A Maribel, sin ella el camino no tiene sentido

Se han tomado todas las medidas para asegurar que las zonas afectadas queden completamente limpias

JOSÉ MARÍA OTERO NASVACUÉS,

presidente de la Junta de Energía Nuclear

2 de marzo de 1966

Hemos conseguido nuestro propósito de dejar la zona de Palomares en las mismas condiciones que estaba antes del accidente

GENERAL DELMAR WILSON, comandante de

la XVI Fuerza Aérea de EE.UU.

22 de marzo de 1966

Estoy comprometido con la verdad, no con la consistencia.

MAHATMA GANDHI

Agradecimientos

Escribir este libro ha sido como correr una maratón con un sprint final de esos de infarto. El primer documento que guardo en mis archivos sobre Palomares tiene fecha del 28 de mayo de 1996 y se trata de una respuesta parcial a mi petición de desclasificación enviada el 14 de marzo de ese mismo año para que me facilitaran cualquier informe que tuvieran en sus archivos sobre el accidente. Consiste en una carta remitida por la oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Energía de Estados Unidos con un paquete de más de un centenar de documentos, fotos y dibujos. Por esa época, me encontraba en Washington trabajando como corresponsal para la Agencia EFE y había convencido a mi delegado de que responderían rápidamente y podría escribir varios artículos interesantes para, como más tarde, el aniversario del año siguiente. Sin embargo, he tardado la friolera de casi 20 años en escribirlo. En ese largo camino —en realidad ese ha sido el verdadero libro— he entrevistado a cerca de medio centenar de personas, leído millares de documentos y páginas, además de dedicado innumerables horas en archivos y bibliotecas para ir construyendo un rompecabezas cuya imagen nunca ha llegado a desvelarse nítidamente. Recuerdo que uno de mis maestros, el profesor canadiense Denis Smyth, me insistió en que no intentara encontrar todas las piezas del rompecabezas para empezar a escribir. Cuando tengas suficientes para adivinar la historia, párate y asume la responsabilidad de escribirla para que otros la conozcan, me decía. Tengo que reconocer que he disfrutado mucho más investigando y contando las anécdotas que iba descubriendo a mis amigos que escribiéndola, aunque todos mis íntimos me recomendaban siempre hacerlo, quizá para liberarles de la tediosa experiencia de volver una y otra vez sobre el mismo tema.

La primera gratitud es para dos personas que viven en lugares muy distantes pero que comparten la misma profesión y pasión. Elva Ann Barfield, funcionaria de la Oficina de Libertad de Información del Departamento de Asuntos Públicos del Departamento de Energía de Estados Unidos de Albuquerque (Nuevo México), y Daniel Gonzalbo Giménez, jefe de sala del Archivo General de la Administración de España, situada en Alcalá de Henares. A la primera no la conozco personalmente pero durante años he esperado sus cartas que, periódicamente y a pesar de mis múltiples cambios de residencia, he seguido recibiendo con noticias sobre nuevos documentos e informes que me entregaban para poder conocer la verdad sobre el accidente nuclear de Palomares. Sin la transparencia (y los recursos económicos) del Gobierno estadounidense, seguiría siendo imposible contar esta historia con la aspiración de acercarse a la verdad, porque las autoridades españolas mantienen su completa oposición y falta de interés por abrir los archivos nacionales a pesar de haber transcurrido medio siglo. El único que en este sentido ha ayudado a mis pesquisas ha sido Daniel Gonzalbo, que con amabilidad y predisposición me asistió a la hora de localizar las escasas cajas disponibles sobre la Junta de Energía Nuclear, después de cumplir escrupulosamente su obligación en relación con la legislación de protección de datos y otras normativas legales.

Varias personas que he conocido y entrevistado han sido de incalculable valor en mi investigación. Carlos Sancho, jefe del Programa de Recuperación Radiológica de Palomares del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), tuvo la paciencia de recibirme durante horas para hablarme de sus recuerdos y explicarme sus conocimientos. Aunque sin compartir mis conclusiones, Sancho ha sido de gran valor para completar una parte de la historia que ha vivido en primera fila y que hubiera sido imposible de contar sin su aportación. Antonia Flores, la alcaldesa pedánea de Palomares durante la década de los años ochenta, respondió sin pensarlo y con paciencia a decenas de preguntas sobre detalles de fechas y personas concretas a pesar de que quizá se referían a un capítulo de su vida ya superado. Asimismo, ha sido importante la dedicación que me ha concedido Trinidad Jiménez, la exministra de Asuntos Exteriores y entonces diputada del Congreso, que contribuyó a entender los difíciles entresijos de la diplomática internacional. En Almería, José Herrera Plaza se prestó generosamente desde un principio a compartir su profundo conocimiento sobre el tema, así como su archivo.

Entre los amigos que también son parte de este libro resaltaría a Victoria Gimeno y Carlos Repiso, que con entusiasmo me enseñaron el Mojácar que aman y me abrieron los ojos a conocer cómo los lugareños entienden lo que pasó hace tantos años y cómo sigue estando presente en su vida cotidiana. Reconocer, asimismo, la paciencia de Ángel de La Vega y Soledad Azofra, quienes han vivido (o sufrido), tanto como yo, la larga y tortuosa elaboración de estas páginas.

No quiero olvidarme tampoco de Raquel Reguera y su equipo de la editorial Crítica que, con paciencia y comprensión, han revisado textos, mejorado pasajes y dado sentido poco a poco al original para hacer llegar al lector esta cuidada y esmerada edición. Gracias también a Carmen Esteban que creyó en mí desde el primer día que nos conocimos.

Finalmente, quiero dar las gracias a mi familia. A mi mujer Maribel, por creer siempre que algún día terminaría estas páginas y apoyarme cuando desfallecía o parecían sin sentido las interminables horas de dedicación que ha requerido la investigación. También estaré siempre agradecido a mis hijas —Patricia, Carlota y María— por bajar a mi zulo para darme ánimos y esperanzas.

Prólogo

La historia del accidente nuclear de Palomares no puede comenzar a contarse el 17 de enero de 1966. Para comprenderla y entender qué pasó, por qué y lo que han vivido sus habitantes, hay que remontarse al menos quince años. A principios de la década de los cincuenta. Allí empieza realmente. Con los escombros y los rescoldos de la segunda guerra mundial todavía humeantes y los tremendos horrores humanos vividos en la carne y memoria de todos, el mundo se debatía entre aquellos que aspiraban a disfrutar de los placeres de la vida y de la paz conquistados a sangre y fuego —y poder vestirse con estilosos modelos de Chanel o adquirir un Cadillac convertible azul perla—, y aquellos que estaban convencidos de que el error no podía cometerse una vez más y que, por tanto, la máxima prioridad era no caer en la tentación de un nuevo dictador y, para ello, había que rearmarse hasta los dientes. El asesor del presidente Roosevelt, Bernand Baruch, bautizó ese nuevo tiempo como la Guerra Fría. Y si era una guerra, tendría que haber víctimas y muerte... y destrucción y dolor. La aparición de las armas atómicas en 1945 y su tremendo poder destructivo demostrado en Hiroshima y Nagasaki adivinaba una tercera guerra mundial —si se producía— de apocalípticas consecuencias. En ese escenario, los planificadores militares soviéticos y estadounidenses diseñaban sus futuras batallas y sus arsenales armamentísticos con el planeta como campo de operaciones. Nadie, por distante que estuviera de Washington o Moscú, podía esconderse. Pensar que no se formaba parte de ello, era un mero sueño, una ilusión. Ni siquiera para aquellos lugareños de un pueblo prácticamente olvidado del sur de España cuya vida cotidiana se consumía lentamente en recoger tomates, correr por los campos o bañarse en las plácidas aguas del Mediterráneo. Por eso, Palomares, una barriada árida y pobre en aguas, por la que pasaron fenicios, cartagineses —dicen incluso que estuvo por las cercanías el propio Aníbal cuando era un chaval—, griegos, romanos y los últimos musulmanes que pisaron la península ibérica, pero que nunca había pasado de un centenar de casas aisladas y discontinuas, se encontró en el epicentro del campo de batalla del siglo XX. Sus consecuencias, como no puede ser menos al hablar de guerras, siguen grabadas hoy en la memoria y mirada de sus cerca de 1.700 habitantes. La Guerra Fría no tiene una lista oficial de veteranos y víctimas pero si alguien, en algún lugar del mundo y en algún momento, construyera un muro de piedra para honrarlos y esculpiera en él sus nombres, habría que incluir a todos los habitantes de Palomares: los de entonces y los de hoy. A ellos no les preguntaron ni les movilizaron para ir la guerra y, al menos, de esta manera se les haría justicia por su contribución a la consecución de la paz mundial aunque fuera de forma involuntaria pero no por ello gratuita.

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España, clave en el plan de ataque nuclear de Washington

En la primavera de 1951, Harry Truman, que había asumido la presidencia de EE. UU. en 1944, en plena segunda guerra mundial, daba luz verde a experimentar con la bomba de hidrógeno, comúnmente conocida como bomba H, cuyo poder destructivo era mucho mayor que la atómica que se había probado contra Japón seis años antes. En relación con España, el ascenso del ultraconservador Truman había sido instrumental para que Washington se uniera a la estrategia que buscaba Moscú y otros aliados de derrocar, o como poco aislar, al régimen de Franco por su fundamento fascista, y, en esos momentos, las grandes potencias —incluidas la mayoría de las capitales de Europa Occidental— habían retirado sus embajadores de Madrid y aislado política y económicamente al gobierno de España con la esperanza de propiciar una apertura más democrática del sistema. Sin embargo, Franco, a pesar de su difícil situación interna, se mantenía firme en los principios básicos de su régimen antidemocrático buscando meter una cuña entre Washington y sus aliados británico y francés para resquebrajar el frente —así como en relación con la oposición democrática que luchaba contra el régimen desde el exterior—.¹ En ese momento, a pesar de las presiones internas y externas, se sentía reforzado porque sus políticas represivas fueron interpretadas como prueba de su enérgico anticomunismo: en privado y en público, Franco no tenía reparos en denunciar el comunismo y a sus líderes siempre que podía, aunque algunas de sus críticas suenen un poco irónicas viniendo de un dictador que imponía una férrea censura informativa para mantenerse en el poder. El jefe de la Casa Militar del Generalísimo, el teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo, reconstruyó en su diario una conversión respecto a la URSS en octubre de 1966, meses después del accidente atómico de Palomares:

El pueblo soviético permanece ajeno a lo que sucede en el resto del mundo, ya que sus líderes no les proporcionan más información que las que les conviene a ellos. Están, y con razón, orgullosos de su industria pesada. Desde luego, su preparación para una futura guerra es sumamente intensa. Conozco perfectamente todo lo que pasa en Rusia y conozco la mentalidad de su pueblo, digno de todos los respetos por su espíritu de trabajo, modestia, disciplina y amor a la cultura; pero están totalmente supeditados a sus dirigentes bolcheviques.²

Los militares estadounidenses supieron leer el momento y jugaron su baza. Ya en 1947, el Consejo de Seguridad Nuclear —el máximo órgano político estadounidense encargado de la definición de la estrategia político-militar del país— propuso trabajar en la normalización de las relaciones con Franco. El 8 de junio de 1950, el entonces secretario de Defensa, Louis Johnson, recomendó a la Junta de Jefes de Estado Mayor —principal órgano de coordinación operativa de las Fuerzas Armadas estadounidenses— que se alcanzara una cooperación militar con España bien a través de un acuerdo bilateral o a través de su ingreso en la OTAN. El cometido no parecía fácil porque otras esferas de poder de Washington —especialmente el Departamento de Estado— se oponían a ello mientras no se democratizara el país. A pesar de ello, el 10 de julio de 1951, en el marco de la revisión estratégica mundial de cara a contrarrestar la creciente agresividad soviética, tres de los principales líderes militares, los generales George Marshall (entonces secretario de Defensa), Omar Bradley (jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor) y el almirante Forrest Sherman (jefe de Operaciones Navales), se reunieron en Washington para consensuar su posición sobre España. El gobierno británico, al igual que el francés, italiano, holandés y belga, entre otros, continuaban oponiéndose a la inclusión de España en la estructura defensiva de Occidente. Pero, para los mandos estadounidenses, la necesidad militar del momento pesaba más que cualquier sentimiento político o principios morales.³ Cuando Sherman trasladó la propuesta a Truman, este, como era de esperar, respondió de forma hostil aunque al final accedió de mala gana:

A mí Franco no me gusta y nunca me gustará pero no permitiré que mis sentimientos personales invaliden las convicciones de ustedes, los militares.⁴

La puerta estaba abierta definitivamente y sin exigencias para Franco. Nada de condicionar la incorporación de España en el sistema de defensa y ataque contra la Unión Soviética a aperturas democráticas o cambios en la naturaleza del régimen. Sherman no quiso esperar para consolidar lo conseguido. Escasamente unos días después de la reunión de los mandos militares, el 16 de julio, voló a Madrid para reunirse durante cerca de dos horas con el caudillo en lo que resultó ser una conversación preliminar sobre la obtención de bases militares permanentes en España. De enorme prestigio dentro de la Navy como resultado del coraje y heroísmo mostrado contra los japoneses, y nombrado como el jefe de Operaciones Navales más joven de la historia del país hasta entonces, Sherman fue directamente al grano exponiendo las necesidades estadounidenses en términos de bases aéreas e instalaciones de amarre para portaaviones. Los aeródromos españoles serían reformados y modernizados para poder recibir los bombarderos pesados más potentes del mundo capaces de atacar objetivos en la profundidad de la URSS. Estados Unidos correría con los gastos. Preston, en su biografía sobre el caudillo, afirma que Franco debió sentirse encantado. En sus palabras, la larga espera había concluido. La nación más poderosa del planeta buscaba la colaboración de su régimen, aunque en ese momento fuera denostado por la mayoría del resto de gobiernos democráticos.⁵ La emoción de la situación no impidió que el Generalísimo no supiera adivinar con certeza dónde estaba metiendo al país. Por ello, manifestó a Sherman que la cesión de bases a Washington provocaría, en caso de una nueva guerra mundial, un ataque aéreo inmediato de las Fuerzas Armadas soviéticas y afirmó que los Ejércitos españoles deberían renovar su material para estar en condiciones de poder hacer frente a los rusos. Ya al final de la reunión, el almirante norteamericano le preguntó cuándo podía llegar la comisión militar para comenzar a trabajar en los detalles, a lo que Franco replicó sin titubear: «Inmediatamente. Desde el 20 de este mes, pues mañana es preparación de fiesta. El 18 es la Fiesta Nacional, el 19 voy a cambiar el Gobierno, pero desde el día 20 en adelante puede venir». Algo perplejo, Sherman le preguntó de nuevo si los funcionarios españoles no se marchaban de Madrid en verano. Y Franco sentenció: «Cuando hay asuntos urgentes, para los españoles no existe ni el verano ni las vacaciones».

EE. UU. Y FRANCO FIRMAN LOS ACUERDOS PARA LAS BASES MILITARES

Tras acceder a la presidencia en enero de 1953 y después de cerca de dos años de conversaciones entre ambas partes, Dwight Eisenhower reiteró su interés por cerrar el acuerdo para la utilización de bases militares en España porque estaba convencido de que reforzarían la estrategia de disuasión aprobada por el Pentágono y respaldada por la Casa Blanca, lo que coincidió con una maduración del proceso negociador. Las conversaciones iniciadas formalmente en abril de 1952 entre el general Juan Vigón —jefe del Alto Estado Mayor— y el general August W. Kissner —en representación del SAC, comando encargado de organizar la defensa estratégica de Estados Unidos y responsable del plan de ataque de represalia atómica contra la Unión Soviética para disuadirles ante una posible guerra nuclear— se habían alargado entre otras cosas por las disparatadas exigencias de Madrid, pues consideraban el valor estratégico de su posición geográfica. Al mismo tiempo, Franco utilizaba la situación para reconfigurar su imagen de cara al exterior: en entrevistas y discursos, el caudillo, que había negociado con Hitler y Mussolini y enviado la División Azul a combatir a Stalin una década antes, se transformaba ahora en el «centinela de Occidente» y última retaguardia ante un posible ataque soviético contra la Europa continental. Al proclamar Franco que el apoyo estadounidense venía a darle la razón, automáticamente privaba de credibilidad a los argumentos sobre la defensa de la civilización con que EE. UU. justificaba su apoyo al franquismo. De este modo, la amenaza soviética fue percibida por la gran mayoría de los españoles más como un señuelo de la propaganda franquista que como un riesgo digno de tomarse en serio, y esto hizo imposible que la cultura de la Guerra Fría fuera asumida por las fuerzas democráticas españolas.*⁶ En escasamente unos meses, para noviembre de 1951, el Pentágono tenía claro el papel que podía y debía jugar España en su planificación militar y los objetivos que debía tener la ayuda económica que enviaría. En ambos casos, la prioridad era subordinar España a las necesidades defensivas de Washington aunque sin aceptar totalmente una condición de país satélite. El acuerdo, también conocido como el Pacto de Madrid, fue firmado el 26 de septiembre de 1953 y para Franco representó la lógica culminación de su planteamiento político seguido desde 1936 en favor de la concepción de vida y cultura de Occidente, mientras que para los militares de Estados Unidos fue el conseguir una pieza imprescindible de su plan de ataque y defensa en caso de una guerra nuclear contra la Unión Soviética y base de toda la política de disuasión que les permitiría ganar la Guerra Fría.

El compromiso aceptado por España y Estados Unidos, parte del cual ha sido secreto durante muchas décadas, establecía el número y la utilización de las instalaciones que el Pentágono podía usar en suelo español, así como sus condiciones. Tenía una vigencia de diez años y sería renegociado y modificado hasta nuestros días. Aunque podrían haberse aprobado más bases, ya que Franco estuvo dispuesto a ello,*⁷ el Pentágono eligió activar cinco principales más una red de instalaciones de apoyo, comunicaciones, depósitos y polvorines que incluía desde radares de alerta temprana hasta un oleoducto de 800 kilómetros. Con ello, los efectivos militares estadounidenses estacionados en España llegaron a acercarse a los 13.000 hombres de forma permanente y millares más en caso de crisis o emergencia —como la guerra de Vietnam o la del Golfo—, lo que colocaba a nuestro país en el cuarto puesto dentro de Europa Occidental con mayor concentración de efectivos militares de Washington después de Alemania Federal, Gran Bretaña e Italia.

Las cinco bases principales eran cuatro terrestres (Torrejón de Ardoz, Zaragoza —conocida como Sanjurjo o Valenzuela—, Morón de la Frontera y San Pablo) y una aeronaval (Rota). En un informe conjunto de los secretarios de Estado, Dean Rusk, y Defensa, Robert McNamara, con motivo de la primera ampliación de los acuerdos por cinco años más, en junio de 1963 —cuyas cláusulas estaban vigentes cuando se produce el accidente de Palomares—, se deja constancia de que el Pentágono prácticamente no podría vivir sin ellas: «La pérdida de las instalaciones de comunicación en España —escriben— restringiría severamente las capacidades de EE. UU. de control de armas, de alerta estratégica en materia de inteligencia y operaciones de contingencia, y seriamente degradaría la red de mando y control a nivel mundial», señala el documento. «En la práctica, no hay locaciones alternativas para nuestras instalaciones de comunicaciones en España por factores geográficos».⁸ La instalación más relevante en términos generales es, sin lugar a dudas, la base aeronaval de Rota, cerca del estrecho de Gibraltar, porque se considera «ampliamente superior» a cualquier alternativa que exista desde todo punto de vista, político y militar. El documento dirigido al presidente Kennedy enfatiza que las operaciones militares norteamericanas en el Norte de África, Oriente Medio y África «dependen seriamente» del uso de las instalaciones españolas, en especial en relación con el despliegue de la IV Flota. Este documento deja claro al mandatario norteamericano, poco inclinado a seguir pactando con Franco, que los militares estaban convencidos de que cualquier acción que redujera o eliminara el uso de las bases españolas tendría, desde el punto de vista estratégico, un «severo impacto» sobre la planificación militar global y la flexibilidad de la fuerza estratégica del Pentágono: «Estas bases, con sus excelentes instalaciones (fueron específicamente diseñadas y construidas para operaciones estratégicas), condiciones meteorológicas ideales y localización geográfica, junto con la completa falta de restricciones españoles respecto a tipos de aviones, armas y temas operativos, proveen a Estados Unidos con el más flexible complejo de bases en exterior que podemos contar»,⁹ concluyen en su escrito sus dos principales asesores en materia de política exterior.

Después de la base de Rota, la aérea de Torrejón, situada al noreste del principal aeropuerto civil del país, Barajas, estaba designada a ser la instalación más importante y relevante de todo el despliegue militar norteamericano a pesar de su proximidad al mayor centro de población español, Madrid —escasamente 25 kilómetros de la Puerta del Sol—, y que, como se verá más tarde, lo convertía en objetivo prioritario de la URSS en caso de guerra atómica. Los mandos del SAC instalaron en ella un cuartel general —el único fuera de territorio estadounidense— capaz de controlar y dirigir las operaciones de todos los bombarderos y cazas basados en España y Marruecos y destinaron a ella escuadrones de bombarderos, cazas, aviones de reabastecimiento en vuelo y transporte. La unidad con mayor capacidad de destrucción era el Ala Estratégica número 3970 —formada por los mejores bombarderos que tenía en ese momento, los B-47—, y también se encontraba el centro de mando de la Decimosexta Fuerza Aérea —que más tarde se convirtió en el Ala Táctica de Combate número 401 (TEC, siglas en inglés)— y la 65.ª División Aérea, unidad asimismo asignada al SAC.¹⁰ La Fuerza Aérea estadounidense en Europa decidió dotar a Torrejón de la pista de despegue y aterrizaje más grande y larga de la que podía disponer en el continente europeo —en total 4.266 metros—, junto a una enorme plataforma de aparcamiento de hormigón y otras instalaciones para alojar decenas de aviones y, en caso de emergencia, albergar hasta 5.000 militares estadounidenses. Su construcción tardó cuatro años y hubo que esperar hasta 1958 para activarla operativamente después de resolver algunos conflictos con Barajas. Las aeronaves de la USAF en la base de Torrejón —que pintaban «TJ» como letras de identificación en la cola— eran desplegadas de forma rotatoria como en otras bases avanzadas. Los primeros bombarderos pesados B-47 llegaron en abril de 1958 junto a los cazas F-86D, que habían sido transportados por barco. El B-47, también conocido como Stratojet, era capaz de transportar hasta nueve toneladas de bombas convencionales y atómicas, y fue tan utilizado que se llegaron a fabricar 1.200 unidades. En los años sesenta, como resultado del proyecto Clear Water de reducción de bases en el exterior, se retiraron los bombarderos y se sustituyeron los cazas por modelos más modernos (F-102 Delta Dagger), aunque poco más tarde se retiraron para pasar a la base alemana en Ramstein. El despliegue de los B-47, y por tanto la contribución de Torrejón a las misiones de ataque a la URSS, finalizó en marzo de 1965, aunque se mantuvo un ala de KC-135 hasta que se trasladó definitivamente a la base británica de Midenhall en enero de 1976. En mayo de 1992 y, tras un nuevo acuerdo de defensa firmado en 1988, los últimos efectivos, la 401 TFW, abandonaron España y Torrejón pasó a ser completamente español.

La segunda base aérea por importancia es probablemente Zaragoza a la que, al igual que en el caso de Torrejón, se la dotó de una larga pista de despegue —en este caso unos metros—, más un almacén de armas estratégicas, que podían ser atómicas. Nada más ser activada, recibió bombarderos B-47 en misiones de ataque, así como escuadrones de cazas de combate y de reabastecimiento en vuelo. Normalmente, contaba con cinco aviones cisterna, aunque en caso de crisis o emergencia duplicaba fácilmente este número. La base, situada muy cerca de la capital aragonesa, a unos 16 kilómetros de las cúpulas de El Pilar, también se utilizaba y era capaz de recibir aviones desde cualquier lugar de Europa en misiones de tránsito o prácticas. Estados Unidos la devolvió en septiembre de 1992.

En el caso de Morón de la Frontera, situada al sureste de Sevilla, su pista de aterrizaje de 2.850 metros era una de las más largas de España y, al igual que Torrejón y Zaragoza, los ingenieros militares norteamericanos construyeron áreas específicas para el almacenamiento de detonadores y bombas atómicas cerca de los hangares y las pistas de despegue. El SAC la incorporó desde el primer momento en su planificación de ataques a la Unión Soviética y, por tanto, desplegó bombarderos B-47. El primero de ellos llegó el 13 de mayo de 1958, junto a los aviones cisternas KC-97. Seis semanas después, aterrizó el primer escuadrón de cazas F-100 Super Sabres bajo el mando del teniente coronel Chuck Yeager para su defensa aérea. Morón se mantuvo como una base de bombarderos B-47 hasta el 29 de abril de 1962, cuando llega el primer avión cisterna KC-135 asignado a la misión de reabastecimiento que permitía a los bombarderos estadounidenses patrullar hasta las mismas fronteras soviéticas. En 1966, después del accidente de Palomares —que se produce precisamente en el transcurso de una de estas misiones de abastecimiento en vuelo— y ante la reducción de los vuelos de reabastecimiento, el SAC decide transferirla a la Fuerza Aérea de EE. UU. en Europa (USAFE).*

La otra base de utilización conjunta fue San Pablo, cerca de Sevilla, que utilizada para apoyo y comunicaciones, fue abandonada por Washington por su poca utilidad. Por el contario, la base aeronaval de Rota, en Cádiz, se convirtió rápidamente en un elemento fundamental del despliegue militar norteamericano ya que se consideraba imprescindible para que pudiera operar la VI Flota en el Mediterráneo y los submarinos nucleares que se despliegan en esta zona durante la Administración Kennedy y que analizaremos con detalle más adelante. Cuenta, asimismo, con una pista de aterrizaje tan grande como la de la base de Zaragoza y con almacenes de armas convencionales y atómicas bajo las más estrictas medidas de seguridad.

Ángel Viñas, en su libro En las garras del Águila, explica gráficamente que las bases en suelo español fueron construidas por el Pentágono para ser utilizadas y, en este sentido, la determinación de las condiciones a que quedase sujeto su empleo tenía, pues, una relevancia imposible de exagerar. Ya hemos señalado que Rusk y McNamara resaltaron a Kennedy la laxitud con la que el gobierno de Franco permitía su utilización. Era interpretación del espíritu de los acuerdos pero también resultado de su propio texto. Su regulación está recogida en una cláusula secreta bajo el inocuo título de «Nota adicional al párrafo segundo del artículo III del convenio defensivo entre los gobiernos de España y de los EE. UU.» y que estuvo vigente hasta 1970. La nota diferencia dos supuestos: el primero, «de evidente agresión comunista que amenace la seguridad de Occidente», que permitía a Washington hacer uso de las instalaciones como bases de acción contra objetivos militares como fuera necesario y solo exigía una comunicación informativa con la máxima urgencia; y el segundo en los demás casos, que incluían los de «emergencia» o de «amenaza de agresión» contra la seguridad de Occidente, cuando su uso debía ser objeto de consultas urgentes entre ambos gobiernos y «determinadas a la vista de las circunstancias de la situación creada».¹¹ Una interpretación abierta de esta cláusula permitía a EE. UU. activar el uso de las bases prácticamente en cualquier caso, aunque ni siquiera estuviera relacionado con la URSS o incluso cuando se refería a una amenaza de ataque soviético o de sus aliados con carácter local en zonas alejadas de España. Y, en la práctica, los norteamericanos no tenían nada más que comunicarlo. Según Viñas, el texto de la nota debería haber sido inaceptable para los españoles ya que dejaba al arbitrio de Estados Unidos la absoluta iniciativa en la puesta en alerta y en la utilización de las bases e instalaciones militares en España y permitía que dicha utilización, resalta el profesor, se llevara a cabo de forma unilateral.¹² Así, la nota no diferencia ni restringe de ninguna manera si se trata de armamento convencional o nuclear. Algo que, como veremos, sí aceptó Washington en el caso de acuerdos similares con aliados de la OTAN como Canadá. Las normas reservadas sobre la utilización habitual de las bases españolas quedaron expresadas en el documento técnico secreto número 3, anejo al acuerdo técnico de 26 de septiembre de 1953, y en posteriores acuerdos de procedimiento que detallaban, por ejemplo, el mecanismo para el transporte y almacenamiento de explosivos, uso de todos los puertos y ríos, o derechos de paso en el espacio aéreo y aguas territoriales bajo jurisdicción española.¹³

Hasta ahora no se han encontrado documentos que detallen o expliquen el sistema de aprobación de los vuelos sobre espacio aéreo español, en el caso de que los hubiera. Muchos expertos, como el propio Viñas, estiman que Franco concedió al Pentágono una aprobación general —una especie de cheque en blanco— sin restricciones específicas o relacionadas, por ejemplo, con las armas nucleares. De ser cierto, contrasta por ejemplo con lo que el propio EE. UU. estuvo dispuesto a aceptar con uno de sus aliados más estrechos: en julio de 1950, Washington y Ottawa firman un primer acuerdo que establecía un protocolo de autorización para los vuelos del SAC sobre su territorio. La autorización para llevarlos a cabo se tramitará a través del Departamento de Estado y dependía de la categoría del mismo, y si eran de prueba o adiestramiento, solo se requería autorización a nivel táctico. En la práctica, el máximo responsable del SAC, Curtis LeMay, que se convirtió en el general de tres estrellas más joven desde Ulysses Grant y el que se mantuvo más años en un mando unificado, interpretó que todas las misiones eran de adiestramiento y, por tanto, solo informaría cuando ocurrirían o, en muchos casos, una vez que hubieran tenido lugar.¹⁴ En diciembre de 1951, el primer ministro Lester Pearson reconsideró el sistema y propuso recuperar el control político con al menos un preaviso de 48 horas. Se denominó Procedimiento XYZ y diferenciaba los vuelos en tres categorías: aquellos que transportaban armas nucleares, ya fueran como parte de despliegues de rutina o almacenaje usando bases en Canadá o sobrevolando territorio canadiense, se denominaban categoría Y y requerían autorización a nivel gubernamental y notificación a nivel de las Fuerzas Aéreas de cada país para cada vuelo individual; los vuelos de la categoría Z, referida a misiones de ataque, debían ser comunicados al gobierno canadiense y aprobados personalmente por el primer ministro.¹⁵ Cada trimestre, el cuartel general del SAC informaba a la Fuerza Aérea canadiense y a los ministerios de Transporte y Asuntos Exteriores de todos los vuelos propuestos para los siguientes 90 días. Con el paso del tiempo, el sistema sufrió varias modificaciones ante las quejas del SAC de que necesitaba mayor flexibilidad y no tener que recurrir a la aprobación de cada vuelo individualmente. Por ello, en 1952 se permitió que el SAC desplegara 25 aviones en una sola misión dentro de Canadá, pero solamente podían hacerlo de uno en uno en el caso de sobrevolar una ciudad canadiense aunque fuera a gran altitud. Seis años después, en 1958, y ante el incremento de los vuelos, el Departamento de Estado solicitó permiso permanente para seis KC-135 en suelo canadiense —que es autorizado— y en julio de 1959 logra que el gobierno canadiense autorice una modificación del protocolo secreto, eliminando las restricciones y concediendo autorizaciones en bloque por períodos de seis meses sin necesidad de permisos individualizados. Bajo este nuevo protocolo se realizaron la mayoría de las misiones durante los años sesenta hasta su terminación.

EL MANDO AÉREO ESTRATÉGICO (SAC) Y LA GUERRA NUCLEAR

El principal responsable de negociar los aspectos militares de los acuerdos de defensa con España por parte de Estados Unidos fue un representante especial del SAC: el comandante en jefe general August W. Kissner, un veterano de los bombardeos sobre las ciudades alemanas unos años antes y que después se quedó en España como uno de los responsables de la puesta en práctica de la operativa militar. No fue una casualidad y existió una razón poderosa para ello. Más allá de los aspectos navales, recogidos en la elección de la base de Rota, el Pentágono necesitaba urgentemente instalaciones terrestres en España para poder cumplir las planificaciones militares del SAC. Nada más terminar la segunda guerra mundial y sacar conclusiones sobre la utilización y efectividad de los bombardeos estratégicos como arma ofensiva y a la vez defensiva o disuasoria, el alto mando estadounidense estableció el Mando Aéreo Estratégico el 21 de marzo de 1946 como el primer comando unificado de las Fuerzas Armadas estadounidenses dependiente directamente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, la máxima autoridad militar del país. Rápidamente, la Fuerza Aérea norteamericana y el país completo depositaron toda su confianza en el SAC como pilar fundamental para evitar una próxima confrontación nuclear con la Unión Soviética. Su desarrollo y profesionalidad como una fuerza con capacidad de destrucción completa en cualquier momento de los 365 días del año si fuera necesario, concedió a sus mandos, pilotos y soldados una personalidad robusta y diferenciada. A principios de los años sesenta, cuando alcanzó el máximo de su esplendor, más de la mitad de todos los generales de la Fuerza Aérea procedían de las alas de bombarderos estratégicos. Estos líderes, veteranos en los campos de batalla europeo y del Pacífico, se convencieron colectivamente de que la amenaza permanente de un ataque atómico era la mejor manera de evitar un ataque enemigo. A mediados de los años sesenta y a raíz de los accidentes como los de Palomares, el énfasis militar comenzó a cambiar hacia una mayor prioridad de la aviación táctica, alimentada por las necesidades que demandaba la guerra de Vietnam y el desarrollo de los misiles balísticos intercontinentales y los submarinos nucleares oceánicos.¹⁶ Los «guerreros» del SAC nunca ejecutaron en términos reales las misiones que ensayaron y planificaron durante casi veinte años contra el principal enemigo de EE. UU. durante la Guerra Fría, pero en todos esos años demostraron su contribución a la paz en primera línea, que, en ese momento y aunque parezca paradójico, consistía en estar preparados para iniciar un holocausto nuclear si recibían la orden. A lo largo de la década de los cincuenta, la Fuerza Aérea norteamericana dedicó ingentes recursos no solo dotando al SAC de las tripulaciones mejor adiestradas y los más modernos bombarderos de largo alcance, sino también haciendo uso de aquellas capacidades imprescindibles para lograr su objetivo, como aviones de reabastecimiento en vuelo, de alerta temprana y radares para la detección de misiles y aviones enemigos que dieran el preaviso necesario para reaccionar y la autonomía para atacar cualquier objetivo independientemente de su distancia o protección.¹⁷ En 1989 el Muro de Berlín cayó y la Guerra Fría tocó a su fin. La Fuerza Aérea decidió, por su parte, que las misiones especializadas del SAC —disuasión nuclear— ya no tenían sentido y el comando fue clausurado en 1992 y sus medios transferidos a otras unidades.

A mediados de 1950, la Fuerza Aérea de Estados Unidos aumentó su preocupación sobre los motivos de la Unión Soviética y la capacidad real de Washington de evitar una nueva guerra mundial. En septiembre de 1957, un panel de expertos militares predijo que para 1963 los soviéticos serían capaces de destruir la mayor parte de la flota estratégica norteamericana en un primer ataque, lo que serviría de incentivo para iniciar una guerra total bajo el convencimiento de que saldrían vencedores ante la incapacidad de EE. UU. de destruir sus fortalezas.¹⁸ La respuesta fue clara y el 1 de octubre de 1957, el SAC ponía en práctica su nueva estrategia para evitar esa tentación. Por un lado, inicia un proceso de dispersión de sus aviones para evitar que todos puedan ser destruidos en un primer ataque y, por otro, coloca una parte sustancial de su arsenal —un tercio— en alerta permanente en tierra con los bombarderos cargados con armas nucleares y la tripulación lista para despegar en menos de 15 minutos. Ello implicaba un esfuerzo tremendo: desde un incremento de unidades disponibles hasta un exhaustivo adiestramiento de los pilotos, navegadores y mecánicos y la construcción de refugios y depósitos de armas en las cabeceras de las pistas de aterrizaje de cada una de las bases. Ante la sorpresa de casi todos, en noviembre de 1957, el comandante en jefe del SAC, general Thomas Power, reconoce ante un comité del Congreso que los preparativos para defender a Estados Unidos han dado un paso más:

Día y noche, tengo un porcentaje de mi comando en el aire ... y los aviones están cargados con bombas... no llevan arcos y flechas.¹⁹

Es un mensaje directo y claro para el líder soviético Khrushchev. Si decide atacar, no saldrá impune. A partir de ese momento, una docena de bombarderos y otros tantos aviones de reabastecimiento permanecerán las 24 horas del día en vuelo en misiones de entrenamiento que, en cualquier momento, podían convertirse en operaciones reales de ataque contra la URSS. Como parte del proceso de dispersión de efectivos, el Pentágono despliega también los mejores bombarderos de que dispone en ese momento fuera de Estados Unidos, los B-47, en lo que denominará a partir de entonces operaciones Reflex. Para cumplir estos planes es necesario que la Casa Blanca firme acuerdos defensivos con aquellos países considerados estratégicos. Al final, lo logra con cinco —como hemos visto en el caso español—, cumpliendo así uno de los principales objetivos del Mando Aéreo Estratégico. Durante los años cincuenta y sesenta, los B-47 solo operarán desde once bases en el extranjero: tres en Gran Bretaña (Fairford, Upper Heyford), tres España (Torrejón, Zaragoza y Morón), tres en el Marruecos francés (Sidi Slimane, Benguerir, Nouasseur), una en Dinamarca (Thule) y otra más en Canadá (Goose Bay). En estas bases, normalmente estaban en alerta permanente un total de seis aviones con sus respectivas tripulaciones.²⁰

EL SAC Y SU DESPLIEGUE EN SUELO ESPAÑOL

La utilización de las bases españolas por el SAC en el marco de su planificación de despliegue avanzado lo más próximo a las fronteras de la Unión Soviética no comienza a ser una realidad hasta mayo de 1958: casi cinco años después de la firma de los acuerdos defensivos.*²¹ A partir de ese momento, las principales instalaciones aéreas operativas en suelo español se convierten en bases para las rotaciones de los bombarderos con armas nucleares B-47 y aviones de reabastecimiento en vuelo KC-97 que deben estar preparados para iniciar al ataque con un muy corto preaviso. Los B-47 en misiones Reflex operarán desde territorio español hasta abril de 1965 cuando son retirados a EE. UU. —junto a la mayoría de las bombas atómicas que debían transportar— por ser considerados obsoletos ante la entrada en servicio de los modernos B-52.* Los bombarderos B-47 eran desplegados a las bases españolas desde sus aeródromos en Estados Unidos de forma rotatoria por períodos de 90 días. Según distintas fuentes, se autorizó la permanencia de al menos seis tripulaciones completas en Morón de la Frontera, diez en Zaragoza y tres en Torrejón durante el tiempo que estuvieron activadas las misiones Reflex. Las tripulaciones y los aviones se mantenían una semana en alerta de 24 horas dispuestos a despegar en 15 minutos y otra de descanso. Conjuntamente a estos bombarderos, el SAC posicionó en las bases españolas escuadrones de cazas interceptadores ante la vulnerabilidad de los aeropuertos españoles y la escasa efectividad y anticuado material del Ejército del Aire español. Según documentos oficiales, en 1963 el Pentágono tenía desplegados anualmente en España un total de 35 B-47 y mantuvo este número hasta su retirada completa de suelo español.²²

El desarrollo de nuevos sistemas, como el superbombardero B-52 y el avión cisterna KC-135, con mayor radio de acción y capacidad de almacenar combustible, permitió al SAC retirar paulatinamente los viejos B-47 y KC-97. Y esto también afectó al dispositivo en suelo español: las misiones Reflex se redujeron drásticamente a partir de 1963. Primero se puso fin a las que se llevaban a cabo desde las tres bases situadas en Marruecos y la canadiense y, al año siguiente, 1964, solo un pequeño número de B-47 rotó por cinco bases en el extranjero —las españolas Morón y Torrejón y las británicas Brize Noerton, Upper Heyford y Elmendorf—. El último B-47 fue retirado de las misiones de alerta el 21 de diciembre de 1965 y todos regresaron a EE. UU. en 1966. A partir de entonces, el SAC transfiere la XVI Fuerza Aérea y sus tres bases a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa y comienza una nueva fase.²³

LA CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA A LAS MISIONES DE ATAQUE «CHROME DOME»

A principios de 1961, los planificadores del SAC habían iniciado una nueva estrategia de disuasión nuclear. La entrada en servicio de los B-52 y los KC-135 permitía diseñar una nueva forma de atacar a la Unión Soviética con armas atómicas que los militares estadounidenses consideraban más segura y efectiva. Las denominó misiones Chrome Dome y durante una de ellas es cuando en 1966 se producirá el accidente de Palomares. Por eso, ese día volaban sobre el sur de España dos B-52 con armas nucleares en sus bodegas y otros dos aviones de reabastecimiento que acababan de salir desde la base de Morón de la Frontera.

Dos eran las diferencias fundamentales entre las misiones Reflex y Chrome Dome. En el caso de esta última, los bombarderos estadounidenses con armas atómicas no requerían estar desplegados fuera de Estados Unidos, ya que el mayor radio de acción del B-52 permitía que salieran desde aeropuertos en territorio norteamericano y evitar así embarazosas situaciones con los aliados. Los nuevos KC-135 aseguraban, al mismo tiempo, reavituallamientos más seguros y cargas de combustibles que permitían una mayor autonomía y flexibilidad. En un abastecimiento normal, los B-52 recibían normalmente unos 151.400 litros de combustible en menos de 20 minutos, lo que aseguraba entre seis y siete horas más de vuelo. La segunda se refería al propio plan de vuelo: las misiones Chrome Dome colocaban a los bombarderos estadounidenses justo en las fronteras soviéticas, lo que concedía la capacidad de atacar más rápidamente —con menos preaviso— más objetivos soviéticos y mucho más profundos. Los planificadores militares norteamericanos diseñaron tres rutas de ataque, aprobadas por el propio presidente y toda la cadena de mando política y militar, que eran, básicamente, autopistas aéreas por las que debía volar un bombardero tras otro con suficiente espacio como para poder ser reabastecidos en vuelo. Normalmente, cada misión, que duraba entre 24 y 27 horas y requería que volaran con tripulaciones de refresco para permitir los relevos durante el trayecto, estaba formada por dos bombarderos aunque también se ensayaron ataques masivos contra la URSS en la que se movilizaban grandes formaciones áreas de más de 500 aparatos. A principios de 1966, el SAC contaba con 326 bombarderos en alerta en tierra más 12 B-52 con cuatro bombas termonucleares cada uno asignados a misiones Chrome Dome en comparación con 829 misiles ICBM en alerta.

La ruta norte circunvalaba Norteamérica en una rotación al revés del movimiento normal de las agujas del reloj e incluía sobrevolar las zonas polares canadienses. La ruta del sur cruzaba el océano Atlántico para sobrevolar España y pasar por el Mediterráneo hasta las fronteras turco-soviéticas para luego dar la vuelta y regresar más o menos por la misma ruta hacia Estados Unidos. El presidente autorizó al SAC a que durante esos vuelos los B-52 fueran armados con artefactos nucleares de manera rutinaria. Para asegurar el reabastecimiento en vuelo, se posicionaron aviones cisterna en Alaska, España y en la zona norte de Estados Unidos con enormes cantidades de combustible almacenado. Los aviones cisterna situados en la zona noreste debían ser capaces de entregar un mínimo de 726.750 litros de combustible diario a los B-52, los situados en Alaska (Eielson AFB) unos 897.000 y los de España alrededor de 776.000 litros diarios. Y esto solo para los 12 aviones en vuelo permanente y que el SAC planificó ampliar hasta 70 cada día en caso de emergencia.²⁴ Durante la crisis de los misiles de Cuba, en octubre de 1952, el sistema de alerta aérea fue ampliado significativamente de 12 a 75 bombarderos en alerta diaria durante 28 días.*²⁵ La explicación de la Administración Kennedy era obvia. Aumentar el estado de alerta servía de mensaje de advertencia a Moscú si optaba por llevar a cabo movimientos agresivos en respuesta a las acciones tomadas por Washington contra la isla.

En términos de potencia destructiva, en 1966, la fuerza de alerta de EE. UU. era capaz de atacar —con bombarderos y misiles dirigidos— un total de 1.607 objetivos simultáneamente. Cerca de 200 objetivos urbanos e industriales serían destruidos por un total de 510 ojivas, unas 300 bases e instalaciones de defensa aérea serían aniquiladas por 967 ojivas, mientras que 240 objetivos situados en países satélites europeos serían alcanzados por otras 450 cabezas nucleares. El resultado era un cálculo de más de 65 millones de soviéticos muertos. Si los misiles Polaris eran lanzados desde los submarinos nucleares, algo que era posible a partir de mediados de la década de los sesenta, el número de muertos o víctimas enemigos sumaría otros 30 millones más, según las estimaciones norteamericanas.²⁶

En noviembre de 1965, en un informe al jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el secretario de Defensa McNamara adelantó por primera vez que a partir de julio de 1966 las alertas aéreas serían canceladas. Sin embargo, usando excusas de procedimiento, el SAC fue capaz de retrasar la decisión y obligar a su revaluación. Varias eran las razones. Según el propio Congreso norteamericano, el simple cierre de dos bases españolas utilizadas por aviones cisternas KC-135 para reabastecer a los B-52 representaría unos ahorros superiores a los 63 millones de dólares.²⁷ McNamara argumentó, por su parte, que las alertas aéreas ya no serían necesarias como consecuencia de la entrada en servicio de los nuevos misiles Minuteman y Titan, a lo que se unía el aumento de los requerimientos derivados de la guerra de Vietnam, que para entonces demandaban una media de 300 salidas al mes con la previsión de llegar a 800 a medio plazo. Un tiempo después, el 15 de febrero de 1966 —es decir, transcurrido escasamente un mes desde el accidente de Palomares—, McNamara reiteró su planteamiento ante el comité de Apropiaciones del Congreso:

En este momento, tenemos (ocho —doce planeados—) aviones en alerta en el aire constantemente, en esencia como medida de adiestramiento. Esto nos proporciona una pequeña capacidad relativamente pequeña en relación con la creciente y gran potencia de la fuerza de misiles. Lo que quiere decir que no hay necesidad de seguir el programa.

Sin embargo, el SAC seguía oponiéndose a ello. E incluso después de Palomares —17 de enero de 1966— ordenó la cancelación de todas las salidas aéreas a excepción de una al día. Aunque parezca increíble, al día siguiente del accidente, el 18 de enero, ordenó reiniciar los vuelos Chrome Dome incluidos los que sobrevolaban España. Inmediatamente se filtró la noticia y el gobierno español retiró la autorización de sobrevuelos. Como consecuencia, el SAC suspendió las misiones a través de la ruta sur pero propuso dos alternativas con la aspiración de que Franco reconsiderara su decisión: la primera permitiría que los bombarderos con armas nucleares pudieran sobrevolar espacio español en casos de emergencia y, la segunda, que continuaran los vuelos pero realizando los reabastecimientos sobre el Atlántico. Los máximos mandos de la Fuerza Aérea norteamericana las analizaron y consideraron que no eran admisibles, por lo que declinaron presentarlas a Madrid. «La actual atmósfera en Washington es claramente no favorable a cualquier tipo de propuesta de reanudación de sobrevuelos con armas nucleares sobre España», señalaron. Según la historia oficial del SAC, «la Fuerza Aérea recomendó una o dos propuestas: continuar con la ruta sur hasta que se definieran otras opciones o volar B-52 sin armas nucleares por la ruta sur». Al final, se optó por la opción ciertamente absurda de volar bombarderos vacíos por lo que el SAC rápidamente canceló la ruta del sur por completo.²⁸

Respecto a la participación española, las autoridades permitían que los aviones cisternas que debían reabastecer en el vuelo a los B-52 pudieran salir de las bases de Zaragoza, Torrejón y Morón e incluso que si algún bombardero armado experimentaba problemas pudiera aterrizar en alguna de las instalaciones españolas —algo de lo que no tenemos constancia de que sucediera—. Según un informe secreto firmado por los secretarios de Estado, Rusk, y de Defensa, McNamara, y enviado al presidente Kennedy en junio de 1963, la Fuerza Aérea tendría «serios problemas» de poder atacar la URSS si no contaba con dichas bases:

El uso de las bases españolas en apoyo a [las operaciones] Reflex y las alertas aéreas de los B-52 (Chrome Dome) continuará siendo un requerimiento. Las bases españolas apoyan las fuerzas de reabastecimiento KC-135, además de contar con las autorizaciones sin restricciones para que puedan aterrizar aviones B-52 que se vean forzados a tomar tierra por dificultades en el vuelo o por razones operativas.

Este criterio era apoyado sin fisuras por el alto mando estadounidense. De acuerdo con el criterio de la Junta de Jefes de Estado Mayor:

Cualquier acción que reduzca o elimine el uso de las bases aéreas estratégicas españolas en el futuro cercano impactará de forma severa en nuestra planificación militar completa y en nuestra flexibilidad estratégica.²⁹

Otro aspecto que no podemos dejar de analizar es si estas operaciones Chrome Dome eran públicas y hasta qué punto las autoridades españolas tenían conocimiento de estos vuelos sobre su espacio aéreo. Como veremos más tarde, tras el accidente de Palomares el gobierno de Franco quiso vender a la opinión pública que nadie en las altas esferas tenía conocimiento de que estos bombarderos sobrevolaban diariamente territorio español con armas nucleares. Con la información que existía entonces y la que hay ahora, esta versión es difícilmente sostenible. Primero, porque el sobrevuelo de los bombarderos estadounidenses en su camino de ida y vuelta por suelo español era algo que se realizaba todos los días desde al menos 1962. Por tanto, aceptar que la Fuerza Aérea española no tenía conocimiento de ello implicaría reconocer un nulo control de su espacio aéreo, algo difícil de aceptar aun asumiendo el deficiente material del que se disponía en esa época. Los vuelos no eran esporádicos y, por tanto, su identificación era tan fácil como esperar sus apariciones que, por otra parte, se producían a la misma hora: tanto en el caso del primer reabastecimiento sobre el norte de la península ibérica como en el segundo, sobre la zona de Almería. Además, cuando el acuerdo de las bases españolas estaba siendo renegociado en 1963 —tres años antes del accidente de Palomares—, la prensa estadounidense reconocía, sin problemas, su contribución a las dos principales misiones de ataque contra la URSS que no eran secretas ni mucho menos: en un despacho firmado en Madrid, la agencia de noticias norteamericana AP reconocía entonces que existían 27.000 soldados estadounidenses estacionados en España y especulaba con que la decisión de España de solicitar la renegociación de los acuerdos de las bases después de diez años abría el interrogante sobre qué contaba Estados Unidos exactamente en nuestro país. El despacho, publicado por decenas de periódicos norteamericanos y que, por tanto, no pudo pasar desapercibido para los diplomáticos españoles, señalaba en el segundo párrafo que las instalaciones en suelo español eran fundamentales en dos operativos denominados Reflex y Chrome Dome a través de la XVI Fuerza Aérea de Estados Unidos, compuesta por bombarderos con la misión de atacar en el caso de que se produjera una guerra nuclear y de aviones de reabastecimiento aéreo para llenar de combustible a dichos bombarderos que operaban desde territorio norteamericano.³⁰

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En el objetivo de las bombas atómicas de Moscú

Las primeras páginas de la prensa nacional de ese martes 18 de febrero de 1958 concentraban la actualidad informativa y el interés de los españoles en dos informaciones inocuas y distraídas. La primera, el solemne bautizo del quinto nieto del Jefe del Estado a quien pusieron por nombre José Cristóbal Guillermo de la Santísima Trinidad y de Todos los Santos y, la segunda, la visita de un grupo de parlamentarios franceses al Valle de los Caídos y al Escorial acompañados por los procuradores en Cortes, Fraga Iribarne y García Sanz. Según las noticias distribuidas por la agencia oficial Cifra y las fotografías publicadas en las páginas de huecograbado, el bautizo, que tuvo lugar en la capilla del Palacio del Pardo, contó con la asistencia del propio caudillo quien, vestido de capitán general a pesar de tratarse de una ceremonia estrictamente familiar, firmó con soltura en el acta como testigo del evento.¹ Más tarde, esa misma mañana, en los salones del Pardo, «Su Excelencia el Jefe del Estado» recibió a los diputados franceses con quien «permaneció en cordial conversación unos veinte minutos».² A unos kilómetros de distancia, en la sede del Ministerio del Ejército del Aire en Moncloa, se iniciaba en esos momentos una reunión muy importante bajo las más estrictas medidas de seguridad, como demuestra que solamente se autorizaron nueve copias de su informe final, todas numeradas y clasificadas como «Secreto», y destinadas a los máximos líderes militares del régimen. Una de ellas ha sobrevivido en los archivos personales de Franco aunque, en teoría, ninguno de los nueve ejemplares iba destinado personalmente a él.³ Con toda probabilidad, se trata de una de las dos designadas para el teniente general Carlos Asensio Cabanillas,* jefe del Alto Estado Mayor, un falangista de la primera hora, como resaltaba la biografía oficial del régimen, que durante la guerra civil había dirigido la columna de Yagüe que liberó El Alcázar del asedio rojo, y que, por entonces, estaba considerado como mano derecha del Generalísimo en asuntos militares.

La reunión secreta tenía un solo y exclusivo objeto: conocer la opinión de Estados Unidos respecto a si España sería objetivo de las armas nucleares de la Unión Soviética en caso de guerra en Europa; saber qué tipo de bombas atómicas se estimaba podría utilizar Moscú contra las bases españolas utilizadas por el Pentágono; y por último, los efectos mortales que causarían estos artefactos en las bases y en los centros de población próximos. Desde la firma del convenio de defensa hispano-norteamericano el 26 de septiembre de 1953, el gobierno de Franco era consciente del aumento del peligro que la presencia militar permanente estadounidense en suelo español representaba para todo el país, aunque hiciera poco realmente para impedirlo. Según su criterio, el precio era mínimo respecto a los beneficios políticos. La incorporación de España al sistema de defensa aliado traía consigo una especie de salvoconducto del régimen y, al mismo tiempo, una cuartada para mantener el sistema autoritario sin aperturas democráticas. En términos bélicos, los militares españoles no eran tontos y, por tanto, eran conscientes de que los años cincuenta presentaban un escenario estratégico muy diferente a los años posteriores al fin de la segunda guerra mundial: el poder destructivo de las armas atómicas había aumentando exponencialmente y, por tanto, sus consecuencias. Al mismo tiempo, la Unión Soviética había dado pasos agigantados en este terreno pues no solamente contaba con bombarderos estratégicos para atacar objetivos profundos —por supuesto dentro de España—, sino que había logrado grandes progresos en el área de las armas nucleares. Si Moscú tuvo que esperar hasta 1949 (con cuatro años de retraso frente a las bombas estadounidenses del tipo utilizado contra Hiroshima y Nagasaki) para lograr su primera bomba de fisión, la denominada «Joe 1» en terminología de la OTAN; el 12 de agosto de 1953 llevaba a cabo su primera bomba de hidrógeno y rápidamente aumentó su arsenal de superbombas hasta el punto de que los planificadores del Pentágono consideraban, cinco años después, que la URSS podría iniciar en cualquier momento una guerra total convencida de que con material convencional y nuclear podría ganarla. Las autoridades españolas eran conscientes, por tanto, «de los graves peligros que estos cambios en la situación entrañaban para las poblaciones civiles enclavadas en la proximidad de las bases aéreas de utilización conjunta, bases que constituían objetivos indudables de un ataque llevado a cabo, en la iniciación de un conflicto, por el presunto enemigo». Por si esto fuera poco, en julio de 1956, los máximos representantes militares estadounidenses reconocieron al general Asensio, jefe del Alto Estado Mayor, y a los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Marina y la Fuerza Aérea que España era un objetivo claro de la URSS, aunque no aportaron muchos más detalles. Durante la reunión, convocada en principio para analizar la defensa militar de la península ibérica, los hombres del Pentágono entregaron a la parte española un informe del Comité Conjunto de Inteligencia (JIC, siglas en inglés) en el que se reconocía que la primera misión de las Fuerzas Aéreas de la URSS, una vez estalladas las hostilidades, sería la defensa de su territorio contra los ataques nucleares incluyendo operaciones ofensivas contra cualquiera de las fuerzas aliadas, en especial aquellas que pudieran equiparse con armas atómicas capaces de amenazar significativamente el territorio soviético.⁴ De este modo, cualquiera de los ejércitos con capacidad de transporte nuclear en la península ibérica o en sus aguas adyacentes sería objeto con casi seguridad de un ataque inmediato por parte de Moscú. A pesar de las preguntas de los españoles, los estadounidenses rehusaron evaluar la amplitud del empleo de dichas armas nucleares por estos ataques aéreos soviéticos, dado que deberían determinarse el tiempo, el tamaño y la composición del arsenal de armas nucleares soviéticas. Los objetivos de la península ibérica quedaban, dijeron, sin embargo, fuera del radio de acción de los bombarderos ligeros, pero sí podían ser atacados por los bombarderos medios de largo alcance, al estimar que los bombarderos pesados serían todos designados para destruir objetivos en territorio norteamericano.⁵ En la mañana de 8 de abril de 1957, el asunto fue tratado de nuevo al máximo nivel dentro del gobierno español durante una reunión de la Junta de Defensa Nacional presidida por el propio Franco. El consenso sobre la preocupación fue completo. Por unanimidad, el grupo aprobó solicitar a la cúpula militar de Estados Unidos, es decir a la Junta de Jefes de Estado Mayor, «la urgente necesidad» de que una comisión superior técnica se desplazara a España para «estudiar» el asunto conjuntamente con los españoles y «proponer las soluciones adecuadas». El remedio, desde la perspectiva de Madrid, tenía una sola salida: proceder al traslado «en el tiempo mínimo» a zonas menos pobladas de aquellas bases y servicios más expuestos como la base de Torrejón, por su proximidad a Madrid, la de Sanjurjo por su cercanía a Zaragoza, y la de San Pablo por estar situada a las afueras de Sevilla. La decisión fue cumplida sin dilación. Al día siguiente, se dieron instrucciones precisas para que se comunicara la petición a Washington a través de dos canales: el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, y directamente al representante militar estadounidense en España, general A. K. Kissner. El 17 de abril, el embajador norteamericano en Madrid, John Davis Lodge, telegrafió al Departamento de Estado exponiendo la grave preocupación del general Asensio por la cercanía de las bases hispano-norteamericanas a las grandes ciudades. Asensio propuso la formación de una comisión técnica de alto nivel para estudiar la posibilidad de dispersión de las bases, de modo que las ciudades españolas no sufrieran como resultado de los ataques a las bases. Si las ciudades pudieran defenderse con armas modernas, a juicio de Asensio, no sería necesario cambiar las instalaciones de lugar.⁶ El tema se volvió perentorio en los meses siguientes por dos acontecimientos distintos: primero, el éxito sin precedentes de Moscú con el lanzamiento del primer satélite Sputnik en octubre de 1957 y, segundo, un mes después, el 23 de noviembre, como consecuencia del ataque de tropas «irregulares» marroquíes contra las guarniciones españolas en Ifni (que fue abandonado a finales de ese año) en un síntoma que Franco interpretó indiscutiblemente como un nuevo intento de la URSS por progresar en su estrategia de envolvimiento de los países europeos del sur aprovechando la descolonización. Por si no fuera suficiente, por esas fechas, la delegación de la URSS en las Naciones Unidas, conocedora sin duda de la aprensión española por los efectos de las armas nucleares, envió al primer embajador español ante la organización internacional, José Félix de Lequerica, una nota verbal señalando el peligro que corrían las ciudades españolas próximas a las bases.⁷ Lequerica recomendó que se diera una respuesta tranquilizadora como, por ejemplo, que España no había renunciado del todo al uso de armas nucleares. Franco pensaba de distinta manera, según queda reflejado en las anotaciones manuscritas que fue añadiendo a la copia del documento que se le entregó. Según el caudillo, la respuesta correcta sería aquella que advirtiese de que las bases estaban allí precisamente para evitar la guerra, de manera que ni las bases ni la OTAN significaban la menor amenaza para la paz. El peligro radicaba en la intención soviética de someter a catorce países europeos. Por otra parte, si se desencadenaba una guerra nuclear, sus efectos serían tan terribles que nadie podría verse libre de ellos. De nada servían, en este caso, las declaraciones utópicas: la única garantía, mínima desde luego, estribaba en que el agresor supiese que iba a sufrir las pavorosas consecuencias de su acción, pues de ese modo evitaría desencadenar el conflicto. Lo peligroso, por tanto, era el desarme.⁸ Lo cierto es que en algunos sectores del gobierno había crecido una cierta oposición a Estados Unidos y se habían debilitado los apoyos a la teoría de defender la relación con ellos a toda costa hasta el extremo de que en enero de 1958, el entonces ministro de Exteriores, Castiella, llegara a proponer en un Consejo de Ministros la denuncia de los convenios de defensa a la vista de sus escasos resultados. Fuera por todo esto o por la ausencia de respuesta a la petición anterior, pues estaba claro que Washington tenía más que perder que ganar reconociendo la vulnerabilidad que traían consigo las bases militares, Franco volvió a reiterarla —esta vez personalmente— durante una larga entrevista de más de tres horas con el entonces secretario de Estado, John Foster Dulles, quien visitó Madrid el 21 de diciembre de 1957. Además del tema de Ifni, los ayudantes de Franco habían preparado un informe apoyando la demanda española de trasladar las bases que necesitara EE. UU. a lugares menos peligrosos y más alejados de áreas pobladas. También, resaltaban, la base de Torrejón interfería en el tráfico del aeropuerto de Barajas por lo que era necesario encontrar otros lugares para su establecimiento en la meseta castellana, utilizando lo ya construido y en el mínimo tiempo posible. Otra solución que se barajaba era la multiplicación de aeródromos preparados para el aterrizaje de grandes aviones con los servicios indispensables de transmisiones, utilizando unos trenes móviles de camiones, para evitar con ello la concentración de aparatos y bases de partida conocidas. Foster Dulles contestó con los mismos argumentos utilizados en el pasado por los militares norteamericanos, prometió incrementar la ayuda económica y recordó que también ocurría lo mismo en Estados Unidos donde las bases del SAC se encontraban situadas cerca de importantes ciudades. No se trató, sin embargo, la posible instalación en España de misiles IRBM, que ya se discutía en el seno de la OTAN. La insistencia de Franco de recibir información sobre el riesgo nuclear que corría España no dejó otra opción a Dulles que comprometerse a enviar una comisión de expertos para estudiar su vulnerabilidad.⁹ Nada más iniciado el año, la maquinaria del Pentágono se puso en marcha y en seguida se filtró a la prensa norteamericana y, seguidamente a la española. Un día después de que se publicara en el New York Herald Tribune, el 18 de enero de 1958, las autoridades españolas censuran las galeradas de la crónica del corresponsal en Washington del diario ABC, José María Massip, en la que anunciaba la próxima visita a España de expertos norteamericanos en aviación y balística para estudiar la defensa aérea y la vulnerabilidad de las bases con los nuevos sistemas de armas. A finales del mes, concretamente el día 30, la embajada estadounidense confirmó al director general de Norteamérica del Ministerio de Exteriores la llegada de expertos liderados por el general Coiner, uno de los más reconocidos analistas estadounidenses en la guerra atómica, mientras que el general Kisnner hacía lo propio con el general Asensio que, como máximo responsable del Alto Estado Mayor, funcionaba en la práctica como un segundo canal de información y vía directa con Franco a través de la cadena militar.¹⁰

Como preparación para dichos encuentros, los diplomáticos y los militares españoles mantuvieron reuniones previas por separado para actualizar la información existente y definir la estrategia a seguir. Por parte de los militares, un grupo de ellos se reunió los días 14 y 17 de febrero, es decir la semana anterior a la cita, y entre otras cosas elaboró una lista de preguntas cuyas respuestas consideraban imprescindibles obtener y que, como veremos, se entregarán durante su transcurso. En el caso del Ministerio de Exteriores, la dirección general de Norteamérica realizó un informe secreto sobre las vulnerabilidades y necesidades militares de España, así como la justificación de la firma de los convenios. En la mayor parte era un lamento de lo que se podía haber hecho, más que una lista de peticiones de cara al futuro:

Hubiera sido lógico que España hubiera establecido el programa de sus necesidades militares para sus Fuerzas Armadas, Mar y Aire, ante la eventualidad del ataque soviético, y su realización por parte de EE.UU., hubiera sido la justa contraprestación a la autorización española para el establecimiento de las bases ... Ahora bien, la situación de armamentos, en aquellos momentos, hacía cierto punto aceptable por parte de España un convenio que, a fin de cuentas, se veía obligada a aceptar por imperativo de las circunstancias. Entonces Rusia no tenía la bomba atómica, ni disponía de bombarderos de reacción de gran velocidad. La Aviación de caza norteamericana era la mejor del mundo y, por consiguiente, la existencia de unas bases dotadas con modernos aviones de caza y con sus complementarias redes de acecho, daban, con la suficiente medida, una garantía de asegurar el suelo nacional contra un ataque aéreo.¹¹

DIARIO DE LAS SESIONES

Alrededor de la mesa había 20 personas, todas menos dos vestidas de uniforme militar. La comisión española estaba presidida por el general Eugenio de Frutos —desde 1956 segundo jefe del Alto Estado Mayor— y estaba compuesta por ocho vocales entre los que destacaban los generales Ángel Salas Larrazábal, entonces jefe del Mando de la Defensa, y Arturo Montel Tauzel, director de la Escuela de Cooperación Aeroterrestre y especialista de energía atómica, y que será clave durante el accidente nuclear de Palomares.* A pesar de que el tema principal de las reuniones era los posibles efectos de las armas atómicas soviéticas sobre las poblaciones civiles españolas que vivían cerca de las bases militares —nunca el peligro de otras zonas o poblaciones como, por ejemplo, Palomares—, no se incluyó a ningún representante de los departamentos especializados en evaluación o protección civil o lo más parecido que existía en ese momento, denominado Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, un órgano militar dependiente del Alto Estado Mayor. En frente, la comisión estadounidense incluía los máximos responsables en el diseño y la planificación de la guerra atómica y que, por tanto, poseían la máxima información sobre los posibles objetivos de la URSS en caso de un conflicto atómico. Estaba encabezada por una celebridad en ese momento, el general Richard Coiner, máximo asesor en asuntos de energía atómica de la USAF (y por tanto del presidente norteamericano);* Carroll L. Zimmerman, jefe del grupo Científico del SAC —en otras palabras: responsable de lograr la máxima efectividad de las bombas atómicas norteamericanas a la hora de destruir los objetivos asignados— y el coronel Grover Brown, jefe del negociado de Objetivos de la sección de Información del Cuartel General de la Fuerza Aérea estadounidense. Por si dudaran de la capacidad de mantener el encuentro secreto, Estados Unidos hizo coincidir las sesiones con un viaje por Europa por invitación personal del jefe de la 16.ª Fuerza Aérea norteamericana, general Henry K. Mooney, de la flor y nata del periodismo nacional. Al mismo tiempo que se iniciaban las reuniones, despegaba desde el aeropuerto de Barajas un vuelo especial para conocer las bases aéreas utilizadas por Washington en Francia y Alemania con catorce periodistas y fotógrafos españoles. Entre ellos destacaba la figura de Guillermo Luca de Tena, director del influyente ABC, y la de Juan Pujol, que había sido jefe de prensa de Franco durante la guerra civil y entonces dirigía el periódico Madrid, así como media docena de representantes de los medios de comunicación de referencia de Zaragoza y Sevilla, provincias destinadas a recibir los escuadrones de bombarderos y de aviones cisternas estadounidense autorizados como parte de los acuerdos de defensa firmados en 1953.¹²

Las reuniones duraron dos días. El 18 de febrero se dedicó, sobre todo, a la bienvenida del general Frutos y una extensa presentación por parte del general norteamericano Coiner sobre la vulnerabilidad y los posibles daños de las ciudades españolas frente a un ataque atómico soviético. Por la tarde, los españoles se reunieron para elaborar un cuestionario que fue entregado a los estadounidenses por la noche de ese día para ser contestado en las sesiones del día 19. En su introducción Frutos recordó que en España se había «librado la primera gran batalla contra el comunismo» y aseguró que cuando se firmaron los acuerdos de defensa de 1953 «los organismos españoles» (eufemismo por el gobierno de Franco) no disponían de información para valorar el riesgo que corrían las poblaciones cercanas a las bases de utilización conjunta y, concretamente, la de Torrejón de Ardoz. Por ello, consideró que el sistema defensivo proyectado «se nos muestra hoy día como de muy escasa eficacia».¹³ La razón era muy clara. Los retrasos de Washington en el cumplimiento de la entrega de la ayuda y material militar habían producido retrasos que convertían las bases en objetivo militar, pues no se había instalado todavía el segundo radar de alerta y control prometido de los diez inicialmente proyectados. «El presunto agresor ha aumentado extraordinariamente su potencia ofensiva y, por el contrario, el sistema de defensa aérea proyectado para España sería casi ineficaz si estuviese ya operativo, lo que no ocurrirá hasta pasados varios años, fecha en que su ineficacia será manifiesta», concluyó el general Frutos. Por si esto no fuera suficiente, explicó que en España tres de las cinco poblaciones con más de 250.000 habitantes (Madrid, Zaragoza y Sevilla) se encontraban muy próximas a objetivos atómicos de la URSS, mientras que en Estados Unidos solamente una de las 42 con mayor población (Forth Worth). «Todos estos hechos han trascendido al pueblo español, lo que ha repercutido en el sentir popular con los peligros que nadie puede dejar de adivinar ni comprender», concluye el militar español como si la opinión pública se manifestara abiertamente y presionara al gobierno franquista al respecto, algo totalmente falso. Por todo ello, Frutos reiteró la petición española de cambio de localización de esas tres bases. A continuación tomó la palabra el general Stanley Donovan, el «número dos» de la representación militar estadounidense en España y que también sería pieza clave en los posteriores sucesos de Palomares, quien dejó claro que la comisión enviada por el Pentágono no estaba autorizada a hablar sobre la defensa aérea de España y se limitaría a tratar la posibilidad del ataque nuclear soviético, la clase de armas que podrían ser empleadas y el efecto producido por la onda explosiva, calor, radiación y lluvia radiactiva que pudiera afectar a las bases y los centros de población adyacentes.

Como asesor para Energía Atómica del 2.º Jefe del Estado Mayor para Operaciones del cuartel general de la Fuerza Aérea estadounidense, el general Coiner no se anduvo con rodeos y fue directamente al grano reconociendo en la primera fase que en caso de conflagración mundial «la Unión Soviética atacaría, probablemente, las bases aéreas en España. El objeto del ataque sería el de conseguir incapacitar esas instalaciones para el lanzamiento y recuperación de aeronaves», es decir, destruir las fuerzas aéreas de represalia norteamericanas, afirmó.¹⁴ Teniendo en cuenta el relativamente pequeño número de armas atómicas que poseía en ese momento Moscú, los cálculos de los planificadores norteamericanos sugerían que, además de las bases aéreas militares, el único objetivo civil «potencial» nuclear de Moscú sería el aeropuerto de Barajas porque su destrucción reduciría la capacidad ofensiva aliada. Con frialdad y tono pausado, Coiner explicó a continuación que asumiendo el margen de error estimado y otras circunstancias, «las posibilidades de obtener de un 50 a 90 % de destrucción de todas las instalaciones sobre la superficie pueden conseguirse con un arma enviada por cada base aérea», siempre que esta sea de entre 100 kilotones y 1 megatón,* es decir bastante mayor que la lanzada sobre Hiroshima de unos 13 kilotones de potencia pero más pequeña que las bombas atómicas W27 que protagonizaron el incidente de Palomares y que contaban con el doble de potencia destructiva —dos megatones—. También explicaron que en esa fecha (1958), año que todavía escaseaban los misiles intercontinentales soviéticos, lo más probable es que el ataque se llevara a cabo con bombarderos tradicionales tripulados —en concreto los Tupolev Tu-16, designados por la OTAN como Badger, y que podrían transportar varias bombas nucleares—, por ser más eficientes en términos de puntería y eficacia, y que los militares soviéticos prepararían las bombas para que hicieran explosión en al aire, «ya que un arma de este tipo causaría el mayor daño» de ese modo.*

A continuación sacó unas transparencias y se preparó para discutir «con algún detalle» los efectos concretos de un ataque atómico contra cada una de las bases y las ciudades adyacentes. Como si se tratase de un juego y sin un ápice de emoción, primero colocó el mapa de la base de Torrejón donde también se podía ver el aeropuerto de Barajas y la ciudad de Madrid —a su izquierda—. Encima superpuso otra transparencia con un círculo que marcaba el área geográfica a la que afectaría la onda explosiva —la base entera quedaría arrasada, explicó—. Después el segundo superponible, referido al área afectada por radiación inmediata. Según sus cálculos, una dosis radiactiva de rayos gamma y neutrones de 450 roentgen (unidad de medida de las radiaciones ionizantes que produciría la muerte) causaría el 50 % de fallecimientos entre la población que existiera en esa zona. El siguiente superponible marcaba una zona más amplia que sería la afectada por las radiaciones térmicas que producirían quemaduras a aquellos que no estuvieran protegidos —por ejemplo dentro de casas, vehículos o refugios—. En este punto se detuvo para analizar el efecto que el ataque tendría sobre el aeropuerto de Barajas:

Los aviones son muy vulnerables a la onda explosiva producida por armas nucleares. Los aeropuertos de Torrejón y de Barajas están separados por una distancia tal (9,6 kilómetros), que solamente un arma de gran potencia, la de 1 megatón, podría causar daños a los aviones.¹⁵

Una vez finalizada la explicación sobre la base más próxima a la capital española hizo lo mismo con las otras: las de Sevilla, Zaragoza e incluso la de Manises, cerca de Valencia, utilizando los mismos superponibles y parecidas explicaciones. Tras un breve descanso de 15 minutos para tomar aire y aclararse la garganta con una Coca-Cola o un café, los militares estadounidenses y españoles volvieron a la mesa de trabajo. El ambiente era muy profesional y correcto... pero no podía pasarse por alto que los cálculos presagiaban cientos de miles de muertos y heridos en el caso de que se iniciara una guerra atómica real. Como el principal peligro para la población civil consistía en la lluvia radiactiva que crearían las bombas atómicas, Coiner se detuvo reiterando que era «improbable» que Moscú hiciera explotar el artefacto en la superficie, porque ello reduciría el poder de destrucción del objetivo prioritario. Lo explicó con un lenguaje técnico e impersonal:

La localización de los límites que alcanzaría la lluvia radiactiva, sobre la superficie terrestre, está determinada por las velocidades del viento y las direcciones de este, desde la superficie hasta altitudes próximas a los 25.000 metros. Los vientos dominantes en España son, generalmente, de Oeste a Este. Nuestro servicio meteorológico nos informa que hay muy pocas probabilidades de que un viento con lluvia radiactiva se dirija desde Torrejón a Madrid. En San Pablo, la base está emplazada al Este de la ciudad, y la probabilidad de un viento con lluvia radiactiva hacia Sevilla sería, aproximadamente, la misma que en el caso de Madrid.¹⁶

En ningún momento los militares norteamericanos hablaron de números absolutos de víctimas o muertes como consecuencia de las bombas atómicas y se limitaron a hablar de porcentajes y probabilidades. En el caso de los efectos de la radiación inmediata, la distancia máxima de su efecto mortal o incluso de su capacidad para causar daños irreparables dependería de si la población permanecía en sótanos o refugios. Las estaciones del subterráneo (ya utilizados por los madrileños durante la guerra civil para protegerse de los bombarderos convencionales) o incluso la parte central de los pisos intermedios de grandes bloques de viviendas podrían ser suficientes para salvar la vida. Los militares estadounidenses consideraban que el número de víctimas sería más reducido porque la población tendría un preaviso de entre media y una hora para ocultarse, eso siempre y cuando el gobierno estableciera un buen servicio de protección civil, algo que nunca hizo. Claramente los estadounidenses habían preparado las reuniones para reconocer el riesgo de destrucción atómica pero reduciendo sus consecuencias mortales hasta el punto de que el general Coiner llegó a afirmar que:

Aun el caso de viento que arrastrase la lluvia radiactiva hacia Madrid, lo que representa un caso entre 80, habrá pocas bajas entre las personas que permanezcan dentro de las casas.¹⁷

Las relativas buenas noticias —por decir algo— cambian cuando se pasa a analizar una segunda base: Sanjurjo, situada a 15 kilómetros de la capital aragonesa. «La posibilidad de que el viento con lluvia radiactiva sople hacia Zaragoza es mayor que la que se tiene en los casos de Sevilla y Madrid ... La lluvia radiactiva procedente de un arma de 1 megatón ocasionaría un gran peligro si el viento soplara desde la base hacia la ciudad. Serían necesarios muy buenos refugios para que sobreviviese la mayor parte de la población», tuvo que reconocer el general estadounidense que el Pentágono había utilizado para informar a canadienses y británicos sobre los riesgos que corrían sus bases y ciudades en el mismo escenario apocalíptico. Recordemos que, en esos años, Zaragoza contaba con una población superior a los 300.000 habitantes, menor que los 1,9 millones de Madrid pero similar a la de Sevilla.

El representante del Pentágono concluyó con la siguiente afirmación:

Del material y análisis presentados, entendemos que la proximidad de las bases aéreas a los centros urbanos crea poca amenaza adicional para esas poblaciones. Las excepciones pueden ser Zaragoza y Valencia, si la Unión Soviética escoge como arma la de explosión en la superficie.¹⁸

LAS DUDAS DE LOS ESPAÑOLES

La reunión al día siguiente, el 19, empezó en otro tono. La amabilidad había acabado. El general Frutos recordó que era poco creíble la afirmación que habían hecho el día anterior de que las bases aéreas españolas serían «probablemente» objetivos nucleares de la URSS, ya que sería mucho más convincente afirmar que «seguramente» serían atacadas al tratarse de las únicas bases del SAC en Europa continental y Torrejón, el cuartel general de la XVI Fuerza Aérea de la USAF.

Teniendo en cuenta esto ... ¿Cómo evalúan ustedes la importancia de estos objetivos? Torrejón, Sanjurjo y San Pablo ...

Creemos —contestó el general Coiner— que el servicio de información soviético considerará a todas las bases aéreas, en ultramar y dentro del espacio continental de los EE. UU., capaces de ser utilizadas por medios portadores de armas nucleares, como objetivos de igual máxima prioridad. Esto incluirá las bases de Torrejón y Zaragoza. Como nosotros afirmábamos ayer no consideramos que San Pablo constituirá un objetivo en este ataque inicial, debido a las limitaciones de almacenamiento de combustible y al tamaño inadecuado de sus pistas.¹⁹

En ese momento el teniente coronel González Domínguez, jefe de la sección de Comunicaciones y Electrónica de la Defensa Aérea española y diplomado en electrónica por la Universidad de Stamford, quiso buscar más exactitud en la especulación del alto militar estadounidense:

—Quisiera preguntarle si en el sentido de prioridad quiere usted significar que las bases aéreas españolas serán atacadas simultáneamente o que el ataque a ellas tendrá una prioridad máxima en relación con las demás bases. ¿Quiere usted decir que prioridad máxima va acompañada de simultaneidad? ...

—En mi opinión —responde a la incómoda pregunta Carroll Zimmerman, uno de los pocos civiles de la delegación estadounidense y jefe del grupo científico del SAC—, esto es lo que él [la Unión Soviética] debe planear ...

—Su pregunta es académica... —interviene en otro momento de la conversación el coronel Brown, máximo responsable de la fijación de objetivos de la USAF—. Creemos que hasta tanto ellos no puedan atacar todos los objetivos, no atacarán ninguno. Esto proporciona un gran medio de seguridad. No sé cómo darle un orden de prioridad a una serie de objetivos de «máxima prioridad», tales como son los puntos de lanzamiento de armas atómicas.²⁰

En un momento de la reunión, el general Frutos,* máxima autoridad española en la reunión, sorprendió a los estadounidenses con una pregunta que no esperaban: según «informaciones procedentes de un refugiado del otro lado del “Telón de Acero” —dice—, que había prestado servicio en las rampas de lanzamiento de ingenios dirigidos en Checoslovaquia, uno de los objetivos asignados a una de las rampas es la base aérea de Sanjurjo. Esto parece contradecirse con la idea expuesta por el general Coiner de que el sistema de transporte a emplear para las armas atómicas serían los aviones tripulados. ¿No creen ustedes que estos ingenios, a los que han fijado objetivos, por suponer mayores desvíos, precisarán emplear una potencia mayor en sus cabezas de combate?»

Coiner asume la responsabilidad de contestar:

La información es interesante pero debemos señalar que, de acuerdo con nuestra propia experiencia, tales informes deben ser evaluados cuidadosamente ... en el estado actual del desarrollo de este tipo de armas, no creemos que las cabezas de combate de tales ingenios serán de potencia suficiente, considerada en conexión con los desvíos probables ... para proporcionar el grado necesario de probabilidad de destrucción.

En el intercambio de opiniones, los españoles ponen en duda algunas de las asunciones de los estadounidenses como radios de acción de las bombas muy reducidos o lo poco realista de las predicciones respecto a los daños causados por la radiación térmica. También cuestionan el criterio de Washington de que en el caso de Torrejón y, conociendo la dirección de los vientos, los sóviets eligiesen como lugar para hacer explosión la bomba atómica a barlovento de la base a fin de aumentar la probabilidad de que la radiación residual afectase a la instalación. Para reforzar sus opiniones, los estadounidenses llegan incluso a bromear al señalar que en uno de sus ejercicios de defensa aérea fueron capaces de hacer despegar con éxito 39 aviones de caza durante un período de radiactividad: «Por supuesto, este ejercicio de defensa aérea fue simulado. No lo llevamos a cabo en condiciones reales», se apresuró a aclarar el coronel Brown. «Así lo hemos entendido», respondió Frutos en medio de algunas risas.

A partir de ese momento aparecen las preguntas más complejas y los momentos de tensión. Los intercambios entre ambos bandos lo muestran. Quizá, por eso, el general Frutos se ve obligado a hacer una declaración que leída ahora causa cierta sorpresa:

General Coiner —dice con tono serio—, los militares [españoles] no estamos en realidad preocupados con este problema en sí. Lo que nos preocupa es el hecho de que esta información puede ser utilizada ventajosamente por elementos, tales como los comunistas, que comenzarán a utilizarla con el propósito de destruir las buenas relaciones que hoy día existen ... Nos damos cuenta de que el peligro de nuestras ciudades es limitado. Sin embargo, es un hecho irrefutable que las ciudades junto a las bases se convierten en un objetivo atómico y por esta razón hago de nuevo la consideración de que debe estudiarse el traslado de estas bases a puntos alejados de los centros de población.²¹

Una vez más, los representantes de Washington no se dan por enterados y continúan con su objeto de minimizar el peligro que corren los habitantes de Zaragoza o Madrid: «Los peligros de la radiación no perduran —reitera Zimmerman a preguntas de los militares españoles como si eso fuera un consuelo—. Siete horas después de la explosión, la radiactividad se ha reducido a una décima parte de la inicial; en dos días, desciende hasta una centésima, en dos semanas, a una milésima. Por lo tanto, para la población civil, incluso bajo una fuerte dosis de radiactividad, el permanecer a cubierto, tan solo dos días, puede ser suficiente.²²

El coronel Montel abandona su silencio e interroga a sus colegas norteamericanos:

—Si la gente que se pone a cubierto está en edificios o en refugios, será porque la alarma ha funcionado muy bien. Se habría tenido información de la incursión con la suficiente antelación para enviar a la población civil a los refugios. ¿Por qué no es posible en ese caso detener a los aviones atacantes?

—La única contestación que puedo dar a esta pregunta —responde el general Donovan— es que durante la segunda guerra mundial ninguna defensa aérea fue capaz de detener a los aviones antes de su llegada al objetivo. Creemos que en una determinada ofensiva, una porción de los aviones atacantes pasarán. El sistema de defensa aérea hace difícil a los bombarderos el llegar al objetivo, pero no les impide, en forma absoluta, alcanzarlo.

—Creo que sé lo que usted quiere decir. Sería muy costoso el llegar a Madrid en avión, —concluye el coronel Montel con cierta ironía.

Los españoles presionan y las preguntas ponen en duda algunas de las presunciones estadounidenses como que Moscú no utilizará contra España nada más que bombas relativamente poco destructivas, de como máximo un megatón o de que sus consecuencias sobre las ciudades españolas serían relativamente pequeñas como consecuencia de la dirección de los vientos en la península ibérica. Por ejemplo, el teniente coronel Domínguez cuestiona la reducida zona que resultaría afectada por la destrucción de la bomba, al estimar «poco realista» los márgenes de error de los bombardeos soviéticos que manejan sus colegas norteamericanos. A continuación interviene de nuevo el coronel Montel:

—Ayer ustedes utilizaron como una razón que en España existe un viento predominante del oeste pero hoy, en su contestación a nuestra pregunta, ustedes han dicho que es necesario disponer de unos datos muy precisos sobre la velocidad y dirección del viento para poder hace uso de explosiones en la superficie. De acuerdo con mi punto de vista, ustedes han utilizado el mismo argumento en dos formas distintas.

—Es una cuestión de precisión —responde de nuevo el general Donovan—. Si usted arroja la bomba entre Torrejón y Madrid para obtener lluvia radiactiva sobre Torrejón, Rusia debería conocer la dirección del viento en todas las alturas, en aquel día y hora determinados, para atacar Torrejón. Deberían tener un 100 por ciento de probabilidad de que el viento estaba soplando en la dirección adecuada en aquel día, y que no se trataba de uno de aquellos en que el viento sopla hacia Madrid o en cualquier otra dirección.²³

Como no podía ser de otra manera, la reunión solo reconfirma la opinión de los militares españoles, por otra parte compartida con Franco, según sus notas manuscritas de esas fechas, sobre el peligro que el acuerdo de defensa con Estados Unidos representa para la población española aunque ello sirviera de poco. Frutos mantiene la recomendación de que deben revisarse sus emplazamientos «que podrían ser sustituidas por pistas, con las instalaciones imprescindibles, en zonas menos habitadas. Alejadas las bases de las poblaciones citadas y cuidando que la base aérea de San Pablo no pueda ser nunca considerada como utilizable por el SAC, el peligro para las tres grandes poblaciones habría desaparecido en este aspecto».²⁴ La recomendación en el caso de Torrejón y Zaragoza se cumplió el 21 de mayo de 1992, cuando la Fuerza Aérea estadounidense se retira de ellas y las devuelve al Ejército del Aire español que las mantiene actualmente como sus dos principales bases militares. El general español ha intentado siempre mantener una actitud colaboradora con sus colegas estadounidenses, lleva incluso a poner por escrito sus dudas sobre la actitud de los militares estadounidenses y su decisión de no contestar explícitamente a las dudas planteadas:

En opinión de la comisión, la limitación de toda la discusión, llevada a cabo unilateralmente en Washington, puede interpretarse como una demostración de no querer discutir lo que es bien indiscutible, la debilidad del sistema de defensa aérea actualmente planeado para España que cumple, no obstante, la misión primordial para las fuerzas del SAC: Darles tiempo para hacer despegar sus aviones y que estos no sean destruidos en el primer ataque adversario.²⁵

En pocas palabras, el Pentágono obtiene lo que busca sin preocuparle mucho las consecuencias para España. Unas semanas después, el secretario de Estado norteamericano, Foster Dulles, lo recoge sin rubor en una carta que envía al propio Franco el 17 de abril:

Creo que nuestros militares han facilitado informaciones a los suyos que permiten a su Gobierno tranquilizar la preocupación popular respecto a la situación de las bases. Todos vivimos peligrosamente. Pero el alcance del peligro es tal, que ligeras modificaciones no lo reducen apreciablemente. Por el contrario, una postura decidida superará las dificultades, como su propia conducta en los años pasados lo demuestran tan claramente.²⁶

La respuesta de Franco está fechada el 28 de abril y aunque insiste en presionar por la retirada de la presencia militar estadounidense en Torrejón y Zaragoza, nunca hasta su muerte convertirá ello en una línea roja inaceptable teniendo conciencia del enorme peligro que representa la colaboración militar con Washington y las consecuencias sobre la población española:

Mucho le agradezco cuanto ha hecho ... ha servido para aclarar muchos conceptos, lográndose una completa unanimidad en el reconocimiento de lo ilimitado de los peligros para las naciones en el caso de una agresión aérea en una guerra futura, aunque se llegó a posiciones discrepantes en cuanto se refiere al aumento de los peligros por la ubicación de las Bases de Torrejón y Valenzuela en las proximidades de nuestras capitales, por la interpretaciones subjetivas de cada parte sobre las intenciones del adversario y sus posibilidades de ataque en progresivo crecimiento. Todos comprenden que los aeródromos en general, incluidos los civiles, constituyen un peligro para las poblaciones próximas, pero también reconocen que las Bases militares pasan a ser el primer objetivo de los ataques; más si este asunto tienen su lado técnico, por otro registrar un carácter eminentemente político. El que una población sufra peligros por constituir un centro vital de la nación o por poseer un aeródromo civil capaz de ser utilizado por aviones militares es un peligro inevitable, pero cuando estos peligros se aumentan por el establecimiento en otro sitio, se crea un motivo para la especulación política. Éste es el caso que nos ofrecen las dos bases citadas, que al tomar estado la existencia por los sóviets de las bombas de hidrógeno y su progresiva potencia y ser ya posibles los proyectiles dirigidos, de gran poder y mayor dispersión, se empiezan a crear estados de opinión adversos a sus emplazamientos y a los que convendría en cuanto fuese posible dar satisfacción; pues aunque ello implicase un evidente sacrificio económico, éste representaba muy poco para lo que en el orden político y en el de la compenetración entre nuestros pueblos se gana. Hay que tener en cuenta que el comunismo soviético viene, por sus radios en español y sus agentes y propagandas clandestinas, explotando estas circunstancias de la proximidad de las bases militares a nuestras capitales para sembrar la discordia contra los Estados Unidos y nuestro gobierno.²⁷

DEFENSA PASIVA

A partir de estas reuniones con los generales estadounidenses en las que se demuestra el enorme peligro que corre la población española, el régimen de Franco no podía escudarse en la ignorancia para justificar sus actuaciones. Si por razones políticas pudiera —a sus ojos— justificar los acuerdos defensivos con Washington, pocas excusas podrían esgrimirse ante las nulas precauciones que tomó el gobierno español para proteger a sus ciudadanos de una hecatombe nuclear o, simplemente, un accidente atómico como el ocurrido en Palomares. Es conocido que otras naciones, europeas y no europeas, activaron mecanismos para establecer algún sistema de protección y refugios aunque existan dudas reales de cuál hubiera sido su eficacia en caso de que se hubiera iniciado una guerra nuclear. En conclusiones escritas, el propio general Frutos —recordemos número dos del Alto Estado Mayor, máxima autoridad militar en ese momento— lo puso de manifiesto sin tapujos:

Se estima completamente necesaria y urgente la organización de una defensa pasiva nacional eficaz.²⁸

¿Qué hizo el gobierno franquista para estar preparado? Volvamos un poco hacia atrás. Las tremendas consecuencias de los masivos bombardeos ejecutados durante la segunda guerra mundial por los alemanes y aliados contras las ciudades y grandes centros de población y sufridos también en España, como en la ciudad vasca de Guernica durante nuestra guerra civil, debieron impactar a las autoridades españolas porque el 23 de enero de 1941 Franco firma en El Pardo un decreto a propuesta por su ministro del Ejército, general José Enrique Varela, por el que se crea el primer organismo español dedicado expresamente a la protección de la población en caso de conflicto o crisis —antecedente de lo que ahora sería el Servicio de Protección Civil—, denominado Jefatura Nacional de Defensa Pasiva. En el preámbulo, justifica su creación a la extensión dada a los llamados objetivos militares, enquistados muchos de ellos en núcleos urbanos de población y al empleo de explosivos en cantidad y potencia cada vez mayores. Y, como prueba de su importancia, se fija que al frente estará un general —es decir será una estructura militarizada— y dependerá de la presidencia del Consejo de Ministros, en manos de Luis Carrero Blanco.²⁹ Un par de años después, en octubre de 1943, el propio Carrero Blanco firma una instrucción por la que se ordena la construcción de refugios antiaéreos para unas 140 ciudades de más de 20.000 habitantes y que «por su importancia estratégica se presuma puedan ser objeto preferente de agresiones aéreas».* El mal entendido que crea el nombre del organismo —al entenderse que «pasiva» significaba que debía limitarse al caso de ataques del enemigo o guerra— contribuye a que el 4 de febrero de 1960 se cree la dirección general de Protección Civil, que hereda los efectivos y experiencia de la Jefatura pero amplía su campo de acción al concentrarse, a partir de entonces, en intervenir en casos de «calamidad pública» y catástrofes** bajo la dirección del general Ramón Pardo de Santayana y Suárez, miembro de una de las familias militares de mayor tradición y prestigio del Ejército, y que nombra Franco tras la recomendación de Carrero. En lo que respecta al tema nuclear y su conexión con el accidente atómico de Palomares, hay que resaltar que desde un principio, tanto la Jefatura de Defensa Pasiva como la dirección general de Protección Civil centran sus estudios y trabajos en las consecuencias de las bombas de uranio y plutonio, y también de hidrógeno, aunque la ausencia de recursos hacen que su capacidad de acción sea bastante limitada. El coronel Alfredo Bellod, jefe del Centro de Estudios del organismo, lo explica en la publicación del organismo en enero de 1960: «Cabe preguntar, en caso de guerra atómica, qué eficacia podrían tener las medidas que con recursos puede adoptar la protección civil. A esta pregunta se puede contestar, que si se adoptan las medidas previstas, puede cambiarse la desaparición de una población, por la pérdida de un 10 al 15 por ciento de sus habitantes, que ya es bastante conseguir».³⁰ Los técnicos se concentran rápidamente en preparar proyectos de evacuación, protección y construcción de refugios de cuatro categorías: gubernamentales, públicos,* de empresas y particulares, así como intensificar la colaboración con los organismos que pudieran aportar algo, como la Cruz Roja, y en relación con los efectos de las armas atómicas sobre el organismo humano. Por ejemplo, el doctor Gonzalo Piedrola, con una extensa carrera como médico militar y director general de Sanidad de la sección de Protección contra Radiaciones Ionizantes, recopila todo lo que sabe hasta ese momento sobre el tratamiento y la prevención de personas afectadas por irradiados y plantea problemas para planificar respuestas: por ejemplo, determinar la intensidad existente en cualquier momento conociendo el tiempo transcurrido desde la explosión y o la intensidad existente a la ahora H+1, o cuál es la dosis recibida conociendo el tiempo de entrada, la intensidad de la hora H+1 y el tiempo de permanencia en la zona.³¹ Los trabajos llegan incluso a analizar el efecto de ataques atómicos en lugares concretos de España. En este caso, la provincia de Málaga. El doctor Enrique Martínez Pérez publica un plan detallado para poder hacer frente a una catástrofe de este tipo en el que detalla los centros sanitarios y de socorro que deben improvisarse y cómo organizar el tratamiento de la población, además de calcular las necesidades iniciales de elementos imprescindibles como sangre, alimentos, etc. En el apartado de recomendaciones, resalta que una de las misiones del personal sanitario que merece señalarse incluye la vigilancia y control de las operaciones de descontaminación, así como la organización de los equipos y suministros de material necesario para que estas operaciones se realicen con éxito. Algo que, veremos, no se producirá en el caso de Palomares por decisión de las máximas autoridades españolas.³²

La preparación para una guerra nuclear también preocupa a los militares españoles que quieren asegurarse de poder sobrevivirla. «La explosión atómica puede ser empleada contra nosotros. Puede ser también empleada en nuestro beneficio ... Un soldado bien instruido conserva siempre su serenidad en el combate ... Si sabemos protegernos de la explosión, podremos mantenernos serenos y estar siempre en disposición de cumplir nuestra misión de combate.» Este es el mensaje central de la «Guía para la instrucción individual sobre protección contra las armas atómicas». Un pequeño librito de 16 por 11,5 centímetros con las puntas dobladas y un sello que muestra que en algún tiempo perteneció a la Biblioteca de la Agrupación de Intendencia de la 8.ª Región Militar (La Coruña). Confeccionado por el Estado Mayor Central del Ministerio de Ejército, en ese momento a cargo de Muñoz Grandes, y editado por la imprenta del Servicio Geográfico, cuenta con 45 páginas y no tiene autor. La guía parece ser el primer texto militar español dedicado a la guerra nuclear. Destaca la fecha —1956—, tres años después de la firma del primer acuerdo con EE. UU. sobre las bases militares —objetivos de las armas atómicas soviéticas— y dos años antes de la inauguración por el propio Franco del primer reactor español capaz de reprocesar uranio. La guía militar, sin embargo, plantea esta opción como algo previsible. «Si las armas atómicas se usan contra el enemigo en nuestro apoyo, tendremos que estar preparados para sacar el mayor partido posible de sus efectos», señala el documento que recomienda que en el caso de que las fuerzas enemigas se encuentren muy cercanas a las españolas se tomen «ciertas medidas» como «reforzar y hacer más profundos nuestros pozos de tirador y nuestras trincheras; no mirar hacia el lugar de la explosión; mantenernos tumbados, con el cuerpo y la cabeza a cubierto, hasta lo menos treinta segundos después de la explosión o hasta que se nos dé la señal de ataque».

El documento militar reconoce que la bomba atómica es «la obsesión» de esos años de confrontación entre Washington y Moscú pero mantiene que es falso el «sentimiento fatalista» que se había extendido de que no había defensa posible contra ella, aunque admite que con el paso de los años se ha perfeccionado de forma «cada vez más potente y más mortífera». Mantiene que la tremenda mortandad de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki fue debida al efecto de la sorpresa. «Nosotros sabemos ya —agrega— que los efectos de la explosión atómica, pese a su enorme poder, tienen un límite, y que los podemos aminorar si usamos juiciosamente las medidas de defensa adecuadas.» Los militares españoles pensaban entonces que las armas atómicas eran similares a los ataques con gases tóxicos o los bombardeos en masa de la aviación. Por ello, predicen que, de una forma u otra, los explosivos atómicos «estarán presentes en los futuros campos de batalla y llegarán a sernos tan familiares como ahora lo son la pólvora y los altos explosivos». La guía divide las formas de protección en tres grandes capítulos: antes, durante y después de la explosión. Señala, por ejemplo, que los abrigos que se usan para protegerse de la artillería «proporcionan buena protección» contra las armas atómicas y asegura —equivocadamente— que en Nagasaki y Hiroshima las personas resguardadas en estos abrigos «no sufrieron daños, aunque estuvieran muy próximas al punto cero» (vertical de la explosión). Como ejemplos de cómo protegerse de una bomba atómica, la cartilla del Ejército español dice que los soldados de pie —sin protección alguna —«no sufrirán probablemente daños que les pongan fuera de acción, es decir, no serán “bajas”» si están a al menos cuatro kilómetros del lugar de la explosión nuclear, en el caso de que se trate de una bomba atómica equivalente a 20.000 toneladas de trilita (20 kilotones, TN) —la de Hiroshima fue de 15 KT y la de Nagasaki de 20 TK)— que hace explosión a 760 metros de altitud. Esta distancia se puede reducir hasta los 2,7 kilómetros si se está tendido en el suelo; a 1,2 kilómetros si se está protegido por una zanja; a 900 metros si uno se encuentra en un pozo de tirador y a escasamente 700 metros si el refugio es un abrigo profundo bajo tierra. «El uniforme nos dará una protección excelente contra los efectos términos —dice la Guía, algo bastante dudoso—. No debemos llevar la ropa ceñida, sino holgada ... En ocasiones, hasta una simple hoja de papel nos podrá proteger de la onda calorífica», agrega. Después de la explosión, el Estado Mayor Central señala que el «primordial deber» es «llevar a cabo el cumplimiento de la misión». «Ya sea esta defensiva u ofensiva, tenemos que obedecer fielmente las órdenes, en la creencia firme de que ello será la mejor garantía de nuestra seguridad.» También explica cómo se llevará a cabo la descontaminación de las zonas afectadas y, en concreto, recomienda descontaminar las manos y el equipo con agua y jabón, si no hay servicio organizado para ello.

El Ejército español no quedó satisfecho con este pequeño manual porque años después, en 1959, el Alto Estado Mayor confeccionó otro documento sobre la protección y defensa atómica más completo y exhaustivo. Resalta que el propósito de lo que llama «Cartilla» es aportar «conocimientos rudimentarios pero básicos» sobre cómo protegerse de un ataque nuclear a todos los llamados a filas, en referencia no solo a los militares profesionales sino a los soldados de reemplazo, ya que entonces era obligatorio que todos los varones mayores de 18 años sirvieran un tiempo en el Ejército. Por primera vez, los militares muestran preocupación por la población civil: «Al incorporarse a la vida nacional después de su licenciamiento, los sucesivos reemplazos en posesión de estos conocimientos ... contribuirán sustancialmente a la preparación de la nación para la defensa atómica». Además, tras explicar cómo proteger el material militar, la cartilla incluye una cuarta parte a modo de resumen que se refiere claramente a la población civil ya que, por ejemplo, recomienda que, si hay tiempo, se busque refugio subterráneo bien en el metro o en el sótano de un edificio, y si se está en una carretera «échate en la cuneta o contra un banco o pared si la hay». Recuerda, asimismo, que hay que impedir que personas o animales se acerquen a los cráteres causados por las explosiones, ser disciplinados con las instrucciones que dicte lo que denomina Defensa Pasiva y recomienda que «si estás cerca de zona que pueda ser objetivo atómico (grandes ciudades, centros industriales, nudos ferroviarios, etc.), la mejor protección es un refugio con un techo de un metro de tierra aproximadamente, aunque sea solamente una trinchera así cubierta. Cualquier protección es mejor que ninguna», concluye. Estos documentos, así como los trabajos realizados por la dirección general de Protección Civil, demuestran que, al menos desde la perspectiva de la teoría y de estructuras, el gobierno español llevó a cabo alguna tímida preparación en caso de guerra o accidente nuclear, aunque es evidente que nunca confeccionó un plan serio de protección de su población civil contra un posible holocausto nuclear y ni siquiera lo utilizó cuando se produjo una catástrofe de este tipo —como es el caso de Palomares—, ya que optó por recurrir a otro organismo para gestionarla: la Junta de Energía Nuclear.*

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Proyecto Islero o la bomba atómica de Franco

¿Soñó realmente Franco con tener bombas atómicas que incluyeran a España en el selecto club de las superpotencias nucleares del mundo? ¿El accidente de Palomares afectó de alguna manera a dicho programa? La respuesta a ambas preguntas es afirmativa sin discusión. La dificultad radica en la profundidad y en el detalle con el que se quiera concretar la respuesta. Para poder explicarlo concienzudamente sería necesario, en ambos casos, lograr la desclasificación de los documentos oficiales que lo describe. Sin embargo, las autoridades españolas que los custodian siguen manteniendo un mutismo total a pesar de haber transcurrido más de medio siglo. Ya lo dijo Donato Fuejo, uno de los primeros presidentes del Consejo de Seguridad Nuclear: «En España no hay informes sobre estos proyectos porque eran del máximo secreto, los controlaban los militares pero algo supimos y sospechamos. Empujado por sus ansias de grandeza, el franquismo parecía obsesionado por el desarrollo nuclear. Encajaba bien en las pretensiones de aquel momento por muy descabellado que nos parezca ahora».¹ Está confirmado que el proyecto español para la fabricación de la bomba atómica fue responsabilidad directa de la Junta de Energía Nuclear (JEN) que desapareció en 1986, un año antes de que el gobierno de Felipe González firmara el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y pusiera fin a este programa, para algunos nada más que un sueño de grandeza y para otros una oportunidad fallida. Lo cierto es que los archivos de la Junta que deberían guardar las respuestas concretas de su tamaño, objetivos y posible éxito han sido destruidos en el mejor de los casos o, como poco, desaparecido aunque parezca mentira. En el CIEMAT, el órgano sucesor de la JEN sin discontinuidad —uno sustituyó a otro el mismo día—, afirman no tener ningún informe de su antecesor. Las únicas cajas, una veintena, con documentación de la JEN que se han encontrado están almacenadas en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, donde llegaron según reseña oficial en 1992, y contienen principalmente la contabilidad de sus primeros años y algunos expedientes personales (cerrados todavía por razones de protección de datos). No hay más rastro. Algunas fuentes consultadas por el autor aseguran que por los años noventa el resto de los archivos de la Junta fueron enviados al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), máximo órgano supervisor actual en materia de energía nuclear, pero que ha dado la callada por respuesta cuando ha recibido peticiones al respecto.*

Hecho este pequeño inciso, recapitulemos lo que se conoce sobre el programa atómico militar español y su relación con el accidente de Palomares. La noticia del lanzamiento, en agosto de 1945, de las bombas atómicas «Little Boy» y «Fat Man» sobre Hiroshima y Nagasaki quedó puntualmente reflejada en la prensa española y, casi inmediatamente, pasó a los primeros lugares de la agenda política del país. Unos meses después, en 1946, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un órgano dependiente del Estado, y el Instituto Geológico y Minero, adscrito al Ministerio de Industria, crean comisiones especializadas para analizar materias como física nuclear, electrónica y proyectiles autopropulsados, así como la prospección y el estudio de yacimientos de uranio, lo que pronto dio sus frutos al confirmarse que España era el quinto país del mundo en reservas de este mineral. En abril de 1948, visita Madrid el profesor italiano Francesco Scandone, director de una importante empresa de instrumental científico, Casa Galileo, con el objeto de establecer un convenio para la aplicación industrial de la energía termonuclear a cambio del uranio del que Italia carecía para su propio programa nuclear. Durante su estancia, entre otras personas, se entrevista con los dos personajes que serán claves a partir de entonces en el programa atómico español: el subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco, y el jefe del Alto Estado Mayor, general Juan Vigón. De estas reuniones surgió una comisión conjunta hispano-italiana encargada de poner en marcha las condiciones que hicieran posible la firma del convenio y se iniciaron trabajos de prospección en Cáceres, Salamanca, La Coruña y Zamora.² Casi en paralelo, el Laboratorio Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada (LTIEMA) —entonces su director era el teniente coronel Otero Navascués—, con el apoyo del agregado naval estadounidense en Madrid, capitán de navío Lusk, empezó a investigar sobre prototipos de medidores de radios gamma (gammascopios) ligeros siguiendo, en este caso, la escuela de la Comisión de Energía Atómica (CEA) de Estados Unidos, la otra institución que estará a partir de entonces ligada directamente con los desarrollos españoles en este terreno.³

LA JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR: ANTECEDENTES

Por medio de un decreto reservado firmado el 6 de septiembre de 1948 en San Sebastián, donde se encontraba pasando unos días de vacaciones, Franco crea el primer organismo estatal especializado en la energía nuclear y dependiente directamente del Ministerio de la Presidencia con el objetivo de adquirir amplios conocimientos en el área atómica: desde la formación de personal científico hasta la explotación de yacimientos de uranio y la investigación de su extracción y utilización energética. Entre sus objetivos se señalaba expresamente el de «preparar y proyectar la constitución en España de una pila termonuclear experimental», el término con el que algunos científicos de entonces se referían a los reactores nucleares, un sistema que produce una fisión o fusión controlada del combustible nuclear (uranio, plutonio o isótopos) con desprendimiento de una gran cantidad de calor. Según se explica en este documento fundacional, se permitía expresamente que este órgano oficial, denominado Junta de Investigaciones Atómicas, funcionara clandestinamente bajo la tapadera de una sociedad comercial privada bautizada con el nombre de Estudios y Proyectos de Aleaciones Especiales (EPALE) con un capital social de 100.000 pesetas para poder operar «dentro del secreto que se considera indispensable», y con sede social en el domicilio particular de su principal inspirador, calle Alfonso XII, 32, Madrid.⁴ Alrededor de esta empresa se forma el grupo principal de científicos que después dirigirán la JEN y el desarrollo atómico español, de naturaleza militar y civil. Entre ellos destaca José María Otero, ingeniero de Artillería de la Armada y presidente de la JIA entre 1948 y 1950 y que había logrado prestigio científico a principios de los cuarenta gracias a sus trabajos sobre la miopía nocturna;*⁵ el catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Madrid, Manuel Lora Tamayo; el catedrático de la Facultad de Química de la misma universidad y jefe de la sección de Óptica Geométrica y Cálculo de Sistemas del Instituto de Óptica del CSIC, Armando Durán; y el comandante del Cuerpo de Intendencia de la Armada y miembro del Cuerpo Diplomático, José Ramón Sobredo, el «hombre de Carrero» en ese grupo ya que colaboraba estrechamente con él en la subsecretaría de la Presidencia. Posteriormente se unieron otros como el matemático, físico e ingeniero Esteban Terradas, que en enero de 1950 fue nombrado presidente de la JIA —puesto que compaginó con el de presidente del Patronato del Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas (INTA)—, pasando Otero a asumir una responsabilidad más operativa como consejero delegado. Al fallecimiento de Terradas, el 9 de mayo de 1950, es nombrado sustituto el general Vigón, que ocupó la presidencia de la JIA y, posteriormente, la de su sucesora Junta de Energía Nuclear (JEN). Según Otero, el nombramiento no fue fácil:

Cuando sucedí a Terradas en la presidencia de la JIA, pensé que la persona adecuada para ocupar el cargo era D. Juan Vigón, a quien se lo propuse. El general no quiso aceptar por lo que recurrí a la tradicional costumbre española de buscar una recomendación. Como el asunto era importante y Vigón difícil de convencer, busqué una recomendación muy fuerte: la del propio Generalísimo Franco. Dio resultado.⁶

La falta de conocimiento sobre el tema nuclear y de personal especializado en las áreas principales del proceso alimentó desde el principio las relaciones, contactos y viajes al extranjero empezando, como se ha señalado, por Italia,* pero que, rápidamente, se amplió a otros países con más conocimientos atómicos como Alemania, Suiza, Francia, Bélgica y Estados Unidos. Según una carta personal de abril de 1959 de Carrero Blanco, que supervisaba todos los detalles del desarrollo de la Junta, al entonces ministro de Industria, Juan Antonio Suanzes, se propone incluso la utilización del buque escuela Elcano con la mayor urgencia posible para el traslado de neutrones porque «es peligrosa por sus radiaciones y en el barco la pueden traer con las debidas garantías, condiciones y discreción».⁷

Después de tres años de intenso trabajo, durante los que el aislamiento internacional a España se ha resquebrajado al aprobarse su incorporación a la ONU en 1950, Carrero, con la aquiescencia de Franco, decide dar un paso más y crear la Junta de Energía Nuclear, que recogía el trabajo (y el equipo) de la JIA con la meta de continuar las investigaciones a «mayor escala» y la aspiración de centralizar y coordinar todas las actividades relacionadas con el tema nuclear. El real decreto, firmado por el caudillo el 24 de octubre de 1951, mantiene la JEN bajo la dirección del general Vigón, a quien algunos le consideraban un superministro, y seguirá dependiendo de la Presidencia del Gobierno como un organismo técnico para asesorar en todos los temas relacionados con la energía nuclear y encargado de estudiar, investigar, desarrollar e impulsar todas las aplicaciones posibles en el campo de la energía nuclear. Antonio Colino, uno de pioneros de la JEN, explica gráficamente que en esta época Vigón era la pieza clave del programa:

Se decía que Franco tenía dos Consejos de Ministros, uno el viernes, con todo el Gabinete, y otro, el principal, el miércoles, con Juan Vigón, que desempeñaba el cargo de Jefe de Estado Mayor ... Recuerdo también la emoción que sintió el día que, en la Mesa del Consejo, le puse un frasco con un polvo amarillo, que [el director de la División de Química de la JEN, Fernández] Cellini, había obtenido de los minerales de la sierra de Carbonell: se trataba de «yellow cake». No podía creer que estuviera extraído de nuestras minas y tratado. Estábamos en el año cincuenta y tantos.⁸

Además y entre otras cosas, el decreto establecía bajo el control de la JEN todos los procesos relativos a la energía atómica⁹ y, en concreto, nacionalizaba los yacimientos de uranio que existieran o se descubrieran —aunque fuera en propiedad privada— y se establecía que dirigiera, de forma exclusiva, todas las actividades dentro de España y fuera del territorio relacionadas con la energía atómica e isotopos radiactivos. Entre 1951 y 1955, los avances de la Junta, marcados por una total dependencia de suministros tanto de materiales como de conocimientos técnicos procedentes de Washington, fueron escasos ante la falta de información y de cooperación exterior, ya que en esa época todos los conocimientos sobre el tema atómico eran considerados secreto y celosamente guardados.

