FOCA INVESTIGACIÓN / 115

Ramón Cotarelo

MEMORIA DEL FRANQUISMO

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A Héctor Cotarelo

Lächelnd scheidet der Despot,

Denn er weisst nach seinem Tode

Wechselt Willkur nur die Händ

Und die Knechtschaft hat kein Ende.

HEINRICH HEINE

[El déspota muere con una sonrisa,

pues sabe que después de su muerte

la arbitrariedad sólo cambia de mano

y la esclavitud no conoce fin.]

Capítulo I

Antecedentes

Éste no es un ensayo de historia. El autor no es historiador, sino politólogo. Trata de entender y explicar la realidad política contemporánea, y si echa mano de la historia es en la medida en que el presente hunde sus raíces en el pasado y se hace preciso también entender éste. Pero no lo hace solamente al modo de los historiadores, buscando la verdad de los hechos pasados, sino tratando de encontrarles su sentido para la explicación del presente. Ciertamente el término «sentido» es problemático y sospechoso; pero también lo es el de «verdad». En el fondo, todo son interpretaciones. El conocimiento, sea del presente o del pasado, avanza enfrentando interpretaciones para quedarse con la más convincente, que acaba siendo una mezcla de las enfrentadas y alguna otra y con su validez históricamente delimitada. Además, suele no ser convincente para toda la parroquia, sino sólo para los ya convencidos o los que tienen tendencia a estarlo.

De lo que se quiere hablar aquí es del sentido del franquismo. Es decir, se ofrece una interpretación de éste que tendrá en cuenta otras anteriores pero no se ceñirá a ellas, y también se enfrentará a otras y polemizará con ellas. El punto de partida del ensayo, para que nadie se llame a engaño, es que el franquismo fue una vergüenza, una indignidad y una desgracia para el acontecer colectivo de España y que sigue condicionando para mal el presente del país. Es una declaración imprescindible al comienzo de esta lectura. No es malo que uno tenga preferencias, entre otras cosas porque es imposible no tenerlas, pero sí es inexcusable que uno las declare de entrada y trate de justificarlas a riesgo de que alguien le demuestre a uno que está en un error, un riesgo que se debe correr siempre que se pretenda debatir en serio. Por lo demás, será la única manifestación de subjetividad del ensayo. El resto pretende ser una reflexión distanciada sobre el franquismo y su pervivencia en la España actual, en la que se han tratado de suprimir las experiencias, percepciones y vivencias personales que quedarán para unas posteriores memorias ya en proceso de elaboración.

Desde el punto de vista histórico, factual, sobre el franquismo y sus antecedentes queda poco por decir. Prácticamente se sabe todo. Los hechos, sus consecuencias, los datos. Incluso se ha documentado ya la existencia de unas 130.000 personas ejecutadas o asesinadas desde el fin de la Guerra Civil hasta el decenio de 1950, personas desaparecidas y cuyos cadáveres se habían enterrado en fosas comunes, anónimas, ocultas para que nadie pudiera dar con ellos y devolverles su nombre. Hay, creo, un acuerdo general entre los historiadores en el sentido de que lo sabemos casi todo de la guerra y en gran medida, grosso modo, de la posguerra.

Y digo casi todo porque en algunos aspectos sigue habiendo descubrimientos o redescubrimientos de importancia. Por ejemplo, sólo recientemente se ha sacado a la luz un crimen de la dictadura del que prácticamente no se sabía nada, pues ésta lo había ocultado celosamente: lo sucedido con los hijos de los rojos, en concreto los hijos de los fusilados y los críos que los franquistas robaban a las madres presas y quizá también fusiladas. Los niños recogidos cuyo rastro se perdía luego en los recovecos del Auxilio Social, en instituciones como el Patronato de San Pablo o en transacciones entre particulares en una época en la que los vencedores podían hacer lo que quisieran. De esta forma, esos niños secuestrados, desaparecidos, entregados como hijos, criados o esclavos a familias adictas al régimen de Franco, más de 30.000, han empezado ahora a surgir de la oscuridad, de la nada, del limbo en que estuvieron olvidados por los historiadores y el conjunto de las generaciones posteriores.

Este episodio siniestro del franquismo reapareció hace unos años sucesivamente tratado desde distintos puntos de vista: el de un historiador (Vinyes, 2002), el del mismo historiador y dos periodistas en un libro (Vinyes, Armengou y Belis, 2002), un documental de la catalana TV3 que tuvo gran repercusión allí en donde se exhibió, Els nens perduts del franquisme, de Montse Armengou y Ricard Belis (Armengou y Belis, 2002), el de un psiquiatra famoso (González Duro, 2005), y la obra de algún escritor de sobrados méritos que lleva tiempo removiendo la causa de esos niños robados (Prado, 2006), que ha sabido dar con la fuerza dramática del asunto al preguntar: «¿Será usted un niño robado por el franquismo?»[1].

Probablemente, el horror que trasmite este episodio sea el que justifique que, salvo en algunos puntos del país, las denuncias más arriba citadas hayan tenido mucho menos repercusión de lo que cabría esperar, como denuncia Vicenç Navarro[2]. Y no sólo esto. No es disparatado sostener que su dimensión, el problema que plantea al «imaginario colectivo» español, sea lo que explique (pero no justifique en modo alguno) que el intento del juez Garzón de hacer justicia en este asunto lo haya llevado a la destitución y al exilio a petición de los franquistas, con la sanción de otros jueces y magistrados con un interés poco vehemente en que se haga dicha justicia a las víctimas del franquismo, especialmente a éstas singularmente desprotegidas que fueron los niños. A veces los lazos del pasado dan la dimensión real de la moralidad del presente. Porque es obvio que quienes más protestan hoy en contra de la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo y más defienden los derechos del nasciturus son quienes ayer bendijeron el robo de miles de criaturas con fines que podemos imaginar pero que ellos no han aclarado. La Iglesia, por ejemplo.

Existía en España la idea de que esos horrores de robar niños y distribuirlos después por vaya uno a saber qué razones eran cosa de la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Es público que aquello fue un quilombo. Pero es que la República del Plata seguía aquí, aun sin saberlo, como en otras cosas, el ejemplo de la Madre Patria, por cuanto el franquismo mantuvo una práctica de saqueo y posterior reparto de criaturas robadas de carácter sistemático como política de Estado. Así dice Ricard Vinyes:

La violación de los derechos humanos en el caso español fue tan sistemática y exhaustiva, en tiempo de paz, como lo permitieron las posibilidades del Estado. Sus actos no fueron esporádicos, ocasionales o accidentales, sino deliberados y organizados legalmente, excepto en el caso de los raptos producidos en distintos países europeos por agentes del Servicio Exterior de la Falange, donde sí tuvieron que actuar clandestinamente para efectuar el secuestro[3].

Fue pues política planificada, pensada, de Estado y con justificación «científica». El psiquiatra más afamado del régimen de Franco que, a día de hoy, da nombre a una calle en Madrid, el Dr. Antonio Vallejo-Nájera, militar él mismo, jefe de los servicios psiquiátricos militares y director de un gabinete de investigación en un campo de concentración de republicanos, sostenía que el marxismo es una forma de neurosis, por lo que concluía que era preciso separar a los niños de sus progenitores cuando eran rojos para así impedir que ellos también lo fueran, es decir, que enfermaran:

La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya la habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos. La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible (Vallejo-Nájera, 1939).

Que estas tonterías pasen por ciencia es llamativo y premonitorio para ponernos en guardia acerca de cuántas teorías «científicas» se verán mañana como tonterías. En fin, alguien que identifica una doctrina filosófica con una patología psíquica, lo hace en nombre de la ciencia y con ello posibilita que se cometan atrocidades sin cuento con miles de víctimas en la mayor impunidad no es otra cosa que un auxiliar consciente de un genocidio, si no un genocida él mismo. Y el hecho de que un colaborador o instigador directo de un genocidio tenga calle en Madrid prueba hasta qué punto la transición es compleja.

¿Cómo no iban estas creencias a ser caldo de cultivo ideológico del genocidio cuando la misma lumbrera escribía?:

Cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer [...] entonces se despierta en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas, característica de la crueldad femenina que no queda satisfecha con la ejecución del crimen, sino que aumenta durante su comisión [...] Además, en las revueltas políticas tienen la ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes[4].

O sea, robar los hijos a estas espantosas arpías era un deber cristiano.

Lo que se enfrenta en los conflictos referidos son interpretaciones, porque sobre los hechos hay una especie de acuerdo general. Incluso cuando aparece algún documento de primera importancia, bien por su contenido o por la personalidad de su autor, como sucedió hace un par de años con los papeles del general Rojo utilizados por su descubridor Jorge Martínez Reverte en una historia de la Guerra Civil (Martínez Reverte, 2009), así como una historia del mismo general Rojo también editada por Martínez Reverte (Rojo, 2010), la nueva información que aporta perfila o matiza unas u otras interpretaciones de los hechos, pero no contradice el relato más aceptado del fenómeno o de parte del fenómeno.

El régimen de Franco ha tenido muy buenos historiadores, casi todos antifranquistas. Los que no son antifranquistas han tratado de mantener una prudente equidistancia o neutralidad entre Franco y sus enemigos, tanto durante la guerra como durante la posguerra. Los historiadores franquistas son de otro carácter. Su obra suele ser justificativa cuando no hagiográfica. Es decir, de una gran parcialidad. Lo mismo puede decirse de los historiadores antifranquistas, y de hecho los franquistas lo hacen. Pero su razonamiento no es enteramente correcto por un motivo simple: se puede ser antifranquista desde posiciones intelectuales, políticas, filosóficas, morales y hasta religiosas muy distintas, mientras que el franquismo muestra un notable monolitismo de convicciones, sobre todo de carácter moral y religioso. Poner de acuerdo a gente de distintas convicciones morales y políticas acerca de la interpretación de un relato requiere que éste sea muy matizado, medido y verosímil, mientras que en el caso de la unidad monolítica el relato no tiene por qué pasar por tal cedazo, sobre todo, además, porque su auditorio es mucho más militante que el de otras orientaciones. Militante quiere decir falto de sentido crítico y proclive a dar por buena una interpretación no porque sea la más lógica, sino porque es la que sostienen las autoridades que uno respeta o porque lleva a las conclusiones que uno quiere ver probadas de antemano. Debe decirse que esta forma de historiar adoctrinando también se da en cierta izquierda, concretamente la comunista, como señala Jorge Martínez Reverte hablando de la Guerra Civil Española[5].

Reitero. El franquismo fue una vergüenza: un sistema dictatorial que redujo a la población a un estado de minoría de edad, sin autonomía ni dignidad. El caudillo, centinela de Occidente, tomaba las decisiones ante la historia y ante Dios y, es de suponer, también ante sí mismo. La gente no contaba, salvo aquella que manifestaba su adhesión al régimen a través de las entidades o corporaciones tradicionales y naturales, esto es orgánicas, la familia, el municipio y el sindicato. Esa gente disfrutaba del privilegio de un reducido derecho de autonomía y una todavía más reducida libertad de expresión. De ella se esperaba un grado de discrepancia en asuntos fútiles, llevadero para un régimen político que se basaba en la ciega obediencia y unidad de parecer de sus beneficiados, en la lealtad inquebrantable al caudillo que los había llevado a la victoria. El resto de la población, gente nada de fiar, potencial enemiga.

La condición ciudadana en el franquismo era enteca, subordinada y no suponía la existencia de una persona titular de derechos y libertades anteriores al Estado, sino una especie de recluta al que se reconocían algunos contados derechos, entre ellos el de libertad de expresión mientras no atentase «a los principios fundamentales del Estado», según rezaba el artículo 12 del Fuero de los Españoles de 1945. El ciudadano era un recluta porque ya el artículo 2.º de dicho Fuero decidía que «Los españoles deben servicio fiel a la Patria, lealtad al jefe del Estado y obediencia a las leyes», y el artículo 7 remataba: «Constituye título de honor para los españoles el servir a la Patria con las armas. Todos los españoles están obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la Ley».

No eran ciudadanos, eran mesnadas, porque, a su vez, la Ley no era otra cosa que la voluntad omnímoda del dictador, según advertía el preámbulo de la Ley Constitutiva de las Cortes de 1942 al decir «continuando en la Jefatura del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general», mientras esas mismas Cortes que se creaban no pasaban de ser un «eficaz instrumento de colaboración en aquella función, principio de autolimitación para una institución más sistemática del Poder», según la misma Ley. Es decir, los españoles estaban obligados a servir a la patria con las armas en la mano conforme determinara a su voluntad el general Franco, quien decidía así sobre la vida o la muerte de sus súbditos. Las Cortes, el Parlamento, no eran sede e incorporación del poder legislativo, ya que éste residía en el caudillo, sino que simplemente eran una graciosa concesión de éste, quien así mostraba su buena voluntad, queriendo autolimitarse en el ejercicio del poder. Las Leyes Fundamentales de Franco no eran una Constitución en ningún posible sentido del término, pero, de serlo, habría de clasificarse como Carta otorgada, al estilo de la de Luis XVIII en Francia.

Los súbditos, las mesnadas, eran hombres a los que como tales se reconocía en el citado Fuero de los Españoles, modificado por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, su pomposa condición de portadores «de valores eternos y miembros de una comunidad nacional, titulares de deberes y derechos». La idea más clara de la distancia que había entre esa bombástica definición y la condición ciudadana real de los españoles la da la famosa y apócrifa cita en la que Franco, al parecer, aconsejaba a alguno de sus ministros: «Haga como yo: no se meta en política» (Payne, 1999). Todos los españoles tenían garantizado por Ley Fundamental el derecho a participar en la vida pública a través de las instituciones y a reunirse y asociarse «para fines lícitos», pero lo mejor era no «meterse en política».

La cuestión es bajo qué supuestos cabe defender un régimen de esta naturaleza, una dictadura personal en la cual los hombres no están sometidos a la racionalidad de la ley, sino al capricho del dictador. Esto es: cómo puede defenderse aquella forma de gobierno que la Filosofía política desde Aristóteles considera como la más detestable, la tiranía. A diferencia de lo que sucedía durante la dictadura, en que todo eran ditirambos a los aspectos más sórdidos y delictivos del régimen, acabado éste, sus partidarios, tras enmudecer una temporada, no se atreven a defender claramente lo que a todas luces es indefendible y lo hacen de modo vergonzante e indirecto. De un lado no se osa ensalzar la tiranía por sus méritos, porque eso ya no se arriesga a hacerlo más que un puñado de lunáticos y los que viven de glorificar la memoria del genocida. De otro lado, sin embargo, arman un discurso que atribuye a la dictadura la condición de mal menor y excepcional o, si se quiere, mayor eficacia, pero siempre excepcionalidad y brevedad, como se sigue de la práctica romana, creadora de la figura. El inconveniente en el caso de la dictadura franquista es que duró cuarenta años y sólo se extinguió por la muerte del dictador, lo quiere decir que si, por un milagro, éste hubiera dado en ser inmortal, inmortal sería su régimen y eterna la servidumbre de los españoles. En resumen, nadie con una cultura y una sensibilidad de mediano fuste puede defender de buena fe un régimen genocida, salvo los mercenarios.

Poco más hay que decir respecto a la excepcionalidad, salvo dejar constancia de cómo la justificación teórica de la dictadura de Franco acabó acuñando una expresión tan absurda en su contenido como en casi todas las fórmulas que empleaba. Como quiera que la estructura constitucional del régimen abarcaba un periodo constituyente de unos treinta años entre la primera y la séptima de las Leyes Fundamentales, sus panegiristas hablaban de un «proceso de institucionalización». Esto es, la dictadura se justificaba mediante la institucionalización de lo excepcional y transitorio. Su elevación a definitivo. Cómo pueda darse eso por bueno es lo que resulta incomprensible a los ojos de la razón. Porque normalmente los sistemas políticos no son más que institucionalizaciones de actos de fuerza; pero esos actos de fuerza se ven a sí mismos como definitivos (así normalmente las revoluciones) y no como excepcionales y transitorios. De forma que, se mire como se mire, la justificación de la dictadura de Franco sólo puede hacerse a costa de suscribir un enunciado perfectamente absurdo, el de la institucionalización de la transitoriedad. Absurdo desde el punto de vista lógico, pero muy dañino desde uno ético o cívico. El hecho de vivir en una transitoriedad institucional no facilita la generación de lazos de lealtad, por cuanto no configura un sistema de valores y principios dignos de adhesión por sí mismos. El franquismo sostenía que el hombre nace miembro de una comunidad nacional, pero no ha habido régimen en la historia de España que haya sido menos nacional que el surgido de la victoria en la Guerra Civil del bando llamado «nacional».

En verdad, la defensa de la dictadura de Franco sólo puede hacerse presentándola como lo que es, el resultado de la Guerra Civil, pero interpretando ese resultado como el resurgir, el renacimiento de la España eterna, asediada por el enemigo interior que buscaba su destrucción. El triunfo en la Guerra Civil es la base misma de legitimidad del franquismo, que enlaza simbólicamente con la etapa imperial del pasado español. Ése es el punto de vista de los franquistas, del cual se sigue el hecho de que en 1964 celebraran con grandes alharacas los «XXV años de paz», entendiendo que ésta, la paz, era obra de Franco, quien precisamente había impuesto al país una guerra civil de tres años que produjo una matanza, la ruina económica y la marcha al exilio de miles y miles de españoles, entre ellos la elite intelectual y profesional del país.

Este nuevo absurdo ya era evidente entonces, pero no se podía decir, como no se podía decir nada que fastidiara al tirano. Pero ahora sí se puede hablar y lo primero que debe hacerse es contestar a la retórica del régimen que no habían sido «XXV años de paz», sino «XXV años de victoria», que no es lo mismo, y que se prolongaron por otros XI de más victoria. No es preciso repasar los conceptos fundamentales de la polemología moderna, recordando que el concepto de paz no puede basarse exclusivamente en la ausencia de violencia porque la violencia estuvo siempre presente en la dictadura de Franco, al principio de forma generalizada, luego más selectiva pero siempre sistemática. De esta forma, los defensores del franquismo tienen a su vez que justificar la Guerra Civil, cosa que hacen cargando las tintas en la interpretación de la República. Interpretación de la República y de la Guerra Civil de la que no se libra nadie que quiera reflexionar sobre el franquismo y sus pervivencias.

[1] B. Prado (2009), «Será usted un niño robado por el franquismo?», El País, 16 de enero.

[2] V. Navarro (2008), «Los niños perdidos del franquismo», El País, 24 de diciembre. El día de Nochebuena precisamente.

[3] R. Vinyes (2010), «Infancias perdidas», Público, 14 de agosto.

[4] Cit. en L. Quiñonero (2010), «Un marxista es un débil mental», El Mundo, 20 de enero [http://www.elmundo.es/cronica/2002/111/10116094 59.html].

[5] «“La República, dice usted, “‘no es el régimen que nos contaron’”. “El que nos contaron durante cuarenta años, desde luego que no. El que se contó desde algunas versiones de izquierda y desde el Partido Comunista, tampoco”». I. Bugallal (2010), entrevista a J. Martínez Reverte, en laopinionlacoruña.es, 28 de junio [http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2010/06/28/contraportada-jorge-martinez-reverte-militares-deberian-reconocer-herencia-general-rojo/395750.html].

Capítulo II

La República y la Guerra Civil

Los debates sobre el carácter de la República y la Guerra Civil, un tema vivo y coleando en las conversaciones en la esfera pública y también en las privadas, no son sobre cuestiones de hecho, en las que reina un acuerdo general más o menos tácito, más o menos expreso, como ya se ha dicho. Aquí y allá emergen de pronto debates locales acerca de si determinada matanza fue cierta o no y, si lo fue, acerca de la autoría o de cómo, en concreto, se llevó a cabo. Pero en líneas generales hay acuerdo común sobre lo que sucedió.

El problema comienza cuando se escudriñan la República y la Guerra Civil en busca de un acontecimiento que sirva para legitimar el franquismo, que obviamente no puede aparecer como lo que realmente es, es decir, como el resultado de una rebelión militar, como la ruptura de la legalidad republicana y como un acto de desnuda violencia política. La cuestión consiste en encontrar una ruptura de la legalidad republicana, pero anterior a la franquista, que justifique ésta moralmente como consecuencia de aquélla. Aquí se procede a citar dos ejemplos, uno el de una ruptura concreta determinable, la de la insurrección de octubre de 1934, y el otro el de un clima general, un ambiente propio de la República hecho de violencia política cotidiana, inseguridad ciudadana y caos. Los dos fueron profusamente utilizados por los propagandistas del régimen y los dos se emplean ahora igualmente por quienes tratan de embellecer el franquismo, presentándolo como un «mal menor» frente al «mal mayor» del caos social o de la insurrección armada revolucionaria, cuando no como una época de inusitada placidez.

Sin embargo, esta forma de razonar no es convincente. En cuanto a la segunda línea de argumentación, esto es, el clima de inseguridad ciudadana, de desorden público, de atentados impunes en que se vivía en la República, el razonamiento es inane. Esas imágenes tremendistas, esos vaticinios apocalípticos, esos cuadros agoreros pertenecen al manual de la propaganda política más común y carecen de verosimilitud, sobre todo porque se difundieron durante los años posteriores a la guerra, cuando en España regía una férrea censura y el discurso sobre la República y la contienda civil estaba monopolizado por el bando vencedor, que utilizaba unas expresiones como «hordas rojas» u «hordas marxistas» y glorioso Movimiento liberador que permitían abrigar escasas esperanzas de que fueran a decir algo remotamente relacionado con la verdad.

Además, esta forma de razonar alarmista y catastrofista es típica de las ideologías políticas radicales en el juicio sobre el orden que critican y al que, en ocasiones, pretenden subvertir. Basta hojear algunas de las obras publicadas por la derecha española a mediados y últimos del decenio de 1980 para encontrar el paralelismo: el socialismo gobernante era el caos, todo estaba deshecho, la educación era un desastre, la corrupción campaba por sus respetos, la ruina económica acechaba tras cada esquina, los separatistas antiespañoles conspiraban frenéticamente para trocear lo que quedara de la otrora gran nación española y el desorden público, la delincuencia y la inseguridad alcanzaban proporciones de plaga bíblica (De la Cierva, 1989; Fernández de la Mora, 1986; Fraga Iribarne, 1986a, 1986b; Otero Novas, 1998). La coincidencia entre este tipo de escritos y la realidad no es un requisito, porque no se trata de enunciados de hecho y verificables, sino de propaganda que pretende crear una opinión, un clima, un estado de ánimo.

Aun así y aunque las aseveraciones sobre la situación de caos y criminalidad rampante bajo la República fueran estrictamente ciertas, ello tampoco justificaría un golpe de Estado, una rebelión militar por muy salvífica que quisiera presentarse y de hecho se presentara después de su victoria y durante decenios, hasta el final. En primer lugar, nadie en un orden social civilizado puede tomarse la justicia por su mano; tanto menos la injusticia, que no es otra cosa que la imposición del privilegio. Los simpatizantes del franquismo pueden decir que, en julio de 1936, la República hacía mucho que había dejado de ser un «orden social civilizado». La cuestión es que si nadie puede tomarse la justicia por su mano, tampoco nadie puede decidir unilateralmente qué es un «orden social civilizado».

Ciertamente, ese clima de violencia, atentados y criminalidad, en gran medida provocado por quienes lo utilizaron luego como pretexto para sus fechorías, se exacerbó a partir del 18 de julio de 1936 y más tarde cambió de carácter, a medida que se consolidaba el terror de las actividades comunistas, pero siempre podrá decirse con razón que se trató de una respuesta exasperada e incontrolada del pueblo y de algunas organizaciones no estatales ante la sublevación militar. En realidad, desde el momento en que se armó a los sindicatos y a los partidos políticos, se sentaron las bases para las actividades de los incontrolados, pero con ninguno de ellos cabe identificar al Gobierno de la República, que es lo importante en el asunto de los principios. Desde el punto de vista del orden público tradicional, aquella decisión fue un error duplicado, además por el hecho de que se procediera a prescindir de la parte del ejército que había permanecido fiel a la República, como con mucho tino sostenía el general Rojo[1]; desde el de la mera supervivencia del régimen democrático fue un acierto, ya que, habiéndose sublevado el ejército, la defensa de la República recayó en los primeros meses sobre todo en las milicias y las Brigadas Internacionales con el apoyo y coordinación de las fuerzas militares y de orden público leales. El precio que hubo de pagarse por ello fue el aumento de las actividades de los incontrolados; pero éstas no son achacables a las instituciones republicanas o, al menos, no del todo.

Sin querer justificar en modo alguno las circunstancias de inseguridad del Frente Popular es cierto que se dieron en tiempo de guerra, y de guerra de legítima defensa, ya que el ataque provino de los militares sediciosos. Es importante trazar una clara distinción entre el clima de inestabilidad política de la Segunda República y el estallido de violencia a raíz de la sublevación militar. Pretender justificar esta última por la violencia producida por ella misma es un ardid bastante tosco que sólo puede convencer a quien le dé igual lo que le digan. Sin embargo, es lo que siempre acaba consiguiendo la propaganda política con su tendencia a la amalgama y la confusión. Lo cierto no es que la sublevación de los militares felones se produjera porque había checas, sino que hubo checas porque los militares felones se sublevaron. En consecuencia, cabe condenar las checas y condenar a quienes las destruyeron, entre otras cosas porque ellos fueron quienes las provocaron en primer lugar.

En segundo lugar, y más en concreto al hablar de militares, los generales golpistas, además de perjuros, se situaron conscientemente fuera de la ley. El 20 de julio de 1936 el Gobierno de la República decretó la expulsión definitiva del ejército del general Franco y sus cómplices[2]. De forma que, desde el punto de vista de la legalidad republicana, España estuvo gobernada durante casi cuarenta años por una persona fuera de la ley, por un forajido en el sentido etimológico del término. Esto plantea un problema de muy complicada solución a las generaciones posteriores ya que, jurídicamente hablando, todos los actos de los gobiernos del general Franco y de las instituciones controladas por él son nulos de pleno derecho por proceder de autoridad ilegítima e ilegal. Ilegal por haberlo así dispuesto un Gobierno legítimo al que, por entonces, reconocían todos los demás Estados, incluidos aquellos que posteriormente ayudarían militarmente al general sublevado[3].

Es imposible desplazar este asunto del centro del debate político, ya que afecta a la base misma de legitimación del ordenamiento jurídico de España durante casi medio siglo y a lo que ha venido después. De aquí que la muy posterior Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, más económica y acertadamente conocida como, Ley de Memoria Histórica del primer mandato de Rodríguez Zapatero, intentando conciliar los aspectos legales con los políticos, trate de compensar a las víctimas de los crímenes políticos dejando intacto el ordenamiento jurídico del franquismo, porque si éste se pone en cuestión, obviamente por ello mismo se pone en cuestión la transición y, en una notable paradoja, el fundamento desde el que se aprueba dicha ley. Volveremos sobre esto más abajo.

Las consideraciones anteriores pretenden refutar el intento de encontrar una justificación de la sublevación militar en el clima, el estado de espíritu, el ambiente difuso de inseguridad y criminalidad que la República toleraba, si es que no lo suscitaba directamente. La conclusión es que todo eso no fue así. La República se empleó a fondo en garantizar la seguridad y el orden público, tanto durante el bienio azañista como en el «bienio negro». En el primer bienio se produjo el episodio de Casas Viejas que enajenó a la República la voluntad de los anarquistas; en el segundo, el de octubre de 1934, se trazó una línea divisoria entre la República burguesa y las intentonas revolucionarias.

Esta fecha concreta es la que establece la segunda propuesta de ruptura con el orden republicano. Tal interpretación culpa del conato de revolución e independencia de Cataluña a las fuerzas políticas de la izquierda y sostiene que es la causa (en el más ambiguo de los términos filosóficos, esto es, como justificación moral) del golpe franquista. Esta relación de causalidad entre un hecho histórico y otro es enteramente caprichosa, ya que las así llamadas causalidades históricas carecen de todo valor por no ser más que licencias del discurso. En verdad, el argumento es poco afortunado, porque el ir a buscar la justificación moral de un hecho fuera de él mismo equivale a dar por sentada la falta de legitimidad de ese hecho por sí mismo. Decir que sin octubre de 1934 no hubiera habido julio de 1936 es lo mismo que decir que en la Segunda Guerra Mundial sin unas escaramuzas fronterizas el asunto no hubiera llegado a los campos de exterminio. Y queda claro que los campos de exterminio son condenables.

Por lo demás esta interpretación sólo da cuenta de la mitad de la cuestión. La otra mitad, ya apuntada más arriba, es que la Revolución de Octubre de 1934 se hizo contra la República y que fue ésta, la República, la que envió contra los revolucionarios al general Francisco Franco, especie de Kornilov español, aunque con mejor suerte que el ruso. Pasar por encima de este hecho indica que, paradójicamente, quienes lo hacen avalan el sentido manifiesto de octubre del 34: una sublevación no contra la República, sino contra el ascenso del fascismo, como si esto fuera aceptable.

En fin, aunque todos los sublevados del 18 de julio tuvieran el pensamiento exclusivamente puesto en la necesidad de impedir que se reprodujera la violencia revolucionaria de 1934, o en el deseo de venganza, ello no haría la rebelión militar menos delictiva ni más legítima. Por supuesto. Y quien la utiliza como defensa se limita a valerse del argumento del tu quoque, que es una evidente falacia que no ha sido nunca convincente, porque los delitos de unos jamás podrán justificar los de otros.

