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Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada

Universitat de València

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

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Catedrática de Lengua Española

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Catedrático de Ciencia Política y de la Administración

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LA DESNACIONALIZACIÓN DE ESPAÑA

De la nación posible al Estado fallido

2ª Edición

Ramón Cotarelo

Valencia, 2016

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Prólogo a la segunda edición

No se ha cambiado ni una coma de la primera edición. No estoy muy seguro de que esto sea recomendable. Hay diversidad de opiniones. “Cada hombre tiene su opinión”, decían los romanos. Hay quien dice que los textos deben actualizarse. Ciertamente, así es, pero no conviene hacerlo de modo automático porque existen diversos criterios sobre qué significa actualizar. Además, tampoco esta aparente obligación es del todo convincente. Los textos tienen una unidad, un equilibrio internos de tiempo y lugar que se ven quebrantados por la introducción de actualizaciones que, como las famosas interpolaciones de los copistas medievales, acaban alterándolos. Para evitarlo cabe hacer una actualización añadiendo un capítulo aparte. O quizá un prólogo como este. Con lo cual puede dejarse en efecto el texto intacto, como se decía al principio, lo que estaba por demostrar.

Desde la fecha en que concluyó la redacción de la primera edición del libro, agosto de 2014, hasta esta en que se redacta el prólogo, octubre de 2015, España ha vivido un año trepidante, sembrado de consultas electorales, las autonómicas andaluzas de marzo de 2015, las municipales y autonómicas de mayo del mismo año y las autonómicas/plebiscitarias de Cataluña en septiembre. A lo largo de esas elecciones, el sistema de partidos de la segunda restauración ha ido modificándose paulatinamente de forma que lo que había sido un sistema bipartidista imperfecto en la transición, acababa configurado como uno multipartidista moderado, con dos partidos mayores y dos o tres menores, todos compitiendo entre sí y siendo los mayores los dinásticos tradicionales y los menores, en situación de mayor inestabilidad, los dos emergentes de Podemos y Ciudadanos, así como el viejo bastión de Izquierda Unida, luchando por mantener su presencia parlamentaria.

Este nuevo sistema anuncia un aumento de la volatilidad del voto, tanto dentro de los dos bloques respectivos (el de la derecha, PP y Ciudadanos y el de la izquierda, PSOE, Podemos, IU) como entre ellos. La existencia de opciones más situadas en el centro, posibilitan el trasvase de votos entre los bloques y, además, introducen el albur de gobiernos de coalición en España, práctica ajena a la tradición parlamentaria que se ha acumulado durante la segunda restauración.

El mayor cambio, el más llamativo y profundo se ha dado en Cataluña, cuyo encaje en España ha saltado por los aires. Probablemente por este motivo sea muy necesaria la segunda edición del libro, porque trata expresa y abundantemente de tal cuestión. La particular ineptitud con que el nacionalismo español se ha enfrentado al reto del nacionalismo catalán no requiere mucho comentario. En el término “nacionalismo español”, conviene avisarlo, se engloba tanto el reaccionario, conservador, nacionalcatólico gobernante como el más liberal, progresista y hasta de izquierda de la oposición.

Y, a la hora de considerar que su tratamiento de la cuestión ha sido inepto se tienen en cuenta los dos aspectos que también son objeto de amplio tratamiento en la obra. De un lado aparece la incompetencia del nacionalismo español más reaccionario, incapaz de admitir que en España haya más de una nación, la española, así como que las naciones no españolas tengan derecho a constituirse en Estados. Del otro, la incompetencia del nacionalismo español progresista, que alcanza a entender el valor de la diversidad nacional de España pero no a tener coraje para actuar en consecuencia, defendiendo el derecho de las naciones no españolas (o quizá debiéramos decir “no castellanas”) a no serlo. Es decir, y como se pretende demostrar en el libro, el nacionalismo español liberal tiene una tradición claudicante ante el nacionalismo reaccionario que sigue manifestándose a fecha de hoy. Es un nacionalismo históricamente acobardado que no ha hecho otra cosa que cosechar derrotas históricas y que, aunque entiende que en la llamada guerra de la independencia surge la conciencia de nación española, es incapaz d elaborar un discurso propio de esta, distinto de raíz del nacionalcatólico.

La ineptitud de la respuesta del nacionalismo español al catalán se echa de ver en que este viene manteniendo la línea de iniciativa política en toda la legislatura, es el que adopta decisiones, propone acuerdos, negociaciones, pactos, hace innovaciones y busca soluciones de compromiso. Esto al tiempo que propugna determinadas formas de organización política que están considerándose tanto en el orden interno como en el internacional, merced a una actividad exterior muy intensa que ha llevado la cuestión catalana a una multiplicidad de foros internacionales, tanto académicos como políticos, decisorios y/o representativos. Frente a ello, el nacionalismo español (que no puede admitir expresamente la existencia del problema, pero tiene que contrarrestar la mala imagen que proyecta en la cuestión catalana) solo ha sabido moverse entre bambalinas de la diplomacia internacional, tratando de levantar voluntades, conseguir complicidades, arrancar declaraciones de mandatarios extranjeros sobre un asunto que tienden a ver como interno de España. Eso sin contar las ocasiones en que la ineptitud ha frisado en lo ilícito, como cuando se manipuló y falseó una declaración de la presidencia de la Comisión europea en relación a la cuestión catalana para favorecer subrepticiamente la posición del gobierno central.

Se ha discutido mucho sobre el resultado de las elecciones del 27 de septiembre de 2015. El primer punto de fricción fue la naturaleza que se atribuía a la consulta en sí. Para el nacionalismo español, se trataba de elecciones autonómicas ordinarias, normales a todos los efectos. Para el catalán tenían valor de consulta plebiscitaria. El argumento era que, al no haberse permitido un referéndum de autodeterminación igual al que se había dado en Escocia, las elecciones autonómicas podían cumplir esa función, debidamente planteadas. Mientras el nacionalismo español sostenía que se votaba a partidos concretos, cada uno con su programa, el nacionalismo catalán decía que se votaban dos grandes opciones agrupadas en dos bloques, el del “sí” y el del “no” a la independencia.

Los resultados concretos daban casi dos millones de votos de un total de algo más de cuatro millones de votantes, casi la mitad, en favor de la independencia de Cataluña. Ese 47,74%, supone mayoría absoluta en los escaños del Parlamento. Y es en este momento cuando el nacionalismo español hace un giro de 180º respecto al carácter de la consulta. Sostiene ahora que el independentismo, en realidad, ha perdido porque el “sí” no ha obtenido mayoría absoluta. Es decir, sí resulta que el nacionalismo español acepta las elecciones de 27 de septiembre como plebiscitarias, como aquello que condenaba. No obstante, se consideren como se consideren ex post facto las elecciones, lo que nadie puede poner en duda es que casi dos millones de ciudadanos de una comunidad de siete millones y medio quiere la independencia del territorio.

Esta masa de ciudadanos, que cuentan con un fuerte componente de cualificación en todas las andaduras de la vida y pueden ejercer todas las profesiones, administrar todos los recursos, gestionar el conjunto del capital económico y el social y cubrir todos los puestos de la administración con igual rendimiento que la administración actual no es algo que pueda ignorarse sin más en el debate sobre la independencia. Esa mayoría de votos, convertida en mayoría absoluta de escaños dará un gobierno independentista que desde el primer momento, iniciará una política orientada a la independencia, lo cual, como es obvio, lo hará entrar en colisión con el gobierno de España. Este tiene de su lado la legalidad de la Constitución de 1978. El de la Generalitat, en cuanto gobierno independentista, no tendrá a su favor legalidad alguna, pero sí cierta idea de la legitimidad y será esta seguramente la que esgrima para justificar actos propios del poder constituyente que tienen valor de actos revolucionarios.

No siendo verosímil que ningún gobierno español salido de las elecciones de 20 de diciembre vaya a aceptar la formulación e implementación de políticas revolucionarias, está claro que la única forma de evitar una confrontación más intensa será la negociación de un referéndum en unas condiciones pactadas sobre la independencia de España. Si ese referéndum pactado se produce, por intermediación europea o por acuerdo interno de las partes, encauzará el provenir de las relaciones entre España y Cataluña. Si no, este quedará abierto.

Tales son los aspectos y ocasiones que justifican una segunda edición de La desnacionalización de España. En el libro, el autor declara ser “nacionalista español” aunque de una subespecie limitada y, en el momento de la segunda edición, la experiencia lo induce a pensar que el límite no pasa de una docena de individuos.

Introducción. Hablar. ¿Qué si no?

Come you masters of war.

Bob Dylan

Este es un libro escrito por un nacionalista español, uno que quiere a su país, pero no en la forma al uso a la que estamos desgraciadamente acostumbrados, bronca, chulesca, impositiva, chocarrera. Un nacionalista español a quien, como dicen muchos otros nacionalistas españoles, le duele España. Mas no le duele porque sea libre, diversa, incómoda, descreída, y sobresaltada sino, al revés, porque es sierva, uniforme, complaciente, crédula, y acomodaticia. Un nacionalista español que considera que España es su nación siempre que abandone su vieja obsesión por ejercer de imperio y se avenga a configurarse como una unión libre y voluntariamente aceptada por sus partes que han de tener la posibilidad de separarse de ella cuando lo deseen.

Un nacionalista español de una España que aún no ha existido pero que constituye la última esperanza de que algún día llegue a darse un orden libre, tolerante y civilizado de convivencia sobre este viejo solar ibérico al que gusta llamar Patria si no se la confunde con el patriotismo cuartelero y eclesiástico que ha caracterizado el país hace ya demasiado tiempo.

Un nacionalista español que se siente tal por considerarse al mismo tiempo andaluz, catalán, vasco, castellano y de los demás pueblos que componen lo que Ayala llama “un gran cuerpo histórico” que tiene un pasado común pero, porque es pasado, “porque se encuentra decaído y fuera de actividad política, perdida su hechura exterior y sumido en el desconcierto, ha olvidado su propio nombre”1.

Ese nombre, que el autor no ha olvidado, es España, su atribulada nación.

¿Podemos los españoles —quienes lo somos por decisión y consentimiento y quienes lo son por “imperativo legal”— hablar del problema de España sin insultarnos, sin agredirnos, sin excluirnos ni pretender exterminarnos mutuamente? ¿Podemos dialogar desapasionadamente? La experiencia demuestra, que es difícil, pero ¿es imposible? Ya se sabe que en lo tocante a la nación, la Patria, los sentimientos se disparan y el juicio se obnubila. La famosa expresión de Cánovas del Castillo, “con la Patria se está con razón o sin ella” que, probablemente se hace eco, simplificándola y desvirtuándola, de otra de Carl Schurz en 1872, my country, right or wrong sorprende por el denuedo patriótico que denota, pero también por su escasísima consistencia moral. Enorgullecerse de un sentimiento que empuja al individuo a suspender el juicio moral y abrazar, llegado el momento, la causa de la iniquidad por la conveniencia de un ente colectivo más o menos imaginario, no es la recomendación más adecuada para mantener un diálogo civilizado con perspectivas de continuidad. Mi nacionalismo no puede llevarme a dar por bueno el mal solo porque lo practique mi país o, mejor dicho, los gobernantes que en un momento dado tomen las decisiones colectivas en mi país. Si tal ha de ser la situación, la esperanza en el diálogo es quimérica. Pero no conozco ningún otro procedimiento aceptable de entenderse con los demás que el del diálogo

Para hacerlo posible es menester que los estamentos pensantes, lo que las gentes de orden llaman las “minorías selectas”, las élites orteguianas, los intelectuales, sean capaces de razonar sobre la cuestión no solo sosegada sino también sinceramente, sin hacer trampas, sin mala fe; que sean capaces de relacionarse, comunicar entre sí, buscar un terreno de entendimiento sin falsedades ideológicas, sin requisitos irrenunciables, sin condiciones previas. Que estén dispuestos a escuchar al otro admitiendo que quizá hasta esté en lo cierto. Tenía razón Benda: los intelectuales traicionan su condición cuando se ponen al servicio de un nacionalismo como objetivo estratégico”2.

El nacionalismo, como las neurosis, nos esclaviza si no somos capaces de reconocerlo. Un nacionalista que reconoce serlo tiene un punto de partida más sano para entenderse con los demás que quien se obstina en negarlo. Eso pasa frecuentemente con los nacionalistas españoles, tanto en la derecha como en la izquierda. Engañan y quizá se engañen. Sostienen no ser nacionalistas. Nacionalistas son siempre los demás, catalanes, vascos, gallegos, gentes sumidas en los particularismos, provincianos, incapaces de remontarse a una consideración hegeliana del todo. Así se permiten formular unos discursos contrarios que presentan el nacionalismo como una ideología esencialista y peligrosa con relativa buena conciencia. Esos nacionalistas que dicen no serlo, o ser “no nacionalistas”, son lo que Anasagasti llamaba “nacionalistas satisfechos” porque cuentan con un Estado al servicio de su nación, mientras que los otros, a los que ellos condenan, son “nacionalistas insatisfechos” porque no cuentan con él3. Frente a ese supuesto nacionalismo esencialista periférico se impone un nacionalismo esencialista de centro cuyo eje es Castilla, supuesta arquitecta de la nación4.

Pero esto tampoco es tan sencillo. Hay que detenerse un poco y rumiar la dualidad esencial del ser nacional español, Castilla/España, sobre la que ha reflexionado generación tras generación de intelectuales. En un interesante libro titulado Ser español y cuya portada, significativamente, reproduce el caballero de la mano al pecho, Julián Marías condensa dicha dualidad en una serie de tres fórmulas debidas sucesivamente a Ortega, Sánchez Albornoz y él mismo y la dota de sentido mediante una interpretación que la va refinando hasta alcanzar una sucinta definición, a modo de broche final de la aporía del nacionalismo español. De Ortega recuerda la famosa conclusión en España invertebrada de “Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho”. De Sánchez Albornoz su variante en las Cortes Constituyentes de 1931 ante el propio Ortega: “Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla”. De él mismo, una referencia en una conferencia pronunciada en Soria: “Castilla se hizo España”5. Parece como si un imaginario artillero de la palabra disparara su batería, corrigiera el tiro, volviera a disparar y, finalmente, diera en el blanco. “Castilla se hizo España”. Diana. Las otras dos expresiones son muy significativas, pero estáticas; presuponen dos realidades distintas, Castilla y España, independientes entre sí. La de Marías es dialéctica y llega al fondo de la cuestión: Castilla se convirtió, se metamorfoseó en España, al modo en que una crisálida se convierte en una mariposa.

Castilla no es la arquitecta de España. Castilla es España. Esa es su grandeza y su miseria. Castilla se diluye en España y es imposible contemplar esta desde aquella como, en cambio, siempre según Marías, sí es posible “ver España desde Cataluña”6 y castellano es el eje vertebrador del nacionalismo español, muy claramente desde la generación del 987. Esta concepción del nacionalismo español como precipitado de Castilla que podríamos equiparar metafóricamente a una supernova, es la que ha dado origen al nacimiento o renacimiento de los nacionalismos no castellanos. La queja de los primeros catalanistas como Prat de la Riba o Valentí Almirall, es que Castilla monopoliza el ser de la nación española y excluye a todas las demás. Desde el punto de vista castellano, el agravio puede parecer superficial e injusto pues ve a Castilla y España como dos entidades separadas pero coexistentes y olvida la profunda realidad por la que la primera, en realidad, dejando de ser ella misma, ha devenido en la segunda. La nación española quiere ser así la síntesis dialéctica entre la tesis, Castilla, y la antítesis, lo que no es Castilla: Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, los Países Bajos, Nápoles, América, las Filipinas, partes del África. Pero no lo consigue.

Aquella supuesta injusticia no tiene por qué afectar a los nacionalismos no castellanos que no están obligados por un supuesto deber moral de respetar el sacrificio de Castilla, volcada en el ser de España, del que ellos son parte por el devenir histórico de las cosas y no como resultado de proyecto alguno. Nadie pidió a Castilla que se hiciera España sino que, en el mejor de los casos, habrá sido una decisión propia. De ahí que, para desesperación de los nacionalistas españoles, los otros, los que aún forman parte de España, una vez perdidas las Españas de ultramar, sigan viéndola como un conjunto en el que una de sus partes, Castilla, se obstina en imponerse sobre las demás. Quizá esto no sea así en esa imagen idealizada de Castilla devenida España, pero a los efectos prácticos lo es y por tanto será muy difícil que consiga involucrar a las otras partes voluntariamente en una empresa común y compartida; y menos si es a base de eliminar sus características propias u obligarlas a aceptar, no una posición integral de síntesis superior en condiciones de igualdad de todas ellas, sino de supeditación jerárquica de las no castellanas a la castellana, identificada con la española, de modo mecánico y nada dialéctico.

Para ser nacionalista y actuar de forma constructiva, de modo que sea posible encontrar fórmulas de síntesis entre diversas naciones es preciso tener la capacidad de imaginar esa nación que ha de incluirlas todas. Justamente lo que falta a esos nacionalistas españoles, tanto conservadores como progresistas, que se enfrentan a los otros nacionalistas, llamados “periféricos”, esgrimiendo su supuesto “no nacionalismo”. Y nos referimos aquí al nacionalismo español civilizado. Pero también hay otro, el nacionalismo energúmeno y criminógeno de “la lengua del imperio”, “hable en cristiano”, el de “España una y no cincuenta y una”, o el de “una grande, libre” que es preciso tomar en consideración por razones de supervivencia. Los españoles hemos estado padeciéndolo campando por sus respetos en los últimos siglos y destruyendo todo intento razonable de constituir un orden civilizado de convivencia. Y ahora lo vemos de nuevo detentando el poder mediante los herederos ideológicos de quienes ganaron la guerra civil y haciendo gala de su misma mentalidad aunque de forma disimulada. Pero no puede olvidarse que, si las cosas llegaran a peores, volverán con sus imperios, sus brazos en alto, sus nuevos amaneceres, su unidad de destino en lo universal y su Dios castellanohablante.

¿Por qué unos nacionalistas se avergüenzan de decir que lo son y lo niegan como Pedro negó a Cristo y no tres veces sino las que haga falta? Porque, en el fondo, no confían en su nación. Esto es muy evidente en el caso de la derecha, pero se ve asimismo en la izquierda. Por las razones que trataremos de indagar en este libro, no creen en la capacidad de su nación, esto es, de su idea de nación, para integrar sus partes componentes de forma voluntaria. Al afirmar que no es nacionalista de su propia nación está admitiendo implícitamente que muchos que forman parte de ella por obligación, no lo harían si pudieran separarse. La prueba más evidente de que el nacionalismo falsario no confía en su propia nación, en su fuerza, su vis atractiva, su prestigio, es que se niega a admitir el derecho de autodeterminación de las partes que la componen. Las razones aducidas son variadas y a su análisis dedicamos partes de este libro pero, en el fondo, se reducen siempre a lo mismo, esto es, a disfrazar la contingencia histórica del Estado en que se encuentran, por ejemplo España, con la hopalanda esencialista de la nación y, en consecuencia, a obligar a colectividades que no se sienten españolas a formar parte de la nación española.

Quienes niegan el derecho de autodeterminación de los demás, pero se lo adjudican a sí mismos, quienes niegan el derecho de los catalanes a celebrar una consulta en el marco de ese derecho que estos llaman derecho a decidir con el ánimo ingenuo de que quizá rebajando la contundencia del léxico consigan una actitud más transigente de los gobernantes españoles y también de la oposición que, en esto, se opone poco, ¿qué imagen tienen de España? ¿Qué fe en su nación? ¿Qué confianza en la fuerza de su idea? Compárese con los EEUU, con Francia, con Alemania. Nadie quiere separarse de ellas. Y cuando, de modo excepcional, alguien lo pretende, como es el caso de Quebec en el Canadá o Escocia en Gran Bretaña (el caso del Ulster tiene coordenadas muy distintas), el procedimiento es pacífico, democrático, dialogado, respetuoso, muy distinto a lo que nos encontramos en España, en donde estas pretensiones solo encuentran cerrazón, hostilidad y, llegado el caso, imposición por la fuerza. Es decir, en España es al revés. En cuanto hay posibilidad, se van todos. Incluida Cartagena que ya en el pasado dio en la flor de solicitar el ingreso en los Estados Unidos de América del Norte como un estado federado más8. Y esto es lo que debilita y hace problemática la nación española, el no ser capaz de derivar su fuerza de su unión sino su unión de su fuerza. Algo especialmente patético cuando las fuerzas están decaídas.

La cuestión que se plantea en el siglo XXI es si merece la pena seguir manteniendo esta construcción estatal correspondiente a una nación española, en cuya defensa son reacios a salir incluso quienes dicen creer en ella. Si es lícito ignorar y sofocar las aspiraciones nacionales de los pueblos que la componen. La Constitución de 1978 inauguró una nueva planta territorial del país con la que se pretendía clausurar el asfixiante centralismo de la dictadura anterior y dar satisfacción a aquellas aspiraciones con un grado elevado de descentralización política. Sin embargo, al cabo de casi cuarenta años de funcionamiento del nuevo orden, este no ha conseguido acomodar la realidad plurinacional española en un marco de estabilidad y sin tensiones y el país se encuentra en una encrucijada que no por conocida deja de ser preocupante.

A dilucidar esta cuestión se dedican las páginas siguientes, escritas, reitero, por un nacionalista español partidario del derecho de autodeterminación de los pueblos de España. Uno que pretende dialogar tanto con los nacionalistas españoles como con los no españoles pero, sobre todo, con los primeros en la esperanza de que quepa hacerlo de modo sosegado, respetuoso y provechoso para todos.

1 Ayala, 1962: 107.

2 Benda, 1965: 151.

3 Anasagasti, 2001.

4 Balfour, 2009: 64.

5 Marías, 1987: 273/274.

6 Marías, 1974: 119.

7 Tierno Galván, 1977: 153.

8 Navarro Melenchón, 2004.

I. ¿Qué es una nación?

“Hay en la Historia dos ideas que nunca se han realizado:

la idea de una nación, y la idea de una religión para todos”

Emilio Castelar, 12 de abril de 1869.

En 1845 Benjamin Disraeli, luego primer ministro todopoderoso de la todopoderosa reina Victoria, publicó una novela de cierto éxito llamada Sybil or the Two Nations en la que daba forma literaria a su teoría sobre la división de la sociedad inglesa de su tiempo en dos naciones: los ricos y los pobres. Para los sociólogos se tratará de un error de concepto y enmendarán la plana al autor afirmando que, en realidad no quiere decir “naciones” sino “clases”. No está claro si el concepto “clase” es o no más preciso que el de “nación”, pero tampoco es imprescindible dilucidarlo ahora. A nuestros efectos se trata de mostrar que la idea de nación no tiene plantilla y puede predicarse de cualquier tipo de colectividad. Como recuerda Kedourie, Maquiavelo hablaba de una “nación gibelina” y Montesquieu llamaba a los monjes la “nación piadosa”1. Para el abate Sieyès, siempre más radical, el Tercer Estado no era una nación sino que era la nación pues “el tercer estado abarca todo cuanto pertenece a la nación; y todo lo que no es el tercer estado no puede considerarse como la nación. ¿Qué es el tercer estado? Todo”2. La nación es un sentimiento y su fuerza, el ser compartido. Naciones son los ricos y los pobres, y naciones las tribus de la Amazonia. Naciones los ámbitos territoriales poblados por gentes que dicen ser una nación.

La nación como sentimiento y voluntad

No hay más definición de nación que la subjetiva, al menos según amplio sentir de los estudiosos, que la entienden en el plano de la representación y la conciencia y no dan por posible una “definición científica”, objetiva de la nación. Todo lo más que cabe decir, en criterio muy extendido es que existe una nación “cuando una cantidad significativa de individuos en una comunidad consideran que forma una nación y se comporta como si lo fueran”3. Particularmente feliz y de uso generalizado es la formulación de Benedict Anderson: la nación es una comunidad imaginada4. De la conciencia se va a la voluntad. Es la voluntad, según Gellner, la que, conjuntamente con la cultura, constituye la nación y, aunque precisa que siempre y cuando converjan en una unidad política, lo importante aquí es que se trata de factores subjetivos5. Pero esa voluntad, dice Rubert de Ventós, “es también un ‘hecho’ y un hecho tozudo que no se puede borrar por decreto como no se pueden barrer con una escoba las olas del mar”6. La tozudez del hecho radica en que, siendo subjetivo, tiene un grado impreciso pero considerable de objetividad al ser una subjetividad compartida, una intersubjetividad.

Es la voluntad colectiva de ser una nación lo que constituye la nación alemana en la idea de Fichte, según el cual esa representación del ser nacional se adquiere mediante la educación7. Nación es el conjunto de gente que dice ser una nación porque tiene conciencia de serlo. Tal es asimismo el criterio de Weber, para quien este concepto significa que “hay que adjudicar a ciertos grupos humanos un sentimiento de solidaridad específico frente a otros, es decir, algo que pertenece a la esfera de los valores8. El problema se sitúa así en el terreno resbaladizo de la decisión de una colectividad. Para el nacionalismo romántico o el étnico —que tiene tantos detractores como seguidores—, esa decisión es unánime porque corresponde al espíritu del pueblo que, siendo uno, habla solo con una voz. En el terreno de los hechos y de los hechos reales, no de los artificiales o fabricados, pongamos por caso en un partido político, un comité o una asamblea, la unanimidad es prácticamente imposible y toda decisión es cosa de mayorías y minorías. Una decisión de la mayoría puede ser combatida por una o unas minorías y no es raro que la proporción numérica cambie. Una minoría nacional en un Estado puede ser mayoría dentro de su territorio. De hecho, sucede y puede plantear un problema de irredentismo. A su vez, esa mayoría quizá se enfrente a otras minorías, incluso pertenecientes a la misma nación pero que discrepen en otros aspectos substantivos. Y la disyuntiva para afirmar su condición nacional será siempre la misma: recurrir a la violencia o respetar las vías pacíficas y legales.

Probablemente por esto dijo Rodríguez Zapatero en cierta ocasión al comienzo de su primer mandato que el concepto de nación es discutido y discutible9. Se refería a una conclusión avalada por la doctrina según la cual no hay acuerdo generalizado sobre la idea de nación ni, por ende, de nacionalismo. Pura evidencia a la hora de habérselas con un constructo polisémico, no enteramente racional, pues se entrevera de muy fuertes pasiones. Aunque suela considerarse habitualmente el nacionalismo como una ideología, su alcance supera los límites de esta para entrar en el ámbito de lo religioso. La nación tiene un elemento sacral, una “comunión sagrada de ciudadanos” y el nacionalismo es “una forma de ‘religión política’, con sus propios textos sacrosantos, liturgia, mártires y rituales”10. Y esto para nacionalistas de uno y otro signo. No es casual que el libro de Álvarez Junco sobre la idea de España en el siglo XIX lleve como título la alegoría de la Mater Dolorosa, referida a la nación española que es madre, madre divina y, según parece, sufriente. Nada hay más conflictivo internamente que las religiones, nada que mueva más pasiones, enfrentamientos, luchas que los dogmas y las creencias religiosas. Por ello, como dice Smith,

“mientras persistan los fundamentos sagrados de la nación y el materialismo y el individualismo seculares no hayan socavado las creencias centrales de una comunidad de historia y destino, el nacionalismo —como ideología política, como cultura pública y como religión política— está destinado a florecer y la identidad nacional seguirá proporcionando una de las piezas fundamentales para la construcción del mundo contemporáneo”11.

Cuando Zapatero tuvo aquel atrevimiento lúcido, se le echó encima el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, rasgándose las vestiduras con gran escándalo y, criticándole agriamente que se atreviera a discutir la nación española, algo sagrado. Desde aquella aciaga fecha, Zapatero ha tenido tiempo de arrepentirse y se ha sentido obligado a matizar, rebajando el alcance teórico y político de su afirmación. El hombre pagó el precio de su bisoñez cuando, sin calibrar bien su apoyo parlamentario, o el problema que podría suponer la renovación del estatuto catalán, prometió que apoyaría el texto que el Parlament enviara a las Cortes españolas12. Confrontado con la dura realidad de su impotencia para cumplir su palabra, el presidente socialista aclararía años después, en una entrevista televisada en la que hizo balance más bien autocrítico de su segundo mandato que, con su afirmación, no se refería a la nación española, a su juicio ahora indiscutible; que la frase se había sacado de contexto; y que, contra toda evidencia, no se refería a España. Una retractación típica de político de escaso fuste13. Visto el talante moderado del expresidente socialista, conservador en bastantes asuntos y hasta reaccionario en otros como, por ejemplo, su sumisión a los intereses y designios de la Iglesia católica, aunque no a todos, parece obvio que su primera observación, lejos de manifestar sus convicciones profundas, solo respondía a una vanidad de profesor universitario en agraz.

Consistente, sumamente coherente, era el rechazo al relativismo del expresidente del gobierno socialista evidenciado en el nacionalismo conservador para el que no solo la nación sino bastantes otras cosas son indiscutibles: el orden, la autoridad, la desigualdad, Dios y, por supuesto, la nación. Indiscutible, indiscutida. A la derecha no le preocupan las cuestiones de mayorías y minorías. Tanto si se encuentra en minoría como en mayoría, lo que tiene enfrente, al estar enfrente, será antinacional y, por tanto, perverso y carente de derecho a la existencia. En tiempo de paz, será el silenciamiento, la exclusión, la censura y la represión; en tiempo de guerra, directamente el exterminio. En la idea de nación de la derecha no caben quienes no acepten sus postulados sobre la religión, la jerarquía, la autoridad, el orden público, el respeto a la tradición, el amor a la Patria y otras consignas. Mucho menos quienes discrepen de esa idea de nación parcial, partidista, de bandería, aunque acudan al muy sensato argumento de que una idea partidista y sectaria de la nación carece de dignidad y no merece acatamiento. Quien monopoliza el sentimiento nacional y lo identifica con sus particulares postulados no actúa en nombre de este —aunque lo invoque— sino en beneficio de sus intereses con lo que, como sucede con la derecha española, se comporta con la nación como el hacendado con su propiedad. Una idea de nación que no sea capaz de incluir a quienes la tengan distinta ni siquiera es respetable pues empieza por faltar al respeto a quienes no coincidan con ella.

1 Kedourie, 1985: 5.

2 Sieyès, 1982: 32.

3 Seton-Watson, 1977: 5.

4 Anderson, 1991: passim.

5 Gellner, 1983: 55.

6 Rubert de Ventós, 1998: 142.

7 Fichte, s/d: 129.

8 Weber, 1972: 528.

9 ABC, 18 de noviembre de 2004.

10 Smith, 2004: 172.

11 Ibíd.: 173.

12 El País, 14 de noviembre de 2003.

13 Periodista Digital, 21 de diciembre de 2012.

Nación, cultura, lengua

En relación con estos y otros conceptos relativos al nacionalismo es imprescindible tener a mano para frecuente consulta la excelente Enciclopedia del nacionalismo, dirigida por A. de Blas14. Obra la más completa a nuestro conocimiento, sistemática, de inmensa utilidad para quien quiera aclarar conceptos complejos, muchas veces confusos, cuando no enmarañados por afinidades ideológicas electivas o simplemente simuladas.

Las concepciones objetivas de nación carecen de consistencia. Ningún criterio externo define por sí solo una colectividad nacional. La raza, la geografía, la religión, la historia, la cultura, en la medida en que no se confunde con las anteriores, son insuficientes tomadas una a una y solo parcialmente nos acercan a nuestro objetivo tomadas en conjunto. Son insuficientes incluso aunque, con su pedestre y dogmático estilo, al tratar la cuestión nacional, Stalin, quien redactó un opúsculo sobre la cuestión nacional por encargo directo de Lenin para fijar la posición de los bolcheviques al respecto, considere que solo la suma de ellas constituye una nación: “una nación es una comunidad humana estable e histórica, formada sobre la base de una vida económica, una lengua y un territorio comunes, así como una psicología manifiesta en una cultura común”15; una definición en la que faltan tantos elementos como los que sobran.

La cultura es la que más se acerca a una idea de nación y ello porque, junto a su aspecto objetivo, como instituciones, normas, objetos, monumentos, arte, etc., tiene otro fuertemente subjetivo. Y el elemento cultural de más largo alcance a la hora de fundamentar una conciencia nacional es la lengua, precisamente porque es la unión más completa de lo objetivo y lo subjetivo, el vehículo característico de la mencionada realidad humana sui generis, la intersubjetividad, la propia del Lebenswelt de los fenomenólogos. Si prestamos atención al criterio lingüístico este mostrará que no hay tanta distancia como suele creerse entre el nacionalismo “político” de raigambre francesa y el “etnicista”, de origen preferentemente alemán. Se trata de una distinción dicotómica, a veces maniquea, que permite establecer tipologías cómodas desde un punto de vista ideológico disfrazado de analítico, algo muy común en los estudios sobre nacionalismo en los que no es extraño leer que así como hay nacionalismos “buenos”, también los hoy “malos”. División entre amigo/enemigo, esencia misma de la política, al decir de Carl Schmitt.

Herder, adelantado del nacionalismo alemán, sostenía que lengua y nación o patria son sinónimos16. No solo la lengua, si bien esta tiene una función esencial en la formación de la conciencia nacional. “Una lengua es”, dice Herder, “un todo orgánico que vive, se desarrolla y muere como ser vivo; la lengua de un pueblo es, por decirlo así, el alma misma de ese pueblo, que se ha hecho visible y tangible”17. Es el ámbito físico y psíquico de la acción humana, en donde lo fáctico y lo simbólico y valorativo se mezclan sin cesar. Y lo hacen a través de la lengua, vehículo de transmisión de contenidos significativos entre generaciones. Un diálogo entre vivos y muertos, la urdimbre de la vida del ser humano, de la historia.

Para Fichte la lengua es el signo externo y visible de las diferencias entre una nación y otra; es el criterio más importante por el que reconocer la existencia de una nación y su derecho a formar su propio Estado”18 aunque, como muestra una ojeada a las naciones hispanohablantes, muchas de ellas intensamente nacionalistas, tampoco es criterio universalmente válido. Puede ser el mejor soporte de esa idea imperial, no nacional, de que la lengua es el principal instrumento del poder político para imponer la propia nación sobre las demás, como decía Nebrija: “la lengua siempre fue compañera del imperio y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron”19. La lengua es un elemento esencial de la nación, no el definitivo, pero sí decisivo cuanto de ella dimanan otros. Así es como cuatrocientos años después de Nebrija, Prat de la Riba sostendrá que Cataluña es una nación justamente porque tiene una lengua, un derecho, un arte propios20.

El criterio de determinar las fronteras políticas según las lingüísticas “se basa en una definición académica y en una clasificación de idiomas que quizá pueda ser útil para fines filosóficos o especulativos. Sin embargo, utilizado con un propósito político plantea tantas dificultades como las que pretende resolver”21. Aun así, se trata del recurso que más se aproxima a encontrar una explicación del nacionalismo sobre bases objetivas. En cuanto elemento subjetivo, sentimiento, la nación pertenece al terreno de la voluntad colectiva. Prat lo deja bien claro: “En vano se buscará una definición geográfica, etnográfica o filológica (de la nación). El ser y esencia del pueblo no están en las razas ni las lenguas, sino en las almas. La nacionalidad es, pues, un Volksgeist, un espíritu social o público”22. Es la idea que regía en el pensamiento del citado Fichte y en el de Renan, para quien, en frase ya célebre, la nación es “un plebiscito de todos los días·23. Más o menos lo mismo que piensa Meinecke quien, tras referirse expresamente al autor francés concluye: “la nación es lo que la nación quiera ser”24. En el fondo, no es tanta la diferencia entre el nacionalismo romántico y el racionalista; ambos remiten a la definición apodíctica que da dios de sí mismo a Moisés en el Éxodo (3, 14): “yo soy el que soy”.

Las definiciones objetivas no satisfacen a nadie y las subjetivas, especialmente las de tipo voluntarista y, por lo tanto, muy relativizadas en el espíritu de Renan, sin duda producen una especial congoja en el ánimo de los políticos o los estudiosos nacionalistas que no están seguros de si son nacionalistas antes que estudiosos o estudiosos antes que nacionalistas. Porque el nacional es precisamente aquel terreno en el que con mayor facilidad se incurre en elaboraciones ideológicas, incluso ditirámbicas, mientras se afirma que se está atendiendo exclusivamente a los datos de la experiencia interpretados a la luz de la recta razón. Y eso cuando no se pasa directamente a entrar en faena, pontificando sobre los nacionalismos ajenos sin cuestionar jamás el propio que se considera tan natural como la respiración.

Al enfrentarse con la dura realidad de la contingencia de la nación o la patria, en lo que los estudiosos nacionalistas tienen depositada toda su fe y, al parecer, su razón de existir, experimentan el vértigo del vacío, una sensación de despojo que los impulsa directamente al elemento sacral, haciéndolos refugiarse en un dios que, según lo invoca Cánovas del Castillo, más parece un deus ex machina. Su función reside en salvarlos del galimatías en que ellos solos se meten al enfrentarse a las otras concepciones de la nación, con lo que acaban convirtiendo esa idea de nación en un producto de la voluntad divina o, lo que viene a ser igual, de la naturaleza misma25.El nacionalismo es la perspectiva más proclive a convertir en vigas las pajas en ojos ajenos y no sospechar siquiera las vigas en los propios, es decir a errar en el juicio. Ello es explicable porque, al fundamentar la nación en la naturaleza, la razón misma le queda supeditada. Y esto es lo que hace tan intratable la cuestión del nacionalismo, la razón por la que, expresándolo en términos quijotescos, la idea de nación obnubila la razón. Bastaría con tener presente este dato al hablar de la nación para valerse de nuevo de la razón sin necesidad de engañarse a uno mismo, pues a los demás no se consigue, afirmando que no se es nacionalista cuando sí se es. Reiteremos que nadie puede de buena fe negar sinceridad a los argumentos de los estudiosos nacionalistas siempre que expliciten su nacionalismo y no lo oculten.

14 Blas, 1997.

15 Stalin, 1973: 63.

16 Herder, 1966: 104.

17 Cit. por Prat de la Riba, 1998: 87.

18 Kedourie, 1985: 48.

19 Fuente: Texto extraído de www.mcnbiografías.com.

20 Prat de la Riba, 1998: 51.

21 Kedourie, 1985: 97.

22 Prat de la Riba, 1998: 93.

23 Renan, 1987: 83.

24 Meinecke, 1911: 4.

25 Cánovas, 2007: 107.

Clasificaciones

La ausencia de consenso en la definición del concepto no impide que los tratadistas hayan establecido clasificaciones. Referirnos a ellas no será ocioso porque inciden luego decisivamente en el debate sobre la cuestión. A Meinecke se debe la que quizá haya sido la más fructífera distinción en el campo de los estudios sobre nacionalismo, esto es, la que se da entre “nación cultural” y “nación política”, Kulturnation y Staatsnation26 que ha ejercido una extraordinaria influencia sobre investigaciones acerca del nacionalismo, aplicada en España muy atinadamente por Andrés de Blas27, si bien para algunos autores ha dejado de tener validez en Europa28. La diferencia entre los dos conceptos de nación refleja en gran medida la que hay entre disponer o no disponer de un Estado propio. O, en términos leninistas, el poder. El puente entre ambas naciones y, por tanto, ambos nacionalismos, es el llamado principio de las nacionalidades que suele ser característico del nacionalismo cultural en su aspiración por revestirse de una forma estatal29 pues, como dice Mancini, no es sino la fuerza que lleva a cada nación a tener su propio Estado”30 en donde el italiano hacía eco a Hegel, inspirador último de la doctrina, cuando en sus lecciones sobre la filosofía de la historia recuerda que “los pueblos (las naciones) pueden haber tenido una larga existencia antes de alcanzar su destino, que es el Estado”31. Es el principio del nacionalismo político: “A cada nación un Estado: esta es la fórmula sintética del nacionalismo político, este es el hecho jurídico que se corresponde con el hecho social de la nacionalidad”32. Que ello sea posible en términos prácticos o no, como acertadamente razona Gellner, quien augura que esto daría lugar a 800 Estados en la tierra de los 8.000 que podría haber33 es aquí irrelevante pero no enteramente ocioso.

Lenin, quien reunía la doble condición de intelectual y hombre de acción revolucionaria, cosa rara, tenía una concepción cratológica, instrumentalista, esto es, realista, de la política. La categoría esencial en torno a la cual gira todo el ser político es el poder. De acuerdo con ella clasifica las naciones en naciones opresoras y naciones oprimidas. El proletariado de las primeras debe luchar por la autodeterminación de las segundas y el proletariado de estas, a su vez, aliarse con el de aquellas en la lucha contra su propia burguesía. Luego, a medida que el régimen democrático se acerque a reconocer la libertad de decisión, más débiles y raras serán las peticiones de separación y, en definitiva el objetivo del socialismo no es solo acercar a las naciones sino fundirlas34. A la conquista del poder, un fin en sí mismo, se orientan todos los medios y se sacrifica todo. Hasta la congruencia. “El derecho a la autodeterminación es una reivindicación democrática que, naturalmente, debe ser subordinada a los intereses generales de la democracia”35. El nacionalismo, el principio de las nacionalidades es bueno y debe fomentarse si sirve para atacar sociedades y/o Estados burgueses; no será, en cambio, necesario en el Estado proletario en el que todos los trabajadores serán hermanos36. En consecuencia, los movimientos nacionalistas podían ser a la vez progresivos y reaccionarios, dependiendo del estado de desarrollo económico en que tenían lugar37, un punto de vista elaborado asimismo por Stalin en su citado opúsculo sobre el marxismo y la cuestión nacional en donde leemos que la aparentemente contradictoria actitud de los marxistas respecto a la secesión de Polonia del Imperio ruso no era tal porque, desde que Marx la apoyara a mediados del siglo XIX hasta que los marxistas polacos se opusieron a la separación de Polonia de Rusia, las circunstancias habían cambiado obligando a adoptar actitudes distintas y hasta opuestas en relación con un problema nacional38.

Similar alcance y buena intención, aunque esto último no esté tan claro, se atribuye a otra clasificación no menos famosa entre naciones con historia y naciones sin historia que se encuentra originariamente en Engels y Marx como un intento de explicar las distintas reacciones de los pueblos eslavos y no eslavos del Imperio austro-húngaro en el episodio revolucionario de 1848, cuando apoyaban la lucha nacional de los húngaros, pero no la de los checos. Cabe sospechar aquí cierta eslavofobia39, de igual modo que el paneslavismo implícito en las teorías de Bakunin parecía mostrar cierta germanofobia, todo lo cual influiría en la ruptura definitiva entre marxistas y bakuninistas40. Rosdolsky admite que la primera posición de Marx y Engels muestra un fuerte influjo hegeliano pero que posteriormente sería sustituida en la obra de los dos amigos por otra, más acorde con el espíritu del marxismo, entre “naciones oprimidas y naciones opresoras41, que es, más o menos, la que serviría de punto de arranque a la ambigüedad leninista.

Posteriormente será el austromarxismo el que, en la estela de la distinción de Meinecke, se ocuparía de reflexionar sobre la cuestión de las nacionalidades, igualmente aquejado de cierto complejo de superioridad del espíritu germánico frente al eslavo en el crisol del imperio austrohúngaro y con una evolución doctrinal que se bifurcará entre la tendencia conservadora de Karl Renner y la más radical de Otto Bauer pero en el fondo, igualmente reformistas en la práctica. Durante los años veinte Renner, quien fue adaptando sus puntos de vista originales a las necesidades provenientes de la derrota en la Primera Guerra Mundial, veía el Estado nacional como una federación de naciones culturales y recurría a otra clasificación distinguiendo entre el principio personal y el territorial en la organización estatal, lo cual tendrá consecuencias cuando, cien años después, se plantee el problema de si las colectividades humanas son sujetos de derechos, cosa que Renner afirma referido a las naciones culturales dentro del Estado42. Siempre en ese espíritu, Otto Bauer, tan partidario de la fusión entre la parte germánica de Austria y Alemania como Renner, aportaría en su más célebre obra una definición de nación que tendría insospechados seguidores, incluidos los falangistas joseantonianos. La Nación es, según Bauer, quien rechazaba todo criterio objetivista, “una comunidad de carácter basada en una comunidad de destino”43, en donde resulta también muy llamativa la vinculación entre este postulado y la distinción de Tönnies entre comunidad y sociedad44, que se encuentra en el corazón del discurso nacionalista.

Todas estas tipologías, estos intentos de abordar la cuestión con un criterio de racionalismo cartesiano o marxista están muy bien y prueban que hay una genuina preocupación doctrinal por explicar la cuestión nacional y la función de los nacionalismos, probablemente movida por el hecho de que, aun siendo un motivo de movilización relativamente reciente, pues arranca de las revoluciones norteamericana y francesa, ha resultado extraordinariamente virulenta en los siglos XIX y XX, y sigue siéndolo en el XXI. Ese empeño teórico, sin embargo, parece tropezar con el límite infranqueable ya señalado de que sea lo que sea la nación, no se trata de un concepto sino de un sentimiento. Es la conclusión de la teoría subjetiva que mencionábamos al comienzo: un sentimiento compartido. En donde no hay sentimiento nacional, es imposible generarlo por más que se tenga la voluntad de conseguirlo a base de ondear banderas y batir el tambor. A cambio, en donde lo hay, es prácticamente imposible extirparlo o sustituirlo por otro. Nadie ha conseguido extirpar el sentimiento nacional judío, a pesar de que se ha intentado varias veces en la historia, desde la cautividad de Babilonia hasta la Shoah, pasando por la diáspora. El sentimiento nacional no se impone ni puede desarraigarse salvo por la eliminación física de quienes lo encarnen, como paradójicamente comprueban hoy los israelíes, al ver que, para acabar con el sentimiento nacional de los palestinos, tienen que exterminarlos físicamente. En términos menos cruentos, legislar sobre los sentimientos, una pretensión premoderna, anterior al principio de tolerancia, es posible, pero, a la larga, resulta inútil y generalmente atroz. Lo cual no quiere decir que no se intente siempre que alguien crea tener el poder suficiente para conseguirlo, cumpliendo un viejo sueño de todo despotismo: obligar a los demás a pensar y/o sentir según quiere el legislador. El cujus regio ejus religio con el que echa a andar el Estado a comienzo de la Edad Moderna y cuyos matices España jamás llegó a discernir. El desocupado visitante que pasee por las calles de Madrid y dé de pronto con la descomunal bandera borbónica que José María Aznar izó en la plaza de Colón, a imitación de la que él vio y envidió en la del Zócalo mexicano, podrá hacerse una idea de este curioso intento típicamente autoritario de insuflar en el ánimo de la gente sentimientos a base de ponérselos a la vista, cuanto más desaforados, mejor.

26 Meinecke, 1911: 3.

27 Blas, 1993: 13/14.

28 Bastida, 1998: 153.

29 Blas, 1994a: 60.

30 Cit. por Bastida, 1998: 79.

31 Hegel, 1970: 82.

32 Prat de la Riba, 1998: 113.

33 Gellner, 1983: 48.

34 Lenin, 1976, V, 352/353.

35 Ibíd.: 357.

36 Álvarez Osés, 1988: 143.

37 Kedourie, 1984: 69.

38 Stalin, 1973: 73.

39 Bloom, 1975: 191.

40 Seton-Watson, 1977: 446.

41 Rosdolsky, 1979: 122, 175.

42 Renner, 1914: 24.

43 Bauer, 1924: 124 y ss.

44 Löwy, 2010.

La nación y el Estado

La pareja Estado-nación plantea una cuestión interesante. La nación es sentimiento. El Estado, concepto. La nación es subjetividad; el Estado, objetividad. Lo decía muy bien el tribuno del tradicionalismo español, Juan Vázquez de Mella, en un discurso pronunciado en 1918 en la Semana Regionalista de Santiago de Compostela: “El Estado es, principalmente, una unidad jurídica; la nación es, ante todo, una unidad moral, espiritual; la actividad de la nación no se confunde con la del Estado, y es más vasta que la suya”45. Vázquez de Mella era antiseparatista y regionalista al mismo tiempo46. La nación española, como río formado por sus afluentes, necesita un Estado, pero un Estado que reconozca los afluentes, esto es, las regiones, a las que no tendría inconveniente en llamar naciones de no ser porque reservaba este nombre, a falta de otro mejor, para España47.

Toda nación quiere ampararse en el Estado y valerse de él porque el espíritu busca siempre encarnarse en algo. Y así se ha acuñado un concepto, el de Estado-nación, engañoso y falaz porque, además de Estados plurinacionales, el mundo conoce y ello es más frecuente, naciones “pluriestatales”48. Hay ejemplos que dan que pensar. El caso de las colonias y las metrópolis. Originariamente, las colonias son una invención de los pueblos mediterráneos, singularmente los griegos, pero también los fenicios y otros sin duda. Si los griegos tuvieron algo parecido a lo que hoy llamamos sentimiento nacional, esto es, la comunidad imaginaria de Anderson, así se manifestaría en aquellas. Los siracusanos eran griegos a todos los efectos, como lo eran los de las otras colonias de la Magna Grecia. Si en algún momento, estas colonias dejaban de ser “griegas”, no era porque sus habitantes hubieran descubierto una nueva idea de nación, sino, normalmente, porque habían sido conquistadas por otro pueblo que las hacía suyas, como en el caso de Sicilia con Roma o, simplemente, las destruía y desaparecían del mapa, como en el de Cartago. Con la llegada de la modernidad, el asunto se complica: los colonos de Nueva Inglaterra se sentían ingleses. ¿En qué momento surge la nación americana? ¿Cuándo dejan los colonos de sentirse ingleses para sentirse americanos? Y lo mismo cabe decir de las posesiones españolas en América, que dan lugar a diversas naciones no-españolas. ¿Cuándo dejan los españoles del otro hemisferio de ser tales para convertirse en mexicanos, venezolanos o argentinos? La independencia de las Américas, ¿es causa o efecto de unas emergentes conciencias nacionales?

La problemática dialéctica entre el Estado y la nación, no se da solamente en un sentido, de la nación al Estado, como pretende el principio de las nacionalidades, sino también en el inverso, muchas veces como consecuencia de los avatares de la historia. ¿Puede ser que la Staatsnation trate de convertirse en Kulturnation? Puede, efectivamente y en el mismo supuesto colonial. Sabido es que las metrópolis europeas trazaron líneas de demarcación política y administrativa en sus posesiones africanas sin respetar colectividades, tribus, etnias. Posteriormente, cuando tales posesiones alcanzaron la independencia, lo hicieron bajo la forma de Estados, consagrando como fronteras, aquellas líneas arbitrarias. Podía haber comunidades divididas entre Estados distintos que, apoyándose sobre todo en la lengua impuesta y la tradición, se proclamaban naciones políticas que se asentaban sobre naciones culturales caprichosamente divididas. Más que “principio de las nacionalidades” cabría hablar aquí de “principio de los Estados” según el cual y por imperativo de la historia fáctica, los Estados sobrevenidos aspiran a legitimarse como naciones.

Sea en un sentido o en el otro, el resultado viene siendo el que se despliega hoy ante nuestros ojos: Estados en un mundo poblado de estos y en una situación idealizada de homeostasis, como un conjunto de mónadas soberanas, autónomas, mutuamente independientes. Es el mundo del derecho internacional que, si bien reconoce subjetividad jurídica a diversos tipos de entes, tiene como eje principal el Estado, hasta el punto de que bien podría llamarse derecho interestatal. Son los Estados quienes actúan en el orden internacional; no las naciones. Las naciones no guerrean. Lo hacen los Estados.

Pero esta imagen ya no se corresponde enteramente con la realidad. Los procesos concomitantes de globalización y regionalización están apuntando a circunstancias nuevas que obligan a los Estados a adaptarse. Elementos esenciales en la definición de estos están hoy relativizados, como por ejemplo, el de la soberanía. Ello forzará al nacionalismo contemporáneo, a su vez, también a adaptarse a los tiempos. Cierto escepticismo nos obliga a preguntarnos si la relativización de este concepto y principio es realmente tan nueva o ha estado siempre presente. El equilibrio de Estados salido de la Paz de Westfalia ya contenía medidas distintas de la soberanía y, si contemplamos el devenir de esta en la historia quizá lleguemos a la conclusión de que, más que una realidad concreta, se trata de una idea platónica o un “tipo ideal” weberiano. Como decía F. C. Montague en un espléndido prólogo al Fragment on Government, de Bentham a fines del siglo XIX: “la soberanía es un hecho complejo que admite infinitas gradaciones; no una cantidad matemática que pueda definirse de modo a la vez abstracto y útil”49. El enunciado ideal está claro: es soberano todo poder que no reconoce ni tiene un poder superior a él. Pero en la práctica está situación es muy ocasional y generalmente transitoria. Es discutible si España estuvo subordinada a los intereses del Imperio germánico en la época de los Austrias llamados “mayores”, pero apenas lo es que sí lo estuvo a los de Francia a partir de los pactos de familia. La neutralidad española en las dos guerras mundiales no fue producto de independencia y soberanía algunas sino de la indecisión de una clase dominante dividida en cuanto a la obediencia que prestaba a los intereses extranjeros y, precisamente, de su falta de capacidad de decidir. De su falta de soberanía de hecho.

De esta confusa mezcla entre Estado y nación se derivan los problemas del nacionalismo del que con gran presciencia y cierto pesimismo, Sir Henry Maine decía: “nadie puede decir con exactitud qué sea el nacionalismo y, por supuesto, el peligro de la teoría procede de su imprecisión. Parece estar llena con las semillas de convulsiones civiles futuras”50. Elemento impreciso, indeterminado, preñado de consecuencias imprevisibles y no siempre gratas, como tuvo ocasión de comprobar en sus costillas el ingenuo Zapatero y después han evidenciado en su mutua desavenencia las naciones española y catalana.

45 Vázquez de Mella, 1957: 120.

46 Ibíd.: 138.

47 Ibíd.: 476.

48 Guibernau, 2009: 99.

49 Montague, 1931: 75.

50 Maine, 1885: 50.

II. Vicisitudes de la nación española

“¡Y eso más, mentecato! ¡Pues sí, soy español, español de

nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua

y hasta de profesión y oficio; español sobre todo y ante todo

y el españolismo es mi religión, y el cielo en que quiero

creer es una España celestial y eterna, y mi Dios es un Dios

español, el de Nuestro Señor Don Quijote;

un Dios que piensa en español y en español dijo:

¡sea la luz!,y su verbo fue verbo español…”

(Miguel de Unamuno, Niebla)

¿España o Españas?

España está mal avenida consigo misma desde tiempo inmemorial. Eso es ya leyenda, la leyenda de las dos Españas, a la que dedicaremos un capítulo posterior. O de un número indeterminado de ellas en una expresión clásica que proviene de la Edad Media y se lee con frecuencia en el Siglo de Oro, las Españas. En su clásico estudio sobre El concepto de España en la Edad Media, Maravall es taxativo al afirmar que la importancia desmesurada que se ha dado a ese plural procede de las “interpretaciones modernas” más que del uso real que de él se hiciera en la Edad Media, que no expresa “de manera particular y con especial fuerza demostrativa una idea de pluralismo interior…” (cursivas, nuestras) y, a continuación, aporta una serie de razones por las cuales el uso tenía otros fines1, por lo que no quedaba afectada la idea de la unidad política del país. Pero eso tampoco es tan evidente. No solo porque el plural implicara mezcla alguna de “pluralismo interior”, sino porque su alcance territorial no estaba claro. ¿Incluía esa idea, no realidad, de unidad política a Portugal? Para algunos, por ejemplo, para Camoens, no había duda alguna: “castellanos y portugueses, decía, porque españoles lo somos todos”2. Si España, la idea de España, había de incluir a Portugal, seguramente este hecho es también explicativo del plural de “las Españas”. Así lo piensa Figueiredo, quien cree que el plural pasa al singular al advenimiento de los Austrias3.

Maravall señala asimismo que en aquella época medieval se encuentran también formas plurales referidas a otros países. España no es tan disímil. Pero es posible que los historiadores, los pensadores de esos otros países abriguen ideas distintas. En su Historia de Francia, Michelet lo tiene muy claro: La France a fait la France4. La acumulación de episodios, invasiones, razas, mezclas, son ingredientes. No hay Francias; el genio de Francia es único y distinto a la suma de sus partes. Francia es anterior a sí misma.

El libro de Maravall es de 1954 y, por aquellos años, el espíritu dominante en la historia de las ideas en España tenía un fuerte sesgo unitario, empapado del batiburrillo ideológico del franquismo. Basta con reflexionar sobre las implicaciones ayer y hoy del término empleado por el autor, “pluralismo interior”, un hecho que nadie niega en la actualidad y que antaño sin duda estaba tan vivo como hoy, si no más, pero no era visto con similar simpatía. Y en eso sí nos diferenciábamos de los extranjeros. Cinco años antes del libro de Maravall, en 1949, un intelectual por entonces muy afecto al régimen sostenía que “el que nuestra misma existencia nacional sea problema es hoy una de las más radicales diferencias con los demás países europeos”5.

La Europa de Calvo Serer es la que se llama ahora, de “países homólogos”, o sea Europa Occidental, Occidente en general. Y, en efecto, hay grandes diferencias “con los demás países europeos” por cuanto en estos no se dan las tensiones territoriales que sí se manifiestan en España. Vayamos a los casos escocés y quebequés. Cuando se pone el primero de ejemplo de cómo podrían hacerse las cosas aquí, suele darse esa respuesta que en el fondo no quiere decir nada de que no son comparables porque el match España/Cataluña es algo muy diferente del Inglaterra/Escocia. Es verdad, pero por razones distintas a las que se aducen. Escocia entró a formar parte del Reino Unido voluntariamente a través del Tratado de Unión de 1706 mientras que Cataluña lo fue por derecho de conquista. También se dirá que, antes de la guerra de Sucesión, Cataluña formaba parte de España desde 1492, con la excepción de la sublevación de 1640. Pero también Escocia e Inglaterra estaban unidas de antes, desde la unión personal de 1603, en la persona del mismo Rey, aunque fueran Estados distintos y con el irónico agravante de que el Rey en cuya testa reposaban dos coronas, Jacobo VI, era Rey de Escocia. El Tratado de Unión fue ratificado por sendas leyes de los Parlamentos inglés y escocés. Escocia disolvió el suyo y se integró en el de Westminster renunciando a la independencia

La France a fait la France es, evidentemente, una hipérbole. Pero sirve como contraejemplo para España en donde la búsqueda del origen, esto es, las raíces, de la nación es tan recurrente que casi parece un pasatiempo preferido o una obsesión de sus clases intelectuales, normalmente las encargadas de formular el relato nacional que suele tener mucho de mítico, legendario, alegórico, simbólico, como elementos que forman parte de la fábula que tienen la misión de narrar. Hasta la historiografía que, fiel a la pretensión de Vico, quiere verse como una ciencia, lo cual supondría, lógicamente, su alejamiento de los mencionados factores, todos ellos irracionales, atiza el fuego en las fraguas en que se forjan los mitos nacionales, como nos muestra cumplidamente Fernando Wulff al analizar la función de aquella en la construcción de la identidad española, un concepto este frente al que sabiamente nos invita a “adquirir mayor distancia y mayor perspectiva”6. El relato generalmente aceptado por la historiografía conservadora y que cuenta con la activa colaboración de la Iglesia en la elaboración del mito nacionalcatólico, hace arrancar la idea de España en el origen de los tiempos y, desde luego, en la Hispania romana por mucho que le pese a Américo Castro, quien batalló toda su vida en contra de este expediente7. La nación se templa luego en el curso de una cruzada, de la Reconquista, en la cual la cruz estuvo aliada a la espada durante ocho siglos y cristalizó felizmente en la unión de Castilla y Aragón. La partera fue la religión católica y por eso, el nacionalismo español conservador, el mayoritario, identifica la nación española con el catolicismo8. Guste o no guste, se olvide o se recuerde, quiérase o no, este hecho es determinante en la historia del país.

Se trata del punto esencial de una ideología reaccionaria que llega triunfante al siglo XXI, habiendo vencido siempre a ese otro nacionalismo liberal tímidamente laico, cuya tradición ha investigado Andrés de Blas, uno de los principales estudiosos del nacionalismo español tanto en el orden teórico como en el práctico, siguiéndola entre los republicanos en la obra de Castelar, Ruiz Zorrilla, Pi y Margall, Salmerón, Lerroux y otros9, así como en la de Cánovas, Unamuno, Azaña, Ortega y Gasset, etc10. Las figuras son señeras, sin duda, y la tradición, consistente, habla de un largo empeño. Pero los resultados son otra cosa. Ese nacionalismo liberal, que incluye a parte del conservador más pacífico, lucha por imponerse hace ya más de doscientos años sin haberlo conseguido. A veces tolerado a regañadientes, a veces perseguido por su contrario, el bronco nacionalismo conservador, su posición en la historia ha solido ser siempre subalterna, incapaz de formular una doctrina no diremos ya hegemónica en el debate intelectual sino meramente independiente, al margen de los mitos fabricados por el otro. Su vertiente romántica, la que parte del mito fundacional de las controvertidas Comunidades de Castilla, trata de articular una visión de la nación española definida por su amor a la libertad y el carácter democrático de sus instituciones más antiguas, pero no es capaz de construir un relato alternativo al nacionalista conservador, que solo hubiera sido posible rompiendo con la tradición monárquica que había abolido las libertades nacionales11. Dos veces lo intentó, en 1873 y 1931, y en ambas ocasiones el intento se saldó con sendos fracasos que son la esperable consecuencia de la diferencia de fuerzas entre conservadores y liberales en España. Sobre este desequilibrio histórico trata la primera parte del libro en la que, además, deberá quedar constancia de que el triunfo final del nacionalcatolicismo es, paradójicamente, su derrota y, con ella, la de la propia nación española pues es el que sistemáticamente propicia sus tendencias centrífugas.

1 Maravall, 1981: 63.

2 Cit. en Álvarez Osés, 1988: 82.

3 Figueiredo, 1932: 251.

4 Michelet, 1880, prefacio 1869.

5 Calvo Serer, 1957: 77/78.

6 Wulff, 2003: 259.

7 Castro, 1985: 128 y ss.

8 Suárez, 2000: 20; Álvarez Junco, 2002: 408.

9 Blas, 1991: passim.

10 Blas, 1989: passim.

11 Pérez Viejo, 2007: 102.

Nacimiento de una nación

El acta fundacional de España como nación en la unión de las coronas de Aragón y Castilla no ofrece duda alguna al pensamiento conservador. Isabel y Fernando son los padres de Juana la Loca y de la nación española. Solo en dos ocasiones en todos estos años ha conocido la nación momentos de incertidumbre de muy distinta naturaleza que determinaran su trayectoria. Una, la de la muerte de Fernando sin haber logrado descendencia de varón en su segunda mujer, Germana de Foix, lo que impidió que las coronas de Castilla y Aragón volvieran a separarse. La otra, el resultado de la Guerra de Sucesión, que puso fin a las pretensiones de los Austrias e instauró a los Borbones, con quienes la mayoría de los tradicionalistas no simpatizaba en absoluto. Pero como la causa eficiente de la conciencia nacional española es la religión católica, el pensamiento conservador considera que esas ocasiones no empecen el cumplimiento de la misión universal, por contradictorio que sea este hecho. Volveremos a referirnos al absurdo intrínseco que supone la idea de que el catolicismo pueda ser el fundamento de nación alguna y, por tanto, al absurdo del nacionalcatolicismo como ideología. Una ideología que ha informado el nacionalismo español desde los tiempos de su principal adalid, Marcelino Menéndez Pelayo, quien recogía, sistematizaba, actualizaba y convertía en poderosa arma dialéctica las ideas a veces no muy bien avenidas de Jaime Balmes y Juan Donoso Cortés12, las otras dos voces del terceto del nacionalismo español conservador y reaccionario, el nacionalcatolicismo, en el siglo XIX:

La historiografía romántica viene a situar el nacimiento de la nación española en la conversión de Recaredo, que abandona el arrianismo de sus antecesores13. De esa forma, los visigodos se funden en el cristianismo con la población hispanorromana. Historiadores contemporáneos, nada románticos, llaman “nuevo Constantino” a Recaredo porque restableció la unidad del reino y la verdadera fe14 y “constantiniano” es el adjetivo con que Tuñón de Lara calificaba el catolicismo español15. La adjudicación tiene poderosos precedentes. Menéndez Pelayo declara que la victoria de la Iglesia española con la conversión del rey godo “nos aseguró por largos siglos, hasta el desdichado en que vivimos, el inestimable tesoro de la unidad religiosa16. La expresión Iglesia española parecería contradecir la idea del origen nacional de España en Recaredo, puesto que habría España antes de la conversión del arriano. Pero, dado que la idea esencial es que, si hay España, es porque es católica, aquella expresión solo es licencia retórica.

Menéndez Pelayo no parecía estar disconforme con la idea de que los concilios de Toledo eran la cúspide de una monarquía teocrática; al contrario, la celebraba17. No es este asunto que suela reaparecer en las investigaciones y debates contemporáneos sobre el ser de España, aunque siempre hay excepciones. En este caso, la de Américo Castro, quien atribuye al lejano eco del espíritu islámico y el judaico lo que llama la teocracia hispánica, incapaz de afirmar en España y en Hispano-América una forma de Estado puramente civil, no basada en magias personales18, algo que parece tomado de Ángel Ganivet quien, en el Idearium español atribuye al poder teocrático de los visigodos la causa de la “disolución nacional”19 Este enunciado tiene cierta trascendencia para la propuesta de este libro en el sentido de que España viene siendo nacionalcatólica desde mucho antes de la guerra civil. Si la monarquía visigótica era una teocracia20, no resulta aventurado sostener que una vez el país se recuperó de la “pérdida” de Hispania a manos de los musulmanes, tras la Reconquista, el espíritu, el ánimo de la época, empujaba en la dirección de la restauración de aquella forma de gobierno. La implantación de la Inquisición y la expulsión de los judíos en tiempos de los Reyes Católicos, entre otras cosas, son medidas teocráticas.

Las versiones más fabulosas presuponen que la conciencia de España y la idea de ser españoles estaba ya presente entre los celtíberos antes de Cristo. Son los que hacen a Viriato valeroso caudillo, jefe de un ente imaginario, una nación imaginaria —no una colectividad imaginada al estilo de Anderson— sino una nación fabulada a mayor gloria de las luchas ideológicas presentes, sin tomarse la molestia de interrogar a los protagonistas de entonces, cuya idea “nacional” era inexistente como bien atestigua la falta de todo rastro de ella en Séneca, Marcial o Trajano. Esa nación, vigorizada luego con la esencia católica, renace en el crisol de la guerra contra el infiel. Por eso, el patrón de España acabó siendo Santiago Matamoros quien, según Américo Castro, representaba la figura contraria y por ello simétrica de Mahoma21.

Tan feliz proceso culmina en el señalado momento estelar de la unión de Isabel y Fernando. Esa unión no es sino la materialización de una realidad intersubjetiva en los reinos cristianos que comparten una intensa convicción de comunidad “española”. Este es el punto de vista en la obra citada de Maravall. Tal comunidad ya tiene una relativa conciencia de comunidad e identidad22, es una especie de protonación, desde el punto de vista moderno del término. Es un estadio previo al concepto de nación acuñado a partir de la Revolución francesa, al que se aferra el nacionalismo liberal que se fija exclusivamente en la identidad entre nación y pueblo y no acepta la existencia de aquella si la soberanía no reside en este, por entero o por mitad, como admitirá el doctrinarismo. Por eso suele el liberalismo situar el origen de la nación en la guerra de Independencia, sin perjuicio de que, cuando preste tocar cuerdas románticas, pues también el racionalismo se legitima simbólicamente, se remonte a tiempos muy anteriores, queriendo ver su protonación en las citadas Comunidades de Castilla, como hacía Quintana, quien consideraba a los comuneros “héroes liberales y patrioteros, mártires de la Constitución del 12 y de los derechos del hombre”23.

El pensamiento conservador tiene menos escrúpulos. Admite a regañadientes que la nación en sentido afrancesado puede haberse alzado contra el invasor, pero la considera continuadora de esa otra idea de nación preexistente y que en modo alguno gusta de considerar premoderna. No hay interrupción ni quiebra. ¿O no es cierto, dicen, que en el Concilio de Constanza, (1414-1418), en el que se acabó con el Cisma de Occidente se votaba por naciones? El concilio comenzó con cuatro, la alemana, la francesa, la inglesa y la italiana. A partir de 1416 se sumó una quinta, la nación española. Este concepto medieval de nación está todavía muy cerca de su fuente etimológica: la nación es el conjunto de los nacidos en un lugar. Así lo admite la historiografía española contemporánea: “la palabra ‘nación’ tiene un sentido profundo, vigente en el tránsito del Medioevo al Renacimiento: ese sentido lo hallamos ya, precisamente, cuajado en la diversidad dentro de la unidad, que define la realidad española incluso antes del reinado de los Reyes Católicos”24. De forma que se podía ser de nacionalidad española, andaluza, o salmantina o vizcaína. Antes y bastante después, justamente hasta el momento de 1812. Entonces comienza otra historia.

Esa nación pasaría luego por varias vicisitudes que dejarían distinta huella, pero no alterarían el decurso heroico de la española como nación católica: la decadencia, la subordinación del siglo de las luces, las guerras civiles del XIX, el desastre del 98. Hasta el siglo XX en que ese ideal de nación conservador se implantaría a sangre y fuego mediante una guerra civil de tres años y cuarenta de dictadura, solo para dejar constancia de su definitivo fracaso a comienzos del siglo XXI.

La mentalidad liberal, entendiendo por tal la que no acepta el catolicismo como principio generador de la nación, al menos expresamente, pues otra cosa son sus prácticas, en especial las individualizadas, tiene más difícil encontrar un relato verosímil del origen de la conciencia nacional española, elemento constitutivo esencial de la nación, según la mencionada teoría subjetiva de esta. Sobre todo porque esa conciencia viene medida en unos parámetros teóricos previos. Es decir, la mentalidad liberal, acorde con su escepticismo, su relativismo y, sobre todo, sus postulados epistemológicos y científicos afirmados en el siglo XIX o siglo del liberalismo, busca afanosamente el origen de la conciencia de lo que ella entiende por nación y solo puede hallarlo en tiempos recientes. Para el conservadurismo, con un planteamiento tradicional, místico, incluso teocrático, es obvio, la nación es un concepto orgánico e histórico y, si se apura, una verdad axiomática sobre la que es de todo punto inútil, incluso perverso, discutir, un hecho de base intergeneracional, que vincula tanto a las generaciones futuras como a las pasadas, perfectamente retratado en la idea de Burke, para quien la sociedad, la “nación”, según leen los conservadores, es un pacto “no solo entre los vivos ahora sino entre los vivos, los que están por nacer y los muertos”25, algo intuitivo, inefable y que ha estado ahí desde el origen de los tiempos, como en la fórmula del hugonote Michelet. En cambio, los liberales parten de la idea de nación abstracta, postulada durante la Revolución francesa, contra la que Burke lanzaba sus anatemas. La nación es el conjunto de la ciudadanía entendida como corporación, titular de todos los derechos, incluida la soberanía.

Luchando con estas dificultades conceptuales, la mentalidad liberal ancla el nacimiento de la conciencia nacional española en la Guerra de la Independencia, no menos a regañadientes que la tradicionalista26.Ya hemos señalado que este no es motivo de discordia entre ambas concepciones. Es una idea no discoincidente con la mentalidad conservadora que, si bien postula la existencia en sí de la nación española prácticamente desde los tiempos de Viriato o de Recaredo, no tiene inconveniente en suscribir el criterio propagandístico que ve en la insurrección popular del dos de mayo de 1808, el momento en que la nación comienza a serlo para sí. Al fin y al cabo, esa guerra lleva en su seno un elemento contradictorio: de ella surgirá la conciencia de la nación española, idea por entonces de rasgos típicamente franceses, siendo así que se hace, precisamente, en contra de las mismas ideas francesas, liberales, heréticas, anticatólicas. Los guerrilleros españoles que se enfrentan a Napoleón están en buena medida dirigidos por curas ultramontanos que lo consideran el anti-Cristo. Él mismo se había dado cuenta al señalar que aquel levantamiento era una “revuelta de frailes”27, aunque se equivocara al infravalorar el poder de tales frailes.

El periodo que va de 1808 a 1812 representa para las dos corrientes del pensamiento el momento en que se dan “los albores de la nación contemporánea”, como lo juzga Ricardo Martín de la Guardia, el encargado del estudio preliminar y la selección de textos patrióticos, editados por la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, bajo patrocinio y mecenazgo del gobierno autonómico neoliberal de Esperanza Aguirre en Madrid. Es un lujoso volumen de muy expresivo título: La Nación se hizo carne28, en donde cabe ver de nuevo ese espíritu místico y religioso con el que los nacionalistas abordan el tratamiento de sus más sacrosantos significados a extremos insólitos porque si “la nación se hizo carne”, quiere decir que es dios, pues solo dios llegó a encarnar para “habitar entre nosotros”. La obra es una recopilación de textos representativos del liberalismo doceañista que versan sobre la culminación “contractual”, por así decirlo, de esa supuesta nación española en la Constitución de 1812 y está concebida como una pieza de propaganda académica, la más sibilina de todas las propagandas, ya que aspira a la respetabilidad intelectual mientras emplea todos los resortes y recursos que el poder político pone a su disposición con los fines legitimatorios fáciles de entender. Pero ya en aquel momento gaditano era problemática esta idea de nación.

Permítase una digresión acerca de las relaciones entre la historiografía y la propaganda, algo especialmente llamativo en cuanto aparece el nacionalismo. En 1997, la Real Academia de la Historia publicó un libro titulado España. Reflexiones sobre el ser de España. Era la recopilación de una serie de ponencias que los académicos presentaron a lo largo de un seminario sobre el sempiterno problema. Balfour lo llama informe colectivo, pero no llega a tanto. Es mera recopilación de textos de diversos especialistas que, tratando asuntos distintos, coinciden en haber producido “una reedición del nacionalismo conservador y, hasta cierto punto, nacional-católico”29. Es, decididamente, una obra de propaganda del nacionalismo español conservador a cargo de las arcas públicas, más o menos como el tomo y la consiguiente película sobre 1808, financiados por la Comunidad de Madrid. Pretendiendo investigar en sentido histórico la nación española, las conferencias recogidas son un alegato ideológico en su defensa, aunque no todas. La de José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano pasa de alegato a diatriba sin respeto alguno por quienes piensan de modo distinto a lo que él considera que es indiscutible, prácticamente sacrosanto: su idea de nación española. Las otras contribuciones guardan más las formas. La de Suárez, muy ideológica, con un punto muy interesante sobre judíos y moriscos, a los que no considera españoles y mucho menos de la forma en que lo hace Américo Castro.

Esa misma institución, la Real Academia de la Historia, que más parece actuar como un think tank de la derecha, con el consiguiente detrimento en su prestigio, publicó en 2013 un Diccionario Biográfico Español, especie de imitación de similar obra en Gran Bretaña Obviamente hay muchísimas entradas y señalar faltas o defectos en un par de ellas no puede desmerecer la obra de tantos y tantos especialistas. Pero las faltas o defectos resultan ser especialmente significativas y dan la medida de la bajísima calidad intelectual de las entradas de que se trata: la voz sobre Franco fue encomendada al citado Luis Suárez, estimable historiador especializado en la Edad Media pero de convicciones acendrada y militantemente franquistas. Es autor de una monumental biografía de Franco publicada en 2005 y con tonos encendidamente apologéticos, miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco, dedicada a honrar y fomentar la memoria de este dictador genocida. Un mínimo sentido de la ecuanimidad académica tendría que haber aconsejado hacer el encargo a un historiador que no hubiera convertido previamente su objeto de estudio en pasión de su vida y fundamento de sus convicciones. Sobre todo por tratarse de una figura tan cercana en el tiempo y que despierta muy encontrados juicios, siendo obligado decir que hay un consenso abrumadoramente mayoritario en la historiografía mundial en torno al juicio negativo: Franco era un dictador, un golpista, un delincuente. “El gran manipulador” lo llama Paul Preston.

Es un ejemplo claro del citado riesgo permanente de encontrarse con intentos de disfrazar objetivos propagandísticos con criterios académicos. Algo especialmente llamativo en los estudios sobre el hecho nacional, en los que suelen producirse análisis pretendidamente objetivos que rezuman subjetividad e ideología y tergiversan los hechos y los conceptos. Quienes los elaboran dan por sentado que sus prejuicios no son tales sino verdades evidentes en sí mismas que nadie en su sano juicio puede cuestionar. Es un proceder habitual en el nacionalismo español conservador y nacionalcatólico. España es su idea de España y el resto, se irá viendo en este ensayo, la Anti-España. Pero no están libres de él los estudiosos de espíritu liberal. Su pretensión de rescatar una idea no montaraz y brutalmente eclesiástica de España se edifica muchas veces sobre supuestos si no directamente míticos o legendarios, como los del nacionalcatolicismo, sí sobre un grado considerable de wishful thinking en el que no siempre la buena fe compensa por lo errado de los juicios.

Es difícil destilar un “espíritu nacional” de la guerra de la Independencia en cuanto fenómeno histórico complejo. Desde el punto de vista de algún especialista es incluso dudoso que se trate de una verdadera “guerra de independencia”30. Aquella se libró en varios órdenes y en todos había algo sorprendente. Por ejemplo, guerrea el ejército regular aliado a Inglaterra, que libró aquí lo que allí se conoce como Peninsular War, entendida como una guerra de Inglaterra y Portugal contra Francia y su aliada España. En algún momento Wellington debió de pensar qué extraño país cuyo ejército era aliado suyo en la lucha contra su propio Estado. Otro orden muy distinto fue el de las guerrillas, algunas dirigidas por curas. Puede que en esta guerra se encuentre, entre otras muchas cosas, el origen de la conciencia nacional española moderna pero, en todo caso, aparece como algo complejo, abigarrado, indiferenciable y solo nominalmente análogo a la idea nacional acuñada en la Revolución francesa. Surge, en definitiva, como una conjunción de los dos enfoques, el conservador/tradicionalista y el liberal/progresista en función de los supuestos intereses superiores de la nación.

