Ramón Cotarelo

ESPAÑA QUEDÓ ATRÁS

Primera edición: marzo de 2018

© De los textos: Ramón Cotarelo, 2018

© de esta edición:
Ara Llibres, S.C.C.L.

Pau Claris, 96, 3º 1ª

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El equipo editorial de Som Ara Llibres que ha trabajado en
este volumen está integrado por Marta Abella, Miquel Adam,
Maria Gafarot, Joan Carles Girbés, Sònia Herrera, Eduard Hurtado,
Maika Pascual, Enric Rújula, Joan Sanabria y Roser Sebastià.

Diseño de la cubierta: Salva Ardid

Fotografía de la cubierta: Xavier Torres-Bacchetta

Corrección: Raquel de Diego y Cristina Sospedra

Fotocomposición: gama, sl

ISBN: 978-84-16245-61-1

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Introducción

Este es un libro escrito al ritmo de unos acontecimientos que han ido sucediéndose a mucha velocidad en los últimos diez años y se han acelerado y complicado en los últimos dos. Unos acontecimientos que han originado la mayor crisis territorial e institucional, en definitiva, constitucional, desde la Transición. Un proceso cuyo origen se encuentra aquí y no en el golpe de Estado de 1981 porque, después de cuanto ha llegado a saberse, quizá no quepa considerarlo sino como un episodio bufo.

El punto final son las elecciones del 21 de diciembre de 2017, en las que se ratificó el Gobierno legítimo de la Generalitat que había salido de las del 27 de septiembre de 2015. Dicho gobierno, constituido in extremis, estableció en enero de 2016 una hoja de ruta hacia la independencia de Catalunya que culminaría con un referéndum de autodeterminación a los dieciocho meses. El referéndum se celebró el 1 de octubre de 2017 en condiciones muy difíciles, pues el Estado envió fuerzas de seguridad, policía nacional y guardia civil, cada una por su lado, a reprimir a los votantes, cosa que hicieron con una violencia desproporcionada que ha causado indignación en muchos lugares del mundo.

Los resultados del referéndum fueron: 2.286.217 votos (una participación del 43 % del censo), de los cuales 2.044.038 fueron para el sí (90,2 % del voto válido); 177.547 (7,8 %), para el no; 44.913 (2 %), papeletas en blanco, y 19.719, nulos. Una vez realizado el escrutinio y determinado el peso respectivo de las distintas opciones, se ponía fin a la hoja de ruta arriba mencionada y comenzaba una nueva etapa. Al haber un compromiso formal de la Generalitat de considerar vinculantes los resultados, quedaba claro que el electorado había formulado un mandato a los poderes públicos: declarar la independencia de Catalunya en forma de república lo más rápido posible.

El proceso, que se conoce simbólicamente como el procés y del que los adversarios se burlaban llamándolo prusés (aunque ya parece habérseles quitado el ánimo jocoso), entraba en una etapa nueva en la que era previsible una intensificación del conflicto con el Estado. El triunfo en el referéndum del 1 de octubre era la culminación de lo que había comenzado en enero de 2016, pero carecería de eficacia si la decisión del electorado el 1 de octubre no se materializara. Tal cosa se hizo —mediando un febril intercambio de mensajes, algunos epistolares, entre el Gobierno central y el Govern— con la declaración de independencia anunciada el día 10 y aprobada en pleno del Parlament el 27 de octubre de 2017.

El Gobierno central respondió a dicha declaración con un estado de excepción encubierto, a través de la activación del artículo 155 de la Constitución, una norma de plenos poderes que instaura una dictadura personal del presidente del Gobierno y, para ello, suspende, de hecho, esa misma Constitución, con lo que, paradójicamente, cabría considerar que en realidad el artículo 155 de la Constitución es inconstitucional.

Es decir, el 27 de octubre reúne dos momentos de significación radicalmente distinta y antagónica: por un lado, el momento emancipador en el que la República Catalana inicia su andadura con su proclamación parlamentaria y, por otro, un momento opresor por el que el falso Estado democrático de derecho español revela su verdadera esencia dictatorial, franquista y catalanófoba.

El artículo 155

Como quiera que el artículo 155 ha sido la clave de bóveda del golpe de Estado que ha convertido la seudodemocracia española en una dictadura disfrazada de otra cosa, importa considerarlo brevemente, trazar su genealogía y explicar sus obvias pretensiones y posibles consecuencias.

El artículo 155 de la Constitución española (CE) dice: «1. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas.»

El debate sobre si esta norma autoriza o no al Estado a intervenir una Comunidad Autónoma, destituir al Govern, encarcelar a sus consellers, forzar el exilio del president, cerrar el Parlament y ocupar militarmente Catalunya, ya que la Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar, según su propia página web (Guardia Civil, 2018), es absolutamente ocioso. La coletilla de que el Gobierno podrá «adoptar las medidas necesarias (...) para la protección del mencionado interés general» es el núcleo de un artículo que consiste en otorgar plenos poderes al Gobierno (y, claro, a su presidente) sin ningún tipo de limitación material ni temporal. El artículo 155, que convierte en ley de España la voluntad de un individuo (por lo demás por debajo de toda sospecha) como Rajoy, es la base de lo que cierta doctrina ha llamado dictadura constitucional y, en realidad, no es otra cosa que una dictadura a secas. Veamos ahora su genealogía.

El artículo 155 (al que la prensa alemana llama la bomba atómica en España (Die Zeit, 2017) no es en absoluto original, como casi nada de la Constitución de 1978, toda ella más o menos plagiada de otros textos. Reproduce casi al pie de la letra el artículo 37 de la vigente Constitución alemana: «1. Si un Estado no cumpliere las obligaciones federales que le incumben con arreglo a la ley fundamental o a otra ley federal, podrá el Gobierno federal, con el asentimiento del Consejo Federal, adoptar las medidas necesarias para imponer a dicho Estado el cumplimiento de sus deberes mediante la coerción federal. 2. Para el ejercicio de la coerción federal tendrá el Gobierno federal o, eventualmente, su comisionado (Beauftragter) el derecho de impartir directrices (das Weisungsrecht) frente a todos los Estados regionales y sus órganos». Dice lo mismo que el artículo español, pero es más garantista, puesto que no deja abierta vía alguna al comportamiento arbitrario y dictatorial del presidente, como sí hace el español.

A su vez, el artículo 37 de la Constitución federal alemana de hoy reproduce el espíritu y parcial tenor del artículo 48 de la Constitución de Weimar de 1919, al menos en sus dos primeros párrafos, dulcificado y algo más garantista: «Si un Estado (federado) no cumple los deberes que le impone la Constitución o las leyes del Imperio, el presidente de este podrá obligarle a ello, con ayuda de la fuerza armada. Cuando se hayan alterado gravemente o estén en peligro la seguridad y el orden públicos en el Imperio, el presidente puede adoptar las medidas indispensables para el restablecimiento de estos, incluso en caso necesario con ayuda de la fuerza armada. Con este fin puede suspender temporalmente en todo o en parte los derechos fundamentales fijados en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153. El presidente del Imperio habrá de dar conocimiento inmediatamente al Reichstag de todas las medidas que adopte con arreglo a los párrafos 1.º y 2.º de este artículo. A requerimiento de este dichas medidas quedarán sin efecto».

No debe olvidarse que el mencionado artículo 48 de la Constitución de Weimar, ese sí llamado de «dictadura constitucional», pensado para situaciones excepcionales, fue, sin embargo, abundantemente empleado. En concreto, el primer presidente, el socialdemócrata Friedrich Ebert, lo empleó 136 veces en su mandato de 1919 a 1925; el canciller Heinrich Brüning, el antepenúltimo antes del ascenso de los nazis, 116 entre 1930 y 1932. Es razonable pensar que parte de la inestabilidad de la República de Weimar se debiera a dicho artículo, que coronó su tarea antidemocrática cuando el presidente Paul von Hindenburg lo invocó para promulgar el decreto de 1933 Sobre la protección del Pueblo y el Estado (también llamado Decreto del Incendio del Reichstag por promulgarse aprovechando este atentado) y de plenos poderes que liquidaron la democracia alemana y establecieron el terror nazi. Durante los doce años de la dictadura hitleriana, el artículo 48 se invocó miles de veces para legislar por decreto, exactamente igual a como podría hacer hoy Mariano Rajoy con el artículo 155 durante los próximos doce años. Nada se lo impide. Con el artículo 155 en vigor, España carece de Constitución y es una dictadura, pues, como dice el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, «toda sociedad en la que los derechos no estén garantizados ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución».

Que acabe triunfando el intento emancipador de la República Catalana o el opresor de la dictadura del 155 depende de una multiplicidad de factores, entre los cuales, los más importantes son la calidad del apoyo social a las dos grandes opciones políticas; la capacidad de discernimiento crítico de la gente y su movilización; la calidad intelectual y fibra moral de los respectivos dirigentes; el funcionamiento de las instituciones; la viabilidad económica de los dos empeños, y el eco internacional que respectivamente consigan. El procés ha conocido tres etapas: la primera y la segunda son el comienzo y el final de la hoja de ruta hacia la independencia, del 27 de septiembre de 2015 al 1 de octubre de 2017; la tercera, las elecciones del 21 de diciembre de 2017, convocadas ilegal e ilegítimamente por el presidente del Gobierno esgrimiendo el artículo 155, y en las que el electorado catalán volvió a otorgar mayoría absoluta parlamentaria al independentismo en contra de las esperanzas del bloque unionista del 155.

Este es el criterio narrativo que se adopta en el presente ensayo, que dedicará su última parte a analizar los hechos desde las elecciones del 21 de diciembre hasta el cumplimiento del plazo de constitución del nuevo Parlament catalán, el 17 de enero de 2018, todavía impuesto autoritariamente por el artículo 155.

El libro está, asimismo, escrito desde un punto de vista que, acudiendo a viejas clasificaciones, puede llamarse observador participante. Lo que sucede es que, a diferencia de los ejemplos de la antropología, al no haber distancias culturales apreciables entre el observador y el observado, es muy difícil que la participación de aquel no se haga desde una posición intensamente emocional. La observación es sobre asuntos políticos, de relaciones de poder, de dominación y sometimiento, de obediencia y rebeldía, y en estas lides es muy difícil, por no decir imposible, no tomar partido. En el fondo, en realidad, es imposible.

Por eso, lo mejor y más honesto que cabe hacer es especificar el punto de vista del observador y que este, además, se tome el trabajo de justificar racionalmente por qué adopta una perspectiva y no otra. Así, es apropiado advertir que el autor simpatiza con el punto de vista independentista en el actual conflicto entre España y Catalunya. Las razones han quedado expuestas en obras anteriores (Cotarelo, 2015, 2016). El intervalo entre dichas obras y el momento en el que esta se redacta queda cubierto por los textos de Palinuro, un blog (Cotarelo, 2017) dotado de un muy eficaz mecanismo de búsqueda que permite ir al meollo de lo que se busque y de modo muy eficiente.

Llegados a este punto en la evolución del conflicto, a juicio del autor se impone la conclusión de que el Estado español es irreformable. Es duro decir esto al tratarse de una realidad jurídico-política, el Estado, que se halla en perpetuo cambio, en mutación; pero es cierto. Por su peculiar desarrollo histórico, el Estado español ha acabado siendo incapaz de evolución o cambio, y por tanto, de reforma alguna. Si por casualidad aparece una en el horizonte, la reacción es defensiva a la par que agresiva.

Un ejemplo parcial, pero eficaz es el callejón sin salida en el que la clase política de la III Restauración borbónica, no especialmente hábil, ha conseguido llegar con el debate sobre la reforma constitucional. No es que sea algo muy importante, pero sí significativo. Con cierta perplejidad simulada, los partidos se dan cuenta de que la Constitución no solamente no se ha reformado nunca en cuarenta años —salvo dos retoques de muy diverso alcance, desde luego, pero retoques al fin y al cabo—, y descubren, asimismo, que tal vez se concibió como irreformable. Como irreformable es el Estado que dicha Constitución determina, lo cual es la demostración más evidente de que no es la Constitución la que ha constituido el Estado sino, al contrario, este es el que ha estatuido la Constitución.

Verdad es que las doctrinas al uso sobre el Estado de derecho y el estado del bienestar obligan a distinguir entre Estado y Gobierno con la misma lógica con la que hay que distinguir entre los puentes y los ríos. Los ríos, como los gobiernos, pasan; los puentes, como los Estados, se quedan. Pero hay que ver qué pasa con las riadas. A veces, la fuerza con la que baja el torrente arrastra los puentes y es preciso reconstruirlos de acuerdo con los nuevos materiales y las nuevas ideas de diseños y trazados que, por supuesto, tropezarán con denodados enemigos. Es ley de vida y la naturaleza humana. Las revoluciones son impredecibles. Cuando se dan, son combatidas con furor y defendidas de igual modo. Si estas tienen éxito, todos, salvo los personal o familiarmente interesados, habrán sido partidarios de ellas. Hoy hay muy poca gente contraria a la guerra de la independencia de los EE. UU. o de la Revolución francesa, pero consúltese la Historia de dos ciudades, de Charles Dickens o las Reflexiones sobre la Revolución francesa, de Edmund Burke, y se verá que, en su día, despertaron verdaderas pasiones. Hubieron de pasar más de cincuenta años para que un espíritu tan noble y elevado como el de Tocqueville diera su diagnóstico favorable a la revolución norteamericana en La democracia en América.

En cualquier caso, esa distinción entre Estado y Gobierno (entendido este como la materialización contingente de un ser trascendental) debe probarse de algún modo específico que todo el mundo entienda. Si por casualidad resultase que todas las manifestaciones gubernativas del Estado fueran igualmente corruptas, habría que concluir quizá que el corrupto es el Estado. Más o menos lo que sucede con el Estado español desde hace siglos. Todas sus manifestaciones a lo largo de la historia, especialmente en los siglos XIX, XX y lo que llevamos del XXI, lo han sido de una organización corrupta, tiránica, inviable y, en último término, fallida. El Estado español solo ha cambiado cuando el cambio era la única posibilidad de supervivencia y únicamente para comprobar que tampoco funcionaba.

Las transformaciones del siglo XIX en medio de la pérdida de las colonias (desde 1824, en la batalla de Ayacucho, hasta 1898, con la guerra de Cuba), las guerras carlistas, los golpes militares de Estado, liberales o reaccionarios, los fracasos de aventuras seudoimperiales, la catástrofe de la I República y dos lamentables restauraciones borbónicas no dejan lugar a dudas sobre el desastre de la construcción estatal. Asimismo, en el siglo XX: dos dictaduras militares (casi medio siglo), más aventuras seudoimperiales en el norte de África, el fracaso de la II República, una guerra civil de tres años y la III Restauración borbónica manifiestan que el Estado sigue siendo fallido.

Ello no impide que los intelectuales nacional-españoles hayan tratado de elaborar un relato sobre la normalización de España como un Estado de todo punto parangonable con los otros países democráticos de su entorno. Intelectuales, historiadores, juristas, politólogos, académicos y mundanos que llevan decenios vendiendo como ciencia una pura ideología nacionalista disimulada bajo un manto cosmopolita que no se entiende. Los años transcurridos desde la Transición desmienten esta angélica doctrina, pero desde el comienzo del proceso independentista, esta doctrina ha revelado su verdadera naturaleza de justificación propagandística de un Estado que no ha cambiado significativamente desde los tiempos de la oligarquía y el caciquismo de Joaquín Costa.

Es el Estado español el que está podrido hasta la raíz y no este o aquel Gobierno. Es el puente el que no aguanta la bajada de unas aguas que vienen crecidas y sucias desde su propio origen. No cuela el engaño de los intelectuales de que si se cambia un gobierno, las aguas se adaptarán al puente y este podrá seguir empleándose. Eso es mentira, como todo lo que relata la ideología nacional-española, esa que dice partir del rechazo al abuso y monopolio franquistas, pero que, en realidad, tiene su misma esencia. Tiene gracia como la parte progresista, socialista o incluso más izquierdista se solaza recordando que la derecha nacionalcatólica no ha condenado el franquismo y ella, en cambio, no ha hecho otra cosa desde 1978. Literalmente: no ha hecho otra cosa; es decir, lo ha condenado, recondenado y requetecondenado; pero nada más. No ha movido un dedo por erradicarlo, por eliminarlo de la política, la Administración, la economía, la sociedad española. Ha convivido con su ubicua herencia, ha aceptado sus presupuestos, repite sus lugares comunes y, solo después de treinta años, se atreve a promulgar una ley de la memoria histórica pacata e insuficiente que ha dejado las cosas prácticamente como estaban: a Franco en el Valle de los Caídos y a sus víctimas en las fosas de las cunetas, sin atisbos reales de justicia. El franquismo es el crisol en que se ha moldeado el Estado posterior.

El Estado, como el Ser de Parménides, tiene tendencia a seguir siendo, y la doctrina universalmente aceptada les asigna a los partidos el cometido heracliteano del cambio y la evolución. Sin embargo, una ojeada superficial a las organizaciones contemporáneas de las sociedades industriales revela que esta distinción en apariencia nítida no es tal. Los partidos se han encarnado en los Estados, y si bien no son órganos de estos (al menos en los países de capitalismo liberal) se confunden con ellos de múltiples maneras, como puso de manifiesto hace ya algunos años García Pelayo con su concepto de Estado de partidos (García Pelayo, 1986). Sin duda, no dejan de ser asociaciones privadas (entre otras cosas porque, de este modo, se aseguran un margen de impunidad fuera del control más estricto del derecho público), pero son tratados como partes del Estado o futuras partes del Estado de distintos modos. El rasgo más característico y que nos ahorra explicaciones de otra índole es la existencia de mecanismos de financiación pública de la actividad partidista. El debate a favor o en contra de esta forma de atender al mantenimiento de estas asociaciones está fuera de lugar aquí, pero resulta muy significativo: desde el momento en que el Estado atiende a la financiación de los partidos, estos son puntales de aquel, con los mismos efectos que si fueran órganos legislativos o judiciales. Los partidos con representación parlamentaria no son órganos del Estado desde un punto de vista jurídico-constitucional, pero de hecho, actúan como si lo fuesen.

Como si fuesen órganos del Estado que no solamente y en teoría están a su servicio, sino que, cada vez de forma más generalizada, tienden a servirse de él. Se pasa de esta forma del buen concepto en que se tenía al Estado de partidos de García Pelayo a otro en que se vincula estas asociaciones con la crisis política contemporánea (Dittberner, 2015) y se acaba sustituyendo la expresión por la más peyorativa de partitocracia, de la que el filósofo Gustavo Bueno se valió para atacar a la democracia contemporánea (Bueno, 2004). Según él, la democracia deja mucho que desear en España, que es en realidad una partitocracia dirigida por oligarquías. Aunque algunas fuentes (singularmente la Wikipedia en castellano) lo consideren un neologismo, el término se popularizó por Gonzalo Fernández de la Mora, un escritor integrista, monárquico, nacionalcatólico y exministro de Franco (Fernández de la Mora, 1976), gran amigo de Fraga Iribarne y, junto con este, el inspirador intelectual de Mariano Rajoy Brey en su años mozos y de Bueno en sus años provectos. Siendo garzón, Rajoy publicó dos artículos en El faro de Vigo repitiendo las concepciones ultrarreaccionarias del exministro de Franco y otro publicista de similar jaez, lo que bastó para no dejar duda alguna acerca de la profunda necedad de este personaje, lo que lo convertiría en un candidato ideal a la presidencia del Gobierno (Rajoy Brey, 1983, 1984). Bueno necesitó miles de páginas, en cambio, para acabar produciendo la misma impresión.

Curiosamente, esta especie de mutación de la naturaleza de los partidos determina también su funcionalidad. Si su justificación originaria venía a ser el factor dinámico en la quietud estatal, su funcionamiento actual los convierte en garantes del inmovilismo y de la permanencia inalterada del Estado. Los principales interesados en entender hoy el Estado sub specie aeternitatis son los partidos. Esta actitud les sirve para legitimar sus políticas sin tener que esforzarse mucho en argumentos doctrinales («se hace lo que se puede», «no hay otra alternativa», es la «única política posible», etc.) y, lo que en muchos casos es más importante, para asegurarse un modus vivendi de elevados ingresos y seguridad similar a la de los funcionarios, pero sin oposiciones, sino solo por el arribismo de estas organizaciones privadas. Se genera así una clase política inercial y parasitaria que está en la base de la corrupción del Estado contemporáneo como se ve por el hecho de que en España, por ejemplo, no haya grandes diferencias entre el PP y el PSOE, que proporcionan los dos grandes criaderos de personal para las carreras políticas, muchas de las cuales son perfectamente intercambiables.

La similitud entre los dos partidos dinásticos, pilares del sistema de la III Restauración, se hace más aguda cuando se toca uno de los puntos sensibles de la corrupción, el de las llamadas puertas giratorias, esto es, el proceso osmótico, el trasvase que se da entre altos cargos políticos representativos (diputados, senadores, consejeros) e institucionales (directores generales, subsecretarios, secretarios de Estado, ministros) y los puestos directivos en empresas públicas o privadas, incluidas aquellas prácticas profesionales liberales que puedan plantear problemas de conflictos de intereses. Tal es el eje de las puertas giratorias, la posible colusión entre los intereses públicos que se representan o se han representado y los privados del representante. La cuestión es ciertamente complicada y en ella confluyen muchos factores contradictorios como la cuantía de las retribuciones de los representantes, la libertad de profesión, la diferente naturaleza de las actividades permitidas, etc. Por eso existe una Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) ante la que los afectados han de presentar las solicitudes y esta se encarga de valorarlas y aceptarlas o denegarlas, siempre teniendo en cuenta la primacía del interés público. En un documentado estudio sobre las solicitudes de compatibilidad de actividades (las puertas giratorias), Castellano et al. se percataron de que de las 384 presentadas en el decenio de 2006 a 2016, se rechazaron 6 y se aceptaron 377. Una tasa de aceptación de un 98,41 %. En realidad, o bien todos los altos cargos que solicitaron compatibilidad son personas virtuosas, o bien el organismo encargado de fiscalizar la práctica no cumple su tarea, no sirve para nada y permite todo tipo de irregularidades, que es más bien lo que parece desprenderse del estudio citado (Castellano, 2017: 25).

NÚMERO DE SOLICITUDES ACEPTADAS Y RECHAZADAS POR LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES (NOVIEMBRE 2006-OCTUBRE 2016)

FUENTE: Elaboración propia a partir de información de la Oficina de Conflictos de Intereses. Reproducido de Castellano, 2017.

En la página web Puertas Giratorias (http://www.puertasgiratorias.org/) hay un cuadro muy significativo de los casos más sonados. No especifica el período (que debe de abarcar unos veinticinco años), pero trae los nombres y apellidos de quienes se han beneficiado del artilugio, el cargo, la empresa por la que han fichado, y el puesto que ocupan. Se concentra en los más altos cargos (presidentes de Gobierno, ministros, presidentes de comunidades autónomas, secretarios de Estado) y estudia 75 casos. De ellos, 42 (56 %) son del PP y 28 (37 %) del PSOE. El resto, 5 (6 %) para los nacionalistas. Los dos partidos dinásticos acumulan más del 93 % de las puertas giratorias. Tienen intereses comunes. De los 75 casos, 32 (más del 42 %, casi la mitad) son o han sido presidentes del Gobierno o ministros. Peces gordos. En cuanto a las empresas preferidas por los beneficiarios de las puertas giratorias, muchas de ellas el IBEX 35, la mayoría, 39 (el 52 %), son empresas del sector energético. Que España tenga la tercera energía eléctrica más cara antes de impuestos de la Unión Europea tiene mucho que ver con que quienes legislan sobre energía son los que luego se sientan en los puestos de administración de las empresas energéticas. Estas tienen comprados a los políticos españoles como el que se compra una mascota, y lo hacen, además, con el dinero público. Solo este dato nos ahorra una larga exposición sobre la corrupción política y cómo afecta a la vida de la gente. Y cómo los dos partidos dinásticos, que han protagonizado alternadamente este sombrío aspecto de la historia de España, no son los más adecuados para ponerle fin.

Quien desee más datos sobre las puertas giratorias hará bien en consultar la obra de Luis Miguel Montero sobre este interesante asunto que lleva por subtítulo De los escaños a la poltrona. Todos los privilegios de los políticos que pasan a la empresa privada... y viceversa (Montero, 2016). En esta investigación toma cuerpo material, en forma de personas, cargos, puertas, privilegios, la idea de una clase política, el concepto algo nebuloso de casta que empezó manejando Podemos (Burgos, 2015) y causó tanta repercusión mediática como su antecedente había causado en Italia (Rizzo/Stella, 2010). Hasta que la dura realidad demostró que quienes habían venido a acabar con la casta terminaron integrándose en ella, bien es cierto que no tan completamente como la izquierda dinástica del PSOE, que era vieja inquilina del solar, si bien el propietario de la casa solariega es el PP. Sin duda, los dos partidos comenzaron la peripecia de la Transición en posiciones antagónicas, pero a medida que esta fue evolucionando y convirtiéndose en lo contrario de lo que había prometido, esto es, una democracia liberal avanzada, PP y PSOE fueron aproximándose hasta llegar a ser prácticamente análogos como puntales dinásticos de un régimen corrupto del que ambos se benefician.

En efecto, el PP se fundó desde el propio Estado y su función consistía declaradamente en intentar frenar los cambios que la muerte del dictador Franco, un genocida, haría inevitables. En buena medida lo ha conseguido y el Estado español es en lo esencial un Estado a imagen y semejanza de la derecha franquista del PP. La Constitución salida de aquel compromiso de 1978 resultó ser un texto con dos caras, como el dios Jano. Con una miraba a la dictadura de la que emanaba y con la otra se figuraba un futuro que algunos de sus redactores (Peces Barba, Solé Tura y Herrero de Miñón especialmente) se habían sacado de sus calenturientas e ilusorias imaginaciones de profesores universitarios sin contacto con la realidad. El texto tenía artículos casi celestiales, como el celebérrimo 9.2 —copiado del 9.2 de la Constitución italiana, otro texto doctrinario— o el título sobre derechos y libertades en el que Peces Barba volcó toda su erudita e inoperante formación para solaz de generaciones de estudiosos. Junto con ellos, el campo de la acción real estaba férreamente delimitado en los artículos 2 y 8 (la soberanía nacional única, la indivisibilidad de España, todo ello emanado de los cuarteles) y el 155, válvula de seguridad de la oligarquía nacional española por la que esta, a semejanza del artículo 37 de la vigente Constitución alemana, como hemos visto anteriormente, puede dejar sin efecto el resto del articulado cuando le venga en gana. Es decir, una legislación de excepción a disposición de parte.

El caso del PSOE presenta curiosas diferencias: fundado a finales del XIX como un partido socialista, marxista, obrero y revolucionario (y, por tanto, orientado a sustituir el Estado capitalista por otro proletario) evolucionó a lo largo de numerosas peripecias que, por conocidas, no será necesario relatar aquí, hasta constituirse en el alter ego, el elemento complementario, del PP. De un modo u otro, el PSOE es una especie de yin-yang político que pretende garantizar la estabilidad y supervivencia de un régimen monárquico, corrupto y fracasado renunciando a sus principios socialistas y revolucionarios para convertirse en una agencia de empleo para carreristas. El partido fundado por el obrero tipógrafo en una taberna de la calle de Tetuán, cerca de la Puerta del Sol, se ha convertido en una organización inercial y burocrática, monárquica, tan sometida a la dominación eclesiástica como casi todo cuanto hay en España, que ha reducido su programa de transformación social a un mero plan de gobernación tecnocrática de sedicente modernización que no quiere decir nada.

El Estado español es irreformable porque los partidos políticos encargados de su transformación no están interesados en ella y, por tanto, no hay diferencia real entre el Estado y sus concreciones o gobiernos. Todos los gobiernos españoles desde la Transición, de cualquiera de los dos partidos, contienen unos principios esenciales en común que ambos respetan, y esos principios explican la irreformabilidad del Estado. Quien quiera inducir transformaciones del Estado en España que lo hagan más acorde con los tiempos en que vivimos y, sobre todo, más con los fundamentos teóricos de Estado democrático de derecho que dice profesar, tendrá que vérselas con el sistema de partidos y el conjunto del sistema político que es idéntico al Estado. Que el partido de la derecha se configure hoy como el más firme defensor de la irreformabilidad de la Constitución contra la que sus propios fundadores votaron en sus orígenes está en la naturaleza hipócrita de una orientación política básicamente franquista que se siente obligada a profesar una lealtad a la teoría y práctica de la democracia a la que odia, pues lo suyo es la mera dictadura. Que lo haga también el de la supuesta izquierda, el PSOE, es un tema más complejo, pero no de imposible comprensión: la escasa capacidad de sus dirigentes, la falta de cultura democrática de sus militantes, la inercia acomodaticia de sus cargos intermedios, que ven su militancia como una forma de vida, y la ausencia de todo proyecto programático distinto del capitalismo neoliberal contribuyen a la explicación. El vagaroso proyecto de reforma con el que la dirección del PSOE pretende desactivar el empuje del independentismo catalán choca con el firme propósito de algunos de sus dirigentes más notorios, llamados barones, de mantener incólume el texto constitucional porque es el que «ha procurado los mejores 39 años» de la vida del país. Por supuesto, quieren decir de la suya personal porque la del país, si tomamos algunos casos significativos como el de Andalucía, es falso, razón por la cual, es de donde con más insistencia se pide no reformar sino lo estrictamente imprescindible, como expone paladinamente Susana Díaz, presidenta de esa comunidad autónoma y un típico producto de la carrera interna del PSOE (Díaz, 2017).

¿Qué se sigue de lo anterior en cuanto a recomendaciones sobre cómo abordar los tiempos venideros teniendo en cuenta el punto de partida? Muy poca cosa. La maldición española de ser un país gobernado desde hace siglos por una oligarquía corrupta, delincuente, inepta y muy religiosa se ha conservado hasta el día de hoy a la vista de todos. ¿Qué otra cosa han sido los gobiernos de Rajoy sino un expolio del país organizado metódicamente por una organización de malhechores y estúpidos que, además de saquear el país, lo ha partido? ¿Está diciéndose que la corrupción del Estado español es de tal magnitud que no cabe reformarlo y es necesario destruirlo, hacer tabula rasa y comenzar de nuevo? ¿Que sería necesaria una revolución?

Sí, exactamente, eso es lo que está diciéndose, pero con un matiz. Se dice, pero se sabe que no sucederá. El cierre de filas del llamado bloque constitucionalista o bloque del 155 que en este momento suma más del setenta por ciento del Congreso de los Diputados (PP, PSOE y C’s) hace impensable cualquier reforma de la Constitución que vaya más allá de lo puramente cosmético. Si a este bloque se añade la aportación de Podemos, que no se adhiere directamente al club de los reaccionarios, pero sí indirectamente en cuanto el problema que se trata es el del independentismo catalán, la suma de escaños pasa del noventa por ciento. El establishment españolista y, por tanto, nacionalcatólico, tiene un respaldo casi unánime en el electorado español. Esa es la realidad: España es un país católico, mayoritariamente autoritario y corrupto en el que entre ocho y diez millones de ciudadanos votan opciones corruptas de partidos compuestos por delincuentes que reaccionan dictatorialmente a toda amenaza de discrepancia.

Y eso solo puede romperse de modo revolucionario. Ahora bien, aunque las llamadas condiciones objetivas (nivel de vida, tasa de explotación y pobreza, desempleo, pensiones, etc.) estén maduras para la revolución, no así, ni mucho menos, las subjetivas, condicionadas por el punto de vista de unos dirigentes sin voluntad alguna de correr riesgos, sino solamente de mantenerse al amparo de un statu quo del que depende su muy alto, lujoso, tren de vida al que ni por formación ni por experiencia laboral tendrían derecho. Y si las clases y los estamentos intelectuales a los que el propio Lenin atribuía la función de orientar la conciencia de clase del sujeto revolucionario para superar la mera mentalidad sindicalista se han acomodado al buen yantar y buen vivir de un régimen de privilegios, está claro que tampoco las condiciones subjetivas ayudarán a poner en marcha proceso revolucionario alguno.

La revolución que puede transformar esta situación tiene otra procedencia. Sin duda lo que aquí se propone es una ruptura del marco estatal de hoy en España, pero no a cargo de unas fuerzas políticas no interesadas en provocarlo, sino de aquellas que sí lo están y actúan en consecuencia. Esta ruptura del marco estatal ha de venir propiciada por la revolución catalana, la única genuinamente popular y democrática. Por supuesto, el hipotético triunfo de esta revolución sería incompatible con la persistencia del Estado español como lo hemos conocido hasta la fecha (persistencia que, en todo caso, tampoco está garantizada si dicha revolución no se diera, dada la naturaleza fallida de este) y abriría un período de incertidumbre en el futuro próximo. Pero no debe olvidarse que toda acción política digna de tal nombre se da en el marco de la incertidumbre. La política es básicamente eso: opciones alternativas de futuros inciertos. En el caso que nos ocupa, estos futuros se articulan a lo largo de un eje dicotómico con dos polos opuestos: a) resolver la actual crisis retornando a la situación anterior, esto es, a un Estado más o menos descentralizado con Catalunya reducida a la sólita situación de una comunidad autónoma en régimen de substancial igualdad con los otros dieciséis entes regionales; y b) convertir Catalunya en una república independiente en relaciones con España, enmarcadas en el campo del derecho y las relaciones internacionales, por medio de embajadores y de igual a igual.

A su vez, el pronunciamiento del autor por el independentismo tiene dos bases: por un lado, el respeto a los derechos fundamentales de las personas, el primero de los cuales es el de autodeterminación, como individuos y colectividades, y por otro, la convicción de que España es un Estado fallido. Aquí se parte del supuesto de que el derecho de autodeterminación es un axioma. Arranca de la idea de la autonomía y responsabilidad del individuo, que es dueño de sí mismo o autopropietario, según lo quiere Locke, y responsable moral de sus actos, como complementa Kant, y en ambos casos esa condición se proyecta sobre las colectividades en las que el individuo se integra.

En cuanto a la condición de Estado fallido de España, siendo un postulado empírico y estadístico y, en consecuencia, opinable, precisa apoyatura externa que no es difícil de dar si nos atenemos a los siguientes datos:

El Estado español como Estado fallido

–  Con una tasa de paro del 17 % de la población activa y unos 800.000 emigrantes, el país no es capaz de dar trabajo ni, por lo tanto, alimentar al conjunto de su población, siendo así que, sin embargo, no está superpoblado ni hay relación alguna negativa entre la población o cualesquiera tipos de recursos materiales o intelectuales. Esta carencia, por lo demás, no es puramente coyuntural ni casual. La emigración de la mano de obra en paro (tanto interna como externa) es una constante en la historia del país desde el siglo XIX. Entonces la gente se marchaba a hacer las Américas; en el XX, en tiempos de Franco, los del sur emigraban al norte, a Catalunya, y muchos otros, cientos de miles, para Alemania. La única industria que se mantiene en España es la de exportación de mano de obra. Barata y no cualificada en tiempos de Franco; bien cualificada y también barata en tiempos posfranquistas.

–  Con una industria descompensada y no productiva, el país no tiene un desarrollo autónomo y garantizado. El PIB depende de sectores de servicios inestables, especialmente el turismo, pero carece de una industria autóctona, capaz de generar riqueza mediante la exportación. El turismo, el único sector económico sólido del país, es muy depredador de recursos naturales y medioambientales, y condiciona las posibilidades reales de futuro de los jóvenes al tiempo que incide negativamente sobre el autoaprecio de la colectividad. Es imposible construir un relato triunfalista del progreso y el avance de un país que no pasa de ser el lugar de veraneo barato de los europeos, el lugar en el que muchos vienen a hacer lo que no pueden hacer en sus países.

–  El capitalismo español es parasitario del BOE y está organizado en torno a un sistema de captura de rentas que impide que haya auténtica libre competencia en el mercado y desarrollo industrial, y sirve de caldo de cultivo a la corrupción. Esta lo invade todo porque es estructural y está imbricada en todas las instituciones del Estado y en las relaciones entre este y el mercado y la sociedad civil. Se origina así un capitalismo de amiguetes (Crony Capitalism) que encaja bien con la tradición de oligarquía y caciquismo española y cuyo coste paga siempre la colectividad por el conocido carrusel de a) malvender lo público a los amigos privados; b) rescatar lo público malvendido y arruinado por la codicia de los empresarios privados con dinero también público; c) sanear lo rescatado para volver a regalárselo a los amigos, e così via.

–  No hubo reforma protestante en España sino, al contrario, una contrarreforma que cerraría el paso al desarrollo burgués capitalista el siglo XIX (Nadal, 1971), lo que impidió que se implantaran las virtudes que Max Weber analizaba con tanta perspicacia en su clásico estudio sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. El medro personal al amparo de la Administración, las relaciones de dependencia precapitalistas (que todavía sobreviven en el Mezzogiorno español que es Andalucía), unas clases funcionariales y empresariales parasitarias configuran un país que pasó de ser el mayor imperio del mundo en su época a ser una sociedad subdesarrollada ya en el XIX, gracias sobre todo a la incompetencia de su oligarquía dominante.

–  La ausencia de desarrollo burgués explica también la inexistencia de una conciencia nacional española. El término aparece en el documento fundacional del enclenque liberalismo español, la Constitución de Cádiz de 1812, que da origen al llamado doceañismo. La Pepa, acta de nacimiento del nacionalcatolicismo, rezuma clericalismo, y el término nación aparece vacío. El mucho más vigoroso y representativo pensamiento político reaccionario español se orientaría precisamente a combatir la idea de nación aplicada a España, como un demoníaco invento de los afrancesados (Herrero, 1971). Son los hoy herederos de este reaccionarismo español antinacional los más empeñados en hacer tragar a todos los pueblos del Estado la idea y realidad de que solo hay una nación española.

–  El Estado no es capaz de asegurar el cumplimiento de la ley en todos los ámbitos geográficos, sino que hay partes, como Catalunya, en que se da una legalidad paralela, por no hablar de una legitimidad confrontada. Y si el Estado no es capaz de imponer el cumplimiento de la ley en la totalidad de su territorio, le falla un elemento esencial de su condición estatal, al menos de la condición estatal del Estado democrático, cuyo fundamento es el gobierno por consentimiento, no a la fuerza, en contra de la resistencia de la población. Quizá este dato por sí solo no agote por entero la condición de Estado fallido, pero sí la de Estado fallido en cuanto Estado democrático, ya que el rasgo esencial y definitorio de este es que la obediencia a la ley se da por libre aquiescencia de la ciudadanía y no por temor a la coerción.

–  Ese Estado fallido democrático viene también determinado por la hipertrofia de dos cuerpos colaterales al orden político que en muchos aspectos constituyen verdaderos Estados dentro del Estado, riñen y cuestionan la soberanía de este y contribuyen decisivamente a convertirlo en un Estado fallido: el Ejército y la Iglesia, ninguno de los cuales ha aceptado en el fondo la supremacía del poder civil sobre el militar y eclesiástico, condición imprescindible del Estado moderno no fallido. Las Fuerzas Armadas han heredado casi intacta la preeminencia que tuvieron durante la dictadura. Disfrutan de condiciones socioeconómicas propias para oficiales, jefes y generales: sus hospitales, sus farmacias y ópticas, sus economatos, sus viviendas protegidas y sus centros recreacionales con todas las facilidades sufragados por los contribuyentes. A esta situación de privilegio se añade su centralidad política, al tener una alta misión constitucionalmente encomendada y bajo el mando directo del rey como capitán general de los ejércitos, título que se le da porque llamarlo generalísimo lo hubiera vinculado demasiado con su fuente de legitimidad, el general golpista Francisco Franco.

–  La existencia de una Iglesia privilegiada en todos los aspectos carece de parangón en Europa y es excepcional entre los países católicos. Aunque el Estado no es oficialmente confesional, lo es oficiosa y materialmente. El Estado sufraga directa e indirectamente el presupuesto de la Iglesia y de todas sus actividades, sean o no lucrativas para la propia Iglesia. Esta ha usurpado la mayor parte del patrimonio artístico religioso y lo administra con la seguridad de unos beneficios que derivan del privilegio de la más absoluta exención fiscal. Hoy en día, la Iglesia acumula riqueza mueble e inmueble muy superior proporcionalmente a la que tenía antes de la desamortización de Mendizábal, cuando el Estado español, siendo ya fallido, lo era menos que hoy.

Expuesto lo anterior, el plan de la obra contiene tres partes de distinta naturaleza. En primer lugar, un tratamiento de carácter teórico general que nos permita encuadrar el proceso catalán en un contexto de historia presente más amplio. En segundo lugar, otro de carácter teórico-cronológico que nos permita seguir el hilo de los acontecimientos que han caracterizado el proceso en el Estado español. En tercer y último lugar, una parte analítica y prospectiva, ya que se escribe al mismo tiempo en que se producen los efectos de las elecciones del 21 de diciembre.

1.
Cuestiones generales

1. Cuestionamiento o consolidación de la herencia de Westfalia

En 1648 terminaron la guerra de los ochenta años entre España y los Países Bajos, y la de los Treinta Años en la que acabó participando media Europa. Y con eso cambió la historia del continente y del mundo. Momento convencionalmente considerado como el comienzo de la decadencia española. Es significativo que lo decisivo de esta, aparte del desfavorable equilibrio de poder con Francia, fuera el reconocimiento de la independencia de los Países Bajos. Son estos, por tanto, el primer Estado en sentido moderno, y lo consiguen precisamente en guerra con España, que no lo es y seguirá sin serlo. La otrora poderosa Monarchia Hispanica iniciaba un mutis histórico que duraría siglos y ha tenido entretenidas durante ellos a generaciones y generaciones de intelectuales, preguntándose angustiados por el ser de España.