Pero es que, incluso si se quiere aceptar ese terreno de las causalidades históricas, no hay por qué quedarse en la Revolución de Octubre de 1934. También debe recordarse la «sanjurjada» de agosto de 1932 en Sevilla, que fue asimismo un golpe militar contra la República en toda regla. Resultaría que el golpe militar de julio de 1936 es respuesta a la Revolución de Octubre de 1934 que, a su vez, (¿por qué no?) viene movida por la sublevación de Sanjurjo en Sevilla en agosto de 1932. Alguien puede decir que no hay relación alguna entre la «sanjurjada» y el octubre asturiano y seguramente será cierto. La cuenca asturiana no se subleva por lo que sucedió en Sevilla en 1932, sino por lo que estaba pasando en Madrid en 1934 y por algunas otras intencionalidades revolucionarias de más largo alcance. Pero de lo que no cabe duda es de la estrecha relación entre la sublevación militar de agosto de 1932 y la de julio de 1936, por cuanto entre los generales que se habían conjurado y llevaron la última a cabo estaba precisamente Sanjurjo, a quien la República condenó inicialmente a muerte, pena que conmutó por la de cadena perpetua y quien se benefició de un indulto del «bienio negro» en 1934, con lo que puede que sí hubiera concomitancias entre la «sanjurjada» y octubre de 1934. En todo caso, y ante ese hecho contundente, decir que en España no había una conjura de la derecha y de los militares para derribar la República ya desde sus orígenes es no querer ver lo que pasaba o tratar de falsearlo premeditadamente.

Y si la República merece ese juicio a los partidarios del franquismo, el que obtiene la Guerra Civil no es mucho mejor. Ya el llamarla así, «guerra civil», implicaba un acto de militancia, pues los franquistas no hablaban de «guerra civil», sino que utilizaban una serie de metáforas con finalidad justificativa evidente, como «Alzamiento», precedido del ditirámbico «glorioso» y seguido del patriótico «nacional» según los casos, «Movimiento» (tan «glorioso» y «nacional» como el Alzamiento), «Guerra de liberación» y hasta, por supuesto, «Cruzada». Una somera revisión de la retórica franquista dice mucho sobre la esencia de lo que luego sería un régimen adoctrinador y movilizador. Si los «nacionales» eran los del «Alzamiento» y concomitantes, los «rojos» eran los de la revolución bolchevique, a los que a veces se dedicaban expresiones pintorescas y bastante intercambiables, por ejemplo, las «hordas marxistas», reemplazable por las «hordas fascistas».

A los efectos de este ensayo nos interesa sobre todo esa actitud que consiste en sostener con simulado distanciamiento que en ambos bandos se cometieron «barbaridades», con lo que se quiere decir, y en realidad se dice con mucha frecuencia, que lo mejor es no remover las cosas del pasado ni hurgar en las viejas heridas cicatrizadas porque podrían reabrirse. Esto de las heridas cicatrizadas es error muy común cuando lo que nos muestra la experiencia es que, si las heridas están de verdad cicatrizadas, el andar hurgando en ellas no trae riesgo de reapertura. Las únicas heridas que se reabren cuando se tocan son las que cerraron en falso; no han cicatrizado, por lo que se reabren solas o hay que reabrirlas para curarlas. Reabrirlas, como las fosas comunes de la interminable posguerra española.

Por supuesto que en ambos bandos se cometieron «barbaridades», pero, como se ha dicho ya, las del bando republicano no eran actos deliberados del Gobierno de la República, que, con sus más y sus menos y en situación francamente precaria, continuó siendo un Estado de derecho. En una polémica entre intelectuales publicada casi toda en el diario El País[4], Joaquín Leguina equiparaba a los dos bandos, si bien él mismo sostenía luego en una réplica que no era así, pues no tenía duda alguna de que el bando franquista fue el único responsable de la Guerra Civil. Sin embargo, casi todas las respuestas que obtuvo (de Bru Purón, Lagunero, Grandes, Cercas, etc.) sostenían que, cuando menos, daba pie a la equiparación y así parece a una mirada ajena. Y no solamente porque las cuestiones de hecho sean incomparables, sino porque la misma interpretación tiene un error conceptual de base que se mencionará más abajo. Otro grupo trata de argumentar, o así lo entiendo yo, que aunque los actos de barbarie en ambas partes no eran equiparables, debemos hacer como si lo fueran a los efectos de conseguir la ansiada normalización del imaginario colectivo español. Quizá sea la actitud más razonable, pero sólo si se reduce a solicitar la equiparación entre la barbarie de los sublevados y la de los republicanos. Luego queda por remontar la muy agobiante cuesta de justificar los crímenes del franquismo en la posguerra, cosa tanto más difícil cuanto que ya no había término opuesto con quien equipararlos, dado que había sido vencido y estaba siendo exterminado sistemáticamente.

En el bando franquista la violencia era institucional y en el republicano no. Poco más o menos la misma situación, pero a la inversa, que se dio durante la Guerra Civil en Rusia entre 1919 y 1921, cuando, según los autores del Libro negro del comunismo (Courtois, Perth et al., 1997, p. 95), el «terror rojo» fue institucional y sistemático, mientras que el «terror blanco» no. Leguina señala algún caso en que esta diferenciación es falsa, pero se trata a todas luces de excepciones: la República no tenía un plan de exterminio del adversario civil por razón de sus convicciones ideológicas, sino sólo de represión penal en el caso de que realizaran actividades delictivas. Las barbaridades en el bando republicano se dieron entre los incontrolados de las milicias, lo que no empece para que también hubiera a veces concomitancias culpables con unos u otros cargos institucionales republicanos y se redujeron notablemente cuando se recreó el ejército de la República. Es verdad que con él llegó el terror de los comunistas (por ejemplo, contra los trotskistas), pero siempre fue terror ajeno a las instituciones republicanas. La República era un Estado de derecho y democrático que, al estar en guerra contra su propio ejército, a veces carecía de la fuerza necesaria para imponerse. La Junta Militar, en cambio, tenía una política deliberada de régimen de excepción y gobierno por el terror que incluía matanzas, escarmientos sistemáticos de la población y persecuciones ideológicas, todo ello documentalmente probado.

Pero todavía hay más, está el mencionado error conceptual de bulto en la controversia que no puede pasarse por alto, aunque normalmente se hace por más que en muchos casos no se trate solamente de un error, sino de una mentira deliberada. No es sólo que no sean equiparables las barbaridades cometidas en los dos bandos. Es que no son dos bandos. En un lado hay un Estado republicano legítimo y legal que, aun con las dificultades que imponía la guerra, funcionaba con arreglo a los procedimientos democráticos con gobiernos representativos de coaliciones de los partidos de la mayoría del Frente Popular. Era tal la conciencia de la necesidad de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas que, en el colmo de los sacrificios de principios a la legalidad institucional, hasta hubo ministros anarquistas; no ministros que habían dejado de ser anarquistas para encaramarse en el poder, sino ministros que lo eran precisamente por su condición de anarquistas. En el otro lado hay una Junta de militares sediciosos, sublevados en armas contra el Estado al que han jurado lealtad, que es lo más parecido a una banda de delincuentes que pueda darse. No hay dos bandos, sino un Estado legítimo y una banda. La pirueta moral de los intelectuales e historiadores franquistas y de los defensores del golpe militar faccioso consiste en justificar el hecho de que una banda de delincuentes se haga con el poder y lo detente a base de generar ficciones institucionales de todo tipo. Y no solamente una pirueta, sino un trabajo intelectual muy desagradable, una prostitución de todas las convicciones morales.

Se puede argumentar que esta observación es irrelevante porque, a la larga, la banda se impuso y constituyó un Estado al que consideraba de derecho a su modo. Que lo fuera o no es ya irrelevante, dado que nos enfrentamos a hechos consumados y consumados hace ya más de setenta años. Aunque habrá que volver sobre esa curiosa pretensión de que una dictadura quiera ser un Estado de derecho y hasta cierto punto lo sea, lo más interesante ahora es entender que quien así razona, con tal desprecio por las cuestiones de principios, muestra un descarnado positivismo que lo lleva a dar por bueno el resultado de cualquier atropello, por injusto que sea. Para mayor contundencia, tras un periodo de ruptura y aislamiento entre 1945 y 1953, el régimen de Franco obtuvo el reconocimiento internacional e ingresó en 1955 como miembro de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas, si bien –y ello no es baladí– no fue admitido en el Consejo de Europa hasta noviembre de 1977, ya muerto y enterrado el dictador. Esta actitud suele legitimarse aludiendo a la amarga pero inevitable conclusión de que, en los asuntos humanos, la fuerza hace la razón. Algo que en verdad repugna a la razón que se quiere soberana y que jamás será verdad por mucho que se repita en la historia. Por eso la fórmula de la razón de Estado, tan invocada en la historia, suele ser muy mal acogida por la razón a secas.

Así que el positivismo resulta también inadecuado en la interpretación de la Guerra Civil, porque tampoco aquí se enfrentan dos bandos. De un lado hay un ejército organizado, disciplinado, con una jefatura visible y en el que se integran las unidades de voluntarios falangistas o del Requeté encuadradas bajo el mando único y que cuenta asimismo con abundante provisión de material de guerra y unidades de combate de Alemania e Italia. Del otro lado hay un pueblo en armas, fraccionado en unidades de milicias, con algunas agrupaciones militares leales pero sin unidad de mando que contó con el apoyo de las Brigadas Internacionales, más bajo control comunista que republicano, propiamente hablando, siendo esta situación (de preeminencia de los comunistas en el ejército a través de los comisarios políticos) la que se daría casi hasta el final de la guerra en el lado republicano.

La Guerra Civil enfrentó, pues, una maquinaria militar con un pueblo armado pero indisciplinado que sólo más tarde se integró en algo parecido a un ejército regular en el que, sin embargo, había una preponderancia de comunistas, lo que suponía que en muchas ocasiones hubiera una jerarquía dual con la consiguiente ineficacia militar. En cambio, entre los franquistas, la unidad de mando era incuestionable. En la conducción republicana de la guerra hubo mucha política; en la franquista, ninguna, y ello, claro está, porque en el campo franquista sólo había una política: la de la sumisión al mando militar, uno de los requisitos de la victoria según El arte de la guerra.

Sello conmemorativo de los XXV años de paz «de Franco».

Y, sin embargo, la guerra duró casi tres años, lo que es un tiempo prolongado que sólo se entiende porque la República tenía un genuino apoyo social, cosa que no sucedía con el franquismo, aunque, según fueron pasando los años, ya en el decenio de 1950 cabe concebir que acabara consiguiéndolo bajo la forma del célebre «franquismo sociológico», aquel brillante concepto acuñado por Amando de Miguel, aunque quizá para épocas posteriores. El franquismo fundamentaba sus títulos al gobierno mediante la generalización del miedo. Los tres años de guerra fueron decisivos para la vida posterior del país, porque determinaron la biografía de los gobernantes de la dictadura, empezando por el propio dictador. El régimen franquista fue el Estado erigido por los vencedores en la Guerra Civil (y al que llamaban el «Estado Nuevo»), una guerra que nunca olvidaron ni permitieron que los demás olvidasen. Y esa marca de origen determinó su forma de gobierno desde el primer momento hasta los postreros del dictador en 1975 que jamás, ni por un instante, suavizó su tiranía.

El asunto no es irrelevante. Es perfectamente posible que, por las razones que sean (incluida la muy legítima del hartazgo), se llegue a la conclusión de que, en efecto, en la Guerra Civil ambos bandos hicieron «barrabasadas», como las definió Fraga Iribarne, si bien el ex ministro franquista sostenía que las del «bando republicano» fueron más, y ya en el pináculo del delirio añadía que también se cometieron «del otro lado» durante el franquismo[5] y, por lo tanto, ambos son igualmente responsables, siendo obvio que durante el franquismo no hubo «otro bando». Es un punto de vista que, aunque en este ensayo lo tengamos por erróneo cuando no claramente inmoral, tiene mucho de verosímil y hasta de sensato y razonable. El dominio comunista en el bando republicano durante la segunda parte de la guerra deja poco lugar a dudas. Pero una vez terminada la guerra el 1 de abril de 1939, ya no hay dos bandos contendientes, ni siquiera en el sentido erróneamente figurativo que se criticó más arriba, sino uno de vencedores y otro de vencidos que quedó a merced de aquél. En los casi cuarenta años de la dictadura no hubo reconciliación alguna; las autoridades no propiciaron una reunificación de los españoles, sino que, al contrario, mantuvieron el clima de victoria, se atribuyeron la paz como una dádiva generosa del caudillo a sus súbditos, cual vimos más arriba. Franco se hacía representar como «creador de la paz» vistiendo uniforme de general y luciendo la laureada de San Fernando… en 1964. Un cuarto de siglo después de la guerra, España seguía gobernada por un militar que hacía gala de su condición, como hombre providencial, caudillo, «por la gracia de Dios». Once años más tarde, casi a los cuarenta del comienzo de la contienda civil, todo continuaba igual. De aquí se sigue que, a diferencia de lo sucedido durante la guerra, este hombre excepcional y único, así como sus seguidores, partidarios y beneficiados, son los exclusivos responsables de lo que sucedió durante la dictadura porque gobernaron de forma totalitaria y no dejaron que nadie más metiera el cazo, al excluir mediante la represión y el asesinato a todos los discrepantes en el orden que fuera, ya que no sólo se prohibieron los partidos políticos de izquierda, también se suprimieron sindicatos, confesiones religiosas y cualesquiera asociaciones de la sociedad civil en el ámbito que fuera que molestaran al nacionalcatolicismo imperante. La responsabilidad de la Iglesia en la labor de supresión y censura tampoco puede minimizarse.

[1] J. Martínez Reverte (2010): «Los militares deberían reconocer la herencia del general Rojo», en laopinioncoruña.es, 22 de junio [http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2010/06/22/jorge-martinez-reverte-militares-deberian-reconocer-herencia-general-rojo/395750.html].

[2] Decreto que dispone que los generales de división D. Francisco Franco Bahamonde, D. Manuel Goded Llopis, D. Miguel Cabanellas Ferrer, D. Gonzalo Queipo de Llano Sierra, D. Joaquín Fanjul Goñi y D. Andrés Saliquet Zumeta causen baja definitiva en el ejército, con pérdida de sus empleos, prerrogativas, sueldos, condecoraciones y demás que les correspondan. Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República 204, 22 de julio de 1936, p. 770.

[3] Alemania e Italia sólo reconocieron diplomáticamente a Franco el 18 de noviembre de 1936.

[4] J. Leguina (2010), «Enterrar a los muertos», El País, 24 de abril. A. Trapiello (2010), «Causa General II», El País, 25 de abril. J. C. Ibarra (2010), «Víctimas vencidas y víctimas vencedoras», El País, 26 de abril. C. M. Bru Purón (2010), «Contraste de pareceres», El País, 3 de mayo. A. Grandes (2010), «La condición miserable», El País, 9 de mayo. T. Lagunero (2010), «Enterrar a los asesinados por los fascistas», El País, 29 de abril. J. Cercas (2010), «La puñetera verdad», El País, 6 de mayo. J. Reichman (2010), «Ética y Política», El País, 9 de junio. J. Leguina (2010), «Y vuelta la burra al trigo», El País, 10 de junio. J. Martínez Reverte (2010), «Los muertos de todos», El País, 18 de junio. S. Juliá (2010), «Duelo por la República española», El País, 25 de junio. G. Marañón Bertrán del Lis (2010), «La insobornable verdad», El País, 28 de junio. J. Fontana (2010), «Julio de 1936», Público, 29 de junio. J. Cercas (2010), «Respuesta a Gregorio Marañón», El País, 30 de junio. G. Marañón (2010), «Respuesta a Javier Cercas», El País, 3 de julio. A la vista de esta profusión de puntos de vista, todos ellos muy dignos de meditación, generalmente ponderados y de alcance, es difícil sostener que el asunto en sí carece de interés o que se utiliza como pantalla.

[5] M. Fraga (2009): «Del otro lado hubo muchas más barrabasadas», Público, 4 de septiembre.

Capítulo III

El régimen franquista

El régimen salido de la guerra se basó en el terror, la represión generalizada, los asesinatos, las torturas, el miedo a la arbitrariedad. La más radical inseguridad jurídica en un país ocupado por su propio ejército y con una población civil a merced de los vencedores, gran parte de la cual, sectores populares y clases medias y profesionales, hubo de soportar todo tipo de sevicias, confiscaciones, represalias e intimidaciones en una situación de abandono y desprotección ante los desmanes de las cuadrillas de pistoleros falangistas o las represalias de los militares y la Guardia Civil. En efecto, los instrumentos mediante los cuales se impuso y gobernó esta concepción del Estado fueron el ejército (columna de la represión política en los primeros tiempos de la dictadura), la policía política, la Falange, «los chulos de algarada», según la definición del propio Franco que su médico personal, Vicente Gil, él mismo falangista, nos trasmite con amargura en sus memorias (Gil, 1981), y la Iglesia católica, cuya colaboración en el genocidio de la dictadura es tan vergonzosa como patente.

Empleo el término «genocidio», que cuando comenzó la persecución y exterminio de los «rojos» (expresión de amalgama, al estilo de las que empleaba Stalin en los procesos de Moscú de aquellos años) ni siquiera existía, para designar con un nombre técnico la matanza de personas por sus ideas políticas. Es un genocidio igual que el exterminio por sus creencias religiosas o el color de su piel. Y en este genocidio tuvo una participación destacada la Iglesia católica. Hora es ya de que lo reconozca y pida perdón por ello, porque hasta la fecha se ha limitado a declarar mártires y, en su caso, beatificar o santificar a «sus» caídos, personas, sacerdotes, religiosas, laicos, asesinados por razón de su fe. Ello no es malo en sí mismo; pero sí es moralmente insuficiente para una Iglesia que, le guste o no, era también la de los creyentes republicanos, de los nacionalistas vascos, sin ir más lejos.

Es imposible exagerar la importancia del «nacionalcatolicismo» no solamente en la legitimación última de la dictadura, considerada producto de una cruzada, sino en la administración cotidiana del poder dictatorial. El clero estuvo muy presente en la mayor parte de las actividades represivas del régimen, en las cárceles, en los campos, en las «sacas», en los «paseos», en las ejecuciones extrajudiciales. Como también lo estuvo en la gestión del sistema de socialización en España. Más que estar: fue su columna vertebral. La Iglesia controlaba la educación y el sistema de beneficencia que el régimen canalizaba a través de la obra de Auxilio Social y otras instituciones, las redes de hospitales y centros de acogida que se ocupaban de los hijos huérfanos de los republicanos, de los pobres de solemnidad, etc., y en donde se cometió una parte importante del mencionado delito del secuestro de niños (es de suponer que con la aquiescencia del clero católico). Aquí el presunto delito no es de pederastia, como en otros países (o no es sólo de pederastia), sino de robo de niños. Y eso es realmente muy fuerte, de forma que la Iglesia católica debiera aclarar en qué medida fue parte de aquella infamia.

La Iglesia estuvo asimismo presente en la arquitectura institucional exterior del régimen al firmar con éste el Concordato de 1953 que literalmente pone el Estado al servicio de la jerarquía y, a través de ella, del Vaticano. No tiene nada de extraño que Franco entrara en los templos bajo palio. La Iglesia reconocía en él a su restaurador. Mutatis mutandi, cabe hacer una comparación con Constantino, el emperador que convirtió el catolicismo en la religión del Imperio. Igualar a Franco con Constantino tampoco parecía mayor exageración, al menos en el imaginario católico, que representar al mismo Franco como san Fernando, como era habitual.

La privilegiada relación del régimen de Franco con la Iglesia católica fue un elemento decisivo de la naturaleza de aquél, que desde el primer momento tuvo un problema de definición. Una dictadura militar salida de una Guerra Civil no se dará a sí misma tal nombre, que no está bien visto, sino algún otro más inocuo, algo como Junta Nacional o similar. Los dos primeros gobiernos de Franco, en plena Guerra Civil, se llamaron «Junta de Defensa Nacional» y «Junta Técnica del Estado», en donde ya aparece la palabra que salvará la cuestión, «Estado». Desde el 30 de enero de 1938 los gobiernos de Franco serán gobiernos del «Estado español», que es el término que la dictadura adopta para resolver el enojoso problema del nombre. «Estado español», la misma expresión que acostumbran a emplear los nacionalistas periféricos para rehuir el empleo del término «España», que suena más a unidad nacional.

Uno de los primeros carteles de la Guerra Civil en el bando franquista, ya con la leyenda de la cruzada.

El nacionalcatolicismo del Estado español era estomagante. El cristianarse venía siendo obligatorio, porque se exigía partida de bautismo para una cantidad de asuntos en la vida. No había más matrimonio que el eclesiástico, y de divorcio, ni hablar, porque el matrimonio es un sacramento. Los curas intervenían permanentemente en la vida de los españoles, organizaban las actividades de las fiestas colectivas, vigilaban los bailes, censuraban las películas, determinaban la indumentaria de las chicas, la longitud de sus faldas o el tipo de bañadores que usaban, fiscalizaban las relaciones entre adolescentes, se inmiscuían en las vidas de las parejas, adoctrinaban a las familias y establecían los aniversarios más importantes del año. Y todo el mundo se moría en el seno de la Iglesia católica. La Iglesia presidía todos los ritos de tránsito de la sociedad: daba la bienvenida en la pila bautismal y entonaba el requiescat al borde del sepulcro. Entre medias, toda la vida social estaba condicionada por los curas. Las festividades tenían todas cariz religioso y durante la Semana Santa España entera quedaba a merced de la Iglesia; los teatros y cines alteraban su programación y sólo traían producción sacra: la vida de Jesús, la Pasión o los Diez Mandamientos. Las calles se llenaban de procesiones con la participación del ejército y las radios emitían programación y música sacras. Una sociedad regida prácticamente a golpe de campana.

Como todos los tiranos, en muy poco tiempo Franco empezó a dar muestras de megalomanía. El Estado español que, según los teóricos del régimen, era el Estado nuevo (Beneyto, 1939), a imagen y semejanza especialmente del fascismo italiano y del Estado Novo portugués, se basaba en el principio del caudillaje, traducido del Führerprinzip alemán y completado por la figura del Duce italiano. La megalomanía residía en que ese caudillaje le era conferido a Franco, según sabemos, «por la gracia de Dios», en cuya procura coadyuvaba decididamente la Iglesia católica, administradora de dicha gracia.

Un caudillo ungido por la Providencia divina tenía que hacerse erigir una tumba de la que quedaran pasmados los siglos y generaciones venideros: Cuelgamuros, la obra faraónica del franquismo, culminación de su megalomanía, tardó dieciocho años en construirse, desde 1940 a 1958, casi tantos como la pirámide de Keops. Comenzado cuando se daba por segura la victoria del Eje en la Segunda Guerra Mundial y concluido en plena cohabitación del régimen con la Iglesia católica, después de que el Eje fuera aniquilado, el proyecto tenía un aire original de Walhalla celtíbera, coronado luego por la cruz cristiana más alta del orbe en una manifestación típica del sincretismo franquista, capaz de mezclar lo faraónico con lo germánico y lo cristiano. Una interpretación irónica puede explicar que el triunfo de la cruz se asienta sobre una cripta que puede entenderse como una catacumba, lugar de refugio y sepulcro de los perseguidos. La mole franquista se encuentra cerca de El Escorial pero fuera de él, como corresponde a un cortesano, ya que El Escorial es mausoleo de reyes y Franco era un general; un general que ponía y quitaba reyes y que reinó de hecho de forma vitalicia en el país que había reconquistado para la monarquía, pero general, al fin y al cabo. Un general monárquico que, como otros caudillos militares en la historia (Cromwell, por ejemplo) pudo coronarse rey e inaugurar una dinastía y no lo hizo.

Moneda acuñada en 1949. La imagen muestra la cara donde aparece el retrato del dictador.

La basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, encomendada a los benedictinos, es el centro neurálgico y simbólico del mundo nacionalcatólico. En su cripta descansan en gran proximidad José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco rodeados de gran cantidad de caídos «nacionales» y «rojos» (Sueiro, 1983), si bien muchos de los últimos están por identificar. La ceremonia del traslado del cuerpo de José Antonio desde El Escorial, donde se había depositado transitoriamente hasta la terminación de las obras de la basílica, fue un revival de la primera traslación que se produjo en abril de 1939, a los tres días de terminada la contienda. El cadáver de José Antonio cubrió los más de cuatrocientos kilómetros desde Alicante a El Escorial a hombros de camaradas de la Falange que se turnaban para que el séquito no se detuviera y siguiera avanzando por la noche a la luz de las antorchas en un acto de estética nazi.

El estilo neoherreriano del conjunto monumental hace pendant con el herreriano de verdad de El Escorial y quiere ser un homenaje en piedra a la gloria de la España imperial, muy emparejado con el clasicismo nazi y fascista de la época. Un mensaje típico del franquismo. La basílica se inauguró en 1958, seis años después de la abolición de las cartillas de racionamiento, que son el símbolo de la otra España. Mientras aquella mole de granito se erigía a lo largo de dieciocho años, los españoles pasaban miserias sin cuento. Las cartillas de racionamiento hablan del hambre, y al hambre hay que añadir el frío con combustibles escasos, las infecciones, las epidemias de parásitos. El contraste entre la España rica, del lujo y de la ostentación, y la pobre de la necesidad. También muy imperial, el mismo contraste que ya había en el Siglo de Oro, en tiempos de los Felipes III y IV, de los validos, del hundimiento del Imperio en Flandes: el contraste entre el oropel de la corte y la miseria de la población en un país en quiebra, administrado, como era tradicional, por una manga de ineptos y ladrones.

Esa megalomanía es la que llevó al general Franco a autorizar, si no a inventarse por su cuenta e imponer, un nuevo calendario que comenzaba en 1939 como «Año I de la Victoria». Como cuando la Revolución francesa cambió el calendario tradicional y con la misma finalidad: dejar huella. Con el enfriamiento que entró en España a raíz de la derrota de las potencias del Eje, lo de los Años de la Victoria pasó discretamente al olvido como muchos otros símbolos y señales del fascismo más estridente, pero no así los del fascismo menos estridente y, desde luego, el espíritu que animaba el conjunto: el espíritu de la Victoria. Hasta el último día de Franco, el desfile anual de las fuerzas armadas siguió llamándose «Desfile de la Victoria». Que nadie lo olvidase. Y nadie lo olvida. A día de hoy, el enlace entre la carretera de A Coruña y el final de Princesa en Moncloa sigue llamándose avenida del Arco de la Victoria.

Hasta en los años más duros del aislamiento internacional, el régimen de Franco contó con el apoyo del solio de San Pedro. En 1952 se celebró en Barcelona el XXXV Congreso Eucarístico Internacional, con la siguiente advocación del Santo Padre:

España ha tenido el alto honor, justo reconocimiento a su catolicismo íntegro, recio, profundo y apostólico, de dar hospitalidad a esta magna Asamblea, que añadirá a sus fastos religiosos una página, que ha de contarse entre las más brillantes de su fecunda historia; y en nombre de la vieja Madre España le ha tocado hacer los honores a la espléndida y próspera Barcelona[1].

¿Cómo no iba a sacarle la Iglesia a Franco lo que quisiera?

La dictadura, el franquismo, los cuarenta años fueron un régimen tiránico, ilegal, genocida y terrorista que acabó asentándose sobre el miedo de la gente hasta formular un ordenamiento jurídico que, en algunas de sus normas, consiguió sobrevivir más allá de la entrada en vigor de la Constitución. Por ejemplo, las dos leyes más importantes con las que se inicia el despegue con el plan de estabilización son la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 1957, y la Ley de Procedimiento Administrativo, de 1958. Se mantuvieron hasta 1997, momento en que fueron derogadas por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Desde luego, si estuvieron en vigor fue porque no eran inconstitucionales (dada la disposición derogatoria genérica de la Constitución), lo cual parecía venir a dar la razón a su artífice, Laureano López Rodó, entonces secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia, luego comisario del Plan de Desarrollo y más tarde ministro con Franco, siempre con Franco.

Sostenía el también catedrático de Derecho administrativo que con su reforma de la Administración pública y las leyes que la regulaban España se había convertido en un Estado de derecho, por así decirlo, a nivel administrativo. A este curioso intento se hacía referencia más arriba, al recordar que la dictadura de Franco, en su afán por presentarse como algo distinto, llegó a hacerlo como una forma sui géneris de Estado de derecho. Un Estado de derecho diríase hoy «de mínimos», pero suficiente, desde una mentalidad tecnocrática, para garantizar la seguridad jurídica en las transacciones con la Administración pública, cuestión esencial para una forma de desarrollo económico basado en la existencia de un «plan» estatal. En la acumulación primitiva del liberalismo posterior hay una buena cantidad de intervencionismo.

Cartilla de racionamiento. La imagen procede de Cordobapedia y se publica aquí bajo licencia GFDL [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html].

La doctrina del «Estado de derecho administrativo» no democrático era una ocurrencia del también catedrático de Derecho administrativo portugués Marcelo Caetano (Lacasta-Zabalza, 2001), quien sucedió a Oliveira Salazar como primer ministro portugués y fue en la práctica dictador del país en 1968 hasta que lo derribó la Revolución (o golpe de Estado, según el punto de vista) de los Claveles. Los españoles viven de espaldas a los portugueses, de los que no saben prácticamente nada; sin embargo, suele suceder que los acontecimientos que se dan en Portugal se reproducen luego en España: la dictadura de Oliveira Salazar fue anterior a la de Franco y la Revolución de los Claveles antes que la transición en España. Estaba dentro de la costumbre que la doctrina del «Estado de derecho administrativo» de López Rodó en España se hubiera gestado en Portugal.

No es preciso decir que esta teoría de un «Estado de derecho por la mínima» no puede admitirse como tal, porque restringe el concepto de Estado de derecho al que amparan las relaciones entre administrados y Administración, pero no entre ciudadanos entre sí o frente al Estado y que hagan uso de sus derechos políticos y no meramente administrativos. Una idea que sólo podía ocurrírsele a un administrativista con una visión angosta de su propia disciplina, tanto que no se le alcanzaba que se diera una contradicción inadmisible en el hecho de que una persona pudiera ganar todos los recursos contra las administraciones pero no usar su voto para cambiarlas.