La prueba está en la Constitución de Cádiz, que es el momento en el que Carlos Seco Serrano, invocando un texto de Pérez Galdós, sitúa el origen de esa guerra civil que considera propia del siglo XIX español31 y es una manifestación de la permanente vivencia de las dos Españas. Como este texto, producto del pacto entre liberales y conservadores, parece pasar por ser el punto de origen y el más alto hasta entonces alcanzado por el liberalismo español no es de extrañar que la Pepa se considere el texto liberal español por excelencia y cuyo restablecimiento se vino pidiendo después en los períodos progresistas. Sin embargo es tan Constitución del liberalismo como del nacionalcatolicismo español. Se promulga en el nombre de Dios Todo-poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y Supremo Legislador de la Sociedad. Por supuesto, lo más importante para ella es la nación, por lo cual su artículo 1º declara que la Nación española es la reunión de todos los Españoles de ambos Hemisferios. Al decir “todos”, cabría pensar que se incluyen aquellos súbditos de la Monarquía que no fueran católicos, pero sí hombres libres o libertos. Mas no haya cuidado, el artículo 12 estipula que

La Religión de la Nación española es y será perpetuamente, la Católica, apostólica y romana, única verdadera. La Nación la protege mediante leyes sabias y justas y prohíve el exercicio de cualquiera otra.

La nación es siempre la nación asociada al catolicismo del que es inseparable. Me permito señalar el uso de la terminología afrancesada para cimentar los privilegios eclesiásticos: la religión católica es la de la Nación Española, no la del Estado o la de España. A lo largo del siglo XIX la Iglesia jugará hábilmente con la anfibología nación/Estado según convenga a sus intereses que solo en menos de diez años de un total de más de doscientos han dejado de estar protegidos e impuestos por la fuerza pública.

En resumidas cuentas: la concepción nacionalcatólica y la liberal de España se formulan en el mismo texto como una especie de pacto de sangre: hay una nación española de clara influencia de esa Francia que Cádiz está combatiendo, pero esa nación es católica, en cumplimiento de un destino inmemorial. Y lo que la historia muestra luego es que la parte católica prevalece sobre la liberal. Es posible que haya una nación española; pero es seguro que está dividida entre dos ideas de ella, una fuerte y otra débil, una señora y otra, sierva y, en tiempos de zozobra y conflicto, una española y otra antiespañola.

12 Botti, 2008: 70.

13 Álvarez Junco, 2002: 417.

14 Comellas/Suárez, 30.

15 Tuñón de Lara, 1968: 106.

16 Menéndez Pelayo, 1978, I: 248.

17 Ibíd., II: 480/81.

18 Castro, 1996: 97.

19 Ganivet, 1897: 14.

20 Torres, 2013.

21 Castro, 1997: 135.

22 Álvarez Junco, 2002: 73.

23 Menéndez Pelayo, 1978: 553.

24 Seco Serrano, 1997: 315.

25 Burke, 1969: 194/195.

26 Álvarez Junco, 2002: 132/144.

27 Cit. en González Cuevas, 2013: 103.

28 VV.AA., 2009: XVI.

29 Balfour, 2007: 306/307.

30 Álvarez Junco, 2002: 119.

31 Seco Serrano, 2000a: 223.

Castizos e innovadores, persas y constitucionalistas, serviles y liberales, moderados y exaltados

Por muchas alharacas que se hagan a la Constitución de 1812, el espíritu de los debates en las Cortes, las numerosas medidas de liberalismo batallador, como la abolición de la Inquisición y los acontecimientos concomitantes, es muy difícil ver en ellos el origen de la nación española en un sentido liberal genuino. Puede presumirse que esta concepción acaba dando por supuesta la confesionalidad del Estado, como algo axiomático, que no se discute, análogo a la concepción de la Jefatura del Estado en los sistemas parlamentarios y que la concepción burguesa, democrática, laica y liberal fue desarrollándose en el ámbito de la sociedad civil. ¿Acaso no era el término mismo una aportación del genio español al acervo lingüístico de las naciones civilizadas?

Para una parte del liberalismo decimonónico no había contradicción entre su filosofía política y la confesionalidad del Estado, igual que no la había entre la representación política y la monarquía, a través del principio de la doble soberanía del liberalismo doctrinario32, por más que en algunas de sus más celebradas formulaciones francesas, este principio supusiera siempre cierta supremacía de la corona, basada en la idea de la legitimidad33. Básico en todo, desde luego, era el sufragio censitario, única defensa de la propiedad frente al comunismo, consecuencia del nefando principio del sufragio universal34. Cánovas se había opuesto siempre a él hasta que hubo de aceptarlo con la reforma sagastina de 1890 y la tranquilidad que le producía el saber que sus efectos deletéreos se compensarían con el sistema del caciquismo turnista.

Todo ello fue el caldo de cultivo del moderantismo español, un conservadurismo que enarbolaba la fe en la nación española pero que acabó echando a andar no un sistema político autóctono continuador de las genuinas tradiciones hispanas, de las que no dejaba de hablar, sino una parodia basada en una mezcolanza de dos imitaciones, el doctrinarismo francés y el constitucionalismo inglés. Un sistema, el de la Restauración, el más longevo de la historia contemporánea española que, como denunciaría Ortega en su famoso texto de 1914 sobre Vieja y nueva política no fue más que “un panorama de fantasmas, y Cánovas el gran empresario de la fantasmagoría”35. Algo que el propio interesado debía intuir, como se denota en su actitud escéptica y hasta sarcástica acerca de la condición nacional española, sobre la que tanto teorizaba, retratada en la famosa anécdota que cuenta Pérez Galdós. Preguntado el político malagueño por la definición de “español” para el proyecto de Constitución de 1876, respondió que se pusiera que “son españoles quienes no pueden ser otra cosa36. Es una expresión sarcástica e ingeniosa pero escasamente oportuna en boca de un primer ministro y que Maeztu le reprocha amargamente porque, en realidad, más que una anécdota es una categoría, la categoría de que el nacionalismo conservador español es una ideología de encubrimiento, una farsa, pues esa derecha no es patriótica ni nunca ha creído de verdad en la nación española.

Asunto distinto es la propaganda que se haga. Conviene recordarlo: en las mismas Cortes de Cádiz, que Sáinz Rodríguez considera “de inspiración francesa”37, en la sedicente cuna de la nación española, estaban los diputados serviles que un par de años después, vuelto Fernando VII al trono de sus mayores, firmaron el Manifiesto de los persas, por el que pedían al monarca que aboliera la Constitución de 1812, cosa que el Rey felón haría encantado. Al fin y al cabo él mismo y su padre Carlos IV habían cometido la indignidad de entregar voluntariamente la corona al emperador francés, sin duda pensando en el supremo bien de España. El liberalismo de facto que se postula, se vería en dificultades con motivo de las guerras carlistas pero, habiendo salido victorioso de ellas, se le reputa por definitivamente instalado en España. No tanto en la España oficial cuanto en la real. Este es el verdadero liberalismo, un liberalismo social, tangible, que invocaba la Constitución de 1812 como un símbolo, sin prestar mucha atención a su contenido. Sin embargo, en el aspecto decisivo de la formación del nacionalcatolicismo, la Constitución no es inocente y, por muy flexibles, moderados, comprensivos, doctrinarios, que sean los liberales españoles, ningún liberalismo en la acepción prístina del término puede admitir la intolerancia religiosa.

Es cierto, como señala Seco Serrano que, en las intenciones originarias de Cánovas, evidentes ya en el manifiesto de Sandhurst, se encuentra la idea de que hay una “identidad posible entre catolicismo y liberalismo”38 y que el autor de La campana de Huesca pensó haber dejado la sempiterna cuestión religiosa resuelta en los términos de la limitada tolerancia de la Constitución de 1876. Nuestro hombre aplicó a esta su idea de “tolerancia de cultos” un criterio que Seco llama “transaccionista”39. Como transaccionista era su concepto de Constitución interna de España, que Cánovas había recogido de la obra de su maestro inspirador, Joaquín Francisco Pacheco40 y perfeccionado luego en los debates entre Pidal y Mon y Donoso Cortés a raíz del habido acerca de la Constitución de 1845. Su esencia consiste en edificar el régimen constitucional sobre las dos instancias que son características de la historia de España, el Rey y las Cortes41.

Con las tímidas reservas que son de rigor en la mentalidad progresista, la intolerancia es el fundamento sobre el que se articula la reacción nacionalcatólica, la base del pensamiento, y la acción, del conservadurismo y el tradicionalismo españoles, el “principio básico de la vida espiritual”42, predominante en la historia de España. Porque, como dirá el estupendo martillo de herejes, Menéndez Pelayo, dejando claro, de paso, en qué bajísimo concepto tenía a los liberales españoles, “ley forzosa del entendimiento humano en estado de salud es la intolerancia. Impónese la verdad con fuerza apodíctica a la inteligencia, y todo el que posee o cree poseer la verdad, trata de derramarla, de imponerla a los demás hombres y de apartar las nieblas del error que les ofuscan”43. Y eso le parece de perlas a este patriarca de las derechas hispánicas.

Como también es imposible casar el liberalismo, excepto el doctrinario, con la unión del trono y el altar. Sin duda, habrá quien señale cómo en Gran Bretaña la cabeza de la iglesia de Inglaterra sigue siendo la Reina. Pero se trata de una función meramente honorífica, como todas las demás del monarca británico y, de hecho, en Inglaterra hay una clara distinción entre el Estado y la iglesia, como la hay en otros países protestantes que consagran constitucionalmente la religión luterana como nacional. Lo mismo sucede en los Estados Unidos, país en el que, curiosamente, las distintas confesiones religiosas están tan presentes en la sociedad civil y la vida política como radicalmente separadas del Estado según la enmienda primera a la Constitución. Con igual contundencia y de forma más explícita la impuso el radicalismo en Francia, país de nacimiento del doctrinarismo. También en España hay una incompatibilidad entre el relato nacional-católico y el liberal44, pero, a diferencia de lo sucedido en otros lugares, la victoria ha caído siempre del lado del nacionalcatolicismo.

Conozco y valoro el criterio hermenéutico a la hora de abordar esta determinación católica de la nación española. Es el momento en que hace aparición la necesidad de tener en cuenta el “contexto”. Esta relativización de los significados que nos obliga a tomar en consideración siempre el mundo conceptual en el que se producen, permite introducir matices que ilustran y mejoran nuestras percepciones y nos obligan a ser más justos. Hasta cierto punto, se dice, es lógico que los griegos no creyeran que aquellos a quienes llamaban bárbaros fueran, en realidad, esclavos por naturaleza. Ciertamente, ignorar algo así es erróneo y hay que evitarlo. Pero que una comprensión de la historia y la evolución de las ideas y teorías políticas deba matizarse situando los conceptos en su contexto intelectual y moral no puede llevarnos al extremo de sostener que no solamente no se quería decir lo que al tenor literal de las expresiones se desprende de ellas sino que se quería decir lo contrario. Uno puede ser comprensivo con la idea de que quien admite que el Estado prohíba y persiga otras religiones, en el fondo, no quiere que se queme vivos a los herejes, pero lo que no puede sostener es que tal prohibición, en realidad, deba entenderse como un reconocimiento de la libertad religiosa y el pluralismo de las confesiones. Así, si una Constitución que prohíbe el culto público a unas religiones, se lo reserva a otra, no está reconociendo la libertad religiosa, digan sus exégetas lo que digan. Al contrario; está negándola.

El constitucionalismo norteamericano viene discutiendo hace ya mucho tiempo sobre el problema de la interpretación correcta de enunciados y expresiones que se acuñaron en etapas anteriores de la historia estadounidense. Es el eterno problema del significado y consiguiente interpretación de los preceptos de una Constitución hoy viva que se remonta a 1787, hace más de 230 años. ¿Hay que entender los mandatos del constituyente en su sentido literal o bien es preciso matizarlos con criterios hermenéuticos para que se adapten a las realidades muy cambiadas que han de seguir regulando? El espíritu teocrático que respira la Constitución de 1812, ¿ha de entenderse en el rigor de su tenor o debe matizarse, restársele importancia y afirmar que no es determinante? Este debate, como todos los hermenéuticos, tiene todavía mucho recorrido por hacer y, al igual que es típico del constitucionalismo gringo que unas veces prevalezca una visión más literal y otra más matizada, lo será también en España a la hora de sostener que la nación española se origina en la Constitución de 1812. Pero lo que no cabe sostener en ningún caso es que dicha constitución dice —o quiere decir— lo contrario de lo que dice.

Si el llamado nacionalismo liberal y/o progresista, moderno, en definitiva, burgués, quiere arrancar del espíritu doceañista está en su derecho. Probablemente sea lo único que puede hacer: remitirse a un concepto de nación teorizado por curas. Recuérdese que un tercio de los diputados en las Cortes de Cádiz está integrado por clérigos, bastantes de ellos, liberales, como Muñoz Torrero; pero curas. También tendrá que soslayar el incómodo asunto de la constitución civil del clero e ignorar sistemáticamente el de la separación entre la Iglesia y el Estado que, al día de hoy, es cuestión pendiente en España. Y esa falta de valor, ese soslayar el asunto y no integrarlo en la idea de nación, en el relato nacional, sino ocasionalmente, afecta no solo a los propios sujetos de ese nacionalismo sino, en buena medida, a la historiografía que trata de dar cuenta de ellos, sus afanes y su impronta. Como señala Botti al referirse a la obra de los historiadores sobre el nacionalismo español: “tanto las investigaciones como las reseñas historiográficas, además de excluir el nacionalcatolicismo, no tratan de la actitud de la Iglesia y del catolicismo con relación a la construcción de la nación y el nacionalismo”45.

Sin embargo ese es el punto en que se enfrentan —o debieran enfrentarse— las izquierdas y las derechas que, como dice Figueiredo, eran en su tiempo, esto es, hacia 1930, pleno siglo XX, la forma que tomaban las dicotomías tradicionales en que se han dividido las dos Españas desde comienzos del siglo XIX: las dicotomías de castizos e innovadores, persas y constitucionalistas, serviles y liberales, moderados y exaltados46.

32 Seco Serrano, 1998: 39.

33 Díez del Corral, 1973: 131.

34 Cánovas del Castillo, 1941: 99.

35 Ortega, OC, I: 280.

36 En el episodio nacional Cánovas, (Pérez Galdós, 1963: 1314).

37 Sáinz Rodríguez, 1962: 115.

38 Seco Serrano, 2000b: 222/223.

39 Ibíd.: 287.

40 Antón Mellón, 1992: 177.

41 Díez del Corral, 1973: 643; Nohlen, 1970: 100.

42 Herrero, 1973: 118.

43 Menéndez Pelayo, 1978, II: 290/291.

44 Álvarez Junco, 2002: 430.

45 Botti, 2008: 215.

46 Figueiredo, 1932: 186.

La lucha por la existencia nacional

Al día de hoy, y sin pretensión de formular un diagnóstico respecto al estado de salud de la nación española, no resulta exagerado ni alarmista señalar que, sea cual sea aquel, esta se encuentra enfrentada a tres tipos de problemas que cuestionan su esencia misma y, en consecuencia, su existencia. Estos tipos son: los económicos, los religiosos y los territoriales. El grado de percepción social de su importancia relativa es muy diverso y, por tanto, les dedicaremos también una atención diferenciada: apenas un epígrafe a la cuestión económica, la más abundantemente tratada en el debate público; la cuestión religiosa, mucho menos aparente y hasta oculta en una especie de paraíso fiscal interno, requiere un tratamiento más extenso, de un par de capítulos; y la territorial, objeto de intercambios dialécticos muy encendidos, crispados y nada constructivos, a la que se dedica la mitad del libro, por entender que es la más acuciante.

La cuestión económica, esto es, las políticas frente a la crisis, las posibilidades del país de salir de ella y en qué condiciones dentro del marco europeo, arranca de una polémica específica hace ya algunos años sobre la nación española, referida a la existencia o inexistencia de un proceso de industrialización/modernización en el siglo XIX que pueda considerarse “normal”. En la polémica, probablemente, quienes defendían la tesis de los efectos dañinos de la falta de revolución burguesa en España se sentían confortados con una prueba más acerca de la fabulosa capacidad del país para perder todos los trenes de la modernidad: España se había quedado al margen de la Reforma, acaudilló una siniestra Contrarreforma que será la responsable principal de sus cuitas posteriores y después vivió de espaldas a todo el siglo de las luces. La falta de desarrollo de un capitalismo español, mientras que sí lo hubo catalán y vasco, añadió un elemento empírico a las controversias sobre el ser y sentir de España. Para los autores marxistas y quienes se situaban en su estela la falta de industrialización y revolución burguesa daba a España su peculiar debilidad y su condición “excepcional” que cierta historiografía considera falsa. Volveremos sobre ello en el epígrafe sobre el excepcionalismo negativo español.

La cuestión religiosa es más esquinada. Para empezar hay que justificar su mención a más de 35 años de la aprobación de la vigente Constitución en la que se llegó a una fórmula transaccional, de pacto, de consenso, el espíritu de la norma a través de un alambicado artículo 16, 3:

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Un ejemplo de manual de redacción diplomática que prueba que la Iglesia es experta en estas lides y tenía además aliados en la ponencia constitucional. La baza es haber constitucionalizado la Iglesia Católica. No en los términos expansivos en que estuvo en todas las Constituciones anteriores, excepto las de 1873 y 1931, pero con un vínculo con el Estado y preferente respecto a las otras religiones, ya que tampoco están los tiempos para pedir a la autoridad que persiga las demás confesiones con el denuedo con el que venía haciéndolo desde siempre.

El carácter semiteocrático de la tradición española retrocedió algo a raíz de la emergencia de la nación de Cádiz y pasó a convertirse en hierocrático. Así como en las Cortes gaditanas muy influidas por los curas, estos estuvieron presentes en todos los momentos de la vida política nacional, influyendo decisivamente en las decisiones políticas de todo tipo. Y, desde 1837, con el reconocimiento constitucional de la obligación nacional con el presupuesto de culto y clero, que se ha mantenido hasta el día de hoy con la sola excepción de las Iª y IIª Repúblicas. Lo que los capítulos dedicados al tema tratan de dilucidar es si esa hierocracia, identificada durante el franquismo con el nacionalcatolicismo, se mantiene actualmente.

La cuestión territorial será la que más espacio nos ocupe por ser, con toda claridad, la más grave para las perspectivas de supervivencia de la nación española. La posibilidad de secesión catalana tiene una importancia que no puede exagerarse, aunque el gobierno haya dado pruebas de una inoperancia rayana en la irresponsabilidad punible. Es un reto muy complejo, con múltiples apoyos, interiores y exteriores, muy transversal, extraordinariamente táctico y la capacidad de responder a estos planteamientos complejos no parece por lado alguno. Y en cuanto a la de elaborar doctrina, teorías que justifiquen y legitimen la acción política también inexistente. La nación se ve obligada a defenderse no como una corporación ideal, que coincidía con la otra corporación por excelencia, la eclesiástica, cuya doctrina del cuerpo místico se proyecta ahora sobre la realidad secular, sino como un sustrato material. Aquí las decisiones han sido muy variadas. La nación liberal quiso ser jacobina pero ya el carlismo y luego el estallido cantonalista le demostraron que se afincaba sobre realidades territoriales complejas.

El liberalismo jacobino que, en el fondo, se sentía identificado con el centralismo borbónico, se felicitaba de la derrota del partido austracista en la Guerra de Sucesión entre otras cosas porque ese partido, por su tradición germánica, se acomodaba a la existencia de España como un Estado compuesto, como un mosaico de territorios según lo que estaba acostumbrado a ver en los países alemanes. Esto es lo que da el carácter peculiar, de nuevo excepcional —que la historiografía liberal se obstina en negar— al siglo XIX español, que en él se cruzan dos ejes de conflictos entrelazados, el territorial y el dinástico, ambos en detrimento del liberalismo. Este se ve obligado a flexibilizar su posición en materia territorial y ceder admitiendo formas de autonomía que tenían considerable apoyo popular, tratando de evitar su frontera última, la infranqueable, la separación y, por tanto, la ruptura de la nación española. El nacionalismo liberal se quiere tan eficaz en la preservación nacional como el conservador. De hecho, coinciden en casi todo.

Sin embargo, tampoco en este aspecto de la constitución de una masa territorial organizada ha alcanzado el éxito la nación española. Compárese con otros casos. Los últimos Estados en formarse en Europa hasta el siglo xx, Alemania e Italia, muestran gran fuerza centrípeta, algo menos en Italia pero prácticamente nada en comparación con las centrífugas españolas. Justamente cuando aquellos Estados están unificándose mediante fuertes impulsos nacionalistas, en España los fueros, las guerras carlistas, la sublevación cantonalista y la aparición del nacionalismo catalán primero meramente cultural con la Renaixença y, luego, cada vez más marcadamente político, así como el surgimiento del nacionalismo vasco, apuntan claramente en la dirección contraria, la de la desagregación. Así como, por mencionar otro ejemplo llamativo, los EEUU son un ejemplo de éxito por agregación voluntaria a lo largo de los últimos doscientos años, desde las 13 colonias originarias de 1787 hasta el acceso de Hawaii en 1959, sin que en el interín, ningún territorio se haya independizado, “las Españas” llevan más o menos esos dos siglos sobresaltadas en perpetua merma territorial por centrifugación, y con un permanente conflicto de separación. La desafortunada experiencia de un país que no ha conseguido articularse como nación con un grado de consenso duradero.

III. Conservadurismo y nacionalcatolicismo

“Ante las ruinas de la modernidad, la generación nueva

ha comprendido claramente que solo el catolicismo puede

vertebrar a España. (…) La reanudación de la tradición

interrumpida, la fidelidad a la propia historia,

base inexcusable para la restauración nacional,

nos lleva a lo católico, como en sí mismo vivió

y expresó sentidamente Ramiro de Maeztu”.

(Calvo Serer, España, sin problema.)

Significado del nacionalcatolicismo

Hay una animada polémica en torno al nacionalcatolicismo, su alcance, su significado exacto, su origen, sus concomitancias y derivaciones. Suele suceder con los conceptos políticos en cuanto se alargan un poco en la historia. Es frecuente leer que se trata de uno elaborado en los años cuarenta, propio del franquismo, que se circunscribe a este1, pero que se venía incubando desde la guerra civil y se señalan varios acuñadores putativos del vocablo, sin que el asunto esté zanjado2. Por nacionalcatolicismo entendemos aquí lo mismo que el Diccionario de la Real Academia: “Doctrina y práctica caracterizada por la estrecha relación entre el Estado y la Iglesia católica y por la influencia de esta en la sociedad”. Así entendido, si no el nombre, la cosa es muy anterior a la guerra civil porque, para desgracia de España como sociedad civilizada y moderna, efectivamente, a lo largo de los siglos, la religión ha tenido una importancia fundamental en la identificación de la nación3. El nombre que ha hecho fortuna de nacionalcatolicismo es un barbarismo, una construcción extranjerizante. El genio del español hubiera dado “catolicismo nacional”; la forma “nacionalcatolicismo” imita el “nacionalsocialismo” alemán y, por tanto, no podía ser previo a este. Pero designa algo muy anterior, algo que, según hemos visto, se remonta a la Constitución de 1812, se mantiene como norma constitucional a lo largo del siglo XIX, se consagra en la guerra civil y llega incólume al presente. Coincidimos aquí con Alfonso Botti:

“Se trata de una ideología político-religiosa que surge como reacción a la Ilustración y a la Revolución francesa, que se transforma a finales del siglo XIX asumiendo la perspectiva del desarrollo capitalista (modernización) y rechazando el liberalismo en el plano político y cultural”4

El nacionalcatolicismo es el precipitado del hecho de que tradicionalmente la idea de España haya estado de siempre hegemonizada por el pensamiento conservador. La nación española está también en la unión del trono y el altar5 y en la transmisión de conceptos e imágenes apropiados al asunto, el más célebre de los cuales es la alianza de la cruz y la espada, símbolo que sigue vivo, como lo diseñó su creador, en la basílica de Cuelgamuros, especie de pseudo Walhalla al gusto católico meridional. Lo característico de esta idea conservadora de nación es su autoritarismo excluyente, monopolizador, casi solipsista. No hay más nación que su nación, que es propiedad de la oligarquía, el estado mayor de la clase dominante, escuetamente descrito por Raúl Morodo como “la conexión estrecha entre financieros e industriales, especialmente del norte, aristócratas terratenientes del sur o absentistas que residían en Madrid e intelectuales integristas conectados con los primeros”6 Esa es la composición del grupo que sostuvo y financió la revista ultranacionalista, monárquica y neoimperial, con la que la derecha, en plena reconstrucción ideológica, hizo frente a la segunda República desde su advenimiento y no solamente en el campo etéreo de las ideas, sino en el más práctico y material de las conspiraciones y los preparativos para el golpe de Estado de 19367.

Bajo la dirección primeramente del Marqués de Quintanar (Fernando Gallego de Chaves Calleja) y después de Ramiro de Maeztu, Acción Española, en cuyo título reverberaba la inevitable influencia francesa de su equivalente Action Française, cuyo ideólogo fue Charles Maurras, sirvió para articular un cuerpo de doctrina de derecha monárquica extrema, tendiendo puentes entre Menéndez Pelayo y Vázquez de Mella y Donoso y Balmes8, la más acrisolada tradición intelectual del nacionalcatolicismo. Hay solera en la apropiación oligárquica de la idea nacional y sus símbolos con fines partidistas. Esta usurpación pervierte el debate público porque plantea la discrepancia no en los asuntos de política práctica sino en los de principios en donde se acaba concluyendo con facilidad que la crítica al poder es un acto de traición o de sedición

Los conservadores alzados en armas en el momento de la confrontación se autocalificaron de nacionales, subrayando así su pretensión de erigirse en paladines de la nación. Esta se sublimaba a través de su identificación con el catolicismo tridentino, siendo legítimo imponérsela a los adversarios a los que se designaba como rojos, excluyéndolos de la nación. Esos adversarios de la nación católica eran la Anti-España, un término tan absurdo como pegadizo con fines de agitación y propaganda. El catolicismo es el racismo de sociedades multiétnicas. El castellano viejo no puede ser más que católico porque le viene de casta, según Américo Castro: “El sentimiento de casta se le desarrolló al cristiano a medida que la convicción de estar situado en su creencia iba determinando su forma de vida y sus funciones sociales”9. De casta les venía también a los otros pueblos, los moros y los judíos, según el historiador, pero en el de los cristianos, el asunto aparece monopolizado por los castellanos y no cualquier otro pueblo de la península, siempre sospechoso de sangre poco limpia. La imposición de una visión conservadora de la nación española no solo se revela en la insólita preservación del Valle de los Caídos en el reino de los hechos sino también en su consideración ideal, en la metafórica y en la simbólica, que el conservadurismo invoca siempre que tiene ocasión. España es nación porque es católica. Invocar testimonios en demostración de esta identidad fuera tarea gratuita; los hay a cientos y se llenaría con ellos otro libro. Recojamos el dictamen de Álvarez Junco, hablando de la guerra de Independencia: “No hay duda de que la movilización de 1808 fue sobre todo obra del clero católico. España y el catolicismo eran en la mayoría de las mentes una misma cosa10.

Algo que venía predicando siempre el tradicionalismo y a propósito de luchas muy anteriores. Balmes marcaba la pauta, remontándose a los visigodos, en fórmula que recogerán todos los conservadores posteriores:

“La religión católica ha sido desde Recaredo la única religión de los españoles, y bajo su principal y casi exclusiva influencia se han formado nuestras ideas, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras instituciones, nuestras leyes: en una palabra, todo cuanto tenemos y todo cuanto somos. Así es que en España las únicas ideas religiosas son las católicas, los únicos sentimientos religiosos son los católicos, y que el principio católico es fuerte, enérgico, exclusivo, incapaz de ceder terreno a ninguno de sus adversarios”11.

Para Donoso Cortés, el pináculo del tradicionalismo, el catolicismo era tan consubstancial a lo español que, a su juicio, era ocioso demostrar que “España ha sido siempre una Monarquía, siempre una Monarquía religiosa”12. Pero, como hemos dicho, la formulación canónica, rotunda, sin matices ni distingos, a machamartillo, corresponde a Menéndez Pelayo. El cristianismo dio a España su unidad y algo más:

“La Iglesia nos educó a sus pechos con sus mártires y confesores, con sus Padres, con el régimen admirable de sus concilios. Por ella fuimos nación, y gran nación, en vez de muchedumbre de gentes colecticias, nacidas para presa de la tenaz porfía de cualquier vecino codicioso” (la cursiva es nuestra)13.

Y no solamente tiene muy claro Menéndez Pelayo el origen esencial de la nación española, sino que conoce asimismo sus fortalezas y debilidades, cuando dice que “el genio español muere y se ahoga en las prisiones de la herejía y solo tiene alas para volar al cielo de la verdad católica”14. También tiene un relato de las vicisitudes de esa nación a lo largo de la historia, hasta llegar al momento presente, cuando la amazona del Mediodía, que así la llama, quedó extenuada por las guerras del XVI y XVII en defensa de la fe, pero no muerta, sino presta a levantarse “más heroica que nunca cuando la revolución atea llamó a sus puertas y ardieron las benditas llamas de Zaragoza”15. La Independencia es el punto de unión entre el nacionalismo conservador, siempre triunfante y seguro de sí mismo y el liberal, enteco y atemorizado, casi a remolque del fanatismo religioso sin quererlo. Cuando la nación aparece reclama unidad y ahí está el drama. Podemos sintetizar la diferencia entre los dos nacionalismos para facilitar su entendimiento: para los liberales y, más tarde republicanos e izquierdistas, la guerra de la Independencia es, con toda clase de matices, el nacimiento de la nación española; para los conservadores, reaccionarios, tradicionalistas, es su renacimiento. La nación preexistía al levantamiento contra el francés; solo tuvo que reencontrarse. Bienvenidos sean los liberales a la epifanía de la nación española, aunque piensen cosas desaforadas de ella, pero lo importante, como siempre, es la unión. Todos somos españoles. Recientemente se toleran a regañadientes formas distintas de ser español, más la savia nutricia del árbol nacional es y será siempre la religión católica, apostólica y romana. Recuérdese. La unidad religiosa; lo decía Balmes, lo remachaba Menéndez Pelayo y lo explicaba después Francisco Ayala:

“La religión católica sería consustancial a España, a pesar de que tantísimos españoles (recordémoslo: más de la mitad de la población) hayan luchado activamente contra el poder de la Iglesia, y algunos cometieran contra el clero atrocidades que, por cierto, se insertan en la línea de una consistente tradición española, pues las matanzas de frailes y exclaustración de monjas no eran novedad alguna en 1936…”16.

El empeño, sin embargo, es contradictorio. Al margen de las campanudas declaraciones sobre la heroica lucha por la unidad de la fe y la generosa evangelización de un mundo nuevo, la forma de gobierno conservador español patrimonializa el Estado, en interés de la coyunda de clase dominante tradicional y clero católico. La manifestación práctica de la fórmula del nacionalcatolicismo que ha sido la causa de la ruina de España, entre otras cosas también evidentes, porque, como observa Álvarez Junco, “el pensamiento reaccionario, religioso, católico, no es nacionalista, en el sentido de que no postula la “nación”, sino que lo hace todo a mayor gloria de la Iglesia católica”17. La idea liberal de nación era rechazable. Para Donoso Cortés, observa el mismo autor, “la nación era tan sospechosa como lo fue para los teóricos del absolutismo fernandino”18. Hay, pues, una coincidencia de táctica y estrategia entre la clase dominante tradicional española y la Iglesia católica: ambas sacralizan una nación en la que no creen a cambio del dominio del Estado en el que sí creen y de cuyo rasgo weberiano de violencia se valen las dos sin mayores escrúpulos.

En su agudo ensayo Botti acuña una muy útil definición del nacionalcatolicismo porque evidencia las relaciones entre esta idea y la realidad democrática, pone de relieve la verdadera opinión que acerca de la democracia tienen quienes lo profesan y explica el carácter profundamente antiliberal de los gobernantes españoles:

“el nacionalcatolicismo es una ideología político religiosa que tiene una concepción de la política antidemócrata, en el sentido que el término ‘democracia’ tiene en la tradición liberal. Y antidemócrata fundamentalmente por dos razones: a) por defender una concepción orgánica de la sociedad a partir de la cual rechaza el pluralismo político y, por consiguiente, los partidos (como manifestación de la descomposición individualista de la sociedad y el relativismo) y b) por aspirar, sobre la base de las anteriores y de otras consideraciones, a la instauración de un régimen autoritario y hasta totalitario”19.

Más adelante trataremos la cuestión de la relación entre el autoritarismo y el totalitarismo. Lo que interesa ahora recordar es que, si bien el nacionalcatolicismo no es el único nacionalismo español, sino que se enfrenta al otro, liberal y demócrata, este no ha conseguido que su ideal de nación cristalice en los siglos XIX y XX20, no ha sido adversario de cuenta del conservador/tradicionalista y, cuando ha sobrevivido, lo ha hecho pactando con el otro y limitándose mansamente a administrar, cuando le dejan, un país gobernado por los curas, porque la nación española es, por definición, católica y, como tal, al mismo tiempo, monárquica. Para Vázquez de Mella, la Monarquía española “es sinónimo de nación española”21. La nación española es, pues, católica y monárquica, pero no en el sentido de que estas dos instancias, catolicismo y monarquía, contribuyan al engrandecimiento de la nación, sino al revés, en el de que ambas actúan en realidad como parásitos del ser nacional que, sin embargo, glorifican22.

1 López Villaverde, 2009: 154.

2 Cuenca Toribio, 2008: 126.

3 Baubérot, 2010: 103.

4 Botti, 2001: 142.

5 Álvarez Junco, 2002: 330.

6 Morodo, 1980: 66.

7 Ibíd.: 136.

8 Calvo Serer, 1957: 110.

9 Castro, 1996: 565.

10 Álvarez Junco, 2002:306.

11 Balmes, 1975: 90.

12 Donoso Cortés, 1970, II, 89.

13 Menéndez Pelayo, 1978, II: 1037.

14 Ibíd.: 281.

15 Ibíd.: 283.

16 Ayala, 1962: 230.

17 Álvarez Junco, 2003: 374.

18 Ibíd.: 378.

19 Botti: 2008: 219.

20 Ibíd.: 222.

21 Vázquez de Mella, 1957: 497.

22 Ortega, OC., III, 70.

La hierocracia española y el parasitismo de la Iglesia

En su magnanimidad, la Iglesia condesciende a otorgar carta nacional a España a través de su catolicismo. El cardenal Cañizares sostiene que “si España dejase de ser católica, dejaría de ser España”23. Suenan aquí los ecos de una ominosa advertencia de un político derechista, Antonio Goicoechea, al advenimiento de la II República para quien, si España ha dejado de ser católica, “entonces España ha dejado de ser España”24. Siempre aquel mismo aguerrido clérigo, Cañizares, ya había avisado unos años antes de que igual triste sino esperaría a aquellas comunidades que se desgajaran del solar patrio: “Las comunidades que pidan una especie de autodeterminación o una autodeterminación plena, tendrán que buscar unas señas de identidad que ya no será la identidad cristiana porque ésta es unificadora”25. Obviamente esto es un dislate propio de un clérigo montaraz empeñado en interferir en los asuntos del siglo como hacen siempre los curas en España en defensa de lo más reaccionario. En realidad, estas advertencias sintetizan de modo gracianesco lo que dejara dicho Menéndez Pelayo al concluir su monumental Historia de los heterodoxos españoles:

“España, evangelizadora de la mitad del orbe; España martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio…; esa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los vectores o de los reyes de taifas”26.

Esta identidad es el meollo del nacionalcatolicismo. Y, según el cardenal Cañizares, como hemos visto, los hipotéticos trozos desgajados del tronco común hasta de ser cristianos dejarían. Cuando hoy se escucha que una Cataluña independiente quedaría excluida de la Unión Europea es imposible ignorar este cerrado paralelismo del pensamiento nacional español en el orden civil y en el religioso: fuera de España, o sea, de la Iglesia, no hay Unión Europea, o sea, salvación:

Sin duda el catolicismo de los españoles es mucho menos fervoroso y menos extendido de lo que la jerarquía quisiera, pero lo que está fuera de duda es que la iglesia católica sigue siendo un poder formidable dentro del Estado español27; prácticamente un Estado dentro del Estado, hasta el punto de que cabe hablar de una semiteocracia. El término puede resultar demasiado tajante o excesivo ya que, junto al poder terrenal de la Iglesia sobrevive otro civil, generalmente supeditado al primero, pero con una relativa existencia autónoma. Parece más prudente el de hierocracia en el sentido de que, salvas breves, brevísimas interrupciones, el poder político se ha atenido siempre a los criterios e intereses de la Iglesia y el clero. La Iglesia sigue siendo determinante y no pierde ocasión de reafirmar la identidad entre catolicismo y nación que jalona la historia del país. Veámoslo con más detalle y a lo largo del tiempo.

Podríamos iniciar nuestra cuenta empírica, documental, hablando de los concilios de Toledo, que, como hemos visto, eran la institucionalización de la teocracia, según Menéndez Pelayo28, para seguir luego con Covadonga, pero es mejor ceder el inflamado verbo nacionalcatólico a don Esteban Bilbao, presidente de las Cortes franquistas en las que se aprobó el Concordato de 1953. Decía el fogoso tribuno:

“La nación, cuya unidad se forjó en un Concilio toledano, renació en Covadonga, batalló durante ocho siglos en la cruzada más larga y gloriosa que recuerda la Historia; triunfó en Granada, adoctrinó en Trento, formulando, frente al servo arbitrio protestante, la misteriosa armonía de la gracia y la libertad; rezó con Teresa, soñó con San Juan de la Cruz, militó con Ignacio de Loyola, santificó el trono con las virtudes de Fernando el Santo, lo honró con el sobrenombre de unos reyes a quienes la Historia apellida Católicos, acompañó a Colón en la carabela Santa María, inmortalizó el rosario de Lepanto, madre cristiana de América, misionera de Asia y Oceanía…”29.

Eso en cuanto a lo ditirámbico y epopéyico, cuyo rango heroico establecido en el discurso de este carlistón impenitente será el que siempre invoque el nacionalcatolicismo: el lento surgir de la raza, su culminación imperial de cuyas glorias en los siglos XV al XVII seguimos viviendo en XXI, silencio humillado, vergonzante en los siguientes, XVIII y XIX que apenas aparecen en los fastos nacionales, hasta el renacer imperial propiciado por el fascismo y del que sigue viviendo la derecha española que no solamente no repudia el franquismo sino que lo añora y, cuando puede, lo ensalza.

Aquí nos atendremos más al conjunto del relato histórico y para ello traeremos a colación los documentos positivos que consideramos constitucionales, bien de hecho, como los Concordatos, bien de derecho como las Constituciones que, además aparecen entreverados en la historia del país como corresponde a su naturaleza hierocrática. La vía concordataria se estrena ya con el Concordato de Constanza de 1418 por el que se reconoce a Juan II de Castilla el derecho a supervisar las elecciones de obispos y cabildos catedralicios30 y sigue luego con la estrecha colaboración entre el poder político y el eclesiástico, típica de la Austrias. Tommaso Campanella exponía que el sentido último de la Monarchia Hispánica era el hecho de que esta garantizara la unidad del mundo cristiano bajo la autoridad del Papa31. Este ánimo concordatario se recuperó con los Borbones, luego de algunas escaramuzas que dieron lugar a diversos conflictos diplomáticos con Roma. Así, el Concordato de Fernando VI, de 1753, que completaba el de 1737 en el que deliberadamente habíase dejado sin resolver la cuestión del Real Patronato, extiende este a todos los dominios españoles a cambio de 52 beneficios no consistoriales que la Corona reconoce al Papa32, con lo que se sienta lo que Palacio Atard llama el protectorado del Estado sobre la Iglesia33

Llega luego la era de las Constituciones y el Estado se rige por el mencionado entrelazamiento entre estas y los Concordatos. La citada Constitución de Cádiz dejaba clara la naturaleza confesional católica de la nación española y la animadversión hacia las otras religiones (capítulo II). Ya se han hecho las oportunas observaciones sobre este documento que consagra el principio de intolerancia. Pueden coronarse aquí con una complementaria. El punto central del argumento que convierte la Pepa en el símbolo del triste liberalismo español es que en ella se hable de nación española, obviamente contrapuesta al poder absoluto de Fernando VII. Pero esa nación resulta ser consubstancial al catolicismo, que es una religión universal y solo faltando a la verdad, aunque lo haga si se precisa, y tergiversando los conceptos, que también lo hace si le interesa, puede el nacionalismo español sostener que el catolicismo sea nacional en el sentido moderno del término. Esto implica, por supuesto, que el nacionalcatolicismo es una ideología falsaria, impostada, en último término absurda y que solo puede imponerse en un régimen sin libertad de expresión en el que nadie pueda cuestionarla.

El Estatuto Real de 1834 no es una Constitución en sentido pleno sino una carta otorgada por la Reina regente, similar a la de Luis XVIII en Francia. Consta de cincuenta artículos y se limita a regular las reuniones de las Cortes Generales, compuestas por el Estamento de los Próceres y el de los Procuradores, así como unas disposiciones generales que, en lo substancial, también se refieren a ambos órganos. No se contiene en él ninguna disposición respecto a la confesionalidad del Estado. Pero tampoco hace falta. El artículo 3, que regula la composición del Estamento de Próceres del Reino, en su apartado 1 dispone que estará compuesto en primer lugar por “muy reverendos arzobispos y reverendos obispos”. Vienen luego otros miembros y el artículo 4 remacha que “bastará ser Arzobispo u Obispo electo o auxiliar para poder ser elegido, en clase de tal, y tomar asiento en el Estamento de Próceres del Reino”. La confesionalidad católica del Estado se da por supuesta y todo lo que se hace es garantizar que la jerarquía tenga acceso al poder legislativo con el objeto de influir en la gobernación del Reino a mayor gloria de Dios y provecho de la Iglesia. Esta práctica, inspirada en los lores espirituales británicos, se mantendrá en la historia del constitucionalismo español con algunas excepciones, hasta las cortes franquistas.

La Constitución liberal de 1837 tenía una redacción más moderada, menos teocrática que la de 1812, como correspondía a los tiempos de reacción antifernandina en que nació y a su causa primera en el motín de los sargentos de la Granja de San Ildefonso. Fue esta un golpe de Estado progresista que no respetó la representación clerical del Estatuto, pero, introdujo un elemento económico/monetario de indudable trascendencia que había de ser determinante en la vinculación estrecha entre el trono y el altar: España se comprometía a mantener económicamente al clero. Era la compensación que la Iglesia obtenía por los bienes perdidos en las sucesivas desamortizaciones hasta culminar por entonces en la de Mendizabal de 1836. So pretexto de que con las confiscaciones el clero podría caer en la indigencia, el artículo 11 consagraba una situación a la que este ya no renunciaría jamás voluntariamente y sigue sin hacerlo:

La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica, que profesan los españoles.

Hasta entonces se había hablado de la religión en abstracto, de la fe, la verdad y otras categorías vagarosas. Ahora, habiendo reflexionado todo el mundo sobre sus intereses materiales, las cosas empiezan a estar claras: al César lo que del César y a Dios, lo que es de Dios y del César. No hace falta ser un anticlerical ni siquiera tibio para darse cuenta de que el asunto es de la máxima importancia porque afecta a la Iglesia como empresa parasitaria. Es el gran hallazgo: una empresa privada con ingresos públicos garantizados y que no solamente no ha de sufrir fiscalización económica alguna sino que, al contrario, fiscaliza a su vez ideológica y legislativamente a los sucesivos gobiernos que la mantienen. Una empresa, además que, por su propia naturaleza como corporación, no muere nunca. Como el Rey.

La Constitución moderada de 1845, en cuyos debates tanto influyó Donoso Cortés en los tiempos que le dejaba libres su intensa actividad de metomentodo en las intrigas dinásticas, hace doblete y reproduce parte del texto de la de 1812. Desde luego, no olvida el busilis económico, que será desde entonces el santo y seña de la Iglesia católica española: una sociedad mantenida obligatoriamente con el dinero de todos los españoles, sean o no creyentes. Art. 11:

La religión de la Nación española es la católica, apostólica romana. El estado se obliga a mantener el culto y sus ministros.

Se trata de un avance jurídico considerable. Ya no es la Nación-ente vagaroso e inconcreto en el que los moderados —al igual que los persas de 1814— creen tanto como en el unicornio, la que se obliga, sino el Estado, un ente concreto, con personalidad jurídica, encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones, empezando por las que él haya contraído y al que cabe exigir que se atenga religiosamente a las suyas. Retorna la intervención directa del clero en la legislación, pues cuenta a los arzobispos y obispos entre los escasos españoles a los que puede nombrar senadores el Rey (art. 15), siendo el Senado cámara colegisladora.

Aprovechando la orientación reaccionaria de la Reina castiza, asesorada por la monja de los milagros de turno en aquel ruedo ibérico retratado por Valle Inclán que fue el reinado de Isabel, la Iglesia consigue el Concordato de 1851 que pone fin a las malhadadas desamortizaciones y garantiza compensaciones. El texto se liga expresamente con la Constitución de 1812 y su artículo 1º proclama que

la religión católica, apostólica, romana, que con exclusión de cualquiera otro culto, continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los cánones.

De nuevo reproducción casi al pie de la letra de la Constitución liberal de 1812, pero sin incurrir en sus deliquios románticos y siguiendo con el presupuesto del culto y clero pues es lo que mandaba la ley de Dios y los cánones y sobre todo, el libro de caja.

El proyecto de Constitución nonnata de 1856, a los dos años de la Vicalvarada y culminación del bienio progresista, estipulaba en su artículo 14 que:

La Nación se obliga a mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles.

Pero ningún español ni extranjero podrá ser perseguido por sus opiniones o creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios a la religión.

No hay una confesionalidad explícita del Estado, pero se determina que es obligación de la nación española mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica. Igualmente se inaugura una curiosa fórmula de libertad de conciencia que los historiadores celebrarán como “libertad de cultos” cuando aparezca en los textos constitucionales sucesivos, sin mencionar el hecho, nada insignificante, de que dicha libertad de culto solo estará garantizada si se da en el ámbito privado en donde es imposible o muy trabajoso impedirla.

La Constitución de 1869, producto del destronamiento de Isabel II, revolucionaria para la época, la más democrática que hasta la fecha había conocido España, con una avanzada declaración de derechos civiles y políticos, ejemplo para Europa y que consagraba el sufragio universal, si bien solamente masculino, en lo tocante a la religión repetía la línea nacional-católica con alguna variante. Resulta sorprendente y, hasta cierto punto revelador de la credulidad del liberalismo español, que alguna historiografía insista en hablar de la Constitución de 1869 como un avance en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Así, José Luis Abellán afirma que en ella se procede a la “separación de la Iglesia y el estado”34. No es posible extraer esta conclusión del tenor literal del art. 21:

La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho.

Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.

No se habla expresamente de la relación entre la Iglesia y el Estado pero se mantiene el presupuesto de culto y clero, que es lo que importa. El avance está en el derecho al ejercicio público de otros cultos que se garantiza a los extranjeros, únicos tan extravagantes como para profesar otros credos. Los españoles, va de suyo, no lo necesitan. Luego, prevenido el legislador de que quizá no sea tal el caso, admite en el mismo texto y con reticencia extender esos derechos a algunos españoles que puedan no ser católicos para que no sean ciudadanos con menos derechos en su propio país. Es decir, el texto, pretendiendo mostrar liberalidad y apertura de miras, en el fondo, ya manifiesta el complejo de inferioridad que caracterizaba y caracterizará hasta hoy a los españoles frente a los extranjeros. Si tenemos en cuenta que, como dice el mismo José Luis Abellán, la revolución de 1868 es la cristalización del liberalismo político y que constituye “la auténtica revolución liberal española”35, podremos hacernos una idea de la fortaleza, el vigor, la resolución de ese liberalismo hispano a la vista de la agitada historia de la Gloriosa, la monarquía democrática “erróneamente”, dice Seco Serrano, “confiada a una dinastía exótica”36, como si la de los Borbones fuera castiza y la primera república de 1873, un régimen verdaderamente progresista pero ingenuo y con escaso apoyo popular. Un liberalismo demediado, timorato, que emprendió una especie de huida hacia delante bajo la forma republicana para encontrarse meses después zaherido y bizmado, debiendo prestar su consentimiento a los contubernios conservadores.

Después del sexenio revolucionario con todas sus zozobras, el proyecto de Constitución federal de 1873 tenía el arrojo de eliminar la confesionalidad del Estado y suprimir el presupuesto del clero en unos términos desconocidos en la tradición española, europeizantes, americanizantes, casi extraterrestres. Los constituyentes de 1873 demostraron estar literalmente en las nubes cuando legislaron en proyecto, pues no los dejaron pasar de ahí, que:

El ejercicio de todos los cultos es libre en España (art. 34).

Queda separada la Iglesia del Estado (art. 35).

Queda prohibido a la Nación o al Estado federal, a los estados regionales y a los Municipios subvencionar directa ni indirectamente ningún culto (art. 36).

Así que la República duró once meses. Incidentalmente, la coincidencia entre la amenaza de triunfo del radicalismo y las tribulaciones cantonalistas fue el primer ejemplo de lo que luego sería un emparejamiento político frecuente: cuando triunfa el liberalismo, España deja de ser católica y, por tanto, pierde su esencia nacional, y además se fragmenta territorialmente en lo que, según Seco, “a punto había estado de dinamitar el ser de España como nación”37. Ese cruce propagandístico se repetirá a lo largo de la historia.

La Restauración fue también restauración de hierocracia. Este intento estaba ya claro en el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas y con el que el futuro Rey Alfonso XII el Pacificador se presentaba ante su pueblo con una curiosa oferta sincrética que refleja el espíritu canovista y la idea que el político malagueño tenía del acuerdo, la síntesis, el consenso: “Sea la que quiera mi propia suerte”, hacía decir Cánovas al joven Borbón, “ni dejaré de ser buen español ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal”38 (cursivas añadidas).

La Constitución de 1876, aquella en cuyo debate Cánovas pronunció su amargo sarcasmo, dejaba claro de nuevo que la religión católica era la oficial del Estado. Y se buscaba una fórmula retorcida para justificar la intolerancia. Desde luego, se mantenía el presupuesto de culto y clero. Art. 11:

“la religión católica, apostólica y romana es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado”.

A la vista de este texto se comprueba una vez más el poder de sugestión, casi hipnótico, de la Iglesia católica sobre estudiosos e intelectuales que, no tocándoles estos palillos, razonan con sana cordura. Refiriéndose a este artículo 11, Seco Serrano habla de libertad religiosa y sostiene que, con él, Cánovas buscaba un “término de equilibrio, estableciendo por un lado la religión católica como oficial del Estado, pero dando paso por otro a la ‘tolerancia de cultos’ que era en realidad un asentimiento a esa libertad”39. Una “libertad de cultos” reducida al ámbito privado, excluida del público, obviamente no es tal por lo mismo que reconocer la “libertad de pensamiento” no significa nada pues el pensamiento es libre en sí mismo y el ámbito privado, en principio, inviolable. Y, sin embargo esa enteca libertad religiosa dividió radicalmente a la opinión del país, ya que se oponía a lo dispuesto en el Syllabus. Por lo demás, intensifica la presencia del clero en la actividad legislativa pues su artículo 20 designa senadores por derecho propio al Patriarca de las Indias y los arzobispos, mientras que los obispos podrán ser senadores por designación real o elección de las corporaciones del Estado y los mayores contribuyentes.

El hecho de considerar, y con razón, este texto de 1876 como uno de “consenso” entre el conservadurismo y el liberalismo patrios40 es muy revelador de lo que venimos diciendo: consenso entre un conservadurismo apabullante, avasallador, que se ha impuesto mediante un golpe de Estado, que parte de la unión entre la Iglesia y el Estado, garantiza el presupuesto público de culto y clero y solo reconoce la libertad de cultos en el ámbito privado de los ciudadanos y un liberalismo que no cuestiona estas instituciones y prácticas. Sin duda fue consenso, pero un consenso claramente desfavorable a los liberales.

Si la Constitución de 1876 estuvo en vigor durante la dictadura de Primo, si estuvo suspendida, decaída, en desuso, son asuntos irrelevantes. Formalmente estaba en vigor, al no haber sido derogada y, si no lo estaba de hecho era porque la constitución material aun era más reaccionaria, autoritaria y nacionalcatólica que el texto constitucional. En más de cien años, desde 1812, no se ha dado ni un paso en la separación entre la Iglesia y el Estado y, en cambio, se ha consolidado la hierocracia, de forma que no solamente el Estado es confesional y no se permite la libertad de cultos, algo que otros países occidentales habían establecido hacía años, sino que el presupuesto de culto y clero realmente instaura una Iglesia del Estado, una permanente injerencia de la Iglesia en los asuntos estatales y la existencia de una casta de clérigos que pueden considerarse como funcionarios públicos ya que su paga depende del erario público.

La Constitución de 1931, oscilación del péndulo, vuelve a la separación de la Iglesia y el Estado. A propósito, esta idea pendular que sugiere una oscilación regular y equilibrada entre la izquierda y la derecha es bastante desajustada. Ya se sometía a crítica hace años en un interesante ensayo de Jordi Solé y Eliseo Aja en el que se decía:

“No hay una sucesión más o menos cíclica de periodos constitucionales con signo diverso. Lo que hay es la creación lenta, contradictoria y dramática de un sistema de aparatos e instituciones, bajo la dirección de una oligarquía que asienta su poder excluyendo a las demás clases, cerrando o estrechando los canales constitucionales de acceso al poder e imponiendo un ritmo y unas formas a la acumulación de capital que, en definitiva, hicieron de España uno de los países capitalistas menos desarrollados, con unas estructuras sociales más elementales y primitivas”41.

Y eso si nos atenemos a los textos constitucionales y, en general, la legislación civil y política. Si sumamos los textos concordatarios, que los constitucionalistas, politólogos e historiadores tienden a no considerar o tratar aparte, y tomamos en consideración el factor religioso de los civiles, esos periodos se reducen todavía más en cantidad y extensión. La Constitución de 1812 preside un liberalismo confesional e intolerante; la de 1837, algo parecido; el Concordato de 1851 reafirma el principio y también lo hace, hasta cierto punto la Constitución democrático-revolucionaria de 1869 que, si bien consagra de mala gana el derecho de “algunos” españoles a profesar una religión distinta de la católica, reconoce el presupuesto del culto y clero y, por tanto, la posición parasitaria de la Iglesia. En puridad de los términos, periodos liberales de verdad en la historia de España son los once meses de la República Federal y los ocho años de la II República, pues el sexenio revolucionario no puede calificarse como tal en cuanto al laicismo. Menos de diez años en doscientos, un cinco por ciento del tiempo. Nada.

Para la II República, el famoso y rotundo discurso de Azaña en las cortes constituyentes de 1931, que hizo titulares de prensa al día siguiente como España ha dejado de ser católica, propugnaba la laicidad completa del Estado, aunque no la vigilancia sobre las acciones de la Iglesia, y era tajante en dos principios: la supresión del presupuesto eclesiástico y la eliminación de las congregaciones religiosas del sistema educativo español42. El famoso artículo 26 declaraba que todas las congregaciones religiosas serían asociaciones privadas sometidas a un régimen especial; que ni el Estado ni ninguna otra administración pública mantendrían, financiarían o auxiliarían iglesias ni asociaciones religiosas. Por último, se establecía un plazo máximo de dos años para extinguir el presupuesto del clero. De nuevo se jugaba con fuego, se pisaba la línea roja de alarma de la Iglesia, al amenazarla en dos de sus principales intereses, la acumulación de riqueza y el motor de la hegemonía ideológica. Era cosa de tiempo que la oligarquía, bendecida por el clero acabara sublevándose y recurriendo a un golpe de Estado militar y una guerra civil que la Iglesia se apresuró a consagrar como “Cruzada”.

23 Cañizares, 2013.

24 Cit. en Juliá, 2004: 278.

25 Cañizares, 2006.

26 Menéndez Pelayo, 1978: II, 1038.

27 López Villaverde, 2013.

28 Menéndez Pelayo, 1978: 480/81.

29 Cit. en Montero y Gutiérrez, 1954: 194.

30 Martínez Ruiz, 1998.

31 Tuscano, 2000: 359.

32 Martínez Ruiz, 1998.

33 Palacio Atard, 1978: 87.

34 Abellán, 1998: 87.

35 Abellán, 1998: 87.

36 Seco Serrano, 1998: 22.

37 Ibíd.: 56.

38 Manifiesto de Sandhurst, en Cánovas del Castillo, 1941: 92.

39 Seco Serrano, 1998: 41.

40 Ibíd.: 38.

41 Solé/Aja, 1978: 131/132.

42 Azaña, 1931.

La Iglesia de Franco

La Iglesia constituyó un pilar fundamental del triunfo y mantenimiento del régimen de Franco. Fue ella la que elaboró la ideología del nacionalcatolicismo, tarea que, como señala Colomer, en gran medida estuvo a cargo de obispos de origen catalán, como Pla Deniel e Isidro Gomá, “pertenecientes al mayoritario sector integrista de la Iglesia católica española”43. No deja de ser curioso que hoy algunos obispos y parte del clero catalanes, muestren proclividades nacionalistas, como lo hace la iglesia vasca.

A su vez, el régimen franquista, en el curso de lo que sus exégetas llamaban proceso de institucionalización, elevó la identidad católica del Estado a rango constitucional, a través de la quinta ley fundamental del Movimiento Nacional, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 1947, cuyo artículo 1º rezaba: “España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino”. Lo más importante de todo, lo decisivo, era el hecho de ser católico. Igualmente el clero contaba con su parte congrua de representación en la cámara única franquista en virtud de Ley Constitutiva de Cortes de 1942 que, en su artículo segundo preveía que fueran procuradores natos “aquellas personas que por su jerarquía eclesiástica, militar, administrativa o social, o por sus relevantes servicios a la Patria, designe el Jefe del Estado, en número no superior a cincuenta”, así que nunca faltaron clérigos en aquella pintoresca cámara inspirada en el corporativismo fascista.

Resultaba lógico esperar que tal entrega a los designios divinos y sus administradores en la tierra rindiera sus frutos, cosa que sucedió con el Concordato de 1953, cuyo artículo I reza:

La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico.

Reproducción casi literal del Concordato de 1851 y de la Constitución de 1812, puro decurso de la españolidad o españolía, como acostumbraba a decir Sánchez Albornoz, sin más soluciones de continuidad que los dos breves lapsos de sendas repúblicas antiespañolas, predominio absoluto de la única idea de la nación que ha prevalecido en los últimos doscientos años, aplastando a su paso todo lo que no considera de su estirpe. Sentido claro de la historia del país: junto a la preponderancia política e intelectual de ese patriotismo nacionalcatólico sobrevivirá a duras penas una tradición enclenque de nacionalismo liberal subalterno, desorientado, muchas veces claudicante. Basta con ver cuántos representantes del liberalismo y aun del republicanismo españoles se pasaron a Franco durante la guerra civil o después de ella. No todos, por supuesto. Hubo alguna figura de acendrado liberalismo, bien que católica en lo personal, que tuvo el coraje de mantenerse en el interior sin colaborar con el régimen, como Julián Marías y algún otro. Pero, salvas estas escasas excepciones, muchos de los liberales que regresaron del extranjero o permanecieron en el interior contemporizaron con la dictadura, como Menéndez Pidal, Gregorio Marañón, Pérez de Ayala, Ortega, si es que no se convirtieron en sus fervorosos apologetas, al estilo de Francisco Javier Conde quien, si no marchó al exilio, fue sometido a algún expediente de depuración por sus afinidades liberales y republicanas, que no prosperó por la intervención de muy señalados protectores. En generosa contraprestación, Conde sería el creador de la teoría del Caudillaje, elaboración hispana del Führerprinzip.

¿Cómo olvidar que, en su cerrada estructura propagandística y doctrinal, el franquismo, o sea, el nacionalcatolicismo, anatematizaba no solamente el comunismo, la masonería, el anarquismo, el socialismo sino también el liberalismo? No era tan extraño. Igualmente lo condenaba Pío IX en el Syllabus, vademécum del clero y la derecha reaccionaria española. Y aun más: por si alguien ignora las perversas artes del maligno liberal y su capacidad de engañar a las buenas gentes y hacerse pasar por lo que no es, cierto liberalismo reciamente hispánico y monárquico también cree que la religión y la monarquía son parte consubstancial de la Nación española “desde hace quince siglos” y esta convicción le sirve para desenmascarar a los enemigos de la patria, entre ellos la misma dictadura de Franco, a la que considera en realidad una “IIIª República dictatorial”44. Es ese “liberalismo” adoptado por el sector nacionalcatólico más extremo, según el cual, como sostiene Esperanza Aguirre, en cuanto le dan ocasión para exponer su pensamiento político, Franco era socialista”45.

Al margen de estos dislates que, de tener algo de ingenio, podrían pasar por greguerías, es obligada la referencia a la dimensión territorial de la guerra civil, que no fue solamente un conflicto de clase o de ideologías o la batalla en suelo español que estuvieran librando los dos totalitarismos entonces en auge en Europa, sino también y en no escasa medida, por más que a la historiografía de todo tipo no le agrade mencionarlo, un conflicto territorial. Hay suficientes indicios simbólicos, retóricos y materiales, para no olvidar esta perspectiva. El mero hecho de que los militares sublevados, los conspiradores monárquicos que estaban con ellos, las distintas organizaciones fascistas, el Requeté y la Iglesia que los amparó y los bendijo, se llamaran a sí mismos nacionales, recuérdese, muestra palmaria intencionalidad: monopolizar la idea de nación. Como nacional es la alta burguesía vasca y catalana que aplaude cada vez que el Estado aplasta los sucesivos intentos autonomistas: “Cuando Cataluña se aproxima a la autonomía, se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera; cuando el Estatuto es aprobado por la República, tiene lugar el intento de Sanjurjo; el mismo alzamiento de julio de 1936 está en esta línea antiautonomista y Franco da una señal de inequívoco significado cuando no espera ni tan siquiera el fin de la guerra civil para suprimir, en abril de 1938, el Estatuto catalán”46. El famoso apotegma atribuido a José Calvo Sotelo de España, “antes roja que rota”, prueba hasta qué grado de vesania podía llegar el unitarismo centralista de la derecha pues, faltando a toda verosimilitud, pareciera estar dispuesto a subordinar sus intereses de clase a su conciencia nacional, cosa de la que no existe ejemplo ni experiencia algunos en España o fuera de España. De hecho, igualmente, la leyenda que adorna el águila de San Juan del escudo franquista proclama España como “Una, grande, libre”. Lo más importante, por ende, la unidad. Lo más importante era que España se mantuviera unida. Y unida estuvo durante los cuarenta años de una dictadura que acabó con las escasas posibilidades de constituir una verdadera nación española en el sentido ilustrado y liberal. O sea, moderno.

Es imposible ocultar que todas las sonoras proclamas a favor de la nación española, los ¡Arriba España!, los por el Imperio hacia Dios y resto de monsergas patrióticas del fascismo triunfador en la guerra eran compatibles con un comportamiento felón, perjuro y traidor, profundamente antipatriótico en la cúpula del mando político-militar. Según cuenta Paul Preston en algunos de sus libros sobre Franco, los británicos sobornaron a varios generales del régimen para que disuadieran al dictador de cualquier veleidad de entrar en la segunda guerra mundial del lado del eje47, algo a lo que se temía pudiera inclinarse por una especie de querencia ideológica. Porque, aunque la potencia militar española era una magnitud despreciable, siempre podría hacer algún daño y, como la lealtad de los generales franquistas era barata, por unos millones de pesetas, los británicos se aseguraban la complicidad de los militares españoles, cuyo patriotismo queda así aquí dibujado en lo que es una constante del nacionalcatolicismo: es un nacionalismo falso, de opereta, basado en la violencia al más débil y siempre pospuesto a los intereses de clase o a los personales. Un patriotismo de gentes venales. El nacionalcatolicismo no es un producto del franquismo pero es en el franquismo en donde alcanza su perfección bajo la forma de un pentágono con cinco ángulos: militares traidores, clérigos ultramontanos, falangistas criminales, empresarios corruptos y policías torturadores. La fórmula de la dictadura que sus sucesores ideológicos, los de “España, gran nación”, lógicamente no condenan.

La vinculación de la Iglesia católica con el franquismo fue total. No solo amparó, justificó y legitimó la guerra civil producto de un golpe de Estado faccioso sino que luego se identificó completamente con la dictadura. Es verdad que, ya desde el comienzo, hubo vacilaciones en la política del Vaticano hacia el franquismo y en el conjunto de la Iglesia española también discrepancias en especial en Acción Católica y los cristianos de base que cada vez se articularon más en forma de oposición48. Pero eso no empece que la posición oficial de la Iglesia católica fuera fusionarse con el Estado y dictarle la legislación, orientar su acción, gestionando de hecho amplias áreas de la actividad pública. ¿Cómo no iba a pasear bajo palio al dictador cuando este le había reconocido y ampliado todos los privilegios de que venía disfrutando desde tiempo inmemorial gracias al mencionado Concordato de 1953? En él se sostenía:

“la tesis católica con gran beneficio y provecho para la Iglesia y para el Estado, entre los que existe una unión sin confusión y una distinción sin separación, respondiendo al criterio del gran León XIII en su maravillosa encíclica Inmortale Dei, sobre la constitución de los Estados”49.

Roma se erigía en una especie de poder constituyente de la Dictadura y, a cambio, obtenía un régimen de privilegio y enriquecimiento sin límites. La Iglesia se financiaba con cargo a los presupuestos generales del Estado, estaba exenta de impuestos, cargas y tributos, la asignatura de religión era obligatoria en todos los niveles educativos. La Ley de Ordenación de la Universidad Española de julio de 1942, en su artículo 3º disponía que “la Universidad, inspirándose en el sentido católico, consustancial a la tradición universitaria española, acomodará sus enseñanzas a las del dogma y la moral católica y a las normas del Derecho Canónico vigente”. De este modo,

“cuarenta años de implacable endoctrinamiento católico en la docencia —que continúa recibiendo la protección de los actuales poderes públicos en lo fundamental, las subvenciones económicas y la habilitación de diplomas y títulos— han incorporado (…) el pensamiento confesionalista y la vocación nacionalista de la derecha española que han nutrido el franquismo, produciendo generaciones sucesivas, nacidas después de 1936, que son insensibles —en el mejor de los casos— al debate ideológico o político, o que han asimilado —en el peor— los estereotipos de un ideario católico que destruye el juicio crítico y paraliza la mente”50.

Además, el clero tenía fuero judicial especial, intervenía en todos los asuntos de la vida privada, monopolizaba los trámites y ceremonias de los tránsitos civiles, nacimientos, matrimonios, defunciones, tenía sus propios medios de comunicación como prensa y radio y ejercía la censura sobre todos los demás. Nunca fue tan perfecta la hierocracia en España, convertida por el franquismo en una semiteocracia militar. El sueño de los integristas habíase hecho realidad. Nunca tampoco había estado el país más alejado del mainstream de las demás sociedades occidentales. Por ello resulta sorprendente que pueda publicarse hoy un ensayo sobre “la ideología del franquismo”, por lo demás muy estimable, en cuyas casi treinta densas páginas no se habla del nacionalcatolicismo y solamente se menciona la Iglesia católica a raíz de las actividades sedicentemente opositoras de esta ya en los años del franquismo tardío. Sorprendente para nosotros, por supuesto, pero no para la historiografía del nacionalismo español más acrisolado, acostumbrado a escurrir este incómodo bulto de la complicidad de la Iglesia católica con los crímenes franquistas. Claro que en este caso concreto, la ocultación de esta ignominiosa colaboración es congruente con una visión edulcorada de la dictadura por la cual esta no era genocida ya que, según el autor “no había ningún grupo específico —étnico, racial o cultural— como objetivo, sino simplemente derrotar y castigar por medios terroristas al enemigo político”51. (Cursivas, nuestras). Por lo demás, quede claro que subscribimos las palabras de quien ha estudiado el franquismo con competencia y espíritu científico en este asunto concreto y ha llegado a la conclusión de que el genocidio franquista obedeció a tres lógicas deliberadas y perfectamente planificadas: a) la burocrática; b) la de la venganza; y c) la depredadora”52.

No debe concluirse este epígrafe sin señalar que, aunque la Iglesia enseña el perdón, la reconciliación y la paz, nunca los ha aplicado a su comportamiento durante la guerra civil y la represión de la postguerra53. Los curas no impidieron sino que ampararon, cuando no propiciaron e instigaron los asesinatos y matanzas sin juicio alguno de republicanos durante la guerra y continuaron luego colaborando activamente en la labor de represión, persecución, tortura y asesinato de civiles durante la postguerra. Si los primeros podrían entenderse —jamás justificarse— como reacción visceral a las matanzas de clérigos perpetradas por incontrolados republicanos, lo de la posguerra no tiene excusa ni perdón posibles. Y no se han arrepentido de ello. En algunos casos, bien escasos, sí lo han hecho y esa misma escasez da valor a sus testimonios. Por ejemplo, el cura zaragozano Gumersindo de Estella, quien asistió a 1.700 asesinatos entre 1936 y 1942; fusilamientos sin juicio que le repugnaban, según dejó escrito en un diario, gracias al cual sabemos en cambio que “otros religiosos, incluso superiores míos, (…) se entregaban con regocijo extraordinario y no solo aprobaban cuanto ocurría, sino que aplaudían y prorrumpían en vivas con frecuencia”54.

La Iglesia católica, como tal, nunca ha pedido perdón por tanta barbarie. Ni lo hará porque se considera con derecho a castigar de modo ejemplar a aquellos que ponen en peligro de palabra y obra la dominación católica incuestionable de España. Al contrario, ha continuado honrando y celebrando la memoria de sus mártires, ignorando las víctimas del franquismo que siguen enterradas en fosas comunes por toda España, alguna con restos de curas también asesinados por los mismos franquistas. Todavía en 2013, en un acto multitudinario con evidentes resonancias de la guerra civil y un espíritu partidista de Iglesia combatiente, en una verdadera provocación al espíritu de reconciliación entre españoles, la jerarquía eclesiástica celebró la beatificación de 522 “mártires de la persecución religiosa”. Una ceremonia solemne, con asistencia de 104 obispos, más de 1.400 sacerdotes y unas 25.000 personas en el que no se mencionó a los asesinados por los franquistas. Por supuesto, entre los asistentes, el presidente de la Generalitat, el del Congreso de los Diputados, los ministros de Justicia e Interior y más de ochenta alcaldes y todo esto en un país en el que, según la Constitución, el Estado no tiene confesión religiosa55.

Puede que haya diferencias entre el nacionalcatolicismo de Franco y el de la segunda restauración borbónica. Pero es de cantidad, de matiz, no de naturaleza. A la vista de las muchas veces que unos u otros sectores ideológicos y políticos han negado la esencial compenetración de la Iglesia católica con el fascismo español y que esta hubiera considerado y bendecido la guerra civil como una cruzada suscribimos la expresión con que Herbert Routedge Southworth coronaba su magnífico estudio sobre El mito de la cruzada de Franco:

“Sí, caballeros, tenéis razón; era una cruzada. Pero la cruz era la gamada”56.

43 Colomer, 1986. 34.

44 Huerta, 1964: 19.

45 Libertad digital, 13 de noviembre de 2010.

46 Botti, 2008: 86.

47 Preston, 1997: 151 e Ibíd., 2008: 125.

48 Hermet, 1986, I y II: passim.

49 Montero y Gutiérrez, 1954: 197.

50 Puente Ojea, 2011: 98/99.

51 Cazorla Sánchez, Antonio, 2013: 583.

52 Míguez Macho, 2014: 100-104.

53 López Villaverde, 2009: 174.

54 Protestante Digital.com. Tres de abril de 2014.

55 Infolibre, 13 de octubre de 2013.

56 Southworth, 1963: 180.

El nacionalcatolicismo hoy

Las relaciones entre el Estado español y la Iglesia católica se rigen hoy por los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, cuya concepción, desarrollo y aprobación encierran grandes enseñanzas respecto a la forma de actuar tradicional del cuerpo místico en sus relaciones con los poderes de la tierra. Se negociaron discretamente, como suelen ser las cosas eclesiásticas, antes de la aprobación de la Constitución de 1978, pero se firmaron después de su promulgación, para evitar que se les atribuyese un carácter “preconstitucional”.

Los acuerdos son cuatro, uno de asuntos jurídicos, otro de asuntos educativos y culturales, otro sobre las fuerzas armadas y un cuarto, el más importante, sobre asuntos económicos. La habilidad de la Iglesia católica es admirable. En estos tiempos de general laicismo e incredulidad y de ruptura con los santos principios de la tradición, es muy difícil incluir en la Constitución el presupuesto de culto y clero y asimismo muy problemático que la Iglesia cuente con arzobispos, obispos, prelados y curas que, como miembros natos de los cuerpos legisladores, defiendan sus intereses en sede parlamentaria y orienten las leyes por los caminos del Señor, cual ha sucedido casi siempre en España desde 1812 a 1978. Por estos motivos la jerarquía decidió asegurarse su mantenimiento económico, como siempre, parasitando al Estado pero por un acuerdo colateral a la Constitución, aunque a su amparo. En efecto, los citados acuerdos en materia económica determinan (art. II, 4) que, después de tres legislaturas, la Iglesia se financiará con las aportaciones de los fieles vía declaración de la renta pero que, en tanto se arbitra el nuevo sistema:

“el Estado consignará en sus Presupuestos Generales la adecuada dotación a la Iglesia católica, con carácter global y único, que será actualizada anualmente.

Durante el proceso de sustitución, que se llevará a cabo en el plazo de tres años, la dotación presupuestaria se minorará en cuantía igual a la asignación tributaria recibida por la Iglesia católica”.

El plazo ha pasado muy holgadamente y la Iglesia sigue siendo financiada con cargo a los presupuestos generales del Estado, no solo indirectamente, a través de todo tipo de privilegios y exenciones fiscales, subvenciones, regalos, dotaciones, etc., sino también directamente, mediante transferencias en efectivo que se renuevan religiosamente cada año, como viene haciéndose desde siempre, desde 1812, desde mucho antes, con la honrosísima excepción de la IIª República.

Estos Acuerdos son la última etapa de la trayectoria de la España nacionalcatólica puesto que, al ser una renovación del concordato vigente de 1953 en cuatro aspectos concretos, se sigue considerando que la religión católica, apostólica y romana es la del Estado español. Al afirmar, sin embargo, la Constitución que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (art. 16.3) es claro que el Concordato de 1953 debiera considerarse inconstitucional a tenor de la disposición derogatoria, párrafo 3, según el cual quedan derogadas “cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución”. Ahora bien, los Acuerdos de 1979 declaran expresamente, en el dedicado a asuntos jurídicos que se trata de una “revisión del Concordato vigente”. Es decir se da aquí una causa clara de denuncia de los Acuerdos, por si no la hubiera suficiente en su contenido y es que se establecen al amparo de una disposición inconstitucional por el pintoresco procedimiento de declararla vigente cuando no lo está y gracias al cual podemos hacernos una idea clara del respeto que los curas sienten por las normas jurídicas que no les agradan.

Se evidencia de nuevo el argumento de este ensayo en el sentido de que, si el nacionalismo español liberal carece de la fuerza que tiene en otros países y se ve obligado, a veces, a hacer causa común con el conservador, especialmente en asuntos territoriales, este último sigue su marcha en toda su gloria. Ningún gobierno —socialista o no socialista— ha denunciado los famosos Acuerdos ni el Concordato de 1953. Se ha preferido una situación de hecho; de hecho consumado, en realidad, haciendo como que no hay problema, puesto que no se plantea. Algunas voces se alzan ocasionalmente protestando porque la Iglesia no cumpla nunca con la obligación de autofinanciarse, como acepta en los Acuerdos. Aparte de que, aunque lo hiciera, ello no resolvería gran cosa porque los mismos Acuerdos prevén ya que, llegado el improbable caso, se buscarían otras formas de colaboración financiera entre la Iglesia y el Estado57, aparte de ello, decimos, el predominio eclesiástico se hace patente por encontrarse por encima de la ley. Si la derecha suele hacer alarde de confesionalidad católica cuando gobierna, si los ministros juran con un crucifijo, si se personan en el Vaticano, de frac, mantilla y peineta en cuanto pueden, si impetran la intervención de vírgenes y santos milagreros y acuden en pompa y circunstancia, en coche oficial, a recogerse en oración en un lugar tan ligado al más criminal nacionalcatolicismo como el Valle de los Caídos, a la vera del general Franco, siempre pueden invocar la vigencia del Concordato de 1953, el Concordato de la España nacionalcatólica eterna.

Esta incapacidad del liberalismo de hacer cumplir siquiera las timoratas previsiones de la Constitución de 1978 en punto a la aconfesionalidad del Estado a los doscientos años de la Constitución nacionalcatólica de Cádiz cierra de momento el periplo de un país que no ha alcanzado condición de tal en el sentido moderno del término sino solamente de predio de una oligarquía de inútiles de derechas sostenidos por los curas y los militares. Recuérdese que la Ley de separación de las iglesias y el Estado en Francia es de 1905. Recuérdese que su artículo 1º dice: “El Estado no reconoce ni mantiene culto alguno”. Lo demás son monsergas y, aun así, están por cumplirse. Y recuérdese asimismo cómo en uno de los actos más vergonzosos de claudicación del sedicente progresismo español frente a la Iglesia, el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero dejó morir un anteproyecto de ley de libertad religiosa que incomodaba a la jerarquía porque, entre otras cosas, eliminaba el privilegio eclesiástico concedido por el franquismo y ampliado por Aznar en 1998 de registrar como propios bienes inmuebles públicos prácticamente a coste cero58, sobre el cual volveremos más abajo, y aumentó la cuantía de la aportación pública al mantenimiento del clero (del 0,52% voluntario de la cuota del IRPF al 0,7%) a cambio de una imprecisa promesa de este de tomarse algo más en serio su obligación de autofinanciarse y que, obviamente, no tiene la menor intención de cumplir.