El programa «Átomos para la Paz» presentado por Estados Unidos en 1953 representa un punto de inflexión importantísimo y, a partir de entonces, no es posible comprender la historia de la energía nuclear en España sin tener en consideración el papel desempeñado por los norteamericanos. El presidente Eisenhower decide superar el sigilo y cooperar en la difusión y transferencias de la tecnología relacionada con la energía atómica con todos aquellos países que lo desearan siempre que lo hicieran siguiendo sus condiciones: con tecnología (y empresas) estadounidenses y para fines pacíficos, alejando así las consecuencias desastrosas de las bombas atómicas. Gracias a ello y a que las puertas de este sector se abren poco a poco, la JEN logró en 1954 iniciar la producción de barras de uranio a escala semiindustrial que más adelante permitirá obtener uranio metálico u óxido de uranio. En relación con el caso español, el siguiente momento decisivo coincide con la primera conferencia internacional sobre el programa celebrada bajo los auspicios de las Naciones Unidas en 1955 en Ginebra y que se convierte en una macrocumbre a la que asisten cerca de 1.400 delegados y expertos procedentes de 73 países. Aunque novata en este tipo de eventos internacionales, la delegación española, formada por diecisiete científicos, políticos y representantes del sector industrial, bajo la presidencia del propio Otero, se muestra muy activa durante las sesiones a pesar de que sus comentarios quedan sin leerse en la sesión plenaria por falta de tiempo y de que se pensaba que hubieran sido recibidos con entusiasmo y optimismo porque, en esencia, representaban una llamada a una mayor y más intensa cooperación internacional. Los científicos españoles se repartieron entre las comisiones y, por ejemplo, Otero se centró en la dedicada a reactores y física nuclear y el doctor Eduardo Ramos —ya jefe de la Sección de Medicina y Protección y que luego jugará un papel central en Palomares— asistirá a las sesiones relacionadas con la parte biológica y medicina. Durante el Congreso, los españoles entablaron contactos especialmente interesantes con representantes de varias compañías estadounidenses con los que discutieron, entre otras cosas, la posibilidad de construir un reactor tipo piscina con una potencia superior a los 1.000 Kw o reactores de sodio y grafito. Especialmente significativo es el recuerdo que Otero mantuvo de uno de esos encuentros:

Al preguntar [al vicepresidente y director general de la Internacional General Electric Company, Mr. Mac Cune] sobre los reactores de fusión, sonrió y dijo que poca gente sabía tanto de ellos como los colaboradores científicos de General Electric, pero que desgraciadamente eran «top secret» y no podía decir ni una palabra más.¹⁰

La frase es curiosa, sobre todo, por la expresión empleada de «reactores de fusión» —entendemos intencionada— ya que tiene poco sentido a menos que fuera una indicación velada a las bombas de hidrógeno —también denominadas termonucleares— y cuyo funcionamiento está basado en procesos de fusión. Estados Unidos había realizado su primera prueba de un arma de este tipo el 1 de noviembre de 1952 y la Unión Soviética hizo lo propio en agosto del año siguiente.

En este sentido, el 2 de diciembre de 1954, Otero escribe al embajador español en Washington, José María Areilza, sobre sus aspiraciones y objetivos aprovechando el desarrollo del programa «Átomos para la Paz» que, poco a poco, iba concretándose en proyectos y acciones concretas:

Ahora con la creación de este «pool» atómico, nos interesaría formar parte de él para tener una situación ventajosa en cuanto a información y, sobre todo, para obtención de materiales fisionables que nos permitirán rápidamente, dado el equipo de técnicos con el que contamos, construir un reactor experimental...

Apenas cinco días después, Areilza responde con su punto de vista:

Existe, efectivamente, en las Naciones Unidas un proyecto debido a la iniciativa de la delegación norteamericana en la ONU, que lleva el nombre genérico de «Átomos para la paz» ... Ese plan, perfectamente instrumentado ... ha culminado en una reciente propuesta en que la delegación norteamericana, secundada por la inglesa y alguna otra, ofrecieron una cierta cantidad de material desintegrable para servir de base a los reactores de carácter industrial que podrían construirse en las naciones que pidan acceso a dicho «pool» ... la puesta en marcha de este plan ... va a ser ... cosa muy lenta y complicada. Me atrevería a decir que hay más de arma dialéctica y de instrumento de propaganda manifestado en la ONU, que de efectiva aplicación práctica.

Y, por ello, recomiendo otro curso de acción:

Lo que realmente tiene interés para España es, a mi juicio, la ley 703 del 831 Congreso (secciones 123, 124 y 144) que permite a esta nación establecer acuerdos bilaterales con países a fin de promover y llevar a término proyectos de construcción de reactores nucleares con fines pacíficos. La ley es muy amplia y permite que se lleven a cabo estos proyectos dentro de un variado campo de fórmulas y sistemas de cooperación. Esa ley prevé que, a propuesta de la Comisión de Energía Atómica, puede sancionar el Jefe del Estado esos tratados bilaterales, sin necesidad de pedir su aprobación del Parlamento. En la práctica no se ha llevado a cabo todavía ninguno de esos tratados bilaterales. Pero yo entiendo que ese es el cuadro legal que podría ajustarse al acuerdo eventual que se realice con España.¹¹

Finalmente, el acuerdo bilateral de colaboración entre España y Estados Unidos en materia nuclear se firmó el 19 de julio de 1955. Por parte española lo rubricó el propio Areilza y, por parte estadounidense Walworth Barbour, secretario auxiliar adjunto de Estado para Asuntos Europeos, y el presidente de la Comisión de Energía Atómica de EE. UU., Lewis L. Strauss. En virtud de este acuerdo, Washington se comprometía a suministrar una cantidad de uranio (normalmente no superior a 6 kg de uranio enriquecido al 20 %) e información técnica para la construcción de reactores con destino a la investigación o la producción de electricidad. Asimismo, Estados Unidos donó 350.000 dólares —una pequeña fortuna en ese tiempo— y una biblioteca de millares de revistas, informes y libros sobre aplicaciones pacíficas de la energía atómica para facilitar el avance de los trabajos. Daba comienzo de verdad el programa atómico español.

Aproximadamente un año después, en marzo de 1956, el régimen decidió hacer público los avances de la JEN para evitar cualquier tipo de especulación mal intencionada. Y, por ello, abrió a la prensa nacional su recién estrenada sede, 12 hectáreas situadas cerca de la ciudad universitaria y la dehesa de la Villa, muy cerca de Moncloa. El general Hernández Vidal, que habló en nombre del organismo, reiteró para que no quedara duda que las instalaciones que habían visitado —plantas de tratamientos de minerales y metalúrgicos incluidas— eran «exclusivamente un centro de investigación experimental, que se aspira a que pueda ser modelo dentro de los que existen en Europa».¹² La verdad es que todavía faltaba lo más importante. El primer reactor de investigación adquirido por España fue el JEN-1 y su adquisición a la multinacional General Electric no se firmó hasta el 21 de diciembre de 1956. La empresa estadounidense se comprometía a suministrar todos los elementos que no pudiera facilitar la industria española, así como el asesoramiento técnico que fuera requerido. El reactor era del tipo piscina (swimming pool) refrigerado y moderado por agua natural, que también servía de protectora contra la radiactividad, ya que era el único que EE. UU. había puesto en el mercado pero que permitía que los técnicos españoles empezaran a realizar investigación básica como las propiedades fundamentales del neutrón, la interacción entre el neutrón y el núcleo y la producción de isótopos para utilizar en medicina, industria o agricultura. Paralelamente, en diciembre de 1957, en un vuelo de la compañía Iberia procedente de Nueva York, Estados Unidos facilitó los elementos combustibles para el reactor, ya que funcionaba con uranio enriquecido, material que España no podría fabricar a pesar de tener yacimientos de uranio enriquecido. En concreto, el primer envío consistió en 8 barriles con un peso total de 20 kilos de uranio enriquecido al 20 % en el isótopo U-235, cedido en arriendo como parte del acuerdo bilateral que se había firmado.* El proyecto también sirvió para iniciar la cooperación con la industria privada, pues en su construcción participaron destacadas empresas como C.ARA (ingenieros), ISOLUX S.A. (instalaciones eléctricas), Babcock & Wilcox para las tuberías de acero y Construcciones Aeronáuticas (CASA) en la fabricación del aluminio necesario para el recubrimiento de la sección de alta potencia del reactor. El JEN-1 funcionó desde 1958, año en que fue oficialmente inaugurado por el propio Franco en compañía de Carrero Blanco y el entonces director general de Seguridad, Carlos Arias, hasta 1979.** Los avances españoles en este terreno fueron rápidos y en 1961 y 1962 entraron en funcionamiento otros dos reactores de investigación: el ARGOS, encargado por la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, y el ARBI, más conocido como ARGONAUT (Argonne Nuclear Assembly for University Training) que se construyó en el Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Industriales de Bilbao.¹³

En 1956, los reactores alimentados con uranio enriquecido eran de dos tipos: el de agua a presión PWR (en construcción entonces por la Comisión de Energía Atómica mediante un contrato con la multinacional Westinghouse) y el de agua en ebullición BWR (concedido a la compañía International General Electric), siendo este último el que mejores perspectivas presentaba. Respecto a los reactores alimentados por uranio natural —que evitaba contar con instalaciones de enriquecimiento de las que España carecía en ese momento—, el que reunía mayor número de ventajas, sobre todo en cuanto a seguridad y fácil manejo, era el reactor moderado por grafito y refrigerado por gas.

En la marcha por contar con autonomía en todo el ciclo atómico, en noviembre de 1959, la JEN pone en marcha la Fábrica de Uranio General Hernández Vidal en Andújar, que se inaugura con periodistas y fotógrafos el 13 de febrero de 1960 y por el propio Franco. La fábrica tiene como objeto tratar los minerales de uranio en la zona sur de España y su capacidad inicial de tratamiento era de 50 toneladas diarias de mineral, que se amplió hasta las 200 toneladas en base seca. Estaba proyectada para ser capaz de lograr un enriquecimiento del 75 %. En 1969, la instalación, que contaba con un centenar de empleados, llegó a fabricar 64.350 toneladas de mineral tratado y 57.800 kg de concentrados.¹⁴

Casi en paralelo, se inició la investigación sobre reactores rápidos (reactores en los que la fisión se produce principalmente por neutrones térmicos o de baja energía) que culminó con la construcción del CORAL-1 (Conjunto Rápido I), fuera de los ojos indeseables y sin salvaguardias internacionales. Sin embargo, su desarrollo contó con muchas dificultades que retrasaron su criticidad hasta marzo de 1968, debido, entre otras cosas, a la necesidad de obtener uranio enriquecido al 93,5 % que necesitaba como combustible. La consecución de este reactor representó un logro muy significativo en el progreso nuclear español porque suponía el acceso a la tecnología que permitía obtener plutonio por otras vías. Los reactores rápidos funcionan con uranio enriquecido al 90 % o con plutonio como combustibles (ambos sirven para fabricar bombas atómicas), y los residuos que dejan contienen tanto plutonio como el que queman. Por eso constituyen casi una fuente inagotable de energía. Los primeros gramos de este plutonio de tipo militar no controlados internacionalmente se produjeron en 1969 en el máximo de los secretos. A partir de entonces, España poseía una de las piezas fundamentales del programa. La bomba atómica era posible.*

EL PROYECTO ISLERO

Aunque se desconoce con exactitud la fecha exacta del inicio del programa nuclear militar español, lo más probable es que las primeras instrucciones para iniciar su concepción se produjeran entre 1963 y 1964. La versión más extendida es que Franco, o mejor dicho sus asesores militares encabezados por Carrero y Vigón, sustituido tras su muerte en 1955 por Muñoz Grandes, tenían como objetivo reforzar el régimen y su margen de maniobra internacional incorporándose al exclusivo grupo de países poseedores de la bomba atómica, algo que se demostró una aspiración inalcanzable por razones, al menos, políticas y económicas. Los más prácticos aseguran también que el arma nuclear podría haber sido utilizada como elemento de disuasión respecto a la obsesión del sur: Marruecos, pues la confrontación con Rabat era ya evidente en 1956, cuando alcanzó su independencia, y aumentó a consecuencia de la crisis de Ifni (1957-1958) durante la cual Estados Unidos —que tenía como hemos visto bases militares y una estrecha relación política con el régimen marroquí— impidió a las Fuerzas Armadas españolas utilizar el material de guerra cedido en virtud de los acuerdos de las bases escasamente unos años antes (1953).

Por el momento, nadie se ha reconocido oficialmente como máximo responsable del programa nuclear militar español aunque lo más probable es que, por debajo de Vigón y Otero, ambos militares y, por tanto, con total garantía de secreto, se encontraba otro militar, encargado, al parecer, del aspecto técnico de su ejecución. Se trata de Guillermo Velarde Pinacho, un ingeniero del Ejército del Aire que se había incorporado a la JEN en 1956 para trabajar en la división de Física Teórica, y que fue posteriormente director de Tecnología, que incluía las divisiones de Electrónica, Teoría y Cálculo de Reactores, Fusión Nuclear, Ingeniería y Reactores en Operación. Velarde, que nunca lo reconoció públicamente aunque sí habló sobre su vinculación al proyecto secreto, fue enviado entre 1957 y 1963 a Estados Unidos para ampliar sus conocimientos nucleares y estudió en tres de los centros más avanzados del mundo en reactores atómicos, la Universidad del Estado de Pensilvania, el Laboratorio Nacional de Argonne, en Chicago (lugar donde Enrico Fermi y su equipo obtuvieron la primera reacción en cadena controlada por el hombre en 1942), y la multinacional Atomics International de California, a la que España intentó adquirir un reactor nuclear que pudiera haber tenido aplicaciones militares. Según una biografía elaborada por un instituto de estudios vinculado al Ministerio de Defensa español, a su regreso a España, a Velarde —entonces comandante— se le encargó dirigir el proyecto nuclear militar en colaboración con el Alto Estado Mayor, el máximo órgano de coordinación militar y de asesoramiento en este material del Jefe del Estado. Como consecuencia de ello, se asegura que entre 1961 y 1995 fue asesor para asuntos nucleares del Estado Mayor de la Defensa.*

Según ha declarado en varias ocasiones el propio Velarde, la tarea de fabricar la bomba atómica española fue bautizada en clave como Proyecto Islero o «I», en honor al toro miura que había provocado la muerte del maestro Manolete el 29 de octubre de 1947 por la dificultad que representaba. En esos días, todo lo relacionado con la aplicación bélica del arma nuclear era máximo secreto y nadie quería compartir la tecnología, y menos, con un régimen no democrático como el de Franco.

Según algunas fuentes, en 1963, al regresar de su estancia en Estados Unidos, Otero encargó a Velarde todos los estudios y análisis referentes a las armas nucleares, empezando con uno sobre la viabilidad de un artefacto explosivo nuclear empleando plutonio. No está claro el propósito del plan. Si realmente el objetivo era desarrollar una futura arma atómica o, por el contrario, simplemente evaluar con precisión si un determinado país estaba desarrollando armas nucleares y así poder calcular el riesgo asociado.¹⁵ Al parecer, Velarde finalizó su estudio en diciembre de 1964.¹⁶ De ser cierto esto, podría tratarse del documento que hemos encontrado en el archivo personal de Franco, sin fechas pero datado tentativamente ese año, y dirigido al Alto Estado Mayor donde se explica con detalle qué necesitaría España para fabricar su primera bomba atómica. El informe, calificado como «Secreto» y de cuyo texto se desprende que fue escrito por un alto miembro de la JEN —ya hemos visto que fue dirigido por Otero—, se titula «Nota para el Excmo. Sr. Capitán General sobre la posibilidad de fabricar plutonio (bombas de plutonio) en España». En él, se delinea con claridad y concisión una estrategia y el coste económico necesario para poder fabricar armas atómicas de forma autónoma e independiente. Reproducimos íntegramente su texto porque representa la prueba irrefutable de que Franco buscó contar con el arma atómica:

El medio más seguro y económico para obtener plutonio, uno de los dos explosivos base de las bombas atómicas clásicas, es el producirlo en un reactor de bajas temperaturas moderado por agua pesada y refrigerado por agua natural.

El plutonio producido en el reactor habría que separarlo en una fábrica de elementos de combustibles irradiados. La técnica del proyecto de un reactor moderado por agua pesada y refrigerado por agua ligera y con combustibles de uranio natural se conoce y puede abordarse sin dificultades mayores.

La técnica de producción de combustibles se conoce perfectamente y no habría que vencer dificultades dignas de mención. El envainado de dicho combustible, lo mismo.

La técnica de fabricación del agua pesada se conoce en uno de sus procedimientos y se tiene instalada en la fábrica de Energía e Industrias Aragonesas de Sabiñánigo pero la capacidad de producción es demasiado baja ya que depende de la de la fábrica principal.

Se tiene en estudio un procedimiento de obtención de agua pesada independiente de otro proceso industrial principal que es el usado en Estados Unidos.

Los estudios de costes ya se han realizado y este año quedará montada en la Moncloa una planta experimental de muy baja producción para el estudio de los problemas técnicos a resolver, singularmente los de corrosión, que no creemos en modo alguno insalvables. Todo lo peor que podría ocurrir serían costes más elevados.

Para obtener el agua pesada necesaria para los reactores productores de plutonio, por procedimientos de hidrógeno sulfurado, se precisarían inversiones de alrededor de 900 millones de pesetas para una capacidad de producción de 30 Tm año.

Esta fábrica no tendrá solo aplicación militar sino que el agua pesada podría usarse para reactores productores de energía eléctrica.*

El plutonio producido en los reactores hay que separarlo de los elementos combustibles irradiados en una fábrica complicada cuyas técnicas se conocen puesto que son las mismas de la fábrica international Eurochemic en la que participa España. Aparte de ello, otros especialistas destacados están en Estados Unidos aprendiendo y participando en las técnicas de separación americana más avanzadas, por lo que considero que en un plazo de dos años tendríamos el equipo de técnicos para montar la fábrica. En Madrid se están haciendo los primeros ensayos irradiando combustibles de uranio natural en el reactor JEN-1.

El coste de una fábrica de tratamiento de combustibles irradiados, capaces de tratar los combustibles irradiados en los reactores, sería de unos 1.200 millones de pesetas.

Esta fábrica tendría también usos civiles, ya que podría tratar los elementos combustibles de los reactores productores de energía.*

Resumiendo, el coste de las primeras bombas podría establecerse así:

Plazo para obtener los primeros kilogramos de plutonio aplicados a las bombas: cuatro años y medio a partir de la toma de la decisión.

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NOTA SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJADORES DE LA JUNTA.

Casi todas las tecnologías desarrolladas para usos pacíficos de la Junta son aplicables a la tecnología militar.

Actualmente se han construido en España 2 pequeños reactores de enseñanza e Investigación, uno para la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao y otro para la de Barcelona.

Los problemas de instrumentación y control son más complicados que los de un reactor plutonígeno [sic] puro. La cantidad de uranio que se encuentra en España va siempre creciendo y no representa problema alguno para un programa militar.

Actualmente se tiene en estado de proyecto e investigación y desarrollo un reactor para una central prototipo de 30.000 kw que aunque se haga con ciertas colaboraciones extranjeras (cuyo contrato ha sido aprobado recientemente por el Gobierno) la Junta interviene en todas las fases del proyecto, desarrollo y ejecución en un 85 %. Este reactor precisa también agua pesada, y en todas sus fases daría una experiencia grande y reduciría los gastos del programa militar.*

El documento es revelador, pero tampoco representa una muestra irrefutable de un compromiso oficial con un programa atómico militar español. Sí demuestra, sin embargo, que gran parte del programa nuclear civil que se desarrolló en esos años tenía una aplicación militar y que, al menos en teoría, los expertos y científicos de la JEN sabían lo que debían hacer para fabricar su armamento atómico. Destaca que el autor del informe —desconocido hasta el momento— estimaba en cuatro años y medio desde la toma de la decisión el tiempo imprescindible para disponer del plutonio necesario para un artefacto nuclear, es decir, que lo más pronto que España podía construir su primera bomba atómica hubiera sido entre 1969 o 1970.

LA BOMBA ATÓMICA ESPAÑOLA Y EL ACCIDENTE DE PALOMARES

El accidente nuclear de Palomares, que recordemos se produce en enero de 1966, tiene lugar en un momento crítico del desarrollo del programa atómico militar español, y por eso quizá Franco tampoco quiso hacer un gran escándalo público y buscó reducir al mínimo su repercusión política y económica. Más allá del impacto turístico, que Fraga se encargó de magnificar como veremos más adelante, y del daño que podía hacer en sus relaciones con Estados Unidos, el incidente coincide con los esfuerzos de Otero y Velarde por avanzar en la obtención de los elementos necesarios para controlar el proceso de fabricación de bombas atómicas: en concreto, la obtención de plutonio de tipo militar. El uranio natural, del que España poseía importantes yacimientos, es la materia de la que se pueden lograr los dos materiales fisibles más comunes: uranio-235 y plutonio-239. El segundo, el más rápido de conseguir, se logra bombardeando uranio-238 con neutrones en reactores nucleares (el proceso de irradiación). El uranio que sirve de combustible en un reactor puede ser de dos tipos: U-238 y U-235. Después de que el combustible ha sido radiado, se produce una mezcla de plutonio y uranio y otros productos. El plutonio puede ser separado del resto de materiales por un proceso químico en una planta de procesamiento —por ello la JEN construyó una en sus propias instalaciones cerrada a los indiscretos—. El uranio natural solo contiene 0,71 % de U-235, el isótopo esencial para armas atómicas ya que se utiliza uranio para iniciar la explosión en cadena. El método para enriquecer más común es la difusión gaseosa y, por tanto, era el más utilizado en los primeros años del desarrollo nuclear. Según algunos expertos, se necesita 10 kilos de plutonio 239 para fabricar una bomba atómica de 20 kilotones, como la que asoló Nagasaki en 1945.

Ya hemos mencionado que el reactor CORAL-1 —que podía fabricar este material de aplicaciones bélicas— se encontraba en estudio, pero era evidente que su carácter experimental no lo hacía viable para la fabricación de bombas atómicas en serie. Es entonces cuando París ofrece a Franco el dinero y la tecnología para construir una central atómica que produjera plutonio de calidad militar sin supervisión internacional, lo que liberaría al régimen español de la dependencia de Washington en este terreno. En ese momento, tanto el general Charles de Gaulle, como su sucesor al frente de la presidencia de la V República, Georges Pompidou, eran partidarios de que Europa contara con al menos tres potencias militares nucleares. Ya existían dos: Gran Bretaña y Francia, y España era el candidato perfecto. De Gaulle, y gran parte de la clase política francesa, consideraba que España podía ser una aliada suya que lograra cierta autonomía estratégica frente a Washington y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), institución militar a la que Madrid aspiraba a formar parte sin éxito.

Por ello, a finales de 1963, durante el transcurso de una comida ofrecida por José María de Areilza, entonces embajador de España en París, a Gaston Palewski, ministro de la Investigación de Francia, Otero, amigo del famoso químico francés Bertrand Goldschmidt y de otros científicos galos, a quienes había conocido durante los primeros años de la JEN, sugirió la idea —sobre la que ya había hablado con Franco— de construir una central nuclear en Cataluña que podía estar conectada con la red eléctrica francesa.¹⁷ La respuesta fue inmediata y el 15 de noviembre el gobierno francés transmitió una nota a Areilza oficializando la propuesta y proponiendo incluso un préstamo del Estado francés de 750 millones de francos de la época para financiar la construcción de la central nuclear.

En declaraciones posteriores, Areilza recordaba la oferta francesa por su trascendencia política ya que representaba la primera vez que París estaba dispuesto a vender y construir un reactor atómico fuera de sus fronteras:

Le estoy ofreciendo la fórmula para fabricar plutonio, con todo lo que ello significa ... De Gaulle estaba indignado porque Gran Bretaña había renunciado a fabricar su propio armamento nuclear.*

La tecnología francesa para la central regulaba la generación de energía por grafito y lo enfriaba con gas. Al final la central sería llamada Vandellós-1 e instalada en Tarragona, y al contrario que los diseños norteamericanos no necesitaba uranio enriquecido para trabajar, ya que podía funcionar con uranio natural (99,3 % de uranio-238 y 0,7 % de uranio-235), mineral que España tenía en abundancia. Este tipo de reactor generaba residuos con inapreciable valor militar: plutonio. Desde el punto de vista técnico, el reactor de Vandellós no era el más apropiado para producir energía eléctrica y se podía considerar científicamente obsoleta ya en 1965. Sin embargo, se trataba de una central ideal para obtener plutonio militar si se quería enmascarar como una instalación pensada para el uso civil. Si se hacía funcionar al rendimiento económico óptimo, el plutonio que resultaba no era de buena calidad para un arma, pero si el aprovechamiento comercial alcanza solo el 20 %, entonces, se obtenía un excelente plutonio-239, que podía ser separado en una pequeña planta de reprocesamiento.

Vandellós, además, no estaba sometida a los controles de Estados Unidos ni a la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA). La compañía Electricé de France (EdF) poseía el 25 % del capital y estaba representada en el consejo de administración. «El compromiso de uso pacífico era puramente verbal, puesto que en realidad no existían salvaguardias. El control a través del consejo de administración era mínimo y permitía toda clase de engaños», aseguraron protagonistas de aquella operación.¹⁸

Para progresar en su avance, el entonces ministro de Industria, Gregorio López Bravo, designó en octubre de 1964 a Otero como encargado del proyecto y la JEN pasó a gestionar todas las negociaciones tanto entre gobiernos como con los representantes de las industrias de ambos países. Es curioso que el 18 de enero de 1966, justamente 24 horas después del accidente de Palomares, el grupo de trabajo mixto creado para estudiar sus posibilidades dirigía un informe con recomendaciones concretas de cómo llevarlo a la práctica al ministro español y a Raymond Marcellin, ministro de Industria francés. Poco después, el 11 de marzo, el gobierno francés dio su conformidad al plan y, pasado un mes, hicieron lo mismo las autoridades españolas. En aquella época, ni España ni Francia habían suscrito el Tratado de No Proliferación (TNP) —Madrid no lo hizo hasta la década de los años ochenta—. El TNP, rubricado por 43 países el 1 de julio de 1968, hubiera colocado las investigaciones e instalaciones nucleares españolas (y las francesas) bajo supervisión internacional y hubiera hecho muy difícil —por no afirmar que imposible— proseguir el programa militar. La motivación inicial para esta posición era doble: por una parte, se llamó la atención acerca de los defectos e insuficiencias del Tratado, muy superiores a los beneficios que de él podían esperar los Estados no nucleares; de otra, se alegó la situación particular de nuestro país en su entorno geográfico-político, que entonces se identificaba con el problema de Gibraltar y, en menor medida, la situación en el norte de África y, concretamente, en Marruecos y el Sahara.¹⁹ La central de Vandellós-1 fue inaugurada el 6 de marzo de 1972.

Por si fuera poco, el Departamento de Estado mostró en diciembre de 1964 su preocupación por el curso seguido por España respecto al tema nuclear. Los diplomáticos estadounidenses reconocían que, en ese momento, España no era un proveedor significativo de mineral o equipamiento nuclear aunque sus últimas informaciones aseguran que tendría reservas de uranio de cerca de 10.000 toneladas, así como una planta de enriquecimiento que podía producir 200 toneladas diarias. Como consecuencia de ello, España registró un exceso de concentrado de uranio que ofreció en un primer momento a Washington y que este rehusó por no necesitarlo entonces. «En septiembre de 1961, se conoció que el gobierno español había firmado un contrato para exportar 20 toneladas de uranio concentrado a la India sin ningún tipo de salvaguardas.»²⁰ Por ello, el gobierno norteamericano solicitó al régimen de Franco que no completara la venta o exigiera controles internacionales creíbles. «A pesar de la petición, la venta se consumó», aseguraba el documento norteamericano. Un año después, Washington volvió a descubrir que la India buscaba un nuevo suministro de uranio español de entre 10 y 15 toneladas, pero no se llegó a llevar a cabo porque el creciente programa nuclear español requería de todo el metal. Algo que, según EE. UU., se mantendría en los años venideros, si las previsiones oficiales se cumplían. «Aún así, hay que constatar que los españoles no estuvieron dispuestos a cooperar en requerir salvaguardas bilaterales o internacionales en las ventas de uranio realizadas a la India hasta ahora», concluye el documento.²¹

La actuación de la JEN en relación con Palomares debe dividirse en dos partes: la referida a su programa militar y la conectada con las tareas de descontaminación y de apoyo a Estados Unidos. Este último aspecto, lo analizaremos con detalle en los próximos capítulos. Respecto a la primera parte, el propio Velarde, entonces comandante y jefe del grupo de Teoría y Cálculo de Reactores, ha reconocido en varias entrevistas que, nada más producirse el accidente, fue llamado a su despacho por el presidente de la JEN, Otero, para recibir instrucciones precisas:

Me dijo que había hablado con el capitán general Muñoz Grandes, que era en ese tiempo vicepresidente del Gobierno y jefe del Alto Estado Mayor, y que fuera a Palomares para que trajera trozos de la bomba para analizarlos en la JEN para saber qué era aquello, si era uranio o plutonio ... para saber qué contaminación produce hay que saber de qué materiales se compone. Entonces al día siguiente me dediqué a ir a la zona donde habían impactado las bombas y se habían roto ... fui cogiendo trozos que pensaba que eran importantes sobre todo polietileno que estaba impregnado en plutonio.²²

Inmediatamente, se trasladó a la base aérea de Getafe donde un avión militar le llevó a la base de San Javier (Murcia) y desde allí, en coche, a la zona de Palomares. Velarde examinó los restos. Además de los restos de esponja plástica de polietileno mencionada, también obtuvo importante información sobre el sistema de detonación de los artefactos atómicos: uno de los problemas más difíciles con que se habían encontrado los científicos españoles en su construcción de la bomba atómica y que al parecer no habían sido capaces de resolver todavía:

Si en una bomba de hidrógeno yo quito entonces el cebo —la parte iniciativa [del proceso]—, que era la bomba atómica, y coloco un láser, buen un haz de un láser, puedo producir entonces la fusión del núcleo de deuterio y producir energía. Lo que ocurre es que esa información estaba clasificada entonces en Estados Unidos y esta idea también la pensaron los americanos y los rusos pero ha estado clasificada como secreto hasta el año 92.²³

Se trata del llamado «efecto Ulam-Teller», un principio básico de las bombas termonucleares y uno de los secretos mejor guardado en EE. UU., aunque para entonces ya lo habían redescubierto Sajarov en la URSS y Dautray en Francia sin que se conociera públicamente hasta muchas décadas después. En pocas palabras, consiste en usar una bomba atómica de fisión a modo de disparador colocada cerca de una cantidad de combustión de fusión, y el uso de la «implosión de la radiación» para comprimir el combustible de la fusión y conseguir el encendido.

Según declaraciones del propio Velarde a la periodista Pilar Urbano, una vez regresó a Madrid, Franco le llamó a su despacho para que le explicara detalladamente lo ocurrido en Palomares. Durante la conversación y siempre según su versión, el Generalísimo le expuso las razones que desaconsejaban continuar con el Proyecto Islero. Argumentos de «prudencia política».* De acuerdo con esta versión —que no puede ser contrastada porque ninguno de los protagonistas, a excepción de Velarde, habló nunca de ella y todos están ya muertos—, meses después, Muñoz Grandes le replanteó a Franco la misma cuestión y el futuro del programa atómico militar:

Asociados de tú a tú con Francia, podemos ser defensivamente independientes de la OTAN y de Estados Unidos, disponiendo de un armamento disuasorio propio que nos permita ser alguien, y alguien respetado, sin resignarnos al papel de parias al que nos condena la ONU.

Y empezó a enumerar, disparando uno a uno los dedos de la mano:

Tenemos los segundos yacimientos de uranio de Europa. Tenemos nuestro Proyecto I. En 1972, tendremos el reactor nuclear de Vandellós-1 funcionando y listo para transformar el uranio en plutonio. Tenemos la participación francesa en tecnología y capital con el 25 por ciento que pone la EdF. Tenemos la cobertura de salvaguardas que nos ofrece De Gaulle; y además, libres de controles del OIEA.*

Franco había alentado hasta entonces la fabricación de armas nucleares españolas, pero a partir de lo ocurrido en Palomares cambió de opinión. Aquella mañana, oyendo al vicepresidente, que desde los primeros meses de 1965 sufría de cáncer, lo que ya sabían Franco y Carrero, decidió suspenderlo:

Eso hay que pararlo, Agustín. No podemos ser gallitos. España no puede desmarcarse de Estados Unidos. Necesitamos su ayuda. No somos Francia y no podríamos soportar otro bloqueo económico, ni otro aislamiento político.

—Si el Proyecto I se desarrolla secretamente, como es de cajón, los americanos no tienen por qué saber nada.

—En cuanto yo diera la orden de «adelante», y el reactor de Vandellós-2 produjera plutonio, lo sabrían los americanos al día siguiente. Tenemos a sus espías hasta en la sopa. Y no sabemos guardar un secreto militar. ¡Eso hay que pararlo! Las ventajas y el orgullo de tener bombas atómicas son mucho menores que los perjuicios económicos y políticos que nos acarrearía enfrentarnos a Estados Unidos por ese motivo. Ellos tienen el grifo de los créditos, de los abastos, del comercio, de las prestaciones de equipos de guerra. No podemos ser independientes, por la sencilla razón de que... no lo somos. Además, ni siquiera es previsible que usáramos esas bombas contra ningún enemigo.

Muñoz Grandes, que hasta esos años había gozado de la total confianza de Franco, se puso de pie:

De todos modos —agregó Franco, intentando rebajar la tensión—, esa baza está ahí y quizá haya que jugarla. Lo que sí garantizo es que, por mucho que me pongan delante el Tratado de No Proliferación Nuclear, no pienso firmarlo.*

—Mi General, que Fraga se moje la tripa en Palomares diciendo que aquí no ha pasado nada, en lugar de exigir una indemnización de miles de millones, y que encima tengamos que meter en dique seco nuestro proyecto atómico... me parece, hablando mal y pronto, una bajada de pantalones.

A los dos días, Franco citó a Muñoz Grandes a su despacho. Fuera por lo de Palomares o por otras disparidades de criterios, algo entre ambos había cambiado. Lejos quedaba el mes de diciembre de 1960, cuando el Generalísimo iba a ser anestesiado como consecuencia de la herida que había sufrido en una mano —al reventarle una escopeta en una cacería— y le comentó a Alonso Vega,* entonces ministro de Gobernación (Interior), que si le pasaba algo, Muñoz Grandes debía tomar el mando, cosa, por otro lado, bastante lógica al ser en ese momento el único capitán general del Ejército español, aparte del propio Franco:

Agustín, has servido muy bien a España, tanto en la guerra como en la paz, y en muchos frentes. Sé que estás descontento, que no te gustan muchas cosas de la Ley Orgánica, que las pasaste canutas negociando las bases con los norteamericanos, porque no los tragas; que no sintonizas con los tecnócratas y sus planes de desarrollo, que dices que hemos aguachinado la Falange. En conciencia, no debo obligarte a seguir. No te obligo más. Te mereces un buen descanso.*

Sea cierta o no la decisión de Franco de abandonar el proyecto atómico militar, algunos siguieron creyendo en su consecución años más tarde. En 1971, Velarde y un grupo de militares entre los que se encontraban los coroneles Tomás Pallás y Federico Michavila, y a través del Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN), elaboraron un informe confidencial en el que se afirma que «España podía poner en marcha con éxito la opción nuclear militar». Según este estudio, filtrado a varios medios, incluido el diario El País en 1987, podía dotarse en poco tiempo de su propia bomba atómica táctica utilizando las instalaciones de las que ya se disponía aunque el coste sería prohibitivo: nada más ni nada menos que 8.700 millones de pesetas de la época por cada bomba atómica táctica. Según la fuente anónima entrevistada por el periódico, que solo se identifica como un alto directivo de la antigua JEN y que podía haberse tratado del propio Velarde, si hubiera una decisión política, España podría tener una bomba de este tipo —es decir táctica y no estratégica— en un plazo relativamente corto: «En tres o cuatro años a lo sumo tendríamos lista una bomba atómica táctica. Y no de las más elementales, sino de las más modernas. Otra cosa es contar con los instrumentos necesarios para lanzar esas bombas», agregaba la fuente que, según sus propias declaraciones, ignoraba o no quería reconocer que el Ejército español disponía de obuses autopropulsados capaces de llevar cabezas nucleares y de aviones que, con ciertas modificaciones, podrían convertirse en vectores para el lanzamiento de los artefactos nucleares.²⁴

Años después, en 1973, el general Manuel Díez-Alegría, que había sido nombrado jefe del Alto Estado Mayor en julio de 1970, recibió dicho documento y ordenó que sus conclusiones se pusieran por escrito en un máximo de dos folios, redactándolo en inglés y español con la intención de enviárselo a Luis Carrero Blanco, nombrado por Franco presidente del gobierno, ya que lo necesitaba de cara a la entrevista que iba a mantener días después (el 13 de diciembre) con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger. Velarde tituló su informe como «Estado actual del Proyecto Islero. Para entregar al presidente del gobierno de España», y una vez redactado se lo entregó a Díez-Alegría que, tras darle su visto bueno, lo bautizó como «dos folios radiactivos». El estudio, entre otras cosas, proponía que además de Vandellós se construyera otra pequeña central de grafitogas exclusivamente española para no hipotecar el futuro en manos de París. Respecto a dónde realizar las pruebas atómicas, proponía llevarlas a cabo en el Sahara, al sur de Smara: un desierto donde Francia ya había ensayado algunos de sus ingenios atómicos, aunque en la zona argelina.

Que los progresos en el camino hacia la bomba atómica española eran reales lo demuestra que años después, en agosto de 1974, un informe confidencial de la Agencia Central de Información (CIA, siglas en inglés) denominado «Prospección sobre el futuro de la proliferación de armas nucleares», llama la tención de su peligro:

España es uno de los países de Europa merecedores de atención por su posible proliferación [de armas nucleares] en los próximos años. Tiene reservas autóctonas de uranio de moderado tamaño, un extenso programa de desarrollo nuclear (tres reactores operativos, siete en construcción y otros diecisiete más en proyecto) y una planta piloto de enriquecimiento de uranio. España ha rehusado firmar el TNP, aduciendo que las garantías de protección para los países no nucleares son insuficientes; mientras que los requisitos de inspección pueden perjudicarlos en cuanto a la competencia nacional.*

Por ello, los servicios de espionaje norteamericanos situaban a España en la lista de países a seguir de cerca junto a Brasil, Irán, Corea del Sur, Pakistán y Egipto aunque, según sus estimaciones, necesitarían «al menos diez años para desarrollar un programa de armas nucleares». El peligro de estos países radicaba en que «alguno de ellos podría detonar un ingenio experimental antes de ese tiempo, quizás considerablemente antes si adquiere material u obteniendo ayuda extranjera». En relación con el caso español, la CIA señalaba que «España tiene un acuerdo militar bilateral con EE. UU. que los dirigentes españoles ven como una oferta de mayor seguridad que su independiente capacidad nuclear». Y añade sus dudas sobre el futuro próximo: «Solo una improbable combinación de circunstancias derivadas de la localización de España respecto a Gibraltar, Portugal y Norte de África, junto con la pérdida de seguridad con EE. UU. y la OTAN y quizás un gobierno post-Franco inseguro de sí mismo pudieran convertirse en una razón para que España desarrolle una capacidad nuclear». También recordaba que el gobierno español se negaba a suscribir el TNP por estimar que los compromisos que adquirían los países no nucleares «eran inadecuados y obligaban a inspecciones periódicas, las cuales ponían al descubierto sus programas de cara a competidores».²⁵

Sin desmerecer la importancia de este informe, hay que destacar, asimismo, que por esas fechas, julio de 1974, los servicios de espionaje militares del Pentágono no incluían a España entre los países que pudieran adquirir para 1980 la capacidad de fabricar misiles balísticos con cabezas nucleares,²⁶ un elemento importante para tener esa capacidad militar de este tipo verdaderamente operativa: una cosa era tener el artefacto atómico y otro dispararlo o enviarlo para destruir al enemigo. Tres son los medios posibles: bombarderos, misiles balísticos y artillería* de corto alcance. El primero era, claramente, el más complejo y caro. Por eso, el Pentágono seguía de cerca todos los programas misilísticos porque entendía que eran los más desestabilizadores y denotaban un programa más ofensivo y peligroso.* El documento incluye como «serios candidatos» a convertirse en miembros con misiles estratégicos a 15 países —España no está incluido como hemos señalado—** y reconoce que solo Israel ha desarrollado y posiblemente despliegue misiles balísticos con capacidad de transportar ojivas. Algunas de las otras naciones, agrega, han adquirido misiles balísticos de «fuentes externas» como en el caso de Alemania Occidental, que ya contaba o está previsto que recibiera del propio EE. UU. los sistemas Sergeant, Pershing y Lance, ambos capaces de lanzar bombas atómicas a distancias medias. La URSS, por su parte, había facilitado el misil móvil SCUD-B a Egipto y «parecía» dispuesto a hacer lo mismo con Irak. Solo cinco de los quince países estudiados, según Washington, contaban con la tecnología y la base industrial para desarrollar un misil de este tipo sin ayuda exterior: Canadá, Italia, Japón, Suecia y Alemania Occidental, y solo dos —Japón y Alemania Occidental— se estima que serían capaces de desplegar un sistema de este tipo antes de 1980. Si este análisis de inteligencia es correcto, España estuvo muy lejos de poder contar con un sistema nuclear militar de gran alcance que pudiera utilizar en un escenario real.*

En esa época (1974), el coste de un programa para fabricar una bomba de fisión de pequeño poder por año no era económicamente prohibitivo para ninguna nación con una modesta base industrial y tecnológica: de acuerdo con los cálculos de Washington y comenzando desde cero, un proyecto para fabricar una o dos armas anuales costaría unos 200 millones de dólares, incluyendo 50 millones para las instalaciones de investigación, producción y pruebas necesarias, y otros 150 millones en costes operativos durante cinco años y dos para las instalaciones de producción. Para un programa que buscase fabricar entre 15 y 30 bombas de fisión al año, el coste antes de proceder a los ensayos podría rondar entre los 500 y los 600 millones de dólares, de los que al menos la mitad serían inversiones en instalaciones.²⁷

Las sospechas sobre la firme decisión de seguir potenciando el programa nuclear militar español se mantienen a pesar de la llegada de la democracia al conocerse en 1977 el proyecto del Centro de Investigación Nuclear de Soria (CINSO), en la localidad de Cuba de Solana, y que había sido aprobado en enero de 1976 por el Consejo de Ministros presidido por Arias Navarro —escasamente 45 días después del fallecimiento del caudillo—. Se calculaba que se invertirían unos 17.000 millones de pesetas de la época y que llegarían a trabajar allí más de 1.500 personas. La lista de instalaciones previstas era larga: un nuevo reactor de uranio enriquecido para investigación, otro reactor rápido, instalaciones para fabricar elementos combustibles, planta piloto de reprocesamiento y un laboratorio de plutonio, entre otras. Según la información de que se dispone, este centro piloto, de haberse finalizado, hubiera sido capaz de obtener 140 kilos de plutonio al año: suficientes para construir una veintena de bombas anuales si se dispusiera de los recursos económicos necesarios. En sus memorias, Areilza, que formaba parte de ese gobierno y que, por tanto, participó en las deliberaciones secretas del gabinete al respecto, explica por qué era importante el proyecto: «No queríamos ser los últimos de la lista. Estaríamos en condiciones de fabricar la bomba en seis o siete años». Sin embargo, el megaproyecto había nacido en el momento equivocado y pronto fue abandonado. Hoy solo quedan como testigo de ese sueño algunas estructuras de hormigón y un lazo de carreteras.

Cuando llega a la Casa Blanca Jimmy Carter, en 1976, convirtió en prioridad de su presidencia el control de la proliferación nuclear a nivel mundial y el programa español fue puesto enseguida en el punto de mira. Para incentivar la firma del TNP —que Madrid seguía rechazando como otros países— se aprobó una nueva legislación que prohibía el reproceso de residuos radiactivos (método para obtener plutonio y uranio enriquecidos), lo que impedía el funcionamiento de los reactores rápidos (que producían plutonio más fácilmente). Al mismo tiempo, se amenazó con restringir el suministro del uranio enriquecido necesario para las centrales nucleares como las que tenía España para producir electricidad (al menos se produjo un retraso en la entrega de ciertos cargamentos en 1980), si estas instalaciones atómicas no eran sometidas al control internacional para confirmar su exclusivo uso civil. El tema fue tan importante que el propio Carter se lo planteó a Adolfo Suárez durante su primera visita a Washington aunque este decidió seguir negándose a firmar el TNP.

En el caso español, la política Carter se apuntó un éxito cuando el 1 de abril de 1981 el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo aceptó la aplicación de las salvaguardias de la AIEA a todas sus instalaciones problemáticas y sospechosas de aplicaciones militares: la central de Vandellós, el reactor rápido CORAL-1, la planta de reprocesamiento de la JEN y los reactores de investigación de Bilbao y Barcelona, satisfaciendo así, según constató una fuente norteamericana, «todos los criterios aplicables de acuerdo con la legislación norteamericana para las exportaciones nucleares», a pesar de seguir sin ser miembro del TNP.²⁸

La llegada del PSOE al poder en 1982 inicia el principio del fin: «No hemos heredado ningún desarrollo o estudio para producir armas nucleares, ni este Gobierno los hará», declaró ante el Congreso el 12 de marzo de 1985 el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra.²⁹ Sin embargo, en esa fecha, las 7 centrales nucleares españolas en servicio producían una cantidad anual de 300 kilos de plutonio-239, suficiente para una treintena de bombas atómicas del tamaño de la de Hiroshima y la base industrial era suficiente para desarrollar una tecnología propia, sin aportaciones foráneas. Además, las Fuerzas Armadas estaban dotadas entonces de los vectores capaces de lanzarlas: los cazas de combate F-1 Mirage, de fabricación francesa, y los F-18, de diseño y producción estadounidense.³⁰

Como parte de su decálogo de defensa, el presidente Felipe González se mostró dispuesto a poner fin definitivamente a cualquier tipo de programa atómico militar y al almacenamiento o introducción de armas nucleares en territorio español a cambio de la integración de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) —que ocurre en octubre de 1987— y la permanencia en la OTAN. Las Cortes aprobaron una declaración sobre la desnuclearización pero limitándola al «proceso de negociación posterior» al ingreso en la Alianza y a las armas nucleares de la propia OTAN, que, en realidad, eran las de Estados Unidos (pues las de propiedad del Reino Unido y Francia se encontraban bajo control nacional). Al mismo tiempo, en el párrafo segundo del artículo 4 del Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación firmado por EE. UU. y España en 1982, se establecía que, «el almacenamiento e instalación en territorio español de armas nucleares y no convencionales o de sus componentes quedarán supeditados al acuerdo del gobierno español». España se adhirió al TNP finalmente en 1987 poniendo fin, ahora sí, al sueño de convertirse en una potencia militar atómica. Lo que no está tan confirmado es que buques o aviones militares de Estados Unidos no siguieran —o sigan cuando lo requieran— transitando o tocando puertos o bases españoles con armas nucleares ya que, según algunos diplomáticos, los gobiernos de Madrid y Washington se pusieron de acuerdo para no violar formalmente los compromisos políticos que lo prohibían pero sí su espíritu. Bastaba con no preguntar ni inspeccionar, con no querer saber o no informar voluntariamente. Al menos fue la teoría que defendió William Arkin, director del programa de seguridad nacional del Instituto para Estudios Políticos de Washington. Según Arkin, en mayo de 1985, el presidente Ronald Reagan aseguró a González que Estados Unidos no traería armas nucleares a España sin consultar antes al Ejecutivo español pero no dijo que nunca traería este tipo de armamento. «Vamos, el gobierno González no sabe lo no quiere saber en sus negociaciones con Washington», subrayó.³¹ El propio Ministerio de Asuntos Exteriores español confirmó indirectamente el asunto a través de la Oficina de Información Diplomática (OID). Su director declaró en abril de 1988 que «la escala de buques con armas nucleares en puertos españoles no podía considerarse como introducción de estas armas en territorio español».* En la actualidad, Estados Unidos ya no despliega por norma sus buques en el Mediterráneo con armamento nuclear, pero también es cierto que tampoco informa al respecto. En el caso de Europa Central, el criterio más extendido es que mantiene almacenadas todavía varios centenares de cabezas atómicas en bases de utilización conjunta que posee.

BOMBAS ATÓMICAS EXTRANJERAS EN SUELO ESPAÑOL

Que Franco no consiguiera fabricar la bomba atómica no significa que en España no se almacenaran estos artefactos nucleares. La información sobre el despliegue de bombas nucleares norteamericanas en el extranjero continúa hoy siendo parcial e incompleta, pero un informe oficial de Estados Unidos fechado en 1978 y desclasificado parcialmente en 1999, confirmó que había almacenado en las bases aéreas y navales en territorio español distintos tipos de estas armas atómicas desde 1958, bajo la autorización del entonces presidente Dwight Eisenhower, y hasta 1976, ya con Gerald Ford en la Casa Blanca. Lo que sí sabemos es que Washington no tuvo reparos en trasladar y almacenar cerca de 12.000 armas nucleares en al menos 15 países extranjeros durante la Guerra Fría, incluida la base de Guantánamo (Cuba), con o sin autorización de sus respectivos gobiernos.

Como era público, Estados Unidos poseía y fabricaba bombas atómicas y termonucleares desde 1945 y, poco a poco, fue incrementando su arsenal nuclear hasta llegar al récord de más de 31.300 artefactos en 1967.* En un principio, todos ellos debían ser custodiados por un organismo civil, la Comisión de Energía Atómica (AEC, siglas en inglés), pero a partir de 1953 se autorizó que el Departamento de Defensa empezara a almacenarlos y, rápidamente, en 1959, los militares superaron a los civiles en el número de armas atómicas en su poder (8.337 armas atómicas frente a 3.968 bajo responsabilidad de la AEC). El siguiente paso fue lograr que la Casa Blanca autorizara la salida fuera de territorio estadounidense de armas nucleares para ser almacenadas o embarcadas en aviones —bombarderos y cazas— o en buques —portaviones, cruceros y buques de aprovisionamiento de municiones, principalmente—. El primer caso se produjo en 1946 cuando se dio el visto bueno para que dos bases aéreas de la Fuerza Aérea británica fueran preparadas para contener armamento especial que, en ese momento, significaba la parte no nuclear de una bomba atómica. En junio de 1950, un total de 89 componentes no nucleares de bombas atómicas se encontraban en suelo británico en apoyo a las unidades del SAC desplegadas allí para atacar, si fuera el caso, a la Unión Soviética y, por primera vez, se dio autorización para que 15 bombas nucleares fueran embarcadas en el portaviones USS Coral Sea que, siguiendo las instrucciones del alto mando de la Armada, patrulló por el Mediterráneo aunque sin tocar puertos españoles porque todavía no existía acuerdo de defensa entre ambos países. La primera transferencia completa de bombas atómicas a un mando militar —9 en total— se aprobó en abril de 1951 a través de una autorización personal del presidente Truman al general Vandenberg, entonces máximo responsable de la Fuerza Aérea norteamericana, que, en esta función, actuaría como su representante personal para la custodia del arsenal atómico.³² Ante la constante presión de los militares por posicionar más cerca de la URSS la capacidad de lanzar un ataque nuclear, Truman autorizó en enero de 1952 el traslado y almacenamiento de componentes no nucleares de armas atómicas a las bases que entonces tenía en SAC en el Marruecos francés —Ben Guerir, Nouasseur y Sidi Slimane—, desde donde operaban ya bombarderos B-36 y B-47, algo que se hizo sin informar a las autoridades de París. Unos dos años después, en abril de 1954, llegarían a estas bases en suelo marroquí las primeras armas atómicas completas, en lo que representó el primer despliegue de este tipo de armamento en un país extranjero (poco después lo hizo en el Reino Unido). A finales de los años cincuenta, cuando los técnicos norteamericanos empezaron a diseñar bombas que incorporaban la cápsula fisible en la carcasa de la bomba convirtiendo la bomba atómica en una sola pieza, Washington también desplegó en estas bases norteafricanas artefactos atómicos de gran profundidad (diseñadas para hundir submarinos enemigos) antes de retirar todo el armamento en septiembre de 1963 al tener que abandonar Marruecos.³³ La burocracia estadounidense pronto estableció un mecanismo de autorización para el despliegue de estas armas atómicas en el extranjero a través de un plan específico y secreto que fijaba los máximos anuales por países, instalaciones, tipo de armas y vectores tanto en tiempo de paz, como de crisis y de guerra.³⁴ Para regularlo, la Junta de Jefes de Estado Mayor debía contar con autorizaciones presidenciales detalladas y coordinadas con el Departamento de Estado y otros departamentos del Gobierno antes de poder sacar las ojivas nucleares de territorio norteamericano.

En el caso de España, tenemos poca información al respecto. Los únicos datos concretos desclasificados que parecen referirse a nuestro país están incluidos en un compendio de acuerdos relacionados con armas nucleares que data de octubre de 1968. Dicho documento, elaborado por Philip Barringer, director de la oficina responsable de la obtención de este tipo de acuerdos internacionales dentro del Pentágono, contiene 3 páginas que, según los expertos, se refieren al almacenamiento o paso de armas nucleares por España aunque el nombre del país continúa censurado. La deducción es lógica porque hace referencias al desembarco o embarque de misiles Polaris y Posesión, algo que en el extranjero solo estaba autorizado para el caso de la base naval de Rota. Asimismo, como reconoció otro documento oficial norteamericano de 1977, el Departamento de Defensa norteamericano desplegó armas nucleares navales ASROC y Talos en instalaciones situadas en suelo español, lo cual también está recogido en este documento. Los acuerdos sobre armas nucleares del 8 de octubre de 1968 referidos a España mantienen censurados el número total de bombas o misiles nucleares, pero confirman que la Casa Blanca dio el visto bueno para el almacenaje en suelo español de estos artefactos atómicos por parte de la Armada y las Fuerzas Aéreas norteamericanas, así como el traslado de bombas nucleares sobre territorio español con destino a bases en el extranjero o para almacenar en alta (en buques de avituallamiento avanzado); vuelos con armas nucleares «dentro del teatro de operaciones» (previsiblemente entre instalaciones situadas en Europa Central), y traslado vía marítima de armas nucleares para bases en el extranjero o con destino a los citados buques de avituallamiento.³⁵

Gráfico 1. Despliegue de armas nucleares en tierra

en la zona del Atlántico

Fuente: NORRIS, Robert & ARKIN, W.M. & BURR, W.: Where they were in The Bulletin of the Atomic Scientist, noviembre/diciembre 1999, págs. 26-35.

Para tener una idea sobre el número total de armas nucleares que Estados Unidos desplegó de forma permanente en España durante la Guerra Fría debemos referirnos al informe History of the Custody and deployment of nuclear weapons,³⁶ que hace un resumen de la situación del arsenal atómico norteamericano durante esos años. Los nombres de la mayoría de los países han sido censurados, pero por simple y casi obvia deducción (por ejemplo, están ordenados por orden alfabético) se pueden sacar ciertas conclusiones sobre España. El documento incluye 2 gráficos sobre las ojivas desplegadas en la zona atlántica y el Mediterráneo —almacenadas en países y embarcadas— (Gráfico 1) y muestra que en 1961 —primer año que recoge en relación con España aunque sabemos que existían en nuestro territorio desde junio de 1958— se encontraban almacenas en territorio español unas 200 bombas nucleares. El arsenal atómico más grande que Washington llegó a almacenar en nuestro país tiene lugar en 1963 —curiosamente coincidiendo con la primera renovación de los acuerdos de defensa y poco después de la crisis de los misiles de Cuba— con un total de 250. A partir de entonces, desciende paulatinamente con algunos picos. Destaca una fuerte reducción del número total en 1965 —que pasa de las 250 a unas 100— coincidiendo con la retirada de España de los bombarderos B-47 y la modificación de la planificación estratégica del SAC, y también que en 1975, cuando fallece Franco y se inicia el proceso de transición democrática, el Pentágono seguía manteniendo en las bases aéreas y navales en suelo español unos 50 artefactos atómicos.*

A las armas atómicas de Estados Unidos almacenadas en suelo español hay que añadir los despliegues de ojivas en los aviones que sobrevolaban el espacio aéreo español —como el que provocó el accidente de Palomares— o embarcados en buques que tocaban puertos españoles. Desde los años cincuenta, el Pentágono activó el envío de portaviones al Mediterráneo que, a partir de la entrada en servicio en 1955 de la base aeronaval de Rota —conocida en clave por los estadounidenses como NAVSTA Rota—, paraban frecuentemente en ella para reavituallamiento y descanso de la tropa y marinería. Normalmente, lo hacían dos veces por cada viaje: una a la ida, tras cruzar el Atlántico, y otra a la vuelta, después de navegar durante unos cuatro meses por el Mediterráneo. De todas maneras, no siempre era obligado detenerse en Rota ya que, según los años o las necesidades específicas, la Armada estadounidense también utilizó (y utiliza) la base naval británica de Gibraltar, lo que normalmente desencadenaba una protesta o queja diplomática de Madrid, y otros puertos civiles españoles como, por ejemplo, los de Palma de Mallorca o Barcelona.

Por si esto fuera poco, la Administración Kennedy, siguiendo las recomendaciones de los líderes militares norteamericanos, solicitó en 1963 al gobierno de Franco que ampliara el apoyo y permitiera que se instalara en Rota una base permanente de submarinos atómicos con misiles nucleares Polaris: la primera y única fuera de Estados Unidos sin contar Holy Loch, situada en la costa escocesa. Según los documentos oficiales, la Junta de Jefes de Estado Mayor Norteamericana (JCS, siglas en inglés) llegó a la conclusión en marzo de 1962 de que Rota debía ser la base de referencia para cumplir el compromiso firmado por Washington con la OTAN de desplegar al menos 5 submarinos de este tipo en apoyo a la OTAN para navegar y patrullar por el Mediterráneo, al igual que la VI Flota. «Basada en la investigación realizada de todas las localizaciones del área mediterránea, a la JCS le parece que Rota (España) es la mejor opción para el atraque»* dice el informe que reconoce que habrá que hacer obras en la base naval para ampliar sus muelles y calado, y asegurar al mismo tiempo que el acuerdo de defensa —que debía revisarse al año siguiente, 1963— era renovado por al menos otros 5 años más.** Lograda la oportuna autorización y llevadas a cabo las mejoras en la base necesarias, el Jefe de Operaciones Navales desplegó el Escuadrón de Submarinos número 16 (SUBRON 16) —famoso en la segunda guerra mundial por haber hundido más de 500.000 toneladas de mercantes enemigos— el 28 de enero de 1964 con el envío de los submarinos USS Lafayette (SSBN-616) y USS Francis Scott Key (SSBN-657) cada uno con 16 misiles Polaris. Estos misiles contaban con una sola cabeza nuclear del modelo W47 que, según los modelos, podían tener hasta una potencia de 1,2 megatones. En los años setenta, estos submarinos fueron reconvertidos para transportar misiles más modernos Poseidon cuando la base española alcanzó uno de sus picos de máxima utilización con un destacamento permanente de más de 16.000 soldados estadounidenses y sus familias. La principal mejora de los misiles UGM-73 A Poseidon frente a los Polaris era que los primeros estaban diseñados para transportar hasta 14 cabezas termonucleares W68 de hasta 59 kilotoneladas de potencia, que permitían atacar diversos objetivos simultáneamente a una distancia de hasta 4.600 kilómetros. Esto significaba que cada submarino transportaba más de 200 ojivas.

El gráfico recogido en el informe del Pentágono de 1978 (Gráfico 2) es poco preciso respecto a las armas atómicas desplegadas en el Mediterráneo y que, por tanto, se supone estaban embarcadas en portaviones, cruceros o submarinos estadounidenses que regularmente recalaban en Rota. Muestra, sin embargo, que el máximo se alcanzó en 1965 con alrededor de 600 ojivas desplegadas, nivel que se volvió a alcanzar en 1971 para descender ligeramente y mantenerse hasta 1977.

En las distintas renegociaciones mantenidas entre Estados Unidos y España para la renovación de los acuerdos de defensa, el tema de las armas nucleares siempre estuvo presente como una de las prioridades de la delegación española. Así, en 1976, con la democracia instaurada en España y la Guerra Fría concluida, la Administración Ford, con Henry Kissinger como secretario de Estado, aceptó retirar todo armamento nuclear desplegado de forma permanente en suelo español antes del 1 de julio de 1979 con la esperanza de que para entonces estuviera en servicio el nuevo misil Trident con el radio de acción dos veces mayor que el de los Poseidon. Esta retirada afectaba, sobre todo, a la base naval de Rota, como hemos visto centro de operaciones de los submarinos atómicos norteamericanos, lo que supuso una pérdida estratégica importante para el Pentágono y la OTAN en general.*

Gráfico 2. Despliegue de armas nucleares

embarcadas en el mar

Fuente: NORRIS, Robert & ARKIN, W.M. & BURR, W.: Where they were in The Bulletin of the Atomic Scientist, noviembre/diciembre, 1999, págs. 26-35.

Una vez analizado el despliegue, hablemos un poco sobre el tipo de armas nucleares que Estados Unidos almacenó en suelo español, es decir sin incluir los misiles transportados por submarinos que ya hemos analizado. De nuevo, no estamos seguros de que la información sea completa, pero podemos verificar que la disponible es verdadera pues toda proviene de documentos oficiales desclasificados. Basta resaltar que la información sobre estas armas nucleares fue tan secreta que ni siquiera los españoles que trabajaban en las bases en esos años tenían conocimiento de ellas, aunque podían sospechar, pues estaban almacenadas bajo estrictas medidas de seguridad y secreto en la zona ocupada por los estadounidenses, a la que no tenían permiso de paso los españoles. Los datos de que disponemos muestran que, a lo largo de los casi 18 años que estuvieron almacenadas en suelo español, las armas atómicas estadounidenses fueron de distintos tipos y con diferentes propósitos. Al menos tenemos constancia de que fueron de cinco tipos distintos:

– Bombas aéreas de gravedad para destruir objetivos en tierra —unidades militares, ciudades, etc.— como las MK 6, MK 36 Mod. 1 y MK 39 Mod. 0.

• Las MK 6 se fabricaron entre 1951 y 1955, entraron en servicio en enero de 1955 y fueron retiradas en 1962. Según su diseño podría tener distintas potencias, desde 8 hasta 160 kilotones. Se fabricaron aproximadamente 1.100 unidades, ya que fue la primera bomba atómica estadounidense que se produjo en gran número. Los B-47 podían transportar una y los B-52 dos y contaban con 5,4 kilos de uranio natural. En España, sabemos que estuvieron desplegadas en las bases de Torrejón y Zaragoza.³⁷

• La MK 36 Mod. 1, que se desplegó en Torrejón y Morón de la Frontera, era una bomba termonuclear de gran potencia para ser lanzada desde bombarderos. Estaba diseñada con una fusión multifase para generar más poder destructivo. Se fabricó desde abril de 1956 hasta 1958, y en total se construyeron cerca de 930 unidades, lo que la convirtió en uno de los artefactos más numerosos en el arsenal del Pentágono. Fue retirada en 1962. Su potencia variaba desde los 6 hasta los 19 megatones.

• La MK 39 Mod. 0 fue almacenada solo en la base aérea de Zaragoza. Estaba diseñada para destruir los llamados objetivos «duros», es decir los más protegidos, como silos de misiles balísticos o puestos de mando. Diseñada por los Laboratorios Sandia en abril de 1956, dejó de fabricarse en 1959. Fue la más grande y pesada en su momento. Se la conocía entre las tripulaciones con el apodo de «La estrella solitaria» y podía ser lanzada por bombarderos B-47 y B-52 indistintamente. Se fabricaron alrededor de 700 unidades y fueron retiradas del arsenal en 1962.

– Misiles disparados desde cazas de combate AIM-Falcon. Los Falcon fueron diseñados en los años cincuenta y sesenta para destruir con cabezas convencionales cazas o bombarderos siguiendo las señales de sus radares. También se desarrolló una versión más larga, bautizada como GAR1D Falcon, capaz de transportar una pequeña cabeza nuclear de 0,25 kilotones con la que destruir grandes formaciones de bombarderos soviéticos. Sus versiones más sofisticadas, denominadas GAR-11 o AIM-26 A, entraron en servicio en 1961 para armar a interceptores F-102 Delta Dagger y aviones similares. En el caso de España, fueron desplegadas entre abril de 1962 y junio de 1964 en la base aérea de Torrejón de Ardoz.

– Misiles antisubmarinos ASROC. Los ASROC (en inglés Anti-Submarine ROCket) fueron desarrollados por la Navy en la década de los cincuenta para destruir submarinos desde cualquier plataforma, avión de patrulla, helicóptero o buque de superficie. Al entrar en el agua, el misil se comportaba como un torpedo guiado al objetivo por sonar. Podía transportar una cabeza nuclear W44 de 10 kilotones. En España, está confirmado que estuvieron almacenados entre agosto y noviembre de 1965.

– Misiles navales tierra-aire RIM 8 Talos. La Armada norteamericana los utilizó para equipar a sus navíos para defensa contra misiles antibuque. Se instalaron en cruceros ligeros que navegaban solos o acompañando portaviones. Con un alcance de unos 90 kilómetros, podían ser armados con ojiva convencional o nuclear W30 de 0,25 kilotones. Se almacenaron en bases en territorio español entre octubre y noviembre de 1968.

– Bombas aéreas de profundidad: El arsenal nuclear estadounidense que estuvo almacenado más tiempo en España estaba diseñado para destruir submarinos sumergidos soviéticos a través de cargas de profundidad lanzadas desde al aire por aviones que patrullaban el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo. Sabemos que estuvieron en territorio español entre octubre de 1959 y julio de 1976, casi 17 años, pero desconocemos exactamente sus tipos. Estados Unidos desarrolló 3 tipos de estas armas: WE 177, Mk 101 Lulu y B57. La más utilizada fue la Mark 101 Lulu que contaba con una cabeza nuclear W34 de 11 kilotones. Estuvo desplegada entre 1958 y 1971 y almacenada en varias bases en el extranjero para ser utilizada por aviones marítimos de los aliados de la OTAN. A mediados de los años sesenta fue reemplazada paulatinamente por la bomba nuclear B57 (también conocida como Mk57) que, según sus versiones, transportaba una cabeza nuclear de 5 a 20 kilotones.

Fuente: Office of the Assistant to the Secretary of Defence (Atomic Energy) (1978): «History of the custody and deployment of nuclear weapons July 1945 through September 1977», Top secret. Appendix B: Chronology-Deployments by Country, 1951-1977.

4

La mano de Dios protege a Palomares

Aquel 17 de enero de 1966 amaneció con el cielo azul y soleado. Algo de frío, 18 grados, fuertes rachas de viento y el mar picado. Palomares se había despertado como cualquier otro lunes. Con la misma rutina si no fuera porque en el municipio cercano, Cuevas, se celebraba el día del patrón, San Antonio Abad, el ermitaño del desierto. Tras el fin de semana, los pequeños regresaban a sus escuelas —separados por sexos, niños por un lado y niñas por otro—, los hombres del campo a trabajar sus cosechas y los pescadores se hicieron a la mar para ver qué caía en sus redes. En unas horas, sus vidas cambiarían para siempre. Exactamente a las 10.22 de la mañana.* Unos minutos antes y a unos 9.300 metros de altitud, cuatro enormes aviones —que a distancia no eran más que pequeñas manchas grises— aparecieron sobre el cielo del pueblo sin que crearan demasiada expectación. La escena se repetía tantas veces durante la última década que ya no llamaba la atención. Al contrario, anunciaba normalidad. Allí estaban los avioncitos como todos los días. Si alguno mantenía la curiosidad y levantaba la cabeza, vería acercarse las cuatro manchas en parejas. Dos volaban muy juntos durante 30 o 45 minutos como si estuvieran unidos por una cuerda invisible, se separaban y desaparecían. Ese 17 de enero ocurrió algo ligeramente diferente. Mientras la segunda pareja de aviones esperaba su turno, el primer B-52G Stratofortress, perteneciente al Ala de Bombarderos 68 del SAC, en una misión Chrome Dome por la ruta sur y que volaba de regreso a su base Seymour Johnson en Goldsboro (Carolina del Norte) tras un largo y tedioso vuelo sin incidentes remarcables, se acercó al avión nodriza que le debía pasar el combustible necesario para cruzar el Atlántico. Con el número 256 y conocido en clave como T-16, el B-52 se acercó por debajo de la cola del avión de reabastecimiento Troubadour 12, un KC-135 con base oficial en Bergstrom (Austin, Texas) que había despegado minutos antes de la base de Morón de la Frontera, cerca de Sevilla, donde se encontraba desplegado temporalmente. Podía decirse que se trataba de uno de los últimos momentos complejos del vuelo. La tripulación del B-52 ya había hecho prácticamente todo el trabajo. Cada vez que despegaba de Estados Unidos no sabía si la misión sería un mero ejercicio táctico sin importancia o una operación real de combate porque había comenzado la tercera guerra mundial. Su tripulación tenía que estar preparada para todo. En cualquier momento podía llegar la orden de abrir las instrucciones secretas guardadas en una caja rectangular de fieltro negro con rayas rojas y las palabras «Top secret». Dentro se encontraban los objetivos predeterminados en la URSS que tenían que destruir con las 4 bombas termonucleares Mark 28 F1 de 1,5 megatones —con una potencia de al menos 65 veces mayor que la utilizada en Hiroshima—,¹ que transportaban en su bodega. No tenían que pensar en las consecuencias. Solo ejecutar la orden del presidente. Sin embargo, tras 24 horas en alerta máxima, la instrucción que habían recibido en este caso era la de volver a casa con sus familias. La tripulación estaba compuesta por veteranos y expertos en sus respectivas responsabilidades: al mando del aparato, el capitán Charles J. Wendorf, con más de 2.109 horas de vuelo en B-52; su número dos y copiloto, el teniente Michael J. Rooney, se había alistado en la Fuerza Aérea 4 años antes pero ya había hecho una carrera casi meteórica en el SAC, una de las unidades más prestigiosas de todo el Ejército norteamericano. Por si alguno de ellos se sentía fatigado o indispuesto, los B-52 contaban siempre en estas misiones de máxima tensión con un piloto de reserva, en este caso el mayor Larry G. Messinger, que había volado bombarderos durante la segunda guerra mundial y la guerra de Corea y acumulaba casi más horas de vuelo que los dos juntos.² Su amplia experiencia incluía la de haber sido comandante de B-52 durante 6 años aunque, en este caso, no volaba con su tripulación. Era, por decirlo de alguna manera, el único extraño del equipo al que se había incorporado unas horas antes.

El B-52 había realizado su primer reabastecimiento en el viaje de ida a lo largo de la ruta León-Zaragoza sin mayores problemas. En este caso, el avión nodriza había despegado de la base de Torrejón, cerca de Madrid, por estar situada más cerca. El reavituallamiento era algo más corto pues el B-52 solo necesitaba en este caso el combustible imprescindible para unas 10 horas de vuelo por el Mediterráneo y sus alrededores. Los patrones de vuelo variaban según la misión y el día: a veces se acercaban lo más posible a la frontera soviética, sobrevolando el espacio aéreo turco o búlgaro —cuyos gobiernos habían autorizado esas misiones—, y otras esperaban dando vueltas sobre el Adriático a la espera de la orden adecuada.³ En su vuelo de regreso, la zona asignada por los planificadores militares del SAC para el reabastecimiento en vuelo era distinta con el objeto de hacer la ruta hacia EE. UU. más directa y con menos rodeos. El punto de encuentro fijado se encontraba, exactamente, en la vertical entre Palomares y Cuevas del Almanzora, pasado el río Almanzora en dirección este a oeste. Palomares era tan pequeño entonces que ni siquiera aparecía en los mapas de vuelo estadounidenses. Los pilotos identificaban el lugar como «Saddle Rock Refueling Area» —zona de reabastecimiento Roca de la Silla de Montar— por la característica figura que formaban las colinas cercanas. Se trataba de uno de los mejores lugares del mundo para llevar a cabo esta operación. Estaba alejado de centros de población, el cielo despejado permitía la máxima visibilidad para la navegación visual y, además, era fácil para los aviones cisterna situados en Morón. La operación de reabastecimiento en vuelo, que se realizaba sobre la Silla de Montar, era considerada bastante rutinaria aunque no estaba exenta de pericia y delicadeza. En esos años, los aviones estadounidenses la realizaban cada 6 o 7 minutos, día o noche, en algún momento del globo sin mayores percances. Desde 1959, más de 750.000 de estas operaciones de recarga de combustible —hasta 136.000 kilos de queroseno en caso de los B-52— se habían completado sin accidentes fuera del territorio estadounidense.* Las probabilidades matemáticas no se cumplirían en esta ocasión.

El KC-135, al mando del mayor Emil Chapla, llegó primero al lugar de encuentro con tiempo para ponerse en posición para que el B-52 perdiera el menor tiempo posible. Era imprescindible que ambos aviones volaran con el mismo curso y a la misma velocidad, aproximadamente unos 400 kilómetros por hora, algo que, por otra parte, dependía de las condiciones meteorológicas de cada momento. El viento era el factor que mayor condicionaba la misión. El bombardero debía reducir la velocidad al mismo tiempo que se acercaba a la parte trasera del avión nodriza y levantaba ligeramente la zona de delante del aparato para enganchar con facilidad la pértiga o percha. Cuando la distancia entre ambos aviones alcanzó los 800 metros, el sargento Lloyd Potolicchio, operador de la pértiga en el KC-135, asumió el mando de dirigir a ambos aviones en su aproximación. El capitán Wendorf, a quien le gustaban estas delicadas operaciones, había volado el bombardero en el primer reabastecimiento y, por práctica común, cedió los mandos a Messinger para este segundo. Para Messinger, sin embargo, tomar combustible en vuelo era un trabajo desagradable por lo complejo que era volar un bombardero tan grande y pesado. «Era como tener un perro. No divertía volarlo y requería un duro trabajo. Era como llevar un [pesado] camión Mack.»* Muchos pilotos del B-52, la versión militar del Boeing 707 con 8 potentes motores a reacción, compartían esta opinión al considerar que era un avión complejo de volar porque no siempre respondía rápido a las indicaciones y, cuando lo hacía, no era fácil detener la maniobra o cambiar el curso. Por ello, durante la operación de reabastecimiento el piloto tenía que estar permanentemente en alerta y no podía perder de vista al avión nodriza ni un segundo. La maniobra estaba considerada tan potencialmente peligrosa que el protocolo obligaba a que toda la tripulación se pusiera casco, guantes y paracaídas. Situado en la parte trasera del KC-135, el operador de la pértiga apreciaba a través de una ventanilla si los 2 aviones estaban en posición y con instrucciones precisas guiaba a los comandantes de las 2 aeronaves a las posiciones que permitían el reabastecimiento. Estos especialistas estaban muy bien considerados por sus compañeros de la Fuerza Aérea y, para retenerlos, se les pagaba bien en relación con otras especialidades. La pértiga consistía en un tubo de aluminio rígido telescópico de unos 10 metros de longitud con superficies de control de vuelo móviles para poder insertarlo en un pequeño receptáculo situado en la parte superior del B-52 situado a la altura de la cabina de vuelo. Para lograr con éxito la operación, ambos aviones tenían que estar muy próximos durante toda la operación, la cual se veía afectada por numerosos factores: desde la fuerza del viento hasta la distribución de los miles de litros de combustible que pasan desde el avión nodriza a los distintos depósitos del B-52. Cuando el bombardero se encontraba a unos 45 metros del KC-135, Messinger, sentado en el lado izquierdo de la cabina, notó algo diferente a otras ocasiones:

Nos acercamos al avión nodriza por detrás. Íbamos un poco más rápido de lo normal así que descendimos por detrás. Existe un protocolo muy preciso para el reavituallamiento. Si el operador de la pértiga piensa que estamos acercándonos demasiado y puede ser peligroso lo advierte: ¡Abortar! ¡Abortar! No hubo llamada de abortar, no vimos nada peligroso pero, de repente, oímos. De repente, todo pareció un infierno.⁴

Todavía hoy en día hay discrepancias sobre qué pasó exactamente. Los dos militares que pilotaban el B-52, Wendorf y Messinger, aseguraron en sendas declaraciones que primero escucharon una fuerte explosión en la parte trasera del avión —quizá como consecuencia de una rotura estructural de la cola del avión— que provocó que el bombardero avanzara bruscamente y luego se precipitara al suelo con un fuerte giro hacia la izquierda.⁵ El fuego y algunos restos del aparato impactaron contra la cabina y el avión empezó a partirse en mil pedazos. Sin embargo, el informe oficial del comité norteamericano que investigó el accidente concluyó que el B-52 se aproximó demasiado al KC-135 y la pértiga se introdujo en el fuselaje del bombardero quebrando el aparato entre la estructura principal y el ala izquierda. La colisión alcanzó la tripa del avión cisterna que empezó a perder combustible, lo que provocó una gran explosión y un enorme incendio al arder los kilos de queroseno que transportaba. Los tripulantes del bombardero se dieron cuenta de que no había forma de salvar el avión e intentaron saltar de él como pudieron. Los cuatro tripulantes del KC-135 no tuvieron esa suerte ya que no contaban con asientos inyectables. El tanquero continuó volando durante unos segundos y luego se escuchó un enorme ¡boom! Saltó por los aires y todos fallecieron calcinados.* Dentro del B-52, Wendorf y Messinger lograron activar sus asientos inyectables y saltaron al vacío. El copiloto teniente Rooney, que se encontraba en el nivel de abajo, y el navegador capitán Ivans Buchanan —ambos situados en la parte delantera del B-52— fueron capaces, asimismo, de tirar de la palanca que accionaba sus asientos inyectables aunque con ciertas dificultades. Buchanan tuvo que sacar su paracaídas con la mano porque el sistema automático no funcionó. Los otros dos tripulantes del B-52, el operador de guerra electrónica teniente George Glessner y el artillero el sargento Ronald Snyder —ambos situados en parte trasera del aparato— murieron aparentemente de forma instantánea y no lograron salir del avión. El séptimo miembro de la tripulación, el experto en navegación aérea, teniente Stephen Montanus, logró abandonar el B-52 pero murió al no abrirse su paracaídas por causas desconocidas.

EL FIN DEL MUNDO SE PRECIPITA SOBRE PALOMARES

Aquello es algo que nunca olvidaré. Parecía que el cielo se encendía y el fin del mundo se precipitaba hacia abajo. A continuación, saltaban trozos de llamas en todas direcciones. Luego nos enteramos por la radio de que habían chocado unos aviones, pero no nos dijeron mucho más...⁶

Quien describe la situación es Francisco Martínez Castellano, vecino de Arboleas, a unos 40 kilómetros de Palomares, que se encontraba sentado tranquilamente en la puerta de su cortijo en la barriada de Los Castos. Los habitantes del propio Palomares, entonces un pueblo con unos 800 adultos, lo recordaban con más miedo y nerviosismo:

Una vibración grande. Me lo tomé como un terremoto. Una enorme trayectoria contra mi vivienda en la que estaban los dos hijos enfermos y en cama, y mi esposa quería tirarse corriendo para sacarlos. Era imposible, no daba tiempo... tenía que sujetarla porque iba a ser una catástrofe pero tuvimos la suerte que aquel gran trozo —el tren de aterrizaje del B-52— cayó a unos 25 o 30 metros más lejos de mi vivienda.⁷

La escena era dantesca. Caían desde el cielo cientos de restos de los 2 aviones como bolas de fuego al haber sido impregnados por el combustible que transportaba el avión nodriza. Había de todo: desde trozos minúsculos hasta grandes estructuras de decenas de kilos. Los restos se esparcieron por una enorme área de más de 5 kilómetros: desde cerca del cementerio, en las colinas del Cabezo Negro, hasta el Mediterráneo, a varios kilómetros de distancia. En esa época, Palomares era un pueblo poco desarrollado en una de las zonas más deprimidas de España. Su renta per cápita no superaba las 14.000 pesetas —menos de la mitad que la media del resto de España (39.500 pesetas)— y su máxima riqueza, una vez abandonadas las minas de sus colinas en el siglo XIX, estaba en las dos cosechas de tomates que podían sacar al año y colocar en mercados europeos como Alemania y el Reino Unido fuera de temporada. Por no tener no tenía casi nada: solo una línea telefónica y 8 receptores de televisión de los cuales 3 estaban en los concurridos bares locales. El acontecimiento más importante de los últimos años había tenido lugar en 1958, cuando se instaló un generador eléctrico que aportaba luz a las 140 casas más próximas a la plaza principal. Uno de los tremendos motores del KC-135 cayó al pie del Cabezo Negro, al oeste del pueblo, a escasos 20 metros de la casa de Juan Ponce Navarro. Detrás, a poca distancia, se encontraba la cabina de mando del tanquero y por todas partes se apreciaban hogueras y columnas de humo. La cola trasera del B-52 apareció al este del pueblo, cerca del río Almanzora. El ala derecha del B-52, de 25 metros de largo, aterrizó en una plantación de tomates y a unos 130 metros de la capilla del pueblo. El combustible que todavía quedaba en las alas y el caucho de las ruedas estallaron en una horrenda hoguera que atemorizó aún más a los habitantes del lugar. La sección principal del tren de aterrizaje del B-52 y la compuerta de las bombas de la parte trasera del avión impactaron cerca de la carretera entre Vera y Palomares, a unos 70 kilómetros de la escuela primaria de chicos. El maestro, José Molinero, de 25 años, decidió que era más seguro que los 51 alumnos de entre 6 y 11 años se mantuvieran en al aula al escuchar cómo impactaban contra el suelo los fragmentos de los aviones. Hubiera sido una catástrofe que alguno de ellos hubiera alcanzado la escuela. La misma decisión tomó la maestra de la escuela de niñas, Conchita Fernández de Arellano, situada en el otro extremo del pueblo, al prohibir a sus 36 alumnas que se levantaran de sus pupitres.⁸ Los restos metálicos incandescentes cayeron por todo el pueblo, en las calles, en los patios, en los jardines y, sobre todo, por los campos de los alrededores. Lo verdaderamente milagroso es que no alcanzaran a ninguna persona ni animal. Como luego repetirían insistentemente sus habitantes, se trataba de un verdadero milagro, como si Dios hubiera dirigido la caída de los fragmentos para ahorrar a Palomares heridos o víctimas. El único daño material de consistencia fue la rotura del cable eléctrico principal, lo que interrumpió el servicio durante un tiempo. El padre Francisco Navarrete Serrano, joven sacerdote de Cuevas a cargo de la pedanía de Palomares, sostuvo en sus conversaciones con sus feligreses que «la mano de Dios» había salvado al pueblo al impedir que los despojos de los aviones lastimaran a nadie. Y eso que todavía no era consciente de que, quizá, había obrado un segundo milagro y más grande: evitar el holocausto nuclear.⁹

Entre los objetos que cayeron del cielo, tanto en tierra como en mar, se encontraban los tripulantes del B-52 que lograron salir del avión antes de que se desintegrara. El piloto Charles Wendorf, que más tarde se convertiría en sacerdote mormón, saltó inconsciente y solo recobró el sentido cuando su paracaídas se abrió automáticamente a 4.270 metros de altitud. Había perdido el casco y su brazo y pierna izquierdos estaban rotos y sangrando; su paracaídas estaba ardiendo y enredado pero logró desplegarlo lo suficiente para que frenara su entrada en el agua. El fuerte viento le había desplazado hacia el mar y tuvo la fortuna de caer cerca de varios pesqueros que se encontraban trabajando por esas aguas. El fuerte oleaje dificultaba la visión pero en menos de 10 minutos el patrón de la Dorita, Bartolomé Beltrán, puso rumbo al paracaídas que acababan de ver caer entre los fragmentos de las aeronaves. Con delicadeza lo subieron al barco, le quitaron la ropa, le pusieron otra seca e intentaron calentarlo con algo de café. Su copiloto, el teniente Rooney, también había caído cerca, pero el fuerte oleaje impedía el rescate. Por un momento, temieron que moriría por efecto de la hipotermia. Al cabo de poco más de una hora lograron subirlo al barco y pensaron en lo peor. Un fuerte corte en la parte superior del coxis había provocado la pérdida de mucha sangre. Lo dejaron tumbado en la caseta superior de la barca y le cambiaron la ropa. Había que curar aquella herida o el hombre no arribaría vivo a tierra. Con unos algodones que utilizaban para el motor y cinta aislante, Bartolomé Beltrán pudo contener momentáneamente aquel tajo abierto.* Francisco Simó Orts, capitán del pesquero Manuela Orts, que se encontraba también en las proximidades y había visto toda la escena, se acercó a hablar con Beltrán y ambos acordaron que el Dorita debía regresar a puerto —en Águilas— para llevar al hospital a los heridos mientras Francisco buscaba más supervivientes pues aseguraban haber visto caer al agua más paracaídas. Beltrán estaba tan nervioso que, a pesar de haber atracado tantas veces en el muelle, chocó tan bruscamente con él que rompió el casco. Paralelamente, Larry Messinger, el tercer piloto del B-52, había volado más lejos. Nada más eyectarse con su asiento y todavía aturdido, optó por abrir manualmente el paracaídas enseguida en vez de esperar a que se hiciera automáticamente. Aquello hizo que el viento lo trasladara más lejos y cayó al mar a varios kilómetros de la costa. Enseguida infló su balsa de emergencia y se subió a ella a esperar el rescate. El hermano de Francisco Simó, Alfonso, patrón del Agustín y Rosa, que también se encontraba por los alrededores, enfiló hacia él y lo rescató sin mayores problemas para protegerlo del frío con unas mantas. El capitán Buchanan, el cuarto y último superviviente, fue encontrado posteriormente en tierra cerca de Palomares semiinconsciente bajo el asiento eyectable tumbado. Un cabo de la Guardia Civil lo liberó del asiento y del paracaídas. Tenía el hombro roto y varias quemaduras provocadas durante el descenso. Rápidamente se acercó uno de los vecinos, Manuel González Navarro, para asistirle y con la ayuda de la Guardia Civil, que habría traído un vehículo, lo trasladaron a la clínica del doctor Jacinto González en Vera, a unos 7 kilómetros de Palomares. Salvo este último, el estado de los supervivientes era bueno y, por tanto, esa misma tarde fueron trasladados a la base aérea de San Javier, en Murcia, y desde allí a Torrejón de Ardoz. Los incendios que los restos de los aviones habían provocado en los cerros cercanos a Las Algarrobina —al oeste del pueblo— forzaron a una docena de vecinos de la zona, entre los que se encontraba Julio Ponce, Alfonso Flores y Baltasar Flores González, a desplazarse para intentar apagarlos, incluso aunque fuera con sus propias manos y echando arena sobre ellos. Cerca del cementerio, encontraron 5 cuerpos calcinándose por el combustible de los reactores que había caído en las proximidades. La mayoría estaban ya carbonizados con los rostros irreconocibles. El olor era espantoso y algunos se apartaron para vomitar. Baltasar Flores se encontró un poco más lejos otro cuerpo cuyo paracaídas había fallado. Sus huesos estaban desechos y sus ojos fuera de las órbitas. «Tenía todos los horrores del mundo reflejados en su cara», dijo para describir la escena.¹⁰ Curiosamente, los 7 muertos habían caído a corta distancia del antiguo cementerio del pueblo, algo realmente extraño.

LA NOTICIA VUELA HASTA EL PROPIO FRANCO Y JOHNSON

La noticia del accidente tardó menos de 3 minutos en ser comunicada por radio por el segundo avión nodriza que acompañaba a la otra pareja de aviones y que presenció toda la escena. «El otro B-52 está en llamas», informó el capitán del KC-135 a sus controladores de la base de Morón para señalar, poco después, que el bombardero se había estrellado. A su vez, el jefe del cuartel general de la 16.ª Flota Aérea con sede en Torrejón de Ardoz, general Delmar Wilson, llamó al cuartel general del SAC en la base aérea Offutt, cerca de Omaha (Nebraska), y despertó a su Jefe de Estado Mayor, general Donald Eisenhart. Era las 3.35 hora local.¹¹ Estaba confirmado, le dijo: se trata de un «Broken Arrow» (Fecha rota), la clave militar escogida para el caso de accidentes que involucraban armas atómicas. Ello desencadenaba un protocolo específicamente diseñado al efecto. Un equipo especializado en desastres nucleares al mando del general A.J. Beck, y compuesto por personal del SAC y de la Comisión de Energía Atómica, partió inmediatamente hacia España. A su vez, el equipo de control de desastres estacionado en Torrejón fue puesto en máxima alerta y enviado a Palomares como avanzadilla del grueso del despliegue.¹² Por parte española, la primera voz de alerta la dio el elocuente capitán de la Guardia Civil de la zona, el veterano Isidoro Calín Velasco, que llevaba más de 10 años vigilando desde Pulpi, sobre la línea de Murcia, hasta Los Gallardos, al sur de Vera. En el momento del accidente Calín se encontraba en su despacho en la planta baja del cuartel en Vera y, al oír la explosión, salió a la calle y enseguida vio «las bolas de fuego» cayendo del cielo. Tres minutos después, a las 10.33, levantaba el auricular para informar a sus superiores de que se había producido un accidente aéreo y, a continuación, ordenó a sus tropas que se dirigieran al lugar.*

Escasamente una hora y media tardó la noticia en llegar al hombre más poderoso de Washington. Justo cuando los pilotos estadounidenses eran rescatados del agua frente a Palomares, un mensajero de la Oficina de Situación de la Casa Blanca —el centro de mando civil de EE. UU.— comunicó la noticia al presidente Lyndon Johnson, que aún se encontraba en su habitación desayunando. El documento que le entregó contenía las principales noticias del día: Vietnam, un atentado contra una escuela... En la segunda página, solamente podía leerse un breve párrafo con los primeros datos preliminares aunque con inexactitudes.

Accidente B-52: Un B-52 y un avión cisterna KC-135 han colisionado cuando llevaban a cabo una operación de reabastecimiento en vuelo a 180 millas de Gibraltar. El B-52 cayó sobre tierra en España y el avión nodriza en el mar. Cuatro supervivientes han sido recogidos y tres balsas han sido avistadas. El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28. El equipo para Desastres Nucleares número 16 ha sido despachado a la zona.¹³

La primera reacción del presidente Johnson fue llamar a su secretario de Defensa, Robert McNamara, para comunicarle un mensaje transparente: «haz todo lo que sea necesario para encontrarlas [las bombas perdidas]». Aunque el presidente estadounidense estuvo informado en términos generales sobre el accidente de Palomares a través de telegramas y reuniones, parece que delegó en MacNamara y Rusk la gestión diaria de la crisis.* Así lo entendieron al menos los militares. En Madrid no esperaron a recibir más instrucciones para ponerse en marcha. En una entrevista concedida años después en la que se recordaba lo sucedido, el general Stanley Donovan, jefe del Grupo Militar y del Grupo de Consejo y Asistencia Militar Conjuntos de EE. UU. en España —es decir máximo responsable militar norteamericano en suelo español—, relató cómo se informó al gobierno de Franco sobre el incidente:

Tuve conocimiento de ello unas dos horas después de que ocurriera. Fui directamente al embajador [de EE. UU., Angier Biddle] y se lo conté. Él, a su vez, al ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, y yo, por mi parte, a Muñoz Grandes, que era el jefe del Estado Mayor y vicepresidente del Gobierno. Y, una vez más, todo lo pusimos encima de la mesa. Le conté que los aviones transportaban bombas nucleares. Su respuesta da señales del tipo de hombre que era. Su reacción al conocer la noticia fue: «¿Qué vas a hacer ahora?». Y yo contesté: «Nada más terminar contigo me voy ahí abajo para ver qué ocurre». Él replicó: «Mantenedme informado, por favor». Eso fue todo. Regresé a informar al embajador de la conversación que había tenido con el vicepresidente, y Angier me replicó: «¡Por Dios! Yo no le he dicho nada a Castiella acerca de las bombas». A lo que comenté: «Pues, sería bueno que se lo contara, porque yo se lo he dicho a Muñoz Grandes». Entonces regresó al Ministerio de Asuntos Exteriores a explicar lo de las bombas. A continuación enviamos un mensaje a Washington relatando lo que habíamos hecho. ¡Bueno! No sabe qué respuesta más fulminante tuvimos. «¿Bajo qué autoridad han revelado que los aviones transportaban bombas?», nos preguntaron. Intenté decirle al embajador: «Mira, yo fui el primero en decirlo; no nos involucremos los dos en esto. Diles que fue cosa del general Donovan». Angier replicó: «No, por supuesto que no. El mensaje dirá: “El embajador y el general Donovan”». No quería echar las culpas sobre mis espaldas. Hubo muchos mensajes de un lado para otro criticándonos durísimamente por haberlo revelado. Sin embargo, esta actitud evitó al final una confrontación con el gobierno español.*

La revelación del general Donovan es significativa por dos sentidos. Hasta ahora no era conocido el papel crucial que jugó Muñoz Grandes en la crisis de Palomares.* Desde un primer momento fue el canal de información de los militares norteamericanos con Franco —que, como Johnson, siguió el incidente desde la distancia— y todas las decisiones importantes pasaron por sus manos, como por ejemplo la primera reacción al accidente o, como veremos más tarde, el acuerdo inicial sobre las operaciones y niveles de descontaminación que se tenían que cumplir. Por otra parte, tanto Donovan como Muñoz Grandes estaban al corriente desde finales de los años cincuenta de los riesgos que corría España por su colaboración militar con el Pentágono. La segunda revelación significativa es el reconocimiento de que Donovan informó a las autoridades españolas antes incluso que a su propia embajada. Según distintas fuentes, el embajador norteamericano en Madrid, Angier Biddle Duke, no tuvo conocimiento de ello hasta las 11.05 a través de una llamada telefónica.¹⁴ Para complicarlo más, el diplomático no se encontraba en la sede diplomática ya que estaba participando en un acto de la Asociación de Administración de Empresas Norteamericanas en el que tenía previsto hablar el propio ministro de Industria, Gregorio López Bravo. La versión de Donovan sobre lo ocurrido tiene un error porque en realizad Duke no llegó a hablar ese día con el ministro de Exteriores Castiella (quien se encontraba en un funeral), sino con el director general de Asuntos Norteamericanos, Ángel Sagaz, el jefe de Protocolo, el marqués de Jurareal y el subsecretario del departamento, Adolfo Cortina. En este particular, es curioso que Duke asegurara que desconocía la existencia de esos vuelos con armas nucleares sobre territorio español. Al menos eso es lo que afirmó públicamente y, de ser verdad, demostraría la libertad con la que los militares norteamericanos funcionaban en esa época en España, sin coordinación con los líderes civiles. Michael Rockland, que trabajó como adjunto cultural en la legación norteamericana en la capital española, describió en su biografía una tensa reunión convocada con urgencia por el embajador para conocer la situación. Reunidos todos alrededor de una gran mesa, Biddle les preguntó directamente:

—Estamos con el agua hasta el cuello. ¿Conocía alguien de ustedes la existencia de estos bombarderos y de que se reabastecían sobre la costa española? ¡Porque yo no tenía ni idea!

Nadie levantó la mano, ni tan siquiera los agregados militares.

El secretario del embajador consiguió que un general de las Fuerzas Armadas norteamericanas se pusiera al teléfono. El diplomático activó el altavoz para que todos oyéramos la conversación.

—¿Por qué no se me ha informado de estas operaciones de reabastecimiento? —exigió saber el embajador.

—Top secret —respondió el general.

Duke, que de normal era una persona afable y campechana, se puso rojo como un tomate y a punto de reventar exclamó:

—¿Pero qué demonios me está diciendo usted de top secret? ¿Que no soy yo el embajador, el representante personal del presidente en España? Si no lo sé yo, entonces ¿quién ha de saberlo?

—No le puedo dar esa información, señor —manifestó sin inmutarse el general, como repitiendo una cantinela aprendida de memoria.

—Bien —le espetó Duke—, pues a mí no me la dé, pero a usted que le den por el culo.¹⁵

¿DÓNDE ESTÁN LAS BOMBAS?

Exactamente a las 12.36 el general Wilson y tres colaboradores, incluido un intérprete, partían hacia Palomares desde Torrejón en un avión T-39 —un reactor Sabre norteamericano—. Después de observar la escena desde el aire aterrizaron en la base de la Escuela del Aire de San Javier y, desde allí, se trasladaron en coche al lugar del accidente. Casi al mismo tiempo, un avión de transporte C-97 con los primeros 33 miembros del equipo de control de desastres y 3 investigadores de la comisión para analizar lo que había ocurrido salieron también hacia el sur. El avión transportó un primer cargamento de emergencia que resultó de máxima utilidad: medidores PAC-1S para radiaciones alfa, trajes, máscaras y guantes de protección. Con ello, al final del primer día del accidente, 49 estadounidenses se encontraban ya en Palomares, número que llegó a alcanzar las 650 personas, sin contar con la operación naval. La primera misión de los recién llegados era confirmar los niveles de radiactividad que existían y, segundo, encontrar las bombas atómicas. Las primeras mediciones confirmaron que no se había producido una explosión atómica y eso era esperanzador. Las observaciones aéreas mostraban, sin embargo, la magnitud de la tragedia. El segundo objetivo, la localización e identificación de las bombas, se hizo cada vez más difícil cuando empezó a anochecer. Los norteamericanos recibieron decenas de informaciones y datos de los vecinos, ansiosos por ayudar. Las noticias hablaban de paracaídas agarrados a grandes objetivos y restos enormes de los aviones. El problema radicaba en que la mayoría de los norteamericanos no entendían nada porque no hablaban español pero era evidente que, si no había habido una explosión atómica, las 4 bombas termonucleares que transportaba el B-52 estaban perdidas en algún lugar entre los centenares de restos que habían caído del aire. La primera buena noticia fue comunicada esa misma tarde por una pareja de la Guardia Civil que aseguraba haber encontrado un «torpedo» —como los denominaron en un principio por su forma más parecida a un torpedo submarino que a una bomba aérea—.¹⁶ Sobre las 16.45 el sargento Ramond Howe, que ya había monitorizado algunos restos de los aviones para conocer si estaban contaminados, localizó la primera bomba en el lecho del río Almanzora, al sureste de la ciudad. La bomba estaba dañada ligeramente por haber funcionado el paracaídas y caído en una zona de arena blanda. Las medidas de radiactividad dieron negativo. Los norteamericanos desconectaron los 40 detonadores eléctricos de la carga de TNT que funciona como iniciador, trabajo que terminaron a las 22.30 a la luz de linternas y antorchas. Colocaron una guardia para que vigilara toda la noche y esperaron al día siguiente para lo que faltara. La bomba fue denominada número 1 y, a partir de entonces, se numeraron según iban siendo descubiertas. Las tareas de búsqueda quedaron suspendidas hasta el amanecer del día siguiente.

Con los primeros rayos de luz al día siguiente, 18 de enero, el general Wilson formó 3 equipos de búsqueda al frente de los cuales puso a sus mejores hombres y decidió establecer un pequeño e improvisado campamento en las cercanías en donde había caído la parte de la cola del B-52, cerca del río Almanzora. Sobre las 09.30 una segunda bomba fue localizada cerca del cementerio por un helicóptero que, al igual que el día anterior, sobrevolaba la zona constantemente. La bomba, denominada a partir de entonces número 2, estaba situada al oeste del pueblo, en un cerro deshabitado y desértico cercano al viejo cementerio y no fue descubierta la tarde anterior a pesar de que algunos soldados y vecinos habían pasado por esa zona. El artefacto había producido un enorme cráter de 6 metros de diámetro por 2 de profundidad. La violencia del impacto había sido tal que se encontraron restos de la bomba a más de 90 metros de distancia. Las mediciones de radiaciones alfa demostraron en este caso una significativa presencia de contaminación que señalaba que la bomba se había roto y esparcido parte del combustible atómico como consecuencia de una detonación del explosivo convencional. Aproximadamente una hora después, sobre las 10.30, la bomba número 3 también fue localizada, en este caso, dentro de lo que podría denominarse el casco urbano del pueblo. La bomba había caído a escasos metros de la casa donde se encontraba Pedro de la Torre Flores, a quien a sus 83 años cuidaban sus dos sobrinos-nietos. Tras escuchar un fuerte silbido, presintió como una gran sombra oscura que se precipitaba al suelo justo delante de él, seguido de una fuerte explosión. Se levantó un humo ocre y luego una nube de un castaño negruzco que quedó después flotando en el aire. La onda de choque fue tan fuerte que levantó a Pedro y le dejó tendido en el suelo, boca abajo. Se oyó entonces el estallido de los vidrios de las ventanas. Pedro se había convertido en la primera persona que había sobrevivido sin un rasguño a la caída de una bomba termonuclear justo en sus narices. Al igual que en el caso de la bomba número 2, la bomba 3 había caído con enorme violencia por no haber funcionado el paracaídas completamente y llegaron a encontrarse sus restos a más de 450 metros. Al igual que la bomba 2, se había producido la detonación del explosivo convencional y la fuga de plutonio.¹⁷ Los medidores de radiación que habían traído los estadounidenses confirmaban el peligro. Ese mismo día se recuperaron otros elementos secretos de los aparatos como, por ejemplo, el sobre con los objetivos a destruir si la misión de entrenamiento se convertía en combate y que fue rescatado sin daño y sin haber sido abierto.* Al final del segundo día, el número de efectivos norteamericanos desplegados a la zona ascendía ya a 240 hombres y 8 oficiales, al haber llegado un convoy de 5 autobuses que había salido desde Madrid a las 3.00 y conducido toda la noche por las polvorientas carreteras españolas.

5

Mister Plutonio y estos

«amables» españoles

Una vez comprobado que no se había producido un holocausto nuclear, la prioridad de los generales estadounidenses Donovan y Wilson era, primero, recuperar la bomba atómica que permanecía desaparecida y, segundo, comprobar la gravedad de la contaminación radiológica detectada en las últimas 24 horas para actuar en consecuencia, sin abandonar la tarea de recoger los restos de los aviones que habían quedado esparcidos por toda la localidad. Era evidente que la ansiedad y la alarma habían aumentado considerablemente a pesar de que los vecinos desconocían la verdadera gravedad de lo que estaba ocurriendo hasta el extremo de que muchos de ellos tocaron con las manos el plutonio de las bombas que se habían resquebrajado e incluso, como Pepe López, se divirtieron dándoles puntapiés inconscientes del peligro que corrían.¹ La curiosidad, lo remoto del área y el reducido número de fuerzas del orden disponible, con la excepción de los pocos guardias civiles que había logrado desplegar Calín en los primeros momentos tras el accidente, habían permitido que los vecinos se acercaran sin problemas a los artefactos atómicos e, incluso, se llevaran decenas de recuerdos para inmortalizar lo que estaban viviendo: desde pequeños tornillos o piezas metálicas hasta trozos de cintas de paracaídas, pasando por grandes secciones de los aparatos. Durante muchos años, un restaurante de la zona llegó a exhibir parte de un ala que ahora está desaparecida. La llegada de decenas de nuevos soldados estadounidenses y de más refuerzos de la Guardia Civil (en total se movilizaron 126 tricornios)² permitió establecer cierto control del área, prohibir el trabajo en los campos y restringir el libre acceso a las zonas más contaminadas. Como enseña la historia, las autoridades norteamericanas también recurrieron a las fuerzas vivas del pueblo para tranquilizar a la población. Ya hemos visto que desde el primer momento, el párroco Navarrete había tratado de reducir la trascendencia del incidente minimizando sus consecuencias con matizaciones religiosas. Al mismo tiempo, el alcalde pedáneo José Manuel González, un político que ejercía de autoridad municipal de la barriada un día a la semana, se comprometió desde el principio con los norteamericanos. Hasta dos generales le habían consultado —más por deferencia que porque en realidad fueran a seguir su consejo— sobre lo ocurrido, pidiéndole colaboración con los trabajos que se debían acometer. A cambio de ese reconocimiento, González tendría libre acceso al pequeño despacho que los yanquis instalaron en los primeros momentos en una pequeña oficina situada en la planta de arriba del mercado de la plaza, además, de que se contratara a su hijo para trabajar en la oficina de indemnizaciones. Corpulento y con voz grave, González ejerció sin muchos reparos su papel en las tertulias con vecinos:

Bueno, la situación, en efecto, es complicada. Los norteamericanos y el capitán de la Guardia Civil me dijeron ciertas cosas pero me lo dijeron confidencialmente, porque soy oficial del gobierno en la comarca. Por lo tanto tengo que guardar silencio... pero puedo decirles lo siguiente. La situación está completamente controlada y muy en breve todo volverá a la normalidad. Los norteamericanos encontrarán las cosas que perdieron ayer y se irán. Nos pagarán por todos los daños. Y todos podremos volver a nuestros campos. Les estoy diciendo la verdad. Vosotros sabéis que mis campos también fueron cerrados y mis tomates se están pudriendo.³

BOMBAS ATÓMICAS, DE HIDRÓGENO Y TERMONUCLEARES

Antes de seguir avanzando expliquemos brevemente la amenaza con la que se enfrentaban los habitantes de Palomares. En este libro utilizamos indistintamente los términos bombas atómicas, nucleares, de hidrógeno y termonucleares para hacer más fácil su lectura, pero desde el punto de vista científico hay que matizar que no significan lo mismo. La bomba atómica es un arma diseñada y fabricada por el hombre para obtener una cantidad ingente de energía explosiva capaz de destruir objetivos y eliminar enemigos. Su funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en cadena y fue desarrollada primero por Estados Unidos en 1945 y, posteriormente, por otros países con sistemas más o menos parecidos. Su funcionamiento es sencillo y complejo a la vez, además de ser completamente artificial, es decir construida por el hombre. Se basa en la fisión (una reacción nuclear que tiene lugar en el núcleo atómico) de un núcleo pesado (más allá del hierro en el sistema periódico) con neutrones, con el objeto de dividirse en 2 o más núcleos pequeños, además de algunos subproductos como neutrones libres, fotones (rayos gamma, generalmente) y otros fragmentos como partículas alfa (núcleos de helio) o beta (electrones y protones de alta energía). El bombardeo con neutrones del núcleo pesado provoca una reacción nuclear que puede producir distintos procesos cuando se usan núcleos fisibles o fisionables como el uranio-235 o el plutonio-239, por eso hay varios tipos de bombas.

Según la explicación que escribió en 1983 el entonces coronel Guillermo Velarde —de cuya relación con el desarrollo del programa atómico militar español ya hemos hablado anteriormente— y por el que recibió un premio del Ministerio de Defensa,⁴ en el caso de la llamada fisión, el núcleo se rompe en 2 fragmentos, dando lugar a una pérdida de masa que se transforma en energía, y a 2 o 3 neutrones rápidos, cada uno de los cuales puede inducir a otras fisiones, y así sucesivamente, estableciéndose una reacción en cadena al final de la cual se produce una enorme cantidad de energía, 29 kilotones (un kilotón o kilotonelada equivale a 1.000 toneladas) por cada kilogramo fisionado. Aunque todos los núcleos a partir del hierro pueden fisionarse, se necesitaría emplear neutrones de muy alta energía. Solamente unos pocos núcleos lo hacen con neutrones de cualquier energía, en particular el uranio (U-235) y el plutonio (Pu-239). El primero se encuentra en la naturaleza mezclado con el uranio-238. El plutonio-239 se obtiene como subproducto del combustible irradiado en un reactor nuclear, es decir, es artificial y no existe en la naturaleza. Cuando los núcleos ligeros se someten a temperaturas de millones de grados se producen diversos procesos, entre ellos la fusión, por el cual dos núcleos ligeros —como deuterio y tritio— dan lugar a uno más pesado con una apreciable pérdida de masa que se transforma en energía a razón de 60 kilotones por cada kilogramo fusionado. El deuterio se encuentra en el agua del mar, mientras que el tritio se obtiene artificialmente bombardeando el litio con neutrones. Comparando ambos sistemas, se concluye que en la fusión se obtiene 4 veces más neutrones y estos con una energía 6 veces superior a la de la fisión.

