Los nacionalismos vasco y catalán, complicado el primero con el terrorismo, constituyen sin duda el reto más arduo y complejo que se presenta a la España democrática en estos principios del siglo XXI. A pesar de ello son muy poco conocidas del público en general, incluso del público culto, las ideas de esos nacionalismos, su evolución histórica y aspiraciones reales. Esta falta de información afecta también a gran parte de los propios nacionalistas. De ahí que las impresiones y opiniones más extendidas al respecto sean a menudo infundadas o contradictorias.

Se han publicado numerosos libros, a menudo muy valiosos, en torno a uno u otro nacionalismo, o en torno a aspectos de los mismos. Sin embargo nunca hasta ahora se había abordado un estudio conjunto de ambos, en sus semejanzas y diferencias. Este libro está enfocado, además, desde el punto de vista de la interrelación de los dos movimientos con otros como el socialismo o los nacionalismos españoles, y de su influencia en la historia general del país.

Por esa razón «Una historia chocante» constituye una auténtica novedad en el panorama historiográfico español y una contribución clave al conocimiento de la evolución de España en el siglo XX y hasta la actualidad más próxima.

Pío Moa

Una historia chocante

Los nacionalismos vascos y catalán en la historia contemporánea de España

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Titivillus 16.03.2019

Título original: Una historia chocante

Pío Moa, 2004

Editor digital: Titivillus

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NOTA PREVIA

Aunque los nacionalismos vasco y catalán han influido notablemente a lo largo del siglo XX en España, y ahora mismo se alzan como el problema y el reto político más importantes para el futuro del país, sorprende el desconocimiento existente sobre ellos —sobre sus planteamientos y trayectoria histórica— entre los ciudadanos corrientes y sin excluir a bastantes que se dicen nacionalistas. Por lo común el tópico, a menudo falso o falseado, sustituye a un mediano conocimiento del asunto.

Curiosamente, esta deplorable ignorancia no proviene de la falta de investigaciones y estudios. No pocos de ellos traen el lastre de los métodos marxistas, dominantes en bastantes ámbitos universitarios españoles durante decenios y que tantas investigaciones han esterilizado, pero otros muchos son excelentes. Baste citar los clásicos y prácticamente exhaustivos de J. Corcuera acerca de la formación del ideario peneuvista, los en su momento muy valiosos de S. Payne, o el reciente de E. Ucelay sobre el «imperialismo catalán», un aspecto poco atendido del ideario de Prat de la Riba. Abundan los estudios parciales en torno a una u otra época de ambos nacionalismos, o a sus raíces, sus relaciones con los partidos obreristas, o sus vertientes terroristas, etc. En los últimos años han visto la luz ensayos tan notables como los de J. Juaristi, o, en sentido contrario, El péndulo patriótico, de S. de Pablo, L. Mees y J. A. Rodríguez, interesante por su información aunque algo romo en su análisis. Destacable aportación de datos y argumentos encontramos en el recién aparecido Adiós España, de J. Laínz. Como tendencia general se aprecia una desmitificación bastante concienzuda del nacionalismo vasco, y nada parecido, ni de lejos, en relación con el catalán.

Pero la mayoría de estas obras apenas ha calado fuera del círculo de los especialistas o aficionados al tema: las de Juaristi y algunas de actualidad centradas en la ETA vienen a constituir la excepción. Parece dominar en la opinión pública la impresión de que, en el fondo, el problema no es acuciante, y que hay en él mucho de manía finalmente pasajera, sin mayor riesgo para la convivencia social o la democracia en España.

Por otra parte tampoco existe un estudio comparado sobre ambos nacionalismos, ni en relación con el otro término fundamental de referencia: España. Pues el nacionalismo vasco, como el catalán y otros, nacen tomando una postura esencial en doble sentido: hacia las respectivas regiones y hacia el conjunto de España, como un enfoque del pasado y una promesa para el porvenir. Este ensayo tiene precisamente esa perspectiva, la de la interacción entre dichos nacionalismos y la historia de España en el siglo XX, incluyendo los diversos nacionalismos españoles surgidos en esta época. Por tanto, todos ellos se tratan con parecida extensión.

En síntesis, este ensayo puede resumirse así: a finales del siglo XIX surgieron en algunas regiones españolas unos conceptos diferentes de la historia y la realidad del país, conceptos gobernados por la aspiración a separarse de España o de reducir ésta a una confederación muy laxa y sin unidad nacional. Se trata aquí de examinar los efectos históricos derivados de tales doctrinas, incluyendo las reacciones por ellas provocadas. Tratándose de un enfoque no habitual, va de suyo que intenta más bien construir una estructura básica que un edificio acabado en sus detalles.

No debe esperar el lector, por tanto, la aclaración teórica de la naturaleza del nacionalismo, ni tampoco de la verdadera historia de España o de sus regiones, a todo lo cual dedico sólo el espacio imprescindible[*]. Aunque se trate de cuestiones en extremo interesantes, para el objeto de este estudio tienen valor secundario. Sean cuales fueren esa naturaleza y esa verdad histórica, el hecho indudable es que los nacionalismos han pesado con fuerza en Cataluña y Vasconia y, por ello, en la trayectoria de toda España en el siglo XX. Desde ese punto de vista las examino. Por la misma razón hablaré poco de los detalles del desarrollo orgánico o las luchas internas de los partidos nacionalistas, así como de sus precedentes y raíces. Aquí importa más exponer con claridad los idearios nacionalistas tales como fueron formulados por sus fundadores, pues ello facilita la comprensión de sus consecuencias y de la acción política a que dieron lugar.

He procurado evitar una trampa conceptual en la que caen con frecuencia los políticos e intelectuales: la identificación de los nacionalismos y sus concepciones con la realidad popular e histórica vasca o catalana, o la consideración de los nacionalistas como «vascos» o «catalanes» por antonomasia. Esa identificación constituye el deseo, el programa y el lenguaje propios de esos partidos, representantes privilegiados —en su propia opinión— de dichos pueblos; aspiración tal vez realizable en el futuro, pero no lograda hasta ahora, ni mucho menos. Nadie con un mínimo sentido de la realidad puede confundir el pueblo o la historia de esas regiones con los respectivos partidos nacionalistas y sus historias peculiares. Por la misma razón llamo regiones a Cataluña y Vascongadas, con una significación puramente técnica y objetiva, como partes que han sido y siguen siendo de España. Los nacionalistas prefieren llamarlas naciones, implicando territorios distintos y ajenos a España, lo cual es, nuevamente, una aspiración suya, acaso realizable algún día, pero no hasta la fecha, cuando los catalanes y los vascos, en su mayoría, siguen sintiéndose españoles.

La confusión terminológica dicha está presente, pese a su evidente arbitrariedad, en buena parte de la historiografía contemporánea, y sólo puede distorsionar profundamente el relato histórico. Para entender esa distorsión vale la pena compararla con otras análogas procedentes del marxismo, según las cuales existen unos partidos o movimientos «de clase», representativos del «proletariado» o del «gran capital», de la «pequeña burguesía», etc. Se trata de una superstición que ha hecho estragos en la historiografía, tanto española como de casi cualquier otro país, en nuestro caso a partir, sobre todo, de la escuela de Tuñón de Lara. La «clase obrera» nunca ha tenido un partido propio, pues entre los obreros, como en cualquier otra capa social, han proliferado diversas corrientes políticas, sin excluir las más conservadoras o las fascistas; y los varios partidos autoproclamados «obreros» han solido luchar entre sí con encono a menudo feroz.

Tiene su lógica peculiar la pretensión de socialistas, anarquistas o comunistas de representar en exclusiva al «proletariado», o la de los nacionalistas a representar a sus propios pueblos, pero no hay la menor razón para acompañarles por esa vía. En diversos países, partidos de ese tipo han logrado el poder absoluto —su propia concepción implica un poder absoluto y no democrático—, dando lugar a sistemas de privación de derechos y libertades nunca antes conocidos. Entre sus víctimas se contaban, desde luego, los propios trabajadores manuales en cuyo nombre actuaba el poder, inermes ante la explotación y la autoridad aplastante de las castas burocráticas. La experiencia, bien constatable históricamente, indica la distancia entre las pretensiones y los hechos.

Otra aclaración sobre algunos términos: emplearé las palabras Vascongadas o Vasconia para nombrar al conjunto de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Llamarlas «Vasconia» resulta inexacto en un sentido, por cuanto la primitiva Vasconia se hallaba más bien en la mitad norte de Navarra; pero, como constató el propio Sabino Arana, no hay para la región un término plenamente satisfactorio, en castellano o en vascuence, y el difundido «País Vasco», tiene un matiz algo folklórico. Vascongadas designa con precisión el conjunto formado por Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, mientras que otras palabras de fuerte contenido ideológico, como «Euskadi», tratan de incluir a Navarra, parte del suroeste francés y, en algunos casos, zonas de Aragón, Santander y la Rioja. No ocurre lo mismo con «Cataluña», cuya etimología, se ha sostenido razonablemente, recuerda a la de Castilla: «Tierra de castillos».

También utilizo «Usa» y «useño» de preferencia a Norteamérica, Estados Unidos, norteamericano, etc., palabras claramente inadecuadas, por muy divulgadas que se encuentren. No tengo, desde luego, mucha esperanza de que los términos aquí empleados cuajen popularmente, pero aun así el lector apreciará su brevedad, por una parte, y su evitación del carácter en cierto modo mesiánico de los nombres hoy corrientes, poco aceptables para españoles e hispanoamericanos.

Por economía expositiva, a menudo me he limitado en diversos capítulos a citar algún libro o documentos con exclusión de otros quizá no menos valiosos, cuando he considerado que aquéllos contenían información suficiente.

Debo agradecer la valiosa ayuda que en muchos sentidos me han brindado para la elaboración de este libro José Andrés-Gallego, Stanley Payne, Luis Linde, Carlos Pla, Joaquín Puig de la Bellacasa, Javier Lizarza y Javier Nagore.

Introducción

LOS NACIONALISMOS Y EL CASO ESPAÑOL

Durante las campañas del Gran Capitán en Italia, a principios del siglo XVI, un tal «Guerri» (¿Aguirre?), militar en el campo francés, desafió a aquél con esta jactancia: «Acuérdese de que todos somos españoles, y que no la ha [la batalla] con franceses, sino con español, y no castellano, sino vizcaíno». Años más tarde, en su célebre carta a Felipe II, el tirano Lope de Aguirre anuncia su decisión de «desnaturarse de nuestras tierras, que es España». El propio Sabino Arana, fundador del separatismo vasco, cuenta las dificultades de un seguidor suyo para convencer de su idea a un aristócrata inglés, conocedor de Guipúzcoa, donde las gentes le decían que estaba en España y que ellas eran españolas. Estos ejemplos, entre tantos como pudieran ponerse, indican que, durante siglos, los vascos peninsulares se identificaban como españoles, a veces como castellanos o cántabros. Incluso como los españoles más auténticos, al no haber sido, presuntamente, colonizados por Roma. Algo parejo cabe decir de los catalanes.

En el siglo XIX, por influjo del romanticismo alemán, surgieron en España corrientes regionalistas, no antiespañolas por lo común, y vistas con simpatía o sin antipatía en el conjunto del país[*]. Se aceptaba como cosa natural la comunidad de nación, y el castellano como idioma común. La prevalencia del castellano obedecía a obvias razones geográficas (su posición central), demográficas (el idioma más hablado, con mucho, aun sin contar América y otros puntos del planeta), culturales (su prestigio desde finales del siglo XV, cuando España se convirtió en una potencia cultural, si bien decaída desde mediados del siglo XVII), y políticas (idioma de la Corte). Era también el idioma más cultivado literariamente en todas las regiones desde siglos atrás. En el XIX, los políticos e intelectuales de esas regiones, de Zumalacárregui a Prim, de Balmes a Unamuno, al igual que el pueblo llano, habrían mostrado extrañeza o irritación si alguien les negase su carácter de españoles. El regionalista catalán Joan Maragall dedicó una sentida «Oda a Espanya» inspirada por el «desastre» del 98 (aunque termina con un ambiguo «Adeu Espanya»), y el bardo vasco Iparraguirre, vuelto de un destierro, compuso en vascuence unos célebres versos: «Ahí están los campos y montes queridos, los bellos caseríos, fuentes y ríos. Estoy en Hendaya con los ojos bien abiertos: ahí está España, no hay en Europa mejor tierra».

La composición de Iparraguirre tiene interés, en primer lugar, porque el poeta se sentía muy vasco —compuso el himno Gernikako Arbola, convertido en pieza tradicional—, pero no encontraba ese sentimiento contradictorio con el español. Vale la pena constatar cómo sus versos están escritos desde la frontera francesa, tierra vasca también, pero con la que él no se sentía tan identificado. Si le preguntaran, diría probablemente que su nación era España y su región o «patria chica» la vasca.

Este sentimiento corriente ha ido cambiando desde hace unos cien años, y hoy un sector importante de catalanes y vascos, entre una sexta y una cuarta parte, según encuestas, encuentran oposición entre ser españoles y ser vascos o catalanes[*]. Ello ha generado un conflicto persistente a lo largo del siglo XX y que es ahora mismo el de mayor gravedad para el futuro del país.

Abordaré aquí el nacionalismo prescindiendo de divisiones entre nacionalismos culturales y políticos, así como de los diversos tipos de doctrinas nacionalistas, no porque carezcan de interés, sino porque en la práctica la cuestión nacional se ha manifestado de una manera muy simple: como la idea de que los pueblos, las naciones, tienen un derecho colectivo a la autodeterminación, esto es, a un estado independiente. Esta concepción ha originado otro problema, el de definir qué comunidades disfrutan de los rasgos adecuados para ser sujetos de ese derecho, los rasgos que las constituyen en naciones (como estabilidad, idioma, territorio, economía y psicología manifestada en la cultura, según el esquema popularizado por Stalin). Las discusiones sobre esos aspectos son interminables y a veces cómicas, y las dejaremos aquí de lado repitiendo la observación de que diversas comunidades basan su aspiración nacional en rasgos diversos. En definitiva es la fuerza que adquiera esa voluntad colectiva, se apoye en unos u otros rasgos, lo que puede configurar a una comunidad como nación.

Antes de las formulaciones nacionalistas, la tendencia de las comunidades a la independencia, a la «libertad», existía como impulso espontáneo, evidente y no doctrinario. En la edad media o en la moderna, el sentimiento patriótico o nacional solía reflejarse en la fidelidad política al rey o a poderes personales, o a una religión, o a determinadas leyes y costumbres, y no como idea claramente formulada. Al caer el Antiguo Régimen esas fidelidades cayeron con él, y fueron transferidas a la «nación», al «pueblo», abstracción concebida como una suma de individuos libres y sin otras ataduras, pero dotada de una especie de «voluntad general». Y lo que ha dado al nacionalismo su extraordinario influjo en el siglo XX ha sido precisamente la sistematización del impulso espontáneo a la independencia de grupo, su concepción como un derecho de validez general: el particularismo se trocaba en verdad universal. Esa idea, paradójicamente cosmopolita y surgida de la experiencia europea, ha levantado pasiones y movido a grandes masas en todos los continentes.

Durante la mayor parte del siglo XIX, nacionalismo y liberalismo aparecieron unidos por el común ataque a los lazos feudales o imperiales. Pese a ello, pensadores como lord Acton, percibieron una contradicción entre el principio de la libertad del individuo y el de la unidad nacional: esta última impondría exigencias y ataduras arduas de conciliar con la primera. El estado, concebido como expresión de la «voluntad general» o de la «libertad nacional», podía anular la libertad individual en un grado nunca antes conocido, totalitario. También cabe observar, a la inversa, que la concepción de unos individuos ajenos a cualquier lazo comunitario, guiados sólo por presuntas exigencias de una «razón» universalista y cosmopolita, socava la nación y el estado y, en definitiva, a la misma sociedad. ¿Debía prevalecer el interés del individuo o el del estado representante del conjunto de los ciudadanos, su expresión jurídica y política, en palabras de Renan? ¿O los derechos del individuo debían primar sobre los atribuidos a la colectividad y sus instituciones? ¿Ganaría el nacionalismo o el individualismo, o habría equilibrio entre ambos?

En la realidad, estas discrepancias y dilemas han dado lugar a estados más o menos nacionales, más o menos liberales o más o menos totalitarios, en procesos a veces terriblemente sangrientos. La vida parece depender de difíciles equilibrios, y romper éstos por un lado u otro, con la idea de lograr una estabilidad perfecta, suele acarrear malas consecuencias.

Por contra sigue inédita tanto la anarquía como la anarquía liberal. La aplicación de la máxima libertad individual por encima de cualesquiera condicionantes culturales o comunitarios, presupone la «inclinación al bien» en los individuos, la predisposición de éstos a adquirir entre sí compromisos libres y equitativos, y no perjudiciales para terceros. En última instancia, no habría otra ley que los acuerdos entre individuos para sus necesidades particulares, de donde surgiría una sociedad prácticamente anarquista pero espontáneamente funcional y bien organizada. Sin embargo, no siendo tan inclinado al bien el individuo, no tan propenso a cumplir sus acuerdos o a evitar pactos leoninos o fraudes, o a abstenerse de acuerdos perjudiciales para terceros, parece inevitable establecer leyes generales y un poder capaz de interpretarlas y hacerlas cumplir. Las libertades individuales sólo resultan garantizables, en aparente contradicción, por un estado fuerte. Se concebían, no obstante, reglas y normas capaces de contener el poder del estado, su inclinación a avasallar los derechos individuales.

Ese estado liberal funcionaría mejor, también en principio, sobre bases nacionales. La idea de unos individuos sujetos de derechos, pero sin lazos culturales o nacionales, chocaba con la evidencia de que la inmensa mayoría de la gente de carne y hueso persistía en sus afectos patrióticos y condicionamientos culturales. Teniendo en cuenta ese hecho, quizá lamentable, pero ineludible, un estado asentado en una comunidad nacional ofrecía mayor garantía de estabilidad que un estado mirado como intruso por una parte de la población. Es más, dado que las guerras suelen presentarse como conflictos entre naciones, la formación de estados liberales en todas las comunidades definibles como nacionales podría ser la varita mágica que trajera la paz definitiva al continente europeo y al mundo entero: cada nación con su estado, en un ámbito general de igualdad, libertad e interrelación comercial y cultural, excluiría tentaciones bélicas.

Al concluir la I Guerra Mundial, las democracias vencedoras intentaron aplicar la receta del derecho de las naciones a la autodeterminación, cuya víctima principal fue el Imperio Austrohúngaro. Los frutos resultaron algo indigestos. Proliferaron las hostilidades y disputas fronterizas. A ellas se añadía la inestabilidad interna en cada país, producida por ideologías revolucionarias como el comunismo y los fascismos, y la crisis de las ideas liberales y democráticas. El imperio había sido un factor de estabilidad en Europa central, y su disolución, quizá inevitable de todos modos, acarreó infinidad de conflictos, que, ahogados después de 1945 por el nuevo imperio soviético, han renacido luego. En los últimos años está en marcha un nuevo intento de normalización en la Unión Europea. En este panorama general, aunque con muchas peculiaridades, se inscribe la historia de los nacionalismos periféricos españoles.

En contraste con los tres siglos anteriores[*], el XIX fue en España interiormente muy convulso y bélico hasta 1875, debido a la tensión entre liberales y carlistas o tradicionalistas (que daría lugar a tres guerras civiles, si bien sólo la primera, de 1833 a 1840 tendría gran envergadura), y a la rivalidad entre los propios y victoriosos liberales, divididos entre moderados y exaltados (los nombres cambiarían a lo largo del siglo). Esta rivalidad, causa de pronunciamientos y golpes, y culminada en la catastrófica I República, se zanjó a partir de 1875 mediante la Restauración borbónica. El llamado régimen de la Restauración tuvo carácter liberal y progresivamente democrático, aunque sin llegar a cuajar en una democracia completa. Tras vencer en la última guerra carlista, desbaratar los últimos pronunciamientos militares republicanos y lograr una momentánea pacificación en Cuba, abrió, por primera vez desde la invasión napoleónica, una época prolongada de relativa estabilidad interna y progreso económico sostenido, que duraría hasta el golpe de Primo de Rivera, en 1923.

Los nacionalismos vasco y catalán se incubaron bajo la Restauración, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando todavía nacionalismo y liberalismo marchaban unidos. Sin embargo, en España tardaron mucho los regionalismos románticos en convertirse en nacionalismos, no ocurriendo ello hasta la última década del siglo, con un tinte antiliberal y tardíamente con respecto a otros nacionalismos europeos.

En la población vasca y en la catalana había tenido mucha aceptación el carlismo. Sin embargo fueron ellas las más beneficiadas por el triunfo liberal, pues en Barcelona y Bilbao surgieron las minorías emprendedoras que mejor aprovecharon la estabilidad y el mercado nacional abierto por la Restauración. Por tanto cabía esperar que sus burguesías y la gente común hubieran reforzado sus sentimientos unitarios, y simpatizado con el liberalismo. En parte así ocurrió, desde luego, pero la prosperidad incluyó un fenómeno más alarmante: atrajo a Bilbao y a Barcelona a decenas de miles de trabajadores de otras regiones, mano de obra en su mayoría analfabeta, a menudo desarraigada, poco religiosa, explotada y proclive al gesto revolucionario. De ahí el recelo en las crecientes clases medias autóctonas, mezclado con una sensación de desorden, y con la añoranza por un idealizado ayer de tranquilidad y armonía.

El descontento con algunos efectos del liberalismo anclaba también en la tradición carlista, una de cuyas reivindicaciones había sido los fueros regionales o provinciales, leyes particulares de origen medieval que, entre otras cosas, fragmentaban el mercado único. Los fueros de Cataluña habían sido abolidos en 1716, tras la guerra de Sucesión, por haber apoyado gran parte de los catalanes a la dinastía austríaca, en lugar de a la triunfante borbónica; y los vascos en 1876, después de la última guerra carlista.

Por otra parte el dinamismo de Bilbao y Barcelona provocaba roces con una administración madrileña plagada de viejas rutinas semirrurales y oligárquicas. Se propagó la idea en medios populares y menos populares de que «catalanes y vascos» eran los únicos que trabajaban, viviendo los demás a su costa. Por supuesto, la situación podía presentarse también al revés: Cataluña y Vasconia no sólo se beneficiaban del mercado nacional (más el colonial), sino que prácticamente lo tenían cautivo merced a unos aranceles muy altos, impuestos por Madrid para proteger, precisamente, sus industrias, las industrias españolas, en definitiva.

Los nacionalismos iban a crecer, pues, en ese ambiente, explotando el orgullo por la prosperidad económica, el descontento con la lenta administración central, la inseguridad introducida por la inmigración, el miedo a los brotes revolucionarios, la aversión tradicional al liberalismo, y la nostalgia por un pasado ideal concretado en los fueros, en cuya abolición veían o querían ver el fin de la «libertad» catalana y vasca.

Sentimientos un tanto contradictorios, porque el progreso material se asentaba, precisamente, en la mano de obra barata llegada del resto del país y en la eliminación de los fueros, que, al ampliar los mercados, había dado alas a la industria textil catalana y la metalúrgica vizcaína. Volver de los fueros habría traído la ruina económica, por lo que su invocación funcionaba más bien como una querencia sentimental del pasado, justificadora del disgusto con las dificultades del presente[*]. Y los defectos de la administración central podían verse como productos irremediables de una institución a destruir, o como males transitorios, superables mediante reformas.

Una clave de estos nacionalismos fue la impronta clerical en su gestación. El nacionalismo catalán tuvo una raíz fundamental en medios eclesiales, aunque al principio no pasara en ellos de regionalismo. En Vascongadas se trató más bien de un acogimiento eclesiástico de las doctrinas, de matiz teocrático, elaboradas por Sabino Arana. En ambas regiones diversos seminarios, monasterios y parroquias llegaron a convertirse en focos de separatismo. Y mucho más tarde, por los años 60 del siglo XX, bajo el régimen de Franco, el clero iba a desempeñar de nuevo un papel crucial en el resurgimiento de los nacionalismos, aunque en un contexto muy distinto y por causas también distintas.

Choca a primera vista el nacionalismo clerical, pues España había desempeñado durante siglos el papel de adalid del catolicismo en Europa y en medio mundo. ¿Cómo, de pronto, unos católicos fervientes desvalorizaban esa tradición y pugnaban por romper la vieja unidad hispana? Una explicación reside en las quiebras sociales y políticas del siglo XIX y en el triunfo final del liberalismo. Esta ideología había llegado con la invasión napoleónica, inspirada en la revolución francesa y con un componente antirreligioso y violento muy pronunciado. No extrañará que provocase un frontal rechazo en los ambientes más católicos, que por reacción se anclaron en una ortodoxia anquilosada. Al triunfar el liberalismo, diversos clérigos catalanes y vascos pensaron salvar lo salvable en sus propias regiones, donde tan fuerte había sido el carlismo. No insinúo una continuidad entre carlismo y nacionalismo, pues el primero había defendido firmemente la unidad española, aun si concebida al modo descentralizado del antiguo régimen. La relación entre él y los nacionalismos es más bien indirecta y producto del ambiente. Las repetidas derrotas carlistas dejaban a finales del siglo poca esperanza de retorno al antiguo régimen, y el nacionalismo clerical, considerando a Cataluña y Vasconia regiones privilegiadamente católicas, aspiraba a salvarlas de la general degradación. Hasta cierto punto los nacionalismos vasco y catalán nacieron como reacción regional contra el liberalismo triunfante en el conjunto del país.

Esta explicación resulta, no obstante, insuficiente, por cuanto la Restauración había creado un sistema moderado, ajeno a las antiguas exaltaciones, pronunciamientos militares y ataques a la religión, posibilitando una convivencia espinosa, pero aceptable, entre la Iglesia y el estado. Pero precisamente entonces también tomaron cuerpo los movimientos anarquistas y marxistas, confirmando en apariencia la vieja crítica según la cual el liberalismo abría la puerta a esas ideologías, que irrumpían prometiendo textualmente la sangrienta abolición de la religión, la propiedad privada y la familia.

El paso del regionalismo al nacionalismo entrañaba otro cambio radical. Como en todos los países, había existido siempre una rivalidad entre las regiones. El «contrario», en Cataluña y, en menor medida en las Vascongadas, había sido Castilla. La unidad española bajo los Reyes Católicos había mantenido una considerable diferenciación entre los reinos, especialmente el de Castilla y el del Aragón, pero esa diferencia se había ido diluyendo desde el siglo XVIII, como también la antigua preeminencia demográfica y económica castellana. En el siglo XIX la decadencia castellana era manifiesta, y su hegemonía en la política y la cultura se había desvanecido de mucho tiempo atrás. Los nacionalistas vascos y catalanes ostentaban desprecio y aversión hacia Castilla, pero su pretensión de considerarla «nación opresora» sonaba por lo menos exagerado. Aun así exacerbaron las quejas y diferencias, y dieron el paso de la tensión con Castilla a la oposición a España.

De todas formas, durante el último decenio del siglo XIX, ambos nacionalismos atraían a muy poca gente. Quedaban en cosa de algunos intelectuales y clérigos y, sobre todo el catalán, se confundían con el mero regionalismo cultural. Pero a finales de esa década, en 1898, ocurrió uno de los sucesos psicológica y políticamente más determinantes de la historia contemporánea española: la derrota frente a Usa y la pérdida de las últimas colonias. Como se ha remarcado a veces, el «desastre» no lo fue en el terreno económico —resultó incluso beneficioso— pero sí en el orden moral: quebró la confianza y la seguridad de España en mayor grado todavía que las de Francia por su derrota frente a Alemania en 1870. Inundó el país una marea de autodesprecio y fueron desvalorizadas la historia y la cultura españolas, y su unidad. Ese momento psicológico marca el auge y consolidación de los nacionalismos catalán y vasco.

Cabe preguntarse entonces por qué cobró impulso el nacionalismo en esas dos regiones, y no en otras tan diferenciadas como Valencia, Baleares, Navarra, Galicia o Andalucía. Algunos encuentran la causa en la industrialización, en la «burguesía». Quizá, pero ambos nacionalismos tuvieron mucho de reacción contra la industrialización, o al menos contra uno de sus efectos principales: la inmigración masiva. Y ambos enraizaron más bien en capas medias y bajas que en el empresariado, sobre todo en el caso vasco. Además el progreso industrial fue previo al nacionalismo y no debió nada a éste, del cual sólo podía esperar peligros, al implicar una fuerte restricción del mercado para las empresas regionales.

A mi juicio, no basta con la existencia de condiciones generales u «objetivas» más o menos favorables para que una idea política cuaje. Hace falta un liderazgo lo bastante hábil y voluntarioso para explotar esas condiciones y superar los obstáculos. Y la presencia de líderes inspirados, enérgicos y tenaces no es algo previsible o automático en unas circunstancias económicas, sociales o culturales dadas, sino un producto de mil circunstancias, muchas de ellas estrictamente personales y azarosas. Ese liderazgo no surgió en la mayoría de las regiones, pero sí en Vasconia con Sabino Arana, y en Cataluña con Prat de la Riba y Cambó. Los dos primeros elaboraron sendas teorizaciones sobre sus respectivas regiones, así como, menos explícitamente, sobre España. Y, no menos importante, combinaron con su dedicación teórica una completa devoción a la verdad que creyeron descubrir. El cambio real de regionalismo a nacionalismo ocurre ya a finales del siglo XIX, y muy ligado a las doctrinas y actos de Arana y de Prat de la Riba, y por ello les daré en este ensayo mayor relieve que a disquisiciones eruditas sobre los antecedentes, inspiraciones o variantes de sus ideas.

No porque tales disquisiciones y estudios sean vanos, ni mucho menos. Con frecuencia —aunque no siempre— clarifican las cosas, pero por no ser indispensables al objeto de este libro, las trataré marginalmente. Así, no me extenderé en temas como la actual polémica dentro del nacionalismo catalán sobre la importancia relativa de Almirall y de Prat, o las implicaciones demo-orgánicas de las Bases de Manresa, o las raíces del mesianismo vasquista «limpiador de la tierra» desde Larramendi, estudiadas por M. Azurmendi[1] etc. Dicho en otros términos, parto del supuesto, a mi juicio evidente, de que fueron las ideas y fuertes personalidades de Arana y Prat, enfrentadas a un medio poco propicio, las fundadoras e impulsoras de ambos nacionalismos; y de que atendiendo a ellas podemos entender suficientemente —no exhaustivamente, claro, si eso fuera posible— los rasgos de cada nacionalismo y muchas claves de su desarrollo y repercusiones a lo largo del siglo XX.

Los dos personajes fueron prácticamente coetáneos, con diferencia de cinco años. Los dos murieron prematuramente, Arana con 38 años, en 1903, y Prat con 47, en 1917. Había entre ellos otras muchas semejanzas. Si, como intelectuales, nadie podría considerarlos brillantes, suplían esa deficiencia con el instinto, por así llamarlo, de los fundadores; con la convicción sin fisuras en sus ideas, cuya verdad redentora para sus pueblos tenían por irrefutable; y con una tenacidad extraordinaria, nacida de esa convicción. Ambos poseían dotes de organización y propaganda muy notables, y, considerando la unidad española perjudicial para vascos y catalanes, retrotraían a tiempos pasados, a veces un tanto brumosos, el ideal de plenitud nacional, para cuya recuperación habría sonado la hora. Compartían además un acendrado catolicismo.

PRIMERA PARTE:

LOS ORÍGENES

Capítulo 1

SABINO ARANA, EL FUNDADOR

Sabino Arana nació en 1865, de una acaudalada familia naviera y propietaria de un astillero. Su padre, tradicionalista, estuvo comprometido en el suministro de armas para el movimiento que daría lugar a la tercera y última guerra carlista, en 1872, cuyo fracaso final, en 1876, le sumió en una profunda depresión. El carlismo quedó prácticamente en ruinas y la familia Arana perdió bastante de su posición económica. Pero no fue sólo una derrota política y militar: también la sociedad vizcaína pasaba entonces por un brusco cambio, aniquilador de los viejos valores y formas de vida a los que tan apegada estaba la familia Arana. En los años 70, la explotación de las minas de hierro para su exportación, había iniciado la industrialización de Vizcaya, completada en los años 80 con la creación de plantas siderúrgicas. La composición social y hasta el mismo paisaje cambiaban, y la ciudad crecía con barriadas lóbregas donde se hacinaban miles de inmigrantes de otras provincias, gente a menudo desarraigada y sin vida familiar, parte de ella, pequeña pero creciente, de ideas irreligiosas o revolucionarias.

En este clima de rápido cambio, tan deprimente para muchos, Luis Arana, hermano mayor de Sabino, concluyó que el carlismo había fracasado definitivamente, y que el fondo de todo el problema social y político, la causa del declive de la vieja sociedad, radicaba en un supuesto por casi nadie aceptado: que los vizcaínos, y los vascos en general, no eran españoles ni debían identificarse con España. A resultas de la derrota carlista, los fueros habían sido definitivamente abolidos, y aunque el suceso apenas despertó preocupación en su momento, iba a convertirse en el símbolo de la añoranza por la vieja sociedad. Luis identificó los fueros con una presunta independencia de Vizcaya, mantenida según él hasta la primera derrota carlista, en 1839, con la cual se habría abierto un proceso de sumisión creciente a España, culminado en la última derrota de 1876.

Por aquellos años se discutía bastante en torno al carácter racial y lingüístico de los vascos, aunque no existía casi nada parecido a un espíritu nacionalista, y el propio Luis carecía de energía o convicción bastantes para levantar la bandera. Pero en la primavera de 1882, el domingo de Resurrección, según se cuenta, en el curso de unas conversaciones en el jardín de la casa familiar de Abando, Luis transmitió sus ideas a Sabino, el cual las absorbió con auténtica pasión. Sabino, muchacho enfermizo (se reponía de una posible «tisis galopante»), tenía un carácter mucho más fuerte que Luis, y se aplicó a estudiar vascuence, pues su idioma materno, como el de tantos vascos, era el castellano. De él renegó («lo hablo por desgracia», escribió alguna vez[1]), pero nunca pudo abandonarlo y siempre lo manejó mucho mejor que el estudiado «idioma racial», como definiría al vascuence.

La charla de Abando ha quedado para los nacionalistas como una «revelación» o «iluminación», asociada a un día tan simbólico como el domingo de Resurrección, una especie de acto fundacional, de resurrección de la «raza vasca», identificada brumosamente con la de Cristo. Pero Sabino sólo tenía 17 años, y las ideas recibidas todavía habían de fermentar en su cabeza durante diez años. Entre tanto fue a estudiar derecho en Barcelona, donde debió de recibir influencias de los ambientes catalanistas. Vuelto a Vizcaya, escribió algunos artículos sobre filología vascuence.

Fue a finales de 1889 y durante el año siguiente, cuando dio forma a sus ideales separatistas, concretándolos en varios artículos literarios sobre «Cuatro glorias patrias». Las glorias, significativamente, consistían en cuatro batallas, las de Padura o Arrigorriaga, Gordexola o Gordejola, Ochandiano (1355) y Munguía (1480), libradas, decía él, por los vizcaínos para rechazar las pretensiones de leoneses y castellanos de acabar con la independencia de su tierra. En realidad no existe documentación alguna sobre la batalla de Padura, que él describe con tonos muy vivos y pomposos, datándola arbitrariamente el 30 de noviembre de 888 (otros la quieren datar en 870), y probablemente se trata de un relato legendario. Las demás, mucho más recientes, fueron escaramuzas o acciones militares confusas y de escasa significación, ligadas a rivalidades señoriales y banderizas en la propia Vizcaya[*]. Arana las presentó, con razones dudosas, como la manifestación concreta, ratificada con sangre, de una ancestral lucha de Vizcaya por su independencia. Esos artículos, publicados juntos en 1892, bajo el título «Bizkaya por su independencia», están considerados la primera obra teórica del nacionalismo vasco, acogida con frialdad en Vizcaya.

Fue el 3 de junio de 1893, en una merienda-cena en el caserío de Larrazábal, con 23 simpatizantes regionalistas llamados euskalerriacos, cuando Arana pronunció un célebre discurso considerado a su vez el primer acto nacionalista. El orador explicó su evolución política desde la iluminación de Abando y las convicciones adquiridas desde entonces. En su mente había cuajado la potente convicción de que los vascos habían vivido en un tiempo muy lejano en medio de instituciones excelentes, bajo leyes modélicas, manifestadas con el paso del tiempo en los, para él mal llamados, fueros; y de que tan envidiable modo de vida había degenerado hasta casi desaparecer, haciéndose imperativa su recuperación.

Los males habrían empezado ya en el siglo IX, cuando los vizcaínos, olvidando sus instituciones (de ellas sabía Arana mucho menos de lo hoy conocido, que sigue siendo muy poco), habían adoptado la forma de gobierno señorial «españolizándose en sus ideales». El deplorable suceso «torció en tanto grado las inteligencias y los corazones de los bizkaínos que, produciendo aberraciones tales como la de llamar en los documentos Rey y Señor a quien sólo era Señor y consentir que firmara Yo el Rey (…) causó el más profundo y trascendental de llamarse a sí mismos españoles los vizcaínos; y no rechazado este maldito nombre de nacionalidad por aquel pueblo que (…) no preveía que las generaciones ulteriores habían de caer en la persuasión de que aquél les correspondía por naturaleza». Definiéndose como «historiador filósofo», Sabino logra explicarse que sus paisanos se llamaran españoles en «la época de apogeo y engrandecimiento de España», pero encontraba incomprensible la continuidad de tan nefanda costumbre en épocas de decadencia hispana.

Y así, con tales yerros, «Aquella Vizcaya que supo guardar su independencia al precio de la sangre de sus hijos, venciendo en mil combates al musulmán, al hispano, al galo y al sajón (…) temida, aunque pequeña, por todas las naciones (…) vedla ya en el siglo XVIII, intoxicada por el virus españolista, anémica y sin fuerzas para oponerse a un contrafuero, y por último en este nuestro siglo despedazada por la furia extranjera, y expirante, que no muerta lo cual fuera preferible, sino humillada, pisoteada y escarnecida por España, por esa nación enteca y miserable». La culpa principal correspondía a los propios vizcaínos inconscientes y renegados, y a sus partidos españolistas que «alardeando de amar a Bizkaya, no hacen otra cosa que ultrajarla y ofenderla». «¡Pobre Bizkaya, si la Divina Justicia no hubiese envainado ya la espada con que tan duramente está castigando acaso tus pasadas culpas, si no hubiese sonado en la Providencia la hora de la restauración!».

Esa hora providencial llegaba de la mano del hombre esclarecido en Abando: «Y el lema Jaungoikoa eta lagizarra [Señor de lo alto y leyes viejas», o «Dios y fueros»] (…) «iluminó mi mente y absorbió toda mi atención (…) Levantando el corazón a Dios, de Bizkaya eterno Señor, ofrecí todo cuanto tengo y soy en apoyo de la restauración patria, y juré (y hoy ratifico mi juramento) trabajar en tal sentido con todas mis débiles fuerzas, arrostrando cuantos obstáculos se me pusieran de frente y disponiéndome, en caso necesario, al sacrificio de todos mis afectos, desde los de familia y de amistad hasta las conveniencias sociales, la hacienda y la misma vida». El lema citado, abreviado en JEL, se convertiría en el distintivo esencial del nacionalismo sabiniano.

Arana atribuía a su misión verdadero carácter divino, como exclamaría en otras ocasiones: «¡Y aún habrá quienes crean que el nacionalismo euskeriano es una causa puramente humana!», o «No hay, no ha habido en el mundo ninguna política que en cultura y perfección se asemeja al nacionalismo [vasco]». En corto: «Si ha resonado el grito de independencia SÓLO POR DIOS HA RESONADO[2]».

Admitía lo difícil de su empeño y la posibilidad de derrota. En tal caso «abandonaré mi Patria. Pero, tenedlo bien entendido, hijos de Vizcaya, si tan triste suceso llegara, juro, al dejar el suelo patrio, dejaros también un recuerdo que jamás se borre de la memoria de los hombres». Qué terrible recuerdo sería ése no lo especificó, pero expresó a continuación el llamado «juramento de Larrazábal»: «No quiero nada para mí, todo lo quiero para Bizkaya; ahora mismo, y no una sino cien veces, daría mi cuello a la cuchilla sin pretender ni la memoria de mi nombre si supiese que con ello habría de revivir mi Patria». Dijo estas palabras «en un tono emocional y decidido que asustó», señala el prologuista de sus obras completas, Martín de Ugalde.

Sus oyentes ni siquiera le aplaudieron por cortesía, y tomaron su discurso por una chifladura. Sin embargo Arana no hablaba por hablar. Estaba realmente inflamado por su autoatribuida misión, y, lejos de desanimarse, sacó unos días después su primer periódico, una hoja volante sin periodicidad, que pasaría a ser mensual en 1894, titulada Bizkaitarra. La escribía casi él sólo, y con ella difundió su mensaje y ganó adeptos.

La virulencia de Arana y la formación de una corriente de opinión nacionalista, pequeña pero en auge, no se comprenderían sin atender al rápido cambio económico y social de aquellos años. Una manifestación de ese cambio fue la ya mencionada afluencia de inmigrantes de otras regiones, los maketos, a quienes Arana endosaba la culpa de todos los males, y sobre quienes hacía silbar sin tregua el látigo de las frases más ofensivas y cargadas de resentimiento. Y así ocurrirá en todas las publicaciones posteriores del fundador del nacionalismo vasco, como Baserritarra, El Correo Vasco, La Patria, o Euzkadi. «Con esa invasión maketa, —dice, fulminando a los capitalistas locales—, gran parte de la cual ha venido a nuestro suelo por vuestro apoyo (…) estáis pervirtiendo la sociedad vizcaína, pues cometa es ése que no arrastra consigo más que inmundicia y no presagia más que calamidades: la impiedad, todo género de inmoralidad, la blasfemia, el crimen, el libre pensamiento, la incredulidad, el socialismo, el anarquismo… todo ello es obra suya[3]».

Su cólera trasluce una angustia genuina por la erosión del viejo mundo rural y marinero, inmerso, por así decir, en el paisaje, en apariencia autosuficiente en el círculo de sus costumbres y creencias tradicionales, con su estrecha y conmovedora interrelación humana, aunque también su pobreza, sus enfermedades, supersticiones e ignorancia, su control social asfixiante para los espíritus independientes. No por casualidad titularía Baserritarra (El aldeano, o El casero) su segunda publicación periódica. Ello no le impedía apreciar el progreso económico e industrial que transformaba una tierra antes pobre y de emigración, si bien su aprecio rezumaba prejuicios aldeanos: «Está rico el vasco. Pero gran parte de su dinero pasa el Ebro (…). Otra gran parte se emplea aquí mismo en tratar bien al forastero[4]». Todo el dinero debía quedar para los autóctonos (esta idea llegó a convertirse en dogma y consigna nacionalistas), aunque a generarlo contribuían los miles de inmigrantes, el conjunto del mercado español y el proteccionismo impuesto desde Madrid.

Las maldiciones a los trabajadores recién llegados causan asombro. Las duras condiciones de vida y trabajo de éstos, agolpados en barriadas improvisadas y pisos húmedos e incómodos, sometidos a jornadas agotadoras y a la arbitrariedad de las empresas, no despiertan rastro de simpatía o compasión en Arana, el cual los trata en bloque de malvados, blasfemos y navajeros, empeorados por el contagio liberal: «gentes incultas, brutales y afeminadas», «vagos por naturaleza», que arrastraban a huelgas a los laboriosos vizcaínos. «La plaga suprema que ha caído sobre nosotros ha sido la inmigración (…). Chinos como los auténticos de la coleta y tan dañosos aquí como sus congéneres lo fueron en Norteamérica, forman, por regla general, en lo que aquí se llama socialismo». «Son nuestros moros[5]». Etc.

Aunque, admite, «no hay pueblo, por abominable que sea, indotado de toda buena cualidad», sólo consigue destacar «los muchos y abyectos vicios de que los hijos de la pedantesca y tenebrosa Maketania adolecen», y de los que infectaban Vizcaya. Llegados en procura de empleo y mujer, corroían la acrisolada virtud de las vascas. Las fiestas éuskaras degeneraban, y en ellas bailaban abrazados hombres y mujeres: «Conocidas son las horribles consecuencias de estos pagánicos días: quien no las conozca, no tiene más que examinar el registro de nacimientos semestre y medio después». Tiene por «osadía inaudita» que en tales fiestas populares se toquen piezas como «La marcha de Cádiz (…) o la gallegada (…). Repertorio digno de una banda gallega». O destaca sucesos como «Un maketo llamado Martínez asesinó bárbaramente, en Castrejana, a un bizkaíno llamado Arteche». Y así incesantemente. En suma, «El maketo: ¡he ahí al enemigo!», «Nuestro dominador y nuestro parásito nacional[6]».

La siembra del odio se extiende en Arana a toda la vida social. Así denuncia indignado el socorro de los vascos a los miles de afectados por inundaciones en Consuegra, o en otra catástrofe en Santander, o en pro de la guerra de Melilla, y contrasta esa generosidad con la, a su juicio escasa, mostrada con las familias de 16 marineros muertos en un naufragio en Elanchove: «Los elantxobeses son hermanos nuestros, mientras que los naturales de Consuegra y Santander son hijos de una raza que nos odia». Aunque señala a los inmigrantes, siempre en bloque, como dados al liberalismo, el socialismo o la masonería, la misma actividad religiosa de ellos le inspira comentarios acerbos. De una peregrinación obrera a Roma, comenta: «O es maketa o es euskeriana (…) Si es una peregrinación maketo-euskeriana o mestiza (…) ¿por qué no se extiende más aún el compás y se forma una peregrinación franco-hispano-anglo-ruso-germano-rumano-lusitano-euskeriana? En ese caso, además, (…) ¿en qué lengua se le hablará a Su Santidad, en Euskera o en maketo?». Él escribía y hablaba, desde luego, en «maketo[7]».

O elogia como proezas las reyertas provocadas por «unos cuantos jóvenes del país», seguidores suyos que en el Círculo Bilbaíno exigieron la expulsión de los maketos. El Euskeldun Batzokija, centro político fundado por él en julio de 1894, estatuye: «Queda absolutamente prohibida la entrada en el local de la Sociedad a extranjeros que profesen otra religión o que procedan de nación enemiga de Vizcaya[8]».

La aversión al maketo contaba para Sabino como una virtud imprescindible: «Ese camino del odio al maketismo es mucho más directo y seguro que el que llevan los que se dicen amantes de los Fueros, pero no sienten rencor hacia el invasor». «No hay odio que sea proporcionado a la enorme injusticia que con nosotros ha consumado el hijo del romano. No hay odio con que puedan pagarse los innumerables daños que nos causan los largos años de dominación». Como todos los políticos que hacen del odio un instrumento crucial, Sabino lo justificaba alegando un odio recíproco y previo de los enemigos elegidos: «Ellos son los que nos esclavizan; y no contentos con esto, pues nos aborrecen a muerte, no han de parar hasta extinguir nuestra raza». «Todos son enemigos de nuestra Patria (…) siempre encarnizados». «Nos están carcomiendo el cuerpo y aniquilando el espíritu, y aspiran a nuestra muerte». Hay mucho de hipocresía en estas incitaciones, y Arana no ignoraba, seguramente su unilateralidad. No existen testimonios del afán de exterminio de los vascos que él atribuye a los maketos, y dentro de las habituales rencillas y burlas regionales, la imagen de los vascos solía ser más bien positiva en toda España, como gente honrada y animosa, activa y fiable[9].

Además, durante siglos los vascos habían emigrado al resto de España (se ha calculado que un 12% de la población tiene algún apellido vasco) y a Hispanoamérica, aprovechando la ventaja del idioma y siendo admitidos como iguales, incluso con privilegios, sin haber recibido jamás un trato semejante al preconizado por Sabino para la emigración inversa. Pero el fundador del PNV veía esa desigualdad plenamente justificada, pues ¿qué recibían los vascos de «Castilla y sus hermanas»? Sólo vicios y perjuicios. En cambio, los emigrantes vascos habían beneficiado muchísimo a los maketos, a quienes «ayudaron a conquistar sus tierras contra los moros, a explorar el océano, a someter las Indias, a pelear contra turcos y europeos (…). Donde quiera que en España se inicien empresas de desarrollo, de vida y de progreso, allí se ve al vasco (…). Buenos Aires fue por nuestro Garay fundada; a aquella América de promisión la dio un Bolívar su libertad[10]». Omite que todo eso lo habían hecho en calidad de españoles, y que Bolívar no se consideraba español ni vasco.

Desigualdad de trato, por tanto, muy natural. Después de todo, la raza vasca, «tan distinta de la española, como lo es de la china o de la zulú», forma «la nación más noble y más libre del mundo entero», «raza singular por sus bellas cualidades, pero más singular aún por no tener ningún punto de contacto o fraternidad ni con la raza española, ni con la francesa, que son sus vecinas, ni con raza alguna del mundo», formando un tipo humano que «en todas partes se encuentra como el pez en el agua (…). Diríase que en la raza vasca se han perpetuado los caracteres propios de la familia generadora de todos los pueblos». Etc. No extrañarán los bien conocidos y ofensivos contrastes que establece el fundador del PNV entre la «raza vasca» y la maketa, tanto en los aspectos mental y moral como en el físico… aunque el mismo Sabino podía pasar por un español corriente, y su hermano Luis, de figura poco afortunada, distaba largo trecho del ideal establecido por él mismo[*][11].

Una raza tan sobresaliente perdía de modo inevitable en su contacto y mezcla con cualquier otra, por lo cual «La salvación de la sociedad vasca (…) se cifra en el aislamiento más absoluto, en la abstracción de todo elemento extraño (…) desechando inexorablemente todo lo exótico». Pero en la triste y lamentable realidad, «Este pueblo, noble viril, temido y admirado, había de decaer y degenerar en tanto grado que viniese en este siglo a ofrecerse de esclavo al pueblo español… ¡al pueblo español!… menospreciado en esta época por todos los pueblos y objeto de befa para toda nación civilizada[12]».

No reflejan estos textos un espíritu muy cristiano, pese a la constante invocación de Arana a la religión. No obstante denuncia a veces, hablando del mundo en general: «Es la actual la era del odio»; o clama contra las ideologías dominantes en Europa: «La bandera de bestias tremolada por la sociedad del siglo XIX». O manifiesta piedad con motivo de la guerra de los bóers, en Sudáfrica: «Sabida es la inhumana crueldad con que los blancos han tratado siempre y dondequiera a las razas de color». «Los campesinos holandeses (…) consideran a los cafres y demás vecinos negros más bien como animales». Pero cuando abandona tan lejanas latitudes, estatuye que «gran número» de maketos «más que hombres semejan simios poco menos bestias que el gorila; no busquéis en sus rostros la expresión de la inteligencia humana ni de virtud alguna; su mirada sólo revela idiotismo y brutalidad». En otros momentos afirma, no sin notoria doblez: «No insultamos al pueblo español, no intentamos ofender a nadie[13]».

Este concepto ofrece una clave esencial para comprender el considerable éxito posterior del nacionalismo vasco. La idea de pertenecer a una raza especial, una especie de «pueblo elegido», superior a cualquier otro, y muy especialmente al «maketo», el más abyecto de todos, seduce y exalta a muchos individuos, al proyectar sobre el exterior las culpas por las insuficiencias de la vida propia. De ahí la dificultad de combatirla con argumentos. Ese atractivo apenas depende del nivel educativo de los individuos, como comprobamos en el ascendiente del nazismo sobre Alemania en los años 30 y 40 del siglo XX, con ideas muy semejantes a las propagadas por Arana, y pese a ser el alemán uno de los pueblos más cultos del mundo.

Por esos años finales del siglo XIX el nacionalismo catalán buscaba aliados en otras regiones, especialmente en Vasconia y Galicia. Pero topó con el rechazo de Arana y los suyos: «Dice La Veu de Catalunya que los catalanes son hermanos nuestros de desgracia, y que también somos en el mismo concepto de los baleares, los valencianos y los gallegos (…). Fraternidad de desgracia; porque, en efecto, fraternidad de raza no la hay entre aquellos españoles y nosotros, como no seamos también hermanos de los coreanos (…). Pero tampoco somos hermanos de desgracia (…) porque la desgracia de los catalanes (…) y la nuestra no se parecen en lo más mínimo. Los catalanes perdieron las leyes privativas de su región; nosotros hemos perdido nuestra nacionalidad e independencia absoluta (…). No es razonable la alianza de los catalanes y los bizkaínos; pues no son semejantes los sujetos Bizkaya y Cataluña, ni se parecen por su desgracia; ni tienen un enemigo común; ni son las mismas sus aspiraciones (…). Equiparar nuestro derecho a constituir nación aparte, con el derecho que le sirviera de base al nacionalismo catalán, sería rebajar el nuestro (…). Nunca discutiremos si las regiones españolas como Cataluña tienen o no derecho al regionalismo que defienden; porque nos preocupan muy poco, nada por mejor decir, los asuntos internos de España (…). No escribimos nuestro periódico para hablar de política extranjera, sino para instruir a los vizcaínos (…). Jamás confundiremos nuestros derechos con los derechos de región extranjera alguna (…) jamás haremos causa común con las regiones españolas. Entendemos en la acción definitiva: esto es lo único que cabe y admitiríamos con cualquier pueblo de la tierra[14]».

El desprecio por la alianza con los catalanes tenía su buena razón: «Cataluña es española por su origen, por su naturaleza política, por su raza, por su lengua, por su carácter y por sus costumbres». «Ustedes, los catalanes, saben perfectamente que Cataluña ha sido y es una región de España (…) una región con caracteres de nacionalidad», cosa muy distinta de una nación genuina. Por tanto, recuerda sin piedad: «Maketania comprende a Cataluña», y, para más claridad, agua el entusiasmo mostrado en La Veu por el Lexikon etimológico, naturalista y popular del Bilbaíno neto, de Arriaga, señalando la acepción de «maketo»: «Maketo es el mote con que aquí se conoce a todo español, sea catalán, castellano, gallego o andaluz[15]».

Otra razón estribaba en el muy distinto carácter —en opinión de Arana— de los fueros vascos y los catalanes. Los fueros vascos, —las Lagi-Zarra o «leyes viejas»— probarían la independencia ancestral de su raza, pues no se trataba de privilegios otorgados por la monarquía, como los catalanes y otros, sino de leyes inmemoriales que los vascos negociaban con los reyes de igual a igual, de potencia a potencia. Este supuesto ha originado interminables polémicas, no siempre sensatas. No existía un fuero vasco, pues cada provincia tenía el suyo, y no infrecuentemente presionaba cada una al gobierno central para que vulnerara el fuero de la provincia vecina, en beneficio de la propia. La discusión parte de un equívoco: los fueros podían ser una concesión íntegra de la realeza o nacer del derecho consuetudinario local, y en ese último caso su aprobación por los reyes tenía un doble valor, como aceptación de una realidad previa y como expresión de la autoridad regia, como un reconocimiento y una concesión simultáneos. Por otra parte, si las provincias vascas eran independientes (de España y entre sí), no se entiende bien por qué debían negociar sus propias leyes con reyes foráneos, y promulgarlas, además, en el idioma «extranjero». Pero Sabino, nuevamente, miraba al futuro: fuera cual fuere el significado genuino de las «leyes viejas», él las interpretaba con vistas a la plena separación de España, que es lo que deseaba por otros motivos (raza, moral y similares).

Por lo demás, pensar que los vascos se gobernaban de la misma forma antes de los romanos o de los árabes y durante la Edad Media, aparte de totalmente indemostrado, suena improbable en sumo grado.

De todas formas, la «reintegración foral» quedó siempre como una cuestión ambigua, pues algunos la interpretarían como secesión y otros como autonomía, traicionando éstos la intención sabiniana, pero con un fundamento histórico más probable. Esa ambigüedad causaría acres divisiones en el movimiento nacionalista.

Arana nunca se molestó en demostrar de algún modo sus asertos sobre los inenarrables vicios de los maketos, ni sobre las no menos inenarrables virtudes de los bizkaínos. No era propiamente un teórico ni un «historiador filósofo», como se llamaba a sí mismo, pero si un inspirado agitador y propagandista, y como a tal le bastaba con la repetición martilleante de sus afirmaciones, dándolas por evidentes, y con los llamamientos a actuar en consecuencia. Los textos aquí citados son sólo una mínima parte de los que podían exponerse, y por lo demás, han sido reproducidos muchas veces, tanto por sus adversarios como por sus partidarios. Sus conceptos no son, insisto, muy católicos, pero en su escrito quizá más teórico, «Efectos de la invasión maketa», compuesto para atraerse al clero, se las arregla para combinar su racismo y prédica del odio con los intereses de la Iglesia[*].

A su juicio, «Entre el cúmulo de terribles desgracias que afligen hoy a nuestra amada Patria, ninguna tan terrible y aflictiva (…) como el roce de sus hijos con los hijos de la nación española. Ni la extinción de su lengua, ni el olvido de su historia, ni la pérdida de sus propias y santas tradiciones e imposición de otras extrañas y liberales, ni la misma esclavitud política que hace más de once lustros padece, la equiparan en gravedad y trascendencia». Pues ese roce «causa inmediata y necesariamente en nuestra raza ignorancia y extravío de la inteligencia, debilidad y corrupción de corazón, apartamiento total, en suma, del fin de toda humana sociedad[16]».

Tan inmensa desdicha provenía de que, simplificando, los vascos son católicos en cierto modo por naturaleza, y su conducta e instituciones correspondían a una moralidad elevadísima, aún antes de su conversión a Cristo en siglos pasados. En cambio los maketos…: «El pueblo español, no obstante los largos siglos en que ha gozado de gobierno y legislación católicos, siempre se ha resistido a su benéfica influencia, siempre ha permanecido irreligioso e inmoral». Pintar a España como católica le mueve a indignada irrisión: «¡Católica España! Y ¡afirmarlo ahora que cualquiera sabe leer y cualquiera lee periódicos y libros! (…) No es posible, en breve espacio, mencionar siquiera concisamente, los hechos pasados y presentes que prueban bien a las claras que España, como pueblo o nación, no ha sido antes jamás ni es hoy católica». De ahí el enorme disparate de quienes, como los carlistas, «Predican el catolicismo y el españolismo unidos, como si en la práctica fueran compatibles». La perversidad hispana queda patente por doquier. Olvidando su aserto de que Bolívar —masón— había liberado a América del sur, explica: «Los estados americanos hoy más masonizados en sus ideas y más corrompidos por tanto en sus costumbres, han sido también ¡qué casualidad! posesiones españolas[17]».

A los españoles la moral y la religión, nunca aceptadas, les han venido «de arriba abajo», del poder al pueblo, mientras que entre los vizcaínos había sido el pueblo el que había enseñado e impuesto a los gobernantes las buenas costumbres. El liberalismo no causaba el mal, incrustado en la naturaleza del maketo tal como la virtud en la del vasco, pero lo agravaba muchísimo en aquel final de siglo, cuando la antigua y benéfica presión católica desde el poder había cedido a la presión liberal. Y hacía estragos también entre los bizkaínos: «Quiso Castelar oprimir a nuestro Clero y sustituir su influencia cristiana con la corruptora de maestros (…) para educar a nuestra juventud en el error y el vicio».

Y aquella chusma había puesto su yugo a los vascos: «Bizkaya, dependiente de España, no puede dirigirse a Dios, no puede ser católica en la práctica», y «la sociedad euskeriana, hermanada y confundida con el pueblo español, que malea las inteligencias y los corazones de sus hijos y mata sus almas, está apartada de su fin, está perdiendo a sus hijos, está pecando contra Dios». La raza vasca, «oprimido su espíritu por el extraño, su cuerpo se extenúa, se extingue, perece[18]».

Por lo tanto, el grito de independencia «ha resonado por Dios», «Es la voz de la razón y la justicia». Y concluye: «¿Hay otra causa tan noble y santa como la nuestra?»[19].

Sabino aspiraba a un estado casi teocrático, y, por convicción y por cálculo, entendía bien la gran ventaja de atraerse al clero, tan influyente en la sociedad vasca. Dentro del clero, Arana admiraba a los jesuitas, entre quienes se había educado y a profesar en los cuales parece haberse inclinado en su juventud: «Un grande hombre engendró la raza vasca: Ignacio de Loyola. Su obra fue aún más grande[20]».

El clero acogió sus doctrinas con inicial disfavor, pero él estaba convencido de que sus promesas de una tierra exenta de liberalismo, socialismo o anarquismo le ganarían a muchos religiosos, vista la amarga sensación de fracaso dejada por la última guerra carlista. Y así iba a ocurrir, pese al fondo paganoide de sus ideas. Un sector muy nutrido del clero vasco jugaría un papel clave en la propagación de la doctrina sabiniana. Para muchos curas, los vascos pasaron a convertirse en una suerte de pueblo elegido, católico casi por naturaleza, oprimido por gentiles casi imposibles de redimir.

Ello trajo otros frutos: al constituir la influencia cristiana el principal valladar frente a las ideas revolucionarias, la adopción del sabinismo por tantos clérigos vascos facilitaba la difusión del socialismo entre los trabajadores.

Al lado de la raza, aunque sin la importancia de ella, Arana destacaba la lengua como rasgo distintivo de la nación vasca. El vascuence, en regresión, podía haber sido defendido de forma políticamente neutra, pero el fundador del PNV convirtió esa defensa en un nuevo motivo de excitación separatista y de ataque a los maketos siempre dispuestos a las peores fechorías. Con lógica algo inconexa, avisaba: «Olvida esa tu lengua, sí. Pero si el maketo, penetrando en tu casa, te arrebata a tus hijos y tus hijas, para quitar a aquéllos su lozana vida y prostituir a éstas… ya entonces no llores». Denunciaba el predominio del castellano, sobre todo en Bilbao, «por ser la [lengua] que más se presta para la vida mercantil e industrial, única que absorbe la atención de la metalizada villa», pues los representantes de la cultura bilbaína «no tienen espíritu, sólo estómago». Pero aunque «El euzkera apenas sirve más que para hablar de las labores del campo, encierra en sí elementos abundantísimos que, bien desarrollados, le harían de hecho la lengua más rica del mundo». Con su genio práctico, se aplicó a perfeccionar esos elementos con resultados no muy concluyentes[21].

No obstante el vascuence, «la lengua racial», debía ceder el paso a la raza, por cuanto «la pureza de la raza es como la lengua, uno de los fundamentos del lema vizcaíno, y mientras que la lengua, siempre que haya una buena Gramática y un buen diccionario, puede restaurarse aunque nadie la hable; la raza, en cambio, no puede resucitarse una vez perdida». De la lengua podría incluso prescindirse si, por desdicha, los foráneos llegaban a aprenderla. «Tanto están obligados los bizkainos a hablar su lengua nacional, como a no enseñársela a los maketos o españoles (…). Si nuestros invasores aprendieran el Euzkera, tendríamos que abandonar éste». En tal exclusivismo llega a extremos cómicos o siniestros: «Gran daño hacen a la Patria cien maketos que no saben euskera. Mayor es el que le hace un maketo que lo sepa». «Para nosotros sería la ruina que los maketos residentes en nuestro territorio hablaran Euzkera». «Aquí padecemos muy mucho cuando vemos la firma de un Pérez al pie de unos versos euzkéricos, oímos hablar nuestra lengua a un cochero riojano, a un liencero pasiego o a un gitano, o cuando al leer la lista de marineros náufragos de Vizcaya tropezamos con un apellido maketo[22]».

En su misión fundadora o restauradora de las esencias vascas, tal como él las imaginaba —es decir, vagamente, aunque con mucho fervor—, Arana hizo un descubrimiento harto pasmoso: «He aquí un pueblo que, con ser singularísimo entre todos, carece de nombre» en su propio idioma. Existía un nombre tradicional, Euscalerría, o «Euzkelerría» (un neologismo del siglo XVI), pero, hizo notar el fundador, no servía, porque además de sufrir demasiadas variantes dialectales, de las cuales él menciona quince, el término definía textualmente sólo a los hablantes del vascuence, y podía aplicarse a los forasteros vascófonos. Así, «un barrio de gitanos euzkeldunes, tales como los hay en Nabarra y Guipúzcoa, es “Euskelerría”, y no lo serían las grandes porciones de población vasca erdelduna que hay en Bizkaya, Alaba y Nabarra[23]».

Esa carencia le llevó a inventar un nuevo término, conservando la raíz «euzko», relacionada a su entender con «eguzki» («el del sol»), indicativa de procedencia oriental o bien de «veneración al sol como la obra más benéfica del Creador». Así pues, por una u otra razón, la raza vasca de Arana sería un pueblo «sol» o «solar», idea remitente, una vez más, a su exclusividad y preeminencia.

Para formar una palabra que añadiera a «euzko» la idea de pueblo y tierra, Arana le aportó el sufijo -di, expresivo a su juicio de conjunto y localización, y común a todos los dialectos vascuences. Quedaría «Euzko-di», transformado por una regla fonética en «Euzkadi». Sus adeptos saludaron la invención con júbilo, viendo en ella un hallazgo genial, «mágico», en expresión de Manuel Eguileor, diputado nacionalista en la II República española: «Ahí tienes ahora las palabras de Arana-Goiri tar Sabin, el Maestro: palabras luminosas, tras la ceguera secular de la raza; profundas, como si el silencio racial durante siglos, en este aspecto del propio conocimiento, hubiese sido fructífera meditación; taumatúrgicas, porque levantaron a Euzkadi de su inconsciencia mortífera; creadoras de una nueva vida nacional, al infundir en las entrañas de la raza más vieja de la tierra el anhelo novísimo de supervivencia y renovación; aquel anhelo que se condensa maravillosamente en una sola palabra, la que no acertó a sacar durante cuarenta siglos nuestra raza del fondo de su alma, palabra mágica creada también por el genio inmortal de nuestro Maestro: ¡Euzkadi!».

No obstante, el hallazgo resultó algo desafortunado, porque el sufijo -di se aplica sólo a vegetales, de modo que Euzkadi ha sido tratada, en burla, como «bosque de plantas solares», siguiendo la etimología de Arana, o como una reducción de los vascos al nivel de vegetales. Unamuno, el intelectual vasco más prominente del siglo XX y que ya destacaba cuando Arana inventó el término, lo trata con desprecio: «Ese nombre de Euzkadi, con k y todo, no quiere decir nada en vascuence, ni pasa de ser una invención, bastante caprichosa por cierto, de un improvisado lingüista»; «¿Y qué diremos de esa grotesca y miserable ocurrencia de llamar Euzkadi a lo que en español se puede llamar Vasconia, en vascuence se llamó siempre Euscalerría y en ninguna habla se llamó nunca Euzkadi? Término espurio y disparatadísimo (…) como si al pueblo español le llamáramos la españoleda, al modo de pereda, robleda, manzaneda». Unamuno desdeñaba también el uso de la «k», que, como la palabra Euzkadi, carece de cualquier tradición y refleja sólo obsesión por distinguirse[24].

Por otra parte no suponía un gran elogio a las excelencias intelectuales de la raza atribuirle incapacidad, durante tantos siglos, para inventar un término que la identificase. Esa ineptitud no es la única que, paradójicamente, achaca Sabino a sus paisanos. Según él, «El pueblo vasco, ayer libre y feliz, hoy despojado de cuanto constituía su felicidad», llevaba «un siglo entero de españolismo, de degradación, de miseria, de ruina; un siglo de aberraciones, de tinieblas; un siglo de esclavitud». Conclusión chocante: ¿cómo podía una raza tan superior someterse a otra tan mísera? Alguna flaqueza debían de tener los propios vascos, y así lo aclara el fundador: «La causa de nuestra vergonzosa esclavitud está en los hijos de nuestra raza misma»; y por ello «El carácter de los euskeldunes en nada se asemejará dentro de poco al de nuestros antepasados cuya hombría de bien, cuya sencillez y entereza les constituían en modelo envidiado». Por alguna razón difícil de explicar, los vascos «besan la mano que les azota», y de ser «la raza más altiva del mundo», el bizkaíno habría decaído hasta convertirse en «el hazmerreír del extranjero. Hoy eres su payaso favorito (…). ¿Has olvidado la tradición de tu independencia? ¿Has olvidado la tradición escrita con sangre de tus antepasados?». Sin embargo tales aberraciones venían de muy atrás, al menos desde el siglo IX, según había advertido en el discurso de Larrazábal. «Aun en aquella fecha en que estas provincias vascas eran estados independientes, su lengua oficial era la española (…). Ni entonces los vascos amaban su independencia[25]».

Por consiguiente cumplía emprender una lucha despiadada contra los «traidores» y los «maketófilos», a quienes llega a amenazar: «Esto no debe escribirse con tinta y pluma. Esto lo debiéramos escribir con hierro y sangre». Pues, en definitiva, «La material inmigración del pueblo español en Euskeria ningún daño moral o muy poco considerable acarrearía, en efecto, si el español no fuera recibido acá como conciudadano y hermano, sino como extranjero[26]».

Por desgracia, el número de maketófilos parecía inagotable: «Ni parece que hay maketos y bizcaitarras, sino que todos somos hermanos», o bien «El euskeriano y el maketo. ¿Forman dos bandos contrarios? ¡Cá! Amigos son, se aman como hermanos, sin que haya quien pueda explicar esta unión de dos caracteres tan opuestos, de dos razas tan antagónicas». En definitiva, él entendía su misión como el aniquilamiento de tan siniestra fraternidad, a cuyo fin debían los buenos vascos «desterrar de nuestra mente y nuestro pecho toda idea y todo afecto españolista» y extender el sentimiento de que «pesaría sobre nosotros como la mayor de las desdichas (…) el que España prosperara y se engrandeciera». Tarea en verdad ardua, como lamentaba con frecuencia, pues «El bizkaíno (…) tiene por suyas las glorias patrias de los españoles, por decadencia patria la de España, ríe y se regocija con el español, y con él se entristece, piensa y obra como el español (…). Lo estamos viendo todos los días[27]».

Pese a la violencia mal contenida de sus prédicas, Arana no dejaba de comprender con realismo el peligro de desatarla a deshora. Apelaba a «recobrar la libertad por los medios que la historia aconseja», medios pacíficos de momento: «Me cuidaré, en las circunstancias actuales, de llamar a los bizkaínos a las armas». El futuro, no obstante, podía discernirse con facilidad: «Si llega el día en que se les haga justicia a los bizkaínos, éstos se ahorrarán sangre y dinero. Pero si se obstina [España] en sujetar a Vizcaya, sospecho como historiador que puede llegar época en que esta antigua República se fortalezca suficientemente para romper las cadenas». Aunque, más tarde, los nacionalistas realzarían la tradición pacífica de su movimiento, se trata claramente de una necesidad disfrazada de virtud. En los llamamientos a un odio incondicional, en la constante invocación de las batallas «liberadoras» de pasados siglos, está bien explícita la apelación a la sangre cuando «la historia lo aconseje». En síntesis: «Cuando el pueblo español se alzó en armas contra el agareno invasor y regó su suelo con sangre musulmana para expulsarlo, obró en caridad. Pues el Nacionalismo bizkaíno se funda en la misma caridad[28]».

Los seguidores de Arana promovieron enseguida incidentes como la «sanrocada», un altercado con los carlistas en Guernica, el día de San Roque de 1893, en el curso del cual gritaron mueras a España y quemaron una bandera. El hecho, glorioso para los sabinianos, se conmemora como la primera manifestación combativa del nacionalismo vasco. Por otra parte la virulencia de su lenguaje, las reyertas, los insultos a la bandera («el trapo abominable»), los llamamientos a apedrear a los maestros de los pueblos, su desafío solapado, pero constante, a las leyes y, en fin, su incendiario separatismo en tiempos en que España afrontaba inquietudes de rebelión en Cuba y Filipinas, motivaron denuncias contra Bizkaitarra. La justicia desestimó las tres primeras, pero la cuarta, por injurias a un particular, valió a Arana la sentencia a un mes y once días de arresto. Quizá no necesitara cumplirla, pero el fundador, ansioso de sacrificarse por la causa, compareció ante el juez: «¿De manera que desea V. constituirse en prisión desde luego?». «Sí, señor». «Bueno, pues queda V. preso desde este momento». Un amigo suyo le acompañó hasta la prisión, seguidos ambos respetuosamente por los guardias a unos pasos de distancia[29].

En la cárcel recibía visitas y celebraba comidas familiares sin apenas trabas. «Me han destinado un cuartito decente en lo que cabe; de paredes blanqueadas y fregado suelo. Y me permiten circular por todo el interior de la cárcel (…). No he pedido ni pediré ningún favor (…). Si ellos espontáneamente me otorgan alguno, lo recibiré sin darles las gracias (…) no opongo ni opondré resistencia a cuantas vejaciones se me hacen y puedan hacérseme, porque por hoy nos toca a todos los nacionalistas bajar la cabeza y sufrir[30]». Otra vez volvió a la cárcel, en condiciones similares.

Bizkaitarra fue suspendido por la autoridad gubernativa a los dos años, en septiembre de 1895, después de siete denuncias, y también fue cerrado su centro social Euzkeldun Batzokija, siendo poco después clausurados ambos definitivamente por acuerdo de los propios sabinianos. Mas para entonces el movimiento había dado ya un paso decisivo, al haberse constituido, en julio, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), teniendo su fundador 30 años, casi dos justos después de haber iniciado su predicación en el chacolí de Larrazábal. Sabino fue elegido presidente y su hermano Luis vicepresidente. Un proceso por conspiración a rebelión le valió cuatro meses más de cárcel por negarse a pagar la fianza, hasta que los jueces aceptaron rebajársela de 50 000 a 5000 pesetas. En el juicio saldría absuelto.

Los nacionalistas han ponderado mucho estas persecuciones, dotando a su fundador de un halo de martirio. Pero, comparadas con la infame esclavización y persecución letal que alegaban sufrir del estado, no pasaban de castigos muy leves y llevaderos, acordes a la ley, y aprovechados sin trabas por los mártires para montar campañas de victimismo y popularización de sus consignas.

El año 1898 debió de ser venturoso para Arana, al ver derrotada a España frente a Usa, aunque muchos vascos habían caído en Cuba en defensa de la bandera española. A continuación cosechó su primer éxito electoral, saliendo diputado provincial en Bilbao. Un nuevo triunfo le supuso el sobreseimiento de otra causa por conspiración a la rebelión.

Al año siguiente, teniendo él 35, se comprometió con Nicolasa Achicallende, «una sencilla y humilde aldeana» diez años menor que él. El episodio indica mucho sobre el carácter de Sabino. De la mujer, en general, él tenía un concepto no demasiado favorable: «Es vana, es superficial, es egoísta, tiene en sumo grado todas las debilidades propias de la naturaleza humana»; por eso el varón debía amarla, pues de otro modo sólo serviría de «bestia de carga e instrumento de su bestial pasión: nada más». En cuanto a Nicolasa, poseía muchas virtudes, pues si bien «su físico no pasa de regular ni en el rostro ni en el talle», era en cambio «humilde, obediente, sencilla y modesta, amantísima de sus padres, caritativa, despejada, sufrida, laboriosa, económica…».

Pero algo torturaba a Sabino: ¿era ella vasca de pura raza? Tras sus muchas diatribas contra los frecuentes matrimonios entre vascos y maketos, sería desastroso que ahora fueran a acusarle a él de transgresión semejante. Su hermano Luis había euskerizado los apellidos de su mujer, Egüés Hernández, una cocinera maketa de Huesca, transformándolos en Eguaraz Hernandorena y dando pie a las mofas consiguientes, pero repetir la operación, y por parte no ya del vicepresidente, sino del mismo presidente del PNV, habría provocado una rechifla difícil de sufrir. El primer apellido de su amada, Achicallende, le llenaba de zozobra: «Estaba yo muy intranquilo. Me propuse recorrer los libros de bautizados antes de que trascendieran al público nuestras relaciones, y así lo hice. (…) resulta que el apellido no es así, sino simplemente Achica; el allende lo adoptó, por vez primera, un tío de su padre (…). Pero el padre de ese primer Achica-allende se apellidó simplemente Achica (…). Con este motivo son ya 126 los apellidos de mi futura esposa que tengo hallados y puestos en cuadro sinóptico o árbol genealógico: todos ellos son euskéricos. Procuraré suprimir el allende[31]».

Calmados así sus escrúpulos, el noviazgo pudo hacerse público. Cumplía desbastar a la mujer aldeana, apegada a costumbres y actitudes poco aceptables en los círculos más refinados de Sabino, procedente al cabo de una familia señorial, y a ello se aplicó el novio con su empuje y tenacidad habituales. Hubo de soportar, no sin amargura, la maledicencia y la ruindad que, junto a cualidades más excelsas, suelen florecer en las relaciones lugareñas en todas partes del mundo. Le molestaba en especial la acusación, de seguro falsa, de haber bailado agarrao al son del organillo, como cualquier maketo o bizkaíno sin conciencia. Calumnias tales reflejaban el temor de la familia de la novia a que el presunto noviazgo no pasara de aventurilla típica entre un señorito y una chica de pueblo, con abandono final de ésta[32].

Por fin, en febrero de 1900 celebró su boda en la intimidad, pues «sabía yo que de Guernika, Mundaka y Bermeo pensaba venir mucha gente a presenciar mi casamiento con una aldeana, y quise no dar gusto a su curiosidad». De viaje de novios fueron a Lourdes, donde cayeron ambos enfermos de disentería, transformando la luna de miel en «luna de mierda», según sus propias palabras. Estos episodios, marcados por la pesadez que suele imponer la vida incluso a temperamentos exaltados, y que no debió de soportar Arana con sentido del humor, del cual no andaba sobrado, debieron de mortificarle, y quizá contribuyan a explicar algunos de sus pasos ulteriores[33].

En 1902, el 25 de mayo, Arana intentó enviar su célebre telegrama al presidente useño Theodore Roosevelt, felicitándole por la independencia de Cuba y sugiriendo que su apoyo a los rebeldes cubanos debía ser imitado por las potencias europeas con respecto a los nacionalistas vascos. El telegrama, no cursado por los empleados, le valió un proceso por traición y la entrada en la cárcel de Larrínaga, donde compuso un himno nacional vasco. Dispuso, como las anteriores veces, de notables comodidades y un menú abundante y variado, pero su encierro tuvo repercusión mínima, y debió de encontrarse, tras diez años de esfuerzos, con una profunda sensación de soledad, y quizá de inutilidad de su lucha.

Al menos a esa razón achacan algunos el cambio más desconcertante de Arana. Apenas llevaba un mes en prisión, cuando, en un artículo publicado en el órgano peneuvista La Patria, titulado «Grave y trascendental», proponía abandonar el nacionalismo y fundar un nuevo partido, de corte autonomista: «Los buenos vascos seguirían trabajando por su pueblo, pero sin considerarlo aisladamente, sino dentro del Estado español». Pedía un voto de confianza «que significa, 1.o, que en principio están conformes conmigo para hacer que el Partido Nacionalista deje de ser esto y empiece a ser españolista. 2.o, que a mí (…) me encomiendan la labor de redactar el proyecto de programa y la organización y el cuidado de convocar la asamblea…»[34].

No está claro si se trataba de una simple estratagema para engañar al gobierno, y alguno de sus seguidores lo interpretó como una nueva estrategia para extender el autonomismo a las demás regiones hasta hacer estallar España por todas las costuras. El proyecto entraba en una nueva concepción expresada también en relación con Gran Bretaña, en un telegrama que quiso enviar al primer ministro británico, lord Salisbury, con motivo del fin de la guerra de los bóers. Ensalzaba el «suave yugo» inglés y su soberanía, «antes protección que dominación» sobre los pueblos sometidos. Escribió a su hermano Luis: «Instantáneamente se me ha presentado esta idea como seguramente salvadora de llevarse con toda perfección a la práctica: la independencia de Euzkadi bajo la protección de Inglaterra, será un hecho un día no lejano[35]».

La idea de una Liga Españolista logró popularidad entre los nacionalistas más flexibles. En agosto de ese año, 1902, Alfonso XIII visitó Bilbao, y en el balcón del Centro Vasco, local del PNV, engalanado con la bandera española. Los socios, apiñados en él, se descubrieron al paso del rey y de la reina madre.

Pero ya no era fácil desviar la inercia creada. El órgano del PNV La Patria estaba en manos de jóvenes sabinianos radicales, y también persistía en las anteriores ideas Ángel Zabala, a quien Arana terminaría nombrando su sucesor a la cabeza del PNV. Siguieron una serie de maniobras e intrigas en el partido. Arana había prometido escribir el programa del nuevo grupo, pero la enfermedad de Addison, una disfunción de las glándulas adrenales, le tenía cada vez más postrado, y no llegó a hacerlo.

A principios de noviembre Sabino fue absuelto una vez más por la cruel justicia española, pero el fiscal recurrió la sentencia, y él pasó a Francia para eludir un nuevo proceso. Volvió en enero de 1903, ya muy enfermo, y disminuyó su actividad hasta abandonar, en septiembre, la dirección del PNV. Murió el 25 de noviembre, a los 38 años, «con admirable y cristiana resignación», en palabras de José María de Areilza —caracterizado político franquista, y luego opositor a Franco—. A juicio de Areilza, «la muerte truncó la existencia de Sabino Arana precisamente cuando podía haber prestado grandes servicios a la causa de Vizcaya y al porvenir político de España». Por desgracia, «había renunciado a la jefatura del partido, sin haber dado cima al proyecto de la Liga Españolista que tan visceralmente hubiera modificado la anatomía política de Vizcaya y de las Provincias. La Junta de la Liga Españolista muere con Sabino y se extingue con éste. Su nuevo programa queda inédito y, como antes decíamos, cuidadosamente ocultado o deformado [por sus seguidores]. Era su testamento y, sin embargo, nadie se atrevió a cumplirlo[36]».

Sus adeptos encomiaron a Sabino como un santo o algo más, e incluso hablaron de milagros debidos a su intercesión. Solían designarlo con el título de «Maestro», con mayúscula, de resonancias crísticas.

Arana aportó al nacionalismo vasco no sólo el partido, la doctrina y el ideal, también gran número de símbolos y expresiones de su propia inventiva, empezando por el lema JEL (Jaungoikua eta Lagi-zarra); la bandera, derivada de la británica y con simbolismo teocrático, que llegaría a ser la de la autonomía vasca; el himno, la denominación Euzkadi y muchos nombres de persona «vascos», sin tradición anterior; términos como ikurriña («lo que se ve») en sustitución de «bandera» —pronunciada «bandera» popularmente—, o abertzale (amigo o amante de la raza); el grito gora Euzkadi azkatuta (literalmente «arriba Euzkadi suelta[*]»), etc. Cambió numerosas palabras para quitarles la raíz latina o inventó otras, y adaptó a sus necesidades doctrinales diversos hechos históricos, mostrando en todo una imaginación no inferior a su voluntad. Cumplió así la misión fundadora autoimpuesta desde su iluminación en el jardín de la casa de Abando. A su muerte, la fraternidad entre los vascos y los demás españoles, por él tan abominada, empezaba a romperse, si bien todavía en pequeña medida.

Capítulo 2

PRAT DE LA RIBA, EL SISTEMATIZADOR

En 1918, finalizando la guerra europea, los nacionalistas catalanes difundieron en masa el folleto Nacionalisme como «libro de cabecera para todos los catalanes». Se trataba de una selección de ideas de Prat de la Riba, fallecido el año anterior, «para la educación catalana de nuestras generaciones».

En su prólogo, el joven político e intelectual Antoni Rovira i Virgili explicaba que Prat «Merece el nombre de recreador de nuestra Nación», pues, «Es él, propiamente, el primer nacionalista catalán», el «arquitecto y obrero de la gran obra de reconstrucción catalana», en cuya persona «se había revelado el alma nacional de Cataluña», y cuyo espíritu constituía una «concentración de catalanidad. Hombres como él prueban por sí solos la existencia de una nación, incluso estando ésta medio sepultada bajo las ruinas de los siglos», y por eso «él hizo el milagro de la resurrección de la patria». Más aún, él «es el espíritu mismo de Cataluña». La catalanidad relucía incluso en su estilo literario, un «estilo nacionalista» manifestado en sus «frases rotundas, en sus palabras francas»: «Cuando afirma la sustantividad nacional de Cataluña, la voz de Prat es más clara, más firme y más segura que nunca».

Todo ello tanto más digno de atención cuanto que, antes de él, los catalanes habían adobado con servilismo su miseria: «¡Qué actitud inconsciente de criado hay en los catalanes de los siglos de decadencia, e incluso en los de los primeros tiempos de la Renaixença!». Se habían acostumbrado en esa negra edad a «dar excusas, hacer acatamientos y genuflexiones, bajar la cabeza y mirar al suelo». En cambio «Él es el catalán enderezado, orgulloso, corajudo». «Es el primer catalán renacionalizado después de siglos opacos de decadencia de Cataluña. Estaba libre de las deformaciones que en el alma de los catalanes, incluso de muchos catalanistas, había producido la acción desnacionalizadora de la influencia castellana».

Y así, «Prat fue el primer catalán contemporáneo que (…) demostró que España no es una unidad nacional». Por tanto «Cataluña no es parte de la nación española —que no existe o es la nación castellana—, sino un todo nacional». El regionalismo, término empleado para disimular quedaba superado: «Cuando la diferencia entre regionalismo y nacionalismo es sólo una cuestión de nomenclatura y de oportunidad política —como ha sucedido en el caso de la Lliga Regionalista—, la cosa tiene importancia muy secundaria. Pero (…) no hay cosa más opuesta al nacionalismo que el regionalismo». Los siglos anteriores carecían de valor: «Los restos del periodo decadente, lejos de ser sustancia propia, son simples postizos». Alboreaba una nueva era.

Prat no sólo había definido el nacionalismo, sino que había cosechado un impresionante éxito político: «La conquista más trascendental de Prat de la Riba fue la conquista de la juventud (…) sobre todo la entregada a tareas intelectuales». Hasta podía decirse que «la generación catalana de hoy es la primera nacionalizada tras el tiempo lóbrego de la decadencia», gracias a sus prédicas, dotadas de un «radicalismo sereno y constante (…), filosófico. Prat de la Riba ha sido el filósofo del nacionalismo catalán». Constata Rovira la «vastedad, diríamos eterna, de la obra de Prat de la Riba».

Como vemos, Prat supuso para sus seguidores algo muy similar a lo que Arana para los suyos. El nacionalista Josep Carner, glosa sus excelsas cualidades, «su sentimiento patrimonial romano, su fortaleza y elegancia cristiana, su idealismo y positivismo (…) pasión profunda, seny, calma, tenacidad, pericia psicológica, ponderación, acción lenta y continua». Rovira destaca su «ardentísimo fuego interno», cómo «oteaba a Iberia, a Europa, al amplio mundo», pero él «siempre estaba en su centro, y el centro era Cataluña». Francesc Cambó, discípulo de Prat y uno de los políticos españoles más inteligentes de su época, observa de su maestro: «No tenía entonces, ni tuvo nunca después mientras vivió, otra pasión, otra debilidad que Cataluña, al servicio de la cual consagró toda su vida y todo su esfuerzo. Era tan absoluto ese apasionamiento de Prat que sin la menor dificultad perdonaba agravios o reanudaba amistades (…) si lo creía conveniente para Cataluña. De la misma forma los habría sacrificado sin vacilaciones si los hubiera considerado un estorbo para aquella finalidad[1]».

Físicamente, Prat era «bajo, regordete, con cara sonrosada y aspecto sacerdotal». De familia campesina acomodada, y padre vagamente liberal y muy religioso, conservó siempre una honda devoción por la Virgen de Montserrat. Nació cinco años después que Arana, en 1870, en el pueblo de Castellterçol. Muy estudioso, se sintió «patriota catalán» casi desde niño, al parecer. A los 17 años, en 1887, ingresó en el Centro Escolar Catalanista, donde mostró su capacidad de iniciativa y de organización: a los 20 ya era presidente de dicho Centro, afirmando que Cataluña «grande o pequeña, es nuestra única patria». El Centro se convirtió en «La cuna de la nueva doctrina (…). Allí (…) vino a crear y tomar cuerpo la nueva idea[2]».

Debió de ser el futuro obispo de Vic, Torras i Bages, quien más influyó en su paso del catalanismo al nacionalismo. Torras escribió en 1892 su La tradició catalana, defensa apasionada del idioma catalán y de un regionalismo conservador. Describía un espíritu catalán práctico, moderado, tenaz y poco fantasioso, muy ligado a la tradición católica, y en trance de corromperse por influencias como el folclore flamenco, que por entonces se popularizaba en toda España, y por las costumbres y vicios traídos consigo por la inmigración. Pues, en efecto, aunque la industrialización catalana venía de atrás, a partir de mediados de los 70 había conocido una fuerte expansión, la llamada «la fiebre del oro» en Barcelona y su entorno, atractora de miles de inmigrantes, al igual que en Vizcaya.

Como dando la razón a Torras, el mismo año de publicación de La tradició catalana se abrió en Cataluña el período de los atentados anarquistas, cada vez más sangrientos. El anarquismo prendía entre los obreros, lo mismo inmigrados que indígenas, tanto como el socialismo en Vizcaya. Y favorecido indirectamente, también en el caso catalán, por una tendencia creciente del clero, bien visible en el antecesor de Torras en la diócesis de Vic, el obispo Morgades, a desentenderse de los molestos obreros foráneos, bautizados despectivamente como charnegos o murcianos, que, al lado de los catalanes, tantas huelgas y protestas habían emprendido en las décadas pasadas. Acrecentaban esa repulsa varias décadas de un catalanismo nostálgico de un pasado idealizado, proclive a ver en «Castilla», pese a la decadencia de ésta en el conjunto nacional, el enemigo a denostar como culpable de todos los males. Nombres como los de Almirall, Guimerá, o el sacerdote Jacinto Verdaguer, marcan esa tendencia.

En la década de los 90, los 20 en la vida de Prat, éste desplegó gran actividad política y proselitista. En 1892, con 22 años, salió elegido secretario de la Junta Permanente de la Unión Catalanista, otra organización regionalista a la que él inspiró enseguida un tono radical, y participó en la redacción de las «Bases de Manresa», un proyecto de autonomía corporativista que aspiraba a establecer en Cataluña unas Cortes de tipo casi estamental y exigía el catalán como idioma oficial único, incluso en sus relaciones con el poder central, la recaudación de impuestos o la acuñación de moneda.

Dos años más tarde Prat viajó por primera vez a Madrid, para hacer el doctorado en Derecho. Nacionalista ya, y con la intransigencia propia de la juventud, consideró a la capital con resuelta antipatía y sin reparar mucho en detalles: con el prejuicio que llegó, se volvió. Aunque la ciudad, situada en la proximidad de la bella sierra de Guadarrama, se dotaba por entonces de nuevos y modernos barrios y servicios, él la vio en medio de «inmensas y áridas llanuras que recuerdan los desiertos y las estepas asiáticas», los cuales él sólo conocía de referencia, claro está; y como campamento, más que ciudad, de vagos, parásitos, logreros y funcionarios, en nada contribuyente al bienestar de las tierras bajo su gobierno[3]… Aunque, entre otras cosas, Madrid había impuesto al ayuntamiento de Barcelona, empeñado en proyectos urbanísticos mediocres, el plan del Ensanche, ideado por el comandante del ejército e ingeniero de caminos Ildefonso Cerdá. El Ensanche se había convertido en el mayor orgullo de la dinámica ciudad condal. Seguramente no habría sido difícil al visitante encontrar otros casos en que la denostada capital del país había beneficiado sustancialmente a Cataluña.

En 1896 Prat fue nombrado secretario del Ateneu Barcelonés, influyente institución cultural creada a imitación del célebre Ateneo de Madrid, y escribió un Compendi de la Historia de Catalunya para escolares, a quienes quería convertir desde el principio a las nuevas ideas. Su habilidad agitadora brilló nuevamente en 1897 con su «Mensaje al rey de los helenos», donde sugiere una similitud entre Cataluña y la Creta sometida a los turcos. La entrega del mensaje al cónsul de Grecia convocó a unos cientos de manifestantes, y «acabó en discursos y aclamaciones, alguna de ellas de tono subversivo y que nada tenían que ver ni con Grecia ni con Creta[4]», resume Cambó. Se produjo una carga policial, considerada la «primera represión contra el nacionalismo».

Sin embargo, como en el caso de Arana, sería el año 1898 el que marcaría el verdadero despegue del nacionalismo catalán. En esta y en otras cosas coincidían ambos próceres, si bien había entre ellos diferencias de interés. Arana puede considerarse como fundador, prácticamente inventor casi en solitario del nacionalismo vasco, del cual prácticamente no había antecedentes, fuera de ideas no desarrolladas del jesuita Larramendi, del siglo XVIII, o del francés Chaho, vascómano romántico y ocultista. Prat, en cambio, actuaba en un clima regionalista bastante denso, con manifestaciones, sobre todo en Almirall, muy próximas ya al nacionalismo. En ese sentido, Prat viene a ser un sistematizador. Menos innovador que el vasco, Prat no creó una nueva corriente en brusca ruptura con el medio, pero aportó sustancia teórica y política a unas corrientes previas, reencauzándolas. En otro plano, las cualidades de Prat o de Arana como pensadores o filósofos no son fácilmente apreciables, salvo para sus enfervorizados seguidores… ninguno de los cuales ha pacido mucho, tampoco, en los prados del pensamiento. La aparente excepción, D’Ors, terminaría en el nacionalismo español de Falange.

No obstante, Prat (con Cambó, como veremos) marca un antes y un después. Algunos nacionalistas catalanes recientes niegan la frontera, calificada de «un juego de palabras o un sofisma[5]», entre nacionalismo y regionalismo. Pero hay una diferencia decisiva entre unas especulaciones de grupos marginales o de tertulias y un movimiento sistemático, como la hay entre unas elaboraciones sentimentales mejor o peor hilvanadas que no aspiraban a disgregar España y unas doctrinas que implicaban tal aspiración, aunque pudiesen derivar en una pragmática resignación a la unidad estatal. Ambas cosas, movimiento sistemático y nacionalismo consciente, las alumbraron Prat de la Riba y Cambó, y así lo percibió todo el mundo. En otros lugares hubo especulaciones y hasta movimientos regionalistas, y rara vez cuajaron en nacionalismos.

El método de ambos líderes también difiere. Arana no dudó en afrontar de manera franca y ruda un ambiente hostil, mientras que Prat obró de forma solapada, «oportunista», en sus propias palabras: «Pusimos toda la nueva doctrina, omitiendo sólo la terminología propia, sustituida por la terminología más generalizada entonces: bajo los nombres viejos hicimos pasar la mercancía nueva, y pasó». «Evitábamos todavía usar abiertamente la nomenclatura propia, pero íbamos destruyendo las preocupaciones, los prejuicios, y con calculado oportunismo insinuábamos, en sueltos y artículos, las nuevas doctrinas[6]».

De los dos próceres, Arana era poco dado a leer y mucho a reflexionar y a afirmar sus opiniones sobre bases harto precarias, insistiendo en ellas con energía más que teorizándolas. Prat, en cambio, siempre estaba rodeado de libros, y teorizaba buscando precedentes o respaldos en pensadores europeos o useños. No obstante, aunque ensalzado como filósofo por sus seguidores, escribió poco, apenas algunos folletos divulgativos. Como pensador le faltaba la originalidad de Arana, en la medida en que ambos pudieran llamarse pensadores. Impulsó también el periódico La Renaixença.

Pese a sus esfuerzos, y a escándalos como el suscitado por su folleto agitativo El catecismo catalanista, del que sus adictos, en un magno esfuerzo propagandístico, repartieron cien mil ejemplares, o por su Mensaje al rey de los helenos, el nacionalismo arrastró una vida precaria hasta el desastre del 98. Prat supo aprovechar el impacto de esta derrota para reimpulsar su movimiento, con ayuda de Cambó, otro joven político extraordinariamente hábil, que despuntaba por aquellos años.

Desde entonces los éxitos iban a sucederse, oscurecidos sin embargo por el auge del anarquismo y de un nuevo movimiento, el republicano de Lerroux. En 1901, teniendo 31 años, Prat fundó, junto con Cambó y otros, la Lliga Regionalista de Catalunya, de la que fue elegido secretario. Siguiendo su tendencia «oportunista», el nuevo partido evitó llamarse nacionalista, para no asustar a la masa de catalanes a quienes aspiraba a atraerse, y para disimular ante el poder central. También se hizo diaria la revista La Veu de Catalunya, que él pasó a dirigir. Al año siguiente, por un artículo juzgado subversivo y contra la paz pública, Prat fue detenido durante cinco días, y poco después debió abandonar la vida pública durante casi dos años, a causa de una enfermedad de tiroides (enfermedad de Basedow) o de tuberculosis en otras versiones.

Vuelto con renovados bríos, en 1905 se casó con Josefina Dachs —a la misma edad, 35 años, que Arana con Nicolasa Achicallende—, con quien tendría cuatro hijos, y salió elegido diputado provincial por Barcelona. Y al año siguiente publicaba su folleto más influyente, fundamentación definitiva de la nueva doctrina: La nacionalitat catalana.

En opinión de Prat, su época se caracterizaba por el paso a primer plano de los derechos colectivos nacionales, después de haberse conseguido los individuales a lo largo del siglo XIX: «El principio de las nacionalidades. A cada nación un Estado; ésta es la fórmula sintética del nacionalismo político». Se trata de una construcción meramente analógica y no desarrollada, similar a la de los partidos obreristas, según los cuales la nueva era pasaría de la igualdad política, puramente formal, a la económica.

Prat concebía su novedad con acentos mesiánicos: «Quisiera que Cataluña (…) comprendiera la gloria eterna que conquistará la nacionalidad que se ponga a la vanguardia de los ejércitos de los pueblos oprimidos. Yo quisiera que esa nacionalidad fuera mi patria (…). Decidle que las naciones esclavas esperan como la humanidad en otro tiempo que venga el Redentor que rompa sus cadenas; haced que sea el genio de Cataluña el Mesías esperado de las naciones». La pretensión suena algo megalómana, pero él advertía con el ejemplo de naciones pobres como la Grecia clásica u otras pequeñas, pero influyentes en la marcha del mundo: «No lo olviden los pueblos humildes, y del hecho de no haber volado aún no hagan razón de aislamiento, de encogimiento. Llenen el corazón de ideal, enciendan en el alma el fuego de la confianza en su venturoso porvenir, y dejen crecer poco a poco las alas»; «El genio y el heroísmo colectivo precisan el ambiente de los grandes ideales colectivos», y en ese ambiente florecerían los «grandes pensadores, estadistas, generales, diplomáticos, etc.»[7].

Se hallaba bajo la seducción del profeta del dinamismo useño: «No puedo leer a Emerson, el filósofo de los norteamericanos, sin sentir sus palabras, vibrantes de salvaje individualismo, como otras tantas fórmulas vivas de nacionalismo, de imperialismo». Para Prat, imperialismo y nacionalismo no se contradecían, como veremos[8].

Pero, ante todo, ¿qué tipo de comunidades tenía derecho a considerarse nación, y por qué Cataluña reunía las cualidades precisas? Prat no concede a la raza un papel tan relevante como Arana: «La raza no es la nacionalidad, aunque sea un factor importantísimo de ella». Igual o mayor relevancia tenían factores como un derecho o un arte propios (el románico caracterizaba especialmente a Cataluña, creía Prat), una política o pensamiento político y, especialmente, la lengua. Cataluña poseía todos esos rasgos de forma muy destacada, a su juicio: «No aspiramos a ser diferentes. Lo somos». «La nacionalidad catalana es un organismo social completo y autónomo[9]».

Y lo era en grado extremo: «Son grandes, totales, irreductibles las diferencias que separan Castilla y Cataluña, Cataluña y Galicia, Andalucía y Vasconia. Las separa, por no buscar más, lo que más separa, lo que hace a los hombres extranjeros unos de otros, lo que según decía san Agustín en los tiempos de la gran unidad romana, nos hace preferir a la compañía de un extranjero la de nuestro perro, que al fin y al cabo, más o menos nos entiende: les separa la lengua» etc[10]. Por lo tanto, y según la nueva doctrina, un catalán podría preferir la compañía de su perro a la de un gallego, o castellano o vasco o andaluz. O más bien debería, pues en la realidad, bien conocida de Prat y poco agradable para él, los idiomas catalán, gallego y castellano estaban muy estrechamente emparentados, se podían leer mutuamente con un pequeño esfuerzo, y el castellano, a cuya formación y desarrollo habían contribuido todas las regiones, oficiaba de idioma común en el que normalmente podían entenderse y se entendían todos o casi todos los españoles.

Los rasgos nacionales dichos brotaban de otro más profundo, de «la esencia de la nacionalidad: el espíritu propio», consistente en «una especie de ambiente moral que se apodera de los hombres y los penetra y los moldea y los trabaja desde que nacen hasta que mueren»; «El espíritu nacional engendra la lengua catalana», y dicha lengua «demuestra la existencia del espíritu nacional catalán». «La nación es una sociedad de gente que habla una lengua propia y tiene un mismo espíritu que se manifiesta desnudo y característico bajo la variedad de toda la vida colectiva». Por eso, «en las entrañas de los dos pueblos [el castellano y el catalán] palpitan almas diferentes y opuestas[11]».

En suma, la nacionalidad «es fruto de las leyes a que Dios ha sujetado la vida de las generaciones humanas», y constituye «una unidad de cultura, un alma colectiva con un sentir, un pensar y un querer propios». Por desgracia, la mayoría de los catalanes tenía un pensar y un querer bastante distintos de los de Prat, y ello había ocurrido durante largos siglos, si no siempre. Los catalanes, como casi todo el mundo, consideraban a España una nación, y así lo hace también Sabino Arana, aunque la presente como nación enemiga. Prat, por el contrario, opina que a España no le corresponde la dignidad ni el derecho de nación, y en una carta llega a sostener: «Bien mirados los hechos, no hay pueblos emigrados, ni bárbaros conquistadores, ni unidad católica, ni España, ni nada»; o sostenía que «España es seudónimo de Castilla». Ya en 1890 se felicitaba de que «Hoy ya, son muchos los que ven claro que España no es una Nación, sino un Estado». Esto resultaba un tanto exagerado, pero con el tiempo llegaría a convencer de sus tesis a muchos catalanes[12].

De tal idea surgió entre los nacionalistas catalanes el tópico de España como «ficción». Y aunque la realidad les haría chocar constantemente con la densa realidad de la supuesta ficción, siguieron empeñados en sustituirla por un «ideal ibérico», éste sí inventado y ficticio desde el mismo nombre: los iberos sólo ocuparon un tercio de la península llamada Ibérica con alguna impropiedad, y en sentido, desde luego, meramente geográfico, al revés que España.

Ahora bien, ¿cómo había podido vivir todo el mundo engañado durante tanto tiempo en torno a España? Para explicarlo, Prat remonta su nación a brumas históricas casi tan remotas como las de Arana para los vascos, aunque con más detalle. Los catalanes eran, en definitiva, los antiguos iberos, o la parte más caracterizada de ellos. Los vascos, aseguraba Sabino, se habían mantenido puros frente a los romanos y a los demás pueblos, mientras que los catalanes habían sido sometidos una y otra vez. Pero eso no importaba, porque la nación es una «sociedad integral, natural, espontánea», que «asentada sobre hondas capas de granito inconmovible, ve caer y pasar sobre sí imperios y civilizaciones (…) sin mudar de sustancia, siendo siempre ella misma». Y así, los largos siglos del imperio romano pasaron sobre la nación catalana sin afectarla gran cosa. A su entender, «Cuando ya el poder político de Roma había saltado hecho pedazos, salieron a la luz de la historia los viejos pueblos soterrados, cada uno hablando su lengua, y la vieja etnos ibérica, la primera hizo resonar los acentos de la lengua catalana desde Murcia a la Provenza, desde el Mediterráneo al mar de Aquitania. Ligures, gaélicos y tartesios, griegos y fenicios, cartagineses y romanos, no habían hecho retroceder ni un palmo de tierra a nuestro pueblo. Las fronteras de la lengua catalana eran las mismas [de la] etnos ibérica». Más aún, «La transformación de la civilización latina en civilización catalana es un hecho que, por sí sólo, sin necesidad de ningún otro, demuestra la existencia del espíritu nacional catalán[13]».

Aparte de diversas imprecisiones, esta versión, como la citada sobre las diferencias idiomáticas y espirituales, resulta algo desconcertante. La impronta latina sobre Hispania tuvo tal profundidad que al caer el Imperio romano ya no se hablaba ninguna lengua ibérica. El derecho, el arte o la organización social tampoco tenían relación con los íberos, y los catalanes nunca se hubieran identificado como tales antes de avanzada la Edad Media. Además, si el mismo idioma —neolatino, no neoibero— se habló en todo Levante al caer el Imperio romano, ¿por qué llamarlo catalán y no valenciano, o, más en general, levantino? Prat no estima oportuno entrar en tales disquisiciones, quizá porque creía en las virtudes de un imperialismo catalán.

La nacionalidad catalana, pues, existía desde la noche de los tiempos y había hallado su más feliz realización durante la Edad Media… si bien como dependencia del imperio carolingio al principio, y después integrada en el reino de Aragón. Y sin olvidar que se consideraban también parte de España, si bien con un tinte sentimental y no directamente político. Esto tiene el mayor interés, porque la fragmentación de los núcleos reconquistadores impuesta por la ola islámica, que cubrió toda la península parecía imponer la definitiva fragmentación política del país. Y sin embargo, por razones no aclaradas en la elaboración pratista, ni aún entonces, en época de plenitud nacional de Cataluña según Prat, optaron los catalanes por la independencia.

Pero el final de la edad media habría reabierto para Cataluña un período de desgracias a raíz del «criminal» Compromiso de Caspe. Muerto sin sucesión el rey aragonés Martín I, se cernió sobre el reino la amenaza de guerra civil, y a fin de impedirla se reunieron en Caspe, en 1412, compromisarios de Aragón, Cataluña y Valencia, tres por cada para decidir entre los numerosos candidatos a la corona. Ante el dilema final entre el conde de Urgel y el corregente castellano Fernando de Antequera, seis compromisarios prefirieron a Fernando, de la dinastía Trastámara, se abstuvo uno de Valencia, y dos catalanes votaron por el de Urgel, si bien uno de ellos advirtió que consideraba más útil a Fernando. La decisión evitó la guerra y abrió la vía a la futura unión de los reinos de Aragón y Castilla. Para Prat, la influencia procastellana de Vicente Ferrer y del papa o antipapa Benedicto XIII prevaleció «sobre el derecho y las costumbres de la tierra»; «La dolorosa impresión de tamaña injusticia entró muy al fondo del corazón de las gentes de Cataluña, tanto que muchos años después aún no se había borrado de la memoria de los hombres y seguía vivo como nunca su recuerdo, porque todos veían venir las consecuencias de aquel crimen[14]».

Y así, «con la entrada de la dinastía castellana comenzó la decadencia de nuestra patria», llevando a la unión de los dos reinos bajo los Reyes Católicos. «Al estado español le correspondía una política española. Pero las cosas pasaron de otro modo. Los gobernantes siguieron abiertamente la política de una sola de las nacionalidades unidas: y es que en el fondo, disfrazado con el nombre de español, gobernó España (…) el Estado castellano». Isabel impuso que Fernando viviera en Castilla «y de este modo la cadena con que desde el Parlamento de Caspe habían ido aferrando a Cataluña, quedaba en manos de la gente que la había forjado para dominarnos[*][15]».

Bajo Felipe II «culmina la primera parte de la dominación y comienza una nueva». «Todos los cargos del Estado relativos a Cataluña quedan en manos de castellanos», y los agravios se multiplican. Con Felipe III crece el malestar en Cataluña. La «Inquisición castellana» aparece como «principal instrumento de dominación de aquel pueblo sobre el nuestro», aunque en realidad la Inquisición pasó a Castilla desde Cataluña, y su objetivo principal eran los judíos acusados de falsa conversión[16].

Con Felipe IV y el Conde Duque de Olivares, y a pesar del esfuerzo de los catalanes contra los franceses, habrían aumentado, si cabía, los agravios castellanos a Cataluña, dando lugar a la conocida rebelión, con el resultado final de la pérdida de la comarca catalana del Rosellón, y parte de la Cerdaña, ganadas por Francia[17].

Sería Felipe V quien llevara a su ápice la esclavización de Cataluña después de la guerra de Sucesión, que trajo a España a los Borbones y el centralismo francés. Gran parte de los catalanes, aunque no todos ni mucho menos, lucharon contra el Borbón, siendo vencidos el 11 de septiembre de 1714. De ahí la «pérdida de las libertades de Cataluña», es decir, la abolición de los fueros medievales, aunque tal pérdida abriera paso al renacimiento económico de la región.

Todo este período, tristísimo para Cataluña según Prat, conspiraba contra el ideal nacionalista. Para empezar, la unidad española con Fernando el Católico «hizo omnipotente a la monarquía»; «El rey lo era todo en la vida nacional. Los pueblos y sus necesidades, intereses y afecciones no eran nada». Por ello «la monarquía estaba también en contra de Cataluña», constituyéndose en «gran factor de anulación de Cataluña». El poder real, «absoluto», dice con cierto anacronismo, «dejó destruidas las libertades populares», las cuales volvería a destruir Felipe V sin haber sido, al parecer, restauradas. Además, el Renacimiento no habría perjudicado menos a Cataluña, con su entusiasmo por la cultura clásica grecolatina y su desprecio por la Edad Media, época de la gloria catalana. En cambio habría beneficiado a Castilla y su dominación[19].

Para mayor desdicha, «cuando los turcos ganaron Constantinopla y Colón descubrió América, virtualmente quedó cumplido el hundimiento económico de Cataluña»; «La despoblación, la decadencia del comercio, la anulación de la marina, habían empobrecido a Cataluña. Las leyes, los funcionarios, la orientación de las vías comerciales que desde el Mediterráneo habían pasado al Atlántico, la situación internacional, que hacía a turcos y piratas argelinos señores de nuestro mar y cortaba la expansión de Cataluña con el cerco infranqueable de aquellos pueblos bárbaros, el desbarajuste administrativo del Estado, las guerras largas y costosas sostenidas para repeler las imposiciones de uniformidad o las invasiones extranjeras, todo iba contra la prosperidad de Cataluña».

Y para llenar el vaso de las amarguras, «Cataluña pobre, sin comercio, sin industria, sin dirección política autónoma, quedó también sin cultura propia…». Los literatos catalanes escribían en castellano: Boscán, Pujades, Félix de la Peña, etc. Bien se entiende que sus escritos no valen gran cosa, pues «La desnacionalización lingüística es causa de esterilidad literaria y científica», y de ahí que «las pocas manifestaciones de nuestra cultura, y aun entonces marchitas y secas, son castellanas[20]».

De ese larguísimo período seco y marchito, comparable al invierno, Cataluña iba resurgiendo a finales del siglo XIX, en una nueva primavera iniciada por la Renaixença, el período de interés por la cultura y las tradiciones catalanas desarrollado con el romanticismo. Resurgimiento, sí pero mediocre, un tanto estropeado por las ideas confusas de sus prohombres. El renacimiento real sólo emanaría del mensaje vivificante del mismo Prat.

Convenía, a tal efecto, erradicar del alma catalana algunos vicios. Los catalanes «no veían la separación [con el resto de España], no la sentían», y por eso «La fuerza del hábito, del ambiente y de la educación dejaban en el espíritu de muchos [prohombres de la Renaixença] un poso extraño, una segunda naturaleza sobrepuesta de elementos exóticos, que les impedía ver con claridad la obra propia, los propios sentimientos». Los románticos «lloraban los males de la lengua catalana, y en su casa hablaban castellano; enviaban a los Juegos Florales hermosas composiciones maldiciendo trágicamente los males de Cataluña, y fuera del recinto de los Juegos ya no se acordaban de Cataluña y se aliaban con sus enemigos, con los que la dominaban». Algo peor: «Admitíamos la monstruosa coexistencia de las dos culturas, de las dos psicologías superpuestas de inferior a superior, y hasta queríamos hallarle un fundamento. El fundamento (…) es la armonía de la unidad y la variedad. Argumento espigado en los campos de la estética alemana, impregnado de sabor teológico, con analogías buscadas en el dogma católico de la Trinidad, no salía de una vaga y estéril poetización[21]».

Lamentaciones muy similares a las de Arana sobre la cerrazón españolista de los vascos, y similar también el aviso de los males derivados de tal situación, pues «Invocando el supremo interés de España (organismo total), podía exigírsele el sacrificio de lo privativo y especial de Cataluña: riqueza, lengua, costumbres, instituciones… y el sacrificio podía llegar hasta la amputación». En la realidad estaba ocurriendo exactamente lo contrario. Bajo el «supremo interés de España» la riqueza de Cataluña crecía como nunca, y su lengua, costumbres e instituciones estaban reafirmándose, con pocos roces con otras regiones o con el poder central. Eso sí, todo ocurría en un tono regionalista, y no nacionalista[22].

Aquella situación dolía a Prat como a Arana la «ceguera» de sus paisanos, capaces de ver «hermanos» en los maketos: «Debía acabar de una vez esta monstruosa bifurcación de nuestra alma, debíamos saber que éramos catalanes y sólo catalanes». Esta obra no iba a hacerla «el amor» a la tierra, sino «el odio» a la causante de las insuficiencias patrias: «La obra de reconstrucción topaba siempre con el mismo obstáculo, los males de Cataluña venían siempre del mismo lado (…). La fuerza del amor a Cataluña, al chocar con el obstáculo, se transformó en odio, y dejándose de odas y elegías a las cosas de la tierra, la musa catalana, con trágico vuelo, maldijo, imprecó, amenazó. La reacción fue violenta: con esa justicia sumaria de los movimientos colectivos, el espíritu catalán quiso resarcirse de la esclavitud pasada (…). Rebajamos y menospreciamos todo lo castellano, a tuertas y a derechas, sin medida[23]». Ese espíritu crearía, como en Vasconia, un empeño extremado por cultivar diferencias o inventarlas.

A pesar de estos hervorosos sentimientos y de creer que la época pertenecía a los nacionalismos, Prat pensaba también en una marcha hacia el «Estado-Humanidad». La contradicción, para él, se resuelve mediante el principio de la federación, «fórmula de armonía entre las nacionalidades y el mundialismo», tendencias que así «se completan, se ayudan mutuamente» en «una fórmula suprema de armonía», en «estados de estados, estados compuestos o federaciones de estados nacionales[24]».

Más aún, nacionalismo no se opone a imperialismo. Al contrario, éste corona a aquél, «es un aspecto del nacionalismo, un momento que sigue al de plenitud de la vida interior», una vez la nación ha desarrollado una «cultura nacional intensa, interés general de la civilización, fuerza suficiente para sostener una y otra[25]».

Distingue al respecto tres clases de dominación imperialista: «Dominar por la sola fuerza material, por la violencia, por la ambición de gobernar pueblos y tierras, es el imperialismo salvaje de Oriente (recuérdese su visión de Madrid “en medio de desiertos y estepas como las de Asia”). Dominar por la sola fuerza de la civilización, de la cultura, es el imperialismo sano y fecundo, pero incompleto, de Grecia. Dominar por la fuerza de la cultura servida y sostenida por la fuerza material, es el imperialismo moderno, el imperialismo integral de las grandes razas fuertes de hoy[26]».

Llegar al imperialismo impondría una primera etapa, la de «ser uno mismo» y «no recibir la ley de fuera», antes de pasar a «ampliar la vida nacional a fórmula y camino de una empresa de civilización, de un interés de humanidad». Sin embargo esa plenitud, expresada en frases tan vagas, no se generalizaría: «No todos los pueblos pueden llegar al bello momento de la eclosión imperialista». Aunque tendieran a ello, pocos lograrían hacerse «naciones-imperio». «La gradación de naciones hacia el imperialismo triunfal es tan rica y compleja como la gradación de talentos hacia el genio. Nacionalismo es vida nacional inflamada por un ideal (…) y eso es ya una conciencia de imperio[27]».

Lo cual comenzaba a ocurrir ya en Cataluña. Ese afán de imperio explicará el inesperado salto de Prat a favor de una «España grande». Si los espíritus nacionales de Cataluña, Castilla, Vasconia, etc., eran tan profundamente distintos y aun opuestos, si la historia común podía reducirse a un proceso de opresión y esclavización de los catalanes, la conclusión lógica habría sido exigir la plena independencia y ruptura con el estado y la nación esclavizadores, como hacía Arana. Sin embargo Prat afirma: «El nacionalismo catalán, que nunca fue separatista, que siempre ha sentido intensamente la unión hermanadora de las nacionalidades ibéricas en la organización federativa, es la aspiración elevada de un pueblo que (…) marcha con paso seguro por el camino de los grandes ideales progresivos de la humanidad[28]».

En suma, Prat aspiraba a un Imperio ibérico dirigido por Cataluña: «Si el nacionalismo integral de Cataluña avanza en esta empresa y consigue despertar con su impulso y su ejemplo las fuerzas dormidas de todos los pueblos españoles; si puede inspirar a estos pueblos fe en sí mismos y en su porvenir, los levantará de la actual decadencia, y el nacionalismo catalán habrá cumplido su primera acción imperialista. Entonces será la hora de trabajar por reunir a todos los pueblos ibéricos, de Lisboa al Ródano, en un solo Estado, en un solo Imperio; y si las nacionalidades españolas renacientes saben hacer triunfar ese ideal, saben imponerlo como la Prusia de Bismarck impuso el ideal del imperialismo germánico, podrá la nueva Iberia elevarse al grado supremo del imperialismo: podrá intervenir activamente en el gobierno del mundo con las otras potencias mundiales, podrá otra vez expandirse sobre las tierras bárbaras y servir a los altos intereses de la humanidad guiando a la civilización a los pueblos atrasados e incultos». En fin, «Las potencias cultas tienen el deber de expandirse sobre las poblaciones atrasadas». «La guerra que somete a los pueblos bárbaros a los civilizados, es una obra de paz y de civilización[29]».

Tal propuesta suena entre ingenua y provocadora, y sólo podía generar graves tensiones, incluso guerras, en Europa. La alusión a Bismarck no tranquilizaría a nadie, y Portugal y Francia, en particular, rechazarían sin duda el ideal de Prat. Pero éste, con respecto a Portugal, muestra un optimismo extravagante: bastaría a los portugueses percibir el modo ejemplar como se realizaba la federación imperial española para unirse a ella con alegría. Del problema con Francia no habla.

Para entender lo anterior debe recordarse el antes aludido influjo del «salvaje individualismo» emersoniano, inspirador de Prat: «Allá donde estás, está el eje de la tierra (…) eres el centro de todas las cosas (…) Sé tú mismo y por ti mismo, y serán tributarios de tu yo los que no son ellos ni por ellos[30]». Ese «eje» y ese «yo» eran Cataluña, o más bien el nacionalismo catalán. Con esa visión, no parecía inalcanzable un objetivo tan descomunal y ya por entonces anacrónico.

Es más, Prat creía que, pese a no haber alcanzado aún la plena soberanía —primera etapa de su plan—, «ya el nacionalismo catalán ha empezado la segunda función de todos los nacionalismos, la función de la influencia exterior, la función imperialista». A su juicio, «El arte, la literatura, las concepciones jurídicas, el ideal político y económico de Cataluña, han iniciado la obra exterior, la penetración pacífica de España[*]». Por ejemplo, «El criterio económico de los catalanes en las cuestiones arancelarias hace años que ha triunfado. El arte catalán comienza, con la literatura, a irradiar por toda España. Nuestro pensamiento político ha emprendido su lucha con las concepciones dominantes, y los primeros combates hacen augurar bien próxima la victoria». Todo ello tenía bastante de cierto, pero surgía naturalmente de la prosperidad catalana y no del nacionalismo[32].

La llave de la puerta al imperio sería el federalismo, sistema favorecido también por republicanos y anarquistas. Por no haber seguido el principio federal, la historia española habría sido hasta entonces un completo desastre, como insistirá Prat en marzo de 1916, en el «Manifiesto de los parlamentarios regionalistas [seguía con esa denominación] al país», titulado «Por Cataluña y la España grande»: «El problema fundamental de España es el problema de su constitución. Cuando los Reyes Católicos juntaron en sus manos todos los reinos peninsulares, no supieron dar al nuevo imperio una constitución que garantizase aquel tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando». Y así, «falta de estructura y coordinación, y por tanto de cohesión espiritual, la historia de este imperio, que habría podido eclipsar al de Roma, es la historia de una decadencia, con un séquito insuperable de inepcias diplomáticas, derrotas gloriosas, vergüenzas administrativas y desmembraciones inacabables: todo el proceso de liquidación de un grandioso patrimonio acumulado por un casamiento y el azar afortunado del descubrimiento de América[33]».

Visión histórica harto curiosa y no muy convincente. El descubrimiento de América, en la medida en que pueda reducirse a un «azar afortunado», habría quedado tan sólo como un aislado hecho glorioso de no haber dado lugar al inicio de un imperio y no a su «liquidación», como sugiere con extraña cronología. Tampoco calificaría nadie de «grandioso» el patrimonio «acumulado» por el casamiento de Fernando e Isabel, pues era bastante precario todavía, en particular el de Cataluña, región empobrecida y poco poblada por entonces. Sólo contaba con medio millón de habitantes, en comparación con los seis millones del reino castellano. La Castilla que «impone» su hegemonía tenía algo así como el 70% de la población y el 80% del territorio[34], lo cual supone una desigualdad inevitable, más bien que un pecado de opresión o arrogancia castellana, como gustan representárselo los nacionalistas. Fue el reino de Castilla, incluso en su región propiamente castellana, el principal creador del «inmenso patrimonio», y también el salvador de Cataluña, como parte de España, del acoso turco, amparado desde la vecina Francia aliada de Constantinopla. Y también fue Castilla quien más dolorosamente sufrió los costes del imperio y su pérdida, ésta posterior en siglos a los Reyes Católicos, como nadie podía ignorar.

En todo caso opinaba Prat que «fundar la Constitución de España en el respeto a la igualdad de derechos de todos los pueblos que la integran es dar el primer paso hacia la España grande (…). Este imperio peninsular de Iberia que ha de ser el núcleo primero de la España grande…»[35]. Pero un imperio, de acuerdo con sus teorías, era sólo la etapa superior de la nación, y si no existía nación española, como él aseveraba, la «Espanya gran» no pasaba de entelequia, y lo mismo, o peor aún, una «Iberia» imperial.

A la objeción de que el federalismo disgregaría al país u obstruiría la acción común, Prat oponía el ejemplo de uno de los bandos contendientes en la guerra que asolaba entonces a Europa: «Nadie puede dejar de ver en la acción de los imperios centrales el ejemplo de unidad, de coordinación, de aprovechamiento de todas las energías más formidable y maravilloso que la historia haya registrado hasta ahora. El máximo de cohesión coincide con el máximo de federalismo. Entre Alemania y Austria-Hungría suman más parlamentos, más asambleas legislativas que todos los demás Estados juntos de Europa»; «Esta guerra es el triunfo del valor unitario, cohesivo, del nacionalismo y la autonomía». No fue buen profeta[36].

Además, el ejemplo no podía extenderlo al caso catalán. De creerle, la ruina de los països catalans, rubricada en el Compromiso de Caspe, provendría justamente de una especie de federalismo, causa y efecto de un «individualismo que imposibilitó a los países de lengua catalana el constituirse en unidad política nacional y los hizo caer en gran parte bajo el dominio de otro pueblo[37]».

Tampoco valía el caso reciente, en España, de la I República de 1873, pues el federalismo entonces aplicado había tenido efectos un tanto alucinatorios, llevando a España cerca de desaparecer como nación o como cualquier otra cosa.

Y si los paisanos de Prat debían sentirse, según éste había decidido, «catalanes y sólo catalanes», ¿a qué venía esa «unión hermanadora» con los demás pueblos de España y no con los de Francia, por ejemplo, máxime cuando en el pasado habría recibido Cataluña tan mal trato de los primeros? Además, ¿qué autoridad moral podían esgrimir los catalanes «sólo catalanes» para dirigir o aconsejar a los tan ajenos y aun opuestos castellanos? La pretensión implicaba una vuelta a aquella «bifurcación monstruosa de la conciencia», tan difícil de evitar por ser fruto de la historia real.

Todo ello entrañaba una vacilación interna muy acentuada: ¿debería concentrarse el esfuerzo nacionalista en los asuntos catalanes, o en dirigir al resto de España? En teoría cada cosa debería llegar a su tiempo, en etapas sucesivas, pero la práctica imponía otra cosa. Ni siquiera los nacionalistas podían hacer como si España no existiera, y cada paso que dieran tendría que contar obligatoriamente con Madrid. Por ello Prat y los suyos hubieron de dedicar muchas energías a convencer a las autoridades y políticos de Madrid de la conveniencia de sus proyectos para todo el país. Sus propuestas no dejaron de suscitar interés en la capital, si bien pocos llegarían a creer seriamente en ellas.

El ambiente madrileño, al revés del nacionalismo de Barcelona, era poco exaltado, sin afanes heroicos, y con un espíritu pragmático incluso a ras de suelo. Pese a lo cual, o acaso en parte por ello, la Restauración había acabado con varios decenios de inestabilidad, pronunciamientos y estancamiento económico. Prat insinuaba grandezas tentadoras, pero sus incoherencias saltaban demasiado a la vista. La experiencia republicana había dejado una fundada desconfianza en el federalismo, y el plan de liquidar a España como nación para reafirmarla como estado imperialista, no parecía muy claro. Por otra parte Cataluña era una región española, así lo consideraba también la mayoría de los catalanes, y la postura de Prat abría la puerta al separatismo. El conjunto suscitaba perplejidad y recelo.

A pesar de este escepticismo y del socavamiento de la legalidad y la unidad española entrañados en tales ideas, los políticos de Madrid no dejaron de estimar a Prat, el cual, aparte de sus llamativas propuestas, había revelado un notable ingenio práctico y organizador dentro de Cataluña, en materia administrativa y cultural. Y así, en 1908, el rey Alfonso XIII, a propuesta del jefe de gobierno, Antonio Maura, concedió al líder nacionalista la Gran Cruz de Isabel la Católica, premio algo irónico. Después de todo, España entera miraba a Barcelona como un modelo y avanzada de lo que debería ser el desarrollo español liberado de las plagas del siglo XIX: guerras civiles, pronunciamientos e inestabilidad política. Y en medio de contradicciones e incoherencias, Prat y Cambó parecían reflejar el espíritu expansivo de la ciudad modelo.

Después del 98 el nacionalismo catalán cosechó grandes triunfos. En 1907, Prat llegó a presidente de la Diputación Provincial de Barcelona, siendo reelegido casi con regularidad hasta 1917. Promovió instituciones económicas y culturales, especialmente el Instituto de Estudios Catalanes. Su carrera culminó en la creación de la Mancomunidad catalana, en 1914, con la que aspiraba a reorganizar el Principado, eliminando las provincias. Fue elegido presidente de ella, repitiendo en 1917, aunque ya no pudo hacer mucho, pues pronto enfermaría. Sintiéndose muy mal, volvió a su casa paterna, en Castellterçol, donde falleció en agosto, a los 47 años, como quedó dicho.

El tono del nacionalismo se manifestaba en editoriales como éste, de La Veu de Catalunya del 24 enero de 1898, titulado «¡Pobre Cataluña!», donde, sacando partido de graves inundaciones en Rosellón, Cataluña y Valencia, «como si el cielo quisiera hacer a las tierras de lengua catalana objeto de un castigo terriblemente significativo», clamaba con dramatismo: «¿Qué pecados han cometido los pobres catalanes?». Pobres no sólo por víctimas de incontables males históricos y ahora de las lluvias, sino porque la prosperidad regional tenía mucho de engañosa: «Desde fuera, Cataluña es rica. En Cataluña se trabaja; y de Cataluña van a Madrid riadas de dineros. Pero a quien ve Cataluña por dentro, se le rompe el corazón: los restos que dejan aquí las riadas de dineros que van a Madrid los llenan de lágrimas. ¡Cuántos cientos de propietarios lloran mirando las tierras que no pueden cultivar porque han de enviar a Madrid los escasos medios que podían destinarles! (…) La industria, única cosa por ahora atendida por el gobierno, paga culpas de éste, debiendo arrinconar en los almacenes piezas que antes iban a los mercados de las colonias hoy en rebeldía, y en parte medio estropeadas (…). Mirar al porvenir daría escalofríos si no tuviésemos confianza en que (…) se aclarará el buen sentido y reaccionarán las energías prácticas de la raza». Cataluña prosperaba no con el resto de España y gracias a ella, sino a pesar de ella.

Pero los catalanes, lamentablemente, no acababan de ver esa obviedad, debido a «las desgracias morales que anulan a nuestro temperamento y nos rebajan ante quien nos observa». Ahí radicaba el significativo castigo de Dios por los «pecados» de Cataluña, de los cuales «he aquí uno, de los más gruesos: haberse dejado esclavizar la voluntad y desposeer de la administración de los medios de buscar el bien y rehuir el mal». Si tan insufrible esclavitud fuese abolida y los catalanes cobraran plena conciencia de su superioridad, como exigían los nacionalistas, males como el de las inundaciones poco daño lograrían hacer.

La explicación racial dio mucho juego por aquellos años. Percatados de la superioridad catalana, revelada con claridad en su pujanza económica —ajena por completo a los nacionalistas—, debían encontrar una base material, física, en la raza, según la moda extendida entonces por casi toda Europa.

Desgraciadamente, los catalanes corrientes no difieren en su aspecto físico de los demás españoles, pero ello no fue óbice para persistentes intentos particularistas. Así, el doctor Robert, un médico y político que hacia finales del siglo se pasó al nacionalismo, encontró en la medición de cráneos la prueba tangible de la peculiaridad catalana con respecto a «Castilla». A los sarcasmos que sus hallazgos provocaban en Madrid y en la misma Barcelona, respondía el entusiasta Rovira i Virgili: «El doctor Robert, en su conferencia, se limitó a hacer un estudio rigurosamente científico». Y concluía, muy razonable: «Si en el noreste de la península predomina un tipo craneano diferenciado, los catalanes no vamos a deformaros el cráneo en aras de la unidad española». Habría sido el colmo del centralismo, desde luego. O bien contraatacaba: «No se nos tolera a nosotros hablar de raza catalana [nadie se lo impedía] y se celebra mientras tanto (…) esa reciente, artificial y envarada Fiesta de la raza», en referencia al 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América, conmemoración de la que deseaban desvincular, con gesto despectivo, a los catalanes[38].

Para un personaje típico de la época, el escritor Pompeu Gener, la raza catalana, «fuerte e inteligente», había tenido poco contacto con los musulmanes, librándose por ello de la pereza propia de los otros peninsulares. Por entonces estaban en boga en los círculos intelectuales españoles las ideas nietzscheanas, muy combinables con las racistas. Los catalanes, decía Gener, superaban al resto de los españoles, pero se sentían inferiores a los europeos del norte, debido a los siglos de dominación castellana y a la actividad comercial, señal de inferioridad heredada de los fenicios y otros semitas; y «así esa función que constituye el fondo del pueblo judaico pasó a constituir el suyo [el catalán]. El escaso fondo de semitismo que hubiera en el pueblo catalán triunfó del Ario y se sobrepuso[39]». Desafortunadamente, desde luego. No obstante, la propaganda nacionalista sugería que los catalanes pertenecían a Europa, y los «castellanos» a África.

Bajo las exaltaciones, arrebatos e imprecaciones del nacionalismo catalán asoma a menudo una actitud forzada. Exhortaciones como ésta, muy posterior, pueden dar una idea: «Catalán, por mucho que te cueste, algún día tendrás que ser insensible, duro y vengativo. Si no sientes la venganza —la venganza depurada del odio, que restablezca el equilibrio roto—, si no sientes la misión de castigar, estás perdido para siempre. No lo olvides —confían en tu falta de memoria—. No te enternezcas —confían en tu sentimentalismo fácil—. No te apiades —confían en tu compasión ellos, los verdugos». O bien: «No hay progreso en el derecho si no hay violencia. El derecho de las minorías podrá progresar mientras haya violencia (…). La apelación al sentimiento es inútil: hay que apelar al interés». Apelaciones que toman un cariz cómico al provenir de un intelectual burgués y en general poco extremista, Joan Estelrich[40]. Erraría quien creyera que sólo las convicciones sinceras mueven a las personas. A veces lo hacen más todavía las insinceras, por la compulsión de mantener la postura[*].

Las ideas de Prat dieron al nacionalismo catalán una proyección distinta del vasco, pese a sus similitudes de base. Arana buscaba el aislamiento para salvaguardar la preciada raza vasca de toda contaminación; Prat ansiaba la soberanía catalana para orientar al resto de España, y hasta con proyección ejemplarizante sobre el resto del mundo. En lo sucesivo, el nacionalismo catalán padecería la atracción contradictoria de tres focos de interés: un particularismo catalán, en el fondo separatista; la influencia sobre el conjunto de España; y el expansionismo hacia Valencia y Baleares, los llamados «países catalanes» un tanto a despecho de los afectados.

Las versiones nacionalistas marginan a Cataluña o Vascongadas de la historia común española, cuya huella y legado se manifiestan en la proyección cultural por buena parte del mundo entre otras muchas cosas. Al condenar u omitir esta realidad histórica, los nacionalistas despojaban a vascos y catalanes de su parte en ella, reduciéndolos a un oscuro, doméstico y oprimido estancamiento de siglos, a cambio de confusas idealizaciones de pasados remotos y de promesas de portentosos futuros.

Otra incoherencia chocante de aquellos nacionalismos consistía en que, al exaltar sin límites las virtudes de sus paisanos, llamándoles a rebelarse contra la supuesta sumisión a una «raza» tan netamente inferior como la castellana o la española, los pintaban como efectivamente inferiores, por haber aceptado tan prolongada «esclavitud». Más deprimente resultaba el que, pese a todas las encendidas prédicas y denuncias, los vascos y catalanes persistieran en no sentirse afectados por tan insoportable opresión ni orgullosos de su propia y completa superioridad sobre los demás españoles, fuera de las rivalidades regionales de siempre.

Irónicamente, las versiones nacionalistas implicaban la descalificación de los vascos y catalanes reales e históricos como traidores o serviles durante generaciones y siglos enteros, como lo bastante estúpidos para no entender la radical oposición de sus esencias e intereses con los intereses y esencias españoles. En verdad cabría dudar de la posibilidad de regeneración de unas gentes tan largamente complacidas con su propia servidumbre. En todo caso, sacarlos de tales abismos de abyección exigiría auténticos mesías, hombres de una altura ética e intelectual muy fuera de lo común, y una persona escéptica podía albergar alguna duda sobre si Arana, Prat u otros líderes nacionalistas cumplían realmente tal exigencia.

Salta a la vista que, en el fondo, ni Prat ni Arana partían de una tradición ni de la historia catalana y vasca, tan deleznables desde su propio punto de vista. Su auténtica fuerza consistía en la promesa de un resplandeciente futuro, en que, redimidos por las ideas nacionalistas y libres de los causantes de sus males, vascos y catalanes desplegarían sus fantásticas cualidades. Aun si difíciles de creer, vistos los largos precedentes históricos. De ahí, también, que la crítica a sus interpretaciones históricas apenas les haya hecho nunca mella, para desesperación de quienes han tomado tales interpretaciones por bases de su doctrina, creyendo poder tirar ésta abajo al mostrar sus puntos débiles. La clave radicaba, insistamos, en su proyecto de futuro.

Tales ideas proyectaban sobre el pasado y el presente una mentalidad victimista, arma de doble filo, pues si por una parte fomentaba el rencor hacia los culpables designados de las desdichas reales o imaginarias, por otra generaba amargura y desencanto. Aquellas prédicas, reconoce Cambó, constituían «una pura exaltación lírica de las virtudes del pueblo catalán y de las glorias de su historia y un desprecio constante del Estado español y de las glorias y virtudes de Castilla. Me di cuenta de que esa propaganda destinada a convencer a los catalanes de sus propios méritos los tenía que llevar, por el contrario, a la convicción de que un hado inexorable los perseguía, y que todas sus empresas, hasta las más justas y mejor preparadas y conducidas, estaban condenadas al fracaso[42]».

Por lo demás, y pese a las denuncias nacionalistas, se comprende que la gente no lograse sentirse esclava. Cierto, el vascuence y el catalán no eran oficiales en sus regiones, pero, dado el impulso que tomaban por entonces, cambiar tal situación sólo era cuestión de tiempo; en cuanto a los invocados fueros, resultaban quizá la mejor receta para quebrar la prosperidad regional. Además, vascos y catalanes disfrutaban de los mismos derechos que los demás españoles, sus hombres y sus nombres aparecían en los organismos políticos y en la cultura general de la nación, influían decisivamente en la política económica de «Madrid», etc. Y el régimen liberal permitía a los nacionalistas hacer propaganda, asociarse, obrar —a menudo en desafío a la ley— o presentarse a elecciones, desmintiendo con ello las terribles persecuciones alegadas[*].

Capítulo 3

EL «DESASTRE» DEL 98

Volviendo un poco atrás, al llegar el año 1898 el nacionalismo y el regionalismo catalán, todavía sumidos confusamente en el movimiento catalanista, distaban de presentar un panorama brillante. Lo describe Francesc Cambó, que pronto descollaría en el nacionalismo: «El catalanismo tenía un carácter puramente platónico. Sus adeptos eran los soñadores y los protestatarios, los idealistas y los hombres de mal genio. En Barcelona eran catalanistas los literatos, los artistas, algunos catedráticos y algunos núcleos de juventud (…). Fuera, el catalanista que solía haber en cada pueblo, era generalmente un visionario de mal carácter, pero inofensivo (…). Ni en la masa ni en las corporaciones el catalanismo tenía ninguna influencia. (…). Como los catalanistas no estorbaban a nadie (…), y como entre ellos había personas de calidad, les rodeaba un ambiente de benévola consideración[1]».

En Vascongadas, a Arana le iba aún peor. Tras cinco años de intensa misión llegaba a desanimarse. Transcurrían «días y meses y años enteros sin que los vizcaínos rompan la venda que les impide ver su extravío, sin que conozcan la esclavitud de la Patria». No sólo eso, «muchos bizkaínos, habiendo llegado a comprender la justicia y la bondad de la patria causa (…), encógense, no obstante, de hombros y la miran con indiferencia (…), si ya no demuestran su ignorancia riéndose como idiotas»; «Hemos convencido a muchas inteligencias; hemos persuadido a muy pocos corazones (…). Ya no hay corazones en Euskeria». En fin, «¡Cuán difícil y penosa es la labor que nos hemos impuesto, de soltar la venda que ciega los ojos de los bizkaínos!»[2].

Por eso, al llegar 1898, «el partido nacionalista no es por hoy nada temible por razón del exiguo número de sus afiliados», y los vascos maketófilos, la abrumadora mayoría desoían las imprecaciones que no se hartaba de lanzarles Arana: «¡Malditos sean, malditos por el espíritu de sus antepasados, malditos por sus hijos, los que, percibiendo en sus oídos el grito santo, no lo fijan en su mente ni reciben en su corazón!». Quien no aceptara el «lema patrio (…) en todas sus partes, (…) bastardo es, y digno de ser arrastrado desde la cumbre del Gorbea hasta las peñas del Matxitxako». Con figura inapropiada, concluía: «No sabían los vizcaínos del siglo IX que con la sangre que derramaban por la Patria, engendraban hijos que habían de hacerles traición[3]».

Pero había dicho también: «Si a esta nación latina [España] la viésemos despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional, nosotros lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo[4]». Y ese júbilo estaba, por fin, a punto de llegar, y precisamente por una guerra internacional.

Fue la guerra con Usa por los restos del antiguo imperio hispano, sobre la cual nos extenderemos aquí, tanto por su repercusión sobre los nacionalismos como por lo que refleja de aquella España.

Del enorme imperio español de antaño restaban, a finales del siglo XIX, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y varios archipiélagos en Micronesia. Posesiones considerables, pero dispersas, a enorme distancia de la metrópoli, sobre todo las del Pacífico, y de muy difícil defensa. Su retención obedeció a la conformidad de las poblaciones coloniales y a la desconfianza británica ante el expansionismo useño, más que a la escasa potencia española. Desde muy pronto ambicionó Usa dominar la región del Caribe, elaborando al respecto la doctrina del «Destino manifiesto», cuyo contenido expresa suficientemente el título.

En 1868 estalló en Cuba una rebelión, terminada a los diez años con la paz de Zanjón, cuyas cláusulas no cumplió el gobierno español. En Filipinas la rebeldía no comenzó hasta 1892, bajo impulso de la Katipunan, o «Asociación», violenta desde 1896 y apoyada por Washington desde Hong Kong[*].

A principios de 1895 volvió a estallar la guerra en Cuba, dirigida por José Martí y con fuerte apoyo useño, y adquirió enseguida una acentuada crueldad. Los rebeldes volaban trenes y destruían las plantaciones y el ganado, arrasando la economía y matando a los propietarios. El general Weiler, encargado de su represión desde julio de 1896, procuró aislarlos concentrando a la población rural en zonas fácilmente vigilables o en ciudades. El método, antecedente de otros como el practicado por Usa en Vietnam setenta y pico años después, permitió acorralar a los rebeldes, a costa de extender el hambre entre el campesinado. En «el coloso del norte», la dureza de Weiler provocó indignación, espoleada por la prensa amarilla, si bien los métodos useños contra los pieles rojas, sólo unos pocos años antes, habían sido ciertamente más brutales.

Aquella guerra puede considerarse la primera de la serie de luchas coloniales que las potencias europeas iban a perder casi siempre, sobre todo a partir de la II Guerra mundial, terminada 52 años después de la del 98. En general, la estrategia militar española fue poco inteligente. En un ambiente burocrático, poco previsor y un tanto irresponsable, el gobierno envió hasta 200 000 soldados, que caían a millares víctimas del clima y sus plagas. Las bajas finales pueden dar idea del carácter de la contienda: de un total de 55 000 muertos en tres años, sólo unos 2000 lo fueron en combate o por heridas, siendo los restantes causados por enfermedades tropicales u otras, en especial la temible fiebre amarilla, cuya transmisión por mosquitos descubrió el médico español Carlos Finlay, aunque su descubrimiento no se aprovechara entonces.

Por lo demás, Cuba, prácticamente sin industria, dependiente en muy alto grado del cultivo de la caña de azúcar y secundariamente del tabaco, estaba en buena medida integrada en la esfera económica de Usa, con la cual sostenía el grueso de su comercio pese a los altos aranceles españoles, que irritaban a Washington. En estas condiciones, y con un gobierno inglés predispuesto a la sazón al entendimiento entre los países anglohablantes, pocas posibilidades tenía España de conservar la isla.

Bastantes políticos y militares españoles, como el general Polavieja, lo veían, y propugnaban una autonomía creciente hasta abandonar sin traumas las colonias, evitando pugnas a la larga imposibles de ganar. Pero Cánovas, el mayor estadista español del siglo XIX, de talla política reconocida en toda Europa, hombre casi siempre moderado y hábil en el compromiso y la transacción, se empecinó en una política de todo o nada. Desde luego, los grupos económicos catalanes, en general, le apoyaban, por temor a perder un importante mercado, y también se habían opuesto a abolir la esclavitud de los negros. En la propia Usa existían grupos de presión prohispanos, como la Junta Patriótica Española, con ramificaciones en importantes ciudades, dirigida por José Navarro Arzac, un guipuzcoano que había hecho una carrera espléndida, convirtiéndose en uno de los grandes millonarios useños: naviero, dueño de una cadena de hoteles, socio de Edison, fundador de la compañía de seguros «La Equitativa», etc.

Cánovas murió asesinado en 1897 por un anarquista italiano tras cuya mano siempre se ha sospechado al independentismo cubano y la masonería[*]. Entonces correspondió a Sagasta, también masón, afrontar el choque con el gigante americano, gobernado desde ese mismo año por el presidente McKinley. Sagasta ofreció la autonomía, abandonó el sistema de Weiler —aplicado con notable éxito durante un año—, y destituyó a su autor, poniendo en su lugar al general Blanco, ya fracasado en Filipinas. Los rebeldes rechazaron la autonomía, y la situación militar empeoró con rapidez.

El gobierno useño había intentado reiteradamente comprar Cuba y Puerto Rico, como si se tratara de mercancías, lo que a su parecer constituía una salida «honrosa» para España. Fracasado ese recurso sólo le quedaba la guerra, para la cual se preparaba activamente, faltándole sólo el pretexto. Lo encontró en la voladura del crucero Maine, de visita en La Habana en febrero de 1898. La explosión provino del interior de la nave, pero Washington la atribuyó, falsa e interesadamente, a los españoles, y rehusó una investigación imparcial. Algunos españoles sospecharon su autoría por los mismos yanquis. Todo indica que se trató de un accidente, pero resultó muy oportuno para la decisión de Washington de imponerse por las armas.

Luego, mediante un ultimátum cuyo cumplimiento supondría una completa humillación para España, McKinley forzó el conflicto bélico, que Madrid aceptó, a finales de abril. En realidad, Usa había comenzado ya la guerra antes de declararla, apresando cuantos barcos pudo en el Caribe. En España cundió la indignación ante la conducta useña.

En principio la contienda era enormemente desigual: un país de 74 millones de habitantes, en plena pujanza y ya la primera potencia industrial del mundo, contra uno de 18 millones, que sólo empezaba a reponerse de un siglo desastroso. Además, el teatro principal de operaciones se encontraba al lado mismo de la gran potencia y a miles de kilómetros de la pequeña. En estas condiciones una guerra larga sería ganada forzosamente por Usa. Así lo veían muchos en España, pese a lo cual la prensa y numerosos políticos y militares crearon un ambiente popular de victoria sobre los «tocineros de Chicago».

Se ha acusado reiteradamente de demagogos sin escrúpulos a quienes fomentaron esperanzas de triunfo, y esa impresión ha prevalecido. Sin embargo no se trataba de una idea descabellada si la guerra se resolvía con cierta rapidez, según han observado analistas cuidadosos, como Agustín R. Rodríguez[*]. En cuanto a fuerzas de tierra, las españolas en Cuba (unos 200 000 soldados), si bien muy desgastadas y con la mitad de sus efectivos permanentemente enfermos, mantenían no obstante la disciplina y estaban bien entrenadas, no teniendo un enemigo serio en las tropas improvisadas en Usa, aunque llegaron a presentarse allí un millón de voluntarios y fueran movilizados de modo efectivo unos 270 000. Además, los fusiles Mauser de los españoles superaban netamente a los de factura danesa de sus enemigos, como éstos habían de comprobar dolorosamente. Debía contarse, no obstante, con el apoyo de los insurrectos cubanos a los invasores, de gran valor para éstos.

El punto débil de la isla consistía en su dependencia de la importación de alimentos y muchos otros productos, por lo que un bloqueo naval podía rendirla en poco tiempo por hambre y miseria. Ello determinaba que la contienda se resolviese en el mar.

Según un mito, persistente hasta hoy con gran fuerza, la escuadra useña superaba netamente a su contraria, y por tanto la lucha estaba resuelta de antemano a favor de la primera. Pero ello no es del todo cierto. La armada useña superaba a la hispana en acorazados, pero era inferior en cruceros acorazados, superior en cruceros protegidos, pero inferior en unidades torpederas; superior en blindaje y cañones pesados, pero inferior en velocidad, y comparable en artillería media. Bastantes barcos españoles eran buenos y modernos, aunque hubiera otros anticuados y muchos mal mantenidos. Los useños padecían fallos análogos, sus mandos distaban de ser brillantes, y las numerosas deserciones en vísperas de la acción animaron en Madrid la impresión de unas tripulaciones poco aguerridas. En fin, la diferencia de poder, aunque a favor de Usa, distaba mucho de ser lo abismal que luego se pretendió, y diversos expertos ingleses, franceses y alemanes dudaban del resultado[5].

En aquellas condiciones los españoles podían jugar sus mejores bazas valiéndose de su movilidad, eludiendo el combate directo para hostigar el comercio enemigo o atacar su litoral o desembarcar en él. De hecho, la conciencia de estas posibilidades provocó movimientos de pánico en algunas zonas costeras useñas. Sin embargo estas soluciones, aunque estudiadas, fueron descartadas por motivos confusos, y marginados sus valedores en favor de mandos menos acometivos. En el desistimiento del ataque al comercio pesó la actitud hostil de Gran Bretaña, principal potencia naval de la época, que, oficialmente neutral, proporcionó a la marina useña inestimables ventajas. Por otra parte, aunque el conflicto se veía venir desde hacía años, los gobiernos españoles habían tomado pocas previsiones, y sus adversarios casi siempre fueron por delante.

Un problema fundamental para España, aunque a menudo poco valorado, consistía en el flojo ánimo de los dos almirantes, Cervera y Montojo, a cargo de las escuadras en las Antillas y en Filipinas respectivamente. Aunque valientes, en especial Cervera, caían en el pesimismo, por no decir el derrotismo, e iban a mostrar nula imaginación y escasa iniciativa. Tenían excesiva conciencia de la impreparación y falta de presupuestos con que se afrontaba la lucha, y sobreestimaban la capacidad del adversario. Rodríguez, en su estudio, cita una carta muy reveladora en la que Cervera, ya en 1896, prevé su destino, comparándolo con el de otros generales y almirantes italianos, españoles, franceses e ingleses que habrían servido de «cabezas de turco» para pagar responsabilidades ajenas. Pero aquellos mandos habían fracasado ante fuerzas inferiores. El caso más indicativo había sido el del almirante inglés Mathews, vencido en 1744, en el bloqueo de Tolón, por la escuadra de Juan José Navarro, pese a la inferioridad numérica de los barcos españoles frente a los británicos. Mathews fue sometido a juicio marcial, expulsado y deshonrado. Cervera parecía identificarse con Mathews y no con Navarro[*].

Cervera advirtió sin tapujos que sólo esperaba la derrota en un enfrentamiento con Usa, y propuso emplear la flota para defender la metrópoli desde Canarias. La solución tampoco valía mucho, pues sus contrarios podrían entonces liquidar con mayor comodidad la resistencia en Cuba y volverse luego con todo su poder sobre España, y el problema volvería a ser el mismo. Algún mayor sentido tenía su propuesta de trasladar los barcos a Filipinas, donde dispondrían de superioridad, pero a costa de perder Cuba y desproteger las costas españolas.

La guerra se decidió primero en Filipinas. La flota de Montojo, inferior a la contraria de Dewey, pero no tanto como se ha dicho (lo de los «barcos de madera» es una leyenda), podía utilizar a su favor las defensas costeras próximas a Manila. Dewey partió de Hong Kong, donde se benefició de una indisimulada ayuda de Gran Bretaña, pero debía jugárselo todo a una carta, pues, por falta de bases, no ya una derrota sino un simple fracaso en Filipinas le habría dejado fuera de juego. Para fortuna del useño, Montojo no supo aprovechar sus ventajas, hubo de perder tiempo lidiando con los mandos de infantería, y cometió serios errores defensivos, dispersando la no mucha artillería disponible en tierra. Al llegar la escuadra useña a Cavite, en la entrada de la bahía de Manila, el 1 de mayo, se produjo un intenso intercambio de cañonazos durante dos horas. Los useños llevaron la mejor parte, pero sin lograr hundir un solo buque enemigo, y recibiendo en cambio un enérgico fuego de respuesta. Muy preocupado por la difícil situación, y con peligro de agotar sus municiones, Dewey dio orden de retirada. Y entonces Montojo, dándose por vencido, abandonó la lucha y marchó a Manila, desmoralizando a los suyos. Quedaron a su suerte algunos barcos, donde los incendios se propagaron hasta hacer estallar las santabárbaras. Animado por el espectáculo, Dewey hizo un segundo intento, pudiendo su flota tirar prácticamente al blanco contra la española, ya desorganizada y desanimada, hasta destruirla. La imprevisión de Montojo llegó al extremo de rendir el arsenal intacto, proporcionando a su adversario una base para ulteriores operaciones. En el telegrama a Madrid señaló: «Ha sido un desastre que lamento profundamente. Lo presentí y anuncié siempre por la falta absoluta de fuerzas y recursos». Desde luego no demostró ser hombre de recursos.

Unos días antes Cervera recibía orden de marchar a Puerto Rico, orden avalada por la mayoría de los almirantes consultados por el gobierno en Madrid. Cervera escribió amargamente: «Con la conciencia tranquila voy al sacrificio, sin explicarme el voto unánime de los Generales de la Marina, que significa la desaprobación y censura de mis opiniones, lo cual implica la necesidad de que cualquiera de ellos me hubiese relevado». No le faltaba razón, pues fue mantenido en su cargo. Estuvo tentado de dimitir, pero, pensando en la probable desmoralización de sus subordinados, aceptó el destino.

El Caribe se había convertido para entonces en un lago useño, dominado por las flotas de Shley y Sampson, que bloqueaban y bombardeaban Cuba y Puerto Rico —aunque con malos resultados para ellas— y capturaban o hundían barcos. Cervera logró esquivar el bloqueo y fondeó en la bahía de Santiago, el 19 de mayo. La bahía, una auténtica encerrona, sólo tenía una estrecha salida por la que debían desfilar los barcos de uno en uno, facilitando así su destrucción a un enemigo apostado fuera. Además, estaba en la zona más rebelde de la isla. Varios subordinados instaron a Cervera a salir de tan peligroso lugar y marchar a La Habana, donde la base, las defensas y la seguridad del entorno eran mucho mejores, pero el almirante, de manera poco comprensible, rehusó. Aun así, pasarían diez días hasta que Sampson se percatase de su magnífica oportunidad y desplegase su escuadra en torno a la bahía, inmovilizando a la española.

Un mes más tarde de la llegada de Cervera a Santiago, Washington decidía por fin atacar a fondo la isla mediante un desembarco —que resultó caótico—, el 22 de junio, en la parte oriental. Tenía el objetivo de tomar la ciudad de Santiago, capital de la región. Los desembarcados contaban con la importante ayuda de los insurrectos cubanos, numerosos y buenos conocedores del terreno, aunque despreciados por los useños, por su alta proporción de negros[*]. Pequeños núcleos de soldados españoles, con una defensa heroica, causaron numerosas bajas a sus enemigos, poniéndolos en trance de reembarcar. Pero el jefe militar de la isla, general Blanco, no manifestó en Cuba mucha más diligencia que en Filipinas, evitando a sus enemigos males mayores, y permitiéndoles continuar sobre Santiago.

El acorralado Cervera propuso, al parecer, desembarcar la artillería y con ella mantener a distancia a Sampson, dejando en las naves los marineros indispensables para volarlas en último extremo, y utilizar a los demás en socorro de Santiago; o bien, en otra versión, mantenerse pasivamente en el lugar hasta rendirse cuando Santiago capitulase por inanición. Pero el general Blanco le ordenó intentar una salida.

El resultado es bien conocido. El 3 de julio Cervera envió un buque a atacar al principal de Sampson, con la esperanza de atraer sobre él el fuego enemigo y permitir a los demás escapar de la trampa, pero no lo logró: los barcos fueron incendiados y destrozados uno tras otro, sin que el fuego de respuesta hiciera mella apenas en los acorazados contrarios. Los españoles sólo pudieron embarrancar o destruir sus naves, para impedir su captura. Habían tenido 350 bajas entre muertos y heridos, y un muerto y algunos heridos sus adversarios[*].

Pocos días después, Blanco rendía Santiago y el gobierno español se apresuraba a hacer gestiones de paz. En agosto comenzaron las conversaciones, concluidas el 10 de diciembre en el vejatorio Tratado de París. España debió aceptar todas las condiciones del vencedor, y perdió Cuba y Puerto Rico, las Filipinas y Guam. Otros archipiélagos del Pacífico, las Marianas, las Carolinas, y Palaos, fueron cedidos a Alemania.

Lo principal de la contienda había durado tres meses, con sólo unos centenares de caídos en combate (y algunos miles por enfermedad) tanto por parte española como useña. Quizás la guerra era imposible de ganar para España, pero la manera como se desarrolló, sobre todo en el mar, resultó en extremo amarga. Cervera y Montojo habían planteado una lucha defensiva y sin acometividad, contra la opinión de subordinados suyos como los capitanes de navío Bustamante y Villaamil, ambos marinos muy expertos, e inventores, el primero de una clase de mina[*] y el segundo del destructor, un tipo de nave de aplicación extraordinaria en todas las flotas del mundo en el siglo XX. Cervera había desechado la idea de emplear la superior velocidad de sus navíos para hostigar la costa enemiga —empezando por Nueva York— en ataques y retiradas rápidos, así como la propuesta de abandonar Santiago antes de que se cerrase la trampa, o, una vez en ella, de salir de noche y por sorpresa con los destructores para atacar a Sampson y causarle el mayor estrago posible, facilitando luego la salida de la flota en distintas direcciones para dispersar al enemigo. En cambio había ordenado la salida por la mañana, sin la menor sorpresa, dejando todo el día de claridad al enemigo, y enviando los barcos en una sola dirección. Por su parte el general Weiler había propuesto que, tan pronto se declarase la guerra, las tropas españolas tomasen la iniciativa desembarcando en Florida y avanzando sin pérdida de tiempo sobre la base de Tampa. Desechadas estas ideas, la línea de acción seguida dio al enemigo las mejores oportunidades para sacar pleno partido de su superioridad material.

Cervera y Montojo fueron sumariados, pero no hubo intención de llegar al fondo, y superaron mal que bien la prueba. Cabe preguntarse, dados los precedentes, qué les habría ocurrido de haber sido almirantes británicos. El único consuelo moral fue el valor y estoicismo de los marinos frente a un destino aciago.

A Usa, la «espléndida guerrita», como fue llamada, la convirtió en una potencia con intereses mundiales, demostrando de paso, según decían —y en ello estaba muy de acuerdo Sabino Arana—, la superioridad de la raza anglosajona sobre la decadente latina. Por otra parte cabe pensar: si la victoria hubiera costado graves pérdidas a los useños, ¿se habrían animado a intervenir en Europa en la I Guerra mundial, diecinueve años más tarde? En cuanto a España, retener sus colonias habría sido un éxito envenenado, pues le habría llevado a desangrarse unos años más, provocando tensiones sociales crecientes en la metrópoli. Especulaciones, desde luego, pero indicativas de los complicados caminos de la historia.

Ha habido cierto consenso entre historiadores españoles en una interpretación según la cual Sagasta y su gobierno optaron por una guerra que sabían perdida, para evitar el descrédito y probable hundimiento del régimen español, ante el rechazo del pueblo y del ejército a una rendición sin lucha[*]. La marina habría sido mandada deliberadamente al fracaso para terminar cuanto antes una empresa inútil. Algo semejante dijeron por entonces varios militares, como Concas, subordinado de Cervera y muy partidario de éste. Según él, los marinos tenían «el convencimiento de que el Gobierno de Madrid tenía el determinado propósito de que la Escuadra fuese destruida lo antes posible, para hallar un medio de llegar rápidamente a la paz».

Pero, como indica convincentemente Rodríguez, se trata de una típica racionalización a posteriori, poco acorde con los hechos. Renunciar sin lucha a una posesión como Cuba, tan ligada económica y sentimentalmente a España, máxime tras el duro esfuerzo anterior por conservarla, habría resultado intolerable, no sólo para el pueblo presuntamente desinformado, sino también para el gobierno. Por otra parte, «la actividad política de los jefes de la escuadra de Cervera, antes y después del Desastre, y preferentemente en las propias filas del partido liberal, confirma la impresión de que sus críticas posteriores buscaban salvar sus propias responsabilidades o a la Armada como institución», más bien que clarificar los hechos[6].

Tampoco tiene mucho sentido el reproche a la prensa y a los políticos por excitar a las masas. Lo mismo hacían los useños, y nada más normal que procurasen animar el espíritu de lucha, y no deprimirlo. Aparte de que la inferioridad bélica española distaba mucho, como muestra Rodríguez, de ser tan completa como después se dijo. Y, en fin, la guerra se libró en el mar no por una decisión deliberada del gobierno de acabar cuanto antes, sino porque, simplemente, lo imponía la situación estratégica.