La vinculación de la nación española al catolicismo puede formularse en términos integradores e integristas que nada envidian a la fórmula islamista según la cual la comunidad de los creyentes, la Umma, es lo más parecido a una nación islámica. La idea musulmana es, incluso, más lógica que la española porque abarca a todos los fieles, por encima de sus comunidades territoriales o políticas, a diferencia del nacionalcatolicismo que, en realidad, es un oxímoron. Una vez consagrada la condición nacional de España, su misma existencia, gracias al catolicismo, el ministro del Interior del gobierno del PP, Fernández Díaz, antes sectario del Opus que propiamente político, extiende el requisito de españolidad a la esencia de Cataluña que, según él, “sin España, no sería Cataluña”59. España es España porque es católica y Cataluña es Cataluña porque es España, es decir, siempre por ser católica. El catolicismo, según este parecer, no es una religión sino una ontología. Resulta pintoresco que aquella sea precisamente la misma expresión que utiliza un regionalista catalán tradicionalista, el obispo Torras i Bages, muy en el espíritu del clérigo Balmes, Catalunya será cristiana o no será60, lo que permite sospechar con cierta Schadenfreude a quienes hemos de soportar tanta estolidez que los destinos de una Cataluña independiente quizá no sean muy ajenos a los de la España tradicional.

Dicha vinculación así, a lo rudo, tiene dos inconvenientes, según se mire en su inmanencia o en su trascendencia. Si es inmanente quiere decir que, de abandonar el catolicismo, España dejaría de ser España accidentalmente, como dejaría de serlo si se suprimieran las corridas de toros, la siesta o la costumbre de los piropos. Si es trascendente, significa que España falta a su misión esencial, esa con la que aparece ungida desde el origen de la leyenda jacobea: España, avanzada de la cristiandad, punta de lanza del catolicismo que, en cuanto se descuida, organizada una “cruzada” en pleno siglo XX. Ahora bien, en este segundo caso, la propuesta es absurda porque implica una petición de principio: ¿quién asignó a España esa “misión esencial” en primer lugar? Precisamente ese catolicismo que convierte la nación española en instrumento dócil de sus designios. Por lo tanto, lo cierto es que si, como cuestión contrafáctica, España dejara de ser católica, no dejaría de ser España sino de ser instrumento de la Iglesia.

En evitación de esta posibilidad, la Iglesia identifica el catolicismo no solo con el Estado español que se sobreentiende piadoso, sino con la nación española, volviendo así al espíritu y la letra de la muy católica Pepa, no con el orden jurídico político sino con el moral, el orden de los sentimientos y la conciencia colectivos. Apretados, los clérigos católicos echan mano de la teoría de la accidentalidad de las formas de gobierno, según la cual, como quiere el mandato evangélico, la iglesia no interfiere en los asuntos del mundo que quedan confiados a las autoridades civiles. Por eso, en principio, la Iglesia católica convive con monarquías, repúblicas, principados, dictaduras y todo tipo de organización estatal, sin manifestar preferencia por ninguna pues, como sostiene contra toda evidencia Donoso Cortes, “ha mostrado siempre no solo desvío, sino horror, a injerirse en la dirección temporal de las cosas humanas”61. Pero esto es cierto solo en parte. La Iglesia no interfiere en los asuntos del siglo cuando carece de fuerza para ello, por ejemplo, en Francia; allí en donde la tiene, como es el caso de España, no solamente interfiere sino que guía la acción de los poderes públicos y hasta gobierna y legisla por ellos. La aconfesionalidad del Estado español —no el laicismo, pues la Constitución que consagra aquel, deja puertas abiertas suficientes para mantener la sumisión del poder civil al eclesiástico— está reconocida jurídicamente pero, al tratarse de España, eso no significa nada porque no lo está política ni socialmente.

No lo está políticamente cuando el Estado, en contra de lo estipulado en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 sigue financiando la institución religiosa de modo directo e indirecto por un importe en torno al 1% del PIB. No lo está, tampoco, cuando hay personal de la Iglesia incrustado en la Administración pública, por ejemplo, el clero castrense, o cuando aquella planta sus instalaciones, por ejemplo, capillas, en lugares públicos como aeropuertos o universidades. Y aun lo está menos cuando todas las ceremonias civiles estatales se celebran en marcos religiosos. Y mucho menos cuando, por seguir con el día a día del gobierno, los ministros mezclan sus convicciones y supersticiones en actos públicos, la ministra de Trabajo se encomienda a la Virgen del Rocío para luchar contra el desempleo que ella misma provoca con sus medidas sobre el mercado laboral o el ministro del Interior hace lo propio con Santa Teresa de Jesús pidiéndole ayuda para salir de la crisis e impone la medalla al mérito policial a la Virgen del Amor, al tiempo que envía una unidad de la Guardia Civil de peregrinación a Lourdes.

Llegar al siglo XXI con la segunda restauración borbónica imitando ya también en esto los episodios más pintorescos de la Corte de los Borbones tiene su mérito. Esos Borbones a los que Emilio Castelar quería inhabilitar para ejercer la jefatura del Estado en España y a los que pretendía expulsar del suelo español “como el mar vomita los cadáveres”62. Mas no se crea que tanto beaterío es exclusiva propiedad de la derecha tradicional. Un sector cualitativa y cuantitativamente importante de la izquierda —y no solo la socialdemócrata— muestra una actitud de similar servilismo a los designios de la Iglesia. Siendo por entonces diputado, ese ministro del Interior, Fernández Díaz, en 2008, se puso de acuerdo con el entonces presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, socialista de sacristía, y pretendió colocar en algún pasillo del parlamento una placa en honor de Sor María Maravillas de Jesús Pidal y Chico de Guzmán, monja carmelita, perseguida durante la guerra civil, con el argumento de que había nacido en un edificio hoy ocupado por el Congreso63. ¿No rebosaban de curas las Cortes de Cádiz? ¿Por qué no las de la monarquía borbónica, heredera del caudillo providencial, triunfador de la cruzada contra el comunismo?

Pero no se habla de persistencia del nacionalcatolicismo por la escenificación de estos esperpentos que hasta tendrían su chiste de no ser porque se celebran siempre con dineros públicos. El nacionalcatolicismo se echa de ver en la legislación del gobierno que, armado con su mayoría parlamentaria absoluta, sigue cauces sumarísimos e impone como normas los pecados y los vetos de la religión católica, tanto en materia reproductiva como en la educación. Por supuesto, es inútil tratar de convencer a los gobernantes españoles de la derecha de que convertir los pecados de la Iglesia en delitos del código penal, o sus convicciones morales personales, sus creencias, sus supersticiones, pues, en definitiva, toda creencia religiosa es una superstición, en leyes universales, generales y abstractas es una barbaridad que retrotrae España al tiempo de Trento. Y lo es porque dichos gobernantes, precisamente, creen que los españoles hemos venido al mundo para hacer realidad la luz de Trento.

Tampoco está reconocida social ni culturalmente. Pero aquí el argumento nacionalcatólico es especialmente falaz. Invocando el hecho de que una proporción muy alta de españoles declara ser católica, aunque sea muy inferior la de quienes dicen ser “practicantes”; de que el calendario de festividades es abrumadoramente religioso; de que la toponimia y los callejeros españoles rebosan santos, santas, vírgenes, apóstoles, obispos, papas, curas, milagros, devociones, cristos y ángeles; de que los españoles siguen bautizando a sus hijos y llevándolos a la primera comunión, por inercia y el contento de los niños, casándose por la Iglesia especialmente por el qué dirán, si bien mucho menos que antes64 aunque luego se divorcien como si fueran ateos y enterrándose en sagrado, se concluye que el catolicismo está social y culturalmente encarnado en España y que esa es, precisamente, la base de su instrumentalidad nacional.

Tal conclusión es falsa. Si el catolicismo estuviera encarnado en la sociedad sería esta la que sostuviera a la Iglesia de modo voluntario, a través de un tupido entramado de asociaciones de la sociedad civil, sin reclamar un ochavo del erario público. Pero es al revés: el asociacionismo católico espontáneo es débil, casi inexistente, fuera de algunas cofradías y vigilias de almas aburridas alimentadas por las parroquias. La Iglesia obtiene sus ingresos fundamentalmente de sus vínculos estatales y de la gestión de su ingente patrimonio exento de cualquier impuesto o gabela. Como tal organización privada, se comporta según el principio parasitario que conocemos con el nombre más académicamente aséptico de captura de rentas. El catolicismo no está arraigado en la sociedad ni falta que le hace en un mundo cada vez más laico, sino en las instituciones, a las que exprime y pasa una especie de impuesto religioso que solo se diferencia de los que exigen organizaciones mafiosas o delictivas en que es más enjundioso y menos peligroso ya que es legal.

Esto explica el doble juego del nacionalcatolicismo, tan difícil de entender para muchos observadores: como se decía más arriba, la Iglesia católica habla de la nación, pero negocia con el Estado. Más que negociar, lo explota en su provecho material. Esto puede parecer algo duro para dicho de quien se pasa la vida hablando de sacrificios, caridad, desinterés y pobreza evangélica, pero es una realidad en España Y una realidad descarnada. Para justificar esta posición parasitaria del Estado, la Iglesia convierte en verdad incuestionable la sinonimia nación española-catolicismo. En este empeño coincide con una clase dominante, una oligarquía compuesta por grandes financieros y empresarios, terratenientes y aristócratas cuya muestra más patente fue la clase política que se hizo cargo del Estado con el primer gobierno de Rajoy, una mezcla de empresarios, financieros, altos cargos del Estado a su servicio, franquistas y miembros de sectas religiosas, como el Opus Dei. Una combinación muy cercana a la de los gobiernos de Franco con los falangistas de antaño sustituidos por la legión neoliberal con amplísima cobertura mediática.

Y con los mismos resultados: identificación de la Iglesia y el Estado y expolio de este en provecho de aquella. Como se decía un poco antes, a partir de la Ley Hipotecaria de 1946, en pleno franquismo, se reconoció a la Iglesia católica la capacidad para inscribir a su nombre, es decir, inmatricular en el registro los bienes inmuebles que carecieran de propietario, una facultad que el gobierno de Aznar amplió en 1998, siempre a favor de la Iglesia de forma que, a día de hoy, se ha hecho por este procedimiento con miles de bienes de titularidad pública como huertos, viñedos, iglesias, ermitas, monumentos etc., casi todos ellos costeados por la colectividad y prácticamente gratis. Un expolio de proporciones inmensas Una especie de reamortización muy superior en alcance y valor a las desamortizaciones del siglo XIX que deja patente la impunidad en que se mueve el nacionalcatolicismo actual.

Por poner un solo ejemplo, el obispado de Córdoba se ha hecho con la mezquita de la ciudad —una joya arquitectónica única en el mundo y declarada patrimonio artístico de la humanidad por la UNESCO— por este ladino procedimiento, con secretismo, a espaldas de la ciudadanía y una cantidad simbólica de 60 euros, aproximadamente la séptima parte del salario mínimo interprofesional. Naturalmente, le ha faltado tiempo para cambiarle el nombre y explotarla como negocio turístico65. Que este atropello de los intereses del común, producido por la codicia de la Iglesia, se cometiera en 2006, con un gobierno socialista en Madrid y en Andalucía, dice mucho sobre el modo en que, hasta la izquierda socialdemócrata, supuestamente laicista, entiende el mandato constitucional de la aconfesionalidad del Estado y aun dice más comprobar cómo las autoridades todavía no han movido un dedo para recuperar la condición de dominio público de un bien sustraído al interés general mediante un acto que, según autorizada opinión, es nulo de pleno derecho66 y, por supuesto, moralmente reprochable. Como lo son todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica desde 1998, al amparo de normas patentemente inconstitucionales. El expolio y abuso es tan notorio que hasta el gobierno de la derecha se ha visto obligado a regularizar la situación y eliminar este privilegio eclesiástico, si bien sin efectos retroactivos y concediendo un año de carencia desde la aprobación de la norma67 que, presumiblemente, actuará como una especie de patente de corso para que la Iglesia culmine su labor de rapiña a lo largo y ancho de España.

Ese peso muerto de la Iglesia católica sobre el país, cuyo progreso espiritual ha coartado, esa captura del Estado y hegemonía cultural del catolicismo, ha caracterizado a España y sigue haciéndolo. Al día de hoy, en que hay medios de comunicación de propiedad eclesiástica y el catolicismo es el elemento esencial de la línea de otros y muy potentes, el asunto parece bastante claro. Pero así ha sido también en algún otro momento en que esa hegemonía pareciera haber sido cuestionada. Suele leerse, por ejemplo, que en los últimos años de la dictadura y buena parte de la transición, la corriente hegemónica entre los intelectuales era el marxismo, como siempre una especie de rendición a una moda extranjerizante, singularmente francesa en su modalidad estructuralista. Muy probablemente así fue, pero pronto comenzaron los escarceos teóricos entre la reflexión marxista y el catolicismo. El PCE llegó a incorporar a su Comité Central a Alfonso Carlos Comín, un católico fundador de Cristianos por el socialismo que decía haber llegado al comunismo a través de los evangelios. No tenemos derecho a cuestionar la sinceridad del propósito de estos creyentes pero lo cierto es que, como señalaba uno de ellos, González Casanova, el PCE y el PSUC, dejaron de ser partidos ateos68. Fueron asimismo católicos quienes fundaron un partido marxista-leninista y hasta maoísta en los años setenta, la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores. Ya decía Santa Teresa que Dios está en todas partes, también entre los pucheros. Y entre los marmitones, añadimos nosotros.

En ningún momento ha cedido la Iglesia en su posición de preeminencia y dominio de la sociedad española. Ni siquiera cuando un prurito de modernidad ha aconsejado a las autoridades simular una actitud más abierta y menos sectaria. Tómese como ejemplo la ceremonia de entronización de Felipe VI. Tuvo lugar en un soleado día 19 de junio de 2014. Era fiesta en Madrid y, a pesar de ello, prácticamente no había nadie en las calles, aunque las autoridades dispusieron todo tipo de ornamentos simbólicos, banderas, retratos, etc. y aprestaron miles de policías así como 120 francotiradores de élite para garantizar la seguridad de los reyes. Una muestra de la mitomanía de los responsables del ministerio del Interior. La prueba es que esperaban medio millón de personas69, cuando apenas si asistieron unas docenas de curiosos. La ceremonia fue un fracaso, a pesar de que todos los medios, escritos y audiovisuales hicieron cuanto pudieron por falsear la información y dar una imagen distinta, hablando de afluencia de público que no hubo en ningún momento. Solo abundancia de policías, dedicados a contener, retener y detener a los viandantes que llevaban banderas u otros signos republicanos, camisetas, bufandas, pañuelos, chapas, para que los colores de la República no salieran en los noticiarios. Pura represión y atentado a derechos fundamentales, como en los tiempos de Franco.

Algunos observadores han juzgado un gran avance que la coronación no tuviera un elemento religioso y lo presentan como un intento del nuevo Rey de hacer valer el carácter aconfesional del Estado y marcar distancias con la Iglesia. Así, por ejemplo, en una publicación católica reaccionaria se lamentaban de que la ceremonia no hubiera dado mayor preeminencia al catolicismo, consubstancial a la nación española. En una publicación digital católica, Infocatólica un cura que tiene una sección fija titulada “De profesión cura” se queja amargamente de que, a causa del miedo de la corona, del rey y del gobierno al laicismo en la sociedad, en el acto no hubiera ningún tipo de referencia a la fe católica, lo que cuantifica el autor Jorge González Guadalix, de una forma pintoresca, recordando al monarca “que en España hay más católicos que catalanes, vascos y gallegos juntos, majestad”70. Es una paladina declaración de nacionalcatolicismo a día de hoy, aparte de una manifestación de estulticia: los catalanes, vascos y gallegos, según parece, no son católicos y todos los españoles (34 millones, calcula Guadalix) somos católicos porque lo dice un cura.

Sin embargo, el carácter nacionalcatólico de la entronización del nuevo rey no permite abrigar muchas dudas: el acto tuvo lugar el día del Corpus Christi, uno de los tres jueves que “relumbran más que el sol” y en el besamanos que se escenificó después, al que acudieron 2.000 personas, todos se inclinaron ante los Reyes, excepto el Cardenal Rouco Varela ante quien fueron estos quienes humillaron la cabeza71. El mismo Rouco que ofició una misa La Zarzuela tres días después. La Casa Real trató de reducir el aroma a nacionalcatolicismo al hablar de un acto “privado” de la familia real lo cual es ridículo ya que se trata de una ceremonia excepcional en el lugar residencia oficial de los reyes de España. Privado sería si la pareja real, de incógnito, fuera a escuchar la misa en alguna parroquia de barrio. Por lo demás, el primer viaje oficial al extranjero del nuevo monarca fue precisamente al Vaticano. Su padre, en su día, lo hizo a los Estados Unidos. El Vaticano y los Estados Unidos, los dos elementos que fueron imprescindibles para sostener el régimen de Franco tras haberlo sacado del aislamiento internacional.

Para que no hubiera duda acerca del fondo profundo de nacionalcatolicismo del nuevo monarca, este se presentó el 25 de agosto en la ofrenda a Santiago, patrón de España, un acto cuyo simbolismo nacionalcatólico no hace falta subrayar, aunque sí señalar que representa un retroceso en el proceso civilizatorio de España por cuanto la presencia del Jefe del Estado en esta ceremonia religioso-militar había quedado reducida a los años jacobeos en tiempos del padre del Rey actual72.

El nacionalcatolicismo, tan vivo como siempre, es una de las claves de la decadencia española. La más importante. Javier Fisac Seco, historiador, periodista y escritor, concluye un gran artículo sobre la coronación de Felipe VI en su blog con la siguiente observación de todo punto pertinente:

“Este monarca, educado en las Qimbambas, ¿cuándo se va a enterar de que el 80% de los ciudadanos españoles nunca va a misa, a no ser muertos y por la fuerza; cuándo se va a enterar de que cada año se divorcian miles de ciudadanos, que son cientos de miles las feministas y otros tantos los homosexuales; que se usan por millones los anticonceptivos, que miles de mujeres abortan porque lo deciden ellas y no el papa; que practicamos la libertad de conciencia y el sexo con condón y que millones y más ven pornografía… etc?”73

La respuesta es: dejado a sus solas fuerzas, nunca. La España real, como siempre, no coincide con la España oficial y esta, la nacionalcatólica, la España de los curas, los terratenientes, los señoritos, los políticos corruptos, los empresarios ladrones, los funcionarios venales, la España oligárquica, caciquil, inculta sigue pesando en la existencia de las generaciones presentes igual que, como decía Marx en 1854, en El 18 Brumario de Luis Napoleón “la tradición de todas las generaciones muertas abruma como una pesadilla el ánimo de las vivas”74.

Un mes después de la entronización, con motivo del 18 de julio, fecha emblemática del fascismo español por ser la de la insurrección armada contra el gobierno de la República en 1936, se celebró una misa en honor de Franco y los sublevados caídos en la guerra civil en la iglesia de los Jerónimos, también llamada “iglesia de los reyes”, en la que casi cuarenta años antes habíase celebrado la entronización de Juan Carlos I. En el acto, al que acudieron los nostálgicos de la dictadura se pidieron oraciones por el alma de los fascistas fallecidos y, en ardorosa homilía, el cura oficiante pidió a los allí congregados “estar preparados” ante la posibilidad de iniciar una nueva cruzada “por Dios y por España”75. Por mucho que el nacionalcatolicismo imperante quiera disimular la importancia de este hecho no puede desconocerse que, en conexión con otros en muy diferentes ámbitos, con la realidad material de las relaciones entre la Iglesia y el Estado español al día de hoy, con la presencia del más radical y vocinglero catolicismo político en los medios de comunicación y su dominio del sistema educativo y con la complacencia de las autoridades con la religión, traduce el ánimo de jerarquía católica española. No satisfecha con el mantenimiento de sus privilegios, la Iglesia añora la dictadura y hará lo que pueda por volver a ella

Resulta irónico que, después de tanto disparate, tanta intolerancia, y barbarie, la absurda intención de identificar una nación con una confesión religiosa fracase precisamente por el cuarteamiento de su misma base. Ya lo hemos señalado: hay fuertes tendencias nacionalistas, incluso independentistas, en el clero vasco y en el catalán, con lo que se cuestiona el mantenimiento del nacionalcatolicismo como eje de la identidad española. Si estos indicios todavía no han alcanzado la gravedad de una contestación del clero liberal frente al tradicionalista, sin duda es por la diplomática intervención del Vaticano, más interesado en el mantenimiento de la empresa religiosa del conjunto del Estado, con sus jugosos beneficios, que en la realización del principio de las nacionalidades. Pero la fragmentación del clero español a causa de las tensiones independentistas es un hecho cada vez más visible y, ante esa situación, la Iglesia, maestra en arte de adaptarse a todos los sistemas, criterios, gobiernos y regímenes, incluidos los contradictorios, acabará rindiéndose a la necesidad y admitirá la existencia de, cuando menos, tres iglesias católicas nacionales en España: la catalana, la vasca y la española. La española, muy probablemente, seguirá siendo nacionalcatólica, pues es difícil terminar con esta peste de quinientos años. Que también lo sean la catalana y la vasca, dependerá de otros imponderables.

Una última referencia al ámbito comparativo, siempre de utilidad a la hora de aquilatar instituciones nacionales. Considérense las Constituciones hoy vigentes en los países de la OCDE, organización internacional a la que pertenece España. Aunque sus miembros sean de dimensiones muy diferentes, pues oscilan entre los Estados Unidos y la isla de Malta, comparten su organización jurídico-política básica así como la estructura económica del libre mercado. De los 36 países considerados, los más avanzados del planeta, a día de hoy, ocho (Alemania, Australia, Eslovaquia, Grecia, Irlanda, Polonia, Sudáfrica y Suiza) hacen referencia directa o indirecta a Dios en sus preámbulos. La de Eslovaquia menciona a los santos Cirilo y Metodio y las de Grecia e Irlanda invocan la Santísima Trinidad.

En cuanto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, algunos países nórdicos, como Dinamarca, Islandia y Noruega consagran la religión luterana e Inglaterra la anglicana. En estos casos, al tratarse del protestantismo, fundador de la práctica de la confesión nacional, es la Iglesia la que aparece sometida al Estado y no a la inversa, como en España. Malta proclama el catolicismo como religión del Estado y Grecia, la iglesia ortodoxa. Únicamente Irlanda, Lituania, Italia y Luxemburgo acompañan a España en la práctica de establecer algún tipo de relación especial entre el Estado y una confesión. En el caso de Luxemburgo, esa relación viene regulada en una ley orgánica; en el de Italia, merced a los Pactos de Letrán, de 1929, la República otorga numerosos privilegios fiscales a la Iglesia. Pero, hasta donde sabemos únicamente en España esta se financia íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado, de conformidad con los Acuerdos de 1979, tiene presencia en todos los actos públicos, cuenta con medios propios de comunicación e influye decisivamente en la legislación.

57 Payne, 1984: 279.

58 El País. 22 de julio de 2011.

59 La Razón. 22 de octubre de 2012.

60 Balcells, 1991: 38.

61 Antón Mellón, 1997: 191.

62 Castelar, s.d., 2: 328.

63 Publico.es, 18 de noviembre de 2008.

64 Elplural.com, 17 de agosto de 2014.

65 Cañas, 2014.

66 Rodríguez Ramos, 2014.

67 El País, 11 de abril de 2014.

68 Casals, 2005.

69 ECD El Confidencial Digital, 19 de junio de 2014.

70 González Guadalix (2014).

71 Pareja, 2014.

72 Laicismo.org. 25 de julio de 2014.

73 Fisac Seco, 2014.

74 MEW, 1975, 8, 125.

75 El Plural, 19 de julio de 2014.

IV. Decadencia es la palabra

“De todas las historias de la Historia,

sin duda la más triste en la de España,

porque termina mal. Como si el hombre,

harto ya de luchar con sus demonios,

decidiese encargarles el gobierno

y la administración de su pobreza”.

Jaime Gil de Biedma.

La cuestión esencial, medular, de la historia moderna de España es la incansable búsqueda de las causas de la decadencia; ese es el venero de las preocupaciones patrias. La preocupación por el declinar del país comienza a alentar a comienzos del siglo XVII entonces todavía un siglo de esplendor. Sabido es que en 1619, Felipe III dirige una consulta al Consejo de Castilla acerca de cómo atajar ese declive y, desde entonces, la obsesión no nos ha abandonado1. La decadencia “es, en España, un concepto corriente, nacional, un cliché, una divisa oficial”2. Comenzó con la famosa pléyade de arbitristas y atravesó luego el siglo de la Ilustración, el afrancesado siglo XVIII, el turbulento XIX, el XX y reaparece en el XXI en medio de la habitual diatriba sobre si esa idea de la decadencia, ese complejo de inferioridad que acabó instalándose en el país, está justificado o no. Lo más llamativo de esta secular peripecia es el cambio de imagen de España que, de ser la potencia política, militar y culturalmente dominante, pasó a un estado de postración y de desprestigio político y cultural y a la irrelevancia internacional. Laín lo sintetizó con acierto: “España fue derrotada en el siglo XVII por el mundo moderno. El pensamiento filosófico, la ciencia y la técnica, los modos vigentes de convivencia política y social son, a partir del siglo XVII, creaciones del mundo que nos venció”3. Es una buena descripción de la decadencia, pero no una explicación de sus causas.

1 Figueiredo, 1932: 119.

2 Cioran, 1986.

3 Laín, 1956: 253.

La desgracia de la contrarreforma

El origen del aparatoso declive se encontraba un siglo antes cuando, en lugar de derrotas, el país cosechaba victorias que llevaban aquellas en su seno. Y, si los coetáneos no supieron verlo, los historiadores e investigadores posteriores, que sí lo señalaron, lo interpretaron mal. Dieron con la causa, pero no la entendieron y, como Laín, acabaron confundiéndola con los efectos. Por ejemplo, Menéndez Pidal, sostiene que el Renacimiento

“robustecía el sentido nacional de los Estados modernos, haciendo que cada uno de ellos mirase exclusivamente a sus conveniencias particulares, sin consideración al principio unitario de la catolicidad que la Edad Media había mantenido, pero que ahora en toda Europa se resquebrajaba y se escindía. Fue España la única que, prolongando su inveterada decisión medieval, identificó sus propios fines nacionales con los fines universalistas de la Cristiandad, tomando estos como propios a partir de Fernando el Católico (…). Lo que Fernando inició lo desarrolló después España en magnífico entusiasmo de Contrarreforma, entregando su vida entera a impulsar en Europa el movimiento católico de reconstrucción”4.

Lo anterior, escrito en 1947 y en España, siendo un diagnóstico exacto de la causa de la decadencia, tiene cierto sesgo nacionalcatólico, con ecos imperiales de la posguerra. Ese magnífico entusiasmo de la Contrarreforma delata que el autor no puede o no quiere ver este momento en su auténtica consecuencia, como lo que, andando el tiempo, acabará siendo la causa de la decadencia del país.

Hay que marchar al exilio y esperar aún unos años más para que se haga un juicio más correcto, penetrante y matizado del fenómeno, el que, formulado con la elegante modestia de estilo de Francisco Ayala, encierra la explicación más acertada y de la que las demás no serán sino ecos, paráfrasis, consecuencias o simples desvaríos: es la Contrarreforma, es el empeño del siglo XVI la causa de la decadencia española, más o menos lo que venía a sugerir Cadalso por boca del español Nuño: “largas guerras, lejanas conquistas, urgencias de los primeros reyes austriacos, desidia de los últimos, división de España al principio del siglo, continua extracción de hombres para las Américas y otras causas”5. Esta, según Ayala, radica en el empeño de Carlos V en aferrarse a la unidad ecuménica de la cristiandad en el momento en que Europa se fracciona en estados nacionales concentrados en sí mismos, es decir, cuando el

“Imperio español se encierra con grandiosa tozudez en los términos de la Contrarreforma. Desesperado de mantener vivo el sentido ecuménico del Occidente, se obstina en conservar por sí solo y contra el resto del mundo, los valores del Espíritu dentro de la esfera de su poder; y, si a tanto alcanzara este, en imponérselos al resto del mundo”. Y concluye: “La Historia ha mostrado que solo alcanzó a consumirse en su empeño”6.

Es la misma idea que la de Menéndez Pidal, pero hace un diagnóstico opuesto. Todas las demás explicaciones de la decadencia, que tendremos ocasión de mencionar y, en ocasiones de suscribir y hasta de proponer como propias, esto es, la funesta obra de la Inquisición, aun siendo anterior en el tiempo a la Contrarreforma, el carácter extranjero y no “nacional” de las dinastías de los Austrias y los Borbones, el predominio del clero, oligarquía, caciquismo, casticismo, etc, proceden en último término de esta causa eficiente. La Contrarreforma. Trento. España fue luz de Trento, pero Trento sumió España en la oscuridad y las tinieblas. Trento, la Contrarreforma, es la línea divisoria entre las dos visiones del país, la conservadora/tradicional, que lo ve como una de las “altas ocasiones de España” y la liberal/progresista que lo considera como el momento de su perdición; la oposición entre el “sostenella y no enmendalla” de la primera y la necesidad de abandonar el casticismo y adaptarse a las formas y maneras foráneas de la segunda. La formulación más contundente y acabada de esta idea se encuentra en Ganivet:

“La política de Felipe II nos trajo nuestra ruina, no por su empeño en sostener las ideas católicas, sino por sostener a causa de estas ideas un absurdo político, una obra contraria a los intereses españoles. Y la compensación del sacrificio fue la decadencia, fue la división de la península, fue la humillación de Gibraltar, y por último la amenaza de vernos privados hasta de nuestra independencia. Todos estos desastres vinieron eslabonados y tuvieron su origen en la obcecación con que pretendimos apoyarnos sobre ideas que carecían de asiento natural en intereses reales7.

A partir de aquel momento, la ocupación preferida de la historiografía nacional fue una larga sucesión de lamentaciones. La mejor síntesis de la decadencia la da Fray Benito de Peñalosa, “un oscuro benedictino”, al decir de Menéndez Pidal, en el Libro de las cinco excelencias del español que despueblan España para su mayor potencia y dilatación (1629) y que son: la religión propagada y defendida por todo el orbe, la gran abundancia de teólogos y legistas, las armas que han conquistado la mayor monarquía conocida por los hombres, la hidalguía que tiene mal distribuidos los privilegios y el oro americano gastado con prodigalidad8. Las encontramos en todas las plumas y vocaciones, en todas las ocasiones, amargas quejas sobre nuestro triste destino, mezcladas con orgullosas vindicaciones de autores según los cuales, al contrario, España sigue y seguirá siendo señera, siempre que derrote la conjura internacional contra ella y sepa librarse de sus peores enemigos: los propios españoles, su falta de fe en sí mismos y su complejo de inferioridad frente a todo lo foráneo, que está completamente injustificado9. Comellas y Suárez atribuyen esta conciencia decadente a tres factores: la despoblación, la ruina económica y el desánimo que cundió entre la población a raíz del fracaso de los Austrias10. Por supuesto, nada que ver con el hecho de que el país estuviera ahogándose en el abrazo de la Iglesia católica. Al contrario, estos autores hablan de modo encomiástico de monarquía católica española11 y quizá más sincero que el dominico Campanella quien, como ya dijimos, en su alabanza, publicada en 1620 y escrita mientras penaba su condena a perpetuidad en las mazmorras de la Inquisición por haber conspirado contra España, postulaba una monarquía universal en cuya cúspide se encontrara el Rey de las Españas, defensor de la religión cristiana y dependiente del Papa12.

En esa atribulada y acomplejada búsqueda de la causa de tantos males, hay una queja que retorna y hasta es el cuerpo de la argumentación en algunos casos según la cual, la causa de la decadencia es la fabulosa incompetencia de las clases dominantes españolas, primero bajo los Austrias y luego bajo los Borbones. Lo decía Ganivet con su habitual tono sombrío:

“En mi opinión, lo más triste que hay en nuestra decadencia no es la decadencia en sí, sino la refinada estupidez de que dieron repetidas muestras los hombres colocados al frente de los negocios públicos de España. Se halla a lo sumo algún hombre hábil para ejecutar una misión que se le encomiende; pero no encontraremos uno solo que vea y juzgue la política nacional desde un punto de vista elevado o, por lo menos, céntrico. A todos les ocurría lo que, según la frase popular, les ocurre a los músicos viejos; no les quedaba más que el compás”13.

Hay partidarios de ambas hipótesis, de echar la culpa a los Austrias o a los Borbones, aunque también cabe responsabilizar a las dos dinastías pues ninguna de ellas fue estrictamente “nacional” en el sentido de mirar por encima de todo por los intereses de España. Los Austrias uncieron el país a la defensa del catolicismo y la Contrarreforma en Europa, lo que Macías Picavea bautizó como “el austracismo” juzgándolo principal causa del decadencia del país14. Los partidarios de la explicación austracista suelen culpabilizar a los Austrias llamados menores pero Figueiredo se remonta a los mayores y acusa a Carlos V y especialmente a Felipe II. Sánchez-Albornoz refuta a Figueiredo, suscribiendo la crítica de Palacio Atard, pero igualmente reconoce que la llegada de los Austrias mayores, el “tercer desembarco” supuso la interrupción del proceso de formación de la nación española15. El primero carga con el debe de la Contrarreforma y así estamos de nuevo en el punto de partida, y el segundo con todo lo demás que explica de modo apasionante en un capítulo titulado Os obreiros da Espanha negra16.

Las dinastías fueron un desastre para España porque si los Austrias la pusieron al servicio del Imperio primero y de Roma después, los Borbones lo hicieron con Francia y, aunque, al final, acabaran convertidos en gonfalonieros de la Iglesia católica, en expresión de Menéndez Pelayo, dejaron el país atado de pies y manos con los Pactos de familia y “andaban muy fuera del círculo de la nacionalidad española”17. Ramiro de Maeztu se hará luego eco de la idea al señalar que los Borbones pusieron a España a seguir a Francia, quien jamás estuvo interesada en la prosperidad de su vecina18, algo bastante evidente pero que, en sí mismo, tampoco es origen de la decadencia sino, al contrario, efecto de ella, pues solo un país decaído se presta a ser comparsa de otro pujante. En todos esos siglos, España ha sido juguete de las ambiciones y cálculos estratégicos de los otros países europeos y sus reyes, sus gobernantes se han caracterizado por su nivel de incompetencia y desprecio hacia la dignidad de sus ciudadanos, a los que oprimen y explotan, pero no respetan. La dinastía reinante alcanzó alturas de bochorno en repetidas ocasiones y sigue haciéndolo pues, tras la claudicación de Bayona, la marcha de Isabel II, la estampida de Alfonso XIII vino el juramento de Juan Carlos I a los principios del Movimiento Nacional franquista.

En torno a las dos dinastías fue articulándose una clase dominante, una nobleza cortesana con incorporación muy posterior de una incipiente burguesía y bajo el mando incontestable del clero católico, cuyos intereses no coincidían con los que pudieran considerarse generales del país, sino que se reducían a su medro de grupo, clase o secta. Unas clases que no idearon legitimación alguna para el poder que detentaban, lo que Ortega llamó un proyecto sugestivo de vida en común19, y solo aspiraban a mantener una existencia de ocio parasitario al amparo de la doctrina de lo que después se conocerá como la derecha nacionalcatólica. Una oligarquía que, con brevísimos paréntesis, ha capturado el Estado, de cuyas rentas vive parasitariamente hace unos doscientos cincuenta años. Frente a ella, la tantas veces mencionada burguesía liberal de fuerza tan escasa como indeterminado y difuso propósito, carente de iniciativa empresarial, ideario político propio y fuste intelectual, y sometida a la hegemonía eclesiástica.

La decadencia venía asimismo alimentada por la división, el enfrentamiento interno de la sociedad española que, incubándose en el siglo XVII, se hace patente en el XVIII, ocasiona las guerras civiles del XIX y caracteriza casi todo el XX, el enfrentamiento entre las dos Españas, objeto del capítulo siguiente. En gran medida, la irrelevancia del país en la esfera internacional, su postergación, su aislamiento casi solipsista en el siglo XIX, su ausencia de los escenarios europeos en el XX se debe a esta división, a esta falta de proyecto único, que no le permite tomar partido en las referidas contiendas. Vaya por delante la opinión del autor de que España no podrá avanzar ni prosperar si esa derecha nacionalcatólica, tan incapaz hoy como ayer de ofrecer proyecto alguno de vida en común no cambia radicalmente de posición o desaparece del escenario público, sustituida por otra más acorde con los tiempos. Añádase que, como viene siendo tradicional en el país tampoco su contraparte, el liberalismo progresista, la izquierda en la terminología actual, débil de siempre y más debilitada aun por su división interna crónica, parece en situación de ofrecer dicho proyecto. Durante un tiempo se pensó que su insistencia en la europeización de España, que enlazaba con las preocupaciones regeneracionistas y de la gente del 98, podría salvar este escollo. Pero ni la evolución española parece haberse orientado en esa dirección integradora que los europeizadores anhelaban ni la reciente evolución, o involución, de Europa permite abrigar ya muchas esperanzas al respecto.

4 Menéndez Pidal, 1982: 106.

5 Cadalso, 1967: 106.

6 Ayala, 1962: 99/100.

7 Ganivet, 1897: 116/117.

8 Menéndez Pidal, 1982: 211.

9 Otero, 1998: 296.

10 Comellas/Suárez, 2003: 184/185.

11 Ibíd.: 115 ss.

12 Campanella, 1982: 35.

13 Ganivet, 1897: 88.

14 Menéndez Pidal, 1982: 226.

15 Sánchez-Albornoz, 1977, II: 530.

16 Figueiredo, 1932: 85/116.

17 Menéndez Pelayo, 1978: 283.

18 Maeztu, 1942.

19 Ortega, OC, III: 56.

El carácter nacional

La desgracia de España, su decadencia, no estaba escrita en parte alguna. La nación es una comunidad imaginada, pero no una conciencia unitaria y sujeto actuante. Su destino se determina desde dentro de ella misma, a través de las interrelaciones entre sus elementos componentes cuando pretenden obrar en nombre de la totalidad, pero no está condicionado por factores intrínsecos previos. La situación de España en el mundo y en Europa procede de su acción de gobierno, de sus decisiones internas y externas, de sus negocios con los demás países y de las reacciones de estos, no de alguna peculiaridad inherente o especificidad genética de la raza que determine su suerte. En otros términos, al contemplar la historicidad 20 de España, la causa no puede ir a buscarse en un factor oscuro de índole colectiva, étnico o racial, al estilo de los famosos caracteres nacionales que era moda enumerar en el siglo XVIII. Así lo entiende Baroja en César o nada: la causa de la deficiencia española está en la historia y, más precisamente, en la historia de España ulterior a la Edad Media21. Esos destinos dependen de los actos políticos de aquellos elementos que en un momento dado gobiernan el Estado y lo hacen con referencia a la nación en cuyo nombre actúan.

Ahora bien, en el curso de la historia, de la acción humana, la realidad acaba siendo una amalgama de datos objetivos e interpretaciones de estos que entran en una interrelación dialéctica en la que se condicionan mutuamente. Los estereotipos sobre los caracteres nacionales, presentes en todas las noticias que, desde antiguo, unos viajeros han dado sobre los pueblos y culturas que visitaban, están destilados de la observación empírica, mejor o peor traída. Así, según cita Menéndez Pidal, Plinio, que fue procurador imperial en la península, atribuía a los españoles dureza corporal y vehemencia de ánimo, vehementia cordis y Donoso Cortés sostenía, (con acierto, dictamina el autor de La España del Cid) que “el carácter histórico de los españoles es la exageración en todo”22. Estos tópicos, a su vez, condicionan las observaciones posteriores y acaban formulando concepciones colectivas más o menos extendidas y compartidas que tienen cierta fuerza explicativa y, aunque tropiezan con frecuentes reticencias, suelen utilizarse como medios auxiliares del conocimiento, por la misma razón por la que los clichés que alimentan en muchos casos la opinión vulgar, acaban reemergiendo en los discursos más cultos.

La plena expansión de esta perspectiva tiene lugar durante la Ilustración cuando, una confluencia de factores como los descubrimientos geográficos, los avances científicos, el triunfo del racionalismo, la consolidación de los Estados nacionales después de la Paz de Westfalia, el ascenso de la burguesía, los viajes como aspectos esenciales de la formación educativa de los jóvenes, etc, llevan a diferentes intentos de clasificación de los tales caracteres nacionales en obras de autores de primera fila. Se ocupan de ellos, entre otros, Montesquieu, Hume, Voltaire, Shaftesbury o Kant. Montesquieu aduce frecuentemente la influencia de los factores materiales, climáticos, físicos, sobre los rasgos morales o políticos de los pueblos, mientras que Hume, mucho más cauto, sin ignorar la posible influencia de estos elementos, hace especial hincapié en los de carácter moral que permiten acudir a circunstancias que escapan a una explicación más mecanicista como el hecho de que esos caracteres nacionales puedan cambiar. Sostiene, así, que, mientras los antiguos españoles eran inquietos, turbulentos y tan aficionados a la guerra que muchos preferían matarse antes que entregar sus armas a los romanos, hoy día o hace al menos cincuenta años (esto es, mediados del siglo XVIII) sería extraordinariamente difícil conseguir que se sublevaran23, lo cual implica obviamente un elemento de decadencia y Kant, como se sabe, tenía pobre idea de los españoles y de España, a la que consideraba como una “tierra de antepasados”. Y, aunque el español, a su juicio, muestra en su grandeza un “noble orgullo nacional”, sus defectos son abrumadores y su enumeración, una especie de síntesis del sentir ilustrado sobre España:

“no aprende de los extranjeros; no viaja para conocer otros pueblos; tiene un retraso de siglos en las ciencias; es contrario a las reformas y está orgulloso de no trabajar, tiene un espíritu romántico y cruel, como se prueba en sus corridas de toros y sus antiguos autos de y en sus gustos muestra un elemento no europeo”24.

Que Kant quien, como es sabido, jamás salió de Könisberg, entienda el sedentarismo como un defecto no deja de tener cierta gracia pero las observaciones del filósofo alemán parecen atinadas. En un interesante ensayo en el que se rastrean las interpretaciones del carácter nacional español entre los economistas, aunque no solo entre ellos pues se han ocupado poco del asunto, Ramos Gorostiza estima que “en España, las nociones de “carácter nacional” y decadencia estuvieron estrechamente unidas desde el siglo XVII en adelante. Fue precisamente en dicha centuria, con el surgimiento de una clara auto-conciencia de declive, cuando éste empezó a asociarse implícitamente a determinados rasgos del carácter español, en particular en los escritos arbitristas dedicados al análisis de los obstáculos morales al crecimiento económico, el aplauso a la ociosidad, el desprecio hacia el comercio y los oficios manuales, el gusto por la ostentación y el lujo, etc.25. Añade el autor, espigando en unos u otros arbitristas una pléyade de defectos del modo de ser y costumbres de los españoles, sus aficiones y modas, entre los que destacan: el orgullo, el carácter altivo y distante, el fanatismo religioso, el orgullo militar, el nobiliario y de linaje y la Monarquía, el gusto por la ostentación, y el despilfarro sobre todo en la corte pero también fuera de ella. Especial atención merece la religiosidad exacerbada, que deja improductiva una gran parte de la riqueza nacional como bienes amortizados, así como de la fuerza de trabajo, ya que la sobreabundancia de clérigos impide la recuperación y la prosperidad del país. Según cálculos de Palacio Atard, casi a comienzos del siglo XVIII, en 1797 había en España un total 134.675 personas en el estado eclesiástico, clérigos seculares y regulares y monjas de un total de 11.500.000 habitantes, aproximadamente un 1,17% del total de la población26.

En buena medida cabe, pues, sostener que el origen de esa atribución de la decadencia al desgraciado carácter nacional español, lejos de venir de fuera, se encuentra en los juicios de los arbitristas, todos ellos del lugar. En parte es esta autoimagen de los españoles la que explica el bajo concepto en que luego tendrán los ilustrados a España. Alguno de estos, español asimismo, aunque educado en Francia, José Cadalso, llevaría su crítica a atribuir a los españoles no un determinado carácter nacional sino la falta de este. En las Cartas marruecas, el viejo maestro del viajero Gazel, Ben Beley, le dice a su corresponsal español, Nuño Núñez: “tu nación es diferente de todas en no tener carácter propio, que es el peor carácter que se puede tener”27.

20 Bastida, 1998: 176.

21 Cit. en Laín (1998): 310.

22 Menéndez Pidal, 1982: 185.

23 Hume, 1987: 1. XXI. 17.

24 Kant, 1964: XII, 2, 666.

25 Ramos Gorostiza, 2010.

26 Palacio Atard, 1978: 41, 58.

27 Cadalso, 1967: 83.

¿Qué debe Europa a España? Las polémicas de la ciencia en España

España entra con mal pie en el siglo de las luces y había de ser cuestión de tiempo que los ilustrados, fieles a su espíritu en cierto modo positivo y racionalista, plantearan la cuestión más incómoda para los españoles y con la que viene a inaugurarse la que se ha llamado primera polémica sobre la ciencia en España. Ya había numerosos precedentes de comentarios despectivos y hasta denigratorios acerca de las capacidades de los españoles de visitantes, viajeros y gentes en contacto con la Península; comentarios que herían la autoestima de las élites nacionales y a los que estas respondían dejando constancia de la envidia que corroía los demás Estados europeos frente a la hegemonía hispana que, según Gracián, era: “la primera nación de Europa: odiada porque envidiada”28. Pero los ataques no eran hablillas de gente de poca monta. Poco después llegarían andanadas más dañinas de potentes baterías. Una de las primeras, la contenida en la número 78 de las Cartas persas de Montesquieu, publicadas en 1721, en la que se acuñaría una imagen de España que encontraría luego gran predicamento entre los ilustrados En la respuesta española, generalmente atribuida a José Cadalso, aunque sin plena seguridad, pues es conjetura del francés Guy Mercadier, quien descubrió el texto en una librería de lance de Madrid29, se queja el autor amargamente de que un varón tan insigne como Montesquieu descienda a hacerse eco de habladurías, tópicos y chocarrerías y trata de responder punto por punto a las acusaciones que a España y los españoles hacía el barón de La Brède y las chanzas que se permitía. Así, dice Montesquieu en asunto especialmente atingente a lo que nos ocupa en este ensayo: “los españoles que la Inquisición no quema son tan afectos a ella que sería chasco el quitársela”30. Responde el español en tono ortodoxo que la Inquisición no era como la pintaban los franceses, que su obra fue beneficiosa para la unidad de la fe en España y que, en punto a crueldad, era inferior a la que se gastó en Francia en una sola noche en la de San Bartolomé. En esa misma línea continuaron los demás polemistas, defensores de la dignidad española herida en los términos en los que se les retaba, pero no pudieron impedir que el espíritu de la Enciclopédie en su conjunto rezumara una visión sumamente negativa del país31.

En 1782, Nicolas Maçon de Morvilliers, uno de los autores de la Enciclopedia metódica en más de doscientos volúmenes, publica la voz “España” en la parte Geografía moderna de la dicha obra, vol. I, pp. 554-568, en la que, siguiendo la tradición, hace una pregunta que retumbaría como un aldabonazo en las conciencias de los españoles, ilustrados y tradicionalistas, tanto aquí como entre los expatriados y transterrados: ¿Qué se debe a España? Desde hace dos, cuatro, diez siglos, ¿Qué ha hecho España por Europa? La respuesta obvia es nada y, si bien es cierto que, el autor, como él mismo dice y resulta fácil reconocer leyendo el texto, hace un desarrollo del tema bastante imparcial y hasta diríase que con cierta simpatía hacia el pueblo español, la reacción fue esencial, aunque no únicamente, de una extraordinaria hostilidad.

Quizá no sea aventurado sospechar que la unanimidad en responder airadamente a la citada pregunta, en el fondo, pretendía dejar en la penumbra alguna otra mucho más penetrante y dañina como: “El español tiene aptitud para las ciencias, existen muchos libros, y, sin embargo, quizá sea la nación más ignorante de Europa. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que necesita permiso de un fraile para leer y pensar?”32 Y, así, aunque la voz termina con una nota optimista para España (“¡Un esfuerzo más y quién sabe hasta qué punto puede elevarse esta magnífica nación!”)33, la reacción fue furibunda y muy negativa. El Conde de Floridablanca, por entonces ya de vuelta de sus veleidades ilustradas y convertido al conservadurismo, encargó a Juan Pablo Forner, autor del más pronunciado integrismo católico, una respuesta adecuada, que este publicó en 1786, según parece, previo pago de 6.000 reales así como el producto total de las ventas34. El poder político siempre ha dispuesto de fondos con que retribuir los esfuerzos legitimatorios de los intelectuales adeptos. En aquella, aunque el autor de las Exequias de la lengua castellana reconocía que era forzoso “dar la razón en parte al redactor del artículo” por entender que, desde hacía algún tiempo España había casi desaparecido “del teatro de las Ciencias y las Artes35, decía que Francia no tenía gran autoridad para hablar y que era mucho lo que Europa y la misma Francia en especial debían a España. Y, por si hubiera alguna duda, sostenía que ha sido en España en donde han nacido y han sido educados “aquellos genios incomparables que en todos los siglos han declamado contra las extravagancias de la razón” para concluir al hispánico modo que “la religión es la principal ciencia del hombre; ella es la que le distingue, sin equivocación, de los irracionales: en España se han reducido a método y han sido hechas verdaderas ciencias la natural y la revelada”36. Tal es la respuesta típìca del nacionalcatolicismo. La aportación de España es la fe.

Otras plumas se habían sumado o se sumarían después a la polémica, unos, como Cavanilles en el mismo sentido que Forner, otros, como Cañuelo, director del periódico El Censor, más en la línea de la crítica francesa37 y otros, por fin, como León de Arroyal, tomándola con Forner en su sátira sobre la Oración apologética, al acuñar en 1792 el famoso dicho de pan y toros:

“Haya pan y haya toros, y más que no haya otra cosa. Gobierno ilustrado: pan y toros pide el pueblo. Pan y toros es la comidilla de España. Pan y toros debes proporcionarla para hacer en lo demás cuanto se te antoje in secula seculorum. Amen”38.

Por cierto, muy de aplaudir el artículo que sobre la actualización de este asunto, pan y toros, pero actualmente publicó en El País Antonio Elorza, encargado en su día de la edición crítica del panfleto de Arroyal39. Se afianzaba así una especie de subgénero de vindicación hispánica consistente no en atacar a su vez a los críticos sino en demostrar cuán faltos de razón estaban, cuán ayunos de información sobre cosas españolas, cuán envenenados por prejuicios en contra de la Patria. Era una actitud defensiva que obedecía siempre a los mismos cánones: largas tiradas de nombres de españoles, oscuros en su inmensa mayoría, aducidos como ejemplo de las inmarcesibles aportaciones hispanas a todos los campos de la ciencia, la filosofía, la religión, las artes y como muestra de la parcialidad y la injusticia de los autores extranjeros que los ignoraban. El ejemplo más egregio, el de Menéndez Pelayo, quien tomó sobre sus hercúleos hombros la tarea de echar por tierra tanto ánimo de vilipendio extranjero, resaltando los méritos de la raza española, católica por excelencia y su aportación a la gloria de los siglos, en una tupida exégesis de los textos de autores españoles, especialmente curas, en denodada lucha contra los errores del siglo; de un siglo detrás de otro. Sosteniéndola contra viento y marea; jamás enmendándola.

Entre los autores más equilibrados y ecuánimes hay cierto acuerdo en que la respuesta española en el siglo de las luces deja que desear, es tímida y desafortunada, en parte porque comparte ideas y valores con los críticos40 una interpretación alejada de las trivialidades al uso sobre la defensa de España frente a la “conjura exterior”, eco de la atinada explicación de Ayala, cuando señala que la contradicción del Siglo de Oro consiste en que las obras antimaquiavelistas, que son las típicas del pensamiento español de la época acusan “la penetración del pensamiento que tratan de impugnar”41. La paradoja se repite cuando los servidores de la nueva dinastía de los Borbones traen a España la Ilustración “una ideología moderna, opuesta al sentido de la Contrarreforma”, cosa que se materializa con la expulsión de los jesuitas que, como recuerda el mismo Ayala, fueron el espíritu organizado de aquella reacción dogmática de la Iglesia católica42. Es en el fondo la misma situación que se da con las respuestas airadas del pensamiento tradicionalista, supuestamente casticista, a las ideas ilustradas que entraban en España en el siglo XVIII, como lo entiende Javier Herrero en su clásico estudio sobre los orígenes del pensamiento reaccionario español. Tanto los ilustrados como sus enemigos reaccionarios españoles están influidos por las ideas francesas bien es cierto que de los dos lados de las trincheras: “tan europeas son las ideas de ‘reforma’ como las de ‘oposición’ a esa reforma.(…) las ideas de esos pensadores que los historiadores reaccionarios españoles consideran los grandes maestros de la tradición, proceden en su totalidad de la literatura que ha surgido en Europa contra la Ilustración…43. En definitiva, una superchería, una impostura, un fraude más, producto de la incompetencia. No hay producción intelectual propia digna de tal nombre.

El repiqueteo sobre la postración de España, su inutilidad para el progreso del saber, de las artes y las ciencias continuaría vivaz en el siglo siguiente. Más de cincuenta años después de la muerte de Forner, esto es, en 1854, sus Exequias que, a pesar de las condiciones del contrato, no resultaron un éxito en su tiempo, volvieron a publicarse en una antología de las principales defensas y apologías de España compuestas en el siglo XVIII y obra de Wenceslao Ayguals de Izco. El objetivo era hacer frente a un nuevo ataque francés en una serie de artículos periodísticos insultantes para España de dos intelectuales, Charles de Mazade y Samuel-Ustadaze de Sacy, según relata François Lopez en el prólogo al Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la historia de España44. Una vez más se negaba que España hubiera aportado algo a la civilización y el progreso de los pueblos y una vez más salía en su defensa el tradicionalismo de raíz nacionalcatólica.

En este clima de dominio de la mala imagen de España dentro y fuera del propio país discurre casi todo el siglo XIX en guerras civiles entre liberales y carlistas en las que se interrelacionan cuestiones dinásticas, religiosas, políticas y económicas formando a veces equilibrios políticos extraños, moderados, liberales, progresistas, etc. Emilio Castelar sintetiza en un famoso discurso en las Cortes Constituyentes contra el proyecto de Constitución de 1869 la postrada situación de España.

“Pues bien, Sres. Diputados, no tenemos agricultura, porque arrojamos a los moriscos, a aquellos que habían hecho los tres paraísos de nuestra patria, la huerta de Murcia, la huerta de Granada y la huerta de Valencia.

No tenemos industria porque arrojamos a los judíos, que habían enseñado a leer a Alfonso X, que le habían dictado con los árabes las Tablas Alfonsinas, que es el monumento más grande de la Edad Media.

No tenemos ciencia: somos un miembro atrofiado de la ciencia moderna. ¿Hemos acaso descubierto el sistema de Descartes? ¿Hemos escrito el tratado de Laplace? ¿Hemos descubierto una nueva idea en la conciencia ni un nuevo planeta en el cielo?

Pero, señores, encendimos las hogueras de la Inquisición, arrojamos a ellas a nuestros pensadores, los quemamos, y después ya no hubo de las ciencias en España más que un montón de cenizas”45.

Así las cosas, nada tuvo de extraño que se repitiera la pregunta de la Ilustración y de los críticos posteriores cuando, merced al llamado “decreto Orovio”, el ministro ultramontano de Fomento, se separó de su cátedra, confinándosele en el castillo de Santa en Cádiz, al principal teórico krausista, Gumersindo de Azcárate. La represión traía causa de otras expulsiones anteriores de sus cátedras del propio Castelar y Nicolás Salmerón a raíz de una de las cuales se siguieron los acontecimientos de la “noche de San Daniel”, de 10 de abril de 1865. En todos los casos el punto controvertido fue la prohibición legal de la libertad de cátedra y la orden de que todas las enseñanzas debían ajustarse a los dogmas de la religión católica. Los perseguidos krausistas no estaban dispuestos a supeditar sus doctrinas a la católica, apostólica y romana y veían en la exigencia el espíritu de la Inquisición formalmente abolida en 1834 pero materialmente actuante46. Las medidas de Orovio suscitaron enorme escándalo en ambas ocasiones y el repudio de la España liberal, pero estaban en el espíritu de la antiliberal y el ministro tendría la satisfacción de ver cómo este se recogía en la Constitución del año siguiente, 1876, cuyo artículo 12, 2 reservaba al Estado la facultad de regular “la enseñanza en los establecimientos de instrucción pública costeados por el Estado, las provincias o los pueblos”, siendo así que ese Estado era católico.

Con este motivo se abre la segunda polémica de la ciencia española que, en realidad, es la misma de siempre. El inicio lo depara un párrafo de Gumersindo de Azcárate en su principal obra teórica, publicada en 1877, El self-government y la Monarquía doctrinaria. El párrafo decía:

“Según que, por ejemplo, el Estado ampare o niegue la libertad de la ciencia, así la energía de un pueblo mostrará más o menos su peculiar genialidad en este orden y podrá hasta darse el caso de que se ahogue casi por completo su actividad, como ha sucedido en España durante tres siglos”47.

Respiraba Azcárate por la herida de su expulsión, a la que ya había respondido mediante un escrito colectivo de desacuerdo, respuesta y oposición que, naturalmente, no obtuvo resultado alguno. Para todo el mundo estaba claro que Azcárate sostenía que la causa del atraso de España era el predominio de la Inquisición, responsable de haber asfixiado todo conato de ciencia, filosofía y libre pensamiento en el país48.

No era un punto de vista nuevo, pues ya Castelar, como hemos visto, tronaba contra aquel tribunal como causante del atraso de España y su falta de ciencia en el sexenio revolucionario. Pero suscitó las iras de un jovencísimo Menéndez Pelayo quien, con abrumadora copia de erudición, trataría de demostrar no solamente que la Inquisición no fue en nada perjudicial al progreso de la ciencia y el pensamiento españoles, sino que hay abundancia de ellos que en absoluto deben envidiar a los extranjeros. Lo hizo en una obra que iría aumentando según avanzaba la polémica y acabaría contando con tres volúmenes49, sin disipar la opinión generalizada de que la posición de España era de defensa y por tanto, débil, y sin que el autor consiguiera su objetivo. Esta circunstancia encontraría su formulación más irónica en el famoso dictamen de Ortega: “Antes de su libro entrevíase ya que en España no había habido ciencia; luego de publicado se vio paladinamente que jamás la había habido”50. Volvería posteriormente en la Historia de los heterodoxos, dejando a su juicio zanjado el asunto con un: “nunca se escribió más y mejor en España que en esos dos siglos de oro de la Inquisición”51. No obstante, como señalan los hermanos García Camarero, pasados los fervores de su juventud, Menéndez Pelayo, tuvo la entereza de reconocer que “es muy flaca la contribución española a la ciencia”52, lo cual es cierto, pero sin olvidar que el gran erudito insiste en que esa flaqueza consistió en no alcanzar la importancia y la grandeza “que tiene la historia de nuestro arte, de nuestra literatura, de nuestra teología y filosofía”53. Mantenella y no enmendalla.

Poco más o menos por las mismas fechas el refinado don Juan Valera coincidía en el diagnóstico de la decadencia española, a partir del siglo XVII y comienzos del XVIII, cuando “el fanatismo ahogó y marchitó antes de tiempo en España la lozanía y el florecimiento de una gran cultura propia y castiza”, pero señalaba como causa no la dinastía de los Austrias ni la Inquisición sino

“una epidemia que inficionó a la mayoría de la nación o a la parte más briosa y fuerte. Fue una fiebre de orgullo, un delirio de soberbia que la prosperidad hizo brotar en los ánimos al triunfar después de ocho siglos en la lucha contra los infieles. Nos llenamos de desdén y de fanatismo a lo judaico.(…) Nos creímos el nuevo pueblo de Dios; confundimos la religión con el egoísmo patriótico; nos propusimos el dominio universal, sirviéndonos la cruz de enseña o de lábaro para alcanzar el imperio. (…) y cuando en el siglo XVIII despertamos de nuestros ensueños de ambición, nos encontramos muy atrás de la Europa culta, sin poder alcanzarla, y obligados a seguirla como a remolque” (las cursivas son nuestras)54.

Más o menos, lo que reiteraría treinta años después Figueiredo: “la convicción de que España era el pueblo elegido de Dios, como otrora el hebreo, destinado a la misión providencial de defender el catolicismo frente a la herejía y la incredulidad”55.

Gregorio Marañón, a su vez, dejaría claro que las respuestas menéndezpelayescas no eran satisfactorias porque, en realidad, según él, “el examen sereno de nuestro pasado científico ha estado sometido a la misma deformación que toda la vida española a partir de los comienzos del siglo XIX: a la absurda, a la insensata división de los españoles en derechas e izquierdas”56, una equidistancia no del todo compartible, pues la responsabilidad de las derechas es infinitamente mayor que la de las izquierdas y no solo en la realidad sino en el modo de interpretarla.

Intervendrían otros publicistas. Nuevo enfrentamiento entre las dos Españas; la conservadora, tradicionalista, ya nacionalcatólica en la obra del erudito santanderino y la liberal, progresista, aquí representada por el krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, “verdadera bestia negra del catolicismo”, en expresión de Santos Juliá57, típicas muestras del combate entre las dos formas de nacionalismo que abriga la historia de España. Puede haber muchos matices y aducirse unas u otras razones pero, al final, nos encontramos siempre con los dos adversarios: el catolicismo y el krausismo, o cualquier otro sistema, idea o credo que, no ateniéndose a la ortodoxia católica, haga avanzar el conocimiento y la ciencia. Lo que la historia demuestra es que, salvas las brevísimas excepciones ya mencionadas, el nacionalcatolicismo es una de las principales causas de la decadencia y la preterición de España. “La subordinación de la cultura secular a la religiosa impidió a los españoles incorporarse al curso de la civilización europea, y les obliga hoy a depender de la ciencia y la técnica extranjeras”58.

Esa debilidad no precisa siquiera contrastarse; basta con reconocer que el solo hecho de que la polémica venga dándose desde el siglo XVIII y siga en pie al día de hoy, ya sentencia la suerte de España. Ese debate es impensable tratándose de los otros países. Nadie duda de las aportaciones de Francia, Inglaterra, Alemania, etc. a Europa, a las luces y a la ciencia. Sí de España. Si se reclaman pruebas empíricas de esta cuestión para contraponer a las cerradas defensas del tradicionalismo español, acudamos a las ausencias antes que a las presencias. Es suficiente con echar una ojeada a los catálogos de cualesquiera grandes editoriales inglesas, francesas, alemanas, italianas, estadounidenses a lo largo del siglo XX. Escasamente aparecen nombres españoles de los siglos XVII al XX, como no sean los de algunos literatos. No se traducen ni editan obras de ensayo, de pensamiento, de filosofía, ciencia, historiografía, derecho o ciencia política; ni siquiera de teología. Ya pueden Menéndez Pelayo y sus epígonos, como Juderías o Peset, amontonar retahílas de nombres hispánicos sacados de polvorientos anaqueles: estos no traspasan las páginas de los indigestos mamotretos en que están consignados. Porque si tal tipo de subgénero vindicativo del orgullo español es aún de grata lectura en las obras del gran santanderino, caracterizadas por la erudición, la elegancia, el donaire del estilo, y el ingenio, a pesar de su increíble sectarismo, la cosa varía mucho con sus insoportables imitadores y secuaces, responsables de bodrios de apelmazada cuanto campanuda y patriótica retórica. Podrá decirse que la desaparición de España de los circuitos del intercambio cultural, también responde a esa especie de obsesiva conjura de los extranjeros contra todo lo español, pero es una explicación difícil de admitir al tratarse de actividades privadas mercantiles. Si las obras de los españoles tuvieran lectores, audiencia, en los otros países europeos se imprimirían, se estamparían, se reproducirían como sucede con las de los demás países, pues en ellos no suele regir censura oficial alguna.

En cambio, repásense los catálogos de las grandes editoriales españolas en ese siglo. Están repletos de obras traducidas de idiomas extranjeros: ingleses franceses, italianos, alemanes pueblan las colecciones españolas de historiografía, pensamiento, política, filosofía, derecho, ciencia. Apenas asoma la cultura autóctona porque apenas la hay. En España, la cultura es traducida y, en muchísimos casos, mal traducida. Las cosas no están mejor que en el siglo XIX. Señala Juan Valera en su discurso de respuesta al de ingreso de Gaspar Núñez de Arce en la Real Academia Española el 21 de mayo de 1876, “Del influjo de la Inquisición y del fanatismo religioso en la decadencia de la literatura española” que la primera historia de nuestra literatura fue traducida en 1829 de una publicada en alemán en 1804, obra de Friedrich Ludewig Bouterwerk y, para mayor ironía, le edición de Aguilar que manejo yerra en el nombre del autor, al que llama Boutelwek. En tiempos del propio Valera la historia considerada más completa de la literatura española en tres volúmenes era obra del estadounidense George Ticknor quien, al decir de Américo Castro, siendo rico, trabajó por gusto y no por necesidad y escribió su obra “por puro placer”59, casi como un exotismo de un millonario yanqui algo excéntrico. Publicada en 1849, sería traducida un par de años después por Pascual de Gayangos y Arce60.Y eran dos casos entre otros. Juderías hace una enumeración más alarmante. Presenta un repertorio bibliográfico en el que son legiones los autores extranjeros que han estudiado nuestra historia general, por épocas o personajes, los siglos XVI a XVIII, la conquista de América, los problemas religiosos, la literatura y las artes61.

Y así sigue siendo. Los especialistas en asuntos españoles ingleses, estadounidenses, franceses, alemanes rivalizan con los historiadores, los sociólogos, politólogos nacionales en el dominio de su objeto de estudio. La situación inversa, esto es, algún especialista español en historia, literatura, política de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania con peso en esos países, es harto infrecuente. Parece como si el tema español agotara las energías del estamento pensante. Las ediciones críticas de autores clásicos españoles a cargo de eruditos extranjeros publicados en España compiten ventajosamente con la obra de los propios estudiosos españoles. Tiene uno la impresión de que la polémica está desenfocada y no por ese alegre desenfado con que Ortega sentencia que “la historia de España entera, y salvas fugaces jornadas, ha sido la historia de una decadencia” para añadir prácticamente sin solución de continuidad que “esta decadencia no ha existido”62, sino porque, a la vista de la situación, se le vienen a uno al recuerdo los estudios sobre pueblos, culturas, civilizaciones desaparecidas. La egiptología, la asiriología han sido y siguen siendo apetitosos objetos de estudio de generaciones de filólogos, antropólogos, arqueólogos, prehistoriadores del mundo entero y esas ciencias han avanzado gracias a la colaboración de estudiosos de todos los continentes. Nadie esperaría que los actuales autóctonos de estas regiones demostraran una competencia especial en la materia porque, aunque habitan los territorios, son tan extranjeros frente a los habitantes de antaño como puedan serlo los estadounidenses, los alemanes o los franceses de hoy.

Incluso en los casos de las civilizaciones precolombinas y los estudios de la antigüedad clásica, griega y romana por ejemplo, se da este fenómeno. Aunque no haya habido ruptura en la continuidad histórica de forma que los pueblos que habitan estas tierras descienden de las poblaciones y culturas que hoy se estudian y aunque hablen lenguas que deriven de aquellas ya de hecho son lenguas distintas, especialmente el latín/italiano y, desde luego, son culturas muy distintas. Especialmente por la impronta de la religión cristiana. Otro sería el caso de los aborígenes precolombinos pero es muy difícil de determinar, dado que aquellas lenguas primitivas no eran escritas y sus hablantes tienen religiones y culturas diferentes. Hay latinistas italianos y helenistas griegos, como también hay hispanistas españoles, si bien no suele dárseles este nombre pero aunque, a veces, un sentido del patriotismo mal entendido, los lleve a reclamar para sí una competencia específica, intuitiva en la materia, derivada de su condición nacional, vicio que suele achacarse al historicismo y no es extraño en otras latitudes, lo cierto es que su tarea y resultados se sitúan en el nivel ordinario de estos saberes considerados en su dimensión internacional. Pocos italianos se atreverán a negar la autoridad de Mommsen sobre la historia de Roma, aunque algunos ha habido, especialmente los animados de espíritu nacionalista, pero tampoco aquella depende de la producción académica en otras latitudes.

El caso español es peculiar. El objeto favorito de estudio del enjambre de hispanistas que revolotea por muchas universidades extranjeras, el Imperio español y su progresiva decadencia hasta el siglo XX no habla de una civilización muerta, de un pueblo o una cultura desaparecidos como por ensalmo, cual sucede con los hititas, los minoicos o la civilización de Mohenjo Dahro, sino, al contrario, de un Estado vivo, cuya población actual se identifica con sus antecesores de los siglos XVI, XVII y otros, que habla su misma lengua, evolucionada, pero perfectamente comprensible hoy, a diferencia de lo que sucede con el Imperio romano y la Italia actual, y practica la misma religión; exactamente la misma, la católica, apostólica y romana. Y, sin embargo, como queda dicho, la comunidad científica internacional, el amplio círculo de los “hispanistas” se inclina sobre el objeto de estudio teniendo en cuenta, sí, algunas notables aportaciones de los eruditos españoles pero dando por supuesto en lo tocante al conjunto de la producción historiográfica que esta no agota el campo, que sus opiniones pueden no ser definitivas y muchas veces no lo son y que sus estudios adolecen frecuentemente de falta de información, de información sesgada o de simple doctrinarismo, si no fanatismo. En resumen, que gran parte de la investigación histórica española sobre España es objeto de la investigación extranjera sobre la historia de España.

Podría parecer, pero no lo es en absoluto, algo parecido a la situación del Imperio turco a fines del XIX, custodio de una riqueza cultural y civilizatoria de pueblos anteriores y de la que los otomanos no solo no eran propietarios, ni siquiera herederos. En gran medida los españoles somos herederos de una tradición, una cultura que consideramos nuestra pero que —y esta es acusación permanente que nos hacemos nosotros mismos a los largo de los siglos— ignoramos, olvidamos, despreciamos, interpretamos mal o sesgadamente de forma intencionada para utilizar las conclusiones partidistas en extrañas guerras intestinas. Estamos vivos, somos el producto evolucionado de nuestra propia sociedad en los siglos XVI y XVII en adelante pero muchas veces no la entendemos y su interpretación es un permanente campo de batalla en el que no hay acuerdo. No estamos muertos para el estudio de las épocas anteriores, como lo están los italianos frente a Roma, pero tampoco ostentamos la indiscutible autoridad ante nuestro pasado que ostentan los franceses, los ingleses, los alemanes. Casi pareciéramos un pueblo de zombies. No estamos muertos, pero tampoco enteramente vivos, y así nos han visto a veces en el extranjero. No administramos con iniciativa e ideas nuevas el conocimiento de un pasado sobre el que recaiga un consenso más o menos amplio. Al contrario, en nuestro caso se contraponen dos visiones de la historia, una tradicionalmente soslayada, cuando no vencida y expulsada a las luces exteriores y otra autóctona, identificada con un preconcepto, un prejuicio, una idea recibida de un designio divino, generalmente triunfante. En verdad, la citada voz sobre Franco en ese Diccionario biográfico español, de la Real Academia de la Historia, a cargo de Luis Suárez, es la obra de una especie de revenant franquista.

Esta división y enfrentamiento no solo se da en las obras más évenementielles. También se muestra en la obra de historiadores de gran prestigio con obras ya clásicas. En este contexto puede entenderse la intensa polémica que mantuvieron Américo Castro y Claudio Sánchez-Albornoz a lo largo de sus muy fecundas vidas. No en el sentido de que se ajusten al patrón clásico de las dos Españas, pero sí en el de que mantienen dos ideas completamente distintas del ser de España y esas ideas tiñen a su vez las derivas de las dos visiones. Si no yerro, Sánchez-Albornoz sostiene una idea esencialista de lo español, sin duda muy influido por lo musulmán y lo hebraico pero que emerge siempre en su núcleo, incontaminado, identificado con el crisitianismo, siendo relativa la influencia musulmana y sombría la herencia judía63. Le sacaba de quicio lo que llamaba la “hebreofilia” de Américo Castro. En todo caso, esa visión esencialista, primigenia de lo español, se impuso incluso a su reserva respecto a la existencia de las dos Españas de forma que, cuando la aceptó con una curiosa precisión la complementó advirtiendo que sí, que hay dos Españas, pero que ambas son auténticas64. Hasta qué punto tenía este empeño el autor de España, un enigma histórico y le irritaban lo que consideraba eran las osadías y fábulas de Castro, que zanjó su erudita crítica a la función de la ruta jacobea afirmando taxativamente que fue España quien hizo a Santiago y no Santiago quien hizo España65.

Por el lado más relativista del abigarrado mezclarse de la gente, Castro cree que, cuando los habitantes de la Península tratan de referirse con un solo gentilicio al conjunto de personas que tienen rasgos en común, dan en el término extranjero —de procedencia provenzal— de españoles66, a partir de 1270, ya muy avanzada la Reconquista. El término pasó a designar el conjunto de los habitantes de la Península, fueran cristianos, musulmanes y judíos aunque posteriormente serían los cristianos quienes se apoderaran de él, dejando al margen a los musulmanes y judíos si bien luego podían estar políticamente divididos entre sí como leoneses, castellanos, navarros, aragoneses67.

Esta temprana identificación de lo español con lo cristiano y, posteriormente católico en ambos casos, es la raíz del nacionalcatolicismo. Sorprende que, con todo lo que la cuestión preocupa y hasta obsesiona en el país, no se le haya concedido una mayor atención, muy probablemente porque, en cierta medida, la historia del nacionalcatolicismo es, a su vez, nacionalcatólica y, lejos de hacer un balance crítico del peso real de la cultura española en el mundo, sigue sosteniendo sus yerros, encontrando en ellos su timbre de gloria, siendo incapaz de entender las causas reales de la decadencia y culpando a la conspiración antiespañola de los males de la Patria.

En cualquier caso, el balance de las aportaciones de España a la ciencia y el conocimiento cerraría el siglo XIX en la misma situación de penuria y debilidad en que se encontraba el nacionalismo español liberal que luchaba por sobrevivir en un país que hacía causa de su atraso. Hubo un breve, efímero resurgir a partir de fines del siglo XIX y en el primer tercio del XX, bruscamente terminado con la guerra civil y de él nos ocupamos a continuación.

28 Cit. por Ramos Gorostiza, 2010: núm. 21.

29 Cadalso, 1970.

30 Montesquieu, 1960: 167.

31 Donato, 2006: 97.

32 Maçon de Morvilliers, 1782: 51.

33 Ibíd.: 53.

34 García Camarero, 1970: 527, n 3.

35 Forner, 1956: 177.

36 Forner, 1956: 90.

37 García Camarero, 1970: 54, 75, 105.

38 Arroyal, 2010: 21.

39 Elorza, 2010.

40 Anes, 2000; Delgado-Gal, 2010.

41 Ayala, 1962: 102.

42 Ibíd.: 103.

43 Herrero, 1973: 401.

44 Forner, 1973: 11.

45 Castelar, s.d., I: 230/231.

46 García Camarero, 1970.

47 Azcárate, 2009: 71.

48 Sotelo Vázquez, 2003: V.

49 Menéndez Pelayo, 1953.

50 Ortega, OC, I: 41.

51 Menéndez Pelayo, 1978, II, 316.

52 García Camarero, 1970. 15.

53 Menéndez Pelayo, 1953, II: 432.

54 Valera, 1958, III, 1.131, 1.139.

55 Figueiredo, 1932: 77.

56 Cit. en Gracia Noriega, 2006.

57 Juliá, 2004: 292.

58 Castro, 1985: 33.

59 Ibíd.: 81.

60 Valera, 1958: 1132/1134.

61 Juderías, 1974: 319/334.

62 Ortega, 1985, III: 118/119.

63 Sánchez-Albornoz, 1977, II: 284.

64 Ibíd., II: 611.

65 Ibíd., I: 286.

66 Castro, 1985: 65.

67 Ibíd.: 149.

Regeneracionismo, desastre y generación del 98

Forma parte del saber convencional y las más difundidas autoimágenes de la historia mundana española la idea de que el llamado desastre del 98 fue un desagradable y repentino despertar de una especie de sueño o modorra nacionales, un susto, una sorpresa, algo que nadie esperaba y que puso al país de pronto ante la cruda realidad de su miseria. Quizá fuera así pero, si lo fue, lo fue con muy escasa justificación. La oprobiosa derrota española a manos de los Estados Unidos fue la consecuencia lógica de una decadencia, un desgobierno y una incompetencia que ya duraban tres siglos. El ejército español no había ganado una sola guerra exterior contra algún enemigo de cierta envergadura desde la derrota de los Tercios de Flandes en Rocroi y la historia de la diplomacia y la política exterior nacionales no era sino una serie de humillaciones, acuerdos, pactos y tratados internacionales que habían ido mermando territorialmente la vieja potencia imperial en un encadenamiento que, con su pintoresco estilo literario, Giménez Caballero había llamado los trece noventayochos anteriores cuando en 1648, 1659, 1668, 1678, 1713, 1763, 1792-95, 1800, 1802, 1810-1825, 1898 y 1921, etc, se fueron perdiendo todas las posesiones españolas en todos los continentes, los Países Bajos, Portugal, Rosellón, Franco Condado, Cerdaña, Nápoles, Luisiana, Florida, el Oranesado, etc, etc. “Trece etapas en la ‘destrucción de España’, que diría un nuevo cantar de Rodrigo”68, con algunas escasas e insignificantes recuperaciones aquí o allá. En el siglo XIX, las expediciones militares exteriores a América, África y Asia se saldaron con fiascos, las tres guerras carlistas son en sí mismas la prueba de que ni las guerras civiles terminaban con victorias claras salvo en el palmarés de algún militar vanidoso, como el Duque de la Victoria; y las desastrosas guerras del África, una muestra de la incompetencia militar que únicamente sirvieron para que el país ejerciera un papel lamentable en la aventura colonial y, en cambio, forjara un espíritu de permanente injerencia castrense en la política española a través de los llamados militares africanistas.

