El muro invisible

Las dificultades de ser joven en España

POLITIKON

Luis Abenza • Berta Barbet • Sílvia Claveria •

Elena Costas • Jorge Galindo • Kiko Llaneras •

Octavio Medina • María Ramos • Pablo Simón

Los jóvenes de hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto a sus maestros.

SÓCRATES

No veo esperanza para el futuro de nuestra gente si dependen de la frívola juventud de hoy en día, pues ciertamente todos los jóvenes son salvajes más allá de las palabras… Cuando yo era joven, nos enseñaban a ser discretos y respetar a los mayores, pero los jóvenes actuales son excesivamente ofensivos e impacientes.

HESÍODO

INTRODUCCIÓN

Un muro invisible

Cada generación tiene sus retos. Para la que creció en los años de posguerra, por ejemplo, la represión de la dictadura y las privaciones diarias fueron la norma, una España pobre y sin oportunidades de la que muchos tuvieron que marcharse. Para la generación del baby boom, nacida en los años cincuenta y sesenta, aún bajo el régimen franquista, el desafío fue la democratización y la construcción de un país moderno.

Los jóvenes actuales, la generación nacida entre los años ochenta y el 2000, han tenido la suerte de crecer en un país más próspero, más abierto y más libre que el de las generaciones anteriores. Pero eso no quita que aún queden retos pendientes. Esta generación se ha dado de bruces con una triple crisis —económica, social e institucional— que ha generado un sentimiento de desesperanza e indignación, de falta de horizonte vital. Esto ha tenido sus consecuencias en política, como la aparición de nuevos partidos. Y no solo en España. Los cambios en los diversos sistemas de partidos son cada vez más visibles en el resto de países europeos.

En los últimos años han surgido dos relatos que intentan explicar el sentimiento de frustración de los jóvenes. El más habitual afirma que esta generación se enfrenta a unas circunstancias más favorables que las de las generaciones previas. Las quejas y la indignación, por lo tanto, no están justificadas. La mejora en las oportunidades laborales, en las condiciones de vida y en el sistema educativo, así como la apertura política tras la Transición, han situado a esta generación en un lugar privilegiado con respecto a las anteriores. Cualquier éxito no conseguido, cualquier frustración ante expectativas no cumplidas, se debe a una falta de esfuerzo o a un exceso de optimismo. Y, dado que la juventud es algo que se cura con la edad, no existe razón para preocuparse. No sorprende que la mayoría de defensores de este argumento pertenezca a generaciones más mayores.

Sin embargo, otro relato se está abriendo camino: los jóvenes se enfrentan a un muro que les impide construir su futuro. Los ladrillos que forman este muro son la precariedad, la falta de oportunidades, la ausencia de posibilidades para emanciparse y construir un hogar, y las deficiencias del sistema educativo. También la ignorancia, la falta de interés (en el mejor de los casos) o la corrupción (en el peor) de nuestros servidores públicos a la hora de buscar soluciones. Frente a la idea de que estos problemas desaparecerán cuando los jóvenes alcancen la madurez, este relato sugiere que este muro genera unos daños que se arrastran de por vida. El resultado es una generación que podría acabar viviendo peor que la de sus padres.

Ambos relatos tienen algo de cierto. Son coherentes, y eso les ayuda a que sean aceptados como explicaciones sencillas a problemas complejos. A nuestro juicio se tiende a poner más énfasis en el primer relato que en el segundo, pero tal vez es inevitable; los jóvenes rara vez hablan de sí mismos. En este libro intentaremos desgranar qué hay de cierto en cada uno de esos dos relatos. Para ello, tomamos tres ideas como punto de partida.

La primera es que las condiciones políticas, sociales y económicas de cada joven tienen un efecto que se arrastra durante toda la vida. Sin embargo, no es un efecto determinista. Una fecha de nacimiento no condiciona por completo nuestra suerte. Pero creemos que merece la pena estudiar en qué medida el entorno económico, social o laboral es diferente respecto al de generaciones pasadas. De ahí que pongamos mucho más énfasis en intentar comparar en qué medida nuestros jóvenes de hoy son diferentes a los jóvenes de ayer y no tanto lo diferentes que son los jóvenes frente a los mayores en general.

La segunda idea es que, aunque los efectos generacionales —cuándo nacemos— importan, no afectan a todos por igual. También influyen el bagaje educativo y socioeconómico o el entorno familiar. Por lo tanto, no todos los jóvenes se enfrentan a las mismas vulnerabilidades. Rastrear quiénes son los mejor y peor equipados para sobreponerse a los fallos de nuestro sistema es crucial para detectar esas vulnerabilidades.

Por último, consideramos que esto no es ni una lista de agravios ni ningún tipo de revancha generacional. Sería contraproducente negar lo positivo que se hereda de generaciones anteriores, e injusto minimizar la magnitud de los retos que superaron. Lo que este libro plantea es que hay un pacto intergeneracional que está roto y que debemos recomponer. Este proceso tiene que empezar desde la política, sin duda, pero muy especialmente desde las políticas (públicas).

DELIMITANDO EL MURO

Este libro tiene el propósito de tocar todos los ladrillos de un muro que no siempre es fácil de delimitar. Para ello hemos tenido que incorporar una gran diversidad de temas, todos ellos, creemos, relevantes. Con todo, muchos otros se han quedado en el tintero. También nos centraremos en las dinámicas propias de España, pero eso no quita que muchos retos que se nos plantean sean parecidos a los de otros países. De ahí que se haga con frecuencia mención a datos comparados, aunque siempre mantendremos nuestro país como referencia.

La crisis económica ha supuesto un punto de inflexión para los problemas que ya acechaban a los jóvenes antes de 2008. Con ella, la falta de expectativas ha aumentado y las brechas socioeconómicas se han ensanchado. Esto ha dibujado para nuestra generación y para las que vienen una trayectoria vital cada vez más incierta.

Si en algún lugar la analogía del muro cobra especial sentido es en el mercado laboral. En las últimas dos décadas España ha mantenido la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea, la cual ha sido particularmente acusada entre los jóvenes. La crisis ha sido el único momento en el que nos hemos situado por debajo del índice de otros países de nuestro entorno. La razón es tan sencilla como desalentadora: la enorme destrucción de empleo que tuvo lugar entre 2008 y 2013 se concentró con particular intensidad entre los jóvenes sin contrato fijo. Los daños que esto supone para la articulación de un proyecto de vida son claros. Algunos jóvenes se han ido, otros se han quedado, pero casi todos han visto sus expectativas afectadas. Para los que no habían empezado a trabajar aún, las consecuencias han sido igual de negativas. Estos lo han tenido mucho más difícil a la hora de incorporarse a un mercado en el que las oportunidades de empleo estable y con futuro escaseaban. La brecha entre trabajadores estables y precarios, junto con la enorme incidencia del paro estructural, han hecho del mercado laboral español una de las instituciones que más penalizan a las nuevas generaciones. Sin afrontar a fondo el tema de la precariedad parece difícil poder revertir la situación.

También hablaremos sobre nuestro sistema educativo. Es común oír tópicos sobre cómo los jóvenes de hoy son vagos, o que carecen de disciplina y competencias para enfrentarse al mercado laboral. En definitiva, que la educación de antes era mejor que la actual. Sin embargo, como en el caso del mercado laboral, la realidad es mucho más compleja, al menos en dos aspectos. Primero, España ha avanzado a grandes pasos hacia la universalización de la educación, cerrando la brecha con nuestros vecinos europeos. Y segundo, no se desprende de las pruebas internacionales que la calidad de nuestra educación sea peor que la de nuestros mayores. Es más, en muchos aspectos se puede plantear que es de mejor calidad, de tal modo que las descalificaciones genéricas no tienen mucho sentido.

Ahora bien, nuestro sistema educativo no está exento de problemas. A medida que la recuperación económica avanza, se vuelve evidente que los retos a los que se enfrentan los distintos segmentos de la juventud son diferentes. Mientras unos jóvenes se encuentran con el problema de la sobrecualificación, con un nivel de formación superior al requerido en el puesto de trabajo que desempeñan, otros están atrapados en un ciclo de precariedad más perverso, que se inicia con el fracaso escolar y con la lacra de la repetición. Nuestro elevado abandono temprano de la formación contribuye a perpetuar desigualdades sociales que empiezan a ser visibles mucho antes de la entrada de los jóvenes al mercado laboral.

De todo esto se deriva que este segmento de la población se enfrenta a trayectorias vitales inciertas. Para abordar el problema en su conjunto es necesario estudiar cómo funciona nuestro Estado del Bienestar. Un Estado del Bienestar efectivo proporciona una red de seguridad para los ciudadanos a lo largo de sus distintas etapas vitales, invirtiendo desde en guarderías hasta en pensiones. Sin embargo, nuestro sistema protege menos de lo que debería, y de forma desigual. Tendemos cada vez más a concentrar el gasto en las cohortes de mayor edad, y a gastar menos en niños y jóvenes. Además, nuestro sistema basado en cotizaciones a la Seguridad Social complica el acceso a prestaciones sociales para los trabajadores precarios.

Así, cuando el mercado laboral es una institución con serios problemas de temporalidad y paro estructural, cuando el sistema educativo sufre problemas de desigualdad y el Estado del Bienestar se orienta a los mayores, solo queda una institución de salvaguarda: la familia. Por eso no es sorprendente que desde que empezó la crisis haya jugado un papel clave como red de protección. Sin ella no hay refugio frente a la incertidumbre. Pero a la vez, si dependemos solo de ella, no hay movilidad social posible ni proyecto de vida autónomo.

También es cierto que se están produciendo cambios estructurales importantes que nos afectan como sociedad. Uno de los más evidentes es el envejecimiento de la población en la mayoría de países desarrollados. La generación de jóvenes de hoy es menor que la de los baby boomers, lo cual afecta a las dinámicas de nuestro sistema de pensiones. Pero también hay otros cambios, como la progresiva incorporación al mercado laboral de las mujeres, el aumento de la esperanza de vida o la polarización del empleo entre trabajadores estables y precarios causada por el desarrollo tecnológico. Nuestros sistemas de protección, construidos hace décadas, no están bien equipados para responder a estas modificaciones estructurales.

Sin embargo, tampoco hay que olvidar que no existe una única respuesta, y que la decisión de cómo afrontar estos retos está abierta al debate político. Las rigideces y herencias institucionales en los ámbitos de la educación y del mercado laboral se unen a otras en la distribución del gasto público. Esto desemboca en preguntas tales como si es mejor universalizar las prestaciones (como suele ocurrir en los sistemas de bienestar escandinavos) o por el contrario enfocar el gasto a los segmentos de la sociedad que más lo necesitan; y también cómo deberíamos equilibrar el gasto desde un punto de vista generacional, por ejemplo, cuánto deberíamos gastar en pensiones o en guarderías. Estas cuestiones se volverán cada vez más relevantes ahora que las sociedades occidentales están envejeciendo.

LOS CIMIENTOS (POLÍTICOS) DEL MURO

Detrás de toda política pública concreta existen unos colectivos que la han impulsado. De ahí que sea fundamental preguntarse en qué medida se movilizan los jóvenes en defensa de sus intereses.

Cuando se habla sobre la participación política de los jóvenes, el debate público se suele dividir entre la crítica y el paternalismo. Con frecuencia se enfatiza que los jóvenes no se implican en la vida pública y que nada parece interesarles, que son apáticos y se inhiben de participar. Pero en otras ocasiones se les trata con condescendencia por su caricatura como contestatarios, y por recurrir a la protesta y la movilización callejera como forma de expresarse políticamente.

Como siempre, la realidad es más compleja. Durante los últimos años ha aparecido una gran brecha generacional: mayores y jóvenes votan cada vez a formaciones políticas más diferentes. También es cierto que los segundos participan menos en las elecciones, se movilizan de manera más esporádica y —quizá lo más importante— están formados por un número menor que las generaciones anteriores. Esto los hace cada vez menos decisivos en unas elecciones. Además, hay diferencias en niveles de actividad política: los jóvenes con mayor nivel educativo y de renta participan más que el resto. El resultado es que las demandas de los colectivos más vulnerables —y más perjudicados por la crisis— no han calado aún en el debate público.

Sin embargo, la democracia no consiste solo en votar. La urna es una de las arenas de participación política en un sistema pluralista, quizá la principal, pero en ningún caso la única. Los jóvenes en general son desafectos a las instituciones tradicionales de la democracia, aunque este sentimiento no es muy diferente al de sus mayores. Cabe la opción de que aquellos compensen su falta de afinidad al sistema con la exploración de otras formas de participación política. El consumo de información política, las manifestaciones o la recogida de firmas son otros mecanismos que les permiten tener cierta influencia en la política tradicional. Si los jóvenes se informan sobre política de otra manera, ¿podría ser que también participaran de manera diferente? ¿Ha sido el 15M la primera muestra de que es posible incidir en ese ámbito de otra manera? ¿Están los jóvenes reemplazando las fórmulas tradicionales de participación por otras nuevas? Lo cierto es que los datos en general no apoyan esta idea. Antes bien, parece que los que participan de manera convencional, votando, son los mismos que tienden a hacerlo de la otra manera. El resultado es la participación solapada de (los mismos) jóvenes.

En suma, parece que las fuerzas políticas para empujar el cambio no han terminado de cristalizar. Los retos estructurales son profundos y el conflicto generacional es un hecho difícil de negar. La pregunta es si pueden aplicarse políticas diferentes que permitan reconstruir un pacto generacional y, sobre todo, si hay emprendedores políticos que estén dispuestos a hacerlo.

Primera parte

CRISIS

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Ser joven ya no es lo que era

Se dice que ser joven es difícil, pero también que es una fase temporal. Durante la juventud la situación económica es peor que la de los mayores, pero mejora con el tiempo a medida que uno va cumpliendo años. Eso ha sido así durante las últimas décadas. Forma parte del ciclo vital, o al menos del ciclo vital al que estamos acostumbrados como sociedad. Lo que nos interesa aquí es comprobar si los jóvenes de ahora, en especial los que nacieron a partir de los años ochenta, están peor que los jóvenes que crecieron en otros momentos. Los capítulos de este primer bloque están orientados precisamente a ese objetivo. Buscan desentrañar, en definitiva, si en realidad ser joven ya no es lo que era.

Las condiciones objetivas de vida de los que nacieron en la década de los ochenta son mejores que las de sus padres o abuelos. Viven en sociedades abiertas y democráticas. Han recibido la mejor de las educaciones posibles. Pueden casarse con quien quieran. Pueden no casarse si no quieren. No son perseguidos si tienen una orientación sexual diferente. No han pasado hambre. No los matan por su forma de pensar. No han vivido una guerra.

Muchos de los mayores se preguntan entonces por qué se quejan. Por qué se lamentan «si lo han tenido todo». Algunos incluso los miran por encima del hombro y los desprecian como generación. Piensan que no han dejado de ser adolescentes, o que no quieren dejar de serlo para no asumir responsabilidades. Que se pasan la vida haciéndose selfies para compartir en las redes sociales. Algunos han dicho abiertamente que son una generación indiferente con respecto a la política. Una generación «que no quiere nada». Una generación «con todos los derechos, pero ninguna obligación».

Quizá sea verdad que los jóvenes de hoy han crecido teniéndolo todo y creyendo que lo podían tener todo; pero se han topado con muchos muros. Han crecido oyendo que estudiando alcanzarían una buena posición laboral; pero se han topado con el muro del desempleo, de la temporalidad y de la sobrecualificación. Han crecido oyendo que después de becas, prácticas y contratos inestables, si se esforzaban conseguirían un puesto estable; pero se han topado con el muro de un mercado laboral que es más competitivo que nunca, pero cuyas reglas están a favor de los que ya están dentro.

Hay mucha diversidad entre los jóvenes actuales. Y de esta diversidad también vamos a hablar, porque algunos jóvenes lo han tenido particularmente difícil. No es lo mismo nacer en un lugar o en otro. No es lo mismo crecer en Puente de Vallecas o Nou Barris que en un palacete de Pedralbes o del barrio de Salamanca. Pero todos los que han nacido en los ochenta tienen algo en común. Esos a los que las empresas y los medios etiquetan como millennials comparten sobre todo tener que enfrentarse a los retos de la vida adulta en un contexto adverso. Han crecido con las necesidades materiales básicas cubiertas y en una era donde la mayoría de los avances hacen la vida mejor. Pero se han hecho adultos a la sombra de una recesión económica sin precedentes en tiempos recientes. Y se han encontrado con un muro que les impide avanzar.

Es cierto que no todos (ni mucho menos) los mayores desprecian y miran por encima del hombro a los nacidos en generaciones posteriores. Algunos han entendido lo que está pasando y son conscientes de ese muro, incluso desde prismas y perspectivas ideológicas muy dispares. Por ejemplo, Joaquín Estefanía, en el epílogo de su reciente libro sobre el mundo que los mayores han dejado a las generaciones que venían detrás, aludía también a la metáfora del muro.[1] Un muro que se ha levantado entre los jóvenes y los demás como consecuencia de las políticas que se han llevado a cabo —y de las que no— en las últimas décadas.

EL PACTO INTERGENERACIONAL, PENDIENDO DE UN HILO

El pacto entre generaciones en que se asientan las sociedades europeas está empezando a ser cuestionado. Durante décadas ha funcionado una especie de contrato social implícito intergeneracional según el cual cada generación en edad de trabajar es responsable tanto de las anteriores (que ya no son activas) como de las siguientes (que aún no han entrado al mercado de trabajo). Esto es muy claro en el sistema de pensiones. Un sistema de reparto como el español se basa justo en eso: en un pacto intergeneracional implícito. Los trabajadores actuales pagamos las pensiones a los mayores porque esperamos que la siguiente generación hará lo mismo por nosotros.[2] Pero igual sucede con la educación de jóvenes y niños, que es sufragada a través de los impuestos de la población en edad de trabajar.

A ese pacto intergeneracional implícito se le suma otro elemento: la expectativa, aunque sea velada, de que cada generación estará mejor que la anterior, que el propio progreso tecnológico y el desarrollo social hará que las nuevas oportunidades para los jóvenes serán cada vez más. Y, en definitiva, que habrá movilidad social. Que los hijos vivirán mejor que sus padres.

Esto ha sido así durante décadas, y es una buena noticia. Nuestros padres tuvieron mejores oportunidades que nuestros abuelos. La novedad, que ya preocupa a algunos pero quizá debería preocuparnos a todos, es que por primera vez los jóvenes creen que vivirán peor que sus padres. En una encuesta realizada por Ipsos Mori en 2014 a 16.000 personas en veinte países, la mayoría de los jóvenes menores de treinta años pensaba que no vivirían mejor que sus progenitores. Los más optimistas eran los jóvenes de países emergentes, en especial China, Brasil e India. Los jóvenes españoles, sin embargo, son de los más pesimistas: el 84 por ciento cree que va a vivir peor que sus padres, igualados con nuestros vecinos franceses y solo superados en pesimismo por Bélgica.[3]

Las expectativas pueden parecer difusas y subjetivas, como de hecho lo son por definición. Pero el pesimismo de los jóvenes de esta generación tiene una base. Y es que todo apunta a que ser joven ya no es lo que era, y que existe un riesgo serio de que parte de una generación se quede atrás. En sus documentos y declaraciones las instituciones europeas ya parecen haberse dado cuenta. El Libro blanco sobre el futuro de Europa, presentado por la Comisión Europea en marzo de 2017, subraya el riesgo de los jóvenes de obtener peores resultados y menos oportunidades que sus padres:

Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, existe un riesgo real de que la actual generación de jóvenes adultos acabe teniendo unas condiciones de vida peores que las de sus padres. Europa no puede permitirse perder al grupo de edad más formado que ha tenido nunca y dejar que la desigualdad generacional arruine su futuro.[4]

Además, en el informe anual de la Comisión de 2017 sobre la evolución social y del empleo en Europa se ponía justamente el foco en la justicia intergeneracional y se apuntaba de forma directa a las políticas de los últimos años en la mayoría de Estados miembro:

Ha habido un cambio gradual en los patrones de gasto en protección social relacionados con la edad desde el decenio de 2000 que no se explican por completo por los cambios en el tamaño de las cohortes. Las pensiones de jubilación y la asistencia sanitaria representan una proporción creciente del gasto social, mientras que la proporción dedicada a las prestaciones familiares y de desempleo, que benefician más a los jóvenes, ha tendido a disminuir.[5]

La recesión ha sido la piedra de toque en todo ese proceso, como abordaremos con más detalle en capítulos siguientes. Durante la recesión la situación económica de los mayores con respecto a la población en edad de trabajar ha mejorado mientras la de los jóvenes empeoraba. Esta tendencia, sin embargo, ya se podía observar antes de la recesión. Desde los años ochenta el empleo para los jóvenes y los adultos jóvenes ha crecido a un ritmo muy lento en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, los trabajadores mayores de 55 años, que hace diez tenían tasas de empleo menores al 50 por ciento, las han aumentado en más de diez puntos en una década. Trece puntos en el promedio UE-28, 12,4 en España. La destrucción de empleo se ceba siempre con los trabajadores jóvenes, no con los mayores. Y esto no es exclusivo de la reciente crisis.

LA MINORÍA «OPRIMIDA» (O EL PACTO INTERGENERACIONAL PATAS ARRIBA)

En un reportaje de principios de 2016, el editor del The Economist hablaba de los jóvenes actuales como una «minoría oprimida». Así, como suena. Oprimida. Una generación a la que los mayores y sus políticas y sistemas de bienestar frenan e impiden que desarrolle todo su potencial. Desde luego, no son como cualquier otra minoría. Sus «opresores» no pretenden perjudicarlos, argumenta el reportaje. Al contrario, los quieren y los crían. En la mayoría de los países europeos, en el contexto familiar los mayores siguen transfiriendo ingresos monetarios a los jóvenes. De hecho, durante la crisis, los jóvenes españoles se han vuelto más dependientes económicamente de sus familias. En 2008 la mitad de los menores de treinta años (el 49,2 por ciento) vivía en su mayor parte o en exclusiva de los ingresos de otras personas. Tras ocho años de crisis en 2016, la cifra era del 63,1 por ciento.[6]

Pero si los mayores tienen que acabar ayudando económicamente a sus hijos dentro de las familias, en especial durante la crisis, es porque hay políticas y arreglos institucionales que impiden a los jóvenes alcanzar todo su potencial.[7] Una parte cada vez mayor del gasto público va dirigido a las pensiones, mientras que otras partidas, como el presupuesto educativo, languidece. En España las pensiones de jubilación representaron en 2016 más del 35 por ciento del gasto público.[8] En efecto, esto es resultado del envejecimiento de la población, pero también consecuencia de arreglos institucionales. Aunque dentro de las familias muchos mayores ayuden en lo económico a sus jóvenes, según algunas estimaciones el flujo neto de recursos (público más privado) va ahora en la dirección contraria en muchos países: los jóvenes transfieren más recursos a los mayores.[9]

Por lo tanto, hay buenas razones para pensar que ser joven hoy no se sostiene sobre las promesas que mantuvieron generaciones anteriores. Y si los jóvenes son poco prioritarios en la agenda política, ¿qué podemos esperar que pase cuando llega una crisis como la que vivimos en nuestro país?

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Los grandes perdedores de la crisis: los jóvenes

Una recesión siempre es una mala noticia. Cuando cae la actividad económica cae el empleo, el consumo, la inversión, los salarios y la renta de los hogares. Aumenta el paro, la pobreza y el riesgo de exclusión social. Pero las crisis no afectan a todas las personas por igual. Golpean sobre todo a los grupos más vulnerables: a los trabajadores menos cualificados, a las minorías, a los inmigrantes y a los jóvenes.[1]

Estos últimos sufren en especial las crisis económicas. Y lo hacen mientras duran, pero también después. El empleo de los jóvenes tarda más en recuperarse, y en cierto sentido nunca vuelve a ser normal: una crisis puede dejar cicatrices en toda una generación que se dejarán ver en sus trayectorias laborales muchos años después,[2] algo de lo que hablaremos más adelante.

LA OTRA BRECHA GENERACIONAL QUE DEJA LA CRISIS

Durante la recesión, la renta media anual de los hogares jóvenes pasó de 34.700 euros en 2011 a 25.500 en 2014.[3] En tres años de crisis, los hogares encabezados por menores de 35 años perdieron una cuarta parte de su renta. Pero no fueron los únicos perjudicados: la renta mediana de los jóvenes de entre 18 y 24 años cayó un 20 por ciento, más que ningún otro grupo de edad (véase gráfico 2.1). Por su lado, la renta de los mayores de 65 años subió un 5 por ciento. Estos son datos de renta familiar disponible por persona: el conjunto de los jóvenes —vivan solos, en pareja o con sus padres— se ha empobrecido más que ningún otro grupo de edad.

GRÁFICO 2.1. La crisis económica para los jóvenes.

Al caer sus rentas, más jóvenes cayeron por debajo del umbral de la pobreza, y con ello se ensanchó la desigualdad entre generaciones. Si bien desde 2008 crece la tasa de riesgo de pobreza de la población general, de nuevo hay diferencias por edades. La métrica elegida por Eurostat para medir la pobreza es la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE). En 2005, un 32 por ciento de los mayores de 65 años se encontraban en peligro de exclusión. Diez años después eran solo la mitad. En la época de crisis los ingresos fijos de una pensión han sido un salvavidas para muchos. Los jóvenes, en cambio, han sido los más perjudicados: su riesgo de caer en la pobreza entre 2005 y 2016 pasó del 23,6 al 40 por ciento.

Esta estadística contabiliza las personas que cumplen al menos una de estas tres condiciones: tener ingresos bajos, vivir en hogares donde escasea el empleo o sufrir privaciones materiales severas. La primera condición es una forma de pobreza relativa: incluye personas con ingresos familiares por debajo del 60 por ciento de la mediana. Muchos hogares jóvenes se encuentran en esa situación. La segunda condición señala hogares donde falta empleo, en los que sus miembros en edad de trabajar pasan temporadas desempleadas o a media jornada. Aquí, de nuevo, encontramos a los jóvenes. Una familia con dos hijos que ni estudian ni trabajan puede caer en el riesgo de exclusión aunque sus padres trabajen: los hijos están usando el hogar de refugio. La tercera condición del AROPE es quizá la más grave: incluye a todos aquellos que, con independencia de sus ingresos, sufren privaciones como no tener lavadora, no poder comprar carne o tener dificultades para pagar los recibos o el alquiler.

Si calculamos la renta disponible incluyendo el valor de la residencia en propiedad, la brecha entre jóvenes y mayores aumenta aún más.[4] España es un país con niveles altos de vivienda en propiedad, una tendencia mayor entre las cohortes de más edad. En estas franjas suele ser habitual que el hogar familiar esté del todo pagado, lo cual no sucede entre las generaciones que crecieron y empezaron su vida adulta durante la burbuja inmobiliaria y su pinchazo.

El trabajo de Pau Marí-Klose y Álvaro Martínez Pérez para Funcas estudia qué hay detrás de estos números. La tendencia general es de un aumento en la pobreza infantil y juvenil. Pero lo más preocupante es que estos aumentos son especialmente dramáticos para los hogares con niveles más altos de privación:

Tanto en niños como en jóvenes aumenta la llamada pobreza alta (la que se establece por debajo del umbral del 40 por ciento de la mediana de ingresos equivalentes), que identifica a las personas que viven en hogares en situación de mayor privación económica. La pobreza infantil alta se incrementa del 12,9 por ciento en 2009 al 15,7 por ciento en 2014; la juvenil, del 8,8 al 15,7 por ciento.[5]

El contraste con la tendencia entre los mayores, sobre todo a partir de los 65 años, es sustancial. La crisis ha resultado dañina en particular para aquellos cuyos ingresos dependen en mayor medida del trabajo, y más si este es precario.

LA RECUPERACIÓN LENTA PARA LOS JÓVENES

Como se observa en el gráfico 2.2, el riesgo de pobreza y exclusión creció más en España que en la mayoría de países europeos. Pero, además, la recuperación está siendo más lenta en nuestro país.[6] Entre 2012 y 2015 en España siguió aumentando el porcentaje de personas en riesgo de exclusión y el de personas sufriendo privaciones materiales, pero no en la Unión Europea.

GRÁFICO 2.2. La recuperación más lenta del empleo juvenil.

La recuperación también está resultando más lenta en cuanto al empleo, sobre todo para los jóvenes. Han pasado casi diez años desde el inicio de la crisis y el paro sigue siendo elevado para todos los grupos de edad. Pero, como se observa en el gráfico, los jóvenes son los que están más lejos de las cifras de 2008. Al iniciarse la crisis, la tasa de ocupación de los menores de treinta años era del 71 por ciento. Más de dos tercios de los jóvenes que querían trabajar —los activos— podían hacerlo. En lo peor de la crisis la tasa de ocupación de los jóvenes llegó a caer por debajo del 50 por ciento. Hoy sigue siendo nueve puntos inferior a la de 2008.

Esta no es la primera crisis de empleo a la que se enfrentan los jóvenes españoles. La recesión de los años setenta en nuestro país fue también crudísima y tuvo gran impacto en el mercado de trabajo para este sector de la población. Verick calcula que recuperar los niveles de empleo de la juventud española previos a la Gran Recesión llevó entre nueve y once meses.[7] La crisis de los años noventa fue todavía más dura: el empleo de los menores de 25 años necesitó dieciocho trimestres para recuperarse, y el de las personas de entre 25 y 54 años necesitó 24.[8] La crisis actual está siendo más larga.

GRÁFICO 2.3. Países donde la pobreza es cosa de jóvenes.

Los jóvenes actuales no son, pues, los primeros en sufrir una recesión, pero las últimas han sido especialmente perjudiciales. Los estudios sobre desigualdad entre personas de diferentes generaciones apuntan una cuestión: en la mayoría de países, los nacidos después de 1970 se han encontrado con peores oportunidades en términos de ingresos que los nacidos entre 1950 y 1970.[9] Francia y España son los países donde más diferencias hay entre las cohortes nacidas en torno a 1950 y las de después. En lo que a crisis de empleo se refiere, los que vieron la luz en España en la década de 1980 se llevaron la peor parte.[10]

¿POR QUÉ LOS JÓVENES SALIERON PERJUDICADOS DE LA CRISIS?

A lo largo de la crisis, tanto trabajadores como pensionistas se han visto perjudicados pero, como hemos desgranado en este capítulo, los jóvenes se han llevado la peor parte. A continuación identificamos algunas razones que respaldan esta afirmación. Deberían darnos pistas de hacia dónde han de orientarse las políticas si se quiere evitar una situación parecida en el futuro.

El primer motivo tiene que ver con la distinta sensibilidad a los ciclos económicos que tienen las personas a lo largo de su vida. Los jóvenes están menos protegidos ante una crisis porque no tienen ahorros ni propiedades. Dependen de su trabajo como fuente de ingresos, que es lo primero en desaparecer cuando llega la recesión.

Los pensionistas, en cambio, cuentan con una renta casi asegurada, que reciben por su edad y por su vida laboral anterior. Esta puede revalorizarse más o menos durante la crisis, pero los jubilados no dejan de cobrar su pensión porque la economía haya entrado en recesión. La lógica de las pensiones implica que esto sea así.

A esto se suma un segundo factor: la vivienda, que es el principal activo económico de los españoles y representa alrededor del 57 por ciento de todo su patrimonio, según las estadísticas del Banco de España. Esta cifra es superior a la mayoría de países de nuestro entorno. La vivienda juega un papel importante a la hora de explicar la brecha entre jóvenes y mayores. También afecta al proceso de emancipación de los primeros, y a decisiones como la de crear un hogar o tener hijos. Este proceso de emancipación es la siguiente pieza clave para entender cuál es la situación de los jóvenes españoles hoy en día.

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Jóvenes que no pueden dejar de serlo

Es difícil definir la frontera final de la juventud. Hay una convención en las ciencias sociales en emplear la barrera de los 35 años, que es también la que utilizamos en la mayoría de datos y análisis volcados en este libro. Una de las razones por las que se usa este punto como referencia es porque a partir de esta edad la mayoría de decisiones sobre la formación de un hogar (distinto al que vio nacer y crecer a la persona en cuestión) están tomadas. La juventud es un concepto multifacético, y la conformación de nuevas unidades familiares es una parte integral del mismo. Se trate de hogares unipersonales o familias monoparentales o biparentales con más o menos hijos, el paso a la edad adulta se caracteriza por asumir uno de estos roles, que no tiene por qué ser definitivo, pero que sí tiende a convertirse en estable.

Sin embargo, una particularidad (más) de la juventud española es hasta qué punto retrasa este tipo de decisiones en sus dos dimensiones principales: la emancipación del hogar paterno (y adquisición de un espacio propio, sea por compra o por alquiler) y la posibilidad de tener hijos.

VIVIENDA Y EMANCIPACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS

En general, el primer paso para formar un hogar es emanciparse, o al menos intentarlo. En España, la vía más habitual era comprar una vivienda. Nuestro país tiene una de las tasas más altas de casas en propiedad del mundo desarrollado. Según los últimos datos de Eurostat, el 78,2 por ciento de los españoles posee un domicilio. El promedio de la Unión Europea está por debajo, en 69,5 por ciento. Aún más lejos quedan países como Alemania (51,9 por ciento), Austria (55,7) y Dinamarca (62,7). Por encima de nosotros se encuentra toda la Europa poscomunista, pero ninguna nación del ámbito occidental.

Pero comprar una vivienda no ha sido tarea fácil durante estos últimos años. Cuando los jóvenes españoles disponían de una situación laboral mejor que la actual, los precios del suelo estaban en máximos históricos a causa de la burbuja inmobiliaria. Y cuando esta reventó, la capacidad adquisitiva de la juventud se hundió. En aquel momento, el porcentaje de propiedad se acercaba al 85 por ciento. El descenso de más de cinco puntos porcentuales es sustancial. Es importante resaltar que desde el inicio de la Gran Recesión hasta ahora el ratio entre precios de compra y alquiler ha bajado. Según datos del portal inmobiliario Idealista, en el segundo trimestre de 2007 este ratio se encontraba en 3,2 para Madrid o Barcelona. Es decir: comprar salía 3,2 veces más caro que alquilar, aun teniendo en cuenta alquileres a largo plazo, y comparando siempre valores por metro cuadrado. En el mismo trimestre de 2016, el valor había bajado a 2,1. Aunque comprar sale todavía más caro que alquilar, la brecha se ha ido cerrando. Mientras, la demanda de la vivienda en alquiler (y, por desgracia, los precios) han aumentado.

El aumento en popularidad del alquiler es algo relativamente nuevo. Antes del estallido de la burbuja, la falta de acceso de los jóvenes a una vivienda solía relacionarse con los altos precios del metro cuadrado en venta. El camino por defecto hacia la independencia económica y familiar pasaba por comprar una casa o un piso, mientras que el alquiler solía entrar en los cálculos a corto plazo más que en los de quien buscaba formar un hogar. Un efecto colateral del fin del boom del ladrillo ha sido una reconsideración generacional de la necesidad de comprar una vivienda, aun a pesar del descenso de precios que ha traído el cambio de ratio.

Sin embargo, esto no quiere decir que las tasas de emancipación hayan crecido. Al contrario: desde que empezó la crisis el porcentaje de jóvenes que abandona el nido familiar no ha parado de disminuir. El economista Florentino Felgueroso calculaba que en 2016 menos de un 22 por ciento de los menores de treinta años había dejado el hogar paterno, frente al casi 31 por ciento de 2007. Esto no es de extrañar. Varios estudios muestran que las recesiones no son buenas para la emancipación. Kwan Ok Lee y Gary Painter han estimado que la probabilidad de que un menor de treinta años forme un hogar independiente desciende entre uno y nueve puntos porcentuales durante una crisis (la caída es más grande cuanto menor sea la persona considerada). Si además el individuo está en paro, dicha probabilidad llega a descender hasta once puntos porcentuales.[1]

Hay que tener en cuenta que este fenómeno no es igual para todos: Namkee Ahn y Virginia Sánchez-Marcos encuentran que si tenemos en cuenta a la población de entre 18 y 40 años el porcentaje de personas que ya no vive con sus padres habría aumentado ligeramente desde 2005.[2] Sin embargo, este incremento se debe sobre todo a los trabajadores a tiempo completo, no a los parados ni a aquellos con empleos a tiempo parcial. El mercado laboral, de nuevo, actúa como selector de oportunidades: en una crisis, aquellos que consiguen mantener su puesto de trabajo pueden aprovecharse de las oportunidades que surgen.

En cualquier caso, en España las tasas de emancipación son más bajas que las del resto de países de nuestro entorno. Si ponemos en común los datos de Eurostat, la oficina nacional de estadística del Reino Unido (ONS) y la de Estados Unidos (US Census Bureau) resulta que los únicos países que tienen tasas de emancipación menores a las nuestras están en Europa del Este (Hungría, Eslovaquia, Rumanía) y del sur (Grecia, Italia, Portugal, Malta). Dentro de ese universo no estamos tan mal posicionados, pero el espacio que queda por cubrir hasta alcanzar a Alemania, Francia o Bélgica es muy grande: por ejemplo, entre nuestros vecinos del norte solo un 11,5 por ciento de las personas de entre 25 y 34 años vivía entonces con sus padres, frente a más de un 37 por ciento en nuestro caso.[3]

En resumen: durante la crisis, los jóvenes españoles han formado hogares independientes a un ritmo cada vez más lento. Y parece que los problemas con los que se han topado en el mercado laboral ayudan a explicar por qué, a pesar del descenso en el precio del metro cuadrado y de la mayor propensión al alquiler.

Antes de continuar, conviene recordar que la relación entre mercado laboral y vivienda en propiedad es una calle de doble vía. De acuerdo con varios estudios,[4] poseer casa propia en lugar de alquilar podría reducir la movilidad laboral, pues estar atado a una inversión tan grande como una vivienda tiene una serie de consecuencias. Primero, complica vender o alquilar a buen precio durante una recesión. Y segundo, reduce el espacio de búsqueda de empleo a lugares relativamente cercanos a la casa (porque reduce la probabilidad de mudarse de ciudad). De esta manera, es posible que los jóvenes que sí llegaron a emanciparse durante la burbuja, sobre todo aquellos que lo hicieron a precios elevados en particular (quedando con hipotecas altas que cubrir) y después perdieron su empleo, han visto más adelante limitada su capacidad de mudarse para encontrar un nuevo trabajo.

POLÍTICAS QUE NO AYUDAN (Y OTRAS QUE SÍ)

Al ciclo de burbuja y explosión que ha caracterizado la incorporación a la vida adulta de la generación joven actual se han unido una serie de políticas públicas que no han ayudado a romper la relación entre emancipación y compra de vivienda. Al contrario, es posible que la hayan reforzado.

Una de ellas es la deducción a la compra de vivienda en el IRPF, que existió hasta que el gobierno de Zapatero la eliminó del sistema impositivo. En principio, este tipo de ventajas fiscales favorecen la compra sobre el alquiler, pero también afectan al tipo de vivienda que compramos. Los economistas Jonathan Gruber, Amalie Jensen y Henrik Kleven aprovecharon una reforma fiscal aprobada en Dinamarca en 1987 que aumentaba la deducción en la compra de una casa para las rentas bajas para estudiar la cuestión. La intención era hacer más accesible la vivienda en propiedad para los ciudadanos con menos recursos. Sin embargo, tuvo un efecto distinto. No aumentó significativamente el número de familias o personas que se decidieron a comprar una casa, pero sí cambió el tipo de casas que compraban. Eran más caras, y conllevaban un mayor endeudamiento para los hogares. Es decir, la política se demostró contraproducente. Además de fracasar en su objetivo de facilitar la compra a un número mayor de hogares (aunque, como ya decíamos, la vivienda en propiedad tiene efectos negativos importantes), aumentaba el endeudamiento de quienes en cualquier caso ya iban a comprar una.

El gobierno de Zapatero eliminó la deducción en 2009 (salvo para las rentas más bajas, algo que no parece una gran idea a la luz del caso danés), y pese a que el gobierno de Rajoy la recuperó nada más llegar al poder en 2011, decidió volver a eliminarla en 2012. Sin embargo, el tema vuelve a asomar de vez en cuando en el debate público, demostrando que esta política no ha quedado fuera del mapa por completo.

Otra política con efectos dudosos en el campo de la emancipación es la de las viviendas de protección oficial o VPO (tal y como está diseñada en España; en otros países hay casos exitosos). El acceso a estas suele tener unos requisitos relativamente laxos, lo cual la hace poco redistributiva. Además, en muchos casos se entregan por sorteo entre todos aquellos que cumplan esos requisitos, sin priorizar a las familias más vulnerables. Por último, en muchas autonomías las VPO dejan de estar protegidas después de un cierto periodo de tiempo, cuando pasan a ser una vivienda libre. Barreras bajas, sorteo y posibilidad de una posterior venta libre convierten a las VPO en un objeto tentador para el pequeño, mediano y gran especulador. Además, refuerza la tendencia de propiedad sobre alquiler ya bastante presente en España sin ayuda del Estado.

Existen, por el contrario, otras políticas más prometedoras. Por ejemplo, la aprobación de una renta básica de emancipación (RBE) destinada a los jóvenes dispuestos a emanciparse vía alquiler fue una iniciativa interesante. Esta medida se puso en marcha en 2008 por la entonces ministra de Vivienda Carme Chacón, y consistía en una ayuda de 210 euros al mes para jóvenes de entre 22 y 30 años. Sus efectos fueron en apariencia positivos. Las economistas Aurora Aparicio-Fenoll y Veruska Oppedisano estimaron en 2014 que aumentó la probabilidad de emancipación de los jóvenes, sobre todo de aquellos que ganaban menos y vivían en zonas con alquileres altos (por ejemplo, grandes ciudades). A principios de 2017, el gobierno de Rajoy anunció nuevas ayudas como parte del Plan Estatal de Vivienda que quizá puedan cumplir una función similar. En este caso se ampliará el rango de edad hasta los 35 años, se mantendrán en un margen de alquiler concreto (600-900 euros) y no tendrán, en principio, dimensión progresiva alguna. Habrá que esperar a su diseño final para comprobar si los efectos son equiparables a los de la RBE.

En cualquier caso, resulta particularmente llamativo (y preocupante) que, aunque España lleve dos años creciendo y creando empleo, la dinámica de bajas tasas de emancipación no haya cambiado de forma sustancial.

«YO A TU EDAD YA TENÍA TRES HIJOS»: CADA VEZ SE TIENEN MENOS (Y MÁS TARDE)

Los que nacieron en los años ochenta crecieron en familias muy diferentes a las que están formando (o formarán). Ahora se tienen menos hijos y a una edad mayor. Pero que nazcan pocos niños hoy es un problema para todos mañana. Pone en riesgo el mantenimiento de los sistemas de bienestar, sobre todo las pensiones y la sanidad. Debería preocuparnos a todos, y en especial a los que ahora están en edad de trabajar. Es algo de lo que hablaremos en capítulos siguientes.

Que nazcan menos niños sucede en casi todos los países desde hace décadas. En esto nuestro país es uno más. Pero lo que no todo el mundo sabe es que España e Italia son los países de Europa —y tal vez del mundo— donde más tarde se tienen hijos. En 2016 las madres españolas dieron a luz su primer hijo a los 32 años.

GRÁFICO 3.1. La caída de la natalidad.

También somos los europeos con menos hijos, algo muy distinto a lo que sucedía hace décadas. En los años setenta España era uno de los países con más hijos por mujer, 2,9 de media, solo por detrás de Irlanda y Portugal. Desde entonces la caída de la natalidad en nuestras fronteras ha sido fuerte, de las más abruptas de Europa. De esos 2,9 hijos por mujer en 1975 hemos pasado a 1,3 en solo cuarenta años. Hemos pasado de ser la excepción en un sentido a serlo en el otro.

En estos años ha aumentado la edad de las madres, ha caído la fecundidad y los niños tienen cada vez menos hermanos. Sin una «política de hijo único» como la de China nos hemos convertido en uno de los países europeos con un mayor número de hijos únicos. En los años setenta un tercio de los nacimientos eran del tercer hijo. Ahora esa cifra no llega siquiera al 10 por ciento. El cambio demográfico es tremendo.

La baja fecundidad también es preocupante. Las proyecciones de Naciones Unidas estiman que en el año 2050 habrá en el mundo un 40 por ciento más de personas de las que había en 1950, pero la población entre 20 y 64 años será solo un 25 por ciento mayor.[5] El mundo envejece. Esto quiere decir que la población en edad de trabajar será cada vez menor en comparación con la de los jubilados.

Es normal escuchar eso de: «Yo a tu edad tenía tres hijos». Pero ¿por qué no tienen hijos los jóvenes? Es difícil saberlo. Pero lo que sí sabemos es que muchos de ellos quieren tener hijos. No es una cuestión de actitudes o de egoísmo. Los principales causantes de ello son los sospechosos habituales: el mercado laboral y los fallos de las políticas públicas.

¿DE VERAS NO QUEREMOS TENER HIJOS?

Hay muchas razones por las que ahora se tienen menos hijos o se tienen más tarde. La democratización de los métodos de planificación familiar, el retraso en la entrada al mercado laboral por la extensión de la formación o el cambio cultural son quizá las explicaciones más sencillas. Pero hay otras más convincentes de por qué hemos llegado a estos niveles de fecundidad.

