiera tenido protección sino que, por primera vez, un miembro del Cártel de Juárez —el tercero más poderoso en América Latina— lo hubiera reconocido en una declaración ministerial y ante las propias autoridades responsables de combatir el tráfico de drogas.

Elocuente ante la autoridad, Carrillo Leyva le aportó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) detalles sobre las complicidades de su padre con altos mandos militares; habló de los negocios que su progenitor realizó con policías federales, y también mencionó los nombres de los empresarios que, según dijo, lo estafaron cuando intentó comprar acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y en el Banco Anáhuac.

Con su declaración ministerial, Carrillo Leyva exhibió —si bien parcialmente— las entrañas del Cártel de Juárez; recordó pasajes de su fundación y describió cómo era su estructura en el momento de su detención. No pasó por alto “el suplicio que enfrentó, junto con su madre y sus hermanos, para recuperar la fortuna de su padre, el Señor de los Cielos”, de la que solo hallaron “siete millones de dólares que tenía guardados en varias cajas fuertes ocultas en distintos refugios, y entre seis y ocho casas”.

También expuso algunos detalles respecto de cómo se abocó al cobro de las deudas que distintos testaferros, entre ellos narcotraficantes colombianos, habían contraído con Amado Carrillo; igual que se dedicó a recuperar residencias que, según dijo, formaban parte del patrimonio de su familia y que estaban diseminadas en varios estados del país.

Con una memoria que guarda información en distintas carpetas, Carrillo Leyva no olvidó hablar de las relaciones de negocios que tejió su padre con distintos personajes. Y mencionó nombres: Juan Alberto Zepeda Méndez —entonces mencionado como secretario particular del empresario Jaime Camil y expareja de la actriz Ninel Conde— y José Luis Sánchez Pizzini. A estas personas, según Carrillo Leyva, Amado Carrillo les entregó 30 millones de dólares para comprar acciones en el Banco Anáhuac, con el que empresarios, políticos y narcos —según afirma Carrillo Leyva— hacían múltiples negocios.

También relata que las personas referidas y su tío Vicente negaron que su padre hubiera invertido, prestado o regalado dinero para emprender negocios con ellos. “No hay nada qué reclamar”, le dijo Zepeda Méndez a Carrillo Leyva cuando este le pidió la devolución del dinero proporcionado por el Señor de los Cielos, según el declarante.

A lo largo del interrogatorio, Carrillo Leyva abordó varios temas, pero cuando se refirió al rol que jugaron algunos militares activos en la protección de su padre y del Cártel de Juárez, el hijo del extinto capo se adentró en los detalles que dan cuenta de la conformación de la estructura de la organización, las entidades que controlaban y las relaciones que mantuvo Carrillo Fuentes con mandos castrenses asignados a distintas plazas del país.

Hijo de uno de los narcotraficantes más emblemáticos de la historia del crimen organizado en México, Carrillo Leyva desde muy joven conoció a distintos narcotraficantes de la llamada vieja guardia.

Así lo narró:

Conozco a Juan José Esparragoza Moreno, alias el Azul [presuntamente muerto en 2016]. Lo conocí en septiembre de 1989, aproximadamente, cuando mi papá fue internado en el Reclusorio Sur por portación de arma de fuego, teniendo yo casi trece años de edad, quien quedó internado hasta el mes de abril de 1990, ya que Esparragoza Moreno ya se encontraba interno en el Reclusorio Sur y fue cuando mi papá llegó ahí y cuando lo fui a ver estaba también él […].

Cuando salió mi papá dejé de verlo; tres años después lo volví a ver en una de las fiestas de la familia…Tengo conocimiento que se dedica (o se dedicaba) al narcotráfico, desde que lo conocí, y entre mi padre y él se decían compadres […].

Por cuanto hace a la organización que comandaba mi papá, se encontraba integrada de la siguiente manera: Amado Carrillo Fuentes era el jefe que se encargaba de la dirección del cártel. Mi padre era apodado el Señor de los Cielos. Le decían así porque le gustaban los aviones y en alguna ocasión llegó a tener dos o tres.

Debajo de él estaba Ramón Alcides Magaña, alias el Metro [preso], quien era el enlace para realizar las negociaciones con los proveedores colombianos; enseguida estaba mi tío, Vicente Carrillo, alias el Viceroy [preso actualmente], quien se encargaba de la seguridad de la organización en todo [tenía a su cargo un grupo de sicarios para cumplir sus funciones], desde lo que eran los cargamentos de droga hasta la seguridad personal de mi papá.

Enseguida estaba Ernesto Pulido, quien era el hombre de confianza de mi papá y de mi tío, que se encargaba de la plaza de Ciudad Juárez; Chuy el Flaco era el responsable de Cancún, y también estaba Eduardo González Quirarte como encargado de la plaza de Guadalajara y quien se jactaba de tener relaciones con altos mandos militares.

Según datos contenidos en la averiguación previa referida, en la que se integró la declaración de Carrillo Leyva, González Quirarte también fungía como publirrelacionista del Cártel de Juárez: fue quien logró corromper al general Jesús Gutiérrez Rebollo (ya fallecido tras varios años de prisión por sus nexos con Amado Carrillo, una historia que tiene tintes de injusticia porque otros altos funcionarios del Ejército también protegían al capo y ahora gozan de una impunidad pasmosa), entonces zar antidrogas, para que protegiera a Carrillo Fuentes y combatiera a los hermanos Arellano Félix, en esa época poderosos jefes del Cártel de Tijuana, sus acérrimos rivales.

En su amplio testimonio, Carrillo Leyva continúa hablando sobre la estructura del Cártel de Juárez que él conoció:

El encargado de la plaza de Sonora era Nicanor Loya, quien siempre manifestaba que Agua Prieta, Nacozari y Hermosillo eran territorios suyos. Jaime Olvera Olvera [quien tiempo después se hizo testigo protegido de la PGR y fue asesinado tras revelar secretos del cártel] era el encargado de la seguridad en la Ciudad de México.

Por cuanto hace a los contactos entre policías locales, federales y militares, entre los estados que recuerdo se desenvolvía la organización estaban Quintana Roo, Sonora, Jalisco, Distrito Federal, Morelos, pero [en esta última entidad] no sé quién era el encargado porque yo solo iba los fines de semana a visitarlo [a su padre] porque en ese tiempo yo vivía en el Distrito Federal […].

Después de dar a conocer los estados y los nombres de los jefes de plaza que controlaba el Cártel de Juárez, Carrillo Leyva pasó a repasar los nombres de los miembros del Ejército mexicano que, según afirma, protegían a Amado Carrillo:

En una ocasión llegamos a Cozumel, Quintana Roo, por la época de Semana Santa. Mi papá nos dijo que nos adelantáramos al lugar y que ahí nos iban a recibir unos amigos de él, y en tono de broma nos dijo que no nos fuéramos a asustar con las personas que nos iban a recoger en el aeropuerto; preguntamos quiénes eran y no nos quiso decir, solo dijo que nos iban a encontrar a nosotros.

El declarante narró que arribaron a Cozumel en un jet privado. Y enseguida cuenta lo que vio: “Los militares rodearon el avión y al abrir las puertas nos saludaron muy amablemente diciéndonos que venían de parte del general Curiel”. En efecto, el nombre del militar es Gonzalo Curiel García, fallecido en septiembre de 1995 cuando cuatro aviones de la Fuerza Aérea Mexicana colisionaron en el aire durante una exhibición en el día de la Independencia. En ese accidente murieron cuatro jefes militares.

Prosigue la declaración de Carrillo Leyva:

Los soldados nos llevaron a un hotel; lo hicieron en vehículos oficiales que, recuerdo, eran un jeep y una Suburban […] Ya por la tarde llegó el general Curiel presentándose y poniéndose a las órdenes; fue hasta entonces cuando supe de quién se trataba, pues era el jefe de la base militar de Cozumel.

El jefe del Cártel de Juárez arribó a ese trozo del Caribe mexicano cuatro días después y no antes. Era desconfiado hasta la médula y antes de dar un paso revisaba todo su entorno y tomaba sus previsiones para no correr riesgos innecesarios.

Añade Carrillo Leyva en su declaración ministerial:

Y en el hotel donde nos hospedábamos [mi papá] se reunió con el general Curiel. También estuvo presente Eduardo González Quirarte y, según supe después, fue él quien los presentó. [Cabe decir que el Flaco González Quirarte tenía amplias relaciones en la milicia. Fue él quien operó para frenar la persecución en contra de Carrillo Fuentes ofreciendo una suma descomunal de dinero y no vender drogas en México, entre otras propuestas. Tal ofrecimiento se hizo a través de un despacho de abogados de la Ciudad de México. El Cártel de Juárez decidió trasladar su dirección a Sudamérica, particularmente a Chile, Uruguay y Argentina. Amado Carrillo, según la historia, regresó a México para operarse el rostro. Y ahí lo envolvió el misterio, pues se dijo que murió después de la cirugía].

Quiero aclarar que a mí no me consta que mi padre haya sido traficante de drogas, ya que yo siempre lo vi en casa en plan familiar.

Luego expuso que cuando falleció el general Curiel, él acudió a su velorio acompañando a su padre y ahí conoció a otros militares que resultaron ser piezas claves para la protección del Cártel de Juárez.

Estando en el velorio del general Curiel, tres días después del avionazo, se nos informó que iba a llegar el general Rebollo [Jesús Gutiérrez], de quien Lalo Quirarte se jactaba de ser su amigo y dijo que nos lo iba a presentar, lo cual nunca sucedió, pero después supe por medios informativos que [lo acusaron] de haber colaborado con mi padre.

LAVADO DE DINERO

Poco antes de que finalizara la década de 1990, el vástago de Amado Carrillo era un joven multimillonario. La PGR le seguía los pasos desde tiempo atrás. Pronto la SIEDO halló evidencias de que estaba implicado en operaciones de lavado de dinero. No era explicable su inmensa fortuna como producto del esfuerzo largo y constante. Detrás de él había una industria boyante que le permitía ganancias rápidas; se decía entonces que el comercio de las drogas lo encumbraba en la cúspide del narcotráfico como sucesor indiscutible de su padre.

Las investigaciones de la PGR pronto arrojaron datos relevantes: Carrillo Leyva, en efecto, poseía casas lujosas y se le atribuyó la propiedad de la cadena de tiendas Versace en Guadalajara, Jalisco, instrumento “pantalla” para blanquear los capitales de origen ilegal. En su amplia declaración no podía faltar el nombre de Guillermo González Calderoni, el policía del salinato, famoso por su corrupción sin límites y por haber capturado a algunos capos emblemáticos. Miguel Ángel Félix Gallardo, por ejemplo, era uno de los capos detenidos por el policía, que después fue asesinado en Estados Unidos.

Dijo el Vicentillo que conoció a González Calderoni cuando este era policía y comandante. En una ocasión se lo topó cuando descendía de un avión comercial en Guadalajara. Asegura que los detuvo a él y a sus acompañantes, los interrogó, los revisó y los dejó ir al darse cuenta de “que no venía con nosotros mi papá”. Ocho días después, recordó, González Calderoni llegó a Guadalajara acompañado de Carrillo Fuentes. La complicidad entre ambos era indispensable: el policía y el capo se necesitaban.

Luego se adentra en el tema de la muerte de Amado Carrillo —muerte incierta, se afirma; el capo envuelto en el misterio se ha vuelto leyenda, un trozo de realidad y de mito a la vez, volátil como el gas, etéreo como el tiempo— y afirma que cuando recibió la noticia lo tomó por sorpresa. Aquel 4 de julio de 1997 se encontraba estudiando en la Ciudad de México, su asiento habitual.

Martín Ríos, escolta de Amado Carrillo, le telefoneó. Le dijo que Amado estaba muy grave. Momentos después Vicente Carrillo, su tío, le comunicó que su padre había muerto.

Carrillo Leyva cuenta que se trasladó a la funeraria López, y que cuando se acercó al féretro donde yacía Amado Carrillo no tuvo duda de que el cuerpo era el de su padre, si bien tenía desfigurado el rostro y era irreconocible a simple vista. En ocasión de una entrevista con Manuel Bitar Tafich, identificado en aquel tiempo como operador financiero del Cártel de Juárez, le pregunté si Amado Carrillo había muerto. Él respondió que lo dudaba, pero después confirmó que sí falleció cuando le preguntó a unos médicos si el cuerpo que estaba en el féretro tenía un lunar negro en una nalga. “Y me confirmaron que sí. No había vuelta de hoja —dijo—, mi compadre sí murió”. Otra versión, no confirmada hasta ahora, se ha propagado también como una verdad: que el capo sigue vivo, probablemente operando en Rusia, quizás en Australia. El mito a veces pesa más que el dato duro.

Cuando Humberto Moreira asumió la gubernatura de Coahuila en 2005, el narcotráfico se reactivó en esa entidad como uno de los negocios más rentables al amparo del poder. Lo mismo ocurrió con los secuestros; el dolor humano era una industria protegida por los hombres del poder. Al tráfico de estupefacientes siguieron los levantones, otra modalidad delictiva impuesta por los cárteles. De igual forma detonaron las desapariciones forzadas en las que participaban tanto policías como criminales. La violencia y el dolor se quedaron grabados en la psique social de esa entidad.

Tras la muerte de Amado Carrillo, su hermano Vicente asumió el control del Cártel de Juárez en varias regiones del norte del país. Aunque Ciudad Juárez era la sede, la Comarca Lagunera era uno de sus refugios. En Lerdo, Durango, al amparo de grupos panistas locales, el famoso Viceroy vivió a sus anchas hasta antes de ser detenido. De la mano de su operador, Arturo González Hernández, el Chaky, se alió con decenas de empresarios que luego se vieron envueltos en escándalos públicos y hasta en atentados. Uno de ellos fue el extinto Carlos Herrera Araluce, quien durante un ataque armado, presuntamente perpetrado por Los Zetas, fue baleado, perdió tres dedos de una mano y su esposa también resultó herida. Aquel evento criminal hizo que Herrera se retirara de la política;, abandonó el sueño de ser gobernador de Durango, desapareció de la escena pública y terminó sus días refugiado en Chilchota —su boyante empresa de quesos y leche— y en su domicilio, donde finalmente murió en marzo de 2016 a la edad de ochenta años.

A partir de 2003 arreciaron los operativos militares y policiacos para capturar a Vicente Carrillo, pero en La Laguna tenía protectores por todas partes. Lo que sí pudo lograr la milicia fue capturar a su operador, el temible Chaky, quien estuvo encarcelado y luego fue liberado tras purgar su pena. El sicario está de vuelta en La Laguna inundando de droga y sangre el territorio.

En abril de 2003 el Chaky fue capturado. Luego de su detención, efectuada en Gómez Palacio, Durango, la PGR realizó varios operativos y cateó diversas propiedades señaladas como refugios de narcos y centros de distribución de cocaína y otras drogas.

Los cateos de entonces —aquella fue una búsqueda intensa y se asegura que parte de estas acciones se realizaron para dejarle libre el territorio a Joaquín el Chapo Guzmán Loera, a fin de que emprendiera la expansión del Cártel de Sinaloa— se llevaron a cabo en el fraccionamiento Campestre y en el municipio de Lerdo, Durango, donde hasta la fecha existen varias residencias del Cártel de Juárez.

Fue entonces cuando la PGR empezó a investigar a Herrera Araluce y colocó los reflectores en su hijo, Ernesto Herrera, uno de los principales herederos de la fortuna de su padre, a quien desde entonces se le vinculó con el Chaky, el gatillero de Vicente Carrillo, quien regresó a ese territorio.

De la misma manera en que la PGR investigaba a grupos empresariales presuntamente vinculados con este cártel, se investigó sin mayores consecuencias a todas las estructuras policiacas de esa región, entre ellas a varios comandantes. Uno de ellos fue Arturo Gorena, entonces miembro del Grupo Operativo de Reacción Inmediata (GORI), por estar relacionados con la protección del Chaky.

Gorena fue dado de baja de la PGR porque no pasó un examen antidoping. Salió positivo en cocaína. Lo extraño fue que, pese a sus malos antecedentes, a finales de la década de 1990 el exagente fue rescatado por los dueños de Chilchota y rápidamente fue habilitado como jefe policiaco en el municipio de Gómez Palacio.

Otro exagente que formaba parte de la estructura de protección de González Hernández era Ricardo Ríos Olguín, conocido como el Nazas, excomandante de la Policía Judicial de Durango, y a quien, tras ser habilitado como policía ministerial, se le encomendó la misión de cuidar la residencia habitada por el Chaky, en el fraccionamiento Campestre, cuya propiedad se le atribuye a Vicente Carrillo Fuentes.

Ríos Olguín —según su expediente criminal— fue relacionado con la distribución de drogas en varios municipios de Durango, entre otros Lerdo, Nazas, Francisco I. Madero, San Luis del Cordero y San Pedro del Gallo. Y según las investigaciones, uno de sus cómplices en este negocio era José Antonio Pérez Alvarado —agente de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en Gómez Palacio—, quien también tenía a su cargo la tarea de cuidar al gatillero de Carrillo Fuentes.

Los vínculos que tejió Hernández González para construir su red de protección llegaron hasta el Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN) —dependiente del Ejército—. A partir del año 2000 en adelante se confirmó que elementos de esta área de investigación filtraban información a los narcotraficantes sobre operativos, direcciones, lugares, teléfonos y acciones conjuntas entre militares y PGR, y que uno de los receptores de esos informes era Ismael Zambada García, el Mayo, y que el enlace era el Chaky.

La red de militares al servicio de este grupo criminal la conformaban, según las investigaciones de entonces, seis personas: Marcelino Alejo Arroyo López, policía judicial militar; Venancio Bustos Espinosa, Pedro González Franco, Germán Pérez Quiroz, Rubén Escalante Camarillo, Alejandro Camacho Mejía y Francisco Tornez Castro.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo fue infiltrado por el Cártel de Juárez, cuyos miembros después se pasaron al Cártel de Sinaloa. Su enlace directo era Hernández González, quien nació en 1963 en el estado de Guerrero. La historia de siempre —ser policía y después criminal— se resume también en la vida del Chaky, quien ingresó a la PGR como agente judicial y en 1996 pasó a ser lugarteniente y sicario de Amado Carrillo, su primer jefe en el mundo criminal.

Ya en el Cártel de Juárez su función fue asesinar a los enemigos de la organización. Se le atribuyen decenas de crímenes, entre otros, el de dos testigos protegidos que la PGR utilizó para incriminar a los hermanos Carrillo Fuentes: Tomás Colsa McGregor y Jaime Olvera Olvera.

Bajo el mando de Vicente Carrillo, el Chaky fue uno de los principales defensores de la plaza de Ciudad Juárez cuando el Cártel de Tijuana pretendió penetrar el territorio a través de Rafael Muñoz Talavera, asesinado a la postre en esa zona fronteriza.

Hernández se convirtió en uno de los hombres más buscados por la PGR —extrañamente siempre evadía los operativos policiacos—. Su retrato hablado apareció en carteles que la propia dependencia circuló donde aparecía al lado de Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, e Ismael Zambada García, el Mayo.

Gatillero despiadado, al Chaky también le atribuyeron, en 1997, el asesinato de los cuatro médicos que participaron en la cirugía plástica y liposucción durante la cual, según la versión gubernamental, falleció Amado Carrillo Fuentes.

Su expediente policiaco tiene detalles interesantes: se asegura que en 1987 formaba parte del grupo antinarcóticos conocido como Palma, conformado por la Policía Judicial Federal. En ese tiempo, se asegura, trabajó y creció a la sombra de Guillermo González Calderoni, quien fue asesinado el 5 de febrero de 2003 en McAllen, Texas.

Arturo Tarín Chávez, quien fue testigo protegido del FBI en el juicio contra los generales Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quiroz Hermosillo, resultó ser cuñado del Chaky. Tarín dijo que trabajó para Amado Carrillo con la clave Alfredo y que asesinó a unas 200 personas. Según la PGR, el Chaky mataba a sus enemigos con un estilo que no variaba: primero los asfixiaba y los degollaba; después les cortaba la lengua y los amarraba con alambre de púas. Por último, los enterraba y les ponía una plancha de cemento encima. Así nadie los encontraría.

Esta modalidad de asesinato fue efectiva para el Cártel de Juárez, con el Chaky como sicario principal, en contra del Cártel del Golfo y de Los Zetas, grupos criminales que entraron a la Comarca Lagunera con el fin de conquistar el territorio. No pudieron hacerlo mientras el sicario de los Carrillo Fuentes estuvo en la plaza.

Para ejecutar la primera detención del Chaky, las autoridades federales y militares tuvieron que dispersar a sus principales “soplones” y tomar otras previsiones. En abril de 2003, la PGR y el Ejército implementaron, por enésima vez, otro operativo con el fin de capturar al temido sicario. El operativo fue tan sorpresivo que ninguna autoridad se enteró con anticipación.

Y es que en vísperas de la captura, funcionarios de la PGR llegaron en un avión oficial a Saltillo, Coahuila, e invitaron a varias autoridades a realizar un recorrido, entre otros, al entonces procurador Óscar Calderón Sánchez. También fue invitado el procurador de Durango, Luis Felis Porras. Días antes, el entonces subprocurador Jorge Campos Murillo había enviado de vacaciones a José Antonio Pérez Alvarado, jefe operativo de la desaparecida AFI en Gómez Palacio, Durango, señalado como informante del Chaky.

Paralelamente, un comando militar apoyado por agentes federales entró en el Fraccionamiento Campestre de Gómez Palacio y se dirigió a la residencia ubicada en la calle Roma, sin número, entre Berlín y París, donde estaba escondido Arturo Hernández González.

La residencia era cuidada por Ricardo Ríos Olguín, el Nazas, comandante de la Policía Ministerial de Gómez Palacio; se sabe —siempre se supo— que la casa era visitada con frecuencia por Vicente Carrillo y que tiempo atrás perteneció a Alberto Leal Rosales, identificado como compadre de Guillermo González Calderoni. Leal fue asesinado. Su cuerpo apareció en la carretera Torreón-Mieleras. Estaba envuelto en una sábana.

El día que detuvieron al Chaky, el Ejército realizó varios operativos, sobre todo para “reventar” los centros de distribución de droga operados por el Cártel de Juárez. Y junto con el sicario fueron aprehendidas doce personas en total, entre otras Ana Yáñez Hernández, su presunta novia, policías y cómplices.

Después de algunos años de prisión, el más temible gatillero del narco está de vuelta: salió libre y volvió a afincarse en la Comarca Lagunera, donde sigue sembrando violencia y muerte en ese territorio norteño.

EL GRANDE

Durante el gobierno de Humberto Moreira Valdés en Coahuila se otorgaron todas las facilidades para que el narcotráfico se expandiera por completo en el estado y más allá de sus fronteras. Como ya se dijo, el Cártel de Juárez tuvo amplias ventajas, y después pasó lo mismo con el Cártel de Sinaloa, cuya expansión fue verdaderamente extensa. En solo doce años de panismo —bastaron los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón— el grupo criminal encabezado hasta 2016 por Joaquín el Chapo Guzmán Loera logró colocarse en cincuenta países del orbe, algo no visto en otra etapa del narcotráfico mexicano.