Lo que se conoce como bomba atómica es la que está constituida por un generador de ondas de choque, formado por lentes de explosivo químico, una esfera de una masa subcrítica de U-235 o de Pu-239, y de una fuente auxiliar de neutrones. Al dar fuego simultáneamente a las lentes de explosivo químico se genera una onda de choque que comprime la esfera de U-235 o Pu-239. Cuando esta esfera se hace supercrítica alcanzando su densidad máxima, los neutrones previamente producidos en una fuente auxiliar alcanzan la esfera, iniciando las fisiones del U-235 o el Pu-239. En estas fisiones se produce energía y nuevos neutrones que, a su vez, inciden en otras fisiones y así sucesivamente. Al cabo de un par de segundos, se termina el proceso. La bomba así constituida se llama correctamente «bomba de fisión pura» y es de bajo redimiendo debido a la energía de los neutrones que se escapan. Un perfeccionamiento de este diseño consiste en colocar una capa de uranio natural alrededor de la bomba de fisión pura con 2 objetivos: reflejar parte de los neutrones que de otra manera se escaparían, desviándolos hacia dentro para que induzcan nuevas fisiones en el U-235 o Pu-239; y la otra, consiste en que los neutrones que se reflejan y penetran en ella puedan inducir fusiones en esta capa de uranio natural. Esta bomba es conocida como «fisión-fisión» y es la que, comúnmente, se suele designar como bomba atómica o bomba A. En ambos tipos, después de la explosión se produce una bola de fuego con temperaturas del orden de decenas de millones de grados y presiones de millones de atmósferas que arrasan y desintegran todo lo que encuentran a su paso.

La bomba de neutrones funciona de otra manera. Para que se produzca la fisión del deuterio y el tritio se necesitan temperaturas superiores a los 45 millones de grados, y estas temperaturas pueden alcanzarse en la explosión de una bomba de fisión pura. Si colocamos como cebo una bomba de fisión pura y alrededor una capa de deuterio y tritio, esto permitirá que la explosión de la bomba de fisión pura produzca una temperatura suficiente para iniciar la fusión del deuterio y tritio. Al final se obtiene una gran cantidad de energía y un intenso flujo de neutrones. La bomba así construida se designa correctamente «bomba de fisión-fusión» o también de «radiación intensificada», aunque suele llamarse inapropiadamente «bomba de neutrones» por los neutrones emitidos.*

Por otra parte, la conocida como bomba de hidrógeno representa una modificación de este último método. Para aumentar el rendimiento (el poder de destrucción) de una bomba de fisión-fusión, se coloca a su alrededor una capa de uranio natural o plutonio. Los neutrones producidos en la explosión inducen nuevas fusiones en el uranio natural, aumentando considerablemente la energía producida. De este modo queda constituida la bomba de fusión-fusión-fisión que vulgarmente se llama «de hidrógeno o termonuclear», y que algunos denominan «bomba H».** La que utiliza plutonio es más moderna y requiere un diseño más complejo. La masa fisionable se rodea de explosivos convencionales especialmente preparados para comprimir el plutonio, de forma que una bola de plutonio del tamaño de una pelota de tenis se reduce casi en un instante al tamaño de una canica, aumentando la densidad del material que entra instantáneamente en una reacción en cadena de fisión nuclear descontrolada. En pocas palabras: el plutonio actúa de detonador (cerilla) para encender la masa de uranio y poner en movimiento el fenómeno de la fusión.

En el caso de las bombas que transportaba el B-52 que cayeron sobre Palomares, se trataba de cuatro Mk 28 F1 del tipo fisión-fusión-fisión de 2.268 kilos de peso y una potencia de 1,5 megatones. La composición de las bombas termonucleares como estas era entonces —y hoy— secreto militar, aunque se conocen algunas cosas sobre su diseño y composición. En el caso de Palomares, parece que se trataba de un artefacto compuesto por un detonador convencional (que servía de iniciador) y de una esponja de uranio y plutonio. El fuerte impacto contra el suelo hizo explosionar la carga convencional de TNT producida por varias de las cápsulas detonadoras controladas eléctricamente. Normalmente, esta voladura se procede hacia dentro (implosión) pero en el caso de las bombas 2 y 3 tuvo lugar hacia el exterior, resquebrajando los envoltorios situados alrededor de las cabezas de los misiles. En contacto con el aire, los isótopos radiactivos de uranio-235 y del detonador de plutonio-239 que quedaron expuestos se oxidaron convirtiéndose en mínimas partículas muy volátiles y que fueron dispersadas por el efecto del viento en dirección suroeste-noroeste y contaminando una extensa zona al depositarse sobre el suelo, las plantas, las edificaciones y otras superficies. Según los estudios realizados por los norteamericanos, la contaminación superó los 2,3 kilómetros. Por razones de secreto militar se desconoce la cantidad exacta de plutonio que existía en las bombas, estimándose entre 9 y 10 kilos.⁵ Como las partículas de óxido de uranio y plutonio emiten radiaciones alfa aun en ausencia de una reacción nuclear, los expertos de la Fuerza Aérea estadounidense se dieron cuenta de la terrible realidad: los habitantes de Palomares y sus propios hombres llevaban horas sujetos a la contaminación radiactiva, aunque sin saber con certeza el grado de dicha contaminación y con la característica de que el plutonio-239 tiene una semivida (tiempo necesario para que se degrade hasta la mitad) de unos 24.100 años.

LOS CIENTÍFICOS NUCLEARES TOMAN EL CONTROL DE LAS NEGOCIACIONES

El único método de que se disponía en 1966 para poder detectar la radiación eran unos aparatos norteamericanos conocidos como PAC-1S que permitían medir las emisiones alfa que producían los isótopos. El detector, portátil y con forma plana —por eso enseguida se le apodó «la plancha»—, había sido problemático desde su diseño para mediciones en terrenos abiertos e irregulares, como era el caso de Palomares, pero no existía otra opción mejor en esos momentos. Como las partículas alfa tienen un alcance muy cortó en al aire (3-4 cm) y no pueden atravesar prácticamente ningún obstáculo (ni una hoja de papel, prenda de vestir o incluso una finísima capa de tierra), el PAC-1S tenía que colocarse extremadamente cerca de la superficie a supervisar, con el peligro de dañar su muy sensible ventana o dar mediciones erróneas.* Los problemas que provocó su utilización fueron tan evidentes que el general Wilson no tuvo reparos en criticarlo: «La USAF no estaba preparada para proveer de una adecuada detección y monitorización de su personal, cuando un accidente aéreo en el que se ve involucrado una bomba de plutonio se produce en un área remota de una nación extranjera».⁶ Los telegramas enviados a Washington desde el campamento Wilson, que después de unos días se trasladó a la zona de la playa al sur de Palomares en dirección a Garrucha para evitar los daños que podrían provocar posibles riadas, manifiestan que desde el primer momento las muestras de contaminación radiológica eran evidentes al detectarse mediciones por encima de los 2 millones de cpm. (cuentas o desintegraciones por minuto), el máximo que permitía el aparato.* Los propios estadounidenses tenían sus dudas sobre cómo actuar. Inicialmente, el personal que trabajaba en las tareas de limpieza y recuperación de las bombas en los cráteres utilizaban máscaras de gas que rápidamente fueron sustituidas por mascarillas quirúrgicas y unos guantes (estas medidas de precaución no se tomaron, sin embargo, con los guardias civiles que acompañaron a las tropas norteamericanas).⁷ Pronto se retiraron los monos de color naranja que se habían traído por el temor que causó entre la población local y se permitió que los soldados utilizaran una boina negra como pieza de cabeza, clásica en los alrededores, en lugar de sus gorros militares reglamentarios como medida de empatía con los vecinos. El informe final del Pentágono recogió, posteriormente, sus dudas sobre la efectividad de estas mascarillas quirúrgicas para detener la inhalación de plutonio: «sirvieron más como barrera psicológica que para las partículas de plutonio», afirma el documento.⁸

A finales del mes de enero, la principal preocupación de Estados Unidos era completar rápidamente las operaciones de limpieza, pero para ello era necesario fijar consensuadamente con los españoles los niveles aceptables de contaminación que podían quedarse. La dureza de las operaciones llevadas a cabo hasta ese momento para mantener la seguridad de la población local produjo un efecto curioso, ya que incrementó la preocupación de los vecinos por los posibles efectos de la radiación y mantuvo la historia en las primeras páginas de los diarios españoles e internacionales como veremos posteriormente.⁹ Apremiaba avanzar. Las autoridades de ambos países decidieron dejar el asunto en manos de sus científicos para que lo resolvieran a su nivel aunque manteniendo el criterio político cuando se producían discrepancias insalvables, lo que ocurrió un par de veces durante el mes siguiente. Curiosamente, los expertos en energía atómica españoles y estadounidenses aparecieron en Palomares al mismo tiempo: 3 días después del accidente, el día 20. Por parte española, la Junta de Energía Nuclear (recordemos la máxima autoridad en este campo y dependiente directamente del general Muñoz Grandes) envió a una comisión dirigida por el doctor Eduardo Ramos. Veterano de los primeros tiempos de la Junta, Ramos era responsable del departamento de Medicina y Protección y contaba con una amplia experiencia internacional y una reputación de profesional sólido y concienzudo. Por parte norteamericana, la Comisión de Energía Atómica, que había ya tomado riendas en el asunto, envió a dos especialistas a Madrid: el doctor John Hall, asistente del director para Relaciones Internacionales de la CEA —para los aspectos políticos— y el doctor Wright Langham —para los técnicos—. Langham era en ese momento el mayor experto en contaminación por plutonio del mundo y quien se quedará en Madrid hasta mediados de marzo como asesor del embajador Duke y mediador con la JEN: esto evidencia la preocupación que mostró Washington por el asunto. Según los telegramas norteamericanos, nada más llegar, ambas comisiones acordaron planes concretos para distribuirse el trabajo de vigilancia radiológica de personas, suelos, edificios y aire, además de tomar muestras de orina de los miembros de las familias que vivían en las inmediaciones de los cráteres de las bombas 2 y 3, y de los soldados que trabajaban en los campos contaminados.¹⁰

La primera cuestión importante que afrontaron tanto Ramos como Langham se refería a si era necesario o no evacuar a la población civil y, en el caso español, si se movilizaba a la Junta de Defensa Pasiva que, en teoría, estaba preparada para hacer frente a este tipo de catástrofes atómicas.* Según recordó el doctor Ramos al cumplirse los 2 años del accidente, en abril de 1968, fue quizá una de las decisiones más difíciles que tuvo que adoptar en relación con el accidente:

Quiero mencionar la decisión que tuve que tomar el primer día que llegué al área respecto a la necesidad de ordenar la evacuación completa como había sugerido un periodista al alcalde de una ciudad cercana. Si lo hubiera autorizado, estoy seguro de que a posteriori la mayoría de la gente no hubiera vuelto a sus casas y el daño material y moral para la región hubiera sido incalculable, con lo cual dicha decisión debía de tomarse con mucha cautela.¹¹

Es decir, optó por no evacuar para mantener la tranquilidad y no destruir el futuro de la zona que hubiera quedado más estigmatizada aún de lo que resultó. Objetivamente, las mediciones realizadas y los indicios recogidos aseguraron que no se había producido una detonación nuclear en cadena y que, por tanto, el riesgo para la población no era tan grave como lo demostrara el que no hubiera muertos o víctimas graves. En el caso de Langham, su decisión inicial estuvo basada más en la experiencia:

En gran medida por intuición. Una hora después de haber llegado, estaba completamente relajado. Se trata de una de esas situaciones donde todas las circunstancias son correctas. Si volviera a ocurrir, tendríamos problemas porque seguro que no contaríamos con la misma suerte. Los vientos soplaban correctamente, la gente no se encontraba en los campos, los restos de los aviones cayeron cerca de las personas pero no hirieron a nadie. Es una de esas ocasiones donde todo sale bien.¹²

MISTER PLUTONIO MARCA LA DIFERENCIA

El doctor Langham era conocido en el mundo biomédico como «Mister Plutonio» porque era uno de los pioneros de su estudio y se consideraba que nadie en el mundo sabía en ese momento más sobre el comportamiento de este isótopo. Nacido en Winsburro (Texas), logró su doctorado en Bioquímica en 1943 en la Universidad de Colorado y comenzó a trabajar inmediatamente en el llamado «Proyecto Plutonio» en el Laboratorio Metalúrgico (Met Laboratory) de la Universidad de Chicago, donde se llevó a cabo la primera reacción atómica en cadena. Al año siguiente, se incorporó a los Laboratorios Nacionales de Los Álamos y, poco después, asume la dirección de su división de Investigación Biomédica hasta su muerte, acaecida en 1972 como consecuencia de un accidente aéreo. Su mayor contribución la realizó en el campo de la radiación, tanto desde el punto de vista biológico como toxicológico. El plutonio es descrito como una de las sustancias más tóxicas conocidas por los humanos porque cuando es inhalado o ingerido puede irradiar órganos internos y causar enfermedades mortales como, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Por ello, conocer su toxicidad y funcionamiento era básico para los trabajadores del programa nuclear o los que extraían uranio en las minas. Gracias a los ensayos clínicos con humanos, durante los cuales inyectaba plutonio a pacientes sin su consentimiento, el científico estadounidense determinó lo que se conoce como «ecuación de Langham», que permite medir la contaminación de plutonio que tiene una persona a través de sus excreciones. De personalidad afable y agradable, su fórmula facilitó que las autoridades pudieran determinar los valores máximos permisibles de plutonio en el cuerpo humano y fijó las concentraciones admisibles en aire y agua. Algo que, en términos generales, sigue siendo válido en la actualidad. Los experimentos llevados a cabo por Langham mostraron que solo el 8,7 % del plutonio introducido dentro del cuerpo fue excretado después de 5 años y un 12,7 % al cabo de 20 años, lo que sirvió para reducir sustancialmente los niveles de tolerancia a este isótopo que podía permanecer en el cuerpo humano radiando durante largos períodos. Durante y después del proyecto Manhattan, que culminó con la fabricación de la primera bomba atómica, había una gran preocupación por el desconocimiento que existía sobre cómo medir las cantidades de plutonio que quedaban retenidas a través de la orina y las heces que se excretan. Para ello, Langham empezó investigando en ratas pero entre octubre de 1945 y julio de 1946 pasó a humanos. Inyectó entre 1 y 5 microgramos de plutonio a 11 pacientes del Programa Médico de la Universidad de Rochester para conocer cuánto plutonio retenían y cuánto expulsaban. Los pacientes eran 6 hombres y 4 mujeres entre 41 y 68 años, con la excepción de un joven de 18 años. Sufrían diferentes dolencias: desde alcoholismo hasta hormonales y requerían hospitalización. Al igual que en el caso de Palomares, se argumentó que su participación en el programa experimental alargaba su vida al estar bajo extrema supervisión médica. El control duró 10 días durante los que se guardaron todas las muestras de orina y heces fecales. En un plazo de un año, 5 de los pacientes habían muerto por sus dolencias diagnosticadas y se demostró una relación entre la dosis de Pu-239 y los años que vivieron después de las inyecciones.¹³ Los análisis también confirmaron que la mayoría del plutonio se depositaba en los huesos del esqueleto y el hígado, al contaminar conjuntamente el 90 % del isótopo en todo el cuerpo. Según se descubrió años después, los pacientes a los que se inyectaron isótopos entre 1945 y 1946 no fueron advertidos a causa del razonamiento oficial de que en esa época la palabra «plutonio» era secreta —se le denominaba en clave 49 o simplemente «el producto»— y, por tanto, revelarla se consideraba un riesgo de seguridad en el marco del Programa Manhattan.* Años después, Langham recordó su participación en Palomares:

Me encontraba en Washington y me dijeron que me fuera a Madrid inmediatamente y no tenía ni siquiera pasaporte, solo un par de pijamas y mi neceser. Estuve solo cinco días y volví a casa. Estuve otros cuatro días y regresé a España donde permanecí cinco semanas. Cuando llegué era obvio que no nos enfrentábamos a un grave problema de salud. Me enviaron de nuevo y me asignaron como consultor de la embajada, cuando las negociaciones empezaron.¹⁴

Quizá por ese pasado, algunos como el escritor José Herrera, estiman que el verdadero propósito de Langham era dejar en España el máximo de basura radiactiva. Según su interpretación, el científico norteamericano llegó con dos propósitos principales: a) aliviar en lo posible a sus compatriotas las obligaciones contraídas de descontaminación y, b) la posibilidad de mantener un laboratorio vivo, singular y único en el mundo con más de 1.000 personas y 3 escenarios de cultivos agrícolas, ganados y parajes silvestres para estudiar cómo les afectaba el plutonio y hasta qué punto se podía vivir con él.¹⁵ En contraposición a esta teoría hay que decir que Langham no tuvo reparos en reconocer en público la peligrosidad del plutonio, sin que, por ello, rechazara el principio de que era posible vivir con él con niveles apropiados:

Una cantidad suficiente de plutonio y uranio en el pulmón o en el hígado puede producir cáncer. Lo hemos demostrado millares de veces en animales. El plutonio si se toma de forma sistemática es, sin duda, malo. No hay duda al respecto. Algunos consideran que es una de las sustancias más tóxicas para el hombre. Creo que esto es erróneo y solo hace falta mirar las tablas de toxicidad y los niveles máximos tolerables.¹⁶

Durante esa primera estancia en Madrid, el doctor Langham y otros técnicos de la CEA y de los Laboratorios de Los Álamos formularon una propuesta de niveles máximos de contaminación aceptables, en su opinión, por no ser nocivos para la salud. En realidad muy pocos tenían experiencia al respecto y los españoles ninguna. Por eso, los cálculos norteamericanos tomaron como punto de partida el manual de Armas Atómicas aprobado en 1963 y utilizado hasta entonces para las instalaciones atómicas de EE. UU., y los resultados llevados a cabo tras los ensayos nucleares en Nevada. En este caso, la intención de Langham era aplicar estos parámetros a las zonas 2 y 3 (bautizadas así al haber caído en ellas las bombas con los mismos números). En un informe técnico que no tiene fecha pero que parece escrito nada más llegar a la capital española, Langham analiza con detalle la situación y define la estrategia a seguir. Resalta que lo más preocupante es la zona 3 por la proximidad de casas y, tomando como referencia Nevada, menciona que las características de la contaminación en Palomares son muy similares: discontinuas y poco homogéneas. Como resultado de estas características, recomienda a las autoridades civiles y militares españolas que se elimine toda la superficie con medidas superiores a los 100.000 cpm. hasta una profundidad de 5 o 6 centímetros y sea reemplazada por suelo nuevo descontaminado. Por otra parte, cuando las medidas radiológicas estaban entre 100.000 y 7.000 cpm., bastaba con regar y lavar los campos con agua y ararlos inmediatamente hasta una profundidad de al menos 10 centímetros y así sucesivamente hasta que la contaminación descendiera a 50 cpm., «que sería lo prudente en vista del viento y el nivel de cultivo del área». Para finalizar hace una recomendación más específica:

Estoy convencido de que el potencial daño infringido a esta infortunada comunidad será completamente insignificante si las recomendaciones de descontaminación aquí propuestas se cumplen razonablemente. Eso no significa que no pueda estar sujeta a importantes factores económicos y psicológicos. Es muy probable que estos últimos sean los más difíciles de controlar a largo plazo. Cualquier enfermedad, pérdida de cosechas y muerte de animales en al área en el futuro, independientemente de su causa real, serán probablemente y con frecuencia atribuidos al plutonio. Por eso, recomiendo que a la agencia española de la energía atómica [la JEN] se le conceda la máxima consideración y ayuda para que pueda enfrentar el impacto futuro del factor psicológico ya que, probablemente, la población local se dirigirá a ellos y al gobierno como los expertos en temas en los que están involucrados efectos del plutonio reales o imaginarios.¹⁷

Mientras esto ocurría, los soldados norteamericanos iniciaron la señalización de los límites de contaminación de la denominada línea cero con banderas de distintos colores (rojo primero, blanco después) y el Departamento de Estado asumió que el límite de 100.000 cpm. era perfectamente satisfactorio para proteger la salud pública y dio instrucciones a la embajada en Madrid para que buscara un acuerdo en estos términos. Todas aquellas tierras con contaminación alfa por encima de ese límite serían removidas hasta una profundidad de 5 o 6 centímetros y enterradas en un almacén apropiado y preparado para evitar que pudieran contaminar recursos acuíferos subterráneos. Aquellas áreas con mediciones entre 10.000 y 7.000 cpm. verían sus cosechas retiradas y enterradas, y el suelo lavado con agua y arado a una profundidad de al menos 10 centímetros, siguiendo las directrices de Langham. De esta manera, la contaminación quedaría enterrada y no habría problema de resuspensión ni de contaminación por inhalación. La propuesta fue presentada a Ramos y sus colegas del JEN para consideración. La respuesta no fue satisfactoria a los ojos de Washington:

Las autoridades de la JEN española, sin embargo, se negaron a aceptar una descontaminación basada a lo requerido por la salud y la seguridad. Demandaron una ampliación del criterio de retirada de tierras para incluir más tierras [a partir de los 7.000 cpm. al mismo nivel que los superiores de 100.000 cpm.] y limpieza con agua y arado en todas las áreas afectadas.¹⁸

Casi inmediatamente apareció en primer plano la cuestión de qué hacer con los residuos altamente contaminados. Así lo reconocía el propio «Mister Plutonio»: «grandes montañas de terreno contaminado y basura se acumularon en la zona de impacto de la bomba dos. La cuestión era: ¿Qué hacer con ello?», explicaba. El doctor D. Lamb, un especialista del DOE en radiación en animales y humanos que trabajó 6 semanas en Palomares, recuerda así la reacción de los españoles cuando se les hizo la propuesta del cementerio nuclear:

Dependiendo del acuerdo que pudiéramos alcanzar con los españoles y de lo que tuviéramos que limpiar, la fosa podría ser tan grande como un campo de fútbol [americano - unas 120 yardas (109,7 m) de largo y 53,3 yardas (48,7 m) de ancho] y una profundidad de 50 pies (15 centímetros). Los españoles decidieron entonces que querían que la fosa estuviera revestida de asfalto y, cuando aceptamos, entonces, agregaron que querían que se colocara una losa de hormigón y una valla alrededor. Además exigieron que el gobierno de EE. UU. alquilara el terreno hasta que la radiactividad descendiera a niveles no dañinos ... estaríamos hablando de al menos 125.000 años ... se lo figuran».¹⁹

De aceptar la contrapropuesta española, Estados Unidos tendría que asumir una responsabilidad casi de por vida o llevarse de España una cantidad de terreno contaminado ingente que no se consideraba viable. Según algunos representantes de Washington en Madrid, la cuestión de dónde almacenar la basura radiactiva se había convertido en una urgencia. Los españoles seguían mostrando su preocupación por las repercusiones de improvisar de la noche a la mañana un cementerio atómico, pero los norteamericanos no estaban dispuestos a aceptar una negativa: «Nosotros empezamos a excavar en cualquier caso, sin esperar a nada», concluyó Langham.²⁰ Tras varias rondas de negociaciones y conversaciones, el general Montel, que había sido nombrado máximo representante del Gobierno para las tareas de limpieza y remediación relacionadas con el accidente, y los representantes norteamericanos llegaron el 2 de febrero a un primer acuerdo sobre cómo limpiar las tierras y cosechas contaminadas. Los puntos principales de este acuerdo eran:

1. Seleccionar un lugar con condiciones adecuadas para construir una fosa [almacén] para depositar los residuos y productos altamente contaminados.

2. Construir dicha fosa con las debidas precauciones desde el punto de vista de la salud pública.

3. Las cosechas de vegetales con contaminación alfa superior a 200 cpm. serían retiradas para ser depositadas en la fosa y enterradas.

4. Los huertos serían limpiados cuidadosamente con agua para remover todo resto de contaminación.

5. Las zonas tratadas según los puntos 2 y 4 serán mantenidas bajo vigilancia para cumplir los siguientes criterios:

a. La tierra por encima de 7.000 cpm. será removida y depositada en la fosa y reemplazada por otra tierra refertilizada.

b. Las áreas con niveles de contaminación de entre 7.000 y 700 cpm. serán regadas con agua, aradas y monitoreadas.

c. Los suelos por debajo de 700 cpm. serán empapados con aguas para reducir al mínimo la contaminación.

6. Todas las operaciones de supervisión se llevarán cabo con el PAC-1S.²¹

Con estas primeras ideas consensuadas, la colaboración entre españoles y norteamericanos se intensificó. Los técnicos de la JEN llegaron a Palomares con su propio equipo. No solamente contaban con medidores PAC-1S sino que incluso desplazaron un laboratorio móvil instalado en una furgoneta Volkswagen que contaba con cuatro medidores alfa, un monitor ambiental y un contador de radios gamma. Aquello sorprendió a los yanquis, que pensaban que los españoles no eran unos entendidos en la materia. Pronto se dieron cuenta de que estaban equivocados y de que el pequeño equipo de la JEN estaba decidido a tomar en serio su misión y cuidar de su propia gente. Langham lo explica como sigue:

Los colegas de la JEN española estaban extraordinariamente al corriente [de lo que representaba] y extremadamente cooperativos. Su actitud fue: «no se centren en la gente, preocúpense de los tomates y las zonas contaminadas. Nosotros nos preocupamos de la gente. Hicieron un trabajo excepcional. Fueron muy cooperadores, como se diría, fue increíble y algo a reconocer. Solamente había tres o cuatro personas, pero los dos principales [debe referirse a Ramos e Iranzo] habían estado un año o dos en EE. UU., Rochester y Brookhaven. Sabían algo respecto a lo que tenían entre manos aunque alguno de ellos con demasiada preocupación.²²

NI CEMENTERIO NUCLEAR NI MONUMENTO ATÓMICO

Tras la aceptación a regañadientes por parte de las autoridades españolas de construir el primer cementerio de residuos atómicos en suelo español aunque exigiendo un cerramiento completo, la embajada de EE. UU. solicitó la cesión de expertos en la geología de la zona para un estudio preliminar de su localización y construcción. Se recurrió a la empresa nacional ADARO, que buscó a las personas más idóneas en el centro de trabajo más cercano: las minas auríferas de Rodalquilar. Finalmente, la persona designada para acometerlo con celeridad fue Gonzalo Leal Echevarría, un ingeniero de minas que llevaba trabajando desde 1963 en esa explotación con el objeto de determinar si tenía futuro o había que cerrarla a pesar de estar situada en una de las zonas más deprimidas del país. Sin saber muy bien las especificaciones de la asesoría que se buscaba, Leal Echevarría formó un pequeño equipo constituido por otro ingeniero de minas, Francisco Pérez Manzuco, interesado como almeriense en el tema, y José Iglesias Garnica, un ingeniero técnico de Minas.*

Se trataba —escribió Leal Echevarría— de elegir entre varios lugares que alguien había ya preseleccionado utilizando tan solo el criterio de situación de cota más alta. Las especificaciones eran elegir el más adecuado para garantizar que no habría escape ni contaminación posible de aguas en un plazo que, aunque ya no lo recuerdo, era de cientos de años, lo cual descargaba algo la responsabilidad, ya que, para entonces, se suponía que los que estábamos allí estaríamos todos calvos. En cualquier caso no se hubiera podido exigir mucha responsabilidad sin el tiempo ni los medios para responder a ella.²³

El proyecto consistía en elegir un lugar para abrir una gran fosa y encajar dentro la construcción de una enorme caja-depósito sellada por los cuatro costados que estuviera constituida por tres capas de diferente material como aislamiento permanente. Una interior de plomo, otra intermedia de cemento u hormigón especial y una tercera exterior de un plástico, también especial, que garantizaba la impermeabilidad. La morfología del depósito, tanto como el tipo de hormigón, debían tener características antisísmicas, ya que la zona estaba relacionada con el cinturón de sismicidad-vulcanismo circunmediterráneo, lo cual se indicaba en el informe que se llevó a cabo entre el 27 de enero y el 4 de febrero.²⁴ Se establecerían controles regulares de sensores radiactivos, tanto en tierra como en agua, con una oficina de vigilancia permanente, y fueron visitados rápidamente en condiciones muy precarias varios emplazamientos. Para facilitar la búsqueda, los norteamericanos pusieron a disposición de los ingenieros españoles un helicóptero: «Trajeron uno descomunal, de transporte de personal, de doble rotor, lo cual, pensé, era una salvajada poco pensada, pero para mí sería positiva, ya que al aterrizar montaba tal ventolera que allí donde lo hacía inutilizaba el trabajo de los que ponían las banderitas blancas y rojas, ya que el polvo radiactivo cambiaba de geografía dispersándose en todas direcciones, pero dejando más limpia mi zona de trabajo. En cualquier caso, cuando volvía me tenía que duchar y volver a vestir al menos dos veces hasta que desaparecía el ronquido del contador al pasar por zapatos, ropa y sobre todo pelo, operación a la que nos sometíamos todos los días al salir».²⁵ Al final se optó por construir la fosa en la llamada zona 2 (donde había caído la segunda bomba) porque la impermeabilidad de las capas margosas garantizaba un mínimo de filtración de aguas. Se trataba de un pequeño valle de colinas, ubicado a la espalda del cementerio, a salvo de las miradas indiscretas de los periodistas. De la construcción del sofisticado emplazamiento se encargaron un ingeniero americano (el responsable del proyecto de la base aérea conjunta de Torrejón) y, por parte española, el teniente coronel Santiago Noreña de la JEN. El enterramiento, que en algún momento los españoles propusieron fuera alquilado por Washington mientras la contaminación estuviera viva —es decir miles y miles de años—, tenía unas dimensiones de entre 764 y 1.000 m³, tipo zanja rectangular de 30 metros de largo por 10 de ancho y entre 3 y 5 de profundidad. Y, a partir de ese momento, se empezó a almacenar allí toda la basura contaminada para su posterior eliminación o tratamiento. En previsión de ello, el 12 de febrero, ya se habían trasladado a esta zona cerca de 150 metros cúbicos de suelos y vegetación procedente del área 3 contaminadas por encima de los 100.000 cpm. Los norteamericanos decidieron priorizar la zona 3 en relación con las labores de descontaminación por tratarse de un área habilitada y cultivada, frente al área 2 que era prácticamente desértica. Un par de semanas después, el teniente coronel Noreña dio la autorización para que pudiera enterrarse en la fosa las tierras y cosechas contaminadas trasladadas, pero casi inmediatamente llegó la orden de detener todas las operaciones.* Coincidiendo con estas acciones,** la noticia del acuerdo para enterrar en España las tierras contaminadas llegó al Departamento de Estado, que puso el grito en el cielo y vetó inmediatamente el planteamiento: los diplomáticos norteamericanos rechazaron la propuesta al considerar que no tenía ningún sentido crear un monumento perpetuo a un accidente nuclear al que pudieran peregrinar todos los críticos de la energía atómica. El propio secretario de Estado, Dean Rusk, llamó estúpidos a aquellos diplomáticos que habían considerado la propuesta: «Quién ha sido tan tonto como para proponer que tomemos parte en un monumento al accidente indefinidamente en España», cuenta que dijo a sus ayudantes.²⁶ Lo cierto es que es curioso que en España se avanzara en el tema de un cementerio atómico cuando semanas antes, en concreto, el 6 de febrero, una comisión interministerial del gobierno estadounidense había tomado una decisión firme en sentido contrario. Según el telegrama que se envía a los mandos militares y a la embajada en Madrid, la Administración Johnson había acordado en esa reunión la decisión de «evitar el vertido o enterramiento de material contaminado en España o en el Mediterráneo, como parte de un esfuerzo por buscar la imagen pública más apropiada internacional e internamente». Este acuerdo se refería tanto a los restos de los aviones con contaminación superior a 10.000 cpm. —en este caso preocupaba especialmente la reacción de los biólogos franceses si se vertieran al mar—* como en relación con los dos primeros centímetros de la superficie con emisiones alfa por encima de los 100.000 cpm. Señalaba expresamente que no se aceptaría la intención del gobierno de Franco de llevar a EE. UU. todas las tierras con contaminación superiores a 7.000 cpm. porque, entre otras cosas, superaría el volumen máximo autorizado a retirar, unos 1.100 metros cúbicos —cifra que resultó prácticamente exacta a pesar de decidirse sin saber cuáles eran los niveles de contaminación que existían en Palomares ni el acuerdo final que se alcanzaría con las autoridades españolas—.²⁷ Es decir, que EE. UU. decidiera llevarse la contaminación a su territorio fue una decisión que la Administración Johnson tomó por su cuenta, sin petición expresa de Franco, y durante los primeros momentos de la crisis. En el mismo sentido, Duke recibió instrucciones de sus jefes de que no se comprometiera explícitamente a la compra de la próxima cosecha de tomates aunque sí aceptó que se comprometiera con «algún tipo de paliativo económico» como compensación:

Estados Unidos considera que sería una equivocación anunciar públicamente que estamos preparados para adquirir ahora la cosecha de tomates para el próximo año o sucesivos. Sería preferible dejar que la economía del área evolucionara con normalidad pero con el entendimiento y compromiso explicitado en este momento al gobierno español que en el caso de que el miedo real o imaginario impida la venta de cosechas futuras, EE. UU. está preparada para comprar las cosechas o hacer las compensaciones económicas que puedan acordarse conjuntamente.²⁸

La oposición de Washington a dejar en España el suelo contaminado reavivó la determinación de los españoles por luchar contra los criterios de limpieza que querían imponer los norteamericanos y ambas partes volvieron a la mesa de negociación. Si Estados Unidos se iba a llevar toda la basura radiactiva —una importante concesión a Madrid, por otra parte—, a cambio había que reducir sustancialmente su volumen. Con estos argumentos y el plan preparado, la embajada de EE. UU. convocó una importante reunión entre expertos de los 2 países para el 14 de febrero sin que, sin embargo, se lograra avanzar demasiado ante lo que Washington entendió como rechazo de los españoles por aceptar «límites más razonables». Dos días después, el 17 de febrero, los técnicos de EE. UU. y de la misión militar del Pentágono en España se volvieron a reunir, pero en este caso a nivel político: las altas esferas del Alto Estado Mayor, creemos que con la asistencia del propio Muñoz Grandes, y de la JEN. En la reunión, los militares españoles continuaron presionando por la retirada de todo el suelo y cosechas con contaminación superior a los 7.000 cpm., mientras que los estadounidenses repitieron su postura de aceptar solo por encima de 100.000 cpm. Finalmente, las dos partes lograron una fórmula de compromiso que resultó ser una claudicación en toda regla.* La propuesta era un experimento técnico que condicionará la decisión política. Dos parcelas con la misma actividad alfa y superior a 60.000 cpm. serían aradas y regadas a profundidades distintas: 8 pulgadas (20,3 centímetros) una, y 4 pulgadas (10,1 centímetros) la otra. Si posteriormente, las mediciones en superficie daban lecturas muy bajas, el gobierno español abandonaría su demanda de retirar todos los terrenos con contaminación superior a los 7.000 cpm. Las pruebas se realizaron en menos de 48 horas y fueron positivas para los intereses norteamericanos, que pusieron especial cuidado en su desarrollo y resultado. En pocas palabras, a partir de entonces, el límite de 60.000 cpm. se convirtió en la línea divisoria entre lo que EE. UU. se llevaría a su país y lo que se quedaría en España.²⁹

En resumen, el acuerdo final entre España y Estados Unidos sobre los niveles y métodos de descontaminación de los suelos y cosechas contaminados radiológicamente en Palomares quedó fijado en los siguientes términos:

1. Los suelos y cosechas contaminados por encima de 60.000 cpm. serán retirados por medio de un raspado hasta una profundidad de 10 cm (cuatro pulgadas) y evacuados fuera de España. Localizados en los puntos de impacto de las bombas 2 y 3 y representarán un total de 2,2 hectáreas.

2. Los suelos con contaminación entre 7.000 y 60.000 cpm. serán regados y volteados con un arado hasta una profundidad de 20 centímetros para diluir la concentración radiactiva.

3. Las tierras por debajo de 7.000 cpm. serán regadas, al no requerirse otros remedios.

4. Suelos por debajo de 10.000 cpm. se considerarán aceptables cuando no se puedan aplicar otras medidas

5. Cultivos con lecturas superiores a 400 cpm. serán arrancados para ser enviados a EE. UU.

6. Todas las cosechas con niveles por encima de 700 cpm. y vegetación con menos de 400 cpm. serán quemadas.

LOS ESPAÑOLES ACEPTAN REBAJAR LA LIMPIEZA DE LA ZONA 2

Con la conclusión de las negociaciones sobre los niveles de contaminación aceptables, el énfasis de los trabajos giró en torno a las tareas de delimitación concreta de dicha contaminación —conocida como línea cero— y las tareas de limpieza propiamente dichas. El 22 de enero, 5 días después del accidente y aún sin acuerdo sobre hasta dónde había que descontaminar, se comenzó a retirar las cosechas y 5 días después las operaciones de arado y volteo de los terrenos. La tarea era tan dura que los norteamericanos decidieron utilizar a los propios españoles para arrancar las matas de tomate y los cultivos. Se les pagaba 8 dólares por día más el gasóleo gratis en el caso de que utilizaran sus propios tractores para arrancar su propia cosecha, lo que para algunos representaba una verdadera fortuna. Poco a poco se perfeccionó la práctica y se llegó a la conclusión de que las tierras debían ser profusamente regadas con agua —llegada directamente de EE. UU. a través de aljibes— para evitar el polvo y la resuspensión de partículas calientes. En alguna ocasión se llegó a usar también combustible diésel (especialmente para las áreas más contaminadas). En un día normal, se movían cerca de 140 camiones hacia zonas de almacenamiento o a los lugares para su incineración. La quema de cosechas y matorrales se hacía por la noche cerca de donde había caído la cola del B-52, en la orilla del río Almanzora, cuando los vientos soplaban hacia el mar, y a partir de febrero se trasladó a la desembocadura del mismo cerca del mar, para lo que se construyó una carretera especial por la que pudieran circular los camiones cuyas ruedas eran limpiadas con cuidado para no extender los restos de plutonio a otras zonas. El 2 de febrero quedó finalizada la evaluación de las áreas máximas donde se habían encontrado restos de contaminación atómica y que fueron marcadas con unos banderines rojos. En un principio la zona afectada rondaba las 256,6 hectáreas pero un fuerte temporal de viento la amplió, obligando a los norteamericanos a repetir las mediciones y reajustar los banderines.³⁰ La contaminación se había esparcido otras 6,4 hectáreas más hasta las 263 hectáreas.* Los españoles, por su parte, se concentraron en controlar y limpiar las zonas habitadas. Aunque los equipos de inspección eran mixtos —dos miembros de la Junta por un estadounidense—,* los españoles lideraban aquellas tareas relacionadas directamente con la población civil y vigilaban con cuidado todas las decisiones. En un informe fechado en 1968, Ramos recordaba que uno de los principales problemas fue rebajar la contaminación que se detectó en algunas casas de las que la Guardia Civil tuvo que desalojar a al menos 6 familias mientras que otros moradores optaron por enviar a sus niños a las casas de parientes en pueblos vecinos. Se eligieron varios métodos con distintos resultados. «Un problema difícil fue la descontaminación de los muros de las casas, lo que resolvimos aplicando varias capas de pintura. Con ello, logramos dos propósitos: primero, la fijación de la contaminación para prevenir la resuspensión que le hubiera permitido entrar en las casas a través de las ventanas o cualquier abertura en los muros, y la segunda, la interposición de capas de un material denso (en este caso óxido calcio) que absorbía las radiaciones alfa poco penetrantes».³¹ El experto español reconocía, asimismo, que la dispersión de las casas que conformaban el pequeño pueblo contribuyó a que la concentración del plutonio fuese menor y explicó que, según el tipo de edificación, también se optó por regar fachadas y techos cuando era posible.

Con respecto a las demás zonas, empezaron a quedar rehabilitadas dentro de los límites pactados. El problema se concentró en la llamada zona 2: según el informe oficial estadounidense del suceso, «Palomares Summary Report», escrito en 1975, se trataba claramente del área más conflictiva por diversas razones.³² No solo porque se produjo una fuerte contaminación al romperse la bomba que cayó allí sino también porque, como hemos visto, fue utilizada como almacén temporal de los residuos que provenían de otros lugares. Asimismo, durante un tiempo se quemaron cosechas contaminadas —en total el equivalente a 470 camiones— y se excavaron fosas en las que se enterraron restos de suelos y vegetación. Pero eso no fue lo más preocupante. Según el especialista en radiación del DOE, doctor Lamb, el problema era otro y más complejo:

Una de las grandes controversias necesitó otro viaje a Madrid para reunirnos con las más altas autoridades [españolas]. Las montañas estaban también contaminadas y estaban contaminadas hasta el grado de tener que ararlas. Tenías que ver la reunión qué grande era. Imagínense intentar arar algo como esto ... En este caso, sostenían que debía ser arado a pesar de que no se pudiera. Cuando se les recordó, respondieron: «lo sabemos pero arar fue vuestra solución al problema» (risas). Por ello, otra cosa que se requería era una gran dosis de paciencia porque por cada montaña había una reunión y una discusión, reuniones, reuniones, reuniones.³³

Los documentos estadounidenses reconocen que en la zona próxima a la bomba 3 (la que cayó en medio del pueblo) las tareas de descontaminación removieron toda la tierra con restos de plutonio hasta el nivel de los 7.000 cpm., lo que quizá explica que quedara menos radiactividad residual. Sin embargo, estos mismos niveles de limpieza parecían imposibles para los cerros de Cabezo Negro, cerca del cementerio, donde habían caído gran parte de los despojos de los aviones y se habían encontrado 7 cuerpos calcinados de los miembros de las tripulaciones de los aviones. La reunión al más alto nivel se celebró el 28 de febrero en el campamento Wilson, a la orilla del Mediterráneo. Alrededor de la mesa los principales protagonistas: por parte estadounidense los generales Donovan y Wilson más Langham como asesor científico, y por parte española, Eduardo Ramos con algún otro miembro de la JEN. La zona era pura roca desértica y estaba alejada de cualquier centro urbano. Una limpieza a los niveles exigidos para las demás áreas hubiera representado no solo un gran trabajo sino un fuerte cambio orográfico del terreno. Langham recordaba años más tarde la reunión de esta manera:

Nos encontramos con laderas de pura roca contaminada por encima del nivel que se había acordado y que debíamos arar. ¿Entonces cómo aras una montaña rocosa? Presentamos a los españoles el problema. Esto produjo una verdadera crisis. Los españoles respondieron: «Bueno, si no estamos equivocados, arar fue su solución, entonces ¡aren!...» (Risas). Al final, acordamos que en este caso, elevaríamos los límites un poco y revisaríamos toda el área y si encontrábamos áreas contaminadas por encima de este nuevo límite, las trabajaríamos manualmente con picos y palas para removerlo.³⁴

Al final, como no podía ser de otra manera según Washington, lo españoles entraron en razón y aceptaron un acuerdo específico para esa zona que rebajaba la calidad de la limpieza autorizada. El acuerdo constaba de tres puntos solamente. Quizá el más importante era el segundo, que estipulaba que «el nivel permisible de contaminación» se fijaba en 10.000 cpm., bastante por encima de los 7.000 cpm. que se había marcado para el resto. Por eso, para las áreas por debajo de este nivel solamente se estipulaba que EE. UU. debía lavarlas con agua «cuando era posible». Por otra parte, aquellos «puntos calientes» con radiaciones alfa por encima de los 60.000 serían retirados e incluidos en los residuos que debían abandonar España. Aun así, para los norteamericanos la concesión española era mínima porque consideraban aún bastante alto el nivel pactado al ser la mitad del mínimo considerado saludable en EE. UU. «Este nivel tan bajo es justificable teniendo en cuenta los factores políticos y psicológicos particulares del accidente. El volumen resultante de material que será trasladado a territorio de EE. UU. se mantiene dentro de las estimaciones iniciales y lógicamente es posible de realizar», concluye.³⁵ En cualquier caso, quizá en estas decisiones tomadas en un momento y un sitio concreto residen las consecuencias que posteriormente han marcado la vida de Palomares y sus habitantes.

Gráfico 1. Niveles de contaminación en 1966

Fuente: Dunming, Gordon, Deputy Director, Division of Operational Safety, DOE, Secret, 6 de abril de 1966, desclasificado por el DOE para el autor.

Poco a poco parecía acercarse el final de estas tareas de rehabilitación. Para el primero de abril —como se habían comprometido los norteamericanos para asegurar una buena temporada turística— se había completado la restauración de las tierras y cultivos, y retirado todo el material contaminado siguiendo los límites pactados. Se repusieron todos los conductos dañados, acequias, pasarelas, vallas de bloques de cemento y de chumberas, y se aplanaron aquellas superficies que exigieron sus propietarios hasta que quedaron a su agrado. En resumen, todo estaba preparado para poner punto y final a este capítulo de la historia. Solo faltaban dos cosas: llevarse los terrenos y cosechas más contaminados a EE. UU. y devolver los terrenos supuestamente limpios a sus dueños para poder volver a la normalidad.

Desde principios de febrero, el Pentágono ya tenía resuelto cómo se iba a llevar la basura radiactiva. El método era sencillo y a la vez seguro. Después de evaluar distintas opciones, optó por introducir los 1.137 m³ de tierras y vegetales contaminados en bidones azul oscuro de aceite o hidrocarburos de 208 litros. En concreto, se encargaron un total de 5.500 bidones a una empresa italiana radicada en Nápoles que los suministró directamente a las playas de Palomares en un tiempo récord. Todos estaban allí antes del 9 de marzo. Según los datos norteamericanos de lo que se retiró de España, un 73 % consistía en tierra (unos 831 m³) y el resto, el 27 % (305 m³), matas, vegetales y arbustos. Los bidones se llenaron en su mayoría en la zona 2 y se cargaron en camiones aprovechando el desnivel de una de las fosas con dos tercios de vegetales y uno de tierra para que no pesaran mucho y pudieran ser manejables. En total se completaron 4.810 bidones sin que se sepa el paradero de los 690 restantes, lo que generó rumores y diversas leyendas urbanas.* En principio, la idea consistía en llevarlos por carretera al puerto de Cartagena para ser enviados vía marítima hacia EE. UU. (tras descartarse la opción aérea). Pero, como consecuencia de la advertencia del Departamento de Defensa de que se debía reducir al mínimo el transporte por carretera para no afectar a la sensibilidad local, se optó porque la Navy embarcara directamente los bidones en la playa y los trasladara a buques en alta mar a bordo de 4 lanchas de desembarco. Y con esta idea en mente de que toda la operación pasaría lo más desapercibida posible (ya no era posible mantenerla secreta por la cantidad de periodistas que merodeaban por la zona), los mandos militares estadounidenses decidieron, asimismo, saltarse la norma de etiquetado y eliminar las marcas que avisaban de que se trataba de material radiactivo. La tarea de llenado de los bidones se realizó en 4 turnos y en escasamente 15 días estuvo terminada. Su traslado al buque USNS Boyce se produjo entre el 22 y 24 de marzo y, en esa misma fecha, partió con destino a la costa norteamericana. Unos días más tarde, el 7 de abril, salieron en 26 vagones de tren a su destino final, el cementerio nuclear de Savannah River, cerca de la localidad de Aiken, en Carolina del Sur. Su enterramiento fue completado el 11 de abril en presencia, entre otros, del doctor Iranzo que se había desplazado a EE. UU.* en representación del gobierno español. Allí permanecen inmutables hoy en día.

Concluido esto, solo quedaba la tarea final de devolver a sus propietarios las tierras que habían sido contaminadas y ahora se encontraban «exactamente igual que antes del 17 de enero de 1966», según la versión oficial. Las dos partes coordinaron un sistema para hacerlo y, a la vez, protegerse de futuras reclamaciones: a cada propietario se le entregaba un certificado firmado por el general Montel y altos mandos militares estadounidenses que afirmaba la recuperación completa de los terrenos; para aquellos que no lo recogieron o que no fueron localizados se depositó en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora un mapa en el que se especificaba cada parcela que había sido revisada y rehabilitada. En el mapa, cada parcela era identificada con un número y el nombre del propietario, si era conocido. En total se emitieron 856 de estos certificados, lo que da muestra del ingente trabajo que se llevó a cabo en escasamente un par de meses. Aunque parezca mentira, cerca de un centenar de estos certificados aún permanecen en el archivo del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora guardados desde hace 50 años a la espera de ser recogidos por sus propietarios. El legajo sobre el accidente de Palomares es escaso pero incluye, asimismo, un oficio firmado el 19 de marzo de 1966 por el propio Montel como general jefe del Campamento de Palomares en el que señala que informa del depósito de estos certificados «de entrega de terrenos» y un plano descriptivo de las parcelas enclavadas en las proximidades de la barriada. El mapa ha desaparecido y nadie recuerda haberlo visto. Y respecto a los certificados, bastaría resaltar que se trata de un documento remarcable —histórico me atrevería a decir— y una prueba irrefutable de que alguien no dijo la verdad en 1966 al asegurar que los terrenos que se devolvieron se encontraban en las mismas condiciones que antes del accidente nuclear, algo que se ha demostrado años después y que es completamente falso en la mayoría de los casos.*

El texto literal de los mismos es el siguiente:

En Palomares (Almería) a _ de ____ de 1966

Reunidos de una parte __________________________ en representación de la XVI Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de otra ___________ como miembro de la Junta de Energía Nuclear de España y D.___________ como representante de la Jefatura Agronómica de la Provincia de común acuerdo

DECLARAN y CERTIFICAN: Que la contaminación puede considerarse eliminada a partir de la fecha de este documento en el Pago _____________ identificado en el plano que se deposita en el Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora con el No. ____ zona _ siendo el método de descontaminación por arado, riego y molturación comprobada la misma por la J.E.N. y los técnicos norteamericanos a ___ de _____ de 1966. El instrumento empleado fue el PAC-1S, fabricado por Eberline Instrument Company, Santa Fé, Nuevo Méjico, USA, y la medición fue hecha por contacto directo con la superficie del terreno.

Que por lo que respecta a las condiciones de fertilidad y seguridad de las tierras en cuestión a que se contrae este escrito, en el momento actual, poseen las mismas que se estima podían tener antes del día 17 de Enero del corriente año y que tal tierra debe ser devuelta desde este instante a su propietarios para que hagan uso normal de ella.

Y para que así conste, se extiende y se firma el presente escrito por quintuplicado y a un solo efecto, con el visto bueno del General Jefe de la Zona, como el General Jefe de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en la misma, en el lugar y fecha indicadas.

En representación de J.E.N.

En representación USAF

En representación Jefatura
Agronómica de la Provincia

VºBº General de la Zona

VºBº General Jefe de la
XVI Fuerza Aérea³⁶

6

«Paco el de la bomba»

y el Contacto 261

La mar frente a Palomares estaba más calmada y el almirante estadounidense William Guest, comandante en jefe de la agrupación naval 65, dio la orden de que se reanudaran las operaciones después de una pausa de 24 horas. Era martes 15 de marzo de 1966 y se cumplían 57 días de búsqueda sin resultado alguno. La fatiga y la angustia eran evidentes en las tripulaciones que intentaban encontrar la cuarta bomba termonuclear perdida desde el 17 de enero. La presión de Washington aumentaba día a día. La Casa Blanca había pedido un informe urgente de la situación. Moscú atacaba a Estados Unidos en los foros internacionales. El gobierno de Franco exigía a Washington que hiciera lo que considerase oportuno, pero rápido: no quería que estropeara la temporada turística que estaba a punto de empezar. Informalmente, le había puesto una fecha límite. Debía ser recuperada antes del 1 de abril. La incapacidad de las Fuerzas Armadas más potentes del mundo de encontrar su propia bomba empezaba a convertirse en algo embarazoso. Proliferaban los chistes al respecto, incluso en la prensa española. El diario pro franquista ABC no se resistía a publicar las viñetas de Mingote y el catalán La Vanguardia las de Muntañola: en las del diario madrileño se veía a unos militares norteamericanos observando el último diseño de bomba con unos flotadores agarrados con unas cuerdas; el ingeniero le explica a los atentos generales: «Le hemos incluido los últimos perfeccionamientos...». Pero quizá la más famosa era otra en la que se apreciaba el fondo del mar con dos pacíficas sirenas charlando mientras contemplaban los restos de arqueología submarina: «Pues ya ves, no era de los objetos más antiguos», le dice una a la otra mientras señalan lo que parece ser una bomba atómica atada a una cuerda en medio de ánforas semienterradas y pececitos nadando alrededor.* El dibujante Muntañola representaba el suceso con una horonda pareja en una barca en el mar, el hombre preparado para saltar al agua y su esposa, flemática, le advierte: «Pepe, no continúes. Creo que es inútil que sigas buscando el tesoro atómico en el fondo del mar». Incluso el famoso articulista Cándido escribía con mofa, el 2 de abril, una columna comentando con sorna los retrasos: «El caso es que empieza a ser algo así como el cuento de la buena pipa, o sea, el cuento de nunca acabar. Cuando a una bomba, que es un asunto concreto, se le da en llamar “objeto 261”, es que no todo va sobre ruedas. Una bomba es una bomba, y, como diría el otro, no me diga usted más».¹

Por todo ello la situación era desesperada. Guest decidió modificar la estrategia y dio orden de que el minisubmarino Alvin se dirigiera a una nueva zona de rastreo en las aguas situadas frente a Palomares. Sin embargo, los pilotos de la nave solicitaron autorización para sumergirse una vez más en los cuadrantes C-3 y C-4 de la zona Alfa I, el área señalada por el pescador español Francisco Simó Orts, para seguir las marcas que habían encontrado en el suelo hacía unos días y que se había identificado como «Contacto 261». Eran las 12.22. A 780 metros de profundidad, el capitán Valentine Wilson no dio crédito a lo que veían sus ojos. En su excitación, se olvidó de las normas de seguridad que obligaban a utilizar un código secreto para evitar que el enemigo supiera lo que estaba pasando en el fondo del mar. La importancia del descubrimiento lo excusaba:

—Veo el paracaídas, envuelve un objeto, pero no puedo ver bien qué es; por su forma podría ser la bomba

—Alvin informa panel instrumental; repito, Alvin informa panel instrumental² [Las palabras «panel instrumental» eran el código secreto pactado para bomba atómica, en el caso de que fuera descubierta].

En la playa, donde estaba instalado el cuartel general de la Task Force 65, una agrupación de buques formada a partir de la VI Flota de EE. UU., el mensaje fue recibido con un grito de júbilo. Sin embargo, Guest optó por ser más cauteloso e informar solamente a Washington de que se había encontrado un objeto que podría ser la bomba perdida pero que haría falta una identificación definitiva. Estados Unidos se había esforzado por mostrar la operación naval como un éxito de su avanzada tecnología, pero los documentos desclasificados posteriormente muestran claramente que estuvo caracterizada por la improvisación, el amateurismo, graves errores de juicio y una falta total de sistemas apropiados para trabajar a esas profundidades. En cualquier caso, Aircraft Salvage Mediterranean (Salvopsmed), la misión militar de recuperación del artefacto en el Mediterráneo, consistió en «la mayor búsqueda subacuática de la historia», según sus propias palabras. La flota que la Navy concentró frente a Palomares estuvo formada por más de 30 buques de todas las clases, 3.500 oficiales, marineros y expertos civiles, de ellos unos 130 buzos de combate y acuanautas, y los mejores 4 sumergibles de bolsillo que se disponía —Deep Jeep, Alvin, Alimnuat y Cubmarine—.³ Se transportaron por vía área desde Estados Unidos a Torrejón más de 113 toneladas de material. El coste total de la operación superó los 12,2 millones de dólares (cerca de 20.000 millones de pesetas de la época). El informe de la operación, que requirió un año de elaboración y cuenta con más de 1.200 páginas, resalta que las dificultades fueron enormes, ya que se trataba de recuperar una bomba atómica en forma de torpedo de escasamente 3 metros de largo por 60 centímetros de diámetro, que ni siquiera se sabía si estaba intacta, sepultada en la arena o resquebrajada contaminando el fondo marino a una profundidad desde la que nunca hasta entonces se había extraído nada a la superficie. Sin embargo, reconoce que el elemento que más contribuyó al éxito fue la colaboración del gobierno de Franco, que permitió hacer a Washington lo que considerase oportuno y ni siquiera solicitó supervisar las labores de rescate ni exigió compensaciones por la bomba que fue rescatada dentro de sus aguas territoriales, a menos de 10 kilómetros de la costa.

LA FRUSTRANTE BÚSQUEDA EN TIERRA

A las pocas horas del accidente, los expertos del comité de investigación del accidente de la Fuerza Aérea llegaron a Palomares para recopilar todos los datos disponibles sobre las causas y sus circunstancias. La primera reunión tuvo lugar el día 20 y, enseguida, se requirió la asistencia de un intérprete para poder recoger las declaraciones de todos los testigos presenciales posibles: desde los pescadores que se encontraban frente a las costas de Palomares hasta los agricultores que estuvieran trabajando en los campos, pasando por cualquier persona que pudiera aportar algo de valor. Cinco días después del accidente, el día 22, el Pentágono llamó a Alan Pope, director de Proyectos Aéreos de la Corporación Sandia —el contratista privado especialista en aerodinámica que había trabajado en el diseño de las bombas atómicas y sus paracaídas junto a los Laboratorios de Los Álamos—; requirió su asistencia inmediata y la constitución de un «equipo de análisis»* con los mejores expertos en balística para establecer algún tipo de trayectoria previsible y los posibles lugares de impacto.⁴ Pope recurrió al mejor: Randall C. Maydew, un veterano de la segunda guerra mundial durante la que había volado 30 misiones contra Japón y que después de licenciarse en Aerodinámica empezó a trabajar en 1952 en Sandia en el diseño de todo tipo de armas y municiones nucleares —bombas, proyectiles, etc.—. El problema básico era analizar la trayectoria balística más probable del arma, definir el área de búsqueda y localizarla. En el informe enviado el 7 de febrero al comandante de la XVI Fuerza Aérea, los expertos teorizaron que todos los restos de los aviones y las bombas desaceleraron su caída como consecuencia de la ruptura de los aparatos y de la explosión que se produjo. Con la ayuda de los ordenadores más potentes de la época, un IBM 7090 y un Control Data 3600, calcularon las diversas trayectorias —cada una de ellas requería entre 5 y 6 horas de ordenador— y, teniendo en cuenta la información sobre los vientos el día del accidente y otros datos, concluyeron que había alguna posibilidad de que estuviera en el mar. Sin embargo, no había una respuesta definitiva. El cálculo ofrecía muchos posibles puntos de impacto tanto en mar como en tierra, sobre todo después de que se localizara una de sus aletas traseras en la zona norte del área, cerca del curso del río Almanzora. Ya lo había reconocido un portavoz de la Armada estadounidense al describir la misión de búsqueda del artefacto atómico perdido y especular incluso con la posibilidad de que las corrientes marinas la hubieran arrastrado hacia aguas africanas a la altura de Orán —lo que era una verdadera barbaridad:

No estamos buscando la aguja sino el ojo de la aguja en un inmenso pajar.⁵

Como hemos visto, 3 de las 4 bombas se encontraron bastante deprisa, así como los restos principales de los aviones. Y eso podía ayudar a adivinar dónde se encontraba la bomba número 4. La bomba número 2 fue hallada todavía unida a la estructura metálica especialmente diseñada para sujetar todas las armas dentro del avión y, según los técnicos, se debía haber liberado aproximadamente entre 4 y 5 segundos después de la colisión. Las bombas número 1 y 3 no dieron tumbos y abrieron correctamente sus paracaídas a los pocos segundos de iniciar el descenso tal como estaban diseñadas. Como consecuencia del fuerte impacto, las números 2 y 3 experimentaron explosiones de sus detonadores convencionales.

La búsqueda de la bomba número 4 en tierra comenzó de la forma más antigua posible: alineando a los centenares de soldados que habían sido trasladados a Palomares (a un metro uno de otro) y bajo la dirección de tres líderes equipados con radios portátiles para coordinar los esfuerzos por descubrir e identificar cualquier objeto metálico que encontraran. Todo lo que parecía interesante o sospechoso se comunicaba a los especialistas de inteligencia para que lo marcaran apropiadamente en mapas especialmente diseñados al efecto. En los primeros días, se carecía de mapas adecuados y se tuvo que esperar hasta el 24 de enero para contar con planos adecuados, una vez finalizado el reconocimiento aéreo fotográfico.

El proceso de búsqueda de la bomba fue realmente exhaustivo. Entre los días 29 y 30 de enero, un avión C-54 equipado con detectores nucleares avanzados voló a baja altitud por toda la zona intentando detectar fuentes de radiación sin que sirviera para localizar la bomba pérdida. A continuación se aprobaron dos nuevos métodos: por una parte, se dispuso de detectores de minas (metales) por si la bomba se encontraba enterrada a poca profundidad como consecuencia del fuerte impacto y las arenas desérticas; al mismo tiempo, se solicitó apoyo a las autoridades españolas para que localizaran geólogos que conocieran la zona y poder identificar cuevas o agujeros donde hubiera quedado escondida y también se solicitó la asistencia de un representante del Departamento de Minas de EE. UU., Donadl Kingery.⁶ En ambos casos, sin éxito.* El general Wilson empezaba a perder la paciencia y solicitó la llegada de Maydew, que estuvo en Palomares entre el 30 de enero y el 11 de febrero para recabar la máxima información y desarrollar los cálculos oportunos.⁷ Uno de los principales errores iniciales se produjo al inclinarse este grupo de expertos hacia la opción de que la bomba hubiera explotado en el aire, quizás al chocar con alguno de los restos de los aviones.⁸ Por tanto, lo único que se podía encontrar eran trozos pequeños (como una de las aletas traseras). Confiando más en sus cálculos matemáticos y teorías aerodinámicas, no se tomaron en consideración en un primer momento las afirmaciones de testigos presenciales como el pescador Simó Orts, más conocido posteriormente como «Paco el de la bomba», quien desde el primer momento aseguró haber visto caer al mar un gran objeto —lo definió como «medio hombre»— unido a un paracaídas cerca de su barco.⁹ No hacía falta mucha imaginación para entender que solo se podía tratar de una parte importante del fuselaje de alguno de los aviones o de la bomba, ya que todos los tripulantes habían sido recuperados en las primeras 48 horas.

«PACO EL DE LA BOMBA» Y SU HISTORIA TOMA CUERPO

Siguiendo los consejos del capitán Ramírez (que desde el primer momento llamó la atención sobre la versión del pescador español), Maydew y su equipo fueron hasta el puerto de Águilas el 3 de febrero para entrevistarse personalmente con Simó Orts, quien volvió a relatar lo que había visto e incluso hizo unos garabatos que describían con bastante exactitud la forma de los 2 objetos que había visto caer: «Un hombre muerto» sujeto a un gran paracaídas desplegado —supuestamente la bomba— y «un medio hombre» suspendido a un paracaídas que no se había abierto del todo —el sobreviviente todavía unido al asiento inyectable que fue salvado posteriormente del agua—. La fama de buen pescador de Simó —capaz de navegar a ojo con extrema exactitud tomando como referencia distintos lugares en la costa— y lo verosímil de su relato convenció enseguida a Maydew de que debían seguir esta hipótesis:

Concluimos que Simó había visto entrar la cuarta bomba en el agua a unas 5 millas [8 kilómetros] de la costa pero no podíamos estar seguros de si la bomba estaba intacta. Pensábamos que era posible que hubiera ocurrido una colisión en el aire entre la bomba y restos del avión y como resultado de ello se hubiera producido una explosión del detonador convencional. Entonces esta parte se hubiera separado del resto de la bomba. Los cálculos balísticos apuntaban a que la parte principal podría haber caído en la orilla.¹⁰

Analizados todos los datos, el equipo de científicos estadounidense informó al general Wilson de sus conclusiones en una reunión especial que tuvo lugar el 5 de febrero por la mañana y que concluyó con la recomendación de que la Armada modificara su área de búsqueda hacia la zona que señalaba Simó Orts, que, como ocurrió en varias ocasiones, se mostró dispuesto a llevarles exactamente al punto donde aseguraba haber visto caer al agua los dos paracaídas el 17 de enero. A veces fue llevado en buques norteamericanos —como el USS Pinacle— y otros utilizó su propio pesquero.¹¹ A pesar de las dudas que había todavía, se convocó esa misma tarde otra reunión para contar todas las conclusiones al almirante Guest y a su Estado Mayor en su buque. La reunión tuvo lugar sin mayores problemas, pero Guest dejó claro su escasa credibilidad en las habilidades de navegación del pescador español: «Afirmó varias veces durante la reunión que empezaría su búsqueda en aquellas áreas que fueran determinadas por los sofisticados cálculos balísticos de Sandia y la Fuerza Aérea. Pero en cada ocasión, el índice de los cálculos hechos por nuestro equipo podrían no ser especialmente acertados y que, por el contrario, recomendábamos que iniciara la búsqueda donde Simó Orts había señalado la caída del paracaídas grande», recordó Maydew posteriormente.¹²

Concluidos los cálculos matemáticos¹³ y recopiladas las declaraciones de los testigos presenciales, Bill Barton, del grupo de científicos de la corporación Sandia, recomendó el 28 de febrero oficialmente al general Wilson que abandonara la búsqueda en tierra e hizo lo mismo ante el almirante Guest el 1 de marzo.¹⁴ Para entonces, los buzos y los especialistas de la Armada estadounidense habían identificado cientos de objetos en el mar y recuperado un total de 67, pero ninguno de ellos era la bomba aunque sí artefactos de importancia como por ejemplo la «caja negra» de uno de los aviones. La decisión final de poner fin a la búsqueda en tierra se tomó el 3 de marzo. El general Wilson se lo comunicó así al general John Ryan, comandante en jefe del SAC, tras añadir que se habían investigado y eliminado meticulosamente 232 lugares en los que podría encontrarse —minas, depresiones, pozos, etc.—. No convencido del todo, el general Ryan ordenó que los científicos de Sandia le informaran personalmente de sus conclusiones, lo que hicieron en una reunión en su cuartel general de Omaha (EE. UU). Solo entonces —el 9 de marzo— se cursó la orden oficial de abandonar la búsqueda en tierra.

A partir de ese momento, casi 6 semanas después del accidente, el almirante Guest —un piloto naval que contaba con la distinción de haber derribado en combate el primer avión japonés en el Pacífico durante la segunda guerra mundial—,¹⁵ no tuvo más remedio que concentrar su búsqueda en la denominada zona Alfa I siguiendo las indicaciones del ya conocido como «Paco el de la bomba» y de otros testigos presenciales como el farmacéutico de Garrucha, que se encontraba en el tejado de su casa cuando ocurrió el accidente, y su ayudante (de apellido Rodríguez), que estaba en ese momento a unos 2 kilómetros de distancia, cuyas indicaciones se ajustaban mucho a la localización que proponía Simó Orts. Las labores de búsqueda en el agua eran lentas y complejas. Los sistemas de sónar de los barcos localizaban los contactos en el fondo del mar y cada uno de ellos debía ser identificado visualmente por los buceadores o por alguno de los sumergibles traídos al sur de España dependiendo de la profundidad a la que se encontrara.*

UN RESCATE AL BORDE DE UNA FOSA

El 1 de marzo, 42 días después del accidente de Palomares y en la décima ocasión que el minisubmarino Alvin se sumergía en la zona que el pescador español había asegurado haber visto caer lo que podría ser la bomba, sus tripulantes descubrieron a unos 790 metros de profundidad unas marcas en el fondo marino que podrían indicar que el artefacto estaba cerca. La mala suerte se volvió a cebar con los marineros norteamericanos porque el Alvin se vio obligado a abandonar la búsqueda al agotársele casi completamente las baterías. Volver a encontrar esas esperanzadoras señales les costará 12 largos y tensos días y otras 8 inmersiones más. Finalmente, el 15 de marzo, vuelve al fondeo del Mediterráneo y tras unos minutos de búsqueda identifica lo que parece un objeto grande envuelto en algo. Wilson, el copiloto del Alvin, Marvin McCamis, piloto e ingeniero, y el director del proyecto, William Rainnie, fueron, sin embargo, incapaces en ese momento de confirmar si el paracaídas envolvía efectivamente la bomba y su estado físico. Las mediciones no indicaban restos de radiactividad, lo que era positivo, pero la posición del objeto (en mitad de un barranco con una fuerte pendiente) no era una excelente noticia. Lo importante, sin embargo, era no perderla. Por ello, el Alvin permaneció sumergido durante casi 10 horas para dar tiempo a que fuera trasladado a la zona otro de los submarinos que habían sido enviados a Palomares, el Aluminaut, que, con 6 tripulantes y reduciendo al mínimo su consumo de enegía, se mantuvo en posición a unos 20 metros del artefacto durante 22 horas consecutivas.¹⁶

Marcada la posición exacta, comenzaba el reto de intentar recuperar un objeto desde una profundidad récord hasta el momento. La inclinación del fondo marino era de unos 30 grados y el riesgo muy grande, ya que la bomba se encontraba bastante cerca de un profundo precipicio y, si rodaba hasta él, sería imposible extraerla. A pesar del cansancio, el pequeño grupo de expertos, entre los que se encontraba Jon Lindbergh (hijo del famoso aviador del mismo apellido), diseñó tres planes diferentes para subirla a la superficie. Los denominaron Alfa, Bravo y Charlie. El propio Lindbergh reconocía en un informe que el mayor problema era encontrar un método para agarrar el paracaídas y tirar de él. Se fabricó artesanalmente una plataforma —que llamaron Poodl— con la que ayudarse en la operación.¹⁷

En plan Alfa consistía en clavar una especie de pincho que sujetara el objetivo y permitiera su recuperación. El primer intento falló estrepitosamente al soltarse el pincho. El segundo plan —Bravo— requería que Alvin, al que se le había colocado un brazo móvil, enganchara un garfio con varias puntas al paracaídas, pero tras varias horas de intentos infructuosos también se abandona por imposible.

Las dificultades se acumulaban. La bomba se había desplazado 6 metros hacia abajo y habían transcurrido 4 días desde la localización. Tras horas de discusiones, se diseñó un nuevo plan para extraerla —Charlie— que consistía en atar a la plataforma Poodl un ancla que estabilizara los cables que debían subir la bomba. Con las líneas más tensas, el brazo mecánico del Alvin debería ser capaz de colocar los ganchos. Pero el mal tiempo obligó a suspender los trabajos durante 3 días, que pasaron como una eternidad. Tras la pausa, el Alvin solo logró colocar un gancho que capturó 6 tirantes del paracaídas. La bomba parecía haberse movido de nuevo y el paracaídas comenzaba a rasgarse, con peligro de engancharse en las hélices.

Ante estas circunstancias, Guest convocó una reunión de urgencia en el barco oceanográfico Mizar (donde estaba el mando de la operación) para analizar conjuntamente el siguiente curso de acción más recomendable. No se podía cortar el cable colocado para empezar de nuevo y parecía prácticamente imposible asegurar un segundo. El lado positivo era que el cable que agarraba la bomba era capaz de soportar 10 veces el peso del artefacto, aseguraban los técnicos. Con el aliento contenido, todos observaron cómo las grúas del Mizar levantaban la bomba... 100 metros, 200, 300... Nadie había pensado en la posibilidad y eso ocurrió a las 20.15 del 24 de marzo. La preciosa carga se había perdido. El mal tiempo y la escasez de noticias hizo florecer los rumores hasta el extremo de que alguno aseguraba haber visto al biólogo francés Cousteau en el parador de Mojácar desde donde se habría trasladado al buque insignia del almirante Guest como asesor por su supuesta gran experiencia en este tipo de trabajo —algo que resultó completamente falso.¹⁸

Según un mensaje del 4 de abril a Washington, Guest definió los siguientes 9 días como agonizantes.¹⁹ La tripulación del Alvin localizó el objeto de nuevo a unos 100 metros de donde se encontraba el día 15 de marzo, pero ahora estaba más profundo, en mayor pendiente y más cerca de una gran fosa abismal. A partir de ahora, deberían colocarse al menos 3 ganchos y uno de ellos tendría una línea suficientemente unida a la bomba aunque esta se perdiera de nuevo. Coincidiendo con ello, Guest recibió la última nueva pieza del equipo con que contaba la Navy. Las labores para atrapar el paracaídas se hacían cada vez más peligrosas. Con la ayuda del recién llegado, el artefacto submarino por control remoto Curv, se colocaron 2 ganchos más al objetivo, pero el mal tiempo obligó a detener temporalmente las operaciones.²⁰

Al anochecer del 7 de abril se reanudaron las labores. El Alvin mantenía contacto constante con la bomba, mientras que el Curv seguía intentando colocar el tercer gancho. Desafortunadamente lo que se temía, ocurrió. El paracaídas se enganchó en los motores del recuperador de torpedos. Cundió la alarma. En ese momento, se produjo una situación dramática. El paracaídas se levantó por efecto de los motores del submarino con tal mala suerte que tapó completamente sus ventanillas —ojos de buey—, inmovilizándolo. Si aquella situación duraba más de 15 minutos, la presión a esa profundidad podría ser fatal. Aquellos minutos pasaron como una eternidad en la superficie hasta que recibieron noticias de que se habían podido liberar del paracaídas y proseguían la misión encomendada.²¹ Había que tomar una decisión inmediata. Eran las 5 de la madrugada y las grúas embarcadas en los buques de superficie empezaron a recoger los cables. El almirante Guest presenciaba la operación con un contenido ataque de nervios. A pesar de subir la bomba y el Curv al mismo tiempo, el dinamómetro no marcaba una tensión excesiva en los cables. Transcurrida 1 hora y 43 minutos exactamente, el verde oscuro del paracaídas pudo observarse a través del agua. A unos 15 metros de la superficie los buceadores identificaron la bomba. Eran las 9.32. Con mucho cuidado, el artefacto fue colocado sobre la cubierta del buque Petrel. El almirante, mirando a sus subordinados, como si saliese de una pesadilla angustiosa, exclamó: «¡Gracias a Dios que esto ha terminado!».²² Los especialistas de la Armada —sargento Nowak y teniente Anderson— revisaron el arma. Desconectaron los sistemas eléctricos, retiraron las cargas atómicas y borraron las marcas identificativas.*

A las 10.15, el almirante Guest enviaba un mensaje en clave a Washington confirmando que la MK-28F1 estaba prácticamente intacta y podría ser inspeccionada por las autoridades españolas, algo que ocurriría al día siguiente ante toda la prensa internacional. El 8 de abril, la bomba, cuyo rescate había costado la friolera de más de 10,2 millones de dólares de los de entonces —equivalentes a una media de 126.305 dólares por día— era enviada a casa.²³ Hoy en día está expuesta en el Museo de Energía Atómica de Nuevo México como reliquia de la Guerra Fría.

7

De la indemnización justa y la

«agitadora» duquesa Roja

Desde el primer momento quedó claro que Estados Unidos tendría que resarcir a los españoles afectados. Existían varios métodos pero, una vez más, fueron los norteamericanos los que marcaron los criterios arropados por el blindaje que les garantizaba los acuerdos de defensa firmados en 1953 y ante la decisión de las autoridades franquistas de limitarse, en la mayoría de los casos, a aceptarlos sin muchas protestas ni pretensiones. La primera aproximación era llegar a un acuerdo conjunto fuera de litigios judiciales: un acuerdo de caballeros. Era el preferido por Washington porque no alargaba el proceso, reducía las críticas y, sobre todo, reflejaba la satisfacción de todas las partes y a la vez disminuía el peligro de generar mala imagen. La otra opción, los tribunales, era mucho más engorrosa y, probablemente, implicaría un mayor coste y un peor resultado porque dejaría claro la insatisfacción de al menos una de las partes, si no de las dos. Al final, el asunto de Palomares se resolvió fuera de los tribunales a excepción del caso del pescador Francisco Simó Orts, conocido como «Paco el de la bomba» (del que hablaremos en este capítulo). Los enviados de Estados Unidos establecieron un sistema informal de negociación individual caso por caso que tuviera validez jurídica, pero que no incluyera un proceso judicial largo y tedioso. Si la propuesta era razonable y la indemnización dineraria de tamaño mediano, un representante norteamericano podía firmar la indemnización y el acuerdo se cerraba sobre el terreno de forma inmediata (evitando así un largo y tedioso pleito). Lo que sí es cierto es que, al menos públicamente, el embajador estadounidense en Madrid, Duke, reiteró siempre a sus subordinados que Estados Unidos debía ser justo en sus compensaciones, aunque en realidad era fácil decirlo porque el dinero para dichas indemnizaciones no salía del presupuesto del Departamento de Estado ya que estaba en manos de los militares y, concretamente, de las arcas del Pentágono. Después de una de las visitas a Palomares, el siempre elegante y educado embajador amplió incluso su planteamiento y declaró a la prensa: «Si tenemos que cometer errores, prefiero equivocarme siendo supergeneroso que por el lado de la tacañería».¹ Sobre el terreno, el capitán abogado norteamericano Joe Ramírez, uno de los protagonistas de este capítulo de la historia de Palomares y probablemente la persona que más cerca estuvo de conocer los problemas y las vicisitudes de los vecinos al hablar español y mostrarse siempre abierto a escuchar sus historias, buscó hacer su trabajo con una filosofía parecida: «El modo de pensar mío era (sic) que la gente era inocente de lo que había pasado allí y todo lo relacionado con el accidente ... intenté ser justo con la gente, con el reclamante».² Aunque el accidente nuclear no había afectado directamente a ningún español —ni heridos ni muertos directos— parecía evidente que muchas personas tendrían derecho a indemnizaciones y compensaciones tanto por daños físicos como morales. La vida de muchos había sido fuertemente alterada, con sufrimientos físicos y psicológicos, incluyendo los perjuicios causados por haber prohibido el libre acceso durante semanas a sus tierras y lugares de trabajo, por ejemplo la mar, sin contar con las pérdidas que había ocasionado la retirada de decenas de metros cuadrados de cosechas y de tierra cultivadas. Es curioso que todos los litigios se produjeran entre un gobierno soberano y ciudadanos individuales de a pie de otro país y que, en ningún momento, el Estado español pensara en solicitar daños y perjuicios o en, al menos, representar a sus ciudadanos en las negociaciones o procesos judiciales. Cuando la población local decía basta —por entender abusivas las posiciones de EE. UU.— y se enfrentaba a los planteamientos defendidos por los militares norteamericanos, estos recurrían a las autoridades españolas para calmarlos y convencerles de las bondades de lo que se les imponía. La relación de poder e influencia era abismalmente desigual. En varios momentos, la ausencia de respaldo oficial por parte del gobierno español provocó que la resolución de distintos contenciosos fuera más complicada y difícil de lograr ante la ausencia de conocimientos jurídicos por parte de los vecinos y del recelo lógico a sentirse ninguneados por los representantes estadounidenses. Todo ello llevó a que la cuestión de las reclamaciones y las compensaciones por daños y perjuicios resultara un tema largo y tedioso, y además causó considerable fricción personal y política tanto para España como para Estados Unidos.

En primer lugar, hasta los abogados de la Administración Johnson se sorprendieron por la renuncia expresa que hizo España a cualquier derecho sobre las bombas atómicas que habían caído en su territorio —tierra y mar— y a todo tipo de indemnización que pudiera corresponder como consecuencia de la catástrofe:

La respuesta cooperativa por parte de España fue espontánea y la cuestión del derecho de acceso al área de Palomares nunca fue un tema de debate. No fue necesario que EE. UU. investigara los acuerdos bilaterales o los tratados y convenciones internacionales o la práctica común internacional relevante para construir un argumento que apoyara el criterio de que EE. UU. tenía el derecho legal de buscar y recuperar las propiedades militares perdidas y que España no tenía derecho a interferir en la actividad de EE. UU.³

De acuerdo con la legislación internacional vigente, el gobierno español podría incluso haber reclamado la propiedad de los artefactos atómicos perdidos por Washington e impedido el acceso de un tercer país a su territorio, algo que los propios abogados norteamericanos consideraban hubiera pasado en muchos otros lugares del mundo en el que caso de que EE. UU. perdiera allí «alguna propiedad militar» como sucedió en Almería. Hubiera bastado, de acuerdo con el criterio de David Phillip Stang, consultor legal de la empresa Ocean Systems (contratada por la Armada estadounidense para analizar los aspectos legales de la problemática), con haber impedido el acceso al área donde la propiedad se había perdido porque, sin él, «incluso el sistema más sofisticado de rescate no hubiera servido para nada». Y ello hubiera mejorado la posición negociadora española, claramente.

Lo que es cierto, asimismo, es que el gobierno estadounidense aceptó rápidamente que tendría que compensar por perjuicios y para preparar sus argumentaciones jurídicas tiraron de archivo y buscaron los precedentes que hubiera de casos parecidos. La primera legislación internacional de este tipo se remontaba a abril de 1918 con motivo de procesos judiciales abiertos por nacionales europeos de países aliados como consecuencia de daños ocasionados por las tropas norteamericanas destinadas en el Viejo Continente durante la primera guerra mundial. Estos primeros lineamientos sirvieron como base para las normas que se fijaron en 1941, ya iniciada la segunda guerra mundial, que también se utilizarían para casos de emergencia nacional. Sencillas y claras: se fijaba una indemnización máxima de 1.000 dólares por caso. En 1943, el presidente Roosevelt revisó la Ley de 1914 y la remplazó por una nueva legislación que incrementaba las indemnizaciones hasta los 5.000 dólares, y señalaba que cualquier compensación superior debía ser aprobada por el Congreso. Asimismo, se señaló que los pagos se podían hacer no solamente para casos de «emergencia nacional» sino para todos los que se produjeran como consecuencia de «actividades no de combate»: un término suficientemente amplio para exigir al gobierno estadounidense daños producidos durante enfrentamientos bélicos, maniobras militares o accidentes aéreos (como podía categorizarse el caso de Palomares). La autoridad responsable en la tramitación y fijación de las compensaciones dinerarias era la llamada Comisión de Reclamaciones Exteriores (FFC, siglas en inglés), que podía establecer subcomisión, como fue el caso de España, donde se denominó FFC-21 y que debía encargarse de analizar todas las quejas, reclamaciones y demandas que se presentaran en relación con Palomares teniendo en cuenta lo estipulado en el acuerdo de defensa firmado por ambos países en 1953, ampliado en 1963 y que regulaba todo el proceso.

En el caso de Palomares, la subcomisión se creó escasamente horas después del 17 de enero y estaba constituida por tres asesores jurídicos de la Fuerza Aérea norteamericana que enseguida se pusieron en contacto con los vecinos de Palomares. Los tres abogados norteamericanos tenían autoridad para cerrar casos cuya indemnización no superara los 5.000 dólares —unas 300.000 pesetas de la época— siempre que se tratase de daños materiales demostrables y no de psicológicos o morales. Su inclinación —y así lo hizo siempre que pudo— consistió en pagar el máximo de reclamaciones razonables y que estuvieran directamente ligadas al accidente. Aquellas que rebasaban esa cifra eran enviadas a Washington para que decidiera un juez de la Fuerza Aérea —si la cuantía era entre 5.000 y 15.000 dólares— o el propio secretario de la Fuerza Aérea o el Congreso —si superaba esa cifra.

Además de la legislación estadounidense, también había que tener en cuenta las normas españolas que contemplaban el derecho a recibir compensaciones por pérdidas relacionadas con accidentes nucleares con algunas restricciones. Es curioso que en ningún momento se contemplara la posibilidad de expropiar las tierras, algo que, sin embargo, sí acometió el gobierno español posteriormente, o que ni personas ni instituciones presentaran demandas amparándose en la legislación española por este tema. La Ley de 1956 sobre Energía Nuclear —aprobada 10 años antes del accidente— fijaba un límite de 20 años para reclamar los denominados daños diferidos relacionados con este tipo de causas. Los capítulos VII a X se encargaban de regular la responsabilidad civil derivada de daños nucleares, la reclamación de indemnizaciones y la intervención del Estado para la reparación de este tipo de daños.⁴ El artículo 16 bis disponía que debía entenderse como daño nuclear aquel que supusiera, en primer lugar, la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios materiales que se producen como resultado directo o indirecto de las propiedades radiactivas o de su combinación con propiedades tóxicas o explosivas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos radiactivos. También estipula que en los supuestos de accidentes con daños nucleares, el transportista podrá ser considerado responsable.⁵ Curiosamente, en el caso de Palomares nadie recurrió a esta ley antes de que prescribieran los posibles delitos —lo que ocurrió en 1986—, quizá porque las autoridades españolas siempre desaconsejaron y desincentivaron a los posibles demandantes a seguir esa vía.

LA INVESTIGACIÓN ESPAÑOLA NO LLEVA A NINGUNA PARTE

Nada más tenerse noticia del accidente, el Ministerio del Aire español abrió la preceptiva investigación oficial y nombró como juez instructor a un respetado piloto militar que en ese momento estaba destinado en la Escuela Elemental de Pilotos de Granada. La causa fue asumida por el entonces comandante Sebastián Delgado Palomares, que había logrado el grado de piloto en 1949 con la mítica primera promoción de la Academia General del Aire y que servía como uno de los instructores más reconocidos de los aspirantes a pilotos de complemento en la base aérea de Armilla (Granada) desde su inauguración 1956. En 1966, llevaba ya 26 años de servicio y, por tanto, su criterio era respetado dentro de la institución. Desconocemos exactamente los detalles de la investigación o la exhaustividad con la que se llevó a cabo pero, según fuentes estadounidenses, el dictamen del comandante Delgado Palomares, fechado el 21 de abril, era el mejor de todos los posibles a sus ojos y les excluía de toda culpabilidad:

De los hechos se puede concluir que la acción de la tripulación [B-52] no se debió a negligencia o falta de experiencia. Tampoco parece que no siguieran las normas que se supone deben cumplir para evitar este tipo de accidentes. En consecuencia, no parece que cometieran ningún delito y, de acuerdo con el artículo 723 del Código de Justicia Militar, es apropiado suspender las diligencias.⁶

Delgado Palomares también estimó los daños totales ocasionados por el accidente, que calculó en 28,417 millones de pesetas —unos 473.624,73 dólares al cambio de la época de 60 pesetas por dólar—. En su informe final, que firmó el 21 de abril y fue reconfirmado por el juez togado del Ejército del Aire español 9 días después, advertía también de la responsabilidad que tenía Washington, independientemente de los acuerdos secretos alcanzados con el régimen de Franco:

Se ha podido probar que importantes daños se han producido como consecuencia del accidente... [y las] partes privadas afectadas deben ser informadas de las acciones legales que puedan llevar a cabo.

Sin embargo, la investigación fue cerrada rápidamente. El edicto del juez instructor está fechado en Granada el 13 de mayo de 1966 y, según la copia que se guarda en el Archivo Municipal de Cuevas del Almanzora, reza así:

Hago saber: que por la Autoridad Judicial de esta Región Aérea del Estrecho, se ha dictado el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL de la Causa número 2-1966, instruida con motivo del accidente ocurrido el día 17 de enero del año en curso ...; sin perjuicio del derecho de los perjudicados para reclamar en vía correspondiente por los daños producidos.⁷

Pocos españoles conocían que, junto a los modernos y potentes cazas, el Pentágono también había instalado en Torrejón de Ardoz un pequeño departamento integrado por varios juristas de la Fuerza Aérea cuya misión exclusiva era valorar los daños causados por miembros de la misión estadounidense en España: desde las heridas provocadas por un incidente de circulación hasta el accidente nuclear más importante de la historia. La oficina se había creado al incluirse en el acuerdo de defensa firmado en septiembre de 1953 el artículo XVIII, que señalaba que los españoles solo podían reclamar ante los tribunales estadounidenses si eran víctimas de daños por parte de militares estadounidenses. Es decir, los blindaba respecto a los tribunales españoles, teóricamente más proclives y sensibles a sus peticiones que los norteamericanos. Los acuerdos entre Madrid y Washington llegaban más lejos porque, al contrario de lo que ocurre en los tribunales comunes de lo penal, en este caso, la víctima de nacionalidad española debía probar documentalmente el perjuicio o daño recibido ante una comisión norteamericana formada exclusivamente por militares extranjeros y que, en la mayoría de las veces, no requería que la parte perjudicada contara con asesoramiento legal (ni siquiera letrado). Por si esto no fuera poco, sus decisiones eran inapelables ante los tribunales españoles o internacionales.

Sus jueces utilizan el regateo con desenfado de feriante. No cuenta entre sus miembros otra autoridad española, que la de un vago consejero jurídico, sin capacidad ni potestad para influir en las decisiones.⁸

Pero los privilegios de los militares estadounidenses llegaban más lejos: el citado artículo XVIII señalaba, asimismo, que cada gobierno renunciaba a cualquier reclamación sufrida como consecuencia de muertes o heridas provocadas por cualquier miembro de las Fuerzas Armadas —civil o militar— siempre que se produjera en el ejercicio de sus funciones. La cláusula impedía al régimen de Franco solicitar como gobierno compensaciones por daños al pueblo español en su conjunto —como por ejemplo pérdidas por descenso de los ingresos al turismo—. Sería la única justificación de la total inoperancia mostrada durante la crisis por el entonces ministro de Justicia, Antonio María de Oriol. De familia influyente, De Oriol se había unido desde el primer día al llamado Movimiento Nacional, encuadrándose dentro de las unidades más conservadoras y tradicionalistas. Llegó al grado de capitán de los requetés y fue condecorado con la medalla militar individual por el valor mostrado durante la batalla del Ebro. Tras ser director general de la Beneficencia y presidente de la Cruz Roja, Franco lo había nombrado ministro de Justicia unos 6 meses antes del accidente, en la octava reorganización del gabinete desde el final de la contienda civil.

Estaba claro que los damnificados deberían haber sido advertidos de todas estas circunstancias y habérseles ofrecido consejo de oficio y la asistencia de un letrado con capacidad y conocimientos suficientes, nombrado por el gobierno español y con cargo al presupuesto público, en vez de invitarles a presentar inmediatamente sus reclamaciones de forma individual ante la improvisada oficina instalada en un par de tiendas de campaña en la playa de Palomares. La indefensión jurídica fue total.

Consciente de la magnitud del accidente y sus consecuencias, el Pentágono temió una avalancha de reclamaciones y, en un principio, no descartó que el gobierno español pudiera ser mucho más beligerante de lo que resultó después. Por eso en los primeros momentos nada más conocer la noticia, el coronel James L. Kilgore, el juez togado adscrito a la XVI Fuerza Aérea desplegada en Torrejón, levantó el auricular y llamó a los máximos responsables de la Comisión de Reclamaciones en Washington. La situación requería decisiones excepcionales e inmediatas. Quería poder tener la iniciativa y le concedieron un cierto margen de maniobra. Le autorizaron a conceder sobre el terreno y de forma inmediata pagos de emergencia hasta 1.000 dólares —60.000 pesetas de la época, una pequeña fortuna para la mayoría de los españoles y especialmente para los agricultores de una zona deprimida como Almería—. Esta primera delegación de autoridad fue seguida inmediatamente, una semana después, por una segunda que se saltaba la legislación en vigor y autorizaba a la comisión de Torrejón (FFC-21) para cerrar reclamaciones relacionadas con el accidente hasta los 15.000 dólares. Había prisa por ir cerrando cosas y dar sensación de colaboración. Por encima de esa cifra, solamente la Fuerza Aérea o el Congreso tenían autorización para resolver. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea estadounidense enfatizó a sus hombres en Madrid que debían «trabajar conjuntamente» con los representantes españoles y que utilizaran, en lo posible, su «autoridad» para alcanzar acuerdos o compensaciones de forma «rápida» con todo aquel que pudieran.

TIENDAS DE CAMPAÑA EN LA PLAYA PARA NEGOCIAR DAÑOS Y PERJUICIOS

Enseguida se fijó el criterio. Los norteamericanos podrían pagar indemnizaciones a todo español que «estableciera la propiedad del daño causado o las heridas personales» siempre que pudiera probarse que estaban directamente relacionadas con acciones de la Fuerza Aérea norteamericana y sus representantes. Quedaban excluidas expresamente de la autoridad del FFC-21 el pago de jornales para aquellos españoles que asistieron en las labores de búsqueda de restos e incluso de descontaminación, aunque luego se saltarían esta norma en algún caso para evitar un conflicto mayor. Sí lo podrían haber hecho —aunque nunca ocurrió en realidad— en el caso de que algún vecino hubiera resultado contaminado como consecuencia de haber rescatado o ayudado a algún militar estadounidense. Sin embargo, sí se concedieron «regalos» o «premios» por actitudes generosas más como reconocimiento de la acción humanitaria que como compensaciones propiamente dichas.

La movilización de los abogados estadounidenses se produjo en cuestión de horas: el mismo 17 de enero, un representante del departamento legal del Ala Aérea desplegada en Torrejón de Ardoz se unió al equipo de Control de Desastres que se desplazó rápidamente a Palomares. Tres días después, viajó un miembro de la Comisión de Reclamaciones y, el 26 de enero, un segundo más. Los tres se dieron cuenta de que necesitaban un español para agilizar los trámites y contrataron a un abogado de Cuevas de Almanzora, Emilio Mulero Navarro,* al que autodefinieron «defensor para el pueblo» aunque en realidad trabajaba y era pagado por el heraldo público estadounidense. Posteriormente, se sumó al equipo una media docena de expertos más llegados de Madrid y cinco soldados como apoyo administrativo. Pronto fue evidente que requerirían de alguien que pudiera tratar con los vecinos de tú a tú y eligieron a Manuel González —el hijo del alcalde de Palomares, José Manuel González—, quien resultó, en palabras del informe del Pentágono, una «incorporación muy valiosa».⁹ Conocía a los lugareños, dónde estaban las cosas —especialmente las parcelas afectadas— y a quién pertenecían, además de tener buenos contactos con todos los funcionarios y políticos locales. Al comienzo, los militares norteamericanos optaron por designar dos tiendas de lona verde en cuyas puertas colgaron un simple cartel con el título, en inglés, de «Oficina de Reclamaciones» y que estaban situadas en un extremo del inmenso campamento militar montado primero cerca del río y luego en la playa. La opción era bastante incómoda y hasta desagradable: no solamente forzaba a los vecinos a trasladarse allí y entrar en el campamento militar para presentar sus quejas sino que, al estar completamente abiertas, era violento mantener dentro de ellas reuniones delicadas durante las que era frecuente que algunos de los demandantes levantaran la voz e incluso expresaran vehementemente sus reivindicaciones o desacuerdos. Con respecto a las quejas, se fueron haciendo más serias y complejas y así fue evidente que había que optar por otra ubicación y se estudiaron diferentes posibilidades para trasladar la oficina a un lugar más accesible. Al final, se llegó a un acuerdo con un funcionario de una sucursal bancaria que cedió voluntariamente un local en la ciudad que ya había ofrecido al Ejército norteamericano para ser utilizado con este cometido. La oficina estuvo funcionando en ese local desde el 4 de marzo hasta el 28 de mayo. A partir de entonces, el hijo del alcalde continuó trabajando durante un tiempo un día a la semana gestionando las cartas dirigidas o procedentes de Torrejón.

Pocos habían previsto la ardua tarea que tenían por delante. Desde el día del accidente y hasta mediados de febrero la media de entrevistas se situó en cerca de 10 diarias, pero a finales de ese mes se habían doblado para ir disminuyendo poco a poco. El día de mayor trabajo fue a mediados de febrero, cuando se llegó a alcanzar la cifra de 66 reuniones para tomar nota de quejas y aclarar asuntos. Cuando la oficina cerró sus operaciones, a finales de mayo, los abogados y militares estadounidenses habían recibido a más de 500 vecinos y celebrado más de 2.000 reuniones. Hasta los propios españoles reconocieron que los trámites eran bastante engorrosos, especialmente para una población poco acostumbrada a este papeleo legalista. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, que habló con la prensa escudándose en el anonimato, definió incluso la función de la oficina de reclamaciones como «labor humanitaria. La tarea es lenta, por las exigencias burocráticas, pero llevan la tranquilidad al poblado que confía plenamente en la eficacia de las proposiciones», a juicio de los funcionarios españoles.¹⁰

Los trámites eran cansinos y meticulosos porque los estadounidenses querían documentar todos los pasos por si acaso cualquiera de esas demandas terminaba en los tribunales. Además, estaba el problema de la traducción al español. Es curioso que aunque el procedimiento era exclusivamente estadounidense, estos solicitaran la intermediación española como aval a lo que consideraban como proceso limpio y honesto. Es más, el Ministerio de Exterior afirmó sin reparos que «un alto funcionario español» estuvo siempre presente in situ para tomar las decisiones pertinentes. «Todas las reclamaciones individuales imaginables fueron oídas. Estas reclamaciones podían formularse bien ante las autoridades españolas o, si los intereses lo preferían, ante la dependencia especial que en Palomares estableció la Oficina de Reclamaciones.»¹¹ La intervención española experimentó dos formas: la primera en la tramitación de las propias reclamaciones, la segunda para desbloquear problemas o puntos muertos que surgieran durante los meses más calientes. En el primer caso, según fuentes norteamericanas, el alcalde pedáneo de Palomares —recordemos que su hijo había sido contratado por la Oficina de Reclamaciones— se ofreció para ser el punto de encuentro en los primeros momentos cuando un vecino quisiera presentar una reclamación, hasta el extremo de que, en su presencia, se le hacía jurar y se le advertía de las consecuencias de cometer perjuro o hacer una reclamación falsa.¹² Una vez los norteamericanos consideraban que la queja tenía validez —desaconsejándose las no razonables o sin conexión directa con el accidente— se le daba un documento que demostraba que había «visitado» la oficina. Una especie de recibo que, sin embargo, no oficializaba la reclamación. Representaba un filtro con ciertos toques de «amenaza» contra aquellos que quisieran aprovecharse del sistema. A partir de este momento, se iniciaba formalmente el trámite con la cumplimentación de los documentos oportunos que abría la puerta a poder recibir lo que los estadounidenses denominaban «ayuda de emergencia»: un anticipo a cargo de la cuantía final que se pudiera obtener y que había que descontar de la cifra última. Una reclamación normal —no hablemos de una compleja— requería de varias visitas y de una investigación posterior dependiendo del asunto y de la naturaleza de la queja.¹³ Los problemas de aplicación fueron muy numerosos: desde la confusión que los norteamericanos tuvieron para identificar a los demandantes ante la coincidencia de numerosos apellidos hasta incluso la forma de pago.* En un principio, los abogados estadounidenses propusieron que el pago se llevara a cabo a través de cheques bancarios tras la firma del apropiado recibo. Sin embargo, muchos de los agricultores y pescadores carecían de cuenta bancaria —lo que dificultaba su tramitación—, además de la protesta correspondiente por las comisiones que cobraba el banco local a la hora de hacerlo efectivo. Para reducir estas quejas en lo posible, al final, la mayoría de los pagos —sobre todo los pequeños— se hicieron en metálico y, en el caso de que se optara por talones bancarios, se incrementó la cifra en un 1 % para cubrir el coste de la tramitación o las comisiones.

LOS AGRICULTORES EN PIE DE GUERRA

Ya hemos señalado que la autorización de Washington para poder hacer pagos se recibió en escasamente 48 horas, pero hubo que esperar para la primera entrega en efectivo hasta el 24 de enero —es decir casi una semana después—. Fue por 66,73 dólares (escasamente 400 pesetas) y destinados a un pequeño ganadero local que no había podido vender la leche por miedo a que estuviera contaminada y, sin esos ingresos, carecía de recursos para seguir alimentando al ganado. ¿La causa? La Junta de Energía Nuclear, a petición de los norteamericanos, prohibió desde al menos el día 20 que nadie —ni los vecinos— entraran o pasearan por los campos contaminados y, aunque la prensa no recogió oficialmente la orden —seguía manteniendo el relato oficial de que no pasaba nada—, sus consecuencias fueron inmediatas. Los afectados no solamente eran los propietarios de las fincas previsiblemente contaminadas sino todo aquel que tuviera alguna relación con el accidente. Inmediatamente, el día 22, los compradores que viajaban regularmente al pueblo para acumular mercancías rehusaron adquirir productos de Palomares —algo que, por otra parte, se convertirá en una especie de estigma difícil de superar hasta hace relativamente muy poco—, lo que provocó el desplome de los precios de tomates y demás productos hasta en un 50 % (según comprobaron los propios investigadores norteamericanos). A pesar de los desmentidos oficiales, el miedo había corrido como la pólvora y ahora todos tenían temor a ingerir algo venenoso y, como consecuencia de ello, las reclamaciones se dispararon exponencialmente. Todo agricultor —pequeño o mediano— que se consideraba afectado se presentó en la Oficina de Reclamaciones para pedir compensaciones inmediatas. Ante la revolución que empezaba a surgir, al general Wilson no se le ocurrió otra cosa que recurrir al alcalde pedáneo para intentar apaciguar las cosas. Los abogados norteamericanos estaban dispuestos a conceder dinero de emergencia para tranquilizar la situación, pero no sabían cómo valorar las pérdidas ante la sospecha de que muchas de las pretensiones de los vecinos eran desorbitadas y completamente sobrevaloradas. Entre las peticiones había de todo tipo: desde los que pedían algo para comprar comida para sus animales hasta compensaciones por no poder trabajar —jornaleros y marineros— o incluso para hacer frente a las cuotas de préstamos bancarios o para adquirir productos de primera necesidad. La situación llegó a ser tan desesperada para ciertas familias que, en algún caso, los militares norteamericanos tuvieron que organizar repartos de comida e incluso se dieron casos de desvalidos que desenterraron restos de los desperdicios que los yanquis habían desechado por estar en mal estado o caducados.

Los detalles sobre las indemnizaciones norteamericanas, como posteriormente pasará con las procedentes de las expropiaciones de los terrenos por el gobierno español, continúa siendo un tema tabú en la zona. Cuando se pregunta directamente, todos se convierten en gallegos y sus respuestas son tan vagas que es imposible sacar una conclusión sobre si el proceso fue justo o no. Oficialmente, las cantidades que cobraron unos y otros son secretas y no se ha desclasificado ningún informe completo al respecto. Sin embargo, alguien debe guardar informes con datos en relación al asunto porque en un documental sobre el accidente que se emitió por el Canal Sur en 2003, se mostraron imágenes de un documento con nombres y cantidades aparentemente recibidas de los norteamericanos.* El entonces hijo del alcalde, que como sabemos ayudó a los norteamericanos en todo el proceso, explicó años después su opinión sobre la manera en que se gestionó el pago de esas indemnizaciones:

Hay quienes se sienten más perjudicados o quienes son más ambiciosos que otros ... hay reclamaciones que eran justas, otras las pagamos justas. Siempre se pagó más que lo que había ... y por muchos que hicieron su agosto, eso sí, otra cosa es que a Palomares no le benefició en nada.¹⁴

Las investigaciones realizadas por los abogados norteamericanos dieron un resultado sorprende. En realidad, no se trataba de que los españoles hubieran optado por rechazar las indemnizaciones por decisión propia sino que su recelo a firmar y a aceptarlas a partir de un momento concreto era consecuencia de la recomendación del propio gobierno español (en concreto de los representantes del Ministerio de Agricultura, en ese momento en manos de Adolfo Díaz-Ambrona y Moreno, quien había asumido la cartera desde hacía escasamente 8 meses). Abogado, ganadero y natural de Badajoz, había visto cómo unos milicianos exaltados habían asesinado a su padre unas semanas después del inicio de la guerra civil y, enseguida, se sumó a la causa de Franco siendo elegido muy pronto procurador a Cortes, donde trabajó en distintas comisiones como las de Hacienda y Presupuesto, así como en la comisión del plan de desarrollo que buscaba transformar económica y socialmente a España. Sus consejeros desplazados a Palomares —posiblemente los funcionarios que más defendieron a los vecinos frente a los criterios de EE. UU.— mostraron sus reservas: primero por los documentos que los abogados norteamericanos hacían firmar a los vecinos cuando recibían los pagos, y segundo por los precios de referencia que usaban para valorar las cosechas que se destruían o quemaban o, simplemente, se dejaban echar a perder o sin plantar. Los funcionarios españoles hicieron ver que la redacción del teóricamente inocuo recibo por lo adelantado incluía una frase que se podía entender como que el firmante renunciaba en ese momento a cualquier tipo de recaudación posterior. Además, respecto al precio y valoración de las cosechas a la hora de fijar las indemnizaciones, se decidió formar una comisión con peritos del Ministerio de Agricultura para que estudiara el asunto.

La tensión creció hasta tal punto que el general Wilson no vio otra salida que volver a recurrir al representante del gobierno español para todo lo relacionado con el accidente, el general Montel —que ya había estado presente en la famosa reunión de 1958 en el Pentágono para explicar las posibles consecuencias de un ataque nuclear soviético sobre las bases militares utilizadas por EE. UU. en suelo español—. Siguiendo instrucciones de Madrid, Montel convocó una reunión el 31 de enero por la noche en el cine del pueblo para, junto a Wilson, tratar el tema e intentar convencer a los agricultores y ganaderos de que no debían desconfiar de cómo se estaba actuando. Las explicaciones dieron su resultado al menos temporalmente, a la espera de conocer el resultado de la investigación y la valoración que llevarían a cabo los hombres de Agricultura sobre el precio de las cosechas y productos. Para entonces, los estadounidenses se habían dado prisa para empezar a cerrar compensaciones y ya habían respondido positivamente a 74 reclamaciones por un valor aproximado de 3.257 dólares (195.420 pesetas). Sin embargo, el asunto del texto del recibo fue más complejo de resolver. El 4 de febrero el boicot fue aprobado por unanimidad por todos los vecinos y, oficialmente, comunicaron a los abogados norteamericanos que no firmarían ningún documento que incluyera la frase «liquidación final», pues lo que estaban pagando en concepto de indemnizaciones era parcial y un mero adelanto. La decisión la tomaron a pesar de las felicitaciones que habían recibido ese mismo día por parte de los representantes estadounidenses: con la intención de reconocer su ayuda y contribución, el general Wilson felicitó y agradeció públicamente la asistencia prestada por los vecinos en el rescate de los supervivientes y la recuperación de los cadáveres de los 7 aviadores muertos. Tras reconocer también la labor de la Guardia Civil «por haber reaccionado tan valientemente», el general norteamericano terminó sus palabras indicando que se recogerían todas las relaciones sobre posibles perjuicios económicos a los que se daría satisfacción, aseguró. A su lado se encontraba, por supuesto, el general Montel, el señor Iranzo de la JEN, y el gobernador civil, Luis Gutiérrez Egea, que protocolariamente presidía el acto.¹⁵ Al examinar el texto del dichoso recibo, las dudas sobre su interpretación parecen bastante razonables:

ACUERDO DE LIQUIDACIÓN

Por el presente documento, yo              con documento nacional de identidad núm. domicilio en Palomares, Cuevas de Almanzora (Almería), España, acepto la cantidad de       (       Pesetas) ($      ) en concepto de indemnización y liquidación final de mi reclamación contra el Gobierno de los Estados Unidos y empleados o miembros de dicho Gobierno, por la totalidad de los daños y perjuicios, a consecuencia del accidente aéreo* ocurrido el 17 de enero de 1966 en Palomares, Cuevas de Almanzora (Almería), España, a mi parte de las cosechas en Polígono Núm.

      , Parcela Núm.      , Palomares, España, renunciado al ejercicio de cualesquiera acciones que me pueden corresponder contra dicho Gobierno en relación a las cosechas indicadas.

En Palomares, Cuevas de [sic] Almanzora (Almería), España, a     de     de 1966.

Firmado:          .¹⁶

El desacuerdo era tan grande que ambas partes decidieron elevarlo a las estancias políticas superiores y, el 12 de febrero, el general Donovan, máximo jefe militar del Pentágono en España, se reunió con el número dos del Alto Estado Mayor, general Eduardo Prado Castro, para estudiar el asunto. La solución propuesta por los norteamericanos consistió en una carta en la que explicaban que aunque el texto mencionaba «liquidación final», en realidad no significaba eso porque solo se refería a los daños conocidos y no a los que se desconocían en ese momento, por lo que quedaba abierta la posibilidad de presentar nuevas demandas o reabrir las viejas. Manteniendo este planteamiento, propusieron entonces a las autoridades españolas que aceptaran la explicación como buena y la divulgaran entre los perjudicados como prueba de la buena voluntad de Washington. Una vez más, el gobierno de Franco se convirtió en defensor de la interpretación de la postura norteamericana e hizo lo propio. Tuvo su efecto porque la negativa a firmar los finiquitos se levantó 10 días después, el 24 de febrero.

La fijación del justiprecio para el caso de las pérdidas de cosechas y jornales resultó algo más complicado. Siguiendo las instrucciones recibidas desde Washington, los abogados norteamericanos buscaron de nuevo involucrar al máximo a las autoridades españolas. Por eso intentaron coordinar con ellas la determinación del precio a pagar por la pérdida de jornales, del valor de los productos del campo y la cuantificación de los daños ocasionados a las cosechas y los campos. Por ejemplo, se estipuló que la compensación máxima de emergencia para un cabeza de familia en paro sería de 150 pesetas diarias o que, por pérdida de jornales, el máximo de días compensados sería de 1 mes a una media de 100 pesetas diarias. Las compensaciones por pérdida de cosechas fueron más difíciles porque, para estimarlas y poder pagarlas, los abogados estadounidenses solicitaron como requisito irrenunciable la presentación de escrituras y de títulos de propiedad. El problema radicaba en que algunos agricultores carecían de ellos porque muchos de los acuerdos habían sido verbales y los cambios de propiedad no habían sido registrados oportunamente, por lo que ni siquiera había una documentación exacta de los lindes de cada parcela. Para resolverlo, los estadounidenses decidieron hacer un reconocimiento aéreo completo y sacar decenas y decenas de fotografías para luego reconstruir sobre ellas las fronteras de las distintas parcelas con la ayuda —de nuevo— del hijo del alcalde pedáneo y el asesoramiento de un perito independiente, Francisco González Navarro, que necesitó casi una semana —del 22 al 30 de enero— para estimar los acres por cosecha de las zonas contaminadas por parcelas o zonas cultivadas. El siguiente paso era determinar el precio justo por cada producto. Los tres más importantes son: tomates, grano y alfalfa, pues juntos acumulaban el 90 % de las reclamaciones. Y eso se convirtió en el problema más difícil de todo el proceso.