En realidad, a lo largo de su historia el régimen tuvo varias justificaciones, cada cual más falsa y artificiosa. Después del ya mencionado Estado nuevo (Beneyto, 1939), llegó la «democracia orgánica» y después el Estado de obras (de Fernández de la Mora), así como el Estado de derecho administrativo (de López Rodó). Todo era lo mismo; ropajes para legitimar la arbitrariedad de la dictadura. Cada una de estas doctrinas daba cuenta o «explicaba» un cambio que se había producido en la complicada tarea de la supervivencia de un régimen radicalmente ilegítimo, así que el «Estado nuevo» se vinculaba al Estado totalitario, fascista, autárquico del fin de la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. La «democracia orgánica» coincide con la derrota de las potencias del Eje y la necesidad del régimen español de hermanarse con los vencedores a través de la democracia, que de democracia no tenía nada. El «Estado de obras», como las ideas de López Rodó, son las columnas teóricas del gobierno tecnocrático en la última etapa de la dictadura, a partir del decenio de 1960, y viene a coincidir con la expansión de la ideología del fin de las ideologías, uno de cuyos principales defensores en España, Fernández de la Mora, fue un decidido «tecnócrata» ministro de Franco, y precisamente el mayor teórico de El estado de obras.

El régimen de Franco invirtió su tiempo y escasas energías intelectuales en disimular su auténtica naturaleza de despotismo militar y fue adoptando diversos disfraces a la par que se dotaba de sus «leyes fundamentales» en el mencionado «proceso de institucionalización» (González-Ares Fernández, 2010), que hubiera sido plausible de no ser por el hecho de que tal proceso duró casi treinta años, desde la primera Ley Fundamental, el Fuero del Trabajo de 1938, hasta la séptima y última en tiempos del franquismo, la Ley Orgánica del Estado de 1967. Treinta años para institucionalizar un régimen político parece una broma, y de hecho lo es, ya que muestra a las claras cómo el desprecio de Franco por la política alcanzaba muy especialmente al ámbito constitucional. Treinta años transmitían asimismo la idea de que la institucionalización del régimen tuviera algo de telúrico, con el añadido paradójico de que apenas sobrevivió a su consagración en 1967, pero sí consiguió institucionalizar a su sucesor hasta el día de hoy, es decir, la dictadura arbitró el procedimiento de su sucesión convertida en una monarquía como la mariposa emerge de la crisálida tras un periodo de holometabolismo.

En todo caso, por divergentes que sean las interpretaciones de la naturaleza del franquismo, que llegaron a ser muy profusas (Tusell, 1988), lo que todas admiten, incluso las franquistas, es que era una negación del Estado de derecho, expresa en sus primeros años y tácita en los subsiguientes. El intento justificativo de López Rodó no pasa de ser una muestra de la impunidad discursiva de que gozaban los teóricos del régimen, a los que no se podía contestar, aunque en este caso concreto otro sector de la doctrina administrativista, en torno a García de Enterría, criticó por falaz la idea de que pudiera haber un verdadero Estado de derecho de base exclusivamente administrativa, como control de la administración del Estado (Sesma Landrín, 2006).

La polémica sobre la naturaleza del franquismo que más ha calado y se ha difundido es la que se dio en torno a la conceptualización de la dictadura de Franco como un Estado autoritario en la idea de Juan J. Linz como expresamente distinto del carácter totalitario. La diferenciación entre autoritarismo y totalitarismo procedía de Hannah Arendt (Arendt, 2004), pero fue Linz (1964) quien la hizo operativa en el contexto del franquismo tardío y sus seguidores y discípulos quienes la difundieron y modularon[2]. El régimen de Franco había pasado a ser autoritario porque, entre otras cosas, tenía un pluralismo limitado, permitía o toleraba cierto grado de oposición interna organizada y carecía de una ideología precisa. Otros autores (Morodo, 1985) insisten en considerar que el franquismo fue una forma de totalitarismo del principio al final. Estas determinaciones académicas son muy convenientes, desde luego, para conceptuar el franquismo, pero no dan cuenta de este régimen en cuanto experiencia personal y directa.

La dictadura de Franco fue un régimen militar basado en la represión policial y la movilización política de parte de la sociedad a través de la Falange; estaba bendecido por la Iglesia católica, pues había entregado a ésta total o parcialmente la administración de los ritos de tránsito (nacimiento, matrimonio, defunción) y el proceso educativo. Algunos rasgos del régimen cambiaron con el tiempo: la Falange y el Movimiento Nacional pasaron a un segundo plano con el ascenso de los católicos y los integristas del Opus Dei. Pero la columna vertebral del régimen estuvo siempre compuesta por el ejército, la policía y la Iglesia y su discurso era el nacionalcatólico, al que se remitía normalmente el conjunto de los medios de comunicación, controlados de cerca por el dictador que les toleraba ciertas variantes interpretativas según se tratara de medios monárquicos, franquistas, populistas, sindicalistas o católicos. Es decir, la dictadura se basaba en una amalgama de los aparatos ideológicos y los represivos y, mientras mantenía férreamente controlados a los segundos, permitía ciertos devaneos a los primeros, generalmente nutridos de intelectuales, estamento del que Franco, con razón, se fiaba poco.

En las cárceles de Franco hubo siempre presos políticos; más o menos según las épocas, pero siempre. La enseñanza de la religión católica era obligatoria en todos los niveles educativos, incluida la universidad. La Iglesia ejercía la censura sobre todos los espectáculos y, a través del Ministerio de Información y Turismo, también de lo que se publicaba en forma de libro, revista o diario. La imagen que surge de este cuadro es la de una sacristía en un cuartel. La polémica autoritarismo/totalitarismo queda un poco fuera de lugar. Ciertamente en los años sesenta ya no era preciso ponerse en pie al comenzar el No-Do (Noticiarios y Documentales oficiales), obligatorio en todas las proyecciones, saludar brazo en alto y dar los gritos de rigor; pero el No-Do había que tragárselo sin remisión.

El régimen se preocupó mucho por encontrar discursos legitimadores pero, en su esencia, siguió siendo una dictadura militar basada en la prohibición de la discrepancia y en su persecución en caso de que se produjera. Es verdad que en sus últimos años, sobre todo a raíz de la famosa visita del general Charles de Gaulle el 29 de junio de 1970, la situación pareció suavizarse, como si, efectivamente, se tolerara o, cuando menos, se hiciera la «vista gorda» con ciertos grupos y tendencias de la oposición «permitida». Pero la explicación no tiene por qué encontrarse en una especie de cambio de actitud de la dictadura; también puede deberse a una incapacidad para atender los distintos frentes desde los que se la atacaba, por lo cual tenía que concentrarse en los que juzgase (correcta o incorrectamente) más peligrosos, desistiendo de reprimir a los otros. Paralelamente, la dureza interna del régimen no aminoraba en nada, como se prueba por el hecho de que, en los asuntos que consideraba «importantes», la dictadura mostró hasta dónde seguía dispuesta a llegar cuando Franco ordenó fusilar a cinco opositores condenados por terrorismo un mes antes de su propio fallecimiento. Un régimen que empezó fusilando, siguió fusilando y terminó fusilando. Nadie que actúe de buena fe puede defender esa forma de gobernar, por muy apocalípticos que fueran los peligros de los que, en teoría, hubiera librado al país. El mal absoluto, la perversión moral, no tiene defensa alguna, aunque sean muy alambicados los argumentos que los franquistas alientan y que no pasan de ser otra cosa que reformulaciones de los panfletos pergeñados por los panegiristas del régimen, los amanuenses que acompañaron al ejército y los beneficiarios del régimen que éste estableció después de la victoria.

Un dato muy significativo en una época, la de la posguerra europea, en la que menudeaban los contactos entre mandatarios de todos los países y se intensificaron las redes internacionales a través de las relaciones personales: durante su largo mandato, Franco jamás salió de España, nunca visitó a ningún jefe de Estado o de Gobierno en su país. Lo más lejos que llegó en sus viajes fue a Bordighera, en la frontera de la Francia de Vichy con la Italia de Mussolini. Nadie, obviamente, lo invitaba. España, miembro de la ONU, seguía siendo una «apestada» de hecho en la esfera internacional. Franco pidió el ingreso en el Mercado Común en 1962 y se le hizo saber muy educadamente que España podría ingresar cuando fuera una democracia y un Estado de derecho, el mismo motivo por el que el país no ingresó en el Consejo de Europa hasta 1977; el mismo también por el que, aunque ingresó en la ONU, no formaba parte de la estructura occidental de la defensa, la OTAN, sino sólo de un modo colateral y como vergonzante, a través de los humillantes acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, firmados en 1953 como el Concordato. Un régimen que vociferaba un carácter nacional-imperial que no sólo había terminado por admitir el enclave británico de Gibraltar, sino que había cedido la soberanía nacional en las bases militares estadounidenses. Lo que el franquismo no tenía de sanguinario lo tenía de sórdido y ridículo. Para defender algo así es necesario prescindir de los principios esenciales de la tradición filosófico-política occidental y hacer verdaderas piruetas retóricas.

Tampoco se agolpaban los mandatarios extranjeros en la oficina de visados para España. Inauguró la serie el presidente Eisenhower en 1959 quien, entre otras cosas, vino a interceder por los ciudadanos evangélicos españoles y probablemente se fue suscribiendo el exabrupto de Hitler después de una entrevista con Franco, a quien juzgaba más insoportable que un dolor de muelas. Eisenhower fue el primer presidente de los Estados Unidos en venir a España en tiempos de Franco, veinte años después de la Guerra Civil; once años después llegaría Richard Nixon, y Gerald Ford lo hizo en 1975, seis meses antes de la muerte del dictador. Hubo, sí, algunas visitas de presidentes y dictadores latinoamericanos o sus consortes, dignatarios de países musulmanes (reyes, dictadores, presidentes), algunos países asiáticos como Japón o Filipinas y, en ocasiones, los pretendientes o ex mandatarios de países de la Europa oriental bajo dominio comunista. Ningún jefe de Estado o de Gobierno de Europa occidental se dignó visitar España, como no fueran Konrad Adenauer en 1967 y Charles de Gaulle en 1970, ambos ya como personas privadas y poco antes de sus respectivos fallecimientos (Eiroa, 2009). Nadie quería venir a España, la última dictadura fascista en Europa, y esa actitud de rechazo se mantuvo hasta el final. A los funerales de Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, sólo acudieron como mandatarios más relevantes el general Pinochet, la esposa del presidente filipino, doña Imelda Marcos, y el vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller, enteca representación para un gobernante que había estado casi cuarenta años en el poder y, obviamente, no había hecho muchos amigos.

Franco y sus intelectuales y políticos presentaron el aislamiento internacional como una política de orgullosa autarquía, de mantenimiento de las integérrimas esencias nacionalcatólicas que habían llevado al país, una vez más, a ser el adelantado de la cristiandad en la lucha temprana contra el comunismo. Si el mundo circundante no apreciaba estas cualidades era por su propia incapacidad para entender la verdad profunda de las cosas y porque era víctima de las artimañas propagandistas del comunismo, versión actualizada de la Leyenda Negra. El cultivo de esta perspectiva casticista cristalizó en el lema Spain is different que, como demuestra Sasha D. Pack, se empleó sobre todo en los años cuarenta y cincuenta (Pack, 2006) y no tanto en cambio en los años sesenta, si bien la leyenda ha atribuido su generalización y hasta su invención a la iniciativa de Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo (o sea, de propaganda) de Franco[3]. Sea cual sea su origen, el lema fue un hallazgo desde el punto de vista de la comunicación en unas sociedades como las europeas, que habían alcanzado altos niveles de vida a base de estandarizarse en la era del «consumo de masas» y cuyos ciudadanos buscaban algo distinto. España, desde luego, lo era.

El predominio de la ideología nacionalcatólica y la prohibición de toda discrepancia, debate o juicio crítico, acabó produciendo una sociedad racionalmente entumecida y moralmente depravada, hecha al silencio y a la aceptación resignada de estos disparates de un patriotismo de guardarropía. Según éstos, cuanto más se alejaba España del curso normal de evolución cultural y espiritual de Europa a favor de una política caudillista y una moral tridentina, más conservaba impoluto su auténtico ser. Dado además el galimatías ideológico que el pragmatismo franquista alentó, sólo interesado en garantizar su supervivencia, nadie prestaba atención a los discursos oficiales, que no eran más que palabrería huera. El resultado fue la deslegitimación de hecho del régimen, que actuaba como una maquinaria de movilización que ya sólo en ocasiones alcanzaba su objetivo, pero el resto del tiempo vegetaba sin convicción en una sociedad que se había hecho incrédula y hasta cínica.

La emigración, junto con la presencia de los yankees y los extranjeros en general y el turismo, fueron haciendo que España, cerrada sobre sí misma, se abriera. El cine y luego la televisión han hecho más por el cambio democrático en España que muchas proclamas y reformas políticas. Fueron estos medios, importados en los circuitos comerciales, los que poco a poco cambiaron en parte la mentalidad de los españoles. Preocupados el régimen y su Iglesia en reprimir las manifestaciones del radicalismo político o del realismo sexual, se les escapaba a ambos la importancia que tenían los contextos sociales en que se daban las historias cuyos aspectos escabrosos censuraban. Todos aquellos relatos presuponían sociedades abiertas, juicios con jurados, con elecciones, partidos, parlamentos, gobiernos y oposición, prensa libre, juego democrático en definitiva. Los sistemas democráticos se legitimaban a ojos de los españoles en contraste con la ilegitimidad del régimen que padecían, tiranizados por un dictador cuyo título a la gobernación del Estado venía del derecho de conquista.

Resulta así comprensible por qué entre los españoles, como señalan bastantes estudiosos, se daba una cultura política democrática ya en los últimos tiempos de la dictadura, sin olvidar ese 15 por 100 de la población que seguía evaluando positivamente la dictadura de Franco (Aguilar Fernández, 2001, p. 45). Ésta es una cuestión delicada. Si por «cultura política democrática» se atiende ante todo a un criterio procedimental de preferencia por la regla de la mayoría, pluralidad de opciones, libertad de asociación, etc., no hay duda de que la había en la sociedad civil del franquismo postrero. Si, en cambio, se juzga que la «cultura política democrática» exige asimismo un determinado pronunciamiento moral acerca de los derechos y deberes de los ciudadanos, de responsabilidad por la cosa pública y, desde luego, sentido de la colectividad y la solidaridad, la conclusión habrá de ser más matizada.

Porque la verdadera herencia del franquismo es precisamente el destrozo que causó en la conciencia cívica de la colectividad. La obvia distancia abismal entre los discursos moralizantes del régimen y la práctica de inmoralidad, clientelismo y saqueo de las clases dominantes alimentaba una creencia cínica y egoísta acerca de la responsabilidad de los ciudadanos, cada uno en su nivel. Un sistema corrupto de raíz por irresponsable había acabado contagiando de corrupción a la sociedad civil, de forma que, lejos de ser ésta un ámbito de relaciones ajustadas moral y legalmente, era el consabido patio de monipodio. Una distancia que reproducía poco más o menos la ya mencionada entre las grandes proclamas imperiales de los primeros tiempos gloriosos del régimen y la sórdida realidad cotidiana del hambre, el racionamiento, el estraperlo y los piojos. El franquismo había querido reproducir el momento de auge nacional de los Reyes Católicos (habían librado a España de anticuerpos y se aprestaban a crear el Imperio español), pero empezó reproduciendo el de Felipe IV sin faltar ni los bufones.

El fracaso económico de aquellos primeros tiempos de autarquía (Barciela, 2003) habría de dar paso más tarde a nuevas formas de organización económica que incluían hasta la planificación que encauzó un posterior desarrollo acelerado (se llegó a hablar de milagro español), financiado con el retorno de los emigrantes y los ingresos del turismo. Esa especie de «despegue» y advenimiento de la era del «consumo de masas», según la clasificación de las etapas del desarrollo económico de Walt Whitman Rostow (Rostow, 1960), compatible con las formas de la dictadura política, se interpretaba como una justificación indirecta de ésta a través de las concepciones «tecnocráticas» y teorías de la modernización y el desarrollo político, de las que el citado Fraga Iribarne quería hacerse eco (Fraga, 1975).

Sirva el párrafo anterior para advertir que en todas estas observaciones que tratan de dibujar el carácter jurídico-político del régimen de Franco, cuando se habla de deslegitimación del franquismo, cultura política democrática inducida, etc., se está hablando de la mayoría de la sociedad, pero no de toda ella. A lo largo de su existencia y en sus últimos años, el franquismo contó con cierto apoyo social, ese «franquismo sociológico» de De Miguel al que antes se hacía referencia. Ese apoyo estaba compuesto, de una parte, por un franquismo ideológico, seguidores y beneficiarios directos e indirectos, clientela del régimen y, de otra, por una considerable cantidad de ciudadanos desinteresados de la política, y por ello mismo esencialmente seguidores del caudillo cuando éste recomendaba «no meterse en política». Ese franquismo sociológico desapareció como por ensalmo a raíz de la transición; como dice el poeta que hizo el coñac: «Se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas». De tal modo se hizo invisible, que los protagonistas de la mutación política de la dictadura en democracia llegaron a creer con cierta ingenuidad que, cambiada la España oficial, quedaba cambiada la real. Pero la España real, como la hidra, levantaría después alguna de sus repugnantes cabezas.

La tiranía no conoce fin

Por su origen ilegítimo y ejercicio igualmente ilegítimo, el franquismo había hecho añicos todos los símbolos de la convivencia nacional. El patriotismo, la bandera, el himno. Cambiada la bandera, mudado el himno, impuesto un patriotismo español (castellano) mediante la cruz y la espada, como a los indígenas del Nuevo Mundo, la idea misma de España como nación sufrió tremendo quebranto. Su utilización sectaria hizo que el pacto impuesto que fue la transición no pudiera asentarse en una idea compartida de la nación española y su legitimidad simbólica. Lo cual explica muchas cosas.

[1] Radiomensaje de su santidad Pío XII a los participantes en el XXXV Congreso Eucarístico Internacional reunidos en Barcelona, domingo, 1 de junio de 1952 [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/1952/documents/hf_p-xii_spe_19520601_congreso-eucaristico_sp.html].

[2] V. Navarro (2010), «La oposición de Santos Juliá a la Ley de la Memoria Histórica», El Plural, 27 de julio.

[3] «La leyenda urbana del “Spain is different”», Público, 7 de agosto de 2010.

Capítulo IV

La transición

La transición desmanteló el orden institucional del franquismo, inviable ya en la Europa de fines del siglo XX, pero dejó intacta su simbología. Calles, plazas, monumentos, museos y recordatorios diversos (Aguilar Fernández, 2001, p. 36). El país salpicado de estatuas del dictador. Durante veinte años las monedas con la efigie del rey convivieron con las que traían la de Franco, quien, al fin y al cabo, lo había nombrado «sucesor a título de rey». Esta expresión encierra un elemento simbólico de política hobbesiana: el rey Juan Carlos no es sucesor de su padre, como manda el principio de legitimidad dinástica, sino de un general que basaba su título al poder en la espada y que había venido «a poner orden», cosa que hizo por procedimientos militares. La dinastía quedó interrumpida con la marcha de Alfonso XIII y su heredero legítimo, don Juan, hubo de renunciar expresamente a sus derechos en la persona de su hijo. Por eso coexisten las dos simbologías, la de la restaurada (algunos dicen que «instaurada») monarquía y la del declinante franquismo.

Nada más revelador de la chapuza de la transición que esa convivencia. Los cientos de estudios sobre este periodo demuestran que en ésta se dilucidaron las tres posibilidades de continuismo, ruptura o reforma pactada y que, finalmente, se impuso la tercera. Como siempre que triunfa una opción de acuerdo, síntesis o consenso, es decir, que no es impuesta manu militari por una parte a otra, su defensa sólo puede hacerse en el terreno moralmente quebradizo de la conveniencia, la posibilidad, la eficacia, el resultado y no en el inmarcesible de los principios. De acuerdo con los de la izquierda partidaria de la ruptura, la reforma pactada puede parecer puro continuismo igual que de acuerdo con los principios de la derecha continuista esa transición tiene los rasgos odiosos de la ruptura y hasta la revolución.

Era previsible que la transición no dejara enteramente satisfecho a nadie, porque fue una componenda. En ese sentido en absoluto peyorativo es en el que se emplea aquí el término «chapuza» para designar el resultado final de aquel empeño. Entre varias opciones, todas ellas programáticas, racionales, planificadas y rígidas, a veces lo más deseable es la chapuza, o sea la solución que a nadie complace, que no estaba prevista, que hasta carece de lógica en muchos aspectos. Es lo que suele pasar con los acontecimientos sociales y los fenómenos históricos, que no obedecen a planes y sólo pueden explicarse, si pueden explicarse, cuando la fiesta ha terminado como resultado siempre impreciso de la interacción entre los actores involucrados.

Presentar la transición como modélica implica proponerla como algo digno de imitación porque será beneficiosa en otros tiempos y lugares. En realidad esto quiere decir que se presenta como digna de imitación una chapuza como solución de compromiso en que todos ceden algo (siempre unos más que otros, desde luego) para conseguir un objetivo común, que tampoco es unitario porque depende en buena medida de quién lo solicite.

En tal juego de opciones se movió la política española de los años 1975 a 1978. Las primeras elecciones democráticas en cuarenta años abrieron un proceso constituyente del que nadie había hablado con claridad, aunque tampoco se ocultara por entero. Esta ambigüedad es muy típica de la transición. En efecto, nadie habló de nueva Constitución, pero la ley para la Reforma Política estaba pensada para eso y dedicaba un artículo completo (el 3.º) de un total de cinco más tres disposiciones transitorias y una final a la reforma constitucional. Después vinieron el desmantelamiento institucional del franquismo, la legislación de amnistía, la movilización obrera, el ascenso de los movimientos vecinales, la reaparición de una conciencia nacional en las zonas periféricas que no por haber sido prohibida estaba inactiva, la acción pública de los partidos políticos, etcétera. España estaba en ebullición. De casi todos estos aspectos hay crónica abundante, testimonio, investigación. Se han estudiado los aspectos institucionales; la trabajosa descentralización de España y las movilizaciones por las autonomías; las resistencias de los poderes fácticos y las tramas ocultas de la derecha; las acciones terroristas; la evolución del sistema de partidos y la del sistema mediático; los ajustes del modo de producción; la integración internacional de España y, más recientemente, el impacto de la violencia en el proceso de transición (Baby, 2009; Sánchez Soler, 2010) como parte de un debate que se reabre sobre el carácter y alcance de aquella época de la que nos ocuparemos ahora.

Conviene recordar que en aquellos años hubo una fuerte presión militar y una amenaza permanente de intervención con el famoso «ruido de sables». Ese clima fue el que movió a Adolfo Suárez a dimitir, y la medida de la gravedad de la situación se tuvo cuando en las votaciones sobre su sucesor a 48 horas de la dimisión se produjo el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Con el paso de los años puede parecer que esta advertencia sólo pretende justificar el modo en que se hicieron las cosas, sin hacer distingos y sin reconocer que, como señala Ferrán Gallego, mientras la derecha consiguió sus objetivos, la izquierda acabó aceptando unos logros muy por debajo de sus expectativas, cosa que sigue condicionando la calidad de la democracia española treinta años después (Gallego, 2008, pp. 716-718).

La mejor manera de trasmitir un sentimiento de comprensión del clima que se vivía entonces en España es hacerse una pregunta que abre un territorio de política-ficción nada desdeñable: ¿qué hubiera pasado si triunfa el golpe de Estado de Armada, Milans, Tejero, etc.? Una vuelta de los militares al gobierno que, aunque hubieran podido contar con la colaboración de algunos civiles (surge así siempre aquí aquel inquietante encuentro entre el destacado político Enrique Múgica Herzog, especie de sempiterno conspirador barojiano, y el general Armada en Zaragoza poco antes del golpe), muy probablemente no habría sido aceptado por la entonces Comunidad Europea. Esto hubiera llevado a una radicalización interna en el país y, probablemente, a la caída de la monarquía, sustituida primero por una Junta Militar para seguir la costumbre y probablemente más tarde por una República al estilo griego. Pero esto son puras especulaciones. Es imposible averiguar qué hubiera pasado en caso de triunfar el golpe de Estado. Nada bueno, desde luego, aunque a muy largo plazo, la cuestión podría resolverse con otra «modélica» transición.

Pero una cosa es que la transición sea una chapuza y otra que sea una traición. Las interpretaciones del periodo 1975-1978 son muy reveladoras de los conflictos contemporáneos[1] y probablemente dicen más de éste que de aquél. Hay quien habla de «versión oficial» de la transición: «Según la versión oficial, la voluntad democrática del rey, materializada gracias a Adolfo Suárez, sería la gran responsable de una transición pacífica y ejemplar» (Alarcón, 2007). Este punto vista viene a decir que la teoría de la transición como modélica es un «relato» en el sentido peyorativo que tiene el término para los posmodernos, una especie de cuento ideológico, repleto de «mitos y mentiras» (André-Bazzana, 2006, p. 166; Gallego, 2008, p. 361), con el que quienes protagonizaron el momento tratan de justificar su abandono de los principios revolucionarios que los hubieran obligado a aprovechar la circunstancia para intentar el advenimiento de una sociedad socialista, o cuando menos republicana y radicalmente democrática. Ciertamente. Y la interpretación de la transición como una traición es otro relato igual de pedestre que el primero, si bien destinado a otro auditorio.

Traición, incompetencia, abandono, quizá cobardía… La crítica a la transición como referencia anima un discurso que se presenta como propio de la generación posterior a aquélla. Llegados a la mayoría de edad, los hijos de la transición ajustan cuentas con los protagonistas, propagandistas y apologetas de tan señalado momento. La gran ocasión perdida. Comprobado su fracaso histórico, quienes hicieron la transición deben desaparecer por el escotillón, deben dejar el paso a la nueva generación airada y no contaminada con aquel vergonzoso cambalache. Al margen de que el asunto concreto en disputa (el carácter de la transición como modelo, como traición o como chapuza, como se propone aquí) esté o no definitivamente zanjado, cosa harto problemática[2], la petición viene también avalada por las enseñanzas de la experiencia en cuanto al modo de renovarse las relaciones sociales, o lo que Pareto llamaba la «circulación de las elites».

La cuestión, sin embargo, no es sobre si realmente hay un proceso perfectamente comprensible de renovación de voces, personas, rostros, propuestas, ya que eso responde al ser mismo de la sociedad. La cuestión es si el concepto de «generación» tiene alguna validez en ciencias sociales o debe limitarse a su uso como sustantivo común (en cuyo caso llega a llamarse «generaciones» a las promociones de las escuelas), o si pretende mayor especificidad como metáfora que se produce excepcionalmente y siempre a toro pasado, como dicen los partidarios de las corridas, en muchos campos, no solamente en el filosófico-político (por ejemplo, la Generación del 98), sino también en el literario (la Generación del 27). Porque para que el concepto tenga validez debe aplicarse como norma y no como excepción. Sin embargo, no cabe hablar de «generaciones» como agregados de individuos que compartan criterios o puntos de vista cual si fueran partidos, sindicatos u otras asociaciones, ya que el hecho generacional es involuntario y fortuito. El juicio no es una facultad colectiva, sino que sólo puede ser individual y el individuo piensa por su cuenta; ese pensar puede ser coincidente con el de unos y opuesto, antagónico, al de otros de la misma cohorte, por lo que se requiere un acto consciente y deliberado de sumarse a un grupo, movimiento o partido, algo que es completamente ajeno a la condición contingente de formar parte de una «generación». Por lo demás, en la misma «generación de la transición» hay ya acerbos críticos de ésta (Vidal Beneyto, 1981; Ortí Benlloch, 1989, 1998, y Morán, 1991).

Legalmente hablando, la transición era imposible y Franco tenía razón con lo del atado y bien atado. En efecto, el proceso se abre con la mencionada Ley para la Reforma Política (Ley 1/1977, de 4 de enero) aprobada por las Cortes en memorable sesión, conocida popularmente como del «harakiri» y respaldada con gran entusiasmo por los españoles en referéndum de 15 de diciembre de 1976. La LPRP, una chapuza, obtenía un respaldo casi unánime. Que era una chapuza se evidencia en el hecho de que se tramitara como octava Ley Fundamental, siendo así que venía a enterrar a las otras siete. En términos estrictamente jurídicos, la validez de esta ley había de juzgarse con la legalidad del régimen anterior, por cuanto, como decía el artículo 3 de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional de 1958, «serán nulas las leyes y disposiciones de cualquier clase que vulneren o menoscaben los Principios proclamados en la presente Ley fundamental del Reino».

Para dilucidar este aspecto existía el llamado recurso de contrafuero que se presentaba ante el Consejo Nacional del Movimiento, un órgano creado en 1937, presidido por el caudillo, especie de segunda Cámara, cuyas atribuciones nunca estuvieron claras y cuya eficacia era nula. Tanto, que se hizo célebre la definición que de él dio un despechado José María Pemán: «El Consejo Nacional del Movimiento es un órgano colegiado que se reúne de vez en cuando para escuchar al aconsejado»[3]. Fue ésta la vía que eligieron 34 procuradores en las Cortes franquistas para impugnar la Ley para la Reforma Política. Sin embargo, la comisión permanente del citado Consejo Nacional rechazó de plano el recurso[4] y, cediendo antes a la conveniencia política que a la lógica jurídica, hizo posible que se tramitara la reforma institucional de la transición, que era manifiestamente contraria a los principios del Movimiento Nacional. No debe olvidarse que la transición arranca con una ley ilegal[5]. Una chapuza.

Pero no la única. El camino que se inicia con la LPRP se culmina con la aprobación de la Constitución en referéndum de 6 de diciembre de 1978, aunque con respaldo menor que el de la LPRP[6]. La chapuza se produce aquí en el momento en que el rey sanciona esa Constitución, ya que se trata del mismo monarca que juró fidelidad a los principios del Movimiento Nacional allá por 1969. En puridad de los términos, la legitimidad democrático-constitucional arranca de un perjurio real. ¿Quién se encarga de abrir el paso a la nueva legitimidad democrático-constitucional? Precisamente aquel que es depositario de la legitimidad anterior, la surgida de un golpe de Estado un 18 de julio de 1936, fecha escrita con sangre en la historia de España, y lo hace faltando a su juramento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional dentro de los que no cabe Constitución alguna. Sin embargo, tales principios eran, decía la correspondiente Ley Fundamental, «permanentes e inalterables». Y en cierta medida siguen siéndolo. Así se advierte que en el ejemplar material de la Constitución que el rey sanciona, su edición príncipe depositada solemnemente en el Congreso de los Diputados, luce en su portada el águila de san Juan que el franquismo tomó como emblema de España, con el añadido de los lemas y símbolos fascistas.