En Coahuila, un caso emblemático fue el de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, quien como consecuencia del arropamiento político que tuvo por parte de grupos priistas y panistas logró cimentar un emporio criminal que le permitió dominar el tráfico de drogas en gran escala, así como otras actividades delictivas: secuestros, extorsiones y lavado de dinero.

Durante muchos años, y gracias en buena medida a la protección que le otorgaron desde el poder político central, para la PGR fue complicado detener a Villarreal Barragán. El propio capo se jactaba de tener compradas a todas las autoridades del estado. También tenía nexos con la Policía Federal y hasta con los militares. Así era el poder del Grande.

Muy poco tiempo —menos de dos años— necesitó Villarreal Barragán para dejar atrás su pasado de gatillero. Con el respaldo policiaco y político, emergió como la cabeza visible de lo que se llamó el Cártel de La Laguna, que no era otra cosa que una bien estructurada ramificación que dependía, entre otros grupos criminales, de la célula que por años encabezaron los hermanos Beltrán Leyva, quienes estaban asociados con el Cártel de Sinaloa.

Durante muchos años el Grande fue un hombre tan poderoso como temido: controlaba el amplio mercado de la cocaína y llegó a convertirse en el principal distribuidor de esa sustancia. No solo eso: a base de crímenes y decenas de desapariciones que encargó a sus sicarios en Coahuila, pudo imponer su ley. Era la ley del gatillo: la ley de la muerte.

A partir de los estudios que la PGR y la DEA realizaron sobre el desarrollo del crimen organizado en tiempos de Moreira Valdés, se sabe que el cártel encabezado por Villarreal Barragán estaba integrado por alrededor de treinta hombres. Ese primer círculo lo conformaban lugartenientes, sicarios, distribuidores de droga, cobradores y contadores. Este era un grupo criminal en expansión y, de acuerdo con las autoridades, pudo llegar a ser tan grande y poderoso como el que en otro tiempo encabezaron Rafael Aguilar Guajardo o el propio Amado Carrillo Fuentes.

Aunque hacia 2007 Villarreal llevaba poco tiempo implicado en el narcotráfico —entonces tenía cerca de 40 años de edad—, ya contaba con una larga historia criminal. Sus antecedentes en el mundo del hampa sostienen que durante una etapa formó parte del Cártel del Golfo —también con amplias ramificaciones en Nuevo León y Coahuila—; de igual forma militó en el grupo de Los Zetas y estuvo subordinado a Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca, fundador de ese grupo armado que primero operó como escudo protector de Osiel Cárdenas y después se convirtió en cártel.

La historia del Grande también establece que en 2003 —dos años antes de que Humberto Moreira fuera gobernador— Villarreal Barragán llegó a Torreón, Coahuila —su terruño— para sustituir nada menos que a Arturo González Hernández, el Chaky, quien había sido detenido por el Ejército. Desempeñaría el mismo papel: operar como gatillero.

Pero el Grande no estaba solo. Siempre encontró aliados, y uno de ellos, se asegura, era un personaje conocido en La Laguna como Claro Burciaga, un criminal que había cobrado fama como secuestrador y asaltabancos, según dan cuenta sus propios antecedentes delictivos. En ese tiempo Burciaga estaba recién salido de prisión. La PGR después lo relacionó como gatillero de Villarreal.

Como relevo del Chaky, Villarreal Barragán parecía que seguía sus pasos: en Lerdo, Durango, habitó una residencia —curiosamente muy cerca de donde vivió el gatillero del Cártel de Juárez—, y al más puro estilo de los sicarios de inmediato se hizo de la protección de la policía local, presta siempre a otorgar el servicio. Eran los tiempos de la alcaldesa panista Rosario Castro Lozano, hermana de Juan de Dios Castro, exasesor jurídico de Vicente Fox en la presidencia de la República y exsubprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR.

Se afirma que Sergio Villarreal estuvo a punto de ser detenido por un grupo de militares en el interior de su casa. El general Eduardo Miranda, entonces jefe de sección en la base militar conocida como La Joya, montó un operativo y, dispuestos a ejecutar la captura, se trasladó con sus hombres a la casa de Lerdo. Curiosamente, en el momento en que se disponían a entrar apareció de súbito la alcaldesa Rosario Castro. La acompañaban Raúl Villegas Morales, director de Seguridad Pública, e Isaías Castillo Luna, un policía que era bastante conocido porque había tenido como encargo brindar protección al Chaky.

La entonces alcaldesa de Lerdo impidió la captura de Villarreal Barragán al exigirle al general Miranda la orden de cateo y el permiso para entrar en su municipio. Extrañamente, el militar no tuvo más remedio que liberar a las personas que ya habían sido detenidas y retirarse del lugar.

Este es solo un ejemplo de cómo se protegía al capo lagunero; así, fue estructurando su organización hasta convertirla en una de las más poderosas de esa región del norte del país. Para reforzar la estructura de su sicariato, el Grande se dio a la tarea de reclutar policías en activo: uno de ellos fue Arturo Gorena Hermosillo, quien por aquel tiempo fungía como jefe del Grupo Operativo de Reacción Inmediata (GORI) de Gómez Palacio, Durango. La corporación había sido creada por el empresario Carlos Herrera cuando fue presidente municipal de esa demarcación.

De acuerdo con indagatorias de la PGR, Gorena era protector y al mismo tiempo le llevaba la contabilidad a Villarreal Barragán. El contubernio no duró mucho. Terminaron peleados y fue despedido por el capo. Otro agente entró al relevo: José Luis Rodríguez, un expolicía ministerial a quien llamaban el Tenientillo.

Tras su incorporación a la estructura criminal encabezada por el Grande, lo que siguió fue la conformación de una amplia red de matones. En el expediente 4/2007-lll, integrado por la SIEDO, aparece la lista de gatilleros y operadores que estaban al servicio de Sergio Villarreal. Esta incluye el nombre y el tipo de arma que utilizaban para asesinar a sus rivales.

José Luis Rodríguez, el Tenientillo, era el responsable del cobro y entrega de la cocaína, así como del pago por protección a las autoridades federales, estatales y municipales. Su brazo derecho era David Rodríguez, conocido como el Teniente.

Claro Burciaga, jefe de sicarios; Adolfo Villarreal Barragán, brazo auxiliar del Grande; Jorge Zamora, el Pollo, jefe de los halcones, grupo de narcoespías encargados de avisar cuando rondaban por la región vehículos oficiales, de la PGR o militares; José Luis Perea, el Pirrus, encargado en ese tiempo de acondicionar y tener disponibles las casas de seguridad del grupo criminal para cuando se necesitaran para interrogatorios, torturas o ejecuciones en privado. José Guillén tenía la misión de pagar las cuotas y corromper a los policías que no estuvieran alineados. José Burciaga —hijo de Claro— fungía como una suerte de brazo derecho en el equipo de sicarios junto con su hermano Inés. César Jiménez Meza, el Cesarín, tenía la tarea de entregar las cuotas a los agentes ministeriales y pagar sumas mensuales a comandantes y subprocuradores de La Laguna. Este personaje, según se sabe, opera en esa región desde que el Chaky era el jefe de la plaza.

La estructura criminal que conformó Villarreal Barragán no fue desmantelada en su totalidad. Ahora que el Chaky regresó por sus fueros a La Laguna, muchos de estos personajes se reacomodaron en su nueva organización criminal, en la que hay más nombres. La lista de la PGR menciona a varios gatilleros, solo que únicamente incluye sus alias.

Ahí aparece, por ejemplo, un matón conocido como el Pegasso JL. Le siguen Pegasso D, el Corro, Mario, Chino, Negro, Beto, Chilango, Félix, Sobrino, Claro S, Inés, Pollo, Guillén y Culichi. Todos estos hombres —según las indagaciones oficiales— cometieron centenas de crímenes; de igual forma desaparecieron a cientos de personas y muchos de ellos siguen libres: están al servicio de otros cárteles o bien operando por su cuenta tanto secuestros como desapariciones forzadas.

Protegido por grupos del PRI y del PAN, el Grande vivió tan cómodo en la Comarca Lagunera que ni siquiera guardaba las formas. Se le solía ver con frecuencia en bares del municipio de Gómez Palacio como El Flamingos o La Masacuata. Quienes lo conocieron de cerca afirman que en este último antro pudo saltar a la fama. Todo ocurrió un día que llegó a echarse un trago. Iba acompañado de sus amigos y, al calor de las copas, empezó a narrar su historia en el narcotráfico, sus pasos en el Cártel del Golfo y un rosario de andanzas que llamaron la atención de sus acompañantes.

Las historias pronto llegaron a los oídos del grupo de la banda San Jacinto, que decidió componer dos corridos. Los titularon El Grande y El exterminador de los Zetas. En esas composiciones se narran sus hazañas, su vida de policía, de narco y de matón. En la época en la que no estaban prohibidos, esos corridos se escuchaban en todas las cantinas, bares y burdeles de La Laguna.

De la misma manera en que se volvió un secreto a voces la protección que presuntamente ofrecía el gobierno de Humberto Moreira al cártel del Grande, también alcanzó niveles de escándalo la vinculación de políticos panistas —muchos de ellos relacionados con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa— con el narcotraficante.

La protección del régimen de Felipe Calderón hacia el Grande comenzó como un rumor en el año 2006. En ese tiempo Calderón había ganado la presidencia en medio de fuertes escándalos porque, según las denuncias de entonces ante los órganos electorales, “el PAN se había robado la presidencia de la República”. Ahí quedaba, una vez más sumido en la derrota, Andrés Manuel López Obrador, quien ya hacía historia como eterno opositor del PRI, contrapeso tan necesario que, si no existiera, lo tendrían que inventar.

En la Comarca Lagunera los reflectores se centraron en la persona de Guillermo Anaya Llamas, exsenador de la República y excandidato del PAN al gobierno de Coahuila. Anaya celebró el bautizo de su hija Elsa María Anaya Aguirre. El padrino fue Felipe Calderón.

Aquel evento se efectuó el 23 de septiembre de 2006 en la iglesia de La Encarnación, en la Colonia Campestre La Rosita de Torreón, Coahuila. Lo que molestó a Calderón Hinojosa fue que se hiciera público que a la fiesta había acudido Sergio Villarreal Barragán. La presidencia de la República, tiempo después, lo negó. También se molestó Anaya Llamas, quien tenía nexos familiares con el Grande: Elsa María Anaya Llamas, su hermana, estuvo casada con Adolfo Villarreal Barragán, hermano del capo.

Anaya Llamas negó que el Grande hubiera asistido a la fiesta del bautizo, ya que el Estado Mayor —argumentó— había revisado la lista de invitados en la que, según él, no estuvo presente el entonces jefe del Cártel de La Laguna. Y añadió que no había razones para que estuviera porque desde el año 2005 su hermana se había divorciado de Adolfo.

Como periodista, retomé el tema del Grande y su presencia en el bautizo de la hija de Anaya, y fue entonces cuando Sergio Villarreal cayó preso en un fraccionamiento de la ciudad de Puebla. Fue llevado a la PGR —se volvió testigo protegido porque la Procuraduría lo necesitaba para apuntalar la investigación conocida como Operación Limpieza, enderezada contra narcos, policías federales y exfuncionarios de esa institución— y ahí el propio narcotraficante declaró que sí había estado en la fiesta y que sí había saludado al presidente electo.

Las críticas y cuestionamientos en contra de la PGR se desataron porque, de un plumazo, había decidido no tocar los bienes de Villarreal; le daban un trato preferente —hasta sueldo tenía como testigo protegido— y a cambio de esos privilegios el Grande debía incriminar a todo funcionario o persona que le indicaran.

Como consecuencia del reportaje publicado en el número 1777 del semanario Proceso —el título de la portada rezaba: “El Grande hasta con Calderón convivió”—, la presidencia de la República y la PGR enderezaron una campaña de calumnias en contra mía y del semanario. Tomaron como ariete a Televisa, la televisora del gobierno, y a Joaquín López Dóriga, entonces conductor estelar de “El Noticiero”, el más servil de los comunicadores.

Basados en supuestas declaraciones de Villarreal contenidas en un video, Televisa nos acusó a mí y a la revista de recibir dinero —50 000 dólares dijeron— para no publicar nada sobre la vida del capo. Aquello era un golpe bajo, lo más sucio que Televisa y López Dóriga podían hacer para intentar desprestigiar al periodista y al medio.

Cuando López Dóriga anunció la noticia, en un adelanto del contenido de su noticiero, en Proceso se encendieron las alarmas ante la evidente calumnia. “Es un golpe bajo que nos pega pero no nos tumba”, me dijo Julio Scherer cuando arribó a las instalaciones del semanario. Rafael Rodríguez Castañeda, el director, me dijo en corto: “No se vale, tú te la has jugado con la revista”.

Yo estaba sorprendido y muy encabronado. Quería tener a López Dóriga enfrente y partirle la madre. “Pinche vendido de mierda, que chingue a su madre”, grité. Luego, ya sereno, pensé: “Ese tipejo no se levantará nunca del estercolero en que se revuelca. Se tragará su propio vómito”.

Cuando vimos la nota, reunidos en la oficina del director de la revista, de tan burda se caía por su propio peso. Era un montaje: el Grande confundió las fechas y declaró sobre ediciones de Proceso que ni siquiera se habían publicado. Era claro que le pidieron armar la calumnia y soltar un golpe. Jamás en mi vida había visto personalmente a Villarreal, tampoco tuve comunicación alguna con él ni con su gente ni a través de terceros. Siempre fue un personaje que seguí periodísticamente, y de ello dan cuenta las decenas de reportajes publicados en Proceso. Para Televisa era un garbanzo de a libra aquel embrollo de mentiras y, sin reparar en nada, cumplió con la orden presidencial; la obediencia sin límites con el poder que paga.

Con el fin de agrandar su imperio, Sergio Villarreal Barragán se alió con Armando Reséndiz, quien en 2007 fungía como subprocurador en el estado de Durango. Su enlace fue el empresario Carlos Herrera. A través del funcionario duranguense, a quien Villarreal llamaba el Bigotitos, no solo gozaba de impunidad sino que dispuso de un nutrido grupo de agentes estatales que le brindaban seguridad.

Gracias a los buenos oficios de Reséndiz y de Herrera Araluce, también tuvo a su servicio a la policía de Torreón, Coahuila, así como a la de Gómez Palacio, Durango. Era el amo poderoso en toda la Comarca Lagunera.

La organización de Villarreal Barragán no siempre vivió sin perturbaciones. Luego de tres años de operar sin ser molestados, sufrió un fuerte golpe. Reséndiz fue arraigado por la PGR bajo el cargo de narcotráfico tras acreditarse que operaba para el Grande y que le suministraba información sobre las investigaciones integradas en contra de los miembros de su grupo.

Las autoridades emitieron un comunicado en el que se establecía la conexión de Reséndiz, Carlos Herrera y Sergio Villarreal con el crimen de Jaime Meraz, un activista del PRD en La Laguna. La pistola que las autoridades le decomisaron a Reséndiz fue la misma que se utilizó para asesinar a Meraz.

El nexo de Sergio Villarreal con Hugo Reséndiz y Carlos Herrera salió a flote precisamente por la muerte de Meraz, su esposa, su hijo y su chofer, ocurrida el 14 de enero de 2007, ejecutados, según las investigaciones ministeriales, por órdenes de Sergio Villarreal. Meraz impulsaba la candidatura de Francisco Pancho León, empresario del mármol, quien después del crimen de Meraz entró en crisis en virtud de que conocía el entorno de ese multihomicidio. Y cuando fue citado por las autoridades para que diera su versión de los hechos, extrañamente desapareció en el tramo de la carretera Saltillo-Cerro del Coyote, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Nunca se volvió a saber de él.

La captura del Grande en la ciudad de Puebla, y su posterior extradición a Estados Unidos, fue el principio del fin de la hegemonía de los cárteles de Juárez y Sinaloa en la Comarca Lagunera. Con Humberto Moreira en el poder se desataría una oleada de ejecuciones y secuestros en esa región y Los Zetas arremeterían, a sangre y fuego, para penetrar en la plaza.

EMPRESARIOS EN EL NARCO

En mayo de 2007, Humberto Moreira no podía poner freno al narcotráfico ni a la violencia en Coahuila. La Comarca Lagunera era una de las zonas más violentas, donde Sergio Villarreal Barragán hacía de las suyas: corrompía a policías, se aliaba con empresarios presuntamente vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero y ganaba cada vez más terreno en el control de la plaza. De esta manera, el Cártel de Sinaloa desplazaba a Los Zetas y al Cártel del Golfo, organizaciones criminales que después regresarían por sus fueros.

Uno de los más fuertes escándalos que se suscitaron en La Laguna fue el secuestro, primero, y muerte, después, del jefe antisecuestros de esa región, Enrique Ruiz Arévalo. El policía fue “levantado” el 14 de mayo de 2007 por un comando y luego sometido a un interrogatorio filmado que días después de ser grabado se difundió en diversos medios de comunicación y en el sitio YouTube. Un día antes, un grupo armado había intentado ejecutar al empresario Carlos Herrera. No pudieron. Solo le rociaron la camioneta de balas, le volaron tres dedos de una mano e hirieron a su esposa. Era el ingreso de Los Zetas a La Laguna. Llegaban a recuperar la plaza y a quedarse con el negocio del narcotráfico, la industria del secuestro y el lavado de dinero.

Ruiz Arévalo aparecía en el video con los ojos vendados. Tenía huellas de golpes en el rostro. Se le veía atado de manos y sentado en una silla con el cuello un poco doblado, consecuencia del agotamiento, el sueño y la tensión de estar ante un grupo de criminales respondiendo preguntas sobre el narcotráfico en La Laguna.

El video no dura mucho: dieciséis minutos. Un hombre que parece un sicario y de quien solo se escucha la voz realiza el interrogatorio; firme la voz, exigente en la pregunta que como una espada se clava en la persona de Ruiz Arévalo en busca de datos y nombres. Aquel hombre quiere saber y el policía torturado le cuenta que el empresario Carlos Herrera (en ese tiempo uno de los más poderosos de la región) es el responsable de múltiples ejecuciones en los últimos años. De Herrera también dice (era el año 2007) que llevaba veinte años controlando todo el narcomenudeo y el narcotráfico en Gómez Palacio.

El testimonio de Ruiz Arévalo, quien fungió en La Laguna como director general para la Investigación del Secuestro y Crimen Organizado de la Procuraduría de Justicia de Coahuila, fue el primero que acusó directamente a Carlos Herrera como capo del narco, aunque durante años fue objeto de diversas versiones en ese sentido.

Formado en la Dirección Federal de Seguridad, Ruiz Arévalo había llegado a La Laguna en 1996 para hacerse cargo del grupo antisecuestros en Coahuila. Según las estadísticas, en un año logró acabar con el problema, uno de los más graves en esa región. Ello le valió el reconocimiento de muchos empresarios y, por supuesto, la continuación en el cargo.

Dada su eficacia —y su honestidad—, después se le encargaron algunas acciones contra el narcotráfico, sobre todo la detención de los vendedores de drogas y la desarticulación de todas las redes que generaban violencia y no menos inestabilidad.

La alarma entre los empresarios se disparó. Después del secuestro de Ruiz Arévalo, el video con el interrogatorio fue exhibido en el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Paralelamente fue subido a las redes sociales: se transmitió en YouTube y eso conmocionó a buena parte de la clase empresarial y política de la zona. Muchos huyeron ese mismo día; otros reforzaron su seguridad y otros más desaparecieron de la escena. Se refugiaron en Estados Unidos, a salvo la integridad física.

El interrogatorio a Ruiz Arévalo —aterrador de principio a fin— empieza con un planteamiento por parte de quien hace las preguntas:

—Tiene diez años en Torreón como director del grupo especial. Platíquenos primero de Carlos Herrera; él era alcalde de Gómez Palacio hace nueve años. [Cabe recordar que un día antes del secuestro de Ruiz Arévalo, Herrera había sufrido un atentado].

Ruiz Arévalo:

—Tiene 20 años controlando todo el narcomenudeo, el narcotráfico dentro de Gómez Palacio, dándole beneplácito para que se instalen estas personas ahí en Gómez Palacio y él utiliza toda la fuerza para su beneficio, para [el] control de la colonia, para traer a sus escoltas con armas y hacer todos los desmadres necesarios en Gómez. Aparte debe muchas vidas, por ejemplo, el Toto [Sóstenes] Luna, el Churro [Jesús Reyes Espino], Ramón Sánchez Cano.

—¿Entonces es una venta de plaza? ¿Vendió la plaza el señor? ¿A quién le vendió la plaza? —lo cuestionaron aquel mayo de 2007, cuando Sergio Villarreal era amo y señor del negocio en esa región, lo que explica la alianza con el extinto Herrera Araluce.

Respondió Ruiz Arévalo:

—A Sergio Villarreal le permitió instalarse. Sergio Villarreal hace todas sus travesuras en Gómez: vende, ejecuta personas y vive en Torreón. ¿Por qué vive en Torreón? Porque dice que “donde zurro no como”. Es un dicho muy común. Entonces cuida mucho ese aspecto Sergio Villarreal. Le daba a mis elementos cantidades de dinero, dependiendo de la protección que le brindaran.

—¿Cuánto les daba? —le preguntan. La voz se escucha firme, punzante, directa, sin margen para el rodeo:

—Mandaba 10 000 a cada elemento. A mí me daba 25 cada mes.

—¿En qué utilizaba ese dinero?

—En diferentes gastos: para pagarles a los puchadores, para tener bien arregladas las instalaciones de la dirección general. Y para viajes.

En el video se interroga a Ruiz Arévalo sobre el caso de unos pilotos que desaparecieron en julio de 2005 —Rogelio Puig y Gerardo Rivera— luego de haber estado hospedados en un hotel. “Esos pilotos —dijo Ruiz Arévalo— hicieron un traslado de droga para Sergio Villarreal y para Carlos Herrera y los encontraron en la Cuesta de la Fortuna. Ahí siempre encuentran muertos, es el lugar preferido de la mafia”.

Otra versión sobre la muerte de los pilotos indicó que fueron asesinados por Villarreal Barragán.

Luego le preguntan por un personaje: Beto Leal. Enrique Ruiz responde: “También él estaba muy metido en la droga y debía aparentemente grandes cantidades de dinero. Y lo ejecutaron a través de Carlos Herrera”.

—¿Cómo vive el pueblo de Gómez Palacio, la clase política, los trabajadores?

—Él usa las campañas políticas para el control y beneficio suyo y de su familia. Él paga las campañas políticas de muchas personas para que le brinden tranquilidad y seguridad a él y a toda su familia, y que se hagan de la vista gorda cuando hay ejecuciones.

Luego, la voz del plagiario cuestiona a Ruiz Arévalo sobre las fiestas que organizaba Carlos Herrera en la calle Tabasco de la Colonia Las Rosas, donde vivía. El agente antisecuestros —a quien le quedaba poco tiempo de vida porque después lo asesinarían— dijo en su respuesta que asistió a varias fiestas invitado por Herrera; aseguró que acudía para enterarse de quién iba.

—¿Y quién llegaba a esas fiestas? —lo cuestionan.

Y él responde:

—Sergio Villarreal, Beltrán Leyva, el Chapo…

—¿Y hasta qué hora estaban ahí? ¿Cuánto duraban esas fiestas?