Cuando adviene el 98 llueve sobre mojado y la sorpresa no debió de ser muy grande para los pensadores regeneracionistas, que llevaban años advirtiendo sobre los males de la patria muy en la línea de la obsesión con la decadencia española. La guerra hispano-norteamericana puso crudamente de manifiesto el atraso y la debilidad de España, vieja y andrajosa potencia imperial frente a un joven Estado próspero y poderoso gracias al desarrollo de los factores que España llevaba siglos ignorando y/o despreciando: el comercio, la ciencia, la industria. Exactamente el colofón de la derrota de España por el “mundo moderno” que había diagnosticado Laín. Este choque repentino con el duro principio de la realidad ponía de relieve en términos prácticos la inmensa distancia entre la España oficial y retórica y sus verdaderas posibilidades. Las baterías de los navíos estadounidenses hundieron las dos flotas o escuadras de ultramar españolas que ni defenderse pudieron en Santiago de Cuba y Cavite. Tras la ocupación de Puerto Rico, España pidió el armisticio y los EEUU forzaron el Tratado de París por el que aquella perdía los últimos restos de su imperio en América y Asia.

La obsesión con la decadencia llegaba al paroxismo. La triste realidad de un país abandonado durante tres siglos a la incuria de unos gobernantes incompetentes, incapaz de ver con realismo su situación y de diagnosticar sus males, ensordecido por la vocinglería de un nacionalismo conservador, clerical, fanfarrón e ignaro, se hacía patente en la triste imagen de aquellos soldados harapientos, consumidos por la fiebre amarilla que desembarcaban de retorno en unas costas para las que apenas se contaba con la incierta protección de una tercera flota que fue forzoso apartar del teatro de operaciones para defender lo indefendible. Si las demás potencias europeas, como Inglaterra o Alemania, no se aprovecharon para hacerse con posesiones españolas, por ejemplo, un posible desembarco británico en las Canarias, fue porque no lo necesitaban, pues ya tenían Gibraltar, ni lo consideraban de interés.

Sorpresa, poca. Los regeneracionistas, Joaquín Costa y otros autores, como Lucas Mallada y Ricardo Macías Picavea, etc, a los que Tierno Galván tilda de prefascistas, singularmente al último69 en la línea de los pensadores patrios considerados anteriormente, llevaban años preocupados por las causas de la decadencia del país, por encontrarles una explicación y proponerles una solución70. Mallada, como ingeniero y paleontólogo, hablaba de la agricultura, de la pobre calidad del suelo en España, de regadíos, etc. Macías Picavea se refería, ya lo vimos, al austracismo: la culpa de nuestros males era de los Austrias. En su obra, singularmente en Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno de España: Urgencia y modo de cambiarla71, Costa da una explicación más sociológica, política, jurídica que meramente histórica o geográfica: la incompetencia, la codicia, el caciquismo de las clases dominantes, el carácter antinacional de la oligarquía. Siendo una explicación más correcta que las otras, también es una que facilita la adopción de decisiones prácticas que pongan coto al hundimiento. Sus propuestas, formuladas con el acierto y la competencia de lo que hoy llamaríamos un gran comunicador político, son suficientemente conocidas y, aunque formuladas en términos metafóricos, plausibles y de relativamente fácil implementación: despensa, escuela, siete llaves al sepulcro del Cid y conveniencia de un cirujano de hierro. Se han estudiado sobradas veces y también ha solido ponerse de manifiesto la relativa ambigüedad que contienen, sobre todo en lo relativo al cirujano de hierro en quien algunos han creído ver una premonición de la dictadura de Primo de Rivera

Con el regeneracionismo hemos llegado al final del siglo XIX rastreando las causas y remedios de un mal nacional español que se origina dos siglos antes y es curioso que, a pesar de los ímprobos esfuerzos que sucesivas generaciones de pensadores le han dedicado no solamente no hay un acuerdo en cuanto a la causa o causas, sino que ni siquiera es seguro que las que se señalan sean relevantes o que simplemente alguna de especial importancia permanezca oculta. Es, desde luego, la referida al impacto de la Iglesia católica y la Inquisición en la historia del país. Costa señala con acierto la contribución a la decadencia de las estructuras de clase y gobierno del país; pero, como buen liberal, tiende a olvidar el impacto en este del elemento religioso, la hierocracia española, el asfixiante predominio y el parasitismo de la Iglesia sobre el Estado. Y todavía habrán de pasar años antes de que se abra paso tímidamente la interpretación que culpa a la permanente intromisión de la Iglesia en los asuntos del siglo en el hundimiento de la Monarquía española. Pero no así en el extranjero. En 1899, al año siguiente de la guerra de Cuba, el periodista y exministro francés Yves Guyot, acérrimo partidario del librecambio, publicó una obra, titulada La evolución política y social de España, en la que se leen juicios que reproducen los de Montesquieu o Maçon de Morvilliers en los siglos anteriores: “España”, dice, “es el caso más completo de civilización sacerdotal y militar que trata de resistirse a la civilización científica y productiva. Los acontecimientos recientes nos muestran a dónde la ha conducido esta concepción”72.

La idea de responsabilizar, en gran parte, de la decadencia de España a sus clases dominantes en vez de a la pretendida idiosincrasia nacional o los factores climáticos, orográficos o de otro tipo, sin duda ya abre una perspectiva más adecuada y prometedora de consideración de la historia. En España, la selección del personal político se hace a la inversa, esto es, no en busca de los mejores sino de los peores y más inadecuados para la gobernación del país. Este es visto como una caquistocracia. Resulta curioso que el término aparezca en una cumplida crítica que Juan Varela hiciera de un hoy desconocido libro de Santiago de Liniers, de 1876, llamado Todo el mundo en el que, como era habitual, se enunciaba una larga letanía de males de la patria y se atribuían al desgobierno de un grupo exiguo. En su tersa y elegante prosa, el insigne novelista la toma con la interpretación del señor De Liniers y lo pone regularmente en solfa, pero su crítica no puede entenderse como una refutación del texto, como sucedía con los ataques ilustrados porque en gran medida el crítico, al fin y al cabo hombre de su tiempo en el clima intelectual de la época, coincide con el criticado. Solo discrepa en la causa. Porque, dice, si diese crédito a las acusaciones de De Liniers, “toda la nación quedaría muy malparada; y esto me aflige mucho, y ni lo quiero ni lo puedo creer. Cierto es que hay graves males que saltan a los ojos; pero cuando la culpa no es del conjunto y ser de las cosas mismas, y superior, por tanto al influjo de la voluntad humana, la culpa está muy repartida y no cae sólo sobre el grupo exiguo, según el señor De Liniers pretende”73. Es decir, irónicamente, lo que Valera reprocha a De Liniers no es la inexactitud de su crítica y explicación, sino el no hacerla extensiva al conjunto del país.

La derrota, generalmente conocida como el desastre, fue el colofón de un hundimiento paulatino que se inició ya en el absurdo seguidismo de Trento en el siglo XVI, continuó en el XVII, se aceleró con la guerra de la Independencia, en la que la importancia del elemento civil beligerante fue similar, si no superior, a la del militar y se materializó en las escasas semanas que duró el conflicto bélico con los Estados Unidos. Sorpresa, poca. En el curso de esa guerra, tras la derrota de Cavite y antes de la Cuba, definitiva y sin paliativos Lord Salisbury, entonces primer ministro británico, la anunciaba en un famoso discurso ante la Liga Primrose en el Royal Albert Hall, que contenía un análisis agudo de la situación española:

“Los gobernantes de España quizá estén dispuestos a finalizar (la Guerra), sabedores desde el principio de las condiciones desesperadas en que se encuentran pero el ejército sin duda no cejará hasta librar una batalla y el pueblo que, repetimos, no sabe nada de los ingentes recursos de los “norteamericanos” y no se percata de la excepcional energía de su carácter, atribuirá su desgracia, como siempre lo ha hecho, a la imbecilidad y la corrupción en Madrid. Los españoles corrientes no piensan, como los franceses, que hayan sido traicionados, sino que están gobernados, como lo han sido habitualmente por políticos profesionales incompetentes e inútiles” (cursivas, añadidas)74.

Es importante retener estas ideas de la “imbecilidad y la corrupción” y los “políticos profesionales incompetentes e inútiles” porque son clarividentes y siguen siendo de indudable actualidad. Apenas Mariano Rajoy había tomado posesión de su cargo como presidente español y mostrado sus escasas habilidades a los ojos de toda la Unión cuando el eurodiputado británico, dirigente del partido euroescéptico británico UKIP, Nigel Farage, lo saludó en la sede del Europarlamento llamándolo “el líder más incompetente de toda Europa”75.

La derrota da nombre a la generación del 98 cuya principal preocupación gira en torno a la recuperación de España en todos los órdenes. De eso hablan Unamuno, Azorín, Ganivet, Maeztu, pero lo hacen en un espíritu derrotista, carente de sistematicidad, envuelto en orgullosa cuanto imaginaria idiosincrasia y, en último término, inútil a efectos prácticos, abandonista y un punto irresponsable. Las paradójicas volteretas de Unamuno, llevan a Ortega a tildarlo de “energúmeno español, morabito máximo que ha elevado a la dignidad universitaria los usos jaquescos y escribe cartas públicas de filosofía soez”76. Las estrambóticas peticiones de aquel de “catalanizar España”, “que inventen ellos” o “españolizar Europa”, cosa que él mismo tildaba de arbitrariedad77 y muchos citan con admiración, no pasan de ser ocurrencias para disfrazar un casticismo que, en el fondo, es tan ramplón como la ramplonería que el rector de Salamanca quería ver en los demás. Maeztu cree encontrar una solución palingenésica invocando la Hispanidad, Baroja ve los problemas con agudo escepticismo solo comparable al pesimismo de Ganivet y de Azorín es poco lo que cabe decir salvo que, tras haberse mostrado tan sensible a las consecuencias del desastre como todos los de su generación, a la que él bautizó, quizá por su carácter algo veleidoso, podía darle por negar de cuajo la decadencia del país, cosa que, cual era de esperar, subrayará feliz un falangista como Giménez Caballero. Al fin y al cabo, de lo que se trataba era nada menos que de insuflar nuevo ánimo, restablecer la salud de una nación, España, que Lord Salisbury, en el citado discurso en mayo de 1898, consideraba una “nación moribunda”, se supone que conjuntamente con la China, Turquía y Portugal, aunque sin mencionarlas expresamente, que caerían presas del vigor y la fortaleza de otras naciones más dinámicas en una muestra del más descarnado darwinismo nacional victoriano78. Desde el punto de vista de los extranjeros, el empeño regeneracionista venía siendo como un intento de resurrección y, en verdad, la literatura regeneracionista hizo suya la imagen del paciente moribundo79.

Joan Maragall, quien publica un par de artículos reflexionando sobre el calificativo de Salisbury y cuestiona la seguridad de que su destino haya de ser la desmembración, sin embargo, tiene un diagnóstico muy acertado de la lamentable situación de España

“la desorganización, la pobreza, la falta de grandes hombres, el desgobierno, la corrupción administrativa, son rasgos demasiado característicos de nuestra actual fisonomía nacional para que podamos, no diré hacernos los desentendidos (que eso sí podemos) sino desconocernos en ellos”80.

Con ser muy significativa la generación del 98 para sí no lo es tanto en sí porque ni siquiera es capaz de mantener con rigor la elemental hoja de ruta europea que, sin embargo, se veía con claridad desde los tiempos del regeneracionismo y el krausismo. Para aquilatar la importancia del faro europeo hay que salir de la generación del 98 y acercarse a la que algunos llaman del 14, la de Ortega y Azaña, más consecuentes, más sistemáticos, más científicos y europeos, si se permite la paradoja. Ortega tiene muy claro que incorporar España a Europa significa incorporarla a la ciencia. Aplaude por tanto el espíritu que late en las reformas educativas de comienzos de siglo, alentadas por los krausistas. Probablemente veía en estos el mismo principio y espíritu con los que él había fundado en 1914 la Liga de educación política española, un instrumento para la formación de las nuevas minorías egregias, de las que España estaba carente81.

El krausismo, cuyo inspirador, Krause, jamás tuvo en Alemania la influencia que en España, fue el primer intento de establecer en el país un sistema de enseñanza laico en todos los niveles, la Institución Libre de Enseñanza. Una abominación, una aberración antiespañola para el nacionalcatolicismo. Es el mundo de la famosa Residencia de Estudiantes, lugar en el que convivieron e iniciaron sus carreras Dalí, García Lorca o Buñuel. El de la Junta para la Ampliación de Estudios, cuya función era mandar los jóvenes licenciados españoles a las universidades europeas, a absorber el espíritu científico para difundirlo en España. El de las Misiones Pedagógicas.

Son algunos de los aspectos de una labor muy meritoria que se despliega en el primer tercio del siglo XX y permite abrigar la esperanza de que, por fin, España se incorporará a la marcha de las naciones europeas civilizadas, dejará atrás su secular atraso, causa y efecto de su decadencia. El krausismo impregna la labor de Fernando de los Ríos, alumno de la Institución Libre de Enseñanza, en sus dos ministerios de Justicia e Instrucción Pública, quien implanta el sistema de oposiciones para el acceso a la función pública y dignifica la figura del maestro y del magisterio en su conjunto. Pero, sobre todo, el carácter progresivo y moderno de esta acción pública educativa se observa en el acceso de las mujeres a la educación, todavía de forma tímida pero de efectos muy evidentes casi de inmediato. Acceso que se coronó, además, con la conquista del derecho de sufragio, siendo España, la República española, uno de los primeros países en reconocerlo.

Todo este proyecto de avance y de progreso se detendrá abruptamente en 1936, con la guerra civil que lo aniquiló de cuajo y volvió el país a los más sórdidos fueros del nacionalcatolicismo y a las mujeres a las iglesias y al hogar,

Años después, tratando de justificar el régimen de Franco, Laín Entralgo adopta una curiosa actitud equidistante, al estilo de Marañón, al sostener que el cruce de estas dos generaciones, del 98 y el 14 es una aventura, “una polémica verbal o armada entre unos españoles que se llaman a sí mismos tradicionalistas y otros españoles que quieren cambiarlo casi todo y se llaman progresistas”82. Parece ser un nuevo recurso a la figura de las dos Españas, solo que mecánicamente contrastadas, en típico sesgo de intelectual conservador, cuando no francamente reaccionario, como si, al margen de la historia, ambas pudieran ponerse codo a codo y no fuera una de ellas tradicionalmente hegemónica y la otra, la liberal o progresista, tradicionalmente hegemonizada

68 Giménez Caballero, 1983: 20-25.

69 Tierno Galván, 1977: 165.

70 Juliá, 2004: 85

71 Costa, 1974.

72 Guyot, 1899: VIII.

73 Valera, 1958, Vol. III: 1318.

74 Salisbury, 1898. Discurso del 4 de mayo de 1898.

75 MailOnline, 13 de junio de 2012.

76 Cit. en González Caminero, 1987: 273.

77 Unamuno, 1947: 129.

78 Salisbury, 1898: 5.

79 Ferrándiz Lozano, José, 2013: 314.

80 Sotelo Vázquez, 2014: 274.

81 Ortega, OC, III: 121.

82 Laín, 1956: 226.

La leyenda negra

En paralelo al intento de refutación apasionada de quienes ven a España ausente del común empeño de las naciones cultas y de vindicación de las glorias patrias, por oscuras que sean, va surgiendo un segundo tipo de explicación o justificación que apunta a los destrozos que hizo la famosa leyenda negra. De “leyenda macabra” la había tildado Peset83. Pero se le adelantó Julián Juderías, al parecer el inventor del término que, por lo demás, es un hallazgo desde el punto de vista de la comunicación por su valor evocativo, menos rebuscado que el de “leyenda macabra”. Juderías sentó el canon. La leyenda negra antiespañola, amparada, difundida y, sin duda, financiada por una conjura internacional de potencias europeas agraviadas por España, como Inglaterra, Holanda o Francia que buscaban su destrucción84, movidas por la envidia y el odio, tenía como fuentes textos escritos por españoles: la Apología de Guillermo “el Taciturno” (1580) y las Relaciones de Antonio Pérez (1594), a quien el autor llama “traidor a su patria y a su Rey”85.

Junto a estas dos obras incluye Juderías dos textos anteriores, también procedentes de la Península, que contribuirán a alimentar decisivamente ese menosprecio y mal juicio en que el Siglo de las Luces tendrá a España y que serán determinantes para la historia posterior del país: las denuncias sobre las atrocidades hispánicas en la colonización del Nuevo Mundo y las que corren por Europa a raíz de los excesos de la Inquisición en España. El famoso libro del Padre Las Casas, La destrucción de las Indias, se publica en francés en 1642, un siglo después de aparecer en España, y es una de las bases de documentación de Voltaire al describir la colonización española en América en su monumental Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones. Así lo señala Ayala, de nuevo con gran perspicacia: las informaciones del Padre Las Casas, que “hubieran debido despertar el respeto hacia una España capaz de condenar las impurezas inherentes a la práctica política en nombre de principios inviolables, sirvieron, en cambio, de inmediato alimento a la leyenda negra, utilizados por gentes que habían elevado a principio supremo el del poder político y, con ello, erigido el éxito en criterio valorativo”86. Aparentemente, este tiene ecos de la vieja vindicación hispánica del “sostenella”, pero no hay tal; es una observación que da cuenta de una triste ironía: la contradicción antagónica entre el empeño español y el espíritu del tiempo europeo.

La cuarta fuente, también española y muy española, cuenta los horrores de la Inquisición en España. El Íntegro, amplio y puntual descubrimiento de las bárbaras, sangrientas e inhumanas prácticas de la Inquisición española contra los protestantes, más conocido como Artes de la Inquisición española, de Reinaldo González Montes, autor acerca de cuya verdadera identidad no existe acuerdo general, se publica en Europa en 1558. Las fuentes de Juderías estaban claras y Figueiredo le hace la caridad de sostener que no las interpretó bien87. Por supuesto, en torno a estos cuatro textos básicos hay un hervidero de figuras en segundo plano, también españolas, filósofos, eruditos, médicos, sospechosos de herejías, erasmistas, molinosistas, quietistas, protestantes, judaizantes, relapsos. Gentes que sufrieron unas u otras persecuciones por unas u otras sospechas, como Arias Montano, Nebrija, Fray Luis de León, Miguel Servet, etc. No hay duda: las fuentes de la leyenda negra son españolas. Y a ellas se sumarían después numerosas plumas extranjeras, sobre todo francesas.

La mejor historiografía reciente española interpreta la leyenda negra de un modo mucho más desapasionado y moderado y llega a una conclusión más convincente. Iglesias Cano, por ejemplo, sostiene que la leyenda negra en el fondo es una obsesión de los propios españoles88, una elaboración más de la sempiterna teoría de la conspiración exterior. Es decir, lo que hay de legendario en la leyenda negra es la leyenda misma. Andando el tiempo, este relato acabaría siendo el origen de otra idea que también ha dado mucho juego en la historia del nacionalismo español más reaccionario, esto es, la Anti-España contra la que se alzará en algún momento el Santiago nacionalcatólico. Ricardo García Cárcel, en su estudio sobre este asunto, ya había adelantado la conclusión de que se trata de un fabricación española y la sostiene en unos términos de los que encontramos imposible disentir: no hay conjura extranjera que valga, la responsabilidad española en la configuración de su imagen negativa es muy considerable y, en definitiva, tal leyenda negra es el resultado “de una política como la española, imperialista en lo político, delirante en lo religioso, torpe en la fabricación de su propia propaganda”89.

Lo cierto es que esa leyenda ha estado siempre muy presente en el continuo debatir sobre el ser de España y sea cual sea su contenido de verdad, es prudente reconocerle algún valor porque, entre otras cosas, su mera existencia demuestra que los españoles también estaban más atrasados en el funcionamiento de la propaganda política90. La propaganda es por definición, algo que compete a los intelectuales y, en especial a los intelectuales católicos. El término mismo nace en el mundo católico, en 1622, cuando Gregorio VII instituyó la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, hoy rebautizada como Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y aunque aquel tipo de literatura encontró denodada oposición y crítica, especialmente en la obra de Menéndez Pelayo, estos intelectuales no consiguieron evitar que, en poco tiempo, se acumularan agravios y acusaciones sin cuento contra España que, por regla general, atribuían su decadencia a su carácter bárbaro, africano, el elemento “no europeo”, del siempre prudente Kant.

Menéndez Pelayo saldrá como paladín de la honra de España contra sus propios heterodoxos y se desgañitará aduciendo, de un lado, que el Santo Oficio no era, ni de lejos, tan monstruoso e inhumano como se decía y, de otro, que los demás países europeos, singularmente Alemania e Inglaterra, hicieron cosas peores, más crueles y salvajes. En este campo del intento de justificar la inquisición española por las dos vías tradicionales del “no es tan fiero el león como lo pintan” y el “todos fueron culpables” una pequeña observación incidental al paso ayudará a comprender el carácter aberrante del nacionalcatolicismo: un hombre de tan aguda sensibilidad, con un juicio estético tan profundo como equilibrado, es incapaz de comprender que nada, absolutamente nada, justifica que un ser humano se arrogue el derecho a obligar a otro a creer o dejar de creer lo que le parezca. La pretensión de injerirse en la libertad de conciencia es monstruosa y, en efecto, monstruoso es el nacionalcatolicismo, sin que la circunstancia de que en otras partes ocasionalmente haya hecho cosas similares o peores sirva de atenuante.

El nacionalcatolicismo es la negación abierta de la libertad de conciencia, sometida a los dogmas de una religión que, como todas las religiones, está repleta de aspectos absurdos e inhumanos. Le seguirán en la batalla/cruzada y la prolongarán hasta bien entrado el siglo XX, algunos de los discípulos y émulos del erudito santanderino aunque sea fuerza reconocer que no todos están al mismo nivel; no es lo mismo Juderías que Maeztu, Sáinz Rodríguez, Laín o Calvo Serer, todos ellos intelectualmente prendados del razonar menendezpelayesco. Porque no en balde, este se yergue, al decir de un gran estudioso de nuestros días, “como estandarte y proveedor de ideas a los movimientos derechistas que nacen con la crisis de la Restauración91. En el fondo es una situación absurda, casi surrealista, al ver cómo la derecha se alza en contra de una leyenda negra que ella misma contribuye a forjar y sostener con sus postulados.

Tampoco esto tiene gran importancia porque tanto las acusaciones sobre la destrucción de las Indias como las atrocidades de la Inquisición no son la causa de la leyenda negra, sino su efecto. La causa real, que don Marcelino jamás reconoció —como tampoco lo hizo casi ningún representante del nacionalismo tradicionalista español— fue la señalada por Ayala, esto es, el orgulloso aislamiento imperial de España, la tibetanización del país, según Ortega, causa la más importante de la pérdida del Imperio92. Como sus dirigentes eran incapaces de entender que su afán ecuménico, la idea de la Monarchia hispánica, estaba completamente fuera del tiempo en una Europa fragmentada en Estados cerrados sobre sí mismos, estos se lanzarían sobre el viejo y fatigado galeón español hasta hundirlo, siendo así que, paradójicamente, la propia España también se había convertido en uno más de aquellos Estados soberanos estancos al exterior. La figura en que cristaliza tan disparatada acción colectiva interior y exterior es la Contrarreforma. Y esta es la causa principal de la decadencia española. Al convertirse en mascarón de proa de un proyecto ecuménico ajeno (a fuer de romano), al tornarse adalid del bando papista, gracias en especial a la acción de la muy española Compañía de Jesús, el país descuidó sus intereses nacionales, los propios del “Estado comercial cerrado” fichteano, que solo pueden esgrimirse contra Roma por errores luteranos, protestantes o galicanos.

Cuando el poder político cayó en la cuenta de la situación y quiso reaccionar era ya tarde. En un alarde de regalismo —furibundamente combatido por la ortodoxia católica— consiguió que el mismo Papa aceptase la expulsión de los jesuitas en tiempos del esclarecido Carlos III. Pero fue esa una medida esporádica, aislada, pronto revertida y, desde luego, desacreditada por la propaganda católica cuya arma más potente estaba, como siempre, en manos de Menéndez Pelayo. Tomó este pie en la expulsión de la Orden para atribuir a la medida, precisamente, el origen de la decadencia española que todo el mundo buscaba tan afanosamente atribuyéndoselo a causas erróneas o perversas. Así es curioso escuchar tonos insólitamente ilustrados en su discurso cuando sostiene que el exilio de estos clérigos fue la causa de que

“España, contando Portugal, sea hoy (ca.1888), fuera de Turquía y Grecia, aunque nos cueste lágrimas de sangre el confesarlo, la nación más rezagada de Europa en toda ciencia y disciplina seria, sobre todo en la filología clásica y en los estudios literarios e históricos que de ella dependen” (cursivas, nuestras)93.

Parece casi una maldición pero así como Menéndez Pelayo acabó admitiendo la decadencia que vehementemente negaba, aunque atribuyéndola a causa fantástica, acabaría sucediendo que el contencioso continuara vivo casi ciento cincuenta años después. Resultaba por tanto que las respuestas no fueron tales, las explicaciones no convencían, la negación y refutación de la leyenda negra no acaban de imponerse y hoy, como siempre, sigue siendo necesario salir a la palestra, cual hace un nacionalcatólico a machamartillo en la citada tradición vindicativa que trata de poner de manifiesto lo mucho y muy variado que España ha aportado a la cultura mundial94. Parafraseando a don Marcelino, cabría hablar de una “leyenda negra rediviva” o una “leyenda negra redimuerta”.

La España negra es un tópico a primeros de fines del siglo XIX y primeros del XX. La curiosa obrita de ese título, una colaboración del pintor asturiano Darío de Regoyos y su amigo el poeta simbolista belga Emile Verhaeren, quería ser una especie de ensayo sinestésico sobre el ser de España. Este acabará plasmado a sus ojos en la mole del Escorial, el monumento cuyo espíritu hispánico-imperial quiso glosar en su principal revista cultural el grupo de intelectuales falangistas —algunos camisas viejas— que se encargó de legitimar y glorificar el régimen del 18 de julio, dándole una misión en la historia. Verhaeren lo veía de otro modo: “Inolvidables aquel crepúsculo de sangre y aquella noche estrellada de hierro que pasamos en aquel siniestro sitio”95. Antes de ser refulgente lucero que alumbraría las rutas neoimperiales, el Escorial tenía una impronta gótica. El negrismo, el tenebrismo caracteriza parte del arte español: Gutiérrez Solana y Zuloaga son buenas pruebas que, a su vez, tienen grandes inspiradores, como Ribera, Zurbarán y, desde luego, Goya. Pero también se asoma a la literatura. ¿Qué otra cosa son las Comedias bárbaras de Valle Inclán? Y también al teatro. Basta recordar La casa de Bernarda Alba. Unamuno comparte mucho de este espíritu. Y también el cine en Tierra sin pan (Las Hurdes), de Buñuel o El perro andaluz, de Buñuel/Dalí.

Incidentalmente, al tratar de cine, es imposible ignorar que los temas básicos de la leyenda negra han acabado instalados en el imaginario colectivo de muchos pueblos y países, gracias al inmenso potencial de difusión de una industria mayoritariamente anglosajona, que ha proyectado pautas interpretativas universales sobre los más diversos y simbólicos aconteceres de la historia. Algunos de los episodios y personajes más sonados, como la Armada Invencible, la conquista de México, la del Perú, la Inquisición, Felipe II, la independencia de los Países Bajos, la administración colonial, las luchas con piratas y bucaneros, los lances románticos por excelencia, Don Juan, Carmen y más de epopeya, como la guerra civil, han sido temas de películas comerciales que han contribuido a fijar la larga tradición de la España negra. Que la visión dominante en el país del Imperio en América proceda de la cinematografía inglesa, en la que suele glorificarse a Drake tiene consecuencias profundas en las que no podemos entrar aquí ni dejar de mencionar.

La leyenda negra no es ya moneda corriente, substituida paradójicamente por su mismo relato, el de la España negra que, al admitirse y generalizarse como una categoría estética, pierde peso político. La substituye la apelación a la Anti-España, un invento de la propaganda tradicionalista de fines del XIX, convertido en un lugar común de la derecha a partir de la guerra civil que toma pie en la

“retórica de las dos Españas para construir sobre sus cenizas el mito de la única España verdadera, auténtica, en lucha a muerte contra la otra España, que no era en realidad una verdadera España, sino la Anti-España”, una tarea que “gozó de la legitimación explícita y del aliento persistente de las autoridades eclesiásticas”96.

Lo señalaba tempranamente Ayala: se trataba de suprimir “a la España moderna, o sea —en el lenguaje del régimen triunfante— a la anti-España. Y no eran por cierto intenciones secretas, sino un programa repetido una y otra vez con la mayor claridad por los portavoces de la derecha: España tenía que reintegrarse a las condiciones de la Contrarreforma, para decirlo con su verdadero nombre en una sola palabra; y no habrá que recalcar la participación que cupo a la Iglesia en la formulación de este propósito y en los esfuerzos por llevarlo a cabo”97.

La Anti-España sigue dando juego en la propaganda tradicionalista. La presidenta del PP de Madrid y expresidenta de su Comunidad, Esperanza Aguirre, aprovechó un pregón de apertura de feria taurina en Sevilla para hacer alarde de nacionalismo español simbólico al identificar las corridas de toros con la esencia de lo español y tildar de antiespañoles a quienes combaten y desean prohibir la lidia98. Ya el gobierno de la derecha se había preocupado de decretar el carácter de bien cultural de las corridas de toros, también conocidas como fiesta nacional y de proteger así a la verdadera España de la Anti-España.

España y la Anti-España, la vieja historia de las dos Españas.

83 Peset,1930: 148.

84 Juderías, 1974: 228.

85 Ibíd.: 233.

86 Ayala, 1962: 101.

87 Figueiredo, 1932: 115.

88 Iglesias, 1997.

89 García Cárcel, 1992: 215.

90 Álvarez Junco, 2002: 119.

91 Varela, 1997, voz “Menéndez Pelayo y el menendezpelayismo”, en Blas, 1997: 319.

92 Ortega, 1987, VIII, 356.

93 Menéndez Pelayo, 1978, II: 441.

94 Peset, 1930.

95 Verhaeren/Regoyos, 1989: 109.

96 Juliá, 2004: 288, 295.

97 Ayala, 1962: 235.

98 Huffington Post, 24 de abril de 2004.

V. Dos Españas y fragmentadas

“Filipe é ainda o maior problema de Espanha”.

(Fidelino de Figueiredo, As duas Espanhas.)

Este capítulo es tributario del anterior. Algunos de los asuntos que allí se tratan reaparecen aquí, si bien vistos desde otra perspectiva, la del permanente enfrentamiento entre las dos ideas de España o de nación española. Es la imagen y la conciencia —no basta con el término de “leyenda”— de las dos Españas que emerge ya en el momento convencionalmente aceptado de nacimiento de la nación en el sentido contemporáneo. La confrontación toma la forma de la reiterada guerra civil del siglo XIX y se convierte en frecuentísimo tópico de debate a partir de la polémica sobre la ciencia española, especialmente con la beligerante intervención de Menéndez Pelayo. Este, a su vez, retrotrae el tropo de las dos Españas casi al comienzo de los tiempos y al origen de la nación española en el sentido premoderno, con la unificación de Castilla y Aragón, lo que le permite exponer una trayectoria de la nación, en lucha contra la “antinación” sin solución de continuidad. Esa “antinación” es el liberalismo, hasta el punto de que ha podido decirse que “toda la obra de don Marcelino es fundamentalmente un titánico esfuerzo levantado contra el liberalismo español”1.

La nación demediada

Las dos ideas de España son muy familiares. La conservadora/tradicionalista, esto es, la de la derecha política tiene identificada la nación con el catolicismo. La liberal/progresista, la de la izquierda, carece de un identificación tan clara y, si de religión se trata, postula la aconfesionalidad del Estado y el laicismo en las instituciones y la sociedad. Con escaso éxito pues desde el inicio de la era constitucional ha sobrevivido en órdenes políticos confesionales cuando no nacionalcatólicos. Ello nos induce a recordar una vez más que la idea de las dos Españas tiene significado más cualitativo que cuantitativo.

El acta de nacimiento admitido de las dos Españas en 1812 es casi coincidente en el tiempo con el famoso epitafio de Larra: “Aquí yace media España, murió de la otra media”. Es en 1812 cuando asoma la guerra civil al decir de Seco2. Culmina en el “fatídico año 1873 en un caos disgregador a través de un triple movimiento centrífugo: el de los cantonalistas, de una parte; el de los ácratas de la Primera Internacional, de otra; el de los secesionistas cubanos en ultramar”3. En otro lugar, el mismo autor data la separación violenta de las dos Españas en la revolución de 18684. Menéndez Pidal lo refleja de un modo más contundente: las dos Españas se enfrentan a muerte a raíz de la invasión napoleónica entre: los doceañistas y los serviles “Más que nunca media España negaba a la otra media”5. Y ese es el comienzo de un siglo que solo la ideología patriótica más convencional puede reputar “normal” pues, como resume Ignacio Gracia Noriega, en él: “se producen cuatro guerras civiles (si entendemos la de la independencia también como una guerra civil); cinco Constituciones (aparte, por ejemplo, que Fernando VII no otorga otra Constitución que derogue la de Cádiz, la cual volverá a entrar en vigor en 1820), dos reyes extranjeros, una reina destronada, una república efímera y un rey repuesto previo el consiguiente golpe de Estado; y, para poner la guinda, unas desastrosas guerras coloniales, a la entrada y a la salida”6. Y eso que solo cuenta un golpe de Estado y no menciona los gobiernos de espadones.

Hasta llegar al célebre poema de Machado, la imagen de las dos Españas es tópico de la publicística patria. En 1947 Menéndez Pidal la visualiza en forma de una estampa en cuyo anverso pude verse el entierro del Conde de Orgaz y en el reverso, el cuadro de Goya de los dos hombres hundidos en la tierra hasta los corvejones y atizándose estacazos7.

Dos años más tarde, en 1949, un escritor franquista que probablemente estaba ya evolucionando hacia el temible liberalismo, Laín Entralgo, la aceptaba como una constante de la historia del país, desde el siglo XVI, cuando España se partió “en dos fracciones hostiles. Los españoles del siglo XVI representaron la tragedia en la unidad; el adversario fue lo ‘no español’ o lo ‘no católico’. Los agonistas del siglo XIX viven su acción trágica partidos en dos grupos irreducibles: los ‘innovadores’ y los ‘reaccionarios’”8. Lo interesante de este reconocimiento es que con él se admite el fracaso del proyecto nacionalcatólico de haber restablecido la unidad de España, definitivamente victoriosa sobre la Anti-España. Esta volvía a levantar la cabeza y el último franquismo es ya testigo de la reaparición de la hidra o de la horda, bajo la forma de la actividad ilegal y alegal de una multitud de instancias de oposición al régimen, a sus leyes y principios. Seguramente es esta proliferación la que mueve el famoso dictamen de J. J. Linz de entender que la dictadura de Franco, más que un régimen totalitario que, sin duda, pretendió ser, en verdad fue autoritario9, una diferencia que se remonta a Hannah Arendt y contra la que se han formulado —y siguen formulándose— bastantes críticas, a las que el politólogo español contestaría mucho después y de forma bastante convincente, en el prólogo que puso a su libro sobre regímenes autoritarios y totalitarios, originariamente escrito como entrada para una enciclopedia de Ciencia Política10.

En los primeros años de la dictadura, coincidentes con los de la segunda guerra mundial, hay claros signos de un intento de construir un Estado totalitario. El mismo Franco pregonaba al comienzo de la guerra civil que su intención era implantar un sistema totalitario11, de acuerdo con el punto 4º del programa de la Falange, que decía:

“Nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria. Todos los españoles participarán en él a través de su función familiar, municipal y sindical. Nadie participará a través de los partidos políticos. Se abolirá implacablemente el sistema de los partidos políticos con todas sus consecuencias: sufragio inorgánico, representación por bandos en lucha y Parlamento conocido”

Todos estos elementos pasaron muy pronto a la letra de las grandes leyes del Movimiento, la peculiar “Constitución” franquista, pero eso no quiere decir que encarnaran realmente en la vida política, económica y social. Sí lo hicieron los represivos, pero no los más orgánicos. Lo relativo a los tercios familiar, municipal y sindical se quedó siempre en cáscara vacía o puro sistema de apariencias formales. En su estudio sobre el catolicismo en tiempos de Franco, Guy Hermet reproduce los datos de las elecciones “legislativas” (el entrecomillado es suyo) de 1971. La abstención era del 44,5 por ciento12. Y en una dictadura.

Suele decirse que la derrota del Eje en la guerra puso abrupto fin a la intención totalitaria del régimen, pero es razonable pensar que esta no se hubiera realizado aunque la guerra hubiera acabado de otra forma. La naturaleza nacionalcatólica de la Dictadura, en cierto modo, la inmunizaba frente a la deriva del totalitarismo en cuanto pretensión de control absoluto de la vida social por las instituciones políticas, Estado y partido único. Sabido es que las relaciones entre el Vaticano y la Alemania nazi nunca fueron óptimas. En España, aquel control lo compartía el Estado con la Iglesia católica, lo que lo aleja del totalitarismo y parece aproximarlo al autoritarismo. Por eso, Linz, aun reconociendo la función legitimatoria de la Iglesia respecto al franquismo, pasa por ella como sobre ascuas para subrayar, en cambio, que “la Iglesia, que tan útil fue para legitimar el régimen, al aumentar el pluralismo, se convirtió en una de las bases de la oposición estructural”13.Sería cuestión de aquilatar hasta dónde llegó la oposición de la Iglesia al franquismo, tema que ha estudiado minuciosamente Hermet, pero, a la vista de la evolución posterior del nacionalcatolicismo, resulta tarea innecesaria.

A partir del plan de estabilización de 1959 en España comenzó a haber una oposición clandestina perseguida, aunque con menos saña que en la etapa anterior, y una oposición más o menos visible y tolerada que es, justamente, uno de los rasgos distintivos del autoritarismo en la concepción de Linz. Sin embargo, quizá el problema radique no en la denominación de una realidad sino en la explicación de su causa. Se da a entender que el régimen de Franco evolucionó de la original voluntad totalitaria al autoritarismo; pero igual que no alcanzó a establecer aquel, tampoco el segundo es comprensible si se excluye la consideración del nacionalcatolicismo que tiene fuertes elementos totalitarios como se ve en la existencia de la censura, la confesionalidad obligatoria en la enseñanza y el intento de controlar las conciencias. Por lo demás, es imposible borrar de un plumazo, y ello es significativo, que el régimen murió matando. Los últimos fusilamientos de Franco son de septiembre de 1975, dos meses antes de su fallecimiento. ¿Acaso no operó aquel último acto de barbarie como un elemento de amedrentamiento nacional?

Esos cinco fusilamientos de 1975 son la imagen del resurgimiento de las dos Españas y con un simbolismo tremendo, pues el régimen pasó buena parte de la primera posguerra fusilando gente. Era una vuelta a los orígenes. Como siempre, la nación aparece demediada, dividida en dos partes antagónicas, incapaces de conciliarse. A raíz de la Transición hubo quien sostuvo que se había acabado con el mito de las dos Españas. Parece, sin embargo, conclusión prematura, por raro que suene, a fuer de propósito ya venerable y muy defendido. No solamente subsisten las dos Españas sino que lo hacen en las proporciones en que han estado siempre: una mayoritaria, preponderante, dominante, conservadora y otra minoritaria, dominada, marginada, progresista. El citado libro de Juliá sobre el tema, zanja el asunto de un modo tan sutil como oculto en el plural del título Historias de las dos Españas. Esas historias son definitivas. Porque en español el término tiene dos posibles acepciones: historias en el sentido menor, de quisicosas, comadreos, anecdotarios diversos; e Historias en el sentido de dos historias paralelas. Las de las dos Españas, que reaparecen hoy en sus dos dimensiones cruzadas; la de conservadores/liberales y la de centralistas/periféricos.

1 Calvo Serer, 1957: 132.

2 Seco Serrano, 2000a: 223.

3 Ibíd.: 227.

4 Seco Serrano, 1998: 28

5 Menéndez Pidal, 1982.

6 Gracia Noriega, 2006: 12

7 Menéndez Pidal, 1982: 185-90.

8 Laín, 1962: 646.

9 Linz, 1974:185.

10 Linz 2000.

11 https://www.youtube.com/watch?v=h7Y4_ic6KZk.

12 Hermet, 1985, I: 356.

13 Linz, 1974: 238.

Los nacionalismos no españoles en España

A lo largo del siglo XIX, se mantiene y agudiza la oposición clásica entre las dos Españas, la tradicionalista/conservadora frente a la progresista/liberal; la derecha frente a la izquierda, el nacionalcatolicismo frente al libre pensamiento. Pero se le añade la segunda oposición, en buena medida traída por la nueva dinastía de los Borbones, la que enfrenta la España centralista, básicamente castellana, con la España descentralizadora, básicamente periférica. Ese otro conflicto viene a añadirse al dinástico y al ideológico, que protagonizan la mayor parte de los sobresaltos políticos. Un cruce de antagonismos o dualidad de dualidades “pugna del espíritu localista contra el unitarismo, que debilita la cohesión nacional” y la “diversidad de ideología política “, que quebranta “la unidad moral de la colectividad”14 como supo captar agudamente en los peligrosos y comprometidos años cuarenta Menéndez Pidal, a quien Cuenca Toribio nota de importantísimo arquitecto del “núcleo duro de lo que habría de ser el nacionalcatolicismo”15.

A medida que se suceden y alternan los planes de centralización y descentralización de la administración va tomando forma a su vez lo que habrían de ser los nacionalismos no españoles. Al tejer y destejer de la organización territorial del Estado le ocurre como a la idea de la pretendida oscilación del péndulo constitucional entre periodos progresistas y conservadores (capítulo III), que no refleja toda la verdad. Durante la dinastía de los Austrias apenas hay manifestaciones de este antagonismo territorial, salva la sublevación catalana de 1640 que, de todas formas, ya apuntaba maneras, con la breve proclamación de la República catalana por Pau Claris. El siglo XIX, en cambio, parece una experimentación permanente entre los proyectos centralizadores y los descentralizadores. Pero solo lo parece. Una lectura del interesante estudio de Polo Martín sobre los procesos de organización territorial demuestra el abrumador predominio de la centralista, pues, excepción hecha de la descentralización e intento de federación del sexenio revolucionario, reputado como un fracaso y de los breves años de la IIª República, en el fondo, otro, el resto del tiempo desde la Constitución de Cádiz hasta el final del franquismo, más de siglo y medio, España ha sido un Estado unitario fuertemente centralizado16.

La reacción fue articulándose de modo lento pero inevitable como una oposición creciente de las naciones no castellanas. Para referirnos exclusivamente al nacionalismo catalán, la historia es suficientemente conocida. Al amor del romanticismo decimonónico se articula ya a mediados del siglo XIX una corriente de vuelta a las raíces culturales autóctonas, al espíritu del pueblo, que se materializa primeramente en fenómenos como la Renaixença y los Jocs Florals, intento de recuperar la literatura y el folklore catalanes, animado, entre otros, por el gran lingüista Milá y Fontanals, curiosamente maestro de Menéndez Pelayo, quien siempre profesó gran veneración por él y enorme afición al regionalismo catalán que era como Milá lo sentía, sin que ello signifique que el erudito santanderino se adhiriera en modo alguno a un catalanismo político17.

Porque, en efecto, la formación del nacionalismo catalán es un largo proceso que, comenzando con la recuperación de las raíces culturales y la búsqueda de una identidad propia, va politizándose poco a poco y, por ello mismo, intensificando su conflicto y confrontación con el nacionalismo español, en un principio con el conservador y tradicionalista y, ya al final, también con el liberal. Lo que empezó siendo el cultivo de una personalidad cultural propia desembocará en la actual reivindicación independentista, pasando por una serie de propuestas de reorganización territorial del Estado más o menos afortunadas con formas federales, confederales de unión ibérica, etc. Es decir, es una vieja historia.

Quizá no sea aventurado sostener que los primeros atisbos de politización se dan como respuesta al fracaso del intento federal de la Iª República, aunque todavía no se rompen los moldes regionalistas. Es el caso de Valentí Almirall, en cierto modo patriarca del nacionalismo catalán, quien en su obra de 1882, Lo catalanisme echa los cimientos de la ideología y formula sus pilares esenciales: la dominación de Castilla es autoritaria y oligárquica18 y frente a ella, frente a España en general, Cataluña tiene agravios en todo comparables a los que tenían las colonias de América frente a Inglaterra19. Pero esto no lo impulsa a pedir la independencia, sino una forma de asociación federativa, precisamente en la línea de los federalistas de la Iª República, que suponga una asociación libre de Estados basada en el respeto al particularismo20 en los que se da una soberanía compartida21. El particularismo, esa condición de la que tan orgulloso se siente Allmirall y que Ortega considera principal razón de la desintegración española (“las partes del todo comienzan a vivir como todos aparte”)22. A partir de este momento se intensifica la finalidad política del nacionalismo si bien se mantiene durante bastante tiempo una curiosa ambigüedad respecto a la condición de un posible Estat catalá dentro de la Federación Ibérica como llegaría a figurárselo el fundador de Esquerra Republicana, Francesc Maciá23.

A este proceso contribuirá también el ínclito Joan Maragall quien, a través de su profunda reflexión sobre el ser de España y Cataluña, llega a plantear poéticamente la necesidad de la independencia de Cataluña24. En realidad, su Oda a Espanya es un adiós a España. “Adéu, Espanya” es como termina. La Oda es de 1898, pero condensa años de reflexiones anteriores en las que el poeta atribuye la postración y muerte de España en la que, dice, ha llegado la hora del ¡sálvese quien pueda!, a la incompetencia de sus clases dirigentes durante la Restauración25. Una conclusión que nos parece cierta pero insuficiente ya que la incompetencia de las clases dominantes españolas no se reduce a la Restauración sino que arranca prácticamente del tiempo de Felipe II, en el pináculo del Imperio.

La consolidación y legitimación del nacionalismo catalán da un considerable paso adelante con las Bases de Manresa de 1892, en buena medida obra de otro patriarca nacionalista, Prat de la Riba. Las Bases se configuran como una verdadera Constitución para la región de Cataluña, aunque dentro del Estado español. Aun así en muchos aspectos iban más allá en punto a autogobierno de lo que han ido los estatutos actuales. Posteriormente, tras los sucesivos fracasos de las tendencias federalizantes, el desastre del 98 acelera las centrífugas. A primeros de siglo (1901) se funda la Lliga Regionalista, un partido nacionalista conservador con políticos moderados como el citado Prat de la Riba que niega explícitamente que el nacionalismo catalán sea separatista26 y defiende una federación española. Lo mismo, más o menos que propugna el periodista Rovira i Virgili, quien, sin embargo, contrapone una idea subjetiva y voluntarista, es decir, “política”, de nación a la objetiva y biologicista de Prat de la Riba, más de acuerdo con el principio de las nacionalidades27.

La Lliga Regionalista hubo de conformarse con la creación en 1914 de la Mancomunidad de Cataluña, una asociación de las cuatro diputaciones de Cataluña cuya importancia fue más simbólica que real ya que las competencias de las diputaciones no pasaban de una tímida descentralización administrativa. Pero al tener importancia simbólica fue eliminada por la dictadura de Primo de Rivera, nada partidario de ninguna forma de descentralización. La Liga propugnaba un nacionalismo burgués de vieja raigambre regionalista y bien avenido con el nacionalismo español como lo prueba que algunos de sus más destacados dirigentes, como Juan Ventosa o Francesc Cambó fueran varias veces ministros de la monarquía y posteriormente colaboradores de los franquistas. La ambigüedad llevada a sus últimas consecuencias que se evidencia en la célebre advertencia de Alcalá Zamora a Cambó en el sentido de que no era posible ser a la vez el Bismarck de España y el Bolívar de Cataluña.

Pero mientras unos nacionalistas se integran en la corriente del nacionalismo español tradicional, otros intensifican su ideario y le dan un contenido más o menos independentista y separatista frente a España, si bien siempre dentro de la citada ambigüedad. A esta tarea consagró su vida el belicoso teniente coronel Maciá quien protagonizó un par de intentonas armadas contra el gobierno central. Aun así, su República Catalana, declaraba, según el ideólogo Rovira i Virgili

“que vol unir-se federativament, com a poble lliure, als altres pobles ibèrics, també lliures. La proclamació de la República catalana, en aquestes condicions, no representa un acte de separació, sinó d’unió veritable, sincera i cordial”28.

Por aquel entonces ya había prendido asimismo el nacionalismo vasco de base aranista y comenzaba a desperezarse el gallego. Desde finales del siglo XIX y primer tercio del XX se vive un proceso de incremento de unas conciencias nacionales periféricas separadas de la española, titubeantes en un principio en cuanto a sus formulaciones políticas pero progresivamente articuladas en el sendero de la exigencia de autonomía creciente. Poco tiempo después habría de darse una forma organizativa de esta confluencia de los tres nacionalismos en el nacimiento de una curiosa organización, más de carácter coordinador, que unía los nacionalismos catalán, euskérico y gallego en la llamada Galeusca, fundada en 1923 que, sin embargo, nunca tendría una actividad digna de reseña en gran parte por la falta de acuerdo de las tres corrientes en los asuntos de política práctica.

Ese ritmo desacompasado de los tres nacionalismos no españoles se mantiene. Pero en sus momentos incipientes va extendiéndose una conciencia alarmada del riesgo de fragmentación española. La cuestión regional preocupa a Ortega que en 1921 la veía como una amenaza de desintegración nacional: “el desprendimiento de las últimas posesiones ultramarinas parece ser la señal para el comienzo de la dispersión intrapeninsular”29. El resurgimiento de los regionalismos, nacionalismos, separatismos fuerza asimismo un rearme ideológico del nacionalismo español que a los brotes de otros espíritus nacionales contrapone no solo la españolidad sino también la Hispanidad.

14 Menéndez Pidal, 1982: 182.

15 Cuenca Toribio (2008): 51.

16 Cf. Polo Martín (2014): passim.

17 Sotelo Vázquez, 2014: 103.

18 Almirall, 1979: 45.

19 Ibíd.: 88.

20 Ibíd.: 102.

21 Ibíd.: 176.

22 Ortega, OC, III: 67.

23 Colomer, 1986: 19.

24 Sotelo Vázquez, 2014: 275.

25 Ibíd.

26 Prat de la Riba, 1998: 125.

27 Colomer, 1986: 18.

28 Rovira I Virgili, 1931: 95.

29 Ortega, OC, III: 67.

Madre de naciones: la Hispanidad

Al surgimiento de los nacionalismos no españoles responde el español con una fabricación de un concepto que tendría singular fortuna en cuanto a construcción conservadora de la idea de nación, el de la Hispanidad, cuya pretensión es recuperar en lo ideal el imperio que España perdió en lo real. Acuñado el término en sentido cultural por primera vez por Unamuno30, fue recogido por un clérigo vasco residente en la Argentina, Zacarías de Vizcarra y Arana que, en 1926 propuso substituir la denominación de “Día de la Raza” para el 12 de octubre por “Día de la Hispanidad”. El término sirvió de consigna y punta de flamígera espada a Ramiro de Maeztu y con la que escribió su obra más combativa, Defensa de la Hispanidad. Reconvertido de su noventayochismo original, Maeztu descubrió en la Hispanidad la posibilidad de recuperación del orgullo de la nación española, supeditada hasta entonces a las influencias foráneas31, que él mismo había defendido en su etapa europeizante. Típica dualidad del 98, ahora retornaba al casticismo y ensalzaba lo español en nombre de la universalidad:

“Esta es una idea que ningún otro pueblo ha sentido con tanta fuerza como el nuestro. Y como creo en la Humanidad, como abrigo la fe de que todo el género humano debe acabar por constituir una sola familia, estimo necesario que la Hispanidad crezca y florezca y persevere en su ser y en sus caracteres esenciales, porque sólo ella ha mostrado vocación para servir este ideal”32.

Nada podía ser más grato a la mentalidad nacionalcatólica que otra fórmula imperial que se hiciera eco de sus ambiciones universalistas a partir de un núcleo católico y español. Se trata de la enésima versión de esa adocenada interpretación del Quijote según la cual, la historia, sus héroes, el hidalgo y el escudero son universales a fuer de particulares; la misma que alienta en esa propuesta tan escasamente convincente de que el modo de salir adelante en la crisis es hacerse glocal, esto es, pensar globalmente y actuar localmente. Todo ello indubitable cuando se trata de algo que, como el Quijote, es una genialidad. Predicado, sin embargo, de una colectividad problemática y sesgado en pro de ideas reaccionarias tiene un punto de ridiculez bombástica. Y, sin embargo, la idea encontró también encendidos valedores en algunos personajes de la izquierda, y en torno suyo se repite la escisión de las dos Españas. Así, Luis Araquistain recibe con alborozo la propuesta de la Hispanidad, aunque rechaza el nombre y propone uno alternativo: el hispanoamericanismo. Triunfaría el de Hispanidad que es más breve, más sonoro, más abstracto y no implica expresamente la dualidad España-América. La contraposición entre ambos términos ilustra una vez más la línea de fractura suficientemente conocida del conflicto entre las dos formas de abordar el ser de España esta vez en el orden exterior. El verbo de Araquistain tiene ecos claramente regeneracionistas:

“Necesitamos un hispanoamericanismo liberal, por contraposición a ese otro hispanoamericanismo conservador o indiferenciado que coloca la idea de hispanidad —como en otro orden la idea de nacionalidad— por encima de nuestras imperfecciones y nuestras miserias, llevándole a adular todo lo que pertenece a nuestra raza, aunque sea falso, inepto, feo o injusto. El hispanoamericanismo liberal debe ser criba de valores y también, en las partes enfermas, escalpelo y cauterio33.

La Hispanidad es parte muy importante del engrudo con el que en los años treinta se procede a construir un programa monárquico, intensamente antirrepublicano y con resonancias neoimperiales. Con ese lema se propugnaba una alianza con Portugal a efectos de recuperar y, cuando menos, soñar con la aspiración del dominio mundial. Ramiro de Maeztu propuso el término para bautizar lo que después sería Acción Española. Y no por casualidad Eugenio Montes, un intelectual falangista de primera hora llamaría luego a la revista“Covadonga de la Reconquista espiritual de España”34. La nación es el Imperio. El Imperio católico.

La República no se inclinó por la Hispanidad y mantuvo el 12 de octubre como “Día de la Raza”, que había proclamado Alfonso XIII, lo que tampoco desagradaba a los más fervorosos de Acción Española. Fue el franquismo el que cambió la denominación del día nacional por la de “Día de la Hispanidad” en los años cuarenta. El franquismo, para el que “el mundo no ha concebido ideal más elevado que el de la Hispanidad”35. España, madre de naciones como complementaria de la otra, menos culturalista y más de carácter político, más propia del fascismo patrio: España como unidad de destino en lo universal, la fórmula que José Antonio Primo de Rivera parecía haber captado de Otto Bauer36. La Dictadura creó un Instituto de Cultura Hispánica, que ejerció cierta labor de importancia, primero con estridencias imperiales y luego con un criterio más sosegado y moderno. Pero jamás tuvo una proyección política ultramarina real. Si en algún momento el gobierno pensó en poner en marcha algo parecido a la Commonwealth británica o la Communauté francesa, pronto perdió toda esperanza.

La Hispanidad era un gesto propagandístico que, además, iba dirigido a un continente en donde el exilio intelectual español tenía una voz importante, que no rechazaba el nombre pero sí la pretensión imperial del régimen de Franco37. Jamás pasó de un terreno puramente declamatorio, entre otras cosas porque volvía a suponer un secuestro de la idea nacional por la visión más ultramontana, la del catolicismo “a machamartillo”, que ahora se fabricaba un sueño americano.

Con la transición hubo un tímido renacer de la pretensión de la Hispanidad pero como en sordina. Se sacó el 12 de octubre de la contienda nacionalista proclamándolo “Día de la Nación española” y el artículo 56, 1 de la Constitución, el que habla del Rey, dice que:

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. (Cursivas añadidas).

La comunidad histórica cristalizó en 1991, en la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Guadalajara (México), en la que se creó una Comunidad Iberoamericana de Naciones que no es otra cosa que su nombre pues no existe como organización material salvo en las periódicas cumbres que suelen ser espectáculos pintorescos. Se trata obviamente de un intento de crear algo parecido a las citadas Commonwealth y Communauté de la Francophonie, organizaciones a las que la derecha española más neoimperial mira siempre con envidia.

Aparte de otros factores negativos, dos elementos que dificultan el funcionamiento de la citada Comunidad: en primer lugar, el término Iberoamérica está obviamente escogido para englobar a España y Portugal. A diferencia de las citadas Commonwealth y Communauté, la Comunidad española, al abarcar dos ámbitos lingüísticos distintos se configura como una organización bicéfala, siempre más difícil de gestionar. En segundo lugar, está claro que España no ejerce sobre sus antiguas colonias ni la milésima parte de autoridad e influencia que las viejas metrópolis de París y Londres sobre las suyas. Por no tener, España no tiene ni el softpower de que habla Nye y su autoridad en el continente americano, en donde existe cierta prevención frente a las posibles pretensiones neoimperiales de la antigua metrópoli, es bajísima. En la actualidad, la Hispanidad es poco más que dos ámbitos lingüísticos.

Hacia el interior, la Hispanidad tampoco ha servido para actuar como vínculo de unión con los pueblos periféricos de España, especialmente vascos y catalanes. Sin duda estos están perfectamente integrados en la América hispana dado que disponen de la lengua koiné, pero eso no los impulsa a estrechar lazos con la nación castellana o a sentirse parte de la nación española. La Hispanidad es un espíritu que no se materializa política ni jurídicamente y, en consecuencia no sirve para frenar el proceso de fragmentación nacional española debido al obcecado propósito de hacer sinónimo lo castellano de lo español. Sigue habiendo dos Españas en cuanto a la forma de entender su planta territorial.

30 González Cuevas, voz “Hispanidad” en Blas, 1997: 215.

31 Ibíd.: 159/160.

32 Maeztu,1942.: 306.

33 Araquistain (2010).

34 Calvo Serer, 1957: 104.

35 Ibíd.: 108.

36 Álvarez Osés, 1988.

37 Ayala, 1962: 107.

El discurso de las armas y las letras

En su obra sobre las dos Españas, que Juliá hace arrancar del debate sobre el carácter de 1812, el autor estudia las confrontaciones de metarrelatos en las controversias de sucesivas oleadas de intelectuales y traza así una sugestiva historia espiritual del país hasta hoy. En ella destaca especialmente un capítulo 9 encabezado con una contraposición que había utilizado Dionisio Ridruejo en un artículo publicado en una revista aparecida en 195238, “Excluyentes y comprensivos: intelectuales como dueños de la memoria y políticos de la cultura”39 que indaga en el debate intelectual del franquismo más o menos desde el primer Año de la Victoria hasta el decenio de 1970. Dado el carácter excepcional del régimen, esto es, la dictadura, uno de los interlocutores tradicionales de las dos Españas, el liberal/progresista/izquierdista había desaparecido por exterminio, encarcelamiento o destierro. Allí no había dos Españas, sino una España vencedora de la Anti-España. Unidad, unidad. Nada de debate. Y, sin embargo, como si lo de las dos Españas fuera algo genético, en el seno de la postulada unidad acabó reapareciendo la discusión.

Lo hizo incluso en términos broncos, acordes con la situación en que España se forjaba en los campos de batalla. Cuenta Vegas Latapie, el monárquico de Acción Española, en sus memorias que, allá por 1937, un funcionario de prisiones de las JONS con ínfulas de escritor, publicaba artículos en el semanario de la Falange Libertad. No le gustaban las piezas a Dionisio Ridruejo y este dijo a Tovar que no las publicase. Al enterarse, el funcionario cogió su pistola y en el más fiero estilo dannunziano de ajuste de cuentas, descerrajó cuatro tiros a Tovar, hiriéndolo de gravedad40, en un episodio que recuerda alguno de los cuentos sobre periodismo de Mark Twain. Hubo que decir que se trató de un percance en el frente de batalla. Al fin y el cabo, Antonio Tovar trabajaba por entonces en el departamento de Prensa y Propaganda de Franco, a las órdenes de Ridruejo. Y Laín Entralgo, otro de los componentes del núcleo original de Escorial, no andaría lejos. También fueron los componentes principales del primer grupo de arrepentidos, como lo serían asimismo Aranguren, Ruiz-Giménez y otros. Tiene uno la tendencia a ver en aquellos intelectuales falangistas de primera hora un eco lejano de la vanguardia futurista italiana que, al fin y al cabo, desembocó en el fascismo. Algo así, me parece, se manifiesta en Giménez Caballero con su estilo estrambótico y como epigramático. Los otros tenían una dimensión más grave, más forjada en la lírica que traían de la Hispanidad. Eran gentes imbuidas de la conciencia de una misión histórica: restablecer a España en su senda imperial.

Hay casi de inmediato al fin de la guerra una escisión en el frente ideológico de los vencedores entre el falangismo, al que Franco consideraba cosa de chulos de algarada, según dijo a su médico de cabecera, Vicente Gil41 y los monárquicos católicos que, al final, se salieron con la suya y capturaron el régimen, recogiendo el testigo de la tarea de levantar la España nueva, aunque desde planteamientos distintos, esencialmente católicos pero también prácticos, económicos, sentando las bases de una prosperidad que debía permitir al país superar el complejo de inferioridad que arrastraba desde los tiempos de su derrota europea42. Lo llamaron la culminación del proceso constituyente43, un proceso prolongado, pues duró desde 1936 a 1969, cuando se declaró a Juan Carlos sucesor de Franco a título de Rey y aun no acabó ahí sino que la verdadera culminación tuvo lugar seis años después.

El momento de crisis viene cuando la guerra mundial se decanta a favor de los aliados y el régimen, gracias a Carrero Blanco, miembro del Opus, suelta lastre falangista y se proclama monárquico y católico en julio de 1947, unos meses después del manifiesto de Lausana, en marzo de ese año, de don Juan de Borbón, en el que este critica la dictadura, se declara liberal y proporciona así al taimado dictador la excusa para perpetuar su poder transitorio. Esa será la situación que administren los intelectuales del Opus que se consideran más eficaces que los antiguos propagandistas de la Acción Católica y arrinconan la acartonada retórica imperial de la Falange. Esta, que se sabe perdedora, se hace comprensiva tras haber sido asimiladora, casi fagocitadora de las otras tradiciones culturales españolas, las del otro bando. El intento de Ridruejo, a quien Preston considera honesto, sincero y humano44 de asimilar, recuperar, a Antonio Machado para el falangismo en 1940, a título de ejemplo, merece el siguiente juicio a Juliá: “la absorción del vencido, después de que reconociera en la práctica la razón que asistía a los vencedores: esa era la oferta dirigida a unos intelectuales aterrorizados”45. El participio “aterrorizados” es aquí decisivo pues apunta a una realidad teñida por un factor del que raramente se habla cuando se considera esta época en relación con los intelectuales: el miedo. Miedo suscitado por una política deliberada y general de represalias masivas, de represión arbitraria permanente; en definitiva de terror, de acuerdo con aquel siniestro propósito de sentar un escarmiento que había especificado tempranamente el sublevado general Mola: “Hay que sembrar el terror…; hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”46. España era por entonces una gigantesca cárcel, sembrada de campos de concentración con una población civil indefensa a merced de los vencedores que no tuvieron ninguna. Un terror que duplicaba su eficacia por el hecho de ser público, pero velado; conocido, aunque principalmente por rumores y habladurías.

La cuestión es: ¿qué sabían los intelectuales falangistas y/o católicos sobre los crímenes cotidianos del franquismo, los que, seguramente, tenían a sus cofrades de tareas “aterrorizados”? Debía de ser imposible no estar al tanto. En su vívida crónica de la inmediata posguerra dice Rafael Abella:

“Que yo sepa, nadie ha divulgado oficialmente el número exacto de los ejecutados después de la guerra, lo que ha dado pie incluso al agrandamiento de las cifras reales, con todo y haber sido estas acordes con la dureza que presidió la depuración. Tan solo hay un dato —que damos con ciertas reservas— proporcionado por el ministerio de Justicia que habla de 192.684 personas ‘ejecutadas o muertas en prisión’, entre 1939 y 1944, lo que deja la incógnita sobre la cuantía de óbitos debidos a una y otra causa”47.

¿Podían los intelectuales orgánicos del franquismo, falangistas y nacionalcatólicos, no saber lo que estaba pasando?

El asunto es conocido. Suele citarse el ejemplo del régimen nazi en Alemania. La población en general, ¿no sabía nada de los campos de concentración, del exterminio, de la solución final? ¿Y los intelectuales? La situación en España, con anterioridad, era análoga. Estos intelectuales eran, además, los encargados de legitimar el régimen, encontrarle una teoría, la del Estado Nuevo; el principio del caudillaje; la salvación de España, adelantada de la Cristiandad; la revolución nacionalsindicalista; el Imperio; el nacionalcatolicismo triunfante. ¿Podían ignorar que su retórica se edificaba sobre un campo de muerte y exterminio en el que se violaban todos los principios de justicia y moral que invocaban en su doctrina? Es harto improbable.

Por tanto, si sabían y, a pesar de todo, continuaban funcionando como ideólogos de un Estado que cometía tales desmanes, sería porque no les parecían tales. Intelectuales, al fin y al cabo, es decir, capaces de justificar las mayores aberraciones, se regirían por la sabía recomendación de Juan Ginés de Sepúlveda, el gran adversario de Las Casas, cronista y capellán de Carlos V, quien, apoyándose en el Deuteronomio (39), sostenía que:

“a quienes hacen una guerra justa, por la costumbre de los pueblos y el Derecho divino y natural, les está permitido matar al enemigo, someterlo a esclavitud, despojarle de sus bienes, destruir sus villas y ciudades, devastar y talar sus campos y hacer toda clase de males al enemigo hasta conseguir la victoria, siempre que todas estas cosas se hagan con buen ánimo y con miras hacia la paz”48.

Lo de las “miras hacia la paz” del teólogo cordobés y legitimador de la conquista del Nuevo Mundo podía ser cualquier cosa; como, en efecto, lo fue, cuando Franco hizo celebrar el veinticinco aniversario de su victoria en la guerra civil en 1964 como “XXV años de paz”. Ciertamente, al final llega el arrepentimiento, el que Espinoza no consideraba fuera una virtud. Si este se da, como dicen los clérigos, por dolor de atrición o de contrición es aquí indiferente. El hecho es que llega y se ve uno obligado a explicar el pasado. Los intelectuales de Escorial y muchos en los aledaños falangistas, camisas viejas, nacionalcatólicos, cantan la palinodia y surge así una especie de literatura del arrepentimiento, Ridruejo, Laín, Aranguren, etc., muy celebrada en los círculos literarios. Mi buen amigo Ignacio Amestoy, puso en escena hace poco su Dionisio Ridruejo. Una pasión española. En su opinión, la peripecia de Ridruejo ejemplifica el drama de España. Supongo que es difícil pasarse de una a otra España, sobre todo de la que se quiere única a la Anti-España. El viaje inverso, el transfuguismo de la izquierda a la derecha es mucho más frecuente. Encuentra siempre comprensión en una especie de filosofía barata sanchopancesca que habla del paso de los años, la moderación, los intereses, etc. El de la derecha a la izquierda es mucho más infrecuente y, de hecho, en el caso de este puñado de intelectuales del régimen franquista, desengañados y posteriormente desafectos, parece haber sido casi una moda.

Sin restar méritos a esas conversiones en un país de conversos, sobre todo teniendo en cuenta que otros intelectuales jamás dieron el paso y se quedaron de guardianes de un osario, calificándolo de jardín, mientras disfrutaban de los privilegios y los inmerecidos honores, lo cierto es que el mérito de los arrepentidos aparece mermado frente a quienes se resistieron desde el primer momento, no colaboraron, se opusieron y, por tanto, no tienen nada de qué arrepentirse. Y no nos referimos solo a los intelectuales que marcharon al exilio y no retornaron, como lo harían Ortega o Ramón Gómez de la Serna, sino a los del exilio interior, los que se quedaron y no colaboraron con el régimen. El caso citado de Julián Marías, de su mujer Dolores Franco. Muerto Ridruejo, Marías le dedicó unas páginas llenas de generosidad en las que recordaba con cariño Escorial, incluso alababa el famoso prólogo a las obras de Machado49. Es el resistente quien acaba haciendo realidad el propósito que el otro había anunciado falseándolo. Así que, al final, los comprensivos acabaron siendo demócratas, es decir, respetuosos con la libertad de creación50. Mientras que los antiguos excluyentes, los católicos, los debeladores del intento de apoderarse del impío Ortega, se convertían en tecnócratas51.

Es tentador mencionar aquí la interpretación de Alfonso Botti en su estudio sobre la naturaleza del nacionalcatolicismo. Damos por supuesto que este es una teoría retardataria, más o menos formulada desde Menéndez Pelayo, opuesta a todo cuanto huela a innovación, progreso, tolerancia, apertura, libertad, etc. Pero bien pudiera tratarse de lo que el estudioso italiano llama la España católica como simulacro por cuanto ese nacionalcatolicismo, quizá ya desde su origen, supone una relación entre capitalismo, catolicismo y nacionalismo que no es la que usualmente se maneja52. El Opus viene a ser aquí el ingrediente calvinista en el enfoque católico de la actividad económica. Ribetes calvinistas había ya encontrado Gregorio Morán en la Obra de Escrivá de Balaguer53. Desde luego; basta con leer Camino, que es como un manual de directivo de empresa. El punto de vista de Botti es que la concepción weberiana del nacionalcatolicismo propia del Opus, al distinguir entre el liberalismo político, que sigue siendo condenado, de acuerdo con la ortodoxia más estricta y el económico, que debe imponerse a través de la estabilización y los planes de desarrollo, posibilitarían el despegue económico sin tocar los fundamentos doctrinales del régimen. “Todo lo que hiciera elevar el nivel de vida contribuía también a dar más cohesión al país, a aminorar el riesgo de malestar, tensiones y discordias”, pensaba por entonces Laureano López Rodó, miembro destacado del Opus, preceptor del Príncipe de Asturias, luego Comisario General del Plan de Desarrollo y por último, ministro de Franco54, es decir, justificaba la dictadura. Y no solamente la justificaba, sino que abría nuevas perspectivas de legitimación “creativa” a través de la importación en España de la enésima corriente ideológica foránea con la llamada “tecnocracia”. Gonzalo Fernández de la Mora, un intelectual integrista que, muy oportunamente, fue ministro de Obras públicas de Franco entre 1970 y 1974 lo teorizó en un libro que recogía sus reflexiones políticas55. La tecnocracia se presentaba como una superación de las ideologías y en ese terreno es en donde Fernández de la Mora dejó su más importante aportación, con un libro en la estela del de Daniel Bell, si bien con resonancias más wagnerianas en el título56: El crepúsculo de las ideologías.

Este giro y nuevo enfrentamiento vuelve a ser una manifestación de las dos Españas al filo de la transición. Los mismos títulos que dieron nombre a una especie de polémica renovada sobre el ser de España, España como problema, de Laín y España sin problema, de Calvo Serer casi parecen eslabones de la cadena de las dos Españas: venían de la España nacional y la Anti-España y apuntaban a la de la democracia o la de la tecnocracia. El catedrático del Opus Calvo Serer, más tarde pasado a la oposición democrática, advertía que “ante el problema de España, nosotros nos encontremos en una situación similar a la que tuvieron delante de sí los hombres del 98, nos lleva a plantear una serie de interrogantes”57.

El libro de Juliá aun trae otro capítulo dedicado a la disidencia política. Imposible no pensar en que la historia intelectual es doble y, aunque la España oficial era totalitaria, autoritaria, excluyente y hay animados debates al respecto, también hubo relato excluido, oculto, perseguido, exiliado, multiforme en definitiva. La España oficial y la España real. La interior y la exterior. Y, para complicar más el asunto, al final de la dictadura aquellos diálogos se mezclaban. No deja de ser significativo que el libro citado se cierre con un capítulo dedicado a la reconciliación nacional. Justamente el Leitmotiv de la transición.

Habiendo triunfado en la guerra civil, los intelectuales franquistas quieren proponer alguna solución y se ven obligados a reconocer que la victoria incondicional, la represión, el frenesí terrorista de unos gobernantes delincuentes no lo es, por más que se pasen la vida hablando del Imperio. No puede ignorarse, todavía en los años cincuenta, el hecho pintoresco de que en la citada obra de Calvo Serer, España, sin problema, se hable, precisamente, del “problema de España que es justo lo que se quiere anatematizar”58. En el decurso del régimen se agudiza la angustiosa búsqueda del ser de España. Los intelectuales falangistas han perdido la fe, el imperio se ha desvanecido y la anti-España ha tomado posesión hasta de las almas de quienes debían defender aquel ideal inmarcesible pero se han rendido a las seducciones de la técnica y el dinero.

Terminado el régimen, alzada y caída la transición, lo definitorio de España es su obsesión por la decadencia, una obsesión que sigue manifestándose actualmente, aunque a veces en tonos menos apocalípticos y más consoladores.

38 Cfr. Morán, 1998: 434.

39 Juliá, 2004: 355/407.

40 Vegas Latapie, 1987: 229.

41 Gil, 1981: 93.

42 Juliá, 2004: 373.

43 Iglesias Selgas, 1971.

44 Preston, 1986: 130.

45 Juliá, 2004: 343.

46 Cit. en Egaña, 2009: 68.

47 Abella, 1978: 56.

48 Ginés de Sepúlveda, 1963: 113.

49 Marías, 1976: 80.

50 Juliá, 2004.: 396.

51 Ibíd.: 391.

52 Botti, 2008: 45, 83.

53 Morán, 1998: 379.

54 López Rodó, 1977: 199.

55 Fernández de la Mora, 1976.

56 Fernández de la Mora, 1986.

57 Calvo Serer, 1957: 78.

58 Ibíd.

El excepcionalismo negativo español

Reiterémoslo: la historia de España como Estado entre los demás Estados, es la de una derrota continua desde el siglo XVII. Decadencia, dos Españas, aislamiento internacional, guerras civiles, frecuencia de gobiernos autoritarios y/o dictatoriales. Nos guste o no nos guste, el Estado español no ha hecho otra cosa que cosechar fracasos y humillaciones en los últimos trescientos años. Y así como la victoria tiene mil padres, la derrota, ya se sabe, no tiene ninguno. El derrotado está solo y todos lo abandonan, especialmente si creen disponer de una base objetiva que justifique su pretensión de hacerse con un Estado propio. En la medida en que el Estado quiere ser el armazón institucional de la nación, a la vista de esta historicidad, se admitirá que los rimbombantes discursos sobre la grandeza de la nación española resultan ridículos y muy a tono con la imagen estereotipada y convencional que proyecta España de país de andrajosos fanfarrones. Cuando Rajoy, o cualquier otro representante de la derecha nacionalcatólica responsable de la postración nacional, repite como un loro que España es una “gran nación”, está recitando de corrido, el habitual discurso ampuloso, la retórica huera de la oligarquía clerical que ha expoliado y arruinado el país desde siempre. La expresión que también emplea el Rey en su discurso de abdicación59 y repite su hijo en el de su coronación, casi ya como una fórmula rutinaria que se recita sin convicción: “una gran nación, Señorías, en la que creo, a la que quiero y a la que admiro; y a cuyo destino me he sentido unido toda mi vida, como Príncipe Heredero y —hoy ya— como Rey de España”60. Una gran nación que necesita estar repitiéndolo permanentemente no es tal. No es tampoco a ella misma a quien corresponde dictaminar su grandeza sino a las demás y, en este terreno, una ojeada rápida a todos los índices e indicadores que se utilizan en todo el mundo para los más variados fines, como medir magnitudes económicas, grado de desarrollo humano, libertades públicas, niveles educativos y culturales, igualdad y cohesión de la población, etc, dejan al país en una posición bastante mediocre.

Es como un sortilegio, como si se creyera en el efecto mágico de la invocación y en que basta con hacerla para que, en efecto, España, tan atrasada como siempre en comparación con los países de su entorno cultural, o más si cabe, hubiera dado un salto a la modernidad que solo existe en el espíritu complaciente de los cortesanos. El día de la abdicación del Rey, el editorialista de El País, periódico otrora independiente, convertido en uno más de los apoyos del gobierno de la derecha, canta con arrobo que el Príncipe Felipe: “facilitará la necesaria modernización y renovación de un sistema institucional necesitado de enfrentarse a los desafíos del futuro, como el propio don Juan Carlos supo hacerlo respecto a los del pasado”61. Y el día de su coronación, el mismo diario formula su oculta esperanza al decir: “al Monarca se le espera en el terreno de la unidad de los españoles y en la forma de resolver los problemas que se ciernen sobre la convivencia, y también en las cuestiones sociales y en los derechos ciudadanos”62. Sobre todo en lo de la “unidad de los españoles”, que es donde duele. Y mucho. Entre las vulgaridades y tópicos con que Felipe VI jalonó su discurso de coronación, repleto de “retos”, desafíos”, “deberes”, “sacrificios”, estos alternaban con referencias a la “unidad”, la “convivencia” de los españoles y, por supuesto, a la nación española, en singular. Un discurso que solo puede entenderse como una declaración de intenciones, una fijación de actitud respecto a lo que se planteaba entonces, esto es, la búsqueda de una solución al contencioso de Cataluña. Hablaremos de nuevo de la figura de Felipe, más adelante, al sopesar la eventualidad de una nueva propuesta para tratar de frenar el desastre que, merced a su habitual incompetencia e inutilidad, habían preparado los dos partidos dinásticos, uno en el gobierno y otro en la oposición.