Por eso se decía al principio de esta parte que la transición había desmantelado el aparato institucional del franquismo, pero no su simbología. ¿Cómo iba a hacerlo, si la había consagrado como origen de la nueva legitimidad? El intríngulis de la transición radica en ésta, su condición chapucera. No hubo continuidad, pero tampoco hubo ruptura, sino una mezcla que indigna todavía a los partidarios de los cortes nítidos en la historia. Se cambiaron las instituciones, pero los que las administraban se mantuvieron en sus puestos, aunque con cometidos distintos: los jueces del Tribunal de Orden Público, una caricatura de tribunal cuyos magistrados condenaron a cientos de años de cárcel a los opositores al régimen de Franco sabiendo que lo que hacían era inicuo; los policías de la Brigada Político Social, de siniestra memoria; los miembros del Movimiento Nacional en todos sus cometidos institucionales como presidentes de Diputaciones, gobernadores civiles, alcaldes; todo el personal político del franquismo se mantuvo, empezando por el presidente del Gobierno que hizo la transición, Adolfo Suárez, que había sido ministro secretario general del Movimiento de diciembre de 1975 a julio de 1976, en que fue nombrado presidente. Es decir, había pasado de ministro secretario general del Movimiento a presidente secretario general del mismo Movimiento, si bien con el cometido de desmantelarlo. Por ello le gritaban los ultras siempre que podían aquello de «Suárez, traidor, cantaste el Cara al Sol», como si eso quisiera decir algo, ya que, entre 1939 y 1959, por poner unas fechas, fueron millones los españoles que cantaron el Cara al Sol de grado o a la fuerza.

Lo que revela la transición es la omnipresencia del miedo, de ese miedo que guarda la viña, el metus hobbesiano, repentinamente desatado a la muerte del dictador, que no por más esperada encontró más gente preparada para hacerse cargo de la situación. Franco designó sucesor, pero su sucesor se quitó del medio con la finta constitucional trasladando el poder político real a órganos electivos sin que nadie supiera a ciencia cierta cuál sería la fortuna electoral de cada fuerza política. Era tal el miedo, que no es disparatada la interpretación de que la moderación del comunismo español era un intento de tranquilizar a la espera de unos resultados electorales que se preveían tan abultados para el PCE que hasta preocupaban a los comunistas. La gran obsesión compartida colectivamente era desmentir el tópico de la ingobernabilidad de los españoles, su tendencia a la guerra civil, su cainismo. Así que todos procedieron a abrazarse como se representa genialmente en el famoso grupo de Genovés. Todos abrazados hacia la reconciliación.

Ese miedo preventivo se dirigía sobre todo hacia el ejército, del que los españoles venían sufriendo continuas injerencias políticas desde comienzos del siglo XIX, más o menos desde esa feliz fecha en que, según convicción extendida, nace el sentimiento o la idea de la nación española. Los militares no faltaron a la cita con la fatalidad hispánica y escenificaron una intentona militar que, de no ser porque sus consecuencias hubieran podido ser catastróficas, era un esperpento de estilo bastante valleinclanesco. El teniente coronel Tejero era un remedo del teniente Don Friolera. Aunque, como siempre en los asuntos políticos y sociales, todo depende del punto de vista que se adopte. El mismo hecho que parece una astracanada criminal al autor de este ensayo es enjuiciado de este modo por Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange e hija de Miguel Primo de Rivera, el penúltimo dictador de España:

Toda esta descomposición [las Autonomías, el divorcio, la legalización del Partido Comunista, etc.] dio lugar a un intento de golpe militar el 23 de febrero de 1981, encabezado por el prestigioso general Milans del Bosch, héroe de nuestra guerra y de la División Azul, el general Armada y el teniente coronel de la Guardia Civil, Tejero Molina, que ocupó las Cortes y sometió a todos los diputados para tratar de salvar a España de la catástrofe, en un intento de reconducción del proceso político, pero sin derramar una sola gota de sangre.

La verdad es que cuando los españoles vimos por la «tele» todo el proceso de ese levantamiento, muchos nos llenamos de esperanza. Yo recordaba el golpe de Estado de mi padre, que, sin ninguna violencia, dio a España siete años de paz y prosperidad. El 23-F fracasó y siguieron las condenas a sus protagonistas, pero ¿no habrá fracasado también España? (Primo de Rivera, 1983, p. 95).

Imagen del ejemplar de la Constitución de 1978 que se guarda en el Congreso de los Diputados.

El párrafo, que no tiene desperdicio, en una obra que tampoco lo tiene, es muy ilustrativo y revelador del espíritu que anima a la derecha española, para la cual la democracia es una forma de degeneración nacional de la que únicamente puede salvar al país un golpe de Estado militar que devuelva a los españoles (siempre habla en nombre de todos) la esperanza. Pero, al mismo tiempo, es un buen indicador de cómo pintaba el ambiente en aquellos años, de la seguridad y prepotencia de la derecha. Treinta y tantos años después es sencillo decir lo que hubiera podido hacerse. Pero lo sencillo no es siempre lo acertado, aunque pueda parecerlo.

El miedo no era producto de la cobardía, el abandono o la traición a unos u otros principios, sino que tenía un fundamento real en una experiencia histórica y una confabulación que trajo una rebelión militar de hecho. Se produce aquí ese episodio de la transición en el que se cuestionan las horas en las que el rey, como capitán general de las Fuerzas Armadas, estuvo ausente. Y como siempre en la historia, las interpretaciones son múltiples. Hay quien afirma que las empleó en desactivar el golpe telefoneando a los capitanes generales y altos mandos militares que pudieran estar implicados en la intentona para hacerlos desistir. Y hay quien sostiene que, por el contrario, se mantuvo a la espera hasta ver qué resultado podría seguirse del pronunciamiento y sólo se puso del lado de la legalidad y la Constitución cuando se convenció de que la tentativa no tendría éxito. Tanto la una como la otra parecen meras especulaciones que pueden tomarse más o menos a beneficio de inventario, máxime cuando según todos los indicios lo más razonable sea pensar que el rey actuara en defensa de la legalidad constitucional desde el primer momento, más que nada por la cuenta que le tenía y las amargas experiencias a su alcance tanto en España como en Grecia, tierra de su cónyuge.

Otro asunto fue el de la justicia que se hizo con los responsables de la intentona. Dada la lenidad de las penas a que se condenó a la inmensa mayoría de los encausados (de quienes, a su vez, se supone que no fueron todos los implicados), se argumenta que hubo una solidaridad corporativa militar, impropia de una democracia verdadera y por tanto prueba de que la transición, lejos de ser un modelo, era una farsa. Es cierto que el Gobierno de Calvo Sotelo recurrió esta sentencia ante el Supremo y que en algunos casos este tribunal dobló las penas impuestas por la justicia militar. Que la suavidad de las penas y los beneficios de sala sirvieran para comprar silencios que, de romperse, comprometerían a más o menos relevantes personalidades, pertenece también a un terreno predominantemente especulativo, aunque no suene descabellado. Esta visión, en todo caso, sirve para argumentar en pro de una idea negativa de la transición que no hará muchos ascos a las pruebas que se presenten a favor de su posición.

Hay más historias en la transición que se entrecruzan con otras y van haciendo más y más condensada la figura y de trazo más complejo. Está la influencia exterior, que resultó decisiva. Lo primero que hizo el rey al ser investido fue ir a los Estados Unidos y declamar ante el Congreso sus planes como monarca español. El Congreso de los Estados Unidos venía a ser así mutatis mutandi como el Senado de la República romana, aquella asamblea de patricios ante la que rendían cuentas los reyezuelos periféricos del Imperio. Es un signo de los tiempos: muchos Estados soberanos del planeta consideran conveniente conseguir el placet de los Estados Unidos a su forma de organización política, lo que implica reconocer una especie de derecho de vigilancia a una especie de gendarme mundial. Es verdad que Juan Carlos, el primer monarca español que ponía el pie en América, hizo antes una escala en Santo Domingo, la antigua Hispaniola colombina, por aquello de guardar las formas simbólicas; pero el viaje, el primero del nuevo jefe del Estado español, tiene el significado que tiene.

Aunque los estudiosos de la transición suelan concentrarse en los aspectos internos de ésta, con lo que se descuidan los factores e influencias exteriores[7], la injerencia extranjera fue llamativa. Hay anécdotas que lo prueban para todos los gustos, pero lo primero que se observa es que, así como Franco era el apestado de Europa, la monarquía y la democracia españolas tenían muchos amigos en el viejo continente. Valèry Giscard d’Estaing cuenta en sus memorias con cierta condescendencia su visita al rey de España con motivo del festejo de su proclamación (Giscard d’Estaing, 1989), que hubo que aplazar unos días para acomodarla a las del presidente de la República alemana, Walter Scheel, y el canciller, Willy Brandt. De este modo quedaba claro desde el principio que franceses y alemanes se postulaban como valedores de España en su retorno a la Europa de las libertades.

Fue sin embargo una tutela ambigua. España ingresó con cierta celeridad en el Consejo de Europa en 1977, antes de la entrada en vigor de la Constitución, pero el ingreso en las demás organizaciones del mundo europeo y occidental, en lo esencial la Unión Europea y la OTAN, aún se haría esperar unos años. Por ello cabe suponer que quienes daban la alternativa, siendo al mismo tiempo competidores (especialmente en el caso de Francia), se encontraban en una posición ambivalente que les hacía aceptar los hechos pero retrasar sus efectos. También en este campo se formula una crítica a la transición, a la que se acusa de haber supeditado España a los intereses del Imperio. Es más: suele argumentarse que, dada la debilidad internacional de España, la condición nunca confesada que se le impuso para acceder a su ingreso en la Unión Europea era una previa integración en la Alianza Atlántica.

La entrada en la OTAN es un punto crucial en la visión crítica de la transición. La incorporación la procuró el Gobierno conservador de Calvo Sotelo en un gesto que todo el mundo supuso que era típico de la derecha, al tratarse de participar en la organización defensiva del anticomunismo. Conviene recordar que en la época las opciones en política exterior eran tres: la OTAN (representativa del capitalismo, las economías de libre mercado, el «mundo libre» u «Occidente», que siempre hubo abundancia de nombres), el Pacto de Varsovia (representativo del comunismo, las economías de planificación centralizada, el mundo oprimido al otro lado del Telón de Acero u «Oriente») y los Estados neutrales (entre los que había de todo, pero en especial países poco desarrollados).

Fue la izquierda la que, con distinto ahínco, pidió sacar al país de la OTAN, y cuando el PSOE alcanzó el poder con mayoría absoluta en 1982 empezó a cambiar de parecer, de forma que, cuatro años después, en 1986, abanderó la opción de que el país permaneciera en la organización militar[8]. Ese volte face del PSOE tuvo un efecto decisivo en la consideración exterior de la transición y en la consolidación interna de ésta, ya que los anteriores gobiernos de la UCD, presididos por Adolfo Suárez, habían amagado ocasionalmente veleidades neutralistas del estilo de las que lucían los llamados entonces países no alineados, entre los que se contaban Egipto, China o la India. Puede decirse, pues, que España ingresó dos veces en la Alianza Atlántica, pero el ingreso que tiene valor simbólico es el segundo, dado que fue decidido en referéndum. España tiene el rasgo característico de ser el único país que ha ingresado en la OTAN por voluntad popular especialmente manifestada al respecto.

De ahí arranca un enfrentamiento entre la izquierda radical, principalmente el PCE, y la moderada o centro-izquierda del PSOE. Un enfrentamiento sobre el que ha pivotado en buena medida la política española, dado que el resultado del referéndum de 1986 está en el origen de la formación de la coalición electoral de Izquierda Unida, en la que se integró un Partido Comunista que había venido teniendo unas fortunas electorales muy por debajo de sus expectativas. Los resultados del referéndum[9], aun dando la mayoría a los partidarios de la OTAN, mostraban casi un 40 por 100 de voto en contra, algo muy por encima de los resultados del PCE en las elecciones legislativas. De aquí que, pensando captar ese voto de izquierda que no iba al PCE, éste se sumergiera, por así decirlo, en una coalición electoral de nuevo cuño, una especie de «organización de masas» (por emplear la terminología leninista) cuya columna vertebral sería el PCE pero que respondería al nombre más moderno y de más fácil presentación en sociedad de «Izquierda Unida», coalición en la que se agruparían diversas personalidades a título individual y varios partidos de la izquierda extraparlamentaria, todo ello movido por un doble interés: los comunistas, el de demostrar que no estaban solos, sino que eran capaces de fraguar alianzas; los otros, el de alcanzar algún tipo de representación parlamentaria gracias a la fuerza electoral de los comunistas que, no siendo apabullante, les permitiría conseguir algún escaño.

La iniciativa tenía importancia, porque con ella se preveía restablecer unas proporciones electorales entre el PSOE y el PCE más acordes con lo que habían sido las predicciones habituales en los años sesenta y setenta: un poderoso partido comunista y un endeble partido socialista. Algunos dirigentes comunistas comenzaron a hablar del sorpasso, entendiendo por tal el momento en que los comunistas españoles superarían electoralmente a los socialistas, como sucedía siempre en Italia. La prueba de las sucesivas elecciones posteriores no dejó ninguna duda de que este cálculo era erróneo. Los resultados de IU subieron espectacularmente con relación a los del PCE anterior, pero aun así quedaron muy por debajo de las expectativas generadas. Julio Anguita, secretario general del PCE y coordinador federal de IU, llevó a ésta a su mejor resultado electoral obtenido hasta la fecha en las elecciones de 1996 con el 10,5 por 100 de los votos. Una decepción desde el punto de vista de quienes habían abrigado la ilusión del sorpasso[10].

La gente no parecía dispuesta a votar una marca del PCE, y las conclusiones que éste extraía de los resultados del referéndum eran falsas. Aquel cerca del 40 por 100 de voto contrario a la permanencia de España en la OTAN no se nutría tan sólo del voto de izquierda, sino también de parte del de la derecha. Ésta había abordado el problema del giro del PSOE a favor de la OTAN, como suele hacer, teniendo básicamente en cuenta sus intereses electorales. Lo que veía en el cambio de actitud del Gobierno era la posibilidad de debilitarlo y, eventualmente, conseguir su caída para probar fortuna. Su interés consistía en que el Gobierno perdiera el referéndum aunque con ello España saliera de la Alianza, lo que era contrario al punto de vista de la derecha en la materia. Alianza Popular hizo una campaña ambigua, con Fraga rezongando que el referéndum era un disparate y que lo que le pedía el cuerpo era abstenerse o votar «no». Al final, aduciendo sentido de Estado, Fraga pidió el voto «sí». Pero, para entonces, parte del discurso negativista, partidista, probablemente había calado en los votantes y una cantidad considerable de ellos fue a la abstención y otra al voto en contra. De otro modo no cabe explicar que, aunque los votos en contra en 1986 fueron casi siete millones, 6.872.421, en concreto IU sólo obtuviera 935.504 en las elecciones de junio de 1986 (a los tres meses del referéndum), 1.858.588 en las elecciones de 1989, 2.253.722 en 1993 y 2.639.774 en 1996, y eso en sus mejores momentos electoralmente. Es decir, en el momento más favorable para la izquierda, ésta no llega ni de lejos a la mitad de los votos negativos que se habían dado en el referéndum sobre la OTAN. Y ello porque hay un porcentaje apreciable de voto de derecha de clara influencia franquista, en el sentido de su más descarnado e inmoral pragmatismo: nada importan los intereses generales cuando el partido propio puede ganar las elecciones. Y ése es uno de los rasgos más típicos del franquismo residual en la derecha española, cuya prédica en pro de una política de principios y valores se convierte en su contraria cuando ello interesa a las fortunas electorales de su partido.

Institucionalmente el momento OTAN fue un paso decisivo en la resolución del problema militar español de ingerencia castrense en la política. El país que ingresó en la Alianza en 1981 venía de un golpe de Estado, y ese riesgo quedó ya considerablemente reducido con la integración de las Fuerzas Armadas españolas en la estructura defensiva militar de Occidente. Aún hubo un amago de cuartelazo en 1985, pero el segundo y victorioso ingreso dejó completamente calmas las filas militares.

Todo lo cual no obsta para que los críticos de la transición consideren que uno de los baldones del régimen democrático sea el haberse integrado en la política internacional agresiva del bloque capitalista. Los vaticinios eran entonces sombríos: en traición a sus postulados, el PSOE alineaba a España con un bloque belicista y con un grave riesgo de que el país se viera mezclado en una guerra no deseada y decidida por otros. Veinte años después, tales pronósticos se han revelado falsos, puesto que España únicamente ha participado en conflictos bajo cobertura de la ONU y en su mayoría en misiones de paz. Ello sin embargo no ha llevado a la izquerda a formular crítica alguna respecto a sus posiciones de antaño en relación con la OTAN; al contrario, la permanencia de España en la Alianza sigue presentándose como la prueba evidente de que el PSOE hubiera abandonado su tradición y esencia izquierdista. Y tampoco lo ha hecho la comprobación de que la Unión Soviética perseguía por entonces sus intereses de gran potencia en un mundo conflictivo (como quedó claro con la invasión de Afganistán), mientras que el Pacto de Varsovia, siendo una organización simétrica de la OTAN, igualmente representaba un riesgo de involucrarse en una política neoimperialista.

Mucho más costó a la derecha admitir la organización de una nueva planta territorial del país, la descentralización política de las Comunidades Autonómas con sus «matices federales», como suele decirse. La Constitución de 1978 tiene un Título VIII que establece una organización territorial que, aunque inspirada en la Constitución de 1931 y en la italiana de 1947, es innovadora en España y bastante inteligente, en la medida en que trata de conciliar la inevitable herencia de la España de los Austrias (territorios con derecho propio e instituciones propias de autogobierno) con una estructura más fexible del Estado a base de generalizar los casos peculiares. La derecha aceptó de mala gana esta estructura, e incluso en parte se opuso a ella, ya que algunos de sus votos en contra de la Constitución vinieron movidos por esta reorganización y, desde luego, por sus justificaciones más abstractas acerca de la nación española. En la izquierda, en cambio, la descentralización autonómica suscitó un juicio negativo por no ir más allá, no atraverse al federalismo y por no reconocerse el derecho de autodeterminación.

En el fondo, la nueva planta territorial del país prevista en la Constitución es otro aspecto chapucero de la transición. Presionada por el sempiterno patriotismo unitario de la derecha, la izquierda recogió velas en este campo y, en cuanto les fue posible, las dos principales fuerzas parlamentarias, el PP y el PSOE, se pusieron de acuerdo para arbitrar un pacto que recondujera el conjunto del proceso de autonomía a un estadio afín a una concepción más tradicional del centralismo territorial y que dio lugar a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (la famosa LOAPA, prácticamente desmantelada luego por el Tribunal Constitucional) de 30 de junio de 1982.

En cuanto al derecho de autodeterminación, que fue reivindicación del PSOE en los primeros momentos de la transición, se diluyó posteriormente en las ofertas electorales del partido hasta llegar a la situación actual, en la que éste niega paladinamente tal derecho. La autodeterminación queda como solicitud (muchas veces de modo puramente testimonial) de la izquierda radical. Con esta política de renuncias parecería haberse resuelto el contencioso territorial español secular. Pero fue sólo para cobrar mayor virulencia con los nacionalismos periféricos, muy especialmente con el que mantuvo la lucha armada y posterior actividad terrorista el nacionalismo vasco o parte del nacionalismo vasco.

ETA fue la amenaza permanente, la única de importancia, para la estabilidad democrática española. La sola existencia de los GAL prueba hasta qué punto corrieron peligro las instituciones de degenerar en alguna forma de terrorismo de Estado. El hecho de que los GAL fueran perseguidos y sus responsables encarcelados demuestra, sin embargo, que la batalla de la estabilidad la tenían ganada las instituciones democráticas. A partir de entonces ya parecía claro que la única salida podrían ser las negociaciones, y hubo así tres rondas de éstas: las de Argel con Felipe González en 1989 (aunque habían comenzado unos años antes), las de Aznar en 1998 y las de Rodríguez Zapatero en 2006, que rompe unilateralmente ETA, con el riesgo evidente de cerrarse así toda posibilidad de que algún Gobierno democrático español vuelva a negociar nada con ella.

En todo caso, desde el punto de vista crítico con la transición, ésta dejó una planta territorial del Estado claramente insuficiente, abocada a la perpetuación del conflicto en Euskadi y a una desafección también permanente de Cataluña que podría avivar allí el independentismo.

A estos males hay que añadir que la Constitución de 1978 (al fin y al cabo, la materialización de la transición) consagra un sistema económico capitalista, ciertamente con pinceladas de Estado social del bienestar, pero en el que el principio rector fundamental es el libre mercado.

Para más desparpajo, la jefatura del Estado es monárquica, de forma que el cuadro de la transición dibujado por la izquierda es francamene negativo y presenta un Estado español satélite del campo capitalista, insuficientemente descentralizado, con una democracia vigilada por los militares, organizado como una descarnada economía capitalista y coronado por una monarquía que el pueblo no quiere. Con esto ya basta para que la izquierda más radical, que acepta la larga marcha de las instituciones pero propone cambiar el sistema de cuajo, condene la transición como una entrega al enemigo de clase; pero si a ello se añade más recientemente la reaparición de la cuestión de los asesinados y los niños robados en el franquismo, nada tiene de extraño que la crítica izquierdista a la transición se radicalice incluso más.

Porque, efectivamente, a fuer de chapuza, la transición tiene mucho de franquismo. Ya hemos visto que, en el terreno simbólico, casi todo. Pero también quedan numerosos restos en el institucional. La vieja organización provincial décimonónica de Javier de Burgos permanece. Sólo recientemente, el Parlamento catalán ha aprobado una ley que pretende sustituir las cuatro provincias actuales por siete veguerías[11], aunque es problemático que esta ley sea eficaz en tanto no se reforme la legislación del Estado y, dentro de ella, la Constitución que consagra la provincia como circunscripción electoral. Igualmente permanecieron los gobernadores civiles hasta el mandato del PP en 1997, que los reconvirtió en subdelegados del Gobierno por hacer algo con ellos. Ironías de la vida y de los pactos de apoyo parlamentario. Permanece también la organización económica en su integridad y, desde luego, la figura del jefe del Estado, el rey que crió Franco a sus pechos y delante de quien, al parecer, no cabe hablar mal del dictador[12].

Pero la institución más típicamente franquista que la transición integra mansamente y conserva hasta nuestros días es la relación entre la Iglesia y el Estado. Mientras la extrema derecha gritaba alborotada lo de «Tarancón al paredón», otra parte de la jerarquía estaba concentrada en negociar a la chita callando una adaptación del viejo Concordato de 1953 con el tirano a las nuevas condiciones de la democracia. Surgen así los convenios con la Santa Sede de 1979, es decir, ya en tiempos constitucionales, pero negociados antes de la aprobación de la Constitución, que consagran el sempiterno lugar privilegiado de la Iglesia en el Estado español: enseñanza, imbricación en los aparatos del Estado, desde los capellanes castrenses hasta los curas de los hospitales públicos y financiación a cargo del Estado. El procedimiento de negociación y aprobación de estos convenios dice mucho sobre la naturaleza de la transición española y sobre el peculiar estilo de la Iglesia católica en sus relaciones con el poder político.

Lo decisivo aquí ha sido la recomposición del nacionalcatolicismo hasta convertirse en la fuerza política (no orgánica, pero sí mediática) que no había querido ser en los primeros tiempos de la transición. Más chapuza que ésta es inconcebible. Pero, es de insistir, una chapuza no es una traición. Entre los protagonistas de la transición, la expresión más frecuente es que «se hizo lo que se pudo» en las circunstancias de entonces. Obviamente pudo haberse hecho de otro modo y también pudo fracasar. Son cuestiones contrafácticas. Lo que llama la atención es que algunos de quienes critican la transición por haber sido algo insuficiente, cuando no un engaño, una dejación o una traición, son contemporáneos de ella y pudieron entonces hacer valer sus puntos de vista de hoy. Pero muy poca gente pidió por entonces medidas radicales como depuración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, expediente a los jueces y magistrados que administraron una justicia de farsa en los procesos políticos. Y, por cierto, todavía menos gente se acordó de los asesinados en las cunetas y de los niños robados.

La crítica a la idea del carácter modélico de la transición afecta a los propagandistas de aquélla, pero no a los estudiosos que son aficionados a construir modelos para entender la realidad pero muy reacios a proponerlos como «modélicos». Son cosas obvias, pero a veces se confunden. El primer modelo, por cierto, es el que armó Poulantzas para reunir en un único acontecer las caídas de las dictaduras del sur de Europa. Luego vinieron otros intentos en los que se emplearon variables estadísticas (índices de huelgas y movilizaciones), sondeos (tendencias, opiniones) y conceptos (elites, sociedad civil, capital social) que dieron cuadros más complejos. Que esos modelos se hayan utilizado después a título de propaganda o los hayan invocado fuerzas políticas en otros procesos de transición no quiere decir que sean inútiles ni que haya una interpretación canónica de la transición.

La polémica sobre el carácter de este periodo versa sobre un punto crucial en el modo de entender estos acontecimientos históricos: el de la memoria y/o el olvido, con los partidarios del proceso como se hizo sosteniendo que no hubo olvido sino consenso y los críticos afirmando que la transición tiene los pies de barro por erigirse sobre un olvido impuesto[13]. A su vez, esta polémica, que es en buena medida una polémica dentro de la izquierda, reproduce irónicamente una situación de la memoria, la de la Segunda República desde el comienzo de la Guerra Civil hasta mayo de 1937. La derecha formaba entonces un bloque compacto, el Movimiento en 1936, y lo forma ahora con el Partido Popular en 2011, mientras que lo que tenía antes enfrente era un campo dividido en dos que combatía entre sí una especie de guerra civil dentro de la Guerra Civil y lo que tiene ahora, PSOE e IU, vuelve a ser una izquierda dividida en la que se da un conflicto dentro del conflicto ideológico general de la sociedad.

Como hemos dicho, quienes reniegan de la transición sostienen que con ella se impidió una transformación más profunda y radical del orden social, en el fondo una revolución, si bien este término parece haber caído en desuso hace ya muchos años. Dan por supuesto que ésta se hubiera producido de no ser por la traición de los dos partidos de la izquierda, el socialista y el comunista, que se plegaron a las condiciones impuestas por el mando en plaza. Un hombre ponderado como Josep Fontana llega a decir que «tanto el PCE como el PSOE dieron un giro a la derecha, renegando de buena parte de cuanto venían predicando, y se han mantenido desde entonces en esta misma línea, que es lo que explica que sigan obligados, 33 años después, a defender medidas como la Ley de Amnistía de 1977»[14], si bien unos meses más tarde matiza esta afirmación y establece una distinción justa con la que estoy de acuerdo:

Respeto a quienes optaron por dedicarse limpiamente a la tarea de reconstruir una sociedad más libre, aunque me cueste disculparles por ciertas renuncias. Pero ello no me obliga a respetar también a la partida de sinvergüenzas que se dedicó al travestismo político para sacar provecho: recuérdese, por poner un solo ejemplo, que Aznar pudo armar todo un Gobierno con una partida de rojos reconvertidos que se vendieron a bajo precio[15].

Si bien invocando la acreditada teoría subjetiva del valor no coincido en que el precio fuera bajo. A mí me parece altísimo para lo que el pagador se llevó a cambio.

Precisamente uno de los rasgos más curiosos de esta visión es la actitud del Partido Comunista de España, que fue parte decisiva y determinante en el proceso de transición pero luego, habiendo cambiado su perspectiva, pasó a criticar acerbamente lo que en su día aplaudió. El PCE no puede cargar mucho contra la transición desde el momento en que tuvo a uno de sus dirigentes, Jordi Solé, como miembro de la ponencia constituyente y, por lo tanto, corresponsable de la Constitución que de allí salió y que, a su vez, fue posible por el acuerdo de principio de aceptación de la monarquía que, a cambio de la legalización, suscribió en su momento su entonces secretario general, Santiago Carrillo. Cabe por supuesto decir que los dirigentes no son los partidos, pero esta observación carece de enjundia, ya que los dirigentes hablan en nombre de los partidos mientras son dirigentes.

A su vez, quienes defienden la transición suelen considerar las críticas anteriores como intentos de deslegitimarla, cosa que unas veces es cierta y otras no. Su valoración del episodio es positiva; es decir, que no se conformarían con un entendimiento de la transición como una chapuza, cual se hace aquí, como el resultado de unos empeños coincidentes que lo hicieron lo mejor que pudieron. La visión positiva de la transición es más que esa resignada visión histórica y suele aportar un valor moral: los españoles demostraron al mundo que sabían hacer política sin necesidad de matarse entre sí, que eran capaces de la consabida «visión de Estado», que sabían sacrificar el interés faccional por el general. De este acierto histórico surge un poder constituyente que hace que la Constitución de 1978 se convierta en el Big Bang de legitimidad del sistema político español[16]. 1978 es la ruptura, y que los muertos entierren a los muertos. Además, los positivistas señalan que, junto a la legitimidad están las lentejas, nada desdeñables, desde el momento en que la Constitución de ese año ha inaugurado, hasta la fecha, el más largo, tranquilo y próspero periodo democrático de la vida del país. Ahí es nada. El pasado merece un respeto, sobre todo si las cosas se hicieron bien. Un argumento, el de la viabilidad, que no es moralmente apabullante, pero tampoco cabe despreciarlo sin más en sistemas que se basan en las decisiones de la mayoría.

