Portadilla

Ramón Cotarelo

DISCURSO A LA NACIÓN CATALANA

Prólogo

Créditos

Primera edición: febrero de 2019

© De los textos: Ramón Cotarelo, 2019

© Del prólogo: Artur Mas, 2019

© de esta edición:

Ara Llibres, S.C.C.L.

Pau Claris, 96, 3º 1ª

08010 Barcelona

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El equipo editorial de Som Ara Llibres que ha trabajado en

este volumen está integrado por Marta Abella, Miquel Adam,

Mariona Cortadellas, Joan Carles Girbés, Sònia Herrera,

Eduard Hurtado, Maria Mas, Alba Morcillo, Maika Pascual,

Enric Rújula, Joan Sanabria y Roser Sebastià.

Diseño de la cubierta: www.rookman.com

Fotografía de la cubierta: Xavier Torres-Bacchetta

Corrección: Raquel de Diego y Cristina Sospedra

Epub: Sistemes d’Edició

ISBN DIGITAL: 978-84-16915-97-2

Ara Llibres es un sello editorial de Som, un grupo cooperativo

que quiere dotar a la sociedad de una industria cultural y

de comunicación innovadora y sólida.

Porque la cultura nos hace ser quienes somos: colectivo,

sociedad, país. Más información: www.som.cat.

Este libro se ha impreso en Liberdúplex con papel ecológico y

libre de cloro offset crudo de 80 gramos, y ha sido compaginado

con cuerpo 12,5 de la tipografía Minion.

Todos los derechos reservados a los titulares del copyright.

Prólogo, de Artur Mas

Prólogo, de Artur Mas

Resulta muy poco habitual que una persona nacida en Madrid, que hasta hace muy poco no había vivido nunca en Catalunya, de sólida formación académica y profundo pensamiento intelectual, se manifieste con tanta claridad y de forma tan reiterada a favor del derecho de Catalunya a autodeterminarse políticamente.

En este sentido, Cotarelo no constituye la única excepción a la norma general en España de ignorar, o directamente menospreciar y combatir, el derecho a la autodeterminación de Catalunya, pero sí es de las pocas excepciones existentes. Siendo un hombre comprometido y valiente, no es de extrañar que ahora publique este libro que tienen ustedes en sus manos titulado Discurso a la nación catalana. Aunque ignoro el motivo por el cual me pidió que lo prologara, se lo agradezco de corazón.

Cotarelo habla y escribe sin tapujos. Verbo y pensamiento afilados. Con pocas concesiones a la galería, va directamente a la raíz de los conceptos, los desnuda de adornos, los disecciona y los hace entendedores para la gente menos avezada a la terminología política. Todo un lujo para el lector.

Cotarelo constata la ruptura emocional surgida entre Catalunya y España en los últimos años, la juzga de imposible recomposición, orilla la conllevancia orteguiana como algo todavía factible e identifica el referéndum de autodeterminación como la única salida posible. Observa cómo una parte relevante de la sociedad catalana se siente tratada como una colonia, o simplemente maltratada como una minoría nacional. Y nos propone una visión interesante y novedosa: tampoco España podrá actuar como una nación plena mientras en su seno haya otra nación que la niega y lucha por su liberación.

Añado yo que si España no ha conseguido ser una nación integral como Francia se debe sobre todo a la existencia de Catalunya; a la conciencia y a la voluntad de ser de los catalanes, mantenidas contra viento y marea a lo largo de la historia, y bien vivas y presentes en una sociedad catalana actual caracterizada por su mestizaje y su mezcla de gentes con orígenes muy distintos. De ahí que Cotarelo hable refiriéndose a Catalunya como nación cultural y política, y niegue la existencia de un nacionalismo imperial o uno de base étnica. Por cierto, este mismo razonamiento se lo había escuchado yo a Jorge Semprún cuando hace ya bastantes años recibió del Gobierno de Catalunya el Premio Blanquerna.

El autor se refiere, así, a la concepción de la nación por parte del independentismo como una realidad inclusiva que abarca el conjunto del pueblo catalán, al margen del origen de las personas. Una visión, por cierto, muy alejada de las corrientes ultranacionalistas y a menudo xenófobas que campan a sus anchas por distintas latitudes del mundo, y no precisamente del menos desarrollado.

Razona Cotarelo que el consabido pragmatismo catalán obedece a la necesidad de supervivencia como cultura, como lengua y como nación, y enfatiza que lo verdaderamente pragmático en el caso catalán es la resistencia. Sin este pragmatismo resistencial, Catalunya no existiría. En muchos países, nos recuerda, la nación ha hecho al pueblo. En Catalunya, en cambio, el pueblo ha hecho a la nación. Esta afirmación se entrelaza con otra no menos contundente: Catalunya solo puede ser española dejando de ser catalana, algo que el autor cataloga como imposible por la voluntad y la determinación catalana de seguir siendo, de no dejar de ser.

Después de un fino análisis de la catalanofobia que existe estructural y secularmente en España, y de un duro alegato contra la incapacidad y el miedo de los progresistas españoles de reconocer la existencia de distintas naciones en el marco español, en la parte final del libro se adentra Cotarelo en el horizonte que Catalunya tiene por delante. Para el autor la transversalidad del movimiento independentista catalán constituye su elemento vertebrador, su principal fuerza motriz. La alianza entre sectores sociales bien distintos desde el punto de vista ideológico vendría a ser el factor aglutinador imprescindible para el éxito del proyecto emprendido. Una alianza que no busca un cambio de gobierno, sino de Estado. Y un proyecto que no se impone, sino que se propone a partir de una base escrupulosamente democrática, que otorga la decisión última al pueblo catalán a través de un referéndum, asumiendo el resultado de este, sea cual sea su signo.

El juicio que le merece a Cotarelo la causa judicial contra el independentismo es devastador para el Estado español. Como muchos sabemos, el juicio se asienta sobre fundamentos falsos: delitos inventados, violencia inventada, tumultos inventados. Todo con el propósito de meter en la cárcel o de forzar el exilio de personas inocentes que defienden ideas y realizan acciones que incomodan al statu quo. Todo con el objetivo de escarmentar a los que osan cuestionar la unidad de España, y de avisar a quien en el futuro prosiga por la vía independentista de las nefastas consecuencias que le aguardan en su libertad, en su patrimonio o en su derecho a dedicarse a los asuntos públicos.

Cotarelo ve la independencia de Catalunya como algo inevitable, algo que ha entrado en el punto de no retorno. No solo lo expresa, no solo lo constata, sino que lo justifica con meridiana claridad. Además, lo inserta dentro de la normalidad. Una nación que quiere seguir siendo y que quiere movilizar sus talentos, sus energías y sus activos debe aspirar a tener su propio Estado, especialmente si el Estado al que pertenece la frena en sus aspiraciones o le es manifiestamente hostil.

El final es tremendamente interpelador para España. Al comparar la nación española con la catalana, dice de la primera que no ha sabido ser y que huye del futuro para hundirse en el pasado, mientras que de la segunda proclama que huye del pasado para abrirse al futuro.

El Discurso a la nación catalana es una obra lúcida, brillante y valiente, fruto de una pluma de enraizadas convicciones democráticas, profundo compromiso cívico y afinada capacidad de leer e interpretar la realidad, y confío que de anticipar el futuro.

ARTUR MAS I GAVARRÓ

129è president de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 10 de enero de 2019

I. El derecho a ser

I. El derecho a ser

Anónimo. Cartel de la Guerra Civil, 1939.

Quien no puede contar su propia historia no existe.

SALMAN RUSHDIE

Se amontonan los negros nubarrones. El derecho de autodeterminación no existe. Los derechos son siempre individuales. No hay derechos colectivos y, si los hubiera, no para los catalanes que tienen por encima una colectividad superior: la colectividad del pueblo español. Para esa sí parece haber derecho de autodeterminación. Se llama soberanía y es un derecho colectivo. Por tanto, señores y señoras, el derecho de autodeterminación existe o no existe según quién lo invoque, la fuerza que tenga para imponerlo y la falta de escrúpulos morales e intelectuales que lo adorne. La autodeterminación española existe; la catalana no, porque España puede imponer su criterio por la fuerza. Por eso se llama soberanía y quiere decir Estado. Y por eso se afana el independentismo catalán en conseguir el suyo invocando el derecho de autodeterminación.

Un derecho que se le niega porque no está en la ley. Ni en la Constitución. Ni en ninguna constitución de país que se precie. ¿Y qué? Las leyes y las constituciones las hacen los poderes que son, no los que aspiran a ser o pudieran ser. Primero es el poder que hace la ley y luego la ley que dice lo que el poder quiere, no lo que quiere un contrapoder. Pero eso no lo convierte en más justo, ni más razonable, ni más convincente. Y lo que dicen sus leyes y constituciones tampoco. San Pablo afirma que es fuerza obedecer al poder que existe, aunque sea injusto, un poder que jamás reconocerá el derecho que esgrima un contrapoder. Lo cual no quiere decir nada. Si solo fuera posible lo que está en la ley, seguiríamos con las leyes de Manu o las doce tablas.

Tampoco existe en el derecho internacional que, en realidad, es el derecho del no derecho. Ya se sabe, los organismos internacionales lo vinculan a la condición colonial. No estando Catalunya en la lista de colonias y territorios sin autogobierno, no le corresponde el derecho de autodeterminación, como si la condición colonial dependiera solo de lo que diga un papel y no de lo que piense la gente que la vive. No obstante, se admite el derecho de autodeterminación para quien no siendo colonia sino parte integrante de un Estado de derecho en condición de minoría nacional viera amenazada su supervivencia por actividades ilegales (de acuerdo con los derechos de los pueblos) realizadas por su Estado. Algo que ningún Estado está dispuesto a reconocer así como así y, menos que ninguno, el español, para el que oficialmente Catalunya no es ni siquiera una minoría nacional.

En cualquiera de los dos casos, colonias o minorías nacionales maltratadas, el asunto tiene un elemento muy subjetivo. Las relaciones económicas entre España y Catalunya son claramente perjudiciales para la segunda y beneficiosas para la primera, a la que cabría considerar la metrópoli en sentido amplio. Una relación extractiva, con independencia de que sea más o menos cuantiosa, en detrimento de la otra parte. En lo esencial, una relación colonial que se formaliza periódica y simbólicamente con actos públicos de vasallaje a los que la Corona es muy aficionada en la tradición del boato de la Monarquía Hispánica en sus posesiones peninsulares.

Con todo y ser importante el aspecto material de las relaciones desiguales, no es lo decisivo para configurar una visión colonial del conflicto entre España y Catalunya. Lo decisivo es el aspecto político, el propósito catalán de configurarse como una república independiente. Propósito con el que choca de plano el hecho de que el autogobierno de Catalunya está limitado por el marco legal y constitucional español. Catalunya puede verse como una colonia, ya que no ejerce la plenitud de autogobierno, sino que es gobernada desde la metrópoli. Las decisiones esenciales para ella se adoptan en Madrid, tomando en consideración una multitud de intereses entre los cuales los catalanes sufren habitual menoscabo, pues no se toman en consideración en función de sí mismos, sino de otros en cuya valoración e impacto, Catalunya no tiene influencia alguna.

No solo hay una relación colonial, con sus peculiaridades, como el hecho de que la colonia esté más adelantada que la metrópoli, sino también de minoría nacional maltratada. Que lo ha sido en largos periodos de la historia está fuera de duda. Que lo esté siendo ahora no lo es menos, por más que haya un frente ideológico y mediático a las órdenes del Estado encargado de negarlo. Con todo, es imposible ocultar que los ataques a la conciencia nacional catalana se centran en los aspectos lingüísticos, educativos, culturales. Como es imposible ocultar que en el sistema político español hay una presión continua y creciente, sostenida por una mayoría del electorado, por proceder a una «uniformación» de Catalunya según una pauta castellana; o sea, una aniquilación de Catalunya, vieja ilusión unionista española.

El conflicto tiene un curioso elemento circular que no se ha analizado suficientemente, pero es muy revelador. Suele decirse que el independentismo es la reacción extrema del nacionalismo catalán ante el peligro cierto de aniquilación por la injerencia española. Y en parte es verdad. Catalunya no será nunca una nación en plenitud de derechos, una nación integral, mientras esté ocupada por España. No suele mencionarse, en cambio, que no menos cierta es la relación inversa: tampoco España será nunca una nación integral mientras ocupe Catalunya, mientras en su seno exista otra nación que la niegue y luche por su liberación. La nación es una comunidad de integración, no de asimilación. Si una nación trata de asimilar a otra, de negarla, no es una nación; es un imperio. Y si el imperio no trata con justicia y equidad a sus partes componentes, tampoco es un imperio, sino una cárcel de pueblos.

Para un territorio que se ve como colonia y como minoría nacional maltratada y amenazada, el derecho de autodeterminación es su única garantía de supervivencia. Y es un derecho originario, inherente a su condición nacional. Inherente a cualquier conciencia nacional en función de su derecho a ser que prevalece sobre todo y que no necesita ser reconocido legal o constitucionalmente. Como no lo estuvo el derecho de autodeterminación que, sin saber que acabaría llamándose así, ejercieron en 1776 los colonos norteamericanos que acabaron considerándose una «nación concebida en libertad». Sin pedir permiso a nadie. Al contrario, luchando en los campos de batalla con quienes les negaban el derecho a ser por ser ilegal, según las leyes de la época, como siempre transitorias, al igual que todas las leyes de los seres humanos. Tan transitorias como las que se invocan ahora como dique contra la revolución catalana.

Es un derecho tan originario y esencial que se impondría, aunque estuviera expresamente prohibido en la ley. Porque un gobierno no puede ir contra los gobernados. Mejor dicho, puede y muchos gobiernos lo hacen; pero no deben; y si lo hacen, es justo resistirse y levantarse contra ellos y derrocarlos. Frente al gobierno tiránico, la rebelión es un deber. Solo es legítimo el gobierno por consentimiento. Pero, comoquiera que los seres humanos somos tan diferentes, el mejor gobierno para unos será el peor para otros. Conseguir el consentimiento de todo el mundo, la unanimidad, es imposible. En consecuencia, habremos de atenernos a un criterio civilizado de mayorías y minorías que, en lo esencial, descansa en el principio de que decide la mayoría y la minoría acepta la decisión de la mayoría. Y como somos civilizados, en lugar de perpetuar la situación de mando y obediencia, la renovamos cada cuatro o cinco años porque reconocemos el derecho de la minoría a convertirse a su vez en mayoría democráticamente. Esto hace, por tanto, muy legítimo pedir a la minoría obediencia a la mayoría, ya que ella puede serlo a su vez.

Así funciona le democracia en España. Decide la mayoría de los españoles y sigue haciéndolo aunque las mayorías sean construcciones parlamentarias, ya que el Parlamento es la representación de todo el pueblo español. Si una minoría desea implementar alguna política cara a su ánimo, solo tiene que ganar las elecciones y así será mayoría y podrá hacer realidad su proyecto. Esta idílica fórmula es la que se ofrece tradicionalmente a los catalanes cuando hablan de cambios en profundidad, la que invocan los académicos autocomplacientes en su seguridad doctrinal, la que ofrecen con aparente generosidad unos políticos acostumbrados a hablar sin turno de réplica. ¿Queréis cambios en el encaje de Catalunya en España? Ganad las elecciones, en las que votamos todos los españoles, y proponed una reforma de la Constitución más favorable para vuestro país y en la que también votaremos todos los españoles. Ateneos a la legalidad. Cualquier otra cosa será un golpe de Estado y de golpes de Estado este país sabe mucho. Basta escuchar con qué alegría acusan de golpistas a sus adversarios los miembros de un partido fundado por el ministro de información de un golpista asesino.

Se trata de la típica trampa de la «minoría estructural», esto es, una minoría nacional que nunca podrá ganar elecciones como tal minoría nacional, cuando su programa sea el programa máximo de la independencia. Al brindar a esta minoría estructural (la catalana en este caso) la fórmula de la alternancia de mayorías y minorías, se la está condenando a la irrelevancia, pues no se reconoce la injusticia que su obvia limitación numérica impone. Y, como las situaciones de injusticia suelen fomentar los peores instintos de sus beneficiarios, es muy difícil, por no decir imposible, impedir que la mayoría ceda a la tentación de ejercer la «tiranía de la mayoría», una tentación muy fuerte en función de criterios utilitarios. Si en algo se ponen de acuerdo a toda velocidad y sin problema alguno las mayorías es en hacer pagar el pato a las minorías.

La única defensa de la minoría frente a la tiranía de la mayoría es una garantía adicional que asegure a aquella su supervivencia al margen de la voluntad de esta. En su forma menor, esta garantía es un derecho de veto; en la mayor, el derecho a la secesión. En el caso catalán, como Catalunya no puede ejercer veto alguno, el derecho de autodeterminación es la única vía de salida del embrollo de unas relaciones envenenadas que no van a mejorar. Llegados al punto de encarcelar y forzar al exilio a los dirigentes independentistas, toda ilusión de una nación española inclusiva de la catalana ha saltado por los aires. No hay conciliación posible al margen de un referéndum de autodeterminación. Y un referéndum de autodeterminación en el que solo voten los catalanes. Únicamente mediando una mala fe extrema puede boicotearse esta propuesta obligando a una votación general en España.

La «tiranía de la mayoría» ha tenido manifestaciones brutales. Las imágenes de la despedida de los Land Rovers de la Guardia Civil al grito de «¡A por ellos!», superpuestas después a la de las cargas vandálicas de la Policía Nacional y la Guardia Civil de la mañana del 1 de octubre de 2017; las provocaciones callejeras a cargo de bandas de matones de partidos de extrema derecha, como Vox o falangistas, como Ciudadanos, con la indiferencia o incluso la complicidad de las autoridades; el comportamiento vengativo de la judicatura que puso en marcha una farsa judicial bajo la forma de un proceso político contra el independentismo son el testimonio gráfico de la ruptura entre dos pueblos, el español y el catalán, que nunca se han llevado excesivamente bien, pero hasta la fecha, cuando menos, se soportaban mutuamente.

Ya no es el caso. Los aspectos fiscales de la tiranía de la mayoría en el expolio de Catalunya han pasado a ser relevantes. Es lo que sucede cuando los vínculos comunitarios se aflojan y son sustituidos por los societarios, caracterizados por el interés; cuando la comunidad se convierte en sociedad, cuando las motivaciones de quienes la componen no se sustentan en el sentimiento o el afecto sino en el cálculo. Hablar en tal caso de «nación» es disparatado y absurdo. La ruptura emocional entre España y Catalunya es un hecho y nada podrá recomponerla. Ni la «conllevancia» orteguiana es ya aceptable. No lo fue nunca, pero ahora resulta repulsiva. Nadie que jalee a unos bárbaros apaleando a gente indefensa y pacífica puede aspirar a tener vínculos sentimentales, emocionales, con las personas apaleadas. No existe comunidad alguna de sentimientos con quien te complaces en ver humillado. Es absurdo esperar lealtad alguna a un imaginario proyecto común de una gente a la que se obliga a participar en él en contra de sus inclinaciones e intereses.

Cuando no es posible reconstruir una hipotética unidad que se ha roto definitivamente, lo mejor es encontrar una solución negociada, pactada, civilizada. En el conflicto entre España y Catalunya suele llegar un momento en que se echa mano de la metáfora del divorcio. A veces se dice, asimismo, que es poco afortunada, ya que las relaciones entre las dos naciones no son equiparables a las de dos cónyuges, puesto que intervienen muchos otros factores. Esta objeción es digna de tenerse en cuenta, pero no obliga a prescindir por entero de la metáfora porque si esta no consigue aclarar la totalidad del conflicto, sí parte de él y nada desdeñable. Hay muchas semejanzas. Así, por ejemplo, en el punto de la ruptura en las parejas, no es infrecuente que la parte más fuerte o con mayores recursos trate de impedirlo forzando a la otra de una u otra forma. Y tampoco es infrecuente que justifique su negativa y su insistencia en no permitir a esta que consiga su libertad invocando para ello su mucho amor. Reprimo porque amo. Es como si los españoles que tratan de convencer a los catalanes de que no se independicen a base de mostrarles a palo limpio cuánto los quieren estuvieran recitando el famoso verso de Catulo: «Odi et amo».

La autodeterminación es la consecuencia de la existencia de la nación catalana y sus consiguientes derechos. El elemento decisivo, la prueba incontrovertible es esa, la existencia de la nación catalana. Y por eso también fue la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010 la que zanjó con toda claridad el conflicto España-Catalunya en términos claramente desfavorables a esta última. Al negar el Tribunal Constitucional que la consideración de Catalunya como nación pudiera tener efectos jurídicos estaba negando sin más la existencia de esa nación catalana, con una olímpica indiferencia acerca de las consecuencias de una decisión tan inepta. Los magistrados que dieron en esta flor estaban obviamente convencidos de que esta condición nacional puede rechazarse, no suspenderse o relativizarse, sino negarse de cuajo, excluirla de la realidad a base simplemente de prohibirla por la vía judicial, como si fuera un delito y no una voluntad colectiva de ser y de ser de una forma determinada a lo largo del tiempo. Las consecuencias del pronunciamiento del Tribunal en cuestión prueban abundantemente que los más refinados análisis jurídicos tienen el mismo valor que los conjuros mágicos de los pueblos primitivos para neutralizar las apariciones sobrenaturales.

¿De dónde venimos?

Es muy habitual acudir a la historia en busca de fundamentos para defender una teoría u otra, esto es, para defender que Catalunya sea una nación o para negarlo. En todo debate sobre destinos colectivos, el recurso a la perspectiva histórica es importante. Tratándose de naciones, es esencial, por cuanto estas se forjan en ella, pero no lo es tanto como tribunal ante el que quepa dirimir una controversia. Es fundamental, sin duda, para adornar, respaldar o refutar una idea, una doctrina, un programa, pero nada de lo que se invoque en la historia puede servir para mostrar la necesidad o inevitabilidad de unos postulados u otros. Sostener que Catalunya no tiene derecho de autodeterminación porque, según muestra la historia, nunca antes fue independiente es una de las objeciones más frecuentes y más estúpidas al mismo tiempo. Aplicando este criterio, ningún país independiente del mundo tendría derecho a la independencia, pues ninguno fue independiente antes de ser independiente. Por supuesto, al hablar del pasado, tratamos de realidades de hecho, no de derecho. Pero ¿quién dice que no cabe aplicar el mismo criterio a las realidades sobrevenidas?

Se dirá que este enfoque es absurdo, porque no se está hablando de los momentos oscuros y primigenios del pasado en que se constituyeron los Estados en el curso de la historia. Esta es turbia y cruel como la mesa de un matadero, de acuerdo con la célebre definición de Hegel, y no una sucesión ordenada de sucesos. Se trata de los momentos excepcionales en la vida de los pueblos en que estos se dividen, se separan, se escinden. Como dice la Declaración de Independencia: «Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario a un pueblo romper los lazos políticos que lo unen con otro…», etc. Para llegar a esa conclusión, un pueblo no necesita disponer de los condignos antecedentes históricos, sino que le basta con ser un pueblo consciente de serlo y saber que es un derecho que le reconocen «las leyes de la naturaleza o de Dios» en la terminología del siglo XVIII o que emana de esa propia conciencia de ser un pueblo, como decimos en el siglo XXI. Conciencia y voluntad de ser.

La variedad de ejemplos históricos es infinita. Escocia había sido independiente antes de formar voluntariamente una unidad con Inglaterra a comienzos del siglo XVIII, y de querer deshacerla de nuevo en el siglo XXI, sin conseguirlo de momento. Los Estados Unidos no lo habían sido nunca. Países como Polonia, Finlandia, Islandia, Noruega, los bálticos, Islandia, Portugal, etc., muestran la infinidad de variedades en los procesos independentistas, negociados, pactados, unilaterales, violentos, pacíficos, repentinos, graduales. No hay un modelo ni puede haberlo y suele suceder lo no previsto.

No hay leyes de la historia que nos permitan enjuiciar los acontecimientos de acuerdo con criterios normativos de ningún tipo. La historia es arbitraria e impredecible como producto de la voluntad humana y solo de la voluntad humana, esencialmente caótica. No genera derechos, no porque no haya motivos que quepa aducir para justificarlos, como el uso de una lengua, la ocupación de un territorio, la conquista de otro, etc., sino porque no existen mecanismos ni órganos capaces de defenderlos y arbitrar entre ellos por consentimiento general y a satisfacción de todos. Es frecuente que los órdenes que han querido verse como más permanentes e inmutables hayan sido los menos duraderos y, a la inversa, arreglos transitorios hayan durado más de lo previsto.

Eso lo sabe muy bien el resto del Imperio español. La constitución de este en el siglo XVI se hizo invocando unos derechos de conquista en nombre de Castilla y de España que el resto de los países europeos, singularmente Inglaterra, no reconoció. Esa ausencia de reconocimiento se hizo patente cuando, a raíz de la independencia de los Estados Unidos (cuyos partidarios pensaban estar luchando por la liberación del continente entero), también se puso en duda el derecho de conquista de la América española. No obstante, como las modas y las corrientes toman su tiempo para extenderse, sobre todo en épocas sin telecomunicaciones, mientras la conciencia independentista americana encarnaba en las colonias del resto del continente, este envió representantes a las Cortes de Cádiz de 1812 que habían de redactar la Constitución de aquel año, la Pepa, como documento fundamental de España y sus colonias y fundacional del nuevo reino, cuando fuera liberado de los franceses. De ahí que el texto, como es fama, hable de los «españoles de ambos hemisferios», reconociendo a los de allende los mares igualdad de derechos con los peninsulares. La Constitución antifrancesa hablaba un lenguaje afrancesado y reconocía por primera vez la idea de la nación española, de la que formaban parte por igual los españoles europeos y los americanos.

Es paradójico que el momento de primera formulación de la nación española coincida con el comienzo de emancipación de la América hispana. La Conspiración de Querétaro, que abre el camino a la independencia de México, es incluso anterior, de 1810. El mismo año del «grito de Dolores» del cura Morelos, animando a los mexicanos a sublevarse contra los españoles en nombre de Fernando VII. En sus comienzos, los fenómenos históricos suelen ser confusos. Los españoles del otro hemisferio, representantes de los virreinatos de Buenos Aires, Nueva España, el Perú, Santa Fe, y de las capitanías generales de Chile, Cuba, Filipinas, Guatemala, Puerto Rico, Santo Domingo y Venezuela en aquellas Cortes dejaban de serlo a partir de la batalla de Ayacucho de 1824.

España no reconocería la independencia del continente hasta 1836. Y ¿qué decir de los derechos de autodeterminación de los criollos que forjaron la independencia de las repúblicas latinoamericanas invocando todo tipo de motivaciones? Hubo quien se alzó para dar muerte a los gachupines, quien para guardar el trono de Fernando VII, quien a favor de los liberales doceañistas en España. Hubo de todo, como es habitual, pero el resultado fue siempre el mismo, la independencia, en aplicación de un derecho de autodeterminación originario que no se invocaba, pero se ejercitaba. ¿Quién ha exigido jamás a los independentistas de cualquier Estado o país muestra alguna de estar amparados por un derecho de autodeterminación reconocido en algún texto positivo y superior?

Los trescientos años de conquista no habían generado ningún derecho para España fuera del de la propia conquista. En contra de lo que parece a primera vista, es este un derecho de base endeble, pues, no generando ninguna otra justificación moral o intelectual, solo depende de la conservación de la fuerza suficiente para mantenerla. A la falta de títulos con que efectuó la conquista, se añadía la inexistencia de otros que hubieran podido generarse durante la colonización. Porque colonización fue sin duda. Con sus peculiaridades, como todas, pero colonización. No «engrandecimiento» o «ensanchamiento» de España, como sostiene un político de la derecha nacionalcatólica, sino colonización, entre otras cosas, porque de ser cierto el engrandecimiento que el político postula, la independencia de aquellos territorios había de traer un empequeñecimiento de España que él mismo se negará a admitir. Es difícil tomarse en serio a unos políticos que solamente dicen incongruencias.

La falta de justos títulos para las colonias tampoco se compensó con una repetición del derecho de conquista (o de reconquista) que se había invocado al principio. España no podía defender sus colonias por medios militares, como se demostró en un par de ocasiones a lo largo del siglo. Al contrario, terminado este, perdió las pocas ultramarinas que le quedaban. El Imperio quedó reducido a parte de la península ibérica, los archipiélagos y las colonias africanas. Calladamente, sin enterarse, sin recapacitar, España se resignó a perder aquel imperio en el que nunca se ponía el sol. Y como se pasó el siglo XIX discutiendo si era o no una nación e incluso sobre la aceptabilidad del concepto mismo de nación, mientras lloraba amargamente la pérdida del Imperio, ingresó en la modernidad sin idea nacional. Trató a destiempo de fabricarse una a través del franquismo y de la visión del pasado que el franquismo imponía, y cosechó un fracaso concluyente. El Imperio español se había deshecho, pero de sus ruinas humeantes no surgía una nación contemporánea, sino un remedo de nación al amparo de un Estado fallido.