Al final, la solución al contencioso la ofrecieron los españoles, como no podía ser de otra manera. El 23 de enero, Manuel Mendizábal Billalba, jefe de Ingeniería del Ministerio de Agricultura, se desplazó a Palomares para hacer un informe con los datos que tenía en su poder y habían recogido sus hombres y, paralelamente, se nombró una comisión de 3 personas para revisar los precios. La comisión estaba formada por el casi omnipresente alcalde de Palomares, José Manuel Fernández González, y dos especialistas otra vez del Ministerio de Agricultura, Francisco Alados Vielma e Isidoro Vertiz Espinar. Ante el paso del tiempo y la falta de progresos, los representantes de los agricultores amenazaron con llevar el tema al Tribunal Internacional de La Haya, lo que provocó consternación en algunos círculos políticos. En vista de ello, los generales Wilson y Montel volvieron a convocar otra reunión en Palomares el 17 de marzo para analizar el caso. El general español se comprometió una vez más a hablar con los propietarios para convencerles de que cambiaran de actitud. La reunión entre ambos tiene lugar el día siguiente, 19 de marzo, y se logra el acuerdo tan deseado. Según reconocen las propias fuentes norteamericanas, el consenso incluyó un aumento del precio de las compensaciones en el caso de los tomates del 26,5 % y del 15 % cuando se hablaba de alfalfa.* Así explicó un portavoz de la embajada de Estados Unidos todo el proceso negociador:

En un primer momento valoramos la cosecha de tomates demasiado baja, descubierto el error, elevamos la cifra de nuestras indemnizaciones. Este es un asunto difícil. Tanto los españoles como nosotros debemos dar prueba de buena voluntad para evitar malentendidos. Nosotros estamos abiertos a nuevas reclamaciones siempre que se presenten pruebas o que se produzcan nuevos daños. Hasta diciembre de 1966, los vecinos parecían estar contentos con las indemnizaciones. Desde esa época, la atmósfera de confianza ha cambiado. El camino a una solución amistosa —en contra de lo que cree algún sector de la opinión— no está bloqueado. Para nosotros, el diálogo sigue abierto. Se nos acusa igualmente de que tratamos de regatear y esta palabra no nos parece justa; tratamos de negociar y discutir para llegar a un acuerdo. En una primera fórmula, nosotros atendimos solamente a los daños materiales. Los daños psicológicos o morales no han sido globalmente considerados. Posteriormente establecimos una segunda fórmula en la que valoramos los daños materiales más ciertos daños considerados por conceptos intangibles, que no es posible valorar en el mercado. Nuestro embajador ha dicho oficialmente que el gobierno de Estados Unidos quiere hacer lo que es justo. No se trata de dar un premio, sino de indemnizar por unos daños.¹⁷

LA PROTESTA SE EXTIENDE A LOS PESCADORES

Las restricciones al tráfico marítimo impuestas por el almirante Guest paralizaron prácticamente la pesca de litoral para las flotas artesanales de Águilas, Garrucha y Villaricos, hasta el punto de ponerlas fuera de toda posible recuperación por la acumulación de pérdidas y el tiempo que estuvieron sin trabajar. Desde el punto de vista de la Armada norteamericana estaba completamente justificado porque no se podía correr el riesgo de que cualquiera pudiera hacerse con piezas clasificadas y secretas como la «caja negra», las instrucciones de ataque o la bomba atómica. Por eso, era imprescindible no permitir el paso —y sobre todo la pesca— hasta que no se recuperara la cuarta bomba y se estuviera seguro de que la zona estuviera completamente revisada y comprobado cada objeto que apareciera en el radar. La imposición del área de restricción total para la flota pesquera local entró en efecto el 9 de febrero, cuando los analistas norteamericanos empezaron a convencerse de que había muchas probabilidades de que la bomba termonuclear se encontrara en el agua. La delimitación de esas zonas de restricción total, que estuvo en vigor hasta el 11 de abril, se fijó sin tener en cuenta lo más mínimo el efecto económico que podía tener, a pesar de que prácticamente incluía casi todos los caladeros habituales de la flota de estos 3 puertos, en particular de los barcos más pequeños que no podían alejarse mucho de la costa. El capitán abogado norteamericano Joe Ramírez, uno de los miembros de la Oficina de Reclamaciones, lo recordaba así años después:

Vinieron unos pescadores de Villaricos que estaban agitados y su punto era que estaban sin poder pescar y se tomaron medidas para que esas personas tuvieran un anticipo y alimentación.¹⁸

La primera respuesta norteamericana fue poner en práctica los adelantos de emergencia y los repartos de comida para que algunas familias pudieran hacer frente a las primeras necesidades. En total 38 pescadores de Villaricos recibieron 951,14 dólares —unas 57.000 pesetas— que pronto fue insuficiente. Se anticiparon, asimismo, 3.000 dólares para aquellos pescadores que habían participado en el rescate de los supervivientes en concepto de gratificación por los servicios prestados y para cubrir los daños que se pudieran haber producido en sus barcos. A principios del mes de marzo el descontento creció hasta el extremo de que, de nuevo, el general Wilson tuvo que recurrir a Montel. La magnitud del problema requería medidas inmediatas. En Águilas, más de 800 familias estaban afectadas y reclamaban asistencia, junto a 300 marineros de las tripulaciones de los 60 buques de Garrucha y los 50 de prácticamente toda la flota de Villaricos. El informe de los abogados de la XVI Fuerza Aérea es muy explícito a la hora de explicar la situación:

Los pescadores de Águilas y Garrucha reclamaron que habían sufrido pérdidas por la bajada de los precios de mercado de sus capturas y por las limitaciones impuestas en sus caladeros. Sin embargo, la Comisión no puede confirmar ninguna de esas reclamaciones siguiendo los documentos de la autoridad portuaria y, por ello, solicitó al gobierno español aportara documentos oficiales parecidos a los informes que había presentado el Ministerio de Agricultura de tal manea que se pudieran comprobar las pérdidas. No se facilitó ningún informe.¹⁹

Esta declaración estadounidense es difícil de creer porque casi un mes antes, el 8 de febrero, la propia Jefatura Provincial de Sanidad de Almería había hecho público un comunicado que intentaba desmentir el bulo que se había extendido en sentido de que el pescado de la zona de Palomares estaba contaminado y que había traído consigo un drástico descenso del precio de hasta el producto más valioso de la zona. El kilo de gambas de mejor calidad había pasado de las 200 pesetas a poco más de 70 por falta de demanda:

Ante las numerosas consultas efectuadas a esta Jefatura —decía la nota de prensa—, se pone en conocimiento del público en general que no existe ni ha existido caso alguno de carácter higiénico-sanitario que impida el normal consumo del pescado fresco.²⁰

Por razones que desconocemos, el Ministerio de Agricultura español se mostró mucho menos colaborador cuando se trató de los pescadores que de los agricultores o ganaderos, y esto complicó aún más las cosas. Los norteamericanos intentaron enfrentar la creciente tensión contratando a todos los habitantes disponibles de Villaricos para que trabajaran en el campamento Wilson o retirando las cosechas. Sin embargo, la medida no resultó suficiente porque los salarios que recibían no superaban lo que normalmente obtenían pescando. La falta de perspectiva de solución actuó de caldo de cultivo para pasar a la acción. A finales de marzo, las protestas aumentaron y las mujeres de los marineros empezaron a organizarse para marchar contra los estadounidenses. Incluso la Guardia Civil se mostró preocupada: por primera vez se podían producir altercados de orden público y al ser protagonizados por mujeres y niños resultaba más difícil aún plantear acciones de contención. Los estadounidenses respondieron haciendo nuevos adelantos de emergencia y pagando algunas reclamaciones. El 31 de marzo, la Oficina de Reclamaciones efectuó 33 pagos equivalentes a 10 días de trabajo a 150 pesetas por día, y a mediados de abril se pactaron asimismo las indemnizaciones para patrones, marineros y vendedores de pescado: 150 pesetas diarios durante un máximo de 60 días —el doble que en caso de los jornaleros del campo—. Al mismo tiempo, el general Wilson hizo una petición especial al almirante Guest para que redujera la zona de restricción, lo que logró a partir del 1 de abril. Ello contribuyó a reducir las protestas de manera significativa.²¹

Pero no todo fue problemático. Aunque no hubo heridos directos como consecuencia del accidente, varios vecinos presentaron reclamaciones por heridas sufridas ese mismo día 17 de enero y, tras analizarlas con detalle —tanto desde el punto de vista político como social—, los representante del Pentágono decidieron aprobar tres pagos como una especie de «favor» y de muestra de buena voluntad. El primero tenía como protagonistas a Josefa Molina Alarcón, la madrastra de Diego Flores Martínez, una mujer de 75 años que supuestamente sufrió heridas graves como consecuencia de una caída. Según la versión de su familia, Josefa salió despavorida de su casa al ver caer los restos de los aviones ante el miedo de que alguno destrozara su casa. En su carrera, se cayó con tal mala suerte que se rompió ambos brazos y se hizo una profunda herida en la pierna. Tras ser atendida por el doctor, regresó a su casa pero requirió la ayuda de una cuidadora para desenvolverse. A los cuatro meses del accidente, el 23 de mayo, sufrió una embolia y falleció. El 1 de marzo, su hija presentó una primera reclamación por 1.666,67 dólares que se añadía a las 940.640 pesetas que ya había solicitado anteriormente por daños a su propiedad. El 20 de junio, tras llegar a un acuerdo, Diego Flores Martínez y su mujer, Gabriela Navarro Molina, firmaron el finiquito por un total de 361.977 pesetas.²² En el segundo caso, Antonio Fernández Parra buscó recuperar los gastos ocasionados por el tratamiento de un eczema que le había salido en la mano izquierda y que, supuestamente, se había causado el 18 de abril al recuperar a los miembros de la tripulación de los restos de los aviones siniestrados. Como prueba presentó una declaración del párroco que afirmaba haber sido testigo del rescate y aseguró que se había quemado el traje que llevaba puesto. Se le pagaron 13.553,85 pesetas (226,12 dólares), incluyendo medicinas, la factura del médico y 37 días de trabajo perdidos. Sin embargo, solicitó, asimismo, una ampliación de la indemnización por la ropa que se le había estropeado pero fue rechazada al no poder facilitar la chaqueta que supuestamente había comprado en Francia por 5.000 pesetas ni la factura como comprobante. Aún insatisfecho, escribió directamente al embajador de EE. UU., a quien denunció haber sido tratado injustamente. Se reconsideró su caso y se decidió aprobar una indemnización de 3.000 pesetas (50 dólares) «por actos solidarios durante las operaciones de rescate».²³ El tercer y último caso en esta categoría se refiere a Isabel Jordán Paredes. Según su versión se lesionó la espalda cuando estaba corriendo por la zona donde habían caído los restos de los aviones. Viuda de seis hijos y camarera de un restaurante en Palma de Mallorca, solicitó 4.455,25 pesetas y se le terminaron concediendo 2.500 el 29 de abril. El 5 de mayo amplió la demanda al habérsele alargado la dolencia y presentó para avalarlo los informes médicos y las pruebas de rayos X. Se aceptó la petición y se le concedieron otras 15.000 pesetas.

LA DUQUESA «ROJA» AGITA AL PUEBLO EN FAVOR DE SUS DERECHOS

En septiembre de 1966, la Oficina de Reclamaciones de EE. UU. había recibido un total de 595 reclamaciones por un valor superior a los 6,5 millones de dólares (unos 391,8 millones de pesetas). De ellas, el 82 % habían sido resueltas y pagadas, pero en términos económicos (555.456 dólares, equivalentes a unos 33,3 millones de pesetas) solo representaban una porción muy pequeña —escasamente el 8 % del dinero reclamado—. Con la intención de manipular a la opinión pública, los portavoces de la embajada de EE. UU. resaltaron en declaraciones a la prensa que el monto pagado «suponía» un promedio de unas 750.000 pesetas por reclamación, lo que era cierto en términos estadísticos pero completamente falso respecto a quién se había beneficiado directamente de ese dinero.²⁴ La prueba es que, según los propios datos norteamericanos referidos al período comprendido entre el 24 de junio y el 1 de abril, el 89 % habían sido pagos inferiores a 4.000 pesetas y el 99 % menor de 8.000 pesetas.²⁵ A esas fechas, un total de 91 solicitudes habían sido rechazadas por distintas razones, la mayoría referidas a jornales perdidos dudosamente o beneficios futuros. De acuerdo con la versión estadounidense, todas fueron denegadas después de que una investigación oficial no pudiera demostrar una relación directa con el accidente, por lo que no se consideraron válidas. Las 12 solicitudes que permanecían abiertas en esos momentos se referían a cantidades superiores a 900.000 pesetas y cuya decisión correspondía a Washington. Una de ellas —que posteriormente fue retirada— tenía relación con una reclamación por valor de 1 millón de euros de un propietario de unos terrenos situados en la costa, a unos 32 kilómetros al sur de Palomares. Según el español, tenía una oferta de un grupo inversor británico que la había retirado tras el accidente. La reclamación fue abandonada al no poder presentar el constructor las pruebas de la supuesta oferta.²⁶

En este contexto, el sábado 15 de enero de 1967, varios cientos de damnificados amenazaron con organizar una protesta en Madrid si sus peticiones de indemnizaciones —algunas pendientes y otras nuevas— no eran atendidas por el gobierno estadounidense. Consistió claramente en una muestra de la insatisfacción que aún reinaba en el pueblo. Las principales protestas estaban concentradas en agricultores que coincidían en el convencimiento de no haber recibido las cantidades justas. Según ellos, y a pesar de la negociación al alza respecto a la primera propuesta norteamericana, las compensaciones dinerarias se encontraban muy por debajo —entre un 30 y 60 %— respecto a lo que ellos habían reclamado. Los líderes del grupo eran los agricultores Andrés Cervantes Perellón y Antonio Flores Martínez, quienes presentaron una segunda reclamación ante la embajada de EE. UU. en Madrid, además de enviar una carta a Franco a finales de 1966 que no tuvo respuesta.²⁷ Según se supo después, Cervantes era el dueño de los terrenos donde estuvo instalado el campamento Wilson durante el tiempo que duraron las labores de búsqueda y descontaminación y que continuaría con su demanda en los tribunales españoles como veremos más adelante.

La protesta, incentivada por la aristócrata Isabel Álvarez de Toledo y Maura, duquesa de Medina Sidonia —definida como «agitadora» en los informes norteamericanos—, tuvo su efecto porque ese mismo día, «una fuente oficial» de la representación estadounidense concedía una entrevista anónima a la agencia de prensa oficial (Cifra) en respuesta a las críticas. «No se ha registrado ningún caso en que la radiación llegase a un límite que pudiese afectar a las personas en la zona de Palomares como consecuencia del accidente ... las indemnizaciones satisfechas hasta ahora sobrepasan los 30 millones de pesetas. Por otra parte, ni la agricultura ni el turismo han sufrido alteraciones», afirmaba el diplomático estadounidense.²⁸ Las declaraciones no fueron suficientes para detener el movimiento que acababa de comenzar. En la tarde del día 16 de enero de 1967, previo al primer aniversario, unos 50 vecinos se reunieron en compañía de la duquesa para aprobar las medidas de protesta: la primera fue convocar para las 10.00 h del día siguiente, 17 de enero, coincidiendo con la hora exacta del accidente y el primer aniversario del mismo, una manifestación. Recordemos que en esa época estaban terminantemente prohibidas las reuniones y manifestaciones sin autorización gubernativa, aunque fueran de carácter pacífico. La intención era iniciar una marcha hacia Cuevas del Almanzora donde un grupo más reducido tomaría un autocar para emprender viaje a Madrid. Como la concentración no estaba autorizada, la Guardia Civil intervino y disolvió a los dos centenares de personas que se habían concentrado, a la vez que procedió a la detención de la duquesa en cumplimiento de la orden que ya había firmado el juez de Cuevas decretando su arresto. La duquesa de Medina Sidonia fue trasladada a Almería, donde llegó a las 19.00 h e ingresó en la prisión provincial para ser puesta más tarde a disposición del Tribunal de Orden Público. La prensa, dirigida por el régimen, no resistió a añadir madera a la noticia. «Estos son los hechos —concluye el despacho enviado por la agencia de noticias de inspiración católica Logos— que de nuevo han perturbado la paz de esa comarca y de unos modestos labradores que habían recobrado la tranquilidad perdida con el accidente cuando ya tenían olvidada la catástrofe y no querían saber nada de ella. En realidad solo quedan algunos casos pendientes de liquidación a falta de algún que otro trámite burocrático.»²⁹

A pesar de la dureza con la que el régimen de Franco quiso acallar las protestas, los norteamericanos eran conscientes de que el malestar de los habitantes de Palomares no era pasajero y podía convertirse rápidamente en un grave problema político. Quizá por eso, un representante de la embajada de EE. UU. recibió el 23 de enero a una comisión de tres propietarios de Palomares junto a la duquesa —que había salido de la cárcel tres días antes—. Durante el encuentro, los vecinos resaltaron que su posición conciliadora terminaría si las autoridades norteamericanas no estaban dispuestas a pagar «compensaciones morales» rápidamente, algo que no se había contemplado hasta entonces. Los abogados estadounidenses ni siquiera contestaron a la provocación y se limitaron a señalar que las reclamaciones debían presentarse individualmente y no en grupo. El siguiente encuentro se produjo el 9 de febrero y, en este caso, estuvieron presentes por parte de EE. UU. el secretario de la Comisión de Reclamaciones y el abogado español llamado Candel y, por parte de los vecinos, asistió Cervantes como apoderado del grupo y los abogados José Luis Herranz y Rafael Hernando. La reunión tuvo lugar en la sede de la Comisión que se encontraba en uno de los edificios de la base de Torrejón. Los vecinos alegaban que de las 206 familias de Palomares y 52 de Villaricos que habían presentado reclamaciones, 75 no habían recibido indemnización alguna. Según ellos, de la cantidad global solicitada (que ascendía a 82,5 millones de pesetas) solamente se habían satisfecho un año después 17,6 millones y eso que las cantidades pagadas fueron rebajadas sin justificación alguna.³⁰ El encuentro sirvió para acelerar los trámites burocráticos porque 3 meses después solo se habían recibido dos reclamaciones más (en total 599), pero el número de las rechazadas o en trámite se habían reducido a 96 —es decir se habían resuelto 26 expedientes—. De ellas, quedaban pendientes de nueva evaluación un total de 18 —rechazadas por los demandantes en primera instancia por considerar bajas las cantidades propuestas— y otras 10 estaban «a punto de ser resueltas».³¹ Pero el resultado no fue el esperado, al menos para los vecinos. La respuesta de EE. UU. fue durísima. Rechazó compartir la documentación que obraba en su poder, que consideraba reservada,³² y remitió una carta denegando categóricamente la totalidad de las pruebas aportadas por considerar que las que obraban en su poder poseían un valor superior. Por lo que, concluía la misiva, la Comisión «sigue estimando que las indemnizaciones concedidas fueron adecuadas y exactas, siendo incluso generosas en muchos casos».³³ Su única concesión consistió en devolver a los solicitantes aquellas reclamaciones que todavía estaban abiertas —unas 12—, en su mayoría por haber rechazado los vecinos las ofertas económicas presentadas en un primer momento por los abogados norteamericanos.

Para concluir este capítulo, señalemos que la duquesa de Medina Sidonia fue juzgada por el Tribunal de Orden Público el 18 de octubre. Los estadounidenses denunciaban que la mayoría de sus actividades estaban destinadas a desacreditar al gobierno español y a criticar a Estados Unidos activando a los círculos antiamericanos y utilizando a la prensa como caja de resonancia. Durante el juicio, el abogado defensor, Mariano Robles Romero-Robledo, pidió su absolución por estimar que solo había ayudado a los damnificados y que se trata de «una simple despedida de familiares». Ante una sala repleta de periodistas, su alegato final se convirtió en la práctica en una denuncia política:

Como españoles nos sentimos orgullosos de nuestros jueces. ¿Por qué la justicia debe estar en manos de los extranjeros? Por ello los vecinos de Palomares y Villaricos con la duquesa al frente, se enervan porque no puedan dirigirse a jueces españoles. Si esto es así ¿cómo puede extrañarnos que ocurrieran estos hechos? Los vecinos de estos pueblos se quedaron sin nada y acudieron a la Comisión Interaliada donde los españoles no participan para nada. Es entonces cuando la duquesa de Medina-Sidonia, sintiendo su sangre española, se ofrece a los vecinos. ¿Es que no pueden desplazarse a Madrid en silencio y haciendo uso del derecho que les confiere el Fuero de los Españoles?³⁴

Las palabras del abogado defensor sirvieron para poco y el Tribunal de Orden Público la condenó como autora de un delito de manifestación ilegal en concepto de organizadora a un año de prisión y multa de 10.000 pesetas. Recurrió al Tribunal Supremo, pero con el mismo resultado pues la Sala Segunda de la máxima instancia judicial española ratificó la sentencia el 28 de diciembre de 1968.³⁵

«PACO EL DE LA BOMBA» Y LOS RECURSOS ANTE TRIBUNALES ESPAÑOLES

Como testimonio de admiración por su talento excepcional y profundo conocimiento de los mares de Don Francisco Simó Orts que ayudó a encontrar la bomba nuclear que cayó al mar frente a la costa de Palomares, y como símbolo de gratitud en nombre de mi país, firmo este documento en Madrid, hoy, 15 de abril de 1966. Firmado Duke Embajador de Estados Unidos.

Con estas palabras el embajador estadounidense imponía el 15 de abril de 1966 al famoso pescador una medalla por su colaboración y asistencia.* Escasamente 5 meses después, el 24 de septiembre, sus abogados se presentaban en la Oficina de Reclamaciones de la base aérea de Torrejón para presentar una petición en su nombre solicitando una compensación de 5 millones de dólares libres de impuestos —equivalente al 5 % de su valor total—. Argumentaban que su «servicio de salvamento» había contribuido a la Fuerza Aérea de EE. UU. tanto en la recuperación de la bomba que había caído en el Mediterráneo como en la localización de la «caja negra» de uno de los aparatos. La reclamación, por su valor, superaba la jurisdicción de la comisión en Torrejón y fue remitida a la sede central de la Fuerza Aérea en Washington D.C. La reivindicación que presentó Simó Orts era, con gran diferencia, la que cubrió más hojas y recursos. Fuera por la celebridad que le concedió la prensa española o por el valor intrínseco de su participación en todo el suceso, lo cierto es que el proceso judicial que decidió llevar a cabo el pescador español ante los tribunales estadounidenses se alargó en el tiempo y algunos lo criticaron por estimar que solo buscaba su lucro personal. Cierto es que los estadounidenses le reconocieron su ayuda tanto pecuniariamente como moralmente, pero el pescador consideraba que no era suficiente. Los diplomáticos norteamericanos insistieron hasta la saciedad en que la compensación que habían aprobado de 373.900 pesetas (4.565,56 dólares) había sido justa. En este sentido, aseguraron que le habían liquidado 3 indemnizaciones independientes: por la recuperación de la bomba, por la suspensión de sus labores de pesca y por su asistencia. «En cada caso —agregaron—, el total de las reclamaciones formuladas por Simó fue satisfecho.»³⁶

La presentación de la demanda provocó un conflicto de criterios y opiniones. Según Simó Orts, solo había sido compensado por la «pérdida de tiempo» de pesca y no por el auxilio a las operaciones de salvamento. Por el contrario, la posición de EE. UU. sostenía que había sido adecuadamente compensado y actuaba bajo contrato del Gobierno y no voluntariamente. Desde el principio, el caso se politizó por la relevancia que su figura había tenido en la prensa española en los últimos meses, aunque eso no fue óbice para que su petición fuera rechazada sin contemplaciones. En el intermedio, Simó Orts hizo patente su desagrado con la manera en la que estaba siendo tratando por las autoridades norteamericanas en declaraciones a varios medios españoles como Europa Press, Pueblo y El Alcázar, lo que enrareció el tema. Su popularidad llegó al extremo de que el diario Arriba —uno de los más cercanos al gobierno— llegó a iniciar una recolecta pública para comprarle un nuevo pesquero —una de sus peticiones— aunque sin mucho éxito, por cierto.

El 3 de mayo de 1967, Hernet Brownell, exministro de Justicia norteamericano y en ese momento abogado del despacho Lord, Day & Lord, asumió la defensa del pescador español y presionó a la Administración para que tomara una resolución definitiva. Ante las dificultades por avanzar, los abogados de Simó Orts propusieron un acuerdo amistoso por el que se comprometían a retirar la demanda a cambio de una cifra «justa y equitativa» de 150.000 dólares, cerca de 9 millones de pesetas. Sin embargo, para entonces el gobierno norteamericano había decidido que no pactaría y que sería mejor que el asunto pasara a los tribunales para evitar crear precedentes y, a la vez, desalentar a otros españoles que ayudaron de forma parecida y estuvieran pensando en presentar demandas similares. Al final, el juez naval de Nueva York falló a favor de Simó Orts en el otoño de 1971 aunque la compensación aprobada estuvo muy lejos de la que el pescador español había aspirado: 10.000 dólares. Una victoria pírrica, diríamos.*

Respecto a las reclamaciones ante tribunales españoles relacionadas con Palomares, solamente hay dos casos que hayamos documentado: el primero con éxito —aunque relativamente escaso en la cuantía frente a la aspiración del reclamante— y el segundo con fracaso. El primero fue presentado por Francisco Cervantes de Haro —quien había protagonizado la comisión de vecinos que en 1967 se había reunido con funcionarios de la embajada de EE. UU. para reclamar daños morales— y su hija, Angelina Cervantes Párraga. En este caso, el recurso llegó hasta el Tribunal Supremo y en él se reclamaba una indemnización por la instalación en sus propiedades del campamento Wilson durante un período de 73 días. Los propietarios se consideraban «gravemente afectados por la ocupación militar de la finca» y, como consecuencia, formularon una reclamación ante el teniente general jefe de la Región Aérea del Estrecho solicitando el abono de 876.000 pesetas y 10.500 más por la devaluación de su finca. La autoridad militar desestimó la reclamación y fijó una indemnización de 17.743 pesetas.³⁷ El Tribunal Supremo lo estudió el 27 de mayo de 1977 y reafirmó la obligatoriedad del gobierno español de ejecutar la indemnización de acuerdo con la cantidad fijada. Solamente habían pasado 11 años.³⁸

El segundo caso se refiere a un guarda civil de los más del centenar que participaron en las tareas de vigilancia durante las jornadas posteriores al accidente. No conocemos su identidad porque su nombre se mantiene en secreto por razones de privacidad en el dictamen del Consejo de Estado que estudia su caso. Emitida el 13 de septiembre de 2007, la decisión judicial desestima la reclamación de 300.000 euros por daños morales derivados del servicio que llevó a cabo en Palomares en los meses posteriores al accidente presentada contra la Administración española por entender que fue solicitada fuera de plazo y sin entrar en el fondo de la cuestión.³⁹ Según las diligencias, el guardia civil, que estaba asignado al cuartel de la localidad de Palomares, permaneció durante 72 horas «haciéndole guardia a un artefacto de los aviones implicados, que resultó ser una bomba, que cayó en un barranco muy solitario, que dejó quemado un espacio de unos 35 a 40 metros de circunferencia donde yo tuve que comer de aquellas hortalizas que había plantadas, como lechugas, tomates y coles, todo ello quemado y lleno de plutonio radiactivo». Desde entonces, según la versión del demandante, su salud se fue resintiendo por lo que estimaba que era «muy razonable» que el Estado le concediera una indemnización por haberse originado en acto de servicio. Como prueba, presentó un informe de la Junta de Energía Nuclear fechado en 1986 en el que aseguraba que desde 1970 presentaba síntomas de neurosis depresiva, «desarrollados como consecuencia de la experiencia intensamente vivida en los días posteriores al accidente». Sin embargo, el Tribunal Médico de la Segunda Región Militar, que había revisado el caso, consideró que dicha depresión no le incapacitaba para el servicio, opinión que confirmó el Ministerio de Defensa en 2001.*

Gráfico 1. Total de indemnizaciones solicitadas y pagadas por

Estados Unidos

*

**

Fuente: Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 181.

8

De la censura al célebre baño de Fraga

Tito’s es un chiringuito de la playa de Mojácar, a unos 40 kilómetros al sur de Palomares. De los más concurridos del paseo marítimo en verano. Con palmeras, mirador al mar, cocina de toque oriental y música en directo los domingos. Pocos de sus clientes saben, sin embargo, la historia completa de su propietario, un bonachón de larga melena platina y todavía acento americano a pesar de sus 50 años en España. Bueno, de los dos hermanos Del Amo. «Mi hermano ahora vive en Filipinas ... solo le interesa el windsurf ... como recluido. Hace mucho tiempo que no tenemos contacto con él», explica Tito en relación a André, dos años mayor, ambos ahora en los setenta.¹ De ascendencia española, los dos hermanos Del Amo nacieron en Los Ángeles en plena segunda guerra mundial y cuando eran veinteañeros decidieron conocer la tierra de sus antepasados. André llegó primero y encontró trabajo en la oficina de la agencia de noticias United Press International (UPI) en Madrid, entonces dirigida por Harry Stathos, un veterano periodista que durante su juventud había combatido en la guerra de Corea. «Nada más aterrizar, en 1965, André me dijo que tenía que conocer dos cosas de España: Mojácar y Pamplona. Decidí empezar por el primero y me enamoré al instante», recuerda Tito, quien, cuando la historia de Palomares comenzó a complicarse, fue contratado por Stathos y por la otra agencia de noticias norteamericana radicada en Madrid, Associated Press (AP), para que siguiera el tema. «Como la cosa se alargaba, me contrataron para que lo cubriera sobre el terreno —señala Tito—. Yo tenía casa allí y no resultaba tan caro. Me pagaban 500 pesetas al día, una pequeña fortuna. Me alquilé un Seat 600 y así me quedé seis semanas en Palomares.» El trabajo consistió en seguir de cerca el avance de la búsqueda en el mar y las tareas de descontaminación y enviar toda la información y las fotografías que obtuviera. El material gráfico era tan abundante que cada dos días viajaba en su 600 a Murcia para darle los carretes al conductor del tren con destino a Madrid donde eran recogidos por personal de UPI y AP. «Era un trabajo difícil —reitera— porque nadie quería decir nada. Pero era mi trabajo.» Así empieza la relación de André y Tito con las bombas atómicas de Palomares.

Detengamos la historia por un segundo y recapitulemos un poco. Ya sabemos que el accidente se produce a primera hora española el 17 de enero pero la consigna oficial es facilitar la menor información posible, siguiendo el tradicional secretismo que Estados Unidos imponía con todo lo relacionado con armas nucleares. Una tradición que venía de largo y no tenía límites. En 1965, el Pentágono y el Ayuntamiento de Nueva York se enfrentaron después de que las autoridades municipales se enteraron de que los militares trasladaban convoyes con armas nucleares a través de las calles de la ciudad de los rascacielos por la noche. Cuando la noticia saltó a los periódicos, el Departamento de Defensa declinó en principio hablar del asunto hasta que se vio obligado a reconocerlo y aceptar la promesa de que dejaría de hacerlo con armas completas aunque sí con componentes atómicos.² Pero en el caso de Palomares, el silencio duró poco. A las 11.55 am, Harold Miks, jefe de la oficina de AP se enteró de que algo había pasado al llamar a Torrejón por otro tema. Como no pudo confirmar los detalles, simplemente envió a unos abonados un avance señalando que un bombardero B-52 se había estrellado en Almería. Ante la imposibilidad de negarlo, la embajada de EE. UU. en Madrid confirmó el accidente hablando de los supervivientes y de las tareas de rescate pero sin hacer mención alguna a los artefactos atómicos. La cortina de humo duró escasamente 48 horas. El corresponsal de Reuter en Madrid se enteró de que centenares de soldados norteamericanos recorrían los campos alrededor de Palomares con contadores de radiación Geiger. Eso solo podía representar una cosa. Sin embargo, la instrucción desde Washington sigue siendo la misma: silencio total. El gobierno español tiene sus propios planes. Muñoz Grandes, que como hemos visto asume la responsabilidad de la gestión directa de la crisis, se apresura a «coordinar» con los estadounidenses la información que debe darse a la prensa. El comunicado del Ministerio del Aire español evita incluso especificar que se trata de un bombardero, recurre al anglicismo de «jet de gran radio de acción» y se limita a señalan que buscan recuperar «elementos de carácter secreto militar».³ Era el propio Franco quien daba instrucciones concretas de lo que se podía decir y lo que no, e incluso vetó la divulgación de información específica como, por ejemplo, el reconocimiento de que se transportaba armamento atómico.⁴ El embajador de EE. UU. en Madrid recibió instrucciones parecidas del Departamento de Estado y, en concreto, le dejaron claro que el objetivo era seguir las instrucciones de las autoridades españolas de máxima discreción informativa para mantener la autorización de Franco de seguir permitiendo el sobrevuelo de aviones B-52 sobre su territorio. En un primer momento la cosa funcionó y la prensa pareció perder interés para satisfacción de los políticos.⁵ El director general de Norteamérica del Ministerio de Exteriores, Ángel Sagaz, se reunió con Duke para resaltar el temor de las repercusiones que podría tener en la opinión pública española que se supiera la pérdida de una de las bombas (la que cayó al mar no se había localizado) y las consecuencias de la radiación atómica. Las reticencias españolas eran tan grandes que incluso amenazó con tomar «decisiones unilaterales» si no se seguían sus deseos y rechazó la propuesta estadounidense de dar el visto bueno a un comunicado en el que se agradecía a España su colaboración. El borrador de la nota de prensa, compartida con los españoles el 18 de enero, se limitaba a afirmar que se había producido «una pequeña explosión de materiales convencionales» y que «los equipos de supervisión radiológica permanecerán en al área hasta completar el estudio y confirmar la seguridad del lugar».⁶ Sin embargo, el caudillo volvió a bloquear cualquier avance en este terreno. Prefería el silencio. Lo que no sabían los diplomáticos estadounidenses y españoles es que André del Amo ya había salido en coche hacia Almería en compañía de Leo White, corresponsal del diario británico Daily Mirror. El coronel Barnett Young, jefe de Prensa de la XVI Fuerza Aérea, les advirtió de que no husmearan. «No es lugar para historias escandalosas o hipótesis descabelladas», respondió cuando le preguntaron si el bombardero transportaba bombas atómicas. Según relata Tito del Amo, su hermano logró la exclusiva en el viaje de vuelta. «Cuando regresaba —explica— se encontró con un policía militar estadounidense que buscaba a alguien que pudiera traducirle. Quería que unos locales se marcharan de la zona porque existía peligro de radiactividad. André no dijo nada y tradujo.» Al regresar al coche, le preguntó inocentemente si estaban preocupados por las bombas. Y, sin más rodeos, el militar estadounidense le confirmó todo. Del Amo se trasladó rápidamente a la localidad de Vera y desde allí llamó a Madrid para transmitir la información. Al día siguiente, el diario The New York Times publicó la historia de UPI y, además de reconocer que había una bomba atómica, describía la masiva operación de búsqueda que se realizaba en las proximidades de Palomares.⁷

FRANCO IMPONE SILENCIO Y CENSURA

Los documentos estadounidenses desclasificados señalan que cuando Franco leyó la noticia de UPI enfureció hasta tal extremo que ordenó censurar la publicación de esa noticia en España, prohibió la distribución de la prensa extranjera y ordenó a Sagaz que se quejara duramente ante Duke y amenazara con «medidas unilaterales». De acuerdo con el telegrama que el embajador norteamericano envió a Washington que resumen la reunión, Sagaz habló de «extrema preocupación» por parte de Franco, «emergencia» y «crisis».⁸ El diplomático estadounidense intentó calmar a Sagaz asegurando que no se había producido una filtración intencionada. Pero la cosa no quedó allí, Duke llamó por teléfono a Stathos retándole a que revelara las «fuentes diplomáticas estadounidenses». Preocupado, el delegado de UPI reconoció que en realidad la confirmación la había obtenido por «otras fuentes» y pidió disculpas por haber enviado la información sin comprobarla con la Embajada. De los tres periódicos importantes de Madrid, solamente el diario Ya, de orientación católica, se atrevió a salirse de la línea oficial y el día 23 publica por primera vez en España que los militares norteamericanos buscan una bomba nuclear.⁹ Los diplomáticos norteamericanos advirtieron a Washington de que la situación se complicaba y era necesario un cambio de estrategia. «La mayor parte de la prensa estadounidense está siendo moderada y razonable —afirman—. En ausencia de comentarios oficiales, los reporteros sobre el terreno recurren al rumor y a la imaginación para rellenar sus columnas. Por esta razón, todos los departamentos y oficinas de EE. UU. consideran necesario un comunicado oficial honesto y cuidadosamente escrito».¹⁰

A pesar de la censura y control de los periódicos españoles, los habitantes de Palomares y de otras zonas del país comienzan a conocer la verdadera dimensión de la catástrofe al escuchar la palabra «radiactividad» en las radios extranjeras y en los periódicos que los partidos de la oposición introducen en el país. Radio España Independiente —la emisora financiada desde Moscú— transmite la información que publican periódicos estadounidenses y franceses, y dramatizan la situación calificándose de «catástrofe» de enormes dimensiones. Para la emisora comunista, la bomba que había caído en el Mediterráneo «poseía una letalidad peligrosa» y afirmaba que los vecinos de Palomares se manifestaban por las calles del pueblo bajo los gritos de «Yanquis a casa... fuera Estados Unidos».¹¹ El periódico Le Socialiste, del partido socialista francés en el que militaban muchos españoles, habla de «temor» e «incertidumbre» entre los habitantes de Palomares y especula sin problemas que la bomba perdida es de 20 megatones, exagerando claramente el peligro que corren los vecinos que asegura han sido abandonados por las autoridades franquistas ante las exigencias de Washington al haber convertido a España en una «colonia norteamericana».¹²

La política informativa de «sin comentarios» no podía ser indefinida. Sobre todo, porque la crisis se alarga ante la pérdida de la cuarta bomba. El embajador Duke presionó por mayor apertura informativa y por convertirse en el único portavoz autorizado. Así la primera rueda de prensa oficial tiene lugar el 13 de febrero en Madrid y durante su transcurso reconoció que se habían recuperado 67 objetos sin que ninguno fuera el que realmente buscaban, pero sin identificarlo. El interés en vez de disminuir aumentaba. En Palomares, el número de periodistas superó el medio centenar de siete países distintos, y en Torrejón más de 23 redactores habían hecho preguntas sobre el incidente. Sin embargo, Franco mantenía el criterio de no reconocer oficialmente la pérdida de la bomba atómica aunque todo el mundo hablaba de ello. La enorme presión de la prensa forzaba a los portavoces estadounidenses a retorcer la verdad una y otra vez (Washington tardó casi un mes en reconocer oficialmente la existencia de bombas atómicas a pesar de las pruebas y del envío de los submarinos especiales a Palomares). El periodista de The New York Times Tad Szulc describió lo absurdo de la escena cada vez que los periodistas preguntaban por detalles a los portavoces militares estadounidenses:

Reportero: Dígame ¿algún indicio de la bomba?

—Portavoz de la Fuerza Aérea: ¿qué bomba?

—Reportero: Ya sabe... la cosa que están buscando...

—Portavoz de la Fuerza Aérea: Sabe perfectamente que no estamos buscando ninguna bomba. Buscamos un objeto.

—Reportero: De acuerdo, ¿algún signo de que esa cosa que usted dice no es la bomba?

—Portavoz de la Fuerza Aérea: Si usted lo pone de esa forma, puedo decirle que no hay indicios de que la cosa no sea una bomba...¹³

Entre los documentos de la Comisión de Energía Atómica desclasificados para al autor se encuentra un argumentario preparado expresamente para unificar el mensaje de los portavoces de EE. UU. De 23 preguntas, el cuestionario responde a las 23 preguntas más difíciles que puede formular el periodista más agresivo para defender la versión oficial. Lejos de optar por una estrategia informativa defensiva, las instrucciones eran claras: negarse a contestar sin rubor, desviar la atención e incluso poner en cuestión al propio periodista. Un extracto de las principales preguntas y respuestas puede leerse a continuación:

1. P. Su declaración no responde a la cuestión principal. ¿Ha perdido Estados Unidos una bomba atómica?

R. El Departamento de Defensa señaló que llevaba a cabo una búsqueda de «material clasificado». Por razones de seguridad, no podemos hacer más comentarios. (Si es necesario) No confirmamos o desmentimos la localización de ninguna bomba atómica.

2. P. ¿Cuántas bombas nucleares han encontrado?

R. Como no podemos confirmar o desmentir la localización de las bombas atómicas, no podemos responder a esa pregunta. ...

6. P. ¿Cómo saben que se ha esparcido «un poco» de material si no han encontrado la cuarta bomba?

R. En relación con la última parte de su pregunta, no puedo hacer comentarios. Para responder a la pregunta respecto a la naturaleza de lo que se ha esparcido, me refiero al párrafo quinto de este comunicado. Nosotros, tanto expertos españoles como estadounidenses, hemos medido la cantidad del material esparcido y sabemos que es poco. ...

9. P. ¿Es cierto que el gobierno de los Estados Unidos solo podía decir lo que le permitía el gobierno de España? Si es así, ¿cómo sabemos que lo que han dicho es verdad? Si no, ¿por qué no lo dijeron antes?

R. No es cierto. Desde el principio, los dos gobiernos han trabajado juntos y estrechamente. Esta conferencia de prensa (o comunicado conjunto) es un buen ejemplo. ...

12. P. ¿Podría explicar qué quiere decir con «pequeña cantidad» de material nuclear? ... ¿Cómo puede esperar que la gente crea que no hay peligro si no explica la cantidad de material que se ha esparcido?

R. No puedo hablar de cantidades porque es un tema clasificado. ¿Conoce usted cuándo se puede considerar peligroso? Lo que podemos decir es lo que hemos dicho: los expertos tiene pruebas de que no es peligroso para la salud.¹⁴

LA JUGADA INFORMATIVA DE MUÑOZ GRANDES Y OTERO

Para Washington, el tema más crítico de toda la situación era evitar que el gobierno de Franco exigiera detener los vuelos de los B-52 sobre territorio español —de hecho se habían reanudado a las 24 horas del accidente—. Una amenaza en este sentido había surgido ya por parte de Muñoz Grandes el 19 de enero al proponer que los reabastecimientos se realizarán sobre el mar. Duke advirtió al Departamento de Estado que el tiempo corría en su contra y que cuanto más se tardara en encontrar la cuarta bomba, más aumentaría la presión, pues las autoridades españolas se verían forzadas a pasar a la acción. La previsión del embajador estadounidense fue profética. Cuatro días más tarde, el propio Muñoz Grandes, durante una reunión con el máximo responsable militar de EE. UU. en España —general Donovan—, solicitó la suspensión de todos los vuelos con armas nucleares sobre España. Y aún algo más, porque Franco había exigido, asimismo, la supresión de todas las operaciones de abastecimiento en vuelo sobre territorio español y la retirada de todos los bombarderos medios de la base de Torrejón de Ardoz.¹⁵ En un principio, las autoridades españolas informaron a los periodistas de que se trataba de una medida transitoria y que había sido adoptada unilateralmente por Washington —ambas cosas falsas—. Incluso la agencia británica Reuter transmitió unas noticias en Washington que se publicaron en las primeras páginas de los periódicos españoles en las que se afirmaba sin miramientos que Estados Unidos había prohibido los «vuelos nucleares» sobre territorio nacional y aseguraban que en el futuro estos volarían sobre aguas internacionales para evitar sobrevolar territorio español.¹⁶ Ante la presión internacional, el ministro de Información, Manuel Fraga, se vio obligado a reconocer al día siguiente, tras el Consejo de Ministros, que era una decisión permanente y de mutuo acuerdo. «Acerca de la prohibición de vuelos sobre territorio español, respondió el señor Fraga Iribarne que se trataba de un acuerdo entre los gobiernos español y el norteamericano, para que no se realicen operaciones de transporte sobre tierra española; en lo sucesivo será siempre por el agua. La prohibición, dijo de una manera concreta, no tiene límites y queda sujeta a una autorización en cualquier momento de emergencia que se haga necesario.»¹⁷ La suspensión de los vuelos era un asunto tan grave que fue una de las pocas noticias relacionadas con Palomares que se incluyó durante toda la crisis en el selecto resumen de informaciones que la CIA elaboraba diariamente para el presidente Johnson. El referente al 22 de enero incluye exclusivamente 8 noticias, 2 de ellas sobre Vietnam. La quinta se refiere a España y, escuetamente, señala que el jefe del Alto Estado Mayor ha notificado que, de forma efectiva, no se autorizarán más vuelos nucleares sobre España.¹⁸

Aquello no impidió que los Departamentos de Estado y Defensa sugirieran a mediados de febrero reconocer por fin que las tropas norteamericanas estaban buscando la bomba atómica perdida.¹⁹ Mantener la prohibición se había convertido en una pantomima absurda. Incluso los medios oficiales españoles ya hablaban de ello abiertamente aunque siempre minimizando sus consecuencias. El enviado especial de la Agencia EFE, César de la Lama, lo escribía así en la crónica que envía el 10 de febrero: «No hay el menor indicio de contaminación. Pero esto no es ninguna novedad, pues desde hace muchos días comemos pescado todos los que vivimos en esta zona, sin la menor preocupación. Incluso degustan los preciados mariscos aquellos que en sus crónicas “han visto la tremenda tragedia que se está viviendo en la costa almeriense” (sin comentarios)».²⁰ El embajador estadounidense pasó un borrador de comunicado de prensa a Muñoz Grandes, al Ministerio de Exteriores y la Junta de Energía Nuclear para consensuar su contenido y su difusión. Aunque la respuesta inicial fue positiva, las tres insistieron en solicitar más tiempo. Según fuentes norteamericanas, Muñoz Grandes volvió a manifestar en privado su oposición a cualquier apertura informativa y Franco apoyó su postura, a pesar de la oposición de Fraga y la propia JEN. La frustración se apoderó de la embajada norteamericana que, ante la falta de respuesta de las autoridades españolas, consideró incluso hacer pública una declaración unilateral similar. La sorpresa fue mayúscula cuando el 1 de marzo la mayoría de los diarios españoles publicaban unas extensas declaraciones del presidente de la JEN, José María Otero Navascués, sin haber dicho una palabra a la embajada norteamericana. Escrito en forma de supuesta entrevista improvisada, Otero Navascués hablaba abiertamente de contaminación radiactiva y, punto por punto, mencionaba todos los asuntos significativos del borrador del comunicado preparado por EE. UU. Comenzaba yendo al grano:

Ni un solo caso de contaminación radiactiva que merezca tal nombre se ha registrado en la región de Palomares o sus contornos. Es absolutamente incierto que haya habido en toda aquella zona lesiones como las descritas por algún individuo que ha buscado, probablemente, alguna notoriedad presumiendo de una contaminación que no ha sido detectada en los reconocimientos a que voluntariamente se sometió ... Puede asegurarse que no hay el menor riesgo en comer las legumbres que han sido puestas a la venta en los mercados, procedentes de aquella zona, o en comer carne o pescado o beber la leche del ganado vacuno de la región.²¹

Otero Navascués afirma que 17 científicos y técnicos españoles de la JEN se encuentran desde el principio en la zona para llevar a cabo «trabajos convenientes tendentes a delimitar por completo las zonas afectadas por el plutonio y el uranio-235 disperso con motivo del accidente». Al día siguiente, la embajada de EE. UU. hizo público el comunicado que tenía preparado desde hacía casi tres semanas.²²

UN BAÑO, DOS BAÑOS Y HASTA TRES BAÑOS

Si hay un episodio relacionado con el accidente nuclear de Palomares conocido es, indiscutiblemente, la decisión de un joven y dinámico ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, de ponerse el bañador e irse a dar un chapuzón en las aguas colindantes a la ciudad almeriense para demostrar con su gesto que no había riesgos para la salud y que eran falsos los rumores que hablaban de radiactividad. El acontecimiento, más allá de su lado lúdico y de celebrity que tenía, representó una operación maestra de relaciones públicas que no solamente sirvió para calmar las precauciones de los vecinos sino que, al mismo tiempo, mostró a unas autoridades españoles activas y con el control de la situación. El mensaje era muy potente: si el embajador y el ministro se bañan es que no había problema, se repetiría una y otra vez. Lo cierto es que la idea no fue de Fraga —por esos días más preocupado por sacar adelante una Ley de Prensa más aperturista que, entre otras cosas, eliminaba la censura previa—, sino del propio embajador estadounidense Angier Biddle Duke o, mejor de su cuarta esposa, Robin Chadler Lynn, que había sido directora de Relaciones Públicas y Publicidad de la multinacional Pepsi y que, por tanto, conocía perfectamente el poder de la imagen. Duke se lo sugirió a Fraga durante una comida en la embajada y este hizo la idea suya inmediatamente. «Si hay que bañarse, se baña uno», dijo Duke y entonces Fraga replicó: «Te tomo la palabra, nos bañamos juntos».²³ Hasta entonces, la política informativa relacionada con Palomares había sido gestionada por el oscuro Muñoz Grandes pero, a partir de entonces, tomó las riendas el Ministerio de Información que lo utilizó para incrementar su peso político dentro de un gabinete que buscaba consolidar una imagen más moderna, algo que Franco veía con buenos ojos mientras no se pusiera en peligro la estabilidad política. La reconstrucción de lo que pasó revela detalles que hasta ahora habían pasado desapercibidos. Por ejemplo, Fraga decidió hacer suya la idea sugerida por el embajador estadounidense y, a partir de entonces, la incorporó a su propia estrategia. En primer lugar, decidió no hacer un viaje expreso para el acto publicitario sino incorporarlo como una parada más de otro más amplio durante el que inauguraría el parador de turismo de Mojácar, lo que conectaría las bombas —advirtamos que entonces todavía estaba perdida la que había caído al mar— con el tema del turismo y no el militar o político. La segunda decisión fue organizar la visita con un grupo escogido de periodistas, fotógrafos y camarógrafos de total confianza que acompañaran al ministro durante todo el viaje y, al mismo tiempo, organizar un recibimiento al estilo Bienvenido Mr. Marshall, con banda de música, pancartas y el pueblo entero en el papel de extras entusiasmados. La coordinación entre el embajador estadounidense y Fraga se limitó a fijar el día que ambos debían estar en Palomares y señalar que el acontecimiento tendría un estilo familiar, por lo que ambos se hicieron acompañar por sus respectivos hijos —Marilú y Darío, de 11 y 8 años, por parte de Duke, y Maribel y José Manuel por parte de Fraga—.²⁴ En un momento se consideró incluso que la propia Robin se pusiera el biquini pero alguien sugirió que el evento tomaría un cariz demasiado lúdico.

La fecha escogida fue el 8 de marzo. Todavía no era verano pero la campaña de turismo se aproximaba y el gobierno español quería asegurar que no fuera un fracaso aunque, como hemos visto, con la excusa del turismo también buscaba reducir las repercusiones en otros terrenos como, por ejemplo, el propio programa nuclear español o las relaciones diplomáticas con Washington. La escena del baño sigue hoy en día envuelta en varias leyendas urbanas. Unos hablan de que se celebró en Mojácar y otros en Palomares. Todos tienen razón porque, como veremos más tarde, hubo dos baños en dos sitios distintos. Diplomáticos estadounidenses y ciertos periodistas aseguraron que tuvo lugar en Mojácar —donde está situado el parador Reyes Católicos a unos 8 kilómetros de Palomares— y es cierto, pero en este caso no se encontraba Fraga. El baño que protagonizó el ministro tuvo lugar en los alrededores de la playa de Quitapellejos, más cerca de Palomares pero lejos aún del campamento militar montado por el general Wilson que, en teoría, estaba situado justo a la altura donde finalmente se encontró la bomba termonuclear. Otro de las confusiones más significativas se refiere a que, en realidad, no se produjo un baño, sino tres. Lo explicamos. Según diplomáticos norteamericanos, Duke y Fraga coordinaron sus agendas para coincidir en el lugar a las 09.30 h y, sencillos, alegres y puntuales, allí estuvieron el embajador y alguno de sus consejeros. Sin embargo, Fraga no dio señales de vida y, después de esperarlo un rato, los norteamericanos decidieron protagonizar la escena. Duke se dio su oportuno chapuzón delante de los fotógrafos y pronunció la declaración que tenía preparada ante las cámaras que le esperaban:

Científicos españoles y norteamericanos han declarado que no hay peligro para la salud pública en la región de Palomares ni vestigios de radiactividad en el mar. Nuestra presencia aquí y nuestro baño esta mañana pueden servir para poner de relieve este hecho.*

Después, según la versión del secretario de la embajada norteamericana, Timothy Powell, que se encontraba allí, decidieron secarse, vestirse y subir a la terraza del parador para estar listos cuando comenzara la ceremonia de inauguración, una vez llegara el ministro. Fraga tenía otros planes y, aparentemente, en ellos no tenía cabida el embajador estadounidense aunque hubiera sido suya la idea. Sabemos que a última hora del día anterior, 7 de marzo, el ministro movió sus fichas para asegurarse de que le acompañaban los periodistas que quería para escribir el relato que buscaba. A las 17.45 h, cuando estaba ocupado en otras cosas, sonó el teléfono del despacho del director de la principal agencia de noticias española, EFE, Carlos Mendo. Era el ministro, con quien tenían una relación estrecha desde hacía años y al que debía su puesto actual. Y le hizo una pregunta verdaderamente chocante.

—Tú sabes nadar, ¿no? —interrogó el ministro. Carlos se sorprendió porque no era una pregunta normal para que hiciera un ministro. Su primera reacción fue pensar que quizá había bebido algo pero sabía que Fraga no tomaba alcohol.

—Sí, ministro, sé nadar pero ya me permitirá usted que me explique mi extrañeza —contestó Mendo.

—Bueno... si sabes... preséntate mañana, a las siete de la mañana en la base aérea de Getafe, que nos vamos a ir a bañar a Palomares —aclaró Fraga.²⁵

Para asegurarse aún más de que nada fallaba, Fraga también invitó a viajar con él a otros dos renombrados periodistas: Carlos Sentís, entonces presidente del Consejo de Administración de la Agencia EFE, y otro viejo conocido, Federico Abascal, entonces jefe de la sección Internacional del periódico barcelonés Telexpress, a quien había conocido como corresponsal de La Vanguardia en Londres, cuando el ministro había sido embajador.* Estos tres periodistas no fueron como reporteros sino como protagonistas de la escena. Volaron junto a Fraga en un avión militar que les trasladó hasta la base aérea de San Javier y, desde allí, en helicóptero especial hasta el campamento Wilson, donde recibieron información de los generales norteamericanos encargados de las operaciones —Wilson y Guest— para luego viajar de nuevo en helicóptero a Palomares.** Los tres se pusieron el bañador y acompañaron a las autoridades al agua y, por eso, se les ve en las fotografías que inmortalizaron el momento. Nada más descender del helicóptero, los españoles se encaminaron a una tienda del Ejército que había sido instalada en la playa para ponerse el bañador. Según recordó posteriormente con cierta guasa Mendo, era la primera vez —y la última— que veían el trasero de un ministro antes de ponerse el famoso bañador Meyba. Y en ese momento: ¿dónde estaba el embajador estadounidense? Lo recuerda su secretario Powell:

De pronto lo vimos abajo [a Fraga], en la playa, vestido con un gran bañador, rodeado por la prensa y andando hacia el agua. La idea de Angier de escenificar el acto simbólico entre EE.UU. y España estaba en peligro de convertirse en un periquete en un evento 100 por 100 español. Por suerte para nosotros, vi que a unos 25 metros del agua había una media docena de americanos descansando al sol en sus hamacas. Angier se quitó frenéticamente su traje hecho a medida en la londinense Bond Street, pidió prestado un bañador húmedo a uno de los Navy Seals, se lo puso y echó a correr como un loco para intentar alcanzar al ministro Fraga y a su nube de periodistas. Los dos se encontraron al borde del agua —nunca olvidaré la cara de disgusto que puso Fraga— y de ese modo al día siguiente la primera plana de los periódicos del mundo mostró a Angier y a Fraga bañándose juntos en el Mediterráneo y demostrando a todos que la bella costa española no era radiactiva.²⁶

La versión española es ligeramente diferente. De acuerdo con Carlos Mendo, cuando apareció el embajador estadounidense le comentó a Fraga que él ya se había bañado en Mojácar a lo que el ministro respondió todo dicharachero: «No, no, no ... hemos quedado en bañarnos en Palomares y tú te vas a bañar en Palomares». Y en efecto, le hizo meterse en la tienda de campaña y, cuando salió con el bañador puesto, fueron juntos los dos al agua, a pesar del frío que hacía, lo que dio para muchos chistes, como aquel que publicó un periódico estadounidense en el sentido de que esperaba que la próxima bomba no se perdiera en los fiordos noruegos porque quizá a alguno se le congelarían los miembros. Después de unos 15 minutos haciendo el paripé delante de las cámaras —tanto del NODO y televisión española, como de las estadounidenses—, se decidió que ya era suficiente y cuando el grupo —entre el que se encontraba también el general Montel— salía para secarse apareció el teniente general de la Zona Aérea del Estrecho, Antonio Llop Lamarca, y hubo que meterse de nuevo en el mar para que también cumpliera su deber. Los más malvados del lugar recuerdan que el anciano general del Aire —cumplidos ya los 60 años— falleció a los seis meses y lo achacan a aquel gélido baño en el Mediterráneo por eso de las bombas. El propio Carlos Mendo, máximo responsable periodístico de la Agencia EFE, fue el encargado de escribir el relato de la jornada, que fue publicado por todos los periódicos españoles al día siguiente bajo el antetítulo de:

Los ministros realizaron también un apoteósico recorrido por Palomares y Villaricos, siendo recibidos por la totalidad de las poblaciones. En Palomares, Fraga habló con un lenguaje directo, que todos entendieron. «Los españoles —continuaba el artículo— han reaccionado con serenidad, como se esperaba de ellos, ante un acontecimiento de esta clase.» Las pancartas eran enternecedoras: «No pedimos nada», «Las tropas de Wilson se han portado correctamente con Palomares», «Esperamos al turismo». Estas y muchas más de saludo y bienvenida a los ministros y autoridades eran agitadas una y otra vez por hombres, mujeres y niños, concentrados en la plaza del villorrio de Palomares para escuchar las palabras de un ministro de Franco ... La jornada de Palomares ha servido para cimentar más si cabe la amistad y la solidaridad entre dos pueblos, unidos en la defensa de los valores que conforman urbi et orbe de forma inequívoca que, si hay algunos rayos peligrosos en la provincia de Almería son los solares y no los alfa. C.M.²⁷

La historia del baño, tímidamente recogido dentro de España, es un gran éxito internacional y cosecha numerosas primeras páginas con un tono siempre positivo, tal como había previsto Duke. Especialmente es relevante la cobertura que realiza The New York Times, que publica una crónica favorable de su enviado a la zona, Tad Szulc, junto a la fotografía de la agencia estadounidense AP que se convertirá a partir de entonces en uno de los iconos del siglo XX. En la página dos, en una sección titulada «Los nombres de la noticia», celebra las habilidades de relaciones públicas de Duke, a quien considera un activo muy importante de EE. UU. en la tragedia de Palomares.²⁸

¿CÓMO DAR LA NOTICIA DE LA BOMBA RESCATADA DEL MAR?

El 7 de abril, la Armada norteamericana recuperó finalmente la bomba atómica concediendo a la embajada de EE. UU. y al gobierno español la oportunidad de pensar en cómo cerrar informativamente la historia. El corresponsal de The New York Times describió la declaración del portavoz norteamericano William Bell como «un anuncio triunfante» y aseguró que se estaban ultimando los detalles para una ceremonia pública para el día siguiente. Los diplomáticos y militares estadounidenses ya habían convencido al secretario de Defensa, Robert McNamara, de que el momento requería una decisión sin precedentes. Estados Unidos nunca había mostrado hasta entonces una bomba atómica, que se consideraba como uno de los secretos mejor guardados del Pentágono. El embajador Duke sostenía que a corto y largo plazo era mucho más provechosa y beneficiosa una política informativa más transparente que la tradicional tendencia al sigilo defendida por los militares. A principios de marzo, el Departamento de Defensa norteamericano terminó por darle la razón y aprobó una nueva política informativa. Era necesaria una coordinación con la embajada de EE. UU. en Madrid, pero los comandantes de la XVI Fuerza Aérea —el general Wilson— y el responsable de la agrupación naval (Task-Force) 65 —almirante Guest— podían gestionar sobre el terreno cualquier información referida a las operaciones de búsqueda de las bombas y las labores de descontaminación. El doctor Langham, y sus contrapartes en la JEN (Ramos o Iranzo), estaban autorizados a contestar preguntas técnicas pero tenían tajantemente prohibido hablar de cantidades o materiales radiactivos retirados o que transportaran las armas. En Madrid, Duke organizó un comité de coordinación informativa en el que estaban sentados representantes de todos los departamentos y oficinas estadounidenses involucrados en el accidente. La primera norma que aprobó fue acordar que a partir de ese momento todos los comunicados de prensa oficiales emanarían de la embajada, aunque su distribución se hiciera a través de canales militares tanto en el teatro de operaciones como en Torrejón. Pero, como dicen los planificadores militares, todos los planes se deshacen con el primer disparo. El 15 de marzo, el submarino Alvin se topó con lo que podía ser la bomba perdida y se impuso a la noticia la condición de «máximo secreto». Nadie podía hablar del tema. Dos días después, la agencia UPI publicó un despacho fechado en Frankfurt en el que se afirmaba que los militares estadounidenses estaban «casi seguros» de haber localizado la cuarta bomba. Alguien se había ido de la lengua. La embajada de EE.UU reaccionó rápidamente y convocó una rueda de prensa en Madrid para dar los detalles. Un cuarto de hora antes de tener lugar, el Departamento de Estado ordenó que por cautela fuera cancelada y, en su lugar, se leyó a los periodistas un escueto telegrama enviado por el propio Dean Rusk:

Ha habido acontecimientos esperanzadores pero no puedo dar información adicional en este momento. Si hay una identificación y recuperación positiva, se les informará.²⁹

Tanto los representantes militares como civiles norteamericanos estuvieron de acuerdo en que no debía haber más comunicados de prensa hasta que se recuperara físicamente la bomba para no alimentar rumores o malentendidos. Entre medias, los generales Wilson y Montel hicieron público el 24 de marzo otra noticia importante:

El embarque del último de los barriles ha completado la operación de búsqueda, recuperación y retirada. Aproximadamente 4.900 barriles o cerca de 110 toneladas de tierra han sido transportadas al USNS Boyce para su traslado a EE. UU. El USNS Boyce navegará hacia EE.UU a última hora de hoy. Pienso que hemos logrado nuestra meta de dejar el área de Palomares en las mismas condiciones que estuvo antes del accidente. Ahora comenzaremos las tareas para cerrar progresivamente el campamento. Sin embargo, todavía será necesario un apoyo importante a las operaciones que lleva la Armada para encontrar la bomba perdida.³⁰

Volviendo a la bomba, el comité de coordinación informativa se reunió el 17 de marzo para avanzar en la planificación de cómo revelar al mundo el rescate de la cuarta bomba atómica cuando se produjera. Millares de periódicos, cadenas de televisión y emisoras de radio del mundo llevaban meses esperando la noticia y se podía pensar en que la historia se resolviera con una escueta e impersonal nota de prensa, sin contar con que la Armada quería sacar réditos mediáticos a sus trabajos. Los departamentos de Estado y Defensa estaban de acuerdo en que debían publicitar conjuntamente la noticia del rescate de la bomba y resaltar que estaba intacta —como parecía—, además de dejar claro que no se había producido escape radiactivo. Esos eran los mensajes principales. Cuando saliera del agua y si era verdad que se encontraba intacta, se invitaría al general Montel, a algún representante importante de la JEN y a aquellos españoles que se considerara conveniente, a ver la bomba, al mismo tiempo que se permitiría a algunos periodistas fotografiar el momento, lo que se convertiría en un acontecimiento histórico de la era atómica. Diez días después, el portavoz de la embajada, William Bell, aterrizó en Palomares con un plan de comunicación completamente elaborado que proponía incluso que la bomba fuera sacada del agua en presencia de Muñoz Grandes, para darle credibilidad y relevancia al logro teniendo en cuenta, sobre todo, la utilización política que había hecho la Unión Soviética del suceso. El general Wilson lo consideró problemático por entender que no era viable ni práctico tener al vicepresidente del gobierno y a los fotógrafos esperando en la playa a que se produjera algo sobre lo que no había certeza (no hay que olvidar que la Armada perdió dos veces la bomba cuando la intentaba sacar a la superficie). Bell revisó su estrategia y el 2 de abril propuso el denominado Plan Able y que, en esencia, hacía la propuesta más práctica. Para preparar la escena, la Armada debía conceder 10 horas de preaviso y la bomba sería subida a una lancha de desembarco que se acercaría a otro barco donde estuvieran los fotógrafos que tomarían las instantáneas.³¹ Cuando la prensa hubiera regresado a la playa, Bell o un portavoz de la Armada leería el comunicado oficial en español e inglés. En menos de 24 horas, el almirante Guest concedería una rueda de prensa para dar los detalles de la operación y conceder a la Armada su crédito en la historia. La mayor preocupación en ese momento era la seguridad. Había que estar seguro de que no hubiera contaminación radiactiva antes de exponer nada ante la prensa. Tras nuevas recomendaciones y ajustes de unos y otros, Bell presentó una nueva propuesta que llamó Plan Baker para evitar confusiones. Los funcionarios y comandantes militares sobre el terreno tendrían mayor autonomía a la hora de ejecutar la estrategia y se proponía crear un pool (grupo reducido) de fotógrafos y cámaras que estuvieron preparados 24 horas para ser movilizados en cualquier momento, y se aconsejaba que la rueda de prensa de Guest se hiciera inmediatamente, sin esperar al día siguiente. Aquellos periodistas que aceptaran formar parte del pool se comprometían a facilitar su material a toda la prensa de manera simultánea y sin tener que pagar por ello. Con ello, se aseguraba máxima difusión sin coste y se resolvía el problema del espacio y la disponibilidad. El material gráfico —fotográfico, para televisión y celuloide— sería trasladado por un avión militar a Torrejón para ser distribuido a todos los medios. En este esquema, no se invitaría a periodistas escritos. Esta era la diferencia principal entre el Plan Able (todos los periodistas serían invitados y podrían ver el acontecimiento) y el Baker (solo sería invitado un grupo selecto de tres).³² Volvieron a estudiar los pros y contras de ambas propuestas y tanto civiles como militares coincidieron en que reducir la participación de la prensa a tres representantes era impracticable. Tras la reunión en Madrid, el general Wilson y el almirante Guest se vieron en Palomares para buscar la solución logística para trasladar a todos los periodistas necesarios y, a la vez, asegurar la credibilidad que exigían los Departamentos de Estado y de Defensa. La respuesta fue fácil. Los periodistas serían embarcados en el buque USS Albany, que se acercaría a otro buque, en este caso el USS Petrel, donde estarían el general Montel y Antonio Velilla Manteca, representante de la Junta de Energía Nuclear en Palomares, más los dos altos mandos estadounidenses, y la bomba delante de ellos con todas las marcas identificativas tapadas o borradas. El artefacto fue recuperado el 7 de abril y, al día siguiente —curiosamente Viernes Santo—, cerca de 100 periodistas y fotógrafos inmortalizarían el momento siguiendo con pelos y señales el guión programado por los expertos en comunicación. La foto se puede ver en la portada de este libro.

9

El Programa Indalo,

del entusiasmo a la desidia

Nadie sabe a ciencia cierta a quién o cómo se le ocurrió a alguien bautizar con el nombre de «Indalo» al programa de supervisión y seguimiento radiológico que Estados Unidos y España decidieron establecer en Palomares para comprobar el buen estado de salud de los habitantes de la zona y la falta de peligro de la contaminación residual que había quedado en sus campos tras el accidente nuclear. Algún documento sugiere que fue el doctor Ramos, máximo responsable del programa de Salud en la JEN, quien en junio de 1967 mostró su preocupación por utilizar constantemente el nombre de Palomares y propuso sustituirlo por una especie de código que no relacionara tan evidentemente a ese pueblo almeriense con la contaminación atómica, sobre todo pensando en el futuro.¹ Indalo es un símbolo que está asociado indiscutiblemente a Almería y, concretamente, a Mojácar. Descubierto en 1869 por el arqueólogo almeriense Manuel de Góngora y Martínez en las paredes de la Cueva de los Letreros —situada en el municipio de Vélez-Blanco—, es una figura rupestre pintada durante el Neolítico tardío o la Edad de Cobre y representa una figura humana con los brazos extendidos y un arco sobre sus manos. Aún hoy no se ha esclarecido de forma definitiva su significado aunque varias teorías apuntan a cierta divinidad en el dibujo. Los lugareños lo pintaban con almagre para proteger sus casas de las tormentas y el mal de ojo y los intelectuales recuerdan que la palabra podría tener su origen en la lengua de los íberos, por lo que significaría algo parecido a «mensajero de los dioses». Los prácticos se limitan a constar que, lo más probable, es que represente a un arquero apuntando hacia un ave que sobrevuela sobre su cabeza. Quizá símbolo premonitorio de su historia.

Fuera cual fuera su origen, cuando hablamos del Proyecto Indalo en realidad nos referimos al acuerdo que el 25 de febrero de 1966, cuando aún no se ha había recuperado la cuarta bomba pero se aceleraba la retirada de basura radiactiva y, por tanto, se desconocía la gravedad completa del accidente, el máximo responsable de la Junta de Energía Nuclear, Otero Navascués, y John Hall, asistente del director general para Actividades Internacionales de la Comisión de Energía Atómica (AEC) de EE. UU., deciden formalizar a través de un intercambio de cartas los compromisos que ambas partes han negociado en el último mes a bajo nivel en relación con las cotas de limpieza acordadas y el marco de colaboración que quieren establecer de cara al futuro, porque ambos saben que esto no se acaba aquí. El documento, que a partir de ahora se conocerá como acuerdo Otero-Hall, representa el principal compromiso legal y moral que ha establecido desde entonces y hasta 1997 las responsabilidades y obligaciones de ambas partes respecto a la supervisión de la contaminación residual en Palomares. Las propias autoridades españolas lo denominan «acuerdo de carácter científico en los campos de la sanidad y la seguridad en relación con el comportamiento fisiológico y ecológico del óxido de plutonio en una zona rural previamente contaminada y que haya sido descontaminada mediante los procedimientos y los límites de descontaminación mutuamente acordados».² Quizá, solo por ello, es curioso que el gobierno de Franco no reclamara o buscara un acuerdo más formal y vinculante por parte de Washington y que se contentara con un mero intercambio de cartas rubricadas por funcionarios de segunda fila (al menos en el lado norteamericano, ya que ni siquiera está firmada por el director de la CEA). ¿El accidente nuclear más grave de la Guerra Fría y de consecuencias impredecibles en esos momentos no requería la firma de líderes políticos o, al menos, ministros o miembros del gabinete del presidente estadounidense? Tampoco ninguna de las dos partes solicitó que fuera respaldado por los respectivos gobiernos o, como mínimo, remitido —aunque fuera a título informativo— a los parlamentos para contar con el refrendo de los comités pertinentes. Como era previsible por la naturaleza del régimen, el gobierno español nunca informó oficialmente de los compromisos alcanzados con Washington para limpiar la zona y cuidar de la población local y tampoco lo hicieron los posteriores gobiernos democráticos españoles. Es más, 50 años después, no se ha convocado ni una sola sesión especial y específica en el Parlamento español para analizar o revisar la situación creada por el accidente nuclear ni se ha hecho pública la previsible copia en español del acuerdo Otero-Hall —si es que existe porque el CIEMAT afirma no disponer de ella—. La única que se conoce —en inglés y pésimo estado— fue desclasificada por el Departamento de Energía de EE. UU. en los años noventa como parte de la publicación de millares de documentos sobre el programa Indalo.³

Según las cartas intercambiadas por los funcionarios de ambos países hace medio siglo, el acuerdo Otero-Hall no tiene entidad jurídica propia e independiente y es, técnicamente, un simple anexo del Acuerdo de Cooperación para el Uso Civil de la Energía Atómica que España y EE. UU. firmaron en agosto de 1957 cuyo objeto era propiciar el uso de energía atómica como fuente de energía pacífica. En este contexto, Hall, que llevaba dirigiendo las relaciones internacionales de la CEA desde la presidencia Kennedy, hacía casi 10 años, sugiere a Otero que se enmienden algunos artículos del mismo para que se puedan «investigar aspectos de salud y seguridad relacionados con materiales fisionables liberados en zonas agrícolas y rurales». Es decir, ni siquiera se menciona explícitamente el suceso de Palomares. El funcionario estadounidense se muestra partidario de que dicha colaboración, que vuelve a caracterizar de «investigación», se inicie tan pronto como sea posible para hacer frente a las consecuencias «ecológicas y psicológicas» que han producido la contaminación por plutonio y que, afirma, la zona ha sido ya descontaminada de acuerdo con los procedimientos aprobados conjuntamente. En el tercer párrafo, Hall destaca la importancia del control de la información entre ambas partes y resalta que tanto España como EE. UU. se comprometen a «compartir libremente la información que se derive de estas investigaciones» y se responsabilizan a no «revelar al público los resultados sin la concurrencia de ambas agencias». En pocas palabras, Washington cerraba la puerta a que España pudiera informar libremente de lo que había pasado y de las consecuencias del accidente nuclear más grave de la Guerra Fría y cuyas repercusiones los científicos aseguraban durarían como poco 24.000 años. Las condiciones produjeron tan pocas objeciones en el régimen de Franco que Otero tardó escasamente horas en contestar. De hecho, su carta de respuesta está fechada el mismo 25 de febrero. Es obvio que el incidente de Palomares no debía afectar a las incipientes relaciones en temas de energía nuclear y militar entre ambos países. Así se puede entender las palabras del presidente de la JEN en su misiva:

Tengo el placer de informarle de que el Ministro de Industria [López Rodó] ha autorizado a la Junta de Energía Nuclear a aceptar la propuesta en los términos establecidos en su carta y los detalles contenidos en ella. Confío en que este trabajo contribuya a mejorar aún más las relaciones entre nuestras organizaciones.

El primer punto que destaca del anexo es que, a pesar de ser propuesto por Washington, deja claro que los españoles, en este caso la Junta de Energía Nuclear y más tarde su sucesor, el CIEMAT, son los «investigadores principales», es decir, los responsables finales del seguimiento de la salud de la población afectada por las armas nucleares norteamericanas y de la monitorización de los niveles de contaminación tanto en el aire, como en el suelo o las cosechas que pueda existir o resurgir. Es más, los estadounidenses detallan con precisión cuál debe ser el trabajo de sus colegas españoles y afirman que este seguimiento debe hacerse a través de «mediciones seriadas de los niveles de contaminación (tanto por absorción de las plantas de la tierra y por dispersión como consecuencia del viento) de los productos agrícolas producidos en un área contaminada posterior a la descontaminación». A pesar de que enfatiza que las zonas contaminadas con plutonio han sido sometidas a procesos de descontaminación de mutuo acuerdo, recuerda que es necesario hacer una «recopilación de información» sobre la captación y retención de estos peligrosos isótopos a «un número representativo» sobre la absorción y retención de plutonio y uranio en un número representativo de personas que hayan sido «potencialmente expuestas a la inhalación de un aerosol de óxido de plutonio», es decir, que hayan podido respirar el plutonio.

Otros objetivos específicos del acuerdo eran:

– Medición de las fluctuaciones temporales y estacionales de concentración de plutonio en el aire en un área agrícola contaminada por óxido de plutonio y que ha sido sometida a un proceso de descontaminación como el acordado.

– Mediciones seriadas de los niveles de contaminación (tanto por absorción del suelo como por dispersión por el viento) de los productos agrícolas obtenidos en un área contaminada tras ser sometida a descontaminación, y

– Estudios de migración temporal y redistribución del óxido de plutonio en un suelo descontaminado (removido hasta una profundidad de unos 30 centímetros en el mejor de los casos), como resultado de la erosión y de las labores habituales de cultivo.

En la segunda parte del acuerdo, la Junta se compromete a construir y establecer un laboratorio específico para llevar a cabo el análisis de los muestreos y las pruebas científicas que sean necesarias. La Comisión de Energía Atómica, la máxima autoridad en temas atómicos del gobierno estadounidense, se reserva un «papel investigador secundario» sin actuación o responsabilidad directa en las consecuencias de la contaminación atómica. En el campo más práctico, Estados Unidos se compromete a facilitar a la Junta equipos especializados para llevar a cabo esta vigilancia radiactiva y lista una media docena de máquinas que se compromete a facilitar gratuitamente. Los equipos, detallan, deben ser de última generación y similares a los que se utilizan en ese momento en instalaciones de referencia y más avanzados del mundo en energía nuclear como los Laboratorios de Los Álamos y de Salud y Seguridad de Nueva York. Asimismo, se compromete a facilitar personal especializado en análisis de plutonio y uranio para la formación de los especialistas españoles necesarios para gestionarlas y mantenerlas. El documento no incluye, como muchos han querido ver, ningún compromiso económico específico a largo plazo y, por tanto, es completamente falsa la afirmación repetida en varios lugares de que el gobierno de Estados Unidos ha costeado o se ha comprometido con todos los gastos derivados del seguimiento médico de los habitantes de Palomares o de la vigilancia radiológica de la zona. La única referencia a su responsabilidad a largo plazo se puede deducir del último párrafo del documento:

Prestación, más allá del primer año, del equipo especializado, asistencia técnica y asesoramiento durante el tiempo que ambas partes acuerdan mutuamente conveniente sobre la base de las observaciones que se obtienen.

MANOS A LA OBRA: LLEGAN LOS EQUIPOS Y EMPIEZAN LOS TRABAJOS

Entre el 14 de junio y el 2 de julio de 1966 tiene lugar el primer viaje oficial de los miembros de la División de Salud del Laboratorio de Los Álamos a Palomares, dirigidos por Eric Fowler, para establecer los protocolos de actuación de los programas de vigilancia e instalar los primeros equipos enviados desde Estados Unidos. Por una parte, para la supervisión de la población y, por otra, de los suelos, vegetación y aire. En realidad era, como Ramos y Emilio Iranzo (su segundo en el Departamento de Salud de la JEN) repetirán posteriormente, un programa de investigación de los efectos de la radiación atómica en los humanos y en la naturaleza. Ya para entonces, la Junta de Energía Nuclear había recibido el primer envío de material técnico necesario para poder iniciar los análisis que fue desempaquetando y poniendo en funcionamiento, lo que requirió de varios meses.* Las primeras muestras —en total 63— se tomaron entre el 19 y 24 de junio siguiendo una sistemática y para el final de esta primera misión se habían recolectado 330 muestras de tierra y otros elementos. El ambiente era positivo y de máxima cooperación entre españoles y norteamericanos. Así al menos lo constata Fowler:

El personal español de la JEN fue muy cooperativo. Mantenían una actitud de estrecha amistad que hizo el viaje muy fructífero y agradable. Su laboratorio estaba un poco anticuado … lo que suscitó dudas sobre una posible contaminación [de las muestras] pero el personal estaba ansioso por aprender y ofrecía aportaciones valiosas. La ayuda que podamos ofrecer será bienvenida. Nuestra cooperación debe continuar en base a: ¿Qué podemos hacer para ayudar a resolver vuestros problemas?⁴

Para mantener un seguimiento científico de los estudios, el área afectada de Palomares se subdividió en tres zonas. Dos correspondientes a las zonas con mayor influencia de contaminación por las bombas termonucleares y la otra la urbana —donde vivía el 90 % de la población—. Las dos zonas correspondientes a las áreas en las que impactaron 2 de las bombas mantuvieron sus denominaciones de 2 y 3, respetando el orden en el que habían sido localizadas por los equipos de búsqueda, mientras que el área que incluía el pueblo se bautizó como número 5.⁵ Para comprobar la eficacia de las acciones de remediación, se establecieron 6 pequeñas parcelas de 50 × 50 metros con el objeto de medir de forma consistente y a largo plazo en el mismo sitio el plutonio residual que quedara en el suelo. A partir de entonces, las muestras fueron tomadas periódicamente en 9 puntos de forma diagonal y equidistante entre ellas. Estas zonas fueron designadas con los números 2-1, 2-2, 5-1, 5-2, 3-1 y 3-2. Además, cuatro estaciones de muestras de aire fueron montadas cerca de las zonas 2-1, 2-2, 3-2 y en la ciudad (denominada P). También se instaló una estación meteorológica, así como un laboratorio radioquímico, que incluía los más modernos equipos para la detección y medición de restos de plutonio. El programa de experimentación de contaminación del aire se planificó con los siguientes propósitos:

– Medir periódicamente la concentración de Pu-239 y Pu-240.

– Determinar el riesgo de inhalación de la gente que vivía en el área y de los agricultores y, como consecuencia, el riesgo de radiación interna de aquellos que viven y trabajan allí toda o casi toda su vida, incluido niños.

– Deducción práctica acerca de si las acciones de descontaminación y restauración fueron correctas y, consecuentemente, si fue adecuado el racionamiento teórico usado para estimar el riesgo de contaminación.

Las estaciones de medida se establecieron siguiendo la técnica desarrollada por los científicos del Laboratorio de Los Álamos en aquellas parcelas que los técnicos norteamericanos y españoles sabían que eran más problemáticas y teniendo en cuenta el tamaño del área, sus características topográficas y la distribución irregular.* El propio Iranzo reconocería explícitamente que se eligió la zona 2 «ya que fue la que sufrió la variación topográfica más grande e intensiva». Por eso, es menos razonable que al cabo de escasamente 2 años, la JEN abandonara sin explicación el 50 % de las estaciones de seguimiento, lo que afectó (al menos hasta 1980) a dos de las áreas más complejas, las correspondientes a las zonas 2-1 y 3-2. Las muestras de las estaciones 2-2 y P fueron tomadas diariamente entre al menos los años 1966 y 1980, mientras que para las 2-1 y 3-2 solo entre julio de 1966 y octubre de 1969.

LA JEN SE NIEGA A PASAR A TODOS POR EL CONTADOR DEL CUERPO ENTERO

Si la vigilancia de la contaminación en el ambiente era importante, no lo era menos la referida al seguimiento de la salud de los cerca de más de mil habitantes de Palomares. Por tanto, era lógico que se convirtiera en una máxima prioridad cuando llegaron y se instalaron en Madrid los sofisticados equipos que Washington había prometido. La estrella, por llamarlo de alguna manera, era el conocido como contador de cuerpo entero que, según informó Fraga en una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros, quedó listo oficialmente para entrar en servicio en las instalaciones de la Junta en Madrid el 6 de mayo de 1967 —es decir casi un año después del accidente—. Los portavoces de la JEN se apresuraron a señalar que aquellas pruebas —cuyos resultados no eran públicos ni para sus protagonistas— no suponían un reconocimiento de radiactividad, sino que se llevaban a cabo por si pudiera darse la posibilidad de contaminación externa.⁶ Un trabalenguas que pocos entendían bien. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el primer análisis comprensivo realizado a un grupo de 80 personas que se consideraban podían haber estado más expuestas a la contaminación resultó con un 29 % con rastros de plutonio-239 aunque, según las autoridades científicas españolas, a un nivel tan bajo que no representaba peligro para la salud.⁷ La moderna máquina se utilizaría para completar los exámenes médicos —en concreto los de orina, que se volvieron a repetir para una muestra de 69 personas—* y se trataba de un aparato científico muy perfeccionado que permitía medir directamente la radiación en el cuerpo, con lo que los científicos confiaban en poder determinar con precisión cualquier rastro de irradiación interna por pequeño que fuera. Las personas que eran exploradas en este contador debían ducharse y ponerse ropa limpia en la que previamente se había comprobado que sus «fondos» radiactivos eran nulos. Una vez dentro de la cámara blindada, se tendían en una mesa de reconocimiento durante unos 15 a 20 minutos en los cuales eran vigiladas a través de un circuito de televisión y un interfono: su único contacto con el exterior que les permitía mitigar el breve encierro en solitario.⁸ Hay que figurarse la impactante experiencia que suponía para agricultores y pescadores que venían de Palomares en esos años y que nunca habían visto nada parecido. En unas declaraciones a la prensa por esas fechas, Otero Navascués prometió que todas las personas que fueron revisadas recibirían su correspondiente certificado, 20 de ellas inmediatamente y el resto tan pronto concluyeran los últimos análisis. Algo que, sin embargo, no se cumpliría hasta la década de los ochenta sin explicación oficial.⁹

La ausencia total de información sobre los resultados de estos primeros análisis y el incremento de vecinos de Palomares que viajaban a Madrid en autobús para las revisiones médicas —a mediados de 1967 se acercaban a los 70— alimentó la inquietud. Por si fuera poco, se conoció la noticia de que un niño de cuatro años, Francisco Sabiote González, se encontraba bajo vigilancia médica desde hacía un año. Al parecer, se hallaba muy cerca del lugar donde cayó una de las bombas en el momento en que hizo explosión el detonador de trinito-tolueno, que le alcanzó en la piel. Poco después le aparecieron a la altura de las articulaciones manchas moradas parecidas a las que sufrían los afectados de leucemia.¹⁰ El máximo responsable de la JEN intentó calmar a la población y en julio viajó personalmente a Palomares en compañía del doctor Ramos para entrevistarse con las autoridades locales y ver a los vecinos. En un contacto con la prensa local, se refirió a unas recientes declaraciones del premio Nobel de Química Linus Paulin que habían causado cierta alarma: «Tampoco estoy de acuerdo con las conclusiones extremistas. La posibilidad de que aumenten las enfermedades de leucemia en la población de Palomares es mínima». Al mismo tiempo, rechazó por poco realista la petición de que todos los vecinos pasaran el reconocimiento porque, resaltó, no era en realidad un tema de salud sino más bien «académico»:

Nos es imposible traer a Madrid a todos los habitantes de Palomares para ser examinados porque los gastos son excesivos y el peligro de contaminación incierto. Estaremos, de cualquier forma, dispuestos a reconocer a todas aquellas personas, que ante el temor, quieran venir a visitarnos. Los servicios sanitarios pueden dar por terminado el problema, pues el interés de posteriores investigaciones es únicamente académico.¹¹

Lejos de calmar los ánimos, avivó el fuego de la protesta y, unos días después, cerca de 200 vecinos de Palomares y Villaricos enviaron una carta al presiente de la JEN solicitando formalmente pasar los reconocimientos médicos de manera inmediata. Transcribimos la respuesta de Otero Navascués por lo que tiene de valor histórico. Mezcla, como podemos ver, verdades y falsedades, sobre todo porque la Junta de Energía Nuclear no cumplió entonces su promesa de entregar los historiales médicos:

A raíz del accidente de Palomares, la Junta de Energía Nuclear se personó en el lugar del suceso y creo que los habitantes de Palomares y Villaricos quedaron muy contentos con la actitud del personal de nuestra división de medicina y protección. Fue un accidente totalmente inédito para nosotros y nos esforzamos para que nos fueran suministrados inmediatamente los aparatos más sensibles a fin de poder dictaminar el posible grado de contaminación de aquellas gentes. Además de los exámenes y análisis primeros, hemos realizado un muestreo entre las personas que estuvieron más próximas al lugar del accidente, y a todas ellas las hemos examinado con el Contador de Cuerpo Entero, que es el más perfecto aparato que existe para esta clase de comprobaciones.

La muestra debía ser de 40 pero se hizo de 79* con resultado totalmente negativo. No existe, pues, rastro alguno de contaminación interna, lo cual nos llena de satisfacción. Antes de pasarles por el Contador de Cuerpo Entero les hemos sometido a las prácticas habituales de higiene en estos casos al objeto de que no tuviesen ningún foco radiactivo exterior tanto en ropa y calzados como en piel, uñas, etcétera.

No tenemos ningún inconveniente en entregar a todos los que han sido reconocidos los certificados médicos de su estado actual, ya que —agregó— no hay signo alguno de contaminación. El motivo de no habérselo entregado antes ha sido debido a los análisis que todavía estamos realizando para asegurarnos aún más de que no existe radiactividad en ellos. Por lo tanto, a medida que vayamos terminando los análisis iremos facilitando los correspondientes certificados.

Tampoco tenemos inconveniente en reconocer a todos los habitantes de Palomares y Villaricos que lo deseen, siempre que vengan por su cuenta, ya que por nuestra parte entendemos que el reconocimiento efectuado a las 79 personas sujetas a muestreo ofrece unas garantías suficientes de no contaminación.

El límite de seguridad de radiaciones lo tienen establecido los norteamericanos en 100.000 cuentas por minuto. Sin embargo, nosotros lo hemos rebajado a 60.000 para ofrecer mayor seguridad a los habitantes de la zona del accidente. Todas las tierras de Palomares y Villaricos que tenían estas 60.000 cuentas por minuto han sido aradas, de forma que no ofrecen peligro alguno, ya que la tierra débilmente radiactiva ha sido recubierta por tierra nueva. Esto, en realidad, no tiene mucha importancia. Lo verdaderamente importante es la radiación de la primera hora después del accidente. Una vez pasada esta, el peligro de contaminación es nulo.¹²

LOS AÑOS OLVIDADOS

El programa Indalo entró en una cierta rutina a finales de la década de los años sesenta y principio de los setenta con una España más preocupada por su futuro político que por otras cosas. Eso no evitó que, de vez en cuando, saltara la alarma y volviera a recordarse la latente amenaza de la radiactividad, desmentida siempre desde instancias oficiales. En el verano de 1968, el Ministerio de Información y Turismo tuvo que negar cualquier conexión entre la extraña muerte de 11 cabezas de ganado ocurrida en la barriada almeriense con la contaminación radiológica. Tras nombrar para investigarlo al veterinario de Cuevas, Francisco Escalono, la Jefatura Provincial de Sanidad de Almería emitió una nota oficial en la que aseguraba que no existía «anormalidad sanitaria» de ninguna clase que pudiera ser motivo de reclamación económica y añadió que «la energía nuclear nunca había sido en la zona de Palomares motivo que provocara trastornos ni en personas ni en animales, y que en cuanto a la posibilidad de muerte de algunas reses era un hecho natural».* Aunque parecía un tema local, la noticia tuvo su recorrido internacional y mereció, incluso, la atención de algunos periódicos japoneses y varios grupos nipones opositores a EE. UU. la utilizaron para alimentar el sentimiento antiamericano.¹³

Pero lo cierto era que, a pesar del discurso oficial de silencio, el propio Iranzo informó a los técnicos estadounidenses a partir de 1968 de que los análisis de las estaciones de medición habían detectado una resuspensión de plutonio-239, sin que ello, sin embargo, generara una preocupación especial en los expertos españoles, ya que la carta, desclasificada por los archivos norteamericanos, finaliza con tono cordial y personal hablando sobre lo bien que sus hijos habían terminado sus estudios de bachillerato y sus planes para las próximas vacaciones.¹⁴ En los años siguientes, los científicos de la JEN, especialmente Iranzo y Concepción Álvarez, viajarán tres o cuatro días dos veces al año a Palomares en coche con conductor —Fructuoso Moya Soto— para recabar muestras, como lo demuestran la contabilidad y justificantes de gastos que hemos encontrado en los pocos documentos históricos que se conservan sobre las actividades de la JEN.** Los recibos muestran que, aunque la Junta contaba con una casa en Palomares cuyo mantenimiento estaba encargado a Francisco Moreno Navarro, normalmente Ramos, Iranzo y Carmen Álvarez pernoctaban en el parador de los Reyes Católicos —más tarde optaron por el Hotel El Moresco—, mientras que el conductor y ayudantes o becarios utilizaban el Hotel Indalo, algo más modesto (dos estrellas). También se encuentran los recibos que justifican la compra de peces, crustáceos (entre 400 y 735 pesetas, según la ocasión), cereales, vegetales o incluso insectos y caracoles —estos referidos a 1970—, así como por gastos ocasionados para el mantenimiento y la limpieza de la casa que la institución investigadora conservará en Palomares desde 1966 hasta la actualidad.*

En diciembre de 1970, coincidiendo con la visita del presidente Richard Nixon a Franco, el responsable del programa español dentro de la Comisión de Energía Atómica norteamericana, H. D. Burner, decide viajar a Madrid —que encuentra llena de banderas norteamericanas y euforia pro americana— para revisar expresamente la marcha del Proyecto Indalo. Halla al doctor Ramos muy afectado por una dolencia ocular de juventud que prácticamente le impide trabajar, luego Iranzo se convierte a partir de entonces en su interlocutor y a quien confronta sobre la necesidad de revisar el trabajo realizado y, sobre todo, a mirar al futuro. En una reunión previa con Otero Navascués, este le advierte del malestar del gobierno español por la negativa de Estados Unidos a autorizar la adquisición del equipamiento para el enriquecimiento de uranio para las centrales nucleares, pero reitera la voluntad de seguir adelante con el Proyecto Indalo. A partir de aquí, pocas son las novedades. Los españoles reclaman más equipos y reconocen que sería necesario monitorear también las cosechas de tomates y alfalfa, pero estiman que no es posible por falta de recursos. Respecto a la zona 2, recuerdan que no pudo ser limpiada con la misma profundidad que las demás áreas y que, por tanto, existen «pruebas» de contaminación superficial «pero —agregan— no se trata de zonas cultivadas y la gente no tiene razón alguna para ir por allí».¹⁵

Un año después, en otoño de 1971, se produce un viaje muy importante, por no decir trascendental, para el futuro del Proyecto. Han pasado 5 años desde el accidente, y el profesor Langham, el famoso Mister Plutonio, decide viajar a España con el objeto de «rejuvenecer» el programa y despejar así algunas dudas que empiezan a surgir en Estados Unidos sobre la necesidad de seguir financiando el proyecto —anualmente se costeaba con 25.000 dólares, la misma cantidad desde 1967—. Es la primera vez que Washington se plantea el tema. En una carta resumen con las conclusiones de la visita, en la que el científico estadounidense se deshace en elogios por la «inigualable hospitalidad» mostrada por Ramos e Iranzo para con él y su esposa, afirma:

Si obtuvo la idea de que los fondos se detendrían el 1 de julio de 1971, me dicen que es una equivocación y lo están revisando. Les he mencionado que quizá sería recomendable considerar un incremento de los fondos y una modernización de los equipos. Me han pedido que les presente una propuesta para su consideración.¹⁶

Por ello solicita a ambos que le envíen propuestas para convertir el programa de seguimiento en algo «más relevante» y, entre otras cosas, propone que adquieran un contador pulmonar mucho más sofisticado para hacer una nueva ronda de inspecciones médicas. «El contador será 10 veces más sensible y las personas habrán vivido en el área durante otros cinco años más. Si los resultados son todavía negativos, y esto es casi seguro de que lo sean, estaremos más seguros aún de que no dejamos un problema serio», afirma. Asimismo, pregunta si sería de utilidad contar con más espectrómetros alfa para avanzar con el retraso de muestras que se han acumulado en la JEN y contar con mayor entendimiento a las lecturas alfa que ya se han tomado. «Parece también —agrega— que el equipo de medición del aire está ya quemado y obsoleto. ¿Sería recomendable un nuevo equipo de medición?», se interroga a sí mismo para terminar la carta asegurando que su viaje al sur de España «vivirá en nuestra memoria [la suya y la de su esposa] para siempre como una de nuestras mejores experiencias. Ha aumentado nuestro conocimiento y entendimiento de España y su gente, mejorando nuestra confianza —incluso aunque Julia fue multada por una infracción de tráfico que nos ha costado 400 pesetas».¹⁷

Como no podía ser de otra forma, las recomendaciones de una celebridad como Langham, que se resumían en la necesidad de manifestar más interés por el trabajo de la JEN a través de una revisión más concienzuda de sus esfuerzos,¹⁸ producen un renovado interés en Washington por Palomares pero, sin embargo, su fallecimiento escasamente tres meses después de enviar su informe en un accidente, deja descabezada la dirección norteamericana del programa español.

UN NUEVO LÍDER NORTEAMERICANO PARA EL PROYECTO INDALO

En julio de 1972, una vez clarificadas las responsabilidades en el lado norteamericano, Eduardo Ramos, que sigue siendo jefe de la División de Medicina y Protección de la JEN a pesar de sus achaques de salud, escribe a Chester Richmond, líder del Grupo-4 en el departamento de Biomédica del Laboratorio de Los Álamos, para felicitarle por haber sido nombrado jefe de esta oficina que hasta entonces había sido dirigida por Langham y, por tanto, nuevo líder estadounidense para el Proyecto Indalo. En la misiva, Ramos deja clara su «preocupación» por, entre otras cosas, la aparición del caso de un niño con leucemia. Natural de Palomares, ha sido atendido en una clínica de la Seguridad Social en Barcelona. «No tenemos más detalles al respecto y estamos esperando noticias de su médico —dice—. Nuestros datos aquí (pulmones, Pu en orina, hematología, etc.) son completamente normales», señala como argumento para defender una modernización de los equipos y el mantenimiento de los pagos (en 1973 se mantendrá la cuota de 25.000 pero en 1974 aumenta a 27.000).¹⁹ En julio de 1974, Richmond y el especialista Philip N. Dean, también de la División de Salud del Laboratorio de Los Álamos, viajan a Madrid para supervisar la instalación de los nuevos equipos, en concreto el contador pulmonar (NaI-CsI). Siguiendo la tradición de Ramos, se les agasaja como se debe. Los españoles corren con todos los gastos de los funcionarios estadounidenses, incluso la compra de un bonito abanico por 950 pesetas en la famosa Casa Mier de Francisco Silvela 1, cuyo recibo queda oportunamente registrado en la contabilidad del Proyecto Indalo.*

La renovación del interés por el programa no aleja el fantasma de perder los fondos norteamericanos. A partir de 1973, William Burr, como subdirector de la División de Programas Internacionales de la CEA, tendrá que justificar todos los años la asignación de fondos que ya no será automática. En el informe razonado correspondiente a ese año, por ejemplo, se defiende su continuidad por varias razones:

1) Porque los estudios en España son una fuente útil de información sobre el plutonio aunque reconoce que hasta ahora los estudios no han sido especialmente productivos. Sin embargo, con un esfuerzo y guía adicionales, particularmente por el grupo de Los Álamos, deberíamos recibir información útil.

2) Porque en el último año, los españoles han adquirido a Los Álamos un nuevo contador de partículas pulmonar y requieren asistencia norteamericana para poder usar la nueva instrumentación.

3) Los fondos de la CEA norteamericana han sido utilizados en el último ejercicio para adquirir espectrómetros alfa y otros medios especializados. «En vista de esto —razona—, parece que no sería un buen momento interrumpir el programa.»²⁰

El tema español no será fácil a partir de entonces. La oposición a seguir invirtiendo dinero en el Proyecto Indalo aumenta en algunos círculos estadounidenses. En otra carta remitida al director del Laboratorio Científico de Los Álamos, doctor H. M. Agnew, se le recuerda que «la acumulación de los instrumentos analíticos de datos del Programa Indalo han perdido eficacia como consecuencia de las limitaciones de los científicos españoles», por lo que se recomienda reunirse de nuevo en serio con el personal de la JEN para analizar el asunto.²¹ La advertencia obliga a Richmond a definir nuevas metas para el Proyecto Indalo:

– Reemplazar el equipo viejo y fuera de funcionamiento en Madrid y en Palomares para poner mayor énfasis en la medición de los restos de plutonio.

– Instalar y calibrar un nuevo contador de tórax, ya enviado y que, al parecer, está dando problemas.

– Diseñar un programa para maximizar la información acumulada en muestras biomédicas y aéreas en cooperación con el gobierno español.

– Determinar prioridades y objetivos, y estimar el coste para continuar la investigación y el desarrollo del programa.

– Decidir la duración del programa de asistencia, y

– Establecer un intercambio más formal y activo entre ambas partes.²²

El balance de los primeros 10 años desde la perspectiva estadounidense no es muy positivo que digamos. Los estudios llevados a cabo hasta el momento «no han producido pruebas de que la distribución del plutonio residual que se produjo después de la limpieza tiende a acumularse en los sistemas medioambientales o que la salud de los españoles en el área de impacto haya sido alterada o puesta en peligro».²³ Pero, aun así, los científicos estadounidenses continúan defendiendo que es necesario seguir analizando y determinando el movimiento y la evolución del plutonio en su paso a través del hombre y las plantas y su posible efecto en la irrigación de las tierras, confirmando que desde el principio el Proyecto Indalo tenía como principal objetivo un estudio científico. Medio año después, en agosto de 1974, Martin Minthorn, subdirector de Programas Biomédicos de la AEC, hace un breve resumen a su jefe, Charles Carter, sobre la situación del programa y los problemas a que se enfrenta y que, a su juicio, han limitado su progreso desde el punto de vista científico:

Es evidente que los aspectos medioambientales del Proyecto Indola [Indalo] son al menos tan importantes como los seguimientos radiológicos/médicos de la población. Desde el punto de vista medioambiental, la situación de Palomares constituye una situación ideal para la investigación del estudio de la movilidad de nucleídos dentro de un ecosistema delimitado. A través de espectrómetros alfa, es posible estudiar el comportamiento de isótopos de uranio y plutonio en un área contaminada. Con respecto al estudio médico, el personal militar de EE. UU. que participó en las labores de limpieza en Palomares puede ser de igual interés que los españoles de la región afectada. Sin embargo, ninguna de las personas expuestas parece estar o haber estado en gravedad; por tanto, el esfuerzo médico no constituirá más que un esfuerzo radiológico rutinario en vez de una investigación científica.²⁴

LOS GUSANOS FUERA DE LA CAJA

Quizá hablamos de uno de los primeros momentos verdaderamente críticos del Proyecto Indalo desde que fue establecido en 1966. Minthorn recomienda que el proyecto «sea revisado a la luz del tipo de informaciones que puede obtenerse, teniendo en cuenta las necesidades de Estados Unidos y de España»,²⁵ aunque reconoce que, en este caso, existen dimensiones políticas que no pueden obviarse. En medio de estas dudas sobre si y cómo continuar el programa, el 14 de julio de 1975, en pleno verano en España —país dominado en ese momento por las malas noticias sobre la salud de Franco y las dudas respecto a una transición del régimen—, Iranzo comunica a sus compañeros norteamericanos una alerta que despierta todos los miedos. Según los datos recogidos la semana anterior, un total de 44 personas en Palomares y otros 29 de la propia Junta han sido revisados por el contador de cuerpo entero y, de ellos, 65, es decir el 80 %, registraron lecturas de quemaduras en sus pulmones de 0 a 3 o 4 veces el máximo permisible. «Esto es una sorpresa en varios aspectos», explica W. Bruner, asesor médico de la división de Biomédica e Investigaciones Medioambientales. «Si es correcto —agregó—, tenemos un problema en nuestras manos: ¿Considerar a todas las personas de los laboratorios que hayan trabajado con ello? ¿Considerar a los más de 300 soldados que trabajaron en los campos limpiando [la contaminación] y a los que nunca hemos seguido? Si esto es cierto, Iranzo y la JEN han abierto la caja de los gusanos»,²⁶ señala Bruner en el sentido de que todos los que se oponen a la energía nuclear, incluidos por supuesto los activos ecologistas, tendrán «munición contra el enriquecimiento de uranio», las centrales nucleares y todo lo relacionado con la energía atómica.

La primera reacción es enviar urgentemente a Madrid al técnico Philip Dean para descartar primero que se trata de un error de calibración o de contaminación. Los propios estadounidenses en su análisis preliminar reconocen que no han sido capaces de formular a los españoles las «preguntas duras» sobre si estaban haciendo algo mal porque, reconocen, que es muy probable que se lo hubieran tomado como un insulto. Puede haber varias razones: desde un fallo técnico de la fuente de alimentación hasta contaminación de algún tipo. Dean señala, asimismo, que los españoles no cuentan con muestras de Pu-239 y que, por tanto, lo detectan a través de lecturas del Am-241 y Pu-238. «En algunos casos, aparecen datos para ambos Am-241 y Pu-238 y los niveles de Pu-239 calculados concuerdan o no concuerdan. Normalmente, no.»* Reconoce que el corto período de medición —30 minutos—, aunque sea el máximo que una persona puede estar quieta, es «relativamente pequeño» y puede producir errores estándar y también muestran sus dudas de que los españoles hayan llevado a cabo correctamente la calibración del aparato. «En pocas palabras, algo debe de estar mal en este sistema de detección», concluye.

La gravedad del caso supera el nivel científico hasta el extremo de que el embajador de EE. UU. en Madrid, Wells Stabler, envía el 30 de julio un telegrama al Departamento de Estado trasladando su preocupación por el incidente. En el documento, clasificado como confidencial, el diplomático reconoce que quizá están ante un mero problema de «técnicas inadecuadas en la toma de muestras» pero admite la repercusión que puede tener el asunto. «Mientras podamos confiar en la discreción del equipo de la Junta de Energía Nuclear española, el departamento [de Estado] y la Comisión de Energía Nuclear deben ser conscientes de mi gran preocupación porque se determine lo antes posible la verdadera naturaleza de los descubrimientos, ya que los españoles están insistiendo en que se adopten las medidas correctivas y que hay que tener en cuenta el potencial impacto en el área de las relaciones públicas.»²⁷ Por eso, resalta su «interés personal» y su «total cooperación» para que llegue inmediatamente el equipo de científicos norteamericanos que pueda desenredar el asunto. La respuesta de Washington es tranquilizadora. El 22 de agosto, el Departamento de Energía norteamericano comunica a Madrid que Philip Dean saldrá cuando esté disponible pero que requerirá al menos un mes para recolectar todos los materiales y equipo que debe llevarse. Sin embargo, avanza que hay «muchas indicaciones» que apuntan en la dirección de un error de la máquina, ya que son instrumentos muy sensibles.* Mientras tanto, se vuelve a solicitar a todos que pasen de nuevo por el contador y se comprueba las muestras de orina, especialmente de aquellos que han mostrado altos niveles pues, si es correcto, deberían estar excretando plutonio. «Es importante que corrijamos estas lecturas de pulmones lo antes posible. Cuanto más lo retrasemos, mayores serán las opciones de que estos datos, aunque luego se pruebe que eran falsos, se conviertan en ciertos y sean grabados en piedra», concluye Bruner que señala pedirá la colaboración de la embajada en Madrid y el Departamento de Estado para mantener el tema «con la mínima visibilidad posible».²⁸ Entre la documentación desclasificada por EE. UU. (el CIEMAT afirma no tener nada de la época de la JEN), no se incluye el informe final de la visita de Dean a España pero, según otros documentos posteriores, las mediciones se debieron a errores técnicos de aislamiento que fueron «corregidos» con la asistencia del científico estadounidense, dejando en evidencia a los españoles.²⁹

El suceso pone de relieve lo que los norteamericanos venían señalando desde hace tiempo en relación con las dudas sobre el programa en su conjunto y sobre el desempeño de los españoles en particular. Los informes oficiales enviados por la Junta de Energía Nuclear a la Administración para la Investigación y del Desarrollo de la Energía (ERDA, siglas en inglés)** durante ese tiempo —hemos encontrado los correspondientes a entre octubre de 1975 y septiembre de 1977— muestran el abandono y los problemas del proyecto. Firmados por el propio Emilio Iranzo, reconocen, por ejemplo, que la máquina de cuerpo entero no ha funcionado «de manera creíble» hasta octubre de 1976 cuando fue reparada por Dean y, por tanto, hasta ese momento el único método efectivo de control para conocer el contenido de Pu-239 eran los análisis de orina que, además, no se hicieron regularmente durante esos años. Trasladar los vecinos de Palomares a Madrid, agrega, es la parte más costosa del programa. «Sin la información del contador de cuerpo entero no tenemos manera de estimar si las personas que viven en suelos contaminados o los campesinos han inhalado Pu-239 resuspendido en polvo agrícola o de otra forma», afirma Iranzo reconociendo implícitamente el desastre que es todo el programa.³⁰ Los documentos españoles y norteamericanos explican también el ingente trabajo de toma de muestras de aire, suelo y cosechas que se lleva a cabo durante estos años pero, al mismo tiempo, deja al descubierto sus deficiencias. Respecto al primero, el científico estadounidense Richmond lo pone en evidencia: «Desafortunadamente a partir de 1969 dejó de funcionar y por negligencia no se reparó, la [estación de medición de aire] situada en la zona 2-1 que hubiera detectado con facilidad los movimientos de terreno en las colinas hasta entonces no cultivadas cercanas al punto de impacto de la segunda bomba», afirma.³¹ Respecto al suelo, los españoles analizaron muestras de la parte superior de la superficie a diversas profundidades (hasta 30 centímetros) los años 1967, 1969, 1971, 1972, 1975 y 1976 acumulando una media anual de 720. Sin embargo, los propios informes españoles reconocen que cuentan con una gran cantidad de muestras de suelo almacenadas correspondientes a varios años que no han podido ser analizadas oportunamente por estar estropeado el espectrómetro alfa, por lo que, en 1977, Iranzo y Richmond deciden priorizar el análisis completo de Pu-239 a varias profundidades para cada localización pero solo para los años 1969, 1972 y 1975, y completar, posteriormente, los años intermedios, con la meta de, al menos, ponerse al día. Por último, en relación con los análisis técnicos de cosechas y plantas quedó claro que muchas mostraron restos de contaminación por Pu-239, especialmente los tomates cultivados en 1976 en la proximidad del punto donde cayó la bomba número 2. Aunque en casi todos los análisis realizados en el período 1969 y 1972 se registraron restos de plutonio, estos fueron mayores en los referidos a la vegetación salvaje y negativos en el caso de los frutos.³²

Y LAS PERSONAS, LAS ÚLTIMAS

Curiosamente, el último apartado de los informes que periódicamente remite la Junta de Energía Nuclear a Estados Unidos sobre la evolución e incidencia del Programa Indalo está referido al seguimiento de la salud de los habitantes de Palomares. En concreto, para determinar su posible contaminación interna, con especial hincapié en aquellos que anduvieron por las áreas contaminadas durante los primeros momentos y con dos objetivos precisos: 1) determinar la excreción de Pu-239 a través de la orina con el objeto de estimar la fracción que ha podido pasar a través de los pulmones y el sistema linfático y, 2) determinar la cantidad de Pu-239 presente en los pulmones. Para ello en 1967 se procedió a una selección de 100 personas divididas en cuatro grupos dependiendo de su posible exposición a la contaminación radiactiva. De ellos, 49 eran hombres mayores de 14 años, 32 mujeres mayores de 14 años, 10 hombres menores de 14 años y 9 mujeres menores de 14 años. Curiosamente, de ellos 17 eran guardias civiles que participaron en las labores de vigilancia de las armas y los campos. Todos fueron traslados a Madrid para realizarse pruebas de laboratorio y determinar la concentración de Pu-239 en su cuerpo. Se tomaron muestras completas de orina durante tres días y el resultado fue que el 71 % de los casos mostró indicación al Pu-239. Según los científicos españoles, «en casi todos los casos podría considerarse negativo» por el bajo contenido detectado.* Como compensación, por día de trabajo se percibió 3.000 pesetas por persona y otras 1.000 más en caso de los menores de 14 años, además de que todos los gastos de traslado, estancia y comidas fueron costeados por la Junta.³³

Respecto a la vigilancia de personas, no hay constancia de que después de 1967 se realizaran todos los años estos viajes a Madrid para los reconocimientos. Los documentos encontrados solo reflejan —gastos y pruebas— que, tras ese año, la siguiente ocasión que se produjo fue en 1974 y 1975. Entonces, la muestra fue de 57 personas y se les introdujo en el contador de cuerpo entero, además de realizárseles mediciones de orina para conocer rasgos de Pu-239. Sin embargo, las mediciones no fueron útiles por mala calibración de los equipos y otros problemas. En 1976, otros 132 habitantes de Palomares fueron llevados a las instalaciones de la Junta para proceder a las oportunas revisiones y ensayos. En esta ocasión los resultados fueron válidos y ciertas muestras de orina dieron positivo a Pu-239, así como «algunas» parecieron tener contaminación de plutonio en sus pulmones, aunque los niveles resultantes en ambos casos no fueron estimados «altos» por los técnicos españoles. En este caso, también se llevó a cabo un análisis cromosómico aunque se descartó de cara al futuro por considerarse inadecuado teniendo en cuenta el número tan pequeño de células estudiado.**

A finales de 1974, José María Otero Navascués abandona la Junta de Energía Nuclear después de haberla presidido durante 16 largos años y le sustituye otro militar y veterano de la institución, Francisco Pascual Martínez, que durante dos décadas había sido secretario general técnico de la propia Junta. Los tiempos cambiaban, al menos en el panorama político español, y también para el Programa Indalo. En agosto de 1975, unos meses antes de la muerte de Franco, Estados Unidos comunicaba formalmente que había llegado el momento de revisar en profundidad el programa. «Consideramos la reexaminación del proyecto como un paso deseable de cara a la definición de las futuras necesidades y las metas a largo plazo», explica con amabilidad pero contundencia Minthorn, subdirector del programa de Biomédica del Departamento de Energía norteamericano, en una carta que remitie a Emilio Iranzo. La contestación del español —con fecha de noviembre— representa, en cierta manera, una autojustificación. A partir de ese momento se explorará el programa con nuevos ojos, los que demandan la nueva época democrática en la que entra España.