Vista la cuestión en perspectiva, la derrota parece la salida más probable, aunque de ningún modo segura, y el mero hecho de que España poseyera una flota bastante fuerte y moderna desmiente las acusaciones posteriores de desidia e ineptitud insondables del régimen. Ello aparte, en los combates menores, los barcos enemigos, pese a su abrumadora superioridad, «sólo registraron dudosos triunfos y hasta fracasos, al enfrentarse a mandos más decididos y tenaces» que Cervera o Montojo[7]; el servicio de inteligencia español mostró notable efectividad y audacia, suministrando buenas informaciones a Madrid y distrayendo fuerzas adversarias; y no faltaron algunas gestas como la de «los últimos de Filipinas[*]». En realidad, España estaba simplemente en recuperación después de muchos decenios de decadencia. Pero los partidos enemigos de la Restauración, del liberalismo o de la propia unidad española iban a aprovechar el «desastre» para cargar las tintas, ennegrecer los hechos y crear una sensación de fracaso colectivo, fortaleciéndose de paso ellos mismos.

En la revista La Veu de Catalunya, donde escribían Prat de la Riba, Cambó, Verdaguer Callís y otros líderes, podemos seguir bastante bien la reacción del nacionalismo catalán ante el conflicto. El 17 de abril, cuando culminaba la tensión prebélica, exponía: «No sabemos si vendrán los horrores de la guerra o si España seguirá en paz su camino al derrumbe. Venga lo que venga, España se va al fondo; si de los pueblos que la forman, alguno quiere volver a las alturas, que no se duerma: afloje los lazos y entréguese libremente a los dos grandes instintos de la vida, el de conservación y el de perfeccionamiento». En fin, con paz o con guerra, «España va adonde tantas veces dijimos que iba, al naufragio, al abismo».

Así, el país no tenía remedio, y Cataluña debía sacudirse solidaridades sentimentales. El llamamiento era pertinaz. El 8 de mayo, conocido el desastre de Cavite, insistía La Veu: «Estamos clavados a una barca que hace agua; si queremos salvarnos, hemos de aflojar los lazos». En la misma onda, La Veu narraba supuestas conversaciones populares, de buscados efectos soliviantadores, como ésta, de finales de agosto, cuando se preveían las exigencias useñas: «Ahora, sin las Antillas y quién sabe si sin Filipinas, ¿qué haremos con las nubes de empleados gordos y chicos que allá tenían la pitanza?». Cuestión respondida por un «hombre que había visto mucho mundo»: «¿No sabéis qué frase es ahora muy popular entre los pensionados de la administración y aspirantes a serlo? Dicen: Bueno; hemos perdido Cuba y Filipinas, pero nos queda Cataluña[9]». Sin embargo no llamaba a romper por completo aquellos lazos, que supuestamente arrastraban a Cataluña al naufragio. Aunque la razón de esta inconsecuencia no es explicada, se entiende: la relación de la industria catalana con el mercado español saltaba demasiado a la vista como para que la ruptura no sonara a demencia a los industriales y clases medias, a quienes dirigían sus consignas los nacionalistas.

Pero mientras duró la guerra, deplora La Veu, la propaganda nacionalista rebotó contra el sentimiento popular: «La mayor parte de los catalanes se han dejado emborrachar como los gandules de la Puerta del Sol (…) mientras los norteamericanos tratan de conquistar las colonias de España, los castellanos van acabando de conquistar Cataluña», pues «Cataluña recibe a los castellanos que la acaban de conquistar con alegrías y abrazos». Cambó recordará también el sentimiento español ante la agresión: «Cuando salíamos del Círculo de la Lliga de Catalunya, encendidos de patriotismo catalán, nos sentíamos en la calle como extranjeros, como si no nos halláramos en nuestra casa, porque no había nadie que compartiese nuestras preocupaciones[10]».

Conocida la derrota, el ambiente en España cambió. Ante las condiciones adelantadas por Washington, los nacionalistas de La Veu clamaban en torno a «La noticia de la firma de la paz, o sea, de la consumación de la espantosa catástrofe»; «Tenemos la paz, pero una paz espantosa, tenemos la paz, pero una paz que no anima, ni tranquiliza, una paz como debe ser la tumba de los que allí bajan llevando sobre sí el peso de una gran culpa (…). La paz que tanto pedían los catalanistas antes de la guerra, ahora nos la traen los representantes de España, tal vez demasiado tarde[11]».

No eran muy sinceros. La derrota, precisamente, daba a los nacionalistas una ocasión de oro, y no la dejarían escapar. La paz que para muchos tenía tintes espantosos, para ellos llegaba como agua tras la sequía. Ya en septiembre constataban: «Con las desgracias que nos ha traído la última agitación del españolismo, ha ganado mucho en nuestra tierra el sentir catalanista (…). Es ahora general la tendencia a diferenciar la vida y el interés de Cataluña y los de los otros pueblos de España (…)». Todo el mundo dice: «Cataluña, regida por los chiflados y simplones de Madrid, es el pueblo menos pobre y menos atrasado del Estado español; por tanto, si fuera un poco bien gobernado y administrado con inteligencia, sería un pueblo verdaderamente rico». En el clima de derrota la propaganda nacionalista encontraba por fin terreno fértil[12].

Así lo constató el poeta nicaragüense Rubén Darío al llegar a Barcelona el 1 de enero de 1899. El poeta traía consigo la simpatía que la guerra había despertado en Hispanoamérica hacia España, «el país maternal que el alma americana —americanoespañola— ha de saludar siempre con respeto (…). Porque si ya no es la antigua poderosa, la dominadora imperial, amarla el doble; y si está herida, tender a ella mucho más». En Barcelona, en cambio, encontró el ambiente nacionalista preconizado por La Veu. «España —le dice alguien— es la gran familia compuesta de muchos miembros; éstos consumen, éstos son bocas que comen y estómagos que digieren. Y esta gran familia está sostenida por dos hermanos que trabajan. Estos dos hermanos son el catalán y el vasco. Por eso es que protestamos solamente nosotros; porque estamos cansados de ser los mantenedores de la vasta familia». Entre las clases medias abundaban «los autonomistas, los francesistas y los separatistas», pues no faltaban quienes especulaban con una unión a Francia, pese a su centralismo mucho más drástico y uniformizante que el de Madrid[13].

La raíz de los males saltaba a la vista según La Veu: «No hay símbolo como el Don Quijote para la raza que ha llevado a España a la actual ruina». La imagen del caballero manchego aparecía como la negación misma del espíritu catalán, práctico y sensato, y no se le ahorraban desprecios, así como al idioma de los hidalgos. «Hora es de que España aproveche la experiencia. Pero no tengáis miedo, no la aprovechará. Es la eterna patria de Don Quijote, como tal ha obrado y obrará siempre». Identificar con el hidalgo manchego a los políticos madrileños, por lo común sanchopancescos, tenía cierta comicidad involuntaria. Pero tampoco importaba mucho[14].

Además, «para la gente de Madrid nuestra industria es una mina inagotable». De ahí que criticase iniciativas como la del jurista catalanista Durán y Bas, deseoso de una regeneración global de España: los catalanes sólo debían ocuparse de sí mismos. Y el estado menesteroso en que parecía haber quedado Madrid ofrecía las mejores oportunidades para dar una lección a sus antaño arrogantes y siempre ineptos y necios políticos: «La situación del Estado español es desesperada», analizaba ya el 31 de julio, y no tanto por la derrota como por la quiebra de la Hacienda. Ahora, «De Cataluña son la industria y el comercio (…) y su poder es tan importante que pueden y deben hacerse respetar por los políticos españoles». Por todo lo cual creía oportuno aconsejar: «Conviene que nuestros fabricantes no olviden el carácter de los castellanos (…) Ellos son fuertes ante el débil, orgullosos ante el humilde, siempre soñadores, siempre idealistas». Con ellos «son inútiles todas las razones nacidas de una convicción hija del cálculo y de la práctica[15]».

Se imponía, por tanto, un trato duro e intransigente al Madrid ya humillado por la potencia yanqui. Criticando claudicaciones de los republicanos ante el sistema de la Restauración, advertía: «Quienes hacen cambiar de camino a las naciones, quienes las elevan (…) no son quienes, con carácter afeminado, sólo saben luchar contra el enemigo haciendo inexplicables equilibrios, sino los caracteres sinceros que no se doblegan».

Yendo más allá, en un artículo comparaba el año 1714, triunfo de Felipe V, que habría arrebatado la «libertad» al principado, con el año 1898, en que las tornas habían cambiado drásticamente: «Es hora de que Cataluña, encarándose a los que gobiernan, les diga: “Vuestra dominación me ha sido fatal; sólo puedo esperar la muerte de vosotros, y yo deseo vivir”». «España está definitivamente perdida. Su tan pregonada regeneración es un imposible[16]».

Al tiempo que cargaba sobre «Madrid» todos los males y culpas de la guerra, La Veu exoneraba o presentaba como víctimas de ella a los catalanes: «Cada vez que, aprovechando la paz, el espíritu activo de Cataluña ha cobrado impulso, una guerra ha venido a detenerlo»; «¿De qué vale que los productores catalanes creen una industria poderosa, orgullo de nuestra raza, que los payeses saquen pan de las piedras a fuerza de trabajo y energía, que los establecimientos de crédito sean ejemplo de buen sentido y administración, si una política interior y exterior, que se avergüenza del cálculo y la previsión, que no quiere pensar en el mañana y que hace gala y vanagloria de no sopesar las consecuencias de sus actos o la dificultad de sus empresas, pone a cada momento en peligro de muerte estas creaciones del genio catalán?»[17].

En realidad, los intereses catalanes habían estado entre los más inflexibles partidarios de la mano dura en Cuba, y habían pesado en todas las medidas al respecto, acertadas o desacertadas, incluyendo el retraso en la abolición de la esclavitud. Y los combatientes voluntarios de esa región habían manifestado el mayor entusiasmo por la Cuba española[*]. Si había habido imprevisión, no podía separarse de ella a los catalanes, precisamente. Quedaba sin respuesta, sin plantearse siquiera, la pregunta: ¿había sido posible la paz cuando los grupos de presión hegemónicos en Washington habían resuelto provocar el enfrentamiento? La agresiva postura useña, no merece examen alguno de La Veu, cuya actitud no pasaba del clásico «ya lo profetizaban los catalanistas[18]».

En algunos medios, se complacía La Veu, el nacionalismo tomaba tintes radicales: «Es un hecho tan grave como queráis, pero cierto de toda certeza, que el separatismo ha hecho aparición en nuestra tierra. Y como nosotros somos al revés que los castellanos (…) que, cerrando los ojos a la realidad, no ven lo que hay, sino lo que fantasean, reconozcamos el hecho y estudiémoslo». En apoyo a su tesis cita una reunión de empresarios, donde casi todos, bajo la impresión de que «Esta crisis no es de paréntesis, sino que es el hundimiento definitivo» mostraron acuerdo cuando alguien dijo que los catalanes «debían haber aceptado a Napoleón (que intentó anexionarse Cataluña) en vez de rechazarlo». Y La Veu aprovecha para señalar: «España es el país peor gobernado y administrado del mundo civilizado[19]».

Aunque relata con gusto la «invasión de la idea separatista», señala las causas y el posible remedio: «Qué fácil habría sido evitar estos extremos. Siempre que los castellanos y castellanistas nos han acusado de separatistas, hemos contestado: ¡Mentís! (…) En Cataluña no hay separatismo; pero lo habrá si seguís desatendiendo nuestros avisos y persiguiendo como criminales nuestras doctrinas». Hablar de una persecución como criminales era tan evidentemente exagerado como pretender que fuera del nacionalismo no había salvación[20].

En definitiva, el desastre general no dejaba de ser todo lo contrario para los nacionalistas: «La guerra (…) ha resultado para los catalanes una lección luminosa». «Ha engendrado un nuevo estado de espíritu catalán». «Es la hora de que el pueblo catalán tome grandes resoluciones[21]».

El nacionalismo ofrecía a los catalanes la oportunidad de librarse del agobiante peso de la derrota y cargarlo enteramente sobre la detestada «Castilla». Y, como suele ocurrir, no faltaron quienes recibieran con alivio la explicación y la incitación. Señala Cambó: «Diversos hechos ayudaron a la rápida difusión del catalanismo y a la aún más rápida ascensión de sus dirigentes. La pérdida de las colonias (…) provocó un inmenso desprestigio del Estado, de sus órganos representativos y de los partidos que gobernaban España»; y por otra parte: «El rápido enriquecimiento de Cataluña, fomentado por el gran número de capitales que se repatriaban de las perdidas colonias, dio a los catalanes el orgullo de las riquezas improvisadas, cosa que les hizo propicios a la acción de nuestras propagandas, dirigidas a deprimir el Estado español» (…). Como en todos los grandes movimientos colectivos, el rápido progreso del catalanismo fue debido a una propaganda a base de algunas exageraciones y de algunas injusticias, porque los cambios en los sentimientos colectivos nunca se producen a base de juicios serenos y palabras justas y mesuradas[22].

En esa vía, el 27 de noviembre publicaba La Veu una proclama que reproducía otras más antiguas, partiendo de las Bases de Manresa, con lenguaje rayano en la insolencia, y advirtiendo que ya no tolerarían los enredos y falsificaciones típicos de Madrid: «Queremos la lengua catalana con carácter oficial y que sean catalanes todos los que en Cataluña desempeñen cargos públicos; queremos Cortes catalanas, no sólo para estatuir nuestro derecho y leyes civiles, sino cuanto se refiera a la organización interna de nuestra tierra; queremos que sean catalanes los jueces y magistrados y que se fallen en Cataluña en última instancia los pleitos y causas; queremos ser árbitros de nuestra administración, fijando con entera libertad contribuciones e impuestos, y queremos, en fin la facultad de contribuir a la formación del Ejército español por medio de voluntarios o dinero, suprimiendo en absoluto las quintas y levas en masa, y estableciendo que la reserva regional forzosa preste servicio sólo en Cataluña[23]».

Algunas de estas exigencias resultaban extrañas. El concepto del ejército tenía más de medieval que de moderno, y suponía dotar a la autonomía de un verdadero poder militar, inaceptable para el estado. Por otra parte, los autores de la proclama no se oponían seguramente a que en otras regiones desempeñaran cargos públicos los catalanes. Además, ¿debían excluirse de dichos cargos a los venidos de otras regiones que no compartieran las tesis nacionalistas? ¿Y a los propios naturales de Cataluña opuestos a esas demandas? Evidentemente, por «catalanes» debía entenderse «nacionalistas» o afines, como así ocurriría en lo sucesivo, y de modo muy emocional[*].

De todas formas, advertía La Veu, no todo estaba hecho, ni mucho menos, pues la nueva mentalidad podía ser un movimiento superficial. Notaba en la gente una gran dosis de liviandad: «La dominación castellana nos ha acostumbrado a la ligereza. Nos ha vuelto ligeros de lengua, de conducta (…). Con tal espíritu, ¿cómo queremos que la gente se fije en las cosas serias, que las reflexione y saque consecuencias que trasciendan a la conducta?». Por desgracia «el castellanismo, o sea el españolismo castellano, es más dueño de nuestro pueblo de lo que muchos creen[24]».

Avances superficiales, pues, pero trascendentales en comparación con el semiestancamiento anterior. Además ocurría también en Vizcaya, donde Sabino Arana lograba en septiembre su primera victoria electoral, de la cual se congratulaba La Veu: «La importancia que ya tiene el nacionalismo vizcaíno, nos ha causado gran satisfacción, por ver que no sólo en Cataluña (…) se trabaja por la reconquista de las libertades arrebatadas por el predominio castellano[25]».

No disponemos de textos como los anteriores procedentes del nacionalismo vasco, porque Arana suspendió en agosto de 1897 su periódico Baserritarra, y no reanudó su acción periodística hasta casi dos años después, en junio de 1899, con un nuevo diario, El correo vasco. Pero no hay duda de que se puso enseguida en contra de España en aquella guerra, por lo cual su casa fue apedreada durante una manifestación patriótica, aunque sin mayores consecuencias. Por esas y otras cosas podía presentarse a sí mismo, poco después, como «Aquel que por la publicación del periódico Bizkaitarra fue llamado loco por tantos y que tantas veces fue procesado y luego recluido en la cárcel y antes y más tarde perseguido furiosamente a todas horas como un perro hidrófobo». La tendencia a la exageración es manifiesta, una vez más: el 28 de julio del año anterior, todavía en plena guerra con Usa y con la costa española amenazada, había recibido la buena noticia del sobreseimiento de una causa por conspiración a la rebelión[27].

Su tono siguió lleno de denuestos contra la «invasión maketa», de improperios contra los vascos maketófilos y de exhortaciones: «Agrupémonos todos bajo la misma bandera, fundemos sociedades puramente vascongadas, escribamos periódicos vascongados, creemos teatros vascongados y escuelas vascongadas, y hasta instituciones benéficas vascongadas. Que todo cuanto vean nuestros ojos, oigan nuestros oídos, hable nuestra boca, escriban nuestras manos, piensen nuestras inteligencias y sientan nuestros corazones, sea vascongado[28]».

Hay pocas huellas del «Desastre» en esos artículos. Ocasionales loas a Usa por su «corazón de don Quijote y cabeza de Sancho Panza», al revés que los españoles. O cogitaciones como ésta: «No sabemos qué tienen en la sangre ciertas razas que todo cuanto está en contacto con ellas degenera y se prostituye. Ejemplo de ello nos lo da en abundancia la historia del pueblo romano y la historia de las naciones que llevan en su sangre la sangre latina. Mientras en Estados Unidos de América alcanzan las ciencias un grado tal de adelanto que causa asombro, la América Latina cierra las puertas al progreso y las abre de par en par a todos los vicios[*][29]».

El PNV también avanzó notablemente tras la derrota española. El 11 de septiembre salía elegido Arana, como hemos dicho, diputado provincial por Vizcaya, definiéndose a sí mismo como «el que ahora representa tan dignamente la voluntad de los bizkaínos», y proponiendo a sus lectores este encadenamiento de rara lógica: le habían elegido por patriota, «luego, ¿candidato nacionalista no es lo mismo que candidato patriota? Luego, ¿donde hay nacionalistas hay patriotas? Luego, ¿sólo en los candidatos nacionalistas puede confiar el pueblo? Meditémoslo, que bien se merece[30]».

Lo más significativo fue que a su elección, primer éxito real del nacionalismo, había contribuido poderosamente Ramón de la Sota, uno de aquellos euskalerríacos que cinco años antes le habían escuchado en el caserío de Larrazábal y le habían tomado por un perturbado. Sota, de origen santanderino, muy imitador de las modas y estilo ingleses, era un poderoso naviero, uno de los hombres más ricos de España, y su evolución hacia la causa nacionalista a raíz de la guerra colonial indicaba el desprestigio del estado, y el auge de las nuevas corrientes. El naviero aportaba al nacionalismo vastos recursos y prestigio social, aunque a cambio suavizaría el secesionismo sabiniano.

Desde ese momento los éxitos se sucedieron. En abril del 89 nacía el Centro Vasco en Bilbao, donde confluían peneuvistas y euskalerríacos, y en las elecciones municipales del 14 de mayo, los nacionalistas lograban cinco concejales, de treinta y cinco. Éxito modesto, pero alentador. El movimiento superaba el nivel de las tertulias, organizaba altercados menores, y su propaganda pesaba en el ambiente social. En junio aparecía su nuevo órgano, El correo vasco.

Estos avances, aunque débiles, alarmaron a un gobierno en plena resaca del «Desastre», y fueron suspendidas las garantías constitucionales en Vizcaya, y cerrado el periódico y el Centro Vasco. Sin embargo el impulso estaba dado, y el nacionalismo seguiría creciendo en los años siguientes, si bien dentro de unas dimensiones modestas, para permanente disgusto de Arana: «Muchos son los que se dicen amantes de Euskeria; y pocos, sin embargo, los que obran en consecuencia con esas afirmaciones[31]».

El PNV procuró también crearse una personalidad internacional enviando telegramas de felicitación a autoridades británicas o useñas, o un mensaje de bienvenida a una fragata argentina llegada a Bilbao. El equivalente en Cataluña fue la recepción, en julio del 89, a la escuadra francesa: grupos nacionalistas provocaron tumultos con gritos como «¡Cataluña libre!», e incluso «¡Cataluña francesa!», reveladores del deseo de desmarcarse del triste destino español, más bien que sincero aprecio por el vecino país, de centralismo mucho más estricto que el de Madrid, como nadie ignoraba.

No sólo a los nacionalistas aprovechaba la situación. La derrota había dado alas también a las propagandas socialistas, opuestas desde el principio a la guerra, y a las anarquistas, mientras que los republicanos creían llegado su momento: ¿cómo iba a mantenerse el régimen de la Restauración después de semejante golpe? Todos esperaban una reacción popular del estilo de la Commune de París tras el desastre francés ante Prusia, sólo 28 años antes.

Y en el propio régimen sonaban crujidos. Muchos militares se sentían chivos expiatorios de los manejos políticos, de las imprevisiones y falta de presupuestos para modernizar el ejército. Algunos sospechaban incluso connivencias masónicas internacionales en el modo como había terminado todo. Otros políticos fustigaban la incompetencia de los militares, fomentando un clima popular de desdén hacia éstos. Asimismo los intelectuales empezaron a exhibir repulsión por el sistema liberal, y a destacar sus aspectos más negativos, con hipercrítica furiosa o despectiva.

Todo el mundo percibió «el 98» como una fecha que marcaba un antes y un después en la historia de España. La Veu diagnosticaba el 4 de noviembre de ese año: «Algo ha muerto en España. De un extremo a otro se siente un vaho de muerte». Por su parte, Arana concluía, ya en julio del año siguiente: «¿Qué va a ser de España? Sólo un milagro puede salvarla». Milagro poco de esperar, y menos de desear. La propaganda nacionalista trataba de convencer a los vascos y catalanes de que debían desvincularse psicológica y políticamente de la derrota, y de un cuerpo nacional inerte. Cataluña y «Euzkadi» vivían, el resto agonizaba. Esta imagen tuvo amplia difusión.

Las consignas nacionalistas incidían en un ambiente muy extendido dentro y fuera del país. El primer ministro inglés Salisbury hablaría, en relación con esta guerra, de «naciones vivas y naciones moribundas», en transparente alusión a una España condenada, creía él, a servir de presa a las potencias pujantes, de las que Usa valdría como buen ejemplo. Los nacionalistas catalanes mostraron un entusiasta acuerdo con el diagnóstico, que, con todo, se revelaría algo prematuro o voluntarista.

En Madrid, el tono de hondo pesimismo lo daba el famoso artículo «Sin pulso», del líder conservador Francisco Silvela, publicado el 16 de agosto, y que alcanzó una enorme repercusión. A su entender, en el país «dondequiera que se ponga el tacto, no se encuentra el pulso», y la situación le parecía «próxima a la descomposición y a la muerte». El intelectual Ricardo Macías Picabea, un vasco degenerado en el criterio de Arana (padre leonés y madre guipuzcoana) escribió por esos meses El problema nacional, con frases parecidas: «¿No estamos en frente de la muerte que amenaza? ¿No se trata de salvar al enfermo moribundo?». Al acabar el año el periodista y político liberal Julio Burell creía constatar en El heraldo de Madrid[32] la «Extinción de toda energía y de todo aliento»: «Lo peor de este balance es (…) la fe destruida; el espíritu nacional sin bríos para recobrarse (…). Los particularismos, los egoísmos, los escepticismos de toda especie desperezándose al sol». También había anunciado Silvela: «El riesgo es el total quebranto de los vínculos nacionales y la condenación, por nosotros mismos, de nuestro destino como pueblo europeo».

De modo extraño, tras unos conatos de revuelta en Madrid, prevaleció en el pueblo un clima pasivo de decepción y abatimiento, incluso de aparente indiferencia, muchas veces descrito. Silvela observaba: «Todos esperaban o temían algún estremecimiento de la conciencia popular; sólo se advierte una nube general de silenciosa tristeza». «No se oye nada: no se percibe agitación en los espíritus ni movimiento en las gentes». La Veu se sorprendía el 4 de noviembre de que la noticia del desastre «se ha extendido a toda España sin producir ninguna explosión de sentimiento ni señal de la más pequeña conmoción (…). La gente ve la noticia de la consumación (…) del aniquilamiento de España, y no siente nada, no se mueve nada». Algunos historiadores, como José María Jover Zamora o Melchor Fernández Almagro, han visto la expresión de ese desánimo en la popularidad alcanzada por el poema Cansera, de Vicente Medina, escrito en lenguaje coloquial murciano, y que termina así:

Por esa sendica se marchó aquel hijo

Que murió en la guerra…

Por esa sendica se fue la alegría…

¡Por esa sendica vinieron las penas!

No te canses, que no me remuevo,

Anda tú, si quieres y éjame que duerma

¡A ver si es pa siempre! ¡Si no me espertara…!

¡Tengo una cansera[33]!.

Un hecho simbólico podía verse en la muerte de Ángel Ganivet, que en noviembre se suicidaba en Riga, con sólo 32 años, y a quien se ha considerado precursor de la «generación del 98», grupo de escritores e intelectuales bastante dispares, como Unamuno, Valle-Inclán, Baroja, Azorín y otros, que por entonces se daban a conocer.

Ganivet, andaluz de lejano origen catalán, persona hipersensible, de elevadas aspiraciones espirituales y reformadoras, políglota, viajero de amplia formación, se sentía muy a disgusto con las corrientes sociales y culturales del momento, fueran socialistas, democráticas, liberales, feministas[*], etc. Ansiaba un renacimiento español basado en su propia tradición cultural y religiosa —algo no muy lejano de los «renacimientos» regionales en Cataluña, Galicia o Vasconia—, aunque su pensamiento, poco sistemático, no llegó a darle forma viable, ni siquiera clara. La causa de su suicidio fueron desengaños amorosos y problemas familiares, pero, angustiado por el destino de España, el «Desastre» debió de deprimirle y contribuir a su fatal determinación.

Con estas cosas, la sociedad española podía dar, en efecto, impresión de estar al borde del colapso. Sobre todo la reacción popular, externamente apática, ha provocado el asombro de muchos observadores. Pero quizá sea bastante explicable. Antes y durante la guerra, entre los clamores de lucha generalizados apenas se oía a quienes estaban en contra, los cuales, por lo demás, tampoco ofrecían alternativas, y eso restaba crédito a los muchos que, a deshora, gritaban «¡Ya lo decía yo!». Además, no existían fuerzas políticas capaces de empujar y canalizar una rebeldía masiva. Los republicanos estaban desacreditados tras la demencial experiencia de la I República, y los socialistas, anarquistas o nacionalistas no habían echado raíces firmes. Eran grupos débiles, mal organizados y poco influyentes. De haber llegado al 98 como partidos sólidos, la derrota habría podido tener efectos revolucionarios imprevisibles. No los tuvo inmediatos, pero precisamente a partir de entonces aquellas corrientes políticas empezaran a convertirse en fuerzas auténticas, cuya presencia determinaría la historia española en los cuarenta años siguientes.

Capítulo 4

LOS RETOS DEL SIGLO XX

A despecho de los siniestros augurios del 98, España iba a superar bastante bien la prueba, al menos a medio plazo. Comprender las razones exige considerar la situación en su conjunto y el carácter del régimen de la Restauración y sus desafíos. La España que entraba en el siglo XX a través del «Desastre» podía considerarse una potencia menor en Europa. El continente se dividía en un sector rico e industrializado, compuesto por los países del centro-norte-oeste, rodeado por una periferia mucho más pobre y agraria, extendida desde Irlanda a Finlandia por los países mediterráneos —salvo Francia— y del este europeo. España pertenecía a esta última zona, aunque dentro de ella ostentaba una posición pasable, sólo inferior a Italia y alguna otra nación.

Pero saltaba a la vista el atraso, en casi todos los órdenes, con respecto a la vecina Francia, el país más influyente cultural y económicamente en España desde comienzos del siglo XVIII, y tomado como referente por buena parte de las clases políticas e intelectuales hispanas. Si en Francia el analfabetismo afectaba en 1900 a un 18% de la población, en España llegaba al 56%, y en zonas especialmente pobres, como Andalucía oriental, Galicia o las islas Canarias, podía superar el 80%. La calidad de la enseñanza universitaria era baja, especialmente en ciencia y técnica, y reducida la élite de personas competentes en casi cualquier conocimiento avanzado. La renta por habitante ascendía a un 54% de la media de Francia y Gran Bretaña (frente a un 58% Italia y 75% Alemania), hallándose peor distribuida y con diferencias regionales más acusadas.

España disfrutaba de zonas agrícolas muy productivas, sobre todo en Valencia y valle del Guadalquivir, pero padecía de terrenos pobres y lluvias débiles en la mayor parte de su extensión, y, en el húmedo norte el minifundio y el suelo abrupto perjudicaban la agricultura. Dominaba el latifundio en Extremadura, Andalucía y Castilla la Nueva, donde los braceros y aparceros vivían míseramente, miseria compartida con Galicia por la causa opuesta, el minifundio extremo. El hambre causaba directamente unos 300 muertos al año, y muchos más indirectamente, por enfermedades. El índice de mortalidad infantil contaba entre los más altos de Europa. La industria se localizaba de modo muy principal en las provincias de Barcelona y Vizcaya, y los servicios predominaban en centros de comunicaciones y de burocracia nacional o regional, como Madrid, Zaragoza, Sevilla o Valencia.

La política económica tendía a proteger esos núcleos industriales mediante fuertes aranceles a las importaciones. Los nacionalistas vascos y catalanes acusaban sin tregua a Madrid, pero indudablemente la preeminencia económica de sus regiones debía mucho a la política madrileña, muy influida por los empresariados vizcaíno y barcelonés, como ya hemos señalado e indirectamente reconocía Prat. Por otra parte, no menos atendibles que esas acusaciones podían ser las quejas de las regiones agrarias, obligadas a comprar productos más caros que los extranjeros, y de calidad con frecuencia inferior. Se sale de este estudio el debate entre el proteccionismo y el libre comercio, pero es evidente que, si bien casi todas las potencias acunaron sus industrias con régimen proteccionista, esa política perennizaba en España una división del trabajo entre las zonas industriales y las agrícolas, perjudicial para las últimas. Además, el sistema tendía a retener en los lugares pioneros de la industrialización el factor invisible, pero decisivo, de la pericia (know how) financiera y técnica, tan difícil de improvisar. Todo ello comprimía el mercado, lentizando su expansión.

Un panorama poco brillante, desde luego. Pero no se trataba de una sociedad estancada o letárgica, ni mucho menos. Aunque seguía predominando la agricultura, con el 66% de la población activa ocupada en el sector primario, la vida urbana experimentaba una rápida expansión, y un 32% de la población vivía ya en ciudades de más de 10 000 habitantes. Las principales de éstas crecían con rapidez: Madrid y Barcelona pasaban del medio millón de almas, Valencia superaba las 200 000, y Bilbao se acercaba a las 100 000. La producción industrial aumentaba sin descanso, aunque a un ritmo inferior al de otros países europeos. La conciencia de las limitaciones y atrasos nacionales y la presión del ejemplo francés generaban medidas e iniciativas de superación, en medio de un notable florecimiento cultural después de un siglo XIX no muy interesante en esos campos. Se percibía un creciente interés político por mejorar la enseñanza superior y brotaban grupos autónomos como la Institución Libre de Enseñanza y otros eclesiales. Afrontar retos como una progresiva democratización, la superación del analfabetismo y de la mediocridad universitaria, la reducción de las diferencias regionales, la divulgación de la higiene y de la atención médica, etc., no rebasaba la capacidad del régimen, y no faltarían planes inteligentes al efecto[*].

De todos los retos, el de la democratización resultaba el más complicado. No debiera ser así, porque un sistema como aquél, basado en las libertades y las elecciones, debía abocar a la democracia, pero iba a encontrar en su camino obstáculos muy fuertes. La Restauración, así llamada porque restauraba la monarquía borbónica, entronizando a Alfonso XII, nació en 1875, y venía a «continuar la historia de España», en palabras de su fundador, Cánovas, tras la desastrosa I República de 1873, culminación a su vez de una prolongada inestabilidad. El nuevo régimen se articuló como un trato entre las dos tendencias liberales, la «exaltada», luego «progresista» y la conservadora, cuyas reyertas habían caracterizado los cuarenta años anteriores. Ambas, una con el nombre de Partido Liberal y la otra de Partido Conservador (partidos dinásticos o monárquicos, como serían conocidos), dieron firmeza al régimen tras el llamado Pacto de El Pardo (que no tuvo lugar como tal) en 1885, que permitiría el turno en el poder, abandonando definitivamente los «pronunciamientos» de antaño. En un país agrario, con mucho analfabetismo y convaleciente de cuarenta años de sacudidas y guerras, estos pasos constituyeron un progreso crucial.

El sistema permitía muy amplias libertades de expresión, asociación, etc., al calor de las cuales surgieron nuevos partidos y tendencias. Cuando, en 1890, se estableció el sufragio universal, el régimen llegó teóricamente a la democracia. Le separaban de ella, no obstante, la soberanía compartida entre las Cortes y el monarca, y la frecuente y casi institucionalizada falsificación electoral. Las votaciones funcionaban a través del llamado caciquismo, redes de clientelas locales extendidas por todo el país. Por ello el sistema ha sido muy criticado, con frecuente olvido de tres hechos esenciales: que difícilmente podía ocurrir de otro modo con una población poco instruida y menos interesada en la política, situación imposible de cambiar de la noche a la mañana; que, aun con su dosis de corrupción, los comicios permitían encauzar las tensiones políticas al margen del golpismo; y que prácticamente no existió democracia en ningún país europeo durante todo el siglo XIX. El sufragio universal masculino de 1890 en España fue un suceso muy poco común en el continente.

Asombra, en estas circunstancias, la extraordinaria frecuencia de las elecciones generales, municipales y provinciales. La Restauración era una feria electoral casi permanente, y habría cansado incluso en una ciudadanía más atenta a los asuntos públicos, aparte de obstruir cualquier labor gubernamental de alcance. En todo caso, el caciquismo no impedía el progresivo asentamiento de otros partidos, ni la corrupción de los comicios llegaba al grado de cortar el paso a las Cortes a los nuevos partidos. En 1903, por ejemplo, los republicanos obtuvieron mayorías lucidas en las principales ciudades, y los nacionalistas catalanes y vascos, o los socialistas, también registrarían avances notables. La evolución social tendía, pues, a una creciente democratización, y ésta, a partir de las libertades públicas, sólo parecía cuestión de tiempo[*].

Sin embargo, aquellas fuerzas nuevas que tomaban cuerpo en el 98 salieron al ruedo político resueltas, casi sin excepción, a destruir el régimen liberal. Así los nacionalismos catalán y vasco, también el socialismo, el anarquismo y, naturalmente, el republicanismo. Estos movimientos divergían entre sí hasta el enfrentamiento radical, debido a sus proyectos irreductibles, pero su común hostilidad a la Restauración les permitía hacer frente unido contra ésta. Todas ellas concedían escasa relevancia a las libertades, y veían en el liberalismo una poco apreciada reliquia del pasado. En el siglo que amanecía, las grandes batallas políticas se librarían en torno a nuevas cuestiones, como la emancipación de la clase obrera, la liberación de los pueblos oprimidos, la abolición del poder en general, o la igualdad económica, sin la cual, se decía, la igualdad política se reducía a una ficción.

Se ha solido pasar por alto el hecho de que tales planteamientos tornaban imposible la convivencia democrática, y no extrañará que ante las propuestas prenacionalistas de las «Bases de Manresa», de orientación similar a lo que sería conocido como democracia «orgánica», o ante las aspiraciones teocráticas de Arana, hubiera concluido Cánovas: «La centralización representa en España ni más ni menos que la libertad, ni más ni menos que la civilización[1]». Todas esas fuerzas disfrutaban de libertad para organizarse, hacer propaganda y presentarse a elecciones, pero la presión utópica de sus doctrinas les otorgaba una enorme capacidad perturbadora, que iba a hacer de la marcha hacia la democracia un constante vaivén entre crisis y alarmas, hasta terminar frustrándose.

El mismo empeño antiliberal de los nacionalistas en ser identificados, no con determinadas concepciones de Cataluña o Vasconia, sino con Cataluña y Vasconia mismas, lo tenían los socialistas y anarquistas en ser identificados con «la clase obrera» o «el pueblo». El PSOE, orientado por el marxismo, también compartía con los nacionalismos una visión muy negativa del pasado español, acentuada por su «internacionalismo proletario». A ella añadía la concepción de la lucha de clases, según la cual la democracia y las libertades son meros disfraces de la dominación y explotación de las masas proletarias por la burguesía. Con esa idea, la democracia sólo podía ser apoyada en sentido instrumental, utilizando las libertades contra el mismo sistema que las estatuía, hasta provocar su derrumbe. Tal ambivalencia permitía a los socialistas despreciar, por un lado, la democracia, y por otro condenar y socavar la Restauración por no ser bastante democrática para su gusto. Sin prestar atención a esta decisiva concepción marxista se vuelve muy difícil explicar la actuación del PSOE hasta su derrota en la guerra civil, 40 años después del «Desastre».

Si el socialismo era antidemocrático y antiliberal, lo mismo, pero más acentuado, ocurría con los anarquistas, para quienes toda forma de poder constituía una violación de la libertad individual, y debía ser aniquilada en pro de un porvenir «sin Dios ni amo». No les desanimaba el hecho de que sus propias organizaciones distaban mucho de prefigurar la sociedad supuestamente feliz de la acracia, pues en ellas las pugnas internas por el poder —no reconocido como tal, naturalmente— llegaban a ser furibundas y sin respeto a reglas. Para los ácratas la historia humana, no solamente la española, se resumía en una espeluznante sucesión de regímenes opresivos y criminales, a la que debería poner fin la anarquía, propuesta sobre firmes cimientos éticos y científicos, a juicio de sus creyentes. El movimiento anarquista llegaría pronto a hacerse de masas en Cataluña y Andalucía, extendiéndose por las demás regiones. Recurrió desde muy pronto al terrorismo, e iba a ocasionar algunas de las peores crisis de la Restauración.

Por lo que hace a los republicanos, su visión de España difería muy poco de la de los nacionalistas vascos y catalanes, separándose de éstos en que, pese a todo, defendían la unidad española, con federalismo o no, según los grupos. Suponían que un estado republicano corregiría drásticamente los entuertos pretéritos, acabando con el poder de los culpables del atraso hispano, en especial la Iglesia y la monarquía. Los republicanos, con fuerte impronta masónica y ondeando siempre elevados principios humanitarios, tenían, según sus críticos, una sola idea común clara: un radical anticlericalismo. En lo demás chocaban entre sí. Algunos se aproximaban a las ideas ácratas y otros las execraban, los había pacifistas a ultranza y preconizadores de la violencia más despiadada. Las aversiones entre los jefes de los grupos llegaban hasta la incitación al asesinato, recordará quien había de emerger pronto como el principal dirigente y revitalizador del movimiento republicano, Alejandro Lerroux[2].

Como antes indiqué, el problema de la evolución del régimen ha sido planteado justamente al revés por buena parte de la historiografía: habría consistido en la cerrazón de los partidos dinásticos a las exigencias modernizadoras de los partidos «democráticos de masas». Tal concepción cae de lleno en el campo del mito. Casi ninguno de aquellos partidos era democrático, y su carácter de masas tenía mucho de deseo y poco de realidad. Sólo movilizaban a minorías, como demostraría en su momento su total inoperancia ante la dictadura de Primo de Rivera. Y no los hacían peligrosos sus masas, sino su propensión a la violencia y a la desestabilización.

Tan escasa o nula afinidad con las libertades no impedía a esos partidos invocar sin descanso la «democracia», la «libertad» o la «liberación», dándoles sentidos peculiares, y motivando el recelo e inquietud de los conservadores. Muchos de éstos, en particular la corriente aglutinada por Antonio Maura después del 98, entendían la necesidad de reformas políticas, pero con partidos tan extremistas y en una sociedad en parte muy atrasada, ¿no abrirían esas reformas el cauce a la anarquía y a la vieja epilepsia política, incluso agravada?

La reivindicación nacionalista también amenazaba al régimen. Los seguidores de Arana aspiraban lisa y llanamente a apartar a las Vascongadas y Navarra del resto del país, en función de una exaltada especificidad racial, cultural y religiosa en peligro de contaminación por el contacto de Maketania. Los partidarios de Prat rechazaban un centralismo liberal cuya realidad y efectos exageraban, y le oponían una proyectada confederación, sumamente laxa, de «naciones», cada una con sus leyes, idioma oficial, sistema fiscal y hasta milicias propias. Pintaban de color de rosa esa perspectiva, con promesas de una España más viable y más «grande», y el chantaje implícito de que, en otro caso, propugnarían la secesión de Cataluña. En el fondo de ese ideal latía una contemplación romántica de la Edad Media, y resultaba difícilmente viable, pues su «España grande» podría romperse casi con cualquier pretexto. Si, por ejemplo, los nacionalistas catalanes consideraban su influencia en el conjunto del país inferior a la que ellos estimaran adecuada, ¿qué pasaría? No obstante, esta visión de España, expresada por lo común vagamente, iba a extenderse a buena parte de la izquierda e incluso a sectores conservadores, oponiéndola a la idea liberal de una España unificada y más o menos centralizada.

Los teóricos nacionalistas suelen resaltar el auge de estos movimientos como la prueba de que el nacionalismo español había fracasado en sus medidas centralizadoras en el siglo XIX. En parte —sólo en parte— es cierto, pero aún es más cierto que esos nacionalismos periféricos fracasarían, a lo largo del siglo XX, en sus intentos de romper la unidad española o reducirla a un formalismo ineficiente.

¿Por qué en el siglo XIX no cumplió plenamente sus objetivos el liberalismo? Como ya indiqué, creo que se debió en buena medida al persistente apego de la población a las divisiones del antiguo régimen, apego nacido del modo como penetró el liberalismo en España tras la invasión napoleónica, signada por mil atrocidades, tropelías contra la Iglesia e intentos de dividir el país. Por ello mucha gente descalificó al liberalismo por «extranjero» y «anticatólico», arraigando las nuevas ideas sólo en el ejército y en capas estrechas de la población. Para grandes masas el antiguo régimen, incluyendo sus tradicionales divisiones entre reinos, diversidad de normas, etc., se identificó con la defensa de la patria y la religión. No otra cosa significó el carlismo. La reivindicación de los viejos reinos sería recogida por los románticos y transformada en separatismo por los nacionalistas a finales del siglo.

Pese a sus carencias, la España liberal alcanzó un éxito considerable, porque su proyecto de unificación más estricta y moderna se apoyaba en el hecho real de la unidad muy anterior del país, sentida así por casi todo su pueblo. Por encima de las divisiones heredadas de la Edad Media existía una común autoidentificación como españoles. De otro modo la tentativa centralizadora habría zozobrado de inmediato, cuando, como muestra el historiador J. M. Cuenca Toribio en Ocho claves de la historia de España contemporánea, puede considerarse un éxito relativo, pero muy notable, dadas las dificultades.

La victoria liberal, siendo tan incompleta, no pudo evitar la tensión extrema y persistente entre dos ideas de España a lo largo del siglo XIX, y entre el proyecto de España unida y el de su disgregación durante el siglo XX. De esta última tensión tratará especialmente este libro.

La Restauración, pues, pudo acaso haber afrontado sin demasiado temor a sus enemigos, todavía débiles al terminar el siglo XIX, e incapaces de aprovechar el semidesplome moral posterior a la guerra con Usa. Pero la guerra tuvo otros efectos, a la larga desintegradores del sistema. Así, el ejército, cuyo protagonismo político parecía superado, volvió a tornarse peligroso para el poder civil a causa, en buena medida, del ambiente de desprecio y aversión hacia todo lo castrense, fomentado por los grupos radicales y por las recriminaciones entre políticos y militares.

Aún más grave resultó la desafección hacia el régimen por parte de un alto número de intelectuales, sobre todo los de mayor influencia en la opinión pública, fenómeno de gran alcance llamado —sin muchas aspiraciones de precisión— «regeneracionismo». El término se puso de moda, apuntando a una degeneración previa de España, cosa más profunda que la mera decadencia y de la que urgía salir con medidas drásticas.

Ya de antes venían alzándose voces como las de Mallada, Ganivet o el cardenal Cascajares, en pro de cambios orientados a impulsar la prosperidad y el orden, y a cerrar con presteza la brecha entre España y «Europa», es decir, la Europa rica. A su manera también el nacionalismo de Prat —no así el de Arana— tenía algo de regeneracionista para el conjunto de España. Pero después del 98 la exigencia de regeneración se convirtió en un clamor en medios intelectuales y políticos, hasta hacerse una de las actitudes más características de la época. Hubo un «regeneracionismo» del propio régimen, muchos de cuyos políticos propugnaron reformas para hacer frente a las exigencias de la nueva época. Pero la corriente decisiva, de carácter sobre todo intelectual, tuvo distinta orientación.

Los regeneracionistas no formaron un movimiento político, aunque hubo tentativas al respecto. Más bien crearon un estado de opinión difuso, pero reconocible, sobre España y sus problemas, con al menos cuatro puntos característicos: construcción o reconstrucción de la nación española, condena del pasado español, identificación de «Europa» como panacea o bálsamo a las heridas del país, y hostilidad extrema a la Restauración. El principal teorizador de esta corriente fue Joaquín Costa, y en ella entran muchos de los más dotados intelectuales de la época, como Ortega, Azaña o Maeztu, en parte Unamuno, etc., aunque evolucionarían en direcciones divergentes.

Cada uno de estos puntos merece atención. Hasta entonces la «nación española» o la «patria española» se había presentado como un hecho evidente; pero los regeneracionistas, o buena parte de ellos, hacían pasar el concepto de nación a primer plano, aun sin definirlo con claridad, con un nacionalismo superador del arcaico e impreciso patriotismo. En rigor, la nación apenas habría existido antes —lo cual, en el sentido dado al término desde la Revolución francesa, pero sólo en ese sentido, tenía algo de verdad—, y por tanto cumplía formarla o reformarla de pies a cabeza.

En cuanto al segundo punto, concluía un Costa conmocionado por el «Desastre», la historia española constituía una fundamental desviación del que debiera haber sido su camino, por lo que había desembocado en «una nación frustrada». En consecuencia preconizaba «fundar España otra vez, como si no hubiera existido». Aunque sus recetas, resumidas en lemas como «Escuela y despensa», no dejaban de sonar razonables —también algo simples—, se envolvían en una visión histórica dramatizada y caricaturizada hasta extremos pueriles. Ortega, Azaña y muchos más coincidían en considerar al país una nación sin formar, o deformada, o anormal. Se puso de moda especular sobre lo que debía haber sido España o cuándo había empezado la desviación o la pérdida de la «normalidad». Unos opinaban que desde la derrota de los comuneros en Villalar, en el siglo XVI, todo había ido a tuertas; otros renegaban del rumbo europeo, incluso del americano, tomado en aquel siglo por la política española, la cual, argüían, debiera haberse volcado en África, su campo de expansión «natural». No faltaba quien llevaba el origen de la desviación hasta el siglo VI, con la conversión del rey godo Recaredo al catolicismo, engendradora de la nefasta alianza entre la oligarquía y el clero. Dentro del racismo de los tiempos —harto diluido en España—, no faltaban avisos descorazonantes sobre la escasez del elemento «ario» en el país. Esas estériles especulaciones pasaban por ejercicios intelectuales de envergadura.

Las antaño consideradas gestas y glorias hispanas, como el descubrimiento de medio mundo, la conquista y colonización de América, la evangelización, la fundación de ciudades y universidades, el establecimiento de relaciones entre todos los continentes habitados, la Reforma católica, la contención de los turcos y de los protestantes, etc., recibían ahora el desprecio o la burla, o eran simplemente ignoradas por los refundadores del país. España habría sido el país de la Inquisición y de los genocidios, de la miseria, el oscurantismo y la superstición, y las supuestas glorias debieran más bien avergonzarnos. Los «buenos» habían sido, precisamente, los enemigos de España, empezando por los cultos y refinados musulmanes. La cultura del Siglo de Oro suscitaba despego, excepto algunos autores prestigiosos, en particular Cervantes, a quienes los críticos pretendían convertir en precursores suyos. Para concluir, España y sus clases dirigentes habían estado «enfermas» durante siglos, aseguraba Ortega, y nada debía esperarse de sus tradiciones. Azaña llegaría a comparar éstas, ya en 1930 y sin protesta de nadie, con la sífilis hereditaria. Por suerte, y gracias a sus aclaraciones, «los españoles estaban vomitando las ruedas de molino que durante siglos estuvieron tragando[3]».

El desdén por lo español alcanzó tales cotas que Menéndez Pelayo, quizá el investigador y ensayista más notable de su tiempo, protestó en sus conocidas frases: «Presenciamos el lento suicidio de un pueblo que, engañado por gárrulos sofistas (…) emplea en destrozarse las pocas fuerzas que le restan (…), hace espantosa liquidación de su pasado, escarnece a cada momento las sombras de sus progenitores, huye de todo contacto con su pensamiento, reniega de cuanto en la Historia hizo de grande, arroja a los cuatro vientos su riqueza artística y contempla con ojos estúpidos la destrucción de la única España que el mundo conoce, la única cuyo recuerdo tiene virtud bastante para retardar nuestra agonía (…). Un pueblo viejo no puede renunciar [a su cultura] sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil[4]». Sin embargo la voz de Menéndez Pelayo quedó aislada. Desde luego, muchos otros pensaban como él, pero callaban ante el ímpetu, la seguridad y el derroche de indignación moral con que los regeneradores envolvían sus diatribas.

A tan calamitosa «anormalidad» los regeneracionistas solían oponer una salida sintetizada por Ortega en una frase ilógica, pero muy publicitaria: «España es el problema, y Europa la solución». De la primera no podía esperarse nada, por tanto. Pero ¿en qué consistía esa «solución»? La visión al respecto era tan ingenua como atrabiliario su ataque al pasado hispano. Por sorprendente que resulte, la fe y el entusiasmo por Europa no fructificaron en un solo estudio o análisis medianamente serio de ella. Ni aun produjeron libros de viajes de alguna enjundia. «Europa» quedaba así poco más que como un sortilegio.

Por entonces predominaban en el continente regímenes liberales escasamente democratizados, y la propia Rusia seguía ese camino, pero a los europeístas hispanos no era ése el aspecto que más les subyugaba. Sólo constataban que «Europa» (es decir, Francia y en alguna medida Inglaterra y Alemania), gozaban de un orden social, una riqueza y una expansión popular de la cultura muy superiores a los de España, y en ello veían el fruto de una «normalidad» que a España faltaba desde siglos atrás, si alguna vez había gozado de ella. No estaba claro si esa ventaja europea provenía de un mayor aporte racial «ario», de una mayor humedad climática, de una menor influencia del clero y de los militares, del espíritu protestante, o de todo ello junto. Será inútil buscar en los regeneracionistas un esfuerzo intelectual superior a estas concepciones simples, y, menos aún alguna percepción crítica de los problemas y conflictos que no tardarían en despeñar en la Guerra Mundial a la Europa más desarrollada. La actitud de los regeneradores hacia los países más ricos tenía algo de fútil embobamiento provinciano.

Y respecto al cuarto punto, los regeneracionistas competían en repugnancia por la Restauración. Para Costa, el régimen se resumía en dos rasgos profundamente negativos: oligarquía y caciquismo. El país estaba dirigido por una «minoría absoluta, que atiende exclusivamente a su interés personal, sacrificándole el bien de la comunidad». Esa minoría, una «necrocracia», un poder de lo muerto, lo inútil, aplanaba como una inmensa losa las energías populares, hasta el punto de privar de voluntad y de «ciudadanos conscientes» al pueblo, de hacerlo incapaz hasta de «leer periódicos». De ahí la necesidad de un «cirujano de hierro», un dictador altruista que le sacase del marasmo. Cualquier mejora debía empezar por «declarar ilegítima la Restauración». Azaña no le iba a la zaga en dicterios: «He soñado destruir todo ese mundo». Ortega hablaba de «estos años oscuros y terribles», de la «España oficial» empeñada en asfixiar a «la España vital». Cánovas, muy respetado en toda Europa, era despachado como «el gran corruptor», «maestro de corrupción». Por contraste, el epiléptico período anterior a la Restauración solía ser mirado con simpatía, como una edad «vitalista». Muchos escritores y artistas mostraban «comprensión» o simpatía incluso por el terrorismo ácrata, visible por ejemplo en Valle-Inclán, o por el socialismo, como ocurrió con Unamuno u Ortega[5].

Desde luego, las críticas al régimen (por la corrupción electoral y municipal, la escasa atención a la enseñanza, la desprotección de los trabajadores manuales, etc.) no carecían de fundamento. El problema residía en la exageración y radicalidad de esas críticas, y, sobre todo, en las soluciones propuestas, mesiánicas o arbitrarias en su mayoría, y conducentes a un grave riesgo de guerra civil, no del todo inconsciente, pues apelaciones belicistas podían leerse en Unamuno, Araquistáin y otros.

La defección de los intelectuales —muchos de los cuales habían disfrutado de una privilegiada educación en las mejores instituciones del país, de becas para viajes de estudio, etc.— supuso una irreparable calamidad para la Restauración. Dejaba a ésta a la defensiva, privándola de quienes hubieran podido defenderla en el plano intelectual contra la marea crítica y política de los extremismos.

Fácilmente se observa que el regeneracionismo expresaba un peculiar nacionalismo español, en cierto modo el primero más o menos doctrinario. A lo largo del siglo XIX no se había desarrollado una doctrina españolista al estilo de las de Prat y de Arana, sólo esbozos poco sistemáticos que lamentaban la decadencia del país y pensaban en una centralización liberal como solución, o bien preconizaban, por el lado carlista, la vuelta a los viejos fueros o algo parecido, con la base común de un intenso sentimiento nacional o patriótico. Aunque en dicho siglo surgieron algunos mitos típicamente nacionalistas con endeble base histórica, en general el sentimiento español no tenía necesidad de invenciones, porque la huella de un pasado ciertamente muy notable estaba presente no sólo en el país, en sus monumentos y en mil otras manifestaciones, sino en medio mundo, en el gran número de países que hablaban español, en los nombres españoles extendidos por el Pacífico y por América, en la fuerza del catolicismo en América, etc. Nada de eso hacía falta inventarlo o mitificarlo. Hechos indiscutibles como la eclosión cultural del Siglo de Oro o la defensa española de Europa («la Cristiandad») frente al expansionismo otomano, y de la Europa católica frente a la expansión protestante, sustentaban un sentimiento nacional que pocos creían necesario sistematizar en doctrinas. La producción ideológica nacionalista fue por eso escasa, y orientada más bien a la defensa de las glorias patrias frente a los ataques de otros nacionalismos, en particular el francés y el inglés, que las desvalorizaban.

Pero la memoria del pasado no dejaba de ejercer un efecto depresivo. ¿Cómo había decaído tanto España? A lo largo del siglo XIX, y por influencia de interpretaciones masónicas, fue desarrollándose una visión negativa de la historia española, adoptando las viejas invectivas inglesas, francesas y holandesas, con la conclusión, implícita o explícita, de que incluso en sus momentos de aparente gloria España había seguido una dirección errada, y que sólo eliminando o debilitando decisivamente las causas del error, en particular el catolicismo y la monarquía, podía el país convertirse en una «nación» auténtica y moderna. Esta concepción, con muchos matices, subyace en el regeneracionismo.

Existen claras semejanzas entre este nacionalismo español y el vasco y el catalán, a todos los cuales cabe calificar de regeneracionistas. El primero despreciaba el pasado real de España como Arana o Prat despreciaban el pasado real de Cataluña y de «Euzkadi». Aunque, a diferencia de aranistas y pratistas, los regeneradores no sembraban el odio o el resentimiento hacia ninguna parte del país, coincidían en fomentar la aversión al común legado hispano y a la liberal Restauración, así como en una identificación acrítica y subjetiva con «Europa». También se asemejaban sus estilos, entre plañideros y amenazantes, y sus tonos exagerados y un tanto megalómanos, de parva sustancia intelectual. No deja de resultar curiosa la divergencia en las conclusiones a partir de las mismas premisas: unos aspiraban a refundar la nación española, de tan «anormal» pasado; los otros a desarticularla y hundirla de una vez por todas.

También diferían en la talla intelectual. Como hemos apuntado, pocos calificarían de notable la calidad intelectual de los prohombres nacionalistas vascos y catalanes. En el españolismo regenerador hallamos figuras muy superiores, como los mencionados Ortega, Azaña o el mismo Costa, si bien esa superioridad menguaba cuando abordaban el «problema de España». Tampoco encontramos en estos últimos la absorbente obsesión de Prat o de Arana con sus propias construcciones mentales, sino una actitud más moderada y tolerante. Esa ventaja de los regeneracionistas fallaba, sin embargo, ante el mayor carácter, energía y compromiso de Prat o de Arana. Sin darse cuenta, Costa expresaba su fragilidad cuando llamaba a «cerrar con doble llave el sepulcro del Cid», otro lema en boga por entonces. El espíritu del Cid les habría venido muy bien para llevar a cabo la inmensa tarea que en apariencia se proponían: nada menos que refundar una nación de tan honda huella en la historia humana. Comparadas con ese objetivo, las pretensiones de Prat o de Arana sonaban a modestas y llevaderas empresas provinciales. Pero muy pocos regeneracionistas hablaban en serio, a pesar de su retórica pasión, o estaban dispuestos a obrar en consecuencia con sus grandilocuencias, invectivas y frases ingeniosas. Se limitaban a juguetear imaginativamente con ellas, vanidosos jueces del pasado y del porvenir, o adoptaban poses de desengaño y pesimismo. Humanamente respondían al tipo clásico del «señorito» más bien que al de hombre inspirado o al hombre de acción.

Por esa debilidad de sus prohombres el regeneracionismo no iba a cuajar en partidos como los nacionalismos catalán o vasco, y los intentos al estilo del de Basilio Paraíso quedarían en anécdotas. Ello no disminuyó su efecto corrosivo sobre la sociedad y la política, al desprestigiar el sistema de libertades y difundir, con el aval de firmas muy prestigiosas, la impresión de que para hundir ese sistema valía todo.

Aun así, las virtualidades del sistema se manifestaron después del 98 —contra lo pronosticado por La Veu de Catalunya y tantos otros— en la rápida liquidación de las secuelas presupuestarias y en la absorción de la pérdida de los mercados caribeño y filipino, en nuevas leyes de protección al trabajo, en medidas para extender la enseñanza primaria, en medidas democratizadoras, etc. Para sorpresa y decepción de quienes daban por hundido al régimen y a la misma España, todo se mantuvo firme, con una modesta pero creciente prosperidad. Diez años después el analfabetismo había bajado del 50%, habiéndose creado el ministerio de Instrucción Pública, se habían cuadruplicado las obras hidráulicas, tan importantes en un país de sequías, había aumentado la botadura de barcos mercantes, y la escuadra destruida se había recompuesto con buques mejores y más modernos[6].

Los años siguientes al 98 pueden interpretarse como una lucha entre las nuevas fuerzas por hundir la Restauración y de ésta por subsistir frente a su acoso. En la pugna, otra grave fuente de perturbaciones fue la guerra de África. Tras haber conquistado Argelia y Túnez, Francia ansiaba imponerse totalmente en el Magreb, ocupando también Marruecos. Creció la rivalidad entre Francia y Alemania por la zona, hasta casi desencadenar la guerra europea en 1905, aunque Alemania terminaría cediendo. El designio de París era visto con recelo en Madrid y en Londres, pues dejaría a la península Ibérica rodeada, al norte y al sur por el imperio francés. Por ello terminaría imponiéndose un reparto en la Conferencia de Algeciras, en 1906, quedando para España, en calidad de protectorado, la franja norteña marroquí de 20 000 kilómetros cuadrados y 700 000 habitantes, pequeña y pobre, muy difícil de controlar por su terreno abrupto, sobre todo en la región rifeña, y por la belicosidad de sus habitantes, nunca doblegados tampoco por los sultanes. Algunos militares y políticos españoles quisieron ver el protectorado como una oportunidad para modernizar el ejército y resarcirse en algo por la derrota del 98, pero tanto la gloria como la riqueza a ganar ofrecían dudas. Madrid, poco entusiasta de la empresa, que quizá no hubiera acometido sin las presiones de Londres, actuó con vacilación, procurando evitar choques y buscando arreglos con los jefes moros. En pocos años Marruecos se convirtió en una pesadilla, muy aprovechada por la oposición española para socavar al régimen.

Como sabemos, la Restauración terminaría quebrando, aunque, pese al carácter «artificioso», «irreal», «podrido», «inane», «muerto», que le achacaban sus contrarios, resistió todavía un cuarto de siglo. Y su caída final iba a demostrar la falta de una alternativa a ella.

SEGUNDA PARTE:

LOS NACIONALISMOS EN LA RUINA DE LA RESTAURACIÓN Y EN LA DICTADURA

Capítulo 5

ENTRE DOS CRISIS

El cuarto de siglo posterior al 98 puede dividirse en tres períodos delimitados por otras tantas crisis: la Semana Trágica de Barcelona, en 1909, la intentona revolucionaria de agosto de 1917, y el desastre de Anual, en 1921, que, junto con el terrorismo, determinó el fin del régimen dos años después. Naturalmente pueden marcarse otras etapas siguiendo criterios diferentes, pero para nuestro estudio resultan adecuadas, pues marcan puntos culminantes en la ofensiva de las fuerzas antiliberales y permiten observar el papel de los nacionalismos en ella.

En estos años el nacionalismo realmente influyente, el que dejó una profunda señal en todo el país, transformó el ambiente social catalán e intentó marcar la pauta a otras tendencias, incluyendo el PNV, fue el nacionalismo de Prat. Lo hizo en parte muy esencial gracias al talento político de Cambó, más sobresaliente en medio de una extendida mediocridad. Cambó fue un gran protagonista de la Restauración desde, por lo menos, 1907. Por ello prestaré aquí la mayor atención a sus juicios y explicaciones, de los que nos ha dejado cumplida reseña en sus Memorias, unas de las más interesantes y reveladoras sobre la época.

En contraste con el nacionalismo catalán, el vasco apenas iba a influir en esa época fuera del ámbito regional, incluso del meramente vizcaíno. Entre 1898 y 1909 atravesó por dos procesos simultáneos, uno de expansión, sobre todo en Vizcaya, y otro de relativa moderación, por influjo de los «euskalerríacos» de Ramón de la Sota. La fusión entre ambas corrientes, la sabiniana y la moderada euskalerríaca, no se dio sin ásperos roces, y la pugna entre ambas concepciones iba a durar largo tiempo en el PNV[*].

La fusión parecía imposible al comienzo. Arana había trazado una separación estricta con los euskalerríacos a quienes llamaba «el partido fenicio», tachándolos de liberales dedicados a «pedir privilegios dentro de la nación española». Consideraba intolerable su visión acomodaticia de los fueros, para ellos compatibles con la mera autonomía y no con «la independencia nacional absoluta[1]». Pero el movimiento sabiniano se veía asfixiado por su sectarismo y por la insuficiencia de dinero, y como los euskalerríacos disponían de dinero en abundancia, la unión se hizo posible, reforzada por los primeros éxitos electorales tras el 98. No obstante, a la muerte de Arana y tras el rechazo de su opción españolista, los sabinianos puros parecieron ganar, hasta 1908, en la sorda pugna interna por hacerse con las riendas del partido.

Los sabinianos insistían especialmente en un racismo exacerbado y en un secesionismo completo. A tal efecto llegaban a expresarse en términos de abierta violencia, como Santiago Meabe (su hermano Tomás sería un dirigente socialista), que firmaba Geyme (Gora Euzkadi y muera España). Geyme resulta un precursor de la táctica de ETA cuando exhorta «a salir al monte y aprender antes a precisar la puntería dando en el negro como en las cabezas de los maketos», a fin de provocar una reacción que crease mártires: «El día que un vasco nacionalista caiga al grito de “¡Gora Euzkadi!” y “¡Muera España!”, tras el estampido de los fusiles disparados por gente criminal mecánicamente movida, se habrán roto las cadenas de nuestra patria». Con tonos similares escribía otro ideólogo, el capuchino Fray Evangelista de Ibero: «¿Qué debe hacer el patriota por la conservación del territorio nacional? Tomar las armas hasta perder la vida, si preciso fuera[2]».

Pero hasta los más enardecidos comprendían que para llegar ahí faltaba mucho, al abundar tan poco los separatistas. Por lo tanto el eje de la acción consistía en «instruir, instruir, instruir al vasco». Fuera de la propaganda y el proselitismo, el núcleo sabiniano tenía una idea poco clara de la política a desarrollar. Por ello, desde 1906 el sector más moderado y más político de los euskalerríacos iría imponiéndose paulatinamente. Fue muy indicativo que el manifiesto-programa del partido, en ese año, pidiese suprimir la ley de 1839 (y la centralista francesa de 1789) que restringía los fueros, e hiciera hincapié en los asuntos culturales y raciales, aparcando la independencia.

Otro factor empujaba al nacionalismo a entenderse con las autoridades: la expansión del socialismo entre las masas obreras, y la protesta sindical o revolucionaria, a menudo violenta. En los conflictos obreros graves, especialmente en 1903 y 1906, el PNV se alineó resueltamente con los industriales. En el primero, los concejales nacionalistas de Bilbao llegaron a suscribir una petición a la «autoridad competente» para que permitiera armarse a los «representantes de la propiedad». En la huelga de agosto-septiembre de 1906, desarrollada en Vizcaya por la jornada de 9 horas y contra el llamado truck system, la obligación impuesta a los obreros de gastar el salario en productos de consumo suministrados por los propios patronos, la intransigencia patronal alimentó la violencia en Vizcaya y el movimiento se propagó a la vecina Santander, declarándose el estado de guerra. Bajo la influencia de potentados como Ramón de la Sota, los nacionalistas habían transformado las condenas a la industrialización predominantes en Arana, en loas al «genio vasco» manifiesto en ella. El periódico nacionalista Aberri (Patria, o más propiamente Raza), daba el 25 de agosto una peculiar versión de la huelga: «lucha de razas, lucha de pueblos. Aquí se tira a invalidar a Bilbao, a Bizkaya, debido al odio que hacia nosotros sienten».

El penoso, pero constante, crecimiento del PNV en esos años, y su predicación de un odio incondicional, suscitaban una vaga aprensión en Madrid y en la propia Vasconia. Desde Unamuno a Gregorio Balparda, intelectuales y políticos vascos denunciaban aquellas doctrinas tachándolas de burdas, contradictorias y falseadoras de la historia, pero las críticas rebotaban en la pétrea convicción de los adeptos a Arana. Éste les había insuflado un espíritu de misión y un potente sentimiento de superioridad racial. Además el movimiento iba abarcando a sectores de un clero que otorgaba a las ideas sabinianas un prestigio difuso de fe religiosa. Los antinacionalistas explotaban también los toques cómicos o extravagantes de los transportes patrióticos nacionalistas, pero también sin resultado. Contra el dicho de que el ridículo mata, las burlas apenas hacían mella en la mentalidad compacta impresa a los suyos por su Maestro[*].

Este fenómeno, algo desconcertante, no es único ni meramente vasco. Cosa similar ocurriría con ideologías como la comunista o la nazi, inmunes tanto a criticas como a sarcasmos, y básicamente por las mismas razones. Además, el PNV no se organizó al modo de los partidos tradicionales, pragmáticos y poco absorbentes, mezcla de clubs y entramados de simpatizantes poco estrictos, que dejaban al margen de la ideología las actividades privadas. El PNV estaba diseñado como un «partido-comunidad», dispuesto a dirigir la vida de sus adherentes tanto en el terreno laboral o sindical como en el deportivo, cultural, festivo y lúdico, aparte del político, y bajo la bendición clerical. El medio organizativo eran los batzokis, centros de reunión y proyección social, los cuales el PNV extendía tenazmente en red por las localidades y barrios de Vizcaya y luego de las otras provincias.

Mucho más colorida, decíamos, fue la historia del nacionalismo catalán en ese período. Como se recordará, emergió de la guerra del 98 lleno de euforia y resuelto a imponer a Madrid los que consideraba intereses catalanes, aprovechando la supuesta quiebra de la hacienda y del estado mismo. En un primer momento el catalanista Duran i Bas entró, junto con el popular general Polavieja, en el gobierno de Silvela, llegado con ínfulas regeneracionistas y proclive a las demandas nacionalistas, en particular a una diputación única para la región —que rompería el modelo provincial—, y a un concierto económico como los concedidos a cada provincia vascongada en 1876, tras la guerra carlista y en compensación por la abolición de los viejos fueros: las autoridades catalanas decidirían y recogerían los impuestos, entregando un tanto acordado a la administración central. El método impedía la solidaridad interregional, y, lógicamente, los nacionalistas no hablaban de suprimir los aranceles que impedían a otras regiones comprar más barato y obstaculizaban en alguna medida su progreso. Para un estado moderno, extender los conciertos suponía una claudicación peligrosa, casi un retroceso al antiguo régimen.

En la turbación del 98, el gobierno estuvo a punto de ceder. Duran i Bas logró la designación de los obispos Morgades y Torras i Bages para las diócesis de Barcelona y Vic respectivamente, o del doctor Robert como alcalde de Barcelona. Triunfaba la presión sobre Madrid, tan encarecida por La Veu al terminar la guerra.

Sin embargo Silvela cambió de opinión con respecto a los conciertos, y en 1899 su gobierno aprobó los presupuestos de Fernández Villaverde, con ligero aumento de impuestos y reformas fiscales no profundas, pero eficaces, pues iban a evitar la ruina de la hacienda y acabar con el déficit público.

En respuesta el nacionalismo catalán propugnó el Tancament de caixes, o cierre de cajas, negativa a pagar impuestos por parte de los empresarios grandes y pequeños. Lo explicará así Cambó, uno de sus promotores y el líder nacionalista con más inventiva, pese a su juventud (24 años en 1900): «Esta campaña contó con la simpatía general, como la tienen siempre las campañas encaminadas a no pagar y a hacer oposición al Gobierno». Aunque espontánea en parte, «todos sabían que éramos nosotros el alma de aquella campaña». La Veu de Catalunya llevó el agua del descontento al molino nacionalista; Morgades aprovechó para decretar la predicación y catequesis en catalán, alejando aún más de la Iglesia a las masas obreras inmigradas; el alcalde barcelonés, doctor Robert, boicoteaba al gobierno, impidiendo los embargos. Y así Cataluña cayó en «un estado semirrevolucionario, de abierta rebelión contra el poder público, capitaneado por las autoridades locales». Peor si cabe, «el Cierre de Cajas (…) tuvo pronto una inmensa popularidad en toda España y, como un reguero de pólvora, fueron imitándolo otras ciudades. El Gobierno necesitaba con urgencia poner fin a aquel movimiento sedicioso. Acordó decretar la suspensión de garantías (…) Duran i Bas, dimitió de su caigo y regresó a Barcelona, donde fue triunfalmente acogido». También Robert acabó dimitiendo[4].

El pulso duró hasta la primavera de 1900. Ganó el gobierno, cuyos presupuestos iban a sustentar un firme, aunque lento, progreso económico hasta 1909, cando volvió a introducirse el déficit. Sin embargo el coste político fue alto. Los nacionalistas aprendieron a dirigir una agitación de masas, cuyo fracaso no les impidió obtener una jugosa renta propagandística. Cambó recurriría otras veces a provocar la confrontación hasta casi la deriva revolucionaria, para intentar reconducirla luego.

En medio de su euforia el nacionalismo sufrió una pequeña crisis al separarse de Unió Catalanista sus principales líderes, en especial Prat de la Riba y Cambó, para formar el Centre Nacional Català. Las relaciones se enturbiaron, y Almirall, líder histórico del catalanismo, acusaba a los nacionalistas en general de sembrar «odio y fanatismo». En 1901 se fusionaba el Centre con el Partido Regionalista, para formar la Lliga Regionalista de Catalunya, de tanto influjo posterior en Cataluña y el resto de España. Su órgano, La Veu de Catalunya, pasó a ser diario. La Unió Catalanista quedó como un reducto de nacionalismo de izquierdas, rival de la más burguesa Lliga.

En las elecciones generales de 1901, la Lliga preparó cuatro candidatos de brillante reputación local, aunque de uno de ellos, el doctor Robert, decían algunos catalanistas que «hablaba y no pensaba» y de otros que ni una cosa ni otra. Cambó insufló «cultura catalanista» al doctor, el cual daría mucho juego como diputado en Madrid hasta su temprana muerte el año siguiente.

La candidatura nacionalista triunfó en Barcelona, seguida muy de cerca por una coalición republicana, éxito trascendental aunque sólo votara un 20% del censo. Y tuvo otro efecto: la tenaza de nacionalistas y republicanos dio al caciquismo un fuerte golpe. Cambó comprendió la utilidad de las elecciones y las libertades.

Por entonces llegó a Barcelona el republicano revolucionario Alejandro Lerroux, que iba a amargar las expectativas de la Lliga. Según ésta, el propio gobierno le enviaba para socavar al nacionalismo, pero la acusación no tiene mucho peso. Aunque antes había cobrado del fondo de reptiles del ministerio de Gobernación, Lerroux perjudicó a los partidos dinásticos aún más que a la Lliga, y no menos a los ácratas y al PSOE, cuya implantación en Cataluña dificultó. Además, nadie podía prever su éxito, pues llegaba sin medios y hasta tachado de traidor por los suyos, por presentarse a elecciones, consideradas «la tumba de la revolución».

Lerroux, hombre de acción, arriscado y aventurero, masón y republicano violento, de tintes anarquizantes, partidario de una «revolución sangrienta, ferozmente sangrienta», difería mucho de los burgueses de la Lliga, oportunistas pero de fondo conservador. Sus prédicas podrían resumirse en ésta: «Trabajador asalariado, de cuyo trabajo viven el Estado, el rico, el cura, el soldado y el juez en la holganza, robándote las dos terceras partes del trabajo que es tuyo en su totalidad, vamos a concluir con todo esto (…). No nos basta la igualdad moral que predicó Cristo, ni la política que predicó la revolución francesa: queremos también la igualdad económica (…) hasta conseguir que los hombres no necesiten leyes ni gobierno, ni Dios ni amo[5]». Mezclaba un anticlericalismo feroz con un nacionalismo español al estilo regeneracionista, es decir, condena del pasado y de la Restauración, y europeísmo.

Periodista de pluma insolente y escandalosa, Lerroux había dirigido el periódico El país, de Madrid, donde hicieron sus primeras armas varios escritores de la generación del 98. En ese año se había prestigiado en medios obreristas con una campaña incendiaria sobre «los tormentos de Montjuich», que él quiso convertir en un affaire Dreyfus español, movilizando a los intelectuales. El motivo había sido la detención y procesamiento de anarquistas acusados de asesinar a varias personas en un atentado contra una procesión, dos años antes. Los ácratas, apoyados por la izquierda, habían pasado de acusados a acusadores al denunciar las torturas, reales e inventadas, sufridas por los detenidos en el castillo de Montjuich. Fue un gran ruido europeo contra la «España inquisitorial», con relatos horripilantes de atrocidades a cargo de curas y militares. El propio Lerroux promovía el terrorismo, como su amigo Ferrer Guardia, también republicano anarquizante y fundador de la «Escuela moderna» en 1901[*].

La guerra del 98 restó fulgor a las denuncias de Lerroux, pero éste la aprovechó para una furiosa campaña contra el gobierno y la monarquía, que le valió condenas más largas que su previsible vida… saldadas con ocho meses de prisión real, como solía suceder. Llegaba a Barcelona con 36 años, pletórico de energía pese a sus fracasos recientes. En las elecciones de 1901 obtuvo también su acta por Barcelona, reclamada por él violentamente contra los caciques que quisieron escamoteársela. La eficacia de su demagogia le valió la mayoría en las elecciones municipales de noviembre en la ciudad. Lerroux iba a mostrarse muy innovador en sus métodos de participación y movilización de masas: profesionalización de los jefes políticos (y corrupción, según sus críticos), red de centros políticos de barrio, masivas «meriendas republicanas», impulso de la higiene y la enseñanza públicas, actividad asistencial y recreativa. Logró unir a los republicanos, famosos por su indisciplina y dispersión. Todo ello le atrajo una vasta popularidad, y también la máxima inquina de la Lliga, segunda en aquellas elecciones y su rival en Barcelona.

A su vez, Cambó salió concejal entonces, y desplegó una actividad desbordante para expandir el sentimiento, el orgullo y la organización nacionalistas. A tal fin promovió, con auxilio de los republicanos, realizaciones urbanísticas de primer orden, como la Plaza de Cataluña, o maniobras como la siguiente: en mayo de 1902 se coronaba rey a Alfonso XIII, con cuyo motivo hubo festejos en toda España. Los barceloneses también los querían, pero ni los nacionalistas ni los republicanos pensaban votar los créditos oportunos. Entonces Cambó ideó votar, en cambio, créditos para restablecer las antiguas fiestas de la Merced, y las concibió como «fiestas de toda Cataluña» en Barcelona, cap i casal de la región, promoviendo la competencia entre los ayuntamientos para que acudiesen con sus figuras tradicionales. «Desde entonces la sardana dejó de ser una danza ampurdanesa y pasó a ser una danza catalana[6]».

Pero en febrero de ese año había ocurrido un suceso premonitorio: una huelga de ferrocarriles, de tintes revolucionarios, había obligado al gobierno a declarar el estado de guerra. El susto acentuó en la Lliga, como en otros grupos conservadores, el temor al obrerismo y a que las reformas desembocaran en caos social.

Las iniciativas nacionalistas no frenaron el empuje arrollador de sus rivales, agrupados en Unión Republicana. Ésta disponía de dos líderes pacifistas y respetados, si bien poco influyentes, Salmerón y Gumersindo de Azcárate, pero también de varios diestros agitadores de masas nada pacíficos, como Lerroux o Blasco Ibáñez. En las elecciones provinciales de 1903 los republicanos cosecharon un éxito sobresaliente en la ciudad condal, mientras una Lliga en declive sacaba un solo candidato, Prat de la Riba que, para colmo, no pudo ejercer de momento, por hallarse enfermo.

Y en las elecciones generales de abril de ese año, los republicanos doblaron holgadamente en votos a los nacionalistas. Algo mejoraron éstos, no obstante, en las municipales de noviembre, aunque sólo obtuvieron siete concejales, por dieciocho republicanos. En el resto del país esas elecciones trajeron un impetuoso avance republicano, y muchos creyeron próxima la caída del régimen y una segunda república.

Así decaía en la Lliga la euforia posterior al 98. Para mayor estrago, en abril de 1904 visitó Barcelona Alfonso XIII. El anuncio provocó acerbos rifirrafes entre los nacionalistas, que acordaron impedir o boicotear la visita. Cambó comprendió que si el boicot salía bien, serían los republicanos quienes recogieran los laureles, y si fracasaba parecería el definitivo eclipse del nacionalismo. El ambiente ciudadano había cambiado desde las alegrías semirrevolucionarias del Tancament de caixes. Contra las expectativas y deseos nacionalistas, el régimen se había consolidado, y la huelga ferroviaria y los avances lerrouxistas habían alarmado a las clases medias, que veían en la monarquía una salvaguardia. O, como ya había vislumbrado La Veu, la larga «dominación castellana» había vuelto a la gente «ligera y poco reflexiva», por lo cual el «españolismo» seguía fuerte bajo la superficie, incluso en los nacionalistas.

La acogida al rey superó todas las expectativas. El 6 de abril la ciudad aparecía engalanada de arriba abajo, y la ovación al monarca en la Rambla, admite Cambó, «fue una de las mayores que se recordarán». Los lerrouxistas prefirieron ausentarse, y en el itinerario regio, aquel día y los siguientes, «no hubo jamás ni un balcón ni una ventana con los postigos cerrados: ¡los que habían predicado la abstención, ellos o sus familias, estaban en los balcones engalanados y aplaudían!»[7].

Entonces, rompiendo la disciplina de su partido, Cambó se presentó al rey en el Ayuntamiento y le expuso unas peticiones que, a su entender, mantenían la llama reivindicativa en una situación que de otro modo habría resultado un fracaso vergonzoso. Pero muchos de sus correligionarios lo tuvieron casi por traidor. De resultas, la Lliga se escindió. Los disconformes, encabezados por Jaume Camer, privaban al partido de buen número de sus profesionales, empresarios e intelectuales más prestigiosos, e hicieron una oposición enconada a la Lliga desde un nuevo periódico, El poble català. Tomaron aire izquierdista, si bien, escribe Cambó, «sentían verdadera repulsión no sólo por la clase obrera, sino incluso hacia la pequeña burguesía[8]». Dos años más tarde, en 1906, fundaron su propio partido el Centre Nacionalista República, de vida mediocre.

En 1905 la Lliga volvió a perder las elecciones provinciales, aunque en este negro panorama le aportaron cierto consuelo unas elecciones municipales en otoño. Para celebrarlo, el partido convocó el 18 de noviembre un «banquete de la victoria». Sacó punta al suceso el semanario satírico nacionalista ¡Cu-Cut!, en un chiste: un militar comentaba el cartel del banquete: «¿Victoria? Eso será cosa de paisanos». Las pullas y desprecios al ejército menudeaban desde el 98, pero esta ocasión fue para muchos militares la gota que colma el vaso, máxime viniendo de quienes en el 98 habían laborado en la retaguardia contra el esfuerzo bélico. Grupos de oficiales asaltaron los locales de la ¡Cu-Cut! y los de La Veu de Catalunya, y destrozaron sus enseres.

Aquel coletazo del 98, en principio traumático, se transformó para los nacionalistas en lluvia copiosa después de una sequía, inaugurando una época de esplendor para ellos.

El escándalo por el asalto a ¡Cu-Cut! tomó proporciones gigantescas. Todos los partidos en Cataluña, desde los carlistas a los republicanos, así como la prensa, se solidarizaron con la Lliga, poniendo al rojo vivo a la opinión pública. En Madrid la irritación con la literatura nacionalista creó el ambiente contrario. También allí había un fuerte rechazo a la acción de los militares, pero la indignación de éstos era tal que ningún gobierno tuvo ánimos para afrontarla. El entonces jefe de gobierno, Montero Ríos, dimitió, y su sucesor Moret, que había acordado con Cambó cortar la indisciplina castrense, aceptó la «Ley de jurisdicciones», por la cual los delitos contra la patria y el ejército pasaban al ámbito militar. Esa ley suponía un grave retroceso, pues la Restauración había superado la intromisión del ejército en la política, pero en buena medida era también el fruto de una imprudente e incesante provocación a las fuerzas armadas, las cuales se sentían impotentes y desprotegidas por los políticos.

Mientras se discutía la Ley de Jurisdicciones en el Parlamento, aprobada al final, crecía en España la oposición a ella y la comprensión hacia la Lliga. El nacionalismo catalán originaba reacciones contradictorias. Enojaban su particularismo y desprecios al resto del país, pero el auge económico y social de Cataluña impresionaba favorablemente, y, de forma inconsciente, muchos identificaban al nacionalismo con ese auge, logro propagandístico de primer orden para la Lliga.

Al calor de estos sucesos tomó cuerpo en Barcelona, a lo largo de 1906, el movimiento Solidaritat catalana entre casi todos los partidos, con especial relevancia de los republicanos. Lerroux fue la excepción. Ausente durante los incidentes, volvió clamando que él habría quemado además de los periódicos dichos, el palacio del obispo y «varios conventos, escuelas de separatismo», recordando a los soldados que «antes que la disciplina están la conciencia de los hombres, la libertad y la patria[9]». No obstante, sólo pudo arrastrar a la mitad de la Unión Republicana barcelonesa, pues el resto, con Salmerón, prefirió la Solidaridad. Ahora tocaba a los lerrouxistas sufrir aislamiento y amargos retrocesos, mientras la Lliga gozaba de una verdadera apoteosis.

La situación en Madrid también favorecía a Cambó. El partido Liberal, entonces gobernante, no se había repuesto de la muerte de Sagasta, en 1903, y, «dividido entre facciones que se combatían con ferocidad, sin jefe y sin programa, daba en el Poder un triste espectáculo (…). De la impotencia y del desprestigio del Gobierno se aprovechaba el movimiento en Cataluña[10]».

Pero ese movimiento, observó también Cambó, «o se apagaría pronto como fuego de virutas, o se tendría que ir a una revuelta violenta», muy indeseable para él. Como cuando el Tancament de caixes, se trataba del difícil juego de promover la agitación para encauzarla antes de que tomara vías revolucionarias. Encontró la salida mediante una derivación electoral: «un gran bloque parlamentario catalán, con hombres de todos los partidos (…) consagrados a abrir camino de solución a las aspiraciones catalanistas[11]». Esa derivación daría a la Solidaridad dos años de auge, aprovechados por los nacionalistas para imprimir su mensaje en la mentalidad popular.

Otros hechos clave de 1906, cada uno significativo a su modo, fueron el premio Nobel de Ramón y Cajal, indicio de un renacimiento científico, aunque tímido; el sanguinario atentado anarquista en la calle Mayor de Madrid contra el rey, con alguna implicación de Lerroux y mucha de Ferrer Guardia; o la publicación de La nacionalitat catalana por Prat de la Riba. Ese año terminaba la fase definida por Prat como de oportunista y disimulada propaganda, para entrar en la primera etapa de su magno designio: la hegemonía nacionalista en Cataluña, antes de pasar a dirigir a España entera.

Pues no sólo en Cataluña cundían las ideas de la Lliga, sino que, gracias a la destreza diplomática de Cambó, también recogían simpatías en el resto de España, aun si algunos, tal Unamuno, veían en Solidaritat «la petulante vanidad de un pueblo que se cree oprimido[12]». Animado, Cambó planeó transformar el movimiento en una fuerza parlamentaria de primer orden, capaz incluso de gobernar España.

Según el líder nacionalista, «en todo este período de la Solidaridad no se produjo ni una sola nota separatista (…) y la excitación militar contra los catalanistas fue desvaneciéndose[13]». Sólo en parte es cierto. No hubo separatismo abierto, pero sí implícito, y muy intenso. Los nacionalistas seguían extendiendo un agresivo exclusivismo contra el sentimiento español de muchos catalanes, creándoles un ambiente hostil y descalificándolos con nombres despectivos (botiflers, etc.). La penetración en España del pensamiento nietzscheano daba a algunas tendencias separatistas un aire osado y «vital». Y fue entonces cuando el término «nacionalista» empezó a usarse con amplitud y afán definitorio.

Las ideas de Prat de la Riba creaban un doble lenguaje. Hacia fuera podían presentarse como motor del progreso general, y hasta de un imperialismo catalano-español (mientras la intervención en los asuntos generales tendía a debilitar el particularismo); hacia dentro propiciaban un exclusivismo radical, la concepción de España como simple nombre geográfico, e incluso una tendencia a «europeizarse cortando más o menos lentamente la cuerda que la ataba [a Cataluña] a la Muerta», como decía el poeta Maragall, dando a España por finada harto prematuramente.

No era, con todo, un separatismo tan agresivo como el vasco. Pero Cambó sacó partido del auge de Solidaridad para visitar Guipúzcoa, en julio de 1906, y fomentar allí la agitación nacionalista. ¿Ignoraba los rasgos del aranismo? No es probable. Pero, considerándolo un aliado contra Madrid, lo alimentaba.

Entre tanto crecía el malestar en Barcelona. En abril de 1907, un atentado estuvo a punto de segar la vida de Cambó, cuando viajaba en compañía del republicano Salmerón. Los tiros iban probablemente contra éste, a quien los lerrouxistas llamaban traidor. Lerroux, culpado del crimen, estuvo a punto de ser linchado.

Ese año marcó un apogeo de la Lliga. Solidaridad ganó en Cataluña las elecciones a Cortes con el 70% de los votos emitidos, habiendo votado el 59% del cuerpo electoral, porcentaje muy por encima del corriente. Los republicanos «solidarios» de Salmerón, superaron incluso a sus aliados nacionalistas en Cataluña (19 y 13 diputados respectivamente). Los lerrouxistas quebraban estrepitosamente, y su jefe perdía el escaño. Los partidos dinásticos (Conservador y Liberal) obtenían sólo 3 diputados, y parecían definitivamente sepultados.

En el PNV el éxito de la Solidaridad tuvo amplia repercusión. Los sabinianos la rechazaron sin ambages, como importación foránea contraria al legado del Maestro. Sin embargo el legado perdía fuerza según crecía en el partido el influjo de los «fenicios» de Ramón De la Sota, que propició un acercamiento a los partidos dinásticos, en especial al Conservador de Maura, el cual les correspondió nombrando alcaldes nacionalistas para Bilbao en 1907 y 1909. El año intermedio tendría especial relieve porque en él, en junio, De la Sota cumplimentaría al rey Alfonso XIII en su visita a los astilleros Euskalduna de Bilbao[*]; y, sobre todo, por la decisión de una asamblea peneuvista en Elgóibar, en octubre, de ajustarse «en todos los actos de su propaganda, a los preceptos del régimen legal vigente». El partido prefería explotar las ventajas de la legalidad liberal, no sintiéndose con vigor para derrocarla.

Atrás parecían quedar los ímpetus subversivos y la violencia, explícita e implícita en los sabinianos. Pese a ello, éstos seguían pesando mucho en la organización, sobre todo en la propaganda e instrucción de la juventud. Las doctrinas de Arana, aunque poco efectivas en la política práctica, seguían constituyendo el núcleo de la ideología del partido, contra el cual no osaban atentar los euskalerríacos, y el PNV continuaba iluminando a la raza vasca, «aquejada de la impureza que supone la implantación de otras razas. La dualidad de caracteres (…) hace necesaria la intervención restauradora», pues, como explicaba agudamente el ideólogo Joala, «cada raza (…) tiene su alma distinta (…). Saquemos la comprobación de los animales: el caballo relincha, el ganso grazna, el cerdo gruñe, la oveja bala, los pájaros pían. ¿Por qué no han de piar igualmente los cinco? (…). [Pero] así es la Naturaleza, y no hay más. Pues bien, así mismo relinchan, graznan, gruñen, balan o pían las diversas razas humanas, sus Legislaciones, Patrias, Estados o Naciones[15]».

Había, por tanto, una contradicción entre el legalismo externo y la doctrina predicada con perseverancia a la población, doctrina que antes o después abriría cauces extremistas. Bajo el triunfo aparente de la moderación, hervía un fondo subversivo y totalitario, al menos en sus pretensiones homogeneizadoras del pueblo vasco.

En Madrid, el deshilachado Partido Liberal cedía el gobierno, en enero de 1907, a los conservadores presididos por Maura. Éstos constituían un partido mucho más firme y unido, y su líder, personalidad política de primer orden, llegaba con afán renovador. Entendía que el sistema de Cánovas no aguantaría sin cambios de entidad; que los partidos dinásticos, con sus frágiles redes clientelares, podían perder ante las nuevas fuerzas, y que el peligro revolucionario no podía subestimarse. De hecho perseguía adelantarse al peligro mediante una «revolución desde el poder», conjunto de reformas capaz de neutralizar la revolución real propugnada por tantos grupos de diverso signo. La retórica maurista dramatizaba un tanto la situación, pero buscaba revigorizar el régimen mediante una democratización progresiva y controlada. Una clave de sus medidas sería la ampliación de la autonomía municipal.

La fortaleza de los conservadores auguraba tiempos duros para los nacionalistas, pero, sorprendentemente, ocurrió al revés: Maura y Cambó entraron en feliz sintonía. El nacionalista llega a definir en sus memorias a Maura y a Cataluña (es decir, la Lliga) como las únicas cosas vivas en aquella España. Maura, contento con el dinamismo reformista de la Solidaritat, deseaba atraerse a Cambó al partido Conservador, como sucesor suyo. No lo consiguió, pero eso no estropeó su buen acuerdo.

Las reformas mauristas ofrecían a la Lliga la ocasión de eliminar la división provincial de Cataluña, impuesta en el siglo XIX para, creía aquélla, destruir la unidad regional. Algo de eso hubo, pues el liberalismo quería debilitar los reinos históricos, en aras de una mayor cohesión administrativa y representativa. La estructura provincial venía ante todo de la necesidad de racionalización de un estado moderno frente a las divisiones del antiguo régimen, plagadas de aduanas, monedas, pesos y leyes diversas, sobre todo en competencia con países tan centralizados como Francia, rival y modelo a un tiempo. La Lliga pensó utilizar la autonomía municipal prometida por Maura para crear una «mancomunidad» catalana, que, sin suprimir formalmente las provincias, asumiría las funciones más interesantes, como instrucción, beneficencia y obras públicas, dejando para las diputaciones las tareas impopulares y conflictivas.

En la tramitación del proyecto de Ley de Administración Local, Maura y Cambó lucharon juntos frente a un obstruccionismo suicida de los liberales, orquestado por Romanones y Alcalá-Zamora. La actuación de Romanones desprestigió al Parlamento y, al salirse en parte con la suya y desvirtuar el proyecto, frustró un probable fortalecimiento del régimen. Que tendría largas consecuencias.

La Lliga atraía a amplias capas medias catalanas tras haber superado «su primer período estridente y revolucionario», como le llama Cambó, el cual expuso en Tarrasa, en abril de 1908 su plan de un «catalanismo constructivo», capaz de entrar en el gobierno de la nación. Él mismo, por su labor en las Cortes, se iba convirtiendo en una personalidad de primer orden, se labraba un prestigio de «futuro gobernante español», desbordando el marco catalán[16].

También su rival, Lerroux, exhibía ambiciones nacionales al fundar en enero su propio partido, el Republicano Radical, rompiendo con la Unión Republicana de Salmerón. Pero, al revés de Cambó, Lerroux iba de fracaso en fracaso y en febrero tuvo que exiliarse, recalando finalmente en Argentina, perseguido por el gobierno so pretexto de un delito de opinión. Parecía el fin del lerrouxismo.

Y de pronto este cielo despejado se pobló de nubarrones. Las glorias de Cambó le ganaban la inquina de muchos correligionarios. Él lo achaca a la envidia, y sin duda ésta jugaba un papel, pero también otros factores, pues la aspiración a regir España podía relegar las exigencias propiamente nacionalistas. Las mutuas zancadillas y ataques desprestigiaban a Solidaridad y debilitaban a la Lliga.

El movimiento «solidario» se agrietó también por su flanco republicano. El proyecto municipal de Maura incluía una parte de votación corporativa, y los republicanos encontraron ahí un peligro para su penetración en los ayuntamientos. La disidencia aumentó al fallecer en septiembre Salmerón, muy partidario de Solidaridad.

No le iba mejor a Maura, contra quien toda la izquierda, incluido el Partido Liberal, se había concitado en una furiosa campaña próxima a la desestabilización. La prensa, privada por Maura de los fondos de reptiles, contribuía. El antimaurismo repercutía contra la Lliga en Cataluña, y ensanchaba las grietas en Solidaritat. Para mayor desgracia, los lerrouxistas, después de tres años de travesía del desierto, volvían a hacerse populares, y en diciembre su jefe recuperaba su escaño parlamentario, pese a seguir en Argentina.

Entre tanto, desde 1907 operaba en Cataluña otro movimiento, compuesto por los anarquistas, la UGT y algunos republicanos y llamado, retadoramente, «Solidaridad Obrera». Su solidaridad se manifestó en mayo de 1908 contra una ley propuesta por Maura para contener el creciente terrorismo. Socialistas, republicanos y libertarios arremetieron contra el proyecto en toda España, y a ellos se unió nada menos que el Partido Liberal. Entre todos lanzaron una ofensiva en el Parlamento y la calle, tan estruendosa que Maura hubo de ceder. «Después —señala Cambó—. Gobiernos liberales y republicanos tuvieron que aprobar proyectos mucho más rigurosos a fin de mantener el orden público y salvar al respectivo régimen y evitar la anarquía y el caos[17]».

Por todo ello, el año 1909 se presentaba difícil para los conservadores. Los nacionalistas de izquierda liquidaron la Solidaritat a nivel local, y en los comicios municipales de mayo superaron en concejales a la Lliga. Pero los grandes vencedores volvieron a ser los lerrouxistas. Solidaritat quedó herida de muerte, pese a haber «despertado en toda España corrientes de admiración hacia Cataluña (…). A pesar de la evidencia de este hecho, Solidaridad murió por la acción de los catalanes que se llamaban patriotas (…). Los carlistas, como los viejos republicanos, procedieron con corrección hasta el final», concluye Cambó[18].

Así estaban las cosas cuando, tras un sangriento revés español en el barranco del Lobo, cerca de Melilla, el gobierno ordenó el envío de tropas a Marruecos desde Cataluña. El descontento crecía por el abusivo sistema de reclutamiento, que permitía a muchos eludir el servicio militar pagando una suma, lo cual favorecía a los ricos u obligaba a un fuerte sacrificio económico a los menos ricos. «Las izquierdas extremistas —escribe Cambó— que buscaban cualquier ocasión para atacar a Maura, vieron que no se podía presentar otra mejor que la del embarco de tropas hacia Marruecos. (…) a esta campaña se sumaron muchos conservadores enemigos de la aventura marroquí». El poble català, órgano nacionalista de izquierdas, destacó en la campaña, de tonos muy radicales. El socialista Pablo Iglesias llamó a «combatir al Gobierno empleando todos los medios. En vez de tirar hacia abajo, los soldados deben tirar hacia arriba». Los lerrouxistas no quedaban atrás en sus soflamas. Hasta algunos dirigentes de la Lliga presionaron a Cambó en pro del rechazo, pero él lo tildó de demagógico: si no se restablecía la situación militar en Marruecos, las repercusiones políticas en España podrían volverse muy serias[19].

En protesta por el embarque de soldados, Solidaridad Obrera llamó a la huelga, la cual en aquel ambiente caldeado degeneró en sangrienta revuelta en Barcelona desde el 26 de julio. Decenas de escuelas católicas, iglesias y otros edificios fueron incendiados, y la ciudad se llenó de barricadas. En varias ciudades industriales de la provincia la huelga tomó visos de insurrección. Hubo de intervenir el ejército.

La revuelta costó 107 muertos. Se ha dicho que fue espontánea, y en buena medida lo fue, pero sólo porque los partidos no osaron ponerse al frente y procuraron desentenderse de ella una vez fracasada. Por lo demás, nada de espontánea tenía la frenética agitación revolucionaria en la que había germinado la revuelta.

Las clases medias, horrorizadas, culpaban sobre todo a Ferrer Guardia, apóstol del terrorismo, creador de la «Escuela Moderna» y hombre adinerado por la herencia de una rica admiradora francesa. De ideas esquemáticas que él creía científicas, había estado complicado, como inductor al menos, en diversos atentados, entre ellos el de la calle Mayor de Madrid, tres años antes, que causó decenas de muertos. Su escuela, atea y anarquizante, si bien con algunas innovaciones pedagógicas estimables, estaba concebida como un centro de propaganda revolucionaria.

Lerroux, que embarcaba por entonces en Argentina para volver a Europa, dijo: «Cuando recibí la noticia de lo ocurrido en Barcelona, sentí aquella satisfacción interior que siente el maestro cuando ve a sus discípulos realizar una buena obra». Sin embargo su gente, al igual que los nacionalistas de izquierda, había evitado acaudillar la revuelta, e incluso, por el susto, contribuyó a la acusación contra Ferrer, revelando sus lazos con Solidaridad Obrera, promotora directa de la huelga. En octubre, un tribunal militar condenó a muerte al reo, sentencia ejecutada a continuación[20].

La Semana Trágica tuvo una segunda parte en la tremenda campaña alzada en toda Europa por la ejecución de Ferrer. La prensa y masivas manifestaciones en las capitales clamaban contra la siniestra «España inquisitorial», asesina del «nuevo Galileo» y «educador de España». Cambó sostiene, probablemente con razón, que tras esa movilización estaba la masonería, en la cual Ferrer ocupaba un lugar prominente. Las izquierdas españolas, al principio desconcertadas por la magnitud de la revuelta, comprendieron que tenían en Ferrer una magnífica baza de agitación, y relanzaron con más furia su campaña antimaurista. La «ferrerada», como la llamaron despectivamente Unamuno y otros, impresionó a Alfonso XIII, el cual provocó la dimisión de Maura. Luego dijo a Cambó que él estaba dispuesto a «dar la batalla contra la canalla que deshonra a España», pero que Maura le había abandonado. Había sido al revés[21].

La Semana Trágica y la ferrerada tuvieron consecuencias devastadoras. Se venían abajo los planes reformadores de Maura, causando al sistema un daño invalorable. Cambó escribe: «La caída de Maura (…) provocó una terrible impresión en todo el país y entre el número infinito de personas que habían reanudado la confianza después de muchos años de retraimiento (…) vino aquel escepticismo (…)». «Es inútil, en este país las personas decentes no tienen nada que hacer». Los más pesimistas creyeron iniciada la pendiente hacia una nueva guerra civil. Resulta instructivo observar que en este proceso el Partido Liberal, monárquico y del régimen, desempeñó un papel desestabilizador al lado de los revoltosos[22].

Por su lado, Cambó, utilizando la imagen de riqueza y orden de Cataluña, había presentado al nacionalismo como una alternativa aceptable y de valor general en el país, y ahora ese prestigio acumulado caía por tierra. La Lliga no era responsable de lo sucedido, pero sí varios de sus socios de Solidaritat, y en cualquier caso estaba muy lejos de controlar la región, como pretendía Prat en su plan. Cuando el Tancament de caixes y la protesta por el caso ¡Cu-Cut!, Cambó había logrado levantar y encauzar un impulso de masas, pero finalmente el juego le había desbordado.

Para el nacionalismo catalán, la Semana Trágica cerraba un período abierto por el desastre del 98. En esos once intensos años había experimentado dos ciclos de auges impetuosos y retrocesos casi catastróficos. El balance le era favorable, aun si sus ideas habían calado todavía sólo de forma minoritaria y superficial. La onerosa contrapartida a su éxito incluía una peligrosa inquietud militar, el desequilibrio del régimen y el despertar de fuerzas muy difíciles de integrar. De paso la Lliga había evolucionado en sentido hasta cierto punto españolista.

Capítulo 6

DE LA REVOLUCIÓN SEMIESPONTÁNEA A LA ORGANIZADA

Mediante la ferrerada, las izquierdas habían transformado el fracaso de la Semana Trágica y la posible represión sobre ellas en un triunfo político y propagandístico, poniendo contra las cuerdas a los defensores del orden constitucional. A continuación formaron la «Conjunción republicano-socialista», incluyendo a Lerroux. En 1910 crecieron las esperanzas de acabar con la Restauración, animadas por el ejemplo de Portugal, donde una revolución había derrocado a la monarquía. El PSOE, aún muy minoritario, conseguía su primer escaño en Cortes para su líder, Pablo Iglesias.

Ese mismo año, en la Solidaridad Obrera de Cataluña, los ácratas expulsaban sin muchas contemplaciones a los socialistas, después de haberse aliado con ellos para echar a los lerrouxistas, y a continuación, en noviembre, fundaban la Confederación Nacional del Trabajo o CNT, llamada a pesar tanto en el destino del país en los treinta años siguientes.

Simétricamente al optimismo de las izquierdas crecían en la sacudida opinión conservadora las prevenciones hacia experimentos políticos tan fácilmente decaídos en revueltas. La sombra de la revolución deprimía el ambiente. Maura se retiró lleno de amargura, y no volvería a gobernar hasta 1918, en una crisis ya casi insuperable. Con él perdía la gobernación del país a uno de sus hombres más capaces. Su partido, el Conservador, sostén de la legalidad ante la descomposición del Liberal, iba a sufrir desgarrones internos de pésimos efectos para la solidez del régimen.

A Maura le sucedió el liberal Moret, de escasas dotes, y antes de cuatro meses, en febrero de 1910, subió al gobierno el también liberal Canalejas. Éste poseía un temperamento enérgico, y pasaba por ser uno de los políticos de mayor talento y cultura, aunque le perjudicaba su carácter sarcástico y maledicente. Muy anticlerical, sus medidas contra las órdenes religiosas vulnerando el concordato con el Vaticano le valieron la oposición de los católicos, pero aun así despertó una ola de esperanza en la reconducción del país tras el quebranto del año anterior. Entre otras cosas, promovió leyes de protección a las obreras y de mejora de la enseñanza, y el servicio militar obligatorio para todos. El Partido Liberal, tras siete años de desconcierto y demagogia, reencontraba un líder capaz de mantenerlo unido como un pilar de la legalidad.

En Cataluña el torbellino de sentimentalismo por la ejecución de Ferrer favoreció a los nacionalistas de izquierda, que lograban unirse en abril de 1910 en la Unió Federal Nacionalista Republicá (UFNR). Las elecciones generales del mes siguiente dieron al nuevo partido la segunda posición en Barcelona, detrás de los lerrouxistas, aunque en el conjunto de la región el nacionalismo sufrió un retroceso espectacular. La Lliga casi se hundió, y Cambó perdió su escaño, como le había pasado a Lerroux tiempo atrás. Se recuperaron, por el contrario los partidos dinásticos, Conservador y Liberal, que se hicieron con un tercio de la representación parlamentaria catalana. Buena parte del electorado, impresionada por la Semana Trágica, consideró a estos partidos —«muertos», según sus enemigos— una garantía frente a la inestabilidad generada por republicanismos, anarquismos y nacionalismos.

El desastre no hizo perder los nervios a Cambó. Él tenía a sus contrincantes republicanos por «unos perfectos botarates, sin organización, espíritu de disciplina ni ganas de trabajar», a quienes «me los metería siempre en el bolsillo»; y notaba que los nacionalistas de izquierda carecían de espinazo: «visionarios y decepcionados, críticos, murmuradores e ilusos», peleados entre sí, faltos de alguien «con garra y voluntad para mandar, y, naturalmente, tampoco con modestia y voluntad para obedecer». La UFNR iba a probar su ineptitud ante una coyuntura tan favorable, pues no consiguió atraerse los votos obreros de Lerroux ni hundir a la Lliga, y subsistiría en la medianía[1].

Unas corruptelas del Partido Radical de Lerroux, reveladas con escándalo en diciembre de 1911, sirvieron al PSOE para expulsarlo de la Conjunción republicano-socialista, y la UFNR le sustituyó en dicha conjunción. Pero un sector de este partido no gustaba de colaborar con los socialistas, y se unió en 1912 al Partido Reformista, recién creado en Madrid por el asturiano Melquíades Álvarez. Melquíades, republicano y masón, participante en la campaña contra Maura y por Ferrer Guardia, había flexibilizado sus posturas, aceptando gobernar, si llegara el caso, dentro de la monarquía. La integración de una parte de la UFNR en su partido reflejaba la persistente fragilidad de las convicciones nacionalistas.

En cuanto a Lerroux, su radicalismo era cada vez menos sincero. Había vuelto enriquecido de Argentina, y bajo sus frases provocativas, como llamar «Semana Gloriosa» a la Trágica, había iniciado el camino de la moderación. También iría perdiendo base en Barcelona, donde la CNT minaba su clientela obrera. Con todo, mantuvo allí un firme reducto, y su partido prosperó en el resto de España.

Por lo común, los rivales de la Lliga demostrarían poca consistencia y pronto volvería a soplar el viento a favor de ella, y otra vez desde Madrid.

La Semana Trágica no afectó prácticamente a un PNV sumido en el localismo, y su evolución siguió marcada por la oscura pugna entre euskalerríacos y sabinianos. Los primeros, beneficiándose de los avances electorales, tendían, como hemos visto, a abandonar progresivamente el independentismo, al menos como fin a plazo discernible. El ideal racial iba cediendo al cultural y lingüístico, e incluso se oían opiniones no negativas sobre los íntimos lazos establecidos con el resto de España a lo largo de los siglos, como expresaba el ideólogo Jesús de Sarría, en una línea de aproximación a la de Cambó: «La vinculación española ha sido larga y profunda. No tiene nada de extraño que haya impreso su huella fuertemente (…). No debemos (…) provocar violentamente un rompimiento de la vinculación en lo que la vinculación pueda tener de rompible por la violencia[2]».

Estas heterodoxias levantaban ronchas en los puristas, uno de cuyos líderes era Luis Arana. Pero los «fenicios» no se atrevían, si acaso lo deseaban, a atacar de frente el núcleo duro de doctrina sabiniana. Ambas tendencias coincidían en fomentar la «educación de masas», la «recuperación del alma nacional», la «nacionalización del alma racial», en «una acción social, una obra de vasquización del pueblo», etc., bajo el supuesto, por parte de los moderados, de que mientras tal «nacionalización» no se cumpliese, la misma independencia seía contraproducente. Como la doctrina aparecía cerrada y completa en su simplicidad, su desarrollo apenas superaba la exegesis o la vulgarización. Se intentó unificar y normalizar el vascuence por encima de sus dialectos, a riesgo de crear un idioma poco inteligible para los vascoparlantes de cuna.

La influencia de la Lliga, a través de los éxitos de Cambó, se hizo sentir también en el PNV, pero éste no contará con un líder comparable al catalán. De la Sota, el patrón efectivo del partido, apenas ejercía de jefe político directo, descansando en hombres de confianza como Engracio de Aranzadi, Kiskitza, el orientador doctrinal.

Entre 1910 y 1912, la jerarquía eclesiástica vasca trató de estimular la resistencia unitaria a las medidas anticlericales de Canalejas, a costa del nacionalismo. Entre otras cosas impuso la renuncia a bautizar con nombres vascos, siendo la mayoría de ellos invenciones muy recientes de los propios nacionalistas, pues nadie hasta entonces se había llamado «Gorka», «Kepa», etc. La presión del clero, aceptada sumisamente por la dirección peneuvista, motivó protestas y amagos de escisiones nacionalistas de carácter aconfesional, con acercamientos incluso al Partido Reformista de Melquíades Álvarez (fundado en 1912). Pero al no hallar ambiente propicio languidecieron. El PNV siguió definiéndose como partido profundamente clerical. En 1911 creaba su propio sindicato, Solidaridad de Obreros Vascos (más tarde STV, por «Trabajadores»), para disputar el terreno a los socialistas. Se produjo también un acercamiento de algunos republicanos a las tesis nacionalistas, hablando de fueros y de autonomía.

El gobierno de Canalejas pareció traer malos tiempos para la Lliga, como había ocurrido con Maura tres años antes. Y también entonces sucedió lo contrario. Canalejas había rechazado las reivindicaciones nacionalistas, pero pronto estableció una cordial relación con Cambó y Prat de la Riba en torno a una petición central de estos últimos: la Mancomunidad catalana. De ella iba a hacer Cambó la bandera e instrumento para recobrar su ascendiente en Cataluña y en toda España, hasta alcanzar una verdadera apoteosis. Que, como en el caso de la Solidaridad, abocaría a una crisis desastrosa para el régimen.

Según ya observamos, Cambó y Prat veían en la mancomunidad mucho más que un sistema para agilizar el régimen administrativo, la veían como un paso decisivo hacia una amplia autonomía. Con su campaña al respecto, su partido logró dos fines: recobrar la iniciativa política, y ganarse aliados, incluidos los caciquiles o dinásticos, y hasta sus hostiles correligionarios de izquierda, temerosos de pasar, si no, por malos catalanes. La excepción, como cuando la Solidaridad, fueron los lerrouxistas.

Pero el logro decisivo de Cambó y de Prat fue, como quedó dicho, ganarse a Canalejas, ligando la idea de la mancomunidad a la urgencia de mejorar la administración provincial y regional, robusteciendo con ello al sistema español en conjunto. Otros políticos desconfiaban: ¿asentarían las mancomunidades el sistema liberal, democratizándolo y garantizando la unidad española, o allanarían el camino a la desmembración de España? Prat y Cambó convencieron a Canalejas de la inexistencia de este peligro.

Con apoyo de Canalejas, la mancomunidad para Cataluña, extensible a otras regiones que la pidieran, se volvió popular en toda España, y en octubre de 1912 la aprobó el Congreso. Faltaba, no obstante, el trámite del Senado, donde iba a embarrancar por un tiempo.

A Canalejas, como a Maura, las izquierdas antisistema le obsequiaron con una oposición cerrada y una lluvia de huelgas. Especial eco tuvo la huelga ferroviaria de septiembre de 1911, organizada por socialistas y anarquistas, y que amenazó seriamente la economía del país. Canalejas la combatió, a ejemplo del socialista francés Aristide Briand, militarizando a los ferroviarios. Ello y su oposición a indultar a los asesinos de un juez durante otra huelga general originada en la metalurgia bilbaína, le ganaron el odio de los anarquistas, los cuales le asesinaron el 12 de noviembre de 1912.

Canalejas caía como Cánovas y como habían estado a punto de caer Maura y el propio rey, y ello ofrece una perspectiva sobre la implacabilidad de las fuerzas antirégimen y sobre un tipo de peligro que no debe subestimarse. Además, los atentados ácratas disfrutaban de buena prensa o al menos «comprensión» en medios intelectuales y regeneracionistas, y la izquierda en pleno, hasta el Partido Liberal, se había congregado en 1908 contra el proyecto de Maura de una ley más estricta contra el terrorismo.

El asesinato de Canalejas, como el de Cánovas, constituyó una tragedia para la Restauración, no muy abundante en estadistas o simples políticos de talla. Su Partido Liberal, uno de los pilares del sistema, volvería a mostrar síntomas de desintegración y demagogia. Para Cambó, «España había perdido al más capaz de sus hombres públicos, Cataluña [es decir, la Lliga] había perdido uno de sus grandes amigos, y el camino normal de la política de la Lliga quedaba interrumpido[3]».

Pareció posible entonces la vuelta de Maura al poder, pero la oposición en pleno se agrupó con alboroto bajo el lema «¡Maura no!», inventado por Lerroux. Y de nuevo el rey, conturbado, cedió, y, para irritación de Maura, entregó el gobierno al conde de Romanones. El conde, si bien impulsó algunas medidas acertadas en materia cultural y de enseñanza, era en conjunto el paradigma del político habilidoso pero necio y demagogo, maquiavelo provinciano ducho en las torpes artimañas con que, harto injustamente, se ha identificado a la Restauración.

La ley de mancomunidades fue por fin promulgada a finales de 1913 por decreto de un gobierno del conservador Dato, sucesor de Romanones, y el 6 de abril del año siguiente nacía la catalana, presidida por Prat de la Riba. Fue un magno triunfo de los nacionalistas, aunque no lo habrían logrado sin aquellas fuerzas que ellos insistían en tachar de «faltas de vida» o «puramente artificiosas». Afirma Cambó: «La Mancomunitat, para los verdaderos catalanistas, era una concesión de un valor inmenso, ya que restablecía la unidad material de Cataluña». Y la compara con la Generalitat propia de la II República: «Hoy (…) hasta los escritores de izquierdas que juzgan de buena fe la política catalanista desde comienzos del siglo, tienen que reconocer que la Mancomunidad con pocas facultades tuvo una fecundidad y una profundidad inmensamente superiores a las de la Generalidad con toda la faramalla de un Gobierno y un Parlamento y de un montón de facultades que eran mucho en el papel y muy poco en la realidad[4]».

Cambó hace la comparación influido por la experiencia de los años, y quizá con cierta desfiguración. La Mancomunidad tenía más de regionalista que de nacionalista, y desde ella no era fácil recorrer el camino a la secesión. En cambio la Generalidad, mucho más nacionalista, ponía a la orden del día la tentación secesionista, como veremos en su momento.

El éxito de la Lliga indignaba a los nacionalistas de izquierda y a los radicales de Lerroux, a su vez visceralmente enfrentados entre sí. La ojeriza llegó al punto de que, ante las elecciones generales de 1914, ambas perdieron todo escrúpulo y se aliaron en el «Pacto de San Gervasio» para hundir al partido de Prat y de Cambó. Pero en este caso la unión no hizo la fuerza, y la flamante alianza cosechó menos votos de los obtenidos por el más flojo de sus socios —los catalanistas de izquierda— cuatro años antes. En 1915, la Lliga obtuvo un rotundo triunfo en las elecciones provinciales, y la izquierda nacionalista casi se fue a pique.

Mientras tanto, en verano de 1914 había comenzado la I Guerra Mundial, básicamente un enfrentamiento entre imperios: los «centrales», Alemania y Austria-Hungría, secundados por el turco, y los occidentales o «aliados», Inglaterra y Francia, secundados sobre todo por el ruso. Salvo el turco, los imperios de un lado y otro eran regímenes parlamentarios y liberales, aunque más democratizados el británico y el francés. La contienda, anunciada por roces y confrontaciones previos, y aceptada casi con entusiasmo por ambos bandos, como si sufrieran de un cansancio existencial después de varias décadas de paz, derivó en una carnicería sin precedentes, hasta producir una honda quiebra moral en las sociedades europeas.

España tenía para los contendientes un valor muy diferente según se tratase de los imperios centrales o de los aliados. Estos últimos sólo podían extraer de nuestro país un número de tropas, prácticamente carne de cañón para la terrorífica guerra de trincheras, es decir, una ayuda poco relevante, máxime teniendo en cuenta la endeblez técnica del ejército y la industria hispanos. De ahí que no presionaran demasiado a Madrid. Para los imperios centrales, por el contrario, una España aliada, a espaldas de Francia y sobre cruciales líneas de comunicación británicas, podría haber sido quizás el elemento secundario pero capaz de inclinar la equilibrada balanza. Por ello la neutralidad española beneficiaba de manera muy destacada, quizá incluso decisiva, a los Aliados.

La guerra desató en España una ruda polémica entre aliadófilos y germanófilos. Los segundos deseaban la victoria alemana, pero sin mayor deseo de participar en ella. Los aliadófilos, mucho más beligerantes, ansiaban meter al país en el conflicto. La vasta mayoría del pueblo español vivió el gigantesco choque como algo ajeno, al cual no deseaba verse arrastrado. Los conservadores preferían la neutralidad, que Dato hizo efectiva enseguida, y las izquierdas y parte de los liberales deseaban intervenir contra Alemania. Cuando Dato fue relevado a finales de 1915 por Romanones, éste casi consiguió meter subrepticiamente a España en la guerra, aprovechando las vacaciones parlamentarias de verano del 16. No osó hacerlo, por fin, y la pugna entre aliadófilos y germanófilos se dirimió en acres pero incruentas justas periodísticas[5].

No poco se ha especulado sobre la conveniencia de la intervención española en aquel conflicto, atribuyéndole efectos miríficos para el espíritu de unidad nacional, que, levantado por el esfuerzo colectivo, habría quizá disuelto los nacionalismos. Especulación muy traída por los pelos. El envío de jóvenes españoles a los campos de muerte del norte de Francia habría sido tan impopular que muy posiblemente habría provocado movimientos revolucionarios. Y en aquellas trincheras brotó, en buena medida, el espíritu de los fascismos, que en España no llegaría a cuajar. De tal aventura difícilmente habría sacado el país otra cosa sino un mayor cuarteamiento social, como el de Italia o más grave.

Entre los nacionalistas vascos y catalanes también hubo germanófilos y aliadófilos, estos últimos sobre todo en la izquierda, aunque los dos bandos europeos representaban imperios y, por tanto «opresión nacional». Cambó optó por la neutralidad. «España tenía que ser neutral… porque no podía ser otra cosa. Ni poseía ejército eficiente ni tenía un ideal internacional». En realidad nada de eso era óbice para entrar en guerra, como habían hecho otros países. Su pensamiento lo desvelan mejor estas frases: «Había que hacer lo posible para evitar los estragos políticos y económicos de la guerra… y aprovecharse de ello si era posible», pues a su juicio, «España, por su situación geográfica, puede muy bien aprovecharse de los períodos en que los otros riñen, como, fatalmente, queda arrinconada cuando los grandes Estados viven en paz». Reflexiones algo pedestres, chocantes dentro de su estilo argumental, por lo común más sutil[6].

Y España, en efecto, se benefició de su neutralidad. Los negocios se expandieron espectacularmente para suministrar todo tipo de productos a los contendientes, muy principalmente a los Aliados por su proximidad geográfica y mayores lazos comerciales. No obstante, la bonanza económica tuvo efectos socioeconómicos indeseados, resumidos en una cruda inflación que dobló los precios en los años bélicos, dejando atrás el poder adquisitivo de los salarios. El descontento subía de tono por «Las fortunas improvisadas durante la guerra y la impúdica ostentación que de ello hacían sus poseedores fomentaban la crisis social», señala Cambó[7].

La sensación de crisis y de injusticia podía mitigarse con medidas como la imposición especial sobre las ganancias exorbitantes de la guerra, siguiendo el ejemplo de Inglaterra y otros países. En España intentó lo mismo Santiago Alba, el ministro más destacado de Romanones, que elaboró un proyecto para, con esos impuestos, aplicar un amplio plan de instrucción pública y mejora de infraestructuras. El ministro, de ideas reformistas, poseía una notable preparación y talento, algo estragados, según Cambó, por la egolatría, la envidia y un escaso valor moral.

Poco antes Alba había intentado aislar a la Lliga promoviendo en Cataluña una alianza de los demás partidos contra ella, por lo cual Cambó le guardaba un resentimiento, bien visible en sus memorias. De ahí que el nacionalista dedicara sus mayores esfuerzos, a lo largo de 1916, a derrotar sus impuestos: «Nuestro propósito era llevar a Santiago Alba a un fracaso total, a fin de que el escarmiento fuera lo bastante notorio para que nadie más tuviera la tentación de hacer contra nosotros maniobras de cerco». Para hundirle empleó a fondo su brillante oratoria, y maniobró para atraerse el mayor número de apoyos. Explotó incluso las rivalidades en el Partido Liberal, empezando por el propio Romanones, calladamente hostil a la propuesta de su ministro. En octubre de 1916 el proyecto de reforma de Alba naufragaba en las Cortes, y Alba hubo de sufrir la última humillación de no ver aceptado siquiera su presupuesto[8].

La victoria de Cambó le hizo el político más admirado y temido del momento en España. Sus memorias rebosan satisfacción por su popularidad e influencia sobre los demás partidos, por las felicitaciones que le llegaban de todas partes: «¡Qué pocos son los hombres que no se sienten irresistiblemente atraídos por la fuerza del éxito, tanto si es merecido como si no! (…) ¡Todos quieren estar con los triunfadores!»[9].

Cabe establecer un paralelismo entre la fallida campaña del Tancament de caixes contra la reforma con que Fernández Villaverde facilitó la recuperación económica del país y de la Hacienda pública, y el golpe a Alba, que en definitiva presentaba el único plan viable para mejorar las infraestructuras económicas y liberar una presión social cada vez más inquietante. La victoria política de Cambó tuvo sin duda un coste social muy alto, y cundió una agobiante sensación de crisis, muy explotada por los partidos obreristas, cuyas propagandas se multiplicaron.

Cambó celebró su victoria con una visita a Bilbao, en enero de 1917. Allí mucha gente se felicitaba y le felicitaba: los conservadores y empresarios por haberles librado de impuestos que además habrían debilitado, posiblemente, los conciertos económicos; y los nacionalistas, por afinidad. «Regionalistas y nacionalistas vascos esperaban de mí la palabra orientadora (…) para salir de la protesta y la estridencia e ir a conquistar las Diputaciones y la representación parlamentaria (…). Todos coincidían, pues, en el deseo de obsequiarme, aunque por motivos distintos y, frecuentemente, contrapuestos». Animó a los sabinianos a entenderse con la Lliga: «Sin decepcionar su entusiasmo político y su desorbitado nacionalismo, les di consejos de prudencia que, durante mucho tiempo, siguieron y les fueron muy útiles[10]».

El continuo homenaje cansó la sensibilidad del visitante. Al llegar a las estaciones le saludaban con salvas de fusil y un vocerío aturdidor, luego le obsequiaban con banquetes más copiosos que suntuosos. Al tomar el tren de vuelta, tras diez minutos de despedida frenética, «quedé agradecido a los que con tanto entusiasmo me despidieron, pero tengo que confesar la inmensa satisfacción que sentí cuando, después de perderles de vista, pude tomar asiento tranquilamente en mi vagón[11]».

En esos años, el nacionalismo vasco siguió creciendo y moderándose en su política, pero no en la sustancia de su propaganda. En 1915 consiguió por primera vez escaños en las Cortes, donde su intervención careció de brillo. También buscó proyección internacional asistiendo, al año siguiente, a la «Asamblea de nacionalidades oprimidas», en Lausana, sin resultados tangibles. Para entonces las tensiones entre los dos sectores del PNV se aproximaban a la ruptura. La guerra mundial había complicado el problema, pues los euskalerríacos, muy ligados al comercio con Gran Bretaña, en especial De la Sota, que hacía fantásticos negocios, eran naturalmente proaliados, mientras que los sabinianos solían simpatizar con los germanos. Las discrepancias llegaron al punto de que, en diciembre de 1915 y tras una acre polémica con Kiskitza, fue expulsado, so pretexto de indisciplina electoral, nada menos que Luis Arana, hermano del fundador y presidente del Bizkai Buru Batzar, máximo organismo del partido en Vizcaya. El campo parecía quedar libre para los euskalerríacos. Sin embargo esa victoria, aunque aupada por el auge económico y los éxitos electorales, no fue decisiva. Los radicales permanecían como un núcleo irreductible.

Volvieron a saltar chispas con motivo de la insurrección irlandesa de Pascua, en abril de 1916, protagonizada por independentistas irlandeses, y que tuvo un vasto eco internacional. Tanto en el movimiento catalanista como en el peneuvista las acciones irlandesas, incluidas las terroristas, gozaban de buena prensa, como ocurría en el conjunto de España, por afinidad católica. Algunos nacionalistas catalanes y vascos veían en el partido irlandés Sinn Féin un modelo, si bien ni la situación ni las raíces de la opresión irlandesa tenían que ver con Cataluña o Vasconia. Irlanda había sido realmente conquistada y sometida a sangre y fuego, despojados sus habitantes de las mejores propiedades y vendidos muchos de ellos como esclavos. La opresión y discriminación consolidadas habían originado en tiempos tan recientes como los años 1845-49 una terrible hambruna en que pereció un millón de irlandeses. No obstante, estas diferencias interesaban poco a los nacionalistas en España. Ante la insurrección de Pascua, los euskalerríacos tomaron partido por los ingleses y contra los irlandeses, y al revés los sabinianos, a muchos de los cuales la violencia irlandesa les pareció digna de imitación, aun si no inmediatamente.

A pesar de estos chirridos, el PNV siguió bajo control de los moderados, que llevaron su audacia hasta eliminar, a finales de 1916, el nombre del partido fundado por Sabino Arana, transformándolo en «Comunión Nacionalista Vasca», como indicando su disposición a flexibilizar las ideas, acoger posturas menos estrictas y aceptar la autonomía. La «restauración nacional vasca» tendría un carácter suprapartidista, primando el plano cultural y confesional sobre el político. En su viaje a Bilbao, Cambó instó a los peneuvistas a encabezar, con Cataluña, «una España imperial (…) imperio de grandes pueblos[12]» Los así exhortados no osaron apoyar cosa tal, pero muchos simpatizaron con las propuestas del catalán.

La oposición sabiniana, falta de prensa, apenas tuvo medios de expresión, hasta fundar o refundar Aberri (patria o raza), semanario juvenil, a finales de 1916. Tras un forcejeo interno, los aberrianos tomaron la dirección de las juventudes, elemento muy principal en las labores de agitación y propaganda.

Otro rasgo de esos años fue el auge del PSOE, también en Vizcaya fundamentalmente. Este partido dirigió importantes huelgas, como una general en 1910, y engrosó con rapidez en militantes y prestigio, convirtiéndose en la principal agrupación socialista de España, junto con la asturiana. Pronto destacó en Bilbao Indalecio Prieto, siempre muy ligado a los republicanos, conjuntado con los cuales se convirtió en el principal obstáculo al auge nacionalista. Desempeñó por entonces, si bien en un plano mucho más local, un papel similar al de Lerroux en Cataluña.

El año 1916 marcó el ápice en la carrera de la Lliga como partido decisivo en Cataluña y muy poderoso en Madrid. Cambó exultaba: la etapa de «catalanización de los catalanes estaba acabada y superada», y por tanto «nos era necesario participar en el Gobierno», «colaborar en el engrandecimiento de España[13]».

Había algo ilusorio en sus planteamientos. Polemizando con Gabriel Maura en 1915, había enaltecido los regionalismos como la única fuerza «sana» del país. En realidad hablaba de la Lliga, poseedora en exclusiva de la salud política, pues no había otro «regionalismo» lozano, y al vasco él mismo lo califica de «desorbitado». Pero su experiencia debía indicarle que la supuesta «necrocracia» de la Restauración, aguantaba pruebas y ataques brutales, mostrando notable flexibilidad y moderación, sin las cuales la propia carrera triunfal de Cambó habría sido imposible. Pese al victimismo nacionalista y la supuesta inquina de «Castilla» a Cataluña, quedó claro que las puertas de la política estaban abiertas a cualquier líder, viniera de donde viniera, con las oposiciones lógicas en un sistema de libertades. Nada en la Restauración impedía a cualquiera participar en la política general y, dentro de ella, defender intereses regionales, como la cooficialidad y promoción del idioma, etc. La Lliga no sólo defendía esos intereses tal como ella los entendía, también incidía en los asuntos generales del país, y hallaba simpatías muy extendidas. ¿Dónde estaba la «esclavización» de Cataluña, base del nacionalismo?

«Era preciso decidir: o encerramos en el cercado de Cataluña, o bien llevar nuestra actuación a la política general. La primera solución nos ofrecía dos caminos: o el maximalista de un separatismo que siempre he considerado absurdo, o el minimalista de un provincianismo egoísta (…). Frente a estas dos soluciones [la otra] (…) ofrecía dos eventualidades: que los partidos de turno, que tanto habían criticado nuestro exclusivismo, nos abrieran buenamente el acceso al Poder, o que hicieran frente común para impedimos el paso. En esta última hipótesis teníamos que aprovechar cualquier ocasión para debilitarlos y quitarles el poder de las manos[14]».

Sin embargo había otra evolución viable. Los conservadores no sólo colaboraron con Cambó, sino que le propusieron entrar en su partido, para animar las fuerzas constitucionales con el dinamismo del grupo catalán. Se lo había sugerido Maura y le insistió Dato. Fundir a la Lliga con el Partido Conservador habría sido tarea ardua, pero no imposible. Los nacionalistas de izquierda, que acusaban a Cambó de tibieza catalanista, habían entrado, unos en la Conjunción con los socialistas, y otros en el Partido Reformista de Melquíades Álvarez. Con el poso del tiempo, observa Cambó: «Es posible que Dato tuviera razón en su demanda pero (…) no podíamos aceptar de Eduardo Dato lo que no habíamos aceptado de Antonio Maura[15]».

Excusa apenas consistente. El rechazo a la fusión no tenía más base que las antiguas rencillas medievales exaltadas por el espíritu romántico. Pero su propia acción debía haber mostrado a Cambó lo fantasmagórico de la oposición Cataluña-Castilla, tópico en apariencia irrenunciable de la propaganda y la política nacionalistas. Los dirigentes más destacados de la Restauración a duras penas podían considerarse castellanos: Cánovas andaluz, Sagasta riojano medio vasco, Maura mallorquín, Canalejas y Dato gallegos. Lo mismo en la vida intelectual: de los componentes de mayor renombre en la «Generación del 98», tres eran vascos, uno gallego, uno valenciano y uno andaluz. En el plano económico, los capitalistas vascos y catalanes pesaban más que los de cualquier otra región. «Madrid» no era «Castilla», sino un centro de confluencia general.

La Lliga pretendía una Cataluña nacionalista líder del resto del país, con Barcelona como capital de facto de España, pretensión no menos fantasmagórica. La ciudad condal superaba a Madrid en pujanza económica, y la igualaba en población y quizá, aunque muy dudosamente, en potencia cultural. Podía mantener una rivalidad creativa en el plano cultural y en alguna medida político, o bien optar por la secesión. Lo que no podía era sustituir a Madrid, y menos en nombre de un exclusivismo regional en Madrid inexistente. En fin, a aquellas alturas resultaba impensable una región dirigente, cualquiera que fuese.

Lo cual también quedó comprobado por entonces. De acuerdo con su doctrina, si la Lliga quería influir fuera de Cataluña debía promover por doquier regionalismos o nacionalismos, a fin de llegar a una confederación, formal o de hecho. Estimuló movimientos tales en Valencia, las Baleares, Andalucía o Galicia, y procuró estrechar lazos con el nacionalismo vasco, tan poco proclive a rebajar sus exigencias al nivel de las catalanas. Pues bien, esos intentos fracasaron enseguida. Ni era fácil improvisar partidos o dirigentes tan iluminados y tenaces como los vascos y catalanes, ni Valencia, Andalucía, Baleares, Galicia, etc., habían pasado por el fuego de las campañas políticas y propagandísticas que habían llevado a un número de catalanes a desvincularse sentimentalmente de España. Sólo el contacto con el PNV mejoró, sin mucha efectividad. Ni siquiera fue imitada la mancomunidad, concebida como receta de valor general.

Lección también extraíble de la experiencia era el serio perjuicio de las campañas de Cambó para el régimen cuyas libertades, en definitiva, permitían vivir a la propia Lliga. Así había ocurrido con el cierre de cajas, con la campaña de ¡Cu-Cut! o con la liquidación del plan de Alba. Tal política sólo tenía sentido si la Lliga o el conjunto de los partidos antirégimen representaban una alternativa a éste; es decir, el torpedeamiento de la Restauración podría valer la pena si de ahí naciera un sistema viable y más democrático. Ahora bien, un somero repaso a esa oposición (anarquistas, socialistas, republicanos, nacionalistas de izquierda, intelectuales regeneracionistas), mostraba en casi toda ella un mínimo apego a las libertades, aparte de la imposibilidad de poner de acuerdo a todos aquellos grupos en algo que no fuera la labor destructiva contra el régimen. Por potente que se sintiera la Lliga, era excesiva no ya su aspiración a dirigir al conjunto de España, sino meramente a domeñar a aquellas fuerzas desestabilizadoras, con las cuales, sin embargo, necesitaba aliarse de alguna forma. No había, pues alternativa al sistema, y, al debilitar éste, Cambó serraba la rama donde estaba sentado.

Mucho más tarde, mirando hacia atrás, pensará el líder catalanista que Dato pudo haber tenido razón. Volverá a confesarlo a medias al calificar de brillante el discurso en que Alcalá-Zamora le planteó: «Tenéis que escoger entre ser el Bolívar de Cataluña o el Bismarck de España, pero es imposible que queráis ser las dos cosas al mismo tiempo[16]». Como admitirá reflexivamente, la frase «expresaba una gran verdad». Él no había intentado ser Bismarck ni Bolívar, sino un híbrido de ambos, cuya imposibilidad recalcaba Alcalá-Zamora: fomentar al mismo tiempo el nacionalismo catalán y el imperialismo español. Si Castilla había liderado un gran imperio español, ¿por qué no había de hacerlo ahora Cataluña? La ilusión nacía de imágenes románticas.

En la cúspide de la gloria y de la audacia, después de haber vencido a Alba, y sin paciencia para soportar obstrucciones seguramente pasajeras, Cambó volvió a su oportunismo revolucionario anterior a 1909, renunciando a «la actitud constructiva y gubernamental» sostenida por él desde 1912. «Nosotros demostraríamos que sin Cataluña [sin el nacionalismo catalán, una vez más] en España no se podía gobernar». Y pronto «llegamos a la convicción (…) de que para nosotros el camino al poder estaba cerrado mientras no destruyésemos el sistema de turno de dos partidos que, en realidad, no representaban ninguna fuerza dentro de la opinión, y sí únicamente artificios electorales». ¿Ninguna fuerza de opinión, cuando en la propia Cataluña dichos partidos se habían repuesto en buena medida del descalabro de 1907, y sacaban casi tantos diputados como la propia Lliga[17]?.

En abril de 1916, en una triunfante campaña electoral, afirmó: «Es preciso que esto acabe. Es preciso, en interés de España, que todos los españoles se encuentren bien dentro de ella y que los delegados que representan a España en las negociaciones que quizá hagan modificar el mapa de Europa puedan decir que hablan en nombre de España y que no se produzca el caso de que se oiga una voz potente que diga alta y terminantemente que no hablan en nombre de Cataluña». Era un claro chantaje: si la Lliga no se encontraba «bien» en España, podía procurar la secesión, aprovechando la guerra mundial y los cambios de fronteras que auguraba. La frase levantó indignadas protestas, pero él intentó justificarla en el Parlamento. Romanones mostró su histrionismo al replicar que no consentiría hablar de autonomía política «jamás, jamás, jamás». El último «jamás» le salió con un gallo que causó risas, y a continuación aclaró: «Naturalmente que, al decir jamás, me refiero al momento presente». La carcajada general obligó a suspender la sesión[18].

Nada parecía resistirse al líder de la Lliga, que deliberadamente creaba «pasión», «bordeando la demagogia». Creía oportuno hacerlo porque «Es una condición esencial de los caudillos de partidos de masa saber canalizar las pasiones una vez despertadas, sin dejarse arrastrar por ellas[19]».

Su impaciencia se contagiaba de un ambiente de crisis terminal de la Restauración. Socialistas y anarquistas, de nuevo aliados, organizaban en diciembre del 16 una huelga general, y hostigaban al régimen con constantes paros. Pero el suceso definidor de la situación fueron las «Juntas de defensa» en el ejército. Estas juntas, especie de sindicatos, protestaban por la pérdida de capacidad adquisitiva de los sueldos militares y denunciaban los favoritismos en los ascensos. Pudieron haber sido reprimidas por indisciplina, pero tomaron enseguida carácter subversivo e incontrolable. En los primeros meses de 1917 hicieron públicas sus protestas, y ante el intento del gobierno de García Prieto de castigarlas, las juntas se multiplicaron retadoramente en los cuarteles, a partir de la guarnición de Barcelona, y adoptaron un lenguaje de denuncia regeneracionista, abiertamente sedicioso, con petición de Cortes constituyentes y amenazas poco veladas de golpe de estado.

Cambó lo vio así: «El golpe de los militares llevaría a España a la anarquía si no había quien lo encarrilara hacia una renovación de la política. Solamente nosotros éramos capaces de llevar a término aquella obra (…). Era preciso optar entre resignarse a la impotencia o emprender caminos revolucionarios». Aunque «el mayor riesgo consistía en ser desbordados por las izquierdas, que pudimos conocer bien en la época de Solidaridad Catalana». Los grupos antisistema se sintieron electrizados, pues la subversión militar exponía al régimen al golpe definitivo asestado entre todos. Y todos buscaron enlaces con los cabecillas junteros[20].

La excitación aumentó aún al llegar noticias de la revolución rusa del 15 de marzo, que derribaba la ancestral monarquía zarista para fundar una república democrática. ¿Por qué no podía ocurrir algo así en España, donde cundía el descontento y el sistema se resquebrajaba? Socialistas y anarquistas promovían juntos una huelga tras otra, desde Cartagena a Bilbao, aunque persiguieran objetivos distintos. Los primeros pensaban utilizar la huelga general para dar paso a un poder republicano, con presencia del PSOE, mientras que los ácratas tenían intención de llevarla más allá, hasta la completa destrucción del estado.

A finales de ese mes los dirigentes de UGT y CNT preparaban un movimiento revolucionario. El manifiesto conjunto advertía: «Se impone que el proletariado español emplee la huelga general, sin plazo definido de terminación, como el arma más poderosa que posee para reivindicar sus derechos». La economía debía quedar paralizada por la huelga de la minería asturiana combinada con la de ferrocarriles, que dejaría a las ciudades desabastecidas. Se repartirían armas, y los obreros renuentes debían ser convencidos por medios expeditivos. La efervescencia y descomposición del ejército garantizaban su pasividad, incluso su solidaridad con los huelguistas.

Al mismo tiempo los catalanistas de izquierda renacieron, y en abril surgió un nuevo partido, el Republicà Català, que intentaba ganar votos obreros congraciándose con los anarquistas. En él destacaban figuras como Marcelino Domingo y Luis Companys, llamados a un papel casi estelar en la II República, catorce años después.

En junio, el gobierno, una vez más de García Prieto, hubo de dimitir por impotencia ante las juntas militares, y el país se puso al rojo vivo. El día 11 volvía al poder el conservador Dato, mientras los liberales reñían entre ellos. Para Cambó era una mala noticia, pues Dato mostraba firmeza ante la Lliga y los demás revoltosos, aunque esa firmeza también podía precipitar el alud. El día 14, la Lliga publicaba un manifiesto al país, de pluma de Prat de la Riba, asegurando que las Juntas de defensa «al lado de tantas sombras y ficciones constituían un grito de sinceridad, una realidad viviente». E insistía en un tópico predilecto: «Nuestros gobernantes no han sabido organizar nada: ni el Ejército, ni la Marina, ni la Administración, ni los Municipios, ni las Diputaciones, ni las haciendas locales, ni la enseñanza, ni la Justicia, ni la economía nacional ni las instituciones sociales. Ni siquiera han sabido organizarse a sí mismos…». Proponía salir del marasmo con una federación donde «los pueblos ibéricos tendrían el ambiente de fraternidad, de intimidad amorosa que forma las grandes unidades indivisibles».

El 17 salía un nuevo manifiesto firmado por Pablo Iglesias, Lerroux, Melquíades Álvarez y otros. Marcelino Domingo publicaba a su turno, en Barcelona, una invitación al rey para que se fuera antes de que le echaran: «Los reyes —decía citando a Voltaire— han de tener el instinto de poner fin oficial a su reinado para evitar al país el trance doloroso de liquidar a un mismo tiempo el reinado y el rey». El tono insolente y amenazador de la agitación respondía a una impresión generalizada de inminente derrumbe de la Restauración[21].

Confluían, por tanto, tres movimientos, el militar, el nacionalista y el obrerista, en un mismo objetivo inmediato y revolucionario.

Cambó difundió entonces su iniciativa: reunir una asamblea de fuerzas políticas con vistas a formar unas Cortes Constituyentes. La convocatoria debía oficializarla una amplia reunión de parlamentarios el 19 de julio, que daría el golpe de gracia al sistema de Cánovas. Obtuvo enseguida el apoyo de republicanos, socialistas, miembros de las Juntas militares, sindicatos, etc., aunque, como viene a observar él mismo, cada cual pensaba aprovecharse de sus aliados para llevar a su molino el agua del movimiento: «Lerroux, convencido de que él seria el director para instaurar una República burguesa; Melquíades Álvarez tenía una ilusión parecida; Marcelino Domingo (…) pensaba que la reunión tomaría un cariz tan social como político. Los anarquistas (…) estaban seguros de que acabarían haciéndose dueños de la situación revolucionaria». La aventura, reconoce Cambó tenía mucho peligro. Aconsejó a los militares: «Vosotros habéis abierto un período revolucionario; la situación de España y de su política ha llegado a un punto en que vuestro golpe queda justificado (…). A lo que no tenéis derecho es a crear un estado de anarquía». Es decir, los incitaba a impedir que sus competidores llegaran demasiado lejos[22].

«Entre el día 5 de julio y el 19 de agosto se creó en España un período de agitación sin precedentes (…) un estado febril del cual se vieron libres muy pocos. Todos querían y esperaban algo, y eran poquísimos los que temían que aquel “algo” pudiera ser catastrófico. No hay que olvidar que en Rusia no se había producido aún el golpe bolchevique». «Todas las clases conservadoras de Barcelona acompañaban con simpatía, más o menos inconsciente, el movimiento desencadenado por la Lliga». Los nacionalistas vascos describían: «Todo el mundo se insubordina (…). Todos gruñen, alborotan, chillan y amenazan… Se oye un vocerío como de patio de manicomio. Y no proviene de un huerto de orates sino de ese huerto (…) que se llama España y que hoy se agrieta como una tierra calcinada». Las apelaciones a una violencia decisiva daban la tónica de aquellos días. Varios de los políticos involucrados deseaban entrar en la guerra europea, y muchos creyeron ser ése el motivo oculto de la agitación[23].

Dato, sin amilanarse por la sobreexcitación ambiente, declaró sediciosa la asamblea de parlamentarios. El 19 de julio, Cambó sólo lograba reunir a 68 diputados y senadores en un palacio de la antigua Ciudadela barcelonesa. La Guardia Civil los localizó y detuvo a su presidente, el lliguista Abadal. Sus compañeros se declararon prestos a acompañarle, y el jefe de la fuerza los arrestó a todos. Ordenó sacarlos del local, y en la puerta los dejó libres. Desde allí, los diputados fueron a otros locales, donde sus seguidores les ovacionaron. De este modo algo grotesco fracasaba la asamblea que debía iniciar el derribo de la Restauración.

Pero continuaba el movimiento revolucionario. Sus organizadores no supieron coordinarse bien, acaso porque cada cual participaba con sus propios intereses. Algunos creyeron que la asamblea de diputados señalaba el estallido de la huelga general, y ésta comenzó prematuramente en los ferrocarriles. El comité revolucionario se vio sorprendido, y Dato se percató —u obró como si se hubiera percatado— de la ocasión de precipitar el movimiento. Impidió la readmisión de despedidos y el paro se radicalizó, obligando al comité a actuar por solidaridad y sin suficiente preparación[*].

El 13 de agosto comenzó la gran huelga, con vistas, por parte socialista, a promover un gobierno burgués, presidido quizá por Melquíades Álvarez. Proliferaron las violencias, pero mal conjuntadas. Un sabotaje provocó un mortífero accidente de tren en Bilbao. El comité de huelga socialista, constituido por Largo Caballero, Besteiro, Anguiano y Saborit (Prieto huyó a Francia y Pablo Iglesias estaba enfermo) fue arrestado en una buhardilla de Madrid. Los republicanos recularon. Los militares, con cuya cooperación o al menos pasividad contaban los jefes socialistas y anarquistas, defendieron la legalidad y derrotaron la sublevación. Hubo unos 80 muertos y 150 heridos (con alto porcentaje en las fuerzas del orden), menos que en la Semana Trágica. Algunos, con dudoso sentido del humor, la llamaron «semana cómica».

¿Por qué ayudaron al gobierno los díscolos militares? Principalmente porque Dato se los atrajo cediendo a muchas de sus reivindicaciones. Esta baza, constitucionalmente muy dolorosa, era sin embargo obligada para quebrar el movimiento sedicioso. Dato obró en todo momento con energía y calma, y en aquellos días, por él calificados de «negros y amarguísimos», derrotó sucesivamente unas amenazas que casi todo el mundo juzgaba letales para el orden constituido.

La experiencia demostró de modo palmario, una vez más, cuánto erraban los enemigos de la Restauración en sus análisis. Ni se trataba de un régimen «de muertos», ni sus enemigos parecían estar en condiciones de traer otra cosa que el caos.

Por lo que hace a los nacionalistas vascos, su influencia en estos procesos fue mínima. No condenaron ni apoyaron la asamblea de diputados, y ante la huelga, especialmente sangrienta en Bilbao, corrieron sin vacilar al lado del gobierno contra la «criminal perturbación», en unos momentos en que «las autoridades constituidas deben contar con la confianza de los hombres honrados y con su adhesión a favor de la sociedad y sus más caros intereses, amenazados de muerte[24]». A lo largo del año, la historia había proseguido en las habituales rivalidades internas y trifulcas, presiones en pro de una autonomía o incluso de una mancomunidad a la catalana.

Capítulo 7

LA DESCOMPOSICIÓN DE UN RÉGIMEN

De la triple y radical prueba de fuerza de 1917, el régimen había salido vencedor, y sus enemigos divididos y frustrados. Lerroux y Cambó, extrañamente unidos antes en la subversión, volvían a moderarse, los nacionalistas catalanes de izquierda quedaban en ridículo, y los vascos habían apoyado al gobierno. Los humillados socialistas se sentían traicionados por los republicanos, y su despecho rompería por mucho tiempo la alianza entre ambas formaciones. Los anarquistas no salían mejor parados.

Pareció la ocasión de que los partidos dinásticos tomaran la iniciativa. Pero, sumidos en la política del día a día, casi ningún político percibió las oportunidades abiertas por la victoria, y privó un pragmatismo obtuso. La inestabilidad gubernamental se había hecho crónica, impidiendo una obra consistente y de alcance: nada menos que cuatro gobiernos en el crítico 1917. Sufría el sistema una especie de pulsión suicida, una vaga sensación de ilegitimidad que lo paralizaba incluso en sus momentos más felices. Flaqueza achacable, una vez más, al abandono y hostilidad de los intelectuales.

De inmediato pasó factura la claudicación ante las Juntas de defensa, las cuales retomaron su juego turbulento. Habían tenido contacto con los antisistema y resentían sus acusaciones de traición. Para probar que su retórica regeneracionista no era un mero disfraz de intereses corporativos, reaccionaron contra el gobierno: si los políticos —argüían— hubieran mirado por el bien común y acometido a tiempo las reformas precisas, habrían sobrado tanto la revuelta como el uso del ejército contra ella. La pequeña parte de razón de esos cargos ocultaba mal su falsedad de fondo: los partidos rebeldes no buscaban reformas, sino hundir el régimen. Y nunca hubieran osado lanzarse a tal aventura sin la esperanza y el ejemplo de la revoltosa conducta militar.

La demagogia castrense se cebó en Dato. El rey, una vez más, cedió y retiró la confianza al hombre que había salvado la monarquía en momentos tan arduos, a quien sustituyó el muy mediocre García Prieto el 1 de noviembre. Dato había gobernado apenas cuatro meses y medio, los justos para realizar su proeza.

El mismo Cambó da impresión de alocamiento cuando celebra estas cosas como un triunfo personal. Él había extremado la oposición a Dato —como a Alba—, y tras el fracaso revolucionario había seguido maniobrando contra él, y contribuido a su exclusión, al lado otra vez de los intrigantes militares[1].

Los derrotados de agosto encontraron un bálsamo en la revolución comunista que en noviembre derrocaba al régimen liberal ruso, instaurado sólo ocho meses antes. El dirigente bolchevique Lenin se convirtió en un ídolo internacional y toda Europa se vio estremecida por corrientes de alegría o de alarma. El precedente de la Comuna de París, casi medio siglo antes, había dejado el sinsabor de la derrota, pero ahora los vencidos eran los burgueses: el fantasma del comunismo, convocado por el Manifiesto de Marx y Engels, tomaba cuerpo finalmente. Los movimientos obreristas ya tenían una referencia material, y no los simples deseos nebulosamente igualitarios de antes. Fue una potente inyección de moral para los socialistas españoles, y también para los anarquistas, que no podían prever el triste destino de sus correligionarios bajo el poder soviético.

El PSOE volvió a mostrar su carácter inasimilable. Los miembros del comité de huelga temieron ser condenados a muerte, como Ferrer Guardia ocho años antes, pero recibieron sólo cadena perpetua. Quizá pesó en la sentencia el recuerdo de la «ferrerada», pero la clemencia no iba a surtir efectos mucho mejores. Una campaña victimista extendió la popularidad de los condenados. Si no mártires, salían del trance como héroes, perseguidos por un poder oscurantista y despiadado. Unos meses después se les permitía presentarse a elecciones, y, al salir diputados, fueron obsequiados con la amnistía. En ningún momento mostraron conciliación o gratitud. Al contrario, presentaron la amnistía como victoria propia, debida a la presión del «pueblo» y al miedo de los gobernantes. A éstos no les valía la rigidez ni la indulgencia.

Al reabrir las Cortes, en marzo de 1918, los socialistas acusaron a Dato, quien, ya perdida la jefatura del gobierno, les recriminó, exasperado: «Los autores (…) de un movimiento revolucionario (…) que se lanzaron o lanzaron a los demás por caminos de perturbación (…) considerando que la amnistía no es el perdón, sino una apoteosis del delincuente, vienen aquí a [acusar] (…) a aquellos gobernantes que tuvieron que defender el orden social. Deteniendo proyectos de ley que a esas clases trabajadoras se refieren, habéis pasado sesiones y sesiones hablando ¿de qué? ¿De aquello que puede unirnos para una colaboración común tan indispensable en los momentos por los que la nación está pasando? No; para sembrar aquí rencores, para establecer antagonismos, para continuar aquí la obra revolucionaria de que estáis encargados[2]».

En la Lliga, el entusiasmo causado por la caída de Dato «era delirante», acompañado seguramente de alivio por la frustración —gracias al caído— de los designios izquierdistas, con los que la Lliga había jugado. Ésta, por lo demás, veía recompensadas sus acciones desestabilizadoras del verano al entrar por primera vez en un gobierno, con García Prieto. Tenía en él dos ministros, Ventosa, segundo de Cambó en el partido, y Rodés. También fue ofrecido un ministerio a otro de los vencidos de aquel verano, Melquíades Álvarez (iba para jefe del gobierno si triunfaba la huelga revolucionaria), a fin de dar al gabinete un aire reconciliador con algo o bastante de revancha sobre los vencedores. Pero Álvarez enturbió aquella oficiosidad al rechazar la oferta. También Maura, que no se había dejado arrastrar por Cambó en el tumultuoso verano pasado, permaneció al margen del nuevo ejecutivo, el cual, simplemente, no funcionó. Las izquierdas acusaron a la Lliga de haberlas traicionado y de haber armado tanto alboroto sólo para ser admitida en el poder[3].

Cambó hará esta consideración no muy realista: «Destruir el turno de unos partidos sin ninguna fuerza de opinión y sostenidos únicamente por la voluntad regia, era cosa fácil». Pero el turno no estaba destruido. Más bien, como le achacaban las izquierdas, la propia Lliga había entrado en él. Y la simple voluntad regia no habría bastado a sostener año tras año a unos partidos «sin fuerza de opinión[4]».

El gobierno en cuestión duró poco: tres meses y medio, hasta marzo de 1918. En ese breve tiempo las Juntas de defensa contaminaron a otros ministerios, hubo huelgas de funcionarios, y «el país llegó a tener una sensación de falta de autoridad como no la había tenido nunca. ¡Y es que se había destruido un artificio y no se había creado ni una realidad ni otro artificio que viniera a sustituirlo!»[5]. No tan artificio, pero muy cierto que ni la Lliga ni sus aliados de ocasión ofrecían alternativa viable al régimen al que socavaban sin descanso. Como iba a demostrarse bien pronto.

Así pues, la victoria dinástica de 1917 sobre los frontales ataques de la subversión se transformaba en pocos meses, a través de mil pequeñas intrigas, falsas reconciliaciones y pérdida de autoridad, en una crisis gravísima.

La sensación de desplome movió al rey a recurrir al prestigio de Maura. Éste, recuerda Cambó, «me explicó brevemente que para hacer frente a la situación, y con un programa limitado, se había llegado a un acuerdo para constituir bajo su Presidencia un Gobierno nacional, en el cual nadie llevaría problemas previos de partido, sino la decisión de salvar a España del momento difícil en que se hallaba, y se requería mi concurso para ocupar personalmente la cartera de Fomento. Dije que lo aceptaba sin reservas». También aceptaron Alba, Romanones y Dato, hombre sin rencores.

La noticia del nuevo gabinete alborozó a una población que se sentía muy mal gobernada y venía asistiendo, atónita y angustiada, al desmoronamiento del orden: «La gente se abrazaba sin conocerse. Muchos lloraban de emoción (…). Alegría general. Todo el mundo tenía la sensación de que no España, sino cada uno de ellos mismos, se había salvado de un inmenso peligro», señala Cambó. Y así debió de ser[6].

Cambó imprimió a su cargo en Fomento un dinamismo y racionalidad nada habituales en el ambiente rutinario, desilusionado e inepto prevaleciente en la política. Allí ganó «un inmenso prestigio (…) que se extendía a toda España, a todos los estamentos sociales, hasta al ejército, que tenía completamente deslumbrado al Rey y que podía haberme permitido, con el beneplácito de Maura, tomar su sucesión[7]». No exageraba, pues la gente anhelaba precisamente un estilo de trabajo como el suyo. Cambó se complace en presentar su carrera como un reflejo del nacionalismo catalán, pero cabe dudarlo. Siendo uno de los pocos políticos españoles con verdadero talento, valor y entrega, aún destacaba más en Cataluña. Sin él, sin sus dotes políticas y organizadoras, la Lliga difícilmente habría superado el nivel del nacionalismo de izquierdas: un grupo marginal, maledicente y plagado de querellas internas.

Pero si la revolución rusa había infundido ánimo a los revolucionarios, el fin de la guerra mundial iba a exaltar a los nacionalismos. Los Aliados habían empleado la idea de la autodeterminación como cuña para disgregar al Imperio Austrohúngaro, y el presidente useño Wilson la había adoptado al entrar en liza. «Los 14 puntos de Wilson [uno de ellos el principio de autodeterminación], bajo cuya sombra se había hecho la paz, habían enloquecido al mundo entero», dice Cambó. «Todos los ideales, todas las causas creían que era llegada su hora. Todo el mundo estaba con la ilusión de que la guerra se había hecho para él, para satisfacer sus ensueños y sus preocupaciones[8]».

Desde luego, los nacionalistas catalanes pensaban así, y con tales amparos relegaron sus planes «ibéricos» para centrarse en sus agravios particulares, máxime cuando recibían estímulos como el arrogante mensaje del embajador inglés, Harding, transmitido a Cambó por una duquesa: «Ésta es la hora de Cataluña. Ahora ha llegado el momento de que los ingleses borremos la mancha que en nuestra historia pusieron los ministros de la Reina Ana al traicionar a Cataluña. Diga a sus amigos catalanes que Inglaterra no consentirá ahora que se les atropelle si reclaman la autonomía[9]».

El jefe de la Lliga también se dejó llevar de ese clima posbélico, y contribuyó a deshacer el prometedor gobierno nacional de Maura, disuelto en noviembre de 1918, prácticamente en coincidencia con el fin de la contienda mundial, y tras sólo ocho meses de actividad. Otros ministros deseaban también acabar con él, en especial Romanones, aliadófilo y belicista, que, por eso, consideraba llegado su momento.

En esa Europa propicia a la desintegración de muchos estados, entre ellos el español, surgían otros focos de inquietud: «Aparecieron desde los primeros días síntomas inquietantes: en medio de las noticias y de los clamores de victoria, los diarios publicaban los estallidos revolucionarios que iban extendiéndose en los países vencidos y en su próxima vecindad (…) como habían hecho su aparición en Rusia en el período de Kerenski[10]».

No siendo España inmune al contagio, muchos vieron un mal menor en el catalanismo. El rey convocó a Cambó, cuenta éste en sus memorias, y le recomendó: «Es preciso que usted vaya a Barcelona en seguida para provocar un movimiento que distraiga a las masas de cualquier propósito revolucionario». Cambó asintió, y explica: «No quiero echar sobre Alfonso XIII la responsabilidad de mi actuación en aquellos momentos. A mí y a Ventosa nos corresponde por completo (…). Por otra parte, yo sabía cómo podía fiarme de la palabra del Rey. (…) Al hablarme decía lo que entonces pensaba y sentía… como en el momento en que mandó la carta y la rosa a Dato, pocos días antes de darle la patada que le arrojó del Gobierno[11]».

Pero poco le costó seguir la regia exhortación, pues pensaba del mismo modo. Así, se puso a la cabeza de un movimiento proautonomía con desbordamientos separatistas y consignas antiespañolas. Menudearon los incidentes y provocaciones de extremistas a los militares. Cambó pidió una autonomía moderada, pero crecían las dudas sobre sus derivaciones prácticas. La costra de la desconfianza mutua entre los nacionalistas y los partidos dinásticos engrosaba cada día. El doble lenguaje de la Lliga, sus pasadas alternativas de moderación y radicalismo, la impresión de que el nacionalismo en general constituía una más de aquellas fuerzas perturbadoras y revolucionarias con las que a veces se había asociado, hacían vacilar a los propensos al acuerdo, y volvían más rígidos a los centralistas. Alba, en particular, «con su enorme capacidad de acción y de intriga», conspiraba por «rencor hacia mí, tanto o más que (…) a Cataluña». Por entonces le hizo Alcalá-Zamora la observación citada sobre Bismarck y Bolívar[12].