He aquí un ejemplo de la arbitrariedad de la historia. Ese mismo derecho de conquista es el que esgrimieron en el siglo XIX Francia, Inglaterra y otros países europeos para justificar sus extensísimos imperios, por lo demás construidos mediante barbaries distintas de la española, pero no menores, sino al contrario, mucho mayores por venir acompañadas de métodos industriales. Lo que se negó a España en nombre de la humanidad, se permitió a otros países europeos por la muy simple razón de que estos podían imponer sus intereses a la fuerza y España no. De aquí se ha seguido que el proceso de creación de gran cantidad de naciones africanas y asiáticas haya tenido derroteros muy variados, según las peripecias de los desmoronamientos de los distintos imperios.

Es el momento de recordar un saber convencional, el de que la historia la escriben los vencedores. La que nos ocupa no es excepción. Pero tiene aspectos pintorescos. La escriben como vencedores básicamente las potencias occidentales, que dejan un subapartado poco lucido a las repúblicas latinoamericanas, invitadas al festín del vencedor, pero en las mesas del servicio, puesto que su función no fue inaugurar una nueva época de modernidad, sino colarse de rondón en esta arrastrados por los vientos de una revolución que no iniciaron ni supieron aprovechar. La derrotada en la gran contienda imperial es España, que, al querer reflexionar sobre la historia, se la encuentra ya escrita por los adversarios y en su contra, con la particularidad de que, en parte, esos adversarios son españoles nativos y el relato que producen se acabaría llamando leyenda negra.

Sin duda, la historiografía como ciencia aspira al máximo nivel de racionalidad y objetividad y, en verdad, la académica suele conseguirlo. Pero nunca del todo porque, tratándose del proceso de la voluntad humana, siempre hay un margen interpretativo. El pragmatismo universal hace que los ganadores de una contienda interpreten la realidad atendiendo a los resultados prácticos. Es inevitable que lo hagan según sus creencias, en las que una visión se impone sobre las demás por sus méritos, según criterios que todos comparten y hasta que pierdan la siguiente contienda, momento en que quizá los nuevos ganadores cambien tales criterios. Es la famosa ruptura del paradigma aplicada a la historiografía. Mientras eso no suceda, la realidad será la que los triunfadores, erigidos en conciencia de la humanidad, dibujen. Si la realidad social presente se construye culturalmente, como saben los sociólogos, con mayor motivo la realidad social pasada, como saben los historiadores. Es más, la construcción social de la realidad presente echa sus raíces en el pasado y en parte se explica por la acción de esta.

Así se explica la dualidad de la historiografía española, la doble visión que esta presenta de su pasado. De un lado, la patriótica, encerrada en sí misma, inasequible a la evidencia científica, autojustificativa, que entiende la historia como un proyecto moral católico profundamente español. De otro, la científica, que se quiere parte de aquella historiografía universal de coincidencia académica. La primera encuentra su gloria, paradójicamente, en la sublimación del fracaso histórico del país en su proyecto imperial. De forma antipragmática se dibuja la ejecutoria de España en la supuesta vocación divina de un pueblo católico, defensor de la unidad de la fe y la necesidad de defenderse de las trampas, añagazas y asechanzas del maligno luterano, protestante, descreído y enemigo de España. Esta historiografía identifica España con el programa católico, esto es, universal, y de su fracaso no sale una idea de nación, sino de nostalgia por la decadencia del Imperio.

La historiografía científica, en cambio, tiene que integrar en su relato las convenciones interpretativas que fundamenta la conciencia histórica contemporánea. Esta fabrica en cierto modo un lenguaje académico más o menos universal que tiene escasas contemplaciones con la supuesta (y frustrada) misión católica de los españoles y sus plúmbeos modos teocráticos. Desde el siglo XIX esta conciencia se entiende en clave progresista. La humanidad camina en un sentido emancipador, criterio que se mantiene al día de hoy. Si se extiende la preocupación por el cambio climático y sus posibles consecuencias catastróficas es porque tenemos confianza en que seremos capaces de ponerles coto con nuestros avances. El pesimismo es apocalíptico y el optimismo, arcádico. En el ser humano conviven el entusiasmo del corazón y el escepticismo de la razón. A lo largo de ese proyecto progresista, determinadas ideas, creencias, instituciones, etc., se interpretan como favorables a los avances y otras, contrarias a ellos. Según la función que cada agente haya cumplido en este conflicto sempiterno dual, sobre todo si lo ha hecho consistentemente a lo largo de los siglos, se obtendrá una idea y opinión sobre ese agente. Y de ahí se sigue que la historiografía académica española no pueda contradecir los juicios negativos de la extranjera. Apenas hay base para argumentar a favor de la existencia de una nación española como vehículo o portadora de algún beneficio para la humanidad. Su episodio de gloria, el por ella llamado descubrimiento de América no recibe igual tributo de veneración ni mucho menos.

Cuando, haciendo de tripas corazón, se busca algún pedestal sobre el que erigir la pretensión de una nación española, resurge también de repente la de la nación catalana que arruina su perspectiva de hegemonía. Reiterémoslo: el gran impedimento para la perfección de la nación española es Catalunya. Y no por ganas de pelea, sino porque, de acuerdo con Parménides de Elea, «lo que es, es» y no puede dejar de ser. La nación catalana deriva su derecho a ser del hecho de ser y aunque una generación entera de dirigentes, la élite en pleno de Catalunya, renunciara a su voluntad nacional y se entregara voluntariamente a merced de la nación rival, la española, como los melios se entregaron a los despiadados atenienses, la nación sobreviviría y su destino de nación independiente seguiría en pie.

Muy de ver serán los libros de historia del futuro, cuando den cuenta del conflicto entre España y Catalunya y la independencia de esta. La Catalunya triunfante escribirá la historia de la ruptura entre España y Catalunya en términos de celebración, de liberación y emancipación frente a un Estado típico del «Antiguo Régimen», momento único, sin modelos, sin precedentes. Momento que ha de entenderse también desde una perspectiva presente, existencial.

Estamos vivos

La modernidad comienza con la idea de los derechos individuales. Frente al «Antiguo Régimen», el orden republicano reconoce a los seres humanos, a los individuos como titulares de derechos. No solo admite su valor esencial y trascendental, pues eso ya lo había hecho el estoicismo y luego el cristianismo, sino que les reconoce la capacidad para defenderlo y protegerlo a través de los derechos de los que es titular. El primero de todos, el derecho a la vida, al propio cuerpo, a la persona en libertad.

Por eso repugna la esclavitud, porque es negar a las personas el derecho a ser tales, el derecho a ser. Por eso también, aunque la codicia de los seres humanos los lleve a recurrir una y otra vez a tan detestable práctica y a ocultarla bajo caprichosos nombres, la institución de la esclavitud concita la condena universal. La condenan hasta quienes la practican con el mencionado subterfugio de llamarla de otra forma. Los seres humanos somos parásitos de la naturaleza y, siendo naturales, también somos parásitos de nosotros mismos. Y muchas veces sin ser conscientes de ello. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos comenzaba afirmando que «sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad», y sin embargo, algunos de sus firmantes poseían cientos de esclavos, en una muestra evidente de un caso de disonancia cognitiva.

Por otro lado, los seres humanos solo lo somos si somos libres. Libres para decidir sobre nuestro propio destino. Libres para determinarnos. Libres para autodeterminarnos. La autodeterminación es un derecho ilimitado y no necesita más autorización para ejercitarse que la de quien se autodetermina. Como derecho no predetermina el sentido del resultado. Podemos autodeterminarnos «bien» (según unos criterios) o «mal» (según otros), pero lo importante es autodeterminarse. La autodeterminación es un fin en sí porque es la garantía de la supervivencia, ya que siempre seremos nosotros quienes sabremos mejor que nadie lo que nos interesa y no una voluntad ajena, por muy benéfica que se quiera.

Los nacionalistas españoles objetan al término ajena. Catalanes y españoles, españoles y catalanes no pueden ser ajenos unos a los otros porque forman un solo pueblo: el pueblo español. Los independentistas catalanes sostienen no ser españoles, sino ajenos a lo español; y son muchos. A su vez, entre los nacionalistas españoles algunos habrá dispuestos a reconocer el derecho de los catalanes (pocos o muchos) a no considerarse españoles. La indignación sirve de poco. Si hay catalanes que no quieren ser españoles, el asunto pasa de los afectos o desafectos al de los derechos. Así los catalanes están o no en posesión de la plenitud de sus derechos, cosa harto problemática desde el momento en que una fuerza mayor no les permite cómo y lo que quieren ser.

Al comenzar su reinado, Felipe VI pronunció un discurso, concebido en lo que él y/o sus asesores o escribas les parecería un espíritu abierto y magnánimo, como corresponde a un rey que inicia reinado. Antes esto se celebraba indultando reos condenados a galeras, dando días de asueto a los sufridos menestrales o propiciando bailes y fiestas populares. Hoy se hace con discursos como el de referencia. Entre otras cosas, el monarca renegaba del estrecho autoritarismo uniformador del sentimiento nacional en épocas felizmente pasadas. Las épocas oscuras son siempre felizmente pasadas. La actual es luminosa y, en prueba de su amplia concepción de la nación «plural» española, el rey reconocía a sus súbditos el derecho a sentirse españoles como les diera la gana. Los tres tipos de respuestas en los sondeos a «¿se siente usted más esto o lo otro?», esto es, solo catalán, tan catalán como español o solo español; los tres computan como españoles según el rey, pues hacen uso del derecho reconocido a los españoles de serlo como les dé la gana.

Del derecho a sentirse no español no se habla, porque no se reconoce, y si se reconociera, sería sin los consabidos efectos jurídicos. Los catalanes no tienen derecho a dejar de ser españoles. Los españoles, por cierto, tampoco; pero eso no es grave, dado que no quieren dejar de serlo y ni se lo plantean. Los independentistas catalanes, en cambio, sí, quieren dejar de ser (sentirse ya no se sienten) españoles. Pero no pueden porque no se les reconoce el derecho de autodeterminación.

Claro que no. Ya quedamos al principio en que si hay o no derechos colectivos es cosa que depende de diversos factores, siendo uno esencialísimo la capacidad de imponer el ejercicio de un derecho por la fuerza. Mi titularidad de un derecho en ausencia de la fuerza necesaria para imponerlo es un papel mojado. O sea, la violencia. Los derechos, como los tratados sin espadas, según Hobbes, son meras palabras. Las palabras del príncipe y las del mendigo, las del rey y el bufón valen lo mismo mientras no vayan acompañadas de fuerza de obligar. Para aclararnos, vayamos a la cuestión previa de si hay sujetos colectivos. Porque si no los hubiera, no tendría sentido discutir si son o no titulares de derechos.

Naturalmente que no hay sujetos colectivos en idéntico sentido que lo son los individuos. Estos, como su nombre indica, son indivisibles, mientras que los colectivos son divisibles; aquellos son únicos, estos, son múltiples; aquellos, mortales, estos, inmortales. Pero tienen elementos similares y análogos, lo que obliga a tomarlos en consideración. Muchas veces, incluso, son los únicos que cuentan en la acción social. Por ejemplo, igual que los sujetos físicos, los morales, jurídicos o políticos, son responsables de sus actos, que se han realizado a través de un proceso de formación de voluntad individual o colectiva, pero objetiva y real. Manifiestan esa voluntad en una forma única, aunque algunos de ellos acostumbren a dar noticia de que la voluntad mayoritaria (la única actuante) va acompañada de voluntades minoritarias, votos particulares, etc. Por tanto, son centros de imputación de responsabilidad a los que cabe dirigirse como a individuos. En realidad, los sujetos colectivos son ficciones que tienen efectos reales.

Las ficciones en que toman cuerpo los sujetos colectivos actúan de acuerdo con criterios de acción idénticos a los que rigen el comportamiento de los individuos físicos: maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas del sujeto individual o colectivo y, al revés, minimizar beneficios y maximizar pérdidas del adversario. Los partidos políticos, las empresas, las sociedades mercantiles, las iglesias, los clubes deportivos, todos son sujetos colectivos, sometidos al principio de responsabilidad por sus actos y con procesos de formación de voluntad y adopción de decisiones en todo idéntico en lo colectivo y lo individual por estar sometido a un juicio de costes-beneficios.

Entre estos sujetos colectivos, indudables titulares de derechos, ¿por qué no puede aparecer la nación?

La respuesta es inmediata: porque, siendo básicamente sentimiento, las naciones no pueden definirse legalmente y con claridad, mientras que las formas enunciadas más arriba son distintas manifestaciones de acción colectiva movida por entes que, en general, actuarán según la legislación en materia de asociaciones. La más típica de estas, el Estado, el alter ego de la nación, su complementario, sustituto, sosias incluso. El Estado es una asociación claramente definida por un ordenamiento jurídico y, en la medida en que se identifica con la nación (por ejemplo, en ese enunciado convencional y arbitrario del «Estado nación»), también habría de serlo el ente nacional. Pero, en la medida en que este es de naturaleza intersubjetiva, no tiene dimensiones objetivas ni fijas y puede tomar formas más o menos amplias, más o menos inclusivas o exclusivas, según muy diversos factores.

¿Y qué sucede con la nación española? Es la nación que quienes objetan a la existencia de la nación catalana reputan como única existente en España. España es el término que abarca la nación española, coincidente con el Estado español. Este es fácil de definir legalmente; pero esa facilidad, como decimos, no se traslada a la nación, ya que dentro del Estado español hay otras naciones no españolas, con independencia de que el Estado las reconozca o no y los historiadores les den la importancia que tengan. No hay, pues, una nación española coincidente con un Estado español, sino un Estado en el que coexisten varias naciones, de grado o a la fuerza y que se considera coincidente en espíritu con una de las naciones, la castellana y la hace predominante a base de llamarla española.

Entonces, ¿resulta que la nación española se define solo por su Estado? Los nacionalistas españoles se ofenden. La nación española, mire usted, es más que su Estado, mucho más. Es la cúspide de una imaginaria escala que empieza abajo con un gobierno alternante y pasajero por democrático, pero siempre profundamente español. Más arriba se encuentra la majestad del Estado español, permanente, Estado soberano de derecho, inmutable en su justicia, que ampara a los sucesivos y transitorios gobiernos. Y más arriba aún, en una zona envuelta en las iridiscencias celestiales, como la escala de Jacob, se encuentra la nación española. No es el Estado el que define la nación, sino la nación la que define el Estado: nacionalcatólico, una pizca hierocrático, oligárquico, caciquil, autoritario, centralista, enteramente español, con vocación de perpetuar el Antiguo Régimen en la era del Estado de derecho. Tal es la intención que trasluce el frecuente ayuntamiento que hace el rey Borbón con dos conceptos antitéticos: la monarquía y la democracia o la sempiterna jaculatoria de los partidos dinásticos de la tercera restauración: un «Estado de derecho homologable al de los vecinos».

La nación española se quiere más allá de su Estado, siempre será fácil definirla en fríos términos jurídico-políticos. Es más, es un sentimiento, una imprecisa conciencia de comunidad. Claro. Como todas las naciones, como la nación catalana. La nación española (si acuerdo hubiere en cuanto a sus dimensiones) no es más ni menos que las demás naciones. Ni más ni menos que la catalana. No es justo que tenga más o menos derechos que la catalana. ¿O no tenemos los catalanes derecho a profesar ese sentimiento comunitario igual que los españoles? ¿O hay una escala de los sentimientos en cuanto a su nobleza o profundidad?

Cuando se trata de derechos, recuérdese, interviene el Estado: no, los catalanes no tienen ese derecho porque la ley y la Constitución, aunque no lo prohíben expresamente, tampoco lo permiten. Se plantea el sempiterno problema de qué sea lo permitido, si aquello que está expresamente permitido o aquello otro que no está expresamente prohibido. La primera actitud es restrictiva y autoritaria; la segunda, amplia y democrática. Pero la realización de una u otra es una cuestión de correlación de fuerzas. El círculo de prohibiciones se cierra con una jurisprudencia que sí niega ese derecho dado que no reconoce a Catalunya condición nacional a efectos jurídicos, como zanjó el Tribunal Constitucional en la mencionada sentencia del 28 de junio de 2010.

Así que la nación española será más que el Estado si los nacionalistas españoles lo dicen, pero no se nota. Se nota lo contrario, esto es, es el Estado el que decide los límites de la nación y su alcance. El discurso nacional español es falso. La nación no solo no desborda el Estado (cosa que haría posible lo impensable: que el nacionalismo español coincidiera en algo con el catalán), sino que lo usa como escudo, se refugia tras él y ataca con él. Puede que haya sentimientos, pero son guerreros.

Por eso, la respuesta de la nación española al independentismo catalán ha sido poner en marcha la maquinaria legal, la legislación, la acción administrativa represiva, los tribunales, las cárceles. Se ha mostrado incapaz de plantear un diálogo de igual a igual entre dos naciones, un diálogo en la esfera pública, una panoplia de acciones colectivas e institucionales para negociar una solución satisfactoria para las dos partes. Se ha revestido de la armadura y ha acometido el conflicto en términos agresivos y represivos que no conducen a nada en su favor, pero sí a perjuicios innecesarios al adversario, al que no se está en situación de derrotar definitivamente.

El enfrentamiento entre España y Catalunya suele analizarse sobre el trasfondo de una supuesta diferencia de los gobiernos de la primera en relación con la segunda. Tradicionalmente ha gozado de buena prensa la idea de que los gobiernos de izquierda (PSOE) son más favorables a lo catalán que los de la derecha. Algo de esto hubo en el pasado, al comienzo de la Transición y luego con el Estatuto de 2006, pero el uso, si llegó a haberlo, se ha perdido in translation. En la actualidad, no hay más diferencias entre los gobiernos del PP y el PSOE en relación con Catalunya que las retóricas. Los socialistas hablan de medidas políticas negociadas, etc., pero siguen la práctica de judicialización que critican en el PP: tan dispuestos están los unos como los otros a aplicar el artículo 155. Tanto que una de las opciones, verosímiles a juzgar por lo poco que se habla de ella, es un gobierno de «gran coalición» PP-PSOE, con el que sueñan muchos dirigentes del PSOE.

No obstante, algunas diferencias, preciso es reconocerlo, siempre hay. Y siempre desfavorables al PP, cuyo parecido con una asociación de malhechores es metáfora acuñada por los jueces. A raíz de las inconclusas elecciones generales de 2015, Rajoy siguió gobernando en funciones, al postergarse anormalmente la investidura. Durante este periodo, su gobierno se negó a ser controlado por el Parlamento aduciendo que, no habiendo sido investido por él, no contaba con su confianza y no estaba obligado a rendirle cuentas. El cerebro que concibió este dislate en contra de la ley positiva, la natural, la divina si la hay, los usos, las costumbres y el puro sentido común fue el de la vicepresidenta del gobierno, convencida en su alma burocrática, de haber alumbrado una genialidad estilo Kelsen. Dos años y medio más tarde, el Tribunal Constitucional resolvió por unanimidad un recurso que había presentado la oposición en pleno ante esta granujada sosteniendo que el gobierno había infringido la ley al actuar durante diez meses sin control parlamentario.

Lo de menos aquí es lo grotesco de la situación, teniendo en cuenta que la artífice de la pifia ejerce como miembro del Consejo de Estado, un órgano de asesoramiento del gobierno que es quien la ha nombrado para el puesto, o el problema que se plantearía en cualquier país civilizado de qué valor tengan unas decisiones adoptadas por un gobierno ilegal. Una banda de ladrones gobernando también sería ilegal. Lo que la sentencia del Tribunal Constitucional deja claro es que, al menos en esos diez meses, de marzo de 2016 a enero de 2017, la banda de ladrones ejercía a ambos lados de la raya divisoria entre buenos y malos, entre policías y ladrones. Y a ese contubernio de hampones llaman Estado, pues están acostumbrados a vestir con grandes palabras las miserias de sus latrocinios tribales. En realidad, el gobierno de la derecha llevaba así años, como todo el mundo sabía, pero estos diez meses nos los certifica un tribunal: diez meses gobernados por unos individuos al margen o en contra de la ley en un Estado del siglo XXI.

Precisamente los mismos que exigen a los independentistas catalanes acatar la norma legal porque dicen que la democracia descansa sobre el cumplimiento de la ley. No es verdad porque las dictaduras y las tiranías también tienen leyes, pero no vamos a discutir ahora por asunto tan nimio. Aceptamos que hay que cumplir la ley. Pero ¿qué ley? La ley del embudo, la misma ley que incumple sistemáticamente quien exige al otro su cumplimiento. Quien se salta la ley no puede obligar a otro a cumplirla, no porque no esté legitimado para ello, pues esto, con ser importante, no sería suficiente, sino porque físicamente no puede, pues, al haber incumplido la ley, sin duda será sancionado con ello con inhabilitación. Otra cosa es que algo así sucediera en un Estado carente de la verdadera condición de tal por ser un Estado fallido a fuer de corrupto. Pero, en tal caso, tanto da discutir sobre derechos o falta de derechos. San Agustín dice que un gobierno sin justicia no es más que una banda de ladrones. Pero también dice el obispo de Hipona que hasta las bandas de ladrones han de tener alguna forma de justicia interna pues, de otro modo, desaparecerían. Justamente, en un Estado fallido como España, ni los ladrones se hacen justicia entre sí. El grado de inseguridad jurídica a que el anticatalanismo combatiente obliga al Estado español afecta incluso a las propias fuerzas nacionalistas españolas, incapaces de encontrar alguna forma de entendimiento.

La aplicación del artículo 155 y factores concomitantes fue un golpe de Estado. Y un golpe de Estado que, por sus características, trae raíces de otros anteriores. Quienes lo cometieron son los que dieron otros en el pasado o se beneficiaron de ellos. El gobierno del PP puso al frente de la operación represiva policial contra la gente el 1-O al teniente coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, quien se había presentado voluntario el 23 de febrero de 1981 para sumarse al golpe de Estado de Tejero. El historial de este siniestro personaje es el de un fascista a tiempo completo, que había comenzado su carrera política como peón de Fuerza Nueva, organización en la que militaban su padre y su hermano mayor. Caben pocas dudas sobre las intenciones de quienes ponen la defensa de la democracia en manos de personas que no creen en ella, sino en la dictadura. Y las pocas que caben se disipan de inmediato al ver que el mismo gobierno ya había designado como presidente del Tribunal Constitucional al hermano mayor, el también militante en su tiempo de la fascista Fuerza Nueva y posteriormente del PP. Golpistas y beneficiarios del golpismo no pueden defender la democracia sin convertirla en un patio de cuartel.

El debate sobre si España es o no un Estado de derecho no se agota solamente en las cuestiones formales y materiales (instituciones, mecanismos, estructuras) en las que no sale especialmente bien parada, sino que debe abarcar un aspecto que normalmente se oculta y de mala fe: el del personal que lo administra. Después de cuarenta años de un gobierno de delincuentes franquistas, toda la Administración del Estado (tribunales, Parlamento, ministerios, Administración local, etc.) estaba repleta de gentes leales al régimen en el que habían prosperado. Al no hacerse depuración alguna a raíz de la Transición, los poderes del Estado y las organizaciones oficiales de todo tipo (ejército, policía, jueces, universidades, medios de comunicación), todo quedó en manos de franquistas que han venido haciendo lo posible por disimular sus prácticas corruptas y autoritarias bajo el manto de un Estado de derecho que no existe en la realidad de la acción práctica.

La señora Mariscal de Gante, magistrada del Tribunal de Cuentas, hija de un magistrado del Tribunal de Orden Público franquista y exministra de Justicia en un gobierno de Aznar ha sido la ponente de una decisión del Tribunal por la que se confisca el patrimonio de varios adversarios políticos del partido de la magistrada, Artur Mas, Joanna Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. «Justicia» contable del partido político. ¿Qué tiene que ver esto con un Estado de derecho? Se trata de una práctica confiscatoria de los enemigos por parte de una oligarquía franquista incrustada en el Estado. Obviamente, es un sarcasmo que políticos del partido que más ha robado individual y colectivamente en la Transición procedan ahora por malversación contra sus adversarios. En realidad, es un verdadero delito. Y llamar a esto Estado de derecho y democracia, como hace la izquierda española, es hacer el juego de la derecha más corrupta del continente europeo.

No hay nación española ni nada que se le parezca. Hay un Estado español heredero de la dictadura de Franco y que, bajo el disfraz de una ridícula constitución, es administrado por la misma casta de franquistas que el régimen anterior. Es este Estado español el que habla cuando debiera hacerlo la nación. Y es el Estado el que sostiene contra toda evidencia que la nación española ya se ha autodeterminado al votar en referéndum la dicha Constitución.

Nada cuesta tomarle la palabra. Si la nación española puede autodeterminarse, también puede la catalana. Si la nación española exige a la catalana que se defina, también puede exigírselo esta a la española.

II. La nación

II. La nación

«El Corpus de Sangre», de Antoni Estruch (1907).

La historia es el cauce que el río de la vida se abre a sí mismo.

FRIEDRICH HEBBEL

La historia hacia arriba

Las naciones se hacen en su historia y la historia es la sucesión de las generaciones de los seres humanos que, según Homero, somos como las hojas de los árboles: aparecen, lucen, contribuyen a fortalecer el tronco y mueren. Es un árbol, una imagen muy querida para quienes ven la nación como un organismo vivo que se renueva constantemente. También hay quien, como Burke, ve en ella un pacto, un vínculo entre los vivos y los muertos. O, como Goethe, un diálogo entre vivos y muertos. La idea de pacto, de contrato, nunca anda lejos de la de nación. Pues, ¿qué era el arca de la alianza sino el símbolo de un pacto entre Dios y su pueblo, el pueblo elegido del que quizá pueda decirse que haya sido el primero en la historia en mostrar algo muy parecido a la idea nacional?

Las naciones toman conciencia de sí considerándose a lo largo del tiempo. Se hacen en la historia, considerada esta como, con abrumador alcance poético, señala Shakespeare de la vida: «Un cuento lleno de ruido y de furia contado por un idiota y que no significa nada». Una tan radical invocación del nihilismo rebosa con mucho la longitud de onda moral o intelectual que la mayoría de los mortales poseemos. La inmensa mayoría estamos condenados a la acción y dispuestos a deponer las cuestiones metafísicas en favor de otras pragmáticas de muy diferente alcance. Nos gusta pensarnos como personas, como miembros de una familia, un grupo, una tribu, una nación, sentirnos parte de una vida colectiva que nos es tan importante como nuestra vida individual.

La nación coincide con la imagen de la nación y esta se manifiesta y evoluciona con el paso del tiempo. Al tomar conciencia como nación, esta se interpreta a sí misma. La visión retrospectiva de la historia de Catalunya se presenta como una línea ascendente y es entendida como marcha hacia la realización, al ser. Se identifica una incipiente conciencia catalana que posteriormente se considerará «conciencia nacional», pero que aún no lo sabe. Hay un sentido de identidad que lucha por mantenerse, pero todavía no se reconoce. Ese germen es el que se cultiva y crece a través de las sucesivas generaciones, cada una de las cuales trasmite el legado de las anteriores en cumplimiento del pacto señalado.

La visión ascendente de formación de la nación se ajusta a la ideología del progreso, dominante en la historiografía moderna. Al fin y al cabo, moderna solo quiere decir que es de hoy, al modus hodiernus. Y se ajusta más si cabe a lo largo del siglo XIX, cuando coinciden dos tipos de fenómenos distintos pero concomitantes. De un lado, el desarrollo de la sociedad burguesa, que tiene lugar en Catalunya y el País Vasco, pero no en el resto del país. De otro, el reconocimiento de que el nuevo sujeto histórico, la burguesía, tenía derecho a una genealogía, privilegio que hasta entonces había estado reservado a la realeza y la nobleza. También la burguesía, la clase de los commons, tenía derecho a un árbol de familia, una estirpe, una prosapia. Y estas no de los individuos aislados, ni siquiera de las familias (con todo y ser muy importantes en la nueva sociedad), sino de la colectividad en su conjunto, esto es, de la nación. La nación que había emergido como sujeto político en la revolución francesa en cuanto conjunto de la ciudadanía titular de derechos frente al monarca.