Anexo del capítulo

Acuerdo Otero-Hall

– Recopilación de información sobre la absorción y retención de plutonio y uranio en un número representativo de un grupo de población potencialmente expuesta a la inhalación de un aerosol de óxido de plutonio.

– Medición de las fluctuaciones temporales y estacionales en concentraciones de plutonio en el aire en un área agrícola contaminada por óxido de plutonio y que ha sido sometida a un proceso de descontaminación como el acordado.

– Mediciones seriadas de los niveles de contaminación (tanto por absorción de las plantas de la tierra como por dispersión como consecuencia del viento) de los productos agrícolas obtenidos en un área contaminada tras ser sometida a descontaminación y,

– Estudios de migración temporal y redistribución del óxido de plutonio en el suelo descontaminado por arado profundo como resultado del continuo cultivo y la intemperie.

ANEXO

La Junta [de Energía Nuclear] asumirá la posición de investigador principal con la USAEC aportando apoyo en forma de asistencia técnica y consejo y equipo especializado y material que la Junta no disponga en la actualidad.

En el papel de investigador principal, la Junta asume la responsabilidad de:

1. Proveer la construcción y el establecimiento del laboratorio que se requiera para iniciar y llevar a cabo el programa.

2. Establecer, con la ayuda de especialistas de EE. UU., métodos de muestreo, rutinas y calendarios para la medición de poblaciones, aire, cosechas y tierra.

3. Proveer el apoyo logístico requerido para el muestreo y los calendarios de medición.

4. Realizar todas las mediciones y pruebas científicas.

5. Recopilación y documentación de todos los datos científicos.

6. Facilitación de los viajes de sus propios especialistas enviados a Estados Unidos para la consulta, planificación y formación que se requiera.

En el papel de investigador secundario, el USAEC asumirá la responsabilidad de:

1. Proveer, a través de fondos o por transferencia, del equipo especializado y el material requerido para el programa. Durante el primer año, consistirá en:

a. Un contador de cuerpo entero, completado con un espectrómetro de cristal y un detector de plutonio de rayos-X.

b. Un contador de centelleo alfa del tipo actualmente en uso en el Laboratorio Científico de Los Álamos o en el Laboratorio de Salud y Seguridad de Nueva York.

c. Un espectrómetro alfa completo con analizador multicanal y equipo para medición de datos.

d. Además, equipo especializado como análisis analíticos, centrifugadoras, equipos químicos especializados, etc., por un monto máximo de aproximadamente 15.000 dólares.

e. Patrones analíticos de plutonio y uranio.

f. Cuatro medidores para muestreos aéreos de última generación para operaciones continuas en el terreno.

2. Proveer la visita de especialistas para la instalación y calibración del contador de cuerpo entero y para la formación del personal de la Junta para su uso.

3. Proveer la visita de especialistas en métodos de análisis de plutonio y uranio para instalar equipo de analítica especializado y formar al personal de la Junta en técnicas de medición de plutonio y uranio utilizado por Estados Unidos, público o no público.

4. Proveer la visita de especialistas en ciencias del suelo y plantas para ayudar en el desarrollo de estudios en la traslación de plutonio al suelo y su retención por cultivos.

5. Prestación, más allá del primer año, del equipo especializado, asistencia técnica y asesoramiento durante el tiempo que ambas partes acuerdan mutuamente conveniente sobre la base de las observaciones que se obtienen.

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Antonia Flores, porque no es igual ¹/₃ que tres cervezas

Antonia Flores tenía solo seis años cuando se produjo el accidente pero nunca ha podido arrojarlo de la memoria. «Asustados por el ruido, corrimos mi hermano y yo a refugiarnos en casa. Cuando vimos que no pasaba nada más, salimos a la calle y recorrimos los lugares en donde habían caído los objetos y los tocamos sin ninguna preocupación, incluida la bomba que había producido un gran socavón a pocos metros de nuestra vivienda», recordaba con tranquilidad a la prensa veinte años después, tragando aún saliva para poder completar la escena.¹ El azar o el destino quisieron que esa niña, de biografía escasa e inquieta curiosidad, y que tuvo en sus manos la extraña suerte de poder acariciar una bomba atómica, se empeñara —ya veinteañera y como alcaldesa pedánea de su pueblo— en esclarecer la situación. Siendo aún pequeña, la falta de oportunidades forzó a que su familia emigrara —al igual que otros tantos vecinos del pueblo— a Barcelona durante tres años, aunque más tarde decidió regresar para encontrar trabajo como oficinista y entrar en política de la mano del PSOE. Pelo corto, cara de niña y la osadía que concede la juventud, en 1983 fue designada alcaldesa en una candidatura independiente con una sola determinación en su cabeza: saber la verdad y ayudar a sus vecinos.* En esos años, el accidente seguía siendo como un fantasma que sobrevolaba el pueblo. La mayoría no quería hablar abiertamente de ello y solo quedaban como testigos visibles unos cuantos mojones que supuestamente delimitaban las zonas descontaminadas y un perceptible socavón que había producido la bomba atómica que cayó en el mismo centro del pueblo —la tercera—. Los más curiosos podían descubrir, asimismo, entre la vegetación dos casetillas enrejaladas con unos extraños aparatos parecidos a los de las estaciones meteorológicas y a los que uno se puede acercar sin dificultad. «General Metal Works Incorporated, Ohio (USA)», se leía en sus etiquetas metálicas. Un poco más lejos también algunos señalaban una casa sencilla, cercada y cerrada la mayor parte del año, cuyo verdadero inquilino se descubría por un sencillo cartel en la puerta: «Junta de Energía Nuclear». Nadie del pueblo había sido invitado a entrar en su interior lo que aumentaba aún más las habladurías y el misterio sobre lo que contenía. Solo lo conocía el topógrafo Francisco Moreno, el único empleado local a sueldo de la JEN desde que se produjo el accidente y que, como ya hemos visto, se dedica a mantenerla y a enviar periódicamente muestras a Madrid. En cierta manera, Francisco era un extraño entre los lugareños porque todo el mundo sospechaba que sabía más que los demás sobre eso de la radiactividad. Pero su boca estaba sellada: «Tengo prohibido enseñar las instalaciones y hacer declaración alguna. Soy solo un empleado», se limitaba a contestar cuando se le preguntaba.² El otro único ritual que convertía a Palomares en un pueblo distinto del resto de miles que hay en España era que, muchos domingos, dos taxis públicos transportaban a Madrid una media de diez lugareños con el objeto de someterse durante las siguientes 48 horas —lunes y martes— a una revisión médica bajo la dirección del doctor Iranzo, el todo poderoso jefe del Área de Protección Radiológica de la JEN. Durante los años finales de la década de los sesenta y la década de los setenta, el pueblo había entrado en una cierta rutina respecto al accidente, más preocupado por el empleo y el devenir político de la incipiente España democrática que por su propia realidad. Una rutina alimentada por la monotonía y el silencio que las autoridades nacionales se esforzaban por consolidar. Flores estaba destinada a romperlo... y a perturbar la vida cotidiana como nadie lo había hecho desde el suceso de 1966 y hasta entonces. Pronto reveló su objetivo: quería saber la verdad sobre la salud de los habitantes de Palomares y reivindicar unas indemnizaciones justas que casi todos consideraban que Estados Unidos no había concedido todavía. En pocas palabras, rechazaba el cuento oficial mantenido hasta entonces y exigía transparencia y justicia para este pueblo, aún entre los más olvidados del país. Primero lo intenta por la vía del diálogo y en enero de 1984, a escasos meses de asumir el cargo y con el respaldo del alcalde de Cuevas del Almanzora —municipio del que depende la pedanía—, invita al doctor Iranzo a una mesa redonda en el pueblo para hablar abiertamente sobre el tema. Iranzo no accede y, entonces, toma sus papeles y se presenta en Madrid en la primavera para hablar con los máximos responsables de la JEN. Aunque el director general era en ese momento un ingeniero industrial y economista, Gonzalo Madrid González, el único presente es Iranzo, quien rechaza todas las quejas y niega que exista peligro alguno porque en términos generales el resultado de los análisis no superaba la media permitida. Molesta por la falta de empatía, Flores reitera la petición principal para que visite Palomares e informe con detalle a cada uno de los afectados. De forma gráfica, rechaza esa insistencia en que todo es normal y no hay que preocuparse.

Siempre la media ... que no superaba la media ... Siempre el mismo cuento ... Hablemos claro ... no es igual que tres personas se beban juntamente tres cervezas que una persona se beba tres cervezas en compañía de otros dos amigos. La media puede estar dentro de lo normal ... pero uno se emborracha y el resto están sanos.*

Espeta con fuerza Flores que reta a Iranzo a viajar al pueblo para entregar los historiales médicos si, como dice, no hay nada que ocultar. Según la versión periodística, Iranzo acepta en principio pero después se lo piensa mejor y decide —voluntariamente o por presiones de más arriba— posponer el encuentro para no acudir nunca a explicar su trabajo. A finales de mayo, el director general de la JEN reacciona: llama por teléfono al alcalde de Cuevas del Almanzora, el socialista Andrés Fernández Castro, y le anuncia que una comisión de técnicos viajará en junio a Palomares para tranquilizar a la población. Aunque parezca mentira, la opinión pública española y mundial conocía entonces prácticamente lo mismo que en los años sesenta sobre los efectos de las radiaciones —es decir bastante poco—, lo que alimentaba rumores y desasosiegos cuando alguien comentaba una incidencia inusualmente alta de defunciones, cáncer o malformaciones físicas. Un equipo médico dirigido por un tal Pedro Zarco, que se hacía llamar presidente de la Asociación de Médicos contra la Bomba Atómica, afirmaba por entonces en la prensa nacional haber estudiado el tema: «En Palomares hay casos de leucemia, abortos y nacimiento de retrasados mentales, efectos retardados que también se produjeron en Hiroshima».³ No parecían creíbles, al menos en los alrededores del pueblo, pero tampoco nadie se atrevía a desestimarlos rotundamente. «No quiero ni pensar en la contaminación, porque si no, me volvería loca», comentaba entonces, por su parte, la propia Antonia Flores, expresando lo que sentía la mayoría de sus convecinos. Como había pasado tras el accidente en la época de Franco y a pesar de que los socialistas con Felipe González a la cabeza estaban en el gobierno de España, la Junta de Energía Nuclear decide reaccionar del mismo modo: silencio y censura. La alarma crece y la alcaldesa reclama el apoyo de sus vecinos. El 2 de junio, se convoca una asamblea del pueblo para tratarlo. La misma demuestra que existen discrepancias sobre los pasos a dar pues algunos estiman que solo se busca la alarma y el descontento. Entre estos últimos se encuentra Francisco Navarro Vicente, oficial retirado de la Guardia Civil, quien califica a los que se quejan de «ignorantes en temas científicos. Nadie compraría nuestros tomates si pensaran que son radiactivos», afirma a todo aquel que quiere escucharle. A pesar del intercambio de puntos de vista, en momentos acalorados, la amplia mayoría respalda a la alcaldesa y rechaza por infundados los planteamientos de tres o cuatro que sostenían que airear el miedo a la radiactividad pone en peligro la afluencia del turismo y la venta de la producción de tomates. Lorenzo González, un agricultor de 77 años, refleja así el sentir de la mayoría: «Los americanos deben seguir pagándonos por poner en riesgo nuestras vidas ... y nuestros tomates».⁴

El tiempo apremia, se resalta durante la reunión. La legislación española señala que existe un límite de 20 años para reclamar daños ocasionados por energía atómica y en el caso de Palomares se cumple el 17 de enero de 1986. A partir de esa fecha, nadie podrá reclamar legalmente ni a Estados Unidos ni a España compensaciones económicas por daños y perjuicios relacionados con el accidente. Las autoridades también son conscientes y, quizá por ello, a finales de junio la JEN comunica al gobernador civil de Almería, Tomás Azorín —íntimo amigo de Alfonso Guerra, entonces mano derecha del presidente Felipe González—, que han decidido posponer la prometida visita, alegando que no han tenido suficiente tiempo para acabar el estudio que están confeccionando. «Es curiosa la petición de que la Junta acuda a Palomares a dar explicaciones —declara el entonces director de Protección Radiológica y Ambiental de la Junta, Francisco Mingot—, siendo que los afectados pueden venir a Madrid cuando les viene bien, habiendo pasado revisión alrededor de 150 persona este año y una media de cien en las últimas décadas».⁵ Prometen hacerla en julio y a modo de chantaje encubierto «solicitan» que se suspenda toda declaración a los medios de comunicación. En resumen, más ocultismo y más espera.

LA JEN MANTIENE LA NEGATIVA A ENTREGAR LOS INFORMES MÉDICOS

El 10 de julio, representantes de la Junta se entrevistan en Almería de nuevo con el gobernador civil —en realidad «un amigo político» porque ambos representan al gobierno— y autoridades autonómicas de Andalucía —que han permanecido siempre poco interesadas por la situación con la excusa de no tener competencias sobre la materia— para avanzarles las líneas generales del informe oficial que tienen previsto hacer público muy pronto. El mensaje oficial es el de siempre: la situación está bajo control. Dos semanas después, el día 22, Antonia se anticipa y vuelve a convocar a los vecinos para discutir la situación. En este caso, la posición de los asistentes no presenta fisuras: aprueban por consenso hacer pública la situación sin más dilación y otorgar poderes para reclamar notoriamente sus informes clínicos. Cuando casi todos los españoles están preparados para irse de vacaciones a las soleadas playas o la montaña, el 23 de julio, la Junta de Energía Nuclear remite por fin al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora un documento que resume las actividades realizadas durante los primeros 20 años de seguimiento y en el que, según la prensa, reconoce por primera vez que en la zona «quedó una contaminación residual por elementos transuránicos (plutonio y americio)». * El informe afirma sin aportar datos concretos que «la dosis media de radiación a que están expuestas las personas en la zona a causa de la contaminación residual es del orden de la centésima parte del límite establecido en la legislación española». Asimismo, añade que los resultados médicos obtenidos de los reconocimientos llevados a cabo en sus instalaciones de las 570 personas que se han controlado en 1.207 reconocimientos «no han mostrado sintomatología ni enfermedad alguna que pueda considerarse achacable a la contaminación residual».** El lenguaje —como resaltaremos más adelante— está medido al milímetro para evitar revelar información incómoda. Según el informe, que también es remitido al gobierno Civil de Almería, no se han detectado síntomas de contaminación radiactiva e informa que durante el año anterior, 1984, un total de 150 vecinos (de los aproximadamente 1.400 que vivían entonces en la barriada) fueron sometidos a reconocimientos médicos en los períodos comprendidos entre mayo-junio y octubre-noviembre, no habiendo detectado en ellos índices de radiación ni otras anomalías.* Sin embargo, mantiene su negativa a entregar los datos médicos personalizados que reclaman los vecinos y, por tanto, estos consideran que sus demandas no han sido satisfechas y mantienen las reclamaciones. «Esta información podría haberse dado hace años pero no teníamos sensación de que el pueblo sintiera necesidad de ella», declara con desdén Francisco Mingot.⁶ La libertad y la transparencia habían llegado a la España democrática, pero no en relación con el accidente nuclear de Palomares.

Muy pronto, los responsables de la Junta y del Consejo se dan cuenta de que la revelación del informe ha servido para poco y de que las protestas vecinas, lejos de apagarse, se reactivarán con la llegada del otoño. Por ello intentan prevenirla: el 11 de septiembre, el subdirector general de la JEN, Alberto Rodríguez, viaja a la zona y se entrevista de nuevo con el gobernador civil de la provincia, Tomas Azorín —quien a finales de noviembre será premiado con el nombramiento como delegado del gobierno en Andalucía— y a los dos días, el 13, con el alcalde de Cuevas del Almanzora, el también socialista Andrés Fernández Castro, y Antonia Flores, con la lejana esperanza de detener la campaña de denuncias. Insiste en presentar las conclusiones más llamativas del informe elaborado a finales de julio y que la prensa local y nacional coinciden en repetir machaconamente. Los resultados del programa de vigilancia radiológica durante todos estos años demuestran que:

– En el aire del pueblo de Palomares, el contenido medio de plutonio es 100 veces inferior a la concentración límite establecida por la legislación española.

– La contaminación de los productos de la zona es de una cuantía tal, que para que una persona alcance una dosis de radiactividad al límite de incorporación anual establecido en la citada legislación, debe ingerir al año 7.200 toneladas de tomate, 600 toneladas de higos, etc.

– La dosis media de radiación de la población debida a la contaminación equivale al 3 % de la que reciben del medio natural en que viven.

– Se ha facilitado a las personas reconocidas información clínica nominal de las alteraciones patológicas detectadas, no encontrándose evidencias que permitan atribuir enfermedades a las relaciones ionizantes.⁷

Sin embargo, el representante de la Junta mantiene su negativa completa a entregar los resultados personalizados de los análisis radiológicos que, como reconocen, han realizado a 570 vecinos de la barriada. Postura poco entendible entonces y hoy, si no fuera porque ocultaban algo o no pudieran facilitarlos por desorden burocrático u organizativo.

A pesar de que los meses de lucha se acumulan, la determinación de Flores no ha desfallecido y, a principios de octubre, de nuevo con el apoyo de Fernández Castro, viaja a Madrid para reunirse esta vez con los máximos responsables del Consejo de Seguridad Nuclear a los que exigen una respuesta clara y completa ante la ausencia de interlocución eficiente por parte de la JEN. Ambos se ven obligados a esgrimir todas sus habilidades políticas. En público, un discurso firme pero conciliador; en privado, duro y directo que raya las amenazas veladas. Con el sentimiento de urgencia bien presente, Flores delinea lo que parece ser la segunda fase de la ofensiva: presión pública, ruido mediático e involucrar a abogados y científicos. Se contratarán los servicios del abogado José María Mohedano, quien pedirá notarialmente los informes clínicos a la Junta de Energía Nuclear a fin de conocer la verdad sobre la salud de todos y, a la vez, sustentar las solicitudes de nuevas reclamaciones económicas antes de que expire el plazo de los 20 años. Al mismo tiempo se contacta con los científicos del Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS) de Barcelona para contar con una respuesta autorizada. «No pretendo rentabilidades políticas —explica la alcaldesa entonces—. Solo deseo que la Junta nos entregue el historial clínico para estar seguros de que no tenemos nada que temer, antes de 1986. Si efectivamente no tenemos por qué preocuparnos, mejor para todos.»⁸ Flores es contundente cuando habla del seguimiento médico que ha llevado la JEN todos estos años. «Se nos hacen análisis de sangre y de orina, radiografía pulmonar y cardiograma. Al final se nos mete uno a uno en una extraña cámara, en donde, completamente aislados, se nos hace estar inmóviles durante media hora», explica refiriéndose en este caso a un aparato denominado «contador de cuerpo entero». Parece increíble que durante 20 años los habitantes del pueblo fueran periódicamente a Madrid a ver al médico y nunca recibieran información alguna sobre el resultado de los análisis más allá de algunas palabras condescendientes de: «Usted está bien... no se preocupe». Durante la Dictadura quizá fuera entendible —que no justificable—, pero claramente no tenía sentido en plena democracia con una Constitución que reconocía y respetaba los derechos de todos los españoles. Oficialmente, la política de la Junta y del Consejo de Seguridad Nuclear, que ya había sido creado en 1980 como el único y máximo organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, seguía siendo la de trivializar el asunto y restarle importancia aduciendo siempre a una supuesta normalidad basada en la censura informativa y justificada por la obligación de todo dirigente a mantener la calma.

Tanto Fernández Castro como Flores saben del respaldo unánime —aunque más silencioso de lo deseable— de los habitantes de Palomares. Para dejarlo claro, por si había dudas, el 7 de octubre de 1985, se decide celebrar una nueva asamblea con un único punto: consensuar cuál debe ser el siguiente paso. Por unanimidad aprueban una nueva medida de presión ante la persistente negativa a revelar sus informes médicos. «Seguimos insistiendo en que se entreguen los historiales clínicos del total del núcleo de población y la asamblea ha acordado que los taxis que deberían acompañar a diez vecinos para la revisión médica no se trasladen a Madrid como medida de fuerza», explica la alcaldesa resumiendo el resultado de la misma.⁹ A partir de entonces, se negarán a pasar más controles médicos hasta que no se les entreguen sus informes clínicos. La revolución está servida y causa efecto ante el miedo de que se produzca una suspensión unilateral del programa de supervisión.

A las 48 horas, el Consejo de Seguridad Nuclear mueve ficha y obliga a modificar el criterio mantenido hasta entonces por la JEN. No se sabe quién aprobó la medida ni tampoco qué provocó el cambio de política, pero está claro que debió venir de las más altas esferas del gobierno. De otra manera no se entiende. La decisión parece claramente orientada a dar un portazo al asunto y ahora, después de meses de dilación y espera, corre prisa. El 10 de octubre, el CSN distribuye un escueto comunicado a la prensa, pero muy significativo, destinado a todas las víctimas del accidente nuclear de 1966. En él, el presidente del Consejo, Francisco Pascual Martínez, afirma —sin contemplaciones— que los historiales dosimétricos y clínicos de los residentes de Palomares afectados por el accidente deben serles facilitados a petición propia e individual. Señala, asimismo, que si bien la Junta es la responsable del seguimiento y vigilancia de las personas afectadas y la que conserva los historiales, el CSN cuenta con el derecho a tener acceso a dichos historiales y a cuantos datos se estime convenientes.* Según el Reglamento de Protección Radiológica, toda persona expuesta a radiactividad tiene derecho a solicitar personalmente y obtener su historial clínico.¹⁰ ¡Victoria! La persistencia ha tenido resultados.

Para comunicarlo sin demoras, se desplazan a Palomares el subdirector general de la Junta, Alberto Rodrigo, y el mencionado Mingot, físico y entonces director del Instituto de Protección Radiológica y Medio Ambiente, así como otros especialistas y técnicos que se reúnen uno a uno con los vecinos afectados. La entrega de los tan deseados certificados se realiza el 7 de noviembre, sábado, en el salón social del pueblo: varias mesas dispersas con un par de sillas y en cada una de ellas un hombre del JEN con una bata blanca. Los vecinos esperan en una larga fila y luego pasan uno a uno a las mesas donde se les hace entrega de un sobre y firman haberlo recibido. Según la prensa, se hace entrega de un total de 507 historiales médicos y no de los 570 que era el número total de personas que la propia Junta afirmaba que habían pasado reconocimientos clínicos en el informe de julio. Una discrepancia más que nadie explicó ni entonces ni después. Quizá por ello ninguno de los historiales clínicos mostraba datos preocupantes y, si alguno los registraba, los vecinos guardaban recelo: no quieren ser estigmatizados. Durante los encuentros, que duran solo unos minutos, Alberto Rodríguez resalta el mensaje oficial: «No hay consecuencias peligrosas derivadas de la bombas atómicas caídas en Palomares el 17 de enero de 1966». Es más, los portavoces de la Junta agregaron que de las conclusiones extraídas de los historiales de los fallecidos producidos en la zona se deduce que la repercusión del cáncer y la leucemia es, conjuntamente, del 13,45 % —por debajo de la media nacional que entonces era del 15,53 %—. Sin embargo, como todo lo relacionado con el accidente, las acotaciones de Mingot siembran de nuevo la duda: «El plutonio está en el aire, pero de todas formas no es 100 veces superior a lo permisible para el cuerpo humano». La explicación del porqué la expone el propio representante de la Junta al reconocer que «no todo se pudo recoger», en relación con la tierra que resultó contaminada como consecuencia de dos de las bombas que se resquebrajaron.¹¹ Las respuestas facilitadas a la prensa extranjera eran —como había ocurrido en el pasado— más precisas. En comentarios al diario The New York Times, Mingot reconoció que en esas mismas fechas cerca de 60 de las personas analizadas (curiosamente cifra próxima a la diferencia entre los 570 realizados y los 507 expedientes entregados) mostraron signos de contaminación radiactiva y solo una —cuyo nombre nunca se facilitó— se acercó al límite de seguridad internacionalmente admitido.¹²

LOS CIENTÍFICOS ENTRAN EN ESCENA

A principios de 1985 Antonia Flores también buscó el respaldo de científicos para consolidar argumentos que contrarrestaran el relato oficial de que no había ningún riesgo para la salud. El riesgo a la contaminación radiactiva residual no solamente podía afectar a los residentes en esos momentos en Palomares sino también a aquellos vecinos que habían emigrado posteriormente a la capital catalana, Hospitalet y Baix Llobregat y que algunos estimaban en alrededor de 400 personas que nunca habían sido llamadas para seguimientos clínicos. Por ello, solicitó el asesoramiento al Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS) de Barcelona, que constituyó un grupo de trabajo integrado por Catalina Eibenschutz, Salvador Moncada, Lluís Josep Martí i Valls y Eduard Rodríguez i Farré, que elaboró un informe reconociendo el enorme riesgo del trabajo al no contar con las informaciones oficiales tras la negativa sistemática de EE. UU. y España a facilitarlas.

El informe, denominado por sus autores como técnico-sanitario y titulado: «Consideraciones e interrogantes acerca del accidente nuclear de Palomares-1966», fue confeccionado sin poder llevar a cabo análisis directos sobre el terreno en Palomares —no había medios económicos para ello— sino a partir de los propios documentos y trabajos de la Junta y del Consejo de Seguridad Nuclear, incluyendo decenas de los certificados clínicos entregados voluntariamente por los vecinos del pueblo. Lo primero en cualquier caso era desmontar la excusa fácil de que la radiactividad era una cuestión trivial y menor: especialmente después de que el gobierno español reconociera que quedaban residuos activos de contaminación de plutonio-239, plutonio-240 y americio-241. Implicaba dos cosas: irradiación externa y, como demostraban los análisis médicos, interna. La irradiación externa procedía de la exposición a una fuente de emisión situada fuera del organismo, explicaban los expertos, por lo que actuaba solo durante el tiempo que se esté en el área de exposición. La irradiación interna emite desde cualquier punto del organismo (superficie, cavidades, órganos, células, etc.) actuando en función del tiempo que esté incorporado el radioelemento al ser vivo y de su período radiactivo. Los efectos biológicos se consideran a dos niveles: somáticos —que alteran las funciones del organismo— y genéticos —que modifican los caracteres hereditarios de la especie—. Hay que recordar que el plutonio actúa sobre los humanos especialmente por inhalación depositándose en el pulmón e irradiándolo continuamente. De todos los animales, los mamíferos son el grupo más sensible a las radiaciones y de entre ellos el más vulnerable es el hombre. Así, si la dosis que en el plazo de un mes mata al 50 % de los individuos irradiados es de 300 rem para el hombre (rem: dosis de radiación absorbida por un organismo que tiene en cuenta las características del tejido irradiado y la naturaleza de la radiación), para la rata es de 700 y para el escorpión, uno de los animales más resistentes, de 150.000. El doctor Eduard Rodríguez i Farré, radiobiólogo y actualmente una eminencia a nivel internacional, resaltaba en ese sentido que las pruebas habían sido claramente insuficientes y que las muestras de sangre y orina sugerían una recontaminación reciente, probablemente de polvo inhalado. Para Josep Martí i Valls, doctor en Medicina y miembro del CAPS, el problema era estructural: «Por desgracia, las acciones sanitarias desarrolladas por las Administraciones española y norteamericana con posterioridad al accidente olvidaron de forma escandalosa el derecho de la población a estar informada sobre un hecho que podría tener consecuencias sobre su estado de salud y su forma de vida: la contaminación radiactiva que había quedado en la zona como secuela del accidente. Sin embargo, no solo no se informó sobre las posibles consecuencias de tal contaminación, sino que se llegó a negar su misma existencia».¹³ Es más, muestran su «asombro» por la imposibilidad de los informes oficiales de aclarar siquiera el número de personas sometidas a estos planes de vigilancia, dándose cifras diferentes todo el tiempo... desde los 154 pasando por 481 a 531 y, finalmente, 570. Las conclusiones de los doctores y expertos catalanes eran demoledoras para todo aquel que quisiera escucharlas. Los informes facilitados por las autoridades españolas eran «superficiales, y con excesivas ambigüedades» para que la población de Palomares pudiera recuperar la confianza en que el problema estaba siendo tratado con rigor. El seguimiento de personas, agregaban, era «superficial, sin contar con las autoridades sanitarias locales, además de que el seguimiento no se ha realizado de forma homogénea y respondiendo a criterios claros, científicos y sistemáticos»; y la vigilancia de los animales de la zona irrisoria: una cabra y unos caracoles y poco más. «Además de que nunca puede considerarse una muestra tan ridícula como representativa de la fauna doméstica de la zona, se ha desperdiciado una ocasión única de experimentación animal ubicando en la zona contaminada animales de laboratorio», señalaban. Salvador Moncada, uno de los autores, era más contundente:

Los análisis efectuados en el pueblo almeriense han puesto al descubierto la existencia de plutonio en la orina de sus habitantes, lo que quiere decir que la contaminación es reciente, ya que el plutonio se expulsa unos 20 días después de su ingestión.¹⁴

Para Josep Martí, otro de los miembros del equipo de trabajo:

Nuestro trabajo viene a demostrar que la contaminación en Palomares es un problema de la máxima importancia y exige un tratamiento sanitario científico adecuado para determinar los riesgos que comporta para la salud de la población y para el entorno ambiental y ecológico.¹⁵

La conclusión más reveladora del informe del CAPS, el primero riguroso e independiente realizado por españoles desde 1966, contenía una seria advertencia sobre la permanencia del problema: «La contaminación residual por plutonio y americio de la zona de Palomares es un problema de salud pública de máxima importancia, pues se trata de la zona habitada de la Tierra con mayores niveles de contaminación por estos elementos transuránicos». Consideraban que en ningún caso se podían aceptar procedimientos de investigación que supusieran la exposición experimental humana a riesgos para la salud, más aún cuando esta investigación se realizaba de forma callada y los riesgos no eran del todo conocidos: «Por todo ello, el CAPS apoya —sentenciaban— la creación de una comisión investigadora en la que participen organismos y personalidades científicas ajenas a la JEN y al CSN, que debería dirigir un plan de investigación adecuado a las necesidades de la situación e informar a la población de su resultado».¹⁶

EE. UU. IMPASIBLE A AMPLIAR EL PLAZO PARA LAS INDEMNIZACIONES

Si alguien pensaba que la entrega de los historiales clínicos pondría fin a las reivindicaciones vecinas se equivocaba. Simplemente sirvió para hacer una pausa y digerir la información tan ansiosamente esperada. Pasadas las Navidades e iniciado el nuevo año, Flores vuelve a la carga. El límite de los 20 años para reclamar indemnizaciones por daños diferidos —las relacionadas con daños inmediatos tenía un plazo de caducidad 10 veces menor, 2 años— se acerca y hay que aprovechar la última oportunidad: «Creo que las indemnizaciones que se dieron en aquellos años no fueron legales, era necesario aclarar también si el gobierno norteamericano debía pagar o no una indemnización real por los daños ocasionados en aquel accidente», explica la alcaldesa.* A la prensa contó la historia de que supo del final del límite por una noticia que supuestamente había publicado la revista Interviú. Sin embargo, años después y con la distancia del tiempo, reconoció la verdadera versión:

Dije eso para proteger a la persona que me avisó pero en realidad no es verdad ... Yo no tenía ni idea del final del plazo. Me advirtió de ello una persona de la propia Junta que, durante una de las revisiones médicas, se lo advirtió en confianza. Creo que al contármelo se debió sentir mejor ... sabíamos por lo que estábamos pasando todos nosotros en Palomares.*

A principios de enero remite a los ministerios de Asuntos Exteriores, entonces dirigido por Francisco Fernández Ordoñez, y de Defensa, al frente del que estaba el catalán Narcís Serra —ambos socialistas—, y al Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz Giménez,¹⁷ copias de la carta firmada por 325 vecinos en la que solicitan que se les sea reconocida «la posibilidad de que la población resultara afectada por la contaminación radiactiva, al estar sometida al riesgo de daños nucleares» abriéndose la puerta a pedir más indemnizaciones «mientras continuemos sometidos a este riesgo ambiental». Los razonamientos científicos y legales son contundentes: mientras exista la posibilidad de que la contaminación interna acumulada en el organismo humano pueda provocar daños nucleares diferidos, debe anularse el plazo de 20 años establecido por la Administración española. El mismo 16 de enero de 1986 Flores, en este caso acompañada por Jordi Bigas, presidente de la organización Greenpeace España, se persona carpeta y maletín en mano en la embajada norteamericana en Madrid para hacer entrega de una copia de la carta y la documentación que contiene las quejas concretas de los vecinos. La delegación diplomática de Washington se limita a permitir que la presente en el registro para archivarla inmediatamente. Nadie de cierto nivel se digna reunirse con la alcaldesa. «Creo recordar que solo vimos a una secretaria, amable ... pero nadie más quiso recibirnos. Estuvimos escasamente unos minutos», recuerda Antonia.* Posteriormente, en declaraciones anónimas a la prensa, se transmite la contestación oficial: Estados Unidos sigue preocupándose por la salud de los habitantes de Palomares y por «los efectos que pudiera tener una posible exposición a la radiación nuclear»; y agrega, más como justificación que otra cosa, que la carta dirigida al embajador —entonces el respetado Thomas Enders, a punto de abandonar Madrid— no contiene ninguna petición concreta y que cuando se produjo el accidente se tomaron todas las medidas oportunas «para recuperar todos los materiales y reparar los daños causados, así como eliminar cualquier peligro de contaminación».¹⁸ A preguntas de The New York Times la contestación es más contundente: «Respecto a nosotros, el tema de las compensaciones está cerrado». El representante de Greenpeace lo explica de otra manera: para Bigas, miembro de la Junta Directiva del movimiento ecologista, las partículas de plutonio permanecen en el suelo del pueblo y pueden tener repercusiones años después: «Es más, los efectos de las radiaciones aparecen a partir de muchos años». Los informes de la Junta, afirma, son «incompletos y llenos de errores». Si el recurso no prospera, añadió, «llegaremos a la conclusión de que la Administración española está supeditada a los intereses de potencias internacionales», concluye. La historia quizá le dará la razón¹⁹ y el gobierno de Washington no tendrá ni siquiera la dignidad de contestar oficialmente al escrito.

Flores seguirá como alcaldesa poco más de un año, hasta 1987, pero su lucha perdió fuerza a partir de entonces. Las interpretaciones al respecto son variadas pero la verdad es que después de tanta reivindicación y protesta apareció cierto hartazgo y los vientos soplaron hacia otro lado: «Somos conscientes de que hemos sido engañados. Incluso la Junta de Energía Nuclear nos ha tratado insuficientemente, inadecuadamente e irresponsablemente durante estos veinte años», recuerda sobre la sensación que le quedó de estos días.²⁰ Incluso el rechazo lo sintió por parte de los de su propio partido. Estamos hablando de que, según algunos, el mismísimo Felipe González decidió pasar página. La versión que circuló entonces por los despachos aseguraba que la joven alcaldesa tuvo que plegarse a las presiones de las altas esferas del poder. Según esta versión, que Flores desmiente, en febrero de 1986 el propio secretario general del PSOE, Txiki Benegas, la llama a Madrid —con periodistas y fotógrafos para inmortalizar el momento— con el objeto de comunicarle la decisión de la ejecutiva del Partido. La campaña debe parar. No es el momento oportuno de continuar la crítica contra Estados Unidos ni de remover nada que tenga relación con lo nuclear por aquello de la OTAN. El gobierno del PSOE se enfrenta a uno de los retos políticos más importantes de su historia reciente y necesita el apoyo de todos. Ante la contestación de una buena parte de su partido y de toda la izquierda, González ha convocado un referéndum el 12 de marzo de ese mismo año para decidir si España se mantiene en la Alianza Atlántica y muchos piensan que es imposible que lo gane. Benegas pide incluso a Flores que haga campaña en favor de la OTAN. La incredulidad de los ecologistas y los izquierdistas del pueblo es total: la alcaldesa asume la disciplina del partido y hace campaña entre sus paisanos y el voto afirmativo a favor de la permanencia triunfa abultadamente en Palomares con 332 votos de los 441 emitidos, lo que significa el 75,2 % de los sufragios, frente a escasamente 94 votos negativos.²¹ Algunos no se lo perdonarán, como Ángel Cárcoba, sociólogo y activista sindical de CCOO. «En plena campaña sobre la entrada en la OTAN, esta alcaldesa cambia de opinión ... la gente de este pueblo fue “informada y engañada” por sus dirigentes locales y por el gobierno del PSOE utilizando a una muchacha a la que no se sabe aún qué le prometieron y concedieron.»²² Estamos hablando de que no solo el gobierno de Felipe González decidió pasar página para no enfrentarse a Washington, sino de que su propio partido, el PSOE, optó por abrir un nuevo capítulo y dejar atrás las reivindicaciones históricas. A nivel local, los socialistas cambian de cabeza de lista y presentan como candidato a las elecciones municipales de 1987 a Antonio Llaguno Rojas, que regirá los destinos del pueblo durante tres legislaturas —desde 1987 hasta 1999— y luego hará carrera política en la Junta de Andalucía bajo el paraguas de Manuel Chaves.* Años después, preguntada por los recuerdos de esa época, Antonia Flores contesta con un atisbo de amargura: «Nos ha costado tanto recibir la poca información que nos ha llegado que por fuerza tenemos que desconfiar».**

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El DOE reconoce la existencia

de «zonas no limpiadas»

Tras la presión que representó la primera parte de los años ochenta, la cuestión de Palomares entró en una especie de letargo lejos de los focos mediáticos. Eso no significó, sin embargo, que no pasara nada. En 1988, una vez creado el Consejo de Seguridad Nuclear como máxima autoridad nacional en temas nucleares y radiológicos e independiente de la Administración que solo rinde cuentas ante el Parlamento, la Junta de Energía Nuclear se reconvierte y pasa a denominarse Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) —cuentan que el nombre se lo puso Carlos Solchaga—, bajo la batuta de José Ángel Azuara, licenciado en Ciencias Físicas y primer director general de esta nueva etapa. El nuevo organismo público, que estará adscrito a distintos ministerios en los siguientes años —Industria, Ciencia e incluso Educación, según las distintas reestructuraciones gubernamentales—, nace con la aspiración de ampliar horizontes y enfocado principalmente a los ámbitos de la energía y del medio ambiente. Según su propia definición debe ocupar una posición intermedia en la cadena que va desde la creación del conocimiento básico a la aplicación industrial, de forma que su ámbito de actividad busque siempre servir de puente entre la I+D+i y los objetivos de interés social.¹ El establecimiento del CSN, una estructura independiente y nueva en el sector nuclear con plenos poderes fiscalizadores, provocó en un principio un cierto desconcierto en relación con la asignación de responsabilidades entre ambas instituciones. El acuerdo político alcanzado distribuye las responsabilidades entre ambas instituciones. El Consejo asumió la responsabilidad del establecimiento de los criterios radiológicos, que tendrá efecto directo en el caso de Palomares, y la remisión de información al Congreso de los Diputados de los programas de vigilancia radiológicas, ambiental y personal, lo que también llevará a cabo en relación con el accidente nuclear. Por su parte, el CIEMAT será responsable de la ejecución de los programas de vigilancia y evaluación de la situación radiológica, bajo la supervisión del CSN. Algo que también realizará en relación con la situación en Palomares con frecuencia.

En este contexto, el Proyecto Indalo y la cuestión de Palomares se mantienen en un segundo plano pero no por ello detenidos. En 1991 el director general del CIEMAT, Félix Ynduráin, solicita a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), de naturaleza pública y de la que era accionista desde su creación, que prepare un modelo de resuspensión y transporte de partículas de plutonio por acción del viento que pudiera ser aplicable a Palomares con el objetivo de estimar la gravedad de la situación y su desarrollo futuro. El trabajo fue encargado al investigador y doctor en Física Antonio García-Olivares, quien elaboró un estudio teórico y matemático con vistas a la obtención de una descripción realista de la suspensión de plutonio en el aire en una zona semiárida y su aplicación a un escenario fundamentalmente agrícola y no urbano. Para su elaboración, de más de 100 folios, contó con la asistencia de 2 trabajadores del CIEMAT: Emma Iranzo —hija de Emilio Iranzo—, que aportó los resultados de las medidas de contaminación en suelo y el aire, y Begoña Aceña, que facilitó las medidas de la estación meteorológica situada en la zona. En sus conclusiones, García-Olivares destaca que el proceso de resuspensión y depósito de plutonio ha continuado extendiendo el contorno del área de contaminación desde 1966 y en ese momento muestra ya, según la información facilitada por la propia Emma Iranzo, actividades del orden de un bequerelio m² en superficie.² Los datos disponibles en ese momento confirmaban que las dos áreas de máxima concentración se encuentran alrededor de los dos lugares de impacto de las bombas que se resquebrajaron (2 y 3) y que el área contaminada por encima de niveles medibles se hallaba incluida en un rectángulo de 2.320 por 4.040 metros. Según una estimación con los análisis disponibles en ese momento, un total de 2,2 hectáreas mostraban una contaminación en la capa superficial —entre 0 y 5 centímetros de profundidad— de más de 1.200 KBq/m². García-Olivares llama la atención sobre la «amplísima» variabilidad de los resultados según los años y que justifica por las prácticas de arado agrícola que se somete a la tierra y que remueve la contaminación de manera distinta cada año.³ El documento con sus conclusiones preliminares fue publicado por el propio CIEMAT en 1993, el mismo año que, aún gobernando Felipe González, científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California, dirigidos por una de las mayores eminencias en los efectos de la radiactividad en seres humanos, el jefe del departamento de Salud y Ecología, Joseph Shinn, deciden llevar a cabo un estudio independiente para validar las opiniones que hasta entonces sostenían los científicos españoles.

Así, con fondos del Departamento de Energía de EE. UU., un equipo de 3 técnicos se desplazó durante el mes de junio a la costa almeriense con el objeto de tomar muestras propias —sin intervención ni equipos del CIEMAT— que permitieran sacar conclusiones válidas sobre el peligro real que representaba la resuspensión de plutonio en el aire. Existía (y sigue existiendo) el consenso entre la comunidad científica de que la mayor exposición humana al plutonio —y especialmente en el caso de Palomares— es consecuencia de la inhalación de aerosoles que originalmente puedan estar depositados en la tierra: es decir, respirar plutonio que se encuentre en el aire o que se suspenda como consecuencia de remover el suelo, sea por el simple viento o por acción del ser humano —basta con pasear y, por supuesto, con arar para cultivar—. Desde la perspectiva del riesgo para la salud, los científicos estadounidenses consideraron imprescindible medir la concentración en aire del plutonio «respirable» y el llamado proceso de flujo: entender cuándo y por qué se producen mayores emisiones de aerosoles que, subsiguientemente, alimenten su dispersión y traslado a otras zonas. Según los estudios facilitados por Emilio Iranzo y publicados fuera de España en 1987, los valores de resuspensión se mantuvieron estables durante varios años (10-9 m-1 y 10-10 m-1), pero habían aumentado de forma considerable en el período 1984-1987 como consecuencia de la construcción de dos grandes balsas de agua en la zona 2 para el cultivo de regadío —de 151.600 m³ y 347.000 m³, respectivamente— en la cabecera del valle donde impactó la bomba número 2 (8,5 hectáreas de extensión). Depósitos de agua que no podían pasar desapercibidos y que estaban destinados a cultivos en zonas hasta entonces no explotadas. Sin embargo, de acuerdo con la versión mantenida por los españoles, posteriormente los valores habían vuelto a la normalidad hasta el extremo de que aseguraban que incluso asumiendo de forma conservadora una exposición anual a los valores máximos de concentración de plutonio en el aire, la dosis que hubiera recibido la población local había sido muy baja.⁴ Afirmación que los estadounidenses querían comprobar.

Los ensayos sobre el terreno en Palomares se llevaron a cabo entre el 19 y el 30 de junio de 1993 —a excepción del día 17 por fallo eléctrico— con la máxima discreción y se concentraron sobre todo en la zona 2-0 y 2-1, donde se pensaba que residía el mayor problema. Se utilizó un generador de gran potencia para la toma de muestras de aire en un radio de 20 metros alrededor de las torres meteorológicas y de registro de muestras instaladas por el CIEMAT desde 1966. Se tuvo en cuenta la velocidad del viento —fundamental a la hora de propiciar y propagar el aerosol de plutonio— y las distintas condiciones meteorológicas entre el día y la noche, lo que demostró que las muestras nocturnas registraban un 15 % menos de concentración de plutonio que la media. También se demostró que las peores horas —por registrarse más plutonio suspendido y por tanto existir más riesgo de respirarlo— eran normalmente las de la tarde, entre las cuatro y las siete.⁵ Las muestran advertían de un gran peligro potencial. Empezaban a aparecer restos de americio, producto de la desintegración del plutonio que, al ser más ligero, se dispersa y respira mucho más fácilmente —es decir, es más fácil que entre en el cuerpo y se propaga mucho más lejos—. Como medida de control y para asegurar la objetividad de los resultados, las muestras, cerca de 200, se trasladaron a Estados Unidos donde fueron analizadas por científicos norteamericanos, en concreto Cleo Fry y James Johnson. Shiin presentó en octubre de 2002 los resultados en un documento público del que muy poca gente se enteró en España. El informe concluía que, a pesar de las tranquilizadoras declaraciones de Iranzo, las partículas en suspensión de plutonio (ug/m³) detectadas en el aire arrojaban un promedio de 50 m³ UBQ, o lo que es lo mismo, entre 100 y 300 veces más que el promedio medio aconsejable. Es más, los técnicos del DOE se mostraron dispuestos a «seguir adelante» con la investigación y completar el análisis. En sus documentos resaltaban que «no hay oportunidad mejor en cualquier parte del mundo para estudiar una población con intensas actividades agrícolas con contaminación de plutonio sin control gubernamental», algo que hasta a ellos extrañó.

Los resultados mostrados por los norteamericanos eran significativos pero, una vez más, no implicaron una toma de decisión rápida o contundente como tantas cosas relacionadas con el accidente nuclear de Palomares. Así lo recordaba el que fue durante esos años jefe de la unidad de Geoquímica e Impacto Ambiental del CIEMAT, y, por tanto, del Proyecto Indalo, José Gutiérrez López:

Este proyecto por las circunstancias de la contaminación y la zona de que se trataba, además de por las circunstancias que lo originaron ... se había convertido en uno de los tradicionales y más emblemáticos de la casa. Se estimó un nuevo inventario de la contaminación existente en la zona, continuó el programa de vigilancia y se logró actualizar el antiguo convenio de colaboración con los americanos, a través de un nuevo acuerdo cuya contraparte USA era del Departamento de Energía. Todo este esfuerzo, tanto de investigación como de sensibilización de nuestras autoridades, tuvo que esperar bastantes años para obtener el resultado del Gobierno.⁶

Exactamente diez años hasta 2003. Pero no adelantemos acontecimientos. Sabemos, porque el CIEMAT lo ha reconocido posteriormente, que a partir de 1986 los preceptivos informes semestrales al Consejo de Seguridad Nuclear, entonces bajo la presidencia del ingeniero naval de la Armada Francisco Pascual —que unos años antes había sido director general de la Junta de Energía Nuclear, lo que criticaron en su momento los grupos ecologistas como una negativa y continuista política pronuclear—, se centraban en la situación de unas 200 hectáreas situadas alrededor de donde cayeron las dos bombas que se rompieron y que ya en 1966 fueron delimitadas por los norteamericanos entre las 226 denominadas Línea Cero Inicial de Contaminación. Vamos, que desde entonces está bien localizado el problema. Es más, en el segundo informe correspondiente a 1996, el CIEMAT, ya dirigido por el físico Félix Ynduráin, advertía de que había indicios de contaminación significativa por plutonio y americio en la zona 2 y la zona 3, aunque en este último sitio de menor cuantía. Quizá por la acumulación de preocupantes análisis, las dudas que el Departamento de Energía había mostrado desde principios de los 80 respecto a los resultados y utilidad del Proyecto Indalo solo hacían que aumentar y reforzar las voces de los que demandaban una revisión completa de la cooperación en este terreno.

EL ACUERDO DE 1997, PROS Y CONTRAS DEL NUEVO MARCO DE COOPERACIÓN

Las consultas para definir un nuevo marco de actuación fueron largas y complejas hasta el extremo de que duraron varios años. Al final, las dos partes cedieron en sus pretensiones máximas y llegaron a un consenso que denominaron oficialmente «Cooperación en la investigación sobre estudios radiológicos», que firmaron en septiembre de 1997. Por una parte, Ynduráin, con el visto del entonces ministro de Industria, Josep Piqué (ya en época de Aznar como presidente del gobierno), y, por otra, por Lawrence G. Rossin, encargado de negocios de la embajada estadounidense.⁷ No se dio publicidad al acuerdo y la prensa española no escribió ni una sola línea al respecto. Consta de un texto principal, que sustituye al famoso acuerdo Otero-Hall de 1966, y fija las líneas generales de la nueva cooperación entre ambas partes y un anexo que fija las condiciones concretas de la relación con el CIEMAT que, desde entonces, se compromete a enviar al DOE informes semestrales del progreso del proyecto, en abril y octubre, y de los que nunca se ha dado información o publicado. Un breve análisis del acuerdo de 1997 muestra que ambas partes ganaron algo. En el caso de Estados Unidos obtiene una ventaja muy importante respecto a 1966: por primera vez, pone un límite a la cooperación ya que se estipula que el acuerdo tendrá un vigor de 10 años desde su firma con prórrogas automáticas de 5 años, si las dos partes están de acuerdo. Sin embargo, establece que cualquiera de los dos firmantes podrá rescindir el acuerdo de cooperación mediante un preaviso de 6 meses y estipula que cada parte asumirá los gastos que incurra, si no se decide lo contrario. El anexo número 1, que curiosamente se firmó unos días antes, el 6 de septiembre, a pesar de tratarse de un desarrollo del acuerdo principal, señala expresamente que el DOE será responsable de facilitar al CIEMAT «la información existente y disponible que obre en su poder, que sea de interés para las investigaciones y actividades a ejecutar» por los científicos españoles y se compromete a abonar anualmente el 25 % de los costes del proyecto hasta un límite de 300.000 dólares —hasta entonces no había ni mínimo ni máximo y la contribución norteamericana no había superado el 10 o 15 % del total—. Por su parte, el CIEMAT reconoce su responsabilidad para la ejecución de las actividades relacionadas con Palomares —que solamente es citado una vez en el texto en relación con la vigilancia médica periódica de su población, en especial los trabajadores del campo—, lo que implicaba una especie de «lavado de manos» por parte del responsable de la contaminación, Washington. Al mismo tiempo, los científicos españoles se hacían responsables de:

... las actividades de investigación ambiental, incluyendo la vigilancia y la validación mediante ensayos cruzados de los niveles de plutonio y americio en el suelo, aire, agua, vegetación y fauna local, poniendo especial énfasis en los riesgos asociados a la resuspensión y reevaluación de la presencia de plutonio y americio en:

a) Áreas removidas hasta 30 centímetros en 1966.

b) Áreas recientemente cultivadas.

c) Áreas que no fueron limpiadas tras la liberación de materiales fisibles en Palomares (España), el 17 de enero de 1966.*

Detengámonos en este párrafo. Por primera vez Estados Unidos reconocía en un documento oficial que existían zonas en Palomares que «no fueron limpiadas» en 1966, lo que representaba un declaración política de gran trascendencia y calado aunque va acompañada del compromiso de poner fin al programa de cooperación y, de la obligación de financiarlo. En el apartado tercero del anexo, se señala que para «facilitar la planificación de la futura investigación», en el primer año, el DOE y el CIEMAT crearán un grupo de expertos externos e independientes con el cometido de revisar y resumir los aspectos científicos y tecnológicos en Palomares (España) y recomendar futuras líneas de actuación. El grupo debía estar compuesto por cuatro expertos externos e independientes, dos a propuesta de Washington y otros dos de Madrid, y para asegurar que se lleva a cabo los norteamericanos están dispuestos a financiarlo con 50.000 dólares. En otro documento firmado por Gutiérrez López y Frank Hawkins, director de la oficina de Programas Internacionales de Salud del DOE, en diciembre de ese mismo año, se especifica con más detalle el propósito del panel de expertos:

– Determinar si el trabajo que se está llevando a cabo sirve para el propósito que ambas partes hicieron hace 31 años.

– Determinar si el trabajo que se realiza es adecuado y correcto desde el puno de vista científico.

– Determinar si el programa ha logrado sus objetivos originales.

– Basado en esas determinaciones, preparar un informe final con sus recomendaciones al DOE y al CIEMAT sobre la dirección futura que debe tener todo el programa.*

Para algunos era una especie de auditoría externa que revisará el enfoque y el trabajo de los españoles para justificar un cambio de estrategia o su cancelación. Los que defendían este planteamiento señalaban que en el fondo las cuestiones que debían responder eran mucho más directas: ¿Cuál es el impacto real del cambio de uso de las tierras? ¿El programa de supervisión médica y seguimiento medioambiental es efectivo? ¿Deben ser incluidos en las revisiones los inmigrantes que trabajan en los campos? y, por último, ¿existe la posibilidad de que el plutonio migre hacia abajo a través de las terrazas que se han construido en la colina? Los expertos, que recibirán 1.000 dólares por su trabajo, deberían visitar Palomares en 1998 y presentar su informe final para julio de ese año. Tampoco sabemos si este grupo se llegó a formar y cuáles fueron sus recomendaciones, si es que se formularon en su día, ya que no hay rastro documental al respecto. La monografía que publicó el Consejo de Seguridad Nuclear en 2013 sobre la historia de Palomares tampoco recoge ni una sola línea al respecto aunque sí hace referencia en términos generales a este acuerdo de 1997 y menciona que, a partir de 1995, se intensificaron las actuaciones dirigidas a introducir la agricultura en esos terrenos, muchos de ellos no cultivados hasta ese momento.⁸

De acuerdo con la información fragmentada e incompleta que han aportado las autoridades españolas, en agosto de 1998 y gracias a un trabajo conjunto del DOE y el CIEMAT, quizá el que habían reclamado los estadounidenses en 1993, se concluía que al norte de Villaricos —a poco más de un kilómetro del límite de la zona 3— había un área con tasas de actividad significativas, situadas en la Sierra de Almagrera, que pasó a denominarse zona 6.⁹ Otro informe más que permanece aún secreto y demuestra que en ese momento se identificó una nueva zona contaminada que no había sido limpiada apropiadamente en 1966 pero que, sin embargo, permanecerá sin ninguna medida de remediación ni una simple valla para impedir el paso de animales y personas que expandieran la contaminación.

Previsiblemente, estos datos sirvieron de base para otra investigación que el CIEMAT envió 2 años después —¡nada en el caso de Palomares es rápido!—, en julio de 2000, al CSN y cuyo contenido pasaba de las estimaciones a los números. Primero afirmaba que el inventario de plutonio en la zona 2, hasta una profundidad de 45 centímetros, era de 2,58 TBq y, segundo, reconocía haber encontrado fragmentos metálicos con altas tasas de exposición.¹⁰ Nadie podía cerrar ya los ojos a las evidencias. Pero nadie dio la voz de alarma, una vez más. Este informe continúa siendo secreto o al menos nunca se ha publicado en su integridad.

EL CIEMAT RECONOCE UNA CONTAMINACIÓN «SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR»

Finalmente, Félix Ynduráin, en la recta final como director general del CIEMAT, envía al Congreso de los Diputados un nuevo documento en el que por primera vez se lanza la voz de alarma públicamente sobre la situación y reconoce que desde octubre de 2001 se había comprobado que la contaminación por plutonio, uranio y americio de algunos terrenos en Palomares es «significativamente mayor que el estimado previamente», sin cuantificarlo en número, y que los cambios que se estaban produciendo en el uso del suelo «podían incrementar el riesgo radiológico de algún segmento de la población, debido a un incremento en la incorporación de actividad por inhalación y a la exposición por ingestión de cultivos procedentes de la zona». Ante estas revelaciones, el propio Consejo de Seguridad Nuclear redactó otro informe de la situación con una propuesta de actuación. El documento definía unos criterios radiológicos a fin de determinar la necesidad de controlar el uso de los terrenos teniendo en cuenta los estándares nacionales e internacionales. Un resumen de dicho plan fue remitido en febrero de 2002 al CIEMAT, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de Estado de Economía, Energía y Pequeña y Mediana Empresa, a la dirección general de Política Energética y Minas, a la Secretaría General de Política Científica, a ENRESA y a la subdirección general de Energía Nuclear. Para entonces la dirección del CIEMAT estaba en manos del ingeniero aeronáutico César Dopazo García, reconocido científico por sus trabajos en mecánica de fluidos en el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza. Sus técnicos habían elaborado ya un plan para pasar a la acción y limitar los daños. Se propuso alquilar temporalmente aquellas parcelas próximas al punto de impacto de la denominada bomba 3. De los estudios realizados hasta esa fecha se habían sacado algunas conclusiones. Las principales eran:

– Suelos: se mantiene una contaminación residual de plutonio y americio en toda el área afectada, aunque no está homogéneamente distribuida, siendo mayor en algún punto de la zona 2, denominada zona 2-0, y se confirma el movimiento superficial de la contaminación hasta superar la línea límite inicial.

– Vegetales y productos de origen animal: los valores más elevados se obtienen en la vegetación silvestre de las zonas donde la contaminación del terreno es mayor. En las plantas cultivadas los valores son mayores en las partes verdes que en los frutos. Las muestras de leche de cabra y de vaca han determinado muy bajos niveles de contaminación y en algunos organismos bioindicadores se han obtenido los valores más elevados.

– Estimación de dosis del público: no se supera el límite de dosis individual para el público pero advierte que, «no obstante, los cambios en los usos del suelo, especialmente los que implican el movimiento de grandes cantidades de tierras, supondría un incremento del impacto radiológico para la población».*

Un poco antes de estas fechas, en diciembre de 2001, el Consejo de Seguridad Nuclear, basándose en nuevas estimaciones de contaminación residual, decidió redefinir oficialmente los criterios de restricción de uso de los terrenos afectados por la contaminación de plutonio y americio, algo que tendrá un impacto directo en Palomares como veremos posteriormente. La necesidad de controlar o restringir el uso del área afectada se determina en función de sus criterios de exposición radiológica. El límite se establece en una dosis media anual de 1 mSv (una unidad que mide la dosis de radiación absorbida por la materia vida) y por encima de ella sería nocivo para la salud. Según estos criterios, la restricción total de uso de un terreno se fija para las actividades que supongan un nivel igual o superior a 5 mSv/año y la parcial con necesidad de realización de estudios en una dosis igual o superior a 1mSv/año.¹¹ Con estos criterios, las autoridades españolas tenían arsenal para tomar medidas que no pudieran ser contestadas en los tribunales.

El 4 de diciembre de 2003, el CIEMAT finalizó la redacción del «Plan de investigación a desarrollar en los terrenos de Palomares que requieren una especial vigilancia radiológica ambiental» en el que se fijan los criterios para el control del uso de las parcelas peligrosas y se proponen restricciones de uso basadas en dichos criterios, así como la necesidad de intensificar el programa de investigación para determinar «con mayor precisión» la compatibilidad de los previsibles usos futuros del suelo teniendo en cuenta su nivel de contaminación radiactiva. En sus 10 páginas alerta de que los movimientos de tierra pueden producir «un incremento significativo de la resuspensión y cambios en la distribución de la contaminación» y resalta que podría aumentar «el riesgo radiológico para la población, al intensificar la incorporación de actividad por inhalación», lo que ya habían advertido años antes los estadounidenses. Esto, agregaba, era imposible hacerlo sin expropiar los terrenos: es la primera vez que se propone que el Estado español se haga por la fuerza con el control y disponibilidad total de las tierras que no se limpiaron adecuadamente en 1966. En su reunión del 20 de diciembre de 2003, el CSN informó favorablemente el plan propuesto por el CIEMAT.

AZNAR APRUEBA PODER EXPROPIAR TERRENOS CONTAMINADOS

Ahora sí hay prisa. Aznar está en sus últimos días y le presionan para cerrar el trabajo antes de abandonar el gobierno. En abril del año siguiente, habrá elecciones generales y todas las encuestas propugnaban un cambio con el ascenso al Palacio de la Moncloa del socialista José Rodríguez Zapatero. Finalmente, el Ministerio de Industria incluye la recomendación de los técnicos en los Presupuestos del Estado de 2004, los últimos que firma Aznar. En el largo texto de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre de 2003 que ocupa 119 páginas hay que rebuscar al final del todo el artículo 130 —de un total de 136— para encontrarlo, aunque ni siquiera se utiliza la palabra «Palomares». Tan oculta está la referencia que prácticamente no generará debate. Lo recogemos íntegramente por su relevancia:

Artículo 130. Plan de Investigación energética y medioambiental en materia de vigilancia radiológica.

1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno aprobará un plan de investigación energética y medioambiental que llevará a cabo el organismo público de investigación CIEMAT en los terrenos que se considere sean objeto de especial vigilancia radiológica ambiental. Dicho plan deberá ser previamente informado por el Consejo de Seguridad Nuclear.

2. Se declaran de interés general las actuaciones comprendidas en el plan de investigación energética y medioambiental que realice el organismo público de investigación CIEMAT.

3. Las actuaciones incluidas en el apartado anterior llevarán implícita la declaración de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

4. Las actuaciones citadas llevarán asimismo implícita la declaración de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

5. La presente disposición se dicta al amparo de la competencia estatal en materia de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, prevista por el artículo 149.1.15.a de la Constitución.¹²

Dos son los elementos que hay que resaltar: el primero se refiere al compromiso legal que no ha cumplido en su legislatura pero que Aznar deja a su sucesor, Rodríguez Zapatero, porque obliga por ley a que su gabinete apruebe un nuevo plan de investigación medioambiental en los primeros 6 meses del año —hasta el mes de mayo—. Es decir, que los socialistas tendrían solo 2 meses para elaborarlo. El segundo tiene que ver con la autorización que la ley concede al CIEMAT de poder expropiar aquellos terrenos que considere oportunos por «interés general» y «utilidad pública», que implica que puedan ser arrebatados a sus propietarios de manera forzosa. Han tenido que pasar 10 años para que se cumpla el deseo de Gutiérrez López. Ya decía él que las cosas de palacio van despacio. Y las relacionadas con Palomares, más aún, habría que añadir.

El 15 de marzo de 2004, en los últimos días de Dopazo como máximo responsable del CIEMAT, este organismo remite finalmente al Ministerio de Ciencia, en ese momento dirigido por el popular Juan Costa, que había sustituido a Piqué al frente de esta cartera en la recta final del segundo gobierno Aznar, el plan de investigación que recogía, por primera vez, una propuesta concreta de restricción de uso de varias parcelas y proponía desarrollar un nuevo programa de investigación que completara los análisis que se habían llevado a cabo hasta ese momento. En relación con las restricciones de uso, la recomendación se refería de nuevo a las zonas 2 y 3:

– ZONA 2 y 2-0: Restringir totalmente en uso de cinco parcelas de la zona 2-0 y de la parcela próximo al impacto de la bomba 2 (en la zona 2) y realizar las investigaciones necesarias para un mejor conocimiento de esta y del estado físico y químico del plutonio a fin de valorar posibles actuaciones a largo plazo,

– ZONA 2-A: Restringir totalmente el uso de la zona 2-A e intensificar el programa de vigilancia de suelos en el resto de la zona 2 para determinar la posible contaminación que exista. Esto afectaba a unos 10.000 m², y

– ZONA 3: Restringir totalmente el uso de una parcela de unos 4.000 m² próxima al impacto de la bomba 3 y realizar más investigaciones.*

Por si la advertencia no fuera suficiente, el CIEMAT puso de manifiesto en abril de ese año la necesidad urgente de no esperar más y pasar a la acción ya que alguno de los propietarios de parcelas situadas en esas peligrosas tierras habían iniciado nuevas actividades agrícolas y urbanísticas. Ante esta situación se desplazaron a Palomares expertos del Consejo de Seguridad Nuclear que constataron que en una de las parcela de la zona 2 se habían cultivado sandías y lechugas en el último otoño. Tras la mediación de las autoridades, el ayuntamiento logró que los propietarios accedieran a quemar dichas cosechas en la propia parcela. En la zona 3, un área más cercana al centro urbano de Palomares, el problema era más complejo pues se habían llevado a cabo tanto actividades agrícolas —siembra de sandías— como urbanísticas. En concreto, se había habilitado como vivienda parte de unos restos de edificaciones próximas al punto de impacto de la bomba 3. Por cierto, sin licencia y, por tanto, fuera de la ley.

Tras la revisión y posterior aprobación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, el CIEMAT tenía ya la autorización final para implementar el Plan más conocido a partir de entonces por sus siglas PIEM-VR-Palomares. El proyecto también incluía una primera propuesta para la expropiación forzosa de los terrenos previsiblemente afectados —cerca de 6,7 hectáreas y que luego se ampliarían a 10— y la solicitud de restringir el uso de cualquier lugar con indicios de contaminación, siguiendo los criterios que había aprobado el CSN 3 años antes. Los técnicos españoles preveían que la puesta en marcha del proyecto requeriría una duración de 3 años y ya contemplaban la necesidad de elaborar un mapa radiológico tridimensional. Este debía ser el definitivo, se suponía.

12

Rubio pone todo patas arriba

Es madrugada y el aeropuerto de Washington está semivacío. Algunas personas deambulan por los largos pasillos. En uno de los asientos, dos españoles hablan acaloradamente a juzgar por sus gestos. Es evidente su cansancio. El tiempo pasa lentamente a la espera del vuelo que les lleve a Madrid después de una semana en Estados Unidos visitando laboratorios en Los Álamos y San Francisco:

—¿Estarás contento?... ¿complacido? Has conseguido lo que querías...

Con voz grave y tono de enfado, Juan Antonio Rubio, el director general del CIEMAT desde principios de verano de 2004, no puede ocultar su opinión sobre las consecuencias de la reunión que unas cuantas horas antes había concluido con representantes del Departamento de Energía norteamericano sobre Palomares. Lo cierto es que su tono no pasa desapercibido entre los que esperan junto a ellos a que llegue el siguiente vuelo.

—¿Parece enfadado? ¿Le pasa algo? —pregunta inocentemente una señora mayor que se acerca para conocer qué le ocurre a ese señor de pelo blanco y que se ajusta las gafas una y otra vez.

—No se preocupe... no pasa nada —contesta Carlos Sancho Llerandi intentando recuperar cierta intimidad.

—Bueno... no sé... —agrega Carlos volviéndose hacia Juan Antonio, a quien ha acompañado durante el intenso periplo— ... la verdad es que estoy preocupadísimo... ahora tengo que sacar el proyecto adelante y es ingente... no sé bien cómo lo voy a hacer.*

Hablan del acuerdo que acaban de arrancar a los estadounidenses y que cuando abandonaron España hace unos días parecía una quijotada. Han logrado que los norteamericanos den el visto bueno a financiar un nuevo estudio radiológico de Palomares que debe ser el definitivo: la respuesta concluyente al interrogante de qué se dejó sin limpiar en 1966 y que ha representado un dolor de cabeza durante todos estos años. La reunión, celebrada en el otoño de 2007 coincidiendo con las elecciones presidenciales que conducirán a Barack Obama a la Casa Blanca en medio del entusiasmo popular, abre la puerta a un nuevo acuerdo que firman Estados Unidos y España posteriormente, y en el que se reconoce la intención de llevar a cabo un estudio radiológico en tres dimensiones y un control final de las áreas afectadas en, o cerca de, las zonas de impacto de las bombas atómicas en Palomares. En este acuerdo se prevé también la preparación de recomendaciones para establecer una estrategia general de limpieza de las zonas contaminadas por plutonio, uranio y americio. Debe ser la culminación de todos los estudios realizados hasta ahora y que llevaron al CIEMAT a desarrollar el procedimiento de expropiación de las 10 hectáreas de terrenos afectadas identificadas hasta ahora por contaminación radiológica y que fueron ocupadas más tarde como parte del proceso de expropiación, con lo que se podía dar por iniciado el «Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica de Palomares (PIEM-VR Palomares)».

Antes de seguir, hablemos un momento de los protagonistas de la escena. Se trata de Juan Antonio Rubio, uno de los científicos españoles más conocidos y de mayor reputación internacional. Resumir su extensa trayectoria no es una tarea sencilla y bastaría con recordar que escribió más de 360 artículos científicos. Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, inició su carrera de investigador en la Junta de Energía Nuclear en 1971, donde desempeñó, entre otros cargos, el de jefe de la División de Física Nuclear y de Altas Energías (entre 1981 y 1983) y el de director científico del CIEMAT (entre 1984 y 1987). Fue coordinador de la adhesión de España al CERN —Organización Europea para la Investigación Nuclear, el mayor laboratorio de investigación en físicas de partículas del mundo— y primer delegado español de la organización, a la que se incorporó en 1987. Desde entonces había desempeñado diversos cargos en este centro internacional, jefe de Grupo de Investigación, asesor científico del director general y director de división, y además desarrolló actividades en el campo de la docencia universitaria.* Cuando falleció en 2010, a la edad de 65 años, siendo aún director general del CIEMAT, su sucesor, Cayetano López, que lo había conocido en los años sesenta cuando era un joven investigador, destacó su «fortaleza moral y la solidez de sus convicciones, tanto científicas como políticas, que explican esa propensión a comprometerse en causas que consideraba justas».¹ Su acompañante en ese periplo por EE. UU., Carlos Sancho, es un soriano que había decidido estudiar Físicas y que obtuvo una beca del Organismo Internacional de Energía Atómica para entrar a trabajar en los años ochenta en la Junta de Energía Nuclear con el mítico Eduardo Iranzo como tutor. Entre los dos había respeto y admiración. Rubio era una persona que vivía la vida a borbotones, recuerda Sancho:** bondadoso y comprometido, su carácter estaba dominado por su naturaleza optimista y su infatigable capacidad de trabajo.

SOLANA PROPONE A RUBIO PARA DIRIGIR EL CIEMAT

Con la victoria socialista en las elecciones de 2004, Rodríguez Zapatero busca un científico cercano a sus ideas políticas para dirigir el CIEMAT. Según algunas fuentes, aunque le propone la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús Segundo, su principal valedor es Javier Solana, con quien ha coincidido desde los primeros años de la democracia, cuando Rubio se une a los fundadores de la UGT en el CIEMAT. Sus apoyos en el PSOE son amplios y al de Solana se unen los de José María Maravall y Alfredo Pérez Rubalcaba, todos ministros durante los gobiernos de Felipe González. En esos momentos Rubio se encuentra en Ginebra, en el CERN, pero decide aceptar el reto y regresar a Madrid para tomar las riendas del CIEMAT a partir de junio de ese año.* De acuerdo con la descripción que hacen los cables diplomáticos estadounidenses remitidos desde Madrid, Rubio «pone patas arriba» la institución, en esos momentos «moribunda» y falta de ímpetu. En 5 años, la plantilla del CIEMAT aumentará en 400 personas, la mayoría licenciados y doctores, y su presupuesto superará los 145 millones de euros, tras la firma de decenas de acuerdos de colaboración internacional y la ampliación de bases y centros por casi toda la geografía española.² En los primeros años Rubio se concentra en renovar la institución y al mismo tiempo en convencer al gobierno español de que presente su candidatura a dirigir el CERN ante la previsión de elecciones en 2007. Parte del objetivo del viaje por Estados Unidos que hemos relatado era, precisamente, lograr apoyos norteamericanos a su nombre aunque, desgraciadamente, no fueron suficientes. Quizá, el gran sueño profesional que nunca consiguió.

En relación con Palomares, Rubio quedó sorprendido en un primer momento por la situación pero, siguiendo su carácter de luchador, se puso manos a la obra sin perder un segundo. Primero, asumió el trabajo realizado por los gobiernos de Aznar y declaró que continuaría con las expropiaciones y el plan trazado, como no podía ser de otra manera. «No para resolver un problema que no existe, sino para prevenir un riesgo potencial», resaltó a los pocos meses en declaraciones a la prensa en las que mantuvo el carácter optimista del pasado, en el sentido de que todos los análisis apuntaban a que los restos de contaminación se encontraban en el subsuelo, pero no en la superficie, por lo que la población del lugar debía estar tranquila.³ Segundo, se da cuenta de que el problema de Palomares va más allá del Proyecto Indalo que se centra en el seguimiento médico de la población local que se mantiene bajo la dirección de Teresa Mendizábal. Por ello, se salta la estructura orgánica del centro y nombra a Carlos Sancho como una especie de «embajador especial» dependiente directamente de él. Es un caso excepcional que requiere medidas excepcionales. Sancho gozará de autonomía e independencia para proponer soluciones y llevarlas a cabo. En esos primeros meses, Rubio se reúne con todas las personas e instituciones que tienen algo que decir: con el alcalde de Cuevas del Almanzora quien, durante una larga conversación en Madrid, reivindica una actuación rápida. Caicedo, durante cuyo encuentro todos consideran que impactó a Rubio respecto a la necesidad de enfrentar de verdad el problema, se muestra profundamente irritado y harto de que se propaguen siempre noticias sensacionalistas porque, según él, «perjudican la buena imagen de los productos agrícolas de su municipio y su expansión urbanística».⁴ Por ello, reclama que el llamado «dossier de Palomares salga del cajón oscuro» en el que ha permanecido en los últimos años y se busque una solución definitiva. Rubio responde sin rodeos:

La idea es vallar la zona, retirar el material radiactivo y, cuando esté limpio, dentro de dos años, devolverlo al pueblo ... No ha habido problemas de salud, los análisis no han demostrado mayor incidencia de cáncer, pero creo que lo mejor es quitar el material radiactivo y olvidarnos de Palomares.⁵

En esos meses, Rubio y Caicedo mantienen una comunicación muy fluida, lo que conduce a una importante sintonía entre los mensajes de ambos. Por ejemplo, cuando el primero le llama por teléfono en octubre de 2006 para avanzarle que se reanudarán los trabajos de análisis de los terrenos en dos zonas: una de 100 hectáreas y otra de 2.000, Caicedo le contesta que «perfecto» porque está de acuerdo con que se lleve a cabo una investigación «más profunda» para determinar si hay contaminación y eliminarla, «si es que existe».⁶

Con el visto bueno del DOE estadounidense al planteamiento presentado por Carlos Sancho, este se concentra en lograr la financiación. La estrategia es clara. Tiene que convencer a Washington de que debe aportar más dinero sin tocar los 300.000 dólares anuales que dedica al Proyecto Indalo —la supervisión médica de los habitantes del lugar—.* La propuesta no es fácil porque, como hemos visto, desde finales de los años ochenta hay muchos en Estados Unidos que consideran que ya se ha hecho lo suficiente y hay que cerrar la máquina del dinero. Aun así y después de muchas negociaciones, el 10 de septiembre de 2005, el secretario adjunto de Ambiente, Seguridad y Salud del DOE, el secretario de Estado de Universidades e Investigación español y el director del CIEMAT —Rubio— añaden a los textos oficiales en vigor un segundo anexo para evaluar definitivamente la situación radiológica de la zona.

EE. UU. DESEMBOLSA 1,6 MILLONES DE DÓLARES A PESAR DE LAS DUDAS

Justo dos años después, en septiembre de 2007, las dos partes firman un tercer anexo en el que se renueva, por una parte, el compromiso de continuar con los trabajos de vigilancia radiológica de los habitantes del pueblo (el llamado Proyecto Indalo) y, por otra, la elaboración de la denominada caracterización radiológica tridimensional de las zonas ya identificadas con más riesgo (más conocido como el mapa 3D). La previsión era que durara dos años y estuviera terminado en 2009, como así fue. Los estadounidenses respaldan su compromiso con dinero. Se comprometen a pagar en el ejercicio de 2007 un total de 383.000 dólares para financiar los trabajos realizados el año anterior y 1,6 millones de dólares para costear los trabajos correspondientes a 2007 y 2008, fundamentalmente equipamientos y asistencia técnica —en total de 1,47 millones de euros sumando las tres cantidades—. Lo que los portavoces españoles no quisieron resaltar entonces es que este compromiso económico no estaba ligado directamente a llevar a cabo la limpieza completa de Palomares y, además, a cambio de este dinero, España aceptaba una fecha de caducidad para la cooperación: el 30 de septiembre de 2009 que, como veremos, EE. UU. utilizó a su favor sin miramientos.⁷ Sobre todo si tenemos en cuenta que, una vez más, la cifra aportada por Washington representa escasamente el 16 % del coste completo del proyecto que ascendió a cerca de 10 millones de euros, según reconoció el propio CIEMAT. En aquellos momentos, los dirigentes españoles justificaron el compromiso:

Ni los americanos saben qué hay allí. Puede que no haya nada, pero puede haber un problema, y si lo hay, quedará resuelto.⁸

Con la promesa del dinero en el bolsillo, Rubio y su equipo encuentran el resto de la financiación en las arcas españolas a pesar de que ya empezaban a notarse los primeros indicios de crisis económica. De nuevo, la mayor parte del coste será sufragada por los españoles a pesar de no ser los causantes del problema. En total, los trabajos de investigación representan cerca de 10 millones de euros que superan los 12, si se contabiliza las ocupaciones temporales de tierras y las expropiaciones.

Entre el 21 de noviembre de 2006 y el 2 de febrero de 2007, los técnicos del CIEMAT emprenden los primeros trabajos que deben permitir la elaboración del mapa radiológico. Se trataba de medir la superficie de todo el terreno de los alrededores del centro urbano de Palomares —1.300 habitantes— y áreas aledañas de forma extensiva en búsqueda de restos de plutonio y de americio. Para ello se recorren a pie 430 kilómetros lineales, sobre una superficie de 660 hectáreas (más del doble de las que se revisó en 1966) e incluyendo las 230 de la llamada Línea Cero de Contaminación Inicial. Este análisis se acometió dividiendo el terreno en cuadrículas de 25 x 25 metros —cada 7 metros o 5 segundos—, al igual que hacen los arqueólogos que buscan restos de antiguas civilizaciones para poder luego interpretarlos en su contexto. Las medidas se tomaban en movimiento. La precisión de los recorridos se aseguraba con el auxilio de un sistema de posicionamiento geográfico por satélite. Estos trabajos se llevaron a cabo con la asistencia de la empresa ENUSA Industrias Avanzadas, S.A. tras adjudicarla un contrato en enero de 2008 por un importe de 250.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.⁹ Para valorar la ejecución técnica, se creó una comisión compuesta por un representante del CIEMAT, María Teresa Mendizábal, y otro de ENUSA, Rosario Arévalo Sánchez. El CIEMAT implicó a más de un centenar de personas además de adquirir equipos específicos, adaptar otros y dotar y renovar sus instalaciones de Palomares, sin contar con el vallado de las zonas afectadas y dotar de agua y luz las zonas 2 y 3, e instalar una nueva torre meteorológica cuyos datos pueden consultarse en tiempo real a través de la página web del CIEMAT.*

EL DESCUBRIMIENTO DE LAS TRINCHERAS «FANTASMAS»

Como fruto de estos trabajos se obtuvieron más de 63.000 registros de la concentración de actividad de americio-241 en los primeros 15 centímetros de suelo y 262.000 registros en otras 40 hectáreas. Ese examen extensivo en superficie reveló trazas de contaminación en unas 20 hectáreas en las zonas 2 y 3, así como en una franja de unas 20 hectáreas en la Sierra de Almagrera (a partir de ahora denominada nueva zona 6): un lugar distante de los impactos de las bombas pero que, debido a su elevación y a la acción del viento, debió ser el parapeto que estancara la dispersión de los aerosoles. Además, en la zona 2 se localizaron a través de georradar —radares que rastrean las profundidades de la tierra para detectar objetos o características del suelo— dos fosas o trincheras en las que los norteamericanos quemaron o enterraron vegetación contaminada en 1966 durante las operaciones de remediación. Lo curioso es que, a pesar de que se supone que los estadounidenses debían saberlo y, por tanto, haberlo comunicado a los españoles, su ubicación exacta no se había confirmado hasta ese momento. El alcalde de Cuevas del Almanzora, Caicedo, sin embargo, al preguntarle al respecto contestó: «no ha supuesto ninguna sorpresa para nadie», porque en el pueblo siempre hubo la leyenda de que los norteamericanos dejaron enterrados herramientas, restos e incluso camiones. Los técnicos del CIEMAT que han participado en los análisis lo desmienten: «Es pura leyenda urbana. Sin ningún fundamento ... hablar por hablar». Las mediciones del estudio han descubierto que las 2 trincheras se encuentran en la misma zona, la número 2. La denominada B por haberse encontrado la segunda es 3 veces más grande que la A. En total unos 3.000 m³ —100 por 15 metros de ancho por 3 de profundidad— frente a los cerca de 1.000 m³ de la trinchera A —40 metros por 10 metros de largo con una profundidad de entre 2,5 y 3 metros—. Al parecer fueron utilizadas por los norteamericanos con distintos propósitos: la más pequeña está situada en la ladera de un montículo y fue construida con excavadoras al comienzo de la limpieza en febrero de 1966 para facilitar la carga de los camiones con tierra o cosechas contaminadas; la segunda parece que fue destinada a almacenar los restos de cosechas calcinadas y, por eso, las mediciones subterráneas muestran que la contaminación está depositada por capas entre otras de arena limpia. La explicación de la construcción de ambas fosas en esa zona, la 2, tiene sentido. En anteriores capítulos, hemos visto que los estadounidenses utilizaron esa área como punto de concentración de tierras y cosechas contaminadas con el objeto de almacenarlas para luego quemarlas o trasladarlas a la zona de la playa y llenar con estos residuos los bidones que se llevaron a Estados Unidos para que quedarán almacenados definitivamente.¹⁰

Una vez concluido el análisis «gordo» (extensivo), por decirlo de alguna manera, los técnicos del CIEMAT pasan a la segunda parte del Plan de Investigación. Un estudio exhaustivo, que denominan en lenguaje técnico «caracterización intensiva», de aquellas zonas donde tenían claras evidencias de que estaba concentrada la contaminación para poder medirla con exactitud tanto a nivel de superficie como de profundidad. Este análisis se lleva a cabo entre mayo y diciembre de 2007 a lo largo de unas 40 hectáreas de las mencionadas zonas 2, 3 y 6. En las dos primeras, se recorren a pie más de 500 kilómetros lineales sobre una malla de 1 x 1 metros. En la zona 6, un área montañosa con pendientes abruptas, se efectuaron solo los recorridos accesibles y posibles dada la orografía.¹¹ En base a estas medidas dinámicas, se efectuaron otras de tasas de dosis equivalente ambiental, en contacto y a 1 metro de altura y la determinación de americio por espectroscopía gamma. Con el fin de estimar la profundidad de la contaminación se diseñó una campaña de sondeos entre 0,5 y 6 metros de profundidad. Como consecuencia de estos resultados, se obtuvieron más de 255.000 registros de la concentración de americio en los primeros 15 centímetros de suelo. En 581 puntos de las zonas 2 y 3 y 6 se efectuaron, además, medidas estáticas de tasa de dosis y se recogieron 1.698 muestras inalteradas de suelo a profundidades de 0 a 5 centímetros, de 5 a 10 centímetros y de 10 a 15 centímetros, descubriendo claramente el nivel y la profundidad de la contaminación así como su dispersión. Al año siguiente, entre marzo y mayo de 2008, se llevaron a cabo otros 308 sondeos, 278 de ellos a una profundidad de entre 2 y 5 metros y de 30 entre 0,5 y 1 metro. Esos sondeos proporcionarán los elementos necesarios para conocer la evaluación del término fuente residual. En total, el plan, probablemente el más exhaustivo y profesional nunca llevado a cabo hasta ahora en una zona contaminada por plutonio, ya que ni siquiera se ha realizado con este rigor en Estados Unidos, llevó a cabo 312 sondeos en profundidad porque a los anteriores se añaden los que se han hecho para un estudio hidrogeológico del entorno de Palomares: 4 sondeos a 50-60 metros y el análisis químico de muestras de suelo obtenidas de los testigos. Las muestras del suelo obtenidas fueron analizadas por los técnicos del CIEMAT realizándose controles de calidad de las medidas tomadas en las universidades de Sevilla, País Vasco y la Unidad Nuclear de la Fábrica de la Marañosa del Ministerio de Defensa, así como en el propio laboratorio de residuos de media y baja actividad del propio CIEMAT. (Ver Tabla 1)

Tabla 1

Programa radiológico medioambiental (1966 a 2013)

Fuente: Sancho Llerandi, Carlos: «Remediation after the Palomares accident: Scientific and social aspects, International Experts’ Meeting on Decommissioning and Remediation after a nuclear accident», IAEA, 28 de enero-1 de febrero, 2008, Viena.

El informe exhaustivo, denominado «Caracterización Radiológica Superficial Extensiva en Palomares», se concluyó en diciembre de 2008 y, una vez más, su texto completo no ha sido hecho público ni compartido con los interesados. Al menos eso afirmó Caicedo: «Nosotros lo que es el informe del CIEMAT no lo tenemos. Nosotros tenemos las conclusiones del CIEMAT que es la que nos dice que, efectivamente, existe contaminación en Palomares y que la recomendación en estos momentos es que se limpien esos residuos y en eso es en lo que estamos».¹² Cuando se pide una copia al CIEMAT o al CSN la contestación es la misma: «no está disponible» y nos remite a la versión periodística de su revista o al folleto publicitario publicado por el Consejo de Seguridad Nuclear en 2013 como parte de su política de transparencia.¹³

AL FINAL SE DEJARON MEDIO KILO DE PLUTONIO

El 26 de marzo de 2008, Juan Antonio Rubio envía al CSN los primeros avances del proyecto que concluye, sin lugar a dudas ya, que los militares y científicos estadounidenses no cumplieron su promesa de dejar los terreros de Palomares exactamente igual que antes del 17 de enero de 1966 y que los españoles, por ignorancia o desconocimiento, han necesitado más de 40 años en reconocerlo.* Los resultados del PIEM-VR Palomares se sintetizan en un mapa radiológico de 3 dimensiones donde se aprecia (gracias a la gama de colores con exactitud) la concentración de plutonio-239 y americio-241 (producto de la desintegración del plutonio) tanto en superficie como en profundidad y se visualiza siguiendo el criterio de restricción de uso establecido años atrás por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Carlos Sancho, el inspirador del estudio, lo explica a un periódico local:

Aunque en rigor, el punto anterior no se podría extender a la zona 6, por el limitado número de sondeos que se han podido practicar debido a las dificultades orográficas de la Sierra Almagrera, la realidad es que toda la zona 6 ha permanecido inalterada desde 1966 y que las contaminaciones detectadas en muestras de suelo no han superado 20 cm de profundidad. En consecuencia se puede afirmar que la contaminación es superficial ... La conclusión es que la contaminación en profundidad presenta distribuciones y niveles muy variables según las zonas, en función del uso y alteraciones producidas en estas y confirma que los terrenos contaminados se limitan a los identificados en las caracterizaciones superficiales. Se ha estimado, tal y como concluye el informe editado por el CIEMAT, que actualmente existen alrededor de 50.000 m³ de tierra contaminada con concentraciones de americio-241 con valores superiores a los niveles de referencia para uso sin restricciones, establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear.¹⁴

La primera conclusión importante es que de los 6,6 millones de metros cuadrados analizados, los terrenos que superan alguno de los criterios de restricción de uso —es decir que deben ser completamente aislados para evitar contaminar a personas u otros lugares— se encuentran en su mayor parte en las parcelas expropiadas ya situadas en las zonas 2 y 3 —10 hectáreas—, aunque la contaminación se extiende a otras 10 hectáreas más en las fincas colindantes y a una nueva franja de territorio hasta entonces no identificada de 20 hectáreas situada cerca de Villaricos en la Sierra de Almagrera (zona 6). En todas estas zonas debe quedar prohibido cualquier tipo de cultivos y ha de aislarse.

En el caso de la Sierra de Almagrera, probablemente la máxima revelación junto al descubrimiento de las 2 trincheras «fantasmas» de la zona 2, los técnicos mantienen cierta perplejidad por la composición de la contaminación radiactiva (muy marcada por la aparición de americio-241). Se puede tratar de «la pluma» de los residuos liberados por la bomba 2 y que el viento trasladó a esa montaña y, menos mal, porque de otra manera hubiera seguido viajando hacia el noreste en dirección a Alicante. Como son las partículas radiactivas depositadas por el viento, los expertos no esperan que la contaminación sea difícil de erradicar aunque es muy importante limpiarla porque el americio se inhala y permanece en el medio ambiente cientos de años: a los 432 años solamente se ha desintegrado la mitad. De acuerdo con sus estimaciones, la actividad del americio irá aumentando y la máxima se producirá 73 años después de la purificación del combustible de las bombas: es decir, en el período comprendido entre los años 2030-2033.¹⁵

Las mediciones confirmaron que como consecuencia de la bomba que liberó más carga —la número 2— quedan todavía unos 5.000 m² de tierra contaminada y otros 10.000 m² «en una tercera zona de impacto que quedó interrumpida por la construcción de una balsa de riego»: se trata de un solar junto al cementerio a las afueras del pueblo y cuya expropiación se ordenó en 2004 aunque no se completó hasta 2 años después. (Gráfica 3). Además, en el centro del pueblo de Palomares, donde cayó la bomba 3, han aparecido más residuos: unos 2.150 m³. En total, estamos hablando de cerca de 60.000 m², junto a 2 zonas donde está prohibido cualquier tipo de cultivos y que se han aislado. (Tabla 2)

Tabla 2

Resumen de las suelos afectados

Fuente: Sancho Llerandi, Carlos: «Remediation after the Palomares accident: Scientific and social aspects, International Experts’ Meeting on Decommissioning and Remediation after a nuclear accident», IAEA, 28 de enero-1 de febrero, 2008, Viena.

Como era previsible, los responsables del CIEMAT ponen la mejor cara posible. Según Teresa Mendizábal, responsable del Proyecto Indalo, la zona 6 era en esos momentos un área ya protegida «por su valor paisajístico y no se puede cultivar ni construir. En términos generales los resultados deben tranquilizar a todo el mundo al despejar las dudas sobre lo que hay en Palomares. Hemos mirado un área enorme con detalle y los resultados son tranquilizadores».¹⁶ De acuerdo con sus cálculos, en las zonas contaminadas la dosis que recibían las personas sería similar a la que se recibiría después de tres radiografías de tórax al año.

Gráfico 3. Estimación de plutonio-239 por zonas

(gramos de plutonio)

Fuente: Sancho Llerandi, Carlos: «Remediation after the Palomares accident: Scientific and social aspects, International Experts’ Meeting on Decommissioning and Remediation after a nuclear accident», IAEA, 28 de enero-1 de febrero, 2008, Viena.

Es curioso que para conocer la respuesta a la pregunta mágica —¿Cuánto plutonio se dejaron los americanos en Palomares?— haya que rebuscar en internet porque los datos no han sido hecho públicos hasta ahora por ninguna institución oficial española. Existen dos conferencias en inglés pronuncias por Sancho en sendas reuniones científicas internacionales (una en Austria y otra en Fukushima) cuyas trasparencias fueron colgadas por sus organizadores en sus respectivos portales de internet. En la página de resumen de resultados de la investigación destaca un gráfico en la esquina inferior derecha que lo explica para aquellos que saben leerlo: exactamente 485 gramos de plutonio-239 —casi medio kilo— de los que el 65 % (317 gramos) se encuentra disperso en los alrededores de donde se rompió la bomba 2 y el 21,2 % en la zona 6 (103 gramos). La cantidad en el resto es bastante menor: 31 gramos en la zona 2-Bis —al otro lado donde se construyeron las balsas— y 34 en la zona 3 —en la parte urbana del pueblo—. ¡El reto ahora es que alguien los recoja para llevarlos lejos y limpie, por fin, lo que debió quedar limpio en 1966!

A la vista de estos informes del CIEMAT y a petición del Consejo de Seguridad Nuclear,¹⁷ entonces presidido por Carmen Martínez Ten, el gobierno de Rodríguez Zapatero refrendó la petición de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, y amplió en septiembre de 2007 las medidas urgentes a las 30 hectáreas adicionales identificadas como contaminadas a las 10 primeras, con la intención de que se convirtieran en una ocupación temporal con urgencia.

13

Construir y cultivar sobre plutonio

Primero de diciembre de 2004. Sus señorías empiezan a pensar en las Navidades. La comisión de Industria del Congreso de los Diputados está reunida para escuchar el informe de gestión de María Teresa Estevan Bolea, presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear. Entre el cuestionario los diputados no se resisten a preguntar por la situación en Palomares. Duda un momento porque todavía no hay nada definitivo, pero Estevan Bolea no rechaza rebajar la importancia del problema —es la consigna política independiente del signo político del protagonista— y asegurar que se resolvería muy pronto:

Respecto a Palomares llevamos treinta y muchos años. El problema es de muy poca entidad, pero sí tiene alguna. El CIEMAT ha estado ocupándose de controlar a las personas expuestas en aquellos municipios y realmente Estados Unidos cada año aportaba unos millones al CIEMAT para el control de estas personas; y ahora lo que ha surgido son unas ganas grandes de esos municipios de urbanizar esos terrenos, que junto a la costa deben valer una fortuna. El Consejo y el CIEMAT entendemos que eso no se debe hacer. El dinero para la expropiación de terrenos está disponible en el año 2004, con lo cual creo que se va a resolver muy pronto.¹

La presidenta del CSN no tiene reparos en advertir a sus señorías de que la expropiación es una tarea laboriosa pero imprescindible porque el estudio del nivel de radiactividad no se podrá determinar si los terrenos se mantienen como propiedad privada. Aunque no lo menciona, es evidente que algunos propietarios se niegan a colaborar y, por tanto, los científicos no pueden hacer su trabajo ya que al entrar en esos terrenos sin autorización serían acusados inmediatamente de allanamiento de morada. Aun así, se muestra convencida de que aunque la cuestión se haya alargado un poco, el final está muy cerca: «Quiero decirles, señoría, que el tema está completamente resuelto y es cuestión de unos meses ... quiero decirles que está resuelto».

Su declaración, como muchas otras relacionadas con Palomares, se revelará prematura: más deseo que realidad. La negativa de la mayoría de los propietarios de los terrenos supuestamente recuperados por los norteamericanos en 1966, pero que las autoridades y científicos de EE. UU. y España habían empezado a sospechar ya desde 1980 que continuaban contaminados, solo dejaban una salida: la ocupación temporal o expropiación. Que el gobierno español pagara las compensaciones que Washington no asumió en su momento para resolver el problema. Una verdad silenciada. En Villaricos, Vera o Palomares nadie quiere reconocerlo en público pero en privado, en la intimidad de sus casas, todos lo comentan. Se trataba de una manera de presionar. De los propietarios, de los ayuntamientos, de los especuladores, de los empresarios... de todos los que piensan que pueden sacar algún provecho por ser víctimas o por creer serlo. Esa es la única explicación para que el proceso de expropiación que podía realizarse por la vía de urgencia y de manera forzosa haya durado la friolera de otros 10 años. Unos porque les resulta embarazoso, otros porque guardan la íntima esperanza de que con sigilo sacarían más. No todos: ciertos dueños de terrenos afectados como José Zamora y Pascual Soler no han tenido inconveniente en fotografiarse al lado de los medidores de radiaciones y airear sus cuitas con el CIEMAT o el Gobierno. Según una entrevista, con foto incluida, que publicó el diario El País el 18 de noviembre de 2004, los dos buscaban una solución:

Llevamos años mirando la tierra sin poder cultivarla ... hasta ahora ha faltado información. Si no se puede cultivar que nos lo expliquen.²

Aclara José Zamora en el porche de su casa. Cartero jubilado que entonces tenía 64 años y que es el perfecto reflejo de aquellos habitantes de Palomares que no tienen miedo a la radiación y desean olvidar el incidente. Según sus palabras, lo único a lo que aspiran es a una solución justa y definitiva porque se encuentran cansados del limbo eterno en el que se han instalado. En el fondo, a Zamora le daba igual, dice, que expropien a cambio de dinero o que le dejen cultivar sus 13.000 m² de tierra de la zona 2, junto al cementerio, donde cayó una de las bombas que se resquebrajó. Ya lo había hecho en el pasado sin problemas: tomates, pimientos... de todo. Soler argumenta que tiene aún más motivo de queja: es dueño de una vaquería y de un terreno junto al de Zamora que pertenece a los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora. El ayuntamiento —en ese momento dirigido por el socialista Antonio Llaguno Rojas— fue el primero en calificar esos terrenos como urbanizables en 1998 y, por tanto, su valor aumenta significativamente en caso de expropiación forzosa. «El precio del suelo se ha disparado. Hace cinco años el metro cuadrado costaba 60 euros. Y ahora puede llegar a los 600. Si nos expropian, que nos paguen y que nos indemnicen por los años sin cultivar», apunta Soler respecto a su parcela, donde el CIEMAT tiene instalados 3 medidores de radiación. Como hemos señalado, en 1998 un técnico del CSN les dijo que no podían cultivar y el área quedó muerta durante 2 años. Cansados de esperar una respuesta, en 2000, tanto Zamora como Soler contrataron a un abogado, viajaron a Madrid y pidieron al CIEMAT y al CSN una indemnización económica. Incluso, al parecer, llegaron a entrevistarse con el exministro Rodrigo Rato, sin resultado.

Palomares ya no era el pueblo sin teléfono ni casi electricidad de los años sesenta. Su paisaje se había transformado completamente: grúas, obras, invernaderos, sofisticados cultivos... y el maná moderno del turismo. Ya lo había anticipado Fraga. Lo cierto es que Palomares tiene un clima envidiable con vistas al mar y a un cielo limpio y azul. Por ello, los políticos ya no esconden sus aspiraciones. «Palomares tiene 2.000 habitantes y puede llegar a los 10.000 en cinco años», afirmaba por entonces el alcalde pedáneo, el popular Juan José Pérez, quien no oculta la intención del ayuntamiento de declarar urbanizable las zonas en la que impactaron las bombas. «La gente está harta. Cada vez que venís a hacer fotos o publicáis algo supone un varapalo para la economía del pueblo. Ya ha habido varios intentos de agresión a periodistas. No los justificamos, pero los entendemos. No nos dejáis olvidar», asegura Pérez cuando los periodistas le interrogan. La consigna está clara. Pasar página. Olvidar el pasado. «Aquí tenemos los mejores tomates, lechugas y sandías de España. Se vende todo lo que producimos. Antes teníamos que ocultar el nombre por si acaso, pero ahora ya no hace falta. Además, tenemos unas playas maravillosas, una temperatura ideal y sol casi todo el año. Los kilómetros de autopista se multiplican y ya estamos a poco más de cinco horas de Madrid. Y, dentro de unos años el AVE llegará a nuestras puertas. Si nos dejan, en poco tiempo esta zona puede ser la de mayor renta de España», asegura un ufano alcalde de Cuevas del Almanzora y posterior senador por Almería, el también popular Caicedo. No agrada hablar del tema de las bombas porque no ha traído más que problemas. Por eso quizá es más entendible la tardanza y lentitud en todo el proceso administrativo.³

EL LARGO Y TORTUOSO PROCESO DE EXPROPIACIÓN Y OCUPACIÓN TEMPORAL

En la reseña del Consejo de Ministros de diciembre de 2004, el gobierno socialista explicó que la autorización concedida para expropiar aquellas parcelas sospechosas de estar contaminadas tenía como objeto evitar que «la reactivación urbanística de la zona» provoque nuevas situaciones de riesgo. En otras palabras: evitar el miedo de que el deseado desarrollo urbanístico —parte de los terrenos ya hemos visto estaban en trámite de ser recalificados— y la intensificación de los cultivos, con potentes tractores que remueven la tierra hasta un metro de profundidad, dispersen aún más la radiación a pesar de las declaraciones de los portavoces del Consejo de Seguridad Nuclear en las que reiteran una y otra vez que no existe riesgo alguno para la salud porque la contaminación no se encuentra suspendida en al aire.⁴ Para reducir aún más la ansiedad, unas semanas antes de que se conozca la decisión del Gobierno, el 27 de octubre, Juan Antonio Rubio se reúne con Jesús Caicedo (el alcalde pedáneo) y los mencionados Zamora y Soler para adelantarles que la expropiación sería inminente y que los propietarios afectados recibirían una compensación justa: «En dos semanas tendremos aprobado el presupuesto, unos tres millones de euros, y en otras dos el Consejo de Ministros aprobará el plan de retirada de residuos», afirmó. La historia demostrará ser algo más complejo.

Los procesos de expropiación son necesariamente largos para salvaguardar los derechos de los afectados. Al menos eso afirman los juristas especializados en estos asuntos. Los hombres del CIEMAT no sabían bien dónde se metían. Lo primero fue solicitar la intervención de la Delegación de Gobierno en Andalucía para que iniciara los trámites administrativos con el objeto de disponer cuanto antes de los terrenos. La idea era que la Delegación del Gobierno los adquiriera y, luego, los cediera al CIEMAT. Según lo acordado, este organismo tendría que pagar y, al mismo tiempo, ser beneficiario de dichas expropiaciones y, por tanto, sería quien decidiera en el futuro su destino final, si alguna vez quedaban completamente descontaminados. Una vez en su poder, la idea, explicó Rubio, era vallar la zona —no lo estaba y por tanto cualquiera podía pasar—, retirar el material radiactivo cuanto antes y, una vez limpio y finalizadas las labores de remediación (lo que se suponía requeriría unos dos años), devolverlo al pueblo.

El 18 de julio de 2005, el delegado del gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, publica en el BOE la notificación del inicio del expediente de expropiación forzosa y abre el asunto a información pública. En total 15 propietarios son los afectados. Estos tenían 15 días hábiles para presentar sus alegaciones. La lista completa, después de algunas correcciones, queda de la siguiente manera:

Fuente: Resolución del delegado del gobierno de Andalucía 43.562/05, BOE, n.º 186, 5 de agosto de 2005, págs. 7182-7183 y Resolución del delegado del gobierno de Andalucía n.º 61.023/05, BOE, n.º 283, 26 de noviembre de 2005, pág. 11211.

La mayor parte de estas propiedades están calificadas como suelo no urbanizable y para cultivos de riego y erial: es decir rústico y de bajo valor. Sin embargo, los propietarios, liderados por Pascual Soler, exigen que las indemnizaciones contemplen no solo el valor de los terrenos sino también los daños causados por habérseles impedido su cultivo durante los últimos 7 años. Ya hemos visto que incluso se les obligó a quemar las cosechas, «y eso genera un perjuicio», afirma Soler que se asesora con un gabinete jurídico que en su momento no descarta presentar ante la subdelegación del gobierno de Andalucía una reclamación por responsabilidad patrimonial. Las diferencias en dinero contante y sonante pueden ser enormes. Según algunas fuentes, los propietarios de estos suelos rústicos solicitaban a la Administración unos 30 euros por metro aunque las autoridades solamente ofrecían 17. Es más, si el suelo fuera urbanizable o había expectativa de que pudiera ser recalificado a esta categoría —aquí los Ayuntamientos de Vera y Cuevas del Almanzora tendrían mucho que opinar— su compensación se doblaría a los 83 euros.⁵

El delegado del gobierno en Andalucía citó a los propietarios de los terrenos a expropiar a sendas reuniones en Vera y Cuevas del Almanzora el 9 de diciembre para el levantamiento de las actas previas a la urgente ocupación. Había que completar mucho papeleo: comprobar la descripción de las fincas y cualquier dato que fuera útil para determinar los derechos afectados, valores de aquellos y perjuicios determinados por la rápida ocupación.* Pero, como casi todo en Palomares, esto también sufrió sus retrasos. El 10 de marzo de 2005 se volvió a celebrar una nueva reunión, esta vez en la subdelegación del gobierno en Almería, en la que López Garzón les comunicó que antes de que finalizase el mes se les convocaría una vez más para hacerles entrega de las hojas de depósito previo. Para acelerar el proceso, se prefería ocupar temporalmente antes que expropiarlas, aunque sin excluir esta opción. Según informó el CIEMAT al CSN, la compensación final y el tiempo de ejecución de los expedientes estaría en función del procedimiento que resultase de las decisiones de los propietarios y de la Administración: mutuo acuerdo o jurado provincial de expropiación. El primero sería inmediato mientras que el segundo requeriría, como poco, 2 o 3 meses más. Una vez más, una previsión demasiado optimista.

La acumulación de dilaciones empieza a hacer mella y la tensión crece. El CIEMAT ya cuenta con el dinero para asumir las indemnizaciones. El visto bueno se concede en la reunión que mantiene el 26 de noviembre de 2004 y, en total, el crédito extraordinario asciende a 3 millones de euros, con lo que se espera se cubran los gastos relacionados con las expropiaciones.* Sin embargo, el proceso sigue atascado a pesar de haber transcurrido casi un año y medio. Ello obliga a que la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, de la que curiosamente depende en ese momento el CIEMAT, tenga que solicitar a su colega de Economía y Hacienda, el todopoderoso Pedro Solbes, una ampliación de la vigencia del crédito extraordinario. Mejor dicho dos ampliaciones. Según la documentación que aprueba la comisión de subsecretarios en junio de 2006, el CIEMAT había «comprometido obligaciones de gasto», el lenguaje administrativo para decir «utilizado», escasamente 16.927,16 euros de los 3 millones autorizados y, por tanto, se requiere una ampliación del plazo para poder disponer del resto del dinero, es decir algo más de 2,98 millones de euros.** De no haberse aprobado, se hubiera perdido y todo hubiera vuelto al punto cero.