—Al menos cuatro horas, a veces duraban hasta la madrugada y daban pozole…

—¿Eran constantes las fiestas?

—Cada tres meses. Ahí también llegué a ver a su hija.

Y después de una pregunta, Ruiz Arévalo confirmó un dato: que Herrera Araluce mantuvo estrecha relación con Arturo González Hernández, el Chaky, quien fue lugarteniente de Ismael Zambada García, el Mayo: “Le dio el beneplácito para que se instalara en Gómez Palacio”. Y también confirmó que tras la captura de González, en 2003, Sergio Villarreal se hizo cargo de la plaza. Reveló, asimismo, que las autoridades de seguridad pública municipal de Gómez Palacio son las encargadas de la protección a las tiendas de narcomenudeo; ahí hay más de mil tienditas.

El cierre del interrogatorio se hace con una pregunta obligada:

—Platícanos más del apoyo de Herrera a campañas políticas. ¿De dónde sale el dinero?

—Él dice que de los quesos

—¿Y tú qué sabes?

—No, viene del lavado de dinero, del movimiento de droga y de dar el beneplácito para que se instalen los cárteles; cuando llega la esposa del Chapo Guzmán aquí a Torreón la acompaña la escolta de Carlos Herrera a las diferentes tiendas y galerías; él la protege.

—¿Quién la protege?

La escolta de Carlos Herrera.

COAHUILA: EL IMPERIO DE LOS ZETAS

Desde Tamaulipas —su lugar de asiento— Los Zetas emprendieron la conquista de nuevos territorios tras su ruptura con el Cártel del Golfo. Lo hicieron distribuyendo decenas de sicarios por todas partes, y muy pronto ocuparon las plazas del noreste del país. De esa manera, se afincaron en algunos municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey que tiempo atrás les había arrebatado el Cártel del Golfo, antes sus aliados y ahora sus acérrimos rivales. También ocuparon el estado de San Luis Potosí. A bordo de camionetas, decenas de hombres armados se desplazaban por brechas y caminos vecinales para que no los detectaran. Y así, sigilosamente, arribaron al estado de Coahuila y lo convirtieron en su nuevo feudo. Ya era gobernador Humberto Moreira y Los Zetas comenzaron a limpiar el estado. Matanzas y desapariciones se suscitaban todos los días, hasta que el territorio quedó desocupado para sus nuevos habitantes.

Otros estados sufrieron fuertes sacudidas. En Nuevo León, por ejemplo, las autoridades estatales y policiacas fueron informadas de que los miembros de este violento cártel ya estaban dentro de los municipios de Santa Catarina, y que otras células también habían ocupado la ciudad de Monterrey. De igual forma avanzaban hacia Cadereyta —donde se encuentra una de las refinerías de petróleo más grandes del país—; todo este vía crucis de Zetas ocurría después de que el grupo criminal se había dividido.

Y es que la ruptura entre Heriberto Lazcano Lazcano y Omar Treviño Morales, el Zeta 42, era definitiva. De esa forma, el cártel se dividió en dos frentes. Uno estaba encabezado por Lazcano; el otro por Miguel Ángel Treviño Morales. El primero se afincó en Coahuila; el segundo en Nuevo León, vecinos cercanos divididos por la rivalidad. Algunos jefes se mantuvieron en Tamaulipas. Fue el caso de Ramiro Rojas, el Rama, quien además controlaba el estado de Zacatecas con otros elementos.

La fractura al interior de Los Zetas fue pública a raíz de que en algunos puentes peatonales de Nuevo Laredo aparecieron varias narcomantas signadas por un grupo que se autodenominó “Z renegados”. Manifestaban su descontento contra Miguel Ángel Treviño Morales debido a que las fuerzas federales meses atrás habían detenido a varios miembros de ese cártel y nada se había podido hacer. Era evidente que la pérdida de elementos les preocupaba.

Esta sacudida era la segunda que cimbraba al cártel de Los Zetas. La primera arremetida la había encabezado un hombre apodado el Talibán. Su nombre: Iván Velázquez Caballero. También le llaman el Z-50. Este temible sicario había acusado a Treviño Morales de manejar el dinero de la organización para beneficiar a sus familiares a través de su hermano José Treviño, quien ahora está preso en Estados Unidos acusado de lavado de dinero mediante la compra de caballos de carrera, un negocio que Los Zetas utilizaron para obtener ganancias multimillonarias y lavar activos. En este embrollo fue implicado el empresario mexicano Francisco Colorado Cessa, a quien acusaron de lavar dinero del narcotráfico mediante ese esquema. Colorado y su empresa, ADT Petroservicios, SA de CV, son contratistas de Pemex.

La limpieza de los territorios cobró varias víctimas: en Nuevo León, durante el gobierno de Rodrigo Medina —también acusado de malversación de fondos y de servir a los intereses del narcotráfico— se contabilizaron hasta noventa levantones por mes. La misma cifra se estimaba en Coahuila, el llamado territorio Zeta.

En Coahuila, las ciudades más sacudidas por la violencia fueron Acuña y Piedras Negras. Sin embargo, tanto Humberto Moreira como su hermano Rubén siempre dijeron que sus gobiernos estaban venciendo al crimen organizado. En realidad ocurría todo lo contrario: Los Zetas se adentraban cada vez más en las entrañas del estado y se convirtieron en un gobierno paralelo, pues era innegable que el narco también controlaba territorios y retaba a cualquier autoridad.

Cuando transcurrían los primeros tres años del gobierno de Humberto Moreira, el estado de Coahuila ya estaba dominado por el terror, la violencia, las desapariciones y las matanzas, hechos que se suscitaban tanto de día como de noche.

Una de las regiones más golpeadas era la Comarca Lagunera. Todos los días ocurrían levantones, extorsiones, robos y secuestros. También aparecían personas ejecutadas, tapados con sábanas, cuerpos decapitados: el horror en su plenitud. Y todo esto sucedía a pesar de la presencia de las fuerzas federales, que terminaron siendo denunciadas ante los organismos defensores de derechos humanos por excesos en el uso de la fuerza.

Era evidente que en Coahuila el gobierno de Moreira no podía contener la violencia. Y no solo por carecer de instrumentos para ello —policías, presupuesto y estrategia—, sino porque la policía del estado estaba vinculada al cártel de Los Zetas y, en muchos casos, las estructuras oficiales operaban para esa organización criminal. En La Laguna, por ejemplo, se detectó que unos treinta y cinco mandos municipales fueron encarcelados en 2008. La razón: trabajaban para Los Zetas. Otros policías, que se resistieron a incorporarse al narco, fueron desaparecidos. Otros aparecieron ejecutados. La ley del narco no perdonaba: “Trabajas para mí o te muertes”. La corrupción del narcotráfico también alcanzó a las agencias del ministerio público y abrió las puertas del poder judicial.

En 2008 el estado de Coahuila tuvo poco más de una veintena de secuestros solo en la ciudad de Torreón. La iniciativa privada contabilizó 86 casos; muchos empresarios externaron su preocupación porque también se dispararon los robos a viviendas. La industria y el comercio también sufrió los embates del crimen.

La cifra negra, por supuesto, era mayor, pues muchos de esos plagios no se denunciaban. Y es que detrás de este delito estaba involucrada la policía. Por cada secuestro se cobraban, como mínimo, unos diez mil pesos. Había otros rescates por los que se pagaban millones. La gente tenía temor de presentar una denuncia porque más tardaban en hacerlo que las redes criminales en actuar para acallar la queja. Todo esto causó alarma entre los órganos empresariales. Las cámaras de comercio y las organizaciones de industriales mostraron una y otra vez su preocupación frente a este flagelo: la complicidad policiaca y la impotencia oficial.

Todo apuntaba a que esa ola de inseguridad no solo era operada desde las calles, sino también desde las cárceles del estado, en su mayoría controladas por Los Zetas. Fue esa la razón por la que la sociedad le exigió a Humberto Moreira tomar medidas para eliminar el uso de celulares y otros aparatos de comunicación en las prisiones, pues el hampa delinquía mediante la tecnología.

Pero cualquier medida tomada para frenar al crimen tenía una consecuencia peor. Como ya se dijo líneas arriba, el 15 de mayo de 2007 fue secuestrado Enrique Ruiz Arévalo, jefe del Grupo Especial Antisecuestros con sede en La Laguna. El policía desayunaba apaciblemente en un restaurante cuando un comando armado lo levantó. Ruiz Arévalo fue interrogado sobre el narcotráfico y los hombres que manejaban el negocio en La Laguna. Después, no se supo más de él. Lo asesinaron. Su puesto estuvo vacío un año aproximadamente. En aquel momento, el entonces procurador estatal Jesús Torres Charles, externó su opinión sobre este hecho:

El plagio de Ruiz Arévalo coincide con los hechos violentos que se empezaban a generar en La Laguna. Ruiz Arévalo fue levantado dos días después del ataque armado que sufrió el empresario Carlos Herrera Araluce; por esas mismas fechas fueron privadas de la libertad varias personas que tenían una relación con la delincuencia organizada.

Y más de una autoridad coincidió en que esta arremetida criminal tenía una causa: la llegada de Los Zetas al estado. Era claro. Todo ello formaba parte de un plan estratégico. Se trataba de tomar el control de la plaza. Después de un año en que permaneció vacío el puesto de Ruiz Arévalo, las autoridades designaron a Gerardo Valdez Segura como sustituto, pero tres semanas después de haber tomado el cargo, el funcionario fue sacado de su casa por un comando armado.

Las investigaciones oficiales sobre el caso de Ruiz Arévalo concluyeron que fueron Los Zetas quienes lo privaron de libertad y lo asesinaron. Respecto de Gerardo Valdez —exjefe estatal de Investigación Antisecuestro y Delincuencia Organizada—, se concluyó que la investigación de varios casos de secuestros provocó su muerte. Tres personas presuntamente implicadas en su plagio y muerte fueron detenidas. Las líneas de investigación de entonces apuntaron hacia grupos delictivos de Chihuahua.

En un arranque de desesperación —y evidente impotencia— Humberto Moreira propuso la pena de muerte para los secuestradores que asesinaran a sus víctimas. La medida derivó en fuertes críticas en contra del mandatario que, se dijo entonces, buscaba atraer los reflectores y hacerse publicidad frente al proceso electoral de 2009 que ya se avecinaba.

Años después de haber fundado el grupo armado Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano abandonó el estado de Tamaulipas y se afincó en Coahuila. Hacia el año 2006, el Cártel del Golfo, del que eran brazo armado, se alió con el de Sinaloa, encabezado entonces por Joaquín el Chapo Guzmán —rivales acérrimos durante décadas—, y esto derivó en que Los Zetas se inconformaran. Se sintieron traicionados. Fue esa la razón por la que convocaron a una reunión en Reynosa, Tamaulipas. Todos los jefes de las “estacas” —así se les denomina a las células de ese grupo criminal— se congregaron en un campo de beisbol y celebraron una asamblea. El tema central: seguir o no aliados con el Cártel del Golfo. Hubo discusiones, cual asamblea obrera, en las que se expusieron puntos de vista distintos.

Tanto la policía del estado como la municipal realizaban rondines alrededor del campo deportivo donde se efectuaba la asamblea de obreros del crimen organizado. Su líder, Heriberto Lazcano Lazcano, quien moriría tiempo después, según la versión oficial, escuchaba atento. Después de seis horas de alegatos la decisión fue irrevocable: nos vamos.

Sobre todo pesó el hecho de que los directivos del Cártel del Golfo se hubieran unido al de Sinaloa; todavía estaban abiertas las heridas de las batallas que libraron con el cártel de Guzmán Loera, quien durante largos años arremetió con todas las artes de la violencia en el estado de Tamaulipas con el objetivo de quedarse con la plaza, “la joya de la corona”, como la llaman.

Y entonces fue cuando Los Zetas decidieron convertirse en cártel. El proyecto se inició, y para 2012 el grupo criminal ya operaba en forma independiente el tráfico de drogas y también había incorporado a su abanico criminal unas 24 tipologías delictivas, entre otras el secuestro, las extorsiones, la venta de protección, el despojo de propiedades apoyados en los llamados narconotarios, así como el lavado de dinero y el tráfico humano.

Pronto, muy pronto, el cártel de Los Zetas empezó a parecerse más a los grupos terroristas. Llegaron a copiar, incluso, el esquema de guerrilla con el que operaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo guerrillero que se pasó al narcotráfico.

La extrema violencia que los caracteriza —ejecutan verdaderos baños de sangre, descuartizan, decapitan— los ha convertido en un cártel del narcoterrorismo, pues de esa forma buscaron más poder y control territorial, incluso fuera del país: a base de violencia y muerte se afianzaron en al menos 270 ciudades de Estados Unidos. Cuando esto ocurrió, en México dominaban en alrededor de 500 municipios.

Junto con la violencia extrema, Los Zetas hicieron del terrorismo un instrumento eficaz de violencia. Es una forma de tomar y ejercer el control en los territorios donde operan. De esa manera logran tener bajo su poder a las autoridades estatales, municipales y a las policías.

La estructura del cártel de Los Zetas es horizontal. Cuentan con un jefe y diversos subjefes que encabezan las células o “estacas”. Disponen de profesionales a su servicio, desde abogados, periodistas, empresarios, notarios, agentes aduanales y comandantes policiacos. En la parte territorial utilizan una amplia red de espías conformada por taxistas, hombres de la calle que se mueven como pordioseros, lustradores de calzado, entre otros, que son sus ojos y oídos. Esta otra estructura es conocida como Los halcones, pues también soplan información cuando observan operativos o la presencia de alguna corporación policiaca o militar.

Después de afincarse en Coahuila, Los Zetas comenzaron a controlarlo todo: la venta de droga; pusieron a la policía a su servicio; se introdujeron en las prisiones —mercados cautivos en más de un sentido—; explotaron hasta el límite la industria del secuestro —fuente de cuantiosos ingresos—, y eliminaron todo aquello que oliera a Sinaloa o a Cártel de Juárez.

Su poder de expansión en el gobierno de Humberto Moreira fue más allá, según establece un informe publicado en 2017 por la Universidad de Texas, que explica que el poderoso cártel controló los estados de Coahuila y Veracruz sin límites.

Los testimonios recabados para elaborar el estudio exponen que el grupo criminal solía corromper desde policías hasta gobernadores, con el fin de ampliar sus dominios y controlar su industria criminal. Se vincularon a empresarios de Pemex, y de igual forma controlaban las prisiones, pues servían de centros de operaciones.

El estudio denuncia, por ejemplo, que en Coahuila, precisamente durante el gobierno de Humberto Moreira, el cártel de Los Zetas alcanzó cuotas de impunidad tan altas que, en poco tiempo y con la presunta complicidad oficial, lograron erigirse como el único poder de facto.

Para darle cimiento y sostén al informe, los investigadores de la Universidad de Texas hablaron con veinticuatro testigos, muchos de los cuales militaron en el cártel de Los Zetas, que enfrentan tres juicios federales que se dirimen en las cortes de San Antonio, Austin y Del Río, en Texas. Los juicios se abrieron entre los años 2013 y 2016.

La información que se deriva de los juicios y de las declaraciones de los procesados establece, entre otras conclusiones, que el cártel de Los Zetas cometió múltiples abusos en materia de derechos humanos y que estos hechos siguen impunes; la otra conclusión fue contundente: altos funcionarios del estado de Coahuila e instituciones estatales son responsables de estos excesos de poder criminal por acción u omisión.

El informe destaca, entre otros asuntos, que la inacción oficial no tendría razón de ser sin los multimillonarios sobornos que Los Zetas entregaron a los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira Valdés, y que todos estos recursos se otorgaron a lo largo de una década con un objetivo: tener el control del estado para construir su empresa criminal.

El centro de estudios explica que el lavado de dinero de Los Zetas —una de sus veinticuatro actividades criminales— se concentraba principalmente en dos negocios clave: las carreras fraudulentas de caballos y una compañía de servicios petroleros. En este segundo punto, el informe de la Universidad de Texas se refiere a la empresa ADT Petroservicios, la cual servía —refiere José Carlos Hinojosa, exfiscal que luego fue contador de Los Zetas— para “construir carreteras, hacer proyectos de Pemex, perforar, limpiar y otras cosas que Pemex contratara”.

El informe de Texas sobre dicha firma —ADT Petroservicios— es importante por sus supuestas transacciones en el estado, particularmente con gobernadores. Y al respecto, Hinojosa añadió otros datos que robustecieron el informe: “Gracias al financiamiento intensivo de Los Zetas y a los contratos públicos que se le asignaron, ADT Petroservicios creció y se expandió hasta convertirse en una de las piezas clave para las operaciones de lavado de dinero del cártel”.

Los testigos implicados en los tres juicios que declararon en las cortes estadunidenses también se refirieron al control que ejercieron Los Zetas en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla. Afirmaron que dicho control siempre estuvo basado en la violencia y la corrupción.

En Coahuila, por ejemplo, el encargado de lavar el dinero de Los Zetas, según el informe de la Universidad de Texas, era Rodrigo Humberto Uribe, quien además era asesor en temas de inversiones. Según la declaración de este personaje, que se incluye en el informe, el control de las fuerzas de seguridad consistía en dos estrategias clave. La primera, explicó, era realizar los pagos directamente a las policías locales.

Con esto se evitaba, según el testigo, que las policías “interfirieran en sus operaciones o se involucraran activamente en las mismas”. La segunda, dijo, era más elaborada: consistía en que el jefe de la policía se tenía que reportar directamente con el jefe de la plaza (de Los Zetas), el líder designado por el cártel para una ciudad o zona, bajo amenaza de muerte.

Sobre este último punto, el informe abunda basándose en el testimonio de Marlon Campos Salmerón, policía municipal y traficante de drogas, que afirma: “Los Zetas mantuvieron el control sobre la policía, garantizando su cooperación a través de la intimidación y la fuerza. Si la policía se negaba a hacer ciertas cosas, amenazaban al agente y a su familia también”.

José Luis Rodríguez, uno de los narcotraficantes y responsable de la distribución de droga de Los Zetas de “alto nivel” —así se le califica en el informe— señala que estos tenían bajo su dominio el penal de Piedras Negras, Coahuila. Y detalla para qué se utilizaba esa cárcel: “El cártel usaba la prisión para sus operaciones, que iban desde el arreglo de automóviles para esconder drogas hasta la venta y distribución de estupefacientes. La cárcel también era utilizada como refugio de los criminales para esconderse de la Marina o de la Policía Federal”.

Y no solo eso: de acuerdo con el informe texano, en la cárcel de Piedras Negras los presos “podían salir y entrar cuando querían”. Y el informe remata contundente al respecto: “En esa cárcel no había encarcelamiento estricto”. El testigo, en otra de sus declaraciones reconoció que Los Zetas que ya estaban sentenciados y recluidos en el penal de Piedras Negras “tenían acceso a drogas, alcohol, armas, televisiones, celulares, refrigeradores y mujeres. También gozaban de libertad para hacer fiestas y contaban con cuartos propios”.

Los tentáculos de la corrupción del cártel de Los Zetas apuntaban también hacia lo más alto de las instituciones. El informe de la Universidad de Texas refiere que Los Zetas pagaban grandes sumas de dinero a altos funcionarios de la PGR y de la Procuraduría de Justicia del estado de Coahuila para que las acusaciones penales se desecharan y algunas denuncias no fueran investigadas por los agentes ministeriales.

Y como ejemplo de esa terrible corrupción institucional, el informe incluyó el caso de la novia de un sicario —testigo en otro juicio—, quien declaró que su pareja pagó 167 000 pesos para ser liberado de la prisión y eliminar los cargos que pesaban en su contra. Con este soborno, el expediente incriminatorio desapareció. Fue echado al fuego y el cañonazo de dinero hizo que los fiscales lo borraran hasta de su memoria.

En otro informe —titulado Yugo Zeta, elaborado por El Colegio de México y la Universidad Iberoamericana— se establece que el penal de Piedras Negras no solo fue refugio de capos: también lo usaban para reparar vehículos —lo cual coincide con lo que establece el informe de la Universidad de Texas— y para incinerar los cadáveres de sus víctimas.

El estudio fue coordinado por los investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, y para su elaboración trabajaron con el contenido de once declaraciones de igual número de Zetas, cuarenta y nueve internos, veintiún custodios y dieciocho empleados del penal de Piedras Negras.

En ese estudio se afirma que Los Zetas operaban por completo en el penal de Piedras Negras y hasta contaban con un “jefe de cárcel”, cuya función, dice el informe, era manejar la plaza dentro del penal para que todo estuviera tranquilo y funcionara bien la venta de drogas entre los internos, según explicó uno de los criminales entrevistados por el equipo de investigadores.

La reparación y acondicionamiento de los vehículos —les adecuaban compartimentos para esconder drogas— se realizaban en el interior del penal. Uno de los criminales entrevistado dijo haber arreglado para esos fines unos ciento cincuenta vehículos, y que todas esas operaciones y trabajos se realizaron entre los años 2009 y 2012, en pleno sexenio de Humberto Moreira.

El llamado “jefe de cárcel”, al ser abordado por los investigadores reconoció que el penal de Piedras Negras también era un centro de consumo de drogas. Y esta actividad la explicó con sus propias palabras, resaltadas en el informe: “La droga me la entregaba un contador que trabajaba para Los Zetas […] los celadores lo dejaban entrar por la puerta principal del penal y me entregaba una mochila [que] contenía sobres de marihuana y cocaína en bolsitas y piedra de la misma cocaína”.

El centro penitenciario de Piedras Negras, a decir de los delincuentes consultados, también era usado para ocultar a personas que habían sido secuestradas y desde adentro se realizaban las tareas para negociar sus rescates.

En 2010, asegura el informe, altos mandos de la organización delictiva ordenaron al “jefe de cárcel” incrementar los ingresos en el interior del penal. Aunque no estaba de acuerdo en perjudicar a los internos que no estuvieran ligados a Los Zetas, terminó por imponer el pago de renta a los presos por el uso de las celdas.

Y más: los criminales —se asienta en el documento consultado— empezaron a cobrar mil pesos quincenales a los internos “que se veía que tenían dinero”. Adicionalmente, se les cobraban cincuenta pesos por noche para usar el área de visita conyugal y una cuota para cubrir los servicios de luz y agua. Se cobraban intereses a los internos morosos. También manejaban la venta de tarjetas telefónicas y de golosinas y cigarros.

El informe destaca que cuando se recibían medicinas, las autoridades de la prisión las confiscaban y luego se las vendían a los internos. También obtenían ingresos adicionales por el trabajo realizado por los reos en los talleres del penal.

Se afirma también que una parte de los ingresos que obtenía el grupo delictivo se destinaban al pago del personal directivo y de seguridad del penal de Piedras Negras. Se cubrían 1.5 millones de pesos, es decir, cerca de 125 000 pesos por mes.

El informe toca un punto medular sobre uno de los líderes emblemáticos de Los Zetas —Omar Treviño Morales, conocido como el Z-40— quien fue detenido en 2012 en los límites de Nuevo León y Coahuila: se asegura que este delincuente se escondía en el penal de Piedras Negras cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo, pues era el lugar más seguro para los criminales perseguidos por federales que estaban fuera de nómina.

