Sinopsis

España está en el centro de una vorágine de depresión económica sin precedentes que acabará de un plumazo con el paréntesis de prosperidad del que hemos disfrutado en las últimas décadas y que creíamos eterno. Los mercenarios del optimismo -políticos, expertos, economistas y periodistas- que trabajan a sueldo de los que verdaderamente mandan y han arruinado el país, nos han estado contando que de ésta también saldremos.

En España, destino tercer mundo se destapa esta falacia y se realiza un retrato del futuro siniestro que nos espera. Lo superaremos, sí, pero empobrecidos hasta unos niveles que no se recuerdan desde los años cincuenta, con varias generaciones perdidas, trabajos escasos y mal pagados y unos jubilados que van a ver esfumarse sus cotizaciones y que sólo podrán aspirar a pensiones mínimas de caridad.

Ramón Muñoz, periodista de economía del diario El País, advierte de que el Estado no logrará hacer frente al pago de su astronómica deuda, y de que la situación del sistema financiero es tan crítica que ni siquiera están seguros ni los ahorros. El Gobierno podría decretar un corralito como el que vivió Argentina hace una década para frenar la fuga masiva de capitales y, lo que es peor, convertir los depósitos de los ciudadanos de euros a pesetas, lo que haría empobrecer de la noche a la mañana a miles de personas.

Éste es un libro en el que se augura un futuro triste y carente de escapatoria alguna. Por eso, su lectura no se recomienda a optimistas impenitentes ni a votantes de partidos mayoritarios deseosos de escuchar que 'todo se arreglará'. Si acaso va dirigido a un tipo de lector inquieto. Harto de leer las mismas mentiras que le han estado contando los medios de comunicación desde que empezó la crisis.

©2012, Muñoz Moya, Ramón

©2012, Ediciones Deusto

ISBN: 9788423413140

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Ramón Muñoz Moya

España, destino tercer mundo:

Endeudados, sin fábricas, sin empleos y atrapados por el corralito

Prólogo

Se han escrito muchos libros sobre la crisis, y se han quedado viejos antes incluso de que salieran a la venta. El doble error: aplicarse en un optimismo antropológico basado en la idea de que la historia siempre avanza y evaluar la actual catástrofe financiera y económica como si fuera una crisis cíclica más. Los hechos y el agravamiento de la situación están desmontando ambas falacias.

La confianza histórica en el progreso de la humanidad, con breves recesos, está instalada en la conciencia colectiva. Y se ha trasladado a la economía por inercia. Nada más lejos de la realidad. Como parte del llamado mundo desarrollado, los españoles hemos vivido entre cuarenta y cincuenta años de bienestar, una prosperidad inédita desde el comienzo de los tiempos. Ese periodo de riqueza ha sido la excepción, y no la regla como nos han hecho creer y hemos aceptado por comodidad.

La clase media como cimiento de esa bonanza es un invento reciente. No tiene ni un siglo de existencia. Y lo mismo puede decirse de la mayor parte de los sistemas de asistencia social —entre ellos el nuestro— que han permitido la creación de esa especie a medio camino entre ricos y pobres en la que se basan las naciones modernas y desarrolladas. Pero ¿en qué tablas de la ley está escrito que iba a durar toda la vida?

La clase media está en peligro de extinción. Como a los dinosaurios, que antes que ella dominaron la Tierra, un meteorito la puede barrer de muchas partes del planeta donde se creía a salvo para siempre, como es el caso de España. Llámenle Gran Recesión, Gran Depresión o Gran Cataclismo. Lo de menos es el nombre, pero desde luego no se puede decir que sea una crisis más. Lo que estamos viviendo sólo en sus albores no tiene parangón histórico alguno. Ni siquiera la Gran Depresión del 29 sirve de referencia. Desgraciadamente, de aquel marasmo se salió gracias a la segunda guerra mundial. No parece previsible que un conflicto bélico vaya a salvarnos ahora. Así que nadie puede aventurar cómo escaparemos de ésta.

España está en el centro de esa vorágine de depresión económica sin salida que amenaza con destruir todos los lazos sociales que dan estabilidad a una nación y el futuro de varias generaciones. Durante casi una década ha vivido subida en una ola inmobiliaria que ha alimentado la economía artificialmente, suplantando la carencia de industrias propias. Frente a otros países, tenemos la peculiaridad de un paro masivo y enquistado, agravado por la llegada de un aluvión de inmigrantes en un tiempo récord, al calor de ese boom del ladrillo.

Aunque el detonante ha sido el estallido de la burbuja inmobiliaria, la verdadera causa de que España haya caído en un pozo cuyo fondo no hemos tocado y, peor aún, no se perfile ninguna escapatoria, es que no producimos ya nada. En los últimos treinta años, hemos asistido a un escrupuloso proceso de desmontaje de toda nuestra industria (y de la agricultura) como paladines de la globalización. Algo que todos los países occidentales sufren, pero que ninguno ha celebrado como el nuestro. Todo lo que consumimos viene de mercados exóticos, de China, India, Bangladesh, Vietnam, Egipto...

Hemos creado una sociedad low cost (bajo coste), de todo a un euro, productos baratos, vuelos baratos, viajes baratos. Arropados por la fortaleza de la moneda única, y cumplido el sueño de firmar una hipoteca por encima de nuestras posibilidades, los españoles nos hemos dedicado a viajar por los rincones del mundo, a comprarnos el último smartphone, a llenar las autopistas de 4 × 4... Ese espejismo de nuevos ricos sin ocupación alguna se ha esfumado, y ahora nos damos cuenta de que nos estamos convirtiendo en un país low cost, con sueldos low cost, sanidad y educación low cost, que camina indefectiblemente hacia la penuria. Un país de camareros, guardias de seguridad, funcionarios y albañiles en paro, cuyas generaciones futuras ya no van a viajar sino a emigrar. Y no van a vivir peor que sus padres, como ha acuñado el eslogan. Con suerte, van a sobrevivir como sus abuelos.

Los mercenarios del optimismo, como yo les llamo porque trabajan a sueldo de los que verdaderamente mandan y han arruinado al país, les han estado contando, y aún hoy lo siguen haciendo con total impunidad, que de ésta también saldremos. Y claro que vamos a salir, pero empobrecidos hasta unos niveles que no se recuerdan desde los años cincuenta, con varias generaciones perdidas, trabajo escaso y mal pagado, y unos jubilados que van a ver esfumarse sus cotizaciones y sólo podrán aspirar a pensiones mínimas de caridad.

Pese a los mensajes tranquilizadores de los políticos y los medios de comunicación cómplices, el sistema financiero español está quebrado, con un nivel de endeudamiento brutal, tanto público como privado. Ni la Unión Europea (UE), ni el Fondo Monetario Internacional (FMI), ni el Banco Central Europeo (BCE), ni Alemania pueden engullir una deuda de 2,4 billones para salvarnos. España como país está abocada a la suspensión de pagos, a una quita (negociación de lo que se puede pagar y lo que no) sobre la astronómica deuda que ha colocado en los mercados internacionales en forma de letras, bonos y obligaciones y que es imposible devolver. Otros países lo hicieron antes como Tailandia, Rusia o Argentina.

El problema es que ninguno de ellos estaba sometido a una moneda común como el euro. Y es que el siguiente e ineluctable paso al default es la salida del euro y la vuelta a la moneda nacional, la peseta (o como quieran denominarla). Ese proceso pasa a su vez necesariamente por la palabra que más aterroriza ahora a los ciudadanos: el corralito. Tarde o temprano, el Gobierno deberá decretar una restricción de los fondos que se pueden retirar de los bancos. Inmediatamente después (o al mismo tiempo), decretará una medida aún más desastrosa para los ahorradores: el corralón. Fijará un cambio obligatorio entre el euro y la nueva moneda nacional con una devaluación que puede alcanzar e incluso superar el 50 por ciento. Automáticamente, los fondos depositados en las entidades financieras se convertirán en pesetas. Y de un plumazo, los depositantes perderán hasta la mitad de sus ahorros.

Ya ocurrió en Argentina en 2001 que adoptó de forma suicida el dólar como moneda nacional con la misma ligereza que nosotros nos pasamos al euro. El país se sumió en un empobrecimiento general, con ricos y pobres, sin nada entre medias, como modelo social, y el populismo y la corrupción como sistema político. La argentinización de España es hoy una realidad. Los jóvenes preparados tienen como única salida la emigración; el resto, es carne de cañón de las villas-miseria que se están levantando a las afueras de nuestras ciudades. Los trabajadores —los que tienen un empleo y los que lo buscan— van camino de convertirse en lumpen, sin conciencia de clase, con salarios de supervivencia, predestinados a jubilaciones con pensiones asistenciales.

España está ya inmersa en un retroceso de sus condiciones de bienestar que nos va a devolver a los estándares de los llamados países en vías de desarrollo, ese eufemismo empleado para definir a las sociedades que viven en un clima de penuria general y desigualdad, en donde sólo unos pocos se benefician de los periodos de crecimiento. No es nada nuevo. Así subsisten desde siempre millones de latinoamericanos, norteafricanos o asiáticos. Y así vivíamos los españoles en los cuarenta y en los cincuenta. Este libro, que posiblemente también se haya quedado anticuado cuando se publique, pretende simplemente contarles amenamente esa vuelta atrás, sin mensajes apocalípticos gratuitos.

Y frente a lo que pueda pensarse, vamos a sufrir ese empobrecimiento con resignación, porque, paradójicamente, ese periodo de bienestar nos ha vacunado contra la revolución, nos ha desarmado para oponer resistencia frente a los poderes establecidos. Éste es un libro que pinta un futuro triste y no cree que haya escapatoria alguna. Por eso, no se lo recomiendo a optimistas o a votantes de partidos mayoritarios. Si acaso va dirigido a algún otro lector inquieto, harto de leer las mentiras patrocinadas que le han estado contando los diarios durante tantos años.

Capítulo I

Para empezar, un relato de economía ficción que les hará temblar

«Interrumpimos nuestra programación normal para conectar con el Palacio de La Moncloa. El Gobierno desea comunicar un mensaje institucional cuyo contenido no nos ha sido desvelado. Insistimos, se trata de un mensaje institucional cuyo contenido no nos ha sido anunciado pero, según fuentes de toda solvencia, tendrá un importante calado económico. Conectamos... Comparece el ministro de Economía, Luis de Guindos. Está solo, en un atril. Únicamente se ha permitido la entrada a informadores gráficos. Se nos ha informado de que no habrá rueda de prensa posterior. Les habla el ministro:

“Buenos días. Comparezco ante ustedes, ciudadanas y ciudadanos, para informar de los acuerdos a que ha llegado el Gobierno en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha tenido lugar en el día de hoy. En la misma, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 1570/2013 del que paso a informarles.

Debido a la situación de alta inestabilidad en los mercados y los ataques especulativos contra nuestra deuda pública, agravado por la retirada de inversiones en los últimos meses, el Gobierno se ha visto en el deber y en la obligación de adoptar una serie de medidas temporales de limitación de la circulación de capitales, así como la restricción de la disponibilidad de fondos en efectivo, la implementación de nuevos requisitos para las transferencia de fondos al exterior y las operaciones con divisas extranjeras.

Se trata de una medida transitoria hasta que se completen las negociaciones que España mantiene con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales para la reestructuración de su deuda externa, así como la renegociación de las condiciones para el segundo bloque del paquete de ayuda adscrita al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) destinado al saneamiento del sistema financiero español.

Con estas medidas se trata de frenar los efectos de esos movimientos especulativos que han disparado la prima de riesgo y situado la tasa de interés que España debe pagar por financiar su deuda a unos niveles insostenibles, que no tienen correlación alguna con la situación de los mercados ni la solvencia del Reino de España.

La economía española, como otras tantas de países de nuestro entorno, está afectada por una profunda crisis, pero la solidez de sus fundamentales es incuestionable. Con las medidas contenidas en este decreto, se trata de poner fin a los movimientos especulativos que han motivado una retirada de depósitos en los últimos meses, poniendo en peligro el flujo del crédito al afectar a las provisiones a que son obligadas las entidades financieras en cumplimiento de las directrices del Banco de España.

Esa falta de recursos financieros obliga a las empresas a contraer sus operaciones y actividades, disminuyendo el nivel de empleo. Que ello afecta negativamente al nivel de actividad económica, repercutiendo en los niveles de recaudación, de los que depende enteramente el funcionamiento del Estado Nacional, las autonomías y los entes locales.

Que resulta conveniente adoptar las medidas de emergencia apropiadas por el corto tiempo que duren las operaciones mencionadas, para evitar que la continuidad de esta situación afecte en mayor medida a la marcha de la economía, dando las seguridades necesarias tanto respecto al valor de los activos financieros, como sobre su liquidez, conservación e intangibilidad.

La misión última de este decreto es garantizar la inviolabilidad de cualquier activo financiero en manos de particulares o empresas, que una crisis financiera sistémica podría hipotéticamente poner en peligro. Además, con las medidas adoptadas se reafirma el compromiso del Gobierno con la Unión Monetaria y su pertenencia al euro como moneda común. El euro es y será la única moneda del Reino de España y no hay ninguna amenaza que pueda quebrantar esa seguridad.

La Constitución, la legislación nacional y comunitaria autorizan al presente Gobierno, en situaciones como la presente, a que puedan restringirse por un breve período su uso y goce, limitando exclusivamente ciertos retiros en efectivo y algunas transferencias de fondos al exterior, que de ningún modo afectan al funcionamiento de la economía.

Las medidas son de extraordinaria y urgente necesidad para facilitar su rápida reestructuración. Su inmediata aprobación es estrictamente necesaria para afianzar la solvencia tanto del Reino de España como de sus entidades de crédito. A su vez, la necesidad de abordar con urgencia la aprobación de medidas para frenar la fuga de capitales y la garantía de los depósitos justifican la urgente aprobación de medidas en este ámbito, que apuntalen su actual proceso de reforma y reestructuración.

Por tanto, se adopta este conjunto de medidas, cuya extraordinaria y urgente necesidad queda suficientemente justificada.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del ministro de Economía y del ministro de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de hoy:

Dispongo

Artículo 1.º — Se prohíben las retiradas en efectivo que superen los 400 euros por semana, por parte del titular o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta del total de sus cuentas en cada entidad financiera. La medida afectará también a las retiradas en cajeros automáticos o por cualquier medio electrónico.

Artículo 2.º — Se prohíben las transferencias al exterior, con excepción de las que correspondan a operaciones de comercio, al pago de gastos o retirada de fondos que se realicen en el exterior a través de tarjetas de crédito o débito emitidas en el país, o a la cancelación de operaciones financieras o por otros conceptos, en este último caso, sujeto a que las autorice el Banco de España.

Artículo 3.º — El Banco de España podrá disminuir las restricciones establecidas en los artículos precedentes cuando los saldos de depósitos totales del sistema financiero así lo aconsejen o las tasas de interés del pago de la deuda pública se normalicen.

Artículo 4.º — Se declaran intangibles los depósitos a la vista o a plazo, las transferencias entre entidades financieras, las renovaciones, débitos en cuenta, los libramientos o acreditaciones de cheques, uso de tarjetas de crédito o débito y, en general, cualquier tipo de operatoria bancaria que no implique disminución de fondos en el sistema financiero, aunque produzcan transferencias entre entidades financieras.

Artículo 5.º — Durante la vigencia del presente decreto, las entidades no podrán obstaculizar la transferencia o disposición de los fondos entre cuentas, cualquiera que fuere la entidad receptora de los mismos, y las comisiones por la transferencia electrónica de fondos entre ellas que se realicen por cuenta y orden de sus clientes será fijada por el Banco de España.

Artículo 7.º — Se prohíben las operaciones de exportación de billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, salvo las que sean autorizadas por el Banco de España.

Artículo 8.º — El Banco de España será la autoridad de aplicación del presente Real Decreto-Ley, pudiendo dictar las normas necesarias para asegurar que todos los habitantes del país puedan usar y disponer de sus activos financieros abriendo cajas de ahorro y tarjetas de débito, u otros modos previstos en el presente decreto, regulando las condiciones y el coste máximo al que las entidades respectivas estarán obligadas a prestar el servicio.

Artículo 9.º — El Gobierno podrá dictaminar el fin de la vigencia de las restricciones establecidas en los artículos precedentes si las circunstancias del mercado de capitales así lo aconsejan.

Disposición final primera.

Se habilita al Gobierno, así como al ministro de Economía y al ministro de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este Real Decreto-Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este Real Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.»

La comparecencia del ministro, retransmitida por todos los medios de comunicación al unísono, provocó al principio una reacción de estupor. El país se paralizó durante unos instantes, un minuto a lo sumo. Era la primera vez desde la muerte de Franco que todas las radios y las televisiones, incluyendo las cadenas autonómicas y las locales, habían emitido de forma conjunta un mensaje oficial del Ejecutivo. A todos les extrañó que no fuera el presidente Mariano Rajoy en persona quien comunicara un anuncio de tal gravedad. Precisamente, desde fuentes del Gobierno se filtró que habían preferido que saliera el ministro de Economía para quitarle hierro al asunto, para darle una imagen de normalidad, como si fuera otra medida económica más de urgencia, de las muchas que se habían tomado en los últimos meses. Desde la oposición, y en casi todos los medios, se ofrecía una explicación mucho más creíble: Rajoy no quería manchar su imagen con la del corralito, no quería pasar a la historia como el «presidente del corralito». Rajoy debía pensar que en Argentina, que lo sufrió hace una década, se asoció el desastre al rostro del ministro de Economía, Domingo Cavallo, y no al presidente Fernando de la Rúa, que fue quien realmente adoptó la medida. Y lo más gracioso es que De Guindos y Cavallo guardan un parecido físico asombroso.

A esos breves instantes de paralización del país siguió una explosión de actividad inusitada. La gente comenzó a llamar por el móvil a sus familiares y a los compañeros de trabajo, los que disponían de ellos. Incluso telefoneaban al empleado o al director de su sucursal bancaria. Parecía como si fuera Año Nuevo o hubiéramos vuelto a ganar el Mundial de fútbol. Pero no se celebraba nada. Al contrario, en esas llamadas sólo había miedo, una desesperación que se quería compartir con los más cercanos, con preguntas angustiosas para las que nadie tenía respuesta.

El Gobierno había declarado el corralito, un gigantesco cepo sobre los fondos y los ahorros de millones de ciudadanos. Había esperado a un sábado, con los mercados y los bancos cerrados, para anunciar por sorpresa una medida cuyos ministros, con el titular de Economía a la cabeza, habían negado hasta la extenuación pese a la fuga masiva de depósitos de los últimos meses. Se llegó a decir que los que hablaban de un posible corralito en España querían en realidad dar un golpe de Estado institucional, generando un clima de alarma social injustificable, en clara alusión al principal partido de la oposición. Algún ministro incluso se mofó del periodista que en rueda de prensa le interpeló sobre una probable restricción de fondos para los depositantes de forma similar a lo ocurrido en Argentina hace una década. «Escucha usted demasiados tangos o demasiadas milongas», le dijo el miembro del Gabinete provocando la carcajada cómplice de la bancada de los periodistas afines al Gobierno.

La conjura no había surtido efecto y ya teníamos nuestro corralito. Nadie parecía estar a salvo de ese brutal portazo que dejaba atrapado el dinero de pobres y ricos, empleados y parados, ciudadanos ejemplares y villanos. Al letargo del inicio, sucedió el pánico. La gente que aún no lo había hecho encendió los televisores y las radios que pronto se poblaron de tertulianos y los consabidos expertos intentando explicar el alcance de la medida. Pero casi nadie les creyó. Cuando piensas que te están metiendo la mano en el bolsillo, ni el discurso del mejor charlatán profesional puede tranquilizarte. En las webs de los principales diarios también exponían las consecuencias de la medida con mayor o menor detalle.

Ninguna explicación parecía calmar a los ahorradores. La red de telefonía móvil se colapsó en varios momentos. El tráfico, que los sábados por la mañana es el más bajo de la semana, se había multiplicado por cien, superando incluso el posterior a las campanadas de fin de año. WhatsApp y Twitter también se cayeron. En esta red social, el hashtag #Spaincorralito fue trendingtopic mundial en apenas unas horas. Los tuits alternaban las burlas irónicas con mensajes dramáticos.

«@Gil345 con 400 € a la semana no alcanza para las dietas de un congresista»; «@Chuen debo viajar a Ecuador para reunirme con mi familia. Quién me presta la plata»; «@ArgenHuen nos afanaron en Argentina. Nos afanan ahora en España. Se confirma q los chorros se movilizan cada década.»

De la indignación se pasó a la desesperación. Apenas una hora después de que el Gobierno emitiera su anuncio, miles de ciudadanos corrieron hacia el cajero automático más próximo. No importaba lo remoto que estuviera situado o la entidad a la que perteneciese, en todos se formaron largas colas. Pronto hubo altercados. La gente increpaba a los que veían retirar muchos billetes, temerosos de que cuando les llegara el turno ya se hubieran agotado las reservas de fondos. También insultaban a los que portaban más de una tarjeta, bien suyas o de un familiar, y realizaban más de una extracción.

En unas horas (en las zonas comerciales o más pobladas, incluso en menos tiempo) los cajeros se vaciaron. Los que no habían conseguido hacerse con efectivo o querían asegurarse de disponer de más dinero deambulaban de un cajero a otro como verdaderos zombis de The Walking Dead. Como si los caminantes moribundos de la serie hubieran mordido a los que les precedían en las colas para conseguir más billetes.

Cuando fue evidente que los cajeros estaban exhaustos, los exasperados ahorradores la emprendieron con las máquinas. Golpeaban las pantallas con los puños, piedras o lo que tenían a mano. Algunos más radicales recurrieron al fuego. Prendían papeles en los teclados de las máquinas o los rociaban con gasolina y les tiraban una cerilla. En estos casos extremos, atribuidos a grupos antisistema, intervenía la policía que estaba desbordada por los avisos.

El Gobierno intentó calmar el incendio social. Los ministros se multiplicaron en los medios. Todos se habían aprendido bien una serie de leitmotiv tranquilizadores y no se apartaban del guión pese a la insistencia de los periodistas. «Es una medida temporal», «en absoluto se van a tocar los depósitos, los ahorros están más a salvo que nunca, para eso se ha tomado la medida, para reforzar su seguridad», «en cuanto se renegocie la deuda se levantarán las restricciones», «la economía española no tiene nada que ver con la argentina y a esto no se le puede llamar corralito», «nadie está pensando en salirse del euro y en volver a la peseta.»

La retahíla de mensajes sedantes tuvo el efecto contrario al que perseguían. Los ciudadanos, escaldados por los innumerables engaños e incumplimientos anteriores del Gobierno, temieron lo peor: llegar el lunes a su banco y ver que sus ahorros habían desaparecido. Una rumorología fatídica se extendió en torno a esa posibilidad. En Twitter, en los foros de las webs, comenzó a extenderse la idea de que el Ejecutivo iba a incautarse de un porcentaje de los fondos depositados en los bancos para sufragar el pago de la deuda. Los que veían descabellada esta medida eran increpados por los más radicales. ¿Acaso el Gobierno no estaba asfixiando a los ciudadanos con subidas de impuestos encadenadas, después de prometer que los iba a bajar? ¿No había negado cientos de veces la petición de rescate antes de pedir incluso dos: uno para el sistema financiero y otro para el país entero?

Las webs de medios internacionales contribuyeron a ese descreimiento de los mensajes oficiales. BBC, The Wall Street Journal o Financial Times abrían sus ediciones digitales con el corralito español. Todos recordaban el precedente argentino y pronosticaban una dura respuesta de los mercados cuando se abrieran el lunes. Los más sensacionalistas como The Sun o el alemán Bild Zeitung titulaban «Atrapados», «España, una cárcel para los ahorradores». Los medios nacionales se mostraban más cautos y comprensivos con las tesis del Gobierno. Se especulaba con que el propio Mariano Rajoy había llamado a los directores de los diarios para intentar contener el pánico.

A través de las redes sociales se emplazó a la gente a protestas callejeras. La que más poder de convocatoria tuvo fue la de Madrid. A las cinco de la tarde, una multitud creciente empezó a concentrarse en Cibeles. No eran seguidores del Real Madrid, desde luego. Daban la espalda a la diosa. El foco de su ira era el Banco de España. Algunos también increpaban frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid, en el antiguo Palacio de Correos, un símbolo del despilfarro con la firma del hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

No tardó en colapsarse la plaza. La Policía recibió órdenes de no intervenir salvo en caso de extrema necesidad. Los agentes no respondían a los insultos. Algunos se mostraban comprensivos con los manifestantes, que gritaban consignas improvisadas: «¡¿Dónde está nuestro dinero?!», «¡queremos nuestros ahorros!», «¡son mangantes, no son gobernantes!». Una vez repleta Cibeles, la marcha instintivamente derivó hacia el Congreso de los Diputados. La Carrera de San Jerónimo estaba vallada desde el hotel Palace hasta la plaza de Sevilla. Los manifestantes se dividieron. Muchos subieron hasta la puerta del Sol. No tardaron en aparecer algunos dirigentes del PSOE, IU y UPyD, así como de los sindicatos UGT y CC.OO., intentando capitalizar el malestar. Pero eran abucheados en cuanto el público detectaba su presencia. Optaron por una prudente retirada.

A la noche, las protestas dieron un giro radical o más individualista, para ser exactos. Se disolvieron las multitudes y se desgajaron en pequeños grupos, que recorrían las calles en busca de oficinas bancarias. Al fin y al cabo, la gente, por primera vez desde el inicio de la crisis, no clamaba por algún bien colectivo, contra los recortes sociales o en defensa de la sanidad y la educación. Pedía su dinero, sólo su dinero, sin más. Ya no se trataba de un robo social, no. Te atracaban a ti mismo. El Real Decreto-Ley era como autorizar que el Estado te pudiera asaltar a partir del lunes, con total impunidad, en tus mismas narices, en la sucursal de tu banco, donde te ingresaban la nómina o la pensión, y pagabas la luz, el gas, el ADSL o el colegio de los chicos.

De madrugada, hubo quema de contenedores, que arrojaban incendiados contra las sucursales. Las más afectadas fueron las oficinas de cajas rescatadas como Bankia o Novacaixa. Las paredes y las cristaleras se llenaron de pintadas. «Ladrones» era la palabra más utilizada, aunque los más ilustrados marcaban los muros con amenazas para los antiguos gestores de estas cajas, que se habían ido de rositas llevándose indemnizaciones millonarias, con la connivencia de los Gobiernos de Zapatero y de Rajoy.

Esas protestas impidieron que los bancos pudieran rellenar los cajeros automáticos con reservas de dinero. Se temía que los grupos asaltaran los furgones blindados o que a los guardias de seguridad se les escapara algún tiro al verse acorralados. Así se esgrimió, al menos, oficialmente para justificar que las máquinas siguieran vacías durante todo el domingo, lo que contribuyó a exacerbar más aún a la población.

Los chats sobre las consecuencias del corralito proliferaron. ¿Se bloquearían también los pagos para la hipoteca? ¿O el de los recibos? ¿O el de los colegios? En la televisión aparecían testimonios variopintos de afectados. Como el de una estudiante que iba a viajar a Estados Unidos pero había perdido el avión porque el corralito le había sorprendido intentando sacar dinero en efectivo para el taxi y los gastos. O el de una inmigrante que temía por su paga en varias casas donde realizaba las tareas domésticas. Otro afectado, de mejor humor, veía positivo que su dentista no cobrase, aunque se quedase a la mitad con los dos implantes que le estaba colocando.

El lunes, por fin, abrieron los bancos. Muchos ahorradores llevaban desde la madrugada apostados a las puertas de las oficinas. El grupo de los pensionistas era uno de los más numerosos. Los empleados que franqueaban el paso eran increpados, aunque ellos se defendían diciendo que no tenían la culpa de nada, y que las restricciones les afectaban como a los demás.

Uno a uno los clientes penetraron en las sucursales. Todos ellos retiraron 400 euros, la cantidad máxima permitida por el banco, que tenía órdenes estrictas de no dispensar ni un euro más, aunque el usuario fuera titular de varias cuentas o estuviera autorizado. Los cajeros (los que no habían sufrido las iras de los ahorradores el día anterior) se reprogramaron para ajustarlos al fatídico límite. A lo largo de la mañana, también se agotó el efectivo en las sucursales. Tan rápido como se reponían los fondos, se agotaban. Lo mismo sucedía en las máquinas.

Todas las transferencias por internet, salvo a las cuentas en el extranjero, estaban permitidas y se podían llevar a cabo sin dificultad por el límite pactado previamente con el cliente. Cuando se sobrepasaba ese límite y había que pedir autorización telefónica surgía otro problema. Las líneas de atención estaban colapsadas, así que no quedaba más remedio que correr a la sucursal y esperar turno infructuosamente.

En los días siguientes, la situación se normalizó. Salvo los más combativos o desesperados, los demás volvieron a la rutina, a la nueva rutina. Eso sí, el comercio se paralizó. Y más aún los lugares de ocio. Los bares estaban completamente vacíos, incluso los fines de semana a la hora del partido del Real Madrid o el Barça por el canal de pago. Nadie quería consumir por si acaso. En algunos comercios, se hacían descuentos en caso de pago en efectivo. El Gobierno trató de frenar estas prácticas anunciando sanciones ejemplares. Muchos concesionarios de coches alargaban los plazos de pago intentando captar algún comprador. Los propietarios que querían deshacerse de un piso o una plaza de garaje ni se molestaban en renovar su anuncio en los medios digitales. No había ni la más remota esperanza de un comprador.

Poco después de la instauración del corralito, la economía se paralizó. La prima de riesgo supero con creces los 1.000 puntos. La Bolsa se había desplomado un 31 por ciento en la primera semana. Las multinacionales españolas y los grandes bancos estaban a tiro de OPA. Sus directivos dejaron de hacer piña con la política del Gobierno y algunos manifestaron públicamente sus críticas. Eso sí, en nombre del liberalismo y la defensa de los ahorros de los depositantes.

Pese al cerco bancario, la fuga de depósitos continuó, más lenta, como un goteo incesante. En las charlas de portal o de taberna se decía que para los ricos no regía el corralito, que ellos estaban sacando libremente sus fondos al exterior, a Suiza y a paraísos fiscales. Unas maledicencias que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se esforzaba sin mucho éxito en combatir. Lo cierto es que de las SICAV, el vehículo de inversión de los millonarios por excelencia porque tributan al 1 por ciento mientras que los ahorros de la plebe lo hacen hasta al 27 por ciento, se estaba disolviendo aceleradamente. No temían tanto al corralito sino a lo que inevitablemente vendría después. Y las grandes familias, las que han dominado el país con Franco, con el Rey y con lo que venga después, ya habían puesto sus capitales en lugares más seguros.

Desde el inicio de la crisis se rumoreaba que el corralito en realidad era sólo una medida preventiva que preparaba el terreno para una mucho más terrible: la salida del euro y la vuelta a la peseta. Sin corralito había un serio peligro de que la fuga de capitales fuera general. Ya no sólo huían los fondos o los inversores foráneos o los grandes capitales. En la medida de sus posibilidades, el ciudadano de a pie había ido haciendo acopio de euros, en billetes contantes y sonantes, por lo que pudiera venir. Pese a las restricciones, lograban ahorrar, sacaban cuanto podían de las cuentas y lo ponían en un lugar seguro, generalmente en algún escondite en sus casas. Algunos incluso dejaron de pagar la luz y el teléfono para conseguir así unos euros más en efectivo, mientras la compañía les reclamaba.

Hacía tiempo que nadie podía conseguir una caja de seguridad en un banco. La lista de espera era enorme. El Gobierno había negado la licencia a las entidades, algunas de ellas que nada tenían que ver con el sector financiero, que viendo el nuevo negocio ofrecían cajas de seguridad para «poner sus bienes más preciados a salvo».

Quien tenía un familiar o un conocido fuera, procuraba trasladar parte de sus ahorros al extranjero. En Alemania se registró un récord de apertura de cuentas por españoles. El Gobierno hizo llegar discretamente una queja formal a las autoridades alemanas y galas para que fueran más estrictos a la hora de permitir la apertura de cuentas a no residentes. Era el mismo Gobierno que no se había inmutado cuando las grandes fortunas desplazaron en masa sus capitales a cuentas de Luxemburgo y Suiza. El Banco de España conocía perfectamente ese flujo y alertó al ministro de Economía, pero De Guindos prefirió mirar para otro lado. Ahora, cuando era el pobre asalariado o el autónomo el que intentaba poner a salvo sus ahorros, se llamaba al orden. Al punto que lanzó una campaña institucional para recordar que todos los que abrieran una cuenta en el extranjero debían notificarlo al Banco de España. El mensaje sonaba intimidatorio pero tuvo el efecto contrario al que perseguía. Sólo el corralito estaba cortando la sangría de fondos. Pero no era suficiente. La opinión pública ya no se fiaba de la opinión publicada. El euro tenía los días contados.

Negada una y otra vez por el Gobierno y sus voceros, el Ejecutivo no tuvo más remedio que aceptar una restructuración de la deuda. Se planteó una quita del 40 por ciento, pero nada más comenzar las negociaciones, se vio que ese porcentaje era irrealizable. Como mucho, España podía pagar el 50 por ciento de sus obligaciones sin que se hundiera completamente el país como le había sucedido a Grecia. Los bancos alemanes no querían presionar demasiado. Habían ganado tiempo y vendido deuda en grandes cantidades. Pero los franceses no daban su brazo a torcer y querían imponer garantías más severas para asegurarse el cobro que quedaba fuera de la quita. Las negociaciones se estancaron.