A pesar de los desencuentros, los procesos judiciales y las quejas, el CIEMAT decide no alargar más el proceso y entre los meses de mayo y junio de 2006 procede a la ocupación temporal de las fincas —casi unas 10 hectáreas de terreno— que continuarán en esta situación algunos años más. Por ejemplo, Juan Antonio Castro se queja en junio de 2009 de que le acaban de «ocupar» 2.000 metros de terrenos muy cercanos a donde cayó la bomba 3, en el casco urbano del pueblo. «En realidad, nunca se han ido —explica Castro—. Hace años nos expropiaron un cacho, cuando teníamos el solar casi vendido, y ahora también le han cogido otros 2.000 metros a mi tía, justo al lado. A ver si terminan de una vez.»⁶ Lo cierto es que la evolución de los acontecimientos genera un creciente descontento hasta el extremo de que el 2 de julio de 2007 varios propietarios de la pedanía cuevana, acompañados por su representante legal, viajan a Madrid para reunirse con técnicos y asesores jurídicos del CIEMAT. Su meta es cerrar de una vez el pago de las compensaciones económicas. Según declaró posteriormente José Zamora, la reunión de más de dos horas se desarrolló en un ambiente muy tenso ante la disparidad de las posiciones. «Durante todo este tiempo hemos colaborado con el CIEMAT, incluso se quemaron con un helicóptero 300.000 lechugas que había plantado —señala Zamora—... ahora se desdicen y niegan que nos hayan obligado a no cultivar durante todos estos años ... No se nos puede atropellar a unos pobres agricultores de esta manera.»* Como no podía ser de otra manera, el principal escollo es consensuar el precio de las indemnizaciones. Los agricultores buscan obtener el máximo y consideran que la propuesta de la Administración no tiene en cuenta el valor real de las propiedades y los perjuicios causados. Los propietarios de los terrenos rústicos solicitan unos 30 euros por metro cuadrado mientras que el Gobierno ofrece escasamente 17. En el fondo subyace también otro problema: la diferencia que hay entre aquellos propietarios cuyas fincas están catalogadas como rústicas de las urbanizables y, en esto, el actor principal es local. Son los ayuntamientos —en este caso de Vera, Palomares y Cuevas del Almanzora— quienes aprueban las recalificaciones de terrenos. Si analizamos las fincas afectadas veremos que la mayoría de las reconocidas como urbanizables —con precios de compensación, por tanto, mucho mayores— pertenecen al término municipal de Vera aunque también hay algunas de Cuevas. Desconocemos el final del proceso.* El precio que se pagó por estas expropiaciones es confidencial por ley y la Administración no tiene obligación de informar de él aunque es previsible que el total superase al menos 1/4 de millón de euros.**

EL CONTENCIOSO CON LOS INVERSORES INGLESES DE DESSERT SPRING RESORT

La segunda ronda de expropiaciones aprobadas fue autorizada en 2007 como consecuencia del resultado del análisis de los suelos del PIEM-VR-Palomares que confirmó una ampliación del área contaminada muy significativa respecto a la fijada tres años antes, 2004. No se trata de una decisión fácil y, en principio, no gusta a los políticos. Hubiera sido mejor haber buscado solo en el perímetro ya avanzado. Reanudar la tortuosa experiencia de tener que lidiar de nuevo con los propietarios que buscarán —como es lógico, por otra parte— la máxima indemnización posible, no agrada a nadie pero los datos de contaminación son contundentes. Empujado por el CIEMAT y con el acuerdo del CSN, el gobierno de Rodríguez Zapatero se pone manos a la obra y aprueba un nuevo real decreto que permite expropiar otras 5 fincas más fuera de la línea cero establecida hasta ahora. Todas ellas en Cuevas del Almanzora. El Consejo de Ministros autoriza el 28 de septiembre de 2007 la ocupación temporal de 30 hectáreas con el objeto de «recuperar medioambientalmente dichos terrenos», un eufemismo burocrático para no decir descontaminarlas de los residuos nucleares que contienen.⁷ En este caso se habla de «ocupación temporal» porque las autoridades españolas siguen pensado que la solución está próxima y, una vez limpias, pueden ser devueltas a sus propietarios. Sin embargo, las negociaciones con este segundo lote van a ser mucho más duras y difíciles aún que las anteriores: en este caso no se trata de lugareños sino que se enfrentan a una gran corporación internacional con muchas conexiones políticas y económicas en la zona, además de dinero para contratar a los mejores bufetes de abogados. El nombre de la empresa no nos dice mucho, Villaricos S.L., pero detrás, como veremos, se encuentra un grupo de inversores y promotores inmobiliarios ingleses muy importante.

A pesar de la premura del caso, la Delegación del Gobierno en Andalucía se toma su tiempo para iniciar el proceso en este segundo caso. No es hasta el 22 de junio de 2009 que se publica la primera información sobre la ocupación temporal de los nuevos terrenos afectados.⁸ El plazo para recibir comentarios y quejas es, como marca la ley, de quince días. Los afectados en este caso son los siguientes, según se publica en el BOE:

Fuente: Resolución del Delegado del Gobierno de Andalucía n.º 28072, BOE, n.º 192, 10 de agosto de 2009, pág. 96515.

A principios de noviembre, López Garzón cita a los afectados para dar el siguiente paso: el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación.⁹ Entre esos meses, junio a noviembre, se ha producido un acontecimiento importante. El principal afectado por esta segunda medida, la empresa Villaricos S.L., ha presentado alegaciones ante los tribunales contra la decisión administrativa aunque la Abogacía del Estado las rechaza sin miramientos. Sin embargo, los propietarios de la compañía deciden continuar el proceso legal aunque será largo y tome bastante tiempo. Otros propietarios afectados responden con menos beligerancia, quizá porque les afecta de otra manera: «Nosotros somos una familia grande y nos coge poco —dice Anastasio de Haro—. Pero es un problema, claro, porque además no nos garantizan por escrito que esto quede limpio del todo». Diego y Martín Fernández —hermanos y propietarios del Cortijo San Diego, junto al río Almanzora— son más fríos: «Nos cogen una hectárea urbana y un par de ellas rústicas —dicen—. No mucho [según las cuentas, perderían más de un millón de euros], pero si vale para que todo acabe de una vez...».¹⁰

La historia de los terrenos afectados por la contaminación radiológica y Villaricos S.L. es larga y tiene todos los ingredientes para una película de Hollywood. Se remonta a la guerra civil e involucra a políticos, acusaciones de corrupción, británicos, mucho dinero... y sospechas de especulación urbanística, por otra parte, bastante comunes en la España de los años noventa y posteriores. José Ignacio Domínguez, responsable de Ecologistas en Acción Andalucía, que ha seguido el asunto durante muchos años, tiene una interpretación de lo ocurrido.

¿Por qué la Administración comenzó a actuar en el año 2003 y no 37 años antes? La respuesta es muy sencilla, porque la burbuja inmobiliaria alcanzó a los terrenos contaminados y los beneficiarios de la burbuja quisieron que la Administración limpiara la zona para poder urbanizarla. El interés urbanístico fue tan desaforado que los constructores no esperaron a la descontaminación y metieron las máquinas en los terrenos contaminados liberando así el plutonio que los norteamericanos habían tapado con tierra en 1966.

Bastan las declaraciones de los propios responsables municipales de esos años. La hemeroteca lo demuestra: en el diario El País del 18 de noviembre de 2004, así como después de que el PP ganara las elecciones municipales, ya encontramos unos primeros comentarios del alcalde pedáneo de Palomares y concejal de Urbanismo, Juan José Pérez Celdrán, en los que avanza la intención del Ayuntamiento de declarar urbanizables los terrenos contaminados. Por eso algunos ven en todo ello una operación de especialización urbanística. Si salía bien, se construiría un complejo de chalets con campo de golf y, en el peor de los casos, el gobierno español pagaría un precio más alto si finalmente los terrenos eran expropiados por estar contaminados. Lo cierto es que, a pesar de todas las advertencias oficiales, del CIEMAT y de numerosas asociaciones ecologistas, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora —al frente de cuya junta de gobierno se encuentra el mencionado Caicedo— empieza a trazar el camino que quiere recorrer Villaricos S.L: en marzo de 2006 y unos meses después en mayo, se da el visto bueno a los expedientes e instrumentos de planificación urbanística del denominado Sector CI-1 (propiedad de dicha compañía) y que para entonces todo el mundo sabía que se trataba de una zona contaminada por plutonio.¹¹ El siguiente movimiento se produce en febrero de 2008, con la aprobación de un nuevo plan de ordenación urbanística del municipio. Aunque incluye en la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica a la «zona afecta por accidente nuclear» luego clasifica parte de los terrenos —curiosamente los referidos a Villaricos S.L.— como terrenos urbanizables.¹² Casi un año después, el 24 de febrero de 2009, Caicedo logra que el gobierno local dé la aprobación inicial en reunión extraordinaria al proyecto de reparcelación —por unanimidad y sin que ningún partido se oponga—.¹³ Y prácticamente un mes después, en marzo, se aprueba definitivamente la urbanización de esa zona, lo que se confirma como definitiva el 17 de junio de ese mismo año. Curiosamente, y a pesar de la importancia del tema, esta decisión definitiva es firmada por Juan José Pérez Celdrán, como sabemos alcalde pedáneo de Palomares y concejal de Urbanismo, en calidad de alcalde en funciones ante la ausencia de Caicedo. Aquí las cosas van deprisa porque interesa. Así, el 1 de junio de 2009, el mismo Pérez Celdrán ya ha firmado el acta de replanteo que permite el comienzo de las obras de urbanización. En el apartado segundo de dicha acta se reconoce incluso que han recorrido los terrenos, algo que, en principio, debería haber estado prohibido para evitar la dispersión de las partículas de plutonio y americio. En ese momento, esas hectáreas han multiplicado exponencialmente su precio al convertirse en una nueva categoría: «programable para urbanizarse».¹⁴ Algunos afirman que cien veces más por metro cuadrado, con lo que la indemnización por una expropiación forzosa podría superar los 15 millones de euros.

LOS BRITÁNICOS LLEVAN EL PLEITO HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO

Detengamos un momento la historia para intentar comprender cómo y por qué aparece Villaricos S.L. en el relato. Lo primero es explicar la relación de Villaricos S.L. con el principal promotor inmobiliario de Cuevas del Almanzora, por no decir el único. Si uno visita la zona, todo el mundo le hablará de un complejo turístico emblemático y orgullo de la comarca denominado Dessert Spring Resort, el mayor campo de golf semidesértico de Europa, con miles de viviendas de lujo, que utiliza el agua reciclada de los pueblos de la zona para regar sus inmensos greens (en total 18 hoyos) y donde algunas de las villas han sido compradas por los ingleses desde los años noventa por la friolera de hasta 1,6 millones de euros. El complejo, situado en una finca denominada La Algarrobina, al noroeste de Palomares, estaba programado como una de las mejores urbanizaciones del Mediterráneo hasta el extremo de que alguno de los políticos locales soñó con que se convertiría en «la milla de oro del Mediterráneo». A escasamente dos horas y media de los aeropuertos británicos, el sol y las playas eran perfecto reclamo para millares de ingleses que quisieran retirarse o pasar sus vacaciones en familia: bien en hotel o en villas exclusivas, en apartamentos o adosados.* En principio, estaba previsto que la urbanización de lujo emulara a Venecia aunque la suspensión por parte del gobierno socialista del Plan Hidrológico Nacional que planificaba traer agua del Ebro obligó a reducir los canales manteniendo un gran lago y varios ramales, pero sin renunciar a decenas de piscinas particulares y comunitarias. Con ello, la previsión del ayuntamiento pasaba por incrementar la población permanente de la zona de 2.000 habitantes a más de 10.000 en 2010 y abandonar así el ostracismo que había caracterizado el pasado. ¿Y quién está detrás del Dessert Spring Resort? Para empezar hay que remontarse a mediados de los años ochenta, cuando un inversor y empresario británico llamado Stephen Hitchins descubre Villaricos buscando un lugar tranquilo y con sol. Natural de Cheltenham (una ciudad de unos 100.000 habitantes a unos 150 kilómetros al oeste de Londres), Stephen nace en una familia adinerada que ha crecido gracias al éxito e instinto empresarial del padre, Robert, que compra a precio de saldo una empresa de camiones nada más terminar la segunda guerra mundial y la convierte en un gran multinacional con más de 95 millones de euros de facturación anual.

Stephen Hitchins percibe enseguida el potencial de negocio de Almería y decide invertir en turismo de clase alta con la idea de crear una villa de lujo para traer a miles de británicos adinerados que buscan disfrutar del golf y volver morenos gracias al sol español. Según aparece en el Proyecto de Compensación de Dessert Springs, denominado a efectos urbanísticos Sector 2 de Cuevas del Almanzora (Bay Investments J.T.D., el instrumento financiero utilizado por Stephen para sus negocios en España), adquiere el 19 de abril de 1990 a los hermanos Navarro Ponce y esposas, naturales de Palomares —conocidos como «Los Catiros»— «un trozo de tierra de riego y secano montañoso, de cabida 19 hectáreas, 20 áreas y 93 centiáreas» o, lo que es lo mismo, 192.793 m². Cuatro años y cinco meses más tarde, el 29 de septiembre, los hermanos Navarro Ponce venden el «resto» de la finca, con una superficie de «6 Ha., 34 áreas y 70 centiáreas» o, lo que es lo mismo, 63.470 m². El total de los dos acuerdos suma 256.263 m² (25,6 Ha.), prácticamente la misma superficie que ahora ocupa Dessert Spring. Lo que no se ha sabido hasta ahora era el turbio origen de esta finca: según la documentación que maneja el abogado Marcos Sánchez Adsuar, que lo ha denunciado ante los juzgados, los terrenos donde ahora se asienta Dessert Spring fueron en un tiempo propiedad del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, que los adquirió en 1934 a Francisco Soler y Soler por 6.000 pesetas de la época en respuesta a una petición del Ministerio de la Guerra del Gobierno de la República que solicitó la cesión de terrenos para la construcción de un aeródromo militar.* Las investigaciones han confirmado que los hermanos Navarro Ponce ponen a su nombre esas tierras en 1988 utilizando el célebre artículo 205 de la Ley Hipotecaria que permite registrar una propiedad a nombre del solicitante que dice ser suya, a pesar de carecer de documentos notariales, si nadie la reclama o se demuestra lo contrario.* Bay Investments pagó a los «Los Catiros» por el primer terreno 36,6 millones de pesetas —unos 220.632 euros—, mientras que por la segunda 20 millones redondos —otros 120.481 euros—. En sus transferencias internas, sin embargo, Bay Investments registró estas fincas con un valor de 2.954 millones de pesetas —17,8 millones de euros—. Según los documentos mercantiles depositados, Bay Investments JTD asigna ambos terrenos a su filial en España (Bay Investments JTD sucursal en España) en abril de 1995 y esta, a su vez, las transfiere a Bay Holland BV sucursal en España. Estas operaciones se realizan en el mismo acto para ahorrarse el impuesto de transmisiones y el pago de plusvalías. A nivel local, la gestión y comercialización de los negocios inmobiliarios se colocan bajo el paraguas de Bay Villaricos S.L. creada en 1999 y que, tres años después, es absorbida por Villaricos S.L. que, como consecuencia de ello, amplía su capital hasta los 1,3 millones de euros, con Stephen Hitchins, como presidente del Consejo de Administración.¹⁵ Para entonces, Villaricos S.L. también ha adquirido las tierras situadas en la llamada zona 6 —al este de Palomares, más cerca de Villaricos— que un principio no parecían afectadas por la contaminación atómica. Mientras, Stephen Hitchins consolida su prestigio en Cuevas del Almanzora como empresario modélico y recibe varios reconocimientos entre los que destaca el Premio Madera Verde a la responsabilidad ambiental entregado por, entre otras instituciones, el Ministerio de Medio Ambiente y la Real Federación Española de Golf. En 2006, amplía por dos veces el capital de la empresa en 6,2 millones de euros hasta alcanzar los 9,3 millones suscritos para acometer nuevas inversiones. Poco después, Stephen Hitchins dimite como consejero y cede el testigo como presidente a John Peter Goodhall, quien a partir de 2012 se convierte en administrador solidario de la sociedad. En la actualidad, sus propiedades están agrupadas bajo el bautizado Grupo Almanzora Bay, un holding que integra las operaciones de 3 empresas: Villaricos S.L., Dessert Springs S.L. y Bahía de Almanzora S.L., cuyo objetivo social es «la creación de una amplia gama de oportunidades que consiga una mejor calidad de vida para las gentes de la zona, residentes extranjeros y turistas por igual y en el desarrollo de un turismo residencial de alta calidad como una alternativa económica viable y a largo plazo para la comarca, y en particular para Cuevas del Almanzora, sus gentes y sus nuevos residentes».¹⁶ Lo que coincide, como es natural, con los objetivos de los políticos locales que buscan el desarrollo económico del área, al igual que ha ocurrido en los otros municipios del levante español. Quizá por eso, el alcalde de Cuevas del Almanzora respalda sus actividades pero, al mismo tiempo, intenta no inmiscuirse directamente para no levantar suspicacias. Se limita a defender de forma genérica una compensación justa para todos los afectados. «Es la naturaleza quien manda ... —declara a la prensa en esos días— pero dado que es una acción humana, tiene unos responsables que tendrán que ser los que paguen a los vecinos de Palomares por el perjuicio causado», agrega Caicedo.

En un primer momento los responsables de Villaricos S.L. intentan llegar a un acuerdo amistoso con los representantes del CIEMAT y, según algunas fuentes, les llegan a hacer varias propuestas para «arreglar amistosamente el contencioso». En alguna ocasión, sugieren incluso estar dispuestos a financiar parte del plan de investigación y de limpieza si con ello logran modificar las restricciones de uso que pesan sobre esos terrenos. Incluso aunque todo ello retrase la urbanización de la finca —solamente están afectadas 8,9 hectáreas del total de terrenos que ha adquirido en la zona—, los abogados de Villaricos S.L. buscan distintas salidas. A nivel local, contratan al bufete Eduardo Amor y Asociados, con gran arraigo en Villaricos y especializado en asesoramiento, consultoría y dirección de litigios ante los tribunales civiles y contenciosos-administrativos, para que defiendan que, hasta que oficialmente no se diga otra cosa, el suelo es edificable y urbano. «Desde 1990 [con el socialista Antonio Llaguno como alcalde] el solar está calificado como urbanizable y seguimos con los trámites para desarrollar el plan y construir las viviendas, ya que no nos ha comunicado nada oficialmente», declaró Amor en junio de 2009. «El terreno vale una fortuna. Todo tiene vistas al mar porque está en la sierra», alerta la empresa.¹⁷ «La mancha radiactiva nos parte por la mitad —agrega al abogado— pero solo quieren quitarnos las tres [urbanas, más otras seis rústicas] afectadas. Y esto se compró hace años para hacer chalés de lujo. ¿Cómo quieren que vendamos uno al lado de un valle nuclear? O compran todo o que nos dejen así.»¹⁸ Sin embargo, la empresa sabe que es difícil lo que pretende porque en 2007, el CSN ya declaró toda esa zona —las 20 hectáreas— de «uso restringido» y, por tanto, resultará muy complejo dedicarlas a cualquier uso productivo. Por ello, modifica su estrategia y plantea que la indemnización que le corresponde está en relación con lo que se conoce como lucro cesante, es decir, el dinero que dejarán de recibir por no poder vender los chalets: «Si tomamos el 0,25 por ciento de edificabilidad a un precio barato, 600 metros por metro, estamos hablando de más de setenta millones de euros», calcula a ojo Amor.

La paciencia de los propietarios británicos toca a su fin en 2010, probablemente porque se dan cuenta de que su lucha no tiene muchas perspectivas. El 13 de junio de ese año, los representantes legales de Villaricos S.L. presentan un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra las decisiones del Consejo de Ministros de 2004 y 2007 que pretenden la ocupación temporal de la zona 6 que, según el plan urbanístico local, estaría destinada a usos residenciales y hoteleros. La abogacía del Estado la desestima por varias razones, entre ellas, haber presentado el recurso fuera de plazo, ya que la ley lo acota a 2 meses desde la toma de la decisión gubernamental. Aun así, los ingleses insisten y el Tribunal Supremo falla definitivamente el 21 de octubre de 2013 siendo ponente Diego Córdoba Castroverde. En su defensa, los propietarios de Villaricos S.L. argumentan que las actividades que pretende llevar a cabo el CIEMAT:

...tienen un carácter experimental con restricciones totales y parciales de uso por su elevada contaminación en plutonio y americio, sin que exista evidencia en el Plan de Investigación Energética y Medio Ambiental en materia de vigilancia radiológica (PIEM-VR) de que los suelos vayan a ser descontaminados definitivamente ni repuestos a su estado anterior; existe una incertidumbre respecto al plazo en el que se van a desarrollar estas actuaciones y cuándo finalizarán; y un absoluto desconocimiento de cuál es la radiactividad que existe más allá de los 15 cm de suelo, considerando que resultaría imposible la venta o el uso de unos terrenos cuando es público y notorio que ha existido o puede existir restos de contaminación atómica.¹⁹

Además, Villaricos S.L. considera que la ocupación temporal —lo que hasta ese momento ha llevado a cabo el CIEMAT mientras se resuelve el expediente de expropiación y la batalla judicial— «no resulta funcional» y asegura que incurren en «desviación de poder». En pocas palabras, solicita al Tribunal Supremo que ordene una expropiación forzosa y «que se declare el derecho a ser resarcida de los daños y perjuicios que le ha producido la ocupación temporal de los terrenos afectados y a ser reparado conforme a las bases que se fijen en la sentencia».

Sin embargo, el máximo tribunal español no está por la labor y rechaza todos los argumentos en una larga sentencia en la que, en realidad, no entra a discutir las cuestiones de fondo. En términos jurídicos, «inadmite por extemporáneo» la petición de los propietarios británicos, es decir, por haberlo presentado fuera de plazo y no ser competencia de estancia jurídica. Por si fuera poco, los magistrados imponen a Villaricos S.L. sufragar las costas que cifran en 4.000 euros.²⁰

A partir de este momento, volvemos a la opacidad. No sabemos con exactitud cuál es el final. El CIEMAT ha declinado explicar si los terrenos continúan ocupados temporalmente o ha ejecutado la expropiación forzosa como ha ocurrido con otros propietarios que se negaron a ampliar los acuerdos de alquiler. Lo que es conocido es lo que los científicos españoles concluyeron al analizar las tierras de la zona 6, que identificaron los límites de la contaminación radiológica y que nadie podrá disponer de ellos hasta que se retiren los restos de plutonio y americio que aún permanecen allí.

14

La escurridiza Hillary y EE. UU.

deja de pagar

Cuando un ministro de Exteriores español y una secretaria de Estado norteamericana cierran un encuentro, sus respectivos asesores empiezan a sudar aunque todavía queden semanas. Ya saben que entre mil detalles y cosas que hacer tienen que escribir y preparar sin dilación los llamados «documentos de posición», como los denominan los estadounidenses, donde se identifican, explican y repasan brevemente los temas abiertos o aquellos asuntos sobre los que ambos países mantienen diferendos. Sobre todo los llamados «calientes».

Y Palomares estaba en esa lista de puntos destacados a tratar desde hacía nueve años ... desde Moratinos ... era algo que siempre sacábamos cuando nos reuníamos con nuestra contraparte americana ... aunque no hubiera tiempo para abordarlos en detalle, se mencionaban durante el transcurso de las reuniones.¹

Con ese acento andaluz tan particular —que desaparece cuando pasa al inglés— lo explica Trinidad Jiménez pocos días antes de anunciar que abandonaba su escaño en el Congreso de los Diputados y su carrera política para pasarse al sector privado. «El tema Palomares —agrega— estaba en esos documentos-resumen desde hacía mucho y lo toqué en las dos reuniones personales que mantuve con Hillary Clinton», agrega la segunda y última ministra de Exteriores del gobierno de Rodríguez Zapatero (2010-2011). Sin embargo, reconoce que presionar por uno u otro de los asuntos, en este caso una solución definitiva para la contaminación en Palomares, dependía mucho de los asuntos prioritarios o acuciantes en cada momento y que, por tanto, eso quería decir que aunque estuviera incluido en la lista de ocho o diez temas relevantes, no significaba en realidad que las ministras llegaran a tratarlo en profundidad.

Fue un poco mi caso —subraya Trinidad Jiménez—. Los diplomáticos que me preparaban la documentación mencionaban Palomares porque era algo importante para nosotros, los españoles, y me informaban sobre qué era lo último o qué debía enfatizar. Pero en la reunión que tuve con Hillary había otros temas mucho más acuciantes como, por ejemplo, la primavera árabe.

Jiménez se refiere, en concreto, a la visita que la secretaria de Estado realizó a Madrid el 1 de julio de 2011 y durante la que se entrevistó, además de con la ministra de Exteriores española, con el entonces rey Juan Carlos I y el presidente Rodríguez Zapatero.

Recuerdo que llegaba por la tarde y me ofrecí a ir a buscarla al aeropuerto para acompañarla pero me dijo que mejor no. Quería ir a la peluquería y hacer unas compras, me confesó. «Esas cosas que tenemos que hacer las mujeres aunque seamos políticas», recuerdo que me dijo o algo así. Lo entendí perfectamente y nos vimos al día siguiente ya de manera oficial.

Era la segunda vez que se reunían y en ambas la ministra española sacó el tema de Palomares sin grandes resultados, por otra parte. Los «asuntos calientes» que exigían atención eran Túnez, Libia, Guantánamo y Afganistán. Y la respuesta de Hillary fue más o menos la misma: cauta y diplomática en privado y sin compromisos en público. Es más, nunca en sus años como máxima representante diplomática de EE. UU. mencionó ante los periodistas la palabra Palomares. En el primer encuentro, que se celebra el 25 de enero de 2011 en Washington, en medio de risas, referencias cariñosas entre ellas y ante atriles de madera con dos grandes escudos del Departamento de Estado, ninguna sacó el tema pero después, cuando se encontraba sola ante la prensa española, Trinidad Jiménez lo resaltó en tono positivo a pesar de la falta de concreción en los compromisos por parte estadounidense. Aseguró que había visto a Washington «muy comprometido y decidido» a trabajar en pos de una solución y aseguró que los norteamericanos estaban a la espera de los últimos informes de carácter técnico —que, por otra parte, el CIEMAT había ya concluido hacía más de un año y pico—. «He visto por parte de EE. UU. un compromiso firme en colaborar con el gobierno de España en la búsqueda de una solución», insistió.²

Seis meses después, cuando Hillary visitó Madrid sabiendo que al gobierno socialista le quedan escasamente unos meses, se mantuvo en la misma postura escurridiza a pesar de que en febrero ya había tenido lugar una visita de una delegación de técnicos estadounidenses para evaluar los estudios finalizados por el CIEMAT y su propuesta para «remediar» los terrenos.* Tras la reunión, las dos ministras concedieron una breve rueda de prensa en el Palacio de Viena en la que, otra vez, es Trinidad quien saca voluntariamente el tema sin que medien preguntas concretas de los periodistas y ante una impasible Hillary que no abre la boca:

Hemos hablado sobre Palomares y los progresos que hemos hecho. Desde que me reuní con la Secretaria de Estado en Washington, me di cuenta de la buena predisposición del Departamento de Estado y de Estados Unidos para trabajar en esto, y de todos los equipos técnicos que existen [sobre el tema]. Tenemos asistencia técnica y estamos muy agradecidos por todos los esfuerzos.³

Gracias a la desclasificación de las comunicaciones diplomáticas estadounidenses por parte de WikiLeaks podemos confirmar que al menos durante la mayor parte de los años del gobierno de Rodríguez Zapatero, los españoles presionaron en público y a puerta cerrada para arrancar un mayor compromiso de la Administración Obama hacia una solución final que pasaba obligatoriamente, según los propios españoles, porque Washington aceptara llevarse la tierra contaminada. La petición la presentaron sin miramientos todas las veces que pudieron ante las máximas esferas del ejecutivo estadounidense. Incluso durante la ceremonia que el vicepresidente Joseph Biden llevó a cabo en Madrid en mayo de 2010 y que tuvo como momento estelar una emocionada visita al cuartel de la Brigada Paracaidista situado cerca de Madrid. Ante más de 500 militares españoles marciales y estirados rindió tributo a esos «guerreros» con los que, dijo, sus compatriotas estaban en deuda por la ayuda que les habían prestado en Afganistán. No hubo referencias públicas sobre Palomares ni avances significativos tras bastidores, solo una vaga referencia a que constituiría un grupo de trabajo a nivel federal estadounidense para considerar las demandas españolas.⁴ Trinidad Jiménez tuvo que reconocerlo en el Senado ante una pregunta ciertamente envenenada —y partidista según muchos— que presentó Jesús Caicedo, senador por el Partido Popular y, a la vez, alcalde de Cuevas del Almanzora:

Señoría —replica con contundencia la ministra—, usted me pregunta por un suceso que tuvo lugar hace 45 años. Este ha sido el único Gobierno que se ha ocupado de verdad de este asunto. Por cierto, el gobierno del Partido Popular podría haber hecho algo antes. En todo caso, el Gobierno mantiene una colaboración muy activa con Estados Unidos respecto a Palomares ... Palomares ha sido una cuestión prioritaria para este Gobierno, lo estamos demostrando porque estamos trabajando intensamente para acordar la solución definitiva.⁵

EE. UU. AVISA: PALOMARES VUELVE AL RADAR POLÍTICO

Los documentos oficiales del Departamento de Estado norteamericano que conocemos explican que el «dossier de Palomares» regresa a la atención de los responsables políticos de ambos países a partir de 2005 al coincidir lo que los propios diplomáticos estadounidenses explican como «dos guisantes en una vaina»: es decir, dos hombres con una misma determinación. Así al menos lo describe el ministro consejero de negocios de la embajada de EE. UU. en Madrid —para muchos el verdadero cerebro en la sombra de la embajada que dirigirá interinamente durante casi un año, entre enero de 2009 y enero de 2010—, Arnold Chacon, en un largo telegrama que envía a su jefa en Washington —Hillary Clinton— en abril de 2006 recapitulando la historia. Explica que la decisión de Juan Antonio Rubio nada más asumir la dirección del CIEMAT de «reabrir» el tema de Palomares a través de la intensificación de las tareas de investigación y supervisión facilitó que el Departamento de Energía reiterara una vez más su convicción de que había que buscar un cierre definitivo del programa. «Por lo tanto, después de varias décadas de hibernación, Palomares volvió a las pantallas de radar de ambas partes (aunque por diferentes razones)», explicó Arnold Chacon. Curiosamente los dos protagonistas de este nuevo capítulo en la larga e interminable historia de Palomares llegan a puestos de responsabilidad al mismo tiempo, exactamente en julio de 2004. Es entonces cuando Rubio es nombrado director general de CIEMAT tras la victoria de los socialistas en las elecciones generales españolas, y John Shaw, por su parte, secretario adjunto del Departamento de Energía para temas Medioambientales, Seguridad y Salud tras su nominación por el presidente Obama y la confirmación del Senado.* Escasamente unos meses después de asumir el puesto y a pesar de las decenas de asuntos que están sobre su mesa, Shaw se concentra en Palomares como un objetivo de su mandato —que durará escasamente dos años, hasta 2006— y, no solo eso, sino que opta por conocerlo de primera mano por lo que ordena preparar inmediatamente un viaje a Madrid. Se cierra enseguida, para principios de septiembre. El entonces embajador estadounidense en Madrid, Eduardo Aguirre (en el cargo desde 2005 a 2009), lo describe elocuentemente:

Juan Antonio Rubio puso rápidamente al CIEMAT patas arriba y revigorizó de alguna manera una institución moribunda. Había llegado a la conclusión de que el Proyecto español de Palomares se había convertido en un programa en cierta manera para mantener puestos de trabajo con una plantilla preparada para continuar la vigilancia eternamente. Rubio, sin embargo, busca cerrar y se aprovecha de los datos recientes que sugieren que la contaminación puede ser quizá mayor que la que se había estimado hasta ahora. Decide, entonces, que va a buscar «la limpieza total» como una de las principales prioridades durante su mandato como director general del CIEMAT. Cuando John Shaw, adjunto del secretario del Departamento de Energía, llegó a España en septiembre de 2005 buscando su propia forma de cerrar el tema de Palomares, se dio cuenta muy pronto de que su contraparte español quería también poner fin a Palomares, aunque fuera a través de una limpieza final conjunta o terminando la participación del DOE de forma unilateral.⁶

Desde un primer momento, Rubio y Shaw perciben que han «conectado», que los dos buscan lograr progresos y no solamente pasar por encima en el caso de Palomares. Su determinación no es hueca y requiere una nueva estrategia. El norteamericano no esconde sus cartas y pone en claro sus compromisos. El Departamento de Energía «no abandonará Palomares»: esta es la declaración más contundente hecha por un funcionario norteamericano en mucho tiempo y a la que los españoles se agarran a partir de entonces. Rápidamente, Rubio y Shaw logran un compromiso básico sobre el que poder reforzar la cooperación: el DOE facilitará asistencia técnica y ayudará a costear económicamente los esfuerzos del CIEMAT por llevar a cabo un mapa radiológico como nunca visto en el mundo hasta ahora que permitirá conocer con detalle la naturaleza y expansión de la contaminación radiológica. Cuando se tenga ese mapa y se revele la verdadera naturaleza de la contaminación, las dos partes negociarán un plan definitivo para la limpieza. «Shaw no se comprometió formalmente a dar financiación del DOE a ningún eventual plan de limpieza, pero quedó implícito que el DOE permanecerá en la escena de una forma u otra hasta que Palomares estuviera limpio.»⁷

El compromiso entre ambos, que quedó plasmado en un memorándum de entendimiento firmado en febrero de 2006, produjo sus frutos inmediatamente: en mayo de 2005 una nueva delegación del DOE, liderada por el número dos del departamento de Salud Steve Cary, se traslada a Madrid y a Palomares con dos de los principales expertos en remediación radiológica, Robin Newmark y Tery Hamilton, ambos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. El grupo norteamericano fue de gran ayuda para establecer los principios y la metodología de lo que sería el mapa 3D del que hablamos en el capítulo anterior. Sin embargo el destino también juega y en septiembre de 2006, con la salida de Shaw del gobierno Obama, el Departamento de Energía sufre una profunda reorganización que afecta directamente al Proyecto Palomares y pone en peligro esa nueva e incipiente estrategia que acaba de empezar a diseñarse. Se decide que lo referente con Palomares pase a ser responsabilidad de un nuevo departamento —de larga tradición, por otra parte— llamado Oficina de Estudios Internacionales de la Salud, al frente de la cual está un veterano, el doctor Gerry Petersen, quien se convierte en la figura de referencia como líder norteamericano del programa Palomares. Petersen no quiere perder el momento que se ha creado y durante la segunda semana en su nuevo puesto —en septiembre de 2006—* decide viajar a Madrid junto a Newmark para eliminar las dudas sobre que los cambios en el DOE pudieran significar una reducción en los compromisos adquiridos en la etapa Shaw.** El resultado es muy satisfactorio. En unas breves declaraciones a la prensa Rubio confirma los acuerdos alcanzados: «Ni los americanos saben qué hay allí. Puede que no haya nada, pero puede haber un problema y, si lo hay, quedará resuelto». Además, Petersen invita a Rubio a viajar a EE. UU. en los meses siguientes para avanzar sin dilación, algo que sin embargo no se producirá por diversas razones hasta otoño del año siguiente. Es entonces cuando el director general del CIEMAT elige a Carlos Sancho para liderar, por parte española, la elaboración de ese mapa 3D de la contaminación radiactiva que debe ser el referente para definir un plan final de eliminación de la contaminación radiactiva que pueda quedar (ver capítulo 12). Sin esas respuestas, Rubio destaca que no es factible dar el siguiente paso:

Ese es precisamente el peligro: si se remueven esas tierras para cultivar o construir podría airear esas partículas y generar una contaminación que ahora no es en absoluto peligrosa para la población. Por eso pretendemos vallar la zona y estudiar el mejor sistema para limpiarla y llevarnos la más contaminada a otro sitio. Se trata de prevenir un problema, no de resolver uno que no existe. Y no se hizo antes porque esas partículas no son peligrosas si no se mueven. Por eso, cuanto antes se haga, antes sabremos lo que pasa. Estamos casi seguros de que el problema se limita al terreno expropiado ... EE. UU. nos viene a ayudar en la parte técnica y, aunque no dice cuánto, los gastos serán compartidos.⁸

EL PROYECTO DE PALOMARES TOCA HUESO: EL DINERO

En su amplio telegrama confidencial a Hillary Clinton de noviembre de 2006, la embajada norteamericana en Madrid llama la atención de que el problema más difícil al que se enfrenta el Proyecto Palomares para seguir avanzando está en el dinero: ¿Quién pagará la limpieza final? «Es un tema particularmente sensible», advierte el embajador interino a la secretaria de Estado. En esa época, ni los técnicos españoles ni norteamericanos habían cuantificado todavía el coste final que tendría ni la elaboración del mapa 3D ni la limpieza final, pero todos eran conscientes de que no sería barato y su abultado coste sobrevuela permanente sobre todos los contactos y reuniones entre ambas partes. «El DOE se ha comprometido a “compartir” el coste del mapa pero esta “participación” no se definió en el memorándum de febrero de 2006», dice el diplomático estadounidense Chacon, quien resalta que ningún documento firmado por Washington desde el Otero-Hall en 1966 incluye una cláusula obligatoria en este sentido. Su contribución se definirá en septiembre de 2007 y supondrá 1,6 millones de dólares, escasamente un 10 % de los 10 millones de coste total. El diplomático estadounidense resalta que, una vez resuelto este punto, el siguiente obstáculo será definir exactamente la financiación que Washington está dispuesto a aportar en el caso de que se implemente el plan de remediación, es decir de limpieza o retirada de todos los terrenos con contaminación radiológica inaceptable.

EL DOE no/no [lo repite dos veces para evitar confusiones] ha hecho un compromiso formal de ayudar con fondos a un posible esfuerzo de remediación del CIEMAT. Sin embargo, es muy/muy [lo repite otra vez dos veces] claro que el CIEMAT espera que el gobierno de EE. UU. acepte ayudar en el pago de cualquier posible remediación.⁹

La preocupación de la embajada de Washington en Madrid, en ese momento al mando del cubano norteamericano Eduardo Aguirre, ante la posibilidad de que el DOE rechace seguir financiando el programa de Palomares, se incrementa hasta el extremo de que advierte a Hillary Clinton de sus consecuencias: «el DOE y la embajada tendrán que trabajar en estrecha colaboración para desarrollar una estrategia de control de daños, ya que Estados Unidos sería criticado ampliamente en la prensa [española] (un buen aliado debe limpiar su propio desastre nuclear)».¹⁰ Por eso Aguirre, uno de los pocos embajadores recientes que visitó personalmente Palomares, inicia un nuevo curso de acción. ¿Por qué no se investiga la posibilidad de que el Pentágono ponga el dinero de sus arcas?, se pregunta inocentemente. No en vano, los militares estadounidenses habían sido los responsables de la cuestión de Palomares en 1966 y hasta recuperar las cuatro bombas y concluir las primeras medidas de remedición. Justo después, la responsabilidad había pasado al DOE por ser el departamento dentro del gobierno estadounidense responsable de la custodia y la investigación de las armas nucleares y de todo lo referente a este sector. ¿Por qué ahora debía interesar al Pentágono? La respuesta era sencilla: después de empezar con mal pie por un supuesto desagravio a la bandera estadounidense al no levantarse a su paso durante el desfile del 12 de octubre y la retirada de las tropas españolas de Irak, Rodríguez Zapatero había reconducido sus relaciones con Washington gracias a un mayor compromiso militar en Afganistán y a su predisposición a aceptar el despliegue en la base aeronaval de Rota de 4 destructores dentro del componente naval del Sistema de Defensa Antimisiles de la OTAN y de EE. UU., más conocido como «escudo antimisiles». Es decir, España volvía a ser prioritaria para el Departamento de Defensa y, quizá, este podría estar dispuesto a poner dinero para mejorar las relaciones y resolver un problema que, en esencia, habían causado sus hombres en territorio español. Por ello, el DOE se comprometió a poner en contacto al CIEMAT con el Pentágono seis meses antes de finalizar el mapa 3D con el objeto de iniciar las conversaciones de la siguiente etapa. Esto debería ocurrir por tanto a principios de 2009 si todo iba bien. En este contexto, la embajada norteamericana en España alerta al Departamento de Estado que Palomares puede salir tocado en el transcurso de las reuniones que mantendrá la ministra de Defensa española, Carme Chacón, los días 30 de junio a 2 de julio durante su primera visita a Washington. De acuerdo con un nuevo telegrama de Arnold Chacon, el diplomático norteamericano, la ministra de Defensa viaja al Pentágono con la aspiración de consolidar su imagen de «estrella en ascenso» dentro del gobierno de Rodríguez Zapatero y anticipa que puede tener la tentación de forzar el asunto de Palomares durante sus reuniones con los líderes norteamericanos. En concreto, mantiene que la ministra Chacón puede manifestar durante sus encuentros la frustración de las autoridades españolas por la ausencia de avances concretos.¹¹ No tenemos constancia si lo hizo pero sí sabemos que, pocos días después, en el mes de septiembre, los representantes del DOE y de la Fuerza Área de EE. UU. no habían logrado progresos sustanciales respecto a una propuesta común. Cuando en noviembre el CIEMAT volvió a presionar para sentarse a hablar sobre el tema con el Pentágono, los diplomáticos norteamericanos le «disuadieron» amablemente de que no lo hiciera.¹² Pronto fue evidente que era una vía muerta.

MORATINOS PRESIONA A HILLARY CLINTON CON ESCASO ÉXITO

Los resultados del mapa 3D, compartidos de forma confidencial con EE. UU. en julio de 2008, incluso antes de que lo conocieran algunas esferas del gobierno español, concluían confirmando la existencia de más de 50.000 m³ de tierra contaminada, incluidas dos trincheras «fantasmas», y demostraban sin lugar a dudas la magnitud del problema.* Avanzar hacia una solución final no era exclusivamente una cuestión de dinero. El CIEMAT había dejado al descubierto el escollo principal. El problema radicaba ahora en buscar dónde almacenar el plutonio que se rescatara de las tierras contaminadas. Una vez confirmado que los trabajos de remediación realizados en 1966 no fueron suficientes, la cuestión era ahora no solo recogerlo sino buscar un lugar idóneo para evitar su efecto dañino. Ahora, los científicos españoles señalaban que se carecía —y se sigue careciendo todavía— de cementerios en nuestro territorio para este tipo de residuos de alta actividad y, por tanto, la única salida pasaba por que Estados Unidos se lo llevara a su país como ya había hecho, por otra parte, hacía más de cuarenta años. En julio de 2008, volvió a visitar España otra delegación del DOE y se le expuso con claridad la situación.* Teresa Mendizábal, entonces directora del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT y, por tanto, máxima responsable del Programa Palomares, se mostraba —¡cómo no!— muy optimista respecto a una posible rápida solución:

A última hora, antes de partir [se refiere a 1966], se dejaron residuos ... La colaboración es total y las relaciones son magníficas ... La intención es enviarlos a EE. UU. Dicen que nos ayudarán porque tenemos dificultades con los residuos de alta actividad, pero antes hay que saber qué tenemos y dónde lo tenemos.¹³

Tras meses de dilaciones y excusas dilatorias norteamericanas, el 16 de marzo de 2009, la paciencia del gobierno español llega a su límite y entrega una nota diplomática al Departamento de Estado en la que informa con detalle de los resultados del mapa 3D y solicita oficialmente los nombres de los representantes del gobierno estadounidense que deben formar parte del grupo de trabajo conjunto que defina la solución final para Palomares. De nuevo la embajada de EE. UU. en Madrid advierte de la gravedad de la situación. Su número dos, Arnold Chacon, recuerda, una vez más, que no existen documentos formales que confirmen que el gobierno estadounidense se haya comprometido formalmente a financiar esta limpieza. A pesar de ello, considera que Washington debe revisar y tomar una decisión interna consensuada entre todos los departamentos involucrados al no haber una oficina o ministerio obligado en exclusiva a hacerlo. Incluso sostiene que ha llegado el momento de incorporar al Consejo de Seguridad Nacional, el gabinete en la sombra de Obama, cuyos miembros son sus asesores más cercanos y con mayor influencia en algunos casos sobre el presidente que los propios ministros —en EE. UU. llamados secretarios—. El diplomático estadounidense anticipa a Hillary Clinton cuáles van a ser las dos peticiones españolas, ningún secreto por otra parte pues ya habían sido manifestadas en numerosas ocasiones en los últimos meses por los españoles: EE. UU. debe pagar al menos una parte del coste de la limpieza final —renunciando el gobierno Rodríguez Zapatero de antemano a exigir el coste total en una concesión anticipada— y que admita los residuos para almacenarlos en suelo estadounidense. El mensaje de Carmen Chacón a Washington deja en evidencia la ausencia total de cooperación y de visión global dentro del gobierno norteamericano respecto a las repercusiones del caso Palomares. Ni el Departamento de Energía —entonces dirigido por el premio Nobel de Física Steven Chu— ni el de Defensa —en manos de Robert Gates— consideran que es su responsabilidad. Vamos, que se lavan las manos. Quizá por ello, el diplomático norteamericano hace un desesperado llamamiento a sus jefes en el Departamento de Estado para que se lo tomen en serio y eviten la ruptura:

Si el gobierno de EE. UU. decide no participar en este esfuerzo [el de limpieza de la contaminación en Palomares], anticipamos una significativa reacción negativa por parte del gobierno español, la opinión pública y la prensa española (esperamos que la prensa estadounidense, que ocasionalmente sigue el tema, también se interesaría). Asumimos que otras áreas de las relaciones bilaterales también se verán afectadas y no tenemos criterio sobre la extensión de dicha reacción. El foco político y público no estará en si el gobierno de EE. UU. hizo compromisos explícitos o implícitos. Por el contario, estará en la falta de voluntad del gobierno de Estados Unidos de ayudar en la limpieza final de la contaminación causada por un arma estadounidense que cayó de un avión de la USAF. Post [la embajada norteamericana en Madrid] recomienda que el gobierno de EE. UU. responda positivamente a la nota diplomática del gobierno español y asegure a los representantes españoles que [una comisión] interministerial tiene el asunto bajo consideración y responderá apropiadamente.¹⁴

Con todos estos tiras y aflojas diplomáticos incrementando las diferencias y las tensiones entre ambas partes sobre Palomares, el director general del CIEMAT se da cuenta de que pasa el tiempo sin avances y eso solo beneficia a la posición dilatoria de los norteamericanos. Pasa a la acción y convence al ejecutivo de Rodríguez Zapatero de que pise el acelerador. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aprovecha una reunión que mantiene con Hillary Clinton en la sede del Departamento de Estado el 13 de diciembre de 2009 para colocarlo entre esos «asuntos calientes» que ambos deben analizar. Los dos se conocían ya. No en vano, habían hablado por teléfono escasamente 24 horas después de la toma de posesión de Hillary como máxima responsable de la diplomacia estadounidense escasamente unas semanas antes y habían acordado llamarse por su nombre de pila —Miguel y Hillary— para «facilitar la comunicación». Según el cable confidencial que envía la propia Clinton a varias embajadas europeas informando de las conclusiones del encuentro, fue el ministro español quien sacó el tema:

Moratinos preguntó a la Secretaria por una verdadera respuesta (respecto a lo que podemos hacer) para ser útiles en términos de la opinión pública española pues tiene miedo que el paso del tiempo se pueda volver contra Estados Unidos si las noticias sobre el reciente estudio sobre la contaminación nuclear en el lugar se propaga. La secretaria [Clinton] señaló que recordaba el accidente cuando pasó pero no hizo comentarios.¹⁵

El 7 de de julio de 2010, después de la visita del vicepresidente norteamericano a la que ya hemos hecho referencia, EE. UU. movió finalmente ficha y convocó una reunión en Washington entre representantes de Gobierno y militares norteamericanos. El ejecutivo español —representado con personal de La Moncloa, Exteriores, el propio CIEMAT y el Consejo de Seguridad Nuclear pero cuyos miembros intentaron no mostrar fisuras y con una voz única— reiteró sus peticiones: España necesitaba ayuda tecnológica, financiera y, sobre todo, que Washington aceptara llevarse la tierra contaminada. No hubo respuesta, solo tomaron nota, como había hecho Clinton anteriormente. La réplica finalmente llegó en una nota verbal de dos folios fechados el 16 de noviembre. En ella, la Administración Obama afirmaba que necesitaba más estudios antes de tomar una decisión, obtener mejores conclusiones de los análisis realizados a la población y establecer otros criterios de restricción del uso del suelo. La representación española recibió la respuesta con sorpresa y desánimo. Para la mayoría representaba retroceder 40 años. La depresión aumentó más aún cuando conocieron que en el presupuesto federal para el año 2009-2010, el Departamento de Energía no tuvo reparos en eliminar la partida destinada al Proyecto Indalo y anunció que dejaría de pagar los 300.000 dólares anuales que abonaba desde el acuerdo firmado en 1997. «El DOE continuará aportando apoyo técnico cuando sea requerido», añade en la breve explicación que acompaña al presupuesto. Se ponía fin a 41 años de cooperación financiera. La reacción en España no pasó de un par de noticias en páginas interiores en algún periódico nacional y poco más.

15

El Plan de Rehabilitación

de Palomares y el principio del fin

Después del jarro de agua fría que representaron los acontecimientos de noviembre de 2006, el Ministerio de Asuntos Exteriores español, todavía bajo la dirección de Trinidad Jiménez, se armó de valor y respondió a Washington con una dura y firme nota verbal. En principio era respuesta a la remitida por el Departamento de Estado del 16 de noviembre y en la que, en pocas palabras, daba largas a las peticiones españolas de que tomara una decisión definitiva al respecto. Era el momento más bajo en las relaciones entre ambas partes en los últimos años. El documento español, escrito con lenguaje diplomático pero en tono de exigencia, pedía al gobierno de Obama que abordara «sin dilación» la limpieza de los terrenos aún contaminados radiológicamente y, sobre todo, aceptara el traslado de las tierras contaminadas que quedaran en Palomares a su territorio para almacenarlo —una línea roja de la que Madrid había decidido no bajarse—. El texto decía así:

España considera que los datos reunidos y estudios realizados hasta la fecha permiten acometer el proceso de rehabilitación de las tierras contaminadas sin ulteriores dilaciones, con el fin de permitir su uso posterior sin restricción alguna tal y como esperan los ciudadanos de la zona.¹

El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero proponía seguir con las reuniones para establecer de forma conjunta «una hoja de ruta en la que se plasmen los compromisos de ambas partes en la elaboración del Plan de Rehabitación de Palomares, y en la gestión de los residuos restantes». La nota concluía señalando que España era consciente de «las eventuales repercusiones» del problema, así como del interés que generaba en la opinión pública y, por ello, confiaba en «solucionar el problema». Ello no obviaba, sin embargo, que colocara números a ese compromiso. Exigía que Washington se hiciera cargo de al menos la mitad de los millones de euros en los que estaba presupuestado el plan de remediación que habían preparado los técnicos del CIEMAT.* Aunque no lo reconocieron abiertamente, el Pentágono temía aceptar un precedente con graves consecuencias futuras: desde 1945, el Departamento de Defensa norteamericano había realizado numerosas pruebas atómicas por el mundo y, de aceptar ahora el terreno contaminado de Palomares, podría recibir una cascada de reclamaciones similares. Por todo ello, defiende firmemente su criterio de que la mejor opción era mantener las cosas como estaban, con los terrenos contaminados vallados, e impedir que nadie pase o los utilice. En paralelo y para reforzar la credibilidad del Plan de Rehabilitación frente a Washington y otros críticos, España presentó el proyecto de manera voluntaria a la revisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y que, en cierta manera, representaba un riesgo importante. El trabajo que se había completado era muy serio, con la aspiración de convertirse en referente mundial en remediación radiológica, pero nada impedía que alguien pusiera pegas o no se refrendara. Las comisiones constituidas por ambas instituciones estaban compuestas por las personalidades más prestigiosas de protección y rehabilitación radiológica del mundo y nadie podía estar seguro de que no levantaran objeciones o propuestas de mejora que obligaran a ampliarlo. Los técnicos de la OIEA realizaron su revisión entre junio y noviembre de 2009 y el equipo de expertos de la Dirección General de Energía de la Comisión de la Unión Europea a través de los inspectores que verificaron el Artículo 35 del Tratado de EURATOM los días 20 y 21 de abril del año siguiente. En el caso de Estados Unidos, una delegación del Departamento de Energía norteamericano encabezada por Glenn Podonsky, que ya había estado varias veces en España con anterioridad, hizo lo propio en febrero de 2011 y otras dos más tarde, en marzo y octubre, para recoger aportaciones técnicas.² La impresión general después de celebrarse las distintas visitas fue bastante positiva, o al menos, así lo reflejó el director general del CIEMAT, Cayetano López, en declaraciones que la prensa publicó esos días:

Mi impresión personal es que tiene que salir en un plazo breve. La situación en este momento es bastante positiva. Por un lado hay un impulso debido a estas reuniones con el gobierno norteamericano, su venida y demás. Es decir, es un tema que está en el ambiente.³

Las distintas delegaciones buscaban lo mismo: evaluar el alcance, metodología y resultados del programa de caracterización radiológica. En todos los casos se incluyeron visitas a la zona para comprobaciones in situ lo que, como era previsible, creó cierta ansiedad en los habitantes de Palomares al comprobar cómo los extranjeros se colocaban unos cubrecalzados —una especie de calcetines de plástico para no contaminarse, a pesar de que la versión oficial seguía siendo de que no representaba ningún peligro—.⁴ Cada comisión presentó comentarios y mejoras pero, en términos generales, sus evaluaciones fueron positivas. El examen se había superado con muy buena nota, para algunos, de sobresaliente. Entre las propuestas de mejora, el panel de la OIEA recomendó al CIEMAT que debía mejorar la interacción con la población local y animó a su dirección, a partir de 2010 en manos del catedrático en Física y exrector de la Universidad Autónoma de Madrid, Cayetano López, a que involucrara más a los habitantes de Palomares en el debate sobre las opciones de la rehabilitación. En el caso de la UE, el artículo 35 del Tratado de EURATOM (Comunidad Europea de la Energía Atómica) establece que cada Estado miembro debe controlar, de modo permanente, la radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo para garantizar el cumplimiento de las normas básicas de protección.⁵ Entre sus recomendaciones, el grupo de verificación de la UE, que se inclinó por la opción de reducir el volumen de residuos a almacenar, llamó la atención de que en varios lugares, especialmente en la zona 2, el vallado instalado —de dos metros de alto e incluso doble en algún caso— estaba abierto parcialmente. También resaltó la existencia de una casa colindante (muy contaminada) donde impactó la bomba 3 que el CIEMAT utilizaba de garaje pero no estaba habitada y recomendó vallar su perímetro. Su recomendación más importante se refirió a la zona 6, situada en la Sierra de Almagrera, al noreste de Palomares, que era utilizada regularmente por los lugareños para actividades de caza furtiva por la afluencia de conejos y aves; por pura desidia, las autoridades no habían vallado el lugar ni vigilaban regularmente los alrededores. Todo el cerramiento de la zona consistía en un alambre de púas a un metro sobre el suelo con unos cuantos paneles que decían:

«Gobierno de España Ministerio de Ciencia e Innovación

CIEMAT — PLAN DE INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA

Y MEDIOAMBIENTAL

EN MATERIA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA»

y

«Ministerio de Ciencias e Innovación

CIEMAT — ACCESO PROHIBIDO salvo personal autorizado»⁶

El CIEMAT tomó nota y en junio de 2011 completó el vallado de la zona 6 con un doble vallado en las zonas con mayor nivel de contaminación e incluyó en las muestras de animales a analizar periódicamente los conejos para comprobar si tenían restos de contaminación por frecuentar esas tierras.⁷

EL PLAN DE REHABILITACIÓN: UNA ESTRATEGIA ARRIESGADA

A finales de 2009 y principios de 2010 el CIEMAT elaboró, además del mapa radiológico en tres dimensiones sobre la contaminación que quedaba en Palomares, lo que denominó Plan de Rehabilitación (PRP) que, en pocas palabras, significa un segundo plan de limpieza del terreno después del primero que se llevó a cabo en 1966. Según explicó Yolanda Benito, directora del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT, la propuesta preliminar fue enviada al Consejo de Seguridad Nuclear en marzo de 2010 —como sabemos máxima autoridad en temas nucleares en España— para su aprobación, lo que hizo el 5 de mayo. Describía dos propuestas para restaurar las zonas afectadas, así como los objetivos finales de descontaminación —es decir, los niveles de concentración de actividad radiológica aceptable una vez concluida la limpieza—. La solución final dependía de un tercer estudio, todavía no conocido, denominado Plan de Gestión de Residuos que especificase el método y cómo se manipularían los restos contaminados. Con el objetivo de reducir al mínimo las objeciones que pudieran generar en Washington un gran volumen de tierras contaminadas a trasladar y almacenar, el CIEMAT propuso dos caminos. Uno, remover todo sin reducir su volumen —lo que representaría unos 50.000 m³, una cantidad bastante grande (pero mucho menor que las 1.700 toneladas que los estadounidenses se llevaron en 1966) en términos de costes de traslado y almacenaje. La segunda opción, más innovadora y a la vez más compleja, proponía reducir el volumen filtrando la tierra a través de sofisticados métodos para separar el material radiactivo de la tierra limpia, de forma que fuese más fácil su traslado a Estados Unidos para su almacenamiento definitivo. Con ello, el volumen a trasladar se reducía a escasamente 6.000 m³. De acuerdo con lo diseñado por el equipo de Carlos Sancho, su máximo responsable dentro del CIEMAT, el plan preveía instalar cerca de las zonas contaminadas unas plantas de tratamiento de suelos para minimizar el volumen de residuos producidos.

En líneas generales, las operaciones previstas para la rehabilitación se producirán en varias fases:

1) Extracción de tierras: El primer paso sería el desbrozado de vegetación a ras de suelo pero sin alcanzar su superficie. Después, se emplazarían monitores de aire en continuo y se asegurarían los equipos de protección individual necesarios. A continuación, se procedería a la retirada de las tierras afectadas de difícil acceso y que hubieran permanecido inalteradas desde 1996 mediante aspiración con mangueras. Al mismo tiempo, los técnicos procederían a la reducción de la resuspensión de polvo. Todos los trabajos se realizarían en confinamientos herméticos y siguiendo los más estrictos medios de protección radiológica.

2) Tratamiento de tierras en seco: Al mismo tiempo, sería necesario instalar o construir una instalación estanca con sistemas de separación en función del tamaño aerodinámico del gramo, es decir de las partículas. La instalación contaría con sistemas de medida de la radiación y segregación, así como controles en continuo en el ambiente de trabajo.

3) Tratamiento de tierras en húmedo: En aquellos sitios que sea necesario, se construirá otra instalación no estanca para llevar a cabo la separación de las tierras en función de la granulometría.⁸

Una vez limpiadas las tierras y separados los residuos radiactivos, se llevará a cabo su extracción y transporte para su almacenaje en EE. UU.; la principal preocupación era producir, durante el proceso de extracción y reducción, aerosoles que extendieran la contaminación a otras zonas como había ocurrido en 1966 por falta de cuidado durante las operaciones. Por ello, durante las actuaciones se ampliaría el Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental especial que debería confirmar la ausencia de impacto de estas actividades en la población y en su entorno. Las distintas fases del plan reconocían que, de llevarse a cabo, se requeriría no solo la extracción de las tierras contaminadas, sino un «restauración ambiental: relleno de los terrenos y verificación radiológica». De nuevo, el CIEMAT no ha informado todavía, quizá porque el plan no tenía carácter definitivo, sobre los detalles del PRP —¿cómo se hará con las zonas montañosas? ¿Se rascarán las rocas o se retirarán en completo?— pero parece evidente que las labores modificarán sustancialmente la orografía del terreno e implicarán el relleno de parcelas y la nivelación de otras superficies y su correspondiente restauración medioambiental.

Preguntados al respecto por un diario local, los responsables del CIEMAT explicaron sus planteamientos:

—¿Contemplan sus planes de descontaminación la retirada de los 50.000 m³ de tierra o se podrían reducir, como se detalló, a solo 6.000 con la construcción de plantas de tratamiento?

—Carlos Sancho: ... El PRP contempla ambas opciones. Cuando se disponga del «Plan de Gestión de Residuos», se optará por la solución óptima, que minimice el volumen de los residuos generados, el impacto radiológico y las inversiones económicas correspondientes.

—En todo momento plantean que el único peligro pasa por remover los terrenos y transferir la tierra. ¿Cuál es el plazo para completar esta operación y cómo lo harán?

—Yolanda Benito: El plazo que estima el PRP en su propuesta preliminar es de tres años. No obstante, el plan no podrá afrontarse si antes no se ha acordado el destino final de los residuos radiactivos generados. En este punto debe tenerse muy presente que el plan ha sido concebido para optimizar el volumen de tierras afectadas en un volumen similar al generado en la primera intervención. La gestión y el destino final de los residuos radiactivos, actualmente, no están resueltos.⁹

En una conferencia pronunciada ante decenas de científicos en Fukushima en octubre de 2011, Sancho reveló detalles de cómo los técnicos españoles habían diseñado el plan para tratar los suelos contaminados y reducir así los residuos necesarios de almacenar. El CIEMAT hizo primero estudios de laboratorio con más de 900 muestras tomadas de 14 lugares distintos (zonas 2, 2-2,3 y 6) y luego convirtió un edificio abandonado de la zona 3 en planta piloto para llevar a cabo trabajos semiindustriales con muestras de entre 100 y 150 kilos obtenidas¹⁰ en lugares identificados en la caracterización radiológica tridimensional.¹¹ Teniendo en cuenta el tamaño de las partículas y el nivel de contaminación, Sancho y su equipo pudieron estimar las reducciones viables dependiendo de cada zona y otros factores. Por ejemplo, el volumen de las muestras pertenecientes a las zonas 2-2, 3 y 6 podrían reducirse hasta en un 70 % mientras que las más contaminadas —correspondientes a la zona 2 donde se encontraban las trincheras, por ejemplo— solo lo harían en un 1 %.¹²

DEL TRATO VIP, LA PLANTA POTABILIZADORA Y EL PARQUE TEMÁTICO

A nivel local, todos estos movimientos diplomáticos y políticos alentaban la sensación de que quizá, después de tantos años de espera, algo iba a pasar de verdad. Y ello alimentaba la presión por conocer qué se negociaba a puerta cerrada por el miedo a que, como en el pasado, Madrid y Washington tuvieran la tentación de cerrar pactos a espaldas de la población local y de los legítimos representantes municipales. En cierta manera, era su obligación y no solo un capricho en el que algunos habían querido ver intereses ocultos.* Estados Unidos era perfectamente consciente —como por otra parte lo había puesto en práctica ya en 1966— de que lo fundamental era contar con el respaldo del alcalde de Cuevas del Almanzora, Jesús Caicedo, quien controlaba políticamente al pedáneo en Palomares, Juan José Pérez. El embajador Aguirre lo explica así a sus superiores en Washington en un telegrama confidencial:

Hay que asegurar el apoyo del alcalde de Palomares y, trabajando con el DOE, asegurarnos que recibe un trato VIP durante su viaje personal a Washington a finales de 2005. El alcalde, que podría haber causado obstáculos insuperables a la cooperación bilateral, apoya ahora completamente los esfuerzos del DOE y de la embajada.¹³

La revelación de la recomendación a Washington al filtrarse a la prensa los telegramas diplomáticos por WikiLeaks colocó a Caicedo en una posición delicada pero siempre rechazó haber hecho nada impropio y defendió la necesidad de mantener sus contactos con la embajada de EE. UU. en Madrid y con el CIEMAT como la única manera de defender los derechos de sus conciudadanos. «Los norteamericanos no pagan ni un café», respondió el regidor al respecto y mostró los billetes de avión que conservaba para demostrar que el viaje, con tres escalas para hacerlo más económico, la estancia y los gastos, los pagó de su bolsillo.

La idea, una vez allí, era visitar por cortesía a John Shaw [secretario adjunto del DOE, que estuvo en Palomares en septiembre de 2005]. Pero de VIP, nada, fui y volví en metro, y casi me pierdo: Mi interés es que se limpie Palomares, a mí no me compra ni deslumbra nadie.¹⁴

Más allá de esta anécdota, Caicedo continuó entrevistándose periódicamente con los embajadores estadounidenses para conocer la situación de primera mano. Al menos tenemos constancia de que se reunió varias veces con Alan Salomon, embajador estadounidense en Madrid entre diciembre de 2008 y agosto de 2013. Es conocida la anécdota con motivo de una recepción en la embajada de EE. UU., en la madrileña calle Serrano. Al llegar a la puerta, el alcalde dijo: «Buenos días... soy Jesús Caicedo, tengo una cita con el embajador». La recepcionista comprueba el registro de entradas y visitas y responde: «Llega usted temprano». El alcalde replica: «¿Temprano? ¡Llego casi 50 años tarde!».

Desde un principio Washington ha buscado la manera de resarcir o compensar a la población local del hartazgo de la historia nuclear. Aunque, la verdad, sin mucho éxito. Ya pocos recuerdan el primer esfuerzo. A finales de 1966, Laurin B. Askew, consejero de la legación americana en Madrid en esa época, analizaba con cierto desdén y acusado desprecio a los españoles algunas opciones. Entre ellas destacaba, «la posibilidad de un centro comunitario o una iglesia para el pueblo». Y es que el diplomático norteamericano tenía en estima al párroco de la localidad almeriense a pesar de considerarlo un metomentodo. «El buen padre de Palomares, aunque un poco entrometido, nos ayudó mucho a calmar el pueblo durante el período traumático inéditamente posterior al accidente. Y ha pedido insistentemente que hagamos una contribución para la nueva iglesia. Como sabes, pensamos que es aquí donde la asistencia de persona a persona, no oficial, sería muy bien vista, y nuestro plan es intentar evocar el interés del principal clérigo católico en EE. UU. para reunir fondos para una contribución privada.» En su propuesta, el consejero estadounidense defendía que anunciar la ayuda el mismo día del primer aniversario del incidente sería un gesto que «tendría un impacto más favorable y nos permitiría compensar cualquier publicidad desfavorable que pueda surgir siendo los aniversarios lo que son».¹⁵

Una vez abandonada esta opción, Askew reclama consejo a Washington. «Espero que puedas dedicarme unos minutos de tu tiempo para hablar sobre este persistente y pegajoso problema», dice en el telegrama que envía el 10 de noviembre de 1966. «Como ya sabes, hemos alcanzando la conclusión de que, en principio, los intereses de EE. UU. se atenderían mejor a través de un gesto gratuito que simbolice el reconocimiento oficial de Washington» a la ayuda que le ha prestado la población local. En este caso, plantea regalar una potabilizadora. Durante las operaciones de rescate y remediación, los americanos bebieron agua traída desde Estados Unidos. «Durante el funcionamiento del campamento Wilson, el agua potable para nuestro personal se obtuvo de los barcos de la Armada de EE. UU., y las necesidades de electricidad fueron proporcionadas por generadores portátiles de la USAF», reconoce Askew. En principio, el análisis es pesimista por el alto consumo de agua que requieren Palomares y Villaricos y que haría la desalinizadora extremadamente cara:

Y me preguntaría si una fuente de agua potable pura representaría una gran ayuda a ojos de los agricultores de Palomares, como podría parecer a primera vista. Después de todo (y lo admito de forma ligeramente frívola), para beber hay vino, y las necesidades de baño y lavado no parecen ser demasiado apremiantes; con lo que la principal demanda de una fuente de agua pura sería probablemente para riego. Si la fuente que pudiéramos desarrollar no fuera suficientemente para satisfacer esa demanda, podríamos estar comprando simplemente insatisfacción en lugar de gratitud. No obstante, si en Washington llegaran a la conclusión de que el agua es nuestra mejor apuesta, podríamos intentar reunir datos más definitivos.¹⁶

Y así ocurre. El 25 de junio de 1967, a ambos lados de una amplia mesa de caoba de una de la salas del Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Exteriores español, el ministro Fernando María Castiella y el encargado de negocios de la embajada de EE. UU. en Madrid, William Walker, rubricaban ante la atenta mirada de media docena de altos cargos un canje de notas diplomáticas que señalaba un gesto de buena voluntad por parte de Washington para los habitantes de Palomares: el regalo de una planta desalinizadora. Era un ansiado deseo de los habitantes de la zona hasta el extremo de que, casi por arte de magia, aparecía con letras grandes en varias de las pancartas que recibieron a Fraga y al embajador Duke antes de su famoso baño en 1966. Según lo estipulado, debería tener una capacidad de producción de 226 m³ diarios pero, como casi todo lo relacionado con el accidente, el tema tenía gato encerrado y más apariencia que realidad.

La prensa del momento resaltaba que, como resultado de un estudio concienzudo y de las conversaciones que los dos gobiernos habían mantenido, el regalo no sería completo.¹⁷ España financiaría la construcción de las instalaciones complementarias, así como un sistema apropiado de conducción y distribución con objeto de abastecer de agua potable a las localidades de Palomares, Villaricos, Garrucha y Mojácar, así como su mantenimiento y funcionamiento. La donación, «una prueba de aprecio y admiración» de EE. UU. por «la actitud generosa adoptada por los residentes de la zona al rescatar y salvar, tanto en tierra como en el mar, a los supervivientes del accidente». En principio, se trataba de una planta de desalinización de agua por compresión a vapor que debía estar construida en un plazo no mayor de 12 meses después de la firma del contrato con una empresa norteamericana. En total, EE. UU. donó para su construcción 150.000 dólares (unos 10,5 millones de pesetas de la época).¹⁸ Como casi todo lo relacionado con el accidente nuclear, el director de Asuntos Exteriores de América, Aguirre de Cárcel, reconoció en rueda de prensa tras la firma que las negociaciones se «habían llevado un poco en secreto para evitar especulaciones y esperanzas fallidas». Estas palabras fueron premonitorias.

Para ahorrar dinero, Washington quiso instalar en Palomares una planta de segunda mano que había retirado de Indochina, pero España puso el grito en el cielo y exigió que fuera nueva, más moderna y de mayor capacidad de desalinización. En 1981, tras más de diez años de haber sido construida, la instalación se encontraba en acelerado proceso de deterioro porque el coste de explotación habría de encarecer sensiblemente el agua potabilizada.¹⁹ Construida por los norteamericanos a unas decenas de metros del agua, muy cerca de donde estuvo ubicado el Campamento Wilson, nunca ha funcionado. La razón: su escasa rentabilidad, ya que el gasto de explotación encarecería sensiblemente el agua potabilizada. ¿Una inversión inútil? Cien millones muy mal invertidos.

La idea de un regalo para los habitantes de Palomares volvió a ser evaluada en 2009, pero para entonces ya no tenía sentido hablar de una planta potabilizadora.* «Palomares sufre un estigma social y económico. La historia no se puede borrar, pero hay que darle la vuelta para que lo que hasta ahora ha sido malo sea bueno», declaró el alcalde pedáneo en rueda de prensa al presentar oficialmente el proyecto de construir el Parque de las Civilizaciones Mediterráneas y sus Tecnologías —desde la Edad del Bronce hasta la Era Nuclear—. Caicedo respaldaba la iniciativa como recurso para ilusionar al pueblo. Lo prioritario es la limpieza pero, posteriormente, el pueblo merece «una compensación», dijo.²⁰ «Lo hecho, hecho está. No puedes borrarlo —opinó Caicedo—. Así que, ¿por qué no sacarle provecho?». El complejo, mitad museo y mitad área recreativa, se levantaría en la zona donde cayeron las cuatro bombas una vez limpiada completamente la contaminación atómica. El llamado a liderar el proyecto es el premio Príncipe de Asturias y codirector de Atapuerca Eudald Carbonell, y junto al propio alcalde afirman haber pedido a EE. UU. una carcasa de un B-52 para exponerlo²¹ y la desclasificación de fotografías y vídeos para utilizarlos en el museo. Junto al museo está previsto construir un parque temático que explique la evolución y las ventajas de la tecnología nuclear. El objetivo de este complejo «histórico, cultural y científico» sería atraer turistas y generar más empleo en la pedanía. La zona es ahora propiedad del CIEMAT y, por tanto, requeriría su consenso y participación. Por el momento, sus portavoces afirman que es prematuro hablar de ello y recuerdan que hay varias opciones sobre la mesa.*

16

Proyecto Indalo: ¿Ángel o demonio?

¿Ángel o demonio? Si existe un aspecto relacionado con la historia de las bombas atómicas de Palomares polémico este es, sin lugar a dudas, el conocido como Proyecto Indalo. ¿Podría haberse diseñado de otra manera? ¿Participar en él debería ser algo voluntario u obligatorio para generar datos fiables y trazables? ¿Es el CIEMAT, un centro de investigación, la institución ideal para dirigirlo en vez de una organización dedicada a la salud pública? Sea por haber empezado con mala imagen por su completo hermetismo, por la ecléctica personalidad de uno de sus principales promotores, el farmacéutico Emilio Iranzo, o por la falta de transparencia que ha jalonado su desarrollo, lo cierto es que es difícil obtener un consenso positivo sobre su utilidad y la valía de sus resultados. Para la mayoría, el Proyecto Indalo es responsable en buena medida de la agridulce percepción que se tiene sobre toda la actuación de las autoridades españolas y estadounidenses al respecto. Por ello, el balance después de 50 años de vida es contradictorio y con más interrogantes que respuestas tranquilizadoras. En lo que sí coinciden la mayoría es que los programas de vigilancia llevados a cabo bajo el paraguas del Proyecto Indalo —el de seguimiento de la salud de la población y la vigilancia ambiental del aire, suelo y animales— han aportado mucha información científica sobre las condiciones de vida en una zona contaminada con plutonio y confirmado las teorías de que el ser humano puede vivir en este tipo de atmósfera siempre y cuando los niveles de contaminación radiológica estén controlados y se conozca cómo afectan y evolucionan estos isótopos ante el cuerpo humano. No en vano, Palomares ha sido durante medio siglo un laboratorio nuclear a cielo abierto único en el mundo, donde el hombre ha podido vivir y trabajar sin problemas, si nos creemos el relato oficial. A partir de esta primera idea, el juicio final sobre su trabajo y si ha obtenido sus objetivos marcados, permanece en el terreno de lo opinable y de la interpretación. Para algunos es Ángel sin discusión, por el esfuerzo desplegado y la obtención de resultados: no hay constancia de afectados —sean enfermos o muertos— por la contaminación residual que existe, lo que se debe, en parte al menos, al constante seguimiento que se ha realizado de la zona y de los habitantes que viven en ella. Para otros sería Demonio porque ha servido como tapadera para que las autoridades españolas hayan podido manipular a la opinión pública en favor de un supuesto objetivo final oculto que no era otro que evitar un problema político con EE. UU. y el pánico social contra la energía atómica en general.

Una vez hecha esta pequeña introducción volvamos a la historia. En capítulos anteriores nos detuvimos a mediados de los años ochenta para relatar la lucha emprendida por la entonces alcaldesa pedánea de Palomares, Antonia Flores, en favor de una mayor transparencia sobre los resultados del Programa, lo que consiguió a medias, siendo optimistas: logró que por primera vez las autoridades españolas hicieran entrega uno a uno de todos los historiales médicos y clínicos con los resultados de los controles realizados durante los anteriores 20 años y que, por una decisión unilateral que pocos entendían, habían permanecido secretos hasta entonces.

Tras la jubilación de Eduardo Ramos, el primer jefe de la División de Medicina y Protección de la JEN a mediados de 1975, Emilio Iranzo, licenciado en Farmacia y que había crecido profesionalmente bajo su estela, asume la responsabilidad principal de la dirección del Programa Indalo, al que imbuye del carácter y personalidad que considera apropiados y que se caracterizan por una falta de transparencia y sensibilidad hacia la población local, unido al sigilo con el que rodeó todas las actividades y estudios al respecto. Esto alimentó el déficit de credibilidad hacia el Programa del que hoy todavía adolece, aunque con el paso de los años hayan cambiado las personas que lo han dirigido y el talante. La mayoría de los que lo conocen por dentro recuerdan que, en esencia, se trata de un proyecto de investigación sobre cómo vivir bajo los efectos del plutonio e, incluso, algunos fruncen el ceño al reconocer que —quizá, matizan— nunca ha tenido realmente ni pies ni cabeza. En cualquier caso, más allá de estilos, lo verdaderamente relevante es profundizar en las respuestas que el proyecto habría aportado. Recordemos que, además de las metas puramente científicas —recalquemos que para muchos fue y sigue siendo su verdadera y única utilidad—, el objetivo consistía en llevar a cabo un seguimiento sistemático dosimétrico y sanitario de la población local para detectar problemas de salud pública, así como una vigilancia radiológica ambiental para detectar y determinar los niveles de contaminación que se podían producir en el aire, plantas y animales en esa área. Si nos creemos la versión oficial, durante los últimos 50 años ninguna de las personas que ha pasado por los reconocimientos médicos ha sufrido efectos nocivos en su salud como consecuencia de los restos de las bombas termonucleares que cayeron sobre Palomares. La afirmación, sin embargo, no la comparten muchos lugareños, científicos y expertos por entender que se han falseado o rechazado los resultados que no interesaban o, simplemente, no se han medido o analizado aquellos que podrían contradecir la versión oficial. Para el primer caso, los críticos argumentan que con frecuencia el CIEMAT ha desestimado resultados positivos a la contaminación ionizante por entender que podrían ser consecuencia de causas externas y, para el segundo, se preguntan por qué las autoridades españolas han desacreditado aquellos informes que no les convenían —como el de los científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre plancton contaminado en el Mediterráneo—* o, simplemente, habían obviado recopilar las estadísticas necesarias para, por ejemplo, analizar con perspectiva los casos de cáncer de residentes o personas que viven habitualmente en Palomares. Para un inexperto en la materia, todos y ninguno pueden tener la razón porque, frente a estas acusaciones de los críticos al programa, los responsables del CIEMAT siempre han mantenido que los resultados de las pruebas y medidas nunca han estado por encima de los límites permitidos por la ley española y el regulador, en este caso el Consejo de Seguridad Nuclear, responsable de determinar los niveles admisibles, lo ha respaldado en sus informes. En cualquier caso, si no hubiera nada que ocultar, los directivos del CIEMAT podrían haber adoptado desde un principio una actitud más transparente y abierta hacia la opinión pública, e informar periódicamente de los resultados de los seguimientos, respetando, por supuesto, la privacidad de los participantes y todas las regulaciones oficiales en materia de protección de datos.

IRANZO CUENTA EN EL EXTRANJERO LO QUE CALLA EN ESPAÑA

Un ejemplo evidente de esta falta de transparencia que ha caracterizado gran parte del desarrollo del Programa Indalo queda reflejada en las reticencias defendidas por Iranzo a la hora de facilitar a la alcaldesa pedánea de Palomares, Antonia Flores, a mediados de la década de los ochenta, las informaciones y los datos sobre las mediciones de las radiaciones recogidas hasta entonces. Esta cicatera actitud contrasta sin embargo con la elocuencia mostrada durante esos mismos años por el propio Iranzo fuera de las fronteras españolas donde era reconocido como uno de los máximos expertos europeos en protección radiológica. No era para menos. Durante cerca de 20 años tuvo a su disposición un laboratorio privilegiado con el que experimentar e investigar todo lo relacionado con la contaminación nuclear y sus repercusiones en el ser humano. Es más, representó a nuestro país en el prestigioso Comité de Protección Radiológica y de Salud Pública de la Agencia Nuclear de la OCDE lo que contribuyó a convertirle en una referencia internacional en este campo. Por todo ello, es imposible reconstruir la historia de Palomares sin hablar de Iranzo. Suyo es el «relato oficial» que ha dominado la narrativa en el siglo XX en relación con Palomares y suyos son también los intentos de manipulación o de tergiversación de la realidad en relación con lo ocurrido allí. El mensaje es siempre el mismo e inamovible: «todo está controlado en Palomares» y «no pasa nada en Palomares». ¿La prueba? Basta con hacer una búsqueda de artículos o conferencias suyas en español en las que explique las conclusiones de sus investigaciones. El resultado es bastante desalentador. Por no encontrar, ni siquiera es fácil localizar una fotografía suya publicada en diarios generalistas o en las propias publicaciones del CIEMAT. Sin embargo, las bases de publicaciones en inglés recogen una lista de al menos ocho artículos científicos fechados desde finales de los años ochenta y hasta los noventa, en su mayoría resultado de conferencias e intervenciones en prestigiosos congresos y simposios internacionales. Curiosamente, ninguno de ellos fue recogido en su momento por la prensa española a pesar de la información exclusiva que revelaban, lo que mantuvo a la opinión pública de nuestro país en una completa desinformación sobre lo que estaba realmente pasando en esa localidad almeriense.

Volviendo al tema de los años ochenta, Iranzo rechazó informar a Flores y a los medios de prensa españoles sobre las mediciones de las estaciones de vigilancia radiológica que ya mostraban claramente —a partir de 1979 y al menos hasta 1980— que se estaba produciendo una resuspensión de plutonio-239 y plutonio-240 como consecuencia de la reactivación agrícola —en especial a partir de 1974 en la zona 2-2 que había sido arada para transformarla en parcelas para cultivos intensivos—,* lo que podía tener una clara incidencia en la salud de la población que vivía y trabajaba en el área. Al mismo tiempo, no tuvo ningún reparo en aportar infinidad de datos concretos e incluso gráficos sobre este asunto durante la conferencia que pronunció en la vigesimonovena reunión internacional de la Sociedad de Médicos de la Salud celebrada en Nueva Orleans (EE. UU.) entre el 3 y el 8 de junio de 1984 en la que reveló los resultados oficiales obtenidos tras 14 años de trabajo (1966-1980), tanto en relación con las dosis acumuladas en varios tipos de órganos humanos en tres grupos de personas escogidos que habían inhalado continuamente Pu-239 y Pu-240, como respecto a la concentración media anual de plutonio en el aire durante el mismo período.¹ En el apartado de conclusiones, el técnico español reveló sin muchos reparos que todas las mediciones realizadas durante esos años, con la excepción de las correspondientes a la zona urbana durante los años 1971, 1972 y 1975, excedieron el límite de detección estipulado (1,9 × 10-6 Bqm–3) (Gráfico 1). Según los datos aportados por el representante español, los pulmones eran los órganos que habían acumulado mayores dosis desde 1966. Para los habitantes que vivían en la zona urbana (donde cayó la bomba 3), la dosis acumulada era de 13,9 x 10–2 mSv, lo que equivalía a un 0,28 % del límite anual para este órgano y del 1,7 % de la dosis pulmonar límite anual. Para la zona 2-2 —cercana a donde hoy se encuentran las bolsas de agua y que podemos considerar como el «grupo crítico»—, la dosis acumulada en los pulmones resultó ser de 2,04 mSv, un 4,12 y 24,5 % de los límites indicados. Todos ellos por debajo del nivel considerado seguro, aunque Iranzo dejaba claro que estaba ocurriendo algo preocupante que requería atención inmediata.* Para el resto de órganos, es decir, esqueleto, hígado e intestinos, las dosis anuales acumuladas estuvieron por debajo de las sustancias recogidas en el caso de los pulmones, lo que era bastante previsible si el problema —como todo indicaba— se concentraba en la inhalación de aerosoles de plutonio resuspendidos en al aire.

Los datos referidos a las partículas de plutonio en la atmósfera también dejaban claro que a partir de 1977 se observaba un incremento significativo en la zona 2-2 (donde se había roto la bomba número 2) e incluso en la más cercana al sector urbano. Sin preocupaciones, Iranzo es claro en este punto: «El aumento de la resuspensión está relacionado, como se puede comprobar, con las operaciones de transformación de terrenos cultivables situados en la zona 2 que nunca habían sido cultivados o, al menos, nunca desde el accidente, debido a tratarse de zona montañosa cubierta por vegetación salvaje de poca calidad».² La siguiente tabla incluida en el citado artículo del técnico español de 1984, además de mostrar la evolución de la contaminación y dejar claro las preocupantes medidas registradas antes de 1967 y a partir de 1977, revela que de las cuatro estaciones para mediciones que se instalaron en 1966, dos de ellas dejaron de funcionar en 1969 aprovechando la desidia de las autoridades españolas que no se preocuparon en repararlas o sustituirlas.

PALOMARES MÁS RADIACTIVA QUE NUEVA YORK

La conferencia de 1984 no fue una excepción. Tres años después, a finales de julio de 1987, y aun manteniendo un total mutismo dentro de España, Iranzo vuelve a pronunciar otra conferencia en un foro internacional que titula sin tapujos: «Contaminación con Plutonio: 20 años después del accidente con armas nucleares en España». En este caso, la disertación la presenta junto a Chester Richmond, científico del Laboratorio Nacional Oak Ridge de Estados Unidos y encargado del programa de Palomares en el DOE. La ocasión elegida es el octavo Congreso Internacional de Investigación Radiológica que se celebra en la ciudad escocesa de Edimburgo. La conferencia, que es pronunciada como todas las demás después de ser aprobada por EE. UU. siguiendo lo estipulado en el acuerdo Otero-Hall, es relevante porque representa la primera vez que un representante español explica con detalle los criterios adoptados en 1966 para la limpieza de las zonas contaminadas. También aporta información sobre la salud de los residentes de Palomares que han pasado exámenes clínicos. Supuestamente los datos deberían coincidir con los entregados por la Junta a la alcaldesa Flores un tiempo antes ya que ambos se refieren a datos hasta 1985. Sin embargo, los números no coinciden, lo que alimentó la confusión sobre la veracidad de toda la información oficial facilitada por el CIEMAT y el CSN. Según Iranzo y Richmond, hasta 1985 se examinaron al menos una vez un total de 646 personas, cerca del 75 % de los residentes de la zona (el censo de 1978 concedía a Palomares una población de 767 habitantes, prácticamente la misma 15 años después del accidente nuclear). En comparación, los datos facilitados por la Junta en esas fechas señalaban que las personas que habían dado positivo en los estudios radiológicos ascendían a 570 y evita cuidadosamente especificar su gravedad aunque deja entrever que fue leve. Por otra parte, se limita a afirmar que ninguna «ha mostrado sintomatología ni enfermedad alguna que pueda considerarse achacable a la contaminación residual».

Gráfico 1. Frecuencia de concentraciones de Pu-239 y Pu-240

que exceden el límite de detección (1,8510(–6) Bq m(–3)) durante

el período 1966-1980

Fuente: Iranzo, 1984.

Después de pensarlo mucho, Iranzo y Richmond aseguran que aunque se han llevado a cabo distintos exámenes médicos para detectar restos de plutonio, los más precisos son los exámenes de orina y el detector de «contador de cuerpo entero» «que ha sido calibrado internacionalmente hace varios años». Detallan que la mayoría de las personas han facilitado una sola muestra de orina (216 de los 767), lo que quiere decir que en los primeros 15 años solo un 40 % de los controlados habían viajado dos veces a Madrid para pasar los exámenes médicos o sus muestras fueron consideradas válidas. De los 1.155 bioensayos de plutonio obtenidos hasta 1985, 10 personas facilitaron ocho muestras y 21 seis. De este total de ensayos, 1.069, equivalentes a 92,3 %, mostraron contaminación por debajo del nivel de detección (0,37 mBq/day — 10fCi/day).³ Según los estudios realizados por ambos científicos, el nivel de contaminación anual durante el período analizado —en este caso 18 años— utilizando el examen de excreción de plutonio fue de 0,48 Bq/year (13 pCi/ year), equivalente al 1 % del límite anual fijado por las autoridades españolas. La dosis efectiva de media anual inhalada por los habitantes de Palomares se calculó en 0,042 mSv (4,2 mrem), en línea con la dosis de aire contaminado con Pu respirado por un residente de este pueblo⁴ (Gráfico 2).

Gráfico 2. Estimación de dosis efectiva basada en datos

de la excreción de orina y asumiendo la inhalación de Pu

en el momento del accidente

* Se asume que es negativo.

MDA del proceso radio químico es 0,37 mBq (10 fCi) Correspondiente a 18 mSv (1,8 rem)

Fuente: Iranzo/ Richmond, 1987.*

Los dos científicos aportan, asimismo, una comparación de la concentración de plutonio con la registrada en otros dos lugares del mundo (uno en Estados Unidos —Nueva York— y otro en Europa, un lugar no identificado en el norte de Italia, concretamente) y dos estaciones en Palomares para el período de 9 años (de 1966 a 1974). Es curioso que Iranzo aprobara la inclusión de estos datos pues, como él mismo reconoce, muestran con claridad una mayor concentración de plutonio en el área 2-2 de Palomares en comparación con el resto de ciudades. Los datos referidos a las mediciones del centro urbano de Palomares son similares, podríamos decir, a los obtenidos en Nueva York y noroeste de Italia después de los procesos de remediación de 1966. Sin embargo, los datos referidos al área 2-2 muestran valores muy superiores hasta el extremo de superar en un 400 % los registrados en la ciudad de los rascacielos ese mismo año. Tras estabilizarse a principios de los años setenta, aumentan de nuevo para esta zona en 1972 y 1978 a valores 6 y 10 veces superiores a los detectados en comparación con Nueva York o incluso en relación con el norte de Italia (Gráfico 3).

Gráfico 3. Concentración médica de plutonio en el aire en

varias ciudades y zonas (Bq/m³)

* Nivel de detección mínimo.

Fuente: Iranzo/Richmond, 1987.

Iranzo y Richmond explican, por otra parte, las medidas adoptadas para determinar la contaminación residual en la vegetación, especialmente en las plantas, lo que es básico para luego estudiar su posible transmisión a humanos. Reconocen, sin embargo, que el estudio no ha sido sistemático hasta 1978 y que, quizá por ello, señalan que «los datos sugieren que la contaminación ha sido, para la mayoría de los casos, externa» y a la vez subrayan que parece claro, por otra parte, que los niveles más bajos se registran en las porciones pequeñas (menos de 3 kilos). Según estas estadísticas, para alcanzar el límite de óxido de Pu permitido (200 kBq / 5,4 Ci), sería necesario ingerir 7 millones de kilos de tomates o 235.000 kilos de cebada en grano por año, lo que les hace afirmar con rotundidad que «la ingestión de Pu por esta vía claramente no representa un problema de salud pública»⁵ (Gráfico 4). Sin embargo, al mismo tiempo, tampoco tienen problema para reconocer —eso sí ante una audiencia científica extranjera y no española— que la vegetación salvaje que crece cerca de la zona de impacto de la bomba número 2 se encuentra «normalmente contaminada». Por ejemplo, destaca, el esparto concentra una media de 575 Bq de plutonio por kilo (155 pCi/kg) con un máximo valor detectado de 26 kBq Pu/kg (0,70 Ci/kg). Asimismo, aportan también por primera vez un gráfico con los datos y las medidas (Gráfico 4):

Gráfico 4. Concentración de plutonio en cultivos de Palomares

* Cero o por debajo del nivel de detección.

Fuente: Iranzo/Richmond, 1987.*

La dinámica del seguimiento de la descontaminación de los suelos es explicada en la conferencia y se asegura que hasta esa fecha se habían realizado 2.160 análisis de muestras hasta una profundidad de 45 centímetros. Todos ellas, excepto la referida a la zona 2-1, son áreas cultivadas ya en ese momento por los agricultores locales. «Plutonio se encuentra solo a partir de los 15 centímetros de profundidad en aquellas tierras cultivadas», afirman los científicos poniendo de manifiesto dos cosas: la manera en la que se habían «limpiado» los terrenos en 1966 —enterrándolos a partir de esa profundidad— la primera; y la segunda, que era completamente falsa la declaración del general Wilson de que habían dejado Palomares tal como estaba antes del accidente nuclear. Es más, la contaminación residual es tan significativa que en el caso de la zona 2-1 los valores se refieren a los primeros 5 centímetros de profundidad y, aun así, registran restos de contaminación similares al resto de áreas. Para las parcelas más cercanas al lugar del impacto de la bomba 2, los valores que se encuentran son del orden de 20-50 Bq/g (0,54-1,35 nCi/g). «Los niveles más altos de contaminación fueron encontrados en tierras no cultivadas entre pequeñas lomas a unos 1.500 metros al suroeste de la ciudad», concluyen Iranzo y Richmond.⁶ Para los registros de plutonio y americio recogidos en esa época se puede consultar el siguiente gráfico (Gráfico 5).

¿MÁS CÁNCER EN PALOMARES POR CAUSA DE LAS BOMBAS?

Una de las afirmaciones más frecuentes que se escuchan cuando se visita Palomares es el supuesto alto número de personas

Gráfico 5. Concentración de plutonio y americio en las zonas

de terreno de Palomares (concentración Bq/g)

* Cerca de 12pCi/g.

Fuente: Iranzo/Richmond, 1987.

que han fallecido por cáncer o lo sufren o tienen leucemia y que los lugareños achacan directamente al accidente nuclear y la contaminación residual que ha quedado desde entonces. Las autoridades españolas y del CIEMAT, en concreto, justifican no haber realizado un seguimiento de este tipo por varias razones, entre ellas estimar que es complejo por requerir el consentimiento de los familiares para conocer las causas de los fallecimientos. Sin embargo, al menos en dos ocasiones sí se han reunido datos al respecto y, en ambas, las conclusiones pueden interpretarse en el sentido de desmentir lo que sería leyenda urbana. Curiosamente, el primer estudio que analiza las causas y la evaluación de los fallecimientos de los habitantes de Palomares es oficial y fue confeccionado por la propia Junta de Energía Nacional en octubre de 1985.⁷ El documento fue remitido por el presidente del CSN, Francisco Pascual —que también dirigió la JEN en los años setenta— al Congreso de los Diputados e incluye un estudio epidemiológico de las defunciones en el área de Palomares en comparación con otras localidades para control. Los datos* concluyen que no existen pruebas estadísticas que demuestren una mayor incidencia de cáncer en la zona si lo comparamos con la media nacional (Gráfico 6):

A partir del análisis estadístico de los fallecimientos producidos en la zona y de las causas que los ha motivado, se ha deducido que el porcentaje acumulado de fallecimientos en función de la edad es comparable a la correspondiente a España y que el porcentaje de defunciones debidas al cáncer y leucemia es conjuntamente el 13,45 %; este valor es comparable al 15,53 %, correspondiente a la media nacional de defunciones por cáncer.⁸

Gráfico 6. Causa de fallecimiento de los habitantes

de Palomares en el período 1966-1984

Fuente: Informe del CSN al Congreso de los Diputados, 1985.

A continuación, menciona dos casos que, según su criterio, refuerzan la versión de que la población del lugar no «han mostrado sintomatología ni enfermedad alguna que pueda considerarse achacable a la contaminación residual», y recuerda que se ha confirmado que el porcentaje acumulado de fallecimientos en función de la edad en Palomares es comparable a la media registrada en España. Respecto a los fallecidos por leucemia, menciona 3 casos que no considera relacionados con el accidente nuclear: un varón de 22 años que murió en Barcelona en 1972, una mujer en Palomares a los 21 años en 1979 y otro varón también en Palomares en 1980 a los 9 años. Este último había nacido en Francia, donde vivió con sus padres, hasta que se trasladó al sur de Almería ya enfermo para fallecer un año después.

El segundo estudio de que disponemos es de noviembre de 2005 y fue elaborado por el doctor Pedro Antonio Martínez Pinilla, un experto en patologías relacionadas con la radiación por partículas alfa, pero adolece de la falta de un seguimiento adecuado de la morbilidad y la mortalidad en Palomares por parte de fuentes oficiales. En la introducción, el doctor señala las dificultades que tuvo para confeccionarlo porque a partir de 1994 se le vetó la toma de datos del Registro Civil de Cuevas del Almanzora, aduciendo razones de privacidad. Al final, con la ayuda de varias personas del lugar, logró completarlo aunque requirió más de 12 años de investigación.⁹

En sus conclusiones, Martínez Pinilla señala que en un primer análisis epidemiológico —válido para el período comprendido entre 1946 y 1985— no se observó incremento en las defunciones tumorales atribuible a las radiaciones en Palomares, mientras que en el segundo —para los años 1986 y 1990— podía observarse un riesgo relativo mayor de 4,15 «quizá por haberse superado el hipotético período de latencia de 20 años. No obstante —advierte—, hay que apuntar que trabajamos con muestras muy pequeñas, susceptibles de estar influidas por el azar. Cualquier análisis epidemiológico debe estar basado en el método científico, en el rigor y en la máxima posible ausencia de sesgos».*

El doctor comenta en el documento que la radiación producida por los isótopos de plutonio-239 y 240 en forma de partículas alfa y en las concentraciones registradas en el área de estudio era muy débil e incapaz de atravesar una simple hoja de papel; pero advirtió que precisamente es esta supuesta «inocuidad a corto plazo» la que equivoca a los que se empeñan en establecer «rangos permisibles para la salud», lo que carece de sentido cuando la principal característica de este tipo de radiación es su carácter acumulativo dentro de las cadenas tróficas y en elementos inorgánicos, como el agua, el suelo o el aire. Según Pinilla, la mayoría de los estudios sobre radiación prolongada ante partículas alfa indica que la incidencia sobre las poblaciones humanas y de otros vertebrados superiores y también longevos no presentan signos patológicos hasta pasados unos 20 años. Es entonces cuando los efectos de la exposición al factor de riesgo —en este caso la radiación— pueden llegar a desencadenar procesos neoplásicos en los individuos. En resumen, «que en los 20 años posteriores a la caída de las dos bombas de fusión no se observó un aumento de las defunciones tumorales que pudiese ser atribuido a las radiaciones, mientras que, superado este período de 20 años, empezaron a aparecer cánceres de forma alarmante, que produjeron la muerte con un riesgo atribuible (fracción etiológica) de 0,76 y con un riesgo relativo bruto (razón de tasas) de 4,15».

Gráfico 7. Número de tumores por lugar en el período

1966-2005

Fuente: Análisis Epidemiológico de Palomares, 2005.

Aun así, el número de tumores registrados en Palomares respecto a otras zonas para esos períodos tampoco muestra con carácter definitivo una mayor incidencia de esta enfermedad entre los habitantes de Palomares a pesar de que en el segundo análisis epidemiológico, correspondiente al período comprendido entre 1986 y 1999, sí se observó un aumento del riesgo relativo de aquellos que viven en esa pedanía almeriense frente a los que habitan en la ciudad testigo o de control (Guazamara). Sin embargo, las fluctuaciones registradas pueden ser causadas por múltiples razones y el propio Martínez Pinilla resalta que ha tomado como factor de riesgo el hecho de vivir en Palomares, «cuando —agrega— sería más exacto el tiempo real y la dosis de exposición de cada individuo, para así poder calcular el verdadero tiempo en riesgo, dato del que a nosotros nos es imposible disponer».¹⁰

PERSONAS CON PLUTONIO PERO SANAS

La falta de datos e informes comprensivos sobre los resultados de los análisis médicos y clínicos realizados a los habitantes de Palomares durante los últimos 50 años no ayuda a consolidar la confianza sobre la veracidad de la versión oficial en la opinión pública local y nacional. La población, en términos generales, es suspicaz especialmente cuando se trata de temas relacionados con la energía atómica (bien por ignorancia o por miedo irracional). Y eso, a pesar de que una y otra vez los máximos responsable del Consejo de Seguridad Nuclear y el CIEMAT han reiterado que no han detectado ninguna incidencia de salud anormal derivada de los residuos atómicos que aún permanecen en los terrenos afectados por el accidente aéreo de 1966. Sería suficiente a modo de prueba recordar lo que el Centro publica en su última memoria de actividades correspondiente al año 2014:

Se realizaron los exámenes médicos y controles de bioeliminación en orina de 24 h para la determinación de Pu-239 y Pu-240 no detectando patología alguna que pueda ser directamente atribuible a la incorporación de elementos transuránicos provenientes de la contaminación residual de la zona y comprobando que los productos de cultivo y de origen animal obtenidos en el área son aptos para su comercialización y de consumo. Se ha concluido que la concentración de actividad de Pu-239 Pu-240 obtenida en filtros de aire en 2012 y 2013 es menor que los niveles de referencia. Igual respecto a las muestras de agua y sedimentos. Se ha realizado la calibración de sistemas para el análisis de muestras de suelo y cenizas para la medida de Am-241 en suelos y cenizas.¹¹

Una vez dicho esto aparecen los peros. El más importante deriva de la confusión e incluso de las contradicciones en las que incurren los datos que las propias autoridades españolas han difundido y que, como poco, no contribuyen a superar las dudas que puedan existir sobre su consistencia. El primer problema se genera por la discrepancia que se detecta en la información que el CIEMAT ha difundido sobre el alcance y el número de personas de Palomares que han sido sometidas de forma voluntaria a análisis para comprobar si habían estado expuestos a radiaciones. El segundo, reside en la propia interpretación de los resultados. Para evitar el pánico o malentendidos, la versión oficial está muchas veces cogida por los pelos y enmascarada en un lenguaje técnico farragoso y poco claro. Dar positivo, por ejemplo, no implica estar enfermo o estar en riesgo, pero no es fácil comunicarlo con sencillez para que todo el mundo lo entienda. Pongamos un ejemplo: «No hay ninguna evidencia de patología directamente relacionada con el accidente, incluso en aquellas personas que presentan algún resultado dosimétrico por encima del límite de detección».¹² Traducción: hay personas que han dado positivo por contaminación con plutonio pero los médicos estiman que esta no está relacionada con la radiación residual ligada al accidente sino, probablemente, a la que existe en el medio natural, por otras razones, teniendo en cuenta que el plutonio es un elemento artificial creado por el hombre en el laboratorio.

Otro elemento de confusión se refiere a las declaraciones oficiales respecto al número de personas que han pasado anualmente los reconocimientos médicos (RM) y controles de bioeliminación (CBE) de manera voluntaria y que, según estas fuentes, rondan las 150 personas. Estos controles, que se realizan en las propias instalaciones del CIEMAT en Madrid, son muy exhaustivos ya que incluyen un examen estándar que consta de historia clínica, reconocimiento físico general, análisis hematológicos y de orina, pruebas de la función pulmonar, electrocardiograma y pruebas de visión y oído, además de un control de bioeliminación de plutonio y americio en orina. Resumamos la información sobre el número de personas que han pasado estos controles para validar su coherencia y comparar:

– En 2003, el Gobierno afirmó en respuesta a una pregunta parlamentaria que hasta esa fecha un total de 973 personas habían pasado los reconocimientos y controles —alrededor del 90 % de las mismas dos o más veces—. De las 3.993 muestras de orina analizadas, un 4 % dieron positivo a plutonio —tasa inferior a la dosis media de la población en general— y todas las medidas dosimétricas concedieron resultados negativos a estas sustancias.* Tengamos en cuenta que en este caso se habla de controles de eliminación con medias de radiactividad corporal y al comparar valores de excreción de plutonio en controles de eliminación con dosis a la población.

– Años después, en un folleto divulgativo que el CIEMAT publica en 2013 se afirma que hasta 2009 el número de personas que han sido monitorizadas asciende a 1.077 y el de exámenes médicos y de dosimetría interna por bioeliminación realizados ha sido de 5.029. Por otra parte, asegura que todos ellos no han mostrado resultados que hagan sospechar una morbilidad específicamente inducida por las radiaciones ionizantes.**

– Y, por último, con motivo de un Congreso Internacional, un representante del CIEMAT recapituló los datos de que se disponía hasta el año 2010. En este caso, las personas que han sido controladas son 1.073 y de ellas, 119 han mostrado resultados positivos a la contaminación por plutonio. De las 5.004 muestras analizadas, dan positivo a plutonio un 3 % —154 en números absolutos.*

No hace falta saber muchas matemáticas para darse cuenta de que las cuentas no salen. ¿Cómo es posible que en 2003 el número de personas examinadas fue de 973 y seis años más tarde aparece 1.077 si cada año se controlan alrededor de 150? Puede ser porque haya personas que durante esos seis años han podido ir a Madrid una o varias veces y que los datos se refieran a personas distintas y no al número total de habitantes que han sido analizados ni tiene por qué coincidir con el número de control de bioeliminación realizados. Hay constancia de que algunos han realizado estos controles de forma reiterada durante ese período, especialmente menores (12-13 años) y sus acompañantes, normalmente sus madres, que venían consecutivamente dos años seguidos. Esto quiere decir que pueda haber personas que tengan solo un único control de bioeliminación y otras con más de 10. Más aún. Si los 150 anuales se hubieran cumplido y contabilizamos desde 1966 hasta 2010, la última fecha de la que tenemos datos disponibles, estaríamos hablando de que en total la JEN y el CIEMAT habrían controlado durante ese período a entre 6.100 y 6.600 personas. Sin embargo, la cifra oficial no supera las 1.100. Lo primero es señalar que el CIEMAT afirma que realiza aproximadamente 150 controles de este tipo al año, lo cual no quiere decir que necesariamente sean 150 personas distintas cada año. Podemos plantear varias explicaciones para entenderlo. Por ejemplo, se han perdido los registros de algunos años —aunque fuentes del centro afirman que no consta que haya ocurrido—; no se hicieron ese número de exámenes durante algún período o, incluso, si es cierto que todos los años se efectuaron análisis, la muestra en algunos de ellos ha sido muy inferior a los 150 lo que, en parte, queda demostrado según consta en algunos de los documentos españoles enviado en su momento a Washington y desclasificados por EE. UU. al autor. De estas hipótesis existen datos que prueban la validez de estos planteamientos. Los documentos disponibles señalan que durante 5 años no se realizaron controles de bioeliminación; otros años, se llevó a cabo un único CBE —en concreto en tres años durante este período— y en otros, el número fue muy inferior a los 150. De acuerdo con fuentes del CIEMAT, podría decirse que la cifra de aproximadamente 150 controles de bioeliminación —que, recordamos, no requiere decir personas distintas— se estandariza a partir de 1982.

Las discrepancias abren otros interrogantes de difícil respuesta por la falta de cooperación de las autoridades españolas. ¿Si los números total no cuadran, son creíbles los referidos a positivos? ¿Cuántos positivos han sido descartados por contaminación externa y otras causas? El CIEMAT ha explicado que, de forma general, se puede decir que todos los controles de bioeliminación con valor positivo —cuantificado, en lenguaje técnico— obtenidos en 1966 se han considerado contaminación externa de la muestra: 111 CBE positivos correspondientes a 56 personas. En otros casos, valores positivos en un CBE obtenidos en otras fechas posteriores también se han podido considerar contaminación externa si la función de excreción de plutonio de la persona en cuestión así lo indica. Cada caso ha sido evaluado individualmente, explican. Sin embargo, el CIEMAT no concluyó hasta el año 2012 la informatización de toda la información personal dosimétrica recogida desde el año 1966 y, aun así, en esa época carecía de una base de datos (aplicación Indalo) que recogiera dicha información, así como todos los registros de los controles médicos realizados hasta la fecha.

Otra duda importante se refiere a cuándo se han producido los positivos y aquí el CIEMAT tampoco ha sido transparente. De las 154 personas que hasta 2010 habían dado positivo con trazas de plutonio desconocemos datos relevantes para poder extraer conclusiones. ¿Cuántos de estos positivos se han producido en los últimos tres? No es igual que los restos de plutonio se hayan encontrado en 1966 que recientemente, porque el plutonio se expulsa a través de la orina y, por ello, se analiza esto para calcularlo. En este caso, reforzaría la preocupación de poder ser contaminados en la actualidad como consecuencia de la resuspensión de partículas u otra razón. Sí se sabe, sin embargo, que de esas 154 personas que en los últimos 40 años han inhalado o ingerido plutonio o americio la mayoría (91) han dado solo una vez positivo —equivalente a un 59 %—; un 14 % —22 personas— dieron dos veces positivo, 5 personas tres y solamente 1 ha dado cuatro veces positivo.* Según el CIEMAT en los últimos tres años (período 2010-2012) se han realizado 411 controles (CBE) a un total de 356 personas, habiéndose detectado dos positivos correspondientes a 2 personas diferentes. Tampoco tenemos información sobre edades, lugar de residencia concreto —¿cerca de donde cayó la bomba 3? ¿agricultores que trabajan en las zonas agrícolas próximas a la zona 2?— y profesión que ejercen. En este sentido, una investigación elaborada por Asunción Espinosa, responsable de proyecto en el CIEMAT durante parte de los años 2000, concluyó que si la persona era un trabajador agrícola residente en Palomares la dosis recibida de plutonio sería 1,3 veces superior a la de un habitante del centro urbano.** O al menos eso concluyeron sus estudios.

De acuerdo con el resumen del Proyecto Indalo correspondiente a 2002, uno de los escasos documentos de este tipo que se conocen porque estos informes no se publican a pesar de que el centro los remite semestral y anualmente al CSN, el CIEMAT analizó ese año a un grupo de 149 personas y, de ellas, tres mujeres —de 64, 26 y 52 años— registraron valores positivos en su orina, lo que demuestra que la contaminación sigue produciéndose y no es una cosa del pasado. La mujer mayor había dado negativo en las cinco anteriores ocasiones que había sido controlada y, en este caso, registró una medida relativamente pequeña (0,7 mBq). Más preocupantes resultaron los otros dos casos. La joven de 26 años mostró una contaminación equivalente a 2,8 mBq y en el pasado solamente una de las seis veces que había pasado la revisión médica había dado también positivo. Finalmente, una mujer de 52 años mostró una contaminación «relativamente alta» tanto de plutonio como americio, según las palabras del propio informe del CIEMAT, (97,3 mBq en el primer caso) que señala —como en otras ocasiones similares— que no puede descartarse que se trate de una contaminación externa. A pesar de la gravedad del caso, los médicos del CIEMAT responden siguiendo el protocolo que establece que se solicite a la persona que regrese al año para continuar con el control, sin ningún tipo de precaución o medida adicional. El informe señala, asimismo, que el porcentaje de valores para el período 1967-2001 es del 3,4 % (144 casos positivos frente a un total de 3.693 controles), lo que concuerda con los últimos datos ofrecidos por los representantes del CIEMAT.*

En el año 2012, el CIEMAT modificó sin muchas explicaciones el proceso de selección de los habitantes de Palomares que pudiesen realizar estos controles anuales al entender que el proceso de elección que hacía hasta el momento carecía ya de sentido. Hasta entonces, era el propio centro el que elegía a las personas —mayores y niños— que debían viajar a Madrid durante dos días para estructurar el análisis con un grupo de control y otros de riesgo, como puede ser el de los agricultores, que están más expuestos a las radiaciones residuales. Sin embargo, en abril de ese año se comunicó que a partir de esa convocatoria el CIEMAT abriría el sistema para apuntarse a todo aquel que cumpla los requisitos que se indican en la convocatoria como, por ejemplo, aquellas personas que residan o trabajen en Palomares con al menos un año de antigüedad a la fecha en la que acuden a pasar los reconocimientos y controles. Desde entonces, son los propios ciudadanos los que deben apuntarse en una lista que permanece abierta desde que se hace la convocatoria en primavera hasta finales de otoño.