No hay evidencia de que las mujeres jóvenes no quieran tener hijos, o al menos esto es lo que reflejan las Encuestas de Fecundidad. En 2005 la mayoría de las mujeres españolas sin hijos querían ser madres algún día, en concreto el 83,8 por ciento de las menores de cincuenta años. Entre las más jóvenes la cifra era aún mayor, nada menos un 92,2 por ciento de las menores de 24 años y un 88 de las que contaban entre 25 y 34 años. Diez años antes la cifra de mujeres sin hijos que querían tenerlos era tan solo tres puntos porcentuales mayor. En definitiva, en los años noventa y la primera década de este siglo solo una de cada diez mujeres sin hijos no querría tenerlos. El resto asegura que sí.[6]

El panorama es el mismo cuando nos fijamos en jóvenes en general, hombres y mujeres, y utilizamos datos aún más recientes. La postura más frecuente entre ellos es querer tener hijos, en la mayoría de los casos dos. Este «ideal de fertilidad» de dos hijos está cada vez más extendido. Un estudio comparado de Sobotka y Beaujouan con datos de 37 países muestra precisamente esta tendencia.[7] Aunque hay ligeras variaciones entre países, ese ideal es la pauta más generalizada, al margen de los niveles de fertilidad de cada lugar. Es interesante que desde los años ochenta se haya ido produciendo una convergencia entre países hacia la idea de que dos es el número ideal de hijos. En promedio un 70 por ciento de las mujeres europeas así lo cree. Sin embargo, en la mayoría de los países este ideal está por encima de los niveles reales de fertilidad.

Apenas un 10 % de los jóvenes menores de 29 años decía que no querrían tener ningún hijo. Las mujeres parecen ligeramente más inclinadas hacia la maternidad. Pero las diferencias entre ellos y ellas son pequeñas: no quieren tener hijos solo el 8,6 por ciento de las mujeres por el 9,9 de los hombres, según las cifras de la Encuesta de Juventud en España 2016.[8]

El nivel educativo, la situación laboral o el tipo de contrato no hacen que la imagen general cambie demasiado. Existe algo más de rechazo a la paternidad entre los universitarios, los parados y los que se encuentran bajo contratos eventuales. Pero las diferencias son mínimas, de menos de cinco puntos porcentuales entre colectivos. En ninguno de ellos la proporción de jóvenes que no quieren tener hijos supera el 15 por ciento. Es decir, los diferentes grupos de jóvenes son bastante parecidos entre sí por lo que respecta a querer tener hijos o no, o al menos en las expectativas subjetivas. No obstante, al pasar de los deseos a la realidad la imagen cambia. El nivel de estudios y sobre todo la situación laboral determinan en gran medida los hijos que se tienen y a qué edad.

Es lógico pensar que las crisis económicas van asociadas a caídas en la fertilidad. Esta intuición se confirma con la realidad. Esto es lo que ha ocurrido en diversos países europeos en la crisis más reciente. Como se ve en el gráfico 3.1, desde 2008 se ha registrado una ligera caída en el número medio de hijos por mujer en muchos países, sobre todo en España.

GRÁFICO 3.2. Cuántos hijos queremos. Número de hijos que querrían tener los jóvenes (hasta los 29 años).

Sin embargo, medir el efecto de la crisis sobre la fertilidad es una tarea complicada. Hay varias maneras por las que una recesión puede influir en la caída de la natalidad. Por un lado, es de esperar que la crisis empeore la situación económica de los individuos, rebaje sus expectativas y por tanto reduzca la fertilidad. Pero por otro lado podríamos pensar que durante la crisis hay más tiempo para cuidar a los hijos. La evidencia apunta a que el efecto de la recesión es diferente para distintos grupos de mujeres y varía por países. Pero en términos generales aquí parece que ha ocurrido más bien lo primero: la crisis ha contribuido a la reducción de la natalidad, en especial como consecuencia del desempleo. Entre 2007 y 2011 en Alemania aumentó la fecundidad entre las mujeres que no estaban trabajando, pero se redujo para las mujeres trabajadoras. En España en ese mismo periodo de crisis sucedió exactamente lo contrario: aumentó la natalidad entre las mujeres trabajadoras y descendió para las desempleadas e inactivas.[9]

En definitiva, la crisis importa, sí. Si la situación económica para los jóvenes no es adecuada (como hemos mostrado en el capítulo anterior), esperar que tengan hijos es quizá pedir demasiado. Pero hay otras causas que ya estaban presentes antes de la recesión, y de nuevo apuntan al mercado de trabajo. Si a la mala situación económica se le suma además inestabilidad laboral e incertidumbre respecto al futuro (de lo que hablaremos ahora), el proyecto de ser padres y madres es tan solo misión imposible.

El retraso de la maternidad está muy asociado a la inestabilidad laboral. En España esto nos resulta muy familiar. De hecho, España e Italia se cuentan entre los países con más jóvenes con trabajos inestables, y al mismo tiempo son los países donde más tarde se tienen hijos. En el informe anual de la Comisión Europea sobre la Evolución Social y el Empleo en Europa de 2017 se explora precisamente esta relación.[10] En él se muestra cómo la edad media de maternidad está altamente correlacionada con la proporción de trabajadores jóvenes en empleos inseguros y atípicos, o los que la Organización Internacional del Trabajo define como non-standard. Es decir, situaciones laboralmente inestables o inciertas como el trabajo temporal, a tiempo parcial, a través de agencias de empleo y otros acuerdos con terceros, o las relaciones laborales encubiertas como los «falsos autónomos».[11]

GRÁFICO 3.3. Maternidad tardía y empleos atípicos.

Sin embargo, es cierto que correlación no implica causalidad. El hecho de que allí donde el trabajo es más inseguro para los jóvenes sea donde más tarde se tienen hijos no quiere decir necesariamente que una cosa resulte ser la causa de la otra. Pero lo cierto es que todas las evidencias apuntan en la misma dirección: un empleo inestable atrasa la decisión de ser padres.

Además, en este atraso tiene mucho que ver el cambio de roles de la mujer en las últimas décadas. A nadie le sorprenderá que las mujeres con mayor nivel educativo y una más intensa orientación hacia la carrera profesional retrasan el momento de la maternidad.[12] Y esas mujeres son ahora mayoría entre las jóvenes españolas.

Pero la situación laboral no solo es importante para las mujeres. En un estudio centrado en el caso español se analizaba precisamente el impacto en la situación laboral de los hombres.[13] La conclusión es que el desempleo tiene efectos sobre la formación de parejas y la paternidad. Y aunque la falta de empleo no sea la única causa de la caída de la fertilidad, sí es muy relevante: contribuye al retraso en la formación de parejas y en la decisión de tener hijos. Este hecho, que servía para explicar la crisis de empleo y de fertilidad de los años noventa, sigue teniendo vigencia hoy. Desde entonces el mercado laboral para los jóvenes solo ha cambiado para peor.

Ante tal dificultad de configurar una trayectoria vital (profesional y personal) sólida y con expectativas dentro de España, no es de extrañar que muchos jóvenes hayan optado por buscarla fuera. La emigración ha ocupado buena parte del debate sobre la juventud durante la última década, y es un fenómeno que merece atención detenida y con perspectiva para completar la panorámica de este primer bloque.

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La emigración y los jóvenes

En 2014, Tobias Buck escribió un reportaje para The Financial Times donde se reflejaba la frustración y el enfado de los jóvenes españoles.[1] Sus historias abordaban cuestiones que tratamos aquí: las expectativas frustradas, los fallos del mercado de trabajo, la tentación de dejar los estudios. Y sobre esas cuestiones siempre una idea: la de emigrar. En 2006 los españoles estaban entre los europeos más reacios a vivir fuera de su país.[2] Un 82 por ciento ni siquiera lo consideraba una posibilidad. Tres años después todo había cambiado: casi la mitad de los españoles se lo estaban planteando,[3] en especial los jóvenes.[4] La crisis produjo que España pasase de ser un país reacio a la emigración a uno de los más dispuestos.

En esos años se volvieron populares los relatos sobre jóvenes con estudios avanzados que se veían forzados a salir de España en busca de oportunidades.[5] Se empezó a hablar de «exilio económico», «emigrantes económicos expulsados del país» y «fuga de cerebros». Al mismo tiempo, varios miembros del Gobierno hacían declaraciones restando importancia al asunto. Pero ¿qué dicen de veras las cifras?

¿CUÁNTOS ESPAÑOLES SE FUERON?

Según el INE, entre 2008 y 2016 dejaron nuestro país unas 500.000 personas nacidas en España y unos 3 millones nacidas en el extranjero. Estas cifras, no obstante, están sujetas a debate. En 2013, el registro oficial decía que entre 2008 y 2012 se habían producido 225.000 salidas de españoles al exterior. Pero existen estimaciones alternativas: otros estudios cifraron las salidas en 40.000[6] o en 700.000[7]. ¿Cómo es posible tanta discrepancia? El problema es que medir las migraciones es complicado, pues las fuentes son imperfectas y no hay un único criterio para definir qué es un emigrante. Y esto ocurre en todos los países.[8] En el caso de España, todo indica que las salidas de españoles están subestimadas en las cifras oficiales.

Las estadísticas oficiales sobre migraciones se basan en los movimientos del padrón municipal. Por lo que respecta a los nacidos en el extranjero podemos confiar en que los números son fiables. Las entradas se registran porque las personas sin residencia tienen incentivos para inscribirse en el padrón, por ejemplo, para obtener después la residencia o tener derecho a sanidad y educación. También se registran sus salidas de extranjeros porque los no comunitarios —si no tienen residencia permanente— deben renovar de forma periódica su inscripción patronal. Si no lo hacen se considera que han dejado el país.

Pero las cosas se complican al medir las salidas de los nacidos en España. No tenemos certeza de que se registren todas. La razón es que para que un español aparezca en las estadísticas como emigrante residiendo en un país extranjero es necesario que se inscriba en el consulado, pero muchos no lo hacen para no perder ciertas prestaciones sociales, por dejadez o porque quieren conservar su voto municipal. Un estudio indica que solo la mitad de los emigrados entre 2008 y 2012 se registró en el consulado.[9] Es decir, la mitad de las salidas no habrían sido contabilizadas. El número de salidas de españoles nacidos en España es por tanto mayor al que aparece en la primera columna del gráfico 4.1. La cifra real se aproximará tal vez al doble de la oficial. En ese periodo podrían haber salido del país hasta un millón de españoles nacidos en España y seis millones de españoles nacidos en el extranjero.

GRÁFICO 4.1. Migraciones de españoles, según cifras oficiales.

Otro factor que afecta las estimaciones es cómo se contabiliza a los españoles que nacieron en otros países. Como podemos ver en el gráfico 4.1, este grupo fue el principal protagonista de los flujos migratorios durante los últimos años, con magnitudes muy superiores a las registradas por los españoles nacidos en España. Los estudios (y declaraciones) más optimistas sobre la emigración suelen omitir o descontar a parte de este grupo.

Por ejemplo, Carmen González Enríquez estimaba que solo cuarenta mil españoles emigraron entre 2008 y 2012.[10] Para llegar a esta conclusión asumía en primer lugar que la mayoría de los españoles residentes en el extranjero corresponden a épocas anteriores, sobre todo los que emigraron en los años sesenta y setenta a países europeos como Alemania, Suiza o Francia. Estos, por lo tanto, no se contabilizaban. Pero también descontaba a los «latinoamericanos nacionalizados», los que adquirieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Histórica o por haber nacido o crecido en España como hijos de inmigrantes llegados a partir de los años noventa. Pero los nacionalizados por dicha ley son un grupo relativamente pequeño: se calcula que entre 2008 y 2012 adquirieron la nacionalidad española unas trescientas mil personas a través de ella. En esos cuatro años según fuentes oficiales fueron más de 1,7 millones las salidas de españoles nacidos en el extranjero. Las nacionalizaciones a través de la Ley de Memoria Histórica apenas explican un 18 por ciento de esa cifra de nacidos en el extranjero. El resto son españoles crecidos en España.

Estimando la emigración con datos de países de destino

Para superar esta limitación de las cifras oficiales españolas, algunos estudios han hecho sus estimaciones a partir de las cifras de los países receptores. El trabajo de Amparo González-Ferrer tal vez sea el más innovador, por ser el primero que se hizo en España con datos recientes.[11] Lo que hizo fue comparar las cifras de emigración del INE con las publicadas por organismos oficiales de Reino Unido y de Alemania. Observó que en los países receptores se contabilizaban cifras de migración entre cuatro y siete veces mayores que las que aparecían en los datos españoles. La diferencia es especialmente notable entre las cifras del INE y las de solicitudes del National Insurance Number (NIN), el registro necesario para trabajar en Reino Unido. Entre 2008 y 2015, unos 266.000 españoles solicitaron el NIN, pero las estadísticas españolas solamente contabilizaron 54.000 salidas de más de doce meses de duración.

Esta comparación tiene un problema fundamental: la definición de emigrante. Las cifras oficiales españolas informan a la baja del número de salidas al extranjero porque los criterios para determinar quién es considerado «emigrante» son bastante estrictas. En España se utiliza el criterio de emigración a largo plazo establecido hace años por las Naciones Unidas y recogido en las normativas europeas. Por eso solo se contabilizan a aquellas personas que se desplazan a otro país distinto al de su residencia habitual durante un periodo que es, o se espera que sea, de al menos doce meses.[12] Alguien que se va a Londres para trabajar pero vuelve a España a los seis meses no es considerado emigrante. Tampoco si este se marcha un curso académico a estudiar o a aprender el idioma. Ni tampoco si a los pocos meses se marcha a trabajar y residir en un tercer país.[13]

Sin embargo, las cifras del National Insurance Number identifican a todos aquellos que lo solicitan. Más allá de que trabajen o no y del tiempo que se queden en el país. Esto es algo que la propia oficina estadística británica ha hecho notar en diferentes documentos, alertando de los problemas de usar cifras de solicitantes del National Insurance Number para estimar movimientos migratorios.[14]

A pesar de sus limitaciones, las cifras ofrecidas por los países de destino son muy relevantes. Pero si de verdad queremos comprender la magnitud de la nueva emigración sería deseable preparar las estadísticas nacionales para que también puedan captar desplazamientos de corta duración. Frente a lo que muchos piensan, la salida de españoles al extranjero no es una cuestión exclusiva de la crisis. Fue durante los años de recesión cuando se produjo un estallido en el número de salidas pero, como se aprecia con claridad en las cifras del gráfico 4.1, no ha dejado de crecer desde entonces, ni siquiera cuando la economía parece empezar a recuperarse. Sería recomendable por tanto que las estadísticas españolas se adaptaran también a esta nueva realidad para registrar las cifras de migrantes a corto plazo, como hacen otras oficinas estadísticas desde hace años.[15]

LA NUEVA EMIGRACIÓN ES COSA DE JÓVENES

Cuando se habla de la nueva emigración, los protagonistas son siempre jóvenes y universitarios. Este es también el perfil de los protagonistas de Volveremos, el libro sobre este fenómeno escrito por Noemí López Trujillo y Estefanía S. Vasconcellos.[16] Es un estereotipo que se corresponde con los datos. El 65 por ciento de los emigrantes de larga duración tiene menos de 35 años. Sobre su nivel de estudios no tenemos tantos datos. Sabemos, por ejemplo, que, según la Annual Population Survey, los españoles residentes en Reino Unido tienen un nivel educativo alto e incluso mayor que el de los nativos: el 71 por ciento tiene una titulación superior.

No es extraño que ese perfil sea el más común: los jóvenes y las personas con mayor nivel educativo lo tienen más fácil para salir fuera. De los universitarios españoles que completaron su formación en plena crisis, un 8 por ciento reside en el extranjero cuatro años después. El doble —un 16 por ciento— ha vivido fuera de España en algún momento después de acabar su carrera.[17]

Las motivaciones para irse a vivir a otro lugar son diversas. Disponemos de investigaciones basadas en entrevistas y cuestionarios que lo constatan.[18] Muchos de los jóvenes universitarios que se marcharon lo hicieron para estudiar o por motivos personales. Pero a muchos les empujó la búsqueda de trabajo. Algunos se fueron con la intención de estar poco tiempo y tan solo aprender un idioma. Otros querían un trabajo que les permitiera independizarse y obtener experiencia. Otros se marcharon para aumentar las oportunidades laborales, desarrollar una carrera profesional o trabajar en entornos más estimulantes. Entre las motivaciones de los emigrados a veces aparece la política: se quejan del gobierno, de los políticos y su gestión de la crisis.[19] El «no nos vamos, nos echan» está presente en una parte de ellos.

El factor crucial para muchos es la situación laboral. No es una sorpresa: las migraciones fluctúan con el desempleo. Igual que España recibió inmigrantes en los años del crecimiento, con la recesión llegaron las salidas.

La migración de los jóvenes españoles es un síntoma de muchas cosas. De la crisis, pero también del fallido mercado laboral. Si al acabar sus estudios encuentran desempleo y trabajos inestables, es lógico que prueben fuera. Eso es lo que han hecho muchos. Seguramente, para quienes se han marchado, salir ha sido —a pesar de las dificultades— una alternativa mejor a quedarse. Pero eso es una mala señal, sobre todo si tienen difícil volver. Lo malo es tener que marcharse por no encontrar otra alternativa en España.

En los primeros capítulos hemos descrito la situación de los jóvenes. Hemos hablado de sus problemas: están empobrecidos por la crisis, tienen difícil emanciparse y formar un hogar. Algunos, no pocos, incluso se han visto empujados a emigrar o han decidido irse a probar suerte fuera de España. Pero las raíces de estas dificultades van mucho más allá de la Gran Recesión: tienen que ver con la educación, el mercado de trabajo y el Estado del Bienestar. A esos tres pilares dedicamos el segundo bloque del libro.

Segunda parte

ESTADO

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Un mercado laboral que no funciona

Si el tópico Spain is different es cierto en algún ámbito, tiene que ser el laboral. El mercado de trabajo español posee dos rasgos distintivos: muchos trabajadores parados y muchos temporales. Y los jóvenes sufren ambos con especial virulencia. El principal problema es la falta de empleo: que España tenga más paro que la mayoría de países ha sido una constante histórica. La excepción fueron los años de la burbuja inmobiliaria, cuando convergimos a la media europea (véase gráfico 5.1).

En cuanto a la temporalidad, España posee un porcentaje de trabajadores sin contrato fijo excesivo cuando se compara al resto de países occidentales. La temporalidad sigue un patrón opuesto al paro: los trabajadores temporales se multiplican en épocas de bonanza, pero son despedidos cuando viene la recesión. El mercado español genera mucho empleo en los años de vacas gordas, la mayor parte contratos atípicos (temporales sobre todo, con los contratos por obra y servicio a la cabeza, pero también a través de las empresas de trabajo temporal o los falsos autónomos), pero cuando llegan las vacas flacas, muchos de esos puestos son destruidos. Este vaivén es la dinámica básica que define nuestro mercado laboral.

GRÁFICO 5.1. Paro, temporalidad y destrucción de empleo en España.

PARO ESTRUCTURAL E HISTÉRESIS: EL PROBLEMA SECULAR ESPAÑOL

El término «histéresis» no se inventó pensando en España, pero se le ajusta como un guante. Lo usó el científico escocés James Alfred Ewing para describir la persistencia de las propiedades magnéticas: un pedazo de hierro conserva la capacidad de atraer metales mucho después de haber sido imantado. El estímulo desaparece, sin embargo, sus efectos permanecen. En la economía del trabajo el concepto es similar. Desde los años ochenta se habla de histéresis para describir un problema: la tendencia del desempleo a no recuperar sus valores anteriores a una crisis cuando esta se acaba. Un pico de desocupación tiene consecuencias.

La primera escalada del paro en España se produjo a finales de los años setenta y duró hasta mediados de los ochenta. En esa época coincidieron las dificultades de la transición institucional con dos retos añadidos, uno social y otro en esencia económico. El primero era una buena noticia: la incorporación al mercado laboral de las mujeres, los emigrantes que volvían a España y de todos los jóvenes del baby boom. Pero ese incremento de la población activa no dejaba de ser un desafío.

El segundo reto fue el empeoramiento de la economía por los sucesivos shocks del petróleo (el primero en 1973 y el segundo en 1979). El aumento del precio del crudo desató la peor crisis económica en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. La energía es necesaria para producir cualquier cosa —coches, muebles, comida— y esos shocks trastocaron la estructura productiva de todas las empresas. El trabajador medio está más expuesto a estas crisis porque las vías de ajuste para su empresa suelen ser tres: reducir beneficios, reducir salarios o despedir empleados. La decisión entre estas opciones depende del poder de negociación de los trabajadores y del modelo de relaciones laborales del país.

Al comienzo los trabajadores no estaban dispuestos a rebajar sus salarios. Menos aún si se tiene en cuenta que la vida se encarecía (la inflación alcanzó cotas del 25 por ciento) y con cada peseta ganada podían comprar menos cosas. Los sindicatos decidieron mantener una posición firme y evitar que se redujese el poder adquisitivo de los trabajadores. Los salarios aumentaron en pleno shock y contribuyeron a la espiral inflacionaria: no solo la energía era más cara, también la hora de trabajo. Subieron a su vez las cotizaciones a la Seguridad Social y otros impuestos asociados al trabajo, pues eran necesarios para poner en marcha el Estado del Bienestar que reclamaban los trabajadores tras cuarenta años de dictadura. Y, mientras tanto, la inversión privada descendía, pues la inflación producía incertidumbre: invertir parecía un deporte de riesgo.

Había más problemas: la economía española veía cómo se debilitaban algunas de sus principales fuentes de ingresos. Una parte de la estructura industrial que se consolidó bajo la protección de la dictadura se enfrentaba ahora a una realidad institucional y social distinta, además de la perspectiva de una mayor competencia internacional con la apertura comercial. Cualquier proceso de reconversión genera perdedores y damnificados: España no fue una excepción.

Con el pasar de los meses, la idea de que era necesario moderar los salarios para combatir la inflación fue imponiéndose. El primer paso en esa dirección fue dado en los Pactos de la Moncloa de 1977, suscritos por sindicatos, empresarios y formaciones políticas. Los salarios se moderaron, pero a cambio los trabajadores lograron el compromiso —luego cumplido— de que se desarrollasen redes de protección y sistemas de bienestar en sanidad, educación, pensiones y desempleo. En paralelo se aprobó el Estatuto de los Trabajadores. Esta nueva regulación tendría desde entonces una gran influencia en nuestro mercado de trabajo. La nueva ley dio poder de negociación y protección a los empleados. Para empezar, devolvió a los sindicatos la capacidad de representar sus intereses, pero además estableció unas indemnizaciones por despido elevadas para las personas con contratos indefinidos. Se asumía que estos se convertirían en la opción contractual por defecto para todos los empleos.

Es importante recordar que este cambio legislativo se produjo mientras se estaban incorporando al mercado de trabajo muchas personas: mujeres, emigrantes retornados y todos los jóvenes del baby boom. El nuevo estatuto iba a proteger a los trabajadores que ya estaban dentro del mercado de trabajo. Pero todas esas nuevas incorporaciones se encontraban fuera. La crisis complicó su absorción y el estatuto levantó una barrera más al dejar la regulación en manos de los que ya estaban trabajando.

Fueron años de un desempleo creciente. Entre 1974 y 1985 la tasa de paro se multiplicó por cinco: pasó del 4,4 al 21,5 por ciento. Apareció una característica del mercado laboral español que se mantendrá hasta hoy: los perfiles del desempleado. Por un lado están los perdedores del proceso de reconversión de la economía española, que tienden a ser más mayores. Por el otro se encuentran las personas que justo empiezan a trabajar, en general jóvenes sin experiencia, que sufren en especial si además no han cursado estudios superiores.

En aquel momento (como ahora) se juzgó que el alto desempleo y su larga duración eran problemas que había que resolver con herramientas políticas. La solución que se encontró fue mixta: mantener el alto nivel de protección de los trabajadores indefinidos pero ofrecer al empresario formas de contratar más flexibles y baratas. Esas fórmulas habían sido pensadas para tareas temporales —como las típicas del turismo veraniego— pero acabaron extendiéndose a todos los sectores y contextos. Había nacido la dualidad laboral.

LA DUALIDAD LABORAL: CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ

«Indefinidos» y «temporales» son las acepciones contractuales que más le sonarán al lector. Pero quizá «estables» y «precarios» se ajuste más a las características y las consecuencias de pertenecer a un grupo u otro. Los primeros responden a contratos de duración indefinida y mayor capacidad (relativa) de sindicalización para defender sus intereses, mientras que los segundos se corresponden con una situación de incertidumbre e inestabilidad: bien de desempleo, bien con contratos atípicos (temporales, por obra y servicio, a través de una empresa de trabajo temporal, falsos autónomos, etcétera), por lo que tienen más dificultades para la organización y defensa de sus intereses.

Esta división no es nueva. Al contrario. Como vimos en la sección anterior, el incremento del paro a comienzos del periodo democrático llevó a los actores políticos a buscar vías de flexibilizar el mercado laboral sin renunciar a la protección de los trabajadores indefinidos. Los orígenes de esta flexibilización se encuentran en 1980. La Ley Básica de Empleo, que se aprobó de forma más o menos paralela al Estatuto de los Trabajadores, definió las primeras formas de contratación atípicas. Empleando un tono casi de emergencia nacional, esa ley contemplaba que las empresas utilizasen contratos atípicos para dar cabida en sus plantillas precisamente a los colectivos que formaban el grueso del desempleo estructural. Parados de larga duración, pero sobre todo jóvenes recién llegados al mercado, veían que su puerta de entrada al mismo era un contrato con mucha menos protección que el indefinido. Sucesivos decretos entre 1980 y 1984 expandieron su uso más allá de situaciones en las que la naturaleza del empleo por desarrollar fuese temporal.

Esta brecha se observa con mayor nitidez desde 1984. El gobierno, entonces de recién estrenada mayoría absoluta socialista, llevó adelante la primera gran reforma del Estatuto de los Trabajadores. Su objetivo explícito era la flexibilización del mercado laboral para impulsar la creación de empleo. Para ello, consolidó una serie de figuras contractuales de duración determinada, manteniendo abierta la puerta a su uso más o menos indiscriminado, y ofreciendo además incentivos fiscales a las empresas que los empleasen. La diferencia clave entre estos contratos y los indefinidos era que, mientras los segundos incluían una sustanciosa indemnización por despido, en los primeros el empresario solo tenía que esperar a que se agotase su periodo de vigencia. Entonces podía decidir si dejaba marchar al empleado de manera del todo gratuita o si le renovaba, a menudo con un nuevo contrato temporal. Despedir a un trabajador indefinido costaba entre 20 días por año trabajado (en caso de que el despido tuviese una causa claramente justificada, dentro de un menú un tanto reducido e inapelable ante un tribunal; en jerga: procedente) y 42 (si el despido caía fuera de las condiciones anteriores, es decir, si era improcedente). Esa barrera de protección era la que ofrecía a los trabajadores indefinidos la capacidad de negociación frente al empresario, de la cual carecía quien se encontraba bajo el paraguas de las formas atípicas de contrato.

Dos años después España se incorporaba a la Unión Europea, y con ello al mercado común, un nuevo espacio de exportaciones para el país. Mientras, la reconversión industrial seguía su curso, y la estructura productiva se movía hacia el sector servicios, más prolífico en el uso de mano de obra. Además, la economía empezó a crecer con fuerza en la segunda mitad de los años ochenta. Todo ello favoreció la creación de empleo, sobre todo para la porción del paro estructural formada por jóvenes y mujeres. Parecía que el nuevo sistema dual funcionaba.

La teoría, pues, parecía confirmarse. La combinación de contratos temporales y sus bonificaciones eran una manera de reducir el paro estructural y evitar la exclusión que generaba. La lógica de la dualidad era sencilla: mejor trabajar que no hacer nada. Con contratos temporales (aunque fueran de corta duración y con malas condiciones) se evitaba tanto la desmotivación y el desgaste de los parados de larga duración como el estigma que sufrían. Estos contratos se consideraban una puerta de entrada con una rampa «suave» hacia la incorporación plena al mercado laboral. Esta, por supuesto, era la contratación indefinida.

Pero el tiempo no tardaría en negarle la razón a esta visión, un tanto idílica, de la dualidad. A principios de los años noventa, el ciclo económico cambió de nuevo. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón y la resaca de la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, España entró en recesión en 1992. La tasa de desempleo, que aunque había bajado seguía por encima de los niveles medios europeos, se disparó de nuevo. Entre 1992 y 1993 alcanzó el 24 por ciento, una cifra que recuerda a las de la reciente crisis. La mayoría de los que engrosaron las filas del INEM eran precisamente aquellos a los que se esperaba salvar con la regulación dual. Resultó que la parte más débil de la estructura económica era también la que quedaba antes expuesta a sus vaivenes, pues era más barato y sencillo dejarles ir que hacer lo propio con los trabajadores fijos.

A pesar de que las grietas del sistema empezaban a ser visibles, la reforma laboral de 1994 profundizaba un poco más en la misma dirección. La medida estrella (y también la más polémica) fue la incorporación de las empresas de trabajo temporal (ETT) al sistema. Esta clase de políticas se adoptaron más o menos al mismo tiempo en todos los países europeos, pero en España adquirieron un cariz particularmente intenso al complementarse con la profunda brecha ya existente entre estables y precarios. Así, cuando el ciclo económico remontó el vuelo en la segunda mitad de los noventa, igual que la década pasada, lo hizo a base de contratación temporal de todo tipo. Había tenido lugar, eso sí, un cierto cambio cualitativo en la dimensión política y social del debate sobre el mercado laboral: la temporalidad fue, poco a poco, asumida como un problema. Por un lado, la protesta organizada contra la precariedad había ido incrementando su presencia pública desde mediados de los años ochenta. Por otro, fue extendiéndose la percepción entre los jóvenes de que los contratos atípicos tenían poco de rampa a un empleo indefinido y mucho de puente hacia ninguna parte.

Bajo estas condiciones, el primer gobierno del PP inició un proceso de reformas encaminadas a reducir la temporalidad, con particular atención en los menores de treinta años. Este camino lo retomó el ejecutivo encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero desde 2004. En ambos casos el camino fue relativamente similar: aumentar poco a poco el coste de la contratación temporal (en su mayor parte estableciendo una indemnización por finalización de contrato que llegó hasta los 12 días en la última medida del gobierno socialista) y reducir el de la indefinida, lo cual desembocó en la creación de una nueva modalidad de contrato a tiempo indeterminado que permitía despidos improcedentes a solo 33 días por año trabajado. Esta medida fue introducida por el PP ya en 1997, restringida a contratos de temporalidad determinada. Se aprobaron otras medidas, tales como limitar el encadenamiento de contratos temporales o concentrar las bonificaciones en los indefinidos (sobre todo en el nuevo, de 33 días por año), a la vez que se ampliaba poco a poco el número de casos en los que se podía emplear esta nueva modalidad. Pero, al menos hasta la reciente crisis económica, la estructura dual de nuestro mercado laboral apenas reaccionó a estos cambios legislativos.

En otras palabras: la trampa de la temporalidad ya estaba definida con claridad, y en ella iban cayendo una gran mayoría de los jóvenes. En ningún momento de las últimas tres décadas el porcentaje de contratos temporales sobre el total de trabajadores españoles ha estado por debajo del 20 por ciento. En ningún momento tampoco España ha dejado la lista de los cinco países europeos con mayor proporción de este tipo de contratos sobre el total, encontrándose a menudo en primera o segunda posición junto a Portugal y Polonia. Y en ningún momento esta forma de contratación ha dejado de afectar de forma desproporcionada a los jóvenes.

¿PASARELA O CALLEJÓN SIN SALIDA? EL ABISMO DESDE 2008

Echémosle un vistazo a nuestros datos de temporalidad incluyendo al resto de Europa. La temporalidad es particularmente intensa entre los jóvenes en todas partes, como se ve en la pendiente del gráfico 5.2. La tasa de temporalidad de este sector de la población suele doblar la general. En España ocurre igual. Pero nuestros números son dramáticos: la tasa de temporalidad de los jóvenes españoles supera el 50 por ciento. Es decir, la mayoría de los jóvenes que están en el mercado de trabajo son trabajadores temporales.

La economía y la sociología laboral han discutido largo y tendido sobre si los contratos atípicos constituyen en efecto pasarelas hacia un empleo mejor (stepping stones, en inglés), o si lo que hacen es atrapar a quien se encuentra bajo su régimen en callejones sin salida de precariedad (dead ends). Ya en el año 2000, las investigadoras Maia Güell y Barbara Petrongolo sugirieron que, en España, la contratación temporal resultaba una manera de contratar más barato o, en el mejor de los casos, de poner a prueba a un trabajador que en realidad debería tener un contrato indefinido.[1] Dos años después, Güell utilizó la reforma laboral de 1994 como caso de estudio, demostrando que había ayudado a segmentar el mercado en dos mitades diferenciadas.[2] En una de ellas, la de los trabajadores indefinidos, la estabilidad predomina. En la otra, parte de los trabajadores desempleados transitan sin cesar entre el paro y empleos temporales, mientras que el resto es víctima del desempleo de larga duración. Los académicos alemanes Johannes Giesecke y Martin Groß llaman a estas situaciones «cadenas de incertidumbre», y tienen implicaciones muy serias para el proyecto vital de los que se ven atrapados en ellas.[3] Aunque tienen lugar en mayor o menor intensidad en todos los países, son particularmente difíciles de esquivar en España debido al elevadísimo paro estructural, así como a la capacidad del mercado de destruir empleo durante las recesiones, algo que se hizo patente en la última década.

GRÁFICO 5.2. Temporalidad total y temporalidad juvenil.

Es buen momento para retomar la tercera representación del gráfico 5.1, que considerábamos al abrir este capítulo. En él se aprecia con claridad cómo la combinación entre edad y tipo de contrato ha definido a los perdedores de la reciente crisis. Las intuiciones de Güell y otros investigadores en sus trabajos empíricos se ven plasmadas casi a la perfección: cuando una economía profundamente segmentada como la española se encuentra ante un bache de grandes proporciones, los primeros en ser expelidos tras la sacudida son los que se encuentran en el lado más débil del mercado. En este caso, y de manera muy desproporcionada, se trata de menores de 24 años con poco recorrido en el mercado laboral.

Esta es la razón por la cual la incidencia de la temporalidad sobre el total de ocupados descendió, y no aumentó, durante la recesión. Con ello identificamos con claridad quiénes son los que cargan con el coste de generar esa ilusión de descenso de contratos atípicos: sobre todo los jóvenes, que se encuentran en un callejón sin salida al menos hasta que el crecimiento regrese. Y cuando lo hace, como es el caso de España desde 2014-2015, la percepción de aumento de precariedad en el empleo también vuelve a la mente de los jóvenes, a pesar del descenso del paro. Con ello, el país entero se encuentra en un círculo vicioso que ya se ha repetido con tres puntos de inflexión distintos: tras la crisis de 1979, la de 1993, y de nuevo, en la última: la Gran Recesión.

¿POR QUÉ ES TAN RESISTENTE LA TEMPORALIDAD?

Para comprender mejor cómo funciona este muro tan difícil de salvar, cabe preguntarse por qué se mantiene la temporalidad en valores tan elevados en España. ¿Por qué resiste no solo a los cambios legislativos, sino también a una evolución de treinta años en la cual la estructura productiva del país ha cambiado de forma sustancial?

La primera explicación posible hace referencia al modelo productivo. Su lógica sería algo así: la transformación económica en la que se embarcó el país tras la desindustrialización de los años setenta y ochenta culminó en la década de la burbuja crediticia, durante la cual la construcción, pero también el turismo y la hostelería, alcanzaron su cenit. Como consecuencia, la estructura laboral se vio afectada. Si un país, como es el caso de España, depende en gran medida de sectores con demanda volátil y abundan los puestos de calificación media y baja, los empresarios tenderán a escoger las alternativas contractuales más flexibles. Es decir: la temporalidad es consecuencia del tipo de empresas que dominan la economía estatal.

Frente a estos argumentos se sitúan quienes defienden que el principal culpable es la regulación laboral. La combinación de elevados niveles de protección para indefinidos y las facilidades para la contratación temporal (incluso fuera del ámbito de los empleos cuya naturaleza es sobre todo de corto plazo) dejaría a los primeros protegidos, y a los segundos a la intemperie. Los elevados costes de despido que un contrato indefinido supone para las empresas las incentivarán a buscar cualquier opción para esquivarlos. Contratos temporales, por obra y servicio o falsos autónomos (autónomos que en realidad trabajan para una sola empresa) son los más conocidos. Para muchas empresas resulta más fácil mantener a un grupo de temporales rotando en uno o varios puestos antes que ofrecer un contrato indefinido. Esta porción de la plantilla funcionará como sistema de ajuste en tiempos de bonanza o recesión, al tratarse de despidos sin ningún coste (en realidad, finalizaciones del contrato, porque técnicamente no se despediría a nadie). Esta es la manera que tienen las empresas de adaptarse al ciclo económico, y actúan así gracias a la permisividad del legislador.

De ser cierto este argumento, la alta presencia de la temporalidad sería una consecuencia de la regulación, y no del tipo de empresas o sectores con mayor presencia en la estructura económica. Hay varios indicios que avalan esta hipótesis y sugieren que la responsabilidad no recae, pues, en que España sea un «país de albañiles y camareros». No obstante, otras pistas problematizan esta cuestión. Empecemos por los puntos fuertes de esta hipótesis. La propia virulencia con que los despidos se concentran en los trabajadores temporales durante las épocas de crisis es una prueba potente a favor del argumento institucional o regulatorio. Si el tipo de contrato fuese consecuencia de la estructura productiva, sus finalizaciones deberían estar repartidas entre indefinidos y atípicos de manera más o menos proporcional a su peso. Pero como el gráfico 5.1. con el que se abría este capítulo muestra, la realidad es muy distinta, y la destrucción de empleo entre temporales ha sido casi diez veces mayor que la de fijos en el último ciclo.

Este hecho apoya la idea de que las empresas están empleando un contingente de trabajadores temporales como válvula de escape en lo que respecta a costes de personal. En tiempos de bonanza, el contingente aumenta. En tiempos de recesión, disminuye con rapidez. Cuando una empresa tiene que reducir costes en general tiene dos opciones: ajustar por cantidad de empleados o por salario. En nuestro país casi siempre se opta por la primera. Entre 2007 y 2010 España fue el país europeo que más empleo destruyó, según datos de Eurostat, pero el mecanismo de ajuste salarial apenas se modificó. De hecho, hasta 2010 los salarios siguieron aumentando por encima de la media europea.

El segundo indicio importante a favor de la hipótesis regulatoria es que la temporalidad en España es muy superior a la media europea en todo tipo de ocupaciones, no solo en las que uno podría esperar si la hipótesis del modelo productivo fuese válida. Por ejemplo, mientras que la media de temporalidad entre profesionales científicos en Europa es del 12 por ciento, en España es el doble, un 24. La diferencia es aún mayor entre ocupaciones elementales, donde la tasa de temporalidad es de un 23 por ciento en Europa pero asciende al 49 en España. El patrón es el mismo en el resto de ejemplos. España tiene mayor proporción de trabajadores temporales que la media europea en todas las profesiones. Las empresas españolas abusan del contrato temporal en la totalidad de las ocupaciones, lo que indica que la preferencia no responde solo a las características del puesto.

Este patrón se reproduce incluso en las administraciones públicas. No hay grandes diferencias en la manera en que funcionan la administración española con respecto a sus homólogas europeas. Sin embargo, en España la temporalidad en el sector público oscila en general entre un 20 y un 25 por ciento, cifra superior no solo a otras administraciones europeas, sino a la temporalidad del conjunto de los ocupados en la mayoría de países de nuestro continente. De nuevo, no hay razones aquí para pensar que la naturaleza de la actividad facilite la contratación de baja calidad.

Por último, en periodos de recesión la caída de los contratos temporales ocurre en todos los sectores. Si la temporalidad en España fuera consecuencia de la estructura productiva, deberíamos observar mayores caídas en los sectores donde predomina la mano de obra de esta naturaleza. Un argumento habitual durante esta última crisis es que los despidos se concentraron en la construcción y solo de forma colateral en los temporales, ya que estos son mayoría en aquel sector. Sin embargo, los datos contradicen esa afirmación: como se observa en el gráfico 5.3, la destrucción de empleo se concentró en los temporales de cualquier ocupación. Los empresarios despidieron a empleados temporales tanto si eran artesanos, albañiles, operarios de planta, administrativos o profesionales intelectuales.

Sin embargo, y como críticas a esta hipótesis, si la regulación fuese la única causa, cabría esperar un mayor efecto de las reformas laborales de los últimos veinte años. A las ya mencionadas, entre 1994 y 2009, se unen las realizadas durante la Gran Recesión por el gobierno de Zapatero y, sobre todo, por el de Mariano Rajoy. La más importante de todas tal vez sea la combinación de la reducción definitiva de la indemnización por despido improcedente de un trabajador fijo a 33 días por año trabajado junto con una facilitación del despido procedente (con indemnización de veinte días por año trabajado) a través de una ampliación de los supuestos en los que se puede emplear sin miedo a que el trabajador recurra y el tribunal le dé la razón. El coste efectivo del contrato indefinido se ha reducido de forma sustancial con estas medidas, a las cuales se añade un ligero aumento de la indemnización al fin de los contratos atípicos (hasta doce días por año). Y, sin embargo, la temporalidad ha empezado a repuntar tan pronto como la creación de empleo ha vuelto a las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Aún es pronto para saber si alcanzará los mismos niveles que en el pasado, pero de momento la dirección lleva al país a volver a ser el líder europeo en esta clase de contratos. Esto quiere decir que debe de haber algo más, además de la mera regulación, explicando el diferencial español.

Quizá tanto la hipótesis de la regulación como la del modelo productivo tengan algo de cierto. Puede que nuestro marco regulatorio favorezca el desarrollo de un modelo precario en todos los sectores. Al fin y al cabo, las empresas basadas en trabajos de escasa cualificación, fácilmente sustituibles y con baja inversión en capital humano son posibles en casi cualquier área de la economía. Si le añadimos nuestra regulación al cóctel, los empleadores tendrán incentivos para construir negocios con este perfil de contratación. Además, una vez que lo hayan hecho, defenderán el modelo regulatorio actual, pues favorece su modelo empresarial.

GRÁFICO 5.3. La destrucción de empleo por ocupaciones.

Una de las argumentaciones más completas y equilibradas que ayuda a dar respuesta a la cuestión de la temporalidad proviene del trabajo del sociólogo Javier Polavieja. En su estudio de 2005 comparó la temporalidad española con la situación en otros catorce países europeos.[4] Además de probar la falta de peso de la hipótesis del modelo productivo, también ayudó a dejar de lado otros argumentos derivados, como la noción de que en España el capital humano (el nivel educativo) es demasiado escaso como para ofrecer buenos puestos de trabajo. Sin embargo, y como alternativa sólida, propuso la siguiente explicación: la dualidad plasmada en la ley interactúa con el contexto económico para determinar las decisiones de trabajadores y, sobre todo, de empresarios. Considerando el alto nivel de paro estructural existente en España, que además se agranda con el desempleo cíclico en cada crisis, los empleadores pueden utilizar la posibilidad de pasar a un contrato fijo como «zanahoria» o incentivo mientras mantienen a los trabajadores bajo contratos temporales. El «palo», o sistema de castigo empleado por el empresario, es el miedo a caer en una situación de desempleo de la que no es fácil salir. En un mercado laboral con más demanda de fuerza de trabajo que oferta, los empleados tienen mayor poder de negociación porque pueden escoger para quién trabajan. Pero en el caso español sucede justo lo contrario; la posición del empresario, la haga explícita o no, se recoge muy bien en la frase tópica de «Hay cien como tú dispuestos a ocupar tu puesto», algo que la mayoría de jóvenes han oído, interpretado o sentido alguna vez. Porque, tal vez, es cierto.

Este efecto se refuerza con otro, favorecido por los trabajadores indefinidos. Para estos, la presencia de una cantidad considerable de homólogos con contratos (y despidos) más baratos es un mecanismo de seguridad frente a los vaivenes del mercado, porque los empresarios, como hemos visto, tenderán a dejar ir antes a los más baratos, es decir, a los temporales.

Mediante este doble mecanismo se refuerza la segmentación del mercado laboral entre estables, o protegidos, y precarios. Las reformas legislativas no tendrán un efecto completo (pero sí alguno, mayor o menor) mientras siga existiendo cierta diferencia en protección unida a la amenaza creíble del paro estructural. Y la juventud seguirá atrapada tras ese muro que les separa de la seguridad laboral.

GRÁFICO 5.4. El empleo de los jóvenes con y sin estudios.

Pero el espacio de la precariedad no es solo el de los trabajos inestables de recorrido vital poco claro, sino que también, y quizá sobre todo, se define por la probabilidad de la vuelta a la situación de desempleo. En España, la probabilidad de que una persona joven pierda su puesto de trabajo es mayor que para una de más edad. Ante este hecho, las economistas Sara de la Rica y Brindusa Anghel se preguntaron si esto sucedía por alguna razón particular más allá de la pura juventud.[5] El propósito de este estudio era abrir la «caja negra» detrás de la propensión de los jóvenes a perder el trabajo. En efecto, lo que explica este diferencial entre jóvenes y adultos es que los primeros tienen una probabilidad mucho más alta de ser temporales y de no acumular antigüedad en el puesto de trabajo. Esta parte del fenómeno es, por supuesto, común en la mayoría de países, pero no así su relación con la pérdida de empleo.

NO TODOS LOS JÓVENES SON IGUALES

Hasta ahora hemos tratado a la juventud como un colectivo en esencia homogéneo. Hemos empezado el capítulo con una consideración sobre la destrucción del empleo en la España posburbuja, para embarcarnos después en un proceso de identificación de las víctimas, concretado en los jóvenes. Pero ¿son todos los menores de 35 años iguales en el mercado laboral? Huelga decir que hay razones de sobra para pensar que no: sabemos, por ejemplo, que los niveles de paro en España (y en casi cualquier otra economía occidental) afectan con mayor intensidad a las personas con menor nivel de formación. Los datos de Eurostat confirman esta intuición para el ciclo de crisis de 2007-2013.

Entre los jóvenes, el empleo se destruyó con particular intensidad entre aquellos con niveles educativos más bajos. El efecto fue, además, más profundo en España que en otros países del continente. Pero, además, el ciclo de recuperación iniciado en 2014 no benefició a los principales perdedores de la crisis, sino al contrario: los primeros en ser contratados en (relativa) abundancia han sido, de nuevo, las personas con mayor formación.