Lo interesante de esta Paz es que articula en términos prácticos (la independencia de Holanda, que surgió como una potencia comercial naval) la elaboración de una doctrina nueva: la del Estado nacional como sujeto de derecho público de naturaleza territorial delimitada frente a las formas de poder basadas en las relaciones de dominio privado, propias del feudalismo. Se consagraba el principio de integridad territorial de los Estados, y la nación de que estos se acompañaban había de encajar quisiera o no en esos límites territoriales.

En el instante mismo de su concepción, el Estado nacional mostraba su destino problemático o conflictivo. El Estado y la nación son entes de naturaleza muy distinta y no fáciles de encajar entre sí. El Estado es una realidad jurídico-política basada en el principio de soberanía, que es uno de los nombres del poder militar. La nación es un sentimiento compartido, un imaginario colectivo (Anderson, 1991) que puede manifestarse de muy diferentes formas en su relación con los Estados, con los territorios y hasta con la falta de territorios, como demuestra el caso judío.

El Estado como forma de organización política ya estaba teorizado en Maquiavelo. La fórmula lo stato, que todos señalan como esencial en la obra del autor de El príncipe, designa un ámbito político delimitado y propio en el que el príncipe ejerce su poder con independencia de la organización cristiana, cuya ambición político-territorial no se reconoce. Sin embargo, en la idea del Estado de Maquiavelo late un elemento sentimental muy fuerte que hoy calificaríamos de nacionalista. El famoso capítulo XXVI de El príncipe, la exhortación que dirige a los Medici para liberar a Italia de los bárbaros, es una especie de manifiesto de la nación italiana avant la lettre.

Pero si Maquiavelo puede considerarse, simplificando, el padre del Estado, no así de la nación, que era anterior, aunque de perfiles confusos. Más de medio siglo antes de la obra del florentino, el término naciones aparece en el Concilio de Constanza (1414-1418) y ya por entonces era de uso común, referido al conjunto de gentes nacidas, oriundas, de un mismo lugar. En Constanza se puso fin al Cisma de Occidente y se aprobó el decreto Haec Sancta que consagraba la superioridad del Concilio sobre el Papa o doctrina conciliarista. La decisión se tomó por votación y en ella se votó por naciones, siendo estas la italiana, la inglesa, la alemana, la francesa y la española. Así pues, había un sentido de nación española en los ámbitos académico y eclesiástico anterior al Estado. El encaje posterior de esa difusa nación en el Estado español será el motivo de sus crisis posteriores.

El Estado cuya doctrina se sienta en Westfalia, con el principio de la integridad territorial, es sujeto de unas relaciones internacionales entendidas como relaciones entre entes soberanos en principio iguales. Hay una voluntad de acabar con aquel pandemónium de la guerra de los Treinta Años que tenía al continente en una situación de inseguridad jurídica casi anárquica. Un intento de sacar el orden internacional de la condición hobbesiana del Estado de naturaleza y garantizar una mayor seguridad jurídica que permitiera el desarrollo de las relaciones comerciales, principal interés de unas incipientes clases burguesas.

El Estado moderno es concebido como instrumento al servicio del desarrollo burgués, en su forma tanto republicana como absolutista: el mercantilismo como doctrina económica, la formación de ejércitos permanentes gracias a una Hacienda pública y las estructuras legales de dominación perfilan un sujeto que determina sus propios objetivos a través de una sucesión de factores que acaban configurando la personalidad de cada Estado, su singularidad, en un conjunto muy plural. En la estela de Stein Rokkan, suelen contarse entre esos factores los cleavages o hiatos que han caracterizado sus respectivas historias: relaciones entre la ciudad y el campo, el centro y la periferia, la Iglesia y el Estado, el capital y el trabajo; según estos han ido dándose a lo largo de cuatro procesos de evolución y diferenciación: la unificación de las élites, la integración de las masas campesinas, la participación política y la aparición del Estado del bienestar (Rokkan, 1976). En el caso de que no se haya dado una unificación de las élites en cuanto clases dominantes, también la integración de las masas campesinas puede verse afectada y, con ella, la participación política, esto es, la singularidad que implica el caso de Catalunya en este modelo de carácter general.

El modelo originario de Estado se cierra sobre sí mismo, lo que hace que se articule como defensa a las expansiones imperiales extrañas. Andando el tiempo, consolidada la forma Estado, se verá que es este, precisamente, el que inicia una expansión imperial por su lado que, en principio, contradice su propia justificación como forma estatal. Los teóricos del Estado darán cuenta tempranamente de esta objeción argumentando una forma de razón de carácter puramente instrumental e inmoral que servirá para justificar el Estado en todo tiempo y lugar, la razón de Estado. La razón de Estado, teorizada por el jesuita Botero en 1589, impera desde entonces en las relaciones internacionales, muy a tono con el espíritu maquiavélico que, a veces, se disfraza de otras pretensiones y desmiente las esperanzas westfalianas en un orden internacional equilibrado.

La razón de Estado en la forma del más crudo casuismo jesuítico prevaleció durante los siglos del ascenso político de la burguesía y, según muy acertada doctrina (Del Águila, 2000), siguió siéndolo después del ingenuo intento de la Ilustración de someterla a criterios éticos kantianos. En el fondo, esa razón de Estado solo tenía de nuevo el nombre porque parece haber sido tendencia de toda forma de organización política fuera o no Estado según el concepto moderno. La estrategia de guerra preventiva que aplicaron sistemáticamente la República y el Imperio romanos no es otra cosa que razón de Estado o, si se quiere, para ahorrar equívocos, razón del poder.

Por eso, la Europa como Europa de los Estados no liberó al continente de sus proclividades de dominación imperial. Con anterioridad a Westfalia lo habían intentado bajo distintas formas políticas, los romanos, los carolingios y los españoles. Después de Westfalia, y ahora ya bajo la idílica condición de Estados, lo intentaron los franceses y los alemanes, y en parte, en la zona oriental del continente, también los rusos. Así que la historia de Europa es la de sucesivas (y fracasadas) dominaciones políticas y, sobre todo, militares.

El siglo XIX pareció libre de estas querellas, pero cabe maliciarse que se debió a que la pulsión imperial desbordó las fronteras continentales para fundar grandes imperios ultramarinos. Este movimiento expansionista coincidió en el tiempo con una recrudescencia de las corrientes nacionalistas, sobre todo en el continente europeo. Las complicadas relaciones entre el Estado y la nación reaparecían. Si la Revolución francesa había acuñado un concepto político/republicano de nación como conjunto de ciudadanos frente al monarca, Alemania ponía en marcha otro de carácter cultural y étnico. Los dos compitieron a lo largo de aquel siglo, llamado de las nacionalidades, y en el XX. Es ese factor nacional el que provoca en Europa el continuo cuestionamiento a lo largo de la historia de las formas estatales que generalmente se conciben a sí mismas con voluntad de permanencia. Es la dialéctica nación-Estado la que da al continente europeo esa figura de variación y dinámica que le es característica.

En el siglo XX, la interpretación del movimiento de unificación europeo autoriza a verlo como la última manifestación del espíritu imperial. Ahora no por la conquista militar y la guerra, sino por el intercambio comercial e industrial. El discurso a favor está lleno de tropos condenando los intentos militaristas anteriores y recordando cómo el actual proceso de integración europea tuvo su muy lejano origen en el propósito de que no se repitiera algo como las dos guerras mundiales. Por eso, todo nació de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (poniendo estos dos recursos en común, Alemania y Francia no volverían a la guerra). Las armas quedan desterradas, y la dominación militar en beneficio de los intercambios comerciales, las relaciones industriales, financieras, científicas. Un porvenir prometedor. Al final, pareciera como si Saint-Simon llevara razón con su anticipación de la Europa de los industrialistes. Marx y Engels lo calificaban de utópico porque predicaba la colaboración y no la lucha de clases. Los seguidores de ambos lo critican como padre fundador de las doctrinas tecnocráticas. La idea saint-simoniana del gobierno de los científicos reaparece en las propuestas actuales de los gobiernos de expertos, de gestores, especie de dictaduras científicas, cuya crítica sería el espíritu mayoritariamente distópico que se extiende en el terreno de la especulación utópica. Ya desde mediados del siglo XIX se abre camino la oposición a la tecnocracia (París en el siglo XX, de Julio Verne; Nosotros, de Yevgeni Zamiatin; Un mundo feliz, de Huxley; 1984, de Orwell; Fahrenheit 451, de Bradbury, etc.), que en contra de lo que debiera ser, ni siquiera es capaz de contener el cambio climático del planeta que ella misma puso en marcha.

No obstante, es razonable reconocer que las formas nuevas de interacción, entrelazamiento comercial, económico, financiero crean realidades muy efectivas y tienden a relativizar los factores políticos tradicionales, especialmente los Estados. Muchos de esos entramados económicos y financieros no solamente son independientes de los Estados, sino que los someten a sus exigencias. La nebulosa comprendida en la expresión los mercados apunta a un orden de poder que dicta políticas a los Estados supuestamente soberanos. Y, más aún, esas realidades fácticas en contexto de enfrentamientos supraestatales imponen a los Estados como sujetos políticas contrarias a sus propios intereses a través de tratados internacionales de comercio, como el fatídico CETA. Diríase que aquí se da la paradoja de que el Estado queda despojado de su razón en nombre de otra razón superior que no es propiamente un Estado.

En este contexto muy dinámico y cambiante, la relativización del Estado, especialmente del que no sea instrumento eficiente de desarrollo, es inevitable. Cuando un instrumento no es eficiente, el sentido común manda sustituirlo por otro que lo sea. Europa es la Europa de los Estados, de esas realidades relativizadas y relativizables que son los Estados. Y vuelve a plantearse el problema del encaje con la nación. Pero ahora adquiere un mayor interés porque se da en un contexto nuevo de integración europea.

El marco estatal y la política regional

Tal integración cuestiona algunos caracteres tradicionales del Estado con muy distinto alcance. La unión monetaria priva al poder de la acuñación de moneda y la política monetaria. La población goza de una razonable libertad de circulación, y en muchos aspectos la soberanía interna de los Estados está recortada por la prevalencia del derecho comunitario. Pero la Unión sigue siendo una organización de Estados, en la que estos mantienen los pilares de su soberanía y marcan a veces el territorio con referéndums ocasionales cuando alguna reforma de los tratados implica una intensificación de la integración.

Siendo una organización de Estados o de lo que queda de ellos, la Unión Europea funciona como un Estado. De hecho, es un reparto dual de poder entre Alemania y Francia en el que Inglaterra, no pudiendo jugar su papel tradicional, se ha retirado, lo que ha abierto una nueva etapa en lo que se venía viendo como un proceso de integración imparable. El general De Gaulle tenía razón cuando se oponía al ingreso del Reino Unido en la Comunidad Europea porque suponía que el país actuaría como un portaviones de los EE. UU. en Europa, nada interesados en que esta pudiera alcanzar un estatuto de gran potencia que le permitiera hablar de igual a igual a los estadounidenses. Los temores del general se hicieron realidad cuando los tories metieron al país en la CE y los laboristas lo confirmaron a pesar de haber prometido lo contrario. Y en consecuencia, desde el punto de vista del gaullismo, la salida voluntaria de Inglaterra sería una confirmación de sus posiciones.

Pero el Brexit (iniciado con el referéndum de 2016) puede estar cargado de consecuencias en direcciones hoy por hoy inimaginables, puesto que oscilan desde un escenario de reintegración europea mediante el retorno de Gran Bretaña (a través de un posible segundo referéndum) hasta una sucesiva fragmentación de la Unión a cargo de algunos viejos aliados y socios de Gran Bretaña en la EFTA, especialmente los países nórdicos, pero también Austria.

En todo caso, es obligada una reconsideración de la UE. Aun en medio de crisis de todo tipo, la organización supraestatal venía siendo considerada como un proyecto de éxito que encontraba imitadores en los demás continentes, en las Américas, en Asia y en África. Ya mencionamos su conciencia de substituir la dominación paneuropea de tipo militar por otra de carácter comercial, económico, financiero. Y pacífico. Se añadía la prueba empírica del éxito: la mayor integración en paralelo con sucesivas ampliaciones. La organización, que comenzó en 1957 con seis miembros, llegó a tener veintiocho cincuenta años más tarde. Con muy escasas excepciones, la UE se había hecho coextensiva con el continente, lo cual explica por qué se acostumbra a utilizarlas como sinónimas. Se dice Europa cuando la referencia es la UE. El saber convencional suponía un proceso de integración también con vagarosas aspiraciones federalistas que habría de dar lugar a un ente supraestatal cuya naturaleza estaba aún por determinar, pero que tendría personalidad propia. En la concepción latía la idea de que la UE era un club en donde se entraba, pero no se salía. De hecho, no había mecanismo de abandono previsto en los tratados. En el fondo, esto era la quiebra del sistema de Westfalia.

Pero la salida de Gran Bretaña ha demostrado la inexactitud del saber convencional. La UE es un club de entrada y salida. El proceso de integración no era irreversible como no lo es nada en el ámbito político. No lo fue el nazismo, que pretendía durar mil años; ni el comunismo, que apuntaba a la eternidad; ni la UCD de Suárez que, más modesta, solo aspiraba a cien años. Si los antiguos socios del Reino Unido en la EFTA a los que nos referíamos más arriba deciden seguir los pasos de su otrora abanderada, el sistema de Westfalia podría acabar triunfando y Europa volvería a ser un sistema de Estados al estilo anterior a la integración europea.

Pero no tiene por qué ser idéntico a aquel. El sistema europeo se encuentra siempre en mutación, como lo están sus Estados. Un ejemplo llamativo que ilustra a la perfección la relatividad de la figura de Estado es la unificación alemana de 1991. El proceso se había bautizado como reunificación (Wiedervereinigung) hasta que alguien cayó en la cuenta de que no cabía hablar de reunificación porque el Estado resultante de la caída del muro de Berlín no correspondería con ninguna forma anterior de Estado alemán y sería más propio por tanto hablar de unificación.

En esas circunstancias, el mapa de Europa en los próximos años puede seguir cambiando, como siempre ha hecho. El nuevo sistema de Estados comprenderá los que sigan el ejemplo británico (y que quizá lo hagan movidos por consideraciones económicas de la carga que supone una UE empobrecida) y lo que quede de la UE, una especie de Rump EU que deberá recomponer sus relaciones internas de poder. En esa tarea, la UE tendrá que cohonestar la política de Estados en su seno con las políticas públicas regionales en busca de una mayor integración. Su hipotética reducción de tamaño, paradójicamente aumentará la autoridad de la Comunidad sobre los Estados miembros que, pudiendo salir, se queden. Es decir, posibilitará que la UE se rija en mayor medida por criterios unitarios de eficacia o, dicho en otros términos más crudos, desarrolle su propia razón de Estado.

La UE no puede estar guiada por una fe insensata en un principio de respeto a la integridad territorial heredada de los Estados originarios, sino por un análisis de costes-beneficios para el conjunto de la Unión como un todo de distintas formas de organización territorial. Es obvio que se trata de un terreno espinoso por cuanto se ha de encontrar alguna solución siguiendo dos criterios que son antagónicos, por un lado, el pragmático de la mejor forma de organización interna de la UE como una unidad y, por otro, el respeto reverencial al principio heredado de la integridad territorial de los Estados.

Según esta línea de razonamiento, la idea de una Catalunya fuera de la UE es impensable, sea cual sea la solución que tenga el pleito España-Catalunya. Una posible solución es la independencia de Catalunya, su reconocimiento como Estado y su incorporación abreviada a la UE. Algo que contará con abundantes y poderosos apoyos en la Unión. Y algo a lo que, si no cambia de parecer, el Gobierno español responderá negándose como a cualquier negociación que suponga una alteración de su integridad territorial.

Así las cosas, el conflicto se plantea en términos prácticos y de poder: si el Estado español tiene la fuerza y capacidad necesarias para impedir la accesión de una Catalunya independiente a la Unión Europea. El propio Estado español viene obligado a considerar cómo podrá España organizarse en función de una mayor o menor pulsión independentista en Catalunya.

La globalización y la gobernanza multinivel

El proceso de cuestionamiento de los marcos estatales puesto en marcha en la UE tiene su correlato en el que se da en todo el planeta y al que llamamos globalización. La mayoría de los autores reconoce que la nota definitoria de que globalización signifique irrelevancia de los factores nacionales es más o menos clara según los factores cuya globalización se considere: económicos, políticos, culturales, militares, jurídicos, sociales, demográficos o comunicacionales. Las diferencias en los grados de universalización de estos factores nos ponen sobre la pista de la conservación de los viejos marcos estatales y sus correspondientes razones de Estado, frente a los otros dos vértices del triángulo con el que Dani Rodrick resume la paradoja de la globalización. Esto es, la democracia y la integración de los mercados (cit. en Fernández-Albertos, 2012: 79).

En último término, por muchos subterfugios teóricos que se busquen para justificar situaciones de dominación, en el fondo del orden internacional hay un elemento de poder militar que suele ir (aunque no siempre) acompañado del poder económico. A pesar de todo, hay quien está dispuesto a ver en la globalización un avance o progreso hacia formas cosmopolitas de organización democrática (Held, 2010) y, probablemente, se hace eco de los movimientos alterglobalizadores en una unidad de teoría y práctica todavía no suficientemente estudiada. Por otro lado, hay quien, resaltando los caracteres de viejo sistema de Estados westfaliano, sostiene que la globalización es un flatus vocis para encubrir una realidad de dominación tradicional regida por los intereses estatales en virtud de la clásica razón de Estado (Walzer, 1991).

En cualquier caso, es imposible ignorar que en la era de las comunicaciones, de la cobertura universal de internet, la llamada sociedad internacional es una red muy tupida en la que se da una enorme variedad de agentes, pues conviven Estados con organizaciones internacionales, transnacionales, agencias independientes, órdenes, fundaciones, tratados, cárteles. En esa interacción universal incontrolable no solo son distintos los actores, sino también los contenidos de su acción, mezclados la mayor parte de las veces: asuntos financieros y bélicos, económicos y culturales, jurídicos y filosóficos (García Picazo, 2016). La esfera internacional es la totalidad hegeliana que, a su vez, se fragmenta en una poliarquía, concepto que Robert A. Dahl ha adscrito a toda forma de democracia.

Sea cosmópolis o sistema mundial de Estados, la realidad planetaria es muy compleja en muchos niveles en los que se encajan formas también muy distinta de gobernanzas. La poliarquía internacional interactúa en un espacio universal común que hemos acabado equiparando con la alta mar. De ahí que, en la interacción se proceda con todo tipo de metáforas: navegación, piratas, etc. En las redes se libran las batallas contemporáneas que abarcan cuestiones de prevalencia mercantil o competiciones publicitarias o polémicas sobre la esencia misma de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por ejemplo, el cuestionamiento del derecho de propiedad intelectual ha propiciado la aparición de partidos piratas. Al margen de otras consideraciones, esto indica que la red no conoce límites formales ni materiales.

Las redes parecieran difuminar los contornos de los Estados y los factores de soberanía. Y, sin embargo, este proceso, doctrinalmente admitido, acaba siempre chocando con una u otra forma de razón de Estado. El caso más claro y llamativo es el de Julian Assange al frente de Wikileaks. La complicada situación jurídico-política de Assange, que lleva cinco años refugiado en la embajada del Ecuador en Londres, ilustra las complejidades del mundo en red. Los EE. UU. iniciaron la acción por revelación de secretos, típico asunto de razón de Estado; intervino el Reino Unido y también Suecia. Hoy en día, Assange es libre por lo que se refiere a la fiscalía sueca, pero aún puede ser detenido por los británicos por haber quebrantado la libertad provisional. En el ínterin hay un nuevo caso de razón de Estado. Assange, que se implicó muy activamente en la causa independentista catalana y ha hecho campaña en las redes en contra de la violencia policial española, calló repentinamente; incluso su cuenta llegó a estar desaparecida, aunque fue repuesta con relativa rapidez si bien su implicación en favor de la autodeterminación catalana se moderó notablemente. La hipótesis de que el Estado español haya presionado al ecuatoriano para que este presione a su vez al refugiado es verosímil. Incluso es imaginable un do ut des en el que el Estado ecuatoriano, incómodo con la presión española, que puede llegar a ser intensa dada la balanza migratoria entre los dos, hubiera comprado el silencio de Assange a cambio de la ciudadanía ecuatoriana. En un terreno de generalizaciones, la peripecia de Wikileaks prueba dos hechos: a) la razón de Estado sigue funcionando, y b) las redes tienen un poder inmenso.

Por virtud de la globalización, en este mundo-red, la forma Estado se jibariza en sus viejos elementos componentes. En cambio, se hipertrofia su realidad y se expande su acción en la medida en que, con el ciberespacio, se eleva a infinito su jurisdicción y la población que se verá afectada por ella. En el caso concreto de Catalunya, su lugar en un sistema de gobernanza multinivel dependerá del ámbito del que se trate y de las competencias de soberanía que sea capaz de ejercer.

La República Catalana está adaptada a las condiciones de la sociedad internacional como entrelazamiento de redes distribuidas. Si se mira bien, el movimiento independentista, que le ha dado el ser, se ha fraguado, ha prosperado y se ha consolidado en las redes. Esto es tanto más importante cuanto que, aunque España ocupa uno de los últimos lugares de Europa en penetración de internet, con el 77 % (Reuters, 2017) la densidad del tráfico catalán es muy elevada. Verdad es que aquellas tenían parte del camino hecho con el tupido entramado de instituciones de la sociedad civil catalana que, simplemente, se ha virtualizado. De hecho, la acción colectiva independentista es un caso práctico evidente de lo que Howard Rheingold llama Smart Mobs o “multitudes inteligentes” (Rheingold, 2002).

Cualquiera que haya seguido la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 sabe que un resultado tan brillante, frente a la acción policial y judicial del Estado, solo fue posible porque tras ella había una organización eficaz que combinaba las relaciones virtuales con las personales, muy extendida e imbricada en todo tipo de organizaciones sociales y/o políticas e institucionales y compuesta básicamente por voluntarios. Fueron estos quienes aportaron los recursos necesarios para el referéndum. Se trata, por tanto, de una movilización política comprometida con la articulación de formas de Estado a través de sus instituciones por cuya preservación lucha.

Un movimiento así no se elimina con medidas de orden público o políticas autoritarias. La causa independentista ha alcanzado un grado de legitimidad a ojos de la comunidad internacional que solo cabe abordar mediante negociaciones políticas. Y eso lo ha conseguido una población, la catalana, por su tesón colectivo y su colectiva voluntad de liberación.

2. Nueva combinación de factores políticos

Regiones/naciones

El independentismo catalán trae causa del viejo nacionalismo del siglo XIX y, en el XX, de un curioso fenómeno o moda de descentralización y regionalización que se dio en los años ochenta. Hasta Francia se regionalizó con gran desconfianza del ánimo centralista tradicional, a través de las leyes de Gaston Defferre de 1982. En 1985, 49 regiones y 9 organizaciones internacionales crearon el Consejo de las Regiones de Europa que, en 1987, pasó a ser la Asamblea de las Regiones de Europa, de la que fue presidente el que lo era de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, de 1992 a 1996. Unos años más tarde, la Comunidad Europea seguía la moda y creaba en 1994 un Comité Europeo de las Regiones con funciones consultivas en el que Pujol también desarrolló una intensa actividad.

Lo consultivo no daba para mucho; no era un poder decisorio. Pero el proceso de regionalización fue aprovechado por fuerzas políticas de entidades territoriales con un proyecto más ambicioso y a largo plazo de convertirse de regiones en naciones. Tal era la ambición que latía en la actividad de Pujol en el orden regional, actividad que pronto encontraría los límites que la prevalencia de lo estatal imponía en la UE.

De ese modo, el nacionalismo obviaba los procesos regionalizadores por considerarlos meramente administrativos para recuperar un programa más político que echaba sus raíces en los movimientos nacionales de los siglos XIX y XX. Unos movimientos privilegiados por los historiadores que les otorgan gran importancia en la generación o destrucción de Estados y suelen tratarlos en pasado, como corresponde, pero se ven obligados, por rigor intelectual, a admitir su prevalencia en el presente.

A lo largo del siglo XX, el nacionalismo ha sido muchas cosas y muy distintas en toda Europa y fuera de ella. Ha dado lugar a movimientos regeneracionistas, autoritarios, imperiales, autárquicos, emancipadores, anexionistas, federales, confederales. Es decir, no cabe una sola adscripción causal a esta corriente. Casi no puede sostenerse que se trate de una sola ideología salvo por el hecho de que todas sus formas y manifestaciones comparten un último objetivo único, común: el autogobierno, la independencia.

Ese objetivo, sin embargo, es determinante. Y se presenta como axiomático: toda comunidad, toda nación, tiene derecho al autogobierno y este es la proyección del derecho fundamental de los seres humanos a disponer de sus destinos. Aquí suele abrirse de inmediato una agria controversia sobre si las colectividades tienen tales derechos y si los tienen al margen de los de otras colectividades que las engloban. No ha lugar a reproducir los argumentos de una y otra parte, sino solamente a advertir que, sean cuales sean los términos en disputa, no suele ser grata la situación de quien se obstina en negar a otros unos derechos de los que él disfruta. Especialmente si esos otros los reclaman de forma democrática, pacífica, cívica y amparada en un movimiento social muy amplio.

Las interrelaciones entre las regiones (con su diferente personalidad político-cultural e intereses económicos), los Estados y otros entes de la sociedad internacional como las ciudades y las conurbaciones, plantean una realidad perpetuamente cambiante en la que no tiene mucho sentido empeñarse en conservar formas de organización que se han demostrado ineficaces. En esa realidad magmática de la poliarquía internacional, la pretensión catalana de ser considerada como un Estado más en pie de igualdad con los otros ha adquirido una insólita relevancia política. «Catalunya, nou Estat d’Europa» rezaba el lema de la Diada de 2012, que algunos consideran el punto de arranque del nuevo independentismo transversal (Mascarell, 2017).

La reclamación podría entenderse como una resurrección del espíritu de Westfalia, del sistema de Estados, y a ese punto suele orientarse la crítica al independentismo, cuando se dice que se trata de un objetivo reaccionario en un mundo que abole fronteras. Aunque así fuera, no es razón suficiente para negar el derecho a constituirse en Estado. Es más importante ver que, en la poliarquía internacional, en los distintos niveles de gobernanza, la presencia de Catalunya es habitual. De Catalunya como entidad y de lo catalán como emanación de una pujante sociedad civil que se proyecta en todos los órdenes internacionales. Razonable es que se pida también la presencia como Estado en cuanto forma de garantizar la eficacia y el rendimiento de esas relaciones internacionales.

La nación catalana y el empoderamiento de la gente

Téngase en cuenta que esa poliarquía internacional se manifiesta en las redes, realidad y metáfora de la cosmópolis; lo más logrado hasta la fecha en cuanto a capacidad de acción y libertad de los usuarios. Tomando la sociedad como un ámbito de comunicación, la promesa de la red viene a ser un empoderamiento universal del individuo. Los límites los pone él mismo. Hay mucho de hipérbole en esta apreciación, pero si se comparan las posibilidades individuales de comunicación, información y expresión en las redes con las que había antes, en la época de los medios de comunicación analógicos, se verá que se han multiplicado enormemente.

La esfera pública no puede prescindir de las redes porque lo digital (que los medios trataron de relegar al principio al ámbito privado) ha penetrado lo analógico y ha acabado generando una realidad mixta entre lo uno y lo otro, lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público. Por tanto, el acceso de la ciudadanía a un grado más elevado de participación en la esfera pública obliga a reconsiderar los roles de todos, personas, medios, instituciones. En el Parlamento se tuitea; en Twitter se interpela al Parlamento. Los debates e interrelaciones se dan en esferas cruzadas.

El único límite real a ese empoderamiento universal del individuo es su alcance nacional. En realidad es estatal porque son los Estados los que dan cobertura a los elementos en cuanto sedes de las empresas y actividad jurisdiccional. Es en los límites de los Estados en los que se realiza ese mayor empoderamiento de la gente. En realidad se dan tendencias a la supraestatalidad (especialmente en razón de las comunidades lingüísticas), pero son muy escasas. Aun siendo escasa, esa comunicación transestatal facilita mucho la información transfronteriza, aunque no vaya acompañada de interacción personal.

Como siempre, el límite estatal no coincide con el nacional y aquí puede sostenerse ahora que, por su mezcla de elementos públicos y privados, las redes son un ámbito extraordinariamente eficaz para crear y mantener una conciencia nacional, que está hecha de elementos racionales y sentimentales. Una sociedad, movimiento o nación de individuos empoderados con alta competencia en las redes tiene mucho ganado en estas para generar apoyo a sus proyectos y no necesita alquilar los servicios de hacedores de reputaciones. Hemos citado las Smart Mobs de Rheingold. Pero quizá quepa llevar más lejos esta funcionalidad de las redes en el fomento de una conciencia nacional entendida al modo de la Comunidad de Tönnies. Podría aventurarse la hipótesis de que un movimiento fundamentalmente basado en el voluntariado y la acción desinteresada quizá fuera la contrapropuesta a la famosa tragedia del común (Hardin, 2005), según la cual, dado el egoísmo innato a la condición humana, es el bien común el que resulta destruido en primer lugar. La construcción de la nación como vínculo pretende ser lo contrario. La tesis de Hardin, que ha gozado de una aceptación acrítica casi universal, es bastante apodíctica. Un proceso como el independentista catalán está sembrado de elementos y datos empíricos que permiten sostener fundadamente la tesis contraria: cuando anda en juego la nación, la pauta es el comportamiento solidario y altruista de los interesados. Estos, lejos de regirse por un factor irracional de egoísmo, orientan su acción según criterios de interés común a los cuales sacrifican su comodidad personal. El resultado son acciones colectivas en las que solo cabe reconocer el efecto de una intencionalidad originaria y una planificación inteligente para maximizar los beneficios públicos. En este ensayo tendremos ocasión de demostrar esta realidad, cuando consideremos las peripecias concretas del movimiento independentista en algunos momentos especialmente decisivos, como la logística del referéndum del 1 de octubre y el exilio de parte del Govern a raíz de la aplicación del artículo 155 en Catalunya el 27 de octubre, en la que no cabe ver sino un verdadero golpe de Estado movido por el propio Estado.

La comunicación nacional puede darse en un marco interestatal (países anglófonos, francófonos, hispanohablantes, etc.) o intra-estatal. Es el caso de las minorías nacionales en el seno de un Estado, por ejemplo, el de Catalunya. Precisamente una de las muestras de la condición nacional de Catalunya es un diagrama de la densidad de flujo de internet y su comparación con la española. Asimismo, un estudio de densidad de tráfico transfronterizo catalán (los països catalans) en comparación con el español es muy ilustrativo. En resumen, el movimiento independentista es un movimiento en las redes. Eso puede probarse empíricamente y muestra cierta diferencia entre Catalunya y España en cuanto a competencia digital, no tanto en sí misma como a propósito de la causa que esa competencia defiende. La defensa de la nación catalana en las redes está mucho mejor organizada que la de la nación española. No pueden ignorarse los límites nacionales. En su estudio sobre el movimiento de los indignados en España, Weiner y López señalan que su repercusión (y el surgimiento de Podemos) viene de la feliz coincidencia de unos movimientos sociales estructurados y unos actores políticos heterogéneos con las redes civiles, articuladas ahora a través de las TIC y los medios sociales (Weiner y López, 2017: 158). Ese, a nuestro entender, acertado juicio es aún más acertado en el caso de Catalunya.

La red catalana no rompe el límite nacional-catalán y tampoco el nacional español (con la consabida diferencia en la densidad del tráfico), pero sí el autonómico y potencia la configuración de una nación catalana amplia, ultima Thule del independentismo. Por lo demás, si hay alguna esperanza de llegar a un futuro melting pot de identidades está en las redes sociales, donde los catalanes son muy eficientes. La existencia de una muy activa y actualizada Viquipèdia, entre otros factores no menores, así lo prueba.

La revolución catalana viene a ser un episodio de empoderamiento de una nación como consecuencia del empoderamiento de los individuos que la componen. Puede emplearse la expresión de nacimiento de una nación por su contenido poético, pero no en el sentido de Griffith, porque la nación preexistía. Lo que ha nacido ahora es la conciencia y la voluntad de ser un Estado independiente de España.

3. Geopolítica de la República Catalana

Es frecuente ver citado el famoso apotegma de Voltaire en Le siècle de Louis XIV: «La Catalogne, enfin, peut se passer de l’univers entier, et ses voisins ne peuvent se passer d’elle». El filósofo profesaba una intensa simpatía por Catalunya a la que comparaba con mucha ventaja para ella con España. El siglo de Luis XIV se publicó en 1751 y en ella, Voltaire hacía una descripción de las peripecias del territorio con motivo de la Guerra de Sucesión en España. Habiéndose entregado al archiduque, Catalunya caería como una pieza codiciada en manos de Felipe V, nieto del rey Sol y obsesionado con una asimilación a Castilla de los reinos de la Corona de Aragón, tal como habían aconsejado insistentemente sus validos a los Austrias anteriores.

La importancia de Catalunya en Europa es evidente. Desglosando España por comunidades autónomas, es la que tiene mayor peso en Europa, excepción hecha de Madrid. Hay sinergias europeas de Catalunya que no se dan con otras comunidades en España y, ciertamente, su atractivo en Europa no depende de que sea o no miembro de la Unión. La viabilidad de Catalunya en el continente viene, asimismo, avalada por el hecho de que numerosos organismos internacionales y europeos la reconocen.

Ante la verosimilitud de una Catalunya independiente es lógico que haya una tendencia a proyectar su futura geopolítica según los criterios acuñados en el pasado, por ejemplo, la tendencia a recuperar una tarea aragonesa y mediterránea como la vía clásica y fuente de la prosperidad catalana. No obstante, los 500 años que Catalunya ha estado vinculada al reino de España, como supeditada a la aventura imperial castellana, han dejado una huella importante con la que la República Catalana no solamente deberá convivir (o conllevarse) sino también aprovechar en su beneficio como una base plural para rentabilizar nuevas oportunidades de progreso y desarrollo. Catalunya es una nación forjada en el crisol de la Hispanidad. Catalunya es una nación hispana y este recuerdo basta para articular horizontes variables y alternativos a su tradicional vocación mediterránea. No todo habían de ser desventajas de su vinculación a los destinos de Castilla.

De cómo el Mediterráneo se hace Atlántico

El peso del pasado es inmenso en la realidad presente, cosa que puede decirse de todos los países del mundo con algún tipo de gobierno civilizado. Lo que no puede decirse de todos es que tengan dos lenguas maternas y que su población sea bilingüe. En ciertos casos que suelen señalarse, algunas excolonias francesas como Marruecos y Argelia; o inglesas, como la India, la simultaneidad lingüística fue impuesta por la conquista militar colonial, mientras que, en el caso de Catalunya, esa situación se ha dado en el curso de interrelaciones culturales, comerciales, etc., a lo largo de muchos siglos. Ha habido episodios de conquista militar y ese es un parecido con los casos imperiales citados, así como también lo es que la penetración del castellano deja siempre bolsas en las regiones más alejadas del país en las que únicamente se habla la lengua vernácula. Obviamente esas bolsas son menores en Catalunya que en las colonias citadas, incluso en las españolas de América.

Si las lenguas son ventanas al mundo, como dicen los psicolingüistas, las personas bilingües tienen dos y dos mundos. Y las dos y los dos propios. Una más o menos impuesta a lo largo de los siglos, tantos que es tan materna como la autóctona y con el añadido de que ambas pertenecen al mismo tronco y familia de las lenguas romances, en este caso lenguas hispánicas que han evolucionado en paralelo. El catalán es tan lengua de la hispanidad como el castellano. Las dos lenguas catalanas proyectan a Catalunya en dos direcciones por cada ventana con dos proyectos, uno puramente catalán y otro hispánico.

El hispánico, que es el que nos interesa en lo geopolítico, viene ahora avalado por la solidaridad que en la emancipación frente a España se crea con las naciones latinoamericanas. Resurge aquí una fraternidad con 130 años de historia llena de símbolos. La estelada independentista catalana reproduce con variantes la bandera cubana y cierra así el bucle que va de 1898 a 2017. No simbólica sino material y muy poderosa es la coincidencia en la forma republicana de gobierno. Catalunya es la vigésima séptima república latinoamericana y vigésima hispánica.

Esa proyección hispánica de una Catalunya independiente podría formularse como una especie de renacimiento del catalanismo político. Fracasado este en España, puede merecer la pena plantearlo en el ámbito hispánico. La ambición, por lo demás legítima, es la misma: relacionarse directamente con Latinoamérica, guardando todas las proporciones, como es lógico. No se trata de dirigirla políticamente, pues sería absurdo; ni siquiera económicamente; se trata de abrir campos de colaboración aprovechando las sinergias que se producen con la inexistencia de barrera lingüística. Ambas partes tienen ventajas e inconvenientes que pueden compensar. América Latina necesita una cabeza de puente en Europa más fiable que España. El mutuo interés reside en que un pronunciamiento favorable de la primera a favor de Catalunya reforzaría mucho la posición de esta en el seno de la Unión Europea en el caso de que fuera forzoso negociar.

En la orientación transatlántica de Catalunya se mezclan muchos factores históricos, políticos, industriales, económicos, empresariales y todos ellos son poderosos precisamente por la citada inexistencia de la barrera lingüística. Este es un hecho que ha de pesar a la hora de orientar la política lingüística de la Generalitat republicana, entre otras cosas porque esa misma carencia de barrera lingüística es una garantía para las economías europeas que quieran canalizar sus negocios americanos a través de Catalunya.

Por otro lado, la República Catalana está abierta a un mundo globalizado y teje relaciones bilaterales más o menos intensas con quien estima conveniente, sin que ello signifique abandonar otras relaciones o compromisos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no supone menos presencia de México en Sudamérica.

La presencia de Catalunya en el ámbito hispánico no está amenazada por su proyección independiente en la rosa de los vientos. Como no lo está la de Venezuela, Cuba o la propia España. El peso de cada una dependerá exclusivamente de su capacidad de hacerse valer en una suerte de mercado interno (una especie de koiné) de todos. Las perspectivas de Catalunya son halagüeñas.

La República Catalana no erige fronteras, sobre todo ahora, cuando todo el mundo dice que estas, como las formaciones geológicas de la era arcaica, son muy poco pronunciadas, suaves y onduladas. Al contrario, abre espacios, genera diversidad, entendimiento, intercambio y, es de suponer, prosperidad general. Hay múltiples sinergias en esta relación multilateral entre Catalunya y América Latina, y son visibles.

El lugar de España

No es menor el hecho de que, confrontada con una competencia fuerte en un terreno que acostumbra a considerar como propio por razón de la lengua, España reaccione tratando de conservar su posición y su ascendiente, y de mejorarlo si es posible. Toda competencia libre beneficia a quienes en ella participan.

La base de la teoría de que la independencia de Catalunya interesa a los españoles, aparente pero muy acertada paradoja planteada por Alfred Bosch (2014) se hace más sólida con esta ampliación de perspectiva geopolítica. La independencia de Catalunya interesa a todos los hispanos, los españoles y los americanos, y desde estos, vía Brasil, a los portugueses y africanos.

La independencia de Catalunya es la ruptura definitiva del monopolio castellano/español de la Hispanidad. El interés de los españoles consiste en abandonar las últimas pretensiones imperiales y reinventarse como nación, probablemente a partir de Castilla. Llegados a este punto, bien puede hacerse un homenaje a Alexandre Deulofeu, un personaje ciertamente singular, farmacéutico, músico y hombre de múltiples saberes que desarrolló una matemática de la historia con arreglo a la cual podía predecir en los años cincuenta del siglo pasado, y predecía el fin del imperio español (finis Hispaniae) para el año 2029 (Deulofeu, 1978; Gutiérez Deulofeu, 2004).

Irónicamente, sobre la última ruina de aquel otrora poderoso imperio se alza en el horizonte una nueva forma de comunidad hispánica, impulsada por el dinamismo catalán. Un ámbito de relaciones en el que Catalunya competirá con España en condiciones de igualdad.

2.
El conflicto España-Catalunya

El conflicto España-Catalunya es tan enrevesado que ni en la denominación nos ponemos de acuerdo. Y empezamos por el hecho de que, para muchos intervinientes en los debates el conflicto no existe porque no existe una España sin Catalunya ni una Catalunya sin España. Y no en términos históricos y/o geográficos, que siempre son de significados variados según el alcance de las atribuciones jurídico-políticas que se haga a las entidades territoriales a lo largo del tiempo, sino en términos esenciales, aquí y ahora.

Esa pretensión de identidad del ser de España consigo mismo o consigo misma, (incluyendo como parte de él a Catalunya) es la base del nacionalismo español en la autoimagen que este fabrica de sí ahora y proyecta en retrospectiva.

La observación crítica que suele hacerse a esta imaginación es que ignora los hechos, siendo estos un conflicto interno a la propia idea de España. Quienes así razonan no niegan la unidad esencial de España, pero la entienden como inherentemente conflictiva, de forma que, en realidad, no existe una cuestión catalana, como en su día tampoco hubo una cuestión vasca, sino, en ambos casos, una cuestión española. Esta visión de España como problema choca con la interpretación pacificada y la acusa de ser no una explicación, sino una justificación, una legitimación ideológica. Estrictamente cierto. Pero el problema es si la visión conflictiva aporta algún elemento más a una superación del discurso ideológico. Y la verdad es que no lo hace pues solo llega a reconocer, en palabras del rey —dándoselas de liberal y comprensivo en el discurso de su proclamación el 19 de junio de 2014—, el derecho de cada cual a sentirse español de formas distintas (Felipe VI, 2014). Pero no el derecho a no sentirse español en absoluto. Ese derecho no existe o el monarca lo desconoce o, lo que es más probable, conociéndolo, lo niega y lo reprime por la fuerza armada.