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Rajoy arranca a Obama

un compromiso con interrogantes

El 20 de noviembre de 2011, los españoles son llamados a las urnas y eligen por mayoría absoluta al candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, como sexto presidente del gobierno de España de la democracia. En Palomares nada cambia y, en el caso del CIEMAT, tampoco afecta a su dirección general donde se mantiene Cayetano López que no dejará de seguir intentando construir a partir de lo logrado en la etapa anterior. Sin embargo y como era previsible, el cambio del Ejecutivo español ralentiza los posibles progresos con un Estados Unidos que continúa reticente. Han pasado ya dos años de dar largas por parte de Washington que sigue sin pagar por los controles en los terrenos contaminados ni las supervisiones médicas de los habitantes. Todos estos gastos han corrido a cargo del presupuesto del CIEMAT y ni la población ni el medio ambiente han dejado de ser controlados por dicho organismo sin ninguna reducción frente a las etapas anteriores. Los ecologistas dan la voz de alarma. Francisco Castejón, representante de Ecologistas en Acción, doctor en Física Nuclear y miembro de la Unidad de Teoría del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT, lo sostiene con claridad:

Estamos ante una carrera contra el tiempo. Hay que actuar, y ya. Palomares es una de las zonas más contaminadas de Europa. Según pase el tiempo será más peligroso pasear por Palomares.¹

Pero, a pesar de ello, el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, tiene que esperar unos meses para retomar los contactos con los norteamericanos sobre Palomares, tema que, por otra parte, va paralelo al despliegue de los buques que forman parte de la Defensa Antimisiles en la base de Rota. Aprovecha, como sus dos predecesores en el puesto, la primera reunión con Hillary Clinton para volver a presentar la necesidad de tomar una decisión al respecto. Esta tiene lugar el 4 de febrero de 2012. Al concluir el encuentro, celebrado durante la conferencia de seguridad en Múnich, el ministro español salió tan convencido de su resultado que no tuvo reparos en declarar a los corresponsales que le esperaban que la secretaria de Estado norteamericana se había declarado «personalmente comprometida con que el asunto se resuelva bajo su mandato»² y que habría pronto «buenas noticias». La interpretación española era que, por primera vez, la Administración Obama daba «garantías» de que el acuerdo se lograría «con rapidez». García-Margallo precisó, sin embargo, que no podía concretar aún fechas porque la cuestión quedaba a la espera «de las respuestas técnicas por parte del gobierno de EE. UU.», ya que las agencias y departamentos involucrados todavía estaban «negociando entre ellas».³

Las buenas noticias duraron poco porque en menos de 24 horas la Administración Obama corrigió al ministro español. En un acto poco habitual en diplomacia, el Departamento de Estado, en nombre de Hillary Clinton, emitió un comunicado escrito matizando las declaraciones de García-Margallo tras conocerlas en detalle una vez distribuidas por las agencias de noticias. La corrección estaba muy medida, como no podía ser de otra manera: «No se ha avanzado en una decisión final respecto a la limpieza del enclave. Ambos países siguen negociando al máximo nivel» y recordó que Estados Unidos «ha colaborado con las autoridades españolas durante más de 40 años». Según se apresuraron a explicar fuentes españolas en el anonimato, al ser un tema que afectaba a residuos nucleares en el exterior, el asunto estaba aún pendiente de decisión final por parte del Consejo de Seguridad Nacional, adscrito a la Casa Blanca. Su participación era necesaria al implicar a varios departamentos, Defensa, Energía y el Departamento de Estado. Si recordamos, ya en 2011, la embajada norteamericana en Madrid había recomendado a Hillary Clinton la necesidad de propiciar la intervención del CSN para resolver el asunto.

El impasse diplomático no implicaba que el CIEMAT permaneciera dormido. Aunque sin publicidad y de forma muy discreta, los científicos españoles continuaron avanzando para terminar varios estudios que completaran el Plan de Restauración. En concreto, el análisis de incertidumbres de los aspectos que influyen en la planificación y posterior ejecución del proyecto de limpieza y reparación, analizando los riesgos que generaban y los condicionantes que imponían para tenerlo en cuenta a la hora de la definición del proyecto. Este trabajo se llevó a cabo en dos fases. Primero, un estudio preliminar de riesgos relacionados con la orografía y topografía (condiciones geométricas), la climatología (caracterización del clima del entorno y de su influencia y elección de medidas de restauración ambiental), el medio natural y patrimonio cultural (estudio de las características medioambientales y de patrimonios históricos culturales y condicionantes al desarrollo y fase constructiva), y la sismicidad siguiendo normas estandarizadas. Por otra parte, se llevó a cabo por análisis de estudio geológico y geotécnico sobre el grado de excavabilidad de los terrenos en función del tipo de maquinaria a utilizar, la estabilidad de los taludes, el grado de esponjamiento de los terrenos a excavar y la «prueba en caliente» para comprobar la viabilidad y los rendimientos de los procedimientos que se piensan utilizar.⁴

LOS ECOLOGISTAS DENUNCIAN AL CIEMAT Y EL CSN A LA FISCALÍA

El miércoles 1 de julio de 2015, uno de los grupos ecologistas que ha estado denunciando desde hace más de una década lo que consideraba abandono y desidia por parte de las autoridades españolas respecto a la contaminación nuclear en Palomares, decide dar un paso sin precedentes en la historia medioambiental española. La organización Ecologistas en Acción presenta una denuncia ante el magistrado Antonio Vercher, fiscal de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial del país.⁵ La denuncia, por delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente relativos a la energía nuclear y a las radiaciones poniendo en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, se formuló contra los dirigentes del CIEMAT, y «los miembros del gobierno español y demás personas que aparezcan como responsables de los hechos» y, en concreto, solicita que se cite a declarar al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí Scharfhausen, para que explique por qué el organismo «no avisó hace 50 años del peligro que supone remover tierras contaminadas», así como por qué el Plan de Rehabilitación «está parado desde hace cinco años» sin razonamiento convincente ya que cuenta con el visto bueno del CSN y, por tanto, puede iniciarse en cualquier momento.

La denuncia, de 16 páginas y en la que se asegura que los acusados habrían infringido el Código Penal, hace un pormenorizado recorrido de lo sucedido en Palomares y denuncia el hecho de haber mantenido un cementerio radiactivo al aire libre con la consecuente angustia y riesgo. Empieza señalando que el 13 de agosto de 1968 el presidente de la Junta de Energía Nuclear, José María Otero Navascués, envió una carta al entonces ministro de Industria, Gregorio López Bravo, en la que afirmaba que: «No se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio». Según los ecologistas, esto demuestra que todos los responsables de la Junta de Energía Nuclear, el CIEMAT, el CSN, y los sucesivos gobiernos de la dictadura y de la democracia sabían desde el principio que la mayoría de los 9 kilos de plutonio desaparecidos continuaban esparcidos por Palomares. «A pesar de saberlo, han negado su existencia y han permitido durante más de cuarenta años que los agricultores y obreros de la construcción pongan en peligro sus vidas levantando al aire tierras contaminadas de plutonio», afirma la demanda. Respecto al CIEMAT, Ecologistas en Acción critican al organismo y sus directores por «limitarse a medir el aumento de la radiactividad, sin avisar a los afectados del peligro que corrían, todo para mantener el secreto y no perjudicar al turismo y a la agricultura. Han dado más valor a la economía que a la salud de las personas».

Según sus cálculos y refrendados por las investigaciones del escritor José Herrera Plaza,* los norteamericanos dejaron en Palomares el 76,5 % de la contaminación tapada con tierra en la creencia de que el terreno nunca sería removido en esa zona desértica y entonces deprimida económicamente. Afirman, asimismo, que es cierto que ahora solo queda medio kilo de plutonio en Palomares ya que cerca de 6,385 kilos quedaron esparcidos y distribuidos por el sureste peninsular, por efecto de las lluvias y los vientos, tanto en la tierra como en el mar y que el resto hasta los 9 kilos sería lo que realmente se llevaron los estadounidenses en 1966. Teoría que es descabellada para los técnicos del CIEMAT. En una significativa parte de la denuncia, Ecologistas en Acción critica duramente a la dirección del centro:

Nada hizo el CIEMAT por evitar la liberación de material radiactivo, se limitó a constatar el aumento de la radiactividad y a maquillar las mediciones después para meterlas dentro de los límites legales, mientras los agricultores seguían liberando el plutonio, desconociendo su existencia. En vez de dejar constancia de que a determinada hora y día se habían sobrepasado los límites de radiactividad, hacían una media semanal donde se computaban los días con viento en calma o los días festivos en que no había actividad agrícola, de esta forma no quedan reflejados los picos alcanzados los días en que el plutonio se había lanzado a la atmósfera. El CIEMAT y el CSN permitieron posteriormente que las balsas entraran en funcionamiento y regaran terrenos que ellos sabían que contenían altísimas dosis de radiactividad. Todavía se pueden ver tuberías de riego por goteo que han funcionado hasta fechas recientes encima de la Fosa 1, donde los norteamericanos enterraron material radiactivo.⁶

EE. UU. ACEPTA POR FIN REPATRIAR LOS RESIDUOS QUE QUEDEN

El propio gobierno español en una respuesta parlamentaria tuvo que reconocer, a mediados de 2014, que a pesar del «compromiso personal de Hillary Clinton» expresado dos años antes, no se ha conseguido ningún avance importante, al menos que pudiera hacerse público, pues la dinámica electoral estadounidense y la decisión de Hillary de no continuar en el cargo para intentar ganar la Casa Blanca había dificultado la toma de una decisión definitiva por parte de la Administración estadounidense. Hubo que esperar a que tuvieran lugar las elecciones presidenciales y legislativas en EE. UU. en noviembre de 2013 para que comenzaran a nombrarse los nuevos altos cargos y a formarse los nuevos equipos en los diferentes departamentos norteamericanos con competencia en la materia (Estado, Defensa, Energía y Consejo de Seguridad Nacional). El proceso se alargó incluso más de lo previsible por entorpecerse los diversos nombramientos en el Senado que acumuló importantes retrasos en el proceso de confirmación: Hillary fue sustituida por John Kerry en el Departamento de Estado mientras que Chuck Hagel fue elegido en vez de Leon Panetta en el Pentágono —ambos en febrero— y, por último, Ernest Moniz en el puesto de Steven Chu al frente de Energía en mayo. Como consecuencia de ello, el presidente Obama tuvo que reconstruir completamente su equipo en relación con Palomares. El grupo «interagencias» que supuestamente prometió el vicepresidente Biden en su visita a Madrid, en 2010, tuvo que formarse nuevamente y sus componentes hacerse con la información después de una paralización total que pospuso las deliberaciones durante meses.⁷ La pausa se superó en noviembre de ese mismo año —escasamente tras tres meses en el cargo— con ocasión de la primera visita que realizó a Madrid el secretario de Energía, Ernest Moniz, durante la que fue investido doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Comillas y se entrevistó con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Físico nuclear, Moniz es un hombre cercano a Obama, como demuestra el papel relevante que juega en las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. Las autoridades españolas no perdieron la ocasión de instar a Moniz a que impulsara la búsqueda de una solución que se estaba retrasando demasiado. No en vano, como máximo responsable del DOE, representaba una pieza clave del rompecabezas al depender de él todo lo referido al almacenamiento de material radiactivo en EE. UU., el principal escollo que aún quedaba por superar. Preguntado por Palomares en un encuentro con la prensa española, Moniz dio a entender que su departamento no tenía todavía cerrada una posición. «Podré conocer a mi regreso el asunto con más detalle y entender cómo va esta cuestión», indicó tras recordar la gran experiencia que acumulaba su departamento en la gestión técnica de residuos nucleares.⁸

A partir de este momento la información sobre las intensas negociaciones que mantienen España y Estados Unidos es escasa. La presión ahora parece de nuevo aumentar por parte española ante la proximidad de las elecciones generales convocadas para el 20 de diciembre. El gobierno de Rajoy busca agilizar los trámites y llevar a cabo un anuncio antes de la celebración del 50 aniversario del accidente —en enero de 2016— e impedir al mismo tiempo que el próximo ejecutivo se apunte el éxito. Sabemos que el 17 de junio de 2015, el Departamento de Energía norteamericano envió a través del Ministerio de Exteriores español su contestación sobre la evaluación de las alternativas que había presentado el CIEMAT para la remediación de la contaminación en los suelos de Palomares. Se desconoce por el momento la naturaleza de la contestación porque el documento se mantiene reservado, aunque es previsible que se refiera a las dos opciones que los técnicos españoles ofrecían: llevarse los 50.000 m³ directamente o buscar reducirlos a solo 6.000 a través de un proyecto piloto no exento de riesgos. Cumpliendo con sus competencias y lo que marca la ley española, el Consejo de Seguridad Nuclear analizó el informe en su reunión del 22 de julio para proceder a establecer los niveles de intervención para la restauración de los terrenos afectados.⁹

El anuncio de la visita del secretario de Estado norteamericano John Kerry a Madrid el 19 de octubre alimentó toda una serie de rumores y especulaciones. Una mayoría esperaba que, finalmente, España y Estados Unidos firmarían ese tan deseado acuerdo para llevarse la tierra contaminada que aún queda en Palomares. Y así ocurrió. El escenario, una mesa de caoba en la sala de columnas de la sede del Ministerio de Exteriores junto a las dos banderas, la española y la norteamericana. Risueños y cordiales, Kerry y su homólogo español García-Margallo rubricaron las dos copias del documento e inmediatamente se trasladaron a dos pequeños podios con grandes logos del ministerio en fondo amarrillo para explicar la relevancia de lo que acababan de protagonizar. Kerry leyó el texto que le habían preparado sus colaboradores para no salirse de la línea oficial. Estados Unidos no ha hecho nada malo y siempre ha colaborado con las autoridades españolas. Solo que Washington se encuentra en la zona de las soluciones y no de los problemas:

Estoy muy contento de que hace unos minutos en esta fecha, hemos sido capaces de firmar un memorándum que abre un nuevo camino para lograr una remediación adicional del lugar. Tenemos que construir sobre lo que hemos firmado hoy para tomar acciones futuras que resuelvan, de una vez por todas, este importante asunto. En los últimos 50 años, hemos trabajado juntos para asegurar el área, remover el suelo contaminado y descontaminar el suelo y asegurar la salud y seguridad de la población. Tenemos que continuar trabajando.¹⁰

En la rueda de prensa conjunta, García-Margallo destacó, por su parte, que el nuevo acuerdo «reparará un error cometido hace 50 años ... Bien está lo que bien acaba», recalcó el ministro de Exteriores español quien, a pesar de las preguntas de los periodistas presentes, se negó a dar detalles concretos sobre plazos de ejecución y del reparto del costo de rehabilitación entre ambas naciones. Se limitó a transmitir el mensaje más optimista:

El acuerdo se ejecutará en el plazo más breve posible con las infraestructuras necesarias para ello. La voluntad es hacerlo ya, cuanto antes para que Palomares vuelva a la normalidad anterior al accidente [en 1966].¹¹

Según establece la declaración de intenciones firmada por ambos países, que esta vez sí se hizo pública y se distribuyó a la prensa en contraste con otras ocasiones, Estados Unidos y España manifiestan «su intención de cooperar en un programa para una mayor rehabilitación del entorno del accidente radiactivo en las proximidades de Palomares», para lo cual tienen previsto «negociar, tan pronto como sea posible, un acuerdo para determinar las actividades, funciones y responsabilidades precisas de ambos participantes para ejecutar el proyecto de rehabilitación y depósito» de los residuos radiactivos.

El texto enfatiza que el problema es de España y no de Estados Unidos. Así en el capítulo sobre «Cooperación prevista» resalta que son los españoles los que desean una mayor rehabilitación del entorno de Palomares, mientras que Washington muestra su disposición a «prestar la asistencia necesaria» para ampliar las labores de rehabilitación. Los dos países manifiestan que «tienen previsto negociar un acuerdo vinculante para establecer un esfuerzo cooperativo con objeto de realizar una rehabilitación complementaria del entorno de Palomares, y conviniendo el depósito de las tierras contaminadas en un emplazamiento adecuado en Estados Unidos».¹² El ministro español explicó que el acuerdo técnico se encuentra muy avanzado y enfatizó la esperanza de que se pueda ratificar y ejecutar «en el plazo más breve posible».¹³ Será un tratado internacional que tendrá que ser sometido a la aprobación del Parlamento, algo que corresponderá en cualquier caso a las Cámaras que salgan de las urnas el 20 de diciembre de 2015.

En cuanto a la financiación del proyecto, el acuerdo no recoge ni una cifra, ni un reparto y ni siquiera un compromiso firme por parte de Washington. «Asignar —dice textualmente— la responsabilidad financiera y de gestión para la ejecución del proyecto de restauración suplementario mediante mutuo acuerdo, basándose en las funciones y responsabilidades de los participantes determinadas en el acuerdo.» Y deja claro que todo dependerá de «la disponibilidad de fondos, personal y otros recursos», por lo que la declaración «no supone la creación de obligación jurídicamente vinculante».

La redacción de la declaración muestra claramente las dificultades que ha habido para consensuar el texto, ya que es evidente que la Administración Obama se había sentido muy incómoda con muchas de sus frases y palabras. No hay compromiso cerrado de cuándo se firmará el acuerdo que deben negociar ambos países y se limita a señalar que «tan pronto como sea posible», lo que quiere decir pronto, tarde o nunca. Las propias fuentes españolas reconocieron bajo el anonimato que la ejecución del acuerdo podría prolongarse entre 12 y 24 meses, dependiendo de la complejidad de los trabajos previos y de si el traslado hasta un puerto estadounidense del Pacífico se hace con uno o varios fletes.¹⁴

El párrafo más significativo, el que es causado por los años de esfuerzo y de trabajo, se encuentra en el punto sexto del segundo capítulo sobre «Cooperación mantenida hasta la fecha». Recoge la aspiración tan ansiada por los españoles: posible depósito de las tierras contaminadas en una instalación situada en Estados Unidos. No olvidemos que el acuerdo no es firme y contempla la duda al admitir el gobierno de Mariano Rajoy la inclusión de la palabra «posible» que implica que Washington puede no aceptarlo finalmente, especialmente al no confirmar una fecha límite para ejecutarlo.*

Por el momento, se desconocen también las obligaciones financieras que asume cada país ya que ninguno de los ministros quiso responder directamente a la cuestión. Sus portavoces se limitaron a señalar que, aunque se barajan distintas cifras, podría ascender a 640 millones de euros de coste. De ellos, unos 500 corresponderían al almacenamiento de la tierra contaminada en unas instalaciones de Estados Unidos en el desierto de Nevada (que parece ser el destino más probable), mientras que el tratamiento de los residuos, su compactación, empaquetamiento y transporte supondría otros 140 millones.* Para resaltar la complejidad de la operación basta señalar que, llegado el caso, sería necesario construir una carretera especial para trasladar los camiones con los residuos radiactivos desde la pedanía almeriense hasta el puerto de Cartagena, a unos 100 kilómetros, para su embarque. Además, habrá que suscribir seguros de responsabilidad civil frente a posibles percances durante toda la operación.

Si los cálculos y las cifras son correctos, la segunda limpieza de Palomares —de realizarse y concluirse— no solamente requerirá otros cuatro o cinco años sino que, además, habrá tenido un coste medio de 337.000 euros por cada uno de los 1.780 habitantes del municipio. Y todo eso para dejar esas tierras tal y como estaban antes de las 10.22 horas del 17 de enero de 1966. Esperemos que sea verdad. Pero eso es otra historia y, con un poco de suerte, otro libro.

Anexos

El 13 de mayo de 1966, el juez instructor español que investigó el accidente aéreo del 17 de enero, comandante Sebastián Delgado Palomares, dicta el sobreseimiento de la causa sin determinar culpables de ninguna clase.

En 1966 las autoridades militares y civiles de España y EE.UU. entregaron a los propietarios de Palomares certificados en los que aseguraban que sus terrenos podían ser usados normalmente al estar en las mismas condiciones que antes del accidente, lo que se ha demostrado que era falso en muchos casos.

La embajada de EE.UU. en Madrid recogió así en su nota de prensa la reunión del ministro Fraga con el embajador Duke en Almería para inaugurar un parador nacional en Mojácar pero sin hacer referencia directa al baño frente a Palomares.

En julio de 1972 el doctor Eduardo Ramos, jefe de la división de Medicina de la Junta de Energía Nuclear, comunica a Estados Unidos que están preocupados por un caso de leucemia de un niño de Palomares que ahora vive en Barcelona. El documento ha sido desclasificado para el autor por el Departamento de Energía norteamericano.

En 1972, José María Otero, presidente de la Junta de Energía Nuclear, pide a Estados Unidos una ampliación del acuerdo de cooperación para seguir recibiendo fondos económicos que permitan renovar el material obsoleto que se utiliza en Palomares y Madrid.

Documento de la Junta de Energía Nuclear por el que se presupuesta el viaje a Madrid de un grupo de habitantes de Palomares en 1976 para ser revisados por el contador de radiactividad corporal. Incluye el pago de hotel, dietas y gratificaciones y transporte.

En 1984, a pesar del silencio oficial dentro de España, Emilio Iranzo, máximo responsable de la JEN respecto a Palomares, reconoce en una conferencia internacional que desde 1976 se tenía pruebas y constancia de la resuspensión de plutonio en Palomares.

En junio de 2015, el Gobierno español recibió un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos evaluando las distintas alternativas para la remediación final de los suelos contaminados de Palomares, un documento que aún permanece secreto.

Fuentes primarias y Bibliografía

ARCHIVOS ESPAÑOLES

Archivo de la Presidencia del Gobierno

Archivo del Ayuntamiento de Cuevas del Amanzora

Archivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo Archivo Fundación Francisco Franco

Archivo General de la Administración

ARCHIVOS DE ESTADOS UNIDOS

Archivo de la Biblioteca John F. Kennedy

Archivo de la Biblioteca Lyndon B. Johnson

Archivo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

Archivo del Comando de Historia Naval y Patrimonio de Estados Unidos

Archivo del Departamento de Defensa de Estados Unidos

Archivo del Departamento de Energía de Estados Unidos

Archivos Nacionales de Estados Unidos (NARA)

ENTREVISTAS

Antonia Flores, entrevista con el autor 17-09-2015.

Carlos Sáncho Llerandi, entrevista con el autor 22-09-2015.

Francisco Castejón, entrevista con el autor 13-07-2015.

Trinidad Jiménez, entrevista con el autor 25-08-2015.

DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS POR EL AUTOR A TRAVÉS DE FOIAS

Por el Departamento de Energía de EE. UU.

16AF to HQ/USAF, Telegram, Secret, 19 de enero de 1966. DAC2001185660000.

16AF to HQ/USAF, Telegram, Secret, 21 de enero de 1966. Núm. SAC 200118730000.

Asselin, S. V., «B-52/KC-135 Collision near Palomares, Spain (U)», Secret, agosto de 1966, Sandia Laboratory, Albuquerque.

Bruner, H. D. a E. Ramos, Letter, 18 de junio de 1968, DOE, n.º 106819.

—, Discussions with professor Jose M. Otero, president of the Spanish Atomic Energy Commission (JEN) and doctors Eduardo Ramos and Emilio Iranzo, AEC, 1 de diciembre de 1970, DOE, Núm. 106833.

—, Notes on high lung counts of people from Palomares and from the JEN using the lung counter equipment and procedure provided by Richmond, Dean and Moss (LASL), 13 de agosto de 1975, Confidential, LASL, Núm. 106836.

Burr, W. a Liverman, J., Letter, 11 de septiembre de 1973, Division of Biomedical and Environmental Research, AEC, n.º 106828.

Cambs, Marshall, Oral History, Palomares, 17 de noviembre de 2000, DOE.

Clement, D. a F. Pascual Martínez, Letter, 5 de julio de 1976, Health and Safety Laboratory, n.º 106741.

De Renzis a Chairman Seaborg, Follow-up of the Palomares Incident: Project Indalo, 6 de junio de 1967. DOE, n.º 75942.

Embassy Madrid to Secretary of State, Telegram, 30 de julio de 1975, Confidential, n.º 5266.

Fowler, Eric, Foreign Travel, Madrid, Palomares, Spain, 15 de agosto de 1969, Official use only, DOE, n.º 106859.

Iranzo, Emilio, «First results from the programme of action following the Palomares accident», Symposium on radiological protection of the public in a nuclear mass disaster, 25 de mayo-1 de junio de 1968, DOE, n.º 106830.

—, «First results from the programme of action following the Palomares accident», Interlaken, Suiza, 26 de mayo-1 de junio de 1968. DOE, n.º 106758.

—, a Dave Bruner, (Assistant director for Medical and Health Research ACE), 19 de junio de 1968, DOE, n.º 106843.

—, y S. Salvador, «Potential radiation doses to people living near plutonium contaminated areas of Palomares», 29th Annual meeting of the Health Physics Society, New Orleans (USA), 3-8 de junio de 1984.

—, y C. Richmond, «Plutonium contamination twenty years after the nuclear weapons accident in Spain», 8th International Congress of Radiation Research, Edimburgo, Escocia, 19-24 de julio de 1987.

—, a B. Wachol, Proyecto Indalo, following the effects of the accident at Palomares, Spain, from 1966 (October 1977 to September 30, 1978), 30 de noviembre de 1978, Ministerio de Industria, Junta de Energía Nuclear, n.º 106915.

Langham, Wright H., Technical Report. No date, DOE, n.º 104830.

—, a E. Ramos, Letter, University of California, Los Alamos Laboratory, 7 de enero, de 1972. DOE, n.º 106739.

Liverman. J. a H. M. Agnew, Letter, 20 de octubre de 1973, Division of Biomedical and Environmental Research, LASL, n.º 106827.

—, a A. S. Friedman, Letter, 17 de diciembre de 1973, Division of Biomedical and Environmental Research, LASL, n.º 106824.

Maydew & Barton a Pope, y Foeler, Chronological summary of significant events in the 9300 participation in Broken Arrow Operations, 29 de marzo de 1966.

Messinger, Major, Statement, Special, 18 enero de 1966 / 20 enero de 1966, DOE document.

Ministerio de Información y Turismo, Oficina de Enlace: Comentarios en Palomares (Almería) entre propietarios de ganado vacuno, 5 de junio de 1968, DOE, n.º 106822.

Minthorn, M. a C. Carter, Letter, 22 de agosto de 1974, Biomedical Programs, ACE, n.º 106747.

—, a E. Iranzo, Letter, 25 de agosto de 1977, Biomedical Programs, DOE, n.º 106743.

Moore, Barton & Scheider, Staff Study, Addendum to SAT Team Study, Secret, 7 de febrero de 1966.

Moss, William, Report de bioassay laboratory in Madrid, Spain, septiembre de 1966, Los Alamos Scientific Laboratory, DOE, n.º 196760.

Notes on the EOD render safe procedure of weapon num.4 (W28 Num 45345) near Palomares, Spain, No date, Confidential, n.º SAC200118480000.

Office of the Assistant to the Secretary of Defense, Atomic Energy, B-52KC-135 accident in Spain, Status summary, 23 de febrero de 1996.

Office of the Assistant to the Secretary of Defence, Atomic Energy, History of the custody and deployment of nuclear weapons, July 1945 through September 1977, Top secret. 1978.

Questions & Answers, DOE, No date, n.º 104823.

Ramos Rodríguez, Eduardo, «Palomares two years after», abril de 1968, n.º 106837.

—, Emilio Iranzo, Experience of an accidental contamination by radioactive materials, Palomares 1966, no date, n.º 106759.

—, a C. Richmond, Letter, 28 de julio de 1972, Junta de Energía Nuclear, Ministerio de Industria, DOE, n.º 106832.

Richmond, C. a H. Postma, Report of foreign travel of Chester R., Richmond, Associate Director of Biomedical and Environmental Sciences, Central Management Offices, 10 de marzo de 1977, DOE, n.º 106789.

—, a E. Harvey, Telegram, 10 de junio de 1978, Los Alamos Sci. Lab, n.º 106825,

Systems Analysis Team: Analysis of ballistics of four MK 28 F1 weapons release as a result of the collision of a B-52 and KC135 near Vera, España, 17 de enero de 1966, 7 de febrero de 1966, DOE.

US Atomic Energy Commission, Telegram, Confidential, DEF 281, 6 de febrero de 1966, DOE, n.º 104827.

Wendorf, Capitán, Statement, Special, 18 de enero de 1966 / la historia secreta de las bombas de palomares, enero de 1966.

Por la Armada de Estados Unidos

Ocean System, Final Report, Aircraft salvage operation Mediterranean (Aircraft SALVPOS MED), For official use only, febrero de 1967, vol. I, pág. 2.

Place, W. M., F. C. Cobb y C. G. Defferding, Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, 15 de enero de 1975.

Phillip Stang, David, Legal Problems related to a Sovereign State’s right to recover its lost military property in waters adjacent to the Coast of Another Sovereign State, Appendix G, Aircraft Salvage Operations, Mediterranean, US Navy, 15 de febrero de 1967.

Por la Fuerza Aérea de Estados Unidos

Ahman, Hugh, Major General Stanley J. Donovan, Historical Center of the Air Force.

Crowson, Delmar, «Memorandum B-52 aircraft accident in Spain», Secret, Atomic Energy Commission, 3 de marzo de 1966.

BIBLIOGRAFÍA

1. Libros, artículos, contribuciones a obras colectivas

Álvarez de Toledo, Isabel, Palomares (memoria), UNED, Madrid, 2001.

Arkin, William, «Informe sobre eventuales despliegues de armas nucleares en el exterior», Afers Internacionals, 1985.

Barrigós, Concha, «Un mapa radiológico para Palomares», Revista Alfa, 2 (segundo trimestre de 2008), Consejo de Seguridad Nuclear.

Caro, Rafael et al., Historia nuclear de España, Sociedad Nuclear Española, Madrid, 1995.

CIEMAT, Resumen bienal del CIEMAT (2009-2010), CIEMAT, Madrid, 2011.

Clearwater, John, U.S. nuclear weapons in Canada, Dundurn, Toronto, 1999.

Colino López, Antonio, «Antonio Colino López en 50 años de Historia Nuclear en España», Revista de la Sociedad Nuclear Española (junio 1998).

Cosialls Ubach, Andrés Miguel, «La responsabilidad civil derivada de sustancias nucleares y radiactivas en España», Revista InDret, (octubre 1992).

Cremeans, C. D., J. K. Moriarty, y J. Ponduro, The evolution of US Strategic Command and control and warning 1945-1972. Study-S469, Institute for Defense Analyses, Virginia (junio 1975).

Consejo de Seguridad Nuclear, «Palomares, en el camino de la normalización radiológica», CSN, 2013.

De Andrés Martín, Juan Ramón, José María Otero de Navascués, Enríquez de la Sota, Marqués de Hermosilla, Plaza y Valdés S.A., México, 2005.

Deaile, Melvin, «The SAC mentality», Air & Space Power Journal (marzo-abril de 2015).

Durán, Armando, «Los orígenes de la Junta de Energía Nuclear», Revista de la Sociedad Nuclear Española, 76 (junio de 1998).

Eisenschutz, Catalina et al., El accidente nuclear de Palomares (1966-1986), Quadern CAPS, Ed. CAPS, Barcelona, n.º 5 (septiembre de 1986).

Ejército de Tierra, Reglamento, Empleo Táctico de la Infantería, Ejército de Tierra, Madrid, 1983.

Espinosa Canal, A., «Estimación de la dosis total recibida por la población de Palomares debida a la radiactividad natural y a la presencia de transuránicos en la revista Radioprotección», ponencia presentada en el VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Protección Radiológica, 21-23 de septiembre de 2000, Las Palmas de Gran Canaria.

Estado Mayor del Ejército, Orientación, Divisiones de Infantería Mecanizada y acorazada, Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1983.

Frutos, Eugenio, «Conferencias sobre efectos de las armas nucleares», Secreto, 23918 (febrero de 1958), Archivo Fundación Francisco Franco, Anexo 3.

Fuhrmann, M., y T. S. Sechser, «Signaling Alliance Commitments: Hand-Tying and Sunk Costs in Extended Nuclear Deterrence», American Journal of Political Science, 58 [4] (2014).

García-Olivares, Antonio, Desarrollo de un modelo de resuspensión de suelos contaminados. Aplicación al área de Palomares, CIEMAT, n.º 683, Madrid, 1993.

Herrera Plaza, José «Algunas claves para intentar comprender la actual situación radiológica de Palomares», Revista Axarquía, 13 (verano 2008).

—, Herrera Plaza, José, «La descontaminación radiológica. La historia secreta de las bombas de Palomares en 1966», Revista Axarquía, 16 (verano 2014). En imprenta.

Keeney, Douglas, 15 minutes, general Lemay and the countdown to nuclear annihilation, St. Martin’s Press, Macmillan, Nueva York, 2001.

Kristensen, H. M., y R. S. Norris, «Global nuclear weapons inventories, 1945-2013», Bulletin of the Atomic Scientists, 65 [5] (noviembre 2013).

Larus, Joel, Nuclear Weapons safety and the common defense, Columbus, Ohio State University, 1967.

Leal Echevarría, Gregorio, «Otro punto de vista sobre el accidente nuclear de Palomares», Revista Axarquía, 13 (verano 2008).

Lewis, Flora, One of Our H-bombs is Missing, McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1967.

Marquina Barrio, Antonio, España en la política de seguridad occidental, Ediciones Ejército, Madrid, 1986.

Martínez Pinilla, Pedro Antonio, Análisis epidemiológico de Palomares (1991-2005), Murcia, noviembre de 2005. Copia mecanografiada.

May, John, The Greenpeace Book of the Nuclear Age, Greenpeace Communications, 1989.

Maydew, Randall, America’s lost H-Bomb!, Palomares, Spain 1966, Sunflower University Press, Manhattan, 1997.

Moran, Barbara, The day we lost the H-Bomb, Presidio Press, Nueva York, 2009.

Morris, Christopher, The Day They Lost the H-Bomb, CowardMcCann, Nueva York, 1966.

Moss, William, y Roger Eckhardt, The Human Plutonium Injection Experiments, Los Alamos Science, Los Alamos Laboratory, 1996.

Nalty, Bernard (editor), Winged Shield, Winged Sword 19501997: A History of the United States Air Force, vol. II, University Press of the Pacific, 1997.

Olmos, Víctor, Historia de la Agencia EFE, el mundo en español, Espasa, Madrid, 1997.

Piedrola Gil, Gonzalo, «Nuevos aspectos sanitarios en la Protección Civil», Boletín de Información, dirección general de Protección Civil, Presidencia del Gobierno, 126 (septiembre 1960).

Preston, Paul, Franco, «Caudillo de España», Grijalbo, Barcelona, 2002.

Rockland, Michael Aaron, Un diplomático americano en la España de Franco, Universidad de Valencia, Servicio de Publicaciones, Valencia, 2011.

Salgado Araujo, Francisco Franco, Mis conversaciones privadas con Franco, Planeta, Barcelona, 1976.

Sancho Llerandi, Carlos: «Remediation after the Palomares accident: Scientific and social aspects, International Experts» Meeting on Decommissioning and Remediation after a nuclear accident», IAEA, 28 de enero - 1 de febrero de 2008, Viena, Austria.

—, «Palomares: from the accident to the rehabilitation plan», International Symposium on decontamination - Towards the recovery of the environment, 16-18 de octubre de 2011, Fukushima, Japón.

Simón Calero, Julián, y Pedro Sanz-Aranguren, Los cohetes en la INTA, INTA, Madrid, 2012.

Stiles, David, «A fusion bomb over Andalucía: U.S. information policy and the 1966 Palomares incident», Journal of Cold War Studies, 1 [8] (winter 2006).

Suárez, Luis, Franco, crónica de un tiempo. Proyectos para una doble estabilización (1953-1961), Ed. Actas, Madrid, 2003.

Szulc, Tad, Las bombas de Palomares, Seix Barral, Barcelona, 1967.

—, «Palomares Learns to Love the Bomb», The New York Times, 20-2-1996.

Togores, Luis E., Muñoz Grandes, Héroe de Marruecos, general de la División Azul, La Esfera de los Libros, Madrid, 2007.

Velarde, Guillermo, «Lo que hay de cierto y de falso en torno a la bomba de neutrones», Revista de Aeronáutica y Astronáutica, Madrid, Ejército del Aire, 505 (enero 1983).

Viñas, Ángel, En las garras del águila, Crítica, Barcelona, 2003.

2. Tesis doctorales

Antón Mateos, Mª Paz, Dinámica sedimentaria de radio nucleídos de vida larga en el litoral mediterráneo occidental, Tesis Doctoral, s/f (alrededor de 1996), Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid.

Deaile, Melvin, «The SAC mentality: the origins of organizational cultural in Strategic Air Command (1946-1962)», monografía, Universidad de Carolina del Norte, 2007.

Gascó Leonarte, Catalina, Estudio de la distribución de plutonio en el ecosistema marino de Palomares después de una descarga accidental de un aerosol de transuránicos, Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid, 1992.

Megara, John, Dropping nuclear bombs on Spain: The Palomares accident of 1966 and the US airborne alert, Electronic Theses, Treatises and Dissertations Paper 2502, Florida State University, 2006.

Romero González, Lourdes, Estudio del transporte tierra-mar de elementos transuránicos aplicados al accidente de Palomares en 1966, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1991.

Sánchez Vázquez, Luis, La legislación de la energía nuclear en España: el Fórum Atómico Español (1962-1979), Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 2012.

3. Documentos e informes

Alonso Zaldívar, Carlos, Miradas torcidas. Percepciones mutuas entre España y Estados Unidos, Real Instituto El Cano, WP 22/2003.

Alert Operations and the Strategic Air Command (1967-1991), 07-12-1991, Office of the Historian, HQ SAC, Offutt Air Force Base, Nebraska.

Anuncio de fusión, Bay-Villaricos, S.L. por Villaricos, S.L. BORME, n.º 205, 29 de octubre de 2003.

Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, Aprobación inicial sistema de compensación estatutos y bases de actuación Plan Parcial CI-1 promovido por Villaricos S.L., 24 de noviembre de 2006, n.º 226, págs. 5 y ss.

—, Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación Sector PP CI-1, Boletín Oficial de la Provincia de Almería, 4 de febrero de 2009, n.º 23.

Barrett Seaton, Michael (col.), Nuclear accidents at Palomares, Spain in 1966, and Thule, Greenland in 1968, Secret, Historical Research Project Nº 1421, United States Department of State, 1985. DOE/OSS Central File Room.

Barringer, Philip to Colonel Haskin et al.: «Memorandum from Philip E. Barringer, Office of the Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs», 8 octubre 1958, Top Secret. Consultado el 03-08-2014 en http://nsarchive.gwu. edu/NSAEBB/NSAEBB197/nd-7.pdf.

Bellod Gómez, Alfredo (coronel): Al que leyere en Boletín de Información de Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, Presidencia del Gobierno, n.º 12, enero de 1960.

—, Refugios públicos en Boletín de Información, dirección general de Protección Civil, Presidencia del Gobierno, n.º 127, marzo de 1961.

Buttler, William, Fifty years on NATO’s Southern flank. A history of Sixteenth Air Force (1954-2004), Office of History HQ Sixteenth Air Force, Aviano Air Base, Italy, 2004, consultado el 08-08-2014 en https://hoseyfiles.files.wordpress. com/2015/03/20040501-16af-heritagepam.pdf.

CIA, «Prospects for further proliferation of nuclear weapons», Top Secret, Special National Intelligence Estimate, SNIE 4-174. 23 de abril de 1974.

—, The President’s Daily Brief, Top Secret, 22 de enero de 1966, Archivo de la Biblioteca Lyndon B. Johnson.

CIEMAT, Informe 2011, Ed. CIEMAT, Madrid, 2012.

—, Informe 2012, Ed. CIEMAT, Madrid, 2013.

—, Informe 2014, Ed. CIEMAT, Madrid, 2015.

Clinton, Hillary, y Trinidad Jiménez, Viana Palace, Madrid, España, 02-07-2011, Department of State, http://www.state. gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/07/167521.htm.

Comisión Europea, Informe Técnico: Informe técnico: Verificaciones en virtud del artículo 35 del Tratado Euratom. Terrenos contaminados con plutonio en la región de Palomares, 19 a 22 de abril de 2010, 20-08-2010, Comisión Europea, Referencia: ES-10/1.

Congreso de los Diputados, Comisión Industria, Turismo y Comercio, Diario de Sesiones, VIII Legislatura, año 2004, n.º 156.

Consejo de Estado, Núm. de Expediente 1413/2007 (Defensa), Referencia 1413/2007, 13-09-2007. Consultado en https:// www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2007-1413.

Consejo de Ministros, Reseña del 6 de mayo de 2005, http://www. lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/ 2005/c0605050.aspx#Palomares.

—, Reseña del 8 de septiembre de 2007, http://www.lamoncloa. gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2007/ref c20070928.aspx#Palomares.

Consejo de Seguridad Nuclear, «Palomares 1966-2013, en el camino de la normalización radiológica», Referencia MCA-01-13, CSN, 2013.

—, Informe al Congreso de los Diputados y al Senado, año 2007, Consejo de Seguridad Nuclear, Madrid, 2008.

—, Informe preliminar sobre los aspectos radiológicos de la restauración de los terrenos de Palomares, 22-07-2015, CSN, Registro de salida 5646.

Defense Atomic Support Agency (DASA), Proceeding of the Second Interdisciplinary Conference on select effects of a general war, vol. II, julio de 1969, Information and Analysis Center, DASA Special Report 95, 2019-2, n.º 41446, DOE Archives.

Delegación del Gobierno en Andalucía, Resolución, n.º 28072. BOE, n.º 192, http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/10/pdfs/ BOE-B-2009-28074.pdf.

—, Resolución, n.º 41666. BOE, n.º 289, http://www.boe.es/ boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-B-2009-41666.pdf.

Departamento de Energía de Estados Unidos y el Ministerio de Industria y Energía del Reino de España, Acuerdo de Cooperación en la Investigación sobre Estudios Radiológicos. Ref.: 97/079, 15 de septiembre de 1997.

Department of State (1964), Nuclear export controls of other countries, Secret, 11 de diciembre de 1964.

Diéguez Vidal, Marcos, Demanda de la Federación Provincial de Ecologistas en Acción-Almería ante el Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo contra el CIEMAT, el CSN, los miembros del Gobierno español y demás personas que aparezcan como responsables, Madrid, 30 de junio de 2015.

Embajada de EE. UU. en Madrid, Sección de Prensa, Nota de Prensa, 8 de marzo de 1966.

Embassy in Spain to State Department, Telegram, 19-01-1966, FRUS 1964-1968 volume XII, Western Document.

Embassy in Spain to the State Department, Telegram, Secret, 22-01-1966, FRUS 1964-1968, volume XII, Western Document.

Embassy in Spain to the Secretary of State, Telegram, 26-01-1966, Biblioteca Lyndon B. Johnson.

Embassy in Spain to State Departament, Telegram, 20-10-2008, https://wikileaks.org/plusd/cables/08MADRID1104_a.html.

Embassy in Spain to State Departament, Telegram, 30-04-2009 https://wikileaks.org/plusd/cables/09MADRID432_a.html.

Embassy in Spain to State Departament, Telegram, 26-06-2009, https://wikileaks.org/plusd/cables/09MADRID612_a.html.

Embassy in Spain to State Departament, Telegram, 7-11-2006, https://wikileaks.org/plusd/cables/06MADRID2853_a.html.

Estevan Bolea, María Teresa, Propuesta de resolución vigesimonovena, aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, 17/12/2003, Consejo de Seguridad Nuclear, 27/05/2004.

Federación Provincial de Ecologistas en Acción-Almería, Demanda ante el Fiscal de la Sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, 30 de junio de 2014, Madrid.

Guest, William, Naval History Division, Navy Office of Information, Biographies Branch, 24 de octubre de 1972.

Guided Missile and Astronautics Intelligence Committee: SNIE 4-1-74 «Prospects for the Proliferation of nuclear capabilities», Top Secret, 11 de julio de 1974.

Harold Saunders a RWK, Subject: U.S. Bases in Spain, Memo, 20 de octubre de 1961, Archivo de la Biblioteca John F. Kennedy.

Herrera, José, y Antonio Sánchez Picón (directores), Operación Flecha Rota, Documental, Producción Pitaco, 2007, https:// www.youtube.com/watch?v=_FJ27FNelQE.

Iranzo, Emilio, Asunto: Medidas en el contador de radiactividad corporal del personal de Palomares, 8 de marzo de 1976, Ministerio de Industria, Junta de Energía Nuclear, Sección 13. Caja 71/10367. Archivo General de la Administración.

JCS Washington DC info White House, Telegram, Secret, 21-03-1963, Archivo Biblioteca Lyndon B. Johnson.

Jiménez, Trinidad, Comparecencia ante el pleno del Senado para responder a la pregunta del senador Jesús Caicedo Bernabé sobre Palomares, Senado, BOCG, n.º 110, 22-02-2011.

Junta de Energía Nuclear, informe del jefe de la división de Medicina y Protección, Madrid, 19 de diciembre de 1967, sección 13, caja 71/8547. Archivo General de la Administración.

Leal Echevarría, Gregoria y Pérez-Manzuco, Francisco José, Análisis geológico de la zona propuesta para efectuar dos enterramientos de materiales radiactivos, en las cercanías del poblado de Palomares, 31 de enero de 1966.

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, BOE, n.º 313, 31 de diciembre de 2003.

McNamara, R. y D. Rusk, «Report on US Policy toward Spain, Memorandum for the President», Top Secret, 16 de junio, 1963, Archivo de la Biblioteca John F. Kennedy.

Mendo, Carlos, entrevista realizada a José M. Herrera Plaza para la producción audiovisual «Operación Flecha Roja», 2007, Pitaco Producciones, www.pitacoproducciones.com.

Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de la Presidencia, n.º 12ª5-20063001, 19/07/2005. Archivo de la Presidencia del Gobierno.

Ministerio de Educación y Ciencias. Resolución del 11 de enero de 2008 del CIEMAT por la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión suscrito con ENUSA para la realización del reconocimiento del subsuelo en las zonas 2, 3 y 6 de Palomares (Almería). BOE de 4 de febrero de 2008.

Nuclear Accidents at Palomares, Spain in 1966, and Thule, Greenland in 1968, Historical Research Project n.º 1421, US Department of State, Office of the Historian, 1985.

Paajanen, Airi, y Jukka Lehto, Disposal of Radioactive Wastes from the Cleanup of Large Areas Contaminated in Nuclear Accidents, Nordic Nuclear Safety Research Program 1990-1993, Projekt KAN-2, 1992.

Project Annex III under implementing arrangement between the DOE of the US of America and the Ministry of Industry and Energy of the Kingdom of Spain on cooperation in research on radiological evaluations, Madrid, 10 de septiembre de 2007. Está firmado por Glenn S. Podonsky, director de la Oficina de Salud, Seguridad y Protección del DOE, y Miguel Ángel Quintanilla, presidente del CIEMAT.

Reino de España y los Estados Unidos de América relativa a un Programa de Remediación del entorno de Palomares, Declaración de intenciones 19-10-2015, consultado en http://www. exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/ Paginas/Noticias/20151017_MINISTERIO.aspx.

Rubio, Juan Antonio, Comisión de Ciencia e Innovación, Diario de Sesiones, Senado, n.º 223, 27-10-2009.

Rusk, Dean y Robert McNamara, memorandum to the President. Report on U.S. Policy toward Spain, Top secret, 16 de junio de 1963. Archivo Biblioteca John F. Kennedy.

Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Respuesta a una pregunta escrita presentada por el diputado Álex Sáez Jubero, 11 de febrero de 2014, BOCG, Congreso de los Diputados, Serie D, n.º 400.

Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Respuesta a una pregunta escrita del diputado del PP José Luis Centella Gómez, 3 de marzo de 2015. N.º 184/067837, BOCG. Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2015, Serie D, n.º 649.

Secretary of State to Embassy in Spain, 08-01-2009, https://wiki leaks.org/plusd/cables/09STATE105334_a.html.

Secretary of State to Embassy in Spain, 23-08-2006, https://wiki leaks.org/plusd/cables/06MADRID2108_a.html.

Secretary of State to Embassy in Spain, 31-08-2007, https://wiki leaks.org/plusd/cables/07MADRID1674_a.html.

Secretary of State to Embassy in Spain, 18-12-2009, https://wiki leaks.org/plusd/cables/09STATE129362_a.html.

Shinn, Joseph H., Complementary Pu resuspension study at Palomares, Spain, Livermore (California), Lawrence Livermore National Laboratory, 1 de octubre de 2002, UCRL-ID-150980, pág. 2.

State Department to the Embassy in Spain, Telegram. 17-02-1966, FRUS 1964-1968, volume XII, Western Document, pág. 391.

State Department, Remarks John Kerry with Spanish foreing minister José Manuel García-Margallo y Marfil, Madrid, 19-10-2015, http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/19/248324.htm.

Strategic Air Command, «History of the Strategic Air Command, 1 January 1958-30 June 1958», Historical Study, n.º 73, vol. I.

Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 21 de octubre de 2013, http://supremo.vlex.es/vid/-475264058.

Tribunal de Orden Público, Sumario n.º 30 de 1967, Sentencia n.º 106, Rollo n.º 30 de 1967, 19 de octubre de 1967.

White House Situation Room to President Johnson, Memo, Washington, 18 de enero de 1966, FRUS, 1964-1968, Volumen XII.

4. Prensa y web

Abascal, Francisco, «Breve estancia del Sr. Fraga Iribarne en tierras de Almería», La Vanguardia, 9-03-1966.

ABC, «Periodistas Españoles, en las bases norteamericanas de Francia y Alemania», ABC, 19-02-1958.

—, «Consejo de Ministros presidido por Franco», ABC-Andalucía, 29-11-1966.

Alba, Ricardo, «Desert Springs asegura que compró la finca “perdida” a sus verdaderos dueños», Diario de Almería, 09-09-2010 http://www.elalmeria.es/article/provincia/781019/ desert/springs/asegura/compro/la/finca/perdida/sus/verdade ros/duenos.html.

AP, «27,000 U.S: troops stationed in Spain», The Canberra Times, 19-04-1963.

Bejarano, José, «La maldición de Palomares», La Vanguardia, 19-11-2004.

Cándido [Última hora], «Pero bueno ¿cuándo sacan la bomba?», ABC, 2-04-1966.

Cárcoba, Ángel, «Palomares zona cero: otra historia de engaños y mentiras», Nueva Tribuna, 19-01-2015, http://www.nueva tribuna.es/articulo/medio-ambiente/palomares-zona-cero-otra-historia-enganos-y-mentiras/20140119140248100059.html.

Cazcarra, Vicente, «Algo sigue oliendo a podrido en Palomares», El País, 26-05-1985, http://elpais.com/diario/1985/05/ 26/espana/485906410_850215.html.

—, «La Junta de Energía Nuclear reconoce oficialmente que las bombas de Palomares dejaron residuos radiactivos», El País, 04-08-1985, http://elpais.com/diario/1985/08/04/espana/ 491954416_850215.html.

CIFRA «Bautizo del quinto nieto de S.E. el Jefe del Estado», La Vanguardia, 19-02-1958.

—, «Conversaciones entre los damnificados de Palomares y las autoridades norteamericanas», La Vanguardia, 10-02-1967.

—, «Declaraciones del presidente de la JEN doctor Otero Navasqués (sic): No hubo ni pudo haber peligro de radiactividad en la zona de Palomares», La Vanguardia, 02-03-1966.

—, «El “contador de cuerpo entero” aparato para medir directamente la radiación en las personas», La Vanguardia, 06-04-1967.

—, «Felicidades al vecindario de Palomares», ABC, Madrid, 05-02-1968.

—, «Han sido satisfechas 475 indemnizaciones por valor de 558.104 dólares», La Vanguardia, 17-01-1967.

—, «Han sido resueltas favorablemente 515 reclamaciones de los damnificados de Palomares», La Vanguardia, 22-10-1967.

—, «Los EE.UU. hacen donación de una planta desalinizadora de agua de mar a Palomares», La Vanguardia, 16-06-1968.

—, «Marchan a París los parlamentarios franceses que han visitado España», ABC, 19-02-1958.

—, «Nota de la Jefatura Provincial de Sanidad», La Vanguardia, 08-02-1966.

—, «No hay efectos de radiactividad por el accidente de Palomares», ABC, 20-06-1967.

—, «Ocho vecinos de Palomares, examinados ya por el “contador de cuerpo entero”», La Vanguardia, 20-04-1967.

—, «Rumores sobre la presencia de Cousteau», ABC, 23-03-1966.

—, «Visita de inspección del presidente de la JEN a Palomares (Almería)», ABC, 23-07-1968.

De Benito, Emilio, «El plancton de Palomares muestra vestigios de las bombas atómicas», El País, 21-10-2003.

De la Cal, Juan C., «Palomares: “¡Esto es la bomba!”», El Mundo, 19-12-2004, http://www.elmundo.es/cronica/2004/479/1103557590.html.

De la Fuente, Inmaculada, «Antonia Flores», El País, 04-10-1985, http://elpais.com/diario/1985/10/04/ultima/497228405_850215.html.

Deleyto, José María, «El jefe del Estado inaugura una fábrica de uranio en Andújar», ABC, 14-02-1960.

Delfín, Martín, «La bomba atómica que planeó Franco», El País, 18-01-2008, http://elpais.com/diario/2008/01/18/espana/1200610814_850215.htm.

Delgado, Jesús, «Las gentes de Palomares viven todavía agobiadas por el temor y la incertidumbre», Le Socialiste, 24-02-1966.

EFE, «Los EE.UU. prohíben los vuelos nucleares sobre territorio español», según Reuter, ABC, 27-01-1966.

—, «El miedo a la radiactividad persiste en Palomares después de veinte años», ABC, 17-08-1985.

—, «La radiactividad detectada en Palomares es cien veces menor de la permitida», ABC-Sevilla, 09-10-1985.

—, «Palomares: no se ha detectado enfermedades por la bomba», ABC, 08-10-1985.

—, «El Gobierno expropia siete hectáreas en Palomares para limpiar la radiación de las bombas», El País, 17-12-2004.

—, «EE. UU., “muy comprometido” en buscar una solución para descontaminar Palomares», El Mundo, 26-01-2011, http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/25/espana/1295987850.html.

—, «El Gobierno de EE. UU. descarta que existe una “solución final” para Palomares», ABC, 04-02-2012, http://www.abc. es/20120204/sociedad/abci-palomares-tierra-contaminada-201202041318.html.

EL PAÍS, «Los habitantes de Palomares deben tener acceso a sus historiales, según el CSN», El País. 19-10-1985, http://elpais.com/diario/1985/10/10/sociedad/497746807_850215.html.

—, «Presentado un recurso para poder efectuar reclamaciones», El País, 17-01-1986, http://elpais.com/diario/1986/01/17/espana/506300402_850215.html.

—, «Bombas en Palomares», El País, 21-10-2006, en http://el pais.com/diario/2006/10/21/opinion/1161381603_850215.html.

Ellakuria, Iñaki, «Una iglesia para el obispo», La Vanguardia, 15-08-2005.

EUROPA PRESS, «Los labradores de Palomares reclaman sus indemnizaciones a los EE.UU.», La Vanguardia, 15-01-1967.

—, «Los vecinos de Palomares siguen sometidos a reconocimiento médico», La Vanguardia, 21-03-1967.

—, «Nos es imposible traer a Madrid a todos los habitantes de Palomares», La Vanguardia, 07-07-1967.

—, «No existe ningún caso de contaminación radiactiva», La Vanguardia, 29-07-1967.

—, «Los vecinos de Palomares pedirán judicialmente las indemnizaciones que creen les corresponden», La Vanguardia, 27-10-1967.

—, «Los técnicos estadounidenses y españoles concluyen la visita técnica a Palomares (Almería)», según el CIEMAT, Ideal, 24-02-2011, http://www.ideal.es/almeria/20110224/local/provincia-almeria/tecnicos-estadounidenses-espanoles-concluyen-201102241929.html.

—, «EE.UU. y España acuerdan rehabilitar el entorno de Palomares», 19-10-2015, Diario de Sevilla http://www.diariosevilla. es/article/andalucia/2136075/eeuu/y/espana/acuerdan/reha bilitar/entorno/palomares.html.

Fernández, Xavier, «La visita de John Kerry recupera la figura de “Paco”, el tarraconense que “pescó” una bomba atómica», Diari de Tarragona, 20-10-2015, http://www.diaridetarragona.com/tarragona/50026/la-visita-de-john-kerry-recupera-la-figura-de-paco-el-tarraconense-que-pesco-una-bomba-atomica.

Flores, Miguel Ángel, «La bomba de Palomares», ABC, 08-08-1976.

Gallego-Díaz, Soledad, y Carlos Gómez, «La tentación de la bomba», El País, 01-02-1987, http://elpais.com/elpais/2008/ 01/18/actualidad/1200647817_850215.html.

González, Miguel, «640 millones para limpiar Palomares de radiactividad», El País, 20-10-2015.

Jáuregui, Fernando: «La escala de buques con armas nucleares no implica su introducción en España, según la OID», El País, 19-04-1988, http://elpais.com/diario/1988/04/19/espana/577404010_850215.html.

LA VANGUARDIA «Manifestaciones de un portavoz de la Embajada de EE.UU. sobre las indemnizaciones de Palomares», La Vanguardia, 19-02-1967.

—, «La construcción de la planta desalinizadora de Palomares», La Vanguardia, 02-08-1967.

—, «Pleito por la bomba de Palomares ante el Supremo», La Vanguardia, 11-02-1976.

—, «La Administración tendrá que indemnizar por la ocupación y depreciación de una finca», La Vanguardia, 24-06-1977.

León, Manuel: «Propietarios de Palomares recurren la expropiación de suelo de la bomba», La Voz de Almería, 25-09-2006.

—, «Palomares no entra en la agenda del encuentro de Obama y Rajoy», La Voz de Almería, 14-01-2014, http://www.lavozdealmeria.es/movil/vernoticia.asp?IdNoticia=53684&IdSeccion=2.

LOGOS, «Los singulares acontecimientos de Palomares», Logos, La Vanguardia, Barcelona, 18-01-1967.

López, F.F., «Según un alto mando militar español, EE.UU. tiene en sus bases de utilización conjunta de 90 a 130 cabezas nucleares», Diario de Cádiz, 20-06-1987.

López, Cayetano: «Juan Antonio Rubio, un hombre comprometido», El País, 30-01-2010, http://elpais.com/diario/2010/01/30/necrologicas/1264806001_850215.html.

Manso, Sara, «Nuevo centro de cálculo en la Escuela de Ingenieros Industriales», ABC, 15-03-1983.

Mardones, Inmaculada G., «El Ciemat detecta en Palomares más plutonio del esperado», El País, 03-11-2003.

Martínez, F., «La planta desalinizadora de Palomares aún no ha entrado en funcionamiento», La Vanguardia, 06-04-1981.

Martón Pozuelo, Eduardo, «¿Agua? Si tienen vino y no se lavan», La Vanguardia, 15-08-2005.

Massip, José María, «La prensa estadounidense da en la primera página la foto de Fraga y Biddle Duke bañándose en Almería», ABC, 10-03-1966.

Matero, África, «Un ex guardia civil asegura haber sufrido la radiación en Palomares», La Voz de Galicia, 14-10-2006, http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2006/10/14/ 5194188.shtml.

Méndez, Rafael, «EE. UU. acepta limpiar Palomares», El País, 08-10-2006, http://elpais.com/diario/2006/10/08/sociedad/1160258401_850215.html.

—, «Detectar contaminación en Palomares fuera de las zonas expropiadas y valladas», El País, 01-07-2007, http://elpais.com/diario/2007/07/01/sociedad/1183240801_850215. html.

—, «Prohibido edificar sobre plutonio», El País, 5-04-2009, http://elpais.com/diario/2009/04/05/sociedad/1238882403_850215.html.

—, «Algo se mueve al fin en Palomares», El País, 23-02-2011, http://elpais.com/diario/2011/02/23/sociedad/1298415607_850215.html

—, «España exige a EE. UU. limpiar Palomares “sin dilación”», El País, 16-11-2011, http://elpais.com/diario/2011/01/16/sociedad/1295132403_850215.html.

Mendo, Carlos, «El ministro de Información y Turismo tomó un baño en aguas de Palomares», ABC-Sevilla, 09-03-1966.

M.N., «Los vecinos quieren que no caduque el plazo para reclamar los daños que puedan descubrirse en el futuro”, ABC, 17/01/1986.

Morales, José Martín, «La duquesa de Medina Sidonia ante el Tribunal de Orden Público», La Vanguardia, 18-10-1967.

Monras Sender, J., «Palomares es la zona del planeta con una mayor contaminación de plutonio», La Vanguardia, 30-11-1966.

Moreno Izquierdo, Rafael, «Los hermanos que rompieron el veto de Franco», El País, 12-01-2014.

—, «la joya de la corona, del despliegue mundial del Pentágono». www.defensa.com, 10/03/2015, http://www.defensa.com/frontend/defensa/base-aerea-moron-joya-oculta-des pliegue-mundial-pentagono-vn9978-vst169.

M. R., «Solo queremos una solución», El País, 18-11-2004.

Navarrete, Martín, «Palomares continúa con su ancestral escasez de agua», ABC-Sevilla, 13-01-1985.

—, «Dos décadas después de la bomba, Palomares continúa con su ancestral escasez de agua», ABC-Sevilla, 13-01-1985.

—, «Palomares, veinticinco años después de la bomba», ABC-Sevilla, 17-01-1991.

Novo, Carlos: «Un nuevo estudio revela que Palomares es la zona del planeta con más plutonio», La Vanguardia, 08-02-1986.

Oficina de Prensa del Ministerio de Defensa: Los aparatos siniestrados realizaban operaciones de aprovisionamiento, ABC, 21-01-1966.

Ortega, Andrés, y Carlos Yárnoz, «Felipe González aceptó que EE. UU. situara armas nucleares en España, según William Arkin», El País, 16-01-1986, http://elpais.com/diario/1987/03/16/espana/542847609_850215.html.

—, «El Ejército se entrena para disparar armas nucleares», El País, 28-01-1987, http://elpais.com/diario/1987/01/28/espana/538786801_850215.html.

—, «Textos oficiales del Ejército de Tierra aconsejan el uso de armas atómicas en el ataque», El País, 29-01-1987, http://elpais.com/diario/1987/01/29/espana/538873204_850215.html.

Palenzuela, Juan José, «El Gobierno confía en que EE. UU. pagará más de 200 millones para limpiar Palomares», Interviú, 22-06-2009, http://www.interviu.es/reportajes/articulos/el-gobierno-confia-en-que-estados-unidos-pagara-mas-de-200-millones-para-limpiar-palomares.

Perinat, Santiago: «España y el Tratado de No Proliferación Nuclear», El País, 29-05 1985, http://elpais.com/diario/1985/05/29/espana/486165602_850215.html.

Pérez, Fernando: «A mí no me compra nadie», El País, 20-12-2010, http://elpais.com/diario/2010/12/20/sociedad/1292799605_850215.html.

Remiro Brontons, Antonio, «España y el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)», s/f, consultado en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/17/pr/pr10.pdf.

Ricardo, Miguel Ángel, «Palomares: un parque temático para olvidar las bombas», Publico.es, 23-01-2011, http://www.publico.es/ciencias/palomares-parque-tematico-olvidar-bombas.html.

Rizzi, A., y Rafael Méndez, «EE. UU. corrige a Margallo», El País, 04-02-2011, http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/04/actualidad/1328383428_036939.html.

Rojas, Alberto, «Paseo por el búnker de La Moncloa», El Mundo, 02-03-2003, http://www.elmundo.es/cronica/2003/385/1046615203.html.

Sancho, Carlos, y Yolanda Benito Moreno: «El nivel de radiación es insignificante, no existe ningún riesgo en Palomares», Diario de Almería, 10-08-2014.

Schumacher, Edward, «Where H-bombs fell, Spaniards still worry», The New York Times, 28-12-1985, http://www.nytimes.com/1985/12/28/world/where-h-bombs-fell-spaniards-still-worry.html.

Simón, Jennifer, «Cuevas cierra la investigación de la “finca pedida”: no es del municipio», Levante, 29-02-2012, http://levante.ideal.es/cuevas-almanzora/506-cuevas-cierra-la-investigacion-de-la-finca-perdida-no-es-del-municipio.html.

Torres, Antonio, «Los vecinos de Palomares no acudirán al reconocimiento de la JEN», El País, 07-10-1985, http://elpais.com/diario/1985/10/07/sociedad/497487607_850215.html.

—, «Vecinos de Palomares reciben sus historiales clínicos», El País, 11-11-1985, http://elpais.com/diario/1985/11/11/sociedad/00511606_850215.htm.

—, «Palomares no ha olvidado las bombas, 20 años después», El País, 17-01-1986, http://elpais.com/diario/1986/01/17/espana/506300432_850215.html.

TVE, «Palomares, la huella del plutonio», Informe semanal, RTVE, 05-03-2011 http://www.rtve.es/alacarta/videos/informesemanal/informe-semanal-palomares-huella-del-plutonio/ 1037582/.

Vallés Primo, J., «Continúa la búsqueda del artefacto en aguas de Almería», ABC, 08-02-1966.

—, «El almirante Guest presenta la bomba a los periodistas y explica la operación de rescate», ABC, 10-04-1966.

Vilarós, Teresa M., «El baño del ministro y el embajador: Fraga y Duke en Palomares, 1966», Res publica, 13-04-2004.

Yón, Luis, y Raquel Pérez, «La retirada de la tierra contaminada de Palomares costará 640 millones», ABC, 20-10-2015.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos mantuvo en vuelo durante las 24 horas del día bombarderos estratégicos con armas nucleares dispuestos a atacar a la Unión Soviética en cualquier momento. Los aviones volaban siguiendo tres rutas predeterminadas. Una de ellas, la denominada Sur, requería que repostarán combustible en vuelo sobre España utilizando aviones cisternas que operaban desde las bases militares de utilización conjunta acordadas con Franco. © Carles Salom

Los B-52 que trasportaban armas nucleares debían reabastecerse de combustible en vuelo desde aviones especiales que, en el caso de España, salían desde las bases aéreas de Torrejón de Ardoz y Morón de la Frontera. En una de esas operaciones, en enero de 1966, se produjo el accidente aéreo de Palomares. Archivo del autor

Las tripulaciones de los bombarderos estadounidenses B-52 estaban entrenadas y adiestradas para poder despegar en caso de alarma en menos de 15 minutos y, para ello, permanecían siempre muy cerca de sus aviones y listos en todo momento para ser activados. © Ullstein Bild - Getty Images

Francisco Franco inauguró en 1958 la Junta de Energía Nuclear (JEN) donde se investigó la posible obtención de la bomba atómica española. En la foto, acompañado del presidente de la JEN, José María Otero de Navascués (a la derecha, dando explicaciones). Detrás se puede ver al almirante Luis Carrero Blanco, ya mano derecha del Caudillo. © Miguel Cortes - EFE

El capitán general Agustin Muñoz Grandes, en ese momento jefe del Alto Estado Mayor y pieza clave en la gestión de la crisis de Palomares, en compañía del entonces embajador de Estados Unidos en España, Angier Biddle Duke, y su esposa, Robin, hablan cordialmente en un acto en la embajada de norteamericana en reconocimiento a la contribución española en el caso de Palomares. Universidad de Alcalá de Henares

Un grupo de habitantes de Palomares mira con curiosidad las toneladas de restos amontonados de los aviones estadounidenses que cayeron a tierra después de colisionar en el aire. Como si se tratase de un milagro, ninguno de los centenares de restos de los aparatos ocasionó heridos o muertos en el pueblo y sus alrededores. Archivo ABC

La Fuerza Aérea estadounidense movilizó rápidamente a centenares de soldados que se trasladaron por carretera y avión a Palomares para trabajar en las labores de búsqueda de supervivientes, recuperación de las bombas termonucleares y limpieza de los terrenos afectados por la contaminación radiactiva. Archivo del autor

El ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga (en el centro con las manos en los bolsillos), antes del famoso baño frente a las costas de Palomares para demostrar que no había peligro de contaminación nuclear. El segundo por la izquierda es el general Montel, el responsable español sobre el terreno de todo lo relacionado con el accidente. EFE

El doctor Langham (izquierda), conocido como Mister Plutonio, por ser la máxima autoridad en este isótopos en 1966 y quien diseñó los planes de descontaminación de Palomares, así como como las pautas del aún vigente problema Indalo, junto al doctor Iranzo (derecha) que coordinó el proyecto en España durante más de 25 años. La fotografía está tomada en los Laboratorios Nacionales de Los Álamos (Nueva México, EEUU) en abril de 1966 con motivo del enterramiento en Savanah River (Carolina del Sur) de los barriles con tierra contaminada procedentes de Palomares. En el centro se encuentra Thomas Shipman, coordinador del Área de Salud. AESA

Formados en cerrada línea recta, los soldados estadounidenses revisan minuciosamente los campos de la zona de Palomares buscando cualquier artefacto metálico de los aviones e indicios de la cuarta bomba que, en un primer momento, se especuló con que había caído en tierra como las tres restantes, aunque luego se comprobó que se encontraba en el mar. © Bettmann/CORBIS/Cordon Press

Personal español de la Junta de Energía Nuclear se prepara para iniciar las labores de control y medición de las zonas contaminadas. Estas mediciones radiológicas se tomaron con el contador PAC-1S, más conocido como «la plancha» por su forma. Los propios estadounidenses reconocieron que no era el equipo más adecuado y preciso para este trabajo. Archivo ABC

Tras el acuerdo con las autoridades españolas, los soldados estadounidenses retiraron todas las cosechas y tierras altamente contaminadas que fueron almacenadas en bidones metálicos que, posteriormente, se trasladaron a Estados Unidos para ser enterrados allí. Las cosechas menos contaminadas se quemaron en varios lugares cercanos de Palomares. Archivo del autor

El pescador Francisco Simó Orts ayudó a rescatar a alguno de los supervivientes del accidente y a localizar la cuarta bomba atómica que cayó en el Mediterráneo y, en reconocimiento de su contribución, fue condecorado por la embajada de Estados Unidos. Los dibujos muestran como Simó Orts explicó lo que había visto caer en el mar. Una especie de torpedo —que en realidad era una bomba termonuclear- y otro objeto que resultó ser uno de los pilotos que posteriormente fue rescatado del mar. Dibujos cortesía de Randall Maydew que los incluye en su libro America’s Lost H-Bomb: Palomares, Spain 1966. Universidad de Alcalá de Henares

Los buzos de combate de la Armada estadounidense tuvieron que identificar uno a uno todos los objetos metálicos que los radares detectaban en el mar y comprobar que no se trataba de la bomba atómica perdida en el Mediterráneo u objetivos secretos de alguno de los dos aviones que habían colisionado en vuelo. Archivo del autor

Después de 57 días de búsqueda sin éxito, el mini submarino Alvin descubrió el 15 de marzo de 1966 unas huellas en el fondo del mar, a unos 780 metros de profundidad, que le guiaron hasta un objeto que resultó ser la cuarta bomba atómica que, en el código secreto de la Armada, debía identificarse por radio con las palabras «panel instrumental». Archivo del autor

La cuarta bomba termonuclear, cuya búsqueda se convirtió en la mayor operación subacuática de la historia hasta ese momento, fue sacada del mar y depositada en la cubierta del buque Petrel donde los artificieros estadounidenses comprobaron su estado y la desactivaron. La bomba estaba prácticamente intacta aunque con algunos desperfectos menores como consecuencia de la presión. Archivo del autor

Para contrarrestar la campaña de propaganda soviética y reforzar la veracidad de su recuperación, Estados Unidos aprobó que fuera mostrada ante la prensa internacional. Hasta entonces, las bombas atómicas norteamericanas eran máximo secreto y nunca se había permitido que fueran fotografiadas. En la fotografía, el almirante Guest estrecha la mano del general Montel. Les acompaña el general Delmar Wilson y el español Antonio Velilla de la JEN. AESA

Dos de las bombas termonucleares MK-28F1 rescatadas en Palomares están expuestas en la actualidad en el Museo de Energía Atómica de Alburquerque, en el estado norteamericano de Nuevo México, como parte de un expositor específico donde se recuerda el accidente nuclear como uno de los más graves de la historia de la Guerra Fría. The National Atomic Museum, in Albuquerque, NM

Las zonas donde existe contaminación de plutonio se encuentran actualmente valladas por el CIEMAT para evitar que se remueva la tierra y se produzca una resuspensión del plutonio. Asimismo se advierte que está prohibido el acceso y el paso a toda persona no autorizada. CIEMAT

Aunque España no tenía armas nucleares propias, sus Fuerzas Armadas desarrollaron a partir de 1968 manuales y guías para la supervivencia en caso de ataque atómico. Estas cartillas explican con dibujos y gráficos qué tenían que hacer las tropas para protegerse individualmente y su armamento en el momento de darse la señal de alarma. Archivo del autor

Durante los años 60 y 70, el personal de la Junta de Energía Nuclear contabilizó cuidadosamente a cargo de los fondos del programa Indalo todos los gastos ocasionados por el seguimiento y supervisión de la contaminación radiológica. Aquí se pueden ver distintos recibos obtenidos por la compra de muestras de peces, mariscos y crustáceos, e incluso por la adquisición de un abanico de regalo para uno de los científicos de EE.UU. que visitó España. Archivo del autor

La prensa nacional e internacional siguió muy de cerca todo lo relacionado con el accidente de Palomares. Sin embargo, mientras la española estuvo siempre bajo la estricta supervisión del Gobierno de Franco (ver la portada del diario Pueblo), la estadounidense logró superar la censura. La noticia de la agencia de noticias estadounidense UPI informa del accidente a las pocas horas de haberse producido. Archivo del autor

Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, fue encarcelada en 1969 por orden del Tribunal de Orden Público por haber organizado una manifestación ilegal en Palomares en defensa de los intereses de los habitantes del pueblo, ya que consideraba que no habían sido tratados justamente ni por las autoridades estadounidenses ni por las españolas. EFE

Juan Antonio Rubio dirigió el CIEMAT desde 2004 y 2010, período durante el que relanzó el programa Indalo y firmó un nuevo acuerdo con Estados Unidos para la realización de estudios científicos con el objetivo de determinar el nivel de contaminación de los terreros. Doctor en Ciencias Físicas, desempeñó diferentes puestos técnicos en la CERN. © Diego Gómez/EFE/lafototeca.com

Cayetano López Martínez, nombrado director general del CIEMAT en 2010 tras la muerte de Juan Antonio Rubio, es catedrático de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y había sido rector de dicha universidad, así como director general adjunto y director del departamento de Energía del CIEMAT. EFE

Miguel Ángel Moratinos, entonces ministros de Exteriores, pidió en 2009 a Hillary Clinton, secretaria de Estado norteamericana, que intercediera para acelerar un acuerdo que resolviera el problema de Palomares sin que lograra avances significativos. © Michael Gross -U.S. Department of State

Trinidad Jiménez trató de nuevo el tema de Palomares con Hillary Clinton cuando se reunió con ella a lo largo de 2011 pero tampoco obtuvo resultados positivos ya que Estados Unidos no aceptó comprometerse respecto a una nueva limpieza de Palomares. © Michael Gross -U.S. Department of State

En 2011, Jesús Caicedo, entonces alcalde de Cuevas de Almanzora, visitó junto al alcalde pedáneo de Palomares, Juan José Pérez, la embajada de Estados Unidos para conocer de primera mano las conversaciones que se mantenían con las autoridades españolas en relación con la limpieza de las tierras aún contaminadas con residuos radiactivos en Palomares. © Chema Moya - EFE

Un equipo de expertos estadounidenses visitó Palomares en febrero de 2011 y mantuvo encuentros técnicos con los expertos del CIEMAT sobre las opciones de actuación y propuestas de rehabilitación de los terrenos. En la foto, los científicos se protegen los pies con unos calcetines de plástico antes de entrar en las zonas contaminadas con plutonio. © Carlos Barba- EFE

El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, y el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, firmaron el 19 de octubre de 2015 en Madrid un acuerdo por el cual Washington se compromete a rehabilitar el entorno de Palomares y a almacenar los residuos en «un emplazamiento adecuado» de Estados Unidos en el plazo más breve posible. U.S. Department of State

© Carles Salom

Archivo La Vanguardia

© Carles Salom

© Carles Salom

Notas

1. ESPAÑA, CLAVE EN EL PLAN DE ATAQUE NUCLEAR DE WASHINGTON

1. Preston, Paul: Franco, «Caudillo de España», Barcelona, Grijalbo, 2002, pág. 664.

2. Salgado Araujo, Francisco Franco: Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, 1976, pág. 484.

3. Foreign Office to Washington July 7, 1951 & Francks to Foreign Office, July 12, 1951, FO 371/96185, WS1971/69G y WS1971/71. NARA.

4. Preston, Paul: Franco, «Caudillo de España», Barcelona, Grijalbo, 2002, pág. 665.

5. Ibíd., pág. 666.

6. Alonso Zaldívar, Carlos: Miradas torcidas. Percepciones mutuas entre España y Estados Unidos. Real Instituto ElCano, WP 22/2003, págs. 14 y ss.

7. Viñas, Ángel: En las garras del águila, Barcelona, Crítica, 2003, pág. 260.

8. Rusk, Dean y McNamara, Robert: «Memorandum to the President. Report on U.S. Policy toward Spain», Top secret, 16 de junio de 1963. Archivo Biblioteca Kennedy, pág. 4.

9. Ibíd., pág. 6.

10. Buttler, William: Fifty years on NATO’s Southern flank. A history of Sixteenth Air Force (1954-2004) Office of History HQ Sixteenth Air Force, Aviano Air Base, Italy, 2004, págs. 21 y ss consultado el 08/08/2014 en https://hoseyfiles.files.wordpress.com/2015/ 03/20040501-16af-heritagepam.pdf.

11. Viñas, Ángel: En las garras del águila, Barcelona, Crítica, 2003, págs. 218 y ss.

12. Ibíd., pág. 220.

13. El detalle se puede encontrar en V9, Ángel: En las garras del águila, Barcelona, Crítica, 2003, pág. 251.

14. Clearwater, John: U.S. nuclear weapons in Canada, Toronto, Dundurn, 1999, pág. 63.

15. Ibíd., pág. 66.

16. Deaile, Melvin: «The SAC mentality» en Air & Space Power Journal, March-April, 2015, pág. 49.

17. Deaile, Melvin: «The SAC mentality: the origins of organizational cultural in Strategic Air Command (1946-1962)», Dissertation, University of North Carolina, 2007, pág. 175.

18. Megara, John: «Dropping nuclear bombs on Spain: The Palomares accident of 1966 and the US airborne alert», 2006, Electronic Theses, Treatises and Dissertations Paper 2502, Florida State University, DigiNole Commons, pág. 22.

19. Ibíd., pág. 23.

20. «Alert Operations and the Strategic Air Command (1967-1991)», 07/12/1991, Office of the Historian, HQ SAC, Offutt Air Force Base, Nebraska.

21. Buttler, William: «Fifty years on NATO’s Southern flank. A history of Sixteenth Air Force (1954-2004)». Office of History HQ Sixteenth Air Force, Aviano Air Base, Italy. 2004, pág. 8 consultado el 08/08/2014 en https://hoseyfiles.files.wordpress.com/2015/03/20040 501-16af-heritagepam.pdf

22. Rusk, Dean y McNamara, Robert: «Memorandum to the President. Report on U.S. Policy toward Spain», Top secret, 16 de junio de 1963. Archivo Biblioteca Kennedy, pág. 5.

23. Nalty, Bernard (ed.): Winged Shield, Winged Sword 1950-1997: A History of the United States Air Force, Vol II. 1997, University Press of the Pacific, pág. 214.

24. Keeney, Douglas: 15 minutes, general Lemay and the countdown to nuclear annihilation, 2001, Nueva York, St. Martin’s Press, Macmillan, pág. 252.

25. Rusk, Dean y McNamara, Robert: «Memorandum to the President. Report on U.S. Policy toward Spain», Top secret, 16 de junio de 1963. Archivo Biblioteca Kennedy, pág. 5.

26. Keeney, Douglas: 15 minutes, general Lemay and the countdown to nuclear annihilation, 2001, Nueva York, St. Martin’s Press, Macmillan, pág. 311.

27. Megara, John: «Dropping nuclear bombs on Spain: The Palomares accident of 1966 and the US airborne alert», 2006, Electronic Theses, Treatises and Dissertations Paper 2502, Florida State University, DigiNole Commons, pág. 27.

28. Keeney, Douglas: 15 minutes, general Lemay and the countdown to nuclear annihilation, 2001, Nueva York, St. Martin’s Press, Macmillan, pág. 310.

29. Rusk, Dean y McNamara, Robert: «Memorandum to the President. Report on U.S. Policy toward Spain», Top secret, 16 de junio de 1963. Archivo Biblioteca Kennedy, pág. 6.

30. AP: 27,000 U.S: troops stationed in Spain, The Canberra Times, April 19, 1963, pág. 33.

2. EN EL OBJETIVO DE LAS BOMBAS ATÓMICAS DE MOSCÚ

1. Cifra, «Bautizo del quinto nieto de S.E. el Jefe del Estado», La Vanguardia, 19/02/1958, pág. 1.

2. Cifra, «Marchan a París los parlamentarios franceses que han visitado España», ABC, 19/02/1958, pág. 29.

3. Conferencia sobre efectos de las Armas Nucleares, febrero 1958, AFF, n.º 23918.

4. Marquina Barrio, Antonio: España en la política de seguridad occidental, Madrid, Ediciones Ejército, 1986, pág. 632.

5. Ibíd., pág. 638.

6. Ibíd., pág. 650.

7. Suárez, Luis: Franco, Crónica de un tiempo. Proyectos para una doble estabilización (1953-1961), Madrid, Ed. Actas, 2003, pág. 304.

8. Ibíd., pág. 305.

9. Ibíd., pág. 304.

10. Marquina Barrio, Antonio: España en la política de seguridad occidental, Madrid, Ediciones Ejército, 1986, pág. 662.

11. Ibíd., pág. 663.

12. «Periodistas Españoles, en las bases norteamericanas de Francia y Alemania», ABC, 19/02/1958, pág. 7.

13. Frutos, Eugenio: «Conferencias sobre efectos de las armas nucleares», febrero 1958, Secreto, n.º 23918. Archivo Francisco Franco, Anexo 3, pág. 3.

14. Ibíd., pág. 9.

15. Ibíd., pág. 15.

16. Ibíd., pág. 18.

17. Ibíd., pág. 19.

18. Ibíd., pág. 21.

19. Ibíd., pág. 2.

20. Frutos, Eugenio: «Conferencias sobre efectos de las armas nucleares», febrero 1958, Secreto, n.º 23918. Archivo Francisco Franco, Anexo 4, pág. 3 y 6.

21. Ibíd., pág. 15.

22. Ibíd., pág. 17.

23. Ibíd., pág. 22.

24. Frutos, Eugenio: «Conferencias sobre efectos de las armas nucleares», febrero 1958, Secreto, n.º 23918. Archivo Francisco Franco, pág. 10.

25. Ibíd., pág. 11.

26. Suárez, Luis: Franco, Crónica de un tiempo. Proyectos para una doble estabilización (1953-1961), Madrid, Ed. Actas, 2003, pág. 308.

27. Ibíd., págs. 309-310.

28. Frutos, Eugenio: «Conferencias sobre efectos de las armas nucleares», febrero 1958, Secreto, n.º 23918. Archivo Francisco Franco, Anexo 3, pág. 5.

29. «Decreto del 23 de enero de 1941 por el que se crea la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva y del Territorio», Boletín Oficial del Estado, n.º 36, págs. 363-364.

30. Bellod Gómez, Alfredo (coronel): Al que leyere en Boletín de Información de Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, Presidencia del Gobierno, n.º 12, Enero, 1960, pág. 3.

31. Piedrola Gil, Gonzalo: Nuevos aspectos sanitarios en la Protección Civil en Boletín de Información, dirección general de Protección Civil, Presidencia del Gobierno, n.º 126, septiembre, 1960, págs. 7 y ss.

32. Martínez Pérez, Enrique: Organización sanitaria ante ataques atómicos o desastres naturales. Su aplicación a la provincia de Málaga en Boletín de Información, dirección general de Protección Civil, Presidencia del Gobierno, n.º 132, noviembre, 1962, págs. 28 y ss.

3. PROYECTO ISLERO O LA BOMBA ATÓMICA DE FRANCO

1. Irujo, José María: Donato Fuejo, expresidente del CSN: «El dictador soñaba con tener armas nucleares», El País, 18 de enero de 2008, pág. 18.

2. Romero de Pablos, Ana y Sánchez Ros, José Manuel: Energía Nuclear en España, de la JEN al CIEMAT, Ed. CIEMAT, Madrid, 2001, pág. 15.

3. De Andrés Martín, Juan Ramón: José María Otero de Navascués, Enríquez de la Sota, Marqués de Hermosilla, 2005. Plaza y Valdés S.A. México, pág. 68.

4. Durán, Armando: «Los orígenes de la Junta de Energía Nuclear en España», Revista de la Sociedad Nuclear Española, n.º 76, junio 1998, pág. 12.

5. De Andrés Martín, Juan Ramón: José María Otero de Navascués, Enríquez de la Sota, Marqués de Hermosilla, 2005. Plaza y Valdés S.A. México, págs. 38 y 39.

6. Caro, Rafael et al.: Historia nuclear de España, Madrid, Sociedad Nuclear Española, 1995, pág. 32.33

7. Romero de Pablos, Ana y Sánchez Ros, José Manuel: Energía Nuclear en España, de la JEN al CIEMAT, Ed. CIEMAT, Madrid, 2001, pág. 30.

8. Colino López, Antonio: «Antonio Colino López en 50 años de Historia Nuclear en España», Revista de la Sociedad Nuclear Española, junio 1998, pág. 3.

9. Sánchez Vázquez, Luis: La legislación de la energía nuclear en España: el Fórum Atómico Español (1962-1979), Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 2012, pág. 49.

10. Romero de Pablos, Ana y Sánchez Ros, José Manuel: Energía Nuclear en España, de la JEN al CIEMAT, Ed. CIEMAT, Madrid, 2001: 65

11. Ibíd., pág. 147.

12. «Visita a las instalaciones de la Junta Nuclear», ABC, 07/04/1956, pág. 9.

13. Romero de Pablos, Ana y Sánchez Ros, José Manuel: Energía Nuclear en España, de la JEN al CIEMAT, Ed. CIEMAT, Madrid, 2001, pág. 138.

14. Deleyto, José María, «El jefe del Estado inaugura una fábrica de uranio en Andújar». ABC, 14/02/1960, págs. 63-63.

15. De Andrés Martín, Juan Ramón: José María Otero de Navascués, Enríquez de la Sota, Marqués de Hermosilla, 2005. Plaza y Valdés S.A. México, pág. 99.

16. Entrevista con Guillermo Velarde, Caro, Rafael et al.: Historia nuclear de España, Madrid, Sociedad Nuclear Española, 1995, pág. 99.

17. Caro, Rafael et al.: Historia nuclear de España, Madrid, Sociedad Nuclear Española, 1995, págs. 185-186.

18. Gallego-Díaz, Soledad y Gómez, Carlos: «La tentación de la bomba», El País, 1 de febrero de 1987 consultado el 08/08/2015 en http://elpais.com/elpais/2008/01/18/actualidad/1200647817_850215. html.

19. Ramón, S/f; pág. 207.

20. Department of State (1964): Nuclear export controls of other countries, Secret, December 11, 1964, págs. 17-20.

21. Ibíd.

22. Operación Flecha Rota: «El accidente nuclear de Palomares». Publicado el 3 de octubre de 2013 en la página de You tuve de Documentales Alimite y consultado el 10 de octubre de 2014 https://www. youtube.com/channel/UCqHkthYS_N0fS6s8gcRXmXw.

23. Ibíd.

24. Gallego Díaz, Soledad y Gómez, Carlos: «La tentación de la bomba», El País, 1 de febrero de 1987, consultado el 08/08/2015 en http://elpais.com/elpais/2008/01/18/actualidad/1200647817_ 850215.html.

25. Delfín, Martín: «La bomba atómica que planeó Franco», El País, 18/01/2008 consultada http://elpais.com/diario/2008/01/18/espana/ 1200610814_850215.htm.

26. Guided Missile and Astronautics Intelligence Committee: SNIE 4-1-74 «Prospects for the Proliferation of nuclear capabilities», Top Secret, July 11, 1974.

27. CIA: «Prospects for further proliferation of nuclear weapons», Top Secret, Special National Intelligence Estimate, SNIE 4-1-74. April 23, 1974, pág. 12.

28. Remiro Brotons, Ramiro: «España y el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)», s/f consultado el 12 de junio de 2014 en http:// www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/17/pr/pr10.pdf.

29. Gallego Díaz, Soledad y Gómez, Carlos: «La tentación de la bomba», El País, 1 de febrero de 1987, consultado el 08/08/2015 en http://elpais.com/elpais/2008/01/18/actualidad/1200647817_ 850215.html.

30. Perinat, Santiago: «España y el Tratado de No proliferación Nuclear», El País, 29/05/1985, consultado el 08 de julio de 2014 en http://elpais.com/diario/1985/05/29/espana/486165602_850215. html. Perinat era comandante ingeniero y entonces estaba retirado del servicio a petición propia.

31. Ortega, Andrés y Yárnoz, Carlos: «Felipe González que EE.UU. situará armas nucleares en España, según William Arkin», El País, 16/03/1986. Consultado el 10 de octubre de 2015 en http://elpais.com/ diario/1987/03/16/espana/542847609_850215.html.

32. Cremeans, C.D., Moriarty, J.K. y Ponduro, J.: The evolution of US Strategic Command and control and warning 1945-1972. Study-S469, Virginia, Institute for Defense Analyses, June 1975, pág. 32.

33. Fuhrmann, M y Sechser, T.S. (2014). «Signaling Alliance Commitments: Hand-Tying and Sunk Costs in Extended Nuclear Deterrence». American Journal of Political Science, 58 (4), 919-935.

34. Arkin, William: «Informe sobre eventuales despliegues de armas nucleares en el exterior», Afers Internacionals, 1985, págs. 192-203.

35. Barringer, «Philip to Colonel Haskin et al.: Memorandum from Philip E. Barringer, Office of the Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, 8 octubre 1958», Top Secret. NOTA Consultada 03/08/2014 http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB197/ nd-7.pdf. Fue desclasificado en 2005 a The National Security Archive cuyos analistas son los que identificaron las naciones que se mencionan en el mismo. Las páginas 60-63 se refieren supuestamente a España.

36. «Office of the Assistant to the Secretary of Defence (Atomic Energy) (1978): History of the custody and deployment of nuclear weapons, July 1945 through September 1977», Top secret. William Arkin, Robert Norris y William Burr fueron los primeros en identificar a España en esta lista en un artículo que publicaron en 1999 en la revista The Bulletin of the Atomic Scientist.

37. «History of the Strategic Air Command, January 1, 1958-June 30, 1958», Historical Study, n.º 73, volúmen I; pág. 36. Este documento también localiza en qué bases españolas estuvieron almacenadas el resto de las bombas atómicas norteamericanas (MK 36 y MK 39).

4. LA MANO DE DIOS PROTEGE A PALOMARES

1. Lewis, Flora: One of Our H-bombs is Missing, Nueva York, McGraw-Hill Book Company, 1967, pág. 6.

2. Szulc, Tad: Las bombas de Palomares, Barcelona, Seix Barral, 1967, págs. 18-19.

3. Ibíd., pág. 21.

4. Herrera, José y Sánchez Picón, Antonio (directores): «Operación Fecha Rota», Documental, Producción Pitaco, 2007. Consultado el 12/10/2014 en https://www.youtube.com/watch?v=_FJ27FNelQE.

5. Messinger, Major: Statement, Special, January 18, 1966/January 20, 1966, DOE document, pág. 2. Desclasificado por DOE para el autor. Wendorf, Captain: Statement, Special, January 18, 1966/January 20, 1966, DOE document, pág. 2. Ambos desclasificados por DOE para el autor.

6. Navarrete, Martín: «Palomares, veinticinco años después de la bomba», 17/01/1991, pág. 42.

7. Herrera, José y Sánchez Picón, Antonio (directores): Ibíd. Consultado el 12/10/2014 en https://www.youtube.com/watch?v=1E-TTbqd7ls.

8. Szulc, Tad: Ibíd., pág. 48-50.

9. Ibíd., pág. 105.

10. Ibíd., pág. 54.

11. Ibíd., págs. 55-56.

12. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 17.

13. Moran, Barbara: The day we lost the H-Bomb, Nueva York, Presidio Press, 2009, pág. 36.

14. Szulc, Tad: Ibíd., pág. 65.

15. Rockland, Michael Aaron: Un diplomático americano en la España de Franco, Biblioteca Javier Coy D’Estudis Nord-Americans, Valencia, Universidad de Valencia, Servicio de Publicaciones, 2011, pág. 83.

16. Asselin, S.V.: B-52/KC-135 Collision near Palomares, Spain (U), Secret, August 1966, Sandia Laboratory. Albuquerque, pág. 14. Desclasificado para el autor por el DOE.

17. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág 20.

5. MISTER PLUTONIO Y ESTOS «AMABLES» ESPAÑOLES

1. Moran, Barbara: The day we lost the H-Bomb, Nueva York, Presidio Press, 2009, pág. 37.

2. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 28.

3. Szulc, Tad: Las bombas de Palomares, Barcelona, Seix Barral, 1967, pág. 104.

4. Velarde, Guillermo: «Lo que hay de cierto y de falso en torno a la bomba de neutrones» en Revista de Aeronáutica y Astronáutica, Madrid, Ejército del Aire, n.º 505, enero 1983, págs. 13 y ss.

5. Gascó Leonarte, Catalina: «Estudio de la distribución de plutonio en el ecosistema marino de Palomares después de una descarga accidental de un aerosol de transuránicos», Tesis Doctoral, 1990, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid, pág. 2.

6. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 38.

7. May, John: The Greenpeace Book of the Nuclear Age, 1989, Greenpeace Communications, pág. 149.

8. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 51.

9. Barrett Seaton, Michael (col): Nuclear accidents at Palomares, Spain in 1966, and Thule, Greenland in 1968, Secret, Historical Research Project n.º1421, United States Department of State, 1985. DOE/OSS Central File Room, págs. 14-15.

10. Telegram from 16AF to USAF, Secret, January 21, 1966. n.º SAC 200118730000. Desclasificado por el DOE para el autor.

11. Ramos Rodríguez, Eduardo: Palomares two years after, Abril 1968, n.º 106837, pág. 6. Desclasificado por el DOE para el autor.

12. Defense Atomic Support Agency (DASA): Proceeding of the Second Interdisciplinary Conference on select effects of a general war, Vol. II, July 1969, Information and Analysis Center, DASA Special Report 95, 2019-2, n.º 41446, DOE Archives, pág. 250.

13. Moss, William y Eckhardt, Roger: «The Human Plutonium Injection Experiments», Los Alamos Science, Los Alamos Laboratory, 1996, pág. 217.

14. Defense Atomic Support Agency (DASA): Ibíd., pág. 243.

15. Herrera Plaza, José: «La descontaminación radiológico de Palomares en 1966», Revista Axarquía, n.º 16, verano 2014. En imprenta.

16. Defense Atomic Support Agency (DASA): Proceeding of the Second Interdisciplinary Conference on select effects of a general war, Vol. II, July 1969, Information and Analysis Center, DASA Special Report 95, 2019-2, n.º 41446, DOE Archives, pág. 260.

17. Langham, Wright H.: Technical Report. No date, DOE, n.º 104830, pág. 4. Desclasificado por el DOE para el autor.

18. Office of the Assistant to the Secretary of Defense, Atomic Energy: B-52KC-135 accident in Spain, Status summary, February 23, 1996, pág.4, DOE. Desclasificado por el DOE para el autor.

19. Cambs, Marshall: Oral History, Palomares, 11/17/00, DOE, págs. 15-16. Desclasificado para el autor a través de una FOIA remitida el 10/07/2001.

20. Defense Atomic Support Agency (DASA): Ibíd., pág. 243.

21. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, págs. 53-54.

22. Defense Atomic Support Agency (DASA): Ibíd., pág. 240.

23. Leal Echevarría, Gregorio: «Otro punto de vista sobre el accidente nuclear de Palomares», Revista Axarquía, n.º 13, verano 2008, pág. 179.

24. Leal Echevarría, Gregorio y Pérez-Manzuco, Francisco José: «Análisis geológico de la zona propuesta para efectuar dos enterramientos de materiales radiactivos en las cercanías del poblado de Palomares (término de las cercanías de Cuevas de Almanzora)», Almería, 31 de enero de 1966. Expreso mi gratitud a José Herrera por facilitarme una copia de este informe.

25. Leal Echevarría, Gregorio: «Otro punto de vista sobre el accidente nuclear de Palomares», Revista Axarquía, n.º 13, verano 2008, pág. 181.

26. Cambs, Marshall: Oral History, Palomares, 11/17/00, DOE, págs. 15-16. Desclasificado para el autor a través de una FOIA remitida el 10/07/2001.

27. Telegrama US Atomic Energy Commission, Confidential, DEF 281, February 6, 1966, DOE, n.º 104827, Desclasificado por el DOE para el autor.

28. Nuclear Accidents at Palomares, Ibíd., pág. 16.

29. Nuclear Accidents at Palomares, Spain in 1966, and Thule, Greenland in 1968, Historical Research Project No. 1421, US Department of State, Office of the Historian, 1985, pág. 16.

30. Paajanen, Airi y Lehto, Jukka: «Disposal of Radioactive Wastes from the Cleanup of Large Areas Contaminated in Nuclear Accidents, Nordic Nuclear Safety Research Program 1990-1993», Projekt KAN-2, 1992, pág. 18.

31. Ramos Rodríguez, Eduardo: «Palomares two years after», abril 1968, n.º 106837, pág. 2. Desclasificado por el DOE para el autor.

32. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 63.

33. Cambs, Marshall: Oral History, Palomares, 11/17/00, DOE, págs. 15-16. Desclasificado para el autor a través de una FOIA remitida el 10/07/2001.

34. Defense Atomic Support Agency (DASA): Proceeding of the Second Interdisciplinary Conference on select effects of a general war, vol. II, July 1969, Information and Analysis Center, DASA Special Report 95, 2019-2, n.º 41446, DOE Archives, pág. 250.

35. Crowson, Delmar (general de brigada): «Memorandum B-52 aircraft accident in Spain», Secret, Atomic Energy Commission, March 3, 1966. Desclasificado por el DOE para el autor.

36. «Expediente accidente de Palomares», Archivo del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

6. «PACO EL DE LA BOMBA» Y EL CONTACTO 261

1. Cándido: «Última hora, pero bueno ¿Cuándo sacan la bomba?», ABC, 2 de abril de 1966, pág. 46.

2. Ocean Systems: Final Report, Aircraft salvage operation Mediterranean (Aircraft SALVPOS MED), For official use only, February 1967, vol. I, pág. 2. Desclasificado por la Armada de EE.UU. para el autor.

3. Ibíd., pág. 17.

4. Office of the Assistant to the Secretary of Defence: Status Summary, B-52/KC-135 accident in Spain, Secret, 23 February 1966. Desclasificado por el DOE para el autor.

5. Massip, José María: «La prensa estadounidense da en la primera página la foto de Fraga y Biddle Duke bañándose en Almería», ABC, 10 de marzo de 1966, pág. 41.

6. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 46.

7. Maydew, Randall: America’s lost H-Bomb!, Palomares, Spain 1966, Manhattan, Sunflower University Press, 1997, pág. 43.

8. Systems Analysis Team: Analysis of ballistics of four MK 28 F1 weapons release as a result of the collision of a B-52 and KC-135 near Vera, Spain, on 17 January 1966, 7 February 1966. Desclasificado por el DOE para el autor.

9. Moore, Barton y Scheider: Staff Study, Addendum to SAT Team Study, Secret, 7 February 1966. Desclasificado por el DOE para el autor.

10. Maydew, Randall: America’s lost H-Bomb!, Palomares, Spain 1966, Manhattan, Sunflower University Press, 1997, pág. 58.

11. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 47.

12. Maydew, Randall: America’s lost H-Bomb!, Palomares, Spain 1966, Manhattan, Sunflower University Press, 1997, pág. 59.

13. Hayes, John: Operational accomplishments, 15 February 1967, Aircraft SALVOPS MED, Part 1, Chapter II, pág. 10. Desclasificado por la Armada al autor.

14. Maydew y Barton a Pope & Foeler: Chronological summary of significant events in the 9300 participation in Broken Arrow Operations, March 29, 1966. Desclasificado por el DOE para el autor.

15. Guest, William: Naval History Division, Navy Office of Information, Biographies Branch, 24 October 1972, págs. 1-5.

16. Hayes, John: Operational accomplishments, 15 February 1967, Aircraft SALVOPS MED, Part 1, Chapter II, pág. 71. Desclasificado por la Armada al autor.

17. Ibíd., pág. 36.

18. Cifra: «Rumores sobre la presencia de Cousteau», ABC; 23 de marzo de 1966, pág. 31.

19. Hayes, John: Operational accomplishments, 15 February 1967, Aircraft SALVOPS MED, Part 1, Chapter II, pág. 80. Desclasificado por la Armada al autor.

20. Ibíd., pág. 86.

21. Szulc, Tad: Las bombas de Palomares, Barcelona, Ed. Seix Barral, 1967, pág. 255.

22. Valles Primo, J.: «El almirante Guest presenta la bomba a los periodistas y explica la operación de rescate», ABC, 10 de abril de 1966, pág. 71.

23. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 141.

7. DE LA INDEMNIZACIÓN JUSTA Y LA «AGITADORA» DUQUESA ROJA

1. Szulc, Tad: «Palomares Learns to Love the Bomb», The New York Times, 20 February 1996, pág. SM12.

2. Herrera, José y Sánchez Picón, Antonio (directores): «Operación Flecha Rota», Documental, Producción Pitaco, 2007. Consultado el 12/10/2014 en https://www.youtube.com/watch?v=_FJ27 FNelQE.

3. Phillip Stang, David: Legal Problems related to a Sovereign State’s right to recover its lost military property in waters adjacent to the Coast of Another Sovereign State, Appendix G, Aircraft Salvage Operations, Mediterranean, US Navy, 15 February 1967, pág. 3. Desclasificado por la US Navy al autor.

4. Cosialls Ubach, Andrés Miguel: «La responsabilidad civil derivada de sustancias nucleares y radiactivas en España», Revista InDret, Octubre 1992, pág.5.

5. Ibíd., pág.24.

6. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 181.

7. Expediente accidente de Palomares, Archivo del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

8. Álvarez de Toledo, Isabel: Palomares (Memorias). Madrid, Ed. UNED, 2001, pág. 106.

9. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 154.

10. Vallés Primo, J.: «Continúa la búsqueda del artefacto en aguas de Almería», ABC, 8 de febrero de 1966, pág. 47.

11. Ibíd.

12. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 155.

13. Ibíd.

14. Herrera, José y Sánchez Picón, Antonio (directores): «Operación Flecha Rota», Documental, Producción Pitaco, 2007. Consultado el 12/10/2014 en https://www.youtube.com/watch?v=_FJ27FNelQE.

15. Cifra: «Felicidades al vecindario de Palomares», 5 de febrero, ABC, pág. 47.

16. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 159.

17. «Manifestaciones de un portavoz de la Embajada de EE. UU. sobre las indemnizaciones de Palomares», 19/02/1967, La Vanguardia, pág. 9.

18. Herrera, José y Sánchez Picón, Antonio (directores): «Operación Flecha Rota», Documental, Producción Pitaco, 2007. Consultado el 12/10/2014 en https://www.youtube.com/watch?v=_FJ27FNelQE.

19. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 169.

20. Cifra: «Nota de la Jefatura Provincial de Sanidad», 8 de febrero de 1966, La Vanguardia, pág. 9.

21. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 170.

22. Ibíd., pág. 172.

23. Ibíd.

24. «Manifestaciones de un portavoz de la Embajada de EE. UU. sobre las indemnizaciones de Palomares», 19/02/1967, La Vanguardia, pág. 9.

25. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 156.

26. Ibíd., pág. 170.

27. «Los labradores de Palomares reclaman sus indemnizaciones a los EE. UU.», Europa Press, La Vanguardia, 15/01/1967, pág. 11.

28. «Han sido satisfechas 475 indemnizaciones por valor de 558.104 dólares», Cifra, La Vanguardia, 17/01/1967, pág. 4.

29. «Los singulares acontecimientos de Palomares», Logos, La Vanguardia, 18/01/1967, pág. 7.

30. «Conversaciones entre los damnificados de Palomares y las autoridades norteamericanas», La Vanguardia, 10/02/1967, pág. 6.

31. «Han sido resueltas favorablemente 515 reclamaciones de los damnificados de Palomares», Cifra, La Vanguardia, 22/10/1967, pág. 6.

32. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 178.

33. «Los vecinos de Palomares pedirán judicialmente las indemnizaciones que creen les corresponden», Europa Press, La Vanguardia, 27/10/1967, pág. 8.

34. «La duquesa de Medina Sidonia ante el Tribunal de Orden Público», José Martín Morales y Europa Press, La Vanguardia, 18/10/1967, pág. 7.

35. Tribunal de Orden Público, Sumario n.º 30 de 1967, Sentencia n.º 106, Rollo n.º 30 de 1967, 19 de octubre de 1967.

36. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 176.

37. «Pleito por la bomba de Palomares ante el Supremo», La Vanguardia, 11/02/1976, pág. 7.

38. «La Administración tendrá que indemnizar por la ocupación y depreciación de una finca», La Vanguardia, 24/06/1977, pág. 14. La orden (núm. 22583), firmada por el general Gutiérrez Mellado, entonces ministro de Defensa, esta publicada en el BOE n.º 219, 13 de septiembre de 1977, pág. 20576.

39. Consejo de Estado, n.º de Expediente 1413/2007 (Defensa), Referencia 1413/2007, 13 de septiembre de 2007. Consultado en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2007-1413.

8. DE LA CENSURA AL CÉLEBRE BAÑO DE FRAGA

1. Moreno Izquierdo, Rafael: «Los hermanos que rompieron el veto de Franco», El País, 12/01/2014, págs. 8-9.

2. Larus, Joel: Nuclear Weapons safety and the common defense, Columbus, Ohio State University, 1967, págs. 7-9.

3. Oficina de Prensa del Ministerio de Defensa: «Los aparatos siniestrados realizaban operaciones de aprovisionamiento», ABC, 21 de enero de 1966, pág. 31.

4. Barret, Michael (Col): Nuclear accidents at Palomares, Spain in 1966 and Thule, Greenland in 1968, Secret, Historical Research Project No. 1421, Department of State, 1985, pág. 6.

5. Telegram de 16AF Torrejón de Ardoz a HQ/USAF, Secret, January 19, 1966. Desclasificado por el DOE para el autor n.º DAC2001185660000.

6. Telegram de the Embassy in Spain a the Department of State, January 19, 1966, FRUS 1964-1968. Volume XII, Western Document, págs. 383-384.

7. Moran, Barbara: The day we lost the H-Bomb, Nueva York, Presidio Press, 2009, pág. 70.

8. Telegram de the Embassy in Spain a the Department of State, Secret, January 22, 1966, FRUS 1964-1968. Volume XII, Western Document, págs. 386-387.

9. Morris, Christopher: The Day They Lost the H-Bomb, Nueva York, Coward-McCann, 1966, pág. 64.

10. Office of the Assistant to the Secretary of Defence: Status Summary, B-52/KC-135 accident in Spain, Secret, 23 February 1966, Desclasificado por el DOE para el autor.

11. Telegram de the Embassy in Spain a the Secretary of State, January 26, 1966, Biblioteca Johnson.

12. Delgado, Jesús: «Las gentes de Palomares viven todavía agobiadas por el temor y la incertidumbre», Le Socialiste, 24 Février 1966, Page 5.

13. Szulc, Tad: «Palomares learns to love the bombs», The New York Times, February 20, 1966, pág. SM12.

14. Questions & Answers: DOE, s/f, Desclasificado por DOE para el autor, n.º 104823.

15. Togores, Luis E.: Muñoz Grandes, Héroe de Marruecos, general de la División Azul, Madrid. La Esfera de los Libros, 2007; pág. 462.

16. EFE: «Los EE.UU. prohíben los vuelos nucleares sobre territorio español», según Reuter, ABC, 27 de enero de 1966, pág. 33.

17. «Consejo de Ministros presidido por Franco», ABC-Andalucía, 29 de enero de 1966, pág. 22.

18. CIA: The President’s Daily Brief, Top Secret, 22 January, 1966, pág. 3. Biblioteca Johnson.

19. Telegram de the Department of State a the Embassy in Spain, February 17, 1966, FRUS 1964-1968. Volume XII, Western Document, pág. 391.

20. Olmos, Víctor: Historia de la Agencia EFE, el mundo en español, Madrid, España, 1997, pág. 306.

21. Cifra: «Declaraciones del presidente de la JEN doctor Otero Navasqués (sic): No hubo ni pudo haber peligro de radiactividad en la zona de Palomares», La Vanguardia, 2 de marzo de 1966, pág. 7.

22. Barret, Michael (Col): Nuclear accidents at Palomares, Spain in 1966 and Thule, Greenland in 1968, Secret, Historical Research Project No. 1421, Department of State, 1985, pág. 9.

23. Mendo, Carlos, entrevista realizada por José M. Herrera Plaza para la producción audiovisual «Operación Flecha Roja», 2007, Pitaco Producciones, consultadas en 10/12/2010 en www.pitacopro ducciones.com.

24. Embajada de EE. UU. en Madrid, Sección de Prensa, Nota de Prensa, 8 de marzo, pág. 1.

25. Olmos, Víctor: Historia de la Agencia EFE, el mundo en español, Madrid, 1997, pág. 307.

26. Vilarós, Teresa M.: «El baño del ministro y el embajador: Fraga y Duke en Palomares», 1966, Res publica, 13/14/2004, págs. 247-262.

27. Mendo, Carlos: «El ministro de Información y Turismo tomó un baño en aguas de Palomares», ABC-Sevilla, Sevilla, 9 de marzo de 1966, págs. 38-39.

28. Stiles, David: A fusion bomb over Andalucía: U.S. information policy and the 1966 Palomares incident, Journal of Cold War Studies, Vol. 8, No. 1 Winter 2006, págs. 49-57.

29. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 193.

30. Ibíd., pág. 194.

31. Ibíd., pág. 197.

32. Ibíd., pág. 198.

9. EL PROGRAMA INDALO, DEL ENTUSIASMO A LA DESIDIA

1. De Renzis para Chairman Seaborg: Follow-up of the Palomares Incident: Project Indalo, June 6, 1967. DOE n.º 75942. Desclasificado por el DOE para el autor.