Esa genealogía es la nación. El siglo XIX es el de los nacionalismos y en él emerge el catalán, a través de la recuperación cultural. Dado que la cultura está ahí antes del surgimiento de la conciencia nacional, frecuentemente la nación que comienza a hablar no lo hace de su nacimiento, sino de su renacimiento. El ejemplo lo dan los italianos con el Risorgimento, que se convierte en la Renaixença en Catalunya y el Rexurdimento en Galicia. La idea es aproximativa a la que trasmite el «Renacimiento», solo que este tiene una referencia clara y abundante en la Antigüedad clásica mientras que aquellos han de bucear en tiempos pasados oscuros y con muchas lagunas. Es el nacionalismo que busca ennoblecer sus orígenes en leyendas brumosas que son la fuente del Romanticismo, un estilo de vida y de arte que vivía de luchar precisamente contra aquello que lo hacía posible en un sentido material: la industrialización. La conciencia romántica acabó pereciendo frente al positivismo de una próspera burguesía cuyos gustos se veían más satisfechos con el naturalismo y el realismo. Y lo romántico puso su mundo de remotas mitologías al servicio de concepciones irracionales, étnicas, fabulosas, pero esa es ya otra historia y con ramificaciones menos risueñas.

El sentido de la recuperación de la cultura, en la versión burguesa ordinaria se limitaba a la de dar un principio de legitimidad para la acción propia de una clase que configuraba la sociedad a su imagen y semejanza. Ese resurgimiento nacional se produce a mediados del siglo XIX como una recuperación de la cultura que la misma burguesía había abandonado al aceptar la castellanización de la Nueva Planta. La Renaixença, los Jocs Florals marcan un cambio de rumbo en el sentido de la recuperación de las esencias. La vuelta al pasado de la cultura catalana sirve de trampolín de las primeras formulaciones políticas catalanistas. El futuro se teje reverdeciendo el pasado.

Las Bases de Manresa de 1892 sientan plaza de primer ensayo de constitución catalana de la época moderna y, en todo caso, del catalanismo político. Pero, este, a su vez, viene prefigurado en el primer congreso catalanista de 1880 donde, a su vez, confluían distintas corrientes políticas federalistas, autonomistas y culturales, como los Jocs que traen causa de la Renaixença anunciada en la Oda a la patria, de Bonaventura Carles Aribau (1833). Así que esa trayectoria ascendente en la conciencia nacional viene de atrás y mezcla acción política y acción artística y teórica. Es decir, sienta las bases de la «nación cultural», concepto que suele usarse en antropología y otras ciencias para significar agrupaciones humanas unidas por vínculos no jurídico-estatales. Una nación cultural es una nación sin Estado. No es una nación política. Esa distinción entre nación cultural y nación política dará mucho juego en el futuro para negar los derechos de las naciones que no cuentan con una armazón jurídico-política para protegerse.

Pero ¿quién decide esta distinción? La admitida como nación cultural ¿no puede convertirse en política? ¿Está condenada a ser nación cultural hasta el fin de los tiempos? Y la política, ¿no puede revertir curso y convertirse de nuevo en cultural? Esta segunda hipótesis no nos interesa. Nos interesa saber por qué motivo una nación cultural no puede convertirse en política, esto es, disponer de su propio Estado.

Es verdad que el Estado del que esa nación cultural forma parte tenderá a no admitir razón alguna para que esta se transforme en política y pretenda ser soberana o separarse de ella, porque siempre es una pérdida. Pero aquí aparece una diferencia fundamental entre Estados. Unos, como el Canadá y el Reino Unido, admiten alguna razón de las naciones separatistas, quebequesa y escocesa, y permiten la celebración de referéndums de autodeterminación en los dos territorios. Otros, como España, no encuentran válida ninguna razón de las que esgrime la nación independentista y se niega a admitir un referéndum de autodeterminación por razón de principio. Los catalanes no pueden decidir sobre sí mismos por su cuenta. Han de hacerlo, si acaso, al alimón con todos los españoles, pues se parte del hecho de que los catalanes son españoles, quieran o no.

Así que ¿quién decide si una nación cultural puede o no ser política, es decir, puede o no disponer de su propio Estado? ¿No será la propia nación? ¿Hay alguien más autorizado para hacerlo? Quizá haya alguien con más fuerza, pero no con más razón. Y esa contradicción es la que estamos obligados a resolver para justificar el derecho a ser de la nación catalana.

Las Bases de Manresa son el inicio de la nación política catalana, articulada formalmente como un proyecto de constitución de una región con muy alto nivel de autonomía. Eran los inicios. Se reclamaban las instituciones tradicionales catalanas y el obispo Torras y Bages, allí presente, se cuidó de que el catalanismo político tuviera una vocación católica. En definitiva, las Bases de Manresa articulan políticamente por primera vez el ideal de una república catalana del que saldrían luego todas las corrientes del nacionalismo y el independentismo catalanes.

Recuperada la nación, lo lógico era que se convirtiera en un Estado. Al fin y al cabo, Catalunya había pasado casi todo el siglo XIX en esta efervescencia de restitución nacional en una vivencia de ese proyecto ascendente propio, compatible por lo demás, pero diferenciada, de la vivencia nacional española. La existencia de un poderoso movimiento carlista catalán, mantenido a lo largo de las guerras carlinas, lo prueba. Catalunya vive el proceso político español (liberales y carlistas/conservadores, un clásico) al tiempo que el suyo propio. El uno se entrelaza con el otro, pero el catalán se orienta a una separación progresiva del español en la medida en que busca su propia articulación política. Por ejemplo, es conocido el episodio en el que la Lliga Regionalista se divide en 1904 a raíz de una visita de Alfonso XIII a Barcelona. El sector progresista reprochaba a Cambó, el fundador del partido, que, contradiciendo el parecer de este, mostrara su sumisión a la política española. Se cumplía una vez más el vaticinio, producto de la experiencia, de que el nacionalismo catalán muy ardiente en sus comienzos, acaba aceptando siempre alguna forma de componenda con el Estado central de la que, sin duda, se extraerá alguna ventaja para Catalunya, aunque sea moderada y de poco vuelo.

Son altos y bajos en ese proceso complejo doble, esa dualidad catalana entre la historia de España, que vive como parte cada vez más separada y la intrahistoria de Catalunya que ha acabado ocupándolo todo en su pulsión por la independencia, como un espíritu del tiempo, un Zeitgeist que lo impregna. Desde los actos públicos de todo tipo a la vida privada cotidiana, todo se entiende en ese espíritu, algo que los españoles interpretan mal cuando se trata de lo público e ignoran por entero cuando es privado porque, además, malhaya, ese ámbito privado se expresa en otra lengua. La lengua de la intrahistoria catalana, forzada a la ocultación, al disimulo, para sobrevivir y a veces abandonada por sus hablantes naturales por un prurito de falsa modernidad; la lengua de la nación.

Catalunya era una poderosa realidad cultural en el siglo XIX, así admitida hasta por los pensadores españoles más reaccionarios. Otra cosa es que se aceptara que tal realidad cultural se convirtiera en un sujeto plenamente político. Marcelino Menéndez Pelayo, gloria del pensamiento católico a fuer de español y español a fuer de católico, estudió en Barcelona con Milà i Fontanals, a quien profesó veneración toda su vida y por quien se convirtió en adalid, paladín de la cultura catalana. Y al tiempo sostenía el principio de la unidad tridentina española y abominaba de cualquier intento separatista, que no regionalista en un sentido que ya no coincidía con el que sus maestros estaban atribuyéndole.

Se da así una asimetría: España vive su propia historia (el cómo es otro asunto), más o menos «ensimismada», según decía Ortega, sin saber nada de Catalunya y su intrahistoria salvo cuando estalla algún conflicto que suele resolverse mal para la última y, en el fondo, peor para la primera porque ahonda el abismo que pretende rellenar. En cambio, Catalunya, viviendo su intrahistoria a la par que la historia de España, está mucho mejor informada sobre esta y se vale de ese superior conocimiento para una política de vaivén entre un poder débil y un poder fuerte.

La búsqueda de la nación política y el Estado propio no cesa. De las Bases de Manresa y la efervescencia político-cultural posterior surge en 1914 la Mancomunitat de Catalunya, agrupando las cuatro diputaciones. Su acción, básicamente administrativa. Su vocación evidente, política. Era una antesala de un Estado catalán, peligro que el general Primo de Rivera deshizo al modo castrense mediante una dictadura militar que dejó fuera de juego aquella institución, además de adoptar otras medidas represivas en un territorio rebelde en perpetua confrontación con el Estado español. En 1906, el episodio del ¡Cu-Cut! trajo la barbaridad de la Ley de Jurisdicciones y la Semana Trágica de Barcelona, el fusilamiento de Ferrer i Guàrdia en 1909 a pesar de la campaña internacional en su favor.

El Estado se hace presente en Catalunya por lo civil para recaudar impuestos y administrar justicia (dentro de la peculiaridad del derecho civil catalán) y por lo militar, para reprimir. Y Catalunya se hace presente al Estado, surge de su intrahistoria, cuando hay algún conflicto que la autoridad considera necesario reprimir. Sometida, Catalunya existe en su intrahistoria, pero esa existencia es desconocida para España cuyo principio, profundamente erróneo, es que, para destruir algo, basta con prohibirlo. De esta forma, cuando, confiada en su prohibición, España se tropieza con Catalunya sin saber de dónde viene, vuelve a interpretarla mal por el «sostenella y no enmendalla», rasgo castizo de la raza. O sea, al precipicio.

La nueva formulación política del nacionalismo, la Mancomunitat es, sin duda, una figura jurídica válida y ordinaria. No son infrecuentes las mancomunidades de municipios, de diputaciones, con unos u otros fines. Si la catalana molestaba a la oligarquía hasta el extremo de hacerla desaparecer era por su actividad y sus fines que, animados por el espíritu de la Lliga, apuntaban siempre en la dirección de la autonomía política o la independencia como lejano programa máximo.

Lo interesante del nombre mancomunidad es la aparición del concepto de comunidad, forma de asociación no política dotada de unos vínculos especiales que Tönnies analizaría exhaustivamente en su célebre contraposición entre comunidad y sociedad. Aquí nos quedamos con la comunidad y su carácter de vinculación orgánica, cultural, sentimental, simbólica. Con estos parámetros tanto daría llamarla nación. Y ese es el sentido en que se entiende aquí la comunidad, resucitado hace relativamente poco a través de una teoría política de reciente cuño que se considera a sí misma comunitarista. Desde el momento en que esta concepción de la comunidad determina el sentido de los fundamentos mismos de la teoría política, como la libertad, la justicia, el bien o el buen gobierno, ¿por qué no iba a ser determinante de los aspectos nacionales?

La comunidad es una realidad material y espiritual entreverada, intercalada, taraceada, con motivos yin-yang en que lo material se hace espiritual y a la inversa. Es una realidad, además, intersubjetiva porque depende del significado que damos a las cosas y las relaciones, un mundo vital, un Lebenswelt, un ámbito de experiencias compartidas en infinidad de relaciones entre ellas que tiene sentido por acuerdo y convención. Un mundo cuya supervivencia depende de la comunicación entre los seres humanos. La comunidad es comunicación. La sociedad también. Y la política. Pero en estos dos últimos la comunicación no es espontánea, natural, intuitiva y sentimental, sino formal, basada en el interés y el poder.

La comunidad presupone unas relaciones afectivas y una comunicación abierta en busca del bien general. Nos hacemos personas en la comunidad y contribuimos a perpetuarla. Edificamos nuestra personalidad y nuestras vidas a base de discernir entre propuestas éticas distintas, adoptando unas y excluyendo otras a lo largo de procesos comunicativos que son la base de la acción social. En consecuencia, la exclusión de la comunicación es una excomunión, una expulsión de la comunión, de la comunidad. Un ostracismo.

La comunidad está basada en la comunicación. La comunicación depende de la existencia de una lengua común.

La nación es la lengua

La lengua es un elemento esencial de la nación. Herder las hacía sinónimas, y Fichte. La lengua es nación. En términos menos apodícticos, cabe considerar la lengua como la correa de transmisión de significados entre generaciones y, siendo la nación la conciencia de sucesión de generaciones, la lengua la articula y es el mecanismo, la posibilidad de comunicación entre generaciones.

A su vez, la lengua escrita es el vínculo objetivo perfecto. En ella toma forma, se materializa la continuidad del Lebenswelt o el mundo de los significados, transmitidos por la escritura, el fundamento de esa realidad que es objetiva (lo escrito escrito está) y subjetiva (pero es siempre interpretable) o, en conjunto, una realidad intersubjetiva, que es el entramado real y simbólico que constituye la vida humana. Lo subjetivo se hace invisible cuando se generaliza, pero, por eso mismo, alcanza una dimensión objetiva, institucional.

Las lenguas escritas suelen proceder de los grafismos prehistóricos que son los primeros símbolos o muestras de una cultura espiritual. Esta es la interpretación de la materia. El ser humano se entiende a sí mismo y a los demás a través de las representaciones gráficas y el intercambio, las relaciones surgen de la acción y reacción sobre ellas. De esta forma, la lengua y la conciencia van inseparablemente unidas y la cuestión de cuál precede a la otra es muy discutida, aunque con escasas perspectivas de resolverse. La existencia de unos mecanismos profundos que explican la competencia lingüística de los seres humanos, como sostiene la gramática generativa, no aclara el origen de esa competencia sino solo su modo de funcionamiento, pero la cuestión de si somos humanos porque hablamos o hablamos porque somos humanos sigue siendo irritantemente circular.

Una vez alcanzada la humanización, por así decirlo, a través del habla, la cuestión se complica porque la lengua se subdivide en idiomas. La naturaleza humana es lingüística, pero la condición humana es idiomática. El mito explicativo más logrado de esta condición humana es la torre de Babel. En la tradición bíblica esta torre, de imposible erección, es un castigo de Dios por la demasía de los seres humanos que, como siempre, se muestra en el intento de asaltar los cielos, cosa que Dios impide confundiendo sus lenguas. Por eso crea los idiomas, sistemas de signos para que unos seres humanos se entiendan con otros de su mismo idioma y no comprendan a los que hablan otros. Y esa confusión idiomática no es asunto menor. Hará falta después un milagro del Espíritu Santo, como el del don de lenguas de Pentecostés para que el hablante de una lengua sea capaz de expresarse en otra que desconoce.

El idioma es la forma peculiar de hablar una lengua. Los términos lengua e idioma suelen emplearse indistintamente. Hasta los lingüistas lo hacen y es lógico, pues trabajan con conceptos de fronteras porosas. Es difícil establecer diferencias tajantes entre lengua, idioma y dialecto, pero, a nuestros efectos aquí, nos amparamos en la etimología, que es favorable al sentido que queremos darles. La raíz idios de idioma hace referencia a que se trata de algo propio, peculiar, distintivo de los hablantes. El idioma es la forma de habla de una lengua propia de un grupo concreto y por eso puede adjudicarse a cualquier colectividad, comunidad o nación.

Los territorios, los pueblos, las naciones tienen una lengua propia, un idioma, algo que les es propio. La lengua o el idioma propio de esos territorios o pueblos es la lengua o el idioma nativos, la que se habla predominantemente en el lugar. La lengua materna es la que se habla en el hogar del hablante, la privativa de él y en la que este hablante se socializa. Se llama lengua materna en sentido estricto porque es la que el hablante recibe directamente de su madre, de su entorno familiar más cercano y en la que aprende a hablar. Coincide o no con la lengua nativa del lugar, esto es, la que se habla mayoritariamente en él. De nuevo las diferencias son borrosas. Muchas veces se usan los términos indistintamente.

Aquí entenderemos por lengua materna la que el hablante recibe directamente del entorno familiar y por lengua nativa la que se habla predominantemente en el lugar de ese entorno familiar. La generalización de esta dualidad lingüística da lugar a situaciones de bilingüismo y diglosia que, a su vez, también pueden confundirse entre sí, aunque suele admitirse que el bilingüismo muestra una dualidad con relativa igualdad entre las lenguas mientras que la diglosia implica una diferencia de prestigio y consideración entre ellas.

La situación de Catalunya ha oscilado entre estas dos posibilidades, según haya sido la presión española y la reacción de la sociedad catalana, adaptándose o resistiendo más o menos a las imposiciones culturales, simbólicas, lingüísticas. La lengua materna, cuando coincide con la nativa o lengua que se habla mayoritariamente en el territorio es la base para la articulación de la conciencia nacional. También puede serlo cuando no coincide. Depende de la capacidad de la lengua mayoritaria de mantener su uso frente al mayor prestigio de la lengua impuesta desde fuera, como suele suceder con las colonias. Precisamente esta circunstancia ayuda a entender la peculiaridad de la situación colonial catalana, un caso único, que no empareja con otras experiencias. En casi todos los países en que conviven dos lenguas o idiomas se da diglosia, pero no bilingüismo porque las relaciones de poder social de ambas hablas son muy distintas. Quizá el caso que más se parezca al catalán es el de Filipinas, donde conviven el inglés y el tagalo.

El caso del castellano y el catalán viene mediado por la evolución de las relaciones históricas entre las dos entidades, Catalunya y España, hasta llegar al momento actual, heredero de una situación de diglosia durante el franquismo. La Transición no consiguió normalizarla del todo en parte por el peso de la herencia recibida y en parte por la intensa acción de las fuerzas políticas partidarias de la uniformidad castellana.

Desde el comienzo de lo que la mentalidad conservadora considera el origen histórico de España, esto es, desde el comienzo de la unión entre las coronas de Castilla y Aragón, la nación castellana se autoatribuyó la formación de la «lengua del Imperio», denominación que ya aparece en la primera gramática de la lengua castellana de Elio Antonio de Nebrija. Y así fue en verdad en todas las tierras dominadas por Castilla allende los mares. En la Península perduraron otras lenguas, singularmente el gallego, el euskera y el catalán en diferentes grados de diglosia. La parte que mayor resistencia ofreció fue la catalanohablante, propiciando que, tras la Guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta, se aplicara en los países catalanes una drástica política descatalanizadora y castellanizante. El objetivo de la dinastía triunfante en aquella guerra, la de los Borbones, era someter todas las tierras catalanas a la lengua, los usos y costumbres de Castilla.

En poco tiempo, la gramática de la lengua castellana pasó a serlo de la lengua española igual que Castilla se había transformado en España sin que hubiera sucedido nada que justificara la mutación del nombre. Al final, la «lengua del Imperio» se llamó español y se impuso en América y solo superficialmente en Filipinas. Toda América comparte nación lingüística con España, exceptuando Brasil, aunque también estaría incluido si, como se pensaba en el siglo XV, al menos hasta el Tratado de Tordesillas, el término España abarcaba las dos partes firmantes contratantes, esto es, la coronas de Portugal y de Castilla y Aragón.

La penetración del castellano o español en las tierras catalanas fue muy inferior a la del País Vasco, Galicia y, desde luego, América. La lengua autóctona de Catalunya se mantuvo, así como esa conciencia nacional avant la lettre que se arma fundamentalmente en torno a ella, aunque no solo a ella, pues contribuyen otros factores concomitantes de carácter cultural, religioso e histórico. La españolización de Catalunya, vecina de Castilla, no fue posible y la de América, sí, siendo lejana. La razón es obvia: en América se procedió a la evangelización y aniquilación de las naciones precolombinas, cosa que se consiguió en diferentes grados de eficacia según los países, pero con un grado de destrozo elevadísimo en todo el continente.

En Catalunya, obviamente, no había nada que evangelizar y la destrucción de la cultura, las instituciones, usos y costumbres tampoco porque las dos coronas, Castilla y Aragón, se consideraban iguales, de acuerdo con el famoso lema de «Tanto monta, monta tanto». Por esta razón, los Austrias preservaron una organización político-estatal de España que era cuasiconfederal, en el espíritu de la que se daba por entonces en el Sacro Imperio Romano Germánico. Solo con la Guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta, como hemos dicho, se avanzó en el intento de castellanización (llamada luego españolización) de Catalunya. España llevó a América la lengua, las instituciones y leyes de Castilla y configuró el continente a su imagen y semejanza. En Catalunya, en cambio, la imposición española fue mucho más débil. El ámbito público, de la Administración y las instituciones catalanas se españolizó en gran medida y la Administración hablaba, en efecto, la lengua del Imperio, pero eso no sucedió en el ámbito civil, privado, que siguió hablando su lengua propia y rigiéndose por su derecho propio.

Y así coexistieron estos dos sujetos políticos, España y Catalunya durante más de cien años. La «españolización» de Catalunya, entendiendo por tal su castellanización, nunca llegó a rematarse y nunca fue completa, hasta el punto de que, todavía en el siglo XXI, un ministro español de Educación, de fuertes convicciones franquistas y al servicio de la Iglesia católica, reformó el sistema educativo del país con el objetivo declarado de «españolizar a los niños catalanes», prueba de que no lo estaban.

Curiosamente, esta necedad de «españolizar a los niños catalanes» pone de relieve un problema generalmente oscurecido por el fragor de las disputas políticas sobre naciones y el derecho de autodeterminación. En concreto el que puede definirse como la disyuntiva entre «nación inclusiva» y «nación exclusiva» tratándose de Catalunya. La cuestión que se plantea con esa pregunta de los «niños catalanes». ¿Son catalanes los niños «españoles», esto es, castellanohablantes, o los que hayan de ser «españolizados»? ¿Son catalanes o son solamente españoles residentes en Catalunya? En otros términos: ¿forman parte de la nación catalana quienes viven en Catalunya y son catalanohablantes? Sí, desde luego, por derecho propio. ¿Lo son los nacidos en Catalunya con lengua materna castellana? ¿Lo son los inmigrantes, nacidos fuera de Catalunya y castellanohablantes? También lo son por convención y decisión de las autoridades que, en el tiempo actual, determinan que son catalanes todos los ciudadanos que residen y trabajan en Catalunya.

El independentismo catalán concibe una nación inclusiva que se compone de todos los inmigrantes procedentes de España, entendida como el «cuasiextranjero» en el mismo sentido que se usaba en la Unión Soviética para referirse a aquellas democracias, llamadas populares (como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etc.), regímenes socialistas erigidos gracias a la presencia de las fuerzas armadas soviéticas y considerados «naciones fraternas». E igualmente los inmigrantes procedentes de otras tierras que fijen residencia en el principado. Por descontado, este criterio de «nación inclusiva» abre perspectivas muy interesantes de políticas de integración (no asimilación) y multiculturalismo que la República Catalana tendrá que regular constitucionalmente pronunciándose por un criterio regulador de la nacionalidad, si por el ius soli o el ius sanguinis.

Los tres puntos esenciales en el proceso de socialización son la familia, la escuela y el barrio. En la familia, el niño aprende la lengua materna de modo directo e intuitivo; en la escuela, a través del estudio y el conocimiento de sus reglas; y en el barrio, el uso informal y desinhibido. Si falta alguno de estos elementos o es defectuoso, se menoscabará la competencia lingüística del hablante. Por supuesto, hay una diferencia grande entre los resultados según sea uno u otro de estos tres elementos el que falte. La ausencia de socialización espontánea con los amigos del barrio es mucho menos importante que la de alguna de las otras instancias.

La pobre o nula escolarización en la lengua materna produce catalanohablantes que no dominan su propia lengua escrita. Durante largos años de la intrahistoria catalana, lo habitual era que el catalán fuera lengua materna en las familias, pero que no se empleara en las escuelas ni como material de estudio ni como lengua vehicular, por orden de la autoridad en su empeño de «españolizar» o «castellanizar» a los catalanes. Bajo el franquismo, generaciones enteras de catalanes salían al mundo del sistema educativo sabiendo el catalán como lengua hablada, pero ignorándolo como lengua escrita. Era una de las técnicas de represión y castellanización usada por los españoles. La prohibición del uso público de la lengua nativa incluía, por supuesto, su uso escolar.

La historia hacia abajo

A su vez, la visión retrospectiva de la historia de España en el mismo tiempo dibuja una línea descendente, una evolución que no solo no refleja progreso, sino al contrario, estancamiento, cuando no regreso o retroceso. La historiografía española, a partir de la llamada guerra de independencia y de la pérdida de las colonias, aborda una doble tarea muy difícil de conjugar. Por un lado, se empeña en reconducir el desastre imperial a una organización política manejable, nacional, con sus respectivas conciencias: de la conciencia imperial típica de los Austrias, que se configuraba como una especie de confederación española de Castilla y Aragón, había de pasarse a la articulación de una nacional, de acuerdo con el afrancesado concepto de nación. Por otro lado, tiene que lidiar con la idea fija de la decadencia y la convicción de que el país ha tomado un rumbo erróneo, cosa que se hace patente e irrevocable a partir del llamado desastre de 1898.

El siglo XIX español, atiborrado como está de hechos históricos, acentúa el carácter divergente de la evolución del país con respecto a Europa. Esta separación se había dado ya en el siglo XVI, cuando la mayor parte de Europa se declara por la reforma protestante y hasta la católica Francia, tras las guerras de religión acaba tolerando a los hugonotes. España, sin embargo, encabeza la reacción contrarreformista articulada en el Concilio de Trento. «Luz de Trento», llama al país Menéndez Pelayo sosteniendo que es su única grandeza. A partir de entonces, España, o lo que lleva ese nombre, toma un camino contrario que, en los siglos posteriores divergirá crecientemente del europeo. Así como no hubo reforma, tampoco Siglo de las Luces propiamente dicho o Ilustración, nada de Revolución francesa, de progresismo, de industrialización, de revolución y espíritu burgués. La espalda vuelta al libre examen, la libertad, la ciencia, Europa. El grito de esta España, que confunde el misticismo con la ignorancia, es el unamuniano: «¡Que inventen ellos!».

En otros términos, España comienza el positivista siglo XIX anclada en el Antiguo Régimen y así sigue, por mucho que los ideólogos del régimen quieran revestirla de las sedas de la modernidad y hasta de la posmodernidad. Para la historiografía liberal, la Constitución de Cádiz de 1812 que reputa la primera escrita española, ignorando la de Bayona de 1808 por «extranjera» no siéndolo, puso fin a aquella lamentable situación. No solo la Constitución en sí, sino la obra legislativa de las Cortes, en especial el decreto de 6 de agosto de 1812, que abolía el Antiguo Régimen con la supresión de los señoríos jurisdiccionales, de las aduanas interiores, etc. Teniendo en cuenta que, hasta 1813, la jurisdicción de las Cortes no rebasó el perímetro de la ciudad de Cádiz y que, a su regreso en 1814, Fernando VII abolió la Constitución y la obra legislativa de las Cortes, la prohibición del Antiguo Régimen, meramente retórica, se redujo a un año, bastante menos de los cuatro en que estuvo en vigor la Constitución de 1808, que los autores españoles, en su profundo patriotismo, se niegan a aceptar como española.

Cierto que la Constitución de 1812 volvió a estar en vigor en los turbulentos años de 1820 a 1823 (sublevación de Riego y Cien Mil hijos de San Luis) y de 1836 a 1837 (motín de La Granja) pero, todo sumado, nos da una problemática vigencia de unos cuatro años. Así que, para mantener el aura de su gloria, los estudiosos liberales se ven obligados a señalar que tuvo una gran influencia exterior y que estuvo en vigor en Hispanoamérica y en Nápoles, donde, por cierto, también lo había estado la de 1808.

Pero no se trata solamente de que la Constitución de 1812, la Pepa, hubiera estado en vigor muy escaso tiempo. Diga lo que diga el apelmazado liberalismo español, quizá hubiera sido peor que hubiera estado vigente más tiempo. Lo decisivo es que el documento es un compromiso entre la modernidad y el Antiguo Régimen que explica muchas cosas del desarrollo político de España en el siglo XIX. No había de ser de balde que casi un tercio de los diputados de las Cortes fueran curas. En efecto, el artículo 12 del texto consagra el carácter oficial de la religión católica como religión de la nación española. Hay nación, sí; pero confesional católica, amparada en la protección legal del Estado, que otras constituciones posteriores ampliaron para mayor gusto de la Iglesia a la obligación de la financiación pública de la devoción religiosa y el llamado presupuesto de culto y clero que sigue hoy en día, aunque se llame de otro modo. Para mayor confirmación del carácter premoderno y típico Antiguo Régimen de este texto constitucional que los liberales celebran con alborozo, el mismo artículo proclama el principio de intolerancia, puesto que mandata al Estado que impida el culto de todas las demás religiones. Lo último que queda por ver en el mundo contemporáneo es que alguien llame liberal a un régimen que proclama la intolerancia religiosa.

Las historias de los fastos nacionales atribuyen a la Constitución de Cádiz el momento del alumbramiento de la conciencia nacional española. Comparte el texto este timbre de gloria con el hecho de la sublevación popular antifrancesa y las guerrillas apostólicas, un batiburrillo de creencias e ideologías enfrentadas entre sí y amalgamadas transitoriamente por la necesidad de hacer la guerra al francés. De alguna de estas covachas ultramontanas, carlistas, absolutistas, inquisitoriales y, en definitiva, del Antiguo Régimen saldría la inspiración para el manifiesto de los persas por el que más de un centenar de diputados cerriles y ultramontanos pidieron a Fernando VII la abolición de la Constitución recién aprobada y la anulación de su obra legislativa.