Y añade: “En ocasiones entraban los jefes grandes y hacían fiesta con música y mujeres. La fiesta podía durar todo el día y toda la noche y en algunas ocasiones llevaban vacas y las mataban dentro de la cárcel; de esa manera le daban de comer a todos los reos”.

Según el informe Yugo Zeta, al llamado “jefe de cárcel” también le encomendaban la incineración de los cuerpos de personas asesinadas —niños o ancianos— por Los Zetas. Se quemaban los cadáveres dentro de la prisión enfrente de la torre de vigilancia, según dijeron algunos testigos que declararon durante la elaboración del estudio efectuado por los investigadores de El Colegio de México y la Universidad Iberoamericana.

Con base en dichos testimonios, en el informe se asegura que Los Zetas utilizaban un terreno baldío, cercano a lo que se llama el Laguito Mexicano, un basurero municipal y un campo de futbol próximo al penal, como centro de exterminio.

La cárcel también fue utilizada por Los Zetas “como lugar ideal” para reclutar sicarios. Por esa razón, se explica, el grupo criminal solía sacar hasta cien reos para trabajar con ellos. También simulaban fugas de presos. Un ejemplo de ello fue la supuesta fuga ocurrida en el mes de septiembre de 2012 cuando, según las autoridades de Coahuila, se evadieron 129 internos, casi una quinta parte de la población total del centro penitenciario.

Según los testimonios recabados en la Fiscalía General del Estado, la citada fuga “fue planeada”, ya que el “jefe de cárcel”, entonces recluido en la ciudad de Saltillo, “necesitaba gente para trabajar”. De aquella fuga, ochenta presos fueron recapturados y trasladados a prisiones federales; veinte más fueron ejecutados y veintinueve se escaparon definitivamente.

Durante años —de acuerdo con el informe— la cárcel de Piedras Negras también se convirtió en un depósito desde donde se repartía mercancía en Piedras Negras. Los responsables de turno, incluso, eran los encargados de entregar las cajas con droga para su distribución.

El informe emite una conclusión avasalladora, una realidad inocultable: entre los años 2010 y 2011 el control de Los Zetas en el norte de Coahuila era total. Y añade algo peor: que las autoridades estatales estaban enteradas.

El testimonio de un excustodio —incluido en el informe— así lo confirma al declarar:

Una, dos o tres veces por año llegaron a venir al Cereso autoridades de Saltillo, Coahuila. Conocieron la problemática que había, pues las personas que estuvieron como directores en el tiempo que yo estuve se las hacían ver a ellos. Las visitas eran únicamente del estacionamiento a las oficinas del director y de las oficinas del director al estacionamiento. Raras veces llegaron a entrar al Cereso. La visita era muy rápida, no se tardaba nada, nunca cuestionaron nada, siempre se mantuvieron al margen y como en las demás ocasiones no se hizo nada por cambiar lo que aquí pasaba.

La oleada de ejecuciones y desapariciones forzadas azotó a los municipios de Allende y Piedras Negras. El informe sostiene que el centro de mando policiaco conocido como C-4 —la inteligencia policiaca— desatendía el llamado de la población en emergencia ante la arremetida criminal de Los Zetas. En más de una ocasión sus responsables dijeron desconocer, e incluso negaron haber recibido cientos de llamadas de auxilio. Después se descubrió que los agentes encargados de este instrumento desoían intencionalmente las alertas emitidas por la población.

Elocuente en su explicación, el informe puntualiza:

Entre el 18 y el 22 de marzo de 2011, días en que ocurrió un número indeterminado de desapariciones y asesinatos en los municipios de Allende y Piedras Negras principalmente, el C4 reportó a la Fiscalía General del Estado haber recibido solo una llamada con un reporte en el que una mujer aseguraba que Allende era un pueblo sin control.

Sin embargo, un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al C4 las llamadas que se hicieron en Allende y Piedras Negras en esas fechas y se descubrió que en realidad se realizaron 451 llamadas, de las cuales 26 se originaron en Allende y 425 en Piedras Negras.

Algo muy grave debió haber ocurrido en Piedras Negras. De estas llamadas, 100 son para reportar 42 distintos incendios en Piedras Negras, y nueve en Allende que denunciaban cuatro incendios. Demasiados incendios para tan pocos días. Sobre todo porque en algunos sitios se reporta más de un incendio el mismo día o en días consecutivos, incluso después de haberse extinguido el fuego.

Para el gobierno de Coahuila el número de víctimas era menor: 28 en total. Los investigadores que elaboraron el informe Yugo Zeta sostienen en su indagatoria que la cifra pudo ser de unas cien víctimas, e incluso el número, dicen, pudo llegar a cerca de 300.

En otras conclusiones sobre la crisis que aterró por años al penal de Piedras Negras, el informe destaca en su apartado “El Estado mexicano frente al enclave criminal”, que durante la gestión de Humberto Moreira hubo evidencia de “que el gobierno de Coahuila y la Federación sí supieron que algo grave había pasado en el norte de ese estado”.

Y agrega:

En los tres niveles de gobierno supieron que la cárcel estaba controlada por el crimen organizado. La CNDH lo había informado públicamente y algunos funcionarios fueron testigos presenciales de un secreto a voces. Al ignorarlo permitieron que, según el expediente revisado, en la prisión de Piedras Negras se cometieran al menos 27 delitos distintos tipificados en el Código Penal del Estado de Coahuila y diez en códigos federales.

Los testimonios recabados por las autoridades coinciden en que Los Zetas tenían controlados a los policías municipales de Coahuila. Además, el informe concluye que los gobiernos municipales no contaron con el respaldo del gobierno estatal ni federal.

La evidencia abunda. En las investigaciones sobre Allende encontramos que desde 2009 la dirección de la policía municipal ya estaba involucrada con la delincuencia organizada, y que en 2010 el sometimiento era total. En Piedras Negras y otros municipios de la región sucedía algo similar […].

Aunque Humberto Moreira ha negado una y otra vez haber tenido —o tener— nexos con el cártel de Los Zetas, la radiografía criminal de su gobierno lo pone en entredicho.

RUMBO AL PRI

Tras rendir su quinto informe de gobierno, en el que resaltó que Coahuila era un territorio casi paradisíaco —sin pobreza, sin violencia, sin rezagos y con un futuro prometedor; quizá lo decía porque Rubén, su hermano, se aprestaba a ser candidato a gobernador— Humberto Moreira emprendió su carrera rumbo a la dirigencia nacional del PRI.

Para lograrlo hizo uso de todas sus credenciales: que había empezado a los 14 años como militante del PRI promoviendo el voto, que ganó la presidencia municipal de Saltillo con un margen de tres a uno, y que como candidato a gobernador logró una votación histórica jamás antes vista en el estado.

Por decisión de Enrique Peña Nieto, relevaría, pronto, a Beatriz Paredes Rangel, quien luego de competir y perder las elecciones a la jefatura de gobierno del Distrito Federal —fue candidata para cumplir un compromiso con Peña Nieto—, tuvo que irse de embajadora de México en Brasil. Era lo que realmente quería.

Moreira Valdés no rindió su último informe como gobernador ante el Congreso, como lo marcaba el protocolo: lo hizo en el Coliseo Centenario de Torreón, una fastuosa construcción que, se dice, fue inspirada en la monumental obra romana. Para su informe hubo un acarreo descomunal. Se dio cita la clase empresarial, políticos y amigos del gobernador. Fue toda una fiesta. Después del discurso de Moreira, Joan Sebastian se encargó de mantener contentos a los asistentes.

Ahí estaban Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México; Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora; Beatriz Paredes, entonces dirigente nacional del PRI. No podían faltar Mario Marín —“mi góber precioso”— y Ulises Ruiz, entonces mandatario de Oaxaca. Y ahí estaban también Emilio Gamboa Patrón —el trapecista de la política, dueño de una historia de claroscuros desde que comenzó su carrera con Miguel de la Madrid hasta la fecha— y Roberto Madrazo, exgobernador de Tabasco, expresidente nacional del PRI y excandidato presidencial.

Transcurridos 30 días de su informe, Humberto Moreira comenzó a deslizar la idea de que saldría del gobierno de Coahuila para buscar la dirigencia nacional del PRI. Y así fue: con la venia de Peña Nieto y de la maestra Elba Esther Gordillo se encumbró en el PRI. Pero su paso fue efímero: solo duró nueve meses en el cargo. Llegó el 4 de marzo de 2011 y renunció el 2 de diciembre de ese mismo año.

La razón: un cúmulo de trámites, aparentemente falsos, con los que se gestionaron créditos por 36 000 millones de pesos en Coahuila lo alcanzó y lo colocó bajo los reflectores del cuestionamiento público, pues aunque Moreira adujo que cuando esos empréstitos se tramitaron ya no era gobernador, lo cierto es que, según las investigaciones, él mismo había dejado firmados muchos de los documentos.

De acuerdo con las indagaciones realizadas por la PGR, se acreditó que Humberto Moreira sí supo y respaldó los créditos irregulares que tramitó el gobierno de Coahuila por 2 100 millones de pesos contratados con BBVA Bancomer y que incluyeron escritos falsificados que fueron enviados para su conocimiento a Moreira, quien todavía era gobernador de Coahuila.

Según los antecedentes del caso, Humberto Moreira solicitó licencia el 4 de enero de 2011 y los oficios remitidos a su oficina como gobernador tienen fecha del 2 de diciembre de 2010, al menos el que corresponde al préstamo de 1 650 millones de pesos. Lo extraño de todo este embrollo fue que nadie supo —y nadie sabe —adónde fue a parar la deuda contratada de manera fraudulenta, ni cuáles son las obras sociales o proyectos que respaldan dichas operaciones.

Algunos de los funcionarios del gabinete que fueron implicados en todas estas maniobras pronto recobraron su libertad. Fue el caso, por ejemplo, de Fausto Destenave, entonces director con licencia de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, pese a que un crédito, presuntamente irregular, terminó en las arcas de esa dependencia.

Las investigaciones revelaron en su momento que dicho crédito fue contratado con Banco Santander y autorizado por el Consejo Directivo de la Comisión Estatal de Agua. Cabe aclarar que ese consejo estaba integrado por el entonces gobernador Humberto Moreira; por el titular del Servicio de Administración Tributaria estatal, los titulares de Salud y Obras Públicas, así como por el tesorero estatal. Esto quiere decir que Moreira estuvo enterado de todos los trámites.

De esta forma, la deuda de Coahuila aumentó descomunalmente y llegó a ser una de las más escandalosas del país, pues se elevó a más de 36 000 millones de pesos. El escándalo reventó cuando Moreira ya era presidente nacional del PRI. Funcionarios de su administración resultaron implicados en el presunto megafraude y fueron acusados de lavar dinero por haber dispuesto de recursos del erario estatal.

La PGR y autoridades de Estados Unidos acusaron a exfuncionarios de la Tesorería y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ser presuntos responsables de la deuda pública de Coahuila al haber solicitado los créditos con documentos falsos.

El extesorero del estado Héctor Villarreal Hernández —quien ocupó el cargo de 2008 a 2011—, fue acusado de haber maquinado los préstamos falsos, y por esa razón se dio a la fuga. El 2 de febrero de 2014 Villarreal Hernández se entregó a las autoridades en El Paso, Texas, para enfrentar cargos por lavado de dinero por el desvío de varios millones de pesos de las finanzas de Coahuila. Al transcurrir siete meses del escándalo el exfuncionario se declaró culpable de dos cargos —conspiración para realizar lavado de dinero y transportación de dinero robado—, y posteriormente decidió pagar a las autoridades estadunidenses 6.5 millones de dólares que habría obtenido en forma ilegal.

Las pesquisas continuaron. El gobierno de Estados Unidos también incautó a Héctor Villarreal 2.2 millones de dólares que había depositado en una cuenta en Bermudas.

La acusación también señala que 2.3 millones de dólares colocados en una cuenta del Banco NT Butterfield and Son Limited, en Bermudas, forma parte del dinero obtenido mediante préstamos fraudulentos.

Las investigaciones tanto de la PGR como de Estados Unidos dan cuenta de cómo se movieron los millones obtenidos a través de los préstamos, es decir, la mecánica del lavado:

Villarreal Hernández, quien fue tesorero de Coahuila entre 2008 y 2011, y un cómplice de la Secretaría de Hacienda, participaron en un plan para solicitar cientos de millones de dólares en préstamos sobre el crédito del estado.

Ese dinero habría sido lavado en Estados Unidos mediante la compra de terrenos y la apertura de cuentas bancarias. Villarreal transfirió dinero robado del estado de Coahuila a una cuenta de Brownsville y más tarde a la cuenta de las Bermudas.

Según la acusación, entre julio de 2010 y marzo de 2011 Coahuila recibió tres préstamos fraudulentos por 3 000 millones de pesos, entonces equivalentes a unos 264 millones de dólares, de los cuales Villarreal Hernández y sus asociados en Estados Unidos se quedaron con cerca de 35 millones.

En noviembre de 2011 el diario Reforma publicó que la familia de Villarreal Hernández había adquirido cerca de diez casas y terrenos en zonas exclusivas, así como negocios en Texas durante su gestión como tesorero del gobierno de Coahuila. Las propiedades aparecían a nombre de los padres, hermanos y hasta del colaborador de una hermana del entonces tesorero.

El escándalo mediático pronto tambaleó a Humberto Moreira, ya encumbrado en el PRI, que hacia diciembre de 2011 preparaba el terreno para destapar a su candidato a la presidencia de la República. Nadie dudaba de que sería Enrique Peña Nieto, cuya campaña comenzó, de la mano de Televisa, su impulsora principal, seis años atrás. El llamado “telepresidente” ya se perfilaba para arribar al poder, pero el líder de su partido se batía en una crisis de credibilidad jamás vista hasta entonces en el PRI, lo que ponía en riesgo la posibilidad de recuperar la presidencia de la República. Vicente Fox y sus torpezas y la guerra fallida contra el narcotráfico implementada por Felipe Calderón, daban al traste con la continuidad del PAN en el poder. A Andrés Manuel López Obrador lo bajaron de la contienda con la campaña “Es un peligro para México”, por sus inclinaciones hacia los gobiernos de izquierda como Fidel Castro y Hugo Chávez, lo cual permitió que buena parte de la sociedad se asustara y decidiera votar por el PRI, por aquello de que “solo ellos saben gobernar”. Todo resultaría un fiasco. Peña Nieto pasaría a la historia como uno de los presidentes más corruptos. El desastre de su gobierno y los escándalos de corrupción lo asemejaban al de José López Portillo, en el que una banda de pillos se enriqueció a costa del poder político y no fue ajena a la mafia del narcotráfico.

Soberbio, Humberto Moreira se defendía de los embates de la prensa nacional e internacional; decía que todo aquello era una campaña mediática en su contra porque, según sus argumentos, él no había tenido nada que ver con los préstamos falsificados. “Yo ya no era gobernador”, decía. Pero las evidencias que lo hundían eran contundentes. No le quedaba otra alternativa más que renunciar. El candidato del PRI no podía ser destapado con una crisis de esa magnitud en el partido. Peña Nieto ya cargaba con severas críticas y cuestionamientos por sus ligas con Televisa —servir incondicionalmente, sin límites, a sus ambiciones políticas y económicas—, de tal suerte que hacia diciembre de 2011 los días de Moreira al frente del PRI estaban contados.

El 2 de diciembre de 2011 Humberto Moreira renunció a la dirigencia nacional del PRI. En su discurso de despedida —centrado en sus resultados de gobierno, respuesta clara a las acusaciones que pesaban en su contra— resaltó sus logros personales como únicos en la historia del PRI:

Hace muchos años me inicié como militante a los 14 años de edad, allá en mi tierra, en Saltillo, Coahuila, donde me incorporé como militante y como activista, como promotor del voto, donde después tuve la oportunidad de contar con espacios en la dirigencia estatal, de ser secretario de Elecciones en la campaña del gobernador en 1999, donde fui presidente municipal teniendo un triunfo de tres a uno, donde fui gobernador en ese tiempo, con la mayor cantidad de votos en la historia del partido, un partido que nos abre las puertas a todos y en el cual todos aprendemos.

Siguió el rosario de autoelogios, el discurso de la autoflagelación:

Llegué a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional después de pedir licencia como gobernador de mi estado, un estado que tenía graves problemas de desempleo y que logramos ser, por varios años consecutivos, el estado que más empleos generó y más empresas atrajo.

Un estado que tenía —como existen en nuestro país— problemas de marginación social y pobreza, y que logramos que fuera el primer lugar nacional con mayor disminución de la pobreza.

Un estado donde los hermanos campesinos tenían caminos de tierra y donde se apostaba poco para pavimentarlos, porque no eran rentables electoralmente, pero sí son rentables socialmente: pavimentamos esas carreteras. Un estado donde la infraestructura vial era totalmente distinta a la que tenemos ahora, afortunadamente, en ese maravilloso estado.

El cuasi informe de gobierno continuó:

Un estado en el que se aplicaron recursos en la educación, donde la tercera parte de los municipios tenía preparatoria y en las dos terceras partes de esos municipios los jóvenes estaban destinados a no estudiar: hoy todos tienen preparatorias.

Un estado donde triplicamos las camas de los hospitales en cinco años, pero un estado también que tuvo un gobernador que confió en su gente, en su equipo; de gente que logró responder con talento y algunos que fallaron también.

Luego pasó a la autodefensa:

La presento, porque lo más importante que tenemos los priistas es nuestra institución y nuestro instituto político, porque no voy a permitir que por una guerra mediática se esté tratando de dañar a mi partido, que tantas oportunidades me ha dado.

Y enseguida se blindó con el manto protector de la impunidad, vigente hasta hoy:

Lo hago también porque provengo del estado que ha dado los mejores resultados al PRI a nivel nacional. Y lo hago también, porque confío en un hombre que es la esperanza de México, que es Enrique Peña Nieto.

En su interminable perorata, Moreira se refirió al PRI ganador, casi imbatible, de su tiempo:

Desde hace muchos años no existía en el partido un Comité que de todas ganara todas. Hoy ganamos todas las elecciones. Fuimos a competir al Estado de México y ganamos. Fuimos a competir a Coahuila y ganamos. Fuimos a Hidalgo, a las municipales, y ganamos. Fuimos a Nayarit, donde se vivían graves dificultades para poder tener el triunfo electoral y con un gran esfuerzo del priismo y de quien es hoy nuestro gobernador de Nayarit [se refería a Roberto Sandoval, actualmente acusado de malversación de recursos y presuntos vínculos con el narcotráfico, tema de este libro] y logramos el triunfo electoral. Y fuimos a Michoacán, donde todas las apuestas decían que íbamos a perder, donde viví momentos muy intensos, trabajando con un gran ser humano que es Fausto Vallejo.

Según las acusaciones del PAN, en aquella elección de Michoacán el PRI operó de la mano del crimen organizado que, infundiendo miedo y terror, inclinó la balanza en su favor. Luego se sabría que Vallejo y su equipo cercano presuntamente habían pactado con el crimen organizado.

El triunfo del PRI en Michoacán —cuna de narcos ligados al PRI y al PRD— volvió a ser tema del discurso de Moreira:

Quiero decirles que Michoacán me dejó grandes satisfacciones, pero hubo dos en particular. Conocer bien a Fausto Vallejo, a un hombre y un ser humano extraordinario, y a Toño, el presidente del Comité Directivo Estatal, que es otro de mis mejores recuerdos en esta despedida.

Y para cerrar, Moreira reconoció que el país tenía más pobres que nunca y conminó a sus correligionarios a trabajar por un programa social de gobierno. Remató su discurso con un “¡Viva México y viva Enrique Peña Nieto!”.

DETENCIÓN EN ESPAÑA

El 15 de enero de 2016 los diarios nacionales dieron a conocer una noticia que cimbró: Humberto Moreira era detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España. La acusación que le imputó el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, fue blanqueo de capitales, malversación, cohecho y presuntos vínculos con una organización criminal durante su etapa como gobernador de Coahuila.

El diario El Español informó ese día que la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) tenía identificadas varias transferencias de dinero por montos de cientos de miles de dólares que Moreira habría realizado en España, donde por cierto vivió durante un tiempo. El exgobernador priista se había afincado en Barcelona, según él para estudiar un posgrado. También dijo que su estancia en ese país se la costeaba con sus ahorros. Nadie le creyó.

La decisión de irse a vivir a Barcelona surgió en 2012, después de que, como consecuencia de un supuesto ajuste de cuentas, el hijo del exgobernador, Eduardo Moreira, de 25 años, fue asesinado presuntamente por el cártel de Los Zetas. En el momento de su muerte, el vástago de Humberto Moreira era funcionario del gobierno de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira, hermano de Humberto, quien daba continuidad al cacicazgo familiar.

La historia de su detención parte de algunos movimientos de dinero inusuales. Aquí se reproducen algunos detalles de lo que sirvió de base para su captura: De acuerdo con las investigaciones de entonces —las cuales no prosperaron y Moreira pudo salir en libertad—, el exgobernador coahuilense había movido unos 200 000 euros, lo que despertó las primeras sospechas de la policía y la fiscalía españolas. A esto se sumó el testimonio de Rolando González Treviño, a quien señalaron como testaferro de Humberto Moreira, que se había acogido al programa de testigo protegido en una de las causas abiertas en un juzgado de Texas.

El juicio en Texas, donde también se abrió una investigación sobre todos los pasos que daba el exgobernador, llevaba ya un año y medio. Cuando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz asumió el caso, tuvo que viajar a Texas para recabar información que les permitiera robustecer las acusaciones en España en contra del exlíder del PRI.

Tanto en Texas como en España a Moreira se le acusó de tener vínculos con el cártel de Los Zetas, lo que él ha negado; también se dijo que estaba relacionado con el lavado de dinero y con el narcotráfico, y que de ello dan cuenta varias llamadas telefónicas consideradas “comprometedoras”.

Conforme pasaron los meses se fue conociendo la madeja de complicidades que envolvió a Humberto Moreira antes y durante su mandato de cinco años en Coahuila.

Rodrigo Humberto Uribe Tapia, un empresario de Piedras Negras que se desempeñó como operador financiero de Los Zetas, confesó ante las autoridades que entregó cuatro millones de dólares a Humberto Moreira para comprar protección a favor de esa organización criminal.

El ahora testigo clave en el juicio que se desahoga en San Antonio, Texas, fue contundente en su declaración: “El dinero se entregó a través de Vicente Chaires”, quien fungió como secretario de Operación y Administración, “y Jesús Torres Charles”, quien fue fiscal general del estado. Varios de los pagos, dijo el testigo, se hicieron en la ciudad de Saltillo y esto, afirmó, “fue algún tipo de acuerdo con el gobernador Moreira”.

Cabe precisar que dicho personaje, identificado por las autoridades como operador financiero del cártel de Los Zetas, fue citado por el fiscal Russel D. Leachman para que rindiera su testimonio en el juicio que se celebra en la corte federal del distrito de San Antonio en contra del narcotraficante mexicano Marciano Millán Vázquez, conocido como el Chano, a quien se le acusa por crímenes cometidos por Los Zetas en el municipio de Allende, Coahuila, así como de otros delitos.