2. CSN, Palomares 1966-2013, en el camino de la normalización radiológica, Referencia MCA-01-13, CSN, 2013, pág.13.

3. El acuerdo fue desclasificado al autor a través de una FOIA solicitada en 1996. Actualmente se puede consultar en http://tis. eh.doe.gov/health/ihp/indalo/spain.html.

4. Fowler, Eric: Foreign Travel, Madrid, Palomares, Spain, August 15, 1969, Official use only, DOE, n.º 106859, pág. 5. Desclasificado por el DOE para el autor.

5. Iranzo, Emilio: «First results from the programme of action following the Palomares accident», May 25-June 1, 1968, Symposium on radiological protection of the public in a nuclear mass disaster, DOE, n.º 106830, pág. 6. Desclasificado por el DOE para el autor.

6. Cifra: «Ocho vecinos de Palomares, examinados ya por el “contador de cuerpo entero”», 20/04/1967, La Vanguardia, pág. 7.

7. Iranzo, Emilio: «First results from the programme of action following the Palomares accident», Interlaken, Switzerland, 26 May-1, June, 1968. DOE n.º 106758. Desclasificado por el DOE para el autor.

8. Cifra: «El “contador de cuerpo entero” aparato para medir directamente la radiación en las personas», 06/04/1967, La Vanguardia, pág. 7.

9. Cifra: «No hay efectos de radiactividad por el accidente de Palomares», ABC, 20/06/1967, pág. 63.

10. Europa Press: «Los vecinos de Palomares siguen sometidos a reconocimiento médico», 21/03/1967, La Vanguardia, pág. 7.

11. Europa Press: «Nos es imposible traer a Madrid a todos los habitantes de Palomares», 07/07/1967, La Vanguardia, pág. 1. y Cifra: «Visita de inspección del presidente de la JEN a Palomares (Almería)», 23/07/1968, ABC, pág. 45.

12. Europa Press: «No existe ningún caso de contaminación radiactiva», 29/07/1967, La Vanguardia, pág. 6.

13. Bruner H.D to Ramos, E. Letter. June 18, 1968, DOE n.º 106819. Desclasificado por el DOE para el autor.

14. Iranzo, Emilio a Bruner, Dave (Assistant director for Medical and Health Research ACE), 19 June 1968, DOE n.º 106843. Desclasificado por el DOE para el autor.

15. Bruner, H.D.: Discussions with professor Jose M. Otero, president of the Spanish Atomic Energy Commission (JEN) and doctors Eduardo Ramos and Emilio Iranzo, AEC, December 1, 1970, DOE n.º 106833. Desclasificado por el DOE para el autor.

16. Langham a E. Ramos: Letter, University of California, Los Alamos Laboratory, January 7, 1972. DOE n.º 106739. Desclasificado por el DOE para el autor.

17. Ibíd.

18. Richmond, C. a Postma, H.: Report of foreign travel of Chester R, Richmond, Associate Director of Biomedical and Environmental Sciences, Central Management Offices, 10 March 1977, DOE n.º 106789. Desclasificado por el DOE para el autor.

19. Ramos, E. a Richmond, C.: Letter, 28 de julio de 1972, Junta de Energía Nuclear, Ministerio de Industria, DOE n.º 106832. Desclasificado por el DOE para el autor.

20. Burr, W. a Liverman, J.: Letter, September 11, 1973, Division of Biomedical and Environmental Research, AEC n.º 106828. Desclasificado por el DOE para el autor.

21. Liverman, J. a Agnew, H.M.: Letter, October 20, 1973, Division of Biomedical and Environmental Research, LASL, n.º 106827. Desclasificado por el DOE para el autor.

22. Richmond, C. a Harvey, E.: Telegram June 10, 1978, Los Alamos Sci. Lab, n.º 106825. Desclasificado por el DOE para el autor.

23. Livermon, J. a Friedman, A.S.: Letter, December 17, 1973, Division of Biomedical and Environmental Research, LASL, n.º 106824. Desclasificado por el DOE para el autor.

24. Minthorn, M. a Carter, C.: Letter, August 22, 1974, Biomedical Programs, ACE, n.º 106747. Desclasificado por el DOE para el autor.

25. Ibíd.

26. Bruner, W.D.: Notes on high lung counts of people from Palomares and from the JEN using the lung counter equipment and procedure provided by Richmond, Dean and Moss (LASL), August 13, 1975, Confidential, LASL, n.º 106836. Desclasificado por el DOE para el autor.

27. Embassy Madrid to Secretary of State, Telegram, July 30, 1975, Confidential, Nº 5266, US Department of State. Desclasificado por el DOE para el autor.

28. Bruner, W. D.: Notes on high lung counts of people from Palomares and from the JEN using the lung counter equipment and procedure provided by Richmond, Dean and Moss (LASL), August 13, 1975, Confidential, LASL, n.º 106836. Desclasificado por el DOE para el autor.

29. Minthorn, M. a Iranzo, E.: Letter, August 25, 1977, Biomedical Programs, DOE, n.º 106743. Desclasificado por el DOE para el autor.

30. Iranzo, E. a Wachol, B.: Proyecto Indalo, following the effects of the accident at Palomares, Spain, from 1966 (October 1977 to September 30, 1978), November 30, 1978, Ministerio de Industria, Junta de Energía Nuclear, n.º 106915. Desclasificado por el DOE para el autor.

31. Richmond, C. to Postma, H.: Report of foreign travel Chester R. Richmond, Associate Director for Biomedical and Environmental Sciences, Central Management Office, DOE, March 10, 1977, n.º 106789. Desclasificado por el DOE para el autor.

32. Ibíd.

33. Informe que presenta al Consejo de la JEN el jefe de la División de Medicina y Protección, Madrid, 19 de diciembre de 1967. Sección 13. Caja 71/8547. Archivo General de la Administración.

10. ANTONIA FLORES, PORQUE NO ES IGUAL 1/3 QUE TRES CERVEZAS

1. Cazcarra, Vicente, «Algo sigue oliendo a podrido en Palomares», El País, 26/05/1985. http://elpais.com/diario/1985/05/26/espana/ 485906410_850215.html.

2. Ibíd.

3. De la Fuente, Inmaculada, «Antonia Flores», El País, 04/10/1985, http://elpais.com/diario/1985/10/04/ultima/497228405_ 850215.html

4. Schumacher, Edward: «Where H-bombs fell, Spaniards still worry», The New York Times, 28/12/1985, http://www.nytimes. com/1985/12/28/world/where-h-bombs-fell-spaniards-still-worry.html

5. Cazarra, Vicente: «La Junta de Energía Nuclear reconoce oficialmente que las bombas de Palomares dejaron residuos radiactivos», El País, 04/08/1985, http://elpais.com/diario/1985/08/04/espana/ 491954416_850215.html

6. Ibíd.

7. «Palomares: no se han detectacto enfermedades por la bomba», 08/10/1985, ABC, pág. 40, y la radiactivdad detectada en Palomares es cien veces menor de la permitida, EFE, 09/10/1985, ABC-Sevilla, pág. 26.

8. De la Fuente, Inmaculada, «Antonia Flores», El País, 04/10/1985, http://elpais.com/diario/1985/10/04/ultima/497228405_ 850215.html.

9. Torres, Antonio: «Los vecinos de Palomares no acudirán al reconocimiento de la JEN», El País, 07/10/1985, http://elpais.com/ diario/1985/10/07/sociedad/497487607_850215.html.

10. «Los habitantes de Palomares deben tener acceso a sus historiales, según el CSN», El País, 10/19/1985, http://elpais.com/diario/ 1985/10/10/sociedad/497746807_850215.html.

11. Torres, Antonio: «Vecinos de Palomares reciben sus historiales clínicos», El País, 11/11/1985, http://elpais.com/diario/1985/ 11/11/sociedad/00511606_850215.html.

12. Schumacher, Edward: «Where H-bombs fell, Spaniards still worry», The New York Times, 28/12/1985, http://www.nytimes. com/1985/12/28/world/where-h-bombs-fell-spaniards-still-worry.html.

13. Monras Sender, J.: «Palomares es la zona del planeta con una mayor contaminación de plutonio», La Vanguardia, 30/11/1966, pág. 118.

14. Novo, Carlos: «Un nuevo estudio revela que Palomares es la zona del planeta con más plutonio», La Vanguardia, 08/02/1986, pág. 23.

15. Ibíd.

16. Monras Sender, J.: «Palomares es la zona del planeta con una mayor contaminación de plutonio», La Vanguardia, 30/11/1966, pág. 118.

17. Torres, Antonio: «Palomares no ha olvidado las bombas, 20 años después», El País, 17/01/1986, http://elpais.com/diario/1986/01/17/ espana/506300432_850215.html.

18. «Los vecinos quieren que no caduque el plazo para reclamar los daños que puedan descubrirte en el futuro», M.N., 17/01/1986, ABC, pág. 20.

19. «Presentado un recurso para poder efectuar reclamaciones», El País, 17/01/1986, http://elpais.com/diario/1986/01/17/espana/ 506300402_850215.html.

20. «Palomares, veinte años después», El País, 17/01/1986, pág. 3.

21. «El sí ganó abultadamente en Palomares», Antonio Torres, 13/03/1986, El País, consultado el 07/08/2015 en http://elpais.com/ diario/1986/03/13/espana/511052426_850215.html.

22. Cárcoba, Ángel: «Palomares zona cero: otra historia de engaños y mentiras», Nueva Tribuna, 19/01/2015, http://www.nuevatribuna.es/ articulo/medio-ambiente/palomares-zona-cero-otra-historia-enganos-y-mentiras/20140119140248100059.html.

11. EL DOE RECONOCE LA EXISTENCIA DE «ZONAS NO LIMPIADAS»

1. CIEMAT, Resumen bienal del CIEMAT (2009-2010), Ed. CIEMAT, 2011, págs. 7 y ss.

2. García-Olivares, Antonio: Desarrollo de un modelo de resuspensión de suelos contaminados. Aplicación al área de Palomares, CIEMAT 683, Madrid, 1993, pág. 21.

3. Ibíd., pág. 27.

4. Shinn, Joseph H.: Complementary Pu resuspension study at Palomares, Spain, Livermore (California), Lawrence Livermore National Laboratory, October 1, 2002, UCRL-ID-150980, pág 2.

5. Ibíd., pág. 6.

6. Gutiérrez López, José, consejero de I+D, Revista Vértices, n.º 16, abril 2012, CIEMAT, págs. 49 y 50. Abandonó el CIEMAT en 2004 al asumir la dirección del centro Rubio y su equipo.

7. Acuerdo de cooperación entre el Departamento de Energía de Estados Unidos y el Ministerio de Industria y Energía del Reino de España. Cooperación en la Investigación sobre Estudios Radiológicos. Ref.: 97/079, firmado el 15 de septiembre de 1997 en Madrid por el DOE y el CIEMAT.

8. CSN: 1966/2013, «Palomares, en el camino de la normalización radiológica», CSN, 2013, pág. 13.

9. Barrigós, Concha: «Un mapa radiológico para Palomares», Revista Alfa, n.º 2, Segundo trimestre de 2008, Consejo de Seguridad Nuclear, pág. 17.

10. Ibíd., pág. 17.

11. CSN: «Palomares, en el camino de la normalización radiológica (1966/2013)», CSN, 2013, pág. 20.

12. Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, BOE, n.º 313, 31 de diciembre de 2003, págs. 46874 y ss.

12. RUBIO PONE TODO PATAS ARRIBA

1. López, Cayetano: «Juan Antonio Rubio, un hombre comprometido», El País, 30 de enero de 2010 consultado el 12/12/2014 en http:// elpais.com/diario/2010/01/30/necrologicas/1264806001_850215.html.

2. Intervención de Juan Antonio Rubio ante la Comisión de Ciencias e Innovación, Diario de Sesiones del Senado, núm. 223, de 27 de octubre de 2009, págs. 16 y ss.

3. Bejarano, José: «La maldición de Palomares», 19/11/2004, La Vanguardia, pág. 22.

4. Mardones, Inmaculada G.: «El Ciemat detecta en Palomares más plutonio del esperado», El País, 3 de noviembre de 2003, pág. 31.

5. Méndez, Rafael: «EE. UU. acepta limpiar Palomares», El País, 8 de octubre de 2006, consultado en 10/14/2014 en http://elpais.com/ diario/2006/10/08/sociedad/1160258401_850215.html.

6. «Buscarán los restos de radiactividad en Palomares 40 años después de la bomba», ABC, 10 de octubre de 2006, pág. 36.

7. Project Annex III under implementing arrangement between the DOE of the US of America and the Ministry of Industry and Energy of the Kingdom of Spain on cooperation in research on radiological evaluations, Madrid, 10 September 2007. Está firmado por Glenn S. Podonsky, director de la Oficina de Salud, Seguridad y Protección del DOE, y Miguel Ángel Quintanilla, presidente del CIEMAT.

8. Méndez, Rafael: «EE. UU. acepta limpiar Palomares», El País, 8 de octubre de 2006, consultado en 10/14/2014 en http://elpais.com/ diario/2006/10/08/sociedad/1160258401_850215.html.

9. Ministerio de Educación y Ciencias. Resolución del 11 de enero de 2008 del CIEMAT por la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión suscrito con ENUSA para la realización del reconocimiento del subsuelo en las zonas 2, 3 y 6 de Palomares (Almería). BOE de 4 de febrero de 2008, págs. 6201-6202.

10. Sancho Llerandi, Carlos: «Remediation after the Palomares accident: Scientific and social aspects, International Experts’ Meeting on Decommissioning and Remediation after a nuclear accident», IAEA, January 28-February 1, 2008, Viena. Sancho hizo una presentación similar en International Symposium on decontamination – Towards the recovery of the Environment, October 16.17, 2011, Fukushima, Japón.

11. Barigós, Concha: «Un mapa radiológico para Palomares», Revista Alfa, n.º 2, II trimestre de 2008, págs. 16-19.

12. «Palomares, la huella del plutonio», Informe semanal, RTVE, 05/03/2011 en http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/ informe-semanal-palomares-huella-del-plutonio/1037582/.

13. Méndez, Rafael: «Detectar contaminación en Palomares fuera de las zonas expropiadas y valladas», El País, 1 de julio de 2007, consultado el 12/12/2014 en http://elpais.com/diario/2007/07/01/sociedad/ 1183240801_850215.html.

14. Sancho, Carlos y Benito Moreno, Yolanda: «El nivel de radiación es insignificante no existe ningún riesgo en Palomares», Diario de Almería, 10 de agosto de 2014, págs. 12-13.

15. Ibíd.

16. Méndez, Rafael: «Detectar contaminación en Palomares fuera de las zonas expropiadas y valladas», El País, 1 de julio de 2007, consultado el 12/12/2014 en http://elpais.com/diario/2007/07/01/sociedad/ 1183240801_850215.html.

17. Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado, Año 2007, Consejo de Seguridad Nuclear, Madrid, 2008, págs. 260-262.

13. CONSTRUIR Y CULTIVAR SOBRE PLUTONIO

1. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Industria, Turismo y Comercio, VIII Legislatura, Año 2004, n.º 156, págs. 22 y ss.

2. M.R.: «Solo queremos una solución», El País, 18 de noviembre de 2004, pág. 31.

3. De la Cal, Juan C.: «Palomares: ¡Esto es la bomba!», El Mundo, 19 de diciembre de 2004, n.º 479, consultado el 06/07/2014 en http://www.elmundo.es/cronica/2004/479/1103557590.html.

4. EFE: «El Gobierno expropia siete hectáreas en Palomares para limpiar la radiación de las bombas», El País, 17 de diciembre de 2004, pág. 30.

5. León, Manuel: «Propietarios de Palomares recurren la expropiación de suelo de la bomba», La Voz de Almería, 25 de septiembre de 2006, pág. 14.

6. Pazenzuela, Juan José: «El Gobierno confía en que EE. UU. pagará más de 200 millones para limpiar Palomares», Interviú, 22 de junio de 2009, consultado el 12/12/2014 http://www.interviu.es/re portajes/articulos/el-gobierno-confia-en-que-estados-unidos-pagaramas-de-200-millones-para-limpiar-palomares.

7. Reseña del Consejo de Ministros, 28 de septiembre de 2007, consultado el 29/08/2014 en http://www.lamoncloa.gob.es/consejo deministros/referencias/Paginas/2007/refc20070928.aspx#Palo mares.

8. Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía n.º 28072. BOE, n.º 192, pág. 96515, http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/10/ pdfs/BOE-B-2009-28074.pdf.

9. Resolución de la Delegación del Gobierno de Andalucía n.º 41666. BOE, n.º 289, pág. 149893, http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/ pdfs/BOE-B-2009-41666.pdf.

10. Pazenzuela, Juan José: «El Gobierno confía en que EE. UU. pagará más de 200 millones para limpiar Palomares», Interviú, 22 de junio de 2009, consultado el 12/12/2014 http://www.interviu.es/repor tajes/articulos/el-gobierno-confia-en-que-estados-unidos-pagara-masde-200-millones-para-limpiar-palomares.

11. Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, Aprobación inicial sistema de compensación estatutos y bases de actuación Plan Parcial CI-1 promovido por Villaricos S.L., 24 de noviembre de 2006, n.º 226, págs. 5 y ss.

12. Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación Sector PP CI-1, Boletín Oficial de la Provincia de Almería, 4 de febrero de 2009, n.º 23, pág. 6.

13. Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación Sector PP CI-1, Boletín Oficial de la Provincia de Almería, 3 de marzo de 2009, n.º 23, pág. 14.

14. Diéguez Vidal, Marcos: Demanda de la Federación Provincial de Ecologistas en Acción-Almería ante el Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo contra el CIEMAT, el CSN, los miembros del Gobierno español y demás personas que aparezcan como responsables, Madrid, 30 de junio de 2015.

15. Anuncio de fusión, Bay-Villaricos, S.L. por Villaricos, S.L. BORME, n.º 205, 29 de octubre de 2003, pág. 29232.

16. Información tomada de la sección «Quiénes somos» en www. almanzora.com, consultada el 12/12/2014.

17. Méndez, Rafael: «Prohibido edificar sobre plutonio», El País, 5 de abril de 2009, consultado el 15/12/2014 en http://elpais.com/diario/ 2009/04/05/sociedad/1238882403_850215.html.

18. Pazenzuela, Juan José: «El Gobierno confía en que EE.UU. pagará más de 200 millones para limpiar Palomares», Interviú, 22 de junio de 2009, consultado el 12/12/2014 http://www.interviu.es/repor tajes/articulos/el-gobierno-confia-en-que-estados-unidos-pagara-masde-200-millones-para-limpiar-palomares.

19. Sentencia del Tribual Supremo, Sala Tercera de lo ContenciosoAdministrativo de 21 de octubre de 2013, consultadas el 09/10/2015 en http://supremo.vlex.es/vid/-475264058.

20. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo ContenciosoAdministrativo de 21 de octubre de 2013, consultadas el 09/10/2015 en http://supremo.vlex.es/vid/-475264058.

14. LA ESCURRIDIZA HILLARY Y EE. UU. DEJA DE PAGAR

1. Trinidad Jiménez, conversación con el autor 25/08/2015.

2. EFE: EE. UU., «muy comprometido» en buscar una solución para descontaminar Palomares, El Mundo, 26/01/2011, consultado el 20/10/2015 en http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/25/espana/ 1295987850.html.

3. Remarks Hillary Clinton & Trinidad Jiménez, Viana Palace, Madrid, Spain, July 2, 2011. Department of State, consultado 20/10/2015 en http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/07/167521. htm.

4. Respuesta del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a una pregunta escrita del diputado del PP José Luis Centella Gómez, 3 de marzo de 2015. N.º 184/067837, BOCG. Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2015, Serie D, n.º 649, pág. 154.

5. Comparecencia ante el pleno del Senado para responder a la pregunta del senador Jesús Caicedo Bernabé sobre Palomares, Senado, BOCG, n.º 110, 22 de febrero de 2011, págs. 117 y 118.

6. Telegrama del embajador de EE. UU. en Madrid, 07/11/2006, https://wikileaks.org/plusd/cables/06MADRID2853_a.html.

7. Telegrama de la embajada de EE. UU. en Madrid 07/11/2006, https://wikileaks.org/plusd/cables/06MADRID2853_a.html.

8. De la Cal, Juan C.: «Palomares: ¡Esto es la bomba!», El Mundo, 19 de diciembre de 2004, n.º 479, consultado el 06/07/2014 en http://www.elmundo.es/cronica/2004/479/1103557590.html.

9. Telegrama del embajador de EE. UU. en Madrid, 07/11/2006, https://wikileaks.org/plusd/cables/06MADRID2853_a.html.

10. Telegrama del embajador de EE. UU. en Madrid, 07/11/2006, https://wikileaks.org/plusd/cables/06MADRID2853_a.html.

11. Telegrama de la embajada de EE. UU. en Madrid, 26/06/2009, https://wikileaks.org/plusd/cables/09MADRID612_a.html.

12. Telegrama de la embajada de EE. UU. en Madrid, 30/04/2009, https://wikileaks.org/plusd/cables/09MADRID432_a.html.

13. Méndez, Rafael: «España halla las zanjas radiactivas que EE.UU. ocultó en Palomares», El País, 11/04/2008 consultado el 12/10/2014 en http://elpais.com/diario/2008/04/10/sociedad/1207778402_850215.html.

14. Telegrama de la embajada de EE. UU. en Madrid, 30/04/2009, https://wikileaks.org/plusd/cables/09MADRID432_a.html.

15. Telegrama secretario de Estado, 18/12/2009, https://wikileaks. org/plusd/cables/09STATE129362_a.html.

15. EL PLAN DE REHABILITACIÓN DE PALOMARES Y EL PRINCIPIO DEL FIN

1. Méndez, Rafael: «España exige a EE. UU. limpiar Palomares “sin dilación”», El País, 16/11/2011, consultado el 12/12/2014 en http:// elpais.com/diario/2011/01/16/sociedad/1295132403_850215.html.

2. Europa Press: Los técnicos estadounidenses y españoles concluyen la visita técnica a Palomares (Almería), según el CIEMAT, 24 de febrero de 2011 consultada el 12/12/2014 en http://www.ideal.es/ almeria/20110224/local/provincia-almeria/tecnicos-estadounidensesespanoles-concluyen-201_102241929.html.

3. «Palomares, la huella del plutonio», Informe semanal RTVE, 05/03/2011 en http://www.rtve.es/alacarta/videos(informe-semanal/ informe-semanal-palomares-huella-del-plutonio/1037582/.

4. CSN: Palomares: en el camino de la normalización radiológica (1966-2013), Consejo de Seguridad Nacional, págs. 32 y 33.

5. Informe Técnico: Verificaciones en virtud del artículo 35 del Tratado Euratom. «Terrenos contaminados con plutonio en la región de Palomares», 19 a 22 de abril de 2010, 20/08/2010, Comisión Europea, Referencia: ES-10/1.

6. Ibíd.

7. CSN: Palomares: en el camino de la normalización radiológica (1966-2013), Consejo de Seguridad Nacional, págs. 32 y 33.

8. Carlos Sancho & Yolanda Benito Moreno: «El nivel de radiación es insignificante y no existe ningún riesgo en Palomares», Diario de Almería, 10 de agosto de 2014, págs. 12-13.

9. Ibíd.

10. CIEMAT Informe 2011, Ed. CIEMAT, Madrid, 2012.

11. Sancho, Carlos: «Palomares: from the accident to the rehabilitation plan», International Symposium on decontamination - Towards the recovery of the environment, 16-18 October, 2011, Fukushima, Japón.

12. Ibíd.

13. Telegrama del embajador de EE. UU. en Madrid, 07/11/2006. https://wikileaks.org/plusd/cables/06MADRID2853_a.html.

14. «A mí no me compra nadie», El País, 20 de diciembre de 2010, consultado el 14/12/2014 en http://elpais.com/diario/2010/12/20/so ciedad/1292799605_850215.html.

15. Ellakuria, Iñaki: «Una iglesia para el obispo», La Vanguardia, 15/08/2005, pág. 12.

16. Martón Pozuelo, Eduardo: «¿Agua? Si tienen vino y no se lavan», La Vanguardia, 15/08/2005, pág. 12.

17. «Los EE. UU. hacen donación de una planta desalinizadora de agua de mar a Palomares», Cifra, 16/06/1968, La Vanguardia, pág. 7.

18. «La construcción de la planta desalinizadora de Palomares», La Vanguardia, 02/08/1967, pág. 9.

19. «La planta desalinizadora de Palomares aún no ha entrado en funcionamiento», F. Martínez, La Vanguardia, 06/04/1981, pág. 92. «Dos décadas después de la bomba, Palomares continúa con su ancestral escasez de agua», Martín Navarrete, 13/01/1985, ABC-Sevilla, pág. 36.

20. Ricardo, Miguel Ángel: «Palomares: un parque temático para olvidar las bombas», 23 de enero de 2011, Publico.es consultado el 14/12/2014 en http://www.publico.es/ciencias/palomares-parque-te matico-olvidar-bombas.html.

21. Méndez, Rafael: «Algo se mueve al fin en Palomares», El País, 23 de febrero de 2011, consultado el 14/12/2014 en http://elpais.com/ diario/2011/02/23/sociedad/1298415607_850215.html.

16. PROYECTO INDALO: ¿ÁNGEL O DEMONIO?

1. Iranzo, E. y Salvador, S.: «Potential radiation doses to people living near plutonium contaminated areas of Palomares», 29th Annual meeting of the Health Physics Society, New Orleans (USA), June 3-8, 1984, pág. 13.

2. Ibíd., pág. 2.

3. Iranzo, E. y Richmond, C.: «Plutonium contamination twenty years after the nuclear weapons accident in Spain», 8th International Congress of Radiation Research, Edinburg, Scotland, July 19-24, 1987, pág. 4.

4. Ibíd., pág. 6.

5. Ibíd., pág. 3.

6. Ibíd., pág. 2.

7. «Informe preliminar sobre la situación actual de la zona de Palomares (Almería) afectada por el accidente nuclear del 16 de enero de 1966». Eisenschutz, Catalina y otros: «El accidente nuclear de Palomares (1966-1986)», Barcelona, Quadern CAPS, Ed. CAPS, n.º 5, septiembre 1986.

8. Ibíd.

9. Martínez Pinilla, Pedro Antonio: «Análisis Epidemiológico de Palomares (1991-2005)», Murcia, noviembre 2005. Copia mecanografiada.

10. Ibíd.

11. CIEMAT Informe 2014, Ed. CIEMAT, Madrid, 2015.

12. CSN: «Palomares, en el camino de la normalización radiológica (1966-2013)», 2013, CSN, pág. 16.

17. RAJOY ARRANCA A OBAMA UN COMPROMISO CON INTERROGANTES

1. Francisco Castejón, entrevista con el autor 13/07/2015.

2. EFE: «El Gobierno de EE. UU. descarta que existe una “solución final” para Palomares», ABC, 4 de febrero de 2012, consultado el 08/10/2015 en http://www.abc.es/20120204/sociedad/abci-palomares-tierra-contaminada-201202041318.html.

3. Rizzi, A. y Méndez, Rafael: «EE.UU. corrige a Margallo», El País, 4 de febrero de 2011, consultado el 08/10/2015 en http://sociedad. elpais.com/sociedad/2012/02/04/actualidad/1328383428_036939. html.

4. CIEMAT Informe 2012, Ed. CIEMAT, Madrid, 2013.

5. Demanda de la Federación Provincial de Ecologistas en Acción-Almería ante el Fiscal de la Sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, 30 de junio de 2014, Madrid.

6. Ibíd.

7. Respuesta del secretario de estado de Relaciones con las Cortes a una pregunta escrita presentada por el diputado Álex Sáez Jubero, 11 de febrero de 2014, BOCG, Congreso de los Diputados, Serie D, n.º 400, págs. 135-136.

8. León, Manuel: «Palomares no entra en la agenda del encuentro de Obama y Rajoy», La Voz de Almería, 14 de enero de 2014, consultado el 20/05/2015 en http://www.lavozdealmeria.es/movil/vernoticia. asp?IdNoticia=53684&IdSeccion=2.

9. CSN: «Informe preliminar sobre los aspectos radiológicos de la restauración de los terrenos de Palomares», 22 de julio de 2015, Consejo de Seguridad Nacional, Registro de salida 5646.

10. State Deparment, Remarks John Kerry with Spanish foreing minister José Manuel García-Margallo y Marfil, Madrid, October 19, 2015 consultado el 19/10/2015 http://www.state.gov/secretary/remarks/ 2015/19/248324.htm.

11. Europa Press: «EE. UU. y España acuerdan rehabilitar el entorno de Palomares», 19 de octubre de 2015, consultado el 19/19/2015 en http://www.diariosevilla.es/article/andalucia/2136075/eeuu/y/espana/ acuerdan/rehabilitar/entorno/palomares.html.

12. Declaración de intenciones entre el Reino de España y los Estados Unidos de América relativa a un Programa de Remediación del entorno de Palomares, 19 de octubre de 2015, se puede descargar de http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterio Informa/Paginas/Noticias/20151017_MINISTERIO.aspx.

13. Yón, Luis y Pérez, Raquel: «La retirada de la tierra contaminada de Palomares costará 640 millones», ABC, 20 de octubre de 2015, pág. 22.

14. González, Miguel: «640 millones para limpiar Palomares de radiactividad», El País, 20/10/2015, pág. 18.

* Zaldívar sostiene que eso provocó un importante desencuentro: mientras la cultura de la Guerra Fría dominó en EE.UU. durante cuarenta años, en España esa cultura fue inexistente o muy débil.

* Hasta el extremo de que, además de las cinco mencionadas, el documento técnico secreto número 1 anejo al acuerdo técnico de 26 de septiembre de 1953 autorizaba a Estados Unidos a usar las bases e instalaciones de Copero (Sevilla) —capacidad mínima para un ala de bombarderos medios y almacenes de aprovisionamiento—, Muntadas o Reus —un grupo de cazas de interceptación—, Los Llanos (Albacete) —dos alas de bombarderos medios—, Los Palacios (Sevilla) —dos alas de bombarderos medios—, y el muelle de descarga y pista de despegue de Matagorda (Cádiz).

* Después de unos años en los que perdió cierta relevancia estratégica para el Pentágono, la base aérea de Morón ha recuperado en 2015 una gran importancia en el despliegue militar estadounidense en España al aceptar el gobierno de Mariano Rajoy una ampliación de los acuerdos que permite que la instalación se convierta en la sede permanente de la fuerza de reacción del mando de EE.UU. para África. Según este nuevo acuerdo, la presencia militar estadounidense podrá aumentar hasta los 2.200 militares y 500 civiles y hasta 17 aviones despegue vertical MV-22 Osprey y Hércules C-130 con carácter permanente y hasta 40 con carácter temporal. Para más información sobre las capacidades y misiones que Morón cumple para el Pentágono puede verse: La «joya oculta» del despliegue mundial del Pentágono, consultado el 10/03/2015 en http://www.defensa.com/index.php?option=com_content& view=article&id=9978:base-aerea-de-moron-la-joya-oculta-del-desplieguemundial-del-pentagono&catid=69:reportajes&Itemid=199

* Las operaciones Reflex comenzaron en la base de Zaragoza el 29 de mayo de 1958 y concluyeron el 29 de mayo de 1964, y en Morón y Torrejón se iniciaron conjuntamente en el mes de julio de ese año y finalizaron el 1 de abril de 1965 en el primer caso y el 31 de marzo de 1958 en el caso del aeródromo militar más próximo a Madrid.

* Marruecos es el primer país extranjero que recibe bombarderos B-47 norteamericanos con armas nucleares en 1958 y el primero en integrarse a operaciones Reflex poco después.

* Según documentos estadounidenses, durante la crisis de los misiles de Cuba, España autorizó a Estados Unidos a aumentar el número de aviones de reabastecimiento KC-135 de los seis en condiciones normales a un total de 38.

* Franco aprobó el 6 de junio de 1958 el nombramiento de Carlos Asensio como jefe de su Casa Militar, mientras que nombró como jefe del Estado Mayor al teniente general Agustín Muñoz Grandes que, en este puesto, será clave posteriormente durante el accidente nuclear de Palomares.

* Los otros miembros eran el general Eduardo Prado Castro, jefe de la comisión de enlace del Ministerio del Aire; general Carlos Franco Iribarengaray, jefe de la sección de Operaciones del Estado Mayor del Aire y especialista en control de tráfico aéreo; Luis Gutiérrez Jodra, catedrático de Química Técnica de la Universidad de Valladolid y miembro del Instituto de Electrónica; teniente coronel Luis González Domínguez, jefe de la sección de Comunicaciones y Electrónica de la Defensa Aérea y diplomado en electrónica por la Universidad de Stamford; comandante Manuel Alonso, jefe de operaciones del Mando de Defensa Aérea; y el comandante Luis Fontán Abeytua, ingeniero aeronáutico y profesor de Física Nuclear de la Escuela Especial de Ingenieros Aeronáuticos.

* Máximo asesor para energía nuclear del 2.º jefe de Estado Mayor para Operaciones del Cuartel general de la USAF.

* Durante las reuniones, el general Coiner explicó que habían escogido el arma nuclear de 1 megatón como la más probable para utilizar contra las bases españolas porque era lo que «dictaba su mejor juicio en cuanto al arma más eficiente y económica que debe utilizarse contra un objetivo de precisión. Naturalmente —agregó—, si se usa un arma mayor, deberá recurrirse a la regla de la raíz cúbica para determinar el aumento de los daños ocasionados», Anexo 3, pág. 22.

* Según la transcripción de la reunión, el general Coiner consideraba que la detonación de un arma nuclear en la superficie lleva consigo una pérdida parcial del radio en efecto de la onda explosiva, de la radiación térmica, y de las radiaciones de rayos gama y neutrones, ganándose en lo que se refiere a la contaminación por lluvia radiactiva que puede ser o no dañina como agente dañino, dependiente de la protección que se disponga. Frutos, Eugenio: «Conferencias sobre efectos de las armas nucleares», febrero de 1958, Secreto, n.º 23918. Archivo Francisco Franco, Anexo 3, pág. 12.

* Frutos fue ascendido por Franco a teniente general escasamente un mes después de estas reuniones el 21 de marzo de 1958.

* La orden lista un total de 47 ciudades españolas en las que se deben construir refugios para la población civil. Entre ellas, por ejemplo, están las principales ciudades españolas, así como Guernica, Algeciras o Ferrol del Caudillo. También se encuentra en la lista Almería, Morón de la Frontera y Zaragoza. «Construcción de refugios antiaéreos», ABC, 20 de octubre de 1943, pág. 12.

** Este organismo se crea el 4 de mayo de 1960 a través del decreto 827/1960 que se publica en el BOE n.º 11. Dirección General de Protección Civil. A nuevo organismo, nuevos conceptos en Boletín de Información. Presidencia del Gobierno, Madrid, n.º 127, marzo, 1961, págs. 31 y ss.

* Es interesante, por ejemplo, el proyecto que realiza Bellod en el caso de que si desde la plaza de España a la Cibeles se quisiera proteger en un momento dado a los que transitan por la Gran Vía. Habría que construir, dice, al menos cinco refugios con una capacidad no inferior de 12.000 personas. Incluye un borrador de diseño del enorme refugio con una distribución tentativa situando el puesto sanitario, salas de estabilización, etc. Bellod Gómez, Alfredo: Refugios públicos en Boletín de Información, dirección general de Protección Civil, Presidencia del Gobierno, n.º 127, Marzo, 1961, págs. 3 y ss.

* Curiosamente, Franco nunca decidió concluir un refugio atómico. Entre los años 1983 y 1989, los gobiernos de la UCD propiciaron la llamada operación Orión, que consistía en la construcción de un refugio para los líderes políticos del país en caso de guerra total en la provincia de Toledo. Al llegar al poder, Felipe González lo canceló y dio órdenes para que se construyera un búnker subterráneo en el Palacio de la Moncloa. Quedó terminado a finales de 1991 y se utilizó en pocas ocasiones aunque al parecer se mantiene operativo. Las reuniones más importantes que se celebraron en este centro neurálgico fueron con motivo de la guerra de los Balcanes, la tregua de ETA, el Efecto 2000 y los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Cuando Aznar ganó las elecciones, entró en el búnker y se quedó sobrecogido por las dimensiones del edificio. Se afirma que cuenta con 7.500 metros cuadrados y es capaz de albergar hasta 200 personas. Construido bajo máximo secreto por la empresa Dragados, el llamado proyecto CITA (Centralización de Instalaciones Técnicas Auxiliares) posee muros de hormigón armado de tres metros de grosor reforzados con acero y titanio. Se cierra herméticamente, está diseñado a prueba de bombas nucleares, terremotos, aguanta semanas de largo asedio y, por supuesto, resiste ataques con armas químicas. El acceso se encuentra en uno de los edificios administrativos de La Moncloa. De allí parte un pasillo de seguridad dotado de multitud de detectores. Tiene tres pisos. El más cercano al suelo, conocido como planta 0, es también el más austero. Nada más entrar, existe una pequeña sala con una ducha de descontaminación radiactiva. Allí se encuentran las dependencias de seguridad con despachos para los representantes de los tres ejércitos, que tienen ventanas iluminadas para simular la luz del día. En este nivel está ubicado el ordenador central militar, auténtico cerebro de la maquinaria bélica española, desde el que se controlan todos los recursos militares. También hay un estudio de televisión para emitir mensajes bajo tierra destinados a los ciudadanos que se encuentran ahí fuera. El hospital, que se halla en esta altura, está dotado con quirófano, unidad de vigilancia intensiva y todos los avances médicos. Un moderno sistema informático permite el seguimiento del estado de salud de todos los pacientes del recinto. Además, cuenta con una reserva de vacunas contra virus como la viruela o el ántrax. Esta planta se completa con la sala de mapas, una habitación llena de monitores con imágenes de todas las emisoras del mundo y una cámara acorazada para guardar objetos de valor. El nivel conocido como –5 acoge la parte civil del edificio. Posee una sala de reuniones con biblioteca y archivo, otra para servicios de traducción simultánea y otra con un anfiteatro para proyecciones. La planta –10 es la más alejada de la superficie. En ella se encuentran las salas de ordenadores, almacenes, habitaciones para el personal permanente, gimnasio, lavandería, un taller mecánico y otros servicios para los usuarios del búnker. El edificio, totalmente autónomo, posee dos grandes depósitos de gasoil de 40.000 litros cada uno para alimentar de energía el complejo en caso de apagón, depósitos de agua, depuradora, calderas, aire acondicionado, fosa séptica y dos pozos que toman agua a 200 metros de profundidad. En esta planta existe también una armería que esconde rifles y pistolas y, contigua a esta, un pequeño cementerio. El edificio está conectado al exterior por cables de fibra óptica y todas las salas disponen de hilo musical. Rojas, Alberto: «Paseo por el búnker de La Moncloa», El Mundo, 2 de marzo de 2003, consultado el 10/14/2014 en http://www.elmundo.es/cronica/2003/385/1046615203.html

* Puesto el autor en contacto en más de media docena de veces con el CSN por teléfono y correo electrónico, la respuesta fue nula. La institución se limitó a enviar un folleto publicitario sobre Palomares publicado en 2013 como muestra de su política de transparencia.

* En 1935, durante la segunda república española, Otero es destinado a los Servicios Técnicos Industriales de la Armada y fue jefe de estudios de la especialidad de Óptica del Instituto de Ampliación de Estudios e Investigación Industrial, lo que le permitió hacer varios viajes al extranjero para ampliar sus conocimientos en el área de la óptica. Sus descubrimientos sobre la miopía nocturna fueron publicados en 1941 y, rápidamente, reconocidos por su importancia técnica y militar al ayudar a los pilotos militares y capitanes de buques a descubrir con ventaja al enemigo lejano. En 1947, Otero realiza su primera visita a EE.UU., donde establece sus primeros contactos con la comunidad científica norteamericana.

* El primer cargamento de 214 kilos de nitrato de uranio de calidad nuclear (alrededor de 100 kg de uranio metal) fue transportado a Roma por vía aérea sin novedad en 1949.

* «Llega uranio enriquecido para el reactor madrileño». ABC, 08/12/1957, pág. 80.

** La inauguración y el discurso del ministro de Industria, Joaquín Planell, se publicó en las primeras páginas de los diarios de la época. La versión de ABC se publicó el 28/11/1958, págs. 31-33.

* Ya para entonces, los técnicos españoles empezaban a trabajar en las llamadas centrales nucleares de primera generación: Zorita entró en funcionamiento en 1968, Santa María de Garoña en 1971 y Vandellós-1 en 1972.

* Velarde Pinacho fue ascendido a capitán del cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos en julio de 1960. En el campo docente, obtuvo en 1973 la Cátedra de Física Nuclear de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. De 1978 a 1981 fue miembro del Comité Científico Técnico de la Comisión Nacional de Espacio (CONIE) y, paralelamente, presidente del seminario de la Energía del CESEDEN hasta 1992. En 1974, un grupo de científicos españoles de la JEN y de la Universidad Politécnica de Madrid, coordinados por Velarde, entonces director del departamento de Energía Nuclear de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, iniciaron investigaciones para avanzar en la fusión por confinamiento inercial. Como parte de este proyecto, el Ministerio de Defensa, a través de la dirección general de Armamento y Material, finalizó, gracias a un préstamo, un centro de cálculo científico avanzado compuesto por un superordenador Cyber 835 para, entre otras cosas, avanzar en los estudios teóricos para la compresión y cuantificación de los mecanismos de compresión y calentamiento de la microesfera de deuterio y tritio —utilizada en la fusión del confinamiento inercial— y la subsiguiente producción de fusiones. Según informaciones periodísticas, el coste del centro de cálculo fue de unos 225 millones de pesetas (cerca de dos millones de euros actuales) (MANSO, Sara: «Nuevo centro de cálculo en la Escuela de Ingenieros Industriales», ABC, 15 marzo 1983, pág. 51) y fue inaugurado en 1981. Tras abandonar la JEN, fundó el Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, siendo su director desde entonces y hasta 2004. Actualmente es su presidente. De 1998 hasta 2007 fue presidente del comité de Coordinación de la Unión Europea para la energía de fusión inercial. A continuación y desde 2007 es presidente de la Comisión de la Energía, así como miembro de la Academia Europea de las Ciencias. Ha recibido prácticamente todos los premios científicos que existen en España, entre ellos el Marqués de Santa Cruz de Marcenado, por una vida dedicada a la investigación científica y su aplicación militar, así como el Edward Teller International Award en 1997, a la investigación sobre fusión por confinamiento inercial, y en 1988 el premio Archie A. Harms, por el desarrollo de sistemas emergentes de energía nuclear (IEEE, 2011; 3). El 15 de enero de 1999, durante el gobierno del PSOE y siendo Eduardo Serra ministro de Defensa, el Consejo de Ministros le ascendió a general de división del Ejército del Aire «en atención a sus circunstancias excepcionales, méritos contraídos y virtudes militares sobresalientes». Actualmente está en la reserva.

* Subrayado en el original.

* Subrayado en el original.

* Nota para el Excmo. Sr. Capitán General sobre la posibilidad de fabricar plutonio (bombas de plutonio) en España. Secreto. S/f (1964 ¿?). Archivo Francisco Franco, n.º 4226.

* Según Pilar Urbano, el propio De Gaulle aseguró repetidamente a Areilza: «Pueden utilizar ustedes para uso militar el 10 % de elemento combustible de Vandellós y fabricar la bomba. Tres bombas al año por lo menos. Yo lo autorizo. No hay problema. Israel lo está haciendo con el reactor que les hemos financiado. ¿Qué les detiene a ustedes?». Urbano, Pilar: El Precio del Trono, Ed. Planeta, Barcelona, 2001, pág. 878.

* Velarde, ya catedrático, relató la conversación entre Franco y Muñoz Grandes a Urbano en 2008. Urbano, Pilar: El Precio del Trono, Ed. Planeta, Barcelona, 2011, pág. 879.

* El 16 de septiembre de 1966 se constituyó la Sociedad Hispano Francesa de Energía Nuclear (HIFRENSA) con la participación de FECSA, HECSA, ENHER, cada una con el 23 %, Fuerzas Hidroeléctricas de Segre con un 6 % y EdF (Électricité de France) con un 25 %.

* EE.UU., el Reino Unido y Canadá propusieron en 1945 a la ONU un tratado para evitar la proliferación nuclear. En agosto de 1965, los tres países presentaron un primer borrador de TNP y el 1 de julio de 1968 se firmó en Washington. Franco en vida no autorizó su firma y España se adhirió mucho más tarde, el 11 de mayo de 1987, reinando Juan Carlos I y siendo jefe del gobierno Felipe González.

** Camilo Alonso Vega ascendió a capitán general el 29 de octubre de 1969, una vez retirado. No hubo más capitanes generales, salvo el mismo Franco, durante el régimen.

* Franco comunicó su cese a Muñoz Grandes verbalmente el 20 de julio de 1967. López Rodó, Lorenzo: Memorias II, Plaza & Janés, Esplugues de Llobregat (Barcelona), págs. 93 y 207.

* El informe fue desclasificado en 2008 a petición de la institución sin ánimo de lucro Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington. CIA: «Prospects for further proliferation of nuclear weapons», Top Secret, Special National Intelligence Estimate, SNIE 4-1-74. April 23, 1974, págs. 4-5 y pág. 37.

* Hemos encontrado manuales militares españolas fechados en 1968 que enseñan la utilización de armas nucleares en operaciones militares. Dentro de la colección «Cuadernos de Artillería», de la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería, el entonces comandante Enrique Ugarte, que llegó a ser general, analiza los factores que hay que tener en cuenta cuando se disparan armas atómicas y los procedimientos a seguir para el análisis de objetivos a destruir con este tipo de armas. El estudio de Ugarte incluye un caso práctico de cómo destruir una «unidad enemiga» compuesta por un batallón de carros que se encuentra escondida en una zona arbolada de las cercanías de Loeches, localidad situada a unos 30 kilómetros de Madrid. Tras recibirse la orden de destruir el batallón con una acción nuclear, se explica con detalle cómo hacer fuego con cañones y cohetes armados con ojivas tácticas de entre 5 y 20 kilotones. «Interesa buscar la destrucción del personal y no la de los carros, pues este es un objetivo “más duro”. Por tanto, se tratará de producir al menos 1/3 (destrucción) de pérdidas en el personal», subraya el apartado de las directivas del mando. Hay constancia de que estas instrucciones sobre el empleo de armas nucleares están incluidas en textos militares hasta al menos los publicados a principios de la década de los años ochenta. Por ejemplo, el manual «Divisiones de Infantería Mecanizada y Acorazada», publicado en 1983 por el Estado Mayor del Ejército, menciona que este tipo de unidades permiten «planear, coordinar y dirigir los fuegos terrestres, aéreos y, en su caso, navales, tanto nucleares como convencionales» y asegura que su actitud para combatir en ambiente nuclear se deriva, entre otras cosas, en que los medios acorazados les proporcionan «cierto grado de protección contra la radiación nuclear». Afirma, asimismo, que el general jefe de la División Acorazada o Mecanizada —hoy suprimida y reconvertida en brigada— sería el responsable de la asignación de las armas nucleares y de la autorización para usarlas sobre las posiciones enemigas. Por ejemplo, los mandos del Ejército de Tierra español que realizaban el curso para ascenso al generalato esos años recibieron preparación técnica para el lanzamiento de proyectiles nucleares con cañones de 155 mm y 203 mm. Los coroneles llevaban a cabo ejercicios de simulación sobre el papel sobre su uso táctico a pesar de que España no disponía de estas armas atómicas en su arsenal y ante la posibilidad de que, en caso de conflicto mundial, un aliado —previsiblemente EE.UU.— se lo pudiera ceder. Las cargas atómicas que se analizaban tenían una potencia de hasta dos kilotones y un alcance de 18 kilómetros en el caso de la munición de 155 mm y de 0,5 o 10 kilotones y 16,8 kilómetros de alcance en el caso de los de 203 mm. También se ensayan los efectos de los Lance, con un alcance de hasta 100 kilómetros. En ese momento, España disponía de 96 obuses autopropulsados de 155 mm, otros 84 más remolcados y 24 obuses remolcados de 203 mm. Según los manuales, el general de la División Acorazada o Mecanizada era el responsable de fijar los blancos, así como la asignación de las armas nucleares disponibles y establecer su proporción a emplear. Estos mandos utilizaban varios manuales escritos expresamente para adiestrar en el uso de armas atómicas: Orientaciones, Divisiones de Infantería Mecanizada y Acorazada, Estado Mayor del Ejército, Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1983 y Reglamento, Empleo Táctico de la Infantería, Ejército de Tierra, Madrid, 1983. Ortega, Andrés y Yárnoz, Carlos: «El Ejército se entrena para disparar armas nucleares», El País, 28 de enero de 1987, http://elpais.com/ diario/1987/01/28/espana/538786801_850215.html y Ortega, Andrés y Yárnoz, Carlos: «Textos oficiales del Ejército de Tierra aconsejan el uso de armas atómicas en el ataque», El País, 29 de enero de 1987, http://elpais.com/diario/1987/01/29/espana/538873204_850215.html.

* Según cuenta Gallego Díaz en su artículo de 1987, un diplomático que desempeñó cargos de responsabilidad en Asuntos Exteriores recordaba que en 1975 se produjo una tormentosa reunión en la que un general se quejó amargamente de la falta de obuses y granadas con cabeza nuclear, algo de lo que disponían EE.UU. y algunos aliados en la OTAN para defender a Europa de un posible ataque soviético. Uno de ellos, indignado, llegó a replicar: «Pero ¿en qué sueñas? Si tú tiras una bomba atómica en Rabat, nos llega la contaminación hasta el Ebro». Gallego Díaz, Soledad y Gómez, Carlos: «La tentación de la bomba», El País, 1 de febrero de 1987, consultado el 08/08/2015 en http://elpais.com/elpais/2008/01/18/actualidad/1200647817_850215.html.

** En 1988, el INTA inicia los estudios preliminares para diseñar y fabricar un vehículo lanzado de tres etapas con motores propulsores sólidos. El desarrollo, que empezó a tomar forma a partir de 1991 y fue conocido bajo el nombre de Capricornio, fue cancelado definitivamente en el año 2000 sin éxito. En principio estaba diseñado para colocar un satélite de 50 kilos en órbita polar de 600 kilómetros, aunque algunos consideran que también hubiera podido ser utilizado para el lanzamiento de ojivas. Simón Calero, Julián y Sanz-Arñangurez, Sanz, Pedro: Los cohetes en la INTA; Madrid INTA, 2012.

* Las 15 naciones incluidas son Argentina, Brasil, Canadá, Egipto, India, Irán, Irak, Pakistán, Israel, Italia, Taiwán, Alemania Occidental, Japón, Sudáfrica y Suecia.

* Un alto mando militar español, no identificado y experto en armamento nuclear, declaró en 1987 que Estados Unidos poseía todavía en España en tránsito o almacenamiento temporal entre 90 y 130 cabezas nucleares, la mayoría de las cuales estaba en Rota y Torrejón de Ardoz. El mismo periódico aseguraba que documentos estadounidenses enviados en 1986 al comandante supremo aliado en Europa, general Bernard Rogers, reconocían la existencia en Rota de forma «casi permanente» de «sistemas de reserva que pueden ser cargados y trasladados a cualquier punto conflictivo». López, J.F.: «Según un alto mando militar español, EE. UU. tiene en sus bases de utilización conjunta de 90 a 130 cabezas nucleares», Diario de Cádiz, 20 de junio de 1987. Jáuregui, Fernando: «La escala de buques con armas nucleares no implica su introducción en España, según la OID», El País, 19 de abril de 1988, consultado el 10 de septiembre de 2015 en http://elpais.com/diario/ 1988/04/19/espana/577404010_850215.html.

* Según los últimos datos oficiales, en 1966, Estados Unidos contaba con 31.175 armas atómicas —muy cerca del máximo histórico de 31.255 alcanzado al año siguiente—; la Unión Soviética, 7.091; el Reino Unido, 281; Francia, 35 y China, 29. En 2013, último año con datos completos, el arsenal atómico de Washington era de 4.650; Moscú, 4.480; Londres, 225; París, 300; Pekín, 250; Israel, 80; India, 110; Pakistán, 120. Kristensen, H.M. y Norris, R.S.: «Global nuclear weapons inventories, 1945-2013», Bulletin of the Atomic Scientists, 65 (5), November 2013, págs. 75-81.

* Según la Autorización para el Despliegue de Armas Nucleares para el FY 75, NSDM 74 (8/10/74), se almacenaban en España al menos 32 bombas nucleares de profundidad, especialmente diseñadas para destruir submarinos sumergidos que pudieran navegar en los alrededores del estrecho de Gibraltar o a lo largo del Mediterráneo. Arkin, William: «Informe sobre eventuales despliegues de armas nucleares en el exterior», Afers Internationals, 1985, págs. 192-203.

* Los departamentos de Estado y Defensa consideraban que, si Rota no se podía conseguir, la segunda opción sería Augusta Bay en Sicilia, aunque resalta que resulta mucho menos deseable por la inestabilidad política de Italia. Por tanto, si la opción española no prosperaba, la Navy se inclinaba por situarlos en EE. UU., lo que, dice, «causaría una reducción significativa en el número misiles Polaris en alerta o en tiempo de alerta de los misiles», teniendo en cuenta que los Polaris son en ese momento (1963) algo crítico. McNamara, R. y Rusk, D.: «Report on US Policy toward Spain, Memorandum for the President», Top Secret, June 16, 1963. Archivo de la Biblioteca Kennedy, pág. 7.

** De JCS WashDC info White House, Telegram, Secret, 21 de marzo de 1963, Archivo Biblioteca Kennedy. Incluso antes de conocerse la necesidad de Rota para los submarinos Polaris y en previsión de las conversaciones que tenían que abrirse para renovar los acuerdos de defensa, los Departamentos de Estado y Defensa ya habían advertido de que era «necesario» asegurar al menos la aplicación de cinco años del acuerdo de las bases —una posibilidad que estaba recogida en los acuerdos de 1953— porque las tres bases del SAC (Zaragoza, Torrejón y Morón) eran imprescindibles al menos otros cuatro o cinco años más hasta que se pudiera confiar en los misiles balísticos intercontinentales (ICBM). Respecto a la base de Rota, el análisis es aún más contundente ya que se afirma que será necesaria «durante todo el tiempo que nuestra flota opere en el Mediterráneo». Harold Saunders to RWK, Subject: U.S. Bases in Spain, Memo, October 20, 1961, Archivo de la Biblioteca Kennedy.

* El Escuadrón 16 de Rota fue trasladado a la costa este de Estados Unidos, concretamente a King’s Bay (Georgia).

* Hay una cierta confusión respecto a la hora exacta que se produjo. Algunos autores hablan de las 09.22 pero no es correcto. Esta es la utilizada en los informes militares oficiales norteamericanos (hora Zulu). La hora local española era la Zulu + 1 hora. Es decir: 10.22.

* El 15 de octubre de 1962, un B-52 y un KC-135 chocan en el aire sobre Kentucky dejando caer 2 bombas atómicas que son recuperadas rápidamente sin mayores problemas. Fue el primer y único accidente que se había producido hasta entonces durante una maniobra de reabastecimiento en vuelo con un avión cargado con bombas atómicas.

* Se refiere a los camiones pesados de la marca Mack, muy famosos en Estados Unidos por haber sido elegidos por el Ejército norteamericano como principal sistema de transporte durante la segunda guerra mundial cuando se adquirieron cerca de 35.000 unidades. Al ser tan pesados y potentes, eran ideales para las grandes autopistas pero imposibles de manejar dentro de las ciudades, Moran, Barbara: The day we lost the H-Bomb, Nueva York, Presidio Press, 2009, pág. 28.

* Un británico, Eddie Fowlie, que vivía en Carboneras (Almería) donde llegó buscando localizaciones para filmar la película Lawrence de Arabia, obtuvo una fotografía del momento exacto en el que el avión nodriza estallaba en una enorme nube blanca. Se encontraba a 25 kilómetros de Palomares y, según los cálculos norteamericanos, la nube llegó a medir un kilómetro de largo. Para ver la fotografía, «Accidente de Palomares», Blanco y Negro, 05/03/1966, pág. 43. Durante muchos años, Fowlie regentó el hotel El Dorado hasta que falleció en 2011 a la edad de 89 años.

* En 2014, Bartolomé Beltrán recibió un reconocimiento en forma de homenaje por su labor, en su momento eclipsada por la figura de «Paco, el de la bomba». La iniciativa surgió de José Herrera, técnico de cámara de Canal Sur en Almería, y de José Asensio. En ese mismo sentido, también se rotuló una calle de Águilas en su nombre.

* La base aérea de San Javier, cerca de Murcia, también tuvo noticias del accidente aéreo en un primer momento al comunicarse con la tripulación de un helicóptero que volaba en esa zona y que ayudó a rescatar a los supervivientes que cayeron al mar. El helicóptero estaba pilotado por los tenientes Erades y Balbas, que estuvieron a punto de quedarse sin combustible.

* Un par de días después, el 18 por la noche, Johnson recibe más información actualizada sobre Palomares. En un breve informe, Kenneth Rosen, de la Oficina de Situación de la Casa Blanca, afirma que aunque los datos son mínimos y no es posible estimar con precisión la situación, «no se piensa que existen elementos para preocuparse por las dos detonaciones de baja potencia que se habían producido en las dos armas atómicas». Memo from the White House Situation Room to President Johnson, Washington, January 18, 1966, 9.05 p.m. FRUS, 1964-1968, Volume XII, págs. 383-384.

* Preguntado por su impresión de Franco, con quien se reunió personalmente varias veces, el general Donovan responde: «Estaba muy impresionado por el personaje. Era bajo de estatura. Un hombre muy competente. Muy militar y todo eso. Tenía su propia interpretación de las cosas. Como dictador, tenía un gobierno y escuchaba a su gobierno. Si alguno de sus ministros sugería algo bueno, decía: “De acuerdo, lo haremos así”. No era ese tipo de dictador que imponía a sus ministros como Hitler que no aceptaba consejos de nadie. Todo lo contrario. Escuchaba. Y, como todo hombre que escucha, toma muchas decisiones acertadas. Creo que hizo muchas cosas buenas para España. Ayudó a los españoles. Todo lo que hizo fue mejorar España. Era difícil. Era muy duro en sus decisiones. La Guardia Civil era dura (...). Cacé varias perdices con él. Era un personaje agradable».

Ahman, Hugh: Major General Stanley J. Donovan, Historical Center of the Air Force, págs. 123-124.

* Después de los quince minutos de reunión con Muñoz Grandes, el general Donovan comunicó la misma información al ministro del Aire, general José María Lacalle Larriaga, quien nombró como coordinador local para las actividades relacionadas con «Flecha Rota» al general Antonio Llob Lamarca, comandante de la zona aérea del estrecho de Gibraltar, aunque rápidamente fue sustituido por el general Montel, que como hemos visto estuvo presente en la reunión secreta de 1958 en la que el Pentágono cuantificó a los españoles el peligro de que la URRS atacara con armas nucleares las bases de utilidad conjunta en territorio español en caso de una nueva guerra mundial.

* La caja negra del bombardero B-52, donde estaban las grabaciones de la cabina y los datos del vuelo, no fue recuperada hasta el 18 de febrero y fue encontrada por unos pescadores en las cercanías de Águilas. Las autoridades norteamericanas se hicieron cargo de ella y que fuera transportada a uno de sus barcos para llevarla a EE.UU.

* La emisión de neutrones no es un fenómeno específico de este tipo de bombas de fisión-fusión (neutrones). Generalmente, más del 60 % de la energía producida se debe a la fusión y el resto a la fisión.

** Generalmente, el 50 % de la energía producida se debe a la fusión y el resto a la fisión.

* Además de sus problemas de funcionamiento, EE.UU. contó con el problema añadido del escaso número de detectores PAC-1S de que disponía en España. Al final, se recolectaron detectores de 8 instalaciones distintas en Europa, 14 de bases en EE. UU. y 1 de África. Una de las lecciones aprendidas del accidente de Palomares fue que la CEA requería desarrollar un nuevo detector de plutonio y reforzar los cursos de adiestramiento en su uso para mejorar su eficacia en situaciones de crisis.

* Los problemas para interpretar las mediciones tomadas por el PAC-1S fueron tan significativos que se tuvo que consultar con el fabricante para fijar las equivalencias entre las cuentas o desintegraciones por minuto (cpm.) y la contaminación en superficie. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 48.

* No hay documentos que expliquen por qué no se activaron los recursos y efectivos de la Junta de Defensa Pasiva, un órgano que dependía directamente del Alto Estado Mayor, es decir, de Muñoz Grandes. Podemos especular con que Franco no lo consideró necesario al no haber habido una explosión atómica y no querer alarmar a la población ni a la opinión pública internacional. En ocasiones parecidas, Franco también prefirió confiar más en la Guardia Civil que estaba al mando de uno de sus escasos amigos íntimos y compañero de profesión, Camilo Alonso Vega. Como director general de la Guardia Civil entre 1943 y 1957, Alonso Vega combatió la invasión de los maquis y, posteriormente, fue nombrado ministro de la Gobernación (Interior) hasta 1969, cuando fue ascendido a capitán general, grado militar que únicamente alcanzaron en vida el propio Franco y Muñoz Grandes.

* De los 18 pacientes que fueron inyectados con plutonio por Langham, 11 murieron en menos de 10 años antes de que los efectos a largo plazo pudieran ser percibidos. Ocho de los 11 murieron después de 2 años de las inyecciones y 9 murieron 2,5 años tras el experimento. Las personas que sobrevivieron más tiempo lo hicieron por períodos de entre 10,9 y 38,2 años. Uno de los pacientes, denominado HP-9, llegó a vivir hasta los 82 años. Según los resultados finales, no hay evidencias de que ninguno de los pacientes muriera directamente por causas relacionadas con las inyecciones de plutonio. Moss, William y Eckhardt, Roger: The Human Plutonium Injection Experiments, Los Alamos Science, Los Alamos Laboratory, 1996, pág. 212.

* Estados Unidos también solicitó a estos ingenieros de minas españoles un estudio sobre cómo buscar en tierra y dónde podía encontrarse la cuarta bomba que aún estaba perdida. La primera cuestión planteada era a qué profundidad podía haber llegado en su choque con la tierra. El problema radicaba en que los norteamericanos no aportaban datos de densidad, tamaño, morfología, ni altura de vuelo de la bomba por ser secreto militar. Según sus cálculos, en un principio aseguraron que podría estar enterrada hasta 50 metros de profundidad, lo cual parecía imposible, ya que habría dejado un cráter descomunal. Al día siguiente rectificaron con un cero menos, es decir, 5 metros, lo cual parecía más posible. La segunda cuestión se refería a qué métodos de detección podrían ser usados para localizarla. Aunque el tamaño era pequeño para utilizar con eficacia los diferentes métodos que son usados en investigación minera, la geofísica podría ayudar. Leal Echevarría planteó el método de perfiles de resistividad eléctrica, de gravimetría, de magnetometría y de otras técnicas, pero los norteamericanos no podían dar ningún dato de características físicas del objeto, salvo su forma y tamaño. Aconsejó entonces que todavía podría haber dos formas eficaces de localización independientemente de las características que eran «top secret»: la primera, y probablemente más eficaz, era realizar un vuelo a baja altura con fotografía continua con película sensible al espectro infrarrojo. Al caer el objeto, si estaba cerrado, debería conservar un mínimo del doble calentamiento producido por rozamiento con el aire y el impacto con la tierra. Ese calor debería ser detectado en esa fotografía con una anomalía de color indudable. El vuelo no aportó soluciones. La segunda recomendación fue la prospección llamada geo-humana, es decir las brigadas que todas las mañanas peinaban el área peligrosa para recolocar las banderas blancas y rojas con las que se acotaba el espacio contaminado y se recolectaba cualquier resto que se encontrara. «Como la bomba esperaba su destino en el mar, esta operación fue también negativa. Desesperaba la cantidad de tiempo que se perdió, ya que, como decimos, se empezó a hacer caso a Paco ya a mediados de marzo», escribió Leal Echevarría. Leal Echevarría, Gregorio: «Otro punto de vista sobre el accidente nuclear de Palomares», Revista Axarquía, n.º 13, verano 2008, págs. 180-181.

* Las posteriores investigaciones realizadas por el CIEMAT en 2009 comprobaron que —al final y a pesar de dicha prohibición— los estadounidenses aprovecharon la zanja para enterrar todo lo que no se quisieron llevar y no pudieron incinerar.

** Entre el 3 y el 14 de febrero, Eduardo Ramos, en nombre de la JEN, y los estadounidenses llegaron a una serie de acuerdos verbales sobre la limpieza de la contaminación que demuestra la libertad de acción que ambos países concedieron a sus respectivos científicos. Por ejemplo, los españoles aceptaron que, al contrario de lo acordado en un primer momento, el lavado con agua de las tierras aradas no fuera obligatorio si no se detectaban niveles de contaminación o se permitiera el traslado de cosechas con lecturas menores de 200 cpm. para ser quemadas en las cercanías del río Almanzora (posteriormente el quemado se trasladó a la playa para reducir el peligro a una posible contaminación de otros suelos). También se aceptó un incremento del límite de contaminación a 400 cpm. en el caso de cosechas contaminadas que podían ser incineradas directamente. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 54.

* El informe señala que las partes de los aviones que habían sido contaminadas se limitaban fundamentalmente a la cola del B-52 y una góndola del KC-135. Los restos de las aeronaves que no estaban contaminados fueron finalmente vertidos en remotas y profundas aguas del océano Atlántico. Su localización exacta es secreto militar.

* Según los propios documentos de la CEA norteamericana, la «inflexibilidad» española de exigir la retirada de todos los terrenos contaminados con mediciones superiores a los 7.000 cpm. se basaba en un acuerdo interino firmado por el general Wilson, jefe de 16.ª Fuerza Aérea, y el doctor Ramos Rodríguez, de la JEN, para acelerar las tareas de limpieza en los primeros días de la crisis. No hay copia disponible de este acuerdo que parece ha desaparecido de los archivos españoles y norteamericanos. Crowson, Delmar: Memorandum B-52 aircraft accident in Spain, Secret, Atomic Energy Commission, March 3, 1966, n.º 106861. Desclasificado por el DOE para el autor.

* La dimensión del área contaminada radiactivamente varía según los documentos y las fuentes. Por ejemplo, Ramos e Iranzo hablan de aproximadamente 226 hectáreas, de las que 2,2 mostraron niveles de contaminación superiores a las 700.000 dpm/cm², correspondientes a las zonas cercanas a donde cayeron las dos bombas (1,6 en la zona 2 y 6 en la zona 3). Otras 17 hectáreas fueron contaminadas a niveles entre 700.000 y 70.000 dpm/100 cm²; 207 hectáreas con contaminación por debajo de 70.000 dpm/cm² aunque más de la mitad mostraban niveles por debajo de 7.000 dpm/cm². Ramos, Eduardo e Iranzo, Emilio: Experience of an accidental contamination by radioactive materials, Palomares 1966, S/f, n.º 106759, Desclasificado por el DOE para el autor.

* Herrera explica la dinámica. Un soldado norteamericano portaba el contador alfa PAC-1S y uno o dos españoles anotaban las lecturas. Los españoles eran miembros del Servicio de Prospección Minera, afectos a la Fábrica de Uranio de Andújar. Según el maestro del pueblo, Pedro Sánchez, que presenció una agria discusión porque el estadounidense le dio una lectura muy inferior a la que marcaba el contador. Herrera Plaza, José: «La descontaminación radiológica de Palomares en 1966», Revista Axarquía, n.º 16, verano 2014. En imprenta.

* En la zona hay muchos rumores sobre el destino final de los 690 bidones desaparecidos. Algunos aseguran que fueron almacenados en algún sitio con residuos radiactivos que no se llevaron los estadounidenses. Sin embargo, no hay documentos o indicios que sostengan esta teoría. La especulación la reforzó un documental de la cadena de televisión Antena 3, emitido en 2009, en el que se afirmó haber encontrado un documento firmado por el teniente coronel Santiago Noreña autorizando su almacenamiento en algún lugar desconocido que algunos consideran podría ser alguna de las numerosas minas abandonadas o cuevas que hay en la zona. El CIEMAT siempre ha negado la veracidad de estas versiones. En una anotación manuscrita en una copia sobre el informe geológico realizado para los norteamericanos, el ingeniero Leal Echevarría también rechazó la validez de esta teoría. «No hay ninguna posibilidad de que haya ocurrido sin que se detecte permanentemente una inmensa señal radiológica en cualquier sensor que se acerque al lugar», mantiene Leal Echevarría.

* Langham se llevó dos de estos bidones a los Laboratorios de los Álamos para sus investigaciones, al parecer por propia decisión y sin autorización. También se enviaron a Estados Unidos algunos de los restos de los aviones contaminados para estudiar cómo el plutonio afectaba a la estructura metálica de los mismos y sacar conclusiones de cara al futuro.

* Al menos hemos localizado dos tipos de estos certificados. En algunos, el texto es ligeramente diferente y señala textualmente: «se encontró que la superficie está libre de contaminación». Para texto completo consultar Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, 15 de enero, 1975, pág. 74.

* Una selección de las mismas puede verse en el especial sobre Palomares que publica el diario ABC. Flores, Miguel Ángel: «La bomba de Palomares», ABC, 8 de agosto de 1976, págs. 60-110. La viñeta de Muntañola aparece en el diario La Vanguardia del 27 de febrero de 1966, pág. 30.

* El equipo estuvo formado por cuatro matemáticos y expertos en aerodinámica: Sam McAllees, Floyd Forsyteh, William Pepper y Randall Maydew, y su trabajo fue coordinado con el directorio de Seguridad Nuclear de la base aérea de Kirtland, que recibía todos los telegramas e informes directamente del campamento Wilson en Palomares. Posteriormente, también se unieron Dick Bachman, un especialista en estructuras aéreas de la base aérea de Wright-Oatterson, y Martin Bennett y Dan Campbell, expertos en aerobalística de la base aérea de Eglin.

* El propio general Wilson solicitó a los expertos en Sandia que hicieran pruebas y cálculos en el centro de White Sands Missile Range, en Nuevo México, el 15 de febrero para determinar el tamaño y la profundidad que produciría el impacto de una bomba parecida a la de Palomares. También se hicieron otras pruebas en Palomares teniendo en cuenta las condiciones del terreno y, en concreto, de la arena cercana a la orilla. La conclusión final es que, dependiendo de diversos factores, podría producir un agujero de entre 1 y 3 metros de diámetro.

* Durante la operación de rescate, cerca de 130 buzos de combate de la Armada estadounidense participaron en las tareas de identificación y extracción de 142 objetos y restos de los aviones del fondo del mar.

* La Armada y la Fuerza Aérea habían preparado un protocolo muy estricto para desactivar la bomba cuando fuera subida al barco ante la preocupación de que la presión la hubiera afectado. En estas actividades participaron 10 marinos y 3 oficiales, incluyendo los 4 buzos que sujetaron cables adicionales antes de sacarla del agua. Notes on the EOD render safe procedure of weapon num. 4 (W28 n.º 45345) near Palomares, Spain, No date, Confidential n.º SAC200118480000. Desclasificado por DOE para el autor.

* Mulero Navarro fue distinguido en mayo de 2007 con la medalla de Oro del Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo por sus casi 50 años dedicado a la abogacía. En diciembre de 1966, también fue galardonado con la cruz del Mérito Aeronáutico de primera clase por su intervención en Palomares y, más tarde, el Ministerio de Agricultura le condecoró, asimismo, por colaborar en la devolución de sus derechos a los propietarios afectados por el desbordamiento del río Almanzora.

* El informe final del departamento legal de la XVI Fuerza Aérea señalaba que el complejo sistema de relaciones familiares complicaba la identificación de los reclamantes. Los nombres eran tan confusos como Blas Alarcón Navarro, Alarcón Navarro Blas y Navarro Blas Alarcón. Padres e hijos podrían tener los mismos nombres. Entre los solicitantes de compensaciones había 12 llamados Navarro Flores y 4 Francisco Sabiote Flores, así como 1 Antonio Alias Alias.

* En la lista solo se pueden apreciar unos cuantos nombres sin orden preciso y seguro que parcial. También desconocemos si las cantidades son las que se solicitaron o las que se concedieron, ni si pudieron recibir otras más tarde o fueron compensadas de alguna manera. Los nombres y cantidades que aparecen son: Antonio Sabiote Navarro, 100.975 pesetas; Luisa Renovales Tejedor, 183.325; Francisco Flores González, 96.100; Francisco Ponce, 27.725; María Sabiote Flores, 15.100; y José Alarcón Latorre, 293.500. Herrera, José y Sánchez Picón, Antonio (directores): «Operación Flecha Rota», Documental, Producción Pitaco, 2007. Consultado el 12/10/2014 en https:// www.youtube.com/watch?v=_FJ27FNelQE.

* El subrayado es del autor, no está en el original.

* Los cambios y las modificaciones en los criterios y en los precios de los productos complicaron extraordinariamente la fijación de las indemnizaciones. Como ejemplo puede servir el caso de Juan Soler Flores, quien vivía en la zona 3 como agricultor de tomates y alfalfa, además de contar con 24 animales —especialmente cerdos y vacas—. En un primer momento reclamó 13.682,58 dólares y se le pagó algo menos. Posteriormente se le concedió un pago de emergencia de 50.000 pesetas y fue ampliando reclamaciones hasta recibir el 2 de abril la cifra de 521.360 pesetas. Sin embargo, el 20 de abril, presentó otra más y solicitó otras 194.000 pesetas por las pérdidas futuras de patatas y tomates sosteniendo que esa tierra daba normalmente dos cosechas al año. Los abogados rechazaron la petición y solamente le concedieron 11.647 pesetas adicionales más 12 pesetas por la comisión del banco. El 26 de mayo, presentó una nueva reclamación. Esta vez por 7.500 pesetas, lo que elevó su indemnización total y final a las 540.000 pesetas que firmó el 28 de junio. Place, W.M., Cobb, F.C. y Defferding, C.G.: Palomares Summary Report. Kirtland Air Force Base, NM: Field Command Defense Nuclear Agency Technology and Analysis Directorate, January 15, 1975, pág. 175.

* España también condecoró a Simó Orts. El diario oficial del Ministerio de Marina le concedió el 21 de mayo de 1966 la Cruz del Mérito Naval de primera clase.

* Según declaró recientemente Martí Pedrol, su sobrino, realmente fue el hermano mayor de Francisco, Alfonso, quien localizó la bomba, pero Alfonso no quería protagonismo alguno y se lo cedió a su hermano, «que era una persona muy sociable y ya tenía amigos militares». Alfonso era el patrón de la barca y Francisco, el mecánico. Simó Orts falleció en Tarragona el 4 de septiembre de 2003 y sus restos se trasladaron a Águilas, donde está enterrado. Fernández, Xavier: «La visita de John Kerry recupera la figura de “Paco”, el tarraconense que “pescó” una bomba atómica», 20 de octubre de 2015, Diari de Tarragona, consultado el 12/10/2015 en http://www.diaridetarra gona.com/tarragona/50026/la-visita-de-john-kerry-recupera-la-figura-depaco-el-tarraconense-que-pesco-una-bomba-atomica.

* Otro guardia civil, José Ortiz, que a sus 23 años estaba destinado en el puesto Blanquizares, en Villaricos, afirmó posteriormente que tuvo que ser jubilado a consecuencia de una enfermedad relacionada con el accidente de 1966 aunque no reconocido oficialmente. Según sus declaraciones, durante los días posteriores al suceso, se le encargó la misión de vigilar para que no pasaran ni personas ni ganado por unas 10 hectáreas de terreno. Recordaba que el alcalde, para tranquilizarlos, les decía que «si Fraga Iribarne se había bañado, a nosotros no nos iba a pasar nada, por nuestra juventud». En 1987 el Tribunal Médico Central del Ejército le diagnosticó espondiloartrosis cervical, una enfermedad degenerativa de la columna. Le jubilaron del Cuerpo tras certificar una discapacidad del 33%. Matero, África, «Un ex guardia civil asegura haber sufrido la radiación en Palomares», La Voz de Galicia, 14 de octubre de 2006, consultado el 10/12/2014 en http://www.lavozdegalicia.es/ hemeroteca/2006/10/14/5194188.shtml.

* Incluye la solicitud de 5 millones presentada por F. Simó Orts. La solicitud fue denegada, pero se incluye para indicar el total de dólares. Simó Orts también demandó a la Armada y llegó a un acuerdo por una indemnización de 10.000 dólares (600.000 pesetas).

** Varios solicitantes aceptaron pagos parciales pero rehusaron el monto total. EE. UU. afirma que se hicieron varios intentos para lograr un acuerdo y las considera cerradas al pasar el tiempo aunque el caso podría haberse reabierto posteriormente y antes de caducar, de acuerdo con la Ley de 1964 sobre daños relacionados con energía atómica —el plazo expiró en 1986.

* La nota de prensa señala que el boletín no puede ser distribuido antes de las 10.00 h del día 8. Recoge asimismo que, además de la esposa y los hijos del embajador norteamericano, también estaba presente el general de división Stanley Donovan que, sin embargo, no se bañó, al contrario que varios generales españoles. Embajada de EE.UU. en Madrid, Sección de Prensa, Nota de Prensa, 8 de marzo, pág. 1.

* La versión de Abascal fue publicada en primera página de La Vanguardia señalando que había sido por su «redactor enviado espacial». «Breve estancia del Sr. Fraga Iribarne en tierras de Almería», La Vanguardia, Barcelona, 9 de marzo de 1966, págs. 1 y 7.

** Según la crónica del día que escribió Carlos Mendo, antes de verse con los generales estadounidenses, Montel presentó a Fraga y al ministro del Aire, teniente general Lacalle, sendas comisiones de los vecinos de Palomares, Villaricos y Cuevas del Almanzora, en una tienda en plena playa. «Fue un acto emotivo —describe—, carente de protocolo, que expresó mejor que otra cosa la eficacia de un sistema de democracia abierta como el español. Al cronista le recordaba un poco aquellas Cortes de Castilla medievales, en las que los leales súbditos presentaban sus peticiones al buen Rey. Los ministros Fraga y Lacalle prometieron solemnemente a los vecinos de aquellos Ayuntamientos trasladar sus peticiones a sus compañeros de Gobierno. Las peticiones eran las naturales para los hijos de la provincia de Almería: agua, carretera y turismo». Mendo, Carlos: «El ministro de Información y Turismo tomó un baño en aguas de Palomares», ABC-Sevilla, Sevilla, 9 de marzo de 1966, págs. 38-39.

* Teniendo en cuenta la escasez de conocimientos en tema del plutonio, los científicos estadounidenses propusieron a Iranzo que el 50 % de los primeros análisis de orina fueran enviados a EE.UU. para su estudio y, así, poder tener una comparación de resultados. La conclusión fue la misma para ambas partes: las muestras habían sido contaminadas en origen. Moss, William: Report de bioassay laboratory in Madrid, Spain, September 1966, Los Alamos Scientific Laboratory, DOE n.º 196760, pág. 9. Desclasificado por el DOE para el autor.

* Las características de las áreas donde se instalaron las estaciones de medida fueron: Estación 2-1: Está situada en un pequeño valle cerca del punto de impacto de la bomba número 2. El suelo es pedregoso y con escasa vegetación y plantas silvestres. Como consecuencia de estas características, no fue posible ararlo. La estación fue instalada en el centro del área cuyos niveles de contaminación superficial variaron en un principio entre 1,17 × 10⁴ Bq × 100 cm–2 y 1,17 × 10³ Bq × 100 cm–2. Estación 2-2: Se situó en una parcela dedicada al cultivo cerca de una zona deshabitada. En esta parcela y sus alrededores, los niveles de contaminación inicial rondaron entre 1,17 × 10³ Bq × 100 cm–2 y 1,17 × 10² Bq × 100 cm–2. En los alrededores se produjeron importantes niveles de contaminación. Estación P: Se localizó en medio del pueblo y se considera que es representativa del aire que respiran los habitantes que viven en la zona urbana. La contaminación en esta área estuvo por debajo de 1,17 × 10² Bq × 100 cm–2. Y la Estación 3-2: Situada en el centro de una franja de tierra cultivada cuyos alrededores sufrieron los mayores niveles de contaminación derivados de la bomba número 3. Está localizada en una superficie plana y 5 metros por debajo del nivel del impacto. Las concentraciones de contaminación alfa de las parcelas cercanas alcanzaron un valor de 1,17 × 10⁴ Bq × 100 cm–2 y 1,17 × 10² Bq × 100 cm–2. Iranzo, Emilio: «First results from the programme of action following the Palomares accident», May 25-June 1, 1968, Symposium on radiological protection of the public in a nuclear mass disaster, DOE, n.º 106830. Desclasificado por el DOE para el autor.

* Otros informes periodísticos afirman que el número fue de 80 personas.

* Debe de ser una equivocación pues los números no cuadran con otros informes oficiales que hablan de 80 o 69.

* El informe asegura que el 29 de mayo de ese año dos corresponsales de prensa viajaron a Palomares —uno de nacionalidad británica y otro español, ambos de la agencia Europa Press— para entrevistarse con tres vecinos de la zona, José Flores Martínez, Tomáas Alarcón Latorre y Antonio Sabiote García, con los que recientemente habían sostenido otra entrevista en Madrid relacionada con la muerte del ganado y la escasa productividad de las tierras de labor. Ministerio de Información y Turismo – Oficina de Enlace: Comentarios en Palomares (Almería) entre propietarios de ganado vacuno, 5 de junio de 1968. DOE n.º 106822. Desclasificado por el DOE para el autor.

** La documentación se refiere a los gastos asignados al proyecto Indalo durante los años 1968 y 1975. Incluyen los recibos de gastos de viaje (manutención, hotel, etc.), así como lo pagado por la compra de muestras, libros y material para el laboratorio. Sección B, Cajas 75/10365-10366-10367. Archivo General de la Administración.

* En uno de los recibos que aporta Francisco Moreno Navarro con los gastos ocasionados durante el año 1974, se especifica el pago de 1.000 pesetas en concepto de «gratificación al registro civil de Cuevas por las relaciones que han facilitado». Sección B, Caja 75/10366. Archivo General de la Administración.

* En concreto, los gastos del viaje de Dean ascenderán a 3.050 pesetas e incluyen, además del obsequio, un almuerzo en el restaurante Tejas Verdes en San Sebastián de los Reyes. Sección B, Caja 75/10366. Archivo General de la Administración.

* Según los documentos desclasificados por el DOE no está claro si los españoles recibieron muestras de Pu-239. Sí hay constancia, sin embargo, de que recibieron una solución Pu-242 como trazador en 1975. Clement, D. a Pascual Martínez, F.: Letter, July 5, 1976, Health and Safety Laboratory, n.º 106741. Desclasificado por el DOE para el autor. En el mismo documento se confirma el pago de la primera parte correspondiente a ese año (1976) por un total de 1.814.400 pesetas. En total para todo 1976 Estados Unidos entregó a España 27.000 dólares.

* En el telegrama, los técnicos estadounidenses sí solicitan al embajador en Madrid ayuda para que Iranzo pueda recibir pronto dos instrumentos de detección de baja radiación para investigaciones en el terreno FIDLER que se ha comprometido adquirir a EE.UU. para usarlos en una nueva campaña de investigación en Palomares previsiblemente en noviembre de ese año. Secretary of State to Embassy Madrid, Telegram, August 8, 1975, Confidential, n.º 200535, US Department of State. Desclasificado por el DOE para el autor.

** Los datos han sido extraídos de Iranzo, E. a Bruner, H.D.: Proyecto Indalo, following the effects of the accident at Palomares, Spain, from 1966 (October 1976 to September 30, 1977), November 30, 1976, Ministerio de Industria, Junta de Energía Nuclear, n.º 106757, DOE e Iranzo, E. a Wachol, B.: Proyecto Indalo, following the effects of the accident at Palomares, Spain, from 1966 (October 1977 to September 30, 1978), November 30, 1978, Ministerio de Industria, Junta de Energía Nuclear, n.º 106915. Desclasificado por el DOE para el autor.

* Según Richmond, el nivel más bajo de detección fue fijado en aproximadamente 40 nanicuries y no se detectó actividad positiva en los individuos monitoreados. Richmond, C. to Postma, H.: Report of foreign travel Chester R. Richmond, Associate Director for Biomedical and Environmental Sciences, Central Management Office, DOE, March 10, 1977, n.º 106789. Desclasificado por el DOE para el autor.

** En la escasa documentación que aún existe sobre la JEN hemos encontrado los informes de gastos derivados del desplazamiento hasta Madrid de los residentes de Palomares correspondientes a los años 1975 y 1976. Están divididos en tres categorías: hotel (habitación y desayuno); dietas y gratificaciones, y viajes de desplazamiento. En el caso de 1976, por ejemplo, se eligió el Hotel Mediodía con un coste por habitación de 540 pesetas por día para la doble. Además, se concedía una dieta de 1.250 pesetas diarias para personas mayores de 15 años y 850 para menores de 15 (Iranzo, E.: Asunto: Medidas en el contador de radiactividad corporal del personal de Palomares, 8 de marzo de 1976, Ministerio de Industria, Junta de Energía Nuclear, Sección 13. Caja 71/10367. Archivo General de la Administración).

* Abandonará la política en 1987 después de unos años en el Parlamento andaluz.

* Antonia Flores, entrevista con el autor (17/09/2015).

* No hemos podido encontrar copia completa de este informe, el primero que la JEN hace público de sus actividades durante los primeros veinte años desde el accidente. Portavoces del CSN, CIEMAT y el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora afirman no tener copia del mismo en sus archivos. Por tanto, las referencias al mismo han sido extraídas de fuentes periodísticas de la época.

** «El miedo a la radiactividad persiste en Palomares después de veinte años», Efe, 17/08/1985, ABC, pág. 20.

* «Según la Junta de Energía Nuclear, Palomares no está contaminado», Martín Navarrete, ABC, 23/06/1985, pág. 33.

* El CSN envió en noviembre un informe al Congreso de los Diputados en el que presenta el estado de conocimiento que tenía desde el punto de vista de la protección radiológica y que, en términos generales, es el mismo que presentó la JEN en julio. En él reconoce que dos de las bombas se partieron y se produjo un aerosol que contaminó los cultivos con los óxidos de los transuránicos.

* Antonia Flores, conversación con el autor 17/09/2015.

* Antonia Flores, conversación con el autor 17/09/2015.

* Antonia Flores, conversación con el autor 17/09/2015.

* En 1999, Llaguno desempeñó varios cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos secretario general de Políticas Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, consejero delegado de la empresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero S.A. y vocal del consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Posteriormente, en 2011, fue acusado de malversación de fondos públicos por presunto uso abusivo de su coche oficial que la Policía calculó en más de 6.000 euros por mes.

** Antonia Flores, entrevista con el autor 17/09/2015.

* En este caso es firmado por parte estadounidense por Barrett Fountos, director del programa español en la Oficina de los Programas Internacionales de Salud del DOE. Documento Anexo 1. La copia en inglés, que parece el original al estar cumplimentado a mano, tiene la fecha de 6 de septiembre de 1997, mientras que la española —ya en ordenador— tiene el día 15, el mismo que el acuerdo de cooperación general. Documento Anexo 1, firmado el 15 de septiembre de 1997, firmado por DOE y el CIEMAT.

* «Palomares Program Review». La copia en inglés está firmada el 3 de diciembre de 1997 por Frank Hawkins del DOE y el 5 de diciembre por José Gutiérrez López del CIEMAT.

* Estevan Bolea, María Teresa: «Propuesta de resolución vigesimonovena, aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados de fecha 17 de diciembre de 2003 por la que se insta al Consejo de Seguridad Nuclear para que antes de junio de 2004 remita un informe sobre las actuaciones a realizar en la zona de Palomares como consecuencia del accidente de 1966 en relación con la situación radiológica de la zona». Consejo de Seguridad Nuclear, 27 de mayo de 2004, pág. 3.

* Estevan Bolea, María Teresa: «Propuesta de resolución vigesimonovena, aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados de fecha 17 de diciembre de 2003 por la que se insta al Consejo de Seguridad Nuclear para que antes de junio de 2004 remita un informe sobre las actuaciones a realizar en la zona de Palomares como consecuencia del accidente de 1966 en relación con la situación radiológica de la zona». Consejo de Seguridad Nuclear, 27 de mayo de 2004, pág. 4.

* Carlos Sancho Llerandi, entrevista con el autor 22/09/2015.

* Fue miembro de honor del Colegio Español de Físicos y estuvo en posesión de la Encomienda de la Orden al Mérito Civil. Fue presidente de la Asociación de Funcionarios Internacionales Españoles (AFIE) y miembro de las Sociedades Europea y Española de Física y de la Sociedad Nuclear Española.

** Carlos Sancho Llerandi, entrevista con el autor 22/09/2015.

* Consejo de Ministros, Juan Antonio Rubio y José Pedro Calvo, nuevos directores generales del CIEMAT y del IGME, 2 de julio de 2014. La reseña destaca que nació en Madrid el 5 de junio de 1944 y ha hecho estancias en los laboratorios del MIT (EE.UU.), Collège de Francia y DESY de Alemania, además de haber sido colaborador de los premios Nobel de Física Samuel C. Ting, Carlo Rubia y Martín Perl.

* Es curioso que, coincidiendo con el visto bueno al plan del CIEMAT, se presentara al mismo tiempo un proyecto para un estudio sistemático del depósito interno de Plutonio en agricultores y residentes de Palomares por parte de tres científicos estadounidense del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de EE.UU. con un coste de 75.000 dólares para el programa piloto. Aparentemente, no es aprobado. Tiene fecha de septiembre de 2006. Hamilton, Terry, Brown, Tom & Newmark, Robin: Project Pre-Proposal, A Systematic Baseline Study of Internally Deposited Plutonium in Agricultural Workers and Local Residents of Palomares (Almeria District), Spain, UCRL-PROP-225310, 2005.

* La estación meteorológica está situada en Palomares en el paraje de Puerto Blanco (Almería) —zona 2—. La estación consta de seis sensores de diferentes parámetros meteorológicos. Están instalados en un mástil de 9 m de altura. Los parámetros suministrados por la estación son: velocidad y dirección del viento, temperatura a 1,5 y 5 m, humedad relativa, presión ambiental y radiación global. Los datos se refrescan cada diez minutos con un histórico de las últimas 24 horas. Se pueden consultar en http://www.ciemat. es/portal.do?IDM=232&NM=3. Son importantes porque sus resultados permiten evaluar la probabilidad de resuspensión del plutonio en función de la velocidad y dirección del viento.

* Tras la deliberación en el consejo, el CSN acuerda aprobar la propuesta del CIEMAT pidiéndole que notifiquen a las autoridades competentes su localización exacta, con objeto de que apliquen restricciones de uso en su planificación territorial. Acta del Pleno del CSN n.º 1.076, 29 de abril de 2008, CSN, pág. 6.

* El CIEMAT informó de ello al CSN, que lo trató en su reunión del 31 de marzo de 2006. Acta del CSN n.º 996, 5 de abril de 2006.

* El crédito extraordinario se autorizó en noviembre de 2004 en el presupuesto del CIEMAT sin que pudiera ejecutarse por lo avanzado del ejercicio, por lo que el 6 de mayo del año siguiente, en 2005, se volvió a autorizar. Reseña del Consejo de Ministros, 6 de mayo de 2005, consultado el 29/08/2014 en http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/ 2005/c0605050.aspx#Palomares

** Acuerdo 33, Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de la Presidencia, n.º 12A5-20063001 distribuido el 19 de julio de 2005. Archivo de la Presidencia del Gobierno. Curiosamente, es el único documento referido a Palomares que se encuentra en este archivo.

* Al parecer, además del expediente de responsabilidad patrimonial, algunos de los propietarios afectados por las expropiaciones aprobadas por el Consejo de Ministros en 2004 presentaron un recurso contencioso administrativo contra el expediente de expropiación aunque desconocemos su resultado.

* Hasta el 1 de junio de 2013 estuvieron vigentes distintos contratos de arrendamiento. Ante la negativa a la firma de un nuevo contrato de arrendamiento por parte de algunos de estos propietarios y entendiéndose que el contrato se extinguió a su término y puesto que no procedía la devolución de las fincas afectas por contaminación de los terrenos, el Gobierno procedió a su expropiación durante el año siguiente como, por ejemplo, el caso de una parte de la finca rústica de 27,3 hectáreas propiedad de Carmen García Navarro y los hermanos Martín, Diego y Manuel Fernández García del municipio de Cuevas del Almanzora. Resolución del Delegado del gobierno de Andalucía 45607, BOE, n.º 313, 27 de diciembre de 2014, pág. 61754.

** En algunos medios periodísticos han afirmado que las compensaciones por ocupaciones temporales llegaron a suponer al CIEMAT hasta un total de 7,5 millones de euros, aunque esta cifra no ha podido ser confirmada y no está claro a cuántas fincas se refiere ni el período (al parecer entre 2006 y 2009). La cifra, sin embargo, parece desmesurada solo por alquileres. Otras fuentes afirman que el coste para el CIEMAT, contando ocupación temporal e indemnizaciones por exportaciones, de este primer lote de fincas se habría aproximado a los 10 millones de euros. No hemos encontrado soporte documental.

* Para más información puede consultarse su catálogo The Desert Spring Resort, Andalucía, Spain, Almanzora Group, en www.almanzora.com. El grupo tiene dos sedes. Una en la ciudad de Boddington (Cheltenham, Gran Bretaña) y otra en el centro de Villaricos.

* Según la documentación que maneja el abogado Marcos Sánchez Adsuar, los terrenos tendrían un valor ahora de cerca de 75 millones de euros y deberían ser reclamados por el ayuntamiento pues su cesión al Ministerio de Defensa era para el uso exclusivo militar.

** El Ayuntamiento de Cuevas cerró en febrero de 2012 la investigación sobre la finca con los votos a favor del PP —en el gobierno local—, la abstención del PSOE —que dirigía Cuevas cuando Hitchins adquirió los terrenos en 1990 cuando el socialista Antonio Llaguno era alcalde— y el voto en contra del Partido Andalucista. Alba, Ricardo: «Dessert Springs asegura que compró la finca “perdida” a sus verdaderos dueños», Diario de Almería, 4 de septiembre de 2010 consultado en 09/10/2014 en http://www.elalmeria.es/article/ provincia/781019/desert/springs/asegura/compro/la/finca/perdida/sus/verdaderos/duenos.html. También Simón, Jennifer: «Cuevas cierra la investigación de la “finca perdida”»: no es del municipio, Levante, 29 de febrero de 2012, consultado en 09/10/2014 en http://levante.ideal.es/cuevas-almanzora/ 506-cuevas-cierra-la-investigacion-de-la-finca-perdida-no-es-del-municipio. html.

* La delegación de Estados Unidos mantuvo reuniones de trabajo en Madrid y Palomares entre el 22 y el 25 de febrero y, por primera vez, estaba compuesta por un equipo multidisciplinar de varios departamentos del gobierno norteamericano —en concreto de los departamento de Defensa, Energía y Estado— y encabezada por Glenn Podonski, director de la Oficina de Salud, Seguridad y Protección del Departamento de Energía. Podonsky ya conocía España porque estuvo en Madrid junto a otros dos miembros del DOE —Michael Kilpatrick y Dear Hickman— entre el 7 y el 23 de septiembre de 2007. Telegrama del Departamento de Estado. 31/08/2007. https:// wikileaks.org/plusd/cables/07MADRID1674_a.html.

* Por ciertas discrepancias no relacionadas con Palomares, Shaw deja la Administración Obama en marzo de 2006 para pasar al sector privado como vicepresidente sénior para Asuntos Públicos de la Asociación de Cementos Portland. Más tarde trabajará con uno de los principales lobbys de Washington. Es licenciado en Ciencias y Comunicación por la Universidad de Syracuse y doctor en Leyes por la Escuela de Leyes Columbus de la Universidad Católica de América.

* Entre el 15 y 16 de septiembre también viaja a Madrid y Palomares el funcionario del Departamento de Medio Ambiente, Seguridad y Salud del DOE Mohandas Bhat para cooperar con el CIEMAT. Telegrama del Departamento de Estado. 23/08/2006, https://wikileaks.org/plusd/cables/06MADRID2108_a.html.

** Los telegramas diplomáticos de la embajada de EE. UU. en Madrid muestran también la gestión que se llevó con la prensa española para buscar una cobertura más positiva. Explica que coincidiendo con la visita de Petersen a España en septiembre de 2006, el diario El País, que define como «el periódico más prestigioso» del país y «cercano al partido socialista en el poder», se enteró de la decisión del DOE de financiar la preparación del mapa 3D —lo que se había mantenido en secreto— y, tras consultar con el CIEMAT, se decidió adoptar una gestión informativa «transparente». El resultado fue un amplio artículo publicado en la primera página el 8 de octubre de 2006, seguido de un editorial favorable el día 21. Según los estadounidenses, «ambos [artículos] explicaron los hechos, con pequeñas incorrecciones, y, en general, relataron positivamente la cooperación bilateral. El interés de la prensa ha aumentado desde entonces pero no ha tenido un impacto negativo en la cooperación bilateral. Dado que no hay nada que ocultar, ya que tenemos una buena historia que contar respecto a la estrecha cooperación entre aliados, la prensa interesada ha sido, sin duda, positiva en su conjunto».

Telegrama 2006/11/07.

https://wikileaks.org/plusd/cables/06MADRID2853_a.html. Los artículos a los que se refieren son: Méndez, Rafael: «EE. UU. acepta limpiar Palomares», El País, 8 de octubre de 2006, consultado el 07/07/2014 en http:// elpais.com/diario/2006/10/08/sociedad/1160258401_850215.html. El editorial: «Bombas en Palomares», 21/10/2006, El País, consultado el 07/07/2014 en http://elpais.com/diario/2006/10/21/opinion/1161381603_850215.html.

* La nota verbal del Ministerio de Exteriores española lleva el número 27 e incluye las conclusiones finales del estudio de investigación del CIEMAT. El Departamento de Estado norteamericano responde que no contestará hasta que la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) emita su informe al respecto. En pocas palabras, gana tiempo. Telegrama del Secretario de Estado a la embajada de EE. UU. en España, 08/01/2009, https://wikileaks.org/plusd/cables/09STATE105334_a.html.

* Los resultados fueron presentados de forma preliminar por el CIEMAT a una delegación del DOE que visitó Madrid en julio de 2008 expresamente para ello. Tras la reunión, «ambas partes acordaron hablar con sus militares». El subsecretario del DOE, Jeffrey Kupfer, volvió a Madrid entre el 28 y el 29 de octubre de ese mismo año. Telegrama de la embajada de EE. UU. en Madrid, 20/10/2008, https://wikileaks.org/plusd/cables/08MADRID1104_a.html.

* El coste del Programa de Rehabilitación varía según las fuentes pues oficialmente ni las autoridades de EE.UU. ni de España han dado una cifra. Fluctúa entre los 25 y los 31 millones de euros. Según una conferencia pronunciada por un representante del CIEMAT en 2011, el coste estimado del Programa de Rehabilitación de Palomares era de 31 millones (2009), excluyendo la gestión de los residuos radiactivos generados. Sancho, Carlos: «Palomares: from the accident to the rehabilitation plan», International Symposium on decontamination - Towards the recovery of the environment, 16-18 October, 2011, Fukushima, Japón.

* Caicedo fue elegido alcalde de Cuevas del Almanzora en 1999 y reelegido en tres ocasiones hasta 2015 por el Partido Popular. En 2015, el PP fue la lista más votada pero perdió la alcaldía gracias a un pacto de la izquierda que eligió a Antonio Fernández Liria del PSOE. En 2008 fue elegido senador y posteriormente diputado. Según sus declaraciones de bienes, es uno de los parlamentarios andaluces con un mayor número de propiedades, pisos, solares y fincas rústicas, muchos anteriores a su entrada en política. De acuerdo con sus declaraciones, es propietario de cuatro pisos, uno en la capital, otros dos en la localidad de Almanzora y uno más en Águilas (Murcia), así como seis trasteros y dos sótanos, tres plazas de garaje, dos solares urbanizables y otros dos locales entre Cuevas, Garrucha y Águilas. En 2011, Caicedo declaró 22.611 euros de la Sociedad Mercantil Caicedo S.L., otros 36.000 más del alquiler de un local en Cuevas de Almanzora y 7.605 euros de dos naves en Aljarilla, también en el municipio. Por otra parte, la sociedad Construcciones Almagrera Uno S.L., de la que es propietario al 100 %, pidió un préstamo de un millón de euros a Cajamar de los que quedaban por amortizar en julio de 2011 un total de 637.050 euros. Respecto al dinero en metálico, cuenta con 55.000 euros en imposiciones a plazo, más 18.928 en cuentas corrientes. Declaración de Bienes y Rentas de diputados y senadores, Senado, IX Legislatura, 5 de septiembre de 2011. También hay otra declaración presentada el 28 de diciembre de 2011, Congreso de los Diputados, X Legislatura.

* En 2006, el gobierno español aprobó la concesión de 82 millones de euros para la construcción de la desaladora de Cuevas del Almanzora, la obra pública más grande realizada en la historia de Almería. Su plazo de ejecución era de 18 meses y debía resolver los problemas de aguas de la zona al aportar 20 hm³ de agua cada año, es decir más de 60 millones de litros de agua desalada cada día. Su inauguración se retrasó por diversos problemas hasta septiembre de 2011 y su coste ascendió a 88 millones. Sin embargo, en 2012 quedó inutilizada a consecuencia de las lluvias torrenciales. La Fiscalía Especial Contra la Corrupción inició a finales de 2014 una investigación por presuntas irregularidades en seis contratos y obras de la sociedad pública Aguas de las Cuencas del Mediterráneo (ACUAMED) adjudicataria de su funcionamiento.

* En algún momento también se especuló con que los estudios Miramax Films, de Walt Disney Co., preparaba una película que podría titularse «Muchas gracias, Bob Oppenheimer» sobre un soldado estadounidense que se enamora de una muchacha de Palomares tras el accidente. En 2000, los estudios 20th Century Fox invirtieron 32 millones de dólares en la filmación de la película Hombre de honor, dirigida por Gerge Tillman y protagonizada por Robert De Niro, Cuba Gooding Jr, David Conrad y Charlize Theron. La película se basa en los hechos reales de la vida del buzo de la Armada Carl Brashear que participó en la búsqueda de la bomba que cayó al mar en Palomares. Mientras se iza la bomba, una de las cadenas se rompe y Brashear sufre un accidente que destroza su pierna izquierda pero salva la vida a dos marinos. La película fue un importante éxito en taquilla y recaudó más de 82 millones de dólares.

* En octubre de 2003, científicos del Instituto de Ciencias y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona hicieron públicas las conclusiones de un estudio realizado en 1992 que había medido restos de radiación en microorganismos de la zona marítima de Palomares y en otros lugares de esa costa, como Vera y Garrucha (Almería); Mallorca; el golfo de Sant Jordi (Tarragona), la costa de Barcelona y el golfo de León (ribera mediterránea francesa). Según Joan Albert Sánchez Cabeza, director del estudio, el plancton encontrado frente a la costa de Palomares registró medidas de radiación entre 5 y 20 veces superiores a la media del resto de la costa mediterránea. El científico, sin embargo, descartó que supusiera riesgo para la salud porque «prácticamente no llega a los peces de consumo humano», además de estar por debajo de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (De Benito, Emilio: «El plancton de Palomares muestra vestigios de las bombas atómicas», El País, 21 de octubre de 2003, pág. 28). Estos resultados no fueron ninguna novedad para el CIEMAT ya que entre 1985 y 1995 colaboraron en al menos tres tesis doctores con este mismo tema —la contaminación radiológica en el mar frente a la costa de Palomares—, algunas de ellas escritas incluso con datos facilitados por el centro y por funcionarios adscritos a sus oficinas. La primera es defendida en 1990 por Catalina Gascó con mediciones obtenidas en 1985 que confirman, por primera vez, la existencia de concentración de plutonio en sedimentos marinos (entre 0,3 Bq/kg y 5,0 Bq/kg) frente a la desembocadura del río Almanzora y hacia el sur con mayores valores en la plataforma costera que a mayores profundidades (Gascó Leonarte, Catalina: «Estudio de la distribución de plutonio en el ecosistema marino de Palomares después de una descarga accidental de un aerosol de transuránicos», Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid, 1990). En 1991, Emilio Iranzo ejerce de asesor científico y codirector de la tesis doctoral de Lourdes Romero González en la que se demuestra, asimismo, que hubo transporte tierra-mar de elementos transuránicos como consecuencia del accidente de 1966 al detectarse cuatro puntos calientes, tres en la plataforma continental y uno en el plano abisal (Romero González, Lourdes: «Estudio del transporte tierra-mar de elementos transuránicos aplicados al accidente de Palomares en 1966», Tesis Doctoral, 1991, Universidad Complutense de Madrid). Por último, María Paz Antón Materos, bajo la dirección de Catalina Gascó, mide los restos de plutonio, americio y cesio cerca de la costa, en el cañón del río Aguas, a distintas profundidades alcanzando una penetración máxima de 18 centímetros (Antón Mateos, M.ª Paz: «Dinámica sedimentaria de radio nucleídos de vida larga en el litoral mediterráneo occidental», Tesis Doctoral, s/f (alrededor de 1996) Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid).

* Iranzo señalaba sin miramientos que el incremento de los registros de plutonio en la zona 2 era consecuencia de las modificaciones topográficas y movimientos de tierras destinadas a transformar el terreno que hasta entonces nunca había sido cultivado en tierra cultivable con grandes terrazas en un área que hasta entonces era montañosa. En el caso de la zona 5, cerca del centro urbano de Palomares, se produjeron transformaciones análogas entre los años 1979 y 1980. Iranzo, E. y Salvador, S.: «Potential radiation doses to people living near plutonium contaminated areas of Palomares», 29th Annual meeting of the Health Physics Society, New Orleans (USA), June 3-8, 1984, pág. 13.

* En concreto, Iranzo afirmaba que «la población que habita en el área no está expuesta en consecuencia a un riesgo inaceptable de inhalación de plutonio según las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica y las Reglamentaciones nacional e internacional sobre protección contra las radiaciones ionizantes.

* La copia desclasificada tiene unos añadidos a mano que parecen incrementar el número de personas hasta los 592 con dosis estimada menos de 20 mSv y en la dosis estimada se tacha el nivel de 150 para señalar entre 100 y 200 mSv y 10-20 rem.

* Estos datos son los mismos que están incluidos en el informe que el CSN envía al Congreso de los Diputados en octubre de 1985. Informe preliminar sobre la situación actual de la zona de Palomares (Almería) afectada por el accidente nuclear del 16 de enero de 1966. Eisenschutz, Catalina y otros: El accidente nuclear de Palomares (1966-1986), Barcelona, Quadern CAPS, Ed. CAPS, n.º 5, septiembre 1986.

* El propio informe de la JEN señala que la medida para España había sido publicada en un estudio del Ministerio de la Gobernación fechado en diciembre de 1976 y elaborado por A. Prieto y D. Molina con el título «Mortalidad por tumores malignos en España (1951-1970)».

* Para validar los datos, el doctor Martínez Pinilla estudió la población de Palomares y Villaricos tomándose como población testigo —de referencia— la de Guazamara.

* Respuesta del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a una pregunta escrita del senador Diego Miguel Asensio Martínez sobre diversas cuestiones relacionadas con el accidente en 1966 en Palomares (Almería), Senado, BOCG, Núm. 729, Serie I, 2 de octubre de 2003, págs. 25-26.

** CSN: «Palomares, en el camino de la normalización radiológica (1966-2013)», 2013, CSN, pág. 16.

* Sancho Llerandi, Carlos: «Palomares: from the accident to the rehabilitation plan, 16-17 October 2011», International Symposium on the Decontamination — towards the recovery of the environment, Fukushima, Japón.

* Al ser un programa voluntario, el CIEMAT no puede obligar a las personas a volver a realizar los exámenes aunque hayan dado positivo. Aun así, a todas aquellas cuya orina dé valores positivos se les solicita que vuelvan a Madrid al año siguiente para confirmar la existencia y magnitud de su contaminación interna.

** Espinosa Canal, A: «Estimación de la dosis total recibida por la población de Palomares debida a la radiactividad natural y a la presencia de transuránicos», en la revista Radioprotección, ponencia presentada en el VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Protección Radiológica, 21-23 de septiembre de 2000, Las Palmas de Gran Canaria.

* CSN: Project Indalo, Work performed during 2002, s/f., pág. 11. requisitos que se indican en la convocatoria como, por ejemplo, aquellas personas que residan o trabajen en Palomares con al menos un año de antigüedad a la fecha en la que acuden a pasar los reconocimientos y controles. Desde entonces, son los propios ciudadanos los que deben apuntarse en una lista que permanece abierta desde que se hace la convocatoria en primavera hasta finales de otoño.

* Según Herrera, los estadounidenses solo se llevaron en 1966 el 5 % de lo prometido. Enterraron en dos fosas un 31 %, un 1 % está en paradero desconocido dentro de 490 barriles perdidos y un 64 % se quedó donde estaba, mayoritariamente en la zona 3 con una labor de arado.

Herrera Plaza, José: «La descontaminación radiológica de Palomares en 1955», Revista Axarquía, n.º 16, verano 2014, Sección Histórica.

* El acuerdo fija dos niveles de descontaminaciones del americio-241 en las zonas contaminadas del entorno de Palomares: 1 Bq/g para las zonas 2, 2-2, 3 y los puntos adyacentes en la zona 2 y 4 Bq/g para la zona 6, lo que quiere decir que se permite dejar más contaminación en la parte de la Sierra Almagrera por entender, parece, que es un espacio protegido y, por tanto, sin posibilidad de que se construya en el futuro o se permita agricultura intensiva.

* En un informe de enero de 2014, el Departamento de Energía apuntaba al Sitio de Seguridad Nacional de Nevada, en una zona desértica a 100 kilómetros al noroeste de Las Vegas, como el posible destino de las tierras contaminadas de Palomares. El documento no incluye ni presupuesto ni estatus del proyecto ya que, especifica, «se encuentra en su fase inicial» y todavía no se ha tomado una determinación formal.

US Department of Energy, 2015 Annual National Environmental Policy Act Planning Summaries, February 2015, Washington D.C.

La historia secreta de las bombas de Palomares

Rafael Moreno Izquierdo

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