España había abolido solo en parte el Antiguo Régimen y el desarrollo de la conciencia nacional fue un galimatías. La nación proclamada en las Cortes no tenía apoyo sincero ni en las Cortes que la proclamaron. Las facciones políticas oscilaban entre los absolutistas y reaccionarios, como los mencionados apostólicos para quienes toda idea de nación era anatema, hasta los republicanos, los moderados, los liberales y, dentro de estos, los doceañistas, partidarios de restaurar la Pepa, con su concepto de nación confesional. No había acuerdo acerca de la nación y tampoco acerca de la legitimidad de la rama de la dinastía reinante de los Borbones, con unos apoyando a la hija de Fernando VII, Isabel II, y otros a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. El país se hundió a lo largo del siglo en tres guerras civiles, las guerras carlistas que acabaron convirtiendo un conflicto dinástico en una división política con enfrentamiento ideológico: mientras que el carlismo era absolutista, reaccionario y ultracatólico, los isabelinos pasaban por ser liberales (aunque de muchas tonalidades), algo más moderados e igualmente católicos. En resumen, el sentimiento nacional español se articula en el mejor de los casos como un pozo sin fondo y un remedo del que por la época fue cristalizando en algunos de los principales países europeos.

En nada ayudó a España la repentina preminencia del ejército, consecuencia de la independencia de América. Con la pérdida de las colonias, el país se encontró con unas fuerzas armadas desproporcionadas para sus necesidades y que, faltas de salidas castrenses en conflictos exteriores, se orientaron a participar en la política interior, a través de una serie de algaradas, motines, insurrecciones y pronunciamientos que unas veces eran liberales y otras, conservadores. El ejército había dejado de ser el baluarte de defensa del reino, conservación del Imperio y expansión exterior para convertirse en un partido político. Aunque no llegó por entonces a alcanzar el grado de perfección que consiguió con el franquismo, cuando se convirtió en el verdadero partido y sostén principal de la dictadura porque, en realidad, estaba integrado en todos los partidos del sistema, acaparando muchas veces en ellos funciones directivas.

La España del siglo XIX es la militarización de la vida política, la confusión de las corrientes ideológicas, el caos de una Corte (desde la regencia de María Cristina al destronamiento de Isabel II) cuyo mejor cronista ha sido Valle Inclán y sus esperpentos, el caciquismo y su primo hermano, el clericalismo, un sistema productivo inexistente, salvo en Catalunya y el País Vasco. Y todo ello coronado por el síndrome de la decadencia del Imperio y la imposibilidad de desarrollar una conciencia nacional, al uso en la época.

Al contrario, lo nacional es precisamente objeto de enfrentamientos enconados, entre las diversas gamas liberales que lo sostienen como principio mientras que las derechas monárquicas, integristas y, sobre todo, católicas, la combaten sañudamente. Imposible ponerse de acuerdo en asunto tan fundamental sobre si se es o no se es, razón por la cual abundan las alteraciones revolucionarias de uno u otro signo. Esto es posible porque el ejército, convertido en partido político, alterna su orientación e inclinación entre liberales y conservadores, según las posibilidades de medrar que ofrecían unos y otros.

En todo caso, los militares tomaron el mando a través del pronunciamiento de Sagunto y, por medio del régimen de la Restauración, tuvieron la habilidad de conducir al país al desastre definitivo y a su desaparición de la historia. En realidad, la prueba iniciática de que España desaparecía del concierto internacional se dio en el Congreso de Viena en 1815, en el que las decisiones las tomaron Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia. A lo largo del siglo, el ejército desapareció del mapa en tres guerras civiles y algunas expediciones exteriores que pasaron con más pena que gloria. Con el colofón del 98, esta desaparición se convertía en ausencia permanente autoimpuesta. Dos grandes guerras hubo en Europa en el siglo XX y en las dos España fue neutral (no combatiente en la segunda). Tan ausente de Europa que ni a sus guerras acudía.

España estaba al margen de los conflictos bélicos europeos en parte por la incapacidad de su dirección política y, en parte, por la seguridad de que su ejército, sobredimensionado e inactivo, no estaba en condiciones de participar en ellas. Había hecho algunos intentos alicortos de recuperar su condición de potencia, como la primera guerra de Marruecos de O’Donnell, un éxito modesto para España, y la penosa aventura en la guerra hispano-sudamericana en 1864-1871. Ni soñar con combatir en las guerras en Europa, lugar donde por entonces y con la aparición de los Estados Unidos, se decidía el destino del mundo. Luego, el mundo se hizo más grande y la presencia de España, más insignificante.

Por último, el mayor desastre que los militares han procurado al país que dicen defender es la dictadura del general Franco. Aquel régimen se edificó sobre la tradición nacionalcatólica de la oligarquía y el caciquismo. Solo le añadió la ilegalidad y la delincuencia como forma de gobierno. Cuarenta años gobernado el país por un simulacro de Estado que no era sino el gobierno arbitrario de una oligarquía impune acabó creando una cultura política de supervivencia que aconsejaba mantener aquel régimen bajo una renovada forma monárquica parlamentaria antes que arriesgarse a una respuesta violenta a un intento de cambio real.

Una cultura política de supervivencia en las condiciones de un régimen que había nacido de un golpe militar, se había llamado a sí mismo Estado y luego monarquía, como podría haberse llamado Horda de Oro o Emirato de la Pampa. En todo caso, una cultura política que no propiciaba el surgimiento de una conciencia nacional. Lo «nacional» había sido usurpado por el bando fascista en la Guerra Civil y, pasados los años, ya no le gustaba ni a los que lo habían inventado. El franquismo fue el adiós definitivo a toda esperanza de constituir España como un Estado de derecho. El intento de la Transición de conseguirlo, un «Estado de derecho homologable con los del entorno», se reveló un lamentable fracaso. España sigue sin ser homologable.

La opinión pública, que había saludado el desarrollo económico de los últimos años sesenta y primeros setenta como algo sólido y duradero, acabó cambiando su voluntad democrática y capacidad crítica por el autoritarismo institucional y la conformidad con las instituciones mientras estas siguieran generando bienestar y aumento del nivel de vida. Pocos pensaban por entonces que aquel crecimiento económico carecía de base sólida, que la única industria realmente productiva era el turismo y que, a las primeras de cambio, demostraría su endeblez, como de hecho, sucedió al comienzo de la crisis de 2008. Aquel crecimiento era ficticio, sin fundamento sólido y prácticamente desapareció cuando la crisis arrasó las ilusiones especulativas que habían dominado el mercado. Mientras este remedo de desarrollo económico real duró, sus resultados ayudaron a contrarrestar los hipotéticos perfiles críticos que pudieran darse y, así, fue posible pasar sin grandes dificultades de una dictadura criminal a una democracia otorgada, demediada, sometida y controlada por la misma oligarquía que se había beneficiado de aquella.

Cuando el espejismo del desarrollo económico se rompió en la crisis de 2008, dejando al descubierto un país atrasado, que había vivido en una burbuja, con infraestructuras inadecuadas, bajísima productividad, escasa competitividad, sin mano de obra cualificada, sin investigación y desarrollo dignos de mención, con niveles educativos pésimos, todo se vino abajo. Tan solo quedó el patriotismo y el nacionalismo españoles de toros, pandereta, procesiones y la cabra de la legión que la dictadura había inculcado en la gente para embellecer la de incompetentes y ladrones en que había acabado convertido el franquismo.

La supuesta conciencia crítica, heredera de una tradición liberal y progresista que siempre ha sido subalterna o clandestina en España, elaboró un mecanismo de protección, un sistema de anticuerpos para protegerse del contagio de ese orgullo nacionalista basado en la barbarie, la mentira y la servidumbre, impuestos por el bando vencedor en una atroz guerra civil. Frente al atosigante adoctrinamiento en las miserables glorias de una patria incapaz de ganarse el respeto de los países extranjeros por alguna razón y solo hábil para sojuzgar y explotar a su propio pueblo, las izquierdas se refugiaban en una idea alternativa de la España liberal, tolerante, avanzada, que nunca había podido ser por falta de oportunidades y que ahora, sin embargo, emergía con la Transición. Esta fue la mentira esencial de este proceso: la de que su resultado, a los cuarenta años de iniciado el proceso, era óptimo. Sacando fuerzas de su enteca historia, España había sabido domeñar sus fantasmas. El Estado se articulaba como una democracia derecho y ya no se identificaba con una oligarquía antipopular y nacionalcatólica que vivía de expoliar el país y sojuzgar a su población mediante el terror, el engaño o las dos cosas a la vez.

Bastó que el nacionalismo catalán volviera a dibujarse en el horizonte, intensificado como independentismo para que aquella mentira de la Transición saltara por los aires, aquel Estado español de la oligarquía y el caciquismo tradicionales emergiera tan rozagante como siempre y la izquierda, asustada, cerrara filas con la derecha y respaldara la misma idea autoritaria y despótica de España de esta. Es más, asustada de que se pudiera dudar de su cerrado patriotismo hispánico anticatalán, la izquierda intensificaba sus pronunciamientos nacional-españoles y estaba tan dispuesta como la derecha a aplicar una política de represión en Catalunya hasta el final.

En consecuencia, cuando en el proceso de decadencia hispánico se añade el catalizador del independentismo catalán, el declive de la línea histórica española pasa del hundimiento del Imperio, que nunca llegó a ser español del todo, a la imposibilidad de la nación que tampoco llegó a serlo del todo. La izquierda no consiguió jamás ponerla en marcha y lo que la derecha reaccionaria, clerical, militarista y explotadora llama su patria no es más que una mezcla de cortijo, finca de recreo y campo de trabajo de su propiedad. El famoso retruécano de la derecha de que prefiere una «España roja a una rota» tiene su correspondiente en la izquierda que, asimismo, puede decir que prefiere una «España negra (o azul) a una rota». Razón tenía Gil de Biedma: «De todas las historias de la historia sin duda la más triste es la de España, porque termina mal».

Es la historia de España. ¿Y qué sucede con la de Catalunya? Como hemos dicho, esta solo emerge en la de España en situaciones de crisis, enfrentamiento, ruptura. Es entonces cuando los españoles reparan en que hay una cuestión irresuelta en Catalunya y se obstinan en llamarla cuestión catalana, como antes habían hablado de la «cuestión vasca» sin admitir que, en realidad, la única «cuestión» pendiente en España es la «cuestión española» y que es España y su incapacidad para generar una conciencia nacional genuina, inclusiva, libre, democrática, cívica la que provoca las tendencias centrífugas de unos nacionalismos que no encuentran acomodo en lo que quiere ser casa de todos y no pasa de cárcel común.

El gobierno socialista de Pedro Sánchez, que sucedió al de Mariano Rajoy, cesado en una moción de censura por corrupto e inepto, traía el propósito de resolver la «cuestión catalana» por la vía política, criticando la vía judicial o la «judicialización» que había aplicado el PP. Su idea de lo que abordaba, sobre ser escasa y errónea, estaba repleta de prejuicios y topicazos españoles. No obstante, pensaba obtener los resultados previstos al nombrar a dos catalanes en el gobierno, a los que se suponía especial conocimiento de la materia: la ministra Meritxell Batet, de Administración Territorial, y Josep Borrell, de Asuntos Exteriores.

La primera, una unionista moderada, de ánimo dialogante, se esforzaba por tender puentes entre el gobierno central y la Generalitat, puentes que el segundo, un catalanófobo furibundo, iba dinamitando con sus continuos exabruptos y provocaciones, haciendo imposible todo entendimiento. Tan obsesionado estaba con aniquilar el independentismo catalán que más parecía ministro de Asuntos Catalanes que de Asuntos Exteriores. Su ejecutoria como ministro en todos los campos fue lamentable, pero, en Catalunya resultó catastrófica, dejando claro que, además de arrogante, agresivo e ignorante, tenía un fondo racista nada disimulado. Tratando de dar una explicación de por qué los Estados Unidos tuvieron éxito en la formación del Estado mientras que en España hay continuas tensiones nacionalistas, sostuvo que los colonos que los fundaron tenían muy poca historia detrás y se limitaron a «matar cuatro indios».

Por lo de los indios hubo de disculparse, pero no por lo de la falta de historia que, sin embargo, muestra un talante y unas convicciones de oscuro origen. Resulta ridículo a la par que sorprendente negar que los colonos ingleses (y también alemanes, holandeses y de otros lugares de Europa) del siglo XVI carecieran de historia al llegar a las costas de América, como si, en lugar de cruzar el océano Atlántico, hubieran cruzado el río Leteo y se hubieran olvidado de sus experiencias y sus memorias, enraizadas en las historias milenarias de sus países.

Este desatino borrelliano encaja en una concepción supremacista, racista y, por supuesto, falsa de la historia que alcanzó su máximo desarrollo con la distinción entre «pueblos sin historia» y «pueblos con historia», como si la historia condicionara en algo el juicio moral que la acción colectiva suscita. Los primeros son felices; los segundos, atribulados. La idea que aquí se desliza es que España tiene problemas de articulación territorial porque los pueblos que la componen tienen historia. Desde luego y, en el caso de Catalunya, más antigua que la de la propia España. Pero la incapacidad de esta para funcionar como un Estado compuesto a gusto de las partes no depende del pasado de estas sino de la obcecación española por someter a las naciones no españolas a una política de homologación y asimilación que jamás podrá prosperar y que a veces ha llegado a tomar los rasgos de una especie de Gleichschaltung hitleriana; concretamente, en tiempos de Francisco Franco.

La historia de Catalunya es intrahistoria de España. Esta despliega su marcha en el tiempo y convive con esa intrahistoria catalana de la que desconoce todo y de la que únicamente toma conciencia cuando se produce algún choque que cuestiona la legitimidad del conjunto del Estado, algo a lo que este, por lo demás, está acostumbrado desde hace tiempo.

Uno de los momentos más característicos de esta relación, con un choque considerable, fue la repentina conciencia del desastre del 98, que se cernió sobre los sectores pensantes e intelectuales del país como el fin, el fracaso del Estado y de la nación españoles. El célebre artículo de Francisco Silvela, sucesor de Cánovas del Castillo al frente del Partido Conservador, «España sin pulso», publicado en El tiempo, en Madrid, el 16 de agosto de 1898, concluía con este ominoso párrafo: «Si pronto no se cambia radicalmente de rumbo, el riesgo es infinitamente mayor, por lo mismo que es más hondo y de remedio imposible, si se acude tarde; el riesgo es el total quebranto de los vínculos nacionales y la condenación, por nosotros mismos, de nuestro destino como pueblo europeo y tras de la propia condenación, claro es que no se hará esperar quien en su provecho y en nuestro daño la ejecute».

Con la habitual contumacia española en el error, no se cambió el rumbo en los treinta primeros años del siglo siguiente, el XX, hasta la llegada de la Segunda República. Este fue, a su vez, otro momento crítico en el que volvió a plantearse la «cuestión catalana» en toda su crudeza. De hecho, esta cuestión —que estuvo apareciendo y desapareciendo en la historia de España en los tres primeros decenios del siglo— fue determinante en el advenimiento de la propia República, como uno de los dos objetivos del Pacto de San Sebastián por especial insistencia del catalán Carrasco i Formiguera. Y fue, asimismo, determinante en su desaparición a raíz del golpe de Estado de los militares facciosos que, en buena medida, se hizo para revertir el proceso de autogobierno catalán, considerado la antesala del secesionismo.

De nuevo Catalunya tenía que sumergirse en su intrahistoria, desaparecer de lo que los franquistas consideraban «el concierto nacional», guardar sus símbolos, emblemas, referencias, volver a hablar obligatoriamente la lengua del Imperio, aceptar los cambios arbitrarios de toponimias, títulos y nombres. De nuevo la vida de la nación catalana se refugiaba en los ámbitos familiares, privados, informales. Y mientras las clases burguesas, mayoritariamente franquistas, desterraban el catalán del ámbito educativo y lo dejaban al uso de las clases menos favorecidas durante decenios, la nación proseguía su tarea de supervivencia en un entorno hostil, gracias al esfuerzo callado de las generaciones de enseñantes, maestros, profesores, publicistas, escritores y artistas —el tesoro de un pueblo— que supieron mantener la llama de la conciencia nacional conquistando poco a poco, a veces con mucho peligro y pagando un precio muy alto en represión, espacios de expresión en catalán, recuperando la tradición oculta que, muerto el dictador, volvería a ponerse en marcha en la afirmación nueva de la nación catalana.

La sucesión de generaciones, decíamos, forma la nación. Las de quienes recuperaron el nacionalismo catalán durante la Transición y lo convirtieron en independentismo en la postransición que se abre con el milenio deben mucho a las que hubieron de trabajar en las terribles condiciones del franquismo. La unidad de España impuesta a la fuerza con asimilación o aniquilación de las naciones no españolas cuya conservación juró al caudillo Franco mantener el entonces pretendiente a la corona, Juan Carlos de Borbón, saltó por los aires un primero de octubre de 2017.

III. Generaciones

III. Generaciones

Companys, Tarradellas, Xirau y otros representantes de ERC en la cárcel, en octubre de 1934.

El carácter es el destino del ser humano

HERÁCLITO DE ÉFESO

Dicho está. La nación se hace en la historia y la historia de la nación es la sucesión de generaciones. De grado o a la fuerza, Catalunya forma parte de la historia de España y, al propio tiempo, tiene la suya propia, su intrahistoria. Es un relato que se da fundamentalmente en el ámbito privado, oculto, callado, en ocasiones clandestino. Esta intrahistoria constituye la urdimbre interna de la sociedad civil y cuando se manifiesta en el ámbito colectivo sufre una curiosa disociación, casi una esquizofrenia.

El foro público, dominado por los poderes del Estado, habla otra lengua, trae las raíces, normas e instituciones de otra nación, la ocupante. La nación catalana, con su propia identidad silenciada, escondida, pero persistente, conserva su apego a su personalidad, pero se reviste de los modos y formas del ocupante y habla su lengua para evitar su furia y ahorrarse la aniquilación, a la que aquel tiende siempre cuando detecta resistencia en el sojuzgado.

La situación colonial de subalternidad genera entre el pueblo sometido a colonialismo la solidaridad de los reprimidos y oprimidos. Comparten estos una visión de la acción colectiva caracterizada por las afinidades electivas no manifiestas, la complicidad no expresa y la coincidencia en un juicio moral caracterizado por el derecho a la legítima defensa y la supervivencia. Es lo que Franz Fanon teorizó en su día al explicar las pautas morales de la lucha por la liberación nacional de los argelinos, una cultura sojuzgada por otra imperial que pretendía aniquilarla a fuerza de asimilarla y le imponía el respeto a unos valores que ella misma ignoraba. Esa teoría vale para todas las luchas de liberación del mundo, para la argelina, la cubana, la china, la catalana, la tibetana, etc.

La cultura y la lengua del ocupante empieza por declararse tan propia y nativa del ocupado como la suya propia. El ocupado, el colonizado, tiene que olvidarse de su historia para asimilar la del colonizador. Tiene que dejar de enseñar y hablar en su lengua para hacerlo en la del otro. La moral, las pautas, las leyes e instituciones tienen que ajustarse a las del ocupante que, en el mejor de los casos, considerará las del ocupado como material museístico o de interés antropológico. Y eso si cree poder hacerlo sin peligro y quizá por mera curiosidad erudita. Es histórico que los jesuitas y otras órdenes españolas recopilaron diccionarios y gramáticas de los indios precolombinos que estaban ayudando diligentemente a exterminar. Conservaban las lenguas, pero acababan con los hablantes.

Justo el plan secular imperial castellano con Catalunya, el intento de aniquilación de la nación catalana por medio de la asimilación. Una ojeada a las estadísticas sobre hablantes de catalán y castellano en Catalunya muestra que la cantidad de los primeros desciende mientras que la de los segundos asciende. Es el resultado del hecho de que la lengua del ocupante cuente con un Estado como monopolio (aunque vacilante) de la violencia para imponerla mientras que la del ocupado no tiene posibilidad de defensa real en tanto no cuente con igual capacidad coercitiva que el Estado español.

Por eso, para sobrevivir, la nación catalana se ha visto obligada a hacer como todas las oprimidas que luchan por su liberación, a hablar como el ocupante (aunque con el inevitable acento que delata su condición «impura»), razonar, actuar y juzgar según las pautas del ocupante. Mantener una vida doble, parte en público, en la lengua imperial y parte en privado, en la lengua propia, en contextos informales, profesionales, reducidos. La explicación de la intrahistoria que el Imperio, con su historia de falsos relumbres, jamás podrá entender.

La conciencia nacional se articula así a la defensiva, en un contexto hostil. En la necesidad de sobrevivir en condiciones difíciles e inseguras en las que las leyes, su alcance, así como los derechos de la ciudadanía dependen de las peripecias políticas de la metrópoli, que nunca tiene en cuenta los intereses de la colonia si no es para expoliarla más. En esa lucha secular de generaciones por subsistir como nación frente a la uniformación castellana, llamada española, van forjándose unas peculiaridades, unas características que acabarán componiendo lo que cabe llamar la «condición catalana».

El término condición es deliberadamente impreciso para no incurrir en las fantasías dieciochescas de los «caracteres o esencias nacionales» que se suponían originadas en algún principio metafísico o una unidad étnica/biológica que alimentaría alguna forma de racismo. El historicismo sacó mucho partido de su idea del «espíritu del pueblo» o Volksgeist, aplicado a la literatura, el derecho, las artes en general y no hay inconveniente en usarlo para otros menesteres en un sentido metafórico, claro. «Espíritu» parece designar un núcleo eterno, inconmovible que sería rasgo perpetuo de un pueblo, mientras que «condición» se quiere como algo pasajero, aunque el pasaje pueda durar siglos.

Esta condición catalana que ha ido articulándose con el paso del tiempo como los sedimentos de los ríos, el aluvión que dejan en su cauce, forma una materia compleja, articulada, como un mosaico o una obra de mampostería. La condición catalana, en la visión de las sucesivas generaciones, va creciendo, ampliándose, siguiendo las pautas de un mosaico interminable. Pero, a diferencia de los mosaicos clásicos, esta obra no muestra trazados geométricos regulares, como el opus reticulatum o el opus latericium, sino irregulares, más en la tradición del opus incertum, que no obedece a ninguna pauta ni regularidad. En los mosaicos regulares las teselas son también normalizadas, idénticas, uniformes. En los irregulares, no. Las teselas tienen formas y tamaños muy diversos, lo cual permite construir mosaicos de diseños caprichosos e imaginativos.

El mosaico u opus típicamente catalán es el trencadís, esto es, mampostería de algún aglutinante con incrustaciones de trozos irregulares de piezas de barro (ladrillos, tejas), de loza u otros materiales de alfarería. Todo procedente de restos inservibles en actividades de fábrica y artesanía de distintos materiales de construcción. El trencadís, por tanto, es una mampostería hecha con trozos inservibles. ¿Cabe algo más burgués que aprovechar los restos de una obra, el material inservible, para hacer algo útil?

Y aún hay un elemento más peculiar en esta actividad por cuanto la utilidad que se obtiene del material de desecho consiste en su valor estético. Las teselas del trencadís, aunque estén distribuidas al azar, son brillantes, esmaltadas de colores llamativos con iridiscencias y formas imaginativas y caprichosas. Es decir, esta técnica de ornamentación reafirma la teoría estética romántica, según la cual la belleza de los objetos está en relación inversamente proporcional a su utilidad. En otros términos, las cosas son bellas cuando son inútiles. Ese es el fundamento mismo del negocio de las antigüedades. Transformar la inutilidad del desecho en la utilidad de la estética es una habilidad de la burguesía catalana.

¿Y cuáles son las teselas que aparecen en el mosaico de la condición catalana? Básicamente los juicios y rasgos que esta generación, hoy embarcada en el proyecto nacional, atribuye a las anteriores. Es una visión de la «catalanidad», por así decirlo, según se va construyendo con formas caprichosas, imprevistas, onduladas, imaginativas. Las teselas son los rasgos característicos de los catalanes que el río de la historia ha ido acumulando como el aluvión de su cauce hasta formar un gran mosaico trencadís. Sus piezas más notables, llamativas, brillantes, polícromas, proceden de la tradición y la sabiduría popular debidamente configuradas a través de la elaboración de las élites, de los sectores cultos que las acuñan, les dan formas, las pulen, las hacen elegantes y las armonizan con el resto hasta que forman el conjunto del mosaico.

Según esta visión, al paso de las generaciones, los catalanes son gente pragmática, caracterizadas por el escepticismo y la incredulidad, frente a sí mismas en primer lugar, lo que fomenta la ironía cuando se ven, sin embargo, tozudamente prestas a la resistencia. Su historia de emergencia nacional, sistemáticamente frustrada por la violencia, suscita un juicio benévolo mezclado con un cierto orgullo por la capacidad de la comunidad nacional de sobrevivir y hacerse notar no solamente por su importancia económica, comercial e industrial, sino también por sus estilos artísticos. De esta forma, el pragmatismo (que los catalanes comparten con todos los pueblos, aunque en su caso sea intenso por razón de necesidad), presente en los demás rasgos que Catalunya ha ido desarrollando a lo largo de su intrahistoria, ha acabado por probar que, contra la sabiduría convencional, la resistencia a la asimilación es justamente lo más pragmático.

Las teselas del trencadís son rasgos que pueden combinarse de muchas maneras. Suelen aparecer por separado y a veces con carácter dominante, como si quisiera darse una interpretación concreta hegemónica en lo que suele ser una visión particular, de autor o de partido. Así se subraya el pragmatismo catalán como propio de los pueblos comerciales mediterráneos, acostumbrados a los negocios y los intercambios mercantiles. No hay especial respeto por la tradición y la costumbre en sí mismas, sino en la medida en que pueden servir para que el presente prospere, en cuyo caso forman parte de este. No hay tampoco apego a rutina e inercia que puedan ser sustituidas por prácticas más rentables. El único criterio para decidir la acción colectiva es la conveniencia de su resultado.

El pragmatismo es contrario a la ampulosidad, vanidad, arrogancia de la condición castellana o española y es enemigo jurado del bragadoccio que suele caracterizar las manifestaciones públicas de los españoles. Por eso no hay nacionalismo imperial en Catalunya. El escepticismo como rasgo está constituido por la desolada comprobación de cómo el espíritu pactista y negociador de los catalanes los lleva a interrumpir cualquier conflicto, especialmente los graves, y a desistir antes de alcanzar el punto del heroísmo.

La historia está llena de actos heroicos cuya memoria y glorificación forman parte de la enaltecida autoconciencia de los países. Hay quien, como Carlyle, sostiene que la historia de la humanidad es la de sus héroes. Héroe es quien entra en el conflicto a ciegas, con desprecio por su vida, poseído de la razón de su causa, despreciando cualesquiera consideraciones de conveniencia u oportunidad. Quien solo lo hace con una probabilidad razonable de alcanzar su empeño es un estratega. Si gana, sobre todo en condiciones muy adversas, será un buen estratega. Pero no un héroe.

Y sin héroes no hay historia heroica. La catalana ha sufrido un cambio radical precisamente en este capítulo de la celebración de las gestas históricas. Después de la Guerra de Sucesión y la derrota de Catalunya, no pudiendo la nación solazarse con victorias o triunfos heroicos, giró hasta el punto de convertir en efeméride nacional la fecha de su derrota. Ciertamente un nacionalismo más positivo argumenta que la fiesta celebra la gesta heroica de unos patriotas que resistieron un asedio feroz y sucumbieron, abandonados y traicionados por todos, con honra y valor.

Pero derrota fue y con consecuencias que se prolongarían siglos, obligando a la nación vencida a refugiarse en las catacumbas y sobrevivir con una resistencia sorda. Mantiene esta su historia como la intrahistoria, la continuidad conservada y trasmitida en el ámbito familiar y privado, que emerge luego andando el tiempo en el público civil, mercantil y social hasta pasar al terreno político en varias ocasiones en las que ha vuelto a experimentar el fracaso. La intrahistoria no es la obra de héroes gloriosos, no es heroica; es antiheroica, los héroes lo son en la gallardía de la derrota y a la hora de la muerte. En cierto modo son antihéroes, pero excelsos y dignos de reverencia patria cuando se compara su sacrificio con la conducta de aquellos otros catalanes que, enfrentados a las agonías del conflicto, prefieren políticas pactistas con el adversario.

Son quienes perpetúan la situación de subalternidad de Catalunya y, no obstante, sostienen ser los verdaderos representantes del espíritu, el Volksgeist catalán, que es pacífico, negociador, partidario del entendimiento, aunque sea cediendo en cuestiones de importancia. Son los famosos portadores del seny que siempre reclama el pragmatismo como norma. A veces, han sido estos sectores pactistas los que, aliándose objetivamente con el nacionalismo español, han hecho fracasar los intentos independentistas y han mantenido la tendencia antiheroica de la intrahistoria. Pero no han podido evitar que la nación subsista en la intrahistoria a pesar de las derrotas; aumentando después de cada una de ellas porque, a pesar del evidente pragmatismo de desistir de un combate que no puede ganarse, lo verdaderamente pragmático en el caso catalán es la resistencia, como demuestra la historia. Si esta no se diera, Catalunya no existiría. «Francia ha hecho a Francia», dice Michelet. En muchos países, la nación ha hecho al pueblo. En Catalunya, al revés, el pueblo ha hecho la nación.