Al afianzarse en Madrid un bloque antiautonomista, en Barcelona subió de punto la indignación, ayudada por el favorable viento internacional. Cambó pronunció sus célebres frases: «Haremos, señores, todo lo posible para que venga la autonomía dentro de la más absoluta normalidad, pero (…) estamos decididos a obtener la autonomía de todas maneras. (…) Las palabras [de] los partidos que son el soporte del Régimen y de la Monarquía de España (…) han sido desfavorables a las aspiraciones de Cataluña. Si esta palabra es la última palabra (…) lucharemos contra los gobiernos y los partidos de la Monarquía hasta destruirlos (…) ¿Monarquía? ¿República? ¡Cataluña! (…) No detendremos nuestro paso hacia la autonomía porque pueda caer la Monarquía».

Cambó resolvió forzar la situación, y anunció la retirada de la representación catalanista de las Cortes. Para tan arriesgada maniobra contó con el apoyo de los republicanos y los socialistas, inesperadamente agrupados de nuevo en torno a él como un año y medio antes, cuando la crisis de 1917. «Yo veía claro —apunta— el esfuerzo que tendría que hacer para no dejarme arrebatar el movimiento por las izquierdas». También como en el 17[13].

Simultáneamente acordó con Romanones suspender las Cortes y formar una comisión extraparlamentaria que presentase un proyecto de autonomía. De esta forma esperaba apartar la cuestión de la agitación pública y darle un carácter más técnico. Pero al conocerse la comisión, los decepcionados socialistas y republicanos, en especial Melquíades Álvarez, que pasaba por una fase extremista, trataron de boicotearla, pues apoyaban al nacionalismo no tanto por simpatía cuanto por usarlo como factor de desestabilización. También los comisionados datistas presentaron su renuncia. Y los siguió la Lliga, retirándose de la comisión que ella misma había propuesto, por temor al fracaso y a la crítica de las izquierdas nacionalistas.

Cuando se hizo pública esta resolución, el gentío congregado en la plaza de San Jaime de Barcelona prorrumpió en frenéticos aplausos, y Cambó comenta: «En nuestras latitudes, la masa votará la solución más desacertada. Fue el 30 de diciembre de 1918 cuando se tomó aquel acuerdo insensato, que condenaba al desastre fatal una campaña que tenía francamente abierto el camino de la victoria. ¡Siento hoy todavía el remordimiento y la vergüenza!». Sin embargo, nadie había demostrado mayor destreza que él en la manipulación de las masas, si excluimos a Lerroux. La comisión siguió adelante, ya desinflada[14].

Para encauzar las pasiones catalanistas, Cambó propuso que la mancomunidad y los parlamentarios catalanes elaborasen un estatuto de autonomía, para plebiscitarlo y llevarlo a las Cortes bajo el principio de autodeterminación wilsoniano. Funcionaron, por tanto, dos comisiones paralelas, la extraparlamentaria de Madrid y la de la mancomunidad, la primera muy influida por Alcalá-Zamora, partidario de podar al máximo la ponencia autonómica presentada por Maura. Ésta recogía por primera vez la palabra «Generalidad» como nombre para el gobierno autónomo, a fin de enlazarlo con el pasado (algunos autores lo consideran una confusión, pues la palabra aludiría a los impuestos de aduanas). Las dos comisiones concluyeron sus trabajos en enero de 1919, con diferencia de días entre ellas.

El proyecto de Madrid ampliaba la ley de Canalejas a favor de la mancomunidad, pero lo rechazaban muchos nacionalistas y las izquierdas, empeñadas en hacer de la reivindicación una plataforma agitativa. «Me encontré durante muchas semanas en la situación desagradable y penosa de tener que mantener mis convicciones evolutivas y conservadoras en pugna constante con los propósitos revolucionarios de unos aliados con los que yo, sin embargo, no podía romper porque la ruptura habría significado la retirada o el fracaso seguro del proyecto de la Comisión extraparlamentaria[15]».

Con todo, percibía el largo trecho recorrido. Veinte años antes, cuando el Tancament de caixes, «no contábamos más que con algunos intelectuales y los tenderos del centro de Barcelona; ahora teníamos casi todos los ayuntamientos de Cataluña, una copiosa representación parlamentaria y una fuerte corriente de opinión[16]».

Los ayuntamientos catalanes defendían el estatuto de la mancomunidad con los ánimos encrespados, los antisistema explotaban la ocasión, y los nacionalistas vascos pensaban en su propio estatuto a remolque del catalán. Forzado por una situación creada por él mismo, Cambó preparó «meticulosamente los actos de desobediencia civil pasiva que irían realizando los Ayuntamientos, y que se encaminaban a crear al Gobierno una situación difícil de dominar y que, en cambio, no ofreciera blanco a la represión[17]». Estaba a punto de producirse una colisión de poderes, de imprevisibles consecuencias, cuando otro suceso más explosivo iba a apagar inesperadamente los conatos de incendio: la huelga de «La Canadiense».

El clima de posguerra caló también en Vascongadas. Desde 1917 empeoraba la disidencia en Comunión Nacionalista, sucesora del PNV. Los autonomistas hasta osaban reivindicar la etapa final españolista de Arana, para enojo de los sabinianos, cuyo desacuerdo a duras penas contenía la retórica y la apelación a una disciplina bien asentada en el movimiento.

La tendencia autonomista, fuerista o euskalerríaca seguía dominando, y, queriendo dar un carácter más intelectual a sus ideas fundó en enero de 1917 la revista Hermes, la más lujosa de España, que duraría cinco años y medio. Hermes exhibía aires intelectuales y poco sectarios, en buena medida correspondientes al estilo e intereses de De la Sota, muy abiertos al comercio y al exterior en la bonanza de los negocios traída por la guerra mundial. Incluso se abría a intelectuales abiertamente antinacionalistas, como Unamuno, Baroja o Maeztu, o no vascos, como Ortega, Madariaga o D’Ors. Todo marchaba bien, porque de paso Comunión no cesaba de ampliar su espacio político. En 1917 había logrado la mayoría en la Diputación de Vizcaya, y al año siguiente copaba toda la representación vizcaína en las Cortes, excepto el escaño de Indalecio Prieto, que desde el PSOE hacía una dura oposición al nacionalismo.

En esa corriente la figura de Arana quedaba como un referente simbólico o ceremonial, poco operativo. Algunos llegaban a declararse contrarios a la independencia y a favor del «modelo Cambó»: las «naciones» periféricas, en especial Cataluña y Vasconia, serían los elementos realmente «vitales» de España, que «ofrecen al Estado una posibilidad de restauración de su fuerza. Si se produce una reacción en la conciencia, España habrá adquirido una unidad de dirección con una pluralidad de contenidos», escribía Jesús de Sarría, editor de Hermes, en 1918[18]. Cambiando a Arana por Prat de la Riba, España ya no sería una nación, sino sólo un estado, cuyo fortalecimiento podían procurar, si les convenía —y sí les convenía de momento, según los defensores de la idea— las «auténticas» naciones, Cataluña, Vasconia, Galicia, Castilla y quizá alguna más, asociadas confederalmente.

Pero ¿por qué debía ser sepultada la nación española y sustituida por una confederación? Declarar la inexistencia nacional de España contrariaba la convicción de millones de personas, incluyendo a muy numerosos catalanes, vascos y gallegos, probablemente la gran mayoría pese a veinte años de incansable adoctrinamiento en contra. ¿Y qué fortalecimiento podría esperar un estado sin base nacional, unido por la supuesta conveniencia y buena fe de los nacionalistas? El único lazo efectivo sólo podía ser el económico, lazo moralmente débil, y cualquiera de las nuevas naciones podría, desde su soberanía, desarrollar otros más fuertes con Francia, por ejemplo. Las promesas voluntaristas de unidad y buena fe difícilmente garantizarían la continuidad del estado, máxime cuando la ideología nacionalista, en todos los casos, implicaba una opinión pésima sobre la anterior unidad española.

Además, ¿podían los nacionalistas moderados garantizar la cohesión estatal cuando en sus propias filas les disputaban el campo las corrientes secesionistas? Pues aunque en 1918 los autonomistas predominaban en Comunión, pronto los separatistas les irían ganando terreno, como ocurriría también en Cataluña.

Los independentistas, tanto en Vasconia como en Cataluña, no tenían por qué rechazar en principio la autonomía, si servía de paso intermedio a la separación o a una confederación muy suelta. También los autonomistas, vascos y catalanes, solían mostrarse ambiguos, diciendo una cosa en Madrid y otra en Bilbao o Barcelona. Pero así como en Madrid había la sospecha de que la autonomía preludiaba la secesión, en Bilbao y Barcelona los puristas temían que condujera a una identificación indirecta con la detestada España. De eso acusaban a Cambó, precisamente. Muchos políticos de un lado y otro percibían estas contradicciones y peligros, y terminaron por oponerse a ellas con bastante firmeza, frenando unos movimientos que al término de la guerra mundial parecían al borde de un seguro triunfo.

Cierto grado de terrorismo, «al cual habíamos llegado a aclimatarnos», se había hecho casi normal en Barcelona, pero en junio de 1918, en el Congreso de Sans, la CNT había optado por la acción directa con inclusión de atentados, como medio privilegiado de lucha. En consecuencia tomó incremento el terrorismo y la agitación de masas. Y a principios de febrero de 1919 comenzó la huelga de La Canadiense, nombre popular de la empresa suministradora de electricidad en Cataluña, de capital anglocanadiense. El paro comenzó en protesta por unos despidos, y llegó pronto a un acuerdo que reconocía, entre otras cosas, la jornada de ocho horas. Pero los radicales de la CNT presionaron por mantener una huelga ya sin objetivos sindicales precisos. La patronal, harta de los métodos anarquistas, se cerró en banda, esperando romper el espinazo a la CNT. Ésta recrudeció su acción, extendiendo el movimiento a Valencia, Madrid, La Coruña y otros lugares, lo que obligó al gobierno a declarar el estado de guerra. Hito glorioso en los anales libertarios, Cambó la describe como la huelga «más venenosa, la más salvaje que hubiera conocido Barcelona. Su extensión excedía todos los intentos que la precedieron: abastecimiento, industrias, servicios públicos, avituallamiento, hasta el entierro de los cadáveres venía afectado». Duró un mes y medio, aunque provocó inestabilidad todo el año. Romanones, queriendo eludir el peso de la represión y la etiqueta de «reaccionario», dimitió, y el 15 de abril volvía Maura a tomar el relevo[19].

La acción cenetista es a menudo malinterpretada cuando se la limita al plano sindical, a la tensión entre las reivindicaciones obreras y los intereses empresariales. La propaganda suele presentar así las cosas, y la historiografía las recoge a menudo tal cual. Pero el sindicalismo ácrata —igual que el marxista— sólo buscaba mejoras laborales como palanca para derrumbar el sistema económico y político existente, y tachaba el sindicalismo puro de reformismo y traición a los verdaderos objetivos que a su juicio debía perseguir el proletariado: la CNT trataba de llegar a una huelga general revolucionaria que diera al traste con el sistema liberal y con cualquier tipo de estado. La huelga de La Canadiense fue concebida como un paso en esa dirección.

Por su amplitud y violencia, dicha huelga dividió al bloque autonomista catalán, unido poco antes tan a duras penas y con tantas concesiones. Fue preciso elegir: con las autoridades o con la CNT. La Lliga, dadas sus viejas connivencias, podía aparecer como corresponsable de los disturbios, aumentando el estrago político, pero se inclinó sin dudar contra los anarquistas, «contrarios no ya a la libertad, sino a la vida misma de nuestra tierra como colectividad civilizada». Por tanto volvió a apoyar al gobierno, ayudó a reprimir la huelga, procuró restaurar los servicios desorganizados por la CNT y metió en liza al somatén, especie de milicia de orden impulsada por el mismo Cambó en sus meses de ministro[20].

Esa opción le costó la ruptura con los partidos catalanes de izquierda. Y si la huelga quedó en parte vencida, la Lliga también: su movimiento autonómico, auspiciado en su comienzo por el rey, había fracasado. «Después de la huelga de La Canadiense, en que toda Cataluña sintió el escalofrío del peligro que había corrido, se inició una honda reacción conservadora. Dejó, simultáneamente, de hablarse de autonomía catalana, tanto en Madrid como en Barcelona, y en Cataluña empezaron a adquirir fuerza y a recoger adeptos los elementos de la Unión Monárquica Nacional», Cambó hubo de abandonar el primer plano de la política[21].

Maura permaneció tres meses con un gabinete mediocre, sucediéndole Sánchez Toca con otro peor hasta finales de aquel complicado 1919. Por entonces nacieron en Barcelona los Sindicatos Libres, de raíz tradicionalista y planteados como profesionales y económicos. Recibidos con máxima aversión por los ácratas, que no en vano proclamaban a la CNT «sindicato único», replicaron a los violentos ataques de éstos, y ambos grupos se enzarzaron en una pelea permanente, llevando los «libres» la peor parte. Los empresarios, despavoridos por la experiencia de La Canadiense, procuraron en el otoño doblegar a la CNT mediante cierres patronales, y apoyaron a los nuevos sindicatos frente a los anarquistas. El aire de la ciudad se tornó asfixiante.

Otros sucesos en lugares lejanos iban a repercutir en España. En Moscú nacía la Comintern o Tercera Internacional, con la misión de exportar la revolución marxista a todas las naciones. Su política exigía el uso de medios ilegales y violentos en combinación con los legales, y la organización de insurrecciones armadas por un «estado mayor» de revolucionarios profesionales. La CNT, tan ilusionada como mal informada, acordó unirse a dicha internacional, aunque la prueba duraría poco. El PSOE también sintió la atracción cominterniana, pero la estricta disciplina y subordinación a Moscú exigidas le desanimó. Aun así, los pesos pesados del partido hubieron de emplearse a fondo para mantener la independencia del partido. El movimiento comunista tardaría en asentarse en España, si bien permaneció un fondo de simpatía hacia la URSS. También en 1919 surgió el fascismo de Mussolini en Italia, con escasa repercusión en España hasta los años 30. En toda Europa se caldeó el ambiente, con intentonas revolucionarias en Finlandia, Hungría, Alemania, etc.

En Madrid rotaban los gobiernos, a cuál más mediocre. La energía reformista de la Restauración parecía agotada tras las duras y sucesivas pruebas sufridas, y sus partidos Liberal y Conservador se agrietaban de arriba abajo.

No iba mucho más boyante el nacionalismo catalán. Su peligroso ataque al régimen desde el otoño de 1918 quedó frenado por la ofensiva anarquista de 1919, que volvió a recordar a todos la existencia de fuerzas tan inasimilables como poderosas. En 1920 los nacionalistas tuvieron un pequeño y desordenado renacimiento. Habían realizado los años anteriores una labor perseverante de proselitismo por medio de asociaciones de jóvenes, montañeros, etc., difundiendo un espíritu abiertamente antiespañol. Los Juegos Florales de mayo de ese año, en Barcelona, degeneraron en disturbios juveniles, originando nuevos cruces de acusaciones entre nacionalistas y centralistas.

El paisaje político se ennegreció aún en el otoño, debido a una depresión económica y a una crisis bancaria en Cataluña, que Cambó logró salvar en colaboración con el Banco de España. El terrorismo ácrata se volvía una plaga insoportable y fuera de todo control. En mayo había vuelto al poder Dato. Según ha mostrado el historiador Seco Serrano, Cambó le sugirió nombrar gobernador civil de Barcelona al general Martínez Anido, con fama de duro y eficaz. El general tomó posesión en noviembre, y, ayudado por el también general Arlegui, y por los Sindicatos Libres, combatió a los anarquistas utilizando los métodos de éstos y aplicando la «ley de fugas», es decir, el asesinato de presuntos terroristas so pretexto de intentos de fuga.

La Lliga seguía siendo la primera fuerza política en Cataluña, pero el entramado de familias nacionalistas crujía. Desde 1919 se gestaban riñas de tipo intelectual por la normalización del idioma catalán emprendida por Pompeu Fabra, cuyo objetivo explícito consistía en deshispanizar el idioma, «depurándolo» de influencias castellanas. Fabra eclipsó a los discrepantes, pero no tuvo tanta suerte otro intelectual de primera fila, Eugenio D’Ors, el pensador catalán más relevante del siglo XX. Inspirador de Prat de la Riba y comprometido con el ideal «noucentista», un intento de síntesis de tradición, imperialismo y subjetivismo, D’Ors aspiraba a crear una «Escuela catalana de Filosofía tan importante, por lo menos, como fue un día la escocesa», a promover «la Disciplina mental y moral de la Ciencia, del Método de la Vida científica», y una «lógica agresiva que incorpore a nuestra idealidad nuevos mundos». Al morir Prat quedó desprotegido, y chocó con la mentalidad algo pedestre de los círculos catalanistas, hasta ser excluido de la Mancomunidad, so pretexto de un hurto. Desde entonces escribió principalmente en castellano[22].

Pero la disputa principal en el seno de la Lliga tenía carácter político. Los reveses del año 19 habían creado oposición a Cambó, a quien se reprochaba su atención a los problemas generales de España, y haber primado, ante los retrocesos, la acción cultural sobre la política. La protesta apostaba por la república, en abierta ruptura con la Restauración. Y, convendrá Cambó, «en buena parte tenían razón. Con la República era fatal que se produjera en Cataluña, como en toda España, una terrible convulsión en la cual un grupo de hombres de audacia podía obtener del poder público renuncias y capitulaciones que no se obtienen en momentos normales. ¿Era conveniente, para su solidez, que se obtuviera así? Yo creía que no[23]».

En 1920 no dejó de crecer en España el desorden, empezando por el aparato estatal, con huelgas e indisciplina de funcionarios y milites, que Dato a duras penas contenía.

Y el 8 de marzo de 1921 caía asesinado en atentado terrorista el propio Dato, «el hombre que se creía con más derecho a la estima de la clase obrera por haber sido él quien, en España, inició la legislación social. Los anarquistas no le perdonaron el nombramiento de Martínez Anido», observa Cambó con un sarcasmo algo cruel, teniendo en cuenta que él había promovido el nombramiento del general[24].

Dato fue uno de los más descollantes políticos españoles de su tiempo. Había impulsado más que nadie la legislación social, pese al acoso de las organizaciones obreristas que presentaban sus medidas como insignificantes o dictadas por el miedo, predicando que sólo una lucha subversiva traería mejoras sustanciales. Otro servicio sobresaliente del estadista había sido la neutralidad en la guerra mundial, que había salvado a España de sacrificios ingentes y muy probablemente estériles. Y había derrotado a los revolucionarios en aquellos «negros y amarguísimos» días de verano de 1917. Digno rival y a ratos compañero de Cambó, su magnicidio se añadía a los de Canalejas y Cánovas, que privaban a la Restauración de varias de sus mejores cabezas.

En Vasconia, las cosas empezaron a marchar peor para Comunión desde 1919. Ésta perdió su hegemonía en Vizcaya a manos de los partidos dinásticos, de nuevo boyantes, y en sus filas protestaban cada vez más alto los sabinianos: «Nosotros declaramos ser francamente, esencialmente separatistas». Éstos criticaban la pérdida de calidad del nacionalismo, diluida en la cantidad creciente de afiliados: «El espíritu sabiniano se va entibiando y aquella austeridad de principios e intransigencia patriótica que el Maestro infundió en los primeros jeltzales (partidarios de JEL, la consigna central de Arana), se va mistificando». Dentro de Comunión, los navarros no vacilaban en condenar sin ambigüedades la independencia, y les replicaban los sabinianos: «El Napar Buru Batzar nos ha largado una nota que es una sinfonía española (…). Mucha unión, mucha hospitalidad, mucho amor y muchos maketos a jorobarnos y a mandar en Euzkadi». Resurgía la lamentación de Sabino Arana sobre la fraternidad, demasiado habitual e intolerable para su gusto, entre vascos y maketos[25].

Pero los autonomistas tampoco eran españolistas propiamente hablando. Simplemente centraban sus máximos esfuerzos en el terreno cultural y étnico. Uno de sus más caracterizados portavoces, Kiskitza, hablaba de dividir Vasconia por zonas, según su grado de pureza racial[26].

La fuerza de los puristas en el seno de Comunión creció en 1920, cuando el ciclo de los grandes negocios entró en recesión, las huelgas y violencias callejeras proliferaron en Bilbao, y la perspectiva de autonomía se alejaba.

Los autonomistas adoptaron entonces un lenguaje más conciliador hacia la monarquía. Kiskitza llegó hasta presentar la acusación de separatismo como una calumnia de «las autoridades hispanas», pues, argüía, el manifiesto-programa de 1906 no empleaba la palabra independencia. El 1 de septiembre de 1920 Comunión se definía, en una carta abierta a Alfonso XIII como un «nacionalismo conciliador, acomodaticio, partidario de no moverse fuera de la legalidad». Explicaba sus retrocesos por las «persecuciones» oficiales al nacionalismo, que empujaban a mucha gente al «separatismo más radical[27]». Pero las persecuciones eran insignificantes, y el separatismo enraizaba en las propagandas compartidas por autonomistas y sabinianos sobre la naturaleza de los vascos y su historia. Los sabinianos se limitaban a extraer las consecuencias lógicas de aquellas premisas compartidas, mientras que Comunión atormentaba el discurso para justificar un pragmatismo político no muy coherente.

En Madrid, la reacción primera al atentado contra Dato fue formar un gobierno de concentración, pero no prosperó. Subió al poder, para su mal, el gris Allendesalazar, que sufriría el terrible mazazo de Anual: entre los días 17 y 22 de julio de 1921 se habían sucedido los combates en esa zona del Rif, culminados en un completo desastre para los españoles, que tuvieron entre 8000 y 10 000 muertos, muchísimos más que los de 1898. La derrota se inscribía en la serie de otras, aunque menos sangrientas, sufridas por las potencias coloniales, como la italiana en Adua, Abisinia, en 1896, o las de los ingleses frente a los afganos o en Jartum. Anual resultaría demoledor para el régimen.

La conmoción pública y la agitación izquierdista aconsejaron formar un nuevo gobierno de concentración en agosto, de nuevo bajo la dirección de Maura. Cambó entró en él como ministro de Hacienda, y su labor volvió a ser tan entregada como la vez anterior. Acabó con la indisciplina de sus funcionarios y dio recios golpes al contrabando, en especial al masivo organizado por Juan March. No tan estimable fue lo que él tiene por un logro de primer orden, el «arancel Cambó», uno de los más proteccionistas de Europa, bien acogido por los intereses trigueros castellanos, los siderúrgicos vascos y los textiles catalanes, y al que se opuso Alba. La medida debía sustentar la expansión industrial de España, pero tuvo, con toda probabilidad, el efecto contrario. El arancel seguiría en vigor a través de todos los gobiernos hasta 1961, cuando el país emprendió su definitivo despegue económico.

En enero de 1922 las Juntas de defensa volvieron a dar problemas, pero esta vez, al contrario que en 1917, la gente, la prensa y los partidos reaccionaron con unánime indignación, y las Juntas hubieron de retroceder, desacreditadas. Triunfo prometedor, pero en marzo Romanones, en una de sus clásicas intrigas, maniobró contra el gobierno, amenazando con provocar la crisis. La presión incidió en otras tensiones internas del gabinete, el cual cayó. Como el gobierno de concentración de 1918, éste había despertado la esperanza y el apoyo de las clases medias y de otros sectores populares, hartos de las ruindades partidistas y los incesantes cambios de gobierno. Había durado sólo siete meses. En los dos fracasos tuvo mucha responsabilidad el necio, frívolo e intrigante Romanones. Los escrúpulos legalistas de Maura impidieron pasar de amago un gobierno, dirigido por él y Cambó, que obrase por decreto hasta que las cosas mejorasen con vistas a unas elecciones.

«La caída del gobierno de concentración —reflexiona Cambó— mostró claramente que la inconsciencia de los políticos de la Monarquía hacía imposible aquella revolución desde arriba que Maura quería llevar a término, y hasta la Constitución y el régimen parlamentario. Poco después fracasó también Primo de Rivera al intentarla por el camino de una Dictadura militar. Se iba fatalmente al segundo término del dilema de Maura: a la revolución desde abajo[28]». La caída por la pendiente era ya casi imposible de frenar, mientras el clima en la calle se hacía irrespirable por la agitación izquierdista en torno al desastre de Anual y el terrorismo: no hay estadísticas fidedignas de los atentados, pero se contaban por centenares cada año, in crescendo sobre todo en Cataluña, convertida en la región más convulsa de España por la acción combinada del anarquismo y el nacionalismo.

Capítulo 8

EL DERRUMBE DE LA RESTAURACIÓN

Cambó se fue con sensación de fracaso e impotencia, agravada por las querellas dentro de la propia Lliga. En mayo de 1922 fue duramente acusado en una Conferencia Nacional catalana. De nuevo salía a la luz la dificultad de conciliar el exclusivismo nacionalista con las pretensiones «iberistas». Los mismos éxitos previos, al crear grandes expectativas, favorecían la radicalización.

La conferencia creó una escisión en la Lliga. Los disidentes, tachados por Cambó de intrigantes con falsas pretensiones de pureza, se aliaron con grupos menores y más izquierdistas para formar Acciò Catalana, partido abiertamente republicano y lindante con el separatismo. Acciò arrancó a la Lliga las juventudes, la mayoría de los intelectuales y buen número de profesionales.

De la conferencia surgió también un partido resuelto a la acción armada en pro de la secesión. Lo dirigía Francesc Macià, antiguo coronel del ejército, y tomó el nombre de Estat Català. Años después Macià había de ganar prestigio heroico.

Cambó, fatigado, emprendió viaje para alejarse del avispero, y dice haberse salvado por milagro de un intento de asesinato en Sanlúcar de Barrameda, cuyo detalle omite. A finales de septiembre volvía a Barcelona —donde sufriría otro conato de atentado—, amargado «tanto por las intrigas y hostilidades de Madrid, como por las ingratitudes y deslealtades de Barcelona». Eran tiempos deprimentes en general: «Había entrado Europa en una constelación de violencia. Los atentados, las huelgas revolucionarias, los intentos de revolución, menudeaban por todas partes[1]».

En ese clima empezaron a salir en la prensa y debatirse en las Cortes los informes del «Expediente Picasso» (por el nombre del general director de la investigación) sobre las responsabilidades en el desastre de Anual. Quedaba probada la impreparación y mal abastecimiento de la tropa, una extendida corrupción en la gestión militar, y una grave imprevisión y temeridad en las decisiones previas a la derrota. Todo ello nacía de la descomposición del régimen, y la manifestaba. Cogidos en la tenaza de la subversión y de las presiones militares, los gobiernos habían cedido a éstas para contener aquélla, claudicando ante exigencias abusivas, desde la Ley de jurisdicciones en adelante, como falsa compensación, además, por los exiguos presupuestos destinados a defensa.

Los informes ofrecían a las izquierdas un inmejorable medio de agitación. Prieto, que había estado complicado en la intentona revolucionaria del 17 y había huido a Francia para retornar luego acogiéndose a la amnistía, pronunció dos resonantes discursos en las Cortes los días 21 y 22 de noviembre, hundiendo en el tumor un bisturí a su vez envenenado y exigiendo responsabilidades. Sus palabras eran lógicas y contundentes, pero también un modelo de demagogia: las altas responsabilidades del suceso no podían ser hurtadas, pero él las situó en el tópico contexto regeneracionista de un pueblo asfixiado por un sistema liberal nido de todas las vilezas. Extendió la culpa «a todos los servidores del régimen (…) que pasasteis por el Poder desde que en 1909 (…) Maura abrió el cauce a esa laguna inextinguible de sangre», hasta llegar al rey como supuesto instigador frívolo de la enorme desgracia, convirtiendo la denuncia en una catapulta dirigida contra la Restauración en pleno.

Había en esa campaña un toque de decepción, pues, clamaba Prieto, «una catástrofe como la de Anual, en los pueblos que tienen vitalidad, se liquida con una revolución que derriba al régimen causante de la misma». No deja de sorprender que nada de eso ocurriera. En el 98 tampoco había estallado la esperada sublevación popular, pero entonces la guerra con Usa había gozado de apoyo general entre las masas, mientras que la guerra de Marruecos concitaba pocos entusiasmos también en buena parte de las derechas. O el pueblo no estaba tan vivo como los antiliberales pregonaban, o seguía sin confiar en los partidos que le llamaban a rebelarse. A falta de la deseada revolución, los antisistema se volcaron en desacreditar y descomponer la monarquía. En lo cual sí tuvieron bastante éxito.

Y, una vez más, Cambó agravó el problema. El 30 de noviembre de 1922, diez días después de los discursos de Prieto, el rey, desesperado, requirió su auxilio para salvar al régimen. Considerándolo el único político con talla suficiente, «estaba dispuesto a jugarse su suerte con la mía», y le ofreció gobernar con plenos poderes, con Cortes o sin Cortes, si éstas le estorbaban. Cogiéndole las manos le dijo: «¿Por qué se tiene que sacrificar usted y nos tiene que sacrificar a todos por Cataluña, si de Cataluña usted no recibe más que agravios y no se le tiene la consideración que usted merece?». Cambó salió de la entrevista puerilmente indignado por haberle supuesto el rey capaz de relegar su nacionalismo. Se vengó de la pretendida ofensa acudiendo a las Cortes para respaldar, en función del informe Picasso, la acusación al gobierno Allendesalazar, que había presidido el desastre, abriendo la vía a una mayor desintegración del sistema. El escándalo motivó la dimisión del gabinete, presidido a la sazón por Sánchez Guerra. «No tardaron en surgir en mi espíritu las dudas de si había obrado bien o mal[2]», concluye el líder catalán.

Sea como fuere, perdió la ocasión decisiva de su vida para enderezar el país, si ello era todavía factible. Con Maura viejo y cansado, ningún otro político sabría afrontar el reto. Y Cambó, al no afrontarlo tampoco, salió de la primera línea de la historia de España y de Cataluña, para no recuperar ya su posición. Terminaba así una etapa histórica. La política había degenerado en gallinero por obra de unos líderes de partido sumidos en nimias pugnas domésticas mientras el edificio institucional crujía a su alrededor. El desplome de la Restauración no podía tardar mucho.

El terrorismo mantenía su escalada. Sánchez Guerra había destituido a Martínez Anido del gobierno civil de Barcelona, condenando sus métodos, pero no por eso habían cesado los atentados. Al contrario. Y los nacionalismos catalán y vasco se radicalizaban. Pudo comprobarlo Cambó en el éxito de Acciò Catalana, que en las elecciones generales de abril de 1923 obtenía excelentes resultados, sin desbancar, no obstante, a la Lliga.

Pero en junio, tras doce años de victorias consecutivas, la Lliga cayó derrotada en las elecciones provinciales por Acciò Catalana. Cambó, «cansado y asqueado», renunció a su acta en las Cortes y a sus cargos en el partido, y marchó fuera de España.

La historia del nacionalismo vasco en este período muestra notable similitud con el catalán. A lo largo de 1921 los disidentes sabinianos, en plan retador, habían emprendido una campaña por la «pureza doctrinal», respondida por los autonomistas con una depuración y expulsión de elementos radicales. Pero el 4 de septiembre Comunión se escindía, al refundarse el PNV en ruptura con los «españolistas» y consonancia con los textos del «Maestro»; ruptura traumática, entre recriminaciones y maniobras para hacerse con la militancia. El nuevo PNV salió con bastante fuerza en Vizcaya, alguna en Guipúzcoa y casi ninguna fuera de allí. En octubre del año siguiente se les uniría formalmente la facción de Luis Arana, pequeña pero prestigiosa.

El órgano del nuevo partido se llamó Aberri, y de ahí el mote aberrianos aplicado a sus adeptos. Aberri, opuesto al «reblandecimiento doctrinal y nebulosidades de la llamada Comunión nacionalista», nacía con «inconfundible clamor prístino de patria redención», denunciaba la «guerra sin cuartel» que Comunión le hacía, y proclamaba la idea que Arana «lanzó derecha y rutilante, como saetas encendidas a los cuatro ámbitos de la patria». Con igual denuedo criticaba a la Lliga: compuesta de «verdaderos nacionalistas en los primeros tiempos de su actuación, ha sufrido honda transformación hasta el extremo de que quien conoció aquella aurora no puede hacerse a la idea de este crepúsculo»: sus ideales patrióticos habrían derivado a «la defensa de los bienes de dos docenas de potentados». Nada así debía pasar en «Euzkadi[3]».

Ni Luis Arana ni Ángel Zabala Kondaño, dirigentes del nuevo PNV, tenían muchas dotes políticas, y la empresa pudo haber quedado en testimonial, pero surgió un joven con iniciativa, Elias Gallastegui, apasionado aranista y con carisma de líder, jefe de las juventudes. Él fue el verdadero ideólogo y organizador que en poco tiempo haría del PNV un poder considerable.

Signo de su radicalismo e intenciones, Gallastegui, admirador de la insurrección irlandesa de 1916, eligió como apodo Gudari (soldado o guerrero). Dedicó la mayor atención a los grupos de montañeros, concebidos para apartar a los muchachos de las malas costumbres y de la «charca» del baile agarrao, propio del «conquistador de nuestra patria»; pero, sobre todo, para servir de embrión a las futuras milicias. Arana había renunciado provisionalmente a las armas mientras los nacionalistas fueran poco más que tertulias de amigos, pero estaba sobradamente clara su disposición a la violencia si surgía una situación ventajosa, y la sensación de ruina de la Restauración parecía ofrecer esa oportunidad. El proyecto de Gudari no llegaría a cumplirse, al adelantársele el golpe militar de Primo de Rivera, pero sentó un precedente, reivindicado muchos años después por la ETA[4].

El líder juvenil no ocupó su genio en esa sola actividad. A imitación de los irlandeses, fundó una organización femenina, dedicada a «interesar a toda mujer vasca en el Nacionalismo como único medio de salvación de su conciencia y de su hogar, y para consolidar en nuestra patria un porvenir de paz[5]», programa con resonancias de las frases de Sabino Arana sobre el maketo decidido a destruir los hogares de los buenos vascos y prostituir a sus mujeres. Promovió asimismo las actividades literarias, dramáticas y deportivas, reforzando y diversificando el partido-comunidad.

Otro rasgo de Gallastegui fue su condena al empresariado regional, tan «antivasco», es decir, tan impermeable a las prédicas nacionalistas, y al que finalmente daba por perdido para la causa. Su despecho le llevó incluso a mostrar consideración hacia el obrero maketo, lo cual tenía también una lógica evidente: si, de momento y por un tiempo, el partido había de seguir la vía electoral, debía atenuar la expresión del característico odio a los obreros inmigrados, de quienes, con esa actitud, sólo recogería aversión y ningún voto. Bajo la inspiración de Gudari, el PNV llegó a considerar peor al «capitalismo vasco rojo-amarillo» que al «proletariado rojo español», y a cultivar un antiliberalismo contrario a «la ley odiosa de la oferta y la demanda[6]».

En agosto de 1923, tras un violento desalojo de una «Casa del Pueblo» comunista en Bilbao, por la Guardia Civil, con dos obreros muertos y varios heridos, Gudari clamó: «Comunistas: vuestros muertos han hecho brotar en nuestro pecho afectos firmísimos de respeto, de admiración, de viva simpatía». Tal actitud ya no era sabiniana, y Comunión, mal armada ante los ataques aberrianos a su «españolismo», encontró en ella un punto flaco por donde contraatacar: motejó de «enemigos y exóticos» tanto a la Guardia Civil como al Partido Comunista, y recordó que el proletariado español constituía el «enemigo racial del obrero vasco y de la riqueza y prosperidad de nuestra patria Euzkadi», y que la doctrina de la lucha de clases colisionaba con el nacionalismo. Claro que Gudari no se identificaba ni remotamente con el marxismo. Expresaba más bien un interés práctico y un moralismo abstracto de simpatía hacia «los humildes» frente a «la clase poderosa», tan dispuesta a llevar a los votantes hacia el españolismo[7].

Punto esencial de la agitación aberriana fue la guerra de Marruecos, adonde iba la «preciosa juventud euzkadiana, cuyos brazos, cuya alma y cuya sangre no pertenecen a España[8]». Coincidía así con la campaña de las izquierdas por socavar al régimen con aquel motivo. El PNV defendía a Abd-el-Krim, cuyos rifeños habían matado en Anual a tantos españoles (incluyendo vascos), y esbozaba una posible alianza con ellos.

También recordaba este PNV a Acciò Catalana en su rápido éxito. En los comicios de 1922 superó a Comunión en Vizcaya, agravando la crisis de ésta. El grueso del nacionalismo parecía orientarse sin dudas por la secesión y la subversión sistemática.

Como ya vimos, en 1923, tras veinte años de lucha política, de duros reveses y deslumbrantes triunfos, Cambó y su peculiar nacionalismo habían fracasado. Tienen interés sus reflexiones: «Yo nunca vi Cataluña y España como realidades incompatibles o simplemente yuxtapuestas: las sentía por igual y en la grandeza de una buscaba el fortalecimiento de la otra». No debió de ser así al principio, sino que su experiencia acentuó su españolismo. Detestaba la «debilidad separatista, fruto de inconsciencia o expresión notoria de un complejo de inferioridad». Por el contrario, «las aspiraciones de Cataluña tenían que satisfacerse de cara a España, en un proceso de engrandecimiento de España. La frase Por Cataluña y la España grande fue mía, no de Prat». Aun así, su retórica fomentaba inevitablemente el separatismo en Cataluña y el recelo fuera de ella. Sus avances en Madrid le perjudicaban en Barcelona, y viceversa[9].

El proyecto hacía agua por otro costado: tendría sentido si lograba someter a Cataluña a una política homogénea, algo difícil y dudosamente democrático. En algunos períodos la Lliga había congregado tras sí a casi todas las fuerzas políticas en la región, pero lo había hecho a costa de arriesgadas concesiones (y aun trampas) a los extremismos, y de quebrantar con ello el sistema de libertades en España. Y, en fin, las divisiones en Cataluña no resultaron menores, sino más agudas y violentas que en el resto del país. Algunos nacionalistas han presentado este fenómeno como una muestra de «pluralismo» y modernidad ligado a su ideología, pero ni esa pluralidad era deseada, ni su expresión tenía mucho de moderna, salvo en un sentido poco prometedor.

También el persistente y engañoso mito de la «irrealidad» o «artificio» de la Restauración velaba la visión del político. Cita éste al respecto una frase de Maura, en 1902: «Yo no creo que los partidos sean un mal. Lo que yo deploro es que no existan. Pero todavía peor que el que no existan es simular que existen y sobre una simulación fundar un Gobierno y toda la suerte del país». Pero, como suele pasar con las frases tajantes, los hechos hablaban otro idioma. Maura dijo lo anterior en la resaca del 98, en plena expansión de la fraseología regeneracionista. Ahora bien, si los partidos dinásticos eran inexistentes o tan débiles, ¿cómo no habían sido barridos enseguida? Si el régimen carecía de raíces, ¿cómo explicar que fuera el más duradero en España en los siglos XIX y XX, pese al hostigamiento realmente desenfrenado de sus enemigos?

Y el líder lliguista señala, contradictoriamente: «Con la Constitución del año 1876 España había tenido el más largo período de normalidad de toda su historia constitucional. Cánovas había hecho una Constitución de espíritu amplio y generoso y tan elástica que sin necesidad de abrir un período constituyente —que es una invitación a la discordia y al planteamiento de problemas artificiales—, permitía recoger y canalizar muchos de los problemas que surgieran de las realidades movedizas…»[10].

Las ventajas del sistema beneficiaban a sus enemigos: «Que la empresa [de fundar verdaderos partidos] no era imposible, lo demuestra el hecho de que, en Cataluña, que políticamente estaba más atrasada que el resto de España, bastó con la acción de la Lliga para que llegaran a formarse partidos de derecha, de centro y de izquierda, que lograron englobar íntegramente a la sociedad catalana[11]». No obstante, ¿podía servir de modelo? Cambó olvida algunos aspectos cruciales. La Lliga no buscaba tanto servir de modelo como «catalanizar» a su modo a los catalanes; los partidos moderados y de «centro» en la región eran los tradicionales dinásticos, mientras los demás acarreaban el extremismo; y lejos de englobar a toda la sociedad aquellos partidos, fue allí donde más pesó el anarquismo (esto no puede reprocharse a la Lliga); finalmente, el proceso no convirtió a la región en la más tranquila y democrática de España, sino todo lo contrario, no siendo la Lliga ajena a ello, pese a su espíritu conservador.

Se ha acusado a la monarquía de haber provocado la radicalización al no haber otorgado la autonomía, pero resulta más consistente la acusación opuesta, de que los nacionalistas propiciaban el desorden al lado de los revolucionarios, y sólo cuando el desorden se volvía insoportable sabían a quién recurrir, es decir, al estado «sin raíces». En todo caso, con la república, nueve años más tarde, iba a llegar la autonomía… y también una epilepsia más acentuada.

En el fondo de la concepción de Cambó, como en la de otros nacionalistas, late la idea de que la unión de los reinos de Aragón y Castilla a finales de la Edad Media se había fundado en un pacto implícito, interpretado al gusto de quienes creen en él e incumplido por Castilla. Para Cambó, el «pacto tácito y nefando» habría dividido el trabajo: «Los catalanes, a ganar dinero, y los castellanos, a gobernar[*]». Castilla gobernaba a España y Cataluña creaba el bienestar y la riqueza, sin entrar en política salvo para rechazar injerencias centralistas[12]. De ahí la «rencorosa envidia, explicable y hasta justificada, que buena parte de España sentía hacia Cataluña». Esto suena a mito extravagante, pero nadie debe desdeñar el poder de los mitos.

Cuando los dos reinos se unieron políticamente (un sentimiento moral o metapolítico de unidad hispana existía desde siglos antes), Castilla vivía un despliegue demográfico, económico y cultural que llegaría pronto al esplendor, mientras Cataluña sufría una dura decadencia, causada por el declive del comercio mediterráneo y otras desgracias, siendo la unión, probablemente, lo que la salvó de males peores ante la agresividad otomana y francesa. Detalle ilustrativo: en la primera década del siglo XVI, el 61,5% del total de libros editados en Barcelona lo fue en latín, el 32,7% en catalán, y 5,8% en castellano; en la década final, por porcentajes fueron el 15,5, el 8,2 y el 76,2, con un total de cuatro veces más títulos[13]. Esta evolución no resultó de ninguna imposición, y no es razonable pensar que Cataluña, con pacto o sin él, pudiera competir con Castilla en casi ningún sentido.

Pero Castilla fue diluyéndose progresivamente como poder hegemónico en España. En una de sus frases algo absurdas, pero publicitariamente brillantes, Ortega afirmó que Castilla hizo a España y la deshizo. Para Sánchez Albornoz, más veraz sería sostener que Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla, sobre cuyos reinos recayó la presión fiscal de los Austrias, y la de los Borbones en el siglo XVIII, con mucha mayor intensidad que sobre el reino de Aragón o las Indias, descapitalizándola. Por lo demás, ni Castilla fue el único factor regional en la formación de España, ni España se había deshecho. Y una España concebida, en el siglo XX, como agregado de los reinos medievales, en ruptura con los lazos creados en los siglos posteriores, tenía mucho de ensueño romántico y arbitrario.

La Lliga fracasó ante todo por la propia contradicción de sus presupuestos doctrinales, que la llevaron tantas veces, muy contra su carácter esencialmente conservador, a desestabilizar el país y aliarse con fuerzas revolucionarias y antiliberales. Tampoco el victimismo cultivado por ella puede considerarse un enriquecimiento de la psicología colectiva catalana.

Al final, como hemos visto, Acciò Catalana, pronto convertida en la principal fuerza nacionalista, había optado por derrocar al régimen e implantar la república, con vistas a una práctica secesión futura. Otra corriente, capitaneada por Macià, propugnaba la vía armada. Un proceso similar había ocurrido en el nacionalismo vasco.

El año 1923 vio la agonía de la Restauración. El 4 de junio era asesinado el cardenal Soldevilla, de Zaragoza, por la partida anarquista de Durruti, que se haría célebre. Este crimen colmó el vaso de la paciencia de mucha gente. Y el 13 de septiembre, el general Primo de Rivera, dio su golpe de estado. La causa la encuentra Cambó en el terrorismo: «La dictadura española nació en Barcelona, la creó el ambiente de Barcelona, donde la demagogia sindicalista tenía una intensidad y una cronicidad intolerables. Y ante la demagogia sindicalista fallaron todos los recursos normales del poder, todas las defensas normales de la sociedad[14]». Pero, al igual que en 1917, otros dos poderosos arietes golpeaban sin tregua al régimen: las izquierdas con su implacable campaña en torno al desastre de Anual, y unos nacionalismos cada vez más radicales y amenazantes. Vale la pena examinar más detenidamente este último proceso.

En los años anteriores, la sensación de ruina de la Restauración y la difusión de los puntos de Wilson, habían dado alas a otros nacionalismos. Fue significativo el andaluz, promovido por un notario malagueño, Blas Infante, pergeñador de una doctrina en nada desmerecedora de las de Arana o Prat. Aspiraba Infante a «vivir en andaluz, percibir en andaluz, ser en andaluz y escribir en andaluz». No llegó a escribir mucho en ese curioso idioma, pero descubrió que «el lenguaje andaluz tiene sonidos los cuales no pueden ser expresados en letras castellanas. Al “alifato”, mejor que al español, hay necesidad de acudir para poder encontrar una más exacta representación gráfica de aquellos sonidos». Estas peculiaridades, «influjos clásicos de una gran cultura pretérita», obligaban a estudiar la conveniencia de «reconstruir (sic) un alfabeto andaluz» para separarlo del «español», aunque entre tanto fuera preciso «valernos de los signos alfabéticos de Castilla[15]».

A juicio de Infante, la historia de su región había sido muy mal contada, debido a intereses bastardos que intentaban disimular su realidad nacional. Andalucía había sido nación en tres ocasiones: la protohistórica Tartessos, la Bética del imperio romano, y la Al Ándalus musulmana. Después habían llegado la miseria y la opresión españolas[*]. De aquellos tres momentos, el más interesante para él era el tercero, por más reciente: en la «comprensión» del período andalusí debía descansar la recuperación de la «conciencia» andaluza. De modo parecido a Arana, diseñó para su «nación» un escudo y una bandera, verde y blanca, colores de los omeyas y los almohades respectivamente. Ante las burlas y quejas, Infante exclamó: «¡Que gobierno, que país! ¡llegar a sentir alarma ante el flamear de una bandera de inocentes colores, blanca y verde! Le hemos quitado el negro como el duelo después de las batallas y el rojo como el carmín de nuestros sables, y todavía se inquietan». ¡Un inocente, el buen Infante!, y lo del «carmín de nuestros sables» está sin duda muy logrado. Su fervor por Al Ándalus le llevó a peregrinar a Marruecos en pos de la tumba del rey de la taifa sevillana Al Motamid, y a escribir dramas en honor de él y de Almanzor, enalteciendo las glorias árabes[16].

De acuerdo con esas ideas, y remitiéndose al principio de autodeterminación, escribía en un manifiesto, el 1 de enero de 1919: «Sentimos llegar la hora suprema en que habrá que consumarse definitivamente el acabamiento de la vieja España (…). Declarémonos separatistas de este Estado que, con relación a individuos y pueblos, conculca sin freno los fueros de la justicia y del interés y, sobre todo, los sagrados fueros de la Libertad; de este Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los Pueblos extranjeros. Avergoncémonos de haberlo sufrido y condenémoslo al desprecio. Ya no vale resguardar sus miserables intereses con el escudo de la solidaridad o la unidad, que dicen nacional[17]».

Su modo de pensar evolucionó, y contrapuso al «principio de las nacionalidades» de Wilson, ajeno al espíritu andaluz, creía él, un «principio de las culturas», más revolucionario a su juicio. Pues sentía inclinación por el anarquismo, y le caían en gracia sus ataques al estado (Andalucía era, con Cataluña, la región de mayor influencia anarquista). Inventó un himno andaluz cuya letra exigía «Tierra y libertad», un poco al estilo ácrata. Pero el mensaje de Blas Infante apenas iba a cuajar en Andalucía, y por ello el nacionalismo andaluz tuvo escasa trascendencia en la historia española (al menos hasta ser resucitado, ya a finales de los años 70, y declarado el hombre, oficialmente, «Padre de la patria andaluza». Nada menos).

Mayor relieve cobró el nacionalismo gallego, aparecido con ese nombre en 1916, de la mano de Antón Vilar Ponte, fundador con un hermano suyo de las Irmandades da fala. El movimiento, entre cultural y político, también influido por la insurrección irlandesa de ese año, quería diferenciarse netamente de los nacionalismos vasco y catalán, pues sólo así podría sentirse propiamente autóctono. Recibió en 1920 un cierto contenido doctrinal de la pluma de Vicente Risco, el ensayista gallego más destacado de su tiempo. Risco aportó a la causa un vitalismo nietzscheano, afirmando su voluntad de llevar el genio étnico a un destino glorioso. La historia de Galicia en España habría sido un desastre, como habría ocurrido con la de Cataluña, Vasconia, Andalucía y, probablemente, la misma Castilla. Para salir del pozo, Galicia debía recobrar sus raíces célticas, víctimas del antiguo expansionismo romano, y que la hermanaban con países o regiones como Irlanda, Bretaña, Gales o Escocia. Al hacerse conscientes de su raza céltica, los gallegos conquistarían su autenticidad. El mito de la cultura celta gallega, inventado a mediados del siglo XIX, recibió lustre en Risco y otros, y, como muchos mitos que estamos viendo, procedía de fantasías románticas de precaria base histórica.

El celtismo se combinaba con la vindicación del reino suevo como opuesto al visigodo, y con el «atlantismo», que a su vez hermanaba a Galicia con Portugal: «La misión histórica de Galicia y Portugal es la de oponer al mediterraneísmo el atlantismo, fórmula de la Era futura. Detrás de nosotros, España entera, hasta ahora infestada de mediterraneísmo (…) se incorporará toda ella a la civilización atlántica». «Nuestro destino futuro es crear e imponer esta civilización nuestra que ha de ser la civilización atlántica». Intentaba contrastar la corriente propugnada por Eugenio D’Ors, ideólogo de la Lliga al lado de Prat, para quien el mediterraneísmo combinaría el orden, la serenidad y la espiritualidad reflejadas por el mundo clásico, pero para Risco se trataba de «razas ya sin fuerza creadora».

En ese sentido la Atlántida es «símbolo de nuestra nacionalidad». «El hundimiento de la Atlántida puede no tener que ver con nuestro origen, pero su resurgimiento señala una finalidad a nuestro porvenir. Tenemos que restaurar la Atlántida». «El romanticismo fue la primera insurrección del espíritu nórdico —atlántico y celta— contra el mediterraneísmo». El contenido del atlantismo y el celtismo (como del mediterraneísmo) era nebuloso en extremo, pero, se suponía, debía inducir un espléndido florecer de las energías políticas e intelectuales de Galicia, como lo había esperado Prat de su nacionalismo en Cataluña[*]. Y al de Prat se asemejaba también en que no pensaba en una separación estricta de España, sino en dirigirla por los caminos atlánticos, tal como Prat pensaba hacerlo por los mediterráneos[18].

Como intelectual, Risco superaba netamente a Arana y a Prat, y sus construcciones doctrinales no ceden a las de éstos en su peculiar originalidad; pero les era inferior en capacidad política, entrega y perseverancia. Ni él ni otros líderes gallegos se sentían tan potentemente iluminados como los líderes vascos y los catalanes, y cabe sospechar que no acababan de convencerse de sus propias construcciones mentales.

El nacionalismo gallego fue, así, más débil que los otros dos. No obstante, la doble presión de aquellos años, es decir, el auge nacionalista en Europa y la descomposición de la Restauración, radicalizó también al galleguismo.

Hasta entonces los apoyos entre los nacionalismos catalán, vasco y gallego habían sido episódicos. El primero había buscado el acercamiento mutuo, pero sin mucho eco, porque los demás no pensaban seguir su batuta. Les separaba también la común aversión al idioma castellano, símbolo e instrumento de una unión indeseada. Problema de importancia psicológica, subrayado por un nacionalista catalán, Rafael Sot i Delclós, en el periódico del PNV Aberri: «Quisiera escribir en cualquiera de los idiomas de estas dos patrias que gimen bajo el yugo de la más injusta de las opresiones. Mas, a pesar de mis fuertes deseos, yo, esclavo, véome forzado a emplear la lengua de mi opresor para comunicarme con mis hermanos de esclavitud. ¡Oh ignominia! Quisiera escribir vasco, mas no lo sé; quisiera escribir catalán, mas no lo sabéis vosotros, y de ahí que para comunicamos nuestros dolores y nuestras tristezas, nos veamos obligados a emplear el idioma español, que nos ha sido impuesto por la fuerza bruta[19]».

Pero al llegar los años 20, los dirigentes más radicales, empezando por los de Acciò Catalana, trataron de reforzar los lazos internacionalistas con vistas a la lucha definitiva contra la esclavizadora España. El mismo Sot insistía a los vascos, con cierta imprecisión histórica: «Nuestros abuelos juntos lucharon y juntos lloraron la pérdida de sus libertades. Nosotros, sus herederos, sus vengadores, también hemos de luchar unidos». Y citaba al dramaturgo catalán Guimerá en su salutación a los éuscaros: «Juntos hemos luchado. Si un día nos perdiéramos, por el ruido de las armas nos encontraríamos»; y a los navarros, que, aseveraba él, seguían llorando en compañía de los catalanes a «Carlos de Biana[*]»: «Juntos hemos llorado. Si un día con las lágrimas no nos viéramos, por los gemidos nos reconoceríamos». Los tonos románticos (esclavitud, llantos, heroísmos, etc.) abundaban en las agitaciones nacionalistas[20].

A lo largo de 1923 resalta en los órganos nacionalistas la decisión de «ir a por todas». La Publicitat declaraba el 6 de septiembre el «estado de guerra moral», el cual «consiste, principalmente, en todas aquellas acciones y abstenciones que recuerdan ante propios y extraños la situación de esclavitud en que se encuentra la Patria (…). Es la única posición que puede salvaguardar, mientras los tiempos de plenitud nacional se acercan, la libertad futura y la dignidad presente».

Esos días entraba en última fase de preparación el pacto entre los separatistas de las tres regiones citadas, llamado la Triple Alianza, a rubricar en día tan simbólico como el 11 de septiembre, designado por el nacionalismo catalán como conmemorativo de la «pérdida de las libertades catalanas» (por la caída de Barcelona ante las tropas de Felipe V, aunque los barceloneses de entonces invocaban la libertad de toda España frente al rey Borbón, en la guerra por la sucesión a la corona española).

Con vistas al pacto abundaron en Vasconia y Cataluña, algo menos en Galicia, los actos, conferencias, campañas de agitación. La prensa nacionalista transmite la euforia reinante. «El entusiasmo despertado con este motivo es grandioso, justificado por la enorme trascendencia de acto tan importante como la celebración de la alianza ofensiva-defensiva entre Galicia, Cataluña y Euzkadi, cuya acción mancomunada cambiará, tal vez muy pronto, los destinos de las tres naciones», señalaba Aberri, el 7 de septiembre. Nada en común con la estrategia de Cambó, en cuyo «tablero de ajedrez Cataluña, Euzkadi y Galicia eran piezas de la España grande». Ahora se trataba de luchar no «por el engrandecimiento de España, sino por la libertad nacional de los tres pueblos amigos y aliados». El 9 saludaba con gran relieve la conferencia del catalán Luis Nicolau d’Olwer en Bilbao, donde dijo, entre ovaciones: «No vamos a hablar (…) de una confederación de pueblos peninsulares (…). Cada una de nuestras naciones se rija exclusivamente por la voluntad de su propio pueblo». Al pueblo, advirtió, «nunca debe engañársele». Gallastegui, jefe de las juventudes peneuvistas, pronosticó: «Euzkadi es hoy esclava, mas pronto será libre y gloriosa[21]».

Las ceremonias de la Triple Alianza reflotaron el problema lingüístico. En el magno banquete en Barcelona, en honor de gallegos y vascos, Eguileor, director de Aberri, habló en «tonos vehementemente patrióticos, tan valientes que produjo un entusiasmo delirante», pero «pronunció la primera parte de su discurso en lengua vasca, y sólo a instancias del público catalán, que quería entenderle, tuvo que seguir hablando en castellano». No menciona si los gallegos le instaron o le imitaron, y debe admitirse que si cada uno se ponía a hablar un idioma distinto, la escena habría sido muy notable. Aclaraba también Aberri: «No es cierto, pues, como un papelucho local dice insidiosamente, que el señor Eguileor hablase en castellano porque no sabe euzkera (…). [Él] tiene el altísimo honor de conocer perfectamente el euzkera (…) por haberlo estudiado muy a conciencia de mayor, como sucede también al señor Gallastegui[22][*]».

Durante la Diada hubo tumultos y gritos de «¡Muera España!», «¡Muera Castilla!», «¡Muera Llapisera!» (mote despectivo aplicado al rey). El pacto y los sucesos en torno a él suscitaron seria preocupación en medios políticos, como citaba con satisfacción Aberri. El diario La correspondencia de España, opinaba sobre «los excesos de una juventud educada en principios absurdos, envenenada por propagandas de abominable separatismo. Se ha ido en la condescendencia más lejos de lo que era prudente, y hoy empieza a divisarse cuál puede ser el porvenir (…). Los nacionalismos del norte se robustecen y avanzan, acusando cada día mayor gravedad». Y La voz de Guipúzcoa: «¿Qué otra cosa sino sonreír puede hacerse ante quienes se proclaman víctimas de la tiranía de un Estado que les consiente vejar el nombre de la patria y subvertir sus más fundamentales instituciones? (…). A nuestra risa se mezcla un poco de dolor, porque pensamos en los payeses y en los casheros, en los hombres del agro y del taller a quienes se capta con apóstrofes, con sentimentalismos, con imprecaciones, con todo menos con argumentos. Y en este aspecto nos parece reprobable la pasividad gubernamental ante los energúmenos que dan mueras a España[23]».

El pacto separatista de Barcelona hacía constar que los firmantes, «representantes de los patriotas vascos, gallegos y catalanes» se proponían «una alianza para la acción conjunta y mutua ayuda en la campaña por la libertad nacional de los tres pueblos». A tal efecto «Denuncian que el régimen impuesto por el Estado español a Cataluña, Euzkadi y Galicia es hijo de las violencias pasadas y de las coacciones presentes, y que está falto de su consentimiento»; «Protestan de que dentro de la Europa reconstruida según el principio de la libertad de las naciones grandes y pequeñas, Euzkadi, Cataluña y Galicia continúen sometidas, en contra de su voluntad, a las instituciones, a las leyes, a la lengua y a los gobiernos que no les son propios»; «Reivindican la plena soberanía política», y proclaman «para el caso de que la voluntad nacional de los pueblos de Cataluña, Euzkadi y Galicia siguiese desconocida y pisada por el Estado español, el derecho a la apelación heroica», llegando, si preciso fuere, a «mezclar la sangre [de vascos, gallegos y catalanes] en el sacrificio». Como concluía Aberri el 12, «Cataluña vibra hace tiempo en ansias de libertad. Euzkadi se yergue altiva y cada día más brava contra el dominador; Galicia no se resigna».

Llegaba el momento, previsto por Sabino Arana, de la acción común contra la decrépita España. La Triple Alianza, abiertamente secesionista y dispuesta a la violencia, creaba una situación nueva, coincidiendo con los éxitos de los rifeños triunfadores de Anual, con quienes aspiraban a actuar de consuno los separatistas en España. Suele otorgarse poca relevancia a la Triple Alianza, debido a su involuntaria falta de continuidad, ya que dos días después Primo de Rivera daba su golpe militar; pero en su momento la tuvo, y difícil de exagerar: reflejaba la descomposición política del país, y anunciaba una acción coordinada y progresivamente sangrienta contra la carcomida Restauración liberal.

Cambó explica: «La Dictadura vino (…) por la incapacidad de los poderes constitucionales para cumplir su misión. Esta incapacidad, generalmente —así fue en el caso de España— es debida mucho más a la culpa de los hombres que a la de las instituciones». Es difícil discrepar de su diagnóstico: «Mucho antes del mes de septiembre de 1923 toda la sociedad española vivía en plena indisciplina. Nadie sentía ningún respeto por un Gobierno que, evidentemente, no era respetable», y «Los dos últimos gobiernos, el de Sánchez Guerra y el de García Prieto, ya no eran una caricatura: eran un verdadero sarcasmo[25]». Esto refrenda la conclusión de Norman Stamps en su famoso estudio sobre el fracaso de algunas democracias: ningún régimen constitucional ha dado paso a una dictadura por la acción enérgica de un ejecutivo fuerte, y sí por la debilidad de gobiernos incapaces de actuar con efectividad. En aquella España, políticos oportunistas y de cortos alcances, quizá aceptables en época tranquila, manejaban el timón del estado en medio de una gran borrasca. El inepto García Prieto había presidido nada menos que cuatro gobiernos en los últimos seis años.

Desde la crisis de 1917 se habían sucedido 13 gobiernos (más de dos por año), y 34 desde que Alfonso XIII comenzó a reinar, en 1902, es decir, uno cada siete meses y medio. Si descontamos los gobiernos de Maura en 1907, Canalejas en 1910 y Dato en 1913, que duraron, excepcionalmente, dos años largos cada uno, el promedio aún baja bastante. Estos simples datos reflejan la imposibilidad de afrontar las crisis en cadena, y también la responsabilidad de Alfonso XIII. Su madre, la regente María Cristina, se había mostrado mucho menos entrometida en la gobernación del país, y su prudencia había favorecido la estabilidad del sistema. El rey anhelaba modernizar la sociedad e impulsar su prosperidad, pero en las crisis no fue capaz de respaldar a los líderes más capaces, y propendió a maniobrar para hacer valer su personalidad frente a unos políticos a quienes a menudo despreciaba —no siempre sin razón—. Si el régimen aguantó tanto, sólo pudo deberse a la bondad de sus instituciones, como observa Cambó, más que a la de sus hombres.

La evidente implicación del rey, por acción u omisión, en el golpe de Primo, ha dado lugar a interminables debates, no muy fructíferos. La acusación que suele hacérsele de perjuro a la Constitución tiene bastante mala fe. Le acusaban precisamente los enemigos del régimen, los que más despreciaban esa constitución y la habían saboteado. En definitiva, los últimos seis años de la Restauración, después de su victoria sobre la revolución en 1917, habían sido una larga agonía. Primo de Rivera liquidaba un sistema ya muerto por la violencia de unos, la subversión desestabilizadora de otros, y la frivolidad e ineptitud de quienes debieran haberlo defendido.

En la caída de la Restauración se halla la clave del rumbo trágico que iba a tomar la historia de España. Y un factor importante en su ruina fue seguramente la actividad de los nacionalismos catalán, vasco y regeneracionista.

Capítulo 9

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Primo de Rivera había sido capitán general en Madrid, siendo relevado por oponerse a la presencia española en Marruecos. No obstante fue trasladado a Barcelona, con el mismo cargo, en mayo de 1922. Allí entró en contacto con la capa empresarial y los nacionalistas conservadores, una y otro completamente desbordados por los atentados y la agitación libertaria e izquierdista. Primo, de carácter expansivo, se hizo enseguida una figura popular en Cataluña, donde mostró simpatía por el nacionalismo moderado y entabló buenas relaciones con Puig i Cadafalch, presidente de la mancomunidad, y otros dirigentes de la Lliga. Sin duda el ambiente que se respiraba en esos medios le animó a poner fin de una vez a una situación tenida por insoportable aún más en Cataluña que en el resto de España. El rey también expresaba a veces su insatisfacción con la vida política, y la población la manifestaba de muchas formas.

En ese clima fue madurando a lo largo de 1923 el golpe militar, con una doble conspiración en Madrid y en Barcelona, en Madrid a cargo de cuatro generales africanistas (el Cuadrilátero), y de las ex Juntas de defensa en Barcelona. Estas juntas habían sido por fin prohibidas por el gobierno en septiembre de 1922, pero muchos de sus miembros seguían conspirando. En pocos meses llegó la decisión, aunque se trataba de una aventura muy azarosa: carecía de apoyo, al menos explícito, del rey y de la mayoría del ejército, y podía esperar una oposición cerrada de todos los sectores revolucionarios, antiliberales y nacionalistas, tan belicosos en los últimos tiempos.

Sin embargo Primo se impuso con pasmosa facilidad y sin derramar sangre. No precisó llenar ninguna ciudad de tropas, contentándose con ocupar los edificios de teléfonos y telégrafos de Barcelona. Inmediatamente publicó un «Manifiesto al país y al ejército», típicamente regeneracionista bajo un lenguaje ingenuo y muy poco político, que, como otras proclamas suyas, haría las escandalizadas delicias de sus enemigos. El manifiesto señalaba los males de la época: terrorismo, separatismo, explotación revolucionaria de los informes sobre Anual, agitación comunista (incluía la anarquista), quiebra del orden público, corrupción administrativa, etc. Prometía una dictadura que solucionase los principales problemas, y un pronto retorno a la normalidad constitucional. El catálogo de males denunciados era real y sentido por la mayoría de la población, y, aunque los remedios no estaban claros más allá de un voluntarismo ingenuo y moralizante, despertaron esperanzas muy extendidas.

Respaldar a Primo suponía para el rey una apuesta muy arriesgada, pero la hizo. Tenía difícil elección, de todas formas. Se ha dicho que su respaldo rubricó el final de la monarquía, pero más claramente suicida habría sido empeñarse en sostener un régimen desprestigiado, corroído por casi todas las fuerzas políticas y falto de defensores de alguna valía. El rey intentó salvar lo salvable ante el inminente derrumbe de un sistema parlamentario socavado en todos sus cimientos.

Para percibir el hecho sólo hace falta repasar el escenario político. Los dos partidos dinásticos estaban en bancarrota, divididos en facciones sin prestigio ni líderes de fuste, incluido un Maura caduco (70 años) y timorato. Los nacionalistas moderados de la Lliga sufrían una profunda crisis, y su táctica de golpear y apuntalar alternativamente al régimen había causado a éste verdaderos estragos. Las demás fuerzas eran casi todas antisistema, empeñadas en una obra de demolición cada día más eficaz. Mantener un estado de cosas al que nadie veía salida suponía avanzar hacia un derrumbe revolucionario, una repetición agravada de la crisis de 1917, y sin ningún Dato del que echar mano. A menudo los analistas caen en invocaciones constitucionales puramente retóricas, o sobre la hegemonía del poder civil y del poder militar, etc., olvidando la oposición de la mayoría de los partidos a las ideas liberales, sin las cuales no podría funcionar la democracia (aunque no todo sistema liberal sea democrático), y las pesadas responsabilidades contraídas por aquellos políticos. Por primera vez el régimen respondía a la definición de Costa: una «necrocracia».

Ante el pronunciamiento, el gobierno hizo, sin convicción, algún ademán de resistencia. El mismo García Prieto agradecería al general que le hubiera relevado de la «pesadilla» de gobernar. Alfonso XIII parece haber tenido la tentación de asumir él mismo el poder, pero Primo le advirtió que no lo aceptaría. Por lo tanto, el rey respaldó la dictadura que, desde ese momento, se consolidaba.

Mucho más sorprendente resulta la ausencia de oposición en los revolucionarios y en los separatistas: en las semanas y meses siguientes asistieron con desconcertada mansedumbre a la clausura de sus centros y de parte de su prensa, y a la detención de algunos de sus líderes. Debían haberlo previsto, pero parecen haber creído en la putrefacción imparable del régimen, en medio de la cual ellos cobrarían el vigor necesario para asestarle el golpe de gracia. Comunistas y anarquistas llamaron a la huelga general y a la resistencia, pero apenas les siguió nadie, ni ellos mismos se movilizaron casi. El PSOE, empeñado la víspera en aportar al pueblo la «vitalidad» necesaria para llevarle a la revolución, se limitó a una condena formularia. Los separatistas, tan resueltos unos días, casi unas horas antes, a una escalada de acción conjunta y heroica, se dejaron desarticular con la mayor facilidad del mundo.

Todos ellos habían denunciado sin cesar las persecuciones a que les sometía un régimen constitucional cuyas normas infringían constantemente, y ahora iban a sufrir una persecución de verdad. Pero, nuevo motivo de asombro, ésta resultó tan ligera, fácil e incruenta como el golpe mismo, sin los muertos ni las espectaculares redadas o las brutalidades típicas de las dictaduras del siglo XX. Y muy efectiva no obstante. Hasta a sus mayores enemigos, los anarquistas, ofreció Primo alguna forma de entendimiento —respondida con atentados— antes de pasar a perseguirlos.

Dos factores al menos pesaron en la falta de una esperable reacción violenta o al menos resuelta. En primer lugar la popularidad que rápida y espontáneamente rodeó al dictador hubo de ejercer un efecto paralizante sobre sus enemigos. Primo salió de Barcelona entre formidables ovaciones para hacerse cargo del poder en Madrid, y todos los testigos, incluso los adversos, coinciden en el calor popular que le rodeó, y que recuerda el recibido por el gobierno de concentración al terminar la guerra mundial de 1918. Aunque algunas tendencias historiográficas tienden a olvidarlo, muchísima gente había llegado a hartarse absolutamente de unos políticos tan limitados como intrigantes. Azaña lo expresará mordazmente, dibujando de paso un corrosivo retrato del pueblo español. Al dictador, advierte, lo han acogido «con júbilo» incluso muchas «gentes honradas», y «es innegable que una parte del país lo apoya, y otra mucho mayor espera de él, pasivamente, grandes cosas». Porque en definitiva, «El pueblo español no escarmienta, no aprende nunca nada[1]».

Un segundo factor desarmaba la resistencia, y era el mensaje regeneracionista del militar, coincidente con una corriente de opinión muy difundida. Ortega, el líder intelectual de moda, saludó efusivamente la dictadura: «Calcúlese la gratitud que la gran masa nacional sentirá hacia esos magnánimos generales que generosamente, desinteresadamente, han realizado la aspiración semisecular de veinte millones de españoles, sin que a éstos les cueste esfuerzo alguno», escribía en El sol, a su vez el diario más influyente del país. La Vanguardia, de Barcelona, no mostraba menor devoción: «El Ejército, al pronunciarse contra el desbarajuste fomentado contra el poder por unos políticos insensatos, obra como mandatario de la opinión pública y cuenta con toda la simpatía de los elementos sanos de la nación[*]». En definitiva, Primo de Rivera había barrido los restos de aquel régimen tan odiado y escarnecido, tan incomprensiblemente empeñado en desmentir los diagnósticos de su muerte, reiterados desde el 98. Llegaba el «cirujano de hierro» pedido por Costa[2].

La dictadura se definía como un directorio militar de carácter por así decir tecnocrático, eficaz y práctico, ajeno a la «politiquería» y dedicado a promover honrada y desinteresadamente el bien común. Suspendió las libertades políticas y los derechos constitucionales, extendió por todo el país el Somatén catalán, como milicia de apoyo al orden público, e hizo ofertas de colaboración a los grupos políticos. Algunos de éstos se inhibieron, sin por eso adoptar nada parecido a una enérgica oposición, y otros acogieron la oferta. La aceptación más importante y significativa vino de la UGT socialista. Prieto y Fernando de los Ríos rechazaban la colaboración, pero Largo Caballero, Besteiro y Llaneza, líder de la poderosa UGT asturiana, hicieron valer su opuesto criterio. Había en esta división un eco de la huelga revolucionaria del 17, cuando los socialistas se habían sentido estafados por los republicanos. Largo y Besteiro habían salido de la experiencia con una carga de aversión hacia sus aliados de entonces, mientras que Prieto quería la alianza para derrocar la monarquía.

Además, la colaboración ofrecía a la UGT la oportunidad dorada de desbancar a su rival la CNT. A ambos sindicatos se les entendería mal si se olvidara, como ya quedó indicado, que la acción propiamente laboralista no era para ellos un fin en sí mismo, sino sólo un instrumento para alcanzar la «emancipación de la clase obrera» y la destrucción del sistema liberal y «burgués». Esa común aspiración debiera haberles unido, y así había ocurrido en ocasiones, pero entre ambas privaban más bien las rencillas y el desprecio. La UGT tenía a los anarquistas por ignorantes fanáticos, y la CNT pintaba a los socialistas como unos siervos de la patronal, rompehuelgas y reformistas. La idea que se hacían unos y otros de la emancipación obrera no difería menos. Los ácratas aspiraban a abolir de un golpe todo estado y todo poder; los socialistas, siguiendo las ideas «científicas» de Marx, pensaban en un período intermedio de dictadura socialista. Estas diferencias cuajaron en la URSS en una verdadera guerra civil, con el aplastamiento sangriento de los anarquistas.

En los años anteriores, las dos sindicales habían llegado a afiliar a masas considerables. La UGT tenía unos 210 000 miembros, y la CNT 700 000, aunque esta última cifra carece del menor rigor y puede rebajarse perfectamente la mitad. La UGT predominaba en Madrid, Vascongadas y Asturias, y la CNT en Cataluña y Andalucía, aunque ambas estaban presentes, en mayor o menor grado, en todo el país. La UGT andaluza también había crecido mucho.

Gracias a su colaboracionismo, la UGT se convirtió en el único sindicato importante del país, en detrimento incluso de los sindicatos libres y otros derechistas. Largo Caballero fue nombrado consejero de Estado, y por primera vez el PSOE adoptó una línea moderada y socialdemócrata, que probablemente ayudó a la recuperación económica del país.

Algo distinta fue la actitud de la Lliga. Hubo muchas sospechas de su implicación en el golpe, y pocas dudas de que al menos lo favoreció. Primo contaba con su cooperación, pero Cambó, de vacaciones en Asia Menor por entonces, telegrafió a su partido para que se mantuviese neutral, sin atacar al dictador ni colaborar con él. Su política consistió en «dejar que la Dictadura se fuera desgastando y hacer lo posible por debilitarla poniendo de manifiesto todos los errores que fuera cometiendo». Justificaba así su postura: «En 1919, en que la influencia de la revolución bolchevique había llegado a España, vi claramente que la era de las revoluciones políticas y patrióticas —las revoluciones horizontales— había pasado, y que entrábamos en una era en que todas las revoluciones son verticales, y dividen a los pueblos en clases o castas o en ideologías irreconciliables, que acaban por establecer la dictadura de una sobre la otra, que se tiene que someter si no quiere ser aniquilada… o no es lo suficientemente valiente y fuerte para intentar el exterminio de la contraria[3]».

Por lo tanto el radicalismo nacionalista podía promover involuntariamente otro tipo de revoluciones. Cambó había comprobado cómo su propia agitación derivaba una y otra vez por caminos indeseables. Así, y temiendo que también la dictadura desembocase en un proceso revolucionario, quiso preservar el capital político de su partido manteniéndolo al margen para, cuando la dictadura se agotase, influir en dicho proceso y desviarlo, como había intentado en 1918. Tampoco esta vez tendría demasiada suerte.

Vale la pena subrayar, una vez más, la fuerza del tópico, en este caso la confusión entre las «clases» sociales y los partidos que aseguraban representarlas, equívoco parejo a la identificación de los «pueblos» con determinados partidos. Confusiones que tanto han contribuido a enturbiar la política entonces y ahora, y a facilitar la tarea de las ideologías fanatizantes.

El 8 de enero de 1924, pocos meses después del golpe, el general convocó a personajes influyentes catalanes, en su mayoría de la Lliga, porque los consideraba «lo mejor» de la región y deseaba contar con su apoyo para gobernar, como había hecho en otras regiones. La reunión fracasó debido a las instrucciones de Cambó y a que Primo sólo hizo vagas promesas en torno a las reivindicaciones catalanistas. El dictador, que por su experiencia previa al golpe había dado por supuesta la colaboración de aquellos personajes, se sintió defraudado. En su despecho, señala Cambó, emprendió una política de represión de las manifestaciones culturales, el idioma y la bandera catalana, con el asesoramiento de políticos catalanes antinacionalistas. Terminó por abolir la propia mancomunidad[4].

No menos espinosos fueron los tratos con el clero nacionalista. Desde las disposiciones de Morgades ordenando la predicación en catalán, los roces y el malestar de los castellanohablantes habían ido en aumento, máxime cuando la cuestión del idioma servía también al activo nacionalismo de buena parte del clero. La predicación en catalán, aunque la más lógica entre los catalanófonos, entraba así en una dialéctica de enfrentamiento.

El clero en Cataluña, si bien menos prestigiado que en las Vascongadas, y en pérdida bastante rápida de posiciones, seguía influyendo en las provincias y en las capas medias de Barcelona, la macrocefálica urbe que concentraba más de un tercio de la población catalana. Encauzaba, por tanto, a buena parte de la opinión pública. La dictadura intentó corregirlo impidiendo la predicación en catalán, para lo cual intrigó cerca de la Santa Sede. Lo consiguió, pero la aplicación de las instrucciones vaticanas fue muy escasa. Un canónigo, Carles Cardó, denuncia la situación en términos de apasionado nacionalismo: «Para herir de muerte la fibra cristiana de Cataluña, las autoridades civiles y militares del tiempo de Primo de Rivera emprendieron la tarea de atizar a la Santa Sede contra dicha fibra. El escándalo máximo, el que motivó la apostasía de un número considerable de catalanes, sobre todo los jóvenes, se produjo el año 1929. Cansada de las excitaciones del gobierno español que exigía la persecución abierta, Roma envió al nuncio Tedeschini…»[5]. Un lector desprevenido creería que la dictadura se valía del Vaticano para perseguir al cristianismo. En realidad el declive eclesiástico en Cataluña respondía a otras razones, el nacionalismo entre ellas, aunque esgrimiera la razonable exigencia de la predicación en la lengua autóctona, quizá no tan razonable cuando pretendía excluir o marginar al castellano, como las autoridades hacían con el catalán. Los catalanes estaban dejando de ser tan naturalmente católicos como los habían supuesto Torras i Bages, Morgades y otros.

El ataque al idioma contravenía actitudes previas del dictador, pero en él pesaba la impresión de que los nacionalistas, en Cataluña y Vascongadas, habían convertido las respectivas lenguas en armas contra la unidad española, medios de constante vejación a España o a «Castilla», y de recuerdo o invención de agravios justificadores, en círculo vicioso, de una literatura incansablemente ofensiva. Tal fenómeno no supieron contrarrestarlo las autoridades o la intelectualidad no nacionalista, entonces ni después. La hábil identificación de los nacionalismos con «Cataluña» o con «Euzkadi» y los idiomas vernáculos, produjo, por su virulencia, el rechazo en sus contrarios, conducente a reacciones primarias.

La postergación secular del vascuence y del catalán era un hecho, pero provenía de la hegemonía históricamente inevitable del castellano como lengua común y de cultura, más que de una política deliberada de «Madrid», ejercida sólo de modo esporádico (aunque con cierto empeño en algunos momentos, como con Carlos III). El centralismo liberal del siglo XIX había aspirado a relegar los idiomas no castellanos, lo cual parecía al principio posible y casi predestinado, por su escaso cultivo literario desde hacía siglos, o desde siempre en el caso del vascuence. Pero desde la segunda mitad del XIX, el catalán, como el gallego y en menor medida el vascuence, vivieron un notable renacimiento literario, que los empujaba de modo natural al campo de la política y la administración. La respuesta de los gobiernos fue en general negativa, si bien muy alejada de una política intensa y sistemáticamente asimilacionista al estilo francés. Por ello sólo podía ser cuestión de tiempo el reconocimiento de esos idiomas como cooficiales en las respectivas regiones. Sin embargo la mezcla de victimismo y agresividad en la reivindicación, más las pretensiones de hacer de esos idiomas los exclusivos en sus regiones, haciendo tabla rasa de una realidad histórica y cultural muy arraigada, provocaban la incomprensión mutua y reacciones como la de Primo, inspirada por otros catalanes que se sentían avasallados por el nacionalismo.

Aun así, el dictador no se empleó a fondo. Él deseaba ante todo que los nacionalistas no le diesen quebraderos de cabeza políticos, y como efectivamente no se los dieron, mostró una tolerancia práctica con sus manifestaciones propagandísticas y culturales. Debió de tomar éstas por palabrería de escaso peligro, a pesar de sus tonos. De hecho, esas actividades florecieron bajo la dictadura. De siete diarios en catalán en 1923, se pasó a diez cuatro años más tarde, y también aumentó notablemente el número de revistas y la edición de libros. Hasta la fiesta famosa del libro y la rosa el día de San Jorge —envidiable iniciativa cívica según unos, entre cursi y comercial según otros—, data de entonces (1928). Numerosos intelectuales de Madrid y otras regiones defendieron el uso del catalán y se solidarizaron contra su represión.

Por lo que se refiere a Vasconia, la política fue muy similar. El PNV, tan al borde de la línea insurreccional irlandesa, quedó desmantelado, pero Comunión Nacionalista gozó de tolerancia y se acomodó sin problemas a la nueva situación. El primero hizo algunos actos aislados y simbólicos de resistencia, como un funeral por Sabino Arana en noviembre de 1923, o un gran banquete en homenaje a Gallastegui, aprovechando su boda en mayo de 1925. Gallastegui sufrió una persecución muy llevadera, aunque ya avanzado 1925, y ante una posible acusación de actividades armadas, se exilió en Francia. La actividad de los montañeros o mendigoxales tampoco fue apenas obstaculizada por las autoridades, pese a conocerse su intencional trasfondo miliciano.

La misma política siguió la dictadura con los demás partidos, incluso con los declarados revolucionarios. Aunque la prensa padecía la censura, fueron autorizadas la propaganda y la literatura anarquistas (entre otras la famosa Revista blanca o la muy subversiva y divulgada colección literaria «La novela ideal», que, dirían después algunos derechistas, «envenenó a tres generaciones de españoles»), como también los libros comunistas de la editorial Zenit, y publicaciones periódicas de ese carácter. El nuevo régimen se contentaba con la ausencia de activismo revolucionario práctico, y debe reconocerse su éxito casi milagroso en este sentido: la oleada de atentados se redujo a casi nada, y las horas perdidas en huelgas bajaron en 1924 a una quinta parte de las del año anterior. Todo ello con una represión efectiva muy escasa.

Hubo, no obstante, intentos de continuidad de la línea insurreccional de la Triple Alianza, espoleados sobre todo por Francesc Macià, el antiguo coronel del ejército transformado en ardiente separatista. Macià, adinerado por matrimonio con una de las mayores terratenientes de la región, trabajaba desde 1919 por la lucha armada, a cuyo objeto había creado la Federación Democrática Nacionalista. Fracasada electoralmente, fundó en julio de 1922 el grupo Estat Català, más semejante a una organización paramilitar que a un verdadero partido, y creó un Servicio de Estudios Militares, para instrumentar la necesaria guerra liberadora, aunque dicho servicio mostró demasiada inclinación a fantasear.

Al llegar la dictadura, y al contrario que la mayoría de los nacionalistas, Macià rechazó cualquier acomodo con Primo de Rivera, y marchó a Francia. Allí se proclamó presidente del estado catalán y emprendió una extensa, si bien infructuosa, labor diplomática, encaminada a fundar una Liga de Naciones Oprimidas, que debía incluir, aparte de las españolas, el Rif de Abd-el-Krim, Filipinas, Irlanda, Egipto y la India. Casualmente excluía a las colonias francesas.

Algo mejor le fue con los grupos españoles. Con vistas a la insurrección, propició una alianza con los separatistas vascos de Gallastegui, con círculos republicanos, anarquistas, e incluso con el pequeño partido comunista español, dejando un lugar para los nacionalistas gallegos, que éstos declinaron ocupar. Entre todos formaron el Comité de Acción de la Libre Alianza (libre porque después de derrocar a Primo, cada uno seguiría su propio rumbo), para «luchar conjuntamente en revuelta (…) contra el mencionado régimen, el más odioso de todos, por los derechos, libertades y mejora moral y material de todos los hombres, sin distinción de clases, y el establecimiento inmediato de las Repúblicas Independientes de Cataluña y Euzkadi[6]». Parece que pensó en colaborar hasta Santiago Alba, muy resentido porque Primo de Rivera lo había denunciado como modelo de «politicastro» corrupto, pese a ser persona reconocidamente íntegra.

Los conjurados proyectaron un levantamiento simultáneo en Barcelona y Bilbao para el verano de 1924, pero, juiciosamente, renunciaron a la idea. Sólo los anarquistas, por su cuenta, intentarían en noviembre una invasión por Vera del Bidasoa, fracasada por completo tras matar a varios guardias civiles.

Nada de ello frenó a Macià, que prosiguió en 1925 sus intentos de alianza y sus planes de insurrección catalana a partir de una invasión desde Francia, bien conocida en líneas generales. Pero los aberrianos de Gudari tenían poca confianza en sus propias fuerzas y prefirieron abstenerse; y los comunistas estaban prácticamente desarticulados. Sólo hubo contactos efectivos con la CNT, no sin desconfianza mutua.

Macià calculó los costes de su empresa en 8 600 000 pesetas (en torno a 15 millones de euros o 2500 millones de pesetas últimas), y para allegarlos lanzó el «empréstito Pau Claris[*]», en abril de 1925. Recogió cantidades considerables —sobre todo entre algunos catalanes enriquecidos en Hispanoamérica—, pero ni de lejos lo suficiente, por lo que en octubre-noviembre viajó a Moscú con el dirigente comunista José Bullejos, para recabar apoyo de la Comintern. Los bolcheviques, expertos de verdad en subversión e insurrecciones, debieron de notar un toque raro en el proyecto, y se limitaron a aconsejarle una buena campaña previa de agitación. El belicoso nacionalista hubo de romper los contactos con Moscú, porque su viaje a los soviets sentó muy mal entre los millonarios que le habían ayudado.

Entre tanto se había producido, en junio, el «complot de Garraf», intento de algunos nacionalistas radicales de asesinar a Alfonso XIII con una bomba cuando su tren pasase por un túnel, al retorno de una visita regia a Barcelona. La trama, descubierta por la policía, ocasionó querellas entre los separatistas.

Con el dinero obtenido, más el aportado por Macià de su peculio, éste puso en pie el embrión del «ejército catalán». Diseñó sus uniformes, encubrió sus entrenamientos como excursionismo, y preparó depósitos de armas. Surgieron los primeros escamots (pelotones de 18 hombres), quizá a imitación de las «escuadras» mussolinianas.

A lo largo de 1926 culminó la preparación del «ejército». El plan consistía en invadir Cataluña el 11 de septiembre, aprovechando publicitariamente la fecha clásica, y tomar el pueblo de Olot, junto a la frontera, ocupando los puestos de Guardia Civil y carabineros. Luego izarían la bandera y proclamarían la República Catalana y el alzamiento de toda la región al grito de «¡A las armas, catalanes!». Aparte de los «almogávares», como llamaba Macià a sus voluntarios, había algunos anarquistas e italianos antifascistas, mandados los últimos por Ricciotti Garibaldi, nieto del famoso guerrero y político. En total, unos 500 hombres.

No fue posible empezar el 11 de septiembre porque muchas municiones se habían estropeado por la humedad, pero al fin pudo comenzar la acción a finales de octubre. Un contingente considerable debía llegar de París al pueblo de Prats de Mollò, base de partida de la operación. Pero, lamentablemente, la policía francesa los esperaba y procedió a arrestarlos. Los soldados de Macià no opusieron resistencia alguna, y los que no fueron detenidos escaparon como pudieron. Más tarde Garibaldi sería acusado de confidente de la policía mussoliniana.

Las autoridades francesas no mostraron rigor con los retenidos, algo más de un centenar, e incluso les permitieron desusadas libertades. Macià, arrestado también, pudo visitarlos en una escena que Carner i Ribalta, uno de sus principales seguidores, describe así: «Todos los presos están concentrados, en formación y bajo la bandera. Cuando (…) Macià aparece, se hace un silencio impresionante, todos los ojos fijos en él, que avanza lentamente. Después se para y empieza a hablar (…) “¡Catalanes!, hemos luchado por una grande, por una noble causa que ha fracasado… Pero volveremos. Juremos sobre la bandera que lucharemos hasta la muerte”. Y mientras la bandera ondea sobre las cabezas de los hombres, todos juntos, como una sola voz, gritan: “¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte!”. Realmente no lo habían hecho, ni volverían a hacerlo[7]».

La complacencia francesa volvería a manifestarse en el juicio subsiguiente, que compensó a Macià del efecto deprimente de su algo tartarinesca aventura. Llevada la defensa hábilmente por el conocido abogado Henri Torrès, masón, que reaparecerá en esta historia ocho años después en otro significativo complot, el juicio se convirtió en apoteosis de Macià, por quien expresaron admiración intelectuales franceses y también españoles, como Eduardo Ortega y Gasset, hermano del filósofo.

Macià no tenía ideas políticas de mediana coherencia, más allá de la «liberación de Cataluña», en aras de la cual aceptaba incluso la sovietización. Pero tenía facilidad para las frases sugestivas. Declaró que «no habrá paz internacional mientras haya naciones esclavas». Una de ellas era, desde luego, Cataluña, a la cual España «considera como un país conquistado y como la última de sus colonias a explotar», razón por la cual «Nuestro ideal democrático y de libertad no se aviene con el de la España atrasada que durante la guerra mundial soñaba con la victoria de los enemigos del derecho y la justicia» (si bien no había hecho nada por volver realidad el supuesto sueño). Supo atraerse a la opinión pública francesa anunciando su plan de crear una «Bélgica pirenaica», es decir, una Cataluña amiga eterna de Francia (aunque ésta imponía un centralismo mucho más estricto que el español en su región de habla catalana). Se preguntó con dramatismo: «¿Qué sería una juventud sin rebeldía? ¿Qué sería una vida sin dignidad?»[8].

Tuvo una condena suave: dos meses de cárcel, ya cumplidos, y 100 francos de multa. Lo mismo Ricciotti Garibaldi, posiblemente para encubrir su verdadero papel. A continuación Macià fue expulsado a Bruselas, de donde marchó a Hispanoamérica, a agitar en los medios de la emigración catalana, sin intentar nuevas insurrecciones.

Gudari siguió su ejemplo. Exiliado en Francia, fundó un «Comité Pro-Independencia Vasca», y marchó a Hispanoamérica, donde continuó su labor agitativa. El comité escribía a los de Macià: «Catalanes, el mundo es muy pequeño comparado con la grandeza de nuestro ideal, y ni distancias ni cadenas serán capaces de separar los nobles corazones de los nacionalistas vascos y catalanes, unidos por la amargura y soldados por el amor». Tan inspiradas palabras rubricaban el abandono de la insurrección[9].

Quizá suene improcedente referir con esta amplitud un suceso como el de Prats de Mollò, nimio en sí mismo, pero sus extraordinarias consecuencias lo justifican. La gesta fue mirada en Cataluña como un episodio grotesco, pero esa impresión cambió con el tiempo, y Macià se vería enaltecido como figura heroica en amplios medios nacionalistas. La razón es fácil descubrirla: él representaba el aliento épico del que tan precisado andaba el movimiento. No se podía clamar a cada paso contra la esclavitud, abyección e ignominia impuestas por España o Castilla, y al mismo tiempo limitarse a combatirlas con frases, o en unas elecciones rechazables de raíz al proceder a los esclavizadores. El aire un tanto estrafalario de sus empresas no impedía que Macià, al menos, se hubiera rebelado contra la insufrible opresión, aunque los escépticos podrían opinar que a tal opresión sólo podía corresponder tal rebelión.

Sea como fuere, aquella pintoresca hazaña iba a alzar el pedestal de quien sería primerísima figura política en Cataluña apenas cinco años después. Para sus enemigos, empezando por Cambó, el héroe de Prats de Mollò no pasaba de ser un desequilibrado de pocas luces y con fijaciones mesiánicas, y sin embargo sería Cambó quien quedara aislado, mientras el grueso del nacionalismo convertía a Macià en héroe nacional en toda regla. Aún hoy cantan muchos medios nacionalistas la «vida de leyenda» de su adalid, y sus «épicas» proezas, y a Prats de Mollò van peregrinaciones conmemorativas.

Primo de Rivera anunció su propósito de permanecer en el poder sólo un breve período, pero enseguida llegó a la conclusión de que precisaba más tiempo para llevar a cabo su plan regeneracionista, apenas esbozado al principio. De todos modos su poder iba a durar solamente seis años y tres meses, en dos etapas, una puramente militar, hasta 1925 (dos años) y la segunda con un directorio civil con pretensiones de institucionalizar un régimen nuevo.

La escasa oposición, incluso la entusiasta acogida a la dictadura, no significaba que ésta dispusiera de grandes simpatías en el ejército, en la intelectualidad, o en las fuerzas políticas conservadoras. La postura más generalizada en esos mundillos fue la mera pasividad oportunista, un poco al estilo de la Lliga, entre escéptica y dispuesta a aprovechar los errores del dictador para socavar su prestigio. El ambiente popular no les permitía otra cosa, pues los éxitos económicos de Primo no admitían duda, y el general había logrado, en 1925, acabar de una vez con uno de los mayores flagelos del país en los últimos veinte años, tras derrotar, con ayuda francesa, a los autores del desastre de Anual y de otros anteriores.

Pero la pasividad fue trocándose en una oposición tan peculiar que juntaba en un haz a políticos —en primer lugar Romanones— y militares de la Restauración, con los verdugos de ésta, los anarquistas, pasando por una variada gama de grupos republicanos. Con todo no hacía demasiada fuerza tan amplia unión, cada uno de cuyos elementos pensaba, en definitiva, sacar partido de sus aliados para luego burlarlos.

El complot pasó a mayores con un pronunciamiento militar la noche de San Juan de 1926, pocos meses antes de la intentona de Prats de Mollò. Y fue desarticulado con la mayor facilidad, quedando para la historia con el mote de «la sanjuanada». Para añadir ridículo a la farsa, los complotados, en especial Romanones y los generales Weiler y Aguilera, recibieron el simple castigo de unas multas, bastante cuantiosas. Primo de Rivera declaró: «En otros países la dictadura se impone con violentos castigos (…). La que España ejerce (…) ha resuelto acudir al sistema de multas que, por su benéfica aplicación, ni aun en el caso improbable de error produciría daños sin inmediata y consoladora compensación[10]». No mentía. Hechos así en el siglo XIX habrían costado la cabeza a los conjurados, y en el siglo XX, otras dictaduras respondían con represiones masivas. No obstante, los castigados mostraron su indignación por sus involuntarias contribuciones al erario (Romanones, medio millón de pesetas, algo así como l60 millones actuales).

Juan Simeón Vidarte, socialista y masón convencido, informa de otro complot organizado en las logias para combinar una sublevación militar con el secuestro de Primo, aprovechando sus visitas a una amante, pero también fracasó[11].

La sanjuanada iba a tener bis, esta vez a cargo de Sánchez Guerra, uno de los últimos e inútiles gobernantes de la Restauración. Ni él ni Romanones, Alcalá-Zamora y otros «caciques» habían hecho el menor examen autocrítico del derrumbe del sistema liberal. Lo que hicieron fue aliarse para luchar por «la libertad» con quienes habían chantajeado o atacado violentamente a aquel sistema, como los anarquistas o los militares de las Juntas de defensa, que también volvían a las andadas contra Primo. Los socialistas y los comunistas se abstuvieron, los primeros porque colaboraban con el dictador, y los segundos por impotencia. La conspiración, a finales de enero de 1927, fracasó como las anteriores, si bien los implicados convirtieron sus procesos judiciales en plataformas de propaganda a su favor. Como defensor de ellos se distinguió el abogado Alcalá-Zamora, que, después de una carrera mediocre antes de la dictadura, brillaría pronto como figura política de primer orden.

El régimen se ganó a los carlistas, aparte de los monárquicos y de los seguidores del reformismo de Maura, contó con la benevolencia de la jerarquía eclesiástica, con un sector del ejército y la colaboración de personalidades de bastante talento. Entre éstas destacaron José Calvo Sotelo, procedente del maurismo, a quien se deben, como ministro de Hacienda, buena parte de los éxitos económicos del régimen; y Eduardo Aunós, procedente del entorno de Cambó, y motor de una política social bastante avanzada (promoción de viviendas baratas, extensión de la jornada de ocho horas, mejoras en la ley de arrendamientos rústicos, etc.) que le dio prestigio internacional. El general Martínez Anido dirigió una represión mucho más eficaz y menos brutal que en los días del pistolerismo barcelonés.

Pero a pesar de las colaboraciones obtenidas y de los fracasos de sus enemigos, la dictadura carecía de apoyos consistentes, y su estabilidad dependía del respaldo cada vez menos firme del monarca y del ejército, y de la neutralidad o la pasividad, cada año menos seguras, de los demás políticos. Tuvo pocos fieles comprometidos.

Capítulo 10

EL FINAL DE LA DICTADURA

Una abundante bibliografía suele minimizar los logros económicos y sociales de la dictadura de Primo de Rivera, y desde luego su política económica siguió siendo ultraproteccionista, con privilegio para las provincias ya industrializadas, y muy intervencionista, desde la creación de empresas estatales a los arbitrajes entre patronos y obreros. Pero si miramos dichos logros en sentido histórico, es decir, comparándolos con los del período anterior, o el posterior hasta los años 50, descuellan de modo extraordinario. España se modernizó con rapidez, dotándose de una de las redes de carreteras mejores de Europa, mientras la radio se hizo común, el número de teléfonos se triplicó, con un servicio técnico también entre los mejores de Europa, el número de automóviles se dobló muy sobradamente, como también la producción de electricidad; la red ferroviaria fue ampliada y mejorada y comenzó la aplicación de ambiciosos planes hidráulicos para extender los regadíos y la producción de energía, administrados por las Confederaciones Hidrográficas, sistema imitado luego en Usa en la célebre Tennessee Valley Authority. Y así otros muchos indicadores productivos.

Como resultado, la plaga del hambre descendió a niveles bastante inferiores a la mitad de principios de siglo (a los que iba a volver con la II República), y la esperanza de vida al nacer pasó de 40 a 48 años en los varones y de 42 a 52 en las mujeres, cifras aún bajas, pero indicadoras de la mejora en las condiciones higiénicas generales y del descenso de la mortalidad infantil. La población activa también creció notablemente, y por primera vez la del sector primario bajó a menos de la mitad del total, hasta el 45,5%, mientras aumentaba la empleada en la industria y los servicios.

El analfabetismo quedó en un 32,4%, habiéndose reducido a un ritmo superior al de las décadas anteriores o a la siguiente, la de los años 30, correspondiente a la república. El número de universitarios creció en casi un 30%, (de 30 000 a 39 000), y el de alumnos de enseñanza primaria pasó de 1 700 000 a 2 150 000. La enseñanza profesional y de especialización obrera también recibió, por primera vez, una atención continuada. El analfabetismo femenino descendió de un 50% a un 39%, y se duplicó la presencia femenina en la universidad, si bien dentro de una proporción modesta —nada modesta en facultades como Filosofía y Letras de Madrid, donde llegó a ser mayoritaria—, y la mujer accedió por primera vez, aunque restringidamente, al voto y a la elección para cargos políticos (quince mujeres se sentaron en los escaños de la Asamblea consultiva que aspiraba a sustituir a las Cortes constitucionales).

Estos y otros datos pueden condensarse en uno: la renta per cápita empezó, por primera vez desde las guerras napoleónicas, a cerrar la brecha con los países europeos más ricos. A lo largo de los primeros sesenta y pico años del siglo XIX, la diferencia entre la renta por habitante española y la media entre Francia e Inglaterra creció con gran rapidez en contra de España. En el período correspondiente, en líneas generales, a la Restauración, la renta española superó su estancamiento y progresó con relativa fuerza, pero a un ritmo todavía inferior al de la media britanofrancesa. Sólo con Primo de Rivera la velocidad de crecimiento español superó al de dicha media, iniciando una aproximación a ella. En suma, nunca España había progresado tanto en tan breve período, ni volvería a hacerlo hasta muchos años después[1].

Tales éxitos, realmente espectaculares para lo que había sido España, han sido atribuidos a un mero reflejo de la favorable coyuntura internacional, pero, la economía española continuó poco integrada en la exterior, y no todos los países, ni mucho menos, aciertan a aprovechar una bonanza general. Las causas de aquel despegue y modernización deben buscarse más bien en la continuidad de una línea de gobierno, antes imposible por el frenético turno de partidos, y en la sensación y la realidad de un orden público sostenido con pocas alteraciones. Bastaban estos dos factores, unidos a una especial atención del gobierno a las infraestructuras, para promover la eclosión de la actividad productiva, pese al intervencionismo y al proteccionismo inveterado.

Fue también una época brillante en el terreno cultural, al acumularse las tres generaciones famosas, del 98, del 14 y del 27, esta última correspondiente a la dictadura. El mismo Azaña, opositor de tertulia contra Primo de Rivera, recibió el Premio Nacional de Literatura en 1926, por un ensayo sobre Juan Valera.

¿Por qué terminó fracasando la dictadura, pese a estos triunfos? Sin duda por razones políticas, no económicas. Quizá la causa de fondo consistió en que ni fue lo bastante fascista, en la onda que entonces comenzaba a extenderse por Europa, ni abrió paso a una democracia consistente. Fue un régimen intermedio, que nunca dejó del todo claro si pensaba perdurar o se consideraba a sí mismo como transitorio, y en todo caso inició demasiado tarde un vacilante proceso de institucionalización. Comenzado como algo parecido a un movimiento de salvación nacional, con la perspectiva de corregir una situación caótica y retirarse en breve, sólo en el otoño de 1927 aspiró a consolidarse mediante un seudoparlamento, la Asamblea consultiva, encargada de elaborar una nueva Constitución.

Al año siguiente ese intento de consolidación fue apuntalado con teorías políticas a cargo de los escritores José María Pemán y José Pemartín, siguiendo el pensamiento de Maeztu y de Menéndez Pelayo. Sus ideas tienen el mayor interés, porque fundamentarían también la posterior dictadura de Francisco Franco.

Pemán partía de la doctrina católica para criticar otras sobre la sociedad y el estado:

«O se admite que el hombre es sociable por naturaleza y, por tanto, que la sociedad es un hecho natural (teoría tradicional cristiana), o se admite que el hombre no es sociable por naturaleza y, por tanto, que la sociedad es un hecho artificial (teoría del pacto social de Rousseau)». En el primer caso habría algo esencial y permanente en la sociedad, por debajo de sus aspectos cambiantes. En el segundo, la sociedad puede concebirse de mil maneras, según «la amplitud y variedad de las voluntades que pactan[2]».

Siguiendo el fundamento cristiano, «La Patria no es un agregado amorfo de individuos cuya organización depende de nosotros. No; la Patria es un ser natural, una criatura con una forma propia (…) no una mole, sino un organismo; no un simple agregado de individuos, sino un agregado de Sociedades subalternas que son otros tantos seres vivos con su correspondiente inmanencia vital». La patria tampoco debiera considerarse una invención de un momento, sino asentada en la Tradición. La tradición podía estorbar el progreso, y por eso debía distinguirse entre su espíritu y sus manifestaciones transitorias u ocasionales, superables cuando conviniese[3].

El patriotismo, sentimiento de la patria, resultaría muy distinto del nacionalismo, el cual recibe una dura crítica. Según los teóricos primorriveristas, «el individualismo del siglo pasado pasó un rodillo nivelador sobre la sociedad, destruyó todo lo que era perfil y estructura de ella —municipio, clase, corporación, gremio— y no dejó más que un conjunto amorfo y desorganizado de individuos que se decían soberanos». De ahí que, «Concebida la Sociedad-Nación como un producto contractual de las soberanas voluntades individuales que la forman, se supone que esas voluntades, al pactar, transmiten su soberanía a la Sociedad Nación, quedando ésta, en consecuencia, investida de un poder absoluto. Desaparecen, por tanto, todos los límites y contenciones de la Nación; por abajo desaparecen todas esas contenciones orgánicas formadas por las sociedades inferiores y autónomas que la Nación comprende; por arriba desaparecen todas las contenciones espirituales de la Iglesia y todas las contenciones internacionales del orden mundial y humano de que la Nación forma parte. El nacionalismo es, en definitiva la deificación de la Nación». La consecuencia de tales concepciones habría sido la Gran Guerra terminada diez años antes[4].

Si bien estas críticas dirigen su filo al liberalismo, no dejan de afectar a los nacionalismos de Arana y de Prat de la Riba, que también se decían informados por el catolicismo. Arana considera el nacionalismo y la nación vasca cosas más o menos divinas, siendo él mismo ensalzado por muchos de sus seguidores como «el Jesús vasco»; y los nacionalistas catalanes «tienen por Dios a la patria», según proclamaban sus folletos de adoctrinamiento como el «Catecismo catalanista». No sin razón se ha visto en la teorización primorriverista, la base de un nacionalismo español, pero debe admitirse en todo caso su carácter más templado, menos mesiánico, salvo excepciones, que los otros dos o que los surgidos en Galicia, Andalucía, Canarias y otras regiones.

Pemán no sólo condena el nacionalismo, sino también el internacionalismo. En él encuentra «un elemento lógico y fecundo de progreso», en cuanto limita las tentaciones de la nación divinizada y crea organismos y acuerdos para preservar la paz; pero lo rechaza en cuanto «tiende a diluir el sentimiento patriótico en un vago y descolorido humanitarismo y a borrar artificialmente las fronteras». Los frenos internacionales al nacionalismo debían existir, pero sin absorber ni diluir a las naciones[5].

Si la nación es una sociedad natural que los individuos reconocen pero que no inventan arbitraria o convencionalmente, el estado no pasa de ser «la organización jurídica de la Nación», dedicada a «tutelar, completar y armonizar» la vida de las también naturales sociedades intermedias (desde la familia al municipio, la región, el sindicato, etc.), «sin invadirlas ni ahogarlas». Alude, evidentemente, al tipo de estado nacional propio para España, donde admite claras diversidades regionales dentro de una sola nación. Atribuye los secesionismos a la expansión indebida del estado liberal, como reacciones a su intento de absorber y uniformizar a la nación.

Pemán vuelve a rechazar el individualismo extremo que termina divinizando asimismo al estado. Del individualismo surgiría, en paradoja aparente, el «estatismo de tipo hegeliano». Los individuos, incapacitados para defenderse a causa de la destrucción de las sociedades intermedias, debían confiarlo todo al estado como supuesta concreción de su voluntad contractual. Y «el Estado, como un dios, lo invadió todo»; «De aquí nació el Municipio político, la enseñanza oficial, la Universidad centralizada, etc.». Hasta la familia quedaría politizada en ese sentido[6].

Serio peligro: «El estatismo es una tesis brillante y peligrosa en estos días en que los hombres están hambrientos de orden y autoridad». Pero según la tesis social cristiana «la sociedad es para el individuo, no el individuo para la sociedad». El estatismo amenazaría «Una de las mayores conquistas cristianas [que] fue la conquista de la dignidad humana» frente a las tendencias paganas. Esta crítica enfilaba al socialismo y al fascismo, que reducirían al individuo a instrumento del estado, con un matiz de retroceso del cristianismo al paganismo[7].

Por otra parte, los derechos del individuo, al estilo liberal, frustrarían el interés común. La política (en el «buen» sentido) no podría fundarse en tales derechos, sino «Sobre aquellos valores externos e inmutables que, superando lo individual, lo limitan y lo unen; por ejemplo, sobre la Patria, la Religión y la Monarquía», los tres pilares sobre los que quería edificarse el nuevo régimen[8].

La sociedad debía ser también jerárquica y no «anárquica», ajena a «la adulación a las masas». Pero no rígida ni cerradamente jerárquica: «Será preciso dar, mediante la organización gremial y mediante la multiplicación de los organismos técnicos, una máxima y despejada intervención a los nuevos elementos selectos de la profesión y de la técnica». Con ello permanecería, ampliado, el concepto de aristocracia en el sentido literal recogido por Ortega: el poder de los mejores[9].

Caracterizando a los españoles, Pemán les achaca un individualismo a veces excesivo, obstáculo a la colaboración en pro del interés general. También les encuentra una acusada exigencia moral, y cita en su apoyo a Keyserling: «En lo ético, España se encuentra a la cabeza de la actual humanidad europea». Cree notarlo en la atención del vulgo a la limpieza moral y la austeridad de los líderes: «En otros países de Europa existe una mayor frialdad para separar lo utilizable de cada persona (su talento, su habilidad), de su fondo moral»; en España, «ni el talento ni la elocuencia, ni el acierto político bastaron nunca, al cabo, para hacer olvidar las claudicaciones éticas[10]».

Justifica al régimen de Primo porque en circunstancias especiales puede ser preciso un dictador, el «cirujano de hierro» de Costa. Tanto más cuanto que la legitimidad de la Restauración estaba minada por las triquiñuelas partidistas, que falseaban la opinión popular, la cual, en cambio, había apoyado claramente a Primo[*].

Pemartín sigue una línea pareja. La dictadura habría llegado en época de depresión, similar a otras como el caótico reinado de Enrique IV de Castilla, o el de Carlos II el Hechizado. Traza un paralelo un tanto arbitrario entre el segundo y los treinta años últimos de la Restauración: «Déficit crónico, contrabando y evitación de impuestos por los ricos, cargas agobiantes sobre los pobres, repulsa del servicio militar por el pueblo desmoralizado», etc., marasmo «que Víctor Hugo concreta con su magnífico énfasis en el famoso apóstrofe de Ruy Blas, cuando éste acusa a los Ministros, “criados que saquean la casa”, de esperar (…) la hora sombría en que la España agonizante muera». La España de la Restauración también agonizaba, sometida a un «hechizo» implacable: «El mismo sentimiento de disolución, de muerte —“esto no puede seguir así”, “esto se va”, “esto se acabó”—, de desvanecimiento de todo orden y ley, flotaba insistente, amenazante». Y, recurriendo a Ortega, expone los signos de la descomposición: «El particularismo, por el que cada parte deja de sentirse parte; la aristofobia, u odio a los mejores; el separatismo exasperado; la desilusión y el pesimismo sistemático; la desnacionalización total, en fin de la Patria[11]».

Afortunadamente España había superado siempre las crisis, con los Reyes Católicos después de Enrique IV, con los Borbones después de Carlos II, y, en el siglo XX, con el renacimiento traído por la dictadura. Para Pemartín, «de todas estas épocas de verdadera desnacionalización, de desintegración española, ha surgido de nuevo España, más fuerte, más ella misma. Y en esa reacción de cohesión, de reconstitución, parece haber influido siempre una forma histórica como principio de atracción, como punto de concentración de la nueva cristalización hispánica: la forma monárquica[12]».

Conclusión extraña, porque todas las crisis habían ocurrido con los reyes. Pemartín arguye a esta objeción que los tiempos de auge podían no haber debido mucho, o incluso nada, a la monarquía, pero en las depresiones el ideal monárquico habría servido de esqueleto para sostener los valores tradicionales e impedir su completo derrumbe. Y así «La monarquía, al resolver el problema español, en 1700 y en 1923, se robusteció en sus fundamentos». A diferencia de la primera fecha, en la segunda el impulso regenerador había venido de dentro de España, y «no del exterior[13]».

Frente a la dictadura, la Restauración no podía alegar auténtica legitimidad, porque el pueblo no había estado presente en la elaboración de la Constitución, y las elecciones eran notoriamente falseadas. Por el contrario, «cuando Alfonso XIII (…) otorgó al marqués de Estella (Primo) el poder, restableció la legalidad, perturbada por la suplantación de la personalidad política del pueblo español; delito político que contra éste se ha cometido constantemente, habitualmente, por el régimen constitucional de la Restauración»… la cual había traído de vuelta a los reyes y les había otorgado poderes considerables; esto lo omite Pemartín[14].

La religión tendría un papel esencial en el nuevo orden: «No hay unidad en el mundo como la unidad religiosa, ni odio semejante al odio que produce la irreligión», cita del pensador tradicionalista Vázquez de Mella, para quien «la nación es una creación del cristianismo», y no habría existido propiamente en los tiempos paganos, cuando sólo podía discernirse el calificativo de nación al pueblo hebreo[15].

En España la religión tendría un peso superior al de otras naciones: «Macaulay reconoce la fuerza moral formidable que dio a España en un siglo de oro la política religiosa». También otros coincidían en que la religión fue «la savia vivificante del gran árbol robusto de la historia de España», el «coeficiente de ampliación del Siglo de oro, elevadora de nuestro potencial ético». Alfonso XIII sería un rey católico por excelencia, y la dictadura también tendría ese carácter integrador[16].

En opinión de Pemartín, «el socialismo tiene algo muy serio. Es la tendencia —en los socialistas sinceros— a mejorar la condición social de la humanidad (…) por una obra sistemática, inteligente y generosa». Pero, advierte, la mejora sólo podría realizarse «en el marco de la propiedad y el orden racionalmente utilizados». Esto parecía una llamada a un PSOE por entonces muy moderado. Su crítica algo pedestre al socialismo, tiene cierta sagacidad: «El socialismo, en suma, es el trabajo de todos los ciudadanos para el Estado (…) es reemplazar a muchos amos (…) al fin personales y humanos, a quienes se puede ver y odiar, por un solo amo, por una entelequia, una abstracción, el Estado, a quien no se ve. (…) El pueblo español —todos los pueblos— (…) de seguro nunca trabajará, eficazmente, se entiende, ni por amor ni con odio, para una entelequia (…). Encontrará más justificado que nunca rendir un mínimo trabajo al Estado (…) del que él mismo es parte, según le explicarán los teóricos[17]».

Aquel nacionalismo o patriotismo español identificaba la plenitud de España con el antiguo imperio, y creía factible volver a algo semejante, no tanto en el sentido territorial —aunque sin excluirlo, al menos algunos de sus partidarios— como en el plano cultural, de influencia y ejemplaridad política, y de expansión económica. Como hemos visto, también el nacionalismo catalán propugnaba un imperio. En los dos casos se trataba de una quimera, aunque los partidarios del imperio español partían, al menos, de un hecho histórico y real, y no de un mero deseo arbitrario proyectado a un futuro que sus creyentes daban por determinable.

La doctrina de Pemán y Pemartín contiene una triple crítica, al liberalismo, al socialismo y al fascismo. Al último, por su tendencia paganizante y estatista; al socialismo, por todos sus conceptos, desde la irreligión hasta la abolición de la propiedad privada (y salvando las buenas intenciones de sus partidarios); y al liberalismo porque arrasaría la sociedades intermedias para reinventar a cada paso la nación desde el individuo y construir una democracia «inorgánica», donde germinarían tanto los fascismos como los comunismos. Las grandes desgracias sociales, condensadas en la guerra mundial y en la revolución rusa, enraizarían en esa democracia liberal, proclive a todas las demagogias. Los separatismos tendrían el mismo origen, combinado con la anterior decadencia hispana.

La contrapropuesta sería una «democracia orgánica», por la cual la persona participaría en la política a través de esas sociedades intermedias que conocería y dominaría mejor que las abstracciones estatistas, y en las que se sentiría integrado y protegido. La idea era vieja, y también los fascismos y corporativismos europeos participaban de ella, con matices. En España tenía fuentes variadas, ya en la izquierda, como en los líderes de la Institución Libre de Enseñanza o en el intelectual socialista Fernando de los Ríos, ya en la derecha, como en el pensador Ramiro de Maeztu.

Sin embargo, de modo similar a como la realidad negaba las apasionadas diatribas de los nacionalistas sobre la «esclavitud» de los vascos, los catalanes o quienes fueran, también negaba los supuestos de las críticas vistas. Los «organismos intermedios» no habían sido arrasados, y gracias a las libertades habían proliferado sociedades culturales, comerciales, políticas, recreativas etc., que vertebraban la sociedad de modo mucho más complejo que las divisiones tradicionales del Antiguo Régimen a las que, con ciertas modernizaciones, parecían adherirse Pemán y Pemartín. Los pensadores liberales, y de modo especial Tocqueville, ya habían previsto el peligro de una democracia degenerada en despotismo bajo la autoridad omnímoda de un estado de fachada protectora, pero asfixiante para las libertades reales. Peligro contra el cual actuaba, precisamente, la vertebración social mediante una multitud de asociaciones particulares, desde las cuales los individuos pudiesen defender sus intereses.

Y esa complejidad social se había acentuado mucho en la Restauración. Cabe achacar el hundimiento de este régimen a que dicha vertebración seguirá débil, pese a sus avances frente a los embates de las ideologías y partidos antiliberales.

Como puede verse, la doctrina de la dictadura podía asimilarse a un nacionalismo español, bastante más complejo, o menos simple, y también menos exaltado, que las doctrinas de Arana, Prat y otros. Hay en ella también una diferencia esencial con el nacionalismo regeneracionista, aunque tome de él elementos diversos, como la idea del cirujano de hierro o la desconfianza hacia el liberalismo. La visión casi uniformemente negativa sobre la historia de España queda rechazada: simplemente ha habido períodos de decadencia y descomposición, una de cuyas manifestaciones eran, para entonces, los disgregadores nacionalismos regionales[*].

La institucionalización buscada por Primo se concretaba en tres bases. En primer lugar, un partido político, la Unión Patriótica, que no quería ser ni partido ni político, y que debía acoger a las personas más «valiosas y honradas» de cada lugar. Tuvo muy poco del estilo jerárquico y unánime propio de un partido fascista, con el que a veces se le ha comparado, y el mismo Primo lo definía en 1928 como una especie de ágora en la que «caben todos los idearios» donde se podían defender «las doctrinas más extremas», evitando caer en «minucias y personalismos». En segundo lugar, habría una Asamblea consultiva, remedo de parlamento, en parte constituido por políticos designados desde el ejecutivo, y en parte elegidos por sufragio «orgánico», es decir, en representación de las sociedades intermedias. La Asamblea fracasó enseguida, por incapacidad para elaborar una Constitución: el borrador propuesto no agradó a Primo, acaso porque daba demasiados poderes al monarca. Completaría el esquema institucional una especie de milicia popular extendida por toda España a partir del modelo catalán, el Somatén.

Como vio José Antonio, hijo del dictador, ninguna de las tres instituciones se desarrolló al modo como lo estaban haciendo otras semejantes de tipo fascista que parecían marcar el camino de un nuevo orden europeo. Ni el Somatén dio lugar a unas milicias y organizaciones de masas, ni la Unión Patriótica cuajó en un partido fascista, ni la Asamblea se hizo cauce de una «democracia orgánica». Para José Antonio, el fracaso vino de la propia autocontención de la dictadura, de sus resabios liberales y de la soledad en que dejaron a su padre quienes, creía él, debieron haberle auxiliado. En realidad, la formación liberal-parlamentaria de Primo de Rivera, como de la mayoría de los militares, pesaba en él hasta de modo inconsciente, impidiéndole llevar a sus últimas consecuencias la demolición del régimen anterior.

También falló la esperada integración del PSOE como contrapeso a las fuerzas conservadoras. Algunos vislumbraban una nueva organización de la vida política, en la que la vieja división entre los partidos liberal y conservador quedara sustituida por la de un partido socialista y otro más o menos democristiano, al estilo de lo que llegaría a ocurrir en Italia y Alemania después de la II Guerra Mundial. Pero el rey no favoreció esa solución, y la colaboración de los socialistas con la dictadura fue meramente instrumental y oportunista, y a la hora de la verdad se desentendieron de los proyectos de Primo, declarándose republicanos, aunque sin aliarse a los partidos de ese nombre[*].

Cuando, en 1928, tomó cuerpo la fundamentación teórica del nuevo régimen, el dictador y sus intelectuales exultaban: Pemartín subrayaba «el triunfo tan rotundo de Primo de Rivera y sus compañeros»: «España ya no es la España de 1923. Es otra España llena de vida y de esperanza». Cierto que «hay algunos, no muchos, que se revuelven contra la evidencia (…). Hay algunos enemigos apasionados de la Dictadura que niegan los hechos, que no ven o no quieren ver la evidencia», pero no parecían muy de temer: «No hay quien detenga en ninguna de sus partes la obra gigantesca en marcha». El mismo Primo resalta, feliz, «La singularidad de que a los cinco años de actuación se manifiesten cada día por el país mayores entusiasmos y confianzas, se haya afirmado en el mundo el concepto de inconmovilidad del Gobierno español[18]».

Difícilmente podían estar más equivocados.

El año 1929 vio simultáneamente la apoteosis y la crisis de la dictadura. La Exposición Internacional, en Barcelona y Sevilla, presentó a los ojos del mundo los logros económicos y técnicos alcanzados por España en seis años; pero al mismo tiempo el hostigamiento a Primo se multiplicaba en acciones de poco relieve cada una de ellas, pero en conjunto agobiantes, por su persistencia. Las principales vinieron de los militares y los estudiantes, y ambas con un marcado carácter corporativo.

Entre los apoyos iniciales a Primo estaban bastantes miembros de las Juntas de defensa, que, como se recordará, propugnaban al mismo tiempo reivindicaciones profesionales y reformas «regeneracionistas». En cierto sentido, el dictador venía a intentar hacer realidad estas últimas, pero en la mayoría de los militares el regeneracionismo no pasaba de envoltorio a intereses de cuerpo. Había en el ejército una división entre los junteros y los africanistas, pues los primeros exigían que los ascensos siguieran el sistema tradicional, por antigüedad, en lugar de por méritos de guerra, como querían los africanistas y Primo favorecía. El cuerpo de artilleros mostraba especial intransigencia en pro de la «escala cerrada», y volvió a las posturas subversivas anteriores a la dictadura. Primo llegó a decretar por dos veces la disolución del cuerpo, y los descontentos urdieron conspiraciones contra él. Siendo el ejército uno de los pilares de la dictadura, estos problemas la debilitaban seriamente.

En cuanto a los estudiantes universitarios, entre ellos calaban con facilidad los mensajes revolucionarios y las simpatías por los totalitarismos en boga, a menudo disfrazados como democratismos radicales. La politización también crecía en el profesorado; y la intelectualidad, que, con algunas excepciones, había recibido a Primo pasiva o favorablemente, agitaba cada vez más contra él. En 1927 se había fundado la Federación Universitaria Española (FUE), afín al PSOE, pero de tendencia más radical. El mundillo intelectual y juvenil, en menor medida el obrero, habían evolucionado hacia los extremismos, por el influjo de la propaganda y el prestigio de unas u otras revoluciones. La dictadura apenas se preocupó por la difusión de tales ideas, y no supo o no pudo contrarrestar aquel clima.

No obstante, el motivo de las revueltas estudiantiles no fue político, sino corporativo. Existían dos universidades católicas, la jesuita de Deusto y la agustina de El Escorial, cuyo nivel de enseñanza superaba probablemente al de las universidades estatales. Con una medida típicamente liberal, Primo de Rivera les concedió la facultad de expedir títulos. Los elementos izquierdistas de la universidad pública reaccionaron con una furia en cuyo fondo latían el apego al burocratismo estatal y un arraigado anticlericalismo. Las movilizaciones estudiantiles, con su repercusión en el exterior y su aprovechamiento por las fuerzas políticas antidictadura —pero no necesariamente democráticas—, constituyeron para ésta un constante dolor de cabeza en 1929.

También había extensos sectores moderados temerosos de que el régimen nacido para evitar la revolución, terminase por abrirle camino. La preocupación ante una posible deriva a sucesos como los de Rusia se aprecia en Cambó o en Lerroux. Este último había optado definitivamente por la moderación, y fomentaba los acuerdos republicanos con vistas a una salida democrática no revolucionaria.

También molestaba al régimen el hostigamiento de algunos intelectuales exiliados, que emitían diatribas tremebundas contra el dictador y contra el rey. En el terreno directamente político eran actividades casi inocuas, pero indirectamente fomentaban, dentro y fuera de España, la hostilidad al gobierno y su descrédito, tanto mayor cuanto que varios de esos intelectuales, en particular Unamuno y Blasco Ibáñez, gozaban de predicamento internacional.

Los alfilerazos, aunque minoritarios y poco relevante cada uno de ellos, eran insistentes y desde varias direcciones, y perturbaban cada vez más al poder. El acoso terminó por deprimir al dictador, seriamente enfermo de diabetes. El monarca, al principio muy comprometido con su régimen, le mostraba un claro despego y no obstaculizaba las conjuras contra él. En enero de 1930, cuando se gestaba un nuevo pronunciamiento, Primo tomó una resolución inopinada: pidió a los jefes militares que le ratificasen su confianza. Al no obtenerla, presentó su dimisión al rey. Éste pudo habérsela rechazado, pero deseaba acabar de una vez. Aceptó la dimisión, y el general, profundamente decepcionado, marchó a París, donde al poco moriría.

Su dictadura había sido de las más peculiares del siglo XX europeo, pintoresca en algunas de sus expresiones, amparadora de un auténtico despegue económico, reflejo en buena medida de la personalidad de quien la ejercía: un hombre honrado, a veces hasta el candor, con ideas algo simples pero en general no descabelladas, como dejó probado en la gestión del país; y nada sangrienta. Sus enemigos le atacaban con una mezcla de burlas feroces y airados aspavientos por sus represiones, pero como terminaría reconociendo Alcalá-Zamora después de otras experiencias, «les llamábamos persecuciones y hoy no se les llamaría casi molestias[19]».

TERCERA PARTE:

UNA REPÚBLICA CONVULSA

Capítulo 11

EL SUICIDIO DE LA MONARQUÍA[*]

Primo, pues, no había logrado institucionalizar un nuevo régimen. ¿Creyó el rey que la crítica situación de 1923 estaba superada y podía recobrar la anterior normalidad, o temió que la oposición terminaría desbordándose por vías revolucionarias? No parecía haber mucho peligro de lo último, ya que las amenazas de violencia venían más bien de militares conservadores y de políticos de la vieja situación… bien es verdad que en combinación con grupos revolucionarios, incluso anarquistas. En todo caso el rey ayudó a liquidar la dictadura y emprendió el retorno al constitucionalismo. A tal efecto confió el gobierno al general Berenguer, que no había salido cubierto de laureles del desastre de Anual, y cuya habilidad política tampoco era notoria.

Se trataba de organizar una transición política, ardua de por sí y más en un paisaje económico nublado por los comienzos de la depresión mundial, tras el hundimiento de la Bolsa de Nueva York en 1929. La tarea exigía una dirección firme y la colaboración entregada de, por lo menos, los políticos dinásticos y, en general, los moderados. Cambó, que en un ensayo sobre las dictaduras había previsto algo parecido, comenta: «Sólo una actuación rapidísima y una energía tan grande como la prudencia podía presidir aquel tránsito. Se precisaba, en una palabra, de un temperamento político que tuviera capacidad de gobernante y experiencia de revolucionario[1]». Es decir, se precisaba un Cambó. Lo pensaba también el rey, el propio Berenguer y mucha más gente: volvía a presentarse la magna ocasión para el audaz catalán.

Y él la deseaba. Pero así como en 1922 había rehuido encarar la crisis, por motivos nimios, ahora la fatalidad, en forma de un principio de cáncer de garganta, le obligó a rehusar las invitaciones a tomar las riendas. Lo malo era que aparte de Cambó no asomaba nadie con el temple, la voluntad y la destreza necesarios.

Berenguer prometió, y empezó a cumplir, una amnistía, el retorno de las libertades y unas elecciones próximas, aunque sin plazo. Para este programa requirió el concurso de los políticos afectos a la corona. La respuesta no fue alentadora. Sorprendentemente, o quizá no, aquellos políticos no habían hecho examen ni autocrítica en torno a las causas de la dictadura, y por tanto no habían aprendido nada. Creían volver al día anterior al golpe de Primo, con sólo dos diferencias: que los grandes problemas de entonces parecían resueltos, y que ellos mismos estaban, por el momento, más debilitados. Casi ninguno tenía la imaginación y la audacia necesarias, ni siquiera la lealtad indispensable, para timonear la transición, y, al revés que a Cambó, no les estimulaban la dificultad y el riesgo. En situación normal sabían aplicar sus mañas de políticos habilidosos, pero parte de su habilidad consistía precisamente en escurrir el bulto ante una crisis y dejar la carga a otros. En consecuencia rechazaron con uno u otro pretexto la colaboración pedida, prefiriendo quedar a la expectativa para apuntarse a la empresa sólo cuando el éxito pareciera seguro, con lo cual propiciaban el fracaso. Además, sus partidos estaban desorganizados. Se ha dicho que la dictadura los había aniquilado, pero ya antes se hallaban en derribo.

El rey, a su vez, tampoco había sido un modelo de lealtad, en especial con sus colaboradores más valiosos, a quienes había abandonado reiteradamente, fuera por prevención personal o por flaqueza ante ruidosas campañas de opinión. La deslealtad regia había recibido el nombre de «borboneo». Primo, poco antes de caer, había asegurado con optimismo excesivo que a él no lo «borboneaba» nadie. Por lo tanto, flaqueaba por los dos lados la confianza recíproca indispensable para la transición.

Cambó, a pesar de su enfermedad, hizo cuanto pudo, animando a Alba, otro político talentoso y de prestigio. Los dos tenían motivos de resentimiento mutuo, pero comprendieron que si no obraban de consuno y de buena fe, todo se vendría abajo. Alba deseaba asumir la misión, pero vacilaba y, en opinión de Cambó, era cobarde.

Mientras tanto, no sólo la oposición, los nacionalistas y los intelectuales, sino también muchos políticos monárquicos, alzaban una algarabía de condenas apasionadas contra Primo de Rivera. Tenía algo de espectáculo la airada indignación retrospectiva de unos personajes que se habían acomodado a la dictadura sin resistencia digna de mención. Pero, más allá del espectáculo, sus condenas recaían sobre el rey, como valedor de la dictadura, excluyéndose ellos, que la habían provocado.

Fue indicativo el retorno de Unamuno de su exilio en Francia, en mayo, con cuyo motivo hubo disturbios estudiantiles en Madrid contra la monarquía. Muchos profesores ampararon la protesta. El ilustre pensador, que en política mostraba más talento para las frases ingeniosas que para definir la realidad, soltaba ocurrencias como ésta: «Cuando alguien me decía en París que España no estaba preparada para la República, yo les contestaba: “¿Pero es que acaso está preparada para la Monarquía?”[2]».

Cundía así en medios minoritarios, pero de peso, una euforia ciega a los peligros. Todo el mal había residido en la dictadura —y, para muchos, en la monarquía, por asociación—, y por tanto cualquier cambio traería mejoras. Repetían la inconsciencia de la crisis de 1917. Uno de los intelectuales más optimistas, Ortega y Gasset, quiso convencer a Cambó de las bondades republicanas, pero el líder de la Lliga, que creía conocer a los republicanos y a las izquierdas, le pronosticó que el nuevo régimen, si llegaba, «supondría el comienzo de una era de convulsiones para España». Ortega, muy enfadado, le dejó dando un portazo. Como dirá el político catalán en sus Memorias: «Yo, que nunca había sido monárquico de sentimiento, creía, después de lo que había visto en Barcelona el año 1919 [la huelga de La Canadiense], que España había entrado en un período en que ya no eran posibles las revoluciones políticas sin que fueran inmediatamente devoradas por una terrible revolución social. Por eso, el advenimiento de la República me causaba un verdadero terror[3]».

Aun así no faltaban elementos favorables al intento de Berenguer. La dictadura había dejado un balance tan positivo en tantos aspectos, que ofrecía una excelente plataforma para un cambio ordenado, y los opositores, aunque muy ruidosos, seguían débiles y desunidos en la primavera de 1930. Entre ellos no faltaban los revolucionarios y los demagogos, pero también los había temerosos de una deriva hacia el comunismo, pues si bien el Partido Comunista apenas contaba en la vida española, el ideal estaba latente en el PSOE, y los anarquistas también aspiraban a un comunismo a su manera. Entre quienes más sentían ese peligro estaba Lerroux, convertido a la moderación y jefe del partido republicano con mayor corriente de opinión detrás de sí (los demás no pasaban, por el momento, de tertulias).

Además, junto a las proclamaciones republicanas se notaba la existencia de una amplia masa de opinión monárquica, parte por adhesión, parte por inercia o por temor al cambio. Alfonso XIII lo comprobó en su visita a Cataluña, en mayo. Barcelona, la ciudad más problemática para él, le tributó una acogida calurosísima, engalanados los balcones con banderas nacionales y algunas regionales. El monarca aprovechó para prometer una pronta legalización de éstas, pues Primo las había prohibido. El viaje hizo concebir al monarca y a sus seguidores las más lisonjeras esperanzas.

La situación y la relación de fuerzas, por tanto, debieran haber permitido el acuerdo no sólo entre los elementos monárquicos, sino con una parte de las oposiciones. La condición, que hoy nos parece evidente, consistía en abanderar la democratización efectiva del país, descansando con firmeza en la opinión y las fuerzas moderadas.

Pero el rey cometió el error de intentar congraciarse con quienes nunca simpatizarían con él, desmoralizando a sus propios seguidores. Trató de presentarse como una víctima más de la dictadura, manifestando despego hacia ella, lo cual le ganó la irrisión despectiva de sus enemigos y la indignación o el desánimo de numerosos partidarios. Hecho simbólico fue el entierro de Primo de Rivera, fallecido el 16 de marzo de 1930 en París. Mucha gente de derecha sintió que la recepción oficial a los restos del gobernante había sido fría e indiferente.

Por otra parte, Berenguer no definió el alcance ni los plazos del cambio. Era difícil evitar unas Cortes constituyentes en pro de una democratización genuina, pero los políticos palatinos pensaban volver a la situación de 1923, que a nadie inspiraba nostalgia. Además, las resistencias, el griterío y la falta de colaboración arredraron a Berenguer cuando, a juicio de Cambó, las medidas debían adoptarse con la máxima rapidez. El gobierno avanzó con lentitud y dudas, perdió la iniciativa y se vio cada vez más arrastrado por las circunstancias.

Aumentaron la confusión y las divisiones en el campo monárquico varios de sus líderes, que, no contentos con rehusar su ayuda al rey, empezaron a sabotear el proceso. Ellos habían demostrado una patética inoperancia frente a las plagas eliminadas por Primo, pero ahora clamaban con furia contra la dictadura y saltaban al estrado exigiendo nada menos que «responsabilidades».

El más destacado de los exigentes, José Sánchez Guerra, hombre austero y de entereza personal, pero de muy cortas luces, vanidoso y con la cabeza llena de humo retórico, había probado su ineptitud como gobernante en la crisis de 1922. En 1929 había intentado un pronunciamiento contra Primo, apoyándose, entre otros, en el cuerpo de artilleros en función de junta de defensa, en la CNT y en los republicanos. Ahora, en febrero de 1930, pronunciaba un discurso demostrativo de su inconsciencia sobre lo que estaba en juego: sin proclamarse republicano, atacó al rey por connivencia con Primo y rechazó una política de borrón y cuenta nueva, exigiendo las consabidas responsabilidades por la dictadura. En sentido parecido iban a hablar otros, como Ossorio y Gallardo, que pidió la abdicación del monarca.

Fueron meses de proclamas. Una de las más resonantes, la de Prieto, en abril, en el Ateneo de Madrid, constituyó un verdadero cañoneo contra el monarca y la monarquía, usando de munición su apoyo a Primo (a quien también habían apoyado los socialistas), el desastre de Anual, etc. Sin embargo Prieto no hablaba por el PSOE, pues sus principales líderes, Largo Caballero y Besteiro, preferían todavía la moderación.

Aún mayor eco tuvo, también en abril, el discurso de Niceto Alcalá-Zamora, político de la Restauración y católico devoto, convertido de súbito al republicanismo. Lo mismo había hecho en febrero Miguel Maura, hijo del brillante político de la Restauración. La posición de ambos escapaba al menos al candongueo de otros monárquicos, y tenía lógica: creyendo asistir al suicidio de la monarquía, pensaban moderar el movimiento republicano, evitando su dominio por los extremistas. Don Niceto se veía presidente: «Una República viable, gubernamental, conservadora (…) la sirvo, la gobierno, la propago y la defiendo. Una República convulsiva, epiléptica, llena de entusiasmo y de idealidad, mas falta de razón, no asumo la responsabilidad de un Kerenski para implantarla en mi patria[4]». Tal era su buena intención.

En marzo circulaba en Barcelona un manifiesto firmado por republicanos, nacionalistas y anarquistas, en significativo acuerdo. El documento denunciaba «el desorden moral y la desorganización económica, indisolublemente aparejados» como legado de la dictadura, y exigía «la consagración definitiva de la soberanía popular y la exigencia de responsabilidades a sus conculcadores». Animaba a despreocuparse de eventuales «convulsiones sangrientas y calamidades espantosas», pues la alarma no pasaba de un «sobado espantajo», y no podía haber mayor calamidad que «el envilecimiento colectivo y el lento agonizar de los resortes vitales del país». Los firmantes defendían una República Federal, que «instaurada sobre la condición suprema de la justicia, impida definitivamente toda subversión de poderes y conduzca al país por las vías jurídicas indispensables al progreso de los pueblos». Lo firmaban, entre los nacionalistas, Companys, Nicolau d’Olwer, Aiguadé, Lluhí y otros de próximo relieve en la vida catalana[5].

Por tanto, el nacionalismo catalán estaba dividido. Los de Cambó defendían la transición monárquica, y los demás querían dinamitarla. El nacionalismo vasco atendía a sus problemas. Para ambos, la dictadura había sido una prueba crucial. El PNV había eludido empresas algo estrafalarias como la de Macià, pero ello podía interpretarse también como una flaqueza —o algo peor— de Gudari y los suyos frente a los esclavizadores del pueblo vasco. Al fin, los nacionalistas no habían causado el menor problema serio a la dictadura, a la cual se habían aclimatado casi todos sin mucho trauma. Es difícil decir qué lección cabía sacar de la experiencia, pero en todo caso, y al igual que los partidos monárquicos y los demás, simplemente no extrajeron ninguna. Ante la inesperada marcha del dictador, prefirieron otear las posibilidades de la nueva situación y explotarlas sin mayor reflexión sobre el pasado.

Como se recordará, el nacionalismo vasco se había dividido entre el PNV, fanático del JEL —la consigna sabiniana «Dios y Leyes Viejas», traducible por la separación total de Vasconia bajo un estado semiteocrático—, y la Comunión Nacionalista, la cual tenía algo más en cuenta la españolidad de Vasconia forjada a lo largo de siglos, y concedía menos valor a la independencia, contentándose, al menos transitoriamente, con la autonomía. El fin de la dictadura iluminó en los dos grupos la conveniencia de superar su división. Los contactos empezaron el 25 de febrero, y dos meses más tarde fructificaban en los primeros acuerdos. La tendencia sabiniana pura iba abriéndose paso como base de la reunificación.

No obstante, un sector deseaba desvincularse de sus elementos teocráticos y crear un movimiento más o menos democrático y laico. Los precedentes habían fracasado, pero ahora las condiciones parecían mejores. La nueva corriente aspiraba a sustituir la mística racial vasquista por algo más vago, el reconocimiento de «la personalidad propia y diferencial», insistiendo en una «reintegración foral» asimilable a la autonomía o a una especie de confederación con el resto del país. Proponía sustituir la política de odio y exclusión hacia los maketos por otra asimilacionista, considerando vascos a quienes llegaban allí a trabajar[6].

Pese al ruido de las proclamas, da idea de la debilidad e impreparación de los partidos republicanos el hecho de que no lograran juntar fuerzas hasta siete meses después de caer la dictadura. Lo hicieron en el Pacto de San Sebastián, el 17 de agosto. Ese pacto, decisivo para la historia posterior de España, ofrece unos rasgos muy ilustrativos de la situación. Aunó a republicanos tradicionales, republicanos recientes y nacionalistas catalanes, y buscó la colaboración de la CNT, aunque sólo consiguió su aceptación pasiva. En cambio no alcanzó la de los socialistas. Asistieron al pacto Prieto y Fernando de los Ríos, pero sólo a título personal.

Los protagonistas fueron Alejandro Lerroux y Manuel Azaña por la Alianza Republicana; Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza, por el Partido Radical-Socialista (republicano de izquierda); Alcalá-Zamora y Miguel Maura, por la derecha Liberal Republicana; Manuel Carrasco i Formiguera por Acciò Catalana; Jaime Aiguadé, por Estat Català, de Macià; Santiago Casares Quiroga, por la Federación Republicana Gallega; Matías Mallol, por Acción Republicana de Cataluña; y, sin representación de partido, Felipe Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gasset, además de los citados socialistas.

Debe destacarse el hecho de no haber salido de las izquierdas la iniciativa unitaria, sino de los derechistas recién republicanizados Maura y Don Niceto. Esa iniciativa iba a darles, tal como habían pensado, un papel importante en el movimiento. Si bien no tanto como el anhelado, según habían de demostrar los acontecimientos.

Otro dato muy relevante fue la decisión de los reunidos de desoír las promesas electorales del gobierno, y tratar, por el contrario, de imponer la república mediante un clásico pronunciamiento militar. El golpe debía venir secundado por una huelga general.

Para la huelga confiaban en que Prieto lograse comprometer a su partido, pues el factor decisivo en toda la maniobra sería la actitud del PSOE. Éste, gracias a su UGT, colaboradora con la dictadura, constituía la fuerza política más numerosa y mejor estructurada y disciplinada de España, por no decir la única. La CNT estaba en reconstrucción, y los demás partidos y personajes del pacto donostiarra carecían prácticamente de organización y representatividad.

En cuanto a los nacionalistas, no participaron los vascos, al parecer por presiones eclesiásticas. El primer incidente surgió con los catalanes. Según Maura, Carrasco i Formiguera declaró su desinterés si no se concedía a Cataluña «la más absoluta autonomía», el «derecho a la autodeterminación» y «el régimen que ella [es decir, los nacionalistas] quiera darse». «A este desatino siguió un silencio general y penoso (…). Con vehemencia quizá excesiva, arremetí contra los tres catalanes, queriendo demostrarles algo que estoy seguro que tenían bien sabido: que por tal camino se iba derecho a la guerra civil, que era lo contrario de la República que buscábamos». La discusión terminó en un acuerdo intermedio: tras votación popular, los catalanes pedirían un estatuto, el cual sería presentado para su aprobación a las Cortes[7].

Aiguadé, del partido de Macià, recuerda haber sido él el expositor de las exigencias nacionalistas, en principio en forma de estatuto. Habría hablado «con crudeza y claridad», rasgos que, afirma, le «conquistaron la simpatía» de sus interlocutores[8].

Después Casares Quiroga, prohombre de un galleguismo más bien regionalista, pidió lo mismo para Galicia y Vasconia, pero Prieto y Sasiáin, este último anfitrión de los reunidos, se opusieron con energía en el caso vasco, porque reforzaría al nacionalismo de Sabino Arana, excesivamente retrógrado, en su opinión.

No hubo acuerdos escritos, sólo verbales, y los tres nacionalistas catalanes, algo desconfiados, se apresuraron a informar a la prensa del acuerdo unánime de solucionar «la cuestión catalana a base del principio de autodeterminación», aunque concretado en un futuro estatuto autonómico.

Ni el gobierno ni su policía, dirigida a la sazón por el general Emilio Mola, se enteraron a tiempo del Pacto de San Sebastián, ni le dieron valor. Sí se lo dio Cambó. La aceptación de las propuestas nacionalistas por parte de los «innumerables partidos republicanos», le pareció «un hecho insólito que nadie podía creer posible hace sólo tres meses»; y le impresionó que «todos los republicanos —después de tantos lustros pasados en luchas intestinas— se hayan unido para una acción común contra la Monarquía[9]».

En septiembre, Berenguer planteó unas próximas elecciones legislativas. Romanones prefería unas municipales y provinciales previas, para tantear el ambiente. En el ejército prosperaba la masonería y la simpatía, aunque minoritaria, por la república, y hasta por el anarquismo. Alba, sostenido por Cambó, no acababa de decidirse, y sufría el boicot de los políticos cortesanos. La Unión Monárquica Nacional, sustituta de la Unión Patriótica, se desgarraba entre alborotos públicos en Galicia. Y seguían las pugnas subterráneas entre liberales y conservadores. No obstante persistía la convicción de que al final la gente votaría a los monárquicos y el vocerío republicano quedaría en poca cosa. «En España nunca pasa nada», se decía, y no era el monarca el menos iluso. Por lo tanto, cada grupo se dedicaba a sus pequeñas intrigas para sacar la mayor tajada en el futuro botín político, y Berenguer se sentía cada vez más desasistido.

Pasaba entonces por una gloria cualquier gesto, real o inventado, de oposición al finado dictador. Y nadie más glorioso que el viejo Macià, que a fines de septiembre retornó a España. En Barcelona fue acogido, como Unamuno en Madrid, con bastante agitación pública, y el gobierno, algo asustado, lo reexpidió a Francia. Ello despertó una ola de solidaridad con el anciano proscrito, cariñosamente apodado l’Avi, «el abuelo», convertido en leyenda viva. Observa Cambó, con cierto rencor: «Macià, a quien nadie tomaba en serio en los primeros años de la Dictadura, cuando hacía ridículas maniobras en los alrededores de París, se había convertido en un símbolo. La ida a Prats de Mollò, que consistió en embarcar un día unas docenas de jóvenes uniformados en París, debidamente vigilados por la policía, para hacerse detener en Perpiñán, se presentaba como una gesta heroica. El gobierno, negándole el permiso para entrar en España, aumentaba su prestigio entre las cabezas calenturientas y las masas revoltosas[10]».

Y si bien Berenguer «había borrado todos los agravios de la Dictadura» en Cataluña, lo había hecho «con tanta lentitud, con tantos regateos y después de tantas gestiones, que nadie había agradecido nada». El odio a la dictadura se había trocado en desprecio hacia la llamada, con mofa, «dictablanda». Ello, más los tópicos creados por tres decenios de tenaz propaganda nacionalista que diferenciaban a la «culta y europea» Cataluña del resto de la nación, creaban un ambiente un tanto snob y provinciano, que despertaba la sorna de algunos visitantes. Ilyá Ehrenburg, visitante de Barcelona por entonces, escribe: «Barcelona está cerca de la frontera y los pedantes locales no cesan de vanagloriarse: Nosotros no somos españoles, nosotros somos casi franceses»; «Según los francófilos locales, aquello [las Ramblas] es un verdadero Montmartre[11]».

El 28 de septiembre tenía lugar un multitudinario mitin republicano en la plaza de toros de Madrid. Azaña descolló, por primera vez, entre sus correligionarios. Defendió la idea, poco democrática, de una república para todos, pero «pensada y gobernada por los republicanos». Más tarde expondrá en el Ateneo su plan de dirigir la «inteligencia» republicana, asistida por los «gruesos batallones populares», para llevar a cabo un «vasto programa de demoliciones» que cambiase radicalmente la vida y la historia de España. Como tantos, no discernía en su designio el menor riesgo de caos social o similares.

Paralelamente, los republicanos buscaban enlaces en el ejército para su proyectado golpe. Grupos militares habían constituido un comité conspirativo, a cuya cabeza se puso Queipo de Llano, que volvería a alcanzar notoriedad seis años después. Queipo exigió «garantías de seriedad» a los republicanos. Se las dieron, no sabemos cuáles, y aceptó sumarse a ellos. También había exigido garantías Largo Caballero, harto de las tradicionales conspiraciones republicanas, farsas ridículas a su entender. Y aceptó no muy convencido, empujado por la política de hechos consumados de Prieto[12].

Como prueba de la seriedad de sus intenciones, los conspiradores formaron en octubre el Gobierno Provisional de la futura República. Lo encabezaba Alcalá-Zamora. Maura viajó a Barcelona para comprometer en él a algunos nacionalistas catalanes, pero éstos habían ido al pacto por explorar una posibilidad, pero sin creer que de allí saliera nada práctico, y Maura recordará «el escepticismo casi burlón con el que hombres de talento y fama de hábiles políticos contestaban a nuestros requerimientos». Apenas logró convencer a Nicolau d’Olwer[13].

En noviembre, los cálculos y estudios previos a los esperados comicios legislativos auguraban amplia victoria a las candidaturas monárquicas, y el optimismo cundía. Los republicanos, en plena preparación del golpe se desentendieron de las previstas urnas.

Mientras, la CNT había logrado reorganizarse en muchas provincias, y ese éxito, junto con la presencia del PSOE en el gobierno provisional republicano, repercutía en una oleada de huelgas, a las que se sumaban los conflictos universitarios.

El 15 de noviembre, Ortega y Gasset publicaba en El sol su artículo más conocido: «El error Berenguer». El filósofo, tras aplaudir la dictadura, se había distanciado de ella, y ahora la atacaba con saña. De creerle, España había «sufrido durante siete años un régimen de absoluta anormalidad», cuyos métodos «anormales nadie, así, de pronto, podrá recordar haber sido usados nunca ni dentro ni fuera de España, ni en éste ni en cualquier otro siglo»; creía muy difícil, «hablando en serio y con todo rigor», encontrar un régimen tal «en todo el ámbito de la Historia, incluyendo los pueblos salvajes. Sólo el que tiene una idea completamente errónea de lo que son los pueblos salvajes puede ignorar que la situación de derecho público en que hemos vivido es más salvaje todavía (…). Una insólita anormalidad en la historia humana». Y así sucesivamente. Dentro de la historia «anormal» que Ortega achacaba a España, la dictadura rebasaba todos los límites. La descripción, enfática y pedante, no es sólo injusta, sino manifiestamente estúpida. Y sin embargo acaso no haya habido en el siglo XX español un artículo de prensa de mayor eco.

Concluía Ortega que el gobierno Berenguer resultaba inadmisible por pretender actuar «como si aquí no hubiera pasado nada». «La opinión pública está menos dispuesta que nunca a olvidar la gran viltà que fue la Dictadura». Y la corona, unida a la viltà, estaba agotada, dejando a España sin estado: «¡Españoles: reconstruid vuestro Estado!». Y terminaba remedando la frase de Catón sobre Cartago: Delenda est Monarchia.

Pensaba Ortega, un tanto ilusamente, formar una Junta Magna de ciento cincuenta o doscientas personalidades selectas de la política, el capital, los sindicatos, la universidad y la prensa, que se encargaría de diseñar las grandes líneas del nuevo estado[14].

En Vascongadas, donde, sobre todo en Vizcaya, proliferaban las huelgas, culminaba por esos días el proceso unitario entre los nacionalistas, y el 16 de noviembre, en Vergara, acordaban fundirse PNV y Comunión, bajo el nombre del primero y sobre los principios sabinianos. El lema JEL volvía a convertirse en síntesis y eje de la política nacionalista, augurio de una radicalización creciente. Los partidarios de un nacionalismo laico y menos racista se desgajaron para formar un nuevo partido, Acción Nacionalista Vasca (ANV). Al revés que otros precedentes, este partido logrará asentarse, pero sin superar nunca una posición muy minoritaria dentro del movimiento.

Ocurría como en los últimos tiempos de Primo. Puyazos menores, pero desde todas direcciones, aplanaban a los gobernantes, pese a sus esperanzas electorales. Cambó cuenta cómo ya en octubre había visitado a los ministros: «Absolutamente en ninguno encontré valor y energía para enderezar la situación[15]».

Los republicanos del Pacto de San Sebastián pergeñaban un manifiesto revolucionario para justificar su planeado asalto violento al poder. Lo redactó Lerroux, y denunciaba «un régimen que nos ha conducido al deshonor como Estado, a la impotencia como Nación y a la anarquía como Sociedad», para anunciar una «República sobre la base de la soberanía nacional representada en una Asamblea constituyente. De ella saldrá la España del porvenir y un nuevo Estatuto inspirado en la conciencia universal, que pide para todos los pueblos un derecho nuevo, ungido de aspiraciones a la igualdad económica y a la justicia social».

Los preparativos golpistas no eran tan secretos que no los conocieran, al menos por encima, los servicios de información monárquicos. Los conjurados, indecisos, aplazaban con un pretexto u otro el momento de alzarse, la policía tampoco demostraba mucho celo o pericia, y el asunto cobraba un vago aire de sainete, bien reflejado en una carta de Mola, encargado de la seguridad del régimen, a Fermín Galán, poco antes de que éste se rebelase: «Sabe el Gobierno y sé yo sus actividades revolucionarias y su propósito de sublevarse (…). El asunto es grave y puede acarrearle daños irreparables. El actual gobierno no ha asaltado el poder, y a ninguno de sus miembros puede echársele en cara haber tomado parte en movimientos de rebelión: tienen, pues, las manos libres para dejar que se aplique el Código de Justicia Militar inflexiblemente». Como militar, le adoctrinaba: «Nosotros no nos debemos ni a una ni a otra forma de gobierno, sino a la patria, y los hombres y armas que la nación nos ha confiado no debemos emplearlas más que en su defensa. Le ruego medite sobre lo que le digo, y, al resolver, no se deje guiar por un apasionamiento pasajero, sino por lo que le dicte su conciencia». Y le pide que si pasa por Madrid vaya a verle, lo cual «no es una orden; es simplemente el deseo de su buen amigo, que le aprecia de veras y le abraza».

Otro notorio implicado era Ramón Franco, hermano del futuro dictador y héroe del vuelo del Plus Ultra a través del Atlántico. Mola mandó vigilarlo, pero causándole «las menores molestias. Llegado el movimiento, si se produce inopinadamente, o días antes si logramos saber la fecha con precisión, lo detiene usted con cualquier pretexto para evitar que tome parte en él, pues sería para mí una gran contrariedad tener que proceder contra ese chico, que es capaz de cualquier tontería[16]».

Por fin, el 12 de diciembre, se adelantó a rebelarse la guarnición de Jaca, al mando del capitán Fermín Galán, antiguo oficial de la Legión, masón destacado y de ideas confusas, pero vehementes, lindantes con el anarquismo.

El golpe mismo de Jaca tuvo componentes surrealistas. A última hora los jefes republicanos decidieron aplazar la acción y a toda prisa enviaron a Jaca a Casares Quiroga, para prevenir a Galán. Casares llegó a tiempo, pero en lugar de buscar al interesado, se fue a dormir a un hotel. Cuando despertó por la mañana, la acción estaba ya en marcha. Casares no tuvo por su desidia ningún problema político entre los suyos.

Los golpistas de Jaca proclamaron: «Todo aquel que se oponga de palabra o por escrito, que conspire o haga armas contra la República naciente será fusilado sin formación de causa[17]». No se andaban por las ramas. Enseguida cayeron dos carabineros y un sargento de la guardia Civil por resistirse. Luego, con lentitud, Galán y los suyos marcharon sobre Huesca. En un encontronazo mataron a otro guardia civil, a un capitán y a un general, pero habían dado tiempo a la llegada de tropas leales, que les cortaran el camino. Ateridos y hambrientos, los rebeldes saquearon las tiendas de la localidad de Ayerbe, y luego tuvieron algunos muertos y heridos antes de rendirse. Galán y otro compañero suyo, Ángel García Hernández, fueron fusilados dos días después, tras un juicio sumarísimo.

En Madrid, los republicanos estaban tan desconcertados como el gobierno, que procedió sin muchos bríos a practicar algunas detenciones, sin evitar por eso un nuevo alzamiento militar, el día 15, que debía completarse con una huelga general. Pero la sublevación fracasó con la mayor facilidad, y Besteiro saboteó la huelga, para indignación de Largo Caballero.

Siguió una represión peculiar. Escaparon a la detención todos los implicados que quisieron, explica Maura. Algunos, como Largo Caballero o Fernando de los Ríos, tuvieron que acudir ellos mismos a comisaría e insistir en ser detenidos. Sánchez Román también se presentó a la policía, pero por mucho que dijo no logró ser arrestado. A Alcalá-Zamora le detuvieron por la mañana, evitando hacerlo de madrugada para no causarle molestias. Lerroux no fue ni buscado, pues «por su edad, su historia republicana y su temperamento de luchador leal, merecía todas las simpatías del general Berenguer». Azaña se ocultó, pero siguió cobrando su sueldo de funcionario. Mola sospecha que sus subordinados habían dejado deliberadamente huir a Prieto y a otros. Los detenidos recibieron trato privilegiado, y, sin obstáculo del gobierno, convirtieron la cárcel en una magnífica plataforma de propaganda, y a sí mismos en héroes republicanos[18].

Esta condescendencia no era, desde luego, agradecida por sus beneficiarios, que la miraban más bien con desprecio, sin cejar por ello en sus protestas. Pero la actitud de los monárquicos no sólo respondía a un carácter, sino también a una sensación de triunfo: la montaña republicana había parido un ratón, y el panorama, despejado de enemigos serios, creían ellos, permitía tales generosidades. Muy reanimado, Berenguer anunciaba al terminar el año elecciones para el 1 de marzo, a unas Cortes normales, como continuando sin mayor problema la época cerrada en 1923.

Era un optimismo excesivo, pues si los enemigos quedaban fuera de combate, los amigos tomaron el relevo. Sánchez Guerra, Melquíades Álvarez y otros prohombres monárquicos o tibiamente republicanos, partidarios de unas Cortes constituyentes, hicieron frente común contra Berenguer. Ante la, según ellos, «notoria agravación del estado general político», proclamaron a finales de enero su abstención en los previstos comicios. En realidad podían presentarse con un programa constituyente, cuya realización sería difícil impedir si obtenían la mayoría adecuada; pero esa mayoría era poco de esperar. Su abstención molestó al gobierno, sin llegar a alarmarlo.

Se daba por supuesta la admisión de socialistas y republicanos en las elecciones, pese a su reciente intentona golpista, pero ellos también se apuntaron a la abstención. Contratiempo menor, pues el gobierno creía contar con una amplia corriente de opinión favorable, y temió, más que el boicot electoral, la transformación de éste en disturbios.

Romanones, Cambó, Alba, Bugallal —líder de los conservadores en sustitución de Sánchez Guerra—, y otros políticos significativos, parecían aceptar los comicios, y ello debía bastar para celebrarlos. Cambó presionaba al titubeante Alba, pues no veía otro hombre capaz. Pero Alba, residente en París, no había aprendido nada del golpe republicano de diciembre, y creía que sus autores sólo querían salir de la vía revolucionaria sin perder la cara. Esperando ganárselos, y «cobarde como siempre», dice Cambó, declaró también su abstención, alegando que «no podrá haber paz mientras los altos poderes del Estado (…) no pasen por la prueba de un veredicto popular. Los republicanos y socialistas lo demandan». ¡Presentaba a quienes acababan de fracasar en su intento de perturbar la paz, como los definidores de ésta y del futuro político! Con tanta falta de escrúpulos como de realismo, Alba esperaba derribar al gobierno y formar otro en alianza con los golpistas[19].

Cambó, aunque irritado por estas cosas y en desacuerdo con Berenguer, pensaba ir a los comicios. Pero entonces Romanones, jefe de los liberales, decidió hundir a Berenguer sumándose al boicot electoral. Aspiraba a dirigir él el proceso de la transición —lo cual indica que lo creía fácil—, y empezar por unas elecciones municipales, para tantear el clima popular. Idea con toda la marrullería y sandez propias del personaje: si perdía las municipales, en las que antaño habían solido tener sus mejores resultados los republicanos, ¿creía poder burlar a éstos no convocando después las legislativas? En cualquier caso, al retirarse echaba por tierra los planes de Berenguer, pues sólo competirían en sus comicios la Lliga y los conservadores de Bugallal. Entonces Cambó también hubo de anunciar su retirada. Estos manejos ocurrieron en la primera quincena de febrero del 31, y arruinaron la victoria regalada a la monarquía por sus enemigos cuando se sublevaron en diciembre anterior.

Al anunciar las elecciones, Berenguer había levantado la censura. Esperaba los lógicos ataques de buena parte de la prensa, pero la amplitud y fiereza de la ofensiva superaron sus peores presagios. El centro de ella fue una intensa campaña sentimental en torno a Galán y García Hernández, aureolados por los periodistas de izquierda con rasgos heroicos, desinteresados y humanitarios, que en la misma medida resaltaban la inmensa crueldad e injusticia del monarca y de un gobierno capaces de ejecutarlos. Quedaba olvidada la brutal proclama de los golpistas, las muertes causadas por ellos —sin importancia para los republicanos—, o la parte que en su derrota tuvieron la frivolidad o desidia de los propios jefes republicanos. El gobierno secuestraba las ediciones de tales periódicos, sin lograr impedir su difusión y a costa de un acelerado desgaste político.