Como resumen de tantos distingos y matices cabe concluir razonablemente que, existiera o no un problema catalán, sí hay en cualquier caso un problema español.

1. La ruptura emocional España-Catalunya

Sobre este aspecto de lo emocional en la relación España-Catalunya se ha escrito mucho y también se ha vivido. El símbolo más conocido es el hecho de que en la segunda parte de El Quijote, Catalunya en general y Barcelona en concreto sean tan importantes. En España, todo lo que venga del Siglo de Oro tiene autoridad por sí mismo por la muy sencilla razón de que los demás siglos han sido de oropel. De forma que ese Quijote, que vuelve al camino a luchar contra el peor gigante posible, el robo de Avellaneda, anda necesitado de demostrar de modo tangible su realidad, su actualidad y, por ello, va a Barcelona. Es curioso comparar el bajo concepto en que Cervantes tiene a los vascos (el episodio del vizcaíno) con el alto que tiene de los catalanes.

La mutua querencia parece haberse mantenido más animada de la parte catalana que de la española o castellana. No son infrecuentes las quejas catalanas por la falta de aceptación de España que culminarían en la Oda a España de Joan Maragall (1898), resumen del desapego, de la ruptura, que termina con el «Adéu, Espanya!». Es el 98 catalán, culminación de una trayectoria divergente en el siglo XIX.

La Catalunya que se encuentra a sí misma políticamente porque no tiene mucho que esperar de Madrid acelera el proceso a principios de siglo. Hay en aquellos años, asimismo, entre los intelectuales españoles un redescubrimiento de la realidad catalana que habían venido ignorando. La nueva relación cristaliza en marzo de 1924, cuando, por primera vez en la historia, cien intelectuales castellanos firman un manifiesto en solidaridad con la lengua catalana. Es una respuesta y protesta a la política centralizadora y de exterminio de la cultura catalana de la dictadura de Primo de Rivera. Es un descubrimiento repentino, pero también fugaz. Algo que parece como una especie de destino de Catalunya, de ser descubierta periódicamente. Catalunya se revela siempre como un ser exótico, nada fácil de integrar en el ser nacional español. Se cultiva durante un tiempo con genuino entusiasmo, como hizo Marcelino Menéndez Pelayo en tanto que discípulo de Milà i Fontanals o, muy en otro sentido, Sabino Arana al verter en el crisol vasco el nacionalismo aprendido en Catalunya. Luego del entusiasmo inicial, el encuentro no germina y Catalunya vuelve sobre sí misma, mientras la parte española sigue autorreferenciándose.

Algo así debió de pasar con los del 98 y los posteriores hasta la República. La insistencia azoriniana pero también unamuniana y, en mayor o menor medida, de todos ellos, en identificar la esencia española con Castilla reproduce la escisión histórica de las dos Coronas y la tradicional hegemonía de Castilla en el imaginario Español. «Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho», así terminaba Ortega su España invertebrada (Ortega, 1987 [1921]: 69). «Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla», devolvió Sánchez Albornoz en las Cortes Constituyentes de 1931 ante el propio Ortega (Cotarelo, 2015). «Castilla se hizo España», concluía, resignado, Julián Marías en los años sesenta del siglo pasado (Marías, 1987). La cuestión lleva viva mucho tiempo. La mayor parte larvada porque, cuando se plantea claramente, da lugar a nuevas crisis. De Castilla habla Machado, y al universo castellano trae Valle Inclán su exacerbada prosa y la Santa Compaña. Castilla cautiva a Zuloaga y es el alma parda de Gutiérrez Solana.

Cuando los del 98 y sus sucesores, los del 27, realizaron el tradicional descubrimiento de Catalunya fue para enterarse de lo que, en su provinciano cosmopolitismo hispanoamericano, no habían intuido: que en muchos aspectos, Catalunya estaba más avanzada que España, que volvían a no parecer el mismo país. En el arte, en la música, en la ciencia, España (Madrid) seguía ganando por la oficialidad, pero no por la riqueza creativa de la sociedad civil que, sin embargo, se desplegaba en Catalunya, al amparo de un desarrollo industrial, comercial inexistente en Castilla, aunque presente y también financiero en Euskadi.

El Noucentisme y el Modernismo catalanes testimonian unas relaciones europeas propias, independientes de Castilla, en pintura especialmente, pero también en música y literatura; Catalunya tiene presencia en las corrientes europeas en donde no la tiene la España castellana. Las vanguardias catalanas son transfronterizas, mientras que las castellanas, no. El ramonismo de Gómez de la Serna y sus greguerías, con sus evidentes concomitancias con el surrealismo, no llegó nunca a estar tan próximo a él como los intelectuales y los artistas catalanes. Dalí es el ejemplo más evidente, pero también Picasso, quien, procedente de A Coruña, hacía su correspondiente descubrimiento de Catalunya y ese era su pasaporte a Europa, donde aportaría el cubismo.

Igualmente sucedería con distintos tipos de movimientos sociales y políticos con escasos ejemplos en España. Dos casos muy conocidos son los ateneos populares y los casals, que son la manifestación de una sociedad civil muy densa y muy activa. También se dieron en Catalunya determinados tipos de orientaciones doctrinales, como algunos intentos utópicos del siglo XIX que están ausentes en el Estado. Por ejemplo, un movimiento icariano, de seguidores de Étienne Cabet, a través de la mediación de Narcís Monturiol, que dejó huella en Poblenou, en Barcelona. O el movimiento de renovación pedagógica que tomó raíces a finales del siglo XIX y que abocó a la experiencia de la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, que se regía por una filosofía no autoritaria y librepensadora. Todo ello se entiende en el contexto del anarquismo creciente en la sociedad catalana y tenía dos vertientes opuestas: una pacífica, antiautoritaria, con actividades pedagógicas, comunitarias, de ateneos obreros y otra violenta y terrorista. De hecho, el atentado de Mateo Morral en Madrid se relacionó con Ferrer i Guardia por haber sido este su empleador. Al no poder probarse nada, quedó en libertad, pero solo para ser fusilado unos años más tarde bajo la acusación de haber instigado la Semana Trágica de 1909 y en un proceso que suscitó una oleada de protestas internacional (pero no en España), singularmente en Bélgica.

Estas rupturas emocionales entre Catalunya y España, con sus ocasionales brotes de violencia, son probablemente las que más debieron de pesar en el ánimo de Ortega para que diera en la flor de considerar con amargura que el conflicto entre las dos no tenía solución y postulara en consecuencia su propuesta de la conllevancia. El hecho de conllevarse implica una relación diríase que fatalista: no hay modo de entenderse, así que lo mejor es soportarse. Se conlleva lo que no se puede evitar. Como programa no parece fascinante.

La conllevancia es una relación suave, gentil, pero indiferente. Es como una ruptura emocional congelada. Esa relación reconoce una desigualdad de origen, pero no le da carta de naturaleza. Ella es, dicha en términos simplificados, que Catalunya tiene más de España que España de Catalunya, y no solo en lo cuantitativo, que es aquí indiferente, sino en lo cualitativo. La cultura es un conjunto y no se puede trocear. En términos de los diagramas de Venn sería como dos conjuntos coincidentes en donde uno de ellos tuviera una parte no coincidente. La cultura catalana forma parte de la española en condiciones iguales que las demás, pues comparte con ellas la lengua, pero al mismo tiempo, es propia, se expresa en su propia lengua y no comparte con la inmensa mayoría de la cultura española. A la hora de hablar de acuerdo emocional es básico que las partes tengan igual y mutuo acceso a los resortes sentimentales más profundos de la otra. Y esto no puede hacerse si no se domina su lengua. Hay una clara desproporción de acceso y explica la fórmula anterior de que Catalunya tiene más de España que España de Catalunya. Dicho en otros términos, a la hispanidad de Catalunya no responde ninguna catalanidad de España.

La segunda parte de El Quijote es muy socorrida, pero después de él lo que ha venido ha sido un proceso tan sobresaltado como a veces turbulento, en otras teñido en sangre, como el intento de la II República y siempre en situación de conflicto entre España y Catalunya. La última ruptura emocional viene del fiasco del último intento de consolidar la conllevancia que hemos llamado Transición.

Ahora bien, esta tiene sus antecedentes.

2. El antiguo régimen

Oligarquía y caciquismo

Es casi un lugar común. El título de la obra de Costa retrataba bien la esencia de la España del XIX. A grandes rasgos, con desmayados intentos aquí y allá, se ponían en marcha algunas instituciones que aplicarán en la práctica los conocidos objetivos del regeneracionismo: la Comisión de Reformas Sociales (1883), sustituida por el Instituto de Reformas Sociales (1903), la Institución Libre de Enseñanza (1876-1936), la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907), etc. La II República se convirtió en el motor de la modernización de España, que se enfocó en distintos aspectos de la vida pública, pero muy especialmente en el educativo. De forma que si, como se dice a veces, la Constitución de 1931 era una «Constitución de profesores», la República real que de ella surgió fue la República de los maestros. Las Misiones pedagógicas son el mejor ejemplo que cabe aducir de este espíritu. Pero, como hemos dicho, la República acabó en un baño de sangre de tres años de guerra civil y cuarenta de dictadura nacionalcatólica que dejó una huella indeleble en el país.

El enteco mecanismo de cambio del regeneracionismo había saltado por los aires. Este se basaba en la correctísima idea de que el déficit mayor que arrastraba el país y al que importaba poner pronto remedio era el de la educación. A estas alturas esta es una verdad axiomática: solo invirtiendo en educación, ciencia, investigación y cultura avanza un país. El problema era que, para ponerlo en práctica, el regeneracionismo precisa unos recursos materiales de los que siempre ha carecido. Carece de capital propio y no puede enfrentarse al dominio abrumador de la Iglesia en el ámbito educativo, en pro de finalidades contrarias a las regeneracionistas. No había en España una tradición de asociacionismo social laico en la que pudiera apoyarse un movimiento regenerador de la educación.

La única posibilidad del regeneracionismo de dotarse de los medios para aplicar su programa era alcanzar el poder político. Tal cosa sucedió con la II República. Y del poder político lo desalojó violentamente la reacción nacionalcatólica española a partir de 1939. Todos, regeneracionistas, revolucionarios, liberales, nacionalistas, radicales, moderados, republicanos, federales, todos desaparecieron de la realidad y de la historia. La idea nacionalcatólica de España se había impuesto por la fuerza de las armas y ejercía el monopolio de la esfera pública a base del terror del Estado, aplicado de forma inmisericorde sobre todos los ámbitos de la vida. La cuestión de si la dictadura de Franco fue o no un Estado totalitario con todos sus matices peca de perfeccionismo academicista. El franquismo fue un totalitarismo (de hecho el mismo Franco hablaba así) a la española. Un totalitarismo sui generis en que parte del control sobre las conciencias y los comportamientos lo delegaba el Estado en la Iglesia. Los certificados de buena conducta debían ir firmados por el comandante de la Guardia Civil y el cura párroco. Simbiosis completa del Estado con la Iglesia que duraría toda la dictadura, hasta la muerte del dictador, enterrado en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Fue tan duradera la simbiosis que hasta hubo tiempo para que la Iglesia desdoblara su actividad, ya en los últimos años de la dictadura, amparando o incluso fomentando ciertos tipos de oposición. Lo cual supuso también un buen apoyo para la teoría de que el franquismo había dejado de ser un régimen totalitario para convertirse en autoritario, aunque a aquellas alturas, ya tanto daba.

En términos generales, el franquismo fue la restauración de la España de la oligarquía y el caciquismo bajo la bendición de la Iglesia.

El franquismo y la patrimonialización del Estado

El Estado que pusieron en pie los vencedores de la contienda civil entendía el país como un botín de guerra. Se devolvieron sus propiedades, títulos, honores y dignidades a quienes habían sido privados de ellos y con largueza; con el resto, los conquistadores procedieron como proceden los ejércitos victoriosos frente a los conquistados y sus propiedades: pillaje y saqueo. Los republicanos perdían la vida y, en muchos casos, la hacienda. Un Estado que consagraba una sociedad basada en la rapiña, un Estado patrimonio de una casta guerrera (el Ejército), partidista (la Falange) y social (el Movimiento), que reconocía su congrua parte a la Iglesia.

Los vencedores procedieron de modo expeditivo en el ámbito privado y en el público. En el privado confiscaron todos los bienes y propiedades de los desafectos a los que mandaron al exilio o asesinaron (en muchos casos, solo para robarles sus posesiones) o se las arrebataron mediante multas accesorias a otras penas en procesos que eran farsas. En el ámbito público, de igual modo: habiendo depurado todos los cuerpos de la Administración mediante asesinatos y encarcelaciones o el exilio, los volvieron a ocupar con gentes adeptas al movimiento que ocuparon toda la Administración pública en régimen patrimonial, desde los humildes puestos de peones camineros hasta los más significativos y simbólicos de catedráticos de universidad y magistrados de altos tribunales. Y en muchos casos, estos puestos, de los que se tomaba posesión generalmente jurando lealtad al caudillo y a la Falange, se hacían hereditarios. Dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal que encarceló a Junqueras y a otros dirigentes independentistas y mantuvo luego la prisión preventiva del primero procedían de familias de magistrados franquistas.

Este Estado tuvo un carácter de hecho de junta militar y no solamente al principio sino en toda la dictadura. Poco a poco los ministros militares fueron haciendo sitio a los civiles o relativamente civiles, como los falangistas, los monárquicos, los del Opus Dei. Pero siempre se mantuvo la supremacía y vigilancia del Ejército sobre el poder político. Siempre, hasta el final, hubo cuando menos tres ministros militares, representantes de los tres ejércitos, eco nostálgico de la original camaradería en armas del caudillo. Símbolo de la unidad profunda que cimentaba la asociación de los sublevados fundada en el cruel exterminio de los adversarios de forma que cabe casi considerar como genocida y que Stanley Payne llama asociación de carniceros (cit. en Aguilar Fernández, 2018: 123).

Pero estos pilares militares del Estado eran también pilares delictivos desde el momento en que el gobierno legítimo de la República había ordenado el fin del alzamiento militar y declarado fuera de la ley al general Franco y todos cuantos le siguieran. Eran, pues, gobernantes delincuentes desde el punto de vista de la legalidad y la legitimidad de la República. No hace falta recordar que la felonía de Franco llegó al extremo de publicar un bando en el primer momento de su alzamiento, asegurando que este era en defensa de la República. De ahí que ese Estado, así surgido, sintiera premura a la hora de justificar su derecho a la existencia.

Y así, en un proceso que los apologetas del régimen llamaban de institucionalización, la dictadura buscó un acomodo entre las naciones civilizadas del planeta que tampoco estaban muy interesadas en averiguar si la aparente suavización de la tiranía era real. La institucionalización, también llamada institucionalidad, era un intento de justificación de la dictadura personal del caudillo, en quien recaía la competencia suprema de dictar normas de carácter general, o sea, la potestad legislativa, nada menos. Para hacerlo procedía a un voluntario desprendimiento o delegación de competencias a favor de las instituciones. Una idea de la velocidad alcanzada por aquel proceso la da el hecho de que Franco, jefe del Estado y presidente del Gobierno al mismo tiempo, delegara esta última competencia en el almirante Carrero Blanco en 1973, es decir, treinta y cuatro años después del fin de la guerra.

En el ínterin, este grupo de militares-delincuentes, con el asesoramiento de los falangistas y los políticos civiles de extrema derecha, puso en pie un remedo de Estado, algo que no hay inconveniente en designar como un Estado Potemkin, o un Estado falso, de escenario teatral. En ningún momento el Estado de Franco se sintió sometido a la ley porque la ley era, por rigor de la teoría del caudillaje, la voluntad del caudillo. La falsedad acabaría haciéndose uso resignado y, al cabo de cuarenta años, pasaba por realidad. El Estado Potemkin era el único Estado que había y los españoles tenían que resignarse a la fuerza a admitir como ley la voluntad de un delincuente y por justicia la sistemática prevaricación de unos jueces tan delincuentes como las leyes que aplicaban. Tampoco la Administración se sometía a principios legales seguros y firmes. El franquismo es eso: aceptar como legal lo ilegal y delictivo y como libertad la tiranía.

De hecho, hasta las leyes de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y la de Procedimiento Administrativo de 1958 (casi veinte años después de la guerra) no puede decirse que la actividad de la Administración pública se ajustara a legalidad alguna en sentido estricto. La discrecionalidad política de la Administración era máxima. Esos veinte años fueron el período dorado de una administración de país ocupado, montada sobre el saqueo y la arbitrariedad, con una apariencia Potemkin. Un lugar donde los delincuentes dictan las leyes. Al poner fin a esta situación, a los reformistas se les subieron los humos y declararon que ambas leyes administrativas eran, en realidad, materialmente constitucionales y dieron en la flor de considerarlas como bases de un Estado de derecho a la española, administrativo, que venía a ser frente al Estado de derecho propiamente constitucional como la zarzuela era a la ópera. Algo en el fondo tan absurdo como sostener que la dictadura española era una democracia... orgánica.

En realidad, aquella reforma no tuvo otro sentido que racionalizar la política de patrimonialización del Estado a lo largo de los cuarenta años en que un Estado corrupto conformó una sociedad a su imagen y semejanza y fiel trasunto de lo que había sido tradicionalmente el país miserable, fanático oscurantista, explotado y humillado. Los escasos cientos de familias y nombres ilustres que habían formado la oligarquía española desde tiempos inmemoriales siguió gobernándolo como su cortijo, apoyados en los militares, los curas, los intelectuales a su servicio y los medios de comunicación. Una especie de guardia pretoriana compuesta de beneficiados de la dictadura: empresarios, delincuentes (muchas veces de imposible distinción), civiles, militares, curas, intelectuales, esto es, el franquismo sociológico, concepto muy significativo cuya paternidad suele atribuirse al sociólogo Amando de Miguel. Podría ser la clase media a la que se refería Franco en conversación con el enviado especial de Nixon a España, Vernon Walters (Camprubí, 2014: 163). Una clase hecha de arribistas, caciques, empresarios del erario, vividores, industriales sin escrúpulos y banqueros de similar pelaje, agiotistas y logreros que acabarían consolidados como las buenas familias del régimen y su principal apoyo. Este sector de beneficiarios del régimen de Franco, esta simulada clase media, cumple la misma función que los cómplices del tirano de que habla Étienne de La Boétie para explicar el fenómeno de la servidumbre voluntaria en el siglo XVI (De La Boétie, 1980).1 Desde entonces, no hemos cambiado gran cosa. Ese franquismo sociológico, añorante del orden de Franco, es el núcleo del voto del PP y el que explica por qué ninguno de ellos, el PP, la derecha, el capital, el Ejército, la Iglesia y mucho menos el monarca, que debe su posición a título de rey a un militar felón, ha condenado jamás el franquismo.

La dictadura franquista fue un régimen hecho de miedo y corrupción y eso es lo que proyectó después sobre la sociedad española, dado que la Transición no tocó su estructura. Ni siquiera sus elementos más externos y ornamentales. El régimen se disolvió como el arsénico en el agua de la nueva democracia. Nadie fue juzgado; nadie llamado a capítulo. Todo siguió como antes, incluso en las manifestaciones más vistosas: el país reverberaba de plazas, calles, paseos, avenidas, hospitales, escuelas, con el nombre del dictador. Sus imágenes estaban por doquier y había media docena, al menos, de estatuas ecuestres, por no hablar de las medallas, cintas, varas, honores y privilegios. Se ha tardado cuarenta años en librar al país de la mayoría de estas afrentas, pero quedan algunas muy significativas, y la elevada concentración de arsénico dictatorial en el agua de la democracia española ha acabado con esta, convertida también en una democracia Potemkin.

Pervive el espíritu autoritario que mantiene el imaginario y la iconografía del franquismo. Hay numerosos ejemplos a lo ancho y largo de la geografía española. Por citar solamente los más destacados: el caso de la estatua del comandante Franco en Melilla, donde estuvo de guarnición. Parece algo insignificante, dado que la estatua es de escaso volumen y menor valor artístico, pero lo interesante es que fue erigida en 1977, es decir, a los dos años de la muerte del representado, cuando ya no podía presumirse que fuera obligatorio. El soberbio Pazo de Meirás, antigua posesión de Emilia Pardo Bazán en A Coruña, que fue adquirido por las autoridades falangistas en 1938 a través de una suscripción forzosa entre los vecinos de la provincia y donado luego al caudillo (es decir, en castellano paladino, otro expolio o atraco más de los franquistas) y que sus herederos conservan contra cualquier sentido de la justicia y la equidad. El Arco de la Victoria, espantoso monumento que saluda al viajero a su entrada en Madrid por la carretera de A Coruña y en el que, en un latín pomposo, el caudillo Franco se atribuye el mérito de haber reconstruido la Ciudad Universitaria, pero silencia el hecho de que previamente la hubiera destruido a cañonazo limpio durante la batalla de Madrid. Además de monumentos en piedra al crimen y el fascismo, el país presenta una ejecutoria de instituciones y organizaciones que en cualquier otro lugar del mundo estarían prohibidas: la Fundación Nacional Francisco Franco, la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Onésimo Redondo y otras instituciones dedicadas a ensalzar el fascismo son legales en España y hasta se benefician de subvenciones públicas.

El Valle de los Caídos

En verdad, la relación de huellas del franquismo sería interminable, a pesar del más bien escaso celo de las autoridades supuestamente democráticas por erradicarlas, razón por la cual bastará con citar la más afrentosa de todas, el Valle de los Caídos, especie de Valhalla latino de pacotilla con la que Franco quiso perpetuar su memoria con el mal gusto faraónico que lo caracterizaba, muy a tono también con el neoclasicismo bombástico propio de los nazis, sus inspiradores estéticos. Allí, bajo una montaña, en una imponente cripta, el dictador se hizo enterrar a un lado del altar, estando José Antonio Primo de Rivera enterrado al otro. Es decir, los dos símbolos, el civil y el militar, del golpismo español. Hay una razón oculta por la que este adefesio, con el que nadie sabe qué hacer, continúe destrozando el paisaje de la sierra de Madrid y rindiendo tributo a dos fascistas, uno de ellos consumado criminal y el otro muerto en agraz: la presencia en la basílica de miles de caídos de ambos bandos, cuyos huesos fueron trasladados sin pedir permiso a sus familiares (al menos a los de los republicanos) para que hicieran compañía a Franco en su viaje al más allá. Con este dato, en realidad, el Valle de los Caídos viene a ser una especie de metáfora de la España de Franco y la Transición, y contiene la clave de por qué esta última ha acabado en un fracaso. La Transición, como el Valle de los Caídos, simboliza la reconciliación final de las dos Españas, pero siempre que los republicanos, los izquierdistas, los rojos, los malos españoles, acepten su condición de segundo orden y se resignen a yacer para siempre en contra de su voluntad y la de sus allegados, allí donde los vencedores los han enterrado: en la cripta de Cuelgamuros o en las fosas comunes de las cunetas.

La mencionada reforma de los años sesenta presidió un tipo de desarrollo capitalista a partir del llamado Plan de Estabilizacion de 1959, firmemente anclado en la tradición caciquil y oligárquica del Estado español. El desarrollo capitalista dependía y sigue dependiendo de la conexión privilegiada entre el capital y el Estado, que legisla para aquel. Un capitalismo corrupto de captura de rentas y escasamente competitivo solo puede asegurar sus beneficios profundizando en la explotación del trabajo y la eliminación del gasto social. Eso fue el franquismo que, recuérdese, gozaba del apoyo incondicional de la Iglesia católica.

La política de patrimonialización del Estado tuvo menor implantación en Catalunya, por más que la represión aquí fue especialmente feroz y se cebó en aspectos lingüísticos y culturales que rozan el intento de exterminio. En los ámbitos comerciales, industriales y financieros, en la mayor densidad de la sociedad civil catalana, se daban los puntales de una resistencia que se mantuvo en la penumbra durante los cuarenta años, pero sin dejar de crecer y consolidarse.

Aunque el régimen alardeaba de un nuevo descubrimiento de una Catalunya profundamente española y aireaba figuras como Eugeni d’Ors o Josep Pla, en aquellos años en que el país fue una sociedad doblemente ocupada, volvió a establecerse una ruptura emocional que de nuevo mostró una Catalunya por delante. La primera huelga durante la dictadura fue la de tranvías de Barcelona de 1951. No tan decisiva como la de La Canadiense, de 1909, pero de comparable valor simbólico. Era la primera acción colectiva de protesta. Y así siguió Catalunya, durante la longa noite de pedra del poeta, un lugar de sorda efervescencia resistente con un fondo de reivindicación nacionalista que rebosaba en todo tipo de actividades comerciales, empresariales, sociales, deportivas, culturales. Catalunya era tierra de rupturas, de vanguardias, de novísimos, de la nova cançó, etc., que encuentran eco en Madrid, pero poco más.

Para la homologación (una Gleichschaltung, al estilo nazi) que el franquismo ambicionaba en Catalunya, el régimen pilotó los planes de desarrollo (incluso había una Comisaría General del Plan) para compensar el peso de Catalunya concentrando recursos en los polos de desarrollo en torno a Madrid. El desarrollo del centro a costa de la periferia es una opción tan racional como otra cualquiera, pero la equidad ordena que tenga la aquiescencia de ambas partes, centro y periferia, sobre todo si la mayoría de los recursos ha de ser aportada por la periferia. Si, como era el caso en el franquismo y siguió siéndolo en buena medida después, la periferia ha de pechar con lo que el centro decida, se genera la condición básica para el estallido revolucionario, el momento que conocemos como no taxation without representation que, llevado a sus últimas consecuencias viene a decir queremos administrar nuestros recursos.

En resumen, el franquismo rompió la última oportunidad de restablecimiento de alguna concordia emocional. El régimen que hizo una guerra para conservar la unidad de España solo conservó un cadáver. La Transición lo engalanó lo que pudo, por esa costumbre generalizada de que los difuntos parezcan vivos y hasta alegres, pero finalmente el experimento fracasó. El independentismo catalán aparecía, ahora ya sí, como el enterrador del franquismo por entender que la Transición, de hecho, a los efectos catalanes, no ha sido otra cosa que eso, franquismo dormido.

En ese franquismo dormido se encuentra la clave de la última ruptura emocional. Catalunya sale escaldada de la experiencia autonómica de cuarenta años. Han sido necesarios para llegar a la conclusión de que el llamado Estado de las autonomías, regido por el principio poco solemne pero muy expresivo de café para todos, en realidad no es sino otra forma de disimular el dominio de la oligarquía centralista. El truco consiste en sostener que la situación no deriva de una relación bilateral España-Catalunya de expolio sino de otra multilateral en la que España como tal desaparece bajo la forma de diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades no menos autónomas. La ruptura se ha dado porque los años de la Transición han sido años de franquismo dormido, de fascismo dormido, como se ha llegado a decir, lo suficiente para que la parte catalana haya entendido que el Estado español no es reformable. La Transición autonómica se revelaba como una perpetuación del poder de la oligarquía nacionalcatólica de siempre.

Despierto ahora fundamentalmente a causa del auge del independentismo catalán, el franquismo y el nacionalcatolicismo han espabilado y tomado las medidas pertinentes para mantener el statu quo tradicional. La oligarquía había seguido administrando el país como un cortijo privado en el que se daba una confusión entre lo público y lo privado siempre en función de lo que las 400 familias pudieran robar. Para ello habían tenido la feliz idea de crear una asociación de malhechores con el exclusivo fin de saquear el país (sus bienes públicos y los patrimonios privados siempre que se pudiera) a la que llamaron partido político, el PP, que, en realidad, es una muestra de delincuencia organizada o banda de ladrones que pusieron en práctica lo único que saben hacer: robar. Y de nuevo mediante ese entrelazamiento de lo público y lo privado que tan buen juego le dio en la inmediata posguerra y ahora volvía a ponerse en práctica con los mismos objetivos: acabar con lo público entregándoselo a los particulares, amigos, allegados, deudos de los gobernantes y hasta los propios gobernantes, así como de robar a los particulares no solo indirectamente (a través de políticas económicas neoliberales como las privatizaciones, los impuestos, las subvenciones, etc.), sino también directamente, a través de fraudes y estafas a los ciudadanos, consumidores, clientes. Donde quiera que el PP accede al nivel de gobierno que sea, no gobierna: roba.

Esta situación estalló como suele suceder por una serie de casualidades que puso en marcha la maquinaria judicial. Aunque esta estaba muy dañada en su profesionalidad e independencia por la enorme corrupción del sistema político, que destruía la independencia judicial (con participación de los dos partidos dinásticos, PSOE y PP en la tarea) y aunque el poder político puso todo tipo de trabas y engaños a la acción de los tribunales, el escándalo que se descubrió era tan descomunal que no había modo de taparlo. Desde lo más alto del Estado (la familia real, el rey emérito, su hija, su yerno) hasta los más desconocidos concejales de los pueblos del interior, una inmensa cantidad de gestores públicos estaba corrompida: alcaldes, consejeros, diputados provinciales, autonómicos, presidentes de comunidades, altos cargos de la Administración del Estado, directores generales, ministros, el presidente del Gobierno, todos formaban parte de una gigantesca trama de saqueo del país según los parámetros hasta ahora enunciados: las 400 familias y sus pretorianos, militares, políticos, curas, periodistas.

La Transición había tratado de lavar la cara al franquismo sin conseguirlo. La crisis económica y el descubrimiento de la inmensa corrupción en que estaba basado el Gobierno de España de la derecha obligaron a encontrar alguna vía de escape para distraer la atención de la gente y que no hubiera un estallido social. Lo encontraron en un lugar donde las provocaciones españolistas encuentran respuesta, en Catalunya; la encontraron atacando a Catalunya y provocando una respuesta independentista que distrajera de los escándalos de corrupción del PP. Pero no contaron con que esta vez, por una serie de circunstancias, la maniobra saldría mal: Catalunya respondería con un poderoso movimiento independentista que suponía una verdadera, palpable, real, amenaza de escisión. Por su avaricia e inmoralidad, los franquistas se habían cargado lo más precioso del legado de Franco: la unidad de España. Ahora ya jugaban con fuego. Tuvieron que tomar medidas tan extraordinarias que acabaron internacionalizando el proceso y dejando fuera de juego a importantes fuerzas políticas españolas, muy especialmente a la izquierda, a la que el independentismo catalán ha triturado. La primera de todas, un confuso estado de excepción en Catalunya, mediante una especie de golpe de Estado con suspensión de la Constitución. Es decir, una abolición del Estado de derecho, invocando ilegalmente el artículo 155 de la Constitución. Lo cual no es sino una advertencia del camino que le queda por recorrer al independentismo para alcanzar sus objetivos. En concreto, la huella profunda del franquismo en la sociedad española.

3. La impronta del franquismo

La impronta más evidente del franquismo es la cultura política autoritaria de la población. Sobre el asunto hay bibliotecas. Para ceñirnos al aspecto catalán de la cuestión y ahorrarnos tediosos debates sobre qué tipo de cultura política tenían los españoles a la salida de la dictadura, cabe referirnos a un hecho social, que diría Émile Durkheim, con su reconocida frialdad. El hecho social que resumiremos simbólicamente en el «¡A por ellos!» que se oyó por primera vez en vídeo sobre la salida de un contingente de la Guardia Civil estacionado en Huelva, camino de Catalunya, con órdenes de impedir la votación en referéndum del 1 de octubre de 2017. Un «¡A por ellos!» que se extendió como la pólvora por el universo mediático y reticular, al extremo de que un conocido político del PP catalán concluyó una arenga con un sonoro «¡A por ellos!».

El «¡A por ellos!» es un hecho social como dato y significado. Implica ya un nosotros y un ellos. Ruptura emocional sin duda alguna. Pero no es un nosotros y ellos más o menos amistoso como pueda ser en el caso de competiciones deportivas, sino uno hostil y violento. En ese «¡A por ellos!» espontáneo, popular, hay mucha animadversión alimentada en gran medida por prejuicios del «qué se han creído», «se creen superiores», «van a lo suyo», «son agarrados», versiones populares de los que manejan los estamentos cultos que llenan las ondas de conceptos como etnicistas, supremacistas o, en el colmo del delirio, nazis.

Es el autoritarismo que rezuma por todos los poros la sociedad española de hoy, que echa sus raíces en la conmoción, el terremoto de 1939. Por la brutalidad de sus métodos, aquel acabó consiguiendo su objetivo de sumisión del pueblo español, por miedo y resignación ante la arbitrariedad. Esta actitud suele implicar la aceptación de las pautas de las clases o grupos dominantes por parte de los dominados. Estos conocen su lugar en el mundo y lo aceptan. Y se enfurecen con quienes rompen por su cuenta la capa de dominación que los somete a todos. Es una reacción del siervo contra el siervo que se rebela, a veces peor que la del amo.

En esta tarea de insuflar sumisión a la ciudadanía, el franquismo contaba con el auxilio poderoso de la Iglesia, que ya había bautizado sacrílegamente el alzamiento como una Cruzada, presentando al caudillo como un san Fernando, a pique de hacerlo como un Santiago.

Los apuros de la izquierda española

Tengo dicho que el independentismo catalán ha pulverizado a la izquierda española, en un post de Palinuro de 28 de septiembre de 2017 que se titula: «“¡A por ellos!” Cómo el referéndum ha destruido la izquierda española». Y no me doy por muy alejado de la realidad. La izquierda española no estaba en situación de hacer frente al independentismo catalán por dos razones interconectadas: a) por la herencia del franquismo sociológico, b) por la ausencia de un proyecto propio.

La presencia del franquismo sociológico se hace patente en el hecho de que la izquierda haya interiorizado la hegemonía ideológica de la derecha prácticamente en todos sus aspectos, desde la idea de España y el modelo de Estado a la organización territorial y el sistema de privilegios y cacicadas de las comunidades autónomas. Son estas, entre otras cosas buenas, especies de reinos de taifas en los que se han dado en uno u otro momento algunos de los casos más increíbles de latrocinio y corrupción, como en Valencia, Madrid, Andalucía y Catalunya. El momento simbólico de esta confesión pública de interiorización fue el hecho de que el PCE admitiera como propia la bandera de la España de los vencedores de 1939 y el resto de los símbolos y atributos del Estado Potemkin (Prieto, 1977).

Esa interiorización se manifiesta también en la Constitución de 1978 y que, efectivamente, puede considerarse como una mezcla de autoritarismo y permisividad, para los criterios de la época. Autoritarismo en la concepción del Estado, su carácter cerrado y reiteradamente unitario (como si temiese dejar de serlo), su confianza en las fuerzas armadas como garantía de aquella, su desconfianza en las posibilidades de la democracia directa, lo conservador del procedimiento de reforma de la Constitución que prácticamente la hace imposible. La (hoy ya relativa) permisividad en el capítulo de los derechos, muchos de los cuales no han salido del limbo y las relaciones sociales. Como el ya citado artículo 9.2, en el que la doctrina progresista tantas esperanzas fundó en usarlo como mecanismo dinámico que permitiera actualizar los valores de la Constitución y que no ha servido para nada, pues ni siquiera ha sido capaz de evitar la involución democrática que ha implicado el Gobierno de la derecha de Rajoy.

El otro aspecto explicativo de la destrucción de la izquierda española a manos del independentismo es el de la ausencia de un proyecto propio, lo que equivale a decir, una formulación doctrinal aceptable. Durante años la izquierda ha venido considerando el nacionalismo catalán como un movimiento burgués, en la estela de la interpretación de Jordi Solé Tura. La ampliación y consolidación de un independentismo de izquierda catalana obligaba a la española a clarificar sus términos. Algo que no le había sucedido en el caso del nacionalismo vasco porque este se dividía nítidamente en una vertiente moderada peneuvista y otra violenta etarra, lo que le permitía a la izquierda española llamarse andana y rechazar ambos interlocutores, uno por burgués y el otro por terrorista.

Ahora, sin violencia, el independentismo catalán reclamaba el cumplimiento de aquella promesa que hacían los constitucionalistas en el País Vasco en los años del terror: «Sin violencia se puede hablar de todo». Iba a ser mentira e iba a descubrirse que de ciertas cosas no podía hablarse, con o sin violencia, por ejemplo, de la independencia, la autodeterminación, el derecho a decidir, el referéndum, un montón de cosas.

Pero, de momento, había que aprontar respuestas al reto de la izquierda independentista. La primera y más evidente a la que echar mano era la teoría del nacionalismo añagaza de la burguesía reforzada ahora por la corrupción paladina del clan Pujol y la mafia del 3 %. Reducir un movimiento de cientos de miles de ciudadanos, de millones, capaces de articular una reivindicación nacional como la catalana, a una cuestión para tapar la corrupción del 3 % es tan absurdo que no cabe pensar que esté hecho de buena fe, sino como un intento de difamar y desprestigiar demagógicamente lo que no se puede refutar racionalmente.

«Pero, al margen de estos golpes bajos», razona el alma izquierdista, que tiene algo más de temple teórico, «no se puede ser nacionalista y de izquierdas porque la izquierda somos internacionalistas». Una afirmación que contiene dos falsedades de distinto orden. En primer lugar, la izquierda no ha sido nunca internacionalista. No más de lo que hayan podido ser otras corrientes o personas. Un caso bastante excepcional, el de las Brigadas Internacionales, no afecta a la regla y la reitera, paradójicamente por cuanto estas brigadas internacionales estaban organizadas nacionalmente, batallón Lincoln, brigada Thaelmann, brigada André Marty, batallón Dabrowski, brigada Garibaldi, yanquis, alemanes, franceses, polacos, italianos. Todos agrupados por naciones, como en el Concilio de Constanza. Y, al margen de esta situación excepcional de la Guerra Civil española, los demás casos en los que se ha puesto en juego el pretendido internacionalismo de la izquierda, el resultado ha sido una reafirmación nacionalista en toda regla: lo fue con motivo de la I Guerra Mundial, cuando los socialistas franceses y alemanes votaron los créditos de guerra y apoyaron a sus respectivos gobiernos en la contienda. Y lo fue, asimismo, cuando el Partido Socialista Francés de la SFIO se alineó con el Gobierno de la IV República en la represión del movimiento de liberación nacional argelino en los años sesenta del siglo pasado.

La escisión movida por Lenin con motivo de la I Guerra Mundial en las conferencias de Zimmerwald y Kienthal, en 1915 y 1916 respectivamente, puso de su lado a una minoría de socialistas consecuentes, contrarios a la guerra, que más tarde constituirían el núcleo original del movimiento comunista. Este, que había nacido con la consigna leninista de convertir la guerra imperialista en una guerra civil del proletariado internacional contra la burguesía, tardó poco en convertirse al espíritu nacionalista, una vez que los comunistas dispusieron de una nación que defender: la Unión Soviética. En defensa de esta nación, faro y guía del proletariado mundial, podía hacerse de todo, incluso firmar el Pacto Germano Soviético de 1938. Ese sería un primer paso típicamente dictado por la razón de Estado para ganar después la que en la URSS se conoce como «Gran Guerra Patria».

La otra falsedad aparece implícita, el izquierdista español se quiere no nacionalista en función de su propia doctrina; se quiere internacionalista. Antes de pasar a mayores conviene aclarar que, a pesar de sus frecuentes diatribas internas en la izquierda acerca de su respectivo derecho a considerarse tal, aquí se reconoce como izquierda lo que en el uso habitual de la política así se entiende, al margen de cuestiones dogmáticas, esto es, desde la socialdemocracia más o menos moderada hasta la extrema izquierda. Pues bien, en el fondo toda ella es tan nacionalista como la derecha, cuya hegemonía ideológica ha asumido. Pero la izquierda viene aquí a recordar que, si bien comparte la idea de España de la derecha, representa a la otra España, la segunda, la progresista, liberal, la parte complementaria de las dos Españas; la que le dice a los catalanes que si ella gobierna, habrá un acomodo digno para Catalunya dentro de la nación española. En realidad, el PSOE, partido dinástico, llega hasta donde llega su monarca, hasta permitir a los españoles el derecho a sentirse españoles como les dé la gana. Los otros, más radicales, Podemos y similares, les reconocen a los catalanes el derecho a decidir dejar de ser españoles, pero condicionan el ejercicio de este derecho a un inimaginable acuerdo de la derecha reaccionaria y avisan de que ellos, siendo internacionalistas, están en contra de la independencia de Catalunya o cualquier territorio español. La cuestión varía si se trata de otros países, Marruecos, el Tíbet, etc., en estos casos, la izquierda recupera un internacionalismo vociferante que se convierte en mudez cuando se trata de la autodeterminación de una parte de la supuesta nación española.

Se abre aquí un interesante debate que ilustra sobre la quiebra intelectual y teórica de la izquierda española y versa en concreto sobre el concepto de nación. Esa izquierda española que afirma ser no nacionalista o no ser nacionalista cuando ha de habérselas con el independentismo catalán, pierde la noción hasta de su misma razón de ser. Su actitud ha ido evolucionando a medida que la hipótesis de la independencia se consolidaba. Empezó siendo una de desdén y suficiencia frente al incurable provincianismo y complejo de inferioridad de los catalanes; siguió siendo otra de sufrida paciencia con una Catalunya perpetuamente pedigüeña y victimista; continuó con una reacción defensiva cuando comprobó que el independentismo tenía la iniciativa en el sistema político español; y ha terminado en una actitud beligerante, hostil, combativa con el independentismo y de coincidencia con la derecha nacionalcatólica a la que el PSOE apoya sin ambages en su política franquista de restauración de la dictadura a través del artículo 155.