Los factores detrás de este fenómeno son múltiples, pero cabe destacar sobre todo dos. Primero, aquellos relacionados estrictamente con la estructura económica, la menor productividad y la falta de especialización de estos trabajadores, que hace que se puedan sustituir con mayor facilidad por capital o por mano de obra más barata. Segundo, el efecto combinado entre la dualidad laboral y la acumulación de capital humano.

En una economía capitalista, los ciclos económicos son también ciclos de «destrucción creativa», en palabras del economista de principios del siglo XX Joseph Schumpeter: empresas y puestos de trabajo que no se adaptan a la demanda o a la competencia en su sector quedan a un lado. En general, hay dos tipos de trabajadores que sufren particularmente el lado destructivo: aquellos cuyas habilidades están ya obsoletas y aquellos que han tenido menos oportunidad de formarse. Los primeros suelen pertenecer a las cohortes de edad más avanzada, y en un sistema dual como el español quedan comparativamente bien protegidos gracias a la brecha entre trabajadores temporales e indefinidos. El golpe, por lo tanto, recae sobre los segundos.

A esto se suma la combinación entre el modelo productivo español y el tipo de crisis que ha sufrido el país, con una importante dimensión de sequía de crédito. Analizando el caso análogo de Italia, los economistas Fabio Berton, Sauro Mocetti, Andrea Presbitero y Matteo Richiardi han comprobado que las empresas pequeñas y poco productivas que se enfrentaron durante la crisis a limitaciones financieras importantes redujeron de manera muy pronunciada sus plantillas.[6] Los despidos se concentraron en los trabajadores menos educados y con contrato temporal. En España, como en Italia, las empresas de tamaño reducido con problemas para crecer y generar economías de escala copan la mayoría del mercado, con lo que el mecanismo descrito por Berton y compañía tiene todas las trazas de ser común y abundante.

Con esto entramos en el segundo grupo de factores. Antes señalábamos la diferencia entre considerar los contratos atípicos como un primer escalón en el ascenso profesional o callejones sin salida que generan círculos de precariedad. También apuntábamos que en España el segundo fenómeno es mucho más probable. Ahora se puede incorporar la dimensión del capital humano para matizar las conclusiones. En 2005, Kahn demostró (en una comparativa que incluía a Canada, Finlandia, Italia, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos) que a mayor la protección a los contratos indefinidos, mayor era la incidencia de la temporalidad entre los trabajadores con menor experiencia y niveles de habilidades más bajo.[7] España es un candidato perfecto para este tipo de fenómeno. Pero lo más grave es que además los contratos temporales perjudican más y durante más tiempo (tanto en salario como en empleo) a este tipo de perfiles. En otras palabras: si tomamos a dos jóvenes, uno con estudios universitarios y el otro con la educación secundaria obligatoria, al principio de su carrera con sendos contratos por obra y servicio, ambos sufrirán una penalización en forma de bajos ingresos y trabajo inestable, pero es más probable que el primero acabe por superar esta barrera inicial.[8]

Incluso en una economía con bajo nivel de dualidad, como la estadounidense (donde la libertad de contratación y despido es considerable y relativamente común a todo tipo de contratos), los contratos temporales pueden ser perjudiciales. Los economistas David Autor y Susan Houseman²⁸ comprobaron que aquellas personas que pasaban de estar viviendo en régimen de ayuda estatal por bajos ingresos a tener un contrato temporal gozaban de un beneficio inicial en forma de ganancia monetaria inmediata.[9] Pero, no obstante, este beneficio era contrarrestado con rapidez por menores ingresos, empleo menos frecuente y una mayor reincidencia en programas de ayuda tras uno o dos años.

En resumen: para un joven que se incorpora al mercado laboral en una época de recesión, con poca formación acumulada y en una economía dualizada, la probabilidad de acabar con un contrato temporal es alta. Además, este tipo de contrato tiene una penalización particularmente profunda para él comparado con sus homólogos con educación superior.

Antes de continuar es importante reseñar que, como muestra el gráfico siguiente, en España hay una correlación fuerte entre la situación laboral o educativa de los jóvenes y el nivel de formación de sus progenitores.

GRÁFICO 5.5. La importancia de los padres y sus estudios. Situación de los hijos según la formación de sus padres.

En otras palabras: las decisiones sobre la formación no son ni mucho menos independientes del entorno en el que se crece y de las oportunidades presentes en él. Esta red de oportunidades empieza por la inversión individual en capital humano: la capacidad para estudiar en lugar de tener que trabajar (al disponer de un colchón de renta lo bastante cómodo proporcionado por la familia), y los incentivos necesarios al observar que tanto los padres como los amigos y pares hacen o hicieron lo propio. Pero va más allá, e incluye dimensiones, a veces decisivas, de capital social. El economista Manuel Bagues hacía notar lo siguiente en 2013:

Según una encuesta realizada en 30 países (ISSP 2001), el 29 por ciento de los españoles menores de 30 años había conseguido su trabajo a través de un familiar, un 38 por ciento gracias a algún amigo, y solamente el 33 por ciento había conseguido trabajo a través de métodos de búsqueda formales (agencia de empleo, anuncios, contacto directo con la empresa…). Las encuestas del CIS proporcionan un panorama muy similar (estudio 2321, pregunta 25). Estas cifras contrastan con la situación en Europa, donde la mayoría de los jóvenes, un 54 por ciento, encuentran trabajo a través de métodos de búsqueda formales y únicamente el 19 por ciento lo hace a través de un familiar y el 27 por ciento a través de un amigo.[10]

Cuanto más seguras sean las redes familiares, mejor será la perspectiva futura de trabajo. En paralelo, la inversión en educación tendrá un retorno más seguro, pues las vías para su aprovechamiento (las buenas conexiones) ya estarán preestablecidas gracias al entorno de cada uno. Sumando todos estos factores, resulta difícil achacar a decisiones individuales la mala situación de los jóvenes de escasa formación.

Tal vez el caso más ilustrativo en este sentido sea el de aquellas personas que, en la época de la burbuja de crédito que llegó hasta 2007-2008, dejó los estudios para incorporarse a trabajos de baja cualificación en el sector de la construcción. El gráfico 5.6 ayuda a dimensionar este fenómeno. No son pocos los que, en público o en privado, han censurado este tipo de movimientos, al considerarlos poco menos que un ejemplo de intento de vivir por encima de las propias posibilidades. Pero esta acusación es un tanto cuestionable cuando se contempla desde la óptica expuesta en estas páginas.

Para empezar, parece plausible que la regulación dual incrementase los incentivos del capital a dirigirse hacia sectores de bajo valor añadido y amplio uso de contratos temporales tan solo porque eran los más baratos. Es decir: en la construcción se encontraba la mayor parte de la oferta de trabajo, en general para perfiles de baja cualificación, y muy a menudo también con contratos temporales. En la siguiente sección ahondaremos en este desajuste entre oferta y demanda para romper con el mito de la sobrecualificación de nuestros jóvenes. Por el momento, vale la pena preservar la idea de que era en ese segmento específico donde se encontraban las posibilidades de trabajo.

GRÁFICO 5.6. El empleo en la burbuja inmobiliaria.

Estos empleos atraían sobre todo a quienes más necesitaban los ingresos, o a quienes crecieron en hogares donde el beneficio potencial de la formación era menos evidente: ambos suelen coincidir. En el punto álgido de la burbuja, un 25 por ciento de los hombres trabajaba en el sector del ladrillo. Gracias a este nuevo pero efímero nicho de crecimiento, muchos hogares que antes de la burbuja, en 1998-2000, no contaban con muchas esperanzas para sus hijos, hallaron una opción inesperada. Lo malo es que esta venía en forma de empleos inestables, con un futuro poco claro y extremadamente dependiente del crédito. Como demostró Wilm van Lancker[11] en su investigación sobre 24 países europeos, los trabajadores temporales tienen un riesgo de pobreza mayor comparado con sus homólogos fijos, lo cual encaja bien con el hecho de que suelen cobrar menores salarios y, además, se enfrentan a una probabilidad mucho mayor de pasar al desempleo.

Pero en el caso de quien aceptaba un trabajo en la construcción la referencia no era, la mayoría de las veces, una carrera universitaria que de todas formas iba a ser difícil de alcanzar porque requeriría ingresos en casa más temprano que tarde. No: la referencia era más bien el vértigo con el que muy probablemente sus padres se habían enfrentado a la recesión de principios de los años noventa. Y todo en una estructura que no dependía de ellos, sino que venía dada por la regulación laboral, las decisiones de inversión de los empresarios y la desigualdad con profundas raíces en el desempleo estructural que se mantiene en España desde hace décadas.

¿SOBRECUALIFICADOS?

No puede tenerse un cuadro completo de la situación laboral de los jóvenes en España sin atender también a aquellos que, a pesar de disponer de un empleo, se encuentran por debajo de las expectativas que se crearon a partir de los estudios realizados. El concepto más aplicado a este perfil es el de «sobrecualificado». A primera vista, la idea no parece muy polémica, ya que se refiere sencillamente al desajuste entre el nivel educativo del trabajador que demuestra su título académico y el requerido en su puesto de trabajo. En España, algo menos de uno de cada cinco trabajadores tiene un nivel superior al necesario para desarrollar su empleo. Pero la incidencia varía de forma considerable en función del nivel formativo de la familia: entre los hijos de padres con estudios básicos el porcentaje de sobrecualificados es del 22 por ciento, pero la cifra desciende a casi la mitad (11 por ciento) entre hijos de padres con estudios superiores.

Sin embargo, es cierto que cabe poner en duda hasta qué punto un título académico representa con fidelidad un conjunto de capacidades. El economista francés Arnaud Chevalier introdujo la distinción entre los «aparentemente» sobrecualificados y los «genuinamente» sobrecualificados, atendiendo a otras formas de valor que iban más allá del título.[12] Para medir las competencias y habilidades, en 2013 la OCDE publicó un estudio que evaluaba las competencias en matemáticas y lectura de la población adulta de una decena de países. Ese estudio, conocido como PIAAC, ha supuesto un paso significativo en la medición de las habilidades cognitivas de los trabajadores. Así, teniendo en cuenta las capacidades lingüísticas, un 77 por ciento de los trabajadores españoles formalmente sobrecualificados tenían en realidad unas capacidades similares a los de personas con la cualificación exacta requerida por el puesto. Esto sugiere que una mayoría de estos sobrecualificados no son tan distintos de otros trabajadores con menor nivel de estudios. Sin embargo, las cifras españolas no son demasiado altas, al menos si las comparamos con otros países de nuestro entorno. De hecho, el porcentaje promedio de sobrecualificados que solo lo están «aparentemente» en el conjunto de la OCDE es algo mayor.

GRÁFICO 5.7. Más titulados, menos ocupaciones.

A partir de este tipo de datos hay muchas personas que argumentan que la universidad no prepara bien para el mercado laboral, y llegan incluso a afirmar que hay demasiados licenciados. Aunque es cierto que existe mucha variación entre las competencias de los titulados (incluso entre los de la misma titulación) y que la población universitaria ha aumentado mucho (multiplicándose por tres en dos décadas), lo que nos diferencia de nuestros vecinos europeos es otra cosa: la cantidad de puestos ofertados a titulados universitarios no han crecido al mismo ritmo.

En resumen, en España hay diez millones de titulados superiores para seis millones de «puestos de titulados superiores». Sin embargo, cuando se compara la proporción de universitarios respecto al conjunto de la población ocupada en España con la de otros países europeos, resulta que no nos encontramos lejos de nuestro entorno. Lo que nos diferencia es la falta de acoplamiento de la demanda a una oferta creciente para titulados superiores, algo que conecta con el caso de la burbuja crediticia que considerábamos en el apartado anterior: la sobrecualificación de la fuerza de trabajo no se entiende sin la infracualificación de los puestos disponibles. Esto tiene que ver, como hemos observado, con el tipo de empleo demandado por las empresas en función de la estructura de incentivos marcada, entre otras cosas, por el entorno regulatorio.

EL MENÚ DE PROPUESTAS POSIBLES

La protección por despido incluida en los distintos tipos de contratos constituye la principal piedra de toque del modelo laboral español. A ella se suma en práctica igualdad de condiciones la capacidad del sistema de reducir los riesgos a los que se enfrentan aquellas personas que pierden su empleo. Así pues, es en esos dos puntos donde se deberá centrar la acción política. Hay un tercer frente, tanto o más importante: la reducción del desempleo estructural y otras políticas de demanda.

Igualando los niveles de protección contra el despido

La protección por despido puede ser alta o baja. Cuando es baja (o no existe) el mercado laboral será flexible y resultará más fácil perder y encontrar trabajos. Eso refuerza la relación entre desempleo y ciclo económico. Si la protección es alta, la rotación será menor porque despedir (y contratar) es más caro. Habrá menos posibilidades de pasar de empleo a desempleo y viceversa. Ambas propuestas tienen beneficios e inconvenientes, pero la dualidad, una mezcla entre las dos, produce que los trabajadores temporales —y por tanto muchos jóvenes— sufran lo peor de los dos mundos: no tienen un puesto seguro como los indefinidos ni disfrutan de las oportunidades de un mercado flexible.

En teoría la solución pasa por eliminar la temporalidad, o por lo menos reducir la diferencia de protección entre distintos contratos. Los cambios de legislación desde 1997 han ido en esa dirección, pero la división se mantiene. Esa brecha entre contratos se puede mantener de dos formas extremas: igualando por arriba o por abajo. En el primer caso la regulación se dirige al mundo con alta protección para todos los despidos. En el segundo, hacía el mundo de la total flexibilidad. Entre ambos hay infinitos equilibrios posibles.

Esas son las alternativas extremas para un contrato no dual. La fórmula es independiente del nivel de protección deseado y solo tiene una condición: eliminar por completo la brecha de protección entre fijos, temporales o cualquier otro contrato. No importa demasiado si se le llama contrato único —un término que ha adquirido carga política— o de cualquier otra forma. Un contrato así iguala las indemnizaciones por despido. Pero, claro, hay muchas maneras de igualar. Infinitas. Tantas como propuestas de contrato único posibles. Algunas de las que se pusieron sobre la mesa durante la crisis suponían una rebaja de la protección media de los trabajadores. Otras acarreaban un aumento de este nivel. Lo cual no era demasiado difícil, pues alrededor del 30 por ciento de los trabajadores son temporales y ahora mismo disfrutan como máximo de una indemnización de 12 días por año trabajado.

Esta variedad exige usar números si queremos entender los efectos de distintos tipos de contrato único. ¿Cómo afectaría a los jóvenes? No hay una respuesta única a esa pregunta, sino un abanico de posibilidades. En esta sección se analizan en detalle distintas modalidades de contrato único. El lector que prefiera una visión más general puede pasar directamente al epígrafe siguiente, donde encontrará un resumen.

El contrato único más simple lo constituiría uno de tipo horizontal: la indemnización sería siempre de 23 días por año trabajado (la mitad entre los 33 días de los indefinidos actuales y los 12 de los temporales). Un cambio así supondría una profunda redistribución desde los trabajadores mayores hacia los jóvenes. Los recién llegados al mercado laboral verían su nivel inicial de protección multiplicado por dos, pero a medida que avanzasen en su carrera —y asumiendo que iban a ser indefinidos— su indemnización acumulada descendería con respecto a su equivalente en la actualidad. Pero hay mucha evidencia que indica que encontrar trabajo es más difícil a partir de cierta edad, por eso se ha tendido a penalizar más el despido de las personas más mayores (por la vía de la antigüedad). Para mantener esa característica, la mayoría de propuestas de contrato único eligen que la indemnización sea acorde con la antigüedad en el puesto. Así, el muro actual en temporales y fijos se convierte en una suave pendiente, como se observa en el primer cuadro del gráfico 5.8.

Una propuesta frecuente es modificar esa pendiente hasta los 12 días por año de los contratos temporales y los 33 de los indefinidos, alcanzándose estos a los 11 años. Otra propuesta muy distinta podría rebajar esta escala a 5 y 20 días. O, al contrario, establecer los márgenes en 20 y 40 días. Este gráfico representa cada uno de estos tres modelos, dibujando el aumento gradual de los días indemnizados por cada año de contrato.

GRÁFICO 5.8. Cuatro opciones para un contrato único.

Está claro que mientras el modelo 5-20 es considerablemente liberalizador y situaría al país en un contexto de alta flexibilidad (con los costes de rotación ya comentados), el 20-40 es proteccionista (reduciendo la rotación pero aumentando la barrera entre empleados y desempleados), y el 12-33 se encuentra un poco entre ambos modelos. Cada uno tiene su precio, y también sus beneficios: escoger entre ellos es una decisión eminentemente política, que dependerá de si se prefiere priorizar la flexibilidad de las empresas y las oportunidades de conseguir un trabajo o la protección adquirida por los trabajadores ya ocupados. Pero está claro que al menos el modelo 12-33 y el 20-40 suponen una mejora inmediata para los jóvenes recién incorporados al mercado, atacando ambos la temporalidad de manera más clara. El 5-20, en cambio, se limita a abrir la posibilidad de que superen la barrera de los 12 días, pero sin garantizarlo.

Una crítica que muchas veces reciben este tipo de propuestas es que la existencia de una pendiente creciente incentivará a los empresarios a despedir a sus trabajadores en las primeras etapas de los contratos, convirtiéndolos de facto a todos en temporales. Esta hipótesis es un tanto cuestionable porque, incluso hoy, con una contratación temporal considerablemente liberalizada y una barrera sustancial entre temporales y fijos, la temporalidad se mantiene entre el 23 y el 33 por ciento. Suavizar el cambio puede favorecer el alargamiento relativo de los contratos más cortos tanto como acortar el de los más largos, encontrando un punto medio. Pero si acabar de forma definitiva con los contratos cortos se plantea como objetivo de primera magnitud, las muchas opciones del contrato único también tienen algo que decir al respecto.

El segundo cuadro del gráfico 5.8 incluye una cuarta propuesta, esta vez con indemnización marginalmente decreciente, de 33 a 5 días por año trabajado. En este modelo, el importe percibido por el trabajador en un eventual despido sigue aumentando en el tiempo en su total acumulado, pero lo hace a un ritmo cada vez menor: el primer año se suman 33 días de indemnización, el segundo 31,5 (total: 64,5), y así hasta llegar a los 5. Lo interesante de esta propuesta es que penaliza con gran fuerza la temporalidad sin olvidarse del despido de las personas con mayor experiencia. Dejar ir a un trabajador joven es bastante caro con este contrato. La idea es penalizar la temporalidad haciéndola más costosa, como ya hacemos con (según la ley al menos) el trabajo nocturno o las horas extras. Pero, al mismo tiempo, en comparación es más costoso despedir a una persona con una trayectoria más larga, si bien en menor medida que en los casos anteriores. Este contrato marginalmente decreciente es, en definitiva, un sistema de destrucción de la temporalidad. La diferencia con los anteriores es que tiene en cuenta el hecho de que no se trata solo de reducir la protección a los trabajadores indefinidos, sino también que la ley puede y debe imponer un coste a la contratación a corto plazo. Por supuesto, tiene sus inconvenientes, que dependerán de lo alta que se sitúe la indemnización en el primer año: la fuerte división entre parados y empleados, que puede dar lugar a una nueva forma de dualidad.

La mochila austríaca

Si no todas, la mayoría de las propuestas de contrato único que se han realizado en España vienen con una medida adjunta. A menudo conocida como «mochila austríaca» por su país de origen, en realidad se trata de un fondo asociado a cada trabajador en el cual la empresa deposita una determinada cantidad de forma periódica (por ejemplo, un porcentaje del salario cada mes). Este importe formará parte de su indemnización por despido, o por jubilación si el trabajador se retira tras su estancia en la empresa. Este impuesto sobre el trabajo se encuentra en torno al 1,5 por ciento en Austria. Consideremos, por ejemplo, una tasa del 1,58 por ciento, que correspondería exactamente a cuatro días por cada año trabajado. Aplicada a los tipos de contrato único con las indemnizaciones consideradas en el gráfico anterior, el resultado quedaría como muestra el siguiente panel.

Hay una clara diferencia entre el modelo de contrato marginalmente decreciente y el resto, pues el fondo austríaco es considerablemente más importante en este caso. La razón es sencilla. Al ir disminuyendo año a año la indemnización adicional, el ritmo de crecimiento de la indemnización total es más lento que en el resto de casos. En el gráfico siguiente se muestra este efecto (la parte más oscura es la indemnización acumulada, y la más clara el fondo de la mochila austríaca). La indemnización de la modalidad C (la marginal decreciente) aumenta mucho menos que el resto de modalidades. Por eso también hemos incluido una segunda posibilidad de «mochila», que llega hasta el 5,9 por ciento del salario bruto, y que así ayuda a igualar esta modalidad al resto. También es interesante observar las diferencias entre las opciones 12-33 y 5-20, siendo la segunda mucho más tímida en su avance hacia una indemnización de, digamos, dos años completos de salario (730 días). El 5-20 llega a este punto en 36 años, mientras que el 12-33 en el año 31.

¿Cuáles son los efectos de la indemnización decreciente con «mochila austríaca»? Esta modalidad redistribuye riesgos e ingresos de dos maneras. Primero, como comentábamos, cambia los costes y beneficios de contratación para las empresas, penalizando la temporalidad. Pero además cambia el nivel de protección efectiva que recibe cada trabajador, dependiendo del tiempo que lleve en el puesto.

GRÁFICO 5.9. Contrato único con «mochila austríaca».

El gráfico 5.10 compara la indemnización que recibe un trabajador con cada modelo dependiendo del tiempo que lleve en la empresa (en la mitad inferior se pueden comprobar las diferencias). En los modelos 12-33 y 5-20 la protección es menor en comparación con los indefinidos de hoy, pero mucho mayor que con los temporales. En el caso del 12-33, la pérdida con respecto a los contratos fijos actuales se reduce hasta desaparecer en cierto punto de la escala temporal, gracias sobre todo al efecto de la «mochila». La opción marginalmente decreciente con «mochila» redunda en una mejor cobertura en casi cualquier situación, salvo un valle (por poco margen) en las personas que lleven entre 12 y 24 años en su puesto de trabajo.

GRÁFICO 5.10. Indemnización con distintos tipos de contratos en días de salario.

Este gráfico revela una verdad ineludible: cualquier medida implica una decisión redistributiva, y ninguna política convertirá a todos en ganadores. Aumentar la protección, ya sea incrementando la indemnización directa o el porcentaje que el empresario paga al fondo individual, causaría sin duda que todos los trabajadores saliesen ganando en mucha mayor medida. Pero también perjudicaría a los empresarios, y con ello haría menos dinámico el mercado de trabajo (en el sentido de que reduciría tanto los despidos como las contrataciones, perjudicando a los desempleados).

Pero pensemos en cómo afectarían estas reformas a perfiles de trabajadores distintos. ¿Qué sería de los jóvenes que encadenan contratos temporales durante años? ¿Qué le ocurriría a un trabajador mayor que es despedido? En el gráfico siguiente se puede observar quién ganaría y quién perdería con cada propuesta.

GRÁFICO 5.11. Cómo afecta el contrato único a distintos trabajadores. Indemnización en días de salario para diversas trayectorias laborales.

Los datos muestran que los temporales saldrían ganando en los modelos de contrato único más protectores (no así en el 5-20). En el caso de los indefinidos, la cosa varía más. Los que son despedidos tras décadas en la empresa (y hoy en día acumularían una gran indemnización) saldrían perdiendo, mientras que los que se jubilaran saldrían mejor parados (sobre todo porque recibirían íntegro su fondo individual). La acumulación del fondo individual tras el final de la carrera, además, facilitaría su integración en otras piezas de nuestro sistema de protección social. Cuando en Austria se implantó la «mochila», la idea era que supusiese una reforma simultánea del mercado de trabajo y del sistema de jubilación.

Por el momento, el aspecto a subrayar es el cambio redistributivo que implicaría cualquiera de estas reformas y la multitud de opciones disponibles. La alternativa marginal decreciente es interesante en particular porque es la que con mayor claridad colocaría a los recién incorporados al mercado laboral en el centro de las políticas de protección. Pero, en cualquier caso, las opciones aquí expuestas solo son algunas de las posibles maneras de cerrar la brecha entre estables y precarios.

Más allá del modelo regulatorio: la protección al desempleado y las políticas de demanda

La dualidad laboral es clave para entender la situación social y económica de los jóvenes en España. Cerrar la brecha regulatoria entre temporales e indefinidos parece una cuestión necesaria de cualquier proyecto favorable para este sector de población. Sin embargo, la regulación de la contratación y el despido son solo algunas de las maneras de dotar de escudos a los trabajadores. Hay al menos otro mecanismo dentro del marco estricto de la protección contra el despido: los seguros de desempleo. Esta herramienta —cualquier transferencia de renta hacia los desempleados— es distinta de la indemnización por despido. Mientras la segunda recae en la empresa, la primera proviene del Estado y se cubre con impuestos o contribuciones. El empresario, en cuanto que contribuyente, también financia una parte del seguro, pero no en el momento del despido y por lo tanto no afecta a su decisión.

Los sistemas que combinan un seguro de desempleo amplio y generoso con el trabajador y una baja indemnización por despidos se conocen como de «flexiseguridad». La empresa puede contratar y despedir con flexibilidad, pero el trabajador parado está asegurado. España está lejos de este modelo, que se asocia con los países nórdicos. En nuestro país el seguro es relativamente generoso, pero la cobertura que presta es incompleta (sobre todo en los casos de desempleo de larga duración). En los momentos más duros de la crisis casi la mitad de los parados que buscaban trabajo no recibían este seguro. Tenían que conformarse con ayudas más pequeñas, destinadas a mantener un nivel de subsistencia. Además, el derecho a recibir estas prestaciones está íntimamente ligado con el historial de contribución a la Seguridad Social: los derechos se construyen a medida que el individuo avanza en su periplo laboral, pues dependen de cuánto ha aportado este y su empleador. Quienes empiezan su carrera, y sobre todo si lo hace de manera accidentada (temporales, precarios, sin acceso al primer empleo), no disfrutarán apenas del seguro.

Esta falta de seguridad es un problema más grave para quien empiece una carrera laboral menos especializada. Eso incluye a jóvenes menos formados y de origen humilde. De hecho, la desventaja de este grupo no acaba en el mercado laboral: se reproduce en nuestro Estado del Bienestar. Cambiar el tipo de contratos no evitará que haya hogares de jóvenes en riesgo de pobreza, ni abaratará sus alquileres, ni multiplicará la natalidad. Un seguro de desempleo inclusivo podría ayudar un poco más, pero no sería tampoco una solución definitiva. Y este es solo un ejemplo de los problemas propios de la juventud española —según sus propias percepciones— que se escapan del ámbito del trabajo.

Para terminar con este capítulo, cabe destacar que, aunque un mercado laboral no dual mejoraría la situación de todos los recién llegados, seguiría existiendo una diferencia de base que perpetuaría la reproducción de desigualdades dentro de las generaciones actuales. Mientras el paro estructural se mantenga en niveles elevados, los jóvenes con menos educación seguirán al borde del abismo. España debería tener una tasa de desempleo más cercana a la media de los países de nuestro entorno. Ninguna reforma de la regulación laboral será suficiente por sí sola para lograr eso: las ventajas de un contrato único con «mochila austríaca» y seguro de desempleo inclusivo y generoso, por ejemplo, deberían ser complementadas con acciones encaminadas a reducir la suma total de desempleo estructural.

Las conocidas como políticas de demanda o de estímulo buscan exactamente eso: estimular el aumento de la demanda agregada a través del gasto público o de la acción del Banco Central para fomentar la creación de empleo. Y aunque profundizar en aspectos de política fiscal y monetaria en un marco europeo es algo que se escapa de los objetivos de este libro y entra de lleno en el campo de la macroeconomía, es fundamental resaltarlos.

Las políticas en el lado de la demanda no deberían terminar aquí: a tenor de los datos de sobrecualificación no solo faltan empleos, sino que también faltan empleos lo bastante cualificados. Las reformas de la regulación laboral y del sistema educativo pueden y deben soportar una parte de la mejora de la calidad en las carreras de los jóvenes, pero no son el único hilo que seguir. La calidad del empleo disponible depende del tejido productivo del cual proviene, y el tejido productivo español está compuesto en su inmensa mayoría por empresas pequeñas, poco productivas y con baja presencia sindical (que facilitaría la interlocución entre empresarios y trabajadores). Como hemos visto, esto no es independiente de la estructura regulatoria, pero llegados a este punto es poco probable que un mero cambio en esta logre modificar por completo el modelo empresarial español. Para conseguirlo, sería conveniente combinar políticas dirigidas de demanda con otras reformas que ayudasen a las empresas a crecer en tamaño y productividad.

Por lo demás, un contrato único con «mochila austríaca» y un mejor seguro de desempleo no pueden aumentar por sí solos el alcance de las oportunidades educativas, ni construyen una pasarela más segura entre estas y un puesto de trabajo de alta cualificación. Tampoco cimentarán una red de protección y bienestar a lo largo de la vida. Son algunas piezas del rompecabezas, pero solo eso. Las otras son el sistema educativo y la estructura del Estado del Bienestar, que abordaremos en el resto de este bloque.

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Vicios y virtudes de la educación secundaria

Existe el mito de que la educación en España es un desastre y de que antes era de mayor calidad. Los supuestos culpables son varios: la LOGSE, la falta de respeto al profesor, el declive de la disciplina y hasta la Ley General de Educación de 1970 para los críticos más acérrimos. Sea como sea, todos los análisis coinciden en una supuesta caída del nivel en las aulas. Además, se utiliza ese supuesto descenso para explicar casi cualquier rasgo negativo de los jóvenes de hoy: su pereza, su falta de esfuerzo, su poco compromiso o su incapacidad para prestarnos atención. Los ejemplos abundan. Un catedrático de economía argumentaba hace unos meses que los empresarios se quejan de que a los jóvenes les falta tanto aptitud como actitud para el mercado laboral.[1] Unas semanas después, un periodista apuntaba que los millennials poseen rasgos narcisistas que resultan un perjuicio para sus perspectivas vitales.

Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son los jóvenes unos narcisistas sin futuro? Como en otras ocasiones, la realidad posee bastantes más matices que las críticas. Es imposible verificar una afirmación tan imprecisa como «la educación de antes era mejor», pero sí tenemos acceso a datos e indicadores sobre aspectos concretos de la educación española.

El primero de estos indicadores es el acceso a la educación, es decir, qué porcentaje de los niños fueron al colegio. Como documentan Claudia Goldin y Lawrence Katz en un excelente libro publicado en 2009,[2] Estados Unidos fue el país pionero en universalizar la educación primaria y secundaria. El acceso a la escuela era algo propio de las élites hace solo un siglo. Y en Europa esa visión se mantuvo con los grados superiores hasta más adelante. En los años cincuenta el 80 por ciento de los estadounidenses se matriculaba en secundaria, pero en los países europeos que más se le acercaban —Islandia y Suecia— esa cifra no pasaba del 35 por ciento. El dato de España era devastador: menos del 10 por ciento. Miramos al pasado con envidia, pero lo cierto es que nuestro país fue uno de los últimos de Europa Occidental en universalizar su educación. La formación de entonces, que hoy muchos añoran, quizá fuera mejor que la actual —de eso hablaremos en breve—, pero sin duda la disfrutaban solo unos pocos.

El segundo indicador clave en educación es la calidad. ¿Salen mejor o peor preparados los estudiantes que pasan por el sistema? Quienes dicen que la educación ha empeorado, suelen señalar que en el pasado los alumnos aprendían más. No es sencillo medir esa afirmación, pero desde hace unos años tenemos acceso a pruebas internacionales, como PISA, que mide las competencias de los adolescentes de quince años. España no ocupa una buena posición en esa clasificación, pero eso no dice nada sobre la posición que hubiese ocupado hace treinta, cuarenta o cincuenta años. Sencillamente no existen esos datos.

Pero sí existen otros datos, sobre todo los proporcionados por el estudio PIAAC de la OCDE, publicado en 2013, que sí permite comparar las capacidades de españoles de diversas generaciones.[3] En la mayoría de países las nuevas generaciones obtienen mejores puntuaciones. Los jóvenes se manejan mejor en matemáticas y lectura que sus compatriotas más mayores. Esto ocurre por varios motivos. Uno de ellos es que las competencias decaen a medida que uno envejece: la misma persona obtendría mejores resultados de joven que de mayor. Ese deterioro se impone a cosas como, por ejemplo, la posible ganancia de competencias que se podrían obtener trabajando. Pero otro motivo para explicar la mejoría entre generaciones es la universalización de la educación en la segunda mitad del siglo XX. De hecho, la ventaja de los más jóvenes es menor en países como Estados Unidos, donde la universalización educativa se produjo antes. En los países que expandieron sus sistemas formativos más tarde se aprecia una mayor diferencia entre generaciones.

Entre estos últimos se encuentra España. De los 29 países participantes en PIAAC, España es el cuarto en el que los jóvenes sacan más ventaja a los mayores en comprensión lectora. Los españoles de todas las edades están por debajo de la media de la OCDE, pero los jóvenes de entre 16 y 24 años son los que están más cerca de cerrar esa brecha. La disminución progresiva de la diferencia entre España y la media de la OCDE por edad nos guía a la siguiente conclusión: no se deduce que los jóvenes de hoy estén peor preparados que los de antaño. Es más, los datos sugieren lo opuesto.

La otra crítica que se oye es que a los jóvenes españoles de hoy les falta actitud. Esto es, por supuesto, algo aún más difícil de medir, por lo que quizá convenga enfocarse en unos de los indicadores que a menudo se utilizan como predictores en las ciencias sociales: la paciencia, o la capacidad de posponer las gratificaciones. Si los jóvenes tienen poca paciencia se esforzarán poco en lo que respecta a decisiones que les afectan a largo plazo. Por fortuna el año pasado se publicó una investigación que analiza preferencias y actitudes en distintos países (para ver patrones por generación tendremos que esperar a que se publique la base de datos). Una vez más, la realidad es más aburrida que la teoría. A pesar de que no somos tan pacientes como anglosajones y escandinavos, los españoles estamos a la cabeza de los países del sur de Europa, e incluso somos algo más pacientes que los japoneses.[4] No hay evidencia, pues, de que seamos particularmente impacientes.

En definitiva, las críticas a los jóvenes en función de su aptitud o actitud gozan de poco sustento empírico. El problema es que a menudo esta clase de argumentos copan el debate público y evitan la discusión de los problemas que sí tiene el sistema educativo español. Hemos revisado los éxitos, y ahora toca enfocarse en las características que deberían preocuparnos.

EL PRIMER PROBLEMA DEL SISTEMA EDUCATIVO: EL ABANDONO

Los éxitos de la universalización del sistema español no deberían hacernos olvidar los problemas que sí sufrimos. Tres de los más urgentes son: una alta tasa de abandono escolar, un número elevado de repetidores y una preocupante desigualdad. Empecemos hablando de la primera cuestión, el abandono escolar. El gráfico siguiente muestra el porcentaje de jóvenes de 25 a 34 años que se han graduado de la educación secundaria básica (ESO, en el caso de España), de secundaria superior (formación profesional de grado medio o bachillerato) o de un grado universitario u otro programa de educación terciaria.

En anteriores capítulos hablamos de los efectos perniciosos de la dualidad laboral en nuestro país. Ahora nos encontramos con una segunda dualidad, esta vez educativa. Un 34 por ciento de los jóvenes españoles solo ha cursado estudios de secundaria básica o inferiores, lo que nos coloca como el peor país de la Unión Europea; en la OCDE solo queda por debajo Turquía. Al mismo tiempo, el porcentaje de jóvenes con estudios universitarios es relativamente alto, un 41 por ciento, lo que nos coloca justo por encima de la media de la Unión. Es, en cierto sentido, paradójico. Lo habitual es que conforme un país se enriquece, aumente su tasa de estudiantes universitarios y se reduzca la de secundaria básica. Así lo observan Goldin y Katz en su libro. En general, el desarrollo trae una mayor escolarización y más demanda de graduados de educación postsecundaria y terciaria. Lo raro de España es que suceden ambas cosas a la vez.

GRÁFICO 6.1. Media europea del nivel educativo de los jóvenes (de 25 a 34 años).

Esta polarización —entre universitarios y jóvenes con la ESO— nos da pistas sobre los problemas que existen en nuestro sistema educativo. En Alemania el 58 por ciento de los jóvenes se encuentra en la banda central —con una educación vocacional posobligatoria, equivalente a nuestra formación profesional de grado medio—, mientras que en España ese grupo representa solo una cuarta parte de ese sector poblacional. Tenemos universitarios y gente que no pasó de la ESO. Una de las claves es, claro, nuestra elevadísima tasa de abandono escolar temprano.

GRÁFICO 6.2. Abandono escolar temprano en países europeos.

El abandono escolar temprano es el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que dejan de estudiar habiendo completado como mucho la ESO. Es el principal problema del sistema educativo de nuestro país. En los últimos diez años se ha reducido mucho, es cierto, pero España sigue en la cola de la Unión Europea (véase el gráfico 6.2). En 2016 el 19 por ciento de los jóvenes españoles tenía como nivel máximo la ESO, mientras que la media de la UE era del 11 por ciento.

Durante los años de bonanza, la proporción de abandono escolar se estancó e incluso llegó a crecer por la abundancia de oportunidades laborales para graduados de la ESO, sobre todo en el sector de la construcción, algo que ha documentado, entre otros, Ainhoa Aparicio-Fenoll.[5] Durante esos años, una oferta de trabajo en una obra suponía un salario atractivo que contribuyó a que muchos jóvenes, la gran mayoría chicos, salieran del sistema y no se volvieran a incorporar.

Algo aún más preocupante es lo que esconde la cifra de abandono. El indicador nos muestra tanto los que solo se han graduado de la secundaria obligatoria como los que no se han llegado a graduar, pero no nos dice cómo de grande es cada grupo. Como dice Fernández-Enguita,[6] los números se facilitan agregados porque en la gran mayoría de países europeos el porcentaje de jóvenes que no acaba la secundaria obligatoria es muy bajo. Por dar ejemplos, en 2013-2014 la tasa de abandono sin completar la secundaria básica era del 1,4 por ciento en Italia, 0,6 en Francia y un ínfimo 0,3 en Finlandia. ¿En España? Un 9 por ciento, según la Unesco.

Por lo tanto, cuando hablamos de abandono escolar en España hay que tener en cuenta que no se trata solo de casos en los que los estudiantes se descuelgan al acabar la ESO (y no acceden al bachillerato o a los ciclos de formación profesional de grado medio), sino de un grupo relativamente grande de jóvenes que abandona el sistema formativo antes de graduarse. En vez del famoso graduado en ESO, estos jóvenes reciben un certificado por haber cursado la secundaria, lo cual les presenta una barrera que les dificulta seguir en el sistema educativo, como veremos más adelante.

Por supuesto, nuestro problema de abandono escolar no surge de la nada. El aumento y el descenso periódico puede estar relacionado con el ciclo económico. Pero para analizar las posibles causas que lo mantienen en niveles superiores al resto de países de nuestro entorno hay que fijarse en el funcionamiento del sistema en su conjunto, en concreto a la repetición de curso y a la falta de políticas de refuerzo y detección temprana.

EL SEGUNDO PROBLEMA: LA REPETICIÓN COMO PUERTA AL ABANDONO ESCOLAR

El otro punto débil de nuestro sistema educativo es la repetición de curso. En 2012 un tercio de los estudiantes españoles de 15 años había repetido por lo menos una vez. Es una cifra elevadísima: de los 35 países de la OCDE solo nos superan Bélgica y Portugal. La tasa de repetición media en la OCDE es del 12 por ciento, la mitad que en España (véase el gráfico 6.3).

Mientras tanto, muchos políticos consideran que la repetición de curso es una política benigna e incluso justa. En teoría, la repetición sirve para aumentar el esfuerzo de los repetidores. Como repetir supone un coste muy alto para el estudiante (humillación ante amigos y familia, desmotivación por fracaso personal), la idea es que esto lo motivará a esforzarse más y lograr mejores resultados la próxima vez. Pero si esto todavía no funciona, se supone que la oportunidad de repetir tiene como beneficio la igualación del repetidor con el nivel del resto de estudiantes de su nuevo curso (y, también en teoría, permitir al resto de alumnos que sí aprobó seguir avanzando).

GRÁFICO 6.3. La repetición de curso en España y otros países europeos.

El problema es que esto a menudo no es cierto. Como dice Mariano Fernández-Enguita, jamás obligaríamos a un trabajador a repetir todo el trabajo del año anterior porque haya cometido algunos fallos. Es más, nos parecería del todo absurdo. Y sin embargo es exactamente lo que hacemos con nuestros jóvenes cuando suspenden varias asignaturas, lo cual supone un coste demencial tanto para ellos como para sus familias, el Estado y el sistema (un coste que la OCDE cifra en alrededor del 13 por ciento del gasto total en educación primaria y secundaria en España).[7]

Empecemos por los supuestos efectos benignos de la repetición. Existen evidencias empíricas de que esta no ayuda a mejorar las notas de los estudiantes ni a nivelarlos con el resto; es más, a menudo los perjudica. Hace unos años, el investigador australiano John Hattie llevó a cabo un metaanálisis exhaustivo de toda la evidencia existente para evaluar la efectividad de 138 políticas educativas. El resultado es un tomo de 400 páginas donde detalla y categoriza con gran cuidado las virtudes y desventajas de cada intervención. Para que se hagan una idea, en la clasificación de efectividad de esas 138 intervenciones, la repetición obtuvo el puesto 136. Solo cambiar de colegio o de zona y las horas permitidas de televisión tienen peores efectos sobre el aprendizaje de los estudiantes.[8]

Se podría alegar que quizá el contexto de nuestro país sea distinto y la repetición menos perjudicial. Por suerte tenemos también estudios que analizan el caso de España. Por ejemplo, Álvaro Choi y sus coautores utilizan datos de las pruebas internacionales PISA para mostrar que esta estrategia no solo no nivela, sino que está ligada a peores resultados académicos para los repetidores.[9] No son los únicos. El trabajo de José Ignacio García Pérez y coautores también encuentra que los alumnos que repiten curso acaban logrando unos resultados entre un 10 y un 24 por ciento inferiores a las que habrían obtenido de no haber repetido.[10]

Por si ello fuera poco, la repetición es una política a menudo arbitraria e injusta que se ceba con los más rezagados. En el último informe PISA salió a la luz que en España un alumno del quintil socioeconómico más bajo tiene una probabilidad 5,6 veces mayor de repetir un curso que un alumno del quintil más alto a igualdad de competencias en ciencia y lectura. Este dato nos sitúa a la cabeza no ya de la OCDE sino de todos los países de la muestra, incluyendo los invitados.

La explicación de por qué ocurre esto no está clara. Como nota la OCDE, no hay una relación directa entre la regulación de la repetición (los reglamentos que establecen cuándo se debe emplear y cuándo no) y su aplicación de facto. Al tratarse de una decisión a nivel de centro educativo, puede que esta brecha sea consecuencia de diferentes políticas tanto como de la distribución socioeconómica de los estudiantes en cada centro. Por ejemplo, en algunas comunidades autónomas, como Madrid, los niveles de segregación escolar son relativamente altos.[11] Esto significa que hay un gran número de escuelas donde los estudiantes comparten nivel socioeconómico. Si la aplicación de esta política varía según el perfil propio de la escuela, esto podría explicar las diferencias observadas en el informe PISA.

También es posible que la repetición tenga cierto componente de arbitrariedad, como documentan Caterina Calsamiglia y Annalisa Loviglio.[12] Las coautoras encuentran que los profesores tienden a poner notas a sus alumnos utilizando una distribución normal. Esto significa que un estudiante mediano sacará mejores notas en la evaluación interna del centro si está en una clase con malos estudiantes que si está con buenos estudiantes. En otras palabras, un alumno con un nivel cercano al aprobado podría repetir en una clase de buenos alumnos y pasar de curso si sus compañeros son algo peores.

Todas estas dinámicas alrededor de la repetición —la humillación, el tedio, los peores resultados académicos— son el preludio del abandono escolar,[13] por eso no es una sorpresa que haya investigaciones que encuentran una relación causal directa entre una casuística y la otra. Uno de los estudios más conocidos es el de Marco Manacorda, que analiza las consecuencias de la repetición en el sistema educativo de Uruguay.[14] Su conclusión es que los repetidores tienen menor probabilidad de haber acabado la secundaria cinco años después. También hay datos similares de Estados Unidos, que sugieren que la repetición tiene efectos especialmente perversos con respecto al abandono cuanto más mayores son los estudiantes.[15]

Pero repetición y abandono escolar no afectan a todos del mismo modo. Las estadísticas en nuestro país esconden desigualdades muy importantes. En España tanto la magnitud del abandono escolar como su evolución varía muchísimo dependiendo del quintil de renta del estudiante en cuestión. Para los del quintil más bajo, la tasa de abandono es del 43 por ciento, cuatro veces la tasa de los estudiantes del quintil más alto.[16] Por si ello fuera poco, desde que empezó la crisis el abandono escolar ha caído en todos los quintiles menos en el más pobre, que sigue a niveles de 2008, como se observa en el gráfico 6.4. Si en vez de renta utilizamos otros indicadores, como el nivel educativo de la madre, el resultado es el mismo. Solo un 3,7 por ciento de los hijos de madres con estudios superiores abandona de forma prematura el sistema educativo. La figura para los hijos de madres con estudios inferiores a la ESO es del 41 por ciento.