Añadió leña al fuego el manifiesto de la «Agrupación al Servicio de la República», publicado el 9 de febrero en el periódico La tierra, extremista y anarquizante. El manifiesto aseguraba que «El Estado español tradicional llega ahora al grado postrero de su descomposición», y lo caracterizaba como «una asociación de grupos particulares que vivió parasitariamente sobre el organismo español», ajeno a «las necesidades vitales de nuestro pueblo». Proponía sustituirlo por un estado «auténticamente nacional», pues «hoy más que nunca un pueblo es una gigantesca empresa histórica, la cual sólo puede llevarse a cabo o sostenerse mediante la entusiasta y libre colaboración de todos los ciudadanos unidos bajo una disciplina, más de espontáneo fervor que de rigor impuesto». Descartando el bolchevismo y el fascismo, defendía una república «que despierte en todos los españoles, a un tiempo, dinamismo y disciplina, llamándoles a la soberana empresa de resucitar la historia de España, renovando la vida peninsular en todas sus dimensiones, atrayendo todas las capacidades, imponiendo un orden de limpia y enérgica ley, dando a la Justicia plena transparencia, exigiendo mucho a cada ciudadano: trabajo, destreza, eficacia, formalidad y la resolución de levantar a nuestro país hasta la plena altitud de los tiempos». Se felicitaba del «germinante resurgir ibérico a ambos lados del Atlántico» y llamaba a los españoles a «altas empresas», y a «tomar briosamente en sus manos propias su propio e intransferible destino». Firmaban Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala y José Ortega y Gasset, pronto conocidos como «los padres espirituales de la República».

El manifiesto recordaba al imperialismo catalán de D’Ors y Prat de la Riba en la retumbante vaguedad de las frases, en las sugerencias ambiciosas y exaltantes pero sin contenido preciso, y en su escaso sentido de la realidad. Reflejaba el nacionalismo español regeneracionista, construido por Ortega y otros no sobre el suelo de un pasado o una tradición desvalorizados, o de un presente maldito, sino sobre ilusiones de un rosado y grandioso futuro colmado de indefinibles «altas empresas».

Eran tiempos de tales retóricas, y el manifiesto, si no tuvo efecto positivo —no podía tenerlo y serían los firmantes los primeros en comprobarlo—, lo tuvo en cambio negativo para una monarquía intelectualmente huérfana y apadrinada por los Romanones y similares.

Berenguer dimitió el 14 de febrero. Pudo ser la ocasión de Alba, pero éste rehusó, por temor a caer con la monarquía. Alfonso XIII estaba lo bastante desesperado para aceptar la humillación de encargar el gobierno a Sánchez Guerra, uno de los hombres que más habían hecho por desacreditarle. Sánchez aceptó y obsequió al monarca con una última injuria, quizá inconsciente dado su carácter y luces: fue a la cárcel a proponer a los golpistas de diciembre la entrada en su gobierno. El asombrado rechazo de los interpelados le hizo presentar la dimisión a su vez.

La crisis promovida por Romanones empeoraba cada día, y daba al país una sensación de ruina similar a la previa al golpe de Primo. Monárquicos con más sentido de la conservación, como Juan de la Cierva, intentaron reaccionar, pero el caos llegó al punto de que fue necesario organizar una encerrona a diversos políticos, convocados sin objeto preciso y presionados luego para que aceptasen gobernar ante la gravedad del momento. Salió de allí, el día 18, un gabinete presidido por el almirante Aznar, «viejo y caduco», en palabras de Cambó, y con dotes políticas harto inferiores a las nada brillantes de Berenguer. No obstante, había razones para la confianza, en opinión de algunos, porque Romanones, el celebrado viejo zorro de la política, que se las sabía todas, guiaría al gobierno desde la cartera de Estado. Y Juan de la Cierva imprimiría la energía precisa. Además, se descontaba que el voto popular sería monárquico.

El nuevo gobierno convocó elecciones municipales para el 12 de abril. Por supuesto, a los partidos golpistas se les permitió presentarse, y se presentaron. Los dos meses intermedios fueron una repetición agravada de lo ya visto. El juicio por la intentona republicana de diciembre se celebró a partir del 20 de marzo convirtiéndose en un estruendoso espectáculo de propaganda antimonárquica, gracias a la colaboración de los jueces militares, que firmaron luego sentencias simbólicas. Volvieron los alborotos estudiantiles. Macià, autorizado a volver, fue acogido como héroe triunfante en Barcelona. Cundía entre las «fuerzas vivas», incluso entre la alta nobleza —no tanto entre el pueblo— el desprecio por la monarquía o por el monarca.

Cambó creó en marzo el Partido de Centro, con los mauristas y muchos futuros elementos de la CEDA, pero ya sin tiempo para fraguar. También nació el primer partido propiamente fascista, un grupúsculo dirigido por Ramiro Ledesma, intelectual cercano a la Revista de Occidente, la prestigiosa publicación fundada por Ortega.

Mucha mayor trascendencia tendría la formación, el 17 de ese mismo mes, en plena campaña electoral, de Esquerra Republicana de Catalunya, fusión de los grupos Estat Català, Partit República Català y el del semanario L’opinió. Macià y Companys descollaban como sus líderes más conspicuos. Sus puntos básicos eran: «Personalidad nacional de Cataluña; federación con los demás pueblos ibéricos; derechos del hombre y del ciudadano; socialización de la riqueza en beneficio de la colectividad». La Esquerra pareció a muchos un grupillo sin futuro, y la Lliga el partido más sólido, seguido por Acciò catalana, su vieja rival nacionalista. A los catalanes se les suponía la moderación y la sensatez indispensables para marginar a grupos improvisados y extremistas. Pocos concedían valor práctico al aura romántica de que, entre todos, habían rodeado a Macià, o a la posible intervención del voto anarquista, que veía en l’Avi una figura aprovechable y simpática: en la gesta de Prats de Mollò habían participado voluntarios ácratas. También Companys era mirado con simpatía en la CNT, pues había ejercido de abogado a favor de ella.

El final es de sobra conocido. Las urnas del 12 de abril dieron vasta mayoría a los monárquicos en el conjunto del país (22 150 contra 5875 concejales), pero no en las capitales de provincia, donde ganaron los republicanos hasta en distritos madrileños de tradición monárquica. Quedaban por escrutar numerosos municipios, pero, increíblemente, los dirigentes monárquicos, claros vencedores por el momento, se apresuraron a dar valor decisivo y privilegiado a los votos republicanos, creando el ambiente psicológico propicio al hundimiento del régimen.

En Barcelona, Macià arrasó, seguido de la Lliga, mientras Acciò Catalana naufragaba. Los perdedores no tomaron al principio los resultados por más de lo que eran técnicamente: una «lección al monarca» y un varapalo al gobierno en las ciudades. Fue el día 14 cuando concurrieron dos nuevas presiones: Maura arrastraba a los renuentes líderes republicanos a tomar el poder sin dilación; y Romanones, en el campo opuesto, maniobraba para entregárselo. Esta descripción requeriría algunos matices, pero en lo esencial no hubo otra cosa. Fruto de la doble maniobra, casual o no, se produjo la asombrosa caída de la monarquía entre la defección casi general de sus supuestos servidores[*]. Al atardecer nacía la II República española entre el entusiasmo delirante de sus partidarios, la pasividad expectante o no hostil de la mayoría del país, y la preocupación de unos pocos.

Los republicanos han realzado siempre el modo pacífico y electoral como llegó su régimen, y numerosos historiadores les han seguido. Se trata de un falso mito. Fueron elecciones sin fraude, como se reconoció generalmente, pero ni las ganaron los republicanos ni pasaban de ser municipales. Y en realidad el pacifismo no vino de los republicanos, que habían pensado e intentado un golpe militar, sino de la monarquía, que prefirió retirarse ante la posibilidad de enfrentamientos públicos o por otras razones. Además, el pacifismo subsiguiente fue muy relativo, pues proliferaron las agresiones, destrucción de locales y periódicos derechistas, como en Málaga o las Palmas, o la suelta de presos comunes, y empezaron en Barcelona los sangrientos ajustes de cuentas de la CNT a sus rivales del Sindicato Libre. Enseguida fueron revocados, o acosados hasta hacerlos dimitir, muchos cargos ganados por los adversarios tan legalmente como habían ganado los suyos los republicanos. Violencias quizá menores para la magnitud del acontecimiento, pero de ningún modo insignificantes.

Vista en perspectiva, la transición desde la dictadura se presenta como una fantástica comedia de enredo, en la que nadie era lo que parecía. Ni los héroes eran héroes, ni los tiranos tiranos, ni los amigos amigos. Probablemente el embrollo nace de un equívoco nuclear. Casi todos los políticos de entonces consideraban a la dictadura culpable de los escollos en que naufragó finalmente el trono: Primo de Rivera no habría arreglado nada, simplemente habría aplazado los problemas, agravándolos entre tanto hasta tornarlos insolubles. Romanones, desde luego, así lo decía. Pero mirada la situación más de cerca, se impone la conclusión opuesta. La crisis de 1923, que afectaba no sólo al régimen, sino al país mismo, estaba superada. Los tres cánceres de la Restauración (el terrorismo, la guerra de África y el separatismo) habían sido eliminados o reducidos a niveles inofensivos. El país había progresado a un ritmo antes increíble. La dictadura, en suma, dejaba un inmenso capital político, y la pregunta es qué hicieron con él sus sucesores. Evidentemente, lo despilfarraron o no supieron emplearlo. Seguían siendo los mismos que con su necedad habían hecho inevitable el golpe de Primo, y no habían cambiado ni siquiera reflexionado sobre lo ocurrido. No fue la herencia de la dictadura, sino la reproducción de los errores y vicios políticos que habían llevado a ella, los causantes de la quiebra monárquica.

El desenlace ha creado la impresión de que los ganadores representaban una especie de irresistible «fuerza histórica». Se trata de un espejismo. Ciertamente, el rápido cambio y final vuelco político habían favorecido a los audaces… tan tímidos durante la suave dictadura. Bajo ésta, las oposiciones, incluyendo a los nacionalistas vascos y catalanes, se habían desvanecido prácticamente, y la caída del dictador nada debía a sus insignificantes esfuerzos o luchas. Pero entonces resurgieron con el firme propósito de aprovechar las nuevas circunstancias. En el terreno de la propaganda se prevalían de la casi nula resistencia de los monárquicos, ocupados en sus intrigas y paralizados ideológicamente por la condena al dictador que, en definitiva, les había salvado.

Aun así, los progresos de todos ellos habían sido lentos. Los republicanos sólo habían llegado a una acción común a los siete meses de la marcha de Primo, los nacionalistas vascos habían tardado diez meses en reunificarse, y los catalanes habían permanecido divididos todo el tiempo, siendo un partido improvisado a última hora el que, inopinadamente, despuntara sobre el declive de sus correligionarios rivales. Ante la oferta oficial de elecciones, la mayoría de los republicanos había optado por el golpe militar y había fracasado con mucha más pena que gloria. Ni ellos mismos habían esperado el volumen de su éxito electoral en las ciudades, pues en el conjunto del país daban por descontado el fracaso. Basta considerar estos hechos para apreciar cuán falsa es la impresión común de que esas fuerzas salían de la dictadura revigorizadas, arropadas por la población y con ímpetu arrollador. Sólo una torpeza, división y frivolidad muy fuera de lo común por parte de sus adversarios les permitió fortalecerse e imponerse finalmente a través de unas elecciones en realidad perdidas.

Los nacionalistas, vascos o catalanes, no habían jugado el menor papel relevante en la transición, y el más brillante de sus prohombres, Cambó, había apostado resueltamente, aunque con poca fortuna, por una política nacional española. Haciendo un balance de los últimos diez años, tanto ellos como los socialistas, republicanos y anarquistas, habían socavado eficazmente el sistema liberal, habían mostrado luego su total incapacidad frente a una dictadura nada cruel, después de ella habían hecho poco más que alborotar y crear disturbios, y, finalmente, habían recibido el poder inopinadamente y casi sin esfuerzo. Currículo nada brillante. Pero, comoquiera que fuese, todos ellos pasaban a convertirse en protagonistas de una nueva época en la historia de España. En la que los nacionalismos, un tanto eclipsados en los ocho años últimos, iban a representar un papel muy relevante.

Capítulo 12

EL PRIMER BIENIO REPUBLICANO

La quiebra moral de los monárquicos había sido percibida en muchos lugares, incluso antes que en Madrid. Fue en Éibar o, en otras versiones, en Vigo, y luego en Valencia, Sevilla, Oviedo y Zaragoza donde, en la mañana del día 14, se proclamó el nuevo régimen o aparecieron banderas republicanas en los ayuntamientos. La noticia de estos actos y de la completa falta de resistencia a ellos se propagaba de inmediato a través de la radio y de ediciones especiales de prensa, animando nuevas proclamaciones.

Y en Madrid, hacia las 8 de la tarde, los jefes republicanos, capitaneados por Miguel Maura, llegaban a la Puerta del Sol, ocupada por miles de simpatizantes. Entraron en el ministerio de Gobernación, imponiéndose a la titubeante guardia, y expulsaron con brusca energía a las autoridades presentes. El propio Maura procedió a destituir por teléfono, con sorna, a los gobernadores provinciales. Azaña, que había sido arrastrado casi físicamente por Maura, pues creía que la Guardia Civil los iba a detener a todos, se divertía humillando al capitán general de Madrid, según cuenta su cuñado Rivas Cherif[1]. En las calles y plazas céntricas una multitud fervorosa vitoreaba, agitaba banderas, cantaba el himno de Riego con letras algo chabacanas, o se dirigía al palacio de Oriente en son poco tranquilizador. Y un cuarto de hora antes de las 9 de la tarde, el rey salía del palacio por una puerta trasera, casi huyendo, para embarcar de madrugada en Cartagena, rumbo al destierro del que no retornaría.

El primer contratiempo serio, que pudo haber sido realmente grave, para el nuevo régimen, surgió en Barcelona, horas antes de la toma del poder en Madrid, al proclamar Macià la república catalana. En la ciudad condal no era menor la agitación que en otros lugares, y también la percepción del vacío de autoridad. El lerrouxista Emiliano Iglesias se había adelantado a apoderarse del edificio del gobierno civil, y Companys, uno de los líderes de la victoriosa Esquerra, hacía lo propio con el del ayuntamiento, hacia la 1 de mediodía. Secundado por los suyos, Companys expulsó sin contemplaciones a quienes seguían siendo las autoridades legales mientras no hubiese traspaso de poderes, e izó en el asta del balcón una bandera republicana. La gente congregada en la pequeña plaza de San Jaime prorrumpió en aplausos y vivas.

Macià, enterado del suceso y de la nula resistencia hallada, imitó a Companys. Ocupó con los suyos el palacio de la diputación, enfrente del ayuntamiento, y, asomándose a la plaza e «interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo», proclamó «la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica». Llamó a defenderla «aún cuando fuese necesario llegar al sacrificio de la propia vida», y afirmó estar obrando «de acuerdo con el presidente de La República Federal Española Sr. Niceto Alcalá Zamora». Advirtió que quien «perturbe el orden de la naciente República Catalana será considerado como un agente provocador y como un traidor a la Patria», incitando a los catalanes a hacerse «dignos de la libertad que nos hemos dado y de la Justicia que, con la ayuda de todos, vamos a establecer». Terminó apelando a «todos los pueblos de España y del mundo pidiéndoles que espiritualmente estén a nuestro lado», a fin de «afirmar la paz internacional».

La nueva gesta, añadida a la de Prats de Mollò, convertía a Macià, definitivamente, en héroe incomparable para los nacionalistas. Su popularidad, ayudada por la simpatía de la CNT, que le había dado muchos votos, se hizo irresistible.

Consciente del peligro de una reacción de la guarnición barcelonesa, Macià acordó con Madrid la rápida sustitución del gobernador militar por otro general afecto, Eduardo López Ochoa, y movilizó a militares más o menos nacionalistas, como Pérez Farrás o Escofet. También nombró a Companys gobernador civil, y desalojó, bajo amenaza de emplear la violencia, a Emiliano Iglesias del gobierno civil.

Esa tarde cundieron por Barcelona las manifestaciones, con banderas republicanas, catalanas y separatistas. La gente cantaba o tarareaba de preferencia La marsellesa, y uno de los gritos más reveladores, repetido por millares de gargantas, fue: Visca Macià, mori Cambó. Este lema mostraba la rapidez y virulencia con que pueden cambiar de opinión grandes masas en momentos de vuelco político.

Así pues, en un instante Macià había inventado la república catalana, la federación ibérica y el acuerdo de Alcalá-Zamora, también inexistente. La noticia cayó como una bomba en el nuevo gobierno de Madrid —que incluía a dos nacionalistas catalanes—, pues violaba flagrantemente el Pacto de San Sebastián y podía ocasionar una veloz deriva hacia la guerra civil. El pacto sólo preveía la discusión y votación popular de un estatuto a someter luego a las Cortes. Prieto y otros tomaron por grave deslealtad la decisión de Macià, pero no es seguro que éste obrase de mala fe. Él tendía a interpretar la realidad según sus deseos, y no es seguro qué había entendido realmente por los pactos dichos o por el acuerdo con Don Niceto. Como los republicanos en Madrid, simplemente había aprovechado la favorable coyuntura para avanzar al máximo.

En frenéticas conversaciones por teléfono, Maura trató de convencer a Macià de atenerse a lo pactado. Le apoyaba Companys, también alarmado por las audacias del héroe del momento, el cual procedía sin dilación a cubrir los cargos públicos en toda Cataluña con nacionalistas de su confianza. Ante la falta de acuerdo, viajaron a Barcelona los ministros Luis Nicolau d’Olwer, Fernando de los Ríos y Marcelino Domingo. Tras interminables discusiones lograron de Macià que, al menos, retirase la «república catalana» dejándola en «Generalidad», nombre propuesto por Antonio Maura, a principios de siglo, para la autonomía. Pero no pudieron anular sus medidas y nombramientos, que imponían en la región el dominio de la Esquerra, y daban a ésta ventaja decisiva ante cualquier actuación política ulterior.

El 26 de abril Alcalá-Zamora acudió a Cataluña a coronar el acuerdo con baños de multitudes y públicos abrazos con Macià[*]. Sin embargo no acabó allí el conflicto, pues Macià insistió en obrar como si la autonomía fuera ya un hecho, nombrando «ministros» de la Generalidad. Maura volvió a protestar, y Macià le acusó de «agravar el problema catalán» y de «empañar estos momentos de concordia». Siguieron nuevas presiones. Macià, «a quien yo admiraba y estimaba al máximo —dice Maura— pero que me proporcionaba un disgusto diario con sus impaciencias y sus decisiones unilaterales», cedió de nuevo en la forma, pero no en la práctica, pues entre otras cosas eliminó las diputaciones provinciales, absorbiendo sus competencias la Generalidad[3].

No ocurrió lo mismo en Vasconia. Al conocer los actos de Macià, el líder peneuvista José Antonio Aguirre quiso imitarle proclamando en Guecho la «república vasca», también en una imaginaria república federal española, pero no tuvo el menor éxito. Al revés que la Esquerra, el derechista PNV había tenido un mediocre resultado en los comicios municipales, con sólo 508 concejales entre más de 4100; y no podía capitalizar el entusiasmo republicano, que allí era totalmente de izquierdas. Quedó en poco su intento de aprovechar el vacío de poder para avanzar lo más posible.

Empezaba así la nueva época, pintada con colores sugestivos por los «padres espirituales de la república» y muchos otros intelectuales, políticos y artistas. ¿Ilusión? No lo parecía. La república nacía sin oposición, con la herencia de la dictadura que los monárquicos no habían sabido poner en valor, y capaz, por la coincidencia de fuerzas tan amplias y variadas, de afrontar las dificultades de la crisis económica mundial o cualesquiera otras. El pesimismo no tenía razón de ser.

Y sin embargo un análisis detenido sacaba a la luz rasgos inquietantes. Ante todo, los vencedores se hacían ideas muy diversas de la república. Los conservadores Alcalá-Zamora y Maura, y también Lerroux, esperaban una democracia liberal clásica. Los republicanos de izquierdas, empezando por Azaña, la enfocaban como «un vasto proceso de demoliciones» destinado a acabar con todo lo que, a su juicio, había de despreciable y caduco en la sociedad española. A ese fin creían contar con el PSOE, pero éste, de acuerdo con su credo marxista, tendía a ver en la república un régimen transitorio, que debía abocar, cuando las circunstancias madurasen, a una dictadura socialista. Los ácratas, a su vez, habían apoyado con sus votos a la república, no por adhesión a ella, sino por estimarla débil frente a su propio proyecto revolucionario. Y los nacionalistas catalanes, ahora mayoritariamente de izquierdas y jacobinos, apoyaban al régimen sólo en cuanto les facilitase sus objetivos —de momento la autonomía—, que por su propia dinámica tendían poderosamente a la secesión.

En realidad, estas ideas de la república chocaban, más que diferían entre sí, más aún cuando varios de aquellos partidos, por doctrina o por inclinación, creían apropiado imponerse por la violencia. Si ponderamos estas realidades, fáciles de vislumbrar bajo el común e inicial entusiasmo, no tiene secreto el carácter espasmódico que desde muy pronto cobró el nuevo régimen, y que tanta discusión ha suscitado.

Las mismas consideraciones nos obligan a examinar la cuestión de la democracia. Cabe interpretar la crisis de la Restauración como una tensión irresuelta entre la democratización —a la que tendía el régimen a partir de sus libertades políticas y del sufragio universal—, y la subversión revolucionaria, que una y otra vez frustró dicha democratización, hasta causar la gangrena del régimen. En principio, la república venía a resolver el problema estableciendo de una vez la democracia.

Pero, como en el caso anterior, el examen de los hechos obliga a matizar mucho. Para empezar, como ya quedó indicado, el PSOE, el grupo más poderoso y organizado del régimen, era marxista, y por tanto no democrático (aunque podría considerársele moderado en aquel momento). Tampoco lo era el movimiento anarquista, pronto convertido para la república en una plaga, como lo había sido para la Restauración.

En cuanto a los republicanos de izquierda —entre quienes cabe incluir a la Esquerra— hablaban mucho de democracia, pero ya hemos visto, en referencia a Azaña, sus limitaciones. Sus ideas, más bien jacobinas, diferían de la democracia liberal de corte anglosajón, y no enraizaban en la tradición del pensamiento español desde el siglo XVI, opuesto a la tiranía. Concebían el «pueblo» al modo rusoniano, similar a como los marxistas imaginaban a «la clase obrera» o los nacionalistas a «la nación»: entes abstractos en cuyo nombre resultaba fácil aplastar los derechos individuales. Pues tales derechos podían resultar peligrosos para el «pueblo», o al menos para los propios jacobinos como sus representantes privilegiados (tal como los comunistas representaban, según su propio credo, al proletariado y los nacionalistas a la nación). Cierta propaganda identifica la democracia con la izquierda republicana, pero el impulso democrático venía más bien del sector neorrepublicano de Alcalá-Zamora y Maura, y del partido de Lerroux, ya alejado de su original jacobinismo.

En mi opinión, las incoherencias visibles en buen número de libros de historia sobre aquella época provienen del olvido de estos aspectos cruciales.

La consolidación de un régimen asentado sobre cimientos tan frágiles y desiguales era difícil, pero no imposible. Establecidas unas reglas del juego democráticas, el sistema podía funcionar si la moderación prevalecía. Y las fuerzas principales, el PSOE y el grueso de la derecha, parecían rehuir los extremismos.

Sin embargo, antes de un mes la república recibía un golpe devastador: más de un centenar de incendios de templos, bibliotecas (algunas de las más importantes del país), escuelas y aulas para obreros, perpetrados por elementos izquierdistas en Madrid, Andalucía y Valencia. El gobierno consintió los desmanes, convirtiéndose en cómplice de ellos a los ojos de muchos ciudadanos. Parte del gobierno y la prensa de izquierdas ennobleció a los delincuentes como «el pueblo». Aparte del enorme daño a la cultura, las consecuencias políticas fueron trascendentales. La masa católica reaccionó sin violencia, pero el suceso reavivó los tradicionales miedos a una izquierda turbulenta y fanática. Las derechas no habían visto la república con hostilidad, sino con una mezcla de escepticismo y esperanza, creyendo a Alcalá-Zamora y Maura un valladar contra las violencias. Pero los sucesos abrieron una grieta moral en la nación y hundieron la popularidad de Alcalá-Zamora, que pensaba liderar un fuerte movimiento conservador en contrapeso de las izquierdas. Una minoría monárquica emprendió conjuras en el ejército, tan ineficaces como las anteriores republicanas[*].

Mes y medio después, el 28 de junio, las izquierdas arrollaron electoralmente a unas derechas desconcertadas y deshilvanadas. Como partido más fuerte salió el Socialista, seguido del Radical de Lerroux. De los republicanos de izquierda, el Radical Socialista obtuvo más del doble de diputados que el algo más moderado de Azaña. Alcalá Zamora y Maura tuvieron una votación casi testimonial. Las Cortes abrieron, simbólicamente, el 14 de julio, fiesta nacional francesa, conmemorativa de la revolución de 1789.

El carácter no ya laico sino antirreligioso del nuevo régimen se confirmaría al elaborarse la Constitución, que ordenaba disolver a los jesuitas y reducía a buena parte del clero a una ciudadanía de segunda, privándolo del derecho a enseñar y limitando para él los derechos de asociación, y para los ciudadanos la libertad de conciencia. Alcalá-Zamora consideró la ley una invitación a la guerra civil y dimitió, en octubre. Pero, al no hallar las izquierdas otra figura de prestigio, fue nombrado presidente de la república en diciembre, una vez aprobada la Constitución[*].

Otro problema de fuste volvió a ser el nacionalista. La república lo retomó y quiso darle solución definitiva admitiendo autonomías regionales si la población afectada la pedía mayoritariamente. Evitaba así el federalismo, definiendo al nuevo estado como «integral». La diferencia era clave. La federación suponía el acuerdo unitario de unas entidades previamente soberanas, que en España nunca habían existido (ni Vasconia ni Cataluña habían tenido estados independientes). En cambio el estado «integral» otorgaba autonomía a las regiones, sin ceder su soberanía. Si bien los republicanos y los nacionalistas catalanes habían ido juntos contra la corona, su confianza mutua no pecaba de excesiva. Los republicanos percibían un peligro para su régimen en las aspiraciones nacionalistas, cuyo federalismo rebosaba ambigüedad. Pesaba, además, la memoria del desastroso federalismo de la I República.

La república adoptó un nacionalismo español de corte regeneracionista, inspirado en Ortega y Azaña. Como ya observamos, ambos desvalorizaban la historia real de España, y por tanto debían depositar la ilusión y el sentimiento nacionales en un futuro ideal, no muy convincente para los nacionalistas vascos y catalanes. «Nación no es, ante todo, el pasado, no es la historia y la tradición. Nación es la obra común que hay que hacer», afirmaba Ortega, proponiendo «una España que sea armonía, donde hallen fecunda resonancia todas las melodías peninsulares y en ella den su eco emocionado como un corazón innumerable». No estaba lejos de los ideales marcados por Prat de la Riba y Eugenio d’Ors, pero las bellas frases apenas pasaban de eso: buen sonido y parva sustancia. Ortega hablaba también de una unidad europea que diluiría las naciones, y rechazaba el «arcaísmo nacionalista» del PNV y la Esquerra, desconfiando de las autonomías. Huyendo hacia delante, sostenía que «los nacionalismos sólo pueden deprimirse cuando se envuelven en un gran movimiento ascensional de todo un país, cuando se crea un gran Estado. Un estado en decadencia fomenta los nacionalismos: un estado en buena ventura los desnutre y los reabsorbe[5]». Su crítica general al nacionalismo podía interpretarse fácilmente como un nacionalismo español un poco vergonzante. Por lo demás, ¿representaba la república un movimiento ascensional? Azaña, con visión similar, propendía más a aceptar la salida autonómica.

Los nacionalismos vasco y catalán, faltos de fuerza para imponer sus deseos, hubieron de centrar su actividad en torno a los estatutos de autonomía.

Tras la dictadura, el nacionalismo vasco se había reunificado y radicalizado en torno al sabinismo, con sólo la escisión minoritaria, laicista y algo izquierdista de ANV. El sabinismo rechazaba la autonomía, pero, fracasado el intento de «república vasca», la oferta de un estatuto resultó demasiado tentadora. Las divisiones al respecto hicieron que fuera la neutral Sociedad de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza) quien elaborase un proyecto de estatuto, terminado el 31 de mayo de 1931. El texto preveía un «estado vasco» confederal de cuatro provincias con Navarra (lógica o ilógicamente, dejaba fuera los departamentos franceses), laico, en una España federal.

Entre tanto había ocurrido la «quema de conventos», a cuyo calor el PNV aunó a carlistas y derecha tradicional en un Movimiento de Alcaldes pro Estatuto Vasco, con el criterio compartido de hacer de Vasconia un reducto de resistencia ante una república agresivamente anticatólica. La liga fue dirigida por el PNV, al carecer de liderazgo sus aliados. Ello permitió que PNV y carlistas fueran juntos a las elecciones a Cortes Constituyentes, en junio, sacando 14 escaños (muchos para un grupo regional. Acción Republicana, de Azaña sólo los superó en 12). En octubre abandonaron las Cortes por la misma razón que dimitió Don Niceto, para volver en diciembre. El PNV llegó a proponer al monárquico general Orgaz la instrucción militar de sus organizaciones de montañeros, que, diseñadas con tal intención, practicaban largas marchas, espíritu de disciplina, etc. El gobierno olió intenciones golpistas, y trasladó a Orgaz a las Canarias.

El tono antirreligioso adoptado por el régimen, más hiriente en una región tan clerical, dio su gran oportunidad histórica al PNV, el cual asumió la defensa de los amenazados e indignados católicos, con mayor ventaja cuanto que la derecha y los carlistas estaban mal organizados. El anticatolicismo oficial de la nueva España también reforzaba los argumentos separatistas. Como resumiría Aguirre, «Cuanto más nos atacan diciendo que no somos lo que somos, católicos, más católicos; cuanto más nos ataquen de separatistas, más separatistas[6]». La república dio así al nacionalismo vasco su máximo impulso desde los tiempos de Sabino Arana.

Ante la autonomía, el PNV diseñó una doble maniobra: por un lado reforzó sus principios sabinianos, y por otro aceptó un estatuto, pero concibiéndolo no como una forma de integración en España, sino al contrario, como instrumento para presionar hacia una desintegración creciente: «Si el Estado español, por temor o por lo que fuere, dictare una ley autonómica, sí puede el nacionalismo aprovechar sus ventajas, cuando éstas tiendan a nuestra finalidad[7]». Como su finalidad era la secesión, ésta es una declaración de deslealtad previa y programada. Tal mezcla de radicalización ideológica y oportunismo político no podía despertar mucho entusiasmo en Madrid, máxime cuando España dejaba de ser católica, según creían las izquierdas.

Preocupados por un posible control del movimiento de alcaldes por republicanos e izquierdas, los nacionalistas precipitaron una asamblea en Estella, en junio, la cual aprobó el proyecto del Instituto de Estudios Vascos, con correcciones de importancia como la exigencia de un concordato especial con el Vaticano. Ello, y el federalismo para España supuesto en el texto, volvía éste inaceptable para el gobierno.

Si la república miraba a la Esquerra con una mezcla de simpatía y reticencia, a la alianza católica vasca la consideraba enemiga y le cerró toda su prensa en agosto. Las reyertas menudearon, ocasionando el 11 de septiembre un muerto (republicano) y varios heridos. Los detenidos por ello, 14 nacionalistas dirigidos por Gallastegui (Gudari), se declararon en huelga de hambre hasta morir. No precisaron cumplirlo, ya que a la semana estaban en la calle. Gudari, tras el fracaso de su plan de lucha armada durante la dictadura, promovía también los métodos de resistencia pasiva de Gandhi.

La inviabilidad del texto de Estella obligó a una adaptación a las normas republicanas, encomendada a las Comisiones Gestoras de las diputaciones provinciales (pues la república había destituido a las diputaciones, en espera de elecciones a ellas). El nuevo proyecto de estatuto cambiaba el carácter confederal de la unión entre las cuatro provincias, en favor de una centralización en Bilbao, e iba a fenecer en junio de 1932, en una tumultuosa asamblea en Pamplona, donde unos se empeñaban en darlo por aprobado y otros no. Lo abandonaron los navarros y los carlistas, rompiéndose definitivamente su alianza. El PNV, con gran disgusto y entre disputas internas, debió renunciar, por el momento, a extender sus aspiraciones a Navarra, y promovió un nuevo estatuto sólo para las tres Provincias Vascongadas.

En el fondo de la ruptura latía el rechazo carlista hacia el antiespañolismo y el racismo constitucionales en el PNV, así como hacia la república misma. Los nacionalistas se mostraban más flexibles hacia esta última, por creerla utilizable para sus fines. Ya había habido roces en diciembre del 31, al apoyar el PNV a Alcalá-Zamora como presidente de la república[*].

La ruptura se acompañó de una cruda lucha por el electorado católico. Los carlistas llegaron a acusar al PNV de no defender la religión, y de aliarse subrepticiamente con sus enemigos, incluidos «el judaísmo y el comunismo». El ataque no dejaba de ofrecer peligro, y el PNV reaccionó con la mayor energía. Acudió a los obispos para que certificasen el carácter indiscutiblemente católico del nacionalismo, y los presionó, así como a los directivos de las órdenes religiosas, con quejas por la profanación del «púlpito en beneficio de la dominación española», por el españolismo de muchos curas, «aniquilador de nuestra nacionalidad vasca», y por la «persecución» de algunas jerarquías al clero nacionalista. Irujo, líder peneuvista que despuntaba al lado de Aguirre, exigió, en agosto de 1932, «que sean hombres de nuestra raza, de nuestra lengua, de nuestro modo de ser, los que regenten diócesis vascas[9]». Promovían así un catolicismo nacionalista, separado y despreocupado del resto de los católicos españoles. Como veremos, esta actitud marcaría la conducta del PNV y el clero nacionalista durante la guerra civil.

El intento carlista de disputar al PNV la masa católica resultaba tardío. Durante un año largo, el nacionalismo y la defensa de la Iglesia habían quedado identificados entre sí a los ojos de numerosos vascos, pues dicho partido había sido el verdadero líder de la coalición católica. El terreno ganado ya no lo perdería.

El estatuto catalán siguió un camino distinto. En las elecciones a Cortes de junio del 31 la Esquerra obtuvo nada menos que 36 diputados (diez más que el grupo azañista), frente a sólo cuatro de la Lliga. Además, la Esquerra absorbió a Acciò Catalana, salvo un sector mínimo y derechista, capitaneado por Carrasco i Formiguera, que formó Unió Democrática de Catalunya. Estos triunfos y la hermandad ideológica con los republicanos de Madrid parecían despejar el horizonte estatutario.

Una comisión nacionalista salida de los ayuntamientos elaboró el llamado estatuto de Nuria, que insistía en un marco federal para España. El estatuto, sometido al voto popular el 2 de agosto de 1931, dio un 99% de síes sobre un 75% del electorado. Hubo bastante fraude, aunque sin duda una amplia mayoría de votantes lo aprobó.

La Esquerra creía que, una vez plebiscitado el estatuto en Cataluña, las Cortes se limitarían a reconocerlo, pero erraba. Los recelos, y más después del «golpe» de Macià al llegar la república, estaban a flor de piel. Buena parte de la Esquerra, empezando por su jefe, apenas ocultaba su secesionismo, y la mayoría pensaba, como el PNV, utilizar el estatuto no como medio de integración, sino más bien para lo contrario.

Partiendo de ahí, y a pesar de las afinidades ideológicas entre la Esquerra y el gobierno, casi cada punto del estatuto se convertía en un escollo, empezando por el de la financiación de los futuros servicios, que un estado poco próspero, con el agravante de la crisis mundial, iba a facilitar con tacañería[*].

Más espinas tenían las transferencias del orden público o la enseñanza. ¿Qué harían los nacionalistas con las fuerzas policiales a su disposición, máxime ante la escasa operatividad del ejército peninsular? ¿Y qué peso tendría en la escuela la doctrina nacionalista, para la cual la unidad española no pasaba de una posible conveniencia superficial para el futuro, puesto que nunca habría sido beneficiosa en el pasado? La enseñanza tenía el máximo interés para los nacionalistas porque les permitiría, sin gasto propio, difundir masivamente sus ideas y conformar según ellas a la generación joven. Por la misma razón el gobierno se resistía a darles carta blanca, previendo serios problemas. ¿Y qué rango tendría el idioma español común, mirado como extranjero y con hostilidad casi unánime por las izquierdas nacionalistas? Las prevenciones, apenas confesadas, pero obvias, fluían bajo el interminable debate de asuntos concretos.

Las discusiones en las Cortes, complicadas con las también conflictivas de la reforma agraria, se alargaban, y los diputados de la Esquerra, cada vez más nerviosos, oscilaban entre la desazón y la amenaza de ruptura. Sus propuestas chocaban con una oposición difusa y variada, y no sólo de la derecha, la cual en definitiva tenía muy poco peso en aquel Parlamento.

Y había otros motivos de intranquilidad para la Esquerra. Durante el tránsito desde la declaración inicial de Macià hasta la votación del estatuto, el anarquismo se había reorganizado en Cataluña, con los consiguientes desórdenes. En la dictadura habían cesado los atentados mutuos entre la CNT y el Sindicato Libre, pero ahora la CNT, que se llamaba a sí misma, de modo ilustrativo, «Sindicato Único», lanzó una feroz ofensiva contra los libres, con el apoyo de Macià y, sobre todo, de Companys, antiguo abogado defensor de los anarcosindicalistas. A poco de llegar la república fueron asesinados 16 miembros del Libre, obligando a otros a huir al exilio, y la Generalitat facilitó el llamado «pacto del hambre», que obligaba a la patronal a no contratar afiliados del Libre, muchos de los cuales cayeron en la indigencia. No por eso dejaba la Esquerra de cultivar un tono peculiarmente sentimental, progresista y humanitario[*].

Con todo, el entendimiento CNT-Generalidad presentaba muchos escollos. Durante la dictadura se había fundado la Federación Anarquista Ibérica (FAI), especie de sociedad secreta autoencargada de velar por las esencias libertarias en el sindicato. La FAI y otro grupo de líderes radicales, como Durruti, García Oliver y Ascaso, estaban resueltos a cortar la tentación moderada propuesta por Ángel Pestaña, otro dirigente histórico. Pestaña quería dar una tregua a la república, pero fue pronto desplazado. Las consecuencias no tardaron: huelgas violentas, atracos y nuevos atentados en toda España. Macià, para indignación del gobierno, mostraba la mayor tolerancia hacia la CNT-FAI, pues esperaba sus votos para las elecciones a Cortes y para el plebiscito del estatuto. No obstante, una vez conseguidos esos objetivos, las relaciones anarco-esquerristas iban a degenerar en violencia abierta y mutua.

A lo largo de 1931 se habían sucedido los golpes a la opinión conservadora: quema de conventos, expulsión de dos obispos, pese a haber aceptado éstos al nuevo régimen, tono antirreligioso de la Constitución, proscripción y persecución del rey —que había entregado el poder sin resistencia—, violentas huelgas anarquistas, sangrientos incidentes de orden público en San Sebastián, Sevilla, Castilblanco, etc. Ortega y Gasset, «padre espiritual de la república», comenzó a alarmarse ante el régimen en que tan desorbitadas esperanzas había puesto. El 9 de septiembre publicaba en Crisol el artículo «Un aldabonazo», donde afirmaba: «Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron en el advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo eso, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: “¡No es esto, no es esto!”».

La reacción de Azaña ante el rápido deterioro político había sido la Ley de defensa de la República, aprobada el 20 de octubre, que permitía al gobierno anular casi a discreción los derechos constitucionales. El 9 de diciembre terminó de ser aprobada la Constitución, y Azaña formó gobierno con los socialistas, quedando Lerroux excluido, en lo que pareció coincidir la voluntad de ambos. Pese a la mayor represión, a lo largo de 1932 empeoró el ambiente público, con nuevos choques sangrientos entre obreros y fuerzas de orden público en Amedo, Zalamea de la Serena y otros lugares, mientras los proyectos reformistas del gobierno, como el estatuto catalán o la reforma agraria, se estancaban en las Cortes.

En éstas tomó cuerpo una trama golpista dirigida por el general Sanjurjo. Éste había desempeñado un papel clave en la llegada de la república, pues en aquel momento dirigía la Guardia Civil, y se puso a disposición del gobierno provisional republicano. No está clara la razón de su postura, siendo él hombre de ideas conservadoras. Quizá su lealtad al trono se había resentido por el trato dado a Primo de Rivera, y de todas formas el gobierno republicano, aun titulándose revolucionario, le había inspirado confianza al estar dirigido por un conservador conspicuo como Alcalá-Zamora. Y también el jefe radical Lerroux parecía bien al militar. El general no pensaba, como luego se dijo, acabar con la república, sino sólo con el gobierno izquierdista, y probablemente pretendía sustituir a Azaña por Lerroux, que sabía bastante del golpe, pero ni se comprometió en él ni hizo nada eficaz por desarticularlo, excepto salvar algunas formas ante Azaña. El militar logró apoyo en grupos monárquicos, minoritarios en la derecha.

El complot resultó un tanto folclórico, al estilo de los republicanos. Azaña estaba al tanto, y prefirió dejarlo madurar para abortarlo entonces. Así sucedió exactamente. Valiéndose de la Ley de defensa de la República, el gobierno lanzó entonces una ofensiva general contra la derecha, cerrando más de un centenar de periódicos y revistas, practicando arrestos y expropiando a los principales aristócratas, la mayoría de los cuales no tenían relación con el golpe. Al mismo tiempo, y desde las Cortes, aprovechó para desbloquear las reformas. El estatuto catalán fue rápidamente aprobado, así como la reforma agraria.

Azaña había definido la cuestión nacionalista de este modo: «Cataluña dice, los catalanes dicen: queremos vivir de otra manera dentro del Estado español. La pretensión es legítima; es legítima porque la autoriza la ley, nada menos que la ley constitucional (…). Ahora nos encontramos ante un problema que se define de esta manera: conjugar la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses o los fines generales y permanentes de España dentro del Estado organizado por la República[12]». Quizá los catalanes en general pensaban así, pero sin duda la doctrina y la propaganda de los políticos nacionalistas decían algo más de lo que Azaña sabía o quería discernir.

En el PNV las cuestiones de Navarra y de la propia autonomía reprodujeron tensiones semejantes a las que diez años atrás habían llevado a la escisión del grupo Aberri. Pues aceptar el estatuto, aunque fuera sin intención de guardarle fidelidad, suponía en cierto modo someterse a la ley de los opresores de la patria, y por ahí no pasaban algunos, liderados por Luis Arana y Gudari y agrupados en torno al semanario Jagi-Jagi (Alzaos). Sin embargo una nueva generación de líderes, en especial José Antonio Aguirre y Manuel de Irujo, comprendían que un radicalismo demasiado abierto aislaría al partido, como terminaría aislando a Jagi-Jagi. Argumentaban en doble sentido, autonomista en general, y separatista hacia sus bases, poniendo una u otra opción en primer plano según las conveniencias del momento, marginaron a Luis Arana y a Gudari. Al presentar la autonomía como palanca para abrir otras puertas, dejaban sin alternativa política a quienes la rechazaban, salvo que éstos ofreciesen a cambio una —improbable— resistencia armada. Tras crudas luchas internas, Arana dimitió el 29 de enero de 1933 de la presidencia del Bizkai Buru Batzar.

Irujo, el líder peneuvista más pragmático, percibió la fragilidad del nuevo régimen y las posibilidades que ello abría al nacionalismo, y trató de explotarlas, acomodándose lo imprescindible a la legalidad. Entendió, con Aguirre, el valor del estatuto para avanzar en su ideal, que en ningún momento dejó de ser secesionista. Del triunfo de este autonomismo meramente táctico han extraído algunos historiadores la conclusión de que el PNV abandonaba en la práctica sus ideales y aceptaba la república y la democracia españolas[*]. Pero en ningún momento concretó el PNV sus aspiraciones a la autonomía, sino que insistió incansablemente, repitámoslo, en su ideal separatista y en su racismo. El sentido de esta aparente contradicción residía en la decisión de utilizar la autonomía contra España, como por lo demás iba a hacer en vasta escala cuando la autonomía le llegase, ya en 1936.

Tras el fracaso de la rebelión de Sanjurjo, en agosto de 1932, el PNV excluyó las vías ilegales, pero se trataba más de una adecuación realista a su insuficiente fuerza que de una convicción, como ya había ocurrido con Sabino Arana. Uno de los principales dirigentes y parlamentarios, Manuel de Eguileor aclararía: «Sólo por la fuerza de las armas, levantadas contra nuestros opresores, podremos liberarnos de éstos». Naturalmente, eso no era posible de momento, y convenía esperar una coyuntura favorable, como una guerra internacional o una crisis desastrosa dentro de España. Dichas estas palabras en las convulsiones de 1936, poco antes del alzamiento derechista, adquieren todo su valor[13].

En este período tomó el PNV, más que nunca, el carácter de un partido-comunidad, rodeado de asociaciones culturales, juveniles, femeninas, sindicales y hasta infantiles. Más que un partido era, en palabras de sus líderes, un «pueblo en marcha» y embrión de un estado, diseñado para tomar el poder si las circunstancias le favorecían. Como ha señalado el historiador José Luis de la Granja: «Su organización reproduce deliberadamente la estructura estatal de los tres poderes: el ejecutivo es el Consejo Nacional (EBB) o gobierno, organizado en departamentos o ministerios, el legislativo es la Asamblea Nacional o Parlamento, y el judicial es el Tribunal Nacional o Supremo; además cuenta con un Presidente del Partido (equivalente al jefe del Estado), una Hacienda Nacional (“Día de Haber para el Tesoro de la Patria”) y un embrión de ejército: los grupos de choque de los mendigoizales o montañeros (convertidos en los gudaris o soldados durante la guerra[15])».

También fue un período de expansión sindical en medio de una crisis económica, que se hacía notar con bastante fuerza en la siderurgia vizcaína. El sindicato SOV (Solidaridad de Obreros Vascos) había encontrado una fórmula que le permitiría superar el anquilosamiento de los sindicatos católicos en general, semiasfixiados por el paternalismo y la tutela directa de la jerarquía eclesiástica. La influencia clerical en el SOV se ejercía más discretamente, como asesoramiento, formación de cuadros, etc. Pronto descollaría un activo grupo de clérigos, que combinaba un ferviente aranismo con una notable pericia sindical. El SOV promovía la labor asistencial a los obreros en paro y procuraba que los patronos contratasen de preferencia a obreros nacionalistas, aprovechando también la menor conflictividad ofrecida por éstos, y su carácter católico, en contraste con la irreligiosidad socialista. El SOV tuvo un auge considerable en los primeros años de la república.

El año 1933 trajo venturas trascendentales al PNV. En unas elecciones municipales parciales, en abril, obtuvo un éxito espectacular, y el mismo mes celebraba en triunfo el «Día de la Patria» o Aberri Eguna, bajo el lema «Euzkadi-Europa», en busca de una proyección internacional, siempre perseguida con ahínco. También impulsó la alianza conocida por Galeuzca (Galicia-Euzkadi-Cataluña), en la que terminaron entrando casi todos los partidos nacionalistas periféricos, incluyendo la Lliga al lado de la Esquerra, con menos carácter abiertamente separatista y dispuesto a la violencia que su antecedente, el Pacto Tripartito de 1923. Uno de los más ardientes promotores de Galeuzca fue el catalán Batista i Roca, secesionista ferviente, a quien reencontraremos durante la guerra. El acuerdo quedó formalizado como «Pacto de Compostela» el 25 de julio, día de Santiago. Esa jornada la habían convertido los nacionalistas locales en «Día da patria galega». Irónicamente, la figura de Santiago simbolizaba la Reconquista y la unidad de España. Aunque Galeuzca inspiró tratos semiclandestinos, tendría escasa efectividad.

No todo eran triunfos. El estatuto vasco encontraba resistencia en el gobierno, en especial del líder socialista Prieto, temeroso de «un Gibraltar vaticanista» en el norte, como dijo expresivamente. Las dilaciones exasperaban a los sabinianos, máxime al tener ante los ojos el estatuto catalán en marcha. Por ello, en verano y otoño volvieron a presionar al gobierno con enfrentamientos sangrientos, huelgas de hambre e intensificación del mensaje separatista. Culminó la tensión con el arresto de la dirección peneuvista en Vizcaya, y un ultimátum del PNV exigiendo un referéndum para el estatuto. Curiosamente, iba a ser Lerroux quien auxiliara a los nacionalistas. Azaña aceptó el referéndum para diciembre, aunque se celebró el 5 de noviembre. Menudearon los fraudes en las votaciones, y el resultado fue dado por bueno. Él sí arrasó en Vizcaya y Guipúzcoa, pero la alta abstención de Álava dejó a los estatutistas en posición delicada. Aguirre argumentó, no sin razón, que abstención no equivalía a rechazo.

Al gobierno, después de su victoria frente a Sanjurjo, el año 1933 le aportó un rosario de descalabros. La frágil argamasa que había unido a los partidos contra la monarquía se agrietaba con rapidez. Los primeros en romper la alianza, aunque luego se echaran parcialmente atrás, habían sido Macià y los suyos, pero la ruptura más estruendosa vino de los anarquistas, que si bien no habían pactado en San Sebastián, habían dado sus votos a los republicanos, en alianza tácita y puramente oportunista. Las alianzas con los anarquistas, sin importar sus atentados y violencias, o acaso por ellos, habían sido tradicionales en la izquierda, e incluso el Partido Liberal de Romanones se había unido a ellos para atar las manos de Antonio Maura cuando éste había intentado poner coto al terrorismo. En ocasiones decisivas como la crisis de 1917 habían unido sus fuerzas casi todos, hasta la Lliga, para destruir el régimen y algo parecido habían hecho durante la dictadura. Por supuesto, nadie se llamaba a engaño sobre el carácter de la CNT, pero sus eventuales aliados siempre habían esperado utilizar sus violencias contra la derecha, para luego encauzarla o aplastarla, una vez obtenido el poder.

Se habían equivocado. Desde muy pronto la CNT se convirtió en azote de Azaña y Macià, como lo había sido para la Restauración. Y en enero de 1933, el Azaña triunfante sobre Sanjurjo se hundía inexorablemente tras una insurrección anarquista. Ya ante otra insurrección ácrata en Cataluña, en enero del año anterior, Azaña había ordenado fusilar sobre la marcha a quienes fueran cogidos con armas, y en la nueva ocasión parece haber dado asimismo órdenes drásticas, aunque quizá no la famosa de «tiros a la barriga». Así, en el pueblo gaditano de Casas Viejas, la republicana Guardia de Asalto hizo una razzia entre campesinos y asesinó a sangre fría a once de ellos, después de haber abrasado en su chabola a una familia que hacía resistencia. El escándalo acabó con el prestigio del gobierno. Azaña rehusó dimitir, pero desde entonces padeció una sucesiva pérdida de posiciones y de elecciones parciales.

Pero no eran sólo los anarquistas. ¿Hasta cuándo juzgarían los socialistas conveniente su colaboración con un régimen «burgués»? Para la ideología del partido, un régimen así puede ser apoyado si sirve como paso a una revolución social. Tal revolución implicaría la abolición de la propiedad privada de los medios productivos, sustituyendo al empresario por el burócrata distribuidor, la eliminación progresiva de la religión, de la familia «burguesa» y de la misma nación, simple marco político de los intereses capitalistas, según su doctrina. Durante el verano posterior a Casas Viejas, el sector principal del PSOE concluyó que las condiciones para su revolución maduraban, y optó por romper con los republicanos y por la dictadura «del proletariado». Quedó marginado el sector de Besteiro, que veía en todo ello un «envenenamiento de la conciencia de los trabajadores» y la marcha hacia un baño de sangre.

Entre tanto la derecha, que había comenzado la república en medio de una profunda depresión, se había reorganizado. En primavera del 33 se había escindido en dos tendencias: una, muy mayoritaria, pacífica y legalista, aceptaba el nuevo régimen, aunque sin entusiasmo, y formó la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), bajo la dirección de José María Gil-Robles; la segunda tendencia, muy minoritaria, agrupaba a quienes rechazaban la república y propugnaban restaurar la monarquía. Estos últimos se dividían a su vez entre los monárquicos de Acción española, cuyo líder más destacado pronto sería Calvo Sotelo, procedente del maurismo, y los carlistas, sin liderazgo fuerte. Aparecieron también mínimos grupos fascistas o fascistoides, en especial Falange Española, hacia finales de año, dirigida por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. Pese a su unión posterior con las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas), de Ramiro Ledesma, siguió siendo muy reducido.

Sucesivas derrotas electorales parciales del gobierno llevaron a Alcalá-Zamora a retirar la confianza a Azaña, a principios de septiembre. Le sucedió Lerroux, que, boicoteado por las izquierdas, hubo de dimitir a principios de octubre. No quedó más remedio que formar un gobierno de concentración de centro izquierda, presidido por el lerrouxista Martínez Barrio y encargado de convocar elecciones para noviembre.

En Cataluña había surgido una situación nueva: en las elecciones al Parlament, después del estatuto, los partidos no nacionalistas se habían casi esfumado, faltos de liderazgo y de un discurso eficaz frente a la exaltación contraria. El socialismo no cuajaba, y el lerrouxismo, antaño tan potente, no alcanzó ni un escaño. La Esquerra obtuvo 52, frente a 23 los demás grupos juntos, de los cuales 16 pertenecían a la Lliga.

Parecía cumplirse, casi de golpe, el designio de Prat de la Riba de «nacionalizar Cataluña». Todo el mundo parecía imbuido de nacionalismo, aunque no estaba claro si de ahí surgiría un «imperialismo ibérico» o un separatismo abierto. No obstante, la apariencia engañaba. En dichas elecciones votó sólo un 60% del electorado, dejando una masa de población ajena a los partidos. Y los anarcosindicalistas rechazaban los esfuerzos de la Esquerra de atraerlos a su redil[*]. A su vez, la Lliga había evolucionado desde su inicial nacionalismo a un regionalismo prácticamente españolista. Por otra parte, ¿cuántos de los votantes nacionalistas se sentían, como habían querido los fundadores, «catalanes y nada más que catalanes»? Es imposible decirlo; seguramente un buen porcentaje de ellos, pero otros muchos, probablemente la gran mayoría, no encontraba tanta distancia entre el sentimiento catalán y el español, como pronto iban a indicar los hechos.

A lo largo de 1933, la Esquerra se apresuró a aplicar el estatuto. La Generalitat recibió los importantes traspasos de orden público y justicia, pasando a depender de ella la misma Guardia Civil. Los gobernadores civiles y la división provincial desaparecieron oficialmente, ejerciendo Barcelona un robusto centralismo en la región. El proceso no dejó de generar descontento. La caótica gestión del ayuntamiento de Barcelona, con episodios de corrupción, hizo decaer la popularidad del partido, incluso la de su venerado líder. El grupo de L’Opinió, indignado por el radicalismo y los repartos de poder en la Esquerra, se escindió de ésta para formar al Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra, presidido por Lluhí. En un solo año hubo tres crisis de gobierno en la Generalidad. Y proliferaban las huelgas, de creciente violencia. La Lliga recuperó buena parte del terreno perdido dos años antes, cuando parecía al borde de la quiebra.

Las elecciones generales de noviembre del 33 se presentaban muy reñidas en toda España. La ley electoral primaba a las coaliciones, y la CEDA tendió la mano al PNV. Pero el 13 de octubre advertía Euzkadi, órgano de este partido: «Luchar contra el marxismo, reivindicando enérgicamente los derechos brutalmente conculcados desde que el socialismo ha dominado en nuestra patria, y recordando la tiranía a que se nos ha sometido desde la proclamación de la República (…) evidentemente puede ser un exponente admirable para que muchos nos encontremos juntos (…). Pero no es suficiente (…). Hay que dar soluciones de solidaridad de clase, de espíritu cristiano (…). Sin ese concepto cristiano del término antimarxista, la palabra para nosotros no sirve de nada, y mucho menos su anticatalanismo o el tercer término, antivasquismo». La CEDA parecía poco cristiana al PNV, y aún más rechazable por su oposición a los nacionalismos catalán y vasco, es decir, a los vascos y catalanes, según Euzkadi.

La propaganda sabiniana rebosaba satisfacción, sin perder la mezcla habitual de victimismo y narcisismo «racial». Aludía al «cariño con que nuestros ascendientes guardaban los expedientes de hidalguía o limpieza de sangre» (la última como prueba de no haber judíos entre ellos), o destacaba: «El secreto de cuantas excelencias ostenta la nación vasca está en la familia, la gran institución de la raza». Habría existido antaño una «democracia vasca única en el mundo», una «democracia sin plebe», dotada de «una constitución social y política racial». Abundaban los llamamientos a los «patriotas» para que aprendiesen «el idioma racial». El principal pensador vasco del siglo XX, poco amigo de los nacionalistas, era despachado como un ignorante: «Allá por los madriles o por las salamancas de sus pecados, Unamuno podrá aún pasar por un hombre digno de ser tenido en cuenta. Por acá es más difícil». Unamuno no lograría embaucar a los vascos iluminados por Arana[17].

La propaganda del partido remachaba la «superioridad» de los vascos, lamentando que éstos, en el pasado, no hubieran extraído de ella las oportunas consecuencias. Afortunadamente podía celebrarse «El día feliz en que Sabino de Arana, nuestro Maestro, mostró a los hijos de esta raza su nacionalidad». Un intelectual del partido, Lucio de Arakil, instruía: «El sagrado lema» (el JEL) del «Maestro» el «hombre providencial para su pueblo», caracterizaba al nacionalismo vasco como único en el mundo, porque al «enderezar nuestro patriotismo hacia Dios (…) luchamos por Él cuando luchamos y sufrimos por Euzkadi». El orgullo por la limpieza de sangre no impedía establecer similitudes entre Vasconia e Israel: «En el seno de Israel, sobre todo en épocas de cautividad y opresión (…) surgían profetas insignes (…) que alzaban la voz (…). También Euzkadi tuvo sus hombres que, en medio del vergonzoso olvido de nuestra historia y de nuestros verdaderos intereses, clamaban, instruían o gemían». Arana, el mayor de esos hombres, era comparado a Judas Macabeo, bajo cuya guía «brillaban las espadas y los escudos, se despreciaba la muerte; se despreciaba la vida; se cerraban los ojos ante los ingentes ejércitos del opresor». Algo semejante habría inspirado a los vascos Sabino: «Aquel insigne varón abierto a todo lo noble y levantado. (…) no fundó un partido político; vivificó a un pueblo entero». Gracias a ello, «Euzkadi va a ser modelo de pueblos», «marcará la ruta a seguir a los demás pueblos[18]».

No sería la derecha española la que marcara la ruta a los sabinianos. Tratando de arrebatar la bandera católica a las otras derechas, el PNV insistía: «Votar otra candidatura que la nacionalista es votar por Prieto, Azaña, Domingo y Zugazagoitia», es decir, por los enemigos de la religión. No hubo coalición con la CEDA.

Capítulo 13

1934: EL CAMINO A LA GUERRA

En noviembre de 1933, la experiencia un tanto traumática de los dos años anteriores apartó de la izquierda a la opinión pública, la cual dio una abultada victoria al centro derecha (redondeando, cinco contra tres millones de votos). El partido más votado fue la CEDA (115 diputados), seguido por el Partido Radical de Lerroux (104). La pugna electoral había sido muy agria. Seis derechistas habían sido asesinados por las izquierdas, sin reciprocidad, y José Antonio, líder de la recién nacida Falange Española, escapó por los pelos a la muerte en un mitin, cuando un pistolero mató a una persona e hirió a varias. Pese a su victoria, Gil-Robles decidió no gobernar, a fin de calmar los ánimos. Dejó el poder a Lerroux, contentándose con presionarle desde fuera, mientras crecían sus diferencias con los monárquicos, partidarios de derrocar al régimen.

Los republicanos de izquierda se hundieron. De sus dos partidos principales, Acción Republicana, de Azaña bajó a 6 escaños desde los 26 anteriores, y los Radicales Socialistas, divididos en dos grupos, a 5, desde 56. Tal catástrofe no los convenció de resignarse a la oposición, pues, ya quedó indicado, consideraban al régimen «suyo»: sólo ellos tenían «títulos» para gobernarlo. Por ello Azaña, Gordón Ordás, Domingo, Casares y otros líderes republicanos intrigaron ante el presidente de la república y Martínez Barrio para impedir la reunión de las Cortes salidas de las urnas, lo cual equivalía a un golpe de estado. Esa actitud suponía un paso hacia la guerra civil.

El PSOE, partido principal en la izquierda, (60 escaños, contra 113 en 1931) reaccionó aún más drásticamente. Desde el verano se había extendido en él la consigna de «dictadura del proletariado», y Largo Caballero empezó a ser llamado «El Lenin español», como líder que conduciría a España a una revolución semejante a la rusa. Los socialistas habían pactado con los republicanos como paso previo al socialismo, y ahora los republicanos estaban pulverizados. Así que no cabía pensar ya en etapas intermedias hacia la revolución. Los jefes del PSOE, a excepción del pronto defenestrado Besteiro, resolvieron que sólo había una alternativa en España: fascismo o socialismo. En esa disyuntiva basaron su estrategia. Motejaron de fascista a la derecha en pleno y a veces a los mismos republicanos de izquierda. La subida de Hitler al poder en enero de 1933, y el aplastamiento de la rebelión socialista en Austria en febrero, servían a la propaganda del PSOE.

Sin embargo es claro que no creían en un peligro fascista en España. A su juicio existía en el país un proceso revolucionario que por fuerza empujaría a la derecha a fascistizarse, por lo cual convenía tomar la iniciativa antes de que la presunta amenaza fascista se concretase. En un artículo publicado en la revista useña Foreign Affairs, en abril de 1934, el ideólogo de la revolución, Araquistáin, reconocía la inexistencia en España de organizaciones, líderes o condiciones para el fascismo. La constante y machacona acusación de fascista cumplía otros objetivos: alarmar a la población, paralizar a las derechas, muy sensibles a esas acusaciones, y justificar los preparativos socialistas de guerra civil[*]. El PSOE, disciplinado y bien organizado, disponía de redes de simpatizantes en el ejército y en todos los ámbitos del poder, y despreciaba a la CEDA y al Partido Radical. Las perspectivas revolucionarias parecían halagüeñas.

La prensa socialista rechazó las invitaciones conciliadoras de la CEDA y se pobló de incitaciones a la guerra civil y a una violencia extrema. El partido creó a principios de 1934 un comité secreto para preparar la revolución que, según las instrucciones, tendría «todas las características de una guerra civil» y debía desarrollarse con la máxima violencia y simultáneamente por todo el país. Sus juventudes, punta de lanza de la prevista insurrección, habían empezado a realizar atentados y asesinatos ya en 1933, que se harían más frecuentes en el 34.

En cuanto a los anarquistas, replicaron al triunfo electoral derechista de noviembre con la insurrección más sangrienta de las organizadas hasta entonces, que dejó 90 cadáveres, 20 de ellos en un sabotaje a un tren de pasajeros.

También la furia dominó a los nacionalistas catalanes de la Esquerra. Habían hecho una campaña electoral exaltada, empleando, quizá por primera vez, el lema «¡No pasarán!», y acusando a la derecha, desde la Lliga a los monárquicos, pasando por la CEDA, de «bandolerismo, fascismo y apología del asesinato». Decían haber «creado un pueblo, un espíritu, una democracia, una dignidad», y no pensaban «verlos morir»: «Cataluña, bandera revolucionaria». Los escamots habían apedreado y provocado a religiosos y a los votantes en barrios derechistas, y, señala Cambó, «se llegó a la rotura de las urnas, cosa que no había ocurrido en Barcelona desde el año 1901, es decir, desde que, por primera vez, fue verdadero el sufragio. ¡Tenían que ser los que gobernaban la Cataluña autónoma los que diesen ese triste espectáculo!»[1].

El cambio en la opinión catalana volvía a ser brusco. La Esquerra proclamó su victoria, pero la Lliga la superó en dos diputados (25 a 23), hubo un ligero renacer lerrouxista y el abanico de fuerzas políticas se ensanchó algo. Al no tratarse de comicios autonómicos, la Esquerra continuó gobernando la Generalidad.

Los esquerristas, viéndose en peligro, se identificaron a sí mismos, con más vehemencia que nunca, con «Cataluña». Hablarán siempre en nombre de «Cataluña» y del «pueblo catalán», sin tolerar alternativa. No obstante, el partido analizaba así su evidente fracaso, el 21 de noviembre, en La Humanitat, órgano de Companys: «En esta hora grave, Cataluña baluarte de la República». «Todo el odio acumulado [por las derechas] en dos años y medio de actuación de las izquierdas, estalla ahora, al abrigo de una generosidad democrática que llegó a la temeridad». Los epítetos insultantes contra los políticos contrarios llenaban los textos. «¡Alerta, ciudadanos catalanes! Estamos aún en pie de guerra». «Es hora de vivir alerta. De jugar fuerte. De no perdonar al enemigo, al que ya hemos perdonado demasiadas veces [aludía a la pena de muerte conmutada a Sanjurjo, el cual había ayudado a implantar la república más que la Esquerra]. Perdonamos una culpa y nos pagan así. Con la traición y el crimen». La traición y el crimen de las derechas, en su mayoría ajenas al golpe de Sanjurjo, habían consistido en ganar, simplemente, las elecciones. La consigna «en pie de guerra» se repetía una y otra vez, anunciando una respuesta «rotunda, categórica, precisa. Sin lugar a dudas». Pese a que los partidos componentes de la Esquerra habían tenido un papel insignificante en la llegada del régimen —salvo al aprovechar en el último momento el vacío de poder— creían aceptable la república sólo si la gobernaban las izquierdas.

El 22, el análisis iba más a fondo: «La batalla continúa y entra en una fase encarnizada y decisiva». Distinguía, una vez más, a una «Castilla» retrógrada, «zona negruzca» que «gira de nuevo hacia el derechismo», frente a la «rojez de la democracia catalana (…) inconmoviblemente izquierdista», aunque en Cataluña las derechas habían logrado la mitad de los votos y más escaños, y en Madrid ganaría el PSOE: la capacidad del nacionalismo catalán para crear tópicos semejantes siempre fue muy acentuada. La auténtica ganadora, afirmaba el análisis, «ha sido toda la tropa negra y lívida de la Inquisición y el fanatismo religioso. No ha sido la Lliga ni Acción Popular [el partido eje de la CEDA] la triunfadora. Ha sido, aquí y fuera, el obispo. Ha sido la Iglesia, ha sido Ignacio de Loyola». Triunfaba «la llamada al fanatismo, a la locura, a la traición, a la miseria moral y mental (…) de una conciencia de esclavo y de iluminado». El tono exaltado de estas frases no dejaba de sugerir un cierto autorretrato: «Debemos estar alerta, el arma al brazo y en pie de guerra», porque «Es la hora de ser implacables, inflexibles, rígidos (…). Sin perder la serenidad, sólo hay que escuchar la voz, que resonará, si hace falta, en el momento preciso».

Tales frases atraían las tormentas. La Lliga, alarmada, contestaba en La Veu de Catalunya al día siguiente: «¿En pie de guerra? No. Nosotros, en pie de paz». A su juicio, plantear las cosas al modo de la Esquerra «perpetuaría la historia de España del siglo XIX», y «suscitar ahora ese problema en tales términos es simplemente suicida (…). Nada de guerra. Paz (…) en los espíritus y en las conciencias». La Humanitat amenazaba directamente a las monjas y frailes por su «gesto insensato» de votar, y denunciaba una «desaforada campaña lanzada por toda la prensa de derechas, sin excepción, contra la Esquerra Republicana». Pero, contra una leyenda muy mantenida desde el historiador marxista Tuñón de Lara, la derecha, con excepción de los monárquicos y la grupuscular Falange, había pedido paz y conciliación, y no había replicado a los asesinatos de militantes suyos. Y mantendría esa línea. En la campaña electoral, Gil-Robles había expresado algunos propósitos antidemocráticos —otros partidos también lo habían hecho, muy en especial el PSOE—, pero había terminado haciendo llamamientos a la moderación y a la concordia a derechas e izquierdas, y luego había renunciado a gobernar. Estos gestos, sin embargo, los tomaban las izquierdas por signos de debilidad.

La muerte de Macià el 24 de diciembre, a los 74 años, provocó en la Esquerra una explosión de sentimentalismo, con tonos pararreligiosos: «Ya no está él. Todo está consumado». «Queda ahora, para ejemplaridad tremenda de todos, su obra». «En su despojo inmóvil hay algo como una luminaria, clara como una estrella, quieta y viva como la llama votiva de los arcos de triunfo». Y nuevamente las advertencias: «El futuro inmediato traerá deberes inflexibles». La derecha denunció que el cadáver había sido secuestrado a sus familiares, partidarios de un funeral católico, y La Humanitat replicaba acusando de «vileza» a quienes mantenían «una baja polémica sobre la conciencia del hombre y de las creencias religiosas que tuvo o dejó de tener, de si recibió o no a la hora de la muerte los sacramentos (…). Nuestro dolor y nuestro respeto ante el gran cadáver (…) nos hacen callar [no lo hacían] ante la bajeza inclemente» de personas con «conciencia de inquisidores y mentalidad de fanáticos[2]».

Este conjunto de reacciones creó en todo el país un clima de subversión y desestabilización, que no haría sino acentuarse a lo largo de 1934.

En Vasconia la derecha, en este caso la nacionalista, también ganó las elecciones. En Guipúzcoa el PNV dio un salto espectacular, del 14,5% de los votos, al 46,1; en Álava del 21,8 al 29; en Bilbao del 37,5 al 41, y en Vizcaya provincia, del 50 al 57. Sólo retrocedía en Navarra, del 12,7 al 9,2. En conjunto, salía el partido netamente mayoritario en Vizcaya y Guipúzcoa, quedando en segundo plano en Álava. Si incluimos Navarra, se configuró una situación «triangular», con un tercio de los votos para cada una de las grandes tendencias: nacionalistas, izquierdas y derechas españolistas, algo menos el PNV. Pero este partido era el más dinámico, aunque el PSOE conservaba su fortaleza y su activa militancia. La otra derecha seguía aquejada de divisiones y feble liderazgo.

La necesidad electoral había obligado a atenuar, en las formas, el odio predicado por Arana a España y al maqueto. Más aún, los nacionalistas criticaban la «intransigencia» de sus contrarios, y los tachaban de «vivir de eso, del odio», y de creer que «son incompatibles nuestro bien y el de los demás pueblos del Estado español, hasta el punto de que el amor al propio linaje signifique aborrecimiento del extraño». Ofrecían así a los votantes una imagen no muy sincera pero tranquilizadora, como víctimas del odio en lugar de causantes de él. El 30 de noviembre celebraban con fiestas, discursos y desfiles «la gesta inolvidable de la batalla de Padura», un improbable suceso del siglo IX, como se recordará, aún más improbable en la fecha y significado histórico que otorgaban los sabinianos: la gesta constituía la primera de las bélicas «cuatro glorias patrias», invocadas por Arana como símbolo de la lucha por «Euzkadi[3]».

A fin de sacar el mayor partido a su éxito, el PNV intentó crear un frente con los demás grupos en Vasconia, incluidas las izquierdas, para presionar en las Cortes en pro del estatuto. La hábil maniobra, similar a la enfocada en 1931 a los carlistas en torno a la defensa de la religión, tan fructífera políticamente para el nacionalismo, no le dio resultado en esta ocasión, al no secundarla ningún partido importante.

Y al plantearse la autonomía en el Parlamento, el 28 de febrero de 1934, los carlistas pidieron excluir de ella a Álava, al haber sido allí baja la votación estatutaria. La petición fue rechazada. Pero también se rechazó la de Aguirre, de dar al plebiscito validez a todos los efectos y aceptar tal cual el proyecto estatutario. Quedó así la cuestión sin resolver y el proceso autonómico paralizado. El apoyo principal lo había encontrado el PNV en el Partido Radical de Lerroux, muy masonizado, aunque moderado, y las mayores desconfianzas en la CEDA y sus antiguos aliados carlistas.

Tanto la derecha como la izquierda españolas recelaban de la autonomía vasca, por razones distintas. La izquierda veía en ella un riesgo para el régimen y su carácter laico, mientras que la derecha la sentía como una amenaza para la unidad del país. Aunque en la tradición de las derechas y del carlismo entraba un fuerte elemento regionalista (la misma CEDA se articulaba en buena medida por grupos regionales), el rechazo a la secesión no era menos fuerte. Y si con respecto a los nacionalistas catalanes cabía la duda sobre sus designios últimos, no había ninguna sobre el separatismo del PNV. En general, se esperaba que la dinámica de la autonomía terminase por integrar a los nacionalistas en España, pero esa esperanza se sostenía con hilos demasiado quebradizos para el gusto de las derechas.

Por otra parte, al PNV y a la CEDA les unían lazos de tanta solidez aparente como el catolicismo, la doctrina social de la Iglesia y una concepción general conservadora (defensa de la familia, la propiedad privada y la religión). Sin embargo el PNV no dudó en soltar tales lazos para tantear la alianza con fuerzas revolucionarias y radicalmente anticatólicas, a fin de obtener una autonomía… a la que no pensaba atenerse.

Y es que tras las elecciones algo cambió en las izquierdas. Antes habían repudiado las demandas sabinianas, pero desde la oposición creyeron encontrar en el PNV una fuerza utilizable contra la triunfante derecha. Los jefes aranistas percibieron el cambio y se amoldaron a él con un nuevo giro táctico. Como hemos visto, habían comenzado la república con tentaciones golpistas y pactos con los carlistas y la derecha españolista, en pro de la Iglesia y la autonomía; luego se habían arrimado al lerrouxismo, y finalmente se acercaban a las izquierdas. Ni el carácter anticatólico de éstas ni su efervescencia revolucionaria impidieron la mutua afinidad contra el enemigo común.

Por extraño que suene, una amplia escuela historiográfica ha presentado este giro como prueba de una democratización del PNV ante una no menos imaginaria radicalización de la CEDA. Ocurrió justamente al revés: al inclinarse por aquellas izquierdas, el PNV contribuía a la inestabilidad del país y al proceso revolucionario, mientras que la CEDA no amenazó con enfrentamientos civiles ni provocó disturbios o muertes callejeras, pese a sufrir un permanente acoso, a menudo sangriento. Y mantuvo una esencial moderación que la iba a convertir, como veremos, en el último puntal de la legalidad republicana.

Al hacer del estatuto el eje de su política, y no las consideraciones religiosas o de conservación social, la opción del PNV por la izquierda, incluso por la extrema izquierda, tenía lógica. Las izquierdas no sólo parecían dispuestas a pactar con todas las fuerzas posibles contra el gobierno, sino que para ellas la unidad de España tenía mucha menos relevancia que para la derecha. Socialistas, comunistas y anarquistas reivindicaban a veces una patria hispana más «auténtica» y «del pueblo», contra «la patria de los señoritos y los explotadores», pero su doctrina internacionalista afirmaba que «los obreros no tienen patria». En definitiva, la unidad nacional no significaba mucho para ellos si, destruyéndola, quebraban a la «oligarquía» e impulsaban la revolución. De modo parejo, el PNV concedía importancia menor a los avances revolucionarios en España, si ellos le permitían avanzar hacia la secesión de «Euzkadi».

Y los republicanos de izquierda, en especial los de Azaña, eran nacionalistas españoles, pero, dadas sus visiones de futuro desarraigadas de un pasado que detestaban, flaqueaban necesariamente ante los argumentos separatistas. Azaña y los suyos imaginaban los estatutos autonómicos como la solución a las tensiones creadas por los nacionalismos, cosa problemática en el caso catalán e imposible en el vasco, según la propaganda sabiniana aclaraba a cada paso.

Las mismas razones, más acentuadas por la común aversión a España, hacían factible la alianza del PNV con la revuelta y jacobina Esquerra. Estas inclinaciones marcarían la actuación del PNV a lo largo de 1934, el año decisivo en el destino de la república.

Después del duro revés electoral, las izquierdas republicanas intentaron reconstruir la unidad. Un paso importante lo dieron en las elecciones municipales catalanas, en enero de 1934. Bajo la consigna «Cataluña, baluarte de la República», y base para la recuperación del poder en toda España, peroraron en Barcelona Azaña, Casares, Prieto y otros líderes. Prieto, antes enemigo de Macià y sus maniobras, definió al finado como «el corazón de Cataluña», y animó a los catalanes a pasar de «baluarte de la República» a «reducto de la revolución». Casares gritó a las derechas: «¡No pasaréis!». La Esquerra imitaba al alcalde de Móstoles en su llamamiento contra Napoleón: «La República y la autonomía están en peligro: ¡ciudadanos catalanes, acudid a defenderla!». Azaña insistió en la unidad, y poco después aseguraba en Madrid que «los elementos de la CEDA y los agrarios no tienen títulos políticos para ocupar el Poder, aunque tengan número en el Parlamento para sostenerse», pues «una cosa es ingresar en la República, y otra gobernar la República». No se entenderá la historia de esos años sin prestar atención a estas ideas de fondo violento y no democráticas[4].

La alarma y crispación así creadas permitieron a la Esquerra recobrar alguna ventaja en las elecciones municipales catalanas, obteniendo 580 alcaldías, entre ellas la de Barcelona, contra 442 la Lliga. El triunfo estimuló a los partidos republicanos en todo el país, y en marzo se fundieron el de Azaña, el de Marcelino Domingo y el de Casares Quiroga en uno nuevo, bautizado «Izquierda Republicana», a imitación del nacionalista catalán. Con todo, el PSOE proseguía su rumbo independiente hacia la revolución, esperando arrastrar a los republicanos pero sin aceptar ya más la dirección de éstos. Se iban formando, con ello, dos tramas subversivas, concordantes en su decisión de derrocar el gobierno de centro derecha, pero con aspiraciones ulteriores muy distintas. Los republicanos querían un régimen nominalmente democrático, monopolizado por ellos, y los socialistas una dictadura de tipo soviético.

Entre tanto, el presidente Alcalá-Zamora causaba serios problemas al gobierno. En el primer bienio había actuado con discreción, sin interferir en las medidas y decisiones de Azaña, pero con Lerroux se creía autorizado a inmiscuirse continuamente, e intrigaba en el propio Partido Radical contra su jefe. Alcalá-Zamora, no debe olvidarse, había desempeñado un papel crucial en la llegada de la república, se consideraba, no sin cierta razón, el padre de ella, y había aspirado a dirigir las fuerzas conservadoras para contrapesar a las izquierdas y así «centrar» el régimen. Tras la oleada de incendios de iglesias, bibliotecas, etc., en mayo del 31, su prestigio en la derecha había quebrado, pero él seguía apegado a aquella aspiración, y, tal como Azaña se atribuía «títulos» especiales para gobernar, él se creía con derechos especiales para orientar al centro derecha. Despreciaba a Lerroux y detestaba a Gil-Robles, y tenía un punto flaco similar al de Romanones, a cuyo lado se había formado políticamente: su tendencia a claudicar ante las izquierdas para evitar el insulto de «reaccionario». En abril del 34, el indulto a los complicados en la intentona de Sanjurjo y su reposición en el ejército le sirvieron de pretexto para echar un pulso, constitucionalmente arriesgado, a Lerroux[*]. Éste cedió, pasando el gobierno a Samper, hombre apacible y poco adecuado para afrontar las tormentas en gestación.

Pasada la primavera de ese año, el ambiente desestabilizador cuajó en amplios movimientos de rebeldía. El PSOE decidió sabotear la cosecha de cereales, que se presentaba excelente, por medio de una vasta y violenta huelga general, comenzada el 5 de junio del 34. Hubo destrucciones de maquinaria y asesinatos de algunos patronos y de trabajadores desobedientes a las órdenes de huelga. El gobierno de Samper, después de hacer notables concesiones, reaccionó por primera vez con energía, y, aplicando la ley de Orden Público de Azaña, logró abortar el movimiento y salvar la cosecha. De inmediato se desató una campaña acusando a los ministros de una represión brutal, campaña exagerada y contradictoria, en la que destacó por su extremismo e indiferencia a los hechos la diputada socialista Margarita Nelken. La realidad se desprende de un acta de la Comisión Ejecutiva del PSOE, tras el fracaso, en que un sector opuesto a la huelga por creerla prematura, trató de provocadores a los cabecillas del movimiento, y terminó pidiendo salir del conflicto arbitrándolo mediante tribunales provinciales compuestos de un obrero, un patrono y una persona neutral. El conciliador gobierno, reconoce el acta, acogió la propuesta «con simpatía», a pesar de las previas violencias huelguísticas[5][*].

No había concluido la huelga socialista cuando ya se manifestaba la otra trama subversiva en el «baluarte de la República». El Parlament había aprobado una ley de contratos agrarios para facilitar el acceso de los aparceros a la propiedad de la tierra, pero según la Lliga —que se había retirado del Parlament en protesta por las arbitrariedades de la Esquerra—, la ley vulneraba el derecho tradicional catalán y las competencias del estatuto autonómico. Por tanto la denunció en Madrid. El gobierno no deseaba entrar en el conflicto, pero, de mala gana, hubo de someter dicha ley, sin oposición de la Esquerra, al Tribunal de Garantías Constitucionales. El Tribunal, por exigua mayoría, resolvió contra la norma catalana. Entonces el gobierno, a través del abogado nacionalista Amadeu Hurtado, se apresuró a proponer a Companys, que presidía la Generalitat tras la muerte de Macià, unos ligeros retoques formales que no alterasen el contenido de la ley, y su rápida promulgación para evitar nuevos recursos de la Lliga. Pero, observa imparcialmente el abogado, «el amigo Companys no quiso admitir una sola enmienda[6]».

Hurtado, uno de los juristas más prestigiosos de Cataluña y enlace de la Generalidad en sus tratos con Madrid, era también hombre ecuánime, y señala en sus memorias: «Supe que a la sombra de aquella situación confusa, la ley de Contratos de Cultivo era un simple pretexto para alzar un movimiento insurreccional contra la República, porque desde las elecciones de noviembre anterior no la gobernaban las izquierdas[7][*]».

El sucesor de Macià debía respetar las decisiones del Tribunal de Garantías Constitucionales, creado con su apoyo en tiempos de Azaña, pero reaccionó llamando a la rebelión. Calificó el fallo judicial como «la culminación de una ofensiva contra Cataluña», «un acto de agresión» que «obliga a todos los que no han llegado a perder el recuerdo de que son hijos de esta tierra generosa y altiva a (…) defender su prestigio con la sangre de sus venas (…). Hemos de fortalecer nuestro espíritu y decirnos cada día, de cara a nuestro deber presente: Yo soy catalán, soy un buen catalán (…) y tal vez yo os diré a todos: ¡Hermanos, seguidme! Y toda Cataluña se levantará». El periódico L’Opinió, que pasaba por relativamente moderado, clamaba: «El Parlamento catalán, que es soberano, responderá a España (…) ¡No somos más que catalanes!»[9].

La enorme desproporción entre un agravio imaginario —y que en todo caso partía del propio nacionalismo, al haberlo iniciado la Lliga— y las agitaciones de la Esquerra, indica una previa inclinación, ya comprobada, a la rebelión contra la legalidad republicana y contra el ejercicio de la democracia.

El 12 de junio, un gentío gritaba cerca del Parlament su decisión de «luchar hasta la muerte» por una «república catalana», y destrozaba banderas republicanas. Dentro del edificio Companys proclamaba: «No somos hombres que nos dejemos llevar por los nervios ni por las exaltaciones clamorosas momentáneas (…). Sabemos adoptar aquel tono equilibrado de táctica y equilibrio, de saber hacer (…). No somos unos insensatos». Y para demostrarlo explicó: «La política de conciliación nos está dando malos resultados (…). Se nos plantea el problema de si las libertades de Cataluña están en peligro por haberse apoderado de la República todo lo viejo y podrido que había en la vida española». Era el lenguaje usado antaño contra la Restauración. Nada, pues, de conciliación: «Me han llenado de estupor unas declaraciones del (…) señor Samper, lanzando la sugerencia de que tal vez, si se modifican algunos aspectos (…) podría haber un plano de avenencia que, en este problema la sola palabra nos cubre de vergüenza». Otras veces, aseguró, los catalanes habían sido injuriados y no habían sabido replicar con la violencia precisa, pero ahora no debía repetirse tal ignominia, pues «¡oh amigos!, si eso sucediese y yo tuviese la desgracia de quedar con vida, me envolvería en mi desprecio y me retiraría a mi casa para ocultar mi vergüenza como hombre (…) y el dolor (…) de haber perdido la fe en los destinos de la Patria[10]».

En vano señaló el único diputado presente de la Lliga, Abadal: «Para que el gobierno catalán tenga derecho, en el futuro, en sus propuestas contra posibles injerencias del Estado en el campo de la autonomía, tiene que empezar por acatar y cumplir la sentencia del Tribunal». Los insultos e imprecaciones apenas le dejaron hablar. El Parlament mantuvo la ley sin alterar una coma. Se trataba de una abierta y exaltada declaración de rebeldía.

Simultáneamente los diputados esquerristas se retiraban de las Cortes «por el prestigio de la República, por el respeto y eficiencia de la Constitución y por los derechos de Cataluña». Samper, estupefacto, imploró: «¿La esencia fundamental de la República no es el respeto profundo a las leyes? (…) ¿Por qué se retiran? (…) ¿Es que se puede llegar a un rompimiento sin que haya precedido ninguna gestión para el arreglo? ¿Han formulado sus quejas y sus cuitas?». Los retirantes no le hicieron caso.

Y entonces, en un nuevo golpe de efecto, los nacionalistas vascos imitaron a los catalanes. Aguirre declaró en el hemiciclo: «En nuestro pueblo hemos recibido quejas ardientes de Cataluña (…). Viendo que acuden a nosotros demandando solidaridad, no podemos negársela (…). No vale que [el gobierno] diga que (…) cumple estrictamente la Constitución, porque en la vida de los pueblos y en las relaciones ciudadanas, incluso al margen de la ley, existe algo superior, y es que de corazón a corazón se arreglan muchas veces más conflictos que con la aplicación estricta de las leyes». Tan peculiar doctrina venía a sustituir la ley por el compadreo, incluso con una Esquerra tan anticatólica. Aguirre creyó oportuno aclarar: «No se os ocurra ni por un momento que nosotros nos prestemos a ninguna clase de maniobras políticas». Y abandonó el hemiciclo con los suyos. Ventosa, por la Lliga, defendió al Tribunal de Garantías, y denunció la pretensión de la Esquerra de representar en exclusiva a Cataluña.

Como bien apreciaron los socialistas, por boca de Prieto, la acción concertada de los dos nacionalismos constituía «un acto de subversión realizado sin disimulos, solemne y públicamente»… con el cual se solidarizaron inmediatamente, aunque sin abandonar las Cortes. El día 25, en una sesión parlamentaria para tratar la crisis, Prieto amenazó: «Tenemos la sospecha intuitiva de que este conflicto va a adquirir proporciones gigantescas (…). Tened por seguro que si vosotros llegáis a pelear con Cataluña, Cataluña no estará sola, porque con ella estará el proletariado español». Azaña afirmó: «Cataluña no protesta contra España (…). Contra lo que protesta Cataluña, y hace bien en protestar, porque cumple una obligación republicana, es contra la política del Gobierno (…). Y caerá sobre su señoría y sobre quien le acompañe en esa obra toda la responsabilidad de la inmensa desdicha que se avecina». En vano clamaba Samper: «La República lo será mientras se cumplan estos tres principios: el respeto al sufragio, el respeto a la ley y el respeto a las sentencias de los tribunales. En cuanto uno de estos tres principios falte (…) no habrá República, ni siquiera convivencia social[11]».

Se formaba, por primera vez, un frente de las izquierdas y los nacionalismos catalán y vasco contra la legalidad del régimen, la legalidad que las izquierdas mismas habían elaborado contra las protestas de la derecha. Y no se trataba sólo de palabras o maniobras políticas. Así como el PSOE había creado su comité secreto para preparar la guerra civil, la Esquerra, dueña de la Generalidad en Cataluña, fundó su propio comité militar secreto y utilizó las instituciones autonómicas contra la Constitución. A lo largo de todo el verano emplearía dichas instituciones como cobertura para un golpe armado. Estaban materializándose los peores temores de la derecha sobre el uso de la autonomía por los nacionalistas.

Enseguida Companys nombró consejero de gobernación a Dencàs, separatista radical y orientador de los escamots, las milicias separatistas organizadas bajo Macià. Los escamots, un embrión de ejército preparado bajo amparo oficial, realizaban desfiles uniformados y habían realizado numerosos actos violentos, como asaltos a periódicos desafectos, agresiones a votantes derechistas en las elecciones, secuestros y torturas de anarquistas, etc. Dencàs recordará más tarde: «Intentábamos organizar unas juventudes armadas, precisamente para traducir en hechos prácticos los clamores de heroísmo y de actitudes rebeldes (…) para implantar y hacer factible aquella revolución que todos los dirigentes en los actos y mítines predicaban a nuestro pueblo (…) ¿Cuáles fueron las directrices que se me dieron cuando ocupé la Consejería de Gobernación? Se me dieron órdenes muy concretas. (…). Era necesario preparar nuestra casa para la resistencia armada (…). Comenzó inmediatamente el alistamiento de 8000 voluntarios». Simultáneamente el partido y la propia Generalitat se volcaban en crear en la población «un ambiente de revuelta que había de desembocar fatalmente (…) en una acción revolucionaria» (por revolución, la Esquerra no entendía algo parecido al designio del PSOE, sino la secesión de Cataluña o, al menos, el derrocamiento del centro derecha en España, lo que hubiera liquidado la democracia)[12].

Los preparativos no eran tan secretos que no trascendiesen en parte, y el monárquico Goicoechea denunció en las Cortes, también el día 25, que la Esquerra se armaba y distribuía las armas del Somatén a sus milicias, lo cual respondía a la verdad. Pero el gobierno prefirió cerrar los ojos. El ministro de Marina, Rocha, acusó a Goicoechea de «separador» en simetría con los separatistas, y anunció: «El problema hay que resolverlo con cordialidad». Samper declamó: «¿Contra quién [iban a armarse]? ¿Contra el poder público del Estado español? (…) Yo no seré capaz de inferir semejante injuria a los representantes de la Generalidad (…). Eso sería incubar la catástrofe». Y la catástrofe se incubaba.

La solidaridad de los republicanos de Azaña y otros con la Esquerra también fue mucho más allá de las palabras. Dencàs explica: «Me fue hecha por el Gobierno de Cataluña la indicación de que enviara a buscar a una alta personalidad política española para que viniera a colaborar con nosotros en un incipiente Comité militar revolucionario. Aquel señor (…) era el señor Esplá», un político del círculo de Azaña. Esplá habría asistido, e incluso presidido las reuniones del comité de Dencàs, «a las cuales asistían unos cuantos militares de Barcelona (…). Comenzamos a trabajar (…) para organizar el ejército catalán». El periodista Agustín Calvet, Gaziel, advirtió: «El catalanismo de antaño había usado y abusado en gran escala de esta táctica (…) de la intimidación. El todo o nada, el si no nos la dan, nos la tomaremos, y bravatas parecidas, como un posible alzamiento de Cataluña (…). Trucos manejados, hay que reconocerlo, con gran habilidad, pero perfectamente irreflexivos e irrealizables (…). Las armas eran todas imaginarias, y la pólvora se iba en salvas. Pero hoy es otra cosa[13]».

Posteriormente Azaña negaría, en su alegato Mi rebelión en Barcelona, su apoyo a los planes guerracivilistas de Companys y su partido, pero los datos disponibles prueban su participación en ellos. Lejos de calmar a la Esquerra, como pretende, el 1 de julio hacía declaraciones tan clarificadoras como éstas: «Cataluña es el único poder republicano que hay en pie en la península (…). Vamos a colocarnos en la misma situación de ánimo en que estábamos frente al régimen español el año 1931», es decir, cuando conspiraban para derribar la monarquía. Y para mayor claridad aludió a los golpistas de Jaca a finales de 1930: «Unas gotas de sangre generosa regaron el suelo de la República, y la República fructificó. Antes que la República convertida en sayones del fascismo o del monarquismo (…) preferimos cualquier catástrofe». Esto sólo podía interpretarse como una incitación al golpe armado[14].

Y así era. Un militar muy afecto a Azaña, el comandante Pérez Salas, que oficiaba por entonces como asesor de Dencàs en sus preparativos, explica que Azaña preparaba un golpe desde Barcelona, el cual debía ser respaldado por una huelga general en toda España. El proyecto no había cuajado por falta de acuerdo final. Hoy sabemos bastante bien lo ocurrido, gracias a un acta de una reunión de las ejecutivas del PSOE y la UGT, el 2 de julio. Azaña había propuesto a los socialistas, a través de Prieto, secundar su golpe, pero la mayoría de las ejecutivas rechazó la oferta, no por escrúpulos legales, desde luego, sino porque preparaban su propia revolución y no admitían ser dirigidos por los fracasados políticos «burgueses». Una reunión de enviados socialistas con Azaña, Domingo y el nacionalista catalán Lluhí, ratificó las diferencias, y así se vino abajo el plan[*].

Por aquellos días el clima político en España se enrareció al máximo. El 4 de julio, en una sesión en las Cortes, tras un intercambio de insultos y puñetazos, algunos diputados sacaron sus pistolas. «Tenemos la sensación de estar a un milímetro de la tragedia —relata Pla—. En un momento determinado el número de pistolas que se esgrimen pone un escalofrío en el hemiciclo. Pero la catástrofe no se produce. Quizá la misma profusión de armamento aconsejara prudencia a todo el mundo». Los republicanos de izquierda presionaban a Alcalá-Zamora para que retirase la confianza al gobierno, chantajeándole con la inminencia de una guerra civil o un golpe de estado. El desazonado presidente consignó en su diario: «Apena presenciar todo esto y seguir rodeado de gentes que constituyen un manicomio no ya suelto, sino judicial, porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, están en la zona mixta de la locura y la delincuencia». Se sentía al borde de un colapso[15].

El fracaso del plan golpista hizo retroceder a la Esquerra, pero sólo parcialmente. Empezó a admitir el diálogo, y los problemas parecieron encauzarse. La ley se completaría con un reglamento que incluyese las mínimas reformas pedidas por el gobierno. Sin embargo nada cambió en la práctica, y bajo las aparentes concesiones proseguían sus preparativos insurreccionales. Grupos separatistas intentaron incendiar el Palacio de Justicia en Barcelona, los insultos a España no cesaban, y proseguía la belicosa agitación de la Esquerra. Los nacionalistas se sentían exaltados, al borde de hechos trascendentales, como explica uno de ellos, Jaume Miravitlles: «Cada discurso de Companys era un toque de atención. Cada viaje, una concentración popular, cada inauguración, una revista. A medida que pasaban los días, la figura del Presidente de la Generalidad adquiría proporciones épicas, de leyenda, mientras que Samper, Lerroux, Salazar Alonso, aparecían en su miserable minusculidad». Amadeu Hurtado explica: «En todas las emisiones de las radios locales se hacían sonar al final unos golpes secos y acompasados, que significaban que no había llegado aún la hora del alzamiento, pero se sabía la consigna de aquellos golpes, que cuando fuesen seguidos y rápidos, serían la orden de la insurrección inmediata[16]».

Y el mismo Hurtado, bien al tanto de los sucesos por su papel de enviado de la Generalitat en sus negociaciones con Madrid, explica cómo también la implicación de los azañistas continuaba: diversos políticos izquierdistas, «Con una inconsciencia inexplicable (…) por aquello del baluarte de la República, venían a Barcelona a informarse y a seguir con entusiasmo las peripecias del movimiento que se preparaba, aunque fuera a favor del extremismo nacionalista[17]».

Azaña no podía ignorar el sesgo antiespañol del movimiento, pero probablemente confiaba en terminar llevándolo a su terreno a través del ideal republicano, como había esperado dominar también al PSOE. Su postura la había explicado a principio de julio: «Todo aquel que sea republicano y no quiera sacrificar los intereses españoles perpetuos a una execrable política hecha desde Madrid, ha de ayudar y aplaudir la función netamente republicana que se realiza en Barcelona». Pasado el tiempo, retratará con desprecio a Companys: «Hablaba como un iluminado, como hombre seguro de su fuerza, del porvenir (…). Me repitió verbosamente los más sobados tópicos del nacionalismo de Prat de la Riba y del doctor Robert. No faltaba ninguno, ni siquiera el de que la península es una meseta estéril rodeada de jardines; que el pueblo castellano produjo en otros tiempos un tipo de hombre “delante del cual hay que quitarse el sombrero”, pero ha degenerado, y ahora las cualidades cívicas y humanas residen en la periferia[18]». Mas por entonces los dos políticos marchaban juntos.

En agosto, el conflicto perdió impulso, pero entonces tomó el relevo el PNV, con tácticas muy similares. El motivo fue una propuesta parlamentaria de rebaja de las tasas sobre el vino, para dar salida a los excedentes. Al disminuir las tasas, lo harían también los ingresos de muchos ayuntamientos vascos, y los alcaldes interpretaron que la medida vulneraba los conciertos económicos. Iniciaron el movimiento los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián, socialista y republicano de izquierdas respectivamente, y el PNV percibió enseguida sus posibilidades políticas. En junio cundieron las quejas y arrogancias, como recuerda Aguirre: «Madrid dispone y quiere aplicar. El país [vasco] protesta. Madrid retira lo dispuesto (…). Cuando la actitud suplicante es sustituida por la enérgica, entonces comienza el Gobierno a desdecirse de sus acuerdos y a prometer respeto a nuestro derecho. Así hoy, para volver luego de nuevo a las andadas». Madrid imponía una opresión poco rígida, cabe apreciar[19].

El 3 de julio, el gobierno aceptó revisar las tasas, pero los partidos de la protesta, ya lanzados, mantuvieron el malestar. Para ello añadieron un nuevo agravio, la pervivencia de las Comisiones Gestoras sustitutas de las diputaciones elegidas por votación. En 1924 Primo de Rivera había abolido las diputaciones, aunque en 1925 volvieron a funcionar de manera precaria. Al llegar la república, los gobernadores civiles nombraron comisiones gestoras provisionales, en espera de las elecciones correspondientes, pero tres años después estas elecciones seguían sin celebrarse. Habiendo transcurrido casi todo ese tiempo bajo gobiernos republicanos-socialistas, no tenían esos partidos mucha razón para exigir los comicios correspondientes, pero de pronto encontraron la situación simplemente intolerable.

Tampoco el PNV había protestado gran cosa antes, y su propuesta de estatuto había sido elaborada por las comisiones gestoras; pero, asegura Aguirre, «Euzkadi no podía resistir con dignidad un régimen gubernativo (…) sólo concebible para países coloniales, donde hasta los más elementales derechos de los pueblos son desconocidos». La población no parecía muy afectada por tal indignidad, como reconoce implícitamente Aguirre al quejarse, apuntando a los vascos «descastados», de que «un pueblo que en estas circunstancias enmudece es un pueblo que ha perdido el honor». Y para que no perdiera el honor, el PNV lanzó una virulenta campaña de agitación en compañía de los socialistas y los republicanos de izquierda. La derecha en Madrid denunciaba: «Lo que en realidad apoyan las izquierdas y el socialismo es el desorden, el intento de una sedición separatista. Buscan el conflicto con el Gobierno y no les importa incorporarse a una fingida protesta contra irregularidades [las comisiones gestoras] que han mantenido y explotado más de dos años[20]».

Una asamblea de alcaldes reunida en Bilbao el 5 de julio acordó la elección, el 12 de agosto, de una comisión para defender los conciertos económicos. La defensa no pasaba de pretexto, porque al disponerse el gobierno a negociar, la amenaza, si había sido real, había desaparecido. La convocatoria, hecha sin otra autorización, podía ser considerada ilegal. Al principio el gobernador provincial, el lerrouxista Ángel Velarde, apenas le prestó atención, pero con la extraña retirada conjunta de las Cortes del PNV y la Esquerra, y la aún más extraña alianza en Vasconia entre los nacionalistas y los anticlericales republicanos y socialistas, embarcados, sin mucho disimulo, en una ofensiva revolucionaria, Velarde se sintió alarmado y prohibió la asamblea. Alegó que «una comisión extralegal equivaldría a reconocer a los ayuntamientos y diputaciones atribuciones que no les concede la ley orgánica[21]».

La reacción fue muy dura. Aunque los nacionalistas mantuvieron un tono oficial relativamente circunspecto, hacían circular octavillas y llamamientos inflamados llamando a la secesión, «causa justa» por la cual «no se pierde jamás la sangre vertida». Y adoptaban una postura sediciosa al sostener que «los ayuntamientos son hoy los únicos representantes legítimos del pueblo», negando toda otra legitimidad. La Esquerra manifestaba su solidaridad amenazando: «La culpa de lo que pueda pasar, o la responsabilidad, serán, íntegras, del Gobierno Samper (…). La causa de Vasconia es hoy la causa de Cataluña y de toda la democracia de los pueblos ibéricos (…) ¡Que no caiga un hombre en Euscadi! Su sangre podría ser la gota trágica que hace rebosar esta copa amarga que hemos ido apurando[22]».

Aguirre exigió al gobierno, el 9 de agosto, elecciones provinciales en Vasconia y Navarra tan pronto reabrieran las Cortes tras el verano, y la sustitución de las comisiones gestoras por otras interinas elegidas por los concejales. Lo primero era razonable no sólo para Navarra (en nombre de la cual no tenía Aguirre el menor derecho a hablar) y Vascongadas, sino para toda España; por contra, sustituir unas gestoras provisionales por otras aun más provisionales, durante los pocos meses que mediaran hasta los comicios resultaba innecesario, y un ataque a la autoridad del gobierno. Aparte de una maniobra transparente para asegurar el dominio de las diputaciones por los nacionalistas, baza importante de cara a las previstas elecciones.

Estas exigencias, presentadas por Aguirre como una solución «armónica», iban flanqueadas por una exaltada agitación antigubernamental. Los partidos, a través de los alcaldes, retaron a Velarde al mantener la convocatoria para el 12 de agosto, y anunciar que abrirían la jornada cambiando el nombre de la avenida de España, en Bilbao, por la del finado líder separatista catalán Francesc Macià.

Velarde no actuó como Aguirre dice que actuaba Madrid, es decir, claudicando ante una «enérgica protesta», sino que hizo abortar el homenaje a Macià e impidió numerosas votaciones en los ayuntamientos, aunque se celebraron algunos, mediante tretas y escondites. El gobernador hizo detener a 40 alcaldes y multó a los organizadores, en una represión, asegura Aguirre, de «vergonzosos caracteres, impropios hasta de países semisalvajes[23]». En realidad fue una represión suave y nada sangrienta, respondida con una subversión más generalizada: las multas no se pagaban, se creó un caos deliberado en la administración municipal, y la Esquerra y diversos ayuntamientos de izquierda, como los de Oviedo y Zaragoza, expresaron su solidaridad con los reprimidos en Vizcaya y Guipúzcoa. Acudieron a Bilbao a jalear la subversión los líderes izquierdistas Prieto, Azaña y Negrín. Subiendo un nuevo escalón en la rebeldía, Prieto convocó para el 2 de septiembre una asamblea de diputados y alcaldes en Zumárraga. El gobierno declaró facciosa la asamblea, que se convirtió en un pulso político.

El PNV, ante la relativa firmeza del gobierno y el temor a ser desbordado por la movilización izquierdista, retrocedió un poco. Sus líderes escribieron en tono conciliador a Alcalá-Zamora, y dos de ellos, Aguirre y Horn, visitaron al jefe del gobierno a espaldas de sus aliados oficiosos. Samper, siempre dialogante, los acogió «con comprensión y simpatía», comprometiéndose a plantear las elecciones provinciales para después de las vacaciones veraniegas y confirmándoles la revisión de la tasa sobre el vino. Pero el día 27 de aquel agosto y después de la entrevista, Aguirre escribía a Samper en plan conminatorio (a su juicio así había que tratar a «Madrid»). Amenazaba con llevar a cabo «sin vacilar» la asamblea de Zumárraga «y otras medidas más graves», e insistía en la sustitución de las comisiones gestoras por otras nombradas por los ayuntamientos. En un intento algo pueril de aparentar la salvaguardia de la autoridad del gobierno explicaba: «En el acto de tomar posesión las Diputaciones, el Gobernador respectivo las nombra, aceptando la propuesta municipal», con lo cual, aseguraba él, obtendría «un éxito el Gobierno al evitar con toda dignidad y decoro un grave conflicto[24]».

La finalidad del PNV de dominar las diputaciones justo antes de los comicios saltaba demasiado a los ojos, y Samper, lógicamente, le hizo ver lo ilegal del manejo. Recordó a Aguirre que en septiembre no podría realizarse la pretendida sustitución, la cual sería «un sacrificio baldío del principio de autoridad», porque sólo unas semanas más tarde las Cortes convocarían las elecciones legales pertinentes. Señaló: «Existe una ley, ¿por qué no cumplirla mientras no venga a dictarse otra en su lugar?». Y resaltó las concesiones del gobierno: «Primera, intangibilidad del Concierto económico; segunda, no tratar nada que afecte a ese Concierto en las comisiones gestoras; tercero, suspender de derecho la exacción de impuestos sobre la renta; cuarto [mover] todos los resortes para que se produzca la norma legislativa que permita a las provincias vascas realizar el nombramiento de los gestores. ¿Qué más puede hacer el Gobierno? ¿Para qué empeñarse en una contienda por amor propio? ¿No será mejor resolver el asunto con un espíritu comprensivo cuando se tiene enfrente la brevedad de un plazo cuyo próximo término ha de conjurar todas las dificultades?»[25].

Aquello pudo diluir el conflicto, pero entonces el PNV endureció su postura y mantuvo, al lado del PSOE y las izquierdas republicanas, la convocatoria de Zumárraga. Según Aguirre, lo hizo porque no esperaba el cumplimiento de aquellas promesas, pues daba por segura la caída de Samper tan pronto reabrieran las Cortes. Explicación no muy lógica porque, si así fuera, ¿para qué había hablado con el gobierno? Además, si Samper caía sólo podría deberse al despiadado acoso y desestabilización a que le sometían desde hacía tres meses los socialistas, la Esquerra, los republicanos de izquierda y el propio PNV.

Por tanto el PNV reforzó su alianza con la Esquerra y la mantuvo, aunque recelosa, con el PSOE. Lógico recelo, porque el PSOE rivalizaba con el PNV en Vasconia, y sus fines últimos se oponían, por mucho que concordasen en el ataque al enemigo común. Los socialistas harían esfuerzos y promesas a los nacionalistas para atraérselos a su prevista insurrección, pero Aguirre y los suyos vacilaban y no se comprometieron. En cambio con la Esquerra todo parecían ventajas. De los tratos entre ambos nacionalismos durante aquel verano sabemos muy poco, pero sin duda fueron muy estrechos y con fines determinados. El gobierno llegó a detectar contactos entre el PNV y la Esquerra a través de emisoras clandestinas. La prensa da abundantes indicios. «La verdad —decía Rovira i Virgili— es ésta: los agrarios y los de la CEDA (…) de acuerdo con los cadavéricos republicanos Alejandro Lerroux y Melquíades Álvarez (…) se proponen apoderarse definitivamente del poder por procedimientos constitucionales, si es factible, y por procedimientos de fuerza si lo creen preciso. El choque es inevitable[26]». A decir verdad, quienes pensaban apoderarse del poder por procedimientos de fuerza y desestabilización eran las izquierdas y los nacionalistas.

A finales de agosto, y en plan prácticamente revolucionario, el delegado peneuvista Telesforo Monzón fue a Barcelona para invitar a los parlamentarios nacionalistas de allí a asistir a Zumárraga. La Lliga rehusó, pero la Esquerra aceptó encantada. Al parecer Monzón declaró ante las juventudes esquerristas, el día 29: «Cuando reciba el telegrama de Dencàs diciéndome que aquí os habéis echado a la calle, nosotros también nos lanzaremos sin vacilar» (luego negaría enfáticamente haber dicho tales palabras), y el diario La Humanitat, de la Esquerra, despedía así a Monzón: «Volverá a Euscadi convencido —justificadamente convencido— de que Cataluña está con ellos. Y no se equivoca». El mismo periódico instruía sobre el «separatismo» español de las derechas: «En pleno frenesí, esta gente imbécil (…) vuelve a lanzarse sobre nuestro pueblo con furia suicida». «Inexorablemente Basconia se ha puesto a caminar a nuestro lado (…). Nuestra mano de catalanes estará siempre, en peligros, en fatigas, o en victorias, en la mano de los hombres de Basconia. Porque (…) se rebelan ellos también contra la miseria del separatismo monárquico[27]».

A lo largo de aquel crítico verano del 34 proliferaron por España los conflictos, los atentados y las provocaciones. Incidió en ellos el duelo terrorista entre la Falange y los socialistas. En el otoño anterior se había fundado la Falange, e inmediatamente las juventudes del PSOE la habían tomado por blanco de sus ataques. Los falangistas llegaban con una retórica violenta, pero eran reacios a ponerla en práctica. Los sucesivos asesinatos que sufrieron llevaron a José Antonio a declarar que su partido «no se parece en nada a una organización de delincuentes ni piensa copiar los métodos de tales organizaciones». Sin embargo la reiteración de los atentados, uno de ellos, fallido, contra el propio José Antonio, hizo que finalmente los falangistas replicaran matando a su vez a algunos izquierdistas, ya entrado el verano. Aunque la historiografía propagandística habla siempre de la «dialéctica de los puños y las pistolas» de Falange, el hecho auténtico es que esa dialéctica la desataron en este caso los socialistas[28].

El cultivo del odio como virtud revolucionaria por parte del PSOE, de la Esquerra y de otros, había cobrado enorme ímpetu desde la pérdida de las elecciones. Uno y otra se habían declarado «en pie de guerra», y, de manera implícita la Esquerra, y explícita el PSOE, incitaban a la guerra civil. No sólo las instrucciones secretas para la insurrección planteaban ésta en tales términos, sino que podían leerse en sus órganos de prensa, especialmente en el de sus juventudes, Renovación, consignas como las siguientes: «¡¡Estamos en pie de guerra!! ¡Por la insurrección armada! ¡Todo el poder a los socialistas!». «El proletariado marcha a la guerra civil con ánimo firme (…). La guerra civil está a punto de estallar sin que nada pueda ya detenerla». El socialista describía así una parada de sus milicias: «Uniformados, alineados en firme posición militar, en alto los puños, impacientes por apretar el fusil (…). Un poso de odio imposible de borrar sin una violencia ejemplar y decidida, sin una operación quirúrgica» etc[29].

Capítulo 14

LA PRIMERA BATALLA DE LA GUERRA CIVIL

El final de aquel verano políticamente tórrido no distendió los ánimos. Al contrario, a principios de septiembre, el entierro de un joven comunista asesinado en Madrid por la Falange daba lugar a una exaltación de amenazas revolucionarias. Y ante la asamblea de Zumárraga, Monzón aseguraba con arrogancia su celebración a despecho del gobierno: «El pueblo vasco está decidido a triunfar (…) con Cataluña». Irujo declaraba: «Estamos en franca, abierta y declarada rebeldía contra el poder público». La Humanitat clamaba: «Cataluña, la democracia nacionalista de Cataluña, está al lado del noble pueblo vasco (…). Si es lo bastante inconsciente para enfrentarse a la voluntad popular, allá el Gobierno con su responsabilidad. Puede ser tremenda». Prieto y Azaña favorecían «las libertades del pueblo vasco». El PSOE declaraba: «El conflicto entra en una fase de violencia mayor[1]».

El gobierno deploró oficialmente la actitud levantisca de los diputados, pero les permitió reunirse, arguyendo la inmunidad parlamentaria. En cambio insistió en la prohibición a los alcaldes. Y el día 2, en medio de una crispada expectación nacional, la policía autorizó el paso a los diputados en Zumárraga y lo cortó a los alcaldes… Y todo quedó en nada. Hubo algunos conatos de violencia, y Prieto arengó a los diputados, los cuales fueron incapaces de tomar decisión concreta alguna, disolviéndose sin pena ni gloria. La montaña había parido un ratón.

Para resarcirse, los días siguientes los diputados de la Esquerra fueron paseados por diversos pueblos, entre altercados e incidentes menores, insultos y mueras a España, «esa mezcla híbrida de razas», «opresora infame de hombres ilustres» y otros piropos. Circulaban octavillas llamando a la acción armada «por dolorosa y sangrienta que sea». Se acordó la dimisión colectiva de los ayuntamientos vascos para el día 7. En Madrid, el prestigioso diario centrista El Sol señalaba: «No vale el cuento del izquierdismo y del baluarte de la República (…). Aquí aparece claro (…) el apoyo al nacionalismo con la intención única de promover conflictos a toda costa».

El resto del mes fue un hervidero de atentados, demostraciones revolucionarias de masas, choques callejeros, huelgas, conflictos constantes entre el gobierno y la Generalidad con cualquier motivo, agresiones a jueces en Cataluña por parte de las fuerzas de seguridad bajo autoridad de la Esquerra, y provocaciones a los militares desafectos al nacionalismo (el comité militar esquerrista había establecido una amplia red de oficiales afectos en los cuarteles, y algunos muy ligados a Azaña, como Pérez Salas, asesoraban la sedición), descubrimiento de depósitos de armas socialistas por la policía, amenazas de insurrección cada vez más desembozadas, etc.

En un gran acto de masas conjunto socialista y comunista, el día 14 en el estadio Metropolitano de Madrid, los oradores aludieron constantemente a la insurrección, a la dictadura «del proletariado», a actuar «como un cuerpo de ejército» sin reparar en «las víctimas que sea preciso», etc. En Barcelona, el día 24, durante una concentración repleta de ultrajes al gobierno y de símbolos separatistas, dirigentes de la Esquerra exhortaron a los jóvenes: «Futuros soldados del Ejército liberador de Cataluña: pronto seréis llamados a cumplir altos designios»; «España no existe para nosotros»; los enemigos «Se encontrarán con las avanzadas del Ejército catalán». Un nacionalista gallego invitado lamentó: «Es dolorosísimo tener que usar el idioma del enemigo para podernos entender». La propaganda llamaba: «¡Cada cual en su lugar! El presidente de Cataluña dirá la palabra (…). Que todos sepan que si (…) fuere preciso hacer gestos categóricos, no faltarán (…). De una absoluta, definitiva decisión»; «¡Audacia y disciplina!»; «El presidente Companys tiene al pueblo catalán a su lado (…). En paz o en guerra, es igual. Nadie discutirá su mandato. (…) No hay un solo catalán digno capaz de faltar a esa lealtad». Companys advertía: «Vienen días de intranquilidad que a mí mismo me dan miedo[2]».

El PNV desatendió con diplomacia los apremios y promesas del PSOE para que participase en la prevista insurrección, cada día más inminente y que tomaría como pretexto la entrada, perfectamente legítima, de la CEDA en el gobierno. Todo indica que los sabinianos estaban mucho más comprometidos en «los peligros, las fatigas o las victorias» de la otra trama golpista, la de la Esquerra. Las dos tramas, aunque independientes, se cruzaban en muchos puntos.

Ante la gravedad de la marejada subversiva y la ineptitud de Samper para afrontarla, Gil-Robles comprendió lo ilusorio de su esperanza de un apaciguamiento de los ánimos. En consecuencia decidió privar a Samper de su respaldo parlamentario y entrar en el gobierno en cuanto reabrieran las Cortes, a principios de octubre, votando a Lerroux como jefe del gabinete. Aun así actuó con suma prudencia, pidiendo tres carteras de menor relieve (Justicia, Agricultura y Trabajo) y proponiendo para ellas a políticos no especialmente derechistas que la izquierda pudiera admitir: el catalanista Anguera de Sojo, exfiscal del Tribunal Supremo con Azaña, Aizpún, ambos identificados con la república, y el verboso Giménez Fernández, de talante socialcristiano.

De nada sirvió. Los preparativos y el impulso insurreccional de las izquierdas estaban muy avanzados. De modo que tan pronto la CEDA entró en el gobierno, el 4 de octubre, los socialistas pusieron en marcha su plan insurreccional, concebido textualmente «con todas las características de la guerra civil[*]». Al hacerlo, resolvieron que si fracasaba se desentenderían de él, presentándolo como una revuelta espontánea, a fin de defenderse ante la justicia y mantener sus organizaciones. Táctica similar iban a seguir los nacionalistas catalanes después de la derrota. Con ello demostraban no creer en el carácter fascista de la CEDA ni de su subida al poder, pues esperaban que, incluso fracasando el golpe guerracivilista, ellos podrían beneficiarse de las garantías de la legalidad republicana. Y, por cierto, la CEDA no iba a defraudar tales expectativas.

El día 5 y siguientes los disturbios y ataques armados se sucedieron por numerosas provincias, en especial por Madrid, Asturias, Vasconia y Cataluña. El PNV, que colaboró en la huelga general en varias ciudades, se puso a la expectativa. En Barcelona, la Esquerra, desde la Generalidad, colaboró activamente en la expansión de la huelga, fomentándola mediante coacciones de los escamots, pero chocaba con la resistencia de la CNT, enemiga de los nacionalistas después de las duras represiones, con torturas y asesinatos, que había sufrido de éstos. En la confusión unos declaraban la «república social catalana», otros el «estado catalán», etc.

Por numerosas provincias cundían las huelgas y los incidentes armados, y Madrid daba la sensación de hallarse en serio riesgo de caer en manos de los revolucionarios. Bajo esa impresión, los partidos republicanos de izquierda, e incluso el pequeño y conservador de Maura, uno de los artífices de la república, publicaban al atardecer del día 5 unos comunicados rompiendo con las instituciones, y afirmando, el de Azaña y la Izquierda Radical Socialista, su disposición a emplear «todos los medios» para derrocar al gobierno. Con ello se adherían inequívocamente al movimiento revolucionario.

El centro neurálgico del alzamiento era, lógicamente, Madrid, donde el PSOE había tejido una amplia conspiración militar, cuya acción debía combinarse con una violenta huelga general, la actuación guerrillera de los numerosos grupos de acción y un putsch a lo Dollfuss, es decir, imitando a los nazis austríacos que, disfrazados con uniformes policiales, habían ocupado edificios del gobierno y asesinado al socialcristiano canciller Dollfuss unos meses antes. En Madrid se trataba de capturar con esa técnica el cuartel central de la Guardia Civil, la Telefónica y, sobre todo, el edificio de Gobernación, desde el cual debía el gobierno organizar la resistencia. Pero el descubrimiento prematuro y casual de los milicianos que debían disfrazarse de guardias civiles y de asalto frustró el putsch, y, peor todavía, las masas obreras, incluso las huelguistas, no se movilizaron. Los militares comprometidos, casi todos ellos masones, se echaron atrás en su mayoría, y los grupos de acción que atacaban los edificios oficiales y cuarteles se encontraron operando en el vacío.

En Barcelona, Companys y Dencàs engañaban deliberadamente al gobierno, dándole seguridades de oponerse a los disturbios, mientras los provocaban o amparaban.

El día 6, muy confuso en Madrid y otros puntos, se tornó especialmente grave en Asturias, donde las milicias izquierdistas salidas de la cuenca minera iban ocupando Oviedo. En León y otros lugares surgían incidentes cuarteleros y diversos mandos saboteaban la orden de atacar a los sublevados. El PNV seguía en una prudente espera, pero Companys y los suyos creyeron que la situación había madurado: «El President me dio permiso para lanzar a la calle, bajo el nombre del Somatén, a los 4000 hombres que habíamos preparado en Barcelona», informará Dencàs. Contaba también con la policía regional y con la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, puestas bajo el mando de la Generalitat. Se sabía que la guarnición en Barcelona, mandada por el catalanista —aunque no nacionalista— general Batet, estaba muy reducida, y Companys confiaba en atraerse al general. Fueron despachados emisarios por toda Cataluña para movilizar a las masas. Los escamots instalaron ametralladoras y piquetes en puntos neurálgicos de Barcelona. Companys embaucaba al gobierno, hablándole de tomar militarmente la región para eliminar «los excesos extremistas», supuestamente causados por la CNT. El gobierno mostró públicamente su satisfacción por la lealtad de la Esquerra.

Mientras, las izquierdas republicanas chantajeaban a Alcalá-Zamora para que les entregase el poder, como medio para terminar la revuelta. No lograron su objetivo.

A la caída de la tarde, Companys abandonó todo disimulo, y desde el balcón del palacio de la Generalidad se dirigió al gentío agolpado en la pequeña plaza: «Las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo acá pretenden traicionar a la República han logrado su objetivo y han asaltado el poder (…). Todas las fuerzas auténticamente republicanas de España y los sectores sociales avanzados, sin distinción ni excepción, se han levantado en armas contra la audaz tentativa fascista». A continuación proclamó «el Estado Catalán dentro de la República Federal Española» y terminó: «Con el entusiasmo y la disciplina del pueblo nos sentimos fuertes e invencibles (…) ¡Viva la República y viva la libertad!». Un golpe de estado en toda regla contra la legalidad constitucional. Sin embargo el «entusiasmo del pueblo» era muy escaso, a pesar de los meses anteriores de permanente excitación a la rebeldía. El periodista Agustín Calvet, Gaziel, director del principal diario regional, La Vanguardia, coincidía seguramente con la opinión común cuando escribía: «Esto es (…) una declaración de guerra (…) [cuando] Cataluña había logrado, gracias a la República y a la autonomía, una posición incomparable dentro de España (…). La Generalidad fuerza a la violencia al Gobierno de Madrid, cuando jamás el Gobierno de Madrid se atrevió (…) a hacer lo mismo con ella (…). Estoy bañado en sudor, realmente aterrado».

El gobierno, irritado doblemente por los sucesos y por la falsía previa de Companys, contactó con Batet, y le ordenó declarar el estado de guerra. El general obedeció. Prácticamente a la misma hora los socialistas lanzaban en Madrid su ataque más decisivo, tratando de adueñarse del ministerio de la Gobernación, donde se encontraba buena parte del gobierno moviendo los hilos de la reacción al golpe. Pero el ataque al ministerio fracasó, y con ello puede decirse que se vino abajo todo el plan cuidadosamente elaborado en los meses anteriores. Si Companys hubiera esperado unas horas más, como hicieron el PNV y las izquierdas republicanas, probablemente no se habría lanzado a la acción, y sus largos preparativos habrían permanecido incógnitos para la historia.

Con todo, Batet tenía una tarea ardua, pues contaba con sólo unos centenares de soldados —muchos de ellos trabajados por la propaganda separatista y socialista—, y quizá parte de la Guardia Civil, en principio a las órdenes de Companys. La Esquerra, a su vez, contaba con miles de milicianos, buena parte de la Guardia de Asalto, y otras fuerzas, entre ellas bastantes militares; además podían acudir a Barcelona nutridos contingentes nacionalistas del resto de la región. Sin embargo, y de modo casi milagroso, al general le bastaron sus mínimas fuerzas para abortar la revuelta en la noche del 6 al 7, mientras Companys desde el palacio de la Generalidad, y Dencàs desde la consejería de Gobernación, intentaban frenéticamente movilizar con llamamientos radiados a una población que les daba la espalda. Antes del amanecer, Companys se rendía arguyendo el «agotamiento de toda resistencia», lo que estaba muy lejos de la verdad.

Vencida la revuelta en Madrid y Barcelona, y ante la pasividad de los obreros en casi toda España, la revolución quedaba vencida, y sólo persistieron, durante unos días los tiroteos e incidentes sangrientos, pero menores, en diversas provincias… con la excepción de Asturias. Allí iba a desarrollarse durante dos semanas una auténtica guerra civil, que obligó a intervenir a tropas llevadas de Marruecos, las únicas realmente adiestradas del ejército español, y que ya Azaña había traído a la península cuando el golpe de Sanjurjo.

El balance final de estos episodios bélicos fue de casi 1400 muertos en 26 provincias, de ellos 855 en Asturias, 107 en Cataluña, 34 en Madrid, 40 entre Vizcaya y Guipúzcoa, 15 en León, etc. También había comenzado la caza del clero, que dejó varias decenas de asesinados en Asturias, Cataluña y otros puntos. Hubo 935 edificios destruidos o seriamente dañados, entre ellos 58 iglesias, 26 fábricas y 63 edificios públicos, importantes bibliotecas en Oviedo y Portugalete, etc. Varios de los edificios tenían un extraordinario valor artístico e histórico. De los bancos asturianos desaparecieron sumas cuantiosas (unos 3500 millones de pesetas últimas), parte de las cuales servirían para financiar diversas operaciones de la izquierda en los años siguientes.

El periodista Gaziel exponía la impresión dominante: «Se ha terminado la República del 14 de abril. Los que la trajeron están descartados, aniquilados. Los que no la querían son dueños de ella». Dentro y fuera de España muchos creían liquidado el régimen, pues la derecha aprovecharía para instaurar otro a su gusto. Y había ese peligro. Los monárquicos, minoritarios en la derecha, pidieron al general Franco explotar la ocasión para dar un golpe, pues el militar orientaba las operaciones contrarrevolucionarias. Sin embargo el peligro no se materializó. Franco respetaba la república, aunque sin entusiasmo, siempre que ésta no decayese en revolución, y no creyó preciso ir más allá de la defensa de la legalidad constitucional. Lo mismo hizo la CEDA, que frente a los sublevados invocó las libertades ciudadanas, e incluso, ignorante de diversas claves de la insurrección, buscaba atenuantes a las conductas de Companys y de Azaña.

Quedaba el castigo a quienes habían desencadenado la guerra. Algunos periódicos izquierdistas fueron cerrados —y reabiertos enseguida con otros nombres—, destituidos numerosos ayuntamientos y cargos públicos rebeldes, y procesados bastantes militares, amén de miles de rebeldes. La autonomía catalana quedó suspendida en espera de mejores condiciones para su aplicación, pero no abolida como deseaban los monárquicos. Las izquierdas hablaron de 40 000 y más detenidos, pero parece imposible, porque no participaron tantos en los disturbios, y muchos de los arrestados volvieron pronto a la calle. La cifra real debió de estar en torno a los 15 000, la mitad de los cuales quedaría en libertad antes de un año. Juzgar a tanta gente llevaba mucho tiempo y desgastaba al gobierno.

Los primeros juicios a los militares complicados se saldaron con varias penas de muerte. Gil-Robles pretendía aplicar algunas y atenuar las condenas de los ejecutores, pero Alcalá-Zamora quería impedir a toda costa la ejecución de dirigentes. El primero argüía que la impunidad estimularía nuevas intentonas revolucionarias, y el segundo que las ejecuciones crearían mártires. La disputa giró en torno al comandante Pérez Farràs, jefe de la rebelión militar en Cataluña. Alcalá-Zamora sobrepasó sus derechos constitucionales para imponer la conmutación, y lo logró, provocando una grave crisis institucional. Gil-Robles animó a varios generales a pronunciarse públicamente contra la impunidad, pero éstos, aconsejados al parecer por Franco, se echaron atrás.

Dado el carácter militar de Pérez, la conmutación de su pena arrastraba la de los demás jefes, en especial los civiles. Finalmente fueron ajusticiados cuatro meros ejecutores de diversos crímenes, lo cual no ayudó al prestigio del gobierno ni del presidente. Apenas vencida la revolución, los vencedores se hallaban desunidos y enfrentados entre sí.

Las izquierdas reaccionaron a su derrota con una doble finta. Por una parte negaron toda relación con los sucesos, como ya habían previsto para el caso, y por otra lanzaron una vasta campaña nacional e internacional para denunciar la represión gubernamental, especialmente en Asturias. Esa táctica entraba en una larga y rentable tradición desde el caso de Ferrer Guardia, pasando por la huelga revolucionaria del 17, los sucesos de Prats de Mollò, el golpe militar de Jaca, o la huelga agraria de junio del 34. Casi siempre esas campañas habían contado con la eficaz colaboración de las internacionales obreristas, la masonería y otras asociaciones de fuerte influjo en Europa y América, y habían transformado un fracaso subversivo en victoria política y propagandística. Uno de los principales organizadores de la campaña, Juan Simeón Vidarte, tomó por modelo la de Ferrer Guardia, como explica en su libro El bienio negro.

Y el éxito, se felicita Vidarte, no pudo ser mayor. En el extranjero y en amplios medios populares españoles, la «reacción» quedó retratada como una camarilla inhumana, sedienta de la sangre de los humildes, los cuales se habrían alzado espontánea y valientemente contra una insufrible opresión (muy pocos se habían alzado, salvo en la cuenca minera asturiana, cuyo ejemplo no emuló nadie en las dos semanas que duró). Curiosamente, Vidarte, miembro del Comité insurreccional del PSOE, no fue detenido ni apenas molestado en sus actividades tan dañinas para el gobierno. Según Amaro del Rosal, otro de los cabecillas de la revuelta y arrestado por ello, la inmunidad de Vidarte provenía «del triángulo masónico».

Numerosas mujeres fueron movilizadas para denunciar atrocidades, destacando las diputadas Matilde de la Torre y Veneranda García. Puntal de la campaña fue Fernando de los Ríos, mediano intelectual y político muy realzado entonces por la propaganda dentro y fuera de España. Prieto, huido en Francia, colaboró con ardor. Los comunistas utilizaron a La Pasionaria, que empezó su ascenso como figura internacional. El magnífico aparato propagandístico de la Comintern, manejado por Willi Münzenberg, un genio en su oficio, se volcó en la tarea a través de su «Comité de Socorro a las Víctimas del Fascismo» (el gobierno español recibía sin tregua el mote de fascista), mediante el cual movía a intelectuales célebres, más ansiosos de exhibir sus virtudes humanitarias que de comprobar la veracidad de sus denuncias.

La campaña no ahorró ninguna truculencia, inventó y achacó mil atrocidades al gobierno y olvidó por completo las de los revolucionarios. Hablaba de miles de personas asesinadas o torturadas hasta extremos inauditos, de violaciones masivas perpetradas por los soldados moros, de sevicias sin cuento contra la población. También vestía de héroes populares a jefes revolucionarios como González Peña, a quien los mineros habían perseguido como traidor los últimos días de la revuelta. El éxito de estos tópicos ha sido tal que decenas de historiadores y comentaristas los han repetido año tras año sin asomo de crítica, pese a sus frecuentes contradicciones y a la ausencia, en la mayoría de los casos, de fuentes medianamente fiables. He estudiado la cuestión en El derrumbe de la II República y la guerra civil, y baste señalar aquí que hubo algunos excesos y crímenes en la represión, si bien menores que los cometidos por los revolucionarios mientras tuvieron bajo su poder buena parte de Asturias y algunas ciudades catalanas. El fondo de las denuncias consiste en exageraciones sin tasa.

No obstante, la campaña sobre la represión fue seguramente la de mayor efecto político en todo el siglo XX español. Dividió profundamente la sociedad, implantando en ella un clima de odio sin precedentes, y permitió a las izquierdas aglutinarse en una unidad de acción que cuajaría en el Frente Popular.

A menudo se ha equiparado la insurrección de octubre del 34 con la sanjurjada de agosto de 1932, pero la pretensión no soporta el mínimo análisis, y no sólo porque el último ocasionase sólo 10 muertos y ningún daño material. La diferencia clave estriba en que el golpe de Sanjurjo no fue secundado por, ni representó a la derecha, el grueso de la cual permaneció al margen o lo condenó. Por el contrario el movimiento del 34 fue organizado por los principales partidos de la izquierda, el PSOE y la Esquerra, participando en él los comunistas y parte de los anarquistas (en Asturias); y contó con el apoyo político y moral de los republicanos izquierdistas.

Hay otras diferencias sustanciales. Sanjurjo no pretendía la destrucción de la república ni una guerra civil, sino un golpe rápido para cambiar el gobierno, en tanto que la acción izquierdista del 34 buscaba deliberadamente una guerra civil revolucionaria, y consiguió llevarla adelante en Asturias, aunque en el resto quedara en conato. Además, trataba de derrocar la república «burguesa» o, en el caso de Companys, de imponer una a su gusto, o bien (Dencàs) la secesión.

Se daba, en fin, el caso de que quienes habían asaltado la legalidad republicana eran los mismos partidos que la habían impuesto. Ese mero hecho entrañaba la ruina de la república. Por paradójico que suene a quienes se han forjado una idea propagandística sobre la época, si entonces no cayó en escombros el régimen fue gracias a unas derechas que, lejos de responder con un contragolpe desde el poder, defendieron aquella Constitución que tan poco les satisfacía.

Salvador de Madariaga tiene una frase célebre sobre la falta de autoridad moral de la izquierda para condenar el levantamiento derechista de julio del 36, después de haberse levantado ella en el 34. La frase no expresa la realidad del todo. La derecha no habría tenido pretexto ni justificación para sublevarse en 1936 si las izquierdas, después de su fracaso de octubre del 34, hubieran renunciado a la revolución. Pero las actitudes que habían llevado a la insurrección, permanecieron. Gerald Brenan, pese a sus frecuentes prejuicios y errores de apreciación, intuyó perfectamente el alcance de los sucesos cuando los caracterizó como «la primera batalla de la guerra civil», pese a ignorar la trama previa y el designio guerracivilista de la revuelta. Tenía completa razón: entonces empezó la contienda, porque no hubo en las izquierdas, como veremos, un cambio de orientación radical. Al contrario, la intentona, sobre todo la de Asturias, quedó como un mito para la izquierda, no sólo española, sino europea, comparable a la Comuna de París; como un fracaso heroico y momentáneo dentro de una línea de acción correcta en lo fundamental. Tal imagen se desprendía con plena lógica de la concepción histórica y filosófica de la «lucha de clases». A su vez, los republicanos de izquierda permanecieron en sus trece de poseer «títulos» exclusivos para gobernar, y los nacionalistas no abandonaron ninguno de sus presupuestos.

Muchas historias escritas en los últimos años pasan como sobre ascuas por los acontecimientos aquí brevemente resumidos, por la simple razón de que no encajan en los estereotipos aceptados durante muchos años, según los cuales las derechas antidemocráticas no cesaron un momento de conspirar contra la república hasta encontrar la oportunidad en julio del 36. Fue casi exactamente al revés: las derechas salvaron a la república en octubre del 34, contra las izquierdas y los nacionalismos. Y cuando terminaran rebelándose a su vez, lo harían en circunstancias casi desesperadas.

Capítulo 15

HACIA LA REANUDACIÓN DE LA GUERRA CIVIL

El carácter de la represión por el movimiento revolucionario se manifiesta bastante bien en la sufrida por los líderes rebeldes. La Esquerra y el PSOE habían justificado su revuelta como reacción a un golpe o amenaza de golpe fascista, justificación insincera, pues desde luego no creían en tal cosa. Y si alguno la creyó, los hechos le probaron su error: sus partidos no fueron disueltos, y ellos pudieron defenderse sacando partido de las garantías democráticas. La pretensión de no haber tenido relación con la revuelta fue mantenida contra toda evidencia. Y con excelentes resultados. Companys, González Peña y otros cuya implicación no había modo de disimular, fueron condenados a cadena perpetua, en espera del oportuno y habitual indulto. Largo Caballero, máximo director del movimiento, salió absuelto «por falta de pruebas». Prieto, huido, protestó desde Francia por ser juzgado en rebeldía, alegando a través de sus abogados socialistas que su estancia en el extranjero obedecía a recomendación médica, pues la altura de la capital española sería fatal para su salud.

El aire de farsa que tomaban los juicios alcanzó su apogeo en el de los dirigentes de la Esquerra[*] El gobierno había accedido a que no les juzgasen tribunales militares, sino el de Garantías Constitucionales, antes tan despreciado por ellos. Los procesados pretendieron haberse limitado a dar cauce razonable a un desbocado movimiento popular de protesta por la entrada de la CEDA en el gobierno. Preguntado sobre los elementos de la Generalitat que habían impuesto la huelga en Barcelona, Companys afirmó que la huelga había sido espontánea, pese a oponerse a ella la CNT-FAI, mayoritaria en el campo obrero. Oposición lógica, aclaró, porque «siempre hemos tenido noticias de que esa agrupación [la FAI] estaba en combinación con los monárquicos». En el conflicto del verano anterior, preparación de la rebeldía, tampoco la Generalitat habría hecho otra cosa que seguir «al pueblo», procurando moderarlo como de costumbre. Cuando, días antes de la insurrección, se descubrían depósitos de armas, el gobierno había mandado hacer en Cataluña los registros pertinentes, pero Companys lo había impedido. Esto lo explicó diciendo: «Nos causó extrañeza la medida, por la desconfianza que entrañaba». Le había parecido insultante la desconfianza del gobierno mientras él preparaba la insurrección.

Así, los jefes esquerristas no se habían rebelado, sino que, atemorizados por posibles revueltas ácratas, sólo habían ordenado «rechazar por las armas a todo el que atacase el Palacio de la Generalidad». Llegados ahí, los interrogatorios tomaron un aire surrealista. Lluhí dijo no saber siquiera si alguien había ordenado defender el palacio, aunque admitió su ansiedad ante eventuales ataques de la FAI. Al sonar el primer cañonazo «hablamos de lo que se había producido, extrañados enormemente de que fuerzas del Ejército vinieran a atacar la Generalidad (…). Hubo momentos de gran confusión». La extrañeza de los consejeros asediados llegaba al punto de no lograr convencerse de que fuera el ejército quien les hostigaba. Preguntado si podía imaginar que alguien aparte del ejército pudiera tener cañones, Ventura Gassol contestó: «Eso no puedo decirlo, porque en absoluto no puede decirse nunca si hay elementos que tienen o no [ese] armamento». Preguntado si habían contestado a los ataques (los rebeldes habían iniciado el tiroteo ante el palacio de la Generalidad, causando bajas a los militares leales) afirmó: «Lo ignoro, porque no era de mi incumbencia». Él estaba allí, pero «no me enteré de los detalles». ¿No se le había ocurrido a él o a otros informarse sobre quiénes asediaban el palacio? Ventura no tenía la menor idea; a él, desde luego, no se le había ocurrido. Nadie sabía qué había hecho Dencàs (el cual había logrado fugarse por las alcantarillas, con varios asesores militares), ni si se habían repartido armas, ni nada de nada. Todo parecía haber sido un triste equívoco, al creerse los líderes de la Esquerra atacados por una combinación de anarquistas y monárquicos.

Ossorio y Gallardo, el defensor, alegó con la misma audacia que, dada la espontánea rebelión popular, «el Gobierno de la Generalidad, precisamente por ser Gobierno y ejerciendo una función de Gobierno, inexcusable en tan dramáticas circunstancias, hubo de buscar un cauce jurídico y político (…) para que la alarma y la indignación de enormes masas del pueblo catalán [que no se habían movilizado], no se mantuvieran en una posición meramente protestativa y negativa (…) sino que aplicasen su exaltación y su fervor a una obra política constructiva». A tan constructivo fin servía el «manifiesto en que se proclamaba el Estado catalán dentro de la República Federal Española». Pero «ni se alzaron en armas ni hostilizaron al ejército», proclamó con aplomo (se habían alzado en armas, atacado al ejército, al que ocasionaron varios muertos, y llamado durante horas a la población a la guerra civil). Los hechos, concluyó, «no son constitutivos de ningún delito». Bien, admitió vulneración del «artículo 167, número primero del Código Penal, ya que se trataba de reemplazar al Gobierno constitucional por otro», una menudencia a su entender, pues propuso la libre absolución de los reos.

Aún le superó en ingenio un miembro del tribunal, llamado Sbert, cercano a la Esquerra, cuando formuló una interpretación que, a juicio de la prensa esquerrista, «ha producido gran sensación por su consistencia y por la modernidad de las teorías expuestas». Aduciendo que sólo los delitos tipificados en el código eran punibles, encontró que la acción de los inculpados no perseguía propiamente cambiar el gobierno, cosa claramente perseguible, sino cambiar el estado, acción muy diferente y no contemplada en la ley, y por lo tanto un acto «político y legítimo».

Aquella disparatada farsa, en que los encausados distaron de mostrar relevante altura política o sentido de la responsabilidad por sus actos, venía flanqueada por una fortísima propaganda en toda España. La prensa izquierdista retrataba a los golpistas como hombres simpáticos, consagrados al bien público, víctimas de las circunstancias. Autores de prestigio, como Azorín, hablaban de «estos hombres afectuosos, llanos e inteligentes», que «han procedido con lealtad y rectitud (…), lo han sacrificado todo por su pueblo». Companys «un hombre de gobierno» había caído en inmerecida desgracia.

La conducta provocadora y poco gloriosa de la Esquerra había desacreditado a ésta en Cataluña. Josep Pla diría que su intentona había cubierto de vergüenza a todos los catalanes, pero no era cierto. La inmensa mayoría de ellos había respetado la legalidad, a despecho de la agitación y los llamamientos nacionalistas, demostrando en la hora de la verdad hasta qué punto el nacionalismo y la realidad catalana diferían, pese a las pretensiones del primero de «encamar» a la segunda.

Ese descrédito duró poco. Al principio, la Esquerra estuvo atemorizada ante una represión previsiblemente severa, que podía aplicarle el gobierno sin necesidad de ser «fascista». Pero, percatada enseguida de la falta de motivo para ese miedo, multiplicó sus propagandas aprovechando la represión de Asturias para hundir moralmente al gobierno, pero sobre todo cultivando un sentimentalismo exacerbado hacia Companys, identificado incansablemente con Cataluña. El diario La Ciutat —La Humanitat con otro nombre—, daba la consigna, ya en enero: «Companys es Cataluña, y Cataluña es Companys». «Lluís Companys, el Presidente de la Generalidad, es el primer luchador de Cataluña», «Companys y Cataluña. Gómez Hidalgo ha establecido la magnífica ecuación. Companys y Cataluña se encontraron juntos el 6 de octubre. Y no se separarán jamás». Aquello superaba lo visto en relación con Macià. Hasta salió un libro titulado Companys-Cataluña. Reducir Cataluña a la figura, entre provocadora y patética, de Companys, como antes a la tartarinesca de Macià, tenía mucho de burlesco o insultante, pero respondía a una compulsión inevitable de los nacionalistas: sin ellos, sin sus líderes e inspiradores, Cataluña no sería nada. Los compañeros de Companys recibían su porción: «En el banquillo de los acusados, siete hombre de Cataluña. Y en torno al estrado y al banquillo (…) y fuera, el pueblo. Éste será el hecho más trascendental desde el 14 de abril».

El gobierno «fascista» consentía sin apenas trabas esa apología del golpismo. Al salir la condena a los jefes de la Esquerra, el 6 de junio del 35, La Humanitat, que volvía a la calle con su nombre, gritaba en enormes titulares: «TREINTA AÑOS DE PRESIDIO ¡VIVA CATALUÑA!», y citaba la reflexión de Companys: «El veredicto que nos importa es el que pronuncie en su conciencia íntima el pueblo. Ya que nuestros defensores han hablado del juicio de la Historia, declaramos que esperamos tranquilos su veredicto definitivo, con orgullo en el corazón y la conciencia limpia». Palabras pasmosas en más de un sentido. Con toda evidencia, los nacionalistas habían promovido durante el verano anterior un clima de guerra civil en Cataluña, habían utilizado las instituciones legales como cobertura para preparar un golpe armado; se habían lanzado al golpe en combinación con una revolución socialista diseñada para destruir la república; se habían rendido de modo ridículo a las pocas horas y ante tres o cuatro compañías de soldados y guardias civiles; habían hecho todo ello invocando un inexistente golpe fascista, y a continuación decían tales cosas con la mayor naturalidad, aprovechando los derechos, garantías y facilidades legales que los «fascistas» habían defendido y preservado contra la intentona insurreccional[*]…

Con la misma falta de prejuicios, la Esquerra explotó la suspensión del estatuto, provocada por ella misma, para fomentar un espíritu de agravio contra Madrid. Resulta fascinante comprobar una y otra vez, en España y en muchos países, cómo una demagogia tan frontalmente contraria a la evidencia tenía un éxito sorprendente. La inicial burla popular hacia los líderes de la revuelta se fue transformando a lo largo de 1935 en identificación sentimental con aquellos «hombres de Cataluña», víctimas de no se sabía bien qué, pero víctimas, que en todo caso «representaban a Cataluña» aunque, según Pla, la hubieran hundido en la vergüenza. Algo por el estilo había pasado con Macià, y ocurría en el resto de España en torno a los líderes socialistas, perseguidos por la vesania incomprensible del gobierno «reaccionario».

La Lliga habría deseado gestionar provisionalmente la región. En muy buena medida había dejado de ser propiamente nacionalista, y sus líderes expresaban a veces un genuino patriotismo español compatible con el catalán. Dada su iniciativa y buena organización, hay probabilidades de que hubiera arrinconado al nacionalismo de izquierda. Sin embargo la ambigüedad tradicional de la Lliga persistía en hechos como su oposición a que la CEDA, con la cual sostenía relaciones en general buenas, se expandiese por Cataluña, considerando a ésta como un feudo exclusivo. El gobierno no se fiaba ya de ninguna tendencia nacionalista, la suspensión continuó en espera de nuevas elecciones, y la Esquerra supo sacar buen partido del «agravio».

El PNV, a su turno, quedó en posición embarazosa. Si bien se había abstenido en octubre, nadie olvidaba la desestabilización promovida antes por él en connivencia con la Esquerra y la izquierda revolucionaria, o actitudes muy sospechosas en los primeros días de la revolución. Al triunfar el gobierno, los sabinianos se apresuraron a ofrecerle su apoyo y confianza, recibidos con despectivo escepticismo por unos, y con abierta hostilidad por los monárquicos. El 9 de octubre, en el Parlamento, Calvo Sotelo llegó a agredir físicamente a Aguirre, acusándole de traición por su alianza de hecho con el PSOE. En las filas nacionalistas cundía el desconcierto. Unos criticaban la colaboración con las izquierdas y otros la sumisión al gobierno o el escaso apoyo a la Esquerra. Unos participaban en cuestaciones profamilias de los soldados y policías caídos en la insurrección, y otros lo condenaban. El PNV sufrió una pérdida de afiliados y de influencia, no muy pronunciada, pero dolorosa. Los jefes se quejaban de la «incomprensión», «mala voluntad» y «hostilidad» de las escaldadas derechas españolas, y atenuaron exteriormente su fervor secesionista. Incluso exigían gratitud del gobierno, ya que de no ser por ellos el pueblo vasco, «unido al de Asturias, habría hecho temblar los cimientos del Estado español. Bien puede decirse que hasta esto tiene que agradecérsenos[3]».

Un problema serio en la comprensión de este partido es su peculiar utilización del lenguaje, que a menudo ha despistado a los historiadores, haciéndoles creer que «la vieja guardia sabiniana» había sido eliminada con la salida de Luis Arana y el grupo Jagi-Jagi, imponiéndose un nuevo estilo, moderno, democrático, autonomista. Pero según avanzaba 1935, el nacionalismo vasco fue reaccionando con una actitud cada vez más vitriólicamente antiespañola, y el 25 de noviembre, en mítines en Guernica y otras localidades, quedó demostrado que nada esencial había cambiado en el PNV.

Hablando a los mendigoxales (montañeros, pensados como embrión de un ejército), Aguirre dio por terminado el «período de descanso», como llamó a las paralizantes contradicciones posteriores a octubre del 34: «Vamos a reafirmar nuestros principios (…); ya es hora de volver a actuar con la firmeza de siempre». Exaltó el lema JEL con energía y definió la juventud como «formación y disciplina». Si los jóvenes no eran disciplinados, no serían «vascos cien por cien» ni cumplirían «con su deber ni con Sabino», y los llamó a cultivar un «espíritu de sacrificio». Con ironía involuntaria les dijo: «Si no aprendéis el euzkera demostraréis no estar muy dispuestos al sacrificio». Otro dirigente, Carlos Linazasoro, advertía: «El peor enemigo es el de casa. Es preciso seguir una labor ingente de euzkerización de toda la tierra vasca». Tal como la concebían los nacionalistas, «euzkerización» suponía una agresiva desespañolización. Pedro Basaldúa recordaba: «Los mendigoxales están detrás de Cristo, detrás de Sabino». Por esos días se leían en el diario Euzkadi expresiones como éstas: «Los enemigos de Jaungoikoa eta Legezarrak empiezan a aullar ante nuestras puertas, y en su estúpido fanatismo jacobino amenazan con empeorar la pésima legislación española[4]».

Lo cual no estorbaba otra retórica, de difícil sinceridad: «El odio ha mermado a nuestros enemigos; nosotros, en cambio, por amor vamos engrosando nuestras filas. Nosotros, henchidos de amor nuestros corazones, vamos a adueñamos de nuestro pueblo», pronosticaba Monzón. O Aguirre: «Los nacionalistas propugnamos por la justicia social y quisiéramos que los poderosos se conformasen con ganar algo menos de dinero y se considerasen compensados con el convencimiento de haber cumplido inequívocamente un deber». El lema «justicia social», extraído de las encíclicas del papa León XIII, se hizo constante, y muestra de contraste con la CEDA, que en realidad se regía por los mismos principios, pero, según el PNV, no los aplicaba[5].

Irujo, con fraseología algo confusa, remachó: «Una patria que queremos libre y soberana para que con su libertad pueda ordenar la formación de una cultura para que con el alma impresa en el dedo y en el aliento de Dios y con la patria libre podamos cultivar sus propias bases, sus propias artes, su tradición, su progreso, una cultura propia». Es decir, llamaba a conquistar el poder para moldear a los vascos conforme a las miras de Arana. Acusó a izquierdas y derechas de emplear «insidias, calumnias, palabras injuriosas» contra el PNV, «empeño insano y orgullo incalificable» en contraste con la «generosidad» de los nacionalistas[6].

Mayor interés tuvo su defensa del sistema de partidos. Éstos, predicó, son malos sólo «para quien pretenda que no haya otro pensamiento que el suyo, y que no haya más organización que los suyos, que no haya más voluntad que su arbitrio», gente como Hitler o, aseguró, como Gil-Robles. Podría haber añadido también como el PNV, que aspiraba a imponer absolutamente sus concepciones, en «Euzkadi». Al efecto añadió: «Los nacionalistas no somos un partido político más. Si nos hemos organizado a la manera de un partido político es porque es preciso para actuar (…). Pero nosotros queremos algo más que una política (…) revivir el alma nacional que llevamos dentro (…). Queremos la coincidencia de todos los vascos de buena voluntad y que llegue un día en que la Patria pueda decir: ahora es la hora de los partidos, porque hasta ahora ha sido la hora de la redención». Bajo la retórica, la intención estaba clara: admitía los partidos como variedades del nacionalismo y cuando éste se impusiera plenamente. Mientras tanto, simplemente se acomodaba y usaba unas libertades políticas «impuestas» por Madrid y por los vascos de peor voluntad, ajenas al «alma vasca[7]».

La exaltación de Arana por aquellos días, aprovechando el 32 aniversario de su muerte, alcanzó cotas impactantes. A veces podían sonar a broma, pero iban muy en serio: «Bello Apolo euzkeldun con la hermosura corporal del crinado numen lírico, prototipo de la belleza viril» [su tipo físico había sido muy corriente]; «Redentor de tu caída Euzkadi, redentor de augusta hermosura antigua, que tuviste también, a ejemplo del Divino, tu calle de la Amargura»; «Imborrable Maestro: escucha a tu vieja raza»; «Escultor de una nación, creador de una patria»; «Salvador»; «Maestro, nuestro Maestro (…). Excelso solitario (…), en la mano de novia de la Euzkadi renaciente, prometida del Tiempo (…), ilumina nuestro camino, clarifícalo con la brillantez de tus luces». Se le definía como «profundo pensador y gran filósofo», como «noble, inteligente, luchador, pensador, filósofo y mártir de la patria vasca». «Levantó Sabino el nacionalismo como armonía suprema del Derecho Cristiano y del Derecho Natural (…). Dios y Raza, Dios y Naturaleza». Se glosaba el concepto de disciplina «a través del pensamiento sabiniano», «la figura gigante de Sabino», un hombre «ejemplarísimamente bueno[8]».

Alguno glosaba «la atracción de Sabino»: «Basta escribir su nombre (…) o evocarlo en una conferencia o mitin, para que se observe una expresión en el rostro y una actitud especial en el cuerpo que revelan la honda emoción que embarga a los oyentes (…). Múltiples son las causas de este fenómeno (…): la noble figura de Sabino, su rostro serio y varonil, pero al mismo tiempo afable (…); los ejemplos de sacrificio constante por la patria y las persecuciones que sufrió, que rodean su figura con una aureola de mártir; el gran beneficio que hizo a los vascos, descubriéndoles cuál era su verdadera y única patria y despertándoles de su sueño letárgico[9]».

El estilo victimista exageraba unas «persecuciones» insignificantes —por lo común ataques de otras formaciones políticas, perfectamente normales en un sistema de partidos, o ligeros castigos por vulneraciones de la ley— y jugaba con transportes épicos nada casuales, caracterizando al Maestro como «primer luchador, soldado de vanguardia (…) que luchó casi sólo en lucha homérica…», el hombre que «dio el grito rebelde, cual irrintzi guerrero, de liberación nacional». Sus seguidores habían sido dignos del ejemplo: «Cuando se conozca la historia de los ataques padecidos por el nacionalismo (…) no podrán los que estudien este período (…) comprender cómo el nacionalismo pudo lograr victoria tan espléndida». La indisimulable verdad era más bien que el PNV se había beneficiado extraordinariamente de las libertades del estado español, explotándolas muy a fondo; y que cuando esas libertades habían faltado, durante la dictadura, se había acomodado a la situación sin siquiera el amago de lucha de Macià[10].

Pese a su agresividad, el PSOE había salido del fracaso de octubre muy dividido, y por tanto impotente. Debió de ser la ocasión de Besteiro, que tan lúcidamente había pronosticado la hecatombe, y sin embargo volvió a perder la partida, neutralizado por la acusación de colaborar con los atroces represores fascistas. Pero Prieto y Largo, antes juntos, divergieron. Largo consideró pasajero el fracaso y, mediante las juventudes, impulsó un proceso de «bolchevización» del partido, para convertirlo en un instrumento de acerada disciplina, similar al que había permitido a Lenin alcanzar el poder. Prieto, aun exaltando la insurrección, prefería dejar la vía revolucionaria y rehacer la alianza con Azaña. Tildado de «centrista» (Besteiro era el «derechista»), Prieto ganó la dirección y el órgano diario del partido, más algunas federaciones importantes, pero Largo tenía mayor apoyo en la decisiva UGT, la fuerza de masas socialista, en las juventudes y en la federación clave de Madrid. La lucha entre ambas corrientes, cargada de intrigas, injurias y amenazas, llevó al partido al borde de la escisión.

El año 35 vio el renacer político de Azaña, que desde la masacre de Casas Viejas había ido hundiéndose hasta la derrota de noviembre del 33 y la de octubre del 34, en apariencia definitiva. Tras ver sobreseídos los procesos que se le entablaron, organizó una serie de mítines de masas con gran éxito por Valencia, Bilbao y Madrid. Prieto contactó enseguida con él, y ambos laboraron por una alianza de izquierdas, plasmada en la coalición conocida más tarde por el nombre de Frente Popular. Los dos políticos parecían descartar nuevos golpes de estado, y, no obstante, los discursos de Azaña tenían un alarmante matiz extremista. En ellos justificó la pasada insurrección, llegando a equipararla en valor democrático a unas elecciones; contribuyó a la campaña de odios en torno a la supuesta represión, de la que él había salido tan bien librado; rechazó expresamente las ofertas conciliadoras de la derecha y cultivó un estilo de enfrentamiento y radicalidad, aun sin propugnar abiertamente la violencia. Él y Prieto coincidían en la urgencia de expulsar electoralmente a la derecha del poder, para, siguiendo sus viejas ideas sobre la república, vedarle luego la vuelta a él.

Las izquierdas más extremistas terminaron por adherirse a la coalición proyectada, y los mismos anarquistas decidieron apoyarla, principalmente porque un punto básico del programa, la amnistía, beneficiaba a todos y debía permitirles reponer plenamente sus organizaciones y sus cuadros. La amnistía y la campaña sobre la represión se convirtieron en el eslabón fundamental entre todos ellos. En cambio la Esquerra prefirió organizar su propia unidad izquierdista en Cataluña, el Front d’Esquerres, en estrecha relación con el futuro Frente Popular, pero orgánicamente al margen de él.

El gobierno, desconcertado por la vitalidad y dureza de las reacciones izquierdistas, no acertaba a defenderse de sus campañas, y padecía las divisiones internas y las intromisiones del presidente Niceto Alcalá-Zamora. La euforia por el triunfo de octubre degeneró pronto en barullo y desánimo. En sólo siete meses, hasta mayo, se produjeron tres crisis gubernamentales. En la de abril, la CEDA abandonó el gobierno, despechada por el impunismo rampante que, a su juicio, marcaba la línea oficial. Al mes siguiente volvió con empeño de garantizar una política coherente y estable. Siguió Lerroux presidiendo el gobierno, pero la CEDA tenía, para disgusto de Don Niceto, cinco carteras, entre ellas la de Guerra a cargo del propio Gil-Robles, que nombró al general Franco jefe del estado mayor. La insurrección había probado el mal adiestramiento de las tropas y la poca fiabilidad de los mandos, muchos de los cuales habían sido destituidos y procesados. Por ello, el ministro y Franco se aplicaron a robustecer el ejército en previsión de otra posible revuelta, y para asegurar el respeto a la neutralidad española ante la nueva guerra europea en gestación.

Sin embargo, Don Niceto no aceptó la estabilidad del centro derecha, y apenas cuatro meses y medio después, en septiembre, maniobró contra ella, sirviéndose del famoso escándalo del straperlo. Se trataba de una ruleta que dos delincuentes holandeses, llamados Strauss y Perle o Perlovitz, habían intentado introducir en España, alegando que no era propiamente un juego de azar (esos juegos seguían prohibidos por ley de Primo de Rivera). Al efecto habían hecho regalos, principalmente algunos relojes de oro, a políticos lerrouxistas, pero no lograron asentar el negocio, pues apenas instalado, en San Sebastián y Mallorca, la policía lo cerró. Enfurecido, Strauss quiso chantajear a Lerroux, amenazándole con descubrir los pequeños sobornos. Ante la indiferencia del amenazado, entró en contacto con Martín Luis Guzmán, hombre de mano de Azaña, y desde ahí la intriga siguió su curso, interviniendo también Henri Torres, el abogado francés y distinguido masón que tanto había hecho por promocionar a Macià tras la aventura de Prats de Mollò[*].

Todo indica que Azaña y Prieto, este último residente por entonces en Bélgica, prepararon o ayudaron a preparar unos documentos, firmados por Strauss, el cual los hizo llegar a Alcalá-Zamora. Eran informes de dudoso valor jurídico sobre sobornos de poca enjundia, pero muy explotables en la enturbiada política del momento. Don Niceto comprendió que le proporcionaban un buen instrumento contra Lerroux. Así, en septiembre aprovechó una crisis menor para desplazar a éste de la cabeza del gobierno y sustituirlo por Chapaprieta, un político «tecnócrata», en el primero de una rápida serie de movimientos para acabar con el pacto gubernamental de centro derecha. Rechinando los dientes, Gil-Robles y Lerroux aceptaron el cambio y continuaron de ministros, pero unas públicas expresiones despreciativas del segundo hacia el presidente decidieron a éste a poner sobre la mesa los papeles de Strauss para liquidar políticamente al viejo caudillo republicano. Y así fue. Las extremas derechas (monárquicos y falangistas) en el Parlamento, y las izquierdas en la calle, orquestaron un monumental escándalo, echando abajo a Lerroux y a su partido, el último amortiguador entre unas izquierdas exaltadas y unas derechas cada vez más nerviosas.