Esa bondad de las cosas suele ejemplificarse en el talante abierto y sacrificado de los protagonistas de la transición de uno y otro lado, que llegaron a entender que era mejor ir juntos que a la greña, con lo cual ambas partes cedieron algo para que el resultado, no siendo enteramente satisfactorio para nadie, fuera, cuando menos, medianamente satisfactorio para la mayoría. Esta visión del proceso tiene algo de ditirámbica. Quienes la propugnan no suelen creer que la transición sea precisamente «modélica», pero sí es cierto que la consideran un acierto, pleno, y reparten los méritos entre todos los protagonistas por haber sabido renunciar a su programa «máximo» a cambio de lo que era posible, por conseguir un consenso con mutuo perdón, pero no el olvido (Tusell, 2001), lo que, si bien se mira, es una forma elegante de referirse a la chapuza. Teoría ésta que, sin negar la posibilidad de que los seres humanos sean capaces de ceder algo en pro del bien común, suele otorgar más crédito a la idea de que, cuando tal cosa sucede, es porque no tienen una posibilidad mejor: la de imponerse por entero, aunque sea a la fuerza. Traducido al enfoque de la transición quiere decir que ésta fue el resultado no del entrecruzamiento de generosidades, sino del recelo recíproco y del hecho de que nadie podía imponer todo su programa. La izquierda consiguió el establecimiento de una democracia coronada y la derecha puso los límites que pudo, entre ellos impedir que se exigieran responsabilidades por el pasado, y a eso lo llamaron los más complacientes «reconciliación» o «perdón». Pero, como señala Navarro, no pudo producirse un perdón que no se había pedido, sino que se impuso el olvido (Navarro, 2002). La transición fue en gran medida producto de la impotencia así como del miedo, según se señalaba más arriba. Los franquistas no podían seguir con Franco, pero sin Franco y los antifranquistas no podían impedir que los franquistas siguieran mandando.

No hay inconveniente en embellecer esa conclusión realista afirmando, como hacen quienes tienen una visión favorable de la transición, que fue un acierto, una inspiración, un momento de lucidez colectiva. ¿Por qué no? La cuestión es, sin embargo, qué alcance estamos dispuestos ahora a dar a aquel momento de acierto. ¿Permanente o transitorio? La derecha adora encontrar puntos simbólicos (cuanto más en el pasado mejor) que a su parecer condicionan el presente, dado que son inmutables. No puede tocarse la Constitución; no puede tocarse la transición. No puede tocarse nada, especialmente si ha dado buen resultado. Pero éste es un razonamiento tan válido como su contrario según el cual los momentos de lucidez terminan por apagarse y hay que proceder a realumbrarlos reformando lo que sea razonable reformar a la vista de los hechos. La realidad cambia. La cláusula rebus sic stantibus es aquí de aplicación. Los pactos de antaño no tienen por qué seguir siendo válidos hogaño, so pena de eternizar los vicios que la democracia ha heredado de la forma de hacer la transición (Colomer, 1998, p. 181).

Permítase una digresión y, hablando de pactos, volvamos de nuevo la atención a la extraña figura del Concordato de 1953, un pacto entre el Vaticano y la dictadura del general Franco. Se ha metamorfoseado en los Acuerdos con la Santa Sede ya mencionados. Es decir, ha habido una revisión, una novación del contrato, pero el Concordato sigue vigente, a mayor gloria del principio de no confesionalidad del Estado. Un Concordato cuyo artículo primero reza: «La religión Católica, Apostólica, Romana, sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico» [la cursiva es mía]. Los Acuerdos no son tan estupendos, dan la catolicidad de las autoridades por supuesta y hasta presentan una Iglesia católica insólitamente liberal. Por ejemplo, el Acuerdo sobre «Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio militar de clérigos y religiosos» dice en su artículo primero que «La asistencia religioso-pastoral a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas se seguirá ejerciendo por medio del vicariato castrense». La transición es un alivio; antes ese mismo vicariato ejercía su asistencia religiosa-pastoral sobre todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

¿Merecería la pena revisar en algo el pacto de la transición y, si necesario pareciere, también la Constitución de 1978? Sin duda alguna, y habrá que hacerlo, se quiera o no se quiera, porque aquellos episodios horribles de la eterna posguerra del franquismo de la longa noite de pedra de Celso Emilio Ferreiro, aquellas matanzas sistemáticas, planificadas, atroces y sobre las cuales se pasó como sobre ascuas durante los tiempos de la transición retornan al ámbito del debate público, como si fueran los zombis del franquismo y exigen una reparación que a juicio del autor de este ensayo les es debida. Y aquí es donde adquieren las pervivencias del franquismo sus tintes más siniestros. En realidad los responsables del nuevo clima y la reaparición de la memoria histórica son los apologetas de la derecha que animaron a ésta en el gobierno entre 1996 y 2004 a actuar «sin complejos». Claro está que «sin complejos» se refiere al pasado franquista de la derecha y es consejo que ésta ha seguido con verdadero entusiasmo, provocando, probablemente lo que buscaba a sus fines de confrontación: la reacción de la otra parte. Nada de extraño debiera tener que, con la victoria de la izquierda en 2004 y 2008 también entre ella se difunda la consigna de actuar «sin complejos», y «sin complejos» quiere decir aquí terminar con las pervivencias del franquismo. El franquismo residual, el franquismo permanente de la sociedad española que, según González Duro, se encuentra en todos los órdenes y niveles de la vida española y aqueja a todas las instancias y personas en mayor o menor grado, desde el rey hasta los gobernantes actuales (González Duro, 2006). El franquismo, en definitiva, que ha mantenido a más de 100.000 personas asesinadas enterradas en fosas comunes en las cunetas y ha mantenido en silencio el siniestro episodio de los miles de niños robados a los rojos para ser educados en la fe del Señor.

En realidad, esta visión crítica de la transición viene a coincidir con la de la derecha, aunque por supuesto no por las mismas razones, ya que considera que la Constitución de 1978 implica el cierre, la culminación de un proceso, un punto de llegada más allá del que no es posible ir, siendo así que una visión más dúctil y abierta obliga a verla como un punto de partida, cual acertadamente considera Borja de Riquer[17], quien entiende que el texto es válido en la medida en que abre posibilidades y caminos a través de interpretaciones avanzadas en lugar de cerrarlos. No hay en efecto gran diferencia entre una derecha neofranquista que ve la Constitución como el punto máximo a que podía llegar la reforma del régimen de Franco y una izquierda que la reputa como el cierre definitivo del proceso de tal reforma.

El momento en que se pone de manifiesto esta situación se da con la sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de julio de 2010 en relación con el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña interpuesto por los diputados del PP. Para el presidente del Gobierno, efectivamente, con la sentencia del Tribunal Constitucional queda cerrado el proceso autonómico, «el límite al autogobierno de Catalunya es el Estatut recortado por el Tribunal Constitucional, y más allá no se puede ir»[18]. Ambas orientaciones políticas, la izquierda radical y la derecha neofranquista, levantan constancia de esta imposibilidad: aquélla con frustración y hostilidad, ésta con alivio. Se suma cierta izquierda moderada que también quiere haber llegado al final del camino y que antepone la famosa ética de la responsabilidad a la ética de la convicción, resucitando un debate que fue muy importante e ilustrativo durante la transición y que, sin embargo, parece haberse olvidado.

Desde luego cabe preguntarse si un país puede permitirse el lujo de mantener abierto y en una situación de provisionalidad algo tan importante como la organización territorial del Estado. Pero al mismo tiempo no parece muy acertado entender que el texto constitucional deba considerarse exclusivamente como un cortafuegos, como una barrera insalvable para las reformas estructurales en el país y la evolución de éste. Precisamente la justificación última de la Constitución es que sea capaz de integrar en una acción común el designio transformador y la exigencia de intangibilidad, lo que es probablemente la intencionalidad de los magistrados en la citada sentencia.

Por otro lado, la crítica izquierdista al carácter insatisfactorio de la transición incorporado en el texto constitucional probablemente persigue otro interés autojustificativo a través del supuesto de lo que los teóricos de juegos llaman «restriccion de alternativas», y según la cual la izquierda no está hoy en posición de imponer sus puntos de vista más radicales porque la Constitución le cierra el camino, una constitución rígida que consagra el statu quo conservador.

Esta visión crítica de la transición, que obedece a una especie de esquematismo rígido de resonancias religiosas, en el sentido de que el producto es insatisfactorio porque tiene un pecado de origen que condicionaría un resultado paralizante, no puede sin embargo negar la realidad de que, con sus defectos e insuficiencias, el régimen democrático que alumbró es razonablemente abierto y permite la acción política reformadora que lleve a otro más acorde con los ideales de las fuerzas más radicales. Lo único que se requiere para que éstas triunfen es que obtengan la mayoría electoral. Con sus dificultades, la Constitución es reformable. Si la reforma no se impone es porque no goza de la mayoria necesaria. No hay obstáculos institucionales infranqueables.

Lo que sí hay es una pervivencia del franquismo, un elemento de clara raíz antidemocrática que junto a ETA ha venido siendo el gran obstáculo a la consolidación del régimen democrático en España. Resulta irónico que los dos principales problemas de la democracia española sean dos herencias del franquismo. En cuanto a que lo sean las reminiscencias franquistas poca duda puede haber, ya que esas reminiscencias, como se analizará en la última parte de este libro, bien tratan de soslayar el problema no hablando de él o bien alardean de la condición de herederas. En cuanto a ETA, su carácter de herencia del franquismo arranca del hecho de que la organización surgió como una respuesta a la dictadura de Franco, ya que sin el rígido centralismo que éste inspiró y la despiadada represión que puso en marcha en el País Vasco, tal organización terrorista no habría surgido.

[1] Puede verse un intento temprano de sistematización de las perspectivas sobre la transición en Cotarelo, 1994.

[2] El autor de este ensayo reconoce modestamente haber ido cambiando su juicio sobre el fenómeno, desde un primero que hacía hincapié en la importancia de los partidos políticos (Cotarelo, 1981) hasta el que apuntaba a la importancia de los consensos durante el periodo (Ibid., 1992), pasando por el de la transición como resultado del miedo y la imposibilidad de los actores de imponer sus reivindicaciones al completo (Ibid., 1986), por el que se inclina en este escrito.

[3] Citado por A. de Miguel (2008), «La resaca de las elecciones y otras menudencias», Libertad Digital, 21 de abril [http://www.libertaddigital.com: 6681/opiniones/opinion_42923.html].

[4] «Por unanimidad de la Comisión Permanente del Consejo Nacional. Rechazado el recurso de contrafuero contra la Ley de Reforma Política», La Vanguardia Española, 19 de enero de 1977.

[5] Votó el 77,8 por 100 del censo. El «sí» obtuvo el 94,17 por 100 del voto; el «no» el 2,56 por 100; los votos en blanco fueron el 2,97 por 100 y la abstención (que era lo que predicaba la izquierda) se quedó en un 22,2 por 100, que está por debajo de la media de abstención en consultas de alcance estatal cuando no hay consignas abstencionistas.

[6] Votó el 67,11 por 100 (diez puntos porcentuales menos que en el referéndum de la LPRP). Los votos «sí» fueron el 88,54 por 100 de los votantes; los «no» el 7,89 por 100 y los votos en blanco el 3,57 por 100. La Constitución despertó menos entusiasmo que la LPRP.

[7] Una dignísima excepción en Powell, 1993.

[8] Y, con él, otra gente de izquierda. Yo mismo escribí un artículo en El País el día anterior al referéndum pidiendo el sí: R. García Cotarelo (1986), «A favor del “sí” con sus razones», El País, 11 de marzo.

[9] El resultado fue como sigue. Censo: 29.025.494 electores. Votos contabilizados: 17.246.458 votantes (59,42 por 100). Votos a favor: 9.054.509 (52,49 por 100). Votos en contra: 6.872.421 (39,8 por 100). Votos en blanco: 1.127.673 (6,53 por 100). Votos nulos: 191.855 (1,11 por 100).

[10] J. Perpiñá (2010), «A vueltas con el “sorpasso” de IU», Crónica de Aragón. Diario digital independiente, 9 de julio.

[11] J. Cavero (2010), «Cataluña sustituye las cuatro diputaciones por siete veguerías», Europa Press, 29 de julio.

[12] «No consiento que se hable mal de Franco en mi presencia». Juan Carlos en entrevista de Selina Scout en la televisión inglesa, verano de 1988.

[13] Véase un estupendo estado de la cuestión en Yeste, 2010.

[14] J. Fontana (2010), «Tra(ns)iciones», Público, 5 de mayo.

[15] J. Fontana (2010), «Pensar desde la izquierda», Público, 15 de agosto.

[16] G. Marañón y Bertrán de Lis (2010), «La insobornable verdad», El País, 28 de junio.

[17] B. de Riquer (2010), «Prohibir realidades no soluciona nada», El País, 14 de julio.

[18] «Zapatero da por culminado el proceso autonómico», eldebat.cat, Diari digital de Catalunya, 1 de septiembre de 2010.

Capítulo V

El franquismo posfranquista

La derecha española hoy tiene un origen innombrable. Vive en una contradicción y paradoja: debe defender lo que no puede defender expresamente y ha de condenar lo que tampoco puede condenar. Por su origen franquista tendría que ensalzar el franquismo, pero eso no puede hacerse salvo por el procedimiento esquinado de los revisionistas, equivalente a un «Franco como mal menor», y no puede hacerse porque esa defensa no sólo contaría con una oposición cerrada en la esfera internacional, sino que tampoco contaría con apoyos significativos en el interior del país, lo que no quiere decir que no los tenga. Esa contradicción y ambigüedad en que vive la derecha se hace patente cuando se observa que dicha defensa sigue practicándose: se celebran misas y otras honras espirituales en las que participa el clero secular y regular a favor de Franco, se llevan a cabo actos en su memoria, cuenta con un mausoleo sostenido con fondos públicos y dispone, entre otras cosas, de una fundación legal (y, por tanto, igualmente subvencionada con cargo a los presupuestos del Estado), la Fundación Francisco Franco, dedicada a honrar, perpetuar y ensalzar la memoria de un genocida. Es una situación contradictoria que se manifiesta en una acción política disparatada y poco congruente.

La dinámica democrática quiere que se condene el régimen de Franco, pero eso tampoco puede hacerlo la derecha, como no puede hacerlo el rey, a pesar de su condición de traidor que le adjudican dos autores franceses (Jeambar y Recaute, 1990), cosa que menciono aquí para curarme en salud. Es verdad que la derecha se avino finalmente a condenar la dictadura del general Franco mediante una proposición no de ley del Congreso, consensuada con los demás grupos políticos entonces en la oposición, pues se trataba del año 2002, en que gobernaba el PP con mayoría absoluta. Es igualmente verdad que dicha condena venía asimismo acompañada de una recomendación genérica de reconocimiento moral de las víctimas del franquismo, así como de apoyo a los familiares de los ejecutados en aquellos años[1]. Pero también es verdad que esa condena del PP al primero al que no parece obligar es al propio PP, ya que este partido, representado por el eurodiputado Jaime Mayor Oreja, asimismo en nombre del conjunto del PP europeo, se negó a secundar la condena que la Cámara europea hizo del régimen del general Franco en julio de 2006, cuatro años después de que su partido hubiera condenado el franquismo en el Congreso español.

Esta inconsistencia, esta falta de congruencia se echa de ver frecuentemente en la negativa de los gobiernos locales del PP a condenar unas u otras referencias franquistas, a retirar a Franco honores municipales o títulos de hijo predilecto, por no decir del nombre del pueblo mismo. ¿O no sigue habiendo un pueblo en La Mancha, tierra quijotesca, que lleva el alucinado nombre de Los llanos del Caudillo? Se observa asimismo en el rechazo al desarrollo y aplicación de la ley de la Memoria Histórica. Incluso en la beligerancia contra ella, como se verá más adelante al considerar la persecución a que se sometió al juez Baltasar Garzón por haber pretendido hacer justicia a las víctimas del franquismo. No pueden condenar sin ambages el franquismo, porque gran parte de los miembros de la derecha son franquistas. Porque el franquismo sigue presente en la sociedad española, tanto en las relaciones personales como en las institucionales. Hay un légamo franquista en la Administración Pública, singularmente en el Poder Judicial y en asociaciones profesionales y empresariales de la sociedad civil. Y sería sorprendente que el franquismo condenara el franquismo.

El señor Mayor Oreja, en el caso citado, no argumentaba su negativa a condenar el régimen de Franco en que esta condena sólo compete a la soberanía española y no puede ser materia de decisión de la Cámara europea. Ello hubiera resultado anticuado, pero no incongruente con una concepción estrecha y obsoleta del patriotismo conservador. En lugar de ello, el eurodiputado elogió la acción de su partido, entonces la UCD durante la transición, y avisó ominosamente de que no convenía abrir «segundas transiciones» para terminar con una nota que en él muestra ribetes de obsesión: es una locura poner en marcha naciones donde antes no las había[2]. El mismo Mayor Oreja que un año después defendía, en cambio, la «extraordinaria placidez» del franquismo[3]. ¿Cómo va alguien a condenar algo que se muestra con «extraordinaria placidez»?

La necesidad de acabar con esta ambivalencia, vivida muchas veces como algo embarazoso que fuera necesario ocultar o cuando menos disimular, probablemente sea la explicación del insistente consejo que la derecha mediática dirigió a la política en los años noventa, ya bien pasada la transición, de actuar «sin complejos». La derecha debía perder el complejo de culpabilidad por su asociación con el franquismo, bien porque éste a fin de cuentas había sido beneficioso para el país, bien porque, en caso de que la condena fuera insoslayable, habían pasado ya veinticinco o treinta años, se condenaba un episodio histórico que, sin embargo, como se ha visto, al ser meramente moral, convivía con la llama viva del franquismo social a través de las celebraciones de la memoria del dictador. «Sin complejos» era volver a ser la derecha de siempre, quizá con más razón que nunca, dado el ahínco con el que diversas fuerzas nacionalistas aliadas a otras españolas pero antiespañolas parecen empeñadas en demoler este viejo solar patrio que es la nación española.

No obstante, acomplejada o sin acomplejar, la derecha no quiere que se hable del contencioso de la salida de la dictadura. Sostiene, como ya se ha dicho, que no hay que «reabrir viejas heridas» que, como también se ha dicho, no están cerradas, pues si lo estuvieran no podrían reabrirse. Por eso se opone la derecha a todas las medidas que tiendan a plantear el problema, porque le obligaría a cerrar de verdad las heridas y, para ello, tiene que reconocer que su discurso justificativo de la dictadura («todos fuimos asesinos») sólo podría valer, si acaso, que es mucho caso, para la Guerra Civil pero no para la dictadura en sí, en donde se dio una simplificación criminal del conflicto: en un lado los asesinos y en el otro los asesinados y asesinables.

Tampoco la Iglesia quiere que se hable de lo que pasó en la dictadura y de cómo ella no sólo colaboró con un régimen de terror, sino que formó parte institucional directa de él. Los curas delataban, los curas estuvieron en muchas ejecuciones, los curas apuntalaban el régimen, los curas estaban en los cuarteles y las cárceles como partes componentes del aparato represivo de la dictadura. El nacionalcatolicismo es, ya se ha dicho, protagonista del franquismo. Por tanto, nada de investigar en la naturaleza de aquél y sus relaciones con la Iglesia.

La jerarquía tuvo sus más y sus menos con la dictadura, como se ve por el caso Añoveros. Asimismo, en los últimos años del régimen, muchas parroquias y movimientos cristianos de base ampararon actividades ilegales de oposición, singularmente las del sindicato Comisiones Obreras, entonces de fuerte orientación comunista. Igualmente hubo alguna actuación destacada de la jerarquía en la transición. Monseñor Enrique Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española, era partidario de la conversión de la dictadura en un régimen democrático, y la mejor prueba es que impidió que en España surgiera un partido demócrata-cristiano que quizá se hubiera manifestado en contra del cambio, con lo que concitó el odio de los sectores más integristas del régimen, los franquistas más enardecidos que le gritaban «Tarancón al paredón»[4].

Pero todas estas circunstancias pertenecen a una época de la historia de la Iglesia que el Vaticano considera más recomendable olvidar, en especial desde el acceso al solio del papa Juan Pablo II, el polaco que contribuyó decisivamente a la caída del comunismo y que puso en marcha una contrarreforma del Concilio Vaticano II que su sucesor, el alemán Ratzinger como Benedicto XVI, ha proseguido con el entusiasmo de un antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En la actualidad, la Iglesia, también sin complejos, reconoce su alianza con la derecha en una serie de asuntos decisivos y su unidad de acción social, como se ve en la beligerancia eclesiástica en asuntos como el aborto o los matrimonios homosexuales. Entretanto, esa misma Iglesia prosigue una política conflictiva en sí misma de proclamar mártires a sus caídos, pero no a todos, lo que, dadas las circunstancias, constituye una especie de provocación para los allegados a las víctimas del franquismo que siguen enterradas en ignotos parajes.

Sin embargo, esa doble decisión del Vaticano y de la derecha de que no se remuevan los restos del franquismo todavía pertenece a un horizonte mental en el que el «franquismo» designa una determinada forma de organización política del pasado, es decir, se agota en su consideración institucional de la dictadura, pero los acontecimientos se encargan de demostrar con caracterizada tozudez que lo esencial, lo determinante de aquella dictadura, no es su organización institucional, sino aquella tremenda oleada de represión que siguió a la victoria de los sublevados el 1 de abril de 1939 y que cabe calificar de genocidio.

La visión de la dictadura, la que está imponiéndose por encima de las consideraciones institucionales, es una muy emotiva que se sale ya de lo meramente informativo para alcanzar el campo de la opinión pública y que muestra al país convertido en un queso de Gruyère, literalmente sembrado de fosas comunes en donde yacen decenas de miles de republicanos ejecutados sumariamente o sin procedimiento alguno. Ante ese horror que ha estado siempre presente en algunas dictaduras latinoamericanas de los años setenta, como la chilena y la argentina, la política de ocultación y negación de la derecha y la Iglesia está abocada al fracaso. La política de la Ley de la Memoria Histórica está dando sus frutos, de modo lento y titubeante, pero lo está haciendo. Cada vez hay más juzgados que se suman a la tarea de abrir las fosas comunes e identificar a quienes yacen en ellas para que se les haga justicia.

Como se han puesto las cosas hoy no es posible ya defender en público que dejen de abrirse dichas fosas y de poner nombre a los asesinados. Por eso la derecha y la Iglesia recurren al miedo, a la amenaza, avisando de que corren peligro los «pactos de la transición», básicamente el de la Ley de Amnistía de 1977 por la que se renunciaba a pedir responsabilidades por los desmanes cometidos durante la dictadura, una ley que pudo tener justificación entonces, dado el clima del país en la época, pero que es perfectamente legítimo considerar inicua y derogable por atentar contra todos los avances éticos y jurídicos producidos desde entonces. Y, en todo caso, está claro que la apertura de las fosas comunes no es una petición de responsabilidades por los desmanes cometidos, sino un mero acto de reparación moral.

La virulencia de este enfrentamiento se observa muy bien en la peripecia seguida por el juez Baltasar Garzón, que sufrió un asalto de la derecha por atreverse a investigar los crímenes del franquismo. Un asalto judicial, pero asalto al fin y al cabo. En realidad el magistrado se enfrentaba a tres querellas por prevaricación en 2010 por tres asuntos distintos, a saber: a) el caso de las víctimas del franquismo, acusación a cargo de dos grupúsculos de extrema derecha, la Falange y un sedicente sindicato, Manos Limpias, cuya actividad principal parece ser la de querellarse contra cuanto le incomode políticamente; b) el caso de las escuchas telefónicas realizadas en las comunicaciones entre los detenidos del caso Gürtel y sus abogados defensores, acusación a cargo del PP, también muy amigo de instar la acción de la justicia en todo tipo de conflictos políticos; c) el caso de una financiación con posibles fines lucrativos personales de unos cursos organizados por el juez Garzón en la Universidad de Nueva York, con la acusación a cargo de dos abogados privados que la ejercen siempre que creen que hay indicios de delito en cualquier acción de cualquier poder público.

De las tres querellas, la única que produjo efectos prácticos inmediatos (si bien el proceso se sigue por vías de recursos) fue la del caso de las víctimas del franquismo, en la que se acusaba al juez Garzón de arrogarse competencias que no le correspondían. El Consejo General del Poder Judicial, vista la incoación del proceso, suspendió al magistrado, quien hubo de dejar su juzgado en la Audiencia Nacional, aquel juzgado en el que se habían instruido causas tan célebres como la del narcotráfico gallego, los GAL, la criminalización del entorno de ETA, el procesamiento del general Augusto Pinochet y la trama de corrupción y presunta financiación ilegal del PP en el caso conocido como Gürtel. En toda esa brillante carrera, el juez Garzón fue dejando muchos enemigos, sobre todo en la derecha, a la que, cuando el magistrado instruyó el caso Gürtel, le dio por recordar que Garzón era un «juez socialista» porque concurrió a las elecciones de 1993 como segundo de lista por Madrid, por detrás de Felipe González.

Ciertamente esa decisión de hacerse diputado del PSOE, quizá ministro, no fue la más acertada de la carrera del juez, quien demostró con ella una enternecedora bisoñez política. La imagen que componían Garzón y González venía a ser como la que proyectarían el gallo y el zorro hablando de sus asuntos. En todo caso, ese traspié no convirtió en absoluto al juez Garzón en un «juez socialista», ya que, enojado al ver que González no lo nombraba ministro en ninguna de las dos ocasiones en que fue posible, causó sonora baja en sus tareas parlamentarias, se reintegró a su juzgado e ipso facto reabrió el caso GAL, que dio con los huesos de un ex ministro y un ex secretario de Estado en la cárcel y enfilaba sus baterías hacia Felipe González, el famoso Mr. X al que se adjudicaba la responsabilidad última del delito.

En la querella por el caso de las víctimas del franquismo cabe observar que el juez Garzón había comenzado un proceso de instrucción sumamente innovador, de una gran trascendencia jurídica a la hora de perfilar el tipo penal del genocidio. Empezó como mandan los cánones, preocupándose por las cuestiones formales, para lo cual solicitó información sobre el general Francisco Franco, llegando a interesarse por su certificado de defunción. La derecha intentó bromear con el asunto, preguntándose si el juez llamaría a declarar a don Pelayo y sin enterarse de que el magistrado estaba siendo muy meticuloso: tenía que asegurarse de la situación del general Franco, porque era igualmente, y en este caso sí, responsable último del delito de genocidio cometido en España en aquellos años. Otro Mr. X. La indagación formal era imprescindible para dar naturaleza jurídica a un hecho socialmente reconocido: que las víctimas del franquismo son las víctimas de la política deliberada de exterminio de las autoridades de la dictadura, pensada y formulada en la cúpula del Estado cuyo responsable último era Franco.

Siendo el delito de genocidio, no prescribía. Por consistir básicamente en la figura de la desaparición forzada de personas, de secuestro, este delito seguía vivo, ya que sólo cesa o se convierte en otra cosa en el momento en que se da razón de la persona a la que se haya hecho desaparecer. La tipificación del delito es impecable. Que la querella haya sido por prevaricación como extralimitación de funciones puede ser jurídicamente correcto; pero no afecta al fondo del asunto de que hay un delito que no ha prescrito y que alguna instancia de la justicia deberá dar amparo a las víctimas, porque eso es obligado. De otro modo los crímenes del franquismo quedarán impunes[5] y ello no solamente es algo contrario a derecho, sino seguramente imposible a la vista de cómo están evolucionando los acontecimientos en un momento en que ya están abiertas algunas fosas comunes en diversos puntos del territorio nacional y las víctimas están siendo identificadas. Es decir, en un momento en que literalmente los muertos salen de sus tumbas. Y descubre la gente entre la indignación y el bochorno que el país que tiene bajo los pies, la patria a la que hay que amar hasta dar la vida por ella, es una inmensa necrópolis anónima en la que las fosas comunes jalonan los caminos como antaño los Hermes jalonaban las vías de la Hélade eterna.

Éste, junto al de los niños robados, es el aspecto más siniestro del franquismo, lo que hace imperdonable aquel régimen e incomprensible que alguien quiera exonerarlo. Esa labor de exterminio metódico y sistemático de los rojos vencidos en la guerra, inermes, a merced del vencedor que no tuvo ninguna, es lo que convierte el franquismo en algo con lo que nadie que no sea un canalla quiere verse asociado. Con o sin placidez.

La resistencia, cuando no la negativa de la derecha a aplicar en los distintos órdenes de gobierno las disposiciones de la Ley de la Memoria Histórica en el tratamiento de los símbolos y honores del franquismo, da la medida de la persistencia del franquismo en la derecha española, persistencia que por sí sola explica ese fenómeno que suelen subrayar los comentaristas políticos, en el sentido de que la derecha española no es enteramente equiparable con la derecha europea. La existencia de tres derechas de base territorial distinta en la España de hoy (PP, PNV y CiU) ya dice algo al respecto. Y más dice el hecho de que el PNV no esté en la Internacional Demócrata Cristiana de la que es fundador, porque el PP maniobró para excluirlo. Es más, en el Europarlamento el PNV no pertenece al PPE como el PP, sino al Partido Demócrata Europeo, dentro del cual se encuentra La Margherita italiana, que hoy está inmersa en el Partido Democrático italiano junto con algún grupo de izquierda.

La pervivencia del franquismo

La peculiaridad de la derecha española reside en la pervivencia del franquismo, y esta pervivencia representa el obstáculo más grande para la implantación de una opción conservadora democrática en una democracia normalizada. Esto es, una derecha que acepte el principio de alternancia en el poder que es consustancial a la idea democrática; que acepte que la gobernación del Estado no le pertenece por derecho hereditario; que respete al adversario, pues es alguien como uno animado de una genuina voluntad de servicio público y no una alimaña a la que haya que exterminar como sea; que no le dé miedo el pasado.