Una parte del problema es que faltan mecanismos para detectar pronto los problemas y ponerles solución con refuerzo. La LOGSE enfatiza la atención individualizada, pero los avances han sido pocos. A menudo los docentes no tienen recursos —sobre todo en términos de personal— para llevar a cabo programas de refuerzo para estudiantes vulnerables. Aunque España posee ratios de alumnos por profesor que rondan el promedio de la OCDE, las cifras han empeorado desde que empezó la crisis. Además, como cuentan Lucas Gortázar y Juan Manuel Moreno, el desequilibrio no ha sido homogéneo.[17] Las ratios han subido más en la educación pública, que concentra un porcentaje mayor de alumnos vulnerables. Esto es clave porque este aumento de alumnos por profesor suele perjudicar mucho más a los estudiantes de minorías y entornos desfavorecidos, como documenta Diane W. Schanzenbach.[18]

GRÁFICO 6.4. El abandono escolar lo sufren sobre todo los pobres.

Uno de los motivos de ello es que las familias acomodadas pueden ayudar a sus hijos si se quedan rezagados. Por ejemplo, Fabrizio Bernardi y Héctor Cebolla[19] encuentran que los estudiantes de clase alta tienen cinco veces más probabilidades de continuar la educación posobligatoria que los estudiantes de clase baja, incluso con igualdad de notas. Opciones como las clases de refuerzo privadas, los tutores particulares o los programas de verano no están al alcance de todos, lo que perjudica gravemente la equidad del sistema educativo.

EL MENÚ DE PROPUESTAS POSIBLES

Los problemas descritos obligan a buscar salidas para este equilibrio perverso. Como decíamos en capítulos anteriores, podemos pensar en los jóvenes como clase, pero sin perder de vista que no son un colectivo homogéneo. Existen grandes diferencias entre los que abandonan el sistema educativo antes de tiempo y los que logran pasar a la educación terciaria (de los problemas de estos últimos, como la sobrecualificación, ya hemos hablado). En este último apartado presentamos un menú de políticas que sobre todo están destinadas a ayudar al primer grupo, los estudiantes que se quedan por el camino.

Acabar con los muros y flexibilizar

Como dicen Fernández Enguita, Mena y Rivière,[20] un problema clave del sistema español son los callejones sin salida, que acaban en muros. Como mencionábamos antes, en España tenemos un segmento reducido de la población que cursa la postsecundaria (formación profesional media y superior), lo cual explica en parte nuestra dualidad educativa (tasas altas de abandono escolar y tasas altas de graduados universitarios). A lo largo de las últimas décadas el menor protagonismo de la formación profesional se ha achacado a varios motivos, entre ellos la idea de que carecía de prestigio. En un intento de dignificar este itinerario, las reformas de los años ochenta y noventa (que desembocaron en la LOGSE) cerraron la entrada a la formación de grado medio (la que se imparte en paralelo con el bachillerato) a los estudiantes que carecían del certificado de la ESO. También se cerró el paso a la formación profesional superior a los que no hubieran acabado el bachillerato, creando así dos muros. El primero para los estudiantes que no hubieran acabado la ESO, y el segundo para los que acababan la formación profesional de grado medio.

Por fortuna en 2016 se derribó uno de esos muros. La nueva regulación aprobada permite pasar directamente a la formación profesional superior habiendo acabado la media. Sin embargo, el otro muro, el que contribuye al cuello de botella que resulta el final de la ESO y a nuestra elevada tasa de abandono, sigue ahí.

Para cada problema de políticas públicas hay múltiples soluciones posibles. Una forma de eliminar este muro es pasar de un título de graduación como el que se entrega al final de la ESO a un sistema basado en las asignaturas aprobadas para dar más flexibilidad a los estudiantes rezagados (y, por qué no, también libertad a los estudiantes que quieran examinarse de asignaturas más avanzadas). Quizá el ejemplo más conocido de este modelo es el británico. En Inglaterra el acceso a la secundaria posobligatoria está ligado a una serie de certificados ligados a asignaturas (GCSE o General Certificate of Secondary Education).

Esta clase de sistema, como dice Lucas Gortázar, certifica el nivel de competencias alcanzado acorde con el currículo establecido y también contribuye a guiar el itinerario del estudiante a partir del fin de la educación obligatoria.[21] Si el estudiante consigue un nivel apropiado, podrá continuar las formaciones profesionales de grado medio o bachillerato. Si queda por debajo, podrá entrar en la formación profesional básica.

Sin embargo, hay otros modelos posibles que no renuncian a un certificado único de graduación, pero intentan acomodar a los estudiantes que abandonan el sistema. Finlandia, por ejemplo, ha optado desde pocos años atrás por priorizar en los criterios de admisión a sus escuelas vocacionales (el equivalente de nuestra formación profesional de grado medio) a los estudiantes que hayan abandonado el sistema educativo de forma prematura, conscientes de que es vital reengancharlos.

Eliminar la repetición (o acabar con el «mal espagnol»)

Aunque la repetición nos pueda parecer una parte natural de todo sistema educativo, lo cierto es que en muchos países o no existe (lo cual es menos habitual) o es algo testimonial. Por ejemplo, en Noruega, Suecia y Reino Unido hay una progresión de curso automática (en el caso de Reino Unido de facto), y en otros países del norte de Europa como Finlandia o Dinamarca el porcentaje de estudiantes que ha repetido una o más veces en primaria y secundaria es inferior al 5 por ciento (recordemos que en España es un tercio). La supervivencia (y resistencia) de la repetición en España se debe al sistema educativo de Francia, donde también ha sido un problema recurrente durante décadas. Desde fines de los años ochenta varios académicos galos incluso empezaron a referirse a la repetición como le mal français.[22] No en vano en 2003 eran campeones de Europa en ello, incluso por encima de España. Desde entonces, no obstante, sucesivos gobiernos de nuestro país limítrofe han hecho hincapié en la necesidad de disminuirlo. La administración de Hollande incluso llegó a casi prohibirla en 2015, limitando su uso a situaciones muy especiales como la interrupción de los estudios (por desgracia, parece que el gobierno de Macron va a dar marcha atrás a esta iniciativa).

Más allá de las particularidades de nuestro país vecino, la limitación o eliminación de la repetición es un posible camino a seguir para acabar con nuestro mal espagnol. Puede parecer una medida extrema, pero es la recomendación que la OCDE lleva haciendo a sus estados miembros desde por lo menos 2012. La repetición es una política cara, ineficaz, injusta y perjudicial para los estudiantes, como ya discutimos antes. Sin embargo, una regulación más estricta de la repetición solo resuelve parte del problema. La pregunta, en efecto, es cómo asegurarnos de que los estudiantes que habrían repetido se nivelen con el resto. La promoción de curso flexible o automática no resuelve los problemas de aprendizaje, ni mucho menos.

La respuesta consiste en combinar la limitación de la repetición con políticas que contribuyan a nivelar a los estudiantes durante el año escolar. Un primer paso es transitar de una repetición general a una modular, en que solo se repitan las asignaturas que se han suspendido. Esta es la fórmula de varios países anglosajones, como Canadá o Estados Unidos. Otros países, como Finlandia, limitan de forma muy estricta la repetición en la educación secundaria obligatoria, y le dan un formato muy distinto al que estamos acostumbrados. La idea es que si un estudiante acaba la secundaria obligatoria rezagado, tiene la opción de hacer un año adicional de refuerzo, durante el cual también recibirá orientación sobre las opciones que tiene a su disposición cuando acabe. Para la gran mayoría de los estudiantes, sin embargo, el modus operandi es evitar la repetición (que como ya dijimos es testimonial) a toda costa mediante la detección temprana de los problemas del estudiante y la atención individualizada. Sobre esta clase de programas (y sobre todo cuáles han demostrado su efectividad) hablaremos en detalle a continuación.

Clases de refuerzo e intervenciones socioemocionales

Parte de la solución a los problemas de abandono escolar del sistema español pasa necesariamente por la atención a la diversidad en las aulas. Transitar de la repetición a un sistema de promoción automática o casi automática no ayuda a nivelar a los estudiantes, tan solo evita perjudicarlos más. No obstante, para nivelar hace falta que tanto la identificación de los estudiantes que necesitan refuerzo como el refuerzo mismo se produzcan durante el año escolar, antes de que aquellos deban elegir entre dejar progresar a un estudiante muy rezagado y obligarle a repetir el curso entero.

Del menú de políticas a nuestra disposición, una de las más prometedoras para ayudar a los estudiantes rezagados son las clases de refuerzo individuales (o de tamaño reducido). Un programa reciente en las escuelas públicas de la ciudad de Chicago es un buen ejemplo de lo que se puede conseguir con ello. El programa se concentró en los grupos con más riesgo de abandono escolar del sistema estadounidense: adolescentes varones, de familias de bajos ingresos y de minorías étnicas. El 95 por ciento de los chicos del programa eran afroamericanos o hispanos, y más del 90 por ciento provenían de familias de entornos desfavorecidos. El programa incluía sesiones diarias de casi una hora con los chicos. Cada tutor tenía asignados a dos estudiantes, y la idea era que la mitad de cada clase se dedicara a trabajar en los puntos flacos de cada uno de ellos, y la otra mitad a lo que habían aprendido ese día durante las clases normales. Los tutores también usaban a menudo trabajos formativos para dar a los chicos atención individualizada y evaluar en qué estaban progresando y en qué necesitaban refuerzo. Las tutorías dieron muy buen resultado. Las notas de los alumnos al final del año mejoraron en 0,45 con respecto a la desviación estándar (lo cual es un resultado excelente para las intervenciones en política educativa), y la fracción de alumnos suspendidos cayó a la mitad.

Otra ventaja de esta política es que resulta muy efectiva para el coste que supone. El modelo de Chicago consistía en asumir que las habilidades y formación necesarias para ser maestro son muy diferentes de las que requería un tutor. Al tratarse de sesiones con uno o dos alumnos, cuestiones como individualizar la atención, proporcionar respuestas constantes o controlar a cada estudiante son mucho más sencillas. En otras palabras, ser tutor es más fácil que ser maestro. Es una conclusión poco sorprendente pero aun así relevante, porque significa que el conjunto de personas que puede desempeñar esa actividad es mucho mayor —lo opuesto suele ser un problema a la hora de reclutar maestros— y el coste mucho más bajo. De hecho, la mayoría de los tutores eran graduados universitarios que acababan de finalizar sus estudios.

Esta clase de intervenciones también se ha probado, con bastante éxito, en España. En 2005, durante el segundo año de gobierno de Zapatero, se lanzó el Programa de Acompañamiento Escolar (PAE), que consistía en financiar clases compensatorias para grupos de estudiantes rezagados y de familias con bajos ingresos. El año pasado los investigadores José Ignacio García-Pérez y Marisa Hidalgo-Hidalgo evaluaron el programa y los resultados son a la vez esperanzadores y tristes.[23] Esperanzadores porque el programa dio buenos resultados. Las puntuaciones de lectura de los estudiantes que formaron parte del programa aumentaron, mientras descendía la probabilidad de caer en la cola izquierda de la distribución. Además, los efectos aumentaban con el número de años que el colegio participaba en el programa. Tristes porque el programa fue eliminado en 2012, al entrar el nuevo gobierno. Es toda una ironía que se elija prescindir de los pocos programas que han contado con evaluaciones rigurosas positivas.

Por último, la última clase de intervenciones prometedoras son las que se centran en las habilidades socioemocionales. Preocuparse por estas es de gran importancia, pues el abandono escolar no está solo relacionado con los resultados académicos. A menudo el proceso de atraso del estudiante tiene que ver con las expectativas, el deseo de autonomía o lo atractivo que pueda resultar buscar trabajo comparado con el permanecer en el sistema educativo. Por lo tanto, las intervenciones socioemocionales también pueden tener un efecto importante sobre el futuro de los estudiantes.

En una revisión exhaustiva de los estudios que tenemos hasta la fecha, James Heckman y Tim Kautz se encuentran con que las habilidades socioemocionales son buenas predictoras de una serie de indicadores muy relevantes para el futuro de los jóvenes, como la tasa de empleo o los resultados académicos en la educación terciaria (incluso tan buenas predictoras como los exámenes que miden el aspecto cognitivo, como el cociente intelectual).[24] Por ejemplo, la asociación entre algunas de las llamadas «Cinco Grandes» (Big Five) habilidades socioemocionales (que son: responsabilidad o diligencia, apertura a nuevas experiencias, extroversión, afabilidad o capacidad de trabajar con otros y estabilidad emocional) y los años de escolarización, aun cuando se controla por inteligencia, es bastante alta. Otros estudios recientes van más allá y apuntan a relaciones puramente causales, postulando que las habilidades socioemocionales influyen en los resultados académicos.

Por ejemplo, hace unos años, en Portugal, se llevó a cabo una intervención piloto basada en habilidades socioemocionales que obtuvo excelentes resultados. El objetivo del programa era reducir el abandono escolar en secundaria, lo cual lo vuelve especialmente relevante para el caso de España. En esta intervención primero se identificó a un grupo de estudiantes de trece a quince años (tanto chicos como chicas) con riesgo alto de abandono temprano. Después se asignó un mediador a tiempo completo en cada colegio participante. Cada mediador tenía a su cargo de unos cincuenta a cien estudiantes con los que mantenía sesiones individuales o grupales para ayudarles a ponerse objetivos académicos y trabajar en técnicas como el autocontrol, métodos de estudio o gestión de la ansiedad. El programa se aseguró de que hubiera poca rotación y los mediadores de cada centro tuvieran una relación estable con los estudiantes (algo que aumenta la efectividad de esta clase de intervenciones). Además, las sesiones estaban separadas del horario académico habitual para así minimizar el estigma de tener que acudir a sesiones de refuerzo. Parece que funcionó. En una evaluación reciente, Pedro Silva Martins encuentra una reducción del 10 por ciento en la tasa de abandono escolar entre los participantes del programa.[25]

En cualquier caso, la conclusión es que las intervenciones que buscan mejorar las habilidades socioemocionales de los estudiantes pueden tener efectos positivos tanto sobre los indicadores a largo plazo como sobre los problemas más inmediatos (por ejemplo, el abandono escolar). Aunque en España existen menos ejemplos de programas exitosos, valdría la pena pilotar intervenciones que ya han funcionado en otros contextos similares.

Aumentar y estabilizar el gasto

Hay una cuestión ineludible: las políticas cuestan dinero. La mayoría de intervenciones de refuerzo con grupos reducidos de estudiantes son caras porque requieren más tutores o profesores. Pero también pueden ser muy efectivas. Si queremos más atención individualizada, el camino pasa necesariamente por aumentar la inversión. Hay quien dice que gastar más es inútil, ya que no suele tener efectos positivos. Y es verdad que durante las últimas décadas ha habido un debate intenso sobre si aumentar el gasto educativo por sí solo mejora los resultados. Uno de los ejemplos más famosos de políticas caras y poco efectivas es el programa One Laptop Per Child («un ordenador por cada niño»), que se popularizó en muchos países hace unos años (entre ellos España). Pero eso no significa que sea siempre así. El estudio más reciente, de C. Kirabo Jackson y coautores, encuentra que mejorar la financiación sí que puede tener efectos importantes, y que estos son más pronunciados para estudiantes de bajos ingresos.[26] Gastar más no es condición suficiente, pero en muchos casos sí necesaria.

También es clave la estabilidad del gasto. En España el gasto público en educación cayó casi un 17 por ciento entre 2009 y 2014 (creciendo en los dos años sucesivos), mientras que el número de alumnos aumentaba.[27] Estos vaivenes tienen dos consecuencias negativas: primero, ante la bajada de la inversión pública, las familias tienen que aumentar el gasto privado para compensar.[28] Esto afecta de forma negativa a la equidad, como decíamos en la sección anterior. Algunas familias pueden sufragar el gasto de esa bajada, mientras que otras no se lo pueden permitir. Segundo, los vaivenes en el presupuesto ponen en peligro cualquier política a largo plazo, porque suelen ser las primeras en desaparecer. Ya vimos antes que el Programa de Acompañamiento Escolar fue una de las víctimas cuando hubo que hacer recortes, a pesar de sus efectos positivos. La solución para esta clase de problemas puede pasar por un suelo de gasto educativo. Esto permitiría blindar la inversión cuando haya que hacer ajustes presupuestarios en tiempos de crisis.

En definitiva, cuando los críticos se quejan de que los jóvenes de hoy no reciben una formación como la de antes, tienen toda la razón. Es mejor. España ha conseguido universalizar la educación primaria y la secundaria en las últimas décadas partiendo de un retraso secular. La generación que hoy tiene entre 25 y 34 años tiene un nivel superior de competencias al de las generaciones anteriores (aunque no sepamos si es por la calidad de la enseñanza o por la expansión del acceso a ella). Sin embargo, eso no quita que tengamos problemas. Los tenemos, y muy graves. El más importante es el abandono escolar, que provoca que gocemos del paradójico y dudoso honor de tener un sistema educativo dual: combinamos una tasa de graduados universitarios relativamente alta con una tasa de jóvenes con solo el graduado de la ESO más alta aún. La práctica de la repetición de curso y las desigualdades entre quintiles de ingresos agravan el problema. Por suerte, muchos otros países han tenido que afrontar problemas similares, por lo que el menú de posibles opciones es amplio. Para reducir las desigualdades y mejorar los resultados de nuestros estudiantes, conviene flexibilizar los itinerarios para eliminar muros y callejones. También es necesario reconocer, como la mayoría de países europeos, que la repetición es una política ineficaz y a menudo injusta, y que no debería tener un lugar prominente en ningún sistema. Por último, los programas de refuerzo para estudiantes rezagados, tanto en tutorías reducidas como en temas socioemocionales, son políticas prometedoras para evitar que nuestros jóvenes perpetúen las desigualdades sociales de generaciones anteriores. Pero estos programas cuestan dinero, por lo que cualquier cambio de políticas pasa por un debate sobre el gasto público en educación.

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Un Estado del Bienestar de otra época

La Gran Recesión trajo a la primera página mediática otra crisis, la del Estado del Bienestar. Una visión bastante extendida de este fenómeno afirma que para los jóvenes nacidos alrededor de los años setenta las cosas fueron fáciles. Tenían un camino marcado: el Estado les aseguraba igualdad de oportunidades y les garantizaba que su esfuerzo sería recompensado. Pero esa realidad se habría truncado en algún punto entre 1970 y 1990. Con la globalización, los países habrían perdido su margen de maniobra para aplicar políticas redistributivas. Las pensiones dejaron de ser sostenibles y las políticas de protección de los trabajadores se debilitaron. Estos cambios fueron la consecuencia de un seísmo ideológico: en muchos países se eligieron políticos neoliberales que cambiaron las políticas públicas. Una serie de instituciones internacionales de carácter tecnocrático —la OCDE, el FMI, el Banco Mundial o la Unión Europea— influyeron sobre las administraciones nacionales para que abandonaran sus políticas de estímulo económico y de apoyo a los desfavorecidos. Para los jóvenes esos cambios trajeron precariedad: una enorme inseguridad económica. Emanciparse, formar una familia o tener un empleo estable eran aspiraciones inaccesibles, lo que generó una gran frustración.

No es difícil entender el éxito de esta visión de la crisis del Estado del Bienestar. En primer lugar, captura ideas que concuerdan con la realidad. El periodo de la posguerra supuso un fantástico progreso para las clases medias que contrasta con los problemas actuales. Y tampoco se puede negar que la globalización y los organismos internacionales juegan cierto papel en esta crisis. Además, esta visión ofrece un relato sencillo: señala un puñado de causas —la globalización, ciertas políticas— y permite señalar culpables a los que es fácil ponerles cara.

Existe una narrativa opuesta que se resume en una oración: el Estado gasta por encima de sus posibilidades. Se endeuda demasiado. Y al hacerlo introduce distorsiones e ineficiencias que impiden a los jóvenes y al resto de los ciudadanos desarrollarse en plenitud. El Estado del Bienestar sería el principal protagonista de estos gastos excesivos, y también la camisa de fuerza que limita el libre albedrío económico.

Pero la realidad tiende a ser más matizada, borrosa y compleja. Aquí ofreceremos una visión a la vez optimista y pesimista. Más optimista porque muchos cambios son positivos: las mujeres se han emancipado, podemos elegir con más libertad cómo vivir y disfrutamos de vidas más largas. Las ideas del Estado del Bienestar de la posguerra reposaba sobre concepciones distintas —respecto al papel de la mujer o a los modelos de familia, por ejemplo— que no tenemos por qué añorar. Pero esta visión es pesimista por el mismo motivo: aunque la crisis del Estado del Bienestar es (en parte) consecuencia de cambios positivos, sus problemas suponen retos reales.

EL ORIGEN DEL ESTADO DEL BIENESTAR

La construcción del Estado del Bienestar posterior a la Segunda Guerra Mundial se asienta en el acuerdo entre los partidos democráticos de izquierdas (en su mayor parte socialdemócratas) y los de derecha (democristianos) sobre los roles de Estado y mercado. Esto, sumado a las condiciones sociodemográficas y económicas del momento, permitió la construcción de una serie de instituciones que sirvieron para proporcionar una red de seguridad para el ciudadano sin parangón en la historia. Vale la pena detenerse un poco en la historia de este proceso para comprender después cómo y por qué la misma estructura ya no sirve como antes.

En 1945, Europa era un campo de ruinas. La guerra había puesto al continente de rodillas y los países se enfrentaban al reto de la reconstrucción. Las economías de mercado estaban rotas. El tejido empresarial había sido destruido por el esfuerzo bélico y, al mismo tiempo, un número enorme de excombatientes debían reincorporarse a la vida activa.

Políticamente, existía una relación de fuerzas entre un movimiento obrero fuerte y partidos de tipo socialdemócrata y democristiano (hablando de forma amplia), consolidados por la entronización del sufragio universal. Estos partidos tenían visiones parecidas del papel del Estado y el mercado. En el periodo de entreguerras, los países europeos habían sufrido tensiones políticas internas que, en la memoria colectiva, se percibían como responsables de la guerra. Estados Unidos ofrecía a sus aliados ayuda condicionada al mantenimiento de la estabilidad interna. Por último, las guerras han sido a lo largo de la historia un elemento que ha conducido a arreglos sociales más igualitarios. Por ejemplo, los politólogos Kenneth Scheve y David Stasavage han estudiado el proceso por el que se han desarrollado en el tiempo los sistemas fiscales y sugieren que el desarrollo de la fiscalidad progresiva está ligada de forma íntima con las guerras. Estas han demandado tradicionalmente un esfuerzo intenso en especial al trabajo, en forma de los miles de hombres que arriesgan su vida en el campo de batalla. Como contraparte natural, esto genera un sentimiento de solidaridad que produce que los ricos estén dispuestos a contribuir al esfuerzo con su renta. Para afrontar estos retos, socialdemócratas, democristianos y otras fuerzas políticas llevaron a los actores sociales a entender la importancia de lograr un compromiso de clase.

Este escenario se consolidó en una suerte de capitalismo coordinado.[1] El Estado adquirió un papel predominante con grandes empresas públicas. Algunos países como Francia plantearon incluso esquemas de «planificación suave» con el sector público, estableciendo objetivos de producción indicativos para distintos sectores. Para el Estado era sencillo coordinar la actividad económica porque el modelo de crecimiento no se basaba en la innovación, sino en replicar lo que ya se conocía y dejar atrás el retraso creado por la guerra. Las grandes empresas (públicas o no) y una economía en su mayor parte industrial servían de base para una mano de obra fuertemente sindicalizada, lo que facilitaba la coordinación salarial.

Un matiz fundamental a este balance a priori positivo es el papel de la mujer. Es frecuente olvidar que un pilar del Estado del Bienestar de la posguerra era la familia tradicional, algo que se siente aún en nuestros días. Tanto las políticas públicas como la organización de la economía empujaban a las familias a adoptar divisiones del trabajo tradicionales, con las mujeres dedicadas al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos, y los hombres al mercado laboral. Esta organización familiar y económica definía, además, un reparto de papeles que se contagiaba a otras áreas, de modo que la sociedad estaba muy segregada en términos de género.

Este modelo económico funcionó durante unas tres décadas. En primer lugar, Europa logró crecer a un ritmo mayor que Estados Unidos y tener niveles de desempleo más bajos. En segundo lugar, la situación de los jóvenes era satisfactoria. Cada generación vivía significativamente mejor que la anterior. Muchos elementos ligados al bienestar y al estatus social —la vivienda en propiedad, el acceso a un automóvil, vacaciones pagadas, electrodomésticos— se democratizaron. Las trayectorias profesionales eran un tanto predecibles y daban lugar a cierta estabilidad económica.

Pero, al mismo tiempo, el Estado del Bienestar funcionó porque en no poca medida descansó su peso sobre las mujeres. En definitiva, funcionó para ellos mejor que para ellas: gozaron de la estabilidad y las trayectorias profesionales continuadas sobre todo los hombres, mientras que las mujeres seguían luchando por incorporarse a la vida pública en plena igualdad de condiciones. En cualquier caso, en la recta final del siglo algo cambió en esa narrativa.

EL ESTADO DEL BIENESTAR EN CRISIS (O CÓMO MORIR DE ÉXITO)

El modelo económico de la posguerra dejó de funcionar en los años setenta. La dinámica virtuosa que conseguía mantener niveles bajos de desempleo e inflación se detuvo y llegó la llamada «estanflación». Los países se vieron obligados a aplicar recortes en sus Estados del Bienestar y frenar de repente su desarrollo. Esto suele atribuirse a la llegada al poder de políticos llamados neoliberales, como Reagan y Thatcher. Pero otros sucesos ayudan a completar la imagen: la estructura económica se movió de forma decisiva hacia un nuevo modelo, y al mismo tiempo se culminó una profunda transformación demográfica.

Como cuenta Barry Eichengreen en su historia de Europa,[2] las instituciones del capitalismo coordinado funcionaron muy bien para reconstruir el continente. El modelo de crecimiento era simple: para recuperar el terreno perdido con Estados Unidos bastaba copiar tecnologías existentes e incorporar mano de obra. Pero esa estrategia tenía fecha de caducidad una vez que la brecha tecnológica se cerrara. Las instituciones que habían soportado el sistema durante la reconstrucción —grandes bancos, negociación salarial centralizada, empresas públicas, sistemas educativos vocacionales— pasaron a ser el engranaje de lo que se ha llamado la «euroesclerosis», el crecimiento persistentemente más lento de Europa frente a Estados Unidos.

Una clave de este cambio fue la transición de una economía industrial a una basada en los servicios y el conocimiento. En Europa cada vez menos trabajadores fabricaban coches o lavadoras y cada vez más fueron empleados como médicos, camareros, abogados, administrativos o teleoperadores. Se dedicaron a tareas más intelectuales que físicas. Detrás de esto se esconden tres fuerzas: la entrada en la economía mundial de los países llamados emergentes (la «globalización»), un cambio en los patrones de demanda y las nuevas tecnologías: cuando los países se vuelven ricos, gastan menos en bienes industriales.

Desde 1980 el empleo industrial se ha reducido casi a la mitad en países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido o Italia. En España el porcentaje de trabajadores del sector pasó del 35 al 21 por ciento entre 1980 y 2015. En comparación con hace sesenta años, cualquier país desarrollado gasta menos en muebles o coches y más en sanidad, educación o entretenimiento. Además, a partir de los años ochenta, países como China y la India se abrieron al comercio internacional. Su estrategia era exportar bienes de poco valor añadido fabricados con mano de obra poco cualificada y barata. Pero en este proceso, más incluso que la demanda o el comercio, ha sido decisiva la tecnología: muchos trabajos, como el obrero en la línea de ensamblaje, han sido sustituidos por máquinas. Una cantidad importante de trabajos industriales son automatizables y pueden hacerlos máquinas programadas de forma previa.

Estas tres fuerzas —globalización, tecnología y demanda— han transformado la economía con respecto a la época de la posguerra. Si en el pasado los empleos del sector industrial aseguraban para muchos un acceso a la clase media, en la economía posindustrial los empleos tienden a estar más polarizados. Los que ni son automatizables ni pueden llevarse a otro país están muy bien pagados (abogado, empleado de banca, profesor) o muy mal pagados (empleado de una empresa de limpieza, camarera). Las empresas del sector servicios son además más pequeñas, y eso resta poder a sus sindicatos comparado con la capacidad de movilización que tendrían dentro de grandes empresas industriales. Por último, una economía caracterizada por la innovación constante produce que en el mercado los productos sean sustituidos sin cesar por unos nuevos, algo que se traduce en una mayor inestabilidad tanto de los puestos de trabajo[3] como de los salarios.[4]

A la dimensión laboral y económica del problema se une la demográfica. El Estado del Bienestar de la posguerra se apoyaba sobre dos pilares: una población de trabajadores suficiente para mantener a los inactivos (sobre todo jubilados) y un modelo de familia tradicional. Ambos pilares se tambalearon en la segunda mitad del siglo XX.

Un aspecto fundamental del Estado del Bienestar es la medida en la que redistribuye entre generaciones. Por la naturaleza de cómo están organizados los impuestos y los gastos, los jubilados son beneficiarios netos y los jóvenes contribuyentes netos. Este contrato implícito de solidaridad generacional es sensible a la demografía: su sostenibilidad depende de que exista cierto equilibrio entre el número de jóvenes activos y de mayores inactivos.

GRÁFICO 7.1. Un país que envejece. Comparativa de la situación en España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

La demografía del tercer cuarto del siglo XX permitía que este contrato de solidaridad intergeneracional resultara poco gravoso, pues había un gran número de jóvenes en relación con los mayores. Hoy la situación es distinta. El porcentaje de jubilados con respecto a la población en edad de trabajar (la tasa de dependencia) y la edad mediana son dos indicadores claves. Como muestra el gráfico 7.1, desde 1960 la población mayor de 65 años ha pasado de ser poco más del 12 por ciento en los cinco grandes países de Europa occidental a superar el 16. En el caso de España ese cambio ha sido aún más drástico, pasando del 8 a más del 20 por ciento. En ese mismo periodo, la edad mediana ha aumentado en más de diez años: ha pasado de los treinta años en 1960 a superar los 43 en 2017. Tendencias parecidas se observan en Francia, Alemania, Italia o Reino Unido.

Estos cambios han hecho que los términos del pacto intergeneracional que sostenían el Estado del Bienestar se hayan modificado de forma sustancial. No solo el equilibrio de ingresos y gastos se tambalea, sino también el equilibrio político. El ciudadano que se encuentra en el punto mediano de la distribución hoy es diez años mayor que en los años sesenta, y por ello tiene intereses políticos (y preferencias de gasto) diferentes. Por ello, suele hablarse a menudo del problema del envejecimiento. Sin embargo, entender el envejecimiento como tal resulta una visión incompleta, porque lo que hay detrás de este es la caída de la fertilidad y el aumento de la esperanza de vida, hoy vivimos aproximadamente diez años más que a finales de los años cincuenta.

En cuanto a la caída de la fertilidad, las mujeres en España llegaron a tener de media tres hijos en los años sesenta y setenta, pero hoy en día tienen menos de uno y medio. En ausencia de movimientos migratorios, cada generación será más pequeña que la anterior, y tenderemos a decrecer en población. El tamaño de un país no es ni bueno ni malo, pero en un esquema en el que las generaciones se mantienen las unas a las otras, estos desequilibrios generan tensiones en la solidaridad mutua.

Lo que se esconde tras el descenso de la fertilidad es una de las causas más significativas de la historia social desde la revolución industrial: la incorporación en masa de las mujeres al mercado de trabajo. Como muestra el gráfico 7.2, durante el periodo de la posguerra las mujeres entraron en él poco a poco pero de manera inexorable. Como cabía esperar, no lo hicieron con uniformidad en todos los países: mientras que los países escandinavos, como Suecia o Dinamarca, lideraron el proceso, los mediterráneos han ido por detrás.

GRÁFICO 7.2. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo.

España es un caso de éxito relativo. En 1980 este era el país de la Unión Europea en el que una proporción más baja de mujeres trabajaba, con menos de un 32 por ciento. En 2010, en cambio, aun siguiendo por debajo de la media, la participación femenina se había multiplicado por dos y era más alta que la de Italia, Grecia, Bélgica y comparable a la de Japón, Irlanda o Francia, aunque aún muy por detrás de los países escandinavos.

Que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la caída de la fertilidad ocurran al mismo tiempo no es casual. Ambas son las piezas de un cambio más amplio: el del tipo de familia que predomina en los países industrializados y el del papel de la mujer en la sociedad. Mientras que las mujeres de la generación de la Segunda Guerra Mundial se dedicaban en su mayor parte a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos, las del baby boom se incorporaron al mercado de trabajo. La carrera profesional pasó a ser parte de su identidad, y eso las llevó a pasar más tiempo en el sistema educativo. Esto permitió a su generación, y también a la nuestra, lograr un grado de autonomía personal sin precedentes, lo que llevó a su vez a elegir familias más pequeñas que exigieran menos tiempo dedicado al ámbito doméstico. Por eso, al igual que el aumento de la esperanza de vida, la caída de la fertilidad está ligada a algo que consideramos positivo.

Desde luego, este fue un avance en gran medida normativo. La conquista del espacio público por parte de las mujeres se corresponde con una visión feminista y progresista que apuesta por un mundo con roles de género simétricos. Frente a esto, los conservadores preferían un equilibrio más parecido al inmediatamente posterior a la guerra, basado en políticas natalistas y una familia tradicional y que revirtiera el «problema» del envejecimiento a cambio, por supuesto, de negar los avances en la libertad individual de las mujeres y relegándolas al ámbito doméstico. Por eso, y en tanto que el Estado del Bienestar tradicional se ha basado a lo largo de la historia en esta estructura tradicionalista, parece claro que para seguir avanzando en la vía progresista hace falta reconstruirlo para que, ahora sí, se adapte a las expectativas de las nuevas generaciones en un marco de igualdad de género.

Sin embargo, la acción política y social no es la única causa de la progresiva emancipación de la mujer. Una de las pioneras de la economía feminista, Barbara Bergmann, lo expresaba de esta forma:

La liberación de la mujer del mundo exclusivamente doméstico no tuvo su origen en los libros feministas, en una guerra, o en una gran inflación, aunque estas cosas contribuyeron a su progreso. La incorporación de la mujer al mundo del trabajo remunerado es una consecuencia directa de la revolución industrial [...]. Esta revolución ha producido un incremento sostenido de la productividad del trabajo femenino en el mundo desarrollado. [...] La clave de la emergencia de las mujeres es que el precio de su tiempo ha aumentado hasta volverse demasiado valioso para ser pasado completamente en el hogar.[5]

Claudia Olivetti y Barbara Petrongolo muestran que el cambio estructural en la economía hacia los servicios es, de lejos, la fuerza más importante detrás del viraje histórico en el papel económico por parte de las mujeres.[6] Pero también documentan que fue acompañado por otras grandes innovaciones de las sociedades posindustriales. Al tiempo que el trabajo de las mujeres se volvía más valioso en el mercado laboral, este también se hizo más abundante gracias a la tecnología. El tiempo necesario para mantener un hogar se redujo de forma drástica tras la llegada y democratización de los electrodomésticos. El coste de la maternidad se volvió también mucho menor. Aunque las mujeres aún siguen teniendo muchos problemas en el mercado de trabajo, la aparición de los anticonceptivos mejoró la capacidad de control sobre su cuerpo, así como tomar decisiones sobre la maternidad más adaptadas a las necesidades de su carrera profesional. La maternidad tiene hoy además un impacto mucho menos prolongado gracias al desarrollo de sustitutos de la lactancia materna y a los avances médicos que han minimizado la duración de los efectos posparto. Este aumento de la productividad doméstica liberó el tiempo de las mujeres. La división tradicional del trabajo pasó a quedar obsoleta.

Estos cambios estructurales hicieron emerger una nueva estructura de oportunidades. Las familias y los gobiernos de las sociedades occidentales se adaptaron, cambiando de mentalidad, de hábitos y de políticas. Las instituciones que regulaban el orden antiguo se fueron desmantelando. El empleo femenino fue despenalizado, el divorcio y el aborto se legalizaron y se diseñaron políticas de conciliación. Poco a poco, y a pesar de las grandes diferencias que aún hoy persisten, la sociedad cambió.

EL CASO ESPAÑOL

El mundo es distinto hoy, y nuestro país también. Son muchos menos los que trabajan en fábricas, y eso ha socavado el poder protector de los sindicatos. Son muchos más los que pasarán tiempo entre libros, pero ir a la universidad ya no parece ser la garantía de un empleo estable como lo era para nuestros padres. También serán más los que no decidirán casarse y, si lo hacen, no lo estarán para siempre o no tendrán hijos. Estos cambios son irreversibles, y han hecho que el Estado del Bienestar que los jóvenes heredaron de sus padres, junto con sus conquistas sociales, se hayan vuelto en cierta medida obsoletos. Las políticas que los protegían han dejado de funcionar.

Pero también hay dos buenas noticias. La primera es que todos estos cambios son consecuencias directas de nuestro progreso como sociedad. La segunda es que aunque el Estado del Bienestar quizá haya quedado obsoleto, podemos desarrollar uno nuevo que preserve las ganancias del pasado y afronte los retos del futuro.

GRÁFICO 7.3. Impacto redistributivo del gasto público.

Se dice a menudo que el Estado del Bienestar en España es poco redistributivo. Pero es una información inexacta. El Estado del Bienestar sí redistribuye, el problema es que lo hace en un sentido determinado y no hacia los jóvenes. Una forma de medir la redistribución que pone en funcionamiento el Estado consiste en comparar la desigualdad de la sociedad antes y después de que aquel actúe. La desigualdad de renta suele medirse con el índice Gini, que toma valor 0 cuando la renta se reparte con total igualdad y valor 100 cuando el conjunto la renta la retiene una sola persona. Por lo tanto, una forma de medir la redistribución es comparar el Gini antes de las transferencias y después. Si este número es alto, el gasto público estará generando mucha igualdad; y si es muy bajo, estará generando poca. Esos datos revelan que el Estado del Bienestar en España se ha mantenido como uno de los menos redistributivos de su entorno.

Pero si nuestro Estado del Bienestar redistribuye poco, ¿qué hace? ¿Alivia la pobreza y ayuda a proteger a los más débiles al menos? La respuesta es sí. Pero no ayuda por igual a los desfavorecidos de todos los colectivos. El gráfico siguiente muestra la eficacia del gasto social en España y otros países a la hora de reducir la pobreza relativa de niños, jóvenes y personas mayores. España es uno de los países menos eficaces en ello, sobre todo con los niños y los jóvenes.

GRÁFICO 7.4. Cuánto reduce la desigualdad el Estado.

Los malos resultados reduciendo la pobreza infantil y juvenil de España contrastan con sus logros reduciendo la de los jubilados. Solo Austria, Dinamarca, Francia y Holanda son más efectivas en eso. Una pregunta inmediata que se plantea es si esto ha sido siempre así o, por el contrario, es reciente. Como vimos en capítulos anteriores, la pobreza tiene una nueva cara, más joven. Y eso mismo se observa en estos datos.

Como se puede comprobar en el gráfico 7.5, el Estado del Bienestar español no ha sido nunca muy efectivo reduciendo la pobreza infantil y juvenil. Durante la crisis las carencias de estos grupos aumentaron sin que el gasto público lograse hacer demasiado. Pero no ha ocurrido lo mismo con el gasto dedicado a los jubilados: desde 2005 y durante la crisis las transferencias han servido para reducir la tasa de riesgo de pobreza de los mayores de 65 años. Esta mejoría es en parte relativa: el sistema no necesitaba mejorar los ingresos de este grupo para reducir su tasa de riesgo de pobreza, bastaba con mantener su renta. Mientras, el resto de la sociedad se empobrecía más en comparación con ellos. Esto sucedió así porque el riesgo de pobreza es una medida relativa, es decir, consiste en tener unos ingresos inferiores al 60 por ciento de la renta mediana. Pero es que, además, el colectivo de jubilados ha mejorado sus ingresos durante la crisis en términos absolutos. En general las prestaciones han mantenido su poder adquisitivo, pero al mismo tiempo las pensiones medias han aumentado porque los nuevos jubilados han accedido al retiro con pensiones más altas.

GRÁFICO 7.5. Impacto del gasto público sobre la pobreza.

Los efectos de la crisis sobre la renta y la pobreza de jóvenes y mayores son en parte una consecuencia de la cantidad de recursos dedicados a cada colectivo. Es un reflejo de la estructura de nuestro Estado del Bienestar, que está diseñado así: el presupuesto y los políticos que lo gestionan son más sensibles a las necesidades de los jubilados. Esto fue especialmente cierto durante la crisis económica, cuando los recursos fluyeron de forma natural para proteger a los jubilados de forma prioritaria.

La politóloga Julia Lynch diseñó un indicador de las prioridades de gasto de distintos Estados del Bienestar.[7] El índice consiste en un ratio entre la suma ponderada de distintas partidas de gasto.[*] Por un lado, se divide el gasto en sanidad y en pensiones por la población mayor de 65 años. Por otro lado, se divide también el gasto en políticas activas de empleo y en seguro de desempleo por el número de desempleados; el gasto en políticas familiares por el número de niños menores de 16 años; el gasto en vivienda por la población total. Ponderar la suma captura cómo la magnitud de distintos colectivos afecta a las «necesidades» de gasto social, corrigiendo por población. Por ejemplo, si dos países le dieran el mismo peso a todos sus ciudadanos, uno con más parados gastaría más en seguro de desempleo, y uno con más jubilados, en pensiones y sanidad. El ratio se puede usar como una aproximación para establecer comparaciones entre países (¿qué país es más generoso con los mayores en comparación con los jóvenes?), y a lo largo del tiempo (¿ha cambiado un país sus prioridades?).

Aplicando la fórmula de Lynch a España, se observa que este siempre ha sido uno de los países que ha otorgado menos peso a la población joven en comparación con la más mayor. Esta tendencia, además, ha aumentado a lo largo de la crisis. Esto sugiere de qué manera el Estado del Bienestar ha protegido más a los jubilados que a los jóvenes y los niños: es una consecuencia directa de las prioridades de gasto.

Un problema con el indicador de la orientación por edades del gasto social es que su agregación es bastante arbitraria. De alguna forma, hemos sumado y dividido magnitudes que no necesariamente son comparables. No sabemos muy bien de dónde viene el cambio relativo: todo está dentro de una caja negra. Por eso es útil examinar cada uno de sus componentes por separado. Resulta que la parte del león de nuestro Estado del Bienestar se concentra en los recortes en las partidas de gasto de las que los jubilados no se benefician (vivienda, subsidio de desempleo, políticas activas), y en mantener estables o aumentar aquellas que les afectan más, como la sanidad y las pensiones.

Para abrir esa caja negra, es también útil observar los componentes del índice de Lynch ponderados en función de la población que más se beneficia de ella: los jubilados para las pensiones, los jóvenes para la educación, etcétera. Lo que los datos indican es que, mientras que la parte de la mayoría de gastos se redujeron durante la crisis, el aumento que la parte del PIB por jubilado gasta en pensiones es el principal responsable. Esta es, además, una particularidad española.

El Estado del Bienestar en España no redistribuye hacia los que más lo necesitan. En nuestro país las transferencias de renta no son como Robin Hood, sino más bien como el sheriff de Nottingham: dan más a los que más tienen y, con ello, contribuyen a ampliar la desigualdad. Puesto que se trata de un Estado contributivo, lo que reciben los individuos está ligado a su contribución y a su participación en el mercado laboral. Sin embargo, esta última es desigual: los sueldos son desiguales y, sobre todo, el acceso al empleo es desigual. El Estado del Bienestar refleja esa desigualdad, sobre todo a través del sistema de pensiones.

En teoría, el Estado del Bienestar permite estabilizar la renta frente a cambios externos. Es un paraguas para los periodos económicamente lluviosos en los cuales los ciudadanos no pueden enfrentarse al mercado, como la vejez o el desempleo. Pero en España el paraguas no cubre a todos por igual. La crisis económica lo ha demostrado. Entre 2005 y 2015 la renta de los pensionistas se mantuvo particularmente estable gracias al papel asegurador del Estado. Dado que el umbral de pobreza depende de la renta mediana, al caer esta, la de los pensionistas pasó a estar por encima. No ocurrió lo mismo, ni mucho menos, con otros colectivos que tuvieron que absorber el golpe y fueron desplazados a la pobreza. Los datos que hemos visto muestran que el paraguas tiene agujeros, y las goteras caen principalmente sobre los niños y los jóvenes.

LAS RAÍCES DEL FUTURO: UNIVERSALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD, IGUALDAD Y SOCIALIZACIÓN DEL CUIDADO

Nuestro Estado del Bienestar es una herencia del pasado. Está concebido para responder a problemas de un mundo distinto al de hoy. Tiende a proteger a los mayores —que fueron en verdad un colectivo vulnerable en el pasado— en buena medida a costa de los jóvenes. Detrás de eso se encuentran instituciones y dinámicas políticas enraizadas en el diseño de nuestra democracia. Los jóvenes además son cada vez un grupo menos numeroso y tienen que soportar una parte mayor del gasto en sanidad y pensiones, lo que amenaza la sostenibilidad del contrato social entre generaciones.

El sistema está en crisis porque ha dejado de funcionar y tiene efectos perversos. Pero eso no debe dar a entender que está condenado o que sea inevitable una sociedad sin Estado del Bienestar. La igualdad de oportunidades sigue siendo una aspiración legítima.

La primera elección a tomar por parte de los organismos correspondientes será entre universalidad y medidas enfocadas a colectivos concretos. Si hay un colectivo en una situación de riesgo, ¿por qué no proponer políticas dedicadas por completo a él, en lugar de intentar una reforma más profunda y de calado estructural del sistema y que lo haga más inclusivo? La primera razón es que la experiencia en otros países muestra, por el momento, que los Estados del Bienestar universales, que permiten el acceso no restringido a sus beneficios al conjunto de la población, tienden a funcionar mejor en el plano redistributivo. Aquellos que, por el contrario, intentan definir con claridad quiénes son los segmentos más vulnerables tienen, por lo general, más problemas para fomentar las igualdades horizontales (entre una misma generación) y verticales (intergeneracionales). Por supuesto, una combinación de ambos no es para nada descartable: el Estado del Bienestar universal por excelencia, Suecia, emplea ampliamente ambas herramientas. Pero aquí se trata de definir el marco general de una reforma estructural, y los principios universalistas casan mejor con las necesidades de inclusión y reconstrucción de pactos interclase e intergeneracionales.