En el juicio, el fiscal Leachman presentó una lista de diez cargos criminales contra Millán Vázquez y Gustavo Rodríguez Costilla, apodado el Tito. Entre los delitos que cometió el Chano figuran los de conspiración para traficar drogas, posesión de armas y uso de menores para vender estupefacientes, entre otros.

En contra de Marciano Mancilla el fiscal presentó casos de homicidio, pues se dijo en el juicio que este sicario “disparó, desmembró y quemó cuerpos por sí mismo. Al menos nueve víctimas se han identificado hasta la fecha”. De acuerdo con su historial criminal, el Chano operó en Piedras Negras entre los años 2010 y 2011. Era lugarteniente de Los Zetas.

Rodrigo Humberto Tapia, el empresario acusado de lavar dinero de Los Zetas, confesó al jurado texano que se reunió en dos ocasiones con personal del entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Así lo expresó, según el expediente del caso: “En cada ocasión dio a Vicente Chaires Yáñez dos millones de dólares en una de sus empresas de bienes raíces ubicadas en San Antonio. El dinero estaba destinado al gobernador”. El testimonio y esta pieza medular también fueron publicados por el periódico San Antonio Express News.

Los colaboradores de Moreira en el gobierno de Coahuila tienen historia: Vicente Chaires Yáñez, por ejemplo, quien fue director de Administración, primero, y secretario de Operación y Administración, después, incursionó en el negocio inmobiliario y alcanzó una prosperidad sin límites. También se hizo empresario de la comunicación. Compró estaciones de radio y de televisión.

De acuerdo con el diario Reforma, la aventura empresarial de Chaires Yáñez comenzó el 23 de mayo de 2007, cuando creó la inmobiliaria Vicap Global Investments, LLC en Texas, la cual se incorporó a los consejos directivos de las firmas estadunidenses Procom Marketing, LLC y Transnational Construction & Real Estate Co., LLC.

No solo eso: en noviembre de ese año —de acuerdo con el diario— compró al empresario Roberto Casimiro González, dueño de la cadena radiofónica y televisiva Coahuila RCG, una casa con un valor de 860 000 dólares y otra propiedad del sindicato de maestros.

Mientras esto ocurría, el fiscal de Coahuila Jesús Torres Charles cerraba los ojos ante la masacre que perpetraron Los Zetas en el municipio de Allende. Su argumento: que no podía intervenir porque aquella matazón estaba ligada al narcotráfico y el gobierno no podía tener injerencia en casos de delitos federales.

La etapa de esplendor de Rodrigo Humberto Tapia Uribe —el lavador de Los Zetas— se presentó entre los años 2009 y 2011, cuando el control de Los Zetas en Coahuila lo tenía Omar Treviño Morales, el Z-42. En ese tiempo Tapia operaba en Piedras Negras, donde era dueño de centros nocturnos y lavaba dinero para esa organización. También era propietario del bar Martini Lounge, un lugar que pronto cobró mala fama porque ahí recalaban maleantes: distribuidores de drogas y sicarios.

La defensa del presunto capo Marciano Millán Vázquez sostuvo ante la corte de Texas que su cliente nada tuvo que ver con las masacres en Coahuila. Y expuso como argumento central que Millán no cuenta con antecedentes criminales en esa entidad.

A esto las autoridades estadunidenses respondieron en forma contundente: “Los Estados Unidos se oponen a la autenticidad de cualquier documento redactado en el estado de Coahuila que pretenda mostrar una ausencia de investigación criminal en la conducta del acusado en México”. Y añadió las razones: no es fiable ya que se generó en el estado de Coahuila, “cuyas autoridades han sido cómplices del cártel de Los Zetas en el tráfico de narcóticos”. Más aún: “Hay testimonios que muestran que los procedimientos y los responsables de ejecutar la ley estatal están controlados por el cártel”.

La historia criminal de Millán Vázquez es elocuente y rica en detalles respecto de su participación como sicario. Fue capturado en 2015 en San Antonio, Texas. En Piedras Negras fue operador de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos en el mundo del hampa como Z-40 y Z-42, respectivamente.

Se sabe que por órdenes de los hermanos Treviño Morales en Coahuila se efectuó una limpia en la organización y él fue el responsable de ejecutar a los miembros del grupo criminal que ya estorbaban en los municipios de Allende y el norte de Coahuila.

En la lista de crímenes que se le atribuyeron figuraron dos contadores —Víctor Triana y Luis Zamarripa, quienes operaban en Monterrey y Monclova, respectivamente—; de igual forma, otros ocho contadores que operaban para el cártel en Allende fueron ejecutados. De esa manera limpiaron la plaza y continuaron actuando con total impunidad.

Ante los juicios que enfrenta tanto en Estados Unidos como en España, Humberto Moreira siempre ha minimizado las acusaciones en su contra. Su argumento: “Quieren seguir manchando mi honor y eso no lo voy a permitir; ya basta, no es posible que le crean a un participante de un talk show”. Y desde entonces levanta denuncias por difamación contra cualquier reportero o analista que se ocupe de ese tema.

RUBÉN MOREIRA: NARCO Y MUERTE

A pesar de sus promesas de campaña, de su compromiso firme de combatir el narcotráfico —herencia de su hermano Humberto, caído en desgracia por sus presuntos vínculos con Los Zetas y el saqueo del estado—, Rubén Moreira Valdés se pasó seis años sin poder hacer nada en materia de seguridad. Es más, a él también lo implicaron con el cártel de Los Zetas, e incluso un testigo aseguró que le dio dinero a cambio de protección.

Rubén Moreira le debe, en parte, su carrera política a su hermano. Humberto impulsó a Rubén para que escalara alto en el accidentado camino de la política; luego, tras dejar el gobierno para irse a dirigir el PRI, ya había preparado el camino para que arribara a la gubernatura. Era un negocio familiar: nepotismo puro. Igual que ocurre ahora con Miguel Ángel Yunes en Veracruz —enfermo de poder, busca con ansia desenfrenada dejar a su hijo en la gubernatura—; o con Graco Ramírez, el farsante de la izquierda, que quiere cubrirse las espaldas heredándole la gubernatura de Morelos a su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda, quien fue acusado de un desfalco de 400 millones de pesos cuando fue funcionario de la presidencia municipal de Cuernavaca.

El 1 de diciembre de 2011, después de haber ganado las elecciones, Rubén Moreira asumió la gubernatura de Coahuila en medio de protestas enardecidas de cientos de coahuilenses que, a grito abierto, le reclamaban dónde estaba el dinero que se había robado su hermano.

Las consignas eran: “Moreira ¿dónde está el dinero?”, “Paga, ladrón”, “Moreira es corrupto”. Los gritos siguieron con protestas afuera del congreso del estado, que sintetizarían el sexenio que vendría: delincuencia, corrupción y autoritarismo. En suma, más de lo mismo. Más narcotráfico. Más violencia. Menos justicia. Y así fue.

Rubén Moreira Valdés —hermano del exmandatario acusado de narcotráfico— compitió por la gubernatura de Coahuila con Guillermo Anaya Llamas, compadre de Felipe Calderón y a quien, al igual que Moreira, también le sacaron sus ligas familiares con el capo Sergio Villarreal Barragán, el Grande, quien fue jefe de la plaza en tiempos de los hermanos Beltrán Leyva, exsocios de Joaquín el Chapo Guzmán Loera.

La de Coahuila a todas luces era una contienda entre presuntos narcopolíticos. Luchaban no solamente dos partidos —el PRI y el PAN—, sino dos cárteles, dos grupos antagónicos representados por Humberto Moreira y Calderón, hasta la fecha separados por el odio.

La guerra entre ambos empezó desde el arranque de las campañas. Muy pronto Anaya Llamas y el entonces líder estatal del PAN, Carlos Orta, denunciaron que cuatro activistas de su partido habían sido “levantados” cuando repartían propaganda en las calles. Así comenzaba el terror electoral.

Después vino otro golpe, ahora con la detención de cinco panistas que, se dijo, fueron sorprendidos cuando robaban en un comercio. Era falso. Repartían propaganda de Guillermo Anaya. El PRI y su candidato comenzaban a desatar una ola de terror, de violencia que no se detuvo durante toda la contienda. El narco y el poder juntos para mantener el dominio a toda costa y por encima de cualquier vida.

El entonces candidato de la alianza PT-Convergencia, Jesús González Schmal, resumió la contienda de Coahuila con la siguiente reflexión: “Es una mascarada antidemocrática en la que se desarrolló una subasta entre el PRI y el PAN para comprar el voto de la gente”.

Y luego añadió, punzante la crítica: “Son gemelos en esto. Son hijos de la misma madre, que es la ambición política, que conceptualiza el poder como un botín, y en eso no hay diferencia entre uno y otro, tienen los mismos grados de compulsión por el poder, de ambición desmedida y patológica por conservar privilegios”.

Ya en el poder, Rubén Moreira no varió el estilo de gobierno de su hermano. Lo insólito ocurrió cuando acusó a Humberto de haber avalado el poder del narco en Coahuila cuando fue gobernador, según declaraciones publicadas el 27 de noviembre por el periódico Vanguardia.

Dijo, categórico, que en el gobierno de Humberto “la delincuencia organizada logró el dominio total del estado”. Y agregó sin cortapisas: “En 2011 estábamos a punto —si no es que ya había sucedido— de que la autoridad no la tuviera el gobierno sino la delincuencia”.

Y ya encarrerado también afirmó que el narcotráfico apoyó a miembros del PRI: “En los pasados comicios, mi partido tiene averiguaciones abiertas, no voy a decir municipios, porque no creo que sea lo correcto”.

Tocó a la clase empresarial y dijo que muchos empresarios y liderazgos locales se aliaron con grupos del narcotráfico “porque también hay segmentos de la sociedad que vieron bien al crimen, que no dijeron nada, que lo alentaron y que hasta se asociaron”.

El de Rubén es el contradiscurso de su hermano. Humberto negó —y niega— que durante su gobierno Los Zetas hayan impuesto su ley en el estado y convertido Coahuila en su bastión más importante. Pero Rubén tiene otra visión y así la expresa: declaró a Vanguardia que durante el gobierno de su hermano los ciudadanos no podían circular normalmente por las carreteras porque las policías los detenían y los espiaban.

En la misma entrevista Rubén Moreira contó una anécdota que explica el gran poder del narcotráfico en Coahuila en tiempos de Humberto Moreira: “En cierta ocasión —aseguró—, policías municipales ingresaron a la oficina del alcalde de Torreón y algunos de ellos con los pies sobre el escritorio le exigieron que cesara a un jefe policiaco”.

Y luego agregó que en esa administración se descubrió una red de funcionarios estatales y federales que protegían al cártel de Los Zetas, presuntamente encabezados por el entonces procurador del estado Jesús Torres Charles, incondicional de Humberto Moreira.

Sin embargo, Rubén Moreira también fue acusado de recibir dinero del narcotráfico, particularmente del cártel de Los Zetas, al que criticó por el crecimiento exponencial que tuvo durante el gobierno que dirigió su hermano Humberto.

Resulta que un miembro de esa organización, Adolfo Efrén Tavira, declaró ante la corte de San Antonio, Texas, que en 2012 le entregó a Rubén Moreira una camioneta llena de dinero.

Al detallar los pormenores de la entrega, Tavira explicó que dichos recursos eran para el pago de la campaña política. Estas acusaciones fueron rechazadas por el entonces gobernador Rubén Moreira.

Pero el testigo fue insistente y manifestó durante su declaración de cinco horas que fue en 2012 cuando, en el rancho de un tal “Beto Casas” en Piedras Negras, colocaron las maletas con dinero y las subieron al vehículo. Luego agregó: “Todos me dijeron que ‘Beto Casas’ le había enviado la camioneta con el dinero que habían acordado”.

La Dirección de Comunicación Social del gobierno de Coahuila negó la veracidad de las declaraciones. Lo cierto fue que Adolfo Efrén Tavira rindió sus declaraciones en el marco del juicio que se sigue en la Corte Federal de Texas, en San Antonio, contra el líder zeta Marciano Millán, quien está acusado de narcotráfico y de perpetrar varios crímenes.

Su historia: En la década de 1990 Tavira trabajó en Televisa, adscrito a la ciudad de Piedras Negras, donde recortaba los nombres de los narcotraficantes que eran mencionados en las noticias. En 2013 fue detenido por efectivos de la Marina y, después de ser liberado, escapó y se refugió en Estados Unidos. En ese país fue detenido, se declaró culpable y purga una condena de treinta años de prisión.

En una ocasión, Rubén Moreira asistió la destrucción de droga. Ante los asistentes dijo: “El diablo existe y es el narcotráfico”. Y luego describió su poder: “Es la capacidad que tiene el narcotráfico de meterse en una comunidad para comprar conciencias, para hacer que lo malo parezca bueno”.

Según avanzó su gobierno, Moreira fue destapando las cloacas que dejó su hermano en el estado. Por todas partes brotaron denuncias sobre desapariciones forzadas, fosas con cuerpos enterrados, cementerios clandestinos, hasta la fecha impunes. Asesinatos que no se investigaron, redes de tráfico de drogas que cruzaban el río Bravo con protección oficial —incluida la que otorgaban policías federales y militares—, y también se fue dando cuenta de cómo los pueblos se fueron quedando sin habitantes ante el temor de la violencia. Eran los desplazados del narco, los que ya no tenían vida ni patrimonio porque lo habían perdido todo: esposa, esposo, hijos, tíos, hermanos, negocios, tierras. El narcotráfico les había arrancado la riqueza, la pobreza, la sonrisa, la tristeza, la vida entera.

La de Coahuila es la historia criminal de toda ciudad fronteriza. Imposible dejar de comparar la tragedia de Coahuila con la de Tamaulipas, entidad esta que, si bien no la gobernaron dos hermanos, estuvo bajo el control durante un par de sexenios de dos hombres que eran cómplices: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Ambos con historias parecidas, igual que los hermanos Moreira sembraron terror y muerte en Coahuila, tierra de nadie, tierra sin ley.

A los jefes del Cártel del Golfo y a las redes de Los Zetas algo les atrajo de ese estado. Ningún cártel del tráfico de drogas decide afincarse en un territorio si no tiene las condiciones para hacerlo. Coahuila reunió esas condiciones: dos gobernadores dispuestos a pactar, policías corruptos decididos a otorgar protección a la mafia, condiciones de pobreza extrema —el caldo de cultivo que requiere la delincuencia para adentrarse en la sociedad—, un marco legal endeble y mano de obra barata, consecuencia del desempleo y de los bajos salarios.

Durante los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira —quizá también hubo condiciones parecidas con Enrique Martínez y Martínez, su antecesor— se instituyó una mafiocracia en Coahuila. El PRI financió a candidatos. El PAN también tuvo, o tiene, a sus financieros en el narco. Es una cultura. Es la desgracia y la fortuna de estar cerca de la frontera, del gran mercado consumidor que es Estados Unidos, voraz hasta el límite.

En Coahuila, el narcotráfico todo lo ha tocado. El progreso no tendría razón de ser sin ese flagelo. El narco necesita empresas y empresarios para lavar sus ganancias, y en Coahuila —particularmente en Torreón y en Gómez Palacio y Lerdo, Durango, su zona conurbada con el llamado Triángulo Dorado— había una cauda de hombres de negocios dispuestos a hacerlo.

La droga corre por todas partes: se distribuye en las llamadas narcotienditas que protege la policía. Hay de todo: marihuana, cocaína (de todas las calidades, normal o lavada, ala de mosca, de sabores, fresa, uva…), también hay heroína normal o negra, la más adictiva; crack, ice y toda la gama de sustancias sintéticas. Tan solo en Gómez Palacio, Durango, municipio pegadito a Torreón, hay 2 000 tienditas, 3 000 en Torreón. Todo opera bajo la protección de la policía.

Coahuila, como otras entidades, fue un estado capturado por el crimen organizado. El Cártel del Golfo y Los Zetas tendieron sus redes y atrofiaron a su clase política, maniataron a las policías y convirtieron el estado en un territorio propiedad de la mafia. Este fenómeno no ocurre solo en ningún lugar del mundo. Se necesita la complicidad del poder, y en Coahuila contaron con ella casi de manera incondicional.

Durante el gobierno de Humberto Moreira los capos de Tamaulipas decidieron irse a vivir a Coahuila, y en el sexenio de Rubén se mantuvieron largo tiempo escondidos. En la región carbonífera de Sabinas, por ejemplo, se había refugiado y vivía tranquilo Heriberto Lazcano Lazcano, alias el Lazca, fundador de Los Zetas en 1997, cuando Osiel Cárdenas asumió el poder del Cártel del Golfo.

Lazcano operó en Tamaulipas después de desertar del Ejército, junto con Arturo Guzmán Decenas, el Z-1, quien ideó la creación de Los Zetas como brazo armado de la organización criminal que emergía en Tamaulipas, como una expresión del paramilitarismo ligado al narcotráfico. Hasta hoy no se sabe si estos militares realmente renunciaron —como dice la versión oficial— al Ejército para ligarse al narco, o bien este grupo criminal conformado por militares fue un brazo del Ejército para controlar el tráfico de drogas. El Estado aún le debe a la sociedad una explicación puntual de ese fenómeno que surgió a finales de la década de 1990.

Heriberto Lazcano —como Amado Carrillo y Juan José Esparragoza Moreno, el Azul— se convirtieron en mito, leyenda y misterio. Quizá nunca se conozca lo que realmente pasó con ellos. El silencio oficial es cómplice. El 9 de octubre de 2012, al filo de la medianoche, la Secretaría de Marina anunciaba que existían fuertes indicios de que Heriberto Lazcano había muerto.

No era la primera vez que se propagaba un rumor a través de los medios de comunicación o las redes sociales sobre la muerte del líder de Los Zetas. En años anteriores, en diversos medios se había propalado una noticia similar que resultó falsa. ¿Sería el ensayo para finalmente darlo por hecho? ¿En realidad murió Heriberto Lazcano? ¿Por qué se robaron el cadáver de la funeraria donde lo velaban? ¿Por qué el gobierno federal no realizó los estudios de ADN a sus familiares para confirmar si el cuerpo que presentaron era el del Lazca? Muchas preguntas siguen sin respuesta.

La nota que con una velocidad inusitada comenzaron a difundir los portales decía que el jefe de Los Zetas había sido abatido por la Marina en Coahuila, al norte de México.

Al día siguiente, la Procuraduría Estatal de Coahuila, con prisas, confirmaba lo que ya se había filtrado a los medios: que el cuerpo del llamado Z-3 había sido robado de la funeraria donde se le practicaba la autopsia, por un comando armado.

La Secretaría de Marina filtró algunas fotografías donde se observaba a Lazcano muerto, según la versión oficial. Desnudo el pecho, la cara hinchada; se veía regordete. Quizá lo más parecido era el contorno de sus cejas. Lo demás no coincidía. Se dijo que el Z-3 había transformado su rostro varias veces y que esa era la razón de los cambios.

Oriundo de Hidalgo, Lazcano Lazcano solía visitar a sus familiares en el pueblo de Apan. Ahí había financiado la reconstrucción de una iglesia, y una placa, colocada en la puerta de la parroquia, agradecía al capo el apoyo otorgado. Luego la quitaron. Pero en Hidalgo era un secreto a voces que Heriberto Lazcano arribaba al estado a bordo de un helicóptero. Más de una fuente consultada se atrevió a decir, sin autocensura, que Heriberto Lazcano volaba en helicópteros militares que aterrizaban en un campo cercano a la ciudad de Pachuca. Al menos esas operaciones se realizaban cada vez que el extinto jefe de Los Zetas visitaba a sus familiares.

Ante las confusiones que se suscitaron, la Secretaría de Marina insistió en que la identidad de la persona abatida en un campo deportivo en la zona carbonífera de Coahuila correspondía a Heriberto Lazcano. La duda, sin embargo, se mantuvo, y persiste hasta la fecha, a pesar de que la dependencia adujo que su personal tomó fotografías y huellas dactilares de los dedos índice, pulgar y medio de la mano derecha del Lazca.

Sin embargo, surgieron contradicciones. Mientras que algunas versiones indicaban que Heriberto Lazcano había nacido en 1974 en Acatlán, Coahuila, otras sostenían que nació en 1975 en Apan, Hidalgo.

La DEA y la Marina de México tenían datos distintos respecto de la estatura del líder de Los Zetas: la agencia antinarcóticos estadunidense dijo que Lazcano medía 1.60 metros, mientras la Marina sostuvo que la estatura del exmilitar era de 1.76 metros, una diferencia considerable.

En lo que las dependencias coincidieron fue en afirmar que Heriberto Lazcano entró al Ejército en 1991, cuando tenía 17 años. Fue cabo de infantería y luego se incorporó al cuerpo de élite conocido como GAFES (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales).

Con la muerte de Heriberto Lazcano comenzaron a circular trozos de su vida y de sus gustos: se habló de su debilidad por las mujeres rubias, las carreras de caballos, la compra de equinos pura sangre —un esquema muy socorrido entre Los Zetas para lavar dinero— y la caza mayor, la cual practicaba, se dijo, en ranchos de Coahuila y San Luis Potosí.

Los detalles de su abatimiento los hicieron públicos tanto la Marina como el gobierno de Coahuila. Ya era gobernador Rubén Moreira. Según ambas versiones, Heriberto Lazcano fue asesinado cuando la ciudadanía alertó a los marinos sobre la presencia de hombres armados que deambulaban cerca de un campo deportivo del municipio de Progreso.

De acuerdo con la versión que dio el procurador del estado Homero Ramos, los hombres armados se subieron a un vehículo y no solo se negaron a detenerse sino que comenzaron a dispararles a los marinos, quienes repelieron la agresión. Ahí fue asesinado el chofer, identificado como Alberto Rodríguez, de 44 años de edad.

Y a unos trescientos metros yacía un hombre que no portaba documentos de identidad. A su lado estaba tirado un rifle R-15, adaptado para lanzar granadas. Las huellas dactilares que fueron estudiadas en los archivos del Ejército y de la Marina, según la versión oficial, confirmaron que se trataba de Heriberto Lazcano.

De esa forma terminaba una larga historia de actividades criminales por parte de Heriberto Lazcano. Su lugar lo ocuparía, aunque no por mucho tiempo, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, quien se movía entre Nuevo León y Coahuila.

Cuentan que a Treviño Morales le gustaba la cacería. Tenía un rancho en Parás, Nuevo León, donde criaba venados cola blanca. Y a menudo arribaba a su rancho acompañado por un comando armado que lo cuidaba durante todo el trayecto. Luego montaba su caballo y salía a recorrer el rancho. Cazaba un venado y se lo regalaba a su gente para que se lo comiera.

Se cuenta en Parás una anécdota que pinta la saña con la que solía actuar Treviño Morales. Un día, el caporal del rancho le comentó que había tenido problemas con un empleado de un rancho vecino. Le dijo también que a él no le gustaba tener problemas, pero que si el vecino “me sigue chingando tendré que tomar medidas”. Treviño le pidió el nombre del vecino y se fue.

Semanas después, el Z-40 arribó a su rancho y, como era su costumbre, lo recorrió a caballo y mató un venado.

—Prepárenlo para comer —ordenó—. Y traigan cervezas.

Cuando terminó su recorrido, Treviño tomó asiento y llamó a su caporal.

—¿Cómo va tu pleito con el vecino? —le preguntó.