El franquismo duró cuarenta años y cuarenta años en que se vivieron cambios socioeconómicos estructurales de primera magnitud. Esos cuarenta años han dejado una huella que, a día de hoy, parece indeleble. Parte importante de la huella es la pervivencia que se observa, entre otras cosas, en la existencia de instituciones como la mencionada Fundación Francisco Franco o el Valle de los Caídos. En cualquier lugar del mundo sería impensable una institución dedicada a fomentar y expandir el conocimiento de la obra de un genocida, por no decir la preservación de un monumento que ese genocida decidió erigirse en vida como lugar de culto y con la finalidad de perpetuar su memoria.

Estas pervivencias del franquismo, habiendo calado en las mores españolas, conservan una situación de desigualdad manifiesta como el eco en el tiempo de la celebración de la victoria nacional sobre los rojos. Dos detalles bastan para visualizar esta situación de desigualdad de trato. En la plaza de La Moncloa de Madrid sigue enhiesto un arco de triunfo que oficialmente se llama «Arco de la Victoria» y en el que se eternizan unas inscripciones falaces que habría que remover, pues en una de ellas se habla del «caudillo de los españoles». El otro ejemplo se observa en el Museo del Ejército que hay en el Alcázar de Toledo, lugar que justifica la epopeya del régimen de Franco, repetición gloriosa de la gesta de Guzmán el Bueno, solemnemente inaugurado por el príncipe Felipe el 19 de julio de 2010: en ese museo se conserva intacto el despacho del entonces coronel Moscardó[6]. Que haya un Museo del Ejército, que se ubique en el Alcázar de Toledo, que acoja el despacho del coronel Moscardó con la famosa transcripción telefónica de la conversación con su hijo por lo que pueda valer, que la inauguración la haga el príncipe Felipe y que tenga lugar el 19 de julio, lunes, cuando probablemente estaba pensada para el 18 de julio, domingo, son elementos muy reveladores de las pervivencias del franquismo.

Resumiendo, estas pervivencias condicionan la derecha española desde los ya lejanos tiempos de la transición hasta nuestros días. Probablemente empeñarse en que dicha derecha es franquista sea injusto por generalizador, pero lo que es incontrovertible es que el franquismo se manifiesta a través de ella. Si bien no toda la derecha es franquista, todo el franquismo es de derecha. Y esa pervivencia y consiguiente manifestación se deduce de los siguientes datos objetivos:

a) La carencia de una condena clara y rotunda de la dictadura. Hay una condena en sede parlamentaria en el año 2002, pero la derecha política no es consecuente con ella, puesto que, llegado el momento, sus representantes se niegan a condenarla de nuevo, como en el citado caso de Mayor Oreja, o bien soslayan la cuestión[7]. La derecha social va más allá y no sólo se niega a condenar el franquismo, sino que lo ensalza reputándolo una bendición de los cielos y el mejor régimen político que ha tenido España desde la Restauración, si no antes. El Partido Nazi y el Partido Fascista están prohibidos en Alemania e Italia (si bien otras formaciones con otros nombres representan su espíritu), pero la Falange en España es legal. Y no sólo es legal, sino muy activa judicialmente.

b) La derecha ha mantenido una actitud de oposición frontal a todo cuanto tuviera que ver con la Memoria Histórica. Su tesis es que no se trata de otra cosa que un conjunto de dislates de palabra y obra que, en el fondo, tratan de reventar los pactos implícitos de la transición y reabrir las consabidas heridas felizmente cicatrizadas gracias al olvido y al generoso consenso constitucional. La posible ruptura de los pactos implícitos carece de sentido. Primero porque no siempre es injusto revisar pactos; al contrario, a veces es lo más justo que cabe hacer. Y segundo porque nadie pactó no desenterrar a las víctimas del genocidio franquista. Con el agravante de que lo que se quiere desenterrar son muertos matados por asesinos cuya identidad, supongo, nadie o casi nadie quiere hoy averiguar. Ésa es una diferencia de gran importancia entre unos y otros. Mucha gente quiere que se identifique a las víctimas, pero muy poca, si es que hay alguna, quiere que se identifique a los victimarios. A pesar de esa diferencia (o quizá por ella), la derecha mantiene una actitud de feroz oposición a la Memoria Histórica en todas sus manifestaciones. Su manifestación más evidente es la mencionada querella por prevaricación contra el juez Garzón. Y junto a las medidas más radicales, las ordinarias y cotidianas no revelan menos el mismo espíritu: allí donde gobierna la derecha en España no aporta facilidades para la exhumación de las víctimas del franquismo. Al contrario, trata de impedirla.

c) Los símbolos del franquismo se han mantenido incólumes en España durante años: nombres de calles, lugares, parajes, estatuas, títulos de instituciones, festividades, títulos honoríficos del dictador han sobrevivido, y sólo recientemente se ha dado una actividad sistemática de los poderes públicos para sanear el habitáculo. La medida en que el franquismo impregna las instituciones de la democracia puede verse en que la web de La Moncloa [http://www.la-moncloa.es/home] hasta hace muy poco tiempo relacionaba entre los presidentes del Gobierno de España al general Franco y omitía toda referencia a la Segunda República[8].

El nacionalcatolicismo

Las pervivencias del franquismo en la sociedad española vienen apuntaladas por la permanente hegemonía del nacionalcatolicismo. La transición reformó el régimen de relaciones con la Santa Sede, pero apenas afectó a las que había y hay entre el Estado y la Iglesia en el interior. Todos los supuestos constitucionales y legales acerca de estas relaciones, desde la aconfesionalidad del Estado hasta la necesidad de que la Iglesia subvenga a sus necesidades por sus propios medios, son alegremente ignorados en un Estado al que el clero y la derecha consideran esencialmente católico, en función de la doctrina sostenida hoy por los más ultramontanos de que ser español implica necesariamente ser católico. Un punto de vista que, sin embargo, han compartido muchos, incluidos los liberales doceañistas y los veinteañistas por cuanto ambos se referían, aunque con distinto espíritu, a la Constitución de 1812, cuyo artículo 12 rezaba: «La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra». Que no está mal y, por ahora, doscientos años más tarde sigue siendo parcialmente cierto, pues hoy no se prohíbe el ejercicio de otras religiones. El odio de la derecha hacia Azaña, además de originarse en otras cualidades del político alcalaíno, bebió siempre en la famosa afirmación de aquél de que España había dejado de ser católica; o sea, que España había dejado de ser España desde muy diversos puntos de vista, desde los doceañistas hasta los carlistas. Así, en 1937, el padre Menéndez Reigada escribía lo siguiente: «El alzamiento en armas contra el Frente Popular y su Gobierno es no sólo justo y lícito, sino hasta obligatorio, y constituye por parte del Gobierno Nacional y sus seguidores la guerra más santa que registra la historia» (cit. en Redondo, 1993, p. 355). Y en un interesante texto de educación patriótica juvenil, publicado en Burgos en 1940 en la editorial Hijos de Santiago Rodríguez, junto a un dibujo de Santiago Matamoros se formula como verdad apodíctica que: «El alma española es naturalmente católica» (Anónimo, 1940).

La cuestión es si la transición ha llegado a la Iglesia española. Es cierto que durante los primeros años, con los gobiernos de UCD y los del PSOE, la Iglesia no se hizo muy visible en las cuestiones del siglo. Hubo oposición a la implantación del divorcio y a la primera ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero fue en tono menor, no muy estridente. La Iglesia tuvo en verdad tan a gala su actitud de neutralidad en el conflicto político que, al legalizarse los partidos entre 1976 y 1977, no apoyó a ninguna de las asociaciones y organizaciones que se presentaban como democracia cristiana, en la esperanza de convertirse en un poderoso partido demócrata cristiano similar a los que por entonces eran determinantes en países como Italia, Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, etcétera. Esperanza fallida, pues la Iglesia no apoyó explícitamente a ninguna formación demócrata cristiana.

Pero esa actitud de distanciamiento se terminó con los gobiernos de la derecha entre 1996 y 2004 y, a partir de 2004, se ha convertido en una de beligerancia casi continua frente al Gobierno del PSOE en prácticamente todas las iniciativas legislativas de éste. De nuevo se ha dado una alianza entre la derecha y la Iglesia como recuperación del nacionalcatolicismo. La derecha se ha sumado prácticamente a todas las movilizaciones callejeras que ha convocado la Iglesia, desde las manifestaciones en contra de la reforma de la ley del aborto, hasta las algaradas en defensa de una familia supuestamente amenazada por cuanto el Parlamento había decidido reconocer el derecho de los homosexuales a llamar a sus relaciones debidamente legalizadas matrimonio. Precisamente en este ámbito de los derechos de los grupos discriminados es donde se ha dado una clara manifestación del retorno de la alianza más integrista entre el trono y el altar. En un libro de conversaciones de la reina Sofía con la periodista Pilar Urbano (Urbano, 2008) aquélla sostiene, entre otros puntos de vista similarmente retrógrados, que los homosexuales se casen si lo desean, pero «que no lo llamen matrimonio»[9].

Esto es, el nacionalcatolicismo está vivo en primer lugar porque la Iglesia mantiene en buena medida su mainmise sobre el conjunto de la Administración pública. No es solamente que el Estado siga financiándola a pesar de lo que se dice en los vigentes Acuerdos con la Santa Sede; además hay innumerables formas de financiación indirecta que no aparecen computadas en la otra, la oficial, la que se computa como transferencia del Estado a la Iglesia, bien directamente, bien a través de la participación tributaria de la famosa casilla. Se trata de la financiación de la enseñanza privada concertada, el sueldo que el Estado paga a los profesores de religión (católica, va de suyo) que, sin embargo, dependen laboralmente de la Iglesia, el del clero inserto en determinadas instituciones públicas, como el ejército o el sistema penitenciario, las exenciones fiscales de todo tipo.

Incluso la famosa casilla, recientemente incrementada del 0,5 por 100 al 0,7 por 100 de la cuota y que se presenta como «autofinanciación de la Iglesia», de la que se supone que acabará siendo la dominante, encierra una triquiñuela. Esa transferencia tributaria la sufragan todos los españoles, no solamente los católicos que marcan la casilla, porque, al tratarse de un porcentaje que el Estado transfiere desde sus ingresos ordinarios a la cuenta de la Iglesia, los ingresos ordinarios menguan; todos los españoles, hasta los ateos y los apóstatas, pasando por los pertenecientes a otras confesiones, financian la Iglesia católica. Ya lo decía «La Pepa»: es la religión de la nación española. Otra cosa sería, y más justa, que la Hacienda Pública habilitara tantas casillas como confesiones hay en España y que los creyentes de cada una de ellas, en caso de desearlo, aumentaran su ordinaria aportación a la caja común de la Hacienda una cantidad equivalente a lo que deseen que vaya a culto. Y sin desgravación fiscal. Eso sí sería financiación propia de las Iglesias, incluida la católica, voluntaria de los creyentes y sólo de los creyentes.

Pero no es solamente desde el punto de vista material, económico, desde el que se observa la pervivencia del nacionalcatolicismo. También desde la perspectiva mucho más profunda de lo cultural y lo simbólico. Santiago Matamoros sigue siendo patrón de España, un país cuyo presidente del Gobierno proclamaba el 21 de septiembre de 2004 ante la Asamblea General de la ONU la venturosa teoría de la «alianza de civilizaciones» (esencialmente judeo-cristiana e islámica) convertida en 2007 en un programa de la ONU, algo que venía a ser como una especie de respuesta al libro del tratadista Samuel P. Huntington sobre El choque de las civilizaciones. Pero Santiago disfruta de honores nacionales cada 25 de julio en España. Lo habitual es que el día sea festivo y que el jefe del Estado o alguien en su nombre acuda a la catedral de Santiago a la ofrenda nacional al apóstol en medio de revistas, desfiles y otras actividades militares. En el año en que esto se escribe [2010], y aunque parezca mentira, el rey ha pedido a Santiago que ayude a resolver la «grave crisis económica» y sus «duras consecuencias para millones de personas y de familias», particularmente para los jóvenes, y a erradicar «la sinrazón de la barbarie terrorista»[10]. Eso en el siglo XXI y en un Estado no confesional. Y, desde ahí para abajo, todos los órdenes de la vida siguen afectados por el nacionalcatolicismo o por su nostalgia. La jerarquía cree tener un deber pastoral no sólo con su grey, sino con todos los españoles a los que aspira a imponer sus convicciones morales, a ser posible en términos legislativos. Si por ella fuera, no habría divorcio, ni aborto, ni matrimonio homosexual, ni políticas de salud sexual, ni control de la natalidad, ni investigaciones genéticas, ni libertad de confesiones, no ya para los fieles, sino para todos los ciudadanos.

La Iglesia pretende no estar sometida a la jurisdicción ordinaria. Frente a los numerosos casos de pederastia que se vienen dando en su seno desde hace mucho tiempo, probablemente siglos, su reacción pública, cuando finalmente se ha dado, ha sido tratarlos como pecados o como ilícitos del Código Canónico, pero no como delitos de la jurisdicción penal. Sólo después de denodados esfuerzos en contra ha acabado aceptando la Santa Sede lo que de todas formas no puede evitar, esto es, que los clérigos responsables de pederastia comparezcan ante los tribunales penales ordinarios.

Con su peculiar ideología tridentina, la Iglesia lucha denodadamente por mantener su situación exenta y al margen de las jurisdicciones del siglo. Nadie espera que los colegios españoles de carácter religioso retiren los crucifijos de las paredes en cumplimiento de la sentencia de 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual los establecimientos educativos no deben exhibir crucifijos en las paredes; máxime cuando tampoco es probable que se retiren de los colegios públicos y, además, la sentencia está recurrida ante el mismo Tribunal.

Hay una actitud eclesiástica de permanente injerencia en los asuntos terrenos o políticos que en algunos casos equivale a llamar a la desobediencia civil, quién sabe si al muy venerado «derecho de resistencia a la tiranía». Escuchar al arzobispo Gil Hellín (arzobispo de Burgos) decir que la ley del aborto «no es ley; no obliga»[11], suena a llamada al incumplimiento de la ley basada en la irreductible convicción del nacionalcatolicismo de que la Iglesia está por encima del poder civil y que es ella la que decide cuándo ese poder es legítimo y cuándo no, cuándo una ley es ley y cuándo no[12]. Existiendo arzobispos así, ¿para qué se necesita un Tribunal Constitucional? En verdad, ¿para qué se quiere una democracia? Es mucho mejor una teocracia. Cierto es que sólo unos días después el arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, sostenía que los políticos deben cumplir la ley aunque sea injusta o dimitir. Advertía así, como jurista, de algo que es el abc del funcionamiento del Estado de derecho, con lo que contradecía de plano las pretensiones de algunos presidentes de Comunidades Autónomas pertenecientes al PP de no aplicar la ley del aborto y matizaba claramente las manifestaciones del arzobispo Gil Hellín. Lo que sucede es que monseñor Rouco da por supuesto que la ley del aborto es injusta y espera que el Tribunal Constitucional anule algunos de sus preceptos cuando menos. Y, de nuevo como arzobispo, al reputar injusta la ley, monseñor Rouco abre todas las posibilidades que remite al orden de la conciencia de cada cual, intersticio por el que vuelve a colarse la desobediencia y hasta la insubordinación, si bien se entiende que no movidas por las autoridades, sino por una reacción espontánea de la gente. No se olvide: la nación española es su religión.

Sólo cabe concluir que la transición, la denostada transición, no ha llegado a la Iglesia, o si llegó se evaporó sin dejar recuerdo. La perspectiva de la Iglesia sigue siendo totalitaria, en el sentido de que pretende impregnar todos los aspectos de la vida social. Reaparece en la afirmación del cardenal Cañizares de que «si España dejase de ser católica dejaría de ser España»[13]. Tanto es así que, muy en sintonía con el Vaticano, que también la tiene tomada con el nefando relativismo del siglo, monseñor Rouco Varela, quien como presidente de la Conferencia Episcopal Española cuenta con una considerable presencia mediática, carga de vez en cuando con plenas baterías contra el peligroso «relativismo» que ha inundado nuestra sociedad materialista[14]. El relativismo se ha convertido así en el problema central de la fe en la hora actual. Sin duda, ya no se presenta tan sólo con su vestido de resignación ante la inmensidad de la verdad, sino también como una posición definida positivamente por los conceptos de tolerancia, conocimiento dialógico y libertad, conceptos que quedarían limitados si se afirmara la existencia de una verdad válida para todos. A su vez, el relativismo aparece «como fundamentación filosófica de la democracia» (Ratzinger, 1996). Obviamente, quien ataca el relativismo es porque cree preferibles las convicciones dogmáticas y, en último término, una sola de ellas: la suya. La lucha en pro del detestable relativismo es un avance de la civilización.

La importancia del catolicismo en la sociedad española se aprecia asimismo considerando su intensa presencia en el campo de batalla de la hegemonía ideológica. La Iglesia católica dispone de la mayor y más densa red de colegios privados y otras enseñanzas no universitarias con subvenciones públicas, así como con varias universidades; cuenta con dos cadenas de radio cuando menos (COPE y Radio María), dos diarios de ámbito nacional, ABC y La Razón (el segundo de los cuales distribuye en España el periódico del Vaticano, L’Osservatore romano), además de otros diarios y multitud de publicaciones diocesanas; tiene también copiosa presencia en la red: además del resucitado diario Ya que sólo sale en versión digital, hay cientos de páginas web de contenido religioso más o menos beligerante. Frente a esa enorme maquinaria de propaganda, las otras confesiones prácticamente no existen y los movimientos racionalistas, ateos, anticlericales, apenas alcanzan visibilidad social, si acaso relacionados con grupos estrafalarios o de dudoso porvenir, como suele pasar también con los cristianos de base.

El catolicismo español se evidencia igualmente en una tupida red de asociaciones, congregaciones, hermandades, prelaturas, órdenes, reglas, etc., que impregna toda la vida social sin que por regla general se plantee la conveniencia o inconveniencia de su presencia en determinados procesos sociales. Por ejemplo, la que se da en la administración de justicia. Hay jueces y magistrados miembros del Opus Dei. Para los católicos esta asociación es una prelatura; para muchos no católicos puede ser una secta. El Opus reúne bastantes de los requisitos de las sectas. En todo caso es una organización que persigue unos intereses religiosos y políticos particulares. Teniendo en cuenta que los jueces y magistrados ven limitado su derecho de asociación política es razonable preguntar si la pertenencia al Opus no debiera ser también incompatible con la actividad judicial. Se dirá que esos jueces y magistrados representan dignamente a un poderoso sector de la opinión pública española y es cierto, pero tal representación no es necesariamente compatible con la pertenencia a una asociación como el Opus. Y hay otras, por ejemplo, la Legión de Cristo, una congregación cuyo nombre lo dice todo, porque el término «legión», quizá desde los tiempos de la «Legión tebana», viene asociado a actividad belicosa, agresiva. Los legionarios de Cristo tratan de ser los perfectos del Regnum Christi, los triunfadores, los que dirigen las sociedades; es una fe de poderosos. Su fundador, Marcial Maciel, ha caído en el descrédito después de su muerte al saberse que durante toda su vida hizo lo contrario de lo que predicaba, que tuvo hijos, que los tuvo con varias mujeres, que abusó de algunos de ellos[15] y que cometió todo tipo de tropelías, incluido el uso de drogas con fines inmorales[16]. Un comportamiento típico de sectas.

¿Es o no nacionalcatolicismo que el arzobispado valenciano prepare unos textos de enseñanza en materia sexual para parroquias y colegios y en los que se dice que la masturbación es un «vicio» y la homosexualidad una «disfunción» y se condena el sexo prematrimonial, así como los métodos contraceptivos?[17]. ¿Y es o no nacionalcatolicismo que esa peculiar interpretación de la realidad sexual y reproductiva (que, irónicamente, acusa a la pública de «reduccionista») esté apoyada por los poderes públicos de la Comunidad? Ya tenemos de nuevo a los curas metidos en las alcobas, persiguiendo el erotismo y hablando de lo que los obsesiona: el sexo.

Algo hemos avanzado en todo caso, porque podíamos encontrarnos en una situación como la de la posguerra, cuando los curas determinaban la longitud de los vestidos de las mujeres: «El traje de la mujer, para ser honesto aun fuera del templo, no deberá tener escotes exagerados ni ser excesivamente corto en faldas y mangas» (Comisión Episcopal, 1958, § 86, p. 39). O bien la tomaban con los bailes «agarrados»:

Aunque el baile, de suyo, no es malo y hay danzas sagradas y folclóricas muy honestas, es cierto que los bailes llamados modernos, entre los que podemos clasificar a todos los llamados «agarrados», son un serio peligro para la moral cristiana. Por esto, aun en sus formas moderadas, deben en general desaconsejarse, por convertirse fácilmente en ocasión próxima de pecado. Pero muchos son malos en sí mismos: por lo que significan, por los gestos y contactos que permiten, y será siempre pecado grave bailarlos, organizarlos, invitar a ellos y aun asistir sin grave motivo (Comisión Episcopal, 1958, § 94, p. 42).

Algo hemos avanzado, sí, pero el espíritu nacionalcatólico viene siendo el mismo.

La apropiación de los símbolos colectivos

Esta unión renovada entre el Trono (ahora cuartel) y el Altar que forma parte del peculiar totalitarismo español, militar y religioso, poetizado en el ideal falangista del monje y el soldado, impregna todo el orden simbólico del franquismo, que se traslada a la derecha posfranquista prácticamente íntegro. Resulta característica de ésta, como lo fue del franquismo, la utilización partidista de los grandes símbolos colectivos, nacionales. Considérese la idea de Patria y sus dos atributos simbólicos por excelencia, la bandera (con el escudo) y el himno.

La relación de los españoles con su bandera es cuando menos peculiar. La rojigualda es el pabellón oficial español porque, entre otras cosas, así lo dispone la Constitución en su Título Preliminar, en el que asimismo se establece que el castellano es la lengua oficial del Estado que todos los españoles deben conocer aunque, menos mal, no estén obligados a emplearla; que el Estado es una monarquía parlamentaria; que España es una nación de una indisoluble unidad, «patria común e indivisible de todos los españoles», y que su capital es la villa de Madrid. Algunas de estas cosas, como la monarquía, ya las habían aprobado los españoles indirectamente en el referéndum de la Ley para la Reforma Política; otras aparecieron posteriormente y se introdujeron en el texto constitucional más o menos manu militari, por ejemplo lo de «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», que suena más a jaculatoria que a descripción y aparece redactada con un estilo típico de cuarto de banderas.

Desaprobación de los bailes modernos. La Iglesia católica piensa que son de carácter inmoral y deshonesto.

La bandera es sobrevenida. Es cierto que, muy sensatamente, los constituyentes proclamaron la que había sido de España desde los tiempos de Carlos III; no iban a proponer la republicana, habida cuenta de que estaban restaurando la monarquía que la República desbancó. Y tampoco era cosa de inventarse otra. El problema con la rojigualda, sin embargo, es que está identificada con el franquismo, guste o no. Y no está identificada con él por un capricho de izquierdistas y sempiternos resabiados, sino porque el propio franquismo la enarboló en una guerra civil y, al vencer, la puso al servicio exclusivo de su proyecto político dictatorial radicalmente ilegítimo no sólo por su origen sino también por su ejercicio. Y de esto no puede desprenderse la bandera así como así.

Una porción considerable de españoles no considera la rojigualda como bandera propia; unos porque son republicanos y prefieren la tricolor, y otros porque, siendo nacionalistas, prefieren la ikurriña o la cuatribarrada. Buena ocasión para recordar que en esta afición por apropiarse de los símbolos de todos, la derecha española no está sola. El PNV ha convertido en la bandera de Euskadi la suya propia de partido, diseñada por Sabin Arana a imagen y semejanza de la británica. En Cataluña la senyera es la cuatribarrada de la vieja Corona de Aragón, hoy elemento icónico común en las banderas de Aragón y los països catalans. En cuanto a los republicanos, se puede decir de ellos que quizá tengan la misma relevancia que los ciudadanos estadounidenses que prefieren la bandera de la Confederación. La diferencia parecería estar en que así como los partidarios de Dixieland sólo son una colectividad nostálgica fundamentalmente contemplativa, los partidarios de la tricolor en España son defensores de un cambio del régimen político.

La idea de que la bandera es la insignia española es razonable, pero sólo parece realizarse de modo espontáneo en los acontecimientos deportivos, lo que deja algo que desear respecto al carácter solemne de este símbolo de los colores nacionales. Porque el hecho es que en las manifestaciones públicas de la izquierda casi no hay banderas nacionales pero abundan las republicanas, mientras que en las de la derecha las banderas nacionales abundan tanto que apabullan, entre otras cosas porque los colores son muy chillones. Quienes diseñaron el pendón quisieron hacerlo visible, y esa combinación de colores se ve hasta de noche, como sabe muy bien McDonald’s.

La derecha enarbola la bandera nacional, para lo cual tiene que minimizar el hecho de que haya sido la insignia del franquismo al que incluso, al menos de boquilla, ha llegado a condenar. Pero precisamente uno de los rasgos esenciales del franquismo consiste en la apropiación partidista de los símbolos colectivos, nacionales. Y ésa es una contradicción que la derecha no puede salvar. Cuanto más se apropia la bandera para actos partidistas, más la deslegitima; y cuanto más la deslegitima, más se obstina en enarbolarla. Quienes vivieron la campaña de las primeras elecciones democráticas tras cuarenta años de dictadura seguramente no habrán olvidado la imagen de Fraga Iribarne (entonces presidente de Alianza Popular, luego Partido Popular) luciendo en los tirantes la bandera rojigualda mientras se desgañitaba en los mítines de lo que por entonces se llamaba la derechona, en feliz hallazgo de Francisco Umbral (1997) que parece haber arraigado en la jerga política (tanto que ésta misma imita el proceder y comienza a hablar de la izquierdona, aunque sospecho que con menguada fortuna).

En el caso del himno, dada la peculiaridad de la Marcha Real (antigua Marcha Granadera y Marcha de Honor) de carecer de letra, su función como símbolo y su utilización partidista han sido mucho más reducidas. Un himno que no se puede cantar parte con un hándicap muy alto. Cantar el himno puede ser un momento muy emotivo en los actos públicos de participación, los más importantes políticamente; escucharlo en silencio, en cambio, es más propio de actos ceremoniales o de ostentación. No obstante, quizá no sea casualidad que el momento en que el Estado español adquiere los derechos del himno (hasta entonces propiedad de los herederos de Bartolomé Pérez Casas, que fue quien lo orquestó), en 1997, sea durante el gobierno de la derecha. José María Aznar privatizó lo que quedaba del sector público, pero nacionalizó el himno; privatizó los bienes materiales y nacionalizó los simbólicos. Fue decisión suya, asimismo, emplazar una banderaza rojigualda en la plaza de Colón de Madrid, decisión probablemente inspirada en la enorme bandera de México que ondea en la plaza del Zócalo frente al palacio presidencial. Himno y bandera.

Pero éstos son los signos externos de un fenómeno simbólico colectivo que es la idea de patria o, para ser menos pretenciosos, de nación. El empleo partidista del concepto mismo de nación española fue un rasgo característico del franquismo, hasta tal extremo que a sus adversarios políticos solía agruparlos en un delicioso sustantivo genérico: la Antiespaña. Todo antifranquista, todo ateo era «antiespañol» y, por inferencia, todo separatista. Este discurso franquista de la Antiespaña encuentra su correlato en la idea de que España se rompe, profusamente difundida por la derecha cada vez que el Gobierno socialista, o algún Gobierno autónomo, toma alguna medida que le disgusta. Tanto es así que a su sector más extremista no le basta con avisar de que España se rompa, ya que lo que está sucediendo «con nuestra vieja Nación es algo mucho más sutil, pero no menos devastador. España se resquebraja, se llena de grietas que socavan los cimientos sobre los que asienta su existencia milenaria, sucumbe a las goteras que han destrozado su techumbre, se desmorona poco a poco, sin estruendo, en un proceso letal e irreversible»[18]. Atribuir a España como sujeto político una «existencia milenaria» es algo tan extraordinario que resulta incalificable, pues consiste en imponer un significado político y moral a un determinado territorio que cuando tuvo otras dimensiones territoriales también se llamaba España. En fin, al margen de las demasías del encendido debate político, está claro que, para la derecha, lo que no sea ella es enemigo de España. Como cuando Franco los antifranquistas eran antiespañoles, quienes hoy se oponen a las ideas y políticas de la derecha también pertenecen a la «Antiespaña».

La idea de España heredada del franquismo viene tropezando con unas obstinadas realidades nacionalistas no españolas, singularmente, como todo el mundo sabe, en el País Vasco y en Cataluña. A los resplandores de estas hogueras nacionalistas que cada vez son más deslumbrantes vuelve a plantearse un problema tradicional, el de la identidad nacional que, en contra de lo que suele creerse, no es una peculiaridad española, sino algo que España comparte con otros países europeos que la tienen o han tenido en mayor o menor grado: Bélgica, Italia, Gran Bretaña y ya no hablemos de la antigua Unión Soviética, la ex Yugoslavia y la extinta Checoslovaquia. Circunstancias históricas y concretas muy distintas, casos en nada equiparables unos con otros pero unidos por el mismo hilo de oro (o plomo) del problema de la identidad nacional. Como en España.

Pretender que no hay un problema de identidad nacional cuando todo en la nación española, desde el origen de su conciencia hasta su naturaleza intrínseca y su alcance territorial, está sometido a intenso y apasionado debate es como querer vivir no en la realidad sino en el deseo; actitud muy comprensible pero de escasa viabilidad porque, a la larga, siempre hay que encarar la realidad, y ésta hoy y ahora en España es que hay un problema de identidad nacional, ya que se da un conflicto de conciencias nacionales cuya clave de arco reside en que algunas de aquéllas cuestionan la existencia de la nación española. Ésta, a su vez (mejor dicho, sus defensores), reacciona con el resentimiento del amante despechado y no reconoce el derecho a no ser español, a no sentirse parte de la nación española, por lo mismo por lo que un cónyuge niega al otro el divorcio o un padre a un hijo su emancipación antes de que la ley obligue a ambos.