Hay una segunda variable, de orden político, a favor de la universalidad. Suele pensarse que el mejor uso de los recursos dedicados a la redistribución es su concentración en los que más lo necesitan. Sin embargo, aunar el gasto social solo en un segmento de la población minoritario no generará el suficiente apoyo a una iniciativa como esta.

Tomando de nuevo el caso de las políticas familiares, la reducción de la pobreza infantil parece ser una emergencia social, y en la medida en que la cantidad de recursos disponibles es escasa, parece sensato pensar que debería priorizarse la ayuda a las familias pobres, por ejemplo, mediante un sistema de transferencias monetarias a aquellas parejas jóvenes que prueben estar en situación de emergencia social. Aunque la tercera parte del libro profundiza sobre la sostenibilidad política de las posibles medidas contempladas, cabe adelantar aquí que un punto flaco de esta iniciativa es que tal vez no perdure en el tiempo, porque este no es un problema del ciudadano medio y la clase media dicta la agenda política, de modo que, a la hora de elegir, el programa no subsistirá. Una alternativa es una red de guarderías de acceso garantizado. Gracias a una medida de este tipo, los españoles quizá tendrían más hijos, las mujeres encontrarían más facilidades a la hora de sostener una carrera laboral estable, y en algún momento el acceso al cuidado pasaría a ser percibido como un derecho. Al mismo tiempo, las personas que trabajen en el sector del cuidado infantil se convertirán en un grupo de presión.

Queda todavía otra razón a favor de la universalidad. El sistema de bienestar español no está diseñado sobre un principio universalista, sino sobre una base contributiva: la financiación de la Seguridad Social está basada en las contribuciones de los trabajadores, y el acceso a un gran número de servicios públicos depende de la participación en el mercado laboral, como el derecho al subsidio de desempleo en el número de años cotizados. En la época en que en Europa el desempleo era un fenómeno marginal, este sistema se sostenía muy bien. Sin embargo, con un paro de masas y un mercado laboral dual la situación es distinta. El principal problema es que en la medida en que las trayectorias laborales son muy desiguales, este sistema las reproduce y amplifica. En España esta desigualdad posee un componente generacional: como se ha visto en el primer capítulo de este bloque, el desempleo es particularmente alto entre los jóvenes, y estos tienen empleos menos estables. Según la lógica contributiva, las desigualdades en cómo los trata el mercado laboral se traducen en desigualdades en el acceso al Estado del Bienestar.

Pero la universalidad también tiene sus límites. Por seguir con el ejemplo anterior, la reacción natural de un individuo al oír hablar del establecimiento de una red de guarderías de acceso universal es la de pensar que un proyecto de este tipo nunca será viable. Después de la crisis económica, el Estado tiene que reducir su deuda y nunca podrá asumir un coste de esta magnitud.

Con seguridad, una condición para la sostenibilidad de una reforma es el respeto de las reglas de la aritmética presupuestaria. Por tanto, cualquier reforma deberá ir acompañada de una dotación presupuestaria adecuada, financiada bien con un aumento de los impuestos o bien un recorte de otros gastos. Cómo esto se lleve a cabo será algo a decidir de forma colectiva, como sociedad.

Pero hay un argumento a favor de priorizar el gasto en los jóvenes que es menos político y, si se quiere, económicamente más ortodoxo. A la hora de evaluar la sostenibilidad financiera del Estado, un principio contable básico es que se trata de forma distinta el gasto del consumo y la inversión. Para el consumo, el gasto y el beneficio ocurren a la vez. La inversión se caracteriza por un gasto inicial muy alto que se recupera a lo largo de muchos periodos. Una consecuencia de ello es que, para no generar desequilibrios financieros, el consumo debe financiarse con impuestos en el momento en que se realiza, pero la inversión puede financiarse al principio con deuda e irse pagando conforme vaya generando beneficios. Cuando se trata de comparar un aumento en el gasto de los sueldos de los funcionarios (consumo) o en la construcción de carreteras (inversión), es habitual pensar que un aumento de la deuda debido al primero es preocupante, pero no debido al segundo. Esta misma distinción se puede aplicar al Estado del Bienestar.

El premio Nobel de economía James Heckman ha dedicado su carrera a defender una idea: la eficacia de las transferencias de renta a una persona dada decrece conforme esta se hace mayor. La infancia y los primeros tres años de vida son un momento crucial en la vida de una persona, cuando forma sus habilidades y los rasgos de su carácter. Estos son los que después se traducen en desigualdades en las trayectorias vitales y de clase. La literatura académica sobre el impacto de las políticas de inversión en la primera infancia es, además, una de las más sólidas del conjunto de las ciencias sociales. Las consecuencias de esta idea son revolucionarias para cómo pensamos en las políticas sociales.

En primer lugar, si consideramos cómo orientar el gasto de una forma eficiente, lo que muestra esta investigación es que es más barato hacerlo en los primeros años de vida de su beneficiario. Tanto desde el punto de vista del crecimiento como de la desigualdad es mejor gastar en guarderías que en educación secundaria; mejor en educación secundaria que en educación superior o en el seguro de desempleo; mejor en el seguro de desempleo que en las pensiones. Esto es así porque las desigualdades se forman en los primeros años de vida y luego se amplifican. Las trayectorias a lo largo del ciclo vital van separándose cada vez más, y esa separación crece a medida que avanzamos hacia la vejez.

En segundo lugar, hay ciertos gastos que se pagan por sí mismos. El gasto en guarderías o en ayuda a las familias jóvenes frente al gasto en pensiones tiene el efecto de mejorar la situación de una persona en el momento en que se forma. No obstante, no habría ninguna razón para preferir a los niños o los jóvenes frente a los jubilados. Sin embargo, si invertir en la infancia tendrá el efecto de crear trabajadores más productivos, estos pagarán más impuestos el día de mañana. Lo mismo ocurre con las políticas que ayuden a garantizar la inserción laboral de los jóvenes y de las mujeres y las que fomenten la natalidad: todas ellas contribuyen a aumentar la capacidad y el número de personas que en el futuro contribuirán a las arcas públicas. Tiene sentido pensar en ello como una inversión, no como un gasto en consumo.

Tratar las pensiones como prioridad, como hizo España durante la crisis, o en pie de igualdad con la inversión en jóvenes, es ignorar que son estos últimos los que tienen hijos y contribuirán el día de mañana con sus impuestos. Esto ha llevado al sociólogo Gosta Esping Andersen a acuñar un lema: la reforma de las pensiones debe empezar con los niños. Priorizar la inversión en estos, en la reducción de la pobreza infantil y juvenil y en la inserción laboral de las mujeres es la clave de bóveda para salir airosos de la trampa demográfica.

Ahora bien, este movimiento tendrá, en efecto, un mayor coste comparativo a corto plazo que se dejará sentir entre las capas de edad más avanzada de la población. Es imprescindible mantener un equilibrio y, sobre todo, desarrollar el principio con una aproximación gradual para evitar una corrección excesiva, que se notaría con particular intensidad en la siguiente recesión, llegue cuando llegue.

Un tercer pilar complementario a los anteriores (universalización y sostenibilidad) es la socialización del cuidado, íntimamente ligada a la igualdad. Existen tres instituciones fundamentales en la sociedad que asignan recursos: los mercados, las familias y el Estado. El Estado del Bienestar mediterráneo está organizado de forma subsidiaria al papel de las familias: intenta complementar aquello que estas no alcanzan a hacer, y toma como dada la organización de las mismas. Pensando en la manera en que están planteadas muchas políticas, como el sistema nacional de dependencia, las políticas familiares o educativas, nos damos cuenta de que están diseñadas como transferencias de rentas que se dejan al arbitrio de las familias para que estas las gestionen según sus necesidades.

A lo largo de la historia, este arreglo fue criticado por reforzar el papel secundario de la mujer en la sociedad y fomentar una división tradicional del trabajo. Así, si queremos que en las nuevas generaciones dejen de existir sobrecargas hacia las mujeres en el seno familiar, las políticas públicas no pueden seguir siendo diseñadas asumiendo que las familias harán el trabajo de administrar los recursos. Si ese principio es el que preside las intervenciones públicas, en la medida en que distintas familias se enfrentan a distintos riesgos, el gasto público no reducirá, sino que ampliará las desigualdades. Por ello, para remediar estos problemas el Estado debe asumir el cuidado de niños y mayores como un servicio fundamental que no debe depender de las diferencias familiares.

En un marco más general, el Estado del Bienestar del futuro tendrá éxito solo si se diseña teniendo en cuenta el papel de vanguardia histórica que están llamadas a jugar las mujeres de nuestro tiempo. Sin conciliación de la vida familiar y modelos de familia en los que los hombres se involucren por igual que sus parejas en la vida doméstica, no tendremos tasas de empleo femenino comparables a las de aquellos, lo que supondrá un fracaso colectivo al reto de reformar el Estado del Bienestar.

Por desgracia, aún hoy existen muchos obstáculos a la plena incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Esto es evidente en la carga desproporcionada que aún soportan las mujeres en las tareas domésticas.[8] Las políticas que intentan alcanzar la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida social, pero sobre todo en el económico, no son solo un fin en sí mismas, sino también un medio para lograr un Estado del Bienestar sostenible. Una de las grandes víctimas de la dualidad laboral son las mujeres: en un mercado dual, perder el empleo tiene consecuencias dramáticas, pues es muy sencillo ser despedido y particularmente difícil acceder a la estabilidad del empleo indefinido. Por tanto, el efecto de interrumpir la carrera, algo inevitable para muchas mujeres por los efectos de la maternidad, es gravoso en especial.

Todas las ideas anteriores pueden sintetizarse en una sola: para que el Estado del Bienestar del futuro pueda cumplir nuestras expectativas, los jóvenes, las mujeres y sobre todo los niños deben estar en el centro de la estrategia de gasto. Los principales objetivos deben ser combatir la pobreza infantil y juvenil, promover la formación de familias y la sostenibilidad demográfica y potenciar la igualdad entre hombres y mujeres para que estas desarrollen todo su potencial económico.

Puede parecer paradójico abogar tanto por fomentar la natalidad como por reforzar el papel económico protagonista que tendrán las mujeres en el futuro. Al fin y al cabo, el cambio en el papel y las aspiraciones económicas de las mujeres es una de las dos grandes fuerzas que explica el cambio en nuestra demografía. Sin embargo, esto es un falso dilema siempre y cuando se proponga un sistema de bienestar que facilite la libre decisión en pie de igualdad por parte de todos los individuos. Hay dos datos demográficos que apoyan esta idea. En primer lugar, aunque son los países con mayor participación laboral femenina los que tienen menos natalidad, dentro de cada país, y en España en particular, esto no es así: las mujeres que trabajan son las que tienen hijos. En segundo lugar, lo que muestran los datos es que las familias tienen menos hijos de los que les gustaría tener. Criar niños es costoso, y tienden a ser las parejas con más recursos, aquellas en las que los dos miembros trabajan, las que pueden permitirse tenerlos. Esto sugiere que existe margen para darle la vuelta a las tendencias demográficas sin ir en contra de las elecciones vitales de las mujeres y los hombres, y que aumentar la participación femenina tendrá un efecto positivo sobre la natalidad.

EL MENÚ DE PROPUESTAS POSIBLES

En este capítulo hemos esbozado los principios que podrían guiar las reformas de nuestro Estado del Bienestar: servir mejor a los jóvenes, corregir los sistemas de redistribución para hacerlos más igualitarios y más eficientes, y potenciar el nuevo papel económico de las mujeres. Ahora cabe preguntarse qué tipo de medidas concretas derivan de estas ideas. Hay muchas posibilidades, pero aquí van cuatro de ellas.

Una mejor política de natalidad

Habrá a quien las políticas de fomento de la natalidad le parezcan parte de la agenda política conservadora. Y algunas en verdad lo son. Medidas como que la mujer se quede en casa criando hijos o fomentar una descendencia muy numerosa así lo son. Pero las políticas de natalidad pueden ser de lo más progresista y equilibrada en términos de igualdad de género.[9]

Habrá quien diga que tener hijos o no es una decisión personal. Habrá incluso quien diga, parafraseando al ex primer ministro canadiense Pierre Trudeau (padre del actual), que el Estado no tiene hueco en las habitaciones de la nación.[10] Y aunque es cierto que tener hijos o no es una decisión personal, la baja natalidad es un problema colectivo. Y el verdadero problema colectivo —e individual— es que se tengan menos hijos de los que se querría. Tomar medidas para que la realidad y el deseo se ajusten lo más posible en nada atenta contra la idea de libertad individual que se esconde detrás de la frase de Trudeau. Lo ideal sería disponer de opciones para tener todos los hijos que se quieran.

Si pensamos en políticas natalistas en España es probable que lo primero que venga a la mente sea el famoso «cheque bebé», la ayuda de 2.500 euros por hijo nacido o adoptado que se implantó entre julio de 2007 y diciembre de 2009. En su momento la medida fue criticada desde muchos frentes. Y no es para menos. Este tipo de política de transferencias directas a las familias para ayudar en los costes derivados de tener hijos no siempre es la mejor de las posibles. Son bastante costosas y sus efectos sobre la fertilidad son débiles o cuanto menos poco claros. Es obvio que una ayuda puntual puede venir bien para hacer frente a los gastos inmediatos del nacimiento de un bebé, pero no cambia las tendencias de fecundidad de un país. Teniendo en cuenta que un hijo es para toda la vida, es difícil pensar que alguien se decida a tenerlo por 2.500 euros.

Los efectos del «cheque bebé» sobre la natalidad no son fáciles de estimar porque se implementó cuando empezaba la crisis, pero sí parece que hubo un ligero aumento en los nacimientos, como muestra Libertad González en un artículo publicado en la American Economic Journal.[11] Según su investigación, ni el consumo ni el ahorro cambiaron de forma sustancial en los hogares que recibieron la ayuda. Pero lo que sí se produjo fue un efecto colateral sobre el empleo de las madres, porque las que recibieron la ayuda retrasaron la vuelta al trabajo. Tal vez esto fuera positivo para los hijos, que disfrutaron durante más tiempo de los cuidados informales de sus madres, pero lo que resulta menos claro es que no penalizara a las mujeres a nivel laboral o que no contribuyera a amplificar las diferencias de género.

Dar 2.500 euros por el nacimiento de un hijo o, en tiempo más reciente, campañas publicitarias para fomentar la natalidad, son algunas de las políticas emprendidas por los gobiernos españoles de los últimos tiempos.[12] Pero no son las únicas, y de hecho hay muchos tipos de políticas posibles para frenar la caída de la natalidad: desde ventajas fiscales para las mujeres o para las familias con hijos, hasta modificar los horarios escolares y laborales para facilitar la conciliación familiar. El menú de opciones políticas es muy amplio. Hay algunas que han funcionado en otros países y que nos deberían dar la pista de hacia dónde mirar.

Por fortuna existe una considerable cantidad de investigación sobre los beneficios que tienen ciertas políticas familiares. El gasto en primera infancia es especialmente rentable, tanto en términos económicos como de justicia social. No obstante, y de forma paradójica, la primera infancia es la parte del ciclo vital en la que el Estado invierte menos. Las políticas familiares, en la medida en que reducen la pobreza y fomentan el empleo femenino y la natalidad, aparecen entonces como una oportunidad, una cuestión que debe estar en el centro de cualquier reforma y que tal vez está destinada a convertirse en un nuevo pilar del Estado del Bienestar. Las políticas que para un país como España deberían ser prioritarias tienen que ver con el mercado de trabajo como, por ejemplo, los permisos de paternidad y el cuidado formal en los primeros años de vida.

Porque hay que tener en cuenta que no todas las políticas familiares son iguales. Solo aquellas que busquen complementar los nuevos modelos de familia tendrán éxito. Un artículo reciente de Olivetti y Petrongolo publicado este mismo año repasa la investigación sobre política familiar y muestra que no todo lo que solemos pensar como tal tiene necesariamente los efectos que nos gustaría ver.[13] Por ejemplo: la educación infantil, de la que hablaremos a continuación, tiene efectos muy positivos no solo sobre la redistribución, sino sobre la participación femenina. Lo mismo no puede decirse de las bajas por maternidad tal y como están diseñadas, por ejemplo, en España. Se trata de una política asimétrica para hombres y mujeres, de forma que potencia el papel principal de los primeros en la esfera profesional y de las segundas en la doméstica. Sobre todo, una gran parte de la baja no está remunerada. La estructura dual del mercado de trabajo hace que despedir a muchos trabajadores sea particularmente sencillo, y volver a encontrar trabajo justo al contrario, de modo tomar la baja por maternidad (o paternidad) es una actividad de alto riesgo. Por ello, una opción de reforma debería ser la de crear permisos de paternidad iguales, remunerados e intransferibles.

En algunos países se dan ayudas a las mujeres para que se queden en casa cuidando a los hijos hasta los tres años. En Finlandia, por ejemplo, este modelo parece haber funcionado bien. Pero este no es quizá el mejor sistema para España. Estas medidas que entrañan pagar por cuidar a los hijos amplifican las diferencias de género y dificultan la reinserción de las mujeres en el mercado de trabajo después de ser madres.

En España, de hecho, la preferencia por el modelo de hogar igualitario es clara. La mayoría de los jóvenes prefieren que tanto hombres como mujeres participen en el mercado laboral. Cuando se les pregunta por su modelo de hogar ideal, un 93,2 por ciento prefiere que ambos trabajen fuera de casa.[14] El modelo tradicional, por el contrario, es muy minoritario y básicamente se prefiere por parte de los jóvenes sin estudios. Solo un 5 por ciento preferiría que trabaje el hombre y la mujer se ocupe del hogar y del cuidado de los hijos. Hoy día la mayoría de mujeres y hombres jóvenes quieren conciliar vida personal y familiar. El rol de las primeras en la sociedad ha cambiado mucho, pero también está cambiando el rol de los segundos con respecto a la paternidad.[15] Por eso, las propuestas más convincentes y que recibirían más apoyo social tendrían que estar encaminadas a hacer compatible la vida profesional y personal de ambos progenitores.

A la hora de definir la estructura de los permisos es necesario tener en cuenta al menos tres aspectos clave. Primero, la extensión del permiso, es decir, su duración en semanas o meses. Segundo, la proporción del salario que reciben los que se acogen a él. En algunos casos son permisos del todo remunerados, mientras que en otros el pago es solo parcial. Por ejemplo, en Italia la duración es bastante larga: diez meses para las madres, pero solo seis son pagados. Hay que tener en cuenta que está relativamente aceptado en la literatura especializada que los permisos largos (mayores de dos años) tienen un efecto más bien negativo para el empleo femenino, porque las mujeres ven más difícil volver a él. Quizá, para fomentar la natalidad y establecer un equilibrio razonable, sería mejor dar más dinero (un tanto por ciento mayor respecto al salario) aunque sea durante un periodo más corto. En España, los permisos son de dieciséis semanas para las madres y de cuatro para los padres. Ambas cifras están en la parte baja de la clasificación europea, por lo que tal vez el objetivo en nuestro país debería estar más cerca de ampliar un poco la duración manteniendo la actual remuneración del cien por cien.

El tercer aspecto clave, y quizá el más importante para asegurar el fomento de la igualdad, es la transferibilidad o no de los permisos. Es posible definir en una ley que cada miembro de la pareja tiene derecho a un número determinado de semanas, con una «bolsa» adicional transferible entre ambos. O es posible también fijar el número final recibido por cada miembro de la pareja, sin posibilidad de cambios. En octubre de 2016 se aprobó en el Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) en la que se instaba al Gobierno a la reforma de estos permisos. En la PNL parecía haber un acuerdo entre los grupos en ampliar la duración de los permisos y equiparar los del padre y la madre. Donde no hubo acuerdo fue precisamente en si los permisos deben ser intransferibles entre uno y otro. El argumento a favor de que sean intransferibles es que cuando no lo son, el hombre no se atiene a ellos, y el peso de los cuidados sigue recayendo sobre la mujer. Al menos a eso parece apuntar toda la evidencia internacional. Existe una gran penalización laboral (y sobre todo social) hacia un hombre que se toma muchos meses de permiso de paternidad. Se le considera menos comprometido con el trabajo. Pero esa misma penalización social no existe para la mujer, o si existe es mucho menor.

De hecho, si el objetivo es terminar con esa discriminación, cambiar las reglas del juego parece un buen inicio. Por tanto, la zona de equilibrio estaría en unos permisos relativamente generosos, y con una mayor parte, si no la totalidad de los mismos, intransferibles dentro de la pareja. Por último, se opte por la intransferibilidad o no, resultaría mucho más sencillo adaptar la estructura de los permisos a las nuevas formas de familia (matrimonios formados por personas del mismo sexo, madres y padres solteros, etcétera), pues el tiempo disfrutado debe ser independiente del sexo de la persona.

Escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años

Como decíamos antes, la educación infantil tiene efectos muy positivos tanto para la participación laboral de las mujeres como para los propios hijos. De hecho, la disponibilidad de buenos servicios de cuidado y educación infantil es de las medidas que más impacto positivo poseen sobre las tasas de fertilidad.[16] La educación entre los 0 y 3 años no solo facilita que los padres (padre y madre) puedan encontrar una fórmula de conciliación laboral. Además, la escolarización temprana tiene efectos positivos en términos redistributivos y para el propio desarrollo cognitivo de los niños, sobre todo para los de un origen social menos favorecido.[17] Por supuesto, la educación formal en los primeros años de la vida no suple por completo —y no debe hacerlo— los cuidados y la estimulación de los niños, pero ayuda a mitigar desigualdades sociales a lo largo del ciclo vital. Los sociólogos Héctor Cebolla, Jonas Radl y Leire Salazar han mostrado que la escolarización preescolar es la etapa del ciclo educativo que más iguala las oportunidades de los individuos, y lo hace porque es el tramo en el que más se acortan las diferencias de partida.[18]

En España ha habido grandes avances en la cobertura educativa de los niños de entre 0 y 3 años durante las últimas dos décadas. Tanto que, hoy por hoy, tenemos cobertura casi universal a los 3 años (en concreto del 96 por ciento). La media de la OCDE, en cambio, es de casi veinte puntos menos. Para los niños de entre 0 y 2, España tiene una tasa de matriculación de en torno al 40 por ciento, un poco superior a la media de la OCDE.

Pero no todo son buenas noticias. Quizá el principal problema de la educación preescolar en España sea el de la desigualdad. Como mostraba Florentino Felgueroso, la probabilidad de que un niño esté matriculado en una guardería varía muchísimo dependiendo de su nivel socioeconómico.[19] En 2009, la brecha de matriculación entre niños cuyas madres tenían educación terciaria y las que solo tenían la ESO era de 30 puntos a los 2 años (y 35 al primer año). Por eso es importante que las políticas de apoyo a la educación infantil estén focalizadas hacia los colectivos que más lo necesitan.

En España ha habido algunos ejemplos. Durante el gobierno de Zapatero hubo una serie de iniciativas para ampliar tanto el número de plazas como la calidad de la oferta para los niños de entre 0 y 3 años. La más importante fue el Plan Educa3, un programa lanzado por el Ministerio de Educación que subvencionaba la creación de plazas públicas de guardería (cofinanciadas por las comunidades autónomas). Esto contribuyó a que entre 2008 y 2011 las plazas públicas aumentaran un 75 por ciento. Por desgracia, el programa se eliminó durante los recortes de 2012, y nunca llegamos a saber del impacto que tuvo. Lo que sí conocemos es que estas desigualdades siguen constituyendo un problema actualmente. En 2016, la tasa de matriculación de niños menores de 3 años era del 63 por ciento entre las familias del quintil más alto de renta, y entre las del quintil más bajo era apenas de un 26 por ciento.[20]

Volver a un equilibrio generacional

La idea del Estado del Bienestar reposa sobre un cierto equilibrio demográfico entre generaciones que permite que estas tomen prestado las unas de las otras. En la práctica, esta es una justificación central para que el Estado actúe mediante, por ejemplo, la educación, la política familiar o el fomento del empleo femenino para compatibilizar los derechos y libertades de los jóvenes de hoy con la de los del futuro. Al fin y al cabo, los universitarios de hoy son los pensionistas de mañana y estos a su vez son los desempleados potenciales de ayer. A cada persona le llegará el momento de beneficiarse del sistema en algún punto.

Por eso es preocupante que se rompa ese equilibrio entre generaciones. Existen razones para pensar que la falta de atención a los jóvenes en las prioridades de gasto es una consecuencia directa del desequilibrio demográfico y el diseño de nuestras instituciones políticas y redistributivas. A medida que la base de la pirámide de población se va estrechando y la población envejece, el peso político de las generaciones mayores va creciendo. Además, la existencia de canales bien desarrollados como las pensiones y la sanidad hace particularmente sencillo para los políticos poder complacerlos.

Parece entonces deseable pensar en algún modo de detener esta inercia política e institucional. Esto significa que la lógica con la que se revalorizan las pensiones debe tener en cuenta el impacto que ejerce sobre las demás generaciones y no solo la estabilidad del poder adquisitivo de los jubilados. Esto es justo lo que intenta hacer la introducción del llamado «factor de sostenibilidad de las pensiones», que entrará en vigor en 2019. Lo que pretende esta idea es ligar la demografía —la esperanza de vida, la natalidad— al gasto en pensiones.

Las políticas de ingresos mínimos

El aumento de la pobreza juvenil e infantil en España durante la crisis ha puesto sobre la mesa la necesidad de adoptar políticas que, yendo más allá de los canales tradicionales, ataquen el problema de la pobreza de forma explícita: son las llamadas políticas de ingresos mínimos. Su objetivo es garantizar un mínimo de supervivencia, con independencia de todo lo demás.

En las propuestas de estas políticas existe una tensión entre dos trampas de las que escapar: la de la inactividad y la de la pobreza. Garantizar una fuente de renta externa al mercado, plantean algunos, crearía grupos enteros de personas que vivirían excluidos del ámbito laboral sin aportar nada a la sociedad. Si decidieran incorporarse, no tendrían los incentivos adecuados porque su renta caería. Por eso, para superar la trampa de la inactividad, los defensores de esta visión sugieren vincularlo a la participación en el mercado laboral.

En el otro extremo se encuentran las propuestas de renta básica que critican que el enfoque de complementar el salario dejaría muchos huecos. En particular, no garantizaría la emancipación respecto al mercado de trabajo, y sobre todo no cubriría a los parados. Su objetivo es por tanto superar la trampa de la pobreza por encima de la de inactividad.

Entre estos dos extremos existen combinaciones intermedias. Un caso de relativo éxito es el del País Vasco. En 1989, el gobierno vasco instauró la Renta de Garantía de Ingresos. Su objetivo es precisamente ese: garantizar ciertos ingresos mínimos, pero respetando ciertas condiciones (no rechazar ciertos empleos, por ejemplo). Sara de la Rica y Lucía Gorjón encuentran que su impacto ha sido muy positivo, y las consecuencias negativas (sobre la búsqueda de empleo, por ejemplo), mínimas.[21]

Las propuestas de reforma del Estado del Bienestar suelen encontrar oposición. A menudo se piensa que supondrán necesariamente un recorte de derechos. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Si el contrato social del futuro es el de una sociedad justa, parece una buena idea repensar los términos en que reparte la carga a lo largo del ciclo vital. Gastar más en los jóvenes, en las mujeres y en los niños, y dar menos peso relativo (mas no absoluto si se incrementa el gasto total) a los mayores. Esto es tanto un problema de justicia, de elección política, como de eficiencia. Uno puede tener opiniones sobre si una generación importa más que otra, o ser más sensible a las necesidades de los jóvenes o los mayores. No hay ninguna razón definitiva para pensar que es mejor que cada generación reciba más en un periodo que en otro. Pero además del argumento a favor de la juventud la reforma del sistema de bienestar se trata en no poca medida de un problema de gastar nuestros recursos de modo que se garantice su viabilidad. Progresar hacia un modelo que haga compatible el papel económico de las mujeres, la emancipación de los jóvenes y una demografía saludable es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, uno que no podemos dejar de afrontar.

La combinación entre equidad y eficiencia, el equilibrio entre ganadores, perdedores y sostenibilidad a largo plazo, no son ni mucho menos asuntos exclusivos de la reforma del Estado del Bienestar, sino que afectan a cualquier reforma. También a las relacionadas con el sistema educativo, o con la estructura del mercado laboral, y la relación entre ambas. Todas las propuestas vertidas en las páginas anteriores están sometidas a las limitaciones propias de un sistema democrático abierto. Es el objetivo de la segunda parte de este libro enmarcar los conflictos sociales y económicos en la inevitable y necesaria lucha política.

Tercera parte

POLÍTICA

8

El bloqueo

La primera parte de este libro se ha centrado en los problemas de los jóvenes. Hemos visto qué está mal, por qué y cómo podría cambiarse. Los jóvenes se encuentran ante un muro que condiciona toda su vida. Se hace evidente en el mercado laboral, aunque se levantó antes, ya en el paso por el sistema educativo. Ese muro no es igual de alto para todos. Hay jóvenes mejor equipados para enfrentarse a él —mejor formados, con carreras con mejor acceso al mundo laboral o simplemente con una familia acomodada que les sirve de red de contactos y seguridad—. Si queremos derribar ese muro no basta con conocer las soluciones que serían necesarias, hace falta además que exista un equilibrio político que las lleve a cabo: los jóvenes tienen que participar, organizarse y lograr que sus demandas se escuchen y cuenten. Los capítulos que siguen están dedicados a esta cuestión: ¿es posible ese equilibrio político que necesitan los jóvenes?

La economía política se centra en detectar los intereses que hay detrás de cada iniciativa pública. Busca, por ejemplo, los motivos por los que se adoptan ciertas regulaciones o leyes. Se asume que, en general, una política tiene ganadores y perdedores (o, al menos, que unos ganan más que otros). Hay por tanto actores a favor de que se lleve a cabo y otros que prefieren mantener el statu quo, que las cosas queden tal y como están. Es difícil encontrar esas excepciones en las que todo el mundo está satisfecho con un cambio regulatorio. Con frecuencia, el objetivo de los decisores públicos es que haya más ganadores que perdedores. Sin embargo, no se puede esconder que una cosa es el tamaño de la tarta y otra cómo se reparte. Todos estamos de acuerdo con que haya más a repartir —más trabajo, más vacaciones, más crecimiento—, pero la distribución será siempre objeto de disputa.

El politólogo Adam Przeworski afirma que para alcanzar las «altas cumbres» del crecimiento hay que pasar por el valle de la reforma.[1] El objetivo de las reformas que hemos discutido en capítulos anteriores es aumentar el bienestar agregado a largo plazo. Un contrato único combinado con un seguro de desempleo generoso, por ejemplo, mejoraría la asignación de recursos en la economía sin que los trabajadores perdiesen renta. Un Estado del Bienestar más sostenible, universal e inclusivo haría más sólidas las trayectorias vitales de los individuos. Los trabajadores serían más autónomos y también menos vulnerables en los momentos de crisis. De hecho, según la experiencia escandinava, la combinación de todos estos factores da como resultado precisamente una red de seguridad completa que ayuda a los trabajadores a equilibrar mejor el bienestar personal y la construcción de una carrera profesional, algo que redunda en la productividad empresarial. Por último, los beneficios agregados de las mejoras en el sistema educativo y de los cambios y estímulos en la demanda agregada para contar con un mayor tejido productivo hablan por sí solos.

Sin embargo, hay un segundo punto en común a estas reformas: un reequilibrio entre generaciones, de tal manera que un reparto más equitativo de la tarta no solo redunde en una mayor justicia, sino que también haga sostenible el modelo en su totalidad y pueda resultar en un mayor bienestar total. Si todo fuesen ganancias y nadie perdiese nada, no habría dilema alguno, y tal vez ni siquiera sería necesario escribir esto. La idea es que los jóvenes pasen a ser ganadores en un sistema en el que hoy son los más perjudicados, en particular aquellos que se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad, pero también en relación con sus compañeros de generación. Eso significa que hay otros que saldrán perdiendo, al menos a corto plazo.

Normalmente una estructura regulatoria o institucional se mantiene vigente porque beneficia a alguien con la capacidad para mantenerla. Por lo tanto, un primer paso para poder hilvanar una alternativa de cambio coherente, más allá de las propuestas repartidas en distintos ámbitos, es entender cómo actúan estos puntos de bloqueo. De este modo, este capítulo se centra en identificar las coaliciones ganadoras actuales que actúan como agentes a favor del statu quo. Como se verá, son unas coaliciones de intereses que, hasta cierto punto, se solapan. En los siguientes capítulos se intentará mostrar si las actitudes políticas, los agentes y la fractura política actual abre vías posibles para superar dicho bloqueo.

EL BLOQUEO EN EL MERCADO LABORAL

El dilema central en torno al cual se estructura la regulación del mercado laboral, y que se expresa como en ningún otro aspecto en la definición de condiciones para la contratación y el despido, es la tensión entre flexibilidad y seguridad. Para el empresario, la flexibilidad tiene la ventaja de que le permite ajustar sus plantillas cuando y como mejor le convenga, de acuerdo con las variaciones en la demanda, con su deseo de renovar a sus trabajadores o con sus preferencias por modificar los modos de producción hacia una mayor inversión en capital y tecnología. El perjuicio para el trabajador está claro. No solo por el riesgo de caer en el desempleo, sino también por su pérdida de poder negociador frente al empresario. La seguridad garantiza, por el contrario, que estos mismos empleados tendrán un horizonte de futuro más nítido y por tanto una mayor motivación. Además, y quizá igual de importante, al empresario le resultará más difícil negociar condiciones laborales a la baja con aquellos que ya estén sujetos a su protección. Los beneficios de obtener un ingreso seguro son obvios para él, por supuesto, aunque la empresa sea menos adaptable. Al fin y al cabo, la flexibilidad solo beneficia al trabajador si este está lo bastante formado como para competir en un mercado abierto.

En este dilema entre flexibilidad y seguridad, las instituciones proporcionan algún tipo de acuerdo, un punto de equilibrio en el continuo de opciones posibles. En un extremo se sitúa la seguridad completa, con un alto nivel de protección del puesto de trabajo: despedir es caro, y por ende contratar también es una decisión difícil. En el otro está la flexibilidad total, en la cual el capital puede mover al trabajador a su antojo a lo largo y ancho de la estructura productiva. Contratar es tan sencillo como despedir. Entre ambos puntos ideales están los grises.

El coste del despido no es, en todo caso, el único mecanismo que hay para proteger a los trabajadores. También existen los seguros de desempleo y, en general, las transferencias de renta. Esto hace que las múltiples posibilidades regulatorias del mercado de trabajo puedan resumirse en un esquema con dos ejes. En el eje vertical se representa el dilema entre flexibilidad y seguridad propio de los costes y las trabas del despido. Es decir, en el extremo superior se apuesta por proteger el puesto de trabajo. Por otro lado, el eje horizontal determina el nivel de protección de los ingresos del trabajador, en especial a través de transferencias generosas, duraderas e inclusivas durante los periodos de desempleo. Mezclando ambos, y siguiendo a la politóloga Kathleen Thelen,[2] puede obtenerse una división de cuatro arquetipos.

GRÁFICO 8.1. Cuatro posibilidades regulatorias, según el nivel de protección contra el despido y de los parados una vez despedidos.

El primer modelo, en el cuadrante superior derecho, representa un sistema de protección completa. En él, tanto la red de ingresos como la rigidez del mercado son elevadas. En el extremo contrario, abajo a la izquierda, se encuentra la opción totalmente liberal. En ella, contratar y (sobre todo) despedir es sencillo, y además el individuo desempleado queda con escaso amparo. Estados Unidos es, tal vez, el ejemplo más cercano al modelo liberal, mientras que la protección completa encuentra pocos correlatos en el mundo actual de las economías desarrolladas. Apenas hay países con una economía abierta (al comercio internacional y a las variaciones en la inversión privada) y, al mismo tiempo, que regulen por completo la situación de los trabajadores.

El compromiso entre redistribución y crecimiento se ha ido moviendo fuera de este gráfico 8.1, que al fin y al cabo ilustra tipos ideales. Hay que pensar que aquellos países que regulaban con dureza el despido y además ofrecían una ventajosa situación a los desempleados lo hacían desde la posguerra, es decir, antes de la crisis de los años setenta y de la incorporación de la mujer y de la generación del baby boom al mercado laboral. De ahí que la aparente inclusividad fuese un espejismo que dejaba fuera a importantes sectores sociales. A medida que estos cambios demográficos y estructurales se pusieron en marcha, la mayoría de las economías de Europa continental cayeron en alguno de los dos cuadrantes de modelos mixtos. En el extremo superior izquierdo, despedir (y contratar) es caro, pero la cobertura al parado no es particularmente generosa. Este es el posicionamiento típico de países como España, donde, como exponíamos en el primer capítulo, la regulación contra el despido llegó con fuerza, pero sin estar acompañada de una red de seguridad equivalente para los desempleados. Italia es otro caso similar. Por último, en el cuadrante inferior derecho, la regulación laboral es tímida, pero la cobertura por desempleo es generosa. Este es, en efecto, el ámbito de la flexiseguridad, con Dinamarca como caso más citado.

Pero la verdad es que estos son solo, como hemos dicho, arquetipos. En realidad, España no es un ejemplo puro de regulador sin compensación para los parados. La situación real es de segmentación o dualidad: es cierto que la protección contra el despido es relativamente alta en comparación con nuestros homólogos europeos (menos desde las reformas emprendidas durante la última crisis, que lo han colocado un poco por encima de la media de la OCDE), pero el mayor hecho diferencial es el uso excesivo por parte de las empresas de los contratos temporales. Algunos trabajadores mantienen cierta protección frente al despido, pero un 30 por ciento de la masa laboral no tiene ninguna. Al mismo tiempo, la generosidad del seguro de desempleo está a la par con países de nuestro entorno, si uno es un parado de mediana edad que sale de un empleo indefinido de larga duración y con perspectivas de encontrar un nuevo trabajo pronto. Sin embargo, dista de ser lo bastante generosa como para cubrir el alto nivel de rotación y paro de larga duración presente en el país.

La inmensa mayoría de administraciones, al margen de dónde se ubiquen en el cuadrante, presentan cierto grado de dualidad. Esto es cierto para Dinamarca, donde los migrantes poseen un estatus sustancialmente más precario que la mayoría de trabajadores nacionales. En los Países Bajos, otro caso de flexiseguridad citado a menudo, el empleo a tiempo parcial está poblado sobre todo por mujeres. Alemania es un caso aún más claro de esa dualidad, donde los conocidos minijobs hacen las veces de contratos precarios. Es decir: el diferencial español es una cuestión de grado, y se da porque su historia de dualidad regulatoria en combinación con su altísimo paro estructural deja al país en una posición particularmente frágil.

Esta dualidad en la política económica del mundo laboral es profundamente dañina para quien se encuentra del lado equivocado del sistema. El sociólogo y economista francés Eric Maurin utiliza el término «desclasamiento» para referirse al conjunto de riesgos económicos, sociales (pérdidas de estatus, exclusión) y psicológicos (autoestima, relación con el entorno) que acompañan a la pérdida de empleo. Maurin hace hincapié en que la percepción del desclasamiento depende en esencia de lo doloroso que resulte el desempleo. Es decir, de cuál sea su duración esperada y de la diferencia de renta que haya entre tener trabajo y no tenerlo. Cuando esta percepción es particularmente negativa, y por tanto el miedo al desclasamiento es mayor, es normal que emerja la resistencia a cualquier cambio que, en potencia, pueda aumentar su riesgo. Dicho de otro modo; la demanda social de protección al empleo crece en paralelo a lo dañina que se perciba su ausencia.

Este hecho tiene la capacidad de hacer que la estructura dual se refuerce a sí misma. En los años noventa el economista francés Gilles Saint-Paul consolidó una visión que hoy es más o menos compartida por toda la economía política laboral: la distinción por la cual los trabajadores con puestos estables y protegidos son insiders del sistema, mientras que el resto se convierte en outsiders; esto también sucede en la esfera política.

Los insiders luchan por defender su posición de protección comparativamente más alta, aunque no tienen excesivos incentivos para mover el equilibrio en dirección alguna ni emprender gravosas transferencias de renta hacia el otro extremo. De hecho, la mayoría de las ocasiones la propia estructura productiva hace que no convivan ni conozcan a los segmentos de trabajadores precarios, a los outsiders (los subcontratados, falsos autónomos…). Cuanto mayor resulta la brecha entre unos y otros, más complicado es salvarla para construir una coalición alternativa en la cual insiders y empresarios acuerdan de forma implícita desplazar la flexibilidad hacia los outsiders. Tal vez estos preferirían mecanismos de protección más basados en transferencias directas, más flexibles o más orientados a la recualificación. Sin embargo, son en realidad los trabajadores fijos quienes forman la mayor parte del electorado, sobre todo en las elecciones sindicales, por lo que los empresarios se han visto obligados a lo largo de la historia a escoger la opción de la flexibilidad parcial.

Durante la pasada crisis incluso la capacidad de influencia de las secciones más movilizadas de los empleados indefinidos, representadas en los sindicatos, se erosionó lo suficiente como para que se llevasen adelante reformas laborales de cierta intensidad. Sin embargo, estas siempre han mantenido el diferencial en la protección (tanto en el coste de despido como en el acceso a seguros completos de desempleo), permitiendo el acceso del empresario a la abundancia del trabajo temporal. Por lo tanto, hasta cierto punto se ha producido un olvido implícito de los precarios en un sutil pacto de silencio de los agentes sociales; unos sindicatos que o no pueden o no quieren representarlos y unos empresarios que se benefician de la rotación en los puestos de trabajo del sector outsider.

Que esta dimensión es clave para la estructura productiva del país, y por tanto un aspecto de particular importancia para los empresarios locales, se demuestra en la imagen descrita en capítulos anteriores. Si el problema de sobrecualificación es, en no poca medida, achacable a la falta de empleo de calidad equiparable a la de nuestros egresados; si, además, en el punto álgido del acceso a la liquidez y al crédito, la parte del león de la inversión se dirigió a la creación y el crecimiento de empresas basadas en mano de obra de escasa cualificación; si, en definitiva, la demanda de fuerza de trabajo de calidad no se cuenta entre las mayores del continente, cabe sospechar que la clase empresarial de hoy en día guarda cierto interés en mantener el equilibrio actual. Pues en él, como decimos, pueden acceder a un trabajo barato que les permita ajustar sus plantillas con el ciclo económico, pese a que todo el país se vea perjudicado por un tejido empresarial menos productivo e innovador.

Se puede ir aún más allá para explicar la prevalencia del equilibrio actual: el miedo al desempleo y el deseo de protección no es patrimonio exclusivo de los insiders, sino que se extiende a los outsiders. Es más que probable que sea especialmente intenso entre los jóvenes que experimentan la precariedad día a día y ven que se abre ante sí un futuro incierto. Así, la dinámica social se parece más a una carrera por quién consigue antes llegar a la meta de la protección, del triunfante «me han hecho fijo» al que tantos jóvenes aspiran, la conversión de un contrato temporal en uno indefinido. Las alternativas de reforma propuestas suelen verse con suspicacia, incluso, por parte de quienes salen perdiendo con el sistema actual, por miedo (y si la propuesta viene de ciertas instancias, como ciertos colectivos empresariales, este miedo puede estar fundado) a que se traduzcan en un descenso completo del nivel de protección, eliminando incluso la promesa del trabajo fijo a medio plazo.

Lo que resulta interesante en particular es cómo el bloqueo en la dimensión laboral converge, al menos hasta cierto punto, con el que se observa en torno a la estructura del sistema de bienestar.

EL BLOQUEO EN EL ESTADO DEL BIENESTAR

A principios de los años noventa, el sociólogo sueco Gösta Esping-Andersen sugirió estudiar los estados del bienestar en relación con una clasificación que no se centra en políticas de gasto individuales, una dimensión lineal poco informativa, sino en cómo estas interactúan entre sí y con el mercado de trabajo.[3] Los tres modelos son el liberal, el socialdemócrata y el democristiano, que tendrían, respectivamente, como principal eje de funcionamiento el mercado, el Estado y la familia y como ejemplos prototípicos a Estados Unidos, Suecia y Alemania.

El modelo estadounidense es lo más parecido al tipo de Estado del Bienestar liberal clásico. En Estados Unidos, la intervención del Estado es limitada y la redistribución de la riqueza es un objetivo secundario. Los programas sociales solo cubren a la población más pobre, y los subsidios de desempleo son escasos y duran poco. La sanidad es en su mayoría privada, con programas públicos solo para los jubilados y gente con renta muy baja. El resultado de este modelo son niveles de desigualdad muy altos y una escasa movilidad social, por más que la rotación en el empleo es bastante alta y los niveles de paro bajos. Desde el punto de vista de los jóvenes y su capacidad de formar familias, este sistema alcanza, sin embargo, una natalidad relativamente buena, ya que con unos salarios tan desiguales, y por tanto bajos para los proveedores de servicios de escasa cualificación, la clase media se puede permitir pagar servicios sociales privados y compaginar trabajo y familia. Del mismo modo, suelen disfrutar de economías muy innovadoras, abiertas al exterior y productivas.

En el otro extremo estaría el modelo sueco, o socialdemócrata. El Estado interviene con fuerza en la economía, y su prioridad es la redistribución de la renta y la igualdad de oportunidades. Los programas sociales están bien financiados y son universales. Los servicios públicos acostumbran a ser excelentes, aunque su gestión no siempre sea estatal; solo los muy ricos no los usan. El Estado implementa exhaustivas políticas de apoyo a la familia en forma de servicios sociales, bajas por maternidad y paternidad, guarderías y ayudas directas, con lo que la natalidad es bastante alta. En estos casos, el subsidio de desempleo es generoso y las políticas de inserción laboral compensan esta vulnerabilidad. Dentro de este marco, de hecho, suelen caer buena parte de las políticas de flexiseguridad complementarias. El resultado de este modelo es el de sociedades igualitarias, con altos niveles de movilidad social y niveles de pobreza muy bajos, sobre todo para los jóvenes, favoreciendo sociedades igualitarias en términos de género. El Estado del Bienestar se asienta sobre una economía sólida, con niveles de competitividad industrial e innovación comparables a los países anglosajones gracias a una mano de obra muy bien preparada y una alta apertura al comercio exterior y a la globalización.