Y lo inevitable sucedió. Como cuando el corralito, el Gobierno también aprovechó el sábado para hacerlo público. Esta vez no hubo excepciones: todas las televisiones, radios y webs retransmitieron el mensaje al mediodía. Y esta vez sí, fue el presidente en persona quien, con gesto fúnebre, anunció la decisión. El Real Decreto-Ley 214/2013, cuyo texto pasará a la historia de la infamia y del engaño a todo un pueblo, reinstauraba la peseta como única moneda nacional y daba muerte al euro. Decía así:

«Artículo 1.º —A partir de la fecha del presente Real Decreto-Ley, la peseta es la nueva moneda nacional. Sustituye al euro como única moneda de curso legal. Se establece un cambio de 1 euro = 166,386 pesetas. El resto de las monedas extranjeras se formulará de acuerdo a este patrón.

Artículo 2.º —Todos los depósitos en euros u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero serán convertidos a pesetas a razón de 1 euro = 166,386 pesetas. La entidad financiera cumplirá con su obligación devolviendo pesetas a la relación indicada.

Artículo 3.º —Todas las deudas en euros u otras monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera que fuere su monto o naturaleza, serán convertidas a pesetas a razón de 1 euro por cada 166,386 pesetas o su equivalente en otra moneda extranjera. El deudor cumplirá con su obligación devolviendo pesetas a la relación indicada.» El Real Decreto-Ley, de 37 artículos, establecía duros controles para los movimientos de capitales, tanto nacionales como en el extranjero. El texto iba acompañado de un reglamento en el que se establecía que durante los seis primeros meses convivirían físicamente las monedas y los billetes de euro y de las nuevas pesetas.

Con la salvedad de que cuando el lunes la gente comenzó a sacar dinero del cajero o del banco, los euros ya llevaban un sello estampado en ambas caras que probaba su procedencia para diferenciarlos de los euros buenos, los que seguirían usando los alemanes y franceses, y el resto de países que permanecían en la Unión Monetaria.

En algunos bancos aún no disponían de hispanoeuros, europesetas o euros con sellito, como rápidamente comenzaron a llamarlos, así que cuando abrieron las sucursales no les quedó más remedio que ofrecer euros buenos o euros alemanes, aunque siempre bajo el límite de los 400. A los días en que suceden catástrofes financieras suelen denominarles negros. Ese lunes fue, sin duda, el más negro que se recuerda por el drama y la desesperación a la que dieron lugar los acontecimientos. El decreto del Gobierno ordenando la convertibilidad de todos los depósitos a pesetas había pillado desprevenidos a los bancos. Aunque el Banco de España había hecho acopio de billetes de euros para ponerles el sellito, bajo el secreto más absoluto, no había dado tiempo evidentemente a asegurar el suministro para el normal funcionamiento del sistema.

Cuando a las ocho y media de la mañana abrieron las sucursales, se formó el caos general. A lo lejos se distinguía dónde había un banco por la larga fila de personas que esperaban para entrar o para los cajeros. Los altercados fueron generales. Pese a los avisos tranquilizadores del Gobierno de que el cambio a la moneda nacional no tenía por qué conllevar ninguna pérdida de valor, los ahorradores comprendieron desde un primer momento que aquello se trataba de una gran estafa, la mayor de la historia. Les estaban metiendo mano en el bolsillo, en la cuenta corriente, en el depósito, dándoles el gran cambiazo como vulgares trileros: euros por pesetas. Como no podían linchar al Gobierno, los ahorradores la emprendieron con los mortificados empleados de los bancos donde tenían depositados sus ahorros.

Angustiados y aterrorizados, se resignaban a no recuperar el dinero de golpe pero al menos querían tener la seguridad de que todos sus caudales no iban a esfumarse en una mañana, reducidos a polvo en forma de pesetas. Los empleados intentaban quitar hierro al asunto pero ellos mismos estaban atemorizados porque sus ahorros iban a correr el mismo destino que los de los pobres diablos que les increpaban.

Todo el mundo perseguía los euros sin sellito, como si los otros tuvieran un estigma. Una precaución inútil, porque con el corralito era difícil atesorar muchos billetes limpios con el fin de cambiarlos en un futuro por pesetas, cuando todo se hubiera tranquilizado. Aun así, cuando alguien rumoreaba que en tal cajero o en tal oficina aún seguían expendiendo euros sin tara, una multitud corría hacia allí en búsqueda del tesoro. Y todos, todos, pedían información. Preguntas y preguntas para las que nadie tenía una respuesta única y certera. ¿Mi hipoteca también va a pasar a pesetas? ¿Y si compré la casa en pesetas? ¿Y mi sueldo? ¿Y el alquiler? ¿Y los recibos de la luz, el agua, el gas?

El Gobierno había acordado establecer el mismo cambio para salir del euro que el que se fijó en 2001 al asumir la moneda europea. Para evitar una fuerte devaluación los primeros días, acordó con los países donde sobrevivió el euro anclar ese cambio. Esa ficción apenas pudo resistir unos días. Los grandes inversores sabían que no tenía mucho sentido salirse del euro, reconociendo a la nueva moneda el mismo valor. Y el ataque a la peseta se redobló frente a los países fuera de la Unión. El primer día la peseta se depreció un 43 por ciento respecto al dólar, aunque luego se recuperó ligeramente.

Al final, Economía tuvo que dar su brazo a torcer y, apenas una semana después del decretazo, anunció el cambio libre de la peseta. Siguiendo el ejemplo del dólar, la divisa nacional se depreció un 40 por ciento respecto al euro. Las petroleras repercutieron directamente esa devaluación a sus precios. Un litro de gasolina, que costaba 1,441 euros, o sea, 239 pesetas, pasó a costar 330 pesetas de la noche a la mañana. Las compañías de transportes no tardaron en actualizar sus productos. El billete sencillo de metro y autobús se puso en 350 pesetas, más de dos de los antiguos euros. El precio de los pasajes de avión internacionales se duplicó porque a la subida del queroseno había que sumar la de las tasas, que había que pagar en divisas.

El Ministerio de Industria no tuvo más remedio que intervenir el precio de los carburantes, algo que no sucedía desde octubre de 1998. También anunció que el recibo de la luz y el gas se congelarían de acuerdo al cambio oficial para evitar que la inflación se disparara y, sobre todo, para prevenir una revuelta social. Con todo, la factura energética había que pagarla en dólares, es decir, nos costaba un 50 por ciento más en pesetas que en euros y no había reserva de divisas que pudiera aguantar mucho tiempo mantener artificialmente bajos los precios energéticos. Hubo una primera revisión al mes del corralón y la luz subió un 27 por ciento y el litro de gasolina quedó en 290 pesetas. Las carreteras se vaciaron.

Los precios en el híper también se dispararon. El Gobierno podía intervenir el precio de la gasolina o de la luz pero no el de la Coca Cola. Una botella de dos litros del brebaje norteamericano pasó de costar 1,4 euros a 425 pesetas (2,5 de los antiguos euros). Lo mismo sucedió con la cerveza, los licores, el tabaco... Los bares también se vaciaron.

Sólo algunos productos nacionales amoldaron sus precios a la nueva moneda sin encarecerse en exceso, aunque se produjeron fenómenos de desabastecimiento. Los fabricantes preferían vender sus productos fuera con un ligero descuento ya que con la devaluación los precios eran muy competitivos. Eso le sucedió al aceite, que regó los mercados europeos, dejando vacíos los estantes de los supermercados españoles. Las cadenas de ropa, electrodomésticos y, en general, la de todos aquellos bienes revisaron al alza sus precios. Entre un 30 por ciento y un 50 por ciento de subida. Como era de esperar, las tiendas se vaciaron.

El temor de los trabajadores se cumplió. Los sueldos no subieron para adecuarse a la inflación, que se disparó un 27 por ciento en el primer mes. Todo se encareció menos las nóminas. Hubo protestas y dos huelgas generales en un mes, pero los sindicatos mayoritarios estaban con la reputación bajo mínimos y su poder de convocatoria era casi nulo. Los metían en el mismo saco que los políticos y los banqueros, los autores oficiales del desfalco. Los paros tuvieron un seguimiento desigual y escaso. Ningún asalariado podía permitirse el lujo de perder un día entero de nómina y, menos aún, de arriesgarse a ser incluido en la lista del próximo Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En un país con 6,5 millones de parados, un empleo se convierte en un lujo asiático. La economía se contrajo un 11 por ciento en el primer trimestre. La inversión se desplomó un 54 por ciento. Hubo tres crisis de Gobierno en poco más de dos meses. Los ministros de Economía se sucedían sin reposo. Pero a la muchedumbre todo eso le parecía accesorio, bastante tenía con concentrarse en sobrevivir.

La pobreza se hizo visible en cada esquina. Grupos heterogéneos, formados por desempleados de una misma empresa, vecinos a quienes había unido el desamparo, incluso familias desesperadas recorrían las calles escarbando en la basura, suplicando una limosna o en las colas de la sopa boba que Cáritas y otras organizaciones se vieron forzadas a instalar en la calle, al raso pese al frío intenso, porque sus centros de acogida estaban desbordados.

El país se humillaba al hambre y su corte de miserias. Un ambiente de posguerra que podía observarse en la suciedad de las aceras, en los escaparates vacíos de los negocios liquidados, en los pedigüeños que te asaltaban a la entrada de cada supermercado, de cada banco, de cada iglesia. El trueque se generalizó. Nadie confiaba ya en los bancos como guardianes de fondos, pese a que estos ofrecían tipos de interés altísimos. El que conseguía un euro lo guardaba debajo del colchón o en el rincón más escondido de su casas o su negocio.

Pero no a todos les fue mal con el corralito y la peseta. Las grandes fortunas que habían puesto a salvo sus capitales esperaban su oportunidad para repatriar el dinero, en euros contantes y sonantes que ahora valían casi un 50 por ciento más gracias a la devaluación. Ellos tenían billetes de los buenos, sin sellito. Sólo debían esperar a que escampara para comprar medio país a precio de ganga. Se vendían pisos por la mitad de su valor. Los desahucios habían multiplicado la oferta, y lo mismo ocurría con los terrenos. Los inversores tomaban posiciones. Tarde o temprano el Gobierno permitiría la repatriación de euros porque era la única manera de conseguir divisas con los mercados de crédito cerrados a cal y canto. Los ricos se frotaban las manos esperando ese momento.

En el otro bando, el de los sin casi nada, la desesperación dio paso a la resignación. Volvíamos a la penuria de nuestros abuelos. Las caceroladas perdieron pronto su ruido. Las proclamas se apagaron. Las manifestaciones se convirtieron en reuniones de antisistema. Éramos otra vez pobres. Era cuestión de acostumbrarse. Lo siento, pero no hubo revolución.

Capítulo II

No son los extraterrestres.

Es el corralito

1. Suspendemos pagos

Lo que acaban de leer es un relato de economía ficción. No pretendo emular en el terreno de la economía al joven Orson Welles que en octubre de 1938 logró convencer a la audiencia de su programa de radio de la CBS de que los extraterrestres estaban invadiendo en ese momento Estados Unidos. Los sucesos que les acabo de novelar no han ocurrido. Tampoco tengo una bola de cristal para saber si ocurrirán. Lo que sí les puedo asegurar es que, desde luego, hay muchas más probabilidades de que España viva un corralito (la restricción para sacar dinero), seguido del mucho más terrible corralón (el fin del euro y la vuelta a la peseta), de que seres de otro planeta aterricen en la Tierra.

Ambos fenómenos van aparejados. El paso del euro a la vieja peseta no podría hacerse sin una restricción transitoria para evitar la fuga masiva de depósitos, es decir, un corralito. Y viceversa, el bloqueo de depósitos o la restricción para disponer de fondos no tiene sentido salvo que se adopte para preparar un mal mucho mayor, es decir, la conversión obligatoria de los ahorros que tengamos depositados en el banco de euros a pesetas (o como se designe a la nueva divisa nacional). Ese proceso es exactamente el que vivió Argentina. El corralito, decretado el 3 de diciembre de 2001, impedía que los depositantes sacaran más de 250 dólares por semana, pero sus ahorros seguían estando allí. Se le llamó corralito por una ocurrencia de un periodista, que lo comparó con una cuna acolchada utilizada para que los bebés estén cómodos pero a buen resguardo, ya que no pueden escapar porque está cerrada como una jaula. Un año después llegó el corralón, con la derogación de la convertibilidad automática entre peso y dólar (relación 1 a 1), lo que produjo una devaluación de la moneda nacional y el empobrecimiento general de los ahorradores.

Frente a la opinión publicada, la que se lee en los periódicos y se escucha en radios y cadenas de televisión, es muy probable que ese escenario se reproduzca en España. De la noche a la mañana los depósitos y las deudas pasarían a denominarse automáticamente en pesetas pero con una devaluación general de valor. El país entero, por un simple real decreto-ley, que como recoge el relato de economía ficción de Orson Muñoz (perdónenme la broma) que abre este libro se promulgaría necesariamente un sábado o un festivo, se vería empobrecido. ¿Cuánto?

Informes de UBS y Citigroup estiman que una reintroducción del dracma, la peseta o la lira conllevarían una devaluación de entre el 40 y el 60 por ciento, es decir, que de golpe los depositantes perderían en torno a la mitad de sus ahorros. El banco de inversión japonés Nomura es más cauto y estima que la peseta sufriría una depreciación del 35,5 por ciento.

La situación española se parece casi como una gota de agua a la de la argentina de hace una década, incluyendo una clase política de castas (allí, justicialistas y peronistas; aquí, socialistas y populares), sin ideología, capaz de incumplir de arriba abajo su programa justo el día después de ganar las elecciones y cuyo único fin es conquistar el poder. La patria de Gardel vivía entonces un sueño de nuevos ricos, de viajes de fin de semana a Miami para practicar el 2≈1 (—¿Cuánto es? —¡Qué barato, che! —Me llevo dos), el deporte favorito de los argentinos, y el de los españoles en la última década. Debido a mi profesión viajo bastante. Y ni en el aeropuerto más remoto he dejado nunca de oír hablar español. Un español peninsular, sin acento, como el que se escuchaba en la tienda central de Apple de la Quinta Avenida cuando la empresa anunció la venta de su primer iPhone o su primer iPad, de los españoles que se quejaban porque no les dejaban llevarse más de un aparato por persona. ¿De dónde salían tantos compatriotas ricos? ¿De dónde provenía su fortuna?

Era una fortuna ficticia, como la de los argentinos. Ambas basadas en la adopción forzada de una moneda —el dólar, por ellos; el euro por nosotros— que no era la suya ni reflejaba la riqueza real del país. En 2001, la economía argentina no producía nada. Había desmantelado su industria nacional, privatizado sus empresas públicas más rentables y vivía de los créditos del exterior. Cuando los acreedores se pusieron serios, Argentina se hundió e inició planes de ajuste muy similares a los que han llevado a cabo los Gobiernos de Zapatero y Rajoy. Recortó la sanidad y las universidades. También castigó a los funcionarios y a los pensionistas, con el único resultado de hundir más la economía, exactamente lo que está ocurriendo ahora en nuestra península Ibérica.

La España de 2012 tampoco produce nada. Una vez finalizado el espejismo del ladrillo está abocada a sobrevivir de prestado. La burbuja inmobiliaria, pese a su mala fama, nos permitió durante unos años un bienestar que, sin ella, hubiera sido inalcanzable. Mucho peor aún ha sido otra ilusión en la que hemos estado metidos durante una década, y de la que no habla casi nadie: la fantasía del euro. Una moneda que no era tampoco la nuestra, que lleva aparejada una política monetaria (tipos de interés, inflación, etcétera) que casi nunca nos ha convenido porque está hecha a imagen y semejanza de otros países, comandados por los alemanes, cuyos problemas no son los nuestros.

Como la Cenicienta, durante un tiempo hemos podido codearnos en los salones de baile de palacio junto a los nobles y los príncipes. Pero han sonado las campanadas de medianoche y volvemos a ser fregonas. El euro y lo que representa ha sido una quimera para los españoles como la carroza y el vestido de la huérfana del cuento infantil.

Tras años de dispendio desaforado, bajo los Gobiernos de Menem, Argentina se vio aplastada por la losa de la deuda con la que había costeado todo su gasto. Suspendió pagos, declaró el corralito y finalmente el corralón, aceptando al fin que un peso no valía lo mismo que un dólar. Nosotros también hemos derrochado a gusto y ahora toca volver a la realidad de nuestra aldea carpetovetónica, despojarla de los farolillos, las guirnaldas y los encajes de papel con que recibimos a míster euro, nuestro particular Mr. Marshall, al que dimos la bienvenida hace una década como salvador y ha acabado enterrándonos en una montaña de deudas.

Las diferencias entre la situación argentina de hace una década y la de España pueden parecer a simple vista abismales, comenzando por el tamaño de la economía del país sudamericano y que ellos no tenían el respaldo del Banco Central Europeo. Pero hay muchas similitudes preocupantes. Argentina sobrevivió hasta que el FMI se negó a seguir prestando fondos, justamente lo que le ha ocurrido a Grecia y lo que le pasaría a España o Italia si el BCE les dejara de prestar apoyo. Los duros ajustes que imponía el FMI a Argentina aceleraron la recesión, el desempleo y la imposibilidad de refinanciar su deuda, que es lo que ya le ha sucedido a Grecia y lo que le estará ocurriendo a España cuando se apliquen medidas de recorte similares. Si caen en la cuenta de que los sucesivos Gobiernos argentinos negaron hasta la saciedad que fueran a acabar con la paridad dólar-peso, imaginen qué credibilidad puede tener la promesa de nuestro Ejecutivo de que España nunca saldrá del euro.

España también ha vivido en la última década unos felices años veinte que no le tocaban. No les puedo asegurar al ciento por ciento si finalmente saldremos del euro (ya les digo que hay muchísimas posibilidades de que así sea), pero de lo que no me cabe ninguna duda, y se lo pongo negro sobre blanco (si no acierto les devuelvo el dinero del libro), es de que España no podrá hacer frente a toda su deuda. Más temprano que tarde tendrá que reestructurarla y pactar una quita con los acreedores, que deberán asumir pérdidas como mínimo del 50 por ciento como en Grecia, si no más.

Admito que mi planteamiento es atrevido y puede sonar a discurso de predicador del Oeste amenazando con el fin del mundo al que no compre su jarabe mágico (en este caso mi libro). Pero está sustentado en cifras. Y en precedentes históricos. Y en cuanto a mi credibilidad, desde luego está infinitamente más virgen que la de nuestros gobernantes, ya sean los ilustres del PP que nos prometieron bajar los impuestos y los subieron, o los socialistas que iban a poner en pie el país con un nuevo modelo de economía verde y sostenible, y al final acabaron bajando las pensiones y quitando las ayudas a la maternidad. Cuanto más nieguen ellos nuestro abandono del euro, más seguros podemos estar de que sucederá.

Debemos una barbaridad, tanto que ni siquiera acordamos cuánto. Debe el Estado, deben los bancos, deben las empresas, deben las familias. Grosso modo, debemos cuatro billones de euros, casi cuatro veces (395,7 por ciento del PIB) todo lo que producimos en un año (Banco de España, tercer trimestre 2011).

El Estado encabeza la lista de los insolventes. Oficialmente, la deuda pública cuando comenzamos 2012 ascendía a 734.961 (Eurostat). Pero esa cifra, que es la que suele manejar el Gobierno, sólo contempla la deuda computable, un eufemismo para designar la deuda reconocida como tal por el Banco Central Europeo. En realidad, lo que debemos como Estado y, por tanto, tenemos que devolver (lo que llaman en el argot «pasivos financieros en circulación») ascendía al cierre del 2011 a 932.151 millones. Cuando acabe este año, el número se habrá incrementado como mínimo en otros 80.000 millones correspondientes al déficit de todo 2012, a lo que habría que sumarle la parte que se disponga de los 100.000 millones de euros del rescate financiero que ha pedido el Gobierno para sacar a nuestras cajas de la quiebra. Es decir, que cuando comamos las uvas el 31 de diciembre próximo, el Estado y todo su aparato autonómico y local deberán 1,2 billones de euros.

Será la primera vez que la deuda del Estado (insisto, la que hay que devolver, no sólo la computable) supere al Producto Interior Bruto (PIB), es decir, que ni siquiera dedicando todo lo que se produce en España durante un año (1 billón en 2011), y suspendiendo el pago de salarios de funcionarios y pensiones, podríamos saldar completamente nuestros compromisos.

Y eso es sólo en lo que atañe al ámbito público. A ésta, hay que añadir la deuda privada. La de las familias es astronómica. A octubre de 2012, ascendía a 838.072 millones de euros. Y no le va a la zaga la de las empresas (1,2 billones [Banco de España]). Calcular lo que deben los bancos españoles es un ejercicio extenuante. Sus cuentas se han convertido en un culto mistérico sólo apto para iniciados. De hecho, hemos pasado de tener la banca más saneada del mundo en 2010 (en el examen de los stress test de la UE sacaron casi todos notable alto), a necesitar su rescate un año después. Pero para dar una ligera idea del pufo bancario, el acumulado ronda los 1,4 billones y baste apuntar que únicamente con el Banco Central Europeo tienen préstamos pendientes por 375.549 millones de euros (Banco de España, julio de 2012).

Por eso les reafirmo mi convicción de que España deberá sentarse a la mesa con sus acreedores y negociar lo que puede pagar y lo que no, es decir, una quita, así como las condiciones para hacer frente a la deuda que aún siga viva. Lo han hecho antes muchos países y lo seguirán haciendo mientras el mundo gire y el dinero sea su motor.

El rescate europeo, pese que suene muy solemne, no cambia mucho las cosas. En el caso de la deuda, incluso las acelera, como ha ocurrido con Grecia que, rescatada, tuvo que acordar una quita y que, pese a ello, aún sigue sin poder hacer frente a sus compromisos.

El rescate es otra de las argucias que emplean los políticos y Bruselas para que la gente no salga despavorida de sus casas para sacar sus ahorros de los bancos. «No se preocupen. Si las cosas empeoran, la UE nos rescata», les han dicho desde los medios oficiales. Lo que no les han dicho es que las cantidades galácticas de ese rescate que publican los diarios sencillamente no existen, no están en ninguna caja fuerte, ni en la del Banco Central Europeo, ni en la del Bundesbank. No son billetes. Son promesas, garantías o avales en el mejor de los casos para ganar tiempo ante el desmorone general. Pero les aseguro que si España quiebra nadie va a venir a poner los 200.000 o 300.000 millones de euros, contantes y sonantes, que necesite. Porque para que eso sucediera, los contribuyentes alemanes, holandeses, finlandeses y del resto de países que aún conservan sanas sus finanzas tendrían que pagarlos de sus impuestos. Y, por supuesto, no están dispuestos a hacerlo, como usted tampoco admitiría un impuesto especial para salvar a Grecia, Portugal o Italia.

Y es que la suspensión de pagos de los países, a pesar de sus dramáticas consecuencias, es algo de lo más normal. Por si no conocen el dato, les apunto que España es el país del mundo que más veces ha dejado de pagar su deuda, 13 en concreto. El primero en declarar la quiebra fue nada menos que Felipe II, el emperador en cuyo territorio no se ponía el sol pero que tenía más pánico a sus acreedores que a la flota turca.

Los célebres economistas Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff en su libro Esta vez es distinto. Ocho siglos de necedad (Fondo de Cultura Económica, 2011) apuntan que muchos países han vivido casi permanentemente en esa situación también conocida como default. Entre ellos Grecia, que quebró nada más nacer al no poder hacer frente a los gastos de su guerra de independencia y que desde comienzos del siglo XIX hasta 2008 ha estado la mitad del tiempo en suspensión de pagos o con una moratoria sobre su deuda. La última ha sido de traca. En abril de 2012 acordó una quita de 106.000 millones a sus acreedores privados. Tampoco así puede hacer frente al resto de sus obligaciones. Y en otoño ha pedido volver a renegociar otra quita -del 70 por ciento- sobre la cantidad que le queda por pagar.

Sólo Honduras, que ha sufrido la suspensión de pagos el 64 por ciento de los años desde su independencia en 1821, y Ecuador, que ha estado en esa situación el 58 por ciento de su existencia desde 1830, superan la triste marca de impagos de los helenos.

España lleva el mismo camino que Grecia. La reforma financiera, que precisa de una inyección de 100.000 millones de euros, el aumento del déficit por la recesión y el rechazo absoluto de los mercados a seguir refinanciando nuestra deuda la abocan a una reestructuración.

Incluso si esos mercados o el BCE accedieran a ofrecernos un último soplo de aire fresco en forma de rescate del país (insisto en que sólo sería virtual porque no hay dinero ni en Alemania ni en toda la UE para tapar el agujero español), el pago de los intereses se lo tragaría de golpe. Cada vez que vence un bono a diez años tenemos que pagar el doble para volver a colocarlo. Para 2013, con la prima de riesgo actual, nos iremos a más de 40.000 millones de euros (el Gobierno ha presupuestado 38.000 millones de forma optimista) sólo en pago de intereses, sin contar los que haya que afrontar por el rescate bancario. Y eso en el mejor de los casos, es decir, suponiendo que alguien nos quiera recomprar esa deuda a medida que los títulos vayan venciendo, que es mucho suponer.

El Estado español (incluyendo comunidades autónomas y ayuntamientos), los grandes bancos nacionales y las principales empresas han de renovar 140.948 millones de euros desde agosto hasta final de año y otros 240.223 millones el próximo ejercicio. Es decir, deben digerir 381.171 millones en apenas diecisiete meses, según los cálculos de la agencia Bloomberg. De esa enorme pella, más de la mitad de las necesidades de financiación (233.150 millones de euros) corresponde al Estado, y el resto sobre todo a bancos aunque ya saben quién se hará cargo de su parte si estos no responden. Pues sí, también el Estado, es decir, el contribuyente.

Por lo pronto, y pese a lo que le han dicho los Gobiernos tanto del PP como del PSOE de que el rescate bancario no le iba a costar un euro al contribuyente, el Estado ha enterrado ya 21.000 millones de sus impuestos en colocar o salvar las quebradas Unnim, Banca Cívica, Caja España, Caja Sur, CAM, Bankia, Novacaixagalicia y CatalunyaCaixa. Nos daríamos con un canto en los dientes si eso fuera a ser toda la factura. Para reflotar a estas tres últimas entidades citadas hacen falta otros 46.200 millones adicionales, según la auditoría de Oliver Wyman. Y también saldrán de sus bolsillos pese a los cantos de sirena del rescate (bancario) aprobado por Bruselas, que sólo aporta 39.500 millones, y que habrá que devolver con intereses.

No trataré de abrumarles con cifras. Pero la deuda es absolutamente impagable. Incluso si, por un milagro (no se me ocurre otra razón), la economía se reactivara, no podríamos ni tan siquiera hacer frente al pago de intereses a tipos de usura del 7 por ciento. Los 40.000 millones que nos gastaremos en 2013 en ese capítulo suponen 13.000 millones más que todo el gasto de desempleo, suponiendo que el Gobierno no decida por decreto que la mitad de los parados son unos vagos recalcitrantes e irrecuperables y vuelva a recortar las prestaciones como ha hecho en 2012. La mejor prueba de que nunca devolveremos lo que debemos es que los inversores prefieren comprar deuda alemana sin recibir interés alguno a cambio o pagando por ello (intereses negativos) que adquirir la española y recibir un interés del 7 por ciento.

Si en tiempos de bonanza hemos aumentado nuestros préstamos no entiendo cómo vamos a ser capaces de pagarlos justo en la mayor recesión de nuestra historia moderna. Desde 2000 hasta hoy, en la mayor época de prosperidad, la deuda pública se ha duplicado, la de las familias se ha triplicado y la de las empresas se ha cuadriplicado. Ahora, con la economía decreciendo trimestre a trimestre, el paro afectando a la cuarta parte de la población y una caída del consumo sin precedentes, se supone que tenemos que satisfacer lo que nos dejaron. ¿No se les antoja imposible?

Las cifras, al menos, van en dirección contraria. El Estado sigue gastando más de lo que ingresa, incumple año tras año su previsión del déficit y la morosidad de las familias y empresas ha batido todos los récords históricos. En septiembre se alcanzaron los 182.226 millones de euros de créditos impagados, el 10,7 por ciento del total de préstamos. A finales de año, rebasaremos con creces el 11 por ciento, un nivel absolutamente insoportable.

Es cuestión de tiempo que alguien en La Moncloa reflexione o, más probablemente, que algún mandatario extranjero llame al teléfono rojo de Rajoy y le convenza para que negocie una quita ordenada con sus acreedores. No les mentiré sobre las consecuencias indeseables de declararse en quiebra. La más obvia de ellas es que el mercado del crédito se cierra porque ningún país está dispuesto a prestarle a otro país incumplidor.

Baste con que piensen en un ejemplo trivial. Si su cuñado el gorrón, al que dieron 1.000 euros para un apuro sólo les devolvió la mitad después de mucho insistir. ¿Volverían a dejarse sablear? Con los países ocurre lo mismo. Una vez que dices que no pagas, ya nadie te vuelve a prestar. Coincidiendo con la Nochebuena de 2001, y apenas veinte días después del corralito, Argentina declaraba la suspensión del pago de su deuda externa de 102.000 millones de dólares, en lo que fue la mayor quiebra en la historia económica mundial, a la espera del desenlace de Grecia que está en disposición de batir ese triste récord.

Tras haber pasado diez años desde aquel suceso, y pese a que la deuda pública Argentina en relación al PIB ha disminuido de un 168 por ciento en 2002 a un 41,8 por ciento en 2011 (Alemania dobla ese ratio), los mercados internacionales siguen cerrados para el país de la bandera albiceleste.

Más cercano en el tiempo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró en 2008 la suspensión de pagos por considerar que era una deuda «ilegítima, odiosa e inconstitucional». La deuda odiosa es una figura del derecho internacional para referirse a aquellas contraídas por los Gobiernos o dictaduras en contra de los intereses de la población de un país, para fines ilícitos como el enriquecimiento de los gobernantes o la compra de armas, con pleno conocimiento por parte de los acreedores.

Al grito de «primero la vida, luego la deuda», Correa suspendió hace cuatro años el pago del 70 por ciento de las obligaciones y expulsó del país a los delegados del FMI y del Banco Mundial. Desde entonces su única fuente de financiación externa son los chinos, que ya le han prestado 7.200 millones de dólares. Se lo cobran en petróleo, a tasas de interés del 7 por ciento, frente al 3 o al 4 por ciento que ofrece el mercado. Pero aún tiene suerte. Venezuela, cuyo líder bolivariano, Hugo Chávez, que ha espantado a los inversores con sus expropiaciones, satisface a China con intereses del 14 por ciento.

Si España suspendiese pagos no podría aspirar a recibir dinero de China porque no tiene reservas de petróleo, ni ninguna otra materia prima que interese a la enorme factoría en que se ha convertido el país asiático. La única alternativa sería tratar de llegar a un acuerdo lo más amistoso posible con sus acreedores para, una vez que la economía se reactivase, poder aspirar a tocar su puerta de nuevo como un ex moroso arrepentido. Mientras ese momento llegara, tendría que autofinanciarse. Es decir, más recortes del gasto público, mayores impuestos, menos actividad económica, más paro, más fugas de capitales.

2. ¿Por qué no es una crisis más?

Estamos en una crisis. Pero nos queda el consuelo de que hubo otras antes. Lo malo sería que ésta fuera la peor de todas ellas, o al menos, la peor que nos haya tocado vivir. En el libro que les he citado, Rogoff y Reinhart enumeran hasta 18 crisis parecidas a ésta desde la segunda guerra mundial: la de Japón desde comienzos de los años noventa en adelante, la de México en 1995, las asiáticas de 1997 (Tailandia, Malasia, Indonesia y Corea), la de Argentina en 2001 o la de España en 1993, por citar algunas.

Para definirlas como recesiones «normales», los autores se basan en cuatro ratios: la media de caídas de los precios inmobiliarios desde los máximos alcanzados hasta los mínimos ha sido del 36 por ciento durante cinco años; la caída de la Bolsa, del 56 por ciento durante 3,4 años; el desempleo ha subido un 7 por ciento durante 4,8 años; y la renta per cápita ha descendido un 9,35 por ciento durante 1,7 años.

En España, desde los máximos que alcanzó en diciembre de 2007, la vivienda se ha abaratado en más de un 30 por ciento (datos de Tinsa a mayo de 2012); el desplome bursátil es superior al 60 por ciento; la tasa de desempleo ha conseguido la cifra récord del 25 por ciento en el tercer trimestre de 2012 (Encuesta de Población Activa), triplicando el 7,95% de parados del primer trimestre de 2007; y la renta per cápita española, tras cuatro años consecutivos de descensos, se situó por primera vez desde 2001 por debajo de la media europea.

Es decir, que si seguimos a rajatabla los baremos de Rogoff y Reinhart, ésta no es, desde luego, la crisis número 19 desde la segunda guerra mundial, ni una crisis más. Ésta sí que es diferente, retorciendo el nombre del libro.

Para hacernos una idea de a qué nos enfrentamos, no son pocos los que ven muchos paralelismos entre los sucesos actuales y la Gran Depresión de 1929. Entre ellos, el nobel Paul Krugman, en su El retorno de la economía de la depresión (Crítica, 2009). Aunque si de verdad quieren enterarse de qué ocurrió en esos años terribles, poner cara a los que la sufrieron y conocer las similitudes con la que nos ha tocado vivir, les aconsejo el magnífico documental La Gran Depresión de William Karel (está disponible gratis en internet).

Para empezar, las largas colas de desempleados inmortalizadas por la fotógrafa Dorothea Lange en la década de 1930 nos comienzan a recordar bastante las que publican nuestros diarios a las puertas de las oficinas del INEM cuando se divulgan las estadísticas sobre desempleo. Tanto que hasta el propio INEM ha instaurado un sistema de citas para minimizar en lo posible esas colas de desesperados que tanto daño hacen a la imagen del país, que diría un político.