—Ya no lo he visto —respondió el caporal—. Espero que ya se haya calmado porque como iba la cosa pienso que íbamos a terminal mal. ¿Se acuerda que le platiqué?

—Ya no te apures, ya no se va a meter contigo ni pasará nada. Tú tranquilo —dijo el Z-40.

Y enseguida jaló una bolsa negra y la aventó delante del caporal.

—Ábrela —le ordenó.

El caporal desató el nudo de la bolsa y lo que se desparramó fue el cuerpo cercenado del vecino, a quien el jefe de Los Zetas había mandado secuestrar y luego ordenó que lo descuartizaran.

Este capo del narcotráfico había sembrado muerte y terror en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Tras su muerte se quedó el ala activa de Los Zetas que, como se ha acreditado, siguió operando bajo el cobijo de Rubén Moreira.

Nueve meses después de la muerte de Lazcano, fue capturado Miguel Ángel Treviño Morales. Su detención estuvo plagada de confusiones. Se sabía que Treviño no se movía sin su escolta, nutrida de hombres armados, pero el día que lo detuvieron curiosamente no hubo un solo disparo: iba solo acompañado de su chofer y la captura ocurrió cuando transitaba, de madrugada, en los límites de Nuevo León y Coahuila.

La primera versión sobre la captura fue ofrecida por el gobierno federal en una conferencia de prensa espectacular que se efectuó el 15 de julio de 2013, en la que se señala que un helicóptero de la Armada de México interceptó la camioneta del Z-40 e hizo una maniobra que provocó que el vehículo detuviera su marcha y sus ocupantes fueran aprehendidos.

Según su ficha criminal, Treviño Morales tenía siete órdenes de aprehensión y se le vinculó con cerca de doce averiguaciones previas; entre otros delitos graves se le atribuyó la muerte y desaparición de 265 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

El parte informativo oficial detalló cómo fue su captura:

Aproximadamente a las 03:00 de la mañana se instalaron puestos navales y de seguridad fijos y móviles para ejercer vigilancia terrestre y aérea porque se sabía que en cualquier momento esta persona —Miguel Ángel Treviño Morales— podía transitar por algunos de esos caminos.

Alrededor de las 03:45 de esta madrugada se observó el tránsito de una camioneta pick-up por uno de estos caminos, a 27 kilómetros al suroeste de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Un helicóptero de la Armada de México interceptó esta pick-up, hizo una maniobra que llevó a que esta camioneta detuviera su marcha y fueron aprehendidas y aseguradas tres personas que descendieron de esta camioneta por personal de tierra que llegó en apoyo de la Marina.

No se llevó a cabo ningún disparo. A estas personas se les aseguraron dos millones de dólares que traían consigo en esta camioneta, así como ocho armas largas y alrededor de 500 cartuchos útiles de diversos calibres.

Otras versiones apuntalaron el rumor de que el personaje que el gobierno federal presentó como Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, no correspondía con sus características físicas. El caporal del rancho adonde Treviño cazaba venados, quien pidió guardar el anonimato, dijo: “Ese que presentó el gobierno no es mi jefe. Lo desconozco. Mi jefe no solía moverse de la forma como lo dio a conocer el gobierno y físicamente no corresponde al verdadero Z-40”.

LA VENGANZA DE LOS ZETAS

El 3 de octubre de 2012 Humberto Moreira Valdés, por esas fechas ya instalado en Barcelona, adonde dijo que fue a estudiar un posgrado gracias a una beca que le otorgó el SNTE, sufrió uno de los golpes más duros: su hijo José Eduardo Moreira, fue asesinado presuntamente por Los Zetas. El crimen era, a todas luces, una venganza del narcotráfico.

De acuerdo con una de las versiones oficiales, dada a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional, el asesinato del hijo del exgobernador fue una venganza de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, ya que su sobrino había muerto en un enfrentamiento con autoridades estatales.

Según esta versión, el exsubdirector operativo de la policía municipal del municipio de Acuña Rodolfo Castillo Montes, fue quien citó al hijo de Humberto Moreira. Luego lo entregó a tres hombres y estos le dieron muerte.

“Fue una venganza del narcotráfico”, se dijo, y así lo reconoció Humberto Moreira: “Mataron a mi hijo José Eduardo, un joven limpio. Promotor social que se dedicaba a trabajar con la gente más humilde de Acuña, Coahuila”.

El cuerpo de José Eduardo Moreira fue hallado en el camino al ejido Santa Eulalia, a 50 kilómetros del municipio de Acuña. Presentaba varios impactos de bala. El chico tenía 24 años de edad. El hijo de Moreira vivía en Acuña con su esposa y no contaba con escoltas.

Muy pronto las investigaciones de las autoridades estatales y federales arrojaron resultados contundentes. La Policía Federal detuvo a dos de los presuntos responsables del asesinato de José Eduardo Moreira. Sus nombres: Víctor Landeros Sifuentes y Jorge Tenorio Takasaji.

Sifuentes, alias la Iguana, se desempeñaba como supervisor de la policía municipal de Ciudad Acuña, Coahuila, mientras que Takasaji, alias el Taka, era policía del mismo lugar. Ambos fueron acusados de entregar al joven Moreira al grupo delictivo de Los Zetas, quienes lo asesinaron.

La Secretaría de Seguridad Pública Federal dio a conocer un parte sobre estos hechos. Esto dijeron:

[…] Elementos de la Policía Federal, tras implementar un operativo en Saltillo, Coahuila, lograron el aseguramiento de Víctor Landeros Sifuentes y Jorge Tenorio Takasaji junto con una persona más, los cuales eran requeridos por autoridades ministeriales desde el pasado 7 de octubre de 2012, derivado del secuestro y homicidio de José Eduardo Moreira Rodríguez, ocurrido el 13 de octubre del presente año en Ciudad Acuña, Coahuila.

Los presuntos responsables responden a los nombres de Víctor Landeros Sifuentes, alias la Iguana, de 30 años de edad, quien se desempeñaba como supervisor de la policía municipal de Ciudad Acuña, Coahuila, señalado como presunto responsable del secuestro de José Eduardo Moreira Rodríguez. Asimismo, era el responsable de brindarle protección a integrantes de Los Zetas.

Víctor Landeros Sifuentes, alias la Iguana, refiere que el día de los hechos mantuvo comunicación con Rodolfo Castillo Montes, subdirector Operativo de la Policía Municipal de Ciudad Acuña y jefe directo de los involucrados, los cuales tuvieron comunicación directa con la víctima para quedarse de ver en una tienda de conveniencia.

Asimismo, José Eduardo Moreira Rodríguez, al arribar al punto acordado, los policías municipales entregaron al hoy occiso a tres sujetos identificados como Carlos Arnulfo Flores Flores, alias el Flaco, jefe de la plaza por parte de la organización delictiva de Los Zetas y a su segundo, Rubén Sifuentes Cadena, alias el Shaggy, los cuales se lo llevaron con rumbo desconocido, encontrando su cuerpo sin vida horas más tarde.

Jorge Tenorio, alias el Taka, de 41 años de edad, quien fungía como policía municipal de Ciudad Acuña, Coahuila, el cual brindaba protección a integrantes de Los Zetas. Fue la persona que acompañó a Víctor Landeros Sifuentes el día de los hechos, manifestando que fueron los responsables de entregar a José Eduardo Moreira Rodríguez a integrantes del grupo delictivo.

Roberto Clemente Bárcenas Cepeda, de 30 años de edad. Su función fue la de brindarles la casa de seguridad para resguardar a Víctor Landeros Sifuentes y a Jorge Tenorio Takasaji, el cual les proporcionó alojamiento y comida hasta el momento de su aseguramiento […].

Lo que vino después fue la descomposición familiar en el círculo de los hermanos Moreira. Lucero Davis, la esposa de José Eduardo Moreira Rodríguez, culpó al tío de su esposo —Rubén Moreira— de su muerte.

Rubén Moreira había ofrecido, como gobernador, terminar con el narcotráfico, pero no pudo o no quiso. Es por ello que Lucero Davis lo acusó de formar parte del crimen de su marido:

—¡Esto es tu culpa, maldito! —le gritó, no sin antes exigirle—: Renuncia.

Esto lo hizo público a través de su cuenta de Twitter. La Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado solo emitió un comentario lacónico en el que expuso que “se entiende el momento de dolor”.

Rubén Moreira pasó a la historia como un gobernador incapaz de aniquilar al narcotráfico en Coahuila; por el contrario, las matanzas continuaron en todo el estado y la complicidad policiaca se mantuvo como siempre: intocada.

La guerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas prosiguió en el norte del país, principalmente en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. El gobierno de Rubén Moreira siguió pidiendo ayuda federal —marinos, policía federal y militares— para poder gobernar el estado, pues la violencia sacudía a cada rato el escenario político cómodo y apacible al que el mandatario aspiraba.

Tan arraigado está el crimen organizado en Coahuila que el propio Rubén Moreira estuvo a punto de ser ejecutado: el 25 de diciembre de 2012, después de haber declarado en varias ocasiones que acabaría con el narcotráfico, el crimen organizado planeó su muerte.

Para contender con la emergencia que enfrentaba el estado arribaron a Coahuila 600 soldados, 300 marinos se asentaron en Piedras Negras, y una cantidad igual de policías federales se diseminó por todo el estado. Había una situación de emergencia ante los embates del narco.

Según informes de la Fiscalía del estado y de la Secretaría de Gobernación, la tarde del 25 de diciembre de ese 2012 el gobernador Rubén Moreira regresaba a su casa después de recorrer algunos museos de Saltillo en compañía de su familia.

En horas de la tarde el vehículo de avanzada y reconocimiento del convoy del gobernador se topó con una camioneta Lincoln. Iba tripulada por hombres armados, quizá dispuestos a ejecutar al mandatario. En el primer choque hubo un enfrentamiento con la escolta de Rubén Moreira. Un civil resultó herido. El mismo Moreira dijo que no se trataba de una cuestión directa en su contra, aunque otras versiones aseguraron que iban por él.

De haber sido ejecutado aquel día, Rubén Moreira no solo hubiera acompañado a su sobrino en el camino de la muerte: también se habría encontrado al diablo cara a cara: el rostro del narcotráfico.

3

Roberto Sandoval: entre el narco

y la riqueza impune

Si el presidente Enrique Peña Nieto cerró los ojos ante el descaro con el que los exgobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo —Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo, respectivamente— desviaron recursos del erario público, hizo lo mismo con Roberto Sandoval Castañeda, exmandatario de Nayarit, a pesar de los escándalos que enfrenta por el saqueo a las arcas públicas y sus presuntos vínculos con el narcotráfico, en particular con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el más protegido de los últimos siete años y el que más ha expandido su poder en el país.

Antes de concluir su sexenio, Sandoval Castañeda fue denunciado ante la PGR por peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y por presuntamente proteger el narcotráfico en Nayarit; de igual forma, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones sobre el despilfarro de recursos públicos desde los primeros meses de su administración, mismas que no fueron solventadas.

Por ejemplo, entre los años 2011 y 2015, la ASF detectó irregularidades en el gobierno de Sandoval por un total de 2 291 millones de pesos. En aquel momento, la Auditoría Superior emitió un informe en el que hizo notar que la mayoría de los malos manejos financieros se detectaron en las áreas de salud, seguridad y obra pública.

Según el reporte de la ASF, entre los años 2011 y 2014 el gobierno de Roberto Sandoval no logró comprobar 1 450 300 000 pesos, y para 2015 la presunta malversación ya ascendía a 1 810 800 000 pesos, lo que puso en evidencia que los recursos públicos del estado de Nayarit se manejaban con un absoluto desorden.

La ASF señala que durante los primeros tres años del gobierno de Sandoval Castañeda, en 46 ocasiones se solicitó a la Secretaría de la Contraloría General del Estado iniciar procedimientos administrativos de sanción contra un número indeterminado de funcionarios presuntamente implicados en diversas anomalías. Maniatada por el gobernador Sandoval, la dependencia estatal solo acusó recibo pero no procedió en ningún caso.

La ASF sostiene que las peticiones tenían razones de fondo, ya que desde años atrás se habían detectado malos manejos financieros en el gobierno. Ejemplo de ello fueron las cuentas públicas de los años 2011, 2012 y 2013, periodos en los que, según la dependencia federal, se abrieron cuentas no autorizadas para recibir recursos federales. Otras irregularidades fueron los subejercicios, la ausencia de reportes financieros y las adjudicaciones directas de obras y servicios, así como la apertura de plazas en forma discrecional, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A lo anterior se sumó el hecho de que el gobierno de Sandoval no comprobó la aplicación de las aportaciones federales, y tampoco explicó las causas del desabasto de medicamentos en el estado ni el desvío de fondos públicos, cuyos fines todavía no se han aclarado.

Una de las graves omisiones de la Contraloría del estado, según la ASF, fue no atender el expediente 11-B-18000-02-0710-08-003, mediante el cual la Auditoría Superior de la Federación solicitó a la dependencia estatal realizar una investigación y un procedimiento administrativo en contra de funcionarios del gobierno del estado involucrados en la adjudicación directa del servicio de farmacia, es decir, la adquisición y distribución de medicamentos para surtir recetas a los usuarios de los servicios de salud del estado afiliados al Seguro Popular.

La ASF señala que en este caso se cometieron varias irregularidades en la licitación pública estatal LPE-SNN-DRMSG-004/11, que dio origen al contrato SRFMSG 135/2011, el cual —advirtió la ASF— nunca se formalizó y eso impidió verificar el cumplimiento del mismo.

Una de las más graves desatenciones del gobierno de Sandoval ocurrió cuando funcionarios del ramo de salud, sin ninguna explicación permitieron que caducaran 1 276 dosis de medicamentos cuyo costo ascendió a 265 900 pesos; tampoco se realizó el proceso de destrucción y confinamiento final de los medicamentos, por lo que existe la sospecha de que hayan sido suministrados indebidamente a la población.

De igual forma, se benefició a empresas como Protective Materials Technology, SA de CV en la compra directa de chalecos antibalas y equipo antimotines. Se desatendió el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 2013, pues se dio prioridad a la construcción de dos plantas de tratamiento nuevas y no a las cuatro obras que estaban inconclusas desde 2012. Hasta el cierre del sexenio, la ASF mantenía la observación de que en estos casos no hubo una “resolución definitiva”.

A todo esto se sumaron otros actos de corrupción sin límite que el entonces gobernador prohijó en su gabinete, por lo que su gobierno dio origen a nuevos ricos en Nayarit —entre ellos él mismo, quien de ser barrendero en las calles de Los Ángeles, California, pasó a ser uno de los hombres más acaudalados del estado—. El origen de su fortuna se atribuye a dos fuentes: la corrupción institucional y el narcotráfico, aunque Sandoval, en una actitud que sobrepasa el cinismo, afirma que todo lo que posee es producto de su esfuerzo. Lo cierto es que antes de ser gobernador no figuraba entre los hombres más ricos ni hacía gala de su debilidad por los caballos pura sangre ni por los ranchos fastuosos.

Y es que, se asegura, su enriquecimiento ha sido descomunal y la impunidad que lo cobija no menos escandalosa, igual que la que arropó, por años, a Édgar Veytia, el fiscal detenido en Estados Unidos bajo el cargo de tráfico de drogas, un personaje de la delincuencia organizada que hizo carrera como policía de la mano de Sandoval Castañeda, quien —cómplices al fin— le permitió todo: matar, secuestrar, desaparecer, amenazar, traficar con drogas, ligarse con los cárteles del narcotráfico y enriquecerse de manera oprobiosa. Tanto poder acumuló Veytia en Nayarit que para muchos él era la verdadera autoridad: el que ponía y quitaba funcionarios, ordenaba los secuestros y el asesinato de personas no afines a él. Él era la ley y solo su palabra valía.

Veytia no actuó como vicegobernador, aunque a veces parecía ser el verdadero poder en Nayarit, mientras Roberto Sandoval se ocupaba de comprar caballos de carreras que eran traídos desde Sevilla, España, en vuelos especiales con cargo al erario estatal, o bien se la pasaba en eventos deportivos, como peleas de box, en cuyos lujos no escatimaba. Se asegura que no salía de Las Vegas ni se perdía una pelea de Santos Saúl Álvarez Barragán, el Canelo, de quien no es simple admirador sino seguidor compulsivo, pues el box lo seduce tanto como el dinero.

Roberto Sandoval dejó el cargo de gobernador en septiembre de 2017, y desde entonces enfrenta fuertes señalamientos porque durante su administración el narcotráfico se afincó en Nayarit con total impunidad, y porque, según se sabe ahora, la policía y los diversos cárteles que operan en esa entidad con la venia y protección de Édgar Veytia, emprendieron una cacería de rivales a los que asesinaron y desaparecieron.

Es por ello que la sociedad y el congreso del estado exigen que se entable un juicio político en contra del exmandatario, ya que aseguran que no fue ajeno a la oleada de ejecuciones e inhumaciones clandestinas, pues se han descubierto más de diez fosas donde presuntamente Veytia y sus cómplices del crimen organizado sepultaron a sus víctimas.

Desde el mes de enero de este año —luego de que las autoridades conocieron por las declaraciones de algunos miembros del crimen organizado que durante el gobierno de Sandoval los cárteles y la policía estatal realizaron entierros clandestinos como parte de la guerra por el control de la plaza— las autoridades y algunas organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo de Familias Unidas por Nayarit, se dieron a la tarea de emprender la búsqueda y localización de sus familiares. Y los han encontrado, aunque muertos.

Hacia mediados de enero de este año, por ejemplo, dicho colectivo, con el apoyo de las autoridades, halló 33 cuerpos. Estaban enterrados en fosas clandestinas, verdaderos cementerios del terror sexenal, localizadas en la demarcación de Xalisco.

El horror se hizo presente desde el hallazgo de la primera fosa en la comunidad de Pantanal. Ahí descubrieron nueve cuerpos. Este primer cementerio en realidad fue localizado por los propios familiares de los desaparecidos. La pista surgió de una llamada anónima que reveló la ubicación exacta de la fosa. También les dijeron que sería fácil localizar el sitio porque, al acercarse, la tierra despedía olores fétidos. Olor a muerto. Una vez que encontraron el lugar, las familias echaron mano de picos y palas para realizar las excavaciones y exhumar los despojos humanos. Cuando hallaron el primer cuerpo pidieron el apoyo de las autoridades de Nayarit.

El lugar que eligieron los miembros del crimen organizado para sepultar a sus víctimas se encuentra en un paraje al lado de un camino que lleva a la cabecera municipal de Xalisco y a otro pueblo llamado Pantanal. El sitio está rodeado por una abundante vegetación, en la que predominan plantaciones de plátano y cañaverales, los cultivos de esa región.

La desaparición de personas en Nayarit no es un problema nuevo. Fue parte de los escándalos que enfrentó el exgobernador Roberto Sandoval, en cuya administración se afincaron los cárteles de Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, todos ellos rivales acérrimos que pelearon a sangre y fuego por la plaza, una de las más importantes del occidente mexicano.

La guerra sostenida por los cárteles explica en buena medida la ola de desapariciones que aterró al estado durante el sexenio de Sandoval. Fue una etapa en la que no solo las organizaciones criminales actuaron con violencia, sino que la propia policía del estado se involucró en el trabajo sucio de los grupos criminales: a ella se le encomendaba la desaparición de las personas a las que, luego de ser interrogadas, les quitaban la vida y enterraban en fosas clandestinas.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, en el estado de Nayarit hay 143 personas que desaparecieron sin dejar rastro y hasta la fecha no han sido localizadas. De este total, 114 desaparecieron, según los denunciantes, en 2017 y el resto entre 2008 y 2016.

Según las mismas cifras, del total de desaparecidos 134 son hombres y nueve mujeres, y de estos 124 fueron vistos por última vez en el municipio de Tepic, asiento del Cártel de Jalisco, el grupo criminal al que se ligó Édgar Veytia y al cual protegió cuando se desempeñó como fiscal general del estado, hasta que fue detenido en Estados Unidos. Otra cifra que es más alarmante establece que en Nayarit desaparecieron cerca de 400 personas tan solo en el sexenio de Roberto Sandoval, uno de los más sangrientos que se recuerden, impune hasta ahora.

Los hallazgos continuaron durante la segunda quincena de enero y febrero de 2018. En coordinación con las autoridades estatales, los familiares de los desaparecidos hallaron otras fosas clandestinas en los municipios de San Blas y Xalisco. Los 67 cuerpos encontrados estaban enterrados en 12 fosas. Ahí, entre despojos putrefactos también fueron halladas las víctimas más recientes: Alfonso Hernández y Octavio Martínez, los dos agentes federales secuestrados por el CJNG y que fueron obligados a grabar un video crítico para exhibir a las autoridades federales, entre otros al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el cual fue difundido a través de las redes sociales.

Los dos policías fueron “levantados” el 5 de febrero. Según la versión oficial —basada en el dicho de los agentes durante su interrogatorio— habían ido a Tepic a una fiesta privada y decidieron pasar el fin de semana en Nayarit. Se infiere que los hombres de Nemesio Oseguera, el jefe del CJNG, los habían seguido durante mucho tiempo. Los agentes realizaban tareas de investigación para la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las actividades del Cártel de Sinaloa y del CJNG.

Estas acciones se habían reforzado tras la implementación de los nuevos operativos policiacos y militares ordenados por Navarrete Prida, para llevar a cabo la pacificación de una veintena de entidades violentadas por el crimen organizado. Todo ello para garantizar la seguridad en las campañas políticas y preparar el terreno para la elección presidencial del 1 de julio.

Es probable —no se puede entender de otra manera— que desde la PGR, o bien desde la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) —que no ha impedido la infiltración del narco—, hayan pasado el “pitazo” a los hombres del Mencho respecto de la ubicación de los agentes. Tan pronto como los secuestraron los interrogaron, los torturaron, los obligaron a grabar el video, luego los ejecutaron y finalmente los arrojaron en una de las fosas clandestinas ya exploradas en Nayarit.

DE BARRENDERO A NUEVO RICO

Antes de dejar el cargo de gobernador, Roberto Sandoval modificó su forma de presentarse ante la sociedad: primero lanzó videos en las redes sociales donde —según decía— se sentía orgulloso de haber surgido de la cultura del esfuerzo. Sandoval en realidad era muy pobre y, como muchos otros nayaritas, había abrigado el llamado sueño americano: se fue a Estados Unidos y durante algún tiempo trabajó como barrendero en las calles de Los Ángeles, California.

Con el paso del tiempo, en pleno ejercicio del poder Sandoval presumía sus fastuosos ranchos, sus caballos, sus residencias, la plenitud de una fortuna que públicamente se cuestiona y lo mantiene bajo el reflector de la PGR porque, se asegura, su riqueza es mal habida.

La carrera política de Roberto Sandoval ha sido meteórica. Sin grupo político que lo cobijara, le agradece a Eruviel Ávila, exalcalde de Ecatepec y exgobernador del Estado de México, que le haya presentado a Enrique Peña Nieto, entonces aspirante presidencial de la mano de Televisa, quien lo acogió para su causa. Lo hizo gobernador y después Sandoval pagó con creces el respaldo del ahora presidente. Se hicieron amigos —amigos estrechos—, tanto que, a pesar de que está acusado de corrupción, de tener ligas con el narcotráfico y de enriquecimiento ilícito, Sandoval vive tan tranquilo, como si nada debiera ni temiera. Cuestionado sobre las investigaciones que, se asegura, ha enderezado la PGR en su contra, el exgobernador de Nayarit dijo que no ha sido notificado de nada y que se ha enterado de algunos señalamientos a través de la prensa. Sin duda, el manto de la impunidad lo protege desde Los Pinos.