Por último, Alemania o Francia son el ejemplo clásico del modelo continental europeo, o democristiano. En este, la intervención del Estado es considerable, pero su voluntad redistributiva es limitada. El principal efecto de las políticas públicas es asegurar el mantenimiento del nivel de vida dentro de un modelo de familia tradicional. Los programas sociales cubren a toda la población; sin embargo, los niveles de ayuda dependen de la cotización que se realice en el mercado de trabajo. Además, los programas universales no acostumbran a tener una calidad espectacular, de modo que las clases altas a menudo recurren al sector privado. El resultado son sociedades relativamente igualitarias pero con niveles de movilidad social no demasiado altos, a los que se combinan niveles de pobreza no excesivos con tasas de desempleo variables debido al tipo de regulación laboral. Los niveles de natalidad también oscilan bastante, aunque sus políticas no están diseñadas para facilitar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. No hay guarderías gratuitas, y se tiende a derivar estos costes en la familia, que además recaen en su mayoría sobre las mujeres.

Nótese hasta qué punto cada modelo de regulación laboral puede llegar a imbricarse con el esquema del bienestar. Y, de hecho, lo hace. Los modelos escandinavos tienden a presentar mercados laborales relativamente liberalizados, donde la regulación es más bien escasa y el despido es accesible. La «seguridad» de la flexiseguridad es una pieza más dentro de un Estado del Bienestar completo, universal e inclusivo. Por el contrario, en los modelos anglosajones, con redes de seguridad tenues y parciales, el mercado laboral está muy a menudo desregulado, tiene un salario mínimo muy bajo y una protección al despedido muy leve. Por último, la opción continental presenta normalmente costes de despido más bien elevados, combinados con la comentada red de protección basada en lo contribuido en el tiempo cotizado: el volumen del subsidio de desempleo, por ejemplo, queda en relación con lo que se cobraba antes, al igual que las pensiones.

España es a menudo clasificada dentro de un subgrupo del tipo continental, junto con Portugal y Grecia. Algunos hablan de la categoría de Estados del Bienestar mediterráneos. En España el mercado laboral es rígido, y además está altamente dualizado, con la consabida porción de trabajadores precarios que varía entre un tercio y un cuarto del total. Dado que, como decíamos antes, el acceso al Estado del Bienestar está ligado a la participación en el mercado de trabajo, como en los sistemas continentales, este grupo queda particularmente desprotegido. Esto es importante sobre todo en el caso de los jóvenes, y también de mujeres, inmigrantes y personas con escasa formación reglada, que son más propicios a firmar contratos temporales. Es decir, la segmentación que penaliza a los jóvenes en el mercado laboral rima bastante con la existente en el Estado del Bienestar, y esto no es casualidad.

En España, la construcción del Estado del Bienestar se ha pensado como subsidiaria al papel de las familias, y ha privilegiado el desarrollo de la sanidad y las pensiones. Todos tenemos la experiencia de que estos programas ayudan mucho, porque todos nos beneficiamos de ellos de forma directa o indirecta. En la medida en que todos aspiramos ser sus beneficiarios en algún punto, su popularidad es inmensa, y cualquier intento de reformarlos encuentra una oposición masiva. A la inversa, la ausencia de un sistema de guarderías lo bastante universal produce que la mayoría de los ciudadanos no cuente con ellas en sus planes de vida y se haya normalizado su ausencia. Puesto que no hay políticas como las de los países escandinavos que hagan conciliable la vida familiar y laboral, los españoles han adaptado sus preferencias, sus expectativas y sus modelos de éxito a un sistema en el que aspiramos tener hijos cada vez menos porque es particularmente costoso, sobre todo para la carrera de las mujeres. Por esa razón, muchos eligen o prefieren no tener hijos, y como consecuencia la demanda de programas de guarderías públicas es mucho más débil.

Las distintas políticas del Estado del Bienestar generan su propia demanda, porque las preferencias y las expectativas de los ciudadanos se adaptan a ellas. Los programas con más beneficiarios, como las pensiones y la sanidad, son capaces de reunir coaliciones que bloquean su reforma, y las que reúnen a pocos beneficiarios, como la política familiar, son las que se recortan. El resultado es que las prioridades de gasto del Estado son particularmente resistentes a los cambios. Por el contrario, los ganadores de una nueva política son mucho más difusos y tardan un tiempo en cristalizar, por lo que todos los agentes muestran una resistencia inicial a esta. En España, pues, la práctica totalidad de los programas del Estado del Bienestar son considerablemente populares. Todas las encuestas muestran que los ciudadanos apoyan los programas de gasto cuando se les pregunta por ellos uno a uno, pero también tienden a oponerse a las subidas de impuestos y a creer que el Estado gasta mal el dinero. Lo llamativo es, como demuestran Dulce Manzano y Pepe Fernández-Albertos,[4] que esto implica un punto de acuerdo entre los electorados de PP y PSOE (antes de 2015).

Hablar de reformar el Estado del Bienestar ha sido un debate más o menos tabú, en el cual las coaliciones de perjudicados por cada reforma siempre han parecido tener más peso que las de ganadores. Esto no significa, sin embargo, que no haya habido cambios. La edificación de los estados del bienestar en los escenarios de posguerra tuvo mucho que ver con la fuerza relativa y las alianzas entre las clases medias y las clases trabajadoras. Su reforma y transformación, no obstante, tiene mimbres mucho más generacionales. Como recuerda Boix, cuando los gobiernos de los años ochenta y noventa en España han tenido que optar entre diferentes alternativas, han hecho uso de transferencias sociales para apuntalar su apoyo entre las personas mayores (+6 puntos entre mayores de 65 años, + 4 entre 55 y 65 años al final del periodo) mientras que se desplomaba entre los jóvenes (-27 para votantes de entre 18 y 24 años). Lo mismo cuando se asienta el conocido como «cuarto pilar» del Estado del Bienestar, la Ley de Dependencia. Ahora bien, cuando ha llegado la hora de hacer ajustes, los gobiernos han preferido que recaigan en los jóvenes.

Así, se superponen en no poca medida los bloqueos existentes para reformar el mercado laboral y el Estado del Bienestar, pues se encuentran de manera recurrente con que los mismos que tienen un puesto de trabajo protegido también disponen del acceso a cotizaciones a la seguridad social, lo que los convierte en los beneficiarios del sistema. Las cohortes del baby boom y de generaciones de mayor edad están relativamente cubiertas con el statu quo actual; justamente son las que lo blindan. Lo problemático son todos los que no están cubiertos, y no solo por una razón de equidad, sino también por suponer una pérdida de eficiencia global. Por poner un ejemplo: la menor protección y más precariedad de una masa creciente de trabajadores jóvenes con salarios bajos tiene como implicación reducir el montante de cotizaciones, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones. Nuestro sistema de bienestar es poco redistributivo e ineficiente con problemas estructurales muy anteriores a la crisis económica actual. De nuevo, Manzano y Fernández-Albertos lo muestran de manera conjunta: según su investigación, existe una intensa correlación entre la dualidad y la eficiencia en la redistribución del Estado del Bienestar, en el caso de España con un marcado sesgo generacional. Este dato es útil y termina de mostrar una cuestión clave: las coaliciones que favorecen el statu quo de la dualidad y el Estado del Bienestar actual se solapan. Y, por lo tanto, cualquier cambio deberá necesariamente contemplar ambas reformas a la vez como parte de un paquete integrado.

EL BLOQUEO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La imagen del bloqueo no está completa sin una breve consideración separada, por su singularidad, de las razones del anquilosamiento partidista de la educación secundaria. La ausencia de consenso en la construcción de un sistema educativo, la falta de un «pacto global por la educación», se ha convertido poco a poco en un lugar común del debate político español. Los intentos no han escaseado, y uno de los últimos ministros de Educación (Ángel Gabilondo, bajo el gobierno de Zapatero) lo intentó con particular ahínco en comparación con sus predecesores. No es casualidad, por cierto, que su fracaso sucediera durante un mandato sin mayoría absoluta, como tampoco lo es que en los últimos tiempos se haya vuelto a contemplar la posibilidad de un pacto inclusivo.

No hay una razón clara ni investigación profunda sobre por qué en España las leyes educativas correlacionan de un modo tan íntimo con el ciclo político. Pese a que la competencia ejecutora del gasto y de parte de la normativa está transferida a las Comunidades Autónomas, el Estado sigue regulando ampliamente esta materia mediante las leyes orgánicas de educación. Sin embargo, de lo que no hay duda es de que cada intento, exitoso o fracasado, de aplicar una nueva reforma al sistema educativo deja claro que hay una serie de temas que ocupan la práctica totalidad del debate. O, cuanto menos, su primera línea. Son aspectos sin duda importantes, pues afectan a las preferencias arraigadas en lo más profundo de muchos votantes, pero no representan bajo ningún concepto los dilemas centrales de los que se ocupa este libro.

El principal es, quizá, la división lingüística. Vivir en un país con diferentes idiomas oficiales aporta una dimensión extra de complejidad al ordenamiento educativo. Un debate que no solo está muy vivo en las comunidades plurilingües, sino que también emerge con cierta periodicidad en la administración central, donde la politización de este tema es fácil y tentadora para nacionalistas de uno y otro lado. A la cuestión lingüística le siguen otras de cerca, como la presencia de la religión o no en las aulas, la introducción de clases de ética, educación para la ciudadanía o cualquier otro aspecto de la formación íntimamente relacionado con la transmisión de valores. La notable politización de estos asuntos suele ofrecer pocos incentivos para que los partidos apuesten por ser inclusivos en una reforma de esta clase, sobre todo cuando los temas en liza son particularmente divisivos entre los diversos electorados. Y los temas mencionados, dentro del orden cultural, lo son sin lugar a dudas.

Hay dos consideraciones más importantes que dan pie a que la reforma sea compleja. La primera conecta con una disputa de modelo, reforzada por intereses corporativos, entre la escuela pública y la concertada. La evidencia que tenemos señala que el ámbito socioeconómico es más determinante para el rendimiento del alumno que el tipo de escuela. Sin embargo, la disputa es fuerte por lo que toca al reparto de recursos entre esos modelos y el acceso del alumnado de ámbitos familiares de mayor complejidad. Lo cierto es que la prevalencia del modelo público o privado ha dependido bastante más del color político de cada Comunidad Autónoma que del gobierno central. Pero hay una segunda dimensión clave, que es la falta de identificación de prioridades compartidas. Mientras que sabemos que somos de los países en Europa con mayores niveles de abandono escolar, tasas del 19 por ciento en 2017, este colectivo, que normalmente viene de entornos sociales complejos, es poco visible.

En efecto, el bloqueo en el ámbito educativo (hasta la secundaria) parece proceder de causas sustancialmente distintas a los casos del mercado laboral y del Estado del Bienestar. Pero no por eso se puede dejar de tener en cuenta. Al contrario, pues aporta riqueza y matiz. Sin embargo, sí existe al menos un probable punto de conexión entre la ausencia de reforma educativa y las dinámicas en el resto de sectores. En tanto que muchas de las disputas solo entran en el debate público de manera accesoria, no se habla tanto de cómo reducir el abandono escolar, ni de nuestra estructura educativa con forma de «reloj de arena», ni de las posibles mejoras a la hora de reducir pobreza y desigualdad, ni del puente entre mercado laboral y sistema educativo. Un debate en el que los jóvenes sí que tendrían, tal vez, más capacidad para tejer redes con generaciones cuyos hijos hoy están en edad escolar.

EL BLOQUEO RESUMIDO

Si tuviésemos que delinear un perfil del español tipo que defiende el statu quo regulatorio actual pensaríamos en un hombre, de nacionalidad española, estudios medios, empleo fijo, vivienda en propiedad y aspiración a la tranquilidad. Ese español tipo está en el centro, en el núcleo protegido por el sistema. Los jóvenes, junto a las mujeres, los parados de más de cincuenta años, los pobres y los inmigrantes se encuentran en los márgenes. Por lo tanto, el muro se mantiene justo porque lo apuntalan quienes se encuentran en el lado ganador del actual estado de las cosas, evitando que un cambio active la dimensión redistributiva de la reforma. Ante eso, las promesas de crecimiento futuro agregado son solo eso, promesas. Si a este hecho se le suma el carácter familiar de la última red de seguridad que tienen los outsiders (con frecuencia de carácter nuclear) y el riesgo de pérdida del estatus aspiracional (convertirse en insiders, en definitiva) de los precarios, se combina la dificultad con el recelo a cualquier reforma.

Es decir: el muro es una estructura que mantienen los insiders pero, a causa de la dificultad de generar promesas creíbles y de la falta de conflictivización debido a la red de seguridad familiar que une a ganadores y perdedores, también goza de mucho apoyo entre los outsiders. Es, por así decirlo, un muro construido por quienes de él se benefician, pero los perjudicados, de momento, no parecen querer derribar.

Todos estos nudos gordianos de la reforma tienen carácter estructural y han existido en España de manera persistente. Sin embargo, parece que la reciente crisis económica ha podido generar algún tipo de sacudida que está por definir. Las expectativas de trayectoria hacia la estabilidad se han visto severamente dañadas. Esta «pérdida del futuro» se ha producido tanto en la dimensión puramente económica como en la institucional y política. Por un lado, la herida que los años de recesión han infringido sobre toda una generación han expuesto a la luz del día la insostenibilidad del modelo de crecimiento español basado en la burbuja crediticia y han destapado también las costuras del sistema tal y como las expusimos en los cinco primeros capítulos. Por otro, la combinación de corrupción y recortes a la protección (parcial para los insiders) han hecho tambalear el premio esperado para muchos de los que empezaron su periplo en la vida adulta en la última década.

Las grietas, en definitiva, han empezado a abrirse. Pero ¿hacia dónde? Hasta ahora nos hemos centrado en los elementos estructurales, pero ahora es necesario pasar a la radiografía política de los jóvenes, en esencia de la generación nacida en los años ochenta en adelante. Es posible que bajo la superficie se hayan producido cambios actitudinales más profundos de lo que se plantea y que solo la crisis haya destapado en toda su crudeza. En el capítulo siguiente nos centraremos en las actitudes hacia la democracia, las instituciones y las etiquetas ideológicas de los jóvenes. A continuación, se abrirá la caja de Pandora de su comportamiento político y se comprobará en qué medida tiene una traducción electoral diferente. Esto último es fundamental para apreciar si los agentes políticos pueden tener algún interés en renovar el pacto intergeneracional o, dicho de otra forma, si lo que están es por derribar o por apuntalar el muro.

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La política para la generación de la crisis

Sobre la participación política de los jóvenes hay dos relatos muy extendidos. El primero es que los jóvenes son siempre la vanguardia del cambio político. De este modo, el ánimo revolucionario y de transformación social sería propio de la edad y por tanto pasajero. De joven uno pudo haber participado en el mayo del 68 o haber corrido delante de los grises, pero al crecer se descubre que no hay playas debajo de los adoquines. Ser joven es hacer locuras, pero con la edad todos nos volvemos más responsables. El segundo relato defiende que cuando algunas actitudes han arraigado en los jóvenes, o si estos simpatizan con ciertos partidos, esas predilecciones tienen un efecto duradero. La victoria de esas nuevas ideas sería inevitable: bastaría esperar a que los jóvenes de ayer se conviertan en los adultos de hoy. Las dos caricaturas coinciden con dos teorías complementarias que se emplean para explicar el comportamiento y las actitudes políticas de los jóvenes.

La primera de ellas es la que se centra en el efecto «ciclo vital». Según este argumento, los jóvenes tienen un comportamiento político diferente por el mero hecho de ser jóvenes, pero a medida que cumplen años tienden a parecerse a sus padres. Es una idea intuitiva. Cada etapa de la vida es distinta, por lo que es normal que también lo sean nuestras actitudes. Cuando una persona es joven suele tener menos ataduras, un trabajo más inestable o inexistente, menos ingresos; a menudo vive con sus padres y no tiene pareja. Sin embargo, dice esta hipótesis, a medida que esta persona crece empezará a pagar impuestos, vivirá solo, tendrá un círculo de relaciones estable y quizá se asiente en una comunidad. Esto lo volverá más consciente de la importancia que tiene la política en su vida. Cambiarán sus prioridades, sus intereses y sus preocupaciones. La conclusión lógica es que acabará desembocando en un comportamiento político más parecido al que tenían sus padres. La fisura se estrecha.

La segunda explicación es el «efecto cohorte» o de generaciones políticas, que sugiere que las diferencias entre generaciones aparecen porque cada una entra en la sociedad en un momento determinado. La idea es que hay que fijarse en el momento en el que se produce la socialización política, un periodo que dura hasta bien entrada la veintena. Es decir, que lo que debemos hacer es comparar nuestra juventud con la de nuestros padres y la de nuestros abuelos. Las diferencias que observemos es probable que se mantengan y sigan ahí de adultos. El resultado son unos patrones que conservan vigencia y relevancia hasta el fin de nuestras vidas.

De esta manera, la generación que vivió de joven la Guerra Civil, el franquismo, la Transición o la democracia —con uno u otro gobierno en el poder, con uno u otro ciclo de protesta, con unos u otros partidos— quedaría marcada para el resto de sus vidas por esos eventos. Hay evidencias de que eso es así. Por ejemplo, las actitudes de la generación que vivió la Guerra Civil y el franquismo son más apolíticas y desmovilizadas. La que creció y maduró durante la Transición, en cambio, tiene mayores tasas de apoyo a la democracia y de interés por la política. Los nacidos en democracia algo menos y, como luego se verá, los jóvenes socializados durante el fin del bipartidismo tienen un mayor interés y unas ideas muy claras sobre su intención de voto. También hay patrones ideológicos interesantes. Por ejemplo, aquellos que entraron en sociedad en los años ochenta tienden a ubicarse más a la izquierda, mientras que los que lo hicieron en la última etapa del gobierno de González y principios del gobierno de Aznar lo hacen más a la derecha.

Esto no quita, por supuesto, que los eventos relevantes que ocurren en la historia de un país no marquen las actitudes de todos sus ciudadanos, al margen de la edad que contaban cuando ocurrieron. Todos los sucesos que se han mencionado antes lo hicieron. Sin embargo, entre los más mayores el efecto es menor. En otras palabras, a más juventud, más moldeables somos políticamente.

Por supuesto, los grandes eventos no explican todos los patrones observados. Hay muchas otras variables que, además de influir en nuestras actitudes, también filtran la información y hacen de intermediarias entre esta y lo que nosotros acabamos absorbiendo. Por ejemplo, los agentes de socialización (escuela, familia, amigos…) juegan un papel fundamental a la hora de construir esas actitudes y afinidades políticas, tanto o casi como los entornos y la infraestructura a través de los cuales cada generación sigue la vida y acontecimientos políticos de la sociedad en que habita.

En este último sentido, los mecanismos de intermediación y consumo político por excelencia son los medios de comunicación. Por eso no es sorprendente que la literatura académica haya tendido a centrarse en el papel clave que estos juegan en la socialización. El politólogo americano Wattenberg desarrolló una tesis interesante y provocativa que ilustra en qué medida el tipo de medios que se consumen puede tener efectos generacionales muy notables. Por ejemplo, un consenso relativamente establecido es que en generaciones anteriores el consumo de periódicos ha sido uno de los principales mecanismos de aprendizaje de la esfera política, no solo porque suelen cubrirla con amplitud, sino también porque lo hacen de forma exhaustiva. Sin embargo, los jóvenes leen mucho menos el periódico que sus padres a su misma edad. Este rol de intermediación lo ha suplantado la televisión, un medio que profundiza muchísimo menos en política, en parte porque tiene que llegar a audiencias mucho más generalistas.

Esto ha ocurrido en paralelo a una fragmentación de las audiencias. Cuando solo existían unas pocas grandes cadenas era inevitable que todas las generaciones vieran juntos la tele en el salón. Las noticias eran compartidas porque solo había un televisor en casa, con lo que no quedaba más remedio que comer o cenar con el informativo de fondo, a menudo el de la televisión pública. Sin embargo, una vez que existen cientos de cadenas de todo tipo es fácil segmentar la audiencia de tal manera que no haya exposición a un contenido no deseado. La consecuencia es que, en cierta medida, el acceso a la política por parte de los jóvenes depende de que exista un interés previo. Hoy, y más gracias a la proliferación de opciones digitales más allá de la televisión (como el streaming directo a través de webs como Netflix), es fácil que un joven pueda exponerse a los medios sin consumir un contenido significativo de política.

A juicio de Wattenberg, esta forma diferente de socialización a través de los medios de comunicación habría tenido un impacto clave sobre las generaciones jóvenes de hoy en día en lo que toca a sus niveles de conocimiento político. Dada su capacidad para seleccionar su propia exposición mediática, la política habría pasado a un plano insignificante en comparación con otras formas de ocio. La ganancia en poder de elección habría hecho perder focos de exposición política. El resultado es que tan solo aquellos jóvenes que quieren informarse lo harán (reduciendo el nivel agregado de conocimiento político); pero además, los que lo hacen, será desde nichos audiovisuales que reforzarán y polarizarán más sus opiniones políticas.

Esta tesis provocativa y algo pesimista ilustra bien la importancia del contexto en el cual las diferentes generaciones se socializan. Si los jóvenes son un sector particularmente damnificado por el sistema económico y político actual, ¿se están moldeando en ellos unas actitudes diferentes hacia este? O, por el contrario: ¿es tan solo un efecto temporal derivado de la coyuntura? Hay razones para pensar que la actual crisis puede dejar una importante cicatriz en las generaciones que hoy son jóvenes. Sin embargo, como se verá a lo largo de la siguiente sección, siempre habrá cierta duda sobre si lo que se percibe hoy es un efecto reactivo o bien unos patrones que llegan para quedarse. Solo el tiempo lo dirá, pero de entrada merece la pena explorar cuáles son los rasgos diferenciales de las actitudes de los jóvenes.

¿SON LOS JÓVENES DE HOY MÁS AUTORITARIOS?

Desde la crisis existe la idea de que la popularidad de los regímenes democráticos podría encontrarse en peligro. Como se suele decir, la historia no se repite, pero sí rima. Podría ser que las crisis que sufren muchos países occidentales nos estuvieran abocando a escenarios peligrosos para la continuidad democrática.

Una forma de abordar esta pregunta es partir de la diferencia clásica de Easton entre legitimidad específica y legitimidad difusa. La primera establece que los ciudadanos sienten apego hacia sus instituciones por sus resultados, porque les proporcionan bienestar o bienes materiales. Se trataría de una lealtad instrumental: me gusta si funciona. La legitimidad difusa, en cambio, se basa en el apego de los ciudadanos a los valores y las reglas propias de un régimen político, sin importar su rendimiento. Uno puede ser demócrata porque considera que la democracia es el sistema político justo, funcione mejor o peor. La relación entre ambas legitimidades es compleja, y difícil de medir. Pero se asume que la legitimidad difusa es la que protege mejor a un sistema político: permite mantenerlo en épocas de malos resultados.

Uno podría pensar que, si la crisis económica de estos años ha tenido una mayor incidencia entre los jóvenes, podría implicar que estos perdieran a su vez la confianza en las instituciones democráticas. La consecuencia de esta hipótesis sería que cohortes enteras de jóvenes se estarían desvinculando de manera irreversible de los mecanismos actuales de representación política. Algo que, además, podría engarzar con el importante apoyo que partidos de extrema derecha tienen entre la población joven europea. Sería el combustible para cimentar bases sólidas de partidos que quieran cuestionar los fundamentos de nuestros sistemas democráticos.

Durante los últimos años ha emergido un debate en torno a la relación de las nuevas generaciones con la democracia. En 2016, los politólogos Yascha Mounk y Roberto Stefan Foa emprendieron una investigación para comprobar si en efecto existía una pérdida de fe en el sistema representativo entre los más jóvenes de los países desarrollados.[1] Y la había. Tanto en Europa como en Estados Unidos, el porcentaje de individuos que pensaba que vivir en una democracia era «esencial» era sustancialmente menor entre los nacidos después de 1980, con una caída más pronunciada al otro lado del Atlántico. Este dato era particularmente alarmante, pues el porcentaje de encuestados que apoyaba soluciones autoritarias aumentaba en todas las clases sociales. En Estados Unidos había pasado del 20 por ciento en 1995 al 35 por ciento en 2010 para las personas con altos niveles de ingresos, pero también del 26 al 32 por ciento entre los de ingresos medios y bajos. Por último, Mounk y Foa identificaron una correlación entre pensar que una democracia era una manera «mala» o «muy mala» de organizar un país y la juventud del encuestado.

Estos resultados llevaron a los autores, así como a un nutrido grupo de analistas y periodistas, a preguntarse si el mundo había entrado en una fase de desestabilización democrática encabezada por las nuevas generaciones. Sin embargo, un sector también numeroso ha cuestionado esta tesis. Entre ellos, el politólogo Erik Voeten, quien amplió la base de análisis para comprobar cómo la tendencia anterior distaba de ser concluyente.[2] La crítica principal se basó en el modo de medida. La pregunta de la encuesta empleada para definir el apoyo al sistema se respondía con un termómetro del uno al diez, siendo este último valor el que lo consideraba como «esencial». Mounk y Foa decidieron centrarse en los descensos entre los entusiastas (los que valoraban con un diez), con lo cual obviaron las tendencias entre los que eligieron una de las otras opciones. Voeten, en lugar de centrarse en el descenso entre este último grupo, extrajo la media de todos los encuestados. Con este nuevo indicador, la caída del apoyo se vuelve mucho menos pronunciada. Lo mismo pasa con la pregunta sobre si la democracia es «muy mala» o «muy buena»: observando la media en lugar de los extremos se relativiza enormemente el descenso de apoyo al sistema, desapareciendo incluso en ciertos países.

Si la polémica sobre la aceptación de la democracia está servida cuando se mira el gran angular, ¿qué es lo que ocurre en España? ¿Son las nuevas generaciones de españoles menos entusiastas con esta forma de gobierno que sus padres? Para indagar en esta cuestión, a lo que debemos aproximarnos es a la satisfacción con la democracia en función de la edad. Es cierto que dentro de la literatura política hay bastante discusión sobre si la satisfacción con la democracia es equivalente a su legitimidad. Hay, de hecho, una importante cantidad de estudiosos que han tendido a hacer de esa satisfacción una forma de medir la legitimidad específica del sistema democrático. En cualquier caso, es útil para conectar los rendimientos del sistema con su nivel de apoyo. Además, también nos permite cotejar en qué medida prevalece la idea de que los más jóvenes detentan un nivel de apoyo específico a la democracia menor en cuanto que han sido los más damnificados por la crisis.

Si nos fijamos en los datos más actualizados, en 2009 los españoles de todas las edades declaraban unos niveles de «satisfacción con el funcionamiento de la democracia» parecidos: en una media de alrededor del 5,2. No hay apenas brecha por edad. Pero desde 2010 se produce una fractura. En 2016, la satisfacción con la democracia de los mayores de 65 seguía por encima del 5,1, pero en las personas de entre 35 y 64 años cayó tres décimas. El cambio más grande se produce con los menores de 34: su nivel de satisfacción desciende hasta el 4,6. Es decir, la crisis produjo que «cayera» la satisfacción de los jóvenes con el funcionamiento del sistema.

GRÁFICO 9.1. La satisfacción con la democracia «cae» entre los jóvenes.

Este diferencial por edad es indicativo de que existe una insatisfacción de corte generacional con el sistema, algo que refuerza el hecho de que los objetivamente más damnificados por la crisis económica y política también lo han hecho notar en términos subjetivos en cuanto a sus afectos políticos. No podemos saber todavía si se trata de un efecto coyuntural —y que acabada la crisis los jóvenes sentirán una satisfacción más similar a la de sus adultos— o si la generación de los ochenta lo arrastrará de por vida. La intuición hace suponer más esto último, asumiendo que los eventos que tienen lugar durante los años impresionables de la vida tienen largo recorrido en la memoria.

Es cierto que una caída de la satisfacción con la democracia, de esa legitimidad específica, no tiene por qué traducirse en la lealtad hacia el sistema. De hecho, algunas investigaciones, como las de Guillermo Cordero y Pablo Simón —uno de los autores del presente libro—, han mostrado que en situaciones de crisis —con intervenciones de la troika incluidas— puede descender la satisfacción con la democracia al tiempo que aumenta su apoyo como sistema de manera reactiva frente a la intervención extranjera.[3] En todo caso, este debate, que sigue abierto, tal vez no invite al alarmismo pero sí a la cautela. Como comenta Pedro Magalhaes, puede que los demócratas hayan confiado demasiado en que la legitimidad de este sistema es insensible a malos resultados políticos y económicos.[4] Si, como hemos visto, se cambia el punto de referencia en la medida en que se alteran sensiblemente las conclusiones de un estudio, ¿puede que no estemos viendo el volcán dormido sobre el que cabalgan las nuevas generaciones?

¿OTRA DEMOCRACIA ES POSIBLE? LA DESAFECCIÓN PERSISTENTE

Que una palabra sea empleada con frecuencia no significa que necesariamente haya consenso sobre su significado. Tal vez la democracia (con perdón de la RAE) sea una sobre las que más se dispute. Sin querer entrar en un debate teórico, que excede estas páginas, los investigadores Hanspeter Kriesi, Willem Sarris y Paolo Moncagatta han mostrado con datos de la Encuesta Social Europea cómo tres nociones diferentes de democracia pueden coexistir con diversas intensidades según el bagaje político y social de cada ciudadano.[5] Podemos entender la democracia como: 1) elecciones y protección de derechos individuales; 2) como protección contra la pobreza y reducción de desigualdades; y, por último, 3) como un sistema ligado a la formulación directa de políticas mediante referéndums o iniciativas. Por eso, valorar la democracia solo de forma genérica puede desdibujar muchas nociones normativas de fondo y no es descartable que, según la generación, una u otra concepción sea prevalente.

Intuitivamente parece que las tres dimensiones coexisten en cualquier sistema democrático moderno, pero tal vez según el país lo hagan con énfasis diferentes. Ahora bien, lo interesante es que los autores del estudio encuentran que casi el 90 por ciento de la preferencia por una u otra concepción depende del estatus de cada individuo (y, llamativamente, al margen del país). Su hallazgo más interesante es que las personas con una posición social acomodada tienden a abrazar concepciones que son congruentes con el statu quo del lugar en que habitan frente a otras opciones. Es decir, en los países en los que el referéndum es la norma, se abraza más la concepción participativa; en los que la redistribución es eficiente, la de la justicia social; y, por último, donde lo es la democracia procedimental, la visión más liberal. Esto implicaría que la propia noción de democracia está en disputa en función de conflictos distributivos.

De nuevo, podemos intentar migrar esta lógica al caso de España. Dado que hemos visto que entre los jóvenes ha descendido la satisfacción con la democracia, que la crisis se ha cebado en especial con ellos, ¿tienen una concepción de este sistema esencialmente diferente que sus mayores? Lo cierto es que no parece haber una pauta muy diferente si tenemos en cuenta solo el componente generacional. Por ejemplo, los jóvenes no confían más en el referéndum como instrumento político que sus mayores, ni tampoco tienen una preferencia por el gasto público distinta en lo fundamental a la de los de mediana edad. Tampoco parece que den más importancia a la dimensión de justicia social que otros segmentos de población, al menos según los datos de la Encuesta Social Europea de 2012. De hecho los jóvenes se demuestran menos propensos a tener una visión normativa fuerte sobre cualquiera de las tres nociones de democracia —se entiende, porque aún no se la han formado—. Por lo tanto, esto refuerza la idea de que no hay una concepción alternativa de democracia entre los jóvenes, sino que esta emerge más bien cuando han definido su situación socioeconómica de adultos, donde los autores ven su efecto con mayor intensidad.

Otra dimensión actitudinal que también es relevante para el sistema político es la desafección. Según los politólogos Mariano Torcal y José Ramón Montero, la desafección es un cuadro actitudinal que combina bajos niveles de interés por la política, poca receptividad del sistema político y poca valoración de las instituciones.[6] En suma, más que sentimientos antidemocráticos, se trata de desapego hacia la política. Quizá la frase «Todos los políticos son iguales» sea su expresión más cotidiana. Como ambos autores han demostrado en numerosas ocasiones, este patrón ha sido prevalente en la historia de España. Sin embargo, ¿estamos viendo algún tipo de cambio en tiempos recientes? Algunos datos indican que de algún modo este ha sido el caso.

Por ejemplo, no solo se ha multiplicado el interés por la política desde que empezó la crisis, sino que además este incremento se ha producido sobre todo entre los jóvenes. Si nos fijamos en la comparativa del interés entre jóvenes y adultos, tradicionalmente el de los primeros ha sido menor. Con la crisis, no obstante, este hecho parece haber cambiado, lo que ha cerrado la brecha generacional. De hecho, según el estudio de Carol Galais, el «efecto ciclo vital», o la edad, solo explica un 0,1 por ciento de la variación en el interés por la política, mientras que el «efecto cohorte» puede llegar a explicar el 5,6 por ciento.[7] La razón para eso puede encontrarse tanto en la demanda como en la oferta. La crisis económica y política, la emergencia de nuevos partidos, puede haber generado una genuina preocupación por la política que haya arrastrado sobre todo a los más jóvenes. Pero al mismo tiempo los estímulos de dicha naturaleza se han multiplicado. Los programas de infotainment, los debates políticos y otras fórmulas similares se han disparado en las parrillas televisivas. Al igual, por otra parte, que la exposición de los ciudadanos a los mismos, los cuales en datos de la propia Encuesta Social Europea han llegado a superar los niveles del año más conflictivo desde que hay series, el 2002.

Este nivel de repolitización puede ofrecer un dibujo especialmente interesante si dividimos a los españoles en función de generaciones políticas. Como señala Gema García Albacete, los efectos generacionales se perciben de manera muy notable.[8] Mientras que los individuos que nacieron en la Guerra Civil o en los inicios del franquismo muestran una menor politización, no así la mayoría de los que se socializaron durante la Transición a la democracia —justamente, los baby boomers—.Lo destacable es el impacto que ha tenido la crisis, pues ha incrementado el interés general de todos los españoles por la política y la economía (como se percibe a partir de 2006), pero muy en especial a los que se han socializado durante este periodo. Han sido en efecto las generaciones socializadas en las postrimerías del franquismo —los actuales pensionistas— los que han incrementado su interés en menor medida. En cualquier caso, el aumento espectacular del interés por la política de los españoles ha sido un proceso parejo a las transformaciones de nuestro sistema, y su punto álgido, 2014, coincide con el mayor nivel de insatisfacción de los españoles con respecto al mismo.

GRÁFICO 9.2. El creciente interés por la política.

De nuevo, se extiende la misma duda que en el caso de la insatisfacción con el sistema democrático: ¿será el efecto permanente en la generación de los ochenta o bien habrá una vuelta a la tónica general del desinterés y la desafección? Pese a la duda, y aunque sea pronto para saberlo, lo cierto es que la desafección tiene una cierta persistencia entre las generaciones. Si se toma como pregunta base en qué medida se considera que los políticos buscan su propio beneficio, lo cierto es que muchos jóvenes lo piensan —sobre todo desde 2006 o 2007—, pero no en mayor proporción que las personas de otras edades. Por lo tanto, pese a estos cambios en el interés por la política, los patrones del desapego hacia el sistema siguen siendo bastante sólidos. La implicación de esos datos es que la transmisión de actitudes hacia la política es bastante resistente y no es, como apuntan algunos estudios, algo tan diferente respecto a otras generaciones.[9] La animadversión y el desapego hacia la política en general tiene raíces sólidas en España como, por otra parte, ocurre en la mayoría de las democracias establecidas tras los años setenta.

GRÁFICO 9.3. La desafección no es cosa de jóvenes.

En definitiva, la crisis de 2008 sí generó entre los jóvenes una ola de insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones, así como de interés por la política, quizá relacionada con su incapacidad para representar y proteger al colectivo. Pero la distinción entre legitimidad democrática y desafección política es importante. Esta suele citarse para señalar corrientes de fondo y se manifiesta con una baja participación y desinterés por la vida democrática. Un grupo desafecto se aparta del sistema, mientras que los insatisfechos le piden más cosas. Quizá se puede conjeturar que los jóvenes españoles pertenecen a los segundos.

EL VALOR DE TENER UNA ETIQUETA

La ideología es un aspecto fundamental de nuestras sociedades. Es importante porque sirve como una manera de ordenar preferencias y valores, para darle importancia a unas cosas sobre otras. Forma una visión del mundo y, no en vano, es un elemento fundamental para predecir el voto —al menos en España, donde tiene un gran peso—. La autoubicación en la escala (ese termómetro que va de 1 como extrema izquierda a 10 como extrema derecha) es decisiva para anticipar por qué partidos optarán los ciudadanos en unas elecciones. Pero además las etiquetas importan en cuanto que atajo informativo, pues ayudan a fijar a favor o en contra de qué se está. Dado que el mundo político es complejo, la lucha por las etiquetas (lo justo, lo bueno, lo de izquierdas o lo de derechas…) tiene gran importancia. Cuando sabemos que una política pública es de [inserte la ideología aquí] sabemos a qué atenernos, quiénes la defenderán y quiénes serán contrarios. El debate público, guste o no guste, viene en gran parte llevado por esta lógica.

Una pregunta interesante que se deriva de este hecho es saber en qué medida las etiquetas son persistentes entre generaciones. Es decir, en qué medida la autoidentificación de los votantes cambia en la comparativa entre jóvenes y adultos. Las encuestas del CIS suelen incorporar una pregunta bastante vistosa sobre en qué medida los ciudadanos se identifican con una u otra tendencia política: «¿Cómo se definiría Ud. en política según la siguiente clasificación?». Si la muestra se segmenta por edad puede encontrarse con un retrato como el que se presenta a continuación:

GRÁFICO 9.4. El cambio ideológico de los jóvenes.

Las diferencias que emergen son más que evidentes. Los mayores de 35 años tienden a usar categorías tradicionales en política, como socialista o conservador. Sin embargo, las nuevas generaciones recurren en mayor medida a otras etiquetas, siendo las preferidas la de liberal y progresista. Del mismo modo, aumenta de manera significativa la de ecologista. Una hipótesis sencilla sería que tan solo es el reemplazo de una denominación por otra (de conservador a liberal, de socialista a progresista). Sin embargo, el dibujo es bastante más intrigante cuando se desagrega por sentido del voto, y se descubre que la etiqueta de liberal es una de las preferidas entre los votantes de Podemos. Por lo tanto, parece que estamos ante algo mucho más interesante en curso: un cambio en los significados de las etiquetas políticas o, al menos, un sentido menos unívoco que en el pasado. Que pueda resultar algo más estético que con implicaciones políticas queda para la discusión.

Esto permite reforzar la idea de que el descontento con el sistema político es un tema generacional, pero la solución del mismo no tiene una sola solución en el espectro ideológico. Por lo tanto, si una de las ideas subyacentes detrás de la brecha generacional es que tal vez podría haber germinado algún patrón actitudinal común en los jóvenes, en el caso de la ideología al menos no está claro. No obstante, puede emerger en un futuro, sobre todo porque las actitudes ideológicas de los jóvenes están en formación y por lo tanto pueden ser más variables que los de cohortes de adultos. Sin embargo, la polarización actual no parece el mejor punto de partida. Ahora bien, es por eso que toca girarse hacia cómo las actitudes se entrelazan con la participación y, muy particularmente, hacia el rol fundamental que juegan los agentes políticos.

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Brecha emergente… ¿Minoría permanente?

Una de las teorías básicas para entender por qué los políticos se comportan como lo hacen es la del «selectorado». Esta teoría parte de una asunción razonable: todos los líderes políticos tienen motivos para querer gobernar. Eso no implica necesariamente una visión cínica de la política. Podría ser que un líder buscara el poder por el poder si se trata de alguien ambicioso, con lo que esta crítica podría fundamentarse. Sin embargo, si ese mismo líder pretende aplicar un programa de gobierno (porque de manera sincera cree que es el mejor para la sociedad) sigue viéndose obligado a cumplir el mismo prerrequisito para llevarlo a cabo: necesita conseguir el poder y mantenerse en él. Por lo tanto, los líderes políticos saben que cualquier fin que persigan solo es factible en tanto que se aseguren de que gobiernan. Quizá por eso esta sea la pista más segura sobre cuál es su comportamiento.

¿Por qué en algunos países existen más políticas de gasto público? ¿Por qué hay gobiernos más preocupados por la salud, la vivienda, la conciliación familiar o la seguridad que otros? Estas preguntas pueden abordarse en parte desde este enfoque. Si uno asume la premisa de que en una democracia representativa elegimos a agentes políticos y que estos tienen interés en conservar el poder, se denota con facilidad la importancia que tiene el selectorado, es decir, el cuerpo ante el que rinde cuentas.

Aunque pueda sonar extraño, hay buenas razones para llamarlo así y no electorado, porque al fin y al cabo no siempre coinciden. Por ejemplo, en algunos sistemas la elección de los líderes se realiza votando; no obstante, en muchas dictaduras la sucesión en el poder sigue otros derroteros. Es verdad que por lo que nos toca a nosotros, en la mayoría de las democracias ya existe el pleno sufragio, aunque su ejercicio no siempre haya sido igual de sencillo ganarlo. La extensión del sufragio universal fue un proceso gradual a lo largo de finales del siglo XIX y principios del XX. El movimiento obrero fue ganando el derecho a votar de forma progresiva, y a las mujeres se les relegó en la mayoría de países hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y en algunos países hasta más tarde. Así y todo, estas conquistas están tan asentadas que no podemos entender como democracia a un sistema de gobierno que no reconozca el sufragio universal.

Sin embargo, un líder político no tiene por qué estar interesado en todos los miembros del selectorado. Lo que necesita es atraerse a una coalición ganadora, es decir, el apoyo de aquellos imprescindibles para ganar unas elecciones. Si el partido en cuestión no es capaz de hacerlo, es más que probable que termine perdiendo el poder frente a su rival. Es indudable que, desde una perspectiva estrictamente numérica, su peso puede cambiar según las reglas de la elección. Por ejemplo, en unas elecciones presidenciales bipartidistas, gana el candidato que se atraiga a la mayoría del electorado que participe de la votación. En un sistema proporcional, por el contrario, según la fragmentación de la política nacional uno puede imponerse a sus rivales por menor margen o, siendo un partido centrado, ser clave en las negociaciones para formar gobierno. Pero, en cualquier caso, en las democracias, al haber selectorados amplios, los gobiernos tienen que hacer políticas más universalistas para atraerse a muchos votantes.

No obstante, no nos interesa saber tan solo la dimensión cuantitativa, o por cuánto ganan o no los partidos políticos, sino también conocer cuáles son esas coaliciones de diferentes votantes que les dan apoyo, es decir, cuáles son los sectores sociales que apoyan a los diferentes partidos (clases medias, sectores educados, clases altas, desempleados, urbanitas, medio rural…). La razón de la importancia de esto último es que, según esta teoría, las prioridades de los diferentes partidos tenderán a estar alineadas con los electorados que les prestan apoyo. Por lo tanto, los partidos políticos pondrán encima de la mesa los temas que interesan sobre todo a sus votantes, a orientar las políticas públicas hacia aquellos sectores que los han llevado al poder o que pueden mantenerlos en él, aun y a costa de dejar un poco de lado los intereses de los grupos que no formen parte de sus núcleos electorales.

En resumen, las prioridades de cada partido vendrán determinadas por la parte del selectorado a la que decidan apelar, es decir, por los grupos que los líderes del partido crean que les van a permitir maximizar sus opciones de llegar al poder. En todo caso, de esto no se desprende que las preferencias de los partidos y de los votantes estén escritas en piedra. La interacción entre las bases electorales y los líderes comprometen, pero también pueden mutar. Incluso en ocasiones son fruto de compromiso entre sectores diferentes que se agrupan dentro de la misma formación política.

La historia reciente nos deja un buen ejemplo que pone cara y ojos a uno de los segmentos de la población a los que nos referíamos. El 30 de octubre de 2016, el Partido Popular formó gobierno tras una repetición electoral y varios meses de bloqueo en el Congreso de los Diputados. Entre las prioridades inmediatas de la nueva administración había de estar, según se declaró entonces, la convocatoria del Pacto de Toledo para negociar un nuevo acuerdo sobre el sistema de pensiones. Mariano Rajoy mencionó hasta en nueve ocasiones a los pensionistas durante su sesión de investidura, quizá con intención de transmitirles tranquilidad. Tiene todo el sentido del mundo. El líder del Partido Popular estaba apelando a una parte central de sus votantes: el 55 por ciento de ellos tienen más de 65 años, según el CIS.

En cambio, el presidente del gobierno no mencionó ni una sola vez la pobreza infantil durante su discurso. Como ya vimos antes, los niños han sido uno de los colectivos más afectados por la crisis, con lo que es dudoso que no merecieran ningún tipo de atención de la formación ganadora. La pobreza severa afecta al 16,7 por ciento de los menores españoles, duplicando la tasa media de la UE. Más de un millón y medio de niños están en riesgo de pobreza y sus familias no reciben ayudas. Esta desatención implica que los responsables políticos no se orientan siempre por criterios de necesidad objetiva. Los líderes priorizan los asuntos que, hasta cierto punto, conectan con sus electorados, y no hay duda de que el electorado mediano del PP se ve en menor riesgo de sufrir esta problemática. Sumado, por supuesto, a que los niños no votan.