Me limitaré aquí a dar unas pinceladas de las cifras de aquella catástrofe que más me han llamado la atención por su posible réplica en la actual, y así ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. El crash del 29 en realidad debería llamarse del 31, el 32 o incluso del 33, porque las mayores caídas de producción, bursátiles y de aumento del desempleo no se produjeron inmediatamente después del fatídico martes negro del 29 de octubre de 1929, sino entre el 31 y el 32, tras una brevísimo respiro en 1930. Entre los máximos alcanzados en septiembre del 29 y los mínimos de julio de 1932, el Dow Jones perdió el 90 por ciento de su valor. Quienes compraron títulos en 1929 tuvieron que esperar nada menos que hasta 1954 para recuperar su valor. Lo que derriba uno de los enredos más extendidos en el mundo financiero, a saber, que pese a las fluctuaciones, la Bolsa es siempre la inversión más rentable.

Si esta crisis se parece a aquella, aún tenemos recorrido bajista para rato. En España, la Bolsa (Ibex 35), que había caído un 39 por ciento en 2008, se recuperó en 2009 con casi un 30 por ciento de subida, y ha caído un 17,1 y un 13,1 por ciento en 2010 y 2011, respectivamente. Si tomamos como referencia el máximo de 16.040 puntos alcanzados el 9 de noviembre de 2007 hasta el mínimo del 24 de julio pasado, el desplome es del 60 por ciento.

El problema es que mientras en los años treinta apenas un 4 por ciento de la población invertía sus ahorros a través de los agentes de cambio y bolsa, actualmente, el 47 por ciento de los ciudadanos, bien directamente o bien a través de fondos de pensiones o de inversión, tiene ahorros en los mercados de valores, que se están esfumando.

Pese a las correspondencias, son más los teóricos que quieren distanciarnos de aquella gran hecatombe y tranquilizarnos arguyendo que las grandes cifras del desplome del 29 no tienen correlación con las nuestras. El PIB norteamericano cayó en un 30 por ciento entre 1929 y 1933; la inversión privada, en un 90 por ciento; la producción industrial, en un 50 por ciento; y la renta media, en un 36 por ciento. Números, por ahora (y sólo por ahora) muy alejados del declive de las economías occidentales, entre ellas, la nuestra. Aunque en otras variables ya vamos muy por delante. La más dramática es la del desempleo. Porque en 1932, en lo peor de la crisis del 29, el paro afectaba al 22,9 por ciento de los estadounidenses. Ahora, se da por hecho que España superará la tasa del 25 por ciento y los 6 millones de desempleados.

Sin aspirar a confrontarme con ninguno de los ilustres economistas que han escrito sobre la Gran Depresión, en lugar de centrarme en lo ocurrido entonces en Estados Unidos, a mí siempre me ha resultado cautivador las similitudes asombrosas de la situación española y la de la Alemania del 29.

El país germano, afectado aún por la enorme deuda derivada de las reparaciones de la primera guerra mundial, vio retirado de golpe los capitales extranjeros y se le cortó el crédito internacional. España también está ahogada por el pago de intereses que, por primera vez en 2013, supondrá el principal capítulo de gasto, superando al del pago de las nóminas de los funcionarios. Y los inversores han sacado de España 219.817 millones en los primeros seis meses de 2012, el equivalente al 20 por ciento del PIB.

La contracción brusca de la actividad industrial en la Alemania prenazi provocó una explosión del desempleo: de 900.000 personas en 1928 a 3 millones en 1930. La agudización de la crisis provocó un cambio de Gobierno. Cayeron los socialdemócratas y subió el canciller Heinrich Brüning, del conservador Partido Católico (lo que sería nuestro Partido Popular). Como España ahora, Alemania estaba ahogada por el pago de la deuda (Plan Young) que le obligaba a asumir unas cantidades anuales desmesuradas. Para cumplir con esos compromisos, Brüning decidió imponer recortes del gasto público, subida de impuestos y mantenimiento a toda costa del cambio del marco. ¿Les suena al plan del Gobierno desde que Rajoy asumió el poder y el empecinamiento en mantenernos en el euro? El resultado en Alemania de esa política se resume en una cifra: alcanzó los seis millones de parados en 1932, la misma que tendremos aquí a finales de 2012. Esperemos que éstas sean las únicas coincidencias. Porque en 1933, aupado por la desesperación de los alemanes, subió al poder un tal Adolf Hitler.

La imagen de la terrible Gran Depresión está tan enraizada que hasta hemos ensayado sus soluciones. Uno de los mitos de la crisis del 29 es que le puso fin la llegada al poder de Franklin Delano Roosevelt y su plan New Deal de gasto público en infraestructuras que Zapatero quiso emular con su Plan E, aunque mientras que allí se construían pantanos y autopistas, aquí se arreglaban aceras, saunas y polideportivos municipales. Pero el New Deal no dio los resultados esperados ni sacó a Estados Unidos de su depresión. Lo hizo la segunda guerra mundial. Hasta que no estalló el conflicto bélico no se recuperaron las cifras de crecimiento del año 29. No parece que ahora ninguna guerra nos vaya a sacar del aprieto (afortunadamente). Así que ármense de paciencia porque nadie sabe cuánto durará esta pesadilla.

3. Sucedió en Argentina. Y así sucederá aquí

Reconocerán conmigo que un escenario de suspensión de pagos como el que pronostico para España es difícilmente compatible con la pertenencia al euro, la moneda de nuestros acreedores. Hace un año, sólo los economistas llamados apocalípticos o apóstoles del desastre, como Kenneth Rogoff, se planteaban la inviabilidad del euro. Hoy hasta los Nobel Joseph Stiglitz y Paul Krugman dudan de su supervivencia. Incluso el ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, lo da por moribundo.

Lo principal, sin embargo, es que el debate ha pasado de los economistas a los que realmente mueven la pasta, que no quieren verse atrapados en el universo peseta cuando éste llegue. Las principales multinacionales, consultoras y bancos que operan en el país han previsto planes de contingencia para una hipotética salida del euro. Entidades financieras como BBVA, UBS, Barclays, ING; empresas como IAG (antigua Iberia), Telefónica o Repsol; touroperadores como Tui Travel o Thomas Cook han preparado planes precisos de cómo actuar si finalmente salimos del euro. En el extranjero nos miran con el mismo recelo. Los principales bancos de inversión estadounidenses, JP Morgan, Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup o Bank of America renegocian los términos de los contratos con clientes de países poco fiables como griegos, portugueses o españoles, y contratan seguros de impago por si salen del euro.

Incluso el Banco de Santander, cuyo presidente Emilio Botín no se cansa de alabar la fortaleza de la eurozona y el futuro de la moneda común, ha hecho planes para la salida del euro. Su filial británica alertó en su informe semestral, registrado en septiembre de 2012, del riesgo de ruptura de la moneda única. «En general, se espera que un Estado miembro que salga del euro introduciría una nueva moneda nacional para reemplazar el euro y redenomine (o pretenda redenominar) los contratos en euros a la nueva moneda nacional a un tipo de cambio oficial, exponiendo a los titulares de la nueva divisa al riesgo de cambio en el valor de la nueva moneda frente al euro», dice el informe del banco que preside Ana Patricia Botín.

Sin embargo, la mejor prueba de que algo muy grave se está cociendo es que las grandes fortunas están salvaguardando su dinero. La fuga de capitales ha sido masiva. Los destinos más usuales: Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. Fuera de la zona euro y a salvo de cualquier pacto intracomunitario que atrape sus caudales en la previsible jaula en la que se convertiría la Unión Monetaria si comenzasen a caer los países marcados como Grecia, Portugal y España.

Aunque tengamos casi la certeza de que la salida del euro está cercana, las consecuencias de decir adiós a la moneda europea son realmente impredecibles y no hay ninguna guía válida para conocer este imprevisto histórico. En primer lugar, porque no existen precedentes similares. Aunque ha habido muchas uniones monetarias que se han roto, ninguna se ajusta al modelo de la eurozona. La desintegración de la URSS, que se suele poner de ejemplo, propició que las repúblicas independientes salieran del rublo. Pero en ese caso, era la URSS (ahora Rusia), que ejercía de Banco Central y tenía el monopolio de la emisión de billetes, la que causaba los problemas con una política inflacionista que no convenía a los territorios con economías mejor preparadas como los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). La situación en la UE es justamente la contraria. Es el Banco Central Europeo el que se resiste a inyectar más moneda al sistema para evitar una escalada de precios, y los países en dificultades como España o Italia los que piden mayor flexibilidad.

Pese a esa falta de antecedentes se pueden adelantar sin temor a equivocarse varios acontecimientos que sucederían en el caso de salida del euro. Como se detalla en el relato, la primera consecuencia es que los ahorros quedarían cautivos por un corralito para evitar la fuga de capitales. Para que se hagan una idea, en los once meses anteriores al decreto del corralito en Argentina se esfumaron 18.000 millones de dólares. En Grecia, durante 2012, los ahorradores han retirado una media de 3.000 millones al mes. En España, ese proceso ya está en marcha: de enero a septiembre, salieron del país 216.175 millones de euros (Banco de España). La mayoría de ellos de inversores extranjeros, pero también de caudales españoles.

El corralito es la única arma que tendría el Gobierno si se intensifica esa fuga. Cuantas más probabilidades haya de una salida del euro, es decir, lo que se conoce como corralón, mayor será la sangría de fondos hacia el exterior. Los dos fenómenos van intrínsecamente unidos, aunque el Gobierno se empeñaría en negarlo.

Así sucedió en Argentina como expongo al principio de este capítulo. El 3 de diciembre de 2001 el Gobierno de Fernando de la Rúa publicó el decreto 1570/2001 por el que se establecía el corralito, que impedía a los depositantes sacar más de 250 pesos (o dólares) por semana a cada titular. La medida provocó el pánico, sobre todo en las clases medias, que tenían todos sus ahorros en depósitos en dólares y temían una confiscación. Hubo caceroladas, desmanes, algaradas callejeras que se saldaron con más de un muerto. De la Rúa cayó, y subió al poder Eduardo Duhalde. En su primer discurso ante la Asamblea legislativa, el 2 de enero de 2002, el nuevo presidente tranquilizó los ánimos de los que pensaban que la paridad automática dólar-peso estaba en peligro: «Garantizamos que quienes hayan robado el dinero de la gente y quienes no hayan controlado a los que robaban vayan presos. Es decir, que el que depositó dólares recibirá dólares y el que depositó pesos, recibirá pesos.». De hecho, el Gobierno anterior ya había tratado de sosegar a los temerosos ahorradores promulgando en septiembre de 2001 la Ley de Intangibilidad de Depósitos, que elevaba a garantía constitucional los derechos de los depositantes, entre ellos, el de recibir en dólares sus depósitos.

El 6 de enero de 2002, apenas cuatro días después, Duhalde incumplió su promesa. Promulgó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario que derogaba la convertibilidad peso-dólar. A esta norma le siguieron otras para completar el llamado corralón, el mayor atraco institucional de la historia, como lo bautizó The Wall Street Journal.

Todas las cuentas en dólares se transformaron en pesos a razón de 1 dólar por cada 1,40 pesos. Claro que el dólar se revalorizó inmediatamente, con lo cual los argentinos perdieron de golpe el 40 por ciento de sus ahorros. Las deudas en dólares también se pasaron automáticamente a pesos pero a razón de un peso por cada dólar, lo que supuso un alivio para los deudores y una pesadilla para los acreedores.

En España, como se detalla en el relato, el proceso sería muy similar (por eso he utilizado párrafos literales de los decretos argentinos, que no chirrían en absoluto), con la salvedad de que aquí sólo disponemos de euros, es decir, que habría que reimprimir los billetes y las monedas de pesetas o como se las denominara. Eso provocaría un periodo transitorio, de alrededor de seis meses, en el que circularían ambas monedas. En ese tiempo, el Banco de España estamparía un sello en los billetes de euro para distinguir los euros malos españoles de los euros buenos, de Alemania, pongamos por caso. De esta manera, desde el primer día, los cajeros y las oficinas bancarias ya expenderían euros con sellito, devaluados, marcados con el estigma de la peseta.

Para evitar el pánico bancario y la fuga masiva de depósitos, se impondría un corralito. Los titulares de las cuentas sólo podrían retirar una cantidad máxima de los cajeros o en las sucursales. He puesto como ejemplo 400 euros por semana pero podrían ser más o menos. También se prohibirían las transferencias al extranjero y las cuentas en divisas se convertirían automáticamente a pesetas al cambio oficial.

No obstante, a diferencia de Argentina, donde hubo cambios dispares para fondos y préstamos, en España el cambio inicial, tanto para depósitos como para deudas, sería el original de cuando el Banco Central Europeo fijó el cambio oficial con la peseta (31 de diciembre de 1998), es decir, 1 euro por cada 166,386 pesetas como en el cuento. Ambas medidas, corralito y corralón, se tomarían un sábado, o un festivo pegado a un fin de semana, para evitar el pánico y dar tiempo a las entidades a reprogramar su software para la operativa en pesetas.

Todos los depósitos y fondos se redenominarían en pesetas a ese tipo de cambio. Una medida sin efecto alguno aparente salvo porque la peseta, una vez que el Gobierno la dejara fluctuar libremente junto con el resto de monedas, incluyendo el euro, se devaluaría de golpe entre un 25 y un 50 por ciento.

El cuento de terror que abre el libro les relata paso a paso las consecuencias terribles de esta devaluación. Lo peor para los ciudadanos es que verían subir los precios de golpe de todos los productos y servicios básicos, desatando una inflación galopante, mientras que sus sueldos seguirían estancados. Es decir, que de repente perderían entre un 30 y un 40 por ciento de su poder adquisitivo y sus ahorros en el banco mermarían en la misma proporción. Miseria sobre miseria.

Y podría ser incluso peor que en Argentina. Muchos de los que escriben sobre el corralón se olvidan de que gran parte de los afectados que tenían cuentas en dólares recuperaron parte de sus ahorros, bien mediante canjes pactados con los bancos, bien en los tribunales. En el primer gran canje de mayo de 2003, los depositantes lograron rescatar hasta el 80 por ciento de sus fondos originales. Las reclamaciones se basaban en que las autoridades habían expropiado dólares, dando pesos devaluados a cambio. En España no sucedería lo mismo porque la mayor parte de los depósitos están en euros, y el Gobierno alegaría que sólo había cambiado la denominación de la moneda, pero no su valor. Con el respaldo de la UE, las demandas ante los tribunales tendrían muy pocos visos de prosperar.

La economía del país se desplomaría también. Lo describo en el relato ficción, pero ocurriría también en la realidad. El Gobierno se vería forzado a intervenir los precios de los carburantes, la luz y el gas, cuya factura internacional se paga fundamentalmente en dólares y, por tanto, se encarecerían considerablemente. La deuda pública se relajaría al convertirse a pesetas (devaluadas), pero muchas empresas y bancos que tienen firmados contratos que cubren esa contingencia tendrían problemas para transformar sus préstamos en euros. Las exportaciones y el turismo podrían ser una vía de escape porque seríamos un país mucho más competitivo, pero la factura de todo lo que importamos, sobre todo el petróleo, compensaría negativamente ese efecto.

Los detalles del guión de esta película de terror pueden variar, pero el argumento es el mismo en todas las versiones. The Wall Street Journal publicó las consecuencias de una hipotética salida del euro de Grecia y la vuelta al dracma. Y la consultora británica Capital Economics divulgó en julio el informe Leaving the euro: A practical guide (Abandonando el euro: una guía práctica) que también les puede ilustrar y convencer de que no se trata de una locura.

Y si Rajoy o cualquiera de sus ministros les dicen una y otra vez que España nunca saldrá del euro, recuerden a Duhalde y sus promesas incumplidas de un día para otro. De hecho, nuestro presidente es un alumno aventajado en la mentira institucional. Llegó al poder prometiendo que bajaría los impuestos y en su primer Consejo de Ministros aprobó la mayor subida fiscal de la historia. Del resto de sus embustes, está la hemeroteca llena. ¿Creen que no les mentiría si fuera a aprobar este fin de semana un corralito? Es más, esta vez estaría obligado a hacerlo.

4. Dígame entonces cómo protejo mis ahorros

Con la pavorosa perspectiva que les he pintado, los lectores que tengan algunos ahorrillos se preguntarán inmediatamente si aún están a tiempo de ponerlos a salvo. Como les he contado, los más ricos ya lo han hecho. Y como por algo han llegado a ser ricos, convendría que les imitáramos en la medida de nuestras posibilidades. Con la salvedad de que para mover el dinero también aquí hay clases. Les habrán dicho que en la Unión Monetaria que agrupa a los países que han abrazado el euro como moneda la circulación de capitales es libre. Lo que no les han explicado es que sólo es libre para los que más tienen. El caso más palmario de esta discriminación es la apertura de una cuenta corriente o de ahorros en otro país. Lo que no pasa de ser un trámite rutinario para una gran fortuna se convierte en una pesadilla para un pequeño ahorrador. Poner nuestros ahorros en un banco de un país seguro en el extranjero es la principal vía de escape al corralito, pero no la única. Les cuento todas las posibilidades, y sus pros y sus contras, para que elijan:

a) Abrir una cuenta en divisas en un banco nacional. Es la que menos trámites necesita. Se puede solicitar casi en cualquier entidad. Sólo tienen que ir a su sucursal y pedirlo. Hay que elegir una moneda distinta del euro (las más usuales son los dólares y libras esterlinas) y cuidarse de las comisiones, que suelen ser muy elevadas. Además de refugio, puede ser una inversión si el euro se devalúa. El mayor riesgo es que el euro sobreviva, haya que deshacer posiciones y se pierda por comisiones y por diferencias de cambio.

Precisamente por ser la forma más sencilla es la que menos garantías tiene. En caso de salida del euro, el Gobierno podría decretar la conversión obligatoria de todas las cuentas en divisas a pesetas, al cambio original que decida, con lo que la devaluación posterior les afectaría de lleno y se perdería gran parte del valor de los ahorros. La ventaja es que los depositantes tendrían un argumento legal de peso para reclamar en los tribunales la devolución de sus dólares confiscados, como ocurrió en Argentina.

b) Abrir una cuenta en un país más seguro de la eurozona como Alemania. Debería ser la fórmula más factible y, sin embargo, es la más engorrosa. Pese a las leyes comunitarias, los bancos exigen en la mayor parte de los casos un certificado de residencia o de empadronamiento. Especialmente estrictos son los británicos (aunque no estén en la eurozona) y los holandeses. Además, pese a que existen presuntas ofertas para la apertura de cuentas por internet muy aireadas en los foros de algunas páginas web, es mejor que ni lo intenten. Les marearán con petición de documentos que deberán enviar por correo sin garantía alguna y sin posibilidad de testear cómo van sus solicitudes. Es preferible desplazarse. En Alemania, un viaje low cost a Berlín puede resolverles el caso porque tienen tendencia a hablar en inglés en muchas sucursales, un fenómeno nada común en los bancos alemanes. Deben encontrar a alguien de confianza, un familiar, un estudiante de Erasmus, que les preste una dirección en el país o inventarse una provisionalmente, y procurar realizar todos los movimientos y la comunicación con el banco por internet una vez abierta la cuenta. En algunas entidades son bastante comprensivos con la falta de documentación. Les será de mucha ayuda llevar su última declaración de la renta y el extracto del banco desde donde van a transferir los fondos.

Un error muy común es pensar que se puede abrir una cuenta en el extranjero a través de una entidad foránea que opere en España, como la británica Barclays, la alemana Deutsche Bank o la holandesa ING. Las filiales de bancos extranjeros funcionan a todos los efectos como si se trataran de entidades españolas, y están supervisadas como éstas por el Banco de España. Carecen de autorización para abrir una cuenta domiciliada en su país de origen desde aquí. Y en caso de corralito, los depósitos se verían sometidos a las mismas restricciones.

Si abren una cuenta en el extranjero como no residente, deben considerar la tributación por los rendimientos que reclamará Hacienda. Casi todos los bancos tienen acuerdos con España y remitirán por ustedes esa información al fisco como lo hace un banco nacional. No obstante, ustedes deberán notificar al Banco de España que han abierto una cuenta en el extranjero mediante el formulario DD1, que se puede descargar de internet. El plazo para hacerlo es un mes desde la apertura de la misma. No se les olvide enterarse bien de las comisiones, sobre todo de transferencia de fondos hacia España y de disponibilidad en los cajeros, que pueden ser muy gravosas.

Depositar los ahorros en un banco alemán o francés es más seguro que hacerlo en España, aunque no completamente. En caso de ruptura de la eurozona, los países podrían acordar entre sí restricciones para impedir el movimiento de los capitales.

c) Abrir una cuenta en Suiza. Aunque parezca delirante, abrir una cuenta en el país helvético es infinitamente más sencillo que hacerlo en un país de la UE. Eso sí, siempre que se tenga dinero y unos conocimientos mínimos de inglés. Para empezar, contactar con un banco suizo es muy simple. Basta ir a su página web y solicitar información por mail para abrir una cuenta. Rápidamente un asesor del banco contactará con ustedes, e incluso les llamará por teléfono. Una vez informados de las condiciones pueden acordar una cita. El viaje es obligatorio porque la apertura debe ser presencial, pero nadie les pedirá un certificado de residencia. Deberán llevar consigo el pasaporte o DNI, última declaración de la renta y el listado de movimientos del banco desde el que van a transferir los fondos. Casi todas las entidades dan facilidades para abrir cuentas en distintas divisas, además del euro y el franco suizo. El franco está anclado al euro desde 2011 (1 € = 1,2 CHF) para evitar la excesiva apreciación de la moneda suiza. Deberían tenerlo en cuenta a la hora de abrir un depósito. Diversificarlo en varias divisas, incluyendo el euro, es una buena solución.

El mayor inconveniente es que hay un importe mínimo de apertura. Los más usuales son de 50.000 o 100.000 euros. Otro problemilla es que la remuneración por la cuenta de ahorros es a un interés mínimo o, en muchos casos, inexistente, aunque para quienes se han decidido a huir de España con sus ahorros no creo que les importe renunciar a los intereses a cambio de no perder el 30 o el 40 por ciento de su capital, como pasaría si saliéramos del euro. Otra contrariedad añadida es que muchos bancos restringen los fondos que se pueden sacar de una vez. Por ejemplo, no más de 50.000 euros en un año o con un aviso previo de tres meses.

Y, por último, están las comisiones. Varían según la entidad, pero suelen ser muy elevadas. Las de mantenimiento pueden alcanzar los 360 euros al año. También se cobran las de los cajeros y las transferencias, aunque suele ser gratis la consulta online de la cuenta. Si lo solicitan, les remitirán toda esta información por mail. Por Hacienda no se preocupen: su banco suizo remitirá directamente al fisco la información. Pero no se olviden de rellenar el DD1 y remitirlo al Banco de España.

d) Bajo el colchón o en cajas de seguridad. El dinero en efectivo no reporta intereses, así que la inflación se come parte de los ahorros. Los bancos ponen dificultades para alquilar cajas de seguridad, que oscilan entre 100 y 600 euros anuales. Además, el Gobierno, como ha hecho el italiano, puede dictar normas restringiendo las operaciones en efectivo u obligando a un registro de cajas de seguridad. Y no hay que despreciar la habilidad de los cacos para reventar puertas y lo que sea, por lo que habría que añadir la inseguridad. Por si acaso, si eligen esta solución sean extremadamente discretos. Los argentinos se han convertido en maestros del camuflaje. Como desde 2001 no confían en los bancos, guardan casi todos los ahorros en efectivo en los sitios más inverosímiles: en armarios con doble fondo, enterrados en el jardín, en falsos techos... Se ha dado la circunstancia de fallecidos cuyos familiares aún buscan desesperadamente el escondite de los ahorros. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estima que hay nada menos que 195.000 millones de dólares guarecidos en hogares y cajas fuertes, 4.760 por habitante, casi todos en divisas.

e) Invertir en oro. El oro es un valor seguro porque a diferencia de los bancos nunca quiebra. Por eso, en los últimos años ha sido un refugio ejemplar. Paradójicamente, ésa es la causa de su mayor riesgo. La fuerte subida de la cotización (en los últimos diez años ha multiplicado por siete su valor) puede derivar en que la burbuja se pinche y sufra una fuerte depreciación.

Capítulo III

La clase media es un chollo.

Y se termina

(Ya que nunca vivirás como tus padres intenta vivir al menos como tus abuelos)

1. Los Erasmus, a la emigración; los ninis, al cartón

Los privilegiados que ya pasamos de los cuarenta siempre recordaremos la obsesión de nuestros padres porque viviéramos mejor que ellos. Digo privilegiados porque creo que fuimos la última generación que tuvo la oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus progenitores, de escalar social y profesionalmente gracias a la formación y a la igualdad de oportunidades. Estadísticamente, nuestros hijos ya no tienen esa oportunidad. Siendo optimistas, como mucho aspiran a vivir un poco peor que sus padres. A poder alquilar un piso con su pareja cuando ronden los treinta años, a ganar un sueldo mileurista en un trabajo eventual de por vida (o sea, con la bendición previa de tener un puesto de trabajo) y, en el colmo de la dicha, viajar fuera de temporada unos días a una capital europea con un billete low cost de Ryanair y alquilando una habitación barata en una web de Airbnb.

Es la generación Erasmus, con una o más carreras universitarias a cuestas, políglota a duras penas (inglés macarrónico, español y, al que le corresponda por nacimiento, un idioma autonómico), que ha estudiado un año en el extranjero y algún que otro máster de pega para adornar el currículo. Disfrutaron de una adolescencia y una juventud de lujo en el hogar de sus padres, su particular resort de cinco estrellas, todo incluido (móvil, botellón y hasta farlopa como extras) y al abrigo del mundo real. Ese mundo laboral de sus padres donde a la gente le cuesta cada vez más ganarse la vida, donde el trabajo escasea, donde cada vez hay más candidatos para menos puestos y peor pagados, donde no hay tiempo para grandes causas como la ecología o la lucha contra el calentamiento global. Son los jóvenes a los que los políticos y medios de comunicación se refieren como la «generación mejor preparada de la historia».

¿Preparada o titulada?, habría que preguntarse. Además, no sólo existe una juventud Erasmus. Hay otra legión de españoles que no se ha preocupado o no se ha podido permitir acumular títulos. Algunos ganaron algo de dinero fácil durante los años del boom inmobiliario. Otros ni eso. Son los famosos nini, ni estudian ni trabajan. Nadie sabe cuántos forman el enjambre. Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2012, hay 717.059 personas menores de treinta años sin formación alguna y que no trabajan. La OCDE, que agrupa a los países más desarrollados, utiliza la tasa NEET (Not in Education, Employment or Training) para medir los jóvenes sin empleo y que no están estudiando o formándose. Y otorga una cifra para España del 18 por ciento, aunque en ese dato no se incluye a quienes siguen acudiendo a las aulas únicamente porque no encuentran un trabajo.

Erasmus o ninis, lo cierto es que la juventud lo tiene, y lo tendrá durante muchos años, casi imposible para abrirse camino en el mundo laboral, que les ha cerrado sus puertas por completo. Un ejército de 1,6 millones de jóvenes parados. Más de la mitad (52,34 por ciento) de los menores de veinticinco años están desempleados (EPA, tercer trimestre de 2012). La edad media de emancipación supera los treinta años (a esa edad, mis padres no habían viajado a París pero podían mantener a tres hijos con el sueldo sólo del cabeza de familia). Sin ingresos regulares ni capacidad de generarlos, nos les queda otra salida que la resignación o la emigración.

Nuestros políticos, a fuerza de conjurar tantas veces la guerra civil y el franquismo, han acabado por reproducir las condiciones de miseria y falta de oportunidades que vivieron los españoles en aquellos años terribles. No sé si desde el punto de vista político la transición y lo que vino después es un ejemplo. Pero desde el lado social es una estafa sin precedentes. Como en los años sesenta, la única oportunidad no ya de prosperar, sino de sobrevivir, para un español sin trabajo es la emigración. Con la diferencia de que ya ni la Europa rica ni el resto de Occidente desarrollado reclama como entonces una mano de obra masiva y no cualificada, sino que sólo está dispuesto a acoger a los más formados. Y esos, por definición y estadística, son siempre los menos.

Entre enero y septiembre de 2012, casi 55.000 residentes se marcharon de España, un 21,6por ciento más que el mismo periodo de 2011 (INE). El perfil del emigrante no es, como en los sesenta, el padre de familia, sin cualificación, que se calaba la boina y se iba a Alemania, Francia, Bélgica o Suiza hasta que conseguía traerse a la familia o ahorraba para regresar y montar un negocio en España. Ahora son jóvenes licenciados que, expulsados del país por una tasa de desempleo juvenil africana (doblamos la tasa de Marruecos), buscan una salida profesional en el extranjero, allí donde haya un trabajo para ellos.

No sorprende tanto que el número de inmigrantes a Alemania y Reino Unido haya crecido en los últimos cuatro años un 6,8 por ciento y un 16,4 por ciento desde 2008, como que el número de españoles que se han trasladado a vivir a países como Brasil o Perú haya aumentado un 54 por ciento y un 25,5 por ciento, según datos del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).

Con los recortes, hay profesiones como la sanitaria cuya única salida (digna) es huir del país. En el último año y medio el paro entre médicos y enfermeros se ha duplicado y ha provocado una fuga masiva de profesionales. En 2010 emigraron a la UE 1.248 médicos; 1.435 en 2011 y este año se superarán los 2.000, según datos de la Organización Médica Colegial, la entidad que agrupa a todos los colegios de España y que expide documentos de idoneidad, necesarios para trabajar en la Unión Europea. A esas cifras habría que sumar los que se marchan a países no comunitarios, que no precisan de ese documento. El mismo éxodo se produce entre ingenieros, informáticos o arquitectos.

Como en la Argentina del poscorralito, que expulsó del país a miles de profesionales, los licenciados españoles se han subido a la patera. Y su diáspora por el mundo es uno de los más claros ejemplos de despilfarro e irracionalidad de nuestro sistema educativo. Formar a un ingeniero cuesta 50.000 euros, según el Instituto de Ingeniería de España, que se elevan a 60.000 euros en el caso de un médico. Los mismos que se ahorra la Alemania de la canciller Angela Merkel cuando los contrata.

La generación Erasmus al menos tiene la esperanza de la emigración. Los ninis, ni eso. Su destino laboral es sencillamente la nada. El ejemplo argentino ilustra mejor que ninguno cómo un país en descomposición es capaz de destruir por completo el futuro de su juventud. A los preparados, los expulsó. Y a los que no disponían de formación los convirtió en cartoneros, una metáfora de la marginalidad que le espera a gran parte de nuestros jóvenes.

Los cartoneros nacieron durante la crisis que vivió Argentina a partir de 2000 y que se recrudeció tras el corralito en 2001. Miles de obreros que habían quedado en paro tuvieron que recurrir a vivir de la basura. Sólo entre 2001 y 2002 pasaron de 25.000 a 40.000 en Buenos Aires. Y ahí se han quedado desde entonces. Les llaman irónicamente cirujos porque como cirujanos pinchan las bolsas de basura en busca de papel, vidrio y cualquier otro material reciclable. En los barrios más acomodados de Buenos Aires, las bolsas se revisan hasta seis veces por sucesivas cuadrillas de cartoneros.

«Una cuarta parte son cirujas históricos, el resto son ex mozos, ex metalúrgicos, ex mucamas, ex zapateras ex algo que han dejado de ser en los años noventa, para pisar el siglo XXI con zapatillas de ciruja, unas Reebok gastadas, por qué no, pero en buen estado, admiradas con sorpresa, por primera vez, como recién nacidas adentro de una bolsa. La trayectoria vital de una/un cartonero tiene estos pasos cantados: 1) vida de trabajador relativamente formal; 2) desempleo; 3) abismos materiales, familiares y psicológicos varios; 4) inmersión en las bolsas de la basura.» Así explicaba el periodista Vicente Muleiro, del diario Clarín, el proceso de conversión de un trabajador normal en un cartonero, en un artículo publicado en 2002, en lo más crudo de la crisis.

Los cartoneros ya forman parte del panorama laboral de las grandes ciudades argentinas. Hasta tienen un tren, sin asientos, que les lleva por la mañana y les devuelve a sus villas-miseria al final de la jornada. Le llaman el Tren Blanco y cuando las autoridades decidieron suprimirlo en 2006 por la mala imagen que ofrecía (a los políticos siempre les preocupa más la mala imagen que la mala realidad) se desató un motín social y tuvieron que reponerlo.

Preparados o sin formación, el porvenir de nuestros jóvenes no sólo es mucho más negro que el de sus padres. Es que está bajo la amenaza de que se parezca mucho a la existencia de sus abuelos. Los políticos de los grandes partidos —PP, PSOE, IU y nacionalistas—, a los que se les llena la boca contando batallitas de la transición y de la lucha contra el franquismo, han conseguido retrotraernos a una sociedad igual de clasista e incluso con menos igualdad de oportunidades que la de aquella época siniestra. Una sociedad en la que no funciona el ascensor social: el hijo de un parado o un empleado tiene ahora muchas menos posibilidades de escalar social y profesionalmente que si hubiera nacido hace cuarenta años.

Una investigación de los sociólogos Ildefonso Marqués y Manuel Herrera, publicada en 2010 por la revista del Centro de Investigaciones Sociológicas, revela que en España la posibilidad de ascender de clase social se ha mantenido constante desde los años del desarrollismo. Si en los años ochenta, sólo uno de cada cuatro puestos directivos era ocupado por el hijo de una clase baja, ahora esa proporción es de seis a dos.

Para completar el aquelarre que se cierne sobre nuestra juventud un último apunte aterrador: ni siquiera van a poder permitirse el lujo de ser padres. La precariedad laboral les empuja a un destino sin descendencia. En 1980, las mujeres eran madres por primera vez a la edad media de 28,2 años. En 2011, descontando las inmigrantes, ha subido hasta los 32 años. Y la tasa de fecundidad de 2 hijos por mujer ha disminuido hasta 1,34. Para que la población no decrezca, la tasa de reemplazo necesaria es de 2,1 hijos por mujer.