La cuestión simple y llana es si se reconoce o no que Catalunya es una nación. El PSOE y, en definitiva, toda la izquierda, viene a aceptar el punto de vista del Tribunal Constitucional de que Catalunya no es una nación. Que la izquierda admita sin más esta ridícula situación en la que un tribunal (que, por lo demás, tampoco es un tribunal de justicia en sentido estricto, sino un órgano político al servicio del poder) decide si una colectividad de personas es o no una nación, cuando es algo que cae completamente fuera de sus competencias, ilustra suficientemente sobre el pretendido no nacionalismo de la izquierda española. Esta admite el conjunto de disparates e ineptitudes de los magistrados del Constitucional cuyo único fundamento, verdaderamente dadaísta, es que ellos administran justicia (si cabe hablar así) en nombre de una nación española a la que no puede venir otra a hacerle sombra. Una izquierda que coincide con la derecha en este asunto crucial de no aceptar más que una nación española (por lo demás tan inventada como las otras) dentro de la cual no es admisible ninguna otra. Y de izquierda le queda poco. Su principal fallo ha sido la incapacidad para elaborar un discurso teórico que diera respuesta satisfactoria para ambas partes a aquel nacionalismo catalán que comenzó la movida.

Una izquierda que acepta la idea de nación de la derecha, pero recuerda que su nación es distinta de esta, pues pertenece a la de la otra España, la España que siempre pudo ser, pero nunca es, no consigue formular propuesta teórica que permita responder a la reivindicación del independentismo catalán en forma creativa alguna. Y no lo consigue porque no puede. No hay en la idea tradicional y nacionalcatólica de España que la izquierda ha asumido nada que pueda aprovecharse para una imagen aceptable de país moderno y mucho menos que contraponer a la reivindicación independentista catalana. Una inconcreta reforma constitucional de alcance muy problemático y sin contar con el imprescindible apoyo de la derecha, y una anémica y polvorienta propuesta federal, que ni los que la hacen saben en qué consiste, no pueden considerarse como bases para la formulación de una idea de España de la izquierda con algún viso de prosperar. Catalunya tiene una idea clara de sí misma; España, no.

Pero hay más en la destrucción de la izquierda española a manos del independentismo catalán. No se trata tan solo de que sea incapaz de articular una respuesta a la reivindicación catalanista. La importancia de un segundo factor se ve claramente echando una breve ojeada a la historia reciente del izquierdismo español. Durante el régimen de Franco, pareció haberse recuperado un clima de entendimiento y colaboración entre las izquierdas españolas y las catalanas. Es la historia del ingenioso «contra Franco vivíamos mejor», de Vázquez Montalbán. Pero esa concordia comenzó a romperse a medida que nuevas formas más vivas y nuevas del nacionalismo iban tomando cuerpo entre la izquierda catalana y habría de llegar al punto de ruptura cuando ese nacionalismo se trocó en independentismo. El distanciamiento, la separación, le daría a la izquierda catalana un nuevo horizonte conceptual y de acción: la conservación de una nación atacada y el logro de un Estado que la proteja.

En cambio, dejaría a la izquierda española huérfana de todo referente teórico en cuestiones de nacionalismo e imposibilitada de articular a su vez un proyecto español distinto del de la derecha. A partir de cierto momento, cuando la izquierda catalana pasó de las declaraciones y especulaciones a los hechos, esto es, cuando trazó una hoja de ruta y fijó fecha para celebrar un referéndum de autodeterminación, la izquierda española adoptó la actitud combativa, hostil, agresiva, que venimos mencionando. Muchos izquierdistas, en lugar de preguntarse si, dadas las circunstancias, no sería su discurso nacional el culpable, atacaron en términos demagógicos y virulentos los móviles ideológicos del independentismo. La habitual petulancia de Borrell (PSOE) se convirtió en insultos y amenazas según se acercaba la fecha de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, hablando de «desinfectar» Catalunya, despreciando a los independentistas por tener, según él, una capacidad mental baja y avisando de que, si estos siguen con sus reivindicaciones, «llegaremos a las manos». Lógica típica del maltratador y la derecha: «Si sigues como hasta ahora, ejerceré la violencia». La misma que usaban Rajoy y Sánchez para culpar a la Generalitat, es decir, a las víctimas del empleo del 155.

El artículo 155, la puerta por la que pasa la deriva dictatorial y fascista de la derecha española en el poder, es el punto de no retorno de la miseria de la izquierda española. En el momento en que Podemos, el que inició su camino hablando de «asaltar los cielos», acepta la aplicación de este artículo de excepción, se ha dado el último paso para demostrar que, en lo tocante a Catalunya, la izquierda cierra filas con la derecha española (Monedero, 2017). Y, si lo hace en relación con Catalunya, lo hará en relación con todo lo demás. Cuando se está en contra de la tiranía, pero se apoya cualquier medida que esta tome para garantizar su supervivencia, en el fondo, no se está en contra de la tiranía, sino de una forma de realizarla y a favor de otra que haga innecesario el recurso a la medida excepcional. La actitud frente a la autodeterminación muestra la misma artimaña trivial que con el 155: partidarios de un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado que el Estado jamás pactará. ¿Qué hacemos si, como es obvio, el Estado se niega a pactar?

Está claro: con gran dolor de nuestro corazón y quejándonos de que sea una medida ilegal e ilegítima, habrá que aplicar el 155. No hay duda al respecto. En realidad, la izquierda española, toda ella, es mucho más cercana a la derecha de lo que parece. Con motivo de esta controversia sobre el 155, una dirigente de Podemos, Carolina Bescansa, también pedía a su partido un discurso más claramente nacional-español y que se acabaran las veleidades con el independentismo catalán. Por las razones que sean y hacen aquí poco al caso, Bescansa razona con el temor extendido entre los publicistas y estrategas españoles: cualquier signo de comprensión o simpatía hacia el independentismo catalán costará muchos votos en España. La finalidad que procura la sugerencia de elaborar un discurso nacional o español de izquierda en Podemos no solamente responde a una preocupación práctica de ganar elecciones, sino también a una reflexión teórica de algún mayor calado, aunque a mi entender, escaso porvenir (Candelas, 2015).

En efecto, viene a ser como una especie de recriminación: ahora que hemos elaborado un discurso revolucionario para España que reacomodará a todos sus pueblos y naciones llegan los independentistas catalanes y se apropian del escenario poniendo en primer término una cuestión nacional, parcial y probablemente identitaria, dejando en la penumbra el proyecto revolucionario de todos. Es un modo de distraer la atención de lo verdaderamente importante con cuestiones accesorias. Tanto la izquierda revolucionaria de Podemos como la más aburguesada del PSOE tienen tendencia a considerar el independentismo catalán como una molestia, un incordio, algo en lo que no debiera perderse el tiempo a efectos de ir directamente al fondo de la cuestión: la emancipación de la totalidad. La idea de que los independentistas catalanes no estén interesados en la liberación de España, a la que no consideran su nación, sino en la liberación frente a España, tenga esta el carácter que tenga, no parece visitar con asiduidad el espíritu de los nacionalistas españoles, cualquiera que sea su color.

A juicio del izquierdista español, su idea de la otra España, la que él se ha sacado del caletre y representa lo mejor, más avanzado y europeo de una idea de España tan falsa como nostálgica, le da autoridad para pedir entendimiento al independentismo. Y la tiene. Otra cosa es que sea eficaz, pues el independentismo ya no solicita un encaje cómodo o incómodo en el reino de España, dado que es republicano. El republicanismo de la cuestión representa ya su puntilla, pues la izquierda descubre para su desconcierto que es monárquica por defecto. Esta situación tendrá consecuencias a corto y largo plazo, tanto en España como en Catalunya, que se irán viendo con el tiempo, pero que aquí pueden resumirse en una fórmula sencilla: la ruptura republicana significa que Catalunya ha roto lo que el franquismo dejó atado y bien atado y España, no. La República es la clave de arco de la legitimidad democrática y la ilegitimidad esencial del régimen del 78. Recuperada en Catalunya, pero no en España, el relato puede seguir en la primera, pero no en la segunda por falta de materia y de relator. La deserción del estamento encargado de este discurso, el de los intelectuales, es llamativa.

Los intelectuales catalanes han hecho una formidable tarea en los últimos diez o doce años, cuando articularon la defensa del derecho a decidir de Catalunya en los terrenos histórico, jurídico, político, económico, cultural y social. Han hecho críticas, analizado propuestas, debatido alternativas, adelantado soluciones, probado y comprobado la base social e ideológica del independentismo, ofrecido negociaciones, defendido posibilidades y articulado opciones de futuro con muy diversas variantes (Bel, 2013; Pont, 2013; Centelles, 2014; Barceló, 2015; Partal, 2015; Vidal, 2015; Calvet, 2016; Baños, 2017; Costa, 2017; Requejo, 2017). De la otra parte, la de los intelectuales españoles, solo ha habido el habitual silencio que se tributa a una Catalunya no sometida, alternado con la resignación de seguir siendo los ideólogos orgánicos de un sistema muerto y momificado, incapaz de élan vital alguno. Aquel bajo pulso de la patria conllevante, que registraba Ortega, se ha convertido en el rigor mortis de un cadáver insepulto.

Al mismo tiempo, el realismo obliga a admitir que ese autoritarismo persistente es compatible con unas actitudes mucho más antiautoritarias, casi libertarias en asuntos sociales. En la etapa de Zapatero, España era reconocida líder en materia de republicanismo, civismo, igualdad real de género y derechos de las minorías sexuales (Sánchez-Cuenca, 2012). Por la misma razón por la que llegó a tener una ley del aborto muy permisiva para una sociedad tan católica. Autoritarismo en lo político y permisividad en lo social no tienen por qué ser excluyentes. Ciertamente ha reaparecido un sector de opinión antiautoritaria, furibundamente combatida por la autoritaria en la que ha venido trabajando la izquierda española. Lo que sucede es que esta se ha encontrado repentinamente compartiendo terreno con la derecha en cuanto se plantea la cuestión nacional. Y eso la ha dejado en una situación de práctica irrelevancia. Especialmente porque esta cuestión nacional se plantea bajo una forma republicana incompatible con la monárquica del Estado español. Y ahí la izquierda española tiene una píldora difícil de tragar por cuanto por origen, tradición y desarrollo histórico, es republicana, pero por circunstancias coyunturales, ha pasado a ser directa o indirectamente dinástica.

En la medida en que, en efecto, aparece Catalunya, el franquismo sociológico se hace ideológicamente transversal: la unidad de España une especialmente a la derecha y a la izquierda españolas.

El miedo de los intelectuales

Desde la aparición del famoso libro de Julien Benda, La traición de los intelectuales (1927), estos, como estamento o instancia social pensante, han llegado a ocupar tantas páginas de estudio e investigación como las que hayan podido llenar con sus profusas disquisiciones. En el saber convencional sobre la intelectualidad suelen aparecer dos conclusiones generalmente sostenidas:

1.º  Los intelectuales fueron influyentes en el siglo XIX y primer tercio del XX, pero luego, varios factores políticos (el comunismo y el fascismo como ideologías cinceladas por intelectuales), el progreso material, la invasión de los medios, la generalización del conocimiento y la aparición de los expertos, les han restado casi todo su antiguo prestigio, al menos en Europa. Hay una tendencia a mirarlos con escepticismo, incluso en la tierra de los maîtres penseurs donde ya no se receta ni la tradición saint-simoniana de veneración a los tecnócratas.

2.º  A diferencia de Europa, en los EE. UU., los intelectuales nunca gozaron de especial predicamento. En un país que ejercía una fascinación casi irresistible sobre sus colegas europeos (son muchos los escritores de todo tipo que han viajado a los EE. UU. y se han creído obligados a rumiar sus impresiones y confiarlas al papel), la voz pública ha solido ser la de los hombres prácticos, los empresarios, los banqueros, los self-made men, y la desconfianza frente a los intelectuales no solo nace en el hecho frecuente de que estos se alineen con distintas formas de socialismo o comunismo, especialmente aborrecidos, sino en el de que no encajan en el arquetipo del hombre individualista estadounidense.

Con independencia de que estas conclusiones sean convincentes o no, queda claro que España no solamente no son los EE. UU., sino que, como siempre desde el Congreso de Viena en 1815, tampoco es Europa. En la Península, los intelectuales no han perdido renombre y respeto; al contrario, lo han ganado. País de curas y mozos de rebotica, funcionarios, toreros, señoritos, caciques, chulapos, empresarios depredadores, captores de rentas (rentistas o cortadores del cupón), agiotistas, beatos, inquisidores e izquierdistas de cafetín, los intelectuales españoles, generalmente arrimados a alguien, persona o institución con la bolsa llena, forman cuerpos de casas con librea, calzas atacadas y zapatos de charol. Más o menos como en el siglo XVIII, al servicio de alguna familia importante. Pueden ser grupos de comunicación (como PRISA o Vocento), editoriales, fundaciones, partidos políticos, obispados y arzobispados, centros de doctrinas religiosas, think tanks o servicios de estudio de bancos y empresas. El carácter anónimo de estas entidades y su tendencia a erigirse en heraldos de los intereses colectivos y de la patria ahorran a sus plumillas más o menos engolados la desagradable tarea de ensalzar personalmente a un mecenas o a su perro. Ya no son criados ilustrados al servicio de un señor, como lo era Haydn con los Esterházy, sino al servicio de una noble causa general, colectiva, nacional.

Los intelectuales orgánicos

Así, los intelectuales pasaron a ser orgánicos, en la feliz acepción de Gramsci, cuyo marxismo estaba muy influido por el organicismo fascista que se respiraba entonces en su tierra. Podían ser orgánicos del capital u orgánicos del partido que lo combatía, pero siempre con la pluma en ristre para defender o atacar la causa que se les indicara. Mejor o peor disimulada, esta función de servidumbre intelectual es la dominante en el país. Lo más frecuente son las agrupaciones por empleo: intelectuales de un periódico y sus medios, como El País (y la cadena SER), el ABC (y la cadena COPE), fundaciones (como la Fundación March o la de cualquier otra banca), partidos, televisiones. El desenvolvimiento de la vida en estos casos sigue siempre una pauta de sumisión a las directrices ideológicas del medio, clientelismo y amiguismo en las relaciones, bastante bien retratado en un ensayo de Sánchez-Cuenca (2016), donde se hace hincapié en el tradicionalismo de estas relaciones de trincheras que apenas han evolucionado desde los tiempos de Larra y, si lo han hecho, ha sido a peor.

Mientras el comportamiento siga las pautas impuestas de atacar al adversario y defender al compadre o comadre y sin olvidar el deber supremo de batirse por la causa que el patrón propugna, la vida del intelectual español es plácida y no implica grandes esfuerzos mentales porque, fuera de las quisicosas de preferencias y decoro públicos, los intercambios que se producen son de una pobreza conceptual rayana en la inopia. No hay más que leer sus columnas en los diarios o su siempre valiente defensa del punto de vista del empleador en los debates audiovisuales. Habitualmente, las nomenklaturas intelectuales (sometidas a criterios jerárquicos divertidos) tienen cierta holgura, para que no se diga que son centros de dogmático adoctrinamiento, como unas escuelas pías, y permiten a sus plumillas cierto rango de oscilación en sus convicciones, siempre dentro de un orden. El trabajador de la cultura (como se llamaba a estos publicistas en tiempos de Santiago Carrillo) que mostrara alguna personalidad o afán de independencia, acabaría en la calle más pronto o más tarde. El propio Sánchez-Cuenca tiene un grado elevado de encaje y reconocimiento en el mundo mediático y de administración de prebendas, y ejerce un poder administrativo derivado de los prestigios académicos que ellos mismos se otorgan en el universo de influencias y favores de El País, la Fundación Juan March y la Universidad Carlos III (Sirera, 2016) con pretensión de erigirse en dicasterio de la probidad y la profundidad intelectuales. A pesar de esos vínculos con poderosos aparatos culturales y empresariales que defienden sus trincheras contra los adversarios, Sánchez-Cuenca tuvo sus más y sus menos con la nave capitana de la flotilla española de juntaletras, El País y algunos de sus más cómicos tartarines por la osadía de criticar a los medios tradicionales (impresos) y sostener la herejía de que la libertad ha ido a refugiarse en los medios digitales. Coincido en parte con su afirmación: precisamente porque estos medios luchan por la supervivencia, muestran mayor manga ancha en cuanto al rango de obediencia que exigen a sus empleados, pero, en el fondo, siguen la misma tónica que sus hermanos mayores: fidelidad a la línea de mando y exclusión de quien se salga de ella. A rajatabla, como siempre. No obstante, cabeceras como Público, Info-libre, Diario.es, están haciendo una labor muy encomiable como instrumentos de control del poder político (que el sistema corrupto español no usa) y diarios de investigación.

Si Sánchez-Cuenca y otros estudiosos del fenómeno quieren salir del magma confuso del intercambio entre mesnadas distintas solo tienen que hacer una sencilla prueba: ver cuántos intelectuales orgánicos conseguirían la audiencia que tienen por sus exclusivos y propios medios. Se dice que hoy, con el acceso a las redes, esto se ha hecho posible, desde el momento en que cualquiera puede estar presente en el ciberespacio, en la blogosfera, abrirse una cuenta en Facebook o Twitter u otras redes sociales y ver cuánta gente lo lee o lo escucha por sí mismo y no como escriba desde tal periódico o como hablante de tal radio o tal TV, lugares que ocupa habitualmente por su servilismo con determinados intereses políticos y/o mediáticos. En realidad, esta independencia real ha sido siempre posible (aunque normalmente pagada a un precio muy elevado), como se demuestra con el caso, entre otros, de Cyrano de Bergerac, prototipo del intelectual libre, sin ataduras y combativo. Nadie le publicaba; nadie escenificaba sus obras (el teatro ha sido durante siglos el sustituto de la TV), pero estas corrían de mano en mano en forma manuscrita. Algo parecido a lo que sucedía en las tiranías comunistas en las que los intelectuales inorgánicos se valían de procedimientos similares (samizdat, imprentas clandestinas, etc.) para hacerse oír y ver. Actualmente, la cuestión es mucho más sencilla. Si el columnista o plumilla ensoberbecido por el diario en el que escribe quiere conocer de verdad su repercusión social, que opine desde su propio dominio. La prensa digital y la versión en red de la de papel permiten conocer con bastante exactitud la audiencia de los escritores y columnistas y estos pueden comparar cuánta gente los sigue por ellos mismos y cuánta por escribir en tal diario o hablar para tal radio, es decir, pertenecer a las cuadras o patios de unos u otros empresarios, banqueros, industriales.

Dicho lo anterior, a los efectos de contextualizar lo que viene, pues siempre en estos casos hay que respetar tan sagrada ley, acometamos la tarea de aportar alguna hipótesis acerca de por qué los intelectuales españoles callan allí en donde los catalanes hablan; por qué hay un relato catalán de los acontecimientos, pero no lo hay español. Por qué los españoles, en la escasa medida en que se han pronunciado sobre el independentismo catalán lo han hecho de modo negativo, muy crítico y frecuentemente insultante, con una falta de respeto y una soberbia que auguran la ya definitiva ruptura emocional que acompañará a la independencia de Catalunya.

La primera función que el mando asigna al intelectual orgánico es la fabricación de ideología, ya se sabe, el meollo del concepto marxista de superestructura. La ideología, más o menos la Weltanschauung kantiana que Ortega recibiría con agradecimiento, afecta a todas las cuestiones de la vida e influye en ellas, pero su aspecto fundamental, su pináculo y razón de ser es la cuestión de la patria, del patriotismo, de la nación y el nacionalismo, el ser colectivo, ese territorio subjetivo hecho de emociones y sentimientos que luego se derrama por los demás vericuetos de la existencia. Los intelectuales orgánicos son, decíamos antes, intelectuales nacionales y su función es elaborar una idea sublimada de nación. En el fondo, lo hemos dicho, es la noción de Gramsci de que el intelectual orgánico lo es de partido. En este caso, el partido es la nación, lo cual es intrínsecamente contradictorio, pues toda defensa partidista de esta rompe el espíritu nacional. Una situación agónica que propicia la inhibición de los intelectuales españoles en tan espinoso asunto. Se deja constancia de que hay una nación española en sí y para sí a partir de 1812, por lo menos; se acepta con hidalguía que esa nación es internamente conflictiva hasta el punto de vivir desdoblada en las dos Españas. Y nada más. El resto, si lo hay, son fábulas.

Hasta que, de pronto, emerge un relato catalán alternativo que, identificando una pulsión nacional interna propia, acaba planteando la exigencia del reconocimiento nacional de Catalunya y su subsiguiente derecho de autodeterminación y de constituirse en un Estado nuevo en la UE. Un tradicional y de siempre minoritario programa independentista con gotas de utopismo que, finalmente, se constituye en reivindicación social y se plantea como tal ante el Estado. El viejo y decrépito independentismo, el que Pujol y un Mas primerizo habían descartado como una antigualla, reaparecía con aires nuevos y, más que aires, tormentas, huracanes que lo han puesto todo patas arriba en España. Era la voz poderosa del pueblo, expresándose por millones en actos cívicos (¡ay, la religión civil rousseauniana!), pacíficos, abiertos, democráticos. ¿Qué había pasado? Que se cumplía el famoso vaticinio de Marx en la introducción de la Crítica a la filosofía del derecho de Hegel de que «la teoría se convierte en poder material cuando encarna en las masas».

¿Y cómo ha sido posible? Las causas probablemente son muy complicadas; los efectos son patentes: el movimiento es transversal o sea, interclasista. Unifica en el mismo empeño y orden de prioridad a la derecha con la izquierda y la extrema izquierda antisistema. Y ante esto es racionalmente imposible recurrir a la teoría del nacionalismo de clase. Pretextar los asuntos de corrupción es anecdótico. Este es el argumento fuerte de la izquierda nacionalista (para entendernos, pues el término no le hace entera justicia) frente a la española: se defiende la nación como partido no excluyendo a los otros, sino al contrario, incluyéndolos. Lo cual es afín al sentido de lo nacional.

Frente a esto, los intelectuales de izquierda, habitantes de la otra España, tan nacional como la de la una, grande, libre, no tenían nada que oponer. Se aferraron a su interpretación canónica del presente español como democracia homologada con las de nuestro ámbito geográfico y cultural. Desde la feliz muerte del dictador, España ha dejado de ser característica, anormal, algo extraño y hasta exótico. Recuérdese a Borrow predicando la Biblia por esos caminos de herradura como si fuésemos bereberes. Eso se acabó. Somos un país moderno, competitivo, abierto, democrático, avanzado y un Estado de derecho sumamente garantista, uno más en una familia y conjunto de Estados todos con un desarrollo semejante de derechos y libertades. En este relato panglossiano no hay hueco alguno (ni paciencia) para tratar el siempre presente asunto de la cuestión catalana, mucho más substancial y trascendental, aunque menos ígnea que la vasca. Hay unos nacionalismos periféricos perfectamente integrados en la idea común de una nación española común, dentro de la cual, mirabile dictu, cada uno es libre de sentirse español como le plazca.

Y ahí se ha quedado la elaboración ideológica de la izquierda o progresista y sus intelectuales. No estaba preparada para responder a la petición secesionista. Apareció a última hora la opción Podemos, que reconocía generosamente la realidad plurinacional de España. Pero siempre era España. No había respuesta a quien deseara no ser España, plurinacional o uninacional. Eso, se decía, rompe el estatuto jurídico español y hay que pactarlo. Recomendación que contenía una trampa, pues es preciso pactarlo con quien de antemano se sabía que no aceptaría pacto alguno. Ese argumento no niega la buena fe de la propuesta, pero la deja reducida a entecas dimensiones, las de la hipocresía. La misma que ha caracterizado todo el espectáculo de Podemos. Venían a «asaltar los cielos» y se referían a la cafetería del Congreso de los diputados; iban a acabar con el «régimen del 78» y están tan amojamados como él; habían declarado la guerra a la casta y formaban una tan basada en la servidumbre, el enchufismo y el amiguismo como la otra; denunciaban la censura y la exclusión mediáticas, haciendo lugar a su revolucionario discurso igualmente basado en la censura y la exclusión mediática de los discrepantes a quienes se critica en los medios que controlan teniendo buen cuidado de no dejarlos exponer sus posiciones. La nueva aportación vino a confirmar que el panorama intelectual español era el habitual baldío de unos círculos endogámicos basados en ensalzar la mediocridad como signo del genio, someterse a la ideología de una oligarquía semianalfabeta e integrarse en un reparto de privilegios proporcionales a su sumisión mientras construyen sus chiringuitos ideológicos basados en la adulación a la jefatura.

Tal es el poder del reto catalán. En el enunciado: «Nos vamos, pero estamos y estaremos siempre dispuestos a escuchar todo tipo de propuestas». La cuestión es: ¿las ha habido? ¿Han sido capaces los intelectuales de pensar la nación española en formas alternativas a la una, grande y libre que emerge en el artículo 2 de la Constitución?

Fuera de unas desmayadas propuestas de reforma constitucional y unos vagarosos contornos de un federalismo difuso, desconozco que haya habido otras. Algunas he visto, conservadas como cecina entre los comunistas sobre la autodeterminación de los pueblos, pero poco más. Ninguna relativa a la recomposición sustancial, constitucional, de las relaciones entre España y Catalunya. La melodía es siempre la misma: el todo no negocia con la parte. Actitud imperial, ridículamente imperial, que la izquierda tiene tan interiorizada como la derecha, aunque simula tomársela a chanza. Hasta que le tocan el nervio castellano, que es su esencia.

Además de la ruptura emocional de siempre, reaparecen aquí los viejos diablos de la catalanofobia que, en la época de las redes se difunde sin límites de tiempo ni espacio. Es ocioso aportar ejemplos de los actos y las relaciones cotidianas. Ya hay quien los ha recogido sistemáticamente (Ferrer i Gironés, 2000). Sin duda, también rampa la hispanofobia por Catalunya, pero no resulta tan rica, variada, agresiva y universal (todo lo catalán bajo la horma del odio y el desprecio) como la de los españoles. En todo caso ignoro que exista recopilación alguna.

Y eso no parece preocupar a nadie. Al extremo de que llegó a popularizarse el punto de vista de que el independentismo catalán era culpable de haber despertado a la extrema derecha hasta entonces dormida. Era falso, antaño y ahora. La extrema derecha, el fascismo, el franquismo sociológico han estado siempre ahí en intensa relación con la oligarquía española y, efectivamente, da la impresión de que el independentismo ha activado sus fuegos ocultos. Pero eso no puede significar, como quiere esta izquierda timorata, que los independentistas deban cejar en sus pretensiones al margen de si son justas o no porque despierten a la fiera. La fiera debe dejar de ser fiera. Hay que obligarla a ello. Por el bien de la colectividad. En realidad se trata de una manifestación más de catalanofobia que es evidente en el caso de las relaciones sociales cotidianas y latente en el de las elaboraciones de los intelectuales. Pero está viva, en la forma de estas consideraciones que, por abordar el tema bruscamente, traslucen la buena conciencia del colonizador.

Este es el tema tabú en muchísimos debates. Tanto que se usa siempre a la contraria para negar el derecho de autodeterminación de los catalanes. Ese derecho, se dice usualmente, solo se les reconoce a los territorios coloniales, y Catalunya, claro está, no es uno de ellos. Cruz y raya.

¿O no?

La cuestión colonial

No coincido por entero con el profesor Ramón Grosfoguel en una interesante polémica que mantiene por vídeos con el también profesor Monedero. Pero sí en la mayor parte: el problema de la izquierda española es que ha absorbido la interpretación imperial de nación, revestida luego a trancas y barrancas de dejes liberales y porte conservador, impuesta manu militari a lo largo del siglo XX. Y al absorberla no la ve, por la misma razón por la que la estupidez se hace invisible cuando se generaliza y porque siempre creyó que Catalunya había sido tan parte de España como la cureña del cañón, partícipe en una empresa común que nunca hubo (salvo en los luceros de los falangistas) y sigue sin haber, cuando Catalunya ha sido partícipe forzosa en decisiones tomadas en otra parte. Recuérdese, no taxation without representation.

Hasta aquí, correcto. La de Catalunya es una condición colonial, aunque con la paradoja de que es la colonia la que se beneficia de la metrópoli. Pero esa condición colonial no es extrapolable a otras de esa naturaleza, por ejemplo, en América. Las relaciones en el Nuevo Mundo han sido muy distintas. Como ya se apuntó en el capítulo anterior, la colonia catalana no lo fue por obra y gracia de una cultura de fuerza superior que provocara la extinción de la autóctona, sino a lo largo de muchos siglos de interrelaciones en todos los niveles, desde los más altos (coronas, herencias, matrimonios, uniones morganáticas, etc.) hasta los más modestos (comercio, servicio militar, hacer las Indias, etc.), que también se consolidó con una conquista militar. Sin embargo, la victoria e invasión militar de Castilla, aun allanando mucho el terreno a una asimilación completa mediante los Decretos de Nueva Planta, no consiguió extirpar la lengua y la cultura catalanas, a pesar de haberlo intentado permanentemente, la última vez como resultado de la política de españolización forzosa del franquismo, cosa que permite entender qué sienten los catalanes cuando le oyen decir a un ministro español que hay que «españolizar a los niños catalanes», un eco de la tradicional estupidez de la oligarquía española, incapaz de entender la realidad más elemental si no es a golpe de dogma y de bomba.

Esta complejidad de las relaciones durante siglos, que se expresa en todos los territorios hace que, confrontados con la realidad de una Catalunya en España, pero no de España, muchos reaccionen con rechazo instintivo ante la sugerencia de formar parte de la buena conciencia colonial. Especialmente la izquierda, que suele vivir en una bienintencionada ilusión. Cuando alguien advierte de ese lazo colonial, la respuesta suele ser una negativa rotunda y un escandalizado asombro: ¿Catalunya colonia de España? Imposible por cuanto Catalunya es España. Sostener lo contrario obliga a cuestionar los supuestos esenciales de la ideología española.

Acierta Grosfoguel al mencionar el caso de la guerra de liberación nacional argelina y la izquierda francesa, que se puso del lado del colonizador sin ambages. Al menos, la SFIO. Los comunistas, por el contrario, tras algunas contradicciones, acabaron sosteniendo la lucha de liberación nacional de los argelinos. Pero reaparece un factor de disimilitud muy fuerte: Argelia era una colonia por conquista, Catalunya como resultado de unas relaciones de dominación más entreveradas. Supongo que también algunos de la izquierda catalana rechazarán la interpretación colonial, más que nada por autoestima. Pero relación colonial hay. El encarcelamiento de los dirigentes independentistas a partir del 1 de octubre de 2017 dibuja una situación similar a la de Irlanda del Norte en los años del conflicto más virulento.

Sostener que cabe vivir dignamente en una democracia en la que se encarcela a la gente por sus ideas políticas, en una nación que obliga a otra a formar parte de ella en contra de su voluntad es sumirse en el amok de la razón de Estado.

Aquí aparece el origen del miedo y el silencio de los intelectuales españoles. No es solamente que se hayan hecho reos de la traición de que acusa Benda a sus colegas en general (la venta del espíritu crítico a un espíritu colectivo, una idea de grupo), sino que han dado en algo en el fondo peor. No han traicionado su misión; simplemente, la han abandonado. La elaboración de relatos ideológicos tiene una obvia faceta creativa que se supone predio propicio de los intelectuales. Si el relato nacional-español elaborado desde posiciones tan excluyentes y enfrentadas (la concepción reaccionaria, la de la derecha tradicional, la fascista, la liberal y la izquierdista) no consigue imponerse frente a los relatos antagónicos, pareciera ser obligación del estamento intelectual revisar sus planteamientos, reafirmar su convicción primera (de ser posible); renunciar a ella en caso de no serlo; o elaborar un relato nuevo.

Los intelectuales españoles no han hecho nada de lo anterior. En las izquierdas sobre todo, se han limitado a insistir en la paparrucha de un no nacionalismo español, se han negado a escuchar cualquier proposición alternativa y han renunciado a su función principal de elaborar relatos ideológicos para consumo colectivo. Este abandono explica en gran medida su silencio frente a los catalanes. No es únicamente que no tengan nada que ofrecer a estos en respuesta a su discurso; es que no tienen nada que ofrecerse a sí mismos. Justo en el momento en que una generación de intelectuales se encuentra en una situación cuya realidad no encaja con su teoría y, en consecuencia, la emplaza a la fascinante tarea de elaborar un relato nacional español nuevo, a partir del descrédito absoluto del nacionalismo heredado del franquismo y absorbido casi sin notarlo, justo en ese momento, los intelectuales españoles enmudecen.

Y no parece que haya otra razón del silencio que la incapacidad para romper el marco mental nacional impuesto por la derecha. Los intelectuales de la posguerra y sus sucesores forman un encadenamiento de dos generaciones sometidas, la primera por miedo, la segunda por complicidad, pero las dos sojuzgadas como lo estaba el pueblo del que eran emanación. A partir de los años cincuenta del siglo XX, se abre paso entre la intelectualidad de izquierda la consigna de poner fin mediante la reconciliación a las secuelas de la Guerra Civil, el acontecimiento traumático por excelencia de la España contemporánea. Este acabará siendo el objetivo casi absoluto de la política de la oposición hasta el final de la dictadura, que jamás tuvo voluntad alguna de reconciliarse con los vencidos, sino de usar a sus caídos para glorificar su triunfo por los siglos de los siglos, como vimos, en el Valle de los Caídos.

La reconciliación era un deseo colgado al miedo a una repetición de la Guerra Civil que, aunque invocado ritualmente por los dos bandos, solo era sinceramente experimentado por el izquierdista o republicano mientras que si el otro lo formulaba más era como amenaza. Aquel deseo, enraizado en el miedo, presidió el espíritu de la Transición. El afán de reconciliación preside todo el empeño y tiene el mismo destino que durante la dictadura. Al comienzo del cambio, los franquistas aprovechan su preponderancia institucional, convierten la ley de amnistía en una de punto final, y se retiran a los cuarteles de invierno, hasta ver cómo encaja la izquierda su imprevista victoria en 1982. Apresada en sus miedos, esta acepta como reconciliación una situación en la que la derecha no ha hecho un solo acto de arrepentimiento ni ha habido lugar a un solo gesto de «justicia transicional» (Aguilar Fernández, 2008). Al contrario, la Ley de Amnistía de 1977 no solo amnistiaba a los presos políticos de Franco, sino que era una ley de punto final por la que los criminales franquistas se auto-amnistiaban por sus delitos durante la dictadura. La falta de voluntad de encarar la política de la memoria con un espíritu medianamente justiciero se observa en el hecho de que durante las tres legislaturas con mayoría absoluta socialista (de 1982 a 1993) no hubo un solo intento de ajustar cuentas con el pasado, exigir responsabilidades a los criminales del Estado Potemkin de Franco o hacer justicia a los represaliados, perseguidos y asesinados por los franquistas, que siguieron enterrados en fosas comunes en cantidad superior a los cien mil.

Edificándose sobre un olvido cruel y culpable y la falta de justicia transicional, la Transición iniciaba el nuevo recorrido del Estado Potemkin español, convertido ahora en un falso Estado de derecho, la gran ficción político-jurídica de la Transición que se mantuvo artificiosamente hasta que la revolución catalana expuso su insuficiencia y su fracaso. Ambas quedaron patentes cuando, después de su victoria por mayoría absoluta en 2011, la derecha franquista bloqueó la aplicación de la reducida y pacata Ley de Memoria Histórica, que hiciera aprobar el Gobierno de Rodríguez Zapatero bajo el prolijo nombre de Ley 52/2007, de 26 de diciembre, «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». El Gobierno paralizó todas las actividades de exhumación que pudo, dejó sin financiación la Ley de la Memoria Histórica y boicoteó todos los intentos de políticas de la memoria.

El mensaje era claro: frente al relato de la reconciliación izquierdista basado en el reconocimiento y reparo de la injusticia, se volvía al silencio y el olvido de la dictadura, que ya había obligado a los españoles a reconciliarse al perseguir, encarcelar, torturar, asesinar o expulsar a la mitad de ellos. En una de sus declaraciones públicas más fascistas e inmorales (y en sus mandatos este personaje ha hecho muchas), Rajoy sostuvo que él no tenía claro si había familias que no supieran dónde estaban enterrados los suyos y alguien hubo de recordarle que había más de ciento dieciséis mil desaparecidos (Rajoy, 2016). Más virulento y primitivo, el portavoz del PP, Rafael Hernando, en estilo macarra, concluía que los familiares de los asesinados solo se acordaban de estos cuando había subvenciones. La derecha no se ha reconciliado, se opone tajantemente a toda reparación a las víctimas de la vesania franquista a la que considera un intento de «reabrir viejas heridas» y boicotea la acción de la justicia en castigo de los culpables, mientras la izquierda admite contra toda evidencia que la Transición fue un éxito de reconciliación, hace como que no ve la hostilidad de la derecha a la idea e interioriza sus valores.

Las dos generaciones sometidas aceptan el marco teórico nacional de la derecha franquista resignándose a una función subalterna de elaboración de ideología by proxy. Incómoda con la Transición, en la que tuvo que interiorizar la hegemonía reaccionaria, la segunda generación sometida, todavía lo está más con su resultado en Catalunya, que viene a desbaratar el mencionado sueño acomodaticio de los intelectuales de la homologación y normalidad de España en relación con las demás democracias europeas. La conclusión es obvia. El conflicto España-Catalunya es tan intenso y profundo y afecta de tal modo a creencias y sentimientos a veces inconscientes que la parte española, que se siente despreciada e ignorada por la catalana, no sabe reaccionar. El independentismo catalán pone el nacionalismo hipócrita español ante sus propias trampas. Incapaz de formular un relato sobre España que no absorba las mentiras de la derecha, haga justicia a la complejidad de la situación actual y presente una idea del futuro que esté basada en la innovación.

De repente, la buena conciencia del colono descubre con horror en el espejo la imagen de la dictadura española. Una imagen básicamente construida a través de los medios con un gusto deplorable y unos contenidos francamente primitivos, cosa lógica, habida cuenta de la casi unánime deserción de los intelectuales, encargados de elaborar las grandes teorías, los grandes relatos. Casi unánime. Los hay que hablan, pero gritan y vociferan tanto que no se les entiende. Este frente mediático merece una referencia especial porque ha sido un auxiliar decisivo en el último intento de la oligarquía española de acabar con Catalunya y ha elaborado los mecanismos más sucios para convertir la información en engaño y manipulación. Hace mucho que los medios en España son un mecanismo de adoctrinamiento y falsificación a sueldo del poder. Y la situación no ha cambiado. El último informe del Instituto Reuters, de la Universidad de Oxford, dedicado al estudio comparado de los sistemas mediáticos, sitúa los medios españoles entre los últimos de Europa en cuanto a credibilidad (Reuters, 2017). Un dato tan malo para la idea del Estado de derecho en España como el de la independencia judicial del país, que la Comisión Europea sitúa en la cola de los de la Unión, por delante de Bulgaria, Eslovaquia y Hungría (Comisión Europea, 2017). Y esto no es nada nuevo. Hace años que los organismos internacionales vienen avisando acerca de la involución de España, que no es una democracia ni un Estado de derecho. Justo lo que los medios españoles, con el grupo PRISA a la cabeza, aseguran que es en un vergonzoso trabajo de falsificación y mistificación que hacen por orden del poder para disimular la esencia Potemkin del Estado español. España no es una democracia ni un Estado de derecho, sino una burla de ambos, muy en especial, desde el acceso al poder de la derecha franquista en 2011. En 2013, la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) informaba de que la nueva Ley 19/2013, de acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada con grandes alharacas mediáticas, en realidad restringía el acceso público a la información (OSCE, 2013).

Se trata de una costumbre arraigada en la derecha consistente en restringir o suprimir los derechos de la ciudadanía con normas y leyes cuyos títulos aseguran protegerlos. Es una perversión de los mecanismos democráticos de cuño orwelliano y totalitario que los medios españoles apoyan entusiastas, incluso cuando van en contra de sus intereses como empresas. Un puro Potemkin. La famosa Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza es una norma para restringir o suprimir los derechos ciudadanos de expresión, asociación y manifestación mediante medidas arbitrarias. Lo hace arrebatando a los jueces su potestad sancionadora y otorgándosela a la discrecionalidad de la policía, a la que se le garantiza impunidad incluso en sus actuaciones más desaforadas que la ciudadanía no puede grabar so pena de multas confiscatorias de entre 300 y 30.000 euros por cosas tan subjetivas y amañables como «resistirse a la autoridad» o «dificultar la acción de la fuerza pública». Es decir, lo hace convirtiendo a España en un Estado policía. Nada tiene pues de extraño que, ya desde estas tempranas fechas, la OSCE, con motivo de que la ley mordaza incluyera a España en la lista negra de los países con libertades restringidas o sin libertades (OSCE, 2013).

El modo en que el falso Estado de derecho español o Estado Potemkin reacciona frente a estas denuncias de faltas o insuficiencias democráticas no es corrigiéndolas, sino negándolas a través de los embustes de sus políticos y la connivencia de los medios que los protegen. Esperanza Aguirre, una mujer que presidió el Gobierno más corrupto y desastroso de la Comunidad de Madrid, que destrozó la sanidad y la educación públicas madrileñas y que financió sus victorias electorales ilegalmente, rechazaba las inspecciones internacionales de la policía y las elecciones sugeridas por la OSCE porque, decía, «España no es una república bananera». Pero está claro que el país es peor que una república bananera. Sus gobernantes son corruptos, ladrones y embusteros como se puede ver con gente de la calaña de esta Aguirre o el devoto miembro del Opus Dei, Fernández Díaz, exministro de Interior y capaz de negar en público que su ley mordaza prohibiera que se grabaran imágenes de la policía siendo así que, por entonces, ya había cuantiosos casos de ciudadanos identificados, acosados, agredidos y multados precisamente por esas grabaciones, que son un elemento imprescindible a la hora de documentar la barbarie de las actuaciones policiales. Y eso por no mencionar su «Operación Catalunya», un plan inmoral para calumniar a sus adversarios políticos y destrozar los servicios públicos en Catalunya usando para ello fondos del erario, es decir, malversándolos.