Un nuevo gobierno Chapaprieta, a finales de octubre, duró sólo hasta mediados de diciembre. Entonces pareció inevitable que Gil-Robles recibiera la confianza para gobernar, como jefe del partido con mayor fuerza parlamentaria y con dos años por delante hasta el agotamiento de la legislatura. Este plazo le permitiría aplicar un amplio programa económico y político destinado a aliviar el paro, sanear la Hacienda, y culminar diversas reformas legales; y podrían terminar los juicios por los sucesos de octubre, que, utilizados hábilmente por las izquierdas, constituían un permanente desgaste para los gobiernos. Pero no estaba dispuesto a permitir tales cosas Don Niceto, el cual, luego de expulsar de modo humillante a Gil-Robles del ministerio de la Guerra, encargó formar gobierno a Portela Valladares, un típico y viejo cacique sin la menor representación parlamentaria.

Aquellas medidas preludiaban la disolución de las Cortes. Gil-Robles entendió que, aparte de destruir sus proyectos, rompían el espíritu constitucional. Y que, en el apogeo de las pasiones políticas, llevaban al país la catástrofe. Desesperado, incitó a algunos generales a ocupar transitoriamente el poder. Pero una vez más, los militares se inhibieron por influencia de Franco.

En pocos meses y mediante unas oscuras intrigas, Don Niceto había logrado lo que no habían podido las izquierdas mediante las armas: había aniquilado a Lerroux y expulsado del poder al partido con mayor representación parlamentaria. Conocemos la razón de estas maniobras por los testimonios de Chapaprieta y de Portela: el presidente creía llagada la hora de «centrar la república» mediante un poderoso partido moderado, tutelado por él. Tal había sido su ambición desde que, en abril de 1930, había abandonado la monarquía para encabezar el movimiento republicano. Ahora, a finales de 1935, creía que ese partido lograría más escaños que ninguno y arbitraría la política. Sólo precisaba unos meses para que Portela, presuntamente experto en estas lides, pusiera a punto ese partido. Todo ello era una auténtica locura, como pronto se demostraría. En una angustiosísima discusión, Gil-Robles intentó disuadirle, advirtiéndole que estaba creando una crisis innecesaria y peligrosísima en el peor momento posible, la cual sólo podía abrir el camino a la revolución o a la guerra civil. Fue en balde.

Por su lado el gobierno Portela precisaba, además de la confianza del presidente, la de las Cortes, con la que, desde luego, no iba a contar. Para eludir el obstáculo, las sesiones parlamentarias fueron suspendidas, acto dudosamente legítimo, aunque legal, y prorrogados los presupuestos del año anterior, lo cual ya encajaba menos en la ley. Las derechas, entonces, iniciaron desde el Congreso un proceso contra Portela y Don Niceto. Para eludirlo, éste último disolvió por fin las Cortes a principios de enero del nuevo año, y convocó elecciones para el 16 de febrero.

Para las derechas, la convocatoria resultaba especialmente inoportuna. El bienio de centro derecha, bautizado «negro» por sus enemigos, había resultado, en muchos aspectos, más esperanzador que el primero. El hambre, antes en rápido ascenso, había sido contenida, la iniciativa privada, antes paralizada, había repuntado, no se habían producido matanzas como las de San Sebastián, Castilblanco, Arnedo o Casas Viejas; y la Hacienda empezaba a sanearse. Pero, brutalmente hostigadas por la desestabilización del verano del 34 y la revuelta de octubre, más las continuas crisis de gobierno y las consiguientes divisiones internas, las derechas no habían podido realizar sus reformas constitucionales ni sus medidas económicas; y las reformas hacendísticas, aunque destinadas a facilitar la recuperación del país, tenían el efecto inicial de aumentar el paro, trayendo impopularidad a sus promotores. Además, los numerosos juicios pendientes por la insurrección mantenían vivas las llamas de la campaña izquierdista.

Y era un mal momento, sobre todo, porque el odio crispaba como nunca antes al país entero, según reconocen casi todos los observadores y se desprende con lívida claridad de la prensa de la época. Liquidado el elemento moderador del Partido Radical de Lerroux, izquierdas y derechas se aprestaban a enfrentarse en dos grandes bloques, convencido cada uno de que perder significaría una ruina muy superior a la simple espera de unos años en la oposición.

Pero si las izquierdas consiguieron formar la liga luego conocida por Frente Popular, compuesta por los bolcheviques de Largo y los comunistas al lado de los republicanos y los prietistas, con el apoyo externo de la CNT, las derechas no alcanzaron tanto, debiendo contentarse con pactos parciales entre ellas. Las relaciones entre la CEDA y los monárquicos (agrupados en un «Bloque Nacional»), y la Falange distaban mucho de la cordialidad, y la Falange hubo de concurrir en solitario. Esto les perjudicaba, porque la ley electoral favorecía las coaliciones al conceder una prima desmesurada a los ganadores, por mínima que fuera su ventaja en votos.

Especial interés tuvo la actitud del PNV. Las elecciones iban a celebrarse bajo la impresión de un gravísimo peligro de guerra civil, y parecía razonable que, ante tal apremio, los ultracatólicos y conservadores peneuvistas aplazasen, por el momento, otras cuestiones, tal como en 1931 habían propiciado la alianza con los carlistas en defensa de la religión. La Iglesia presionó a favor de una candidatura derechista unida, y el propio Vaticano exhortó en tal sentido a los sabinianos. Pero éstos rechazaron las ofertas y los consejos. Por el contrario, multiplicaron sus ataques a las derechas españolas, en sintonía de hecho con la campaña izquierdista y buscando también rebañar votos de la izquierda moderada vasca.

Ya en noviembre había descartado Aguirre «la alianza con quienes hablan de luchar juntos contra la revolución, porque ¿sabéis qué es revolución para ellos? Pues todo lo que les pueda molestar en el dulce disfrute de la vida, (…) todo lo que no les permita leer tranquilamente el periódico tomando chocolate». Peor todavía, las derechas españolas favorecían la revolución, pues «¿No fue revolución lo que ellos hicieron estando en el Poder, yendo íntimamente ligados al socialismo? (…) La farsa se ha terminado para siempre». Estas palabras formaban parte de la polémica con Calvo Sotelo, que había dicho preferir una España roja a una España rota. El PNV había sacado el máximo partido de la frase para caracterizar a toda la derecha española (Calvo sólo representaba al minoritario sector monárquico), como culpable de la revolución por haber apoyado al PSOE durante la dictadura de Primo… aunque olvidaba que aquél fue prácticamente el único período en que el PSOE abandonó la idea revolucionaria. Como declaró Irujo: «Yo no quiero calificar, porque tendría que hacerlo con palabras muy duras, lo que significa la orientación de unos gobernantes (Calvo no gobernaba) que prefieren la revolución, que quemen las iglesias, que arranquen la fe de los corazones de nuestros hijos, que hagan de las fábricas ludibrio y campo de acción de toda clase de pasiones desatadas. Que acabe con nuestra economía, con la riqueza heredada, con nuestra tranquilidad; todo ello antes de que nosotros, al amparo del dedo de Dios, con respeto para todas las ideas, para todas las razas y para todos los pueblos pidamos lo que es nuestro». El PNV era consciente, por tanto, de la amenaza revolucionaria, pero de hecho contribuía a ella, creyendo poder eludirla en «Euzkadi[11]».

La campaña aranista contra las derechas fue tan dura, por lo menos, como contra las izquierdas, a las que en realidad beneficiaba: «Quieren triunfar las derechas. ¿Para qué? Se ve ya en sus manos el látigo, se ve ya en sus corazones el odio; quieren triunfar por el otro lado las izquierdas; ya se ve, ya se anuncian los fulgores siniestros de la represión y de la represalia. ¿Qué es esto? ¿En qué país vive esta gente?». Una caricatura pintaba a España como «el corazón del África salvaje», donde se enfrentaban unos negros semidesnudos con máscaras de «izquierda» y «derecha». «En Euzkadi queremos suspender esa lucha bárbara, cruel, salvaje, impropia de pueblos civilizados (…). Tendremos que hacer siempre lo contrario de lo que hacen en España». Tiranía, crueldad, represalias, látigo, todo eso era propio de los maketos[12].

Al mismo tiempo, el PNV clamaba en grandes titulares: «Por la civilización cristiana, la libertad patria y la justicia social». A las peticiones y críticas de la derecha española replicaba: «Nadie ha sembrado anarquía, nada ha sublevado los espíritus, nada ni nadie ha hecho arraigar la injusticia y provocado contra ella la natural reacción como lo han hecho los partidos y los hombres representados en esa candidatura». Las derechas eran así presentadas de acuerdo con la versión izquierdista y acusadas de proyectar «nuestro total exterminio»; «Se invoca la antirrevolución para combatir exclusivamente al nacionalismo, única fuerza auténticamente contrarrevolucionaria». Más aún, votar por tales derechas «es hacerlo a favor de la candidatura comunista[13]».

Siempre ha habido algo enigmático en esta actitud, desafiante incluso a los apremios vaticanos. No cabe creer que el PNV confiase en la moderación de las izquierdas, ni tampoco en su democratismo, tan dudoso en ellas como en los mismos nacionalistas. Ni podía dejar de percibir el impulso revolucionario y los enormes riesgos del momento. La razón ha de estar en otro lado, muy probablemente en la propia doctrina. El Maestro había insistido, con sinceridad brutal: «Tanto nosotros podemos esperar más cerca nuestro triunfo, cuando España se encuentre más postrada y arruinada», «Si a esta nación latina la viésemos despedazada por una conflagración interna (…) nosotros lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo». Etc. En 1936 no era político defender tales ideas en primera plana de su prensa, pero ellas pertenecían al acervo ideológico del partido, y ejercían un hondo, casi inconsciente, influjo en el partido. Sólo así tiene lógica su actitud en el verano del 34 y ante las elecciones del 36. Polemizando con Calvo Sotelo, Irujo había dicho que bendeciría la mano que le concediera el estatuto, y esa mano sería probablemente la izquierda, mucho más indiferente al proyecto de secesión nunca disimulado por los sabinianos, y menos sensible a su corrosivo antiespañolismo. El estatuto fundaría una alianza de hecho en 1936 con las izquierdas, y los nacionalistas creían que, una vez obtenido, les permitiría aislarse lo suficiente del resto de España y sus conflictos.

Capítulo 16

LA PRIMAVERA TRÁGICA

Iban a ser las elecciones de mayor trascendencia en la historia española del siglo XX. La campaña electoral cobró auténtica ferocidad, con numerosos incidentes, heridos y algunas muertes, y bajo la amenaza y el miedo como nunca antes. Las consignas cobraron nitidez de filo de cuchillo: «La CEDA y los monárquicos saben que el Bloque Popular es su muerte definitiva»; «Por la España antifascista. Contra la España del hambre, el terror y la muerte»; «El frente monárquico fascista os ofrece: esclavitud, sangre, miseria. El Bloque Popular os asegurará: libertad, bienestar, amnistía. ¡Votad contra los ladrones! ¡Votad contra los torturadores!»; «Nosotros acusamos de verdugos, incendiarios y saqueadores a Lerroux-Gil-Robles. ¡A la cárcel!»; «Por menos se ha aplicado el garrote vil». Y así sucesivamente. La derecha replicaba: «Ruge la horda revolucionaria vencida por la CEDA»; «El que ayuda a partidos que persiguen la libertad de la Iglesia, peca contra Dios»; «Luchamos por Dios y por España»; «Por el honor de nuestro Ejército, el que nos libró del Octubre rojo»; «Contra la revolución y sus cómplices. ¡Españoles! La patria está en peligro»; «Por el mantenimiento de la civilización cristiana»; «Por nuestros hogares amenazados por la muerte y la ruina»…

La izquierda centró su campaña en la denuncia de la represión de Asturias, con relatos tan horrendos como improbables o incomprobables, y en un tono exacerbado de lucha de clases: la república no admitiría ya en el poder a los odiosos explotadores; el clero, la oligarquía fascista, iban a ser por fin extirpados de la faz del país. Largo Caballero y Azaña declararon no aceptar una victoria derechista, y el primero especificó que tal victoria significaría directamente la guerra civil. La Falange, que no iba a ganar ni un escaño, advirtió también que no acataría los resultados. La derecha defendía la religión, la propiedad, la familia y la unidad nacional, y atacaba también a Don Niceto, a quien tenía, no sin razones, por máximo responsable de la situación. Apenas despertaron interés las apelaciones de Portela y otros a no poner en riesgo la esperanzadora evolución económica. Todos sentían que estaba en juego mucho más que tal o cual plan económico. La insurrección del 34 había puesto de relieve el valor del aparato del estado, y a dominarlo ligaban ambos bandos la propia subsistencia.

En cuanto a la Esquerra, su campaña («batalla», según su prensa) enaltecía a Companys y sus hombres como héroes de Cataluña, con versiones pintorescas del 34: «Es la candidatura del 6 de octubre. Es la candidatura de la dignidad catalana. Aquel gesto y el heroísmo magnífico de los mineros asturianos y la gallardía histórica de todos los que se levantaron contra el fascismo en aquella hora de dolor y de espanto, mantiene el impulso del 14 de abril y la vida del régimen. El día 16, por aquel gesto de ayer, recobraremos la República y la Constitución y afirmaremos sus postulados. Para respetarlos e impulsarlos si todos acatan el veredicto popular. Para defenderlos si el adversario vuelve a tomar la ofensiva». Sólo admitían, pues, su propia victoria[*].

El 16 de febrero votó el 72% del censo electoral. Las primeras noticias daban éxitos importantes a las izquierdas. Sin ser resultados definitivos, bastaron para que las masas izquierdistas se echasen a la calle, invadiesen ayuntamientos e intentasen, y a veces lograsen, soltar a los presos, etc. La coacción así creada pesaba sobre la pureza de los recuentos. Según Gil-Robles, «los gobernadores civiles manifestaban su parcialidad en muchas provincias (…) y toleraban los desmanes y coacciones de las turbas, cuando no colaboraban descaradamente con ellas». Azaña observará: «Los gobernadores de Portela habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte, y empezaron los motines». Nada semejante, ni de lejos, había ocurrido en noviembre de 1933, cuando habían ganado las derechas. Portela, convencido de hallarse el país en vísperas de la guerra civil, ansiaba escapar de un cargo que le abrumaba más cada hora. Gil-Robles lo visitó para proponerle declarar el estado de guerra y poner coto a los disturbios y coacciones. Eso se ha interpretado a menudo como una propuesta de golpe de estado, pero no está claro que fuese así. De hecho, Alcalá-Zamora firmó tanto el estado de guerra como el de alarma, que restringía numerosas libertades públicas, aunque recomendando usar sólo el segundo. Así hizo Pórtela, y el estado de alarma continuaría hasta la reanudación de la guerra en julio[1].

Franco, por primera vez, mostró disposición a actuar drásticamente. Creyó inminente una revolución desde el poder y advirtió al general Pozas, jefe de la Guardia Civil de que «se estaban sacando unas consecuencias revolucionarias que no estaban implícitas, ni mucho menos, en los resultados» de las urnas; «Todo lo que sea rebasar ese resultado es inaceptable por virtud del mismo sistema democrático (…). Si los desórdenes van en aumento, debe preverse la posibilidad de declarar el estado de guerra». Pero Pozas, masón que había mostrado su simpatía a los líderes rebeldes de la Esquerra en la instrucción de su proceso, se opuso, y calificó los disturbios de «alegría republicana». El 17 por la tarde, tras hablar con el ministro de la Guerra, general Molero, Franco, sabedor de la existencia del decreto del estado de guerra, intentó su aplicación, pero no tuvo éxito. Poco después visitó a Portela. Éste le habría sugerido que el propio ejército tomase la decisión, pero su interlocutor, formalista, le hizo notar que los militares estaban divididos, siendo «al Gobierno a quien compete defender la sociedad, secundado por el Ejército». Pero Portela reculó[*][2].

De momento las izquierdas habrían obtenido unos 200 diputados contra 150 las derechas, mayoría considerable, pero lejana de la absoluta; además faltaba una segunda vuelta electoral en las provincias donde ningún grupo hubiera alcanzado el 40% de los votos. El gobierno debía presidir y garantizar las elecciones hasta el final, pero el día 18 desertaba. Portela se justifica en sus memorias mencionando los continuos disturbios: tiroteos y choques callejeros con muertos y heridos, especialmente en Zaragoza; asaltos a ayuntamientos, empezando por el de Madrid, e imposición de las autoridades destituidas por su participación en la insurrección del 34; incendios y motines sangrientos en las cárceles, etc. Según él, la izquierda republicana atizaba los desmanes, para cargar sobre el gobierno la responsabilidad de una represión cruenta. Por ello habría dimitido, entregando el poder a un renuente Azaña, máximo líder de la coalición de izquierdas. El general Núñez de Prado describirá así el traspaso de poderes: «Parecía una ceremonia masónica. El Gran Maestre de la Gran Logia [Portela] da posesión a su sucesor [Azaña, también masón, aunque algo escéptico], delante del Gran Oriente Español [Martínez Barrio] y en presencia de dos generales masones [Pozas y el propio Núñez de Prado[3]]». La segunda vuelta electoral, prevista para el 2 de marzo, iba a ser gestionada por una de las partes brutalmente enfrentadas, nueva y seria anomalía en aquellos comicios.

Los presos, también muchos comunes, estaban siendo liberados por las masas, incitadas a menudo por líderes extremistas, como La Pasionaria. El nuevo gobierno no intervenía contra esa imposición de la ley desde la calle, que ahora le perjudicaba. Esperaba que el temporal amainase tras unos días de «alegría republicana».

La segunda vuelta afectaba, entre otras, a las tres provincias vascas, donde ningún grupo había alcanzado mayoría suficiente en la primera. El PNV había sufrido una sensible pérdida en votos en relación con las elecciones del 33: de 181 000 a 152 000. Entonces las derechas, por cortar el paso a la revolución, votaron al PNV, dándole una holgada mayoría. Ello no impidió a los nacionalistas jactarse de haber obtenido la victoria en solitario.

En Cataluña el frente izquierdista ganó netamente en la primera vuelta, con el 57% de los votos. Cambó recuerda: «El día del escrutinio, en el cual me hacían el favor de dejarme sin acta, se organiza una manifestación que, al deshacerse, va a la Layetana y al pasar por delante de mi casa empieza el griterío con las voces de mori Cambó. Si en aquellos momentos unos hombres valerosos hubieran reventado la puerta y subiendo a mi casa me tiran por el balcón, seguramente aquel día se habría iniciado la revolución salvaje que se produjo el 19 de julio[4]». Terminaba definitivamente la carrera de Cambó como líder que tanto había sido y aún más pudo ser desde que, 35 años atrás, se revelara como el jefe más hábil y audaz del nacionalismo catalán. Otros nacionalistas más radicales le vencían, mientras en el aire se cernía la tormenta que él había previsto ya en 1930, contra el optimismo vacuo de Ortega y Gasset.

En el conjunto del país, los votos de cada grupo han sido estimados de forma muy desigual, pero suelen considerarse los datos más fidedignos los ofrecidos por J. Tusell en su libro sobre aquellas elecciones, corregidos ligeramente por Ramón Salas. Hubo un empate práctico entre la izquierda y la derecha, con cuatro millones y medio de votantes cada una. El centro sólo recibía 400 000 sufragios.

Naufragaba la ilusión por la que Don Niceto había destruido a Lerroux y vedado a Gil-Robles un poder al que éste tenía pleno derecho, abriendo las puertas del poder a unas izquierdas muy radicalizadas. Pues el empate en votos se traducía en superioridad izquierdista en diputados: 263 frente a 168. Lo hacía posible la ley electoral, que en cada provincia convertía una mínima ventaja en votos en una gran mayoría en escaños.

Ha habido mucha discusión sobre la legalidad de estos comicios. La izquierda ha insistido en que la derecha los reconoció, lo cual es cierto en cuanto a la mayoría de ella, pero también lo es que la derrota la dejó extraordinariamente desmoralizada y sin capacidad inmediata de reacción. En todo caso, las numerosas y serias anomalías saltan a la vista, ya desde el planteamiento, bélico de hecho.

Y Portela no era el único en ver los resultados como la puerta a la guerra civil. O a la reanudación de ella, pues en octubre del 34 ya la izquierda la había organizado y conseguido mantener durante dos semanas en Asturias, aunque fracasara en el resto.

La vida política se hizo aún más hosca. Habían triunfado, en definitiva, los mismos que se habían alzado contra el gobierno democrático de centro derecha en 1934 o que habían justificado el alzamiento. Y, dato demostrativo del fraude, súbitamente perdieron interés en sus pasadas promesas de investigar y castigar la represión de octubre. En vano pedirían las derechas una investigación parlamentaria para aclarar los hechos… La denuncia de las supuestas crueldades y corrupciones derechistas, la amnistía y un común afán de revancha, habían sellado un pacto entre las izquierdas, pero después de las urnas pasaron a primer plano las diferencias entre los vencedores.

Las izquierdas republicanas entraron a gobernar sin los socialistas. Un difícil problema para ellas era su persistente dispersión. Se habían concentrado varios grupos, quedando dos principales, Izquierda Republicana, de Azaña, y Unión Republicana, de Martínez Barrio, pero seguían siendo partidos endebles y muy escasos de líderes de alguna talla política o personal. Esta última carencia la deploraba Azaña desde el principio del régimen, con frases alternantes entre el patetismo y el sarcasmo. El tercer grupo importante, la Esquerra catalana, iba más por libre.

Con frecuencia se ha calificado de moderado el programa de gobierno, pero su talante era revanchista con respecto a la insurrección de octubre, prometiendo la amnistía a todos los participantes, con triunfante reposición en sus empleos, y la persecución a quienes habían defendido la ley. Y planeaba la «republicanización» del estado, entendiendo por tal la depuración de elementos no izquierdistas y la sumisión práctica del poder judicial al ejecutivo, con vistas a impedir la vuelta de la derecha al poder, reduciéndola a un papel testimonial. Permanecía la vieja idea: sólo los autodenominados republicanos tenían «títulos» para gobernar.

El PSOE seguía siendo el partido más poderoso y árbitro de la situación. Como se recordará, el fracaso del 34 lo había llevado al borde de la escisión. El grupo de Besteiro, legalista y moderado, apenas pesaba en el partido. El de Prieto quería recoser la alianza del primer bienio, pero se lo impedía el más fuerte y revolucionario sector de Largo Caballero. Para éste, el pacto electoral terminaba en las mismas elecciones, sin compromisos ulteriores con la izquierda burguesa. En sus Memorias escribe: «Azaña creyó (…) que por estar él en el poder se terminarían los conflictos entre patronos y obreros (…). Como a pesar de haber un Gobierno republicano se producían huelgas [promovidas en gran parte por la UGT], se desesperaba[5]». Pero dice sólo la mitad de la verdad. Largo pensaba en una revolución de corte soviético, y sus órganos de propaganda, en especial Claridad, —Prieto se había quedado con El socialista—, exaltaban constantemente a la URSS. Al revés que Prieto, no pensaba gobernar con los republicanos, sino desplazarlos, y ahora se le ofrecía la ocasión de hacerlo sin necesidad de una nueva y siempre incierta insurrección: le bastaba desgastar a fondo al gobierno para provocar su crisis y heredarlo legalmente, como miembro del Frente Popular. La perspectiva daba escalofríos a las derechas.

No era el único movimiento revolucionario. Los anarquistas creían también muy próximo su gran día. Su órgano Solidaridad Obrera predecía: «La revolución será libertaria. Lo afirmamos resueltamente. Estos días se ha venido repitiendo la frase de Lenin en distintos periódicos marxistas y de izquierda. Lenin dijo en un discurso que la segunda nación de Europa que utilizaría la dictadura del proletariado sería España (…). Aquí no se admiten dictaduras (…). Pese a Lenin y a todos sus panegiristas, España va directamente hacia una revolución de tipo libertario (…). En esta hora preñada de amenazas es cuando el sentido revolucionario debe agudizarse, concretarse, no desperdiciarse ocasiones. (…) No es necesario en España pasar por la experiencia rusa. Los hechos nos han demostrado que el proletariado de aquella nación está controlado, dirigido y, por qué no decirlo, tiranizado por un Gobierno dictatorial que responde a la concepción férrea, esclavizadora, del Estado». Empezaban a delinearse los sangrientos conflictos entre marxistas y ácratas[6].

Otro fuerte impulso venía de los comunistas. Partido pequeño hasta entonces, destacaba ya por su agresividad y disciplina, en alianza con la potente formación de Largo. No obstante difería de éste en la táctica. El PCE prefería mantener el pacto electoral y presionar al gobierno republicano para que lo cumpliera según lo interpretaban los comunistas. Su demanda capital consistía en el desmantelamiento de todos los partidos de la derecha, supresión de su prensa y encarcelamiento de sus líderes, empezando por Gil-Robles y Calvo Sotelo, so pretexto de «fascismo». Encomendar esta tarea —que habría liquidado las libertades—, a un gobierno burgués y teóricamente democrático, habría allanado decisivamente el camino hacia una revolución de tipo soviético.

El fruto de estas políticas, esperanzas y expectativas fue una carrera de los extremistas en sus preparativos, en la organización y desfiles de milicias, huelgas, ocupación de fincas, etc. Frente a un gobierno desbordado desde el primer día surgía otro poder desde la calle.

La situación prerrevolucionaria relegó a un tercer rango las cuestiones nacionalistas en las preocupaciones generales del país, pero tiene interés la actitud de la Esquerra y el PNV. Los líderes de la primera recibieron una despedida apoteósica en Madrid, e, influidos por el ambiente del momento, pensaban, deplora Azaña, «plantarse de nuevo en Barcelona y tomar posesión del Gobierno por la fuerza (…). Disparate colosal: repetir otro 6 de octubre y hacérmelo a mí[7]». Aun así, y con todo su orgullo por su hazaña del 6 de octubre, la Esquerra había salido un tanto escarmentada. Sus elementos menos extremistas cobraron mayor peso, y la asustada Lliga no le ofreció apenas oposición; además estaba el miedo a la CNT.

Por lo que respecta al PNV, continuaría su alianza de hecho con la izquierda, manifiesta en su colaboración con varias de las iniciativas que más iban a viciar la legitimidad del Frente Popular y llevar al régimen a la ruina.

La reacción primera de la derecha fue de aplanamiento y miedo. Gil-Robles, deprimido, se retiró a un segundo plano, dejando el protagonismo a Giménez Fernández, representante del sector por así decir izquierdista del partido. La Falange decidió mantenerse discretamente al margen de cualquier apoyo a la derecha o de hostigamiento a la izquierda. Los monárquicos quedaron a la expectativa.

Cuando Azaña, en su primer discurso como ganador, el 20 de febrero, prometió una política de paz, la CEDA se agarró como a un clavo ardiendo a la esperanza de que el gobierno opusiera su poder a la revolución, e incluso los carlistas acogieron bien sus palabras. La diputación permanente de las Cortes, con mayoría derechista por no haberse reunido aún el nuevo Parlamento, facilitó a Azaña una salida más o menos airosa al brete en que le habían puesto sus seguidores: legalizó la amnistía impuesta por las masas y restableció la autonomía catalana para disimular el «disparate» atribuido por Azaña a Companys. Sin embargo, la «alegría republicana» no menguó por esas concesiones.

La cronología tiene aquí el mayor interés porque muestra que, lejos de disponerse a la sublevación desde el comienzo del Frente Popular, el grueso de la derecha adoptó una actitud sumisa y amedrentada, bien calibrada por las izquierdas, empezando por Azaña. El mayor deseo de la CEDA y los monárquicos era que el gobierno cumpliera e hiciera cumplir la ley, y garantizase el orden público. Este punto es crucial.

Azaña tampoco cumpliría las esperanzas depositadas en él. En sus escritos se jacta de haberse convertido en un «ídolo» de las derechas, cuyo pavor le sugiere frívolas chanzas; o describe cómo las humillaba en cuanto había ocasión, o cómo trataba a Don Niceto con igual desprecio. El 1 de marzo, día de la segunda vuelta electoral, rompía sus promesas conciliadoras al proclamar ante masas izquierdistas, parte de ellas milicianos socialistas y comunistas uniformados, su decisión de «que la República no salga nunca más de nuestras manos (…). Tenemos la República y nadie nos la arrebatará». Refrendaba el programa del Frente Popular: se acababa la alternancia. Nada semejante había declarado Gil-Robles en sus horas de triunfo[8].

Aún después de las antidemocráticas frases de Azaña el 1 de marzo, Gil-Robles siguió prometiendo, el día 6, «una oposición serena, razonada y firme, sin obstrucciones estériles», y Giménez Fernández forzaba una fútil declaración del partido a favor de la república y la democracia, con autocrítica por su insuficiente política «social» anterior. Lo cual no ayudó a ganarle el respeto de las izquierdas[9].

Por otra parte, hacia el 8 de marzo varios generales, entre ellos Franco, parecen haberse reunido para preparar «un movimiento militar que evitara la ruina y la desmembración de la patria». Franco impuso que el movimiento no debía ser monárquico ni republicano, sino sólo «por España», y desencadenarse «sólo en caso de que las circunstancias lo hiciesen absolutamente necesario[10]», sin especificar cuáles serían tales circunstancias. Desde la quema de conventos y bibliotecas de mayo de 1931, algunos generales monárquicos habían mantenido una conspiración intermitente y perfectamente inútil contra el régimen, y en marzo del 36 la cosa no parecía tener mucho más alcance.

El persistente legalismo de la CEDA sufrió un duro embate a finales de marzo, cuando los diputados de izquierda, erigiéndose en juez y parte, organizaron una «revisión de actas», mediante comisión parlamentaria, para hacer aplastante su mayoría quitando a las derechas parte de sus escaños. Las elecciones habían sido harto irregulares, pero más bien en perjuicio de las derechas, cuyas reclamaciones desestimó la comisión entre brutales insultos de los revolucionarios, mientras recibían crédito, sin necesidad de muchos datos, las alegaciones izquierdistas. Una vez más, nada parejo había sucedido tras la victoria derechista del 33. Las derechas perdieron así más de 30 escaños, sumados a otros dudosos de la primera y segunda vuelta. Se trataba, señala Madariaga, de «la ejecución de un plan deliberado y de gran envergadura», cuya primera fase consistía en reducir a la derecha a una posición testimonial. Gil-Robles, indignado, declaró: «Nos habéis arrebatado más de cuarenta actas (…). Con todo eso habéis dado origen a unas Cortes que nacen con un vicio de nulidad». La CEDA se retiró de las Cortes por no aparecer como cómplice del desafuero[11].

Su retirada molestó a la izquierda por su repercusión en el exterior. Aunque la censura impedía publicar en la prensa la mayoría de los disturbios y violencias, la prensa internacional se hacía eco del desorden, motivando quejas del Frente Popular. La acción de las derechas fue respondida con amenazas de considerarlas rebeldes, y la CEDA volvería a las Cortes tres días después, con la cabeza gacha.

Entre las derechas minoritarias, los carlistas intensificaron, sobre todo en Navarra y bajo la dirección de Antonio Lizarza, sus preparativos para una rebelión. Por parte falangista, José Antonio había depositado esperanzas en Azaña, pero pronto se desengañó. El gobierno procedió a clausurar centros de Falange el 27 de febrero, y poco después su órgano de expresión Arriba. El propio José Antonio fue encarcelado con acusaciones que se demostraron falsas (asociación ilícita), pero permanecería en prisión con acusaciones sucesivas y forzadas hasta ser fusilado meses después de reiniciada la guerra. Mientras, su partido sufría un letal acoso en la calle, con asesinato de varios de sus militantes. Volvía a ocurrir como en 1934, y, como entonces, la Falange terminó replicando con violencia. El gobierno y las izquierdas creían poder aniquilar fácilmente a la pequeña formación, pero iban a encontrar una resistencia insospechada.

La «alegría republicana» cobraba violencia por semanas. También a finales de marzo organizaba la UGT una invasión masiva de 3000 fincas en Extremadura, acto revolucionario que pronto se haría corriente, acompañado de talas, venganzas e incidentes sangrientos. El gobierno, a rastras del movimiento, legalizaba el ataque generalizado a la propiedad. Las huelgas por cualquier motivo retraían la iniciativa privada que unos meses antes mostraba notable recuperación, y hacían crecer aceleradamente el desempleo. Las izquierdas, que provocaban tal situación, presentaban el freno de las inversiones, la huida de capitales y el paro como un deliberado sabotaje capitalista a sus planes, con lo cual las huelgas y disturbios aumentaban, en círculo vicioso.

Con frecuencia corría la sangre en atentados y choques callejeros, y cundían los incendios. Al mes de las elecciones consignaba Azaña: «Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de derecha y el registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño, el viernes Madrid, tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas… Han apaleado (…) a un comandante, vestido de uniforme, y que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de artillería; en Logroño, acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales (…). Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias[12]». La quema o asalto de iglesias, centros políticos, prensa y domicilios de derechistas, acompañados cada vez más de asesinatos, marcarían aquellos meses. Los atentados de la Falange recibían la dura represión de unas autoridades que cerraban los ojos ante los mucho más numerosos de la izquierda.

Azaña actuaba de manera chocante. Ante las peticiones de la derecha de que cumpliera su deber más elemental de defender la ley, decía retóricamente el 3 de abril en las Cortes: «Hay que condenar el desmán»… para a continuación justificarlo: «Dejemos llegar a nuestro ánimo el sentimiento de la misericordia y de la piedad. ¿Es que se puede pedir a las muchedumbres irritadas o maltratadas, a las muchedumbres hambreadas durante dos años, a las muchedumbres saliendo del penal, que tengan la virtud que otros tenemos de que no trasparezcan en nuestra conducta los agravios de que guardamos exquisita memoria?». Palabras asombrosas. Justificaba su renuncia a aplicar la ley con argumentos que sólo podían alentar los desmanes; argumentos por otra parte ilusorios, pues los disturbios no respondían tanto a una violenta, pero espontánea, revancha, como a la dinámica de unos proyectos revolucionarios.

Palabras, además, puramente demagógicas, pues durante el bienio conservador había sido contenida el hambre, que había aumentado en vertical durante el bienio azañista-socialista; el maltrato, si juzgamos por la represión sangrienta de manifestaciones obreras, había sido mucho mayor también en el bienio azañista; y las «muchedumbres saliendo del penal» ni eran tantas ni eran inocentes, ya que habían intentado traer la guerra civil a España. Declaraciones como éstas, sumadas a las ya vistas sobre la retención indefinida del poder, o a la revisión de actas, deslegitimaban de modo profundo e irremediable al gobierno, por mucho que alegara su no del todo convincente victoria electoral. Azaña había pensado encauzar la revolución, pero se veía arrastrado por ella y la espoleaba.

El mes de abril resultó decisivo. El movimiento revolucionario crecía, las milicias izquierdistas desfilaban con jactancia, a veces armadas, por distintas poblaciones. La prensa de Largo Caballero llamaba a presionar al gobierno, que, «En el asunto de las milicias, como en el de la amnistía, como en el de la Reforma Agraria, acabará por inclinarse ante el certero instinto de las masas proletarias y campesinas». Se quería dar a las milicias atribuciones de orden público (pronto empezarían a operar junto a las fuerzas oficiales de seguridad, como quedaría de relieve en julio, en el asesinato de Calvo Sotelo), y convertirlas en garantía de las invasiones de fincas y otras acciones revolucionarias. El doble poder se afianzaba[13].

En ese ambiente fue defenestrado el presidente Alcalá-Zamora, como le había anunciado Gil-Robles en la borrascosa disputa de diciembre. Prieto y Azaña urdieron ese nuevo y crucial paso para anular cualquier posible resistencia a los planes de la izquierda, planes por lo demás nada claros aparte de su decisión de retener el poder. El 2 de abril el Parlamento se declaró indisoluble por el presidente, lo cual tenía algo de golpe de estado, según apreció Don Niceto. A continuación vino la destitución de éste por medio de una dudosa interpretación de la ley. La Constitución autorizaba al presidente a disolver las Cortes dos veces, pero si la segunda era declarada injustificada por las Cortes siguientes, el presidente quedaba destituido. La ley trataba de impedir así el despotismo presidencial: si el mismo partido que había gobernado con las segundas Cortes volvía a ganar las elecciones, quedaba claro que la disolución había sido arbitraria, y el presidente debía pagar su abuso.

Pero si ganaba un partido que antes estaba en la oposición, no podía declarar injustificada una disolución a la que debía el poder. Pues bien, el Frente Popular, para librarse de Don Niceto, tachó de arbitraria la disolución de enero del 36. Y como de ella habían nacido las Cortes izquierdistas, éstas declaraban su propia ilegitimidad.

Había además otro problema: ¿debía considerarse dicha disolución la primera o la segunda? Las Cortes constituyentes, con las que había gobernado Azaña en el primer bienio, habían sido disueltas en octubre de 1933, pero, precisamente por su carácter constituyente, no tenían término fijo en su ejercicio, y por tanto su eliminación no computaba entre las dos del derecho presidencial. De este modo, la disolución de enero del 36 habría sido la primera, y las Cortes siguientes no podían juzgarla. Así lo había interpretado antes Azaña, pero ahora convino en lo contrario y obró en consecuencia. En todo caso se trataba del típico conflicto a dilucidar por el Tribunal de Garantías, y no debían hacerlo las Cortes convirtiéndose, una vez más, en juez y parte.

La arbitrariedad se acumulaba a otras muchas. Salió Don Niceto humillantemente despedido por los mismos que le debían el poder, pero que encontraban en el presidente una cortapisa a sus aspiraciones absolutistas. Martínez Barrio, presidente de las Cortes y sucesor provisional del defenestrado, lamenta en sus Memorias: «Nos habíamos lanzado por uno de esos despeñaderos históricos que carece de toda posibilidad de vuelta». La toma de posesión le pareció «más velada fúnebre que fiesta de recién nacido[14]». En mayo, Azaña sustituía a su vez a Martínez Barrio, dejando la dirección del gobierno al galleguista Casares Quiroga, con quien no varió la política oficial.

La revisión de actas y la expulsión de Don Niceto libraban al gobierno de toda posible resistencia o contrapeso desde la derecha. Las dos maniobras ocuparon al Parlamento hasta mediados de abril. Sólo entonces pudieron plantear las angustiadas derechas el problema del orden público y el cumplimiento de la ley. Los días 15 y 16 de ese mes, entre burlas e insultos de las izquierdas, Gil-Robles y Calvo Sotelo denunciaron con abundantes datos una larga serie de asesinatos, huelgas inmotivadas, incendios y destrucciones, incluyendo la de joyas arquitectónicas y artísticas, etc. A su juicio, los desórdenes ya duraban demasiado. «¡Y lo que durarán!», se jactó Margarita Nelken. La Pasionaria acusó de los desmanes a los mismos que exigían se les pusiera coto, y habló de «arrastrarlos», es decir, asesinarlos. José Díaz, líder del PCE, amenazó de muerte a Gil-Robles. El presidente de la Cámara, en aquel momento Jiménez de Asúa, ordenó retirar sus palabras del acta de sesiones, pero La Pasionaria las refrendó. Las izquierdas revolucionarias se sentían fuertes, y su lenguaje tenía tonos increíblemente injuriosos y provocadores. Azaña, una vez más, respaldó a los revolucionarios, quitando importancia a los sucesos.

Más y más derechistas veían sólo una salida violenta. Sin embargo, ésta resultaba sumamente azarosa. Los falangistas eran grupos menores, mal armados, llevaban la peor parte en su enfrentamiento con el gobierno, y, de intentar rebelarse en bloque serían aplastados sin la menor duda. Con los carlistas ocurría lo mismo. Y el ejército, única posibilidad real, sufría una profunda división, haciendo muy dudoso el éxito de un golpe. Muchos lamentaban no haber aprovechado la intentona izquierdista de 1934 para un contragolpe, en lugar de haber defendido la Constitución.

La conspiración militar proseguía con la ineficiencia habitual, hasta que, a finales de abril, se hizo cargo de ella el general Mola, aunque nominalmente la dirigiese Sanjurjo desde su exilio en Portugal. Mola extendió los hilos de la conjura y por primera vez trazó planes concretos para un golpe y una transitoria dictadura militar republicana. El gobierno seguía atentamente estos movimientos, como había ocurrido con la «sanjurjada». Las izquierdas revolucionarias presionaban en pro de la desarticulación de la trama golpista, pero el gobierno, presidido desde el 12 de mayo por Casares Quiroga, prefería vigilar para aplastarla en el momento oportuno. Se ha solido culpar a Casares de pasividad e inoperancia, pero la acusación tiene poca base; y, como veremos, el golpe iba a fracasar.

A primeros de mayo la CNT celebraba en Zaragoza un magno congreso para acordar, entre otras cosas, las grandes líneas, y hasta los detalles, de la sociedad libertaria, que venteaban próxima. A fin de acelerar la revolución trasladaron su sede central a Madrid. Su optimismo se tradujo en el recrudecimiento de huelgas salvajes, a menudo en rivalidad, que llegó al pistolerismo y los asesinatos mutuos con la UGT.

Las izquierdas menos extremistas también sentían ansiedad por el empuje revolucionario. El 1 de mayo Prieto clamaba en Cuenca: «¡Basta ya! ¡Basta, basta! (…). Lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata». Y, aunque la izquierda acusaba a la derecha de organizar o inducir los desmanes, él reveló la realidad: «Podrán decir espíritus simples que ese desasosiego, esa zozobra, esta intranquilidad, la padecen sólo las clases dominantes [nada dominaban entonces]. Eso, a mi juicio, constituye un error».

No sólo las derechas, pues, vivían en continua zozobra, también el gobierno y Prieto sentían inquietud por su propio descrédito e impotencia. La sustitución de Alcalá-Zamora por Azaña debía redondearse con la subida de Prieto a la jefatura del gobierno, pero Largo y los suyos lo habían impedido. La aversión entre ambos sectores socialistas crecía cada semana, y en el famoso mitin de Écija, a finales de mayo, Prieto y varios seguidores hubieron de abrirse paso a tiros para escapar de ser linchados por otros socialistas del bando bolchevique.

En las semanas siguientes el caos se incrementó. Para mediados de junio habían muerto cerca de 300 personas en violencias políticas desde las elecciones. El día 15 Calvo Sotelo y Gil-Robles volvieron a pedir en las Cortes la aplicación de la ley, en una sesión tan furiosa como la de abril. En dramáticas intervenciones, Calvo llamó al ejército a intervenir si las cosas seguían igual, y Casares se proclamó beligerante contra la muy minoritaria violencia «fascista», situándose en posición contraria a la ley… casi nunca aplicada a los desmanes de izquierdas. También achacó a Calvo la responsabilidad de cuanto pudiera ocurrir. Calvo, sintiéndose amenazado, replicó que no temía la muerte, pues «es preferible morir con honra a vivir con vilipendio».

El PNV continuó favoreciendo a las izquierdas extremistas y boicoteando los esfuerzos de las derechas. Ninguna oposición hizo a las arbitrariedades de la Comisión de Actas, y votó la ilegítima destitución de Alcalá-Zamora, tan similar a un golpe de estado. Justificó confusamente su voto contra Don Niceto mencionando insistentes «súplicas» del Frente Popular, en especial de la Esquerra, según la cual el presidente se resistía a devolver a la Generalitat las competencias de orden público (cosa no muy extraña después del octubre del 34). Así que «los diputados [nacionalistas] vascos, comprendiendo la razón y la fuerza del argumento, no dudaron en acudir a su lado» para votar la peligrosa e ilegal medida[15].

Rematando su peculiar explicación, el PNV censuraba a la CEDA: «No es serio hacer una campaña electoral a base de la improcedencia de disolver las Cortes y luego hacer otra cosa en el salón de sesiones». Pero si la CEDA hubiera ganado y destituido a Don Niceto, no se habría deslegitimado a sí misma, como hacía la izquierda; y la postura cedista distaba de ser incoherente: había rechazado el procedimiento, no la destitución misma, y pedido el arbitraje del Tribunal de Garantías[16].

La causa de la actitud del PNV radica en el estatuto. Para obtenerlo trataba de congraciarse con las izquierdas, difuminando exteriormente sus planes separatistas y multiplicando las declaraciones de «lealtad» y «honradez». Si bien el estatuto «no es nacionalista», aclaraba, constituía «un bien relativo», y el Partido «va al Estatuto sin miras egoístas (…). No desea otra cosa sino que todos los sectores políticos lleven al Estatuto la recta intención, la ausencia de reservas, la buena fe y el propósito de acierto que a él mismo le guían». No es fácil saber qué entendía por buena fe el PNV, presto a rebasar la autonomía en cuanto la lograse. Si su «recta intención» fuese imitada, nunca llegaría el estatuto. Pero el proyecto fue presentado a las Cortes el 15 de abril[17].

El PNV colaboraba sobre todo con la Esquerra. El 13 de abril celebró en Bilbao un multitudinario homenaje a Macià, cuyo nombre pasó a ostentar una avenida, en resarcimiento del acto frustrado por la autoridad en 1934. Participaron los nacionalistas y las izquierdas, produciéndose roces entre ellos. Los enviados catalanes fueron agasajados en un «envidiable ambiente patriótico», en medio del cual «ambos pueblos, el catalán y el vasco, fundidos en un estrecho abrazo, expresaron la identidad de sentimientos y esperanzas en el triunfo de un ideal»… que no convenía concretar demasiado. Aguirre describió el futuro estatuto como «una ruta clara y definida hacia la libertad», o sea, la secesión, lo que no le impidió invocar, una vez más, la «lealtad». El estatuto debía tener «un sentimiento democrático y progresivo», aseguró, quizá para halagar a Prieto; y «si con el estatuto el humilde sería avasallado, si el capitalista vería prosperar sus negocios, yo os aseguro que el pueblo vasco renunciaría a su autonomía[*]». Al acto correspondió la Esquerra con un homenaje a Arana en Barcelona[18].

Conforme avanzaban las semanas y el caos, crecía la ansiedad del PNV. El ideólogo Arantzadi advertía el 9 de junio: «Nos alcanza en todas partes la descomposición del Estado español (…) estrago inmenso de su organización social, batida por la inmoralidad y la anarquía». Descomposición a la cual el PNV cooperaba sin duda, pese a advertir cómo repercutía sobre «la nación envidia de las naciones», es decir, sobre Euzkadi: en «momentos históricos de gravedad no igualada hasta los presentes», urgía «reaccionar contra las convulsiones epilépticas de un pueblo moribundo que nos quiere aniquilar en su desesperación»; «Se ha desencadenado otra vez la persecución contra nuestro pueblo, atacándolo en sus hijos los solidarios y en el patrimonio de todos, la riqueza vasca». Presentaba así los encontronazos de los sindicatos izquierdistas con la STV: «Al pueblo vasco se le quiere deshacer invocando el obrerismo, los derechos del obrero español frente al obrero vasco». «Esta lucha desatada contra el obrerismo vasco no es social, sino racial[19]».

No por ello cerraba filas el PNV con quienes trataban de frenar la revolución. Al revés, el lenguaje sabiniano rivalizaba con el izquierdista en motejar a las derechas de «fascistas». Y Arantzadi imitaba a Arana en una fantástica versión histórica al mencionar «El abismo de irreligión en que ha caído España a pesar de los torrentes de sangre que heroica, imprudente y suicidamente derramó Euzkadi en las dos guerras carlistas y luchando contra la impiedad exótica». Las derechas eran «los cómplices de la revolución», «fuerza diabólica» porque, «presentándose como auténticos representantes de la Iglesia (…) han arrebatado con sus engaños a la religión el mundo proletario»; y las acusaba de «falsificar el Evangelio ante el pueblo, para hacer creer a éste que en sus miserias, en sus codicias y en sus odios latía el más puro espíritu cristiano». Temas también recurrentes en la literatura de extrema izquierda[20].

Ante tales amenazas urgía reforzar en las masas la convicción nacionalista, tanto más necesaria cuanto que «Se hablaba y se habla de nuestra originaria libertad, de nuestras venerandas instituciones; pero son cosas que se dicen, como desgraciadamente lo hemos comprobado tantas veces (…) sin saber lo que se dice[21]».

Aun así, los sabinianos confiaban mantener a «Euzkadi» al margen de los sucesos generales del país. Un instrumento clave a tal fin sería su sindicato STV, «una masa de trabajadores como no la tiene ningún partido [de derechas] en España ni en Francia»; «A esta fortísima organización de 40 000 trabajadores vascos debe hoy Euzkadi su seguridad ante la catástrofe marxista que amenaza al Estado español». Pero el partido no las tenían todas consigo. El dirigente Enrique de Orúe proclamaba: «Vamos con la idea y el espíritu de Sabino Arana (…). Con absoluta lealtad a su concepción (…). Con posiciones graduales en el Estatuto autonómico en el mejor caso, y sin Estatuto en el peor caso, ténganlo todos por cierto, no nos detendremos jamás ni seremos contenidos por nada ni por nadie hasta la República confederal vasca (…). ¡Plena libertad a la patria! (…) En último término, bien lo sabéis: valdrá más morir por ella que vivir en la abyección[22]».

La propaganda mantenía su abrumador narcisismo: «Las Repúblicas americanas del Sur constituyen para los vascos un timbre de gloria y de legítimo orgullo nacional. El vasco, con su carácter individualista e inconfundible con ninguna otra raza de las que pueblan aquel suelo, ha labrado un nombre: el de la honradez, el de la austeridad, el de la hombría de bien (…). Timbres de gloria que a nadie pertenecen más que a la patria de los vascos, a Euzkadi». Durante siglos los vascos habían emigrado como españoles y beneficiándose del idioma común, pero este hecho se esfumaba en la propaganda sabiniana: al parecer nadie aparte de los vascos era honrado, austero y «hombre de bien». ¡Qué vasco «bien nacido» resistiría halagos tales[23]!.

El narcisismo de la Esquerra, aunque menos exclusivista, no iba en zaga al del PNV: «Las otras tierras ibéricas admiran el ejemplo de Cataluña, de la Cataluña de Macià y de Companys, de la Cataluña del 14 de abril y del 6 de octubre. Cada victoria esquerrista (…) aumenta esta admiración y hace brillar cada vez más el papel de Cataluña en la historia de la Segunda República española». Rovira i Virgili ensalzaba «la democracia ejemplar de Cataluña»: «Una vez más, ésta ciudadanía nuestra señala la ruta y se mueve en vanguardia de la democracia republicana y proletaria del resto de España (…). Siempre, en todos los momentos históricos de la vida del régimen, el pueblo catalán ha ocupado el primer rango». «Pueblo catalán» y Esquerra, como siempre, venían a ser sinónimos[24].

Un motivo de aquella euforia radicaba en la pretendida calma del Principado, en contraste con otras regiones, pues la mayoría de ellas, sobre todo de Madrid hacia el sur, sufrían una agitación permanente. El político esquerrista Claudio Ametlla lo explicaba: «En Cataluña (…) el estado social (…) no tiene la violencia de otras partes. Esto seguramente supone que nuestra composición social tiene matices distintos. Quiere decir que tenemos una clase media, un artesanado profundamente patriótico. Quiere decir también que nos encontramos en un estadio más elevado que otros, y eso se debe al patriotismo. Con todo y haber derechas e izquierdas, nuestra convivencia es más perfecta que en otros pueblos». La propaganda nacionalista celebraba mucho el «oasis catalán», sugiriendo la imagen de un desierto para el resto del país, vanagloria sin mucha base, pues el anarquismo y el nacionalismo habían hecho de Cataluña, desde principios de siglo, la región más violenta de España. La muy relativa tranquilidad de entonces, en disminución con el paso de los meses, obedecía a otros factores: la sumisión de la derecha, una CNT de momento contenida, y, quizá, la no devolución del orden público a la Generalidad (no lo sería hasta el 5 de junio). La desmoralizada Lliga, aunque no participó en la destitución de Alcalá-Zamora, votó luego a Azaña, en un intento de congraciarse con los vencedores[25].

Por otra parte, el extremismo de la Esquerra persistía, aunque se hubiese escindido de ella el grupo Estat Català. Companys organizaba lo que llamaba «democracia expeditiva», propuesta como modelo para toda España, y cuya traducción al lenguaje normal, en opinión del mismo Azaña, vendría a ser despotismo demagógico. Al abandonar por unos días el Parlamento las derechas, tras la revisión de actas que las había despojado de buen número de ellas, La Humanitat clamaba amenazante: «Se concreta la rebelión de las derechas (…) [pretenden] deshacer el juego normal de las Instituciones parlamentarias, apuñalar al régimen». Veía en la retirada una «negativa a la convivencia», una «rebelión de la derecha monárquica y fascista», y exigía al gobierno «liquidar[la] implacablemente en el caso de que apuntase siquiera una sombra de posibilidad». Coincidía con Prieto, cuyas palabras elogiaba el doctrinario Rovira i Virgili: «Han quitado la máscara legalista a los derechistas españoles y han dado a la democracia republicana y obrera el aviso necesario. Con una política izquierdista decidida y clarividente, todos los peligros desaparecerán»; «En la energía contra los enemigos de la República está la mejor medida de un buen gobierno». Y criticaba las «demasiadas contemplaciones acaso, demasiadas condescendencias hasta ahora». Nunca tales amenazas había proferido la derecha cuando la misma Esquerra, en julio de 1934, se había retirado de las Cortes por un motivo tan difícil de justificar como un fallo del Tribunal de Garantías. Prieto había definido dicha retirada como una abierta rebeldía, pero en plan encomiástico[26].

Los esquerristas procuraron la destitución de Alcalá-Zamora para sustituirlo por «un hombre de izquierda que garantice la política que necesita la República». Que necesitaba la Esquerra, obviamente. Don Niceto, que había llegado a provocar graves crisis a las derechas por asegurar la conmutación de las penas a los dirigentes de la rebelión de octubre, recordará amargamente: «Companys, cuya vida para él indudablemente muy preciosa cuidé de salvar (…) cuando salió de prisión hizo alarde grosero de visitar a todo el mundo excepto al presidente de la República. Sólo fue agradecido Pérez Farràs». Concluida la operación, el jefe de los diputados esquerristas explicó: «Nos sentimos satisfechos en el fondo de nuestra conciencia y de nuestra responsabilidad[27]».

En abril la Esquerra organizó actos reivindicativos de personajes como el «apóstol» Pi y Margall, uno de los padres de la desastrada Primera República, seguido de un masivo homenaje a Macià ante su tumba («Volvemos a estar aquí, Macià, con el corazón incluso más limpio y mayor experiencia», dijo Companys), coincidente con el de Bilbao antes mencionado. De este último, La Humanitat recogía los transportes de Prieto, enfervorizado, al parecer, por los secesionismos: «Macià tenía ganada la inmortalidad. Macià no murió. Macià vive en el fondo del corazón de Cataluña», «Nombre inmortal», «Fue la encarnación de un pueblo»; «Y cuando aquí se han evocado juntamente los nombres de Sabino Arana y de Francisco Macià, he caído en la reflexión de que no pueden ser objeto de menosprecio, ni aun en un momento crítico, los hombres que han sentido afecto e idolatría por los pueblos a los cuales pertenecían». Actitud bien distinta de la de las autoridades que en agosto del 34 habían impedido el mismo homenaje: «Cuando dos pueblos peninsulares, valiéndose de los nombres de hombres que los simbolizan, quieren darse un abrazo fraternal, vienen autoridades que, a título de unitarias, despóticas, lo prohíben. ¿Puede haber separatismo más bajo de miras y más mezquino que éste que impide abrazarse a dos pueblos que se aman? Pues hoy el abrazo es posible (…) en este acto sencillo y solemne en que la emoción invade nuestros espíritus». Poco después Barcelona homenajeó a Sabino Arana[28].

Rasgo de los tiempos fue la tendencia a difuminar el nombre de España. El grito «¡Viva España!» empezaba a adquirir un carácter subversivo, como «fascista» o «reaccionario», y a él se oponía el de «¡Viva la República!», o, entre las izquierdas revolucionarias, «¡Viva Rusia!».

El 28 de abril, un atentado conmocionaba a la Esquerra. Los hermanos Miquel y Josep Badia caían muertos a manos de unos pistoleros. Miquel tenía un largo y violento historial en el partido de Macià, habiendo participado en el complot terrorista de Garraf durante la dictadura de Primo. Muy próximo a Dencàs, había dirigido el orden público en el año 34, dejando a los libertarios un agrio recuerdo de secuestros y torturas, y había otorgado a los escamots funciones policiales. El 10 de septiembre de 1934, poco antes del golpe de octubre, había protagonizado un sonado escándalo al asaltar a la cabeza de unos escamots, entre mueras a España y a la justicia española, el estrado de unos jueces que habían multado a un nacionalista por desacato a los tribunales. Badia había vejado a los miembros del tribunal, impidiéndoles firmar la sentencia, y arrestando al fiscal. El atropello había obligado al gobierno Samper a imponer la dimisión de Badia, pero a continuación la Esquerra le había tributado un fastuoso homenaje como «soldado que lucha por la libertad de Cataluña», en frase de Companys, y entre llamamientos a los «futuros soldados del Ejército liberador de Cataluña». Badia había pasado a ocuparse de la insurrección a tiempo completo.

Y el 6 de octubre había sido el único que podía reclamar algo semejante al título de héroe. Había salido con algunos hombres —en realidad innecesarios— para socorrer a Companys en el palacio de la Generalidad, aunque distara de cumplir su no muy arduo objetivo. Al volver la Esquerra al poder, en febrero del 36, se había sentido mal recompensado.

La prensa nacionalista condenó el «bárbaro asesinato» y clamó «¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!». Las banderas «desoladas», ondearon a media asta. El crimen, confirmaba Rovira i Virgili, era un «martirio», causado por «potencias tenebrosas». «Los dos hermanos patriotas han muerto por la Patria (…). A Cataluña no pueden matarla». Aunque nadie ignoraba que los pistoleros sólo podían ser anarquistas, se trató al principio de achacar el atentado a la Falange. Los anarquistas negaron la autoría, pero amenazaron a la Esquerra con jornadas de sangre si a los muertos se les tributaban honores de víctimas. El entierro resultó un nuevo homenaje multitudinario, protegido por un masivo despliegue policial, en medio de una insoportable tensión[29].

Bajo los clamores nacionalistas bullían algunas diferencias internas. La versión heroica ofrecida a los catalanes sobre Companys y los suyos el 6 de octubre había exigido un chivo expiatorio que cargara con los elementos grotescos del lance, y ese chivo había sido Dencàs. Hacia él se canalizaron la rechifla y los insultos, con sugerencias de traición, que en un primer momento había sufrido la Esquerra en pleno. La prensa en todo el país se mofaba de aquél, de sus llamamientos por radio, de su final «¡Viva España!», de su fuga por las alcantarillas. Pero, sin la menor duda, él había sido el único que, con mejor o peor fortuna, había intentado coordinar las operaciones desde la consejería de Gobernación, mientras en el Palau de la Generalitat Companys y los suyos, defendido por más hombres armados de los que les asediaban, se limitaban a esperar y se rendían cómodamente a las pocas horas y tras recibir el edificio unos cuantos cañonazos de poco calibre. El papel de chivo expiatorio no satisfizo a Dencàs, que solicitó un debate parlamentario sobre los sucesos. Companys, con desagrado, hubo de aceptarlo, para los días 5 y 6 de mayo. La discusión, al igual que los homenajes a Macià, proporciona un retrato de época.

Companys acusó a Dencàs de haberle dejado sólo en la Generalitat, donde «estábamos absolutamente batidos [y] rodeados». Apenas habían estado batidos y en ningún momento rodeados. El así acusado señaló que la poca práctica de los escamots en acciones nocturnas les llevaba a tirotearse entre ellos, y por eso él había decidido esperar al amanecer, cuando debían llegar, además, refuerzos del exterior. Companys replicó sarcásticamente: «Su señoría esperaba la mañana para (…) derrotar a los ejércitos que estaban emplazados estratégicamente en todas las plazas y en todas las calles de Barcelona». Dencàs, indignado, le gritó: «¡Ciento veinte soldados, señor Presidente!», en referencia a los «ejércitos» que asediaban la Generalidad, contra 550 policías y voluntarios armados que la protegían. Companys siguió como quien oye llover: «Entonces (…) bajarían todos los refuerzos del exterior y en un momento derrotarían a aquel ejército establecido de forma estratégica en las plazas y calles de Barcelona». Su mala fe saltaba a la vista, pero los incondicionales diputados, resueltos a mantener el mito, gritaban y apostrofaban al desdichado Dencàs.

Peor fue cuando éste, para defenderse, leyó una carta del difunto y pocos días antes homenajeado Badia, que también se había sentido preterido por sus compañeros: «No cuenta nada el que aquella noche aciaga algunos nos jugáramos la vida. Nuestra obligación, sobre todo la mía, era capitular enseguida, sin luchar como lo hicimos (…). Y tenía la obligación de estarme escondido en un despacho y sacar la bandera blanca en cuanto hubiera oído un par de cañonazos. Di mal ejemplo al ser el único que con un grupo de voluntarios salió a la calle, y ahora lo he de pagar. Reconozco que merezco sólo desprecios e insultos (…) [y que] el apoyo material y moral lo tienen bien ganado aquellos valientes que (…) permanecieron bien escondidos para rendirse a cambio de que les perdonaran la vida. Sí, hace muy bien la gente en ayudar y plañir por esos pobretes». Era más de lo que podían soportar los diputados esquerristas, pues les concernía a todos directa o indirectamente. Arreciaron en sus insultos y protestas hasta interrumpir la lectura de la carta.

Los abucheos no impidieron que saliese a la luz parte de los preparativos de aquel verano, cuidadosamente ocultados por los jefes nacionalistas ante el Tribunal de Garantías. A la revelación de tratos con Prieto en torno a un cargamento de armas, Lluhí, consejero de Justicia y Derecho, increpó a Dencàs con frases tan excitadas como reveladoras: «¡Repito que es falso, y si usted tuviera dignidad, no lo diría! ¡Es un secreto que no le pertenece sólo a S. S.! ¡Usted es un hombre infame! ¡Un infame, un delator y un traidor!». Demostraba que quien mentía era él, el guardián de la justicia. No menos expresivo estuvo Companys: «Quiero dejar de lado todo lo anecdótico en cuanto al 6 de octubre (…). Para nosotros la verdad, nuestra verdad, es la única verdad (…) es la que consta en el proceso y en el juicio oral ante el Tribunal de Garantías». Aquella «verdad» nadie la llamaría tal, a no ser que estuviera muy interesado en ella, lo que no ha impedido a Companys pasar a la mitología habitual aureolado de honradez.

De nada sirvieron a Dencàs sus «anécdotas». Con prepotencia algo cruel sentenciaba La Humanitat: «El mejor favor que se puede hacer a Dencàs es no entretenerse en comentarlo», pues, estaba claro, «Ni Cataluña ni su nombre sacarían de ello beneficio». Quizá sonaría más sincero si en vez de «Cataluña» hubiera escrito «la Esquerra». Dencàs salía triturado por su «falta de altura de miras y de seriedad (…), de emoción cordial, de corrección de palabra». Companys, en contraste, «ha ganado todavía en altura» con sus «cálidas y humanas palabras», su «clara nobleza apasionada, sentido de la responsabilidad de gobernante». Conclusión: «Hemos de proclamar la gloria y la eficacia de aquel gesto». El gesto del 6 de octubre, cuando Companys y Dencàs habían intentado lanzar a Cataluña a la guerra civil[30].

Al paso de las semanas los nubarrones políticos en la región se hacían más negros, y más dura la conflictividad laboral. La CNT, pasajeramente calmada con promesas «sociales» (el propio Badia había declarado que, de haber triunfado en octubre, habrían dado «el máximo de libertades sindicales»), exhibía una creciente insolencia ante los políticos de la «democracia expeditiva». La alarma se hacía visible —de modo parejo a como ocurría en el PNV—, en los llamamientos del ideólogo Rovira i Virgili, a «reaccionar contra los síntomas de contagio y perturbación». Las alteraciones, instruía, sólo podían ser «reflejos y repercusiones de inquietudes y conflictos de fuera», frente a los cuales urgía «poner una generosa ambición patriótica en el corazón de los catalanes: ésta es la mejor garantía contra los peligros de las horas angustiosas[31]».

Por lo demás, la solidaridad esquerrista con las izquierdas gobernantes y su acoso a las derechas no cesaba. El 14 de junio celebraban el reingreso en el ejército, con todos los honores, de los militares comprometidos en la intentona de octubre. Y la prensa de Companys decidía que Gil-Robles y Calvo Sotelo estaban «por el fascismo» cuando ambos habían pedido, desesperada, reiterada e inútilmente en las Cortes, que el gobierno hiciera cumplir la ley, y advertido sobre lo que, lógicamente, podría ocurrir en caso contrario[32].

En julio, la situación general empeoró todavía. La conspiración militar dirigida por Mola se bandeaba mal entre las exigencias contradictorias de sus componentes, en particular un sector carlista, radicalmente opuesto a la república (Mola pensaba en un golpe republicano, no monárquico), y las medidas del gobierno, que tenía bajo vigilancia a bastantes conspiradores y los perturbaba quitándoles el mando o cambiándolos bruscamente de destino. Pero en la noche del 12 de julio ocurría un suceso que en cierto modo resumía y culminaba el proceso abierto en febrero: con el pretexto de vengar el asesinato del teniente Castillo, militar izquierdista e instructor de las milicias del PSOE, un grupo de guardias de asalto y milicianos socialistas, dirigidos por un oficial de la Guardia Civil, Condés, también socialista e instructor de las milicias, intentaron secuestrar y matar a varios líderes de la oposición, al menos a Gil-Robles y a Calvo Sotelo. Al primero no lo hallaron en casa, pero sí al segundo, a quien asesinaron en la misma camioneta policial. La mezcla de milicianos y guardias en operaciones policiales en la operación caracterizaba bastante bien una ausencia práctica de ley, una situación prerrevolucionaria muy avanzada[*].

El crimen abrió definitivamente las compuertas de los odios. «Sentí la impresión de que todas las treguas estaban terminadas y disipadas todas las esperanzas de concordia», escribirá Martínez Barrio. Las últimas diferencias entre los conspiradores militares se desvanecieron y se hizo imparable la acción, antes aplazada varias veces, debido en parte a la cautela de Franco, que esperó hasta el último momento un cambio de rumbo en el gobierno. Se trataba de dar un golpe militar rápido y por ello no muy cruento en principio. Los albures eran muy grandes, porque en el ejército, como en la sociedad, los espíritus estaban muy divididos y enfrentados.

El mismo efecto tuvo el suceso en las antes divididas izquierdas. Escribió Prieto en su periódico El liberal, de Bilbao: «Hoy se dijo que la trágica muerte del señor Calvo Sotelo serviría para provocar el alzamiento de que tanto se viene hablando. Bastó este anuncio para que, en una reunión que sólo duró diez minutos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Unión General de Trabajadores, la Federación Nacional de Juventudes Socialistas y la Casa del Pueblo quedaran de acuerdo [para] su acción común». Y caracterizó los días por venir: «Será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel».

CUARTA PARTE:

LA GUERRA CIVIL

Capítulo 17

TRES NACIONALISMOS ESPAÑOLES

Conviene, aquí llegados, recapitular sobre el proceso que llevó a la catástrofe. La historiografía hoy por hoy más habitual enfoca la guerra española desde la teoría de la lucha de clases con unos u otros matices: la clave explicativa se hallaría en las reformas sociales intentadas por la izquierda, las cuales, al atacar los privilegios de una opresiva y explotadora oligarquía, habrían motivado la reacción bélica de ésta. La derecha, es decir, «la oligarquía», no habría cesado de conspirar contra el régimen reformista hasta alzarse en armas en 1936 con el falso pretexto de un peligro revolucionario. Ese enfoque da importancia menor, derivada, a la cuestión de la legalidad y la democracia.

En este trabajo, por contra, no buscamos la clave en un supuesto antagonismo entre clases sociales, sino en el impulso revolucionario de buena parte de la izquierda, la anarquista, impulso arrollador desde que se le sumó el PSOE a partir del verano de 1933, y combinado con el jacobinismo de los republicanos y la Esquerra, dispuestos a destruir su propia legalidad para impedir gobernar a las derechas; y, a un nivel inferior, con la acción del PNV, favorecedora de esas tendencias. De ahí la revuelta de octubre del 34 y el naufragio de la convivencia nacional desde febrero del 36.

La interpretación según la lucha de clases es antidemocrática, pues considera la democracia, con sus libertades políticas y alternancia en el poder mediante elecciones, como un conjunto de formalismos superficiales bajo los cuales opera la explotación del «pueblo trabajador» por el capital. Antidemocrática no quiere decir falsa, pero de hecho lo es, como lo prueba su necesidad de deformar la realidad para adaptarla a la teoría. Así, los republicanos de izquierda, obrando siempre en nombre del «pueblo», tuvieron escaso apoyo popular, mientras que mucho más de la mitad del pueblo en 1933, y la mitad en 1936, se identificó con las derechas, la «oligarquía reaccionaria», según estos criterios. Y cuatro grupos (CNT, PSOE, PCE, POUM), cada uno presunto representante exclusivo de la «clase obrera», se persiguieron y masacraron entre sí.

Quienes sostienen esa teoría han debido crear la imagen de una derecha violenta y visceralmente antidemocrática. Esa imagen, difundida con tenacidad, ha tenido mucho éxito dentro y fuera del país, en buena medida porque concordaba con el mito de la «España negra», propagado durante siglos por gran parte de Europa.

Sin embargo la más somera observación nos muestra que la república no llegó tanto por un anhelo popular como porque la derecha monárquica entregó pacíficamente el poder; que ante la posterior agresión incendiaria de mayo del 31, las derechas reaccionaron sin violencia —la cual no dejaría de estar bastante justificada entonces—; que en su gran mayoría se tuvieron al margen del golpe de Sanjurjo, o lo condenaron; que, contra la versión corriente, no aprovecharon su victoria electoral en 1933 para la venganza y destrucción de las reformas del primer bienio, pues éstas siguieron su curso (reparto de tierras, reformas militares, autonomía catalana, jurados mixtos, etc.). Tampoco replicaron a la revuelta izquierdista del 34 con un contragolpe para aplastar la república, como sin duda habrían hecho de ser ésa su aspiración; y apenas ofrecieron resistencia al ser desalojadas del poder de modo dudosamente legal, y desde luego insensato, por Don Niceto. Tras ganar el Frente Popular unas elecciones poco normales, la mayoría derechista reafirmó su respeto a la legalidad y apoyó a Azaña en un último intento de contener el empuje extremista; y si se sublevó finalmente fue en situación claramente prerrevolucionaria y contra un gobierno deslegitimado por su dimisión de sus deberes más elementales. Con la excepción de las muy minoritarias conjuras militares, más bien pintorescas, la derecha distó mucho de actuar con violencia contra la república.

En contraste, las izquierdas ya en 1930 replicaron con un golpe militar a la oferta monárquica de elecciones, y luego explotaron unos comicios municipales para hundir la monarquía. Aunque el nuevo régimen llegó bajo la dirección de los conservadores Alcalá-Zamora y Maura, enseguida tomó tinte izquierdista, manifiesto en incendios y agresiones. La CNT organizó sangrientas insurrecciones, reprimidas con dureza y muchas víctimas por Azaña, que también utilizó la sanjurjada para un ataque general (cierre de prensa, expropiaciones, detenciones, etc.) a una derecha mayoritariamente ajena al golpe. Sólo en el primer bienio la violencia política ocasionó 280 muertos, según el cálculo conservador de Stanley Payne, casi todos izquierdistas luchando entre sí. Varios derechistas fueron asesinados en las elecciones de 1933, y las izquierdas respondieron a las urnas desfavorables con intentos de golpe de estado o planes revolucionarios. En 1934 acosaron con asesinatos a la Falange hasta forzarla a replicar de igual modo, y organizaron maniobras subversivas y huelgas violentas, culminadas en la cruenta insurrección de octubre. Los socialistas, los nacionalistas catalanes, los comunistas y los anarquistas crearon milicias que solían obrar como «partidas de la porra», perpetraban atentados e intimidaciones, etc., mientras el PNV daba preparación paramilitar a sus mendigoxales. La derecha en general no hizo nada de eso, con la excepción muy minoritaria de Falange y los requetés, y ello en un sentido defensivo.

Esto, en cuanto a la violencia. Pero no son menores los errores en torno a la derecha y la democracia, divulgados por una historiografía propagandística. Desde fines del siglo XIX, la palabra democracia la usaban sobre todo los republicanos, entrañando un jacobinismo exaltado, no lejano del anarquismo (Pi y Margall, Lerroux, Ferrer Guardia…). No sin razón despertaba recelo aquella «democracia», desastrosamente aplicada en la I República. También las izquierdas revolucionarias la invocaban, pero habían sido las convulsiones causadas por todos ellos las que habían impedido al régimen liberal de la Restauración desarrollarse hasta una plena democracia.

Las derechas, desde luego, no simpatizaban con una democracia jacobina. Ante ella habían reaccionado a la defensiva, pero sin oponerle un discurso propio, y les influía la crisis del parlamentarismo en Europa. Eran liberales, y la propia dictadura de Primo toleró la difusión de ideas revolucionarias. Si preferimos los hechos a la propaganda, la realidad brota con nitidez ante nuestros ojos. La república llegó con marchamo democrático, y su Constitución lo fue en lo esencial, si bien lastrada por su contenido antirreligioso y otros defectos. Pero una Constitución democrática se convierte en papel mojado si los partidos no la respetan, y difícilmente podían respetarla grupos tan antidemocráticos como el marxista PSOE o la CNT, o incluso los republicanos de izquierda o los nacionalistas vascos y catalanes, lo cual volvía muy azarosa la aplicación de las libertades y de la alternancia en el poder mediante elecciones.

Las izquierdas han recordado mil veces las ocasionales frases antiparlamentarias de Gil-Robles como prueba irrefutable de su antidemocratismo. Pero son pruebas muy relativas cuando las izquierdas hacían declaraciones mucho más graves y frecuentes, y acompañadas de actos, contra la democracia. Los hechos y la mayoría de las palabras dibujan una CEDA moderada, conciliadora y legalista. Estos rasgos habrían asentado a la república si las izquierdas hubieran respetado a su turno las reglas del juego. En la práctica, si no en la teoría, el grueso de la derecha aceptó y defendió la democracia, incluso en momentos tan cruciales como la insurrección de octubre, contra el asalto de unas izquierdas democráticas sólo de palabra. Conviene reiterarlo, porque una incesante propaganda ha borrado o difuminado este hecho definitivo.

Pero si la derecha pudo mantenerse legalista y democrática pese a la embestida de octubre, ya le fue imposible tras las duras pruebas posteriores a las elecciones del 36, cuando vio en inminente peligro todo aquello —la religión, la propiedad, la familia, la integridad de España— que a su juicio permitía una vida civilizada. Peligro muy auténtico, contra lo que ha pretendido la historiografía tipo «lucha de clases».

Para entonces, la conclusión casi general en medios conservadores fue que la experiencia estaba hecha, y demostrada la imposibilidad de una democracia liberal en España. La imposibilidad se teorizó en función de profundas raíces históricas o del carácter nacional, pero se entiende mucho mejor eludiendo explicaciones tan vagas y generales, y atendiendo al comportamiento concreto de unas izquierdas empapadas de ideas mesiánicas y exclusivistas, y, secundariamente, de unos nacionalismos de pareja sustancia doctrinal.

A su vez el mesianismo izquierdista creaba una percepción del enemigo, la derecha, como un monstruo opresivo, y esa imagen frustraba la conciliación tantas veces ofrecida por la CEDA, tomada por sus contrarios como síntoma de debilidad a explotar sin concesiones. La doctrina de la lucha de clases excluía la armonización de intereses, no entre clases, sino entre los partidos, también entre los partidos llamados obreros. La razón por la que calaron tanto esos mesianismos desborda el ámbito de este estudio, para el cual basta constatar el dato indudable.

Una variante de la lucha de clases es la versión de «las tres Españas» tal como la han difundido Preston y otros. En ella, la guerra provendría del choque de tres grandes corrientes adversas entre sí y de fuerza similar: la revolucionaria, la reaccionaria y la reformista. La reaccionaria abarcaría a la derecha casi en pleno, y la reformista a los republicanos de izquierda fundamentalmente. Se recupera así, desfigurándola, la idea de Madariaga de que el destino del régimen lo habría marcado la pugna del centro (en el cual incluye él al grueso de la derecha) por sobrevivir al tirón de los extremismos.

Pero si dividimos las izquierdas entre reformistas y revolucionarias, lo mismo hemos de hacer con las derechas, pues no eran igual la Falange o el golpismo monárquico, y la pacífica CEDA. Habría, pues, cuatro Españas, si así queremos llamarlas, dos a la izquierda y dos a la derecha. Sin embargo no había simetría entre ellas, pues así como los revolucionarios predominaban ampliamente en las izquierdas, en las derechas lo hacían los moderados. Esta simple relación de fuerzas aclara el panorama y explica los sucesos con naturalidad, sin forzarlos o mutilarlos como imponen la teoría de la lucha de clases y la de las «tres Españas[*]». Quizá el régimen hubiera sobrevivido si los llamados reformistas hubieran sido leales con la derecha moderada, pero no lo fueron. La historia de la república resulta así de la radicalización de las izquierdas en general, y el fracaso de las derechas moderadas en contener los efectos de esa radicalización.

En este proceso hacia la guerra, la Esquerra contribuyó destacadamente a la radicalización revolucionaria, el PNV colaboró a ella desde la derecha, y la Lliga, cada vez menos nacionalista, participó de los esfuerzos y la impotencia de la derecha por frenar la revolución.

He aquí una visión general del proceso: a partir del 98 fue cuajando en España una doble tendencia que crispaba la convivencia social: un auge de las ideologías revolucionarias combinado con la corrosión de la idea y la solidaridad nacionales, atacadas a un tiempo por los internacionalismos y por los nacionalismos regionales. La dictadura de Primo había intentado atajar el rápido deterioro, pero sólo había logrado aplazarlo. En la república tuvieron su gran oportunidad aquellas fuerzas enemigas del liberalismo y de la tradición nacional española. Ellas denunciaban los atrasos e injusticias sociales, pero lo hacían con exageración y a veces con histeria, presentándose como renovadoras y capaces de corregir drásticamente los males. El fruto resultó algo indigesto. Como diagnosticaba el influyente diario El Sol al abrirse el año 1936, «los españoles vamos camino de que nada nos sea común». Los antagonismos se habían vuelto fortísimos. Ni siquiera cabía esperar que una total claudicación de las derechas —con la eliminación consiguiente de la democracia— hubiera evitado el choque, porque existía también una violenta hostilidad entre los propios grupos revolucionarios y nacionalistas, apenas disimulada por la común inquina a las derechas. Discordias tales no hacían inevitable la guerra civil, pero sí muy difícil de esquivar; y el empujón definitivo lo dio, paradójicamente, el católico «progresista» Alcalá-Zamora, al expulsar del poder a la CEDA.

La guerra a punto de estallar, o más bien de recomenzar, tras el asesinato de Calvo Sotelo, iba a tener rasgos muy complejos. Sería, en primer lugar, una lucha entre revolución y contrarrevolución, entre una izquierda mayoritariamente totalitaria y una derecha que había llegado a hacerse autoritaria. Sería asimismo una guerra religiosa, por la persecución exterminadora contra la Iglesia católica y porque muchos izquierdistas entendían su ideología en términos pararreligiosos. También incluiría una guerra entre las propias izquierdas, mal sofocada por la lucha contra el enemigo común. Y sería, en fin, una pugna entre varias concepciones de España, en la que los nacionalismos vasco y catalán iban a desempeñar un papel secundario, pero de ningún modo irrelevante.

Por lo que respecta a los nacionalismos, han solido presentar la guerra como un conflicto entre el nacionalismo español y los nacionalismos vasco y catalán, como una guerra contra «Catalunya y Euzkadi». Ello concuerda con las doctrinas nacionalistas, pero no con las pruebas históricas. Ni Cataluña ni Vasconia lucharon como tales contra el resto de España, sino como parte de uno u otro bando enfrentados. Y ni aun así defendieron los vascos o los catalanes una política, pues se hallaban tan divididos como el resto de los españoles.

Tras unos cuarenta años de empeñada labor, ambos nacionalismos habían creado en sus regiones un ambiente popular propicio, aunque bastante superficial y alejado aún de sus aspiraciones. La mayoría de los votantes del PNV y la Esquerra no asumían o conocían siquiera las doctrinas partidistas. Más bien expresaban un sentimiento de orgullo regional, muy abonado por dichos partidos con el combinado típico de narcisismo y victimismo, al modo como el obrerismo comunista o socialista arrastraba a muchos obreros desconocedores o desinteresados de las doctrinas marxistas, pero persuadidos de que tales partidos defendían sus intereses inmediatos y su dignidad personal. Como habían demostrado los hechos de octubre, el grupo de Companys y la vasta mayoría de los catalanes tenían ideas muy dispares sobre Cataluña. Y los motivos de los votantes del PNV iban desde la religión hasta el separatismo racista, pasando por el simple recelo ante posibles abusos centralistas.

Llama la atención, en otro sentido, el casi nulo esfuerzo de sabinianos y pratistas por desarrollar, no digamos criticar, las doctrinas de sus fundadores. Sus adeptos las consideraban cuerpos doctrinales cerrados, limitándose a acentuar tal o cual punto de ellos, según la oportunidad. Así, también, los marxistas y anarquistas hispanos, que no aportaron nada mencionable a sus teorías; si bien no precisa comentario la distancia intelectual entre un Marx y hasta un Bakunin, y un Arana o un Prat de la Riba.

Tampoco dichos creyentes habían tenido que trabajar mucho rebatiendo a un nacionalismo español de líneas poco definidas. Les bastaba con la permanente desvaloración y el desprecio a España o a Castilla, porque el nacionalismo español tuvo manifestaciones variadas y hasta opuestas, bastante alejadas de un cuerpo doctrinal como el sabiniano o el pratense. Se ha señalado a menudo la escasez de estudios sobre el nacionalismo español, cosa explicable en parte por esa razón.

Aquí debemos volver sobre la confusión provocada por las palabras. El nacionalismo propiamente dicho surge de la revolución francesa, con su abstracción del «pueblo» como el sujeto de la soberanía por encima de monarquías u otras formas de poder tradicionales. En ese sentido no habría nacionalismos anteriores al siglo XIX. Mas no por eso dejaban de existir antes las naciones y los sentimientos patrióticos, a los que también podemos llamar nacionalismos, en un sentido amplio. Quevedo, o, mucho más atrás, san Isidoro, son claros exponentes de ese nacionalismo avant la lettre, aunque, si queremos hacer la distinción, podemos dejarlos en patriotas españoles. En suma, la debilidad de un nacionalismo doctrinario a la moderna, como ocurría en España, no niega la existencia de una nación, ni impide un fuerte sentimiento patriótico. Lo único que cambia desde la Revolución francesa es la consideración y el papel político de la «nación», endiosada, según sus críticos, como depositaría de una soberanía absoluta.

El siglo XIX había traído a España un nacionalismo liberal, unitario y centralista, pero que, al coincidir con la invasión francesa y sus brutales ataques al cristianismo, no pudo calar a fondo en una población que tendía a identificar el liberalismo con la imposición extranjera y la irreligiosidad recién derrotadas. De ahí el choque entre el nacionalismo liberal y el nacionalismo o patriotismo tradicional, éste muy ligado a las divisiones, fueros y autonomías del antiguo régimen. De ese choque, con sus tres guerras civiles y una tensión permanente a lo largo del siglo, derivó finalmente el nacionalismo vasco y, en parte el catalán, en ruptura con el patriotismo español.

Vemos un ejemplo de esa confusión creada por las palabras en el análisis de Álvarez Junco sobre la consigna carlista: «Dios, patria y rey». Según Álvarez, los términos Dios y rey son claros, pero no así el de patria: «Patria tiene un contenido no ya distinto, sino casi opuesto al de nación. Esta última daba por supuesto la existencia de un sujeto colectivo que era, o podía acabar siendo, portador de la soberanía. Para ello era preciso construir una serie de mitos, relacionados con el pasado, en los que se destacasen las grandes virtudes del pueblo elegido, expresadas en sus hazañas colectivas o en las de sus héroes individuales. Pero en el carlismo no se encuentran referencias a los héroes españoles como Viriato, Don Pelayo o el Cid, ni a gestas colectivas como la conquista de América. Se ensalza la patria, sí, pero patria no significa más que un conjunto de tradiciones, creencias, privilegios, leyes e instituciones fundamentales que en absoluto eran privativas de España, sino típicas del Antiguo Régimen europeo. La patria tomaba carne en el rey y la religión (…). Patria, en definitiva, era un término vacío, una pata del trípode que se disolvía en las otras dos: Dios y rey[1]».

Álvarez quiere entenderlo así, pero su análisis tiene mucho de arbitrario. Un carlista entendía y entiende sin la menor duda que el «trípode» no era tal, sino un orden de prelación en que el primer lugar lo ocupaba la religión, el segundo la patria y el tercero el rey, con acomodo a la tradición intelectual española según la cual el poder no le llega al rey directamente de Dios, sino a través del pueblo. Y aunque el carlismo se identificaba con las instituciones europeas del Antiguo Régimen, no por eso pensaba en Europa cuando hablaba de la patria, como viene a implicar Álvarez, sino en España, indiscutiblemente. De ningún modo era un término vacío, aunque no cantase las glorias del Cid, de Cervantes o de los descubrimientos del siglo XVI. Esto apenas hacía falta, porque a los ojos de todo el mundo resultaba obvio, una parte esencial de la tradición y la cultura distintivas de España, por nadie discutidas entonces. Y de poco sirve resaltar gritos de algunos carlistas como «muera la nación», o su aseveración de que «aquí luchamos por la causa de todas las potencias, por los tronos legítimos contra la revolución y el jacobinismo». La «nación» detestada no era, desde luego, España, sino el concepto jacobino de ella, y el patriotismo nunca ha estado reñido con concepciones generales. El nacionalismo francés no lo era menos por invocar valores universales como libertad, igualdad y fraternidad; o, por poner un caso extremo, Stalin llamó Gran Guerra Patria a la lucha contra Hitler, pero le daba también proyección universal.

Y hay otra obviedad no tenida en cuenta: los nacionalismos de Arana y Prat debieron inventar o reinventar el pasado, desde las «glorias patrias» o el «crimen» del compromiso de Caspe hasta la supuesta servidumbre bajo el yugo español o el castellano; pero el nacionalismo hispano del siglo XIX, tanto en su versión tradicional carlista como en la moderna liberal, apenas tenía esa necesidad, más allá de españolizar a Viriato o a Trajano, o de proyectar hacia la eternidad las esencias patrias. Nadie cuestionaba las dos grandes etapas formadoras de España, la Reconquista contra Al Ándalus, y el Siglo de Oro. No cabía dudar de ellas, porque su huella seguía bien palpable: nadie en España hablaba el árabe o adoraba a Alá, y el Islam se reducía a poco más que arqueología en un país básicamente latino en cuanto al idioma común, el derecho, las costumbres y la religión —en la medida en que ésta vino a través de Roma—. Lo contrario exactamente del norte de África, donde la brillante cultura latina del pasado se había reducido a su vez a arqueología.

Al revés que las «glorias patrias» de Arana o las interpretaciones de Prat de la Riba, no se trataba de hechos dudosos, y los esfuerzos por relativizarlos o negarlos parecían abocados a fracasar por sí solos. Sin forzar las cosas, los españoles podían verse a sí mismos como un pueblo formado esencialmente en la cultura latina y en la religión católica, con un idioma común aparte de los regionales, y una cultura compartida, todo lo cual sólo podía ser fruto de largos siglos de historia.

A su vez, la Reconquista, fenómeno histórico exclusivo (casi ningún país islamizado ha vuelto a la cristiandad), difícilmente habría ocurrido sin la previa existencia de un estado español, el creado por Leovigildo y Recaredo sobre el fundamento cultural latino. Y no sólo porque el reino godo sirvió de legitimación para enmendar «la pérdida de España», sino porque sin ese precedente hubiera sido casi imposible la reconstitución de un estado español unido. Lo más fácil, dada la superioridad material y en algunos aspectos cultural del mundo musulmán por entonces, habría sido la perduración de Al Ándalus, del poder musulmán sobre la península, tal como ha ocurrido en el norte de África; o bien la balcanización del país entre diversos reinos cristianos y musulmanes. Aun con un pleno triunfo cristiano habría sido más probable la formación de unos cuantos países independientes. Pero la reunificación terminó triunfando, con la excepción de Portugal, confirmadora tanto de la regla como de la dificultad del proceso unitario[*]. La historia real no se explica fácilmente sin la perduración de un sentimiento profundo de formar una nación.

Tampoco ofrecía duda la realidad de la expansión cultural e imperial de España en los siglos XVI a XIX, pues la demostraban los numerosos países hispanohablantes, la toponimia, las universidades y tantas huellas hispanas extendidas por medio mundo; hasta la difusión del catolicismo, debida al esfuerzo español en tan amplia medida. Pues otro rasgo clave de esa historia había sido la trabazón entre el elemento patriótico y el religioso, debido a la lucha contra el Islam, primero en la península y luego en media Europa frente al imperialismo otomano, y del catolicismo frente al empuje protestante.

Por ello, ni la Reconquista, ni el Siglo de Oro ni la impronta católica entran en la categoría de invenciones o fabulaciones mitificantes, sino en la evidencia histórica, aunque algunas de sus facetas recibieran un tratamiento mitificador. Estos factores y tradiciones explican que el nacionalismo español, por difuso que se presentase, lograra soportar durante el siglo XX el incesante acoso y corrosión sufridos de parte de los nacionalismos regionales y los internacionalismos revolucionarios.

A mi juicio el error de Álvarez Junco radica en la aplicación del molde general del nacionalismo, según él lo entiende, a realidades muy diferentes entre sí. Podemos hablar de un nacionalismo español difuso, poco doctrinario, o de un patriotismo tradicional, pero no negarlos por el hecho de que no encajen en una plantilla válida, en cambio, para el nacionalismo vasco o el catalán. Ocurre como con el doctrinarismo de la lucha de clases, que impide a otros percibir los hechos decisivos de la república[*].

En el siglo XIX, por tanto, no hubo una elaboración canónica del nacionalismo español, ni siquiera por parte liberal, pero en el siglo XX las presiones y retos de otras teorizaciones y políticas obligaron a formular algo parecido a una doctrina al efecto. El resultado no fue uno, sino dos nacionalismos españoles, que iban a transformarse en tres durante la guerra civil.

El primero fue propiamente el regeneracionismo, después del desastre del 98, que, como vimos en su momento, guarda muchas semejanzas con los nacionalismos de Prat y de Arana, en particular su poco aprecio por el pasado hispano y por el liberalismo. Los hechos, las gestas y la cultura que antaño sustentaban el sentimiento patriótico no podían negarse, pero aparecían ahora privados de valor o reinterpretados adversamente, mientras se mitificaban sucesos históricamente marginales o fracasados, como la revuelta comunera, también al estilo de los nacionalismos catalán o vasco. Y, al igual que éstos, la regeneración o el desquite se proyectaban hacia el porvenir. Este nacionalismo regeneracionista no originó un partido ni una tendencia sistemática, sino una variedad de matices y contradicciones entre un españolismo muy cercano al tradicional y otro casi puramente europeísta, donde el contenido propiamente español se diluía en una visión beatífica y superficial de Europa.

Luego, el ataque al pasado español provocó por reacción otro intento de fundar una doctrina españolista que tomaba del regeneracionismo el deseo de rápida modernización, pero sin romper con una tradición a su entender gloriosa en lo esencial. Ello ocurrió durante la dictadura de Primo de Rivera, según vimos más atrás. Este nacionalismo entroncaba en parte con el tradicionalismo carlista, seguía poniendo la religión por encima de la patria, rechazaba la «divinización» de la nación y del estado, e identificaba la tradición española con el catolicismo y la monarquía. El aire de los tiempos y el fracaso de la Restauración le alejaban del liberalismo, y la impresión de disgregación social y nacional causada por el hervor internacionalista y separatista le apartaba de la democracia y le impulsaba a buscar un asilo fundamental en el ejército, presuntamente no corrompido aún por doctrinas «disolventes» y última defensa ante un colapso social. España debía reencontrar su espíritu en su vieja tradición, y de ahí resurgiría un pueblo digno de su pasado glorioso. El recuerdo del imperio le llevaba a proclamar una voluntad imperialista en un sentido «espiritual», es decir, de proyección cultural, aunque sin descartar la expansión política si se presentaba la ocasión, quizá como una influencia indirecta del imperialismo de Prat de la Riba, según viene a sostener el historiador Enrique Ucelay.

Un punto débil de este nacionalismo radicaba en su dificultad para explicar la decadencia de España, y, por tanto, para proponer un resurgimiento: el país había sido monárquico y religioso en su época de auge, pero también en la de declive. La recuperación no podía venir, por tanto, de la simple insistencia en esos rasgos. Además, la nueva doctrina, como tantas otras, daba por definitiva la crisis del liberalismo y la democracia. Y si bien en la práctica la dictadura de Primo había modernizado al país con mayor rapidez que cualquier régimen anterior desde la guerra de la Independencia, la teoría no aclaraba cómo conciliar esa modernización con unos esquemas ideológicos poco desarrollados, de tonos a veces arcaicos, y por tanto difíciles de aplicar en el siglo XX. La evocación del imperio servía de poco, y los mismos españolistas cultivaban un pragmatismo bastante eficaz, pero mediocre, sin muchos atisbos del invocado espíritu imperial. Demasiado influido por la religión para hacerse fascista, o por resabios liberales para llevar muy lejos el protagonismo del estado, este nacionalismo no llegó a cuajar en un movimiento muy definido, quedando más bien como una revitalización del viejo ánimo patriótico, con un contraste entre su retórica de grandeza y su práctica razonable y de baja tensión ideológica, un tanto débil ante ideologías más exaltantes.

Durante la república, estas ideas cundirían en toda la derecha con diversos, pero importantes matices: con un espíritu moderado y posibilista en la CEDA, deseosa de dar una oportunidad a la convivencia en la república, y por tanto, implícitamente, capaz de aceptar la democracia como vía de desarrollo del país; con más agresividad en los monárquicos o la Falange.

A lo largo del primer tercio del siglo XX, la débil resistencia ideológica ofrecida por el patriotismo o nacionalismo hispano frente a la permanente ofensiva propagandística adversa, creó una impresión extendida de que el españolismo corría a la extinción. La misma palabra España causaba reticencia o repugnancia en muchos ambientes políticos e intelectuales, y en la calle los vítores a la nación solían ser replicados agresivamente con vivas a Rusia, a «la República», a Euzkadi o a Cataluña. Mas, para sorpresa de muchos, la guerra iba a probar la lozanía de aquel sentimiento bajo la costra de una apatía engañosa. En él iba a apoyarse fuertemente el bando que escogió para sí el nombre de «nacional», y, cosa sorprendente, lo mismo haría el bando contrario tan pronto entendió que no lograría estimular a su gente sin apelar al patriotismo español.

Por el lado «nacional», ese patriotismo recogería básicamente la tradición ya indicada, con dos rasgos especiales y poco armonizables: el paralelo resurgir de la piedad religiosa, y la influencia fascista. Un informe del cardenal Gomá al Vaticano, en octubre del 36, deja traslucir alguna preocupación: «Los falangistas (el fascio) son, tomados en conjunto, de espíritu menos religioso que los tradicionalistas (…) sus procedimientos de guerra son más duros; en su espíritu predomina el sentimiento de patria sobre el de religión; y el sentido de fuerza disciplinada prevalece sobre el sentimiento cristiano[2]». Aun así se trataba de un fascismo sui géneris, demasiado inclinado hacia la Iglesia para el gusto de los italianos o los alemanes.

El patriotismo de los nacionales se alzaba en primer lugar contra el internacionalismo revolucionario, pero también, evidentemente, contra los secesionismos regionales. No era incompatible con los regionalismos e incluso con las autonomías, precisamente por sus raíces y nostalgias del Antiguo Régimen, pero la experiencia habida al respecto le inclinaba hacia el centralismo liberal. Y tomaba también del regeneracionismo el impulso modernizador y la idea del «cirujano de hierro», el dictador capaz de solucionar los atrasos más sangrantes. Encontramos ahí una amalgama de actitudes desde el punto de vista doctrinal, aunque no desde el sentimental.

En el bando contrario existía un nacionalismo regeneracionista parejo al catalán y al vasco, y en rivalidad con ellos. Su visión negativa del pasado español lo debilitaba ante los secesionismos e internacionalismos, pero no hay por qué dudar del denso sentimiento español de personajes como Azaña, muchas veces expuesto en sus escritos; y seguramente él, en su jacobinismo, veía los movimientos obreristas o la Esquerra, no digamos el PNV, como males a sobrellevar, más que como una bendición, confiando en integrarlos con promesas de arreglo futuro y de grandeza común: progreso, modernización, europeización. La historia de la república había sido en no parva medida la del fracaso de esa tentativa integradora, y al estallar la guerra los jacobinos iban a ser totalmente desplazados por los revolucionarios. Aun así continuaron oponiendo al patriotismo de los nacionales su propio nacionalismo: eran las izquierdas, afirmaban, incluyendo los partidos secesionistas, quienes realmente defendían a España, al pueblo español, contra una caterva de elementos retrógrados, clericales y militaristas que usaban el nombre de la nación para disfrazar sus injustos privilegios. Con esa versión comulgaban también las izquierdas revolucionarias, a las cuales iban a unir su destino, irrevocablemente, los republicanos, pese a haber sido aquéllas las principales causantes de la destrucción del régimen, desde las insurrecciones anarquistas comenzadas en 1931 hasta la revolución del 36, pasando por la intentona del 34.

Mucho más ímpetu tendría el nacionalismo español levantado de pronto por los revolucionarios, y destacadamente por los comunistas, que pronto habían de convertirse en la fuerza hegemónica del Frente Popular. Sacando partido de la ayuda suministrada a los nacionales por Alemania e Italia, la propaganda izquierdista pintaría el conflicto como guerra patriótica, de independencia frente a una «invasión» nazifascista. El levantamiento popular contra Napoleón pesaba mucho en el recuerdo, y el Frente Popular creyó que combinando el espíritu patriótico con la revolución social despertaría en los suyos un indoblegable afán de lucha, y en el bando opuesto una resistencia capaz de descomponerlo.

Dentro de este repentino y ferviente nacionalismo español de los revolucionarios, la Esquerra y el PNV se sentían harto incómodos. Una parte importante de la guerra consistiría en la relación de dichos dos partidos con los tres nacionalismos españoles, considerado enemigo absoluto el de derechas, y como aliados más o menos aprovechables el revolucionario y el republicano.

Capítulo 18

ESQUERRA Y PNV: DE LA AUTONOMÍA A LA CUASIINDEPENDENCIA

El 17 de julio, cuatro días después del asesinato de Calvo Sotelo, comenzaba en Marruecos la sublevación militar, extendiéndose al día siguiente a numerosas guarniciones peninsulares. Entonces salió a la luz hasta qué punto el proceso revolucionario gestado en los meses anteriores se había hecho irresistible. Durante unas horas de patéticas resistencias, entre los días 18 y 19, en que se sucedieron tres gobiernos, los republicanos Casares y Martínez Barrio intentaron resistirse a la presión de las masas izquierdistas en demanda de armas. Ambos comprendían que ceder equivalía a hundir los últimos restos de legalidad republicana. Martínez intentó incluso negociar con los sublevados sobre la única base posible: el restablecimiento del orden, es decir, el aplastamiento de la revolución entre las derechas y las izquierdas burguesas. Habría sido una solución meses antes, incluso un solo mes antes, cuando Gil-Robles y Calvo Sotelo pedían al gobierno el cumplimiento de su obligación constitucional; pero a aquellas alturas ya no había remedio. Mola rehusó, y las masas acosaron a Martínez Barrio. Dimitió éste, y Giral, su sucesor, procedió a armar a los sindicatos.

En aquel momento la república, o más bien sus últimas apariencias tras los epilépticos meses previos, cayó definitivamente por tierra, y, abiertas todas las compuertas, la revolución inundó el país. Quedó en pie el gobierno republicano, aunque inoperante, por puro descontrol de los extremistas al principio, y después por interés propagandístico y para reclamar legitimidad ante el exterior. No se trataba de una revolución única con un fin determinado, sino de dos, o incluso tres revoluciones, entremezcladas al principio, pero pronto diferenciadas: las de orientación socialista o comunista, y la anarquista.

Contra una versión corriente, no fue el levantamiento derechista el causante de la revolución, sino el armamento de las masas por el gobierno jacobino. En 1934, ante el asalto izquierdista, el gobierno legítimo de centro derecha había defendido la Constitución, pese a disgustarle su carácter antirreligioso. En 1936, cuando la derecha se alzaba a su vez contra un gobierno de izquierdas sin verdadera legitimidad, éste respondía precipitando la revolución que antes no había querido contener. Y, a diferencia de la insurrección del 34, el golpe dirigido por Mola no buscaba una guerra civil sino un rápido golpe de estado.

A los cuatro días pudo hacerse un balance general: el golpe militar había fracasado. No había logrado apoderarse de la capital ni de los principales centros urbanos del país, y en manos del Frente Popular quedaba la aplastante mayoría de los recursos materiales: la industria, la mitad de la agricultura, los grandes nudos de comunicaciones, empezando por Madrid, y las cuantiosas reservas financieras. Además, casi la mitad del ejército de tierra y casi dos tercios de la marina y la aviación, y de las fuerzas de seguridad (Guardia de Asalto, Guardia Civil etc.), quedaba en el bando izquierdista. La marina y la aviación anulaban la única ventaja de los alzados, el reducido (menos de 25 000 hombres) pero bien preparado Ejército de África, aislado en Marruecos.

El gobierno y los revolucionarios sólo tenían que cortar el estrecho de Gibraltar, reducir con una acción enérgica los enclaves rebeldes andaluces, y operar contra la extensa zona centro norte, desde Galicia hasta Aragón, en manos de los sublevados. Esta zona, sobre todo la parte navarra, generaría una caudalosa corriente de voluntarios rebeldes, pero su talón de Aquiles residía en su penuria de municiones, que le impediría resistir más allá de dos o tres semanas.

Por lo tanto, los rebeldes tenían pocas esperanzas, como apreciaron casi todos los observadores. Se confirmaba la dificultad de triunfar por la fuerza contra el aparato del estado, el cual, aunque precario, daba la superioridad a quien lo poseyera de entrada. La victoria del Frente Popular, afirmaría Prieto, estaba garantizada por mucho heroísmo que derrocharan sus enemigos.

En Barcelona, la rebelión, dirigida por el general Goded, fue vencida en una cruenta lucha de calles por la Guardia de Asalto, la Guardia Civil y grupos anarquistas. Sin pérdida de tiempo, la CNT tomó las calles y se impuso en la ciudad, y por tanto en Cataluña. Siguió, como en las demás regiones en poder de las izquierdas, un torbellino de colectivizaciones y de terror contra las derechas y la Iglesia.

El terror fue practicado por los dos bandos, y respondía al odio incubado en las violencias de los años anteriores. Las izquierdas ensalzaban ese odio como virtud revolucionaria, y en las derechas surgió como ansia de desquite tras cinco años de frecuentes, y a última hora continuas, agresiones de sus contrarios. Unos y otros habían resuelto hacer una «limpia» ejemplar de enemigos. En Cataluña, el principal instrumento del terror serían las «patrullas de control», formadas mayoritariamente (algo más de la mitad), por anarquistas. Andando los meses, los demás partidos, allí como en el resto de la zona izquierdista, intentarían descargar sobre la FAI y los llamados «incontrolados» la responsabilidad por el terror, pero todos los partidos participaron en su organización.

La Esquerra encontraba muy inquietante el poder ácrata, máxime cuando entre ambas fuerzas mediaban tantas cuentas por saldar. De momento la oposición al golpe militar creaba un nexo entre ellas, pero la cuestión radicaba en si los anarquistas llevarían a fondo su revolución o no sabrían bien qué hacer con su victoria.

En la ardua situación, Companys tomó la iniciativa con un acto de aparente sumisión a los triunfantes ácratas. Conocía su mentalidad, pues antaño había sido abogado de muchos de ellos complicados en el terrorismo. El día 20 convocó a sus líderes, entre ellos García Oliver, Durruti y Abad de Santillán. Los jefes de la Esquerra, si bien algo asustados, supieron impresionar a sus oponentes. Según parece, Companys les dijo: «Habéis vencido y todo está en vuestro poder; si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña, decídmelo ahora, que yo pasaré a ser un soldado más en la lucha contra el fascismo». Y, hábilmente, les sugirió que podría beneficiarles como representante legal, ya que la guerra exigía reconocimiento internacional y armas, que no obtendrían los anarquistas, pero sí él. García Oliver lo resume: «Declaraba que (…) habíamos sido injustamente perseguidos (…). Que si opinábamos que todavía podía ser útil en la lucha, que (…) no sabíamos cuándo y cómo terminaría en el resto de España, podíamos contar con él, con su lealtad de hombre y de político convencido de que aquel día moría un pasado bochornoso, y que deseaba sinceramente que Cataluña marchase a la cabeza de los países más adelantados en materia social». Como presidente de la Generalidad, «estaba dispuesto a asumir todas las responsabilidades» al servicio de la causa común. Y les propuso crear un comité con representación de todas las izquierdas, a las que había reunido al efecto en otra sala del Palau[1].

La respuesta de la CNT demostró su inseguridad sobre qué hacer. García Oliver y otros deseaban «ir a por el todo», es decir, liquidar cualquier poder burgués e imponer una sociedad libertaria; pero la mayoría vaciló. La líder ácrata Federica Montseny, de acuerdo con Abad de Santillán, dirá que «vencer al fascismo (…) era más importante que realizar nuestros propios ideales[2]». Acordaron, por fin, crear un «Comité de Milicias Antifascistas», dando generosa participación a los partidos que con tanta humildad se les ofrecían. Aquella cesión, señala agudamente García Oliver, marcó el comienzo de la derrota cenetista en el apogeo de su éxito. Porque, además, dejaban en pie, al lado del Comité de Milicias, a un gobierno burgués, una Generalidad impotente por el momento, pero decidida a recuperar posiciones.

Y a los dos días Companys hacía valer solapadamente su autoridad desde el Butlletí Oficial, que «nadie leía». Un decreto creaba milicias ciudadanas al mando de Pérez Farras, militar esquerrista y participante en el 6 de octubre. El comité anarquista tendría misiones «de enlace» y el conjunto dependería de la consejería de Gobernación. Un «golpe de audacia», señala García Oliver, pero prematuro: «En la euforia de una victoria que caía en sus manos sin haber realizado él ni su partido el más mínimo sacrificio, una vez vencido el miedo de tener que pasar por la humillación de octubre del 34, cuando fue él quien tuvo que explicar por radio su capitulación, debió de pensar Companys que, tras la rendición de Goded, los hombres de la CNT-FAI procederían a su vez a deponer las armas y regresar a sus hogares (…). ¡Ilusiones!»[3].

Al crear una consejería de Defensa, el decreto iba también contra la Constitución, prueba de un designio de rebasarla. El día 23, Companys reunió a los partidos para dar fuerza a sus medidas, pero los anarquistas las echaron abajo, aunque sólo en parte: aceptaron en principio el decreto, pero rechazaron las «milicias ciudadanas» y el mando de la Generalitat, e impusieron a los partidos su Comité de Milicias Antifascistas como centro del poder efectivo, para sostener y encauzar un «orden revolucionario». Los demás hubieron de asentir, de muy mala gana.

Las vacilaciones anarquistas persistieron. En un pleno regional se planteó hundir el Comité de Milicias para imponer la revolución social. García Oliver defendió esa postura, pero la mayoría rehusó. Federica Montseny, haciendo un juego de palabras, afirmó que ello supondría implantar una dictadura anarquista, la cual por ser dictadura no podía ser anarquista. Influía también el miedo a una intervención extranjera, hábilmente difundido por Companys y varios líderes de la FAI para frenar a los revolucionarios.

Las medidas anarquistas favorecían indirectamente a la Esquerra, pues al echar abajo el estatuto autonómico debilitaban también a un gobierno central al garete. Los nacionalistas explotaban los hechos consumados frente a Madrid, y disputaban sinuosamente el poder a la CNT-FAI en Cataluña. Lo último exigía evitar que los ácratas percibiesen el alcance de sus propuestas, hechas siempre en nombre de un supuesto interés común.

Por contraste, lo que quedaba de la Lliga, siempre capitaneada por Cambó, tomó partido bien pronto por los sublevados, a quienes aportó dinero, una activa propaganda y apoyo internacional, un servicio de espionaje y numerosos voluntarios entre los catalanes que lograban evadirse del poder revolucionario.

En Vascongadas el golpe triunfó en Álava, fracasó en San Sebastián, y no se intentó en Bilbao. El PNV padeció dudas torturantes. ¿Debía aliarse a quienes llevaban las de ganar y prometían el estatuto, pero traían el desorden y la persecución contra la Iglesia? ¿O a una derecha reacia a la autonomía —máxime cuando el PNV no pensaba respetarla—, pero defensora de la religión? ¿O debía mantenerse al margen?

Luis Arana, en el grupo Jagi-Jagi, propugnó la abstención considerando el conflicto un asunto «entre españoles». El hermano del Maestro seguía gozando de influencia en el ámbito nacionalista, pero su postura no surtió efecto porque, por mucha doctrina que quisiera echarle, la lucha afectaba inevitablemente a los vascos, como a los habitantes de cualquier otra región. La mayoría de los nacionalistas de Navarra y Álava, se unió a los sublevados, ayudándoles al rápido dominio de ambas provincias.

Más confusión hubo en Vizcaya y Guipúzcoa, donde el PNV constituía la primera fuerza política y su postura tenía la mayor relevancia para los dos bandos. Las cosas empezaron a aclararse apenas conocida la sublevación, cuando Irujo, en San Sebastián, y sin consultar con los demás líderes anunció por radio el alineamiento de su partido «con la encarnación legítima de la soberanía popular representada en la República». Días después contribuyó a la rendición de los alzados en la ciudad, prometiéndoles respeto a sus vidas (serían masacrados por las milicias izquierdistas). El órgano superior del partido, el EBB (Euzkadi Buru Batzar), reacio a colaborar con las izquierdas, preparó un comunicado neutralista, pero Irujo se ingenió para evitar su publicación e imponer los hechos consumados. En Vizcaya, el dirigente Juan Ajuriaguerra siguió a Irujo, y el mismo día 19, cuando la revolución se extendía por el país, sin exceptuar a Vizcaya y Guipúzcoa, el comité vizcaíno radiaba su célebre comunicado: «El Partido Nacionalista Vasco (…) planteada la lucha entre la ciudadanía y el fascismo, entre la república y la monarquía, sus principios le llevan indeclinablemente a caer del lado de la ciudadanía y de la república, en consonancia con el régimen democrático que fue privativo de nuestro pueblo en sus siglos de libertad[4]».

A decir verdad, ni había existido aquel régimen democrático en siglos pasados, ni la mayoría de los sublevados era fascista o especialmente monárquica (la monarquía no fue invocada como fin del golpe); y pocos llamarían «ciudadanía y república» al movimiento revolucionario en marcha. El PNV conocía bien los hechos, pues había señalado poco antes la rápida descomposición del estado, y en aquel momento las milicias izquierdistas en Vizcaya y Guipúzcoa tomaban la calle y realizaban numerosos arrestos y asesinatos de «gente de orden». Mas la clave política para Irujo, Ajuriaguerra y los suyos consistía en el estatuto. «Bendecirían la mano» de quien se lo otorgase, y a él supeditaban cualquier otra consideración.

Deseando atraerse al PNV, los rebeldes tardaron todavía un tiempo en ilegalizarlo. De no lograr su apoyo, le exigían al menos la defensa del orden en Vizcaya y Guipúzcoa. El 3 de agosto los peneuvistas navarros F. J. Landaburu y M. Ibarrondo, transmitían a Aguirre una advertencia: «Si los nacionalistas de ahí os limitáis, mientras ahí manden los rojos, a ser guardadores de edificios y personas, si no tomáis las armas contra el Ejército, seréis respetados»; pero en caso de alianza firme con los extremistas serían tratados como éstos. Exigencia difícil, pues el PNV sólo podría defender algo el orden si aparecía aliado a las izquierdas. De otro modo, éstas le atacarían[5].

En principio la opción por la «república», es decir, por la revolución, era una buena apuesta para el PNV: el Frente Popular parecía el ganador. Al mismo tiempo podría frenar en alguna medida los desórdenes y, al abrigo de la confusión y las divisiones entre las izquierdas, utilizar a su modo el prometido estatuto. Aun así, había malestar entre muchos nacionalistas, discrepantes de Irujo y Aguirre.

La revolución tuvo un efecto beneficioso para los alzados. La euforia inicial llevó a los partidos, seguros de la pronta liquidación del alzamiento, a rivalizar entre sí por el reparto de poder, y esa actitud y el desorden del principio dio a aquéllos el respiro preciso para mejorar sus posiciones.

Así, Franco pasó tropas de África a la península en el primer puente aéreo de la historia. Fuerzas escasas, pero suficientes para asentar y ampliar una zona segura en Andalucía occidental, bajo el mando de Queipo de Llano; para abastecer a Mola, angustiosamente necesitado de municiones; y para unir por Extremadura las dos zonas rebeldes. Estos logros, en poco más de dos semanas, salvaron del desastre a los sublevados. Los aviones eran españoles fundamentalmente, y sólo después intervinieron de lleno los alemanes e italianos, a quienes suele atribuirse, sin base, el puente aéreo.

De este modo el fracasado golpe se transformaba en guerra civil. Con todo, las débiles fuerzas de Franco debían terminar derrotadas, y así lo juzgaba la mayoría. Pero lograron abrirse paso por Extremadura y el valle del Tajo, liberando a finales de septiembre el alcázar de Toledo, cuya empecinada resistencia lo había convertido en símbolo mundial. Y en menos de cuatro meses, el 6 de noviembre, las tropas franquistas se asomaban a Madrid, mientras el gobierno del Frente Popular, que acababa de integrar a cuatro ministros anarquistas, huía a Valencia en medio de una inmensa confusión. La capital parecía a punto de caer, y con ella el Frente Popular. Una guerra corta, después de todo.

Los rebeldes a punto de vencer se dieron a sí mismos el nombre de «nacionales», descartando el término «nacionalista», poco grato a sus doctrinas. Aquí emplearé ese término, o los de «bando derechista» o «franquista». Habiéndose derrumbado lo poco que quedaba de la legalidad republicana en julio del 36, no llamaré republicano al bando contrario, sino izquierdista, populista (de Frente Popular), o revolucionario.

Durante esos meses la situación evolucionó también muy rápidamente en Cataluña.

Como primera medida militar, el Comité de Milicias envió una columna, mandada por Durruti y asesorada por Pérez Farras, contra Aragón. Pronto se le sumarían columnas de diversos partidos, con un total de 18 000 hombres, incluidos contingentes militares y fuerzas de seguridad. La salida de milicias, en su mayoría anarquistas, beneficiaba a la Esquerra, que, con escasa participación en la ofensiva, la alentaba dándole un tinte nacionalista o imperialista, como empresa de la «Gran Cataluña»: aprovechaba la iniciativa ajena y dejaba que la CNT sufriera el desgaste y se debilitara en Barcelona, reservándose para la prueba de fuerza que, obviamente, había de llegar antes o después.

Según la leyenda, las columnas iban mal armadas, pero, como ha mostrado R. Salas Larrazábal, disponían de bastante más armamento que sus adversarios y de dominio casi absoluto del aire. La expedición empezó el 24 de julio y avanzó sin apenas obstáculos, hasta estancarse ante la firme resistencia de las capitales regionales Zaragoza y Huesca (Teruel la atacaban milicias de Valencia). En el territorio ocupado los anarquistas iban a intentar aplicar su comunismo libertario[6].

«Los frentes de combate de Cataluña» sólo registraban éxitos. Los nacionalistas hablaban de un magno plan de ofensiva por Huesca sobre Navarra, en coordinación con fuerzas vascas. Todos los cálculos demostraban la inevitabilidad de la victoria: «Cataluña sola tiene 2 800 000 habitantes. Navarra sólo 353 000. Y el medio Aragón de los fascistas no llega al millón. Cataluña sola puede poner en línea efectivos DOS VECES más numerosos (…). Sin contar que los navarros han de hacer frente al País Vasco, y los de Teruel a los valencianos». Además, al enemigo era mucho más pobre. Companys resumía: «Contamos con la industria, con las armas y con la moral» Acertaba más en los dos primeros factores que en el último[7].

Rovira i Virgili, orientador intelectual nacionalista, aclaraba: «En el siglo XII, Cataluña evitó que Aragón cayese bajo el dominio de la férrea monarquía castellana, y lo encaminó en la dirección de la política catalana, más abierta, más liberal, más universal. En este año crucial del siglo XX, Cataluña evita que Aragón sea dominado por la vieja España monárquica y lo lleva, liberándolo, a la nueva unión de los pueblos peninsulares (…). Estamos seguros de que esta nueva gesta catalana será recordada siempre por el auténtico pueblo aragonés, y que aquel grito de alegría y gratitud que ahora brota de las villas y aldeas de Aragón. —“¡Madre, los catalanes!”— perdurará después de la guerra, en la paz y la libertad de todos». Ni la peculiar visión histórica ni el optimismo un tanto paternalista tenían mucho fundamento. La conducta de las columnas anarquistas y nacionalistas, identificadas excesivamente con «Cataluña», habían despertado más bien la furia de los aragoneses contra sus vecinos[8].

Otro artículo de Rovira reflejaba la euforia de las semanas iniciales: «Cataluña está a la cabeza no sólo de la península, sino aun del mundo. Está en gestación un nuevo sistema económico, y aquí toma forma y orientación concretas. No es la reproducción de la Revolución francesa ni de la revolución rusa. Es el inicio de la Revolución catalana, profundamente original y ampliamente constructiva (…). Cataluña muestra más que nunca su fisonomía de nación (…). Hacía ya muchos meses que nosotros (…) señalábamos con insistencia esta misión a nuestro pueblo». Se fundían «catalanismo y universalismo». Era el triunfo del profeta Prat de la Riba. Aunque no faltaban los llamamientos a poner un poco de orden en la revolución[9].

La ofensiva sobre Aragón iba a completarse con otra, planeada inicialmente en Madrid, para conquistar Mallorca. En la gran isla había triunfado el alzamiento derechista, impidiendo al Frente Popular el pleno dominio del Mediterráneo próximo, y amenazando la zona levantina y catalana izquierdista. La Generalidad, viendo la ocasión de ganar protagonismo militar, se apropió la iniciativa: la Gran Cataluña se extendía por el frente de Aragón y ahora por el mar, aunque precisara contar con la flota de Cartagena y con voluntarios valencianos. Rovira i Virgili cantaba épicamente: «La expedición a Mallorca. Este título clásico en la historia de Cataluña vuelve a ser actualidad. Otra expedición a Mallorca sale de las costas catalanas. ¿Qué catalán nacional no sentirá la emoción del nuevo acontecimiento? (…) ¡Que la mar y los vientos y el fuego sean propicios a los expedicionarios de Cataluña!»[10].

El ataque disfrutó de un poder aeronaval abrumador (un crucero, varios destructores, barcos de guerra menores, grandes transportes, y una escuadrilla aérea) frente al cual no había nada; más una nutrida fuerza de desembarco de entre 7000 y 10 000 hombres, que debían arrollar a los dos o tres mil enemigos esperados. Previamente Palma de Mallorca sufría «la acción dolorosa y terrible de la gloriosa aviación republicana (…). La bella ciudad de las islas ha sufrido terriblemente por el fuego y la metralla», señalaba La Humanitat. Pero se trataba de acciones necesarias «sobre muchos pueblos y ciudades donde el fascismo criminal» dominaba. «Mil vidas que tuvieran Goded y sus secuaces (…) no pagarán todo el mal que han hecho». Se felicitaba también de que «Zaragoza ha sido bombardeada duramente[11]».

Con la mayor facilidad cayó Ibiza, donde empezaron las disputas. El capitán Bayo, jefe de la columna catalana, reclamó el mando supremo, y el crédito y la gloria para la Generalidad, desazonando a Madrid. El desembarco en Mallorca empezó bien, el 16 de agosto. La defensa reaccionó débilmente, siendo elementos civiles y oficiales jóvenes los más decididos. Tres días después llegaron tres hidros italianos y más tarde algunos aviones más, los cuales, en inferioridad, disputaron el dominio aéreo a los atacantes. Pero el factor que cambió las tornas fue la destitución de los flojos mandos de la defensa, sustituidos por el enérgico coronel García Ruiz. Los asediados, en difícil situación, desataron sobre quienes pudieran ayudar al enemigo una represión implacable, descrita con algunas licencias literarias por Bernanos en su célebre Les grands cimetières sous la lune.

Hacia finales de agosto el avance cesó, y en Barcelona cundió el desaliento. El día 29 los nacionalistas enviaron una comisión a Madrid, que, exagerando mucho las fuerzas enemigas, pedía gran cantidad de material nuevo y el envío del acorazado Jaime I, mientras pretendía que Bayo había obrado por su cuenta. Pero a esas alturas tanto en Barcelona como en Madrid daban la acción por inútil, y se ordenó la retirada, realizada el 3 de septiembre. La Humanitat informaba a su modo: «Han tornado invictas nuestras milicias». La culpa recaía sobre Madrid. El 15 era evacuada Ibiza. El gobierno intentó trasladar las fuerzas expedicionarias a combatir al ejército de Franco, que avanzaba sobre Madrid y podía decidir la guerra en corto plazo, pero no lo consiguió[12].

Tanto en la ofensiva de Aragón como en la de Mallorca la Esquerra jugó sus bazas de modo sutil: había enviado pocas fuerzas a la lucha, pero maniobró para recoger el laurel político y propagandístico. De todos modos los nacionalistas estaban divididos. Fuera del partido de Companys, y en una mezcla de simbiosis y rivalidad con él, actuaban grupos menores, algunos próximos al fascismo y partidarios de la insurrección contra España, como Nosaltres sois (nombre copiado del Sinn Féin irlandés), Palestra, Estat Català (escindido de la Esquerra poco antes del alzamiento derechista.), etc. Todos veían la guerra y la descomposición del estado como la oportunidad para separar a Cataluña, pero chocaban con la hegemonía anarquista, frente a la cual podrían necesitar al poder central, cuando éste se recuperase. Companys, inseguro, no predicaba una secesión completa, pero tampoco la excluía: como siempre, dejaba hacer a los secesionistas, cuya actividad podría serle útil.

Así, se formaron unas «milicias pirenaicas», embrión de un ejército que ocuparía la frontera con Francia para, desde allí, imponerse en todo el Principado desplazando a la CNT. Paralelamente se establecieron contactos oficiosos con París, al que se prometía una influencia excepcional en Cataluña, pese a no gozar la Cataluña francesa de una autonomía como la española. Reinaba el entusiasmo en los círculos nacionalistas, pues se habrían «obtenido garantías de intervención francesa abierta», y «en el ministerio de Defensa de la República vecina no faltaban sensibilidades para entender, aun si con ciertas reticencias, las tesis catalanas». Llegaron a prepararse aeródromos próximos a los Pirineos para el aterrizaje de aviones con tropas y material franceses[13].

En la segunda quincena de agosto estos esfuerzos fructificaron en la formación de una columna, llamada significativamente Pau Claris. No sabemos hasta dónde llegaron los tratos con Francia, pero Portela Valladares afirma en sus memorias haber oído «de los labios del cónsul de Francia, M. Trémoulet, que el presidente de la Generalidad había ofrecido anexionar Cataluña, Baleares, Valencia y Murcia a la República Francesa y que estaban en trámite serio tales negociaciones». Sin duda hay bastante por investigar en la conducta de Companys por aquellos días. Debe recordarse que, de no ser por la resistencia de Dencàs a oficiar de chivo expiatorio, posiblemente hoy siguiéramos a oscuras sobre sus actividades previas al 6 de octubre[14].

Un promotor incansable de estas maniobras era Batista i Roca[*], hombre de derecha participante en el golpe de octubre, próximo a Carrasco i Formiguera y a Dencàs, y también a Companys. A su entender, «presenciamos en las últimas generaciones la decadencia de Castilla que arrastra a la decadencia y la desintegración su Estado español, su España. Ésta es la última etapa. Los catalanes no podemos hacer ningún plan de futuro si no partimos del hecho de la decadencia y próxima disolución de España. La política (…) de cortar amarras y salvarnos haciendo que el Estado catalán llegue a ser uno de los estados sucesores del Estado español, no es una política extremista ni furiosa. Es una política de prudencia inspirada en la reflexión y el estudio[15]». Ideas compartidas por Carrasco, ya expuestas por La Veu de Catalunya cuando el 98, pero más radicales, y siempre con una retórica permanente en el nacionalismo catalán: un extremismo inevitablemente belicoso en pro de la balcanización de España, se presentaba como hijo de la prudencia y la reflexión. Así se había expresado Companys cuando incitaba a la rebelión en el verano del 34.

No hay duda de que esta concepción tenía muchos partidarios, como probarían las iniciativas de la Esquerra, aún bajo el poder de hecho del Comité de Milicias y en competencia con él. El 2 de agosto se formó a espaldas de la CNT un nuevo gobierno de la Generalidad, con todos los partidos y la UGT. Era otro intento prematuro de marginar el poder ácrata, y éste reaccionó obligando a excluir a los marxistas. Hubo de formarse un nuevo gabinete, el día 9. Companys se tituló, inconstitucionalmente, «Presidente de Cataluña», y, como si fuese jefe de estado, encargó la formación y dirección del gobierno a Joan Casanovas, secesionista sin disimulo, que acababa de hablar por radio de unas «fronteras» de Cataluña con el resto de España[16].

El nuevo gabinete arrasaba el estatuto dotándose de una consejería de Defensa, depurando las fuerzas armadas a su gusto, suprimiendo la figura del delegado del gobierno, controlando la frontera y las aduanas, creando una comisión de industrias de guerra al margen de Madrid, y hasta emitiendo moneda. Asimismo organizó un Comisariado de Propaganda, encargado a Jaume Miravitlles, separatista sin ambages, y con mucha participación de Batista. Este organismo operaba de cobertura para una clandestina sección de relaciones internacionales, también al margen de la ley. El 30 de agosto la Generalidad declaraba que en Cataluña sólo tendrían fuerza de ley las disposiciones del Butlletí, lo que entrañaba la independencia administrativa[17].

Al mismo tiempo, y a espaldas de Madrid, seguían las gestiones oficiosas en Londres, París y Ginebra, en busca de apoyos a una Cataluña separada. Cataluña, creía Casanovas, se había convertido «en el eje de la política europea. Aquí se entrecruzan los hilos más delicados del destino del mundo». Convenía, pues, tirar de esos hilos. Se pensó declarar la independencia y pedir ayuda a Inglaterra y Francia para dominar «el caos anarquista» (con el cual colaboraba la Generalidad) que, como en el golpe de octubre del 34, ofrecía una fácil coartada. No faltaron acercamientos a los nazis por parte de Batista y otros, ofreciendo una Cataluña «ni anarquista ni comunista», tal vez fascista, aunque ajena a un fascismo español. Companys habría estado detrás de los contactos, también encomendados a Dencàs ante el fascismo italiano. El 23 de octubre Ventura Gassol, otro líder nacionalista extremo y complicado en el 6 de octubre, salió de Barcelona perseguido por la FAI, pero con encargos concretos de Companys en París, probablemente para un reconocimiento de la independencia de Cataluña[18].

Por un momento el Foreign Office especuló con que «si Madrid caía en manos de los franquistas y el gobierno republicano no oponía serias objeciones», sería factible reconocer a la nueva república catalana, tomando como precedente la separación noruega de Suecia en 1905[*], y también París lo tomó en cuenta, como explica el historiador Núñez Sebeas, investigador de estas actividades de los «nacionalismos periféricos». Pero Roma y Berlín, comprometidos con Franco y conscientes de la debilidad de la Esquerra, opinaban que una república catalana caería en la órbita soviética, y declararon su oposición. Las democracias tampoco creían viable una independencia no comunista, y temían una mayor desestabilización del Mediterráneo. Por ello la oportunidad de la secesión, si alguna vez la hubo, se evaporó pronto[19].

Otra esperanza separatista provenía de la URSS. El 23 de julio se había formado, por fusión de cuatro pequeños grupos marxistas, entre ellos la sección regional del PSOE, el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) dominado enseguida por los comunistas. El nuevo partido apoyó a la gente deseosa de acabar con el desorden y las colectivizaciones, y criticó sin miramientos a los anarquistas y al partido comunista rival, el POUM, ajeno a la disciplina de la Comintern y acusado de trotskista. Para la Esquerra, atemorizada por la CNT-FAI aunque colaborase y la socavase con tesón al mismo tiempo, la rápida consolidación del nuevo partido fue una verdadera fortuna, y creyó poder utilizar a su favor su pugna con los anarquistas. Pues bien, el PSUC se había integrado en la Comintern al margen del PCE y bajo la dirección efectiva del consejero húngaro Erno Gerö, «Pedro». Ello indicaba una disposición del Kremlin a favor del separatismo, y en el PSUC iban a registrarse tensiones entre la tendencia nacionalista y la españolista; pero esta última prevaleció conforme la Comintern entendió la imposibilidad de ganar la guerra sin apelar al patriotismo español y sin una dirección política y militar de conjunto firme y centralizada.

En septiembre la CNT, aunque dominaba la calle y mataba o forzaba a exiliarse a nacionalistas que le molestaban, sufrió una derrota trascendental. Cediendo a la amenaza de no recibir créditos ni armas si no disolvía el Comité de Milicias, entró, el día 29, en el gobierno de la Generalitat, presidido ahora por Josep Tarradellas. Impuso la condición palabrera de cambiar el nombre «gobierno» por el de «consejo», y aceptó la presencia de su archienemigo PSUC. La CNT tendría la consejería de Defensa, pero las demás suyas, Abastos, Sanidad y Economía, significaban poco, y se reducían en buena medida a auxiliar del poder creciente de Companys y Tarradellas.

Tarradellas, a diferencia de su actitud muy posterior, era un extremista. Azaña transmite esta opinión de un esquerrista moderado, Pedro Corominas: «El mayor culpable de lo que pasaba en Barcelona no es Companys, aunque tenga mucha culpa. La mayor es de Tarradellas, que era presidente de La Falç (la Hoz) donde se agrupaban los locos. ¿Quién nos metía a nosotros a hacer ejército, ni moneda ni otras cosas?»[20].

Pero el poder tampoco estaba plenamente bajo la rienda de la Esquerra. El gobierno de Valencia no se resignaba a verse desbancado, y contaba cada vez más la batuta de Moscú, representada en Barcelona por el cónsul general Antónof-Ofseienko, un héroe de la revolución rusa llegado el 2 de octubre. El destino de las izquierdas españolas pasaría a manos del Kremlin desde el 25 de octubre, cuando el gobierno de Largo Caballero pusiera en sus manos las reservas del Banco de España y su gestión práctica. El embajador soviético Rosenberg y el cónsul en Barcelona actuaban como verdaderas autoridades. La influencia comunista se haría palpable en diciembre, al imponer el PSUC la eliminación del POUM del gobierno catalán, donde Andrés Nin había tenido la consejería de Justicia. Companys, desde luego, estaba encantado con el cónsul y con el PSUC, aliados contra la pesadilla ácrata.

También a finales de octubre, cuando las tropas de Franco se acercaban a Madrid, Azaña huyó a Barcelona, donde fue recibido con hostilidad por la Esquerra, que no deseaba la presencia de quien encarnaba el poder central, aunque fuera de modo simbólico, y podía ser testigo de los sucesos; y por la CNT, que no sentía por él la menor simpatía desde la matanza de Casas Viejas.

Simultáneamente con estas maniobras políticas, la persecución hacía estragos en la Iglesia, sobre todo en el clero no nacionalista. «Es de notar, y ha llamado poderosamente la atención, que los sacerdotes militantes del catalanismo hayan salido todos indemnes de los sangrientos sucesos de julio, mientras sucumbían a centenares sus hermanos. Persona de responsabilidad absoluta me asegura que fueron cuidadosamente buscados y puestos a salvo por uno de los ministros del Gobierno de la Generalidad», señalaba una información guardada en el archivo Gomá[21]. También salió con vida el cardenal Vidal y Barraquer, muy nacionalista y rival de Gomá por la primacía en el episcopado español. El obispo auxiliar de Vidal, Borrás, acompañante suyo cuando ambos fueron detenidos, tendría menos suerte o protección, y fue asesinado. No todos los clérigos nacionalistas salieron indemnes (por ejemplo fueron fusilados varios monjes de Montserrat protegidos por la Generalidad) pero sí bastantes, los cuales formaron en Roma un activo grupo de presión opuesto a Franco. Este salvamento iba a tener la mayor trascendencia para el renacimiento del nacionalismo catalán, casi treinta años después.

El nacionalismo de derechas, en cambio, tras unas vacilaciones iniciales desplegó un apoyo muy activo a los sublevados. Su acto externo de mayor relieve fue el famoso manifiesto de adhesión, a finales de octubre: «Como catalanes, afirmamos que nuestra tierra quiere seguir unida a las de los demás pueblos de España por el amor fraternal y por el sentimiento de la comunidad de destino que nos obliga a todos a contribuir con el máximo sacrificio a la obra común de liberación de la tiranía roja y de reparación de la grandeza futura de España. Como catalanes, saludamos a nuestros hermanos que, por millares, superando los obstáculos de la situación de Cataluña, luchan en las filas del ejército liberador y exhortan a todos los catalanes a que, tan pronto como materialmente sea posible, se unan a ellos ofreciendo sus vidas por el triunfo de la causa de la civilización en lucha contra la barbarie comunista. El caso de Cataluña no difiere del de Madrid, Valencia, Málaga y otras ciudades y regiones de España, oprimidas por un poder despótico del que desean fervientemente verse liberadas». Lo firmaban 128 personalidades catalanas, políticos, intelectuales e industriales, entre ellos Santiago Alcobé, Ramón d’Abadal, Gaziel, D. M. Pamies, F. Mompou, J. M. Trias de Bes, etc. Probablemente los más destacados intelectuales catalanes optaron por el bando de Franco: Josep Pla, Sert, Eugenio d’Ors, Dalí, Valls Taverner, Agustí, etc. Un grupo de ellos fundó en Burgos la revista «Destino», de carácter falangista.

Esos meses de julio a noviembre del 36, cuando las columnas nacionales avanzaban sobre Madrid, también contemplaron trascendentales sucesos militares y políticos en Vizcaya y Guipúzcoa. Los navarros y alaveses entraban en Guipúzcoa el mismo 19 de julio, y a principios de agosto el obispo Múgica, de Vitoria, y Olaechea, de Pamplona, escribían una pastoral requiriendo al PNV a romper con los perseguidores de la Iglesia católica. Con eso, la situación podía cambiar rápidamente en las dos provincias, pero Aguirre e Irujo desoyeron a los obispos. Fingieron dudar de la autenticidad de la pastoral, y luego de que Múgica hubiera hablado con libertad. No había razón para la duda, pues nadie ignoraba el acoso exterminador desatado por las izquierdas contra la Iglesia, pero Aguirre e Irujo se insolidarizaron con los perseguidos, cosa bastante lógica desde el punto de vista sabiniano, que no consideraba auténticos católicos a los maketos, aunque surgiera de ellos una multitud de mártires. Finalmente alegaron que un cambio de postura impediría al PNV defender el orden y a la Iglesia en las dos provincias.

La empeñada lucha en Guipúzcoa enfureció a los navarros y a los militares contra el PNV: «Es público el clamor del pueblo contra los nacionalistas, por considerarlos causantes del torrente de sangre que ha debido verterse en el frente de Guipúzcoa y Vizcaya. Especialmente es profunda la animadversión de los tradicionalistas contra los nacionalistas, todos ellos católicos», advertía el cardenal Gomá, catalán y fervoroso partidario del bando nacional, en un informe al Vaticano. Culpaban también al PNV en relación con el asesinato del líder carlista Víctor Pradera[22].

La aversión incluía al clero sabiniano, tachado de insolidario y traidor. «Es un hecho (…) que entre la clerecía de Vizcaya y Guipúzcoa predomina la idea nacionalista, habiéndose llegado por algunos sacerdotes y religiosos a lamentables excesos», consignaba Gomá al Vaticano en noviembre. Un juez militar se jactaba: «Sacerdote que llegue y sea nacionalista, lo despacho enseguida». Despacharlo significaba fusilarlo. Dieciséis tuvieron ese fin, algunos sin haber realizado actividades políticas o tras haber escapado a duras penas de ser fusilados por las izquierdas[23].

Muy sobresaltado, Gomá informó a Franco, que cortó de inmediato tales actos. Pero fue desastroso el efecto ya producido en muchos guipuzcoanos, para quienes la figura del sacerdote era sagrada. Se consignaba que los revolucionarios sólo habían asesinado allí a dos sacerdotes. La propaganda nacionalista pudo afirmar, con una mínima parte de verdad, que el bando nacional no difería de las izquierdas en su persecución a la Iglesia, y el PNV protestó en una gran campaña internacional y ante el Vaticano.

La actitud del PNV radicalizó a los nacionales, para alarma de Gomá: «El Gobierno de Burgos ha acentuado su sentido unitario ante los excesos de los separatizantes, lo que podría importar el desconocimiento de los legítimos derechos regionales, que se sacrificarían al sentido de una unidad violenta. A más, he oído de los Generales de la Junta palabras gravísimas y amenazadoras contra la clerecía, y hasta contra algunos Obispos». Debían de aludir a los obispos Múgica y Vidal. Al primero, pese a su cálida adhesión a la causa nacional, le acusaban de veleidades peneuvistas y de haber consentido la propaganda sabiniana en el seminario de Vitoria, y el gobierno franquista presionaría para su salida de España[24].

Sin embargo la resistencia hallada por los nacionales en Guipúzcoa debía poco, al menos directamente, al PNV, cuyas milicias pelearon mal y apenas tuvieron ayuda de sus correligionarios vizcaínos. El peso de la lucha recayó sobre anarquistas y socialistas, fuertes en los pueblos industriales y marineros. En su retirada, las izquierdas redujeron a pavesas buena parte de Irún. San Sebastián cayó sin resistencia. A lo largo de septiembre los navarros y alaveses terminaron de ocupar casi toda la provincia.

En conjunto, el PNV había permanecido casi neutral, por desconcierto más que por un designio claro. Pero su opción a favor del Frente Popular mostró ser firme, al desoír ofertas de carácter foral hechas por los de Franco. No había marcha atrás. Aun así, el partido, por interés propio y pensando quizá en no romper de lleno con los sublevados, posibles aunque improbables vencedores, procuró defender bienes y gentes contra el terror izquierdista, que en Guipúzcoa se saldó con 500 muertos, y facilitó la fuga de destacados enemigos.

Los nacionalistas guipuzcoanos, desde la junta de defensa de Azpeitia, dominada por Irujo, habían mostrado más interés en crear el embrión de su propio ejército que en combatir. Actitud funesta para la causa populista y para el propio PNV en cuanto adherido a ella, pues determinó la pérdida de una provincia y de la vital comunicación terrestre con Francia, dando a sus adversarios un éxito estratégico de primer orden.

Con todo, Aguirre e Irujo explotaron los reveses en Guipúzcoa para presionar a Madrid en pro de la rápida tramitación del estatuto, arguyendo que «los vascos» se batirían con fervor sólo cuando la autonomía fuera otorgada. En práctica coincidencia con la caída de Irún, el 4 de septiembre era sustituido el gobierno Giral, último republicano aunque sin poder efectivo, por un gobierno revolucionario más acorde con la situación. Lo presidía Largo Caballero, partidario abierto de la guerra civil ya desde 1933. El nuevo gobierno, y en particular Prieto, ministro de Marina y Aire, desconfiaba del PNV, y, a fin de atarlo con un lazo firme, aceleró el estatuto y ofreció a Irujo una cartera ministerial, que éste terminó aceptando el 25 de septiembre. Y unos días después, el 1 de octubre, fecha también del nombramiento de Franco como jefe indiscutido del bando contrario, el estatuto era aprobado oficialmente en las Cortes.

Aguirre peroró ante las Cortes: «El nacionalismo había de colocarse, como siempre en nuestra historia se colocó, al lado de la democracia (…). Vais a aprobar (…) el texto de la autonomía vasca. Indiscutiblemente, ello presentará una mayor eficacia en la lucha (…). Os decimos con toda lealtad: hasta vencer al fascismo, el patriotismo vasco seguirá firme en su puesto». Es decir, lealtad sólo «hasta vencer al fascismo». No iba a haber ni lealtad ni victoria. Irujo ponderó su «solidaridad con los pueblos y los hombres que en el resto de la Península ofrecen su vida cada día por un régimen de libertad, democracia política y justicia social»; y prometió «humanizar la guerra, instaurar la República Federal y establecer un nuevo orden económico y social». Ya lanzado, afirmó: «Con espíritu de humanidad y cristiano sentir, entiendo que el mundo es una gran comunidad en la que no deben darse las luchas de clases, sino una fraternidad absoluta».

Obviamente, Irujo sabía que «los pueblos y los hombres en el resto de la Península» no luchaban, en general, por la libertad, sino por ideales revolucionarios basados en la lucha de clases. Y la izquierda entendía que la «gran comunidad mundial» de Irujo implicaba la desmembración de España, lo cual no les convenía, sobre todo entonces. Algunas historias hablan de «lealtad» o «sinceridad» en los tratos, pero la realidad excluía tales virtudes. PNV e izquierdas sólo coincidían en la necesidad de vencer al enemigo; en lo demás, chocaban. El PNV debía contar también con un posible triunfo del bando nacional, y no le convenía enajenarse del todo su buena voluntad.

Como síntoma de la lealtad esperable, el gobierno constituido en Vizcaya el 7 de octubre y que, con notable optimismo, se autodenominaba «de Euzkadi», exponía entre sus puntos fundamentales «la dirección de la guerra [en Vizcaya] por el Gobierno vasco», es decir, vizcaíno. Ello nada tenía que ver con la autonomía, pero el gobierno central prefirió cerrar los ojos. También disolvió las policías republicanas y creó una propia, la Ertzaina. El gobierno vasco se componía de cinco nacionalistas (uno de Acción Nacionalista Vasca, el pequeño partido laicista), más tres socialistas, dos republicanos y un comunista. La hegemonía nacionalista era decisiva, al contar con la presidencia y las consejerías clave de Defensa y Hacienda. El presidente o lendakari sería Aguirre, también encargado de Defensa.

El PNV, dadas sus ambiciones, tenía el máximo interés en explotar una ocasión única para dotarse de un ejército propio, y lo hizo en dos niveles: poniendo bajo su autoridad a todas las fuerzas movilizadas en Vizcaya, y creando dentro de ellas una especie de ejército particular del partido. Otra actividad del gobierno de Aguirre consistió en buscar contactos con los nazis, a través de Suiza, para establecer relaciones secretas con el III Reich. Aunque el PNV, por los fuertes lazos económicos tradicionales, se inclinaba por Inglaterra y Francia, no dejaba de albergar soterradas simpatías por el racismo nazi, tan afín en muchos aspectos al sabiniano[*][25].

Madrid envió a Bilbao, el 12 de septiembre, al capitán Francisco Ciutat para dirigir la guerra en la zona norte. Aguirre simplemente le ignoró, creando un estado mayor propio e independiente. Como diría más tarde el lendakari, había una independencia de hecho. Asimismo eran muy malas las relaciones entre los dirigentes de las tres provincias norteñas, Asturias, Santander y Vizcaya, que concentraban casi toda la industria pesada y de armamentos del país. Se establecieron aduanas entre ellas, y los abastecimientos mutuos funcionaban mal, perturbando la producción industrial, que bajó con rapidez. Políticamente estas divisiones, así como las surgidas en Vizcaya entre comunistas, socialistas y anarquistas, beneficiaban a los seguidores de Arana.

Por fortuna para todos ellos, las operaciones enemigas se detendrían en aquel frente a finales de septiembre, absorbidas por el esfuerzo de conquistar Madrid.

En noviembre la guerra, a punto de acabarse con la toma de Madrid por los nacionales, dio un nuevo y decisivo giro. Desde octubre, la Unión Soviética abastecía al Frente Popular con grandes cantidades de material bélico, asesores, policías y tropas especiales. Además, ante el fracaso de las milicias frente al pequeño ejército de Franco —que llegaba a la capital, de un millón de habitantes, con unos 20 000 soldados sin apenas armamento pesado—, se había impuesto la consigna de crear un ejército regular, como venían preconizando los soviéticos y los comunistas. Por lo tanto, los franquistas iban a chocar en Madrid no sólo con las columnas milicianas, numerosas pero poco efectivas, sino también con brigadas regulares, algunas internacionales, y una poderosa aviación, carros de combate muy superiores, y una artillería más potente y mejor emplazada. El ímpetu de sus columnas nacionales, mandadas entonces por Varela, no bastó para tomar la gran ciudad. En compensación, tampoco prosperaron los reiterados intentos izquierdistas de aplastar a los atacantes.

A las tres semanas de duro forcejeo, el fracaso —no derrota como se dice a veces— de los nacionales, cambió la guerra. La lucha de columnas de pocos miles o decenas de miles de hombres dejó paso a una contienda de grandes ejércitos, y la intervención exterior, escasa hasta principios de noviembre, tomó mucha mayor envergadura.

De todas formas, convencido de que la caída de Madrid determinaría la victoria en corto tiempo, Franco se empeñó en tomar la ciudad mediante ataques sucesivos de cerco. Esa estrategia dio lugar a las batallas de la carretera de La Coruña, el Jarama y Guadalajara, entre diciembre del 36 y marzo del 37. Ninguna de ellas resultó concluyente, y la tercera terminó en derrota de las fuerzas italianas del bando nacional, traídas en respuesta a las Brigadas Internacionales organizadas por la Comintern. Las izquierdas intentaron tomar la iniciativa aprovechando el éxito de Guadalajara, y lanzaron diversas ofensivas para desahogar el frente suroccidental de Madrid, pero no lograron quebrar las líneas enemigas.

Y así se llegó en el frente central a un empate, en que ningún bando conseguía doblegar al contrario. Franco abandonó entonces su esperanza de una guerra corta y aceptó una prolongada, tratando de vencer al enemigo por partes, en lugar de atacarlo directamente en el centro. Resolvió atacar la franja enemiga del Cantábrico, empezando con una ofensiva sobre Vizcaya, a últimos de marzo.

Entre tanto, el Frente Popular, tras destruir la república, había pasado por dos gobiernos, y pronto tendría un tercero. En septiembre de 1936 se había constituido un gobierno, revolucionario de facto, presidido por Largo Caballero, y ampliado en noviembre con ministros libertarios. Azaña seguía como nominal jefe del estado, cargo detentado por él tras expulsar, de modo muy dudosamente legal, a Alcalá-Zamora. La amplia alianza reunía a las izquierdas, incluida la Esquerra, más una representación del PNV, lo cual debía otorgarle estabilidad y consistencia. Sin embargo era un pacto entre incompatibles, dentro del cual el Partido Comunista, que veía en la CNT y en el pequeño POUM enemigos casi tan odiosos como los mismos «fascistas», surgía con fuerza extraordinaria, pese a su escasa presencia en el gobierno. Su poder creciente descansaba en la dependencia del gobierno con relación a Stalin, y en una auténtica estrategia política y militar dirigida por el Kremlin.

La estrategia comunista se basaba en cuatro puntos conexos: apelar al patriotismo español, definiendo la guerra como de independencia frente a la «invasión» nazifascista (Franco no fue títere de sus aliados, mientras que el Frente Popular sería satelizado por Stalin); crear un ejército regular superando las decepcionantes milicias; hacer retroceder la revolución y sus desórdenes (los comunistas sólo admitían una revolución dirigida por ellos); e implicar a las democracias, lo cual podría generalizar la guerra a toda Europa occidental, dejando a Moscú como árbitro y beneficiario. En este proceso, el PCE debía hacerse con el poder real —pero no exhibirlo en el gobierno—, en especial en el ejército y la policía, e imponer poco a poco una «democracia de nuevo tipo», es decir, un régimen de transición a la «dictadura proletaria». El dinero español estaba ya en manos de Stalin, pues Negrín, Largo y Prieto, tres políticos socialistas, se lo habían entregado, en plena luna de miel con el Kremlin.

Los demás partidos, en general, carecían de estrategia, salvo la de subsistir a cualquier precio y sacar tajada de las circunstancias, y por eso no captaban el designio de fondo del PCE, aún más borroso por la obsesiva insistencia de este partido en la unidad y eficacia del Frente Popular. Percibían, en cambio, el creciente y despiadado poder comunista. Largo vio cómo sus amadas juventudes eran prácticamente engullidas por el PCE, cómo éste aumentaba su influencia en la UGT, y el PSUC escapaba por completo al control del PSOE. Sentía que los asesores enviados por la URSS hacían a menudo caso omiso de sus órdenes, y el embajador soviético, Rosenberg, obraba como un procónsul. No menos crecía la alarma de los anarquistas, que no dejaban de ceder posiciones. En cuanto a los republicanos, apenas pesaban en el Frente Popular, y estaban agradecidos a los agentes de Stalin por frenar los desórdenes de la primera etapa revolucionaria.

Desde finales de septiembre del 36 Vizcaya disfrutó de seis meses de calma. El gobierno de Aguirre los aprovechó para formar, con bastante presteza, un ejército numeroso, con mayoría de izquierdas pero dirección nacionalista; y emprendió la construcción de masivas fortificaciones, llamadas «El cinturón de hierro», en una amplia área en torno a Bilbao; el «cinturón» debía hacer inconquistable la ciudad, tan valiosa para la guerra por su industria. Incluso intentó Aguirre una ofensiva.

En noviembre el gobierno izquierdista, trasladado a Valencia, ordenó ataques en todos los frentes para desahogar el asedio de Madrid. Apenas fue obedecido, aunque de Barcelona marchó a la capital la columna de Durruti, el cual hallaría la muerte entonces. También en noviembre nombró Valencia jefe de todo el frente norte al general Llano de la Encomienda. Llano iba a topar con Aguirre, igual que antes Ciutat. Éste diseñó una ambiciosa ofensiva desde Asturias, Santander y Vizcaya. Desde esta última las tropas irían a ocupar Arlabán, Vitoria y Miranda, en combinación con la ofensiva santanderina.

El plan agradó a Aguirre, que aspiraba a desquitarse de la pérdida de Guipúzcoa e incluso pensaba invadir Navarra, y que desde octubre disponía de un flamante «Ejército de Operaciones de Euzkadi», con unos 40 000 hombres en 47 batallones, 17 de ellos peneuvistas. Aguirre exigía constantemente a Valencia nuevas remesas de material, quejándose de penuria; pero, le recordaría Prieto en enero, «La penuria que ustedes padecen de armas y municiones es mucho, muchísimo menor que la que se sufre en otros sitios». Pues a Vizcaya habían llegado remesas abundantes de material de guerra enviadas por Valencia, compradas en Francia o procedentes de la URSS, entre ellas 15 excelentes cazas «chatos» (I-15), sin competencia del enemigo en cantidad ni en calidad, y que debían dar pleno dominio del aire al gobierno vizcaíno.

La acción contra Álava se emprendió con los mejores auspicios, coordinada por Ciutat, pero bajo la dirección inmediata del capitán peneuvista Arambarri. La masa de ataque, 25 000 hombres, superaba a la empleada por los nacionales contra Madrid, y si bien inferior a ésta en adiestramiento, tenía objetivos incomparablemente más fáciles, y sólo contaba con 4300 enemigos enfrente. La debilidad de los de Franco se debía a que no esperaban la ofensiva, y a que alaveses y guipuzcoanos, que habían alistado tantos soldados (8 tercios de requetés, equivalentes a 16 batallones) como los nacionalistas en Vizcaya, habían enviado a otros frentes el grueso de sus efectivos[26].

La ofensiva, invocando la mítica batalla de Padura, avanzó hasta el pueblo de Villarreal de Álava, para chocar allí con la enconada resistencia de la débil guarnición local, unos 800 soldados, un tercio de los cuales resultarían muertos o heridos. Durante dos semanas el pueblo fue atacado sin tregua, sufriendo once bombardeos aéreos, 2600 cañonazos y una lluvia de proyectiles de mortero. La resistencia permitió la llegada de refuerzos, y ni los batallones izquierdistas ni los nacionalistas lograron pasar de allí. Los atacantes sufrieron bajas muy elevadas, unas 4500, con cerca de 1000 muertos, muchos de ellos debidos a un bombardeo de dos aviones nacionales sobre un convoy de tropas. Se manifestaron graves fallos de previsión en las columnas vizcaínas, sobre todo en la atención a los heridos, y quedó de relieve que el mando nacionalista había atendido más al buen estado de revista de las tropas que a su instrucción de combate.

Aguirre explicaría a Valencia el deplorable fracaso aludiendo a unas «fortísimas y modernas fortificaciones» enemigas, perfectamente imaginarias, y a la llegada de numerosas tropas contrarias, también muy exageradas, procurando descargar la culpa sobre Ciutat. En adelante, el PNV se las arreglaría para culpar siempre a sus aliados de todos sus fracasos, pese a actuar el «Ejército de Euzkadi» con práctica independencia. En las filas nacionalistas Aguirre se ganó el mote burlón de Napoleonchu[27].

La dura experiencia debió de convencer a Aguirre de la dificultad de vencer a un enemigo cuya resolución había comprobado tan a lo vivo. Los nacionales habían protagonizado resistencias realmente heroicas incluso en los momentos y situaciones más desesperados, como en Simancas, el alcázar de Toledo, Huesca, Oviedo y otros, y sin duda se volverían más temibles conforme ganaran en medios. Entonces los jefes sabinianos comenzaron un doble juego de tratos soterrados con los nacionales, a través de los fascistas italianos.

El gobierno vizcaíno renunció a nuevas ofensivas, pese a conservar una gran superioridad local. Prefirió fortificar Vizcaya, prestó refuerzos, poco efectivos, en Oviedo, y acreció su independencia. Se arrogó competencias en la creación de academias militares, y rechazó la dirección del Ejército Norte, arguyendo que prescindir del nombre «Ejército de Euzkadi» crearía «un problema de tipo sentimental peligroso». Del teórico jefe de todo el frente, Del Llano, aceptaba la «coordinación» y el «consejo», pero «no con aspecto de orden, que no puede ser bien recibido». Se escudaba en razones de aspecto técnico: «El Gobierno vasco entiende que toda la administración de la guerra es de su incumbencia, no por consideraciones de tipo legal que en este caso están de más, sino por servir con mayor eficacia a la causa». No quedaba del todo claro a qué causa. Además, era «ciertamente ocioso hablar de una legalidad, porque ésta ha sido superada no sólo en el terreno económico, sino en tantos aspectos distintos[28]».

Para enero Aguirre, en franca insubordinación, invalidaba órdenes de Llano o la instrucción de sustituir los batallones partidistas por divisiones y brigadas. Prieto le escribía el día 13, denunciando la afición del PNV a desprestigiar al gobierno de Valencia, y criticando la burocracia vizcaína, «máquina monstruosa», ineficiente pero útil para afianzar el poder nacionalista; o «esos pujos a que se sienten ustedes tan inclinados de adquirir internacionalmente una personalidad como Estado». Y le advertía: «No llame usted con eufemismo abogadesco superación constitucional a lo que son vulneraciones constitucionales». La carta respira indignación. La desobediencia dio pie a episodios grotescos, como cuando Aguirre pretendió haber entendido a Largo lo contrario de lo que éste había dicho sobre la jerarquía militar en el norte. El propio Irujo hubo de reconocer la falsedad. Largo, furioso e impotente, escribirá: «¿Cómo imponer al Gobierno vasco la disciplina? ¿Encarcelándolo? ¿Lo podía hacer el Gobierno central desde Valencia? En el caso de poderlo hacer, ¿sería conveniente?»[29].

No sería nada conveniente. Conscientes de ello, Aguirre y los suyos sabían cuánto daño haría al Frente Popular la ruptura con un partido nacionalista evidentemente desleal, pero necesario para evitar una rápida pérdida de Vizcaya y para proyectar en el exterior una favorable imagen propagandística. Por ello explotaban a fondo la superioridad en que los habían colocado las circunstancias.

Pues uno de los mayores perjuicios para las izquierdas en su intento de atraerse a las democracias provenía de las violencias y persecuciones. Pero el PNV había logrado mantener el culto en Vizcaya y daba la falsa impresión, muy cultivada en la propaganda, de partido capaz de asegurar el orden. Esta imagen se proyectaba en el exterior como prueba de la inexistencia de una persecución religiosa en España, pretendidamente limitada a algunas represalias espontáneas contra un clero «fascista». En «Euzkadi», donde el clero se había alineado con «el pueblo», no habrían sido precisas tales represalias. Esta propaganda favorable al Frente Popular constituía la mayor aportación del PNV a sus aliados, muy estimada por éstos y que Aguirre e Irujo no dejaban de recordarles cuando protestaban de las «superaciones constitucionales».

En ese contexto, el 22 de diciembre Aguirre había apelado a «la conciencia mundial», acusando a los nacionales del asesinato de numerosos clérigos beneméritos «por el mero hecho de ser amantes de su pueblo vasco»; había clamado «con el corazón dolorido» contra «el silencio de la jerarquía» eclesiástica ante tales crímenes y ante la rebelión contra un «régimen legalmente constituido», que un buen católico debía respetar. No faltaba desenvoltura a la pretensión peneuvista de estar defendiendo «un régimen legalmente constituido» cuya ley vulneraba masivamente el mismo Aguirre desde el principio; un régimen que antes de la sublevación militar estaba descomponiendo el estado republicano, según habían observado sin mucha pena los propios sabinianos. Para más sarcasmo, mientras Aguirre decía tales cosas debían de estar empezando los contactos con los, según él, malos católicos rebeldes al «régimen legal». En fin, Aguirre caracterizaba la contienda como lucha de clases, «entre el capitalismo abusivo y egoísta y un hondo sentido de justicia social», propio este último de los revolucionarios y el PNV, al parecer.

Le replicó Gomá en carta abierta señalando que la «guerra de clases» no era razón, sino pretexto, aun admitiendo «un fondo de injusticia social como una causa remota del desastre»; «No creo que haya una docena de hombres (en el bando nacional) que hayan empuñado las armas para defender sus haciendas», mientras que «se cuentan por docenas de millares los que se han alistado en la guerra sin más haber que el fúsil que se ha puesto en sus manos, ni más ideal que su Dios y su patria»; y «la misma Euzkadi no podría justificar el consorcio de católicos y comunistas sin el factor religioso. ¿No se ha afirmado que ese contubernio era la única manera de salvar la religión en Vizcaya y Guipúzcoa cuando las hordas rojas la hubiesen eliminado de España?». Sobre los sacerdotes fusilados en Guipúzcoa, la jerarquía eclesiástica no había callado, como pretendía Aguirre, pues se había movido con eficacia para cortar tales hechos; los peneuvistas, en cambio, callaban ante la «verdadera hecatombe de sacerdotes y religiosos» perpetrada por sus aliados, y que no había cesado. «Es endeble su catolicismo en este punto, señor Aguirre, que no se rebela ante esta montaña de cuerpos exánimes». Además, los primeros no habían sido fusilados por ser sacerdotes ni por su amor al pueblo vasco, sino por sus actividades políticas al servicio de un partido alineado con los perseguidores. En fin, la Iglesia y el pueblo católico habían respetado al régimen republicano, y no lo habían agredido, sino que habían sido agredidos por gobernantes que habían terminado por llevar a España «al borde del abismo[30]».