2. Y sueldos low cost para los mayores

Pintan mal las cosas para los jóvenes. Sin porvenir definido, anclados al hogar familiar, estancados socialmente. Pero el futuro no será mucho mejor para sus padres. Han constituido el núcleo de un invento moderno llamado clase media que tiene los días contados. Desconocida en la mayor parte del planeta, en los países llamados desarrollados nació aproximadamente después de la segunda guerra mundial. Y se consolidó durante la segunda mitad del siglo XX coincidiendo con la mayor época de bienestar, justicia social y democracia de la historia. En Inglaterra, a principios de los años veinte le llamaban despectivamente «la clase de los tenderos». Puede que de ella no hayan salido grandes genios de las artes o las ciencias, pero es la que ha permitido con sus impuestos que existan inventos como una sanidad y una educación universales.

Ahora, por efectos de la globalización y la caída del Muro (ya no hay miedo a que los obreros y parados se entreguen al comunismo), está en vías de extinción. España es una adelantada en ese proceso de destruir una clase que da consistencia y estabilidad a todo el edificio social, que permite programar con plazos razonables y un mínimo de seguridad los hitos más comunes de la existencia: independizarse, tener descendencia y ofrecerle una educación, mantener la familia durante la vida laboral y asegurarse un retiro digno.

Hoy esa clase media corre peligro. Algunos la dan definitivamente por muerta. Es el caso del periodista Massimo Gaggi y del economista Eduardo Narduzzi, que en su libro El fin de la clase media y el nacimiento de la sociedad de bajo coste (Lengua de Trapo, 2006) vaticinan la aparición de un nuevo sistema social polarizado, con una clase tecnócrata reducida y crecientemente más rica en un extremo, y en el otro un «magma social» desclasado en que se confunden las antiguas clases media y baja, definidas por una capacidad de consumo muy limitado, a imagen y semejanza de los productos y servicios que les ofrecen las compañías low cost, como Ikea, Ryanair, Mc Donald’s, Zara o Skype.

Gracias al milagro beatífico de la globalización disfrutamos de productos y servicios de bajo coste. Una sociedad low cost que nos permite viajar a Berlín en Ryanair por 40 euros ida y vuelta, comprarnos unas Nike de otra temporada en un outlet por 30 euros, una camisa en Zara por 10 euros o llenar una bolsa de cacharros inservibles de plástico en el todo a un euro de los chinos.

Pero esa sociedad barata tiene una cara oculta que la crisis está desvelando. Como todo eso lo fabrican otros (les emplazo al siguiente capítulo para comprobar que detrás de la Gran Recesión no hay otra causa que la desaparición del tejido productivo) con sueldos de miseria y horarios infrahumanos, sólo hace falta un poco de tiempo para que esas condiciones laborales se trasladen a los felices consumidores de esos productos, que tendrán que aceptar sueldos low cost o el paro.

Ese tiempo ya ha llegado. Nancy Fraser, intelectual y activista estadounidense, lo expresaba clarividentemente en una de esas magníficas entrevistas de contraportada que publica La Vanguardia (29 de febrero de 2012). «Cada vez que un trabajador norteamericano entra en Wal-Mart [la mayor cadena de grandes almacenes de EE. UU.] y compra productos chinos baratos está rebajando su salario. Es el mismo proceso. Usted compra barato lo que antes fabricaban en su país o en otro país europeo que respetaba los derechos laborales y, de ese modo, contribuye a liquidar su empleo y a rebajar su propio salario.»

Esta profesora de la New School University de Nueva York considera que la época dorada del bienestar social ha terminado. «Cada Estado protegía a sus ciudadanos y, mediante sus impuestos, redistribuía la riqueza que creaba su economía en forma de servicios del Estado de bienestar. Pero para poder redistribuir la riqueza, primero hay que crearla, y lo que Europa fabricaba y vendía para mantener sus servicios hoy lo fabrican y venden mucho más barato los países emergentes. [...] Estamos en un proceso imparable en el que a medida que los trabajadores de países emergentes vayan adquiriendo más derechos —ojalá los logren pronto— nosotros, los empleados de países anteriormente ricos, los iremos cediendo... con nuestros salarios.»

Tanto los trabajadores activos que quieran conservar su puesto como los que estén en paro y quieran dejar de estarlo no van a tener más remedio que lidiar con estos salarios low cost. Pronto los mileuristas serán unos privilegiados. Les repito —y lo haré machaconamente—, no se traguen la burra de que ésta es una crisis y tarde o temprano pasará. Salvo excepciones infinitesimales, los que pierdan su empleo ahora también van a despedirse para siempre de su salario. Cuando vuelvan a ocuparse estarán dispuestos a trabajar por la mitad o incluso un tercio de lo que ganaban. Esos son los salarios del futuro. O los tomas o los dejas.

Ese fenómeno de sueldos decrecientes no es nuevo. Está sincronizado con la globalización. La estadística da cuenta de ello. Uno de los datos más reveladores se encuentra en la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), un informe cuatrienal pero que desnuda la realidad socio-laboral como ninguna otra. Según la misma, el sueldo bruto medio en España fue de 22.790 euros por trabajador en el año 2010, aunque el salario más frecuente, el que se acerca más a lo que ganan la mayor parte de los trabajadores, es de 16.490 euros. Si restamos el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social, el salario neto más frecuente se queda en 947 euros al mes. Es decir, que ya hoy la mayoría de los asalariados en España son mileuristas.

La diferencia de 5.000 euros entre el salario medio y el frecuente se explica porque hay pocos trabajadores con salarios muy altos, por lo que elevan notablemente el salario medio en la estadística. Y es que esa misma encuesta revela que el salario anual de los directores y gerentes fue superior en un 134,4 por ciento al salario medio. Es decir, que los sueldos son en España muy bajos y muy desiguales, el cuadro típico de un país de los llamados en desarrollo, o sea, de un país pobre.

Vivir del trabajo va a volver a ser una maldición bíblica. El esquema social al que caminamos aceleradamente es bipolar: ricos y pobres, y un hondo foso en medio para que ninguno de estos últimos tenga la tentación de cambiarse de bando. Podemos presumir de que un español —Amancio Ortega, el dueño de Zara— es el tercer hombre más rico del mundo, según la lista de Bloomberg (muy similar a la que publica la revista Forbes), tan sólo por detrás del mexicano Carlos Slim y del fundador de Microsoft, Bill Gates. En ese ranking de los 20 hombres más ricos del mundo no hay ningún suizo. Pero estoy seguro de que si le dieran a elegir a un trabajador preferiría trabajar en el aburrido país helvético, con un sueldo medio de 4.500 euros al mes que en España (1.900 euros) y no digamos en México (477 euros).

Nuestro país y Estados Unidos están entre los que más desigualdad salarial tienen. El 10 por ciento de los empleados españoles que más ganan multiplican por 4,1 el salario medio del 10 por ciento de los trabajadores que ganan menos. La proporción es de 4,9 en el caso estadounidense, según datos de la Organización Internacional del Trabajo.

Me consta que en estos momentos de dificultad y de pánico extremo, la gente quiere que le regalen los oídos con un mensaje esperanzador. Para eso están los políticos. Asumo mi condición de aguafiestas. Y creo que Grecia y Portugal nos están enseñando el camino sin retorno que ha emprendido la clase media hacia la precarización o directamente hacia la pobreza. Empujados por las condiciones para los sucesivos rescates de la UE, Grecia ha recortado a la mitad las indemnizaciones por despido y ha suprimido en la práctica los convenios colectivos y el salario mínimo, lo que ha provocado un descenso medio del 20 por ciento en los salarios del sector privado. Portugal ha reducido las indemnizaciones a veinte días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades (igual que en España), y se ha incautado de la mitad de la paga extra de Navidad de todos los portugueses cuyo salario supere los 483 euros.

La pobreza se ha adueñado de los dos países rescatados por la UE. Sometidos a duros planes de ajuste que hunden sus economías trimestre a trimestre, los asalariados se aferran a sus puestos de trabajo aunque sea a costa de drásticos recortes. Un millón de portugueses del total de 10,5 subsiste con menos de 280 euros. Un 8,3 por ciento de la población vive en estado de privación material severa (Instituto Nacional de Estadística luso), determinada por la falta de cuatro o más de los nueve bienes básicos: costear gastos como un pago inesperado (equivalente a un mes de ingreso mínimo), una semana de vacaciones al año, alquileres y créditos habituales, luz o calefacción, comer carne o pescado cada dos días y disponer de electrodomésticos, teléfono y medios de transporte.

Los nuevos sin techo se han multiplicado en las calles de Atenas. Klimaka, la principal ONG que se encarga de ellos, ha visto cómo cambiaba rápidamente su clientela. Antes de la crisis, eran drogadictos e inmigrantes. Ahora son ex trabajadores en paro y jubilados. Ex marineros de la hasta hace poco pujante marina mercante griega, ex comerciantes, hasta ex empleados públicos interinos. El 16 por ciento de los solicitantes proviene de esa clase media en descomposición. Klimaka calcula que los sintecho han aumentado un 25 por ciento en dos años, hasta las 20.000 personas.

La patria de Onassis, el símbolo del millonario cosmopolita, es hoy una sucia cochiquera con oasis de adinerados, como los que cada fin de semana bajan desde el exclusivo barrio ateniense de Kifisia hacia el puerto de El Pireo para broncearse en su yate junto a las costas de la isla de Salamina. El asunto tiene su mérito porque oficialmente en Grecia no hay ni ricos ni yates. Sólo 15.000 personas de los 11 millones de griegos declaran ingresos superiores a 100.000 euros por año. Y apenas se declaran unos centenares de botes de recreo, porque para evadir impuestos y hasta recibir subvenciones de la UE, los superlujosos yates que merodean en torno a las islas del Egeo son oficialmente barcos de pesca.

En Grecia, el binomio ricos/pobres alcanza desproporciones siderales. Se estima que la evasión fiscal alcanza los 40.000 millones al año. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos fondos han salido del país. Se habla de entre 250.000 y 500.000 millones de euros. Y como ellos no pagan, otros pagan por ellos. A finales de 2001, el Gobierno aprobó un impuesto sobre bienes inmuebles. Para asegurar su cobro lo ligó a luz. Las eléctricas tienen orden de cortarle el suministro a quien no abona ese gravamen. Más de 60.000 ciudadanos, los de menor poder adquisitivo, obviamente, se han quedado a oscuras.

La presión fiscal asfixia a los empleados y a los pequeños empresarios y empuja a los más desesperados a soluciones extremas. Desde que estalló la crisis, Italia registró un promedio de dos suicidios diarios durante 2010, la mitad fueron desempleados y el resto, comerciantes y autónomos, sobre todo en las regiones industrializadas del norte, según un estudio de Eures, el instituto de investigación social de la UE. Los casos de suicidios en el país heleno han crecido un 78 por ciento de 2009 a 2011. La tasa es de 1,5 decesos por día, con cifras del Ministerio de Salud.

Los pobres limpios, como se denomina a los que han descendido desde la clase media, también comienzan a saturar los servicios sociales en España. Un millón de personas acudieron a pedir ayuda a Cáritas en 2011, casi el triple que en 2007, cuando atendió a 370.000. El perfil social del demandante empieza a cambiar: padre de familia o separado, varón, en paro, cuarenta años, con hipoteca, que vive al día y que ha agotado las prestaciones familiares. El trabajo es un bien escaso que cada vez se concentra en menos familias. El número de hogares con todos sus miembros desocupados alcanzó los 1.737 millones a finales del tercer trimestre del año (Encuesta de Población Activa).

La nueva reforma laboral, y las que están por venir, rebaja al mínimo las indemnizaciones por despido (veinte días por año, con un máximo de doce mensualidades) y, tal vez más importante, permite a las empresas cambiar unilateralmente las condiciones laborales (salarios, horarios, etcétera) si la marcha de la compañía va mal, si las ventas o los beneficios caen. Con esa cobertura legal, una recesión económica permanente y un paro endémico por encima del 25 por ciento, no es aventurado pensar que los salarios van a menguar y sobre todo, el poder adquisitivo va a reducirse notablemente en los próximos años.

Para empezar, una tendencia general es la eliminación de las pagas extras siguiendo el efecto llamada de la Administración, que ha decidido suprimir a sus funcionarios la de Navidad. Miles de trabajadores de la empresa privada han aceptado ya esa condición junto a recortes considerables en el sueldo. Aunque como las estadísticas sólo reflejan los convenios colectivos, y con una demora de casi un año, esa drástica disminución en los ingresos de los empleados aún no se ha hecho patente.

Y el descenso de los salarios irá paralelo al aumento de la presión fiscal y de las cotizaciones que deben asumir los trabajadores. Con tal de que se creen empleos, los Gobiernos estarán dispuestos a bajar los impuestos y cargas sociales que gravan a las empresas. Y para equilibrar esa merma de ingresos, se las trasladarán a sus trabajadores. El fenómeno ya está pasando. El tipo efectivo medio en el IRPF se sitúa en el 15,1 por ciento, mientras que el del Impuesto de Sociedades es del 17,7 por ciento. De esta forma, el 40 por ciento de los asalariados ya pagan más al fisco por sus rentas que las empresas por sus beneficios (Memoria Tributaria 2010).

En cuanto a las cargas sociales, el pistoletazo de salida lo ha dado Portugal. Ha intentado rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y subir en nada menos que siete puntos las de los trabajadores, pero la protesta frenó la reforma, aunque a costa de subir el IRPF. En España, el Gobierno, aterrorizado por los aullidos de la patronal y con tal de disfrazar las cifras del paro, no tardará en seguir su camino. Máxime cuando los asalariados sólo pagan el 4,7 por ciento frente al 23,6 por ciento que abona la empresa, así que hay mucho margen para aumentar la de unos y reducir la de otros.

El trabajador 2.0, si tiene la suerte de ejercer su labor escapando a la plaga del paro, va a tener que aceptar bajos salarios, fuertes impuestos, altas cotizaciones y condiciones leoninas. Los tiempos de la lucha obrera y los derechos laborales serán sólo un recuerdo de museo, junto a las constituciones que santifican un empleo y un salario digno para todos.

3. De ésta no se libra nadie: ni funcionarios ni pensionistas

Cada vez se está haciendo más patente: de esta bajada a los infiernos a la que estamos asistiendo no se va a librar nadie. Ni siquiera los grupos que se creían más a salvo porque hasta ahora el sistema los había convertido en intocables, como los funcionarios y los pensionistas.

Esta crisis se va a llevar por delante cientos de miles de puestos públicos y va a devolver a gran parte de los funcionarios a la condición de trabajador humilde que tuvieron hasta bien entrada la transición. Para el que se escandalice con esta predicción siniestra que piense un momento en su reacción si hace unos años alguien le hubiera predicho que a los empleados de la Administración les iban a quitar una paga de Navidad tras una rebaja de sueldo.

El camino de lo que va ocurrir nos los enseñan una vez más los países que están por delante de nosotros en la recesión, Grecia y Portugal. El trabajo de por vida de los funcionarios ha pasado a ser un mito en estos países. En Grecia, entre 2010 y 2011, se amortizaron 200.000 plazas en el sector público, entre jubilaciones no cubiertas y despidos de interinos. Antes de 2015, deberá suprimir otros 150.000, y aquí ya caerán los fijos. Portugal ha acabado con las dos pagas extras de sus funcionarios, a los que podrá aplicar la ley de despidos que rige para el sector privado en caso de necesidad. El Gobierno de Mario Monti anunció en julio que echará a uno de cada diez funcionarios.

La rebaja en un 5 por ciento del sueldo o la supresión de la paga de Navidad decretada en España es sólo un aperitivo de lo que está por venir. Habrá más bajadas salariales y despidos. Tras crecer la plantilla pública en casi 450.000 funcionarios en los últimos diez años, ahora toca recortes. Los contratados interinos y laborales, que ascienden a 877.000 personas (40 por ciento del total), son el primer objetivo declarado y ya han empezado a caer en las comunidades autónomas. Pero no serán los únicos.

A los pensionistas no les ha ido mucho mejor. En Grecia se han recortado un 20 por ciento las pensiones de más de 1.200 euros y hasta un 40 por ciento las de los jubilados con menos de cincuenta y cinco años. Los retirados portugueses también se han quedado sin las dos pagas. En España éste es el último reducto de población que por el momento ha salido indemne de los recortes, salvo la congelación de las pensiones decretada por Zapatero en 2010.

El Gobierno de Rajoy, tal vez por sus cálculos electorales al estimar que es un granero leal de votantes para el partido en el poder, ha dejado para el final las pensiones, mientras freía a impuestos y recortes a asalariados y autónomos. Pero al final no ha tenido más remedio que tocarlas porque son, de largo, el capítulo mayor de gasto público, un tercio del total (más de 120.000 en 2013) y, por tanto, el de mayor recorrido para el recorte.

Con la inflación cercana al 3 por ciento debido en gran parte a la subida de impuestos, las pensiones han dejado de ajustarse al incremento del IPC. Este año ha sido el primero en que no se pagarán los atrasos. Y cuando se concrete el rescate, el Gobierno se verá obligado a anunciar una rebaja de las pensiones. Una bicoca para lo que está por venir.

Puede que a nuestros jubilados les parezcan escasas sus pagas actuales. En poco tiempo, sentirán nostalgia de ellas. Es matemáticamente imposible que las pensiones medias crezcan año tras año como ha venido sucediendo en un escenario de paro masivo y sistémico y con sueldos a la baja. No hace falta trabajar en el Instituto Nacional de Estadística para saber que las pensiones no pueden aumentar por encima de los salarios que las financian a través de las cotizaciones. En España, en la última década las retribuciones de los jubilados han crecido justamente el doble que los salarios, un 77,5 por ciento frente a un 37,3 por ciento.

Desde el año 2000 hasta ahora la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de paga (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) ha pasado de 468,4 a 831,5 euros mensuales, un incremento del 77,5 por ciento, más del doble de la inflación. Y el número de pensionistas del Régimen General ha crecido de 7,5 millones a 8,93 millones (Instituto Nacional de la Seguridad Social, julio de 2012). Por su parte, el salario medio ha pasado de 1.384 euros en 2000 a 1.900 euros en 2010, un 37,3 por ciento.

Como ocurre con la inmigración, los políticos han hecho de las pensiones un tema tabú por motivos electorales. El voto de los jubilados es el más conservador. Tienden a elegir a quien ya manda, salvo que les toquen su bolsillo. Y los políticos no van a renunciar a este granero de papeletas. Por eso, tienen un trato exquisito hacia ellos pese a la imagen contraria que dan los medios.

Pasa por ser una verdad revelada que las pensiones en España son bajas. Y sucede justamente lo contrario, aunque no es muy popular reconocerlo. El poder adquisitivo de los jubilados ha mejorado notablemente respecto al de los trabajadores en activo. Eso sin contar el sistema de prebendas absurdo del que gozan independientemente de su nivel de ingresos: descuentos en el transporte público, medicamentos, museos, viajes del Imserso... ¿Por qué un padre de familia en paro debe pagar por tomar el autobús hasta 10 veces más que un jubilado con una pensión de 1.500 euros?

Una sociedad que privilegia a sus clases pasivas frente a las activas no goza de buena salud y produce distorsiones contranaturales. En España, la crisis ha acentuado una insólita solidaridad intergeneracional: las familias se ven obligadas cada vez más a recurrir a la ayuda de sus mayores. Un estudio del Ministerio de Agricultura presentado en marzo de 2012 reveló un dato estremecedor: los hogares formados por jubilados incrementaron la cesta de la compra de alimentación un 3 por ciento en 2011, mientras que las familias con hijos pequeños y de edad media las recortaron entre un 5 y un 7 por ciento. Evidentemente, no hay ninguna causa lógica que explique que a los pensionistas les ha dado un ataque de gula mientras que las familias han decidido ponerse a dieta. La razón de este curioso comportamiento, como reconoció el propio ministro, Miguel Arias Cañete, es que los jubilados están ayudando cada vez más a sus hijos y familiares a llegar a fin de mes. Lo menos edificante es que el propio Gobierno alienta esa solidaridad familiar con medidas como la eliminación de la ayuda asistencial de 400 euros para los parados que vivan con sus padres o abuelos, si estos últimos tienen la renta suficiente.

Nos guste o no, España no puede mantener retribuciones de 950 euros para nueve millones de jubilados (y creciendo). Una verdad que ningún político está dispuesto a reconocer hasta que la realidad imponga su evidencia, como ha ocurrido en Grecia o en Portugal. Los pensionistas van a tener que acostumbrarse a vivir con mucho menos.

En un futuro mucho más cercano de lo que nos imaginamos, la mayor parte de las pensiones serán asistenciales o, para que lo entiendan mejor, cuotas mínimas de caridad. No voy a recurrir a ninguno de los miles de estudios que se manejan sobre la viabilidad del sistema actual de pensiones. Entre otras cosas porque no conozco ninguna proyección anterior que no haya fallado. Me limitaré a apelar una vez más al sentido común.

Con los últimos datos de la Seguridad Social, actualmente hacen falta 2,4 cotizantes por cada pensionista. Es lo que se denomina tasa de dependencia. Por un simple cálculo matemático, para pagar una pensión de 700 euros hacen falta que coticen 2,4 trabajadores que ganen 1.500 euros brutos mensuales. Con el nivel de paro situado en torno al 25 por ciento (es decir, con cada vez menos cotizantes), y los salarios a la baja de los que aún trabajan (cotizaciones menores), ¿alguien espera que se van a poder seguir manteniendo las pensiones como si nada fuera con ellas? Si crece el paro y bajan los salarios, los cotizantes y las cotizaciones van a caer en picado y los jubilados, tarde o temprano, tendrán que ajustarse el cinturón.

No es un futurible. Con los últimos datos de la Seguridad Social, hay 16,68 millones de cotizantes, la menor desde hace ocho años y medio. Ahora bien, en esa cifra están incluidos los 2,76 millones de afiliados desempleados por los que cotiza la propia Seguridad Social. Eso se traduce en que, en realidad, sólo hay 2,05 trabajadores cotizando por cada uno de los 8,1 millones de pensionistas, la proporción más baja desde 1999 (Seguridad Social, agosto de 2012).

Todo el mundo sabe que la Seguridad Social es un negocio piramidal, puesto que con el dinero de los actuales trabajadores cobran sus pensiones los empleados del pasado, muchos de los cuales ni siquiera cotizaron o lo hicieron por cantidades mínimas. La diferencia con las estafas piramidales del estadounidense Bernard L. Madoff o las de Fórum Filatélico es que cuando se agote la caja, nadie irá a la cárcel porque no habrá responsables. Simplemente, los pensionistas dejarán de cobrar o se reducirán al mínimo sus pensiones.

Y la caja ya se está vaciando. La Seguridad Social registró un déficit de 995 millones de euros en 2011. Se trata de la primera vez que el organismo tiene más gastos que ingresos desde que dejó de financiar completamente la sanidad pública, en 1999. Las cuentas siguen sin cuadrar y en 2012 hasta el Ejecutivo ha reconocido que volverá a repetirse el déficit. La caída de las cotizaciones y el aumento del gasto en pensiones han motivado que el Gobierno no haya tenido más remedio que echar mano de las reservas. En julio pasado tomó 4.400 millones del Fondo de Prevención, y en agosto y septiembre ha metido la mano en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones, un fondo que se suponía intocable salvo para casos de tragedia nacional y que hasta ahora se mantenía virgen.

Los expertos en la materia y los políticos de turno intentan desactivar la certeza de que con las cotizaciones futuras no se podrán pagar las pensiones actuales, proponiendo soluciones que no sé si rondan más el cinismo o el disparate. El primer remedio mágico que se sacan de la chistera es el demográfico. Necesitábamos jóvenes cotizantes para sufragar el creciente ejército de pensionistas. Como los nacionales no estaban por la labor de tener descendencia (entre otras cosas porque la precariedad laboral nos les permite mantenerla dignamente), recurrimos a la inmigración, que además tenía la ventaja de que ya los traían creciditos y aptos para el andamio. Conservadores y socialistas celebraron como un maná la ola de inmigrantes (casi toda ilegal).

De hecho, pocas veces se cuenta que la gran oleada de extranjeros, la que no necesitaba pateras porque entraba por el aeropuerto de Barajas sin traba ninguna, llegó a España bajo los Gobiernos de Aznar y con los vítores entusiastas de la CEOE. Zapatero únicamente los regularizó después. En los albores del boom del ladrillo, la patronal necesitaba mano de obra barata y sumisa. Era la única forma de bajar los salarios en un momento de gran demanda laboral y de maximizar beneficios. Ya se haría cargo el Estado, o sea, los contribuyentes, de los gastos sociales de sanidad y educación que llevaba aparejada esa gran cantidad de población que se incorporaba de sopetón y sin ningún control.

No tardaron en llegar los estudios de los expertos, tanto de un bando como de otro (la conservadora Fedea o la Fundación Ideas del PSOE), que certificaban que los inmigrantes eran la solución ideal para evitar la quiebra de la Seguridad Social, a la que aportaban cotizantes mes tras mes, contribuyendo a su superávit. Hasta el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, llegó a decir que necesitábamos un millón de inmigrantes al año.

Una vez pinchada la burbuja inmobiliaria, los inmigrantes han engrosado las filas del paro con mucha mayor rapidez que los nacionales y, por tanto, han pasado de golpe de cotizantes a subsidiados. Su tasa de desempleo es del 34,8 por ciento de la población activa, 11,5 puntos más que la de los españoles (EPA, tercer trimestre de 2012). Y los cotizantes han caído en más de 200.000 desde el pico alcanzado en 2007. Y eso que esas cifras no contabilizan los ilegales ni los nacionalizados. Casualmente, no se han vuelto a escribir artículos ni informes sobre los beneficios de la inmigración para el saneamiento de la Seguridad Social. Sencillamente, ya no se escribe. Se ha convertido en un tema tabú. Todo lo que sea cuestionar la inmigración o su relación con la alta tasa de paro español se tacha de xenófobo, por lo que el debate se vuelve intransitable. Pero lo que nadie puede discutir es que los inmigrantes se han convertido en parte del problema y no en la solución.

Apelar al crecimiento demográfico, bien a través del fomento de la natalidad o de la inmigración, como remedio para el déficit de la Seguridad Social es un completo despropósito en un país en el que más de la mitad de sus jóvenes está en paro. No hacen falta más jóvenes sino más empleos.

4. El vulgar truco del aumento de la edad laboral

La otra gran murga de los salvadores teóricos de nuestro sistema de pensiones es el aumento de la edad laboral. El Congreso aprobó en julio de 2011 una reforma que retrasa la jubilación de los sesenta y cinco a los sesenta y siete años, y aumenta de quince a veinticinco el número de años con los que se calcula la pensión. Como si fuera con una varita mágica, el Gobierno socialista de entonces lo aprobó con el apoyo de los nacionalistas catalanes. En realidad, la reforma, que entra en vigor en 2013 y se aplicará gradualmente hasta 2027, esconde un vulgar truco de prestidigitador de fiesta de cumpleaños. Sólo unos pocos afortunados van a poder jubilarse a los sesenta y siete años. Ya quisiera la mayoría poder hacerlo a los sesenta y cinco. La edad real media a la que se retiran los españoles es de 62,8 años (OCDE). Y ese dato está muy desfasado debido a que no recoge los efectos desastrosos de la crisis para los trabajadores de mayor edad, que están siendo la carne de cañón de los Expedientes de Regulación de Empleo y las prejubilaciones, sobre todo, en las grandes empresas.

Compañías como Telefónica, Endesa, Santander y hasta las cajas nacionalizadas y, por tanto, controladas por el Estado, han aplicado prejubilaciones masivas a partir de los cincuenta y dos años. Cualquiera sabe sin necesidad de acudir a las estadísticas del INEM que si te expulsan del mercado de trabajo a partir de los cuarenta y cinco resulta casi imposible reintegrarse a un lugar de empleo. ¿Qué sentido tiene retrasar la jubilación cuando no se cumple ni la edad legal actual?

Mientras la clase política resalta en público la salud de nuestro sistema de pensiones, en privado se prepara para reducir al máximo el número de beneficiarios. El único fin que persigue cada reforma de las pensiones —y en España vamos por la sexta— es recortar los ingresos de sus beneficiarios y el consiguiente desembolso del Estado. Retrasar la edad de jubilación o aumentar el número de años para tener derecho a una pensión contributiva sólo busca que cada vez más personas se queden fuera del sistema. Y eso les está ocurriendo no sólo a los trabajadores maduros que se quedan en paro y no vuelven a encontrar un empleo, sino a los jóvenes que, al incorporarse tarde al mercado laboral y luego ser expulsados tempranamente del mismo, no alcanzarán el periodo mínimo de cotización. Que no les engañen, cuando hablan de reforma de las pensiones quieren decir en realidad recorte de las pensiones.

Otra bomba programada que aún está por estallar son los prejubilados. Las grandes empresas, bancos incluidos, han elegido este método, casi inédito en otros países, para quitarse de encima sus trabajadores más caros y maximizar beneficios a costa del Estado. Desde los ochenta, los sucesivos Gobiernos han aprobado diversos ERE escandalosos de emporios como Telefónica, BBVA o Endesa, que mandaban al paro durante dos años a sus trabajadores despedidos y luego complementaban sus pensiones hasta la edad legal de jubilación. Ese proceso ha costado miles de millones al erario en prestaciones de desempleo y pensiones. No existen datos fiables, pero, por ejemplo, según las últimas cifras oficiales hay 356.596 personas de entre sesenta y sesenta y cuatro años que perciben una pensión de jubilación, entre prejubilados y jubilados anticipados. A esa cifra, habría que sumarle los prejubilados menores de sesenta años que, por ley, aún no cobran una pensión del Estado y viven de la cantidad pactada con la empresa que les despidió.

Los prejubilados españoles conforman un grupo privilegiado. Generalmente, se fueron de sus empresas con buenos acuerdos y tiene aún más de media vida por delante para disfrutar de esas generosas pagas hasta que el Estado se haga cargo cuando cumplan los sesenta y cinco. Son esa gente saludable a la que vemos paseando el perro, haciendo footing o en la ronda por los bares del barrio, cuando los demás salen o vuelven del trabajo. Un chollo que puede dejar de serlo.

La reforma de las pensiones del tecnócrata Monti aumentó hasta cuarenta y dos el número de años que los italianos deben trabajar para tener derecho a una pensión completa. La medida ha dejado de un plumazo sin ingresos a miles de trabajadores —los sindicatos hablan de 130.000— que se acogieron a prejubilaciones entre los cuarenta y cinco y los sesenta y cuatro años, y que ahora no tienen ni trabajo ni pensión. En España también comienza a haber esodatis, los desheredados como les llaman en Italia. Cientos de prejubilados de Delphi, Santana y otras empresas andaluzas desaparecidas o en problemas que han dejado de pagar las pólizas.

Si la recesión se agudiza y las empresas que pactaron con sus ex empleados un calendario de pagos hasta la edad de jubilación entran en bancarrota o sufren problemas de liquidez, miles de ex trabajadores se pueden quedar en un limbo laboral, en el que no reciban ningún ingreso ni de sus ex compañías ni del Estado.

Para evitar estos contratiempos, desde las instancias oficiales nos han aconsejado que nos hiciéramos un buen plan de pensiones. Una solución de lo más desaconsejable. Dando por hecho que gozan de un buen sueldo y pueden ahorrar una buena parte del mismo para destinarla al plan, les prevengo que entre 2007 y 2011, los fondos privados de pensiones españoles son los que peor rendimiento han tenido, sólo por detrás de los islandeses y los australianos, con una caída del 4 por ciento (OCDE, junio de 2012).

La inversión en un fondo de pensiones es bastante ruinosa si se compara con otras alternativas. Sin los incentivos fiscales, prácticamente eliminados, no tienen casi sentido. Un trabajo de los profesores del IESE Pablo Fernández, Javier Aguirreamalloa y Luis Corres reveló que entre 2001-2011, entre los 532 fondos de pensiones con diez años de historia, sólo dos fondos superaron la rentabilidad de los bonos del Estado a diez años, sólo tres fondos superaron el 4 por ciento de rentabilidad, y 191 fondos tuvieron rentabilidad promedio ¡negativa! Sólo estos últimos han atrapado a 1,7 millones de partícipes a diciembre de 2011. Y en el estudio no consta el principal peligro: que la entidad bancaria desaparezca y el futuro pensionista se quede sin su dinero.

El sistema está dejando sin seguridad a sus grupos más sagrados. La tormenta se ha convertido en huracán y se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso, desde la chabola más humilde hasta el resort más lujoso. No hay trincheras seguras. Ni para trabajadores, ni para funcionarios, ni para jubilados.

Capítulo IV

¿La causa de esta crisis?

No producimos nada

1. Pecadores, convertíos. La I+D os salvará

Lo habrá escuchado cientos de veces. Y aún se lo harán escuchar otros cientos. La culpa de todo ha sido del ladrillo, el boom inmobiliario gestado desde finales de los noventa y cuya burbuja explotó una década después arrastrando consigo a familias, bancos y a toda la economía nacional. Pues por más que lo repitan, mienten. La tremenda recesión que nos castiga se ha venido gestando desde hace más de tres décadas, y no tiene nada que ver con el ansia por construir viviendas y la costumbre atávica de los españoles de poseerlas para habitarlas o especular con ellas. Al contrario, aunque les suene a burla, el boom inmobiliario ha sido el último aliento y la vía de escape al verdadero tumor de la economía española: no producimos nada.

En efecto, durante casi cuarenta años, y más acusadamente tras la entrada en la Unión Europea y la caída del Muro de Berlín, nos hemos aplicado en destruir uno por uno todo nuestro aparato productivo. La pertenencia a la UE nos sirvió de excusa perfecta para dejar abandonados nuestros cultivos, arrancar vides, olivos, sacrificar ganado, hasta dejar la agricultura en mínimos. La globalización y la adopción del euro propiciaron el desmantelamiento de todo el tejido industrial, industrias autóctonas poderosas que nos costaron décadas construir. Desde el calzado, hasta el textil o el juguete, y no digamos ya de la industria pesada vinculada casi siempre al sector público, como la siderúrgica o los astilleros.