¿Con arreglo a qué parámetros se mide la grandeza o pequeñez de las naciones? Dejando de lado el habitual recurso nostálgico a las glorias pretéritas del Siglo de Oro que ya no dan para más, este relato colectivo se asimila a una variante no ya del ocaso de los dioses, sino de Sunset Boulevard, que da al país el dudoso estatus a ojos ajenos de lo que los ingleses llaman un has been. ¿Hay alguna duda de que tales parámetros son, más o menos, los mismos que se planteaban algunos regeneracionistas, el propio Costa? ¿No siguen siendo despensa y escuela, oligarquía y caciquismo? Y en todos ellos el país suspende claramente hasta el siglo XIX y vuelve a suspender en el XX, que se inició con la clara voluntad de devolverlo al cauce ordinario de las naciones civilizadas.

Desarrollo económico, progreso científico son factores sumamente deficientes en España en los últimos doscientos años. Pero lo que venía del siglo anterior tampoco iba en la dirección correcta. Según Palacio Atard, al cierre del XVIII, además del fracaso de la política agrícola, la industria se encontraba en un estancamiento que el autor atribuye a cuatro factores: a) los obstáculos naturales, esto es, orografía e hidrografía; b) los obstáculos debidos a la opinión pública, es decir, la mentalidad colectiva, el espíritu aristocrático de Castilla, que no se daba en Cataluña; 3) los obstáculos financieros por la escasez de capitales; y 4) las guerras de fin de siglo63.

Tomando una de las propuestas más extendidas de la teoría de la modernización como es la de las etapas del crecimiento económico de W. W. Rostow, es claro que el país, no las recorrió de forma satisfactoria. En el mejor de los casos, podría decirse que, habiendo llegado ya con retraso en diversas ocasiones en el siglo XIX a la segunda y tercera etapas, las “condiciones previas para el impulso inicial” y el “impulso inicial”, por unas u otras razones, torció su rumbo. En cuanto a las “condiciones previas” o “época de transición”, que se da en Europa occidental a fines del XVII y comienzos del XVIII, cuando la ciencia moderna impregna los procesos productivos en agricultura e industria en un marco de expansión de los mercados mundiales y competencia internacional, España, en donde apenas hay ciencia, comercio ni industria, se mantiene al margen y, sobre todo, falla en lo que Rostow considera un aspecto decisivo de este periodo de transición: “la construcción de un Estado nacional centralizado y efectivo, fundado en coaliciones influidas por un nuevo nacionalismo opuesto a los intereses tradicionales sobre tierras regionales…”64 Por supuesto, siempre se puede poner en duda el propio marco teórico, pues la teoría de la modernización admite diversas variantes. De hecho, aquí recurrimos a la perspectiva de Rostow porque, siendo la teoría del atraso industrial de España en el siglo XIX muy invocada por los estudiosos marxistas, como se señala en el capítulo II, aquella, explícitamente formulada como un manifiesto no comunista, permite ver cómo hay acuerdo básico en cuanto al problema español con independencia de la perspectiva teórica.

Lo mismo más o menos sucedió con la etapa del “impulso inicial”, en la que los marxistas verían el momento de la acumulación de capital y que, salvo en las dos zonas que sí se industrializaron del País Vasco y Cataluña se frustró en el resto del país a fines del siglo XIX y primer tercio del XX. No hubo suficientes nuevas industrias, no se formó bastante capital social fijo ni hubo desarrollo tecnológico de la agricultura y la industria ni se dio un poder público “preparado para considerar la modernización de la economía como asunto trascendental y de gran categoría política”65. Casi nada de esto sucedió hasta el Plan de Estabilización de Franco en 1959, que es justamente cuando Rostow sitúa el comienzo del impuso inicial en la China y la India66.

A partir de aquel momento, sin embargo, parece como si el curso del país volviera torcerse. Rostow dictamina que, tras el impulso inicial, la cuarta etapa, la llamada “madurez”, que lo es de acumulación acelerada de capital, dura bastante tiempo, como unos sesenta años a partir del comienzo del impulso inicial, durante los cuales “una sociedad ha aplicado, de manera efectiva, toda la gama de los medios de la tecnología moderna (en aquel tiempo) a la masa total de sus recursos”67. Y se tuerce porque se precipita. A raíz de la liberalización de la economía y las aportaciones masivas del turismo en los años setenta, así como las inversiones de la Comunidad Europea en los ochenta y noventa, sin haber desarrollado lo bastante la infraestructura de comunicaciones y el capital social, el país pasó alegremente a la quinta etapa, la de la era de consumo de masas sin la suficiente base de desarrollo. Cuando llegó la crisis de 2007/2008, las consecuencias fueron especialmente catastróficas.

Es en este marco general de desarrollo económico y social en el que hay que interpretar la polémica sobre si España conoció o no en su momento un ascenso de la burguesía al poder como los que hubo en Francia, Alemania o Inglaterra, bien por medios revolucionarios bien por medios reformistas. El debate se ha visto animado, como se ha dicho, sobre todo por los estudiosos marxistas, para los cuales la razón de la peculiaridad española estaba precisamente en esa ausencia de ascenso de la burguesía, en la falta de una genuina revolución burguesa. El sistema político del XIX español muestra caracteres nominalmente parecidos a los de otros países europeos: liberales, moderados, doctrinarios, conservadores, republicanos, legitimistas, tradicionalistas, anarquistas, socialistas, pero con dos factores que son peculiares y definitivos. Como dice Tuñón de Lara:

“si es verdad que se crean las primeras condiciones económicas y jurídico políticas para el desarrollo de la sociedad capitalista, la vía ‘sui generis’ de crearlas es insuficiente, adolece de raquitismo; como consecuencia la industrialización será escasa y fragmentaria, la dependencia de las inversiones extranjeras (y luego de los pedidos extranjeros de materia prima en bruto) será un freno más, el mercado único de todo el país tardará muchos decenios en ser una realidad. Se trata de una revolución burguesa alicorta porque el bloque de grandes terratenientes-alta burguesía (con hegemonía de los primeros) la frenará, porque su ideología e incluso sus instituciones tendrá más elementos de freno que de estimulante”68.

Añádase a ello el predominio del nacionalcatolicismo con la hegemonía de la política más conservadora y reaccionaria. En ese marco político tan deficiente se produjo el desarrollo del capitalismo que, según Solé y Aja, se hizo a un ritmo y unas formas de acumulación de capital que, en definitiva, convirtieron al país en uno de los “menos desarrollados, con unas estructuras sociales más elementales y primitivas”69. El gran maestro de los historiadores de la economía, el catalán Vicens Vives lo dictaminó de un modo taxativo: a causa de su debilidad numérica, la insuficiencia de su poder económico y sus carencias ideológicas, la burguesía fracasó en su intento de revolución70.

Y así como la burguesía no consigue implantar su modo de producción, tampoco puede imponer su idea de nación y tiene que aceptar la de la oligarquía a partir del fracaso de la primera República, dice Preston, “por miedo al espectro del desorden proletario”71. En esta expresión suena un eco de la famosa teoría de Madariaga con la cual este pretende superar la simbología tradicional de las dos Españas postulando tres, y ofreciendo de paso una explicación de la endeblez del liberalismo español, atrapado entre la Escila de la derecha nacionalcatólica y la Caribdis de la revolución obrera, teoría que elevaría a metáfora al bautizarla como la de los tres Franciscos, cuyo mero enunciado nos exime de mayor presentación: Francisco Franco, Francisco Largo Caballero y Francisco Giner de los Ríos72.

En resumen, por una serie de razones, España había perdido el tren de la industrialización, no había realizado la revolución industrial, con la parcial excepción de Cataluña y el país Vasco, como señaló el principal discípulo de Vicens73 se había quedado atrás, subdesarrollada74 y tal subdesarrollo daba cuenta de sus características peculiares. Este punto de vista, puede matizarse y así suele hacerse. Pero es difícilmente rebatible como diagnóstico de una peculiar situación de España que ha caracterizado su evolución posterior y explica en parte por qué esta continúa siendo anómala y divergente de los demás Estados europeos. Vistos los estragos que la crisis ha hecho en el país, se abre paso la idea de que la Transición ha acabado por no alcanzar uno de sus objetivos más importantes, el de la reincorporación de España a Europa, el sueño de las generaciones del 98 y el 14 después del largo invierno dictatorial, la recuperación del tiempo y el terreno perdidos para que el país recobrara el lugar que le corresponde en el concierto de las grandes naciones en donde estas, sin embargo, se niegan a recibirlo.

Algunos autores sostienen que no hay propiamente hablando un “retraso” de la industrialización española sino lo que podríamos llamar un “rezago”. Esto es, España sí se industrializó a lo largo del siglo XIX, pero lo hizo más lentamente que los demás países europeos75. Por supuesto, todo retraso es siempre un factor relativo, por comparación con alguna otra realidad. Casi puede parecer un asunto semántico porque tanto si es absoluto como si es relativo, retraso es al fin y al cabo. Y a ello deben añadirse dos consideraciones que tienen incidencia sobre el posterior curso del país: de un lado el retraso se distribuyó de forma territorialmente muy desigual, con relativa industrialización en el Norte y el Noroeste, especialmente Cataluña, y un atraso evidente en el Sur; de otro lado, en gran medida dicho retraso —y en ello hay bastante acuerdo— estuvo provocado no solamente por factores geográficos, económicos, como recursos, materias primas, etc., o infraestructuras inadecuadas sino también por la inestabilidad política crónica y la inadecuación de las estructuras jurídicas a las necesidades de una sociedad civil burguesa así como, y ello es esencial aquí, el parasitismo de la Iglesia que, como hemos visto, capturó el Estado español tanto en el aspecto económico/financiero como en el doctrinal e ideológico, impidiendo el libre desarrollo de la ciencia y la investigación.

Gabriel Tortella considera que las causas del retraso industrial de España en el XIX son muy complejas y afectan a una multiplicidad de factores humanos, políticos, infraestructurales, industriales, agrícolas, financieros, demográficos, etc.76. Otros estudiosos coinciden con él con ciertos matices. “Atraso, en lugar de estancamiento o fracaso, es el término adecuado para describir la actuación de la economía española durante la transición de imperio a nación a lo largo del siglo XIX”77. Según un parecer general el citado desarrollo industrial de España puede dividirse en las etapas siguientes que, por lo demás, coinciden a grandes rasgos con las de Rostow: desde los años 30 del siglo XIX, con la desamortización de Mendizabal hasta la crisis de 1873; de 1873 hasta el plan de Estabilización franquista de 1959; desde este plan hasta los pactos de La Moncloa y desde dichos pactos hasta 2008, con el comienzo de la presente crisis económica y financiera, que ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales de la economía española. Esta crisis ha sido como una especie de catarsis, como un despertar colectivo a una amarga realidad y de ella quizá se diga en el futuro que, así como el 98 provocó el auge del nacionalismo catalán, 2008 provocó el del independentismo. La bonanza ficticia inducida por las políticas económicas de los años finales del siglo XX y primeros del XXI a base de burbujas financieras, hizo pensar a los dirigentes que aquella plétora era la prueba de que el país había dejado por fin atrás su aparente maldición de enfermo de Europa. ¿Acaso no funcionaba como una locomotora a toda velocidad que, hacia 2006-2009, recibió casi dos millones de inmigrantes legales (1.769.424)?78

Precisamente esa experiencia, insólita y la ilusión que generó impulsó a numerosos estudiosos y expertos a vaticinar el fin de una época. No solamente era obvio que España se incorporaba de pleno derecho al concierto internacional, cosa que ya había hecho en lo político y jurídico a raíz de su ingreso en la CE en 1986, como anunciaba orgulloso el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, en sus memorias79 sino que se pretendía reinterpretar el pasado. El viejo contencioso, en parte una vuelta más a la decadencia y las dos Españas, sobre la anormalidad de España, se zanjaba de una vez negándola. La conciencia de excepcionalismo negativo y el complejo de inferioridad de los españoles frente a las otras naciones carecían de razón de ser. Juan Pablo Fusi, uno de los principales defensores de la tesis de la normalidad española, sostiene que, con el ingreso en la OTAN en 1981 y en la Unión Europea en 1986, “España parecía haber resuelto el problema de su identidad como nación y encontrado su papel en el ámbito internacional. España era ahora un país occidental y europeo”80.Estas dos localizaciones tienen connotaciones obvias pues los términos no se refieren a lo geográfico sino a lo cultural. Europa no como realidad geográfica sino como ideal. Por fin somos europeos en el sentido regeneracionista, noventayochesco y hasta de la generación del 14. Ya no hay Pirineos. Se acabaron las dos Españas. España ha resuelto su problema de identidad como nación. Algo sorprendente para dicho de un país con una historia normal.

Y no solamente debemos hoy felicitarnos de tan exitoso término sino que estamos obligados a entender correctamente nuestro agitado convivir, a ser justos con nuestros antecesores, pues nada se da gratis en esta vida y reconocer que, efectivamente, España fue siempre un país normal81. Por supuesto, es complicado establecer qué deba entenderse por normal en una concepción histórica, caracterizada más por la notas idiográficas que por las nomotéticas, como diría Windelband o por los rasgos científico-culturales antes que científico-naturales, que diría Rickert pero, dejando al margen cuestiones metodológicas, parece razonable pensar que se trata de un criterio intuitivo, basado en un acuerdo o convención entre estudiosos en el que operan conceptos como industrialización, alfabetización, urbanización, comercio, educación, etc., todo lo cual puede resumirse sin grande abuso en modernización, desarrollo industrial y postindustrial.

A la hora de medir la “normalidad” española, Fusi argumenta de un modo a nuestro entender confuso: España es un país “normal”; es cierto que con problemas, como la intranquilidad de su evolución en los siglos XIX y XX y algún “fracaso colectivo”, como la guerra civil en el XX pero, en lo que hace al factor que, diríamos, resulta determinante, esto es, el desarrollo industrial en el siglo XIX no fue muy de señalar pero, dice Fusi, esa situación no es exclusiva de España y, en todo caso, otras realidades, apuntan en el sentido de la “normalidad española”, entre las cuales cita “Estado, administración, derecho, códigos, organización de justicia, crecimiento económico más o menos sostenido desde 1870, ciudades, sociedad civil y profesional, formas de vida y cultura moderna”82, asuntos todos ellos sobre los que pueden entablarse muy vivas polémicas dado que su carácter superestructural y su imprecisión permiten sostener la tesis de la normalidad y la de la anormalidad. Por ejemplo, ¿Qué significa “crecimiento económico sostenido desde 1870” a la vista del hiato desde 1936 hasta los años sesenta del siglo XX cuando España tenía cientos de miles de emigrantes en Europa gracias a cuyas remesas —y al desarrollo del turismo— el país recuperó las magnitudes macroeconómicas anteriores a la IIª República? Quizá por ello mismo, Fusi termine su alegato en favor de la normalidad de España en el prólogo a su libro planteando una típica cuestión contrafáctica, al decir: “Tomada en su conjunto, la historia de España de los siglos XIX y XX distó mucho de ser (…) la historia de un fracaso. Pensamos, además, que lo sucedido en ella no fue inevitable: los hechos, las cosas, pudieron haber sido casi siempre de otra manera”83.

Pero fueron como fueron. Y en la forma en que fueron —y siguen siendo— su calificación como “desarrollo normal” pertenece más al terreno de la filosofía de la historia que al de la historia misma, un terreno en el que está muy lejos de haberse dicho la última palabra. Este ensayo, precisamente, pretende demostrar que, por el contrario, la evolución de España como país y Estado no solamente no es normal, tomando cualquier criterio razonable de “normalidad” sino que, al contrario, presenta abundantes muestra de una clarísima “anormalidad”. Al elaborar su modelo de State/Nationbuilding, tomando nota de los cuatro cleavages que considera típicos del proceso de creación de las naciones en Europa, a saber: centro/periferia, Iglesia/Estado, campo/ciudad, trabajo/capital, Stein Rokkan llega a una conclusión que parece obvia al autor de estas líneas:

“Hasta el día de hoy, España ha sido un Estado y no una nación: las periferias catalana y vasca llevan siglos negándose a identificarse con el centro del poder en Castilla y, en varias ocasiones han estado al borde de la secesión”84.

Una de las razones principales que esgrime el politólogo noruego y que venimos señalando como el momento originario del nacionalcatolicismo en cuanto a su influencia negativa sobre la idea nacional española es el de la Reforma/Contrarreforma:

“En el norte (de Europa) las iglesias estatales se convirtieron en importantes agentes de la construcción nacional; en el Sur, la Iglesia católica conservó su carácter supraterritorial y actuó como un freno de todos los intentos de construir fuertes identidades nacionales”85.

Resulta pintoresco, a la par que dramático que sea esa identificación del país con la religión, causa principal de la inexistencia de la conciencia nacional, la que el nacionalismo español conservador considera la esencia misma de la nación española, en un empeño tan obstinado como inútil y destructivo. El catolicismo no puede ser fundamento de ninguna conciencia nacional porque eso sería negar su propio sentido universalista y, en cierto modo, judaizar a los españoles viniendo a decirles algo así como que son el pueblo elegido, llamado por Dios para propagar su doctrina por todos los confines, lo cual los obligaría a seguir sosteniendo la cruz y la espada y continuar conquistando el mundo, objetivo que, si no pudo conseguir cuando tenía la fuerza para ello, ahora resulta simplemente patético. Nada de extraño, por tanto, que la conciencia nacional española siga siendo de un excepcionalismo negativo y el complejo de inferioridad colectivo esté más presente que nunca. Precisamente esta persistencia de la excepcionalidad negativa es la que hace aparecer las consignas ideológicas del estilo de la gran nación como algo aparatoso y ridículo o sea, muy español en el sentido más caricaturesco del término.

Es casi imposible hacer entender al nacionalcatolicismo que alguien como el autor de estas líneas no se sienta identificado con la gran nación menendezpelayesca de Rajoy y nada puede obligarle a lo contrario, porque legislar sobre sentimientos, además de inútil, está mal visto. Por lo demás, se trata de una expresión huera, una consigna mitinera, manoseada hasta la saciedad. En su versión actual, la expresión está tomada del título de un libro de Jaime Mayor Oreja86 porque no es probable que Rajoy se remonte más atrás en sus referencias históricas. Este Mayor Oreja, exministro del Interior en un gobierno de Aznar, es hombre de acendrada, pública y notoria religiosidad y opiniones muy radicales, extremas, de carácter conservador, nacionalcatólico. Tan extremas que resultan provocadoras. La fórmula tiende asimismo puentes con el régimen de Franco que Mayor Oreja se niega a condenar, sosteniendo que se trató de una época de “extraordinaria placidez”, lo cual permite calibrar la moral de este cristiano de acendrada fe87.

Una expresión grandilocuente que quiere ocultar una realidad miserable y, de paso, recuerda aquel contraste de la dictadura entre la retórica del Imperio y la realidad de los andrajos, las cartillas de racionamiento, los piojos y el estraperlo. Una gran nación que ha de ir a buscar su razón de ser en unas lejanas batallas de los siglos XVI y XVII porque, desde entonces, su historia ha sido de decadencia en todos los órdenes, militar, económico, político y desgarrada por un enfrentamiento que llega a nuestros días. El enésimo intento de erigir una España oficial para ocultar una real.

Volviendo a los parámetros de la grandeza o pequeñez de las naciones, resulta imposible encontrar alguno según el cual pueda calificarse de gran nación un país que, hasta los años setenta del siglo XX, era incapaz de emplear su propia mano de obra, obligada a emigrar en busca de trabajo, y que solo tiene seis premios Nobel en literatura mientras carece de ellos en las demás disciplinas como economía, física o química, con solos dos en medicina: Ramón y Cajal y Severo Ochoa y este último, como suele pasar, a un transterrado; un país que no era capaz de producir su propia marca de automóvil nacional, pues hasta la SEAT, hoy en poder de Volkswagen, utilizaba el know-how técnico de la Fiat italiana; un país que lleva trescientos años padeciendo, la permanente merma de soberanía del Peñón de Gibraltar, experimentada como una afrenta y una humillación por los nacionalistas “grandespañoles”. Es duro de decir y de escuchar, pero es la verdad y los españoles haríamos bien en encararla de una vez como es y no como quisiéramos que fuera, en olvidarnos de los orgullos y nostalgias imperiales, en reconocer nuestras limitaciones y nuestra situación real. Solo conociendo la realidad cabe transformarla. Y eso suponiendo que no lleguemos tarde, como suele sucedernos.

Tómese como ejemplo toda la propaganda, la falsedad y embustes institucionales de que en su día se cubrió uno de los actos de política exterior más bochornosos de la época contemporánea. La famosa “foto de las Azores” inmortaliza el momento en que la coalición angloamericana decidió unilateralmente, con engaños y trampas, desencadenar la invasión del Irak. En el encuentro participó voluntariamente el entonces presidente del gobierno español, José María Aznar. Su presencia, que carecía de todo valor desde el punto de vista logístico y bélico, servía sin embargo para legitimar la agresión angloamericana y socavaba la unidad de acción exterior de la Unión Europea, dinamitando su frente diplomático, pues no permitía presentar la disidencia británica como fruto de la relación especial con los Estados Unidos o de las peculiaridades inglesas. Perfectamente acomodado a su condición de comparsa, sin hablar inglés, el mandatario español metió el país en una guerra que no era la suya ni a la que siquiera podía mandar tropas, en coalición con Inglaterra, metrópoli de la colonia Gibraltar, y los Estados Unidos, quienes infligieron a España la tremenda derrota de 1898. Ensombreciendo el gesto y ahuecando la voz, al estilo de los bravos del Siglo de Oro, el español se prestó a los designios extranjeros, justificándose al desgaire en una mentira sobre las hipotéticas armas iraquíes de destrucción masiva de la que él era perfectamente consciente, y en contra de los deseos expresos de la inmensa mayoría de sus conciudadanos. Este ridículo indigno atrajo como represalia el peor atentado terrorista que haya padecido España, con doscientos muertos y unos mil heridos, víctimas directas de la mitomanía “grandespañola” del dirigente de la derecha, un verdadero dago en la percepción tradicional de los ingleses. Pero, por lo que parece, fue muy lucrativo para el propio Aznar que, a partir de entonces, ascendió espectacularmente en su nivel de vida, contratado por un consorcio de medios yanqui de la extrema derecha y elevado a la condición de “estadista de talla mundial” por los circuitos ultraconservadores, una brillante carrera para un fiel servidor del Imperio aunque, este no sea ya el hispánico, sino el que lo derrotó y a cuyo servicio se encuentra, como se demuestra por el hecho de que, durante los dos gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero recorrió el mundo atacando, ridiculizando y zahiriendo el gobierno de su país, pregonero de desgracias sin cuento si seguía gobernado por una izquierda “radical”; que, por cierto, era solo tímidamente socialdemócrata. No hay mucha diferencia entre este comportamiento y el de aquellos generales de Franco, sobornados por los ingleses en la segunda guerra mundial y la traición de Fernando VII en Bayona. Cuando tiene que elegir entre su bolsillo y la Patria cuya gloria pregona estentóreamente, la derecha escoge inevitablemente su bolsillo.

Es imposible identificarse con esta pequeña gran nación impuesta por la derecha y mucho menos con la activa participación de la Iglesia, que es quien le ha dado su razón de ser. Quedaría la opción del nacionalismo liberal, la de sumarse a ese ideal de una España que, por fin, deja de obstinarse en ser el instrumento de la intolerancia y las aberraciones católicas, adapta el paso a la marcha de las demás naciones civilizadas del planeta, reconoce y ejerce los principios de tolerancia, libertad y separación de la Iglesia y el Estado. Pero, como puede comprobarse en la historia ese nacionalismo es más glorioso por su interminable elenco de mártires que por el de triunfadores. Si el autor de estas líneas hubiera de hermanar su nacionalismo español con alguien, habrá de ser con la interminable lista de gentes perseguidas, desterradas, torturadas, encarceladas y asesinadas a lo largo de cuatrocientos años de predominio del nacionalcatolicismo. En palabras de Américo Castro: “somos los hijos de los erasmistas, somos los hijos espirituales de aquellos cuya conciencia disidente individual fue estrangulada durante siglos”88. Esta serie de mártires no constituye una ideología ni un programa al cual quepa adherirse y, en realidad, su función en la memoria consiste en recordarnos que si España no es una nación al estilo de sus creyentes tradicionalistas, en cambio sí es un Estado. Pero habrá que ver en qué estado se encuentra ese Estado. Si, como quiere un sector de los teóricos liberales del nacionalismo, es el Estado el que forja la nación y no a la inversa, cosa que suele aducirse para contrarrestar la propuesta de la idea de nación de base étnica89, el caso español es paradigmático. El Estado es evidente; la nación, no tanto. Y, claro es, si aceptamos que una de las misiones, entre otras, del Estado es desarrollar su correspondiente nación, quizá no sea un disparate preguntarse si no se trata de un Estado fallido.

Si el país fuera “normal”; si el excepcionalismo fuera, como suele suceder, “positivo” y sin que esto implique juicio favorable alguno acerca de este otro excepcionalismo, si no hubiera ese complejo de inferioridad, ese pesimismo generalizado respecto a las posibilidades de España, ¿por qué serían necesarias entes como la Asociación en Defensa de la Nación Española”? Todos los países cuentan con organizaciones extremadamente patrióticas, chovinistas, jingoístas, pero no creo que haya organizaciones en defensa de las naciones que, por regla general, no están en cuestión.

Igualmente, si el país fuera “normal” no tendría un gobierno cerradamente nacionalcatólico cuya labor legislativa ha consistido en una demolición sistemática del Estado social y democrático de derecho que consagra la Constitución en la que, sin embargo, se escuda para negar toda posibilidad de reforma de la planta territorial del Estado. Un gobierno que ha desmantelado el Estado del bienestar, retrotraído los derechos y libertades públicas a los tiempos del franquismo, desguazado la administración pública, vuelto a un sistema de caciquismo y configurado la economía como un capitalismo de amiguetes (Crony capitalism) y, sobre todo, entregado las directrices legislativas a la Iglesia católica cuya financiación sigue a cargo de las arcas públicas como siempre en España desde comienzos del siglo XIX.

Para no emplear más tiempo del estrictamente necesario en dilucidar la cuestión de la peculiaridad española, cabe recordar que el debate está más vivo que nunca. Un libro reciente de Antonio Muñoz Molina resume sus 253 atormentadas páginas en una pregunta: ¿Qué nos ha pasado?90, que cabría redefinir como ¿qué ha vuelto a pasarnos? o ¿Qué sigue pasándonos? Porque el autor mira la repentina ruina que se ha abatido sobre los esplendores de antaño con la misma consternada incredulidad con que la miraban los arbitristas del siglo XVII, los ilustrados del XVIII o los regeneracionistas del XIX, los casticistas/europeístas del 98 o los esencialistas del franquismo. Me permito reproducir aquí parte de la recensión que le hice en su día en mi blog Palinuro91.

La España de siempre vista ahora con los ojos de un intelectual que llegó a creer de buena fe que España, por fin, había salido de su secular postración y dejado de ser excepcional. La imagen que se ofrece a la vista es la de las sempiternas oligarquía y caciquismo, pero elevadas a la enésima potencia, hasta haber conseguido algo tremendo: arruinar un país y endeudarlo para no se sabe cuántas generaciones, gracias a la falta de escrúpulos, de vergüenza y la absoluta incompetencia de unos políticos, en la mejor línea de la farsa y licencia de la reina castiza o del retablo de las maravillas que el propio autor cita. Y eso que, por razón del tiempo en que el libro se escribió, no hay lugar en él para las andanzas picarescas de la Familia Real. Se narran algunos episodios de factura valleinclanesca, como una increíble visita del sátrapa Francisco Camps en Nueva York con la misión de mover allí su absurda Ciudad de las artes y las letras con un séquito numerosísimo al que se había pagado todo, viajes y los mejores hoteles con cargo al erario público, para que asistiera a actos públicos, también muy costosos y a los que iban siempre los mismos, sin presencia de estadounidenses.

El ridículo de Camps en Nueva York gastando alegremente el dinero de los españoles en fantasías es solo una ínfima muestra de las decenas y decenas de casos que Muñoz Molina reseña de actividades similares en las que por dispendio ostentoso, megalomanías cesaristas, latrocinio o todo a la vez, España lleva unos veinte años saqueada sin que nadie ponga tope hasta caer, como ha caído, en la acostumbrada ruina y quiebra del antiguo régimen, adornada de los aspavientos de los altaneros viejos hidalgos y las groserías de los nuevos ricos, los empresarios delincuentes, los parásitos de la administración, lo políticos corruptos, los funcionarios venales, los curas y los beneficiados de todos ellos, una recua de publicistas y comunicadores que vive a cuerpo de rey con cargo a los presupuestos públicos administrados por organizaciones políticas mafiosas.

Los vicios tradicionales de los españoles están aquí todos reflejados con una mezcla de indignación y fatalismo: hemos malgastado durante decenios los dineros que venían de Europa igual que antaño despilfarramos el oro y la plata de América en las locuras europeas. “Mezcla de viejo caciquismo español y del reverdecido populismo sudamericano coincidió con los flujos de dinero barato que llegaba de Europa para engendrar una multiplicación fantástica de simulacros y festejos…”92 y una corrupción infinita. España, el país de la perpetua fiesta, el apogeo de la falta de educación, el estrépito, la circulación caótica, las inmundicias en cualquier parte, los bares y discotecas ruidosos sin ningún respeto a nada. España. Una democracia sin demócratas en las élites, un país literalmente asfixiado por la religión y la Iglesia católica. Y no se sabe bien a qué extremo. Escúchese al cardenal Rouco Varela exigir al gobierno la derogación de la ley del aborto y del matrimonio homosexual para calibrar en dónde estamos. Desde luego, no en un país normal sino en una hierocracia en el siglo XXI.

El libro de Muñoz Molina no es sino una muestra de un tipo de producción que ha proliferado en los últimos años, al socaire de la crisis mundial, especialmente dañina en España, Portugal y Grecia. La tónica general viene siendo siempre la misma: después de los años noventa del siglo XX y los primeros del XXI, de prosperidad, bienestar y enriquecimiento rápido, la quiebra del sistema financiero mundial y, especialmente, el español, reveló ante el estupor de la población que todo había sido un espejismo, que el país seguía siendo el mismo de siempre. Sin diversificación industrial, sin comercio, enriquecido ficticiamente a través de una burbuja inmobiliaria, perfectamente descrita en la impresionante novela de Rafael Chirbes, Crematorio en el caso valenciano y que, al estallar, dejó millones de personas en el paro. El gasto público desbocado, el déficit galopante, las finanzas públicas al borde del colapso, el crédito internacional, inexistente. Se produjo un rescate extremadamente oneroso desde los organismos financieros internacionales pero a cargo de los contribuyentes españoles que el gobierno de la derecha, siempre fiel a su política de comunicación basada en el engaño, niega obstinadamente contra toda evidencia. Es el ¿qué nos ha pasado? De Muñoz Molina, visto con otros ojos y contado por otras plumas93, que trazan un cuadro perfectamente ajustado a la tradición del país del engaño, el parasitismo, la picaresca y una corrupción generalizada que ha deslegitimado todas las instancias del poder político, desde la Corona hasta la última pedanía.

Es comprensible el intento de las clases ilustradas y los intelectuales críticos y liberales por argumentar en pro de la sedicente “normalidad” española. A nadie le gusta reconocerse parte de una colectividad atrasada, sometida a políticas autoritarias, prácticamente gobernada por un clero ultramontano e irrelevante en el ámbito internacional, cuando no pelele de los enfrentamientos foráneos. Pero esa fe en la “normalidad” española es puro wishful thinking que la obstinada realidad de un país nacionalcatólico niega de modo paladino. Esto es lo que, probablemente de buenas intenciones, se quiso conseguir con los llamados acuerdos de la transición. Salida de una truculenta dictadura de cuarenta años, España se incorporaba al mundo coetáneo de las naciones más avanzadas, democráticas y libres merced a una operación de mutación “constitucional”. Probablemente tal era el ánimo de los protagonistas de aquellos hechos, varios de los cuales así lo han afirmado en sus memorias, convencidos de haber protagonizado un fenómeno poco menos que milagroso. Gracias a una cultura política democrática que los españoles habían absorbido casi por ciencia infusa, superficial y fragmentariamente, a través del cine y la televisión, puesto que, hasta entonces, carecían de toda experiencia práctica de ella, el país dejaría de estar dividido en dos partes enfrentadas y se reconciliaría sobre el altar de la monarquía parlamentaria. Para avenirse, las dos Españas harían concesiones. Más la izquierda que la derecha ya que esta tenía el poder, el ejército que lo sustentaba y los curas que predicaban sus merecimientos y graciosamente cedía participación en él a una izquierda que no cuestionase los legítimos títulos que tenían sus representantes a disfrutar de lo que habían robado durante cuarenta años.

Pero era puro teatro. No es exagerado decir que, en buena medida, fueron las actitudes intransigentes y hostiles de la derecha, primero en la oposición y luego en el gobierno, las que exacerbaron el conflicto y dieron al nacionalismo independentista el ímpetu que buscaba. Es curioso que sean los más aguerridos nacionalistas españoles unos de los principales responsables de la independencia de Cataluña, esto es, de aquello que dicen temer sobre todas las cosas: la fragmentación de España de la que precisamente acusaban a sus adversarios de la izquierda.

Una última consideración de mera coherencia. Este mismo ensayo puede entenderse como una manifestación más del excepcionalismo negativo. Y así es. Su objetivo es señalar la anormalidad profunda de España en su evolución histórica en comparación con el contexto europeo. Así fue en los siglos XVIII a XX, ambos inclusive y así sigue siendo en el siglo XXI. Tómense los indicadores que se quiera, económicos, demográficos, sociales, culturales, la anomalía de España en Europa salta a la vista. Si la decadencia y postración del país, su irrelevancia internacional, su sobresaltado existir interno, su desconcertada búsqueda de una organización territorial con la suficiente aceptación, siguen siendo los datos decisivos de la reflexión española actual después de más de doscientos años, bien parece llegado el momento de replantearse la convivencia a fondo.

59 YouTube, 2 de junio de 2014.

60 El Imparcial, 19 de junio de 2014.

61 El país, 2 de junio de 2014.

62 El País, 19 de junio de 2014.

63 Palacio Atard, 1978: 102.

64 Rostow, 1973: 29.

65 Ibíd.: 30.

66 Ibíd.: 69.

67 Ibíd.: 85.

68 Tuñón de Lara, 1982: 102.

69 Solé/Aja, 1978: 131/132.

70 Vicens Vives, 1959: 546.

71 Preston, 1986: 25.

72 Madariaga, 1967.

73 Nadal, 1975: passim; Ramos Oliveira: II, 529.

74 Vicens Vives, 1959: 13.

75 Prados de la Escosura, 1991: 242.

76 Tortella, 2009: passim.

77 Prados de la Escosura, 1991: 243/244.

78 Anuario Estadístico de Inmigración, 2009.

79 Morán, 1990.

80 Fusi/Palafox, 1998: 442.

81 Ibíd.: 11.

82 Ibíd.: 12.

83 Ibíd.

84 Flora, 1999; 164.

85 Ibíd.

86 Mayor Oreja, 2007.

87 La voz de Galicia, 14 de octubre de 2007. http://www.lavozdegalicia.es/espana/2007/10/14/0003_6226393.htm.

88 Varela,(1997), cit. en la voz “Américo Castro”, en Blas (Director) (1997): 65.

89 Blas, 1984: 27/34.

90 Muñoz Molina, 2013.

91 Palinuro, 16 de abril de 2013.

92 Muñoz Molina, 2013: 56.

93 Taibo, 2011; Piqueras et al., 2011; Navarro, 2011; Lechado, 2011; Roitman Rosenmann, 2012; Garzón, 2012; Urquizu, 2012; Paramio, 2012; Grimaldos, 2013; Benegas, 2013; Gil Calvo, 2013; Etxebarria, 2013.

VI. La reinvención de la nación en la transición

“A mí, la unidad de España me suda la polla

por delante y por detrás, que se metan su España

en el puto culo, a ver si les explota dentro y

les quedan los huevos colgando del campanario”

(Pepe Rubianes)

El caso del discurso liberal, especialmente el de izquierda es complicado. Imposible olvidar que tanto el PSOE como el PCE entraron en la transición reivindicando paladinamente el derecho de autodeterminación como base para conseguir una República federal que incorporase a todas las nacionalidades del Estado1. Así, en su programa electoral de 1978, el PSOE propugnaba “el ejercicio del derecho a la autodeterminación, por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán, en pie de igualdad, el Estado Federal que preconizamos”2. Del mismo modo, en su manifiesto-programa de 1975, el Partido Comunista de España, “el partido más importante de la oposición al régimen autoritario”, dice Charles Powell, reconocía “’el carácter multinacional del estado español’ y el derecho de autodeterminación para Cataluña, el país Vasco y Galicia…”3.

Pero ese reconocimiento de la izquierda del derecho de autodeterminación corría parejo con su oposición a la separación e independencia de Cataluña, el País Vasco o cualquier parte de España4. De tal forma, el postulado se fue difuminando no mediante una evolución ideológica ni un debate interno de los militantes de ambas organizaciones ni de la opinión de sus votantes, sino a través de los pactos mediante los cuales ambos partidos se integraron en el juego institucional de la transición5. El PSOE prescindió por completo de él en algún momento indeterminado de su evolución hasta el punto de que hoy solo lo menciona para negarlo de raíz y hacerlo, incluso en los mismos términos que la derecha con la que coincide en este punto, como coincide en la defensa de la institución monárquica. Tras su elección como secretario general de los socialistas, a Pedro Sánchez le faltó tiempo para personarse en La Moncloa, a hablar con el presidente del gobierno sobre la consulta que los soberanistas catalanes habían convocado y coincidió con él en que “la consulta no se puede celebrar porque es ilegal”6, como si este argumento tuviera el menor valor dicho en presencia de quien cambió todas las leyes que quiso, y fueron decenas, para ahormar el ordenamiento jurídico a las arbitrariedades de su partido. IU mantenía una actitud menos drástica pero ambigua al respecto. Para encontrar una nítida aceptación de este derecho era preciso llegar hasta formaciones más a la izquierda, como Izquierda Anticapitalista.

El camino desde la autodeterminación a la negación de la autodeterminación se abrió con la Constitución de 1978, piedra angular de aquella transición. No haya cuidado; no incurriremos en el pasatiempo favorito de hacer un repaso ceñudo a ese periodo con el ánimo contrafáctico de quienes lo tienen por causa eficiente de todas las desgracias posteriores, como si Hume no hubiera pasado por el mundo. Aquí nos limitaremos a considerar el problema que nos ocupa, el de la solución que la Constitución da o cree dar al problema de la nación española.

1 Bastida, 1998: 38.

2 Cit. en Pescador Medrano, 2006; vid. Asimismo Blas, 2009: 28.

3 Powell, 2001: 19.

4 Solé, 1985: 147.

5 Quiroga, 2009: 74.

6 El País, 28 de julio de 2014.

La fórmula nacional de la transición

A lo largo de este apartado sigo la argumentación y reproduzco párrafos de un artículo de 2007 sobre “la Constitución y la cuestión nacional española”, publicado en un libro homenaje a Jordi Solé Tura7. En 2007, el problema fundamental era el nacionalismo violento vasco. Ocho años más tarde se comprueba cómo el verdaderamente problemático para la subsistencia del Estado español era el democrático, pacífico, político, nacionalismo catalán. Así lo considera mucho más tarde con toda clarividencia, aunque con una actitud cerradamente hostil, Vargas Llosa, al conceptuarlo como “más peligroso” que el “que se presenta como “algo pacífico, legal y democrático”8

El nudo de la discordia es el artículo 2º de la Constitución de 1978 que presenta una historia accidentada. Jordi Solé viene a decir que la ponencia constitucional se lo encontró encima de la mesa, procedente directamente de La Moncloa9. Y ahora sabemos que, al parecer, a La Moncloa había llegado procedente del Estado Mayor del Ejército. Todo ello es la muestra más clara del carácter peculiar de la transición: la tutela militar del proceso, que lejos de ser paladina, como en Portugal o, más tarde en Chile, fue discreta, pero real y contundente. En este artículo, los pudorosamente llamados poderes fácticos, fundamentalmente el Ejército, señalaban con claridad el último límite infranqueable de cualquier aventura política: la unidad de la nación española.

Que esta preocupación tenía prácticamente el carácter de una obsesión se delata ya en su torpe, enfática y reiterativa gramática, que han subrayado algunos autores10. Sea como fuere, la esencia del artículo es dejar bien claro que la nación española preexiste a la Constitución y no es producto de ésta. Es la Constitución española (CE) la que deriva su augusta legitimidad de la nación; y no al revés. Un punto de vista fácil de entender desde una perspectiva castrense para la cual, la Patria como deber, sea cual sea su interpretación, es previa a toda forma de Estado y/o de gobierno, eterna y, por supuesto, anterior a cualesquiera textos constitucionales, que pasan como los ríos pasan por debajo de los puentes. Conviene recordar esta relación porque tiene su importancia, como se verá más abajo, cuando se examine la propuesta del llamado “patriotismo constitucional”, que parecía abrir la posibilidad de un nacionalismo menos atosigante que el católico. Por lo demás, solo hay una nación española y el resto de los territorios son “nacionalidades” o regiones. El hallazgo era el término “nacionalidades”.

Pero el recurso resultó ser también elemento de discordia. Suscitó polémica desde el primer momento. A favor del término se argumentaba que suponía un reconocimiento de lo que los nacionalistas catalanes consideraban el hecho diferencial, lo que Maeztu llamaba un tótem11, esto es, la aceptación de una situación en que unas regiones son más “regiones” que otras; una especie de “tercera vía” entre la unidad de la nación y el temible batiburrillo de naciones que, con todo, no soslayaba la espinosa cuestión de la pluralidad nacional en el interior de España porque, aunque podía entenderse como el recurso a la nación de naciones, sobre el que volveremos, no lo hacía explícitamente. La pretensión del hallazgo semántico de la “nacionalidad”, era zanjar el viejo contencioso español de la territorialidad a base de enlazar tácitamente con la situación de facto republicana, abruptamente interrumpida en 1939, cuando el “Estado integral” coexistía o empezaba a coexistir con unas regiones que tenían más entidad política que otras, al modo en que las “nacionalidades” serían superiores políticamente a las regiones. No obstante, sabido es, la evolución española aniquiló las previsiones de estatutos distintos y generó un movimiento encaminado a la homologación general que replantea el contencioso territorial a causa del afán de unos territorios de diferenciarse de otros y de la negativa de estos a admitir tal diferencia. Esta tensión es la que caracterizó la dinámica política española durante la transición y, aunque la complacencia generalizada de que gozó el paso de la dictadura a la democracia, alimentada por la tendencia de los seres humanos a ignorar los problemas a base de enfocarlos como rutinas, hizo pensar que se había encontrado una solución duradera, aunque incómoda, la tozuda realidad, siempre en movimiento, se encargaría de probar lo contrario, como también se encargaría de probar lo contrario en el otro cleavage español entre las derechas y las izquierdas.

El argumento negativo de los adversarios era que el término carecía de substantividad, pues la nacionalidad es la condición de nacional, y constituía una peligrosa mixtificación que entrañaba el peligro de convertir a la “nacionalidad” en un sinónimo vergonzante de “nación”. Con la consiguiente amenaza a su unidad. En el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales del 12/05/1978 decía Licinio de la Fuente, ex ministro de Franco: “Nacionalidad es equivalente a nación, en algunas terminologías concretas, o nacionalidad es algo que se deriva de la preexistencia de una nación. Por tanto (…) daría igual (…) que nosotros dijéramos que España se integra de naciones y regiones, porque decir que se integra de nacionalidades y regiones es exactamente lo mismo”12.

Por supuesto, la intencionalidad de la trouvaille era clara y respondía al mismo espíritu que latía en aquella fórmula popularizada durante los primeros años de vigencia del texto constitucional de café para todos13. La Constitución preveía dos niveles expresos de autonomía que se regulaban de forma alambicada a base de diferenciar los procedimientos de acceso a la autonomía (vía ordinaria, artículo 143, vía abreviada, artículo 151) y su consiguiente ejercicio. Asimismo se preveían implícitamente dos niveles distintos de autogobierno, básicamente atendiendo a la existencia o no de competencias legislativas plenas y, por último, merced a la disposición transitoria segunda quedaban singularizados los territorios de Galicia, País Vasco y Cataluña.

Pero en poco tiempo, todos estos planes saltaron por los aires, Con el referéndum andaluz de 1980 y la aplicación del citado principio del café para todos, se admitió que, a la larga, todas las comunidades autónomas tuvieran similares niveles competenciales, en concreto, los más altos posibles. La dinámica puesta en marcha desde el primer momento no solo daba al traste con el intento de singularizar el trato de Galicia, Euskadi y Cataluña mediante el expediente de las “nacionalidades” sino que llegaba a plantear una situación que muchos vieron como un posible problema de gobernabilidad del Estado. Por esta razón, los dos partidos principales, PSOE y PP acordaron reencauzar el proceso a través de una Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) de 30 de julio de 1982 que, por ser posterior a la intentona militar de 23 de febrero de 1981, se ha dicho que estuvo inspirada en ella siendo así que la intención de “armonizar”, o sea, reconducir, el proceso autonómico, que estaba saliéndose de cauce, era anterior, por cuanto se le hacía responsable en buena medida de la crisis interna de la UCD y la dimisión de Suárez en 198114. Sin embargo, era ya tarde. Recurrida ante el Tribunal Constitucional, este órgano la desmanteló15 y la dejó inservible para los fines recentralizadores de los dos partidos mayoritarios. El fracaso del título VIII parecía cada vez más una realidad: no solo no había acallado las pretensiones maximalistas de los nacionalismos periféricos, sino que, como un aprendiz de brujo, había desencadenado un tumultuoso proceso de emulación entre los territorios a ver cuál de ellos se acercaba más al grado máximo de autonomía,

De esta forma, el Estado autonómico, permanentemente cuestionado, no llegó a cristalizar. Quizá no hubiera podido cristalizar jamás porque, como han señalado muchos autores, el título VIII de la CE se concibió como un “modelo casi totalmente abierto”16 y no todo el mundo lo admitiría con la misma lealtad. Precisamente por esto también se la ha llamado “Constitución inacabada”17. Hay quien señala que, ya desde el comienzo, los nacionalistas periféricos se plantearon el Estado autonómico no como un fin en sí mismo, como una forma de repartir las competencias entre el Estado central y las Comunidades Autónomas y que tuviera una perdurabilidad razonable.

“Se trataba más bien de un proceso de vaciamiento de las competencias del Estado.

De manera que el Estado no debe poner sus —¿sucias?— manos en las tareas de las Comunidades Autónomas. Expresaban sus palabras como mínimo una concepción de cosoberanía que estaba lejos del diseño del Título VIII de la Constitución. Esta sería la interpretación constitucional que llevaría veinte años después a redactar unos nuevos proyectos de Estatutos de Autonomía en Euskadi y Cataluña inspirados por la filosofía nacionalista y en algún caso apoyados por fuerzas políticas de la izquierda”18.

La fundamental inestabilidad o inviabilidad del Estado autonómico como se concibió en la Constitución no fue inmediatamente visible porque, al estar el debate territorial en los años ochenta y noventa protagonizado por la violencia terrorista en el País Vasco, era imposible hablar de nada con el suficiente distanciamiento e imparcialidad. Incluso quienes, como el autor de estas páginas, defendían el derecho de autodeterminación de los pueblos de España, no podían argumentar en favor de él precisamente por el bloqueo a que la violencia etarra sometía todo intercambio civilizado de opiniones merced a su absurdo empeño en echar un órdago al Estado19. En muchas ocasiones se había venido argumentando, especialmente desde los aledaños del nacionalismo burgués, estilo PNV, que la persistencia del terrorismo etarra más que facilitar la causa que decía defender la hacía imposible. Todavía hoy, el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar se siente en la obligación de recordar que ETA fue “el peor enemigo de este país (Euzkadi), de la patria vasca, y también del Aberri Eguna”20. Pero aun habría de pasar bastante tiempo hasta que la obcecación de los terroristas, seguramente producida por su falta de educación democrática, les permitiera ver la conveniencia de poner fin a la violencia y emprender las vías políticas democráticas.

El primer atisbo —aún muy lejano— de este cambio vino con el Pacto de Estella/Lizarra de 1998. Este acuerdo entre todas las fuerzas nacionalistas vascas y algunas otras de la izquierda, que dejaba fuera de juego a los nacionalistas españoles —autodesignados “constitucionalistas”— tropezó con una muy airada y radical oposición de estos. Sin embargo, y a pesar de quedar desactivado casi desde su origen, no es posible exagerar su importancia: por primera vez, las fuerzas políticas involucradas o simpatizantes de la lucha armada y el terrorismo, tanteaban la política democrática en alianza con el nacionalismo burgués. La reacción del español fue fortísima, por entender que se trataba de excluirlo de un posible acuerdo del problema de violencia del País Vasco. El autor de este libro, que colaboraba por entonces con El periódico de Cataluña, fue tajantemente excluido de él por haber saludado como un acierto dicho pacto de Estella/Lizarra.

Más de quince años después, puede hoy asegurarse que esa, la unitaria, es, precisamente, la evolución que ha seguido el nacionalismo catalán, sin tener a sus espaldas el mismo pasado de violencia que el País Vasco: luego de un periodo tentativo de convivencia y hasta colaboración entre la izquierda socialdemócrata y el nacionalismo en ambas comunidades. Con una coalición de gobierno en el País Vasco y un tripartito en el caso de Cataluña, la fórmula es la del pacto entre fuerzas nacionalistas. Se estará más o menos conforme con esta vía en los dos casos, pero no hay duda de que plantea situaciones políticas nuevas que fuerzan a la adopción de decisiones inéditas. Exactamente el negocio de la política. Algo que los de El periódico de Cataluña no supieron o no quisieron ver, cegados como estaban por sus tendencias de nacionalismo español o constitucionalismo.

Por último, terminada la época del terrorismo y la violencia en el País Vasco, las reivindicaciones independentistas se han trasladado a la arena política pacífica pero ahí han resultado tan intratables como en los tiempos de la violencia. O quizá más. Cataluña ha tomado el relevo del País Vasco en su función de punta de lanza de la ruptura de la planta territorial del Estado y, por supuesto, de poder, de la unidad de la nación española como estaba concebida en la Constitución de 1978. Cabe así hablar del fracaso del artículo 2º en su supuesto propósito de zanjar el contencioso territorial español. Esto plantea una situación que hace inevitable la acción de los poderes públicos en un ámbito que no está cartografiado. Tanto en Cataluña como en el País Vasco hay fuerzas políticas nada desdeñables que niegan la interpretación literal de la CE y formulan una reivindicación de reconocimiento no de nacionalidad, sino de nación, que parecen chocar directamente con el espíritu y la letra de la CE.

Lo que hay planteado es un problema de lealtad al proyecto común; lo que los alemanes llaman la Bundestreue. Quienes niegan la lealtad argumentan que el proyecto no es común sino impuesto por una parte, de acuerdo con sus ideas y no es merecedor de lealtad alguna. Y ese es uno de los problemas graves con que tropieza la consolidación democrática española. Hay algunos más, como el de la insuficiencia de las instituciones políticas y el de las injusticias del sistema económico, pero el territorial es el que aquí nos ocupa. Un problema para el que sería necesario encontrar alguna solución imaginativa que apaciguara o eliminara el conflicto; no que lo encrespara. Siempre puede decirse que no hay conflicto alguno, ya que, en política, puede decirse cualquier cosa. Y que el único problema es el que plantean unas asociaciones de delincuentes con sus fechorías. Sin embargo, empeñarse de modo irresponsable en que los problemas no existen no los elimina.

7 VV.AA., 2008: pp. 87-100.

8 ABC, 11 de agosto de 2014.

9 Solé, 1985: 97 y ss.

10 Álvarez Conde, 1989: 139; Domínguez García, 2010: 111.

11 Maeztu, 1942: 95.

12 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, sesión núm. 5, 12 de mayo de 1985.

13 Tamames, 2014.

14 Powell, 2001: 57.

15 Tribunal Constitucional. Sentencia 76/1983 de 5 de agosto sobre la Ley Orgánica de Armonización de Procesos Autonómicos.

16 Blanco Valdés, 2001: 165.

17 Esteban/López, 1982, II: 336.

18 Guerra, 2006: 287.

19 Cotarelo, 1999.

20 El País. 20 de abril de 2014.

Las naciones son entes obstinados

Ahí ya callan los argumentos y la cuestión se ventila por medio de la autoridad, del poder, que puede actualizarse como violencia. Providencia suficiente de ello se encuentra en la Constitución. Todo orden jurídico-político tiende a conservarse de acuerdo con un sistema de legalidad que él mismo ha configurado y las llamadas en pro de su aplicación suelen gozar de notable apoyo social. Pero, si se ha de llegar al empleo de la violencia, por muy legítima que esta sea, muerde sobre el mismo principio de legitimidad que la sostiene. La fuerza, la violencia, no son nunca una buena base de construir, al menos en la realidad. En la teoría puede ser otra cosa. Es nítida la fórmula de Carl Schmitt de que el soberano es quien toma la decisión sobre el Estado de excepción21, circunstancia que Agamben prácticamente generaliza como uno de los signos del carácter represivo de los tiempos modernos22. Nada ha hecho tanto por exacerbar los nacionalismos vasco y catalán como la violencia franquista, especialmente sañuda en estos territorios. La dictadura es el régimen que mejor encaja en la teoría de Agamben ya que, en realidad, no era otra cosa que un estado de excepción prolongado durante cerca de cuarenta años. Ciertamente el régimen acudía a veces a declaraciones de excepcionalidad, para lo cual suspendía algunos artículos de la pseudocarta de derechos fundamentales llamada “Fuero de los Españoles” y cuya vigencia anterior nadie percibía, porque era más un recurso de redoble, por así decirlo, que no evitaba el hecho de que la llamada “normalidad” ya fuera excepcional en realidad.

Es curioso comprobar que el fin del franquismo y el del comunismo quince años después, tuvieron un resultado análogo: el resurgimiento de los nacionalismos lo que, sin embargo, no quiere decir que estos hayan sido instrumentales en ocasionar tales caídas, como a veces se postula de la de la Unión Soviética. Los sistemas autoritarios y totalitarios pueden ser diferentes en muchos aspectos, a veces decisivos, pero suelen tener algo en común, concretamente la tendencia a la homogeneización de la vida política, cultural y social. Los nazis lo llamaban Gleichschaltung y la aplicaron sistemáticamente a partir de 1933 con el fin de uniformar y homologar el conjunto del Reich. Esa es precisamente la política que más puede incitar a la acción a las minorías nacionales que se sientan maltratadas en un Estado de mayores proporciones.

Como decíamos más arriba, en el caso del País Vasco, la reacción nacionalista recurrió a la violencia de ETA; en el de Cataluña, al margen de algún episodio esporádico como el de Terra Lliure, el resurgimiento del nacionalismo fue pacífico y se demoró más en intensificar su reivindicación política en pro de la independencia. Una vez desaparecido el franquismo, frente al que habría podido argumentarse un derecho de resistencia en la larga tradición occidental de la lucha contra la tiranía, el mantenimiento de la acción armada contra la legalidad democrática solo podía tener una explicación desde el punto de vista racional: probar que la democracia española, prácticamente otorgada por los poderes fácticos de la transición era falsa, que, en el fondo, no había cambiado gran cosa ni había mayores diferencias entre ella y la dictadura franquista, y que, si se mantenía la presión terrorista esta acabaría por quitarse la careta democrática y mostrar su verdadera naturaleza. Sin duda, tal era la razón por la que años después de la Constitución, en los sucesivos intentos de negociación entre ETA y el Estado español, aquella seguía exigiendo negociar con el ejército, dando a entender que este era el verdadero detentador del poder en España y no la autoridades civiles. “Estáis locos”, diría en Árgel el abogado del ministerio del Interior a Txomin, el jefe de ETA, “los militares no pintan nada, lo único que hacen es obedecer las órdenes del Gobierno”23.

Podían estar locos y bastante locura se requiere siempre para liarse a tiros con los demás; pero su intención tenía sentido, aunque no fuera acertado. Tácticamente, intensificar un ataque en un momento de debilidad o distracción del enemigo, en un vacío de poder o una transición es acertado. Fue precisamente el plan con que se hizo la famosa marcha verde de Marruecos sobre el Sahara español, al aprovechar un vacío de poder. Pero si el Estado no podía hacer frente a un problema internacional, sí pudo enfrentarse con éxito a otro de insurgencia interior que, además, se planteaba más como una guerra de trincheras que de posiciones, como diría Gramsci. Estratégicamente el error era de bulto. Desde el punto de vista propio de una organización revolucionaria como ETA, en el fondo, el Estado español es el mismo bajo la forma de una dictadura militar autoritaria o de una democracia civil más o menos aceptable. Los independentistas con su lucha armada entendían que la conversión de España en una democracia era aparente en lo que al País Vasco se refería y, además, mostraba la debilidad del nacionalismo español que se veía obligado a legitimar su represión adoptando la forma de un Estado de derecho. Es fácil ver el error del planteamiento: aunque la exacerbación del terrorismo etarra en los años ochenta y noventa trataba de provocar un levantamiento militar y hacer inviable una democracia civil en España, lo cierto es que esta había conseguido un grado aceptable de legitimación interior y exterior y ETA no alcanzó los objetivos deseados. Por tanto, cabe dar su acción por fracasada y la transición por triunfante. En poco tiempo, las tornas cambiarían ya que la transición triunfante abriría las puertas a las reivindicaciones independentistas de cariz pacífico y democrático, mucho más difíciles de contrarrestar.

La evolución de las cuestiones nacionales en España tras el fin de la dictadura está repleta de enseñanzas. En 1984, a los seis años de aprobada la Constitución, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), un think tank empresarial, publicó una especie de informe o estado de la cuestión de la sociedad y las instituciones españolas, España: un presente para un futuro. Quería ser una especie de informe autorizado, sesudo, sobre las cuestiones principales que afectaban a la vida nacional a cargo de los más reputados especialistas de orientación conservadora en diversas materias, como economía, sociología, derecho, ciencia política, etc. y apuntaba a una función de prudente pronóstico sobre cómo sería el país a comienzos del siglo siguiente, el actual. El volumen primero —la sociedad— se ocupaba del neocorporatismo, el presente y el futuro de la sociedad española, la economía, la distribución de la renta, la Iglesia, el problema vasco, el futuro de la cultura, el sistema educativo, la investigación científica, la opinión pública, el urbanismo y las relaciones sociolaborales. Ni un epígrafe dedicado a Cataluña, que no era una cuestión entonces acuciante como sí lo era el País Vasco a causa de ETA.

En aquellos años, en un detallado estudio sobre el sentimiento de identidad nacional en Cataluña los porcentajes entre los habitantes del Principado eran: a) español simplemente: 19,0%; b) más español que catalán: 6,3%; c) tan español como catalán: 23,9%; d) más catalán que español: 26,1%; e) catalán simplemente: 23,6%24. A su vez, estas magnitudes ya habían experimentado un ascenso notorio en el sentido del nacionalismo creciente respecto a las de diez años antes. La diferencia es patente en un estudio de 1977 sobre la conciencia regional en España, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas que aún utiliza una terminología prudente al hablar de “regiones” identificadas luego con las Comunidades Autónomas. Tanto Galicia como el País Vasco y Cataluña daban unos índices de independentismo casi inexistentes, excepción hecha del País Vasco-Navarro que registraba una magnitud algo mayor pero también muy exigua con relación a lo que se ha dado después25. Tanto los años setenta como los ochenta fueron épocas de optimismo en cuanto a la solución del viejo contencioso catalán. Una vez en vigor la Constitución y los estatutos de autonomía, una vez reconocido y aceptado “que la dinámica plural es el único camino para constituir una España democrática, donde las aportaciones diversas constituyen la normal expresión de nuestro patrimonio cultural, la cuestión nacional perderá el protagonismo y las sensibilidades que hoy manifiesta”26.

No ha sido así, sino al contrario. Los independentismos se han exacerbado. Que ello se deba al Estado autonómico en sí mismo o a una forma determinada de administrarlo será cosa que solo estudios posteriores podrán dilucidar. El autor de este ensayo sostiene que, si se hubiera reconocido y ejercitado el derecho de autodeterminación en los primeros años de la transición, la opción independentista hubiera sido muy minoritaria y ello hubiera abierto dinámicas políticas distintas de las que se han dado. Pero esto es una simple especulación, ya que no ha sido así y lo que ahora parece indudable es que, como dice Blanco Valdés, “aquel sistema abierto” inaugurado con el Título VIII de la Constitución de 1978, “ha terminado por constituirse en un factor claramente disfuncional para la cohesión del Estado de las Autonomías27. Hoy sería imposible publicar un informe sobre la situación actual de España en el que no figurase un preocupado capítulo sobre el reto de Cataluña y, en cambio, quizá el caso vasco ocupara un segundo lugar. En realidad, sobre el problema de encaje de los nacionalismos históricos en el Estado, aunque su evolución ha sido muy dispar, el punto de llegada, el soberanismo, es idéntico.

Efectivamente, casi treinta años después, aquellos porcentajes han variado considerablemente, de forma que los estudios más recientes, revelan (gráfico1) un muy considerable ascenso del sentimiento predominante o exclusivamente catalán y, en consecuencia, del ascenso del independentismo.

El estudio de 2014 matiza mucho más las posiciones pero, a nuestros efectos, podemos reducirlas a las cinco mencionadas en el de 1985 del modo siguiente: solo español (10); más español que catalán (9 a 6); tan español como catalán (5); más catalán que español (4-1); solo catalán (0). Como puede verse, el porcentaje de quienes se sienten solo españoles o más españoles que catalanes, pues sumamos los porcentajes numéricos que se consignan en el barómetro citado del CEO28, es de 15,1% frente al 25,3% de 1985, una pérdida de diez puntos porcentuales; el de quienes se sienten a partes iguales catalanes y españoles ha aumentado 7 puntos, desde los 23,9% de 1985 a los 30,9% de 2014 y el de quienes se sienten más catalanes que españoles o solo catalanes que era de 49,7% en 1985, ha experimentado un moderado incremento de algo menos de punto y medio, hasta el 51,3%, pero con el efecto nada desdeñable de que se ha atravesado la barrera psicológica del 50%.

Esta situación se refleja asimismo en las preferencias de los catalanes por uno u otro tipo de organización territorial del Estado en relación a Cataluña. En abril de 2014 cerca de la mitad de la población era partidaria de la independencia (45,2%; gráfico 2). Esta información se complementa tomando en cuenta la evolución de dichas preferencias entre febrero de 2012 y abril de 2014 de la que se sigue que, mientras las opciones “comunidad autónoma de España” y “Estado dentro de un Estado federal” pasaron del 27,8% en 2012 al 23,3% en 2014 y del 30,8% en 2012 al 20,0% en 2014, es decir, en conjunto, sufrieron una merma de apoyo de 15,3 puntos porcentuales, el porcentaje de ciudadanos que prefiere Cataluña como Estado independiente ha pasado del 29,0% en 2012 al 45,2% en 2014, 16,2 puntos de incremento.

A la vista de los datos, parece razonable pensar que esta deriva de descenso de las posiciones autonomistas y federalistas y aumento de las independentistas entre febrero de 2012 y abril de 2014, se ha debido esencialmente a la desafortunada política de la derecha en el gobierno que, con su mayoría absoluta parlamentaria ha actuado de forma agresiva hacia el nacionalismo catalán, poniendo una vez más de relieve que, en dictadura o en democracia, el nacionalismo español conservador, el nacionalcatolicismo intolerante, ha sido siempre el principal elemento disgregador de la unidad nacional española que dice querer preservar. Si en España hay separatistas, también hay separadores y se retroalimentan mutuamente. Son más fieros los primeros, pues son proactivos, mientras que los segundos son reactivos.

Con el fin de ETA la situación del nacionalismo español se complica. Ya no puede actuar limitándose a la lucha antiterrorista en la seguridad de que su acción es legítima y reconocida como tal por dondequiera. Si había sido comprensible que alguien respondiera con la violencia a la violencia de la tiranía franquista, en uso del derecho de legítima defensa, ya no lo es cuando se responde a la violencia legítima de la democracia y el Estado de derecho y este se carga de razón moral en su actuación. Pero ello ha de modularse y adaptarse a una situación en la que los terroristas renuncian a la violencia. Se abre así un tiempo nuevo, necesitado de nuevos planteamientos. Por eso es tan revelador de la actitud oportunista y cínica del nacionalismo español conservador el hecho de que José María Aznar, entonces presidente del gobierno, pensando que podría colgarse la medalla de haber terminado con el terrorismo en el País Vasco mediante una negociación, pasara por encima de las instrucciones dadas a los medios de comunicación sobre cómo referirse a ETA y no tuviera empacho en relegitimarla llamándola “movimiento vasco de liberación”29, lo cual dejaba el Estado que él representaba a la altura de cualquier país colonial que oprimiera otro.

En Cataluña podría llegarse a una situación inversa a la del caso vasco. Siendo el independentismo catalán esencialmente democrático, llegado el caso, el Estado podría recurrir a la violencia para sofocar un movimiento, tanto más peligroso cuanto que, sobre ser pacífico, está liderado por sus instituciones representativas. Esta posibilidad ya jugaba en los raciocinios de un carlista tan apegado al nacionalismo regional y enemigo del estatismo y el centralismo como Vázquez de Mella: “una nación que quisiese separarse, Cataluña o Vasconia, por ejemplo, no podría hacerlo de una manera pacífica porque esa raza que se llama unificadora, Castilla, no lo consentiría”30. El Estado puede recurrir a la violencia y será un recurso legal, pero tendrá un grado muy cuestionable de legitimidad y suscitará otro elevado de conflictividad, como consideraremos más adelante. Medio en broma, medio en serio, este hipotético recurso a la última ratio frente al nacionalismo e independentismo catalanes está siempre en el ánimo de los españoles, cualquiera que sea su orientación política. Por eso resulta tan sorprendente y, al mismo tiempo, tan reveladora del alma del nacionalismo español de izquierda la desafortunada broma de Peces-Barba, quien, recordando la decisión de Espartero en su día, afirmó ponderando las virtudes de la Constitución de 1978 para contener las tendencias secesionistas y garantizar la unidad de España: “No sé cuántas veces hubo que bombardear Barcelona. Creo que esta vez se resolverá sin hacerlo”31. Bromas y veras, veras y bromas sin la menor gracia.

Por lo demás, debe atenderse a las consecuencias. Una decisión represiva habrá de ser excepcional y, por ello mismo, transitoria. Será preciso restaurar el orden anterior o resignarse a vivir en un agambeniano estado de excepción permanente, como sucedió en el País Vasco con la diferencia de que en Cataluña trataría de sofocar una reivindicación política no violenta, quizá basada en una desobediencia civil generalizada, cosa mucho más difícil de justificar. Pues ese es el movimiento al que se enfrenta el nacionalismo español, a uno catalán claramente decantado en su conjunto —nacionalismo burgués y nacionalismo de izquierda— por la independencia.

Llegados a este punto al que nadie quiere llegar porque entonces se exaltan los ánimos, se obnubila la razón y puede pasar cualquier cosa, antes de recurrir a la violencia, los violentos quieren hacer un esfuerzo teórico y tratan de construir una razón de un sentimiento a base de postular una única nación española a quien todos debemos lealtad. Ese propósito es el de la imposición de la idea nacionalcatólica. Tal nación católica española es, desde luego, centralista, aunque pueda transigir con algún grado de descentralización política, pero sin llegar al federalismo. Sus posibilidades de imponerse unilateralmente, sin contar con la otra versión del nacionalismo español, por débil que sea, son nulas.

Podrían no serlo. Hay suficientes indicios de que el llamado bipartidismo, esto es, la confluencia hasta cierto punto de los dos partidos mayoritarios, enfrentados a la impropiamente llamada cuestión catalana ya que, en el fondo, es la cuestión española, acabe en alguna forma de alianza32. Ninguna de las dos formaciones quiere regalar a la otra la bicoca electoral de una campaña en defensa de la nación española. La derecha, en buena medida heredera de los nacionales de la guerra civil, lo tiene fácil. Mucho peor pinta el asunto para la izquierda, heredera del liberalismo progresista, siempre timorato y realizando distingos, abierta a que se la acuse —como de hecho sucede con frecuencia— de ser la Anti-España, el espantajo que todavía hoy sigue empleando la derecha en sus discursos. Ese temor es el que fuerza a la socialdemocracia a arrimarse a la sombra del nacionalismo tradicionalista. España es tierra de conversos a los que siempre se ha mirado mal. Hay que hacer méritos. La nación española es intocable. Pero ¿qué nación? La fórmula constitucional ha fracasado pues, lejos de apaciguar los nacionalismos periféricos y de conseguir una lealtad a la nación española común, ha exacerbado aquellos y acrecido las naciones irreductibles a la española. Es decir, nos encontramos en el comienzo mismo del problema, preguntándonos qué sea una nación, con la experiencia añadida de que, no existiendo criterio objetivo alguno que la defina, estamos ante un conflicto de voluntades. Las naciones culturales quieren ser políticas.

Si traducimos los datos de sentimientos que reflejan los gráficos 1 y 2 a los apoyos electorales a las distintas formaciones políticas, obtendremos unos cuadros que, aun con toda su aparente confusión, hablan de una paulatina realineación del sistema de partidos en Cataluña y quizá también en España. El gráfico 3 refleja la evolución de los apoyos electorales a los partidos en Cataluña en las sucesivas elecciones generales desde 1977 a 2011. Como se ve, la suma de los partidos favorables al derecho a decidir (CiU, ERC e ICV-EUiA) es de 44,5%, a solo dos puntos porcentuales de diferencia con la de los partidos que no apoyan ese derecho o partidos dinásticos del nacionalismo español (PSC-PSOE y PP) que suman 47,4%. Llama la atención que en las elecciones de 2011, por primera vez, CiU haya superado el porcentaje de votos del PSC-PSOE que aparece en un declive pronunciado y, caso de señalar tendencia, promete dificultades considerables a la expectativa del PSOE de ganar elecciones en el conjunto de España.

Ahora bien, este gráfico muestra las opciones catalanas en punto a la gobernación del Estado en las elecciones generales. La cuestión presenta otro aspecto si, en vez de considerar estos resultados, reparamos en los que se dan en las elecciones al Parlamento catalán en la misma serie histórica y en las que, como se sabe, los ciudadanos expresan un conjunto de preferencias distintas a las de aquellos, por cuanto votan sobre la gobernación de su propia comunidad. La diferencia es notoria, como puede verse en el gráfico 4:

Es llamativa la pérdida de apoyos del PSC-PSOE en los casi 10 años que van de 2003 a 2012, probablemente producto de la gestión de la reforma del Estatuto y acontecimientos concomitantes que hemos considerado. También lo es que, a diferencia de los resultados en las elecciones generales, la suma de votos de los partidos dinásticos, esto es, PSC-PSOE y PP solo alcance el 27,4% en 2012, llegando al 35% si se les suman los votos de Ciutadans, el tercer partido nacionalista español, mientras que la de los partidos claramente soberanistas o, cuando menos, favorables al derecho a decidir de los catalanes (CiU, ERC, ICV-EUiA y Candidaturas de Unidad Popular, CUP) escala hasta el 57,8%. Obviamente, un panorama muy distinto al de los resultados catalanes de las elecciones generales y en el que hay una clara hegemonía del nacionalismo catalán frente al español que ya preanuncia cuál sería el resultado de una hipotética consulta sobre el derecho de autodeterminación en la sola circunscripción electoral de Cataluña. No es exagerado decir que estos datos apuntan a una falta de consolidación del modelo autonómico que el constituyente de 1978 pudo haber tenido en la cabeza, si alguno tuvo.

Sin incurrir, como hemos dicho, en la tendencia actual a denigrar la transición en bloque, aduciendo el fracaso de un “modelo” fundamental con el que se interpretan los tiempos posteriores un poco al modo de la “norma fundante básica” kelseniana, sí interesa proponer una interpretación de un fracaso concreto de aquel episodio en la medida en que se configuraba como una especie de consenso, compromiso o programa. Desde esta perspectiva, la transición, puede entenderse como el último intento de “normalización” española, como una reparación de la doble división de las dos Españas: la conservadora/tradicionalista frente a la liberal/izquierdista y la centralista frente a la descentralizadora, esta última es la que Joaquim Coll llama la dialéctica “entre la España horizontal (compuesta y diversa) y la vertical (unitarista y asimilacionista)”33 Como tal se entiende el llamado consenso de la transición. Y para un consenso, decíamos antes, se necesitan siempre concesiones por las partes.

La izquierda se allanó a un acuerdo “nacional” a cuyo fin cedió en gran medida en muchas de sus reivindicaciones para hacer posible la convivencia de las dos Españas. Renunciaba a cuestionar la Monarquía impuesta por Franco, así como la bandera borbónica, transigía con una fórmula mixtificadora respecto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, renunciaba a la exigencia de responsabilidades políticas contraídas durante la dictadura y se avenía a una Ley de Amnistía que, en el fondo, funcionó como una ley de punto final o una ley de impunidad para los asesinos de Franco34 y aparcaba el derecho de autodeterminación o se olvidaba de él sin más. Por su parte los nacionalistas daban su aquiescencia más o menos tácita al modelo autonómico aunque entendiéndolo siempre de forma dinámica, como proceso abierto en el que los estatutos de autonomía eran puntos de partida, no de llegada.

La derecha aceptaba jugar según reglas democráticas básicas, renunciaba a la tentación de prolongar la dictadura y, como suele decirse, se civilizaba. Este hipotético trueque no es equitativo ni igualitario ya que el comportamiento civilizado no es una opción abierta, sino algo obligado que no da título a ningún privilegio pues no es otra cosa que el cumplimiento del deber. Lo esencial, sin embargo, era que la derecha cumpliera su parte del pacto, consistente en garantizar la preconizada reconciliación de los españoles fabricándoles la nación en el sentido de la unión de las dos Españas, que venía faltando en desde tiempos remotos.

Pero no cumplió ninguno de sus compromisos. Cerró todo intento de hacer justicia a las víctimas del franquismo y se negó a aplicar la muy tímida Ley de la Memoria histórica, (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura) aprobada por los socialistas veinticinco años después de haber ganado sus primeras elecciones por enorme mayoría, una norma emasculada por el temor del gobierno de Zapatero a la reacción de la derecha. Esta emasculación fue obra directa de la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la misma que, andando el tiempo, impediría que Zapatero diera un paso en la separación de la Iglesia y el Estado, al frustrar un proyecto de ley de libertad religiosa que los curas aborrecían. Es muy frecuente que en los gobiernos de izquierda haya algún beato o beata que siga las consignas de la Iglesia y actúe en contra de lo que se supone deben ser sus convicciones. Luego los premian por los servicios prestados. A esta Fernández de la Vega, con un bien remunerado puesto en el Consejo de Estado. No es escaso servicio al nacionalcatolicismo haber vaciado de contenido una ley de Memoria Histórica e impedido otra de libertad religiosa.

La Ley de la Memoria Histórica que la derecha dejó sin fondos y paralizó es tímida porque, en realidad, no plantea la cuestión de si se investigarán los crímenes y el genocidio del franquismo, sino que se limita a regular los aspectos de la plena y justa reparación, especialmente simbólica de las víctimas de la dictadura. En realidad la justificación última de la expulsión de la carrera judicial del juez Garzón se basaba en una actuación que se entendía prevaricadora por ser ultra vires ya que, en principio, la Ley de Amnistía, no derogada, impedía las acciones que el magistrado había iniciado. De modo que este ya sabe a quién puede atribuir su expulsión de la carrera judicial. No a los colegas que, con indisimulada fruición, lo pusieron en la calle, sino a la vicepresidenta Fernández de la Vega, que redujo la Ley de la Memoria Histórica a un remedo de lo que debió ser.

Y aun, al tratarse meramente de las reparaciones de las víctimas puede verse asimismo qué poco han cambiado algunas posiciones respecto al enfrentamiento de la guerra civil. La falta de sensibilidad de la derecha hacia dichas víctimas, que se ha expresado en varias ocasiones de formas verdaderamente bochornosas viene a demostrar que la España nacionalcatólica, la conservadora y tradicionalista, sigue considerando haber vencido a la Anti-España, muchos de cuyos representantes están enterrados en fosas comunes por todos los caminos del país, incluidos los de Santiago, y haciendo caso omiso a reiteradas instancias de las Naciones Unidas de que proceda a reparar las injusticias de la dictadura. A los 75 años del fin de la guerra y cuarenta del régimen fascista que siguió, no se ha producido un resarcimiento justo de las víctimas. Se trata de una ruptura de cualesquiera consensos o acuerdos implícitos a que se llegara durante la transición. El argumento que suele emplearse para justificar esta carencia de sentido de la equidad es el de que desenterrar a los republicanos asesinados por el franquismo reabriría heridas cicatrizadas, una explicación de típica mala fe, por no decir que las cosas están muy bien como están puesto que, no se olvide, la Anti-España, es una “secta proterva que, habiendo hecho suyos a la mayoría de los españoles, estuvo a punto de destruir la Patria Eterna en 1936”35

La derecha no ha renunciado a su pretensión de una idea unilateral de nación, que continúa propugnando el nacionalcatolicismo de siempre. Algo así era claro ya con los gobiernos de Aznar y ha resultado patente con el de Rajoy. Se dice que ha aprovechado la crisis exógena para gobernar “ideológicamente” y revertir el espíritu de la transición con la ruptura de todos los acuerdos, una involución democrática en todos los órdenes. Ha consolidado la monarquía con la entusiasta colaboración del otro partido dinástico, el PSOE, a pesar de su evidente corrupción, blindando al Rey frente a toda crítica o investigación incómoda, retrotraído toda la legislación postfranquista a los tiempos de Franco en aquello que directa o indirectamente tocara a la religión y, por supuesto, pretendido volver a centralizar el Estado, boicoteando cualquier acuerdo que pudiera dar satisfacción a las aspiraciones a mayor autogobierno de los nacionalismos periféricos, especialmente el catalán.