En todo caso, los intelectuales, quizá avergonzados de estar apoyando un régimen con una tan clara deriva autoritaria y hasta fascistizante, se mantenían en un prudente y atemorizado silencio mientras unos medios vendidos al poder político les hacían el trabajo sucio de ocultar su verdadera naturaleza y tratar de convencer a las audiencias internas y externas de que España era un Estado democrático de derecho homologable a todos a su alrededor.

3. El dumping lot mediático

Dentro de ese lamentable panorama, el modo en que los medios, en general, han tratado la cuestión catalana autoriza a hablar de un dumping lot, un basurero mediático. La situación de aquellos no ha sido nunca muy satisfactoria en cuanto a sus relaciones con distintos derechos fundamentales de la ciudadanía, como la libertad de expresión, el derecho a la información veraz, el derecho al honor, etc. Es el comportamiento que cabía esperar de la caracterización que Hallin y Mancini han hecho del sistema mediático español, como pluralista polarizado, bajo el título genérico de mediterráneo (Hallin y Mancini, 2004).

Más específicamente, esta situación se había gestado ya en los años ochenta y noventa del siglo pasado, cuando la oligarquía, no pudiendo derrotar a los socialistas en las urnas, recurrió al habitual procedimiento de montar una conspiración o conjura para desalojarlos del poder. El propio Gobierno del PSOE había dado pie a ello al permitir una oleada de corrupción que afectaba a altas instancias del Estado y la organización de una fuerza parapolicial de carácter terrorista, los GAL. En un clima de enfrentamiento y crispación, la AEPI o Asociación Española de Periodistas Independientes, que reunía a los personajes mediáticos más destacados de la derecha y la extrema derecha, abanderó una lucha sin cuartel contra el primer Gobierno de la izquierda desde la muerte de Franco, lucha en la que no solamente se utilizaron infundios, calumnias, medias verdades y mentiras enteras, sino que llegaron a peligrar los «fundamentos mismos del Estado» (Anson, 1998). Esa campaña acabó con lo que quedaba del Gobierno socialista y también con la esperanza de un sistema mediático propio de una democracia avanzada pluralista, alejada de la tradición autoritaria y caciquil de la prensa en España (Cotarelo, 1995; 1996). Desde entonces las cosas no han hecho más que agravarse. La prensa de papel ha perdido su preponderancia comunicativa a favor de un sistema mediático en el que prevalecen los medios audiovisuales, mucho más contundentes y eficaces que la prensa de papel, debido a su mayor penetración.

La consideración de los medios en el análisis de las relaciones entre Catalunya y España es obligada por cuanto aquellos siguen siendo muy beligerantes a favor de una de las partes. Han actuado prácticamente como un frente coordinado en contra del independentismo, como una legión mediática, y desde el principio. Por principio podemos entender aquí para mayor comodidad el de la nueva ruptura emocional que cabe datar a partir de 2008, cuando el PP lanza una campaña de firmas para pedir un referéndum por iniciativa legislativa popular sobre el nuevo Estatuto catalán de 2006. La decisión fue una maniobra puramente política y electoral, para asfixiar al Gobierno socialista que había negociado el Estatuto, pero tomaba pie en un dato brutal, que evidenciaba la citada ruptura emocional: la iniciativa llegaba al Congreso avalada por cuatro millones de firmas contra Catalunya.

La derecha que exigía la celebración de un referéndum en España sobre el nuevo Estatuto catalán sabía que su empeño era imposible, ya que la Constitución prohíbe expresamente la iniciativa popular en materia de ley orgánica, que es la de los estatutos de autonomía. Pero en lugar de resaltar un hecho tan obvio y señalar su motivación demagógica, los medios jugaron al peligroso juego de poner en riesgo la estabilidad del Estado si, a cambio, se combatía el nacionalismo catalán... Y perdieron y, como los intelectuales silentes, se quedaron sin país.

Aquel comienzo alcanzó un punto culminante, una nueva aceleración, un cambio sustancial de táctica cuando, cinco meses después de ganar las elecciones de noviembre de 2011, Rajoy hizo aprobar en el Congreso una reforma de la Ley de RTVE de la era de Zapatero, para eliminar el requisito de consenso parlamentario en el nombramiento del director general de la radiotelevisión pública. A partir de entonces se haría por dos tercios en primera vuelta y por mayoría absoluta en la segunda, lo que en la práctica supuso que el PP, partido que disfrutaba de ella, nombrara director a quien le diera la gana, normalmente un comisario político, sin nivel profesional ni ético a las órdenes del Gobierno. Este pasó a tener una especie de ministerio más, el Ministerio de Propaganda, a imagen y semejanza de lo que su partido hacía en las comunidades autónomas en que gobernaba y contaba con medios públicos: Madrid, Valencia, Galicia; ponerlos todos al servicio de los intereses de la derecha.

El objetivo de manipulación y censura era tan obvio que las autoridades no perdieron el tiempo en justificarlo mediante las habituales y manidas falacias sobre la agilidad y la necesidad de evitar bloqueos, en una exposición de motivos que, como todo lo que escribe y dice la derecha franquista, producen sonrojo. Lo mismo haría luego con sus medidas más radicales, como la reforma laboral, el intento de restringir casi hasta suprimir el aborto, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (o ley mordaza), el saqueo del fondo de las pensiones, los rescates a la banca, etc. Cuatro enunciados dogmáticos y la negativa a dar ningún tipo de explicación, ejerciendo una forma de gobierno del trágala a golpe de decreto.

A propósito del gobierno por decreto. Finalmente, el Tribunal Constitucional anuló en parte aquella reforma de la ley de RTVE, argumentando procedimentalmente que no era materia para ser regulada por tal vía. Como es uso del Tribunal, especie de cámara político-judicial del PP, no se resolvía sobre el fondo del asunto, la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo, cuya destrucción se aceptaba sumisamente. Todo esto no importaba nada. Se trataba de dar una noticia desfavorable al Gobierno y que afectaba directamente a la RTVE. Así que los esbirros ideológicos que controlaban el ente decidieron entender que la sentencia era un juicio salomónico y ellos, interpretando el papel de la mala madre, presentaron la noticia sosteniendo que el TC «avala la reforma de RTVE del PP».2

Se trataba de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE y se resolvía cinco años después, cuando ya todo el daño de convertir una radiotelevisión pública literalmente en un gabinete de agitprop del Gobierno estaba hecho. Sin duda hay poderosas razones que explican el retraso de un quinquenio, pero bien considerado el asunto de a quién se beneficiaba con él, es lógico que se despierten suspicacias y haya quien denuncie una íntima colaboración entre el poder político y el poder judicial. Denuncia que parece obligada cuando se comprueba que las causas cuyo resultado puede perjudicar a la derecha tardan quinquenios en resolverse, mientras que las que pueden beneficiarla se sustancian en breves días, a veces en horas. No basta con que el PP tenga a los jueces a su servicio; también les exige celeridad en sus cometidos. Al fin y al cabo, son los periodistas a sueldo y los jueces a beneficio los que constituyen las dos fuerzas de choque de la derecha española, ahora que el recurso a los militares ya no funciona.

El dominio del Gobierno del PP sobre los medios públicos entre 2012 y 2017 fue absoluto. Se trató de los cinco años cruciales en que se adoptaron las medidas más drásticas para acometer la crisis de 2008 con la intención de hacérsela pagar a las clases populares y a sus sectores más indefensos: los jóvenes, las mujeres, los parados, los dependientes, los inmigrantes y los pensionistas. En un balance objetivo y austero puede calificarse la X legislatura como la de un Gobierno no solamente injusto e impopular, sino corrupto, cruel y hasta sádico. No se sabe qué produce más rechazo, si el saqueo de la hucha de las pensiones para comprar deuda pública española, o sea, deuda basura, o dejar sin fondos las leyes de la memoria histórica, de la igualdad de género o de los auxilios a los dependientes.

Está claro que un Gobierno con esa vitola canalla necesita asegurarse el control de los medios de comunicación. Los públicos los sojuzgó en un primer momento vía normativa y administrativa. Los privados, mediante las operaciones financieras con los propietarios de las cabeceras y las emisoras de audiovisuales, las subvenciones y el reparto de propaganda institucional; es decir, comprándolos directamente. Basta con ver cómo la derecha utilizaba para repartir esta propaganda institucional un criterio inversamente proporcional a la difusión, recibiendo mayores cantidades los incondicionales, aunque nos los leyera nadie, que los más críticos, aunque tuvieran mayor audiencia. Una prueba más de que la derecha emplea su gobierno no en favor, sino en contra de los intereses colectivos, en beneficio de los privados y mediante la malversación y el saqueo.

El éxito fue redondo. Toda crítica y oposición desaparecieron de la esfera pública, tanto en la social como en la institucional. Con mayoría absoluta del PP, el Gobierno actuaba por decreto, y el Parlamento no pintaba nada. Y sobre ese silencio, un guirigay de voces desde la extrema derecha al centro-derecha atronaba el espacio público siempre en favor del Gobierno y en contra de la oposición. La información se confundía con la opinión, y los titulares de prensa parecían sacados de los exabruptos de las tertulias. Era la llamada caverna, donde los rumores competían alegremente con las noticias falsas, las difamaciones, los delitos, las agresiones verbales y los insultos. Un campo de ocasiones, un El Dorado para los logreros, arribistas, gente sin escrúpulos, esbirros y confidentes de la policía que pasaban por periodistas, para vergüenza de la profesión.

A aquellas alturas era tal la complicidad de los medios con los políticos gobernantes corruptos que pasaron de ocultar la corrupción a practicarla ellos mismos. Los casos de Telemadrid, Canal Nou en Valencia y la llamada Tele-Cospedal en Castilla-La Mancha son suficientemente conocidos: empezaban con los sueldos astronómicos de los predicadores peperos de Telemadrid, lugar en el que hubo que proceder a una regulación de empleo y despedir a gente porque la gestión de quienes se embolsaban los dineros era catastrófica. La estafa de Canal Nou tenía unos visos similares, animados por prácticas de acoso sexual y abuso de poder propios de esta ralea cuando se siente impune. Los gastos de representación y la tarjeta de Ignacio Villa en Tele-Cospedal llevaban el mismo camino y eran la prueba evidente de una gestión de un organismo público al servicio de los intereses de un partido y la glorificación de su dirigente, la secretaria general, así como el engorde de los bolsillos de sus valets mediáticos.

Cuando el Gobierno decidió orientar las baterías contra Catalunya y la Generalitat, los medios creían disponer de una abundante experiencia en la materia procedente de los años del terrorismo en Euskadi. De inmediato se avisó de que los casos eran muy distintos y la experiencia del País Vasco no serviría de nada en Catalunya. Los medios ignoraron el dato o fingieron ignorarlo mediante un sofisma palmario. En ambos casos se trata de nacionalismo. A largo plazo, el nacionalismo lleva al terrorismo. El independentismo es una forma de terrorismo porque busca lo mismo que este, subvertir el orden constitucional. Las molestas diferencias de matiz ya se encargarán de afinarlas jueces y fiscales. El hecho es que el independentismo se proyecta fuera de la ley y de la Constitución, y la experiencia vasca es válida.

Esa era doctrina del propio Gobierno que encaró la cuestión catalana desde su toma de posesión como una cuestión de orden público, no de naturaleza política y jurídico-constitucional. La soberbia imperial castellana emergía de nuevo. Esa mentalidad impregnaba los razonamientos que justificaban las medidas. Así el Gobierno sostenía oficiosamente que el encarcelamiento de los dirigentes independentistas no provocaría conmoción social alguna; si acaso un par de semanas de protestas y vuelta a la normalidad, como había sucedido con el encarcelamiento de Otegi. Lo grosero de este error salta a la vista. Aunque, al parecer, no de todo el mundo. Veinticuatro horas antes de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, en las que su partido perdió ocho escaños, y se quedó en cuatro, la vicepresidenta del Gobierno se pavoneaba con infantil malevolencia de que Rajoy hubiera descabezado el movimiento independentista. Una confesión clara de que, en la España del Estado de derecho Potemkin que defiende El País, las decisiones judiciales las tomaba el presidente del Gobierno y, además, como solía suceder, eran perfectamente estúpidas. Los independentistas estaban en la cárcel, pero los descabezados (y, desde luego, descerebrados) eran los gobernantes de la derecha que, como su inspirador, Francisco Franco, solo conciben a sus adversarios en la cárcel.

La incapacidad real o fingida (hay siempre un interés en exacerbar las cosas a fin de provocar situaciones sin salida) para distinguir entre los dos movimientos, el vasco y el catalán, está en la base del rasero interpretativo común que aplican los medios españoles de combatir el independentismo catalán como si se tratase de una conjura. Los conjurados constituyen un grupo confuso compuesto, según las diferentes neurosis de los medios, por iluminados, corruptos, ricos insolidarios, antisistema, supremacistas, carlistas, nazis, provincianos, oligarcas de partidos y, en resumen, delincuentes.

Los medios son beligerantes en el conflicto, y su beligerancia, financiada por la banca y un poder político corrupto, no reconoce límites deontológicos. Y ahora se redobla de furia al comprobar que los catalanes plantean la única amenaza real a la estabilidad, la placidez y el statu quo del llamado régimen del 78 o III Restauración borbónica. Los catalanes aguafiestas que vienen a denunciar la complacencia de un relato de normalidad democrática embustero, de pacotilla y cartón piedra. De ahí la animadversión profunda, pues Catalunya cuestiona la normalidad, la viabilidad de España.

Si el independentismo catalán fuera cosa de una conjura en cualquiera de sus divertidas manifestaciones no se habría podido internacionalizar ni hubiera conseguido tanta atención mediática. Incluso aunque, para hacerle frente, el Estado hubiera echado mano de medios excepcionales. Todo el mundo acepta que las democracias pueden y deben defenderse. Incluso cuando, para hacerlo, hayan de rozar un límite compuesto por su propia condición de democracia bajo la égida del Estado de derecho.

Y ahí está el problema. El límite no puede pasarse. La democracia no se defiende con métodos antidemocráticos. Una vez iniciado un procedimiento excepcional de defensa, el límite pasa a ser subjetivo y se corre el riesgo de saltárselo por incrementos sucesivos dictados por la necesidad de aquella. De lo cuantitativo a lo cualitativo. El veneno, decía Paracelso, es una cuestión de cantidad. ¿En qué momento nos pasamos?

La inercia de la concepción tradicional de la España una permitió ignorar la trascendencia de lo que se puso en marcha con la ocurrencia de pedir firmas contra el Estatuto de Catalunya, que ya había pasado por peripecias tan absurdas como humillantes; lo que se coronó con la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Pocos se dieron cuenta de que aquella sentencia, un disparate producto de la prepotencia nacional-española, era un golpe de Estado judicial para Catalunya. Salvo quienes creen que no hay conflicto alguno entre dos naciones, sino una mera rebelión de unos conjurados en contra de la sola y única nación, el resto del público ve una situación en que un Estado oprime sistemáticamente a una minoría nacional en su seno con intención de acabar con ella.

La unidad de enfoque entre el Gobierno, los medios y los jueces se basaba en este error fundamental de creer (o querer creer) que un movimiento social de amplísimo respaldo era una conjura de unos cuantos. En un régimen presidido por la idea de la patria en peligro, se deponían cualesquiera objeciones morales a los comportamientos. El Gobierno hacía operaciones de guerra sucia contra el independentismo y el poder judicial las afinaba, al tiempo que los medios las apoyaban, proporcionaban excusas para hacer otras y todos, más o menos, se beneficiaban de esta maraña por la profusa relación del partido del Gobierno con una o varias organizaciones mafiosas.

Incidentalmente, este panorama antidemocrático, autoritario, neofranquista, que trataba de encajar disimuladamente la vieja derecha oligárquica católica en el molde de un Estado de derecho estaba caracterizado por la corrupción. Todas las artimañanas, las censuras y manipulaciones en los medios y la administración de justicia se fundamentaban en el expolio de los fondos públicos, el saqueo del erario a favor de jueces venales, periodistas mercenarios y políticos ladrones. En algunos procesos judiciales por corrupción se llegó a calificar al PP como organización con ánimo de delinquir. Es lo que en términos más sencillos se llama delincuencia organizada y ya, para entendernos, banda de ladrones. Cabía entender el PP como la feliz ocurrencia de unos delincuentes de crear una organización para sus fines y protegerla con el nombre de partido político. Un acierto: el partido político de los ladrones.

Que esto es así se deja ver por el hecho de que el PP carece de una ideología definida o posiciones claras que no sean las heredadas del franquismo y escasamente actualizadas. Ningún militante o cargo del PP está en el partido por el deseo de ver triunfar una u otra causa, sino por el de beneficiarse de las prácticas corruptas o de enriquecerse a costa del interés público. La idea es que la militancia en el PP y la gestión de algún cargo son los mecanismos para apropiarse de los fondos públicos con el fin de sufragar todo tipo de gastos, desde los caprichos personales y familiares a los monumentos hechos a la desidia y la especulación. En el curso de las investigaciones por una de las numerosas tramas de corrupción del PP, la Púnica, se supo que la alcaldesa de Algete, de este partido, empleó 41.800 euros de dinero público en pagar la primera comunión de su hijo. En cualquier lugar del mundo, esta noticia supondría destitución fulminante y procesamiento. En España significa que la responsable de la malversación pasa de alcaldesa a asesora de la Comunidad de Madrid.3 Y esto no es más que uno de los innumerables ejemplos de un comportamiento de alguien que se sabe impune en la comisión de cualquier fechoría porque pertenece a una organización de delincuentes que, como en tiempos de Franco, son los que dictan la ley y nombran a los jueces que han de juzgarlos en el caso de que sus delitos salgan a la luz. No tiene otro sentido que, en el caso de la corrupción del PP de Valencia, el acusado Correa, jefe de la trama Gürtel, y a cambio de un tratamiento penal menos estricto, declarase que el PP de esa comunidad, encabezado por otro delincuente, Francisco Camps, pagaba los actos con dinero negro (Correa, 2018).

No se suscita mayor escándalo porque esa conducta es habitual en la derecha. Una ministra financiaba los cumpleaños de sus hijos con cargo a la corrupción de su partido. Cumpleaños, bodas, fiestas, carreras, diversiones, cacerías, inversiones fraudulentas, paraísos fiscales, pelotazos, la X legislatura dejó chicas las de la corrupción aznarina de la burbuja inmobiliaria (VI y la VII). Y lógicamente, las diferencias entre periodistas a sueldo de los gobiernos peperos, jueces beneficiados con cursos y seminarios en la FAES o políticos que pagaban sus campañas con dinero negro eran meramente cuantitativas. Todos eran partícipes y beneficiarios de la corrupción cuyo único perjudicado en todas sus facetas es el contribuyente, el ciudadano, el votante. España fue saqueada de arriba abajo por el Gobierno y el partido más corrupto que ha conocido en su historia (Muñoz Molina, 2013; Etxeberria, 2013; Pont, 2017; Femenia, 2017), presidido por Mariano Rajoy Brey, implicado directamente en la corrupción de su partido y el político más representativo del modelo neofranquista que quepa imaginar: necio, autoritario, cruel y fanfarrón. El hombre que llevó España al desastre.

Pero la intención de voto del partido de la corrupción sigue siendo elevada. Que el contribuyente, el ciudadano, el votante continúe prefiriendo a un partido compuesto por presuntos delincuentes solo puede explicarse echando mano de la citada doctrina de la servidumbre voluntaria de De La Boétie. La mayoría apoya al tirano inducida por el amplio círculo de quienes se benefician de él. Esto explica por qué Rajoy se aferra al poder y no dimite, sabiendo que debiera, por qué lo hace la derecha, el PP: el poder otorga los beneficios que atraen los votos. Y por eso es tan irresponsable la incapacidad de la izquierda para encontrar una forma de desplazarlos y comenzar de verdad la lucha contra la corrupción, la única que puede garantizar elecciones limpias.

Todo esto, toda esta balumba de gobernantes corruptos y mafiosos, jueces venales de partido y periodistas al servicio del poder español es lo que la realidad de un movimiento independentista transversal, pacífico y democrático vino a desbaratar con el resultado de las elecciones del 21 de diciembre de 2017. La demostración tangible, palpable, de que el independentismo es mayoritario en Catalunya en votos y en escaños. La prueba evidente de que a la mayoría silenciosa, esa de la que Rajoy llevaba años hablando, le ocurría lo que al caballo de Orlando, que tenía todas las virtudes, pero no existía. La mayoría silenciosa era tan independentista como la hablante.

Los resultados del 21-D muestran también que las relaciones de las sociedades con los medios son diferentes. Catalunya está sometida al mismo dumping lot mediático que el resto del Estado. Sin embargo, las pautas de cultura política son muy distintas, un pluripartidismo que dobla el del Estado, una comunidad bilingüe, una sociedad multicultural. Son muchas las diferencias. Y también en el terreno mediático. TV3, el canal público catalán, era sistemáticamente acusado de parcialidad y sumisión al independentismo de la Generalitat, acusaciones hechas desde la derecha, los políticos y sus docenas de periodistas que trabajaban en auténticos sumideros desde el punto de vista de la deontología profesional y la ética empresarial. Sin embargo, como es bien sabido y está empíricamente comprobado, midiendo la participación en programas políticos, debates, tertulias, etc., TV3 se lleva la palma del pluralismo en el Estado, como reconocen los medios extranjeros (Noticias de Catalunya, 2018). Se entiende la rabia y la desesperación de quienes formulaban las acusaciones. Su deseo hubiera sido acallar, cerrar de ser posible, los medios catalanes porque juzgaban que, si no habían tenido éxito en manipular, aborregar y estupidizar a la opinión pública como habían hecho con la española, se debía a la existencia de estos medios libres del nacionalcatolicismo. Era urgente silenciarlos y convertirlos en las mismas máquinas propagandísticas que las que ellos controlaban.

Pero llegaban tarde y, como siempre, lo hacían mal por incompetencia. La cultura política catalana, es innecesario repetirlo, es distinta de la española, más rica, plural, democrática y matizada, incluida la de Madrid, y más cercana a la europea. Es más difícil engañar a los catalanes que a los españoles y especialmente difícil hacerlo en asuntos que los atañen directamente, siendo esta otra de las pruebas de la incompetencia de la caverna o reacción española: creer que el discurso del colono pueda encontrar eco en Catalunya. Sin duda. El mantenimiento de un medio libre, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ha sido muy importante para garantizar la mayor libertad y pluralidad de la opinión en Catalunya y eso honra a los trabajadores catalanes de la comunicación, mucho más profesionales que sus colegas españoles. Pero no es el factor decisivo.

El factor decisivo es la superior cultura política democrática catalana potenciada por las redes sociales, como ya se ha visto. Mantener la idea de una igualdad general de cultura política de España es una falacia. Las diferencias de todo tipo entre Catalunya (y, parcialmente, los països catalans) y el resto del Estado es palmaria. La explicación es sencilla: las redes sociales digitales han crecido de las redes sociales analógicas tejidas paciente y tozudamente a lo largo de los siglos y han constituido el entramado material de la conciencia nacional. Esta es la base para que una de las exigencias más frecuentemente formuladas por el independentismo sea la de una «política digital propia de Catalunya» (Petit, 2017).

El desconocimiento de los dos factores (la preexistencia de unas redes sociales analógicas y la importancia de las redes sociales digitales) está en la raíz del fracaso de los medios españoles en la cuestión catalana. La han enfocado desde la perspectiva hostil y represiva del Gobierno y los tribunales y se han visto obligados a tergiversar la realidad en función de sus vínculos políticos y económicos. En el caso de algunas cabeceras establecidas catalanas como La Vanguardia y El Periódico, esa animadversión los ha llevado ocasionalmente a traspasar la frontera entre el periodismo democrático de calidad y la prensa desaforadamente de partido. Esto ha ido en beneficio de la prensa independentista tanto digital como en papel, a la que acuden los ciudadanos no ya en busca de opinión de su cuerda sino de información, porque los medios independentistas son más fiables que los unionistas, sean españoles o catalanes.

Los medios españoles tienen un comportamiento directamente imperial y usan la táctica de la derecha de resolver los problemas ignorándolos, no dándolos por reales; si estos se obstinan en plantearse, se prohíben y criminalizan; si a pesar de todo, siguen planteados, se procede en consecuencia y se aplica la violencia que sea necesaria. Los medios han seguido este curso en relación con Catalunya al pie de la letra. Primero ignoraron; luego apoyaron la prohibición y la criminalización; y finalmente son rotundos partidarios del artículo 155, puerta abierta a cualquier tipo de violencia que será siempre legítima porque se apoya en dicho artículo, en un bucle perfecto o ridícula petición de principio: el 155 autoriza la dictadura que se justifica con el 155.

Ya dijimos que corresponde al frente mediático la ardua tarea de elaborar el relato de una unidad nacional española merecedora de luchar por ella que los intelectuales no han sabido articular. A la vista está el problema de un país que no es capaz de organizarse territorialmente y eso en lo político y jurídico, en donde casi todos los gatos son pardos. Si abordamos la faceta económica, las pulsiones se aceleran. Los medios saben que Catalunya es viable como Estado independiente y que su economía está mucho más integrada en Europa y en el ámbito global que la española. Pero no pueden decirlo y deben apuntarse al carro ideológico del vaticinio de la ruina económica de una Catalunya independiente. También saben que es una sociedad cohesionada, cívica, dinámica que, dotada de un marco jurídico-político propio, de un autogobierno real, independiente, en definitiva, tiene un futuro magnífico. Y tampoco pueden decirlo y han de corear a las plañideras de la «fractura de la sociedad catalana» que, según dicen, vive en una situación de enfrentamiento permanente.

Su función no parece ser informar sino ocultar, tergiversar los hechos, según los intereses del Gobierno. Su versión de estos no solamente no se corresponde con ellos, sino que, extraída de informes policiales y demás literatura de intoxicación, los sustituye por otros. Hechos imaginarios, interpretaciones fraudulentas, informaciones falsas o falseadas, de todo hay en una empresa que vive del favoritismo, el enchufismo y el clientelismo.

Es preciso reiterar la importancia excepcional de los medios digitales que están cumpliendo una tarea de saneamiento democrático impagable. En una sociedad que cada vez se vuelca más en la red, han roto el monopolio de creación de opinión que ejercían los medios tradicionales. La oferta de fuentes de información se ha multiplicado gracias a la presencia de los medios digitales. Entre estos hay de todo, cierto, y también de convicciones políticas democráticas, ampliamente izquierdistas que responden a modelos legítimos de negocio empresarial basado en el voluntariado, la libre asociación, el crowdfunding, regímenes variados de empresa tradicional, cooperativa, etc. En definitiva, la batalla por la libertad de prensa se da ahora en el ciberespacio, lo que equivale a decir en la red y, por ende, en las redes.

No obstante, en lo tocante a Catalunya, los medios digitales están más cerca de lo nacional-español que del relato catalán o incluso simplemente imparcial. La ideología nacional-española está muy arraigada. Se defiende una España democrática, abierta, progresista, plural, honrada, pero una, se aceptan como válidos los postulados del Estado Potemkin, se admite que se trata de un Estado de derecho con imperio de la ley y separación de poderes, lo que no es otra cosa que la continuación de la dictadura de Franco con una pátina de democracia. Estos medios son muy críticos, lo cual es de agradecer en el panorama de estúpido conformismo de un ámbito público e hipócrita que permite que un rey hable de democracia y que un presidente, sumidero de todos los vicios y por debajo de toda sospecha, hable de moral y Estado de derecho. Los críticos señalan que hay una gran distancia entre el modelo ideal y una realidad corrompida, pero parecen creer que, combatida la corrupción como si fuese una especie de plaga, la planta del Estado de derecho español reaparecerá, igual de rozagante que siempre. Innecesario decir que, para el autor de este ensayo, ese punto de vista no es acertado, que no hay ni ha habido nunca Estado de derecho en España salvo el breve período intermedio de la II República y aun ese tampoco lo fue para Catalunya.

La horda mediática verdadera eran los audiovisuales generalistas y, en especial, la TVE. El partidismo de esta a todos los niveles es abrumador y ridículo, con un tratamiento de la audiencia no solamente inmoral sino abusivo, pues la toman por imbécil. Toda la programación de RTVE está orientada a embellecer al Gobierno, silenciar sus fracasos, atacar a la oposición, repetir sus defectos, falsificar las noticias, deformarlas, mentir y hacer demagogia. RTVE no son unos medios audiovisuales sino una dependencia ideológica del partido del Gobierno compuesta por políticos y periodistas afines a este o a sueldo directo o indirecto de él.

Los poderes públicos controlan los medios a extremos inenarrables, como una estructura de manipulación y una ocasión para los negocios privados, a base de prebendas otorgadas por lealtades políticas. En realidad, toda la estructura de la comunicación en España se caracteriza por la corrupción. Parafraseando un famoso discurso de Max Weber acerca del político y el científico en el que este separa conceptualmente ambas profesiones en función de su relación con la realidad, cabría decir que en el discurso mediático contemporáneo se conjugan otras dos figuras: el político y el periodista que, en cambio, tienen un enfoque muy similar en cuanto a su función en la vida. Esta consiste en hacerse notar, hacerse ver y valorar. En la sociedad mediática los políticos procuran ser visibles en el espacio público, convertido en un espectáculo, y lo mismo sucede con los periodistas más sobresalientes que, en ocasiones, arrastran a los propios medios al espectáculo. Al margen y en la sombra quedan aquellos periodistas y políticos que entienden su trabajo como servicio a la colectividad, bien porque así lo crean genuinamente o porque las circunstancias no les sean propicias. Esos no resultan visibles, salvos casos de excepcionalidad y/o escándalo, como cuando sale algún concejal honrado que denuncia la corrupción del consistorio.

Los otros, los dirigentes y los periodistas relevantes tienen numerosas similitudes, casi se diría que son intercambiables, aunque, de hecho, no suelan serlo y formen una especie de subclase política con relaciones preferentes entre ellos. Hay políticos de cabecera de periodistas y periodistas de bolsillo de políticos y no solamente en la derecha, donde más cabría esperarlo por las razones antes expuestas, sino también en las izquierdas. El poder de la palabra es mucho y mucho más el de la imagen, el de cuota, parte, share. Por eso se cortejan mutuamente, porque los dos administran el mismo género, poder, aunque cada uno su parcela. El poder político suele verse como institucional (Gobierno, oposición, partidos, en distintas medidas), pero no se agota en las instituciones. Necesita la imagen porque esta es la entrada de la explicación, la justificación, la legitimación de lo que se hace. Por supuesto, el poder económico (y eclesiástico) revolotea en las alturas presto a lanzar el rayo. La imagen es poder igualmente. Y poder positivo y negativo. Si la televisión hace seguimiento preferente de un partido, lo hace especialmente visible; si, en cambio, deja de reflejar la actividad de otro es como si no existiera. Y no se quiera ya valorar el tipo de atención que se presta cuando se presta atención; en qué contexto, con qué ánimo, si en un debate, una tertulia o una entrevista.

Tómese el caso bien patente del tratamiento mediático del conflicto catalán. En el tiempo que aquí consideramos. Los medios españoles vienen cargados con la interpretación negativa y agresiva que comparten con el Gobierno y los jueces, y enfocan su actividad con el sentimiento de ser parte beligerante y de acusada hostilidad. No es insólito que hasta en los editoriales del otrora respetado El País se insulte a los dirigentes independentistas catalanes. En Catalunya, en cambio, con mayor oferta mediática, la situación es más equilibrada y plural. Resultado: los catalanes están más y mejor informados sobre España y Catalunya que los españoles. En España, la información de los medios sobre Catalunya es inexistente o está viciada de raíz; viciada de falsedad. En consecuencia, también su información sobre España es falsa, ya que toda información sobre esta que desconozca o tergiverse la repercusión de Catalunya es falsa.

Se trata de un complejo juego de influencias mutuas, amistades, redes clientelares, animadas por los avatares empresariales de los medios y los resultados electorales inciertos de los políticos. Un sistema muy inestable de relaciones regido por criterios básicamente corporativos. Corporativismo de la práctica porque ninguna de las dos profesiones es de colegiación obligatoria. En el caso de los periodistas es patente viendo los integrantes de los programas de debate y tertulia, y los que acuden a la llamada de las grandes figuras de la pequeña pantalla. Un presentador con personalidad construye su programa propio, pero siempre en el ámbito corporativo. Y lo mismo sucede con los políticos. Estos se renuevan en todos los niveles por criterios internos. No se eligen. Se cooptan. Hasta las nuevas y rompedoras formaciones políticas que aseguraron proceder de modo asambleario en la circulación paretiana de las elites se renuevan por un criterio de cooptación, a lo cual ayuda de modo decisivo la imagen que los medios den de los dirigentes que compiten. Políticos y periodistas, instituciones y medios se retroalimentan, pero no de cualquier manera. Es preciso saber moverse en la maraña.

Los medios están en la guerra como un combatiente más, enredados en esa maraña de secretos, confidencialidades e informaciones reservadas que se manejan con criterios políticos y también empresariales. De Catalunya no se habla y, si se habla, se habla mal. Los únicos catalanes que pueden (y deben) hablar son los que se sienten ejemplarmente españoles. Los otros deben recapacitar, escarmentar y, en todo caso, callarse. Y si no se callan, se los acalla encarcelándolos. Y todo cuanto deriva de aquí ya es delirio. La información se inventa, se falsea, pero no como se falsea la interpretación de un hecho real, por ejemplo, la voladura del Maine, sino de un hecho imaginario, de una pura fantasía que puede llegar a sembrar dudas sobre el equilibrio mental de quien la conciba. Todo lo relativo a la influencia malévola de los hackers rusos sobre el independentismo catalán y las elecciones del 21-D resultó ser una invención como la de los sabios de Sión. No llegó a los niveles de ridículo de la ministra Cospedal tragándose en directo por teléfono la información confidencial de que Puigdemont era un agente ruso con nombre supuesto de Cipollino, pero no le anda lejos.

Sustituir el ruido que arma Catalunya y los procesos de la Gürtel con algún tipo de relato que mantenga distraída a la audiencia es imposible. De ahí que los medios hayan adoptado la técnica del dumping lot en el que se amontona basura, ruido mediático, el griterío, los escándalos inventados, los fakes de todo tipo. No es una apreciación despectiva. Es como el dumping lot en torno a la Tierra, la chatarra cósmica o la plastificación de los océanos, un signo claro del progreso humano.

De aquí es imposible que salga ningún pensamiento ordenado. Por eso la política es también un crisol permanente de configuraciones nuevas, nuevas especies, flor de un día, algunas más duraderas, camaleones y todo tipo de manifestaciones. Incluido de vez en cuando algún hito histórico, como el nacimiento de una nación.

La política es la estofa de que están hechos los sueños de los pueblos.

4. La dignidad de un pueblo

El Estatuto de 2006 tuvo un tratamiento parlamentario sumamente azaroso. La redacción finalmente presentada a referéndum contó con el voto negativo de ERC, redactora de la propuesta original y el positivo de CiU que se había opuesto a ella. El momento álgido de este proceso fue el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP el 31 de julio de 2006, mes y medio después de que se hubiera aprobado en referéndum con un 73,90 % de síes, un 29,76 % de noes, 5,3 % de votos en blanco y 50,59 % de abstenciones. Ese recurso de inconstitucionalidad, que ponía al Tribunal Constitucional (TC) por encima de la voluntad popular, sentó en Catalunya como una bofetada que Rajoy daba a Rodríguez Zapatero en la cara de los catalanes.

Y estos hubieron de pasar por unas horcas caudinas tan humillantes como prolongadas. Tanto que, a fecha de noviembre de 2009, casi tres años y medio más tarde, seguía sin haber sentencia, pero los augurios eran pésimos. El 26 de noviembre de 2009 doce diarios catalanes publicaron un editorial conjunto, titulado «La dignitat de Catalunya», quien en catalán, quien en castellano, quien en las dos lenguas. Tuvo un gran eco en España y fuera de ella. Planteaba con toda crudeza la injusticia del maltrato a Catalunya. Y se hacía eco de un término que acabaría simbolizando el movimiento independentista: el de dignidad. Lo que en 1923 era la per la concòrdia de Cambó, pasaba a ser per dignitat. Para los editoriales, nada menos que la dignidad de Catalunya.

Como el que oye llover. La incertidumbre aún duró más de siete meses, hasta la sentencia del 28 de junio de 2010, que desmochaba el Estatuto en condiciones de irritante desigualdad con otros estatutos de cuya constitucionalidad no dudaba nadie. A los diez días de publicada la sentencia, una gran manifestación, calculada en un millón de personas, recorría las calles de Barcelona tras el lema «Som una nació, nosaltres decidim». La nación catalana se hacía pueblo, sujeto de su destino, defensor de la dignidad ultrajada de Catalunya, y de su propia dignidad como pueblo.

Ahí comienza una acción colectiva permanente, transversal, reticular, convertida en una estructura rizomática como la que señalan Weiner y López en relación con los indignados (Weiner y López, 2017). Lo rizomático deleuziano aplicado al independentismo es el substrato de redes populares que lo convierte en un movimiento encarnado en la vida social cotidiana y que tiñe a esta continuamente de un doble significado. Prácticamente todas las relaciones sociales catalanas pueden leerse en clave unionista o independentista.

Ese movimiento rizomático tiene sus epifanías. La más importante es la Diada. Un seguimiento de las sucesivas diadas a partir de entonces resalta una imagen de autoafirmación y ascenso en todos los niveles: asistencia, visibilidad, organización, proyección posterior. Es como si la conciencia de ser un pueblo, una nación, experimentara crecidas anuales como las legendarias del Nilo, que hacían feraces los campos, según muestra el impulso de una reclamación independentista popular, transversal, democrática y pacífica.

Esa conciencia madurada por aciertos propios y desaciertos del unionismo español, acaba por conseguir el objetivo de toda acción política: constituir un Gobierno legal de mayoría independentista, de acuerdo con las elecciones del 27 de septiembre de 2015. El momento es único, carece de precedentes e induce al desconcierto. El complicado equilibrio del bloque independentista, que solo es mayoría parlamentaria si cuenta con los votos de la CUP, está a punto de romperse, lo que obligaría a nuevas elecciones. Se constituye Gobierno in extremis en enero de 2016 y casi acto seguido, hace pública una hoja de ruta, especie de cronificación del procés convertido, en palabras de Puigdemont, en una transición de la ley a la ley que culminaría con la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en el plazo de un año y medio. El punto de partida, innegociable, era que el pueblo de Catalunya tiene derecho a decidir.

Por dignidad.

¿En qué puede emplearse año y medio?

Depende del lugar de la Península en que se resida. En Catalunya no se hacía sino trabajar por la hoja de ruta institucional, política, socialmente. Casi como una obsesión. El Gobierno y todos los órganos del amplísimo movimiento independentista se pusieron a la tarea de construir un Estado catalán. Por cierto, ese zafarrancho institucional, obviamente, se organizó mediante planes, programas, comunicaciones, decisiones, actas, papeles..., escritos, en definitiva. No iba a hacerse de viva voz por los pasillos. Toda esa planificación institucional (opiniones de expertos, consultas, previsiones, alternativas) se puede considerar de dos modos: 1) como los soportes documentales de una acción gubernativa orientada por una finalidad política legítima, ya que son partidos independentistas; 2) como las pruebas irrefutables de una conspiración delictiva, de una rebelión, de una traición, según parece ser el punto de vista adoptado por los jueces. La acción de gobierno de la Generalitat independentista es un complot, una conjura contra el Estado y sus más altas instancias.

En España, en cambio, como si Catalunya no existiera, todos enfrascados en unas luchas parlamentarias de poca monta, pero mucha performance mediática. Después de las elecciones de diciembre de 2015, que destriparon el pacífico turnismo de la III Restauración, la lucha de los partidos por evitar ponerse de acuerdo en una situación que todos decían lo necesitaba, consumió seis meses del plazo. El desbarajuste se hizo mayor tras las nuevas elecciones generales de junio de 2016. Todos los partidos perdieron, por absurdo que el resultado pueda parecer; unos por no mantenerse y otros por no llegar. Entre medias, corruptelas del PP a porrillo, ambigüedades de C’s, bronca interna en el PSOE y profusas peleas doctrinales en Podemos. La del PSOE, con tintes melodramáticos, acabó en apoteosis de la víctima de, esa sí, conjura de los idus de octubre.

Así se pasó otro medio año. Si aparecía algo de Catalunya, se trataba con desdén. En un par de visitas de Puigdemont a Madrid, más proforma que otra cosa, solo recibió negativas, rechazos y hasta rebufos.

Así que, cuando, de pronto, la clase política española se vio ante la probabilidad de un referéndum de autodeterminación, de una repetición de la consulta del 9-N, pero con otras allures, empezó a perder los nervios. Tal cosa no podía ser; era impensable. No se podía admitir. La parte no puede autodeterminarse frente al todo. La idea y realidad de España es indiscutible. Se había llegado demasiado lejos. Unos dirigentes y unos intelectuales que habían sido incapaces de sustituir la idea franquista de España por otra democrática; de ver el problema de fondo que planteaba Catalunya; de responder a la iniciativa catalana con otra que tuviera interés y viabilidad, se cargaban ahora de razones que mostraban la imposibilidad de un referéndum de autodeterminación en Catalunya. Lo de menos era el valor intrínseco de estas cuando esgrimían lo problemático del concepto de nación, la aplicabilidad del derecho de autodeterminación al caso catalán, la existencia de los derechos colectivos, el principio de soberanía del pueblo español, etc. Quienes las enunciaban lo hacían como una especie de ejercicio de paciencia ya que, según la idea nacional española heredada, la pretensión catalana era un absurdo; la intención de decidir, un ridículo; la pretendida autodeterminación, algo provinciano, parroquial, propio de gentes atrasadas, nada cosmopolita.