Los sabinianos enfocaban los hechos desde su denso racismo: «La idiosincrasia de Euzkadi es de tal naturaleza que ella va a la guerra a través de su propia fisonomía, con sus iglesias abiertas y los sacerdotes en la calle[31]». La extraña idea implicaba que la «idiosincrasia» del resto de España hacía natural, en cierto modo, la persecución y la barbarie. Y ocultaba que el coste de mantener el culto en Vizcaya consistía en una radical insolidaridad con la Iglesia en el resto del país y la colaboración con los perseguidores. Se percibe con claridad el eco de la doctrina sabiniana: una «Euzkadi» «sin ningún punto de contacto o fraternidad» con la «raza española». La buena prensa de que ha solido gozar el PNV, incluso entre sus enemigos, hace que estas expresiones de Aguirre suelan citarse con loa o como exposición neutra de una realidad, cuando implican un racismo y una insolidaridad atroces desde el punto de vista cristiano invocado constantemente por el propio Aguirre.

De paso, el prestigio de un partido que guardaba el orden y el culto religioso favorecía al PNV ante los nacionales, cosa muy conveniente cuando empezaba a no estar claro que éstos fueran a perder la contienda. De este modo los peneuvistas sacaban el máximo partido de la situación y en todas las direcciones.

Con todo, el orden bajo la hegemonía del PNV fue mucho más aparente que real. El panorama continuó parecido hasta que, el 31 de marzo, los nacionales comenzaban su ofensiva sobre Vizcaya desde Álava y Guipúzcoa.

En Cataluña, lamenta Azaña: «Su deber [de Companys] más estricto, moral y legal, de lealtad política, e incluso personal, era haber conservado para el Estado, desde julio acá, los servicios, instalaciones y bienes que le pertenecían en Cataluña. Se ha hecho lo contrario. Desde usurparme (y al Gobierno de la República, con quien lo comparto) el derecho de indulto, para abajo, no se han privado de ninguna invasión de funciones. Asaltaron la frontera, las aduanas, el Banco de España, Montjuich, los cuarteles, el parque, la telefónica, la CAMPSA, el puerto, las minas de potasa… ¡Para qué enumerar! Crearon la Consejería de Defensa, se pusieron a dirigir la guerra, que fue un modo de impedirla, quisieron conquistar Aragón, decretaron la insensata expedición a Baleares, para construir la Gran Cataluña (…)»[32].

Los historiadores nacionalistas catalanes ofrecen diversas interpretaciones de los hechos. Unos lamentan que las usurpaciones mencionadas por Azaña no hubieran ido más lejos, hasta una independencia completa y oficial; otros sostienen que Companys no hizo sino salvaguardar las instituciones y un mínimo de orden para el estado, en una situación en que éste había colapsado por la acción revolucionaria.

La primera interpretación sigue al nacionalismo radical, el cual llegó en noviembre a proyectar algo así como un golpe —fallido— contra la CNT e, indirectamente, contra el mismo Companys, a quien acusaban de demasiado blando con aquélla. Uno de los conspiradores era Casanovas. Pero está claro que si Companys contemporizaba con el poder anarquista y lo avalaba, no era por gusto, sino porque en una lucha abierta con él podía muy bien llevar las de perder. Su táctica, exitosa aunque lenta, consistía en ganar aliados e ir arrinconando a la CNT. Antes o después llegaría el ajuste de cuentas, y procedía asegurarse antes las mejores posiciones. Los líderes anarquistas más lúcidos percibían la táctica de Companys bajo los halagos y promesas forzadas, pero también ellos se veían forzados a hacer concesiones, tras haber dejado pasar el período inicial en que «todo fue posible».

Otro problema para la Esquerra consistía en su dificultad para afrontar al gobierno central cuando éste pudiera alejar la atención de la obsesionante marcha franquista y luego asedio a Madrid, y reclamara sus competencias. Los nacionalistas debían aprovechar al máximo el interregno, como confesó Lluhí a Azaña al principio de las hostilidades: «Cada cual procuraría ocupar posiciones para ser el más fuerte el día de la paz». Actitud «no exclusiva de los catalanistas», señala Azaña, y que tan bien había venido a los sublevados[33]. Por lo demás, no era fácil justificar ante las propias izquierdas catalanas un exclusivismo neto, cuando todos percibían que su causa se defendía en Madrid: si ésta caía, su enemigo llegaría a Barcelona en pocos días o semanas. Convenía demostrar, por tanto, alguna solidaridad, sólo fuese por instinto de supervivencia. De hecho llegaron al frente de Madrid algunas fuerzas catalanas, no nacionalistas en su mayoría.

Si, como afirman algunos, Companys sólo había preservado en Cataluña las funciones y medios del estado y para el estado, no tendría dificultad en devolverlos cuando le fuesen reclamados. Pero no ocurrió tal. Al contrario, los roces crecieron durante los primeros meses de 1937. En carta a Largo, el 14 de enero, Companys demandaba la «colaboración» y «participación activa» de «Cataluña» (es decir, de él mismo y su gobierno mucho más que autónomo) en «la política internacional de la república», y el «traspaso de todas las instituciones de enseñanza[34]».

Y aún insistía más en la independencia financiera: adquisición de divisas, emisión de billetes, aduanas, etc. Cuatro días después, el Butlletí publicaba la atribución a la Generalidad de «facultades excepcionales suficientes para tomar las disposiciones necesarias para unificar la política financiera de Cataluña», con el loable fin de «regularizar la vida económica de Cataluña y unificar su colaboración en la lucha antifascista dentro de la República». Sin hacer caso de protestas «centralistas», la Generalitat requisó el oro y el dinero del Banco de España en la región. En vano protestaba Largo el 12 de abril, en carta a Companys: «Cada día se presenta con caracteres más agudos la autonomía que en materia económica se ha abrogado (sic) el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que no exige para las exportaciones (…) autorizaciones de este departamento, ni tampoco (…) para las operaciones de compensación (…). [De ahí] una desarticulación económica totalmente perjudicial para los intereses de la economía de la zona leal al Gobierno de la República». El ministerio de Hacienda denunciaba constantes invasiones de sus competencias, o «el comercio ilícito de plata», o las exportaciones ilegales de productos de todo Levante[35].

Una justificación exhibida por los nacionalistas para sus medidas consistía en la transformación de la industria catalana en industria de guerra. Explicaba Companys: «Sólo ha podido ser posible gracias a una política realista, sin vacilaciones, que ha supeditado la urgencia de resolución a fórmulas preestablecidas y que en estos momentos no deben ser obstáculos a la eficacia». La transformación convenía, desde luego, a todo el Frente Popular, pero su eficacia resultó muy poco impresionante. La producción industrial cayó rápidamente en la región, y en enero del 37 era sólo un 70% de la de enero del año anterior, y seguiría bajando[36].

Este problema no afectó sólo a Cataluña, sino a todo el territorio izquierdista, y una de sus causas fue la escasa atención de los obreros a las presiones y campañas de propaganda que les llamaban a intensificar el trabajo para defender «su propia causa». Ni las medidas de la CNT ni las de la Generalitat o de los comunistas lograban mantener la producción en la ciudad ni en el campo, y la penuria no cesó de aumentar, mientras se reimponía un peculiar orden, descrito por Orwell, testigo presencial: «Los mejores restaurantes y hoteles estaban llenos de gente rica que devoraba comida cara, mientras, para la clase trabajadora, los precios de los alimentos habían subido muchísimo (…). Los restaurantes y hoteles no parecían tener ninguna dificultad para conseguir lo que quisieran; pero en los barrios obreros se hacían colas de cientos de metros para adquirir pan, aceite de oliva y otros productos indispensables (…). Pandillas de chicos descalzos aguardaban siempre a los que salían [de las charcuterías] para pedir a gritos un poco de comida[37]».

Companys, como Aguirre, extendía sus aspiraciones al ejército. Creó un Exercit Popular de Catalunya, y un Consejo Superior de Defensa, cuyos tratos con el ejército de Valencia serían de igual a igual, en plan de «colaboración», pero en modo alguno de obediencia. Sus normas de movilización contradecían las de Valencia, y la consejería de Defensa tomaba sobre sí «el mando superior de las fuerzas del Ejército Popular» en Cataluña y Aragón, admitiendo tan sólo, como el ejército de Aguirre, «la necesaria coordinación con el Estado Mayor Central», mediante un intercambio de delegados. La literatura oficial de la Generalidad eludía cualquier idea de subordinación a Valencia, creando más bien la impresión de una alianza entre iguales, eso sí, con los mejores deseos de «unas relaciones cordiales». La palabra España quedó prácticamente borrada. El partido nacionalista podría incluso desempeñar un papel ejemplar y directivo en el nuevo estado. Diríase cumplido el sueño de Prat de la Riba[38].

Pero el gobierno central izquierdista no pensaba ceder por las buenas, y estaba muy descontento del esfuerzo militar de la Generalidad. Cuando la batalla de Madrid, había llamado a ofensivas en otros frentes, sin apenas resultado. El ataque en el norte sobre Álava había sido tardío y frustrante, y de Cataluña fueron a la excapital varios miles de cenetistas, pero el frente de Aragón había permanecido quieto. En enero, un informe de Valencia constataba en ese frente una completa descoordinación con la lucha del resto del país, exceso de personal en los servicios y los suministros —no por ello eficaces— en detrimento de los combatientes, y graves fallos de organización general y falta de iniciativa. Señalaba cómo el enemigo, con tropas inferiores en número, mantenía la tensión golpeando aquí y allá con unidades móviles, reteniendo así a unas fuerzas izquierdistas desproporcionadas. También había desproporción entre el número de fusiles en el frente y en la retaguardia, especialmente en Barcelona, donde abundaban en exceso, debido a la desconfianza entre las diversas fuerzas izquierdistas. Los asesores soviéticos también criticaban el aletargamiento del frente aragonés, aunque en su indignación no dejaba de pesar la inquina a los anarquistas.

El 4 de marzo, la Generalitat se había sentido lo bastante fuerte para intentar desarmar a las Patrullas de control y a los grupos anarquistas de retaguardia. La misma prensa libertaria lo aceptó, en bien de la «cruzada liberadora», pero la FAI lo impidió, desarmó a algunos policías, y obligó a dimitir a sus consejeros en el gobierno regional. Fue preciso un mes, hasta mediados de abril, para formar nuevo gobierno regional, que cambió poco las cosas. Conforme avanzaba la primavera, el ambiente en Barcelona se enrarecía. También Orwell ofrece de ello una descripción vívida: «Por debajo del lujo y de la creciente pobreza (…) la ciudad respiraba el clima inconfundible de la rivalidad y el odio políticos. Personas de todas las opiniones posibles decían en tono premonitorio: “Pronto tendremos dificultades”. Se estrechaba la colaboración entre la Esquerra y el PSUC, convertido en un partido de masas muy disciplinado y dinámico, perfectamente capaz de disputar el terreno a los anarquistas. La prueba de fuerza se aproximaba[39]».

Capítulo 19

LA SEMIINDEPENDENCLA SE VIENE ABAJO

Como quedó indicado, si Franco hubiera logrado tomar Madrid en las maniobras de cerco después de su fracaso de noviembre del 36, la guerra habría terminado pronto, pues la caída de la ciudad implicaba la derrota del más potente y bregado ejército del Frente Popular. Pero Madrid se había demostrado un hueso demasiado duro de roer, y el Caudillo resolvió atacar la zona enemiga del Cantábrico, compuesta por Vizcaya, Santander y Asturias. No era un objetivo tan decisivo como el anterior, y suponía alargar la contienda, pero, si lo alcanzaba, obtendría una posición muy ventajosa para abordar nuevas campañas.

El objetivo norteño era una zona rica y densamente poblada, con casi toda la industria pesada y de armamentos del país, y las minas más importantes para el esfuerzo bélico. Las dificultades estaban a la altura: un terreno muy agreste y de fácil defensa, con tropas aún faltas de brega, pero numerosas y bien pertrechadas, más el «cinturón de hierro», en teoría insuperable. El riesgo aumentaba mucho para los nacionales porque dejaban a sus espaldas, en torno a la excapital de la nación, un fuerte y capacitado ejército izquierdista capaz de darles los más serios disgustos.

En compensación, Franco tenía importantes ventajas: su enemigo en el norte dispondría de poca aviación, porque la estrechez de la franja norteña volvía casi suicida estacionar allí los aparatos, al no dejar apenas tiempo de reacción ante las incursiones aéreas enemigas. Ventaja muy importante, si bien atenuada por la fragosidad del suelo, que brindaba a la infantería protección contra ataques aéreos. También beneficiaban a los franquistas las rivalidades entre los gobiernos de las tres provincias y la independencia de Aguirre, manifiesta en hechos como el retraso en la organización de brigadas y divisiones, acometida sólo a última hora, ante la inminente ofensiva contraria. El PNV buscaba dotarse de unas fuerzas armadas propias, disuasorias contra quienes intentaran volver atrás su política de hechos consumados, pero con ello perjudicaba claramente el esfuerzo común.

Y el último día de marzo, al mando de Mola, los nacionales emprendieron su ofensiva por Vizcaya con inferioridad en tropas, superioridad ligera en artillería y abrumadora en el aire. Superioridad acentuada por la imprevisión del gobierno vizcaíno, que no había construido nuevos aeródromos, ni adaptado alguno para los bombarderos soviéticos, superiores a sus contrarios. La fuerza aérea, española, italiana y alemana (la Legión Cóndor) era dirigida sobre el terreno por Von Richthofen, militar muy cualificado, resolutivo y arrogante, y cuyo jefe, Sperrle, sólo respondía ante Franco. La infantería se componía sobre todo de las «brigadas navarras», que solían ser más que brigadas, apoyadas un mes y medio más tarde por fuerzas italianas, mientras el gobierno vizcaíno redoblaba sus esfuerzos de movilización. Los atacantes iban a avanzar con lentitud contra una firme resistencia apoyada en el relieve montañoso y ayudada por el frecuente mal tiempo, que entorpecía las ofensivas por tierra y aire.

También perturbarían a los nacionales los ataques en otros puntos ordenados por el gobierno de Valencia para descongestionar el frente vizcaíno. Así el 10 de abril las izquierdas, con absoluta superioridad aérea y blindada, trataron de aislar a las tropas franquistas incrustadas en la Ciudad Universitaria madrileña, pero hubieron de desistir ante un adversario pegado al terreno y con moral elevada. La decepción se repetiría a finales de mayo en una amplia ofensiva por La Granja y Segovia. Y en junio ante Huesca. Una y otra vez, la superioridad material distaba de garantizar la victoria.

Durante las tres primeras semanas de abril los nacionales avanzaron en Vizcaya ocupando la zona del monte Oiz desde donde podían atacar a Durango, o bien a Guernica, unos 20 kilómetros al norte. Guernica parecía tener mayor interés, pues su rápida ocupación habría embolsado a importantes fuerzas enemigas que combatían en un amplio saliente próximo a la costa, acelerando el fin de la resistencia vizcaína. Richthofen favorecía esa opción, pero Mola, en relación tirante con el alemán, optó por el ataque hacia el sur, hacia Durango. Richthofen conocía la orden de Mola, que volvía inútil un bombardeo de Guernica, no obstante lo cual atacó la villa el 26 de abril. Su acción, dirigida en principio contra un puente cuya destrucción obstaculizaría la retirada del enemigo, no tocó el puente, pero dejó en llamas el 18 por ciento del caserío.

En las horas siguientes el fuego se propagó hasta afectar al 71 por ciento de la villa, fuera por dejadez de los encargados de sofocarlo (los bomberos de Bilbao, a 30 kilómetros, tardaron más de tres horas en llegar, y se volvieron antes de haberlo apagado) o por otras razones. De inmediato comenzó una vasta campaña internacional denunciando el bombardeo de la población civil y exagerando el número de víctimas. El mando franquista, que no había mandado la acción de Richthofen, achacó el incendio a los revolucionarios, basándose en los precedentes de Irún y Éibar. La falsedad del aserto, fácilmente demostrable, aumentó todavía su derrota en el campo de la propaganda. Sobre el caso insistiré luego.

En el mar, la marina nacional trató de bloquear los puertos enemigos. Pese a sus insuficientes fuerzas y a la protección de los contrarios por la marina británica, logró entorpecer seriamente los suministros a la franja norte.

Las operaciones continuaron en mayo, siempre con avances lentos. Para el 30 estaba previsto el ataque al Cinturón de Hierro, pero se retrasó por diversas circunstancias, entre ellas la ofensiva izquierdista en el frente central sobre La Granja y Segovia. El 3 de junio fallecía Mola en accidente aéreo, sustituyéndole el general Dávila, y el 11 de junio se desencadenaba el asalto a las grandes fortificaciones, consideradas inquebrantables por Aguirre y las izquierdas. En el siglo anterior, el Bilbao liberal había ganado fama por su aguante frente a los asedios carlistas, que nunca lograron tomarla, y ahora debía ocurrir lo mismo, máxime con el ejemplo, aunque poco agradable al PNV, de la resistencia madrileña.

Impresionantes en general, las fortificaciones no pasaban de chapuceras en varios puntos. Los atacantes conocían sus fallos, entre otras cosas porque uno de los ingenieros de la defensa, el capitán Goicoechea, se había pasado a los nacionales tres meses antes. Increíblemente, el gobierno de Vizcaya no había hecho casi nada en ese tiempo por cambiar la disposición o corregir los fallos estructurales.

Dávila tenía el problema de su persistente inferioridad en tropas, pero lo resolvió debilitando aún más varios sectores para concentrarse en el punto elegido, donde alcanzó una ligera superioridad numérica. Ésta, más la acción desde el aire y la imprevisión del gobierno vizcaíno, le permitieron romper el primer cordal del cinturón en una jornada y seguir ampliando las brechas hasta poner a Bilbao, en sólo cuatro días, en situación crítica. El 18, tras algunos combates encarnizados, pero aislados, los jefes peneuvistas e izquierdistas daban la ciudad por perdida, centrando sus esfuerzos en evacuar a la población civil y mantener una retirada algo ordenada, lo que sólo consiguieron a medias. Al día siguiente los nacionales ocupaban la ciudad, continuando luego las operaciones para echar de Vizcaya a sus enemigos.

Entre tanto el gobierno de Valencia había hecho un último y desesperado esfuerzo por salvar Bilbao. Casi en simultaneidad con el asalto al Cinturón de Hierro, había lanzado una gran ofensiva contra Huesca. Pero, como casi siempre, la tenaz defensa de la plaza frustró su designio.

Los vencedores obtuvieron en Vizcaya un botín inmenso: una gran industria siderúrgica que llevaba meses trabajando a muy bajo rendimiento (en torno al 30% del de preguerra), y que pronto volvería a la plena producción; fábricas de armas y minas de hierro. Los alemanes deseaban monopolizar el comercio de este mineral, pero Franco mantuvo, significativamente, las exportaciones a Gran Bretaña.

La caída de Bilbao tuvo otro efecto favorable a los nacionales: el práctico reconocimiento por el Vaticano. Desde el principio de la contienda, varios obispos venían trabajando por ese reconocimiento y divulgando la interpretación del cardenal Gomá, resumida en el informe El caso de España: «Esta cruentísima guerra es, en el fondo, una guerra de principios, de doctrinas, de un concepto de la vida y del hecho social contra otro, de una civilización contra otra. Es la guerra que sostiene el espíritu cristiano y español contra este otro espíritu (…) que quisiera fundir todo lo humano, desde las cumbres del pensamiento a la pequeñez del vivir cotidiano, en el molde del materialismo marxista. (…) Estaba España ya casi en el fondo del abismo, y se la quiso salvar por la fuerza de la espada. Quizá no había ya otro remedio. Lo que sí podemos afirmar, porque somos testigos de ello, es que, al pronunciarse una parte del ejército contra el viejo estado de cosas, el alma nacional se sintió profundamente percutida y se incorporó, en corriente profunda y vasta, al movimiento militar». Otro obispo catalán, Pla y Deniel, definió la lucha de los nacionales como una cruzada[1].

Contra Franco trabajaban en la Santa Sede grupos de presión franceses, por temor a la influencia de Alemania en España, y nacionalistas catalanes y vascos. Pero el 1 de julio, cuando la lucha en Vizcaya tocaba a su fin, el episcopado español, salvo doce obispos ya asesinados y otros dos, firmaron una Carta Colectiva también preparada por Gomá. La Iglesia, señalaba la Carta, había tratado de evitar la guerra, pero, una vez ésta en marcha y con su peculiar carácter, «No podíamos inhibirnos (…) sin incurrir en el tremendo apelativo de canes mutti [perros mudos], con que el Profeta censura a quienes, debiendo hablar, callan ante la injusticia». Sostenía que «No hay en España más esperanzas de reconquistar la justicia y la paz (…) que el triunfo del Movimiento Nacional». Se abstuvieron Vidal y Múgica. El primero manifestó en privado su acuerdo con la Carta, pero dijo temer que ella hiciera recrudecerse la persecución; Múgica alegó algo parecido (en realidad la Carta hizo menguar la persecución, a causa de su audiencia internacional), así como su descontento por haberle echado de España los nacionales. A Vidal no le dejarían volver, y a Múgica sólo en su ancianidad.

Y el 28 de agosto, el Vaticano enviaba a la España de Franco al cardenal Antoniutti, prácticamente en calidad de nuncio, aunque todavía sin reconocimiento formal. Para el bando nacional fue un triunfo de primer orden, asociado al militar en Vizcaya.

Durante esos tres meses de lucha en Vizcaya, las tropas peneuvistas y revolucionarias, más las llegadas para ayudarles desde Santander y Asturias, habían combatido con bastante valor y empeño. Aguirre, que desde la formación de su gobierno había pedido a Valencia más y más suministros, pese a estar mejor surtido que casi todos los demás frentes, salvo en el arma aérea, había redoblado en ese trimestre sus exigencias, especialmente de aviones.

Pero la aviación dependía de los soviéticos, los cuales obraban de modo similar al PNV en Vizcaya, es decir, con una independencia muy irritante para Largo: «La aviación procede, al igual que ocurre con los carros blindados, con una libertad de acción que escapa a las previsiones y hasta a las órdenes emanadas del Ministerio bajo cuya jurisdicción se mueve[2]». Los soviéticos estaban poco propicios a mandar los valiosos aparatos a un lugar donde corrían demasiado riesgo de destrucción. Pretextaron razones técnicas, como que la autonomía de los cazas no les permitía llegar a Vizcaya; y aunque se hicieron intentos a través de Francia o directamente, fue imposible compensar, ni de lejos, la inferioridad del gobierno de Vizcaya en el aire.

Ello deprimía más a los dirigentes que a los soldados, que pronto aprendieron a soportar pasablemente el ataque aéreo. Como señala Jesús Salas, los políticos debían haber evitado desmoralizar a sus hombres, e insistir en que la acción aérea tenía poco efecto contra tropas bien atrincheradas y disciplinadas, especialmente en terreno abrupto. Ello se había probado incluso en los terrenos llanos en torno a Madrid, donde el martilleo de la aviación izquierdista, en abrumadora superioridad, rara vez había desalojado a los tenaces infantes nacionales.

La tirantez entre Aguirre y el jefe del frente norte, Llano de la Encomienda, acrecía la debilidad. Aguirre impuso la división del frente entre «Euzkadi» y el resto, con permanente querella por las competencias, las provisiones, etc. Llano se resignó a la jefatura puramente teórica de ambos ejércitos, mientras Aguirre quería sustituirle por otro jefe a su juicio más competente. Reclamaba a Valencia el envío de Asensio, militar a quien los comunistas achacaban las derrotas del verano anterior, habiéndole eliminado del mando a raíz de la pérdida de Málaga, a principios de febrero. A finales de abril Aguirre se autonombró jefe militar, refrendado por el «Gobierno de Euzkadi». Le asesorarían profesionales como el soviético Górief, tan destacado en la defensa de Madrid, indicio aparente de su voluntad de defender Bilbao a todo trance. El ilegal acuerdo, uno más, provocó el furioso comentario de Largo: «El pretexto era que el general Jefe del Norte no tenía pericia para el mando. ¿Qué autoridad técnica tenía [Aguirre] para hacer esa afirmación? ¿Es que técnicamente el señor Aguirre era superior al general Llano? ¿No es ridícula esa pretensión? ¡Y querían ganar la guerra!»[3].

¿Querían realmente ganar la guerra? Ya el 7 de abril el gobierno vizcaíno había advertido a Valencia que, si no llegaban aviones, «se consideraría relevado de la lealtad con la que siempre ha procedido[4]». Como de costumbre, no resulta fácil saber qué entendía por lealtad un partido que desde el primer momento había «superado», como gustaba decir, todos los acuerdos y disposiciones legales. La amenaza indica la búsqueda de un pretexto para poder acusar a sus aliados y justificar lo que el PNV venía tanteando desde diciembre: una rendición separada mediante acuerdos secretos con el enemigo. El indiscutible realismo y sentido de la oportunidad tantas veces demostrada por los sabinianos, les hacía comprender que la victoria del Frente Popular se alejaba, y con ella sus perspectivas de secesión. Tantearon entonces la compra de su inmunidad a costa de dejar en la estacada a sus aliados.

Los contactos se intensificaron en abril. El 13, Franco, aunque escéptico, autorizó la prosecución de los tratos de los italianos a través de un jesuita, el padre Pereda, y del diplomático italiano Cavaletti. El obstáculo mayor era la exigencia peneuvista de una garantía extranjera, que el Caudillo rechazaba. El PNV recibió propuestas bastante generosas: ausencia de represalias, juicio a los acusados de crímenes, facilidades a los jefes para huir al extranjero, y descentralización administrativa. Pero el inoportuno bombardeo de Richthofen en Guernica echó a pique los tratos momentáneamente.

La explotación propagandística del bombardeo, con destacada contribución de la prensa anglosajona, dio al PNV la máxima proyección internacional. El número de víctimas, 126 como máximo, y probablemente menos, fue multiplicado por seis, por ocho, por trece y hasta por veinticinco, haciéndolo subir a 3000 algunas versiones. La cifra más habitual, muy repetida por diversos historiadores, fue la de 1600 y pico, con pretendida exactitud hasta las unidades. Las fotos de la ciudad destruida impresionaron al mundo, aunque la devastación venía sobre todo del incendio posterior al bombardeo e iniciado por éste, mal controlado por las razones que fueren. La propaganda afirmó que se había atacado a una villa sin interés militar, para exterminar a la población y aplastar los símbolos de la tradición vasca, la Casa de Juntas y el roble. Los nacionalistas pudieron presentarse así, urbi et orbi, como víctimas de la más desalmada barbarie fascista. Pero Guernica tenía un gran valor militar entonces, y los alemanes[*] desconocían seguramente dichos símbolos, que no fueron atacados pese a haber situado el PNV, imprudentemente, cuarteles en sus cercanías.

Resulta en verdad chocante que en los primeros días la prensa de Bilbao diese tan poco relieve al bombardeo. El 27, Euzkadi ofreció sólo un recuadro, donde Aguirre hablaba de un ataque a «los símbolos vascos» y concluía: «Ante el agravio, todos los vascos debemos reaccionar con violencia» y llamaba a luchar «con inaudito tesón y heroísmo si el caso lo requiriese» (¡!). Según él, «La victoria no puede acompañar al invasor si, preñado nuestro espíritu de recia voluntad, nos empeñamos en derrotarle». Al día siguiente, el órgano del PNV denunciaba «el crimen horrendo» de Guernica, pero sólo hablaba de 30 heridos. El 29, sólo alusiones generales, como la de un suelto: «Podréis desplegar por nuestros valles y montañas toda esa inmunda amalgama de mahometanos negros, protestantes rubios, legionarios sifilíticos y españoles degenerados (…). La consigna actual del vasco es ésta: Muertos antes que esclavos[*]».

El PNV no parece haberse percatado en los primeros días del inmenso provecho propagandístico que podía traerle la denuncia internacional del bombardeo. Sólo el día 30 comentaba: «Franco y sus cómplices han querido ocultar al mundo la vergüenza de sus crímenes en tierra vasca; pero no les ha valido. El mundo conoce ya en todo su horror la obra de los bárbaros. El mundo contempla estupefacto e indignado tanta barbarie, tanta maldad, tanta bestialidad. La conciencia universal ha dado ya su fallo».

El Vaticano, preocupado por los odios entre católicos en Vasconia, pidió a Gomá que mediara ante Mola en pro de nuevas concesiones. Mola aceptó capturar Bilbao intacto, permitir la salida de los dirigentes, garantías contra cualquier exceso de las tropas, libertad para soldados y milicianos que se entregasen con sus armas, etc., añadiéndose la descentralización y la aplicación del espíritu de la encíclica Rerum Novarum. Y el 8 de mayo el cardenal Pacelli, futuro Pío XII, enviaba un telegrama a Aguirre exponiendo dichas condiciones. El mensaje fue interceptado por el gobierno de Valencia, que lo retuvo. Se ha discutido sobre si el gobierno vizcaíno llegó a enterarse, pero indica que sí el posterior comunicado de Aguirre a Valencia: «Suponemos telegrama Pacelli es apócrifo (…). En Gobierno vasco nadie piensa rendirse[5]».

Aguirre vacilaba. Sabía que sus aliados sospechaban sus tratos y le vigilaban. Y estaba ante un dilema infernal. Conforme la derrota común se perfilaba, menos le gustaba una alianza tan dura de tragar para un sabiniano; pero una traición abierta podía precipitar una guerra civil en Vizcaya, donde las numerosas tropas izquierdistas recibirían rápida ayuda de Santander y Asturias. Precisamente acababa de desatarse una guerra así en Barcelona, culminada por la defenestración de Largo y su sustitución por Negrín, en cuyo gobierno Irujo pasaría a desempeñar la cartera de Justicia.

El lendakari rechazó de momento la invitación a rendirse, y en cierto modo aumentó su cooperación con Valencia, aceptando, por ejemplo, el comisariado en el «Ejército de Euzkadi». De paso conseguía librarse de su detestado Llano de la Encomienda y el reconocimiento oficial de su ejército particular, cuyo mando técnico recibió el general Mariano Gámir. La insinceridad de su cooperación y de sus exhortaciones a los vascos a luchar hasta la muerte queda de relieve cuando, apenas dos semanas después del bombardeo de Guernica, intensificó sus tratos con los fascistas italianos a través del sacerdote sabiniano Alberto Onaindía, con vistas a una rendición separada. En adelante Juan Ajuriaguerra (que, con Irujo, había situado al PNV al lado del Frente Popular en julio del 36) y Leizaola tomarían oficiosamente la iniciativa en las conversaciones, de las que Aguirre prefirió hacerse un poco el desentendido, consciente de sus consecuencias posiblemente embarazosas.

El 16 de junio, casi en vísperas de la caída de Bilbao, Ajuriaguerra pidió a los italianos, a través de Onaindía, que salvaguardasen a la población civil, y a cambio los nacionalistas entregarían la ciudad intacta. La oferta interesaba en extremo a los nacionales, pues les regalaba una poderosa industria, de inestimable valor bélico. Por lo mismo, Valencia exigía resistir a todo trance. Prieto, a la sazón ministro de Defensa en el gobierno de Negrín, ordenaba «extremar la defensa de Bilbao».

De cara a la población, el PNV estaba de acuerdo. El gobierno vizcaíno llamaba a emular «aquella resistencia heroica y ejemplar de nuestros predecesores», invocación paradójica porque los héroes habían sido los liberales, tan despreciados por los sabinianos. Aguirre hacía un «Histórico llamamiento», que no pasará a la historia de las arengas inspiradas: «En estos momentos de intensa y dramática emoción me dirijo a vosotros con el alma henchida de una fe que es patrimonio de los vascos (…). El Gobierno está (…) en medio del pueblo (…), y su acuerdo firme es resistir, resistir con ímpetu y fe (…). Yo confío en este pueblo, en este pueblo maravilloso. Yo sé que aquí registrará la Historia páginas de gloria. Estoy seguro de que vosotros, al conjuro de mis palabras, débil pero sincero y honrado, sabréis responder como un solo hombre (…) evocando todas aquellas heroicidades que hicieron grande a nuestro pueblo (…). Aquí el pueblo vasco, ante el mundo entero, ante el asombro de todos, quiere escribir una página más de su gloriosa historia». Y terminó con un breve párrafo en vascuence[6].

Estas palabras no irradiaban franqueza ni confianza, y los jefes que así llamaban a resistir preparaban la huida y negociaban con el enemigo. Sólo los comunistas exigían en serio una lucha hasta el fin. El propio Gámir, contra las órdenes de Prieto, y justificándose en la desmoralización de las tropas, dispuso la evacuación, incluyendo la innecesaria de la población civil[*].

De poco sirvió a Prieto insistir en la «enorme responsabilidad» de entregar a Franco las fábricas y los altos hornos. Las izquierdas pensaban destruirlos, así como el pantano que abastecía de agua a la ciudad, el casco antiguo y otros barrios de Bilbao, la universidad de Deusto y diversos edificios, al modo como habían hecho en Irún y en Éibar. Pero lo impidieron las unidades del PNV, a veces encuadradas por oficiales enemigos. Como dice muy satisfecho el coronel italiano Pazzoni, en Baracaldo «cuatro batallones exenemigos (caso poco frecuente en la historia de la guerra), armados de todas sus armas, asumieron así papeles combativos a las órdenes del vencedor, pasando a las filas de los prisioneros de guerra sólo después de cumplida su misión[7]».

La rápida caída de Bilbao impidió negociar la oferta de Ajuriaguerra, pero el PNV la cumplió. Bastantes batallones suyos se entregaron sin mucho sentimiento: el roce con los anticristianos izquierdistas no les había satisfecho. El coronel Montaud, próximo al PNV, explicaba: «Nuestros campesinos, si usted quiere oír la verdad, están más con el enemigo que con nosotros[8]». El PNV, algo tardíamente, se había portado como le habían exigido los franquistas, salvaguardando bienes y personas y proporcionaron unos medios magníficos a los vencedores. Pero en éstos predominaba el resentimiento por la sangre vertida en la campaña, de la cual culpaban a los sabinianos.

Dieciocho días antes de la derrota, Azaña había consignado: «De que Bilbao por lo menos se perderá en cuanto lo ataquen con fuerzas bastantes, estoy yo convencido (…), convicción formada a través de los enmarañados y palabreros informes que el ministro Irujo me daba en Barcelona. Aquellos informes, escuchados por mí sin pestañear, se dirigían a probarme la facilidad de la inminente reconquista de Miranda y Vitoria, seguida, inmediatamente de la de Navarra, después de lo cual el ejército vasco, “que se batía con ardor gracias a la concesión del estatuto autonómico”, descendería por Soria (…) para resolver la situación de Madrid[9]».

Caída la ciudad, Aguirre explicó al gobierno, dice Azaña, que los sabinianos habían impedido las destrucciones «porque pensamos volver a nuestro país. Si no tuviéramos ese pensamiento, la desesperación podría habernos inspirado otra conducta». El argumento estaba bien medido para desarmar las sospechas de sus aliados, pero de su mendacidad daría prueba la actitud posterior del PNV, resistiéndose a luchar en tierra «extranjera», al lado mismo de Vizcaya. Aguirre también explicó a Azaña que «mucha gente se ha pasado [a los nacionales] creyéndolo todo perdido, al perderse Bilbao; pero unidades en masa, no». Se habían entregado unidades en masa[10].

En tres meses se había venido abajo el sueño del PNV de crear una «Euzkadi» prácticamente separada, con un ejército propio capaz de garantizar en su momento la plena independencia frente a sus ocasionales aliados del Frente Popular.

Como quedó dicho, un efecto de la caída de Bilbao fue el reconocimiento de Franco por el Vaticano. Irujo, desde Valencia, presionó con todas sus fuerzas para impedirlo. El 31 de julio presentó un proyecto de decreto encarado a la opinión internacional, en el que, eludiendo hábilmente cualquier referencia a los miles de sacerdotes y fieles sacrificados, atribuía la «imposibilidad» del ejercicio del culto y la libertad de conciencia, por «la pasión popular», que había «confundido la significación de la Iglesia con la conducta de muchos de sus prosélitos». Es decir, la culpa de la persecución religiosa, quizá la más cruenta de la historia, la tenían sus víctimas, por otra parte no aludidas. Afortunadamente «una parte de la Iglesia católica, concretamente la de Euzkadi, ha sabido en todo momento cumplir su misión religiosa con el máximo respeto al Poder civil (…). Por eso no ha sufrido el más leve roce en sus intereses». La destrucción de algunas iglesias y el asesinato de 56 miembros del clero (no nacionalistas en su mayoría) en la zona bajo hegemonía del PNV, por no hablar de los demás en el resto de España, no suponían ni siquiera un «roce» para Irujo. La insolidaridad realmente brutal del ministro se reduplica en su propuesta al gobierno de abrir un poco la mano en la cuestión del culto, para mejorar la imagen internacional de los revolucionarios. No tuvo mucho éxito, pero persistió intentando desacreditar a los nacionales y defender a la «república» en el Vaticano y en los medios católicos franceses y de otros muchos países[11].

Expulsadas de Vizcaya, las tropas izquierdistas y peneuvistas tuvieron un respiro mientras sus enemigos se reorganizaban y en el frente central el gobierno lanzaba una nueva y potente ofensiva por Brunete, que daría lugar a una de las batallas más duras y cruentas de la guerra. La ofensiva sustituía a la auspiciada meses antes por Largo Caballero sobre Extremadura, que había sido saboteada por los comunistas. Comenzó el 6 de julio y duraría hasta el 24, causando muchos más muertos que cualquiera de las batallas del norte, lo que da idea de la ambición y magnitud de su planteamiento. Se trataba de destruir buena parte del ejército nacional en torno a Madrid, y de paso desahogar el frente norte, permitiendo la reorganización de las fuerzas derrotadas en Vizcaya y posibles contraataques sobre Bilbao.

La ofensiva de Brunete no logró vencer a los franquistas en el centro, pero sí paralizar la lucha en el norte. Gámir aprovechó la ocasión, y a finales de julio, con un ejército reorganizado de 100 000 hombres, 30 000 de ellos vascos izquierdistas y nacionalistas, se sintió con arrestos para emprender fuertes ataques contra Oviedo y Vizcaya.

Para entonces, el padre Onaindía y otro sacerdote, emisarios del PNV, habían visitado en Roma al ministro italiano de Exteriores, Ciano: «Ir en misión a tratar con los hombres del Fascismo no era un cometido muy agradable, y mucho menos en aquellas circunstancias en que se iba a preparar una capitulación más o menos inevitable (…). No estaba reñido el heroísmo con la gestión», apunta Onaindía, aunque el heroísmo sobró ante la amable acogida de su anfitrión, y por lo demás no es palabra adecuada para una maniobra que en lenguaje menos «racial» suele conocerse por traición. El PNV intentaba llegar a una rendición «de modo simulado, para no provocar en los republicanos sospecha ninguna», pues de otro modo la operación podría culminar en descalabro. Los fascistas estaban de acuerdo, pero deseaban una capitulación rápida, mientras que los peneuvistas insistían en que todo «fuera muy disimulado, para lo cual pedían tiempo suficiente». Esta disconformidad provocaría buen número de enredos y dilaciones, y la creciente irritación de los fascistas y de Franco[12].

A fin de asegurar que sus aliados izquierdistas no percibieran la maniobra, el PNV había exigido desplegar sus tropas frente a Vizcaya, como si se dispusiesen a recobrarla, y al mismo tiempo proponía a sus enemigos que lanzasen la ofensiva principal no por aquel sector, de este a oeste, sino desde Reinosa, en dirección sur-norte y a espaldas del ejército vasco, que así quedaría «copado» sin aparente culpa suya, y se vería «obligado» a rendirse. La traición quedaría así encubierta, e incluso cabría culpar a las izquierdas por la catástrofe, al no haber resistido debidamente en el frente de Reinosa. Una vez rendidos los peneuvistas, los italianos garantizarían su evacuación al extranjero por mar. No sin osadía, Aguirre comentó a Azaña: «Si los rebeldes consiguen dar un corte, por ejemplo hacia Reinosa, se producirá un desastre incalculable». Era justamente lo que sus emisarios habían negociado con Ciano[13][*].

Para esa intriga constituía un serio contratiempo la contraofensiva de Gámir por el sector peneuvista. La reacción del PNV fue el embrollo. A fin de ganar tiempo y mantenerse pasivo, criticó la contraofensiva por extemporánea, pronunciándose por «una buena defensa» y autoalabándose por su avanzada reorganización, a su juicio más completa que la de los santanderinos y asturianos. De paso denunciaba las intromisiones y proselitismo comunistas[15].

No pudiendo impedir la contraofensiva, los sabinianos la sabotearon, según revelan los informes de sus dos comisarios Víctor Lejarcegui e Ignacio Ugarte: «La operación se inició, pero, preparados oportunamente nuestros batallones de hacer que hacían y no hacer nada, fracasó (…) al día siguiente se pretendió seguir la operación, pero nosotros nos opusimos a ello decididamente, y pasara lo que pasara dimos orden a nuestros batallones para que no actuasen (…) haciendo fracasar totalmente los intentos de lucha». Parece que los exasperados izquierdistas llegaron a montar ametralladoras a espaldas de los peneuvistas para obligarles a luchar, porque los días 28 y 29 de julio se produjo un sangriento combate en un punto llamado la Ermita. El parte nacional señalaba: «El enemigo ha efectuado un ataque con grandes masas (…) haciéndosele una verdadera carnicería y abandonando más de 1500 muertos en las laderas y llevándose recogidos 504 cadáveres en las propias alambradas. Los prisioneros aseguran que los lanzan al ataque amenazándolos con ametralladoras». Aguirre todavía aprovecharía el suceso para quejarse a Valencia: «Una vez más sólo fuerza infantería vasca ha sabido responder abandonada totalmente por la Aviación (…) dándose el triste caso de que vierta sangre en la mayor esterilidad y desamparo». Seguramente sabía mucho más de lo que decía, como había intuido Azaña[16].

En esas semanas no acababa Aguirre de cumplir los acuerdos de rendición, quizá esperando la acción enemiga por Reinosa que encubriese su intriga ante el Frente Popular. El 18 de julio, primer aniversario del comienzo de la guerra, había volado a Valencia, como explica en sus memorias De Gernika a Nueva York: «El objeto de mi visita era audaz. Iba a proponer el embarque inmediato de las divisiones vascas trasladándolas al frente de Catalunya (…). Las divisiones vascas en Catalunya hubieran servido de encuadramiento a muchos patriotas catalanes y constituido un elemento que hubiera devuelto al territorio republicano la fisonomía que era necesario para presentarse ante Europa». Idea absurda, pues debilitaría decisivamente el frente próximo a Vizcaya, abandonando a los santanderinos y asturianos, que habían luchado codo a codo con el PNV. Azaña le indicó la imposibilidad del plan: «¿Por dónde van a venir? Por mar es imposible, y por Francia no lo consentirían». «¡Qué sé yo…! Como heridos». «¿Heridos? También son combatientes si no quedan inútiles. Y a nadie le haría usted creer que íbamos a transportar quince o veinte mil heridos de una región a otra». «Pues es lástima. El cuerpo de ejército vasco, ya reorganizado, se batiría muy bien poniéndolo sobre Huesca. Se enardecería en cuanto le dijésemos que íbamos a conquistar Navarra». Azaña no daba crédito a sus oídos. «Recordé las frívolas expansiones de Irujo (…). Y ahora este gobiernito vasco, derrotado, expulsado de su territorio, sin súbditos, apenas con tropas y desmoralizadas, se encandila y cree que encandilaría a sus gentes (…)»[17].

No escapó a Azaña la doblez de Aguirre, aunque sí la amplitud de su engaño. El lendakari usaba su extravagante propuesta para justificar su verdadera decisión: el rechazo a su idea le dejaba libre, explicará, para hacer «aquello que mejor contribuyera a salvar el mayor número posible de hombres[18]». El salvamento tomaría la forma del famoso Pacto de Santoña.

El 2 de agosto el lendakari ordenó el flete de diez o catorce barcos con vistas a la evacuación de sus tropas de Santander. Y el 14 los franquistas avanzaron hacia esa ciudad desde el sur, tomando enseguida Reinosa y el puerto del Escudo, a espaldas de las tropas de Vizcaya, desplegadas inactivamente hacia el este. Ajuriaguerra, entendió que se cumplía el plan acordado en Roma, dejando satisfactoriamente «copado» a su ejército, y el día 18 acordó con emisarios fascistas, en San Juan de Luz, la evacuación por mar entre los días 21 y 24. Azaña había casi vaticinado esto ya en mayo, pensando que si caía Bilbao «es verosímil que los nacionalistas arrojen las armas, cuando no se pasen al enemigo. Los nacionalistas no se baten por la causa de la República ni por la causa de España, a la que aborrecen[19]».

Naturalmente, Gámir ordenó a los peneuvistas replegarse hacia Asturias para eludir el cerco, medida que los interesados sabotearon eficazmente. Pero los malentendidos y la confusión sobre el terreno retrasaron la rendición, para enfado de los italianos, y los barcos encargados por el lendakari semanas antes no llegaban. Desesperados, los batallones peneuvistas y algunos izquierdistas se concentraron en Santoña y Laredo, y el día 23 se declararon en rebeldía. Ese día llegó a Laredo Ajuriaguerra para facilitar la huida de Aguirre y asumir la rendición. Gámir ofreció a Aguirre un submarino para ir a Asturias, pero Aguirre prefirió volar a Francia. Ajuriaguerra marchó a Santoña, y, como el plazo dado por los italianos para la evacuación expiraba, pidió dos días más.

Los fascistas, ansiosos de una grande y fácil victoria que borrase su derrota en Guadalajara, condescendían con los peneuvistas. Pero los navarros se impacientaban, y el día 25 Franco prohibió a los italianos hacer más concesiones. En medio del desorden, ese día los rebeldes de Santoña se adueñaron de los barcos pesqueros y otros surtos en el pequeño puerto, sin hacerse a la mar todavía. Los italianos, contra el aviso de Franco, siguieron prometiendo la evacuación. Al día siguiente arribó un mercante inglés, y el 27 empezó el embarque. Entonces llegaron unos oficiales españoles y ordenaron desembarcar a todo el mundo, lo que se hizo sin alteraciones.

Unos 22 000 miembros del antiguo «Ejército de Euzkadi» fueron apresados pacíficamente. Tres meses después, la mitad estaba en libertad, 5600 en batallones de trabajo y otros tantos en espera de juicio. Se dictaron 510 penas de muerte, cumpliéndose 57. Posteriormente habría 145 ejecuciones más[20].

La maquinación tan cuidadosamente diseñada entre los jefes peneuvistas y los fascistas italianos, había resultado a medias. En parte había engañado al Frente Popular, en cuyo gobierno continuaría Irujo como si nada hubiera pasado; pero finalmente había fracasado por los incumplimientos e ineficacia de la dirección peneuvista, que habían terminado por hartar a los italianos, y sobre todo a Franco. Los sabinianos tienen una abundante literatura sobre la traición… de los italianos que, a su juicio, debían haber desobedecido al Caudillo. El padre Onaindía, sabiniano hasta la médula, concluye en su libro sobre tales hechos: «Considero que aquella conducta de los patriotas vascos fue noble, arriesgada y digna de que el pueblo la conozca. Habrá sus críticas. Es natural, pero el hecho pasará a la historia como algo que honra a sus principales ejecutores»; o bien: «Nunca temí la acusación que alguno podría hacer de calificar como traición al llamado Pacto de Santoña», porque «Cuando se ha luchado con heroísmo (…) hasta que se han agotado las municiones, nadie puede, en justicia, acusar de traición al combatiente que se rinde con la cabeza alta, el honor intacto y el corazón destrozado». Con toda evidencia ni se habían acabado las municiones ni podía hablarse de heroísmo ni de honor. Salvo en un sentido racial, desde luego[21].

Lo dicho no impide a Onaindía expresar su sorpresa ante las pretensiones de Aguirre, hombre siempre flexible, de no haber tenido nada que ver en la fechoría: «Graves palabras en boca de nuestro Lendakari. Más graves aún si se tienen en cuenta los hechos que se relatan en estas páginas[*][22]».

El balance de aquellos meses en que el PNV tanto se había acercado a sus objetivos no era brillante. Había apostado por los revolucionarios creyendo que iban a ganar y que, al mismo tiempo, no podrían impedir su secesión. Luego los había traicionado sin por ello ganarse el aprecio de los vencedores. Había creado una burocracia desmedida, una cadena de fortificaciones más espectacular que efectiva, y un ejército de comportamiento irregular, bueno unas veces, malo otras. Perturbó con sus pujos de independencia la lucha contra el enemigo común, y no logró mantener la producción industrial, que no cesó de caer en esos meses. Otro dato indicativo fue el considerable aumento de las muertes por enfermedad, un 38% sobre el nivel de 1935 (20% en Asturias y 56% en Santander). La salubridad se recuperó rápidamente tras la caída de la provincia, mejorando incluso los registros de preguerra[23].

La parte más positiva de su gestión consistió, según opinión muy divulgada, en el mantenimiento del orden y la eliminación de la persecución religiosa. Pero esto no es del todo cierto. Hubo bastantes curas asesinados, y, como expone R. Salas Larrazábal, «los hombres que gobernaron Vizcaya tienen sobre sí análoga responsabilidad que los que lo hicieron en las restantes provincias, y las muertes irregulares no fueron allí menores que en otras partes. En conjunto quedaron por debajo de la media alcanzada en la zona gubernamental, pero por encima de las de Santander y Asturias (…). En Vizcaya se produjeron más muertes que en Álava, Guipúzcoa y Navarra». Salas calcula en torno a 1450 muertes, muchas de ellas en matanzas de prisioneros en las cárceles o en barcos prisión. Cierto que el PNV procuró no mezclarse directamente en los crímenes, pero, como autoridad hegemónica en la provincia, comparte la responsabilidad de ellos, y los permitió con más facilidad de lo demandado por los franquistas. Éstos ejercieron luego una represión muy dura, pero menor que en otras provincias, y más contra las izquierdas que contra los peneuvistas, estimando a su favor, probablemente, actos como la entrega intacta de Bilbao[25].

La historiografía sabiniana y alguna izquierdista presentan la guerra como una lucha de «España», o del «fascismo» contra «Euzkadi», cuya población, representada por el «gobierno vasco», habría luchado casi unánimemente contra los agresores. Tal versión, una vez más, armoniza con las teorías nacionalistas, pero no tanto con los hechos. El «gobierno vasco» lo era poco más que de una provincia, y agrupaba a tendencias incompatibles, una de las cuales, la secesionista, aprovechó las circunstancias favorables para traicionar sistemáticamente a las otras. Las tropas levantadas por cada tendencia fueron parecidas, algo más numerosas las izquierdistas. Y por el lado franquista se movilizaron probablemente en Guipúzcoa, y sobre todo en Álava, tantos soldados como los de cualquiera de las dos facciones enemigas, incluyendo un número de peneuvistas disconformes con el camino de Aguirre. Como ha observado Ramón Salas, hubo más apellidos de estirpe vasca en la oficialidad y en la aviación del bando franquista que en las del contrario. Teniendo en cuenta la división política de preguerra, eso era perfectamente lógico. En Vizcaya y Guipúzcoa, por tanto, hubo una guerra civil en toda la extensión de la palabra, como en el resto de España.

Mientras caía Vizcaya el Frente Popular había sufrido un reajuste sangriento, fruto de rivalidades desarrolladas desde el mismo mes de julio del 36. A lo largo de abril del 37 los comunistas planearon desbancar tanto a la CNT como a Largo Caballero. La idea hubiera parecido irrealizable sólo unos meses antes, pero para entonces el PCE era ya un partido de masas, muy disciplinado, cada vez más influyente en el ejército, y la continuación misma de la guerra dependía de la URSS.

La tensión entre unos y otros iba a reventar por Cataluña, después de unas semanas de asesinatos mutuos entre comunistas y anarquistas, dando lugar a una pequeña guerra civil entre las izquierdas dentro de la guerra civil general.

Durante el período de estos conflictos internos y de la derrota peneuvista, también la Esquerra sufrió un descalabro decisivo que al principio pareció un éxito. Cataluña no fue por entonces objetivo de los nacionales, por lo que la lucha tuvo lugar entre las propias izquierdas. Con tenaces maniobras y ayuda del gobierno central y del PSUC, Companys había debilitado a la CNT, pero no lo bastante para asentar plenamente su autoridad, pues los anarquistas continuaban dominando la calle y amplios sectores de la economía. Muy pronto habría que decidir quién mandaba.

La Esquerra y los republicanos burgueses en todo el país habían contribuido a desatar y organizar el terror, pero éste pronto les disgustó porque, fuera de su control, anulaba sus pretensiones de autoridad. Y porque ellos mismos sufrían las sevicias de sus aliados. Azaña retrata la situación en sus diarios. Ahora él, presidente nominal de la república, residía en Barcelona y no en Valencia con el gobierno, anomalía que él mismo aclara expresivamente a su amigo Ossorio: «No tendrá usted la pretensión de que yo viviese en Valencia en una fonda, como tuve que hacer la primera vez que vine, porque al Gobierno no se le había ocurrido que el jefe del Estado necesitaba en Valencia un alojamiento propio». Pero al menos permanecía en España, al revés de «muchos (…) señalados y hasta eminentes» republicanos huidos al extranjero: «A muchos los saqué yo de la nada, y a todos volví a ponerlos a flote, después del naufragio de 1933, y les he hecho diputados, ministros, embajadores, subsecretarios, etcétera, etcétera». Lo mismo pasaba en Cataluña: «En París hay doce exconsejeros de la Generalidad, todos habían emigrado antes de llegar yo a Barcelona, menos [Ventura] Gassol, que se fue después porque temía ser asesinado» por sus aliados anarquistas. Del Parlamento catalán, «no se juntarían más de veinte diputados de setenta y cuatro que son. Y los que se quedan son los peores, los de menos significación y prestigio». La Esquerra había ayudado a huir a burgueses suyos y algunos de la Lliga, así como a clérigos nacionalistas[26].

El resentimiento de la Esquerra contra los ácratas crecía por semanas, pero le faltaban redaños para atacarlos de frente. El rápido auge del PSUC le vino como un regalo del cielo, y entre los dos partidos se estableció una alianza de hecho, que desembocó en los sangrientos sucesos de mayo.

Aquellos hechos han sido expuestos en muchos libros. El 1 de mayo no se celebró en Barcelona la fiesta del trabajo por temor a reyertas entre sindicales. Y el día 3 los comunistas, de acuerdo con la Esquerra intentaron ocupar la Telefónica de Barcelona, bastión de la CNT, desde la cual ésta espiaba las comunicaciones de sus aliados. Los anarquistas resistieron, y al día siguiente las calles empezaron a poblarse de barricadas. Entre ese día y el 7 se multiplicaron los choques y los muertos. Los jefes ácratas hacían llamamientos contradictorios, unos a deponer las armas en pro de la «unidad antifascista», otros a aplastar la «contrarrevolución». El POUM vacilaba. Azaña, en su residencia, temía con razón por su vida, entre «la glacial indiferencia de Caballero y la sorda hostilidad y el manifiesto abandono de la Generalidad».

Ante la resistencia anarquista, más dura y peligrosa de lo previsto, la desbordada Generalitat no tuvo otro remedio que pedir refuerzos a Valencia. Largo, que buscaba en la CNT un aliado frente a los comunistas, no deseaba intervenir, pero los ministros contrarios impusieron el envío de guardias de asalto, de dos destructores y de aviones para intimidar a los rebeldes con vuelos bajos. A cambio Companys hubo de renunciar a la competencia de orden público, que tan mal había cumplido desde julio. Debió de estar realmente asustado para acceder a esa exigencia.

Los ministros anarquistas fueron a Barcelona a calmar a los suyos con promesas de arreglo imparcial. Los comunistas, por contra, prometían máxima severidad: «Durante mucho tiempo hemos atribuido cuanto ocurre a unas bandas eufemísticamente llamadas “incontrolables” y ahora vemos que están perfectamente controladas. Pero por el enemigo. (…) cuando está en juego la existencia de España como nación independiente, la libertad del pueblo español y el bienestar y el porvenir de las masas populares, no se puede tolerar que nos ataquen por la espalda». Llamaba a actuar «con energía implacable», y desviaba la atención hacia los «trotskistas» del POUM, aunque su deseo de ajustar cuentas a los libertarios saltaba a la vista[27].

El gobierno asumió el orden público en Barcelona, y suprimió la «Consejería de Defensa», nombrando capitán general de la región al general Pozas, que había contrariado a Franco cuando las elecciones de febrero del año anterior y había ingresado luego en el PCE. Se formó un nuevo gobierno regional en Barcelona.

Todo ocurrió en cinco jornadas. Los jefes anarquistas, en especial García Oliver y Federica Montseny, lograron cortar la insurrección, para su propio mal. Lo describe García muy gráficamente: «Fríamente recibidos. Groseramente tratados. Eso fuimos desde que llegamos a la Generalidad; El Príncipe [Companys, en alusión a sus maquiavelismos] ya no debía aburrirse (…). Nos preparamos para pasar la noche tumbados en sillones y butacas (…). Nada nos fue ofrecido. (…). Nos trajeron con malos modos un panecillo seco con un poco de jamón pasado. Para beber, quien lo pidió, recibió un vaso de agua. Puede decirse que nos tuvieron a pan y agua, régimen de castigo en los penales españoles. (…). Me levanté (…), fui a parar a una puerta que, por el resquicio del suelo, dejaba pasar una línea de luz. Empujé la puerta y contemplé una salita iluminada, con una larga mesa puesta, donde, encima de blanco mantel, brillaban las copas de finísimo cristal, conteniendo porciones de vinos blancos y tintos. Todavía pude fotografiar con mis ojos las sonrisas de satisfacción de los que alcancé a ver, y que cenaban opíparamente. Sonrisas que se quebraron en seco al divisarme en la puerta ya medio abierta. Eran Companys y su mujer, Antónof-Ofseienko, Comorera, Vidiella, Tarradellas…». La anécdota refleja la realidad mejor que largas consideraciones[28].

Las jornadas de mayo dejaron varios cientos de cadáveres en Barcelona y otros puntos. Los comunistas se impusieron. Aunque ellos y la Esquerra habían provocado los disturbios, probablemente según un plan previo —lo indican algunos documentos publicados en España traicionada[*]— acusaron a la CNT, y sobre todo al POUM, de complot profascista, y exigieron un castigo despiadado. La maniobra derivó de inmediato contra el jefe del gobierno, Largo Caballero, cuya eliminación política perseguían quienes hasta poco antes le halagaban con el título de «Lenin español». Secundaban al PCE Prieto y Azaña, muy resentidos con Largo, a quien entre todos desbancaron y sustituyeron por Negrín, fautor del envío del oro español a Moscú siete meses antes y muy próximo a los comunistas. El nuevo gobierno, llamado, como el anterior, «de la victoria», prescindía de la CNT.

En una brillante operación, los comunistas habían neutralizado simultáneamente a los anarquistas y a los socialistas de Largo, las dos fuerzas de izquierda más poderosas hasta entonces. Sus nuevos aliados —prietistas, republicanos y separatistas— eran más débiles y manejables. La confusa revolución desencadenada diez meses antes, se clarificaba a favor de la línea comunista.

Negrín llegó resuelto a recobrar la autoridad y a movilizar para la guerra todos los recursos antes despilfarrados por la anarquía y los celos entre partidos. El PCE persiguió ferozmente al POUM y a los libertarios. El primero fue desarticulado, encarcelados y torturados muchos de sus militantes, y asesinado su líder Andrés Nin, en una cárcel secreta. Los anarquistas denunciarán las checas comunistas, donde sufrían tormento y muerte numerosos militantes suyos.

Vale la pena señalar que, unas semanas antes, Franco había precisado también afianzar la unidad de su bando ante los roces entre sus seguidores, en especial la Falange y el carlismo. En abril fundió a ambos partidos en lo que se llamaría Movimiento Nacional, excluyendo cualquier otro. Gil-Robles, desde Portugal, aceptó la solución, que marcaba el fin definitivo de la CEDA. En marzo había sido disuelto el partido monárquico Renovación Española. El proceso costó algún encontronazo, con dos muertos, entre facciones falangistas, y el problema quedó resuelto con rapidez y sin el tremendo coste humano y político a que dio lugar en el bando contrario.

El 1 de julio nacía en Cataluña un nuevo gobierno autónomo, alianza del PSUC y la Esquerra, y sin la CNT. Pese a ello, La Humanitat reclamaba «la cooperación de todos los antifascistas» en aquella «hora de la reivindicación individual y colectiva de los catalanes». La Esquerra se creyó entre los vencedores, pero pronto se desengañó. Negrín y los comunistas, resueltos a hacerla retroceder de su casi independencia, recuperaron, además de la defensa y el orden público, las fronteras y otras competencias usurpadas por la Generalitat, mientras intentaban mejorar la producción bélica. Semanas después, Tarradellas se quejaba a Azaña de que los comunistas le resultaban más insoportables que los ácratas. Él y Companys se habían entendido sucesivamente con la CNT contra el gobierno central, y con el PSUC contra la CNT, pero finalmente se les esfumaba el fruto apetecido[29].

Los comunistas criticaban a los nacionalistas con casi tanta crudeza como antes a la CNT. Los acusaban de desorden y desinterés por la guerra, de divertirse en locales y restaurantes de lujo, etc. La Esquerra se veía obligada a defenderse haciendo campaña a su vez contra «la frivolidad de la retaguardia», o lamentando: «¡Qué vergüenza para nuestros jóvenes que no quieren imitar el espléndido ejemplo de nuestros combatientes en el frente!». Destacaban el «esfuerzo de Cataluña», y llamaban «anticatalanismo» a las críticas que sufrían. En vano clamaba Rovira i Virgili: «La posición catalana ante la República ha de ser, en primer lugar, la de afirmar la propia personalidad en la convivencia». La «personalidad catalana», es decir, la política de la Esquerra, había perdido mucho atractivo en los meses precedentes[30].

Otro golpe para la Esquerra fue la caída de Bilbao, en junio. Companys y Aguirre mantenían viejos lazos con el fin común de debilitar al máximo al poder central. La descabellada idea de Aguirre de llevar sus vencidas huestes a Cataluña puede no haber sido totalmente un pretexto. Debió de especular con que sus gudaris reforzasen a los nacionalistas catalanes en una región muy sensible por su proximidad a Francia.

El 22 de julio, Companys agasajaba a Aguirre ante un pequeño gentío congregado frente al Palau de la Generalitat. Con su habitual desenfado, Aguirre habló en nombre de todos los vascos: «Catalanes, en nombre de Euzkadi, muchas gracias (…). Vosotros habéis visto en nosotros a unos cumplidores del deber, a unos hombres que han hecho gala de su lealtad». Los vascos, «en aras de la libertad no hacen otra cosa sino cumplir con su deber, arrojando hasta la última gota de su sangre». «Nos corresponde el alma de nuestro pueblo. No importa que aquellos enemigos nuestros maten los cuerpos, porque jamás podrán matar el alma ni de Cataluña ni de Euzkadi». «Euzkadi» había sido el «yunque del sacrificio», pero Cataluña sería «el yunque de la victoria». Habló en castellano, sin mencionar a España ni aludir siquiera a los santanderinos y asturianos que habían dado su vida en Vizcaya al lado de los sabinianos.

Le respondió Companys en catalán: «Ésta es Cataluña, la de siempre, la eterna (…). Y ésta es la auténtica representación de nuestro pueblo (…). Y esta Cataluña sencilla, trabajadora, amante de la paz, tolerante, (…) es hermana espiritual de Euscadi en el pasado (…) y en el futuro en que se ha de recobrar nuestra independencia contra la facción extranjera. Euscadi es el honor y es el sacrificio». La Humanitat ponderaba: «Cataluña, país de democracia, ha comprendido que el Presidente Aguirre, por sus cualidades de inteligencia, de espíritu, de tenacidad y de fidelidad a los compromisos contraídos, es el exponente más alto de este pueblo que ha sufrido la más incalificable de las invasiones, precisamente por no doblegarse, por no traicionar la palabra dada, por fidelidad a la República y a la democracia[31]».

Negrín, enojado por tales expansiones, dijo a Azaña: «Aguirre no puede resistir que se hable de España. En Barcelona afectan no pronunciar siquiera su nombre. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero (…) si estas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos entenderíamos nosotros, o nuestros hijos, o quien fuere. Pero estos hombres son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco. Y mientras, venga a pedir dinero[32]».

Los roces entre los nacionalistas y el gobierno se siguen bien en Azaña: «A los hombres de la Generalidad les ha sabido muy mal perder el Orden Público (…). Menos les ha gustado, si cabe, la desaparición de la Consejería de Defensa (…). El mayor obstáculo para la acción del Gobierno será la política tortuosa de los hombres de la Generalidad; así viene ocurriendo desde julio [del 36], con las desastrosas consecuencias para la marcha de la guerra (…). Ahora pondrán mil asechanzas y estarán agazapados en espera de una ocasión». Así valora una carta de quejas de Companys, el 28 de julio del 37: «He dicho al Presidente del Consejo (…) que las gentes de la Generalidad, mal avenidas con su fracaso, con la impopularidad resultante y con el rescate de los servicios, tratarían de mover un conflicto (…) para hablar de la catalanidad ofendida, o de las libertades holladas, etc. (…). Se apresurarían a presentarse ante la opinión catalana como defensores de la terra. Había que prevenirse y gobernar con mucho tacto, pero sin dejarse ganar la mano (…). Ya está aquí la carta de Companys hablando de los sentimientos de Cataluña lastimados. (…) No sería extraño que aprovechasen el caso Nin. Que Companys finja escandalizarse, como campeón del derecho, después de cuanto ha ocurrido en Cataluña bajo su mando personal, es de un cinismo insufrible[33]».

La crítica a Companys no deja de ser chocante en boca de Azaña. Pues ambos habían hecho, esencialmente, lo mismo desde años atrás: asociarse con revolucionarios y extremistas para derribar a toda costa a la derecha. Los dos habían creído que no les sería difícil dominar (o engañar) en el momento oportuno a tan inquietantes amigos; al final, como aprendices de brujo, habían desatado fuerzas incontrolables, de las que ellos mismos eran víctimas. Azaña lo veía muy claro en Companys, no tanto en sí mismo.

La Esquerra, pues, sembraba el malestar entre la población. Tarradellas decía, según Azaña, que tras rescatar el Orden Público, «el gobierno ha enviado a Cataluña un ejército de ocupación que vive a costa del país… De Madrid se está haciendo un mito, para emplearlo a favor de la política centralista (…). En el frente de Madrid hay ¡cuarenta mil catalanes! Si ha podido emprenderse la ofensiva (de Brunete) se ha debido a que Cataluña ha dado tantos y cuantos millares de cartuchos. El frente de Aragón es el único que no ha retrocedido nunca, en tanto que no se ha hecho más que correr desde Cádiz a Madrid»; «En Cataluña resolvimos el problema en cuarenta y ocho horas, librándonos de la rebelión en todo nuestro territorio. Por eso hemos podido hacer política. En los demás sitios, no han sabido hacer otro tanto». Tales argucias nucleaban la propaganda más o menos subrepticia de la Esquerra entre los catalanes[34].

«Son materiales para el conflicto venidero», nota Azaña. «Es la separación radical de la causa de Cataluña y la causa general de España. La explicación de cuanto viene ocurriendo en Cataluña no es otra, completando esa actitud (…) con la irrupción sindicalista, cooperante con la Generalidad para anular al Estado (…). Que Cataluña correrá (…) en esta guerra la misma suerte que el resto de España, es una verdad palmaria, que ningún catalán desconoce ni niega; pero no basta para apearlos de aquella opinión ni de cuanto denota. Se mueven entre la deslealtad y la obtusidad[35]».

Hasta entonces, escribe Azaña con indignación, «los periódicos nunca han dicho la verdad acerca de Cataluña. ¿Por qué? Por ignorancia o falta de discernimiento, en parte; por bobería y optimismo revolucionario; por espíritu de imitación; por miedo». Pero las cosas estaban cambiando: «Los abusos, rapacerías, locuras y fracasos de la Generalidad y consortes, aunque no en todos sus detalles de insolencia, han pasado al dominio público. (…) El Socialista de Madrid, ayer inserta otro [artículo] (…) tomando pie de la zafiedad enconada de un articulista barcelonés, que pedía la prohibición de publicar periódicos en castellano, que es el enemigo, o el dominador… (…) Ya está ahora la polémica armada. Vendrá ahora la réplica de Barcelona, ¡y medraremos!»[36].

Entre los propios nacionalistas reinaba la división y la incertidumbre. Casanovas, separatista radical y presidente del Parlamento catalán, intrigaba contra Companys, a quien acusaba de responsable de los excesos y desórdenes, por su complacencia con la CNT: «A los de la Generalidad, que están indignados porque les han quitado el Orden Público, hay que decirles que ellos lo han perdido, por sus errores», le confió a Azaña. Según él, la opinión catalana despreciaba a Companys, Tarradellas y los demás[37].

Como indicio del trato entre los nacionalistas y el gobierno de Valencia, Azaña transmite las impresiones de Negrín tras un encuentro con Companys, a principios de agosto, para normalizar la industria bélica: «Imposibilidad de concertar nada serio. Enredo, palabras, doblez. Negrín cree, como en un descubrimiento, que Companys es un hombre sin pensamiento, sin elevación alguna[38]».

Un nuevo golpe recibió la Esquerra en agosto, cuando el gobierno disolvió el «Consejo de Aragón» en la zona ocupada por los ácratas, deteniendo a sus jefes con acusaciones de robos y violencias. También recoge Azaña su despechada indignación: «A Companys y a otros se les acaba la estúpida comedia de que las tierras aragonesas las había conquistado Cataluña, para la gran Catalonia, y no les conviene nada que, en la raya occidental de Cataluña, reaparezca una autoridad responsable, suprimiendo la anarquía, con la que no les iba mal; incluso para asustar[39]».

Las protestas de Companys se recrudecían. Prieto le comunicaba a Azaña a finales de agosto: «Companys está loco, pero loco de encerrar en un manicomio». En un banquete Companys se había desatado en imprecaciones contra el Gobierno y en quejas «sobre su situación personal, que estima desairada e insostenible. Apuntó el deseo de recobrar el orden público. Está muy enojado porque en el preámbulo del decreto que disolvió el Consejo de Aragón hay unas frases que él considera un ataque al régimen autonómico[40]».

Tenía que resultar muy amargo para la Esquerra contemplar con qué facilidad se les escurría de las manos el poder casi independiente edificado durante los primeros diez meses de guerra en vulneración sistemática, como el PNV, de los acuerdos y las reglas del juego aceptadas. Pero en rigor aquellos avances, en Vizcaya o en Cataluña, no habían descansado en una fuerza real, sino en la hábil explotación de unas circunstancias transitorias, mientras el gobierno central sufría la agobiante ofensiva del ejército de África. Los dos partidos nacionalistas habían perjudicado seriamente el esfuerzo contra el enemigo común, y habían intentado, o por lo menos tanteado, separarse de España. En sus respectivas provincias no habían garantizado el orden ni la producción ni la disciplina militar. De ahí que no pudieran afrontar ni a los franquistas en un caso, ni al gobierno de Valencia en el otro.

Capítulo 20

EL FRACASO DE DOS NACIONALISMOS ESPAÑOLES

Sólo en la campaña de Santander, a finales de agosto del 37, había perdido el Frente Popular más de 86 batallones, «pérdidas que en su mayor proporción corresponden a deserciones, sublevaciones de los nacionalistas [vascos] y copo de Santander», informaba el coronel Prada al gobierno de Valencia[1]. El PNV, sentían muchos izquierdistas, había contribuido a la victoria de Franco. Con todo, las izquierdas asturianas, ayudadas por algunas tropas santanderinas y vascas, iban a mantener la lucha hasta su derrota completa a finales de octubre.

Y mientras caía el norte frentepopulista, en Cataluña seguían las intrigas y presiones de unos y de otros. El gobierno central quería recobrar sus competencias, a veces con indignada brusquedad por las usurpaciones previas, lo cual provocaba, a su vez, el enojo de la Esquerra. Azaña menciona, el 2 de septiembre, el testimonio de Manuel Muñoz, exdirector general de Seguridad: «Companys (…) se le ha quejado amargamente del Gobierno (…). No tiene jurisdicción ni mando sobre nada. Cataluña tiene por él un amor maternal. Está resuelto a dimitir y a no ser más que Luis Companys para hablar en la plaza pública y levantar el ánimo de su país, de que es su hijo más querido, etc. etc.». El líder esquerrista parece haber llegado a creerse realmente la encarnación de Cataluña, tal como lo presentaba su propaganda[2].

El día 8, Azaña habla de una conversación con el arqueólogo Bosch Gimpera, miembro de la Generalidad y catalanista moderado: «Bosch pierde de vista que si ahora hay un ejército de ocupación (como les gusta decir) en Cataluña, ejército del Gobierno legítimo, que por fin ha podido sacar a Cataluña misma y a las tierras de Aragón adonde llega, de las garras del bandidaje, todo aquel país ha estado meses y meses bajo el ejército de ocupación de las patrullas, “controles”, tribunales clandestinos, etcétera etcétera, para indignación, martirio y bochorno de la mayoría de los catalanes (…) sin oposición del gobierno de la Generalidad». Bosch, admitiendo los excesos de Companys, opinaba que éste volvía a ser popular[3].

Cinco días más tarde Azaña menciona un encuentro de Martínez Barrio con Companys: «Le ha encontrado muy nervioso, irritado, quejándose (…) de que hayan vuelto los tiempos de la incomprensión (…). Le han enviado un ejército de ocupación, sin duda porque no se fía el Gobierno de la lealtad del pueblo catalán». Obviamente el problema de la deslealtad venía de Companys, no del pueblo catalán. El president establecía un paralelo con los tiempos de Felipe IV y el conde-duque de Olivares: «Pero hubo alguien que no se conformó, Claris, que se entendió con Richelieu para hacer la guerra a España». Comenta Azaña: «Poco encubierta amenaza, y amenaza de traición. “¿Quién sería ahora Richelieu?” pregunta Martínez Barrio, “Acaso Mussolini”, le respondo. Lo que ofrece poca duda es que Companys sueña con Claris». Azaña y Martínez ignoraban los tratos de los nacionalistas en París y en Londres. El primero alude, los días 18 y 19, a las denuncias por el paso clandestino de oro y dinero a Francia, a cargo de la Generalidad, y las amenazas de los diputados y políticos esquerristas de «cambiar de actitud». Para Prieto, «están saboteando la guerra desde Cataluña[4]».

Encontramos un buen resumen de estos roces en la referencia de Azaña, el día 19, sobre una entrevista con Pi y Sunyer, alcalde de Barcelona y nacionalista relativamente moderado. Pi llegaba como enviado oficioso ante el presidente de la «república», a exponer las quejas de la Esquerra, difundidas activamente por ésta en su propaganda. En sus memorias da por fidedigno el relato de Azaña sobre «la posición de Cataluña», como él llama modestamente a la de la Esquerra[5].

Pi presentaba al gobierno de Valencia como un conglomerado sólo unido por «su política catalana», es decir, anticatalana. Identificando a los catalanes con Companys y su partido, tomaba los intentos de volver al estatuto por una sucesión de agravios «a Cataluña», desde la jurisdicción sobre las cajas de seguridad de los bancos, expoliadas por los gobiernos de izquierdas, hasta la reocupación de edificios del estado. «Cataluña» —la Esquerra— había perdido influencia en la zona izquierdista, cuando debiera pesar más en ella, al irse reduciendo el territorio del Frente Popular. Cataluña seguía libre por sus propios esfuerzos —obviamente, el enemigo no la había atacado aún— y había enviado soldados fuera. Pi temía, o decía temer, que la victoria populista, si llegaba, traería la abolición de la autonomía. Por lo tanto, afirmaba, «Los jóvenes catalanes que están en el frente, no saben por qué se baten». Reconoció vagamente las extralimitaciones anteriores de su partido, pero las achacó al momento revolucionario. En fin, el gobierno olvidaba que Companys, como presidente de la Generalidad, «es el representante del Estado en Cataluña». En prueba de sinceridad, Pi mostró a su interlocutor «un folleto de propaganda, con un prólogo suyo en que habla como español y de España», aunque por lo común, la propaganda esquerrista hablaba de España y Cataluña como entidades distintas, y, subliminalmente, opuestas.

Azaña le repuso que el vínculo del gobierno no era la política «anticatalana», sino «el compromiso (…) de sostener la guerra». Nadie pensaba suprimir la Generalidad, pero sí retornar al estatuto; y si el territorio izquierdista disminuía, afectaba por igual al «peso» de Cataluña y al de las demás regiones. «Companys repite ahora que el Presidente de la Generalidad es el representante del Estado en Cataluña. Perfecto. Pero con dos observaciones: 1.a, que esa representación obliga al Presidente de la Generalidad a cooperar lealmente con el Estado en los fines que le son propios en Cataluña (…); 2.a, es lastimoso que Companys no se haya acordado en tantos meses de que tenía, como Presidente de la Generalidad, aquella representación». «Ustedes (…) no han proclamado una revolución nacionalista o separatista. Querían hacerla pasar a favor del río revuelto. (…). Han aprovechado el levantamiento de julio y la confusión posterior (…). No alegue usted, para justificar todo eso, que el momento era revolucionario, porque se sacaría la conclusión de que ustedes son unos políticos, unos partidos, en acecho de la primera ocasión para faltar a la lealtad». Y le recordó las francas palabras de Lluhí, ya en julio del 36, sobre la política de ganar posiciones para repartirse el botín de la victoria, entonces tenida por segura.

«En suma: la Generalidad, cuyo Presidente, como recuerda ahora Companys, es representante del Estado, ha vivido no solamente en desobediencia, sino en franca rebelión e insubordinación (…). Cuando, abrumados por la opinión pública, tuvieron ustedes que resignarse a que el Estado rescatase el servicio de Orden Público y suprimiese la consejería de Defensa, Cataluña respiró». «Si los jóvenes catalanes no saben por qué se baten, díganselo. Se baten por la república española, por la libertad de España, de la que es parte integrante Cataluña, con su régimen autonómico (…). Se ha hecho todo lo necesario, y más, para hacerles creer que (…) se les llamaba a filas para otra cosa (…). Añada usted el tono general de los periódicos, de los discursos y arengas oficiales, su ambigüedad, cuando no su descaro. Delegaciones de la Generalidad en el extranjero. Eje Bilbao-Barcelona. La Generalidad emite billetes (que en opinión de Nicolau son pura moneda falsa) (…) y la prensa dice: “Se ha creado moneda catalana”. Se publica el decreto de movilización, incumplido, por cierto, y el comentario es: “Ha sido creado el ejército catalán” (…). Los periódicos publican los partes de guerra bajo dos rúbricas diferentes: una dice Cataluña; la otra, España (…)».

Azaña advirtió: «Ahora no estamos en guerra con Luis XIII ni hay un Richelieu, aunque no falte en Barcelona quien sueñe con Claris». «Las izquierdas miraban con simpatía el régimen nuevo de Cataluña, por ser obra de la República, que daría satisfacción a los catalanes, base de la concordia». Pero no admitirían que al final de la guerra España quedase, según deseo de los nacionalistas, «como una federación de repúblicas, con lazos muy débiles, entrando y saliendo de la federación libremente».

En un momento de su exposición, Pi lamentó que la censura «no ha permitido publicar una nota oficiosa desmintiendo los rumores de nuestros tratos con los rebeldes para una paz separada». La queja tenía algo de intoxicación, pues los rumores no aludían a tratos con los franquistas, sino con Francia e Inglaterra, y no carecían de base ni mucho menos, aunque sus detalles permaneciesen ignotos para Azaña y Negrín.

Tampoco percibía Azaña el trasfondo del pacto de Santoña, teniéndolo por un simple disparate: «Giral me ha contado una nueva botaratada de Irujo. Sin encomendarse a Dios ni al diablo, Irujo, por su cuenta, se ha dirigido a los cónsules americanos pidiéndoles que intervengan para hacer respetar la capitulación concertada en Santoña[6]». Irujo siempre había actuado al margen de los intereses del gobierno del que formaba parte, tratando con los británicos y otros, y el rumor le acusaba de haber facilitado la huida de algunos «fascistas». Como ministro de Justicia había propuesto medidas favorables a la imagen del Frente Popular, pero le bastaron seis meses para percatarse de que no sólo no lograba sus propósitos, sino que quedaría inevitablemente vinculado al terror izquierdista desde un puesto tan significativo. Por tanto, en diciembre dimitiría, continuando de ministro sin cartera.

Consciente de la ignorancia de sus aliados sobre sus actividades, Aguirre planteaba exigencias como la gestión de los mercantes de matrícula bilbaína, o se ofrecía a aportar «copia de un expediente sobre los hechos de la capitulación de Santoña», o pretendía que los suyos «nunca han hecho actos de carácter político, ni se han dirigido a ningún Estado extranjero. Sus gestiones han sido de carácter comercial y social». Y volvía a poner sobre el tablero los servicios del PNV al Frente Popular: «Se promete muy felices resultados de la propaganda que realizan entre ciertos grupos católicos extranjeros». En fin, «hace protestas de lealtad y adhesión a la República (…). Su lealtad a la República será inquebrantable mientras dure la guerra[7]».

Estas cosas ocurrían entre septiembre y octubre del 37, mientras los franquistas preparaban y emprendían el avance sobre Asturias. Por entonces Negrín decidió trasladar el gobierno a Barcelona: «Se funda en la necesidad de asentar definitivamente la autoridad del Gobierno en Cataluña y de poner en pleno rendimiento la industria de guerra. (…). Pretende también desvanecer la impresión de que el Gobierno no puede ir a Cataluña, y de que hay dos Gobiernos que rivalizan». El rendimiento industrial, en baja constante, preocupaba mucho a Negrín, así como el escaso afán de los trabajadores catalanes, pese a las campañas de propaganda en pro de un esfuerzo mayor por la causa del «pueblo». Escribe Azaña: «Le recuerdo a Comorera la negativa de los obreros a suprimir la semana inglesa, a trabajar horas extraordinarias, etc. Y el caso escandaloso ocurrido hace pocos días en Barcelona, negándose los obreros municipales a trabajar el sábado por la tarde y el domingo en el descombro de unas casas bombardeadas y en el salvamento de las víctimas[8]».

Companys aborrecía la presencia del gobierno en Barcelona, donde se instalaría éste el 31 de octubre. Incapaz de impedirla, buscó acuerdos de poder a poder. Sugirió, explica Azaña, que «una vez el Gobierno en Barcelona, podría hacerse una modificación, reduciéndose el número de consejeros de la Generalidad y aumentándose el de los ministros catalanes en el Gobierno de la República. “¿Lo ve usted? —le digo a Negrín—. Ya salen las combinaciones. Son como la yedra. Se le subirán a usted por las piernas, hasta envolverlo”. “Como yo me figuraba, Companys y sus amigos han pretendido aprovechar la ocasión para sacar ventajas políticas y han insinuado alguna combinación, encaminada a predominar en el Gobierno, o absorberlo (…). [Negrín] se ha negado a todo y les ha dicho que se mantendrá estrictamente en el Estatuto”». También presionaba Aguirre: «Ha tenido la ocurrencia de proponer a Negrín que celebremos una conferencia los cuatro presidentes (…). Tratarán de envolverlo de mil maneras, siendo una de las más peligrosas, e inaceptable, la de “marchar de acuerdo”». Negrín, de todas formas, entendía bien que sin el mando único político y militar, una de las claves de los éxitos enemigos, resultaba ocioso pensar en ganar la guerra, y estaba decidido a preservar los derechos del estado[9].

Estas querellas certificaban la quiebra de otro nacionalismo: el español de Azaña. Éste mostrará su aflicción a Prieto, el 15 de septiembre: «En estos años pasados (…) me alentaba una esperanza española grandiosa, y a pesar de todas las dificultades, y de la repugnancia y fatiga que me producía el bracear continuamente con tantos ineptos y majaderos, quería contar con el tiempo, y con el crecimiento normal de la nación (…). Lo que me ha dado un hachazo terrible, en lo más profundo de mi intimidad, es, con motivo de la guerra, haber descubierto la falta de solidaridad nacional (…). A muy pocos importa la idea nacional (…). Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario, se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado[10]».

Azaña había esperado aplacar a los nacionalistas por medio de los estatutos, facilitando la convivencia en una España unida, y comprobaba hasta qué punto había errado. Pero pensaba también en sus correligionarios republicanos, a quienes fustiga una y otra vez en sus diarios como botarates, charlatanes incapaces de un pensamiento algo elevado o de la más elemental disciplina. Con tales elementos no podía salir bien la «esperanza española grandiosa».

Y pensaba en los socialistas, aunque al respecto podría atribuirse a sí mismo una parte no menor de la culpa. La ideología marxista, el internacionalismo proletario, no excluía un fuerte nacionalismo ocasional, que, sin embargo, no había impedido el traslado del grueso del oro del Banco de España a Moscú. Tarde había descubierto Largo el coste político del envío. También él reveló una suerte de nacionalismo español en sus trifulcas con el embajador soviético Rosenberg y con los asesores. Como dice en sus documentos, «Tenía el Ministro [habla de sí mismo] que hacer esfuerzos titánicos para tolerar a los asesores, por la siguiente reflexión: ¿Y si no nos facilitan material de guerra?». ¡Un material pagado, y a alto precio, por España! Su resistencia había concluido con su expulsión del poder. Azaña sabía necesariamente que el Kremlin controlaba el oro, y con él los envíos de armas y el destino del Frente Popular; y sin embargo nada de ello aparece en sus diarios, silencio por demás elocuente. En vano se debatía contra lo inevitable, buscando el apoyo de Francia e Inglaterra[11].

Fracasado este nacionalismo, quedaba en el Frente Popular el nacionalismo comunista, paradójico y contradictorio, pero sumamente resuelto. Para el PCE la defensa de los intereses soviéticos primaba absolutamente sobre los de su propio país, y sin embargo logró movilizar mejor que el resto de la izquierda el sentimiento patriótico español contra la supuesta invasión italogermana. Lo mismo haría Negrín, el hombre a quien los comunistas sostenían y que sin ese sostén habría caído enseguida, como había caído Largo Caballero.

Tal sería el peculiar nacionalismo español mantenido hasta el final de la contienda, en alianza y pugna al mismo tiempo con los nacionalismos vasco y catalán, vistos cada vez más como factores de perturbación del esfuerzo común.

Volviendo a la situación del bando nacional, las ofensivas izquierdistas por Garabitas, La Granja, Brunete, Huesca y Belchite, entre abril y agosto, apenas habían apartado a Franco de su objetivo en el norte. Y así, su avance culminó en Gijón el 21 de octubre del 37 con una enorme victoria. Las izquierdas y el PNV, en un extraordinario esfuerzo, habían movilizado en las tres provincias a más de 200 000 hombres, de los cuales sólo 10 000 lograron huir a Francia. Aparte de los muertos, la gran mayoría cayó prisionera, y unos 100 000 engrosaron el ejército vencedor, donde combatirían sin problemas aparentes (los gudaris, especialmente los incorporados al requeté, lucharían en las filas de Franco con notable denuedo, y a pesar de que el sueldo de un gudari ascendía a 10 pesetas, mientras que el de un requeté no llegaba a una[12]. El Frente Popular había perdido en torno a un cuarto de su fuerza combativa.

El botín de guerra era ingente, y más importantes aún las fábricas metalúrgicas y siderúrgicas y las de cañones, morteros, ametralladoras, explosivos, etc. La industria del norte representaba la mitad de la de España, y gracias a ella los nacionales alcanzaron el equilibrio en este campo, con la ventaja de asegurar un nivel productivo más alto.

El final de la campaña supuso un cambio estratégico crucial. La guerra había pasado por dos etapas, una inicial de cuatro meses, a base de «columnas» irregulares, en que los nacionales, con gran inferioridad material, habían estado a punto de vencer, gracias a su buena dirección y a la mala organización y celos internos de sus enemigos; y una segunda de forcejeo y empate, con intervención ya de brigadas y divisiones y de cuantiosa ayuda extranjera en los dos lados, que había durado catorce meses. Con la caída del norte daba comienzo una tercera fase de superioridad material franquista y de agonía del Frente Popular, prolongada dieciocho meses más.

La catástrofe del norte provocó una honda desmoralización en el Frente Popular. Azaña y otros muchos concluyeron que la «república» ya no podría ganar militarmente la guerra, y que, por tanto, convenía maniobrar en Londres y París para imponer un armisticio y salvar lo salvable. Azaña ya había hecho gestiones en Londres en mayo, por medio de Besteiro y sin informar al todavía gobernante Largo Caballero, con motivo de la coronación de Jorge VI. Iniciativa inviable, pues Franco, lógicamente, no pensaba dejarse arrebatar por tales acuerdos una victoria que ya vislumbraba casi segura; y Londres, cuyas simpatías por los revolucionarios eran muy moderadas, buscaba ante todo aislar de Europa la hoguera española. Además, los comunistas, los socialistas afectos a Negrín, interesados en alargar la contienda, y el mismo Prieto, reaccionaron con una masiva movilización y reorganización, poniendo rápidamente en pie nuevos cuerpos de ejército equivalentes a los perdidos en la franja cantábrica. Las normas disciplinarias se extremaron, hasta tomar carácter de terror. Prieto creó una policía política militar, el SIM (Servicio de Investigación Militar), a instancias de Orlov, jefe de la policía secreta soviética (NKVD) en España, donde operaba al margen del gobierno de Valencia. El SIM, pronto dominado por los comunistas, persiguió ferozmente no sólo a los agentes del enemigo (la famosa Quinta Columna), sino a anarquistas, socialistas y otros supuestos aliados. Estas medidas y un intenso adoctrinamiento ideológico permitirían alargar la contienda casi un año y medio.

La resuelta resistencia del sector dominante en el Frente Popular obligó a los nacionales a preparar, tras su triunfo en el norte, una nueva ofensiva de amplios vuelos. Franco volvió a inclinarse por Madrid, debido a su valor psicológico y porque le permitiría batir al mejor ejército enemigo. Pero éste se adelantó con un masivo ataque sobre Teruel, a finales del año. Por primera y única vez, las izquierdas tomaron una capital de provincia, defendida palmo a palmo por los nacionales en unas condiciones extremas de aislamiento, frío y penuria desesperada. El Caudillo renunció entonces a su proyectada acción contra Madrid y, aceptando un cambio de planes que se revelaría afortunado, reconquistó Teruel. A continuación, mediante una amplia contraofensiva, llegó al Mediterráneo por Castellón a mediados de abril del 38, casi en el séptimo aniversario de la república. La zona izquierdista quedaba cortada en dos y Cataluña separada del centro. De nuevo la guerra pareció a punto de terminar.

Durante los seis meses desde la caída del norte a la llegada al Mediterráneo se ampliaron en el Frente Popular las fisuras entre los partidarios de resistir a todo trance y los aspirantes a una paz impuesta por Gran Bretaña y Francia. Ya en septiembre del 37 Azaña comentaba una charla con Martínez Barrio, también convencido de la imposibilidad de vencer: «Acepta mi tesis de que todavía somos un valor, y que es la ocasión de cotizarlo (…). Hay que hacerlo —dice— antes de fin de año, procurando primero una suspensión de hostilidades por un plazo bastante a articular la paz[13]».

Ninguno de los dos personajes sentía excesivo placer ante un eventual triunfo del Frente Popular, pues comprendían lo poco que podían esperar de él unos burgueses como ellos. Se hacían la ilusión de que las democracias intervendrían si se cambiaba el curso revolucionario. Dirá Azaña: «La guerra, si la podemos ganar, la tenemos que ganar en París y en Londres, que son los que nos pueden dejar hundirnos o ayudarnos. Para que París y Londres nos ayuden tenemos que ofrecerles la garantía de una República constitucional, democrática y liberal[14]». De esta manera, y sin apenas esfuerzo, sustraerían la victoria tanto a los nacionales como a los revolucionarios. Pero quien ese cálculo hacía había sido, por cierto, uno de los máximos responsables de una situación cada vez más insufrible para él mismo, habiendo vulnerado reiteradamente, en 1934 y en 1936, las normas democráticas. Tampoco estaba, en 1938, en condiciones de garantizar a nadie una república liberal frente a un control marxista ya demasiado firme.

En cualquier caso, sus deseos concordaban en parte con los de Companys y Aguirre, poco interesados en la continuación de un conflicto que ya no les prometía nada bueno. Sobre esa base habría sido factible un frente común contra los partidarios de continuar la lucha, pero ese frente apenas cuajaría, porque el PNV y la Esquerra prefirieron intensificar la colaboración entre ellos con vistas a una paz separada que colocase a Cataluña y a «Euzkadi» bajo protectorado francés e inglés respectivamente. Idea recurrente en ambos nacionalismos desde principios del siglo. Para ambos, el Frente Popular había perdido su atractivo, no sólo porque su victoria se desvanecía, sino porque las necesidades de la lucha llevaban a centralizar los esfuerzos en detrimento de los anhelos separatistas.

Por eso Companys recordaba al gobierno su dignidad como representante del estado en Cataluña, y Aguirre no cesaba en sus protestas de lealtad; redoblaron los dos, desde el otoño del 37 su acción coordinada hacia Londres y París. Uno y otro mantuvieron un eficaz secreto, y todavía hoy es poco conocido el detalle de sus actividades, aunque el gobierno de Negrín tenía indicios de ellas. El 15 de septiembre, por ejemplo, Prieto contaba a Azaña la extraña propuesta de un oficial francés, de formar una tropa vasca para explotar la simpatía de los católicos franceses por el PNV. Prieto hizo ver al oficial que entendía el fin real de la propuesta: París quería tener cerca de la frontera una fuerza adicta, para cualquier eventualidad.

La actividad diplomática clandestina de la Esquerra corría, ya lo vimos, bajo cobertura del Comisariado de Propaganda de la Generalidad, dirigido por el separatista radical Jaume Miravitlles; un organismo que los nacionalistas lograron preservar de la curiosidad y el influjo de sus socios de gobierno, incluso de los comunistas. Los agentes de Companys, principalmente Batista i Roca para Londres, y el arquitecto Rubio i Tudurí en París, solían trabajar concertados con los de Aguirre, en especial José I. Lizaso, un activo empresario peneuvista algo snob («más británico que los ingleses», decía Irujo). Sacaban partido de sucesos como la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores inglés y francés, Eden y Delbos, en Bruselas a primeros de noviembre del 37, para discutir sobre el problema español. Poco después Companys viajaba a París y a Bruselas. Negrín lo autorizó, pero instruyó al embajador en Francia, Ossorio, para que vigilase estrechamente los movimientos del poco fiable aliado. No obstante, Companys parece haberse entrevistado con Delbos y con diplomáticos británicos y belgas, dando pie a comentarios maliciosos del PSUC[15].

El PNV mostró más eficacia en su acción internacional. Perdido el territorio, comprendió la utilidad de mantener el «gobierno vasco», pues le daba una cobertura y un reconocimiento imposibles de obtener como partido. En la resaca de la derrota, los comunistas creyeron innecesario dicho gobierno y apartaron de él a su representante, acusándolo de seguidismo hacia «la política reaccionaria y claudicante de Aguirre». Los representantes republicanos también lo abandonaron, quedando sólo nacionalistas y socialistas. Estos últimos, en inferioridad, presionaban por la vuelta a España de los refugiados vascos en edad militar, a quienes los nacionalistas preferían mantener en Francia. Hubo curiosas claudicaciones del PSOE, como una propuesta de sus juventudes a las del PNV para «patrocinar y defender las hermosas teorías de Sabino Arana». Pero la pugna decisiva giró en torno a la vital consejería de Hacienda. Los socialistas lamentaban: «Hay dos castas. Nacionalistas e izquierdas. Para los primeros todo son facilidades y para los segundos todo son inconvenientes». Los peneuvistas, desde luego, supieron retener las cuerdas de la bolsa. De este modo, y mientras se consumaba en Asturias la derrota izquierdista, el «gobierno vasco» acabó de convertirse en un apéndice del PNV. No se trataba sólo del dinero. El citado gobierno permitía a Aguirre y los suyos hablar en nombre del «pueblo vasco» ante las cancillerías extranjeras, naturalmente sin informar a sus socios[16].

Con la hacienda del «gobierno vasco» y las ayudas del Frente Popular, el PNV pudo montar un periódico en París, Euzko Deya, desde noviembre del 36 y difundir folletos, libros y películas, organizar giras artísticas o el grupo Ligue internationale des Amis des Basques. Incluso pudo pagar a periódicos extranjeros, como Sud-Ouest, The Times y The Daily Telegraph, para que apoyasen las versiones peneuvistas[17].

Aguirre disponía de delegaciones en Londres y en París. La primera estaba instalada en la propia embajada española, lo cual obligaba a Lizaso a un especial esfuerzo de disimulo. El embajador español, Azcárate, sólo llegó a tener ligeros indicios de lo que ocurría detrás de él.

Los dos nacionalismos sostenían una amplia propaganda internacional, que en parte complementaba a la del Frente Popular y en parte la saboteaba. La de Aguirre insistía en que «lejos de hacer el juego al Comunismo, la actitud de los vascos [es decir, del PNV] impidió que Euzkadi sufriese el horror y la vergüenza de los crímenes que inundaron las dos zonas beligerantes del Estado español». No había impedido nada de ello. El sacerdote Onaindía ilustraba a los obispos extranjeros sobre el «problema vasco», para que «nadie lo confundiera ni con la causa de Franco ni con la del Gobierno de la República». En rigor, su causa se había confundido voluntariamente con la de este último, traicionándolo simultáneamente[18].

El PNV dedicó a la América hispana una especial propaganda y diplomacia. A lo largo de 1938 negoció con los gobiernos paraguayo, argentino y venezolano la admisión preferente de refugiados «de costumbres sanas, honradas y enemigos de toda idea extremista», sabinianos, pues. Para Irujo, establecer «una nueva Euzkadi en los Andes no será nunca una broma». Broma o no, la idea quedó en nada. Mayor decepción ocasionaron los grupos de vascos afincados en aquellos países: «Ha sido una dolorosa sorpresa la situación política de nuestros compatriotas; es decir, su modo de pensar en relación con la guerra. La mayoría simpatiza con Franco[19]».

Dentro de España, muchos antiguos sabinianos pasaron a apoyar, sinceramente o por conveniencia, al franquismo, incluso afiliándose a Falange. El PNV proyectó formar entre ellos células secretas, pero con poco éxito. Logró montar, no obstante, una pequeña red de espionaje que vendía a los servicios secretos franceses información sobre la presencia alemana e italiana en España[20].

En sus contactos extraoficiales, los ingleses pidieron a peneuvistas y esquerristas que presionasen al gobierno izquierdista en pro de la retirada de voluntarios extranjeros, pues pensaban conseguirlo para ambos bandos, sin un objetivo final muy definido. Lizaso y Batista interpretaron la petición, con exceso de optimismo, como prueba de un fuerte interés del Foreign Office en sus propuestas[21].

La línea común del PNV y la Esquerra en sus tratos internacionales consistía, pues, en buscar una paz acordada por Londres y París con garantía de hegemonía nacionalista en las respectivas regiones, es decir, una práctica separación, o una unión tan suelta que pudiera conducir prontamente a ella. En febrero del 38, Aguirre creía que «Inglaterra va derecha a una fórmula mediante la cual ninguno de los dos bandos gane la guerra», lo cual podría venirle muy bien. La idea iba teñida de una peculiar vanidad: a cambio de la cuasiindependencia bajo el índice de Londres y París, Cataluña y «Euzkadi» actuarían «de mediadoras entre las luchas de los españoles para mantener la paz en el Estado español». Los españoles, pueblo incapaz de gobernarse en paz, necesitaban a los nacionalismos vasco y catalán como contrapeso civilizador. A decir verdad, la marcha hacia la guerra civil había debido mucho a las políticas nacionalistas[22].

También Prieto especulaba con protectorados. En marzo de 1937 un informe secreto comunista citaba un «ampliamente conocido» comentario suyo a un almirante y a un encargado de negocios inglés: «Si su visita no hubiera sido de protocolo, yo habría ofrecido un trato: tomad Cartagena, tomad algo más, pero ayudadnos a echar a los fascistas, alemanes e italianos[23]».

Y en febrero del año siguiente, cuando Teruel volvía a manos nacionales, Prieto replanteó la oferta a dos oficiales de la aviación británica, según testimonio de su ayudante el capitán Bayo (el jefe del desembarco de 1936 en Mallorca): «El Gobierno está muy convencido de que esta guerra la tenemos perdida si Inglaterra nos ve con malos ojos. Yo quiero que cuando estos señores vayan a su país… les hagan de parte de nuestro gobierno una proposición confidencial cuya contestación espero con impaciencia. Mi proposición es la siguiente: si Inglaterra nos da el triunfo, si su país inclina las pesas de la balanza en nuestro favor, que puede hacerlo en cuanto quiera y que debe además hacerlo para que nada tengamos que deberle a Rusia, que es la única que nos ayuda con su material en estos momentos, España, por mi mediación, entregará a Inglaterra las soberbias rías de Vigo, donde puede cobijarse la escuadra inglesa entera con holgura, la base naval de Cartagena, inexpugnable, y la soberbia base de Mahón, única en el Mediterráneo. Con estos tres puntos, Inglaterra vería su poderío reforzado en el Mediterráneo y en el Atlántico, y España quedaría agradecida bajo la protección inglesa sacudiéndose para siempre toda posibilidad de influencia rusa». Prieto hablaba en nombre de España con el mismo desparpajo que Aguirre o Companys en el de sus respectivas regiones. Por otra parte, entre las ofertas de convertir en protectorados a Cataluña y «Euzkadi», y la de someter a tal destino al país entero, sin duda esta última resultaba más sustanciosa para Londres. No obstante, la diestra diplomacia británica no parece haber tomado muy en serio ninguna de ellas[*][24].

La perspectiva de reducir España a protectorado inglés probablemente satisfaría a muy pocos españoles, pero está claro que sí lo hacía a Prieto. Él había contribuido, con Negrín y Largo, a hacer del Frente Popular un satélite de la URSS, y quería corregirlo tardíamente supeditándose a Londres. No hablaba, por cierto, en nombre del gobierno, en el cual iba a durar sólo unas semanas, hasta el 6 de abril, cuando Negrín le destituyó por derrotista. Prieto encarnaba en el PSOE un nacionalismo español regeneracionista similar al de Azaña, si bien más vaporoso. Y sus ofertas a los ingleses, calificables de alta traición en cualquier país, prueban de nuevo la bancarrota de ese nacionalismo.

La ocasión ideal para los tratos exteriores de Companys y Aguirre llegó en marzo del 38, con motivo del Anschluss o anexión de Austria por Alemania, consumada el día 12. Si bien Londres apenas reaccionó, dándola por inevitable, París sufrió una conmoción. Leon Blum retornó al poder, sustituyendo al menos izquierdista Chautemps, y el nuevo gobierno y su estado mayor militar barajaron el día 15 varias posibilidades de réplica por Cataluña: anexionársela, ocuparla, o crear una franja desmilitarizada de cincuenta kilómetros de anchura a lo largo de la frontera, tal vez bajo el control de la Cruz Roja, donde los separatistas podrían actuar como en zona propia. Los gobiernos franceses parecen haber especulado vagamente, desde 1936, con el viejo ensueño napoleónico de ocupar Cataluña, y en una crisis grave la especulación podía dar lugar a medidas prácticas. Difícilmente una intervención tal quedaría limitada a esta región, y el gobierno galo pensó en extenderla a las Baleares y el Marruecos español. Se hablaba incluso de trazar una nueva frontera en el Ebro, desde Vasconia al Mediterráneo. Con tales salidas jugaban también los nacionalistas vascos y catalanes[25].

Los rumores sobre estas medidas trascendían, y el bando nacional temió el envío de divisiones francesas a España. Mussolini, en advertencia indirecta a París y a Londres, desató una oleada de bombardeos sobre Barcelona y otras ciudades levantinas. En uno de ellos, en la ciudad condal, una bomba cayó sobre un camión cargado de trilita, que multiplicó el efecto de la explosión y causó cerca de un millar de muertos. Franco, furioso, protestó ante Mussolini y logró cortar los ataques[*]. Los vientos de tormenta en Europa abonaban el optimismo del Frente Popular e inquietaban a los nacionales, pues podían dar al traste con sus ventajas, alcanzadas con un esfuerzo tan denodado; o crear en Cataluña un inaceptable hecho consumado mediante la anexión o la ocupación. La eventualidad de una guerra europea les perjudicaba en extremo. Contra una versión muy en boga, pero fundada en prejuicios, a Franco le interesaba no prolongar la guerra innecesariamente, tanto como a Negrín le convenía alargarla hasta enlazarla con la europea, según él explicó más de una vez. El oscuro panorama obligó al Caudillo a una acción política y militar muy cauta: debía destruir cuanto antes la potencia combativa enemiga, y al mismo tiempo tranquilizar a las democracias. Por eso dejó de lado una ofensiva sobre Barcelona en tanto no amainase el temporal europeo. Al llegar al Mediterráneo, en abril, giró hacia el sur, hacia Valencia, en lugar de hacerlo hacia Cataluña, objetivo militarmente superior, pero demasiado sensible políticamente.

Durante esas semanas, el PNV y la Esquerra multiplicaron su esfuerzo por llevar a su molino el agua de las tensiones europeas. Batista viajó a Londres como delegado del gobierno de Cataluña para gestionar, de acuerdo con la delegación de Aguirre, una acción franco-británica. En medios nacionalistas catalanes se hablaba de armisticio y de convertir Barcelona en zona desmilitarizada bajo control francés o inglés; los rumores daban la intervención francesa por segura, y los oficiales nacionalistas recibieron instrucciones de aprender francés. Companys habría indicado al ministro francés de Exteriores, Boncour que «desde el momento en que Cataluña fuera atacada, se desolidarizaría de la causa gubernamental española, proclamaría, en una u otra forma, su ligazón a Francia y renovaría, en tanto que Cataluña, el llamamiento desesperado, actualmente hecho por la España gubernamental, a la asistencia francesa». Por un momento Londres mostró interés en un armisticio; pero éste no podría imponerse sin acuerdo italiano, el cual no se obtuvo. Por otra parte, al examinar las fuerzas francesas, el gobierno de Blum concluyó que su programa de rearme marchaba demasiado atrasado como para arriesgarse a las represalias germanas. Y así capotaron nuevamente los proyectos de Companys y de Aguirre[27].

En el mismo marzo, Irujo amagó dimitir del gobierno cuando Zugazagoitia, ministro de Gobernación, le acusó de dar preferencia a los peneuvistas en los canjes de prisioneros. Pero lo pensó mejor y continuó. El PNV nunca había dejado de usar las instituciones y medios comunes en provecho propio, y no perseguía otro fin al seguir en el gobierno después del Pacto de Santoña.

Conforme el éxito de Teruel se transformaba en calamidad para las izquierdas, las gestiones extranjeras de Aguirre y Companys se volvían más afanosas. El 5 de abril los nacionales ocupaban Lérida, y cuatro días después fusilaban a Carrasco i Formiguera, católico, derechista y secesionista extremo, cuyo apoyo al Frente Popular en Cataluña recordaba al de Aguirre[28]. Promotor de la colaboración entre la Generalidad y el PNV, su ejecución constituía una dura advertencia a ambos[*].

La llegada de los nacionales al Mediterráneo, a mediados de abril, y el corte en dos de la zona izquierdista, borró para ésta cualquier ilusión de victoria. Ello no disuadió de resistir a los comunistas y negrinistas, ya con la única ilusión de que la guerra europea estallase cuanto antes y les valiese nuevos aliados. A finales de mes, Negrín pensó ganar la iniciativa diplomática y propagandística con un programa de trece puntos, marcadamente españolista. Proponía la «Independencia de España», «Liberarla de militares extranjeros invasores», «Libertades regionales sin menoscabo de la unidad española», «Amplia amnistía para los españoles que quieran reconstruir y engrandecer España», «Mejoramiento cultural, físico y moral de la raza», o un gobierno de «plena autoridad». El problema radicaba en la escasa fiabilidad de tales promesas. El bando supeditado a una potencia exterior no era el nacional, sino el izquierdista, y Negrín había sido, precisamente, un causante principal de ese enfeudamiento. Tampoco cabía pensar, a la vista de los hechos, que sus aliados PNV y Esquerra se contentaran con unas «libertades regionales dentro de la unidad española». Aún menos creíble resultaba un punto acerca del respeto a la libertad de conciencia, cuando el Frente Popular casi había exterminado a la Iglesia católica.

Azaña creyó los puntos de Negrín un tanteo de rendición negociada, y comentó con sarcasmo el 2 de mayo: «Sobre los trece puntos. Ridículos elogios de la prensa pagada. Preferibles los actos». Pero ya no había actos capaces de dar crédito a las promesas. Y Franco, a quien sus enemigos habían querido aplastar sin condiciones, sólo aceptaría a su vez la rendición incondicional. El general vio en los «Trece puntos» una simple treta para justificar la prosecución de la guerra e intentar diluir su triunfo.

Los comunistas y Negrín movilizaron nuevas quintas y volvieron más draconiana la represión contra los desertores, cuyas responsabilidades recaían sobre sus familiares hasta de tercer grado. En Cataluña, los desertores llegaron a organizar guerrillas para hacer frente a las autoridades. El terror creció. Azaña ofrece algunas muestras: «Denuncias sin firma del SIM. Unos mozalbetes condenados a muerte por cantar un himno. El delator no sabía cuál era. Malos tratos: uno sordo, otro ciego[29]».

Aguirre y Companys perdieron cualquier resto de interés en unir sus destinos al del Frente Popular y trataron de desvincularse de él asiéndose a Londres y a París. Resistir en la línea de Negrín traía para ellos dos graves daños: no evitaría la pérdida de Cataluña, y reforzaría el centralismo, por la propia lógica de la concentración de esfuerzos. Tampoco les seducía una guerra europea, por sus riesgos y porque de la devastación general sólo emergería Stalin como triunfador, sobre todo en España, donde los comunistas se habían convertido en la columna vertebral del Frente Popular. También Azaña y otros deseaban ardientemente escapar del barco en trance de hundirse. Pero todos ellos braceaban a la desesperada, sin conseguir alejarse del naufragio, porque estaban más comprometidos de lo que quisieran con su elección de 1936, y porque en verdad representaban muy poco y aún tenían menos que ofrecer a las potencias extranjeras. Y porque Franco no tenía la menor intención de dejarse arrebatar la victoria a última hora por presiones internacionales.

De la ansiedad de Azaña durante los meses siguientes dan fe sus diarios, llenos de imprecaciones contra Negrín y de quejas por la represión —como si fuera algo nuevo— y por la desatención de las democracias. En el aniversario de la guerra, el 18 de julio, hizo su famoso discurso pidiendo «Paz, piedad, perdón», muy tardío y poco agradable para quienes persistían en la lucha contra el «fascismo», pues sonaba a claudicación.

Con todo, Negrín no hablaba en vano. Gracias a su energía, el 25 de julio daba la extraordinaria sorpresa de una ofensiva por el Ebro, a retaguardia de las fuerzas nacionales desplegadas contra Valencia. Fue un ataque masivo y el de dirección más netamente comunista hasta entonces. Pero, tras unos avances iniciales notables, su ejército quedó contenido. La lucha iba a prolongarse hasta mediados de noviembre, en la batalla más larga y sangrienta de la guerra.

Franco podía, en principio, embolsar a su enemigo mediante una contraofensiva por el norte, hacia Barcelona. Sin embargo prefirió aniquilarlo en el Ebro con una costosa batalla frontal, y explotar luego el previsible éxito para avanzar hacia Barcelona sin demasiada oposición, repitiendo el esquema de Teruel. Seguramente pesó en esa decisión su prudencia ante el avispero europeo, que en septiembre llegaría al borde mismo de la guerra.

Pues tras anexionar a Austria, Hitler amenazó a Checoslovaquia. Le reclamaba, en virtud del principio de autodeterminación, la región de los Sudetes, de mayoría germana. Londres y París vacilaban entre cortar la expansión nazi o aceptarla. En el primer caso deberían afrontar una guerra asoladora en el centro y occidente europeo, para la cual no se sentían aún militarmente preparadas; y que chocaba con el pacifismo en Francia y Gran Bretaña, fomentado por la socialdemocracia, aparte de dejar al continente a merced del Kremlin. Por unas semanas las armas parecieron a punto de hablar, pero los líderes Chamberlain y Daladier (sucesor este último de Blum, cuyo segundo gabinete apenas había durado un mes) escogieron una política antibelicista o de apaciguamiento, y el 29 de septiembre, en el célebre Pacto de Múnich, cedieron ante Hitler, confiando en que éste no traspasaría ciertos límites. Deseaban alejar el conflicto para una generación, pero sólo conseguirían retrasarlo un año. Stalin había animado a las democracias a enfrentarse a Alemania, y utilizaba la contienda española a tal fin, procurando que la «guerra imperialista» se dirimiera entre las potencias occidentales; pero entonces comprendió que la guerra podía comenzar entre él y Hitler, y para evitarlo buscó a toda costa el acuerdo con los nazis. La baza del Frente Popular perdió su mayor valor para la URSS, aunque siguiera conviniéndole mantener la hoguera española en la retaguardia occidental.

Esos meses de tensiones europeas reverdecieron las esperanzas de Companys y Aguirre. Su actuación subterránea al margen, y en el fondo en contra, del gobierno del Frente Popular, no les impedía mantener en él un ministro cada uno: Aiguadé e Irujo. Pero entonces se volcaron más que nunca hacia Londres y París, en pro de su deseado armisticio que les garantizase la secesión práctica, si no formal.

Así, cuando en junio pareció haber entendimiento entre Londres y Roma con vistas a un armisticio, el día 23, Batista y Lizaso, actuando como «representantes» de sendos gobiernos, entregaron al Foreign Office mensajes de sus jefes, que a su vez se decían «presidentes» de Cataluña y «Euzkadi» respectivamente. Los papeles proponían la cooperación de «los catalanes» y «los vascos» con la política británica para un arreglo en la Península. La misma gestión hacían ante el gobierno francés Rubió y Landaburu, el agente de Aguirre en París, hablando de desmilitarización de los «Países catalanes» y alineación con Francia en cualquier conflicto. Lord Halifax, ministro británico de Exteriores, mantuvo una entrevista secreta con Lizaso y Batista[30].

Hubo asimismo gestiones en Bélgica con el socialista Henri Spaak, uno de los futuros «padres de Europa». Rubió creyó oportuno aclararle, falsamente, que su gestión «No se hace contra el Gobierno de la República». De hecho sólo podía considerarse como una vulneración más del estatuto, y un sabotaje al gobierno que, desde su propio punto de vista, defendía una Cataluña izquierdista frente al ejército de Franco, algo que los nacionalistas no habrían podido hacer ni durante dos semanas. Rubió creía que Italia «facilitaría el armisticio», y tentaba a sus interlocutores con una «federación española, tan interesante para asegurar que España no tuviera veleidades imperiales». Se ofrecía, como Prieto, o como el PCE en relación con la URSS, a servir ante todo intereses extranjeros. También se aproximó a Cambó, sin mucho éxito, para pedirle dinero y atraerlo a una reconciliación en nombre de «Cataluña[31]».

Tanto la Esquerra como el PNV dirigían constante propaganda a la prensa y personalidades extranjeras, contratando a tal objeto agencias profesionales muy caras, hasta el punto de que Companys se resintió del costo[32].

En julio prosiguieron las gestiones francobritánicas para «resolver y dar fin a los conflictos de los Sudetes y España», dice Aguirre. Lizaso y Batista fueron citados al Foreign Office, lo que ambos y sus jefes interpretaron como prueba de profundo interés en su causa por parte de Londres. Pero los ingleses querían más bien utilizar a los secesionistas con promesas vagas de tenerlos en cuenta «si llegara el momento». En un memorando entregado a los ingleses el 28 de julio, Aguirre y Companys manifestaban su mejor deseo de «colaborar con el Gobierno de su Majestad». Los ingleses comprendían que sus interlocutores no representaban a los vascos ni a los catalanes, y que actuaban al margen, no ya del gobierno de Negrín, sino de sus propios socios en la Generalidad y en el «gobierno vasco»; pero les convenía pulsar todas las teclas ante un futuro incierto[33].

Durante las semanas siguientes al estancamiento de la ofensiva del Ebro, y ante la futilidad de cualquier ilusión de cambiar el curso de la guerra, empeoraron los desencuentros entre los nacionalistas, los partidarios de un armisticio y los negrinistas. Los nacionalistas entendieron la imposibilidad de sacar mayor fruto de la colaboración gubernamental, y el 11 de agosto hicieron dimitir a sus ministros, Aiguadé e Irujo, en artificial protesta por la militarización de la industria bélica. Se creó una situación peligrosa para Negrín, pues podía dar lugar a una crisis gubernamental, y Azaña, que también presionaba por su parte, podía aprovechar para negarle la confianza. Pero Negrín y los comunistas demostraron quién tenía el poder. Llenaron el cielo de Barcelona de aviones e hicieron desfilar los tanques como aviso a los díscolos. Ante la coacción, Azaña amenazó con dimitir, pero, una vez más, no pasó de ahí. La crisis se resolvió sustituyendo al ministro esquerrista por otro del PSUC, y al peneuvista por uno de ANV[34].

A lo largo de septiembre la actividad diplomática de Companys y Aguirre se intensificó, mientras Negrín, a su vez, se sentía muy animado ante la proximidad de la guerra europea. Aguirre, Leizaola y otros dirigentes sabinianos pensaron reconstruir en Francia un ejército propio, y especularon con acciones terroristas y hasta insurreccionales en la retaguardia enemiga, aunque todo quedó en agua de borrajas. Por otra parte, la reclamación de los Sudetes por los nazis despertaba simpatías en el PNV, pues, como explicaba Monzón «la actividad diplomática de Hitler y Mussolini en torno al problema de Checoslovaquia, ha girado en torno a la afirmación de estos dos hombres del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos». Con su habitual pragmatismo, los líderes sabinianos plantearon extender sus contactos a Italia y Alemania. El «problema vasco» sería presentado de forma distinta a cada interlocutor: a Francia le garantizarían «la seguridad de su frontera sur con un Estado [vasco] amigo», lo que suponía renunciar a la región vasco-francesa; al Reino Unido le ofrecerían «nuestra riqueza industrial, minera, etc.»; a los fascistas italianos les expresarían «simpatía, en la creencia de que serán elementos que pesen en la balanza, haciendo notar nuestras relaciones con el Pacto de S[antoña]»; y ante los nazis invocarían «raza, derecho de autodeterminación de los pueblos, plebiscito[35]».

Sin embargo esas combinaciones, así como las esperanzas de Negrín, cayeron por tierra al firmarse el Pacto de Múnich a finales del mes, y cuando Franco, en una hábil maniobra diplomática que por otra parte demostraba su independencia de Roma y Berlín, declaraba que en caso de guerra, España permanecería neutral. Perdía así su filo el argumento empleado a fondo por los secesionistas y por la izquierda, de una España franquista supeditada a Berlín y a Roma, y amenazante para Francia y Gran Bretaña.

No por ello cesaron los movimientos subterráneos. El 12 de octubre, Lizaso presentó a Londres un memorando de Aguirre, paralelo a otro de Companys, felicitando a Chamberlain por el éxito de Múnich y el respeto al derecho de autodeterminación, pidiendo lo mismo para «Euzkadi» y Cataluña[*], y separándose ya sin tapujos del Frente Popular. En la reunión de Lizaso y Batista con el representante británico, Cadogan, éste comentó: «Quizá la mejor solución para ustedes los vascos sería que Francia invadiese Euzkadi y la ocupara». No está claro si hablaba en serio, pero al menos no parecía excluir la posibilidad. Batista y Lizaso acogieron el comentario con euforia, como un probable acuerdo francoinglés, y creían vivir un momento histórico[36].

Poco antes, el 27 de septiembre, Aguirre y Companys escribían al presidente francés Daladier: «Los representantes de los Gobiernos catalán y vasco tienen el honor de renovar a V. E., en las actuales circunstancias y en cualquier eventualidad, la seguridad de la leal amistad de sus pueblos (…). En el caso de que la administración de Burgos utilizase la parte de España en su poder para efectuar actos de guerra contra Francia e Inglaterra, (…) la posición de Cataluña y el País Vasco será, naturalmente, de decidido apoyo a Francia e Inglaterra». El 24 de enero del 39 insistiría en la misma línea Aguirre a Daladier[37].

PNV y la Esquerra explotaban en su propaganda y ofertas su carácter supuestamente democrático en contraste con la España fascista o fascistoide próximamente victoriosa. No sólo ofrecían a las democracias una «Euzkadi» y una Cataluña afines y devotas, sino que extendían los beneficios para aquéllas a toda la región subpirenaica desde el Cantábrico al Mediterráneo, como una vasta área de influencia franco-británica, y garantía de un mejor equilibrio europeo. Ya en 1936 habían pensado en algo parecido. Se volvería a hablar de ello a los alemanes durante la guerra mundial[38].

Las gestiones, por secretas que fueran, no dejaban de traslucir, y un editorial de La Vanguardia, inspirado probablemente por Negrín, hacía una cruda advertencia: «Esos diplomáticos amateurs que proponen a las cancillerías occidentales miríficos proyectos de paz negociada están más cerca del pelotón de ejecución que del éxito[40]».

Pero las maniobras siguieron. En noviembre Luis Arana, el hermano del fundador del PNV, entregaba en Londres otro memorando pidiendo la independencia y ayuda militar, pues «la raza haría el resto para el triunfo con su valor y sus aptitudes guerreras». A cambio, «Conseguiría para sí misma Inglaterra la posesión de la vía terrestre más corta de acceso al Mediterráneo comenzando en el Golfo de Bizkaya en Bilbao y terminando a los 400 kilómetros aproximadamente, en línea recta, en un puerto que a Inglaterra conviniera en el mar Mediterráneo próximo a las Islas Baleares. Su colaboradora Francia conseguiría por este hecho para sí misma con su protección a esa república latina catalana-aragonesa la supresión de toda una extensísima frontera pirenaica peligrosa y adversa para ella con una España probablemente adicta a Italia y Alemania. ¿No hay así compensación al sacrificio que Inglaterra y Francia se impondrían aceptando esta proposición? ¿No hay concurrencia de bienes para unos y para otros?». Sin duda Arana sabía negociar con bienes ajenos. Se ha dicho que obraba por su cuenta, pero lo hacía complementando a Aguirre. El partido consideró que Arana «ha planteado muy bien nuestro caso[41]».

Y Casanovas declaraba a L’Independent de Perpiñán: «Los catalanes no han querido esta guerra, que no estaba en la trayectoria de nuestra política y que moral y materialmente nos ha sido impuesta desde fuera». Rechazaba el plebiscito pedido en los Trece Puntos de Negrín por «promiscuidad estéril» de los catalanes con los demás «pueblos y tierras de la península[42]».

También en noviembre los jefes nacionalistas aumentaron el nivel de sus ofertas, designando para presentarlas a Irujo y a Bosch Gimpera, de mayor relieve político que Lizaso y Rubió. Irujo se llevó mal con Batista, a quien tenía por un necio. Sin embargo la situación había cambiado definitivamente, y ni Halifax ni Cadogan accedieron a recibirlos[43].

Los sucesos se precipitaban tras la completa derrota izquierdista en la batalla del Ebro, terminada el 15 de noviembre. Vale la pena mencionar, como muestra de un determinado tratamiento de la historia, la versión actual de los hechos suministrada por los nacionalistas catalanes: «La batalla (…) es un hecho determinante en la historia de Cataluña (…). En el Ebro los catalanes aplicaron muchos esfuerzos (…). Pero en el Ebro también se enfrentaba toda Europa. La República, con todos sus errores, representaba la legitimidad de la democracia y un estilo de civilización occidental. El otro bando era el fascismo». En tal caso, Companys y los suyos habrían estado traicionando a los soldados —bajo mando comunista en su mayoría— catalanes y no catalanes que luchaban, presuntamente, por la democracia y la civilización occidental frente a un «fascismo» no menos imaginario y, al parecer, oriental[44].

Y en poco más de un mes, completada la reorganización de su ejército, Franco lanzaba una nueva ofensiva en dirección a Barcelona y a la frontera. Se esperaba una dura lucha en una región supuestamente muy izquierdista, poblada e industrial. Negrín pidió a Stalin la remesa de armas más masiva hasta el momento, por valor de más de 100 millones de dólares. La operación comenzó de inmediato, pero la mayoría de los envíos no llegó a tiempo, pues la resistencia se vino abajo con rapidez. Algunos soñaron con hacer de Barcelona un segundo Madrid, pero la falta de entusiasmo de la población era notoria: apenas un millar de voluntarios se ofreció para obras de fortificación, en una ciudad de un millón de habitantes. Como informaba al general Rojo, principal estratega del Frente Popular, uno de sus subordinados, «En todas partes esperan al enemigo y desde muchos días ya tienen todo preparado. No sé cómo explicarme lo que pasa en muchos hombres antifascistas (…) que ahora no les importa pasarse al enemigo». La reacción no podía extrañar, sin embargo, a quienes reparasen en el cúmulo de desórdenes, represalias, luchas internas, desabastecimiento y hambre que habían marcado a fuego los dos años y medio de guerra en Cataluña bajo el poder de las izquierdas y nacionalistas[45].

Barcelona cayó sin lucha el 26 de enero de 1939, y las tropas de Franco fueron acogidas entusiásticamente por una multitud de cientos de miles de personas. Otras tantas, hasta 400 000, la mitad de ellas soldados, atestaban las carreteras hacia Francia en una huida desordenada y atroz, descrita por Zugazagoitia: «Ni una queja. Ni un grito. Sólo el ruido sordo, agobiante, de la pisada colectiva de la muchedumbre. Todos los sufrimientos sofocados. Todas las miradas sin brillo. Y el silencio. ¡Qué silencio! Dentro de él, la amenaza, de un momento a otro, de la más terrible acusación contra nuestros errores, nuestros orgullos, nuestras vanidades que echaban fuera de la patria a tanta criatura (…). Mezclados a las madres y a los hijos, acosados por igual reacción del instinto, grupos de soldados, terciados los fusiles, el mirar perdido…». En total salieron a Francia a lo largo de la guerra en torno a medio millón de españoles, de los cuales volverían más de dos tercios durante 1939, y miles más en un goteo permanente posterior. Quedarían entre 130 000 y 150 000 exiliados permanentes[46].

El 5 de febrero, los líderes «republicanos» pasaban la frontera. Azaña cuenta: «Al marcharme, el batallón formó de nuevo. Tambores y trompetas batieron. Desde la cabeza de la formación, descubierto, grité: “Soldados, ¡viva la República!”. Respondieron con frenesí. De entre las filas, un soldado clamó: “¡Viva don Manuel Azaña!…”. La misma respuesta. Del grupo de los políticos catalanistas, un poco apartado, partió una voz: “¡Visca Catalunya!”. No contestó nadie. La escena, en su sencillez, era desgarradora[47]». La anécdota no es imposible, pues Azaña había recuperado alguna popularidad desde su discurso pidiendo el fin de la lucha. Por otra parte los soldados nacionalistas catalanes nunca habían mostrado especial entusiasmo, ni en la primera etapa de la contienda, cuando el independentismo se extendía, ni en la última, cuando decaía. Por el contrario, los catalanes que habían logrado huir al bando opuesto sobresalieron en el combate, siendo la unidad llamada Tercio de Montserrat una de las más condecoradas de todo el ejército de Franco.

Perdida Cataluña, quedaba a la izquierda la extensa zona centro, con poblaciones tan importantes como Madrid o Valencia, buenos puertos y más de medio millón de hombres en armas. Pero la gran mayoría de los dirigentes, entre ellos los del PNV y la Esquerra, no tenía el menor deseo de retornar a España. Zugazagoitia lo cuenta así en relación con Negrín y Azaña: «Es un viaje oscuro y cobarde: una evasión (…). Son dos vidas antagónicas, creadas para no entenderse. Se desprecian mutuamente. En ese instante se odiaban. En el pueblecito francés hay unas formalidades vejatorias (…). Negrín le dedica las últimas cortesías protocolarias y vuelve a meterse en España. De regreso se encuentra con otra caravana. Coches de la Generalidad». Según Negrín, «lo que no podía esperarse es que a mi ingreso fuese a tropezar con Aguirre y Companys. Los más sorprendidos han sido ellos, que han debido sospechar que yo abandonaba el territorio nacional sin notificarles mi decisión. El juego de palabras ha sido precioso. Se han ofrecido a regresar conmigo». Oferta cortés, pero obvia y absolutamente insincera; de haberla aceptado Negrín se habría creado una situación interesante. Pero la rechazó: «Ausentes de Cataluña, tengo una preocupación menos». Azaña dimitió a los pocos días, y lo mismo hizo Rojo[48].

Prácticamente terminó entonces la intervención bélica de los nacionalismos vasco y catalán, intervención secundaria pero nada desdeñable y que podríamos describir sintéticamente como alineación con el Frente Popular y socavamiento simultáneo del mismo[*]. En cuanto a los nacionalistas de Cambó, su inclinación por el bando de Franco culminaba su evolución desde el nacionalismo radical al regionalismo. Una parte de él desarrolló la tendencia imperialista «ibérica», que en la práctica sólo podía ser española, preconizada por Prat de la Riba y D’Ors treinta años antes.

Negrín y los comunistas llamaron a proseguir la lucha, pensando que la contienda europea estaba ya cercana (no erraban, pues estallaría en septiembre), pero en la zona centro la gente estaba tan harta de la resistencia como en Cataluña. Enseguida se organizó un partido para tratar con Franco una rendición negociada. En él entraban el socialista Besteiro, el anarquista Mera, o militares republicanos como Casado, que dirigía el movimiento. Franco exigió la rendición incondicional. No quedaba otro remedio que optar por Negrín y los comunistas, o por un Franco poco inclinado a la clemencia. La elección fue por Franco. Los partidarios de la paz se sublevaron contra Negrín, y estalló una nueva guerra civil entre las izquierdas. Los comunistas habrían podido aplastar a sus enemigos, dado su predominio en el ejército, pero sólo una parte de ellos reaccionó. Con todo, la mortandad y los fusilamientos mutuos fueron considerables. El partido de la paz se impuso. Fracasaban de este modo tanto el designio revolucionario comunista como el nacionalismo español ligado a él.

A finales de marzo los frentes se desmoronaban, y el ejército franquista entraba sin disparar un tiro en Madrid, la capital que tanto se le había resistido. Antes de seis meses estallaría la temida contienda europea. El 1 de abril Franco emitía su célebre y lacónico comunicado: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado».

QUINTA PARTE:

LA ERA DE FRANCO

Capítulo 21

UNA DURA POSGUERRA

Los exiliados no reflexionaron mayormente sobre las causas de la guerra y de la derrota. La propaganda seguía llenando sus cabezas. Sí abundaron, por el contrario las amargas proyecciones de las culpas de unos sobre otros. Una de las más reveladoras y conocidas es la polémica entre Prieto y Negrín, apenas comenzado el exilio, en marzo de 1939. El primero acusaba al segundo de máximo responsable de la derrota, por haberse entregado a los comunistas, y el segundo replicaba que la derrota habría llegado mucho antes sin sus previsiones, disciplina y espíritu de resistencia. Planteado así el problema, Negrín tenía razón. Si de resistir se trataba, la guerra habría terminado en pocos meses con la caída de Madrid en manos de Franco, pero la intervención soviética, la hegemonía comunista y la política de Negrín habían permitido continuarla dos años largos más, incluso con esperanzas de victoria durante un tiempo. Y en cuanto a la inhibición de las democracias, una de sus causas principales radicaba en la situación —o más bien la naturaleza— revolucionaria del Frente Popular… a la cual habían contribuido todas las izquierdas, no sólo los comunistas. En rigor, esa situación o naturaleza revolucionaria había sido la causa misma de la guerra. Nada de ello encontró hueco en los análisis de los perdedores[1].

Pero el núcleo de la disputa consistía en un asunto harto más práctico e inmediato: el tesoro del Vita. Se trataba de un yate de ese nombre, cargado de riquezas expoliadas por el gobierno de Negrín: depósitos del banco de España, un cajón de oro amonedado, joyas históricas de la catedral de Tortosa, el Tesoro Mayor y Relicario Mayor de Sta. Cinta, ropas y objetos procedentes de la catedral de Toledo, entre ellos el famoso manto de las 80 000 perlas, colecciones de monedas de valor numismático, con invalorables ejemplares únicos, objetos de culto de la Capilla Real de Madrid, entre ellos, el joyero y el Clavo de Cristo y otros muchos bienes guardados en maletas, según la relación expuesta por el socialista Amaro del Rosal. Un valor incalculable.

Se trataba sólo de una parte del inmenso tesoro acumulado desde octubre de 1936, informa Negrín, por hombres «no impulsivos, precavidos además contra la improvisación incompetente y amantes de la cavilación, del estudio y del asesoramiento técnico». Aquellos hombres cavilosos habían saqueado sistemáticamente pertenencias públicas y privadas, religiosas, artísticas y culturales, sin exceptuar las colecciones de monedas antiguas de oro y de plata del Museo Arqueológico de Madrid, libros antiguos, las cajas de seguridad de los bancos y las alhajas depositadas en los montes de piedad por gente humilde. Hasta habían intentado adueñarse de las propiedades del estado español en el extranjero. Esto lo había frustrado Azaña negándose, poco antes de dimitir, a firmar el decreto correspondiente, por no pasar a la historia como «salteador» de los bienes nacionales. Gracias a esa previsión, alardea Negrín, «Nunca se ha visto que un Gobierno o su residuo, después de una derrota, facilite a sus partidarios, como lo hacemos, medios y ayuda que ningún Estado otorga a sus ciudadanos después de una victoria[*]».

Pues aquellas fortunas tenían la función esencial de asegurar en el exilio la autoridad del gobierno derrotado, ya que muchos exiliados iban a depender de los subsidios correspondientes. A ese fin Negrín creó el SERE (Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles), cuya gestión provocó enfrentamientos. Como botón de muestra, el incorruptible anarquista Cipriano Mera lo juzga así: «Organismo creado por Negrín, y del cual se servía un grupito de paniaguados para poder continuar en el exilio sus trapisondas, seguir manejando sin rendir cuentas a nadie los fondos sacados de España e intentar imponerse mediante la coacción económica a los miles de refugiados españoles que lo detestaban». Los libertarios, sintiéndose discriminados por el SERE, y desesperados por huir de Francia ante la proximidad de la guerra mundial, llegaron a asediar tumultuosamente la sede del organismo en París, según cuenta Federica Montseny en sus memorias[2].

Lamentablemente, la previsión de los hombres de Negrín había tenido fallos. Alguno de los cargamentos, denunciado por sus propietarios, había sido incautado por la policía en un puerto holandés. Y peor sucedió con el Vita. Negrín lo había consignado a un hombre de su confianza en Méjico, el doctor Puche, exrector de la universidad de Valencia; pero Prieto había recibido aviso de su llegada y, de acuerdo con el corrupto presidente mejicano Cárdenas, aunque acogía con generosidad a los emigrados españoles, birló limpiamente el tesoro a Puche. Le apoyaron, entre otros, los nacionalistas catalanes. Y burló también al PNV, que a su vez quiso apoderarse del cargamento ayudándose con el capitán del Vita, que era vasco[3].

Negrín, indignado, reclamó «sus» propiedades, y pidió a Prieto una entrevista para arreglar lo más amistosamente posible el espinoso negocio. Prieto no tenía la menor intención de arreglar nada y se negó en redondo, accediendo sólo a mantener una correspondencia, la cual nos permite conocer el fondo, ya que no los detalles, de un asunto que de otro modo permanecería enigmático. Con la carga del Vita organizó Prieto un organismo rival del SERE, la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), reduciendo así la autoridad del primero, y atrayendo con subsidios superiores a muchos dirigentes izquierdistas. El SERE desaparecería a mediados de 1940, y la JARE, después de acusaciones de corrupción, fue prácticamente incautada en 1943 por el no especialmente virtuoso gobierno mejicano.

Tanto la Generalitat como el gobierno del PNV se habían ocupado también de situar dinero en el exterior. De ello sigue sin saberse mucho, pero encontramos indicios dispersos, como en las memorias del anarquista García Oliver. Durante el período del Comité de Milicias, los ácratas habían expoliado ingentes sumas, por lo que los militantes en el exilio protestaban de la escasísima ayuda recibida. Pero la mayor parte de aquellos bienes había pasado al gobierno de la Generalidad cuando la CNT tuvo la flaqueza de renunciar a sus principios. Perdida la guerra, explica García, «Nos convenía explorar las intenciones del que había sido Gobierno de la Generalidad (…) pues nos enteramos de que Tarradellas disponía de fondos destinados, se decía, a la ayuda económica de las personalidades catalanas. A mí me pareció que la explicación que Tarradellas me dio sobre los tesoros confiados en depósito al Gobierno de la Generalidad de Cataluña era un subterfugio alejado de la verdad. Tarradellas, que durante mucho tiempo dispuso de un avión para su uso personal, hizo con él muchos viajes a Francia. Era cosa de averiguar lo relacionado con esos viajes, las cuentas del gran capitán que me dio sobre la suerte de los tesoros del Comité de Milicias y sus alegatos de la incautación que de ellos hicieron los carabineros de Negrín, un mes antes de abandonar Barcelona[4]».

Pero Tarradellas no estaba dispuesto a aclarar las sospechas de García Oliver, y se limitó a contarle que los tesoros les habían sido arrebatados a su vez a los nacionalistas por los carabineros de Negrín. Por eso no podía darle cuentas de nada. Probablemente mentía, pues el propio gobierno había tenido noticias y denuncias de las exportaciones ilegales de oro y fondos organizadas por la Generalitat. García Oliver, incrédulo, presionó a Companys con una amenaza no disimulada: «Algo hay del pasado que concierne a las actividades del Gobierno de la Generalidad, y que podría dar lugar a situaciones delicadas, tanto para ti, como presidente de la Generalidad, como para los sucesivos gobiernos que la gobernaron. Me refiero a los tesoros depositados en la Generalidad por el Comité de Milicias (…) por cuyas entregas se extendieron recibos (…). De sobra sabes que con uno sólo de esos recibos pueden, los de allá, promover un proceso y demandar la extradición del consejero Ventura Gassol y del presidente de la Generalidad». La amenaza de ser extraditado a la España de Franco sonaba grave, pero Companys no la tomó en serio. Repitió al líder ácrata la versión de Tarradellas sobre los carabineros, si bien situando el suceso en fecha diferente. No hubo modo de sacar nada a los líderes esquerristas, que volvían a burlar así a sus incautos competidores[*][5].

Azaña menciona «El timo de cinco millones de francos, cuando los apuros de abril [de 1938, al llegar los nacionales al Mediterráneo], hecho por la Generalidad a Méndez Aspe, enviándole una caja con oro y valores. Situados los millones en París, a las 48 horas desaparecieron (…). Eran para Companys y los políticos y funcionarios de la Generalidad si tenían que emigrar[6]».

De todas formas los recursos pasados a Francia por ácratas y nacionalistas se mostraron insuficientes, entre la apropiación de parte de ellos por diversos responsables y las necesidades de miles de refugiados. García Oliver señala que algunos ácratas habían utilizado aquellos medios como propiedad particular, y Mariano Vázquez, secretario de la CNT, escribió a Cipriano Mera: «Ocurrieron hechos sumamente delicados durante los últimos momentos de nuestra guerra». En cualquier caso, nacionalistas y anarquistas pasaron pronto a depender del SERE o de la JARE, lo cual les obligó a moderar sus radicalismos. Pocos líderes mostraron escrúpulos morales hacia aquellos auxilios, que de todas formas apenas llegaron a los militantes de a pie. Uno que rechazó el dinero fue el expresidente de la república Alcalá-Zamora, pese a sufrir grandes apuros económicos (su caja de seguridad en el Crédit Lyonnais en Madrid estaba entre las muchas robadas por el gobierno del Frente Popular). Otro fue Cipriano Mera[7].

El caso del PNV lo conocemos algo mejor. Ante el derrumbe del Frente Popular creyó ya inútil fingir colaboración con él, y se ausentó de las instituciones «republicanas», pero su anhelo de independencia, tras fracasar en su intento de apropiarse del Vita, chocaba con el problema de «los garbanzos», y el bien probado realismo de sus líderes combinaba mal con los gestos heroicos. Antes, los sabinianos habían manejado en su interés exclusivo la tesorería del «gobierno vasco», suscitando las protestas de los socialistas, pero ya en el exilio el dinero se agotaba con rapidez, mientras los «republicanos» lo seguían teniendo en abundancia. A Aguirre le daba «repugnancia todo esto español (…). Pero cuando me pongo a pensar en la cuestión del dinero no sé qué hacer». Hubo disputas internas. Algunos, sin mucha convicción, querían salvaguardar la independencia a toda costa: otros preferían pedir subsidios, e incluso de «comer a dos carrillos», como expresaba gráficamente el consejero de Hacienda, De la Torre, con el beneplácito de Aguirre, en referencia a la posibilidad de cobrar del SERE y de la JARE (cada organismo exigía a sus beneficiados no cobrar del otro). Aguirre, hombre perspicaz, se sintió de pronto republicano y decidió que aquellos bienes pertenecían «a la República», y por tanto, «siendo de todos, han de ser para todos, o repartidos en la proporción correspondiente, o administrado en forma que todos tengamos satisfacción». Así subrayaba su derecho al reparto de un botín saqueado en buena medida a la Iglesia, como nadie ignoraba[9].

Al principio hubo fuertes tensiones entre Negrín y los peneuvistas. El primero pensaba en una ayuda por igual a los refugiados vascos y no vascos, y estaba muy irritado porque el PNV, desde la pérdida de Vizcaya, había estado subsidiando en Francia a hombres aptos para el combate. El peneuvista De la Torre le replicó con la mayor desenvoltura, amenazándole con romper «la cordialidad que ha existido hasta ahora». Y Aguirre le advirtió que de la actitud que mostrara el SERE dependería «la actitud y conducta del Gobierno Vasco para con España», anunciando «graves disgustos si no deja Vd de lado toda consideración de tipo político». Las presiones de Aguirre no tenían, al parecer, carácter político. Negrín rompió las relaciones, después de pedir cuentas de su gestión económica al gobierno «vasco[10]».

Esto ocurría en marzo de 1939. No obstante, la conveniencia económica obligó al PNV a reconsiderar su altivez y aceptar algo más tarde la ayuda, y también la inspección, del SERE. Pero mantuvo al mismo tiempo una actitud «abierta» hacia la JARE, con la expectativa de «comer a dos carrillos». Pues Prieto, ansioso de éxitos políticos a costa de Negrín, ofreció a Irujo nada menos que la secretaría general de su organismo. La propuesta no fue aceptada por los sabinianos, debido a su dependencia del SERE, que parecía entonces más solvente, pero daría lugar a una evolución, y también a tensiones dentro del PNV entre los partidarios de una y otra organización de ayuda. Incluso reverdecieron las pretensiones de independencia. Ajuriaguerra, desde su prisión, clamó: «Tenemos una arraigada repugnancia a recibir dinero del Estado Español». Nunca habían tenido tal repugnancia. Al contrario, habían pedido y aun exigido todo tipo de ayuda desde la concesión del estatuto. Cuando el SERE cerró, en 1940, se impuso la opción por la JARE[11].

Pero a partir de 1942 la situación económica del PNV quedó resuelta, siendo sustituida su dependencia de los organismos «republicanos» españoles por la del Departamento de Estado useño y el FBI, que seguramente le producía menos repugnancia. Además Aguirre logró montar una red de ayuda entre diversos núcleos de vascos bien establecidos en Hispanoamérica. Los sabinianos pagaban la financiación de Washington con labores de espionaje contra los nazis en Francia, y en América contra los izquierdistas españoles, ante los cuales representaban el papel de aliados solidarios en la desgracia. Los servicios secretos useños financiaron giras de propaganda de Aguirre por Hispanoamérica, y contribuyeron generosamente a las arcas del partido. No obstante, hubo quejas de que esa generosidad contrastaba con la pobreza de la información suministrada por los agentes peneuvistas[*][12].

Los nacionalistas catalanes no parecen haber tenido la suerte o la habilidad de los vascos. Ni siquiera lograron crear un «gobierno de la Generalitat», porque la mayoría de los esquerristas no quería saber nada del PSUC. Pi i Sunyer formó en Londres un Consell Nacional Català, uno de los muchos organismos del exilio sin repercusión en el interior. La mayor parte de los exiliados acentuó al principio, como los sabinianos, su despego hacia España, de la que no esperaban obtener ya nada. En sus Memorias de un federalista, Salvador de Madariaga deja constancia de la imposibilidad de hacer admitir a los nacionalistas alguna solución que zanjase el «problema nacional». Madariaga, ignorante de las maniobras separatistas del PNV y la Esquerra durante la guerra, creía honradamente que el federalismo podía dar satisfacción a las aspiraciones nacionalistas en una España unida. Pudo constatar su error después de muchos esfuerzos de concordia y polémicas con unos y otros[13].

Mientras tanto, los vencedores aplicaban su dura ley, de estilo marcado por las crudas expresiones de José María de Areilza, primer alcalde franquista de Bilbao: «No se sabe qué espectáculo era más bajo y denigrante para nuestro pueblo: si ver a sus hombres representativos asesinados en las cárceles y en los barcos, o el contemplar al día siguiente de la matanza cómo el Presidente Aguirre, rodeado de los consejeros de su Partido, se dirigía solemnemente a oír misa para engañar al pueblo religioso y sembrar la confusión en las conciencias (…). Que quede esto bien claro: Bilbao no se ha rendido, sino que ha sido (…) conquistado por las armas. Nada de pactos y de agradecimientos póstumos. Ley de guerra, dura, viril, inexorable. Ha habido, ¡vaya si ha habido Vencedores y Vencidos!; ha triunfado la España una grande y libre; es decir, la de la Falange Tradicionalista[15]». La guerra no había sido excepcionalmente cruenta en comparación con otras del siglo XX (unos 300 000 muertos entre caídos en el frente y fusilados en retaguardia), pero la habían precedido y acompañado odios furiosos y el terror correspondiente. Como hemos indicado, las propagandas izquierdistas habían cultivado muy activamente esos odios como medio de movilización en la lucha de clases. La derecha no había promovido nada parejo en intensidad y sistematicidad, pero al estallar el conflicto su odio se desató a su vez, alimentado por las angustias pasadas, por las crueldades reales o supuestas del adversario, y por la necesidad de asegurar la retaguardia en el período inicial de absoluta superioridad enemiga. Hubo un terror muy parecido en los dos bandos, con un máximo en verano-otoño de 1936 para descender luego y volverse más controlado. Obviamente, el vencedor iba a tener muchas cuentas que saldar con el vencido, Prieto lo había anunciado tras el asesinato de Calvo Sotelo. Las derrotadas izquierdas no tuvieron ocasión de vengarse, pero los asesinatos y torturas entre ellas mismas durante la guerra permiten suponer el destino de los fascistas, si éstos hubieran perdido.

El nuevo régimen no venía predicando el perdón y el olvido, sino sólo medidas de clemencia dentro de una justicia drástica. Prometió inmunidad a quienes no hubieran cometido crímenes, pero nada parecido a una amnistía. En eso hallamos una semejanza y una diferencia con respecto a otras contiendas europeas también marcadas por el odio ideológico, como las de Italia y Francia. Según terminaba la guerra mundial, que en ambos países tuvo al final bastante de guerra civil, decenas de miles de vencidos fueron asesinados, con sólo una pequeña minoría ejecutada judicialmente. En España el resultado no sería menos sangriento pero con procedimiento inverso: miles de ejecuciones legales y pocos asesinatos sin juicio. Esa represión se cebó en los revolucionarios, y mucho menos en los nacionalistas vascos o catalanes.

La dureza con que fue aplicada tal política se revela en la cifra de 50 000 condenas a muerte, de las que se cumplirían casi la mitad[*]. Quienes vieron su pena conmutada por la de cadena perpetua tendrían bastante suerte, pues en la mayoría de los casos la «perpetua» no pasaría de seis años. Por las ejecuciones, Franco ha sido tildado de especialmente cruel, pero el hecho de que encauzara la represión a través de tribunales indica algo distinto. Aquellos tribunales ofrecían garantías precarias, sin duda, y algunos jueces militares aprovecharían para causar al enemigo las bajas que no les habían ocasionado en combate; pero, con todo, el método era muy superior a la simple venganza en asesinatos oscuros y sin control, practicada en otros países.

Han sustentado la leyenda de la crueldad de Franco historiadores como Tuñón de Lara —admirador de Stalin—, pero en ningún caso fue aquél más cruel que sus enemigos. Negrín, por ejemplo, prolongó una guerra perdida multiplicando las víctimas, y trató de enlazarla con la guerra mundial, que las habría duplicado o triplicado. Por no hablar de sus checas y campos de concentración, espeluznantes también para los izquierdistas disidentes. Sin embargo nadie le acusa de crueldad, y muchos historiadores lo alaban como modelo de liderazgo responsable y hasta heroico.

Puede hallarse la raíz intelectual de esta represión en la insurrección de octubre de 1934. El horror de la derecha se manifestó en el debate subsiguiente en las Cortes. Las izquierdas comparaban gloriosamente su alzamiento con la Comuna de París, 63 años antes, reprimida por Thiers; y algo similar pensó la derecha. El diputado republicano moderado Melquíades Álvarez clamó: «Thiers, cuando presenció los horrores de la Commune fusiló y fusiló produciendo millares de víctimas. Con aquellos fusilamientos salvó la República, salvó las instituciones y mantuvo el orden». Calvo Sotelo insistió en la idea, para horror de Maeztu, que gritó «¡Cuarenta mil fusilamientos!». Cambó resaltó que los violentos no temían reincidir, pues sabían que en España, país de amnistías, su prisión duraría poco y saldrían de ella con aureola heroica, sobre todo los dirigentes. Y así había ocurrido en 1934. No había sido ejecutado un solo jefe de los guerracivilistas, ni siquiera entre los militares complicados y condenados, y sí en cambio tres personajes de muy poco fuste. Sólo dieciséis meses después los miles de acusados gozaban de la libertad en un clima de exaltación y revancha, mientras quienes habían defendido la ley y la democracia sufrían graves amenazas. El general López Ochoa, vencedor de la insurrección en Asturias, fue apresado y asesinado en circunstancias macabras por las izquierdas, al recomenzar la guerra, en julio del 36[*][16].

La rebelión de octubre había culminado una tradición de violencias y atentados desde principios de siglo, con cimas como la Semana Trágica barcelonesa de 1909, el movimiento revolucionario de 1917, el pistolerismo de los primeros años 20, el pronunciamiento de Jaca en 1930, las oleadas de incendios, la serie de magnicidios desde Cánovas a Calvo Sotelo, o los cientos de atentados y choques sangrientos durante la república. Sin duda Franco llegó a pensar como Melquíades Álvarez, Calvo Sotelo y Cambó (éste había propuesto pocas penas, pero cumplidas), y adoptó el método de Thiers de un escarmiento radical, aunque no por fusilamientos en masa, sino por vías judiciales, como queda dicho.

Tras la revuelta del 34, Companys se había jactado de esperar la pena capital, a sabiendas de que no le sería aplicada; pero en 1939 ni él ni los demás líderes albergaban dudas sobre su destino si caían en poder de los vencedores. Por eso todos habían procurado cruzar a tiempo la frontera, sin previsión alguna para sus miles de seguidores implicados en el terror izquierdista, dejados atrás a merced de sus enemigos.

En 1940 llegó a haber 250 000 personas internadas en prisiones y campos de concentración, lo cual suponía una carga añadida a la de una economía desarticulada en medio país. Para aliviarla el gobierno recurrió a varias medidas: el 4 de junio dejaba en libertad condicional a los condenados a seis años o menos, saliendo a la calle decenas de miles de presos; el 1 de abril de 1941 extendió la medida hasta los doce años, con lo que los liberados fueron muchos más; y al año siguiente hasta los 20 años. Los conmutados de la última pena saldrían también en su mayoría antes de seis años. Otro medio para reducir rápidamente el tiempo de reclusión fue la «redención de penas por el trabajo», de carácter voluntario, con dos días de remisión por cada uno trabajado. En 1945 el número de reclusos superaba en poco al normal en la república, aunque volvería a aumentar como consecuencia del maquis, la guerrilla organizada al terminar la guerra mundial por los comunistas[17].

La suerte de algunos dirigentes ilustra la situación creada. El sabiniano Ajuriaguerra, uno de los fautores del Pacto de Santoña, se había entregado en 1937. Recayó sobre él la última pena, pero le fue conmutada por prisión perpetua, y a los seis años dejaba la cárcel. Los nacionalistas vascos, a quienes el franquismo debía más de un beneficio, recibieron trato comparativamente bueno, y para 1943 todos o casi todos sus presos estaban en libertad (aunque por entonces entraron en prisión algunos nuevos, uno de los cuales, Luis Álava, fue fusilado). También se había quedado voluntariamente Besteiro, ejemplo casi único en las izquierdas. Pese a la simpatía que inspiró a sus jueces, éstos le condenaron a 30 años de reclusión por no haber hecho lo preciso para impedir el rumbo revolucionario de su partido. Seguramente habría salido pronto de la cárcel, pero, delicado de salud, contrajo una infección y murió a los pocos meses.

Otros líderes huidos, como Zugazagoitia o el anarquista Peiró, iban a tener peor fortuna. Al ocupar Francia los alemanes, en 1940, fueron entregados a España. Zugazagoitia, de gran dignidad personal, había sido uno de los principales impulsores de la guerra civil en 1934, pero luego se había opuesto a Largo Caballero. En el gobierno de Negrín había aceptado un cargo tan comprometido como la cartera de Gobernación. En los meses de exilio tuvo tiempo de componer el libro Guerra y vicisitudes de los españoles, a ratos conmovedor, y fundamental para entender la guerra. Su sentencia a muerte fue cumplida, pese a haber salvado la vida a algunos derechistas destacados cuando era ministro. En cuanto a Juan Peiró, ministro con Largo Caballero, había denunciado sin ambages el terror de las izquierdas, recibiendo por ello amenazas de sus correligionarios, y había salvado la vida de numerosos derechistas. También su condena se ejecutó, pese a los abundantes testimonios a su favor, y en medio de una general desaprobación. Mejor le iría al más destacado jefe militar anarquista, Cipriano Mera, capturado en Marruecos francés, ya en 1942. Condenado a muerte (lo cual celebraron con una «chocolatada» los presos comunistas, enemigos suyos[18]), fue indultado, y cuatro años después salía libre.

Los nacionalistas catalanes sufrieron menos persecución que los revolucionarios, pero algunos de sus líderes, como Carrasco y Companys, fueron fusilados. Companys había sido, claramente, uno de los principales causantes de la guerra civil. En 1934 se había alzado en armas contra el gobierno legítimo, utilizando con dolo los medios legales puestos en su mano; en 1936 no había hecho nada por impedir la ejecución del general Goded cuando éste, a su vez, se había rebelado contra el Frente Popular y fracasado; y había presidido la etapa de máximas violencias y secesionismos en Cataluña, en 1936-37. Huido a Francia, había intentado formar un Consell Nacional de Catalunya, pero los nazis, al invadir Francia, lo detuvieron y lo devolvieron a España.

Sometido a juicio militar, fue sentenciado a la última pena. Recibió la condena con calma. Aunque masón y anticatólico, pidió los auxilios espirituales de un capuchino, quizá por abundar los nacionalistas entre los miembros de esta orden (como también entre los capuchinos vascos). Finalmente le visitaron el capellán castrense y un jesuita. Se confesó, ayudó a la misa y comulgó. Como última voluntad pidió, con cierto humor, pan con un chocolate que le gustaba mucho de pequeño y tomó un par de copas de coñac. En la etiqueta de la botella firmó, remitiéndola al gobernador del castillo en señal de gratitud por su trato, y regaló a su defensor, el capitán Colubí, los gemelos de oro de su camisa. Ante el pelotón, Companys mantuvo la misma dignidad. Gritó «¡Per Catalunya!», al oír la orden de disparo. Muchos, en los dos bandos, habían muerto de modo semejante. Con él terminaba simbólicamente una época. Para los nacionalistas, Companys ha quedado como un mártir, y su proceso como un «proceso a Cataluña».

Franco gozaba de una inmensa popularidad. Ésta es una evidencia, aunque otra cosa haya pretendido la propaganda adversa. Desde luego, le aplaudía la casi totalidad de las derechas, que se habían sentido al borde del despeñadero, y los despolitizados o indiferentes, anhelosos ante todo de paz y tranquilidad; incluso muchos enemigos suyos acogían su victoria con alivio, por el fin de la lucha y por la bancarrota moral de las izquierdas, las cuales habían culminado la contienda matándose entre sí. Pese al apoyo popular que decían tener, los partidos derrotados, excepto el comunista, tardarían muchos años en sentirse con ánimos para reemprender la lucha dentro del país[*].

En la historia española se abría un nuevo período que iba a durar treinta y seis años. Franco y los suyos creían haber salvado a España de la revolución y de la disgregación, pero ante ellos se abría un futuro incierto, empezando por la necesidad de reconstruir un país medio devastado, y hacerlo con una carencia dramática de medios financieros, agravada por un fuerte endeudamiento. Durante la guerra, en las zonas que habían ido conquistando, los nacionales habían mantenido un funcionamiento económico aceptable, reflejado, entre otras cosas, en la escasa sobremortalidad por hambre y enfermedades, en contraste con el bando opuesto; pero el rápido final les obligó a afrontar una economía desarticulada en Cataluña y en la zona centro, aumentando las penurias en el conjunto.

La contienda mundial empeoró aún la situación. Con el ejército nazi tras los Pirineos, Franco tenía tres poderosas razones para aliarse con Hitler: la gratitud por la ayuda recibida, la aparente invencibilidad germana, y el hecho de que el Führer no toleraría, si vencía finalmente, a un franquismo ingratamente neutral. Por el lado contrario, los ingleses, dueños del mar, semiestrangulaban el abastecimiento a España para recordarle el coste de una alineación bélica, haciendo de los años 40 y 41 los más duros y hambrientos de la posguerra (si bien no tanto como el 1938 en la zona izquierdista).

Franco interpretó la guerra mundial como una doble lucha: entre las democracias y las potencias fascistas, en la que se mantendría neutral o no beligerante; y entre occidente y la URSS, en la que llegó a participar con la División Azul, devolución de la visita de las Brigadas Internacionales y muestra, a su entender suficiente, de gratitud al Führer. En esa estrecha línea, haciendo difíciles equilibrios, corriendo muy serios riesgos y con tentaciones ocasionales de romper la no beligerancia o la neutralidad, logró mantenerse en aquellos cinco años y medio tan arduos para la reconstrucción del país.

Y después, el régimen hubo de afrontar una segunda posguerra, especialmente en 1946 y 1947, causada por el boicot internacional, que hizo volver el hambre y la escasez general de 1941. Esta doble posguerra iba a marcar todo el decenio de los 40[*].

El carácter del franquismo ha suscitado continuas discrepancias y polémicas, que ha resumido J. J. Esparza[19]. Aunque el régimen tenía rasgos fascistas, por influencias de Falange y por su relación con Italia y Alemania, no era propiamente fascista. El fascismo se caracteriza por el endiosamiento del estado, la movilización de masas y la formación de un partido único, que debía encauzar y monopolizar la política. Franco, por el contrario, iba a procurar el equilibrio entre las tendencias falangistas, las tradicionalistas, las católicas y las militares; sólo en contadas ocasiones movilizó a las masas, y siempre colocó la religión por encima de la nación y del estado.