Otro ejemplo lo tenemos con las becas Erasmus. En noviembre de 2013, el Ministerio de Educación cursó la orden de que solo los alumnos beneficiarios de una beca generalista en el curso 2013-2014 percibieran esa ayuda complementaria que aporta Educación para los Erasmus. Los estudiantes seguirían disfrutando de becas para estudiar en otro país, pero de menos dinero. El recorte fue muy impopular y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se vio obligado a rectificar la medida en apenas unos días. Pero ¿quiénes se opusieron a la medida? La escasa cuantía de la beca Erasmus en España hace complicado pensar que sus beneficiarios fueran de clases modestas. Estudiar un año fuera es caro. Además, son becas sobre todo para universitarios, en general hijos de clases medias y altas, jóvenes a menudo más acomodados: un grupo lo bastante potente como para coordinarse contra la medida. Otros programas no tienen tanta suerte. Un año antes se suprimió el plan Educa3, destinado a la construcción de escuelas infantiles. Su eliminación pasó desapercibida, tal vez porque sus beneficiarios estaban menos movilizados y eran más difusos.

Estas anécdotas permiten ilustrar bastante bien el hecho de que los partidos políticos responden a incentivos y que sus coaliciones electorales —sus votantes— marcan sus prioridades políticas cuando gobiernan. Es por tanto importante entender cuáles son los grupos en los que se pueden dividir las sociedades para entender a cuáles de ellos pueden apelar los partidos. Hemos visto a lo largo de la historia cómo el voto de clase, ideológico, étnico o religioso ha tendido a ser determinantes a la hora de formar partidos y cristalizar las preferencias de los grupos. De hecho, sin duda lo sigue siendo. Sin embargo, los procesos electorales recientes han tendido a llamar la atención sobre la propensión de los segmentos mayores y jóvenes a votar de forma muy diferente entre sí. Esta dinámica podría traducirse en un incremento de la atención de los partidos hacia las necesidades de los jóvenes. En la medida en que estos tiendan a votar a determinadas formaciones, será más fácil que los políticos de estas tengan en cuenta sus intereses y decidan representarlos en contraposición a los intereses de otros grupos de edad.

¿SON LOS JÓVENES UN SEGMENTO LO SUFICIENTEMENTE ATRACTIVO?

Una primera cuestión fundamental es saber en qué medida los jóvenes son un sector social atractivo para ganar elecciones. Según la respuesta habrá más interés de los políticos en atraérselos mediante promesas, o bien mediante políticas que se ajusten a sus intereses. Esto hace que el primer aspecto fundamental a tener presente sea el componente cuantitativo: cuantos más sean mejor para ellos. Sin embargo, aquí se encuentran con las primeras malas noticias: si uno se centra en la aportación al censo electoral por parte de los votantes comprendidos entre los 18 y 35 años, suponen un 21,9 por ciento del total. Esto implica tres puntos menos que los mayores de 65 años y lejos del 39 por ciento de la generación de los baby boomers. Por lo tanto, son un contingente muy menguado frente al resto de las generaciones. Esta es una pauta que se repite en todos los países de la OCDE y que causa que los jóvenes resulten no demasiado decisivos. Una generación entera puede optar de manera importante por un partido, pero si son menos en número que otras es más complicado que sean determinantes para una victoria electoral.

GRÁFICO 10.1. El electorado joven es poco numeroso.

Sin embargo, tan importante como la edad es saber en qué medida existen diferencias en la participación electoral por parte de cada una de las generaciones, si se abstienen en la misma proporción hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos; es decir, si la participación se distribuye de manera sistemática por todos los sectores sociales, no debería haber sesgo alguno en las políticas. Sin embargo, sabemos que esto no suele ser así. Diversos autores han señalado que la población con menos recursos (tiempo, dinero, capital cognitivo, redes) tiende a abstenerse más. De este modo, el hecho de que los jóvenes participaran en menor medida o fueran un grupo poco numeroso podría provocar que los partidos no tuvieran un gran interés en representarlo, por más definidas que estuvieran las preferencias entre unos y otros. En el gráfico siguiente se representa a las personas que se abstuvieron en las elecciones generales de 2016 y los datos son bastante concluyentes.

FIGURA 10.2. Los jóvenes votan menos.

Los jóvenes son un colectivo peculiarmente abstencionista: su probabilidad de no votar es del doble que entre los más mayores. En las elecciones generales de 2016, el 28 por ciento de los menores de 24 años reconoce que no votó, mientras que solo un 12 por ciento de los mayores de 55 dice lo mismo. Una diferencia de 16 puntos. En 2015 esa diferencia fue de 10 puntos (21 contra 11 por ciento), y en 2011 y 2008 de 12 (26 contra 14, y 24 contra 12 por ciento).

Esta pauta es bastante común en todos los países de la OCDE, pero lo que parece ser particularmente novedoso es que no siempre fue así. Como señala Wattenberg, los jóvenes actuales se abstienen más que sus mayores, pero los jóvenes de los años sesenta no lo hacían. Este patrón se da en casi todas las democracias occidentales, lo que señala que debe de haber algún tipo de motor común más allá de factores específicos de cada país. No podemos afirmar que haya sido algún evento nacional (por ejemplo, «el desencanto» tras la Transición en España) la que haya desmotivado a los jóvenes a la hora de participar si al final podemos apreciar que esta desmovilización se produce en todas partes.

En cualquier caso, quizá la clave no recaiga tanto en una desmovilización de los jóvenes como en su elasticidad a la hora de votar. El caso del referéndum del Brexit y las elecciones de Westminster en 2017 tal vez puedan servir como ejemplo de las dinámicas generacionales. Empecemos por el primer caso. Según los sondeos de YouGov, un 66 por ciento de los jóvenes menores de 24 años se manifestaban a favor de quedarse en la UE y solo un 23 por ciento eran proclives a salir. Este estrato es de unos 3,8 millones de británicos, lo que equivale más o menos al 16 por ciento de la población total. Por lo tanto, la posición de los jóvenes podía marcar la diferencia en el resultado final. Sin embargo, al final apenas 492.000 jóvenes votaron, lo que implicó que el Brexit se impusiera en el referéndum. Esta dinámica es justo la inversa de la que se produjo en las elecciones generales de 2017. De nuevo, los jóvenes mostraron una preferencia clara: el 65 por ciento de los menores de 34 años apostaba por los laboristas de Jeremy Corbyn frente al 22 por ciento de los conservadores. Sin embargo, en estas elecciones la movilización fue distinta a la habitual. Los jóvenes salieron a votar en tasas superiores al 60 por ciento, muy lejos de su tónica habitual, y aunque no decantaron la victoria a su favor sí causaron que los conservadores de May perdieran la mayoría absoluta.

Uno de los factores que puede llevar a un incremento de la participación electoral son las expectativas de cambio. En esta clase de situaciones puede haber una movilización diferencial, en la que muchos votantes no habituales salgan a depositar su papeleta. En la misma línea se podría argumentar que los jóvenes participan más en esos momentos. Si regresamos al caso de España y comparamos la abstención de las últimas elecciones con comicios anteriores, este patrón emerge con cierta claridad.

GRÁFICO 10.3. Abstención de voto.

CAMBIANDO VOTOS POR BARRICADAS

Pese a este escenario, algunos sociólogos y politólogos han insistido en que el contexto es menos preocupante para los jóvenes de lo que se apunta. La razón es que hay que tener en cuenta el «efecto sustitución». La idea que este plantea es relativamente sencilla: que los jóvenes de hoy estén votando menos no es necesariamente un problema, pues participan en la vida pública de otra manera, y se habría dado un reemplazo de las vías tradicionales por nuevas maneras de influir en política, como manifestaciones, asambleas, boicots a productos u otros mecanismos, todo sin necesidad de meter una papeleta en una urna. Pero ¿es esto cierto?

Para comenzar, nos centraremos en las demás formas de participación en función de la edad y al margen del voto. Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, al margen de ciclos concretos de movilización, las generaciones de mediana edad también participan en huelgas o acuden a manifestaciones, y a menudo a niveles similares —o incluso superiores— a los jóvenes. Sin embargo, sí que es cierto que la población más mayor —sobre todo aquellos que superan los 65 años— tienden a participar en mucho menor número en estos mecanismos alternativos. Por ejemplo, en 2015 tanto los jóvenes como los adultos de entre 35 y 64 años participaban casi el doble en huelgas que los mayores de 65 años.

Donde sí se perciben diferencias claras entre los jóvenes y los españoles de mediana edad es en mecanismos de participación más convencionales. Como recuerda Carol Galais en el estudio que hemos citado antes, la participación institucional tiende a ser la menos preferida por los jóvenes. Ya dijimos que los jóvenes votan menos, pero también tienen niveles más bajos de afiliación a partidos políticos, participación en mítines o recaudación de fondos para causas. Estos mecanismos más convencionales son, en general, mucho más populares entre la población de mediana edad y entre los más mayores.

Sí que existen mecanismos alternativos que son —o han sido— eminentemente jóvenes, sobre todo en el ámbito de las protestas. En esta categoría entran tanto el movimiento de mayo del 68, la agitación antiglobalización durante los años ochenta y noventa y otros movimientos de protesta más recientes. Entre estos, los más notorios son el 15M y las manifestaciones de Occupy Wall Street en Estados Unidos. Sin embargo, estas son movilizaciones puntuales que no pueden entenderse al margen de determinados ciclos reactivos —y que por lo tanto son menos sostenidas en el tiempo— como las que han podido suceder en España los años 2011-2013, principios de los 2000 o mediados de los años ochenta. Unos ciclos que, además, han arrastrado a más sectores al margen de los jóvenes.

GRÁFICO 10.4. Otras formas de participar en política.

Todos estos datos son congruentes con el poco respaldo que ha encontrado la tesis de la sustitución. No es verdad que los jóvenes estén reemplazando votar por otras vías. Lo que de verdad tenemos son participantes solapados, esto es, quien se implica en un mecanismo se suele implicar también en los demás.

Por otra parte, no se debe olvidar que votar sigue siendo la forma de participación más barata de todas. Protestar, organizarse, ir a asambleas…, requiere recursos individuales (dinero, tiempo, capital cultural) y colectivos (redes) que no están al alcance de todos los individuos. Eso necesariamente introduce un sesgo de clase. Cuando se producen eventos de protesta (desde el de la guerra de Irak hasta el movimiento del 15M) muchas veces en el debate público tenemos la tentación de poner dentro del mismo saco a todos los jóvenes. Sin embargo, a menudo ni sus trayectorias son equivalentes ni sus intereses parejos.

Un ejemplo sobre en qué medida no nos damos cuenta de estos sesgos es el 15M. Este movimiento tuvo una gran importancia como un elemento de repolitización y como evento socializador de la generación nacida en los ochenta. Además, tuvo su origen y dio forma a diferentes plataformas, desde la recientemente disuelta Juventud Sin Futuro hasta la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), muchos de cuyos líderes entrarían en política años después. Cuando uno revisa las demandas de este movimiento, heterogéneo y complejo, se encuentra con reivindicaciones muy variadas: el cambio de la ley electoral, la democracia directa, una separación clara de Iglesia y Estado, la paralización del proceso de Bolonia, la intervención de los bancos y la regulación de la financiación de los partidos, junto con medidas de mayor transparencia.

¿Quiénes eran sus participantes? Como Kerman Calvo ha apuntado, se sabe que casi siempre eran jóvenes, aunque no adolescentes, y con un nivel educativo universitario.[1] En general señalaban no estar ligados a partidos políticos, pero sí se autoubicaban hacia la izquierda del espectro político. También mostraban un intenso interés por la política. No había un sesgo de género relevante entre los participantes, al menos hasta lo que se sabe. Un punto clave es que muchos de ellos apuntaban a la idea de que el inicio de la crisis económica era en esencia una cuestión de expectativas frustradas. A pesar de que muchos de esos jóvenes declaraban estar sobrecualificados para las tareas que desempeñaban, apenas el 10 por ciento de los entrevistados decían estar, objetivamente, peor que la mayoría de la gente.

Por lo tanto, las demandas que eclosionaron el 15M —muchas de las cuales han sido recogidas por partidos nuevos y clásicos— tuvieron su origen en el perfil de sus participantes. Por más que fueran jóvenes, solo un determinado segmento de estos eran los que ocupaban las plazas y formaban las protestas, al menos en las fases iniciales. Se trataba de estudiantes que participaban políticamente, lo que problematizó temas (desde el sistema electoral a la participación directa) que no necesariamente se vinculaban a los deseos del conjunto de sus coetáneos. Como ejemplo, las demandas sobre la tasa de abandono escolar récord de la Unión Europea o sobre la enorme cantidad de jóvenes perjudicados por la burbuja inmobiliaria quedaron fuera de las reivindicaciones. Los más perjudicados objetivamente por la crisis no participaban, así que sus necesidades se quedaron sin portavoces.

El objeto de esto no es criticar al movimiento, ni mucho menos. Es tan solo una llamada de alerta sobre en qué medida las desigualdades en los mecanismos de participación de nuestra sociedad también se manifiestan en los jóvenes. Para una muestra, a continuación se desagrega la abstención por edades según el nivel educativo.

GRÁFICO 10.5. Los jóvenes con estudios sí votan.

El gráfico anterior pone números a esta cautela. Por un lado, la abstención es significativamente mayor entre las personas con menor nivel de estudios. Por otro, y de manera aún más elocuente, existe una relación mucho más fuerte entre edad y abstencionismo entre estos: nadie vota menos que los menores de 35 años por debajo del nivel universitario. Si este hecho se manifiesta con la forma de participación más «accesible» de todas, meter una papeleta en una urna cada cuatro años, ¿cómo de sesgadas estarán las otras vías de participación política? Todo esto se apunta solo para señalar que las afirmaciones sobre «la generación perdida» camuflan una gran cantidad de perdedores diferentes que, tal vez, también necesitan respuestas políticas diferenciadas. Respuestas tan diversas como la relación que ellos mismos tienen con la política y que no siempre se traducen con la misma efectividad en el debate público.

¿SE ESTÁ ABRIENDO LA BRECHA GENERACIONAL?

Tan importante como en la participación de los jóvenes es centrarse en cuáles son sus preferencias políticas. Si en lugar de fijarnos en si votan o se abstienen nos centramos en a quién votan, podría decirse que nunca estos lo habían hecho de manera tan diferente a sus padres.

El año 2016 puede ser un momento clave para apreciar esta dinámica. El referéndum del Brexit, la repetición electoral en España, la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, la extrema derecha acariciando la presidencia de Austria y la caída de Matteo Renzi tras un referéndum de reforma constitucional justifican pensar que el mundo se aceleró en aquel periodo. Es cierto que con frecuencia se meten estos eventos en el mismo saco y se les intenta dar una explicación común. Ese esfuerzo es imprudente, pues hay factores muy diferentes detrás de cada uno de ellos. Sin embargo, algo que sí tienen en común es que han hecho aflorar tres brechas políticas de manera simultánea. Tres brechas que aún tenemos que esclarecer para entender qué implican y que han generado unas pautas de comportamiento electoral que habían dejado de ser estudiadas.

La primera fractura es la que se ha producido entre el campo y la ciudad, con pautas cada vez más diferentes en voto y participación. El campo se ha vuelto la reserva espiritual del voto conservador y de la extrema derecha, mientras que las fuerzas más liberales e izquierdistas han ganado preeminencia en las ciudades. La segunda es una importante brecha de género. Las mujeres han tendido a votar en menor medida por nuevos partidos y, en particular, lo han hecho muchísimo menos por los partidos considerados de extrema derecha o de populismo xenófobo.

Sin embargo, la que más ha llamado la atención es precisamente la que ocupa este libro: la brecha generacional. De un tiempo a esta parte se ha visto cómo en los diferentes procesos electorales los jóvenes han comenzado a votar de manera sistemáticamente diferente a sus mayores. ¿Por qué se está produciendo esa diferencia de comportamiento electoral? Si hemos visto que aquellos son los sectores que de forma objetiva han sido los más perjudicados por la crisis económica y política, si la insatisfacción con el sistema político es mayor entre los jóvenes, si su interés en los asuntos públicos se ha incrementado y cada vez muestra posiciones ideológicas más polarizadas, tiene cierto sentido que exista el caldo de cultivo para el realineamiento de la oferta política. Es decir, para que cambie la correlación de fuerzas entre los partidos de manera importante, a veces con la emergencia de algunos nuevos. Que esta pauta sea episódica o se consolide estará por ver.

Pese a todo, y aún con lo global de la emergencia de esta brecha, se hace complicado extraer un patrón único para el voto joven. Por ejemplo, en Italia el Movimento 5 Stelle, los populistas de Beppe Grillo, son la opción preferida. Además, los jóvenes votaron de forma masiva por el no en el referéndum para la reforma constitucional de Matteo Renzi. También fueron los jóvenes los que auparon al gobierno a Syriza en 2014, aunque hoy le dan la espalda. Este potencial voto anti-establishment, no obstante, es capitalizado de forma marginal por el Frente Nacional en Francia o por Jobbik en Hungría, ambos partidos de extrema derecha y preferidos por el segmento de menor edad. Más adelante en Francia el dibujo generacional se hará más complejo con la emergencia de la Francia Insumisa de Mélenchon, y luego Macron frente a Le Pen. Y sin embargo, al mismo tiempo, son también los jóvenes los que mayores tasas de rechazo muestran al UKIP en Reino Unido o a AfD en Alemania. Por lo tanto, quién capitaliza esa brecha no siempre está claro, y varía según el país y su estructura de competición ideológica y partidista.

Entre los años 2014 y 2015 se produjo en España una de las transformaciones más importantes de su sistema de partidos. Con una fragmentación y volatilidad superior incluso a las elecciones de 1977, el 20 de diciembre de 2015 dos nuevos partidos rompían el cuasi oligopolio bipartidista que PP y PSOE mantenían desde hacía dos décadas. Dos nuevas formaciones, Podemos y Ciudadanos, irrumpieron en el Congreso de los Diputados con el 34 por ciento de los votos. La incapacidad para formar un gobierno abocó a la repetición electoral en el año 2016. Solo el Partido Popular mejoró sus resultados, pero quedó confirmado que el nuevo multipartidismo español tenía vocación de continuidad. El sistema político se había realineado, tal y como estaba ocurriendo en muchos otros países europeos.

Pese a esto, la gran novedad que atrajo la atención de los comentaristas fue la medida en que las formaciones emergentes captaron el voto joven, sobre todo Podemos, visibilizando la brecha generacional en España. Sobre estas bases se asienta la apertura de la brecha de voto por edad que recoge el gráfico siguiente 10.6.

El voto joven se dejó ver con timidez en las elecciones en las que el PSOE perdió posiciones y también el poder: 1996 y 2011. Entonces, IU aprovechó para introducir una cuña por la izquierda de los socialistas que, de forma clara, era más ancha en las cohortes más jóvenes. Pero estos dos comicios no son nada comparados con los últimos, en los cuales PP y PSOE dejaron de ser el bloque más votado por debajo de los 35 años, y casi de los 45. Como decíamos, es Podemos quien posee unos votantes más jóvenes, siendo la formación con más apoyos por debajo de los 45, y donde dominan con holgura los menores de 35. Ciudadanos, por su parte, triunfa sobre todo entre las personas de 25-35, y algo menos entre las de 35-55, en volúmenes casi idénticos a los menores de 25. Mientras tanto, la correlación entre edad y voto al PSOE y, sobre todo, al PP, se ha convertido en una curva pronunciada. En definitiva, la brecha está abierta.

GRÁFICO 10.6. La brecha generacional.

Es cierto que hay que ser cautos ya que el voto joven es más volátil, por lo tanto puede que la tendencia no cristalice, pero si esta pauta es generacional y se consolida, nos podríamos encontrar con que esta generación se convierta en una minoría permanente. Es decir, una generación que vota siempre diferente pero que, al ser una cohorte pequeña, siempre pierde frente a las preferencias de sus mayores.

LA ESPERANZA DE UN NUEVO PACTO INTERGENERACIONAL

La pregunta más importante de este libro tal vez no tenga una respuesta rotunda, pero cualquier búsqueda debe volver a introducir a los agentes políticos en la ecuación. Para entender el abandono tradicional en el que han estado relegadas las políticas juveniles en España, el marco construido por el sociólogo Pau Marí-Klose puede ser de ayuda.[2] Aunque es verdad que su análisis se centra más en los gobiernos de los años ochenta y noventa, puede ser útil para comparar si la fractura generacional y la fragmentación partidista en España abre algún tipo de oportunidad.

En la primera parte de su análisis Marí-Klose se centra en contrastar en qué medida los programas electorales del partido en el gobierno, el PSOE la mayor parte del periodo, mencionan a los jóvenes como fundamentales en sus políticas. En general se apunta que solo en 1996 ese partido entiende que ha perdido la sintonía con ellos, alegando que ha dejado de lado a toda una generación, y hace hincapié en esta cuestión. Es el Partido Popular el que le da más énfasis desde entonces, al igual que lo hará de nuevo el PSOE en 2004. Por lo tanto, parece que los programas electorales suelen prestar más atención a los jóvenes cuando el escenario es competido o bien se anticipa un cambio político. No es casualidad que quienes más los mencionan, tanto en el programa como en el marketing electoral, hayan sido los partidos recién emergidos.

Sin embargo, los programas son orientativos solo en parte. Incluir «menciones» a los jóvenes es una medida imperfecta de la ordenación de las preferencias. Más importante es la existencia de auténticos promotores que pongan las políticas juveniles en la agenda: la falta de emprendedores políticos. Un primer elemento que trata Marí-Klose y que puede parecer trivial es la presencia de jóvenes en los grupos electorales. La representación sustantiva tiene un impacto en las políticas. ¿Qué ocurrió con los jóvenes políticos durante este periodo? Como Marí-Klose apunta, el PSOE se fue «encaneciendo» poco a poco hasta que en 1993 no tenía diputados de menos de 30 años y solo un 13 por ciento menores de 40.[3] Esta tendencia puede considerarse un efecto meramente vegetativo: una democracia más consolidada tendrá siempre políticos de más edad. Las trayectorias se refuerzan. En las elecciones de 2008, por ejemplo, el 15 por ciento de los diputados tenían más de 60 años y apenas el 10 por ciento menos de 36, récord en nuestra historia reciente.

GRÁFICO 10.7. La edad de los diputados de cada partido. Número de diputados según la edad.

Si nos fijamos en la composición del Congreso de los Diputados actual, el dibujo es bien diferente al de las décadas pasadas. Sobre todo en los nuevos partidos, la composición de la cámara ha rejuvenecido. Eso ha pluralizado mucho más la trayectoria de los diputados (algunos provienen de la empresa privada, otros de movimientos sociales…), añadiendo más riqueza. Sería incauto pensar que vale con tener políticos más jóvenes para que se generen más políticas para ellos; sin embargo, sí nos deja intuir que al menos permite desarrollar más empatía por sus problemáticas. Esta es la principal transformación que ha acarreado el cambio de la oferta.

Dicho esto, es fundamental volver a traer a colación el valor de los jóvenes como parte de una coalición política ganadora. Cuando Marí-Klose se fija en qué medida la evaluación de las diferentes políticas afectaron a la probabilidad de votar PSOE en los años ochenta y noventa, descubrió que los jóvenes tienen una orientación hacia el voto sociotrópica, es decir, que su probabilidad de votar al PSOE se ve afectada por un amplio rango de políticas (educación, paro, sanidad, pensiones…). Sin embargo, esto no es así entre los mayores. Para estos últimos tan solo su evaluación de las políticas de pensiones y sanidad afectan su probabilidad de votar al PSOE o no.

¿Por qué existe este efecto diferencial? Por un lado, puede ser que los jóvenes, al estar integrados en el núcleo familiar, empaticen más con un amplio rango de políticas a través de las experiencias de sus parientes. Por otro lado, también es cierto que los jóvenes algún día serán mayores (luego también les preocupa su pensión), pero para un anciano su interés en otras políticas (que ya no recibirá) solo puede ser altruista. Sea por lo que sea, el político tiene buenas razones para centrarse en gastar en la tercera edad, ya que sabe que sus iniciativas tienen más efecto «arrastre» sobre el electorado. Invirtiendo en pensiones se ejerce una mayor atracción potencial que haciéndolo en guarderías. Esto es interesante porque se puede extrapolar a otras políticas. Por ejemplo, cuando hablamos sobre por qué los trabajadores precarios no se organizan y movilizan para actuar en el ámbito político, puede haber mecanismos similares detrás. Tal vez en todos los hogares haya un insider con el que se empatice (y que aporta ingresos al núcleo familiar), o bien todo precario espera ser fijo también algún día, mientras que el insider solo puede ser altruista con respecto a una situación en la que no espera volver a encontrarse.

Sin embargo, esto también ha cambiado, y la edad ha pasado a ser un predictor de voto relevante en España. Ahora hay partidos con líderes más jóvenes cuyas bases electorales son también menos envejecidas. Quizá en este punto se puede atisbar un destello de esperanza.

La razón es sencilla. Primero: en la España que surge de 2015 ningún partido tiene a corto plazo la capacidad suficiente para atraer hacia sí coaliciones tan heterogéneas como en el pasado. Cuando esto sucedía, las disputas generacionales quedaban enmascaradas; ahora son explícitas. Y segundo: ningún partido tiene por sí solo la fuerza suficiente para gobernar en solitario. La combinación de estas dos situaciones novedosas puede abocar a que, dentro de poco, veamos gobiernos de coalición entre partidos viejos y partidos nuevos, y, si cada cual tiene un electorado de edades distintas, se vean forzados a buscar un punto de compromiso que reequilibre los costes generacionales de la crisis.

11

La juventud en las nuevas mayorías

El escenario que hemos dibujado a lo largo de estos capítulos señala un itinerario de los jóvenes en España. Los problemas estructurales (de trayectoria vital, pobreza y distribución, mercado de trabajo, Estado del Bienestar, educación o emancipación) se han precipitado a causa de la crisis económica e institucional. Los efectos sobre la juventud han provocado cambios paulatinos en algunas actitudes políticas, lo que ha desembocado, junto a otros muchos factores, en la eclosión de un nuevo sistema de partidos en el que la brecha generacional es relevante. Si nos encontramos ante nuevos agentes, con coaliciones de apoyo diferentes, ¿podemos ver esto traducido en movimientos de las políticas? Un equilibrio político se forma cuando los actores que participan en el sistema y podrían desestabilizarlo potencialmente lo aceptan como válido, y todos aquellos que se oponen o bien no tienen fuerza suficiente para cambiarlo o bien los costes de ello son demasiado altos. Ninguno de sus participantes gana (a corto plazo) al moverse de su posición. Sin embargo, los equilibrios pocas veces son eternos, algunos cambios o la entrada de nuevos jugadores puede desestabilizarlos con facilidad. ¿Es esto lo que está ocurriendo en España? ¿Podemos apreciar movimiento en las cartas?

La teoría de los «equilibrios puntuados», hijo de la biología evolutiva, es particularmente útil para responder a esta pregunta.[1] La idea principal de esta hipótesis es que la evolución no es un proceso constante en el tiempo, sino que posee más bien forma de olas. Hay largos periodos de calma interrumpidos por breves espacios de cambio profundo. Así lo interpretaron los politólogos James True, Frank Baumgartner y Brian Jones, responsables de la adaptación del término al ámbito social.[2] Las organizaciones, los sistemas, cambiarían durante periodos intensos de reforma más que de manera gradual. Lo interesante, por tanto, es ver qué tipo de shocks puede generar un impulso a los procesos de reforma, esto es, cuando se abre por un breve periodo la caja de Pandora. Por poner un ejemplo, muchos países reforman sus instituciones en contextos de crisis económica o de importante volatilidad electoral. Los actores que sostenían el statu quo se debilitan.

El equilibrio anterior a la crisis consistía en un grupo de insiders de mediana edad en adelante movilizados y con un claro frente de preferencias y prioridades. Sin emprendedores políticos y con un voto apegado a las prioridades de los anteriores, existía un grupo de outsiders en su mayoría jóvenes, más bien dispersos y faltos de puntos de encuentro, con cierto sesgo a favor del statu quo a causa de los costes potenciales de la reforma. ¿Ha cambiado eso? Por un lado, parece que sí. Como hemos visto, existen patrones de voto diferentes en función de la edad, con unos jóvenes enmarcados en una crítica más intensa al sistema y un interés por la política parejo al de otras generaciones. Esto los puede llevar a una mayor y distinta movilización política. Por otro lado, no obstante, existe un riesgo de caer en la minoría permanente por su todavía escaso peso numérico o, al menos, su evanescencia frente a otras generaciones. Este último escenario podría conducirlos a la desmovilización y a la apatía ante la frustración.

Tal vez la mejor (si no la única) manera de esquivar el riesgo de este último escenario, convertirse en una minoría permanente, pasa por la construcción de acuerdos intergeneracionales e interclases. En palabras del politólogo Adam Przeworski:

El capitalismo es un sistema en el cual los trabajadores compiten entre sí a menos que estén organizados como clase. Corresponder a posiciones similares de la escala social no resulta necesariamente en solidaridad, dado que los intereses que los trabajadores comparten son precisamente los mismos que los hacen competir los unos con los otros, sobre todo el hecho de que ofrecen salarios a la baja para conseguir un empleo.[3]

Si uno migra esta lógica a la intergeneracional, los jóvenes, sobre todo aquellos con más capacidad competitiva (quienes proceden de hogares más pudientes, con mayor capital humano y social acumulado), pueden tener la tentación de no cooperar en gran medida. Pero tampoco tienen por qué hacerlo aquellos que encuentran menos instrumentos en su haber. En ellos el incentivo puede ser la competición directa a través de aceptar unas condiciones salariales con unos límites que los trabajadores cualificados no están dispuestos a aceptar, o a través de preferir antes rebajar capítulos de gasto social de los que ellos no se van a beneficiar de ningún modo. Una estructura polarizada y dual dentro de los jóvenes, como la que hemos mostrado a lo largo de estas páginas, no ayuda.

Así, Przeworski continúa con la siguiente afirmación:

Los trabajadores, sea a nivel individual, de empresa o sector, tienen un fuerte incentivo para buscar sus intereses particulares a costa del de otros compañeros a menos que alguna organización (un sindicato, un partido o directamente el Estado) tenga los medios para generar disciplina colectiva. Así pues, para superar la competición entre ellos, los trabajadores deben organizarse y actuar como una fuerza colectiva.

Desde sus orígenes, los trabajadores se han enfrentado a este problema de acción colectiva. La mayoría tenía y tiene incentivos para no participar en esfuerzos comunes, en medidas compartidas. Para superar esa barrera del corto plazo es necesario que agentes del tipo que sean puedan englobar bajo una manta de identidad común a coaliciones heterogéneas de trabajadores, algo que permita que los anclajes de la cooperación sean más sólidos, de tal modo que se acepten compromisos implícitos o explícitos mutuos que garanticen una defensa de la mejora conjunta a largo plazo y que dejen de lado oportunidades individuales en el futuro inmediato.

Una vez que se consolida la posición de un grupo política y socialmente cohesionado, que ha logrado imponer condiciones para su beneficio colectivo a través del conflicto y de la negociación, le resulta más sencilla la defensa de sus intereses. Podría afirmarse que esto es justo lo que sucede en España con las generaciones anteriores a la que analizamos aquí. La lucha que se libró en los años setenta y ochenta por la construcción de un sistema de protección al trabajador fue larga y ardua, y logró concesiones que han acabado por afectar de forma negativa a las nuevas generaciones. Ha cristalizado en un sistema con un claro sesgo generacional.

Ahora, el reto político es construir una nueva coalición más incluyente, que dibuje un equilibrio político distinto para las décadas siguientes. La cuestión es por dónde se abre el espacio para el cambio.

EL DILEMA IDEOLÓGICO

El diagnóstico realizado y las propuestas esbozadas en la primera parte de este libro apuntan hacia un doble cambio en la estructura redistributiva. De un lado, en clave generacional, hacia las cohortes nacidas a partir de los años ochenta, perdedoras en mayor medida. Del otro lado, dentro de esta generación, en sus capas más vulnerables. Esta interpelación, por más que se considere ideológica, puede lograr un acuerdo de amplias capas de la sociedad, pues existen fuertes argumentos de eficiencia que lo justifican, como hemos ido viendo. Un liberal interesado en la igualdad de oportunidades debería ser consciente de la pérdida de talento y esfuerzo que supone tener una generación entera encajonada. Un conservador o un democristiano, interesado por la seguridad, bien podría ser sensible al argumento de cómo puede derivar en problemas de inclusión, pobreza e inseguridad la existencia de colectivos jóvenes en riesgo. Todas las tendencias políticas interesadas en un mayor crecimiento y bienestar social podrían recoger la bandera de medidas que redundasen en una mayor prosperidad conjunta.

Ahora bien, la izquierda, que se interesa sobre todo por la igualdad en su cuerpo de valores, debería sentirse particularmente interpelada. En general, los socialdemócratas han jugado un papel histórico relevante en la construcción de mayorías electorales viables que favorezcan aumentos de la igualdad. Al fin y al cabo, la clase obrera industrial manual rara vez ha supuesto el 50 por ciento de un electorado en una democracia representativa. Así, en un contexto electoral la búsqueda de un mínimo común múltiplo ha sido una constante para estos partidos; la alianza entre clases medias urbanas, agricultores y pequeños o medianos propietarios ha sido para ellos un elemento fundamental. Sin embargo, en un contexto en el que precisamente la brecha abierta entre las preferencias entre unos y otros miembros (potenciales) de la coalición socialdemócrata se ha ido ensanchando, estos partidos se han enfrentado cada vez a mayores dificultades.

El politólogo español David Rueda ya entrevió las consecuencias de esta brecha en lo que respecta a la fractura de los electorados en la izquierda mayoritaria europea. En su libro de 2007, Social Democracy Inside Out, Rueda exponía con teoría y datos cómo la socialdemocracia se enfrentaba al dilema entre mantener y priorizar las políticas que llevaban décadas beneficiando a los insiders, sobre todo los niveles de protección contra el despido en los contratos indefinidos, o girar hacia el lado outsider de la estructura laboral y apostar por más gasto en políticas activas de empleo y seguros de paro más inclusivos.[4] Dado que la manta es demasiado corta, a estos partidos, una vez desde el gobierno, les resulta difícil emprender iniciativas que contenten al mismo tiempo a sus núcleos electorales y a esas capas, cada vez más importantes, de precarios. El resultado es un seccionamiento mucho mayor de los electorados de la izquierda, que se mueven hacia alternativas rojiverdes, verdes o, en general, hacia la socialdemocracia.

En España el PSOE es un candidato particularmente bien posicionado para caer en este tipo de dilema. El componente generacional le imprime un impulso particularmente intenso, como vimos en los datos de voto según edad. Y es que no parece descabellado pensar que la reciente fragmentación del electorado español de izquierdas tiene algo que ver con una versión ampliada de la hipótesis de Rueda. La crisis del 2008 y su gestión supuso una ruptura de las expectativas de estos votantes sin introducir apenas mecanismos de equilibrio generacional para repartir sus costes. El resultado es por tanto que se haya producido un enorme seccionamiento en este grupo entre PSOE y Podemos, con dos mitades casi simétricas en términos electorales. Sin embargo, los liberalconservadores no están del todo libres de este tipo de dilemas. Al fin y al cabo, el PP mantenía y mantiene una base de votantes insiders de avanzada edad, trabajadores y sobre todo pensionistas miembros de las viejas clases medias. Ciudadanos ha tenido menos recorrido socavando sus bases, aunque sí ha conseguido hacerse fuerte entre la clase media y media-alta menor de 45 años.

Para ambos partidos mayoritarios, además, la escalada de casos de corrupción ha funcionado como catalizador de la crítica social. No es solo el coste de la crisis y sobre quién ha recaído, es también el coste de oportunidad que ha llevado parejo la malversación del dinero público. Al fin y al cabo, las encuestas reflejan que a todos los españoles les preocupa la economía y el desempleo, pero a los votantes de los nuevos partidos también en gran medida la corrupción y la política. Ahora bien, tampoco conviene sobreinterpretar los movimientos electorales como una rebelión joven a favor de un nuevo modelo laboral, de bienestar y protección. Antes de atribuirle un contenido de preferencias demasiado específico se hace necesario comprobar si de verdad ha habido un giro de los jóvenes en los ámbitos que nos ocupan.

¿NUEVAS PREFERENCIAS?

Pese a que es una idea predominante en el debate público, no es exacto que toda la responsabilidad de este proceso se pueda atribuir a la austeridad y a los recortes, o las medidas de ajuste impuestas por la pertenencia al euro. Se puede tener que aplicar un ajuste, pero un elemento fundamental de la equidad es cómo se reparte, ya sea entre capital y trabajadores, ya sea entre diferentes generaciones. Es decir, en qué proporción mengua el trozo de la tarta para cada uno. Han sido los jóvenes, sin duda, los que más han visto reducida su proporción. Un ejemplo es que, mientras que el gasto por desempleado y por hijo no ha dejado de caer desde el año 2005, el gasto en pensiones por jubilado es la única partida de gasto que ha aumentado con uniformidad. Ante esta situación parece legítimo preguntarse: ¿han apoyado los ciudadanos el reparto de los ajustes? ¿Se debe tan solo a la posición de fuerza de los mayores frente a los jóvenes? ¿O es más bien que han solidarizado los primeros con los segundos, y quizá no tanto al revés?

Es difícil conseguir datos que resuman el conjunto de preferencias por parte de los ciudadanos con respecto a políticas específicas. Una aproximación razonable, que además cuenta con series de datos anuales gracias al CIS, es fijarse en las percepciones sobre las distintas partidas de gasto público por parte del Estado. Simplificando un poco, cabría esperar que si hay una evolución de los jóvenes hacia una posición más conscientemente outsider, por así decirlo, esto se refleje en las prioridades de gasto en ciertas áreas (desempleo, educación) frente a otras (como las pensiones). Al fin y al cabo, como hemos ido recordando en estas páginas, la crisis ha perjudicado a todos, pero los jóvenes se han visto expuestos en particular. Algunos colectivos, como los pensionistas, se han encontrado más resguardados, mientras que la pobreza infantil se ha disparado.

En la encuesta sobre «Opinión pública y política fiscal», el CIS ha preguntado en la última década a los ciudadanos si estos piensan que se gasta «Poco», «Suficiente» o «Demasiado» en distintas partidas. Analizando la proporción de los que piensan que se gasta poco y los que piensan que se gasta demasiado o suficiente es posible medir el apoyo que ha existido a cada partida según la generación.

Es posible distinguir tres patrones más o menos comunes a todas las partidas de gasto. En primer lugar, la evolución del apoyo es paralela, con dos momentos claros. Salvo para el caso del seguro de desempleo, entre 2008 y 2010 la porción de ciudadanos que piensan que se gasta demasiado o suficiente en otras partidas tiende a crecer. Sin embargo, a partir de 2010, con los recortes del gobierno de Zapatero, esta tendencia se invierte y la opinión pública se muestra más favorable al aumento del gasto en todas las partidas y para todos los grupos de edad. El punto álgido se alcanza en 2014, en el cual la economía vuelve a crecer. De esta evolución paralela, la que más llama la atención es tal vez la de las pensiones. Entre 2008 y 2010 todas las generaciones tienden a pensar en mayor medida que el gasto en estas últimas es insuficiente, a pesar de que el gasto medio por pensionista aumenta durante todo el periodo.

GRÁFICO 11.1. El gasto público que demandan jóvenes y mayores.

La información más interesante que revelan los gráficos es, sin embargo, la referente a las diferencias entre generaciones. En primer lugar, los valores son distintos entre ellas durante todo el periodo, y lo son en el sentido que cabría esperar. Las generaciones más jóvenes piensan en mayor medida que se dedican pocos recursos al desempleo, la cultura, la vivienda, la educación y la sanidad (algo que a priori es más sorprendente, ya que es menos probable que sean usuarios). Ahora bien, esta relación se invierte para las pensiones, que son apoyadas en mayor medida por los mayores. En segundo lugar, también cambia la evolución de los valores. Aunque el apoyo a las partidas de gasto se mueve en la misma dirección para todos los grupos de edad, la diferencia en el apoyo entre generaciones crece conforme avanza la crisis. Esto muestra que el conflicto generacional se ha agudizado durante este periodo. El conflicto distributivo es mayor entre ellas.

Desde 2010 hasta 2014 el conflicto entre las demandas de gasto por parte de las tres generaciones se amplifica y se hace cada vez más palpable. Frente a esta competencia por los recursos públicos, los distintos gobiernos han tenido que arbitrar entre las distintas preferencias. Esto ha supuesto privilegiar ciertas bases de apoyo frente a otras. Y, como ya hemos señalado en diferentes ocasiones, se ha dado prevalencia a las dos generaciones mayores frente a las dos más jóvenes. Hay que especificar que esta brecha de prioridades es solo relativa, y también limitada. Es decir: no se aprecia un conflicto en las preferencias que pueda explicar del todo la brecha generacional de voto que se ha abierto en el ciclo electoral de 2014-2016. De hecho, el punto de inflexión más importante según los datos es el consenso intergeneracional que emergió durante la crisis en torno a la insuficiencia de todas las partidas de gasto. Es decir, al tipo de salida que se le estaba dando a la crisis.

Ahora bien, estas preferencias no operan en el vacío. Es decir, que igual que las preferencias de los votantes atan a los agentes que las deben llevar a cabo, estos últimos también tienen capacidad para moldearlas. Por eso es importante fijarse en la emergencia de los dos nuevos partidos y en qué medida pueden suponer la oportunidad para volver a tejer un pacto intergeneracional. Es muy importante que se entienda que estos partidos no llegan en cualquier momento, sino que lo hacen ¿como causa? de un proceso de ruptura y quiebra más profunda de los cuerpos de representación tradicionales.

LA CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN EN LA ECUACIÓN

Con frecuencia se dice que los partidos políticos viven obsesionados con el corto plazo y que tienen poco margen de maniobra para aplicar sus políticas, en especial si son «antipáticas». Esta idea conecta con la tesis de los cuerpos intermedios ilustrada por Peter Mair.[5] La idea general es que en las democracias occidentales la participación electoral se encuentra en caída libre, igual que la afiliación a los partidos. Esto nos llevaría a un escenario inédito en el cual los (grandes) partidos hoy no disponen de la sólida base de apoyos sociales que tenían en el pasado, una bolsa de ciudadanos que por razones afectivas o sociales iba a votar a uno u otro partido en cualquier circunstancia, esa identidad común que señalaba Przeworski. Esto lleva a que los partidos deban estar siempre atentos a un escenario electoral en el que se espera que satisfagan una gran diversidad de preferencias al mismo tiempo y de manera inmediata. Los políticos tienen que mediar entre muchos intereses cada vez más fragmentados, y el desencanto es creciente. Estaríamos avanzando hacia el desarrollo de unas élites políticas cada vez más profesionalizadas las cuales quedarían siempre al albur de un votante cada vez más caprichoso (quizá por eso la comunicación política se ha vuelto tan importante).

Esta situación en general se ve apoyada, con matices, por la investigación disponible. Según se apunta, tanto la clase obrera como los votantes religiosos están contribuyendo cada vez menos a la elección de los partidos socialdemócratas y democristianos. Sin embargo, es importante distinguir entre tres componentes diferentes que contribuyen a ello. El primero es el tamaño del propio grupo: hoy la sociedad se ha terciarizado y secularizado, con lo que obreros y religiosos son menos en número, algo que va en paralelo con esas transformaciones que señala Rueda en su libro, que se refieren a esa creciente formación de outsiders. Segundo, la medida en que estos dos sectores tienden a participar en las elecciones, en que acuden a las urnas. Por último, la proporción en que ese grupo es leal a los partidos tradicionalmente suyos.

El resultado es que aun cuando en algunos contextos europeos la lealtad de uno de estos grupos puede ser alta, su reducción en términos numéricos ha producido que su peso específico sobre el total de votos al partido sea menor. Cambio, pues, inevitable ante la evolución a una sociedad posindustrial. Pero, además, esto reforzaría que los partidos tuvieran pocos incentivos para basar su campaña en los cleavages clásicos. Aunque puedan partir de sus raíces obreristas o católicas tal vez buscarán estrategias para apelar a cuantos más intereses mejor, lo que también refuerza la pérdida de centralidad de sus propios núcleos tradicionales. Por último, se sugiere que tal vez los partidos socialdemócratas son más hábiles para poder captar mensajes nuevos porque la clase trabajadora manual nunca ha sido mayoría social, si bien eso también la haría más dependiente de la nueva clase de servicios, en potencia más volátil en sus apoyos.

Aunque este mensaje ha tendido a interpretarse en clave pesimista, también puede hacerse en positivo si pensamos que hoy los partidos —también en España— se confrontan con un electorado más informado, crítico e inconformista. Eso podría ayudar a que los equilibrios puedan ser mucho más móviles que en el pasado, para lo bueno y para lo malo. Los gobiernos no pueden tomar tantas decisiones con las luces largas, pues también están sometidos a un control mayor en las urnas. La pregunta es si es posible combinar ambos elementos.

En los años ochenta el PSOE tomó medidas harto costosas en términos sociales que se supone que tendrían rendimientos futuros, en parte porque no tenía amenaza de un partido en la oposición viable y porque aceptó medidas sociales de compensación, pero en parte también porque tenía un núcleo de votantes dispuestos a transigir solo porque el partido se lo pedía. De eso cada vez hay menos, pues los propios partidos mayoritarios han puesto a prueba la capacidad de resistencia de sus votantes con sus políticas de ajuste en un contexto en el que la oferta electoral no hace más que aumentar. La pregunta es si, como se apuntaba al final del capítulo anterior, la conformación de electorados más homogéneos generacionalmente dentro de un sistema multipartidista puede hacer más fácil o más difícil la transacción.