En aras de la competitividad, se demolieron o se deslocalizaron fábricas, polígonos enteros de pequeñas y medianas empresas. No era preciso hincar la espalda ni mancharnos las manos. Los empleos de mano de obra intensiva (precioso eufemismo) no eran lo nuestro. ¿Cómo competir con los bajos salarios y peores condiciones laborales de chinos, indios, vietnamitas, marroquíes y tantos otros que fabricaban nuestros zapatos, juguetes, deportivas, ordenadores, móviles, lavadoras, tornillos, tuberías...?

A nosotros nos bastaba el sector servicios y una legión de funcionarios. Ah, y la falacia sempiterna (y xenófoba) preferida de políticos y economistas de que estábamos predestinados para la I+D, porque para lo demás ya estaban los de los ojos rasgados y los morenitos, como si en China o en la India no hubiera ingenieros, y sólo fueran capaces de fabricar tuercas dejándonos a los avanzados europeos hacernos cargo de los chips y del software. Ya quisiéramos en Europa poder presumir del avance tecnológico de esos países que está devorando las industrias más punteras de Occidente.

La mayor concentración de ingenieros de software no está en Silicon Valley. Ni en Alemania. Y mucho menos en Japón o Corea. Está en Bangalore, una ciudad en el sur de India, con la mitad de la población de más de nueve millones de habitantes por debajo del umbral de la pobreza y graves problemas de contaminación, por lo que, a simple vista, no se diferencia de cualquier otra urbe del país, y las tópicas imágenes de subdesarrollo. Pero alberga un ejército de medio millón de ingenieros, casi todos de la industria del software, trabajando para las principales multinacionales, desde Intel a Microsoft o Yahoo. Hablan un inglés nativo y, los mejores, aspiran a ganar 1.300 euros al mes. ¿De verdad que nuestros futuros ingenieros, con su inglés macarrónico y sus anhelos salariales, podrán competir con ellos?

Una muestra mínima de las incontables que hay de este egocentrismo innovador europeo es la plataforma Atomium Culture (AC), una organización intersectorial que engloba universidades, periódicos y empresas para la difusión y la transferencia de conocimientos de la investigación europea. Según esta entidad, que integra a numerosas personalidades y ex altos cargos de Gobierno de países europeos, la única forma de salir de la crisis es apoyarse en la «capacidad de educar, investigar e innovar de los europeos», demostrada históricamente desde los tiempos de Aristóteles. Con la habitual retórica grandilocuente de semejantes organizaciones, integrada por miembros que, por supuesto, jamás han estado en desempleo, consideran que el crecimiento económico de otras zonas del mundo no es un problema para Europa sino una oportunidad.

Una de sus últimas apariciones fue una tribuna distribuida en agosto a los principales diarios europeos, titulada «Por una conciencia europea» en la que se concluía que «la innovación y la investigación son y serán el futuro de Europa». El texto lo firmaban, al alimón, los ex presidentes Valéry Giscard d’Estaing y Felipe González, y el italiano Michelangelo Baracchi Bonvicini, máximos representantes de la plataforma. Curiosamente, ninguno de ellos es científico ni ha tenido trato alguno con la ciencia. El ex presidente galo es inspector de finanzas, González ejerció de abogado laboralista y el italiano Bonvicini es profesor de Historia. Si les hubiera tocado vivir en nuestra época, posiblemente todos ellos estuvieran en paro porque sus profesiones han dejado de tener futuro. Suele ocurrir que quienes más claman por la investigación y el espíritu emprendedor no sean capaces de recordar la fórmula matemática más sencilla o hayan logrado sus fortunas especulando con terrenos o con acciones.

AC considera que lo único que hace falta para aprovechar la oportunidad histórica que supone la crisis es espolear el espíritu innovador europeo y, de hecho, han puesto en marcha una iniciativa —Research Excellence Innovation Network— en colaboración con la Comisión Europea para proporcionar a Europa una red que sirva de nexo entre los investigadores y las bases de datos de los Estados miembros. ¿Y se supone que ese lazo idílico entre investigadores va a arreglarles la vida a los 24 millones de desempleados europeos?

Una vez más se confunden los debates. Nadie que atesore no ya un mínimo de conocimiento científico sino unas simples pinceladas históricas, puede negar que la innovación y la ciencia sean los motores del desarrollo de la humanidad, del bienestar y del crecimiento económico. Sin ellos, aún estaríamos deambulando de paraje en paraje, cazando todo lo que se moviera y arrancando fruta de los árboles como nuestros ancestros, los primeros sapiens.

Pero a lo que nos enfrentamos en toda Europa es a un problema de desempleo masivo y enquistado (sistémico o estructural como apuntan los redichos). Y no podemos esperar resolverlo con una sociedad idílica huxleysiana en la que la mayor parte de sus ciudadanos, enfundados en batas blancas, se dediquen a diseñar chips o a duplicar cadenas de ADN. La tecnología está en la cúspide del proceso productivo y, como tal, destinada a unos pocos. Sólo puede ser una solución para el desempleo masivo si el grueso de ese proceso, es decir, la fabricación, no se deslocaliza hacia otros países como ocurre ahora.

Posiblemente usted no haya oído hablar nunca de Foxconn. Les extrañará saber que, pese a que no encontrará ningún modelo bajo su marca, es el mayor fabricante mundial de aparatos electrónicos. En las inmensas factorías radicadas en China continental, se producen y ensamblan los iPad y los iPhone de Apple, las Playstation de Sony, la Xbox de Microsoft o los portátiles de HP. ¿Alguien puede atreverse a acusar a Apple o a Sony de despreciar la innovación? Sin embargo, el fruto de esa innovación no crea ni un solo puesto de trabajo en factorías de Los Ángeles o Tokio. Los crean en los inmensos talleres de Shenzhen, una ciudad a 40 kilómetros de Hong Kong, conocida como la Silicon Valley china por su concentración de empresas manufactureras tecnológicas. Paradójicamente, la ciudad donde han ido a parar los millones de empleos que han perdido los trabajadores occidentales fue fundada de la nada por Deng Xiaoping, el sucesor de Mao, el enemigo del capitalismo.

Foxconn es el paradigma de ese nuevo capitalismo. Su nómina está integrada por 1,2 millones de trabajadores, más que toda la población de Extremadura y, por supuesto, infinitamente más que la plantilla de todas las corporaciones juntas que les encargan sus productos. Saltó a la fama por una oleada de suicidios en 2010, coincidiendo con el lanzamiento del primer iPad. Para poder cumplir con los pedidos en el tiempo récord que les demandaban clientes como Apple, los trabajadores denunciaban condiciones militares en las cadenas de montaje y salarios base de en torno a 100 euros mensuales, que les obligaban a hacer horas extras interminables (hasta seis días a la semana con jornadas de dieciséis horas) para poder subsistir. Los suicidios han venido sucediéndose hasta 2012.

Una serie de artículos en la prensa occidental —en particular un magnífico reportaje de The New York Times— movió las conciencias y obligó a Apple a aplicar varios aumentos de sueldo. Desde febrero, los trabajadores experimentados de Foxconn ganan entre 215 y 300 euros al mes, la mitad de lo que cuesta un iPhone 5.

Invertir en innovación no equivale a cosechar empleo. Los ingenieros de Apple o de Sony que diseñan sus maravillosos móviles o consolas de videojuegos no bastan. Hace falta que la inmensa mano de obra necesaria para fabricar esos productos sea la nuestra, la de nuestros millones de desempleados. Si esos puestos emigran a las fábricas de Foxconn, la ecuación seguirá sin cuadrar. Y nuestro I+D servirá para llenar de fragor las factorías a miles de kilómetros de distancia.

2. Nos quedamos sin fábricas

No, la ecuación no cuadra. Por mucho que se empeñen los políticos, los expertos, la OCDE o la Organización Mundial del Comercio. Si derribas una fábrica pronto sólo tienes un desierto alrededor. Comercio y servicios se nutren de la energía que emana de la factoría como un tótem que les diera la vida. El proceso se demora más o menos, pero acaba siendo irremediable. Uno de los ejemplos más aterradores de esta transformación es Detroit, la cuna de la industria del automóvil, donde tenían su sede los tres gigantes: Ford, General Motors y Chrysler.

La entrada masiva de coches japoneses y el traslado de las fábricas de las marcas norteamericanas a países con bajos salarios propició un cierre en cadena de las factorías que habían sido el orgullo del poder industrial americano. También allí los políticos les prometieron a los trabajadores despedidos que se instalarían nuevos negocios de mayor valor añadido. Pero no llegaron. Nunca llegan. Hoy la capital de Michigan es casi una ciudad fantasma. Un tercio de sus casas han sido abandonadas, para dejar paso a un territorio de yonquis y de ratas.

Los fotógrafos franceses Yves Marchand y Romain Meffre estuvieron retratando entre 2005 y 2009 este Detroit, una sombra de ciudad dentro de otra ciudad, en la que edificios magníficos como Book Tower, la Michigan Central Station o el Teatro Michigan se han convertido casi en ruinas romanas, en una Pompeya del siglo XX. Su libro Las ruinas de Detroit (Steidl, 2010), muchas de cuyas fotos se pueden consultar por internet, es la mejor prueba del efecto devastador del cierre de un centro productivo.

No hace falta irse tan lejos. En España también tenemos esas imágenes desoladoras. Los polígonos chinos de Cobo Calleja (Madrid), Badalona (Barcelona) o Quart de Poblet (Valencia) evidencian esa brusca transformación. Hace unos años, centenares de personas se ganaban la vida en esas naves trabajando para pequeñas y medianas empresas que fabricaban todo tipo de productos. Hoy sólo albergan enormes almacenes bajo rótulos chinos donde se amontonan mercancías, casi ninguna producida en España. Sólo ocupan a los aduaneros que supervisan la entrada en el país. Y la mayor parte de ellas ni siquiera son gravadas con aranceles, merced a los tratados de libre comercio.

El fenómeno no sólo afecta a España, es una epidemia europea que se ha acelerado con la recesión. El Observatorio de Reestructuraciones Europeas, un organismo de la UE, ha detectado que entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2010 hubo 5.400 grandes reestructuraciones, en las que se destruyeron 1,8 millones de empleos.

A España, sin embargo, le ha afectado especialmente. En 1976, había 3,5 millones de obreros en las fábricas. En 1993, la industria ocupaba a 2.506.753 trabajadores. En 2010, casi veinte años después, sólo tenían un empleo industrial 2.133.618 personas. Si se tiene en cuenta que en ese periodo la población activa ha pasado de 16 millones a 23 millones, el resultado no puede ser más desalentador: sólo el 9,2 por ciento de la población activa se emplea en la industria, frente al 15,6 por ciento que lo hacía hace dos décadas (Encuesta Industrial de Empresas del INE).

Esa caída del empleo tiene una correspondencia directa con el deterioro del tejido industrial. Del conjunto de nuestra economía, la industria sólo representa el 15,1 por ciento, la mitad que antes de que comenzara la reconversión del sector (astilleros, siderurgia, metalurgia...) hace treinta años, por iniciativa del Gobierno de Felipe González, cuyo partido paradójicamente luce la «O» de «obrero» en honor a esos trabajadores manuales. En Alemania, a la que se atribuye el papel de locomotora, la industria representa el 22 por ciento y hasta Italia, con una crisis de deuda similar a la nuestra, las fábricas producen el 18,8 por ciento del total de su economía (valor añadido bruto).

Inditex, el grupo de Zara, es un buen ejemplo de cómo hemos renunciado a cualquier actividad que suene remotamente a ruido de motores o huela a grasa de máquinas, aunque sea de telares. La empresa de Amancio Ortega emplea en todo el mundo 109.512 personas, de las que sólo un 1 por ciento trabaja directamente en fábricas (Informe Anual Inditex 2011). El grueso de esa enorme plantilla —el 86,4 por ciento— se emplea en las tiendas y el resto son trabajos logísticos y administrativos ¿Y quién confecciona los millones de prendas de la marca española más internacional?

Los llaman «clústers de proveedores» e Inditex lo define como «espacios de cooperación integrados por proveedores, fabricantes, sindicatos, asociaciones empresariales y compradores internacionales con el objetivo común de promover un entorno productivo sostenible en un área geográfica estratégica para el desarrollo del modelo de negocio de Inditex y dentro de un marco basado en el cumplimiento de derechos laborales fundamentales». Si les digo que los clústers principales están en Bangladesh, India, China, Turquía, Marruecos, Brasil y Portugal seguro que lo entienden mejor. Exactamente eso, talleres externos con mano de obra barata. El 87 por ciento de la producción total de Inditex sale de estos clústers, donde trabajan más de medio millón de obreros.

Ojo, en este punto, conviene no caer en la demagogia ni en el titular fácil porque eso distorsionaría la realidad, ya de por sí lo bastante decepcionante para que haya que añadirle sensacionalismo. Inditex no es una empresa que favorezca la explotación como muchas veces se lee, sobre todo cuando hace públicos sus fabulosos resultados o el no menos fabuloso sueldo de su cúpula directiva. Simplemente, la empresa de Ortega se aprovecha de la globalización. Fabrica en países con sueldos baratos y vende sus productos a los trabajadores de lugares que aún mantienen el sueldo alto. Capitalismo elemental.

Para eludir acusaciones y lavarse la conciencia, Inditex hace cumplir un código de conducta en todos los talleres de regiones tercermundistas para evitar prácticas tan comunes en estos países como el esclavismo o el trabajo infantil. Por ejemplo, en la India es muy común el llamado sistema Sumangali, por el que jóvenes casaderas son enviadas por sus familias a las fábricas textiles en el norte del país por largos periodos de hasta tres años. Las trabajadoras, en condiciones de explotación, no cobran nada en todo ese tiempo hasta que acaban su contrato. Entonces, el total de su paga se entrega al padre de familia y éste lo destina al pago de la dote para el casamiento de su hija. Inditex ha obligado a todos sus proveedores a renunciar al Sumangali.

Comparado con los fabricantes locales, los proveedores de Inditex son una bendición para sus plantillas. Pero no es menos cierto que con el sueldo de 10 trabajadores de Bangladesh no podría vivir un empleado textil en España.

Así que, paradojas de la globalización, si Amancio Ortega hubiera nacido en los ochenta en lugar de en 1936 no hubiera llegado a nada y Zara probablemente ni existiría, porque la pequeña empresa textil de fabricación de batas con la que comenzó a amasar su fortuna el hombre más rico de España estaría hoy en India o en Marruecos.

Debemos resignarnos a ser un país de servicios. Del total de ocupados, a finales de 2011, el 74 por ciento trabajaba en este sector, frente al 14,1 por ciento en la industria, el 7,7 por ciento en construcción y el 4,2 por ciento en agricultura. Y un país de funcionarios. Nada menos que 3,13 millones, si se incluyen también las empresas públicas (EPA, 2011). Lo que no sabíamos hasta ahora es que no nos lo podíamos permitir.

Cuando oigo hablar de recortes o leo artículos sobre la necesidad de ajustar empleos en este u otro sector, como paso doloroso pero imprescindible para ganar competitividad y poder remontar la crisis, siempre me hago la misma reflexión: «Eso está muy bien, pero ¿dónde va a trabajar la gente?»

Todos podemos llegar a lamentar que el número de funcionarios se haya casi triplicado desde el inicio de la transición, y hasta concluir que no queda más remedio que reducir el aparato público. Pero todavía no conozco a nadie que haya respondido inmediatamente después a esta otra pregunta: «¿Y dónde ponemos a trabajar a esos funcionarios sobrantes?»

También comprendemos que la reestructuración del sistema financiero y, en particular, de las cajas intervenidas, conllevará un fuerte ajuste de oficinas y personal. Desde 2009, ha eliminado 14.000 empleos y, cuando se complete el proceso, habrá 30.000 menos. Supongamos que, siendo optimistas, el dinero público alcanza para prejubilarlos a todos ellos. Ahora bien, ¿dónde trabajarán los más jóvenes que no tengan derecho a la prejubilación? ¿Y los hijos de los prejubilados? El sector servicios ha dejado de ser el granero del empleo. Al contrario, con la construcción ya completamente desangrada, se ha convertido en un destructor de trabajo neto.

El ejemplo más gráfico de este cambio de papeles es el de los teleoperadores. Cuando se liberalizaron las telecomunicaciones y comenzaron a aparecer nuevas compañías alternativas, tanto de fijo como de móvil, nació un sector nuevo que se generalizó para todo tipo de servicios, desde eléctricas, bancos y seguros, hasta la propia Administración. En su momento de mayor auge llegó a ocupar a casi 90.000 personas. Hoy apenas son 60.000. Y no porque el negocio no haya crecido (al contrario, es uno de los pocos inmunes a la crisis, ya que en 2011 su facturación aumentó un 14,1 por ciento hasta los 1.720 millones de euros [Asociación de Contact Center Española, informe 2011]), sino porque esos puestos han volado, han cruzado el Atlántico y se han radicado en Colombia, Ecuador, Perú y otros tantos países.

El sueldo medio de un teleoperador en España es de 967 euros mensuales. Demasiado caro para compañías como Telefónica, Vodafone, Orange, Jazztel y otras tantas que tienen subcontratados la mayor parte de sus servicios de atención al cliente en Latinoamérica. De hecho, en 2011, el empleo de las empresas españolas de call center creció un 17 por ciento en el extranjero hasta los 31.896 trabajadores, mientras que en España sólo lo hizo un 1,3 por ciento. ¿Dónde está el secreto? En el sueldo. Con la paga de un teleoperador español se contrata como mínimo a tres en Perú, donde ganan (comisiones incluidas) en torno a 1.000 soles mensuales, unos 300 euros.

Ni siquiera el turismo es ya un creador masivo de puestos de trabajo. La población activa dedicada a actividades turísticas está en torno a los 2,5 millones. Y, pese al récord de visitantes extranjeros (Frontur), apenas se ha movido esa cifra. Es más, a finales del segundo trimestre de 2012, el número de ocupados en el sector (2,1 millones) había descendido un 3,9 por ciento. El turismo tampoco crea empleo de forma intensiva. No se explica de otra forma que Canarias esté a la cabeza de desocupados superando una tasa del 33 por ciento (EPA, segundo trimestre de 2012) y que el paro en las islas siga creciendo pese a los buenos datos de ocupación. Si buscamos una solución rápida para nuestro ejército de desempleados con baja cualificación no la vamos a encontrar en el turismo.

La vieja vaca sagrada de nuestra economía desde el desarrollismo está exhausta. Los grandes touroperadores internacionales que acaparan todo el negocio (nosotros ponemos el sol y la playa; ellos ponen lo demás, incluyendo los trabajadores) y los nuevos hábitos de veraneo acordes con los salarios bajos, con el «todo incluido» como emblema y estancias más cortas, han agotado el turismo como el maná de faena fácil y rápida.

Si miramos a nuestras grandes multinacionales, que han triunfado en el mundo, tampoco el mensaje es muy alentador. Hace treinta años, las empresas nacionales importantes de servicios, muchas de ellas públicas, empleaban a miles de trabajadores. La gente casi se identificaba por la compañía en la que trabajaba. Era como un tercer apellido: «Soy de la Renfe o de Telefónica.». Es cierto que las empresas operaban sólo en el territorio nacional, con unos beneficios discretos y una eficiencia que dejaba mucho que desear. Hoy nuestras Telefónica, Endesa, Iberdrola, Gas Natural y otras tantas se han convertido en multinacionales con enormes beneficios que funcionan mucho mejor que hace décadas. Pero han adelgazado sus plantillas hasta el extremo. De hecho, se han convertido en trituradoras de empleos encadenando un expediente de regulación (ERE) tras otro.

Frente a otros grandes mastodontes europeos procedentes de la privatización, más comedidos en los ajustes, nuestras multinacionales han preferido ampliar los márgenes a costa de los trabajos con la complacencia de los sucesivos Gobiernos que han aprobado varios ERE de empresas con miles de millones de beneficios.

A modo de curiosidad. En 1950, Telefónica de España empleaba a 14.723 personas para dar servicio a un millón de líneas fijas. En 2011, daba trabajo a 30.000 (con un ERE en marcha para 6.500) con 44 millones de líneas. En apenas diez años, la plantilla se ha reducido a menos de la mitad. Las grandes multinacionales tampoco serán una salida para los que quieran buscar un trabajo.

Así las cosas, destruida la industria por la deslocalización, arrasados los campos con las subvenciones comunitarias y con el sector servicios consumido como manantial de empleo, el panorama es desolador. Contamos con seis millones de parados. Y no tenemos ni tendremos dónde ocuparlos. Puede que esta afirmación desconsuele a muchos, sobre todo a los que han perdido su empleo o nunca han disfrutado de uno, pero es una cruda evidencia. Deberíamos hacernos a la idea de que el horizonte laboral que nos espera es el de un paro crónico, con millones de personas subsistiendo en trabajos temporales y subempleos al abrigo de la economía sumergida. Como ocurre, por cierto, en Latinoamérica y en tantos otros lugares desde el principio de los tiempos. Seguramente le cambiarán el nombre para disimular la tragedia. Le llamarán, por ejemplo, desempleo estructural o paro sistémico. La realidad será la misma. Y, una vez más, habrá que acostumbrarse. Millones de latinoamericanos, europeos del Este y asiáticos lo han hecho, y el mundo ha seguido dando vueltas, ajeno a sus penurias laborales. ¿Por qué tendría que ser distinto en nuestro caso?

3. El denostado ladrillo sigue siendo nuestra única alternativa

La burbuja inmobiliaria no es la causa sino la consecuencia de la debacle económica a la que estamos asistiendo. El país creció apilando ladrillos y construyendo carreteras porque no había otra cosa que hacer, ni fábricas que produjeran nada. Nuestras grandes multinacionales adelgazaban sus plantillas para maximizar su beneficio. Y las de fuera se iban con el empleo a otra parte. Delphi, Gillette, Braun, Derbi, Samsung, LG, Philips, Alcatel, Dupont, Lear, Derbi y otras miles de firmas hace tiempo que se marcharon con sus fábricas muy lejos. Ya sólo les interesamos como consumidores. Desde 2000 hasta 2007, más de 450 empresas huyeron con su producción a otros países con costes bajos, según un estudio de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Papeles de Economía Española, 2008).

Se ha convertido en un dogma explicar el origen de la crisis por la explosión inmobiliaria. Cuando, en realidad, fue un respiro para toda nuestra economía y nuestro raquítico aparato productivo. De no haber sido por la construcción, los españoles ni siquiera hubieran disfrutado de la época de bienestar de los últimos años. Fue efímera pero al fin y al cabo la gozaron millones de trabajadores, que pudieron sentirse dueños por primera vez del techo bajo el que vivían, viajar al extranjero, cambiar de coche... Ahora han vuelto a la cruda realidad, la que les hubiera tocado sufrir de todas formas.

El problema no fue la construcción, nuestra única fuente de empleo masiva, sino los desmanes que se cometieron en su nombre. En lugar de administrar el inmenso caudal de riqueza que provenía de ella, en forma de recaudación de impuestos, y que sirviera para fines útiles como reducir la deuda pública o cimentar la caja de la Seguridad Social para asegurar el pago de las pensiones futuras, se utilizó para el despilfarro más sonrojante, bajo el impulso de los caciques políticos locales y regionales, y el aplauso unánime y la complicidad de sus votantes.

Entre 2002 y 2008 se construyeron entre 700.000 y 800.000 viviendas al año, más que en Alemania, Italia y Francia juntas (Federación Hipotecaria Europea). Incluso superábamos a Estados Unidos, y eso que los norteamericanos estaban también inmersos en su particular rally hipotecario, como se probaría luego con el derrumbe de Lehman Brothers. Gracias a ese impulso constructor propio de faraones, la economía española era capaz de crear casi la mitad de todo el empleo generado en la UE-15.

Pero las ingentes cantidades de recursos que movió el ladrillo se destinaron a alimentar un espejismo de nuevos ricos, del que fueron víctimas consentidas tanto los ciudadanos de a pie como las Administraciones. Y provocó fenómenos casi paranormales. Como que España pasara de tener una de las redes ferroviarias más arcaicas de Europa, al punto de que los trenes internacionales no podían circular debido a su ancho de vía, a convertirse en el país del mundo tras China con más kilómetros de Alta Velocidad (AVE), con 2.900 kilómetros.

El AVE es el símbolo del nuevo rico español. Aunque no lo quieran ahora recordar los apóstoles del ajuste de Rajoy, fue Aznar el que en el Plan de Infraestructuras 2000-2007 dispuso la construcción de 7.200 kilómetros de AVE con la promesa de unir todas las capitales de provincia con Madrid. Claro que Zapatero se apresuró a mantener el compromiso con agrado cuando alcanzó el poder en 2005. Y no había presidente de comunidad autónoma que no reclamara el paso por sus tierras del tren veloz.

Se asimiló el AVE como un signo de ADN nacional aunque más bien se trata de un capricho para millonarios saudíes que precisamente ahora están construyendo el AVE de Medina a La Meca. Cada kilómetro de vía y catenaria de este disparate cuesta entre 10 y 30 millones de euros. Si le unimos el precio del tren, un billete MadridBarcelona, que ahora sale por 200 euros, debería valer al menos 1.000 euros para amortizar realmente el gasto en un plazo razonable. Y estamos hablando de la línea más transitada, la única que realmente justifica en todo caso tamaño desembolso. No digamos nada de otros trayectos desiertos, como el que unía Toledo y Cuenca, que tenía una media de siete pasajeros al día, con unas pérdidas de 18.000 euros diarios antes de que se cerrara en julio de 2011, seis meses después de su inauguración (Renfe, Ministerio de Fomento).

Sólo en la vía y la catenaria hemos enterrado 20.000 millones de euros en los AVE. Y aún hoy, con el país quebrado, el presidente Rajoy sigue prometiendo que la alta velocidad conquistará a Galicia.

Y si teníamos prisa por llegar a cualquier capital de provincia, también nos dio un regusto nostálgico y ecológico y llenamos las ciudades de tranvías inútiles. Entre ellos, los de Jaén (120 millones), Jerez (168), Bahía de Cádiz (224), Parla (130), Sevilla (60), Vélez-Málaga (25) y Zaragoza (400).

Por el aire, también podemos presumir de conexiones: nada menos que 52 aeropuertos frente a los 39 de Alemania, con el doble de población. Sólo 13 de ellos son rentables o tienen capacidad de serlo. En los de Castellón y Ciudad Real únicamente aterrizan las aves del contorno porque están cerrados por falta de aviones.

O las autopistas radiales sin tráfico. Por las de Madrid, un día laborable circulan con suerte 10 veces menos vehículos que por las autovías gratuitas a las que estaban llamadas a descongestionar. Aunque la que se lleva la palma es la AP-7 entre Cartagena y Vera. Inaugurada en marzo de 2007, por ella transitan menos de 2.000 coches al día, y hasta los conductores tienen recelo por su fama de autopista fantasma. Las empresas que las explotan se han declarado en suspensión de pagos o están a punto de hacerlo, y el Estado deberá hacerse cargo de la concesión. Somos el país mejor conectado del mundo, pero no vamos a ninguna parte.

También hemos sido especialistas en edificios emblemáticos, que nunca se ocuparon o que apenas sirvieron para un acto o una competición. Entre ellos la Caja Mágica (300 millones de euros) y el Centro Internacional de Convenciones de Madrid (190 millones), la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela (400), la Ciudad del Circo de Alcorcón (120), la Cúpula del Milenio de Valladolid (16), la estación de Metro de Santa Rosa de Barcelona (32), el Hospital Universitario de Asturias (1.300), el museo Pablo Serrano (18,7), el Palacio de Congresos de Huesca (30) y el Palacio de Congresos de Oviedo (350).

De todas formas, resultaría simple y maniqueo acusar únicamente de manirrotos a los políticos. Nosotros, sus votantes, también nos dimos a los lujos asiáticos. El que más me llama la atención es el ataque de cosmopolitismo que nos dio de repente y que nos convirtió en los viajeros más incansables de Europa, rompiendo una tradición de siglos, del español pegado a su aldea, reacio a los viajes y a los viajeros.

De repente, en cada español surgió un Marco Polo que llenaba los aviones y los resort de los sitios más recónditos, desde los templos de Camboya a las cimas del Himalaya, los safaris de Tanzania o las playas de Zanzíbar. Los españoles duplicaron el volumen de escapadas al extranjero entre 2000 y 2006, lo que se refleja en el incremento de su gasto turístico fuera de España, que pasó de 6.500 a 13.300 millones de euros. La cifra récord se alcanzó en 2007, con 14.400 millones de euros, lo que llevó a España al duodécimo puesto en el ranking mundial de los principales mercados emisores de turistas, y al undécimo en 2008, de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

La normalidad ha vuelto. España, que en los años de bonanza económica adquirió importancia como mercado emisor de turistas, ha perdido fuelle por la crisis y los españoles han reducido el presupuesto destinado al viaje tanto dentro como fuera del país. En 2011, España había descendido hasta la posición número 18 de los países emisores de turistas. Y aunque la cifra de salidas aumentó un 6,1 por ciento, el gasto turístico en el extranjero cayó un 1,9 por ciento (Balanza de pagos del Banco de España, 2011).

En las escapadas al interior, también volvemos a los viejos tiempos. Hasta agosto, cayeron las reservas de españoles mientras que el turismo extranjero alcanzará los 58 millones (Instituto Nacional de Estadística), volviendo a niveles de 2007, antes de la crisis. Los españoles vamos a cambiar nuestro modelo de viaje al extranjero: del turista al emigrante.

El ladrillo no tiene la culpa de que la riqueza y el empleo generado a su amparo fuera dilapidada en todos estos caprichos de nuevos ricos. O que el Gobierno de Zapatero se gastara 34.000 millones en un plan de estímulo de la economía que incluía regalías como cheques-bebé, devoluciones indiscriminadas de 400 euros en el IRPF y los famosos planes E para levantar aceras y crear saunas y polideportivos municipales.

Pese a todos estos dislates, si la economía española vuelve a crecer algún día será gracias al ladrillo. Entre otras evidencias porque, por mucho que caigan los sueldos por la crisis, las fábricas no van a volver. Y los chinos (entre otros) van a seguir ocupándose de producir todo lo que consumimos. Disponen de 1.000 millones de trabajadores, sin apenas cobertura social, baja por enfermedad o vacaciones. Y una máquina productiva sin escrúpulos, que esquilma los recursos naturales, los propios y los de los países que conquista, como está sucediendo con África. China no se sujeta a ninguna atadura, ni siquiera la humanitaria. Sus métodos son tan infalibles como despiadados a la luz de una mente occidental, en la que los derechos humanos y laborales forman parte ya del subconsciente colectivo. Si quiere conocer sus métodos, les aconsejo la lectura del libro La silenciosa conquista china (Crítica, 2011) escrito por los periodistas españoles Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araújo, tras viajar durante más de un año por todo el país, y adentrarse en sus fábricas y comprobar la nueva colonización.

Nuestros dirigentes de uno y otro color coinciden en culpar al ladrillo de los achaques de la economía española. Y cacarean que la recuperación debe tener otras raíces. Y, mientras, el Gobierno promueve un banco malo donde agrupar todos los activos tóxicos inmobiliarios y, sorpresa, afirma que se venderán en quince años y será rentable. Es decir, que el propio Estado se va a convertir en la mayor inmobiliaria que haya existido, y en el mayor vendedor de pisos y de suelo de la historia. Y encima asegura que va a ganar dinero con ello. ¿Y ése es el mismo Estado que dice que el ladrillo está muerto?

4. Internet, un invento genial, pero ni da trabajo ni paga impuestos

Cuando Barack Obama se reunió en febrero de 2011 con los principales líderes de las empresas de internet no les pidió que siguieran a la cabeza de la investigación ni que pasearan el nombre de Estados Unidos por el mundo. En plena crisis de popularidad por sus promesas incumplidas, les exigió que crearan empleo. Salvo Microsoft, no faltó a la cita ninguno de los grandes: Steve Jobs (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook), Eric Schmidt (Google), Carol Bartz (Yahoo), Dick Costolo (Twitter), Larry Ellison (Oracle) o John Chambers (Cisco Systems).

Obama había prometido en su campaña para salir elegido presidente rebajar el desempleo por debajo del 8 por ciento, pero el paro lleva más de cuarenta meses por encima de ese nivel (en realidad, es muy superior porque no se contabilizan aquellos que, desesperados, han dejado de buscar un trabajo). Como aspirante a la presidencia, Obama había recibido un trato de favor de esas empresas tecnológicas respecto a su contrincante republicano, John McCain, en forma de donaciones por valor de 1,4 millones de dólares. Y se apoyó en ellas electoralmente porque, como hace cuatro décadas, son el orgullo y la nueva imagen de Estados Unidos. Aunque su patriotismo adolece de un pequeño problema: no crean empleos en el país y no pagan casi impuestos.

Ya hemos hablado de cómo compañías tecnológicas como Apple deslocalizan completamente su producción y crean lugares de trabajo muy lejos de sus sedes sociales. En el caso de las firmas de internet, la escasez de plantilla se agrava pese a que presuman de millones de usuarios en todo el mundo. Con cifras del cierre de 2011, Facebook posee 850 millones de usuarios, más de dos veces la población de Estados Unidos, pero sólo 3.200 empleados en todo el mundo. Incluso sumando todos los empleados mundiales de Google (32.000), Amazon (56.000) y Apple (60.000), no alcanzan ni de lejos a los de Boeing (172.000) y no digamos a los de McDonald’s, que cuenta con una legión de 1,7 millones de personas sirviendo sus hamburguesas a lo largo de todo el planeta.

En España, el panorama es aún más desolador. Por ejemplo, Facebook, que declara tener 15 millones de usuarios, sólo cuenta con dos empleados en nuestro país, según afirmó la empresa en febrero pasado, cuando estaba a punto de salir a Bolsa.

El rasgo más característico de los gigantes de internet no son las plantillas escuálidas sino su aversión a pagar impuestos. Gracias a un complicado y brillante trabajo de ingeniería fiscal, las compañías apenas responden por los beneficios que logran en el extranjero ante la Hacienda de Estados Unidos o de los países donde se radican. Utilizan paraísos fiscales o Estados con baja fiscalidad como Irlanda.