Otros lo han caracterizado como dictadura militar, pero el ejército, sin duda un pilar esencial del régimen, observa Esparza, «no actuó en la vida política como una fuerza autónoma, ni ocupó tampoco —ni siquiera durante la guerra— los puestos de dirección del Estado. El número de ministros pertenecientes al Ejército fue relativamente limitado, y tampoco puede decirse que la situación social y económica de los militares fuera llamativamente superior a la de los ciudadanos de otros estamentos». No se entiende el franquismo sin su componente militar, pero de ningún modo se redujo a eso.

Se le ha caracterizado asimismo como estado «nacional-católico»: «La Iglesia se somete al Estado y éste, a cambio, convierte el catolicismo en piedra angular de su discurso político y social. Y es verdad que la España de Franco fue un Estado confesional, y que la Iglesia colaboró estrechamente con el régimen hasta el extremo de llegar a controlar territorios como la educación o la censura. Ahora bien, no puede decirse que este nacional-catolicismo, entendido como praxis política, fuera el rasgo esencial del régimen de Franco: en primer lugar, porque sólo se extendió durante un cierto período (hasta finales de los años cincuenta, aproximadamente), y además, porque ni el estado-institución ni la Iglesia lo suscribieron nunca de modo explícito (…). Y, sin embargo, es innegable que [el régimen] debió buena parte de su apoyo social (…) al hecho de identificarse con la Iglesia».

Tampoco se acomoda bien el franquismo a otras definiciones que de él se han hecho, como el de «régimen personal» o autocracia, pues «aunque el de Franco fue (…) el régimen de una persona, la verdad es que no fue un régimen personalista: desde que se crearon las Cortes, en 1942, hasta su muerte en 1975, Franco sólo ejerció ocho veces su prerrogativa personal para dictar leyes. El poder nunca dejó de estar bajo la sombra de Franco, pero no residió completamente en él, sino que más bien “flotó” entre una compleja constelación de órganos e instituciones».

Y se lo ha llamado «dictadura desarrollista», como algunas del Tercer Mundo: «Una elite que llega al poder con un programa casi exclusivamente centrado en objetivos económicos (…). Pero la de Franco tampoco fue una dictadura del desarrollo, porque no nació con ese objetivo, ni el desarrollo fue tampoco el horizonte esencial de su política; es verdad que España se desarrolló bajo Franco y que el propio régimen sacrificó algunas de sus iniciales convicciones políticas en provecho del crecimiento industrial, pero, como en los casos anteriores, el desarrollo es sólo una parte de su perfil».

Ha habido otros intentos de definición, siempre insuficientes. Concluye Esparza, con Fernández de la Mora: «No hay un sistema franquista en la historia de las ideas políticas, aunque sí haya una Era de Franco en la historia de España. Aquel régimen no sería un sistema, ni siquiera un modelo institucional, sino que, sencillamente, Franco hizo una política que aplicaba ideas vigentes en la órbita de la derecha española desde antes de la guerra, y muy singularmente, siempre según Fernández de la Mora, el catolicismo doctrinal de Menéndez Pelayo y Acción Española. Y todo ello apoyado en una estructura de poder completamente singular, nacida de una situación excepcional».

El comportamiento del franquismo también está lleno de paradojas más o menos reales. Antiobrero, según sus oponentes, elaboró la legislación social más obrerista de la historia de España; oficialmente antijudaico, salvó de la persecución nazi a más judíos, probablemente, que cualquier otro estado, exceptuando el Vaticano; supuesto títere o criatura de Hitler y Mussolini, mantuvo a España fuera de la II Guerra mundial, para gran beneficio de los Aliados; de doctrinas presuntamente incompatibles con el desarrollo económico, presidiría la etapa de más rápido crecimiento disfrutada por el país antes o después; eminentemente represivo, el número de presos en sus cárceles llegó a ser uno de los más bajos del mundo comparativamente a su población (aunque, a la muerte de Franco, contaran aún en ese número algunos centenares de presos políticos). Rígido e incapaz de evolucionar, era muy diferente en los años 40 y en los años 60. Etc. Basten estas consideraciones para entender la insuficiencia o tosquedad de la imagen de él elaborada en estos años por la propaganda, más que por una historiografía seria.

Entender ese régimen y su duración exige recurrir no sólo a categorías generales, sino a la historia anterior. Ya vimos cómo la dictadura de Primo de Rivera surgió de la incapacidad de la Restauración ante los desafíos revolucionarios. Mucha gente concluyó entonces, en medio de la crisis general europea, que la democracia liberal no podía, por sus propias características, afrontar tales retos. La dictadura debía alumbrar nuevas fórmulas políticas, vagamente elaboradas en torno al corporativismo o «democracia orgánica», en cuya raíz encontramos, en España, desde la Institución Libre de Enseñanza a socialistas como Fernando de los Ríos, pasando por diversos catalanistas, Maeztu o Madariaga, y hacia la que derivó buena parte del movimiento maurista. Uno de sus rasgos consistía en que las personas no votarían como individuos, sino en calidad de miembros de colectivos como el sindicato, el municipio o la familia.

No obstante, el peso del catolicismo y de la tradición liberal en la derecha española —y no la oposición de la izquierda— habían impedido en los años 20 la consolidación de un sistema fascista o corporativo, y la experiencia abocó a la II República, una democracia anticatólica y de tono izquierdista, que creyó poder impulsar y encauzar al mismo tiempo a los movimientos revolucionarios. El resultado habían sido las más sangrientas convulsiones del país desde la I República, y finalmente la guerra civil. Tal experiencia había convencido a la mayor parte de la derecha —como, en otro sentido, de la potente izquierda extremista— de que la democracia liberal no tenía futuro. El régimen de Franco proclamaba, por tanto, la necesidad de superar dicho sistema mediante la «democracia orgánica», fórmula que iba a revelarse inoperante a la postre.

Aun así, el franquismo albergó desde el principio dos corrientes de opinión, más implícitas que explícitas. Una lo veía como una superación efectiva de los sistemas políticos ensayados antes, y otra lo entendía como un régimen transitorio, nacido de unas circunstancias excepcionales y que debía dar paso, antes o después, a otra cosa por el momento indefinida. La segunda interpretación ganó terreno conforme en Europa occidental se asentaban sistemas demoliberales, tras la crisis de posguerra, y más cuando el peligro comunista perdió inminencia desde la revisión del stalinismo, en 1956, de la división entre la URSS y la China de Mao y el indisimulable fracaso económico de su sistema. La idea del franquismo como un régimen excepcional permitiría, a la muerte de su fundador, la transición pacífica a la democracia.

Pero en 1939, la dictadura se presentaba como enemiga y superadora de la revolución, la comunista ante todo, también del sistema demoliberal, y de los secesionismos internos. A este último aspecto dedicaremos aquí la atención principal.

Una faceta esencial del nuevo régimen era un nacionalismo español exacerbado, sobre todo en los primeros años. La nación española fue definida como «unidad de destino en lo universal», frase de José Antonio de sentido nada claro, acaso referida a una proyección imperial, también muy usada por la propaganda. La idea de imperio pasó por unos años a primer plano. También ahí predominaba la vaguedad. ¿Implicaba la expansión política por otras tierras, o más bien una preeminencia cultural? Seguramente se pensaba en las dos cosas, pero sin arriesgar demasiado por la primera. Cuando Franco pidió a Hitler buena parte del imperio francés en el norte de África como compensación a su entrada en la guerra mundial, ¿lo hacía creyéndolo factible, o usando unas peticiones desmesuradas como justificación para evitar verse arrastrado a la contienda? Es difícil saberlo, aunque el resultado práctico no ofrece dudas. En todo caso la idea de una expansión política sólo podía plantearse con relación a África, y a duras penas, pues el continente ya estaba repartido entre potencias más fuertes, si exceptuamos Portugal. Y en relación con América, se trataba más bien de una aspiración a fomentar los lazos culturales y políticos, no de una impensable recolonización. En realidad el imperio nunca pasó de la retórica.

Tiene interés el lazo entre este imperialismo y el patrocinado por el nacionalismo catalán desde Prat de la Riba, y que ha estudiado el historiador E. Ucelay en un trabajo muy sugestivo. Sin duda hay una influencia catalanista ejercida a través de Eugenio d’Ors, uno de los mentores de Falange, y, menos directamente, de Cambó, aunque se trataba de dos ideas básicamente distintas[*]. El imperialismo falangista se inspiraba en un imperio auténtico, cuyos considerables restos se habían perdido en el 98, sólo cuarenta y dos años antes. El imperialismo de Prat no presentaba esa ilación histórica: Cataluña debía impulsar y dirigir la construcción de un imperio «ibérico» —para no llamarle español— de nuevo cuño, sin casi nada que ver con el antiguo, si bien en cierto modo reintroducía por la ventana la españolidad de Cataluña rechazada por la puerta.

Ya hemos visto cómo esa dinámica empujó a Cambó a un progresivo españolismo, nunca concluido. Y es que sólo España, como conjunto, podía asumir algo parecido a una misión imperial, por lo demás anacrónica. Cataluña, como parte de España, podía destacar en tal o cual aspecto, pero carecía del peso económico, demográfico y, menos aún, cultural, para convertirse en la «nación» dirigente de un conjunto de «naciones» ibéricas, cuya tendencia natural sería la disgregación. Tampoco el idioma catalán podría sustituir al castellano como lengua «imperial» o de cultura. De ahí que al progresivo españolismo de la Lliga opusieran otros nacionalistas un imperialismo en teoría más modesto y realizable, a aplicar a los que llamaban Países catalanes, es decir, Valencia y Baleares, a veces también Aragón, para recuperar la situación medieval anterior al «nefasto» compromiso de Caspe.

Ucelay lo ve de modo algo diferente. El imperialismo catalán habría consistido en una «metáfora ideológica», entendida como «una oferta política de naturaleza distinta a un programa realizable, al menos en el corto plazo de la acción parlamentaria normal». Es otro modo de llamar a ideales o aspiraciones estratégicas quizá inalcanzables pero que, no obstante, condicionan la política corriente. Ucelay, tras citar unas reflexiones de Duran i Ventosa sobre la tendencia de los nacionalismos a fomentar manías de grandeza colectivas, concluye: «La españolización del esquema catalanista, pasado de metáfora a poder, de impulso centrífugo a refuerzo centrípeto, llevaba directamente a una dictadura cuyas pretensiones internacionales eran desaforadas y grotescas». La conclusión suena un tanto excesiva, como esta otra: «La verdad es que el franquismo, de tan cerrado, se estranguló políticamente a sí mismo». Para permanecer 36 años y abrir paso, por reforma, a un régimen democrático, debió de ser un estrangulamiento muy suave. En la España de los años 40, el imperialismo constituyó precisamente una «metáfora», en un sentido más fuerte todavía que en el nacionalismo catalán: no pasó de ideal vaporoso, y, desde luego, el muy realista general Franco no intentó en serio obrar de acuerdo con «sus pretensiones desaforadas y grotescas». Cambó y otros, por el contrario, habían dedicado un considerable esfuerzo a llevar a la práctica sus ideales imperialistas[20].

En todo caso, la política inicial —pronto suavizada— del nuevo régimen consistió en tratar de erradicar los «hechos diferenciales» vasco, catalán y, en menor medida, gallego, sustituyéndolos por una uniformidad castellano-española. El idioma común fue impuesto con exclusividad en todas las actividades oficiales o educativas. Un suceso indicativo fue la prohibición, por la autoridad militar, de difundir miles de folletos en catalán, preparados por la Falange al ser derrotadas las izquierdas en Cataluña. Algunos carteles recomendaban: «Español, habla la lengua del imperio». Al principio quedó prohibida hasta la edición de libros o la predicación en los idiomas vernáculos. En cementerios vascos fueron picadas las lápidas con nombres sabinianos. No faltaron conatos ocasionales, sin mayores consecuencias, de impedir el uso corriente de dichos idiomas[*].

Esta dureza era nueva. El patriotismo tradicional hispano daba fuerte relieve a las particularidades regionales, incluso invocaba un cierto foralismo. La centralización estricta enlazaba más bien con el liberalismo, rechazado por el nuevo régimen, pero acentuado entonces. Para el franquismo, en sus momentos iniciales de triunfo, los nacionalismos vasco y catalán habían fomentado los odios conducentes a la disgregación de España y a la guerra, y por lo tanto debían ser extirpados; habían usado las lenguas regionales como instrumentos de sus ideas antiespañolas, y por lo tanto esos idiomas debían ser proscritos de la vida oficial. El castellano sería el vehículo prácticamente único para imbuir en las siguientes generaciones un ideal españolista.

Llaman la atención las semejanzas de esas actitudes con las de los nacionalismos vasco y catalán, incluso a veces en el tono. Así en esta indicación del ministerio de Educación: «Escuchad bien esto y para siempre, niños españoles: ¡El que de vosotros olvide su lengua española o la cambie por otra dejará de ser español y cristiano! ¡Por traición contra España y pecado contra Dios! ¡Y tendrá que escapar de España! ¡Y cuando muera, su alma traidora irá al infierno!»[21]. Los nacionalismos vasco y catalán aspiraban a arrasar los elementos que ellos consideraban «españoles», arraigados en ambas poblaciones por siglos de intenso intercambio cultural y demográfico, sustituyéndolos por un vasquismo y un catalanismo que en parte no menor constituían invenciones de última hora, pues durante siglos vascos y catalanes se habían sentido españoles. Ahora se intentaba la operación contraria, erradicando las manifestaciones regionales en aras de un exclusivismo españolista.

Tales medidas debieron haber provocado resistencia popular y apoyo a los nacionalistas que, aun vencidos, permanecían, a veces enquistados en los organismos del nuevo régimen. Apoyo asimismo a partidos como el comunista, que incluía el derecho de autodeterminación en su programa. Pero la reacción fue prácticamente nula, indicio de cuán harta había terminado la población de la experiencia republicana y de la guerra civil. No sólo en aquellos años, sino durante todo el franquismo, la oposición de los nacionalismos tendría escaso relieve, con la muy tardía excepción de la ETA.

La gran masa de la población vasca y catalana acogió al franquismo entre la simpatía y la indiferencia, suministrando una parte importante de los dirigentes políticos y económicos de un régimen acaudillado por un gallego. La tradicional versión tipo «lucha de clases» trata a esos dirigentes de «burgueses» opuestos al «pueblo», pero muy pocos vascos y catalanes rechazaron el nuevo estado de cosas, o prestaron respaldo a los izquierdistas y nacionalistas en sus escasos conatos de lucha. Así ocurriría hasta finales de los sesenta, y aun entonces ese respaldo fue minoritario. Por otra parte, los catalanes y vascos integrados en la estructura del régimen, o adaptados a él, pertenecían a Cataluña y Vasconia tanto como sus contrarios, aunque luego éstos, con mentalidad algo totalitaria, hayan pretendido «borrarlos».

Muy pronto se autorizó la edición de libros, al principio religiosos, en los idiomas regionales y se promovió el rescate del folklore y costumbres antiguas. Hubo permiso e incluso aliento para el estudio particular del catalán y el vascuence, para los premios literarios y otras actividades de promoción, a veces apoyadas económicamente desde organismos oficiales o desde Cajas de Ahorro, como sería el caso de las ikastolas (escuelas en vascuence) ya en los años 60[*]. En 1952 se fundó en Salamanca la primera cátedra universitaria de vascuence (nunca había habido ninguna). La inicial desconfianza y persecución hacia los idiomas y simbología regionales dejó pronto paso a la simple postergación, con muchas excepciones. La propaganda nacionalista pinta de todo ello un cuadro exageradamente negro, y si admite otros tintes los atribuye al miedo del régimen por las presiones de unos u otros. En verdad, el franquismo no tuvo razones para temer excesivamente a sus contrarios.

Por otra parte, tanto la industria vasca como la catalana fueron muy estimuladas por el nuevo régimen, no por una preferencia especial, sino por constituir ambas regiones la principal base fabril del país, con una acumulación de experiencia y capacidad empresarial por encima de la media. Ello, y probablemente el muy proteccionista arancel Cambó haría que hasta 1962, en que éste fue derogado, no cobrase ímpetu la expansión industrial en otras regiones.

Si en el interior, durante los años 40, los nacionalismos catalán y vasco apenas daban señales de vida, en el exilio ocurría lo contrario; al menos con el PNV. Aguirre, tras una pequeña odisea esquivando a los nazis en Europa, adquirió en América, desde 1942 un protagonismo de primer orden, apoyado por los servicios secretos useños, de los cuales pasó a estar prácticamente a sueldo. El jefe sabiniano aparecía por doquier como el representante de un «pueblo vasco» víctima de un genocidio emblematizado en el bombardeo de Guernica. La leyenda de Guernica se había extendido con tremenda fuerza emocional por América, convirtiéndose en un mito perdurable e indiscutido hasta hace pocos años: el ataque deliberado a los símbolos más sentidos de los vascos, realizado como ensayo de exterminio en masa, con resultado de más de 1600 muertos en una pequeña población sin interés militar[*]. Junto a ese tema explotaba el de su solidaridad con la república democrática española arrasada por el fascismo.

En giras por Hispanoamérica, el exlendakari se hizo la figura más destacada no ya del PNV, sino de todo el exilio español. Refleja su éxito esta descripción de su apoteósica acogida en Buenos Aires: «Todo ello culminó con la sesión del Congreso en la cual fue recibido el Lendakari con todos los honores, hablando todas las opiniones y todos los partidos haciendo de él una apología magnífica. ¡Al contestar fue tal la emoción que a todos infundió que los taquígrafos no pudieron copiar sus últimas palabras porque a ellos, como al resto de los oyentes, se les caían las lágrimas! En fin, algo magnífico y de imposible descripción (…). Ha sido el acontecimiento más prodigioso que pudierais y que pudiéramos pensar (…). Podemos, pues, decir gráficamente que se ha metido a todo el mundo en el bolsillo[22]».

El papel de Aguirre descolló más aún porque los exiliados «republicanos», agriamente enfrentados entre sí, se neutralizaban en una guerra de rencillas. El sabiniano entendió que su secesionismo no hallaría eco fuera de España si no lo atenuaba externamente y lo vinculaba a la supuesta legitimidad republicana, y así, sorprendentemente, ejerció en todo el exilio español el papel de árbitro y apóstol de la unidad política y el olvido de los rencores mutuos. Él sabía que la vuelta a España nunca llegaría al margen de sus «compañeros de armas» de la guerra, a quienes su partido espiaba en favor del FBI. No obstante, esa comprensión hacia «los españoles» disgustó a los puristas del partido.

La actuación de Aguirre tomó mayor vuelo desde 1943. En general, la prensa y los gobiernos de Usa y Gran Bretaña habían mostrado respeto a Franco, pues si éste hubiese entrado en guerra al lado de Alemania les habría ocasionado los más arduos problemas. Pero después del desembarco aliado en el norte de África, en noviembre de 1942, y de la victoria soviética en Stalingrado, la situación estratégica había cambiado, la derrota del Eje empezó a dibujarse con claridad, y la postura española importaba ya mucho menos. Entonces los anglosajones cambiaron bruscamente, tornándose más y más amenazantes hacia Franco. Y Stalin, por su parte, no pensaba consentir la permanencia en el poder de quien le había derrotado en España y, no contento con ello, había mandado la División Azul a combatir a la URSS. El destino del franquismo parecía irremisiblemente sellado, a los ojos de casi todo el mundo.

El cambio de la marea bélica electrizó al PNV y a todo el exilio: el retorno triunfal parecía indudable y próximo, sin necesidad de especial esfuerzo por su parte. Sólo debían esperar la consumación de la derrota alemana, y mientras tanto reafirmar sus contactos en las cancillerías británica y useña. El problema principal radicaba en que, aunque deseosos todos de volver a España como árbitros y beneficiados de la nueva situación, persistían entre ellos las enconadas aversiones, y no lograrían unificar sus posturas. El PNV constituyó ya en 1943, dentro de España, una «Junta de Resistencia y Consejo Delegado del Gobierno Vasco», con la colaboración de los sindicatos socialista y anarquista. Su incidencia fue mínima.

Los comunistas obraron con mayor energía. En combatividad excedían de lejos a los demás partidos derrotados. Pese a ser perseguidos con especial saña por un régimen que veía en ellos al enemigo por excelencia, no habían cejado en el intento de volver a la lucha en el interior, por más que las reconstrucciones del partido en España fracasaran a veces por sospechas e incomprensiones entre los del interior y los del exterior, causantes de denuncias y asesinatos entre ellos. Comprendiendo mejor que nadie la conveniencia de crear una base firme en España antes de la victoria aliada, no escatimaron esfuerzos a ese fin.

Además, los comunistas españoles habían descollado en la resistencia francesa contra los alemanes. Lo habían hecho desde el ataque de Hitler a la URSS, en junio de 1941, pues antes, mientras regía el Pacto germano-soviético, ellos y los comunistas franceses habían obrado como traidores a Francia. Al paso que este país era liberado por los anglosajones, desde junio de 1944, el PCE planeó invadir y levantar en España un vasto movimiento de guerrillas (adoptaría el nombre francés de maquis) para garantizarse la preeminencia en la hora del triunfo gracias a su organización, influencia y armas.

En teoría, la empresa gozaría de condiciones óptimas. Dentro de España había mucha miseria, por tanto debía haber mucho descontento, y sed de venganza por la represión. Cientos, quizá algunos miles, de izquierdistas andaban huidos por campos y montañas, buena recluta para la guerrilla. Los logros del Frente Popular, tan recientes, debían estar por fuerza bien grabados en la memoria del pueblo, seguramente ansioso de recobrarlos; máxime en Cataluña o Vasconia, donde a la triste situación general se añadían las injurias no ya al nacionalismo, sino al simple catalanismo o vasquismo. Estos factores no bastaban a provocar un estallido popular, ni siquiera la ayuda a una eventual lucha antifranquista, debido al miedo a la policía. Pero así como la represión tiene eficacia cuando la gente la siente muy poderosa y no percibe una salida política, se vuelve contraproducente en otro caso. Y, justamente, con los tanques useños en Francia y la próxima derrota de Hitler, quienes debían sentir miedo eran los represores, y esperanza la población. Una acción armada intensa atraería necesariamente a las democracias y serviría de excelente causa o pretexto para su intervención en España. Las circunstancias difícilmente habrían favorecido más un movimiento guerrillero. Se trataba de reavivar la guerra civil, con la práctica seguridad de vencer en este tercer asalto (considerando el primero la insurrección de octubre del 34)[*].

Y no erraba la impresión de que en las filas franquistas cundía la ansiedad. Muchos daban por hundido al régimen, y tanto entre los políticos como entre los militares menudearon las intrigas y los contactos con la embajada británica en Madrid. Como en el nuevo diseño de Europa Franco y la Falange resultaban inaceptables no sólo para Stalin, sino para las democracias, urgía presentar una solución de derechas, una monarquía aceptable para los Aliados y para una parte, al menos, de los exiliados.

Entonces un sector de los monárquicos se ofreció a los anglosajones como salida de conciliación y para evitar una revancha izquierdista. El aspirante al trono, Don Juan, hijo de Alfonso XIII, y parte de sus asesores, en especial Gil-Robles —eclipsado en la España de la posguerra— y Sáinz Rodríguez, exministro de Franco, concluyeron que sólo había un modo de eludir la catástrofe: la dimisión del Caudillo y la restauración de una monarquía abierta a los políticos exiliados, aunque con rasgos autoritarios para convencer a una opinión interna alerta ante un nuevo peligro revolucionario. Con esa perspectiva, el entorno de Don Juan llegó a gestionar la invasión de las Canarias por Inglaterra, un poco al estilo de Prieto durante la guerra, así como una provocación de gran estilo con los servicios secretos de Usa para que entraran hasta Madrid los tanques aliados y proclamasen a Don Juan, utilizando una prevista acción guerrillera comunista y so pretexto de inestabilidad en España. El testimonio de esta maniobra se encuentra en el libro del monárquico Luis María Ansón, Don Juan.

Pero Franco consideraba que el retorno de los viejos partidos con una monarquía más o menos inspirada en la Restauración haría vanos los sacrificios de la guerra y devolvería al país al caos de 1936. Hizo notar a Don Juan que la rebelión contra el Frente Popular no había invocado la monarquía, sentida sólo por un sector minoritario de los sublevados. Si alguna vez volvía la corona quedaba claro que se lo debería a él, al Caudillo, y de ningún modo a unos grupos monárquicos de tan reconocida flojera[*]. Pese a los sombríos augurios, Franco no creía duradera la alianza entre Stalin y las democracias, por lo cual éstas tendrían que avenirse antes o después con su régimen.

En octubre de 1944, Franco propuso una alianza al primer ministro británico Winston Churchill. A su juicio la ola soviética sumergiría a gran parte de Europa, dejando a España y Gran Bretaña como únicos bastiones reales de resistencia. Churchill replicó agriamente: «Induciría a un grave error a Su Excelencia si no alejase de su mente la idea de que el Gobierno de Su Majestad estaría dispuesto a considerar la formación de un bloque de poder basado en la hostilidad contra nuestros aliados rusos (…). Considera [el gobierno británico] la colaboración permanente anglo-rusa, dentro del sistema de la organización mundial, como imprescindible para sus propios intereses y esencial para la paz futura y la prosperidad de Europa en su conjunto». El embajador británico S. Hoare, había advertido al Caudillo que los anglosajones impondrían la ley en el continente al terminar la guerra: «Tengo la segura convicción de que para entonces Gran Bretaña será la más fuerte potencia militar de Europa. Nuestros ejércitos (…) por primera vez en muchos años serán tan numerosos como eficaces. Las fuerzas aéreas británicas serán las más poderosas de Europa». No había razón ni para temer ni para chocar con la URSS, y ambos políticos británicos trataron de disipar cualquier ilusión de supervivencia que Franco y sus seguidores pudieran albergar especulando con el peligro soviético[24].

Franco demostró una previsión extraordinariamente clara, y Churchill y Hoare una miopía notable. No obstante el historiador Preston y otros presentan este revelador intercambio como una muestra de la torpeza y de la inepta astucia pueblerina de Franco.

Y en octubre de 1944 comenzaba la ofensiva guerrillera comunista con una invasión de 3000 hombres por el valle de Arán, en Lérida, y penetraciones menores por Navarra y Huesca. Los maquis esperaban una entusiasta acogida popular, más en Cataluña, y fue enorme su decepción al hallar un vacío generalizado, cuando no la colaboración de la gente con las tropas y guardias civiles enviados, tras la sorpresa inicial, a cortar la invasión. La aventura terminó pronto y desastrosamente para el maquis.

A fin de dar cobertura política a su intento, el PCE había creado una Junta de Unión Nacional, con propósito de aglutinar bajo su iniciativa a los demás exiliados bajo el marchamo de la legalidad republicana. Un manifiesto de Unión Nacional en Francia, de agosto de 1944, poco después del desembarco en Normandía, clamaba: «¡¡La hora ha llegado!! ¡No se puede perder un momento! Ha llegado el período de organizar la lucha activa por la reconquista de España». Pero sus propuestas chocaron con un obstinado rechazo. Los «republicanos», así como los nacionalistas catalanes y vascos, recordaban los métodos comunistas para lograr la hegemonía, y además su espíritu no les empujaba a la acción, sino más bien a la intriga en las cancillerías, con vistas a alcanzar sus objetivos ofreciéndose a los Aliados. Por esas razones ninguno quiso oír hablar de lucha guerrillera o de cualquier otro tipo, y Unión Nacional y todos los montajes «unitarios» de los comunistas nunca representarían más que a éstos[*][26].

No desanimó al PCE la derrota del valle de Aran y de su diplomacia con los exiliados, y con la caída de Berlín en mayo de 1945, y el boicot a España, decretado por las Naciones Unidas el año siguiente, el maquis se recrudeció, extendiéndose desde Galicia a Andalucía y Levante. Sin embargo tuvo escaso seguimiento popular, y las partidas, cada vez más aisladas, derivaron hacia el bandolerismo. La Guardia Civil y, en algunos casos, el ejército, las acosó hasta que, en 1948, los comunistas, aconsejados por Stalin, dieron marcha atrás. Retirar las guerrillas resultó un proceso lento y difícil, y siguió habiendo actos de violencia hasta 1952, pero la derrota fue total. Sin darse por vencido, el PCE cambió su estrategia hacia una lenta penetración en los medios universitarios y obreros, que le rendiría frutos importantes, si bien a muy largo plazo.

En Vasconia y en Cataluña el movimiento guerrillero apenas encontró eco, pese a reivindicar los «derechos nacionales». En Cataluña resurgiría por unos años el terrorismo anarquista, también aplastado sin contemplaciones. Los nacionalistas vascos y catalanes permanecieron al margen, salvo por acciones menores y testimoniales.

En 1947 se produjo una amplia huelga en Bilbao, y los nacionalistas e izquierdistas reivindicaron su dirección, pero se trató de un movimiento básicamente espontáneo; lo mismo ocurrió con el masivo boicot popular a los tranvías de Barcelona, y otras huelgas en Vizcaya en 1951. El telegrama de Aguirre al presidente useño Truman, en septiembre de 1950, trasluce cierto desaliento en su énfasis algo peculiar: «Así como hace años (…) la palabra y los actos del gran presidente Roosevelt constituían, después de Dios, nuestra suprema luz y esperanza, hoy también las palabras y actos de usted, su ilustre sucesor, constituyen la esperanza más firme de cuantos luchamos por la libertad y la dignidad humana, contra sus opresores, sean los fascistas de Franco o los comunistas de Stalin[27]». Si la suprema luz de Roosevelt no había satisfecho del todo la esperanza de los luchadores sabinianos, la de Truman no iba a hacerlo mucho más. Y el PNV tampoco había luchado contra el comunismo de Stalin, salvo desde 1946 y por presión useña. Al contrario, se había aliado con él y los demás revolucionarios durante la guerra civil. También les había hecho traición, pero no resulta fácil llamar «lucha» a esos actos, que, además, tanto habían beneficiado a «los fascistas de Franco».

Para entonces los cálculos del general iban cumpliéndose: la alianza entre soviéticos y occidentales se agrietaba hasta convertirse en el cerrado enfrentamiento llamado «guerra fría». El aislamiento del franquismo se suavizaba, y en 1953 quebraba por completo, gracias al concordato con el Vaticano y a los acuerdos militares con Usa. En 1955 el régimen entraba en la ONU, que diez años antes se había proclamado incompatible con él (aunque no con los sistemas comunistas).

¿Por qué, en las condiciones tan favorables ya señaladas, no respondió la población al intento guerrillero ni a las maniobras políticas? Se ha achacado a la represión, pero ésta, por el contrario, debiera haber desatado una rebelión todavía más exasperada ante la casi segura y pronta caída del régimen. También se ha explicado por la liquidación física de los dirigentes y elementos capacitados revolucionarios e izquierdistas, pero, siendo el número de fusilados o asesinados muy parecido en los dos bandos, mayor problema debían tener las derechas, máxime si queremos creerlas, como insiste la propaganda, representantes de una pequeña oligarquía: ésta habría quedado simplemente destrozada. En el mundo real, el régimen recibió un respaldo popular indudable en aquellas duras circunstancias, lo que quizá no resulte extraño si atendemos a la todavía muy fresca memoria colectiva del Frente Popular y a la aversión generalizada a un nuevo enfrentamiento civil. Para muchos, Franco representaba una esperanza y la dignidad nacional frente a presiones externas. Esto me parece una evidencia, sólo invisible para los creyentes en las supersticiones de la «lucha de clases».

La evolución política hundió todas las esperanzas y euforias suscitadas en el exilio desde 1943. Aunque nacionalistas y «republicanos» continuaron pronosticando cada año la inevitable caída de Franco, debido a su «absoluta impopularidad», el desánimo y la pasividad se apoderaron de casi todos ellos. Sólo el PCE persistía en una lucha a veces heroica, a veces turbia, pero sin éxito entre las masas. Los nacionalistas vascos y catalanes se centraron en la supervivencia en el extranjero, pero, debido a su escasa incidencia dentro de España, no hace falta tratar en este libro sus avatares, interesantes desde otros puntos de vista.

Así pues, y con la relativa excepción del PCE, en la posguerra casi se desvanecieron de la vida del país los partidos y movimientos que tanto habían condicionado la historia anterior de España. Por los años 60 la Lliga y la Esquerra seguían desaparecidas dentro de España, existiendo sólo grupúsculos nacionalistas dispersos y poco audaces. Algo similar pasaba al PNV —su líder Aguirre fallecía en 1960—, reducido a tertulias nostálgicas de gente mayor y algunos jóvenes receptores de la vieja doctrina a través del montañismo. Pero en esa década iba a surgir en las dos regiones un nuevo nacionalismo, muy ligado a sectores radicalizados de la Iglesia y con influencias marxistas. Ello ocurriría, especialmente, a partir del giro en la orientación de la Iglesia católica promovido por el Concilio Vaticano II. Se abría una etapa, de rasgos peculiares, en la evolución nacionalista.

Capítulo 22

REVOLUCIÓN EN LA IGLESIA

Un pilar fundamental del régimen de Franco fue la Iglesia católica, que adquirió un protagonismo como no lo había tenido desde principios del siglo XIX. Su influencia se manifestó en la enseñanza y en las normas referidas a la moral pública, en la asistencia social, el ahorro popular (las Cajas de Ahorro), la legislación laboral, la formación sindical, etc., y, con mayor o menor peso, en casi todos los ámbitos de la sociedad. La Iglesia, por doctrina y tradición, rechazaba los movimientos revolucionarios, en especial los comunistas, considerándolos una degradación de la dignidad humana en pro de utopías. Por ello había constituido un sólido valladar a la expansión de esos movimientos en Europa y América. Eso y la exterminadora persecución antirreligiosa del Frente Popular habían inclinado resueltamente a la inmensa mayoría del clero y de los católicos españoles por el bando que los salvaba de destrucción. Elección rubricada con la emocionalidad de los miles de mártires en una de las persecuciones religiosas más sanguinarias de la historia. Desde muy pronto el obispo de Pamplona, el vasco Olaechea, y poco después el de Salamanca, el catalán Pla y Deniel, calificaron la guerra de cruzada, aunque el documento conjunto de los obispos de 1937 eludiera esa palabra.

La identificación eclesiástica con el franquismo no excluyó recelos ante el filonazismo presente en sectores de la Falange. Durante la contienda española habían entrado en crisis las relaciones entre el Vaticano y Hitler, sobre todo por la imposición de las concepciones paganoides y del absolutismo estatalista nazis. Numerosos sacerdotes habían sido detenidos en Alemania, y en concentraciones de masas se pedía colgar a los clérigos. Pío XI publicó en marzo de 1937 la carta encíclica «Mi brennender Sorge», condenando al hitlerismo: «Estos necios que presumen de separar la moral de la religión constituyen hoy legión. No se percatan (…) de que, desterrar de las escuelas y de la educación la enseñanza confesional (…) impidiéndole contribuir a la formación de la sociedad (…) es caminar hacia el embrutecimiento y la decadencia moral». Estos choques, muy embarazosos para el bando de Franco, los habían explotado sus enemigos, destacadamente Irujo. El gobierno nacional parece haber prohibido la lectura de la carta papal en las iglesias españolas, aunque otorgó a la Iglesia mayor influencia.

Surgieron discrepancias con las tendencias más extremistas de la Falange, representadas entonces por jóvenes intelectuales inquietos y ya prestigiosos como Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo, Antonio Tovar o Torrente Ballester. El nazismo, con sus éxitos militares y antes los económicos, y su estilo disciplinado y eficaz, parecía abrir un mundo nuevo, heroico y emocionante, preñado de confusas promesas. Su paranoia antisemita no había dado lugar aún al genocidio, que tampoco fue conocido en España, al menos en todo su horror, hasta el final de la guerra mundial. Muchos falangistas, pues, se sintieron atraídos por la experiencia, y aspiraron a imitarla en España. Pensaban integrar a la Iglesia como un elemento clave, pero subordinado, dentro de un estado totalitario, si bien aquí no podía hablarse de una acción antirreligiosa o paganoide como en Alemania. En esa vía se llegaría a manifestaciones grotescas, como parodias no intencionadas del Padrenuestro y del Credo dedicadas a José Antonio y a Franco, calificados a veces de «santos». También albergaba la Falange algunas tendencias anticlericales.

La disgustada jerarquía eclesiástica criticó las «estridencias panteístas» y «hegelianas» del pensamiento fascista, en particular la divinización del estado, al cual no pensaba supeditarse como una pieza[*]. En la pugna, la Iglesia hubo de sacrificar sus organizaciones sindicales, cooperativas etc., pero salvaguardó el derecho a crear escuelas y colegios propios, algunas instituciones universitarias, obras asistenciales y sanitarias, amén de una influencia en algunos aspectos difusa, pero generalizada en la sociedad. Otro motivo soterrado de discordia databa de más atrás. Antes de la guerra, la Iglesia había defendido la conciliación y el legalismo hacia la república, mientras que la Falange se había rebelado muy pronto contra ella, incluso con las armas (bien es verdad, insistamos, que había sido empujada a usarlas por los atentados mortales de la izquierda). Para los falangistas, la presión eclesiástica había prolongado una república inviable, dando alas a la revolución y a la guerra civil. No atacaban por ello directamente a la jerarquía eclesiástica, pero sí a Gil-Robles y la CEDA, tan unidos todos en los años republicanos.

De todas formas la Falange no despertaba suspicacias sólo en la Iglesia, sino también en el grueso del ejército, parte de él monárquico tradicional y otra parte simplemente alérgica al fascismo. Ante estas oposiciones, el aparato falangista iría perdiendo poder, aunque siempre mantuviera una porción considerable de él.

La unanimidad profranquista de la Iglesia no era completa. Varios sacerdotes, intelectuales y políticos católicos habían defendido al Frente Popular, y el clero nacionalista catalán y vasco se había desolidarizado de los perseguidos, pese a ser muchos de ellos vascos y catalanes (no nacionalistas, por lo común). Bastantes de estos clérigos, refugiados en Italia, presionaban contra Franco con ayuda de colegas e intelectuales franceses inquietos ante la perspectiva de que su país se viera encajonado entre potencias hostiles.

La mayoría de los sacerdotes y frailes nacionalistas volvieron pronto a España, y también lo hicieron, desde 1939, bastantes intelectuales nacionalistas catalanes o catalanistas huidos en un primer momento, como Ferran Soldevila, Amadeu Hurtado, Enric Casanovas, Joan Oliver, Rubió i Tudurí —uno de los agentes de la Generalidad en los tratos con París durante la guerra—, etc., que se adaptaron con bastante flexibilidad a la situación. Frente a la política y al ambiente proespañol y franquista predominantes en Cataluña y Vasconia, unos y otros crearon focos de resistencia sorda, punzando con las tropelías contra el idioma y la cultura regionales, las penalidades de la doble posguerra o la condena a Franco por las Naciones Unidas. Pero con poca eficacia. La intelectualidad nacionalista, de estilos por lo común más estridentes que elevados, había perdido su influencia, y no sólo por la censura. Lo mismo ocurría en Vascongadas, donde la densidad intelectual del nacionalismo siempre había sido muy escasa. Otros muchos intelectuales se sentían identificados con el nuevo régimen, a pesar de lamentar su desconfiada intolerancia con las culturas regionales, o, simplemente, sin dejar de considerarse catalanistas o incluso nacionalistas, repudiaban las políticas de la república que, a su entender, habían conducido a la catástrofe.

De esta última actitud sería ejemplo Josep Pla, activo colaborador del franquismo y catalanista al mismo tiempo. Como ha mostrado Luis Linde, Pla se sentía ante todo catalán y a duras penas español, pero despreciaba el victimismo nacionalista y sus poses. Dedicó su esfuerzo entonces a una obra literaria que aportó al catalán y a Cataluña harto más que la retórica y la acción política de los nacionalistas. Los cuales se permitieron motejarle de traidor y someterle a un verdadero ostracismo tras la muerte de Franco[*].

En 1948 volvieron, entre otros, J. M. Ametlla, J. Sales, F. de Pol y Raimon Galí, fundadores de Quaderns de l’exili en Méjico, que alentarían un nacionalismo catalán relativamente nuevo. Su retorno prueba que los peores tiempos de la represión habían pasado —excepto para los comunistas y el maquis—, pues de otro modo habrían sufrido represalias: Quaderns, de lenguaje muy violento, había patrocinado nada menos que organizar una unidad militar de nacionalistas catalanes para luchar junto a los Aliados, como apoyo y sostén de un eventual gobierno prácticamente independiente tras la esperada caída de Franco. Una vez en España, los cuatro promovieron el descontento, con tácita tolerancia de la policía, que probablemente no les daba excesiva importancia. El católico Galí, instalado en Montserrat, emprendió una lenta reorganización nacionalista, a través de reuniones y de grupos de boy scouts, dando lugar, en 1954, al grupo CC (Cristians Catalans)[2].

CC, donde militaba Jordi Pujol, joven de tanto porvenir político, seguía básicamente las pautas de Prat de la Riba, y aspiraba a impulsar un nuevo nacionalismo, distinto del izquierdista y también de la Lliga, que se había diluido como partido y cuyos principales miembros colaboraban con el nuevo régimen (de hecho también la Esquerra se había desintegrado, dentro y fuera de Cataluña). Este y otros grupos ejercían un proselitismo callado, arriesgándose sólo a acciones esporádicas y testimoniales, pero a finales de la década mostraron alguna osadía. Por ejemplo, el grupo de Pujol tuvo cierta incidencia en la organización del boicot contra La Vanguardia de Barcelona, cuyo director, Galinsoga, había expresado opiniones despectivas sobre los catalanes durante una misa en catalán. A Galinsoga lo cesaron al poco tiempo desde Madrid. En 1960 Pujol fue detenido y condenado a siete años de cárcel —cumpliría un tercio— después de protagonizar un sonado escándalo ante varios ministros que solemnizaban la compilación del derecho civil catalán, el homenaje oficial al poeta Joan Maragall en su centenario, y la cesión del histórico castillo de Montjuich a la ciudad de Barcelona. Luego, CC se escindió. Una fracción optó por el marxismo, y otra por una acción cultural y económica.

Quizá la actuación más significativa de los nacionalismos en aquellos años fue, en 1960, un documento firmado por 339 sacerdotes vascos y presentado al Vaticano. Con el estilo clásico de Sabino Arana, los curas denunciaban «la persecución de las características étnicas, lingüísticas y sociales que nos dio Dios a los vascos», así como el nombramiento de obispos no vascos y otras manifestaciones de lo que llamaban «genocidio», para emparentarlo emocionalmente con los exterminios nazis. Un grupo de clérigos vascos se había radicalizado en un sentido sabiniano. El clero nacionalista catalán prefería un estilo de oposición más disimulado, pero desde luego efectivo, como indican unas declaraciones del arzobispo de Tarragona, Arriba y Castro, ya en 1957: «Voy a Roma a manifestar al Papa que la situación en Cataluña por causa de la actuación del clero catalán que procede y actúa en separatista, es para mí inestable y de muy difícil aguante. Si S. S. no corrige, o no puede, la actuación política de esta fracción del clero catalán, yo le voy a pedir que me releve de mi diócesis[3]».

La reivindicación de obispos vascos y catalanes en las respectivas regiones iba a constituir un eje de la agitación nacionalista en los años siguientes. No exigían, claro está, la retirada de los obispos vascos o catalanes ejercientes en otras regiones.

Estos movimientos católicos solían mostrar respeto, cuando no una simpatía fácilmente detectable, por el marxismo. Era un fenómeno aún muy minoritario, pero ascendente, que había de asentarse con fuerza en el seno de la Iglesia, en buena parte a través de la Acción Católica y de organizaciones obreras como la JOC (Juventud Obrera Católica) y la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), o recreativas y regionalistas. Muchos de sus miembros derivarían hacia movimientos revolucionarios, incluso terroristas.

A su vez los comunistas, en España y en muchos otros países, fomentaban los nacionalismos como cuñas contra las democracias capitalistas, por lo que pronto se anudarían relaciones entre unos y otros. Desde el final de la guerra mundial, los servicios secretos soviéticos habían diseñado una estrategia para cuartear a la Iglesia católica mediante movimientos como «Pax», a partir de Polonia, que fomentaban las «contradicciones» entre el clero beneficiado con el calificativo de «progresista» y el tachado de «integrista». La maniobra, de gran alcance, cobraría auténtica fuerza desde la segunda mitad de los años 50, coincidiendo con tendencias más espontáneas.

Evolución tan difícil de imaginar poco antes, no se explica sin atender al panorama mundial de aquellos tiempos. La guerra mundial había terminado con el sometimiento de los países de Europa central y oriental a dictaduras de tipo soviético, en Grecia había estado a punto de ocurrir lo mismo, y en Francia e Italia los partidos comunistas constituían fuerzas poderosas. La década de los 40 terminaba, apenas cuatro años después de la guerra mundial, con un nuevo y gigantesco éxito del comunismo, en cuyas manos caía la inmensa China. En sólo 32 años desde la revolución soviética de 1917, un tercio de la humanidad vivía en regímenes marxistas, mientras en otros muchos países los partidos de esa orientación conspiraban sin tregua para derrocar los sistemas existentes. En los años 50 Corea del Norte desafiaba bélicamente a la propia Usa y terminaba la prueba sin un claro vencedor, mientras el imperio francés doblaba las rodillas en Indochina. El final de esta década alumbraba el triunfo de Fidel Castro, que pronto impondría un nuevo régimen marxista en las mismas barbas del Tío Sam, haciendo de Cuba un foco de inestabilidad general en América. Además, los comunistas influían, cuando no dirigían, muchos de los movimientos anticoloniales que echaban a las potencias europeas de sus inmensas colonias de África y Asia.

Esa expansión asombrosa, sin precedentes históricos de ninguna ideología, religión o sistema político, no llevaba trazas de detenerse en los años 60, cuando la guerra de Vietnam empantanó a la superpotencia useña, que conocería allí su primera derrota bélica. Y todo ello bajo la sombría amenaza de una guerra atómica. Hoy esos hechos parecen lejanos, pero sin recordarlos no lograremos comprender muchos movimientos de la época, entre ellos los ocurridos en España. Los sistemas democráticos europeos habían logrado controlar pasablemente a sus revolucionarios, debido, en muy alta medida, al apoyo de Usa, que había contrarrestado a los partidos comunistas y estimulado la prosperidad de aquellos mediante el Plan Marshall, pero, en conjunto, el comunismo aparecía como poder apabullante y a la ofensiva, frente al cual retrocedían las democracias burguesas, con todos sus éxitos económicos y su potencia militar.

No todo el paisaje era sombrío, desde luego. Pese a que las potencias europeas encajaban golpes demoledores a su prestigio e influencia en Asia y África, la pérdida de sus imperios no las había sumido en la depresión económica, contra lo esperado por muchos. Al revés, en los años 60 Europa occidental conoció el mayor progreso económico de su historia. Algo parecido, a escala mucho menor, había ocurrido en España después del desastre del 98, sólo sesenta años antes. Pero entonces España había sufrido una crisis psicológica, que las democracias europeas esquivaron gracias a su empeño en una creciente unificación económica y política, y a la alerta ante un peligro comunista muy agudo, la conciencia del cual apartaba el ánimo de consideraciones autocompasivas o autodestructivas como las de la España del 98.

La amenaza comunista despertaba voluntad de oposición, pero también una mezcla de sumisión, simpatía y colaboracionismo. Y no porque alguien pudiera ignorar las matanzas masivas de opositores en los regímenes marxistas, la aniquilación de las libertades no sólo políticas, sino también personales, la erección de sistemas policíacos asfixiantes, sin paralelo en la historia, y de una economía carcelaria: la propaganda comunista, extendida por todo el mundo, negaba o justificaba tales hechos, pero nadie podía llamarse a engaño al respecto. Bastaba a los europeos contemplar el muro levantado por la Alemania soviética en 1961, no para evitar la invasión del país, sino la fuga de sus desesperados súbditos.

El filomarxismo cundía en muy diversos ámbitos, lo mismo entre intelectuales y artistas bien al tanto de que el comunismo les privaría de libertad creativa, que entre obreros cuyo nivel económico y derechos ciudadanos superaban de muy lejos los normales en los países sovietizados. Sin duda el poder fascina, y muchos se rendían psicológicamente ante la exhibición comunista de fuerza, seguridad, disciplina y fe fanática en un porvenir utópico, justificador de todas las miserias, sacrificios y crímenes del presente. Necesita todavía estudio el fenómeno de la colaboración con regímenes tales por parte de gentes distanciadas y hasta opuestas, por sus más obvios intereses, a la ideología de Marx. La Iglesia, desde luego, no escapó a esa inclinación, después de haber contribuido tanto a frenar los impulsos revolucionarios de posguerra, sobre todo en Italia y Alemania.

La seudocrítica de Jrushchov a los crímenes de Stalin (sólo a una parte de ellos, y manteniendo la ideología que los había generado), en 1956, incitó a diversos grupos eclesiásticos a proponer un diálogo con los comunistas para superar la incomprensión. Se creyó hallar puntos de contacto: ¿no defendía el cristianismo a los humildes y denunciaba las injusticias de los poderosos? ¿No predicaba el despego de las riquezas? Y la opulencia occidental, ¿no contrastaba insultantemente con la pobreza de muchos países? Los comunistas afirmaban haber traído trabajo para todos y eliminado la miseria, y muchos querían creerlo. Frente a tal avance, ¿qué contaban las libertades o derechos humanos burgueses, incapaces de impedir hirientes desigualdades? Y si los comunistas propugnaban un materialismo agresivamente ateo, ¿no exhibían los occidentales un materialismo práctico, haciendo del consumo el eje de su vida? Así enfocado el problema, podía concebirse hasta una confluencia entre cristianismo y marxismo, y los cristianos debían plantearse si no habrían pecado de soberbia y de identificación con las «clases dominantes» en sus condenas a un sistema que tan arrollador avanzaba por el mundo y tanta esperanza despertaba en las masas y en intelectuales muy distinguidos.

Al lado de estas tendencias eclesiásticas crecían en Europa otras, sobre todo en Holanda, Alemania y Francia, para acercar la Iglesia a un mundo moderno que parecía darle la espalda. También comprensivas hacia el marxismo, éstas buscaban un cambio de orientación, sobre todo en cuanto a la moral sexual.

Por supuesto, dentro de la Iglesia predominaba la línea tradicional, muy defendida por Pío XII, pero las grietas que se abrían aquí y allá movieron a su sucesor, Juan XXIII, a convocar un magno concilio ecuménico, a fin de adaptar a la Iglesia a un mundo en rápido cambio (el aggiornamento). El concilio se inauguró en octubre de 1962, y duraría tres años, la mayor parte de ellos bajo el nuevo papa Pablo VI, pues Juan XXIII falleció en junio de 1963. A lo largo del concilio pugnaron principalmente dos grupos de presión, la progresista Alianza Europea, luego Mundial, inspirada principalmente por obispos alemanes y franceses, y el conservador Grupo Internacional de Padres. Desde el principio los progresistas demostraron mayor cohesión y destreza de maniobra[*].

Ejemplo merecedor de alguna atención por su interés para este estudio fue la moción sobre ateísmo y comunismo. Numerosos obispos, encabezados por el brasileño Geraldo Sigaud, demandaron, ya en 1963, que «se expusiese la doctrina social católica con gran claridad, y se refutasen los errores del marxismo, el socialismo y el comunismo con fundamentos filosóficos, sociológicos y económicos». La petición quedó sin respuesta por parte de la comisión correspondiente. Los progresistas parecían dispuestos a abordar el ateísmo, en plan dialogante, pero no a mencionar al comunismo como enemigo sin paliativos. Pablo VI propugnó a su vez el diálogo en la encíclica Ecclesiam Suam, sin citar al comunismo.

Un año después el obispo chino Yu Pin y otros más insistieron en señalar al comunismo como «uno de los mayores, más evidentes y más desgraciados fenómenos modernos», que obligaba a tanta gente a «soportar injustamente sufrimientos indescriptibles». El sector progresista volvió a dar la callada por respuesta. Salió a la luz por entonces un comentario de un periódico checoslovaco alardeando de la infiltración comunista en todas las comisiones del concilio[4].

Al año siguiente, en abril, un esquema propuesto oficialmente al debate eludía nuevamente la mención del comunismo. Una carta de 25 obispos denunció ese silencio, advirtiendo que así como a Pío XII le habían reprochado injustamente haber callado sobre la persecución contra los judíos, podría reprocharse al Concilio, y esta vez con justicia, su mutismo ante la opresión marxista, interpretable como «cobardía o connivencia». La carta, firmada por 450 obispos, proponía reafirmar la doctrina tradicional sobre el comunismo[5].

Ante la tenacidad conservadora, la comisión arguyó no haber recibido la carta. Cuando se hizo evidente lo contrario, afirmó haberle llegado fuera de plazo, lo cual se demostró igualmente falso. Como principal obstructor salió a la luz el obispo francés Achille Glorieux. Tras otros episodios semejantes, los conservadores lograron incluir algunas palabras sobre el comunismo, pero, como observó el obispo Sigaud, «existe una diferencia entre llevar el sombrero en el bolsillo y llevarlo en la cabeza», aludiendo a la manera casi vergonzante de tratar la cuestión. El intento de una moción más tradicional fracasó. El episodio, aunque pudiera parecer anecdótico, indica el poder adquirido en la más alta jerarquía eclesiástica por los grupos propensos a un entendimiento con los seguidores de Marx y a la atenuación, por lo menos, del viejo antagonismo. Dentro de esos grupos variaba mucho, lógicamente, el grado de simpatía y de esperanza sobre la posibilidad de atraerse a los marxistas[*][6].

En principio resultaba prácticamente imposible el diálogo entre una fuerza resuelta a extirpar la religión y a sus defensores, incluso mediante la liquidación física, como había demostrado una y otra vez, y quienes habían condenado de modo radical a esa fuerza. Desde luego, los marxistas no pensaban renunciar en lo más mínimo a sus posturas, por lo que el diálogo suponía fuertes concesiones de entrada por parte de los católicos. Implícita o explícitamente, los cristianos debían difuminar o incluso renunciar a la doctrina según la cual el comunismo sólo podía producir frutos venenosos, al negar de raíz la libertad y la dignidad humana. Los comunistas, bien advertidos de la situación y avezados a la «lucha ideológica», desarrollaron tácticas de infiltración y utilización de esos talantes eclesiásticos. Nunca llegó a existir un verdadero diálogo, y los contactos nunca o casi nunca atrajeron a los comunistas a la religión, pero sí a bastantes cristianos al comunismo.

Una cruda manifestación de la consiguiente crisis de conciencia eclesiástica, sobre todo en Iberoamérica y con fuertes ecos en España, ya en los años 70, fue la llamada Teología de la liberación, entendida la liberación en términos socioeconómicos no lejanos de los propagados desde Moscú o Pekín. La prosperidad de los países ricos constituiría una brutal injusticia, un producto de la explotación de los países y las masas pobres o, más propiamente, empobrecidos por la rapiña burguesa. En tal esquema la riqueza occidental no guardaba relación con los sistemas políticos que aseguraban el respeto a la vida, la propiedad y los derechos individuales, favoreciendo la iniciativa privada y dificultando la instalación de un poder tiránico. Los «liberacionistas» coincidían con los marxistas en considerar todo ello una fachada irrelevante, tras la cual el sistema de explotación capitalista sumía en la miseria a la mayoría de la humanidad: la abundancia occidental hundía sus raíces en el hambre y las estrecheces del resto del mundo. De acuerdo con ese enfoque, numerosos católicos defendieron las dictaduras izquierdistas del «tercer mundo», o las guerras y la subversión lanzadas por partidos revolucionarios para instaurar dictaduras superadoras —decían ellos— de las embaucadoras y declinantes democracias imperialistas.

En la nueva orientación tenían gran ascendiente pensadores como J. Maritain, que durante la guerra de España había hecho lo posible por desprestigiar al bando nacional ante la Santa Sede y había apoyado activamente al PNV, con el cual identificaba sin más al pueblo vasco. La doctrina de Maritain era por una parte democrática (propició la democracia cristiana), favorable a la libertad de conciencia y la separación de la Iglesia y el estado; pero por otra parte introducía conceptos de tinte marxistoide sobre las «clases dominantes» y los «oprimidos», acusando a la Iglesia, más o menos explícitamente, de haber apoyado tradicionalmente a las primeras en perjuicio de los últimos, mediante fórmulas como la «alianza del trono y el altar». Esta concepción descubría un magnífico flanco al ataque de las izquierdas en general, y del marxismo-leninismo en particular, mellando el filo de la doctrina cristiana. Si ésta había tenido que adaptarse al progreso, era evidente que el progreso podía proseguir sin necesidad de la Iglesia. Y si ésta reconocía —tan tardíamente— su culpable connivencia con los explotadores, sólo podía deberse a la presión y avances de las izquierdas, y debía interpretarse como el comienzo de la definitiva bancarrota religiosa.

La influencia española en el concilio fue escasa. Los obispos hispanos, en su mayoría conservadores, se vieron sorprendidos por el cambio de rumbo, por la inatención a sus experiencias y por el escaso prestigio que les otorgaban sus mártires y su defensa de la fe. Los vientos del Vaticano soplaban en otra dirección.

Aunque parezcan apartarnos del tema, estas consideraciones son indispensables para examinar el respaldo, la simpatía o la pasividad de ámbitos considerables de la Iglesia ante todo tipo de movimientos contra un capitalismo representado en España, y de manera especialmente odiosa, por el régimen de Franco.

Desde su misma inauguración, el concilio fue una mala noticia para el gobierno español, uno de cuyos puntos básicos de legitimación consistía, precisamente, en la lucha contra el comunismo. De pronto se instalaba en círculos eclesiásticos la comprensión hacia el marxismo y la condena a Franco. La identificación del clero con el régimen se debilitaba, y con ello el régimen mismo. Y ya no se trataba de pequeños grupos más o menos clandestinos de curas disconformes, sino de parte de la propia jerarquía, impulsada por Pablo VI y Dadaglio, su nuncio en España desde 1967[*]. La cúpula de la Iglesia se renovó en buena medida, y el trato entre ella y el régimen español cobró cierta frialdad, cuando no acritud.

La Iglesia «progresista» hostil a Franco solía agitar la bandera de los derechos humanos, lo cual contrastaba con su talante abierto hacia partidos tan dudosamente democráticos como los comunistas e incluso, como ocurriría, los terroristas de izquierda, y, desde luego, a los secesionistas. Todos éstos recibirían de ese sector eclesiástico justificaciones ideológicas, cobijo en sus locales, facilidades para organizarse, y un amparo inapreciable frente a la policía. Muchas iglesias se convirtieron en centros de agitación política, para indignación del franquismo. Bastantes católicos y amplios núcleos eclesiásticos —en especial, pero no únicamente, los jesuitas— empezaron a marchar hombro a hombro con sus antiguos enemigos contra un régimen que, considérese el hecho como se quiera, había salvado literal y físicamente a la Iglesia de ser aniquilada por tan extraños aliados de última hora.

Aparte del concilio, el año 1962 trajo otras conmociones al franquismo. Para empezar, la mayor serie de huelgas desde la guerra. Comenzadas en Asturias, se extendieron a Vasconia y Galicia y a algunos centros de Madrid y Barcelona, afectando a unos cien mil obreros. Aunque las reivindicaciones no pasaban de sindicales, la prohibición oficial de huelgas en España les daba automáticamente un tinte político, aun si involuntario en la mente de la mayoría de los obreros; y si bien fue en lo esencial un movimiento espontáneo, no dejó de percibirse en algunos casos la mano comunista. La huelga duró más de un mes, y el gobierno declaró el estado de excepción.

La inesperada amplitud de la protesta hizo creer a diversos círculos políticos en la descomposición de la dictadura. Con esa impresión, en junio se reunían en Múnich más de cien políticos e intelectuales de la oposición interna y externa (democristianos, socialistas, republicanos y monárquicos), dejando fuera a los comunistas. En el cónclave, con posible auspicio de la CIA[7], destacaron Gil-Robles y Madariaga, así como Jiménez de Parga, Íñigo Cavero, Joaquín Satrústegui, Dionisio Ridruejo y otros. Todos pidieron el rechazo de la Comunidad Económica Europea a la petición de ingreso de España mientras siguiera la dictadura. Ésta se lo tomó bastante a mal y calificó la reunión de «contubernio» auspiciado por la masonería, con traidora presencia de derechistas que incluso habían luchado en el bando nacional durante la guerra, dedicados ahora a intrigar con los vencidos contra quienes habían salvado a España de la revolución. Los de Múnich, a su vez, dando el régimen por agotado, deseaban neutralizar un muy probable protagonismo del PCE en la nueva situación esperada. Los del «contubernio» aunque personalidades de relieve, carecían de fuerza social detrás de ellos. Unos sufrieron meses de destierro en las Canarias u otros puntos, y otros se sumaron al exilio, como Gil-Robles, que lo hizo durante dos años. Hecho clarificador: el que fuera máximo líder de la derecha treinta años antes, y que tanto había contribuido a salvar las libertades en 1934, apenas despertaba atención dentro del país[*].

En abril del año siguiente fue ejecutado en Madrid Julián Grimau, un dirigente comunista muy comprometido en el terror contra la derecha durante la guerra, cuyo envío a España desde el exterior pareció a algunos una decisión bastante extraña. La vasta campaña internacional de protesta no tuvo prácticamente eco dentro de España, pero intensificó aquella sensación de crisis y aislamiento del régimen, reforzada unos meses después por la elección del papa Pablo VI, nada amigo de Franco. Entre tanto, unos atentados anarquistas que ocasionaron varios muertos y heridos dieron lugar a la captura y ejecución de sus probables autores en agosto, y a nuevas protestas exteriores, aunque mucho menos resonantes. Y en la misma onda de ofensiva, en noviembre el abad Escarré, del monasterio de Montserrat, lanzaba un ataque frontal al gobierno desde el diario francés Le Monde. Allí denunció la persistencia de presos políticos y la necesidad de libertad de prensa y de elecciones, calificando al régimen de subversivo y resaltando el carácter nacional de Cataluña y su derecho a su cultura, historia y costumbres: «Somos españoles, no castellanos». España había vivido «25 años de victoria pero no de paz». Aquello, viniendo de un religioso antaño franquista y muy afín al Opus Dei, era más de lo que la dictadura podía tolerar, y ésta presionó hasta obligar al abad a exiliarse. Para el gobierno, la política de Escarré o la de los de Múnich, aparte de traicionera, devolvería a España al caos de preguerra, máxime teniendo en cuenta que la oposición no había cambiado mucho de modo de ser y pensar.

El PNV y los nacionalistas catalanes apenas tomaron parte en la ofensiva contra Franco (poco efectiva, de todos modos), y serían los comunistas quienes brillasen en los años siguientes. Hasta entonces la infiltración del PCE en ámbitos intelectuales y sindicales había rendido poco fruto: salvo contadas huelgas o manifestaciones estudiantiles, como las de Madrid en 1956, la década de los 50 había traído al PCE muchos más reveses que victorias. Pero desde 1962 el panorama mejoró para él gracias a dos iniciativas: las Comisiones Obreras y el Sindicato Democrático de Estudiantes (CCOO y SDE).

Las comisiones surgieron espontáneamente en las huelgas de dicho año, como grupos de delegados ocasionales al margen del sindicato oficial[*], y el PCE tuvo la visión de darles una estructura permanente, en apariencia abierta a todo el mundo, pero férreamente controlada por él. Este movimiento se organizó en gran parte en locales eclesiásticos y con ayuda del clero «progresista». Con su ficticio desligamiento de partidos —de los cuales se fiaban poco los obreros— y su agitación reivindicativa, CCOO ganó prestigio, explotó durante unos años su posición ambigua, ni legal ni ilegal, y probó a copar en las elecciones los cargos del sindicato oficial, para dominarlo desde dentro. La ficción apolítica no duró, pues todo el mundo llegó a saber qué partido estaba detrás, y en 1967 la policía desarticuló las CCOO, sumiéndolas en crisis. El PCE aplicó en la universidad la misma táctica de crear un montaje supuestamente apartidista, gracias al cual terminó por hundir al sindicato oficial de estudiantes (SEU) a finales de la década.

Siguiendo la estrategia comunista de ahondar en todas las posibles grietas del sistema, tanto CCOO como el SDE fomentaban los nacionalismos vasco, catalán y gallego, incluyendo entre sus reivindicaciones el derecho de autodeterminación o los «derechos nacionales». Dado el éxito considerable de Comisiones y del Sindicato Democrático también en Cataluña y Vasconia, puede decirse que el grueso de la agitación pronacionalista, aunque mezclada con reivindicaciones más generales, recayó por entonces en dichas organizaciones de dirección comunista.

El PCE se hizo el eje de casi toda la oposición antifranquista —salvo en Vasconia, debido a la incidencia del terrorismo—, a la cual alentaba y trataba de dirigir, anudando lazos y proponiendo acciones comunes. Llevó el acuerdo hasta personajes de la «oligarquía» y exfranquistas como Areilza, Joaquín Ruiz Giménez o Joaquín Satrústegui, ocupados en asegurarse un espacio político a la muerte de Franco. Éstos pensaban valerse para sus fines del esfuerzo comunista, tal como los comunistas pensaban utilizarlos a ellos. El PCE, que ni en su época más stalinista había dejado de enarbolar la bandera de las libertades, lo hizo entonces con redoblada energía. Crecía así una confusa marea antifranquista, mezcla inextricable de totalitarismo marxista, anticapitalismos de diversa índole, nacionalismos regionales y reivindicaciones democráticas. En un sentido retomaba los tópicos del Frente Popular, pero en otro se alejaba de él, concibiendo hasta la posibilidad de una monarquía (no la de Juan Carlos), mientras los gobiernos y grupos del exilio quedaban cada vez más remotos.

Aun con todos sus avances, el movimiento comunista sufría una crisis, reflejo de la división entre la estrategia maoísta y la soviética. Tras la frustrante aventura del maquis, el PCE pensaba alcanzar el socialismo real por medio de movimientos de masas, y, si bien mantenía la idea de la lucha armada, la relegó a segundo plano. Por esa semirrenuncia le acusaban los maoístas y otros comunistas radicales, muy activos y a veces violentos en la práctica, pero atomizados. El PCE replicaba exhibiendo sus movilizaciones y otros éxitos políticos. Pero tales avances, si bien muy notables comparados con otras épocas, estuvieron siempre lejos de la «huelga nacional» con la que los comunistas aspiraban a derrocar el franquismo.

Pues en realidad el régimen no se debilitaba, sino que se robustecía en muchos sentidos. Había derrotado a todos sus enemigos internos y externos, y en 1951 había superado la renta per cápita de preguerra. En los años 50 había desaparecido el hambre, por primera vez, entre las causas de muerte en España, y aunque la autarquía cultivada hasta entonces estaba agotada a finales de la década, una oportuna reforma económica empujaba desde principios de los 60 una espectacular expansión productiva que, entre otras cosas, resolvió definitivamente la vieja cuestión agraria mediante la emigración, única salida adecuada al exceso de población campesina[*].

Un indicio de la fortaleza del franquismo lo ofrece la emigración a otros países europeos, por la que pasaron quizá tres millones de personas durante ese decenio (aunque nunca hubo, ni mucho menos, tres millones de emigrados simultáneamente, como indican algunos informes). Estas personas abandonaban sus pueblos y a menudo sus familias, y por tanto debían estar resentidas con el régimen al que podían culpar de sus penurias, aparte de probar en el extranjero las libertades y la democracia. Sin embargo los emigrantes que iban y venían no actuaron, en general, contra el franquismo, y la propaganda de las formaciones izquierdistas en el exterior surtía escaso efecto sobre la mayoría de ellos. Otro indicio lo encontramos en el número de presos políticos, inferior al medio millar a finales de la relativamente agitada década, y a pesar del fuerte incremento causado por las actividades de la ETA.

La propia acción de las oposiciones se realizaba en muy buena parte por medios legales o semilegales, prueba del profundo cambio en el régimen desde los años 40. Aunque sin libertades políticas, en los 60 la libertad personal era muy amplia y la prensa más plural, abundando publicaciones contestatarias como el diario Madrid, y hasta comunistas sin mucho disimulo, como la influyente revista Triunfo; o se editaban numerosos libros marxistas. La progresiva liberalización hablaba de un régimen que se sentía menos amenazado y más capaz de absorber protestas. La propaganda presenta a los movimientos antifranquistas nimbados de heroísmo frente a una feroz represión, pero la tolerancia oficial con ellos aumentaba, y la represión, en forma de multas, suspensiones o encarcelamientos generalmente breves, sólo se endurecía cuando la impronta comunista destacaba demasiado, o se atacaba demasiado directamente a Franco. Las ejecuciones de Grimau y de dos anarquistas por atentados marcaron los límites. En trece años, desde 1963 a 1976, el Tribunal de Orden Público juzgaría a 11 261 personas por actividades antifranquistas, cifra indicativa de la poca actividad opositora en un país de unos 35 millones de habitantes. Tampoco las penas, 10 146 años de prisión, menos de un año por persona, indican una represión brutal, máxime cuando la mayoría no se cumplieron, por ser inferiores a un año. Y la vasta mayoría de los detenidos simpatizaba con regímenes incomparablemente más represivos[9].

En Cataluña, la oposición propiamente nacionalista era casi insignificante. Jordi Pujol y otros se orientaron, como dijimos, hacia la acción cultural, mucho menos arriesgada que la política, pues el régimen la permitía y a veces la fomentaba. Trataban, pues, de aprovechar esas ventajas y dar a su actuación un sesgo nacionalista abierto o solapado. En 1961 fundaron la asociación legal Òmnium Cultural. También surgió por entonces la Nova cançó, un movimiento de cantantes de calidad desigual, varios de ellos muy politizados en sentido izquierdista o nacionalista, o ambos, y que compusieron algunas canciones de propaganda antifranquista[*].

Después de las declaraciones de Escarré, en 1963, habría que esperar tres años a una campaña de tintes claramente nacionalistas: la emprendida contra los obispos de origen no catalán. Sus propulsores, que alardeaban de europeísmo y modernidad, sólo admitían en Cataluña obispos catalanes, nacionalistas, se suponía automáticamente.

También en 1966, en marzo, nació el Sindicato Democrático de Estudiantes barcelonés. El título «democrático» no impedía que el grupo estuviera bajo la firme rienda del PSUC, la sección catalana del PCE. De nuevo salió a la luz la colaboración entre los comunistas y la Iglesia «avanzada», pues la fundación del sindicato tuvo lugar en el convento de capuchinos de Sarriá, donde los estudiantes reunidos pudieron mantenerse dos días antes de que la policía recibiese autorización de intervenir, recibiendo con ello la máxima repercusión publicitaria. Numerosos estudiantes fueron arrestados. Poco después, en mayo, 130 sacerdotes y religiosos protestaban en la vía pública barcelonesa por los malos tratos a un estudiante[*]. Una manifestación de sotanas resultaba un espectáculo realmente insólito, y no pareció a muchos del todo serio, pero en adelante iban a aparecer cada vez más curas mezclados en actividades de izquierda, sin exceptuar las terroristas.

En esos años los círculos nacionalistas mostraban la mayor preocupación por la riada de inmigrantes llegados a Cataluña. El desarrollo económico ocasionó un trasvase de población desde las zonas agrarias de Andalucía, Extremadura, Castilla o Galicia, hacia las grandes ciudades, en especial Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Vigo, etc. Según la propaganda habitual aún hoy, el régimen había procurado el empobrecimiento de Cataluña y al mismo tiempo la inmigración, para descatalanizar el Principado. La contradicción salta a la vista. En realidad, el franquismo promovió desde sus mismos inicios la industria y las empresas en Cataluña, la cual disfrutó en los años 60 de una prosperidad sin precedentes, pese —o quizá gracias— a haber descendido mucho el proteccionismo tras la anulación del arancel Cambó. Muy lamentada por los nacionalistas, la inmigración contribuyó al enriquecimiento general y no afectó seriamente a la cultura tradicional catalana, pues paralelamente hubo un resurgimiento de ésta, tolerado y a veces ayudado desde instancias oficiales.

Los inmigrantes constituyeron la principal base de los movimientos reivindicativos y, aunque no nacionalistas, defendieron reclamaciones catalanistas con más energía y riesgo que los propios nacionalistas, cuya presencia en la lucha contra la dictadura fue, insistamos, precaria. Así, a través de la acción comunista y clerical, empezó a rehacerse inopinadamente el nacionalismo. El PCE estimulaba los nacionalismos vasco, catalán y gallego para fracturar al enemigo principal, la oligarquía financiera y terrateniente, con tanto mayor entusiasmo a causa de la aversión al nacionalismo español de un régimen que le había derrotado una y otra vez. Durante esos años la oposición antifranquista unió la repulsa a Franco con la repulsa al patriotismo español, aunque se hablase de «otra España» de definición imprecisa y variable según el partido que emplease la expresión. No fueron, sobre todo en Cataluña, los nacionalistas, sino los comunistas —y de otra manera la Iglesia— quienes impulsaron y apoyaron el renacer del nacionalismo.

Renacimiento relativo. En los últimos años se ha creado una difundida impresión de que Franco tenía muy mal ambiente en Cataluña, pero eso sólo ocurría en ámbitos minoritarios. El dictador visitó oficialmente quince veces la región, la última en 1970, cuando ya se hacía notar su declive físico. En todas ellas fue objeto de un recibimiento multitudinario y entusiasta, bien explícito en fotos y documentales[*].

La década de los 60 terminaba, en 1969, con la constitución de la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, impulsada, como casi siempre, por los comunistas. En ella entraban grupos nacionalistas, como la Esquerra, un Front Nacional, y la democristiana Unió Democrática de Catalunya, todos ellos grupúsculos, pero interesantes para la táctica del PSUC.

Y también terminaba la década con un nuevo golpe al régimen por parte de Pablo VI, que en 1969 reconvino públicamente a los obispos españoles y al franquismo, tomando partido por el clero «progresista». La advertencia papal despertó auténtica indignación en los criticados, y un obispo llegó a acusar al papa de apoyar al terrorismo, según relata el cardenal Tarancón, principal abanderado de los nuevos aires. El papa «no veía con agrado la vinculación que la Iglesia española tenía con el régimen. Temía que cuando se produjese el cambio tuviese que pagar la Iglesia una factura muy cara». Y deseaba promover a los obispos más despegados u opuestos a Franco[10].

Ese mismo año asistía Tarancón a un simposio de obispos europeos en Suiza, y en él «me di cuenta de que el fenómeno contestatario que se había iniciado en España no era más que un eco —y muy débil, por cierto— de la corriente contestataria que de manera impetuosa irrumpía sobre Europa (…). En Europa se defendía la tesis de que los sacerdotes debían comprometerse en el cambio de las estructuras políticas y sociales en nombre del Evangelio y aun por procedimientos violentos, porque eran injustas. Se hablaba ya abiertamente de la “teología de la violencia” y de la “teología de la revolución”. Sin duda los democráticos líderes comunistas tenían bastantes razones para estar contentos de evolución semejante[11]».

En resumen, en los años 60 surge en España un nuevo movimiento de izquierda y nacionalista con rasgos históricamente inéditos, principalmente la hegemonía comunista, mientras casi se esfumaban fuerzas otrora tan definitorias como los republicanos, anarquistas, socialistas o los viejos partidos nacionalistas. Al lado de este fenómeno, aparecería un terrorismo nacionalista también nuevo, en Vascongadas. A este último es preciso dedicar un capítulo aparte, por su trascendencia.

Pero el rasgo clave de la época fue sin duda el cambio en la Iglesia, su parcial pero muy nutrida incorporación al antifranquismo. Para el régimen constituyó un problema mucho más serio que la proliferación de grupos de oposición rara vez influyentes. Pues de un lado la defección eclesiástica fragilizaba uno de los pilares del sistema, y de otro alimentaba a todos sus enemigos. Dentro de la Iglesia pueden distinguirse tres tendencias. Una, minoritaria y representada en especial por el obispo Guerra Campos, continuaba fiel al régimen; otra, posiblemente mayoritaria, trataba de preparar un relevo no traumático del franquismo sin romper del todo con él, línea representada por Tarancón; y la tercera se comprometía abiertamente con los extremismos de izquierda. La línea separadora entre las dos últimas tendencias no siempre quedaba clara. Quizá como balance final cabría señalar que la Iglesia desempeñó un papel muy relevante en la creación de un ambiente social propicio a las libertades y a un cambio político moderado, pero al mismo tiempo favoreció de modo no menos importante el despertar de movimientos totalitarios, secesionistas y hasta terroristas.

Capítulo 23

UN TERRORISMO BENDECIDO

El protagonismo comunista en la oposición a Franco sólo quedó parcialmente eclipsado, ya en los años 70, por una organización nacionalista, la ETA, desgajada del PNV y resuelta a emplear el terrorismo como método fundamental de acción.

Arana nunca reprobó la violencia. Desde su reivindicación de las «glorias patrias» a la siembra de un odio despiadado al «hijo del romano», pasando por las incitaciones belicosas, todo su discurso entraña un llamamiento a las armas. Si no preconizó el recurso inmediato a ellas se debió, como él mismo explicaba, a la realista apreciación de que tal aventura tenía pocas trazas de concluir bien para los suyos. No obstante quedaría en el PNV una sorda inclinación por la violencia, aunque apenas llegara a cuajar, manifiesta en el pacto con los separatistas catalanes y gallegos en 1923 y en algunas iniciativas durante la República, así como en la tradición de formar juventudes con espíritu paramilitar, para cuando las condiciones permitieran pasar a los hechos.

La derrota, no especialmente gloriosa, en la guerra civil había convencido al PNV de la inutilidad de la acción armada, al menos por un largo tiempo. En la euforia del fin de la guerra mundial no habían faltado iniciativas guerreras, preparándose algunos grupos de acción por los servicios secretos useños, pero entre la desalentadora experiencia del maquis, la falta de eco en la población, y el afianzamiento de Franco, los dirigentes renunciaron a esa vía, con algunas excepciones irrelevantes.

Se impuso entonces el pacifismo, prevaleciendo en los círculos sabinianos la orientación cristianodemócrata y europeísta. Mantenido el núcleo esencial de la doctrina sabiniana, el europeísmo aparecía como un modo indirecto de diluir, y en su momento eliminar, la nación y el estado español, mientras que la combinación de democracia y cristianismo permitía denunciar al régimen de Franco acogiéndose a un tiempo a la vasta protección de la Iglesia y al prestigio de la democracia. Pero el fracaso de las maniobras políticas y diplomáticas de Aguirre a partir de 1946 había llevado al PNV a la pasividad. Muchos viejos dirigentes y militantes del PNV, como Luis, el hermano del fundador, vivían apaciblemente en España. Todo ello irritaba a algunos jóvenes, proclives a tomarse al pie de la letra las prédicas de Arana, transmitidas por tradición familiar o en círculos eclesiales.

Ya en 1952 una tertulia de estudiantes de los jesuitas de Deusto sacó la revista clandestina Ekin («Hacer»), para integrarse pocos años después en la asociación juvenil nacionalista EGI (Eusko Gaztedi Indarra). Al no lograr imponer en EGI sus puntos de vista se escindieron, arrastrando a algunos simpatizantes, y en 1959 fundaron un nuevo grupo, «Euskadi ta Azkatasuna» (Euskadi y Libertad, o Euskadi y Soltura[*]), la ETA, llamada a incidir en la historia española, a partir de los años 70, casi tan profundamente como el terrorismo anarquista en la Restauración.

La ETA trajo innovaciones al nacionalismo vasco. Se proclamó revolucionaria y, calificando de reaccionario al PNV, propugnaba un partido socialista vasco, no marxista al principio. Rechazaba también la idea del sufragio «fogueral» o de los padres de familia, caro al PNV, y aceptaba el sufragio universal. Asimiló «Euskadi», como supuesta colonia, a las africanas, cuyos movimientos armados anticoloniales debían imitar los vascos: «Es evidente que el camino que hemos de seguir es similar al de los argelinos o angoleños». También contaba mucho en la nueva orientación el modelo castrista, impuesto en Cuba desde 1959 mediante la guerrilla. En su desarrollo, la ETA iba a tener relaciones muy estrechas con la revolución cubana y la argelina, a través de los respectivos servicios secretos. También defendía la federación de «Euskadi» en Europa, con ciertas reminiscencias anarquistas: no federaciones «de entes monstruosos como los estados modernos. El federalismo ha de ser integral, que partiendo del individuo pase por el Municipio, Provincia, Estado o región, Federación europea (en nuestro caso) y que llegue si se quiere hasta la federación mundial». Y vaticinaba, a principios de los 60: «Los Estados actuales, España, Francia, Italia, etc., no tendrán sentido de seguir existiendo de aquí a veinte años[1][*]».

En cierto sentido la ETA refundaba el nacionalismo. No obstante, el núcleo de su ideología seguía siendo la doctrina de Arana: los siglos de integración con las demás regiones en la unidad de España quedaban reducidos a un recuerdo oprobioso. Se trataba de «empaparnos de las ideas de nuestros antepasados y con ellas como base comenzar la reconstrucción». Obviamente, los antepasados eran Arana y sus seguidores, pues los vascos comunes, como sabemos, se habían considerado españoles durante siglos. En su exclusivismo iban incluso más allá que el resignado PNV, como pone de relieve su crítica: «De los dos miembros principales de la inoperante coalición del llamado Gobierno de Euskadi [en el exilio], nos gustaría tratar más de cerca al partido que se esconde tras la sigla PSOE. Para que ningún ingenuo se llame a error, le diremos que PSOE significa ni más ni menos que Partido Socialista Obrero ESPAÑOL, y no como alguien creyera Partido Socialista Obrero de Euskadi. El PSOE es pues el representante de los intereses de clase de los obreros españoles que, para su desgracia, nos trajeron a Euskadi tantos y tantos de los capitalistas bilbainoides (…). Es el partido de una minoría extranjera importada en Euskadi para desnacionalizar a este pueblo esclavizado por España (…), realiza un colonialismo contra el pueblo que sufre la invasión»; un partido aspirante a imponer «una filosofía a lo PSOE a un pueblo que difiere del español más que el ruso de los paraguayos[2]».

Difiriendo tanto, como ya había enseñado Sabino, no podía extrañar la crítica, extensible también a los comunistas: «El PC español y su apéndice vasco, actúan ante todo no como internacionalistas, si no como españoles». Y así, «Porque queremos ser auténticamente vascos, porque creemos sinceramente que el Pueblo Vasco se salvará a la vez que el hombre vasco, no creemos al comunismo, por muchos Partido Comunista de Euskadi que haya. No basta decir Euskadi muchas veces, incluso en sus emisiones para los vascos nos radian ¡¡¡bilbainadas norteñas!!!» (aludía a las emisiones de la comunista «Radio España Independiente», que emitía desde el este de Europa con tan apropiado nombre)[3].

Otro tópico extraído de Arana: España «saca de Euskadi todo el dinero (tomándonos como país conquistado) para desperdiciarlo y perderlo entre todos los esbirros de los diferentes ministerios (…) además de emplearlo en embellecer Madrid y diferentes regiones. Así vemos que solamente Vizcaya da a Madrid más de quince veces el dinero que recibe del poder centralista para poder atender a la enseñanza, la conservación de carreteras, puertos, etc.». Vasconia, como el resto de España, prosperaba en los primeros años 60 con más rapidez que nunca, y las inversiones del estado allí superaban en mucho a las de otras regiones, debido a sus ventajas iniciales. No faltaban en la propaganda etarra, como en la del resto de la izquierda, las alusiones a los «sueldos de hambre», o «de miseria», cuando el hambre ya no existía y los sueldos mejoraban de año en año[4].

Con el descrédito del racismo tras la derrota de Hitler, los nacionalistas procuraban eludir las declaraciones al respecto, pero la idea continuaba como un motivo no por oscurecido menos eficiente. La ETA también condenaba el racismo, pero éste afloraba en expresiones como «los rusos y los paraguayos», o en sus alusiones a los inmigrantes, llamados despectivamente «coreanos» e «invasores», supuestamente cargados de odio hacia los vascos. El remedio propuesto tiene toques totalitarios: «El problema de la emigración-inmigración de Euskadi, lo mismo que los demás problemas vascos, no tiene solución sin libertad nacional (…). El problema es, estrictamente, un problema de Planificación Demográfica (…) de regulación racional de los movimientos de la mano de obra: vasca en primer lugar, como es natural, y extranjera después». No obstante, las pretensiones socialistas en su doctrina causarían divergencias. Después de todo, los inmigrantes protagonizaban las principales huelgas, vistas por los etarras como un poderoso ariete contra el franquismo, el enemigo principal por el momento. Algunos hablaban de asimilarlos en lugar de expulsarlos, y había quien osaba ver en la inmigración no una maniobra política de Madrid, sino a una tendencia general en Europa: «También Milán está llena de “coreanos” italianos y París de “coreanos” franceses, de “coreanos” españoles y de “coreanos vascos”; y proponía vagamente tratar a los inmigrantes como “víctimas del desastre franquista[5]”».

Abundaban las buenas intenciones: «No creemos conveniente fomentar un nacionalismo exagerado y absorvente (sic), al estilo de los regímenes totalitarios. Tales formas tienen más de fanatismo ciego que de verdadero patriotismo». De la sinceridad de esas frases pueden dar idea otras: «Con ocasión del verano, toda Euskadi se engalana para recibir a los turistas; en algunas zonas no se engalana, sino que se vuelca materialmente para entretenerles y divertirles (…). En vez de recibir a pedradas o a tiros a los extranjeros que frivolizan ante un pueblo que agoniza, en vez de machacar a golpes a los turistas españoles y franceses (…). ¡Qué triste espectáculo el que da Euskadi en verano! Por doquier folklore vasco. Un folklore externo y prefabricado, sin nervio, sin vibración vasca, que se generaliza como la peste y pretende arrogarse incluso títulos de actividad vasquista. ¡Qué horror! (…) ¡¡¡Mientras tanto el país desaparece y se consuma con alegría incomprensible nuestro propio genocidio!!! He ahí a nuestro pueblo: mientras se le asesina, sonríe y agasaja (…). Se nos dirá que el folklore es un elemento que da conciencia nacional. Conforme (…) [pero] la hora del folklore ha pasado. ¡Abajo el folklore! ¡Viva la Resistencia Nacional Vasca!»[6].

¿Agonizaba la cultura vasca? Como la misma protesta indica, ocurría lo contrario. Aparte de la cultura vasca en castellano y del folklore, aumentaba la edición de libros en vascuence, la Academia Vasca, reorganizada desde 1950, se aplicaba a unificar y normalizar el idioma, surgían nuevas y variadas actividades culturales en el idioma regional… aunque con insuficiente impronta nacionalista para el gusto de los enojados etarras. Y la gente común, lejos de sentirse «esclavizada», «asesinada» o sometida a «genocidio», manifestaba, al parecer, una alegría desazonante.

Los reprimidos fervores raciales se transfirieron con reduplicada fuerza al idioma, elemento definidor y separador, como recoge el discurso exasperado de un jefe etarra ante miembros del PNV: «ACABO DE DEJAR DE HABLAR EN LA ÚNICA LENGUA VASCA que existe y, por lo que sea, empiezo a hablar (…) en ESPAÑOL, en el idioma de España, en el mismo en que se expresan Eymar[*] y Franco (…). Siento vergüenza y asco. Es insoportablemente doloroso, para los patriotas verdaderos, este abandono de nuestra maravillosa lengua nacional y su sustitución, hasta alegre diría, por la lengua del opresor de siempre». El castellano, lengua de la gran mayoría de los vascos y hablado desde tiempo inmemorial en la región, idioma de sus fueros y de la mayor parte de su literatura, resultaba no ser un idioma vasco. Peor incluso: «El español y el francés (…) son las lenguas al servicio del genocidio (…). Rechacémoslas visceralmente, ¡vomitémoslas!»; «El pseudopatriota euskaldún que no enseñara euskara a sus hijos es un monstruo (…) mezcla de imbecilidad y de histeria norteña», aunque un observador imparcial podría encontrar la histeria más bien en tales frases; «El patriota vasco que no habla euskara (…) es un tipo de idiota que debe desaparecer»; «Un vasco para el cual el problema del euskara no es DECISIVO es un traidor». Claro que casi todos los etarras tenían el español común por idioma materno, hablaban el vascuence con torpeza, o no lo hablaban en absoluto, pese a sus esfuerzos por dominarlo; y la población vascohablante mostraba poco interés en sus prédicas[7].

Todo esto era el más crudo lenguaje de Sabino Arana, y también el catolicismo de los activistas en la primera época. Catolicismo, sin embargo, «progresista» veteado de marxismo. Lo exhiben artículos como éste publicado en Zutik en 1961: «Los Obispos de Cuba ya han clamado contra las torturas y contra la falta de libertad (…) y pronto la palabra del propio Papa ha venido a apoyarles, exhortando a los católicos cubanos en esta hora difícil. Si el que esto suscribe, y como él otros muchos vascos, no hubiera perdido ya totalmente la Fe, la reacción no sería ya, como es todavía, la indignación, sino simplemente la reafirmación. Diríamos: la Iglesia es una organización reaccionaria, llena de fascistas. (…). Pero el que suscribe, a pesar de recibir jarros de agua fría todos los días, aún no ha perdido la facultad de la indignación y de sorpresa. (…). Porque los que ahora protestan de las torturas y de la falta de libertad, no dijeron nada contra Batista y contra Trujillo (…). Y porque la Iglesia protesta en Cuba contra la tortura, y en España condena por sus evidentes falsedades a los sacerdotes que la proclaman en escrito estrictamente cierto (…). Condenar la tortura castrista y aprobar la franquista es una vergüenza. Porque Castro es infinitamente menos anticristiano que Franco, verdadero anti-Cristo. (…) Tanta falsedad, tanta injusticia, tanto fascismo, tanta porquería es ya injustificable. ¿A quién puede convencer la Iglesia predicando en las Encíclicas los Derechos del Hombre, si luego, indefectiblemente, apoya a los mayores opresores de la Humanidad? (…) Castro devuelve las tierras a los agricultores, expulsa a los supercapitalistas, inicia la revolución social… en ese preciso momento se inician los malos momentos. No en los siglos de colonización española, cuando los periódicos anunciaban aun a fines del siglo XIX “la venta de una negra robusta, con cría”, ni en la época del analfabetismo general y la explotación económica total, hasta la llegada de Castro. Claro que en Cuba nunca ha habido respeto a la persona humana, nunca más que con Castro (a pesar de las deficiencias que conocemos[8])».

El clarificador escrito refleja la fuerte inclinación de los cristianos progresistas de la época por el comunismo, y a despreocuparse de los fusilamientos, torturas y abolición de los derechos humanos en los regímenes marxistas, puesto que erradicaban los horrores del capitalismo.

Luego resalta el falseamiento de la realidad. En Cuba persistió el esclavismo más tiempo que en otros lugares, pero en ello tuvieron mucho peso los intereses catalanes y vascos como parte de los españoles. Y el nivel de vida cubano era, en la colonia y antes de Castro, uno de los más altos de Iberoamérica; y bajo el índice de analfabetismo. Castro dio unas engañosas propiedades al sector más pobre de la población y enseñó a leer —como medio de adoctrinamiento e imponiendo una censura estricta— a los analfabetos restantes, en torno al 15%. Las principales víctimas del expolio y expulsión de los «supercapitalistas» fueron miles de españoles dueños de pequeños y medianos negocios. Llegaría a huir del castrismo más del 20% de la población, proporción rara vez alcanzada en la historia de los totalitarismos del siglo, pero que nunca ha impresionado a los admiradores occidentales de Fidel Castro[*].

No menos interés tiene la comparación con España. Así como las condiciones de vida mejoraban rápidamente en este país, el bienestar material de los cubanos empeoró con la misma rapidez bajo el castrismo. Y pintar como no anticristiano a Castro, líder de un sistema totalitario y agresivamente ateo, y como el «anti Cristo» a Franco, que, sin el más mínimo asomo de duda, salvó a la Iglesia de un sanguinario exterminio perpetrado por las fuerzas con quienes los nacionalistas vascos se habían aliado y a quienes, por interés secesionista, habían apoyado ya antes de empezar la guerra, sólo puede calificarse de asombroso.

La indignación que rezuman las palabras del ideólogo de Zutik provoca perplejidad. ¿Hasta qué punto hablaba con sinceridad? A primera vista, y aun admitiendo su desinformación o ignorancia, parece inspirado por nobles e ingenuas aspiraciones, pero no puede haber ingenuidad. No había posibilidad material de ignorar el carácter de los regímenes marxistas, o la mejora de las condiciones de vida en España o la muy favorable situación del país comparada con la de dichos regímenes, porque los datos disponibles para cualquier persona medianamente informada o deseosa de informarse eran abundantísimos. Se trataba, forzosamente, de falseamientos deliberados. La falsedad encontraba justificación como instrumento de movilización en pro de un sistema sublime de justicia social y liberación del ser humano vasco, y contra un enemigo absolutamente denigrado. Se mentía, pues, por la buena causa, por la movilización de los vascos. Quienes así escribían podían llegar a sugestionarse y creer sus propias patrañas, pero sólo a costa de rechazar gran parte de la realidad. La indignación funcionaba a un tiempo como justificación y como pose, en un proceso psicológico bastante simple[*].

Cabe observar asimismo que la rápida evolución de aquellos cristianos hacia el comunismo no les impediría nunca utilizar al clero. Pocos sacerdotes simpatizaban aún con el nacionalismo revolucionario, pero su número crecía y, como señalaba Zutik por aquellas fechas, existía ya «una minoría de excelentes sacerdotes y ciudadanos vascos que hacen lo indecible para la aplicación de estos principios. Para ellos, pocos pero llenos de coraje y buena voluntad, nuestra admiración y nuestro ánimo para que continúen contra todos y contra todo por el camino trazado[9]». Con el tiempo, la cosecha etarra en medios clericales llegaría a ser espléndida.

Fue en 1962, con motivo y por influjo de las grandes huelgas, cuando la atracción hacia el marxismo cobró vigor superando prevenciones, flojas desde el principio: «No que el marxismo sea imperialista o genocida: nada más erróneo que esto», aseguraban con énfasis los etarras. Lo malo del marxismo era su carácter «a-nacional, al margen de las naciones étnicas». Pronto aprenderían a nacionalizarlo[10].

También en 1962 salió a la luz un libro orientador en buena medida de la ideología etarra: Vasconia, de Federico Krutwig, llamado con cierta exageración «la Biblia de ETA». Krutwig, hispanovasco de padre alemán adinerado, se hizo nacionalista radical. Queriendo renovar la ideología, se presentaba como apóstol de la lucha armada en el esquema marxista-leninista o maoísta. En su libro rompía de palabra con el racismo de Arana, cambiando la idea de raza por la de etnia, más científica en su opinión y caracterizada por el idioma y diversos rasgos sociales. Sin embargo su concepción de la etnia resulta tan absorbente, exclusivista y violenta, que remite claramente al nazismo: «Mi espanto fue tremendo cuando me enteré que Leizaola [el lendakari del gobierno “vasco” en el exilio] era colaborador gratuito del enemigo. Siendo la máxima representación de las esencias de los vascos, permite que sus hijos hablen la lengua del enemigo. En la Europa central hubiera sido fusilado de rodillas y por la espalda». «El progreso habla en vascuence, la reacción en castellano», diría en otra ocasión. A su entender, los nacionalistas se habían hispanizado mucho en el exilio[11].

Su etnicismo le opuso al catolicismo, tanto por compartirlo los españoles y franceses, como por sus valores, en los cuales veía una rémora para una «guerra de liberación» obligadamente cruel e inmisericorde. «No hay duda de que la Iglesia de Roma ha sido el arma empleada para esclavizar el espíritu vasco, el arma de opresión más odiosa. Al pueblo vasco se le impuso una clase explotadora que lo expoliaba en nombre de Cristo y en favor del catolicismo de España o Francia». Tocante a la Iglesia, el buen Krutwig no se andaba por las ramas: «Esta institución [la Iglesia] debe ser incluida en las asociaciones delictivas que la Humanidad debiera tachar y suprimir con el oprobio que merecen»; «No habrá nunca suficientes pinos y farolas para poder limpiar adecuadamente tanto asesinato cometido en nombre de Cristo y de España», etc. Para resguardar la «etnia» y distinguirse más a fondo de sus vecinos, los vascos debían cultivar el neopaganismo e incluso doctrinas esotéricas, ideas reminiscentes de las SS hitlerianas[*]. Aspiraba también a una especie de Gran Euskadi extendida desde el Ebro hasta el Garona, ocupando parte de Santander, Logroño y Aragón, además de Navarra y una amplia región de Francia[12].

En función de sus objetivos Krutwig proponía un plan de guerra embrollado y poco práctico, pero de despiadada brutalidad. Preveía «la eliminación de empleados públicos (…) la intimidación y el terrorismo contra los que cumplen con las medidas prescritas por el Estado y la administración», como jueces y empleados de los juzgados, «voladura de cuarteles, especialmente cuando estén llenos de tropas»; «No se deberá dejar nunca lugar a dudas de que todo policía o militar enemigo es un objetivo de nuestra actividad guerrera. Los policías que hasta hoy han torturado a los detenidos vascos deberán ser pasados por las armas o degollados. En estos casos es recomendable, siempre que se pueda, emplear el degüello de estos entes infrahumanos. No se debe tener para ellos otro sentimiento que el que se posee frente a las plagas que hay que exterminar. Cuando ello no represente ningún peligro para el guerrillero, estos torturadores deberán ser eliminados por medio de la tortura. Si las fuerzas de ocupación siguieren con sus medidas de tortura no se deberá nunca dudar en el empleo del retalión, exterminar a los familiares de los torturadores y a los agentes de la autoridad civil y militar». Para apreciar debidamente estas frases cabe señalar que la ETA tenía aún muy muy poca gente en la cárcel; que, como ocurriría casi siempre, casi todos los detenidos lo eran sin resistencia a la policía, pese a las terribles torturas que sus propagandas afirmaban; que ninguno murió; y que un motivo de ansiedad persistente en los jefes de la organización sería la facilidad con que «cantaban» en comisaría muchos terroristas detenidos. En cualquier caso, observa Krutwig, «En la Historia todo progreso no pudo jamás llevarse a cabo si no fue a pesar de la moral o contra la moral existente[13]».

La prédica del fanatismo tampoco entendía de matices, como explicaba el ideólogo en otro escrito, La insurrección en Euskadi: «Para el gudari-militante comprometido en cuerpo y alma en la guerra revolucionaria, engañar, obligar y matar no son actos únicamente deplorables, sino necesarios»; «Para nosotros (…) nuestra verdad es la verdad absoluta, es decir, verdad exclusiva que no permite ni la duda ni la oposición, y que justifica la eliminación de los enemigos virtuales o reales[14]».

Para hacer justicia a Krutwig, considerado «un sabio vasco» en medios nacionalistas, debe advertirse que él nunca corrió el riesgo de ser torturado, pues se exilió oportunamente: perteneció a la nutrida raza de los intelectuales incondicionales de la violencia, pero propensos a dejar su práctica a otros.

El influjo de Krutwig y sus seguidores en la ETA, y la marxistización progresiva de la organización, harían ir pasando a segundo plano, y a veces a la exclusión, a los fundadores más persistentes en su catolicismo, como Álvarez Enparantza, llamado Txillardegi, también partidario de la seguridad del exilio.

El recurso a la violencia en la ETA tenía otra profunda razón de ser. La pasividad y resignación reprochadas al PNV no nacían, claro está, de la voluntad del partido, sino del deplorable desinterés popular por las prédicas nacionalistas. Las quejas etarras revelan una población que se sentía razonablemente cómoda, disfrutaba de un nivel de vida en constante mejora, y un régimen que toleraba, con reticencias a veces, estimulándolo otras, el reimpulso de la cultura en vascuence. Buena parte de los vascos simpatizaba con el franquismo, y Franco era acogido calurosamente cuando iba a veranear a San Sebastián; otra parte, probablemente mayor, sentía indiferencia; y el sector hostil lo era de forma tibia y sin consecuencias. La guerra civil había durado allí poco, pero permanecía en el recuerdo, aunque éste se difuminaba entre los jóvenes. En tales condiciones, la violencia podía convertirse en un revulsivo, en una forma eficaz de propaganda.

Nada más ilustrativo que el debate en la ETA, en los primeros años 60, en torno a la acción armada. Alguna propuesta de pacifismo al estilo Gandhi quedó enseguida olvidada ante las contundentes razones de Julen Madariaga, ideólogo y uno de los máximos dirigentes de la organización por entonces: «Cuando una masa de quinientos vascos sea capaz de manifestarse pública y silenciosamente por las calles (…) callaré. Y me uniré a ellos arrostrando juntos todas las consecuencias. Pero mientras sólo sean un puñado de patriotas los que tengan que hacer todo lo que se hace, el peso entero de la salvaje represión cae, y seguirá cayendo sobre cada uno de ellos individualmente (…). ¿Es que el pueblo vasco está dispuesto en bloque, o al menos una gran parte de él, a lanzarse a la lucha por su libertad? (…). ¿No están siendo nuestros hermanos de Soria, Carabanchel y Martutene [se refiere a prisiones] víctimas de un horrible pecado colectivo de su propio pueblo? (…) Y quede bien claro: no somos nosotros quienes estamos provocando la violencia[15]».

Vuelve a sonar aquí la voz de Arana increpando a los vascos, mayoritariamente reacios a seguirle. Si ni siquiera quinientos de ellos seguían por las buenas a los etarras, no quedaba otro remedio que tomar medidas drásticas, también contra los autores del tremendo pecado colectivo: «Hace falta que el pueblo vasco se rinda a la evidencia de una vez por todas de que Euskadi, es decir, nosotros, nos hallamos en estado de guerra con el ocupante extranjero[16]». Y a esa guerra con el supuesto ocupante pensaban arrastrar velis nolis a los demás. Obviamente eran los etarras quienes provocaban la violencia con objetivos muy definidos, cuando el grueso de la oposición antifranquista, desalentado por los fracasos, había renunciado hasta cierto punto a ella.

La «guerra» seguiría pronto el esquema «acción-represión-más acción», típica en los terrorismos. Receta sencilla y eficaz, si la organización no resultaba muy tocada: «Una minoría organizada asesta golpes materiales y psicológicos a la organización del Estado, haciendo que éste se vea obligado a responder y reprimir violentamente la agresión. (…). La minoría organizada consigue eludir la represión y hacer que ésta caiga sobre las masas populares. Finalmente (…) dicha minoría consigue que en lugar de pánico surja la rebeldía en la población…»[17]. La táctica de la provocación sistemática, en suma. La violencia, sobre todo si la acompañaba el derramamiento de sangre, tenía además la ventaja de la espectacularidad, se convertía automáticamente en noticia: constituía en sí misma una inmejorable propaganda, productora de nuevas propagandas en forma de explicaciones, comunicados, reportajes, etc.

La ETA previó lúcidamente que su esquema de acción-represión podía ganarle numerosos aliados de hecho entre «la burguesía» (a la que, por lo demás, pertenecían casi todos los etarras): «Como tapadera de sus verdaderos intereses económicos, este sector capitalista permitirá e incluso alentará la protesta de los grupos liberales y de los opositores al régimen, que se rasgarán las vestiduras por el genocidio a que se está sometiendo al País Vasco. Unos por razones humanitarias y otros porque esto les sirve de palanca para atacar al Gobierno». Iban a abundar, en efecto, los que creyeran poder utilizar los atentados de la ETA en su propio beneficio[18].

Al mismo tiempo, y dentro de los esquemas marxistas-leninistas, los ideólogos retaban a la realidad con formulaciones como ésta: «Desde 1939, la situación ha cambiado, pero no en sentido de invalidar sino de reforzar y añadir nuevos argumentos a lo expuesto hasta aquí. La opresión que sufren los pueblos ibéricos ha subido de grado con el paso del sistema a la fase monopolista. Al no tener que mediatizar su actividad al control de nadie que no sea la oligarquía monopolista, el Estado español dispone de los métodos más feroces para la represión de las clases populares[19]». Con certeza la ETA habría sido aplastada rápidamente en una situación como la de los años 40, como lo había sido el mucho más peligroso maquis. Si en los años 60 podía mantenerse, se debía precisamente a que aprovechaba el muy sustancial descenso del nivel de la represión y la creciente libertad política.

El terrorismo consiste básicamente en propaganda por la sangre. Por lo común aparece como la primera fase de una lucha más amplia, que debe terminar arrastrando a las masas a la revolución, a la insurrección o a una guerra real más o menos prolongada. Pero la ETA nunca iba a lograr el paso a una fase superior, por lo que su terrorismo acabaría siendo teorizado como una vía de acción permanente, destinada no tanto a convencer y llevar a la lucha a la población como a desgastar a los gobiernos, año tras año, hasta obligarlos a claudicar ante las exigencias de la minoría armada que, en nombre de «Euskadi», les había declarado la guerra.

En 1965 la ETA celebró su IV asamblea, comenzada en la casa de ejercicios espirituales de los jesuitas de Azpeitia, los cuales sabían, desde luego, a quiénes cobijaban. La reunión consagró los objetivos simultáneos de secesión y socialismo en un sentido cada vez más abiertamente marxista e incluso marxista-leninista, y la táctica de las acción-represión-acción como forma de desatar una espiral de lucha. Un paso importante fue la decisión de recurrir al atraco para allegar fondos. Siendo escasas las aportaciones populares, «el capitalismo financiero, gran monopolista, hacedor de intrigas y de guerras (recuérdese todavía 1936) mantenedor de la odiosa opresión a que nos vemos sometidos, debe suministramos los medios necesarios[20]». Pero, como relataría uno de los dirigentes de la época, Echave, en la revista Interviú, la plana mayor del grupo se mostraba incapaz de asaltar a un inofensivo y desarmado pagador de banco[*]. Superada la prueba, los atracos se volvieron el método normal de financiación.

Y por entonces el clero nacional-progresista montó una red de «escuelas sociales», donde, mediante conferencias, charlas, seminarios etc., difundía ideas «avanzadas» y de un nacionalismo radical. Su carácter legal o no ilegal, y el prestigio del clero, atrajeron a numerosos jóvenes a aquellos centros, llamados por algunos «universidades populares», las cuales tomaron enseguida carácter de adoctrinamiento político. Para la ETA supusieron un largo salto en su capacidad organizativa e influencia, pues fue ella quien más ampliamente y mejor supo explotar tales escuelas para formar grupos de simpatizantes y militantes por buena parte de la región[21].

Pero entre tanto se abrieron las disidencias en la organización: el viejo nacionalismo de fondo sabiniano y el revolucionarismo marxista no se ensamblaban con comodidad, ni el terrorismo con la acción de masas entre el proletariado. Un sector privilegiaba el nacionalismo (sin olvidar el socialismo), y otro el socialismo (sin olvidar el nacionalismo). El primero optaba por el terrorismo como eje de su actividad (sin excluir otras movilizaciones), y el segundo por la movilización sindical y «popular» (sin excluir la violencia). Las rivalidades cobraron un tono cada vez más acre, hasta derivar en una lucha furiosa por el poder interno. Los partidarios del terrorismo y de la secesión a toda costa acusaban de «españolistas» a los impulsores de un «patriotismo obrero frente al nacionalismo burgués» en ruptura completa con el PNV. Los «patriotas obreros» estaban impresionados por el éxito movilizador de las Comisiones Obreras en Vascongadas, como en Madrid, Barcelona, etc.

La pugna entre las dos líneas, la nacionalista-socialista y la socialista-nacionalista, se saldó con la victoria de la primera en la V Asamblea, realizada entre diciembre de 1966 y marzo del 67, tras una serie de maniobras y expulsiones previas que impidieron a sus rivales defenderse o exponer sus puntos de vista. Fue la primera de una serie de escisiones en la organización, todas españolistas sui géneris. El sector obrerista expulsado pasaría a llamarse ETA-berri (nueva) y el vencedor ETA-zarra (vieja), hasta que la primera cambió su nombre por el de Movimiento Comunista de España (MCE), recuperando los otros las siglas ETA, sin adiciones.

Los vencedores se organizaron en cuatro frentes: militar, político, económico (sindical) y cultural, imitando un esquema del comunismo vietnamita. Su doctrina, vehementemente antiespañola y terrorista, pero también inspirada en un peculiar marxismo-leninismo, tenía la marca de Krutwig. Ello determinó la dimisión de Txillardegi y algunos otros históricos católicos, que admitían el marxismo «como una luz para todos los que creemos en el socialismo», pero no «como verdad absoluta[22]». La V Asamblea comenzó en la casa parroquial de Gaztelu, en Guipúzcoa, y terminó en la casa de ejercicios espirituales de los jesuitas de Guetaria. Y algo tenían de ejercicios espirituales aquellas reuniones.

Pese a su temprana decisión de recurrir a las armas, la ETA tardó diez años en matar a alguien. Con alguna salvedad. Según parece hubo ya en 1959 el proyecto o intento, algo legendario y en todo caso frustrado, de provocar el descarrilamiento de un tren que llevaba a Bilbao a excombatientes del ejército de Franco para un acto conmemorativo, lo que habría ocasionado probablemente una carnicería. Y en 1960 la organización mató a un bebé de 22 meses, la niña Begoña Urroz Ibarrola, abrasada por la explosión de un artefacto colocado en la estación de Amara, en San Sebastián. Este asesinato, por razones obvias, no fue reivindicado[*].

Durante los años siguientes, los etarras dedicaron sus esfuerzos a una serie de pequeños atentados contra lápidas y símbolos «fascistas», o contra negocios de personas «españolistas», acompañados de una profusa y virulenta propaganda por medio de octavillas y publicaciones. También intervenían en las actividades culturales para radicalizarlas políticamente, o en las fiestas populares para darles un cariz nacionalista mediante la exhibición de banderas o gritos, tratando de provocar la intervención de la Guardia Civil contra el «pueblo». En una de éstas, en 1966, llegó a haber un incidente con dos heridos. Mucha gente los consideraba unos alborotadores chillones e irrisorios, y pocos temían efectos demasiado graves de sus actos, pero sus actividades creaban ambiente y les atraían la admiración de bastantes jóvenes, que veían en ellos mozos aventureros, capaces de arriesgarse por una causa cuyos ecos, aunque muy apagados, seguían vivos. Su ideología apenas era conocida, fuera de su exaltación patriótica. Así iba creciendo en torno a la organización un halo de prestigio, más pintoresco o folclórico que heroico, alejado de un auténtico respaldo popular. No era poco, si bien nada parecido a lo deseado y esperado por los ideólogos.

Todo cambió el 7 de junio de 1968, con la muerte de un guardia civil, cerca de Tolosa. Los hechos sólo serían relatados con veracidad treinta años después, por uno de los participantes, Iñaki Sarasqueta. Éste iba en un coche con el autor de los disparos, Javier Echevarrieta, Txabi, cuando el guardia civil José Antonio Pardines, gallego, les hizo parar: «Supongo que se dio cuenta de que la matrícula era falsa (…). Nos pidió la documentación y dio la vuelta al coche para comprobar si coincidía con los números del motor. Txabi me dijo: “Si lo descubre, le mato”. “No hace falta —contesté yo—, lo desarmamos y nos vamos”. “No, si lo descubre, le mato”. Salimos del coche. El guardia civil nos daba la espalda, de cuclillas mirando el motor por la parte de detrás. Sin volverse empezó a hablar. “Esto no coincide…”. Txabi sacó la pistola y le disparó en aquel momento. Cayó boca arriba. Txabi volvió a dispararle tres o cuatro tiros más, en el pecho. Había tomado centraminas y quizá eso influyó (…). Era un guardia civil anónimo, un pobre chaval. No había necesidad de que aquel hombre muriera[*]».

El autor de los disparos y su acompañante se refugiaron en casa de un cura. Pero Echevarrieta, en quien la euforia provocada por las centraminas había cedido al pánico, insistió en marcharse. «Salimos de la casa y nos detuvo una pareja de la Guardia Civil. Los dos llevábamos una pistola en la cintura. Primero me cachearon a mí y no la notaron. Recuerdo que Txabi lanzó un rugido. Y después una escena típica del oeste, de las de a ver quién tira primero… El guardia civil disparó antes que yo y salí corriendo… No supe en ese momento que Txabi había muerto…». Sarasqueta cayó detenido poco después y, condenado a muerte, la sentencia le fue conmutada[23].

La ETA, el PNV, el clero nacionalista y la oposición antifranquista transformaron este doble episodio de muerte en un relato, entre heroico y martirial, de lucha por la libertad y venganza represiva. La versión difundida afirmaba que Echevarrieta había sido «cazado a tiros: sacado del coche, esposado, puesto contra la pared y asesinado de un tiro en el corazón[24]». Los curas nacionalistas, incluso tibios, celebraron por él muchas decenas de misas con las correspondientes homilías; en su honor se compusieron poemas y canciones, una de las cuales adaptaba otra compuesta por los comunistas para Julián Grimau, y que empezaba: «He conocido el crimen una mañana/ color tiene mi pena de sangre humana/ sólo nubes y plomo/ lo contemplaron/ Txabi Echevarrieta, te asesinaron, te asesinaron». El nombre del grupo terrorista empezó a sonar con fuerza dentro y fuera de España, levantando solidaridades. No sólo la ETA, también el nacionalismo y el antifranquismo en general, se identificaron con el mártir.

El asesinato del guardia civil, gratuito, sórdido y sin asomo de épica, realizado por un estudiante semidrogado, tuvo verdadero carácter inaugural. Hasta entonces la ETA era un grupo sin demasiada importancia, molesto para el gobierno, aunque mucho menos que el PCE, que organizaba frecuentes huelgas en Vascongadas. En adelante se convertiría, junto con los comunistas —y siendo ella misma en buena medida comunista— en el enemigo principal del régimen. Y más allá de las lucubraciones teóricas de los años anteriores inauguraba también, como observa Juaristi, el método de «lucha» favorito de la ETA: el disparo por la espalda a la víctima indefensa.

La dirección etarra decidió tomar venganza por la muerte de Echevarrieta, y dos meses después, el 2 de agosto, mataba a tiros en Irún al comisario Melitón Manzanas, de la Brigada político-social. Este atentado ilumina muchos aspectos de la realidad de entonces, y es también Sarasqueta quien explica algunos de ellos. Ya antes del asesinato de Pardines estaba siendo vigilado Manzanas, pero no por etarras, sino por un dirigente medio del PNV: «La primera información sobre sus movimientos me la dio Jon Oñatibia, miembro del PNV y antiguo delegado del gobierno vasco en Nueva York. Fue una decisión personal, no digo que el PNV tuviera nada que ver. Supimos qué autobús cogía, a qué hora, incluso dónde solía sentarse… Yo se la pasé a Txabi. En aquella época media Guipúzcoa estaba aterrorizada por este hombre, con una terrible fama de torturador. Siempre he pensado que se valía más de esa fama que de la propia tortura. El caso es que fui yo quien levantó el pájaro[25]».

Las palabras de Sarasqueta sobre el supuesto torturador son bien expresivas. La oposición antifranquista, que describía comúnmente a los policías como torturadores, era a veces víctima de su propia propaganda, al crear un ambiente de miedo que, como da a entender Sarasqueta, facilitaba los interrogatorios —sin que ello niegue la existencia de torturas en algunos casos—. El órgano del PCE Mundo Obrero dio una justificación al atentado definiendo a Manzanas como «torturador de comunistas, católicos, socialistas y otros demócratas». Obsérvese la inclusión de los católicos como demócratas, al lado de los comunistas.

Más interés tuvo la reacción del PNV, que, después de haber acusado a Manzanas de atrocidades, desaprobó su asesinato e hizo correr el rumor de que el mismo obedecía a un asunto de faldas. Interpretación llamativa cuando un peneuvista destacado —su nombre tardaría muchos años en salir a la luz— había estado, por lo menos, en el origen e inducción del atentado. Oñatibia, activista del servicio de información y propaganda de PNV en Usa, relacionado con la CIA, había vuelto a España en los años 60 para centrarse en la promoción de actividades culturales de matiz nacionalista, como cursos de verano para estudiantes useños. Lo hasta hoy sabido impide asegurar nada, pero la actitud del PNV tiene todos los rasgos de la intoxicación[27].

Y, por supuesto, la leve condena al crimen se volvía incondicional al régimen. En un comunicado oficial tras la muerte de Manzanas, el exiliado «gobierno vasco», con asistencia de socialistas y republicanos, rechazaba «con la mayor vehemencia los abusos de poder del gobierno franquista, que se instauró y funciona violentamente, pues esta violencia ha dado lugar a la otra». El PNV añadía: «El genocidio sañudo y persistente, la negación y atropello sistemáticos de los derechos de la persona humana, y la práctica repetida e inhumana de la tortura que el régimen franquista viene practicando ininterrumpidamente durante los largos años de su dominación sobre el Pueblo vasco, han creado en Euzkadi un clima de extrema tensión y violencia». En octubre hablaba de «más de ciento cincuenta presos y cincuenta confinados como resultado del estado de excepción», lo que no parece una cifra exagerada para el masivo «terror de Estado»; y organizaba colectas pidiendo a todos los vascos identificarse con los perseguidos[28].

Cabría preguntar cómo, si la violencia de la ETA nacía de la represión del régimen, no había habido mucha más violencia cuando la represión había sido mucho mayor. El PNV, al tiempo que suministraba a los terroristas todo género de justificaciones, y les facilitaba un inapreciable aliento propagandístico, personal y económico mediante colectas, exhibía su distanciamiento de ellos, porque, afirmaba, el partido tenía carácter democristiano y exigía «el respeto integral a la vida y a la dignidad del hombre, base esencial de toda convivencia civil y razón de nuestras propia lucha frente al sistema de opresión imperante hoy en el estado español». Un etarra algo cínico podría haberse extrañado de que a tan altas razones correspondiese una lucha tan tibia[29].

Ocurrían también estos hechos en un año, especialmente un verano, marcado en Europa por la revolución del 68 en Francia, la proliferación de huelgas obreras y estudiantiles, violentas con frecuencia, en Alemania, Italia y otros países, el recrudecimiento de la guerra de Vietnam, las marchas de apoyo al Vietcong, la mitificación del Che Guevara y la lucha guerrillera, el aplastamiento de la «primavera de Praga» por los tanques soviéticos, la matanza de cientos de estudiantes perpetrada por el gobierno del PRI en la plaza de Tlatelolco, en Méjico, etc. Vistos en la perspectiva del terrorismo posterior, en España y muchos otros países, aquellos atentados etarras parecen poca cosa, pero en el plácido ambiente español del momento cayeron como una pesada piedra en un estanque. Tres muertos en sólo dos meses, y la agitación no ya de la oposición, sino de fuerzas mucho más poderosas en el exterior, constituían el ataque más grave, directo y sangriento al franquismo desde la época del maquis.

El gobierno respondió decretando el estado de excepción en Guipúzcoa por tres meses. Menudearon las redadas y detenciones, muchas veces por simples sospechas. La oposición, empezando por el PNV en el exterior, clamó con redoblada energía contra el «terror de estado», acusándole de las acciones de ETA, cuando había sido exactamente al revés. Se desataba la espiral diabólica de la acción-represión-acción, y la simpatía y colaboración en ella de muy variados elementos, incluso de la derecha. El nombre ETA se envolvía en Europa y América de un halo de heroísmo o al menos de justificación: un grupo patriota y democrático en lucha por la liberación de un pueblo oprimido o una colonia, contra una dictadura fascista.

Quizá nunca logró tales ganancias con tan poca inversión un grupo terrorista. Desde el punto de vista de sus planes había logrado una victoria inimaginable, un «salto cualitativo» que marcaba un antes y un después.

Por supuesto, en otro orden de cosas el éxito le salió muy caro, de momento, pues en 1969 la policía desmanteló prácticamente la organización y detuvo a la mayoría de sus dirigentes, entre ellos, con toda probabilidad, a los autores materiales del asesinato de Manzanas. Ello provocó una desorganización momentánea y un duro enfrentamiento interno, que reproducía el anterior a la V Asamblea entre los nacionalistas socialistas y los socialistas nacionalistas, partidarios los primeros de continuar de lleno con la acción terrorista que, en definitiva, tan buenos frutos les estaba rindiendo, y los segundos de una acción de masas para convertirse en una especie de partido comunista vasco, formando un amplio frente con los demás partidos de izquierda. Entre insultos, amenazas y maniobras, los segundos consiguieron esta vez imponerse y expulsar en 1970, en la VI Asamblea, a los más partidarios del pistolerismo, que acusaban de españolismo a los vencedores. Los expulsados rechazaron prescindir de las siglas, y la organización se escindió por segunda vez en dos ETA, apellidadas «VI Asamblea» y «V Asamblea». La segunda, aunque débil de momento, terminaría prevaleciendo.

Pero los golpes policiales y las querellas internas tendrían ya importancia menor: la ETA se había conformado como un grupo de considerable poder de atracción, y por tanto de reclutamiento, entre bastantes jóvenes, capaz de desenvolverse dentro de una trama complicada de locales e iniciativas eclesiásticas y apoyos muy variados. Los golpes policiales en los años siguientes lograrían frenar su desarrollo y limitar sus acciones, pero no vencerla definitivamente.

El año 1969 empezó con huelgas obreras y manifestaciones estudiantiles en Asturias, Madrid, Barcelona y Vasconia especialmente, y el gobierno impuso en enero el estado de excepción en todo el país, por tres meses. En abril, un etarra que huía de la policía asesinó al taxista Félix Monasterio, cuarta víctima mortal de la organización. Aunque la agitación descendió, a finales del año habían sido detenidas en Vascongadas casi 2000 personas (300 ingresarían en prisión). En 1970 los conflictos laborales y universitarios se recrudecieron en Asturias, Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla. Especial gravedad revistieron unas manifestaciones de obreros de la construcción en Granada, con tres obreros muertos por la policía. En septiembre, el sabiniano José Elósegui incendiaba sus ropas y se lanzaba al vacío en el frontón de Anoeta, en San Sebastián, para protestar ante Franco, que allí contemplaba un campeonato internacional de pelota vasca. Elósegui resultó sólo herido, gracias a la rápida reacción del servicio de seguridad.

Mientras tanto se preparaba el juicio militar contra dieciséis dirigentes etarras capturados el año anterior, en medio de una campaña de agitación en Europa. La mayoría de la prensa informaba con un sesgo muy favorable a los terroristas, a quienes coreaban también diversos gobiernos y grupos de intelectuales, por lo general en nombre de la democracia, o del progreso, o de la causa proletaria. Un senil Sartre, defensor inveterado de los totalitarismos chino y soviético, destacaba por su espíritu militante. Hubo manifestaciones en París, Berlín, Roma, Milán, Hamburgo y otras ciudades, y protestas de artistas comunistas como Rafael Alberti o Pablo Picasso. Estas campañas contaban con larga tradición, desde la solidaridad con los anarquistas españoles después de sus primeros atentados, a finales del siglo XIX. Exhibían un elevado sentimiento humanitario hacia los presos, que desaparecía ante las víctimas de éstos, de las cuales se despreocupaban en absoluto.

En noviembre, los obispos de Bilbao y San Sebastián, Cirarda y Argaya, hacían leer en todas las iglesias de sus diócesis una pastoral atacando el procedimiento judicial y condenando las violencias «estructurales, las subversivas y las represivas». En tales circunstancias el documento beneficiaba a la ETA, a favor de la cual, como víctima, movía a la opinión. El gobierno replicó con enfado, pero la Conferencia episcopal, en Madrid, acordó solidaridad con Cirarda y Argaya, aumentando si cabe la irritación del régimen. Durante ese mes cientos de manifestantes, universitarios en su mayoría, se manifestaron violentamente en diversos lugares de España, de Oviedo a Barcelona y de Sevilla a Bilbao. Proliferaban las pintadas, octavillas, declaraciones a favor de los acusados, dos de los cuales eran curas. El 2 de diciembre, el grupo etarra más partidario del terrorismo secuestraba al cónsul alemán en San Sebastián, Eugen Beihl, para dar el máximo relieve internacional al proceso; dos días después se decretaba un nuevo estado de excepción para Vasconia. Unos días más tarde se encerraban en el monasterio de Montserrat 300 intelectuales y artistas, y el abad, Cassiá Just, rechazaba en Le Monde el compromiso de la Iglesia con un régimen que condenaba al pueblo por el único crimen de oponerse a Franco. Los presos no lo estaban, al parecer, por la sangre derramada, sino por oponerse a Franco y por su «patriotismo vasco». Los comunistas, el PNV, los nacionalistas catalanes, toda la oposición, en fin, así como buena parte de la Iglesia y las izquierdas en toda Europa, no se cansaban de ofrecer esa versión al público.

Durante el juicio los acusados, en particular Mario Onaindía, que años después dejaría la ETA y denunciaría el terrorismo, se portaron con valor y se proclamaron desafiantemente marxistas leninistas. Ocho de ellos fueron condenados a muerte, el 28 de diciembre, pero el gobierno les conmutó la sentencia a los pocos días.

Lo más importante de aquella extraordinaria campaña fue que, por primera vez desde la guerra toda la oposición antifranquista, en el interior y en el exilio, lograba unirse en un frente común de hecho, y con una actividad y audacia nunca vistas desde el maquis. Y lo más significativo fue que un grupo como la ETA, jactanciosamente totalitario, antiespañol y terrorista, aparecía como catalizador de esa unidad y, de manera confusa pero efectiva, como símbolo de las libertades y la democracia para toda España. ¿Debemos considerar este hecho como una paradoja o como una revelación? A mi juicio, y teniendo en cuenta lo visto hasta ahora, se trata de una revelación: bajo banderas de libertad y democracia pujaban los viejos totalitarismos y secesionismos que habían destruido la convivencia española desde 1934.

También persistía la inclinación a la violencia o a su comprensión, siempre que fuese de izquierda. Pocos antifranquistas confiaban en la acción armada, pero muchos pensaban aprovechar la que otros practicasen. Creían, además, que cuando ellos subieran al poder, una vez terminado el franquismo, el terrorismo se acabaría. En 1930 habían cometido el mismo error los republicanos con respecto al terror anarquista.

El verdadero nacimiento de la ETA como fuerza importante en España data de aquel período de 1968 a 1970, y está ligado a tres asesinatos, los cuales no le impidieron recibir casi todas las bendiciones posibles. La rodearon de afecto y comprensión, aun si con reticencias de escaso relieve práctico, los comunistas, los demás nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, buena parte del clero vasco y otra menor, pero considerable, del resto de España. El conjunto de la oposición, en suma. Y, no menos decisivo, diversos gobiernos europeos, en especial el francés. Francia iba a convertirse por muchos años en el refugio y santuario de la ETA, el lugar seguro desde donde la organización planeaba sus atentados y adonde podía retirarse oportunamente, garantizándose un alto margen de impunidad. A la oposición española le pareció bien, creyendo que esa política de París duraría lo que el régimen franquista. Volvía a equivocarse. Sin todos esos apoyos, la ETA habría corrido probablemente una suerte muy parecida a la de otra organización terrorista, el GRAPO, unos años después.

Capítulo 24

ÚLTIMOS TIEMPOS DEL FRANQUISMO

Podría creerse que la creciente movilización contra el régimen ponía a éste en serio peligro, pero no había tal. La agitación por el juicio de Burgos, aunque extensa, afectaba a minorías aún muy pequeñas, como revela el tamaño de las manifestaciones, la mayor de ellas, en Barcelona, no superior a las 2000 personas y casi todas de no más de unos centenares. Desde luego, los manifestantes representaban a mucha otra gente, más tibiamente antifranquista y poco aficionada a los riesgos de protestar en la calle, riesgos no excesivos a aquellas alturas. Pero el régimen recibió adhesiones mucho más multitudinarias. Por lo demás, 1970 fue también el año de la firma del Acuerdo Comercial Preferencial con la Comunidad Económica Europa, muy favorable a España, o la renovación de los Acuerdos de Amistad y Cooperación con Usa, que estrechaban la relación con el poderoso aliado. Una Ley General de Educación buscaba mejorar algunos aspectos de la misma, la economía marchaba óptimamente.

Y el propio Caudillo había tomado previsiones sucesorias, nombrando en 1969 al príncipe Juan Carlos su sucesor a la cabeza del estado y a título de rey. Juan Carlos juró los principios del Movimiento Nacional, el partido único a efectos prácticos, muy burocratizado y poco efectivo políticamente. Tal decisión postergaba a quien se consideraba heredero legítimo del trono, Don Juan, padre de Juan Carlos e hijo de Alfonso XIII, introduciendo un paréntesis en la línea sucesoria. El nombramiento de Juan Carlos significaba un corte con la monarquía liberal del pasado, fracasada históricamente en 1931 a juicio de la derecha, o en 1923 a juicio de la izquierda. Don Juan recibió la noticia con pésimo humor, sintiéndose traicionado por su hijo, y hasta 1977 no aceptó oficialmente los hechos consumados.

Don Juan había perdido sus opciones al trono un cuarto de siglo antes, al terminar la guerra mundial, cuando había apostado por el derrocamiento del Caudillo. Había intentado entonces congraciarse con los aliados vencedores de Alemania y con la oposición española, a la cual ofrecía, con la excepción de los comunistas, una posible vuelta al poder. Ello, a tan pocos años de la guerra civil, resultaba intolerable para Franco, pues habría significado, a su juicio, el retorno a la vieja epilepsia política, que la guerra debía haber superado de una vez por todas. Y no pensaba abandonar el poder en vida para convertirse en figura decorativa o, peor aún, sufrir persecución, previsiblemente sañuda, de sus muchos enemigos.

Pero en los años 70, bajo su aparente solidez, el franquismo no se mantenía sano. Entre sus «familias» o grupos de presión se abrían grietas, visibles, por ejemplo, en el «caso Matesa», de 1969, explotado por el sector «azul» o falangista, contra el «tecnócrata», de ministros como López Rodó, López Bravo o Federico Silva, varios de ellos miembros de la asociación religiosa Opus Dei. El affaire partió de un empresario catalán que, acogiéndose a ventajas fiscales, había exportado maquinaria que en realidad almacenaba en el extranjero con vistas a su venta ulterior. Fraude formal, aunque recurso empresarial legítimo según algunos, recibió en la prensa una publicidad extraordinaria y nada beneficiosa para el régimen. De todas formas, esas fracturas parecían menores al lado de la que supondría la de la Iglesia. También hombres del Opus Dei sostenían periódicos tan críticos hacia el franquismo como el diario Madrid, que terminaría por ser cerrado en 1971, después de atacar directamente a Franco.

Aun con esos principios de cuarteamiento, y por chocante que suene a la vista de ciertas historias sobre la época, muy pocos en la oposición creían posible derribar al régimen, o siquiera cambiarlo sustancialmente, antes de la muerte del general. El elemento definitorio del momento era la ancianidad de Franco, con 78 años, y su cada vez más visible deterioro físico, efecto del mal de Parkinson. Su fallecimiento, que hasta entonces había parecido desesperadamente lejano a sus adversarios, se volvía una probabilidad próxima, suscitando por todas partes, si bien de manera sorda, las inquietudes, las esperanzas y los temores. La pregunta «¿qué pasará después de Franco?» —título aproximado de un libro del jefe del Partido Comunista, Santiago Carrillo— estaba en el aire de la época.

Durante los años 50 y 60 el país había cambiado mucho, tanto por la mejoría económica y la distensión social como por la desaparición de los viejos partidos. Ninguno de éstos, con la única y precaria excepción del PCE, tenía presencia real en la vida del país: ni el PSOE ni la CNT, ni la Esquerra, la Lliga, el PNV o los republicanos. Casi cabría decir lo mismo de la Falange, los monárquicos o el tradicionalismo. La primera, burocratizada en el Movimiento Nacional, se apartaba cada vez más de la sociedad. El carlismo iba a sufrir un proceso de descomposición por tendencias «autogestionarias», empeñadas en adaptarlo a los tiempos modernos según ellas los veían. Los monárquicos, siempre pocos, también se dividían entre los juanistas, los juancarlistas y los que, aun favorables a Don Juan, daban prioridad a Franco. El movimiento católico de la antigua CEDA también sufría división entre los progresistas dialogantes con los totalitarismos de izquierda, los democristianos opuestos al franquismo, y los más numerosos partidarios de éste. El régimen, apuntalado por sus éxitos prácticos, se debilitaba doctrinal y políticamente.

Estas circunstancias favorecían en principio una evolución suave. Pero el ambiente internacional de aquellos años, marcado por las revueltas de mayo del 68 en Francia, el poderío del comunismo italiano y las agitaciones en Alemania, mientras Usa corría hacia su derrota en Vietnam, traía incertidumbre. Y en España surgían de pronto unas fuerzas nuevas, violentas y resueltamente totalitarias. Además de la ETA, proliferaban los grupos marxistas-leninistas o maoístas predicando la lucha armada, y empezando a practicarla en algunos casos.

La réplica del gobierno, con el endurecimiento de las leyes, los estados de excepción y los juicios militares, parecía anunciar una involución política, dando al traste con la progresiva apertura de los años 60. Sin embargo no iba a ser así. Dentro del régimen, como ya quedó indicado, había dos posturas implícitas: la de quienes creían posible institucionalizarlo y preservarlo después de la muerte de Franco, y la de quienes lo tenían por una dictadura surgida de circunstancias excepcionales, y por tanto destinada a disolverse antes o después, probablemente con la muerte de su Caudillo. Los primeros, conocidos por sus enemigos como el bunker, se aferraban a los principios y la retórica tradicionales, e invocaban los avances sociales alcanzados, mientras que los otros pensaban en una apertura política que sólo podía concluir, antes o después, en la homologación del país con las democracias europeas. Esta segunda corriente iría imponiéndose pese a los frenazos involutivos. Hasta cierto punto, la derecha volvía a la situación de preguerra: un sector, de mayor influjo católico, que aceptaba o favorecía la democracia; y otro, más bien falangista, contrario a ella. Aunque por las paradojas de la historia, serían al final varios destacados falangistas quienes conducirían la transición.

Tanto Usa como las democracias europeas sentían seria inquietud por el porvenir de España después de Franco, y presionaban para atenuar probables sacudidas. Con esa preocupación Vernon Walters, enviado especial del presidente useño Nixon, visitó a Franco, en 1972. Franco mostró optimismo: a su muerte, aseguró, Juan Carlos sería rey y las instituciones funcionarían. No habría guerra civil ni disturbios graves, porque lo impedirían el ejército y la clase media creada por su régimen.

¿Sería factible una salida democrática? Era casi un dogma que las dictaduras sólo caen por la fuerza, y pronto parecería confirmarlo el caso portugués, donde el salazarismo iba a sucumbir a un golpe militar. Pero el aperturismo español abonaba otras esperanzas. En general, Washington apoyaría más bien al franquismo como factor de estabilidad y evolución, y las democracias europeas a la oposición antifranquista.

En principio, los políticos del régimen ofrecían poca confianza para una democratización real, pero ¿qué decir de los partidos contrarios? De los terroristas o los comunistas, que constituían la abrumadora mayoría de la oposición activa, no podía esperarse una convivencia pacífica en las libertades. Al PCE no se le caída de la boca la palabra democracia, e incluso había tenido rifirrafes con la URSS, cosa inconcebible pocos años antes, pero su doctrina nunca había dejado de ser el marxismo-leninismo, recibía ayuda del KGB, y tenía por amigos especiales a sombríos despotismos como el del coreano Kim Il-sung o el del rumano Ceaucescu. Por esta razón, tanto Usa como Europa occidental favorecieron el resurgimiento de partidos presumiblemente moderados, como el PSOE o el PNV. De la ayuda a este último se sabe todavía poco, pero la del primero se extendió hasta la extrema derecha alemana[*].

Con tales perspectivas, a la anquilosada oposición le corrió prisa reorganizarse. En «Euskadi» algunos etarras propiciaron un frente común nacionalista, y el mismo PNV, por hacerse notar, realizó durante una temporada, desde 1968, atentados menores contra edificios y contra la Vuelta Ciclista a España[1]; a esa búsqueda de popularidad con actos espectaculares obedeció también el salto de Elósegui en llamas en el frontón de Anoeta. Pero en un frente con la ETA, el PNV quedaría opacado, y a eso no estaba dispuesto. Miraba a los terroristas con mezcla de simpatía y rivalidad, admiración y reticencia: los asesinatos debilitaban al régimen, gracias al amplísimo apoyo publicitario que recibían, pero también arriesgaban traer una involución, cosa menos conveniente. Pues los sabinianos, poco amigos de correr riesgos, aspiraban a la democracia como base para reimpulsar un movimiento secesionista, aun si entre ellos no faltaran quienes a aquellas alturas dudaban de las virtudes de la secesión.

Dirigentes peneuvistas como Telesforo Monzón u otro apodado Sarobe constataban en enero de 1971 «la desintegración del PNV y el estado de completa marginación en que se encuentra en relación precisamente del mismo Pueblo del que pretende ser su órgano más representativo». Monzón escribía a Irujo: «¿Dónde está aquel glorioso PNV que tú y yo hemos conocido? ¿Por qué ha perdido toda iniciativa? ¿Por qué no causa ya el impacto de antes sobre nuestro Pueblo? (…) ¿Dónde está aquella mística, aquel ímpetu, aquel afán de renovación, aquella fuerza que lo invadía todo? ¿De dónde ha nacido ETA con todas sus actuales desviaciones, sino es de las entrañas mismas de un Partido anquilosado?». Los informes internos mostraban que en Guipúzcoa el glorioso partido «No representa nada en el interior, ya que carece de organización, cuadros y afiliados, por una parte, y de prestigio por otra (…). No existe ninguna Junta Municipal en ningún pueblo de Guipúzcoa ni en su capital». La situación empeoraba en Álava y Navarra. Sólo en Vizcaya había una organización pequeña y poco activa, pero real[3].

¡Un panorama alarmante, cuando todo exigía prepararse para competir por la hegemonía política en la «Euskadi» del posfranquismo! Entonces surgieron nuevos dirigentes, entre ellos Javier Arzalluz, proveniente del clero y del carlismo. Sin poner en cuestión las doctrinas de Arana, toda la energía se concentró en la reorganización. El estatuto de 1936 fue definido como la reivindicación política clave, pero, como siempre, en calidad de marco inicial para una escalada de reivindicaciones «superadoras». Durante un buen período los esfuerzos organizativos dieron poco fruto, y hacia finales de 1971 la situación seguía siendo muy mala. El bache sólo empezó a superarse cuando la dirección efectiva fue pasando al interior, no sin serios roces con los jefes tradicionales del exilio, varios de los cuales resentían su desplazamiento después de «estar trabajando desde hace 35 años las 24 horas del día en pro del Partido[4]».

Algo similar ocurría en el nacionalismo catalán, participante en la «Asamblea de Cataluña», fundada a finales de 1971 en un local eclesiástico. Se trataba de una iniciativa comunista, firmada por no menos de 25 organizaciones, una docena o más de ellas nacionalistas, incluyendo una fantasmal Esquerra o el proterrorista PSAN (Partit Socialista de Alliberament Nacional); trotskistas y maoístas partidarios de la lucha armada, al lado de no violentos y «cristianos de base»; más la democristiana Unió Democrática de Catalunya, un PSOE casi inexistente, grupos de profesores universitarios, etc. La única fuerza real era el PSUC y sus Comisiones Obreras, pero todos deseaban ganar protagonismo para salir a la luz en el momento oportuno como luchadores contra la dictadura, título que en rigor sólo podían ostentar los comunistas[*].

Su primer comunicado establecía: «La actual crisis del régimen, de la cual el proceso de Burgos fue una manifestación sobresaliente [como siempre, la conmutación de las penas no se consideró un acto de clemencia, sino un retroceso del poder], la progresiva toma de conciencia y la movilización de las clases populares, y la necesidad de oponernos firmemente a la maniobra continuista de instaurar a Juan Carlos como sucesor a título de rey del dictador, exigen la adopción unitaria de una alternativa democrática basada en los puntos mínimos aceptables por las fuerzas y sectores representados en la Asamblea, algunos de los cuales tienen objetivos divergentes a largo plazo, pero que coinciden en el objetivo inmediato del derrocamiento del franquismo». Aunque nadie creía seriamente en ese derrocamiento. Como puntos básicos, la Asamblea proponía la amnistía general, las libertades democráticas y el estatuto de autonomía, aparte de «la coordinación de todos los pueblos peninsulares».

Los fines inmediatos no bastan para caracterizar como democrática a la asamblea, y su alusión a los objetivos divergentes a largo plazo tenía mucho de eufemismo. Casi ninguno de los firmantes podría ser llamado en rigor demócrata, y aun en estos raros casos su carácter quedaba en entredicho por su alianza con grupos inequívocamente totalitarios. La mayoría entendía la democracia como un instrumento pasajero para imponer en su momento una dictadura de izquierdas. Incluso los no comunistas simpatizaban con las dictaduras comunistas, o con el terrorismo, como demostraba su reciente y activa solidaridad con la ETA. Por otra parte la casi absoluta hegemonía comunista (y el PSUC era por entonces una sección del PCE) no impedía a la asamblea adoptar el principio nacionalista de «los pueblos peninsulares» y evitar el término «España». Recuérdese que los comunistas habían sido, con el clero, los verdaderos reimpulsores de los nacionalismos.

Por las mismas fechas trataba de rehacerse otro partido histórico casi desvanecido: el PSOE. Hacia 1971 subsistían tres pequeñas secciones, en Bilbao, Asturias y Sevilla, que intentaban revivificar la organización; aparte existían otros grupúsculos con el título de socialistas, en particular el PSI (Partido Socialista del Interior, que se transformaría en PSP, segunda P de Popular), poco más que un círculo de amigos, en su mayor parte universitarios, fundado por el profesor Tierno Galván, que buscaba presentarse como la opción operativa frente al esclerotizado exilio.

A aquellos grupos les faltaba, en su mayoría, el brío, la entrega y la disciplina propios de los comunistas. Salvo en Bilbao, donde descollaba el líder sindical Nicolás Redondo, y, en alguna medida, en el asturiano, no podía hablarse de verdaderos luchadores entre ellos; y los socialistas asturianos estaban profundamente infiltrados por la policía hasta el nivel de la dirección, como ha mostrado el estudioso Gómez Fouz en su libro Clandestinos. Pero a cambio el ambiente político les favorecía. El endurecimiento del régimen sólo se dirigía, en realidad, contra los terroristas y los comunistas, mientras que la manga ancha para partidos como el PNV o el PSOE no dejaba de ampliarse. Ambos partidos parecían a muchos franquistas un posible contrapeso a organizaciones tan violentas como la ETA y el PCE. Los métodos reorganizativos del PSOE y el PNV, casi abiertos, sólo podían funcionar con tácito consentimiento policial.

Los socialistas sevillanos, un racimo de amigos de clase media, de origen franquista varios de ellos, liderados por Felipe González y Alfonso Guerra, destacaron por su labia y pretensiones teóricas, excesivamente radicales a juicio de los de Bilbao y Asturias, de procedencia obrera. Según Guerra los del norte «representaban la base, los pies de la organización, y el sur, las ideas, la cabeza[5]». Si bien esas ideas —un revoltillo de marxismo confuso y radicalismos juveniles— nunca pasarán a la historia del pensamiento político, al menos abordaban cuestiones más del momento que los exiliados con su vieja lengua de madera.

Al igual que en el PNV, la reorganización trajo consigo agrias disputas entre el grupo del interior y el del exilio, este último capitaneado por Rodolfo Llopis, que temía perder la dirección. Entre mutuas maniobras, las discrepancias llegaron al borde de la ruptura en 1971, y a la ruptura completa un año más tarde, en agosto, con motivo del XII Congreso. Guerra escribió provocadoramente un artículo en El socialista comparando la lucha contra el capitalismo con la necesaria para sacudir «ciertas estructuras» del partido. Llopis exigió una rectificación, pero los jóvenes no le hicieron el menor caso. Entonces rehusó asistir al congreso, y convocó otro. Los del interior siguieron adelante con el suyo, para lo cual tuvieron que descerrajar las puertas del local, en Toulouse, pues «Llopis había cerrado todo herméticamente y se había apropiado de todas las llaves[*][6]».

La vieja guardia del partido convocó otro congreso para diciembre, al cual asistió Tierno, viendo en él una oportunidad de conseguir el vital reconocimiento de la Internacional Socialista, pues, en definitiva de eso se trataba. Quien lograse aquel reconocimiento obtendría fondos, relaciones y legitimidad. Quien no, quedaría a la intemperie. Iban a ser los del interior, en particular los sevillanos, quienes se salieran con la suya. Hicieron gala de mayor empuje y habilidad de maniobra ante los grandes partidos socialistas, el alemán, el francés y el inglés, que percibieron en los jóvenes españoles una actitud más dinámica y apropiada a las nuevas circunstancias. A su vez, los jóvenes supieron impresionar a sus protectores extranjeros con un activismo en buena medida ficticio, como recordará un líder de la época, Pablo Castellano: «Me quedé realmente sorprendido cuando, para justificar la petición de la necesaria ayuda [de organismos extranjeros] me trajeron la prueba gráfica de pintadas del partido y del sindicato que, según afirmaban y así podía comprobarse por las fotografías, cubrían copiosamente las tapias y muros de muchas ciudades andaluzas, como prueba de acción y presencia, y hasta en las instantáneas aparecían, armados de brocha y spray los autores, arriesgándose en plena faena. Después me explicaron, porque yo era muy torpe, que esas fotografías se hacían en un garaje, a la luz de los faros de un automóvil[7]».

Beneficiario de la tolerancia del régimen y del apoyo exterior, el nuevo PSOE recomenzó su andadura en España con los mejores augurios.

No obstante, dada la escasa envergadura de la oposición, las mayores preocupaciones para el régimen siguieron viniendo de la Iglesia, directamente o a través de su apoyo al antifranquismo. En septiembre de 1971 una magna y bien preparada asamblea de obispos y sacerdotes rechazaba el concordato de 1953 y cuestionaba el apoyo a Franco durante la guerra. Esta disociación tan tardía suponía un respaldo implícito a quienes decían heredar al bando perdedor de la guerra, y se anudaba con una interpretación de la realidad y de la historia poco alejada de la lucha de clases, muy difundida en ciertos medios clericales. Cada vez más católicos identificaban la causa perdedora en la contienda con el «pueblo», y simpatizaban con ella. El cardenal Tarancón, propulsor del viraje, apoyó la preparación de la asamblea en el dirigente jesuita Martín Patino, de tendencia pretenciosamente «progresista».

Al mismo tiempo la ETA V Asamblea sufría una radicalización muy simplista, marcada por un exmonje benedictino, Eustaquio Mendizábal. Para Eustaquio el problema se reducía a insistir en los atentados a toda costa, pues otra línea, como la de ETA VI Asamblea, conducía de un modo u otro al «españolismo». La denuncia a la VI, «dique traidora y antivasca», cobró tintes feroces: «De ahí el grito desgarrador de su nacionalismo español herido, grito incontenible de odio y de exasperación ante esa frase horripilante pronunciada un día por Etxabe y Arregui [dos militantes de ETA-V]: Nosotros no somos antifranquistas, somos antiespañoles (…). A VI Asamblea le duele España, como a aquellos otros traidores que fueron Unamuno y Maeztu». Su fondo racista solía brotar rompiendo el disimulo. El grupo recogió a jóvenes peneuvistas y mantuvo una ideología socialista y autogestionaria. ETA VI evolucionaba a su vez hacia el trotskismo y el activismo sindical, más que el de las pistolas[8].

En 1972 la ETA secuestró a un empresario y realizó tres atracos que llenaron su bolsa, así como numerosos atentados menores y el asesinato de un guardia municipal. A cambio, cuatro etarras cayeron bajo las balas de la policía. Fue el año del XII Congreso del PSOE, y también de la detención en un local eclesiástico —para variar— próximo a Madrid, de la plana mayor de Comisiones Obreras, con Marcelino Camacho, obrero de una importante fábrica madrileña, y Nicolás Sartorius, aristócrata comunista, al frente. También había un sacerdote. Con todo, en Vascongadas y en el resto, el año transcurrió comparativamente tranquilo.

El año 1973 iba a resultar, en cambio, extraordinariamente movido, también con importantes acontecimientos fuera de España que repercutían en el interior. En enero se firmaban los acuerdos de París entre Usa y Vietnam del norte, los cuales suponían la virtual derrota de la primera, aunque los comunistas no llegarían imponerse totalmente hasta 1975. La derrota tuvo inmenso efecto psicológico, pues la guerra de Vietnam se había convertido en el gran tema propagandístico y movilizador de toda la izquierda y el progresismo mundiales. En España el retroceso useño reanimó a los extremistas, confirmados en su creencia de que el futuro les pertenecía: ¿no estaba venciendo un país pequeño, pobre y atrasado, pero guiado por las luces del marxismo leninismo, a la mayor potencia económica y militar del mundo? Buena parte de la prensa española exhibía sin mucho rebozo su simpatía por los comunistas vietnamitas, como antes por Che Guevara, apóstol de la guerra en pro de una dictadura marxista.

Y el 1 de mayo se presentaba en Madrid un nuevo grupo terrorista, el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, ligado al PCE [m-l]), asesinando a un policía a navajazos. La acción provocó la protesta furiosa de quienes atribuían tales sucesos al reblandecimiento del régimen, aumentando las tiranteces en el seno de éste.

Dos semanas antes había perdido la vida el excura Eustaquio Mendizábal, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Siguió una crisis en la dirección etarra, al renacer los desacuerdos entre el sector obrerista y el abiertamente terrorista. Un núcleo restringido de la organización se había impuesto una acción increíblemente ambiciosa: el secuestro del almirante Carrero Blanco, vicepresidente del gobierno, para canjearlo por presos. Choca el propósito en un grupo que hasta entonces sólo había perpetrado secuestros y asesinatos relativamente fáciles, pero en realidad Carrero, como la mayor parte de las personalidades del régimen, tenía una protección escasa y rutinaria. Él mismo se despreocupaba de ella, guiado por un concepto providencialista de la vida.

El almirante Carrero Blanco era la eminencia gris del régimen, sobre todo en los últimos años, mientras decaía físicamente el Caudillo. Había ejercido una influencia determinante en la decisión de mantener a España al margen de la guerra mundial, y siempre había disfrutado del especial aprecio de Franco como consejero. Contra lo que a menudo se ha dicho, propugnaba una cauta liberalización o apertura del franquismo, la cual motivaba las iras de los sectores más radicales, como «Fuerza Nueva», dirigida por Blas Piñar, aspirante a mantener intangibles las esencias del régimen.

El 9 de junio Franco, consciente de su declive, nombró a Carrero jefe del gobierno, cediendo por primera vez ese puesto desde 1936, aunque permanecía como jefe del estado. Según la versión oficial de la ETA, la seguridad de Carrero fue entonces reforzada, por lo cual los etarras decidieron asesinarlo en lugar de secuestrarlo.

Por esos meses seguía su curso una campaña comunista en torno al juicio a Camacho y los demás dirigentes de Comisiones Obreras encausados en el que cobró fama internacional como «Proceso 1001». El PCE aspiraba a repetir algo semejante al proceso de Burgos contra la ETA tres años antes, e infligir al régimen una nueva y grave derrota política. Faltaba el dramatismo de las peticiones de pena capital, pero a cambio los encausados eran mucho más representativos y conocidos dentro y fuera del país. La propaganda comunista había convertido a Comisiones Obreras en un mito en Europa, como manifestación original y germen de una revitalización revolucionaria del acartonado sindicalismo europeo. Casi toda la oposición apoyaba las movilizaciones, en el extranjero cooperaban los potentes sindicatos y partidos izquierdistas, y todo el mundo pronosticaba un otoño muy cálido en España.

A caldearlo volvió a contribuir un suceso exterior: el 11 de septiembre un golpe militar acababa con el gobierno de Allende en Chile. Allende se proclamaba marxista y masón, y trataba de llegar por la vía legal a un régimen de tipo soviético. Las divisiones de sus contrarios le habían permitido alcanzar el poder en 1970 con un 36% de los votos, y emprender ingentes expropiaciones de empresas y tierras. El sistema ocasionó, desde 1972, escasez y desabastecimiento, y una inflación de hasta un 500% anual. Las huelgas, los enfrentamientos y la crispación crecieron, y la oposición acusaba a Allende de vulnerar la ley. Las izquierdas atribuían el caos a manejos de los capitalistas y de Washington a través de la CIA. Tenían alguna razón, pero también había una gran masa de población opuesta al allendismo. Y por su parte Usa no pensaba tolerar una segunda Cuba, sobre todo después de sus retrocesos en Vietnam. Muchos propietarios aumentaron de forma deliberada el desastre económico, pero las causas básicas de él radicaban en unas medidas socialistas ineficientes y sólo aplicables, al final, por una dictadura más o menos proletaria.

El gobierno contestó recrudeciendo las expropiaciones, cada vez más cerca de la ilegalidad. El centro derecha quiso derribar legalmente a Allende en el Parlamento, lo que exigía una mayoría de dos tercios, pero sólo obtuvo el 55% de los votos. En medio de una insoportable polarización social la violencia se adueñó de las calles, y en septiembre el general Pinochet, con acuerdo useño, derrocaba al gobierno. Siguió una cruel represión, aunque inferior a las habituales en las revoluciones comunistas.

Allende se convirtió en un nuevo mito para la izquierda en todo el mundo. Había intentado aplicar una revolución socialista por la vía democrática, hecho excepcional que permitía acusar a Usa de enemigo de la democracia y del pueblo, aunque la mayoría de éste rechazara a Allende. Desde el punto de vista contrario, Pinochet había salvado a Chile, in extremis, de un nuevo experimento comunista. En España, las afinidades culturales acentuaron la mitificación del líder izquierdista chileno, y también en este caso buena parte de la prensa española se inclinó por él.

Menos de un mes después, el 6 de octubre, ocurría otro acontecimiento de resonancia mucho más directa y costosa en la evolución mundial: Egipto y Siria, patrocinados por la Unión Soviética y financiados por Arabia Saudí, lanzaban un ataque masivo y simultáneo contra Israel, con la intención de aniquilarlo de una vez por todas. Tomado por sorpresa, y golpeado con armas nuevas, Israel retrocedió los primeros días, pero, fuertemente respaldado por Usa, pudo organizar una contraofensiva y poner a sus adversarios al borde de la derrota total. La URSS amenazó con intervenir directamente, y el conflicto concluyó en armisticio.

La guerra había sido corta (20 días), pero tuvo consecuencias trascendentales. Los países árabes productores de petróleo, en represalia, subieron arbitrariamente los precios, llevando a Occidente a una ardua situación. En aquellos años diversos teóricos afirmaban que los ciclos económicos habían sido superados, y que en adelante el desarrollo seguiría una línea ascendente más o menos estable e indefinida; pero en ese momento terminó el ciclo de extraordinaria prosperidad en los países occidentales, cuyas tasas de crecimiento bajaron drásticamente. No obstante, sus efectos, si bien muy dolorosos, no revestirían los rasgos catastróficos de la crisis del 29.

En España, la crisis tardaría aún dos años en notarse con fuerza, pero desde el primer instante, y como en toda Europa, causó una deprimente impresión de fin de época, psicológicamente favorable a la oposición.

Con este ambiente cargado e incierto, perjudicial para el régimen y beneficioso para sus enemigos, llegó el mes de diciembre. El juicio 1001 estaba previsto para el día 20, y el 12 la oposición realizó un ensayo general, llamando en todo el país a huelgas y manifestaciones que debían desatar el vendaval de protestas. Sin embargo la respuesta popular resultó inesperadamente fría, y la jornada se saldó con movilizaciones de poca monta. En una probable justificación a posteriori, los nacionalistas vascos de la ETA afirmarán que por eso decidieron matar a Carrero Blanco el mismo día 20, como en realidad ya habían previsto. Un atentado de esa magnitud eclipsaría el juicio 1001, lo cual sería un pago bien ingrato por el apoyo masivo de los comunistas y el resto de la oposición a la ETA durante el juicio de Burgos. Pero si el 1001, de todas formas, iba a movilizar a poca gente, la faena tampoco resultaría tan grave.

Mientras los simpatizantes de Comisiones Obreras aguardaban para entrar en la sala del juicio del Tribunal de las Salesas, a las 9,30 de la mañana, a cierta distancia, en la calle Claudio Coello, Carrero, su chófer y escolta eran asesinados en el coche en que viajaban, mediante una potente carga explosiva. Descartada pronto la hipótesis de un accidente, corrió por la ciudad la noticia de que se trataba de un atentado. El juicio 1001 fue suspendido en medio de una terrible crispación. Los procesados temieron ser asesinados en represalia, hasta que el oficial de la policía a su cargo bajó a los calabozos para tranquilizarlos.

Este atentado atípico ha originado infinidad de especulaciones, atribuyéndose su inspiración a la CIA o al soviético KGB, según preferencias, o estableciendo una vaga relación de causa a efecto entre la visita del secretario de estado useño, Henry Kissinger al jefe del gobierno español, el día anterior, y el atentado: Washington, interesado en una evolución democrática de España, vería a Carrero como un obstáculo a suprimir. Por otra parte, la CIA tenía viejos lazos con el PNV, al cual había controlado ampliamente en el exilio, como sabemos, y al que había instruido ocasionalmente para formar grupos de acción. Por ahí la CIA podría haber llegado a su vez a la ETA, nutrida de elementos radicalizados peneuvistas. Pero la hipótesis suena improbable. A Usa le interesaba una evolución tranquila, y no jugar con golpes de efectos muy inseguros, capaces de provocar nuevas convulsiones en España.

Más probable parece un lazo con el KGB a través de los servicios secretos cubanos, con los cuales, así como con los argelinos —también relacionados con el KGB—, la ETA parece haber tenido siempre relación estrecha. A Moscú, al revés que a Washington, podía interesarle la desestabilización de España, y una acción de ese tipo introducía precisamente una enorme dosis de incertidumbre sobre las consecuencias. Existe además el dato de la colaboración de algunos comunistas españoles con la partida que organizó el magnicidio. Desde luego, éste perjudicaba al PCE, al echar a rodar toda la campaña en torno al juicio 1001, pero el KGB tenía seguramente agentes al margen de la dirección española en el seno del PCE. No obstante, se trata de especulaciones.

El enorme esfuerzo dedicado por muchos comentaristas a lucubrar sobre la autoría o inspiración del atentado —esfuerzo necesario, por otra parte— contrasta con la escasa reflexión consagrada a sus consecuencias reales, que suelen darse por predeterminadas[*]. Se dice aún hoy que el magnicidio impidió el continuismo del régimen y abrió las puertas a la transición democrática. Así, España debería la democracia, en último extremo, a la ETA, interpretación muy satisfactoria para el terrorismo.

Esa interpretación se basa en tópicos elaborados por la propaganda, más que en hechos. En rigor, el atentado demostró en primer lugar la impotencia casi absoluta de la oposición. La pretensión de la ETA de que Carrero «era la clave que garantizaba la estabilidad y continuidad del sistema franquista», y de que «sin él las tensiones en el Gobierno entre la Falange y el Opus Dei se intensificarán» demuestran en qué grado la acción fue meramente provocadora. Las llamadas, toscamente, tensiones entre Falange y Opus (en realidad entre los continuistas y los evolucionistas o reformistas) podían haber desembocado, a causa del atentado, en una sangrienta involución, y eso era algo que ni la ETA ni el resto de los antifranquistas podían controlar de ningún modo. La primera reacción de la oposición fue el pánico. Los organizadores de la campaña por el «1001» anularon de inmediato las órdenes de movilización, y sus jefes significados se ocultaron para ponerse a salvo de una muy posible venganza. Muchos de ellos actuaban a la luz pública, pues el PCE llamaba a «conquistar la legalidad», lo que, como pasaba con la reorganización de diversos partidos, implicaba contar con la tolerancia policial.