La observación de esa reiterada contradicción entre un catalanismo pactista y pragmático y otro rupturista, pero no por ello menos pragmático, induce al escepticismo como reacción inmediata frente a cualesquiera intentos independentistas. Un escepticismo que se quiere hijo de muy amargas experiencias. Está acostumbrado al espectáculo y narra su experiencia con cierta melancolía: habrá algún chispazo repentino, una represión, una huelga que reanimará la llama independentista. Esta brillará durante un periodo más o menos prolongado, pero, luego de un tiempo, unas negociaciones de conveniencia darán un margen mayor (si acaso) de autonomía a Catalunya, con alguna oferta tentadora. Y el impulso secesionista se diluirá en una conformidad con la norma española y un aumento de la frustración. ¡Si lo sabremos todos que conocemos la intrahistoria de derrotas de Catalunya! El pactismo de sumisión ha acabado ganándose un nombre. Se llama el peix al cove y ha venido caracterizando las actividades públicas de la burguesía que tiene el alto aprecio esta actitud posibilista.

Con socarrón escepticismo asiste el ciudadano catalán a los discursos encendidos en los que los dirigentes independentistas reclaman la República Catalana. Al mismo tiempo, con un toque escéptico pero con conciencia de deber cívico, muchos de ellos, muchísimos, cientos de miles, participan en acciones colectivas, organizaciones sociales, asociaciones profesionales directa o indirectamente independentistas. Como si respondieran siempre a una llamada de la conciencia nacional. Y no por ello apean ese escepticismo frente a sus propias intenciones.

Incluso lo fortalecen revistiéndolo de incredulidad. Al fin y al cabo, hablamos de generaciones que guardan memorias de opresiones continuas y derrotas esporádicas. Así que, como no es cosa de arriesgar mucho por nada, hay que ser inquisitivo. Frecuentemente no está claro por qué se invocan las causas heroicas. El crédito de estas suele estar en relación inversamente proporcional al interés de quienes las abanderan. Y resulta muy puesto en razón abordarlas con una prudente desconfianza. Los objetos preferidos de la incredulidad son precisamente las causas heroicas catalanas y la suprema de ellas, la independencia. Objetivo sublime, utópico, por el que muchos han sacrificado su vida y del que otros tratan de vivir. Sin embargo, la resistencia frente a los segundos viene del respeto a los primeros, ejemplos heroicos (o antiheroicos) que invitan a seguirlos.

La incredulidad lleva a una ciudadanía crítica a preguntar cuáles son los intereses de cada uno en la independencia. Y no conviene olvidar que el grado de información y, por lo tanto, de politización de la sociedad catalana es elevado. La incredulidad no hace referencia tan solo a los posibles intereses materiales, sino también a las motivaciones ideológicas de cada sector, que suelen pasarse por el cedazo de críticas muy acertadas. El independentismo que ha fraguado a lo largo de la historia reciente en una confluencia estratégica es muy variado en sus aspectos políticos adjetivos, lo que lleva a diferencias tácticas ocasionales. El de hoy es como un maniquí al que se vistiera con diferentes atuendos. Hay un independentismo burgués de traje y corbata y hasta conservador con chaleco y traje sastre ellas. Hay otro de izquierda amplia y republicana, más dada a la chupa y los pullovers y vestidos de colores y estampados. Y otro de izquierda radical, con atuendos unisex de tribus urbanas. El independentismo muestra la diversidad de la sociedad que quiere ser independiente.

La diferencia de indumentaria traduce la de convicciones ideológicas en asuntos de principios que, sin embargo, ante la primacía del objetivo independentista, pasan a ser adjetivos. En la veracidad o no de esta supeditación de los criterios de partido al objetivo común anida la incredulidad que aduce la acrisolada experiencia de que los independentistas acaban siempre enfrentándose entre ellos porque no coinciden en su idea del objetivo último. Experiencia acumulada que, sin embargo, por primera vez parece contrastar con una realidad que la niega en la medida en que las distintas fuerzas independentistas han sido capaces de marchar unidas por un camino común. Pero no hay que adelantar acontecimientos.

El pragmatismo de la cultura catalana es universal, impregna la acción de todos los independentistas, pero no necesariamente en el mismo sentido. Y ese afán por «normalizar» el movimiento lleva al final al fracaso, en forma de un nuevo pacto y una nueva forma de sumisión y otro episodio de la intrahistoria. Tan acendrada está esta convicción que se da por inevitable de forma que, cuando, por el motivo que sea, el independentismo forja una unidad de acción, como la que parece haber fraguado en el último decenio, es el propio movimiento el que no acaba de creerlo. Algo tiene que haber fallado para que algo salga bien. La incredulidad, sin embargo, acaba dejando paso a la ironía, otra tesela del trencadís catalán que aparece intermitentemente en sus mejores escritores, tomando como faro de orientación el inimitable Pla y su contradicción personal. O, en un orden más liviano pero significativo, el del inimitable Eugenio, el de «¿El saben aquell que diu...?», famoso por sus chistes de catalanes que es a quienes más gracia hacen los chistes de catalanes.

Después del pragmatismo, el escepticismo y la incredulidad como partes del trencadís de la condición catalana, es lógico y hasta inevitable, que haga su aparición la ironía y cierta, no muy ofensiva, broma. Los catalanes, siempre desconfiados de ellos mismos y sus motivaciones, escaldados como el famoso gato, con un punto de cazurrería, maliciándose las verdaderas intenciones del otro, que vaya usted a saber al final de qué va, se encuentran de pronto en la calle participando en manifestaciones independentistas de cientos de miles y hasta algún millón. O coinciden por millones votando en unas urnas que han surgido del fondo del pueblo y con riesgo de que les abran la cabeza. Y no acaban de dar crédito a lo que ven y viven, tardan en aceptarlo no vayan a caer en entusiasmos juveniles e ilusorios de los que luego tengan que arrepentirse. Un poco de seriedad, caballeros, que somos catalanes.

Si las manifestaciones se multiplican y se compaginan con actos independentistas y con formas de organización reticulares; si los escépticos se encuentran compartiendo organización y actividades en consecuencia; si los incrédulos coinciden con los incrédulos protegiendo una urna o cerrando el paso a un recinto; en definitiva, si los pragmáticos se suman a un movimiento de resistencia, es entonces cuando aparece el trasfondo irónico que transpira esta idea de la condición catalana, presidida por una consideración benévola.

Resulta genial y enternecedor al tiempo ver a una gente luchando con denuedo por una causa en cuyo triunfo final no cree o acerca del cual tiene muy serias reservas. Tantas que, a pesar de su buena fe, habrá quien la culpe del fracaso que augura con la desesperación de Casandra. Una consecuencia que alimenta la fuente subterránea de la ironía catalana. Porque, ¿acaso no habíamos quedado en que la intrahistoria es una sucesión de fracasos que provoca el antiheroísmo del relato? ¿A qué otra cosa aspiramos sino a ejercer el heroísmo en la derrota? ¿No forma parte del destino catalán aspirar a ser nación y vivir, sin embargo, una continua frustración? ¿No está Catalunya resignada a esta especie de pequeño mito del eterno retorno a la sumisión?

Puede ser, pero no es tan fácil despejar esta incógnita. La conciencia de la derrota recurrente, que alimenta los colores de las teselas del escepticismo y la incredulidad y también la ironía de la situación, deja en el aire la muy interesante cuestión de por qué los catalanes, a pesar de todo, resisten. Resisten tozudamente durante siglos. En el orden colectivo, la razón puede ser muy variada, pero en el individual no tanto, ya que la motivación del individuo es normalmente resultado de un análisis de costes y beneficios. Siendo así y vista la acumulada experiencia de derrotas y la sabiduría convencional recopilada al respecto, la conclusión lógica parece ser que la tendencia catalana a involucrarse en pronunciamientos independentistas es irracional.

Aquí interviene un factor de pragmatismo evidente. Sin duda, la experiencia dice que los saltos independentistas concluyen en fracasos y retrocesos. Pero no implica que todos deban concluir así. La experiencia puede matizar la decisión, pero no condicionarla. Algún día, alguna vez, un salto independentista puede acabar en victoria. Por ley de probabilidades. La cuestión que se plantea al individuo que vive en una generación con una expectativa razonable de triunfo es qué será de él si no se adhiere desde el primer momento al heroísmo vencedor; qué si no lo dirige desde el primer momento. El temor al riesgo de encontrarse al margen cuando se celebre la independencia de Catalunya es siempre superior al que suscita acompañar a los demás en el probable nuevo fracaso. Bajo ningún concepto quieren los coetáneos de los sucesivos alzamientos verse excluidos del momento iniciático, secularmente esperado, de vivir en una Catalunya libre. Esa es la razón de por qué se suman una y otra vez a la acción colectiva emancipadora unos individuos pragmáticos, escépticos e incrédulos que vienen de antemano preparados para encajar la enésima derrota y también dispuestos a reiniciar la lucha una vez a la primera ocasión con el mismo escepticismo de siempre. Podría definirse al catalán como el rebelde escéptico.

Y de ahí nace esa resistencia obstinada, tozuda, a la asimilación, esa rebelión sorda, oculta, intrahistórica. Esa tenaz, callada, persistencia del ser. Porque la asimilación es aniquilación, lo que equivale a pretender que la nación catalana formada a lo largo de los siglos, a veces paladinamente y a veces en la sombra de la clandestinidad, deje de ser lo que es para diluirse en el seno de otra extraña a ella y que pretende abarcarla y apagarla como el manto de la noche cubre la luz del día. La Catalunya catalana pretende brillar con luz propia; la Catalunya española solo es la gema deslucida de la corona de un imperio del pasado.

Catalunya solo puede ser española dejando de ser catalana, cosa imposible porque esa es su voluntad y determinación. El mito de la doble identidad solo puede mantenerse metafóricamente, hacia arriba y hacia abajo. Cuando se dice que un catalán tiene una doble identidad pari passu como catalán y español, se comparte el terreno metafórico en que convive la doble identidad de un francés o un alemán o un español como francés, alemán, español y europeo. Las dos conciencias de identidad no son simétricas, no tienen el mismo peso ni las mismas consecuencias. Igual que no las tiene el himno de Andalucía cuando pide a los andaluces que se levanten «por Andalucía libre, España y la humanidad entera». La doble identidad solo puede ser un enunciado ideológico, con un toque poético y sirve para hacer llevadera y justificar una situación de subalternidad nacional como la que siempre se ha dado entre España y Catalunya.

Sin duda, Andalucía tiene una marcadísima personalidad regional, pero la inmensa mayoría de los andaluces fija su identidad nacional en España. Es más, en ocasiones se gloría de ser una especie de quintaesencia de lo español, de llevar en sí el genio de la nación española, de haber hecho más aportaciones a esta que cualquier otra región del país. Y es muy posible. Pero en lo relativo al tema aquí tratado, irrelevante. Los catalanes tienen una fuerte identidad nacional afirmada a lo largo de la historia, innegable, y que durante siglos solo ha podido ahormarse a la española por la represión y la violencia. Y por muchas que estas hayan sido, ahí sigue, con una clara voluntad de seguir siendo.

A los efectos de la supervivencia de la nación resulta que lo más pragmático es la resistencia. Es decir, de irracional la involucración en los intentos independentistas no tiene nada. Es sumamente racional en contra de los aparentemente sabios y prudentes consejos que recomiendan a la gente pensar en sus propios asuntos y no buscarse líos o, como se decía en tiempos de Franco, «no meterse en política». Esas recomendaciones de buena voluntad de que los ciudadanos no sean polites, esto es, no se interesen por los asuntos colectivos, sino solamente de los suyos propios, individuales, egoístas, que sean idiotes. La nación sobrevive en un entorno hostil porque los catalanes tienen una doble condición ciudadana. No una doble identidad, como si fueran una colectividad de Jeckylls y Hydes, sino un doble interés, como si fueran casos de sosias: son legalmente ciudadanos del Estado español y sentimentalmente de la nación catalana.

El ideal de una nación catalana ha sufrido altos y bajos desde el siglo XIX, que es cuando, pasa del estadio de «nación en sí» a «nación para sí». A partir de ese momento irrumpe una modernidad que desemboca en un siglo XX tumultuoso, cargado de promesas de liberación nacional para el XXI a cuenta de la generación actual, cuya visión tanto del presente como del pasado condiciona la que tenemos de la nación catalana.

La actual generación de dirigentes independentistas trae como especie de proyecto colectivo el objetivo tradicional de la independencia. Es una generación en mitad del curso de la vida que, como Dante con su obra, se dispone a emprender el enésimo proyecto: conseguir un Estado catalán, armadura y protección de una nación catalana, tan postergada en el tiempo como anhelada en la tradición del legado nacionalista. Una generación empeñada en convertir su peripecia vital en una encrucijada histórica de su pueblo. Esta descripción puede parecer hiperbólica y quizá lo sea. Pero, para mantener el equilibrio de la proporción, trátese de aplicarla a la actual generación de la clase política española.

Crecida durante la Transición, la generación catalana de que hablamos ha comprobado en sus propias carnes que esta no solamente no benefició a Catalunya sino que la perjudicó porque forzó un retroceso en su aspiración nacional. Este diagnóstico del perjuicio específico que para Catalunya se derivó de la Transición se entrelaza con otro más amplio sobre la naturaleza de este episodio y sus consecuencias para España y la relación de esta con Catalunya.

Con el paso del tiempo, el juicio general sobre la Transición se hace progresivamente negativo. El aparato de propaganda del gobierno español (sea del signo que sea) gasta abundantes recursos en propiciar una imagen edulcorada de aquel periodo y sus consecuencias y en embellecer la figura del rey. La conocida monserga de que España consiguió el milagro de pasar prácticamente de golpe de una brutal dictadura de cuarenta años a un Estado democrático de derecho «homologable con los del entorno», etc. acabaría revelándose como una patraña desmentida por todos los indicadores internacionales de valores e instituciones democráticas y que, además, ha dejado convertidas en pura charlatanería ideológica las sumisas tesis de los historiadores oficiales del régimen de la Transición, la generación de la «normalidad» española.

El delirio de la Transición llegó a su paroxismo con la celebración del cuadragésimo aniversario de la Constitución. Como era de esperar, no se escatimaron gastos para unas ceremonias llenas del boato y el esplendor que no conseguían ocultar la mugre del franquismo subsistente en todas las instituciones y el fracaso de las justificaciones ideológicas de los académicos. El espectáculo fue el habitual en la Corte de los Milagros: una monarquía corrupta y desprestigiada encabezaba unos actos protocolarios solemnes rebosantes de cursilería y oropel del régimen Potemkin de la Transición. La cursilería a cargo de la infanta Leonor, princesa de Asturias, de trece años de edad leyendo un artículo de la Constitución que podría no dejarla reinar si llegara a tener un hermanito varón. El oropel en la gallardía de las guardias y la entrada solemne entre los leones forjados con el bronce de los cañones tomados al enemigo en Wad-Ras y la alfombra roja que se extendió para que los regios pies no hollaran el suelo del común en esta democracia leonina.

El jefe del Estado se ha desplazado a las Cortes para presidir los solemnes actos de aniversario de la gloriosa instauración. Lo acompañaban los altos dignatarios y otras personalidades. A su llegada, precedido por la Guardia Mora, fue recibido con una ovación y otras muestras de afecto del pueblo que se concentraba a la entrada y un fervoroso aplauso de los señores procuradores. El acto, que comenzó con el himno nacional, concluyó con una revista a una compañía de la Guardia Civil en traje de gala.

Podía ser el NO-DO de los años cuarenta o el cuarenta aniversario de los cuarenta años retransmitido en directo por RTV1, sucesora del NO-DO.

Una congregación de altos cargos y representantes de los poderes del Estado, muchos de ellos tan corruptos como la Corona, con presencia de malhechores y presuntos malhechores entre ellos, reunida para rendir tributo a la Constitución en un solemne acto de Estado. Los asistentes homenajeaban un texto en el que la mayoría no creía, no aplicaba sino a su conveniencia, todos querían reformar parcial o totalmente y contra el que algunos de ellos habían votado en el momento de su aprobación.

El pintoresco espectáculo en medio del habitual estruendo de los españoles contrastaba con el debate político real a la sombra de la Constitución. Decir que España era un Estado democrático de derecho cuando, como siempre en su historia, cuenta con presos y exiliados y personas sometidas a procesos confiscatorios injustos, como consecuencia de sus ideas y actos políticos no violentos, era un sarcasmo. Y el sarcasmo se elevaba a insulto al auditorio cuando se recordaba que, además, el país se enfrentaba a un recurso a la huelga de hambre de algunos reclusos políticos que no tenían otra forma de hacer valer sus derechos si no era con riesgo para su vida.

De este modo se cierra el círculo de la consideración crítica de la Transición y se produce la ruptura. Aquella no solo no dio los resultados prometidos, sino que, al contrario, en lo que respecta a Catalunya, estos supusieron una involución y un retroceso considerable en el proceso de construcción nacional. Como siempre, España se planteaba la cuestión del ser de España y, como siempre, lo llamaba «cuestión catalana». Quedaba claro por enésima vez que la historia de la España postimperial se hacía desde la recámara de la intrahistoria catalana y que era Catalunya quien determinaba en definitiva la historia española. Aquí la ironía puede alcanzar el sarcasmo, pero con prudencia porque hay una raya cuyo traspaso el nacionalismo español no tolerará jamás al catalanismo político. La que se encierra en la famosa advertencia de Niceto Alcalá-Zamora a Francesc Cambó: «Usted debe escoger entre ser el Bolívar de Cataluña o el Bismarck de España». Una cosa o la otra; las dos, no.

Las pruebas del retroceso son abundantes. El Pacto de San Sebastián se hizo en gran medida para dar satisfacción a las reclamaciones catalanas y convertir a Catalunya en interlocutora de igual a igual con el futuro gobierno de la República, por eso se pretendía que el Estatuto de Autonomía se aprobase en unas cortes constituyentes de la República. La Guerra Civil, desencadenada por el criminal golpe de Estado de Franco, se hizo para eliminar dos amenazas al tradicional dominio de la oligarquía española: el fin del Antiguo Régimen y la entrada de España en la modernidad y la posibilidad de que los catalanes llevaran a efecto aquellas reclamaciones o, de serles posible, la independencia.

La Transición posterior a la dictadura trató de ahogar en una táctica de «café para todos» las sempiternas reclamaciones catalanas e integrar Catalunya en el conjunto español sin otra distinción que la meramente nominal de llamarla nacionalidad en lugar de región. Esta decisión tiene efectos distintos en la intrahistoria catalana y la historia de España que recoge en su seno los resultados de aquella intrahistoria, muchas veces sin saberlo y casi siempre sin entenderla.

La lectura en la intrahistoria remite al juicio que la actual generación independentista formula sobre la acción de la generación anterior, protagonista de la Transición. La común lealtad al ideal nacional catalán (prueba empírica, el orden numeral de presidentes de la Generalitat), obliga a presuponer en la acción de aquella, en su compromiso con la fórmula autonómica de la Constitución, la buena fe de creer que era lo mejor, dadas las circunstancias, para alcanzar el objetivo final de la independencia. Vino el seny, vino el peix al cove y, por venir, vinieron hasta la puta y la Ramoneta. La tradición no sería la tradición si no fuera despiadadamente igual a sí misma. ¿No decía el muy catalán Eugeni d’Ors que «tot ho que no és tradició, és plagi»? Avisados quedamos. Muerta la tradición, a ver qué plagiamos.

El examen desapasionado de los resultados cuarenta años más tarde obliga a hablar de fracaso autonómico. Y un fracaso en parte debido a la previsible acción de las teselas del trencadís catalán. El escepticismo, la incredulidad y el pragmatismo incitaron a la generación de la Transición a renunciar a un pacto fiscal al modo vasco, sin duda con la mejor intención del mundo, pero quizá sin mucho acierto. Dejaba las aspiraciones tradicionales de Catalunya a merced de quienes proponían un tratamiento homogéneo de los territorios en España mediante el truco de elevar el autogobierno de todos al nivel planteado por los homologadores una vez quedó claro que la «excentricidad» catalana no llegaría al extremo del pacto fiscal y, por tanto, no pondría en peligro la supervivencia del país.

La actual generación reconoce el mérito de la anterior al traer la reivindicación histórica de Catalunya hasta el Estatuto de 2006 y su triste aventura. Pero deja constancia del enésimo fracaso en los intentos de encontrar un encaje de Catalunya en el Estado y, como consecuencia, al tomar el relevo en los años siguientes a la sentencia del Tribunal Constitucional, da por cerrado ese ciclo ante la imposibilidad de hacerlo realidad. Volviendo a Dante: «Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Non sei una nazione». Para evitar otro fracaso, la generación actual ha elevado el nivel del conflicto hasta la reivindicación de la independencia por medio de un referéndum de autodeterminación pactado, de ser posible; de no serlo, unilateral.

En la historia de la España oficial, la organización autonómica ha sido un éxito y se incluye en las celebraciones y apoteosis del 40.º aniversario si bien, a fuer de realistas, reconociendo que anda precisada de algunos retoques para adaptarla a los nuevos tiempos, etc. En conjunto, sin embargo, el balance es autocomplaciente y muy positivo. Numerosos estudios y trabajos de especialistas en la materia han explicado hasta la saciedad que, aunque España no sea formalmente un Estado federal sí lo es materialmente, pues tiene un grado de descentralización superior al de muchas federaciones. Otros dicen que, sin ser un Estado federal en su estructura, sí lo es en su dinámica y hablan de la tendencia «federalizante» de España. Se trata de justificaciones más o menos ideológicas que intentan embellecer la distribución autonómica, basada en el juego de unos estatutos que no son otra cosa que leyes orgánicas del Parlamento central, es decir, concesiones de este, dándole visos de constitucionalidad. Para dar mayor verosimilitud esta especulación se ha acuñado la expresión «bloque de constitucionalidad», tratando de dar a los estatutos de autonomía rango constitucional, requiriendo el acuerdo de la parte interesada para su reforma. Esta botana del orden autonómico quedó en nada con la brutal sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010, según la cual para reformar, cambiar, transformar y dejar parcialmente sin efecto un estatuto de autonomía basta con el voto favorable de una mayoría de magistrados a los que no ha elegido nadie.

La historia de la España real se enfrenta a un fracaso de la organización autonómica, fracaso que tiene un importante componente catalán. Es Catalunya la china en el zapato de la vieja España, la punzada que impide la construcción de una nación española uniforme, unitaria y centralizada, como el modelo francés que los Borbones han tenido siempre en su ánimo. A partir del 1 de octubre de 2017, cuando el movimiento independentista catalán se aceleró y se convirtió en una verdadera amenaza para la continuidad del orden monárquico español, algunos sectores liberales y de la izquierda española argumentaron que el independentismo había despertado el fascismo y la ultraderecha en España. El subentendido obvio era que, si queríamos tener un Estado democrático pacífico y estable, el independentismo debería dejar de serlo. Igualmente, subentendido quedaba el supuesto de que si los independentistas moderaran su discurso, no postulando la separación sin más, sino alguna forma de federación más o menos laxa, los liberales e izquierdistas, se encargarían de que el sistema político de la Tercera Restauración siguiera funcionando a pedir de boca con las pertinentes reformas constitucionales. Solo había que confiar en ellos.

A pedir de boca de los españoles y con la consiguiente frustración de los catalanes que, viviendo un momento histórico en forma de ascenso reivindicativo y unitario, deberían resignarse a verlo morir de nuevo en el contexto de algún pacto con la inexistente España liberal. Por una especie de acuerdo implícito entre las élites izquierdistas españolas y las españolistas (pero liberales) de Catalunya, una vez sosegados los ánimos, podría procederse a una reforma de la Constitución que encontrara acomodo para las pretensiones de Catalunya y que tendría algún tipo de imprecisa organización. Más o menos la conclusión a que normalmente se había venido llegando en todas las crisis entre España y Catalunya y que siempre habían acabado en alguna nueva forma de fracaso catalán.

Muy probablemente, el despertar de la bestia fascista española haya venido acicateado por el repentino vigor del independentismo, pero resulta poco convincente atribuirlo en exclusiva al auge secesionista y muy sospechoso pasar por alto la confluencia de otros factores. Entre ellos, los siguientes.

En primer lugar, la extrema derecha fascista ha estado y está siempre ahí en España como fatídico resultado de que el fascismo español fuera el único que no perdió la guerra en Europa, sino que, al contrario, la ganó y tuvo cuarenta años para configurar el país a su imagen y semejanza. Así, mientras la derecha europea, que había combatido al fascismo con las armas en la mano, se democratizaba, la española se consolidaba, endurecía y echaba raíces patrimonializando el Estado a extremos que llegan hasta hoy. Quienes ganaron la guerra en 1939 trataron el país entero, no solo Catalunya, como tierra conquistada y a los habitantes como población vencida. Y se comportaron en consecuencia. Para ellos, el país es de su propiedad por derecho de conquista y así siguen considerándolo en la actualidad.

En segundo lugar, como ya hemos dicho, la Transición no procedió a depuración alguna de los aparatos del Estado franquista que simplemente en algunos casos cambiaron de nombre, pero siguieron funcionando con idénticos criterios y el mismo personal. A diferencia de Alemania en 1945, en España en 1975 no hubo desfasticización alguna, ni siquiera la muy liviana y superficial de los alemanes. La extrema derecha franquista quedó «homologada» como la derecha «civilizada» de un Estado democrático de derecho que era un Estado Potemkin.1

En tercer lugar, el ejercicio sin límites de un poder político tiránico de la derecha más reaccionaria del PP, basado en la holgada mayoría absoluta de las elecciones de 2011, insufló energía y seguridad a una corriente que nunca ha trazado claras líneas de separación entre la acción política y la delincuencia. El programa electoral que le dio el triunfo prometía exactamente lo contrario de lo que pensaba hacer en el gobierno. Su acción consistió en desmantelar el estado del bienestar, destruir la protección jurídica de los trabajadores, arruinar a los pensionistas, enriquecer a los bancos, suprimir los derechos y libertades públicas y esquilmar el erario a base dilapidar los fondos públicos o apropiárselos. Nada de esto y cosas peores dio lugar a una reacción de la oposición en defensa del Estado de derecho. Una prueba más de que la habitual distinción entre el gobierno (transitorio) y el Estado (permanente) en España no opera porque se acepta que el corrupto es el propio Estado y los gobiernos no hacen otra cosa que adaptarse.

En cuarto lugar, ese Estado Potemkin delictivo goza del cerrado apoyo del ejército, las fuerzas de seguridad del Estado (algunas de ellas delictivas en sí mismas), los empresarios, los banqueros, y la Iglesia católica. Es la tantas veces mencionada estructura del Estado de la oligarquía y el caciquismo, dueño y señor de una población cuyos derechos están al albur de las obsesiones de un conjunto de fanáticos y criminales.

En quinto lugar, la crisis económica, el descenso del nivel de vida y los problemas asociados a la inmigración dieron alas a los discursos demagógicos, xenófobos y catalanófobos de estos sectores de la ultraderecha. Discursos como vientos aciagos que agitan densas praderas de malas hierbas de sentimientos machistas, racistas, autoritarios, xenófobos, dogmáticos y serviles muy extendidos en la opinión pública española que lleva años tragando quina con la laxa moral contemporánea y que, en el fondo, piensa que toda libertad sexual es libertinaje.

En sexto y último lugar, la indefinición e incapacidad conceptual de una izquierda española que, no habiendo sido nunca capaz de articularse como una alternativa no subalterna a la derecha, la llevaría al desconcierto y la incomprensión del movimiento independentista catalán en la formulación que esta nueva generación estaba dándole. Es típico de la ceguera y la cobardía de la izquierda española, incapaz de construir una idea de país y de nación que pueda aglutinar conjuntamente naciones diversas, suscribir la visión nacional de la derecha y su forma criminógena de defenderla. Lo curioso es que acabe echándole la culpa a quien es la principal víctima de aquel renacimiento del fascismo.

La nueva generación que ha tomado el relevo del nacionalismo catalán salido de la Transición y radicalizándolo hacia el independentismo también tiene algunos rasgos definitorios que cabe distinguir. El primero de todos, el más importante, es el que ha dado en llamarse su transversalidad en los sentidos económico, social y político. Este es un punto esencialísimo de la revolución catalana. Trátase de lo que algunos estudiosos consideran el interclasismo de las actuales relaciones sociales y políticas en las sociedades avanzadas. Incluso le han encontrado un nombre. Así, Otto Kirchheimer, al dar cuenta de los partidos políticos de la época contemporánea y reparar en que los de clase, propios de fines del siglo XIX y principios del XX, estaban desapareciendo, dio en identificar otros interclasistas, «partidos de todo el pueblo», como se llamaban a sí mismos o «partidos atrapalotodo», en la terminología más práctica y menos convencional del propio Kirchheimer.