Como desveló en un preciso artículo (El País, 30 de enero de 2012) el periodista Miguel Jiménez (a la sazón, mi jefe), la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) descubrió que en 2011 Google logró 7.600 millones de dólares de beneficio bruto en el extranjero, casi el doble de los 4.700 millones que consiguió en su país. Sin embargo, mientras que la empresa destinó a impuestos sobre beneficios 2.341 millones de dólares en su país, en el extranjero solamente pagó 248 millones, que en su mayor parte fueron a parar a la Hacienda irlandesa.

Google paga poco más de un 3 por ciento de impuesto sobre beneficios fuera de Estados Unidos; Apple, sólo un 2,5 por ciento; Amazon, un 6 por ciento y Microsoft un 8 por ciento, mientras que en su país pagan un 56,1 por ciento de media.

Algunos Gobiernos como el francés, por iniciativa del anterior presidente, Nicolas Sarkozy, están tratando de atajar esta desigualdad fiscal impulsando una tasa —la denominada tasa Google— para conseguir una tributación más justa de los grandes de internet.

El Gobierno español, por el contrario, considera que el hecho de que las grandes multinacionales tecnológicas y de internet como Google o Apple no paguen prácticamente impuestos en España pese a sus elevados ingresos no es un asunto nacional sino que debe resolverse en el marco comunitario. En el caso de España es especialmente sangrante. Así, a la filial de Apple que facturó alrededor de 1.700 millones de euros en 2011, el impuesto de sociedades (lo que las empresas pagan en función de sus beneficios) le salió a devolver en ese ejercicio como si registrara pérdidas. Google Spain declaró en 2010 números rojos por 639.499 euros y está siendo investigada por Hacienda. Y Facebook Spain aseguró haber facturado en España sólo 1,1 millones de euros en 2010 con un beneficio de 57.147 euros.

Pese a esa situación de impunidad fiscal, y en un clima de subida de impuestos generalizados, el Ministerio de Industria prefiere dejar en manos de Bruselas una solución al problema de la fiscalidad de las empresas tecnológicas, y no lo ha incluido en la propuesta española de la Agenda Digital. Las inspecciones de Hacienda sobre Google tampoco han dado ningún resultado práctico pese a la evidencia de su falta de compromiso con el erario.

Las llamadas empresas nativas de internet tampoco auguran una salida temprana a la carencia de empleo ni, pese a sus cíclicas campañas de buenismo ciudadano, contribuyen a sostener el Estado de bienestar debido a su manía de llevarse sus tributos a islas lejanas.

Más bien al contrario, por el momento sólo han colaborado en la destrucción de miles de puestos de trabajo en el sector servicios. Actividades enteras como las agencias de viajes, la gestión bancaria o de seguros, o la misma prensa escrita, están condenadas a desaparecer ante la competencia, tanto legal como desleal, del nuevo marco digital. Y no digamos nada del sector cultural, cada vez más achicado por el falso gratis total que enarbolan firmas como Google, que utilizan impunemente los contenidos generados por otros para hacer caja a través de sus anuncios.

Contrariamente a lo que piensan inocentemente muchos creadores ilusos, la batalla está perdida y no merece la pena desgastarse en el combate, ni enrolarse en causas legales quijotescas como las leyes antipiratería. Cada vez menos músicos, escritores, periodistas y generadores de contenidos podrán comer de su trabajo. Y me pongo en primera persona como ejemplo de esa labor destructora. Desde hace más de diez años no compro música; desde hace cinco no adquiero DVD, ni tan siquiera veo series en la televisión. Prefiero descargármelas. Todo me sale gratis, así que ninguno de esos autores recibe un euro de mi bolsillo. Aunque también les sale gratis a los lectores el periódico donde escribo, así que tarde o temprano, yo también pasaré a ser víctima de esa gratuidad de la que ahora me vanaglorio.

Internet es un invento genial del que nadie en su sano juicio puede prescindir. Facilita nuestras vidas, nos proporciona un bagaje cultural y una amplitud de miras inimaginables hace unos años. Pero hasta que alguien demuestre lo contrario, no aligera las colas del INEM. Al contrario, las engorda. Y los que, a menudo, comparan esta reflexión con la de los ludistas, aquellos trabajadores de principios de la revolución industrial que destruían las máquinas porque pensaban que les quitaban el puesto de trabajo, se olvidan de que internet no es máquina cualquiera, sino una máquina universal capaz de sustituir casi cualquier gestión, justamente en el sector de los servicios, que emplea al 70 por ciento de nuestra masa laboral.

Capítulo V

Les engañaron antes y les volverán a engañar

Cuando las cosas nos van mal o intuimos que se van a complicar, nuestro primer mecanismo de defensa es pensar que se trata de un percance pasajero, una mala racha. Si las cosas se empecinan en ir a peor, nos agarramos a un optimismo colectivo ancestral resumido en cientos de dichos populares tipo «de peores hemos salido» o «no hay mal que cien años dure». Con los años y la técnica, este engranaje se ha depurado. Los medios de comunicación y la publicidad son mucho más efectivos que la tradición oral a la hora de frenar cualquier ataque de pánico (o de realismo) que podamos padecer ante una situación económica adversa, aunque ésta empeore día a día y engulla cada vez más gente cercana a nuestro entorno.

Durante los últimos cuatro años, esos medios se han empleado a fondo en ocultar un escenario sombrío de penurias y estrecheces del que nadie conoce una escapatoria. Pese a la máscara con que se ha disfrazado a la que, casi seguro, será la peor recesión de la historia moderna, no hay maquillaje ni perfume que pueda ocultar la visión espantosa y el hedor de un cadáver en descomposición. Y nuestra economía es lo más parecido a un muerto viviente.

Cuando comenzó a adivinarse la crisis en España, allá a principios de 2008, los medios servían de altavoces a los mensajes tranquilizadores de políticos de todo signo (PP incluido, entonces en la oposición), expertos, profesores, economistas, tertulianos... Incluso los artistas oficiales —los mismos que hoy se han puesto fúnebres y hablan de la muerte de la cultura por la subida del IVA— enarbolaban la alegría contra «los graves diagnósticos». A cualquiera que osara cuestionar en los medios ese júbilo oficial se le castigaba con la burla o el ostracismo. Se trataba de una crisis más, sólo había que dejarla pasar, como la fiebre del heno o un constipado, y todo volvería a renacer, a ser como antes.

En cambio, bastaban unas gotas de sentido común para intuir que lo que estaba a punto de ocurrir no se limitaba a una breve y suave desaceleración, que aquello tenía pinta de acabar muy mal. ¿Cómo podíamos mantener un ritmo constructor que llevaba a España a levantar más casas al año que Alemania, Italia y Francia juntas? ¿O disponer de más aeropuertos que el país de Merkel? ¿Quién pagaría la factura de un billón de euros que debían las familias a los bancos? ¿O el otro billón que adeudaban las Administraciones públicas?

Aunque suene a consigna mitinera, este tipo de preguntas estaban casi vetadas entonces por la máquina financiera y la clase política y mediática que la representa y la sirve, respectivamente. No convenía alarmar a la opinión pública y menos aún a los votantes, sobre todo si acababan de suscribir una hipoteca a treinta años. Aunque esa actitud encubridora de las esferas del poder no exime tampoco de responsabilidad a los ciudadanos, que siguen movilizándose más por los triunfos de la selección española de fútbol o la victoria en la Champions de su equipo que en defensa de sus salarios, pensiones y servicios sociales.

Los que hoy protestan por los desahucios, ¿se preguntaron cuando firmaron la hipoteca cómo era posible que el banco les adelantara el 120 por ciento de su valor, «como ayudita para comprar unos muebles y así de paso cambia usted de coche»? ¿O si tanto ellos como su pareja disfrutarían de un puesto de trabajo vitalicio y un sueldo creciente para poder afrontar esa carga cuando consumía más de la mitad de su renta anual? Los funcionarios que hoy cortan las calles porque les han quitado una paga, ¿creían de verdad que era sostenible su sueldo seguro de por vida en medio de un país con casi seis millones de parados y los empleos del sector privado cada vez más precarios y temporales?

La legión de embusteros oficiales es muy heterogénea: periodistas, tertulianos, profesores universitarios, expertos de toda jaez, empresarios, políticos, sindicalistas... Pero todos están enfocados en un objetivo común: que no cunda el pánico para poder seguir llevándose el dinero. Parapetados en un aura de respetabilidad, les han estado mintiendo como bellacos. Leer sus patrañas pasadas produce vergüenza ajena: «El sistema inmobiliario español es el mejor del mundo», «nuestros bancos y cajas son los más saneados de Europa», «los precios de los pisos nunca bajan; nadie va a tocar las pensiones», «el Banco de España es un ejemplo de rigor en la supervisión bancaria», «España no tiene un problema de solvencia», «no habrá rescate», etc. Así que cuando lean o escuchen ahora los últimos lemas renovados que han acuñado los mismos que les mintieron antes, como «España no saldrá del euro», «no hay riesgo de quiebra», «a partir de 2013- 2014 comenzaremos a crear empleo» o «no hay peligro de corralito», tengan en cuenta que no son más que las últimas invenciones de nuestros pinochos, y que el futuro y la hacienda de los ciudadanos está más en peligro que nunca.

1. ¿Cómo que nadie les avisó de lo que se venía encima?

Una de las falacias más extendidas entre políticos y financieros y, en particular, entre los responsables de los bancos y cajas de ahorro que financiaron esta jauja nacional y se forraron haciéndolo, es que nadie les avisó de lo que iba a venir. Falso. Muchos lanzaron el SOS. Y con bastante antelación. A escala internacional, el primero fue Nouriel Roubini, un economista de origen iraní, graduado en Harvard y profesor de la Universidad de Nueva York, que el 7 de septiembre de 2006 se anticipó a todos al aventurar, en un seminario del FMI, que Estados Unidos entraría en recesión por la explosión del estallido de la burbuja inmobiliaria, y que el resto del mundo no se libraría del contagio.

El discurso pasó desapercibido más allá de las burlas que causó entre los economistas más académicos. Cuando dos años después se cumplió su vaticinio, con la caída de Lehman Brothers como máximo exponente visible, se hizo famoso. Le pusieron el apodo de Doctor Doom, un villano de los cómics de Marvel que en España fue rebautizado como Doctor Catástrofe.

Roubini pronto extendió sus advertencias a Europa, sin salvar a España de la quema. «También está la burbuja inmobiliaria de algunos países de Europa, como Reino Unido, España, Italia, Francia, Portugal y Grecia. Estamos sólo en el principio de la espiral, Europa todavía no ha visto la extensión total de la recesión. [...] Algunos dicen que la recesión durará seis meses y será menos seria que la de 1991. Yo estoy convencido de que los fundamentales son mucho peores hoy: nos encontramos en la peor burbuja inmobiliaria desde la Gran Depresión, los consumidores no pueden gastar más dinero ni ahorrar. Asistimos a la mayor crisis financiera en los últimos treinta años. La recesión debe por tanto llevar más tiempo», decía en una entrevista publicada el 17 de marzo de 2008 en el diario alemán Frankfurter Allgemeine.

Desde entonces, el Doctor Catástrofe no ha parado de alarmar con previsiones virulentas en su blog, en la web de economía especializada RGE Monitor, en artículos periodísticos o en libros como Cómo salimos de ésta (Destino, 2010), cuyo título original es Crisis Economics, escrito junto con Stephen Mihm. Publicado en el verano de 2010, los autores dejaban claro que la crisis no fue una cuestión de contagio desde Estados Unidos, sino que cada país generó su propia burbuja, desmontando otro de los lemas preferidos de nuestros expertos nacionales: la tormenta llegó de fuera, concretamente de Wall Street, y nosotros fuimos seres pasivos, sin responsabilidad alguna.

Las conclusiones del libro no podían ser más desoladoras. Los ciclos económicos, con sus crisis o cisnes negros, como el reciente desastre financiero, «iban a dejar de ser una excepción para convertirse en la norma».

Stephen Mihm, el amigo de Roubini y coautor del libro, hizo una brillante parábola de las etapas por las que pasa un enfermo terminal que se niega a aceptar su destino para explicar cómo disfrazan los Gobiernos y sus gobernados la catástrofe económica que atravesamos. «Las etapas son conocidas. Negación (“no está pasando nada”). Rabia (“¿por qué a mí?”). Negociación (“¿qué puedo hacer para posponer lo inevitable?”). Depresión (“no vale la pena hacer nada más; esto se acabó”). Aceptación (“todo saldrá bien; el mundo seguirá adelante”). Éstas son las cinco etapas del duelo que, según Elisabeth Kübler-Ross [psiquiatra y reputada experta en la muerte], atraviesan todos los que afrontan la muerte o una pérdida catastrófica. Sospecho que Kübler-Ross nunca imaginó cuán útil sería su esquema para entender la conducta de los Gobiernos confrontados con una grave crisis financiera. Por estas etapas pasaron los argentinos (varias veces), brasileños, mexicanos, rusos y asiáticos. Ahora le toca a Europa (y a Estados Unidos, pero ésa es otra historia). Yo no sé —ni creo que nadie sepa— cómo van a evolucionar las convulsiones que están transfigurando las economías europeas o cómo reaccionarán los mercados financieros y los Gobiernos en su interminable ciclo de acciones y reacciones. Sabemos que los 150.000 millones de euros que Europa envió a Grecia no sirvieron para mucho y que medidas de austeridad que hasta hace poco eran inimaginables ya han sido adoptadas en Italia, España y otros países amenazados. Pero nada parece funcionar.»

La cita es de una entrada en su blog de septiembre de 2011, pero sigue teniendo validez cuando escribo estas líneas, a punto de acabar 2012, y cuando los mercados parece que se toman un respiro ante el doble anuncio de un rescate europeo para nuestro sistema financiero por 39.500 millones de euros, y del esperado rescate total, para salvar a la economía española en su conjunto.

En cuanto baja 20 puntos la prima de riesgo o sube tres sesiones seguidas el Ibex 35, nuestros políticos y su coro mediático saltan y profieren alaridos, como si esa efusividad voluntarista fuera a pagar nuestra deuda o a crear seis millones de puestos de trabajo. Como el enfermo terminal que se agarra a una mínima mejoría o se entrega al chamanismo de cualquier curandero para proclamar su pronta curación, los Gobiernos se dejan llevar por signos cabalísticos con tal de negar la gravedad de lo que está ocurriendo y, sobre todo, su impotencia ante lo que se viene encima. No se explica de otra forma que la más mínima u oscura declaración de la canciller Angela Merkel o del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, haga descender la prima de riesgo, sin que ninguno de los fundamentales de la economía (déficit, deuda, consumo, desempleo...) haya variado un ápice. Al poco, el efecto de esas palabras se diluye y la prima vuelve a dispararse.

Los últimos augurios de Roubini se refieren a la salida del euro de los países podridos o PIGS, como se les llama en la jerga comunitaria) de la UE como Portugal, Italia, Grecia y España, además de Irlanda. «Al igual que en un matrimonio que ya no funciona, la zona euro debería aceptar su destino, separarse y divorciarse. Una división de la eurozona puede ser difícil de llevar a cabo, pero siempre será mejor que la lacra de un mal matrimonio», decía en RGE en un artículo firmado al alimón con Arnab Das en abril de 2012.

Hubo más agoreros. Kenneth Rogoff, profesor de Economía de la Universidad de Harvard, también advertía en agosto de 2008, a propósito de las dificultades financieras por las que atravesaban entidades hipotecarias como Fannie Mae y Freddie Mac, que lo peor estaba por venir. Un mes después quebraba Lehman Brothers.

Más aceptado que Roubini por el establishment, tal vez por haber ocupado el puesto de economista jefe del FMI entre 2001 y 2003, Rogoff escribió en 2008 (editado en España en 2011) junto a Carmen Reinhart el libro que ya les he citado con anterioridad, Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera (Fondo de Cultura Económica de España, 2011), en el que analizaba las crisis financieras de 66 países a lo largo de ocho siglos, y se preguntaba por qué se repetían una y otra vez pese a la experiencia pasada. «La respuesta es muy simple: arrogancia e ignorancia. Los inversionistas y los encargados del diseño de políticas frecuentemente ignoran por completo las miles de experiencias históricas de crisis financieras. Y los pocos que tienen una leve idea de lo que ha sucedido en otros tiempos y en otros lugares, muy a menudo dicen: “No se preocupen, esta vez es diferente”.»

Rogoff pronosticaba en esa obra graves dificultades de solvencia para Grecia y Portugal, pero salvaba a España, porque su tamaño era demasiado grande para caer. A medida que se acentuaban los problemas para la eurozona, sus previsiones se volvieron más sombrías y en la conferencia de diciembre de 2010 de Davos, el foro internacional donde se reúnen los principales líderes empresariales, políticos y economistas para analizar los problemas a los que se enfrenta el mundo, volvió a destacar que España lo pasaría mal pero acabaría saliendo del atolladero. Sólo tenía que adoptar algunas medidas de ajuste como las aprobadas a la fuerza en mayo de ese año por Zapatero, el primer recortazo, con la congelación de las pensiones y la rebaja del sueldo de los funcionarios.

«La resaca va a ser dura. Pero no estoy de acuerdo con quienes dicen que España puede suspender el pago de su deuda. Ha mostrado signos de debilidad y los mercados han olido sangre. Pero España no es Grecia. Irlanda y Portugal están peor, y hasta el Reino Unido, Japón y EE. UU. afrontan una situación complicada», decía en una entrevista en El País en marzo de 2010.

Justo un año después, en una visita a España, invitado para dar una conferencia en la Fundación Rafael del Pino, Rogoff se dejaba de medias tintas. Ya no bastaba con aplicar medidas de ajuste o subir los impuestos. España estaba abocada al rescate. «Hay que decir que, por duro que sea, el problema de la deuda pública no es tan grave como el colapso del sistema financiero que se ha evitado con ella. Pero también que lo peor de la crisis de deuda está por llegar. Con el tiempo, tanto Irlanda como Grecia, y también Portugal, tendrán que reestructurar su deuda por la imposibilidad de pagarla en tiempo y forma. Cuando eso suceda, España tendrá que pedir un rescate a la zona euro [Cinco Días].»

Pero entre los gurús del desastre el que ha alcanzado más relevancia ha sido, sin duda, Paul Krugman. El premio Nobel de Economía en 2008 se ha unido al club de los apocalípticos un poco tarde pero ha irrumpido en él con fuerza. En un post en su blog del 15 de mayo pasado de 17 líneas, titulado irónicamente en alemán «Eurodämmerung» (El ocaso del euro), y amenizado con música de la ópera de Wagner El crepúsculo de los dioses, el profesor de Princeton adelantaba que Grecia sería expulsada del euro, y que el shock de su salida motivaría un pánico bancario en España, con fuga masiva de capitales hacia Alemania. Para detener esa sangría las autoridades decretarían un corralito, es decir, la restricción de sacar dinero de los bancos, similar al que sufrieron los argentinos en 2001.

Krugman había mentado la palabra maldita —el corralito— por primera vez y en voz alta (aunque en su post no figura literalmente el vocablo). Sin saberlo, el premio Nobel había convocado al fantasma que más pánico despierta entre los ahorradores y que, aunque ausente del debate político, estaba en boca de los ciudadanos desde hacía más de un año en conversaciones de trabajo o de taberna. ¿Está mi dinero seguro? o ¿qué hago con mi dinero? son cuestiones que desde que estalló la crisis siempre han estado en el inconsciente colectivo. Krugman había agitado ese miedo inocentemente, sin saber la caja de Pandora que acababa de abrir.

No se lo perdonaron. La máquina mediática se puso en marcha para descalificarle con ferocidad. Políticos y financieros sumaron fuerzas. Y activaron la polea de los medios de comunicación, siempre dispuestos a hacer bueno un argumento a cambio de una página de publicidad o un anuncio. Incluso la webs económicas alternativas como El Confidencial, que suelen ser un reducto de independencia, le zurraron a base de bien al bueno de Krugman.

La crítica más burda, pero tal vez por ello no menos certera, es que Krugman había venido a hablar sólo de su libro (¡Acabad ya con esta crisis! [Crítica, 2012]), y que para ello necesitaba eslóganes con tirón. Y qué mejor enganche que predecir un corralito para España como el que arruinó a millones de argentinos hace una década.

Otras diatribas eran más agudas. Como las que le recordaron, y con razón, que el Krugman que pronosticaba el corralito era el mismo que en 2001 había recomendado a la Reserva Federal de EE.UU. (FED) que alimentase una burbuja inmobiliaria para desperezar la economía estadounidense, que había quedado muy tocada por el estallido de la primera burbuja tecnológica. Aunque el premio Nobel diga ahora que todo fue una broma dialéctica, en efecto, haciendo gala de su keynesianismo radical llegó a pedir en artículos publicados en los principales diarios, entre ellos The New York Times, que entidades como Fannie Mae o Freddie Mac facilitaran créditos baratos para que los trabajadores humildes e inmigrantes tuvieran acceso a una vivienda y reactivaran la economía.

Parece que el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, siguió sus consejos a rajatabla porque Estados Unidos vivió antes que ningún otro país el fin de su espejismo inmobiliario arrastrando al borde de la quiebra a todo su sistema financiero. Fannie y Freddie, que respaldaban el 90 por ciento de las hipotecas baratas, tuvieron que ser rescatadas. Su fiasco le costó 130.000 millones de dólares al contribuyente, aunque Krugman evite siempre este detalle en sus conferencias y en su biografía académica.

Tampoco erraban los críticos cuando preguntaban al Keynes del siglo XXI cómo podía recomendar más gasto público para salir de la crisis cuando soluciones como el dispendio del Plan E de Zapatero en obras ridículamente innecesarias, que el premio Nobel alabó públicamente, habían derivado en una explosión del déficit que ahora tenían que pagar jubilados y funcionarios, con recortes de pensiones y salarios.

Pedro Schwartz, economista y «la elección perfecta como ponente para su evento o conferencia», como se vende a sí mismo en su web, fue el más duro. Y le llegó a decir al profesor estadounidense que hablara de lo que sabía, de comercio, y dejara para otros el disertar sobre economía. «¿Cómo van a ser las políticas de expansión de la demanda las que nos saquen de este atolladero? ¿No habíamos quedado en que precisamente el crédito barato y la expansión del gasto nos habían llevado por una senda de crecimiento irracional y, a la vista está, que también insostenible? ¿Se va a solucionar la situación crítica de la economía española consumiendo más y más, a la par que permitiendo que el Estado ocupe el hueco que dejó la burbuja inmobiliaria?», dijo Schwartz en su intervención en la presentación del libro del Nobel.

La táctica de descalificar por sus traspiés pasados a los llamados apocalípticos que predijeron la hecatombe que íbamos a sufrir se ha aplicado a todos por igual. Por ejemplo, a Roubini se le recuerdan machaconamente todos sus errores. Como cuando anunció en 2009 que la actividad se contraería debido a que el tirón de los países emergentes no sería suficiente y se vivieron dos años de crecimiento suave; o como cuando predijo en 2008 una explosión inflacionista en los países desarrollados y los precios, sin embargo, se estancaron.

Aunque lo que mejor funciona es la reprobación personal. Acusarles, por ejemplo, de una avaricia inmoral, en franca contradicción con sus teorías: los gurús del desastre buscan, en realidad, enriquecerse como los charlatanes de una secta que suben a un púlpito para predicar todo tipo de plagas y calamidades con el objetivo de animar a los pecadores a que llenen el cepillo. Utilizan ese discurso dogmático porque les resulta muy rentable. Por ejemplo, Krugman cobra sus conferencias, como la de la Fundación Rafael del Pino, a 100.000 dólares. Un caché similar al de Rogoff. Roubini no les va a la zaga. Desde que los tabloides británicos le hicieran famoso en 2008, su caché ronda los 50.000 dólares y suscribirse a su página web puede reportarle hasta 10.000 dólares por suscriptor.

Así que los que nos advirtieron de esta crisis han cometido fallos en algunas de sus predicciones, son soberbios y cobran mucho dinero. ¿Y qué? ¿Invalida eso en algo sus advertencias sobre el asunto principal, a saber, que el sistema entero se estaba derrumbando?

Es curioso que los que con más saña les critican sean quienes en plena crisis alababan la salud de nuestro sistema financiero como el más saneado del mundo o defendían la fortaleza e inmortalidad del euro frente a cualquier ataque. Nuestros opinadores nacionales, esos que los diarios llaman expertos en sus titulares y que van de tertulia en tertulia en radios y cadenas de televisión, han seguido en todo momento el discurso oficial o tranquilizador, y sólo cuando la crisis les ha estallado en la cara se han puesto un poco sombríos en sus predicciones.

En esa batalla de la mentira y la ineptitud han ido de la mano los expertos de los dos bandos, desde los progres hasta los carcas. No les citaré por pudor los nombres de los que hasta ayer eran los epígonos del optimismo y hoy han dado la vuelta a sus análisis sin ni siquiera hacer ademán de disculparse. Simplemente les doy un consejo: cuando les oigan en la radio o en la televisión, escarben en Google sus opiniones de hace un año. Son justamente las contrarias de las que sostienen ahora.

¿Con qué derecho entonces pueden rasgarse las vestiduras cuando Krugman predice un corralito o Roubini una salida del euro aquellos que no han dado ni una durante los cuatro años que dura la crisis? Si acudimos a la hemeroteca o a Youtube nos sonrojaríamos de lo que escribían o decían nuestros opinadores. Los editoriales publicados hace un año sobre el excelente estado de salud de los bancos —algunos llegaron a titular que nuestros bancos, con Santander y BBVA a la cabeza, eran las entidades financieras más saneadas de Europa— merecen todo un tratado sobre el desprestigio en el que ha caído la prensa nacional. Y no digamos nada de los servicios de estudios de esas mismas entidades como Funcas, BBVA o el mismísimo Banco de España que predecían brotes verdes o minimizaban el agujero financiero.

Paradójicamente, uno de los que más daño ha hecho a los que inútilmente hemos tratado de convencer a los demás de que esta crisis no era un ciclo más sino que iba a arrasar con todo a su paso ha sido el apóstol del apocalipsis por antonomasia, el catedrático Santiago Niño Becerra.

Su libro El crash de 2010 (Los Libros del Lince, 2009) fue todo un éxito de ventas. Y también un delirio de errores. Pronosticó, por ejemplo, que el producto interior bruto (PIB) tendría una caída de más del 4 por ciento en 2010 y de entre el 7 y el 8 por ciento en 2011 y 2012. El PIB cayó un 0,1 por ciento en 2010 y creció un 0,7 por ciento en 2011. También se equivocó en sus augurios sobre el desempleo. Esos resbalones sirvieron a los mercenarios del optimismo para desprestigiar a cualquiera que dudara de la versión oficial de que sólo estábamos pasando por unos problemillas. «Otro Niño Becerra», decían los agoreros a modo de desprecio a los que osábamos llevarles la contraria y dibujábamos un panorama mucho más oscuro.

Incluso con sus errores garrafales, Niño Becerra diagnosticó mucho más atinadamente que sus críticos el panorama general de lo que iba a ocurrir, crisis bancaria incluida. «El mensaje oficial —en todas las economías, en todos los países— en este año que comienza es “ya ha pasado lo peor; ahora a crecer de nuevo”. Finalmente, la mayoría ha admitido que lo vivido en estos dos últimos años ha sido terrible, y lo sucedido en el primer semestre del 2009, lo más duro desde la Gran Depresión. Bien, como explico en mi libro El crash del 2010, lo sucedido es sólo la antesala de lo que está por llegar, lo sucedido ha sido la precrisis de la crisis sistémica que, entiendo, estallará a mediados del año en curso [...]. De entrada, será a lo largo de los próximos meses cuando el Banco Central Europeo (BCE) pondrá fin al acceso fácil (y barato) a su dinero para las entidades financieras, lo que significará, entre otras cosas, el final de una forma fácil (y barata) de negocio: pedírselo prestado al BCE al 1 por ciento e invertirlo en deuda pública al 3 por ciento. [...] Tampoco podrá extenderse más allá de 2010 la ficción en la que han vivido (porque así lo consideraron conveniente) los reguladores financieros: la aceptación como buenos de gran número de activos que un análisis exigente hubiese demostrado inaceptables (¿estamos hablando de 600.000 millones de euros?, ¿más?); una ficción que ha permitido posponer el crash unos meses, pero cuyo afloramiento tendrá consecuencias. Si a esto añadimos la propia deuda de las entidades financieras (410.000 millones de euros es la que las españolas deberán atender entre 2010 y 2012), el panorama de estas entidades es, como poco, muy preocupante», decía Becerra en febrero de 2010.

Como podrán comprobar, el mediático profesor se adelantó algo en el tiempo, pero sus pronósticos sobre el desplome del sistema financiero español daban en el clavo. Por aquellas fechas, sus detractores celebraban en artículos y tribunas en los diarios la solidez de nuestras cajas y bancos y el rigor supervisor del Banco de España. Puestos a elegir entre los ilusos a sueldo y el tétrico Niño Becerra en busca de su bestseller, me quedo con este último.

Además, lo que ninguno de los expertos oficiales destaca es que las previsiones de los organismos oficiales han sido al menos tan disparatadas como las del autor de El crash de 2010. Con la diferencia de que estas instituciones no tenían urgencia por vender un libro y ocupan a decenas de economistas cuya única labor era precisamente hacer predicciones. Como cuando el Gobierno de Zapatero predijo que en 2009 creceríamos un 1 por ciento y en su lugar decrecimos un 3,7 por ciento; o cuando el FMI aventuró que en 2009 el PIB aumentaría un 1,2 por ciento.

Niño Becerra, Krugman, Rogoff, Roubini se equivocaron en muchas de sus predicciones, tanto más cuanto más precisas pretendían ser. Pero acertaron en lo fundamental, en que caminábamos a un desastre sin precedentes. Sus errores son una mancha minúscula comparados con los engaños colosales de los gobernantes, desde la empecinada negación de la crisis de Zapatero hasta la no menos pertinaz negación del rescate de Rajoy.

2. Y tú que eres tan listo, ¿por qué no lo escribiste antes?

Cuando alguien escribe sobre una catástrofe cuando ésta ya se ha producido o está a punto de hacerlo, la pregunta lógica que se hacen sus potenciales lectores es por qué no lo publicó antes. Yo acepto con agrado este desafío porque gracias a internet la respuesta está al alcance de cualquiera. Sólo tienen que buscarla en Google.

El autor del libro que está ahora en sus manos cultiva desde hace años su pesimismo. No por sus conocimientos económicos, tan apañaditos como escasos, sino por su experiencia laboral como periodista de economía desde hace más de veinte años y, sobre todo, por su experiencia vital, que me ha llevado a tener un aprecio infinito por el sentido común.

Antes que nada disculpen el autobombo. Soy consciente de que citarse a sí mismo resulta inelegante. Pero no veo ninguna forma mejor de respaldar las graves afirmaciones a las que les estoy enfrentando que emplear el argumento de «ya lo decía yo». Así que permítanme hacerles un breve repaso de los artículos que he publicado estos años sobre la crisis en el diario El País, en cuya sección de Economía trabajo, para que vean que mi currículo del cataclismo viene de antiguo.

El 27 de abril de 2008 firmé un reportaje en el suplemento de «Negocios» del diario El País con el título «¿El apocalipsis del capitalismo?». Comenzaba así: «Imagine un día en que los bancos no tuvieran liquidez, y, en vez de prestar dinero a sus clientes, fueran ellos —o, más exactamente, los contribuyentes— quienes les prestaran más de medio billón de euros. Imagine que grandes bancos de inversión de EE. UU. y Europa fueran rescatados de la quiebra por fondos de países en vías de desarrollo. Imagine que las viviendas perdieran una cuarta parte de su valor en dos años, y miles de familias no pudieran hacer frente a sus hipotecas, obligando a los Gobiernos a socorrer a los más apurados pagando la ampliación de los créditos hipotecarios. Imagine que los precios de los alimentos básicos se dispararan, se iniciara el racionamiento de arroz en EE. UU. y en Europa y el coste del petróleo se triplicara en cuatro años sin que apenas se detectaran revueltas sociales, ni la Bolsa, aunque a la baja, sufriera crash alguno. En realidad, no hace falta tener mucha imaginación: todo eso ya ha sucedido.»

El artículo llamó mucho la atención porque en su portada se podía ver una de aquellas famosas fotos en blanco y negro de obreros estadounidenses tomando su almuerzo, suspendidos en los andamios de vértigo de los rascacielos que se construyeron en Manhattan, en plena Gran Depresión. Además inauguraba el nuevo diseño del suplemento y a los lectores les sorprendió que «un diario tan serio como El País» comparara la crisis, cuyos síntomas en España eran imperceptibles entonces, con algo tan grave como la crisis del 29.

De hecho, el reportaje destacaba las similitudes de aquella gran crisis con lo ocurrido en los últimos meses en Estados Unidos y citaba con profusión a alguno de los apocalípticos más renombrados como Henry Kaufman, Stephen Roach o el propio Rogoff. Todo con tal de apuntalar la tesis de que la crisis iba a derivar en un desastre del que la prensa nacional no quería oír ni hablar.

Pese al éxito del reportaje (al menos por las visitas a la web) no me quedé del todo satisfecho. Me parecía que el artículo era demasiado académico, que le estaba escatimando al lector una verdad mucho más cercana. Estaba bien explicar las subprime, los CDS y los derivados, pero al fin y al cabo, al ciudadano español, instalado en plena cresta de la burbuja inmobiliaria, todos aquellos productos tóxicos que habían sembrado como un campo de minas los avaros de Wall Street le pillaban un poco lejanos.

Así que me armé de valor y seis meses después, el 23 de noviembre de 2008, volví a la carga y publiqué «Cuando las cosas van de verdad mal» bajo el subtítulo «La gravedad de la crisis hace temer a los más pesimistas que la recesión derive en depresión». El artículo comenzaba así: «Si tiene dificultades para pagar la hipoteca, teme por su puesto de trabajo o ya lo ha perdido, no es aconsejable que lea este artículo. En él se recogen las tesis de quienes piensan que no estamos ante una crisis más, ni siquiera ante esa recesión que ya se reconoce abiertamente, sino ante una gran depresión económica que se extenderá mucho más allá de dos años y cuyas consecuencias financieras, sociales y hasta políticas cambiarán el mundo tal y como lo conocemos, además de tener un efecto devastador sobre el Estado de bienestar y la clase media en que se sustenta. Tal vez se equivoquen. O tal vez no.»