Al comienzo de su mandato, el presidente Rodríguez Zapatero respondió en sede parlamentaria a una pregunta acerca de cómo veía él el concepto de nación que el «concepto de nación es discutido y discutible»[19]. Inmediatamente contestó el dirigente de la oposición, Rajoy, considerando inaceptable que la nación fuera discutible, lo que quiere decir, y no es nada nuevo, que para la derecha hay cosas indiscutibles, una actitud muy problemática en democracia, en donde se tiende a pensar que no hay nada indiscutible, nada absoluto, ni siquiera los derechos fundamentales. Todavía años después, en una sesión del Congreso de los Diputados de control al Gobierno, Rajoy lo culpó de todos los males y desastres sin cuento en que zozobraba España porque se habían roto los acuerdos de la transición a la famosa afirmación de Rodríguez Zapatero[20]. Apenas unos días antes, el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional una ley del Parlamento Vasco por la que se pretendía celebrar una consulta soberanista (una especie de referéndum de autodeterminación) en Euskadi.

En un conflicto de identidades nacionales como el español, como es habitual, pueden adoptarse dos posiciones extremas: la de quienes sostienen que en España no hay más nación que la española, aunque haya además otras realidades que admite a desgana, siempre y cuando acepten una función subalterna respecto a la nación española; y la de quienes reconocen la plurinacionalidad de España y tratan de encontrar formas de articularla. La primera niega de manera contundente el problema, pero no lo resuelve y corre el riesgo de agudizar el conflicto y acabar provocando lo que trata de evitar, la desmembración del Estado. La segunda es más flexible, pretende acomodar todos los intereses, pero no tiene nada seguro conseguirlo y, en consecuencia, también corre el mismo riesgo que la otra. No hace falta decir que la primera opción es apoyada por la derecha y la segunda por la izquierda, si bien no por toda, pues hay una parte de la izquierda, que, en la cuestión nacional, se aproxima a la derecha hasta confundirse con ella.

Así que la derecha se identifica con la idea de la nación española indisoluble y única como lo hacía Franco con su filacteria del «Una, grande, libre». El uso partidista de la nación española agrava el problema que se quiere negar, en el sentido de que cuando se ensalza la nación española se hace excluyendo a las no españolas, negándoles la existencia. Como si cupiera extirpar los sentimientos. Ese discurso partidista debilita la nación española paradójicamente, porque presenta dos vicios graves de forma y fondo: de un lado, sus defensores aseguran no ser nacionalistas. Nacionalistas, que parece ser algo feo, son siempre los demás. De otro lado, el partido que dice identificarse con la nación española no es opción verosímil de gobierno en los dos territorios que, por su dinámica política, más se enfrentan a esa nación única e indivisible, el País Vasco y Cataluña.

Empezando por la segunda cuestión, no es realista desconocer que en España hay un sistema nacional de partidos y dos subsistemas nacionalistas muy diferenciados, Euskadi y Cataluña. Ciertamente, otras CCAA también muestran peculiaridades en los sistemas de partidos (Galicia, Canarias, Baleares, Valencia, Navarra, Cantabria, Aragón y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), pero ni de lejos las de las dos primeras. En las dos Comunidades Autónomas de fuerte conciencia nacional, Cataluña y Euskadi, el partido de la derecha española es minoritario. En el País Vasco todavía tiene cierto peso, ya que sirve como apoyo parlamentario a un gobierno del Partido Socialista. Lo que es curioso y no tiene una explicación sencilla es el motivo por el que esa alianza parlamentaria de los dos partidos de ámbito estatal no se convierte en un gobierno de coalición. Analizar esto nos llevaría a un terreno de intenciones y en esta obra el propósito es mantenernos fieles a los hechos y las interpretaciones de éstos que resulten más aceptables a los ojos de la razón. En Cataluña la irrelevancia parlamentaria del PP es de sobra conocida y ello no ayuda nada a la consolidación de la idea nacional de la derecha española.

En cuanto a la primera cuestión, tiene más miga teórica. Los defensores de la nación española única e indivisible hoy, a diferencia de antaño, aseguran no ser nacionalistas. Esta falta evidente de lógica quiere defenderse aludiendo a la consideración negativa, localista, de los nacionalismos llamados periféricos. Si todos los nacionalismos son localismos, evidentemente el español no puede ser nacionalismo porque no se identifica con localidad o parte alguna de su condición, sino con el conjunto de ésta: España. Que a su vez la preferencia por España pueda ser juzgada como otra forma de localismo, como hacen los cosmopolitas, no es algo que se tenga en cuenta. La nación española es casi una realidad natural, milenaria, ya se ha visto, la que determina nuestra forma de ser y contra la que no debemos ni podemos luchar. Defender la nación española aquí y ahora es defender el orden natural de las cosas, el tradicional y, ¿por qué no?, también el divino; no es nacionalismo; nacionalismo es atentar contra el orden natural, tradicional y divino en nombre de una nación no española. Una nación como la vasca, que competiría con notable ventaja con la española en torno a cuál de ellas se identifica más o mejor con la religión católica, apostólica y romana. No se olvide que el PNV, el partido más antiguo de España después del PSOE, es un partido demócrata-cristiano, cosa que no es el PP, en el que abundan los neoliberales.

La obcecación de la derecha nacionalista española en mostrarse como no nacionalista la llevó a arrogarse la defensa del patriotismo constitucional, un concepto filosófico-político acuñado por Dolf Sternberger para aplicarlo al caso de la legitimación de la situación surgida de la Segunda Guerra Mundial con dos Estados alemanes. Los alemanes no podían ser patriotas de la nación alemana, porque ésta aparecía dividida en dos Estados en disputa por esa esencia nacional. Era una división que tenía mucho de conflicto civil. Si la condición internacional de la segunda posguerra se conoce como «Guerra Fría», el caso alemán es de «Guerra Civil Fría». Los alemanes tenían que ser patriotas de la Constitución, porque ésta era el instrumento que les permitía no ser más alemanes sino mejores alemanes (Sternberger, 1990). Habermas ha divulgado el concepto y lo ha hecho más poderoso, al significar por patriotismo constitucional el de la dimensión liberal y democrática de la sociedad basada en la comunicación y el consenso.

La invocación de la Constitución en el terreno del patriotismo era algo que la derecha española no podía dejar escapar, así que fue objeto de una ponencia en el XIV Congreso Nacional del PP celebrado entre el 25 y el 27 de enero de 2002. Su título, «El patriotismo constitucional del siglo XXI». Sus redactores, Josep Piqué y María San Gil (2002). Como cabe imaginar, la interpretación de la idea consiste en cristalizarla. No al modo de la cristalización de Stendhal, sino como medio para proceder a una hipóstasis de la Constitución. El patriotismo constitucional interpretado por los conservadores no consiste, pues, en profesar la convicción de que sólo sea legítimo el orden que se basa en una Constitución, esto es, en la ley, sino en la de que sólo es legítima esta Constitución y en la interpretación que la derecha le dé. El patriotismo constitucional de la derecha no es otra cosa que el viejo nacionalismo español vestido de mona. O sea que tiene razón Habermas cuando dice que no puede imaginarse «que el patriotismo constitucional sea una idea de derechas»[21]. No lo es.

De derecha es apropiarse para un discurso partidista los símbolos nacionales y hasta la realidad que tales símbolos significan. Así es muy difícil consolidar una idea de nación. En verdad, es imposible.

La instrumentalización de las instituciones

Quienes se apropian para uso partidista de los símbolos comunes no tienen inconveniente en instrumentalizar igualmente las instituciones. Es más, lo hacen con tanta convicción que ni siquiera piensan que lo estén haciendo. Vuelve a parecerles del orden natural de las cosas que el ejército está para defender a la patria también contra los enemigos interiores; que los jueces y magistrados sean conservadores y crean que la verdadera justicia es la divina; que la religión cristiana tenga voz pública en todos los órdenes de la sociedad española; que los medios de comunicación se orienten según líneas partidistas y que el principio de autoridad recupere la preeminencia perdida en la familia, la escuela y la empresa.

El ejemplo acreditado de instrumentalización de las instituciones se da con el ejército. Franco lo utilizó como un partido político; su verdadero partido. La jefatura nacional de aquel extraño ente de estrambótico nombre, FET y de las JONS[22], que coincidía, pero no del todo, con el también llamado Movimiento Nacional, era una ocupación temporal del lugar del Ausente y continuación de su obra con un toque de romanticismo. Hoy el caudillo y José Antonio están enterrados a escasa distancia el uno del otro, cabe el altar de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El dictador comparte por fin el poder en la eternidad con el fundador del fascismo español, hijo de otro militar golpista.

Hombre práctico a la postre, lo que verdaderamente interesaba al caudillo era el control del ejército. Ya sabemos en qué baja opinión tenía a la Falange. Tanto era así, que es insuficiente decir que Franco controlara el ejército. Franco era el ejército mismo elevado al poder. Las Fuerzas Armadas eran el verdadero partido único del Estado Nuevo. Además de otros ministerios de objetivos civiles, contaban con tres ministros seguros en el Gobierno porque había uno por cada arma: tierra, mar y aire. También hubo militares en el Ministerio del Interior, en seguimiento de una tendencia secular a la militarización del orden público que para otro contexto advirtiera tan aguda como tempranamente Manuel Ballbé (Ballbé, 1983). El ejército estaba implicado directamente en la represión política, ya que en el franquismo toda discrepancia política era un problema de orden público. Y no solamente en el ámbito de la policía, sino también en el de la administración de justicia, si es que cabe llamar justicia a lo que se dio durante el franquismo. La Causa General se sustanció en la jurisdicción militar. Hubo innumerables consejos de guerra por supuestos delitos políticos[23]. Es obvio, por tanto, que el ejército era el partido único del franquismo y su columna vertebral ejercía pues los tres poderes del Estado: el judicial (ya que el ejército no transfirió las causas políticas a la jurisdicción civil hasta la creación del Tribunal de Orden Público en los primeros años de la década de los sesenta, y aun así se reservó algún que otro supuesto de intervención en casos de uso de medios violentos y agresión a la autoridad) el ejecutivo y el legislativo, por cuanto Franco, su supremo comandante, era jefe del Estado y en él residía la potestad legislativa.

En los primeros años de la transición, la derecha mantuvo intacta la herencia franquista, especulaba con posibles intervenciones militares y hasta hacía algo más que especular. De hecho, la intentona de 1981 contó con una «trama civil» que, según rumores, era muy tupida y extensa, pero de la que nunca se supo gran cosa; de la trama de la siguiente intentona, en 1985, mucho menos mediática, aún se sabe menos. Pero, poco a poco, la «relación especial» entre la derecha y el ejército ha ido diluyéndose. No por desistimiento del ánimo bélico de los conservadores, que en sus sectores lunáticos siguen confiando en una insurrección del brazo armado de la patria, sino por falta de disponibilidad de la propia institución. Momento decisivo de ese distanciamiento fue el ingreso en la OTAN, que obligó al ejército a homologarse con las fuerzas armadas de países democráticos y a perder sus atavismos africanistas; fue también la reforma militar que llevó a cabo el ministro Narcís Serra, y lo fue por último, pero de forma ya terminal, la desaparición del servicio militar obligatorio y la creación de un ejército profesional al que ya no se puede tratar como antaño a las quintas de sorchis. Ambas decisiones, por cierto, de la derecha gobernante con José María Aznar.

Parece obvio que, por las razones que sean, la derecha española ha renunciado a la instrumentalización del ejército. Pero ha sustituido a los militares por los jueces. Vaya por delante que lo que se dirá a continuación no puede predicarse de todo el sistema de administración de Justicia, ni siquiera de la mayoría de sus componentes, pero sí de un sector importante de la judicatura, como se probará más abajo. Ha de pensarse que en este estamento no se produjo el reciclaje que se ha dado en el militar. A la muerte de Franco no se tomó ni una sola medida contra algún juez o magistrado por participar en la sedicente justicia de la dictadura. La democracia recibió intacto el aparato judicial del franquismo. Eso quiere decir que ha habido y sigue habiendo jueces franquistas en activo, entendiendo por tales quienes administraron la justicia del Movimiento Nacional sabiendo lo que hacían. Y eso quiere decir también todos los que lo hicieron, porque era imposible no saber lo que estaba haciéndose. Hay resoluciones judiciales, justificaciones de votos particulares, que revelan un rechazo profundo, casi visceral, a la realidad española que la Constitución ha creado, muy especialmente en el ámbito territorial.

Así que, habiendo desertado los militares de la sacrosanta tarea del Santiago y cierra España, cambalacheada por las poltronas de Bruselas, los jueces vienen a ocupar su puesto de guardia bajo los luceros. Y tienen tarea, vista la práctica sistemática del partido de la derecha de cuestionar la constitucionalidad de todas las normas parlamentarias de cierta importancia ante el Tribunal Constitucional y de emplearse a fondo en la jurisdicción penal ordinaria con cada conflicto político de menor peso al que quepa dar un perfil criminal, por dadaísta que sea. Porque sustanciar una querella penal por delito no especificado contra el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, aportando como pruebas «meras fotocopias de periódicos»[24], casi parece un acto de insubordinación ciertamente dadaísta.

Es cierto que la derecha predica con tesón la más preclara doctrina en materia de separación de poderes e independencia del judicial, así como los correlativos deberes de no injerencia en los procesos judiciales y de acatamiento de las sentencias de los tribunales. La doctrina sirve además para vapulear al contrario, al que se acusa de violar sistemáticamente todos los puntos áureos de la doctrina. Sin embargo, da la impresión de que se trata de una práctica habitual de ese recurso que los psicólogos llaman proyección, que consiste en atribuir a los demás las faltas, errores o posibles delitos que comete el que recurre a él. Podría hablarse también de mala fe en un sentido más filosófico, porque lo que se atribuye a los demás y se critica en ellos es lo que uno mismo hace pero se niega a reconocerlo por no arrostrar las consecuencias.

Son muy frecuentes los casos en los que, cuando de procesar a un cargo o dirigente del PP se trata, el partido pone en duda de inmediato la profesionalidad de todo el aparato de administración de justicia, bien porque acuse a la policía de fabricar pruebas[25] o al juez instructor de prevaricación[26] o a la fiscalía de perseguir al PP[27] y estar al servicio del Gobierno que a su vez también «persigue al PP»[28], practicando, por ejemplo, escuchas ilegales[29]. Y todo eso sin una sola prueba, salvo las «convicciones morales» y las ocasionales y socorridas fotocopias de periódicos. Va siendo hora de retocar la ley de Partidos para poner coto a esa mala costumbre de que los ciudadanos hayan de pagar el frenesí litigante de la derecha. Se dirá que es propio de mentalidades antiliberales poner límites al libre acceso a la justicia. Si por «libre» ha de leerse gratuito, sus defensores saben de sobra que no hay nada gratis en el mundo y que alguien paga siempre. Se trata aquí de esa práctica que la derecha neoliberal critica siempre como ejemplo del despilfarro del Estado del bienestar, la de que no pague quien ordena el gasto porque lo hace con el dinero de todos. En este caso, el partido litiga continuamente y muchas veces de forma temeraria o con mala fe, con lo que los litigios no prosperan; pero la factura la pagan los contribuyentes.

Pero es que además es falaz que el acceso (o recurso) a la justicia haya de ser absolutamente libre en el sentido de irrestricto. Absoluto no hay nada en la vida. El concepto de mala fe procesal ya supone un límite que no debiera ser tan ignorado como acostumbra.

Franco no tenía respeto alguno por el poder judicial. Tan es así, que en los primeros quince o veinte años de su régimen se lo confió parcialmente a las Fuerzas Armadas. Los miles de consejos de guerra sumarísimos que concluían con frecuentísimas penas de muerte fueron lo más cercano a la justicia de Peralvillo que se haya conocido en el siglo XX. Siguió sin tenérselo cuando la jurisdicción militar declinó la persecución política en la civil, en una civil especial, el Tribunal de Orden Público, pero civil, al fin y al cabo. A ese desinterés no puede ser ajeno el hecho de que en España la justicia se administraba en nombre del jefe del Estado, del caudillo Franco, del militar felón que se había sublevado contra el Gobierno legítimo. Lo mismo que en la Alemania nazi la voluntad del Führer era fuente de derecho alemán. De forma que si la justicia se administraba en nombre de Franco era porque la justicia era franquista.

Y en nada desdeñable proporción sigue siéndolo. Hay gente que cambia de creencias alguna vez en la vida (y a veces más) y hay gente que se mantiene fiel a sus convicciones políticas desde los orígenes hasta el ocaso. Esto sucede bastante con los franquistas. No hace mucho que José Utrera Molina, ex ministro de Franco, publicaba un libro reivindicando la vigencia de los ideales y las realidades en que él se vio envuelto como protagonista, ministro de la Vivienda y ministro secretario general del Movimiento (Utrera, 1989). Resulta curioso que a más de treinta años de la muerte de un dictador genocida sus ex ministros sigan publicando libros en los que ensalzan la figura del tirano y muestran su nostalgia por los tiempos pasados. El franquismo disfruta de una relativa buena prensa.

Especialmente entre los jueces. A esto se debe quizá que el PP encuentre oídos favorables en un estamento judicial que hasta hace poco consideraba aceptable administrar justicia en el marco de los principios y conceptos del Movimiento Nacional. Sólo así se explica que el presidente de un Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, no se inhiba en el conocimiento de un asunto que implica personalmente a un estrecho amigo suyo. No lo considera necesario: la función de la justicia es la de asistir a los buenos en su lucha contra el mal, no hacer justicia sin más ni ser imparcial.

La instrumentalización partidista de las instituciones alcanza su punto más alto en el caso del Tribunal Constitucional (TC) y en el del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dos instituciones para cuya renovación se requiere un grado de consenso político tan elevado que hace imprescindible la aquiescencia de la oposición. En la medida en que la renovación de esos órganos, en especial el TC, produciría un cambio en su equilibrio político interior en perjuicio de la derecha, ésta bloqueó la renovación. El daño que esta actitud produce en las instituciones puede medirse por el desprestigio en que cayó el TC cuando finalmente dictó una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña con cuatro de diez magistrados (a falta de un difunto y un recusado) con el mandato caducado tres años antes, entre ellos su presidenta. ¿Razón de la demora en la renovación de los magistrados? Tres de los cuatro eran conservadores y uno o dos de sus posibles sustitutos ya no lo serían, en función de la nueva distribución parlamentaria de las fuerzas políticas.

Es muy difícil, por no decir imposible, cohonestar un razonamiento sobre la independencia del poder judicial, la no injerencia en los asuntos de los tribunales, etc., con una práctica consistente en utilizar de modo partidista las normas sobre renovación de los órganos para controlar su composición política. Y lo es porque ese mismo interés por el control político de la composición es la prueba evidente de la falsedad del discurso sobre la independencia del poder judicial. Si de verdad se quisiera el poder judicial independiente, sólo se valoraría en los candidatos su competencia técnica y no su adscripción política. Desde el momento en que esto no es así, el discurso sobra. Se dirá que el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial y que es un órgano político. Pero es un órgano político que quiere presentarse como un órgano judicial, cuyas decisiones adoptan la forma de sentencias, y de sentencias inapelables en España, y en consecuencia debe ser digno de crédito cuando afirme ser independiente.

La problemática legalidad

A fuer de dictadura, la relación del franquismo con la legalidad era arbitraria, porque todo estaba a merced de lo que el caudillo decidiese; y como su decisión tenía fuerza de ley, la dictadura rompía con un principio básico del Estado de derecho, el de la seguridad jurídica. Siendo la voluntad humana voluble por definición, así también la ley cuando sea emanación de la de una sola persona. La dictadura en general propicia la inseguridad jurídica, basada en la represión, y deja deliberadamente en la penumbra la distinción entre lo legal y lo ilegal. Esta inseguridad es una de sus principales artimañas para mantener la opresión.

Por descontado, el franquismo en sí mismo es ilegal por ser ilegítimo. En un espíritu purista podría llegar a exigirse la declaración de radical nulidad de todo lo actuado jurídicamente por la dictadura. Éste es el ominoso cuadro que parece aterrorizó al legislador a la hora de elaborar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, más económica y acertadamente conocida como Ley de la Memoria Histórica. Veía aquél que con tan radical proceder se venía abajo el ordenamiento jurídico de la dictadura y el de la transición. Por ello la Ley de la Memoria Histórica habla de reparación «moral» a las víctimas, no jurídica, como ya se ha dicho. Sin duda esta norma tan timorata era mejor que ninguna norma, dado que el reconocimiento del derecho de las víctimas era impostergable; pero la norma era timorata.

Se trataba de un temor infundado y poco contrastado. Hace tiempo que la doctrina ha llegado a una solución sencilla del problema de qué sucede con lo legislado en las dictaduras. En su Teoría Constitucional, Marshall estudia el asunto en relación con el ejemplo concreto del régimen establecido en la antigua colonia de Rodesia del Sur (después, Zimbabue) luego de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), un acto ilegal de la minoría blanca en abierta rebelión contra el Parlamento de Westminster, que estableció un régimen de estricto apartheid; su conclusión es muy pragmática y clara: en el momento en que cese el estado anómalo de la DUI habrá que reconocer la validez de todo lo legislado en asuntos ordinarios, por así decirlo, pero no así lo legislado en materia de lo que cabe llamar «justicia política» (Marshall, 1982). Eso es obligado revisarlo, porque hace referencia a asuntos de principio y de la dignidad de las personas.

No hay problema de hundimiento de uno u otro ordenamiento jurídico; hay problema de falta de voluntad a la hora de exigir la responsabilidad judicial por los crímenes de la dictadura. Hay temor a un posible desbarajuste y a unas muy improbables represalias. Hay susto y miedo por la idea de llevar ante los tribunales penales la acción de la dictadura como hizo esta misma con sus enemigos vencidos. Con la muy decisiva diferencia de que la democracia asegura a los justiciables una justicia justa y la dictadura garantizó lo contrario.

Esta idea de que la legalidad no representa un valor en sí misma, sino solamente en la medida en que favorece las posiciones de un partido, es un cinismo que se escucha frecuentemente en las formulaciones de la derecha y que se ampara en la invocación de un viejo adagio resignado: «Allá van leyes do quieren reyes». La derecha no solamente piensa que la legalidad está al servicio del gobernante, sino que añora aquellos tiempos en los que éste, el gobernante, podía determinar hasta las creencias religiosas de los gobernados. La máxima que se consagra en la Paz de Westfalia de 1648, con la que surgen los Estados modernos en Europa cuius regio eius religio, sigue siendo el ideal de gobierno de la derecha, que se piensa autorizada a imponer sus creencias religiosas al conjunto de la sociedad y no siente sino desprecio por el principio de libertad de conciencia.

La ilegitimidad de origen de la dictadura es la que probablemente explica el escaso respeto de ésta por la legalidad. Es cierto que el franquismo promulgó las mencionadas leyes de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (1957) y de Procedimiento Administrativo (1958), y también lo es que estuvieron en vigor hasta los años noventa, lo que prueba su carácter avanzado para la época y la posterior. Pero tampoco cabe olvidar que esas leyes se promulgaron más o menos a los veinte años de la Guerra Civil. Hasta entonces, la dictadura había ido tirando con la vieja ley de 19 de octubre de 1889 de regulación del procedimiento administrativo, que amparaba una verdadera selva normativa de todo rango y especialidad. Aunque eso tampoco era óbice para nada, dado que la preocupación por la legalidad en los veinte primeros años de victoria y posguerra era liviana. Corría más prisa castigar a los enemigos, perseguir a sus cómplices, repartir el botín de la guerra, distribuir prebendas entre los vencedores, depurar las instituciones y repoblarlas con incondicionales de la causa.

En este proceso típico de justicia del vencedor, la legalidad era cosa de poca monta. Y no solamente se atentaba contra la legalidad jurídica, sino que se atacaban otras legalidades, por ejemplo, la lingüística. Que los sublevados en armas contra el Gobierno legítimo juzgaran después a los vencidos defensores de ese Gobierno acusándolos de rebelión militar sólo puede entenderse dentro del mencionado espíritu dadaísta de la dictadura. Porque a aquellos vencidos probablemente se los podía acusar de cualquier delito, excepto del de rebelión militar, que era el que habían cometido los militares que ahora juzgaban. La comparación aquí con la «neohabla» de Orwell es demasiado evidente.

Ese escaso aprecio por la majestad de la ley propio del franquismo es el que ha heredado la derecha que le ha sucedido. Las leyes sólo obligan si coinciden con nuestros postulados ideológicos o morales. Si no lo hacen, lo mejor es ignorarlas o convertirlas en otra cosa. Es una posición que entraña notable riesgo para el Estado democrático de derecho[30], pero los conservadores se mantienen aferrados a ella probablemente porque consideran que les da rendimientos políticos al presentarlos como quienes no se arredran ante nada a la hora de defender sus convicciones. No es infrecuente que, promulgada una ley de cierto calado moral, económico o político, las Comunidades Autónomas de gobiernos de derecha propongan aplicarla con severas restricciones o criterios interpretativos absurdos, tergiversarlas o simplemente desobedecerlas. Llena de pasmo escuchar a un presidente de comunidad autónoma que en su jurisdicción no se aplicará una ley aprobada por el Parlamento[31] o a otra presidenta de ese partido recogiendo firmas en contra del aumento del IVA, que es asunto de competencia del Gobierno central. Por no hablar de la estrafalaria decisión de la Generalitat Valenciana del PP de impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía en inglés[32]. Esta materia suscita las iras de la derecha, azuzada aquí por la Iglesia, que teme perder el monopolio que ejerce sobre el adoctrinamiento de niños a través de la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas, de forma que, además de recurrir a la objeción de conciencia (con escasísimos resultados), pretende boicotearla de este modo tan peregrino.

Hay prácticas que hasta hace poco eran de preferencia de la izquierda y que parecen trasladarse a la derecha. Por ejemplo, la citada objeción de conciencia o la negativa a realizar abortos al aplicar la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo. Lo reprochable en esta forma de objeción de conciencia es que se propugne desde las instituciones, la Iglesia, un partido político, como normas de comportamiento colectivo, siendo así que la práctica es un acto eminentemente individual, pues sólo los individuos tienen conciencia, y sacarlo de este contexto trasluce una actitud de insolencia y falta de respeto al derecho[33].

Hay más incluso que la objeción de conciencia. A veces parece como si la derecha estuviera llamando a la desobediencia civil. Pero curiosamente a la desobediencia civil de las autoridades, sobre todo en materia fiscal, como se ve en el asunto de la llamada «rebelión» del IVA del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Tanto es así, que el propio presidente del PP tuvo que aclarar que la «rebelión» contra la subida del IVA no era una «insumisión fiscal»[34]. En el fondo no se trata tanto de arbitrar una política crítica y alternativa de las instituciones como de una costumbre de falta de respeto por la legalidad. Simplemente, si se puede, las leyes no se obedecen, argumentando para ello con todo tipo de principios y, si necesario es, con la más descarada falta de ellos. La tozuda negativa de la Comunidad de Madrid a aplicar la legislación contra el tabaquismo, que obligó al Gobierno a endurecer la norma, es un buen ejemplo de esta circunstancia.

Y no solo insumisión y/o desobediencia, que implican conflictos públicos con la ley, sino su simple quebrantamiento con motivos inconfesables. Una ojeada a los lugares del país en los que hay diligencias judiciales por corrupción demuestra que en las comunidades, diputaciones y gobiernos locales regidos por el PP se da ésta con frecuencia muy notable. Ahora bien, si se pone en relación el grado de corrupción con las expectativas electorales del partido, surge una curiosa paradoja. La gente parece haber interiorizado el desdén franquista por la legalidad, basado en un preconcepto despreciativo hacia la política, el que dictamina injustamente que «todos los políticos son iguales»: todos van al expolio; los nuestros, los primeros en esto también. La sociedad es el escenario en el que se dan las luchas por el poder, el dinero, el triunfo o el fracaso. Y en esa lucha por la existencia, cuantas menos normas legales, que se ven como limitaciones y restricciones, mejor. Esto explica el discurso neoliberal de la derecha que tanto sorprende en una sociedad como la española, tan clerical, patriótica y tradicionalista: hay que acabar con lo público, devolvérselo a lo privado y desregular este último ámbito. Las relaciones entre personas privadas deben darse en la más absoluta libertad. El ejemplo que siempre se pone para enfocar correctamente esa libertad es el del contrato de trabajo, por el cual el empresario se compromete a comprar una determinada fuerza de trabajo que puede contratar o no, mientras que el trabajador está obligado a venderla, ya que no tiene opciones alternativas. Carece de libertad de elección, como dicen los seguidores de Milton Friedman, luego carece de libertad a secas. Precisamente por eso, esta situación es el paradigma de libertad de la derecha.

Moralidad e inmoralidad

Una de las características de la dictadura fue la despreocupación de las autoridades por controlar la moralidad de la acción pública. Por supuesto, desde el punto de vista de la doctrina impartida en justificación del régimen, éste materializaba la forma más extrema de la moral católica. Pero si en lugar de atender a la legitimación simbólica se atiende a la práctica cotidiana de la acción administrativa de la dictadura, se observa el funcionamiento de un régimen basado en el fraude, la colusión, el aprovechamiento ilícito en un ejercicio permanente de caciquismo, amiguismo y fulanismo político. Nada de lo cual podía hacerse público, salvo algún que otro escándalo que se escapó al control del régimen, en razón de la censura de prensa y del hecho de que todos los periódicos estaban más o menos intervenidos, subvencionados; en definitiva, comprados. El sistema mediático de la dictadura formaba parte en conjunto del aparato del régimen y su carácter corrupto.

Tan fuerte deslegitimación del régimen franquista sólo tiene el paralelismo de la que se daba en todos los regímenes comunistas, en donde, como en España, una cosa era el país oficial y otra el real. Una deslegitimación que suscitaba un comportamiento colectivo penetrado de cinismo en el sentido habitual del término, el que señala Sloterdijk (1983), el cinismo de una sociedad que, por contagio de la esfera institucional, está moralmente desestructurada y funciona en una guerra de todos contra todos. La penetración de la sociedad por la inmoralidad de la dictadura se añade a la tradición lejana de la picaresca y la más cercana de la oligarquía y el caciquismo, todo lo cual viene trabajando en contra del intento de enraizar en España una sociedad de valores morales democráticos.