El independentismo catalán actual a partir de la crisis de 2006 responde cada vez más a este modelo interclasista o «atrapalotodo» que también se ha considerado «populista». Pero presenta un elemento diferenciador esencial: no es un partido, propiamente dicho, sino un movimiento; no pretende ganar elecciones, sino un referéndum; no quiere un cambio de gobierno, sino de Estado.

La transversalidad es otro nombre para el interclasismo, factor esencial que promete su triunfo porque hace realidad la vieja utopía del nacionalismo político de la unión sagrada del pueblo. El deseo del káiser Guillermo, cuando decía que ya no conocía izquierdas y derechas, sino que solo conocía alemanes poco antes de enviarlos a matarse contra los franceses. Pero también el deseo, mucho menos reaccionario y cruel de otros movimientos populares y nacionales, como el de independencia de los Estados Unidos.

Más en concreto, podría resultar extraño que calificáramos como «revolución catalana» un movimiento transversal, interclasista, en el que, por eso mismo, ocupa una posición destacada la clase burguesa y su partido. Pero precisamente por eso lo llamamos revolucionario. Porque la burguesía es una clase revolucionaria. A la vista de la historia, hay quien dice que es la única clase revolucionaria, pues de las revoluciones realizadas por las otras clases, como el proletariado o el campesinado, no queda nada. Del legado de las revoluciones burguesas sigue viviendo el mundo contemporáneo: de la revolución inglesa del siglo XVII y las norteamericana y francesa del siglo XVIII. Lo decisivo de la revolución burguesa es la abolición del Antiguo Régimen. Puede haberlo hecho por medios violentos o pacíficos y negociados, pero en todas partes abolió el régimen señorial. Los países que no lo han hecho y siguen viviendo en pleno Antiguo Régimen, como España, no pueden ser clasificados como modernos.

Lo afirma Karl Marx en El manifiesto comunista: la burguesía es una clase revolucionaria porque trastoca todas las relaciones de producción, todas las formas productivas, lo hace para maximizar sus beneficios y con el afán de aumentar la explotación de los trabajadores (porque es la forma que tiene de sobrevivir, compitiendo), pero lo hace. La verdadera revolución, según él, traería una sociedad organizada sobre la base del colectivismo y la solidaridad. Pero todo eso está por ver. Las revoluciones proletarias, antiburguesas, no han dejado rastro. La Comuna de París duró escasos dos meses; la soviética, la más longeva de todas, llegó a los setenta y cinco años; las de los países comunistas, unos cuarenta y cinco. Solo quedan la revolución china, que es un misterio, y la cubana, que es un milagro.

La presencia de la burguesía en el bloque independentista otorga a este una perspectiva razonable de éxito por primera vez en la historia. La burguesía catalana ha pasado de cultivar un nacionalismo pactista con el Estado español a enfrentarse a este en procura de uno propio, un Estado catalán. La pretensión es clara: los empresarios, financieros, industriales catalanes están convencidos de gestionar mejor sus recursos que el Estado español y han sellado un acuerdo con las otras clases para disponer de un terreno propio de juego político y económico en una Catalunya independiente.

Esta alianza viene a clausurar un enfrentamiento antiguo entre el nacionalismo burgués y el proletario. Hasta la fecha, el burgués y el de izquierda republicana iban siempre separados, muy probablemente porque la faceta de lucha de clases primaba sobre la nacional. Ahora, sin embargo, esta faceta nacional se ha hecho predominante. Sin duda, ambas partes han cedido en lo suyo y, habiendo aprendido amargamente que cuando prima la desunión en las filas propias, la ganancia es para el enemigo, en la actualidad, la unidad de acción política independentista abarca desde la derecha hasta la extrema izquierda, esa que algunos autores llaman muy impropiamente antisistema. Impropiamente porque en puridad de conceptos, es el propio sistema el que es antisistema, ya que su motor interno, el mercado, no conoce descanso en su tarea de alteración de costumbres y rutinas y búsqueda de vías nuevas, nuevas fuentes de riqueza y prosperidad, con resultados menos que óptimos.

La transversalidad no solo es política y económica o social, sino también profesional. El independentismo cuenta con una amplia red de asociaciones profesionales, implicadas directa o indirectamente en el objetivo común de la independencia. Esas redes profesionales, a su vez imbricadas en las tradicionales redes de asociaciones populares y culturales catalanas, coordinan su acción a través de las asociaciones sociales tipo «paraguas», como Ómnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) cuya referencia es el independentismo. Las actividades profesionales se entienden en un sentido tan amplio que comprenden hasta las actividades religiosas. Hay una evidente benevolencia cuando no clara colaboración del clero catalán con la independencia y no se reduce a la guía espiritual de Montserrat, de la que se hablará más adelante.

Es decir, cuando el partido fascista Vox propone ilegalizar las asociaciones independentistas, en realidad, está proponiendo ilegalizar la sociedad catalana. Toda ella, figurándose la ira de Dios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Eso parece más en su estilo combativo que la propuesta de plagiar servilmente el modelo inventándose Societat Civil Catalana (SCC), que es una tapadera de organizaciones de extrema derecha y un reconocimiento implícito del mayor mérito de la sociedad civil catalana real, no la inventada. Basta comparar la asistencia a los actos de cualquiera de las asociaciones independentistas, como la ANC u Óminum con la que consiguen las convocatorias de la SCC.

La transversalidad es el elemento más importante de la revolución catalana, porque es el que, en el fondo, la hace factible, tanto por su aportación material como por el eco que tiene entre los sectores conservadores de la sociedad, cosa nada desdeñable en lugares en los que hay que ganar elecciones. La transversalidad hace posible la revolución al ser de todo el pueblo. Pero no es su único rasgo característico.

También aporta y mucho el hecho de que se trata de un movimiento radical en una sociedad desarrollada y urbanizada. Al punto de que la acción política de los campesinos se coordina con la de las ciudades. Igualmente es de gran importancia que sea un movimiento por la cultura y la lengua, el más inclusivo de todos, porque es el movimiento por el derecho a ser. A ser nación. Esa nación que ha acabado configurada como un mosaico que se ha ido haciendo en la historia en la forma del trencadís nacional.

La transversalidad hace la revolución posible; las demás características la convierten en una revolución de nuevo tipo.

La nueva generación, la que se ha pronunciado sin ambages por la independencia, está integrada sobre todo por intelectuales. Políticos con actividades intelectuales, intelectuales metidos a políticos, periodistas, escritores, profesores, publicistas, forman un frente ideológico que elabora doctrina, un poco al ritmo de unos acontecimientos que se aceleran en su devenir histórico, pero que dibuja un cuadro teórico independentista. Enfrente se encuentran o debiera encontrarse un frente análogo, pero de influencia unionista. Un frente con una composición similar. Sería lo que podría llamarse la batalla de los intelectuales o la batalla de las ideas. A un lado, las huestes hispanas, dispuestas para la reconquista nacional. Al otro, los nuevos almogávares que, lejos de conquistar países ajenos, quieren conquistar el suyo.

Las huestes españolas sufren un hándicap considerable: no disponen de una nación ni de nada parecido. La reconquista originada esta vez en Andalucía en lugar de en los montes astures, no es una reconquista, sino otra conquista. El fracaso en el intento de construir una nación española, se remonta al momento mismo en que la bendicen en una pila bautismal en Cádiz. Y desde entonces ni siquiera ha conseguido convencerse a sí misma de su existencia, como se prueba por el hecho de que, como dice Cioran, sigue preguntándose angustiosamente por su propia esencia.

El Imperio caído no consiguió convertirse en nación. Tu nación es un fracaso si consiste en obligar a otra u otras naciones a vivir en su seno sin reconocerlas como naciones y negándoles, por tanto, el acceso a los derechos de que la tuya disfruta. Una actitud patentemente injusta, pues infringe la regla de oro universal de la moral, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y el fracaso se duplica si, además, pretendes mantener tu ficticia nación artificialmente, por la fuerza de las armas. Por la fuerza y la violencia se mantienen los Estados, pero no pueden mantenerse las naciones que, al ser comunidades sentimentales, requieren la libre voluntad.

La nación española empezaría a serlo si reconociera el derecho de las otras naciones en su seno a no ser españolas. Eso sería una actitud razonable, negociadora, de buenos augurios. Pero nada de esto hay en el horizonte. En realidad, la idea de la nación española que el frente unionista maneja es la del Antiguo Régimen envuelta en nuevas tecnologías y argumentada con razones especiosas, falsas, disparatadas, pero con mucho eco entre unas masas motivadas por un nacionalismo de bandera y toque de corneta. En realidad, un monstruo, una anomalía en la Europa del siglo XXI, por más que sus ministros vayan por ahí pregonando con voz estentórea y gesto fiero que España es un Estado democrático de derecho homologable, etc. Tan democrático que se olvida de juzgar a los delincuentes cuando son de los suyos.

Es el engaño de la España oficial, un país Potemkin, que no es lo que dice ser, y gasta más energías en justificarse que en explicarse. Defenderlo intelectualmente es imposible; proyectarlo al futuro, una quimera. Frente a Catalunya, los intelectuales españoles acaban reunificándose por encima de su división tradicional entre reaccionarios y progresistas: todos son reaccionarios.

Los de pata negra, los franquistas descarados o vergonzantes, los familiares de los excombatientes y exdivisionarios, los beneficiados de las prebendas de la dictadura, los que se enriquecieron con la corrupción no se atreven a reivindicar aquella, pero se niegan obstinadamente a condenarla. Su ideal consiste en «pasar página», «echar en olvido» la ignominia de cuarenta años de tiranía. De común acuerdo con los ideólogos progresistas, los del Estado «homologable», sostienen que el país ha alcanzado una cuota nueva de dignidad en la cual los únicos que desmerecen son los obstinados independentistas catalanes. Llevan su cínico desparpajo a atacar a los independentistas tildándolos de fascistas, nazis, racistas, xenófobos, justamente las orientaciones y los postulados que animaron a sus antecesores y, en realidad, los animan a ellos en la actualidad. El mecanismo mental que lleva a un fascista a acusar a otro de fascista, asumiendo con ello que el fascismo es un delito es lo que los psicólogos llaman proyección.

Los intelectuales de la tradición progresista, liberal, de izquierdas rinden culto a una imagen ficticia de una España abierta y moderna cuya fantasmagórica existencia contraponen en sus sueños a la tenaz realidad de la España negra. Aparentemente, ambos bandos están enfrentados, uno en lo imaginario y otro en lo real. Pero se juntan y forman una piña, un frente, una unión sagrada cuando se trata de frenar la tendencia segregacionista catalana. Comparten el reservorio de insultos e injurias (fascistas, xenófobos, etc.), pero tratan de darles mayor peso conceptual a través de algunas pedanterías académicas. Allí donde los viejos franquistas y sus renuevos se limitan al exabrupto, estos otros echan mano de teorías más elaboradas de base filosófica, sociológica, antropológica, historiográfica, lingüística, etc., a fin de poner de manifiesto su dedicación al mundo de Minerva, su superioridad conceptual. Consiguen así poner de relieve el fondo espiritual fascista del nacionalismo catalán a base de refinados análisis que solo muestran, en realidad, su servilismo intelectual y su abyección moral al servicio de la oligarquía tradicional española.

La función del frente ideológico unionista es puramente defensiva del statu quo. Si hemos llegado hasta aquí con cuarenta años de Constitución, bien podemos seguir otros cuarenta, siempre que introduzcamos los prudentes cambios necesarios para que España se disponga a entrar en el cuarto milenio con la luz de Trento en alto.

Como programa intelectual es soso. Si toda la oferta es que el país se quede como está y los catalanes no se vayan, no es de extrañar que el silencio del frente ideológico desaparezca con los berridos de las formaciones de la extrema derecha, que pronto pasará de quemar banderas independentistas a quemar libros independentistas y, luego, ya se verá.

El frente ideológico catalán aparece mucho más fortalecido porque aspira a un objetivo que implica concentrar todas las energías materiales y espirituales: la construcción de un país nuevo. El trencadís dibuja una flecha en el aire, cargada con todo el sentimiento nacional catalán. En esa flecha viaja la experiencia vital de una generación: el Consulado del Mar, Pau Casals, la Lliga, Prat, 1716, Almirall, la Semana Trágica, la Caputxinada, los novísimos, el Noi del Sucre, ¡Cu-Cut!, Barcelona bombardeada, Llull, Companys, Nosaltres decidim, en fin… La idea de la nación.

La prueba de que estos van en serio es que están preparando el relato que contarán a sus hijos. Quieren influir en el juicio que sobre ellos emitan las generaciones venideras. Pero han de recordar que este dependerá no del relato, sino de su contenido.

1 Llámase “Potemkin” a toda construcción ficticia que trata de ocultar la miseria y la opresión reales tras una fachada fabulada y embellecedora. Del nombre del primer ministro ruso de la emperatriz Catalina, quien erigía fachadas de felices aldeas al paso de su imperial patrona.

IV. Catalanofobia

IV. Catalanofobia

Mapa político de España. Mediados siglo XIX.

El genio de los naturales (catalanes) es amante de la libertad, aficionadísimo a todo género de armas, prontos en la cólera,

rijosos y vengativos, y que siempre se debe recelar de ellos,

aguarden coyuntura para sacudir el yugo de la justicia...

Son apasionados a su patria, con tal exceso que les hace

trastornar el uso de la razón, y solamente hablan su lengua nativa.

JOSÉ PATIÑO, REDACTOR DEL DECRETO DE NUEVA PLANTA,

16 de enero de 1716

Catalunya es una nación en lucha por su derecho a ser. Su derecho a ser nación catalana. Su principal enemigo es la catalanofobia, un sentimiento anticatalán muy antiguo y extendido en España, hasta el punto de que, en cierta medida, constituye un elemento esencial del nacionalismo español.

Es un concepto polémico, controvertido. Todos saben de su existencia, pero nadie admite padecerla. Como el racismo: es patente por doquier, pero nadie (o casi nadie) es racista. Algunos lo ven y lo afirman. Otros lo ven y lo niegan, que es una forma de afirmar en sentido contrario. Como el racismo, el machismo y otros prejuicios igualmente estúpidos: sería imposible negarlos si no existieran.

La catalanofobia es muy clara a lo largo del tiempo. Algún libro, ya clásico en la materia, como el de Francesc Ferrer i Gironès, repleto de información, sitúa su nacimiento ya a fines del siglo XVI; acompaña el proceso de decadencia imperial que se inicia por estas fechas y estalla en la revuelta catalana de 1640. Otros autores, como John H. Elliot emparejan el conflicto España-Catalunya en tiempos del conde-duque de Olivares con la decadencia misma del Imperio español.

El anticatalanismo, los prejuicios anticatalanes surgen y toman un cuerpo poderoso como un arma más de guerra psicológica entre las dos naciones, al servicio del objetivo de la española de aniquilar la catalana. Es un arma potente que se fabrica fuera, en tierras no catalanas. Valga la voz del muy español Francisco de Quevedo y Villegas, contemporáneo de la guerra de los Segadors y de Catalunya en 1640, en representación de un coro castellano de opinión frente a este conflicto: «En tanto en Cataluña quedase un solo catalán, y piedras en los campos desiertos, hemos de tener enemigos y guerra».

Iniciada aquí, la catalanofobia era una réplica y una simetría a la hispanofobia que todos los conflictos posteriores también han despertado en Catalunya. Solo que, por razón de su mayor dimensión territorial, preponderancia económica y poder militar, sobre todo, la catalanofobia ha arraigado mucho más en España que la hispanofobia, en Catalunya, donde han solido darse tendencias en distintos sectores sociales (especialmente nobiliarios, burgueses y clericales) partidarios de un entendimiento con España e, incluso, de una entrega a ella, una identificación con ella que a la inversa jamás se ha dado. La catalanofobia española es mucho más intensa y extensa que la hispanofobia catalana.

Obsérvese, asimismo, que si bien España jamás ha asimilado las ocasionales veleidades nacionalistas y/o secesionistas del País Vasco y Galicia, nunca se ha hablado de que existiera una «gallegofobia» o una «vascofobia» o «euskerofobia». Al contrario, los gallegos y los vascos han estado tradicionalmente integrados en Castilla y han participado en lo que los cantores del Imperio llaman ampulosamente «la empresa imperial» de la Monarquía Hispánica.

Se ve con claridad en el sumo monumento de las letras españolas, el Quijote. Cervantes hace burla de la sintaxis de los vizcaínos, pero no duda de su lealtad a la Corona ni de su carácter español. Los vizcaínos no son un cuerpo extraño en la monarquía española como, en cierto modo, sí lo son los catalanes, y el autor se siente tan atraído por ellos que la trama de la segunda parte transcurre en gran medida en un viaje a Catalunya, de lo que allí sucede y del regreso, durante el cual, según parece, el ingenioso hidalgo recupera el juicio. Algún malicioso podría decir que recupera el seny, o quizá alguno de esos patriotas catalanes tan encendidos que atribuyen a Catalunya todos los méritos tenidos generalmente por españoles, como producto de rapiña o falsificación y que corresponde devolver.

Doctores tiene la Iglesia y también las ciencias profanas que darán cuenta de este empeño por hacer catalanes a Cervantes, Colón y otras glorias. En lo que respecta a la visión cervantina de Catalunya, muy positiva, por cierto, conviene recordar algunos extremos. El primero de todos que, aunque en la primera parte, Cervantes ya anuncia la segunda, probablemente no tenía intención de escribirla o, teniéndola, no pudo realizarla hasta diez años después de publicar la primera y, además, lo hizo movido por una urgencia sobrevenida que, de no haberse dado, hubiera dejado el Quijote reducido a un solo tomo.

Fue la aparición de una segunda parte falsa de la obra, la que volvió a poner la pluma en la mano de Cervantes para salvar su autoría, porque esta parte falsa aparecía bajo el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda quien, como Salieri en relación con Mozart, podía quejarse a Dios de haberle dado capacidad para entender el genio, pero no genio para crear y, por ello, plagiaba. Avellaneda no solamente se apropiaba de la figura del Quijote en la segunda obra, sino que daba a entender que también la primera era suya.

Cervantes no podía dejarse expoliar de ese modo y hubo de escribir esa postergada segunda parte para denunciar la superchería de Avellaneda y recuperar la legitimidad de su autoría. Sospechaba el manco de Lepanto que el tal Avellaneda debía de ser aragonés por la cantidad de aragonesismos que encontraba en la lectura de su libro, razón por la cual decidió llevar la acción al reino de Aragón. Pero entonces, como ahora, el punto central y más importante de la Corona de Aragón era Catalunya y, para dejar las cosas claras, en Catalunya, en Barcelona, en su puerto, en los montes catalanes, infestados de bandidos, según la propaganda anticatalana en Castilla.

El juicio cervantino sobre los catalanes es extraordinariamente positivo, como si el autor pretendiera lavar su nombre frente a una campaña de descrédito. Los catalanes son buena gente, industriosos, cívicos, interesados por la cultura, buenos cristianos y de moral humanitaria. Don Quijote se topa en los bosques con el famoso bandolero Roque Guinart (Perot Rocaguinarda), de quien se contaban muchas fábulas negativas y de él sabe decir que es un bandido generoso que roba a los ricos para repartir entre los pobres.

Esta visión tan positiva de Catalunya conmueve a los catalanes, admirados de que alguien pueda formular un juicio favorable sobre ellos, a pesar de la catalanofobia siempre presente en España. De aquí el interés por probar la catalanidad del autor del Quijote.

La guerra de los Segadors y la República Catalana rebelde contra España fueron decisivas para el hundimiento de la Monarquía Hispánica y la decadencia de su Imperio y también para la consolidación del síndrome de prejuicios que llamamos catalanofobia, hoy más viva que nunca, al amor de las redes digitales. Ya en el reinado de Isabel II y Fernando de Aragón, este era conocido en la Corte predominantemente castellana como el Viejo Catalanote.

Y así, hasta la actualidad. Cuando Vázquez Montalbán publicó Un polaco en la Corte del rey Juan Carlos, en 1996, al comienzo del gobierno del ultrarreaccionario José María Aznar, en mitad de una crítica bastante favorable en general surgieron voces escandalizadas por el uso del término polaco en el título, al entender que menoscababa a los españoles, atribuyéndoles unos prejuicios vergonzosos que estaban lejos de abrigar. Venía a decirse que el título y, por ende, la obra, contribuía a propagar un mito odioso, que enfrentaba a las dos comunidades, española y catalana, reviviendo un epíteto denigratorio de la segunda de uso frecuente en la primera.

Posiblemente esta afirmación esté dictada por la buena voluntad de contribuir al entendimiento y la fraternidad entre «los hombres y las tierras de España», pero no se compadece con la realidad. «Polaco» ha sido y es término intermitentemente usado en España con referencia a los catalanes, acompañado de otros aún más insultantes que proliferan en el ciberespacio. Basta echar una ojeada a los comentarios de Twitter cada vez que hay algún accidente o desgracia con víctimas catalanas para leer cosas como «catalufos», «catanazis», etc. Es tan frecuente el vilipendio que los propios catalanes, que, ya lo hemos dicho, emplean la ironía haciendo chistes sobre ellos mismos, titulan Polonia su programa de humor más famoso en TV3.

Quede a los especialistas en psicología profunda de las masas, si existe esta rama del saber, la tarea de averiguar las razones de la catalanofobia. Porque debe de haber muchas, muy variadas y algunas sorprendentes, como esa tendencia intermitente de las élites catalanas a coincidir con el anticatalanismo de raíz castellana en ejercicio de lo que muchos nacionalistas llaman autoodio, que parece surgir de la frustración de no conseguir una plena integración de Catalunya en el proyecto nacional español.

Y seguramente hay otras tan oscuras y difíciles de desentrañar como esta. Por debajo de las ocasionales declaraciones de amor por Catalunya de las élites españolas, suena siempre el eco de la declaración belicosa de Fraga Iribarne, exministro de Franco y fundador del PP, del principado como «tierra conquistada». Por supuesto, los oriundos de una tierra conquistada serán siempre gentes conquistadas. Situación nada infrecuente en la historia. Maquiavelo dedica parte de su genial obra a asesorar al príncipe (ya se tratara de Fernando de Aragón o de César Borgia) sobre cómo tratar a los habitantes de los reinos, principados o repúblicas que haya conquistado. Los españoles han seguido parte de sus consejos, los más represivos; pero no la otra, la de los más contemporizadores.

Esa condición de pueblo conquistado, repetidas veces de hecho, en la historia ilustra más que cualquier relato, discurso o explicación sobre la voluntad nacional catalana. Y también la reiterada acusación española/castellana de felonía, de falta de lealtad de los catalanes a la gloriosa empresa española. Incluso cuando ha dejado de ser gloriosa, empresa y hasta española. Las dos líneas, voluntad independentista y agravio por deslealtad, impactan por igual en las élites catalanas como generadoras de ese «autoodio» de tan difícil explicación psicosociológica.

Por ello, es más práctico acudir a las manifestaciones empíricas, reales, tangibles, que se encuentran en la vida cotidiana y en prácticamente todas las andaduras de la vida, todas las generaciones y vocaciones. Una de las pruebas más evidentes de la catalanofobia es el exquisito cuidado que se pone en disimularla.

«Yo no odio a los catalanes, no tengo nada contra ellos, no soy catalanófobo, pero...».

«Yo no odio a los judíos, no tengo nada contra ellos, no soy antisemita, pero...».

«Yo no odio a los negros, no tengo nada contra ellos, no soy racista, pero...».

Se dirá que estos ejemplos del fatídico «pero» están mal traídos porque en este conflicto no median factores racistas, con su inevitable raíz seudobiológica. Y es correcto. La catalanofobia no es una forma de racismo, sino algo peor. No se vilipendia a los catalanes por tenerlos por raza inferior, sino por obstinarse en ser distintos y gobernarse por sus instituciones y leyes, negadas por la nación conquistadora. Algo que los conquistadores no podrán perdonar nunca, pues han tenido la magnanimidad de considerar a los conquistados como iguales a ellos. Todos españoles. Igualmente españoles. Es inaceptable el rechazo de esta merced, sobre todo porque quienes dicen hacerla, parecen habérsela creído y encuentran incomprensible que alguien no quiera alzarse hasta su altura.

La catalanofobia no es racismo. Es el sentimiento de frustración que anida en el fracaso a lo largo de los siglos de asimilación de los catalanes a la norma castellana, autodesignada española. ¿No han aceptado la asimilación los aragoneses? ¿No la han aceptado, con matices, los valencianos y baleares? ¿Por qué no los catalanes? Esta tozudez en la no asimilación ha sido tratada siempre de modo represivo por el Estado a lo largo de los siglos y manu militari cuando ha hecho falta para imponerla. Tras la derrota de la República Catalana de 1640, la Guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta, que descatalanizaban Catalunya y la castellanizaban a la fuerza, el bombardeo de Barcelona por orden de Espartero crearía escuela y se convertiría en una detestable conseja imperial: «Hay que bombardear Barcelona cada cincuenta años». Así se impone la convivencia y la fraternidad.

La catalanofobia es el caldo de cultivo que justifica esta belicosidad española anticatalana, haciendo ver que no se trata de agresiones, sino de castigos. Castigos como el de la Ley de Jurisdicciones, la dictadura de Primo de Rivera, el encarcelamiento de la Generalitat, el fusilamiento de Companys y la larga noche del franquismo que fue profundamente catalanófobo. A extremos inimaginables: una represión criminal masiva por asesinatos sin juicio o con juicio y la descatalanización completa, que no se había conseguido con la Nueva Planta ni se conseguirá jamás. Se cambió la toponimia, los nombres de las calles, los nombres propios que los particulares estaban autorizados a imponer a sus hijos. Se castigaba hablar en catalán en público y el castellano era la lengua única oficial en todo, desde la judicatura y los cuarteles (por supuesto), hasta las iglesias y la educación.

El propósito de «llenar Catalunya» de elementos españoles, formulado por algún jerarca del régimen de Franco apuntaba a una especie de limpieza étnica basada en la lengua. Españoles monolingües invadiendo la Catalunya bilingüe con el apoyo del Estado y con la intención de cambiar la composición sociodemográfica del principado para eliminar en él los elementos de una cultura distinta.

El Estado español, al menos el de la Tercera Restauración, tiene dos rostros, como Jano. Uno hosco, ceñudo, centralista, conservador, nacionalcatólico, atento a la condición «plural» de España y dispuesto a respetar algunas peculiaridades vernáculas de territorios no españoles con benevolencia y sano espíritu regional. El otro rostro es más alegre, menos severo, descentralizador, progresista, no confesional y partidario de una forma controlada y domesticada de federalismo que llama Estado autonómico, estando dispuesto a revisar la planta de este con la finalidad de mejorarlo y convertirlo en un federalismo que realmente cohesione a España.

Ninguno de los dos rostros nos acerca a la realidad de la situación, pero no hace falta decir que predomina el rostro hostil. España es arisca y celosa de su unidad. Cuando esta se invoca, los dos rostros de Jano se hacen uno, los progresistas y los reaccionarios se unen y su discurso vuelve por la querencia española imperial, casi en los términos del siglo XVI, pero en el XXI.

Recuérdese: «hay que españolizar a los niños catalanes», ministro de Educación y Cultura del PP en una sesión en el Congreso de los Diputados. Así enunciada la expresión es una barbaridad hasta para un diputado del PP. El ministro en cuestión añadía que su intención no era convertir sin más a los niños catalanes en españoles para que dejaran de ser catalanes (exactamente lo que persigue la catalanofobia), sino que reconocía la validez de las dos identidades, la española y la catalana, y solo quería que esos niños tuvieran las dos, pues ambas los enriquecían, desde su punto de vista. Con todo, la catalanofobia es eso porque ¿para qué españolizar a los niños catalanes añadiéndoles una identidad española que, según el ministro, no tenían o la tenían desvaída? Evidentemente, para hacer de ellos españoles de pro, leales a la idea de España que hay en la cabeza del ministro. El propósito es estúpido de acuerdo con los postulados de quien lo formula: si hay que españolizar a los niños catalanes es porque Catalunya no es España. QED. Ni tierra conquistada, ni «España incorporada ni asimilada», como rezaba un mapa de España de mediados del siglo XIX. Simplemente, Catalunya no es España y la catalanofobia viene del hecho de que se obstine en no serlo y en ser ella misma.