La carga de suficiencia y desprecio del nacionalismo español conservador y liberal frente a la reivindicación catalana era tan grande que el movimiento independentista solo podía insistir en la celebración del referéndum como el anunciado final de la hoja de ruta.

Siempre por dignidad.

Wir sind ein Volk

La caída del muro de Berlín, episodio que simbolizaba el fin de la Guerra Fría en Europa, fue el resultado de una movilización social espontánea y transversal como nunca antes se había dado en la República Democrática Alemana. Es verdad que el enunciado de Wir sind ein Volk («Somos un pueblo») hacía referencia a la unidad popular, nacional, entre los pueblos de las dos Alemanias, la federal y la democrática, pero lo esencial de la fórmula es esa conciencia de constituir una unidad popular, un sujeto de acción. Algo similar se articulaba en Catalunya: Som una nació, en definitiva, Som un poble, una conciencia que había ido cristalizando Diada tras Diada a lo largo de los años después de la lamentable sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Este fue el punto de no retorno, el resto, un despeñarse por el abismo del enfrentamiento sin posibilidad de concordia.

Haber llegado hasta aquí es resultado casi exclusivo de la enésima forma de incompetencia del Gobierno español, con la impagable ayuda de la oposición, incapaz como siempre de formular un relato alternativo. A su vez y después de tanto tiempo, es ya evidente que no se trata solo de un fracaso del Gobierno de turno, sino del Estado. Un Estado que se ha estrellado contra una parte importante de su propio pueblo, una porción apreciable de súbditos del rey que quiere dejar de serlo para convertirse en ciudadanos de una república.

Por dignidad. Algo que los intelectuales y la izquierda españoles han sido incapaces de conseguir para su propio país.

1. Escribiendo este libro, me llega un e-mail de Carles Grau Fonollosa, director de teatro y dramaturgo, con un texto/conferencia sobre la servidumbre voluntaria de De La Boétie. El texto trae el espíritu del francés del siglo XVI a la Catalunya de hoy sin mencionarla, pero increpándonos a todos. Agradezco a Carles el recuerdo del malogrado De La Boétie porque su visión también explica a la perfección tanto la tiranía de Franco como el hecho de que durara cuarenta años y su impronta siga viva.

2. «Así ha dado el telediario que el Constitucional anula parte de la ley de RTVE: “Avala la reforma del PP”», El diario.es. Accesible en el siguiente enlace: <http://vertele.eldiario.es/noticias/Telediario-Constitucional-RTVE-Avala-PP_0_1970502951.html>. Acceso el 26 de diciembre de 2017.

3. «Una alcaldesa del PP desvió 41.800 euros de fondos públicos a la comunión de su hijo», El País, 22 de diciembre de 2017. Accesible en el siguiente enlace: <https://politica.elpais.com/politica/2017/12/21/actualidad/1513853714_490142.html>. Acceso el 24 de diciembre de 2017.

3
La República Catalana echa a andar

Este capítulo se divide en tres partes muy desiguales: una primera, aquí llamada ayer, que tiene algo de reportaje de hechos muy recientes, un poco más distanciado; una segunda, llamada hoy, más como una crónica diaria directa de acontecimientos que están sucediendo en este momento; una tercera, mañana, que trata de especular sobre el presumible curso de los acontecimientos tras la constitución del Parlament catalán. Ya se había advertido al principio de que el libro se escribe sobre la marcha. Una breve ojeada al punto de donde venimos y una cuenta rendida de lo que pasa después de las elecciones del 21 de diciembre de 2017.

1. Ayer

Tomamos tres puntos de referencia que el autor ha vivido en primera persona, sin que se los haya relatado nadie: el referéndum del 1 de octubre, la declaración de independencia del 27 del mismo mes y la manifestación de Bruselas del 7 de diciembre. En los tres casos su presencia fue voluntaria, pacífica, participativa a la par que observante. También se ha advertido al principio de la práctica de la observación participante, cuyo éxito reside en que los observados te consideren uno de los suyos, no uno que viene con una cámara para informar a su audiencia en Melbourne.

En los tres casos interpreto lo que he visto y en lo que he participado: tres momentos de acción colectiva extraordinariamente simbólicos en la conciencia de una nación que, tras forjarse en silencio durante siglos, toma ahora la palabra como República Catalana. Son tres momentos de construcción de la dignidad de un pueblo, que se ha ganado lo que tiene y no se lo ha regalado nadie. Tras relativizar el famoso título de Griffith, a punto estuve de caer en la tentación de parafrasear a John Reed (Diez días que conmovieron el mundo), pero renuncié por encontrarlo hiperbólico. Me quedo con la dignidad de un pueblo.

La vigilia, el referéndum, la violencia

El famoso referéndum del 1 de octubre de 2017 fue un hecho prodigioso de cuya naturaleza y efectos se hablará largo tiempo. El reto, la promesa hecha en sede parlamentaria de realizar un referéndum de autodeterminación vinculante, era tan audaz que sobrepasaba la capacidad de imaginación de casi todos los interesados. Del lado independentista (instituciones y organizaciones de la sociedad civil), los preparativos del referéndum y las medidas en caso de triunfo ocuparon todo el tiempo. Del lado del Gobierno y la oposición (o lado incipientemente unionista del 155), la pretensión referendaria parecía tan desatinada que no se le daba importancia. La Generalitat, se decía, carecía de la logística necesaria.

Pero la Generalitat la tenía porque contaba con un factor que el Gobierno no tuvo en cuenta por razón de ideología, eso es, que su acción estaba apoyada por un amplio movimiento social muy distribuido, básicamente compuesto por voluntarios; apoyada en él y coordinada con él. La acción del nacionalismo español solo podía contar con una batería de medios sin crédito alguno en Catalunya, las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y las ocasionales bandas de matones fascistas por las calles apoyadas por estallidos de ira popular al lamentable grito de «¡A por ellos!». Un fallo garrafal.

La Generalitat estaba, además, interesada en que, a pesar de ser ilegal a tenor de varias prohibiciones administrativas y judiciales, en general arbitrarias, el referéndum fuera todo lo legal posible, transparente y con garantías. Tenía en común con la consulta del 9-N de 2014 el hecho de ser un desafío a la soberanía española. En otros términos, el Estado no conseguía imponer la ley en una determinada parte del territorio bajo su jurisdicción. Cosa grave que apunta en dirección al diagnóstico de Estado fallido. Como la soberanía padece horror vacui, la que España vaciaba, la llenaba Catalunya.

Las consultas populares

En efecto, el 9-N fue un acto incipiente de soberanía catalana (Partal, 2015). Su causa eficiente inmediata en sentido aristotélico fue la voluntad de Artur Mas, presidente de la Generalitat por entonces, de consultar directamente la voluntad popular, pues el Estado se negaba a convocar un referéndum de autodeterminación similar al que acababa de producirse en Escocia. Mas escuchaba la reclamación del movimiento independentista: «President: posi les urnes» (Forcadell, 2014), y actuaba en consecuencia. Pero la causa mediata fue la oleada de consultas populares, de mini-referéndums, que venía produciéndose en ámbitos municipales, desde el chispazo de Arenys de Munt en 2009, donde hubo 2.569 votos por la independencia de un total de 2.671 (96,2 %). Estas consultas vinieron movidas directa o indirectamente por la CUP. Así, el máximo representante de la corrupta burguesía catalana del 3 % recoge el testigo en la carrera iniciada por un movimiento de extrema izquierda, antisistema, dicen algunos, creyendo que dicen algo y con el acicate entusiasta de un movimiento independentista de clase media. Pura transversalidad capaz de hacer estallar las costuras dogmáticas de análisis de clases tan antiguos como erróneos.

Cosa que sucedió cuando los dos líderes de CiU (Mas) y de la CUP (David Fernàndez) se abrazaron en la visita del primero al centro de recogida de información del 9-N. Ese abrazo simbolizaba la unidad de acción de dos fuerzas políticas en pro de un objetivo común, la independencia, y radicalmente opuestas en todo lo demás. Quien no entienda esto, no entenderá nada de la revolución catalana. Una revolución que hasta para devorar a sus hijos, como hacen todas, guarda las formas.

El 1 de octubre se dio la reafirmación de aquella soberanía. Su convocatoria y cuidadoso preparativo se vivieron como una forma de protesta y oposición popular pacífica en contra del Estado. En la forma, una confrontación de la Generalitat con el Gobierno central, en el fondo, una insurrección popular de amplia base.

Era imposible que la derecha española entendiera este proceso del que no tenía ni idea, ya que no acostumbra a ocuparse de lo que hace o piensa la gente normal salvo para las encuestas. A Rajoy no le cabía en la cabeza que alguien cuestionara su interpretación de las realidades fundamentales de su país. En el caso de las dos consultas reaccionó del mismo modo: primero, sosteniendo que las consultas no se celebrarían, dando a entender que él lo impediría; segundo, negando los hechos insistiendo en que lo que se había producido no se había producido; y tercero, negando igualmente los resultados que le obligaban a tomar medidas. La consulta del 9-N no iba a celebrarse; no se celebró; sus resultados no existen. No se celebraría el referéndum del 1 de octubre; ese referéndum no se celebró; sus efectos, inexistentes. Un caso extremo de mezcla de estupidez y desfachatez en una sola persona que tan buen resultado le ha dado al PP.

«Ese referéndum no se realizará», aseguraba un hosco Rajoy cuando le preguntaban. Para ello, aunque sin decirlo, envió miles de policías y guardiaciviles de uniforme y de paisano, así como agentes secretos para peinar Catalunya de arriba abajo en busca de las 6.000 urnas de votación que los independentistas decían tener; movilizó docenas de confidentes, soplones y chivatos. Solo le faltó ofrecer recompensa por urna levantada, como si fueran pieles de Alaska. Pero no fue capaz de encontrar ni una sola. Y 6.000 urnas no son un alijo de tabaco de matute que se esconde en un lavabo, sino un ingente volumen de cajas de plástico transparente que necesitarían una planta de una fábrica. Con el agravante de que no podían estar todas apiladas, ya que era obligado dispersarlas en los más de 2.500 puntos de votación. Asimismo, el Gobierno y sus sabuesos confiscaron millones de papeletas de voto, anunciándolo a toque de tambor por los medios, solo para descubrir que había muchos millones más y que su esfuerzo, en realidad, era inútil y un fracaso, por supuesto, a un coste altísimo para el erario, cosa que suele importar poco a la derecha, para quien gobernar es siempre saquear el dinero público en beneficio de sus obsesiones o sus latrocinios.

Esta historia de las papeletas está a su vez llena de enseñanzas. Se estuvieron imprimiendo día y noche, a millones, en unas impresoras de un pueblito francés del otro lado de la frontera, Elna, en la Catalunya Nord, donde viven muchos catalanes descendientes de exiliados de la Guerra Civil, quizá nacidos en la célebre Maternidad de Elna. Este pueblo vincula el movimiento independentista actual con la tradición republicana catalana. Hubo decenas de ciudadanos que cruzaron la frontera con sus vehículos privados, cargaban las papeletas y las distribuían después por toda Catalunya. Millones. Ya podían los sabuesos policiales encontrar a unos cuantos.

Un episodio particularmente revelador de la desproporción entre las capacidades, los recursos y, sobre todo, el ingenio de los independentistas y los del plúmbeo aparato represivo español se da con el intento de este de impedir la votación personal de Puigdemont, cosa que, de haberse producido, habría esgrimido como una gran victoria. Desde primera hora de la mañana, el presidente de la Generalitat estuvo sometido a seguimiento para impedirle depositar su papeleta en la urna. Su casa estaba vigilada por la policía, y sus desplazamientos seguidos por un helicóptero de la Guardia Civil, que se guiaba por la señal de su móvil. En un túnel, el presidente cambió de coche, dejando su móvil en el que abandonaba y así burló la vigilancia de la Guardia Civil. La policía, que no estaba al tanto de que, según se había organizado la consulta, cualquier ciudadano podía votar en cualquier colegio electoral, mandó un destacamento a ocupar el colegio electoral que, según el padrón, correspondía a Puigdemont. Forzó su entrada destrozando la puerta de cristal con hachas y mazas, y se llevó violentamente las urnas. Todo ello fue inútil porque Puigdemont había votado en otro local y subido la correspondiente foto a Twitter.

Entre otras medidas no menos absurdas, se ordenó que los colegios no abrieran el día de la votación y solo se consiguió que la gente se concentrara en ellos la jornada anterior, pernoctara allí y no dejara que se cerraran. Cientos de colegios. Miles de personas dispuestas a pasar la noche en locales públicos más o menos cómodas para impedir el cierre y formar muros humanos en defensa de las urnas. Es decir, una votación que, ordinariamente, es un acto de civismo colectivo, por razón de las circunstancias, se convertía, asimismo, en un acto de resistencia a la opresión. Eso no se improvisa. No nace en los mítines ni en los debates de televisión. Es más profundo.

Cuando la represión arrancó en serio en innumerables pueblos, centros y colegios, amaneció un día trágico. La desmesurada acción policial aparecía en directo en las pantallas de miles de móviles, de ahí pasaban a los vídeos, a las televisiones, a los noticiarios del mundo entero. Eran escenas muy fuertes, de mucha violencia y crueldad contra una población pacífica y desarmada. Diez mil agentes del orden, que llevaban semanas hacinados en dos barcos en el puerto de Barcelona, parecían dar rienda suelta a su frustración y odio acumulados descargándolos sobre la gente indefensa. Fueron cargas probablemente ordenadas por el mando con la finalidad de que sirvieran de escarmiento, asustaran a los votantes y consiguieran que se detuviera la votación.

A mediodía la autoridad mandó parar por el espectáculo que se estaba dando: vandalismo carente de todo efecto disuasorio. Donde la policía no aparecía, no había violencia y se votaba tranquilamente. El cese de las cargas fue el signo de la derrota de la represión. Pero ya había quedado un relato muy poderoso de la jornada: la policía española apalea brutalmente a los electores para impedirles votar, y ello apoyado en unas imágenes que ponían los pelos de punta.

El resultado del referéndum, ya se sabe, apabullante a favor de la independencia. Como se refleja en la introducción: votos: 2.286.217 (participación: 43 %). Sí: 2.044.038 votos (90,2 %). No: 177.547 (7,8 %). En blanco: 44.913 (2 %). Nulos: 19.719. Pero lo importante aquí no fueron estos resultados, sí apabullantes, sino lo que el desarrollo del referéndum le mostró al mundo: la leyenda de la democracia apaleada, una minoría nacional tiranizada, pero sostenida con una muestra de voluntad popular.

La reivindicación catalana no se podía tratar como una cuestión de orden público y procesos penales, pero tampoco como otra de acuerdos bajo la mesa y maniobras internacionales. Catalunya no podía ser moneda de cambio en las cancillerías porque el movimiento tiene un fortísimo arraigo popular que ninguna autoridad democrática puede ignorar legítimamente.

Al mismo tiempo que servía para mostrarle al mundo en general y a Europa en particular, la base social del independentismo, el referéndum destapó la animadversión y el odio a los catalanes en el Estado. La citada catalanofobia (Ferrer i Gironés, 2000), tan extendida entre los sectores cultos como entre los más populares, aunque se expresaban en términos distintos, más ladinos los primeros, más brutales los segundos. A las reconvenciones a los independentistas por su supuesto victimismo, etnicismo, parroquialismo, supremacismo y nazismo, correspondían en las redes sociales los insultos y las injurias más alucinantes.

El episodio del referéndum del 1 de octubre podría resumirse en dos consignas o lemas para la ocasión. Uno es real; el otro, imaginario. «¡A por ellos!» y «Aquí estamos, nosotros no matamos».

La declaración de independencia

La declaración de independencia tuvo lugar en el Parlament el 10 de octubre, a título de asunción del mandato emitido por el electorado en el referéndum del 1 de octubre. La fórmula es algo rebuscada y pone sobre aviso de lo que caracterizará el último tramo del proceso antes de la intervención de la autoridad central: lo complicado, matizado, condicionado de las expresiones. El objetivo es siempre el mismo; la retórica para alcanzarlo, variada y sinuosa.

Una habilidad evidente en todo conflicto en que una parte, sabiéndose materialmente más débil, compensa con el ingenio, con la capacidad para desorientar a la otra. A los diez segundos de proclamar la independencia, Puigdemont y el bloque independentista suspendieron sus efectos con ánimo, dijeron, de dar tiempo al Gobierno central para salir del estado catatónico en que parecía estar y entablar un diálogo.

Fue una independencia de visto y no visto, un amago, pero sumió en el desconcierto al triunvirato nacional-español personificado en Rajoy, Sánchez y Rivera, cabezas de una unión sagrada del PP, el PSOE y Ciudadanos. Lo embarullado de la correspondencia entre Rajoy y Puigdemont, sus diálogos por personas interpuestas, sus declaraciones y contradeclaraciones en este período recuerdan los forcejeos de Fígaro y Almaviva, con el triunfo final de aquel, el triunfo de la revolución.

Con anterioridad a la acción enfurecida del Gobierno central, lanzando el 155, el Parlament aprobó, en sesión solemne a la par que tumultuosa el 27 de octubre, la Declaración de Independencia. La votación secreta arrojó como resultado 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. 53 parlamentarios de Ciudadanos, PSC y PP, ausentes por discrepancia con el contenido de la votación.

Los diputados presentes trataban de rebajar la emoción del momento que en su fuero interno consideraban histórico, simulando una especie de cansancio de la veteranía, como si estuviesen acostumbrados a declarar la independencia de su país varias veces al mes. La naturalidad y la falta de prosopopeya era empeño común. Al fin y al cabo, la declaración ya se había aprobado el 10 de octubre. Mera ejecución de un mandato.

Para subrayar lo rutinario del instante, sin duda, en un espacioso patio interior, ante una pantalla gigante, habían reunido a cientos de alcaldesas y alcaldes independentistas vara en ristre. Aquellos regidors daban fe en nombre del pueblo de la decisión trascendental que este tomaba.

Respondía un clima de euforia también contenida en las calles. El palacio del Parlament de Catalunya, en el parque de la Ciutadella, estaba rodeado de una multitud horas antes, que mostró una civilizada alegría cuando se supo que se había proclamado la República Catalana. La independencia en la calle se leía república. Rufián dice que antes que independentista es republicano y antes que republicano, demócrata. La gente quiere la independencia para convertirla en república. Es una comprobación práctica de aquella teoría de Sartre de que queremos la libertad para comprometerla. Comprometerla en lo que queremos, claro. En este caso, la República. La gente en la calle celebraba la República.

El mismo día, 27 de octubre, unas horas después, el Senado español daba luz verde al Gobierno para proceder contra la Generalitat. Para que se ajuste con exactitud el curso de los hechos a los efectos de ver quién sea realmente responsable de la famosa unilateralidad, algo tan mal considerado como la política de hechos consumados, hay que precisar al detalle. El Parlament declara solemnemente la independencia y proclama la República Catalana en el lapso que va desde que el Gobierno decide definitivamente activar el artículo 155 de la Constitución, solicitando la preceptiva autorización del Senado (en el que cuenta con mayoría absoluta) hasta que la Cámara Alta accede a la solicitud. La declaración de independencia fue la respuesta a la acción unilateral del Gobierno de aplicar el 155 de la Constitución.

De inmediato comenzaron a aparecer las reservas sobre lo que realmente se había declarado, dudas sobre si se había leído un texto, pero votado otro, interpretaciones diversas que de nuevo apuntaban a la táctica de la retórica sinuosa. Pero esta vez era inútil. Se había declarado la independencia de la República Catalana en sede parlamentaria y ya carecía de sentido seguir manteniendo la incertidumbre del proceso frente al Gobierno.

Este hizo una aplicación extensiva, absolutamente ultra vires del artículo 155, previo acuerdo con el PSOE. Destituyó al Govern en pleno y a todos y cada uno de sus miembros, clausuró el Parlament y, tomando pie en ese mismo artículo, convocó elecciones autonómicas el 21 de diciembre. En efecto, carecía de sentido tratar de mantener la incertidumbre sobre todo porque ya no había desde dónde.

Para tomar decisiones, aunque estén destituidos y perseguidos o a punto de serlo, los gobiernos tienen que tener un espacio físico. Una vez destituido, el Govern se reunió en Girona y allí se tomaron las decisiones que luego abocaron a la situación en que el presidente y varios consellers iban al exilio y el vicepresidente y otros consellers iban a la cárcel. Se produce aquí de nuevo un interesante episodio, casi digno de la leyenda de La Pimpinela escarlata, parecido al de la escapatoria de Puigdemont del seguimiento policial el 1 de octubre. En este caso se trató del cruce de la frontera con Francia por carretera como el método más seguro y, una vez a salvo en el país vecino, un avión de Marsella a Bruselas. Puigdemont no iba a regalarle al Estado español una foto suya entre rejas, aunque recordara la de Companys.

Persecución judicial

A la represión política se añadió la judicial, no menos política que la del Gobierno. Jueces y fiscales en confusa connivencia jerárquica o por afinidad con los poderes públicos creyeron oportuno iniciar procedimientos penales contra dirigentes independentistas sociales y políticos. Abrió la marcha un feliz tándem formado por dos de los más conservadores y reaccionarios activistas del poder judicial: el fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín (q.e.p.d.) y la jueza Carmen Lamela López. El primero había sido reprobado por el Parlamento, al igual que el ministro de Justicia del que dependía, Rafael Catalá, y el fiscal anticorrupción, Manuel Moix, que a su vez, era su subordinado. Cosa de poca importancia la reprobación, porque es una decisión política y, en último caso, ética, que solo afecta a quienes tienen escrúpulos morales respecto a la autoridad de la representación popular. No siendo así, como es el caso de los tres mencionados, que basaban la legitimidad de su actuación en la confianza que en ellos depositaban quienes los habían nombrado a dedo para el cargo, probablemente eran las personas más adecuadas para llevar adelante la ofensiva judicial con la que el Gobierno pretendía aniquilar el movimiento independentista. Y así fue en un primer momento.

El fiscal Maza y la jueza Lamela estaban animados de un fuerte espíritu unionista español y una enemistad manifiesta hacia el independentismo y carecían de la mínima imparcialidad, exigible a los servidores de la justicia. Maza, cuyas ínfulas intelectuales lo inducían a apodar los fríos informes judiciales con títulos literarios dramáticos, como «más dura será la caída», lo dejaba ver en todo momento. Tratándose de catalanes y catalanes independentistas, la justicia española, obviamente justicia de parte, justicia del vencedor, no se siente obligada ni siquiera a guardar las apariencias de imparcialidad e independencia. Toda la fiscalía a su mando mostraba tan rabiosa beligerancia contra el independentismo que, además de los títulos, regaba sus escritos de metáforas agresivas, más propias de la literatura panfletaria que de la jurídica. Así, en la querella ante la Audiencia contra los responsables de Òmnium Cutural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por unos hechos registrados con motivo de la entrada de la Guardia Civil en un edificio de la Hacienda de la Generalitat, empleaba expresiones como turba, que recordaban la prosa incendiaria de los franquistas después de la Guerra, tipo Joaquín Arrarás. Se añadía a ello el hecho de que la querella se formulaba, según el exjuez Garzón, ante un órgano no competente, como la Audiencia Nacional (Garzón, 2017), lo que dio luego lugar a que el Tribunal Supremo avocase la causa para evitar desastres mayores.

En cuanto a la jueza Carmen Lamela, que acogió las querellas de Maza, hizo caso omiso de las advertencias sobre la cuestión de competencia y decretó prisiones preventivas fulminantes para doce de los trece imputados en los dos escritos de Maza, dejando fuera únicamente al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Sus fuertes prejuicios antiindependentistas se hicieron patentes en la rotundidad, desproporción e ineptitud de sus primeras actuaciones. Quizá la jueza, que estaba aureolada de una falsa imagen de jurista progresista, se haya sentido portadora de nobles cuanto extremos ideales igualitarios, pero lo cierto es que iniciar un procedimiento penal sobre bases tan cuestionables encarcelando a los dirigentes políticos elegidos democráticamente no es algo que quepa esperar de un Estado democrático mínimamente garantista. No es posible que en este tipo de Estado haya presos y exiliados políticos. Así que, cuando, como se ha dicho, el Tribunal Supremo acabó avocando la causa, tuvo que enmendar algunas de las medidas más inadecuadas de la jueza, poner en libertad a algunos de los presos políticos independentistas y retirar la euroorden de detención contra Puigdemont, por entonces refugiado en Bruselas, con las consecuencias que se considerarán más abajo.

No obstante, no se crea que esta intervención relativamente moderadora de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo supusiera cambio alguno en la mentalidad antiindependentista y los prejuicios anticatalanes que reinan en la judicatura española. Al contrario, quizá pueda afirmarse que la enmienda del Tribunal Supremo, en realidad solo oculta un intento de corregir los defectos más evidentes para dar mayor legitimidad a unas actuaciones judiciales que no son otra cosa que el disfraz jurídico de una persecución política a las órdenes del poder.

Nada extraño, por lo demás. En realidad los prejuicios anticatalanes (relacionados con la catalanofobia que se respira en España) y la animadversión a todo independentismo que obnubila el juicio de jueces y fiscales, abarcan igualmente a los políticos (sean de derechas o de izquierdas) y a los periodistas, y forman lo que llamamos ahora bloque del 155 y que se ha llamado siempre nacionalismo español anticatalán.

En un primer momento, de la acción represiva del Estado en todos los frentes, la reacción del bloque del 155 fue negar la existencia de tales presos políticos por el acrisolado método de Rajoy de negar todo cuanto lo incomoda, hasta el año en que vive y, desde luego, la evidencia. Es inútil rebelarse contra las logomaquias como las del ministro del interior Zoido para quien Oriol Junqueras no es un preso político, aunque tenga cercenados sus derechos políticos. Es inútil porque son meros ejercicios de mala fe. Cuando una persona está en la cárcel o en el exilio por sus ideas políticas, sin haber cometido delito alguno y mucho menos con violencia, es un preso y un exiliado político.

Lo que estos juzgadores de opiniones deben explicar es en qué se diferencia su empeño de las prácticas inquisitoriales de condenar por razones de conciencia. Lo demás, sobra. Toda persecución desigual es injusta, pero si es judicial, es doblemente injusta porque los jueces son nuestro último recurso contra la persecución injusta.

La declaración de independencia, mediante votación secreta, con autoexclusión de una parte de los diputados, contenida en la emoción y cívicamente celebrada en la calle, se hizo pensando en España y en el extranjero. Había muchos corresponsales foráneos y canales de televisión que transmitieron la noticia al mundo y dieron la señal de salida para otro proceso que sería determinante en lo sucesivo: el proceso de internacionalización y europeización de la independencia de Catalunya.

La manifestación extramuros

La aplicación del 155 puso al Gobierno de la Generalitat en manos del central, que ya venía interviniendo todos los niveles de la Administración catalana a través del Ministerio de Hacienda. La convocatoria de elecciones el 21 de diciembre, a menos de dos meses, abría un período político nuevo con una campaña electoral en ciernes. Lo más importante era esa campaña electoral. Lo dijo con su habitual atolondramiento la ministra de Defensa, Cospedal, al informar de que el Gobierno había convocado elecciones para que las ganaran las fuerzas constitucionalistas.

Un ánimo tan decidido requiere tomar las medidas adecuadas y, cuando de eso se trata, en el punto de mira aparecen siempre los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales. No atreviéndose el Gobierno a intervenir directamente la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals porque habría sido demasiado descarado, azuzó a la Junta Electoral Central (JEC) para que vigilara de cerca la neutralidad de los medios. Los medios habían de ser imparciales en una contienda claramente descompensada, en la cual, los candidatos de unas partes tenían todos los medios y las libertades, y los de otras estaban en el exilio o en prisión, sin posibilidad de hacerse oír. O con una posibilidad muy limitada.

Además, la idea de neutralidad de la JEC (órgano compuesto por quince personas, ninguna de ellas catalana, para vigilar la campaña electoral en Catalunya) era muy sesgada a favor del bloque llamado constitucionalista. La JEC imponía ciertos criterios en el vocabulario de los relatos de TV3, por ejemplo, quedaba prohibido referirse al presidente Puigdemont como presidente Puigdemont o llamar presos políticos a los presos políticos. Es el abecé de la comunicación política, según explica George Lakoff: quien controla las metáforas, controla los marcos; quien controla los marcos, controla la comunicación y, por ende, el poder (Lakoff, 2004). Obligar a decir expresidente es imponer el marco de los constitucionalistas sobre el de los independentistas. De neutralidad, nada.

Este período iba a caracterizarse por dos datos: todo estaba en función de las elecciones y los presos y exiliados políticos debían volver a casa. En ese clima se dio la concentración de Bruselas del 7 de diciembre, aprovechando, paradójicamente el llamado puente de la Constitución. Un puente que simboliza la esencia misma de la raza, pues se tiende entre dos fechas sacrosantas, el 6, Día de la Constitución, y el 8, día de la Inmaculada Concepción. La constitución civil y la religiosa del reino. El trono y el altar. Pues en esos fastos de la nación, los políticos españoles aclamaban alborozados el cuadragésimo aniversario de la carta magna, hablaban distendidamente entre ellos, incluso entre encarnizados enemigos y, quizá por ello, algunos confesaban y comulgaban, según creencias, un par de días más tarde.

Entre tanto, con evidente desprecio de Hispanidad, los independentistas catalanes se echaban a las carreteras a miles, a decenas de miles, camino de Bruselas. A las carreteras, las vías férreas y las aéreas. Se habían dado cita de común acuerdo, en la capital de Bélgica por iniciativa de las dos organizaciones sociales que el Gobierno aseguraba haber descabezado. Su finalidad era llevar al Parlamento Europeo, a Europa, la reclamación de la libertad de los presos y exiliados políticos. Hacer visible e internacionalizar el conflicto. Y a fe que lo consiguieron. Decenas de miles de personas confluyeron en Bruselas, a veces en largos viajes de un día o día y medio, con temperaturas en torno a los 0 ºC, pagándose todas el viaje y la pernocta.

La revolución catalana

El día 7 de diciembre, entre la Constitución y La Inmaculada, Bruselas se tiñó de amarillo: lazos, gorros, bufandas, paraguas, guantes, impermeables, todos amarillos. Las imprecisas «decenas de miles» tomaron forma de números, y la asistencia quedaba cifrada por la policía belga en torno a las 45.000 personas. Era la manifestación más numerosa que se había producido nunca en la ciudad y las autoridades daban las gracias a los manifestantes porque no habían dejado desperdicios ni basuras a su paso y los camiones de la limpieza no tuvieron trabajo. En resumen, un ejercicio de civismo colectivo.

Y un fenómeno de nuevo carácter, que habla de una nueva forma de acción colectiva. Una forma nueva de revolución que puede compararse ventajosamente para él con los procesos de liberación pacífica de la dominación comunista en algunos países del antiguo bloque comunista, como Polonia, Checoslovaquia (hoy Chequia y Eslovaquia) o Hungría. Poblaciones que desafiaron cívica y pacíficamente una estructura estatal autoritaria, opresiva, deslegitimada, solo sostenida por la amenaza de intervención exterior de la Unión Soviética. Hay diferencias entre aquellos casos y el catalán, pero de ellas dan cuenta, precisamente, las innovaciones que el independentismo catalán ha ido introduciendo.

Valórese el significado de que 45.000 personas decidan dedicar un puente festivo a hacerse entre dos mil y tres mil kilómetros, pernoctar allí donde el bolsillo de cada cual permita y manifestarse luego durante horas arrostrando el desapacible invierno bruselense, aunque podía haber sido peor. Todo para pedir la libertad de unos presos y exiliados políticos. Algo así no es frecuente. Trátese de imaginar una situación y motivación semejantes en otros lugares y pueblos de España. El grado de compromiso de la ciudadanía catalana con sus opciones políticas es insólito, quedó bien claro el 1 de octubre y de nuevo el 7 de diciembre. Un grado de compromiso tan alto que vincula a sus dirigentes, cosa que estos han entendido, estando prestos a ir al exilio o a la cárcel.

En esos momentos de acción coordinada de las multitudes inteligentes crece y se fortalece la conciencia de un propósito común. Ese viaje, esa peregrinación de un pueblo civilizado al corazón de Europa para llevar una queja contra la intolerancia española tiene un gran valor simbólico. En una inscripción en la plaza Mayor de Bruselas se recuerda que en aquel lugar fue decapitado el conde de Egmont por orden del duque de Alba gracias a esa misma intransigencia española.

La importancia simbólica y la resonancia internacional de la concentración de Bruselas se desgranan luego en las anécdotas de los viajes de la gente, gran parte de la cual ha vivido la experiencia como algo único en su vida. Tres mil kilómetros con un objetivo compartido son un escenario multitudinario on the road, lleno de experiencias en las áreas de servicio de las autopistas, los moteles u hoteles baratos, los cruces en la carretera, los encuentros, los grupos por las calles. Y el color amarillo como distintivo. Mención especial a los catalanes independentistas residentes en Bruselas, que se convirtieron en anfitriones y cicerones a tiempo completo por afinidad ideológica. Bruselas fue por un día el centro de la diáspora catalana. Pues había catalanes de Alemania, de Italia y llegados de lugares a veces mucho más alejados.

Por otro lado, la concentración de Bruselas era el primer acto de la campaña electoral en la que el bloque independentista acudiría en listas separadas. La opción entre lista única (o lista de país) a la que podría adherirse la CUP o no y listas de partido quedó zanjada con excesiva premura con la decisión de la CUP y ERC de ir por separado. El debate sobre si hubiera sido mejor una que la otra es ya ocioso. Pero sí es cierto que, si la decisión de ir en listas separadas quería evitar una presidencial que incluiría a las demás como fuerzas menores, lo hizo a cambio de que se diera, como sucedió, una lista presidencial separada y enfrentada a las otras, pero mucho más acusadamente centrada en la persona del presidente Puigdemont.

El éxito de Bruselas fortaleció el liderazgo del presidente, que es el nombre prudente que hoy se usa para lo que también se ha llamado carisma y hasta caudillaje. Un periódico británico publicó un artículo irónico sobre Puigdemont, elevando las comparaciones con Mahatma Gandhi y Martin Luther King para zaherirlo. Pero los nombres los ha puesto el ironista. Más adecuada fuera la comparación con Degaulle, salvadas proporciones y distancias: un líder que lucha por la emancipación de su pueblo desde el extranjero.

Que el efecto Degaulle se impuso se registró ya en el primer sondeo cuando, apenas anunciada la lista del presidente, no del PDeCAT, sino de la bautizada como Junts per Catalunya, ya había escalado al 20 % de intención de voto. El resto vendría por acumulación. Ese nombre hace referencia a dos factores que tocan fibras infalibles: por un lado, llama al pasado de Junts pel Sí y capitaliza la marca de la victoria, y por otro, mantiene la transitoriedad de la fórmula en tanto se logra el fin común, Catalunya. Luego, será otra era, una era política.

Todo esto se ventilaría en una campaña electoral especialmente irregular.

La campaña electoral

La primera pista de la intervención de la Unión Europea en el conflicto España-Catalunya es, precisamente, la convocatoria de elecciones. Una vez aplicado el artículo 155, desde ningún punto de vista le interesaban al Gobierno unas elecciones en un territorio donde era el penúltimo partido de la cámara, solo por delante de la CUP y en donde C’s tenía más del doble de diputados. Ese fue el precio de las autoridades europeas (básicamente Merkel) para aceptar la aplicación del 155: que fuera transitorio. A cambio se deshicieron en declaraciones melifluas sobre lo mucho que admiraban la integridad territorial de España y el respeto que su Constitución merece. Cualquier solución, insistían, habrá de darse en el marco de la Constitución.

Pero las elecciones se convocaron y con unas perspectivas aciagas para el bloque nacional-español cuya intención de voto, por muchos sondeos que cocinaran los medios apuntando a lo contrario, quedaba siempre por debajo de la de los independentistas. De ahí que se concediera una enorme importancia a unos comicios que se convocaron como autonómicos. Tan singular que, de hecho, estaban planteadas como un referéndum entre el bloque del sí y el del no a la independencia y no por primera vez. La obstinada, obcecada, negativa del nacionalismo español a celebrar un referéndum de autodeterminación como se había hecho en Quebec y Escocia acabó consiguiendo el resultado opuesto: los catalanes llegaron a celebrar cuatro referéndums o consultas con valor de tales: el 14 de noviembre de 2014, el 27 de septiembre de 2015 (elecciones formalmente autonómicas), el 1 de octubre de 2017 y el 21 de diciembre de ese mismo año. No hay nada más costoso y despilfarrador que el autoritarismo.

Se consideraran por referéndum o autonómicas, las elecciones del 21 de diciembre de 2017 iban a dilucidar una de las objeciones más frecuentes y confusamente aducidas por el bloque del 155: que el no a la independencia es superior al sí, lo que sucede es que no se manifiesta en los referéndums independentistas porque prefiere hacerlo de forma mucho más humilde y modesta, como la celebérrima mayoría silenciosa. O porque, se dice, está operando la famosa espiral del silencio, de Noelle-Neumann.

Por eso eran unas elecciones tan importantes. El nacionalismo español se la jugaba a todo o nada. Tuvo nada, pero quiso seguir siendo todo.

La campaña electoral fue altamente irregular. Ocho candidatos que resultaron electos en las listas de JxC (la lista final del presidente) y ERC estaban presos o en el exilio. Al margen del juicio político que merezca esta situación, el jurídico es negativo. No estaba claro qué derechos políticos de las personas interesadas quedaban afectados por su situación procesal. Carecían de seguridad jurídica.

Viene a la mente el recuerdo de las primeras elecciones democráticas en 1977, a los dos años de la muerte de Franco. También fueron irregulares y por los mismos motivos. Se llegó a plantear celebrarlas con el Partido Comunista de España (PCE) en la ilegalidad y, por lo tanto, en la clandestinidad en la que había estado durante la dictadura franquista. El resto de la izquierda, alguno a regañadientes, se opuso a la intención invocando la deslegitimación que suponía. El PCE fue legalizado en el Sábado Santo de aquel año y las elecciones se celebraron, siendo consideradas democráticas. En puridad de los términos, no lo fueron porque quedaron fuera de la legalidad y no pudieron participar en ellas partidos a la izquierda del PCE.

La situación, más o menos, se reprodujo durante la campaña electoral del 21 de diciembre. Ninguno de los participantes objetó a competir en condiciones de superioridad inmerecida sobre otro u otros contendientes; ninguno criticó el juego sucio de enfrentarse a candidatos que no pueden defenderse cuando son atacados. Y lo fueron. Al contrario, algunos de ellos, por ejemplo, el PSC, aprovecharon la debilidad del contendiente para denunciarlo por unos u otros motivos a una autoridad claramente partidista.

La campaña estuvo trufada de actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado y de los Mossos retirando lazos amarillos, despojando de ellos a las abuelas, quitando pancartas y pasquines que pedían libertad para los presos políticos. Eran la consecuencia directa de la aplicación del 155, un territorio de incertidumbre. Con la inevitable creación de un sentimiento de ocupación y excepcionalidad que no ayuda a legitimar la acción del Gobierno.

Unas elecciones con candidatos en la cárcel o en el exilio, un Gobierno intervenido y una sociedad ocupada son cualquier cosa menos normales. El 155 que presidió la campaña electoral es la normalización de la excepcionalidad. Como último en la lista de ERC participé en un acto central de la campaña, en un mitin al aire libre en el Born, un lugar emblemático cabe el ábside de Santa María del Mar y muy cercano al Fossar de les Moreres, también lugar venerable. Había muchísima gente sentada en sillas de tijera y pasando frío. En primera fila, en el centro, una de aquellas sillas lucía un gran lazo amarillo. La campaña de ERC incidió en la iconografía de la ausencia forzosa de un presidente de partido y vicepresidente del Govern preso. La de JxC se hizo mediante comparecencias a distancia del presidente Puigdemont, vídeos que se difunden por las redes, se cuelgan en YouTube y son reproducidos por los medios catalanes, no los españoles.

En paralelo al desarrollo de los acontecimientos en España, la vertiente internacional no dejó de proporcionar temas de información. Además del encarcelamiento de los dos dirigentes sociales, Jordi Cuixart (Òmnium) y Jordi Sánchez (ANC) y los diez de PDeCAT y ERC, la jueza de instrucción del caso dictó la ya citada euroorden de busca y captura de Carles Puigdemont, luego de que este no compareciera a su llamado y, en su lugar, se refugiara en Bruselas. Sin reparar en la perspectiva de internacionalización política que implicaba la decisión, la jueza activaba el mecanismo del espacio judicial europeo que agrupa los países de la Unión con las más sólidas y antiguas tradiciones y garantías en materia de imperio de la ley y Estado de derecho. Bien porque aplicara la celtibérica tradición de la justicia en España, también llamada justicia de Peralvillo, bien porque se dejara llevar por su pasión política partidista o por ambas cosas a la vez, la jueza interpretaba torcidamente los tipos delictivos en cuya virtud solicitaba la extradición del presidente de la Generalitat. Seguramente contaba con que los jueces belgas, confrontados con una cuestión política tan difícil, actuarían con la misma falta de principios con que pueden hacerlo los jueces españoles cuando se trata de complacer a los gobernantes de derechas.