Un año antes de que Niño Becerra escribiera su El crash de 2010 y cuatro años antes de que los diarios y los expertos oficiales osaran poner en duda el «sólido sistema financiero español», a mí me parecía que la presunta buena salud de nuestros bancos y cajas era una pura mascarada y que sus balances escondían unos productos tan tóxicos como los de Lehman Brothers. «En España, la solvencia de la banca se ha convertido en un auto de fe, incontrovertible. La banca nacional es la más sólida del mundo porque no está expuesta a los riesgos de las hipotecas subprime de EE. UU. y ha sido sometida a la estricta supervisión en materia de riesgos del Banco de España. Pero bancos y cajas esconden bajo la alfombra sus propias hipotecas basura. Cada hogar español tiene que destinar el 48,7 por ciento de su renta (el 37 por ciento si pueden acogerse a deducciones fiscales) para pagar la hipoteca, un ratio muy superior al que, por ejemplo, tienen que afrontar los estadounidenses para pagar sus famosas subprime. No hay que trabajar en el Instituto Nacional de Estadística para comprender que entre los más de ocho millones de hipotecas concedidas en los últimos cinco años, miles de ellas fueron firmadas por mileuristas, inmigrantes o parejas con empleos poco estables que ahora están engrosando las listas del Inem a velocidad vertiginosa y no podrán hacer frente a los pagos. No pueden poner sus casas en venta porque se han depreciado y porque los que podrían comprarlas esperarán a que bajen más para hacerlo», decía en el artículo.

Incluso, con una audacia que hoy me sorprende a mí mismo (tal vez porque entonces podía escribir bajo el paraguas de mi puesto de trabajo seguro y hoy en día ningún periodista tiene el suyo a salvo), me atrevía a dudar de la honorabilidad de los banqueros y de la limpieza de sus balances: «¿Por qué los bancos españoles son los únicos que siguen presumiendo de beneficios y repartiendo dividendos? Seguramente la primera razón es que están muy bien gestionados, como coinciden sus directivos, el Gobierno y hasta la oposición. Aunque también, en algunos casos, haya causas menos loables, como que den por buenos en sus balances muchos créditos que no lo sean tanto», me preguntaba hace cuatro años, a contracorriente de los grandes expertos de todo pelaje como Juan Iranzo, en el lado conservador, o José Carlos Díez, en el progresista, que alababan la salud del sistema financiero

Como se pueden imaginar, este tipo de afirmaciones no gustaron nada en el otro lado de la trinchera. Los jefes de prensa de la patronal bancaria (AEB) y de la de las cajas de ahorro (CECA) protestaron airadamente. Uno de ellos me llamó y, pese a que defendí que todas aquellas aseveraciones estaban respaldadas por los datos, me soltó: «Chaval, dedícate a otra cosa. Por cómo escribes no te iría mal de pregonero de pueblo o de plañidera en los funerales. Pero de esto no tienes ni idea.» Puede que mi ignorancia fuera grande, pero no menos que su osadía al insultarme. El rescate bancario les va a costar, por lo pronto, 100.000 millones de euros a los contribuyentes.

Incluso entre los colegas, ciertas alusiones que se vertían en el artículo les parecían demasiado «atrevidas» o «macabras», como cuando afirmaba que «en una crisis como ésta no tenían seguro su puesto de trabajo ni los funcionarios». Los compañeros del diario comenzaron a llamarme burlonamente (aunque cariñosamente) el nuevo Nostradamus o me paraban por los pasillos y me preguntaban con ironía: «Muñoz, ¿cuándo llega el fin del mundo?»

No me arrugué. El 31 de mayo de 2009 volví a la carga. Esta vez para desmenuzar el proceso de desintegración del tesoro más preciado que hace posible nuestro modelo de convivencia y nos diferencia del tercer mundo: la clase media. «Adiós, clase media, adiós» se titulaba el artículo, y glosaba el desmoronamiento de la clase social del bienestar y la vuelta al modelo que más éxito ha tenido en la historia: ricos a un lado; pobres al otro. Nada entre medias.

La última vuelta de tuerca de mi contribución a la profecía autocumplida —los malos augurios que a costa de repetirlos acaban por cumplirse— ha sido «Mis ahorros tienen miedo al corralito», un artículo publicado en diciembre pasado en el que, ya sin tapujos, alertaba del peligro nada improbable de que los españoles vivieran la pesadilla por la que pasaron los argentinos hace una década, con su dinero atrapado y la vuelta obligada a la peseta.

Puede que ahora sea distinto. Y que no haya dado pie con bola en estas líneas. Que los ajustes brutales realizados tanto por los Gobiernos de Zapatero como de Rajoy, con bajada de salarios y pensiones, y subida generalizada de impuestos y de los precios de los bienes y servicios fundamentales, no acaben de hundir el consumo, sumiéndonos en una economía de guerra, o más bien, de posguerra. Puede que la prima de riesgo baje y podamos hacer frente al pago de intereses, aunque la deuda haya alcanzado un nivel récord del 75,9 por ciento del PIB, superando los 800.000 millones de euros y en 2013 vaya a dispararse por encima del 90 por ciento gracias a la factura del rescate bancario y de los gastos de las autonomías. Puede que las decenas de miles de hipotecados cumplan a partir de ahora religiosamente con sus pagos mensuales, pese a que la tasa de morosidad bancaria rebase el 10 por ciento, un nivel inédito considerado catastrófico y con peligro de corromper aún más los balances de los bancos. Puede que cumplamos con los objetivos del déficit y saneemos las cuentas de la Seguridad Social, pese al descenso imparable de las cotizaciones y el lastre de seis millones de parados. Puede que la economía se recupere sin más. Y puede que el mundo deje de rotar sobre su eje.

3. Cuidado con los bancos. No les fíen su dinero

A medida que iba escribiendo este libro, me iba calando un amargor, una sensación de que sólo transmitía negatividad, sin dejar ni el hueco más exiguo para la esperanza de mis potenciales lectores. ¿Quién puede querer leer doscientas páginas anunciándole todo tipo de desgracias futuras y sin darle el mínimo resquicio de escapatoria?

Para que no pareciera que hacía gala de un pesimismo militante, intenté escarbar en la hemeroteca y en mis recuerdos como periodista de Economía para encontrar alguna luz, algún dato que me quitara la razón y me permitiera apuntar un hilo de esperanza. Y el resultado fue aún más desesperanzador. Me di cuenta de que en mis crónicas y en las de mis colegas habíamos practicado un engaño monumental a nuestros lectores, colaborando como serviles pajes a difundir las grandes quimeras de los políticos y, lo que es peor, ayudando a colocar entre la gente común las mayores estafas financieras que se recuerdan.

Lo siento. No sé si España, destino tercer mundo será un bestseller o dormirá el sueño de los justos en unas semanas. Sea como fuere, no estoy dispuesto a volver a cometer ese error en este libro. Les han estado engañando y lo van a seguir haciendo. Pero esta vez, aunque sea en este humilde formato impreso, que no cuenten conmigo. Voy a evidenciar las trampas, las que ya no ocultan los diarios, y las que siguen encubriendo. Vamos por partes.

Aunque los medios lo hayan silenciado por intereses que a nadie se le escapan, la primera gran estafa no fueron las preferentes de las cajas, sino un producto mucho más sofisticado: los valores Santander. El banco comenzó a colocarlos en 2007, cuando nadie había oído hablar aún de preferentes y ni siquiera había quebrado Lehman Brothers. Estos valores son bonos obligatoriamente convertibles en acciones, pero se vendieron como si fuera un depósito de alto interés a largo plazo. El anzuelo era muy suculento. Una rentabilidad del 7,3 por ciento el primer año y del euríbor más 2,75 por ciento, el resto. Lo que no sabían los incautos que picaron es que habían firmado un documento comprometiéndose a convertir sus obligaciones en acciones a un precio fijo de 13,25 euros. El desplome bursátil ha llevado la cotización al entorno de los 5 euros por título ocasionando pérdidas del 60 por ciento a los inversores, que el pasado 4 de octubre debieron convertir sus obligaciones al agotarse el último plazo. En total, 129.000 atrapados y 7.000 millones de euros de los que, como digo, en torno a 4.000 se han esfumado para siempre.

De esta peculiar aventura apenas habrán oído ni palabra. Los medios, que tanta traca dan a las preferentes y a los cohechillos de los políticos corruptos, la han silenciado convenientemente. El Santander es un experto en acallar voces críticas. Salvo cuando esas voces son las de los poderosos. La entidad presidida por Emilio Botín invirtió 2.330 millones de sus clientes en productos gestionados por Bernard Madoff, el autor del mayor fraude de Wall Street después del de la eléctrica Enron. Cuando se destapó el escándalo, el banco se apresuró a aclarar que no iba a hacer frente a las indemnizaciones. «Esto es una estafa y el Santander no es responsable de las estafas de terceros», señaló por boca de un portavoz de la entidad en diciembre de 2008.

Pronto tuvieron que desdecirse de sus palabras. No habían caído en la cuenta de que entre los estafados estaba la crème de la crème de la plutocracia española, poderosos con los que Emilio Botín comparte mesa y celebraciones regularmente como Esther Koplowitz (FCC), Amancio Ortega (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial) o Juan Abelló (Torreal). Desde luego, ninguno de ellos era un pobre aldeano semianalfabeto como a los que les vendieron las preferentes. Y no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras les estafaban. Si Botín quería lavarse las manos, que se atuviera a las consecuencias. Todos ellos juntos eran más poderosos que el propio banquero y podían hacer mucho ruido. Además de no volver a trabajar con el Santander —ni ellos ni sus empresas—, amenazaron con dejar su reputación tocada.

No hizo falta mucho insistir. Bastaron unas llamadas y alguna que otra declaración. El todopoderoso Emilio Botín reculó apenas un mes después y en una junta extraordinaria de accionistas anunció que compensaría esas pérdidas. Por el acuerdo, la entidad se comprometía a devolver 1.380 millones de euros a los clientes de banca privada (no institucionales) que rechazasen emprender medidas legales a cambio de acciones preferentes del grupo con opción a recompra en 2019. Una vez más se cumplía la lección del Titanic: cuando el barco se hunde, sólo hay botes salvavidas para los pasajeros de primera.

Luego llegaron las preferentes. Nadie sabe cuántos son los atrapados. Según las asociaciones de afectados, entre 700.000 y un millón. Y mucho menos se conocen sus pérdidas. Entre 2009 y 2011, un total de 19 bancos y cajas colocaron 22.000 millones en preferentes. A todos los compradores se les vendió un producto que «era muy parecido a un depósito a plazo fijo», pero con un interés muy superior, y con el capital «prácticamente garantizado».

En esas comillas estaba el truco. En realidad, las preferentes son un producto mucho más complejo, una mezcla de bonos y acciones pero sin vencimiento y sin la posibilidad de venderlos en el mercado como los títulos. Los intereses que se abonan al cliente están supeditados a los beneficios. Si la caja o el banco caen en pérdidas, no hay rentabilidad ninguna. Pero peor aún es que, a diferencia de las acciones, no hay manera de deshacerse de ellos. Son inversiones perpetuas. Se supone que hay un mercado secundario donde se pueden vender pero funciona como una casa de empeños: nadie está dispuesto a pagar por algo de lo que todo el mundo se quiere desprender salvo a precio de liquidación.

Daba igual. La ambición es un mecanismo muy poderoso a la hora de convencer a los indecisos. Porque si bien es cierto que los directivos de bancos y cajas programaron con la ayuda de miles de empleados de las sucursales el mayor desfalco que se recuerda en España, no es menos cierto que esa estafa se produjo gracias a la ambición desmedida de los que ahora se presentan como víctimas, con la colaboración inestimable de las autoridades. El anzuelo era sencillo: intereses anuales del 7 por ciento en adelante.

Y picaron, claro que picaron. En 2009, los viejecitos gallegos que ahora vemos en las protestas por televisión se frotaban las manos y presumían en la taberna de la aldea de la buena inversión que habían hecho delante de sus paisanos menos avispados. Cuando los depósitos a plazo apenas rentaban un 4 por ciento en el mejor de los casos, ellos recibían el 7 por ciento. Por ejemplo, los que suscribieron preferentes de Caja Madrid en 2009 han recibido un 7,5 por ciento anual hasta que se produjo el primer impago, el pasado 7 de julio. Si invirtieron 100.000 euros han sacado en torno a 21.000 euros en intereses. No está nada mal, ¿verdad? Ahora bien, ¿no pensaron ni ellos ni sus parientes más cercanos que había algo que no encajaba para recibir esa alta rentabilidad?, ¿que nadie da euros a pesetas?

El ocultamiento del escándalo que se estaba gestando también contó con el auxilio de los reguladores y la prensa. Y aún continúa. La primera falsedad de las preferentes es que, frente a la imagen que han dado los medios, los afectados no son sólo los clientes de cajas de ahorro rescatadas como Bankia, Novacaixagalicia y Catalunya Caixa. Ni siquiera son los mayores en número. Entre las tres, que integran a su vez a varias cajas fusionadas, suman 120.000 afectados, la sexta parte como mucho del total.

El resto son de entidades venerables que casi nunca salen en los papeles. Las manifestaciones de sus víctimas tampoco aparecen en televisión. Y es que, aunque no se lo hayan contado ni se lo vayan a contar, casi todos los bancos recurrieron a estas prácticas, desde Santander, Banesto, BBVA, Sabadell, Popular, Pastor o La Caixa, aunque los diarios se cuiden muy mucho de nombrarlos, bien porque los grupos a los que pertenecen son acreedores de esos bancos o porque temen dañar su cartera publicitaria, ya de por sí demasiado maltrecha.

En materia de responsabilidades, el regulador no le va a la zaga. De hecho, el Banco de España animó a bancos y cajas a que emitieran preferentes para cumplir con las exigencias crecientes de capital tras la explosión de la morosidad. Vamos, que recomendaba apagar un fuego con queroseno. Es inaudito que el entonces gobernador del banco, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no haya sido sentado en el banquillo por esta tropelía, una de tantas de las que cometió bajo su mandato.

Tanto el Banco de España como el Gobierno y otros reguladores sabían perfectamente lo que se estaba gestando a costa de la ignorancia y la avaricia de miles de ahorradores. De hecho, las preferentes y la deuda subordinada, un producto muy parecido, eran productos tan tóxicos que para colocarlos a inversores institucionales se debían pagar intereses de hasta el 20 por ciento. Por eso lo desviaron a las oficinas en busca de los incautos viejecitos y las amas de casa. Incluso pagar intereses del 9 por ciento era una ganga porque sabían que ningún inversor profesional iba a comprar un producto tan venenoso como las preferentes.

La alarma se hizo tan general que hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en abril de 2009, alertó en una circular de que se trataba «de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido». Y puntualizaba que las preferentes «tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada», y que «su liquidez es limitada, por lo que no siempre es fácil deshacer la inversión».

Aquella advertencia pasó desapercibida. Los medios, que dedicaban grandes espacios cada vez que la CNMV alertaba, con razón, sobre el riesgo de las emisiones de Nueva Rumasa, y que finalmente derivaron en estafa, apenas reflejaba en medias columnas la inseguridad de un producto como las preferentes que en ese momento se estaba colocando de forma masiva. Apenas en alguna publicación digital o en algún blog crítico se prevenía contra el desfalco legal que se estaba gestando. Sólo cuando estalló el escándalo, a finales de 2010, con los primeros impagos de intereses, y con el clamor de los afectados imposible de acallar, los grandes medios de comunicación se hicieron eco. Era tarde. El daño estaba hecho. Y los periodistas habían vuelto a fallar en su primer deber de vigilantes críticos de los distintos poderes.

No será la última vez que practiquen esa dejación de su labor crítica. Ahora mismo se está generando otro globo financiero digno sustituto de las preferentes que está pasando desapercibido para medios y reguladores: los pagarés.

Bancos y cajas están caninos. Necesitan captar capital como sea porque nadie, salvo de vez en cuando el BCE, se fía de ellos y les presta dinero. Su apetito es insaciable. Tradicionalmente elevaban los intereses de los depósitos para captar de forma urgente esos fondos. Pero el Gobierno puso fin a los superdepósitos al penalizar en junio de 2011 los altos intereses mediante el llamado Decreto Salgado, en honor a la ministra de Economía.

Como los topos, a los que si se les tapa una salida de su madriguera siempre tienen preparada otra de emergencia, las entidades financieras han encontrando un rápido sustituto a los superdepósitos y a las vilipendiadas preferentes: los pagarés.

Se trata de un producto financiero muy veterano y simple. El ahorrador contrata un papel en el que se le promete una rentabilidad fija en un periodo determinado. La única diferencia con los depósitos es que no están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), en caso de que la entidad no nos devuelva el capital al final del plazo convenido, un detalle que los empleados de los bancos ocultan cuidadosamente cuando se los ofrecen a los clientes. Si el banco quiebra, el ahorrador se queda sin su dinero.

Desde que el Gobierno penalizara los depósitos de alta rentabilidad, se ha producido un trasvase gigantesco de fondos de pequeños ahorradores hacia los pagarés. Nada menos que 50.000 millones en un año han pasado de los seguros pero pocos provechosos depósitos hacia los riesgosos y superrentables pagarés. A finales de octubre de 2012, los españoles habían suscrito 70.000 millones en pagarés (AIAF).

Casi todas las entidades que ofrecían preferentes se han pasado a los pagarés: Banco Popular, Sabadell, Ibercaja, Bankinter, Catalunya Caixa, Santander, BMN, Banesto, Bankia... Y con intereses que alcanzan el 4,75 por ciento anual. Los que los están suscribiendo ahora, con el reclamo de esa alta rentabilidad, que luego no se quejen si hay problemas para recuperar el capital ni le pidan al contribuyente que cubra sus riesgos. El Gobierno y los reguladores como la CNMV y el Banco de España han estado haciendo gala de la misma pasividad que cuando comenzaron a comercializarse las preferentes. Y con la prensa como invitado de piedra. Tanto es así, que el propio Ejecutivo ante la alarmante contratación de pagarés ha decidido dar marcha atrás y anular la normativa que penalizaba los superdepósitos porque sabe que en un año se le puede venir encima otra escandalera como la de las preferentes.

De todas formas, aquí nadie está libre de trances. Ni el que invierte su dinero en productos tan arriesgados y sofisticados como los derivados o los swaps o el que tiene sus ahorrillos en un plazo fijo o en una vulgar cuenta corriente. Y es que el tan vanagloriado Fondo de Garantía de Depósitos es otro de los mitos más engañosos del sistema que nos venden a los ahorradores.

Se supone que con ese fondo, administrado por el Estado pero que se financia con las aportaciones de las entidades financieras (dos por mil del conjunto de sus depósitos al año), se garantizan hasta 100.000 euros que los ahorradores tengan en depósitos y cuentas corrientes. Según los datos del Banco de España, ahora hay 1,142 billones de euros en depósitos. Y el FGD cerró 2011 con un patrimonio ¡negativo! de 2.000 millones porque al Ejecutivo se le ocurrió la brillante idea de dedicar sus fondos a la recapitalización del sector financiero. También en eso ha reculado el Gobierno y, a partir de ahora, el FGD sólo se podrá emplear para el fin para el que fue creado. Se calcula que su dotación será de unos 6.500 millones, es decir, que no garantizará ni el 0,6 por ciento del total de los depósitos. No se equivoque. Si cualquier entidad de las gordas (sistémicas, en el lenguaje oficial), quebrara, nadie le iba a reponer su dinero.

4. De cumbre en cumbre y tiro porque me toca

Si hay algo que a los medios les gusta hasta el extremo son las cumbres internacionales. Cuando leo las informaciones sobre esos grandes encuentros que van a cambiar el mundo, me vienen a la memoria aquellos vendedores de nubes de azúcar que me fascinaban en mi infancia. Con un material mínimo, daban vueltas a un palo y producían un enorme globo blanco y dulce que parecía que fuera a durar siglos y a dar placer a un colegio entero. Pero cuando te lo metías en la boca, ese enorme manjar quedaba reducido a un leve regusto dulce en el paladar que se desvanecía en seguida porque, en realidad, contenía mucho más aire que azúcar.

Con las grandes cumbres financieras ocurre lo mismo. Lees las ampulosas declaraciones finales y parece que hay un antes y un después separados por un foso. Y que los problemas que aterrorizaban al mundo y acuciaban a los ciudadanos han sido resueltos de un plumazo por los mandatarios entre una cena de gala y una foto de familia. Pero cuando analizas el texto con las conclusiones del encuentro, te das cuenta de que sólo es retórica vacía, unas líneas vacuas envueltas en aire, en humo, como la nube de azúcar del feriante.

A los periódicos les encanta dar vueltas al palo y contribuir a que la nube parezca lo más gigantesca posible. Esa ansia es comprensible teniendo en cuenta que los grupos de comunicación cohabitan en el mismo ámbito de intereses que políticos y financieros. Aunque a veces ese afán por exagerar el resultado de cualquier reunión internacional responde a motivos mucho más espurios de lo que los lectores creen. Con las tiradas y la publicidad cayendo en picado por la competencia y el corta-pega gratuito de internet, a los medios tradicionales (los que aún crean opinión) cada vez les supone un sacrificio económico mayor mandar a un redactor a Washington o a Seúl. El director se siente casi obligado a abrir el periódico a cinco columnas con cualquier frase que sostenga un titular. Así que no le queda más remedio que hinchar el globo.

Los políticos, por supuesto, están encantados de colaborar en esta opereta bufa. Mil veces preferible a dar explicaciones sobre el desastre que se les avecina a sus votantes y cuya causa está muy cerca de ellos es confiarse a una solución mágica. Y qué mejor manera de quitarse el muerto de encima que invocar las declaraciones altisonantes de las grandes e inservibles cumbres internacionales.

En esta crisis, los vendedores de humo han hecho su agosto. Desde las cumbres del G-20, puestas en marcha desde 2008 con vocación planetaria, hasta las incontables reuniones trascendentes del Eurogrupo. En todas ellas, el mundo se refundó, los mercados financieros se hicieron transparentes y se sentaron las bases de un crecimiento sostenible. Lástima que los ciudadanos no notaran en sus vidas minúsculas tan pasmosas transformaciones, y continuara deteriorándose su bienestar y su nivel de vida.

Evidentemente, ninguna de aquellas promesas se cumplió. Los especuladores continuaron haciendo de las suyas en los mercados y la economía, y se entró en una espiral de recortes y recesión. Releer ahora las crónicas de esas citas internacionales causaría sonrojo al más cándido estudiante de primero de Periodismo. En lugar de poner freno a las proclamas estériles de los mandatarios, deber crítico del periodismo, los artículos y las crónicas en radio y televisión les dieron alas, invocando sus frases vacías como mandamientos salvadores.

No enumeraré por no aburrirles «las declaraciones históricas» de las reuniones del G-20. Baste recordarles como muestra culmen de la política grandilocuente y del seguidismo no menos inicuo y servil del periodismo, el tratamiento que tuvo la más célebre de ellas, la celebrada el 2 de abril de 2009 en Londres.

En esa cita, aunque ustedes ya no lo recuerden, nada más y nada menos que se «refundó el capitalismo». Con ese lema, y sin ningún pudor, abrían las webs de los principales diarios y las ediciones de papel al día siguiente, sin que nadie se molestara en ensayar la más mínima precisión crítica a tamaña declaración de principios. Les parecerá una exageración pero había que buscar algo muy fuerte teniendo en cuenta que la cumbre de Washington, de un año antes, se había comparado con la conferencia de Bretton Woods, de 1944, en la que se abandonó el patrón-oro y se fundaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

La frase del capitalismo renacido era pegadiza, no hay que negarlo. Y bastaba que la hubieran pronunciado al unísono Barack Obama, el predicador pop de los biempensantes demócratas norteamericanos, y Nicolas Sarkozy, otra estrella de la política-pop, aunque en este caso de la derecha tradicionalista francesa, para que fuera considerado como una revelación divina.

El resto de jefes de Estado y primeros ministros presentes en aquella cumbre, desde nuestro peterpanesco presidente José Luis Rodríguez Zapatero, hasta la corajuda canciller alemana, Angela Merkel, suscribieron la ocurrencia. Y a los medios les faltó tiempo y espacio para reproducirlo hasta la saciedad. A todos, menos a los estadounidenses, que apenas informaban de la cumbre en páginas interiores, concediéndole la importancia que realmente tenía.

No tengo que probarles que, pese a aquella declaración planetaria de la cumbre de Londres, ni el capitalismo se ha refundado ni se ha puesto freno a la crisis. Antes al contrario, el sistema está más desbocado que nunca. La América de Obama se cobija bajo una economía endeble que amenaza con desplomarse bajo el peso de una deuda pública astronómica, fruto de los rescates financieros y los planes de estímulos estatales. Y en Europa está a punto de saltar en pedazos la Unión Monetaria y el euro como moneda común.

Aunque la de Londres supuso el culmen de la estulticia, el mismo ejercicio universal de voluntarismo político suicida y de periodismo becario se dio en las cumbres del G-20 de Washington (15 de noviembre de 2008), Pittsburgh (septiembre de 2009), Toronto (junio de 2010) o Seúl (noviembre de 2010). Si se sienten con fuerzas de realizar el infructuoso ejercicio de leer sus declaraciones finales, en todas ellas se pone coto a los desmanes de los mercados y los bancos, y se asegura una nueva etapa de crecimiento económico para poner fin a la crisis.

A la vista de lo ocurrido desde entonces, obvian los comentarios. La inutilidad vergonzante de estos encuentros ha sido tal que hasta el mismo Obama, el Demóstenes de la retórica del siglo XXI, ha llegado a la conclusión de que son una completa pérdida de tiempo, incluso para ensayar sus discursos ampulosos.

Los europeos también tenemos nuestras propias cumbres trascendentales. E incontables. Resultaría agotador enumerarlas. Tirando de hemeroteca he contado hasta 10 reuniones decisivas del Eurogrupo en las que, según el consenso de los medios, se habría solventado definitivamente el problema de la deuda de Grecia. Aunque como todos sabemos, los griegos, tras una quita de su deuda de más del 50 por ciento, siguen sin poder devolver lo que deben. Y no lo harán, por muchas cumbres que se celebren. De los 212.000 millones de euros de su presupuesto para este año, se supone que 87.000 millones están destinados al pago de intereses, una cifra rayana en la locura si se tiene en cuenta que el presupuesto en educación es de 5.000 millones de euros. En el caso griego, los únicos encuentros que se demuestran efectivos son aquellos en los que se decide una quita y, sobre todo, el que determine la inevitable salida del euro del país heleno.

También se han encadenado reuniones sin fin para asegurar los mecanismos de rescate para amparar a países como España e Italia en caso de impago, y otras tantas para decidir si el Banco Central Europeo puede comprar deuda soberana de los Estados y a cambio de qué condiciones. Día tras día nos abruman con titulares pomposos, que parecen responder a algo real porque, de cuando en cuando, provocan una bajada inmediata de la prima de riesgo y un alza bursátil. Una vez que el humo de las declaraciones de principios —no son más que eso— se desvanece, la prima vuelve a subir y la Bolsa a bajar. Y hay que reiniciar el proceso con una nueva cumbre u otra declaración cabalística del presidente del BCE o de la canciller alemana que anime a los mercados.

La realidad es mucho más simple. No hay dinero. Todas, absolutamente todas las cifras que ustedes leen en los periódicos, como salvaguarda del sistema (y del euro) son virtuales. Los 100.000 millones de euros que prometieron para rescatar a las cajas españolas se han quedado en 39.500 millones, que habrá que devolver (y con intereses). Y mucho menos habrá 300.000 millones para el rescate total de la economía española del que tanto se habla. A lo sumo son avales, compromisos de que alguien estaría dispuesto a garantizar esos fondos en caso de que dejemos de pagar nuestra deuda. Pero todos saben que si España o Italia quiebran, nadie nos prestará sus ahorros para evitarlo. Incluso en el caso de que esos fondos existieran realmente, los contribuyentes de los países solventes que deberían cargar con el rescate se levantarían en armas y derrocarían a los Gobiernos en los primeros comicios que tuvieran oportunidad.

5. El inspector de las falsas cuentas. Todos los bancos aprobados

Entre las falacias que rodean a la crisis, otro de los engaños más habituales son las campañas de inspección que periódicamente lanzan las autoridades, tanto nacionales como comunitarias con el fin de demostrar que su labor de supervisión es eficaz. Necesitamos conocer el estado real de los problemas como paso previo y necesario para solucionarlos, se nos dice. Pero como en El inspector, la genial obra de Gogol, todos se afanan por agasajar a los controladores y al final las fiscalizaciones resultan tan malogradas como falsas las cuentas que evalúan.

De todas estas inspecciones, la más famosa por sus conclusiones garrafalmente erróneas han sido las pruebas de resistencia bancaria (bank stress test), que la Unión Europea ha llevado a cabo desde 2009 para comprobar la solvencia de los bancos europeos.

Cuando se hicieron públicos los primeros resultados, en julio de 2011, todos los bancos españoles, excepto el Pastor, superaron el test de estrés y sólo cuatro cajas suspendieron las pruebas (Unnim, Catalunya Caixa, CAM, y Caja3 [ahora integrada en Ibercaja]). El Banco de España, el Gobierno y hasta la oposición lanzaron las campanas al vuelo. La Autoridad Bancaria Europea confirmaba lo que todo el mundo sabía: la salud inquebrantable de nuestro sistema financiero. Y los medios, claro está, ejercieron de corifeos, reproduciendo con sonora alharaca los resultados tan positivos para nuestra banca que venían de Europa. Los editoriales parecían anuncios de algún depósito, con semejantes elogios a las previsoras entidades financieras y sus circunspectos directivos.

En esos test aprobaban con nota Bankia y Novacaixagalicia. Un año después, el Gobierno ha tenido que intervenirlas para evitar la quiebra y ha anunciado la inyección de más de 30.000 millones de euros para reflotarlas. De hecho, el conjunto del sistema, que los test de estrés consideraban de una solvencia impecable, precisará de 100.000 millones de euros.

Nadie desde Europa pidió perdón por esos costosos e inútiles test. Les debe de dar tanta vergüenza que la Autoridad Bancaria Europea ha renunciado a realizar en 2012 estas pruebas de resistencia a la banca. Tampoco ningún medio de comunicación ha entonado el mea culpa por participar en el engaño. Aunque esos test sirvieran de gancho a muchas entidades para colocar sus preferentes o, sin ir más lejos, como señuelo publicitario para la salida a Bolsa de Bankia, que ha derivado en pérdidas multimillonarias para los accionistas.

En este punto, quiero hacer un inciso. La actitud de la mayor parte de los medios de comunicación les parecerá a muchos de ustedes vergonzosa por su labor de ocultación y seguidismo. A mí, que vivo de ellos, me parece de lo más natural. La gente común nos atribuye a los periodistas una especie de don quijotesco que nos lleva a la búsqueda de la verdad por encima de cualquier otro interés, incluido el más básico, el de sobrevivir. No me quiero poner corporativo pero la profesión periodística ha sido, de lejos, la que proporcionalmente más ha sufrido la crisis, mucho más que el sector de la construcción. 10.000 profesionales se han quedado en la calle, y la degradación de las condiciones de los que continúan trabajando es imparable.

Y no sólo los periodistas. Las empresas que les dan trabajo han sufrido el mismo deterioro. La mayor parte de ellas están en pérdidas y soportan una pesada losa de deudas, a las que son incapaces de hacer frente porque sus ingresos publicitarios caen en picado año tras año. Sus acreedores principales son los bancos, así que comprenderán que tengan una tendencia natural a ser comprensivos cuando informan de ellos y a pasar por alto muchas de sus tropelías. Las compañías periodísticas son sociedades como otras cualquiera y, más aún, desde que decidieron cotizar en Bolsa. Viven de sus ingresos, no de las verdades que publican. Con unos balances tan endebles no se le puede exigir independencia total frente a bancos, multinacionales y Administraciones públicas de cuya cartera publicitaria dependen y que, en algunos casos, son sus accionistas dependen y que, en algunos casos, son sus accionistas. Demasiado esfuerzo realizan a veces para intentar contar lo que está pasando sobre los gigantes financieros a los que se enfrentan.

Les pondré un ejemplo de ese difícil equilibrio entre independencia y viabilidad financiera a la que se enfrentan cada día esos medios de comunicación. Cuando Bankia anunció su salida a Bolsa, con Rodrigo Rato como presidente de la caja, en el verano de 2011, los medios se volcaron en aquella colocación que contaba con los parabienes y más bien la exigencia del Gobierno socialista que acababa de inyectar 4.500 millones a la caja y no quería seguir poniendo dinero. La operación pintaba mal porque la entidad, fruto de la fusión de varias cajas ruinosas como Caja Madrid o la CAM, tenía un enorme agujero fruto de sus pufos inmobiliarios y ni siquiera había presentado unas cuentas consolidadas. Además, los mercados internacionales estaban cerrados, así que no era el mejor momento para una salida a Bolsa.

De hecho, la situación era tan peliaguda que la CNMV, que siempre ha hecho la vista gorda en casi todos los apaños de las cajas como las preferentes, se vio obligada a rebajar el precio máximo de colocación a los pequeños ahorradores un 15 por ciento hasta 3,75 euros por título. Los grandes inversores, como el BBVA, conocedores de lo que se estaba gestando no querían ni oír hablar de la operación. Al final, pasó lo que siempre pasa en estos casos: tocaron a rebato y se dio orden general en las oficinas de colocar las acciones, costase lo que costase. Los empleados cumplieron con su trabajo: el de engañar a los clientes de toda la vida, prometiéndoles rentabilidades del 7 por ciento, como si la Bolsa fuera un fondo de inversión de renta fija en lugar de lo que es, una montaña rusa. Y la colocación fue un éxito de público, con 347.000 inversores, y de crítica, porque los medios de comunicación la aplaudieron al unísono.