Es algo perceptible en la vida cotidiana, en las experiencias de «conllevancia» orteguiana de los dos pueblos, el español y el catalán. Porque la catalanofobia no se expresa solamente en los despachos de los ministerios, los pasillos de las asambleas, los estados mayores y menores militares o policiales, las juntas de accionistas o los conciliábulos de la Iglesia. La catalanofobia forma parte también de la vida cotidiana en las experiencias personales de la gente pública o privada, grande o pequeña.

Cuando existía el servicio militar obligatorio y se les asignaba destino a los soldados, muchas veces lejos del hogar familiar, quintas y quintas de mozos catalanes experimentaban la catalanofobia en los cuarteles y a menudo por primera vez en sus vidas. El menosprecio empezaba generalmente por el acento y se extendía a todo lo demás que fuera catalán, prejuicios, actitudes despectivas, chanzas o burlas. Sin duda la acumulación de estas experiencias tan comunes influyó en el hecho de que tanto Catalunya como el País Vasco estuvieran a la cabeza del movimiento de objetores de conciencia de los años ochenta, que desembocó en el de los insumisos, contrarios a aceptar la legalidad vigente y, tras más de veinte años de lucha, consiguieron la abolición definitiva del servicio militar y su disfraz de «prestación social sustitutoria» entre 2000 y 2002, con un gobierno del PP. Por entonces había cuatro mil insumisos procesados, y habría a lo largo de los años muchos más procesos civiles y militares, cárceles militares y civiles por las que pasaron cientos de jóvenes mientras el movimiento contaba con un amplísimo apoyo social. Para el independentismo catalán, el movimiento de los insumisos es un tesoro de información y ejemplos.

Para el ejército de aquellos años, los del franquismo y el posfranquismo, los catalanes ya no eran los heroicos voluntarios de Prim que tomaron Tetuán y triunfaron en Wad-Ras en nombre de España, inmortalizados por Fortuny. Se habían convertido en los infames caricaturistas de ¡Cu-Cut!, en los odiosos revolucionarios y antimilitaristas de la Semana Trágica. De héroes a villanos y desertores que se negaban a acudir a filas pretextando el desastre del Barranco del Lobo en la guerra de Melilla. Y ya no se hable del fatídico episodio de Annual, donde la incompetencia militar de la monarquía fue tapada merced a la primera dictadura del siglo XX en el país, a cargo del habitual espadón. El antimilitarismo y el antifascismo de los catalanes los llevaron a ser los últimos defensores de la Segunda República que solo cayó cuando se perdió la batalla del Ebro, en la que combatieron hasta los niños, en la llamada quinta del biberón.

Incidentalmente, estirando de la metamorfosis del trencadís, los voluntarios catalanes de Prim, que llegaban con sus barretinas a las órdenes de otro catalán, Victoriano Sugrañes, ilustran magníficamente sobre la curiosa imbricación de Catalunya en España. La Diputación de Barcelona comisionó a Mariano Fortuny con un jugoso encargo para que inmortalizara la gloria catalana en la guerra. El pintor, que se enamoró de la luz del norte del África, sus paisajes y costumbres, tomó muchos apuntes, pero tardó en entregar las obras acabadas: sendos lienzos enormes con las batallas de Tetuán y Wad-Ras que cuelgan hoy muy merecidamente en el Museo del Prado. Muy merecidamente porque celebran episodios de la historia de España. El joven romántico Fortuny había renovado el género académico, pero seguía dentro del espíritu histórico y por eso lo contrató la Diputación. Pero él ya no estaba muy a gusto con la pintura de gran formato y la prueba es que se retrasó con el encargo, que terminó por obligación. Regresó a la zona, sin embargo, un par de veces en años posteriores, pero ya no a contar grandes hazañas de guerra, sino a recoger temas ordinarios, cotidianos, paisajes y tipos en los que fue madurando su obra. Ya no volvió a la gran pintura representativa, sino a los retratos y los cuadros de pequeño tamaño, los llamados casacones, que le dieron fama y fortuna en su no muy larga vida. Escenas de sociedad y costumbres burguesas de gente con aspiraciones. El pintor, que empezó pintando las glorias de la historia de España, maduró pintando las de la intrahistoria de Catalunya.

Junto a las experiencias en los cuarteles, hay una legión de casos de catalanofobia en el sistema educativo. No solamente en el contenido de los textos, con su invariablemente sesgada interpretación de los conflictos entre España y Catalunya, sino también en los métodos de enseñanza de todo tipo, empezando, claro está, por la lengua. El hablar nos hace seres humanos, como reitera casi toda la filosofía del siglo XX, a partir de Heidegger. Nos convierte en individuos y, como tales, en miembros de un grupo, pues nadie puede desarrollar un lenguaje privado, como decían los del Círculo de Viena, sino que se entiende con los demás porque participa de las reglas lógicas del grupo. Al grupo más claramente identificado con la lengua lo llamamos nación y guardamos un recuerdo para Herder. Aniquilar la lengua es aniquilar la nación. Someterla a menosprecio y chirigota y humillar a los hablantes no solo cuando hablan su idioma, sino cuando hablan con acento el impuesto, es rebajarlos y discriminarlos también como individuos. La experiencia general es que el acento es su identificación y condena, como la pronunciación de shibolet delataba a los efraimitas a oídos de los galaaditas.

El florido pensil que refleja el espíritu y la realidad de la escuela española durante el franquismo, se convierte un paisaje sórdido de represión cultural y lingüística en cuanto toca a Catalunya o alguna de las otras dos naciones no enteramente castellanohablantes, Galicia y el País Vasco. La educación es también la infancia, el barrio, los amigos y pandillas y las experiencias cotidianas con las autoridades, el guardia civil, el cura párroco, el maestro «nacional», a los que había que hablar en la lengua del Imperio, pues podían multarte o reprenderte si te oían expresarte en tu lengua materna, o meter en un lío a tus padres.

Otro repertorio casi infinito de casos de catalanofobia son los tratos de los administrados catalanes con los poderes públicos y órganos administrativos a todos los niveles y con infinidad de funcionarios, todos ellos funcionarios del Estado español, incluso jueces, muchos de los cuales exigen a los interesados que se expresen en la lengua castellana oficial del Estado. La justicia debe administrarla el juez del lugar, pero, al parecer, no en la lengua del lugar.

Decir que este anecdotario, en el que suena el eco del «vuelva usted mañana» de Larra, toma proporciones más abusivas, arbitrarias e insolentes en Catalunya no es descubrir nada a nadie. El argumento de que eso bien puede haber sido en épocas pasadas, pero que, en la actualidad, siendo España un Estado democrático de derecho, respetuoso con los de las minorías nacionales, no se da es empíricamente falso. Cuarenta años después de la implantación de la autonomía, sigue siendo tarea titánica conseguir que los órganos de la Administración central y los cuerpos de funcionarios del Estado catalanicen su actuación y que los catalanohablantes accedan a todos los servicios de la Administración en su lengua.

Mencionar en esta ocasión los chistes de catalanes como manifestación de catalanofobia no es muy original y, en efecto, parte del trencadís es el hecho de que los chistes de catalanes sean bien recibidos en Catalunya. Ya lo hemos dicho, Polonia como símbolo de la tesela irónica. Pero, con el uso extendidísimo de las redes sociales, singularmente Twitter, la provisión de chistes de catalanes ha tomado una pinta desagradable, inhumana, criminógena, muy en la línea de los chistes antisemitas. Por cierto, los judíos son también un pueblo con una gran capacidad para la autocrítica irónica. Pero cuando la burla te niega el derecho a ser, cuando te deshumaniza, ha pasado de burla. Decir en un tuit sobre un accidente de aviación, por ejemplo, que no había por qué preocuparse, pues al fin y al cabo, las víctimas solo eran catalanas y que eso tenga eco favorable ahorra más discursos sobre la catalanofobia.

En sus manifestaciones, la catalanofobia sigue pautas fijas y pocas, que se repiten siempre, como corresponde a los lugares comunes y los prejuicios, tanto más irritantes cuanto que suelen provenir de quien niega padecerlos. Generalmente los sectores ilustrados de la sociedad, los más críticos, los que se ríen de los horóscopos en los periódicos, pero los consultan siempre. Así que, en efecto, por una vía u otra, los catalanes son agarrados, muy suyos, codiciosos, negociantes, insolidarios. Aunque se arruinen financiando cajas de resistencia para asistir a las personas represaliadas o procesadas o para sostener acciones colectivas y muy posibles sanciones económicas de la autoridad, los españoles seguirán diciendo que hay gato encerrado y en algún sitio tendrán negocio los independentistas. Nadie va a engañar al viejo espíritu castellano, hecho de hidalguía y picaresca a partes iguales: tratándose de los catalanes de la pela es la pela, seguro que en su república tiene que haber negocio para los cuatro espabilados de siempre.

Por eso la población tiene registrados estos recursos y desarrolla una estrategia defensiva que se administra con los recursos trencadís y mucha ironía, ya se sabe. Los tacaños catalanes, capaces de recaudar millones para investigar el cáncer mediante cuestaciones populares, tienen levantado un censo del hidalgo despilfarro de medios públicos de las sucesivas administraciones centrales. Una orgía de pelotazos urbanísticos, corrupción, clientelismo y caciquismo a tope, proyectos faraónicos, grandes estafas, que han dejado el país como un eccehomo. Por eso también reclaman su derecho a administrar sus propios recursos para organizar de forma racional la gestión de sus servicios: transportes, energía, infraestructuras. Ese anhelo por autoorganizarse y esa seguridad en hacerlo bien suscitan una más dolida aversión.

Hay que insistir, la catalanofobia es la reacción hostil a la perseverancia de la nación catalana en su ser. Y esa perseverancia tiene su raíz principal, aunque no única, en la lengua. Eso de que le hablen en un idioma que no entiende, el español no lo lleva bien. Descendiente de unos orgullosos conquistadores que impusieron el suyo a un continente nuevo habiendo conseguido que tuviera muchos hablantes en Europa, no entiende por qué no se le entiende cuando habla su lengua y por qué otros se obstinan en hablar en la suya.

Si, además, los hablantes en un hipotético diálogo disponen de una lengua común, el español se siente ofendido. Que no se dirijan a él en su idioma pudiendo le parece una descortesía. No se le ocurre que la descortesía sea negarse a aprender la lengua del otro, que es la del lugar, y que su interés es entenderse en ella con sus hablantes. Porque, ya sabemos, la incomunicación rompe la comunidad y luego solo es posible sostener la existencia de esta por la fuerza bruta.

Por eso, la política lingüística de la Generalitat es la niña de sus ojos y por eso también es la diana de las baterías enemigas. Aquí se libra permanentemente una batalla de las lenguas. Una viene en los carros del Imperio, como decía Nebrija, y la otra sobrevive resistiendo la asimilación en la vida civil y desarrollándose a su modo, en su intrahistoria, recogiendo las influencias de un mundo cambiante y desarrollando una psicología de resistencia y aguante.

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Fragmento de un diálogo imaginario:

—¿Eres catalán?

—Sí.

—¿De dónde?

—De Girona.

—Hombre, yo tengo un primo en Gerona y lo visito de vez en cuando. Es una ciudad chula.

—Sí.

—Es medio francesa.

—Sí, algo sí.

—Y muy española, ¿eh? El sitio de Gerona, Álvarez de Castro. Pura España.

—Claro.

—Y tú, ¿cómo te sientes: español o catalán?

—Mezcla.

—¿Mezcla de qué? ¿De catalán y español?

—De catalán y francés.

Las naciones cabalgan las fronteras de los Estados porque son realidades vivas, intersubjetivas, sin duda, pero muy pronunciadas. El Consell per la República, esa especie de jefatura colegiada de Estado, constituida como una de las bases de legitimidad de la presidencia de Puigdemont (por eso se llama consell), encuentra compatible su lucha por una república catalana independiente con la previsión constituyente de una ciudadanía cosmopolita, universal. En principio, son miembros del Consell todos los que lo soliciten, sin más requisito que aceptar los valores de la República Catalana. Algo así como cuando Caracalla universalizó por edicto de 212 la ciudadanía romana. Que lo hiciera siguiendo los esclarecidos consejos de los estoicos al considerarnos a todos miembros de una ciudadanía universal, o porque necesitaba aumentar sus ingresos fiscales es aquí de poca monta. Lo esencial es que el edicto extendía la ciudadanía a todos los habitantes libres del Imperio.

Excepto a los dediticios, esto es, los rebeldes pertinaces al dominio de Roma o los que jamás se habían sometido. Algo así como los catalanes de la época. Los supuestos beneficios de la ciudadanía romana no alcanzarían a los rebeldes dediticios. Al igual que antaño era absurdo negar la ciudadanía romana a quien, de todos modos, la rechazaba, hoy lo es empeñarse en que los miembros de una nación lo sean de otra en contra de su voluntad.

La voluntad soberana de la nación (de cualquier nación) no tiene límite alguno salvo la no menos soberana de otra nación, forme o no parte de ella. La rotunda negativa a aceptar la condición nacional de Catalunya, remachada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010, encendió el reguero de pólvora que había de llevar a la independencia. Se entiende la sentencia como el canto del cisne del idilio entre la justicia y la unidad de España. Una vez más se imponía la esencia del conflicto. España, su Estado, su Justicia, sus Gobiernos y partidos no reconocen Catalunya como nación porque ese reconocimiento lleva como consecuencia obligada el de sus derechos, que no pueden ser en modo alguno inferiores a los que ella se atribuye a sí misma como nación. Salvo que alguien tenga el descaro de sostener que hay naciones de primera y naciones de segunda, naciones de señores y naciones de siervos, cosa que no se atreven a sostener en público ni quienes están convencidos de ello en privado. En teoría, todas las naciones son iguales. De esta forma, se plantearía una situación de igual a igual que España no puede aguantar sin que de ahí no se derive una ulterior amenaza de inestabilidad por fraccionamiento. Por eso, para no incurrir en la ridícula contradicción de reconocer Catalunya como nación, pero nación de segunda, de soberanía recortada, se procede al modo gordiano: se niega que Catalunya sea nación y el nudo ha desaparecido.

A continuación, se fabula una confusa explicación orgánica de por qué no es admisible la independencia de Catalunya a través de un referéndum de autodeterminación. Las partes no pueden autodeterminarse frente al todo, por la misma razón por la que una costilla no puede independizarse de un cuerpo, salvo que lo haga la divinidad con la muy patriarcal razón de configurar con ella a la mujer. Una mano no puede decidir por su cuenta. Razonamientos de este jaez, por llamarlos de alguna forma. Es imposible introducir factor alguno de discernimiento donde las brumas del odio impiden una mínima claridad conceptual. A este nivel de discusión no es aventurado concluir que, al no aceptar bajo ningún concepto el referéndum pactado, el Estado tendrá que avenirse a un referéndum unilateral, cosa también impensable, pero no tan imposible como el referéndum pactado.

¿Y por qué es tan imposible un referéndum pactado? Porque, para los españoles, España es dogma de fe, cosa muy de relevancia para ellos a fuer de católicos. ¿No dice un cardenal español que la unidad de España es obra del Espíritu Santo? La evidente comicidad de esta aseveración, más cercana a los dislates de Ubú rey que a las propuestas racionales, ya nos avisa de que seguramente ocultará algo más profundo. Es imposible que, estando sobrio alguien formule tales disparates, por muy santo varón que sea. Es claro, se refiere al carácter divino de España. España unida es obra de Dios. Hay aquí cierto elemento de impromptu, al tratarse de esta España de ahora. Pero eso solo añade emoción a la imagen: quienes rompieron en el pasado esa unidad, allá se las ventilen en ese mundo turbulento, dejados de la mano del Señor, hijos e hijas pródigas que alguna vez retornarán a la casa del Padre. Para el futuro, quien atente contra la unidad de España, atentará contra Dios, será blasfemo y renegado.

Aquí interviene una forma de catalanofobia que ha tenido una curiosa evolución, la catalanofobia eclesial, por así decirlo. Algo que afecta a la Iglesia como institución y a los católicos como comunidad. Los sufrimientos y las persecuciones que, de tiempo en tiempo, ha padecido la Iglesia católica catalana no se deben a su condición de catalana, sino de Iglesia. Cuando los templos y conventos han ardido en Catalunya, estaban ardiendo en el resto de España.

Las relaciones de la catalanofobia y la Iglesia católica han sido especialmente complejas por razones evidentes. A fuer de católica, la Iglesia catalana se quiere universal. A fuer de española, no es universal sino, precisamente, española e imperial. Pero, a fuer de catalana, tiene una personalidad y unas raíces culturales y populares no españolas que no puede ignorar.

En el renacimiento de la cuestión nacional, en el siglo XIX, en la Iglesia catalana hay un peso considerable del conservadurismo, mezclado a veces con el carlismo y con tintes fuertemente nacional-españoles. No obstante, al amor de la lumbre de la intrahistoria, coexiste con otro sector del clero que, siendo igualmente conservador e integrista es, sin embargo, catalanista, como el obispo Torras i Bages, el autor de la sentencia que figura en el frontispicio de la abadía de Montserrat, «Catalunya será cristiana o no será». La expresión contiene la ambigüedad suficiente para que se entienda que la condición de cristiandad es un matiz del derecho a ser de Catalunya como ella misma. Hay afirmación implícita de Catalunya aunque aún no haya rechazo explícito de España y esta indefinición resume bien la ambigüedad y la paradoja que hemos señalado respecto al catolicismo catalán.

El predominio del conservadurismo eclesial, alimentado con un anticlericalismo intermitente vinculado al anarquismo y el tumultuoso desarrollo capitalista de Catalunya en los primeros tres decenios del siglo XX, acabó desembocando en una posición general del episcopado catalán y, desde luego, español, en favor de los militares facciosos de Franco. Son precisamente dos obispos catalanes, Pla i Deniel e Isidre Gomà, quienes sientan la base de la interpretación del golpe de Estado y subsiguiente Guerra Civil como una cruzada contra el comunismo. El primero, ya en 1936, explícitamente con un ensayo de tonos vehementemente agustinianos, Teoría de las dos ciudades, que habla de la «cruzada contra los hijos de Caín». El segundo, en 1937, con la famosa Carta Colectiva de los obispos españoles, en la que se llama plebiscito armado a la criminal sublevación fascista. La aportación ideológica del clero catalán a la ideología del nacionalcatolicismo es esencial.

El nacionalcatolicismo es inherentemente catalanófobo, si bien es cierto que con mucha menos agresividad que otros sectores sociales y no se hace tan patente como en estos porque tampoco la propia Iglesia catalana en un comienzo dio muchos motivos para que se evidenciara, si bien de siempre ha habido una actitud más abierta en el clero catalán que en el español. De hecho, de los cinco únicos obispos que no firmaron este infame texto, dos eran vascos, uno catalán y otro mallorquín. El quinto, un primado burgalés, el cardenal Segura, se las ingenió para mantener una consistente oposición al franquismo.

Con el paso del tiempo y, sobre todo, a partir del franquismo, el clero catalán se verá obligado a coexistir con otros sectores del clero nacionalistas y hasta separatistas con algunos casos de particular relevancia mediática como el del cura Lluís Maria Xirinacs. Su lucha persistente por la independencia de Catalunya mediante la implicación personal en todo tipo de actividades y métodos estrictamente pacíficos de fuerte influencia gandhiana y su incansable actividad de publicista le granjearon simpatía y apoyo generalizados. También fue senador independiente por Catalunya con una actividad permanente en favor de los derechos del país. Por último, se convirtió en un referente del independentismo tras ser condenado a pena de cárcel por delito de enaltecimiento del terrorismo. El independentismo de Xirinacs pudo sobre su vocación sacerdotal y lo llevó a abandonar el curato. Llegaban nuevos tiempos a la Iglesia catalana.

El caso de Xirinacs y el de muchos otros de menor impacto mediático pero muy presentes en las diócesis catalanas (a su vez, no muy felices con la intransigencia nacionalcatólica del obispado), provocó un cambio gradual y paulatino del clero catalán. Los años de identificación con el régimen de Franco dejaron paso a otros de separación paulatina y finalmente de enfrentamiento. El mayor peso del clero catalán cae hoy del lado independentista y su centro espiritual es la abadía benedictina de Montserrat.

Se reproduce aquí una nueva peripecia de la intrahistoria catalana. Los símbolos nacionales quieren verse siempre en el pasado más remoto, que dé realce al devenir de la nación. Que esa función recaiga sobre Montserrat porque allí dice la leyenda que unos pastorcillos encontraron a la Moreneta en el siglo IX, allí se erigieron las primeras ermitas en el siglo XI y allí luego el monasterio hace remontar el origen de la leyenda a tiempos inmemoriales. Antiguo es el monasterio, desde luego, aun habiendo sido reconstruido después de las devastaciones de la guerra napoleónica. Está enclavado en un lugar mucho más antiguo y tiene el aura de montaña mágica, de mucha prosapia en numerosas genealogías. Pero como símbolo del independentismo catalán comenzó a perfilarse en tiempos relativamente recientes. Fue el abad Escarré, vuelto del exilio en Italia a la España de Franco, el que en los años sesenta convirtió Montserrat en un lugar de estudio e investigación, un poco al estilo del santuario de Aranzazu en el País Vasco y lo orientó del lado de la oposición al régimen (la Caputxinada), tarea que acabó con él en el exilio de nuevo en Italia en 1965 y con Montserrat transitando del antifranquismo al independentismo. De ahí ese carácter de símbolo que el conjunto del movimiento le reconoce. Como tal, por tanto, nace en la resistencia a la dictadura de Franco. Al identificarse esta con la España eterna y Montserrat con la antigüedad de la abadía, se produce una traslación en el tiempo, una ucronía que presenta el monasterio como la cuna del nacionalismo resistente catalán, perdido en la noche de los tiempos.

A ello ayuda notablemente el recurso a la leyenda artúrica, que lo tiene todo en este caso para honrar a la Moreneta como patrona de Catalunya: el culto mariano, la montaña mágica y el Grial. A Montserrat es a donde tiene que ir Perceval, según Chrétien de Troyes, en busca del Grial que, por entonces, nadie sabía qué forma tenía. Wolfgang von Eschenbach convierte a la montaña en Montsalvatge, nombre muy catalán y por ahí llega al Parsifal de Wagner, que es en donde lo oyó Himmler, melómano y vicecanciller del III Reich. Cuando este siniestro personaje vino a la España de Franco en 1942 a negociar aspectos de la hipotética entrada del país en la Guerra Mundial, aprovechó para visitar Montserrat, en busca del grial, y Escarré, por entonces prior del cenobio, se las ingenió para no tropezarse con él.

Montserrat ha tenido gran presencia desde hace siglos a causa del culto mariano. Colón bautizó como Montserrat una de las islas del Caribe (dando alimento a la teoría de la catalanidad del descubridor) y en Bogotá se encuentra en un cerro por encima de la capital un santuario llamado Montserrate, en el que se venera una imagen de la Virgen, copia de la Moreneta. El santuario, no obstante, está dedicado al Santo Cristo de Montserrate, una evidente muestra de imposición del patriarcalismo propio de la Iglesia católica.

La aportación de la Iglesia catalana a la construcción nacional es inmensa, no solamente por el contenido legendario del ciclo artúrico en sí mismo, sino también por el hecho, incluso más importante, de que dicho ciclo vincula a Catalunya geográfica y culturalmente con Europa antes que con España. Montsalvatge es un punto de referencia de la leyenda europea, periférico, sin duda, respecto a la imaginaria centralidad de Camelot, pero dentro de su universo cultural.

En todo caso, la Iglesia catalanófoba se ha convertido en independentista en un bucle extraordinario de la intrahistoria catalana de consecuencias sorprendentes. Aquel volcarse del clero catalán en favor de una Iglesia nacional propia encontró desde el principio la fiera oposición del episcopado español. Y una prudente y diplomática política de no intervención de Roma que mantuvo siempre el conflicto potencial en un estado de hibernación, según antigua táctica vaticana de no significarse demasiado de un lado (ni siquiera el ortodoxo) en los conflictos de final incierto.

El papado, que, al fin y al cabo, está más en el mundo que el catolicismo español, no ignora que el separatismo del clero catalán equivale a una especie de reforma, al estilo protestante, salvando todas las distancias; solo que con católicos. Una ironía que también se ha señalado del clero vasco: el nacionalcatolicismo español no arraigó en Vasconia y Catalunya cuyos cleros tienen ribetes calvinistas o luteranos, a pesar de su profunda ortodoxia. El independentismo tan extendido en la Iglesia catalana se orienta claramente a una Iglesia nacional en una relación con el Estado catalán forzosamente distinta de la que prevalece en España, donde sigue vigente la alianza del trono y el altar, aunque no sea sino porque Catalunya es una república. Pero, sobre todo, porque, antes que república, Catalunya es una nación.

La ayuda de la Iglesia para la fabricación del mito y la leyenda es esencial. Enlazar la figura de la Virgen con la leyenda artúrica fue posible cuando esta se cristianizó más y el grial pasó a ser el santo grial, esto es, el cáliz de la última cena, nada menos. La leyenda es antigua, pero la realidad que la crea es anterior. Montserrat no es el origen de la nación catalana resistente. A la inversa, es su resultado. Es la nación catalana la que crea su símbolo.

Frente a eso, la catalanofobia tiene tanto porvenir como el dragón frente a Sant Jordi.

Mencionado el dragón, imposible resistirse a exponer una de las manifestaciones más asombrosas de la catalanofobia. El cuento que declara al pueblo catalán entero o en su mayor parte profundamente estúpido, hasta el punto de dejarse engañar de modo burdo por cualquier sinvergüenza o tañedor de flauta como las ratas de Hamelín. Ese es el fondo del juicio según el cual el procés en pleno no es otra cosa que una cortina de humo para tapar la corrupción, maquinado por Pujol, con el muy probable auxilio del clan familiar y hasta del círculo pujolista más cercano. Una mafia, unas estructuras corruptas de partido e instituciones, tipo el PRI mexicano cuya existencia quedó simbólicamente sintetizada en el «3 %», importe presunto de las mordidas de la Administración catalana. Es el punto de vista con el que la izquierda española, incapaz de entender el independentismo catalán en términos teóricos, trata de acallar sus escrúpulos a la hora de abordar una revolución, la catalana, de la que no entiende nada.

Vamos a suponer que esta versión es correcta y que, en efecto, el procés, iniciado de esta guisa, ha tenido el extraordinario impacto que ha tenido, pues ha cambiado radicalmente el foco de la atención de la corrupción al independentismo. Sin duda, Pujol y sus cómplices estarán encantados, felicitándose de lo bien que les ha salido la cosa, pues apenas se habla de sus líos procesales. Además, a través de varias complejas metamorfosis la vieja CiU de nefasta memoria, se ha trocado en un flamante PDeCAT limpiamente independentista y una Crida Nacional per la República con una descarada vocación de rassemblement gaullista. La fábula los presenta celebrando su éxito en un banquete. Pero puede que sea como el banquete del rey Baltasar.

Si el procés ha acallado el proceso judicial, no lo ha interrumpido, sino que sigue y amenaza ya con llevar a la cárcel a más implicados del clan Pujol.

Lo más importante es el inmenso desprecio a los catalanes que traspira esta versión. Aunque fuera cierto que la chispa hubiera sido la añagaza de Pujol, que no lo es, el movimiento en marcha hace ahora diez años, lo ignora todo sobre el supuesto clan y no tiene nada que ver con él. Es un movimiento social amplio e intenso, que recoge una vieja aspiración política nacional, unitaria y transversal. La transversalidad, esto es, la incorporación al independentismo de la burguesía ha sido movida por un conjunto de circunstancias, entre las cuales el caso Pujol es una anécdota. Mucho más importante han sido la peripecia del Estatuto de 2006, la crisis económica de 2008, la crisis de Estado en España (monarquía, corrupción, etc.) y el clima europeo favorable a la hipótesis secesionista, como se ha demostrado con hechos.

En todo caso, casi tres millones de personas no fueron a votar con evidente riesgo para su integridad física (unos mil heridos) al objeto de servir de cortina de humo de la supuesta corrupción de una élite. Pensar que lo hicieran como autómatas, movidos por una maligna voluntad ajena es sentar plaza de orate.

Tampoco votaron más de dos millones de ciudadanos opciones independentistas en las elecciones de 21 de diciembre de 2017 con una finalidad tan ridícula. Lo hicieron, además, en condiciones escandalosas de restricción de derechos fundamentales, con candidatos en prisión y otros en el exilio, mostrando una virtud cívica que los críticos están muy lejos de tener.

Asimismo, no se moviliza una sociedad de modo continuo, permanente, desinteresado en todos los puntos del país para servir de pantalla que oculte trapisondas ajenas. Los cientos de personas encausadas en infinidad de procedimientos judiciales y administrativos, no afrontan las incomodidades y perjuicios que esto les provoca para servir de distracción de asuntos más graves o sucios.