Alguien debió de informar de que la euroorden con delitos inventados probablemente sería rechazada por Bélgica, con el consiguiente descrédito de la justicia española y, cuando el asunto salió de la Audiencia Nacional para ir al Supremo, el presidente de la sala correspondiente de este ordenó retirarla. Seguramente también jugó en la reconsideración la noticia de que los jueces belgas estaban considerando la posibilidad de actuar contra el poder judicial español y se barajaba la acusación de prevaricación. Ya estaría bien con hacer el ridículo, pensarían en el Tribunal Supremo, para que encima cayera sobre España un proceso europeo contra sus jueces.

Al descrédito internacional de la justicia española venía a añadirse el eco de la manifestación bruselense del 7 de diciembre y el desarrollo de una campaña electoral que absorbió la atención del país en su conjunto, en la que la agresividad retórica del bloque unionista se hizo ver y oír a los cuatro vientos gracias al cuasimonopolio de los medios de que gozaban sus representantes. Una organización internacional de observadores que hizo un seguimiento de la campaña, Democracy Volunteers, publicó en los días siguientes un informe provisional sobre el grado de neutralidad con el que los medios informaron de aquella (Ault, 2017). Entre la prensa de papel se eligió El País, El Mundo, ABC, y El Periódico. Todos antiindependentistas y, entre ellos, los más radicales, El País y El Periódico, que pasan por ser los más de izquierda.

ACTITUDES DE LOS PERIÓDICOS RESPECTO A LA INDEPENDENCIA CATALANA

FUENTE: Democracy Volonteers, Interin report.

Aunque ninguno le dio opción alguna al independentismo, el más equilibrado fue el periódico de la derecha monárquica, ABC, que le concedió algo más de espacio a los simpatizantes con el independentismo (aunque no al independentismo), y el más radical antiindependentista, El Periódico, el único de los cuatro que se edita en Catalunya.

En cuanto a las televisiones, la imagen es más acusada, con algunos datos de interés: las dos televisiones públicas españolas, TV1 y TV2, fueron cerradamente unionistas y no dejaron ni un resquicio por el que pudiera expresarse el independentismo. La catalana, TV3, dio ejemplo otra vez de información equilibrada al permitirles un espacio más o menos igual a las dos opciones. Probablemente por eso el unionismo y sus medios cargan contra TV3, acusándola de las prácticas de manipulación y adoctrinamiento a las que ellos recurren en un típico ejemplo de proyección a la que las derechas son tan aficionadas. A su vez, el recientemente creado canal en línea, Catalan News, fue exquisitamente neutral, puesto que solo daba noticias de los partidos, si bien un par de crónicas que realizó fueron de tinte independentista.

En cuanto a los recursos económicos, la campaña no fue menos desequilibrada que en todo lo demás. Según un estudio del blog Publitika.info, las cantidades que los partidos políticos presupuestaron para las elecciones fueron, de mayor a menor: Ciudadanos, 2,1 millones de euros; ERC, 1,8; PP, 1,8; PSC, 1,7; JxC, 1,4; En Comú Podem, 0,8, y CUP, 0,4 (Huertas Vidal, 2017). Dividiendo estas cantidades por el número de escaños obtenidos se visualiza el coste real de cada diputado y pueden apreciarse las enormes desproporciones, sobre todo en el caso del PP, cada uno de cuyos cuatro diputados ha costado poco menos que su peso en oro. De nuevo de mayor a menor: PP, 450.000 euros; Ciudadanos: 58.333; ERC, 56.250; JxC, 41.176; PSC, 100.000; En Comú Podem, 100.000; CUP, 100.000.

ACTITUDES DE LAS TELEVISIONES RESPECTO A LA INDEPENDENCIA CATALANA

FUENTE: Democracy Volonteers, Interin report.

Con toda la anormalidad de la campaña, incluidas algunas intervenciones intimidatorias del presidente del Gobierno central, los resultados interbloques fueron los que cabía esperar a lo largo de los debates electorales. Pero con un dato muy significativo: la participación había sido la más alta de la historia, casi un 82 %. Y los resultados, nítidos: 47,49 % del voto (70 diputados) para el bloque independentista; 43,49 % (57 diputados) para el unionista, y 7,45 % (8 diputados) para los Comunes-Podemos.

Se siguen tres conclusiones pertinentes para la narrativa posterior al 21 de diciembre y que aquí llamamos Hoy tristemente conscientes de que, cuando se lea, será Ayer. Las conclusiones son:

• El independentismo tiene mayoría absoluta de escaños. En los sistemas democráticos, el Parlament es depositario de la soberanía popular y actúa bajo su mandato. En este caso, la independencia bajo forma de República Catalana.

• Tiene mayoría relativa de votos. El recuento sesgado que considera independentistas solo los votos sí y no independentistas todos los demás no es de recibo. Entre el sí y el no están los Comunes que, si no son sí, tampoco son no, o bien fifty-fifty. Si se quería síes y noes claros, haber convocado un referéndum.

• La mayoría silenciosa se ha evaporado. Nunca existió. Ahora hay una minoría silenciosa tan respetable como inoperante. Lo que había antes: una minoría inflada en mayoría.

2. Hoy

Los preparativos

La euforia del primer momento irradia en el rostro de Arrimadas, resplandeciente de alegría: ¡el partido más votado en la Comunidad Autónoma de Catalunya! A su vera, Rivera, bañado con la misma luz de la victoria. Han ganado las elecciones. Contra todo pronóstico. Bueno, eso no es exacto. Los pronósticos les habían sido muy favorables. Su triunfo estaba cantado, según afirmaban todos los sondeos. Rozarían la mayoría absoluta, si no la alcanzaban, deseo paladino de los medios que daban a Arrimadas un tratamiento a lo Juana de Arco. En Comú Podem tendrían la llave, pero en general, se abrigaban esperanzas de un triunfo unionista.

Nada de nada. El resultado es la destrucción de esa esperanza como el cántaro de la lechera. El paupérrimo y humillante resultado del PP, partido dominante en España y casi extraparlamentario en Catalunya, no permite pensar en una posible coalición, ni siquiera incorporando a En Comú Podem que, además, no son de fiar para el espíritu unionista. Amargo trance. Acaba así entrando en conflicto con Ciudadanos a quien acusa de pesca ilegal en sus caladeros y valiéndose quizá de medios dudosos. Si el PP señala a otro de prácticas fraudulentas en la financiación es para echarse a temblar, dada su experiencia en la materia. Seguro, además, que extrapola el combate al resto del Estado, el único en realidad que les interesa a ambos.

El triunfo de Arrimadas no es tal sino una frustración, dado que el independentismo domina el Parlament. La euforia se torna en desconcierto. El bloque independentista reafirma su unidad y se devana los sesos en busca de una forma de implementar la República Catalana no que sea la mejor para ellos, sino que sea simplemente factible en la condición política y procesal en que se encuentran ocho candidatos electos, cuyos vericuetos, trampas y barullos, irán viéndose en días posteriores. La CUP arrostra la merma con brío y reafirma desde el primer instante que sigue anteponiendo el eje nacional al social y, por tanto, el independentismo puede contar con su cuarteto para seguir con la estrategia, siempre que la estrategia sea implementar la República Catalana. Se malician los cupaires alguna táctica dilatoria de sus aliados burgueses o una nueva versión del putarramonetisme y tienen prisa por seguir en el camino de una más radical emancipación social. Nunca se ha visto una agrupación de extrema izquierda en la que conviven ácratas, trostkistas, estalinistas y surrealistas tan moderada y respetuosa con las instituciones.

En el mezzanine o entresuelo, están En Comú Podem, tan asustado por una opción de independencia de la República Catalana, como por la otra, el mantenimiento del statu quo de comunidad autónoma, e impresionado por el apoyo de cada una. Ese susto se traduce en indecisión y, por consiguiente, en irrelevancia. Y autoimpuesta. Deseoso de justificar con argumentos no nacionalistas su oposición al independentismo, Domènech explica que jamás apoyarán un Gobierno de Puigdemont, representante de la derecha corrupta de los recortes. Pero ese argumento no solo cierra la posibilidad de un pacto con el independentismo, sino también con el unionismo, representante real y verídico de esa derecha corrupta de los recortes. Y así queda probado por los hechos por cuanto si En Comú Podem no apoyará un Gobierno de Puigdemont, menos uno de Arrimadas, a la que ni siquiera respalda para la presidencia del Parlament, puesto menos decisivo que el de presidenta de la Generalitat, al que la líder de C’s en Catalunya había comenzado aspirando presa de su euforia inicial. Por lo demás, los independentistas son mayoría absoluta y eso hace ociosas estas cavilaciones.

El PSC reduce su mensaje a atacar el independentismo y mostrar su absoluta disponibilidad a cualquier tipo de alianza o coalición siempre que sea antiindependentista, siendo para él en principio indiferente quien la forme y quien la apoye. Se ha de tratar de una coalición española, entre otras cosas porque el secretario general del PSOE ya ha dicho claramente que tan repudiable le parece el independentismo como el autoritarismo del PP. Exquisita equidistancia que empezaría a ser creíble si Sánchez tratara al PP como trata a los independentistas, negándose a hablar o pactar nada con ellos. Por el contrario, el PSOE actúa de consuno con el PP en todo y, claro, lo mismo hace el PSC de Iceta. Entre otras cosas por miedo a que los sectores más extremos del nacionalismo socialista de «Santiago y cierra, España», como Rodríguez Ibarra, materialicen su intención de separar al PSOE del PSC.

Primera reacción al resultado: el bloque del 155 postula su mantenimiento, prueba evidente de que admite el resultado adverso de las elecciones, puesto que de haber sido otro, el 155 se hubiera levantado. No es así porque los perversos electores catalanes, que no escarmientan a pesar de los fervorosos deseos del señor Albiol, se obstinan en votar lo que quieren y no lo que les mandan. Por eso es necesario el 155, porque los votantes han vuelto a la situación de insubordinación en que estaban (o quizá de rebelión, que en esto no andan las autoridades muy ciertas) cuando se les aplicó la primera dosis de 155.

Vamos con la segunda. Los medios son unos auxiliares preciosos. Difunden rumores y bulos sobre desavenencias en el campo independentista. Publican noticias falsas, ahora que ya nos hemos enterado todos de que las noticias se dividen en ciertas y fakes. En general, siguen al pie de la letra la política del Gobierno, apoyado por la oposición, frente a Catalunya. Editoriales, artículos de fondo, tribunas, todos agitan la masa con la que creen que harán un dique de contención al movimiento: pero el movimiento es un río. No se le hará retroceder y tampoco se podrá contener por mucho tiempo.

El asunto muestra su lado feo cuando el Gobierno alemán, visto el resultado, insta de inmediato a Rajoy a «explorar todas las vías de diálogo con Catalunya» (El Nacional.cat, 2017), una recomendación diplomática de que vaya buscando una solución. Europa, la Unión Europea, no quiere más problemas; quiere menos. El Brexit está siendo peor que un dolor de muelas, y ahora llegan estos españoles con una bronca monumental que no son capaces de arreglar en su casa.

Resumiendo con frialdad teutónica: el 1 de octubre la policía apalea y deja heridos a 1.006 ciudadanos pacíficos, chavales, viejos, tietes y abuelas. El 3 de octubre hay una huelga general. El mismo día comparece el rey para soltar una bronca y amenazar. El 27 el Parlament de los apaleados declara la independencia. Al día siguiente el Gobierno central deja a los apaleados sin Gobierno y sin Parlament y encarcela a diez consellers. En ese momento, la UE exige elecciones y el Gobierno las convoca para el 21 de diciembre. Entre tanto, el 7 de ese mes, 45.000 ciudadanos se desplazan a Bruselas a pedir la libertad de sus dirigentes presos o exiliados. Vistos los resultados, Europa exige un Gobierno en Catalunya acorde con estos. Nada más sencillo... en democracia. Pero los pilares del Estado crujen.

Volvamos al extemporáneo y furioso discurso del rey el 3 de octubre de 2017, a los dos días del referéndum y las cargas policiales. Admonición severa al independentismo, al que se acusa de rupturista. No puede haber un punto de acuerdo. Ni una palabra para las 1.006 víctimas. Un discurso que legitima y valida la acción dictatorial del Estado. A este real amparo deben los ciudadanos la gracia de verse aún más amenazados por un activismo político-judicial que amaga con llevarse por delante la última defensa del Estado de derecho: la independencia judicial. Es el momento en que van a juzgarse delitos de opinión.

El otro discurso, el de Nochebuena, algo más ajustado a la tradición pacífica de la fiesta, mostró menos agresividad y resultó hasta quejumbroso. Venía después de haber escuchado a Merkel y traía las orejas gachas. Cada vez se ve más implicado en la política de la derecha nacionalcatólica y no puede ser de otra manera porque, como su padre recalcó al jurar fidelidad a los Principios Fundamentales del Movimiento, la monarquía que él encarnaba se basaba en la legitimidad del 18 de julio. La legitimidad de un sangriento golpe de Estado que pasa de padres a hijos como la maldición de los Átridas, salvando todas las distancias geográficas y culturales. Algo tendrá que ver la manifiesta incapacidad de la Corona para ejercer alguna función medianamente constructiva en este conflicto, cosa que se echa de ver en que su actividad exterior es parca, por no decir inexistente. Su primo el rey de Marruecos se permite el lujo de cancelarle una entrevista, dejándole que se entere por la prensa.

Al tiempo, empiezan las cábalas para la composición de Gobierno en unas circunstancias casi surrealistas, en tanto se apaciguan los ardores de las señaladas fiestas. Todo son rumores, bulos, fábulas. ¿Quién gobernará Catalunya, una tierra tan lejana e improbable como la del preste Juan de las Indias? ¿Puede Catalunya gobernarse desde Madrid? Por más que esto les gustaría a muchos en todo el abanico de la izquierda y la derecha, la respuesta es no. ¿Puede gobernarse desde Catalunya en clave independentista, pero dentro de España? La respuesta es otro no. ¿Puede gobernarse desde Catalunya en clave unionista? La respuesta es sí a condición de contar con el apoyo parlamentario preciso. Y, si no lo hay, ¿cómo se consigue? Haciendo la situación tan ingobernable que solo quepa convocar nuevas elecciones. Así hasta que los catalanes voten lo que los castellanos quieren.

El truco infalible para ello es prolongar el 155, una norma autosuficiente, continuada, ilimitada en sus efectos. A su amparo se aspira a formar un Govern Potemkin, en lo que la derecha es ducha, uno independentista que no implemente, ni siquiera reclame la independencia y mucho menos esa ridícula figura de la República Catalana. El 155 permite llamar Govern y Parlament de la Generalitat a dos remedos de tales porque se constituyen contraviniendo los derechos políticos de los ocho presos y exiliados independentistas, elegidos en ejercicio de su derecho de sufragio pasivo que nadie impugnó. La lucha independentista será para evitar estas posibilidades a toda costa. Su orden de prioridades es claro: 1) Puigdemont presidente del Gobierno legítimo de la Generalitat y aquí no ha pasado nada; 2) ante la imposibilidad, Junqueras presidente y aquí sí habrá pasado algo que conviene señalar: JxC tendría que sacrificar su legítima aspiración a hacer a Puigdemont presidente en interés del objetivo estratégico común. Se le pediría a Puigdemont, como en su momento a Mas, un pas al costat. Así se tendría ya una bolsa notable de posibles candidatos a la presidencia de la República Catalana en su momento.

Pero lo esencial es restaurar la normalidad levantando el 155, que permite llamar cualquier cosa a cualquier cosa: legalidad a la ilegalidad, diálogo a la conminación, y no permite la gobernación civilizada en un Estado de derecho. El 155 es una ley de plenos poderes implícitos. Hay quien lo niega señalando que el artículo solo faculta al Gobierno a tomar medidas extraordinarias para obligar a las autoridades de las comunidades autónomas a cumplir sus obligaciones. Pero omiten señalar que el mismo artículo prevé que las medidas puedan ser también para «la protección del interés general» de España. Que sea el «interés general de España» lo decide el que aplica la medida de excepción, que por eso es implícitamente de plenos poderes. Y por eso, para ejercerlos, se reúnen Rajoy y Rivera, dos de los miembros del triunvirato nacional español que manda en el país, los dos con mayores afinidades, aunque los desagradables aspectos de la vida a veces los obliguen a enfrentarse.

De esa decisión de ejercer los poderes del 155 hacen partícipe al tercer triunviro, Sánchez, de momento dedicado como sabemos a encontrar un juste milieu dorado entre el hirsuto independentismo y el rancio autoritarismo del PP, algo así como un antiindependentismo rozagante y nuevo porque el personificado por Iceta no parece prometedor.

La decisión

El triunvirato convoca la constitución del Parlament el 17 de enero de 2018 en virtud del artículo 155, sin más explicaciones. Los plazos y requisitos reglamentarios empiezan a contar. ¿Puede o no puede constituirse un Parlament con ocho candidatos electos presos o en el exilio? Ese será el tema de acalorados debates en los próximos días. Antes de nada, hay que conocer las intenciones y posibilidades de las personas afectadas.

La idea que todo el mundo maneja es que el bloque del 155 hará lo posible por torpedear la toma de posesión de los independentistas y forzar a estos a aceptar un Gobierno sin el presidente, el vicepresidente y varios consellers electos. De lo que se trata es de impedir como sea que ese resultado se configure bajo la forma de un Gobierno que pueda tomar medidas conducentes a la independencia de Catalunya. Conviene recordar que, a estos efectos, el bloque del 155 no solamente actuará con su cara más visible del triunvirato nacional-español, Rajoy, Sánchez y Rivera, sino con el respaldo y la colaboración entusiasta de un poder judicial y unos medios de comunicación al servicio de la política más retardataria del nacionalcatolicismo español.

En su discurso de Fin de Año, Puigdemont expone que es el presidente legítimo de la Generalitat y que su título se ha revalidado en las elecciones del 21 de diciembre. Reclama ser investido presidente con el conjunto de miembros de su Gobierno ilegalmente depuesto el 27 de octubre. Emplaza a Rajoy a aceptar el resultado, cosa que este no es nada proclive a hacer. Al contrario: en una actitud muy suya, al estilo Poncio Pilatos, se lava las manos al sostener que la aceptación de los resultados propuesta por Puigdemont ya no está en su mano, sino en la de los jueces. Y, como todo el mundo sabe, en España hay división de poderes.

En este punto conviene hacer una pequeña digresión sobre la naturaleza del Estado español, su pretensión de ser un Estado de derecho (acorde con las doctrinas ya mencionadas del estamento de intelectuales orgánicos) y el carácter del sistema político correspondiente en su conjunto. Este último punto se refiere a la consideración del sistema político español como un sistema autopoiético, de acuerdo con las concepciones de Niklas Luhmann, quien a su vez traslada la idea de Valera y Maturana desde la biología a la sociología (Luhmann, 1984). Los dos biólogos chilenos bautizaron así su teoría sobre el funcionamiento real de los sistemas cerrados y alejaban de este modo la sombra de teleología que amenazaba toda la teoría general de sistemas (Valera y Maturana, 1980). El sistema es autónomo, autosuficiente, homeostático y capaz de garantizar su supervivencia por sus propios medios en condiciones de equilibrio o de restaurarlo cuando se ha roto. Carece de núcleo o centro decisor desde el que regirse impartiendo órdenes a las partes; no hay una división funcional centro-periferia (aunque sí la hay para todas las demás actividades), sino que el conjunto del sistema es núcleo y toma las decisiones que afectan a su supervivencia. Ninguna parte puede adoptar decisiones que interfieran la homeostasis. El Gobierno no puede imponer a otra parte del sistema comportamientos contrarios o distintos a aquellos que adopta por la necesidad de supervivencia.

Trasladado el asunto al terreno político-jurídico, viene a decirse que, aunque España no se ajustara al modelo sociológico del sistema autopoiético, seguiría siendo un Estado democrático de derecho que se articula sobre dos principios fundamentales: el imperio de la ley y la separación de poderes. Aunque Rajoy quisiera interferir por motivos políticos en el funcionamiento de la justicia y las decisiones de los magistrados, no podría por las dos razones apuntadas: la autopoiesis y el carácter del Estado de derecho. Es patentemente falso, pero la falsedad, la más descarada falsedad de sus afirmaciones, no es algo que arredre al presidente Rajoy o a cualquiera de sus ministros, todos los cuales han convertido el contenido comunicacional de la interrelación sistémica en una farsa o, dicho en términos más ordinarios, que mienten sistemáticamente en todas sus declaraciones y comparecencias. Es el propio Gobierno a través de la fiscalía el que ha instado la acción penal contra los miembros del Govern, como antes lo hizo contra los dirigentes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Carece, pues, de sentido, sostener que no esté en su mano actuar. El propio Gobierno puede ordenar a la fiscalía que desista y así se podrían implementar los resultados en sus términos, como solicita la Unión Europea.

Pero esto de Europa es ajeno a Rajoy: no cumple las normas comunitarias de ningún tipo, razón por la cual España es objeto permanente de sanciones y multas que acaba pagando el erario, incluso cuando derivan de prácticas ilegales y mafiosas del propio partido del Gobierno (El Mundo, 2017); ¿por qué habría de satisfacer la petición diplomática de que permita que se componga el Gobierno que salió de las urnas, cuando, además, el país incumple sistemáticamente todas las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la independencia judicial y la lucha contra la corrupción? (El País, 2018). Ante esta obstinación, los independentistas se agitan, tratando de buscar soluciones alternativas dentro de la ilegal legalidad vigente del 155. Las más obvias: la toma de posesión y hasta la investidura por medios telemáticos. En la era de las TIC, en que estos medios se emplean incluso en procedimientos judiciales, también podrán emplearse para estos menesteres formales. Tomar posesión por videoconferencia, jurar o prometer y hasta gobernar a distancia. ¿Por qué no?

Al hacer ERC explícito su apoyo a la restauración del Gobierno legítimo con Puigdemont en la presidencia se da un fuerte impulso al espíritu unitario independentista. Por supuesto, en el caso de que tal cosa fuera imposible por razón de fuerza mayor, la alternativa a Puigdemont sería Junqueras (vid ut supra). Ahora bien, como están las cosas, si se impide a aquel acceder a la presidencia, lo más probable es que también se le impida a Junqueras. La negativa del Tribunal Supremo a levantar la prisión provisional al vicepresidente el Día de Reyes de 2018 apunta en esa dirección. Algo que se veía venir. Puro derecho penal del enemigo. En ningún momento ha estado claro qué derechos políticos se le negaban a Junqueras. No estando condenado, ni siquiera juzgado, es patente que el preso recibe el trato de un rehén y se le niegan los derechos políticos a juicio de las autoridades penitenciarias o del ministro del Interior. Pero no de los jueces que, por lo demás, tampoco son un ejemplo de recto sentido de la justicia.

La formulación de alternativas telemáticas, que lleven el procedimiento de constitución a lo digital, despierta las pasiones políticas que laten en este conflicto y en las que los propios jueces están implicados. Es imposible, impensable, ridículo, ponzoñoso, pretender gobernar a distancia. Las derechas se sublevan contra la idea, incluida la normalmente moderada derecha vasca. Es absurdo, apoya Urkullu desde esa sinuosa posición del nacionalismo vasco, que reparte su solidaridad entre Catalunya y España según convenga a sus intereses de financiación autonómica.

Y rápidamente se erige la causa del no y se sugiere la alternativa. La causa del no se basa en que el reglamento de la cámara exige la presencia física para tomar posesión del acta de diputado (Queralt, 2018). O se presenta el candidato en forma material y tangible o renuncia al acta. Ante esta desoladora opción, los críticos, simulando querer lo mejor para las instituciones catalanas, recomiendan que el presidente retorne a España y se presente en la sesión de investidura. Cierto, reconocen compungidos, hay un procedimiento penal en marcha contra él y es posible que el juez decida encarcelarlo según ponga un pie en territorio español. Y contra eso, amigos, no cabe hacer nada en ningún país civilizado porque los jueces tienen siempre la última palabra. La propuesta es evidentemente de mala fe por insidiosa. Trata de que Puigdemont regrese a Catalunya para detenerlo, al modo en que Jan Hus fue apresado, condenado y ejecutado, fiado en un salvoconducto del rey de los romanos, Segismundo. Es de esperar que salvando todas las distancias.

Esa ladina proposición se inscribe en una estrategia de valerse de los jueces para conseguir fines políticos partidistas, esto es, que no se constituya el Govern correspondiente al resultado de las urnas, sino el que le interesa al Gobierno central y a su partido, con sus más de mil imputados. Sobre esta cuestión de cómo un Gobierno autoritario y dictatorial se sirve de los jueces para que le hagan el trabajo sucio de anular el resultado de unas elecciones democráticas y fabricar otro, véase el apartado siguiente.

Por lo demás, ni el reglamento ni ninguna otra norma que fuera aplicable dicen nada sobre la presencia física, no virtual, en las tomas de posesión. Si algún artículo exigiese explícitamente la presencia en los actos reglamentados, los críticos lo hubieran invocado, entre otras cosas, para ahorrarse el trabajo de ir a buscar argumentos a las regiones de los sofismas, echando mano a la teoría de las exigencias implícitas. Verdad es, y así lo subrayan quienes quieren a Puigdemont entre rejas, que muy seguramente las normas no exigen explícitamente la presencia física en los actos de toma de posesión por no ser redundantes y no mencionar lo evidente, por darlo por supuesto. Cuando se redactó el reglamento del Parlament nadie cayó en la cuenta de que podría plantearse una situación en que alguien reclamara tomar posesión a distancia por medios telemáticos de uso común para muchas otras actividades sociales e institucionales porque, entre otras obviedades, por entonces no existían. Por lo tanto, si el reglamento no exige taxativamente la presencia física, en función del principio liberal de que lo que no está expresamente prohibido está permitido, el argumento de la presencia carece de base jurídica.

Podría hacerse un llamamiento a la buena fe y reclamar de quienes sostienen la posición contraria que reconocieran una prohibición implícita. Pero eso implica aceptar ir de buena fe con gente que, como se ha dicho y se evidencia de continuo, va a su vez de mala fe. Y no solo los publicistas, periodistas, analistas y expertos, sino los propios jueces. Recuérdese el cómico episodio de la euroorden. El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Pablo Llarena, no solo la retiró por temor al ridículo internacional y hasta una posible querella de la justicia belga contra la española, sino también por el avieso motivo de que, al circunscribir los jueces belgas los posibles delitos por los que se pudiera juzgar a Puigdemont en España en virtud de la extradición, quedara fuera el de rebelión, que es el que él y todo el aparato mediático-judicial unionista quieren invocar para enfrentarse al independentismo catalán. De buena fe, nada. Se levanta la euroorden no por sentido de la justicia, sino para poder procesar al presidente de la Generalitat en España por un delito que la judicatura está dispuesta a inventarse. Es decir, la misma «justicia de Peralvillo» de la jueza Lamela, pero algo más elaborada y la misma convicción de que, tratándose del independentismo catalán, no hay justicia en España.

Como decíamos, de buena fe, nada, y Puigdemont no tiene por qué renunciar al acta, ya que puede ser investido presidente por métodos telemáticos. El debate, abierto inmediatamente después de estos acontecimientos, sobre si Puigdemont es o no el «verdadero» presidente de la Generalitat, en el que se han vertido alambicadas disquisiciones perfectamente gratuitas solo puede resolverse de un modo rápido y claro: Puigdemont era el legítimo presidente de la Generalitat de Catalunya antes del golpe de Estado del 155 el 27 de octubre de 2017 y sigue siéndolo a raíz del resultado de unas elecciones ilegales e ilegítimas pero válidas porque fueron impuestas en el marco de la norma de plenos poderes del 155 de la Constitución.

Poco a poco, a medida que pasan los días del plazo dado por el Gobierno para la convocatoria de constitución del Parlament, van argumentándose, a veces acaloradamente, estas cuestiones formales, normativas, procedimentales. Y van haciéndolo dejando claro quiénes son las personas directamente afectadas y cuyos derechos han de verse satisfechos por ser quienes ocupan legítimamente los cargos políticos representativos de Catalunya: el presidente, el vicepresidente y los consellers de la Generalitat. El resto de los aspirantes apenas tiene nada que opinar ni esperar. Si acaso, contemplar los acontecimientos, pero no influir en ellos. En ellos solo puede influir el Gobierno del Estado a través de una norma de plenos poderes. Y tampoco mucho. La intensidad y amplitud del movimiento independentista apenas deja margen al bloque del 155 en Catalunya. El Gobierno y su partido carecen de toda representación en el territorio, de ahí que su acción se limite al ordeno y mando institucional y necesariamente provisional. Los poderes públicos solo hablan de Catalunya a través de fiscales y jueces, reprimiendo y persiguiendo, pero no buscando vías de diálogo y entendimiento.

Las otras fuerzas políticas españolas parecen tener una actitud distinta, aunque tampoco de mucha eficacia. El planteamiento de la izquierda es obsoleto y su situación, muy mala. Su falta de capacidad teórica y, por consiguiente, de habilidad para entender la realidad en la que se encuentra, la dejan en una situación comprometida, casi directamente ridícula. No puede entenderse con el independentismo catalán porque, en definitiva, es española, se considera española, es partidaria de explorar audaces formas de descentralización, pero de ningún modo de la independencia. Por otro lado, tampoco puede entenderse con el nacionalismo español porque, a juicio de este, no es suficientemente española, sino siempre sospechosa de connivencia con el separatismo. En esas condiciones y por razón de su condición nacional, se ve obligada a una unidad de acción con una corriente política, la derecha, que detesta pero, por otro lado, por razón de su condición de emplazamiento ideológico, se ve obligada a un paralelismo teórico con unas corrientes independentistas con las que no puede tener unidad alguna de acción. Lo mejor para ella es olvidarse de Catalunya y concentrarse en España, pero eso, hoy, es un enunciado incomprensible porque España es el problema de Catalunya.

En realidad, en la especie de bajamar que se produce en el país a raíz de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, la cuestión catalana se hipertrofia, se expande y ocupa cada vez más espacio de la esfera pública y la agenda mediática. Prácticamente todos los estamentos del ámbito público han intervenido y registrado su posición al respecto, que es negativa y beligerante casi por unanimidad. Entre estos casos es relevante la opinión que se articula en las comunidades autónomas, las que le prestan al Estado el enorme servicio de presentarlo no como el Estado autoritario y centralista que en el fondo es, sino como un Estado grandemente descentralizado, materialmente federal.

A raíz de los discursos de Fin de Año a que tan aficionados son los gobernantes porque es una ocasión de oro para largar una arenga esperando máxima audiencia, sin que se los pueda contradecir, salvo en las redes, se da una circunstancia curiosa y muy significativa de las relaciones reales de poder y reparto en la España de la III Restauración. Cuatro presidentes de otras tantas comunidades autónomas tratan en sus discursos preferentemente la cuestión catalana sin ponerse previamente de acuerdo; es una coincidencia puramente casual y les sale del fondo del corazón: los de Andalucía (Susana Díaz), Extremadura (Guillermo Fernández Vara), Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page) y Galicia (Alberto Núñez Feijóo). Cuatro de las comunidades autónomas más subsidiadas y las que se encuentran en los últimos lugares del PIB por habitante en España, según puede verse en los datos del Instituto Nacional de Estadística para 2016.

No es necesario entretenerse con el contenido de estos pronunciamientos, fáciles de imaginar. Todos ellos se oponían a la escisión de Catalunya porque suponía pérdidas para sus economías locales. Puro interés económico. Hasta los británicos, tradicionalmente considerados como materialistas, supieron articular peticiones a los escoceses para que no se fueran en el referéndum de 2014 basadas en emociones y sentimientos compartidos. En España, la primacía es el puro cálculo económico y el interés, hasta el punto de que si se diera una fórmula por la que Catalunya se independizara sin que ello supusiera una merma de ingresos de estas comunidades, darían su bendición sin mayores problemas.

PIB DE ESPAÑA POR HABITANTE. RIQUEZA POR HABITANTE EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2016

Posición

Comunidad autónoma

PIB per cápita (en euros)

1

Madrid, Comunidad de

32.723

2

País Vasco

31.805

3

Navarra, Comunidad Foral de

29.807

4

Cataluña

28.590

5

Aragón

26.328

6

Rioja, La

25.692

7

Balears, Illes

24.870

8

Castilla y León

22.649

9

Cantabria

21.553

10

Galicia

21.358

11

Comunitat Valenciana

21.296

12

Asturias, Principado de

20.910

13

Canarias

19.867

14

Ceuta

19.446

15

Murcia, Región de

19.411

16

Castilla-La Mancha

18.591

17

Melilla

17.686

18

Andalucía

17.651

19

Extremadura

16.369

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, 2017.

Esta cuestión plantea casi de modo automático otro de los caballos de batalla más tradicionales de la controversia sobre la independencia de Catalunya: la de la publicación de las balanzas fiscales que durante años el Gobierno se negó a hacer públicas con los más variados pretextos, lo que dio pábulo a la idea de que el trato fiscal a Catalunya es muy injusto, formulado en la consigna de Espanya ens roba! Finalmente el Ministerio accedió a publicarlas bajo el nombre de «Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas» y en el cuadro de 2017, correspondiente al ejercicio de 2014, podía verse cómo las cuatro comunidades con mayor déficit fiscal (o sea, las que, por así decirlo, subvencionan a las demás) son, por este orden: Madrid, Catalunya, Baleares y Valencia. Este asunto levanta muchas disputas y suspicacias desde quienes cifran el déficit catalán en 16.000 millones de euros hasta quienes lo rebajan a unos cuantos cientos, según sean sus preferencias políticas, que ocultan hablando de diferencias en los métodos de cálculos, datos verificables, comparaciones adecuadas y otras argucias.

INFORME SOBRE LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. EJERCICIO 2014

FUENTE: Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España.

La persecución

Finalmente, a todo el mundo le entra prisa. Fortalecido por el reconocimiento unánime que encuentra entre sus aliados, su propia gente, sus votantes y seguidores, Puigdemont hace saber que espera ser investido a finales de enero. No dice cómo porque no le corresponde. Se limita a formular su intención de ejercer un derecho que nadie se atreve a negarle. Corresponde a las autoridades públicas garantizar que pueda hacerlo. Cómo, es asunto suyo. Por autoridades, Puigdemont, evidentemente, entiende las políticas y judiciales. Tampoco, a su vez, es asunto suyo cómo lo hagan estas últimas, tan aficionadas siempre a creerse poseedoras de la verdad y tan reacias a admitir que cometan errores o ya directamente delitos, como el de prevaricación, que es la acusación que sobrevuela sobre estas precipitadas acciones judiciales. Porque esa es la impresión que va cristalizando ante la desaforada respuesta del Gobierno y la judicatura española al independentismo catalán: no se trata de una actuación judicial, sino de un proceso político, una persecución ideológica que pretende sofocar el espíritu independentista.

Al mismo tiempo, también Junqueras, urgido de recuperar su libertad de acción en el cargo político para el que ha sido electo, apela al Supremo en revisión de la prisión preventiva que sufre. El presidente y el vicepresidente quieren ejercer sus derechos. Actúan coordinados. Pero el segundo está en peor posición porque se encuentra en manos del adversario, sometido al humor de este. Su declaración llega hasta donde puede llegar: es un hombre de paz, contrario a la violencia, partidario del diálogo y acata la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, si bien, según parece, no de modo satisfactorio para los jueces.

Aquí se manifiesta la primera cuestión de fondo que suscita el tratamiento procesal de Junqueras. La exigencia de que preste acatamiento a la Constitución, cosa que ni esta misma exige, según reconocen los magistrados, excede de sus competencias. Máxime cuando se formula la hipótesis de que el acatamiento pueda ser insincero. Así se entra de lleno en el terreno de la conciencia, se cierran las puertas de la justicia y se abren las de la Inquisición. Si la condición para alcanzar la libertad, el bien más precioso que los cielos han dado a los hombres, según don Quijote, es prestar acatamiento a una Constitución, se hace. Lo que quede en el fuero interno en él quedará y no puede ser objeto de acción judicial alguna justa.

Ciertamente, argumentan los magistrados del Supremo, cargados de razón ilustrada, tolerante, liberal y democrática, aquí no se juzga a Junqueras ni a nadie por sus ideas. Innecesario decirlo. No se juzgan ideas. Se juzgan hechos. De Inquisición, nada. Se juzgan delitos, objetivamente tipificados, rebelión, sedición, malversación... Y el razonamiento se centra entonces en probar (indiciariamente) el más grave de ellos, el de rebelión en función del principio general de que donde cabe lo más, cabe lo menos. Escollo: este delito requiere inexcusablemente la presencia de violencia. Hay, pues, que probar (siempre indiciariamente) el recurso de Junqueras a la violencia, cosa difícil tratándose de un hombre de paz a quien no puede achacársele un solo acto de violencia de palabra u obra, según los propios magistrados reconocen. En ello se afanan diligentemente retorciendo de tal modo el significado del término violencia que, al final, acaban achacando al pacífico presidente de ERC la desencadenada por las cargas policiales del 1 de octubre y acaban procesándolo no por haber dado porrazos a alguien, sino por haberlos recibido.

Es casi imposible entender el alambicado y fariseo razonamiento del tribunal, si no es recurriendo al imaginario franquista. Recuérdese que dos de los tres magistrados de la sala son hijos o nietos de magistrados de la dictadura. Vienen adoctrinados de casa. Pero son magistrados competentes. De ahí que se esfuercen en evitar la acusación inquisitorial y traten de construir una causa jurídica, tan artificiosa y alambicada que no pasa de ser pura leguleyería. Su empeño en demostrar la falsedad de la convicción viene de su necesidad de magnificar el delito, para lo cual tienen que retorcer el significado de violencia. De otro modo, si no pudieran aducir la comisión de actos violentos, tendrían que bajar la tipificación, disminuyendo la gravedad del delito y no podrían mantener la prisión provisional, que es lo que el Gobierno quiere. Lo que se busca desde el principio es el encarcelamiento de los líderes más destacados.

La prisión provisional es el fin al que se adaptan los retorcidos medios y tiene una importancia simbólica, ideológica, política, así como una función aleccionadora y disuasoria. La misma que la perseguida por las tribus bárbaras cuando exhibían las cabezas de los enemigos en picas. Aquí no se llega a tanto: solo se muestra a Junqueras y los demás en la cárcel para desanimar, desmoralizar a sus posibles seguidores. Por eso son presos políticos. Lo dicen los propios magistrados en el auto. Su razonamiento es más o menos como sigue: los actos y acontecimientos públicos en que los independentistas presos han participado son actos gravísimos que justificarían por sí mismos la intervención de los poderes públicos. Así tienen que parecerle a un franquista las reivindicaciones independentistas, su catalanismo, su negación, su rechazo a pertenecer a la nación española, como un ataque a un principio fundamental, como una traición. Recuérdese que, según el rey en acto de máxima magnanimidad, los españoles tienen el derecho de sentirse españoles como les plazca, pero no el de sentirse no españoles o no sentirse españoles. Ese derecho no existe, no puede estar legalmente protegido y los tribunales harán bien en perseguir su uso, que es más un abuso. No existía en tiempos de Franco (cuando la población estaba también privada de muchos otros derechos) y tampoco lo está ahora, como se ve, en tiempos de la Monarquía parlamentaria.

Una breve digresión al paso quizá nos permita entender las raíces de la obsesión de los nacionalistas españoles por combatir el independentismo catalán recurriendo a esas falacias de que ellos no son nacionalistas o son «no nacionalistas». Saben de sobra que son falacias, embustes, engaños. Al igual que ni el rey ni ninguna autoridad del régimen del 78 reconoce el derecho de los españoles a dejar de serlo, los españoles, sometidos a este vasallaje, sobre todo si son de izquierda, creen poder prescindir de predicar la nación aprovechando que ellos ya han aceptado su condición inevitable. Lo mejor que cabe hacer con la correspondiente nación es olvidarla, no preocuparse por ella. Al fin y al cabo, el español se encuentra tan a gusto en la nación española como el pez en el agua y, como el pez, es el último en enterarse de que vive en el agua o inmerso en la nación española, tan necesaria, lógica y natural que no es necesario tratar de ella.

Terminada la digresión queda claro que los magistrados del Supremo, con su talante franquista, ya consideran —y así lo dicen— que la ideología independentista, públicamente expuesta por Junqueras, es un comportamiento gravísimo para su idea de España. Es más, Franco no la hubiera tolerado y hubiera mandado a Junqueras y sus compañeros ante el Tribunal de Orden Público (TOP) o el de Represión de la Masonería y el Comunismo, otro órgano de abigarrado nombre propio de aquel régimen de delincuentes. El TOP, entre cuyos magistrados quizá pudiera haber algún pariente de los de la Sala de lo Penal hoy en el Supremo, como típico tribunal a las órdenes del caudillo, condenaría a los independentistas a largos años de cárcel. Pero, para que no se les califique de franquistas o directamente de fascistas, los magistrados emplean parte de su brillante prosa en el auto en mostrar su talante liberal, democrático, garantista, tolerante. No juzgan a los acusados por estos hechos gravísimos (podrían hacerlo, quizá por «desobediencia», pero no lo hacen), sino por los delitos objetivos. No son inquisidores, reiteran una y otra vez, sino jueces y jueces demócratas. Los justiciables pueden pensar lo que quieran, por repugnante que les parezca a sus señorías, que estas mantendrán su profesionalidad, buen hacer y oficio juzgando a los acusados solo por los delitos. Es verdad que para colgarles el más grave de estos, rebelión, a efectos de justificar la parafernalia judicial que, como siempre, han montado, es imprescindible demostrar que hubo violencia.