Menos de un año después, Bankia fue intervenida por el Estado tras presentar unas cuentas que se demostraron falsas, al menos a juicio del Gobierno, ya que ofrecían un beneficio neto de 306 millones de euros en 2011 cuando en realidad se registraron unas pérdidas de 3.030 millones. Los pequeños inversores llegaron a perder un 80 por ciento de su dinero, aunque tras el rescate comunitario anunciado la acción se haya recuperado algo.

Sólo cuando Rato fue relevado de su cargo y se hicieron patentes esas pérdidas, los medios reaccionaron. ¿Por qué no lo hicieron antes? Tal vez porque Bankia había concedido créditos importantes a alguno de esos medios o, más directamente aún, porque Rato tuvo el cuidado de ordenar una campaña publicitaria para la salida a Bolsa que regó con 16,8 millones de euros las maltrechas carteras de esas empresas periodísticas. ¿Son culpables los medios? No seré yo quien los justifique, pero desde luego son tan responsables como el Banco de España, la CNMV y el Gobierno que dieron todo tipo de parabienes a la salida a Bolsa. Y tanto como Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS, que asesoraron la operación junto con Lazard (el banco donde trabajaba Rato antes de incorporarse a Bankia), y que cobraron por ello 21,8 millones de euros (datos de la salida a Bolsa recogidos por la CNMV). Para otra ocasión, les aconsejo que no se fíen en absoluto de la prensa, pero menos aún de las entidades colocadoras, ni de los reguladores, ni del Gobierno.

6. O la cárcel o la impunidad

«Ya sabemos lo que pasó, quiénes son los culpables y quiénes los que lo permitieron, ampararon y publicitaron. ¿Y ahora qué?», se preguntarán. Salvo que acometamos la tarea de refundar el género humano (y hay bastantes que lo pretenden) la única forma de impedir que se vuelvan a reproducir estos gigantescos desfalcos (legales) se llama cárcel. Disculpen mi rudeza, pero la palabra clave que explica todo lo sucedido es «impunidad». Los malhechores de esta crisis se han sabido siempre libres de castigo y han actuado como lo haríamos la mayor parte de nosotros, movidos por la ambición y el ansia de enriquecimiento fácil. Perdonen también mi desconfianza hobbesiana sobre la Humanidad y los fines que la mueven. Siempre he pensado que la única causa que nos frena a liarnos a puñetazos con el vecino que nos incordia con su perrito ladrador o nos impide saquear el supermercado de la esquina (aunque Sánchez-Gordillo quiera enmendar esta teoría con sus asaltos selectivos al Mercadona) es el convencimiento de que un policía se presentará frente a nuestra puerta con una orden de detención. Los directivos de las cajas ahora rescatadas sabían que no tenían ese problema cuando se blindaban con indemnizaciones o planes de pensiones millonarios mientras hacían circular las venenosas preferentes entre la pobre gente.

Contaban con la connivencia estrecha del poder político, así que no tenían nada que perder. De hecho, al servicio de ese poder, financiaron proyectos urbanísticos especulativos, obras públicas ruinosas y alimentaron tramas de corrupción y hasta llegaron a falsear las cuentas. Eran perfectamente conscientes de que no les esperaba la cárcel porque estaban blindados por consejos de administración en donde estaban representados todos los partidos mayoritarios, los sindicatos y hasta los tertulianos. Al contrario, han recibido a su salida indemnizaciones millonarias, tras años de cobrar sueldos estratosféricos, sin que nada se las haya discutido. En este punto, nunca entenderé la actitud del PSOE (y de sus socios nacionalistas como el Bloque o Esquerra), que ahora se erige en adalid de la izquierda moral, cuando durante su mandato se negó en repetidas ocasiones a poner coto a las indemnizaciones y a las remuneraciones de los directivos de las cajas alegando que no podía cambiar la ley, incluso cuando las entidades ya estaban recibiendo ayudas públicas con los impuestos del contribuyente.

Al amparo de esa impunidad, los villanos de oro de las cajas se han embolsado más de 130 millones de euros en pago por sus fechorías. Entre esos felones, que después de embaucar a miles de pequeños ahorradores se han reído en la cara del contribuyente que ha pagado sus indemnizaciones millonarias, están José Luis Pego (18,6 millones), José Luis Méndez (16,5 millones), Óscar Rodríguez Estrada (8,8 millones), Aurelio Izquierdo (14 millones), Gregorio Gorriarán (5,3 millones), Javier García de Paredes (5,3 millones), Ricard Pagés (11 millones), Domingo Parra (7,5 millones), Roberto López Abad (5,8 millones), Manuel Escribano (6 millones), Miguel Castillejo (4,3 millones), Miguel Blesa (2,5 millones), Joaquín Messeger (2 millones) o Vicente Soriano (2 millones).

Su gestión ha causado un agujero de 60.000 millones de euros en el mejor de los casos, que deberemos tapar todos con impuestos o con los recortes sociales. A pesar de eso, ninguno de ellos está en prisión. Es más, la mayoría ni siquiera se encuentran procesados. Y los que lo están es a instancias particulares porque ni la Fiscalía del Estado ni ninguna Administración local o autonómica ha instado su procesamiento. Han tenido que ser movimientos ciudadanos o asociaciones de afectados los que promovieran una actuación judicial, como en el caso de Rodrigo Rato, a quien la Audiencia Nacional ha imputado por su gestión en Bankia tras las querellas presentadas por el partido de Rosa Díez, UPyD, y el movimiento 15-M. PP y PSOE, lejos de implicarse en la persecución judicial de estos directivos, los han disculpado o arropado.

Los Gobiernos de PP y PSOE habrían podido al menos tener la delicadeza estética, ya que no moral, de detener el cobro de las indemnizaciones y de los fondos de pensiones de estos altos cargos. Hubiera bastado un decreto-ley para suspender esas prebendas en las cajas que han recibido dinero público. Pero no movieron un dedo alegando que era imposible cambiar la legislación. Una justificación indecente si se tiene en cuenta que a esos mismos Gobiernos no les tembló el pulso cuando suspendieron por decreto-ley los derechos de miles de ciudadanos a los que congelaron las pensiones, bajaron el sueldo como a los funcionarios o redujeron las indemnizaciones por despido de los trabajadores de a pie en la reforma laboral. Insisto en que el PSOE es mucho más culpable aún porque al menos el PP ha limitado el sueldo de los directivos de las entidades que han recibido ayudas públicas. Ya se sabe que el PSOE predica en los mítines el odio a los banqueros y luego los indulta en el Consejo de Ministros. Pero ambos, PP y PSOE (con los nacionalistas de la mano) son cómplices de la impunidad de estos desalmados de guante blanco.

Desengáñense. Ningún banquero va a pisar la cárcel. En la reciente historia financiera de España, sólo uno, Mario Conde, ha estado entre rejas. Y no fue por su gestión, desastrosa donde las haya, sino por sus ambiciones políticas. El resto de los banqueros que ha participado en estafas, e incluso ha sido condenado en firme por los tribunales, ha obtenido la gracia del indulto del Gobierno o se ha librado gracias a las sentencias políticas del Tribunal Constitucional, más conocido como el Tribunal de los ricos, porque se ha especializado en librar de las penas a los plutócratas a quienes condenan en otras instancias. Los casos de Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, indultado por el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba, o de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, absueltos por el Constitucional, son sólo una muestra de que la justicia no va con los banqueros.

Mientras persista esa impunidad para los financieros, les seguirán estafando sin la menor cautela. En lugar de preferentes les llamarán pagarés o derivados, pero al final se quedarán con su dinero. Y, en último caso, si la bola se hace demasiado gorda y no se puede esconder en el balance, exigirán que papá Estado les rescate. Es decir, que se quedaran con sus impuestos. Hasta que los banqueros que delinquen no vayan regularmente a prisión se seguirán reproduciendo los crash financieros. Mientras, no se fíen de ellos, y, sobre todo, mantengan alejado su dinero de sus manos.

Capítulo. VI

Nadie nos sacará de ésta

(Pero ojalá me equivoque)

Siempre que alguien escribe un libro sobre una catástrofe, ya sea financiera, histórica o vital, dedica el último capítulo a ofrecer una solución de última hora al desastre que ha descrito. Lamentablemente, éste no es mi caso. Sea por falta de preparación académica, de imaginación o de confianza en el género humano, lo cierto es que no vislumbro siquiera un alivio a esta situación dramática que nos ha tocado afrontar, con una economía en profunda recesión y el Estado y las familias al borde de la quiebra. Y las soluciones que aportan los pretendidos expertos —contradictorias entre ellas— me despiertan la misma incredulidad.

1. Los oficialistas, los keynesianos y los utópicos

En cuestión de ofrecer soluciones para sacarnos del atolladero hay gran variedad de salvadores, pero yo los concentro en tres bandos: los oficialistas, partidarios del ajuste duro y el recorte a cualquier precio; los keynesianos, a favor del gasto, mayormente público, para despertar la economía; y los utópicos, que confían en la buena fe de la ciudadanía frente a los malignos mercados y los siniestros individuos que los gobiernan.

No me encomiendo a ninguna de las partes porque, paradójicamente, todas ellas en algún momento se confían a la Divina Providencia para salir de la contradicción a la que le llevan sus propios argumentos. Así, los defensores del ajuste del gasto público son impecables cuando echan cuentas de lo que nos podemos ahorrar recortando servicios sociales o propiciando el copago en la sanidad y en la educación. Está muy claro que cuantos más funcionarios despidamos y cuanto más recortemos las prestaciones de desempleo más saneado estará el Estado. Y también parece obvio que si propiciamos una rebaja general de salarios seremos más competitivos. Ahora bien, lo que no nos explican es cómo van a conseguir con esas recetas que la economía crezca alguna vez. Y si la actividad cae, los ingresos del Estado vía impuestos se desploman con ella y, por mucho que se reduzca el gasto, llega un momento en que el Estado colapsa. Los parados y los mileuristas que generan sus recetas pagarán menos impuestos, y cotizarán y consumirán menos. Lo mismo sucederá con los pensionistas si se les recorta la jubilación. ¿Quién va a tirar entonces de la economía? Tampoco nos detallan los apóstoles del recorte dónde y quién va a crear los millones de puestos de trabajo imprescindibles para ocupar a los millones de víctimas del tijeretazo que ellos propician, tanto en las Administraciones públicas como en las empresas privadas con el abaratamiento del despido a que ha dado pie la reforma laboral. Se puede reducir o incluso eliminar el seguro de desempleo, como piden. Pero cuando lo hagan, ¿se puede convivir permanentemente con un ejército de desheredados sin ningún tipo de ingreso ni protección social, una especie de parias al margen de la sociedad, al que daría lugar ese tipo de medidas? No, salvo que estés dispuesto a asumir que tu país ya no pertenece al primer mundo desarrollado, sino que ha descendido dos peldaños hasta el tercer mundo.

Los keynesianos no son mucho más sutiles que sus contrarios para resolver sus contradicciones. Propugnan más gasto, sobre todo público, pero se les olvida aclararnos quién lo financiará. El premio nobel Paul Krugman es el adalid del nuevo keynesianismo. En sus artículos (que se parecen todos como una gota de agua), demanda como única vía posible para escapar a esta segunda Gran Depresión que el Estado se haga cargo de la situación y rescate a la economía con gasto público, desde inversión en infraestructuras a contratación directa de funcionarios para reforzar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

En su libro ¡Acabad ya con esta crisis!, Krugman achaca el ahondamiento de las dificultades a la histeria por controlar el déficit y apuesta por el gasto casi como una cuestión filosófica. «La economía no es una obra moral. Si has gastado mucho, demasiado, durante un tiempo, la solución no es la rectitud fiscal.» La forma más directa de alcanzar la recuperación económica «es que el Gobierno gaste donde el sector privado no lo hace». Otras recetas secundarias son el aumento del gasto social y la rebaja de las hipotecas por parte de los bancos para que las familias puedan dedicar esos fondos a consumir otros bienes y reactivar así la economía.

El premio Nobel hace gala de una coherencia mucho mayor que la de los neoliberales a la hora de explicar las causas de la crisis, como la desregulación suicida del sector financiero que propició su quiebra. Pero dista mucho de emplear esa coherencia cuando se trata de dar soluciones. No hay duda de que si vuelcas carretones de dinero público en el sistema se estimulará la economía. Pero inmediatamente antes hay que contestar a una pregunta muy sencilla: ¿Y quién paga la fiesta? Krugman ni siquiera llega a planteársela. Se supone que, a falta de recursos en la caja, el Estado tendrá que recurrir a endeudarse más. Pero para que eso suceda debe haber alguien dispuesto a prestar ese dinero. ¿Quién? El premio Nobel esquiva la cuestión. Sencillamente, da por hecho que alguien pondrá el dinero, pese a que la prima de riesgo se dispare o las agencias de calificación reduzcan nuestra deuda a bono basura.

«Aun cuando se tenga un problema de déficit a largo plazo —¿y quién no lo tiene?—, recortar drásticamente el gasto mientras la economía está profundamente deprimida es una estrategia contraproducente porque no hace más que agravar la depresión», dice Krugman refiriéndose al Gobierno británico en su artículo «El programa de la austeridad» (El País, junio de 2012). Sí, han leído bien, el premio Nobel despacha el problema del déficit público preguntándose retóricamente «¿y quién no lo tiene?». Como si en medio de esta crisis, el déficit público gigantesco que han acumulado los Estados fuera un mero percance sin importancia.

El razonamiento equivaldría a escribir un artículo a favor de que la gente obesa coma cuanto desee porque «¿y quién no tiene un problema de sobrepeso?» El problema de una persona obesa es precisamente su sobrepeso, lo mismo que el de una economía con una deuda pública abrumadora es el déficit que engorda año tras año esas obligaciones a devolver, y las encarece. En el primer caso, el obeso no puede seguir comiendo sin fin aunque eso le haga sentirse feliz porque enfermará y morirá; en el segundo, un Estado no puede endeudarse sin límite porque llegará un momento en que no podrá pagar los intereses y nadie le volverá a prestar. Y, por tanto, colapsará.

Cuando se le hace ver esa contradicción, a lo más que llega Krugman es a dar alternativas inviables o directamente disparatadas como la de que el Banco Central Europeo le dé a la máquina de hacer billetes creando inflación o que el Gobierno alemán propicie estímulos fiscales y una subida general de salarios en su país, para que los costes y los salarios de otros países en problemas como España vuelvan a ser competitivos. O sea que, según la ocurrencia de Krugman, Alemania debería estar dispuesta a hacerse el haraquiri provocando un encarecimiento de sus productos industriales que le impedirían exportarlos y hundiendo su economía con tal de reactivar las de sus países vecinos en crisis. Ni me molestaré en comentar esta temeridad.

En cuanto a los utópicos, sus soluciones son más heterogéneas, aunque todas pasan por un voluntarismo y una creencia en la bondad intrínseca del género humano que, a la vista de lo acontecido en lo que llevamos de historia, desde Mesopotamia hasta nuestros días, no puedo compartir. En España, quien mejor representa a este grupo son los economistas y profesores que forman parte de Attac, un movimiento independiente contrario a las políticas neoliberales.

Diré de entrada que el calificativo de utópicos no implica ningún rasgo peyorativo. Tengo un respeto reverencial por los miembros de este grupo que he leído y entrevistado a menudo, y, en general, por las personas idealistas. Me parecen honestos personal e intelectualmente. Una virtud que no atribuyo a la mayor parte de los economistas y expertos que defienden las tesis oficialistas y las van cambiando según la conveniencia de quien les paga.

Los profesores Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, miembros del comité científico de Attac España, lucen una trayectoria personal intachable. Viven de su actividad académica o profesional y no me consta que pertenezcan al consejo de administración de ningún banco ni de ninguna caja rescatada, ni que vayan de tertulia en tertulia soltando sus chorraditas y engrosando sus cuentas corrientes, como muchos de los expertos oficiales.

Ellos han dado una solución humanitaria y solidaria a la crisis en su libro Lo que España necesita (Deusto, junio 2012) que, por cierto, se puede leer gratis en internet. La obra tiene una estructura muy simple. En la primera parte de cada capítulo se dedica a desmontar las falacias del PP y sus presuntos logros económicos durante los gobiernos de Aznar 1996-2004 y a destapar las mentiras e incumplimientos de Rajoy (son tan obvias y vergonzosas que no hace falta casi ni que nos las recuerden). En esa labor de análisis de las tropelías del poder político y las oligarquías financieras, el trabajo de Navarro, Torres y Garzón es impecable, salvo la elusión deliberada de algunas de las fechorías que practicaron los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, como la congelación de las pensiones y el recorte de los salarios de los funcionarios.

Ahora bien, cuando al final de cada capítulo se ofrece una alternativa a esas políticas, el mensaje es bastante más delicuescente. «Antes que nada lo que España necesita es más democracia para que los gobiernos cumplan con la voluntad de la mayoría de la población y para que no obedezcan a la de los banqueros y los grandes propietarios», dicen en uno de sus capítulos. Como principio ideológico me puede parecer estupendo pedir más democracia y participación ciudadana, pero no creo que esos axiomas humanistas sirvan por sí solos para reducir el déficit ni para crear empleo. Al margen de que tampoco tengo muy claro cuál es «la voluntad de la mayoría de la población», y cómo transformarla en decreto-ley para garantizar las pensiones o las prestaciones de desempleo.

La obra y la trayectoria intelectual del escritor José Luis Sampedro resumen como ninguna otra esta corriente de pensamiento, cuyos detractores gustan de tachar de «buenismo». El nonagenario economista insiste en sus últimas entrevistas y conferencias en que estamos asistiendo al final de un ciclo del capitalismo —«la etapa del dinero»— que arrancó en el siglo XV, para alumbrar otra era gracias al empuje de los jóvenes que «ya viven en otra época», y ya no buscan como fin primordial ganar dinero y acumular riquezas. La rebelión de los jóvenes en movimientos como el 15-M son un signo y el comienzo de esa nueva etapa más solidaria, dice.

Desde luego que por muy naïfs que me parezcan sus reflexiones insisto en que prefiero leer los análisis del autor de La sonrisa etrusca que las proclamas de expertos oficialistas. Uno de los paradigmas de estos opinadores sabelotodo, que han fallado en todas y cada una de sus previsiones, es Juan Iranzo, que ha respaldado todos los ajustes del PP e incluso clama por una mayor austeridad. Que yo sepa, Sampedro vive modestamente de sus libros y de su pensión, mientras que Iranzo, además de ser decano del Colegio de Economistas, es vocal de la Comisión de Control de Caja Madrid (sí, la misma que ha tenido que ser rescatada con ayudas públicas), consejero de la constructora San José, consejero de Fertiberia, asesor de Capgemini y de Agbar y consejero de Red Eléctrica, empresa controlada por el Estado. Además, compatibiliza todas estas ocupaciones con su sueldo de funcionario como catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), al que no me consta que haya renunciado, pese a su defensa numantina del recorte del sueldo de los empleados públicos o su despido. Como tampoco me consta que haya pedido perdón por todas las previsiones erróneas del Instituto de Estudios Económicos (IEE), del que es vicepresidente, ni por clamar hasta hace bien poco contra los que poníamos en duda la salud de bancos y cajas, al mismo tiempo que cobraba más de 100.000 euros al año de la intervenida Caja Madrid, de cuyas cuentas falsas nunca nos informó el catedrático.

Pero pese a su honestidad intelectual, no puedo compartir el vaticinio de Sampedro de que el capitalismo agoniza y de que se alumbra una nueva sociedad, gracias al empuje de jóvenes generosos y solidarios que han dejado de pensar en el dinero como máxima vital. Más bien, creo que está ocurriendo justamente lo contrario. El capitalismo tiene más pujanza que nunca. Y, desaparecido el comunismo por la caída del Muro y alentado por el nuevo edén de la globalización que le ofrece con una mano de obra barata inagotable, ya no tiene ningún contrapeso que le frene. Puede campar a sus anchas hasta en el último confín del planeta, sin las ligaduras de los Estados sociales que se crearon en Occidente tras la segunda guerra mundial. El capitalismo arrasa, refulgente en toda su dureza, sin derechos laborales que suavicen su voracidad, sin contrapartidas sociales, sin tapujos socialdemócratas o humanistas. Capitalismo en estado puro: producir y consumir con el máximo beneficio. Aquí, en China o en África.

2. El 15-M es una anécdota de color. No habrá revolución

Las manifestaciones de jóvenes indignados contra los evidentes excesos de este capitalismo salvaje y la creciente desigualdad que genera no dejan de ser un rumor apenas imperceptible frente al poderoso rugido de los devotos del dios Dinero, una anécdota de color para rellenar los telediarios tras la crónica bursátil y las cifras del desempleo, y justo antes de los resúmenes futbolísticos y el tiempo.

El 15-M en España ilustra muy bien esta batalla perdida. Como tantos otros, también yo me acerqué con curiosidad a la Puerta del Sol en los orígenes del movimiento, en la primavera de 2011, y me emocioné viendo la esperanza virgen resplandeciendo en los rostros de esos jóvenes reunidos en la plaza, la ilusión con la que defendían los lemas utópicos de sus pancartas y la candidez de sus proclamas en las asambleas participativas. Es loable en particular la resistencia que opusieron a ser instrumentalizados por los quintacolumnistas del PSOE, disfrazados de blogueros o de exitosos (y millonarios) showmans de La Sexta. Y en contra de la visión ruin que se ha intentado dar de ellos desde la derecha como «peligrosos antisistema», yo sí creo en la honestidad (otra vez la palabra mágica) del 15M, y en la franqueza de sus planteamientos imposibles, como he defendido en mis columnas en El País, y en la valentía de su «ni PP ni PSOE» como lema de partida para regenerar el sistema que estas formaciones han pervertido desde la transición, enquistándose en el poder. Pero, lo siento, dudo mucho de la efectividad de su protesta.

Por mucho que estética y emocionalmente nos impresione ver una marea de manos blancas como las que agitaban en las plazas los chicos y chicas del 15-M, esa forma de oponerse al sistema es como intentar rendir un rinoceronte buscándole las cosquillas en el sobaco. El capitalismo del siglo XXI tiene la piel demasiado dura para que le duelan las cosquillas de las manos blancas del 15-M.

No se hicieron las revoluciones con palmas al aire ni con consignas ilusorias sino con adoquines y sangre. Corríjanme, pero no conozco ni una sola revolución que haya triunfado a base de lemas y buenas intenciones. Desde la americana hasta la soviética, o la reciente de la primavera árabe, todas han derramado un generoso caudal de sangre. Queridos amigos del 15-M, los niños galeses no salieron de las minas en el siglo XIX porque los potentados sintieran lástima de sus caritas tiznadas y de los lamentos de sus progenitores. Hubo huelgas, quema de propiedades, cargas policiales y sangre. Y lo mismo sucedió con la abolición de la esclavitud y con cada uno de los derechos laborales conquistados en el siglo pasado. Uno por uno. A fuerza de disfrutar de esos derechos en el mundo occidental, nos hemos creído que eran gratis, que estaban incluidos en el contrato. Bastaba con nacer y ya los tenías garantizados. Por eso, ni siquiera nos hemos planteado cómo defenderlos si se ponían en peligro. Como dije al comienzo de este libro, hemos vivido un paréntesis de prosperidad general, una excepción de cuatro o cinco décadas, que hemos creído norma. Ese periodo de comodidad nos impide ahora reaccionar ante el capitalismo de rostro duro que se avecina, y al que las manifestaciones y las marchas simbólicas no le van a arredrar para arrebatar de un hachazo todos esos derechos sociales que tanto costaron conseguir. No lo tomen como una incitación a la violencia. Es, simple y llanamente, la constatación de una realidad histórica: sin violencia, no hay revolución. Y aún estamos demasiado acomodados para lanzarnos a la calle con una piedra en la mano.

Otros lo ven distinto. Hay una creciente corriente de opinión que predestina que el deterioro irrefrenable de los niveles de bienestar motivará verdaderas insurrecciones, con graves enfrentamientos como ha ocurrido en la primavera árabe (más bien, le llamaría el invierno árabe en vista de los niveles de intransigencia integrista hacia donde está derivando). Uno de ellos es Paul Farrell, analista de The Wall Street Journal, quien, haciéndose eco de esa línea de pensamiento, pone en entredicho la recuperación en Estados Unidos que proclama Obama, predice un cataclismo económico y una revolución social en el país, si no se frena el poder impune de lo que él llama «los súper ricos». «El espejismo de los súper ricos que está destruyendo el sueño americano para el resto de nosotros», escribía en un artículo en su diario, en abril de 2011.

«Los súper ricos no se preocupan por usted», exhorta a sus lectores, porque viven al margen de la crisis, a lo sumo se inquietan «en abstracto» por el bienestar del país, envueltos en una burbuja en la que «disfrutan de vacaciones en los mejores resorts, de los mejores profesores de pilates, el mejor masajista, los mejores cirujanos y las mejores escuelas privadas para sus hijos». «Y nada de lo que se escriba va a afectarles.» Y acababa: «No digan que no fueron advertidos. Tienen tiempo para preparar la revolución que se avecina. O los ricos comienzan a pagar impuestos o se enfrentarán a una revolución.»

No puedo estar más de acuerdo con el análisis inicial que hace Farrell, que trabajó para Morgan Stanley, de cómo los súper ricos, el 1 por ciento de la población, sienten un desprecio absoluto por las preocupaciones del 99 por ciento restante de sus conciudadanos, pese a que la brecha entre unos y otros no había sido tan grande desde la Gran Depresión de 1929. Sólo el «engaño» o el «espejismo» que lanza esta clase privilegiada desde sus diversas tribunas, ya sean políticas o mediáticas, impiden a la gente darse cuenta de que estamos a punto de vivir otro colapso como el de hace casi un siglo.

También coincido con Farrell en que «el 93 por ciento de lo que se oye acerca de los mercados, las finanzas y la economía son conjeturas, ilusiones y mentiras con el único fin de manipular en la toma de decisiones para sacar el dinero de los bolsillos» de la gente. «Ellos se enriquecen diciendo mentiras sobre los valores. Odian las normas de la SEC [regulador de la Bolsa deEstados Unidos] que les obligan a decir la verdad.» Y pone un dato como ejemplo: en los últimos diez años, el 20 por ciento de los fondos de pensiones de los trabajadores —10 billones de dólares— se ha esfumado en Wall Street.

Pero en mi impenitente pragmatismo, no creo ni de lejos que esa situación de desigualdad y ese absolutismo de los súper ricos vaya a provocar revolución alguna, ni en Estados Unidos ni aquí, como pronostican muchos analistas que creen que en Occidente se pueden reproducir alzamientos como los de la primavera árabe.

No habrá primavera occidental similar a la que ha sacudido el Norte de África. Primero, porque aquí nos queda aún mucho que perder en comparación con los desarrapados africanos o árabes y, segundo, y más trascendental, porque el bienestar vivido en las últimas décadas nos ha dejado indefensos, sin anticuerpos para enfrentarnos al sistema y sus infecciones. Y no tenemos ningún ideal al que agarrarnos, ni siquiera uno tan primitivo y resbaladizo como el religioso que animó la primavera árabe. Frente a los que auguran grandes revueltas en Occidente, intuyo que no irán más allá de algaradas callejeras, organizadas por partidos y sindicatos que forman parte del sistema (y cuyos miembros se financian y viven generosamente de él), así que no les conviene ninguna revolución que destruya su hábitat.

3. Bienvenido al tercer mundo

En ese contexto, y abusando de mi bola de cristal, para España sospecho un brutal deterioro de las condiciones de bienestar, paralelo a la caída en picado de la renta de asalariados y pensionistas sin que ello se traduzca en convulsión social alguna. Habrá protestas, claro que las habrá, como en Grecia y en Portugal, pero el sistema se mantendrá intacto, tanto en lo político (partitocracia) como en lo económico (plutocracia), como les ha sucedido a los griegos y a los portugueses, cuyos partidos mayoritarios se siguen alternando en el poder, como si nada pasara, y sus ricos siguen viviendo en sus barrios exclusivos, al margen del otro mundo y sin temor alguno a la ira de los pobres y sus esporádicas rabietas.

También en nuestro país poco a poco los tumultos, multitudinarios al principio, se despoblarán con el tiempo de manifestantes. Y el conformismo irá ganando la partida a los motines. Nos aguantaremos con los que nos den: trabajos precarios, pensiones de caridad o servicios sociales de urgencia. La única salida laboral digna será la emigración. Y los que ahora protestan por la falta de cobertura sanitaria para los inmigrantes ilegales van a sufrir en sus carnes lo que es una sanidad sinpapeles, porque habrá una asistencia para ricos, eficiente y de pago, y otra para el resto, con listas de espera interminables y de copago. Y lo mismo sucederá en el terreno de la educación. Los que padezcan la deteriorada escuela pública, tendrán posibilidades casi nulas de escapar a su estrato inferior. Los que se eduquen en la escuela y las universidades privadas, tanto nacionales como en el extranjero, disfrutarán de la élite social y laboral, heredando los puestos directivos de sus progenitores.

Ese determinismo ya se está produciendo, incluso en política, que se ha convertido en una carrera profesional muy cotizada y, por tanto, restringida a una casta y sus parientes. A lo sumo, los nacionalistas catalanes y vascos agitarán con más fuerza el fantasma del separatismo para tapar frente a sus votantes su ineficacia frente al desempleo o la crisis. Pero no podemos calificar de revolución a algo que no dejará de ser una manifestación desde dentro del sistema.

Si estiman que le echo mucha imaginación se equivocan. Mi inspiración es de lo más realista. Me ha bastado con comprobar en mis viajes y en mis lecturas cómo viven desde hace décadas millones de latinoamericanos y asiáticos. Y ése es precisamente el destino que nos espera, y al que vamos encaminados desde hace años. ¿Han detectado muchas revoluciones en Argentina, México o Tailandia en los últimos años, por ponerles algún ejemplo? Ha habido caceroladas, algaradas y protestas esporádicas, que incluso a veces han provocado cambios de gobierno como en el caso tailandés. Pero revolución, cambio de sistema, no ha habido ninguna. En Argentina gobiernan los peronistas y en México ha vuelto el PRI, exactamente como hace setenta años. Pregunten, pregunten cómo es la vida cotidiana de argentinos y mexicanos, sobre todo en las grandes urbes, rodeados de sus villas miserias y sus ranchitos, donde se hacinan los desarrapados, y forman parte del paisaje social desde siempre.

Poco ha cambiado en aquellos países pese a que se insista en la caída de la pobreza. La proporción de población chabolista disminuyó del 33 por ciento en 1990 al 24 por ciento en 2010 en las ciudades latinoamericanas, pero la cantidad absoluta de los habitantes de esas chabolas aumentó de 106 a 111 millones, según el último informe ONU Hábitat.

El modelo de esos países y de tantos otros es el de una clase dirigente, con todos los privilegios y las comodidades de los lugares más desarrollados, frente a la enorme mayoría de la población luchando sólo por la supervivencia. Cierto que existe una clase media pero, desde luego, no responde a los estándares de bienestar de la nuestra, y su número está hinchado por las estadísticas oficiales. Esa convivencia natural de súper ricos con una mayoría de pobres es lo que les define, y lo que yo denomino tercer mundo moderno.

Y a ese tercer mundo es al que nos encaminamos, sigilosamente, sin grandes protestas. Un tercer mundo con conexión de fibra óptica, Wi-Fi, smartphones y televisión por satélite. Pero también con la vuelta a las chabolas. Cada vez más gente común va a descender a ese peldaño tan estrecho que separa la clase media de la pobreza. Una capa de la población creciente que ya no podrá «vivir como una persona decente», porque sus ingresos de subempleos temporales o de trabajos en negro ni siquiera le permitirán hacer frente a los gastos comunes e ineludibles como alquiler, luz, agua, teléfono, seguro del coche y pago de tasas municipales. Las familias se hacinarán en las viviendas, con cada vez más generaciones (abuelos, padres y nietos) juntas. Los ricos serán cada vez más ricos o, por lo menos, igual de ricos pero en un ecosistema general de pobres, lo que hará brillar aún más su fortuna. A lo sumo, tendrán que incrementar sus gastos en seguridad para mantener a buen resguardo sus búnker de oro.

La peor parte de esa inseguridad ciudadana, que obviamente se disparará, se la llevará una vez más la clase media empobrecida. Coger un taxi o caminar de madrugada por la calle de una gran ciudad va a conllevar cierto nivel de aventura. Pregúntenle a los mexicanos que salen de fiesta por la noche por qué andan kilómetros de regreso a sus casas en lugar de parar un taxi. O por qué en las grandes urbes de Brasil los semáforos nunca se cierran y parpadean durante toda la noche. Los taxistas no son muy de fiar en México DF cuando oscurece. Pueden convertirse en secuestradores. Y en Río de Janeiro o São Paulo no es muy recomendable detener el coche de madrugada. De estas cosas no les suelen hablar en las web oficiales de turismo ni en los programas de la tele digital sobre viajes, pero ocurren.

En el paisaje social español serán cada vez más comunes esos miles de vendedores de cualquier cachivache, buscavidas y excluidos en general con que se topan los turistas cuando van de vacaciones, y visitan los monumentos o se tumban en las playas y se ven incordiados por esta tropa ambulante sin oficio bien definido.

No seguiré. Sé que el panorama que les pinto no es muy sugestivo y que su primera reacción será rebelarse contra un pronóstico tan siniestro. Sobran agoreros y no puedo convencerles de que yo no pertenezca al club. Y, además, les supongo adictos a la teoría tan popular como socorrida de que «alguien hará algo para que no lleguemos a eso». No creo en los salvadores por generación espontánea, pero ojalá que llegue ese alguien. Y que me equivoque. Ojalá.

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España, destino tercer mundo

Ramón Muñoz

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