LA RESPUESTA DE LOS NUEVOS PARTIDOS

Los nuevos partidos han capitalizado el voto joven en España, y esto ha sucedido en especial en el caso de Podemos. Parece que tiene cierto sentido que este partido se haya centrado mucho más en la falta agregada de recursos que en priorizar unos sectores sobre otros. Esto es congruente con el malestar español con respecto a la distribución de las cargas de la crisis. De entrada, ningún partido tiende a mostrar cómo distribuye sus prioridades o, si lo hace, es con una base electoralista. Es cuando se maneja el presupuesto cuando las preferencias quedan plasmadas en papel, y los partidos nuevos aún no han tenido suficiente recorrido al frente de administraciones para poder ser muy rotundos (más allá de apoyos puntuales o gobiernos locales).

En cualquier caso, es cierto que en su aproximación de máximos Podemos ha incluido algunas propuestas que podrían ayudar a la doble redistribución: generacional y socioeconómica. Los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles son un ejemplo, como lo es la consideración de un modelo de renta universal. Ambas medidas tienen, además, la particularidad de ser universalistas. En el nivel local, las formaciones en grandes ciudades en las que también participa con diversas confluencias han puesto sobre la mesa la necesidad de una red de educación infantil pública y accesible (en Madrid, por ejemplo, la propuesta de la alcaldía contó con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos).

Pero, al mismo tiempo, Podemos ha mantenido muchas de estas propuestas en un considerable nivel de indefinición. Además, en ámbitos como las pensiones o la regulación laboral, sus políticas están bastante más cerca de una vuelta al pasado insider que de una redistribución generacional. De hecho, el conjunto de su programa no supondría, tal vez, un reequilibrio en la labor estatal tanto como un aumento más o menos indiscriminado de la misma, sin resolver los problemas de sostenibilidad estructural que, por ejemplo, amenazan al Estado del Bienestar a largo plazo, y que acabarán por afectar con mayor crudeza a las generaciones más jóvenes.

La impresión sobre el otro nuevo partido, Ciudadanos, es también mixta, si bien por otras razones. Su base de votantes se encuentra más cerca de los 35-45 años que de los 18-35 y tiene una posición ideológica liberal, con lo que muestra más recelo hacia políticas de carácter más inclusivo y universalista. Aspectos como las bajadas de impuestos o la simplificación administrativa están en el corazón de su programa, lo que incide más en la eficiencia a la par que en un Estado más pequeño. En general, la negociación presupuestaria con el Partido Popular en la legislatura inaugurada en 2016 va en este sentido.

Pero, por otro lado y dentro de estos mismos límites, Ciudadanos sí ha desarrollado un discurso sobre la necesidad de reequilibrar el sistema a nivel generacional, recogiendo propuestas como los permisos de paternidad ampliados (si bien no iguales, obligatorios ni intransferibles), la aplicación de un contrato único indefinido con «mochila austriaca», la insistencia en mejorar las políticas activas de empleo o la idea de un impuesto negativo sobre la renta destinado sobre todo a beneficiar a los trabajadores jóvenes precarios. Es decir, Ciudadanos se permite reformas projóvenes solo donde no implican un aumento de gasto o de presencia estatal.

En otras palabras, a pesar de que han traído nuevas ideas al debate que encajan de forma parcial con una reorientación del sistema hacia los jóvenes, tanto Podemos como Ciudadanos han acabado por acomodarse en el eje tradicional. No hay razones para pensar que desde una perspectiva programática el cambio generacional haya seccionado las categorías clásicas de izquierda y derecha en España; en el caso de Ciudadanos, alejándose del incremento de gasto y del universalismo; en el caso de Podemos, no permitiendo reformas que recorten ciertos aspectos del Estado (aunque sea para ampliar otros).

El hecho de que los partidos clásicos sigan siendo los más votados tiene también que ver con esta ausencia de ruptura clara. El cambio en España ha tenido más forma de realineamiento electoral que de transformación radical. Esto tiene cierto sentido. Las bases de identidad partidista y de organización de PP y PSOE pueden minorar su fuerza, pero dificultan, salvo implosión interna, un colapso. Ahora bien, eso no quita que se haya producido un encanecimiento acelerado de los votantes de los partidos clásicos y una transformación de gran virulencia, con casi el 34 por ciento de los votos en 2015 dirigidos a partidos políticos que no tenían antes un solo diputado en el Congreso. En definitiva, ninguno de los cuatro principales partidos del país representa la nueva coalición ideal basándose en jóvenes y precarios (¿es tal cosa posible?). Y, sin embargo, la propia fragmentación partidista puede traer alguna oportunidad.

Por un lado, el equilibrio electoral actual es, hasta cierto punto, inestable. O, al menos, de final incierto. Tras el elenco de los años 2014 hasta 2016, con repetición de elecciones incluida, parece que Podemos y Ciudadanos (y sus orígenes generacionales en el voto) han venido para quedarse, al menos a corto y medio plazo. Ahora bien, los puntos de corte, las fronteras entre los partidos, están por definir y son más abiertos que en el pasado, por más que las trincheras no estén tan abiertas como cuando emergieron. Tanto el PP como el PSOE pueden guardar esperanzas de recuperación, como Podemos y Ciudadanos pueden hacer con sus aspiraciones de sorpasso al bloque mayoritario. Esta fluidez, sumada al hecho de que cada año se añaden votantes nuevos al censo por mero reemplazo demográfico, significa que las formaciones envejecidas no esperan seguir siéndolo por siempre. Los partidos no pueden, en este contexto tan volátil, permanecer del todo ajenos a las preferencias de los jóvenes.

Por otro lado, con los nuevos partidos ha llegado el fin de las mayorías absolutas y la vuelta de la necesidad de pactos para gobernar. En términos simplificadores, antes los jóvenes tenían que librar la batalla dentro de las viejas estructuras y se difuminaban en partidos mayoritarios. Ahora, al haberse salido de ellas, cuentan en cierta medida con instrumentos de negociación y presión más poderosos. No solo porque se haya abierto el horizonte de oportunidad para influir, sino también porque los actores nuevos (con apoyos en promedio más jóvenes) son clave para formar mayorías parlamentarias. Es más que probable que vayamos a ver coaliciones de gobierno entre partidos viejos y nuevos, y tal vez eso permita explorar políticas públicas diferentes.

La fragmentación es, por tanto, una amenaza y una oportunidad. Amenaza porque puede suponer la parálisis, multiplicados los puntos de veto, del actual equilibrio. Oportunidad porque puede permitir que los jóvenes resulten un electorado más interesante y también más influyente a través sus propios agentes. Ahora bien, para que se consolide como lo segundo en lugar de lo primero parece necesario que se avance en la construcción de la juventud como sujeto político definido, con intereses propios y una agenda determinada.

MINORÍAS Y VALLES

Al romper el equilibrio existente, la crisis abrió una serie de ventanas de oportunidad política en muchos ámbitos. La vuelta del sistema hacia los segmentos más jóvenes de la sociedad fue solo una de ellas, que debe leerse en un contexto de incertidumbre mucho más amplio del que forma parte indisoluble. En este frente, como en otros muchos, los nuevos actores políticos han empezado a buscar alternativas. Lo han hecho poco a poco, y tal vez de manera tentativa e insegura al principio, como sucede con la mayoría de procesos de cambio, pero con ciertas intuiciones, tomando algunas direcciones que por el momento sí se distinguen del pasado, aunque no sea de forma decidida ni rupturista.

Construir coaliciones pensando a largo plazo en mitad de una profunda reducción del poder adquisitivo a corto es, cuando menos, difícil. Exige un cierto acto de fe por parte de los votantes, una confianza en que las reformas propuestas les salvarán de la caída. Este es el «valle de la reforma» de Przeworski al que nos referíamos en el capítulo ocho, que se vuelve particularmente inhóspito y profundo en una recesión.

Lo más crudo de la crisis ha pasado y, con ella, también se ha detenido la destrucción de puestos de trabajo y el aumento de la pobreza juvenil. Sin embargo, su fin no trae la creación de empleo estable y de calidad para los jóvenes. Tampoco los datos disponibles por el momento hacen prever una reversión rápida y repentina de la tendencia ascendente en el riesgo de exclusión de los menores de 25 años. El paro de larga duración continúa siendo un problema, y cientos de miles de jóvenes siguen atrapados en él. Así, quizá la verdadera ventana de oportunidad se abra justo ahora, en los primeros años de la recuperación económica. Cuando el cambio en las estructuras de toma de decisión (los partidos) ya ha tenido lugar, la fase más dura de la crisis ha quedado atrás y por tanto es factible tomar riesgos, pero aún existen incentivos para explorar alternativas.

En este tiempo, el voto se ha vuelto decididamente más segmentado por edades. Además, la presencia de las desigualdades sociales en el debate público ha aumentado de forma significativa. De hecho, tal vez el signo más importante es que se están sosteniendo algunos, si no muchos, de los debates adecuados. Al fin y al cabo, no es tan importante si tal o cual medida entra en el último nivel de discusión: si el contrato único, la mochila austríaca, los permisos igualitarios o la reforma educativa contra la repetición de cursos son todos adoptados como políticas oficiales, o en su lugar acaban otras. Lo de veras significativo para identificar la posible emergencia de alternativas es la definición de nuevos marcos de referencia y debate. El mero hecho de hablar de vivienda, educación, desempleo no es suficiente, pero sí es condición necesaria para construir una agenda.

Quedan muchos retos por delante. Dos destacan sobre todos los demás. El primero es que, aunque este proceso de construcción de una identidad política generacional propia esté encabezado por los jóvenes con más recursos económicos, sociales y culturales, no se ciña en exclusiva a los grupos privilegiados. Si hay muchas clases de juventud, el primer paso es mantener a todas dentro del mismo barco. El segundo reto consiste en ampliar las alianzas. Los jóvenes pueden ser el grupo en torno al cual pivote el cambio, pero la actual estructura demográfica y de participación política deja claro que no son ni pueden ser autosuficientes. Sabemos que para que una reforma se mantenga en el tiempo, esta deberá ser capaz de generar su propia base de apoyo.

¿En qué condiciones podemos esperar que esto sea así? En la medida en que el envejecimiento de la población incline la balanza hacia los mayores, las políticas que creen cambios demográficos y políticos de apoyo a la natalidad y al retraso de la edad de jubilación la inclinarán en el sentido contrario. Ahora bien, cuanto más generosas y universales sean las políticas, mayor será su base de apoyo a medio plazo. Es por eso que la agenda debe ser necesariamente inclusiva. La idea es que el reequilibrio en el sistema no signifique dejar desprotegidos por completo a quienes ahora lo están, sino construir una estructura más sostenible a largo plazo y, por tanto, que establezca unos estándares de protección más altos y mejores.

En cualquier proceso de cambio político el primer problema consiste en encontrar una hoja de ruta. Es difícil, pues el equilibrio previo siempre parece bloquear todas las vías posibles hacia un futuro distinto. No es, sin embargo, imposible. De hecho, eso mismo tuvieron que llevar a cabo aquellos que lucharon por crear las instituciones que hoy nos protegen, mal que bien, pero siempre mejor que hace cuarenta, cincuenta o sesenta años. Si ahora hace falta una ruta nueva para mejorar esas instituciones y adaptarlas a una nueva realidad, no estamos en la peor posición posible: al menos hemos empezado a andar el camino.

Notas

1. SER JOVEN YA NO ES LO QUE ERA

[1] Joaquín Estefanía, Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto? Los graves errores que nos han llevado a la era Trump, Barcelona, Planeta, 2017.

[2] Véase por ejemplo, José Ignacio Conde-Ruiz, ¿Qué será de mi pensión? Cómo hacer sostenible nuestro futuro como jubilados, Barcelona, Península, 2014.

[3] Ami Sedghi y George Arnett, «Will Your Generation Have a Better Life Than Your Parents?», The Guardian, 14 de abril de 2014.

[4] Comisión Europea, «White Paper on the Future of Europe. Reflections and Scenarios for the EU27 by 2025», Bruselas, 2017.

[5] Comisión Europea, Employment and Social Developments in Europe 2017, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017.

[6] Jorge Benedicto, ed., Informe Juventud en España 2016, Madrid, Instituto de la Juventud, 2017.

[7] «Generation Uphill», The Economist, 23 de enero de 2016.

[8] «Dónde van mis impuestos?», Fundación Civio, <dondevanmisimpuestos.es/politicas>.

[9] «Young, gifted and held back», The Economist, 23 de enero de 2016.

2. LOS GRANDES PERDEDORES DE LA CRISIS: LOS JÓVENES

[1] Véase por ejemplo Sher Verick, «Who Is Hardest Hit During a Financial Crisis? The Vulnerability of Young Men and Women to Unemployment in an Economic Downturn», IZA Discussion Papers, n.º 4359, 2009; Hilary Hoynes, Douglas L. Miller y Jessamyn Schaller, «Who Suffers During Recessions?», The Journal of Economic Perspectives, n.º 26, vol. 3 (2012), pp. 27-47; y Yoonyoung Cho y David Newhouse, «How Did the Great Recession Affect Different Types of Workers? Evidence from 17 Middle-Income Countries», World Development, n.º 41, 2013, pp. 31-50.

[2] Phil Oreopoulos, Till von Wachter y Andrew Heisz, «The Short and Long-Term Career Effects of Graduating in a Recession», American Economic Journal: Applied Economics, n.º 4, vol. 1 (2012), pp. 1-29.

[3] Banco de España, «Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2014. Métodos, resultados y cambios desde 2011», Madrid, 2017.

[4] Sobre las medidas de pobreza y desigualdad y las diferencias entre grupos de población, véase por ejemplo OECD, Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, 2008. En el capítulo 5 se explica en detalle la sensibilidad de la medida de la tasa de pobreza según si se consideran ingresos corrientes (cash income) o renta imputada (imputed rents). Se calcula la renta disponible imputando a la misma el valor de la residencia principal de las personas que son propietarias o que viven en una vivienda cedida de forma gratuita o alquilada a un precio por debajo del mercado.

[5] Pau Marí-Klose y Álvaro Martínez, «Empobrecimiento en tiempos de crisis. Vulnerabilidad y (des)protección social en un contexto de adversidad», Un balance social de la crisis, Funcas, n.º 22, 2015.

[6] Comisión Europea, Employment and Social Developments in Europe 2017, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017.

[7] Sher Verick, op. cit.

[8] Para determinar el inicio de la recesión se ha seguido la definición clásica: si se observan dos trimestres consecutivos de caída del PIB real, el primero de ellos es considerado el comienzo. El principio de la crisis de los años noventa en España es por tanto el cuarto trimestre de 1992, y de la reciente Gran Recesión el cuarto trimestre de 2008. El número de trimestres hasta la recuperación en términos de empleo se calcula a partir de la Encuesta de Población Activa mediante la identificación del trimestre donde el nivel de desempleo es igual o menor que en el trimestre de inicio de la recesión.

[9] Michael Freedman, «Are Recent Generations Catching Up or Falling Behind? Trends in Inter-Generational Inequality», Luxembourg Income Study (LIS) Working Papers, n.º 689, 2017. La oportunidad en términos de ingresos se mide como la probabilidad de alcanzar un nivel de ingresos determinado (por ejemplo, el ingreso mediano).

[10] Louis Chauvel y Martin Schröder, «Generational Inequalities and Welfare Regimes», Social Forces, n.º 92, vol. 4 (2014), pp. 1.259-1.283.

3. JÓVENES QUE NO PUEDEN DEJAR DE SERLO

[1] Kwan Ok Lee y Gary Painter, «What Happens to Household Formation in a Recession?», IRES Working Paper Series, febrero de 2012.

[2] Namkee Ahn y Virginia Sánchez-Marcos, «Emancipation Under the Great Recession in Spain», Papers de trabajo de la Universidad de Cantabria, 2015.

[3] Jason Karaian, «Who’s Still Living With Their Parents?», en <qz.com>, 22 de enero de 2014.

[4] Por ejemplo, el trabajo del economista Markus Haavio, «Housing Markets, Borrowing Constraints and Labor Mobility», publicado en 2002 como parte de un programa de investigación del departamento de Economía de la Universidad de Helsinki, dentro de la Unidad de Investigación en Estructuras y Crecimiento Económico (RUESG).

[5] Naciones Unidas, departamento de Asuntos Económicos y Sociales, división de Población, «World Population Prospects. The 2017 Revision, Key Findings and Advanced Tables», Working Paper n.º ESA/P/WP/248, 2017.

[6] Para un análisis detallado de las Encuestas de Fecundidad realizadas en España por el CIS en 1999 y 2005, véanse Margarita Delgado, Inés Alberdi, Francisco Zamora y Laura Barrios, Familia y reproducción en España a partir de la Encuesta de Fecundidad de 1999, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006; y Margarita Delgado, ed., Encuesta de fecundidad, familia y valores 2006, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007.

[7] T. Sobotka y É. Beaujouan, «Two Is Best? The Persistence of a TwoChild Family Ideal in Europe», Population and Development Review, n.º 40, vol. 3 (2014), pp. 391-419.

[8] Jorge Benedicto, ed., Informe Juventud en España, Madrid, Instituto de la Juventud, 2017.

[9] Giampaolo Lanzieri, «Towards a ”Baby Recession” in Europe?», Eurostat Statistics in Focus, n.º 13, 2013.

[10] Comisión Europea, Employment and Social Developments in Europe 2017, Luxemburgo, Oficina de publicaciones de la Unión Europea, 2017.

[11] Organización Internacional del Trabajo, Non-Standard Employment Around the World: Understanding Challenges, Shaping Prospects, Génova, 2016.

[12] Pau Baizan, Francesca Michielin y Francesco C. Billari, «Political Economy and Lifecourse Patterns. The Heterogeneity of Occupational, Family and Household Trajectories of Young Spaniards», Demographic Research, n.º 6, 2002, pp. 189-240. Para un análisis comparado sobre las pautas de fecundidad y nivel educativo, véase Teresa Castro, «Women’s Education and Fertility. Results From 26 Demographic and Health Surveys», Studies in Family Planning, 1995, pp. 187-202.

[13] Namkee Ahn y Pedro Mira, «Job Bust, Baby Bust? Evidence From Spain», Journal of Population Economics, n.º 14, vol. 3 (2001), pp. 505-521.

4. LA EMIGRACIÓN Y LOS JÓVENES

[1] Tobias Buck, «Spanish Youth in Crisis», The Financial Times, 23 de mayo de 2014.

[2] Comisión Europea, Special Eurobarometer No. 254. Internal Market. Opinions and Experiences of Citizens in EU-25, 2006.

[3] Comisión Europea, Flash Eurobarometer No. 263. The Internal Market: Awareness, Perceptions and Impacts, 2009.

[4] Comisión Europea, Flash Eurobarometer No. 319. Youth On The Move, 2011.

[5] Véase, por ejemplo, Expatriados por la crisis, especial publicado por la web de El País en 2013.

[6] Carmen González Enríquez, «¿Emigran los españoles?» ARI, n.º 39, Real Instituto Elcano, 2013.

[7] Amparo González Ferrer, «La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no», Zoom Político, Fundación Alternativas, n.º 18, 2013.

[8] Dorota Kupiszewska y Beata Nowok, «Comparability of Statistics on International Migration Flows in the European Union», International migration in Europe. Data, models and estimates, 2008.

Vease, por ejemplo, Michel Poulain, Nicolas Perrin y Ann Singleton, eds., THESIM: Towards Harmonised European Statistics on International Migration, Lovaina, Presses Universitaires de Louvain, 2006; Joop de Beer, James Raymer, Rob van der Erf y Leo van Wissen, «Overcoming the Problems of Inconsistent International Migration Data: A New Method Applied to Flows in Europe», European Journal of Population/Revue européenne de Démographie, n.º 26, vol. 4, 2010.

[9] Juan Manuel Romero y Antonio Luis Hidalgo, «El subregistro consular: magnitudes y efectos en las estadísticas de emigración españolas», OBETS. Revista de Ciencias Sociales, n.º 9, vol. 2, 2014.

[10] Los datos proceden de la Estadística de Migraciones elaborada por el INE.

[11] Amparo González Ferrer, op. cit.

[12]Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers, Official Journal of the European Union, 31 de julio de 2007.

[13] Más allá del criterio estadístico, en ocasiones además ni siquiera los propios emigrantes se consideran a sí mismos como tal. Esto sucede sobre todo con personas que se marchan a trabajar a otro país expatriados por sus empresas o que lo viven como parte de su desarrollo profesional. Todos estos matices también se ponen de manifiesto en estudios cualitativos basados en entrevistas, y abordaremos la diversidad de motivaciones de la nueva emigración española en la sección que cierra este capítulo.

[14] Office for National Statistics (ONS), Note on the Difference Between National Insurance Number Registrations and the Estimate of Long-Term International Migration, 2016.

[15] Un claro ejemplo de ello es la oficina estadística británica (ONS), que en sus estadísticas de migración distingue tres tipos de personas: residentes a largo plazo (más de doce meses), migrante a corto plazo (entre uno y doce meses) y visitantes (menos de 28 días).

[16] Noemí López Trujillo y Estefanía S. Vasconcellos, Volveremos. Memoria oral de los que se fueron por la crisis, Barcelona, Libros del K.O., 2017.

[17] Los datos proceden de la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios, elaborada por el INE en 2014. Se trata de un riguroso y exhaustivo estudio que contiene información sobre más de treinta mil universitarios que completaron una titulación en el curso 2009-2010 y que fueron entrevistados cuatro años después. Lo interesante es que contiene información tanto de quienes están en España como también de quienes residen o han residido en el extranjero tras acabar la carrera.

[18] Laura Bartolini, Ruby Gropas y Anna Triandafyllidou, «Drivers of Highly Skilled Mobility From Southern Europe: Escaping the Crisis and Emancipating Oneself», Journal of Ethnic and Migration Studies, n.º 43, vol. 4 (2016;) Pablo Pumares, «The Changing Migration Projects of Spaniards in the UK», en Birgit Glorius y Josefina Domínguez-Mujica, eds., European Mobility in Times of Crisis: The New Context of European South-North Migration, Londres, Transcript, 2017; Roxana Barbulescu, Anastasia Bermúdez y Elisa Brey, «¿Vente para Europa, Pepe? La nueva emigración desde España en tiempos de crisis económica», Panorama Social, n.º 22, 2016.

[19] Susanne Bygnes y Aurore Flipo, «Political Motivations for Intra-European Migration», Acta Sociologica, n.º 60, vol. 3 (2017); Dan Jendrissek, «Building a Future in Times of Crisis. Young, Highly Qualified Migrants in the UK», Journal of Contemporary European Studies, n.º 24, vol. 3 (2016).

5. UN MERCADO LABORAL QUE NO FUNCIONA

[1] Maia Güell y Barbara Petrongolo, «Workers’ Transitions from Temporary to Permanent Employment. The Spanish Case», CEP Discussion Papers, n.º 438, Londres, Centre for Economic Performance, 2000.

[2] Maia Güell, «Fixed-term Contracts and the Duration Distribution of Unemployment», IZA Discussion Papers, n.º 791, Londres, Institute for the Study of Labour, 2003.

[3] Johannes Giesecke y Martin Groß, «Temporary Employment. Chance or Risk? », European Sociological Review, n.º 19, vol. 2 (enero de 2003).

[4] Javier G. de Polavieja, «The Incidence of Temporary Employment in Advanced Economies: Why Is Spain Different?», European Sociological Review, n.º 22, vol. 1, 2005.

[5] Sara de la Rica y Brindusa Anghel, «Del empleo al desempleo y del desempleo al empleo. Observatorio FEDEA 4.º trimestre 2010», <nadaesgratis.es>, 5 de febrero de 2011.

[6] Fabio Berton, Sauro Mocetti, Andrea Presbitero y Matteo Richiardi, «The Losers From Credit Crunches», VoxEU, 9 de febrero de 2017.

[7] Lawrence M. Kahn. «The Impact of Employment Protection Mandates on Demographic Temporary Employment Patterns. International Microeconomic Evidence», IZA Discussion Papers, n.º 1548, 2005.

[8] Véase, por ejemplo, el trabajo de Michael Gebel. Disponible en <https://www.uni-bamberg.de/en/empsoz/team/prof-dr-michael-gebel/>.

[9] David Autor y Susan Houseman, «Do temporary help jobs improve labor market outcomes for low-skilled workers? Evidence from random assignments», Upjohn Institute Working Papers, núm. 05-124, 2005.

[10] Manuel Bagues, «La importancia de tener buenas conexiones (¡y también buenos datos!)», <nadaesgratis.es>, 26 de septiembre de 2013.

[11] Wilm van Lancker, «The European World of Temporary Employment», European Societies, n.º 14, vol. 1 (2010).

[12] Para una visión panorámica del trabajo de Chevalier puede consultarse el contenido de su seminario sobre cómo medir la sobrecualificación impartido en la UC3M en 2003, disponible en el siguiente enlace: <http://www.eco.uc3m.es/~mkredler/ReadGr/TsampaOnChevalier03.pdf>.

6. VICIOS Y VIRTUDES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

[1] Benito Arruñada, «La excusa del pacto educativo», El País, 16 de septiembre de 2016.

[2] Claudia Goldin y Lawrence F. Katz, The Race Between Education and Technology, Cambridge, Harvard University Press, 2009.

[3] Como decíamos en el capítulo previo, PIAAC es una prueba que mide las competencias en lectura, matemáticas y resolución de problemas de la población adulta de cada país.

[4] Armin Falk, A. Becker, T. Dohmen, B. Enke, D. Huffman y U. Sunde, «The Nature and Predictive Power of Preferences. Global Evidence», IZA Discussion Papers, n.º 9504, 2015.

[5] Ainhoa Aparicio-Fenoll, «Returns to Education and Educational Outcomes. The Case of the Spanish Housing Boom», Journal of Human Capital, n.º 10, vol. 2 (2016).

[6] Mariano Fernández-Enguita, «El atasco de la educación y cómo salir de él», blog Letras libres, 2015.

[7] OCDE, Equity and Quality in Education. Supporting Disadvantaged Students and Schools, 2012.

[8] John Hattie, Visible Learning. A Synthesis of Over 800 Meta-analyses Relating to Achievement, Londres, Routledge, 2008.

[9] Álvaro Choi, María Gil, Mauro Mediavilla y Javier Valbuena, «Double Toil and Trouble. Grade Retention and Academic Performance», IEB Working Paper, N. 2016/07, 2016.

[10] José Ignacio García-Pérez, Marisa Hidalgo y José Antonio Robles Zurita, «Does Grade Retention Affect Students’ Achievement? Some Evidence from Spain», Applied Economics, n.º 46, vol. 12 (2014).

[11] Lucas Gortázar, «Una panorámica de la (in)equidad educativa», web Politikon, 2017.

[12] Caterina Calsamiglia y Annalisa Loviglio, «Grading on a Curve. When Having Good Peers Is Not Good», Barcelona GSE, n.º 940 (2016).

[13] Mariano Fernández-Enguita, Jaime Rivière y Luis Mena Martínez, «Fracaso y abandono escolar en España», Obra Social, Fundació la Caixa, 2010.

[14] Marco Manacorda, «The Cost of Grade Retention», Review of Economics and Statistics, n.º 94, vol. 2 (2012).

[15] Brian A. Jacob y Lars Lefgren. «The Effect of Grade Retention on High School Completion», American Economic Journal: Applied Economics, n.º 1, vol. 3 (2009).

[16] Save the Children, «Desheredados. Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España», 2016.

[17] Lucas Gortázar y Juan Manuel Moreno, «Costes y consecuencias de no alcanzar un pacto educativo en España», web Proyecto Atlántida, 2017.

[18] Diane Whitmore Schanzenbach, «Does Class Size Matter?», NEPC, 2014.

[19] Fabrizio Bernardi y Héctor Cebolla, «Social Class and School Performance as Predictors of Educational Paths in Spain», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 2014.

[20] Luis Mena Martínez, Mariano Fernández Enguita y Jaime Riviére Gómez, «Desenganchados de la educación. Procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar», Revista de Educación, número extraordinario, 2010.

[21] Lucas Gortázar, «Abajo las barreras al aprendizaje», El País, 3 de mayo de 2017.

[22] Paul Jean-Jacques, «Les apports de la recherche sur l’impact du redoublement comme moyen de traiter les difficultés scolaires au cours de la scolarité obligatoire», Haut conseil de l’évaluation de l’école, 2004, citado por Luis Mena Martínez, Mariano Fernández Enguita y Jaime Rivière Gómez, op. cit..

[23] José Ignacio García-Pérez y Marisa Hidalgo-Hidalgo, «No Student Left Behind? Evidence from the Programme for School Guidance in Spain», Fedea Policy Papers, 2016.

[24] James Heckman y Tim Kautz, «Hard Evidence on Soft Skills» Labour Economics, n.º 19, vol. 4 (2012).

[25] Pedro Silva Martins, «Can Targeted, Non-Cognitive Skills Programs Improve Achievement?», IZA Discussion Papers, n.º 5266, 2010.

[26] C. Kirabo Jackson, Rucker C. Johnson y Claudia Persico, «The Effects of School Spending on Educational and Economic Outcomes. Evidence from School Finance Reforms », The Quarterly Journal of Economics, n.º 131, vol. 1 (2015).

[27] Lucas Gortázar y Juan Manuel Moreno, op. cit.

[28] Francisco Pérez García y Ezequiel Uriel Jiménez, CUENTAS de la educación en ESPAÑA, 2000-2013; recursos, gastos y resultados, Fundación BBVA, 2016.

7. UN ESTADO DEL BIENESTAR DE OTRA ÉPOCA

[1] Barry Eichengreen, The European Economy Since 1945. Coordinated Capitalism and Beyond, Princeton, Princeton University Press, 2008.

[2] Ibid.

[3] Clair Brown, John Haltiwanger y Julia Lane, Economic Turbulence. Is a Volatile Economy Good For America?, Chicago, University of Chicago Press, 2008.

[4] Peter Gottschalk y Robert Moffitt, «The Rising Instability of US Earnings», The Journal of Economic Perspectives, n.º 23, vol. 4 (2009).

[5] Barbara Bergmann, The Economic Emergence of Women, Nueva York, Springer, 2008.

[6] Claudia Olivetti y Barbara Petrongolo, «The Evolution of Gender Gaps in Industrialized Countries», Annual Review of Economics, n.º 8 (2016).

[7] Julia Lynch, Age in the Welfare State. The Origins of Social Spending on Pensioners, Workers, and Children, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

[8] Politikon publicó entre 2014 y 2016 un ciclo sobre género, infancia y desigualdad donde puede encontrarse una exposición más extensa de muchos de estos temas: <politikon.es/temas/gid/>. Una discusión de la relación entre género y políticas públicas un tanto heterodoxa y provocadora, pero no por ello menos interesante, puede encontrarse en María Pazos, Desiguales por ley. Las políticas públicas contra la igualdad de género, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013.

[9] Para un repaso general de las opciones políticas para aumentar la fecundidad, véase por ejemplo Joëlle Sleebos, «Low Fertility Rates in OECD Countries. Facts and Policy Responses», OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 2003; Peter McDonald, «Sustaining Fertility through Public Policy. The Range of Options», Population, n.º 57, vol. 3 (2002), pp. 417-446, y «Low Fertility and the State. The Efficacy of Policy», Population and Development Review, n.º 32, vol. 3 (2007), pp. 485-510; y Ron Davies, «Promoting Fertility in the EU. Social Policy Options for Member States», Library Briefing of the European Parliament, 2013.

[10] «The State Has No Place in the Bedrooms of the Nation», The Dictionary of Canadian Politics, <www.parli.ca/state-place-bedrooms-nation/>.

[11] Libertad González, «The Effect of a Universal Child Benefit on Conceptions, Abortions, and Early Maternal Labor Supply, American Economic Journal: Economic Policy, n.º 5, vol. 3 (2013), pp. 160-188; y «Sobre el cheque bebé», web Politikon, 4 de septiembre de 2013.

[12] Laura Daniele, «El Gobierno fomentará por primera vez la natalidad con una campaña publicitaria», ABC, 5 de marzo de 2017.

[13] Claudia Olivetti y Barbara Petrongolo, «The Economic Consequences of Family Policies. Lessons from a Century of Legislation in High-Income Countries», The Journal of Economic Perspectives, n.º 31, vol. 1 (2017).

[14] La respuesta más frecuente es que los dos trabajen y compartan por igual las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, preferida por el 77,8 por ciento de los jóvenes. Le sigue el modelo de hombre y mujer trabajando, pero ella con jornada parcial o reducida. En concreto, un 15,4 por ciento preferiría que la mujer trabaje menos horas y se ocupe en mayor medida del hogar y del cuidado de los hijos. Los datos proceden de la pregunta 26 del Sondeo sobre la Juventud en España, CIS, estudio 2733, 2007.

[15] En Politikon hemos hablado largo y tendido de los nuevos roles de los hombres respecto a la paternidad. Véase, por ejemplo: Teresa Martín, Irene Lapuerta, Marta Séiz y M. José González, «Una conciliación real, compartida y plenamente satisfactoria», 12 de mayo de 2015; Teresa Martín, «Transición a la paternidad y nuevas paternidades entre los jóvenes adultos en España», 19 de octubre de 2016; y Jorge Galindo, «Permiso de paternidad y cambiar las cosas», 26 de octubre de 2016.

[16] Claudia Olivetti y Barbara Petrongolo, op. cit., 2017. En particular, sobre los diferentes servicios de cuidado y educación infantil en Europa, veáse Janneke Plantenga y Chantal Remery, «Provision of Childcare Services. A Comparative Review of EU Member States», CESifo DICE Report, enero de 2015. Por su parte, las tablas del MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) aportan una información detallada a nivel comparado sobre las políticas de maternidad y paternidad en los diferentes países europeos. <www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp>.

[17] Rodrigo Azuero, «¿Qué sabemos sobre el Desarrollo Infantil Temprano desde la economía?», web Politikon, 2 de diciembre de 2014.

[18] Héctor Cebolla, Jonas Radl y Leire Salazar, Aprendizaje y ciclo vital. La desigualdad de oportunidades desde la educación preescolar hasta la edad adulta, Barcelona, Obra Social la Caixa, Colección Estudios Sociales, n.º 39; y «Buenas y malas noticias sobre la educación infantil», web Politikon, 21 de octubre de 2015.

[19] Florentino Felgueroso, «Recortes educativos y responsabilidad fiscal. La escuela infantil (II). Planeta Euskadi», blog Nada es gratis, 11 de mayo de 2012.

[20] Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de condiciones de vida, 2017.

[21] Sara de la Rica y Lucía Gorjón, «Assessing the Impact of a Minimum Income Scheme in the Basque Country», Fedea, Estudios sobre la Economía Española, 2017-2016.

8. EL BLOQUEO

[1] Adam Przeworski, Democracy and the market. Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

[2] Kathleen Thelen, Varieties of Liberalization, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

[3] Gösta Esping-Andersen, Los tres mundos del Estado del Bienestar, Valencia, Edicions Alfons El Magnànim, 1993.

[4] José Fernández-Albertos y Dulce Manzano, «The lack of partisan conflict over the welfare state in Spain», South European Society and Politics, n.º 17, vol. 3 (2012), pp. 427-447.

9. LA POLÍTICA PARA LA GENERACIÓN DE LA CRISIS

[1] Yascha Mounk y Roberto Stefan Foa, «The Danger of Deconsolidation», Journal of Democracy, n.º 27, vol. 3 (2016).

[2] El resumen del debate fue recogido por el propio Journal of Democracy en una publicación especial titulada «Online Exchange on Democratic Deconsolidation», disponible en <journalofdemo cracy.org>. Los artículos originales de Voeten se titulan «That Viral Graph About Millennials’ Declining Support for Democracy? It’s Very Misleading» y «No, People Really Aren’t Turning Away From Democracy», y fueron publicados en el blog The Monkey Cage del <washingtonpost.com>.

[3] Guillermo Cordero y Pablo Simón, «Economic Crisis and Support for Democracy in Europe», West European Politics, n.º 39, vol. 2 (2016).

[4] Pedro Magalhaes, «Government effectiveness and support for democracy», European Journal of Political Research, n.º 53, vol. 1 (2014).

[5] Hanspeter Kriesi, Willem Sarris y Paolo Moncagatta, «The Structure of Europeans’ Views of Democracy: Citizens’ Models of Democracy», en How Europeans View and Evaluate Democracy, Monica Ferrin y Hanspeter Kriesi, eds., Oxford, Oxford University Press, 2016.

[6] Mariano Torcal y José Ramón Montero, «No es el descontento, es la desafección», El País, 13 de junio de 2013.

[7] Carol Galais, «Edad, cohortes o período. Desenredando las causas del desinterés político en España», Revista Internacional de Sociología, n.º 139, vol. 1 (2012), pp. 85-110.

[8] Gema García Albacete, Young People’s Political Participation in Western Europe: Continuity or Generational Change?, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014.

[9] Algunos ejemplos son: Gema García Albacete, Continuity or Generational Change? A Longitudinal Study of Young People’s Political Participation in Western Europe, tesis doctoral, Manheim, Universidad de Mannheim, 2011; y Stuart Fox, Apathy, Alienation and Young People. The Political Engagement of British Millennials, tesis doctoral, Nottingham, Universidad de Nottingham, 2015.

10. BRECHA EMERGENTE… ¿MINORÍA PERMANENTE?

[1] Kerman Calvo, «El 15M: ¿quiénes son?», blog de la Fundación Alternativas en El País, 15 de mayo de 2012.

[2] Pau Marí-Klose, «Prioridades poco prioritarias. Jóvenes en la agenda gubernamental en España (1982-1996)», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n.º 140 (octubre-diciembre de 2012).

[3] Marí-Klose destaca, en paralelo, la dinámica de un sindicato hermano, la UGT, actor con un sesgo parcial a favor de políticas pro insider (sus propias bases son más envejecidas). Por el contrario, las Juventudes Socialistas, como rama juvenil del partido, ni mucho menos sirvieron como elemento de contestación o contrapeso. Más bien funcionaron como una correa de transmisión y justificación de las políticas de su partido, justo lo que menos interesa a los jóvenes. Al final, tan solo voces juveniles externas fueron organizaciones efectivas (como sindicatos estudiantiles) pero, por desgracia, tan solo movilizadas en determinadas iniciativas y ámbitos sectoriales. Al fin y al cabo, aquellas nunca fueron un interlocutor preferente para el gobierno.

11. LA JUVENTUD EN LAS NUEVAS MAYORÍAS

[1] Niles Eldredge y Stephen Jay Gould, «Punctuated Equilibria. An Alternative to Phyletic Gradualism», en Models in Paleobiology, Thomas Joseph Morton Schopf, ed., San Francisco, Freeman, Cooper & Co, 1972.

[2] Frank Baumgartner, Brian Jones y James True, «Punctuated Equilibrium Theory. Explaining Stability and Change in Public Policymaking», en Theories of the Policy Process, Paul Sabatier, ed., Boulder, Westview Press, 2007.

[3] Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy (Studies in Marxism and Social Theory), Cambridge, Cambridge University Press, 1986.

[4] David Rueda, Social Democracy Inside Out, Oxford, Oxford University Press, 2007.

[5] Peter Mair, Gobernando el vacío, Madrid, Alianza, 2015.

[*] La suma ponderada es aquella en la que se asigna un peso distinto a cada componente según su porción sobre un total, en este caso, distintos colectivos sobre la composición total de la población.

Sobre los autores

LUIS ABENZA (Madrid, 1985) se graduó en derecho en 2007, y desde entonces ha explorado la econometría aplicada y la economía política por distintas instituciones de Europa y América. En 2010 fundó Politikon con un grupo de amigos, dónde más tarde dirigió el ciclo de ‘Género, Infancia y Desigualdad’ (GID)’. Tiene la suerte de que su trabajo le permite dedicar casi todo su tiempo a actividades que le hacen feliz, como escuchar a Martha Argerich o Metallica, ver vídeos de Ter, programar y analizar datos, y estar en contacto con gente a la que quiere.

BERTA BARBET (Barcelona, 1986) estudió ciencia política en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Después de un pequeño escarceo por el mundo de la comunicación política (máster en el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Autónoma de Barcelona incluido), decidió que lo suyo era el comportamiento electoral. Se fue al Reino Unido dónde estudió un máster en comportamiento político por la Universidad de Essex y, le gustó tanto la experiencia, que decidió quedarse tres años más para hacer el doctorado en la Universidad de Leicester. Para celebrar su título de doctora se unió al equipo de editores de Politikon en 2016 y se mudó de vuelta a Barcelona. Actualmente es investigadora post-doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y colabora con diversos medios.

SÍLVIA CLAVERIA (Les Franqueses del Vallès, 1985) es doctora en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra. Desde 2015 es investigadora post-doctoral en la Universidad Carlos III, año el que también se sumó al proyecto de Politikon. Su investigación se desarrolla en los estudios de género, concretamente analiza la representación política de las mujeres en las instituciones, y las desigualdades de género que se generan en las élites políticas.

ELENA COSTAS (Barcelona, 1985) es investigadora postdoctoral en el Departamento de Economía de la Universitat Autònoma de Barcelona. Cursó estudios de master en el University College de Londres y se doctoró en la Universitat de Barcelona con una tesis que analizaba los efectos electorales de la corrupción local en España. Entre medias, trabajó en la parte práctica del tema en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en la OCDE. Es, de hecho, la corrupción y el buen gobierno su ámbito de especialización, y sobre el que más ha escrito en Politikon desde que se incorporó como editora en 2016. Además, es cofundadora de KSNET, una plataforma dedicada a que la investigación académica en economía sea accesible para el gobierno, las empresas y el tercer sector.

JORGE GALINDO (Valencia, 1985) es sociólogo. Se licenció en Valencia, donde trabajó como consultor en política pública hasta que la Comisión Europea le concedió una beca para cursar un master de Política Pública en la Haya y Budapest, hecho que aprovechó para emigrar en 2011. Fue por entonces cuando se embarcó en el proyecto Politikon y comenzó a colaborar como articulista en otros medios, siendo hoy día columnista en El País y cofundador de Politibot, además de mantener actividades de consultoría para el sector privado y ser candidato a doctor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra.

KIKO LLANERAS (Benidorm, 1981) es doctor en ingeniería por la Universidad Politécnica de Valencia. Durante diez años fue profesor e investigador allí y en la Universitat de Girona. Ha hecho modelos estadísticos para predecir elecciones en España, Francia y Reino Unido. Desde 2006 escribe en internet con el propósito aparente de llenarlo todo de datos y gráficos. Es miembro fundador de Politikon, colabora con Onda Cero y escribe en Jot Down y EL PAÍS.

OCTAVIO MEDINA (Madrid, 1988) estudió economía y estudios internacionales en la Universidad de Yale. Tras trabajar un tiempo en el mundo de las embajadas, se cambió a la economía del desarrollo. Después de un verano trabajando en evaluaciones de impacto en Mongolia, acabó en el área de mercados laborales y seguridad social del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, DC. Después trabajó en proyectos de educación de la región de Latinoamérica y Caribe en el Banco Mundial. Ahora acaba de terminar un máster en administraciones públicas en la London School of Economics.

MARÍA RAMOS (Salamanca, 1987) es investigadora post-doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid, donde trabaja en un proyecto Horizon 2020 financiado por la Comisión Europea. Es doctora en Economía y ha realizado estancias en la Universidad de Essex y en el Instituto Europeo de Florencia. Previamente estudió las licenciaturas de Ciencias Políticas y de Sociología y tiene un Posgrado en Investigación social aplicada y análisis de datos (CIS) y otro de Economía laboral (UAH). Colabora con diversos medios, especialmente en el periódico 20 Minutos.

PABLO SIMÓN (Arnedo, 1985) es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y editor de Politikon. Doctor en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra, ha sido investigador postdoctoral en la Universidad Libre de Bruselas. Su principal área de especialización es la reforma de los sistemas electorales, tanto en sus causas como sus consecuencias, pero también está interesado en los sistemas de partidos, política comparada, la participación política de los jóvenes y dinámicas de competición electoral. Además de sus tareas de docencia, también realiza actividades de divulgación en diferentes medios de comunicación.

¿Por qué el sistema perjudica a los jóvenes de hoy en día? ¿Y qué deberíamos hacer para cambiar las cosas?

CubiertaCada generación se enfrenta a sus propios retos. Los jóvenes actuales, nacidos entre los ochenta y los noventa, han tenido la suerte de crecer en un país más próspero, más abierto y más libre. Sin embargo, en su paso a la vida adulta se han dado de bruces con una triple crisis: la económica, la social y la institucional. Esto ha despertado un sentimiento de desesperanza e indignación que se ha traducido, entre otras cosas, en la aparición de nuevos partidos políticos.

Los retos siguen ahí, levantando un muro invisible entre generaciones. Este libro identifica las diferentes brechas generacionales en España que, si bien se han exacerbado con la crisis, realmente estaban latentes décadas atrás. Hay un muro generacional, pero se manifiesta de diferentes maneras y no es igual de alto para todos. Educación, desigualdad, mercado laboral, Estado del Bienestar, emancipación y nueva emigración son los cimientos del muro.

El muro invisible, además, ofrece algunas soluciones para tratar de demolerlo. Sin embargo, para sacarlas adelante es necesario comprender y evaluar el panorama político actual. Un momento de cambios y nuevos espacios, pero también cargado de herencias del pasado, que invita tanto a la desazón tanto como a la esperanza.

Sobre Politikon

Politikon Es el proyecto común de un grupo de jóvenes académicos y profesionales independientes que se reunieron en 2010 con el fin de promover análisis, debates y políticas basados en el conocimiento de las ciencias sociales. Mientras España atravesaba la crisis económica e institucional más grave en décadas, Politikon se consolidó como una referencia entre los nuevos medios y organizaciones nacidas en la Red, poniendo una atención especial a los problemas y perspectivas de las generaciones más jóvenes. En 2014 publicó en esta editorial La urna rota, una discusión colectiva sobre los retos políticos e institucionales a los que se enfrentaba el país desde el punto de ruptura que supuso la crisis de 2008. Hoy día los miembros de Politikon continúan ofreciendo análisis, discusión y divulgación online y offline, intentando ser un punto de encuentro entre la academia, los medios y los ciudadanos.

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Edición en formato digital: noviembre de 2017

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