Un análisis desapasionado de la acción de gobierno de la derecha y su despliegue legislativo, muestra que esta se orienta a una reimplantación del nacionalcatolicismo en el marco de una democracia autoritaria. De las frecuentes y cómicas manifestaciones de la religiosidad de los gobernantes de la derecha no es preciso hablar más porque ya se han puesto de relieve con anterioridad. Y no solo los actos solemnes o ceremoniales sino la gestión práctica cotidiana del país aparece dictada por la Iglesia católica. La hierocracia franquista ha resucitado y no es exagerado considerar que Monseñor Rouco Varela, un clérigo atrabiliario, extremoso y ultramontano actuaba en realidad como un ministro sin cartera del gobierno de Rajoy. Algunas leyes o proyectos de leyes de este, de especial relevancia para la Iglesia católica, han salido de las sacristías tan redactadas como el artículo 2º de la CE de los cuarteles. Es tanta la devoción de los ministros y otros cargos públicos de la derecha y su empeño por mezclar de continuo las cosas del siglo con las de la gloria por mandato expreso de la jerarquía eclesiástica, así como la permanente injerencia de esta en todos los debates públicos sean de la naturaleza que sean, que la crónica política de la gobernación de España debería redactarla un nuevo Voltaire, a ser posible el de écrasez l’infâme.

En cuanto a los modos del gobierno civil y su evidente talante autoritario, las llamadas reformas del mercado laboral han supuesto no solo la pérdida de derechos de los trabajadores sino de su sistema particular de protección jurídica a través del derecho del trabajo. La legislación en materia de aborto y de normas procesales así como la reforma del código penal y la del Poder Judicial van orientadas en el sentido de excluir a importantes sectores populares de la administración de justicia y restringir cuando no negar directamente derechos de los ciudadanos, singularmente los de las mujeres. Tanto es así que el mismo gobierno hubo de retirar el proyecto de Ley del aborto por lo retrógrado e inhumano que era. Asimismo, la legislación en materia de orden público revela una mentalidad autoritaria, represiva, que trata de criminalizar las protestas sociales, negar derechos fundamentales, como el de libre circulación e intimidar a la población. A todo ello se añade una política de control y manipulación de los medios de comunicación que ha convertido la información en España en un ejercicio de propaganda del gobierno. Los medios públicos —tanto estatales como autonómicos— están sometidos a una rígida censura que los tiene convertidos en meros aparatos de agitprop, desprestigiados y ruinosos. En cuanto a la intervención estatal en los medios privados se vale del poder que le da su control económico a través de la publicidad institucional, tanto más necesaria hoy día cuanto que los ingresos por publicidad privada se han hundido a causa de la crisis y el cambio de paradigma tecnológico de la comunicación. Bastará con mencionar un hecho sin precedentes en la historia de las democracias recientes: en un plazo de algo más de tres meses, el gobierno consiguió deshacerse de los tres directores de los tres periódicos de mayor circulación del país, El País, El Mundo y La Vanguardia, que le resultaban incómodos36. En este momento y, con excepción de El Periódico de Cataluña, no hay diario de papel de venta en kioscos que tenga una actitud crítica hacia el poder político.

Respecto a la cuestión que nos ocupa en este libro, las relaciones con los nacionalismos periféricos, la experiencia muestra que la gestión del gobierno conservador no ha podido ser más inepta. En muy buen medida, como se dijo más arriba, él es el responsable del repentino recrudecimiento del independentismo catalán a partir de 2012. La incapacidad del anterior del Partido Socialista no le fue a la zaga. Pero hay una diferencia esencial: el presidente Zapatero dio pruebas de una ingenuidad y una irresponsabilidad apabullantes al adquirir compromisos de respeto a las decisiones políticas legales del nacionalismo catalán que luego no podría o no se sentiría con fuerzas para mantener37, pero no es de sospechar en su acción alguna intencionalidad más o menos oculta de atacar el nacionalismo catalán u obstaculizar el normal funcionamiento de las instituciones autonómicas. No cabe decir lo mismo del gobierno de Rajoy. Este ya traía en el equipaje un pasado de hostilidad aguda contra el catalanismo, materializado en campañas contra la reforma del Estatuto de autonomía y de boicoteo de productos catalanes38. Desde su llegada al poder, en noviembre de 2011, el conflicto entre Cataluña y España no hizo sino agravarse. Abrió el fuego el ministro de Educación con una provocación tan estúpida como innecesaria, según la cual es preciso españolizar a los niños catalanes39; estúpida e innecesaria porque, aparte de no tener idea de lo que signifique “españolizar”, si no es insuflar el amor a las corridas de toros, de acuerdo con las convicciones ideológicas del ministro, los niños catalanes son españoles. No le fue en zaga el presidente del gobierno quien, informado de la impresionante asistencia a la diada de 2012, cifrada en unos dos millones de personas, respondió que España no está para “algarabías” ni “guirigays”40, una actitud de desprecio e ignorancia a partes iguales, muy propia del personaje y que, entre otras cosas, explica por qué es el presidente del gobierno peor valorado por la opinión pública de toda la segunda restauración.

El resumen de este apartado es claro. La transición como intento de solución del viejo contencioso nacional español ha fracasado. El artículo 2º de la Constitución vigente y su alambicada fórmula no han servido de nada, los conflictos territoriales son hoy más agudos que nunca, las reivindicaciones nacionalistas más generalizadas y más acuciantes, el margen de actuación de las autoridades centrales más estrecho y menos eficaz, la nación española, incapaz de encontrar una aceptación por consenso entre los dos viejos contendientes del nacionalismo tradicionalista y el liberal progresista, más carente de sustancia, de explicación y por supuesto de proyecto sugestivo en común. Tal es a juicio de uno de los grandes representantes del nacionalismo liberal español, Andrés de Blas, cuando, aun admitiendo que su conclusión puede tener algo de exagerado, reconoce que “el lapso de tiempo transcurrido desde la aprobación de la Constitución hasta hoy (2008) debería haber sido suficiente para una normalización de la situación. Me temo que no haya sido así”41. En estas circunstancias, nada tiene de extraño que los dos partidos dinásticos hayan tratado de encontrar dos vías de solución al problema del encaje de la nación española y las otras naciones en un ámbito territorial único. Una tratando de descargar la tarea de la definición de la nación española sobre los hombros del órgano jurisdiccional que, sin ser judicial, se reviste de la majestad de la magistratura para justificar sus decisiones, esto es, de dejar la definición de la nación española al arbitrio del Tribunal Constitucional. La otra, de carácter doctrinal, buscando mundo adelante una fórmula teórica que justifique la existencia de la nación española frente a los nacionalismos de base territorial que la cuestionan, esto es, el recurso a la teoría del patriotismo constitucional. Vamos a considerarlas por separado.

21 Schmitt, 1999: 67.

22 Agamben, 2003: passim.

23 Barbería, 2011.

24 Porcentajes establecidos a partir de Barrera, 1985: 367.

25 Jiménez Blanco, 1977: 80.

26 Hernández/Mercadé, 1986: 90.

27 Blanco Valdés, 2014: 255.

28 Centre d’Estudis d’Opinió. Primera oleada de 2014, 20 de abril. http://www.antena3.com/a3document/2014/04/30/DOCUMENTS/00002/00002.pdf.

29 “Aznar contactos con ETA” https://www.youtube.com/watch?v=Afq56JKf2Wk. El País, 7 de marzo de 2006. http://elpais.com/diario/2006/03/07/espana/1141686014_850215.html.

30 Vázquez de Mella, 1957: 139.

31 La Vanguardia, 27 de octubre de 2011.

32 Moreno, 2014.

33 Coll, 2012.

34 Míguez Macho, 2014: 189.

35 Ayala, 1962: 229.

36 Sanclemente, 2014.

37 El País. 14 de noviembre de 2013.

38 Publico.es 10 de noviembre de 2011.

39 El Periódico. 4 de diciembre de 2012.

40 El portal informatiu de 3.

41 Blas, 2008: 77.

¿Qué sabe de naciones el Tribunal Constitucional?

Por sentencia de 31/2010, de 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional decidió que “carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del preámbulo del Estatuto de Cataluña a “Cataluña como nación” y a “la realidad nacional de Cataluña”42. De este modo, tras cuatro años de accidentadas deliberaciones durante las cuales el Tribunal cambió de composición en un atribulado vaivén de impugnaciones, recusaciones e inhibiciones que no hicieron nada por restablecer su maltrecho prestigio43, quedó zanjado el recurso interpuesto por el PP en 2006 contra el Estatuto de Cataluña, del que impugnaba 114 artículos y que, a su vez, había tenido un animado curso político, primero en el Parlamento catalán, luego en el español y, por último en el referéndum popular.

Esa impugnación se vivió como un ataque político a Cataluña porque afectaba al meollo mismo del espíritu nacionalista, la consideración de Cataluña como nación, algo por lo que aquel lleva años luchando y que quizá en otras latitudes del planeta podría verse como una mera cuestión semántica pero que en estas resulta un evidente casus belli. Las citadas maniobras tuvieron al Tribunal prácticamente paralizado, precisado de una renovación que no llegaba nunca, pues la impedía la derecha, empeñada en garantizarse una mayoría en la composición del órgano favorable a su punto de vista. Ello no solamente deslegitimaba al órgano, sino que propiciaba un encono político del nacionalismo catalán que serviría después para canalizar el ánimo independentista. Nada ayudó a mitigar la situación el hecho de que el Tribunal acabara anulando disposiciones en el estatuto catalán que estaban vigentes en estatutos de otras Comunidades Autónomas en las que no se había producido impugnación.

En gran parte, este doble proceso político y jurídico, es responsable del rebrote de soberanismo que se ha vivido en Cataluña desde aquellas fechas. Y tiene también un interesante y aleccionador pasado que conviene no olvidar. Desde el siglo XX, los catalanes han votado estatutos en tres ocasiones: el 2 de agosto de 1931, el Estatuto de la República o Estatuto de Núria; el 25 de octubre de 1979 el Estatuto de la segunda restauración borbónica o Estatuto de Sau; y el 10 de mayo de 2006, la reforma del Estatuto aprobado por las Cortes, con los siguientes resultados:

Referéndum

Participación

Votos a favor

Votos en contra

Votos en blanco

2 agosto 1931

75,13%

99,49%

25 octubre 1979

59,03%

88,15%

7,76%

3,55%

10 mayo 2006

48,85%

73,90%

20,76%

5,34%

(Fuente: elaboración propia)

Las cifras cantan y apuntan a un progresivo descenso de la voluntad catalanista que contradiría los discursos más encendidos del independentismo. Pero es menester hacer algunas consideraciones que matizarán la opinión. Desde luego, las altísimas cifras del referéndum de 1931 pueden deberse al intenso clima de movilización política que vivió la República y al hecho de que Esquerra Republicana de Catalunya fuera el partido mayoritario dentro del nacionalismo. Recuérdese asimismo que las mujeres todavía no votaban y la mayoría de edad electoral era de 25 años. La consulta de 1979 muestra una imagen más ponderada. La participación es ligeramente inferior a lo que será después la media en las elecciones autonómicas del Principado, en torno al 60,8%; los votos a favor muy elevados y casi un 8% en contra. En el referéndum de 2006, la participación es más de diez puntos inferior a la de 1979 y los votos a favor muestran un considerable descenso de casi 15 puntos, mientras que los votos en contra escalan hasta el 20,7%, lo que da idea de una creciente polarización de la sociedad catalana. Debe, no obstante, tenerse en cuenta que, en este tercer referéndum, Esquerra Republicana de Catalunya, por entonces socio de gobierno del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en la Generalitat y principal dinamizadora del nuevo Estatuto, pidió el voto en contra por entender que el Parlamento español, en donde también votó en contra o se abstuvo, lo había desdibujado y no quedaba en absoluto claramente reconocido que Cataluña fuera una nación Si se recuerda que ERC alcanzó el 15% del voto en las elecciones autonómicas de 2006, solo este dato obliga a relativizar los resultados del referéndum de ese año.

El nuevo estatuto catalán, pues nuevo era en realidad, a pesar de tratarse formalmente de una renovación del anterior, se elaboró en el Parlament y de él surgió casi tan completo, cerrado y armado como lo estaba Palas Atenea cuando salió de la cabeza de Zeus. Y con un apoyo rozando la unanimidad pues, pesar de las reticencias de algunos diputados socialistas, obtuvo 120 de los 135 votos de la cámara, esto es, un respaldo del 88,8%. En favor votaron los tres partidos del gobierno de la Generalitat, el tripartito surgido del llamado “Pacto del Tinell”, esto es, el PSC, ERC e IUV con el añadido de CiU que de ningún modo admitiría quedarse atrás en punto a reivindicaciones nacionalistas. En contra, los quince diputados del PP, reducidos al último bastión del nacionalismo español en la marca catalana. Dicho sea de paso, en este pacto hay una lección que las fuerzas políticas españolas no parecen aprender consistente en que, si quieren vencer al nacionalismo, lo peor que pueden hacer es rivalizar con él en su terreno pues los nacionalismos periféricos no tienen techo y el español sí: el de la independencia.

No obstante, era de suponer que, con tal mayoría, superior a la que exigía el Estatuto de Sau para su reforma que era de dos tercios de los diputados, se facilitaría la tarea de Zapatero cuando este se comprometió a apoyar el Estatuto que llegara del Parlamento de Cataluña44, una de sus nada infrecuentes manifestaciones precipitadas e irreflexivas de la que tendría que retractarse al llegar el momento, forzado por la actitud contraria de una mayoría de diputados del Parlamento español. Mayoría no solo compuesta por la totalidad de diputados del PP sino también de otros grupos y de una proporción nada desdeñable de su propio partido. Parece como si aquel compromiso algo ingenuo, nacido, quizá, de una falta de conocimiento del espíritu nacionalista ajeno, hubiera acicateado los anhelos soberanistas. Al fin y al cabo, la Generalitat estaba en manos del PSC, partido federado con el PSOE y a su líder, Pasqual Maragall, se le suponía mucha influencia en Madrid en donde por entonces gobernaba el primo hermano. Por primera vez en la historia de la segunda restauración, los gobiernos catalán y español estaban en sintonía, tenían la misma base ideológica y, era de suponer, la misma concepción del Estado en sus colectivas cabezas. Para el nacionalismo era una ocasión única y la aprovechó al máximo aun a riesgo de situar en una posición comprometida al PSC en relación con el PSOE, o quizá contando con ello. Por eso acabó enviando a Madrid un proyecto de reforma del Estatuto que tenía preceptos calificados por algunos autores como confederales45. Efectivamente, así es, como cabía esperar del sentido de la oportunidad de los nacionalismos conservador y moderado de CiU, progresista y radical de ERC y el vergonzante del PSC, que rivalizaban entre ellos en cuanto a la fidelidad al ser nacional catalán. Aun más: en el imaginario colectivo nacionalista la confederación se verá siempre como una antesala de la independencia.

Zapatero no podría hacer realidad su temeraria afirmación por encontrarse enfrentado a una oposición mayoritaria en las instituciones y sectores importantes de la sociedad civil. El PP, que ya presentó un inviable recurso de inconstitucionalidad según entraba el proyecto en el Congreso, se lanzó a recoger firmas pidiendo un referéndum sobre él en toda España y una parte considerable de la izquierda, especialmente la dinástica del PSOE, así como la mayoría de los medios de comunicación madrileños también se opuso y se empleó a fondo para rebajar sensiblemente los objetivos de la norma. Los medios a que recurrió Zapatero para enmendar su yerro produjeron consecuencias de largo alcance. Después de innumerables discusiones, el presidente español, en reunión privada con el secretario general de CiU, Artur Mas, en lo que se conoció como el Pacto de la Moncloa, acordaba un texto alternativo que sería el que finalmente serviría de base para los debates en el Congreso. Dejando aparte la cuestión de hasta qué punto podían Zapatero y Mas arrogarse competencias para modificar substancialmente el texto salido del Parlament, cuestión que había de herir el pundonor nacionalista, mucho más zaherida quedaba la autoridad de Maragall y comprometida la situación del PSC. No es exagerado sostener que esta decisión del presidente español influyó en la del catalán de apartarse de sus cargos en el gobierno y el PSC después de la aprobación del Estatuto en referéndum y fue el origen del proceso de declive que desde entonces experimenta el Partido dels Socialistes de Catalunya. El atribulado mandato de José Montilla (de 2006 a 2010) solo sirvió para certificar este declive. El propio Montilla perdió las elecciones de 2010 y renunció a su acta de diputado en el Parlament.

Como era de esperar, también en los debates de la Comisión Constitucional del Congreso se procedería a rebajar los contenidos del Estatuto. El presidente de la Comisión, Alfonso Guerra, no se recataba en calificar el proyecto de “infumable” y, cuando finalmente se aprobó en la cámara, considerablemente rebajado, presumió públicamente de cómo él y sus compañeros del Congreso se habían cepillado el Estatuto46. Votaron a favor el PSOE, CiU, IU, PNV, BNG y Coalición Canaria. En contra, aunque por motivos opuestos, el PP y ERC así como Eusko Alkartasuna. Los otros se abstuvieron.

En estas circunstancias, no resultaría sorprendente, por tanto que, pocas fechas después de la aprobación en referéndum, el Partido Popular presentara otro recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y no fue el único; también se sumó el del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y hubo otros de varias Comunidades Autónomas con agravios comparativos que, sin embargo, no se acumularon al original. Aquel recurso fue una carga de profundidad política que, luego de los más diversos meandros, daría lugar a la sentencia con la que iniciamos este epígrafe. En ese periodo de unos cuatro años, la situación fue enconándose y polarizándose en lo que los nacionalistas catalanes entendieron que era el enésimo ataque de los españoles a sus derechos, su autonomía, sus instituciones y la voluntad de su pueblo y planteando el conflicto en un terreno claramente político, ajeno a los razonamientos jurídicos que se esgrimían en los recursos. Quizá uno de los hechos más significativos y que más puede orientar respecto al estado de ánimo de la opinión pública, fuera la publicación de un editorial conjunto de los principales diarios catalanes, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa, titulado La dignitat de Catalunya47 y en el que, ante la inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, se le advertía de que no sería de recibo que aquella fuera en contra del sentir mayoritario del pueblo catalán manifestado en referéndum. Realmente la obcecación del nacionalismo español conservador, con el apoyo de sectores importantes y cualificados del progresista fue la responsable de un vuelco definitivo del nacionalismo catalán hacia la independencia que ya nadie parece poder contener si no es a un coste prohibitivo.

Pero vayamos a la decisión del Tribunal Constitucional tan insatisfactoria por su falta de atención a los efectos que podría producir y los rasgos formales de su adopción como por su coherencia interna. Sobre los tres aspectos tardó poco en responder la doctrina jurídica catalana de perfil nacionalista. A escasas fechas de la sentencia, la Revista catalana de dret públic salió con un número monográfico especial dedicado a la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 200648. En él se pronunciaba un buen plantel de catedráticos y profesores universitarios sobre todo de derecho constitucional, pero también de derecho administrativo, civil, financiero y tributario, internacional público e historia del derecho, así como otros expertos cuales letrados del Parlamento catalán, abogados de la Generalitat, economistas y hasta una magistrada del Tribunal Supremo. La composición ya declara que en él se somete a crítica general y pormenorizada la sentencia desde todas las perspectivas académicas y funcionales; una sentencia que es, a la vez, al decir de Albertí Rovira, breve, apodíctica y preventiva49, todos ellos rasgos muy desmerecedores de la calidad que pretende tener y que en el fondo, revelan una falta de deferencia del Tribunal Constitucional hacía el régimen estatutario, incluso una falta de respeto a la presunción de constitucionalidad50.

Teóricamente, el Tribunal no invade un campo que no sea suyo ni se atribuye competencias que no posea. Se limita a advertir que las expresiones citadas del preámbulo y el artículo 8,1 que hablan de “Cataluña como nación” y de “realidad nacional de Cataluña” carecen de “eficacia jurídica interpretativa”, lo que equivale a negar tales condiciones pero sin que lo parezca. Al margen de la redundancia de negar eficacia jurídica interpretativa a algo que está enunciado en el preámbulo, esa misma negativa al contenido del artículo 8, 1 suscita cuestiones sin cuento, con lo que la sentencia se ha ganado la condena de un puñado de académicos que la califica de juicio político antes que jurídico51, de sentencia “manipuladora”52 o de “manual de instrucciones” para el manejo del Estatuto53. Se da una coincidencia bastante amplia en que, con su decisión, el Tribunal se ha lanzado a un activismo desaforado, ha invadido competencias legislativas54 y ha acabado creyéndose una especie de poder constituyente, facultado para actualizar la Constitución y, en desprecio de su propia doctrina en sentencia 247/2007 sobre el Estatuto de Valencia, relega ahora los estatutos a la condición de buenas prácticas55.

El Tribunal cree haber contemporizado y adoptado una actitud cauta, precavida, propia de un órgano que no determina la naturaleza de los conceptos y se limita a declarar que, sea cual sea esta, carecen o no de “eficacia jurídica”. Es el mismo espíritu que le llevó a forjar una sentencia que anula por inconstitucionales algunos preceptos, los menos que puede, y desactiva los más dándoles una interpretación dogmática, fuera de la cual incurrirían en inconstitucionalidad. Exquisita imparcialidad. Los catalanes pueden sostener que son una nación, pero que de ahí no se siguen consecuencias prácticas algunas de carácter jurídico ni político. La nación no otorga derechos, porque no es nación política, sino cultural. Derechos los otorga la nación española, que es política porque tiene un Estado, el Estado español. Es el carácter apodíctico del razonamiento de la sentencia, puesto de relieve por Arbós al señalar cómo el Tribunal remite el adjetivo “nacional” del artículo 8,1 al concepto de “nacionalidad”56, con lo que, en definitiva, el problema es que no se sabe qué quiera decir el concepto de “nacionalidad”57 cosa que, como ya se vio, preocupaba a la derecha en el debate sobre el proyecto de Constitución en 1978 (cap. VI).

Probablemente el Tribunal pensaba ser neutral, no político ni ideológico. Sin embargo, hay en la sentencia un problema lógico justo en el momento en el que aquel acepta y enuncia un punto de vista esencial del recurrente, el de que en España no hay más nación que la nación española que la Constitución establece y declara indivisible. Un concepto de nación excluyente de los demás y, por supuesto, ajeno y hostil a la idea de la “nación de naciones”. Una nación dotada de “indisoluble unidad”. Ahora bien, teniendo en cuenta que el alto Tribunal formula su fallo precisamente invocando la autoridad en la que se ampara y en cuyo nombre habla, que es la Constitución de la nación española, su decisión es parcial. El Tribunal Constitucional es un órgano nacional español y es absurdo esperar de él una mediación imparcial entre la nación española y otra nación no española que la española no reconoce como tal, a los efectos de la llamada “eficacia jurídica” que, en principio, es lo que importa. En el fondo, seguimos dando vueltas a la distinción de Meinecke. De acuerdo con la nación política española, los catalanes pueden ser nación si se limitan a serlo culturalmente, pero no política o jurídicamente. Nada de Estado catalán que, además, verosímilmente, sería una república. Nada de Estat catalá.

Algo así estaba ya admitido en la vida cotidiana. Existen de hecho entes catalanes perfectamente legales que llevan en su nombre el adjetivo “nacional”, museos, bibliotecas, orquestas, etc. Muchas cosas se llaman “nacional” en Cataluña y la nación mentada se refiere a la catalana y no a la española. Y esos entes son personas jurídicas. Es una cuestión pragmática, que retrata una sociedad civil con conciencia de nación muy acendrada y que lleva siglos tratando de manifestarse en efecto jurídicamente. La sociedad civil, sin embargo, no es el Estado, sino algo mucho más fragmentario.

Pero la nación y lo nacional que la sentencia niega se refiere al conjunto de Cataluña como entidad política territorial. Y esa es la que, por si acaso, no tiene efectos jurídicos. Y ¿cuáles son estos? Obviamente los que puedan derivarse del principio de las nacionalidades, esto es, el reconocimiento del hipotético derecho de Cataluña a dotarse de un Estado propio al reconocerse que es nación. Ese es el sombrío futuro que la famosa sentencia pretende negar preventivamente58.

Llámese en buena hora el Principado nación, parece querer decir el nacionalismo español, pero no quiera por ello cambiar la organización político-jurídica de España. Se trata de la nación cultural frente a la política. Nada de nación política. Y ahí es donde radica el conflicto, desde el momento en que el nacionalismo reclama el reconocimiento de la condición nacional a todos los efectos, razón por la cual propugna el instrumento llamado derecho a decidir, es decir, derecho de autodeterminación. Pero frente a ello se esgrime una sentencia del Tribunal Constitucional. La intención es palmaria: se trata de legitimar jurídicamente un impedimento de carácter político.

Y, de paso, dejar sin efecto el estatuto. Si tenemos en cuenta que los fines de este eran blindar las competencias de la Generalitat, establecer un tipo nuevo de relaciones entre el Estado y Cataluña, mejorar la financiación y conseguir el reconocimiento nacional para Cataluña59, la conclusión es que la sentencia ha desactivado metódicamente los cuatro aspectos y el Estatuto ha quedado “jibarizado”60. Uno de sus padres lo reconoce de forma paladina y generaliza el efecto nocivo de la sentencia: “los estatutos de autonomía han quedado totalmente invalidados como instrumento normativo para la profundización del autogobierno de las Comunidades Autónomas”61:

Desde un punto de vista inmediato, la sentencia no solo vacía jurídicamente el Estatuto sino que pretende haberlo desactivado políticamente. El mecanismo parece eficaz por estar dentro de la legalidad; pero ya no lo es tanto cuando se atiende a la legitimidad. El Tribunal Constitucional es un órgano político, nombrado en su abrumadora mayoría por instancias políticas. Sus decisiones son políticas. Son los órganos e instancias políticas quienes recurren al control de constitucionalidad de las leyes y actos de los poderes públicos con la finalidad de obtener resultados políticos. Y eso es lo que hace el Tribunal Constitucional, especialmente uno en cuya presidencia se sienta una persona que, hasta poco antes de su nombramiento, tenía carnet del partido del gobierno y colaboraba intensamente con este en asuntos políticos conflictivos. Pero, por más que se pretenda revestirlo de la augusta autoridad de la justicia, no se consigue.

Al no haber una posibilidad de solución jurídica del conflicto, la sentencia deja a la doctrina nacionalista ponderando las posibilidades de acudir ante las instancias europeas62 o, incluso, de plantar cara al Estado español y continuar en el proceso de constitución de un Estado catalán propio, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, a base de soslayar las cuestiones de legalidad y acudir a las de legitimidad63, quizá lo más próximo a un discurso en pro de la desobediencia y la ilegalidad que pueda permitirse un jurista. Por supuesto, el asunto se plantea en el terreno de la legitimidad que es al que los nacionalistas lo traen. Ese derecho de autodeterminación, al que dedicaremos el capítulo siguiente, solo puede entenderse en un ánimo constituyente, razón por la cual no es un derecho sino un principio político, pero uno de una extraordinaria potencialidad. Si la autodeterminación que reclaman es constituyente, el Tribunal Constitucional carece de legitimidad para imponer sus decisiones. El independentismo no reconoce su jurisdicción. Una de las manifestaciones más frecuentes, aunque menores de este criterio es la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional por enemistad manifiesta hacia Cataluña, que suelen plantear las autoridades catalanas. Otra, el hecho de que el legislativo catalán siga su curso de “construcción nacional”, con la impedimenta de ese mismo TC.

Los pasos posteriores en este accidentado camino de desencuentros llevan directamente a un conflicto con el Estado central. El 23 de enero de 2013, el Parlamento catalán aprueba una “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo catalán” que no es otra cosa que el comienzo del proceso “para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro colectivo”. El primer principio de tal declaración levanta constancia de que “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”64. Un verdadero reto que configura la propuesta de un poder constituyente catalán lanzado ante el Tribunal Constitucional español con los votos favorables de los 85 diputados de CIU, ERC, ICV y CUP y la oposición de los diputados del PSC, el PP y Ciutadans, y 7 abstenciones. La disminución de la cantidad de apoyos a la soberanía y el derecho a decidir en relación con la que había tenido el Estatuto reformado, traduce el incremento de la conflictividad política, a medida que avanza el proceso soberanista catalán.

Aproximadamente un año después, fiel al compromiso de caminar hacia el derecho a decidir, el Parlament aprueba una resolución por la que presenta ante la mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica de delegación en la Generalidad de Cataluña de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña65. Tres meses más tarde, el Congreso rechaza la proposición de ley orgánica por abrumadora mayoría de 299 votos en contra y 46 a favor66.

Ante un recurso de inconstitucionalidad promovido por el gobierno, el Tribunal Constitucional sentenciaría en marzo de 2014 que la declaración específica de soberanía del pueblo de Cataluña es nula por inconstitucional67, pero lo interesante de esta sentencia, sin embargo, es que mantiene la validez del derecho a decidir de los catalanes siempre que se ejerza dentro de la legalidad de la Constitución puesto que esta ampara todas las pretensiones políticas, incluida, por supuesto la de reformarla, cosa que también es competencia de las Comunidades Autónoma, incluso con vistas al ejercicio de ese derecho de autodeterminación. Ni la independencia es inconstitucional siempre que se plantee con respeto a los requisitos que la propia Constitución establece68.

42 Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010. BOE núm. 172, de 16 de julio de 2010.

43 Albertí Rovira, Enoch, 2010: 12.

44 López Calle, 2010: 10.

45 Blanco Valdés, 2014: 303.

46 Voz Pópuli, 6 de diciembre de 2012.

47 Wikipedia.org. Última modificación, 23 de junio de 2014.

48 VV.AA., 2010.

49 Albertí Rovira, 2010: 24.

50 Barceló Serramalera, 2010a: 34.

51 Aparicio, 2010: 27/28.

52 Ferret Jacas, 2010: 43.

53 Tornos Mas, 2010: 45.

54 Ferret Jacas, 2010: 40.

55 Barceló Serramalera, 2010b: 257.

56 Arbós, 2010: 104.

57 Somínguez, 2010: 113.

58 Ferret Jacas, 2010: 41.

59 Tornos Mas, 2010: 45.

60 Castellá Andreu, 2010: 90.

61 Viver Pi-Sunyer, 2010: 64.

62 Queralt Jiménez, 2010: 484.

63 López Bofill, 2010: 493.

64 Parlament de Catalunya, 2013. Resolución 5/X del 23 de enero.

65 Congreso de los Diputados, 2014. X Legislatura. BOCD, 24 de enero, núm. 158-1.

66 20 Minutos, 8 de abril de 2014.

67 Tribunal Constitucional. Sentencia 42/2014, de 25 de marzo.

68 Mir Bagó, 2014.

La panacea prestada: el patriotismo constitucional

En este campo últimamente se ha venido haciendo referencia a un intento de fundamentar una idea de la nación española anclándola en la Constitución, esto es, invirtiendo sin más los postulados del art. 2º y enlazándola con la doctrina del patriotismo constitucional, que tuvo mucho predicamento en nuestro país hace unos años, importada de Alemania y convertida en moda. La idea, en efecto, había nacido en la República Federal de Alemania, en los años de la división de la postguerra y reemergió en los ochenta sobre todo a raíz de la llamada controversia de los historiadores, en la que se debatía por enésima vez la cuestión de cómo encajar en el ánimo contemporáneo el pasado nacionalsocialista, y que enfrentó a algunos historiadores conservadores, como Ernst Nolte, partidarios de “normalizar” la memoria del nazismo y de resolver la crisis espiritual, en expresión de Helmut Kohl, a base negar el carácter excepcional y único del holocausto, entendiéndolo en paralelo con el totalitarismo estalinista. Enfrente, una escuela de historiadores progresistas que insistía en conservar clara memoria del carácter único, excepcional de la barbarie nazi y el mantenimiento de la conciencia de la responsabilidad alemana para que tales hechos no se repitieran69. Habermas, que había avisado ya tempranamente de “cambio de tendencia” de la historiografía alemana, acaudillada por una “nueva derecha” que trataba de “reconquistar la capacidad de definir los términos del debate”70, participó activamente en esta posición y resucitó el término de “patriotismo constitucional” como baluarte de la conciencia crítica alemana. Con él, Dolf Sternberger quien había acuñado la expresión, trataba de dar un fundamento de legitimidad a una Alemania que había salido de la guerra aniquilada, dividida y falta de todo punto de referencia simbólica, pues había quemado en un frenesí de 30 años una monarquía, una república y una dictadura. La Constitución era el terreno sobre el que se había de hacer la reconstrucción alemana, un terreno republicano, laico, ilustrado y liberal, ajeno a las identidades étnicas. La Constitución, pues, como fundamento de una nación ilustrada, una que ya no se sometía a la cabalgata de las Valkirias del Blut und Boden, la sangre y la tierra, del concepto völkisch, una nación que se adhería a la tradición de la idea liberal de nación, heredada de la Revolución francesa:

“Dicho sin alegorías: el concepto de patria requiere ciudadanos emancipados. En otras palabras: el concepto de patria se realiza primero en la Constitución política. La patria no es propiamente “el oscuro, inescrutable seno materno” tal como lo entiende o distorsiona Leopold Ranke al definir la nacionalidad bajo una especie de mística conservadora. La patria está a plena luz y nosotros solo podemos quererla en tanto participemos activa, libre y emancipadamente en su constitución real”71.

En realidad la concepción trataba de fundamentar la idea de la superior legitimidad de la República Federal de Alemania frente a la República Democrática Alemana durante la separación de los dos países, elemento esencial de la época de la guerra fría. Venía a ser una especie de respuesta a la doctrina de los “dos Estados alemanes” sucesores del III Reich, elaborada por las autoridades de ocupación soviética. La República Federal había sostenido durante muchos años la teoría de la “representación exclusiva” del Reich, considerándose única heredera de este, sin reconocer internacionalmente a la República Democrática y reclamando para sí la representación del conjunto de la nación alemana por su condición de Estado de derecho dotado de una Constitución.

Una generación después, ya muy avanzado el proceso de acercamiento de ambas Alemanias a través de la Ostpolitik que acabaría conduciendo a la reunificación, Sternberger deja clara la consolación que supone su propuesta:

“El sentimiento nacional permanece herido y nosotros no vivimos en una Alemania completa. Pero vivimos en la integridad de una Constitución, en un Estado constitucional completo y esto mismo es una especie de patria”72.

Se trataba de algo opuesto a una identificación plena con la comunidad histórica, a partir de la similitud en sus credos históricos, principios o tradiciones nacionales etc. (…) una identificación con principios abstractos universalizables73.

Innecesario es decir que la extrapolación mecánica del concepto de patriotismo constitucional a la realidad española había de resultar altamente problemática y muy confusa. Porque quienes en España reivindican su condición de no españoles, sobre todo vascos, catalanes y, en menor medida, gallegos, y su derecho a constituirse en Estados independientes, no pretenden sustituir la Constitución como conjunto ordenado de normas racionales para la convivencia por un orden autoritario o despótico, sino que lo que reclaman es su derecho a dotarse de una Constitución distinta, tan democrática y liberal como la Constitución originaria, que no reconocen como suya. En esta situación, parece abrirse la vía a la desobediencia e, incluso, a la rebeldía institucional y siempre con un espíritu democrático. Imagínese que el PNV hace suya y pone en práctica la advertencia o amenaza formulada por su expresidente, Xavier Arzallus al acudir a declarar ante un juez de la Audiencia Nacional como testigo: “puede llegar el momento en que impugnemos la Constitución y no la acatemos”74.

Es decir, el concepto de patriotismo constitucional no tiene gran utilidad para abordar la cuestión nacional española que es justamente la inversa a la que suscitó la fórmula en primer término ya que, así como en Alemania el problema era la existencia de dos Estados y una sola nación, en España es de varias naciones en un solo Estado. Vallespín cree por el contrario, que sí la tiene, pero que todavía no era (en 2001) aplicable a nacionalidades como Cataluña y el País Vasco, lo cual las llevaba a una importante paradoja, la de que el nacionalismo se alienaba de al menos la mitad de su misma población, que “tiene una percepción mucho más matizada de su propia identidad, anclada tanto en el común tronco de España como en su adscripción a lo vasco o catalán”75. Es el problema de zanjar cuestiones de ideas, principios, sentimientos con datos estadísticos que son muy variables. Una ojeada a las encuestas sobre identidades nacionales como las que se presentan en un epígrafe anterior en este libro en los últimos diez años probará que el argumento no es sostenible.

En efecto, el patriotismo constitucional, o cívico, como lo llama Vallespín, no es relevante para abordar la cuestión nacional española. Una prueba es, precisamente, que se lo apropiara la derecha, para la cual no existe tal cuestión nacional. Y así, la ponencia ideológica del congreso del PP, celebrado en Madrid en 2002, afirmaba: “Nosotros no somos nacionalistas. No creemos que la solución de los problemas de España deba abordarse desde planteamientos nacionalistas excluyentes”76. Si estas dos proposiciones con sendas cargas de verosimilitud muy distintas que alertan de cómo todo lo que rodee a la nación es más sentimental que racional, tienen algún sentido, vendría a ser que el patriotismo constitucional sustituirá el fementido nacionalismo, sobre todo el “excluyente” que, por supuesto, será siempre el de los otros. Por lo demás, la afirmación de la corriente política más claramente nacionalcatólica de “no ser nacionalista” tiene el valor que tienen las consignas propagandísticas en las lides políticas en las que, por mor de la costumbre, está permitido mentir.

Pero el asunto no es tan sencillo. Ni siquiera la mentira puede mantenerse durante algún tiempo. Siempre desde esta posición de la derecha, cuando se trata de hacer alguna precisión más sobre este concepto sospechosamente postmoderno, reaparecen los viejos demonios, o ángeles, del más acrisolado nacionalismo español, dejando al pobre patriotismo constitucional reducido a la condición de una modesta hoja de parra o un mero instrumento para frenar los nacionalismos periféricos77. Así lo razona Edurne Uriarte, a quien la concepción de Habermas parece insuficiente:

“En este contexto, creo que es más conveniente hablar de nacionalismo o, si se prefiere, de nacionalismo constitucional. Este nacionalismo debe incluir, en primer término, la llamada “fe constitucional”, pero debe contar, además, con otros elementos identitarios. Y esos elementos identitarios deben ser de dos tipos, culturales y emocionales. Los elementos culturales ya están ahí, dado que nuestro país tiene una historia común, unos rasgos culturales comunes y, sobre todo, una lengua, que tienen que ser necesariamente incorporados a ese nacionalismo constitucional, de tal forma que junto a los pueblos de España, emerja también la propia España” (las cursivas son nuestras)78.

Es decir, el patriotismo constitucional, que venía a reemplazar a los viejos y trasnochados factores identitarios, deberá ahora acomodarlos sin más, según parece, simplemente porque son los nuestros. Es decir, la proposición se ha desnaturalizado. No es que una Constitución, por sus virtudes, se haga acreedora al consentimiento, a la lealtad de la población y de ese modo se configure un patriotismo constitucional, abstracto, ajeno a las demás determinaciones identitarias sino que ha de incorporarlas necesariamente a los efectos de que surja un ente llamado “España”, distinto y, sin duda, superior, a la suma de sus pueblos.

Para este viaje de la derecha no hacían falta alforjas. Efectivamente, el patriotismo constitucional es una solución altamente problemática aplicada a la realidad española y así lo reconoce Andrés de Blas en un ejercicio de buena fe y honradez intelectual que siempre allanan el camino a los debates políticos: “La gran cuestión es armonizar esta idea de nación cívica española y el consiguiente patriotismo constitucional a su servicio con la existencia de otras lealtades de signo nacional existentes en la vida española”79. Y ¿qué lealtades pueden ser esas? Muy probablemente las etnicistas o, cuando menos, culturalistas que, en principio, habían de ceder el terreno precisamente al patriotismo constitucional. A nadie parece ocurrírsele, al menos abiertamente, que esos nacionalismos supuestamente etnicistas consideren al otro, el que los califica de tales, impositivo, y reclamen su derecho a constituirse a su vez en preclaros “nacionalismo constitucionales” pero con su propia Constitución.

Efectivamente, es la “gran cuestión”; en ciertos aspectos, quizá la única y, desde luego, decisiva. Porque no basta con una idea de nación cívica, que puede ser compartida por más o menos gentes. Es preciso que la idea encarne en la realidad, que haya una nación cívica real y no meramente ideal. Esa es precisamente la realidad que las otras lealtades de signo nacional se niegan a facilitar. El asunto es muy complejo pues da la impresión de que el debate esté agotado por haberse dicho ya prácticamente todo. Un breve repaso a la experiencia española a lo largo de los últimos doscientos años prueba que apenas quedan posibilidades por ensayar, habiéndose experimentado las más diversas propuestas. La más socorrida, la que ha alcanzado altos niveles de violencia, la más prolongada y más inútil a la larga, ha sido la de tratar de aniquilar las conciencias nacionales no españolas a base de ignorar sus manifestaciones, sus instituciones, perseguir y encarcelar a sus dirigentes. El paroxismo de esto fue el franquismo, principal responsable de la radicalización de los nacionalismos periféricos, en especial el vasco.

La conciencia del fracaso de la vía represiva lleva a la apertura de la transición, un intento de acomodar los nacionalismos periféricos en el seno de la nación española a base de hacerles las más amplias concesiones en materia de descentralización. La amarga experiencia de los nacionalistas españoles es comprobar que, lejos de mitigar, reducir o incluso suprimir las tensiones nacionalistas radicales, el sistema de la segunda restauración las intensifica. Y aquí ya sí que se da un punto muerto: o se retorna a la política represiva, lo cual parece inverosímil, o, visto el fracaso de la vía intermedia de carácter más o menos federal, se encuentran formas nuevas, imaginativas, de plantear la cuestión territorial española.

De este modo quizá pudiera articularse una política de patriotismo constitucional, pero habría de ser, lógicamente de otra Constitución o de esta misma pero tan modificada que pareciera otra.

69 Augstein et al., 1987.

70 Habermas, 1979: 21.

71 Sternberger, 2001: 66.

72 Ibíd.: 86.

73 Vallespín, 2001: 143.

74 Libertad Digital, 27 de junio de 2006.

75 Vallespín, 2001: 151.

76 ABC. “El patriotismo constitucional del siglo XXI”.

77 Balfour, 2009: 68.

78 Uriarte, 2001: 311/312.

79 Blas, 2008: 176.

VII. Autodeterminación. Cataluña, España, Europa

“La nació de què formen part, està en general tan

decaiguda i postrada, que no li queda quasi res per perdre.

Lo fatal desenrotllo de la historia ha fetd’ella una

agrupació caduca, sens haver passat per lo periodo

de la virilitat. Tot lo hem provat dins de l’unitarisme,

i res nos ha donat cap millora”.

(Valentí Almirall, Lo catalanisme).

A los efectos de este libro, dicho se está, el núcleo de la transición es el artículo 2º de la Constitución de 1978, cuya consideración algo más en detalle lleva a la del derecho de autodeterminación. Siendo así que, a tenor de ese artículo, dicha Constitución se asienta sobre la previa existencia de la nación española cuya indivisibilidad reconoce pero no establece, es obvio que el debate debe versar sobre la nación española y su forma de ser. ¿Es razonable que la nación imponga su indivisibilidad en contra de la voluntad de sectores más o menos numerosos de su población y cuya cuantía desconocemos porque nunca se los ha contado de modo fehaciente? Expuesto con sencillez: en la nación española ¿se está a la fuerza o de modo voluntario? Desde el punto de vista de un nacionalismo, esa pregunta carece de sentido. No se es parte de una nación por voluntad o elección sino por nacimiento y el nacer —aunque en español se conjugue en voz activa— no es algo que uno elija. Y nación viene de nacer. Se es español como se es australiano, mandril o guijarro, por una decisión que cae fuera de nuestra voluntad. Pero este razonamiento es irrelevante. El hecho de ser algo orgánicamente no implica que no se deba intentar cambiar. Se hace con la condición sexual, ¿por qué no con la nacional, mucho menos incrustada en el ser?

La opción es, además, falsa, pues ya se sabe que no es posible obligar a nadie a sentirse parte de algo. La nación es sentimiento y no ha lugar a reprimirlo o negarlo. No es justo. No hay ley en el mundo que pueda obligar a una colectividad a cambiar de sentimiento, de creencia, de religión, pues de todos estos impulsos está hecha la conciencia nacional. Habrá, pues, que reconocer el derecho de los demás a dejar de ser lo que no quieran ser, lo que no sientan ser. Cumpliendo ciertos requisitos razonables, claro está que, sin imposibilitar la elección, garanticen frente a la precipitación, la improvisación o la arbitrariedad en algo de tanta gravedad. Reconocérselo a unos grupos de población suficientemente delimitados de modo objetivo y que muestren una permanente voluntad política subjetiva de ser nación y de serlo con el derecho adherido de ser un Estado. Forma parte del juego limpio que rige o debe regir en las democracias.

El reñido derecho de autodeterminación

Si esto ha de hacerse pacíficamente habrá que ver quién puede tomar esa decisión. Es cierto que en términos jurídicos solo puede el pueblo español único titular de la soberanía, cuya esencia misma es ser una potencia excluyente. Corresponde, pues, al pueblo español en su conjunto, decidir si alguno de los pueblos que componen España tiene derecho de autodeterminación, arbitrando la correspondiente reforma constitucional en el caso, harto dudoso, de que la respuesta sea afirmativa. Considerando remotamente esta posibilidad, Iñigo Cavero Lataillade, ex ministro de la UCD de Suárez decía: “De ello ha de deducirse que cualquier modalidad ‘autodeterminante’ para que fuera constitucionalmente legítima tendría que realizarse con la participación de la totalidad del pueblo español”. Y añade, siguiendo en esto a Pedro de Vega, la reforma constitucional “por su trascendencia, habría de discurrir por el procedimiento más rígido y complicado del artículo 168 de nuestra Ley Fundamental”1.

La primera reacción al mencionarse el derecho de autodeterminación tanto del nacionalismo tradicional/conservador como del liberal es negarlo de plano, por las razones que iremos considerando críticamente a continuación y que están muy bien expuestas por Andrés de Blas2. Pero también suele manifestarse una opinión, minoritaria aunque significativa, que trata de combinar cierto reconocimiento del derecho de autodeterminación con la práctica democrática y las garantías de que aquel derecho no deshará el statu quo político. Es la posición de quienes aceptan que se celebre un referéndum a escala del Estado acerca de si se reconoce el derecho de autodeterminación de las naciones que componen España y eso en el supuesto de que estuviéramos de acuerdo en que estas existan. Es simplemente la aplicación de la fórmula “constitucionalmente legítima”, a la que habría que recurrir si no hubiera otro remedio, mencionada más arriba. El pueblo español, sujeto de la soberanía ha de tomar la decisión. Si los catalanes se independizan o no es asunto que nos afecta a todos y a todos nos asiste un derecho a pronunciarnos.

Subyacente en esta interpretación está el principio democrático, no cuestionado por nadie, de que la minoría debe someterse a la decisión de la mayoría, entre otras cosas porque ella misma, la minoría, aspira a convertirse a su vez en mayoría. Se trata de la esencia de la democracia: las decisiones se adoptan por mayoría con el debido respeto los derechos de las minorías, especialmente el que las asiste de convertirse en mayorías. Y ciertamente así es en abstracto; pero no del todo cuando se pasa al terreno de la realidad concreta. Hay minorías, las minorías nacionales, por ejemplo, que, como las religiosas, raciales, de edad, etc., no pueden aspirar a convertirse en mayorías. Los catalanes, los vascos, nunca serán mayoría en España como catalanes y vascos, igual que tampoco lo serán los negros en los Estados Unidos o los jóvenes en ningún país del mundo. Se trata de minorías estructurales3 y, como tales, no pueden aspirar a convertirse en mayorías. En esas condiciones, es difícil no ver en la orden de que la minoría se someta a la decisión de la mayoría, trátese de lo que se trate, una muestra de la tiranía de la mayoría.

La propuesta de un referéndum nacional/español sobre el derecho a decidir, se formula sobre una patente mala fe. Supóngase que el resultado de dicho referéndum fuera negativo con un setenta a un ochenta por ciento de votos. Pero podría ser asimismo positivo por similar porcentaje de votos en la comunidad o territorio directamente afectado. La cuestión sería, qué cabría hacer en una situación en que la minoría a escala estatal fuera abrumadora mayoría en su propio territorio. Es decir, habríamos vuelto al punto de partida, el de una mayoría que, por imponerse a una minoría estructural y negarle su derecho, actuará de un modo tiránico. Esta situación es la que obliga a adoptar una decisión frente al derecho de autodeterminación que no sea una negativa rotunda porque en democracia tal cosa no es aceptable. Es lo normal cuando se pretenden resolver cuestiones de principios mediante propuestas prácticas. Al final, aquellas emergen siempre y hay que darles una respuesta en su propio terreno.

Cuando los territorios que se consideran irredentos, Cataluña y el País Vasco especialmente pero también Galicia, plantean el derecho de autodeterminación, el nacionalismo español, conservador y liberal se cierra en banda. La oposición principal entre las dos Españas, la conservadora y la progresista tiende a desaparecer frente a la otra que convive con ella, la del centro/periferia o determinada periferia. Ni hablar del asunto quiere el nacionalismo español pues aquel hipotético derecho cuestiona la validez de la idea de una nación española, esa que según un fogoso y juvenil Ortega, conferenciando en El Sitio, en Bilbao no existía, recayendo sobre sus hombros y los de su auditorio la tarea de construir una futura España con alegría, aunque avisando, con su congénito pesimismo, de que hablaba al modo de Beethoven, a la alegría por el dolor4.

Las dos corrientes ideológicas elaboran en consecuencia discursos diferentes de la unidad nacional, pero análogos en su fin último de legitimar una nación española única, sempiterna y coincidente con los límites territoriales de lo que hoy es el Estado español. Se pasa por alto el hecho muy llamativo de que el soporte territorial de esa nación perenne no haya hecho otra cosa que menguar en los últimos cuatrocientos años y que su configuración actual sea producto de la contingencia histórica. Solo esta observación debiera ser suficiente para relativizar una u otra determinación territorial de la nación española.

El caso del discurso conservador es simple: soslayando esa mengua permanente a lo largo del tiempo, la unidad de la nación viene avalada por quinientos años de historia. Y no hay más que hablar. En todo caso la progresiva desmembración del Imperio español, de España, se interpreta como desgajamientos dolorosos de jirones de una unidad, producidos por la noble obstinación patria de defender la santa causa católica frente a enemigos poderosos y mayores en número. En un ensueño de anhelos confusos se sitúa la ilusión de recuperar algún día los horizontes imperiales. Además de los quinientos años de historia se aduce el hecho, por lo demás incierto, de que España es uno de los primeros, si no el primer Estado nación europeo, cosa que parece poseer un misterioso valor probatorio. Por lo demás, el derecho de autodeterminación, es un concepto del Derecho Internacional pensado para los procesos de descolonización y en nada aplicable a la situación interna española.

El discurso liberal/progresista es similar al referirse a la tradición, la costumbre, la historia, pero algo más enrevesado, sin duda debido a la conciencia de no estar pisando terreno enteramente lógico. Este discurso es muy receptivo a los argumentos conservadores, cuyo patriotismo elemental suele dar buenos réditos electorales entre amplios sectores sociales que la izquierda no quiere enajenarse en modo alguno pues sin ellos no se alcanza el poder político. Efectivamente, aunque la idea liberal de nación surge en la guerra de la independencia, los quinientos años de historia en los que se forjó la nación española según criterio conservador que hace caso omiso de la frecuentemente sobresaltada relación de Cataluña con España en todo ese tiempo, tienen mucha fuerza y es una imagen que el electorado capta de inmediato de forma intuitiva: venimos de muy atrás, somos una nación antigua, con una historia secular compartida y tenemos la obligación de legársela a nuestros hijos. Eso es algo que merece la pena conservar. Al propio tiempo, la izquierda gira a barlovento creyendo defender mejor su causa al insistir en que debe atenderse a las reivindicaciones de los nacionalismos periféricos y buscar un terreno de entendimiento común, pero sin afectar a la unidad básica de la nación. Esta actitud ha costado cara a la socialdemocracia en apoyo electoral en Cataluña, lo que entraña un peligro para sus opciones en el gobierno de España.

Al ser más sensible a las cuestiones en que se ventilan derechos, la izquierda se muestra más abierta al debate acerca del de autodeterminación y aduce razones. Maneja varios argumentos como el de la inexistencia de los derechos colectivos, los derechos territoriales, la imposibilidad de determinar el demos titular y ejerciente, el cálculo de las mayorías, los derechos de las minorías y la reversibilidad de las consultas. Pero, al margen de que todos ellos sean más o menos rebatibles, se da la circunstancia de que el derecho de autodeterminación es, ante todo, la configuración jurídica de una decisión política, lo cual plantea el problema en un territorio de conflicto, como un asunto de hecho, de si una colectividad inmersa en la soberanía de otra, puede constituirse como un sujeto de soberanía a su vez o no. El problema es si cabe llamar derecho a un principio político. Suele argumentarse que el de autodeterminación no es un derecho porque ninguna Constitución lo reconoce, ninguna declaración consagra el derecho a la secesión. Ciertamente y es lógico. Pero que los derechos no estén reconocidos no quiere decir que no existan. Como sostiene Eliseo Aja:

“Pero la falta de reconocimiento del derecho de autodeterminación no significa que un Estado democrático pueda obligar a permanecer en su seno a una parte de la población que manifieste claramente su voluntad de separarse, porque repugnaría al propio principio democrático”5.

De admitirse el argumento de que los derechos solo existen cuando están expresamente reconocidos el mundo moderno sería muy distinto, no habría Países Bajos, independizados de España sin más derecho a hacerlo que el de España a retenerlos, según se admite hoy. Y esos Países Bajos sí que pueden considerarse el Estado nación más antiguo. Tampoco existirían los Estados Unidos pues las colonias, al sublevarse, lo hacían ejerciendo un derecho de autogobierno que no estaba reconocido en texto jurídico preexistente alguno.

Una breve digresión. Al hablar en estos términos suele decirse que los casos de los Países Bajos en el siglo XVI, el de los Estados Unidos en el XVIII y el de España en el XXI, no son comparables. No es mucho decir, aunque sí muy frecuente. Ya lo vimos al hablar de Escocia y Quebec. En sentido estricto, en la historia no hay “casos comparables” y todo dependerá del ángulo desde el que se consideren. Por lo demás, nosotros no los aducimos como casos comparables, ni tampoco los otros a los que hacemos alusión, como los mencionados Quebec y Escocia, sino como la ejemplificación práctica de un asunto de principios. Lo que nos importa ahora son los principios.

El derecho de autodeterminación se configura como una suerte de poder constituyente y es claro que ningún poder constituyente debe atenerse a lo que dicte un poder constituido. Pero también lo es que ningún poder constituido puede admitirlo porque iría contra su misma razón de ser. De ahí que la cuestión no tenga solución jurídica. Un derecho no reconocido legalmente como tal no puede ejercerse. Y de ahí también que se plantee en un terreno político: es la voluntad colectiva que configura la nación la que exige el derecho de autodeterminación. En otros términos, el asunto no se plantea en un terreno de legalidad, sino de legitimidad. Como señala un estudioso de la cuestión del derecho de secesión, que viene a ser lo mismo, sintetizando en feliz fórmula cuanto venimos diciendo:

“Por encima de las reglas constitucionales está la democracia y la legitimidad política que la democracia concede. Aunque una norma constitucional (o la interpretación de esta norma constitucional) prohíba la secesión de una parte del territorio de un Estado, si la mayoría de los ciudadanos de este territorio expresan de forma clara la voluntad de crear un nuevo Estado con respeto a los derechos fundamentales y sin violencia, este acto tiene plena legitimidad y satisface los criterios establecidos por las normas de derecho internacional público”6.

Es el mismo criterio que aplicó el Tribunal Federal canadiense en su famoso dictamen del que se hablará en el epígrafe siguiente. Un asunto de sentido común. El derecho de autodeterminación en el seno de sociedades democráticas no existe. Pero si una mayoría de ciudadanos de un territorio se empeña en que sí existe y quiere ejercerlo, no hay si no negociar las condiciones. Es una situación extraordinaria para los juristas, pero muy familiar para los sociólogos desde los tiempos del llamado teorema de Thomas, según el cual “si los seres humanos definen unas situaciones como reales, son reales en sus consecuencias”7. Una parte importante de la Sociología contemporánea, basada en la idea de la construcción social de la realidad arranca de este postulado.

Llegados aquí suele oírse un argumento que remite a una cuestión previa: ¿bajo qué autoridad, con qué derecho reclama para sí el de autodeterminación una colectividad particular no idéntica a la de la nación prevaleciente? La cuestión es anterior, pero de la misma naturaleza que la subsiguiente, pues ninguna de las dos afecta al nudo de la cuestión. La conciencia de colectividad, el imaginario colectivo, la identidad nacional no dependen de ningún reconocimiento previo de nadie. La conciencia nacional es apodíctica.

Sin duda el poder político puede ignorar, negar o reprimir esa idea nacional, como en su día se ignoraron, negaron y reprimieron los partidos políticos hasta que fue forzoso admitirlos; como se ignoró, negó y reprimió el voto femenino o la abolición de la esclavitud hasta que les salieron partidarios incluso entre aquellos que, en el fondo, odian el uno y la otra. Si la voluntad de la colectividad se obstina en manifestarse y reivindicar su derecho de autodeterminación de forma democrática y pacífica solo se puede averiguar cuánta gente hay a favor de la autodeterminación, cuánta en contra, cuánta es indiferente, y actuar en consecuencia, sin que esa actuación esté predeterminada. Lo menos que cabe hacer antes de tomar una decisión es indagar cómo estén las cosas y hacerlo con objetividad y veracidad. Se dirá que precisamente se trata de una cuestión de principio, el principio nacional, indiscutible. Y es cierto. Pero, primero, eso ha de predicarse de todo principio nacional; y, segundo, frente al nacional se yergue aquí un principio superior, el de la libertad y la autonomía de los seres humanos.

Expresado en otros términos, más políticos, aunque con las mismas consecuencias. Los nacionalistas catalanes y los vascos que dicen ser naciones por su parte, distintas de la española, y son muchos, creen llegado el momento de ir cada cual por su lado, de articularse cada una como un poder político soberano, como un Estado. Quienes así razonan contraponen su idea de la nación vasca o catalana a la de la española y exigen un derecho de autodeterminación que esta última niega de raíz pues no reconoce el carácter nacional que vascos y catalanes pretenden para sí. Al ser una perspectiva política tiene un elemento componente práctico y pragmático. Así habrá quien diga que la porfía resulta bizantina y puramente nominal. ¿No es posible dejar las cosas como están y permitir a vascos y catalanes llamarse oficialmente “naciones”? Es posible. Los catalanes tienen una clarísima conciencia nacional. ¿Por qué no averiguar cuántos y reconocérselo en consecuencia? ¡Ah, pero esto llevará luego a la exigencia de ser un Estado independiente! También es posible, desde luego; o no. Y, de ser posible, ¿por qué no proceder de modo civilizado y democrático como se hace y se ha hecho en Escocia y Quebec, sobre los cuales volveremos de inmediato?

Son preguntas a las que el nacionalismo español deberá encontrar respuesta antes o después. Pero, de momento, sigue en una actitud de cerrazón absoluta. Manda por delante la negativa del Tribunal Constitucional y mueve rechazos abrumadoramente mayoritarios en el Congreso de los Diputados. Tanto la una como los otros son fáciles de conseguir, pero no rebosan legitimidad: el Tribunal Constitucional actúa en nombre de la nación española y el Congreso es la cámara representativa de esa misma nación. No basta con las decisiones judiciales ni los actos del parlamento. Hay una batalla en el campo de la opinión. Es obligado, por tanto, contar con intelectuales capaces de esgrimir razones y argumentos para negar el derecho de autodeterminación de estos entes del pueblo vasco y catalán, con el posible añadido del gallego, cuya singularidad está dispuesto a reconocer a todos los niveles excepto ese en el que los otros insisten: el nacional.

1 Cavero Lataillade, 1989: 237.

2 Blas, 1997, 45.

3 Cotarelo, 1990.

4 Ortega, OC: I: 504.

5 Aja, 1999: 255.

6 López Bofill, 2010: 485.

7 Thomas, 2013: 571:572.

Los argumentos de la controversia

En el derecho internacional

Es de sobra sabido que, desde el punto de vista del derecho internacional, el de autodeterminación sólo puede predicarse de las colonias y no de los estados no coloniales. Meridianamente claro lo deja Remiro Brotons en un temprano texto acerca de la cuestión española: el derecho de secesión no existe y no puede ampararse en el internacional salvo en lo casos de descolonización8. Algo similar argumenta con gran acopio de documentación Julen Guimon en su autorizado estudio sobre el asunto. Sin embargo, como se verá que pasa en otras circunstancias y con otros autores, Guimon relativiza su criterio y llega a admitir una realidad de hecho autodeterminista, a la que se niega a reconocer la naturaleza de un derecho supraconstitucional. Y lo hace precisamente en el párrafo con el que concluye su obra, lo que obviamente, socava la solidez de ésta. Merece la pena citarlo in extenso porque esa curiosa ambigüedad según la cual el derecho de autodeterminación no existe; pero si una colectividad se empeña en ejercitarlo, habrá que encontrarle una vía, es la que caracteriza a las posiciones más abiertas de la doctrina y la jurisprudencia hasta nuestros días:

“En todo caso, si la ‘voluntad del pueblo’ se expresa de forma muy mayoritaria, clara, pacífica y sostenida durante un tiempo prolongado de normalidad social, en la totalidad y no sólo en una de las partes de una comunidad suficientemente homogénea y numerosa, afincada en un territorio de confines razonablemente precisos, la autodeterminación-proceso puede ser admitida como una posibilidad legal, siempre que se entienda que no implica el reconocimiento de un derecho supraconstitucional preexistente ni la aceptación de un determinismo histórico, sino que constituye simplemente una conjetura política, admisible sólo con todas las cautelas propias de una anticipación de futuras situaciones de hecho”9.

Un párrafo algo enrevesado pero cuyo alcance se entiende bien y coincide con lo que aquí viene exponiéndose. Es decir, la cuestión de la autodeterminación puede afectar a un grupo más o menos numeroso de población con acusada voluntad nacional, en un territorio específico y que, sin ser colonia en sentido objetivo del término, se considera tal subjetivamente por no poder ejercitar de modo soberano esa voluntad nacional. En definitiva ¿qué es una colonia? Es un territorio sometido al poder de un Estado que lo ha conquistado. Que lo ha conquistado ¿cuándo? Entre los independentistas radicales hay quien sostiene que la incorporación a Castilla de la parte occidental del Reino de Navarra en el siglo XIII, la actual Euskadi, generó una situación de colonia que perdura hasta hoy10. Para dar mayor verosimilitud a este argumento, a veces se recurre a una comparación a favor del polémico derecho que parecería soslayar el problema del derecho internacional. Se dice que España reconoce el derecho de autodeterminación de los saharauis pero no el de catalanes y vascos. ¡Ah! —responden los nacionalistas españoles— ¡en el fondo, el asunto no es ni mucho menos similar! Los saharauis no son españoles —aunque la propaganda de Franco asegurara que sí— mientras que los catalanes lo son hasta las cachas. Residen estos en el solar patrio, luego son españoles. Aparece aquí entonces la cuestión de la territorialidad, de la que hablaremos más abajo

El recurso al derecho internacional no es productivo tanto en la teoría como en la práctica. En la teoría porque, como ya hemos dicho, y la doctrina más esclarecida admite, que no se reconozca el derecho de autodeterminación salvo en los casos de régimen colonial no quiere decir que para los demás no exista, siempre que se den unas circunstancias que satisfagan las exigencias propias de un Estado democrático de derecho.

Pero es en la práctica en donde ese recurso al derecho internacional es más insatisfactorio porque aboca a una casuística desaforada. Los casos de Quebec, Escocia, Chequia y Eslovaquia, por no mencionar el muy venerable de la separación entre Suecia y Noruega en 1905, prueban que no es cierta la afirmación de que ninguna sociedad democrática reconoce ni reconocerá jamás el derecho de sus partes a la secesión que es la estación Termini de la autodeterminación. Pero todavía hay más. El mismo derecho de autodeterminación es susceptible de utilizaciones políticas muy diferentes, según relación de fuerzas e intereses. España reconoce el derecho de autodeterminación de los Saharahuis, pero no el de los gibraltareños, a pesar de que considera Gibraltar una colonia, por lo que se le debería reconocer tal derecho. Es más, Inglaterra así lo hizo, permitiendo que los llanitos celebraran dos referéndums de autodeterminación, en 1967 y 2002, ambos con resultados abrumadoramente desastrosos para los intereses de España. La ONU no reconoce la validez de esos referéndums y mantiene a Gibraltar en la lista de territorios privados de autogobierno, aunque la Roca se considera a sí misma plenamente autónoma. Plenamente autónoma era la colonia de Hong Kong cuando en 1997 el Reino Unido transfirió la soberanía sobre él a la República Popular China sin apuntar siquiera la posibilidad de celebrar el consabido referéndum de autodeterminación. Los más de cinco millones de naturales de Hong Kong pasaron de la jurisdicción británica a la china sin derecho a decidir nada. Si España fuera la China, en Gibraltar tampoco hubiera habido referéndums.

La autodeterminación no es un derecho. Puede ser, como argumenta Remiro hablando de la secesión fruto “de la revolución o de la guerra civil, pero no el resultado del ejercicio de un derecho”11.Efectivamente, por eso se plantea en el terreno de los hechos o de los principios, aunque guste de llamarse “derecho” por atribuirse más peso.

Las odiosas comparaciones

A favor no tanto del derecho de autodeterminación como de su ejercicio de hecho pacífico y democrático suele aducirse el precedente del dictamen del Tribunal Federal Canadiense de 1998 con referencia a la hipotética independencia de Quebec. Este pronunciamiento de la Corte se produjo después de que en la provincia francófona se hubieran celebrado ya dos referéndums de independencia en 1980 y 1995, ambos movidos por el Parti Québéquois, con resultado negativo en los dos, aunque muy distinto cuantitativamente: una diferencia de 19,12 puntos a favor del no en 1980, que se redujo a 1,16 puntos (solo 54.288 votos) en el de 1995. Esta evidente escalada del sentimiento independentista probablemente fue la que impulsó al gobierno federal, en concreto a su ministro de Asuntos Intergubernamentales, Stéphane Dion, a elevar la consulta en 1996 al Tribunal acerca del derecho de Quebec a la autodeterminación. El ruling de la Corte confirmó que ni el derecho internacional ni la Constitución del Canadá admitían el derecho de autodeterminación de Quebec; pero si, no obstante, una proporción considerable de los quebequeses se obstinaba en ejercerlo, el gobierno federal debiera actuar en consecuencia y negociar una fórmula de compromiso que permitiera a aquellos autodeterminarse, siempre que se cumplieran unas condiciones y requisitos de mayorías, minorías, cauces democráticos y respeto de los derechos humanos.

Este dictamen del Tribunal canadiense sirvió de base para la llamada Ley de claridad (Clarity Act) de 2000, que regula los aspectos formales y de fondo que debe reunir cualquier posterior referéndum de autodeterminación. Es cierto que las autoridades quebequesas se oponen a la ley y en pocos meses redactaron otra opuesta, pero también lo es que regula aspectos razonables para evitar posibles abusos como, por ejemplo, la claridad de la pregunta o el derecho del gobierno federal de anular el referéndum si se han quebrantado disposiciones legales. Es justamente el modelo que invoca Pérez Royo en un artículo sobre la aplicabilidad al País Vasco del precedente del referéndum de independencia de Montenegro en 2006, en el que, dejando claro que ningún pueblo de España tiene derecho de autodeterminación porque ninguno está sometido a relación colonial, parece admitir que se encuentre una solución “democrática” fuera de la Constitución: “Para hacer uso del precedente Montenegro hay que salirse de la Constitución Española, y, una vez verificado el fin de la violencia, preguntar a los ciudadanos vascos si quieren constituirse en un Estado independiente y alcanzar el 55% en el referéndum”12. Se puede debatir sobre estos asuntos pues es obvio que la cuestión de los porcentajes es materia negociable, al igual que muchas otras adheridas a la independencia, como las relaciones entre los dos estados sucesores, etc., pero no es absurdo concluir que, si se arbitra un procedimiento de hecho para una consulta de este tipo, se está aceptando el derecho de autodeterminación, aunque no quiera llamársele de este modo.

Al mismo dictamen del Tribunal canadiense se refiere el constitucionalista Rubio Llorente cuando, habiendo dejado constancia de su consternación ante la hipótesis de una independencia de Cataluña, reconoce que si hay una proporción apreciable de ciudadanos dentro de un territorio claramente delimitado corresponde realizar dicha consulta, y si la voluntad mayoritaria de los catalanes fuera la independencia, habría que negociarla13. Tanto el caso de Quebec como el de Escocia demuestran que no hay razones convincentes en democracia en contra de la autodeterminación de los grupos nacionales.

Llegados aquí suele escucharse el argumento que desautoriza las comparaciones, ya señalado en el epígrafe anterior. Cataluña no es Escocia. No tiene sentido comparar. Nada tienen que ver las relaciones de España y Cataluña con las de Inglaterra y Escocia. Cataluña no ha sido nunca independiente y Escocia sí. Viene a ser el único argumento político de cierto y escaso peso en el campo comparativo ya que, en muchas otras y decisivas cosas, la comparación es muy pertinente: son comunidades con fuerte personalidad cultural, lengua propia, usos jurídicos y tradiciones particulares y, por ende, fuertes conciencias nacionales. Y están insertas en Estados más extensos que les reconocen, o están dispuestos a reconocerles, márgenes muy amplios de autonomía. Por añadidura ambos Estados son Estados de democráticos de derecho, lo cual les impone ciertas obligaciones a la hora de afrontar este tipo de conflictos de modo dialogado y civilizado. Añádase, de pasada, un dato en apariencia irrelevante, que casi nadie menciona, pero que tiene su importancia a la hora de calibrar sobre qué en concreto se apoya el sentimiento nacional y qué peso tiene en él el factor lingüístico: mientras que en Cataluña más del 80% de la población sabe hablar catalán14, en 2013, no más del 1,2% de los escoceses sabía hablar gaélico15.

Por otro lado, el argumento contiene dos falacias: a) Cataluña, se dice, jamás ha sido colonia de España, sino parte de ella. Esa primera falacia se desdobla en otras dos: el ser parte de, probablemente en el sentido de integridad del organismo caro a todo organicismo, puede ser cosa cierta o mera propaganda, como podía tratarse en el caso del Sahara. Pero, además, no es cierto que Cataluña fuera parte de España. Era parte de la corona de Aragón y solo los avatares históricos la llevarían a serlo de lo que después se llamaría España. b) La segunda falacia es dar al hecho de la independencia en el pasado una relevancia que no le corresponde, ya que se trata de una pura contingencia. Tampoco los EEUU habían sido independientes antes de la independencia ni muchos de los países que la alcanzaron con posterioridad.

No obstante, trátese o no de falacias, resultan inofensivas porque si el conocimiento de la historia es siempre imprescindible en la acción política, su eficacia legitimadora o deslegitimadora del presente es nula. Es cierto que los pueblos, los Estados, las naciones, son productos de su historia. Pero no son productos necesarios, predeterminados. Siempre pudieron ser de otra forma. El pasado no es sino las interpretaciones del pasado, muchas veces antagónicas. Y no hay nada en ninguna interpretación de ningún pasado que obligue a organizar el presente de una forma y no de otra. Así como nosotros no podemos predecir el futuro, nuestros antepasados no pudieron predecir nuestro presente.

Cuando los nacionalistas españoles sostienen que España debe seguir siendo España en sus dimensiones actuales porque es una vieja nación de quinientos años de edad no tienen un adarme más de razón que si dijeran lo contrario, esto es, que España deba dejar de ser España porque ya tiene quinientos años de antigüedad. Es la sempiterna dualidad de tradición e innovación. La tradición es respetable hasta cierto punto pues, de querer ser dominante, no habría cambio y, por tanto, tampoco tradición. La innovación también lo es y también hasta cierto punto ya que, de imponerse a todo trance, no permitiría el desarrollo normal de la vida. El presente suele funcionar mediante una mezcla de tradición e innovación.

El argumento de que el respeto a la tradición no es de carácter histórico sino biológico, ya que todo ser vivo tiende a mantenerse en equilibrio, sobrevivir, preservarse, remite a un organicismo bastante pobre. Los seres vivos tienden a mantenerse pero también a reproducirse y muchas veces por escisión, como en las mitosis celulares, o por multiplicación. La España de la Constitución de 1812 como unidad de los españoles de ambos hemisferios se fragmentó en una multiplicidad de Estados y naciones criollas que empezaban a construirse como naciones no españolas habiéndolo sido antes.

También hay un notable cleavage en el caso de Escocia/Cataluña por cuanto entre aquella e Inglaterra hay diferencia hasta de religión. La Iglesia de Escocia, la Kirk, es independiente por entero de la Iglesia de Inglaterra y mayoritariamente presbiteriana frente a los anglicanos ingleses. En España y Cataluña es mayoritaria la misma Iglesia católica. Pero también es un asunto irrelevante. A nuestros efectos, lo esencial es que en sociedades democráticas se respete el derecho a decidir cuando menos de las comunidades nacionales, lo cual tiene un impacto muy negativo sobre la pretensión del nacionalismo español gobernante y en la oposición de impedir el ejercicio de ese derecho y mantener la cualificación democrática del país.

Los derechos colectivos y sus titulares

Suele contraponerse al derecho de autodeterminación la crítica de la imposibilidad de determinar el sujeto de ese derecho. En el caso de España si el pueblo español o el pueblo vasco, catalán o gallego. Dando por supuesto que la autodeterminación es una facultad de la soberanía y siendo el titular de esta en España el pueblo español, aquí no hay más pueblo, más nación, que el pueblo y la nación españoles. Los otros pueblos no son soberanos y por eso tiene buen cuidado el Tribunal Constitucional en privar el término “nación” de toda eficacia jurídica cuando empleado por el nacionalismo catalán.

Suele decirse que estos pueblos son entidades difusas, confusas, de imposible determinación jurídica, aunque sí, quizá, lingüística o cultural. Pero ¿acaso la determinación “pueblo español” es más concreta y convincente? El pueblo catalán y, por supuesto, el vasco no han cambiado desde hace cientos de años. ¿Y el pueblo español? A la vista está. La España imperial, la unión de los españoles de ambos hemisferios ha ido menguando hasta quedar reducida a parte de la península ibérica, ni siquiera a toda ella. El concepto “pueblo español”, el que actúa como titular de la soberanía ha sido muy elástico a lo largo de la historia. Al final solo queda la determinación constitucional que tiene un alcance relativo pues ella misma surgió en parte como un intento de enfrentarse a una cuestión anterior que no ha conseguido resolver.

El argumento contrario a la autodeterminación no se reduce a la dificultad de determinar la existencia de un pueblo que, desde luego, no es menuda. La afirmación de Pujol de que es catalán quien vive y trabaja en Cataluña pretende zanjar la cuestión, probablemente por intereses electorales, pero no lo consigue. Hay catalanes que no viven ni trabajan en Cataluña y que hasta pueden no haber nacido en ella. En todo caso, si se quiere llegar a un enunciado práctico como es quién tendría derecho de voto en un referéndum de autodeterminación, es un asunto susceptible de negociación y acuerdo.

La crítica va más allá de la dificultad de determinación del demos, pues cuestiona el postulado mismo de que haya derechos colectivos. La idea es que los derechos son atributos individuales. Los grupos no tienen derechos. No hay sujetos colectivos por la misma razón por la que no existe el espíritu del pueblo o la conciencia colectiva, sea de clase o de raza. Se trata de la visión típicamente liberal de los derechos que, sin embargo, no resuelve el problema, ya que, siendo lo colectivo, según el mismo liberalismo, el agregado de individuos, el agregado de sus derechos configurará un derecho colectivo que las sociedades democráticas determinan con criterios cuantitativos de mayorías o minorías. Puede resultar algo extraño pero razonable. Como dice López Calera: “Existen los sujetos colectivos, aunque su naturaleza no se pueda comprender de modo científico y aunque se muevan entre la realidad y la ficción”16. Naturalmente, muchos aspectos de la política se mueven en el terreno de la ficción. En realidad, la política ha generado su propio género de ficción, que conocemos como utopía. Y sobre la relación entre las utopías y la acción política hay escritas bibliotecas enteras. Como concluye el mismo López Calera: “los derechos colectivos emergen, pues, de una necesidad de la individualidad que no termina en sí misma”17.

El problema de la determinación del demos no se agota en su vertiente teórica sino que presenta un par de aspectos prácticos interesantes: a) ¿quién vota? ¿Quién tiene derecho de sufragio en un referéndum de autodeterminación? b) ¿qué mayorías se exigen? Sobre ambas cuestiones se discute y se discutirá mucho, pero son susceptibles de negociación y pacto. En principio parece razonable que voten todos los residentes en Cataluña y se llegue a acuerdos respecto a los no residentes y, entre estos, los nacidos o no nacidos en Cataluña. Igualmente parece sensato exigir una mayoría cualificada a favor de la autodeterminación y/o independencia. Su cuantía también puede negociarse.

Los territorios

Si las colectividades no tienen derechos, menos aun los tienen los territorios que carecen de subjetividad. Los contrarios al derecho de autodeterminación se cargan de razón al sostener que la idea de unos derechos territoriales es un dislate y un peligro grave.