Cuando aún no figuraba en la política y buscaba afanosamente un grupo político que lo arropara —y lo encontró en el Grupo Atlacomulco, de larga historia plagada de claroscuros—, Roberto Sandoval decía que se sentía orgulloso de ser pobre.

En diversos medios de comunicación tanto de Nayarit como de la Ciudad de México y en las redes sociales ha circulado una anécdota, un pedazo de su historia de pobreza y necesidad. Se trata del Roberto Sandoval de carne y hueso:

Valoro mucho a mi madre porque, aunque creció en la pobreza, me enseñó a creer en Dios. Mi padre cursó hasta primer año. Me platicaba que le decían: ‘A ver, ¿qué dice aquí?’, y él no alcanzaba a leer porque no podía ver. Y fue hasta cuando tuvo 12 años que pudo comprarse unos lentes.

Ingeniero agrónomo frustrado —sus estudios quedaron truncos—, Roberto Sandoval se casó muy joven —tenía 19 años— y decidió irse a Estados Unidos porque tenía necesidad de trabajar. Eligió la ciudad de Los Ángeles, California. Ahí, desde las cinco de la mañana barría las calles y terminaba ya entrada la noche. Cuando regresaba a su casa ya tenía preparadas las agujas en alcohol para reventar las ampollas que le producían los zapatos durante el día.

Pero esa etapa de aventuras pasó. Decidió regresar a Nayarit. Su padre en cierta forma fue su primer impulsor en la política. Se afirma que habló con un familiar del exgobernador Ney González y este lo recomendó para que se abriera paso. Le encargaron el rastro municipal de la ciudad de Tepic. Duró poco tiempo en el puesto porque en 2005 buscó una diputación local y ganó la elección. Se mantuvo como legislador local hasta 2008 y entonces, seducido por el poder, fue tras la presidencia municipal de Tepic. Ganó la contienda y su ascenso continuó, fulgurante, hasta 2011 cuando, con la venia de Enrique Peña Nieto, se lanzó en pos de la gubernatura del estado y se entronizó en la cima del poder político y del poder económico sin límites.

En el primer trimestre de gobierno, Roberto Sandoval ya no hablaba de sus orígenes. Su discurso había cambiado porque también había cambiado su entorno: ya no había pobreza sino opulencia; ya no había carencias sino dinero en abundancia y poder. Atrás, muy atrás, habían quedado los tiempos de barrendero, borrados por el lujo que permite el poder, por la vanidad como maquillaje perenne.

Ahora Roberto Sandoval hablaba de sus propiedades, adquiridas con dinero dudoso porque nadie creía que en cuatro años se hubiera vuelto millonario con un sueldo de servidor público. Ese primer escándalo tronó cuando mostró a la prensa un rancho de 17 hectáreas que, según dijo, lo había comprado cuatro años atrás y que “poco a poco” lo había hecho crecer “con mucho esfuerzo y dedicación”.

Se trataba de un fastuoso rancho localizado en Aután, municipio de San Blas, que, según los cálculos más someros, tenía un valor de un millón de dólares. Cuatro años antes Roberto Sandoval era diputado local; imposible amasar una suma de ese calibre con el sueldo de diputado.

Cuando lo mostró públicamente, Roberto Sandoval se dio el lujo de describir su propiedad como un predio de verdes pastizales y también presumió que muy cerca de ahí tenían algunas propiedades sus amigos Joan Sebastian y Ezequiel el Cheque Peña, cuyas historias también se han visto empañadas por el escándalo. “Ahí —dijo— tenemos criaderos de yeguas”, y agradeció a la naturaleza el suministro de agua y la riqueza de los pastizales. “Todo es gratuito”, afirmó.

Con petulancia presumió que “con mucho esfuerzo” su familia y él habían adquirido en los últimos cinco años cientos de cabezas de ganado de alto registro y que, “de a poquito en poquito hemos ido haciendo nuestro patrimonio familiar”.

Lo cierto es que desde el poder político Roberto Sandoval hizo negocios con todo y con todos: de la misma manera en que a través de Édgar Veytia le cobraba derecho de piso al crimen organizado por dejarlo operar en el estado, también cobraba “moche” por la obra pública asignada a sus amigos, compadres y socios.

En todo Nayarit es un secreto a voces que el principal operador de los cobros de la obra pública era su sobrino Hugo Sánchez Sandoval, quien se encargaba de pedirle los pagos a las empresas constructoras beneficiadas con la obra pública estatal.

Al igual que Javier Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, Roberto Sandoval creó su red de testaferros y puso a nombre de ellos propiedades importantes, como el rancho La Resolana. Uno de los hombres que figuran en esa lista es el senador Raymundo García Chávez, quien hace una década andaba de capa caída y de la noche a la mañana se hizo millonario.

A él se le atribuye, entre otras, la propiedad de un hotel, El Capricho, que se ubica a la salida de la ciudad de Tepic, pero todo el mundo dice que el verdadero dueño es Roberto Sandoval. Estos favores los pagó muy bien el exgobernador: en 2016 nombró al senador García Chávez primer notario del estado. A otros de sus presuntos socios y cómplices, como José Espinoza Vargas, exsecretario general de Gobierno, lo nombró magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

De la mano de Édgar Veytia —el llamado narcofiscal—, Roberto Sandoval se hizo de grandes extensiones de tierra, las mejores del estado, mediante la industria del despojo. Veytia operaba como el brazo armado que amenazaba a los ejidatarios y grandes y pequeños propietarios; luego, si era necesario, secuestraba a alguno de los dueños de esas tierras y después se las arrebataban. De esa forma, lastimando intereses de terceros, incrementaron su fortuna y nadie los responsabilizó de nada porque de ellos dependía la aplicación de la ley. Era la delincuencia organizada en el poder. Así de simple, así de claro.

Llegó un momento en que Sandoval, que fue el impulsor de Édgar Veytia, a quien le dio poder e impunidad, ya no lo pudo controlar y el exfiscal se desbocó: se ligó directamente con los cárteles y el tráfico de drogas. Cuando fue nombrado fiscal, y hasta antes de su captura en marzo de 2017, en Nayarit todo el mundo sabía que Veytia se dedicaba al narcotráfico. Incluso el gobierno de Felipe Calderón conocía esos vínculos de Veytia desde que fungía como titular de Seguridad Pública en Tepic, pero todos lo dejaron crecer hasta que se convirtió en un monstruo del crimen organizado.

Édgar Veytia se adhirió a la piel de Roberto Sandoval, quien lo dejó hacer y deshacer. El jefe policiaco, más tarde fiscal, se erigió como el brazo armado del gobernador. Sin recato, se ligó al narcotráfico y sirvió, desde las esferas de la policía y la procuración de justicia, a tres distintos cárteles. Primero fue el Cártel de Sinaloa, después Los Zetas y por último el Cártel de Jalisco. Nadie dudaba de que el gobernador estaba enterado de esos vínculos y que Veytia tenía su venia.

La historia negra de Veytia comenzó a trascender públicamente conforme Roberto Sandoval fue escalando en la pirámide del poder. Cuando Sandoval asumió la presidencia municipal de Tepic, ahí estaba Veytia, servil, para hacer el trabajo sucio. Era evidente que a ambos los unía la complicidad, el contubernio criminal.

Sandoval no dudó en incorporarlo a su estructura y lo nombró Director de Tránsito y Vialidad. Era el año 2008. Para el 26 de agosto de 2009 le dio más poder: lo hizo secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Tepic. Y ya en ese puesto, Veytia conformó su cártel policiaco. Se rodeó de policías mafiosos como Luis Antonio Torres Valdivia y Neftaly Fuentes, entre otros, y lo primero que hizo fue ponerse al servicio de la célula encabezada por los sanguinarios hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, exmiembros del Cártel de Sinaloa.

Así, con el poder político y el de la mafia, Veytia se fue convirtiendo en un hombre indispensable para Roberto Sandoval, quien al asumir la gubernatura de Nayarit no dudó en nombrarlo subprocurador y, más tarde, fiscal general del estado por un periodo de siete años.

Ya como fiscal, Veytia comenzó a tejer otros intereses. Se relacionó con el CJNG y este grupo criminal extendió sus tentáculos a Nayarit. En ese tiempo, 2013, el cártel de Nemesio Oseguera ya operaba en 12 estados de la República y rivalizaba en control territorial con el Cártel de Sinaloa, el cual entró en crisis y disputas internas tras la captura y posterior extradición de su líder, Joaquín el Chapo Guzmán Loera.

Veytia, según se sabe, terminó mal con el Cártel de Sinaloa. Al fiscal nayarita se le atribuye haber dado el “pitazo” para que el Mencho y sus hombres ejecutaran a los hijos de Guzmán Loera cuando estos arribaron, el 15 de agosto de 2016, al restaurante La Leche de Puerto Vallarta convocados por Dámaso López, el Licenciado, supuestamente para limar asperezas.

Gracias a los buenos oficios de Veytia, el Cártel de Jalisco se afianzó en Nayarit y pronto la organización encabezada por el Mencho convirtió a la entidad en un amplio laboratorio de drogas sintéticas, uno de los mercados que más ha explotado el CJNG.

Esto quedó acreditado, entre otros hechos, por un considerable decomiso de precursores químicos —27 000 litros en total— en octubre de 2015, cuando en el kilómetro 146 de la carretera Guadalajara-Tepic fue asegurado el cuantioso cargamento.

Para entonces, en Nayarit ya no existían los hermanos Beltrán Leyva; Veytia y sus hombres habían exterminado a esa célula, aunque el Cártel de Sinaloa mantenía una presencia considerable en el estado a través del Chapito Isidro, quien con su brazo armado, Los Mazatlecos, arremetió en Nayarit con varios de sus sicarios, entre ellos los que han sido identificados por las autoridades como el 60 y el 80, así como otros dos personajes, Francisco Patrón Sánchez, conocido en el mundo del hampa como el H2 y Daniel Silva, apodado el H9.

Entre los cárteles de Jalisco y Sinaloa se desató la guerra por el control de Nayarit. Ambos grupos protagonizaron múltiples balaceras y perpetraron varias decenas de asesinatos que, tanto de día como de noche, mantenían en vilo a los habitantes de ciudades como Tepic, Ruiz, Santiago Ixcuintla y Tuxpan.

Los hombres del Mencho, con el apoyo de Édgar Veytia, pronto localizaron los escondites del H2 y del grupo de Mazatlecos. Vivían en la Colonia Lindavista, en Tepic, y hasta ese lugar fueron a exterminarlos. La Marina se sumó a las operaciones de exterminio con su Operación Barcina y, de esa forma, los hombres del Cártel de Sinaloa fueron asesinados. El camino quedó despejado para que el CJNG se estableciera como la organización más poderosa en el estado.

El arribo de Nemesio Oseguera a Nayarit consolidó al Cártel de Jalisco como uno de los más fuertes del Pacífico mexicano. Solo les faltaba controlar Nayarit —dominado durante años por los Beltrán Leyva—, y lo consiguieron con el apoyo oficial otorgado por Édgar Veytia. A todo esto no fue ajeno el gobernador Roberto Sandoval, cuyo enriquecimiento inexplicable lo convierte en un exgobernador cuyo procesamiento judicial no parece lejano: en Nayarit ya se solicitó el juicio político en su contra y la PGR mantiene una carpeta abierta —FED/NAY/TEP/0000161/2017— por varios delitos, entre otros, el de enriquecimiento ilícito. La investigación se inició en Nayarit, pero fue atraída por la PGR. No obstante, a siete meses de que el gobierno de Sandoval concluyó, las pesquisas permanecen estancadas.

La denuncia fue interpuesta por miembros de la Comisión de la Verdad, representada por el activista Rodrigo González Barrios. Los integrantes de este grupo han ido aportando más datos y evidencias para que la PGR proceda contra Roberto Sandoval. Entre otros elementos, le han entregado esquemas de cómo operó Sandoval el hurto de recursos públicos y cómo los desvió para su beneficio personal.

El rubro del campo fue uno de los más explotados por Sandoval en su esquema de corrupción, según sostienen los denunciantes. Un dato explosivo es la compra de 3 000 cabezas de ganado importadas de Nueva Zelanda por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que fueron trianguladas para ser llevadas a Nayarit y de ahí a otros estados como Jalisco, Guerrero y Colima, aunque las denuncias establecen que cuando era gobernador en funciones, Roberto Sandoval adquirió un rancho en Coahuila adonde se enviaban las cabezas de ganado de alto registro. A ese sitio, se afirma, también mandaba los caballos pura sangre que compraba en Europa.

Entre las pruebas que la Comisión de la Verdad entregó a la PGR existen elementos que acreditan, por ejemplo, que el rancho La Cantera —uno de las múltiples propiedades adquiridas por Sandoval en su ascenso al mundo de los ricos— se utilizaba para la crianza de caballos finos, una actividad muy socorrida por los narcotraficantes, entre otros Los Zetas, quienes utilizaban este negocio y las carreras de caballos para lavar dinero del narcotráfico.

NAYARIT: LA EXPANSIÓN DEL CJNG

Pero más allá de su enriquecimiento, lo que la Comisión de la Verdad no ha documentado en su denuncia es cómo se afincó el CJNG en Nayarit y cómo, a través de Édgar Veytia, Roberto Sandoval obtuvo beneficios económicos por dejar hacer y dejar pasar las actividades criminales en el estado.

Y es que, al establecerse en Nayarit, de donde desplazó a los cárteles de Sinaloa y a los Beltrán Leyva, Nemesio Oseguera, el Mencho, extendió sus controles fuera de Jalisco y se consolidó, en los últimos siete años, como el capo más exitoso. Protegido por policías y militares, y presuntamente hasta por gobernadores como Aristóteles y Roberto Sandoval, creció velozmente hasta construir un imperio cuyos orígenes se remontan al estado de Michoacán, donde empezó su carrera de capo en distintas etapas con los cárteles del Milenio y el de los hermanos Valencia Cornelio.

Al igual que ha ocurrido con otros jóvenes originarios de territorios sin ley como Tamaulipas y Sinaloa, Nemesio Oseguera nació en medio de la miseria y una suerte de impulso interior lo empujó a las redes del crimen organizado, la única empresa que desde hace décadas brinda la oportunidad de obtener dinero y poder en corto tiempo. Esto no justifica su papel pernicioso en el mundo del narcotráfico, pero sí explica su origen y las circunstancias que lo rodearon desde muy joven. La historia del Mencho es la de muchos que, como él, terminaron enredados en el crimen.

Nemesio Oseguera Cervantes nació en Michoacán, tierra de nadie, el 17 de julio de 1966. El actual jefe del cártel con mayor expansión en los últimos siete años vio la luz en una ranchería de Tierra Caliente, una zona donde la ley no existe porque solo impera la de las armas. En ese territorio casi todo se arregla a balazos; las palabras carecen de aliento, son imposibles el diálogo y la conciliación.

El llamado de las armas de alto poder llegó muy temprano a su vida. Nemesio no terminó la educación primaria; trunca su formación, pronto se enredó en el oficio de matar. Buena parte de su niñez y adolescencia transcurrió en el cultivo del aguacate, pero sus pasos se dirigieron hacia California, Estados Unidos, donde buscó un mejor porvenir.

En tierras estadunidenses se topó con el crimen organizado y se enganchó en una red de distribuidores de droga. La heroína corría por sus manos tan veloz como el dinero que los consumidores pagaban por una dosis. Le fue mal. Fue detenido y sometido a juicio por tráfico de drogas. Entonces tenía 25 años; la juventud encarcelada en una prisión de Sacramento, California.

Su primo Abraham estaba con él y ambos se enfrentaban al mismo destino por los mismos delitos. En 1992, luego de un acuerdo con la fiscalía que los acusó, Nemesio y su primo se declararon culpables —destino sin salida—, y la condena se redujo cuando purgaron los primeros tres años. Entonces el Mencho fue liberado bajo las reservas de ley y lo que siguió fue su deportación inmediata a México.

La historia de Oseguera Cervantes también incluye el dato de que fue mojado en la década de 1980, por lo que con frecuencia cruzaba la frontera hacia Estados Unidos de forma ilegal, ya que carecía de documentos para hacerlo en regla. Y en esa actividad comenzó el juego de las máscaras: a cada rato se cambiaba el nombre, extraviada su identidad. Su verdadero nombre es Rubén, pero se puso Nemesio en honor a su padrino. También se hacía llamar José López Prieto, otras veces Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza y/o Roberto Salgado; la indefinición determinaba su inestable personalidad.

Con el nombre de Nemesio, el Mencho alcanzó las cimas del éxito criminal: su carrera fue tan fulgurante que poco después de militar en el Cártel del Milenio, el cártel de los Valencia de Michoacán, emigró a Jalisco y creó el grupo armado denominado Los Mata Zetas, una especie de agrupación paramilitar que se dedicó a ejecutar a miembros del cártel tamaulipeco en Veracruz. Este ejército arribó a Veracruz en el gobierno de Javier Duarte, que se caracterizó por la explosión de la violencia, la corrupción y el crimen organizado.

Aunque con escasos estudios, Nemesio Oseguera empezó a analizar el negocio de las drogas. Como el crecimiento sin alianzas era imposible, se asoció con Abigael González Valencia, el Cuinis, jefe de la banda del mismo nombre y quien se dedicó al tráfico de metanfetaminas hasta su arresto, y con José Revueltas, el Cachetes, cabecilla de Los Viagras, a quienes por años se les atribuyó el terror en los estados de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México.

Al lado de estos personajes, Nemesio Oseguera entró en el mercado de las drogas sintéticas, el amplio mundo de las metanfetaminas, negocio que lo colocó tiempo después en los cuernos de la luna: se situó como uno de los exportadores de esas sustancias en el mercado estadunidense, europeo y asiático, que fueron la base de su desarrollo y expansión. Quizá sin proponérselo siguió los pasos de los hermanos Amezcua Contreras, precursores del tráfico de las llamadas drogas de diseño y que les permitió construir un emporio en Colima y Jalisco.

Se afirma que Oseguera Cervantes tuvo muy claro que dentro de ese clan del narcotráfico tendría futuro, y algunos años después de incursionar en el negocio de las drogas contrajo nupcias con una de las hermanas de Los Valencia —entonces amos y señores del narcotráfico en Michoacán— y así fortaleció su relación con la banda de Los Cuinis, el grupo que entre otras actividades se hacía cargo de las operaciones financieras de la organización criminal que más tarde se convertiría en el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Y al entronizarse en el poder del cártel, como lo hizo el Cártel del Golfo, Nemesio Oseguera creó su grupo armado paramilitar —Los Mata Zetas— para que lo protegieran de sus rivales y para emprender en el Golfo de México el exterminio de Los Zetas, el grupo rival que le disputaba la plaza en Jalisco y en otros estados del occidente mexicano.

Otras versiones apuntan a que el ejército de Los Mata Zetas era un grupo de sicarios auspiciado por el Estado para limpiar las plazas dinamitadas por la violencia. En realidad, Los Mata Zetas no eran otra cosa que un grupo de sicarios al servicio del CJNG, que en sus inicios fue una extensión del Cártel de Sinaloa. Luego se independizaron y se consolidaron en Jalisco tras el asesinato, el 30 de julio de 2010, de Ignacio Nacho Coronel, abatido por efectivos de la Marina en Jalisco, donde vivió protegido por militares y políticos de esa entidad.

La plaza que por años dominó Coronel —jamás fue molestado por las autoridades de Jalisco— quedó a la deriva y fue entonces cuando Joaquín el Chapo Guzmán Loera, entonces líder hegemónico del Cártel de Sinaloa, nombró jefe del cártel en la plaza de Jalisco a Nemesio Oseguera.

Como cabeza, sentó sus reales y se alió con todas las autoridades que le garantizaron impunidad; corrompió a altos mandos de la policía federal y estatal para que le sirvieran de manto protector. Paralelamente, creó un imperio en materia de drogas: traficaba con mariguana, cocaína, así como con drogas sintéticas; formó un grupo de espías llamados halcones y un fuerte equipo de sicarios para su protección personal, que de igual forma utilizaba para asesinar a sus enemigos y a todo aquel que pisara su territorio sin su anuencia.

La expansión de Oseguera Cervantes y de sus aliados no pasó desapercibida dentro ni fuera de México: la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, clasificó al Cártel de Los Cuinis —antecesores del CJNG— como una de las organizaciones más ricas y poderosas del mundo. También se acreditó que tenía conexiones muy amplias y aliados poderosos en Europa y Asia, mercados en los que incursionaron aprovechando el boom de las drogas de diseño.

Otro dato que da cuenta del poder del Mencho proviene de una corte de Washington, DC, donde Nemesio Oseguera tiene un expediente abierto: en él se establece que su crecimiento en el mundo de las drogas ha sido tan fuerte que sus contactos llegan incluso a Australia.

Pero, ¿quién es el Mencho? ¿Cuál es su conducta? Un perfil psicológico hallado en uno de sus múltiples expedientes indica que Nemesio Oseguera “suele protagonizar actos de violencia extrema; no tiene límites si de matar se trata”, y se le describe como “un hombre despiadado que no tolera la desobediencia y le gusta que le pidan perdón cuando va a matar a alguien”.

Su perfil psicológico conecta con la realidad: en efecto, a este capo se le atribuyen eventos de violencia atroces, entre otros el tiradero de cuerpos humanos en Boca del Río, Veracruz, el 20 de septiembre de 2011, cuando sicarios del Cártel de Jalisco secuestraron a 35 personas, supuestamente relacionadas con Los Zetas, a quienes asesinaron y luego, a plena luz del día, arrojaron en una glorieta cerca de lo que se conoce como Plaza de las Américas, en Boca del Río, Veracruz.

La saña de Oseguera se mostró desde la noche anterior: sicarios del CJNG llevaron a cabo los “levantones” de estas personas; luego las encerraron en una casa de seguridad y las fueron matando una por una. Mediante disparos en la cabeza o puñaladas asesinaron a las 35 personas y luego las decapitaron.

Al día siguiente subieron los cuerpos a una camioneta de redilas. Aventaron una lona sobre ellos para cubrirlos y el vehículo se enfiló hacia la glorieta donde, a la distancia, se observaba una réplica de los Voladores de Papantla. Ahí se detuvo la camioneta. Era mediodía; el sol estaba radiante. Enseguida varios hombres del CJNG comenzaron a cargar los cuerpos y desde la parte alta —cerca de diez metros de altura—aventaron los cadáveres hacia el paso a desnivel donde pasan los vehículos a alta velocidad. De esa forma exhibieron el poder y la saña de la que eran capaces. Ese fue el mensaje para Javier Duarte, quien en ese momento encabezaba una reunión de procuradores en el hotel Fiesta Americana de Boca del Río, Veracruz.