Fuente: elaboración propia con los datos de Publiscopio correspondientes a dos encuestas realizadas en diciembre de 2007 y diciembre de 2009, difundidos en Público el 21 de diciembre de 2009.

Es difícil encontrar una prueba más contundente del cinismo de la sociedad española que la que ofrecen las estadísticas demográficas religiosas. Como puede verse en el cuadro (arriba), correspondiente a un estudio del Obradoiro de Socioloxia y que reproduzco del blog La pizarra de Yuri[35], el 51,3 por 100 de los españoles dice ser «católico no practicante». La misteriosa condición de católico no practicante puede calificarse de varios modos, entre ellos el de cínica. Como se sigue de un estudio del CIS (n.º 2811, del barómetro de julio de 2009) citado en el mismo blog, el 52,8 por 100 de los católicos no pisa la iglesia más que para ceremonias sociales. El grado de religiosidad de los españoles es muy bajo, en comparación con el de otras sociedades desarrolladas; sin embargo, España sigue pasando por ser una sociedad católica, cuando lo es mucho menos que la irlandesa o la estadounidense, por ejemplo.

Esto no quiere decir que porque la sociedad española se haya hecho más laica haya de ser más inmoral, como suelen argumentar los clérigos. Al contrario, bien puede ser la implicación de la Iglesia en la inmoralidad del franquismo la que ha acelerado a su vez la desmoralización de la sociedad, la falta de referentes terrenales o celestiales, al menos es lo que se sostiene en este ensayo. Una de las herencias del franquismo es el bajísimo grado de conciencia cívica de los españoles y la ausencia de pautas sociales morales, la amoralidad de una sociedad que no podía creer en la legitimidad de las instituciones y que en buena medida sigue sin hacerlo. Recuérdese lo que se decía más arriba: durante el franquismo tardío, una cultura política democrática (en cuanto aceptación de los procedimientos democráticos fundamentales) era compatible con una ausencia completa de conciencia cívica, en el sentido de las pautas morales colectivas que complementan las normas procedimentales de la cultura política democrática.

Muy a tono con esa inmoralidad social heredada el partido de la derecha, por cuya boca habla el tantas veces mencionado franquismo sociológico, resulta ser fiel reflejo de la sociedad que pretende gobernar por el elevado grado de corrupción que se halla en sus filas. Es verdad que la corrupción es una lacra de rasgos epidémicos en las sociedades democráticas y lo es también que en la española ningún partido está libre de ella, empezando por el PSOE, que, en los últimos ocho años de su gobierno entre 1982 y 1996, hizo trizas su orgullosa tradición de cien años de honradez, permitiendo que afloraran en su seno algunos de los más lamentables casos de corrupción de la democracia, desde los cafelitos del hermano del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra hasta las malversaciones y latrocinios de un individuo como Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, pasando por los fraudes de guante blanco del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio y hasta la aparición de una parapolicía terrorista alentada desde el Ministerio del Interior.

Los socialistas hubieron de pagar un alto precio penal y político por aquellos desvíos de la línea ética de la democracia, y en su descargo hay que decir que acataron las vías judiciales y políticas, que actuaron en su defensa con legítima pugnacidad pero sin pretender desprestigiar las instituciones ni recurrir a subterfugios o prácticas más o menos fraudulentas para esconder sus responsabilidades. Purgada su culpa, retornaron al poder en 2004 habiendo aprendido suficientemente la lección, y la prueba es que no volvió a descubrírseles un caso de corrupción similar a los mencionados, y no porque su prensa adversaria no esté buscándolos de continuo, como se prueba por las insistentes acusaciones de la prensa amarilla contra Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía, o Bono, presidente del Congreso de los Diputados; acusaciones de gran alharaca mediática que luego han quedado en nada en los tribunales justicia[36], si bien en parte han cumplido la función que se les asignaba de paliar algo la conmoción del caso Gürtel, el mayor de corrupción en la España democrática y cosa exclusiva del PP.

La derecha, enfrentada a una situación de prevalencia de la corrupción en sus filas allí en donde gobierna o gobernó (Baleares, Valencia, Madrid), tiene un comportamiento muy distinto a la izquierda: niega los hechos, deslegitima las instituciones, bloquea cuanto puede los mecanismos de exigencia de responsabilidades, no acepta generalmente responsabilidad política alguna ni aplica los códigos éticos por los que afirma regirse, se defiende atacando al adversario (aunque sea mediante infundios) y trata de desviar la atención de la opinión pública desde sus casos de corrupción a asuntos de otro tipo. El motivo aparente es que los sucesivos sondeos durante años no permiten suponer que el elevado grado de corrupción de los cargos del partido le reste expectativa de voto. ¿Cómo explicar esta especie de connivencia del electorado conservador con la corrupción de su partido si no es por el mantenimiento de la inmoralidad del franquismo en el conjunto de la sociedad? Franco no se «metía en política», y si los conservadores lo hacen es «para forrarse», según paladina confesión de uno de sus dirigentes en una conversación telefónica que la policía grabó pero que no se pudo utilizar en los tribunales merced a uno de esos hábiles trucos procesales de la derecha, que muchas veces le permiten salir indemne de las causas más graves, en ocasiones con la ayuda activa de jueces y magistrados de convicciones franquistas.

El caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, regido por Esperanza Aguirre, es paradigmático: un Gobierno que comienza con un sucio episodio de transfuguismo de dos socialistas presuntamente sobornados por la derecha y por los intereses inmobiliarios, directos beneficiarios de las prácticas autonómicas más corruptas; continúa luego en una orgía de irregularidades, desde casos de espionaje a adversarios políticos del mismo partido del Gobierno a un régimen opaco de licitaciones públicas y corruptelas administrativas a favor de una red de presuntos delincuentes, que a su vez supuestamente subvenían a la financiación del partido y al soborno de los cargos públicos encargados de adoptar las decisiones, acumulando delito tras delito. Que en un clima de tan atosigante inmoralidad, mezcla de mafia y latrocinio, el partido de la derecha pueda salir electo por mayoría absoluta de los votantes sólo es explicable en función de la mencionada prevalencia del franquismo.

No anda en zaga el caso de la Comunidad Valenciana, en la cual diversos políticos enredados en procesos judiciales por corrupción, empezando por su presidente, Francisco Camps, han llegado a insinuar que los buenos resultados electorales contrarrestan las responsabilidades penales, como si por el hecho de resultar electo un ladrón fuera menos ladrón o no lo fuera en absoluto; cual si el pueblo, puesto a elegir, no pudiera preferir Barrabás a Jesucristo. Que esto lo saben de sobra los políticos trapisondistas de la derecha, tan devotos como posiblemente corruptos, se deduce del insólito peregrinar del presidente de la Generalitat Valenciana a Santiago de Compostela, quien caminó el último tramo de la ruta jacobea para pedir al apóstol entre los flashes de los fotógrafos, como «católico y español», por el papa, el rey, la familia real y las comunidades autónomas[37]. Esta insólita peripecia es quintaesencia de cuanto viene diciéndose en este ensayo, y se corona con la decisión de la derecha de avalar a Francisco Camps como candidato a la presidencia de su comunidad cuando está implicado en un procedimiento judicial por prevaricación.

Pero sin duda el ejemplo más llamativo de este modo cuasimafioso de entender la política se encuentra en el presidente de la Diputación de Castellón y dirigente del PP en esa provincia, Carlos Fabra. Acusado de media docena de delitos, todos ellos relacionados con su aparente costumbre de enriquecerse a costa del prójimo, el político no basa su defensa en su inocencia, sino en el hecho de que los delitos hayan prescrito. Es decir, admite haberlos cometido. Resulta significativo de una actitud moral. Sin embargo, el delincuente cuyos delitos han prescrito sigue siendo un delincuente. Lo interesante aquí, lo que importa señalar, es que el electorado conservador dice ser capaz de elegir a un delincuente a sabiendas de que lo es.

En el fondo, la gran trama del caso Gürtel es más que un simple delito o una multiplicidad de ellos; es una forma de entender los mecanismos de la gobernación y la relación entre los partidos y el Gobierno[38], asunto de cierta complejidad, porque si bien todos los Gobiernos son de partido, no todos los partidos son de Gobierno y algunos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de conseguirlo. El Gobierno, el poder. Porque el poder es esencial para que haya corrupción. Durante la dictadura el poder actuaba en comandita con el partido único, que era él mismo, y en esa combinación ambos se lucraban. Nada tiene de extraño que la derecha posfranquista (o neofranquista, si se quiere) parta de una idea de las relaciones entre Gobierno y partido dentro de esta tradición. Un estudio sobre la carrera posterior del personal político del franquismo permitiría hacerse una idea de qué grado de continuismo hubo, especialmente en la administración local y provincial.

De todos modos, esos datos tampoco serían decisivos, porque lo interesante de la derecha española no es haber acogido al personal político del franquismo (aunque el hecho de que el partido de la derecha lo fundara un ex ministro de Franco no es casual), sino haberse impregnado de su herencia espiritual, de esa falta de espíritu cívico y virtud pública de una sociedad con un grado elevado de cinismo, en la que la evasión fiscal es endémica, los empresarios tributan menos que los asalariados individualmente considerados y la economía sumergida anda en torno al 20 o 25 por 100 del PIB. Si, a pesar del grado de corrupción que muestra, el partido de la derecha conserva una elevada intención de voto, ello se debe a que sus electores ya dan por descontada aquélla.

La ideología conservadora contiene un notable pesimismo antropológico. El hombre es un ser racional, y por eso mismo taimado, egoísta, poco de fiar y capaz de cualquier cosa si le beneficia. A quien parte de esta idea tan negativa del ser humano no le sorprende verla confirmada en la realidad, ni siquiera entre los suyos y hasta en su nombre. En quien esta discrepancia causa estupor e indignación es en la izquierda, cuya ideología, al contrario, parte de un optimismo antropológico que le hace esperar todo del ser humano, solidaridad, desinterés, simpatía, moralidad y especialmente entre los seguidores de la propia causa, que se ve como la emancipación de los seres humanos. Es la izquierda la que retira su confianza a quien, hablando en su nombre, no juzga a la altura de las circunstancias desde un punto de vista moral.

Es posible que en el hecho de la fidelidad del voto conservador confluyan otras motivaciones, pero es casi seguro que ésta es una de ellas. Y no es preciso creer que en todos los votantes aliente a su vez un deseo de beneficiarse personalmente de tan lamentable situación. Es muy probable que, para la inmensa mayoría del electorado conservador, la corrupción de su partido sea un mal menor compensado por el hecho de que en otros terrenos su labor es excelsa y que, en cualquier caso, en su opinión, el adversario político es todavía peor; incluso en el terreno de la corrupción.

Las formas

Debe de ser esta conciencia de seguridad, incluso de impunidad en la derecha, la que justifique a sus ojos la permanente agresividad de que da pruebas en el intercambio político ordinario, y especialmente en su resonancia mediática. Puesto que aquí puede decirse cualquier cosa, se dice. Se recurre al insulto, a la insidia, a la calumnia. Los medios de la derecha son como una especie de parque temático del improperio y del denuesto contra las demás opciones políticas, especialmente si alguna de ellas tiene la desfachatez de ocupar el Gobierno por decisión popular.

Recurrir a una forma de comunicación basada en el insulto en un tiempo en que los duelos, además de estar prohibidos, son prácticamente imposibles, no es una actitud muy gallarda, pero sí suele ser lucrativa, ya que las muchedumbres gustan de contemplar conflictos y hasta violencia siempre que no les caiga encima. Los medios tienen sus seguidores, que jalean las tarascadas de quienes en ellos se expresan con la misma delectación con que las masas han contemplado siempre las vejaciones y maltratos infligidos en público, por la razón que sea. La situación es muy favorable a estas vocinglerías, ya que la reparación de los agravios por vía judicial, de producirse, sólo tienen lugar luego de eternos procesos cuyas decisiones finales ya poco pueden hacer por cambiar una situación consolidada entretanto.

La agresión permanente como método de acción, la política de tierra quemada y oposición frontal, sin resquicios de acuerdos, provienen asimismo de una actitud de escaso fuste democrático. Parece una irrelevancia, pero en democracia las formas de corrección política son esenciales, porque evidencian el reconocimiento de la legitimidad del adversario. Si esto se niega, si se ve al adversario como un usurpador, el trato hacia él se endurecerá, como así sucede con el que dispensa la derecha a las demás opciones políticas a las que, en el fondo, no reconoce legitimidad para manifestarse como tales. Con motivo del fallecimiento de Carlos Mendo, un periodista del grupo PRISA de marcada y combativa convicción conservadora, hubo una coincidencia casi unánime, entre sus amigos y conocidos que escribieron obituarios, en señalar que su gran mérito fue mantener sus puntos de vista en su diario quehacer (artículos, crónicas, tertulias radiadas o televisivas) siendo dialogante, bien educado y respetuoso con el interlocutor, especialmente el adversario[39]. Sin detraer merecimiento alguno al mencionado periodista, no cabe sino admirarse de que se pueda atribuir a calidad y valía de alguien el hecho de que se comporte como mandan las reglas más normales del buen trato y la civilidad. Algo parecido sucede con esa convicción muy extendida de que sea mérito de Fraga Iribarne el haber «civilizado» a la derecha (Areilza, 1983, pp. 36-44) para que pudiera integrarse en el juego de las instituciones democráticas. Lo que estas valoraciones tan peculiares ponen en evidencia es que, dejada a su natural querencia, la derecha es bravía, intolerante y agresiva.

La cuestión es: ¿por qué se procede de este modo? Es obvio que al negar legitimidad al adversario no es necesario dialogar con él. Pero la democracia es un régimen en el que las decisiones se adoptan por mayoría tras un periodo de debate y diálogo. También es propio de la mentalidad democrática el admitir que el adversario pueda tener razón y que si yerra es de buena fe y sin ánimo preconcebido de causar daño. Insultar de entrada es impedir todo diálogo, toda comunicación; es el método más rápido para acabar con todos estos circunloquios: no dejar que el adversario pueda siquiera exponer su punto de vista, a base de negar que tenga punto de vista alguno, porque es un vendepatrias, un traidor, un canalla.

Todo esto es manifiesto en el ámbito mediático y tan vistoso que casi permite escamotear la cuestión de fondo, que es: ¿por qué rehuir el debate, el diálogo, si no es porque se reconoce que no se tiene razón o razones? La hegemonía alcanzada por el pensamiento conservador en los veinte últimos años del siglo XX y lo que va del xxi se basó en dos pilares: el primero, la crítica al Estado del bienestar, la amenaza de su inviabilidad y el pronóstico de su crisis, todo lo cual podía empaquetarse en el producto «fracaso de la izquierda». El segundo pilar era la propuesta de un modelo alternativo al intervencionista socialdemócrata que no era nuevo, pues consistía en un retorno a los postulados del liberalismo clásico (si bien con un fuerte ramalazo de conservadurismo; los famosos neocons), pero que sí prometía la salida de la crisis del Estado del bienestar a base de privatizar y liberalizar para acelerar el crecimiento y que, en conjunto, la sociedad generara mayor riqueza.

Sin embargo, resulta evidente que el Estado del bienestar ha resistido bien y se ha relegitimado bastante como una conquista de la civilización humana. Se escuchan muchas voces que vaticinan su inviabilidad, cosa por lo demás harto imprecisa, pero muy pocas en cambio (aunque alguna siempre haya) que sostengan que deba abolirse. Y en cuanto al segundo pilar, la viabilidad del modelo liberal, a la vista quedó con la crisis iniciada en 2007/2008, que es un fracaso en toda la línea. Siendo cierto que privatizaciones y liberalizaciones (así como política fiscal dadivosa con las rentas del capital) aumentan sensiblemente la riqueza de la sociedad, ya era un fracaso antes de la crisis porque no distribuyen ésta con justicia, sino que los ricos se hacen más ricos y su distancia frente a los pobres aumenta. Pero como quiera que en época de crecimiento todos se benefician, la situación no se experimenta como un agravio. Éste salta, sin embargo, cuando cesa el crecimiento e incluso se convierte en decrecimiento en época de crisis.

La derecha no puede esgrimir opciones alternativas viables porque, cual suele suceder en la historia, como ocurrió con las opciones y proyectos de las izquierdas gobernantes en Europa en buena parte del siglo XX, la realidad se encarga de retorcer de tal modo cualesquiera modelos que a la vuelta de unos años ya son irreconocibles y se abocan al fracaso, al tener que afrontar situaciones que los superan porque en gran parte responden a la acción de elementos que esos mismos modelos pusieron en marcha en su día y contra los cuales no tienen defensa.

Falta pues de argumentos, la derecha insulta. «La agresividad de las derechas en España es enorme, y ha contagiado en muchas ocasiones a las derechas democráticas (todavía minoritarias en las derechas en España), al centro político e incluso, a veces, a las izquierdas»[40].

Hay que recordar que en los medios de la dictadura también se insultaba mucho. Los comunistas y socialistas eran hordas o agentes; los anarquistas sólo hordas; los democristianos, tontos útiles; los nacionalistas, separatistas antiespañoles y, en general, los demócratas, una escoria; entre la que, según épocas, también se contaban los masones, los liberales, los homosexuales y hasta los protestantes. Cuarenta años practicando este deporte del insulto y la infamia dejan huella y marcan estilo. Hay una conciencia de impunidad que si bien puede irritar a terceros neutrales es característica de lo que se llama la derecha furiosa que, en definitiva, da por seguros los valores neofranquistas (Vera, 2005, p. 157). Ahora bien, esa actitud de hostilidad y permanente beligerancia es compartida por la derecha española con las formas más extremas de las derechas de otros países. En todos los casos da la impresión de que el sentimiento de impunidad con el que actúan se explica por la naturaleza de la causa que invocan: la nación, la patria, la bandera. Parece como si el peso y la importancia de estos símbolos colectivos concedieran una especie de patente de corso para las desmesuras y los ilícitos cometidos en su nombre, mucho más que los que se cometen en nombre de otras ideas o ideales. Así como la izquierda llega a lamentar con Mme. Roland que se cometan crímenes en nombre de la libertad, la derecha, sobre todo a la extrema, no le parece lamentable cometerlos en nombre de la patria. La patria, la bandera, el himno, la nación, los supremos valores de la colectividad abocan a la idea jesuítica de que el fin justifica los medios, y es tanto más jesuítica cuanto que se hace pero no se dice.

Se trata de mecanismos tan simples que su sola consideración ya resulta convincente, pero quien quiera encontrar pruebas empíricas no tiene más que observar en torno suyo y dejar constancia de lo que ve: quienes cometen fechorías en nombre del orden constituido, gozan de mayor comprensión en las instituciones y órganos (personales o no personales) que componen ese orden. Casi se diría que está en la naturaleza misma de las cosas. Quebrantar la ley en nombre de aquellos principios sobre los que la ley se sustenta suele verse con menos malos ojos que quebrantarla en nombre de un proyecto de alteración de ese mismo orden constituido o de alguno de sus principios. Pedir a unos jueces que administran justicia en nombre del rey que lo hagan en nombre de la nación quizá sea pedirles demasiado, sobre todo en un país en el que la idea de nación es, cuando menos, tumultuosa. Requerir a una fundación que pase de ensalzar la memoria de un genocida a hablar de él cuando menos con objetividad ya no es pedir demasiado, sino pedir peras al olmo.

La agresividad de la derecha no es un fenómeno fortuito ni superficial ni pasajero, sino que tiene raíces profundas y una razón de ser que se asienta en una constante ideológica a lo largo de la historia, la de que la derecha en España y la extrema derecha en otros países no parte de una convicción genuinamente democrática. En el caso español, además de ser heredera del franquismo, la derecha procede de una tradición antidemocrática ya en el siglo XIX, opuesta al sufragio universal, al femenino, a la aparición de los derechos sociales y económicos. Tradición que sigue viva, pues no hay sino ver cómo se opone siempre a cualquier ampliación de derechos fundamentales.

La conclusión es preocupante, porque una derecha tan agresiva puede actuar fácilmente como terreno abonado para un régimen autoritario. Los herederos del franquismo guardan el mejor recuerdo de él[41], lo condenaron una vez pro forma, con la boca chica, desmintiéndose acto seguido; y seguramente se adaptarían a su repetición a las mil maravillas. En estas condiciones, ¿cómo va a aceptar esta derecha una Ley de la Memoria Histórica que, incluso en su forma más edulcorada, presupone la condena moral de su referente?

Conclusión

Y, sin embargo, tiene que hacerlo. El gran déficit democrático español se concentra en el comportamiento de una derecha que no quiere o no sabe jugar de acuerdo con las reglas del juego democrático ni respetar algunos usos del Estado de derecho. La tarea pendiente de la denostada transición española consiste en conseguir una derecha que, libre de las ataduras del pasado, sea una fuerza constructiva para el futuro. Para ello tiene que volver a ese pasado y reinterpretarlo. Tiene que matar al padre. La derecha debe aceptar que los ejecutados, asesinados, paseados y enterrados aquí y allá en cunetas y barrancos son tan suyos como los muertos del otro lado. Y tiene que hacerlo en el terreno práctico, propiciando, subvencionando, facilitando las exhumaciones de las víctimas del franquismo allí en donde se encuentren e implicándose directamente en ello, en lugar de obstaculizarlas o impedirlas. Igual que tiene que colaborar activamente en la busca de los niños robados del franquismo, por mucho que duela.

Sólo así se habrá conseguido la verdadera reconciliación entre los españoles, cuando todo el país pueda llorar a todos sus muertos en igualdad de condiciones y miles de personas acaben por saber quiénes son en realidad.

[1] «El PP condena el golpe de Franco y promete honrar a todas las víctimas de la Guerra Civil», El País, 21 de noviembre de 2002.

[2] «El Parlamento Europeo condena el régimen de Franco con la oposición de Mayor Oreja», El País, 5 de julio de 2010.

[3] «Mayor Oreja defiende la “extraordinaria placidez” del franquismo», 20 Minutos, 18 de julio de 2007 [http://www.20minutos.es/noticia/290641/0/].

[4] «Blázquez recupera la figura del cardenal Tarancón», Público, 19 de noviembre de 2007.

[5] Precisamente para evitar esto y ya represaliado animaba el incansable Garzón a los jóvenes a no permitir la impunidad de los crímenes. «Garzón a los jóvenes: “rebelaos contra la impunidad”», La República, 7 de agosto de 2010.

[6] Europa Press [http://www.europapress.es/nacional/noticia-nuevo-museo-ejercito-mantiene-despacho-moscardo-transcripcion-conversacion-hijo-20100719180916.html].

[7] «Aguirre elude condenar el franquismo pero carga contra la II República», Público, 22 de abril de 2010.

[8] «Franco es uno más en la web de La Moncloa», Público, 28 de junio de 2010.

[9] «El rechazo de la reina al matrimonio gay levanta las primeras ampollas», Público, 31 de octubre de 2010 [http://www.publico.es/espana/169575/opinion/reina/sofia/matrimonios/gay/levanta/primeras/ampollas].

[10] http://www.publico.es/televisionygente/329608/visto/dicho/oido/slideshow#0.

[11] J. G. Bedoya (2010), «Un arzobispo anima a la insumisión al aborto: “esta ley no es ley; no obliga”?», El País, 20 de julio.

[12] «¿Aborto obligatorio?», editorial de El País, 25 de julio de 2010.

[13] Público, 27 de enero de 2009.

[14] «Cardenal Rouco Varela: “‘El relativismo ético’ pone en peligro el futuro del Estado de derecho”», Aciprensa. Lo que todo católico necesita saber, 16 de junio de 2006 [http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=13014].

[15] J. B. Bedoya (2010), «La increíble vida de Marcial Maciel. El fundador de los Legionarios de Cristo fue pederasta, tuvo hijos con varias mujeres y plagió el libro de cabecera del grupo», El País, 24 de enero.

[16] «Denuncian hijos que Marcial Maciel les daba drogas», Diario de México, 5 de marzo de 2010.

[17] «Los homosexuales se dañan a sí mismos», El País, 23 de julio de 2010 [http://www.elpais.com/articulo/sociedad/homosexuales/danan/mismos/elpepusoc/20100723elpepisoc_7/Tes].

[18] I. San Sebastián (2009), «España se rompe (sin remedio)», El Mundo, 16 de julio.

[19] «Zapatero afirma en el Senado que nación es un concepto “discutido y discutible”», ABC, 18 de noviembre de 2004 [http://www.abc.es/hemeroteca/historico-18-11-2004/abc/Nacional/zapatero-afirma-en-el-senado-que-nacion-es-un-concepto-discutido-y-discutible_963494244952.html].

[20] «Todo empezó cuando dijo que la nación española es un concepto discutido y discutible», Libertad Digital, 26 de noviembre de 2008 [http://www.libertaddigital.com/nacional/todo-empezo-cuando-dijo-que-la-nacion-espanola-es-un-concepto-discutido-y-discutible-1276314618/].

[21] El País, 15 de mayo de 2003.

[22] Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.

[23] «Los Consejos de Guerra constituidos desde el 18 de julio de 1936, máxime por el procedimiento sumarísimo, en modo alguno podían calificarse como Tribunales de Justicia. Eran, pura y simplemente, una parte sustancial del aparato represor implantado por los facciosos y posteriormente por la dictadura» (Jiménez Villarejo, 2006).

[24] «La Fiscalía del TS archiva la investigación sobre el patrimonio de Bono», Europa Press, 17 de julio de 2010 [http://www.europapress.es/nacional/noticia-fiscalia-supremo-archiva-investigacion-patrimonio-bono-20100719182310.html].

[25] «Cascos incendia el “Gürtel” y acusa a la policía de fabricar pruebas», La Razón, 9 de abril de 2010.

[26] «El PP pide inhabilitar a Garzón entre 10 y 20 años», El País, 25 de febrero de 2009.

[27] «La Comunidad contra el fiscal de Madrid por su “persecución al PP”», Diario Madrid.eu, 22 de julio de 2010 [http://www.diariomadrid.eu/__n1471224__La_Comunidad__contra_el_fiscal_de_Madrid_por_su_persecucion_al_PP.html?nocache=1].

[28] M. Rajoy: «Es evidente que el Gobierno persigue al PP», El País, 11 de agosto de 2009.

[29] «Cospedal dice que tiene “constancia” de escuchas ilegales a dirigentes del PP», Libertad Digital, 6 de agosto de 2009. La manía de la secretaria general del PP de acusar sin pruebas y de sembrar infundios parece exacerbarse los veranos. Un año después de las anteriores declaraciones volvía a acusar, siempre sin pruebas, y a poner en duda la profesionalidad de quienes trabajan en las instituciones del Estado consiguiendo que, por fin, jueces, fiscales y policías coincidieran en criticarle su costumbre y en pedirle pruebas o silencio. «Aluvión de críticas a Cospedal por hablar de Estado policial», Público, 4 de agosto de 2010 [http://www.publico.es/espana/330891/aluvion/criticas/cospedal/hablar/policial].

[30] Así lo hace notar Gregorio Peces-Barba en un artículo en el que también reparte algunos mandobles hacia la izquierda (en concreto en lo referente a la actitud del Gobierno socialista en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña) para preservar la ponderación que tan cara le resulta. G. Peces-Barba (2010), «Obediencia al derecho: los malos ejemplos», El País, 28 de agosto.

[31] «Murcia no aplicará la Ley del Aborto hasta el pronunciamiento del TC», La Razón, 6 de julio de2010.

[32] , El País, 14 de marzo de 2008 [http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Comunidad/Valenciana/dara/Educacion/Ciudadania/ingles/elpepusoc/20080314elpepusoc_3/Tes].

[33] Como señala Peces-Barba en el artículo citado en la nota 61.

[34] «El PP matiza a Aguirre: “rebelión contra el IVA” no es insumisión fiscal», El Mundo, 11 de marzo de 2010.

[35] http://lapizarradeyuri.blogspot.com/2009/10/el-estado-de-la-religion-en-espana.html.

[36] «La Fiscalía archiva la denuncia contra Chaves», Público, 27 de julio de 2009 [http://www.publico.es/espana/241127/trafico/influencias/prevaricacion].

«Archivada la investigación sobre el patrimonio de José Bono», Expansion.com, 19 de julio de 2010 [http://www.expansion.com/2010/07/19/economia/politica/1279556041.html].

[37] «Camps hace el último tramo del camino de Santiago como “católico y español”», 20 Minutos, 6 de agosto de 2010 [http://www.20minutos.es/noticia/784295/l/camps/camino/santiago/].

[38] R. Montiel (2010) «“Gürtel”, capital Madrid», Público, 3 de agosto.

[39] Los ejemplos abundan. Tomo como uno de los más característicos el de J. M. Izquierdo (2010), «Periodismo, ideología», El País, 25 de agosto, en donde puede leerse lo siguiente: «Mendo, extremadamente culto e informado, militaba en el conservadurismo, defendía sus ideas con fuerza y convicción, como saben sus oyentes de la SER, pero, al contrario de esta carretada de vocingleros reaccionarios que nos abruma en prensa, radio y tedetés, respetaba a quien no pensaba igual que él, por supuesto, pero respetaba aún más la profesión que amaba y a la que dedicó toda su vida: el periodismo».

[40] V. Navarro (2010), «El insulto como argumento. Respuesta a Santos Juliá», El Plural, 30 de agosto [http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=50108].

[41] «Mayor Oreja defiende la “extraordinaria placidez” del franquismo». Y, para dejarlo definitivamente claro, el mismo político, cuyas intervenciones públicas suelen ser como seísmos, añadía que cómo iba él a condenar el franquismo que «representaba a un sector muy amplio de españoles». 20 Minutos, 15 de octubre de 2007 [http://www.20minutos.es/noticia/290641/0/].

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Índice

Portada

Portadilla

Legal

Dedicatoria

1 Antecedentes

2 La Republica y la Guerra Civil

3 El regimen franquista

4 La transicion

5 El franquismo posfranquista

Bibliografia