¿Y si no cabe demostrar el empleo de la violencia? Se inventa. Se retuercen de tal modo los significados y conceptos que acaban siendo calificados de violentos actos que no lo son. Cosa que hacen unos magistrados demócratas, liberales, abiertos, que toman como norte de su actuación no las exigencias de la justicia, sino las necesidades de la nación española entendida a su modo y del Estado que de ella se deriva. Todo antes que reconocer que está juzgándose el independentismo.

Y algo más, aunque esto quizá solo interese a quienes se ocupen profesionalmente del desarrollo de las sociedades políticas, algo que podríamos llamar la segunda cuestión de fondo de este proceso. El Gobierno afirma que defiende la Constitución tomando medidas contra la Generalitat sobre la base del 155. Tiene a su vera, asimismo, al Tribunal Constitucional y al Supremo, dispuesto a encarcelar a la gente que se salte las prohibiciones del Constitucional. Pero el Supremo ya no argumenta en términos de protección de la Constitución, sino de la nación que da origen a esa Constitución y del Estado que configura. En realidad, la cuestión se plantea ya a un nivel metajurídico, político, que se ventila no en el ámbito de la legalidad sino en el de la legitimidad.

Siempre que aparece el concepto de legitimidad, se oye el eco del derecho de resistencia. Este se despacha en tres momentos que, crudamente expuestos, son: 1) ningún Estado admite el derecho de resistencia (salvo el derecho a resistirse contra la alteración del orden estatal, en el fondo un derecho de obediencia); 2) la resistencia pasa de derecho a hecho; 3) la resistencia genera su propio derecho/Estado. Esta es la cuestión de fondo que hay en este debate. La fuente última del derecho y la justicia es la nación española. Todo ataque a la nación española es ponerse fuera del derecho y de la justicia. Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Cómo puede un Estado democrático —que quiera seguir siéndolo— procedimentalmente enfrentarse a una porción substancial de la población en estado de desobediencia civil si no es llegando a algún tipo de acuerdo que tiene que desbordar el marco jurídico en que se mueven los jueces? Y no se hable de los jueces adoctrinados en el franquismo, cuyo horizonte mental era un cuartel.

Probablemente por eso también el presidente de la Sala del Supremo, Pablo Llarena, se haya contagiado de las prisas generales, de forma que pretende acelerar la causa del independentismo para que el juicio sea en septiembre de 2018. Lo cuenta Ernesto Ekaizer, generalmente bien informado, en especial sobre tribunales. Da la impresión de que el presidente sospeche cuál haya de ser el curso de la causa si hay condena: recurso al Constitucional y, según sentencia, recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Posiblemente Llarena malicie que es causa perdida y por eso quiera despachar la parte que le corresponde lo antes posible.

Orientada hacia los manes del pasado, la Sala del Supremo, tras haber jugado con los nervios de todos aplazando un día su decisión, desestima el recurso de Junqueras y lo mantiene en la cárcel. La campaña por la libertad de los presos políticos en Catalunya se tiñe de motivos emocionales, sentimentales, con mucha carga simbólica: la Sala niega la libertad a Junqueras el 5 de enero, como regalo de Reyes a sus hijos. Sin duda algo de este escrúpulo habrá llegado a sus deliberantes señorías. Y sin duda, también, alguna de ellas habrá recordado ese sempiterno: «Fiat iustitia, et pereat mundus», en cuyo nombre, como en el de la libertad, se han cometido tantos crímenes.

Lo importante de esta negativa del alto tribunal es la repercusión que tiene en el ámbito político. Comprometidos en la restitución del legítimo Govern, los independentistas aquilatan todas las posibilidades manteniendo como objetivo la formación del Parlament en plena legalidad con todos los candidatos electos habiendo tomado posesión de sus actas.

La decisión del Tribunal permite ver que hay una clara coordinación de las instancias gubernativas y judiciales en la lucha contra el independentismo catalán. Los jueces tratan de dar apariencia jurídica a lo que no es otra cosa que una persecución por razones políticas. La colaboración de los medios es entusiasta. Vuelven los rumores sobre desavenencias internas del bloque independentista, enfrentamientos y rivalidades entre Junqueras y Puigdemont que arrastrarían a las de ERC y JxC. Buen campo de ensañamiento es el de las relaciones del PDeCAT con Puigdemont y su reciente JxC. Estos esfuerzos no solo son inútiles por malintencionados, sino sobre todo porque no se atienen a los hechos. El País, el que más incide en la supuesta fractura entre ERC y JxC, no consigue demostrarla y la referencia a las relaciones del PDeCAT con Puigdemont y JxC desconocen el salto cualitativo que ha supuesto la aplicación del 155. JxC quiere ser una organización paraguas, capaz de coordinar todo tipo de instancias, partidistas, institucionales, sociales, personales. Una organización suprapartidista, un rassemblement de tipo degaullista en la que no se reconoce al PDeCAT ningún tipo de primacía.

Cuanto mayor es el esfuerzo «desconstructor» del independentismo que hacen los medios, más sólida parece ser la alianza en aquel. La CUP, habiendo rotado a las personas que representan, por exigencia de la organización, intensifica su apoyo a un Gobierno independentista e incluso considera la posibilidad de formar parte de él, lo cual tiene bastante alcance para una organización con tan fuerte elemento ácrata en su interior.

La propia Arrimadas, al divisar un panorama enmarañado, recupera su esperanza de postularse para presidenta de la Generalitat, intento para el cual quizá contara con el apoyo del PSC de Iceta porque ya ha conseguido enfrentarse con el PP, su aliado «natural». Natural hasta que surge Catalunya y, con ella, la discordia entre la derecha española, igual que la que suscita entre la izquierda. Ni la izquierda ni la derecha han conseguido jamás digerir Catalunya. Comparten una idea de España que solo puede admitir aquella a condición de aniquilarla. Una idea Potemkin de España.

La posibilidad que entrevé Arrimadas viene más o menos secretamente alimentada por la de repetir las elecciones del 21 de diciembre. Una vez contenida la risa, empezamos a pensar que esta es una táctica muy querida de la derecha: torpedear cualquier forma de gobierno que no sea suyo y pedir de inmediato elecciones anticipadas. A veces las pide incluso antes de los cien días de cortesía, incluso apenas se han proclamado los resultados de las anteriores. La única condición es que las haya perdido.

El bloque independentista hará todo lo posible por evitar la repetición de elecciones. Pero no porque tema quedarse sin la mayoría absoluta, como sostienen algunos entre ellos mismos, sino porque, antes de convocar comicios, es necesario constituir el Parlament, así como el correspondiente Govern. Y ya será este quien las convoque o no en un acto de retorno a la legalidad. La única forma de impedirlo es que el Gobierno lo haga antes de la constitución del Parlament invocando el 155, es decir, prolongando la excepcionalidad. Tal cosa no sería posible por razón de plazos, pero quien blande el 155 puede ignorar los plazos cuando le plazca. Volvería la risa ya a carcajadas y la intervención de Europa. No podría ser de otra manera.

Turull, hombre de JxC, asegura que habrá presidente, Govern y Parlament. En lo que no cabe interpretar sino como la enésima vez en que se afirma la voluntad unitaria del bloque independentista. Y, como si hubiera prisa por confirmar este vaticinio con hechos, Puigdemont y Rovira aparecen muy sonrientes en Bruselas anunciando que el independentismo propone la restitución del Govern legítimo con Puigdemont de Molt Honorable President. En esta misma fecha El País titula en portada que hay un abismo entre ERC y el PDeCAT.

Las resistencias

Así como quienes han ganado las elecciones del 21 de diciembre se aprestan a lograr su objetivo de constituir Parlament y Govern y plantean la resistencia a las usurpaciones de la autoridad central, los que las han perdido también plantean la resistencia. La resistencia a haberlas perdido. Para eso no hay nada más socorrido que hacer una oposición agresiva, con juego limpio o sucio, da igual, obstaculizar la gobernación y provocar crisis con la esperanza de que una de ellas obligue a elecciones anticipadas, donde la derecha siempre tiene esperanzas de ganar. En especial porque no es infrecuente que las financien con fondos ilegales y otras formas de tongos.

A los efectos de enredar en pro de las nuevas elecciones viene como anillo al dedo la reivindicación de Tabarnia, una hipotética región que comprendería algunas otras de la Catalunya actual en la que el voto unionista es mayoritario. Iniciado en 2011 por una plataforma antiindependentista y unionista, fue respaldada después por la Societat Civil Catalana (SCC), organización unionista con vínculos con la extrema derecha y, finalmente proclamada a los cuatro vientos por Ciudadanos a título de consolación por el mal resultado de las elecciones. Los dirigentes de este partido ven en Tabarnia un arma dialéctica temible en contra del independentismo catalán, al enfrentar a este con la necesidad de negar en un sitio derechos que afirman en otro. Es una vieja historia (tema alavés en el caso de Euskadi) que sale siempre por reducción al absurdo, región en la que muchos disfrutan.

En lo esencial, Tabarnia es un intento doble de filibusterismo y gerrymandering (que tengo propuesto traducir como «salamandreo») y no hay que hacerle más caso. Ojo al filibusterismo, que es contagioso. Se ve en las redes. ¿Que los tabarnianos quieren exponer sus argumentos y escuchar los contraargumentos y «bizantinear» un rato? Que lo hagan entre ellos. Frente al independentismo, la cuestión es muy sencilla: apliquen su plan (convertirse en comunidad autónoma dentro de España) por las vías ordinarias a ver cuánta gente les sigue y qué resultado obtienen. Entre tanto, respeten la prohibición de dar conversación al conductor.

No aburran, vaya. Si se trata de marear la perdiz para provocar nuevas elecciones, díganlo. No sucede nada. De obligar a ellas, como es uso en la corte del bloque del 155, Tabarnia afectaría por definición al bloque unionista que se escindiría en tabarnianos y antitabarnianos. Todos contarán sin duda con entusiasta apoyo del Gobierno, pero tan dividido como el bloque al que apoya, que empieza a parecer un mosaico. No resulta tan claro el beneficio para los unionistas como para los independentistas. La clave está en la movilización del voto que se presume con menor lealtad en el campo unionista que en el independentista.

El campo independentista calibra, asimismo, sus posibilidades de resistencia. El marco teórico general, la invocación del derecho de resistencia, se vio más arriba, al considerar las decisiones de los tribunales sobre los presos políticos. Aquí se trata ahora de dar forma práctica, tangible y viable a ese derecho. Por ejemplo, los setenta diputados independentistas son mayoría absoluta y, por tanto, pueden bloquear la acción parlamentaria de muchas formas y, desde luego, orientarla en un sentido que no le agrade al Gobierno central, en cuyo caso entrará en acción el 155 que nos conducirá a la situación de salida.

También pueden los setenta hacer una «retirada al Aventino», esto es, reunirse en otro lugar, declarándose, por ejemplo, Asamblea de Parlamentarios, lo que plantearía una situación de poder legislativo escindido sobre cuyo resultado cabe todo tipo de especulaciones.

Incluso aunque el Govern se ajustara a las exigencias del Gobierno central, el problema seguiría sin resolverse. Habría una presidencia bicéfala de la Generalitat, el correspondiente de la lista de JxC y, en su caso, Oriol Junqueras por especial gracia judicial y Carles Puigdemont in partibus o en la cibergalaxia.

Claro que es un esperpento, como quiere El País de 12 de enero de 2018, la investidura telemática de un presidente. Pero lo esperpéntico no está en el medio telemático en sí (el mundo ha avanzado desde los tiempos de santo Tomás), sino en el hecho mismo de que haya que recurrir a estos medios, pues los tradicionales están bloqueados por la fuerza.

Y un movimiento de esta naturaleza tiene más formas de resistencia. Por ejemplo, la desobediencia civil, siempre de índole pacífica que, cuando se generaliza, se hace imparable. El ejemplo más palmario en España fue el de la lucha de los insumisos contra el servicio militar obigatorio, la mili, que parecía algo tan lógico y natural para los que la padecían como el acné juvenil. Al final, la mili obligatoria fue abolida. Es muy difícil luchar contra la desobediencia, como ya dice De La Boétie, que cifra en ella la posibilidad de liberación de la servidumbre voluntaria.

Junto a la desobediencia hay otra forma de resistencia, consistente en aprovechar los espacios exentos que ofrece el funcionamiento normal de las instituciones, los intersticios de que habla Wright en su estudio sobre las «utopías reales» (Wright, 2014) para fines propios del movimiento. Es lo que los alemanes llaman la Umfunktionierung de las instituciones. De este tipo de acción tienen los catalanes amplia y larga experiencia, pues es la que de una u otra forma llevan practicando desde los tiempos de las Bases de Manresa. Con escasos altos y muy prolongados bajos en el siglo XX. Es la que ha resucitado con el procés. Desde la primera consulta de Arenys de Munt en 2009 todo ha sido ir aprovechando intersticios del sistema político y el ordenamiento jurídico para ampliar el margen de autonomía de decisión en Catalunya. Hasta el momento en que alguno de estos intersticios ha reventado la estructura de la obra, lo que ha provocado en esta una situación de emergencia que, de momento, se llama artículo 155.

La vía judicial española

Todo lo anterior se da en un terreno propositivo y hasta especulativo. En el caso de Tabarnia, directamente fantástico. Pero la respuesta del Estado se mantiene en una actitud de intransigencia y confrontación. Sin posibilidades de diálogo. El asunto es muy simple, las autoridades españolas se obstinan en ver las cosas no como son, sino como quieren que sean, según exponía Puigdemont en un artículo de un semanario europeo (Puigdemont, 2018).

Particularmente feroz es la persecución judicial. Después de negar por segunda vez la libertad a los tres reclusos preventivos (Junqueras, Sánchez y Forn), los tres candidatos electos, el Tribunal les niega también autorización para asistir en persona a las sesiones del Parlament permitiéndoles que deleguen el voto. En realidad, se entiende que los cambios en la situación personal de los procesados queden a la discreción del Tribunal. Pero igualmente se entendería que este explicitara, aunque fuera en líneas generales, su criterio y justificara las medidas concretas. Por ejemplo, en el auto de denegación de libertad a Junqueras se sostiene que no procede concederle la libertad por el riesgo de reiteración en una conducta delictiva que el propio Tribunal reconoce que no cabe imputarle. Los razonamientos para denegar las otras libertades provisionales podrían ser de este brillante tenor.

Cada vez es más clara la evidencia de que el bloque unionista incita a una confrontación mayor en busca de una crisis que justifique, cuando menos, la excepcionalidad y arbitrariedad que supone la vigencia del 155. Porque no quiere ver las cosas como son: no hay conspiración, ni violencia, ni delitos. No es cosa de cuatro iluminados que ahora les ha dado por la telemática, ni de policías ni de tribunales. Seguir por esta vía no tiene futuro. Es un proceso constituyente puesto en marcha por una multitud, en nombre de la mayoría, una revolución, porque se ha dado en los intersticios del sistema desde 2009 hasta que ha llegado a una confrontación con este que, de inmediato, se ha internacionalizado.

Se discute mucho la repercusión que una difusa atención y aún más difusa acción internacional (básicamente europea) pudiera tener en el conflicto. La imagen de partida es negativa para un Estado que recurre a métodos excepcionales, antidemocráticos y contrarios al Estado de derecho con el pretexto de estar defendiéndolos. Pero lo que tiene enfrente es un proceso constituyente (en su doble dimensión de independencia y república) revolucionario, pacífico, democrático y respetuoso con la legalidad acerca de la cual pueden abrigarse pareceres distintos.

Añádase a ello una conclusión que se sigue del análisis del conjunto del «procés»: la parte independentista ha hecho política y solo política. Ha configurado un objetivo que ha prendido en una mayoría de la población, la ha movilizado aprovechando todos los vericuetos, intersticios, atajos que una política claramente expuesta permite. Con el inevitable recordatorio de la importancia de las redes. Hasta que ha llegado al momento de ruptura unilateral del Estado. Ha sido, ha estado siendo hasta ahora, política contra la amenaza de la fuerza bruta y, por fin, su aplicación. El bloque del 155 no tiene objetivo alguno común, ni es capaz de movilizar a la población salvo las desmayadas consultas electorales, ni entiende de atajos, acuerdos, pactos, negociaciones. La idea de España de la derecha se impone a la fuerza.

Es sobre este trasfondo de competencia «política» sobre el que es preciso interpretar la repercusión de la esfera internacional en el conflicto. Dando por descontado que, sea cual sea, será beneficioso porque, de otro modo, la Generalitat no hubiera procurado tan afanosamente su internacionalización. El refugio de Puigdemont en Bruselas a partir del 27 de octubre no fue elegido al azar. Sin duda, en el orden oficial, institucional, la posición de la UE solo puede ser de respaldo a su Estado miembro, España. En el oficioso, de negociaciones, las cosas son distintas. Basta oír a Merkel haciéndose lenguas de la integridad territorial de España, pero exigiéndole a Rajoy al mismo tiempo que resuelva el problema cuanto antes, que lo haga pacífica y democráticamente, que convoque elecciones y que respete el resultado.

Las autoridades españolas suelen subrayar con regocijo el escaso eco que la presencia de Puigdemont o el independentismo en general tenía en las instituciones europeas. Era y es lógico por el efecto institucional, si bien su exilio ha contribuido a hacer de él una figura popular en Bruselas y Bélgica. Despierta en parte la simpatía que despierta Assange, pues ambos son refugiados, pero con campos de acción muy distintos.

La eficacia de la internacionalización del «procés» y su complicado desarrollo no reside en que Puigdemont hable en unos u otros escenarios y lo reciban unos u otros dignatarios. Reside en el hecho de que Catalunya y la revolución catalana ha entrado en los medios de toda Europa que ahora tiene la vista puesta en España porque es fácil pronosticar que será donde se den las noticias más apetecibles. En resumen, el Estado y el Gobierno españoles no actúan a puerta cerrada, sino en una especie de escenario europeo en el que no solo las cancillerías sino también los medios siguen su desarrollo con atención.

La capacidad de España de imponerse a la resistencia independentista, no muy cierta cuando todos admitían que Catalunya era una «cuestión interna de España», desciende aún más, se hace nula si se ejerce bajo escrutinio extranjero porque, guste o no guste, ha pasado a ser un asunto europeo. No hay tal capacidad. Para evitar ser un Estado fallido, incapaz de imponer su soberanía a un 16 % de la población y un 21 % del PIB, el Estado gobierna directamente en contra de esa población y esa soberanía, lo que lo convierte precisamente en un Estado fallido.

De nuevo, el frente judicial se lleva la palma de la dureza y abre la negra perspectiva para el país de una causa general contra el independentismo que necesariamente acabará convirtiendo a la justicia en un aparato ideológico e inquisitorial. Si los presos preventivos han de «retractarse» de sus convicciones políticas para salir de la cárcel, no andamos muy lejos de los autos de fe.

Una involución de ese calibre tiene que ser imposible. Aunque los sondeos de intención de voto en España acusan la victoria de Ciudadanos en Catalunya y anuncian generosas mayorías al partido de Rivera, tan reciamente español que ha plantado cara a la anti-España en su mismo foco, Catalunya. Ciudadanos y Tabarnia van en el mismo saco. Como también hubiera entrado tan cómodamente aquel partido UPyD de no haber sido devorado por C’s.

La ciberpolítica

El independentismo lleva años haciendo política en un país en el que los demás estaban distraídos con el Estado de derecho Potemkin que habían creado, minado por la corrupción. Legitimándose por la iniciativa política en un Estado en que la legitimidad era reconocida por su ausencia: la del monarca venía de un golpe de Estado; la del Gobierno, de unas elecciones ilegalmente financiadas; la del poder judicial, de los nombramientos de los partidos.

En aquella iniciativa política sostenida a lo largo de los años, convertida en un proceso de liberación nacional, en una revolución de nuevo tipo, las redes, hay que insistir en ello, son cruciales. Siguen siéndolo. Cada vez lo serán más. Y nada tiene de extraño que, quien es consciente de la importancia de la política en el ciberespacio, la ciberpolítica, proponga llevar esa competencia al juego de los poderes del Estado. En el exilio, la Generalitat se ha dotado de una página web, instrumento hoy imprescindible en las tareas de gobierno. La ha puesto en marcha un grupo de voluntarios abogados, tradicional avanzadilla de los procesos de cambio social con lo que quedan claras dos cosas: a) la legitimidad de un Gobierno independentista que cuenta con la colaboración voluntaria de la gente de todas las condiciones sociales y actividades profesionales; b) la importancia de la presencia del independentismo en el ciberespacio.

La controversia sobre la investidura telemática o no del presidente Puigdemont así lo atestigua. Los contrarios han agotado la batería de recursos sin conseguir recusarla de forma racional. No hay argumentos jurídico-formales que la impidan. No está expresamente permitida por vía reglamentaria, pero tampoco está prohibida y, como bien se sabe, el espíritu liberal insiste en que está permitido todo aquello que no esté expresamente prohibido. Máxime en un tiempo de TIC en el que estos medios y procedimientos son de uso universal.

Tampoco sirven de nada los insultos y descalificaciones, los «absurdos», «utópicos», «ridículos» o «esperpénticos». En primer lugar, no lo son y, en segundo, las fuerzas retardatarias califican siempre de este modo los intentos de cambio de los que, cuando se implantan, aquellas son las primeras en beneficiarse. Las muy católicas derechas, que sacaban a la gente a la calle en furiosas manifestaciones en contra de los matrimonios homosexuales y del aborto, aprovechan para regularizar su situación civil con gente del mismo sexo y acuden a la interrupción voluntaria del embarazo con la misma diligencia con que lo hacen los ateos y los sindiós.

Cabe preguntarse por qué hay fuerzas políticas que niegan en público lo que practican en privado, como el divorcio, la homosexualidad o el aborto; o defienden también en público lo que no practican en privado, como la honradez, el trabajo, la igualdad. Pero este es otro asunto. Arranca de la consigna del feminismo y el radicalismo estudiantil de los años sesenta del siglo XX, según la cual, «lo personal, lo privado, es político» y nos llevaría por otros derroteros.

Si no hay argumentos jurídicos ni escatológicos, piensan los perdedores de las elecciones, acudamos a la resistencia. Como lo de Tabarnia corre el riesgo de quedarse en ínsula Barataria, procedamos a lo mismo que barajan los independentistas, un boicoteo al Parlament, una no comparecencia de los diputados unionistas, una retirada al Aventino, pero en la otra dirección. Solo hay un inconveniente: como boicoteo no sirve de nada porque, aunque todos los diputados no independentistas se unieran al destierro, no pasarían de 65 y, habiendo cuórum, el Parlament seguiría actuando y sin ellos.

Si no es posible impedir la investidura telemática por ningún procedimiento, la negativa del Gobierno central a admitirla solo puede basarse en la fuerza bruta. El compromiso de seguir con el 155 que, según interpreta quien lo aplica, carece de límite temporal, atestigua el propósito de imponer una dictadura en Catalunya. Pero es imposible sostener una dictadura ilimitadamente en el actual contexto europeo y, si no es esta, el bloque del 155 no dispone de ningún otro cartucho en la recámara. Disparar el 155 contra una presidencia telemática implica ir a nuevas elecciones en Catalunya, quizá, incluso en el Estado. Y eso sí que es esperpéntico.

Lo digital, la ciberpolítica, es de una eficiencia universal, en tiempo real, simultánea, abierta, interactiva. Los especialistas en e-government están de enhorabuena con la citada página web (https://governrepublica.org/) de la Generalitat. Un campo práctico para comprobar el grado de eficacia de las redes. Las redes actúan, asimismo, de caja de resonancia, viralizan los contenidos de los medios convencionales, sean en papel o digitales; por ejemplo, el artículo de Junqueras desde la cárcel en mitad del acalorado debate telemático: «Recuperem les institutions» (Junqueras, 2018). Firma la pieza como «Vicepresidente de la Generalitat» y en ella sostiene que «no implementar el resultat del 21-D és renunciar a revertir el 155 i una temerària fugida endavant». Está claro. Un líder no necesita ser más específico. El procés descansa sobre tres pilares: apoyo social, liderazgo y redes. La ciberpolítica mostró algunos ejemplos tempranos de acción colectiva en el ciberespacio, en los lejanos tiempos de la primavera árabe que pronto se convirtió en tórrido verano. Dio un salto adelante con las últimas tres elecciones presidenciales en los Estados Unidos, pero nunca había acompañado a un movimiento revolucionario en una sociedad desarrollada. Aquí la teoría se detiene y trata de entender la práctica que parece ser más rápida que ella. El liderazgo está; el apoyo social, requetecomprobado, y las redes funcionan a plena satisfacción. En principio, el movimiento es imparable en el marco del Estado democrático de derecho. Otra cosa será si el Estado se obstina en actuar fuera de ese marco.

Las redes son un campo novísimo. Dado su bajo coste, próximo a la gratuidad, amplían al infinito las posibilidades de participación política de la ciudadanía y con un alto nivel crítico. Es muy difícil manipular en un lugar en el que tanta gente actúa por motivaciones altruistas. Los bots no sirven de nada, ni las campañas de construcción y destrucción de reputaciones en la redes que muchos políticos contratan pensando que están en los tiempos de los sicarios.

El impacto en España

El resultado de las elecciones de 21 de diciembre no solo se hace notar en Catalunya, sino también en el conjunto de España. Pasados unos días, comienzan a llegar los primeros sondeos que apuntan a cómo ha entendido el conjunto del electorado español lo que han dado las urnas. Una primera encuesta de Metroscopia para El País pronostica un ascenso notable de Ciudadanos y un descenso menor del que cabría esperar para el PP, así como un estancamiento del PSOE y un hundimiento práctico de Podemos. Datos que, con alguna variante, se repiten en otro sondeo de GAD3 para el ABC. Las conclusiones parecen bastante claras en un principio. Ciudadanos aparece como la opción ganadora en Catalunya en una situación de enfrentamiento con el independentismo y obtiene premio en el conjunto del Estado. Los demás partidos son castigados en función de su mayor o menor ambigüedad en relación con el independentismo catalán. El que más padece, por ser quien más tarde se ha unido al carro de la diatriba antiindependentista es Podemos. No obstante, su intención de voto se sitúa en torno al 14 %, que viene a ser más o menos la expectativa que llegó a tener Izquierda Unida en los tiempos de esplendor de Anguita.

La panorámica es desalentadora: un electorado fragmentado; unos partidos con modesta intención de voto e incapaces de entenderse entre sí. No es exagerado decir que el destino del sistema político de la III Restauración depende del curso de los acontecimientos en Catalunya. Catalunya es el factor dominante en España. Es como un eco irónico del viejo catalanismo político que, por fin, ve cumplirse su sueño de condicionar el conjunto del Estado justo cuando se dispone a abandonar lo que los nacionalistas españoles llaman la empresa común que, en realidad, nunca fue empresa y, aún menos, común.

La mayoría alcanzada por el independentismo el 21 de diciembre es en realidad mayor de lo que el bloque unionista (que no acaba de aceptarlo, ni siquiera de comprenderlo) podía esperar. En términos aritméticos es absoluta, contando con los ocho candidatos electos en situación de secuestro. En términos políticos, debiendo prescindir de estos votos o parte de ellos, es relativa. Lo decisivo aquí es la abstención de los ocho diputados de En Comú Podem. Si esta abstención fuera también aritméticamente indiferente, seguiría habiendo mayoría relativa del independentismo. Sin embargo, en atención a las distancias ideológicas, lo más probable es que los Comuns se alíen con los independentistas al compartir con ellos el eje social y la mitad del nacional (por decirlo así), mientras que al bloque unionista solo les une un incierto medio eje nacional.

Constituido el Parlament el día previsto, aunque no de la forma que hubiera gustado al Gobierno central, arranca la XII legislatura de la Comunidad Autónoma y la Constituyente de la República Catalana. Cuál de las dos prevalezca a su terminación es cosa que decidirá el juego político que se abre en el instante mismo de la constitución de la asamblea legislativa.

Presidido por Roger Torrent, de ERC, en sustitución de Carme Forcadell, apartada prudencialmente en vista de su situación procesal, la primera decisión que el Parlament ha de adoptar es la investidura del Presidente de la Generalitat. Las condiciones son muy difíciles. El Gobierno se niega a aceptar una investidura de Puigdemont, sea telemática o presencial, con lo que deja claro que orienta su política contra la persona, sin duda en aplicación del anhelo de descabezamiento de la vicepresidenta. A esta prohibición se suma a buen paso la judicatura, siempre atenta a los deseos de la autoridad, y el Supremo deja claro que, si Puigdemont regresa para una investidura presencial, será detenido y el juez no le dejará asistir a sesión alguna del Parlament con los mismos argumentos con que se ha negado a que lo hagan Oriol Junqueras y Jordi Sánchez: ninguno. El Gobierno aclara reiteradamente que su inquina es hacia Puigdemont e insta al Parlamento a nombrar cualquier otro, siempre que cumpla la ley.

La mayoría independentista, sin embargo, considera que, admitir la investidura de otro candidato implica una inaceptable sumisión al 155 que permite al Gobierno español decidir quién sea el presidente catalán. Insiste, por tanto, en que debe ser investido el que considera único legítimo, Puigdemont. Así lo anuncia asimismo varias veces Torrent quien, por cierto, en la vida profesional es especialista en Comunicación: se propondrá la investidura de Puigdemont. Y, apenas lo anuncia, el Gobierno recurre ante el Constitucional, incluso por vía telefónica, pues la vicepresidenta llama un viernes por la tarde al presidente del alto tribunal, que anda de viaje por Europa, para que no se duerma y vuelva corriendo a cumplir con su deber. Aunque sea en sábado pues, siendo España país católico y nada judío, también pueden cometerse las barrabasadas en el día del Innombrable. Y, aunque no se sepa exactamente qué se impugna, si el pronunciamiento o una investidura que aún no se ha producido, al Tribunal le falta tiempo para admitir el recurso en transparente e hispánica muestra de división de poderes.

Visto lo irreconciliable de las posiciones, Torrent aplaza sine die la sesión de investidura, en tanto, se dice, el Tribunal Constitucional decide sobre el recurso planteado por el Gobierno. El especialista en Comunicación administra los silencios. No obstante, dicho Tribunal reitera que no permitirá la investidura telemática. No hay margen de acción sino esperar. Se abre un período de frenéticas negociaciones entre independentistas para intentar encontrar una fórmula que, respetando el principio de legitimidad, permita la constitución de un Gobierno eficaz cuya misión sea levantar el 155 antes de que haga más daño. En esas negociaciones se consideran diversas propuestas y se dan momentos de mayor o menor confusión puesto que se producen en condiciones muy difíciles, de hostigamiento político, judicial y mediático. Pero es precisamente en esos momentos difíciles en donde se muestra la fibra de los dirigentes.

El bloque unionista, como ya se ha dicho, tiene una capacidad política muy limitada, por no decir nula por falta de experiencia. A título de ejemplo: en más de cuarenta años, desde 1976 no ha habido jamás un Gobierno de coalición en España y sí, en cambio, y siempre, en Catalunya, cuyo principal partido desde el comienzo de la Autonomía, CiU, ya era una coalición. El unionismo interpreta este período de negociaciones intraindependentistas como una muestra de debilidad; juzga que las situaciones personales de los interesados crean fricciones entre ellos; entiende que, con un pequeño empujón, conseguirá romper la unidad del independentismo y se lanza a fondo. De hacer caso a las portadas de El País en estas fechas, no hay día en que no se produzca un enfrentamiento a muerte entre los de ERC y los de JxC o, incluso, los del PDeCAT. Se aprovechan los motivos más nimios para meter cizaña. Es un ejemplo claro de periodismo, no de información sino de profecía.

Con escasísimo resultado porque los independentistas ven enseguida la conveniencia de no dar cuartos al pregonero, sobre todo cuando es tan venenoso. Deciden, pues, continuar sus negociaciones como los magistrados del Supremo algunas de sus causas, en secreto.

Falta de pábulo la prensa para su españolísima lucha contra el adversario, lo encuentra luego en el activismo judicial que precisamente se recrudece en este lapso de deliberación. Continúa la construcción de una causa general política contra el independentismo. Con evidente riesgo para el debido proceso y las garantías y derechos de los justiciables, se despliega un temible abanico judicial con, cuando menos, tres instancias distintas (juzgados catalanes, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) entendiendo en este confuso caso de justicia política, sin que acabe de estar claro quiénes son o pueden ser investigados y bajo qué acusaciones, que se van fabricando sobre la marcha.

El Supremo, urgido a montar el espectáculo político-judicial para el otoño para quitarse de encima el oprobio en que incurre, deja caer que piensa inhabilitar a mucha gente y cita a declarar en la causa por rebelión, sedición y malversación, a una serie de responsables y cargos políticos y representativos del independentismo. Puro espectáculo. Se van así produciendo sucesivas comparecencias, día tras día que, según cómo haya sido el tenor de las declaraciones (generalmente filtradas) darán pie para todo tipo de especulaciones mediáticas siempre mal intencionadas. Los declarantes se rajan, se abandonan mutuamente, se acusan unos a otros, reconocen que la declaración de independencia fue como una jaculatoria de carácter puramente simbólico y utópico con un coro angélico, se retractan, se arrepienten. De nada sirve que desde diversas fuentes se avise de que el movimiento hará piña con los acusados y procesados digan lo que digan en su defensa, y que esta no causará enfrentamiento alguno. En el fondo, ello equivale a decir que se cuestiona la legitimidad de todo el procedimiento judicial y, por lo tanto, se protege a todos los independentistas al margen del contenido de su declaración que se entiende nula por estar viciada de amenaza y ser en defensa propia.

Donde las palabras no bastan, los hechos las apuntalan. En el curso de estos se producen tres en concreto que muestran el fracaso de la táctica diversionista mediático-judicial. El primero es la citación y correspondiente declaración ante el Supremo de Mireia Boya, perteneciente a la CUP, quien se reafirma ante el juez en su ideario independentista y sostiene no haber cometido delito alguno al no acatar la Constitución, puesto que este acatamiento no es obligatorio (y aunque lo fuera, sospecha uno) ni se puede exigir. Previamente ha dejado claro que está dispuesta a ir a la cárcel, de donde la sacará la República Catalana. Esa que los gurús mediáticos españoles dan por construcción quimérica. El juez la deja en libertad sin medidas cautelares, probablemente para ahorrar trabajo a la República.

El segundo hecho es la carta dirigida a la militancia de ERC —y, por encima de ella, al movimiento en su conjunto— que firman al alimón Marta Rovira y Oriol Junqueras. Se publica horas después de la declaración de la primera en el Supremo y en ella se reafirma el principio de unidad y la necesidad de no prestar oídos a las patrañas mediáticas. No hay enfrentamiento, no hay desunión. Lasciate ogni speranza. El objetivo estratégico sigue siendo la consolidación de la República Catalana; el táctico, la formación de un gobierno cuanto antes para levantar el 155.

El tercer hecho es la citación judicial a Anna Gabriel, exportavoz de la CUP, quien se declara en rebeldía y no comparece, como hizo Puigdemont en su día, exiliándose a su vez en Suiza. El valor de esta decisión, tanto personal como político, está fuera de duda. La propia Gabriel aclara que sigue la estela de internacionalización del conflicto y su propósito es luchar desde allí por la República Catalana en coordinación con el resto del movimiento. Suiza, como Bélgica, es país de acogida tradicional de refugiados políticos. Recuérdese que, si Marx residió en Bruselas, Lenin lo hizo en Ginebra. De hecho, las autoridades dan a entender elegantemente que no concederán extradición alguna por motivos políticos, con lo que el juez español tendrá que poner en marcha un proceso de extradición sin perspectivas de éxito y sin que pueda dejar de hacerlo, pues está obligado a ello. Obligado, una vez más, a contrastar la justicia española de Peralvillo (primero se ejecuta al reo y luego se le instruye la causa) con la de un Estado democrático de derecho.

O el juez inaplica la ley (o sea, delinque) o comienzan de nuevo las aventuras judiciales de exhortos, recursos, apelaciones, etc., al estilo jueza Lamela. Se mantendrá así viva la atención mediática en el caso, empeorando la imagen internacional de España que empieza a ser vista como una dictadura o un Estado que no es democrático ni de derecho. No obstante, lo esencial es que se mantiene incólume la unidad del campo independentista y aumenta mucho su visibilidad internacional.

La táctica diversionista fracasa definitivamente, pero la urgencia de contar con un gobierno eficaz de la Generalitat, se hace sentir por momentos. El bloque del 155 amenaza con ampliar el destrozo en Catalunya interviniendo TV3, a la que se la tiene jurada, así como la educación catalana, poniendo fin a la inmersión lingüística. Aunque el ministro de Educación, quizá advertido de la colosal metedura de pata que significa tocar la educación y, en definitiva, la lengua, da marcha atrás en sede parlamentaria admitiendo que el 155 no faculta para cambiar la inmersión lingüística, el daño está ya hecho. Esta quizá sea la decisión más estúpida que pueda tomar quien pretenda aplacar el independentismo. Hasta el PSC se siente obligado a tirarse en marcha del carro de combate del 155 en su ataque a la lengua. Es como un toque a rebato, un zafarrancho de resistencia frente a un renovado ¡a por ellos!, aunque ya no de la turba sino de la oligarquía y las instituciones y poderes a su servicio. El 155 brinda al movimiento la ocasión aurea de demostrar que su lucha es por la supervivencia de la lengua, la cultura, de Catalunya misma.

Hágase el milagro y hágalo el diablo. Acicateado por la urgencia y la necesidad, el bloque independentista emerge por fin con un acuerdo de investidura cerrado, a falta de algunos nombres, cosa por lo demás lógica, dada la incertidumbre que existe respecto al ejercicio de los derechos de alguno de los presos políticos, como Jordi Sánchez, pendiente del libre albedrío del juez.

El plan supone una estructura de gobierno que podemos asimilar (mutatis mutandis) a un modelo gaullista. El Parlament inviste a un candidato distinto de Puigdemont. En principio, Sánchez pero, de no poder ser, algún otro, por ejemplo, Turull. De lo que se trata es de disponer de un gobierno legal cuanto antes para echar a andar como República Catalana levantando el 155. Que esto se mantenga o no dependerá, como se ha dicho antes, del curso que tomen los acontecimientos y es aquí irrelevante.

Lo relevante es que el acuerdo, además de atender al factor de legalidad, atiende al de legitimidad. Será el Parlament el que decidirá qué tipo de reconocimiento se dará a Puigdemont, quien renuncia a su vez a ser investido en vía ordinaria. Asimismo establecerá qué competencias le atribuye. En efecto el modelo con el que la XIIª legislatura autonómica y constituyente de la República catalana arranca es de matriz gaullista o semipresidencialista.

Mañana

El libro acaba aquí. Con un Parlament constituido y en una situación incierta. El futuro es siempre impredecible y la política consiste en eso, en tomar decisiones y proponer soluciones en tiempo de incertidumbre. Solución hay, y es la propuesta por el bloque independentista, ajustada a la legalidad española y la legitimidad catalana. Cuán duradera sea en las circunstancias actuales, depende, insistimos, de la capacidad de gestión de los políticos independentistas en situaciones de excepción que, como se ha probado por experiencia, es muy alta. Mucho más que la de sus homólogos unionistas. Cuenta, además, con el firme y activo apoyo de más de dos millones de electores. Es conveniente recordarlo siempre pues constituye la clave de este movimiento: la coordinación de los partidos, las instituciones, las organizaciones sociales y los votantes, todos en una unidad cerrada que sus adversarios no han conseguido destruir porque no la entienden.

La fórmula propuesta tiene dos lecturas, en la estela anteriormente señalada de la necesidad de proceder por la clásica división mertoniana de la realidad manifiesta y la latente. Manifiesta aquí es la investidura legal del presidente de la Generalitat en persona distinta de Puigdemont. Latente, el reconocimiento que el Parlament, en uso de su soberanía, quiera hacer de la legitimidad, personificada en el mismo Puigdemont. De aquí que hablemos del modelo gaullista. La República Catalana comienza siendo una república semipresidencialista con un presidente en el exilio y un primer ministro in situ. Las atribuciones de Puigdemont, típicas del semipresidencialismo: convocar elecciones, nombrar al primer ministro (presidente legal) de la Generalitat y representar a esta en el exterior. Dicho sea con ánimo literario, una magnífica coronación momentánea de la función gaullista que Puigdemont ha venido ejerciendo desde Bruselas, como único interlocutor del Gobierno español, incluso a despecho de este.

El procedimiento es impecable y debe funcionar. Pero el mayor factor de incertidumbre es siempre el imprevisible comportamiento del bloque del 155 cuya primera reacción será negarse a aceptar que Puigdemont pueda ejercer función alguna. Pero no tiene forma de impedirlo. Si el Parlament consulta con Puigdemont el nombramiento del presidente legal de la Generalitat es cosa que solo incumbe a ellos; si Puigdemont considera conveniente convocar elecciones, lo hará el presidente legal; si ejercita funciones de representación internacional es asunto que atañe exclusivamente a él y a su interlocutor del tipo que sea.

Es un planteamiento eficaz e inexpugnable. Pero eso no quiere decir que el bloque del 155 no intente expugnarlo. Si no lo consigue de frente y de golpe, distribuirá sus fuerzas y erizará el camino de obstáculos, recursos, apelaciones y prohibiciones.

Ningún parto es fácil y el de la República, un parto natural de la nación catalana sin asistencia de nadie y con muchos enemigos y depredadores, menos que ninguno. Pero será, porque es una decisión colectiva, cívica, democrática, pacífica, que ha cautivado a las generaciones vivas, desde la memoria de las generaciones pasadas y como legado para las futuras. Es una revolución de nuevo tipo que se dota de un Estado como instrumento de supervivencia y garantía de futuro. Un Estado, nueva República en Europa.

Tardará más o tardará menos, pero la suerte está echada. Nadie imagina una vuelta a la situación anterior al 1 de octubre. Solo hay camino hacia delante.

España quedó atrás.

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