Después de la arremetida en Veracruz, el CJNG le declaró la guerra a los Caballeros Templarios, entonces encabezados por Servando Gómez, la Tuta, en Michoacán, un territorio ampliamente conocido por Nemesio Oseguera. La estrategia consistió en apoyar a un grupo de autodefensas ligado con Los Viagras que el gobierno de Enrique Peña Nieto legitimó.

El poder y la artillería del Mencho también se demostró en mayo de 2015 cuando se desató la guerra en Puerto Vallarta, Jalisco, y sus efectos llegaron hasta Nayarit. Efectivos del Ejército y sicarios del CJNG se enfrentaron, bloquearon calles y se desató una gran balacera en toda la ciudad, que culminó con el desplome de un helicóptero militar, el cual fue abatido con ráfagas de armas de alto poder. Varios vehículos, entre ellos algunas patrullas, fueron incendiados; asesinaron a personas inocentes y nadie pudo detener a Nemesio Oseguera, lo que evidenció el alto nivel de protección de que goza en Jalisco, su territorio base.

En Michoacán Oseguera también hizo la guerra, pero utilizó otra estrategia. Su incursión en esa entidad fue silenciosa pero efectiva, de acuerdo con los reportes de inteligencia consultados. Cuando el conflicto estaba en su máximo punto de ebullición con el levantamiento de las llamadas autodefensas, fue Nemesio Oseguera quien comenzó a distribuir armas, dinero y alimentos entre los miembros de estas. La finalidad era clara: limpiar el territorio de todo lo que tuviera que ver con Los Caballeros Templarios, sus rivales, para luego emplazar al Cártel de Jalisco en todo el territorio michoacano.

El propio vocero de las autodefensas, Hipólito Mora —cuya actuación estuvo en entredicho— alertó de que uno de los mandos comunitarios bajo sospecha por recibir apoyos de Nemesio Oseguera era un personaje conocido como el Americano, quien apoyó la restitución de un edil en Buenavista, Michoacán, ligado con el narcotráfico.

Y lo dijo con estas palabras:

El Mencho ha hecho una campaña hormiga dejando que los demás se ensucien las manos. Entrega armas a las autodefensas para que sean ellos quienes pongan los muertos en los enfrentamientos, y cuando no haya grupos en la zona él se apodere de Michoacán.

LA VIDA GLAMUROSA DE SANDOVAL

La riqueza de Roberto Sandoval Castañeda es tan ostentosa como humilde es su origen. Tras asumir el cargo en 2011, su existencia cambió radicalmente y se adentró en los confines de la vida glamurosa. Ya no ocultaba la opulencia ni en su indumentaria, pues de pronto decidió vestir ropa de marca, y así como Graco Ramírez —el gobernador de Morelos que sorprendió a todos con sus dotes de farsante y cínico mostrando sus zapatos Prada—, Roberto Sandoval, según la prensa de Nayarit, también presumía zapatos cuyo costo no bajaba de 7 000 pesos.

Atrás quedaron los tiempos de transportes públicos y de escasez para Sandoval Castañeda: adquirió vehículos de lujo, ranchos de alta producción agropecuaria, de crianza de caballos de raza —al más puro estilo del narco—, monturas de elegante manufactura con fustes con repujados artísticos, vacaciones permanentes para su hijo dentro y fuera de México —Europa y Asia, por lo menos—, negocios boyantes para su hija y prosperidad sin límites para hermanos, primos y parientes.

De igual forma, muy atrás quedaron los tiempos de jodido, cuando era un migrante mexicano más en los suburbios de Estados Unidos; en el olvido también quedó San Antonio, Tepic, la colonia donde creció bajo el cobijo de su padre, Pablo Sandoval Cruz, un tablajero muy conocido en esa zona.

Así como cambió de atuendo también cambió de amistades. A su círculo estrecho llegaron figuras del espectáculo atraídas por el glamur y el dinero: Pepe Aguilar, Poncho Lizárraga, Ricardo Montaner y muchas estrellas que Televisa utiliza para enganchar a políticos encumbrados, siguiendo su tradicional estilo de infiltrarse entre los hombres del poder.

Los diarios de Nayarit también resaltan su pasión por las cabalgatas y las actividades ecuestres:

Sandoval Castañeda también construyó una leyenda campirana y una pasión ecuestre, cuyo rasgo más estridente fue la construcción de un mausoleo para su caballo preferido, el Dandy, mientras sus primos, hermanos e hijos prosperaban bajo su sombra.

Siendo alcalde de Tepic, montado en su consentido Dandy —un corcel negro de crines y cola rizadas—, Sandoval Castañeda celebra el centenario de la Revolución Mexicana (2010) cabalgando a la vanguardia de 3 000 jinetes; en campaña por la gubernatura guía otra columna hípica en Santa María del Oro; ya como gobernador, organiza en 2013 una gran cabalgata de seis días por la zona serrana del estado; el 12 de diciembre siguiente aparece, con gabán y sombrero, montado sobre un macho castaño al frente de sus jinetes chicanos, uno de los cuales carga un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Sandoval Castañeda “monta potros de su propia ganadería”. En 2012 abrió a la prensa las puertas de su rancho El Sueño, en Aután, visita documentada en un célebre video difundido por el sitio web Nayarit en línea. En aquel momento el gobernador dijo: “Del otro lado tenemos praderas donde Joan Sebastian, el Cheque Peña y un servidor tenemos criaderos de yeguas aztecas y españolas, donde no nos cuesta un centavo; el agua, naturaleza de Nayarit, nos da el pasto gratuito. Los canales de riego te riegan la pradera sin ningún costo”.

En las notas que cuestionaron la fortuna de Sandoval Castañeda se incluye la versión de un productor agropecuario, Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad, quien afirma:

El gobernador dice que el rancho y el hato caballar le salieron gratis; es mentira, todo eso es producto del dinero público y de las mochadas que le daba el exfiscal Édgar Veytia.

Para que haya pasto en su rancho adquirió todo un sistema de riego, cercó el perímetro de las 17 hectáreas (170 000 metros cuadrados) y construyó las caballerizas. Hay trabajadores y veterinarios para atender día y noche al ganado.

El valor de un caballo azteca —según información consultada—,cruza selectiva de raza andaluza y yeguas cuarto de milla, se estima en más de 100 000 pesos, y el de un ejemplar español en más de 250 000 pesos. Otros datos sostienen que el valor del hato caballar con que cuenta el exgobernador Sandoval Castañeda cuesta cerca de 130 millones de pesos.

Las informaciones difundidas dentro y fuera de Nayarit también establecen que:

Hace años trascendió entre los allegados del entonces gobernador nayarita la versión de que prefiere las monturas en piel de cocodrilo y los fustes forrados de metales repujados, al igual que los chapetones, argollas, frenos y estribos.

Fotografías de accesorios semejantes, presuntamente propiedad de Roberto Sandoval Castañeda, se difundieron recientemente en una cuenta de Facebook que efectúa denuncias sobre el gobierno nayarita, a nombre de Comandante Jack, Joker.

Una de las imágenes presenta la superficie superior de un fuste (cabeza de la montura donde los charros atoran la reata) sobre cuyas grecas en fino repujado dorado y plata se halla grabada la leyenda “Gobierno de Nayarit”, el escudo de la entidad y las iniciales del gobernador, RSC.

La imagen fue retomada por la prensa, que presumió una manufactura de oro de 24 quilates con incrustaciones de diamantes. Sandoval Castañeda negó que fuera suya vía Twitter. Pero un excolaborador del gobierno del estado, dirigente izquierdista, asegura, bajo petición de anonimato: “Ese fue un regalo de Gianni Ramírez al gobernador en agradecimiento porque lo haya regresado a la Secretaría de Obras Públicas”. Ramírez prefirió regresar a su cartera en el gabinete estatal que permanecer en la diputación federal en que se hallaba.

Otra de las fotografías del sitio de Facebook mencionado muestra un freno de color plata, también con trabajo preciosista y con las iniciales del gobernador. Una tercera foto exhibe otra presunta prenda de Sandoval: una silla de montar de piel de cocodrilo con fuste en color plata. Los precios de este tipo de monturas oscilan entre los 45 000 y 50 000 pesos cada pieza, y si se desean acabados especiales puede elevarse hasta 100 000 pesos, dependiendo del material deseado y el grado de dificultad en su manufactura.

Pero Sandoval Castañeda también cuenta con otros accesorios: calesa con asientos de piel y carruaje de impronta porfiriana, tirado por sus bruñidos corceles, que a veces utiliza para impresionar o agasajar a invitados especiales. Él mismo ha aceptado que algunas veces ha ido en carreta a recogerlos al aeropuerto de Tepic […]

Un viernes de febrero de 2010 murió el Dandy, aquel corcel negro de cola y crines abundantes y rizadas, el consentido de Roberto Sandoval Castañeda, quien subió a su cuenta oficial de Facebook una fotografía donde aparece montando al potro, erguido este sobre sus patas traseras, y las delanteras flexionadas, como haciendo un saludo. El mandatario hizo público un adiós en la publicación de su muro.

Ese año, un amigo distinguido de la familia del entonces alcalde de Tepic, visitó las instalaciones de la RIE: el cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner, quien entre discursos altruistas halló el espacio para anunciar la candidatura de Sandoval Castañeda a la gubernatura, concretó el proyecto político. Todo estaba arreglado.

Fiel a su predilección equina, el Dandy no podía quedar fuera del escenario. Roberto recibió su caballo preferido disecado y erigió un espacio, una especie de santuario, para el ejemplar que marcó su vida.

Roberto Sandoval posee una riqueza descomunal y hasta la fecha sigue libre e impune. Si no va a parar a la cárcel es porque su amigo Enrique Peña Nieto lo protege.

Pero la buena estrella de Roberto Sandoval Castañeda parece extinguirse: mientras la PGR sigue inactiva en su contra —está ocupada en su función de ariete del poder para tratar de descarrilar de la contienda electoral a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, a quien acusan de lavar dinero de procedencia dudosa—, la fiscalía de Nayarit llevó a cabo el aseguramiento de cinco propiedades del exgobernador Sandoval Castañeda, las cuales habría adquirido con dinero público o de otras fuentes presuntamente ilícitas.

Los golpes se asestaron en propiedades sobre las que el exgobernador Sandoval no ha explicado su origen ni de dónde obtuvo el dinero para comprarlas: se trata, según la fiscalía de esa entidad, de la Fundación Ríe, un inmueble de aproximadamente dos hectáreas ubicado en la colonia El Pedregal, en la ciudad de Tepic.

En esa fundación, se asegura, se realizan actividades de rehabilitación de niños que padecen diversas enfermedades. Pero el activista Rodrigo González Barrios, quien interpuso las primeras denuncias contra Sandoval por enriquecimiento ilícito, argumenta que no existe información clara sobre el verdadero origen de este inmueble. Y González Barrios se pregunta de dónde salió el dinero para construir ese edificio, el cual, según algunos arquitectos, tiene más de una hectárea de construcción y un valor de más de cien millones de pesos. “¿De dónde salió el dinero —insiste—, cuando la cantidad que aportaron los socios de la fundación asciende a cerca de 13 millones?”.

La segunda propiedad asegurada al exgobernador es el rancho La Cantera —el que, se asevera, construyó y atiborró de varios tipos de ganado con el esfuerzo de cinco años—, con una extensión de tres hectáreas. La tercera es una residencia ubicada en el fraccionamiento Bonaterra. El inmueble, de acuerdo con las investigaciones, está a nombre de Lidy Alejandra Sandoval López, hija del exmandatario.

El cuarto aseguramiento tiene que ver con dos terrenos ubicados en Lago David, en el rancho El Armadillo. Los predios están a nombre de Alejandra Sandoval. Y el quinto corresponde a una vivienda de dos pisos en la Colonia Doctor Leyva Medina, donde supuestamente vivió Roberto Sandoval durante su gestión como gobernador. La propiedad está registrada a nombre de Roberto Sandoval y Ana Lilia López. La fiscalía del estado, que continúa rastreando propiedades y cuentas bancarias del también exalcalde de Tepic, sostuvo que evaluará si las propiedades aseguradas corresponden al exmandatario y, de ser así, se pondrán en venta para reparar el daño causado al patrimonio de la entidad.

Respecto de los presuntos vínculos del exgobernador con el narcotráfico y el despojo de propiedades, actividades que habría realizado en complicidad con su fiscal Édgar Veytia —preso en Estados Unidos por servir a los cárteles de la droga—, la PGR no ha informado nada sobre el avance de las investigaciones; por el contrario, guarda un silencio que huele a carpetazo, a pacto de impunidad: la práctica común del régimen priista.

Epílogo

Arribó al poder en 2012 con la confianza de la ciudadanía tras dos sexenios de fracasos panistas. Enrique Peña Nieto, el llamado telepresidente, termina su gobierno sumido en el desprestigio, con los niveles más bajos de aceptación popular debido a la corrupción que prohijó y protegió durante su caótica administración.

En la recta final de su gobierno, Peña Nieto evoca las gestiones de Luis Echeverría Álvarez, de José López Portillo y de Carlos Salinas de Gortari, los sexenios más aciagos que se recuerden en México, encabezados por presidentes que llegaron al poder arropados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Echeverría Álvarez y López Portillo pasaron a la historia por haber convertido la corrupción en una suerte de política de Estado. Lo permitieron todo. Echeverría cargaría, además, con los muertos de 1968 y 1971 por las represiones militares y policiacas contra los estudiantes. No fue ajeno a las matanzas hasta hoy impunes, tampoco a la represión social y a la guerra sucia como instrumento del Estado contra la sociedad organizada: aún está fresca la memoria de los desaparecidos por sus gatilleros disfrazados de policías.

López Portillo fue, quizás, uno de los presidentes más voraces de esa cruenta etapa; el prototipo del dictador de doble discurso, repudiado hasta los últimos días de su vida, al punto de que aun muerto su recuerdo causa una repulsa irrefrenable.

Carlos Salinas de Gortari nos hizo soñar con el Primer Mundo y lo que construyó fue un país de papel. Fue (y es) el gobernante más perverso: se enriqueció hasta la médula con la partida secreta; encubrió a su hermano Raúl, quien amasó una fortuna descomunal que guardó en Suiza con identidades falsas y se defendió en los tribunales aduciendo que no era dinero suyo sino de sus amigos, los empresarios más beneficiados del salinato: Jorge Hank Rhon, Carlos Peralta, Roberto González Barrera, entre otros.

Los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu (su cuñado) sacudieron su sexenio, y el estallido del Movimiento Zapatista en Chiapas resquebrajó el país de Salinas y exhibió sus desatinos y yerros en la política social, poniendo en evidencia la mentira sexenal.

El PRI de esos años no es distinto del PRI actual, el de Enrique Peña Nieto, formado a la vieja usanza, cuajado en el mismo molde, instruido en la misma cultura de la corrupción de los tiempos más traumáticos de México.

Peña Nieto se lanzó a la aventura política rumbo a la presidencia de la República de la mano de Televisa, la televisora más desprestigiada del mundo, cuya función ha sido idiotizar a la sociedad: entre más ignorante, mejor para el sistema político priista. “La caja idiota”, llamó a la televisora el extinto Carlos Monsiváis, uno de sus críticos más aguerridos.

De esa forma, Televisa se entronizó junto con Peña Nieto en el poder presidencial y ganó dinero, como ningún otro medio de comunicación lo ha hecho en América Latina, con lo que mejor sabe hacer: desinformar, distraer, lavar cerebros, vender productos de papel, como lo hizo con Peña Nieto.

A través de Televisa —su cómplice más fiel— Peña Nieto le vendió a la sociedad una de las mercancías más caras que algunos sectores compraron como oro molido: el rostro de un nuevo PRI representado por gobernantes jóvenes que —decía— “están haciendo historia con grandes resultados”.

Y aquel rostro del nuevo PRI lo representaban Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo; Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz; César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua; Humberto Moreira Valdés, gobernador de Coahuila; Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit. Todos ellos cayeron en desgracia, investigados dentro y fuera de México por los actos más terribles de corrupción institucional.

Cuando Peña Nieto recorría el país como candidato presidencial, los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández ya eran investigados, acusados de proteger al narcotráfico y de enriquecerse con el dinero de los cárteles del Golfo y Los Zetas. El abanderado del PRI decía, con la boca llena, que todo aquello era una campaña para desprestigiar a su partido y desestimó las indagaciones en contra de sus amigos, los exgobernadores actualmente presos.

Dueño del poder, Peña Nieto perdió el rumbo en su primer año de gobierno. De inmediato el nuevo rostro del PRI echó mano de las más viejas prácticas y, al igual que Arturo Durazo en el sexenio de López Portillo, se mandó construir una mansión —la Casa Blanca—, símbolo de la corrupción sexenal, cuya procedencia todavía no queda del todo clara porque no existe argumento que borre lo que todo el mundo sabe: que el origen de la residencia es la corrupción.

Angélica Rivera, su esposa, salió a la escena pública a justificar lo injustificable: que Televisa le pagó tanto dinero que pudo comprar la casona. El argumento se estrelló ante el muro de la duda social. Y no bastó que Peña pidiera perdón por esa atrocidad, que representó una bofetada al pueblo de México. El sexenio se terminó desde el primer año de gobierno, y los años posteriores se vivieron como una pesadilla.

Su gobierno entró en una fuerte crisis política y de credibilidad; no pudo contener la violencia del narcotráfico; la corrupción se disparó de manera escandalosa sin que autoridad alguna pusiera freno a la orgía del saqueo, el robo vil, el descaro sin maquillaje.

Permitió que sus gobernadores consentidos saquearan las arcas de las entidades que gobernaron y huyeran, impunes, al extranjero; para después ser traídos y procesados porque ya no hubo más alternativa frente al reclamo social nacional e internacional.

Esa fue la causa de la debacle del PRI en 2017, en cuyas elecciones perdió todas las gubernaturas en juego. Solo ganó dos: el Estado de México y Coahuila, cuyos triunfos se lograron mediante el más descarado fraude electoral —la práctica de siempre.

Aquellas elecciones sacaron a flote otras aristas de la corrupción orquestada por los exgobernadores encarcelados, pues se evidenció que buena parte de los dineros desviados a través de empresas fantasma fueron a parar al PRI y al financiamiento de las campañas de sus candidatos. Las investigaciones en el estado de Chihuahua, por ejemplo, pusieron al descubierto que Manlio Fabio Beltrones —exlíder del PRI, exsenador de la República y exdiputado federal— habría sugerido aquel esquema de financiamiento, que se puso en práctica en varios estados con la venia de Peña Nieto y el respaldo del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Por esa razón uno de los operadores más cercanos a Beltrones —Alejandro Gutiérrez— está preso, haciendo compañía a medio gabinete de César Duarte. Beltrones, incluso, tuvo que ampararse para no ser detenido, pero el pacto de impunidad ahora lo protege: José Antonio Meade, el candidato presidencial priista, lo acogió y lo incorporó como operador de su campaña política, resaltando sus buenas credenciales de hombre experimentado.

Ahora que se aproximan las elecciones presidenciales del 1 de julio, no hay manera de concebir un posible triunfo del PRI con toda su carga histórica de corrupción. Por todas partes se escucha decir que solo mediante un fraude electoral de grandes dimensiones el PRI podría ganar las elecciones, pero el gobierno de Peña Nieto quedaría exhibido como uno de los más ruines de la historia. Sería otro Nicolás Maduro en el poder; sería México con el rostro de Venezuela.

Preocupados porque Meade “no levanta”, desde Los Pinos atizan la campaña de persecución en contra de Ricardo Anaya, quien ocupa la segunda posición. La arremetida del poder a través de la PGR, el principal ariete del PRI y de Peña, sigue manteniendo a Anaya en el segundo lugar. Si la PGR no actúa en su contra ordenando su detención y encarcelamiento por lavado de dinero, quedará claro que existe un plan para ubicarlo como una segunda alternativa del sistema político. A como dé lugar el PRI y la cauda de empresarios que se niegan a un cambio quieren seguir manteniendo el país como su principal fuente de enriquecimiento y de impunidad. “Que todos cambien menos nosotros”, parecen decir.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, quien aventaja con más de quince puntos, juega su tercera competencia por la presidencia de la República. Él afirma que “la tercera es la vencida”, pero todo está por verse. El aparato del poder maniobra, opera, mata, desaparece, corrompe, manipula y presiona para seguir con sus privilegios, mientras la sociedad más necesitada padece hambre e injusticias, el caldo de cultivo del PRI y del poder.

Si López Obrador no gana la presidencia el 1 de julio y no hace nada para defender el voto de la gente, pasaría a la historia como el gran farsante, el contrapeso del sistema que hizo soñar a la sociedad con un cambio —como Carlos Salinas con el Primer Mundo—, y cuando llega la hora de romperse la madre de veras termina agachando la cabeza, como lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.

Se podrían escribir decenas y decenas de historias sobre los malos gobiernos, no solamente del PRI, sino de los gobernadores del cambio: Graco Ramírez, traidor y farsante; Miguel Ángel Yunes Linares, priista reciclado, multimillonario a costa del poder y con ambiciones de gobernar eternamente en Veracruz a través de sus hijos. El proyecto sería tan ambicioso como escribir la historia misma de México de los últimos 90 años con nuevos protagonistas. Es la historia de siempre: la corrupción, la impunidad, el narcotráfico, el saqueo atroz, la agonía social, la muerte.

En muchos rostros de mexicanos que viven en la pobreza, aun en la pobreza extrema, hay sed de cambio. Incluso la gente grita que al país le urge un cambio sin el PRI. Si pierde las elecciones, el PRI tendrá que refundarse desde su propia genética o desaparecer como partido. Si el PRI gana, entonces México realmente podría convertirse en otra Venezuela: la oligarquía y la delincuencia organizada se entronizarían en el poder como la más férrea dictadura política y criminal.

Acerca del autor

RICARDO RAVELO. Es periodista desde hace 31 años. Egresado de la facultad de periodismo de la Universidad Veracruzana (1986-1990), ha trabajado como reportero de los periódicos El Dictamen, La Nación, Diario del Sur, Diario del Istmo, Revista Llave y Notiver. Entre 1988 y 1990 fue corresponsal del periódico El Nacional.

De 1991 a 1996 trabajó como corresponsal de la revista Proceso en el estado de Veracruz y de 1996 a 2012 fue reportero de tiempo completo de ese mismo medio, donde se le asignó la cobertura de la fuente policiaca, seguridad nacional y temas relacionados con la justicia, el narcotráfico y la delincuencia organizada en general.

Es autor de los libros Los Capos: Las narco-rutas de México (Plaza/Janés, 2005), Los Narcoabogados (Grijalbo, 2006), Crónicas de Sangre (Grijalbo, 2007), Herencia Maldita: el reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico (Grijalbo, 2006), Osiel: Vida y Tragedia de un capo (Grijalbo, 2009), Narcomex: historia e historias de una guerra (Debate, 2012) y Los Zetas: La franquicia criminal (Ediciones B, 2013).

En 2008, el Club de Periodistas de México le otorgó el Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria en la revista Proceso. En 2013 fue galardonado con el premio Rodolfo Walsh por su libro Narcomex: historia e historias de una guerra, durante la Semana Negra de Gijón, España, como mejor libro de no ficción.

Actualmente escribe sobre temas de inseguridad, crimen organizado y corrupción política.

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ISBN: 978-607-07-4757-1

Primera edición en formato epub: marzo de 2018

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