No hay nueve personas en la cárcel, seis en el exilio y cinco embargadas durante más de un año con la finalidad de servir de tapadera de los negocios sucios de nadie. Una explicación tan lamentable solo puede proceder de una profunda catalanofobia. La idea de que los catalanes no pueden decidir por sí mismos porque son incapaces de hacerlo y se dejan engañar por cualquier demagogo, cualquier Lerroux.

Es más. Aunque fuera así. Multitud de acontecimientos históricos de trascendencia se han originado en hechos vergonzosos o inmorales o nimios. La voladura del Maine, por ejemplo, que terminó con los restos del Imperio español; el asesinato del archiduque Fernando, que cambió el mapa de Europa; las armas de destrucción masiva de Sadam Husein, que provocaron el llamado choque de las civilizaciones. Todo excusas, mentiras, patrañas para una aventura, pero que han dejado huella indeleble en la historia, sin que su origen les haya restado nada de su grandeza o miseria.

El procés es el proceso de la nación catalana hacia su emancipación y constitución como una república independiente. Tiene una obvia dimensión histórica europea y mundial. Está animado por un sentimiento que moviliza a la mayoría de la población. Reducirlo a una cortina de humo de unos millones de muñecos movidos por la perfidia de un oscuro corrupto es irrisorio. Esto sin olvidar que hay humos y humos. Hay los humos densos de los neumáticos ardiendo en las autopistas, algo de poca monta, y hay el humo de la explosión de un volcán que oscurece el sol, nubla la vista y hasta obnubila la mente.

El camino de esa nación hacia su plenitud, dotándose de un Estado que la proteja frente a las exacciones y las injerencias, es imparable.

V. Horizontes

V. Horizontes

Ebullició independentista

Foto de Lohen11 - Josep Renalias CC BY-SA 3.0

Después de las tinieblas, espero la luz.

Job, 17: 12

Cuando la flecha está en el aire ha de alcanzar el blanco. Cuando la nación echa a andar tiene que llegar. A la tierra prometida. Es el espíritu de todos los pueblos en marcha, la base de su leyenda. «Yo soy la verdad, el camino y la vida», dice el Cristo de los Evangelios. La verdad de la vida está en el camino. El camino a la tierra prometida. Esa que, según le dice Jehová a Abraham, «mana leche y miel». Canaán. La independencia, con la que llevan soñando generaciones de catalanes, muchos de los cuales han dado la vida por ella. Nunca ha estado tan claro que la nación es un pacto de sangre entre generaciones.

Todo lo que no sea la independencia será vagar por el desierto. Cosa posible, pues, como recuerda el poeta, «no hay camino», sino que «se hace camino al andar». Y, al volver la vista atrás, ya se sabe, se ve el camino que no se volverá a pisar, lo que es un consuelo, pues fue un sendero muy escarpado sembrado de trampas y añagazas. Todos los intentos de formular acomodos, compromisos, encajes y acuerdos han sido otros tantos de frenar la marcha a la libertad. El pasado es un trastero repleto de papelería inútil; una balumba de proyectos fracasados, cada uno de los cuales ponía más de manifiesto las ridículas pretensiones de los otros. Merece más la pena avizorar el horizonte. Otro poeta, mirando hacia delante y hablando de ríos en lugar de caminos lleva nuestras vidas a la mar, que es, dice, el morir. Un destino. Y entre el consuelo y el destino está la acción de aquí y ahora, la de esta generación en marcha hacia la tierra prometida de la independencia, con una clara conciencia de encontrarse en una situación única para hacer realidad un sueño que viene de muy atrás.

En la leyenda del éxodo por excelencia, el trayecto puede ser muy largo. Cuarenta años el del pueblo elegido. Con desfallecimientos, trastornos, retrocesos, vuelta a empezar, desavenencias, parones, nuevo caminar. Se sucederán los jefes, que heredarán la misión. Los israelitas siguieron su caminar porque es el pueblo el que tiene la misión. Y cuando llegaron, guerrearon por quedarse, vencieron, fueron vencidos, deportados, retornaron, volvieron a vencer y a ser vencidos y de nuevo deportados, expulsados, esta vez durante veinte siglos. Otros intentaron exterminarlos y no pudieron. Ellos volvieron y siguieron guerreando. La tierra prometida, la independencia, garantiza la libertad; no la paz.

Así pues, el camino puede tomar cuarenta años o cuarenta días. Los tiempos de las revoluciones son inciertos porque dependen del resultado de enfrentamientos y conflictos, siempre inseguros. A veces se aceleran a extremos inconcebibles o se retrasan. Y, con ellos, se acortan o alargan los caminos. Las revoluciones devoran a sus hijos, pero a veces tienen dificultades para digerirlos. A veces dan la impresión de acabar cuando toma el mando un personaje salido de ellas y que parece contradecir su legado: Cromwell, Napoleón, Lenin.

En todo caso, la guía corresponde a la generación que ha protagonizado el último avance del independentismo. La generación que ha cumplido con el mandato independentista mayoritario de la población reflejándolo en medidas institucionales. La conocida reacción represiva policial y judicial del Estado español lleva el problema a un callejón sin salida. Es absurdo tratar por la vía penal conflictos y comportamientos políticos que no son delito. Demuestra una mentalidad burocrática, ordenancista, estrecha, incapaz de elevarse al terreno de las propuestas políticas de organización del conjunto y derrotada de antemano frente a proyectos innovadores, con toques utópicos y un apoyo social extenso.

Es absurdo por inútil porque lo que está en juego es justamente la legitimidad de ese Estado en cuyo nombre se ejerce la justicia, es decir, una cuestión política prejudicial. La farsa judicial montada por el Estado español para dar cobertura jurídica a una persecución política por razones puramente ideológicas carece de toda validez. Cualquier acto de la justicia española en relación con el independentismo catalán es injusto, inicuo y nulo de toda nulidad porque, al remitirse a un derecho que es anterior a esos tribunales, el independentismo les niega la base de justificación y sus sentencias tienen frente a él el mismo valor que una buena ventura dicha en una feria. Al independentismo le ocurre con los tribunales españoles lo mismo que al pecador contra el Espíritu Santo en relación con la Iglesia. Igual que esta (es decir, Dios, en cuyo nombre actúa), no puede perdonar el pecado contra el Espíritu Santo, los tribunales españoles no pueden juzgar los postulados independentistas. El pecado contra el Espíritu Santo, esto es, la falta de fe, excluye el valor de la intervención divina, la ignora, la rechaza y, por ello, esa intervención no puede hacer nada. De igual modo, los tribunales españoles no pueden juzgar el independentismo porque este no reconoce sus autoridad, competencia ni jurisdicción. La justicia del enemigo jamás será justicia. Los tribunales pueden condenar, sin duda, a multas, a penas de cárcel u otros castigos, pero no hacer justicia. Pueden vengar supuestos agravios hechos al príncipe, pero no respetar los derechos de los justiciables.

Además de esta objeción de fondo, que afecta a la base misma de la legitimidad de la justicia española en relación con Catalunya, hay otro elemento del proceso que lo convierte no ya solo en una farsa, sino en un esperpento: los delitos por los que se juzga a los dirigentes independentistas son inventados, pues los hechos descritos como tales carecen del elemento definitorio substancial e inexcusable de la violencia. A ninguno de los procesados se le ha podido achacar la comisión de acto violento alguno. Únicamente se ha conseguido achacarles tales actos delictivos a base de retorcer de modo tan perverso el propio concepto de violencia que, según el juez instructor, resulta violento el comportamiento no de quien ejerce la violencia, sino de quien la sufre porque dice que la provoca. Obviamente, quien así razona no es un verdadero juez, sino un mercenario a las órdenes del poder.

Es una prevaricación conceptual que, con todo, resulta menor frente a la que comete la fiscalía para quien simplemente la rebeldía se califica por la naturaleza del bien supuestamente atacado (el «interés general de España») y no los medios empleados para ello, razón por la cual no es precisa la violencia para la existencia de delitos cuya tipificación requiere la violencia. Al condenar a los dirigentes independentistas por manifestaciones públicas en ausencia de violencia, lo que se está condenado es el contenido de esas manifestaciones, los llamados delitos de opinión. La vieja España inquisitorial vuelve por donde solía, por la querencia, por la condena de ideas y creencias. Justamente lo que pretende la ultraderecha, personada como acusación en el proceso y que también pide pena de cárcel para el presidente de la Generalitat por unas declaraciones en el extranjero. La misma ultraderecha que exige la ilegalización de todas las asociaciones independentistas. «Delitos de opinión.»

Lo más llamativo de la acción pública de esta generación es el empleo de un lenguaje claro y directo. Hay un propósito de hablar sin tapujos, sin circunloquios y disimulos, de llamar a las cosas por su nombre, de abandonar el sempiterno subentendido que parecía obligar a los catalanes a formular obligatoriamente todos sus planes de mejora en el marco de un supuesto interés y adelanto de España que, en realidad, era tan falso como las promesas de sacrificarse por la patria de la corrupta oligarquía española que lleva siglos viviendo de esquilmar su propio país. Un propósito que evidenciaría la falsedad de otro recurso propagandístico del unionismo. Durante los años de plomo del terrorismo etarra en el País Vasco era frecuente escuchar a los numerosos portavoces del gobierno en los medios decir que si las pistolas callaran, al ser España una democracia, podría hablarse de todo, incluso de la autodeterminación y la independencia.

Pero resultó una de las habituales mentiras del unionismo español, cuyo lenguaje está construido sobre puros embustes. En Catalunya, donde nunca ha habido violencia terrorista digna de tal nombre, hay muchas cosas de las que no se puede hablar, en concreto, de la autodeterminación y la independencia y todas las cuestiones concomitantes. No se puede hablar en absoluto: la autodeterminación no es un derecho; el referéndum, innegociable; la independencia, una quimera. Autodeterminación, referéndum, independencia son expresiones impronunciables, indecibles, como los nombres de Dios, meaningless utterances, como las llaman los filósofos analíticos. Palabras carentes de significado. Se puede hablar de todo, dicen, menos de eso, ya que no hay nada que negociar. Es decir, no se puede hablar de nada.

La ruptura que representa la nueva generación reside en la formulación pública de estos elementos «indecibles». Si para el unionismo español no cabe hablar de autodeterminación e independencia, justamente de independencia y autodeterminación es de lo que ahora se habla. El estilo al que nos referimos pretende poner fin irónico a aquella situación tradicional de sobreentendidos y medias verdades, en la que los interlocutores sabían que no estaban diciendo lo que verdaderamente pensaban, esto es, poner fin al escepticismo y la incredulidad del trencadís, que espera siempre una reaparición de los viejos hábitos, del disimulo, del decir sin decir, de la marrullería del peix al cove. Ahora vamos de verdad. Independencia o independencia. Y no se trata de una alocada imposición desde ningún puesto de mando: la independencia como resultado de una consulta libre a la ciudadanía. La independencia como decisión ciudadana mayoritaria.

Este deseo incluye la posibilidad de que la mayoría rechace la independencia, lo cual es normal y lógico porque, cuando se participa en una decisión por elección, se admite la eventualidad de la derrota y la necesidad de resignarse a la pérdida en espera de tiempos mejores en que sea posible ganar. El punto de partida de la conciencia y realidad de la nación catalana es una consulta democrática.

El requisito necesario de independencia por vía referendaria otorga al independentismo su legitimidad democrática, que está al margen y por encima de los recursos del poder al falseamiento. Durante su mandato, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que había alcanzado el poder prometiendo aplicar medidas políticas allí donde la derecha del anterior gobierno únicamente había aplicado penales, no solo no cumplió ni una sola de sus promesas electorales, sino que pasó su mandato amenazando a los independentistas y difamándolos al sostener que basaban sus pretensiones en mentiras. Por mentira pretendía hacer pasar la tesis independentista de que la mayoría de los votantes estaba por la independencia. Tal cosa, según Sánchez, era falsa. Y para demostrar esta falsedad, acudía a una mentira mayor que la que pretendía combatir. Decía que, en las elecciones de 21 de diciembre de 2017, los votos a favor de la independencia eran menos que la suma de todos los otros, lo cual es cierto, pero irrelevante, ya que, entre los otros, los hay no independentistas, indiferentes y hasta algunos independentistas.

El principio democrático de la independencia está en la base tanto del acceso a ella mediante un referéndum pactado como a través de la vía unilateral. La justificación del referéndum pactado es obviamente innecesaria. La objeción puede venir de la voluntad del Estado de no pactar nada, pero ese es otro asunto, más de hecho que de derecho. Lo interesante aquí es ver cómo puede legitimarse la vía unilateral contra la que, claro está, el Estado truena amenazando con todos los males del infierno si se pone en práctica. Sin embargo, la proclamación unilateral de la República y la independencia en octubre de 2017 se hicieron al amparo del mandato del 1-O, esto es, como resultado de un referéndum. El requisito democrático está cubierto y la vía unilateral emprendida. Ciertamente, se insiste en que la vía está emprendida, pero el independentismo se muestra siempre dispuesto a interrumpirla a favor de un referéndum pactado.

¿Acaso no implica esta voluntad el reconocimiento implícito de que la legitimidad que aporta el referéndum ilegal del 1-O es menor o de menos valor que la que aporta el referéndum pactado? No tiene por qué. Para los indepes, la legitimidad del 1-O es incuestionable. La de un referéndum pactado no le añade nada sustancial, pero sí asegura su resultado al venir este protegido por el aparato coercitivo del Estado. Y, sobre todo, presenta el procedimiento ajustado a las garantías y seguridades que pueda exigir la opinión pública y/o los mediadores internacionales. Por esta razón, una razón puramente instrumental y adjetiva, lo defienden.

Además de la legitimidad democrática, el independentismo luce una legitimidad institucional. En esta última etapa del camino se replanteó la reivindicación del derecho de autodeterminación que, en los comienzos, también se llamaba derecho a decidir y venía a ser lo mismo, con unas meras diferencias de conveniencia u oportunidad. El derecho a decidir como consecuencia del derecho a ser que el pueblo catalán se ha ganado a lo largo de una muy agitada historia culminaba en la circunstancia, nada irrelevante, de que la Generalitat restablecida después del franquismo no derivaba su legitimidad de la Constitución de 1978, pues había sido restaurada por decreto-ley antes de esta, en cumplimiento del llamado Acuerdo de Perpiñán de 1977. Era una Generalitat «provisional», no se remitía al Estatuto de 1932, pero era el «restablecimiento» de la Generalitat.

El artífice de esta finta legitimatoria, el presidente Tarradellas, es un buen ejemplo de la más reciente intrahistoria de Catalunya. Según cuentan testigos presenciales en las difíciles negociaciones al comienzo de la Transición entre Tarradellas y el gobierno de Suárez en 1977, cada vez que el presidente catalán obtenía alguna concesión, algún triunfo para su tierra, concluía con un «Visca Catalunya! Visca Espanya!». Mientras trabajaba en pro de la nación catalana en la intrahistoria, no perdía de vista la historia de España. Era el más indicado, pues ya la había padecido durante la Segunda República. Y así puso a salvo la legitimidad histórica de la institución que representaba, con lo que regresó a España como 125.º presidente de la Generalitat y al famoso «Ja sóc aquí!» por derecho propio, no emanado de la Constitución de 1978, que es con la que actualmente se enfrentan a la Generalitat los presidentes españoles.

La reivindicación del derecho a decidir y su cristalización práctica en el referéndum del 1 de octubre de 2017 fueron el resultado de la voluntad de la mayoría parlamentaria. Y ha suscitado la reacción violenta del Estado, que ha interferido en el funcionamiento de las instituciones de la Generalitat, generando una situación de crisis constitucional que no está en situación de resolver si no es valiéndose de la fuerza bruta. Por supuesto, el Estado puede hacerlo porque recurre a una decisión que está a su alcance, esto es, la implementación del monopolio de la violencia. Pero, al hacerlo, renuncia a los demás elementos que lo convertían en un Estado de derecho. Este ataca a su propia población cuando ya no puede obtener su aquiescencia por cualquier otro medio pacífico, con el debate, la negociación, el intercambio de ideas. Cuando carece de razones. Pero forzar la obediencia de los gobernados mediante la violencia carece de toda justificación moral. Y, además, es poco práctico: «Con las bayonetas puede hacerse de todo», decía Talleyrand, «menos sentarse sobre ellas». Al menos por largo tiempo.

Desde el punto de vista de los valores dominantes en las sociedades democráticas del siglo XXI no es posible responder mediante la fuerza bruta a la demanda de consulta democrática. Así planteado el relato del conflicto, el Estado es inevitable perdedor. El problema es cómo obligarlo a aceptar su derrota. Dónde se obtiene la fuerza moral precisa para derrotar a la fuerza bruta. Cómo resistir pacíficamente a la violencia y ganar.

Los mismos designios violentos del nacionalismo español, del unionismo, también llamado constitucionalismo, ponen en evidencia su falta de legitimidad; su aplicación práctica suscita escándalo y rechazo con harta frecuencia. En algo más de un siglo, tres crímenes del Estado español, siempre directa o indirectamente relacionados con su problema fundamental de falta de integración territorial, han provocado reacciones mundiales de horror y rechazo: el fusilamiento de Ferrer i Guàrdia en 1909, los cinco fusilamientos de etarras y miembros del GRAPO en 1975 y las salvajes cargas policiales del 1 de octubre de 2017 en Catalunya.

Las dos legitimidades mencionadas alimentan el ser de ese pueblo que se reconoce en marcha, porque es la marcha la que lo hace pueblo, consciente de sí mismo. La independencia deja de ser un objetivo para hacerse realidad. Es su voluntad de independencia la que hace independiente al pueblo catalán. La independencia es una decisión y, una vez que se produce, ya no exige justificarse, mirar hacia atrás, sino construirse, mirar hacia delante. La fuerza bruta puede destruir los elementos materiales de la construcción, pero no su espíritu y, tarde o temprano, este reaparece para seguir su camino, su camino independiente hacia la independencia.

Es inevitable. El horizonte de quienes defienden la actual unidad de España es la defensa del statu quo. Su intento de presentarlo como algo deseable choca con el hecho apabullante de que se encuentra sumido en una muy sombría crisis política, económica, institucional y social. Hace siglos que no es nada mejor, pero desde la inenarrable dictadura de Franco, su propaganda había intentado convencer a la gente de que España ya no era la apestada, la vergüenza de Europa, la manifestación del despotismo oscurantista, la tiranía y el desprecio por los derechos humanos, sino un país moderno, avanzado, libre y respetuoso con los derechos y libertades de la ciudadanía. Sus actos dejan en evidencia, sin embargo, que es todo lo contrario, la habitual provincia del Antiguo Régimen en Europa, donde una población explotada y oprimida de siervos resignados consiente que una casta de señoritos intelectualmente indigentes la roben a mansalva y la humillen. Ese rincón medieval reacciona con la furia del fanatismo cuando algún sector más avanzado trata de escapar al aciago destino de la colectividad. Una de las pruebas más evidentes es precisamente Catalunya. Frente a ello, el horizonte independentista es el de la creación de algo nuevo, sin precedentes y con unas perspectivas muy halagüeñas en todos los órdenes.

La intrahistoria catalana ha hecho aflorar una nación oculta, que se ha visto obligada a subsistir en condiciones de hostilidad y agresión. Un caso más de nación perseguida que ha desarrollado medios y herramientas para sobrevivir, para mantener viva su conciencia nacional y su capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes. Algo que la hermana con otros pueblos y naciones perseguidas a lo largo de los siglos, los judíos, los armenios, los kurdos, los distintos pueblos del Cáucaso, los de la antigua Yugoslavia. Unos han conseguido su Estado para protegerse; otros, no. Catalunya está empeñada en conseguirlo por una vía radicalmente nueva, pacífica.

La nación configurada calladamente como tal en la intrahistoria ha conocido distintos tipos de diásporas. Unas veces por unos motivos, otras por otros, los catalanes han ido desparramándose por el mundo. Los momentos más claros son los de los exilios políticos de las dictaduras de España. Pero también son muy abundantes los casos de los catalanes transterrados en actividades profesionales muy diversas que, sin embargo, pasan y se contabilizan como españoles. El más célebre es el de Pau Casals, al recibir el premio de la Paz de la ONU en 1971. En su alocución en inglés, Casals recordó al auditorio que él era catalán y que Catalunya, hoy, decía, una provincia de España, había sido la nación más grande del mundo porque había tenido el primer parlamento de la historia, mucho antes que Inglaterra y también las primeras Naciones Unidas.

En la actualidad, las personas, los productos, las empresas y las ideas catalanas ya no tienen que desvelarse, pues su marchamo es reconocido, aunque a los efectos oficiales y administrativos aparezcan como españoles. Evitar este inconveniente es lo que, entre otras muchas cosas, busca el movimiento independentista. Se trata de rentabilizar al máximo el tirón de la «marca Catalunya», liberándola del peso muerto y contraproducente de la «marca España». Para eso necesita disponer de una estructura jurídico-política que le permita proteger y defender sus intereses con plena autonomía. O sea, un Estado.

Catalunya tiene, pues, definida personalidad interior y crecientemente exterior. Sus empresas y profesionales interaccionan en la sociedad global. Su nivel científico, académico y cultural es de los más altos del mundo y se expresa en su propia lengua. Constituye un sujeto cultural con una tradición milenaria. Es, pues, una nación cultural en sentido pleno. ¿Qué le impide ser también una nación política? Su organización jurídico-política es plenamente democrática, aunque no independiente. Su población es una ciudadanía con un respetable nivel informativo y espíritu crítico, como se ve en la abundancia de medios de comunicación de todo tipo, los índices de participación, la multiplicidad de opciones, los debates frecuentes. Una mayoría de electores de esa población reclama la independencia, es decir, quiere convertirse en una nación política.

¿Quién decide cuándo una nación cultural pasa a ser política? ¿La propia nación cultural por la libre voluntad democrática de sus miembros o alguna otra instancia? ¿Cuál? Obviamente, España, otra nación (o por tal la tienen sus defensores) que impide por la fuerza el acceso de Catalunya a la condición de nación política sobre la base de negarle su carácter nacional. Innecesario recordar que todo intento de imponer a los pueblos por la violencia es un esfuerzo baldío.

Catalunya solo puede llegar a su destino independizándose. La flecha tiene que llegar al blanco. Las desavenencias y desencuentros entre España y Catalunya han sido frecuentes y muy variados. Sobre todo por parte de los agravios y objetivos catalanes, que han cambiado con el tiempo frente a un sempiterno muro del «no» español. En esas ocasiones se ha planteado prácticamente todo el abanico de propuestas posibles de entendimiento común en una fórmula. Ninguna ha funcionado, incluida la última autonómica de la Constitución de 1978 que ha hecho aguas con la primera renovación del Estatuto en 2006. A estas alturas, ninguna propuesta de solución que no sea la independencia es ya digna de consideración.

El sojuzgamiento de Catalunya por España no es bueno para la una ni para la otra. Verdad es que muchos españoles, y algunos de buena fe, objetarán al término sojuzgamiento por entender que no hay tal, ya que Catalunya es parte de España, no otra entidad que se relacione con una ajena llamada España, y por lo tanto, recibe el mismo trato que esta. Ni sojuzgada ni sojuzgadora. No obstante, hay una opinión pública mayoritaria en todos los campos que piensa lo contrario, que hay sojuzgamiento de Catalunya por España y, además, viene de muy lejos en el tiempo. Los datos estadísticos comparativos de inversiones en infraestructuras, déficits fiscales, etc., también reflejan sojuzgamiento. Y la actual —y permanente— crisis política en el principado así lo delata. Es, pues, razonable decir que hay un sojuzgamiento de Catalunya por España y razonable también sostener que es perjudicial para ambas partes.

España no puede conseguir que Catalunya acepte el sojuzgamiento. En términos unamunianos, quizá pueda vencerla (y está por ver), pero no convencerla. En consecuencia, deberá tratarla siempre como tierra en discordia, territorio rebelde, no leal y habrá de emplear recursos que no tiene en controlarlo. A su vez, Catalunya habrá de enfrentarse a una agresividad y hostilidad españolas crecientes que también absorberán muchos recursos y dilatarán el logro de los objetivos, si es que no los posponen sine die.

El sojuzgamiento es perjudicial en todos los sentidos, pero fundamentalmente en el político y el económico. En este último terreno, el económico, el impacto es muy acusado en el gasto. Los recursos mencionados son muy crecidas cantidades de fondos públicos destinadas a costear el armamento y desplazamiento de las fuerzas de represión, pero también los cientos, miles, de litigios en los tribunales e instancias administrativas que, a su vez, también devoran recursos de la Administración catalana para defenderse de la española y rechazar sus injerencias. Recursos todos ellos urgentemente necesarios para financiar otras políticas públicas sociales, educativas, sanitarias.

Y esto sin contar las horas de debates broncos, crispados e inútiles en todas las asambleas representativas, estatales, autonómicas o municipales en las que los diputados o concejales consumen turnos y turnos para insultarse mutuamente mientras no se abordan los asuntos de urgencia por los cuales, sin embargo, dicen preocuparse sobremanera. Las frecuentes políticas discriminatorias de las autoridades centrales respecto a Catalunya causan obvios perjuicios a esta comunidad que, en definitiva, repercuten negativamente en las otras y el conjunto de España. La adopción de decisiones centrales no solo «sin» Catalunya sino «contra» Catalunya tienen una repercusión también perjudicial para el resto del país. Al no optimizar los recursos, el Estado los dilapida en perjuicio de todos los españoles a quienes impone un lucro cesante desde el momento en que podrían beneficiarse de un aumento de la productividad catalana.

El sojuzgamiento es también mutuamente perjudicial en el ámbito político. Orientándose a una confrontación total, sin voluntad alguna de negociación que no sea en sus términos, el Estado impone un escenario político análogo a la guerra, que es la forma de confrontación más destructiva que hay. Las instituciones pierden su función de mediación y foro de los debates políticos en búsqueda del bien común para convertirse en espectáculos y trágalas de mayorías y minorías. La necesidad de aniquilar al enemigo induce a recurrir a prácticas casi suicidas, del tipo de quedarse tuerto si se consigue dejar ciego al otro. Solo en ese espíritu puede entenderse que el rey Felipe VI llamara a los directivos de algunas grandes empresas en Catalunya para que abandonaran el principado. He aquí un ejemplo de cómo un perjuicio político puede repercutir, asimismo, en un daño económico que padezca mucha otra gente y no solo la directamente implicada.

El intento de mantener una unidad ficticia es un gran error que drena recursos a ambas partes e impide su respectivo desarrollo. Parece más sensato que España y Catalunya, como entes independientes vayan cada una por su lado. Deben tejer relaciones de igual a igual porque eso será mutuamente beneficioso. España podrá administrar más juiciosamente sus recursos y lo mismo hará Catalunya.

Una aprensión suele producirse a primera vista ante la posibilidad de una separación tajante y brusca entre España y Catalunya. España pasará a administrar menos recursos por cuanto Catalunya es una aportadora neta al Estado y en cantidades muy relevantes, al suponer el 21 % del PIB para el 16 % de la población. En términos populares suele dibujarse este temor como el de perder la gallina de los huevos de oro. Algo de esto necesariamente habrá. De ahí que sea de esperar una reacción de la clase política española en el sentido de mostrar su capacidad para administrar los recursos más juiciosamente, abordando una redistribución de la riqueza que en España es una asignatura pendiente desde la Edad Media.

Sobrevivir es otro nombre para la capacidad de resolver problemas nuevos, para los que no hay solución preparada. La de ajustar el Estado español ante el desajuste de una parte de su territorio es el reto de la generación actual, para el que no parece sobradamente preparada. Y, sin embargo, habrá de encontrar alguna respuesta si pretende subsistir dado que no controla los tiempos de la historia. Desde el momento en que no puede encontrar una fórmula que garantice la sumisión voluntaria de Catalunya, la separación de esta es una cuestión accidental.

Finalmente, la relación de sojuzgamiento ocasiona un perjuicio mucho mayor a ambas partes, un perjuicio que las afecta en su razón de ser. Las priva del recurso más importante para hacerse realidad: el de imaginarse a sí mismas en libertad. El recurso de reinventarse, quizá de refundarse por entero.

España tiene que volver sobre sí misma, volver a «ensimismarse», si Ortega no se desespera. Hasta la fecha su historia ha sido la paulatina fragmentación de un imperio ultramarino, que se vivió con relativa indiferencia (salvo, quizá, Cuba) y la pérdida de unos territorios ultrapirenaicos que nunca se vieron como propiamente «españoles». Ya que no triunfó como imperio, España pensó ser, cuando menos, nación. La enésima rebelión de Catalunya le demuestra que también en este empeño ha fracasado. No supo ser imperio y tampoco ha sabido ser nación.

La diferencia con Catalunya es patente. La nación catalana es un proyecto donde la española es un fracaso. La española huye del futuro y se hunde en el pasado, la catalana huye del pasado y se abre al futuro.

Un futuro que no está escrito.

Colofón

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