Se plantea aquí la cuestión de si prevalece el principio territorial o el personal y se recuerda que los titulares de los derechos solo pueden ser personas, no los territorios. Pero es un argumento irrelevante pues la reclamación de derechos de los territorios es metafórica ya que se trata siempre de los habitantes de esos territorios. Para el nacionalismo español, la cuestión del territorio opera a la inversa. Los territorios que los nacionalismos periféricos reivindican no existen sino como partes componentes del territorio español, cuya integridad está confiada al ejército. Este, el territorio del Estado español, es el único que está reconocido internacionalmente.

Existe una comunidad de naciones o, mejor dicho, de Estados, en la que rige un principio de conservación o mantenimiento del statu quo territorial. Las fronteras reconocidas en esa comunidad tienen garantizada su permanencia. El orden internacional no puede estar al albur de la aparición de Estados nuevos siempre que a alguna nación especialmente tumultuosa le dé por establecer uno. Pero, ¿en qué consiste esta seguridad del mantenimiento de las fronteras? En no más que en puras declaraciones de intenciones en un ámbito, el internacional, mutable por naturaleza.

Suele invocarse aquí al Tratado de Cooperación y Seguridad en Europa de 1973/75, que garantizaba la intangibilidad de las fronteras surgidas de la Segunda Guerra Mundial. Pero de ese propósito no queda ni rastro. Quince años después de la firma del Tratado de Helsinki para consagrar aquellas fronteras bajo presión de la Unión Soviética, muy interesada entonces en que fueran universalmente reconocidas, pues no lo habían sido a raíz del fin de la segunda guerra mundial, apenas han dejado rastro, especialmente en Europa oriental.

Lo cual tampoco es tan extraño. Europa es un continente, y aun esta es una forma de hablar, con una curiosa peculiaridad que lo distingue de los otros. En Europa las formas políticas de los Estados cambian, y con cierta frecuencia. Las monarquías se hacen repúblicas; las dictaduras, democracias; los imperios, Estados. Los Estados se federalizan o se centralizan, se unen o se separan y, de vez en cuando, algunos desaparecen o reaparecen, como sucedió con Polonia y ha sucedido con Yugoslavia o Checoslovaquia. En los demás continentes no suelen darse estas transformaciones. Los Estados que empezaron el siglo XIX en América son los que, con una mínima variante descolonizadora en el Caribe, subsisten al día de hoy, con algunos cambios políticos en la parte latina, la separación de Colombia, Panamá y Venezuela, el Imperio del Brasil y el de México. Lo más significativo fueron las alternancias entre dictaduras y repúblicas en los siglos XIX y XX. Lo que no ha sido así en Asia y el África es producto del colonialismo europeo, que ha trazado sus respectivos mapas políticos, especialmente en el continente africano. Y hemos dicho Estados. El siempre irreverente y lúcido Renan llega a sostener que también las naciones —esos entes indiscutidos e indiscutibles— son contingentes y aunque el pensador francés considera necesario admitir que, en su momento y época son imprescindibles, concluye de forma clara: “Las naciones no son algo eterno. Han tenido un inicio y tendrán un final. Probablemente la confederación europea las reemplazará”18. Es un discurso de adelantado en el que resuenan ecos de la justificación posterior de la unión europea.

Estas cosas pasan en Europa. ¿Por qué no aquí si somos Europa? Suele decirse al respecto que, si bien es cierto que los Estados europeos sufren cambios institucionales sistémicos son mucho menos frecuentes los territoriales y estos, además, se dan con preferencia en Europa oriental. Pero esta no es una consecuencia necesaria de ningún postulado lógico. A nadie extrañaría que el siglo XXI terminara con una configuración territorial del continente distinta de la que hay. No se ve por qué España tendría que estar exenta de esta dinámica europea de cambio. Por supuesto, igual que Rajoy saltó como una fiera herida cuando Zapatero admitió que la nación española fuera algo discutible, siempre habrá nacionalistas dispuestos a sostener la absoluta necesidad de España en sus dimensiones territoriales actuales. Y no algunos sino todos. Enteco nacionalismo será el que no parta del principio de la evidente excepcionalidad de su nación. En el nacionalismo lo normal es la excepción. Aunque sea una excepción negativa.

El proceso de unificación política del continente europeo, muy comprometido por la crisis iniciada en 2008, presenta una faceta que ilustra acerca del modo en que el nacionalismo español aborda el problema secesionista catalán. ¿Qué sentido tiene, dice aquel, constituir un Estado nuevo en una Europa que, al menos en la intención, está en la de suprimir las barreras estatales? Ninguno, así que lo mejor es desistir del empeño independentista en espera del feliz momento en que tal empeño resulte innecesario. Pero de ahí no se sigue que el argumento sea convincente porque la misma falta de sentido se evidencia si se le da la vuelta, esto es: ¿por qué no vamos a ir todos, como Estados independientes e iguales, a ese proceso de fusión identitaria europea? En este razonamiento, bastante mendaz, tanto da que España acuda a la cita retórica de la “inmersión” europea como una unidad de destino que lo haga como una dualidad de España y Cataluña.

Vaticinios y augurios

Finalmente, el recurso a la ultima ratio. La sombra de la violencia no anda nunca muy lejos. A falta de razones y argumentos, el nacionalismo español recurre a las amenazas directas o indirectas, veladas o manifiestas. No es raro que el catalanismo también las formule, si bien en tono comprensiblemente menor. Se recuerda que un porcentaje considerable del comercio catalán se realiza en el mercado interior español y que la pérdida de este desembocará en un empobrecimiento del principado. La FAES, la nave capitana de la flota de think tanks de la derecha, ha cuantificado la lamentable situación que se generaría en un Principado independiente: las exportaciones catalanas a Francia alcanzan los 10.000 millones de euros pero las que hace al resto del país llegan a los 62.000 millones. Señala asimismo que un tercio de los empleos en Cataluña dependen de estas exportaciones a España y, en algunos sectores ese porcentaje llega al 50 por ciento. La independencia incrementaría espectacularmente el paro y sus consecuencias serían “devastadoras”. “El resultado de la secesión es claro desde el punto de vista jurídico, político, económico, social e internacional: debilidad institucional, empobrecimiento severo y aislamiento internacional”19.

Los vaticinios más negativos, los que hablan de la ruina de una Cataluña independiente, proceden de la derecha del nacionalismo español y resultan inverosímiles, si es que no están torticeramente interpretados con ánimo ideológico. Los catalanistas, por su parte, responden que quizá sea al revés. El último enardecimiento del nacionalismo catalán hace hincapié en que, por el contrario, quien se empobrecerá con la marcha de Cataluña será el resto de España. Este asunto ha sido objeto de considerable análisis y agrias polémicas. Los nacionalistas exigen la publicación de las balanzas fiscales por Comunidades Autónomas que, a su juicio, demostrarán cómo Cataluña realiza un esfuerzo superior a lo que le corresponde y, en el fondo, está siendo objeto de un expolio, cosa que se expresa en la consigna no enteramente justa de Espanya ens roba20 de modo que, si alcanzase la independencia, recuperaría lo que es suyo y España lo perdería.

El poder central retrasó cuanto pudo la publicación solicitada e, incluso, amagó con negarse a ello21, aduciendo, entre otras cosas, que esos cálculos se prestan a muy distintas interpretaciones, pero, en cambio publicó la metodología que permite establecerlas, y de la cual no se sigue sin más que, en efecto, “España robe a Cataluña”22. Finalmente, cedió y publicó dichas balanzas, que él prefiere llamar “cuentas públicas territorializadas”, encargadas a un equipo de expertos dirigido por Ángel de la Fuente. Según dicho equipo, las cuatro comunidades con mayor déficit son Madrid, con 16.723 millones de euros, Cataluña con 8.455, Valencia con 2.018 y Baleares con 1.84323. No deja de tener cierto interés que, de las cuatro comunidades deficitarias, tres compongan lo que se llama los països catalans; que son, por tanto, las que, junto a Madrid, financian el resto de España.

Estas cifras, que ya en sí tienen cierta relevancia política, no gozan de aceptación universal. La Generalitat sostiene que los cálculos de los expertos españoles están sesgados para disminuir la cuantía del déficit real de Cataluña que, según ella y sus propios expertos, es de unos 11.000 millones de Euros24. La discrepancia reside en las diferentes métodos de cálculo que se aplican, siendo el del gobierno central el llamado “flujo de los beneficios” que, imputa como ingresos del gobierno central determinados impuestos que se recaudan en Cataluña, como el impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo, mientras que la Generalitat recurre al llamado “flujo monetario”. Será preciso encontrar una fórmula equilibrada y aséptica para dilucidar la discrepancia pero, en principio, ayuda en muy poco al crédito de la posición del gobierno el hecho de que Ángel de la Fuente aparezca como colaborador de la FAES. Nadie ignora que de la FAES, principal reservorio de ideas y propuestas de la derecha, salen siempre los proyectos más agresivos hacia conceptos esenciales, como la justicia social, los derechos del trabajo o la ampliación de las autonomías.

Los gobernantes de Cataluña insisten en que lo verdaderamente decisivo no es el déficit fiscal del Principado, con ser importante y cifrarse muy por encima de lo que los expertos españoles calculan, sino el déficit en autogobierno25, aunque los nacionalistas catalanes insisten en que jamás se valen de tópicos26 o recurren al victimismo, que sigue envenenando, como hacen siempre los prejuicios, las relaciones Cataluña-España. Para medir el grado de juego doble que se da en este siempre sensible asunto basta recordar que la misma Generalitat que perentoriamente exige la publicación de las balanzas fiscales por Comunidades es la que se niega a publicar la balanza fiscal interna a Cataluña, a pesar de disponer de la metodología necesaria y de la que se deduciría que Girona, Lérida y Tarragona, a su vez “roban” a Barcelona27.

Para el caso de la posible independencia, los nacionalistas españoles vaticinan la consiguiente salida de Cataluña de la Unión Europea con consecuencias catastróficas para ella que no podría volver, puesto que España lo impediría haciendo uso del derecho de veto. Al margen de que esta actitud revelaría un afán de venganza bastante inútil que no todos subscribirían, es claro que no llevaría muy lejos y, caso de ceder a la tentación, España, cuya posición internacional sigue siendo cercana a la irrelevancia, no podría mantener su negativa. Si se independiza, Cataluña saldrá de la UE porque España vetará su entrada, dice el ministro español de Asuntos Exteriores, García Margallo. Muniesa contesta citando un artículo de Ambrose Evans-Pritchard, jefe de información económica del DailyTelegraph:

“Decir que ‘utilizaremos el derecho de veto acogiéndonos a los tratados de la Unión para bloquear una posible adhesión de Catalunya’ es no entender nada. Ellos, simplemente, no pueden hacerlo. Si España impidiera la adhesión, España misma estaría violando los tratados de la Unión y la propia España podría ser en ese caso expulsada.(…) Yo creía que 30 años de pertenencia a la Unión Europea habrían modificado lo suficiente la mentalidad de la derecha española. Pero los comentarios de los militares, de García-Margallo y otros, hacen que me pregunte si los militares pueden tener de nuevo algún papel en la democracia española. Espero que no”28.

Los propios asesores de Mas en el Consejo para la Transición Nacional prevén momentos difíciles para Cataluña al separarse de España y, más que difíciles, imposibles, si, además, sale del euro. Esta salida debe evitarse a toda costa y, caso de producirse la exclusión catalana de la UE, el nuevo Estado habría de llegar a un acuerdo monetario para mantenerse en la moneda única29, como están Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano. De no ser ello posible, deberá adoptar el euro unilateralmente, como Montenegro o Kosovo.

Frente a los pronósticos negativos, los nacionalistas catalanes creen que Cataluña independiente sería perfectamente viable. La idea de una Cataluña fuera de la Unión, piensan, puede tener cierta base jurídica, pero no mucho sentido en una perspectiva económica o política. Sobre todo desde el punto de vista del comercio exterior. Aparte del hecho de que, en los últimos decenios, la importancia del mercado español para los productos catalanes haya disminuido proporcionalmente en relación con la que tiene Europa en conjunto, diga lo que diga la FAES, la propia composición estructural del comercio exterior catalán, en gran medida gestionado por multinacionales, y la importancia de Cataluña como mercado para los productos europeos, hace que esta perspectiva de aislamiento de la UE no sea muy probable. Antes bien, al igual que ha sucedido con otros países, como Noruega o Suiza, se encontrarían vías para garantizar la unidad de mercado con Cataluña en tanto se realizaran los trámites para la nueva adhesión30, muy en la línea de lo que sugieren los asesores de Mas.

En una obra reciente, dos economistas nacionalistas demuestran que, en una Cataluña independiente se abriría una etapa de prosperidad, aunque reconocen que, en materia económica, los partidarios de la secesión saben de dónde quieren huir pero no tanto hacia dónde quieren ir. El independentismo tiene argumentos para justificar la necesidad de irse, pero ha dedicado menos esfuerzos a imaginar un modelo económico realista para el país que quiere construir”31. Guinjoan et al. toman como eje de referencia lo que llaman los CAD-8 (“como Austria o Dinamarca”), esto es, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza, países de escasa población o de reducidas dimensiones territoriales o ambas cosas a la vez que, sin embargo, son sociedades prósperas con alto nivel de vida. Dejan fuera del patrón Irlanda, por sus grandes desequilibrios y Portugal por ser un país muy pobre. “De hecho”, afirman los autores, “Portugal podría servir de aviso de que la independencia no es garantía de prosperidad”32.

Y ¿qué se ganaría con la independencia? Según nuestros dos economistas, la eliminación del déficit fiscal, la racionalización de las infraestructuras y política económica propia33. Quedaría por ver qué se hace con la deuda española, cuánta de esta habría de asumir una Cataluña independiente y si estaría en situación de pagarla. Pero ese no es un problema exclusivamente catalán. Si Cataluña no pudiera pagar su parte de deuda, probablemente España tampoco la suya. No es disparatado pensar que la deuda en su conjunto sea ya impagable.

Y todavía hay más y en un plano estrictamente lógico. Como razona atinadamente Fernando Betancort en su blog Common Sense, respondiendo a un artículo de Esteban Duarte en Bloomberg, sobre la situación de Cataluña en la UE, pueden darse dos circunstancias: que España reconozca la independencia de Cataluña, en cuyo caso, la reintegración del principado, es de suponer, será negociada sin problemas; o que no lo haga, en cuyo caso, Cataluña seguirá siendo miembro de la UE en cuanto parte de España y la cuestión no se planteará34 en términos económicos, de deuda y déficit, puesto que no habrá separación, pero seguirá siendo conflictiva en términos políticos.

La idea-amenaza de que una Cataluña independiente sería algo así como la paria de la comunidad internacional desconoce los datos de la experiencia. Cataluña está perfectamente integrada en un ámbito internacional al que seguiría ligada porque sus redes están vivas, hechas de comercio, intercambio, relaciones culturales muy densas. Algún dato puede no ser desdeñable. Según el Institut Ramon Llull en el mundo hay hoy 135 departamentos universitarios de estudios catalanes; uno en Australia, seis en Asia, siete en Suramérica, treinta en Norteamérica y ciento diez en Europa35. No es necesario llegar al panegírico de Voltaire quien, en El siglo de Luis XIV sostiene que “Cataluña puede prescindir de todo el mundo y sus vecinos no pueden prescindir de ella”36, para ver cómo el Principado, seguramente convertido en República, no tendría problemas para acceder de nuevo como parte a la multiplicidad de tratados, convenios y acuerdos de los que ya lo es en cuanto que perteneciente a España. Con la misma razón, una Cataluña independiente habría de pedir el ingreso en la Organización de las Naciones Unidas y en la familia que de ella depende. Y sería muy de ver qué haría España en tal caso. ¿Oponerse al ingreso de la República catalana en la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, con el riesgo que ello supondría para ella misma?

Estos augurios sombríos responden más a los temores españoles ante la incertidumbre que se abre con la marcha de Cataluña. Algo así traslucen las declaraciones del ministro del Interior, el pío Fernández Díaz, al decir que “una Cataluña independiente sería pasto del terrorismo y del crimen organizado”37. Mucho de esto, en efecto, debiera saber el responsable de Interior de un país que ha sufrido el mayor atentado terrorista de Europa y es uno de los territorios que envía más yihadistas a la guerra de Siria38, es de suponer que sin el conocimiento del citado ministro quien, sin embargo, parece poseerlo acerca de imponderables sobre las decisiones de la delincuencia internacional.

No es inverosímil que España se viera obligada a pasar de las amenazas a los hechos, entre otras cosas porque, como nos enseña la teoría de juegos: la fuerza de la amenaza depende de la verosimilitud de su realización, y esta solo es verosímil si tiene lugar o el contrario piensa que puede tener lugar. A los efectos hay una primera posible medida de la que nadie quiere hablar en público pero muchos tienen en el pensamiento: la intervención directa del gobierno central por vía del artículo 155 de la Constitución39. Los juristas discutirán sobre qué requisitos sean precisos y cuáles las consecuencias de la medida pero, desde el punto de vista político, la decisión abriría un periodo de incertidumbre y oscuro final, sobre todo cuando se viera que el problema no es ordenar algo a las autoridades autonómicas sino cómo hacer cumplir la orden. Con qué fuerzas. Es fácil por último barruntar la dificultad de presentar una situación así ante la opinión pública europea, en la que volverían a oírse las voces de la sempiterna leyenda negra que recordaría a Ferrer Guardia, Companys y Puig Antich. Algunos estudiosos y expertos llevan algún tiempo alertando de que, con la crisis, resurgían los “tópicos negativos de España”, entre los que se cuentan que los españoles somos “incompetentes, holgazanes, desorganizados”40. Por algún sitio se comienza.

Llevada la previsión a su más absurdo, pero no imposible, extremo, consideremos una intervención militar española en Cataluña. A primera vista, algo impensable, si bien no son extrañas las voces militares que la instigan o amenazan con ella41. O sea, es impensable pero no por falta de ganas sino porque la posición de España en Europa no lo permitiría y, además, porque no está en posición de ejecutarla pues, como dice el coronel Martínez Inglés “es el propio ejército español el que sabe perfectamente que no dispone ni de suficientes efectivos, ni de suficientes tropas, ni siquiera de una moral de combate que pudiera dar alguna mínima posibilidad de ocupar militarmente con éxito Catalunya”42.

8 Remiro, 1978: 125.

9 Guimon, 1995: 238.

10 Lasheras, 2006.

11 Remiro, 1978: 133.

12 Pérez Royo, 2006.

13 Rubio Llorente, 2012.

14 http://www.idescat.cat/dequavi/?TC=444&V0=15&V1=2&VA=2008&x=13&y=12.

15 http://news.scotland.gov.uk/News/A-f%C3%A0s-le-G%C3%A0idhlig-48b.aspx.

16 López Calera, 2000: 137.

17 Ibíd.: 165.

18 Renan, 1958: 84.

19 ABC, 30 de enero de 2014.

20 Nació Digital.cat, 1 de mayo de 2014.

21 El País, 24 de enero de 2014.

22 Cinco Días. 4 de febrero de 2014.

23 Negocios.com, 23 de julio de 2014.

24 Vilaweb Informació Notícies, 24 de julio de 2014.

25 Mas Collell, 2014.

26 El País, 12 de junio de 2014.

27 Libre Mercado, 3 de abril de 2014.

28 Muniesa, 2014: 91/92.

29 El País, 14 de julio de 2014.

30 Guinjoan, 2014: 48.

31 Ibíd.: 195.

32 Ibíd.: 22.

33 Ibíd.: 31/33.

34 Betancort, 2014.

35 Institut Ramon Llull. http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/mapa_llengua.cfm.

36 Voltaire, 1966, I: 301.

37 El Mundo. 24 de junio de 2014.

38 El Mundo. 11 de marzo de 2014.

39 ABC, 14 de octubre de 2013.

40 El País, 3 de julio de 2014.

41 El periódico, 28 de febrero de 2013.

42 Muniesa, 2014: 100.

Cuestiones contrafácticas

No hay argumentos válidos en contra del derecho de autodeterminación de los citados territorios. Al menos, válidos desde la perspectiva democrática que implica respeto a los principios de autonomía, libertad e igualdad. En función de ello encuentro razonable que la izquierda apoye el derecho de autodeterminación de las naciones no españolas43. Pero lo más probable será que no lo haga, al menos la izquierda mayoritaria, la socialista que, como ya sucediera un siglo antes, un fatídico mes de agosto de 1914, antepone la conservación de la Patria en sus dimensiones territoriales actuales a la realización de algún tipo de programa de reforma, de renovación y la solidaridad entre los pueblos y mucho menos de revolución. La izquierda más radical y de tradición más o menos comunista mantendrá la ambigüedad leninista. La que apoye el derecho de autodeterminación de los catalanes y otros pueblos y naciones debe desearles tino y suerte en su ejercicio porque ya está claro en el siglo XXI que la famosa pretensión orteguiana de la conllevancia44 no funciona. Y eso suponiendo que haya un acuerdo respecto al sentido de la expresión de “’conllevarse’ que no es otro que el de aguantarse mutuamente, muchas veces a regañadientes”45. Y no funciona porque, siendo una forma de tolerancia, requiere de un espíritu y unas experiencias ajenos a la tradición española que es intolerante, intransigente, tridentina, la experiencia de la contrarreforma y la encargada de formular el sentido de la nación.

Esa nación aparece fundada en una mezcla de violencia e incompetencia. Se trata de una idea nacional totalizadora y excluyente, impuesta a la fuerza, mediante la represión que a veces alcanza formas brutales y muy simbólicas. Franco no vaciló en fusilar a Companys y a Blas Infante, culpables del peor de los crímenes desde el punto de vista del nacionalismo español como es el separatismo. Probada la violencia, la incompetencia se sigue precisamente del hecho de que se recurra a aquella.

Es la violencia de una clase dominante, la Iglesia católica y el ejército. Las dos primeras no son verdaderamente nacionales, sino antinacionales aunque por motivos distintos. En el caso de la clase dominante, la oligarquía, por cuanto ha antepuesto siempre sus intereses a los generales. Es una clase parasitaria, que no ha vivido con el país sino del país, de explotar a la mayoría de la población, mantenerla en la ignorancia y la sumisión, una clase dedicada a colonizar el Estado y ponerlo al servicio de su consumo ostentoso, que ha vivido siempre de la captura de rentas de ese Estado patrimonializado. Los burócratas, los políticos profesionales con cargos públicos, los altos funcionarios del Estado dedicados a debilitarlo y deslegitimarlo para entregárselo a los empresarios y financieros que, a su vez practican el parasitismo de los negocios irregulares a base de conexiones políticas y administrativas. Una mezcla del ya citado capitalismo de amiguetes y el que se popularizó como capitalismo de ladrones (robber barons capitalism) en los años de la gran depresión en los Estados Unidos.

En el caso de la Iglesia católica cabe recordar que su espíritu es ecuménico, no nacional, lo que le permite adoptar posiciones muy diversas en un único conflicto. El nacionalismo español luchará denodadamente contra cualquier escisión de su territorio en función de la identidad nacionalcatólica de España. Pero la Iglesia como organización empresarial tiene ya descontados los efectos de una escisión. El mencionado carácter nacionalista del clero vasco y catalán es buena prueba de ello. Si bien aún no hay un conflicto abierto entre las tres jerarquías, solo amagos. El pronunciamiento nacional español de la Iglesia es monolítico en sus medios de comunicación, prensa, radio y televisión, lo que obliga a los clérigos catalanes y vascos nacionalistas a mantenerse en silencio o a hablar quedo. Pero en algún momento tendrán que pronunciarse y ese pronunciamiento acarreará conflictos dentro de la iglesia española46.

El único elemento genuinamente nacional en el trío, el ejército, a su vez, padece el complejo de inferioridad de no haber ganado una sola guerra internacional de importancia desde fines del siglo XVII, sino solo las civiles, así como el bochorno de haber sido fuente de inestabilidad y permanente injerencia en la gobernación del Estado durante el siglo XIX y buena parte del XX. Sin duda, los ánimos en los cuartos de banderas pueden llegar a caldearse, pero, como ya se ha señalado, la capacidad operativa de las fuerzas armadas es realmente pobre. La presencia militar española en Cataluña no puede pasar de una hipótesis extravagante. Con todo, no es inútil recordar que el artículo 8 de la Constitución confía al ejército la misión de defender la integridad territorial de la Patria y que la historia de la humanidad y de España en concreto está llena de extravagancias.

¿Cuál es el problema de que los españoles reconozcamos el derecho de los demás a decidir por su cuenta? Una cuestión de sentimiento sin mezcla de raciocinio alguno, puro prejuicio según el cual no reconocemos que en España haya otra cosa que españoles. Por eso hay tanta resistencia a llamar “nación” a distintas partes y gentes de España. No hay, no se quiere que haya, más nación que la española. Se trata de un punto de vista autoritario, impositivo y excluyente que no se tiene de pie en el terreno de los principios. Básicamente porque no postula una nación en la que quepan todos y todos puedan aspirar a la realización de sus proyectos, incluso aunque sean contradictorios, sino, por el contrario, una idea de nación sostenida por una parte de ella en función de criterios católicos, conservadores, caciquiles, tradicionalistas y autoritarios. Si todos somos españoles, carece de sentido que unos se arroguen el derecho a decidir sobre todos.

Hasta cuando el nacionalcatolicismo español hace profesión de fe liberal y tolerante resulta impositivo y autoritario. Con motivo de la festividad de Santiago apóstol, patrón sacrosanto de la España “nacional” que sigue celebrándolo, aunque ahora ya no sea día festivo, Felipe VI, en un alarde de tolerancia, decía: “… en nuestra España constitucional, unida y diversa, caben todos los sentimientos y sensibilidades, caben todas las formas de sentirse español”47. Es muy de agradecer que ya no haya una única forma obligatoria de sentirse español siendo las demás, sin duda, “antiespañolas”; pero sigue sin estar permitida, ni siquiera mencionada, la posibilidad de no sentirse español o de sentirse otra cosa distinta que español. Un sentimiento nacional es exactamente igual a otro y no tiene derecho a imponerse sobre él hasta el punto de negarle la existencia. Las naciones no surgen de la nada sino de otras naciones y, al hacerlo, las niegan. Pero estas no pueden hacer lo mismo con aquellas porque no hay nada en sus orígenes que las haga necesarias ni les garantice la supervivencia a perpetuidad. No existen sujetos nacionales de decisión de carácter esencial o sempiterno sino que todos los que son lo son por voluntad colectiva y por las contingencias de la historia.

Negar el derecho de autodeterminación es propio del espíritu conservador. La izquierda, siendo internacionalista, debería defenderlo y no solamente para ella misma y su pueblo sino para aquellos que no se sientan parte de él y quieran por la misma razón por la que Rosa Luxemburg sostenía que la libertad solo es tal cuando lo es para quienes piensan de forma distinta48, incluso al paradójico precio de fortalecer el nacionalismo por aumentar el número de naciones. En un conflicto maniqueo entre dos naciones, una “fuerte” y otra “débil” en los términos leninistas, o una con Estado y otra sin él, cualquier posición intermedia o distanciada puede verse como una traición. El espíritu nacional es de cruzado. El que pretende ejercer juicio propio es un traidor pues, recuérdese, con la Patria se está, “con razón o sin ella”.

No es, o no debiera ser, actitud de recibo para la izquierda, que no puede aceptar la obediencia acrítica ni más razón que la justicia. Hay, además, un argumento convincente a favor del reconocimiento del derecho de autodeterminación. Este hace referencia a la nación como sentimiento y voluntad, según se exponía en el capítulo 1. Ningún nacionalista demócrata, ningún izquierdista puede admitir que su nación sojuzgue a otras hasta el extremo de obligarlas a formar parte de ella y negarles su propia condición nacional. Es la regla de oro de la moral universal: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Por ejemplo, no dejarte decidir sobre tu futuro de modo autónomo. El reconocimiento del derecho de autodeterminación de las partes es la única garantía real de que la nación es una forma de adhesión colectiva voluntaria y no una especie de imperio más o menos destartalado concebido como una cárcel de pueblos.

Llegados aquí suele formularse una objeción nada desdeñable. Dícese que ninguna entidad colectiva puede permanecer si sus partes componentes disponen de un derecho irrestricto de secesión y no admiten el carácter vinculante del pasado de vida en común del que lógicamente se derivan derechos pero también deberes. Es un punto de vista favorecido por los juristas que, por razones del oficio, se sienten más a gusto tratando con los Estados que con las naciones. Lo hacen porque ven los Estados como corporaciones que nunca mueren y son sociedades perfectas. El otro caso de sociedad perfecta es la Iglesia. De ahí la afición de los católicos a considerarlas iguales y supeditada la primera a la segunda que, además de perfecta, es divina. La pertenencia a ambas es una inmensa fortuna y no discutible ni prescindible. Todo intento de separación es cisma o delito y debe ser perseguido hasta el muy absurdo extremo de la expulsión o el exterminio. Asiste a estas sociedades perfectas un derecho a obligar a las partes a serlo de ellas, incluso en contra de su voluntad reclamando de su lado un comportamiento análogo al de las iglesias conformistas en Inglaterra en tiempos de las Leyes de Uniformidad (Acts of Uniformity) de los siglos XVI y XVII. Es el problema de los conversos, del que en España sabemos mucho, que da lugar a una sociedad de apariencias, minada por la hipocresía. A la Iglesia le es en el fondo indiferente si eres o no creyente con tal de que te comportes como si lo fueras. Al igual que el nacionalista autoritario no le interesa si tu patriotismo es sincero o fingido, siempre que sea ostentoso como el suyo. Es la hipocresía elevada a regla de conducta. Las derechas de Torrelavega (Santander) atacaron a la alcaldesa, llamándola indigna y pidiendo su dimisión por no asistir a una procesión católica en honor de una Virgen de culto local al entender que se trata de una costumbre tradicional a la que deben asistir los regidores “al margen de sus creencias políticas o religiosas”49 y al margen, por lo visto, del principio constitucional de aconfesionalidad del Estado y de la autenticidad de la confesión.

¿Qué miedo hay al ejercicio del derecho de autodeterminación? El de que desemboque en la independencia de los territorios en los que se ejerza. Sin embargo, tal derecho no prejuzga el resultado. Decir lo contrario es un absurdo o muestra de mala fe. Los enemigos de este derecho sostienen que su reconocimiento equivale al del derecho de secesión, lo cual es obvio porque, de no ser así, se trataría de otro acto colectivo de fingimiento e hipocresía: un derecho de autodeterminación reducido a un solo resultado admisible. De esto habíase dado cuenta Lenin cuando decía que: “Acusar a los partidarios de la libertad de autodeterminación, es decir, de la libertad de separación, de que fomentan el separatismo es tan necio e hipócrita como acusar a los partidarios de la libertad de divorcio de que fomentan el desmoronamiento de los vínculos familiares50.

Lo esencial en el reconocimiento democrático del derecho de autodeterminación es la garantía de que, sea cual sea el resultado de la consulta sobre la independencia, las partes la respeten escrupulosamente. Tanto la independencia como el mantenimiento del statu quo. Porque, en contra de lo que insinúan sus enemigos, el derecho de autodeterminación incluye la conservación de la integridad territorial de España. Muchos de quienes propugnamos el reconocimiento de este derecho, llegado el momento, pediremos la preservación de la unidad. Sobre todo el abajo firmante en función de su acendrado nacionalismo español. Pero no puede negarse que las minorías nacionales tienen derecho a irse y no es aceptable amenazarlas con represalias si lo ejercen. Este es el principio que se invocaba en la carta que doscientas personalidades británicas dirigieron a los escoceses en la campaña de “sigamos juntos” para que votaran no a la independencia: “La decisión sobre si dejar nuestro país compartido es, por supuesto, absolutamente vuestra solamente”51. Una carta respetuosa con el derecho de los escoceses a decidir. Algo harto improbable en el caso español, en donde no se usan esos tratos sino los contrarios. Cartas colectivas y manifiestos hostiles, agresivos, amenazadores. Pero, donde no hay cartas, puede haber libros. Este, en concreto, es una especie de prolongada carta respetuosa. Invirtiendo los términos del título de Peter Handke, “una larga carta para un breve adiós”.

Para entender la cuestión del derecho a la secesión es cómodo recurrir al ejemplo del divorcio del que se vale Lenin en la cita anterior. Hay quien dice que es inadecuado por cuanto la separación matrimonial es asunto de derecho privado mientras que la sucesión es de derecho público. Pero esto no quiere decir nada salvo que los procedimientos, formas y prácticas serán distintos mientras el fondo es el mismo: la cesación de la convivencia. Algo más de mordiente, pero no mucha, tiene la observación de que en el divorcio se trata de un desacuerdo entre iguales, de una ruptura simétrica, cosa que se ha dado en muy contados casos, el de Suecia/Noruega o el de Chequia y Eslovaquia. En la inmensa mayoría de los casos, la ruptura es asimétrica. Cierto pero, en el fondo, así sucede también con los divorcios. Hablar de simetría de las partes del matrimonio en la sociedad del patriarcado heterosexual no es entender gran cosa del problema. De forma que, efectivamente, negar el derecho de secesión viene a ser como negar el derecho al divorcio de la parte que quiere poner fin a la convivencia.

¿Qué pasa si los catalanes se van en uso de su derecho de autodeterminación? En principio, no debe pasar nada. España seguirá siendo España. ¿O no? Muy probablemente, en el rotundo rechazo a la posibilidad de la independencia de Cataluña esté latiendo un temor, un miedo que todos sienten pero no suele confesarse. Esto es, el de que, detrás de Cataluña vayan los demás països catalans, lugares en los que actualmente el independentismo es escaso pero podría avivarse. Quizá, incluso, incitaran a ello los sectores más pugnaces del catalán, que generarían un problema de irredentismo, con los imaginables conflictos que ello produciría. También podría ir detrás el País Vasco. La fragmentación de España es una hipótesis tenebrosa que quita el sueño a muchos y los impulsa a actitudes irreflexivas que la hacen más verosímil.

Es el miedo al vacío, la sensación de vértigo que puede invadir a los nacionalistas españoles al ver que se quedan sin nación, sin Patria. Los nacionalistas catalanes dicen entender ese dolor del español que ve que Cataluña se marcha. Produce una sensación de desgarro; pero recomiendan galanamente a los nacionalistas españoles que sepan administrarla”52. No es preciso recordar el carácter materno-sacral, religioso, de la nación para comprender que se trata de una sensación muy angustiosa, la desubstancialización de la idea de España, algo que la clase dominante experimenta como un expolio, la privación por la fuerza de lo que consideran suyo y muy suyo por costumbre o derecho de conquista. Pero también es comprensible la zozobra del pueblo llano, de las clases medias, los españoles llamados “de a pie” que se ven de pronto privados de esa referencia materna de la Patria. Una zozobra tanto más lamentable cuanto que estos últimos, mal gobernados por sistema, no son responsables de la situación de enfrentamiento y ruptura con la que se encuentran.

Porque no parece ser que el problema derivado de una hipotética independencia de Cataluña sea meramente el del nombre que daremos al resto. Podría ser, pero no hay duda: España. Porque los catalanes se van y se llevan su nombre, pero no el colectivo. Lo que quede seguirá siendo España. Y seguirá siéndolo aunque haya más secesiones. Por ejemplo esa de Al-Andalus, que se me antoja improbable pero que algunos intelectuales sostienen. Y no solo intelectuales cuya función, según las almas cándidas, es plantear problemas en donde no los hay, sino también sectores populares y hasta políticos con deje populista, como José Manuel Sánchez Gordillo, una especie de actualización del espartaquismo agrario andaluz, para quien Andalucía “no es España”53. Privada del elemento de más tradición arábiga, España seguiría siendo España y seguiría siéndolo en sucesivas particiones hasta quizá acabar reducida a las dimensiones de Castilla, León y Aragón, que fue en donde empezó. España volvería a su prístina esencia, al Cid.

No es la sucesiva pérdida o separación de territorios lo que determina el ser de España. Todavía en vida del monarca anterior, por entonces tan solo pretendiente, el Sahara era una provincia española y los saharauis, españoles a todos los efectos, a quienes representaban sus procuradores en Cortes, vestidos con sus chilabas. El Sahara fue parte de España y dejó de serlo en 1975, por cierto, con una intervención típicamente borbónica de abandonar los deberes de defensa que se había comprometido a cumplir. Pero España siguió siendo España, como siguió siéndolo cuando perdió sus posesiones europeas, desde los Países Bajos hasta partes de Italia; o cuando perdió la inmensa mayoría de los españoles del otro hemisferio; o cuando hubo de entregar, derrotada, sus últimas posesiones en América y Asia. Por no citar sino algunos de los sucesivos noventaiochos a que se refiere Giménez Caballero.

Cabe hablar de un proceso secular de desmembración que sería de desmoronamiento del Imperio. Dice el diputado de ERC, Alfred Bosch, que “El Reino de España es la potencia que ha perdido más países y experimentado más independencias en todo el mundo”54, lo que viene a insinuar que ya podía haberse acostumbrado. No es un cálculo exacto. Gran Bretaña y Francia le ganan de calle. La Commonwealth of Nations comprende 53 Estados y La Communaté de la Francophonie incluso más. Por otro lado, Bosch olvida que se trata de España, que nunca aprende de sus derrotas. Capacidad para aprender con las derrotas significa distanciarse de ellas, ver la realidad sin tapujos ni mixtificaciones y adoptar las decisiones oportunas para enmendar los errores. Nada más ajeno al soberbio, al orgulloso nacionalismo español, que achaca sus desastres no a su incompetencia sino a las conjuras del maligno o las asechanzas de la Anti-España.

España es, si no yerro, el único imperio europeo que ha perdido sus posesiones no en un solo acto, por ejemplo, una derrota militar, como ha sucedido otras veces en la historia en los casos de los dos imperios romanos, por ejemplo, que lo haya hecho desaparecer del planeta, sino a lo largo de un periodo de varios siglos en los que se ha dado esa decadencia que ha llegado a constituirse en alma y obsesión de la nación española. La liquidación, al menos formal, del grueso de los imperios inglés y francés duró apenas tres decenios en el siglo XX. Al no haber solución de continuidad de la personalidad nacional entre la batalla de Pavía y el desastre de Cuba, la España que surge de este todavía emerge con la conciencia de un amanecer nacional que se impulsa en la generación del 98 y se impone luego manu militari en la forma falsa, acartonada, nacionalcatólica de una longeva dictadura y en las hueras cuanto bombásticas afirmaciones de España como gran nación que suelen salmodiar las clases dominantes y sus intelectuales orgánicos, incluso la caterva de tránsfugas con la que cuenta, y que no es otra cosa que el sempiterno y muy hispánico sostenella y no enmendalla. El empecinamiento en no reconocer que la causa principal del hundimiento del imperio fue el delirio de enfrentarse a Europa y al mundo pretendiendo imponer el catolicismo universalmente, es el responsable de este inmenso trauma colectivo, que tiene al país sumido en un marasmo de más de 400 años y del cual es incapaz de salir porque es incapaz de confesarse a sí mismo la verdad: probablemente no se merecía el Imperio que rigió y, desde luego, no supo administrarlo, no supo perderlo y, a partir de entonces vive la pesadilla de una imposible recuperación, cuya última mascarada representaron los intelectuales falangistas y su huestes de mancebos en amaneceres de luceros por rutas imperiales mientras la gente, como en tiempos de los Austrias llamados “mayores”, mascaba la miseria.

En su estupendo estudio sobre el fin del Imperio británico, John Strachey supo verlo de un modo preciso y definitivo. A raíz del desastre del 98,

“lo que los hundió fue que los españoles fueron incapaces de imaginarse una forma tolerable de vida una vez que se desvaneció la grandeza de su país. Es más, hoy día (hacia 1960) el temperamento español no parece ser capaz de cambiar la mentalidad imperial en la que se instaló en el siglo XVI. Y el resultado han sido más de tres siglos de esterilidad y rencor permanentes”55.

Esa tozudez absurda, esa obstinación en seguir considerando que la finalidad del Imperio era justa y que, si este se hundió, no se debió ni a lo quimérico de su objetivo ni a la corrupción y estupidez de sus clases dominantes, sino a factores imponderables, la leyenda negra, la conjura de la Anti-España y delirios semejantes es la que ha acabado reduciendo la antaño orgullosa nación que se extendía por todos los continentes a sus dimensiones peninsulares (y no de toda la península, pues faltan Portugal y Gibraltar) y las entecas posesiones africanas. Y aun así los problemas no parecen acabar.

Ahora descubren los nacionalcatólicos que ni este pobre terruño con simbólica forma de piel de toro, tienen seguro bajo sus pies por cuanto la tendencia catalana a la secesión pone en peligro esa restante integridad territorial de España que la Constitución vigente proclama, ya reducida a últimas y, por cuanto se ve, no negociables, dimensiones. Los holandeses, bueno; los del Rosellón, pase; los mexicanos, ya se sabe; los cubanos, qué vamos a hacerle; los guineanos y saharauis debían irse. Pero los catalanes, ¡nunca! La idea de una España —rump Spain, que dirían los ingleses— conviviendo con una Cataluña independiente, simplemente no cabe en la cabeza de los nacionalistas españoles tradicionales y la mayoría de los llamados liberales.

Y es aquí en la visión de una España y una Cataluña mutuamente independientes en una Europa común en donde ya hay que revelar el auténtico fondo de los últimos argumentos/amenazas de la derecha cerril. Cataluña no puede autodeterminarse, no tiene derecho a la secesión por su propio bien ya que, de salirse con la suya los soberanistas, secesionistas o separatistas, llevarían el país a la ruina y el fracaso. Un argumento de tal arrogancia que solo admite una respuesta: quienes reclaman el derecho al autogobierno, reclaman el derecho a gobernarse mal sin que nadie pueda interferir en él y, menos que nadie, esta España que no está sobrada de pruebas de haber sido capaz de gobernarse bien.

Soy nacionalista español. Me gusta esta tierra como es, más o menos, por no otra razón que porque es la que conozco mejor ya que nací en ella y en ella viví, la mayor parte del tiempo en guerra con su imagen dominante. Desde luego, una contingencia perfecta. No es cosa de decir tonterías sobre el “orgullo” de ser español. Todos los orgullos nacionales son de risa cuando se consideran en términos individuales. Quiero mi tierra en la forma en que me la he encontrado. Probablemente es poco combustible para encender una hoguera nacionalista en la que todo se achicharre, pero sí el suficiente para mantener la luz de la razón. Por eso no me gusta pertenecer a una nación que obliga a otras a ser parte de ella y no ser ellas mismas si así lo desean, una nación “cárcel de pueblos”. Las uniones de varios han de ser de común acuerdo, no por la fuerza de los más sobre los menos. Soy nacionalista de una España cuyas partes integrantes lo sean por propia voluntad, no por la violencia. La lealtad a la idea o proyecto común, si es que ha de haber alguno tiene que ser de grado, no a la fuerza. Lo que hace indestructibles, al menos de momento, naciones como Francia o Alemania es que, además de surgir como resultado de una común lealtad originaria, se mantienen con esa misma lealtad. No hay tensiones secesionistas, salvo algunas más que nada simbólicas en Córcega, el Rosellón, el País Vasco o la Bretaña. Como no las hay en Alemania. Al contrario, en este país hace 25 años se absorbió un Estado entero, la República Democrática Alemana, sin que hubiera grandes crisis. Precisamente una consideración algo más pormenorizada de este proceso puede ilustrarnos sobre lo que aquí está tratándose. La “reunificación” (Wiedervereinigung), pronto fue “unificación” (Vereinigung) porque las dos Alemanias que se unificaron formaron un nuevo Estado que no reproducía las fronteras de ningún Estado unitario alemán anterior. El hecho equivalía a un reconocimiento mutuo de que solo había una nación alemana que ahora procedía a unificar sus dos Estados o, mejor dicho, absorbía el de la República Democrática en el de la República Federal. En efecto, una nación indubitable y dos Estados. Lo interesante es que ese proceso de absorción no se hizo en el orden constitucional, poniendo en marcha las previsiones del artículo 146, que hubiera requerido la derogación de la Ley Fundamental de 1949 y la promulgación de una nueva como resultado de la reunificación, sino que se hizo por virtud del artículo 23, que preveía un procedimiento en el orden puramente administrativo, de ingreso de otros Länder, distintos de los expresados nominalmente en la Constitución de 1949 (que, a su vez, en el interín también habían cambiado) en los que la Ley Fundamental hubiera entrado en vigor.

Cabe repetir la pregunta que se hacía al comienzo del libro: ¿qué fe en la propia nación tienen quienes niegan el derecho de autodeterminación a otros? Una gran nación podrá permitirse dejar a sus partes, sobre todo si están tan claramente diferenciadas como la catalana en este caso, libertad para seguir siéndolo o separarse si creen que deben hacerlo. Si la nación es realmente grande las partes no querrán separarse porque encontrarán más conveniente ser parte, y no necesariamente la cola, de un león que cabeza de un ratón. En todo caso, la negativa a comprobarlo de forma civilizada, pacífica y democrática, demuestra que la nación no es tan grande o quienes así la proclaman, en el fondo, no creen lo que dicen.

A estas alturas es innecesario reiterar que el sentimiento nacional es ilegislable. No se puede imponer ni se puede extirpar. Tampoco se debe. Pero quizá no lo sea tanto abordar un interesante argumento que suelen esgrimir los nacionalistas españoles más abiertos y dialogantes y que normalmente viene acompañado de considerable respaldo académico, esto es, el de las ventajas de las identidades múltiples. Como se vio en el capítulo VI, hay numerosas encuestas preguntando a los catalanes cómo se sienten, si solo españoles, más españoles que catalanes, más catalanes que españoles o solo catalanes. Se da por supuesto que es una pregunta pertinente en Cataluña, como lo es, cambiando la identidad vernácula correspondiente, en Galicia o el País Vasco, lugares en los que se manifiestan fenómenos de identidad dual.

Casi todo el mundo considera absurdo plantear esta misma cuestión en el resto de España. Pero no está claro por qué. No es preciso preguntar a los castellanos, por ejemplo, o a los extremeños o asturianos. Habrá una proporción ínfima de ciudadanos que se consideren únicamente castellanos o leoneses o más castellanos que españoles. La inmensa mayoría de las poblaciones de estas comunidades declararán sentirse más españoles que castellanos y solo españoles, porque, recuérdese, “Castilla ha hecho a España” y se funde con ella. Y esto ya quiere decir algo. No hay aquí una nación que no se identifique con parte alguna del territorio sino con todas por igual. Al contrario, la nación se identifica con una de sus partes territoriales así como, merced al nacionalcatolicismo, se identifica también con una de sus visiones o interpretaciones ideológicas.

Todavía sería más absurdo sondear a la ciudadanía de Castilla o Andalucía sobre alguna otra forma de identidad dual, esto es, si se siente más castellana que catalana, o vasca o gallega. La pregunta ni se entendería. La conclusión es que al postular la teoría de las identidades múltiples, en el fondo, se está haciendo de necesidad virtud. Esto es, en el país conviven unas minorías que gozan de ese gran privilegio de disponer de identidades duales mientras que la mayoría en el resto de España se ve capitidisminuida, no teniendo sino una única identidad. Aparte de otras consideraciones, por ejemplo, las que se derivan de las tesis de muchos lingüistas de que ser bilingüe es tener “dos ventanas abiertas al mundo”, en las que no podemos detenernos ahora, esta situación muestra una clara desigualdad: son las minorías nacionales las obligadas a tener identidad dual; la mayoría no lo necesita porque comprende todas las demás.

El argumento de las “identidades múltiples” tiene muy buena prensa académica. Forma parte de una concepción moderna y quizá también postmoderna de apertura de fronteras, globalización, transnacionalización, intercambios permanentes, circulación libre y pertenencia voluntaria a varios tipos de agrupaciones humanas. Sentirse catalán, español y europeo al mismo tiempo es ir al paso del signo de los tiempos, que son de abolir fronteras. Es un discurso muy frecuente que se hace a los independentistas catalanes. Pero no es pertinente porque si, en efecto, el tiempo es de abolición de fronteras para la integración en una unidad superior, como Europa, según lo que señalábamos con anterioridad, ¿qué puede importar a los españoles que los catalanes quieran incorporarse a ese magma colectivo de emancipación y progreso como catalanes y no como parte de España? Puede ser una cuestión de negra honrilla o dignidad ofendida o negativa aceptar que el proceso de decadencia y hundimiento sigue su curso, pero no parece haber argumentos objetivos, racionales, válidos para oponerse a que los catalanes ejerzan su derecho a decidir.

En el terreno de los sentimientos, es muy lacerante la conciencia de ser una generación que puede quedarse sin país. Las frecuentes afirmaciones del presidente del gobierno de que no será él quien pase a la historia como el que aceptó la división y, por tanto, desaparición de España, en la forma en que la ha conocido, muestran esa congoja del quedarse en el aire y sin patria. Habiendo llegado a esta situación, hay ya poco tiempo para detenerse en el examen de las causas que no son precisamente sobrevenidas, ni de ayer mismo. Se trata de ser constructivos y adoptar medidas que reduzcan los daños y no los incrementen. Las rotundas negativas a reconocer el derecho a decidir o derecho de autodeterminación de los catalanes formuladas al unísono por el nacionalcatolicismo y el nacionalismo liberal, sin mayor matiz que un hipotético federalismo en el cual ni coinciden, no resuelven el problema sino que lo intensifican. Lo pertinente ahora es examinar las propuestas prácticas para encarar diversas soluciones.

43 Pastor, 2012 (passim).

44 Ortega, 1987, OC.: XI, 458.

45 Bastida, 1998: 124.

46 Elplural.com, 5 de agosto de 2014.

47 El Mundo, 25 de julio de 2014.

48 Luxemburg, 1970, III: 134.

49 Elplural.es, 17 de agosto de 2014.

50 Lenin, 1976, V: 126.

51 Público.es, 7 de agosto de 2014.

52 Bosch, 2014: 161.

53 Europa Press, 17 de enero de 2014.

54 Bosch, 2014: 122.

55 Strachey, 1966: 212/213.

VIII. La espiral del clamor: autonomía, federación, confederación, independencia

“No són els equilibris més o menys enginyosos del federalisme;

no són vagues descentralisacions que tant se’ns donen;

no són la bondat y la bellesa de les nostres costums,

ni les ventatjes del nostre dret, ni les virtuts y valer de

la nostra llengua; no són els dalers de bon govern

y d’administració civilisada. Es Catalunya, és el sentiment

de patria catalana. Ser nosaltres, aquesta es la questió.

Ser catalans.

(Prat de la Riba, La nacionalitat catalana).

Nación de naciones

La búsqueda casi desesperada de fórmulas para resolver la crisis de la planta territorial del Estado que ha provocado el independentismo catalán, se orienta en varias direcciones o en la misma dirección pero en grados de intensidad distintos. Autonomía, federación, confederación, independencia. Las consideraremos a continuación una por una. Pero antes, echemos una ojeada a una primera propuesta de carácter general que pretende conseguir de una sola vez dos objetivos: definir la nación española y proponer un principio según el cual deba organizarse. Consiste aquella en sostener que, en realidad, España es una Nación de naciones. Es una fórmula intuitiva, resulta convincente a primera vista y también prometedora. Bastida, quien la ha estudiado con atención, la tiene por “conciliadora” y la considera “armonicista”, remitiendo su origen a Tönnies y Meinecke1 y precisa asimismo que “hay una confusión interesada entre esta idea de nación de naciones y la posición de los nacionalistas periféricos. Confusión interesada porque estos no hablan nunca de “nación de naciones”, sino de “Estado español” que comprende “naciones”2. La diferencia no es insignificante.

La fórmula tiene una larga historia. En su interesante indagación sobre ella, José Antonio Piqueras atribuye su uso original a Walt Whitman en el prefacio a Hojas de hierba, en 1855, cuando el poeta llama a los Estados Unidos a teeming nation of nations, y señala que el primero en utilizarla en España es José María Jover3. Muy tempranamente ya señalaba Jesús Leguina que por primera vez una Constitución española admitía la compatibilidad entre la unidad y la pluralidad nacional con lo que, en definitiva venía a definir España como una nación de naciones (y de regiones)4. Por su parte, Seco Serrano la invoca, recogiéndola del ánimo de concordia de 1935 de Cambó5, probablemente de su propuesta de abordar la reconstrucción de España a base de un iberismo que incluyera también a Portugal. En verdad, la idea no ha sido nunca una formulación radical. Al contrario, trae efluvios de la visión de la Hispanidad, de aquel España “madre de 22 naciones”, aplicada ahora a la Península. Es un intento en efecto de conciliación y concordia de mediar entre los partidarios de la nación española única e indivisible y los de las naciones no españolas, sojuzgadas por la castellana. Un afán de avenir dos elementos de uno de los dos binomios de las dos Españas, el del centralismo/periferia.

Y no se plantea como motivo de ruptura. Al contrario, si acaso revela una intención, quizá inconscientemente influida por el cristianismo, de entender la nación española al modo de una especie de unión hipostática de todas las naciones. Algo comprensible en un nacionalismo español no impositivo y hasta liberal en ese sentido del nacionalismo que está siempre luchando por hacer oír su débil voz entre el estrépito de los nacionalismos ferozmente opuestos, el español predominantemente conservador y tradicionalista y los no españoles. Pero no es enteramente convincente dado que no todas las naciones que la componen están perfectamente identificadas, pues junto a la gallega, vasca y catalana, habría que identificar, nombrar, a la(s) otra(s). (¿castellana? ¿castellano-leonesa? ¿castellano-leonesa-aragonesa? ¿andaluza?) para que todas juntas constituyeran esa unión que forma la nación española al modo en que la unión de las tres personas produce la Santísima Trinidad. Asunto nada fácil de dilucidar.

Pero, en todo caso, no es formulación de ruptura. Sus mismos partidarios tratan de rebajar su importancia política y jurídica y así, uno de los primeros de ellos, Gregorio Peces-Barba dejaba reducidas las tales naciones a naciones culturales y no soberanas6, extrayendo consecuencias de la doctrina de naciones políticas/naciones culturales mencionada en el capítulo 1.

No obstante todas estas cautelas y flexibilidades, el destino de la propuesta no será pacífico. Ya desde un nacionalismo conservador pero moderado se considera que se trata de una formulación confusa porque “violenta algunas reglas básicas de la lógica y de la lingüística; a pesar de todo lo cual, esa expresión ambigua y contradictoria sigue siendo de curso legal hasta nuestros días”7. Se entiende lo que quiere decirse aunque, precisamente de curso legal no sea. A pie de calle y en la brega política cotidiana, con uso abundante de la demagogia patriótica del nacionalismo español conservador, Rajoy se despachaba en un discurso de homenaje a la Constitución española en 2005 con su habitual facundia: “No formamos una nación de naciones, sino una nación de personas, de ciudadanos libres e iguales, y de individuos libres e iguales. Eso es lo que somos”8.

En la negativa a aceptar nación alguna en España fuera de la española lo acompañaría años después el Tribunal Constitucional en su malhadada sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, pues le parece que se trata de una “contradicción en los términos, un imposible constitucional”9. Del lado más fogoso, más virulento, de ese conservadurismo vendrían las preguntas como torpedos de Alex Vidal-Quadras en polémica con el escritor Manuel Rivas, quien defiende que, en efecto, España es una nación de naciones: “¿Ha visto nunca Manuel Rivas —preguntaba el entonces eurodiputado del PP— una bicicleta de bicicletas, una silla de sillas o una luna de lunas?”10. Sin ánimo de enmendar la plana a nadie ni defender a Rivas, que sabe hacerlo solo y con denuedo, supongo que como conservador que es e, imagino, fervoroso cristiano, aunque no necesariamente, Vidal-Quadras habrá oído hablar del Rey de Reyes y como científico, del conjunto de conjuntos. Son asuntos fáciles de entender. Otra cosa es que se quieran entender. La voluntad es un factor cognitivo y en política, más.

La fórmula en sí misma es irreprochable y, dentro de los galimatías terminológicos y conceptuales en que suelen desenvolverse los debates en estos terrenos, muy prometedora, al tiempo que irremediablemente vagarosa. Recién elegido secretario general del PSC Miquel Iceta la empleó en su discurso de ratificación en Cataluña, en presencia del también recién elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y Susana Díaz, presidenta de la Comunidad Autónoma andaluza11. Precisó luego el contenido práctico, acogiéndose a la propuesta federal del PSOE. Parecería así que se cerraba las puertas a toda posible confusión. Pero esta volvió a entrar por la ventana desde el momento en que el mismo Iceta insistía en que federalismo, sí, pero consulta del dret a decidir mediante, cosa que el PSOE, en principio, no admitía.

El concepto de nación de naciones no está mal traído en un terreno alegórico y hasta filosófico. No es disparatado considerar la latinidad como una nación de naciones. Cierto nacionalismo latino en Europa suele hablar de las naciones latinas frente a las germánicas, anglosajonas, nórdicas o eslavas. Y en lo que se aplica a España, un nacionalismo romántico puede considerar que la nación española sea el conjunto de naciones de origen español. En realidad, el concepto también podría predicarse de Europa. ¿Por qué no? Si cabe pensar en una nación de naciones, también cabe hacerlo en una nación de naciones de naciones. Suena irónico, pero no lo es. Europa, la conciencia europea, tiene algo de esto.

Así que la nación de naciones que Iceta esgrimió ante Pedro Sánchez, natural de Madrid, y Susana Díaz, natural de Sevilla, no está más cerca de convertirse en algo tangible que la latinidad y el problema sigue siendo el de la articulación jurídico-política de la idea, de la que cabe decir que “solamente parece aceptable a condición de que no se defina”12. Con motivo de las declaraciones habidas en el Aberri Eguna, o “día de la Patria vasca” en el que el presidente de Euzkadi, Íñigo Urkullu, apuntaba a una solución confederal para España a medio plazo13, en su vídeoblog, el vasco Iñaki Gabilondo reflexiona que, ante el definitivo fracaso de la fórmula del Estado autonómico, es conveniente retornar a la propuesta de la nación de naciones14. Ciertamente, si los caminos transitados hasta la fecha se han agotado, no parece que haya otro remedio sino explorar soluciones nuevas. Y la cuestión es cómo articular en términos prácticos una nación de naciones, ya que, tomada en una primera lectura, la idea que se viene a la mente es la del Imperio austro-húngaro que, por cierto, ha cargado injustamente con el sambenito de tratarse de un sistema inestable por el hecho de haber perdido la primera guerra mundial, inferencia injusta por ilógica. Al margen de la mayor o menor simpatía con que se vea la doble monarquía centroeuropea y su destino en la Gran Guerra, lo cierto es que se trataba de un Estado plurinacional en cuyo seno convivieron pueblos muy distintos que luego, al separarse, han mantenido guerras sin cuento entre varios de ellos.

Pero los precedentes históricos no pueden tener valor práctico sino meramente informativo cuando no metafórico. La pregunta aquí y ahora es cómo se articula jurídica y políticamente ese constructo de nación de naciones. A esta pregunta da respuesta Ramón Máiz, en un artículo sobre las razones del federalismo, en el que aboga por esta solución en la medida en que “atendiendo el (muy desigual y plural) valor político y cultural de la nación para los ciudadanos” debe abrirse “una perspectiva de identidades superpuestas, una federación plurinacional, una nación de naciones”15. En efecto, la federación es una de las propuestas de solución a un problema que ya solo los muy obcecados se niegan a ver. Pero hay otras y aquí es donde corresponde considerar una a una las distintas hoy adelantadas y que compiten por imponerse.

1 Bastida, 1998: 94.

2 Ibíd.: 98.

3 Piqueras, 2014: 408, 405.

4 Leguina, 1981: 778.

5 Seco Serrano, 2000a: 239.

6 Peces-Barba, 2002a: 71.

7 Álvarez Osés, 1988: 119.

8 Rajoy, 2005.

9 Ramoneda, 2010.

10 Periodista Digital, 2005.

11 El Mundo, 17 de julio de 2014.

12 Requejo, 1998b: 161.

13 El País. 20 de abril de 2014.

14 El País. 21 de abril de 2014.

15 Máiz, 2012.

Las venerables autonomías

Comenzamos con lo que ya hay.

Actualmente está muy extendida la impresión de que el Estado autonómico deja mucho que desear, que requiere un replanteamiento y hasta se propone su eliminación lisa y llana. No siempre ha tenido tan mala fama esta forma de descentralización política. Al contrario, a pesar de las cautelas y recelos mostrados por diversos especialistas en los primeros momentos de su implantación16, no sería difícil aportar aquí abundantes ejemplos de cómo durante años, decenios, el Estado autonómico ha gozado del máximo respeto en la teoría y la práctica políticas. Venía a poner fin a un viejo contencioso territorial; no generaba agravios comparativos o los eliminaba incrementando la descentralización; acercaba las decisiones a los ciudadanos; agilizaba la administración pública; permitía una mejor gobernanza, etc. Juan Pablo Fusi considera que el Estado autonómico fue un instrumento “esencial y necesario para el establecimiento de la democracia española después de la larguísima dictadura de Franco” y que en su formación y desarrollo ha habido más elementos positivos que negativos17. Un understatement típico de la prudencia académica. Los manuales sobre el sistema político español o su derecho constitucional se hacían lenguas sobre la audacia del legislador constituyente, su capacidad para encontrar una fórmula que aunara las legítimas aspiraciones al autogobierno de los territorios y la necesidad de mantener una organización común, bajo la forma de un Estado compuesto. Aunque con lagunas y tareas pendientes, algún especialista consideraba que el Estado autonómico se había consolidado definitivamente18.

Otro aspecto es el económico. Desde siempre se supo y se admitió con cierta orgullosa resignación que el Estado autonómico sería más caro que el centralizado. Descentralizar la administración y la adopción de decisiones políticas, acercar la administración a los ciudadanos, generalizar y atender los servicios públicos, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la población eran vías de la modernidad que no podían afrontarse sin su correspondiente gasto. No se incorporaba España finalmente a Europa y precisamente en los años de mayor auge regionalista sin pagar por ello.

El problema se planteó cuando se comprobó que las autonomías suponían un sobrecoste insostenible para las arcas públicas pero no por la excelencia de su gestión y las bondades de sus servicios sino, al contrario, por su incompetencia, por su despilfarro, ausencia de control y corrupción lisa y llana, es decir, algo que, por ser moneda corriente en España, los españoles tardaron lo suyo en advertir permitiendo con ello que por las autonomías campara a sus anchas la mayor caterva de sinvergüenzas de la historia del país. Los nuevos tipos de mesogobierno dieron lugar a la formación de una nueva clase política autonómica, regentada por los barones territoriales de los grandes partidos que se valieron de su amplísima autonomía para organizarse en muchos casos de forma caciquil, casi como satrapías en las que los presidentes y consejeros de las comunidades autónomas, los presidentes de diputaciones y muchos alcaldes hacían y deshacían a su antojo, y creaban en no pocos casos auténticas redes delictivas y mafiosas con el consiguiente detrimento de los intereses públicos. Se duplicaron instancias administrativas y proliferaron los órganos innecesarios, se multiplicaron los cargos de libre designación, enchufes y privilegios, se malversaron caudales públicos o estos, simplemente, desaparecieron. En casi todas las Comunidades Autónomas se generalizó la corrupción en los distintos niveles de gobierno, autonómico, de diputación o municipal. Madrid, Valencia, Andalucía, Baleares, Galicia, Cataluña, son las comunidades más aventajadas en este desgobierno, pero en realidad están todas afectadas. Las diputaciones de Castellón, Alicante, Ourense, etc funcionaban como verdaderos feudos. El peso de todo este desbarajuste sobre el conjunto del déficit español es muy considerable.

La crisis económica y la incapacidad del modelo para contener las tensiones separatistas han puesto de manifiesto, por un lado, defectos estructurales importantes y por otro falta de eficacia política. Todo ello ha extendido esa convicción de que el sistema autonómico está irremediablemente obsoleto o, cuando menos, requiere una reforma en profundidad. Pero de ahí a acordar un procedimiento común y compartido para acometer las reformas media un abismo. Hay, en efecto, un porcentaje de la población, mayor en España que en Cataluña, desde luego, sensiblemente mayor, partidario del mantenimiento del régimen autonómico actual, sin variantes. Probablemente quienes apoyan esta opción piensen que la intensificación de las demandas independentistas es resultado de la crisis y que, a medida que vaya esta cediendo, las aguas nacionalistas volverán a su cauce. Bastará, por tanto, con aplicar “el principio de autoridad”, como señala Iñaki Gabilondo19 y con mantener el régimen de la autonomía cultural, sin reparar en que por muy diversas razones y según muestra la experiencia, se trata de, “una solución precaria e ilusoria a las demandas nacionalistas”20 ya que estas, en la actualidad, han desbordado con mucho el marco del Estado autonómico.

Otro sector de la población es partidario de la conservación del régimen autonómico con unas reformas más o menos profundas del Título VIII de la Constitución, dejando todo lo demás sin tocar. Hasta ahora una de las más radicales es la del ex ministro Sebastián, partidario de suprimir todas las autonomías o, cuando menos, rebajar sus competencias más o menos al nivel de las regiones italianas llamadas “de estatuto ordinario”, esto es, las que tienen menores competencias legislativas y escasa autonomía fiscal y dejar solamente tres en pleno desarrollo político, Galicia, País Vasco y Cataluña21. Más frecuentes son las sugerencias de reformar el Senado con el fin de convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial y no en una de mera segunda lectura22. Cuando se hacen estas propuestas, las miradas se dirigen siempre al Bundesrat alemán y su capacidad de veto de toda legislación de la Cámara legislativa que afecte a los intereses o las competencias de los Länder. Conceder al Senado capacidad de veto sobre leyes con efectos territoriales sería insuflar a la cámara algo más de vigor político del que tiene actualmente. Pero eso solo podría hacerse cambiando asimismo su composición y naturaleza para convertirlo en un órgano que representara los intereses de los gobiernos de las Comunidades Autónomas y no los de los ciudadanos de las provincias que resultan ser parte de esas Comunidades Autónomas

La propuesta de mantener el régimen autonómico aunque reformado, es de suponer, trata de evitar o reducir en lo posible una reforma de la Constitución. Sin embargo, algunas modificaciones probablemente requerirían una revisión constitucional. Por ejemplo, no está nada claro por qué el artículo 145, 1 prohíbe taxativamente “la federación de Comunidades Autónomas”. O quizá sí lo esté, pero el empleo del substantivo “federación” es extraordinariamente inconveniente cuando se aboga por una reforma federal de la Constitución. Las Comunidades Autónomas, según esta doctrina, pueden federarse todas con todas pero no algunas con algunas. La razón no es evidente, salvo que se tome por tal el temor a que una hipotética federación de Comunidades Autónomas fuera el primer paso hacia la secesión de esa federación. A su vez, también las competencias de las comunidades autónomas en materia de relaciones exteriores deben modificarse para permitirles mayor margen de actuación, especialmente en asuntos de su interés y competencia, frente a la concepción claramente restrictiva del Tribunal Constitucional que se aferra al carácter exclusivo de la competencia estatal en este campo23. En un mundo de relaciones interregionales cada vez más densas, no tiene sentido que las Comunidades Autónomas vean tan restringida su capacidad de acción en el orden de la acción internacional.

En cualquiera de los casos de reforma autonómica, haya o no revisión de la Constitución es claro que la decisión definitiva habría de depender de un acuerdo de las Comunidades Autónomas y, aunque en un principio, según algún autorizado padre de la Constitución, la lógica del Estado de las Autonomías definido en la Constitución era “la lógica de la negociación, del acuerdo y de la cooperación”24 no parece que tal acuerdo vaya a conseguirse fácilmente, dada la convicción generalizada, quizá prematura, de que el modelo del Estado de las autonomías se encuentra à bout de souffle. Ciertamente, esto mismo se exigirá en cualquier caso de las demás propuestas y dicha exigencia es precisamente la razón de ser de que prosigamos con su análisis.

16 Leguina, 1981: 777.

17 Fusi, 2000: 279.

18 Aja, 2001: 239.

19 Gabilondo, 2014. Cit.

20 Kedourie, 1985: 91.

21 El Mundo, 10 de abril de 2014.

22 Ferri Durá, 2009: passim.

23 Arias Martínez, 1996: 372.

24 Solé, 1985: 206.

El ánimo federal

Una de las características de la doctrina sobre el Título VIII de la Constitución es la idea de que, en el fondo, la organización territorial autonómica del Estado es de carácter federal. Una fórmula que hizo fortuna es la de Estado federalizante25. No era federal, pero tenía tendencia a serlo. Era un federalismo in fieri y así lo vieron algunos autores desde los primeros momentos, al hablar de los “matices federales” del Estado autonómico26. Solía apuntarse el hecho de que las comunidades autónomas alcanzaban o podían alcanzar un nivel competencial incluso superior al de los estados en algunas federaciones, hasta el extremo de que ciertos autores radicales de derecha extrema llegaban a hablar de una deriva confederal de la Constitución de 197827.

Con el paso del tiempo y el rodar del Estado autonómico, poco a poco ha ido asentándose una convicción casi generalizada en el sentido de que, aunque haya algunas diferencias de carácter formal, en lo que afecta a la cuestión de fondo, la del autogobierno de los entes subestatales, el Estado autonómico es federal y más que algunas federaciones y, por supuesto, que Estados regionales, como el italiano. De situarse en algún lugar, sería entre Alemania y Austria28. España es “una federación en la práctica aunque no en el nombre”, dice Watts, quien se pregunta retóricamente si el país no es una federación multinacional encubierta29. Algunos estudiosos consideran que los desarrollos más recientes llevan “el sistema de relaciones intergubernamentales horizontales claramente en una dirección convergente con la de otras federaciones más maduras”30. España tiene todo lo del federalismo menos el nombre, subraya Roberto L. Blanco Valdés31 y lo mejor que puede hacer es aceptar su federalización como “cauce natural para el ajuste etnoterritorial y de relaciones intergubernamentales”32

Siendo esto así, según opinión tan generalizada, ¿por qué esa resistencia, esa negativa a aceptar el nombre cuando ya se había arbitrado la cosa? ¿A qué se debe esa inhibición terminológica? ¿Por qué no se pensó en un primer momento en una fórmula federal y por qué no se puso en práctica? Aunque los socialistas y los comunistas trataron de defender en la Constitución el modelo cuasi-federal de principio33, se impusieron los miedos tradicionales y el federalismo tiene mala fama. De hidra calificaban los diputados liberales la propuesta federal en las Cortes de 1812 y esa aversión a las estructuras federales reaparecería en distintos momentos del siglo XIX34. Federal fue la primera República, un régimen muy inestable, que duró once meses y coincidió con dos problemas encontrados: la tercera guerra carlista y la sublevación cantonalista. Por eso se hablaba en el capítulo III del emparejamiento que la propaganda de la derecha suele hacer entre el liberalismo, progresismo o izquierdismo, en típica amalgama, y la fragmentación de España, además, naturalmente, del peligro mortal de que esta deje de ser católica.

El mismo Estado autonómico fue una concesión a regañadientes del nacionalismo español a la sempiterna presión política de los nacionalismos periféricos, singularmente el catalán y el vasco. Como lo fue el después tan alabado Estado integral de la Constitución de 1931, compatible con los tres estatutos de autonomía, catalán, vasco y gallego que reemergieron en la de 1978 como uno de los dos consensos básicos de la transición. El otro era el de la Monarquía. En todo caso un consenso porque la descentralización en sí misma no es algo con lo que simpaticen los nacionalismos españoles, el conservador ni el liberal, que tiene una fuerte tendencia jacobina. Los Austrias rigieron una España fragmentada pero los Borbones impulsaron la homogeneización y la centralización “con el entusiasmo de los liberales a partir de 1808”35. Aunque hubo sus más y sus menos a lo largo del siglo XIX, para encontrar un precedente de buena relación entre el liberalismo, en el sentido de espíritu liberal, y la descentralización, hay que remontarse al último tercio del siglo, a la moda del self-government, inglés36, algo en lo que también estaban interesados los nacionalismos periféricos37.

En una situación de recrudecimiento de la crisis territorial española, habiendo agotado las soluciones autonómicas, reaparece la propuesta federal, repentinamente liberada de sus connotaciones fragmentadoras. Ahora se la ve, al contrario, como una fórmula integradora frente a las tensiones centrípetas. Si bien no todo el mundo. La propuesta no aparece en el horizonte de la derecha, nada partidaria de reformar la Constitución, como exigiría una organización federal del Estado. Ni siquiera acepta la idea de que el modelo autonómico esté agotado. Pero, al mismo tiempo, si las presiones soberanistas alcanzaran niveles difícilmente soportables, no es inimaginable que aceptara una u otra forma de federalismo a cambio del mantenimiento de la unidad de España, por ficticia que esta acabara siendo. De esta forma, a cambio de conservar el huero discurso de la gran nación, la derecha está dispuesta a pasar de la nación real a la nación Potemkin. Porque la nación de la que se pasa el día hablando, en el fondo, no le importa nada. Franco vendió España a los estadounidenses y sus herederos ideológicos a los estadounidenses y a los alemanes.

Si las teorías académicas consideradas más arriba acerca del carácter federal de hecho del Estado autonómico, son correctas, la cuestión del federalismo en España no pasa de ser una forma más de los universales. Siendo el federalismo un mero nombre para una realidad de hecho, no debería ser difícil convencer a los conservadores de aceptar el cambio, puramente nominal. Pero no hay seguridad alguna. Dentro de la derecha hay una poderosísima fuerza contraria a toda revisión de la Constitución. Al fin y al cabo, en sus orígenes, parte de esa derecha votó en contra de ese texto constitucional y, si ha acabado aceptándolo, evidentemente es a cambio de que no se vaya ni un paso más allá. O quizá sea que las citadas teorías no están del todo en lo cierto y el sistema autonómico se encuentre lejos de ser federal. El exministro del Interior, Mayor Oreja, verdadero Santiago de España, considera que la autodeterminación es un disparate y del federalismo no debe ni hablarse38.

La izquierda, en cambio, más preocupada por las circunstancias problemáticas del independentismo como riesgo verosímil ha sacado el federalismo del baúl en el desván ideológico. Es casi una operación de trueque, de do ut des: tú te olvidas del derecho de autodeterminación y yo te ofrezco federalismo. Que el partido socialista haya estado más de veinte años en el gobierno de España y jamás haya hecho atisbo alguno de implementar un programa federalista por remoto que fuera no es cuestión de obligada consideración, pero no está de más señalarlo porque influye en el grado de crédito que las propuestas federales puedan alcanzar. Requejo critica al PSOE el carácter casi meramente propagandístico y trivial de su oferta federal39. Y es que la socialdemocracia —que tiene órganos llamados “federales”— no ha sentido nunca la necesidad apremiante de dar respuesta a un problema territorial serio. Por eso recurre al federalismo como opción olvidada y, desde luego, no desarrollada ni especificada. Porque parece como si la propuesta llegara tarde y, careciera de partidarios comprometidos y de caracteres organizativos claros.

Eso en el caso de que la oferta federal no llevara en su seno una intencionalidad conservacionista. Efectivamente, puede verse como una variante del Estado autonómico con el nombre cambiado. Los hipotéticos estados federados, es de suponer que las 17 comunidades y dos ciudades autónomas actuales, tendrían iguales competencias, como es norma muy extendida, aunque no única, en las federaciones. Es decir, no habría aeque principaliter entre Cataluña y España. En definitiva, otro nombre para el café para todos. En esa línea de derecha extrema que antes se señalaba, se considera que el Estado autonómico ha llegado demasiado lejos y, de hecho, es una verdadera confederación de modo que la propuesta de convertirlo en un Estado federal se hace con el ánimo de corregir la disgregación autonómica que se considera una amenaza para la pervivencia de España puesto que “el moderno Estado federal cuenta con más poderes centrales que los que tiene el Estado español en la Constitución”40. En el fondo, esta propuesta federal, procedente de un espíritu conservador y centralista ve el actual Estado autonómico como una especie de bomba de relojería confederal que es preciso desactivar y responde al mismo espíritu que anima la propuesta del federalismo socialdemócrata: mantener la Constitución y el statu quo, llamado convivencia; frenar la autodeterminación. Lo cual no deja de ser curioso precisamente porque su mismo espíritu conservador y tradicionalista ya albergaba algo de los riesgos confederales que hoy quieren combatirse. La propuesta de Monarquía federativa que propugnaba Vázquez de Mella incluía unos derechos de las regiones que apuntaban en la dirección confederal y sin mencionar que, además, incluía Portugal41, cosa relativamente explicable teniendo en cuenta el origen gallego del ilustre tribuno.

Todavía más claramente se observa esta situación inestable y fragmentada en una encuesta de Metroscopia para El País, publicada por este diario el 20 de julio de 2014 que, configurando tres posibles formas de articulación de España en Cataluña, arroja unos resultados algo más esperanzadores para el nacionalismo español, por cuanto una mayoría de la población votaría a favor de la llamada tercera vía, consistente en blindar las competencias de una Cataluña mucho más autónoma en el marco de España (cuadro1)42.

Da la impresión de que el nacionalismo catalán, habiendo tomado impulso en los años de gobierno del PP, sentidos en Cataluña como especialmente hostiles al Principado, no esté ya interesado en el modelo federal si es que alguna vez lo estuvo, fuera de los precedentes del siglo XIX. Por tanto si la izquierda quiere que su oferta se diferencie de la de la derecha y del viejo nacionalismo español, tendrá que incluir en ella algo más que el nombre, esto es, una reforma de la Constitución y algún tipo de mecanismo para blindar determinadas competencias de las Comunidades Autónomas, que, además, probablemente, habrían de cambiar de denominación, con lo cual nos adentramos en un territorio complicado que se aproxima a la confederación. En esta dirección, según hemos señalado ya, parecen orientarse los titubeantes proyectos del gobierno conservador. Su idea es clara y consiste en desactivar el impulso independentista ofreciendo un arreglo que ponga a Cataluña en una situación más próxima a la del País Vasco en punto a la gestión de los recursos propios. Si esta propuesta sale adelante dependerá de la correlación de fuerzas.

El PSOE está en su derecho de mantener la oferta federal, pero esta más parece un cuerpo sin vida. Los socialistas habrán de probar que se encuentran en situación de insuflarle una nueva, cosa nada fácil sobre todo si se tiene en cuenta que la reacción del gobierno de la derecha es de rechazo, justificado en la confusión y abigarrada mezcolanza de apuestas, en la ausencia de criterios únicos y en la aparición de posibles agravios comparativos43.

Habiendo llegado las tensiones territoriales centrífugas hasta donde han llegado, la propuesta federal solo tendrá perspectivas de aplicación si prescinde de la homogeneidad y se postula como una organización asimétrica. Y, aun así, es problemático saber si tendría apoyos suficientes pues las fórmulas de trato desigual por territorios no encuentran mucha simpatía a la vista de la intensa conciencia igualitaria a la par que localista de los españoles. Con un evidente espíritu práctico, interesado en avanzar, algunos sectores nacionalistas adelantan la propuesta de aceptar el federalismo siempre que, en efecto, sea asimétrico. El federalismo asimétrico es el único compatible con un estado plurinacional44 que es como ellos ven las cosas. Aquí el problema se plantea en el término plurinacional. Otra parada y fonda en el eterno debate sobre la nación española. Los conservadores parecen haber estirado sus tragaderas al extremo de admitir que España sea una nación plural45. Ese pluralismo es deliberadamente indefinido, recuerda el pluralismo cuya existencia en la Edad Media negaba Maravall y, en todo caso, su finalidad es excluir toda referencia a la nación. Sin embargo, a juicio de algunos autores, esta asimetría es ya una realidad. Luis Moreno sostiene que, las comunidades autónomas han venido avanzando en el sentido de lo que llama federalismo concurrente, una fórmula que se caracteriza por dos notas: a) asimetría política y heterogeneidad administrativa y b) provisionalidad institucional en la participación estatal de las comunidades autónomas46 Muy rotunda y contundente ha sido la ya citada propuesta de Sebastián de establecer un territorio común y otro especial, subdividido en Galicia, País Vasco y Cataluña. Resulta muy razonable a primera vista, pero no está nada claro que pueda imponerse en el sistema político en su conjunto.

Precisamente para evitar estas ambigüedades e indeterminaciones, se ha venido perfilando ese concepto de asimetría. Ferrán Requejo lleva años investigando el asunto y postulando propuestas de federalismo asimétrico, al que también denomina “federalismo plural”. Se trata de una forma de federalismo que tiene poco que ver con las que mayoritariamente se han considerado en la doctrina, basadas en el federalismo “mononacional” al ejemplo del de los Estados Unidos. Este federalismo plural se caracteriza por tres notas: 1ª) regulación constitucional del pluralismo; 2ª) establecimiento de una serie de acuerdos de carácter asimétrico o confederal; 3ª) otros acuerdos simétricos en otras áreas del autogobierno47. Evidentemente, lo decisivo de esta propuesta y lo que apunta a un horizonte cualitativamente distinto es la aparición del término “confederal” que implica un grado superior de garantías de las competencias y poderes de las entidades federadas.

25 Rojo (2014).

26 Simón Tobalina, 1981: 180.

27 Otero Novas, 1998: 242.

28 Aja, 2001: 246.

29 Watts, 2010: 80.

30 Colino, 2010: 342.

31 Blanco Valdés, 2014: 229.

32 Moreno: 1997: 123.

33 Solé, 1985: 95.

34 Piqueras, 2014: 318.

35 Álvarez Junco, 2002: 82

36 Azcárate, 1877.

37 Almirall, 1979: 127.

38 Europa Press, 27 de septiembre de 2013.

39 Requejo, 2013.

40 Burgos, 1983: 161.

41 Vázquez de Mella, 1957: 186.

42 El Pais, 19 de julio de 2014.

43 El País, 25 de julio de 2014.

44 Requejo, 1998a.

45 elHeraldo.es, 18 de octubre de 2012.

46 Moreno, 1997: 142.

47 Requejo, 2002: 89.

¿Por qué no la confederación?

La solución confederal apenas tiene partidarios o no se les oye en el debate público o, si se les oye, ni siquiera ellos mismos están seguros de proponerla con todas sus consecuencias. Es el caso del cantante Raimon:

“Mi deseo personal sería un tipo de confederación. Tampoco creo que la independencia sería algo trágico o mortal, ¡no pasa nada! No le pedirían el pasaporte a nadie, estaríamos dentro de Europa. (…) Confederal, pero tampoco lo tengo tan claro. Lo que veo es que se tienen que arreglar los problemas que existen, no se puede estar todo el día con la ley, la ley. La ley cambia cada dos por tres, no la usemos como si fuera de mármol48.

La propuesta confederal todavía tiene peor fama que la federal y suscita los mismos temores: el fantasma de los reinos de taifas, esos reinos que “son la gran tentación española —precisamente española— de ahora y de tantas veces porque ni siquiera es original”49. La idea más generalizada es que ni siquiera se trata de una forma de Estado, aunque sea compuesto, como el federal, sino de una suerte de alianza entre Estados soberanos solo algo más estrecha que una organización internacional. Se recuerda que las confederaciones son sistemas muy inestables que pronto dejan de serlo de hecho o de derecho. Los ejemplos siempre citados son la Confederación de los Estados americanos que mudó a federación y cambió el nombre en 1789, la Confederación Helvética, que también mudó a federación en 1848, pero mantuvo la denominación y la Confederación Alemana del Norte, que ya nació en 1867 siendo en realidad una federación.

No existe un modelo claro de confederación y, si se escarban en la historia casos que pudieran considerarse tales o tuvieran rasgos confederales, como las ligas aqueas, el Sacro Imperio Romano Germánico o la actual Comunidad de Estados Independientes, las notas más características son la inestabilidad, la indefinición institucional y la provisionalidad. En su línea más elemental, habría de ser un ente con un órgano legislativo común, una Dieta o asamblea interparlamentaria, tantos gobiernos como Estados y ningún poder judicial común, pues los conflictos se resolverán por vía diplomática, ya que se trata de Estados soberanos. Vendría a ser algo más que una Commonwealth, pero algo menos que la Unión Europea, asimismo un ente político de muy difícil clasificación; un ámbito muy amplio en el que cabe toda clase de formas experimentales.

A pesar de su presumible flexibilidad y adaptabilidad, como hemos dicho, las propuestas confederales tienen escasos valedores, aunque algún especialista las haya aconsejado, sin mucha fe por otro lado, para los casos de Escocia y Cataluña50. Si, además, se recuerda que una hipotética confederación de pueblos, o naciones ibéricas, podría cursar invitación de pertenencia a Portugal, siempre que este país no la recibiera como la última forma del anexionismo castellano-aragonés o, incluso, a Gibraltar, se calibrará por qué las propuestas confederales casi están recluidas en el ámbito utópico o sea, en ninguna parte. Sin embargo, son perfectamente pensables. En estos términos estaba concebida la idea de Ibarretxe de conseguir un estatuto de Estado libre asociado para Euskadi.

En la medida en que la posible independencia de Cataluña implica una situación de prueba límite para la segunda restauración, pudiera ser que la abdicación de Juan Carlos I y la sucesión en su hijo, Felipe VI, tuviera su impacto y consecuencia en la búsqueda de una solución a un problema que pone en jaque el conjunto del sistema político. Es fácil argumentar que si el Rey, Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, tiene encomendada una función de mediación de arbitraje y moderación de las instituciones, puede haber llegado el momento de ponerla en práctica. Resulta así conveniente el relevo en el trono en favor de un monarca nuevo, mejor adaptado a los tiempos en que vive y que, asunto muy significativo, además de español, habla catalán y es licenciado en leyes, es decir, entiende de negociaciones, pactos, acuerdos.

Muy probablemente la Corona esté manejando varias posibilidades y planes en relación con Cataluña y en todos los supuestos, incluido el de la independencia. Y muy probablemente también uno de ellos podría ser una confederación con el Rey que simboliza y representa la unidad de la nación y es garante de la soberanía de las partes pero también de acción en común. Esa era precisamente la solución del “catalanismo político” que proponía Cambó, para quien es la acción y la influencia del monarca los que posibilitan la convivencia armónica de pueblos diferentes dentro de una misma unidad política. “El rei no ès d’uns: ès de tots. No és l’instrument d’una hegemonía, sinó el llaç d’una concòrdia”51. La Corona como eje en torno al que se armaría una confederación ibérica.

Tanto si hay proyecto presentado y conocido como, parece, sucederá con la oferta federal, como si no lo hay pero quizá esté preparándose, cual es el caso de la confederal, ambas opciones pueden darse por abiertas. Ambas podrían debatirse en el seno de un órgano del rango correspondiente convocado al efecto de la reforma del Estado. Una Convención, por ejemplo. La propuesta federal no pide tanto y se presenta como resultado de una posible reforma constitucional dentro del marco establecido por la Constitución misma. No le hace falta una Convención. Pero tampoco debe rechazarla sin más. Sería razonable proponer una reforma constitucional consistente en designar una Convención para determinar el alcance de dicha reforma en lugar de dejarlo al criterio del Congreso en el que siempre tendrán mayoría aplastante los partidos nacionalistas españoles, especialmente los dos dinásticos que se ven a sí mismos como garantes de la estabilidad institucional de la segunda restauración; eso que los novísimos de la izquierda llaman “el régimen”, un término que trae memorias históricas cercanas y lejanas con evidentes connotaciones críticas y hasta despectivas. Las cercanas remiten al franquismo, también ampliamente conocido en su día por mor de la brevedad como “el régimen”; las lejanas, ya se sabe, al ancien régime que en España ya no defienden ni los herederos ideológicos de Donoso Cortés, su denodado adalid quien, por cierto y a través de su teoría y defensa de la dictadura influyó mucho en Carl Schmitt, a su vez, al parecer, también influyente entre los novísimos.

Tratar la reforma constitucional en el Congreso en el supuesto harto improbable de que la derecha se aviniera a ella, recortaría mucho su alcance. Por ello sería razonable sacarla de la Cámara y llevarla a una Convención. Ciertamente si difícil parece la reforma constitucional en sede parlamentaria ordinaria, más lo será por la vía convencional. Pero aquí tratamos de lo que es lógico y racional. Si después resulta factible o no es cosa distinta.

En una Convención también podría debatirse alguna propuesta confederal que se acomodase a los intereses de las naciones integrantes. La única condición imprescindible es que estén todos representados en los debates y no en razón al tamaño de sus territorios sino a su condición nacional, esto es, en igualdad de rango y representación, y con capacidad real de influir en el resultado. Así puede llegarse a uno en el que todas las partes se consideren implicadas y obligadas pero lo hagan voluntariamente.

Convocar una convención de esta naturaleza implica estar abierto a la posibilidad de que no llegue a ningún acuerdo. La voluntad inicial puede haber sido alcanzar alguno, pero el resultado será el que sea. Entre los posibles, que no lo haya. En ese caso solo queda por analizar la última opción.

48 El País, 28 de mayo de 2014.

49 Marías, 1987: 279.

50 Seton-Watson, 1977: 472.

51 Cambó, 1930: 131.

La independencia

La opción de la independencia es el meollo del conflicto actual; es el momento político por excelencia al ser el de la decisión en el sentido schmittiano, la decisión que toma el soberano. Por eso también es el argumento que esgrimen continuamente los conservadores. La soberanía pertenece al conjunto del pueblo español, incluido el catalán y, siendo obvio que sólo el pueblo soberano puede adoptar dicha decisión, no lo es menos que la decisión habrá de ser negativa. Es absurdo pedir al soberano que se suicide. De ahí esa obsesión de Rajoy por no pasar a la historia como el presidente que desmembró su país. Esto no implica que, acto seguido, comience a buscar frenéticamente una solución a ese formidable problema. La derecha no haría honor a su condición si no pidiera dejar las cosas como están, de no ser posible empeorarlas, no cambiar ni reformar nada. Su objetivo es quedarse quieta, en aplicación de la táctica, conocida en teoría de juegos y de negociaciones, de que no adoptar una decisión es ya una decisión con sus costes y beneficios. El coste mayor: si no se aportan soluciones, el conflicto se intensificará. El beneficio mayor: será la otra parte la que cargue con el sambenito de haber provocado la ruptura, el conflicto y, sobre todo, la ansiada posibilidad de que, cuando este estalle, ya no será responsable el mandatario actual. El que venga detrás, que arree con la herencia. No se dirá que no es una actitud reciamente española. Nadie parece preocuparse por la consecuencia de sus actos a largo plazo como no sea la Iglesia católica. Por eso el nacionalcatolicismo actúa muy sabiamente vinculando el ser de España a la religión católica porque así tiene garantizada la conciencia de perennidad y no ha de darse la ímproba tarea de generar o fabular un relato nacional civil; no digamos ya laico.

Desde el punto de vista del nacionalismo, especialmente del independentista, aunque esa distinción en el caso catalán es ya irrelevante, la respuesta negativa estaba ya amortizada. El derecho a la independencia de un orden jurídico-político no se reclama en parte alguna porque, efectivamente, nadie lo reconocerá, por la razón ya expuesta, porque no existe el derecho a la secesión ni cabe invocar el de autodeterminación fuera de los cauces descolonizadores permitidos. Pero es que el derecho a la independencia, obviamente, se invoca, no en el campo del derecho positivo, sino en el del derecho natural que, en el fondo, es un modo de decir, al margen del derecho vigente. La independencia, a tono con la naturaleza misma del nacionalismo, es un objetivo político, un acto de voluntad, una confrontación con el derecho positivo que se instala en ámbito del poder constituyente. La cuestión del derecho a la independencia que dimana del derecho de autodeterminación, ya considerado, se plantea en el terreno de la legitimidad y en contra de la legalidad. Es un acto de un poder constituyente de hecho in fieri contra el poder constituido de derecho.

El relato que elabore el poder constituido atacado será en términos de legalidad. Si la pretensión independentista desborda esta, se le aplicará la legislación vigente y aquella se verá abocada al fracaso. Esta presunción, sin embargo, ignora que en la historia se ha dado una enorme variedad de situaciones. Si los proyectos independentistas fueran siempre imposibles por ir contra el derecho positivo, el mundo sería muy distinto de lo que es. Llegados a este punto, en el conflicto, decide la fuerza, tanto la que se tiene como la que no se tiene. La legitimación vendrá ex post facto y la hará el ganador. Resulta difícil imaginar un acto más ilegal, delictivo, criminal que la sublevación de los militares golpistas españoles en julio de 1936. Pero, al ganar la guerra, escribieron la postguerra y trenzaron un relato de legitimación en el que se sentaban las bases de la legalidad. Que, por cierto, dura hasta este momento y explica de paso por qué hasta hoy ha sido imposible hacer justicia a las víctimas del franquismo. Y sigue siéndolo. Una legalidad ilegítima. Dicho se está lo anterior no porque el autor apruebe el principio de que el tiempo convierte en justo lo injusto y hace legal lo ilegal, sino por poner un ejemplo claro de cómo las relaciones entre la legalidad y la ilegalidad son muy irregulares.

Desde el punto de vista de la legalidad española, en el caso de ser vencedora en un conflicto con el independentismo catalán, este no sería otra cosa que una sedición, el producto de una conjura fracasada protagonizada por unos delincuentes que acabarían penando sus culpas. Si el resultado fuera el contrario, el relato legitimador lo harían los independentistas que hablarían de la heroica lucha de los padres de la patria por imponer el derecho de Cataluña a ser un Estado independiente en un contexto de otros estados independientes y en pugna con las sempiternas tendencias españolas al imperialismo y la negación de los derechos de los pueblos. La independencia es la alternativa entre el héroe y el villano. Y el resultado no está escrito en parte alguna.

En la pugna entre el nacionalismo español y el catalán se advierte un elemento de cierta significación, referido al tono, al espíritu mismo de los razonamientos de uno y otro lado. Del lado español, la escasez de argumentos se compensa con una fuerte hostilidad y agresividad; del lado catalán, en cambio hay mucha menor tendencia a la negatividad y el ataque. Habrá quien discuta esta afirmación, señalando cómo ambos bandos pueden recurrir a la violencia, cuando menos la verbal. Sin embargo, es de sobra conocido que los casos de quema de banderas o retratos o de silbidos al himno o abucheos a los reyes son de una dimensión distinta a las agresiones violentas que suelen protagonizar los elementos más extremos del nacionalismo español, aficionados a reventar reuniones, asaltar librerías o apalear anti-españoles de toda condición. El asunto no es nuevo; ya lo señalaba Cambó en los años treinta del siglo XX:

“I es que, a Catalunya l’adhesió al fet diferencial és essencialment un sentiment positiu, que sols transitoriamente i accidentalment esdevé negatiu. Al contrari, l’esperit asimilista t’e avui més aversió al fet diferencial que molesta, que no pas d’adhesió al fet hegemònic: és més una repugnància a l’afirmació catalana que un amor a la grandesa española a base exclusivament castellana”52.

Los independentistas no precisan echar mano de estos recursos porque llevan la iniciativa política en el seno de una sociedad civil muy movilizada. El nacionalismo se ha extendido por toda Cataluña de forma transversal entre todos los estamentos y clases sociales. Ha sido capaz de elaborar un discurso proactivo, positivo, que incita a la participación de la ciudadanía, configurado como un amplio movimiento. Enfrente, el nacionalismo español está a la defensiva, no tiene más proyecto que el mantenimiento del statu quo y una actitud de permanente negación. Hasta los políticos de la derecha, los menos obcecados por el nacionalcatolicismo, lo han visto: “Debemos construir una alternativa cultural, social y política al nacionalismo catalán, que lleva casi cuatro décadas pastoreando la realidad catalana” —dice Fernando Sánchez Costa, diputado autonómico del PP y hombre culto— “Esta alternativa debe ser amplia y transversal, y no debe plantearse como un frente cerrado y compacto, sino más bien como un mosaico articulado. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de poner las bases para que un día pueda haber un gobierno no nacionalista en Cataluña”53. La cursiva es mía solo por señalar cómo hasta las especulaciones con mejor intención, están teñidas de prejuicios. “un gobierno no nacionalista en Cataluña”, en realidad quiere decir un “gobierno nacionalista español en Cataluña”.

Al parecer, el nacionalismo español no ha sentido hasta ahora la necesidad de elaborar un relato ilusionante o movilizador de su ambición. Le ha bastado el discurso nacionalcatólico, bien sea explícito o implícito. Por ello aborda el problema casi exclusivamente en el muy áspero territorio de la legalidad. La independencia es ilegal y uno no se molesta en argumentar con quienes rompen la legalidad. En abstracto, correcto; en lo concreto, falso pues quienes invocan la legalidad para justificar sus actos y reprimir los del adversario precisamente la acomodan a sus intereses siempre que quieren porque pueden hacerlo, dada su mayoría absoluta en el Parlamento. Exigir la obediencia a la ley cuando uno la cambia siempre que le interesa es una forma de hipocresía patente.

Pero no necesita ser este el caso. El problema comienza en serio cuando la otra parte se aferra al comportamiento legal, pero mantiene una actitud de conflicto institucional continuo que consume energías del gobierno central y no permite una fácil gobernación del Estado. No hay ilegalidad, pero sí un reto permanente que, al final, es forzoso tomar en consideración. ¿Es tan difícil entender que el otro, en este caso, los catalanes, esté movido por los mismos nobles motivos nacionales y patrióticos que nos animan a nosotros? ¿Y no es una nobleza igual a la otra? ¿Es acaso la española superior? ¿Por qué? A la vista de esto, parece normal entender que es injusto aplicar la legalidad sin más en lugar de experimentar vías de entendimiento, negociación y acuerdo que permitan cambiar la legalidad no de forma unilateral, arbitraria y con finalidades represivas sino para que no sea tan injusta con las minorías nacionales.

Al margen de sus manifestaciones populares que, como suele suceder, serán elementales, exageradas y, probablemente, irrespetuosas, lo cierto es que la argumentación y justificación teórica del nacionalismo catalán pretende tocar teclas positivas, hasta el punto de que algún malintencionado podría pensar que se trata de una especie de burla por cuanto la agresividad y hostilidad del nacionalismo reside ya en su objetivo mismo. Muy en la tradición maragalliana, de despedirse de España deseándole lo mejor Alfred Bosch publica un libro cuyo título resume su espíritu, La independencia de Cataluña interesa a los españoles en el que, entre otras ideas interesantes, defiende que la mejor posibilidad de revitalizar las culturas ibéricas, de regenerar la hispanidad, de crear un foro de letras internacional es la independencia de Cataluña, pues se multiplicaría el potencial atractivo de todo lo ibérico54. Lo ibérico. Algo así como si el regeneracionismo y las aspiraciones del 98 fueran a hacerse realidad con una Cataluña independiente. Puede resultar algo extraño que de la separación de aquella pueda surgir una mayor unidad ibérica de la hispanidad pero, en el fondo, es el tema sempiterno del nacionalismo catalán, es el mismo punto de vista del clérigo Torras i Bages cuando decía a fines del siglo XIX que al combatir el unitarismo “treballem per la unió vertadera, qualitat mes espiritual que física de la qual l’unitarisme es solament una ficció externa”55.

A estas alturas de este libro, cuando ya se ha pasado mejor o peor revista a los argumentos en favor y en contra del derecho de autodeterminación de los catalanes, tratando de hacerles justicia, quizá quepa exponer el criterio del autor con respecto a esta última opción de la independencia.

Como nacionalista español que defiende el derecho a decidir de los catalanes, al autor no le gustaría la independencia de Cataluña. Pero no encuentra razones válidas para oponerse si tal es la voluntad mayoritaria de los catalanes. Ni siquiera la cínica de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer porque eso no es algo evidente por sí mismo. En todo caso, de producirse aquella, no es cuestión de responder con el despecho, el rencor o la venganza. Ni tampoco de incurrir en el acostumbrado intercambio de recriminaciones entre las dos Españas, o de lo que va quedando de las dos Españas, ni de invectivas mutuas que, de sobra lo sabemos, no sirven de nada y nos han traído hasta donde nos encontramos hoy.

Sin duda la independencia de Cataluña sería un aldabonazo en la conciencia del nacionalismo español, una ruptura tremenda de consecuencias impredecibles. Porque si bien, dadas las circunstancias españolas, europeas y mundiales, la secesión no plantearía problemas irresolubles de carácter económico, político o jurídico, es indudable que tendría un enorme impacto espiritual en la autoconciencia de los españoles, en su imaginario colectivo. En su idea de nación. Igualmente entre los catalanes, pero de distinto signo ya que estos habrán ganado algo, un Estado, que no es cosa menuda. Los españoles, en cambio, habrán añadido a su secular historia de desgajamientos uno más y especialmente significativo. Decía Menéndez Pelayo, fervoroso defensor del regionalismo catalán, que el unitarismo sería “la unidad de la muerte”56. También era fervoroso enemigo del nacionalismo catalán porque intuía que la secesión sería igualmente la muerte por desunión. Se oyen los ecos del discurso sobre las naciones moribundas.

Quizá sea este el mejor efecto de la independencia de Cataluña. Una tremenda sacudida a la nación española que obligue a esta, por fin, a reaccionar, a demostrar que no está muerta, a reconstruirse como nación, sobre una base nueva. Eso quiere decir, obligar al nacionalismo español a dejar de engañarse a sí mismo. España quizá fue una gran nación. Pero hace siglos que dejó de serlo. En términos estrictamente militares, desde la pérdida de Gibraltar. Un Estado incapaz de reconquistar un trozo de su propio territorio de enorme valor estratégico es cualquier cosa menos una gran nación. Ese Peñón bajo dominio extranjero con el que se han acostumbrado a convivir los españoles quienes solamente lo sacan a relucir para escenificaciones patrióticas de consumo interno, explica muchas cosas de la historia del país. Desde Gibraltar directamente y Portugal indirectamente, Inglaterra ha controlado a España y ha jugado con ella en sus enfrentamientos con Francia. La guerra de independencia, además de ser la partera de la nación, según un sector del nacionalismo español, fue el terreno en el que los ingleses y franceses libraron lo que los primeros llaman, ya lo dijimos, la “guerra de la Península” (Peninsular War). Esta empezó cuando Napoleón decidió invadir Portugal para obligarlo a sumarse al bloqueo a Inglaterra. Así que en aquel momento se iniciaron dos guerras en paralelo, la de los países y sus ejércitos, Inglaterra, Portugal y España contra Francia y la de los guerrilleros españoles.

Se da entonces el nacimiento de la nación española, pero esta arrastra una subsistencia errática y sobresaltada, más objeto que sujeto de las relaciones internacionales y sistemáticamente incapaz de adaptar el Estado a las necesidades de las naciones que la habitan. Entendiendo el término naciones tanto en el orden territorial como en el de clases que se citaba al comienzo de la obra en el ejemplo de las dos naciones de Disraeli, la de los ricos y la de los pobres. Conjuntamente con los sobresaltos territoriales se han dado los dinásticos, los sociales, los de clase, a veces con extraordinaria virulencia. Tan sobresaltada es la existencia de esta nación española que uno de los argumentos más frecuentes en boca de quienes defienden la Transición y el sistema político que está engendró es el de la estabilidad. La Constitución de 1978 es la más duradera en la historia constitucional exceptuada la de 1876. Esta celebración trae a la memoria la propaganda ya citada de Franco que vendió las bodas de plata de su dictadura como XXV Años de Paz.

La estabilidad de hoy, en cuyo haber se cuenta el fin del terrorismo de ETA, viene acompañada, sin embargo, por una crisis constitucional profunda, con la orientación independentista del nacionalismo catalán, detrás del cual probablemente vaya el vasco. Este conflicto específico provoca respuestas que, a su vez, amplían la crisis constitucional desde el momento en que pugnan por una reforma de la Constitución, como en el caso del PSOE o, incluso, un proyecto constituyente, según reclaman otras fuerzas izquierdistas. Considerar estable un sistema cuya integridad territorial es cuestionada y su estructura constitucional solicitada de modificación no es una conclusión razonable. Sí lo es si esa presunción de estabilidad procede de la visión unilateral del nacionalcatolicismo que, tras haberse opuesto originariamente a la Constitución y haberla vaciado luego de contenido, ahora la utiliza como un escudo protector, el paladio del orden mal constituido.

Esa ha sido la maldición de la nación española, que se ha impuesto como una idea de esta fabricada por una clase dominante de oligarcas de la tierra, la industria y el capital, apoyada en el ejército e identificada con el clero católico. La nación del nacionalcatolicismo, incapaz de integrar la versión liberal, laica, progresista, dedicado por el contrario, a condenarla y perseguirla como anti-española. Ya hemos repasado que, según notorios miembros de la derecha gobernante en España, clérigos prominentes y empresarios de renombre, España es a día de hoy católica, taurina, monárquica y única.

España sin Cataluña tendrá no solamente que aprender a convivir en relaciones de buena vecindad con otro país, sino que deberá entenderse de nuevo a sí misma, reinterpretarse y justificarse. Y hacerlo de buena fe, con diálogo y respeto al adversario, con talante democrático, admitiendo que nadie está en posesión de la verdad absoluta y menos que nadie quienes dicen estarlo. Para ello hay una condición imprescindible y es que la derecha tradicionalmente dominante la oligarquía nacionalcatólica y sus ayudantes en todos los pliegues de nuestra sociedad admita que España no tiene por qué ser católica, ni taurina, ni monárquica ni única, sino que puede ser laica, respetuosa con los animales, republicana y plural y ser España. No la Anti-España.

O los ortodoxos/nacionales/tradicionalistas/nacionalcatólicos reconocen que los heterodoxos son tan españoles como ellos y sin necesidad de salir a alquilarlos en Europa, como especulaba Ganivet57 o aquí no hay nada que hacer. Seguirá el proceso de desmigajamiento de lo que un día fueron las Españas y finalmente puede quedar reducido a Castilla, “que faze a los hommes e los gasta”.

52 Cambó, 1930: 126.

53 Sánchez Costa, 2014.

54 Bosch, 2014: 80.

55 Torras I Bages, 1981: 62.

56 Sotelo Vázquez, 2014: 93.

57 Ganivet, 1897: 27.

IX. España ¿un Estado fallido?

“¡Oh flor de la andante caballería!

¡Oh luz resplandeciente de las armas!

¡Oh honor y espejo de la nación española!

(Cervantes, El Quijote)

La dominación de la derecha nacionalcatólica, ha acabado produciendo hace ya muchos años un Estado fallido. El concepto no es sencillo de manejar pues se presta a diversas interpretaciones. Para una reconocida estudiosa del asunto, un Estado fallido “es aquel en el que el aparato del Estado no puede cumplir las funciones propias y esenciales del Estado ya sea por incapacidad o por falta de la voluntad necesaria para ello por parte de las autoridades públicas. Los Estados frágiles no garantizarían ni la seguridad, ni los derechos, ni en general el acceso a los bienes políticos más fundamentales para la mayoría de los ciudadanos”1. Y aun más en concreto, se da un Estado fallido cuando este ya no puede cumplir la función “extractiva” o tributaria, es decir, no puede recaudar recursos y, sobre todo, cuando no puede cumplir su función reguladora/protectora, cuando el Estado no tiene “la capacidad necesaria para establecer normas, para imponer sanciones en los casos de desviación de las normas y para asegurar la ejecución de unas y otras2.

Las convenciones dominantes en las disciplinas académicas suelen limitarse a atribuir esta condición a algunos de los países más pobres, los menos desarrollados del mundo. Pero una concepción crítica de la política tendrá que incluir igualmente a aquellos países reducidos a esta condición merced a una política neoliberal deliberada de descapitalización de lo público, saqueo del erario, desmantelamiento del Estado del bienestar, reducción de impuestos, privatizaciones a mansalva y empobrecimiento del Estado, capturado por organizaciones privadas que bordean lo delictivo si no están inmersas en ello con ayuda de los partidos políticos. La consecuencia evidente es un crisis fiscal, una quiebra del Estado, provocada por políticas económicas ideológicas, propias de un estadio de agudización de la lucha de clases.

El think tank estadounidense Fund for Peace y la revista Foreign Policy han elaborado un índice de Estados fallidos3 en el mundo compuesto de doce indicadores agrupados en tres categorías: social/demográfica, económica y política que, para 2013, mostraba que, de los 16 países considerados en estado crítico o cercanos al fallido, once se encontraban en el África subsahariana (Somalia, República Democrática del Congo, Sudán, Sudán meridional, Chad, República Centroafricana, Zimbabúe, Costa de Marfil, Guinea, Guinea-Bissau y Nigeria), cuatro en Asia (Afganistán, Irak, Yemen, Paquistán) y uno en AméricaLatina, (Haití). Lo que este índice mide es el grado de estabilidad institucional de los países y poca gente negará que los casos mencionados apuntan a ejemplos extremos de inestabilidad. El problema aparece en los intervalos que los indicadores deben recorrer. Junto a los casos críticos o en peligro citados, el resto de los países analizados, se incluye en los grupos de “en el límite”, “moderados”, “estables” y “muy estables”. Entre los catorce países estables y muy estables se cuentan los nórdicos, Suiza, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Islandia, Irlanda, Australia, el Canadá, los Países Bajos, Austria y Alemania. No obstante, al tratarse de valoraciones objetivadas de percepciones y según la importancia que se dé a los indicadores, cabe considerar que países reputados “moderadamente estables”, como los Estados Unidos sean Estados fallidos. Tal es el criterio de Noam Chomsky. Según este, aunque los EEUU tengan un compromiso oficial de difundir la democracia por el mundo desde los tiempos de Wilson, no solamente no lo han hecho sino que su política exterior está orientada a derribar democracias y sostener regímenes antidemocráticos4, por no hablar del caso de Israel y Palestina5. Eso en cuanto al exterior, en donde los EEUU son prácticamente el primero de los “Estados matones” (rogue States) del planeta. En cuanto al interior, los EE.UU no garantizan los derechos de sus ciudadanos por incapacidad o falta de propósito puesto que tienen un considerable déficit democrático, agravado por la subversión de la democracia que ha traído el neoliberalismo desde los años sesenta6 y mucho menos atienden a sus necesidades educativas o sanitarias7.

Obviamente, si cabe hablar de los Estados Unidos —generalmente presentados como ejemplo de éxito en las construcción estatal— como un Estado fallido, con mayor razón de otros menos estables, singularmente España, que ocupa el lugar 28 en la escala y aparece clasificada en el poco confortable tramo de moderadamente inestable.

¿Cuál puede ser la razón del “fallo” español?

Resumiendo juicios y opiniones de otros estudiosos (Linz, Corcuera Atienza y Borja de Riquer) Núñez Seixas sostiene que las raíces de la debilidad del sentimiento de una nación política identificada con el Estado en España estaban en las insuficiencias de las políticas públicas puestas en práctica por el Estado liberal entre 1833 y 1876, básicamente cuatro: a) el bajo grado de desarrollo industrial; b) la territorialización de las divisiones políticas internas; c) las insuficiencias modernizadoras del Estado liberal; d) la falta de un enemigo exterior claramente identificable a lo largo del siglo XIX. A su vez, las mentadas “insuficiencias modernizadoras del Estado liberal” cristalizaban en cuatro deficiencias: 1ª) un sistema político oligárquico y caciquil; 2ª) un sistema educativo escasamente dotado; 3ª) un ejército clasista; 4ª) una incompleta unificación simbólica del Estado nacional8. Mutatis mutandis, tal viene siendo la situación del país actualmente si se añade la posición predominante de la Iglesia católica.

Los indicadores de Fund for Peace, tienen notable fuerza explicativa, en concreto en un Estado incapaz de mantener una realidad territorial compleja pero integrada porque las fuerzas centrífugas de todo tipo prevalecen sobre las centrípetas, la erosión de la legitimidad del Estado y la incapacidad de este de suministrar servicios básicos a la población9. Si un Estado solo es capaz de garantizar su integridad física sobre la base de la represión de las tendencias disgregadoras es un Estado fallido. El enfrentamiento permanente entre las dos Españas, las guerras civiles del siglo XIX y las dictaduras y guerra civil del XX, todo ese desarrollo tan peculiar hace que plantearse si cabe considerar como “Estado fallido” uno que se encuentra en decadencia hace más de 350 años parezca una cuestión bizantina.

Suponer fracasado o fallido el Estado español después de siglos de conflictos y revisiones de la planta territorial tampoco parece tan precipitado. Este juicio admite matices. Habrá quien sostenga que en nada empece la gloria de la nación el hecho de que esta haya de imponerse por la fuerza sobre poblaciones de sentimiento nacional distinto. Pero algo así no puede defenderse racionalmente por cuanto no hay ningún nacionalismo intrínsecamente superior a otro ni razones para obstaculizar la realización de una conciencia nacional. Suele decirse que la vida de las naciones es larga y en ella se dan altibajos, momentos de luchas intestinas, actos quizá de secesión por unas u otras partes pero que las aguas vuelven a sus cauces pasados los momentos de turbulencia si se ha aplicado con suficiente contundencia una política represiva. Puede ser, pero este razonamiento tampoco es admisible si se recuerda que estos conflictos y amagos de secesión se repiten continuamente, que se trata de un independentismo contumaz, irreductible, lo que prueba por enésima vez la imposibilidad de imponerse por la fuerza a las conciencias de las gentes

De igual modo puede aducirse aquí el weberiano criterio de la legitimidad que es, precisamente, uno de los indicadores de Fund for Peace, el grado de legitimidad de las instituciones del gobierno central. Cuando esta es cuestionada desde otros lugares del territorio que pugnan por escapar a su control y solo puede afirmarse mediante el recurso a la amenaza de violencia, la legitimidad es problemática y el Estado, fallido, pues no ha conseguido suscitar el mínimo de lealtad entre sus partes componentes. Un recurso a la violencia que no por haber sido reiterado en la historia resulta más admisible. Dice el periodista Carlos Carnicero:

“Los estados fallidos no se perciben, en ocasiones, solo porque se consideran tan inaceptables sus esencias que se piensa que se materializarán. El sentimiento de pertenencia a un Estado no se puede inyectar desde el Boletín Oficial del Estado. En los parámetros políticos de la nueva geoestrategia, de la globalización y de los ejes de hegemonía política actuales no hay mucho sitio para un Estado en el que ni siquiera sus habitantes están entusiasmados con su pertenencia. Navegar en las aguas turbulentas del siglo XXI exige un estado fuerte, profundamente democrático y con unidad en el anhelo de sus ciudadanos” (cursivas, del autor)10.

Por no hablar del hecho de que, a pesar de su inmensa maquinaria de propaganda, el Estado central se ha mostrado incapaz de garantizar servicios básicos a la población en materia de trabajo, educación, sanidad o clases pasivas. Corresponde aquí una última consideración sobre la crisis económico-financiera que viene azotando Europa desde 2008 y el comportamiento del Estado español frente a ella. Se trata de una crisis sistémica que afecta al modo de producción en su conjunto y de la que no cabe escapar con medidas coyunturales o meramente cosméticas. Se recordará cómo, y aunque luego no hicieran nada cual suele suceder, algunos de los principales dirigentes mundiales hablaron de la necesidad de refundar el capitalismo en los primero momentos. “Ya no puede haber un solo país que explique a los otros: pagad una deuda que es nuestra; ya no puede haber un solo modelo”, decía en 2009 el presidente Sarkozy poco antes de una de esas cumbres que se convocan periódicamente más que nada como pura operación de imagen.

En estas circunstancias, en un momento decisivo para la reproducción del sistema capitalista y la estabilidad de varios Estados europeos, singularmente el español, es interesante detenerse sobre las medidas que este adoptó para hacer frente a la crisis. El resultado es descorazonador. Las turbulencias comenzaron durante la segunda legislatura del PSOE, siendo presidente del gobierno Rodríguez Zapatero quien, con una inconsciencia y una irresponsabilidad lamentables, comenzó por negar la existencia de la crisis y, constituyendo un ejemplo que su sucesor elevaría luego a la categoría de absurdo, se negó incluso a emplear la palabra en público, utilizando todo género de circunloquios que solo ponían de manifiesto lo ridículo de su posición. Luego de resistirse a reconocer la realidad y de continuar aplicando políticas expansionistas keynesianas sin fundamento alguno y por puro afán de propaganda, el mismo personaje se vio confrontado un buen día con las realidad de las cosas, cuya gravedad, probablemente, exageraban quienes se la mostraban, quizá con el mismo ánimo con que se asusta a la gente pusilánime para que se avenga a la obediencia. Falto de respuestas, de argumentos, de convicciones ideológicas, falto de ideas e iniciativas, Zapatero dio un giro de 180º y, sin más discusión, abrazó el núcleo de las políticas de sus adversarios neoliberales y perpetró, en alianza con el PP, una especie de “golpe de Estado del bienestar”, al aprobar casi en secreto y por la vía del trágala basada en su aplastante común mayoría parlamentaria, la reforma del artículo 135 de la Constitución que pone sin ambages el bienestar de España al servicio del pago de la deuda.

Tres consecuencias de distinto rango tuvo esa desastrosa decisión:

En primer término, dejó en claro que el PSOE, como el conjunto de la socialdemocracia, solo disponía de un discurso huero, imposible de diferenciar del neoliberal que, en los momentos de dificultad se adhería a este y dejaba en la estacada a sus propios votantes. La cosa venía de lejos, de los tiempos de las llamadas terceras vías o nuevos centros con las que Tony Blair y Gerhard Schröder aseguraron dar respuesta a la hegemonía neoliberal de los años noventa. En síntesis la idea era la de un punto equidistante no entre el capitalismo y el comunismo, como había sido la socialdemocracia, sino entre esta y el capitalismo. Se trataba de un corrimiento del centro a la derecha y un consiguiente vacío teórico. Solo así puede explicarse la temeraria afirmación de Zapatero de que “bajar impuestos es de izquierdas”11, remachada diez años después, sin duda con la mejor intención, por uno de sus antiguos ministros, Jesús Caldera al decir que “bajar los impuestos sigue siendo de izquierdas”12. Cosa que, dicha así, en abstracto, no es verdad por cuanto la izquierda tendrá que especificar a quiénes se bajan los impuestos, a quiénes se suben y con qué finalidad.

En segundo lugar, que la Constitución no solamente no era intocable sino que podía retorcerse y desnaturalizarse de la noche a la mañana con solos los votos mayoritarios de los dos partidos dinásticos. Porque el artículo 135 reformado, en el fondo, deja sin efecto todo el espíritu reformista y socialdemócrata que transpira el resto del articulado, especialmente el Título VII, actuando a este respecto como una especie de autoderogación implícita, ya que cercena la posibilidad de financiación del Estado social y democrático de derecho que ella misma, orgullosa, propugna. El asunto tiene ante todo una importancia simbólica, pero esta no es menuda y en ella es precisamente en donde va a mirarse la talla del gobernante. Ante la presión europea, especialmente la alemana, para garantizarse mediante reforma constitucional la voluntad política española de atender a sus compromisos del pago de la deuda, Zapatero giró y aceptó la reforma de la Constitución en los términos expuestos, abriendo así, muy contra su voluntad, una vía de agua en el acorazado de la intangibilidad de hecho de la Constitución que, hasta la fecha, solo se había reformado una vez, en 1992, con voto unánime del Congreso para dar derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales a los ciudadanos comunitarios. Es posible que los alemanes hubieran pasado por encima de cualquier objeción u argumento. Pero, cuando menos, debió esgrimirse alguno. Y no se hizo. Sin embargo estaba claro que hubiera sido acertado advertir a los alemanes de que las consecuencias políticas de una reforma de la Constitución son muy distintas en España y en Alemania. En Alemania la Constitución es fácilmente reformable y así se ha hecho casi sesenta veces desde 1949. Nada de extraño que en la República Federal no se perciba el significado que tiene la reforma constitucional en España. Era misión del presidente del gobierno hacer valer esta circunstancia para conseguir un trato menos vejatorio de la Unión Europea bajo influencia germana. ¿Cabe, por cierto, llamar “gran nación” a una que se ve obligada a reformar su Constitución en un asunto estratégico por presiones exteriores?

En tercer lugar propició que la derecha ganara las elecciones siguientes —que, en un último gesto de debilidad, Zapatero adelantó— con una mayoría abrumadora que supo utilizar sin escrúpulos. En buena lid, con juego limpio, ese resultado no hubiera debido producirse, al menos con la contundencia con que lo hizo, por cuanto el PP basó su campaña en una táctica sumamente agresiva hacia el gobierno socialista, al que acusó y hostigó, negándole todo tipo de colaboración institucional que las circunstancias exigían y él mismo reclamaría luego ya instalado en el poder, si bien solo pro forma pues no estaba dispuesto a hacer concesión alguna. Tampoco hubiera debido producirse porque la derecha se valió de juego sucio para imponerlo, empezando por encadenar promesas electorales que sabía de sobra que no cumpliría, es decir, mintiendo, y aprovechándose del temor de amplios sectores sociales al impacto que pudiera tener la crisis en sus vidas.

Pero el resultado electoral se produjo y, a partir de noviembre de 2011, el PP tuvo una sólida mayoría parlamentaria para poner en marcha su proyecto en unas condiciones óptimas a diferencia del PSOE en las dos legislaturas anteriores. La acción del PP en el gobierno puede analizarse en cuatro puntos que muestran la vigencia de la tradición española aquí analizada de gobiernos incompetentes, caciquiles, reaccionarios y nacionalcatólicos. Suelen los nacionalistas españoles afear a los catalanes su carácter trasnochado, su empeño en revivir una ideología caduca propia del siglo XIX. Y lo hacen desde un sistema político de turnismo bipartidista basado en la corrupción de las instituciones, el vaciamiento de la democracia y la desnaturalización del sufragio. Un sistema similar al de la primera restauración borbónica. Los cuatro puntos son la corrupción, el programa ideológico reaccionario, el monopolio de los medios y la ruptura del país:

1. La corrupción. Coincidente con el triunfo electoral de la derecha se conoció públicamente el escándalo del caso Bárcenas cuyos pormenores, investigados por la justicia, prueban que el PP no es propiamente un partido político sino antes bien, una asociación de delincuentes, según presume algún juez13. El presidente del gobierno, sospechoso y acusado de haber cobrado durante veinte años sobresueldos de origen cuestionable, amparó, como presidente del partido, la extensión de esta corruptela a algunos de sus más altos cargos, de donde se sigue que, para estos, la militancia en el PP es sumamente lucrativa, una actividad profesional muy bien remunerada, a costa de la financiación ilegal del partido. No siendo delito esta irregularidad, los dirigentes de la derecha argumentaron en un primer momento que la percepción de sobresueldos era equivalente a los complementos de productividad en cualquier empresa y que todo el problema sería si se declaraban o no a la Hacienda pública.

Pero poco a poco fue calando en su espíritu que, aun sin ser delito, el cobro de sobresueldos, en especial de origen dudoso, es una inmoralidad y que, en tiempos de crisis, con un discurso de sacrificios y recortes, es muy difícil justificar el comportamiento de unos políticos, sin otro oficio a veces que su carrera en el partido, cobrando pingües cantidades como pluses de empresa. Sobre todo porque ello obliga a comportamientos tan falsos e hipócritas que convierten la vida política en un patio de Monipodio. Es célebre el momento en que, en 2007, preguntado por su salario, Rajoy mintió a la baja y dio un toque melodramático a su mentira: “Miro mi cuenta a fin de mes, tengo los problemas que tienen todos los ciudadanos”14. Pero siguió sin revelar la cuantía. Esa información está oculta15. A raíz del escándalo del caso Bárcenas, La Moncloa se vio obligada a hacer públicas las declaraciones de la renta del presidente entre 2007 y 2011, de las que se sigue que, en efecto, en estos años, sus ingresos rondaban los 200.000 euros, nada que obligara a “mirar las cuentas a fin de mes” si no era para regodearse en verlas crecer y de los que casi dos tercios provenían del partido en forma de sueldos y sobresueldos16. Igual que sucedía con sus más íntimos colaboradores, casi todos ellos perceptores de sobresueldos de origen dudoso17. El presidente volvió a mentir unos años después en sede parlamentaria, asegurando que en su partido no había “caja B”18, siendo así que el juez de instrucción la daba ya por probada. Esa mentira era la más grave por la naturaleza del lugar en que se profería pero no la única, ni mucho menos. La mentira es la forma de comunicación ordinaria del gobierno de la derecha que, con su comportamiento cerrado, altanero, represivo y su negativa a dar explicaciones ni dimitir, escenifica el ejemplo clásico, de una democracia recortada y autoritaria.

Aparte de los sobresueldos, de quienes han estado haciendo caja de modo directo, hay docenas de cargos de la derecha, diputados, concejales, alcaldes, consejeros de gobiernos autonómicos, presidentes de Comunidades, imputados, procesados o condenados por las más diversas y continuadas prácticas corruptas. El caso más espectacular es el llamado Gürtel, una red de saqueo de las arcas públicas que estuvo funcionando durante años en muchas partes del país pero especialmente en Valencia y Madrid tejida entre empresarios y cargos públicos corruptos, funcionarios venales y delincuentes; un caso que afecta estructuralmente al PP porque, además de enriquecer a militantes concretos, allegados y deudos, servía para financiar ilegalmente el partido que ganó un puñado de elecciones de todo tipo recurriendo a prácticas fraudulentas. Además de la Gürtel, una multiplicidad de casos de expolio y saqueo caciquiles durante años en diversas autonomías, singularmente Cataluña, y Andalucía, por incluir dos de ellas no gobernadas por el PP.

La sombra de la corrupción afecta también a la Casa Real a través del inenarrable episodio del yerno del Rey, un jugador de balonmano convertido en Duque de Palma de Mallorca, el lugar en donde veraneaba la Real Familia. Pero no solo a él. El New York Times, en un elaborado reportaje que trae su origen de una noticia de la revista Forbes, calcula que el padre del Rey, Juan Carlos I, posee una fortuna de unos 2.200 millones de dólares, de cuyo origen, caso de ser cierta, la Casa Real no ha dado explicación alguna19. Es del dominio común que, en el momento de acceder al trono, el delfín de Franco no tenía medios de fortuna y vivía a costa de su mentor. De dónde puedan haber salido 2.200 millones, si son ciertos, es algo que interesa o debiera interesar a los españoles. Pero los políticos de los dos partidos dinásticos y los medios de comunicación casi al unísono cierran filas en torno al Rey abdicado y, en definitiva, en torno a la Monarquía. La forma de consolidarla es pasar en silencio por los presuntos desafueros del anterior Borbón.

El país entero aparece rebosante de corrupción gracias a una clase política gobernante, en la que se integra también, aunque en menor medida, la oposición, cuya corrupción también es a lo grande, no teniendo el caso de los EREs en Andalucía y el de Pujol en Cataluña menor repercusión que el de Gürtel en el resto de España. Es una clase política que, como siempre, vive del Estado, de poner a su servicio las instancias públicas y hasta de privatizarlas para entregarlas en manos de los amigos en claro ejemplo de crony capitalism, cuando no de ellos mismos, en diferido, pues no es infrecuente que políticos responsables de haber privatizado empresas, se sienten luego en sus consejos de administración, al pasar a la vida “civil”, tanto conservadores como socialdemócratas. Una clase política que pone el Estado al servicio de la banca y de las empresas, las cuales lo han capturado a fin de hacer realidad su programa económico social, consistente en socializar sus pérdidas y privatizar sus beneficios, incluidos los que hayan obtenido mediante aportaciones de rescate de dineros públicos. Es una realización práctica del famoso dicho de Marx en el Manifiesto del Partido Comunista: “El Estado moderno no es más que el consejo de administración del conjunto de la burguesía”20.

El movimiento/partido Podemos califica a esta clase de casta, un término que popularizaron dos periodistas italianos para hablar de la italiana21. Al año siguiente lo recogía otro periodista español que publicaba un documentado libro sobre la casta española22. Es concepto pegadizo y de impacto mediático, pero no será ocioso compararlo con el más consagrado de clase, hoy menos vigente, sobre el que, no obstante, siguen haciéndose aportaciones muy valiosas23. Sin olvidar que el acuñado por Gaetano Mosca de “clase política” no llegó a imponerse. “Casta” aporta una innovación aparente con una evidente connotación negativa, aunque el término es ambiguo ya que también suele emplearse con connotación positiva; por ejemplo, cuando se dice que “de casta le viene al galgo”. En realidad, es concepto más antiguo que el de clase ya que en su estela se articula la sociedad brahmánica tradicional en la India, intensamente desigual. “Casta” tiene asimismo un empleo religioso y, tratándose de España, nacional. Según Américo Castro, casta son los españoles por razón de su religión, cristianos, moros y judíos. Hasta que finalmente la monopolizaron los cristianos, convertidos en “castellanos viejos” Esa casta dio lo castizo y se identificó con Castilla, la Castilla en la que las generaciones del 98 y el 14 vieron la esencia de España. El casticismo unamuniano.

Probablemente el concepto manejado en Podemos esté más en relación con el poco afortunado de Mosca, la vieja “clase política”. No es asunto disparatado. Uno de los criterios del análisis de clase, el más extendido, vincula esta con el lugar que se ocupa en el proceso productivo o más concretamente, con el lugar de trabajo. Esa ubicación laboral, para los políticos, son las instituciones, el Parlamento, el Senado, las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, los gobiernos de distintos niveles, los ayuntamientos y la miriada de entes, organismos, instituciones, tribunales, consejos, fundaciones que dependen de todos ellos. Quien dice políticos dice asimismo cargos de confianza, asesores, intelectuales, expertos, comunicadores y periodistas afines a su línea política. Una clase o una tribu, una colectividad con conciencia de tal. Hay menos distancia entre dos diputados de partidos distintos que entre los correspondientes militantes de esos partidos.

Tanto da clase como casta. Nos limitamos a formular una simple pregunta: ¿no llamaríamos hoy casta a la vieja, sempiterna oligarquía caciquil de incompetentes que ha desgobernado España desde tiempo inmemorial, la que la ha conducido de fracaso en fracaso? La oligarquía que lleva siglos saqueando el país. La “clase política” española actual, muy bien descrita por César Molinas como una “élite extractiva”24, ha cumplido la función que la historia le tiene asignada, hasta el punto de que, según el mismo autor, solamente un nuevo Plan Marshall en educación, investigación, innovación y emprendimiento puede salvar al país del desastre25. Es ella la que impide su resurgimiento del que, sin embargo, se pasa el día hablando a base de consignas de propaganda. La “gran nación” invocada, como siempre, por corruptos, caciques y curas que la entienden como su predio particular, que la han mantenido en la ruina durante siglos y a la que tienen ahora en situación de fallido.

La corrupción extendida es una característica de la España contemporánea, exacerbada con el gobierno de la derecha. Puede verse comprobando cómo se trata del segundo problema del país en la percepción de la gente, solo por detrás del paro, según se aprecia en los barómetros del CIS. En el correspondiente a noviembre de 2014, a la pregunta con multirrespuesta (máximo tres respuestas) sobre cuál sea el principal problema que hay en España, un 77% de ciudadanos respondía que el paro, un 63,8% que la corrupción y el fraude, un 25,5% que los problemas de índole económica y un 23,3% que los políticos en general, los partidos y la política26, lo que viene a ser otra forma de referirse al mismo problema.

Como puede verse en el gráfico 5, la percepción de corrupción y la consiguiente preocupación se han disparado desde que la derecha alcanzó el poder en noviembre de 2011, habiéndose septuplicado holgadamente, desde el 5,4% en que la dejó Rodríguez Zapatero hasta el 38,8% en que estaba en el referido barómetro de junio de 2014, la única magnitud que ha crecido en los años de gobierno de la derecha que han visto una proliferación abrumadora de actividades delictivas, cercanas al delito o claramente inmorales entre gobernantes y cargos públicos de todos los niveles de la administración.

Esa aguda conciencia de corrupción proviene en gran medida del comportamiento del gobierno, carente de autoridad moral y de legitimidad a la hora de imponer sacrificios económicos a la población, muchas veces por sectarismo ideológico y de los que sus componentes y compañeros de partido se libran. Esta oligarquía autoritaria, nacionalcatólica y ahora conversa neoliberal, no cree que el Estado y su gobierno deban ser ejemplos de atención al bien común, sino solamente a los intereses de su propia reproducción y el mantenimiento de sus privilegios. Y no da un ardite por las formas democráticas y/o propias del Estado de derecho, que exigen ejemplaridad en los gobernantes. Todo lo que necesita es el BOE, una policía eficaz y, llegado el caso, un ejército que sepa defender la Patria. Es decir, el predio.

Hay una notable coincidencia de intereses entre los políticos cum imperio, esto es, con cargos públicos y los sine imperio, es decir, en la oposición, pero que aspiran a ocupar cargos a su vez. El generoso régimen retributivo de los representantes que fijan ellos a su libre y dispendioso albedrío, escandalosamente por encima de los salarios medios del país y la multiplicidad de privilegios, suplementos, complementos, subvenciones, gastos de representación de que disfrutan, convierte a esta clase política en un grupo profesionalizado y cerrado en sí mismo, a gran distancia de la gente a la que dice representar, a la que sin embargo ignora, pero de cuyos impuestos vive. En el fondo, esos índices de preocupación con la corrupción en España debieran ser mucho más altos y, si no lo son, probablemente se deberá al fatalismo tradicional de los españoles, acostumbrados a ser gobernados por personajes incompetentes, caciques y corruptos que nunca creen que deban dar explicaciones de sus actos ni aceptar sus responsabilidades.

Siempre que se trata la cuestión de la corrupción y se mencionan los casos concretos es seguro que alguien sacará a relucir el chocolate del loro y señalará la necesidad de no perderse en minucias que sirven para el populismo y la demagogia y no para aportar soluciones reales. Suelen proponer grandes planes de regeneración, ambiciosos proyectos legislativos, códigos de buenas prácticas, pactos y compromisos de Estado para acabar de una vez por todas con esta lacra. El gobierno conservador puede haber anunciado media docena de estos grandiosos programas de regeneración democrática y transparencia sin miedo alguno a que la opinión pública los tome a chirigota viendo cómo son los mismos amparadores y beneficiarios de la corrupción quienes proponen medidas de purificación. Y no les da miedo porque dan por descontado que esa misma opinión se tomará a beneficio de inventario estos propósitos. Cualquiera puede ver que, si se quiere acabar con la corrupción de verdad, no es necesario acumular leyes, sino que basta con rendir cuentas minuciosas de los propios actos y aceptar la responsabilidad por los comportamientos ilegales o inmorales de los gobernantes. Bastaría con que el presidente del gobierno dimitiera por haber cobrado sobresueldos injustificables o con que el padre del Rey aclarara qué hay de verdad en el citado informe del New York Times acerca de su supuesto fortuna en el extranjero. Mientras estas cosas no sucedan las leyes de transparencia seguirán sin servir para nada.

2. El programa ideológico reaccionario. Habiéndose desecho de su adversario socialista con juego sucio y mentiras y negando toda oferta de colaboración de aquel por considerarse única legitimada para imponer sus soluciones, la derecha ni siquiera consideró los intentos de articular políticas suprapartidistas —con el consenso, cuando menos, de la oposición mayoritaria— como exigía la gravedad de la situación provocada por la crisis, especialmente virulenta en España. Por ello aplicó su programa máximo, el que había ocultado durante las elecciones, en dos campos esenciales: a) sus principios ideológicos excluyentes; b) su objetivo de desmantelar el Estado del bienestar.

Los principios ideológicos cuidaron del retorno del nacionalcatolicismo en todos los órdenes de la vida social pero, especialmente, en los tres que son de importancia fundamental para la Iglesia: la educación, la moral sexual mediante la legislación en contra del aborto, y los privilegios económicos del clero para el que no ha habido crisis alguna27. Es decir, afianzamiento del nacionalcatolicismo.

En educación, las reformas del ministro Wert han sido muy celebradas por la Iglesia. De un lado, se ha suprimido la asignatura “Educación para la ciudadanía”, que pretendía fomentar en los escolares espíritu crítico y de aceptación de la tolerancia, respeto a los derechos humanos y valores constitucionales. El pretexto fue que se trataba de una disciplina “ideológica”. En su lugar se imparte ahora religión católica voluntaria, bien es cierto, pero evaluable lo que, en verdad, la convierte en obligatoria en el habitual estilo ladino, esquinado e hipócrita del nacionalcatolicismo del que este ministro es punta de lanza.

En cuanto a los asuntos de moral sexual, la derecha en obediencia a los deseos de la Iglesia, había ya presentado en 2005 un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de matrimonio homosexual aprobada en el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, (Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio), ley que el Tribunal Constitucional mantuvo por sentencia de 201228, siendo España en 2005 el cuarto país del mundo en implantar una norma tan avanzada. Al no poder dar marcha atrás en un asunto que tanto le importaba, la Iglesia decidió concentrar su ataque en otra norma que para ella es asunto sin compromiso posible: el derecho de las mujeres al aborto que también el gobierno de Zapatero había protegido mediante una ley de plazos para que las personas directamente interesadas pudieran decidir libremente. El ministro de justicia, Ruiz Gallardón, elaboró un proyecto de ley que, además de privar a las mujeres del derecho a decidir sobre sus propias vidas, las trataba como menores de edad y lo defendió en sede parlamentaria con un insólito alarde de hipocresía, utilizando para ello conceptos emancipadores propios de la tradición de la izquierda29. Fue tan reaccionario y desaforado el ataque a los derechos de las mujeres que el propio gobierno nacionalcatólico se resistió a tramitar el proyecto en sede parlamentaria.

Por último, el asunto que más importa a la Iglesia, esto es, el de sus ingresos. El gobierno nacionalcatólico, siguiendo el ejemplo del socialista anterior, quien incrementó la asignación al culto y clero en la declaración del IRPF del 0,5239% al 0,7%, acudió en pronto auxilio de sus pastores sin escatimar gastos. Ya se ha dicho que los recortes causados por la crisis no afectaron al cuerpo místico. Como quiera, sin embargo, que, a pesar de la propaganda eclesiástica, la cantidad de contribuyentes que marcan la casilla de aportación a la religión en la declaración de la renta nunca llega al 35%, el Estado, esto es, la colectividad, suple de modo directo e indirecto las necesidades de financiación de esta organización hasta llegar a una cuantía que el Observatorio de laicismo.org ha calculado en unos 10.291 millones de euros, aproximadamente el 1% del PIB, desglosados en los capítulos siguientes que sufragamos todos los españoles en clara violación del principio de aconfesionalidad del Estado: asignación vía IRPF para financiación de culto y clero, exenciones y bonificaciones tributarias, enseñanza, obra social y asistencial, 57 complejos hospitalarios, funcionarios capellanes, mantenimiento del patrimonio en poder de la Iglesia, subvenciones y gastos religiosos diversos, beneficios, inmatriculaciones, donaciones de suelo público30. En realidad esa cantidad de 10.291 es aproximativa, pues muchos capítulos, como el de las inmatriculaciones o las donaciones de suelo público, son muy difíciles de cuantificar. Como lo son también los otros ingresos ocultos de la Iglesia, correspondientes a las entradas a catedrales, templos y museos que la iglesia esconde como “donativos” y por los que no tributa, como por las aportaciones de los cepillos de las iglesias31.

Esta consolidación del nacionalcatolicismo se hace en un contexto de autoritarismo gubernativo que se manifiesta en todos los órdenes, en el exterior, en el territorial, en el de justicia y en el de orden público. En el orden exterior se mantiene una actitud absurdamente beligerante sobre Gibraltar con el ánimo evidente de desviar la atención pública siempre que se juzgue necesario; en el territorial, hay una voluntad expresa de provocar un conflicto en Cataluña para vender la bandera electoral de la unidad de España; en justicia, la intención de obstaculizar que las clases populares tengan acceso a ella y de dejarlas indefensas frente a la merma de sus derechos; y en el de orden público, una actitud censora y represiva que impide de hecho el ejercicio de esos derechos y libertades públicas.

Los datos sobre el desmantelamiento del Estado del bienestar son incontrovertibles: la crisis la han pagado los más vulnerables de la sociedad: trabajadores, parados, jóvenes, mujeres, jubilados, dependientes, funcionarios. Todas las medidas del gobierno del PP han ido en detrimento de estos sectores y beneficio patente de los empresarios, financieros, políticos de la propia cuerda y amigos en general entre quienes se ha repartido la riqueza pública bajo la forma de privatizaciones o de transferencias de rentas netas. Los datos son elocuentes. Las empresas del Ibex 35, que habían estado en números rojos durante toda la crisis, cerraron 2013 con beneficios de 19.005 millones de euros, esto es, un aumento del 57%32. Lo consiguieron a base de poner en la calle a 120.809 empleados, gracias a las reformas laborales del gobierno orientadas a facilitar los despidos33 En el mismo periodo, el salario medio de los españoles (1.634 euros) descendió un 0,3%34 Una transferencia neta de rentas de los pobres a los ricos; un verdadero expolio al socaire de la crisis. Un cínico diría que el gobierno preparaba así el camino para que los adinerados pudieran resolver la justa distribución de la riqueza mediante el ejercicio de la actividad que Donoso Cortés consideraba óptima: la limosna35 propósito inane, dado que la codicia de las clases dominantes parece insaciable.

A pesar de las incontables promesas electorales, el gobierno no consiguió sacar el país de la crisis, pero elaboró un plan de comunicación consistente en afirmar lo contrario. Habitualmente, el plan se exponía con el apoyo de unos cálculos y magnitudes manipuladas, interpretadas o simplemente falsificadas. La esperanza de hacer tragable la imagen Potemkin fabricada por los gobernantes residía en el control que ejercían sobre los medios de comunicación.

3. Monopolio de los medios. La aplicación de este programa máximo de mezcla de nacionalcatolicismo y neoliberalismo radical ha sido posible por dos razones: en primer lugar, el estado de postración intelectual del conjunto de la izquierda pero especialmente de la socialdemocracia, que se encuentra en un verdadero marasmo, sin propuestas, sin ideas, sin soluciones. En segundo lugar, el férreo control del gobierno sobre los medios de comunicación. Su falta de respeto por el pluralismo en los medios públicos es patente. Lo primero que hizo al llegar al poder la derecha en 2011 fue modificar la Ley de Radiotelevisión Española, heredada de Zapatero y razonablemente neutral, para poder nombrar en los puestos directivos a comisarios políticos de su partido. El control de los medios privados se lleva a cabo empleando las posibilidades de financiación pública, mediante la publicidad institucional, que se reparten entre los medios amigos según criterios ideológicos a disposición del gobierno en una época en que, atosigados por la crisis, prácticamente todos precisan financiación para mantenerse a flote.

La libertad de expresión está en sus cotas más bajas desde el comienzo de la segunda restauración. En Madrid no queda un solo periódico de papel con garantía cuando menos de imparcialidad. Todos están a favor del gobierno y, por descontado, de la Monarquía. En Barcelona, la situación se aproxima con el cambio de dirección de La Vanguardia, en el que un presunto nacionalista catalán fue sustituido por un probado nacionalista español. Todavía respira El periódico y una variedad de prensa catalanista. En general, la prensa crítica es digital y ya se detectan maniobras gubernamentales para meterla en cintura, si bien nada comparado con el interés por controlar las redes y los llamados social media, que se le escapan. Las televisiones son todas partidarias del gobierno con alguna aislada, escasa y vacilante excepción.

El gobierno controla y apacienta un nutrido rebaño de periodistas tan afines a él que más parecen militantes del PP, y en algunos casos lo son, con un discurso único y monocorde, consistente en alabar y justificar las políticas de la derecha y atacar sin miramientos las posiciones críticas recurriendo con frecuencia a la agresión verbal, el insulto y la injuria. Es muy instructiva al respecto la lectura del libro del periodista Sergio Colado, quien ha investigado el espíritu de tea party que impregna a la derecha nacionalcatólica36. Todo por dinero que la derecha, empresarios, financieros, la Iglesia, el partido, presunta asociación de malhechores, reparten entre los comunicadores fieles con notable generosidad, sobre todo si es de procedencia pública. Estos periodistas comparecen asiduamente en el amplio abanico de tertulias políticas de la televisión, intercambiándose la pública y la privada con toda generosidad en unos espacios de debate en los que, cuando se asoma alguien de izquierda o es una especie de derechista camuflado, de esos que tienen un pasado o incluso un carnet actual de izquierda pero razonan siempre en favor de la derecha, o sirve como muñeco de pim-pam-pum. El discurso mediático es uniforme, acrítico, servil ante el poder, injusto con la oposición y recurre frecuentemente a prácticas de censura y bloqueo escandalosas.

4. Ruptura del país. En los tiempos del gobierno de Rodríguez Zapatero, el proceso de reforma del Estatuto de Sau no solo encontró la cerrada oposición del PP sino una acusación de mucha profundidad, que despertaba viejos fantasmas del nacionalismo español, esto es la de que, con Zapatero y el PSOE, España se rompía. Todos los ayes y lamentos del viejo nacionalismo centralista sonaban en esa escandalizada advertencia. Recuérdese asimismo la fórmula propagandística acerca de cómo el triunfo del liberalismo, del republicanismo, del socialismo acaba por fragmentar España. Era preciso sustituir urgentemente el gobierno socialista, débil y obsequioso con el soberanismo catalán para poner al frente del Estado un partido reciamente comprometido con la salvaguardia de la nación española como postula la Constitución vigente. La nación que surge en Covadonga.

Paradójicamente fue la política intransigente, dura, recentralizadora y estúpidamente ofensiva hacia el nacionalismo catalán la que acabó provocando la exacerbación del espíritu independentista que se decía querer evitar. Entre las razones que el economista Miquel Rubirola aduce para explicar la deriva independentista del nacionalismo catalán, entiendo que del burgués, porque Esquerra lo ha sido siempre, ocupa un lugar destacado la hostilidad del partido conservador, visible desde el año 2000 cuando las elecciones legislativas dieron al PP la mayoría absoluta parlamentaria que no alcanzó en 1996. A su vez, las actividades recentralizadoras del gobierno de Rajoy venían ya prefiguradas en la inenarrable recogida de firmas en favor de un referéndum en España sobre el Estatuto protagonizada por el político gallego en 2006 (écheme aquí una firmita contra Cataluña)37, algo imposible de realizar en términos constitucionales pero que buscaba un claro impacto político. La petición intensificaba una animadversión que había ido creándose entre dos comunidades nacionales, la española y la catalana, no reconocida como tal por la derecha. Encerraba una promesa de réditos electorales, pero también un riesgo evidente de ahondar en una fractura cada vez más profunda.

Puede darse la peregrina situación de que, finalmente, la responsable de la ruptura de España sea la derecha, la que fue capaz de desencadenar una guerra civil para evitarla. Y ello porque su cerrada intransigencia y su ruptura de los puentes de diálogo, muy al estilo de una indignado hidalgo del Duque de Rivas, solo pueden conducir a una situación crítica de conflicto para la que en principio y, al menos públicamente, no hay nada previsto. Todavía a cuatro meses y medio de la consulta catalana, señalada para el 9 de noviembre, Rajoy decía en Bruselas que no estaba dispuesto a someter a referéndum la existencia de su y nuestro país38 y añadía, con pasmoso desprecio por los hechos, que eso no lo hacía ningún presidente de ningún país, del mundo siendo así que ya se había hecho dos veces en el Canadá y faltaban dos meses y medio para que se hiciera asimismo en Escocia. Mostraba asimismo su absoluta disposición al diálogo siempre que Artur Mas retirara el proyecto de consulta. Es difícil encontrar una cerrazón más absoluta que la de imponer como requisito para un diálogo que se garantice de antemano el triunfo de una de las partes. De seguir así las cosas es claro que la derecha será la responsable de la ruptura de España.

No solo responsable sino la única responsable. Su forma autoritaria de gobierno cuando dispone de mayoría parlamentaria la lleva a intentar imponer siempre su programa máximo, sin contar ni pactar con nadie, rechazando toda oferta no ya de alianza sino de colaboración mediante acuerdos de Estado, en los que insiste una oposición timorata, desmoralizada y entregada a los intereses dinásticos, incluso al precio de soliviantar a su propia militancia39. Pretende ser siempre sola, única protagonista pues no se fía de nadie más. Es lógico que cargue con toda la responsabilidad.

El reto a la nación española es considerable. Y si esta, España, se rompe como nación podremos dar por fallido el Estado ya que, según explicaba airadamente a Miguel Herrero de Miñón, siempre foralista, Carlos Robles Piquer, embajador de España, cuñado de Fraga Iribarne y ministro de Arias Navarro, entre otros cargos, “El Estado no es otra cosa que la forma jurídica de la nación”40. Ese temor abriga el principal partido de la oposición, que tiene su alma dividida entre su inclinación a la izquierda y su acendrado nacionalismo español. Su contradicción interna lo lleva a tratar de encontrar un curso medio en el que corre el riesgo de acabar triturado entre el patriotismo españolista de la derecha y las vacilaciones autodeterministas de la izquierda algo más radical.

En esas condiciones, no se me alcanza cómo va a mantenerse el Estado español al borde del fallido si no es reconstruyendo la nación española o inventando una nueva. Para eso es imprescindible la política porque, como señalaba Ortega de un modo clarividente: “política es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación”41. Ninguno de los dos partidos dinásticos tiene una “idea clara” de qué hacer con el Estado en la nación. No son capaces de ponerse de acuerdo ni en aquello que, según dicen, más les importa, esto es, la Patria. Por cierto, de Patria vuelve a hablar la izquierda novísima, aunque tampoco sabe bien qué hacer con la nación. Los nacionalistas periféricos no van a ayudar en la tarea de forma que no se pecará de pesimista augurando un futuro de inestabilidad y turbulencia.

Habiéndose asegurado el presidente del gobierno el apoyo incondicional del PSOE a su negativa a la consulta catalana por ilegal, dos días después recibió en La Moncloa al de la Generalitat, Artur Mas, a quien confirmó que, pues era ilegal, la consulta no se celebraría. Llegaba el catalán a la cita muy tocado en cuanto símbolo visible del soberanismo conservador a causa del escándalo suscitado por la pública confesión de Pujol de llevar más de treinta años defraudando al fisco; pero salió de la entrevista reafirmando su propósito de realizar la consulta en la fecha prevista.

Del fallido quizá solo consiga salir el Estado mediante una política nueva en un sentido más que orteguiano. Pues nadie tiene programa concreto alguno, habrá de prevalecer un espíritu abierto a la idea de una reforma general, constitucional, si se quiere, hasta dar con una propuesta atractiva para todos, incluidos los nacionalistas periféricos y suscite su lealtad de modo voluntario. Y el único modo de certificar dicha voluntariedad es someter el asunto a consulta y aceptar el resultado sin precondiciones, salvo aquellas que hayan sido mutuamente acordadas.

* * *

Se me permitirá poner fin al relato con tres consideraciones de carácter personal.

Algunos amigos, conocedores del contenido, han señalado su carácter noventayochista y su pesimismo. Lo acepto. Una consideración desapasionada de la historia de nuestro país no invita a la fruición. Otra de la imagen que los españoles tenemos de nosotros mismos, tampoco. La ideología nacionalcatólica es tan contradictoria que incluso quienes la practican reniegan de ella y dicen combatirla. Cuando ha intentado proponerse como ideal y modelo de vida único lo ha hecho en el marco de una dictadura fascista de la que todo el mundo civilizado abomina. La historia de un país fuera de la historia por haberse empeñado secularmente en defender una causa sin salida tiene pocos momentos optimistas.

Otros le achacan parcialidad porque así como se critica el nacionalismo español no se haga lo mismo con el catalán. Pero aquí no hay una cuestión de imparcialidad o equidistancia pues no se trata de comparar dos nacionalismos, sino de averiguar por qué uno de ellos no permite el florecimiento del otro. Y el que no lo permite es el mío, pues ya dije que soy nacionalista español, si acaso al estilo sombrío de Ganivet. Formulado mi deseo de que, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, los catalanes no se separen de España, mi querella no es con el nacionalismo catalán sino con el mío, que niega a otros pueblos lo que guarda para sí.

Cumplo con mi deber de nacionalista español, defendiendo una idea de nación de base federal y voluntaria, apuntalada en el reconocimiento del derecho de secesión. Aunque para ello será necesaria una idea nueva de nación española, una que aceptemos todos.

1 Fernández, 2009: 25/26.

2 Ibíd.: 27/28.

3 Fund for Peace. The Failed States Index 2013 http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable.

4 Chomsky, 2006: 110 y ss.

5 Ibíd.: 172.

6 Ibíd.: 214.

7 Ibíd.: 244.

8 Núñez Seixas, 2013: 278/280.

9 Fund for Peace. http://www.foreignpolicy.com/failed_states_index_2012_interactive.

10 Carnicero, 2014.

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22 Montero, 2008.

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24 Molinas, 2013: 178

25 Ibíd.: 245.

26 CIS (2014). Barómetro de noviembre. Estudio 3.045.

27 El País, 5 de abril de 2012.

28 Tribunal Constitucional, sentencia 198/2012, de 6 de noviembre.

29 Público.es, 27 de marzo de 2012.

30 laicismo.org. Informe de abril de 2014.

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34 Emprendedor.es, 18 de agosto de 2014.

35 Donoso Cortés, 1970, I: 726.

36 Colado, 2014.

37 Rubirola, 2014.

38 Elsingular.cat, 27 de junio de 2014.

39 Eldiario.es, 24 de marzo de 2014

40 Robles Piquer, 2005.

41 Ortega, OC, III: 630.

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Vicens Vives, Jaime (1959). Historia económica de España. Barcelona: Teide.

Vintró Castells, Joan (2010). “Valoración general de la sentencia”, en CC.AA. (2010). Pp. 49-63.

Viver Pi i Sunyer, Carles (2010). “Los efectos jurídicos de la sentencia sobre el Estatuto”, en VV.AA. (2010). Pp. 64-68.

Voltaire (1966) [1751]. Le siècle de Louis XIV. París: Garnier Flammarion. Dos vols.

Voz Pópuli, 6 de diciembre de 2012. “Las ‘familias’ del PSOE se cruzan responsabilidades en la deriva independentista de Cataluña”, en.

http://vozpopuli.com/actualidad/18290-las-familias-del-psoe-se-cruzan-responsabilidades-en-la-deriva-independentista-de-cataluna

Wikipedia.org. “La dignitat de Catalunya”. Última modificación, 23 de junio de 2014.

http://ca.wikipedia.org/wiki/La_dignitat_de_Catalunya

Wright, Erik Olin (Ed.) (2014). Modelos de análisis de clases. Valencia: Tirant lo Blanch.

Wulff, Fernando (2003). Las esencias patrias. Barcelona: Planeta.

YouTube, 2 de junio de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=VA6SGyxivOU

La Desnacionalización de España

Cotarelo, Ramón

9788416062928

365 Páginas

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¿Es España una nación? ¿Un haz de ellas? ¿Un Estado que oprime a las naciones no castellanas? La cuestión secular, sigue siendo tema de debate preferent en la esfera pública y la privada de las gentes. La mentira franquista de la Una, Grande, Libre comenzó a deshacerse con la Transición, penúltimo intento de resolver el sempiterno contencioso territorial. El auge soberanista catalán, las propuesta de reformar la Constitución en un sentido federal o de abrir un nuevo proceso constituyente son pruebas de que se avecinan tiempos de transformaciones profundas. Este libro indaga en los orígenes y evolución de la cuestión de ser de España, hasta llegar al momento actual y sus perspectivas. Lo hace con rigor y seriedad pero en un lenguaje llano, sin falsos distanciamientos y accesible a todos pues versa sobre un asunto de importancia esencial, que afecta directamente a la vida cotidian de todos.

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La comunicación digital

Llorca Abad,Germán

9788415442493

263 Páginas

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Las tecnologías digitales han cambiado radicalmente nuestro modo de entender el fenómeno de la comunicación. Éste ha devenido un objeto de estudio escurridizo que aún plantea más preguntas que respuestas a los investigadores. Dada la rapidez con la que se suceden los cambios y la poca constancia que queda de los hechos, la percepción y estudio de la comunicación a medio y largo plazo pueden verse alteradas con facilidad. El grupo Cibermedios Valencianos de la Uníversitat de Valencia, en sus escasos tres años de vida, se ha convertido en una referencia dentro del ecosistema comunicativo valenciano y una suerte de observatorio natural del proceso descrito. Este volumen condensa las aportaciones de diferentes especialistas y ofrece una estimulante fotografía del estado de la comunicación digital en la Comunidad Valenciana.

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