Y la venganza no estuvo lejos. El general Iniesta Cano, jefe de la Guardia Civil, mandó tomar las ciudades y usar las armas al menor conato de desorden. Parecía muy factible la salida represiva en una época de anuncios de fin de la bonanza económica y de graves sucesos internacionales, máxime bajo el impacto emocional del atentado. Sin embargo el sector evolucionista, representado por Torcuato Fernández Miranda, Vicepresidente y Secretario general del Movimiento, o partido único, garantizó la seguridad de los presos y anuló las órdenes de Iniesta. En ese trance la pugna entre continuidad y reforma quedó zanjada a favor de la segunda: el franquismo no iba a sobrevivir a Franco. Pero esta decisión no fue efecto del atentado, que estuvo a punto de provocar la contraria, sino del propio impulso evolutivo del régimen apoyado en las transformaciones sociales y económicas de los años 60 y en la creciente relación con las democracias. El propio Carrero marchaba en esa dirección, si bien con pies de plomo. Los reformistas comprobaron también la calma popular y la escasa operatividad de la oposición, señales ambas que rebatían los alarmados augurios de los continuistas.

Los procesados del 1001 recibieron condenas enormes, entre veinte y doce años, que al año siguiente serían rebajadas a entre seis y dos.

Resuelta la cuestión fundamental sobre el destino del régimen, en lo sucesivo todo dependería de cómo se produjera la reforma, en medio de una situación difícil. Extrañamente, el encargado de formar nuevo gobierno no fue Fernández Miranda, sino Arias Navarro, precisamente el ministro de Gobernación y por tanto responsable de la seguridad, entre otros, de Carrero, tan radicalmente fracasada. Y Arias simpatizaba con el continuismo más que con la reforma. Posiblemente la decisión respondió a presiones del entorno familiar, o bien de los ayudantes militares de un Franco muy debilitado física y anímicamente, y reflejaban ansiedad ante unos cambios inevitables. Aun así, el 12 de febrero de 1974, Arias pronunciaba un notado discurso abiertamente aperturista, aunque muy insuficiente a juicio de la oposición. En cuanto al heredero de Franco, el futuro rey Juan Carlos, parecía pensar ya en un tránsito lo más rápido posible hacia una democracia liberal, aunque de momento su influencia fuera escasa.

Pero a las dos semanas la Iglesia progresista daba un nuevo disgusto al gobierno, tensando las relaciones hasta el borde de la ruptura. El obispo de Bilbao, Añoveros, ordenó leer en sus parroquias una homilía de tintes sabinianos, en la que asemejaba la salvación cristiana a las concepciones nacionalistas sobre los vascos. La homilía fue además muy ampliamente difundida en fotocopias, dentro y fuera de España. Esto, sólo tres meses después del asesinato de Carrero Blanco, suponía una bofetada al gobierno y una indirecta legitimación de la ETA, al modo como la practicaba el PNV: condena retórica del terrorismo, pero implícita justificación del mismo. El gobierno reaccionó con suma irritación, y trató de expulsar al obispo, pero el resto del episcopado hizo causa común con él. Tarancón tenía preparado un decreto excomulgando a la autoridad que intentase la expulsión. Tras unas semanas de tiras y aflojas, con amplia repercusión propagandística, el gobierno cedió, y Añoveros permaneció en su puesto.

No obstante, en marzo serían ejecutados el anarquista Salvador Puig Antich y un hombre de oscuro origen, al parecer polaco, llamado Heinz Chez, acusados de sendos asesinatos. Puig, procedente de una familia nacionalista catalana, había evolucionado hacia el anarquismo e integrado uno de los muchos grupúsculos que por entonces realizaban principalmente atracos, hasta derivar en la muerte de un policía. El llamado Chez había matado a un guardia civil, sin intención política. Estas ejecuciones, en especial la de Puig, indicaban la resolución del régimen de marcar una línea clara en relación con el terrorismo. Otro límite era el comunismo. Al contrario que en el caso de los etarras, las condenas de Puig y Chez levantaron poca solidaridad en la oposición.

Cinco meses después del magnicidio de Carrero, un acontecimiento externo, pero muy próximo, venía a alterar la evolución política española: la llamada revolución de los claveles en Portugal. Se trató de un golpe militar que derribó a Caetano, sucesor del dictador Oliveira Salazar. El detonante fue la guerra en las colonias africanas, que se arrastraba sin solución desde diez años atrás. Bastantes oficiales destacados en Angola y Mozambique para combatir la guerrilla adoptaron una ideología tercermundista y anticapitalista similar a la de sus enemigos, y finalmente se sublevaron en la metrópoli, el 25 de abril de 1974. Formaron entonces un Consejo Revolucionario, régimen militar influido por los comunistas y las izquierdas radicales, que impuso numerosas nacionalizaciones y repartos de tierras en medio de una efervescencia social con muchos visos de abocar a una revolución verdadera. La presión exterior, la reconstitución de fuerzas de derecha y la creciente presencia del más moderado partido socialista terminarían impidiendo esa deriva, pero el desenlace iba a mantenerse muy dudoso hasta dos años más tarde, cuando los militares moderados se hicieron con las riendas de la situación después de incidentes y choques en cuarteles.

El movimiento portugués fue saludado con euforia por la oposición antifranquista, que vio en él realizadas sus aspiraciones para España. Hasta en el ejército español brotaron algunos conatos, a la larga inofensivos, de rebeldía. Para el franquismo, la experiencia portuguesa no constituía precisamente un acicate, y la apertura quedó frenada tras la voz de alarma del exministro José Antonio Girón, líder continuista. Sería un frenazo momentáneo, pues todo el mundo, fuera y dentro del régimen, maniobraba febrilmente con vistas a un cambio que casi nadie creía o quería evitar.

Durante el verano la salud de Franco empeoró muy seriamente. Hospitalizado, hubo de resignar sus poderes en Juan Carlos. Sin embargo se repuso pronto y recuperó sus atribuciones en septiembre, para disgusto del príncipe y de muchos ministros. El incidente revela hasta qué grado el régimen estaba unido a la personalidad de Franco, y cómo ésta seguía siendo determinante, pese a sus limitaciones físicas.

Por lo tanto las maniobras políticas se multiplicaban, dentro del régimen y en la oposición, creando una debilidad que aprovechó el monarca marroquí, Hasán II, para presionar sobre el Sahara español. En esta colonia actuaban unas guerrillas izquierdistas tuteladas por Argelia, el Frente Polisario, que había atacado a las tropas españolas. Si ese movimiento dominaba la zona, Marruecos, único aliado importante de Usa en el norte de África, quedaría aislado y rodeado por la Argelia socialista y amiga de Moscú. Por consiguiente, Washington respaldó el expansionismo marroquí. Por otra parte Marruecos, Argelia y Mauritania, aunque enfrentados radicalmente entre ellos, coincidían en algo: en que España debía desalojar la región cuanto antes.

Este problema iba a perturbar los últimos tiempos del franquismo, junto con la efervescencia de una oposición que ya se manifestaba incontenible a través de la prensa, de asociaciones legales y de una creciente violencia. El gobierno quiso encauzar a los descontentos mediante una Ley de Asociaciones, que no funcionó, y el año 1974 se despidió con un escándalo inmobiliario añadido a los anteriores de Matesa y de la «evaporación» de gran cantidad de aceite en la localidad gallega de Redondela. Los escándalos tocaban de un modo u otro a personajes del régimen, y la oposición los explotó a fondo. En Europa, la hostilidad al Caudillo aumentaba ante su final previsto, aunque nadie, dentro ni fuera, se sintiese con bríos para acortarlo.

El año 1974 vio la reorganización definitiva de la oposición. A la hospitalización de Franco respondió el PCE tratando de unificar al antifranquismo en una alianza, y el 30 de julio nacía en París la Junta Democrática, en la cual figuraban, aparte del PCE y sus Comisiones Obreras, partidos como el PSP de Tierno Galván, el maoísta PTE (Partido del Trabajo de España), defensor de la lucha armada, el Partido Carlista, de pretensiones socialistas y autogestionarias; y personajes de significación, pero no representatividad, política, como Calvo Serer, miembro destacado del Opus Dei, o García Trevijano, ambicioso abogado que pensaba representar un papel parecido al de Alcalá-Zamora en 1930, y ambos próximos a Don Juan; o el intelectual progresista Vidal Beneyto.

Aunque pretendía un cambio en ruptura total con el régimen, el programa de la Junta era bastante moderado: libertades democráticas, legalidad de los partidos sin excepción, amnistía para todos los presos políticos, y «reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco y gallego y de otras comunidades regionales que lo decidan democráticamente». Más un referéndum sobre la monarquía. Todos creían en la necesidad y facilidad de expulsar en su momento a Juan Carlos, a quien apodaban «el Breve». De todos modos, la Junta trataba de encontrar en el mismo régimen o sus aledaños a algún personaje que «nos abriera la puerta desde dentro», en expresión de Carrillo[9]. Pensaron en Don Juan, sobre quien presionaron Calvo Serer y Trevijano, pero el pretendiente vacilaba.

El PCE, precisamente por su larga experiencia de lucha, tenía mayor consciencia de la debilidad de la oposición que otros grupos y personajes algo aventureros, resueltos simplemente a explotar la coyuntura. Además, a Carrillo le convenía ofrecer imagen de moderación, porque temía que las maniobras del posfranquismo lo dejaran en la ilegalidad. Habría sido en verdad doloroso que los demás partidos, que nunca habían luchado realmente contra el régimen, sacaran todos los provechos a última hora. Le preocupaba en especial el PSOE, el cual rehusó integrarse en la Junta porque pensaba disputar el protagonismo a los comunistas, y hasta dejarlos en la estacada si su legalización no resultaba aceptada finalmente. El gobierno español había exteriorizado actitudes francamente benévolas hacia el PSOE.

Para todos ellos la reasunción del poder por Franco en el otoño supuso una fuerte decepción. El Caudillo no podía durar ya mucho, pero ¿cuánto? ¿Años todavía?

En octubre el PSOE celebró su XIII Congreso en Suresnes, cerca de París, con el patrocinio de la Internacional Socialista, especialmente de Mitterrand y de Craxi, aunque el apoyo material le llegaba fundamentalmente del SPD, el poderoso partido socialista alemán en el gobierno, liderado por Willi Brandt. La perspectiva de un no lejano acceso al poder espoleó crudas intrigas congresuales, y el grupo sevillano, de acuerdo con el vasco, desplazó definitivamente a los históricos del exterior. Tampoco faltaron querellas entre los del interior. El secretario general debía ser Nicolás Redondo, pero renunció, compitiendo por el poder Felipe González, Pablo Castellano y Enrique Múgica. Ganó González en circunstancias que Castellano y otros estimaron irregulares. Dos de los elegidos a la ejecutiva quisieron dimitir como protesta, pero Alfonso Guerra desconectó los micrófonos, impidiendo que sus explicaciones fueran oídas[*].

El PSOE llegaba con un programa harto más avanzado que la Junta. También partidario de una «ruptura democrática», hacía de las «nacionalidades ibéricas» la «base del proceso constituyente», exigía cosas como «el control democrático de la empresa pública y la Seguridad Social», o la «garantía de la sociedad como cobertura de las necesidades de los ciudadanos». Ideas de sonido radical, aunque lo bastante vagas como para ser interpretadas con mucha amplitud. González fundó su rechazo a la Junta Democrática en que esta «alianza interclasista se hace desde una posición de derechas, burguesa», mientras que el PSOE aspiraba a una alianza con otros sectores, sí, pero «sin renunciar a un planteamiento de clase en la elaboración del acuerdo que tienda a la recuperación de la soberanía popular. Por consiguiente nos separan profundas diferencias hoy por hoy de la Junta Democrática[10]». Lenguaje marxista clásico, de aire algo folclórico y oportunista. No por primera vez pretendía el PSOE situarse a la izquierda del PCE.

El PNV y el nacionalismo catalán siguieron llevando una vida mediocre, el uno sin sobresalir en casi nada, y el otro fragmentado e integrado oscuramente en la Asamblea de Cataluña, la cual obtenía facilidades y auxilios económicos de grupos católicos y del de Pujol, sin por ello hacer sombra a un PSUC muy pronacionalista, que suplía en cierto modo la debilidad del nacionalismo tradicional.

La manifestación clave de los nacionalismos en esta etapa siguió siendo la ETA, cuyo ejemplo inspiraba también a grupos nacionalistas catalanes, gallegos y canarios, aspirantes a imitarla, y despertaba admiración en todos ellos, incluso en los moderados.

El asesinato de Carrero abrió dentro de la ETA una nueva crisis, pues todo hacía prever una evolución democrática y probablemente autonómica. Contra esa evolución convenía actuar de manera resuelta e inteligente, pues la única salida aceptable, revolucionaria, consistía en la plena separación de España para constituir un estado socialista y de habla vascuence exclusiva. Un sector señalaba que en los años anteriores «El pueblo vasco [es decir, la propia ETA] no ha conseguido crear un Ejército popular de liberación»; «El desarrollo de la estrategia aceptada en la V Asamblea no nos ha llevado a una situación de guerra popular de liberación, sino que, junto a la lucha del resto de los pueblos del Estado español nos ha conducido a las puertas de un proceso democrático-burgués». Por lo tanto debía acabarse con la estrategia de la división en cuatro frentes. En adelante debía crearse un movimiento ciudadano amplio que explotase las ventajas de la legalidad para defender el ideario etarra, bajo control de la ETA pero formalmente independiente de ella. La ETA, a su vez, abandonaría los frentes cultural, obrerista y político, que nunca habían funcionado bien y habían causado mil fricciones internas, y se convertiría exclusivamente en una organización armada para marcar el camino a la sociedad vasca con sus atentados, libres de servidumbres legales. Pues sólo los atentados habían convertido a la organización en un factor de primer orden en la vida política española.

Otros temían que por esa vía serían otros partidos quienes terminaran aprovechando la situación, gracias al «hechizamiento» que habían de producir en la población las libertades democráticas y la autonomía. En estas circunstancias, «la lucha armada (…) en coordinación con la lucha de masas y su radicalización, tendría en un principio que agudizar las contradicciones para luego, sin dejar lo anterior, pasar a las acciones complementarias de las luchas de masas, y en una tercera fase (…) ir construyendo un Ejército popular, que tomaría el poder después de la destrucción del Estado». Se mantenía, pues, la división en frentes con vistas a una insurrección final[12].

Las diferencias entre las dos líneas no parecen muy profundas, pero ocasionaron las clásicas y acerbas acusaciones mutuas de «liquidacionismo» y similares. Las dos tendencias mantendrían la actividad terrorista («militar» en su lenguaje) como vía prioritaria para avanzar hacia la «Euskadi» libre y socialista. Las disputas internas terminarían en escisión, dando lugar nuevamente a dos organizaciones, la defensora de la primera postura sería ETA (m), o militar, y la segunda ETA (p-m) o político-militar, conocidas popularmente como «los milis» y «los polis-milis».

La escisión formal se consumó poco después de uno de los más sonados crímenes de la organización: el 14 de septiembre una bomba en la cafetería Rolando, de Madrid, causó 14 muertos y varias decenas de heridos y mutilados. La carnicería entraba plenamente en la lógica de la ETA, resultó muy inconveniente para ella desde el punto de vista publicitario, pues aspiraba a justificarla alegando que los muertos eran policías, cuando no hubo policías entre ellos. La oposición, siempre dispuesta a justificar al terrorismo etarra, achacó inmediatamente la matanza… al propio gobierno. La acción, aseguraban muchos, tenía los rasgos típicos de una «provocación fascista», aunque tal «tipismo» nunca se hubiera dado en España. La ETA estuvo a punto de reivindicarlo, acusando de inconsecuencia a sus simpatizantes antifranquistas, pero lo pensó mejor y decidió unirse a éstos, culpando también de la matanza a los «fascistas». Sabemos esto gracias al testimonio de la intelectual feminista Lidia Falcón, incriminada tangencialmente en el atentado y autora del clarificador libro Viernes y trece en la calle del Correo. Como ocurriera en el atentado contra Carrero Blanco, en la infraestructura de éste colaboraron miembros del PCE quizá al margen de la dirección, especialmente Genoveva Forest y su marido, el dramaturgo Alfonso Sastre. Lidia Falcón relata cómo la Forest, en la cárcel, exaltaba al principio la matanza como una hazaña, para después, con súbita amnesia, negar enfáticamente la autoría etarra. Mezcla de hipocresía y fanatismo nada infrecuente.

Tan tarde como noviembre de 1974 también comenzaba su andadura el partido nacionalista Convergencia Democrática de Cataluña, liderado por Jordi Pujol, un partido nacionalista de derecha, pero no tan heredero del de Cambó como pudiera presumirse. Tendría un gran futuro, pese a la casi nula presencia de sus militantes en la lucha antifranquista.

El año 1975 resultó aún más movido. La primavera registró un importante éxito político de la Junta Democrática, al ser recibida a principios de marzo por la Comisión y el Parlamento europeos, lo cual le otorgaba cierta legitimidad ante el futuro político español. Carrillo quiso que Tierno Galván diera una rueda de prensa en Madrid y se hiciera encarcelar, porque toda Europa le apoyaría y se armaría un escándalo mayúsculo: «Recordaba lo que había significado el encarcelamiento de Alcalá Zamora, Maura y otros miembros del Comité republicano en 1930 para remover a todo el país». Tierno rehusó, quizá no tenía tanta fe como Carrillo en que el país se removiera[13][*].

Este éxito de la Junta tuvo un efecto en parte contraproducente para ella, pues alarmó a la socialdemocracia y a la democracia cristiana europeas, reacias a la hegemonía de un PCE tan lleno de iniciativa. Desconfianza aumentada por los sucesos de Portugal, inmerso aún en una situación harto caótica de evolución muy oscura, con un potente partido comunista empeñado en avanzar hacia su revolución, aparte de la proliferación de grupos maoístas no desdeñables. El PCE exhibía una política, la que sería llamada «eurocomunismo», distinta de la de su correligionario luso, pero una larga experiencia histórica de disfraces y tácticas comunistas abonaba todos los recelos.

Por ello las internacionales democristiana y socialdemócrata redoblaron su apoyo al PSOE como alternativa a la Junta del PCE. Y en junio de 1975 nacía la Plataforma de Convergencia Democrática, capitaneada por Felipe González, y en la cual entrarían el grupo democristiano de Ruiz Giménez, antiguo ministro de Franco y promotor del acercamiento al marxismo desde su revista Cuadernos para el diálogo; la Unión Socialdemócrata del antiguo falangista evolucionado hacia la izquierda Dionisio Ridruejo; dos grupos maoístas partidarios, aunque no practicantes por el momento, de la lucha armada: la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, ORT, procedente de asociaciones católicas, y el MCE, Movimiento Comunista de España, salido años antes de la ETA; y otras siglas y personajes en mezcla no menos variada y contradictoria que la Junta Democrática o la Asamblea de Cataluña.

La Asamblea de Cataluña optó por no integrarse en la Junta ni en la Plataforma, y tratar con las dos. Ello venía bien a los comunistas, que así podían conocer las decisiones de la Plataforma. No les vino tan bien la pretensión del PNV de hacer lo mismo, y este partido hubo de elegir la Plataforma una vez la Junta le exigió definirse. La Plataforma venía mejor al PNV, no sólo por su imagen más moderada y sus apoyos exteriores más amplios, sino porque los socialistas, sus socios en el «gobierno vasco», habían aceptado, en septiembre de 1974, una declaración según la cual en 1936 el PSOE y los republicanos habían formado con el PNV y ANV un «Frente Nacional» vasco dirigido por el lendakari Aguirre para luchar con las armas «contra la rebelión». Esa versión, alejada de la realidad histórica, entrañaba la aceptación por los socialistas y republicanos de las tesis peneuvistas, no reconocidas por ellos en 1936, y con olvido de la permanente traición practicada por el PNV en el imaginario Frente Nacional. Y el PSOE aparecía mucho más favorable a los nacionalismos que el PCE[14].

Tanto la Junta como la Plataforma oscilaban entre sus radicalismos rupturistas y la conveniencia de transmitir al poder un mensaje de moderación. Mientras se fundaba la Plataforma, la Junta redobló sus esfuerzos para obtener reconocimiento internacional, y sobresaltaba a los gobiernos europeos y useño con el anuncio de un supuesto golpe militar previsto para impedir el establecimiento de la democracia en España[*].

La primera mitad de ese año fue también la de «la primavera de Fraga». Dentro del régimen los impulsos evolucionistas chocaban con la inquietud ante la inaceptable evolución del vecino Portugal, y el llamado bunker argumentaba con aparente solidez para imponer al gobierno Arias constantes frenazos en la apertura. Quien entendió mejor la urgencia de tomar la iniciativa si no querían terminar todos desbordados, fue Fraga Iribarne, político gallego procedente de la Falange y que en 1966, desde su puesto de ministro, había abolido la censura previa en la prensa y ampliado notablemente la libertad de expresión. Fraga, a la sazón embajador en Londres, propuso a principios de 1975 un plan de reforma democrática con admisión de los partidos, excepto el PCE y, por supuesto, los terroristas. Franco no le dio el visto bueno, y el plan quedó aparcado.

Todo esto ocurría en medio de una considerable agitación laboral y estudiantil. Y en marzo era reelegido Tarancón a la cabeza del episcopado, lo que no auguraba una mejora en las relaciones entre la Iglesia y el régimen. Sin embargo hubo en la Iglesia cierta marcha atrás con respecto a los años anteriores. Fue suspendida una «asamblea cristiana» promovida por el obispo Iniesta, de rasgos demasiado identificables con el marxismo, y el episcopado emitió un documento sobre la reconciliación llamando a superar las viejas discordias, que parecían estar resucitando. El documento tuvo escaso impacto en la prensa, quizá por su tono poco estridente. La Iglesia iba a constatar pronto que sus radicalismos y sus ayudas, en muchos casos decisivas, a los partidos antifranquistas, no le habían ganado gratitud alguna entre los beneficiados.

También en el ejército surgían atisbos de división —se formó la UMD (Unión Militar Democrática)—, de poca incidencia, pero significativos por ocurrir donde ocurrían. Y a mediados de junio Don Juan, acuciado por la impresión de derrumbe del régimen y por la actividad de la oposición, tomaba a su vez una actitud rupturista similar a la de 1945, que implicaba la descalificación de Juan Carlos. Ese nuevo cambio de talante tendría tan escaso éxito como el de treinta años atrás, pero irritó a un Franco ya muy próximo a la muerte.

Aquéllos fueron meses de intensísimas intrigas y maniobras tanto en el franquismo como en la oposición. Pero al comenzar el estío pasó de nuevo a primer plano el terrorismo. A partir de marzo, la ETA emprendió una escalada de asesinatos individuales mediante su método tradicional, el disparo por la espalda. Así mató hasta el mes de agosto a 9 personas, policías en su mayor parte, más algunos taxistas, un conductor de autobús, etc. El ejemplo, en medio del enrarecido clima político, animó a otros grupos terroristas a pasar a la acción. Desde finales de los 60 se multiplicaban en España las organizaciones propensas a la «lucha armada», maoístas, anarquistas o nacionalistas catalanas o gallegas. Unas y otras habían realizado atracos y atentados menores, pero entonces tres de ellas dieron el paso decisivo: la UPG gallega, el FRAP y el PCE(r), ambos de ideología maoísta. El segundo, sobre todo, contribuyó al recalentamiento político de aquel verano asesinando a varios policías.

El régimen volvió a endurecer las leyes y restringió la información de la prensa, buena parte de la cual hacía sin mucho disimulo el caldo gordo a los terroristas[*]. Y a finales de julio y principios de agosto, la policía lograba desarticular las principales organizaciones del FRAP y la ETA, dando la impresión de dejarlas fuera de combate. Entonces entró en acción el PCE(r) matando a un guardia civil e hiriendo a otro. Nuevas y espectaculares detenciones en septiembre contra la ETA polimili, causándole algunos muertos cuando ésta preparaba grandes atentados, dejaron a la organización fuera de combate por el momento. Los tribunales militares juzgaron a los detenidos, pronunciando once penas de muerte contra miembros del FRAP y de la ETA.

Enseguida se extendió, dentro y fuera de España, un formidable movimiento de solidaridad, similar al del juicio de Burgos cinco años antes. La unidad inalcanzada por la Junta o la Plataforma volvió a forjarse en la acción a favor de los terroristas, presentados como «luchadores antifascistas» y «patriotas». Numerosos gobiernos extranjeros, intelectuales de izquierda, obispos y el mismo papa Pablo VI pidieron clemencia a Franco. La presión interna y externa llegó a tal grado que casi todo el mundo dio por conmutadas las penas, a semejanza de lo ocurrido en 1970.

Por desgracia, la petición creaba una impresión coactiva, al producirse en un clima de manifestaciones violentas y alegatos que hacían recaer toda la culpabilidad moral y política sobre el régimen, no sobre los terroristas, cuyas víctimas quedaban además olvidadas y despreciadas. Además, a los ojos del gobierno español, el anterior perdón de las sentencias de Burgos no había servido para apaciguar la violencia, sino al contrario; y así era. Estas consideraciones pesaron más que otras, y cinco de las sentencias, tres para miembros del FRAP y dos de la ETA, fueron ejecutadas a finales de septiembre.

Al instante se desataron por Europa las protestas y disturbios, con manifestaciones de redoblada violencia, retirada de embajadores, boicots comerciales, asaltos a locales y embajadas españoles, etc. La embajada en Lisboa sufrió saqueo e incendio, no acudiendo la policía hasta el final de la agresión. El gobierno holandés y el sueco de Olof Palme —que a su vez moriría años más tarde en un atentado—, discretos ante otras dictaduras, multiplicaron sus muestras de condena al franquismo y de apoyo a los «luchadores antifascistas» españoles. La ejecución de terroristas reales o supuestos, o de simples disidentes, no era lo que se dice un hecho inhabitual en el mundo, pero sólo en relación al régimen de Franco despertaba tales oleadas pasionales.

En España, no obstante, los llamamientos a huelgas y manifestaciones encontraron poca acogida. Por eso, y con la idea de que, si no se replicaba con la mayor energía, el «fascismo» se saldría con la suya y amedrentaría a la sociedad durante bastantes años, el PCE(r) asesinó en represalia, el 1 de octubre, a cuatro policías armados en Madrid. Esa acción entraría en el nombre de la organización armada creada por dicho partido más adelante, el GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre).

El ferviente apoyo a los terroristas por parte de los demás nacionalistas y de toda la izquierda, muy a menudo en combinación con movimientos internacionales, no deja de constituir una tradición en España desde finales del siglo XIX. Como ya quedó indicado, España es probablemente el país europeo donde el terrorismo ha jugado un papel político más decisivo, siendo una de las causas fundamentales del hundimiento de la Restauración. La misma reanudación de la guerra civil va marcada simbólicamente por el asesinato de Calvo Sotelo. Y ahora parecía volver a ocurrir.

La oposición al franquismo reivindicaba la democracia y se justificaba en ella, pero en muchos aspectos representaba un serio peligro para la convivencia. Resucitaba los fantasmas del pasado, respaldaba abierta o disimuladamente a la ETA, esperando beneficios políticos de sus acciones, asumía las doctrinas nacionalistas y volvía a la negación de España, tan acusada en los tiempos de anteguerra. La misma palabra «España» —sustituida por «Estado español»— se hizo casi un tabú en esos medios. Sus principales fuerzas profesaban el marxismo, radicalmente antidemocrático. Su antifranquismo visceral colisionaba, en principio, con una masa del pueblo no descontenta con el régimen, como evidenciaba el fracaso reiterado de los llamamientos a rebelarse contra él. Además, aquella oposición se componía de grupos faltos de raíces en la población, de ideologías muy variadas, cuando no enemigas entre sí, que sólo reconocían la democracia como un medio para terminar «superándola», como el PSOE en 1931. Si el régimen se derrumbaba y ella tomaba el poder, no era difícil imaginar una nueva época de sacudidas en España.

A mediados de octubre, Franco volvió a sentirse enfermo y pronto entró en una prolongada y dolorosa agonía aprovechada por el rey Hasán de Marruecos para adueñarse de la colonia española del Sahara, con evidente apoyo useño. España perdía los últimos restos de su imperio colonial, pero de manera incruenta y, al revés que en 1898, el suceso fue acogido casi con alivio. La ONU había dictaminado que la población saharaui debía decidir en referéndum su futuro político, y Franco pensaba cumplir ese mandato. Pero España sólo contaba con enemigos en la zona, y las presiones internacionales llevaron al nuevo jefe de estado, Juan Carlos, a doblegarse y permitir la invasión marroquí, instrumentada como una «marcha verde» de masas exteriormente desarmadas.

Franco falleció el 20 de noviembre, casualmente en el aniversario de la muerte de José Antonio, y también del líder anarquista Durruti, treinta y nueve años antes. Fue enterrado en el Valle de los Caídos, el gran monumento —presidido por una cruz visible a mucha distancia, y sobre los restos de combatientes de los dos bandos—, que él ordenó edificar como recuerdo de su victoria sobre la revolución y como emblema de reconciliación nacional que no ha sido aceptado por la izquierda.

Sin duda alguna Franco fue el personaje político español más destacado del siglo XX, como revelan, entre otras cosas, las pasiones que su figura sigue levantando a treinta años de su muerte y setenta del principio de la guerra civil, en 1934, cuando él defendió la legalidad republicana frente al asalto de las izquierdas. Esa pasión, sobre todo del lado de la izquierda, viene generando una auténtica catarata de libros, artículos, comentarios en todos los medios de masas, centrados últimamente en la represión derechista durante la guerra y la posguerra. Esa producción busca descalificar de manera absoluta, para la historia, al viejo Caudillo. Sin embargo difícilmente cumplirá esa misión. Aparte de frecuentes exageraciones o invenciones puras y duras, destinadas a fomentar un odio retrospectivo con aplicaciones actuales[*], olvidan a las víctimas causadas por el terror izquierdista —no menos sino probablemente más brutal— entre las derechas, olvidan a las víctimas causadas por el terror entre las propias izquierdas; y olvidan que tales comportamientos, lejos de ser típicos de España, han sido expresión muy común de los odios ideológicos característicos del siglo XX en Europa y otros continentes. Tales fallos desenfocan los trabajos, haciéndolos poco útiles como material historiográfico, aunque no desdeñables como propaganda. De esta manera los antiguos rencores siguen activos, y, en la frase de Esquilo, «los muertos matan a los vivos».

Desde luego el franquismo fue una larga dictadura, pero no todas las dictaduras tienen el mismo carácter. Si hacemos un balance global, parece claro que Franco libró a España de una revolución, y por tanto de una dictadura mucho más totalitaria, la libró de un proceso de disgregación, evitó su entrada en la II Guerra Mundial y presidió la época más prolongada de paz y prosperidad que haya vivido el país desde principios del siglo XIX. A su muerte España estaba más cerca del grupo de países opulentos de Europa que nunca en estos dos siglos, y sólo muy recientemente han vuelto a recuperarse los niveles de convergencia de 1975. Dejó, pues, un país no sólo próspero y con escasa delincuencia, sino también muy mayoritariamente moderado en sus actitudes políticas, como iba a ponerse pronto de relieve. Todo lo cual aseguraría un paso poco traumático a la democracia. Hasta su muerte, Franco siguió convencido de que el sistema de partidos sólo podía resultar nefasto para España, pero lo cierto es que éstos no habrían podido funcionar luego sin el ambiente general creado por su dictadura.

La mayor decepción y el mayor daño para él provinieron de la postura final de un sector de la Iglesia que se hizo dirigente en ella. Franco estaba convencido, y con bastante razón, de haber salvado a la Iglesia, y seguramente le sorprendió, y aun más que le sorprendió, la reconsideración negativa por los obispos, a última hora, de la alianza cimentada durante la guerra.

Estas evidencias suelen negarse con auténtica pasión, pero no por ello dejan de ser hechos indiscutibles.

SEXTA PARTE:

UNA DEMOCRACIA NO CONSOLIDADA

Capítulo 25

RUPTURA CONTRA REFORMA

A la muerte de Franco se extendió por todo el país la sensación de que el régimen no podía durar mucho. Quienes pensaban mantenerlo, como Girón o Blas Piñar, carecían de suficiente prestigio, reconocimiento público y fuerza organizada, incluso carecían de una idea clara sobre cómo obrar sin el Caudillo; y los franquistas más conspicuos, como Fraga, Fernández Miranda o el propio rey, propugnaban la democratización.

La situación recordaba en muchos aspectos a la de 1930, tras la dimisión de Primo de Rivera. En ambos casos la dictadura dejaba a sus herederos una herencia en muchos aspectos excelente, pero al mismo tiempo había sido incapaz de institucionalizar un régimen duradero, por lo cual planteaba un problema político de primer orden: ¿cómo pasar de la excepcionalidad dictatorial a la normalidad constitucional?

El problema había sido muy mal resuelto en 1930-31. Habían quedado descartados los partidarios de una reforma estable, en favor de quienes encarnaban la incertidumbre por su debilidad representativa y por sus concepciones radicales y rupturistas. Igual dilema surgió en 1975: ¿iban a tomar la iniciativa las fuerzas evolutivas del propio franquismo, o, por el contrario, lo haría la oposición rupturista? ¿Sería Juan Carlos capaz de mantenerse y dirigir la transición democrática, o caería pronto, desautorizado por su origen y repudiado por los antifranquistas y la población? En torno a este dilema iban a girar los sucesos posteriores.

Entrevemos la magnitud de la apuesta al examinar a la oposición en las dos fechas. En 1930-31, la oposición adoptó el republicanismo, si bien con grandes equívocos, pues los conservadores deseaban moderar a las izquierdas, parte de éstas se consideraban ungidas para dirigir una república «burguesa» (con o contra los electores), y otros la aceptaban como régimen de transición hacia una próxima dictadura obrerista. En 1975 el paisaje no difería mucho. También la oposición, en la Junta o en la Plataforma, congregaba a fuerzas y personajes dispares en exceso, desde revolucionarios maoístas hasta reformistas y cristianos de varia intención, casi todos los cuales habían manifestado apoyo o respeto al terrorismo y al comunismo. Teniendo esto en cuenta, la ruptura, el paso íntegro del poder a estas alianzas, habría supuesto un salto en el vacío comparable al de los años 30.

Había también diferencias de peso. En 1975 la república no era prioritaria para casi nadie, aceptándose en general una monarquía, siempre que estuviera libre del supuesto estigma franquista y como régimen de transición hacia una nueva república. Pensaban para ello en Don Juan, pues su hijo era «un pobre hombre incapaz de toda dignidad y sentido político, que sólo aspira a ser rey por algunos meses», en palabras de un triunfalista Carrillo en vísperas de la muerte de Franco[1].

Además, la oposición de 1975 descartaba imponerse mediante un golpe de fuerza como el intentado por los republicanos de 1930. No por moderación, sin embargo, sino más bien por resignación disgustada. En 1930 el ejército estaba dividido y desmoralizado, mientras que en 1975 permanecía unido y disciplinado, y los ligeros síntomas de corrosión ofrecían pocas esperanzas a los opositores. A muchos de ellos les habría encantado una reedición de la revolución de los claveles lusa en España, pero también sabían que eso era sólo un sueño. De ahí su amargura hacia aquellas fuerzas armadas que, como «poder fáctico», les obligaban a una prudencia mayor de la que habrían exhibido por propio impulso. Sólo un sector minoritario del antifranquismo (los grupos terroristas esencialmente) creía poder imponer su propia ruptura violenta.

Juan Carlos ya estaba convencido entonces de la urgencia de la reforma. Demorarla podía hacerle perder la iniciativa y verse arrastrado por los acontecimientos. Por el contrario Arias Navarro, aunque gobernaba con ministros reformistas celebrados, como Manuel Fraga o José María de Areilza, propugnaba la cautela, temeroso de cualquier desbordamiento. Se contemplaba como algo próximo la legalización de los partidos, exceptuando a los grupos comunistas, el principal de los cuales, el PCE, permanecía como el más poderoso y mejor organizado de la oposición.

En la práctica los partidos, incluso los de extrema izquierda, pudieron operar en seguida con una tolerancia muy próxima a la libertad. Desde principios de 1976 desplegaban masivamente su propaganda y la mayoría de la prensa los apoyaba. La agitación subió de grado y menudeaban las huelgas, por efecto de la crisis económica mundial que empezaba a sentirse en España. La más grave ocurrió en Vitoria, el 3 de marzo, donde tomó carácter revolucionario, igual que otra de años antes en Pamplona promovida por el partido maoísta ORT, de origen clerical y con curas en su militancia. El gobierno juzgó las luchas de Vitoria, en realidad faltas de dirección precisa, como un intento de imponer en la calle un movimiento radicalizado que abriera paso a un gobierno provisional. Interpretación dudosa, si bien encajaba en las estrategias de aquellos partidos. De haber cundido el ejemplo de aquella huelga, el bunker o el ejército habrían podido cortar el proceso de cambio. En cualquier caso, el gobierno no estaba dispuesto a tolerar tales movimientos, y la policía lo reprimió con gran dureza, causando cinco muertos. Fraga asumió la responsabilidad, aunque el responsable directo fuera Adolfo Suárez, por hallarse Fraga en Alemania[*].

Aquel mes tuvo lugar otro suceso sintomático: la visita a España del premio Nobel de literatura Solzhenitsin, uno de los grandes testigos de las atrocidades totalitarias en el siglo XX. Entrevistado en la televisión, comparó la relativa pero muy considerable libertad que disfrutaba España, con el férreo despotismo soviético. Sus palabras hirieron en lo más hondo a la oposición antifranquista, para la cual era tabú la crítica a la Unión Soviética, y la respuesta estuvo a tono: defensas abiertas del Gulag y los insultos más soeces a Solzhenitsin. Hubo muy pocas excepciones en tamañas condenas, en las cuales participaron con entusiasmo desde la revista de orientación comunista Triunfo a la católico-progresista Cuadernos para el diálogo, desde marxistas conocidos a democristianos e intelectuales derechistas y más o menos independientes. Esta reacción, por su furia y fanatismo, y por lo que tenía de autorretrato, prometía cualquier cosa menos tranquilidad a la democracia en ciernes.

El mes de marzo terminó con un acontecimiento de relieve: la Junta y la Plataforma unían sus fuerzas en una alianza más amplia, «Coordinación Democrática», conocida popularmente, con mofa benévola, como «La Platajunta». La alianza perjudicaba al gobierno, una de cuyas mejores bazas consistía en la división y malas relaciones entre sus adversarios. Los comunistas, deseosos de ganar crédito como moderados, y llenos de ansiedad por si no se les legalizaba, cedieron el mayor protagonismo de la nueva organización al PSOE, aun temiendo que éste comprase su propia legalización al precio de la ilegalidad del PCE. Los socialistas, con más garantías del gobierno, ostentaban un radicalismo algo adolescente.

La Platajunta, por su carácter unitario pese a las enormes diferencias entre sus componentes, aumentaba la eficacia de la oposición, y rápidamente logró popularizar sus consignas, en especial: «Libertad, amnistía y estatutos de autonomía», con la cual impulsó nutridas manifestaciones por toda España. Su intención consistía en imponer la ruptura e ir a un proceso constituyente, probablemente por medio de un gobierno provisional. Si bien su fe no muy firme en la posibilidad de lograrlo atemperaba su radicalismo. Algunas de sus organizaciones y representantes, en especial el abogado García Trevijano, exhibían un rupturismo consecuente y rechazaban las ofertas franquistas de concordia; pero comunistas y socialistas, dudando de su propia fuerza para un enfrentamiento radical, o temiendo verse desbordados en el proceso, buscaron enseguida tratos discretos con el gobierno. A finales de abril Felipe González se entrevistaba con Fraga, lo cual implicaba que los radicalismos socialistas debían entenderse más bien como retórica, aunque no dejaban de tener efectos perturbadores. Por otra parte, el alto grado de infiltración policial en el PSOE forzaba a este partido a distanciar su audacia verbal de los actos.

Para favorecer al PSOE contra el PCE el gobierno autorizó, también en abril, la celebración del XXX congreso de la UGT en Madrid, con lucida asistencia sindical foránea. Los congresistas hablaron de ruptura, tremolaron banderas republicanas, alzaron los puños y cantaron la Internacional, aumentando el nerviosismo de Arias Navarro. En mayo unos choques entre carlistas tradicionalistas y autogestionarios en la concentración multitudinaria de Montejurra ocasionaron dos muertos y un nuevo estremecimiento político, certificando la división y declive del histórico movimiento[*].

Empeoraban las relaciones entre el rey, deseoso de un mayor dinamismo en el cambio, y Arias, hasta que, el 3 de julio, Arias presentaba la dimisión. Para sorpresa general le sucedería a los pocos días Adolfo Suárez, político de segundo orden y próximo al bunker: poco más de un año antes, había tomado posesión de la secretaría general del Movimiento vestido con la camisa azul falangista, y con estas palabras: «Soy un hombre de creencias sólidas, y por ello mi fidelidad a España y mi lealtad al régimen, y su legitimidad como Estado (…) encabezado por Franco[3]». Areilza, Fraga y otros políticos de mayor fuste quedaron descartados. Una sensación de fastidio, decepción y temor recorrió a la Platajunta.

Y el 18 de julio, 40 aniversario del alzamiento derechista, entraba en escena un nuevo grupo terrorista con una espectacular «traca» de explosiones en numerosas localidades: el GRAPO. Se trataba de la sección armada de PCE(r), que había actuado en el verano y el 1 octubre del año anterior. Con sus nuevos golpes quería recordar que el régimen vigente provenía de la guerra civil y que sólo cabía una lucha sin tregua para erradicarlo de arriba abajo y, con él, al capitalismo. De paso denunciaba la actitud sumisa y negociadora de la Platajunta, «la oposición domesticada».

La postura del GRAPO tenía su lógica, como la de la ETA, pues, al pintar al régimen con las más oscuras tintas, como una tiranía fascista sostenida sobre la explotación y el terror, la consecuencia debía ser una lucha violenta y sin concesiones. Quien mostraba incoherencia era más bien la oposición restante, pues empleaba las mismas tintas y en cambio trataba de que los asesinos fascistas aceptaran negociar con ella. Pese a su tradicional comprensión hacia el terrorismo, la oposición domesticada sintió muy poco placer ante la irrupción del GRAPO. Mirándola como un serio peligro para los avances logrados hasta la fecha, resolvió atajarlo mediante una campaña de descrédito: el GRAPO resultaba ser… franquista o instrumento del franquismo.

Suárez sorprendió a todos acelerando la evolución. La maniobra clave sería la Ley de Reforma Política, por la cual las Cortes franquistas debían votar su propia disolución y el referéndum que permitiera al pueblo decidir sobre el nuevo régimen, asegurando así la transición «de la ley a la ley». Con esta empresa audaz el franquismo, es decir, su sector más fuerte, tomaba decisivamente la iniciativa política.

El gobierno intensificó los contactos con la oposición, la cual, naturalmente, estaba muy poco contenta de pasar a un plano tan secundario, como simple ayudante de quienes, a su juicio, carecían de legitimidad democrática… aunque tampoco resultara fácil distinguir la legitimidad democrática de la variopinta Platajunta. Para ganar protagonismo, ésta recrudeció las movilizaciones, que debían culminar el 12 de noviembre en huelga general, como signo de firmeza rupturista ante la reforma. Sin embargo empezó a hablarse de «ruptura pactada», signo de claudicación: ¿cabía pactar con quienes se pretendía romper? Ruptura sin ruptura, pues, que no dejó de crear tiranteces internas, manifiestas en la práctica expulsión del rupturista radical García Trevijano. Para neutralizarlo, el socialista Múgica le acusó de turbios manejos con el dictador de la ex Guinea española, Macías.

El gobierno tomó la huelga general de noviembre por lo que era, un desafío estratégico, y puso el mayor empeño en hacerla fracasar. Pararon muchos menos trabajadores de los esperados, y esta derrota de la oposición acabó de volatilizar cualquier esperanza de ruptura. La misma Platajunta, transformada desde hacía unas semanas en la POD (Plataforma de Organizaciones Democráticas, para incluir algunas regionales) feneció de hecho.

El éxito ayudó a Suárez a cosechar otro, definitivo, apenas una semana más tarde: la aprobación por las Cortes franquistas de su Ley para la Reforma Política. No hubo el menor engaño sobre el alcance de la propuesta, y Blas Piñar lo indicó: suponía «la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal», y por tanto, a su juicio, «la liquidación de la obra de Franco». Otro procurador, Fernández de la Vega, atacó a la «misérrima oposición que con su resentimiento a cuestas ha recorrido durante cuarenta años el camino de las cancillerías europeas denunciando el pecado de la paz y el progreso de España, alimentando los viejos y al parecer eternos prejuicios antiespañoles con la sucia leña de la tiranía de Franco».

Replicó el exministro Fernando Suárez: «No trate de demostramos que para ser leales a Franco hay que impedir en estos momentos que sea el pueblo de España (…) el que decida su propio destino. Quienes hemos dictaminado este proyecto no vamos a intentar disimular con piruetas de última hora nuestras ejecutorias en el Régimen. Pero hemos pensado siempre (…) que los orígenes dramáticos del actual Estado estaban abocados desde sus momentos germinales a alumbrar una situación definitiva de concordia nacional. Una situación (…) ¡en la que no sea posible que un español llame “misérrima oposición” a quienes no piensan como él!, porque habremos sido capaces de rebajar el concepto de enemigo irreconciliable al más civilizado y cristiano concepto de adversario político, pacífico (…), sin (…) nuevos desgarramientos y nuevos traumas, porque se ha garantizado de manera permanente la posibilidad de acceso político al poder». Su discurso, de corte liberal, descansaba en la triple convicción o esperanza de que la oposición se había vuelto básicamente pacífica y democrática, de que carecía de fuerza bastante para imponer la ruptura, y de que la población aceptaría la democracia propuesta desde el propio régimen franquista.

La votación respaldó abrumadoramente la ley: 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. A este acontecimiento trascendental se le han querido dar muchas explicaciones, incluso sórdidas, presentándolo como un engaño o autoengaño, pero la argumentación desplegada en las Cortes no podía estar más clara: la clase política franquista renunciaba voluntariamente al poder en aras de una mayor concordia y libertad general, y lo hacía cuando la oposición acababa de mostrar su debilidad (aunque, en parte, también porque esa debilidad la hacía menos temible). Habrá muy pocos precedentes, si alguno, de un hecho semejante. En su sentido histórico, la votación refrendaba al franquismo —no en cuanto sistema político, sino en cuanto régimen obligado, pero excepcional—, y mostraba voluntad de reconciliación con los antiguos y nuevos adversarios sobre la base de las libertades. Después de cuarenta años debían darse por enterrados los viejos demonios. Como diría un ponente de la ley, Miguel Primo de Rivera, contestando al escritor falangista Antonio Izquierdo, «¿Por qué atacar el futuro parlamentarismo comparándolo con los pasados, tan nefastos y nocivos para España, y que son ya agua pasada?»[4]. Talante esperanzado y optimista.

El gobierno se sentía fuerte y, para dar cancha a la oposición menos peligrosa, permitió al PSOE celebrar un nuevo congreso en Madrid, el 5 de diciembre. El partido se definió como «de clase, de masas, marxista y democrático», términos ni coherentes ni tranquilizadores; y como aspirante a «una sociedad sin clases mediante nacionalizaciones y cambios en las estructuras de las empresas para asegurar el control obrero», plan reminiscente de los de Allende. Pero allí estaban Mitterrand, Olof Palme, Willi Brandt, etc., la flor y nata de la Internacional Socialista arropando el congreso, como garantía de que tales frases no debían tomarse muy en serio. El PSOE, resuelto a convertirse en el partido principal de la oposición, mostraba escaso fervor solidario por la legalización del PCE. Actitud no del todo nueva: la UGT había colaborado con la dictadura de Primo como un modo de desbancar a su rival CNT.

Ante el peligro el líder del PCE, Carrillo, forzó el juego para «conquistar la legalidad» y desbaratar el protagonismo socialista. Desde hacía meses vivía en España en una clandestinidad probablemente consentida, pero entonces se presentó, el día 10, ante la prensa española y extranjera rodeado de los demás dirigentes del partido. Doce días más tarde lo arrestaba la policía en lo que resultó un trámite para la legalización de su partido, hecha efectiva en abril del año entrante.

Y culminaban los preparativos para el referéndum que debía dar respaldo popular a la reforma, a celebrarse el 15 de diciembre. La oposición, ya muy desalentada, pidió la abstención argumentando contra una votación sin previas libertades. En parte tenía razón, aunque las libertades funcionaban ya en la práctica, y difícilmente podría nadie oponerse a una consulta popular para imponerlas de lleno.

Pero el golpe más duro a los proyectos del gobierno vendría del GRAPO, que el día 11, cuatro antes del referéndum, secuestraba a Antonio María de Oriol, exministro de Franco y patriarca de una de las principales familias de la oligarquía. Por su liberación pidió la de diversos presos terroristas, pero su objetivo de fondo consistía en denunciar la persistencia del «fascismo» e indicar a las masas la única vía válida contra él, la de las armas, y no la de los ominosos tratos de la oposición «domesticada». Era, como diagnosticaría Areilza «un ataque directo a la operación reformista y al proceso entero de la transición[5]». Para el GRAPO, la transición no pasaba de un «cambio de fachada», una farsa a denunciar y echar por tierra. Doblegar al gobierno habría sido sin duda una magna victoria del terrorismo maoísta.

Pero el secuestro no afectó al referéndum: votó un 77,4%, con un 94% de síes. Ello daba a Suárez una fuerza extraordinaria, dejaba a la intemperie al bunker y reducía a la oposición a un papel meramente auxiliar en el proceso en curso. Poco después el gobierno aceptaba tratar con una comisión de representantes de la oposición, aunque no ya de ninguna organización tipo Platajunta.

Con todo, el secuestro de Oriol iba a absorber durante dos meses la atención política y exacerbar las «contradicciones» en el seno de la burguesía, por emplear los términos marxistas. Tanto más cuanto que, en una nueva exhibición de eficacia, el GRAPO secuestró el 23 de enero del 77 al teniente general Villaescusa. El doble golpe desató tensiones en el ejército y entre los sectores reformistas y los ya desbaratados continuistas, al paso que la oposición temblaba ante una posible quiebra del proceso democratizador. Los «ultras» respondieron el día 24 con el asesinato de cinco abogados laboralistas afectos al PCE. A su vez, el GRAPO asesinó, en represalia, a tres policías, creándose un comienzo de espiral terrorista.

En la derecha reverdecían los temores a los procesos de preguerra, y muchos culpaban a los comunistas, acusación en parte real, pues el PCE(r)-GRAPO lo eran, aunque no la «cara oculta» del PCE, como pensaban algunos. Y la izquierda, atemorizada ante la perspectiva de pagar los platos rotos, atribuyó a las acciones del GRAPO carácter «fascista», afirmando que la organización estaba manejada por la extrema derecha o infiltrada por la policía. Nada de ello correspondía a la verdad, pero la oposición tenía el máximo interés en distanciarse de aquellos golpes y ofrecer garantías de su espíritu moderado y respetuoso. Dieron prueba de ello los comunistas en el entierro de sus abogados asesinados, una manifestación impresionantemente pacífica y silenciosa. En ese momento el PCE se ganó definitivamente la legalidad, que le llegaría oficialmente en abril, y de paso se rodeaba de un aura pacífica totalmente contradictoria con su historia y su doctrina.

El GRAPO especuló con asesinar a Oriol si los presos no eran liberados, pero comprendió enseguida el enorme efecto político y propagandístico de retenerle a él y luego a Villaescusa, mientras la policía fracasaba una y otra vez y el gobierno daba una penosa imagen de impotencia. Incluso pensó en secuestrar a Fraga, a fin de impedir las elecciones previstas para el mes de junio. Pero la operación se vino abajo de súbito, una vez la policía encontró el hilo que le llevó a los coches robados utilizados por la organización. Al parecer el gobierno estuvo próximo a ceder al chantaje, pero al final no ocurrió así, y el plan reformista salió fortalecido[*].

Y el 15 de junio la gente acudía a las urnas. Los resultados muestran que España salía del franquismo próspera como nunca y también moderada políticamente. El partido de Suárez, UCD (Unión de Centro Democrático), representante del franquismo reformista y de otras derechas desvinculadas de la dictadura, ganaba con el 35% de los votos y 166 diputados. Le seguía, con el 29% y 118 respectivamente, el PSOE, conformado como gran partido de la oposición, para irritación de los comunistas, que sólo obtenían el 9% y 20. Alianza Popular con el 8% y 16 y el PSP de Tierno, quedaban también en plano secundario, y el segundo se diluiría en el PSOE algún tiempo después. Los partidos considerados extremistas o autoritarios, con razón o sin ella, pues en buena medida era cuestión de pura imagen, recibieron pocos votos.

Así, el régimen franquista, el grueso de él, había ganado la batalla política de la transición, y seguramente gracias a ello pudo ésta transcurrir en una calma muy notable, pese a los atentados y provocaciones, de origen izquierdista en su mayoría. La reforma había triunfado sobre la ruptura. Todos habían aceptado el juego democrático bajo la monarquía de Juan Carlos y la bandera tradicional española, y los presos políticos habían sido amnistiados. El ejército aceptó con disciplina el cambio, aun si en su seno se manifestaron malestares y dimisiones.

Si hubiéramos de creer a numerosas historias en circulación, las cosas habrían sucedido exactamente al revés: la iniciativa democratizadora habría salido de la oposición antifranquista, limitándose «algunos» políticos procedentes de la dictadura a jugar un papel auxiliar.

La operación reformista no deja de ser chocante: ni el gobierno ni los partidos de la oposición ostentaban una ejecutoria democrática, y sin embargo la democracia debía hacerse posible. La clave radicaba en la voluntad de convivencia pacífica y olvido de agravios. Un largo pasado de enfrentamientos parecía concluir de una vez por todas.

Si lo anterior vale para el conjunto de España, vale bastante menos para Vascongadas. En toda España el apoyo de las izquierdas al terrorismo nacionalista vasco había distorsionado seriamente la evolución hacia la democracia, pero en las provincias citadas ese apoyo se había convertido en el eje mismo de la política.

Apenas comenzada la transición, la reivindicación de la amnistía cobró importancia esencial. Había algo menos de medio millar de presos políticos, pero los condenados por terrorismo, buena parte del total, ¿debían ser liberados como los de Comisiones Obreras u otros partidos no violentos? Estos últimos sufrían prisión por delitos que dejaban automáticamente de serlo en el nuevo régimen, pero resultaba difícil aplicar igual criterio a quienes habían tomado parte en asesinatos, generalmente con alevosía. ¿Podía amnistiarlos el gobierno, en aras de la reconciliación, cuando sus grupos no ofrecían la menor garantía de que cesarían de matar y, por el contrario, exhibían su intención de continuar haciéndolo hasta lograr sus objetivos, inasimilables para la democracia? No obstante, los tiros en la nuca y las bombas habían ganado a los etarras la consideración de «héroes antifascistas» o «patriotas vascos», gracias a una propaganda sostenida con extraña devoción durante diez años por casi todo el antifranquismo. Esa imagen había calado en amplias masas de la población vizcaína y más aún de la guipuzcoana, incluso en el resto de España. ¿Cómo podían seguir en la cárcel tales adalides de la secular lucha del pueblo vasco contra la opresión española, según los nacionalistas, o de la resistencia a la dictadura franquista, según las izquierdas?

Por su parte la ETA no se había limitado a atentados más o menos espectaculares. Había tejido en numerosas localidades una red de vigilancia y espionaje sobre el vecindario, a veces facilitada por su relación con algunos clérigos, buenos conocedores de su feligresía; y disponía de activas organizaciones paralelas. A su prestigio heroico se añadía así la capacidad de infundir inseguridad y pavor, lo cual, en la situación fluctuante derivada del cambio político, inducía a mucha gente a exhibir un «patriotismo» exacerbado. La ETA se había convertido en un poder subterráneo, pero muy efectivo en la sociedad vasca, que el antropólogo Caro Baroja ha encontrado análogo al ejercido por la Mafia en algunas regiones italianas.

Por todo ello, la lucha por la amnistía de los presos terroristas iba a convertirse en «Euskadi» en un poderoso movimiento de masas. Según la oposición, al ser la ETA un producto de la opresión del franquismo, sobre éste recaía la culpa de la violencia, la cual perdería su razón de ser y desaparecería cuando la democracia fuera completa y evidente. Por tanto convenía liberar a aquellos luchadores, equivocados pero bienintencionados, a quienes en definitiva se debía la transición, pues ¿no habían matado a Carrero Blanco, el principal obstáculo a la democracia? Y no sólo convenía liberarlos, sino negociar, satisfacer parte al menos de sus reivindicaciones, para demostrarles la existencia de libertades y la voluntad democrática del gobierno.

Este punto de vista convertía en árbitros de la democracia a los terroristas, que, desde luego, no eran un producto del franquismo, sino, evidentemente, del antifranquismo, y carecían de cualquier interés en las libertades burguesas. Sin embargo tal fue la actitud prevalente, que iba a condicionar durante casi dos décadas la política al respecto.

Como ya vimos, la ETA se planteó con plena claridad, desde 1973, el sabotaje a la evolución democrática en España, en plena coherencia —como el GRAPO— con sus ideas totalitarias. Por ello, lejos de frenarse tras la muerte de Franco, golpeó aún más ferozmente, aprovechando las mayores facilidades de la nueva situación: en el año y medio largo entre esa fecha y las elecciones asesinó a 23 personas. También capturó en el sur de Francia a dos policías españoles, en abril de 1976. Argala, jefe del atentado contra Carrero, torturó y mató a sus presas, siguiendo probablemente el pensamiento de Krutwig. Los cuerpos aparecieron en una playa semanas después. La lista de víctimas incluía, además de policías y guardias civiles, varios alcaldes, obreros, estudiantes, un inspector de autobuses, un taxista, etc., acusados por lo general de «soplones» o simplemente de «enemigos del pueblo vasco».

Tuvo especial resonancia el asesinato de Ángel Berazadi, en abril de 1976, por la ETA poli-mili. Los secuestradores exigieron 200 millones de pesetas, y, al reunir la familia sólo la mitad, llevaron a Berazadi a un monte donde, atado y de rodillas, lo mataron de un tiro en la nuca. Se trataba de un empresario muy próximo al PNV, por lo cual este partido condenó, por primera vez, un crimen de los otros nacionalistas.

El hecho no dejó de provocar discrepancias en el seno de la ETA poli-mili, y la facción más extremista secuestró a uno de los dirigentes, Pertur, partidario, al parecer, de dejar las armas, y de quien nunca más se supo. Se hizo circular la especie de que su desaparición era obra de la policía, y las organizaciones proterroristas orquestaron movilizaciones a favor del desaparecido. Así sacaban doble provecho de su muerte.

Para entonces el PNV se fortalecía gracias a la tolerancia oficial. El partido-comunidad renacía en torno a los batzokis y asociaciones que gobernaban la vida de sus afiliados. Al lado de dirigentes históricos como Ajuriaguerra o Leizaola descollaban otros más jóvenes, como Arzalluz, Garaicoechea o Anasagasti, que darían que hablar en el futuro. El gobierno consideraba a este partido una opción moderada y democrática, contrapeso frente a la ETA como el PSOE frente al PCE. Sin embargo los sabinianos cultivaron desde el primer momento una típica ambigüedad. No condenaban las acciones etarras, habían estado en la Platajunta y tratado al mismo tiempo de crear un «Consejo» de fuerzas políticas de ámbito exclusivamente vasco; ante el referéndum de diciembre del 76 habían propugnado la abstención, y la conjunción de sus esfuerzos con los de la izquierda había logrado que en Vizcaya y Guipúzcoa la votación no pasase del 50%. Ello no había impedido al PNV negociar con el gobierno, y en enero de 1977 había logrado la legalización de la bandera de Sabino Arana como bandera general de Vascongadas.

En marzo de 1977 el PNV celebró eufóricamente una asamblea en Pamplona para redefinirse ante la nueva época. El partido se mantuvo «coherente con las concepciones de su fundador», invocando con una fraseología algo nebulosa el «derecho del pueblo vasco a realizarse conforme a su propia personalidad». Pero introdujo cambios de importancia: se declaró aconfesional y democrático, y evitó las embarazosas referencias raciales. Caracterizó la esencia de lo vasco como «voluntad integradora, impregnación cultural y aportación al desarrollo» de «Euskadi», admitiendo así, en principio, a los maketos; y expresó su aspiración a «un Estado vasco autónomo, solidario con los demás pueblos del Estado en el marco de la Europa de los pueblos[6]». Tales palabras podían tomarse en más de un sentido, pero sonaban muy esperanzadoras, pues renunciaban, al menos en la superficie, a varias concepciones de Arana incompatibles con la democracia, como la raza o la estricta confesionalidad.

Por esas fechas se acercaban las elecciones, y, siguiendo una táctica que se haría permanente, el PNV las desvalorizó asegurando que incumplían «los requisitos para que fueran limpias y democráticas»… no obstante lo cual se presentó a ellas. Para ganarlas en «Euzkadi» propuso una alianza nacionalista con inclusión de las dos ETA y sus organizaciones políticas y de otras no violentas, como ANV. Representantes de todos ellos (no menos de doce siglas) negociaron durante el mes de mayo en la localidad francesa de Chiberta, cerca de la frontera. El PNV miraba a los terroristas como una mezcla de hermanos y rivales peligrosos. Dispuesto a ayudarles y a cargar la culpa de sus delitos sobre las espaldas de otros, no pensaba cederles el protagonismo político. Además tenía conciencia de que, bajo el aura heroica y el aplauso social, sus provocaciones podían traer pésimos frutos para todos.

El PNV propuso ir a las elecciones y luchar luego por el estatuto y la amnistía, pues la «libertad de Euskadi» no se obtendría de golpe. Pero los etarras concebían una táctica muy distinta. Adujeron que «cuando se consigue algo es porque se lucha», y que «Euskadi sigue explotada y oprimida igual que antes». La discusión se agrió, y la ETA-mili anunció una «campaña de acciones armadas ofensivas», es decir, de nuevos asesinatos, desde el 15 de mayo si el gobierno no se doblegaba a la amnistía previa. Pues, «ya hemos aprendido que sólo así se consiguen las cosas[7]».

Los reunidos acordaron por fin mandar una delegación a Suárez para exigirle la amnistía previa a las elecciones, bajo amenaza de dimisión de alcaldes, boicot nacionalista a las elecciones y ofensiva etarra. Suárez, algo flojamente, escudó su negativa en la presión de los «ultras», y ofreció un gesto, la liberación de varios presos destacados, como Mario Onaindía y otros del Proceso de Burgos, más una probable amnistía para después de los comicios. Anunció también su intención de liquidar a los grupos terroristas, aunque no con la torpeza de los anteriores gobiernos: él se apoyaría en Europa y en convenios internacionales[8].

El encuentro no complació a la ETA-mili y sus seguidores, según los cuales Suárez «mantenía a los presos como rehenes para no dar poder político a los vascos». Por lo tanto no pensaban «claudicar» sino dar «algunas bofetadas». El PNV replicó que lo que ellos llamaban «ceder, ceder» debía considerarse «adelantar, adelantar». Además las dos ETA negociaban por su cuenta con el gobierno, el cual, al parecer, ofreció sacar a los presos a cambio de una tregua de tres o cuatro meses, propuesta que los etarras rechazaron. El gobierno debía pasar forzosamente por el aro. El PNV, a su vez, no aceptó las tesis etarras, pues estaba resuelto a participar en las elecciones, pese a su supuesta falta de condiciones democráticas[9].

Mientras tanto, en el mismo mes de mayo, los proterroristas habían organizado en Vascongadas una «semana por la amnistía» multitudinaria y violenta, en la que se habían producido algunos muertos. El PNV, temiendo verse rebasado, criticó el «caos callejero» y, a través de la Democracia Cristiana internacional y moviendo otros hilos, presionó sobre el gobierno en pro de la amnistía. Las reuniones de Chiberta terminaron en ruptura entre los nacionalistas partidarios de imponerse al gobierno por medio del asesinato o la amenaza de él, y los partidarios de negociar con menos presión, por temor a que la cuerda se rompiera. Los milis llegaron a decir que el PNV servía al gobierno en una estrategia para liquidar a la ETA, y resolvieron finalmente reiniciar su «ofensiva». En cambio los polis-milis acordaron ir a las elecciones a través de su organización legal Euskadiko Ezkerra[10].

Los comicios dibujaron un mapa político históricamente nuevo. En Álava ganó la UCD, y en Vizcaya y Guipúzcoa el PNV. Éste fue el partido más votado, con 296 000 votos (29%), seguido de cerca por el PSOE con 268 000 (26%), a distancia por la UCD, con 130 000, y bastante más lejos por Euskadiko Esquerra, con 61 000, y Alianza Popular, de Fraga, con 45 000. Los comunistas, pese a su actividad bajo el franquismo, quedaron muy relegados.

La preferencia de la inmensa mayoría de la población por los partidos de imagen moderada estaba clara. La escasa abstención, un 23%, prácticamente igual a la del resto de España, demostraba que la postura boicoteadora de la ETA-mili no había tenido incidencia. En ese sentido, la moderación había prevalecido, como en el conjunto del país. Sin embargo esto era sólo parte de la verdad. La otra parte consistía en la abrumadora mayoría nacionalista, pues también podía etiquetarse de seminacionalista al PSOE, que hablaba de autodeterminación y mostraba la mayor comprensión hacia los sabinianos, compartiendo sus símbolos y muchos de sus rasgos. Al poco tiempo cambiaba su nombre por el de PSE, Partido Socialista de «Euskadi» (aunque seguía integrado en el PSOE) e incluía Navarra en sus pretensiones territoriales. El miedo a la acusación de «sucursalista», casi tan eficaz como la de «fascista», empujaba a aquellas transformaciones. En los años anteriores, los nacionalistas violentos habían sufrido continuas escisiones «españolistas» a través del obrerismo. Ahora ocurría lo opuesto: casi toda la izquierda iba a reforzar su nacionalismo vasco, hasta compitiendo en fervor con los sabinianos.

Por lo tanto, tras más de ocho décadas de avatares, casi la mitad de ellas de práctico hundimiento bajo el franquismo, las ideas de Arana resurgían con empuje casi aplastante, tanto en su versión violenta como en las más moderadas. Este renacimiento provenía de la actividad de la oposición antifranquista en general, de parte del clero en particular, y, sobre todo, de la ETA, que había concitado en torno suyo una simpatía casi unánime. Desde luego, los admiradores de la ETA opinaban en 1977 que el terrorismo había cumplido su misión histórica y debía retirarse de la escena, pero los terroristas, lógicamente, opinaban lo contrario, tal como los anarquistas en 1931, al comenzar la república. El proceso iniciado en 1968 con el asesinato del guardia civil Pardines había cobrado tal impulso que iba a convertirse en el eje de la política en Vasconia y uno de sus puntos clave en toda España.

Los nacionalistas diseñaron una identificación automática entre «español» y «fascista» o «franquista», explotando el carácter sin duda españolista del régimen anterior. A esa identificación contribuyó con entusiasmo la izquierda, en cuyo vocabulario menguó el uso del término «España», considerado a menudo «ofensivo» y sustituido por el de «Estado español». Sentimientos más forzados que sinceros, pero no sin efectos cruciales en Vasconia y Cataluña, pues ponían a la izquierda a remolque de los nacionalistas. A lo largo del franquismo las izquierdas, en especial las comunistas, habían sostenido los «derechos nacionales», y a la hora de la verdad se veían condicionados por quienes, con la tardía excepción etarra, tan poco habían luchado, pero subían al estrado con arrogante seguridad y confianza en sí mismos.

Un punto débil de los nacionalistas vascos consistía en sus divisiones internas. El PNV comprendía que la ETA podía causar algún desastre, y temía además su influjo en las masas, incluso en las bases del PNV, buena parte de las cuales profesaba veneración y gratitud hacia la ETA, aun si vacilaba ante sus métodos. Y por el lado opuesto, muchos nuevos nacionalistas no llevaban sus aspiraciones más allá de la autonomía, o no pensaban en la secesión sino como retórica o como un objetivo remoto.

Los partidos claramente españolistas, aunque con fuerza considerable, estaban en minoría, y su vida iba a hacerse muy difícil en lo sucesivo. Motejados insistentemente de «franquistas» o «fascistas» por la izquierda y los sabinianos, iban a verse pronto hostigados por una campaña de asesinatos contra sus dirigentes y militantes. Se extendía por Vasconia un clima ominoso de coacción y de odio.

La evolución catalana difirió mucho. El referéndum del 76 tuvo escasa abstención (26%), similar a la media nacional, prueba del casi nulo efecto de los llamamientos de la oposición al boicot. Los votos también fueron abrumadoramente favorables a la ley.

La marcha hacia las elecciones también coincidió con la del resto del país, sin que ningún partido de algún relieve las rechazase. Quedó diseñada una división entre una izquierda formada por el PSUC y el PSOE-Partit Socialista de Catalunya (Congrés), y una derecha formada por la UCD, el Pacte Democràtic per Catalunya (PDC), dominado por el grupo de Jordi Pujol Convergencia Democràtica de Catalunya, la democracia cristiana y Alianza Popular. La posible recuperación del anarquismo suscitaba expectación, y la Esquerra resurgía como un partido menor.

Las elecciones también dibujaron un mapa históricamente nuevo. La UCD ganaba en Tarragona, y el PDC en Gerona y Lérida, pero en la decisiva Barcelona dominaba la izquierda. Los socialistas vencieron en votos (870 000, el 28%), configurándose por primera vez como un partido de gran peso en Cataluña; los comunistas (PSUC) le seguían, con una votación proporcionalmente doble que en el conjunto de España (560 000 votos, el 18%). El tercer partido fue la UCD, casi igualado por el PDC de Pujol (algo más de 500 000, con un 17%, cada uno). A mucha distancia, la democracia cristiana, aliada más tarde con Convergencia, de Pujol, para formar CiU (Convergencia y Unió), obtuvo 172 000 votos; la Esquerra 143 000, y AP, de Fraga, 108 000.

El anarquismo catalán aprovechaba las nuevas y favorables condiciones para reorganizarse, pero no daba impresión de mucha potencia. Indicio de ello, la abstención había sido incluso inferior a la media nacional.

Grosso modo, el mapa catalán recordaba al de Andalucía, Valencia y Asturias, donde también había ganado la izquierda (el PSOE), con la salvedad de que en ninguna otra región habían alcanzado los comunistas resultados tan altos. El PSUC iba a resultar el sector del PCE —junto con el asturiano— más apegado al leninismo, es decir, al legado doctrinal de Stalin, frente a la decisión de Carrillo de abandonarlo en pro de una formulación meramente marxista (aunque también «revolucionaria y democrática»), que no se impondría hasta abril del año siguiente, en el IX Congreso del PCE. Muchos analistas, dentro y fuera de España, volvieron a considerar a Cataluña uno de los grandes feudos de la izquierda radical en toda Europa, como lo había sido hasta 1939, entonces con carácter anarquista, y ahora marxista.

Pero la debilidad relativa del nacionalismo catalán no debe engañar. Al igual que en Vasconia, los comunistas lo habían defendido y estimulado, y les imitaban a última hora los socialistas, recién convertidos en partido de masas. Por lo tanto, los nacionalistas abiertos y los seminacionalistas de izquierda también predominaban allí netamente. En otro sentido, el nuevo nacionalismo en Cataluña se presentaba con tonos más bien vagos y sentimentales, y rara vez abruptamente separatistas.

En conjunto, el panorama resultante de las elecciones de junio del 77 era muy alentador en todas las regiones. La derecha salida del franquismo podía jactarse de haber acertado frente a las casandras del bunker. Otra prueba de la moderación de la izquierda iba a tenerse en los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre, gracias a los cuales pudo afrontarse la crisis económica. La crisis, desatada internacionalmente por la guerra árabe-israelí de 1973, se estaba volviendo galopante en España, porque la urgencia de las transformaciones políticas había dejado en segundo plano las económicas. El paro y la inflación en rápido auge podían crear una situación explosiva, pero tanto los comunistas como los socialistas rehuyeron la demagogia y aceptaron implantar medidas correctoras. Más todavía: el PCE hablaba ya de abandonar el leninismo, como habría de hacer en 1978, y el PSOE iba a abandonar el marxismo en 1979. Cambios nada baladíes, pues de aquellas ideologías habían surgido sus pasados asaltos a la democracia y a la mera convivencia pacífica en la sociedad española[*].

También las tentaciones disgregadoras de los nacionalismos vasco —a excepción de la ETA— y catalán parecían superadas o en vías de superarse. El nacionalismo predominante en Cataluña enlazaba mucho más con Cambó que con Macià o Companys, y el PNV mostraba una prudencia nunca antes vista, a pesar de sus numerosas ambigüedades. En ambos casos la aspiración autonomista llenaba el horizonte, al menos en principio, y eso no repugnaba a la mayoría de las derechas nacionales. En éstas llegó a pensarse que las tendencias conservadoras podrían quedar bien representadas en Vascongadas y Cataluña por los respectivos nacionalismos burgueses, sin necesidad de partidos propiamente españoles.

No faltaban, desde luego, puntos negros, en especial el terrorismo. Desmintiendo la interesada propaganda antifranquista, las ETA, el GRAPO, grupos nacionalistas catalanes y otros, atacaban a la democracia con mucha más saña que antes a la dictadura. Pero cabía esperar que la violencia misma engendrase, por reacción, una mayor prudencia en los nacionalistas burgueses y en la izquierda. Además, la plaga no podía durar mucho ante la aplastante superioridad de las fuerzas democráticas, las cuales, lógicamente, aislarían y destruirían en plazo no muy largo a los asesinos. También debía contarse, por solidaridad democrática, con el fin del santuario etarra Francia, al cual los terroristas debían en muy alta medida su supervivencia frente a los golpes de la policía de Franco. En fin, la misma operación reformista había afrontado bastantes episodios sangrientos, chantajes y conatos de espiral de violencia, y los había superado todos. Con toda probabilidad los grupos violentos tenían los días contados.

Faltaba coronar la reforma con una nueva Constitución. Desde 1812, España había tenido nada menos que siete, alguna non nata, aparte de otras leyes de carácter constitucional con otro nombre. Ya la cifra indica el semifracaso (o semitriunfo) de los intentos liberales y democratizadores, y las convulsiones políticas del pasado. La Constitución más duradera había sido la de la Restauración, que había regulado casi medio siglo de vida política española. La siguiente, la republicana, había destacado por su sectarismo anticatólico y, al atacar la realidad religiosa del país, fomentaba por sí misma la inestabilidad. Además, había quedado harto mermada en la práctica por la Ley de Defensa de la República, prohijada por Azaña.

Para evitar antiguos yerros y promulgar una ley capaz de resistir el paso de muchos años, la Constitución fue consensuada entre la UCD y los demás partidos en una amplia comisión, y elaborada por una ponencia formada por tres miembros de la UCD más uno por cada uno de los grupos PSOE, PCE, AP y nacionalistas catalanes. El PNV no pudo entrar por carecer de grupo parlamentario, y dio su voto al nacionalista catalán, aunque terminaría retirándoselo[*]. Fue la primera Constitución por consenso en la historia de España, y los trámites hasta su aprobación por las Cortes ocuparían un año y tres meses, desde julio de 1977 hasta octubre de 1978.

Libre de ideas revolucionarias o antirreligiosas a la antigua, el problema clave de la nueva norma fue el de la articulación del estado. La fuerza de los nacionalismos y seminacionalismos resurgidos a última hora tras largos años de inanidad y descrédito, y la disposición de la derecha a aceptar una amplia descentralización, orientaban a una organización autonómica del país, al menos en relación con Vasconia y Cataluña. Y seguramente Galicia, donde había habido la mayor abstención electoral, casi un 40%, pero había ganado abrumadoramente la derecha. Los partidos parecían conformes con una organización autonómica del estado, aunque los matices y sobreentendidos abundaban. Unos pensaban convertir en autonomías las regiones, otros pensaban limitarlas a Cataluña, Vascongadas y Galicia, o bien hacerlas de distinto nivel, según el calor reivindicativo existente. Simultáneamente a la gestación de la Constitución, y por presiones nacionalistas con ciertos tonos de amenaza, el gobierno, por salvar el consenso, abrió un proceso preautonómico para Cataluña, Galicia, Vasconia y otras.

La discusión más significativa versó en torno a la unidad de España. El artículo 2 del Título preliminar terminó definiendo la nación como «patria común e indivisible de todos los españoles», expresión ingrata para varias fuerzas políticas. En compensación se establecía «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones». El término nacionalidades, admitido en pro del consenso y por desarmar al nacionalismo violento, suscitó bastantes dudas en ámbitos considerables de opinión[*]. El concepto estaba cargado de dinamita política, pues para los nacionalistas implicaba el derecho a la independencia, y podían interpretarlo en sentido opuesto a la «patria común e indivisible». De momento ni el PNV ni los catalanes o los partidos de izquierda lo hacían, pero podían llegar a hacerlo: ¿no pretenderían, cuando se sintiesen más fuertes, «superar» la autonomía, o ampliar ésta hasta una separación práctica bajo una unidad puramente teórica? El golpeteo terrorista volvía más inquietante la posibilidad.

El texto constitucional, aunque algo farragoso y de tono vagamente socialdemócrata, tenía un espíritu básicamente liberal, recogiendo las libertades y la división de poderes habituales en las democracias. Definía al régimen como monarquía parlamentaria, residiendo en el pueblo la soberanía, no compartida con el monarca, al revés que en la Constitución de 1876. Una monarquía asimilable a las de Escandinavia, Holanda, Bélgica o Gran Bretaña, dentro de las pequeñas diferencias entre unas y otras.

En el referéndum del 6 de diciembre de 1978 fue aprobada la Constitución. La votación resultó inferior en diez puntos a la de la Ley para la Reforma Política de dos años antes, pues no pasó del 67%, con un 88% de síes, equivalente al 59% del cuerpo electoral. Votación poco lucida, aunque claramente legitimadora. Quizá influyeron en la tibieza popular las discrepancias en torno a las autonomías y la desmoralizante persistencia del terrorismo, en especial el etarra, que entre las elecciones del 77 y el referéndum constitucional había perpetrado 65 asesinatos, muchos más que en diez años de franquismo, a los que debían añadirse once del GRAPO y otros de grupos menores.

Los principios implícitos de la reforma eran que el franquismo había sido un régimen excepcional, pero necesario, y que la guerra, en ese sentido, debía ser relegada a los estudios históricos, sin repercusión política en el presente. La derrotada ruptura partía de los principios contrarios: la radical ilegitimidad del franquismo y el entronque con la república. Sin embargo, la victoria política del franquismo en la transición se iba trocando rápidamente en derrota ideológica. La propaganda de la oposición tuvo éxito en presentarse como democrática, y presentar a la derecha como heredera vergonzante del fascismo. Nada importaba que muy pocos dirigentes izquierdistas o nacionalistas hubieran hecho oposición real al régimen anterior, o incluso procediesen de él, y que quienes sí habían luchado fueran fundamentalmente antidemócratas. El número de «luchadores antifranquistas y por la democracia» se multiplicó prodigiosamente en los años siguientes a la muerte de Franco[*].

La derecha hubo de sufrir que sus adversarios atacasen al régimen anterior o relatasen la guerra civil y la república sin demasiado escrúpulo de veracidad, mientras ella no podía replicarles sin recibir en plena cara el insulto de fascista, retrógrada o nostálgica de la dictadura. Quienes discutían la historia que iba haciéndose oficial, como lo haría el historiador Ricardo de la Cierva, recibían los rayos del mundo autocalificado de progresista. Esta indefensión se acentuaba porque la versión de la historia prevalente fuera de España era justamente la elaborada por la hábil propaganda staliniana, según la cual la guerra había consistido en un enfrentamiento entre el fascismo y la democracia; y la opinión exterior pesaba mucho en las delicadas circunstancias de la transición. Por otra parte, las tensiones entre continuistas y reformistas llevaron a muchos de éstos a extremar sus posturas, adoptando incluso poses izquierdistas y contribuyendo a su vez, con dudosa convicción, a la propaganda contra el régimen del que procedían. Tales fenómenos abundan en todos los tránsitos políticos.

Aprobada la Constitución, tuvieron lugar nuevas elecciones ajustadas a ella (al revés de lo ocurrido en la república, cuando Largo Caballero había amenazado con la guerra civil si se intentaban nuevos comicios acordes con la Constitución). Las nuevas elecciones lograron una votación bastante inferior a las del 77: 68% frente a 78%. El mapa electoral varió poco. UCD volvió a ganar y Suárez siguió en la presidencia. El PSOE y el PCE aumentaron ligeramente su porcentaje de votos y diputados, perdió terreno AP, apareció un partido andalucista bastante votado (5 diputados), retrocedió algo el PNV mientras HB, el partido de la ETA-mili daba la sorpresa: 3 diputados, que no ocuparon sus escaños.

Capítulo 26

LOS NACIONALISMOS VASCO Y CATALÁN ANTE LA DEMOCRACIA

Otro fenómeno de la época, harto sorprendente, fue la proliferación de los nacionalismos, a veces con actuaciones o intenciones terroristas, no ya sólo en Galicia, sino en Castilla, Canarias, Andalucía, Extremadura, Aragón o Asturias, incluso en algunas provincias como Cantabria. Intelectuales y políticos repetían la operación realizada casi 80 años antes por Arana y Prat de la Riba, elaborando historias para demostrar no ya la diferencia, sino el antagonismo, entre sus regiones o «naciones» y España en general, y la inveterada opresión del «estado centralista». Junto al correspondiente descrédito del pasado común surgía la reivindicación o reinvención de idiomas como el bable, el aragonés, el castúo o el guanche. En medio de la pasividad y retroceso ideológico de los partidarios de la unidad española, se identificaba el sentimiento español con un «fascismo» que en España nunca tuvo poder real. Estos movimientos no dejaron de tener un éxito considerable: en 1992 un estudio sociológico, heredero de los informes FOESSA, señalaba que sólo uno de cada cinco españoles se consideraba en primer lugar como tal, prevaleciendo el sentimiento regional. Como observa un autor catalanista, «Se procedió a curiosas metamorfosis políticas de sentimientos que, habiendo tenido un marcado carácter antiregionalista y españolista, eran ahora transformados en ardoroso regionalismo anticentralista[1]».

Estas tendencias combinaban con la difusión de la arbitraria, pero «progresista», visión histórica de Américo Castro, básicamente un relato de opresión e incultura tras la expulsión de España de los elementos refinados y tolerantes, es decir, los judíos y los musulmanes. Las tesis contrarias de Sánchez Albornoz, quizá el historiador español más importante del siglo XX, eran despachadas sin más complicaciones como «reaccionarias», pese a su republicanismo. Desde luego, una cultura e historia común de siglos no podían hundirse de la noche a la mañana, pero sin duda se produjo en aquellos años un debilitamiento del sentimiento unitario y un auge de ideas que, por analogía, podemos llamar balcanizantes.

Y, por supuesto, fue en Vasconia y Cataluña, mucho más prolongadamente trabajadas por el nacionalismo, donde el problema cobró mayor relieve.

Dentro del PNV crecieron los conflictos. Partido resurgido casi de la nada, recibió un aluvión de gentes antes pasivas o incluso colaboradoras y beneficiarias del franquismo, pero que, por ello mismo, exhibían radicalismo sabiniano y simpatías por la ETA, y exigían mano dura con el gobierno. Otro sector, más prudente y posibilista, sobre todo entre los dirigentes, lidiaba con ellos. La frontera entre ambos humores no estaba muy definida, y los mismos personajes adoptaban una u otra actitud según el momento. Así Arzalluz, relativamente moderado por entonces, podía declarar al periódico proterrorista Egin, en octubre del 77, sus anhelos independentistas, motivando con ello apelaciones de otros dirigentes a una mayor cautela[2].

Cediendo a las presiones, el gobierno amnistió el 15 de octubre a los presos con delitos de sangre. Pretendía dejar así a los proterroristas sin un poderoso medio de agitación, pero no le sirvió de nada, pues la medida apareció ante la opinión pública como una victoria de los violentos. Y por otra parte los continuos atentados causaban la detención de nuevos pistoleros, cuya liberación era a su vez exigida en una espiral sin fin, entre movilizaciones, huelgas y campañas contra supuestas torturas. Esperando obtener en breve la autonomía, el PNV temía aquel desorden y violencia, pero él mismo había contribuido a crear la situación y no podía cortarla. Por lo tanto, con su tradicional pragmatismo, y de modo semiconsciente al principio, mucho más deliberado con el tiempo, trató de amoldarse a las circunstancias y sacarles la mayor renta política posible. El terrorismo constituía en principio un punto débil del nacionalismo, pero el PNV supo convertirlo en una fuerza, en una presión permanente sobre el gobierno, para extraer de él concesiones invocando la esperanza, siempre defraudada, de que así el terrorismo quedaría aislado. La táctica le daría mucho juego durante un largo período.

Al comienzo, el PNV sólo protestaba con alguna firmeza por los atentados y extorsiones que afectaban a sus militantes, pero, ante la escalada de crímenes, se vio obligado a condenarlos de modo más general. Con todo, esas condenas quedaban neutralizadas de inmediato, no sólo por su inoperancia, sino por las condenas proferidas simultáneamente contra el gobierno y las fuerzas de orden público, cuya acción contra el terrorismo desacreditaban y saboteaban los sabinianos. En fecha tan avanzada como febrero de 1979 el PNV protestaba por la extradición de algunos terroristas desde Francia. Tal como antes había culpado al franquismo de los crímenes etarras, ahora pasó a hacer lo mismo con el gobierno democrático. Éste causaba la violencia, aseguraba, con su dureza, lentitud e incomprensión: la ETA se disolvería tan pronto «Euskadi» recibiera una amplia autonomía.

Una vez más era el gobierno, y no los terroristas, quien debía demostrar su carácter democrático para aplacar a éstos y satisfacer a los sabinianos. El PNV, de impoluto historial democrático y víctima del tradicional fanatismo español según una propaganda muy aceptada, se erigía en árbitro y, al parecer, no tenía que demostrar nada. Esta actitud suponía en la práctica, si no en el designio, una auténtica simbiosis con el terrorismo y un socavamiento permanente del estado de derecho, al convertir el asesinato en argumento, y en cuestión política lo que una democracia sana sólo puede admitir como asunto policial. Y al beneficiar al nacionalismo, tanto en su vertiente terrorista como en la menos extremista, hería el sistema de libertades. Tan equívoca y peligrosa política duraría año tras año, por la necesidad del gobierno de contar con el PNV como fuerza más o menos democrática en Vascongadas.

La simbiosis entre ambos nacionalismos nació, mucho más que de un plan, de factores creados en los años anteriores, cuya manifestación más cruda era la implantación social de las ETA. Aunque había sabinianos asustados por el terrorismo y totalmente opuestos a él, dentro del partido predominaba la justificación de la violencia. Romper de modo abierto y firme con los asesinos habría acarreado serios riesgos físicos por una parte, y desgarramientos en el partido por otra. Y, por tradición y doctrina, el PNV tendía a considerar al gobierno como enemigo, y a la ETA como hermana descarriada, pero hermana.

Puntal de la propaganda nacionalista fue una vez más el clero, en el seno del cual se impuso el sector nacionalista, merced a la transición. La sangre de las víctimas se convertía por alquimia política en rentas para el PNV, las mismas víctimas eran menospreciadas y bastantes curas rehusaban oficiar funerales por ellas, o lo hacían de tapadillo. Por el contrario, se volvió habitual en muchas parroquias la exaltación de los pistoleros muertos, comparándolos con Jesucristo. Buena muestra puede ser esta homilía en memoria de José Miguel Beñarán, Argala, autor del magnicidio de Carrero Blanco y de otros asesinatos, entre ellos los de dos policías torturados en el sur de Francia. Argala había sido volado, presumiblemente por servicios secretos españoles, con un método similar al utilizado por él contra Carrero.

«Nos acompañan —dijo el cura— miles y miles de euskaldunes identificados con la lucha de José Miguel. Este espacio está frío y vacío sólo aparentemente. Está lleno de luchadores por una Euskal Herria independiente, reunificada, socialista y euskaldún (…). Yo estoy convencido de que Dios ha recibido perfectamente a José Miguel y le ha aceptado sin ninguna reserva. Para mí es un consuelo saber que José Miguel ha hecho de forma privilegiada historia de Euskadi y ha influido decisivamente en la historia de nuestro Pueblo. Él ya es un capítulo de la historia vasca. Su paso por esta vida no ha sido vacío, inútil. Ha dejado en nuestra comunidad nacional una huella importante por su gran inteligencia, por su enorme lucidez mental, por la llamativa limpieza de su vida (…). Incluso la lucha armada, con sus enormes contradicciones como toda obra humana, no es ajena a Dios y al Evangelio de Jesús». Si a los simpatizantes de ETA les aplicasen los mismos métodos que la ETA aplicaba a sus contrarios, quizá el cura hubiera encontrado esa «lucha armada» mucho más ajena a Dios y al Evangelio.

Pero la identificación entre el terrorismo y el cristianismo llegaba más lejos: «Jesús mismo vivió personalmente esta cuestión, Él perteneció a un pueblo pequeño de una enorme conciencia nacional (…). Jesús vivió la ocupación de su pueblo por el romano extranjero y fue testigo y actor de los esfuerzos de liberación nacional (…). Junto al problema nacional Jesús vivió a fondo la cuestión social. Tomó partido por los pobres, los excluidos, los enfermos, los muertos, las viudas, los niños, los pecadores públicos. Es decir, por aquellos que tenían absoluta necesidad de liberación. Qué estupendo que Dios mismo haya asumido en Jesús los mismos problemas nacionales y sociales en que se debate nuestro pueblo. Aparentemente José Miguel no tenía nada que ver con la religión y la Iglesia, pero sólo aparentemente. Yo estoy convencido de que José Miguel vivió intensamente los valores más fundamentales del Evangelio de Jesús (…). José Miguel se identificó con las ideas y los valores básicos del Evangelio. En estos días José Miguel se ha identificado con la muerte de Jesús, que no fue una muerte religiosa, sino un asesinato político a manos del poder militar de ocupación. A Jesús no le acusaron de blasfemo, de renovador religioso, sino de perturbador político (…). Dios, a través de Jesús ha experimentado en su propia carne lo que es la persecución policial, la detención, la tortura y el asesinato (…). Con la liquidación de José Miguel vivimos hoy un trauma terrible, pero no nos dejemos robar la esperanza y el valor, porque la lucha en que ha caído nuestro gudari Argala tendrá éxito (…). La recuperación nacional y social de nuestro pueblo será posible porque tenemos hombres como él. Él los habrá hecho posibles. Que el Dios que se comprometió personalmente en la larga historia de recuperación de su propio pueblo nos comprenda, nos estimule a la lucha, nos aliente con la fuerza de sus valores fundamentales, nos acoja y nos perdone como ha acogido y aceptado a nuestro hijo, hermano, compañero y gudari José Miguel[3]».

Esta homilía no es un caso aislado, sino el modelo de otras repetidas cientos de veces en honor de etarras, incluso cuando, como ocurriría con frecuencia, hubieran muerto por torpeza al manipular bombas destinadas a cometer alguna masacre. Masacres que destrozaban o mutilaban a ciudadanos corrientes, incluyendo niños. La idea que preside estas homilías es la identificación de Jesús con los autores de disparos en la nuca, de muertes a veces especialmente crueles, delante de la mujer y los hijos de la víctima, de asesinatos de mujeres embarazadas, etc. La identificación de Dios con un «pueblo elegido», en este caso el imaginado por Sabino Arana y su partido, resueltos a romper los lazos fraternos creados durante siglos con el resto de España, a destruir la historia común y bastante más de la mitad de la cultura real e histórica de los vascos. Éstos eran asimilados a «los pobres y oprimidos», siguiendo la Teología de la liberación, a pesar de que las tres provincias vascas salían del franquismo, y no por casualidad, como las de mayor renta per cápita de España.

La homilía interesa, sobre todo, porque explica mejor que largos análisis cómo se creó en Vasconia el clima moral y social en torno al terrorismo. Los obispos, aunque más cautos, evitaban condenar esta agitación y manipulación de los valores religiosos, y uno de ellos, Setién, se distinguiría por su comprensión paternal hacia los pistoleros y su desprecio mal disimulado hacia las víctimas. El clero nacionalista, muy vinculado al PNV y amable con la ETA, se hizo dominante en Vasconia, y sus jerarcas no vacilaron en obligar al silencio a los disidentes.

Por otra parte, como ocurriría también en Hispanoamérica, la teología de la liberación y similares redundaron en una crisis profunda de la Iglesia y en el apartamiento de ella de amplias masas de la población.

Debe señalarse, en fin, que popularidades como la de Argala recibían fuerte promoción en muchos otros medios. El País hizo al etarra un obituario muy elogioso. Este periódico, que se convertiría para muchos en símbolo de la nueva democracia española, ha auspiciado durante muchos años el diálogo y la negociación con el pistolerismo etarra, por alguna razón difícilmente justificable desde el punto de vista democrático. También ha mostrado una peculiar predilección por los terrorismos extranjeros de izquierda o por movimientos como el de los ayatolás iraníes.

Las elecciones del 77 abrieron dos procesos paralelos, el autonómico y el constitucional. Un sector del PNV propugnó rechazar de plano la Constitución, y otro prefirió aprovecharla. El partido, presente en la comisión pero no en la ponencia, propuso ciento una enmiendas, varias de ellas aceptadas. Rechazó una España indivisible, y se retiró momentáneamente de la comisión, en protesta. Tampoco reconoció la autonomía como dimanante de la Constitución y operativa en su marco.

Exigir abiertamente la autodeterminación sonaba provocador, pero Arzalluz, que despuntaba como el líder más hábil del PNV, encontró una senda desviada para avanzar hacia ella: la reivindicación foral. Arana había criticado a los fueristas por no aspirar a la secesión, pero los fueros también podían interpretarse en clave separatista, pues el mismo Arana los consideró expresión de plena independencia. Por eso Arzalluz presionó para que la Constitución admitiera la soberanía vasca originaria, y sobre ella asentar un «Pacto foral con la Corona», al estilo feudal. El PNV y los nacionalistas catalanes sintieron un repentino interés por la monarquía, hacia la cual siempre habían mostrado repulsa o indiferencia. Ese interés se entiende: antaño monarca y soberano eran sinónimos, pero hogaño un «pacto con la corona» lo era con una institución más bien simbólica y sin soberanía. El pacto implicaba, por tanto, transferir la soberanía a las respectivas regiones, apartándolas de la soberanía del pueblo español. Un acuerdo tal permitiría avanzar hacia la secesión a mayor o menor ritmo, según conviniese. Pero no llegó a puerto, pese al favor de un conspicuo diputado de UCD, Herrero de Miñón[*].

Las discusiones constitucionales del PNV se alargaron entre mutuas concesiones, amenazas de ruptura, maniobras de desigual éxito con el PSOE, acuerdos y vueltas atrás, y negociaciones con las ETA para una presión conjunta o en pro de una tregua. Arzalluz mostró un talante más flexible, y Garaicoechea un sabinianismo más rígido, y ahí germinaron las diferencias entre ellos, que culminarían ocho años más tarde en la dimisión-expulsión del segundo y la escisión del PNV. Pero ya en 1978 rondó a ese partido la escisión, mientras muchos de sus políticos hablaban de presionar de firme a «Madrid» con manifestaciones masivas y un «no» a la carta magna.

Al final, la Constitución acogía trascendentales exigencias nacionalistas, como la inclusión del término «nacionalidades», la derogación de las leyes abolitorias de los fueros de 1839 y 1876, el reconocimiento de «los derechos históricos de los territorios forales», o, no menos importante, la posibilidad de transferir competencias del estado a las autonomías, abriendo paso a una cadena sin fin de concesiones estatales.

Eran éxitos de auténtico relieve, pero aun con ellos el PNV se declaró insatisfecho y resolvió, a finales de octubre de 1978, boicotear la Constitución pidiendo la abstención en el referéndum. Según el llamamiento abstencionista del PNV: «Abstención es decir sí a la democracia, sí a Euskadi, no al Estado Centralista (…). El PNV en todo momento defendió el punto de vista de cuantos habitamos en el País Vasco». Para otros partidos, en cambio, «no es prioritario el punto de vista del Pueblo Vasco (…). ¿Qué derecho moral tienen ahora a pedirnos el sí? (…). Los derechos del Pueblo Vasco no están presentes en la Constitución. El Pueblo Vasco tampoco estará presente en las urnas[5]». La pretensión de que la abstención reforzaría la democracia estaba muy fuera de la realidad. Reforzaría, desde luego, a los pistoleros, que podrían argüir, en compañía del PNV, que el pueblo vasco no había aceptado la Constitución democrática, buena justificación para seguir matando. Como así lo harían.

Por esas fechas la escalada de crímenes provocaba inquietud creciente en medios políticos y militares. Los jefes peneuvistas, preocupados, convocaron una manifestación contra la violencia al tiempo que decidían la abstención. Protesta tímida, pues ni siquiera mentaba a la ETA, pero los sectores proetarras del PNV forzaron a la dirección a culpar enfáticamente al gobierno como «único y directo responsable» por la persistencia del terror[6]. Tales declaraciones sólo podían enrarecer aún más el ambiente. También creció el malestar dentro del partido, buena parte de cuyas bases repelía cualquier crítica, por débil que sonase, a los patriotas etarras.

En realidad, la decisión de boicotear la Constitución estaba tomada desde antes de que los debates sobre ella hubieran comenzado siquiera. En una reunión en Beyris, los jefes peneuvistas habían decidido no aprobar la Constitución bajo ningún concepto, pues refrendar la legalidad española y comprometerse con ella contradiría la fundamental doctrina sabiniana[7]. Por lo tanto, el PNV había practicado desde el primer momento un doble juego, al presionar para lograr ventajas de una ley que no pensaban respetar. Ventajas obtenidas, y muy considerables, explotando las divisiones entre UCD y el PSOE, y la conducta vacilante y poco unánime de la primera[*].

Aun con la fuerte presión abstencionista y el miedo impuesto por los asesinatos (tres en la misma jornada de reflexión), que perturbaban el valor democrático de las votaciones, el pueblo vasco hizo un caso desigual a la conminación del PNV, según las provincias, aunque en conjunto la abstención llegó al 54,5%, porcentaje sólo superado en Galicia. En Navarra, donde también trataba de influir el PNV, la abstención (33%) vino a igualar a la del conjunto de España. Los síes supusieron el 42% en Álava, el 31% en Vizcaya y el 28% en Guipúzcoa en relación con todo el cuerpo electoral. Los noes fueron el 11, el 9,5 y el 13% respectivamente. Una parte de la abstención se debió a la ausencia de referencias religiosas en la carta magna.

Según el PNV y los terroristas, la suma de la abstención y los votos negativos revelaría el rechazo de los vascos a la Constitución. Es éste un lema constante en la propaganda nacionalista, para legitimar determinadas posturas. Sin embargo su falsedad salta a la vista. Abstención no indica posición a favor ni en contra, como había argüido Aguirre ante la de Álava en el referéndum autonomista de la república, y la abstención gallega nunca fue utilizada en el sentido querido por el PNV para la vasca. El rechazo se limita a los noes, cuyo número fue tres veces inferior al de los síes. Visto así, la Constitución resultó aprobada por gran mayoría.

Ciertamente la abstención sirvió al objetivo del PNV de deslucir un referéndum crucial, debilitando de paso, ya de entrada, el clima democrático en Vasconia; pero en modo alguno puede atribuirse toda ella al llamamiento nacionalista, como este partido implica. ¿Qué parte de la abstención puede considerarse técnica y qué parte peneuvista? No hay modo de saberlo con precisión, pero sí cabe hacer estimaciones razonables. En las elecciones de junio del año anterior, 1977, la abstención había sido del 23%. Si suponemos éste el índice normal, entonces la abstención peneuvista podría estimarse en un 31%, inferior al porcentaje de síes. No obstante, la comparación resulta impropia, porque en 1977 había un grado de seguridad y libertad harto superior al de 1978, al haber aumentado fuertemente, entre las dos fechas, la violencia y las coacciones, con el desaliento consiguiente reflejado en la votación. Podemos seguir esta evolución abstencionista comparándola con el siguiente referéndum, sobre el estatuto autonómico, celebrado en 1979. En éste el PNV jugó todas sus bazas a favor del sí, pese a lo cual la abstención subió nada menos que al 41%. Entonces cabe situar la abstención técnica del referéndum constitucional, de modo muy hipotético pero razonable, en un punto intermedio entre el 23% de 1977 y el 41% de 1979, con lo que la dicha abstención en 1978 podría situarse en un 30% como mínimo, y la inducida por el PNV en torno al 24%. En conclusión, el sí a la Constitución en Vasconia superó tanto al no como a la abstención peneuvista, cualquier sentido que pretenda darse a ésta[*].

La negociación del estatuto también resultó ardua. Acordado el proceso preautonómico, se formó un Consejo General Vasco (CGV) con líderes de las principales fuerzas políticas regionales, a fin de preparar el estatuto y las transferencias. De acuerdo con la relación de fuerzas salida de las elecciones del 77, su presidencia recayó en el socialista Ramón Rubial. El PNV había entorpecido la labor del CGV presionando contra ella con el «Gobierno Vasco», pero esta entelequia se vio progresiva e inevitablemente marginada. Lograda la derogación constitucional de las leyes abolitorias de los fueros en el siglo XIX, más una cierta «reintegración foral», podría haberse establecido una autonomía para cada provincia (como había de ocurrir con las provincias castellanas de Logroño y Santander), pues nunca había existido un fuero vasco, y sí fueros provinciales. Lógicamente no deseaba tal cosa el PNV y nadie lo exigió, pero no habría dejado de ser una opción coherente con el acuerdo constitucional.

Aunque el PNV había vuelto a la palestra política proponiendo el estatuto de 1936, había percibido la debilidad de un ejecutivo urgido tanto por la necesidad de cerrar el proceso constitucional con la normalización de Vasconia, como por el peligroso efecto distorsionante del terrorismo. Claro que si el PNV podía amenazar con su rechazo a la Constitución y al estatuto, y jugar con un agravamiento del terror, el gobierno podía presionarle a su vez con romper los tratos y dejar al PNV en compañía abierta de los pistoleros y contra la democracia. Pero el gobierno en ningún momento escogió tal línea de presión, simétrica a la de los sabinianos, en lo que probablemente le habría abandonado el PSOE: todos insistían en describir al PNV como inmaculado partido democrático y en resaltar sus diferencias con la ETA. Además, la retirada ideológica de la derecha, general en toda España, se convertía casi en desbandada en Vasconia, debido a la combinación del miedo ambiente con la hostilidad de los demás partidos: la derecha había traído la democracia, pero daba la impresión de haber sido arrastrada a ella, de mala manera, por la izquierda y los nacionalistas, a quienes nadie recordaba su pasado. El proyecto de estatuto final dejaba muy atrás en competencias al de 1936 (el cual, de todas formas, el PNV había vulnerado a mansalva).

Colaboraron en la elaboración del proyecto todos los partidos menos Herri Batasuna —el frente político de la ETA-mili, que rechazó el estatuto desde el principio—, siendo aprobado en Guernica, en junio de 1979. Los demás partidos vascos, PSOE, UCD, AP, PCE y EE (Euskadiko Esquerra, frente político de la ETA poli-mili, cada vez más inclinada a dejar las armas), aceptaron una ley al gusto del PNV, con la esperanza de normalizar por fin la región. El proyecto favorecía la inclusión de Navarra, hablaba de nación vasca y eludía referencias a la Constitución, a fin de crear la impresión de un pacto de igual a igual entre dos soberanías, y no de un estatuto emanado de aquélla.

El PNV también insistía tenazmente en la vuelta de los conciertos económicos a Guipúzcoa y Vizcaya, que les facilitaran una semiindependencia fiscal, al modo de Álava y Navarra. Como se recordará, el franquismo, confundiendo al PNV con las propias provincias, había retirado los conciertos a las dos primeras, tachándolas de traidoras por haberse alineado el PNV vizcaíno y guipuzcoano con el Frente Popular.

Las elecciones generales de marzo, y sobre todo las municipales de abril de 1979, muy favorables al PNV, habían aumentado la capacidad de presión nacionalista. Rubial fue sustituido en la presidencia del CGV por el nacionalista Garaicoechea. Éste pasó a negociar con el gobierno marginando un tanto a los partidos que teóricamente compartían con él la responsabilidad del estatuto, lo cual provocó resquemores. Y presionó con sensación de superioridad moral a una UCD nunca del todo firme y clara. No había en su actitud atisbo de gratitud por el hecho de que, sin los políticos de UCD, el PNV no habría tenido la menor posibilidad de obrar con tales libertades ni de esperar la autonomía. Los sabinianos tendían más bien a atribuir la democracia a sus terroristas hermanos descarriados. Suárez oscilaba entre la comprensión del peligro entrañado por ciertas concesiones, y la esperanza de que una conducta generosa calmaría a los nacionalistas y les obligaría a una generosidad recíproca.

Después de muchos tiras y aflojas, el PNV sacó, con diferencia, la mejor tajada. Hubo de incluir referencias explícitas a la Constitución, declarar la autonomía dentro del «Estado español», rebajar la «realidad nacional» a «nacionalidad», y aceptar la separación de Navarra, donde el peneuvismo apenas tenía fuerza, y donde los socialistas repudiaron las tentativas de su propio partido de incluirlos en «Euskadi», gracias a la convicción de uno de sus dirigentes, Víctor Manuel Arbeloa. Pero eran concesiones menores e interpretables. Ganaban a cambio los conciertos económicos, una vía privilegiada para alcanzar algún día la anexión de Navarra, la declaración del euskera como «lengua propia del Pueblo Vasco», implicando la exterioridad de la lengua materna de la mayoría de los vascos, es decir, del castellano; más amplias competencias de orden público y prácticamente exclusivas en enseñanza, punto éste esencialísimo para las aspiraciones sabinianas de formar a las nuevas generaciones en su credo, etc.

Además, el estatuto declaraba: «La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal hubieran podido corresponder en virtud de su historia». El estilo, algo sibilino, debía interpretarse como que el acuerdo no regularía de manera estable las relaciones de Vascongadas dentro de España, no resolvería un viejo problema, sino que serviría de ariete para abrir nuevas puertas con la vista puesta, como siempre, en la secesión. A despecho de las referencias a la Constitución, el PNV consideró el estatuto un pacto «de soberanía a soberanía». Estaba tan eufórico por su éxito, que creyó poder atraer a la ETA mili. Arzalluz advirtió: «Dentro de cinco años, si hemos pacificado el País vasco plantearemos al Gobierno de Madrid los temas que consideremos necesarios y entraremos en una nueva dialéctica de pacto[10]».

A cambio de sus concesiones, el gobierno habría querido que el PNV refrendase inequívocamente la unidad española y atacase con la misma claridad el terrorismo. No consiguió una cosa ni otra.

El referéndum estatutario se celebró, con intención simbólica, el 25 de octubre, aniversario de la ley de 1839 que había abolido los fueros, y con ellos la independencia de «Euskadi» según la interpretación sabiniana. Se reafirmaba así el sentido del estatuto como inicio de un proceso de mucha mayor ambición.

Aunque el PNV usó todos sus recursos en la campaña del referéndum, con ayuda de los demás partidos salvo HB, sólo un 54% del censo electoral aprobó el estatuto. De los referéndums habidos desde el de diciembre de 1976 en España, resultó el segundo menos votado (le superaría el estatutario del año siguiente en Galicia, donde la votación no llegó al 30% del censo). Tras este revés psicológico, el PNV trajo rápidamente del exilio al anciano Leizaola para ponerlo a la cabeza del CGV. A la muerte de Aguirre en 1960, Leizaola le había sucedido en el puesto de lendakari. Sus ímpetus separatistas se habían diluido un tanto, pero permanecía como un símbolo vivo para los sabinianos. Como presagio de por dónde irían los tiros, Leizaola asumió su puesto antes de que el estatuto fuera promulgado en el BOE, pues el PNV decidió que su legitimidad venía del referéndum «y no de la legalidad que le dé su promulgación[11]».

Apenas cinco meses después, en marzo de 1980, las primeras elecciones autonómicas reflejaban la doble tendencia en ascenso desde 1977: radicalización nacionalista y pasividad entre una gran masa de población. Votó menos del 60%. El PNV obtuvo 25 diputados autonómicos y HB, cobertura política de la ETA, 11. Fueron los grupos más votados. El PSOE, ya llamado PSE (E de «Euskadi») sacó 9; EE, en rápida evolución hacia el PSOE ganó 6, y UCD también 6. AP y el PCE, sólo 2 y 1 respectivamente.

En Cataluña el proceso constitucional y autonómico resultó mucho menos espinoso. El eje del mismo fue Josep Tarradellas, uno de los políticos exaltados de la Esquerra durante la guerra civil, que había tenido ocasión de hacer algunas reflexiones. El siguiente apunte de Josep Pla parece ilustrativo: «[Tarradellas] nos repitió muchas veces que si algún día gobernase, no destruiría nada de lo hecho por Franco que fuera positivo para el país y la estabilidad general. Yo nunca había oído declaraciones tales en un político que lleva más de un cuarto de siglo en el exilio, que ha sufrido detenciones (algunas realizadas por la Gestapo en contacto con la policía franquista). Así como para la mayoría de los exiliados la emigración ha sido nefasta, para el señor Albert [Tarradellas] ha sido positiva, porque le ha permitido formarse, estudiar y observar. Es un hombre que separa lo que ha sido siempre la política y lo que siempre será, un arte de mover a las masas, del método indispensable para resolver los asuntos, que es el método diplomático. El señor Albert es hoy, esencialmente, un diplomático (…). Lo demuestra en su oposición a toda acción inútil y gratuita que pueda romper los puentes de la negociación, que perturbe el terreno de posible acuerdo con los contrarios. No quiere complicar las cosas ni hacerlas más difíciles, ni tener éxitos fáciles con declaraciones románticas. Es un antisentimental, un antiefectista y un antidemagogo. Sólo aspira a no hacer el ridículo, a no cometer más estupideces ni más desatinos gratuitos. Además tiene prisa, porque la cuestión de Cataluña le produce angustia. Es contrario a todas las ficciones y a todos los equívocos. Es partidario de posiciones limitadas, pero indestructibles. Fui a charlar con el señor Albert convencido de que me encontraría con un político habitual de la Esquerra, maleado aún más por el exilio. Me equivoqué. Me encontré con un político como pocos que haya conocido en la historia que hemos vivido, un hombre claro, coherente, buen observador, sin brillantina, cauto, astuto, inteligente, prudente y valiente, formado en una navegación difícil y larga[12]».

El comentario, aun si algo ditirámbico, encierra una buena dosis de verdad, y ayuda a explicar la suavidad con que culminó la transición en la región a primera vista más radicalizada en un sentido izquierdista y eventualmente revolucionario.

Abierto el período preestatutario tras las elecciones de 1977, el gobierno autorizó, a finales de septiembre, el restablecimiento de una Generalidad provisional. Tarradellas fue invitado a presidirla después de 38 años de exilio, y él aceptó. Su representatividad era dudosa, pues la Generalidad en el exilio había sido una entelequia no menos divorciada de la realidad que el «gobierno vasco», pero no hubo en Cataluña los roces y resquemores traídos por el PNV en su intento de jugar al mismo tiempo con el «gobierno» del exilio y el CGV. Tarradellas supo hacerse pronto con las riendas y formar un ejecutivo de concentración. En él entraron los partidos más votados en Cataluña, es decir, socialistas, comunistas, UCD y nacionalistas de Pujol, que inmediatamente pusieron manos a la obra de negociar transferencias y reformas con el gobierno, siendo una de las primeras la enseñanza del catalán en las escuelas.

No obstante, ya por entonces cuajaba la hostilidad a cualquier partido nacional como UCD o AP. Las elecciones municipales de abril de 1979 dieron lugar a una alianza bautizada, un tanto previsiblemente, como Pacte de Progrès, entre socialistas, comunistas, el partido de Pujol y la Esquerra. El pacto, curiosamente, no iba a beneficiar a las izquierdas, pese a su éxito electoral y su control de los ayuntamientos de casi todas las ciudades importantes.

El porcentaje de participación en el referéndum constitucional superó ligeramente en Cataluña a la media nacional, un 68%, con abrumadora mayoría de síes. La región volvía a aparecer moderada, a pesar de su izquierdismo, y de un nacionalismo extenso, aunque difuso.

Aprobada la Constitución se abrió a su vez la elaboración del estatuto, acordado en la localidad de Sau, en el cual los nacionalistas intentaron llegar lo más lejos posible. Quedó recortado en la discusión por las Cortes, pero aun así superó muy ampliamente, en conjunto, las competencias del estatuto republicano. Los nacionalistas renunciaron, al menos de momento, a eliminar las provincias y las diputaciones, al completo traspaso del orden público (aunque dispondrían de una policía autónoma), a conciertos económicos como los vascos o a la oficialidad exclusiva del catalán, aceptando de mala gana la cooficialidad con el castellano; pero recibieron la «plena» competencia de la Generalidad en materia de enseñanza, la declaración del catalán como «idioma propio» de Cataluña —implicando la «impropiedad» del castellano—, el concepto de «nacionalidad», de alcance tan indefinible, y gran número de competencias y campo abierto, en principio, para su ampliación.

Finalmente el estatuto fue aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979 simultáneamente con el vasco, y con más de un 40% de abstención. Y el 20 de marzo del año siguiente se celebraban, como en Vasconia, las primeras elecciones autonómicas, con un índice de abstención sólo un poco menor: 39%.

Estas últimas elecciones cambiaron de modo inesperado el panorama político. Los nacionalistas de derecha (cristianodemócratas y pujolistas) se habían unido en el partido Convergencia i Unió (CiU), y de cuarta fuerza pasaron a primera, superando al PSC-PSOE, al PSUC y a la UCD, mientras que los nacionalistas de izquierda, la histórica Esquerra, conseguía unos resultados notables, no muy inferiores a los de UCD.

La razón de este cambio puede encontrarse en el «desencanto» entre los votantes de izquierda. Tras las elecciones municipales, cuando socialistas y comunistas habían ganado la mayoría de los municipios populosos, sus líderes habían tenido que gestionar la crisis económica mal que bien, en el marco y por los medios habituales de las democracias, sin poder culpar fácilmente a los «capitalistas». Esto decepcionaba a muchos izquierdistas sugestionados por la propaganda, que mantenía un tradicional tono bronco y utópico cada vez más evidentemente vacío. Las huelgas y muestras de descontento proliferaban, y la afiliación a los sindicatos bajaba aceleradamente. Además surgían las inevitables rencillas por el poder y los rumores de corrupción, fundados o no. Por otra parte la dirección de esos partidos pasaba cada vez más a manos de políticos muy afines al nacionalismo. Varios de ellos, como el socialista Pasqual Maragall, no cedían en nacionalismo a Pujol. Otros habían defendido bajo el franquismo reivindicaciones catalanistas, no por identificarse con ellas, sino por un motivo de justicia o de democracia, y se sentían defraudados por la creciente agresividad nacionalista y por versiones de la época anterior poco acordes con lo que casi todo el mundo tenía aún en la memoria.

Tras las elecciones, Tarradellas se retiró, una vez cumplida su misión al frente de la Generalidad provisional, y la definitiva pasó a presidirla Jordi Pujol, cabeza del partido más votado, CiU. Pujol se revelaría como un político perseverante y realista, pero con un nacionalismo mucho más mesiánico que el del experimentado Tarradellas. Ello radicalizó casi de inmediato el discurso, las aspiraciones y las quejas nacionalistas.

Faltaba por ver si el estatuto sería interpretado por los nacionalistas como forma básicamente acabada, aun si susceptible de reformas menores, de articular a Cataluña dentro de España, o como un instrumento para ir constantemente más allá, en una especie de subversión suave, pero permanente, del estado. En las discusiones sobre la Constitución el ponente nacionalista catalán Miguel Roca fue de los que con más insistencia presionó por la inclusión del término «nacionalidades», ausente en la Constitución de la II República. Por entonces se extendía la impresión de que no iban a reconocerse tales o cuales autonomías, sino que todas las regiones serían comunidades autónomas. Esta tendencia prevalecía, en parte por evitar una cadena de rivalidades regionales y supuestos agravios comparativos, y en parte por contrapesar el exclusivismo de los nacionalismos catalán y vasco. Pero CiU y otros buscaban precisamente eso: destacar su caso sobre los demás, y como una peculiaridad respecto de España como tal, aunque de momento la expresión «nacionalidades» no pareciera tener otro contenido práctico que el de la autonomía.

A ello se unía la contradicción entre los artículos 149 y 150.2 de la Constitución. El primero determinaba las competencias exclusivas del estado, mientras que el segundo estatuía: «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación». Cuáles fueran «susceptibles de transferencia o delegación» resultaba asunto sumamente opinable, y abría la senda hacia el progresivo despojo de las competencias estatales. No hay duda de que los nacionalistas veían este artículo precisamente así, y no sin causa habían pugnado por su inclusión en la Constitución.

Y el PSOE, aunque simpatizaba cada vez menos con los nacionalistas catalanes y vascos, por razones de rivalidad electoral, apadrinaba un nuevo nacionalismo algo aguado, el andaluz, un poco en la línea de Blas Infante, impulsando en la región una autonomía del tipo de la vasca y catalana, con referéndum incluido. Éste se celebró en febrero de 1980 (las demás regiones, salvo Galicia, accederían con más lentitud, sin referéndum y con algunas competencias menos). La iniciativa socialista, un acto de típica demagogia, le dio un éxito clave frente a UCD, presentada como antiandaluza o insensible a los sentimientos andalucistas.

Mientras, el terrorismo no cesaba de azotar al país. En 1979 causó 85 muertos (79 más si se comprobase, como muchos sospechan, la autoría etarra en el incendio del hotel Corona de Aragón, en Zaragoza). Y en 1980 el número de sus víctimas llegaría a la desestabilizadora cifra de un centenar a manos de la ETA, más una veintena de otros grupos. La izquierda y los nacionalistas habían reiterado mil veces que el terrorismo se diluiría por sí solo con la democracia; luego, que desaparecería con las autonomías. Pero ocurría al revés. Muchos periódicos, sobre todo el prestigioso El País, sostenían una posición ambigua, propugnando la negociación con los pistoleros. La izquierda reaccionaba lenta y débilmente. Tardó mucho en ser posible una manifestación izquierdista contra los asesinos, y en las primeras de ellas los gritos contra la ETA quedaban silenciados por la consigna «¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas!». Aunque hubiera pocos atentados achacables a los «fascistas».

La coincidencia de concesiones a los nacionalismos con unos crímenes de especial crueldad y alevosía, también nacionalistas en su mayor parte, trastornaban a buena parte de la opinión pública, creando una sensación de impotencia y de desconfianza hacia los partidos y sus líderes. También empeoraba la crisis económica, sin posibilidad de atajarla mediante una reestructuración del sector industrial y del mercado de trabajo, debido a la oposición de la izquierda y los sindicatos a unas medidas inevitablemente dolorosas al principio. Las huelgas proliferaban. Cundió el «pasotismo» y el «desencanto» hacia un sistema cuyas promesas perdían brillo con rapidez. Menos espectacular, pero no menos sentido en algunos ámbitos, aumentaban el consumo de droga, la pornografía[*], la prostitución y la delincuencia, a menudo combinadas entre sí y alentadas por autoproclamados progresistas. Barriadas enteras se degradaban y crecía con rapidez la población penal, entre la cual menudeaban los motines. La extrema derecha se reorganizaba y practicaba una violencia ocasional. Estos fenómenos debilitaban peligrosamente al régimen.

A su vez la UCD se descomponía por el débil liderazgo de Suárez, por el personalismo de sus líderes, vieja tara de la derecha, y sobre todo por su vaciamiento ideológico una vez cumplida la reforma. Suárez aspiraba a desbordar al PSOE por la izquierda, lo que le privaba de apoyos en la derecha, y tanteaba en política exterior posiciones tercermundistas, cuyo lado positivo, el mantenimiento de la tradición de neutralidad española, chocaba también con poderosas fuerzas partidarias de integrar al país en la OTAN. Empeñado en entrar en la Comunidad Europea, Suárez chocaba con el veto del presidente francés Giscard d’Estaing, que también protegía al terrorismo etarra.

A estas dificultades se unía una despiadada campaña de acoso y derribo contra Suárez por parte de un PSOE con prisas por gobernar. Estaban en marcha varias conspiraciones militares, poco serias de momento, pero muy aireadas por los socialistas para debilitar al gobierno, presentando sus decisiones como forzadas por la sombra de los sables, lo cual daba mayor proyección a la amenaza. Al mismo tiempo entraban en relación con un general golpista, Armada, a quien insinuaron como salida un gobierno de concentración presidido por él mismo, tras una moción de censura contra Suárez en las Cortes, para la cual esperaban contar con ayudas en CiU, el PNV y los comunistas.

La UCD ya no despertaba esperanzas de contener el deterioro, e inopinadamente, poco antes de un previsto congreso de su partido, Suárez dimitió, el 30 de enero de 1981, cuatro años y medio después de comenzar su proeza democratizadora. A la sazón pronunció unas palabras algo enigmáticas y contradictorias: «Como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de la obra exige un cambio de personas, y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España». O él, continuando en el poder, ponía en riesgo la democracia, o el peligro venía de presiones externas. En el segundo caso, su renuncia no ayudaba a la estabilidad. Al contrario.

Sea como fuere, su dimisión profundizó aún más la crisis. Suárez sería sucedido por Leopoldo Calvo Sotelo, sobrino del político monárquico cuyo asesinato había desatado la guerra civil 45 años antes. Calvo intentaría recomponer un partido en rápido desmoronamiento y una sociedad con indicios de desintegración no extremos, pero desde luego preocupantes.

Y de pronto, en su sesión de investidura, el 23 de febrero, un grupo de guardias civiles mandados por el teniente coronel Tejero entró en las Cortes y secuestró a los diputados. En Valencia, el general Milans del Bosch declaró el estado de excepción y sacó los tanques a la calle, mientras se percibían movimientos sospechosos en diversas guarniciones y la televisión era tomada por otro grupo militar. En medios izquierdistas cundió la angustia y en Vasconia se produjo una auténtica desbandada de nacionalistas y proterroristas. La democracia parecía venirse abajo. Pero la intentona fue contenida en Madrid por el general Quintana Lacaci[*], y quedó frustrada, sin un solo muerto, al anochecer de ese día, cuando Juan Carlos, como jefe de las fuerzas armadas, lo desautorizó y llamó al acatamiento de la Constitución.

Sobre el episodio golpista, que afectó sólo a un sector reducido del ejército, se han dado muchas explicaciones. Hoy quedan cabos sueltos, pero lo fundamental puede darse por aclarado. El golpe debe situarse en un contexto de grave deterioro social y político. Algunos comparaban ese deterioro con el que había llevado a la guerra en 1936, pero había diferencias cruciales entre ambas épocas: pese a todos los elementos de desorden, el país estaba muy lejos del caos social y la violencia desatada entonces, y, más esencialmente, no existía un gobierno deslegitimado por su renuncia a imponer la ley o por su colaboración con los desmanes, como en aquella fecha ya lejana. Tampoco existía un peligro revolucionario, ni de separatismo inminente.

En el plano concreto de la trama parece haber habido coincidencia de al menos dos conspiraciones golpistas, la de Armada y la de Tejero y Milans. El primero especulaba tanto con las conspiraciones militares como con el acuerdo socialista para aparecer, en el último momento, como el hombre aceptado por casi todos para reenderezar al país al frente de una especie de gobierno de salvación nacional compuesto por los principales partidos[*]. Creía o esperaba contar también con el respaldo de Juan Carlos, pues precisamente éste parece haber influido para su traslado a Madrid, centro necesario de cualquier golpe, desde Lérida, donde se hallaba destinado al mando de la división regional. No obstante su plan chocó con dos obstáculos: Tejero y otros no pensaban en un gobierno tal, sino en una clásica junta militar; y Juan Carlos, en todo caso, optó por la democracia y la salvó, cosa que ni los políticos ni la población —que no se movilizó hasta pasado el peligro— estaban en condiciones de hacer entonces.

Superado el golpe, Calvo Sotelo intentó reconducir la situación, pero la tarea superó sus fuerzas. Consiguió, aun así, volver a normalizar la política, desarticular la oposición militar e infligir al terrorismo severos golpes que hicieron caer su capacidad de asesinato a un tercio (33 muertos) del año anterior. La ETA poli-mili se disolvió, aunque el grupo más radical de ella pasó a la ETA-mili, la cual volvía a quedar como única organización de ese nombre. Pero Calvo y su partido no lograrían capitalizar sus éxitos. Por otra parte, su gobierno integró a España en la OTAN, contra una fuerte corriente de opinión en el país, a fin de forzar por ese medio la entrada en la Comunidad Europea, que no se produciría en su corto período presidencial.

Y el PSOE repitió contra Calvo la misma política de cerrada hostilidad que contra Suárez. Uno de los hitos de su acoso fue el escándalo en torno a la muerte del jefe etarra Arregui, detenido en Madrid cuando preparaba atentados. Arregui falleció tras ser detenido, por malos tratos según unos, por encontrarse enfermo o por una combinación de ambas cosas, según otros. El PSOE desgastó al máximo al gobierno con vehementes protestas, como defensor escrupuloso de los derechos de los detenidos. Faltaba poco tiempo para que su supuesto humanitarismo se pusiera a prueba.

Pese a todo ello, la imagen renovadora del socialismo frente a la decrepitud prematura de la UCD le convertían en la brillante esperanza para el país, despertando unas ilusiones parejas a las de finales de 1976. De ahí que en las elecciones del 28 de octubre de 1982, con una participación muy alta, próxima al 80%, el PSOE ganase la mayoría absoluta con 10 millones de votos y 202 escaños. Felipe González, un líder joven y prometedor, pasó a presidir el gobierno español. La UCD se hundía hasta lo inverosímil: once diputados, uno menos que los nacionalistas catalanes de Pujol, y pocos más que los del PNV (ocho). Entre tanto Suárez había abandonado la UCD para formar el CDS (Centro Democrático y Social) que sólo obtuvo dos escaños, los mismos —aunque con más votos— que la proterrorista HB. El PCE también sufría un derrumbe: cuatro escaños.

Aparte del PSOE, la gran triunfadora era Alianza Popular, de Fraga, que en las elecciones de 1979 había parecido al borde de la ruina, con 9 diputados, y se configuraba ahora como la segunda fuerza política, con 106, si bien a larga distancia de los socialistas.

En menos de cinco años los principales protagonistas de la democratización española se habían venido abajo para ser sustituidos por el sector más moderado, en principio, de la izquierda, mientras renacía una derecha con una ideología ligeramente más precisa que la gaseosa de UCD. Renació un ambiente popular de esperanza y comenzó una etapa nueva en la democracia.

Capítulo 27

UNA SEGUNDA RESTAURACIÓN

Aquí termina la parte propiamente historiográfica de este estudio. Conforme nos acercamos a la actualidad, los materiales para el historiador crecen de forma abrumadora: una ingente suma, en constante aumento, de libros, reportajes, documentación periodística, estadísticas, artículos, memorias y testimonios de personajes vivos… Lo cual, paradójicamente no hace la historiografía más fácil, y no sólo por la dificultad de manejar y sintetizar tal volumen de información y desenredar las interpretaciones contradictorias, sino porque casi siempre quedan ocultos hasta años después algunos documentos y testimonios, a veces decisivos, y, sobre todo, por la dificultad de distinguir lo relevante de lo irrelevante. El presente y el pasado cercano nos llegan como un caos de tendencias, personajes, acciones e interpretaciones contrarias o divergentes, donde no es posible orientarse con precisión porque nos falta un elemento esencial: el final del proceso en curso. Es ese final el que, en definitiva nos permite distinguir los rasgos principales, y especular por qué unos han terminado imponiéndose y otros han quedado marginados.

El historiador del pasado, por tanto, juega con la ventaja decisiva de conocer el desenlace. Ese conocimiento, no obstante, trae consigo el riesgo de convertir en trivial su relato, cuando le lleva a obviar el vívido drama de la lucha entre fuerzas y personajes, o la intervención del azar, creando así la impresión de una historia predeterminada al fin ya sabido. Pues pocas cosas en la vida humana están realmente predeterminadas.

Así, no era forzoso el desenlace de la guerra del 98, o que el terrorismo y la desestabilización izquierdista aprovechando el desastre de Anual echaran abajo la Restauración. No era forzoso que los socialistas frenasen su colaboración con la dictadura de Primo a la hora de institucionalizar y estabilizar el régimen. O que poco después los monárquicos saboteasen sus propios intereses. La guerra no fue inevitable, y quizá la difícil situación se habría enderezado a tiempo si el gobierno de Azaña o el de Casares hubieran afrontado la marea revolucionaria e impuesto la ley. Y los rebeldes de 1936 habrían sido aplastados por la revolución de no haber intervenido Franco, precisamente el militar más renuente al golpe. Ni la guerra estuvo ganada por Franco hasta prácticamente el final de ella, pues incluso cuando lo parecía, Negrín esperaba cambiar las tornas concatenándola con la guerra europea, intento fallido por poco. Y hubiera sido mucho más de esperar, y casi todo el mundo lo esperaba, la caída de Franco al terminar la contienda mundial o su desmoronamiento por el boicot internacional y el maquis. Casi ningún observador creía posible el rápido despegue económico del país desde principios de los años 60. Muy pocos habrían imaginado al sector dominante de la dictadura apadrinando la transición, o el relieve histórico alcanzado por el terrorismo nacionalista vasco en la democracia…

Poco entenderíamos del pasado si no lo percibiésemos en su dramática incertidumbre, aun cuando ya sepamos su desenlace, siempre provisional; pero el presente resulta, por no saber a qué abocará, mucho más indefinible, y el historiador no debe jugar a profeta. Nos limitaremos aquí, pues, a intentar una aproximación por vía de ensayo a lo ocurrido en el tiempo transcurrido desde la transición.

Encontramos fácilmente ciertos rasgos comunes interesantes entre el actual régimen democrático y la Restauración, los inicios de los cuales vienen separados casi exactamente por un siglo. Sobre todo, ambos son regímenes de libertades y monarquías con la misma dinastía borbónica, repuesta en los dos casos como elemento de estabilidad después de haber sido expulsada del poder y de sendas experiencias republicanas, más la prolongada dictadura de Franco en cuanto a la actual democracia. Por eso algunos han definido este régimen como una Segunda Restauración.

Naturalmente, bajo estas similitudes existen diferencias muy sustanciales, como no podía dejar de ocurrir en una Europa y un mundo tan radicalmente transformados a su vez en esos cien años. La sociedad y la economía han cambiado, y la misma monarquía tiene ahora un carácter muy distinto. Otra diferencia crucial, aunque ajena a este trabajo, consiste en el abandono de la tradicional neutralidad que salvó a España de las mayores carnicerías del siglo XX. También cuenta la creciente cesión de soberanía por parte de los políticos españoles en beneficio de la Unión Europea, nacida ésta del deseo de acabar con los conflictos francoalemanes y de rivalizar con Usa y, hasta hace poco, la URSS. Ello aparte, la Restauración era liberal, pero sólo parcialmente democrática, mientras que la democracia actual se homologa con las instauradas en Europa occidental después de 1945. Como aquí he insistido, la Primera Restauración habría evolucionado probablemente a una plena democracia, de no haber chocado con fuerzas opuestas tan poderosas. Resulta tentadora, aun si superficial, la idea de que, de no haber mediado los factores conocidos, España habría alcanzado una democracia estable ya por los años 20. Así, y sólo como medio para establecer ciertas comparaciones históricas de interés, hablaremos también aquí de I y II Restauraciones.

Con este enfoque podemos observar cómo el reto principal que hubo de afrontar la I Restauración fue el peligro revolucionario combinado con el terrorismo, siendo entonces secundaria, como amenaza, la presión de los nacionalismos; el régimen actual, por contra, se presenta libre de las antiguas mareas revolucionarias, mientras que los nacionalismos se han convertido en su principal factor de desestabilización, también en combinación con el terrorismo. A su vez, el terrorismo nacionalista se ha complicado últimamente con el islámico, en extremo peligroso y que en su primer gran golpe ha logrado mediatizar la política interna y externa españolas, y, asombrosamente, resucita el ideal de la reconquista de Al Ándalus. Hoy podemos aquilatar el riesgo que todo ello supone para la sociedad española y para la continuidad de España como nación, y prever serias crisis, pero no predecir cómo responderá el país a los desafíos, o si responderá siquiera. Solemos considerar firme y estable la actual democracia, y seguramente lo es más que la I Restauración. Pero sólo una gran frivolidad la daría por definitivamente asentada, máxime en una época que se abre con perspectivas tan poco tranquilizantes, luego del esperanzador final de la amenaza revolucionaria marxista en la mayor parte del mundo.

El efecto mayor de la transición, después del establecimiento de la monarquía democrática, fue la articulación de España en autonomías. Acabamos de ver cómo ello respondió, de una parte, al renacimiento de los nacionalismos, y, de otra, al deseo de la derecha de solventar de una vez el problema mediante autonomías mucho más generosas que las de la república, extendiendo al mismo tiempo el sistema a todo el país, para evitar resquemores regionales y para diluir los particularismos del PNV y el nacionalismo catalán.

Aunque sería prematuro hacer un balance de la experiencia histórica de las autonomías, no lo es el examen de claves importantes de ella, sobre todo la vasca y la catalana. Después de un cuarto de siglo largo, ¿puede esa experiencia considerarse alentadora para la paz, la democracia y la estabilidad del país y de las regiones afectadas? Algunos así lo creen. Buena muestra de ese optimismo nos lo ofrece uno de los padres de la Constitución, Miguel Roca, nacionalista moderado en la vía democristiana, muy próxima a la del rector de Cataluña durante este tiempo, Pujol.

Roca escribe, en 2003[1]: «¿Cómo es posible que el proceso de descentralización del poder político más importante de los que ha vivido cualquier país de nuestro entorno europeo y occidental en los últimos sesenta años, y que constituye un punto de referencia ejemplar para todos esos países, sea visto desde España, por un sector ciertamente minoritario, como algo peligroso, nocivo, lleno de incertidumbres para nuestro inmediato futuro? (…) En España, esto que es ejemplo para los demás, se cita como ejemplo de que España no va bien». Roca no habla como historiador, y emplea los recursos retóricos del político cuando insiste en que el proceso descentralizador español, ciertamente el más amplio y profundo de Europa, «es un modelo para los demás países», aseveración por lo menos muy exagerada, y cada vez menos realista. O cuando descalifica por minoritaria, no por mejor o peor fundada, la opinión discrepante. Pero, como político, sus puntos de vista influyen más que los del historiador.

Según Roca, no existe el menor peligro de desgarramiento de la unidad española, y quienes lo temen son «profetas del desastre», a quienes «les basta con su subjetividad, con su capacidad de elaborar informes fantasma y con el manido truco demagógico de excitar las viejas pasiones de los resentimientos y agravios, para provocar polémicas mediáticas que ensombrezcan la convivencia». Podría ser así, desde luego, y en este libro hemos señalado varias campañas demagógicas de ese estilo, de efectos finales desastrosos. Las tensiones nacionalistas deberían verse entonces como una pugna quizá molesta, pero normal e incluso creativa, entre tendencias contrarias existentes en las sociedades libres. Sin embargo Roca no expone argumentos ni datos que cimienten sus asertos, aunque éstos los repita enfáticamente.

Por ejemplo: «La ambición autonómica sólo tiene el límite de la unidad; autonomía e independencia son dos posiciones contradictorias. Incluso puede negarse que la primera sea un paso más fácil hacia la independencia; por el contrario, la experiencia muestra que el autonomismo bien practicado puede conllevar una reducción de las tesis independentistas». La experiencia histórica muestra en realidad algo muy diferente. El nacionalismo vasco entendió siempre la autonomía como un paso hacia la secesión, según reflejan sus documentos y actos, y en tal sentido ha utilizado tanto el estatuto concedido por el Frente Popular como el de la actual democracia. Para el PNV la unidad española es sólo el límite… a traspasar cuando la ocasión surja.

¿Y el nacionalismo catalán? Coincide con la actitud del PNV una parte de él, parte mínima al comienzo de la transición, pero en constante aumento hasta cobrar amplios vuelos a principios del siglo XXI, sobre todo entre los jóvenes. Otro sector, liderado por el propio Roca o por Pujol, ha observado una actitud más cauta, pero ha coincidido con el PNV en la masiva utilización de los instrumentos legales puestos a su disposición (televisión, enseñanza, etc.) para crear un ambiente antiespañol o indiferente a la unidad española, presentada, en el mejor de los casos, como un hecho puramente utilitario, no muy agradable, y emocionalmente insignificante. Las manifestaciones de estas políticas son tan abiertas y han sido tan repetidamente observadas, que no parece necesario resumirlas aquí. Desde luego, suponen usar la autonomía contra la unidad, y tienen bastante más relevancia que el cumplimiento formal de tales o cuales normas. A nadie se oculta que el ambiente ciudadano resultante conforma la base indispensable para, cuando el proceso madure, volver imparable la marcha hacia la secesión o «autodeterminación».

Con su lenguaje cauteloso lo aclaraba Jordi Pujol en una entrevista: «Si en el futuro una parte de España, por ejemplo Euskadi, o llegado el caso Cataluña misma, manifiesta de forma clara, a través de su Parlamento, el deseo de convocar un referéndum de autodeterminación, me parece que iba a resultar muy difícil oponerse a esa intención, por mucho que ese deseo contraviniese lo expresado por la Constitución española[2]». Estas frases, de tono neutro, sólo tienen una traducción coherente: «Si en el futuro los nacionalistas convencemos a la mayoría de los vascos o de los catalanes de la conveniencia de separarnos de España, no habría Constitución que lo impidiese». Porque, claro está, sólo se plantea un referéndum sobre la posible secesión con intención de ganarlo, y quienes tienen esa intención no son otros que los nacionalistas. En estas palabras, Pujol revela su disposición a liquidar unilateralmente la Constitución cuando se dieren condiciones para ello, condiciones que los nacionalistas crean con afán. Y mientras se reservan el derecho de romper la Constitución cuando les convenga, emplean ésta como escudo de sus aspiraciones.

Sería gratuito acusar a los nacionalistas por su conducta, salvo en la medida en que fingen otra cosa. Ellos actúan, con tales o cuales matices y variaciones tácticas, de acuerdo con doctrinas ya establecidas un siglo atrás por Sabino Arana y Prat de la Riba: «Euzkadi» y Cataluña son naciones y tienen derecho a separarse de España y formar nuevos estados. Eso no ha cambiado en absoluto. La habitual sustitución de la palabra España por la de «Estado español», compendia la idea. Puesto que, ha explicado Pujol, España no es una nación, su estado no pasa de artificio más o menos imperialista e ilegítimo. Cataluña sí sería nación, con derecho a su estado, aunque, por realismo, Pujol lo considere inviable hoy por hoy. «Somos una nación con todo lo que eso lleva consigo», ha reiterado. Del oscuro «todo lo que lleva consigo» mana la reivindicación permanente. Si se entiende por ese «todo» la autonomía, apenas habría problema. Si se entiende la ampliación ilimitada de la autonomía según la conveniencia y oportunidad propicias a los nacionalistas, como ocurre en la teoría y demuestra la práctica reciente y antigua, el problema tiende a convertirse en una llaga incurable.

Por tanto los nacionalistas, incluso los de imagen moderada, no entienden las autonomías como un modo de articular España, sino como un corrosivo para el «Estado español». Cuando Roca habla de la «unidad» como límite, elude definir el contenido o virtualidades de esa unidad, pensada por él como un proceso de vaciamiento utilizando el artículo 150.2 contra el 149. La «unidad» podría quedar reducida, en la etapa siguiente, a una expresión simbólica, como el ya mencionado «pacto con la Corona».

Un instrumento de esa política ha sido el ataque absoluto al franquismo, facilitado por la rendición ideológica de la derecha autora de la transición democrática. El franquismo se ha convertido así en filón inagotable de sentimentalidad contra lo español, identificado con la dictadura y la guerra civil. Pujol lo ha sintetizado aludiendo a «lo que Cataluña y los catalanes perdieron por medio de refinadas muestras de violencia física, psicológica y legal». Cabría preguntarse, si así fue, por qué tantos catalanes colaboraron con el franquismo, por qué la inmensa mayoría se acomodó al sistema y por qué los nacionalistas no dieron el ejemplo de una enérgica resistencia contra tanta persecución; o cómo pudo disfrutar Cataluña de la mayor expansión económica de su historia en los años 60, y otros hechos que mitigarían un tanto la indignación promovida por esa propaganda. Tampoco puede echarse en olvido la responsabilidad de la Esquerra en la contienda y el caos previos al franquismo.

Pujol, presidente de la autonomía catalana durante 23 años y también doctrinario y adaptador de Prat de la Riba, encuentra en el europeísmo otra vía de minado de la unidad española. A su entender, «Cataluña se siente europea y no puede renunciar a serlo, so pena de quedar sin raíces», obviedad que deja de serlo cuando se entiende como un signo de oposición a España: «Cataluña es carolingia. Y la Europa de los Seis es carolingia. España en su conjunto, en cambio, no es carolingia. España en su conjunto es heredera de una monarquía visigótica que ya era, en su tiempo, aislacionista respecto de Europa». Expresiones halagüeñas para sus oyentes (hablaba en La Sorbona, en 1986) pero asombrosas para un mediano conocedor de la historia[*]. No obstante, forman una pieza clave en la concepción pujoliana[3].

El europeísmo catalán se remontaría, pues, al imperio carolingio. Explicaba en Aquisgrán, en 1985: «Cataluña nació como pueblo y como nación hace mil doscientos años, como una marca fronteriza del Imperio de Carlomagno. Nosotros formábamos la Marca Hispánica (…). Cataluña es el único pueblo de España que nace ligado a Europa, y no —como los demás— como una reacción autóctona del legitimismo visigótico contra los musulmanes». Ver la nacionalidad catalana como creación de un imperio extranjero supone cierta innovación con respecto a Prat de la Riba, partidario de remontarla a la época ibérica. Y puesto que el «legitimismo visigótico» trataba de recuperar la España anterior, donde se incluía la zona hoy catalana, la idea supone que los carolingios habrían roto la tradición hispano-gótica de la región, volviéndola «europea». Para Pujol, la España goda no era europea sino «autóctona», acaso de África.

A su modo de entender la historia, la breve etapa carolingia tendría mucho más calado que la participación catalana en la Reconquista como parte del reino de Aragón en lo político, y de España en el terreno ideológico y sentimental, y que los siglos de unidad española. La historia de Cataluña, dice citando al historiador marxista Pierre Vilar, «no es de la misma naturaleza que la historia de Extremadura o de La Rioja». Aparte del sentido oscuro de la palabra «naturaleza» en la frase, se trata de una nueva obviedad que no lo es tanto si se entiende como desvaloración de la historia común.

La entusiasta celebración de la supuesta regionalidad «carolingia» (pues Cataluña nunca fue un estado independiente) contrasta rudamente con la ridiculización de cuanto signifique España[*], y el nulo fervor por la secular integración catalana en ella. Ésta, demasiado evidente para negarla, parece a los nacionalistas un hecho ingrato, si bien aprovechable pragmáticamente, sobre todo en economía: «Comprendo muy bien esta actitud [separatista], pero he de decir que si me inclino (…) hacia el federalismo o hacia una autonomía de gran amplitud no es por timidez mental, sino porque cara a la misión de Cataluña estas formas políticas pueden ser suficientes[5]», ha dicho Pujol. La unidad sólo resultaría soportable a los nacionalistas si fuera sumamente laxa (y la autonomía actual tiene realmente «gran amplitud») y favorable a «la misión de Cataluña»: la que los nacionalistas se atribuyan a sí mismos en cada caso, pues resulta difícil traducir tal expresión de otra forma concreta.

Los nacionalismos son, ante todo, una cuestión de sentimientos, no necesariamente absurdos ni antinacionales, y al comienzo del libro la definíamos así en cuanto a España: a finales del siglo XIX la inmensa mayoría de los catalanes y los vascos se sentían españoles; al empezar el siglo XXI bastantes de ellos, entre una sexta y una cuarta parte, detestan identificarse como tales, y en otros muchos el sentimiento español persiste con tibieza. A ello ha contribuido en muy alto grado el uso de las autonomías por los nacionalistas. El adoctrinamiento nacionalista mediante los recursos del estado ha surtido mayor efecto entre los más jóvenes, y el optimismo de Roca adquiere su verdadero significado en relación con ese hecho.

Un efecto del nacionalismo es la exclusión de los no catalanes de origen entre los altos cargos[*]. Y a la inversa, además de una muy amplia autonomía, el nacionalismo disfruta de privilegios poco acordes con la democracia. A ellos no se aplica el principio de «un hombre, un voto», pues tienen en el Congreso más diputados de los correspondientes a su número de votos. La ley garantiza a un catalán la posibilidad de encontrar empleo público en toda España, incluidos los más altos, mientras que los nacionalistas imponen en su región fuertes restricciones a los españoles no catalanes, sobre todo en la enseñanza. Un catalán puede ser obispo en Asturias o Castilla, pero los nacionalistas protestarían contra un obispo asturiano o castellano en Cataluña. Etc.

Sus concepciones básicas hacen a los nacionalistas mirar como ajeno y peligroso el sector social de lengua materna castellana y la cultura catalana en castellano, y las hostigan sin mucho escrúpulo democrático. Fue indicativo el caso de Federico Jiménez Losantos, uno de los intelectuales liberales más destacados del país y antiguo militante antifranquista. Él y otros intelectuales relevantes, como Amando de Miguel, Carlos Sahagún, Alberto Cardín, etc., lanzaron en enero de 1981 un manifiesto firmado por 2300 profesionales en demanda de igualdad lingüística y acusando a la Generalidad de ir mucho más allá de la defensa del catalán, lesionando los derechos de la mitad de la población. El suceso merece detallarse algo, porque, lejos de ser una anécdota, define una tendencia que desde entonces no ha hecho sino acentuarse.

Según el manifiesto, «Ninguna razón democrática [justifica] el manifiesto propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña, tal como lo muestran, por ejemplo, los siguientes hechos: presentación de comunicados y documentos de la Generalidad exclusivamente en catalán; uso casi exclusivo del catalán en reuniones oficiales, con desprecio público del uso del castellano, como ha ocurrido en el mismo Parlamento Catalán (…); nuevas rotulaciones públicas exclusivamente en catalán; declaraciones de organismos oficiales y de responsables de cargos públicos que tienden a crear confusión y malestar entre la población castellanohablante[*] (…). Proyectos de leyes, como el de “normalización del uso del catalán”, tendentes a consagrar la oficialidad exclusiva del catalán. (…). No se quiere reconocer la existencia de dos lenguas en igualdad de derechos y que, por tanto, la enseñanza ha de organizarse respetando esta realidad social bilingüe (…). El derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna castellana ya empieza hoy a no ser respetado y a ser públicamente contestado, como si no fuera este derecho el mismo que se ha esgrimido durante años para pedir, con toda justicia, una enseñanza en catalán para los catalanoparlantes».

Las denuncias demostraron no tener nada de falsas. Los abusos partían de la concepción del catalán como «idioma propio», en el sentido de exclusivo, de la región, y a menudo se justificaban en los abusos del franquismo, que ahora imitaban al revés los nacionalistas, luchadores tan poco destacados contra el régimen anterior.

El manifiesto sólo pudo ser publicado en Diario 16, de Madrid, y, en respuesta, los organismos oficiales y los partidos de izquierda y nacionalistas en Cataluña desataron una campaña de hostilidad y amenazas contra los firmantes, tachándoles de «anticatalanes» y creando un clima de acoso contra ellos, pese al carácter sin duda democrático de sus peticiones y a no contener el documento ninguna frase interpretable como anticatalana. El País participó en un verdadero linchamiento moral, no sirvió a sus lectores el documento, en todo o en parte, pero sí lo desfiguró con alusiones, sin permitir el derecho de réplica de los firmantes[*].

Y en mayo Jiménez Losantos fue secuestrado por un grupo nacionalista radical, atado a un árbol y abandonado con un balazo en una pierna, a fin de amedrentar a quienes protestaban. Tarradellas, ya muy enfermo, criticó a la Generalidad, juzgando el acto fruto de «once meses de demagogia». Escribió: «Ahora más que nunca hay que seguir trabajando por la franca convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya, camino para conseguir el bienestar de España». Pero ni el partido de Pujol y de Roca ni la Esquerra, condenaron el atentado. El clero también calló. Los partidos de izquierda hicieron una condena formularia, pero bajo cuerda trataron el acto terrorista en son de mofa («el piernicidio», etc.), o atribuyéndolo incluso al propio Jiménez Losantos como un truco para hacerse la víctima. La impresión difundida fue que, aunque no estuviera muy bien el método, se había hecho justicia con el enemigo «de Cataluña[7]».

El clima de intimidación obligó a la mayoría de los firmantes a abandonar la región. El grupo terrorista autor del secuestro, Terra Lliure, había recibido adiestramiento de la ETA, con cuyas acciones cooperaba. En los años 90 creyó poder lograr sus objetivos sin tanta violencia y se integró en la Esquerra. No hizo la menor autocrítica por su pasado.

De este modo, y con respaldo o inhibición de «Madrid», la política franquista al revés cobró mayor empuje, provocando una continuada erosión de la democracia en Cataluña y, por tanto, en España. Paradójicamente, esta erosión suele ser exigida en nombre de una «España plural», que ciertamente existe, mientras que Pujol y sus correligionarios han luchado tenazmente contra la pluralidad en Cataluña usando los resortes del poder y los impuestos comunes. Esta corrupción no ha sido la única.

El panorama ha resultado mucho más negro en Vascongadas, donde la ETA se ha convertido en el eje de la política, gracias a sus atentados, a sus organizaciones satélites legalizadas, y a la actitud de los partidos.

Los atentados mortales descendieron bastante desde el centenar de 1980, para situarse entre los 30 y los 50 anuales en los siguientes ocho años, y bajar luego a un promedio de 22 hasta 1996. A esta baja contribuyó la creciente colaboración de Francia, que durante mucho tiempo había protegido a los terroristas. Pese al descenso, los atentados, rodeados de la máxima proyección mediática y política, continuaron sacudiendo a la II Restauración de forma casi permanente, y frente a ellos la reacción del poder y de los partidos continuó sumida en la ambigüedad y la ineficacia.

La explotación del crimen se reforzaba y magnificaba en las provincias vascas y en Navarra gracias al entramado de grupos proetarras vertebrados en la coalición Herri Batasuna. Ésta se ha servido sin tasa de la democracia, en la cual afirma no creer, para poner en pie un vasto servicio de propaganda y justificación del terror, de reclutamiento de terroristas, de vigilancia y amedrentamiento sobre los vecindarios, de violencia callejera o terrorismo de baja intensidad, y otras muchas formas de colaboración con la banda armada. Tales organizaciones se beneficiaban de subvenciones y ayudas muy variadas de las instituciones oficiales. Un número de habitantes minoritario, pero considerable (entre el 15 y el 18%; el 10% en 2001), votaba a HB en las elecciones autonómicas, caracterizadas por una fuerte abstención de entre el 30 y el 41% (aunque las de 2001 bajaron al 21%, la media se aproxima al casi 40 de Cataluña y al 41,5 de Galicia). Y sin contar los muchos más simpatizantes secundarios, aquellos que votaban a otros partidos pero estimaban a la ETA como una manifestación más bien gloriosa del nacionalismo o del izquierdismo. Ese apoyo era casi un salto de gigante para la ETA, en sólo 14 años desde 1968. La organización había nacido, recuérdese, enfrentada a un ambiente inhóspito en Vascongadas, cuando los terroristas se creían «víctimas de un horrible pecado colectivo de su propio pueblo».

Pero ha sido, sin duda, la actitud de los partidos y gobiernos la que ha dado al terrorismo su mayor influjo y peligrosidad durante ese período. El PSOE, al llegar al gobierno, pasó a considerar a la ETA una amenaza a su poder, y trató de librarse de ella utilizando violencia ilegal, por un lado, y negociaciones por otro. Creó los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), los cuales atacaron o secuestraron a algunos etarras o presuntos simpatizantes, causando una treintena de muertes entre 1983 y 1986. Casi todos los asesinatos se perpetraron en Francia, y probablemente ayudaron al cambio de actitud de París hacia el terrorismo en España. Las negociaciones con los pistoleros también tuvieron carácter clandestino, pues no casaban bien con la ley, y la opinión pública rechazaba cada vez más las concesiones a los pistoleros. Los tratos proseguían en medio de enfáticas negativas oficiales, que la propia ETA desmentía poniendo en evidencia el engaño de los gobernantes a los ciudadanos.

La conocida intelectual Edurne Uriarte, que salvó la vida por poco de un atentado de la ETA, ha explicado algunas consecuencias de la línea negociadora: «La historia de la lucha antiterrorista española es la historia de la estrategia de la debilidad, al menos hasta mediados de los años noventa. (…). El Estado persiste en mantener abierta la posibilidad de la negociación con los terroristas. (…) [La] lucha policial queda cuestionada porque los terroristas saben que el Estado mantiene entre sus alternativas la de la negociación. Los terroristas saben que una estrategia adecuada por su parte provocará esa negociación (…). En definitiva, los terroristas mantienen la iniciativa en todo momento (…). Interpretan que el Estado les otorga el rango de enemigo con el que caben las conversaciones y la negociación, es decir, la consideración que merecen es exactamente la que los etarras desean, la de un grupo armado con objetivos políticos y capacidad militar (…). No es posible tener una estrategia antiterrorista eficaz si se mantiene una puerta abierta al diálogo permanentemente. Eso legitima a los terroristas, deslegitima la posición del Estado y, además, transmite a los ciudadanos el mensaje de que esos terroristas no son como el resto de los delincuentes o asesinos a los que se persigue y encarcela (…). Los cuerpos policiales no pueden creer en su propio trabajo, los ciudadanos no pueden enfrentarse con decisión a unos terroristas a los que el Estado está dispuesto a hacer concesiones, y los propios etarras saben que sus crímenes pueden quedar impunes si su estrategia es eficaz[8]».

Podía añadir que, al considerar argumentos políticos los asesinatos, el estado auspicia una sociedad sin ley y anima a otros grupos armados a seguir la misma senda. Si el llamado terrorismo de estado minaba la legitimidad del sistema, la negociación lo empeoraba. La doble e ilegal política de la etapa socialista se demostró muy perjudicial para la democracia, con el agravante de la corrupción que generó.

Tal debilidad de la respuesta a la ETA nacía, a su vez, de la debilidad democrática de los partidos, de la tendencia de algunos de ellos a extraer beneficios políticos de los crímenes, como habían hecho la mayoría bajo el franquismo, y también de la mala conciencia con respecto a la unidad de España. De ahí la lentitud con que fue abriéndose paso la idea de aislar a los pistoleros mediante un acuerdo conjunto de los partidos no violentos en Vascongadas, para afrontar «la falta de convivencia democrática y de tolerancia» en la sociedad vasca. En 1985 se habló ya, en diversos foros, de esa necesidad, propuesta entre otros por Mario Onaindía, exmiembro de la ETA muy destacado en el Juicio de Burgos de 1970, y promotor, con bastante éxito, de la autodisolución de la ETA poli-mili. El aislamiento de los pistoleros se completaría con una amplia oferta de reinserción a quienes abandonasen las armas, y debía permitir que la política dejase de girar en torno a sus acciones. Firmaban la propuesta representantes cualificados de los partidos: José María Benegas, Joseba Elósegui, Jaime Mayor Oreja y Mario Onaindía[*].

Las discordias entre los partidos con respecto al tratamiento del terrorismo eran de tal calibre que hasta enero de 1988, casi tres años después, no fue posible el acuerdo: el llamado Pacto de Ajuria Enea.

Para entonces Garaicoechea llevaba tres años largos fuera de la presidencia vasca. Había ganado las elecciones de febrero de 1984 y jurado su cargo sin esperar el nombramiento del rey, en uno de sus frecuentes desplantes al entendimiento y la legalidad democráticos, que, junto con el terrorismo, habían paralizado las transferencias autonómicas desde hacía tiempo. Pero surgieron las disputas en el PNV en torno a la Ley de Territorios Históricos, una especie de autonomía provincial dentro de la regional, sobre todo en el terreno financiero, favorecida por Arzalluz y rechazada por Garaicoechea. El pulso entre los dos líderes, con episodios de espionaje ilegal haciendo uso de la Ertzaintza, demostró que el más fuerte era el jefe del PNV, y no el del gobierno vasco. Forzado a dimitir a finales del mismo año, Garaicoechea provocó en 1986 una escisión y fundó un partido menor, «Eusko Alkartasuna» (EA), de tipo socialdemócrata y más inmediatamente separatista que el PNV. Por lo tanto, el Pacto de Ajuria Enea ocurría con un nuevo lehendakari, Ardanza, algo más flexible y menos beligerante con el gobierno nacional, al menos en principio.

El pacto establecía el rechazo a la violencia, la exclusión de toda negociación política con la ETA, el apoyo a las víctimas, la coordinación entre el estado y el gobierno autonómico (como parte de ese estado) contra el terror, la «asunción progresiva de responsabilidades en la materia por el Gobierno vasco», la presión internacional para erradicar la violencia y «evitar la impunidad» de los terroristas, o la renuncia a ilegalidades en la persecución de éstos. Constatar que el acuerdo sobre estos puntos tan elementales había exigido casi once años desde las primeras elecciones democráticas explica muchas cosas.

No obstante, el pacto adolecía de fuertes contradicciones que lo amenazaban de esterilidad. Sólo condenaba el terrorismo como método, sin vincularlo a las aspiraciones totalitarias de sus autores. Parecía, pues, que lo único rechazable en la ETA era la violencia, lo cual legitimaría aspiraciones como las nazis. Y la aparente voluntad de no dejar impunes los asesinatos quedaba contrariada por un patético llamamiento a los asesinos para que «renuncien a ella [la violencia] y se incorporen a la tarea común», con el señuelo de una generosa política de reinserción. La reinserción había tenido sentido en los primeros años de la democracia, cuando el cambio de régimen justificaba un olvido de agravios por ambas partes; pero a aquellas alturas, y más como punto programático, significaba la promesa de impunidad y una sangrienta mofa de la ley y de los seis centenares de víctimas mortales causados ya por la ETA, más los cientos de heridos o mutilados y los miles de víctimas indirectas, familiares, etc. Quedaba en evidencia la debilidad moral y política de los firmantes del pacto.

Por otra parte, la cuestión de las víctimas había llegado a extremos siniestros. Los asesinados tenían que ser enterrados casi clandestinamente, muchos curas rehusaban hacerles funerales públicos, y los familiares sufrían el ostracismo social impuesto por los más violentos, entre la indiferencia de los organismos oficiales. La Asociación de Victimas del Terrorismo, nacida en 1981, es bastante explícita en su declaración de intenciones: buscaba «socorrer a todas las víctimas del terrorismo del abandono y marginación del Estado, así como de muchos sectores de la sociedad española».

Otras medidas de sentido común, como la coordinación entre al estado y la autonomía, es decir, entre las respectiva policías, tenía el inconveniente del predominio nacionalista en la policía autonómica o Ertzaintza, lo que suponía, de entrada, la simpatía de bastantes de sus miembros por la ETA y la más que probable infiltración de ésta en el cuerpo. La coordinación, así, podía justamente beneficiar a los terroristas.

Y la insistencia en la legitimidad de los organismos y partidos democráticos quedaba debilitada por la precaria referencia a la Constitución, y aun ella relacionándola con ulteriores concesiones a los nacionalistas: reafirmaba el estatuto de Guernica, pero señalando su eventual ampliación hacia cotas mayores de autogobierno.

También debilitaba el pacto el sentido, no necesariamente convergente, que pudieran darle los partidos firmantes. La ETA, a su turno, no juzgó oportuno contestar positivamente a la invitación de los pactantes a dejar la violencia.

Por estas razones el pacto iba a arrastrar una vida lánguida, con frecuentes acusaciones de incumplimiento o deslealtad entre sus miembros. Aun así no dejaba de significar un avance con respecto a la calamitosa situación anterior, cuando partidos presuntamente democráticos se obstaculizaban en la represión del terrorismo, para mayor gloria y aprovechamiento de éste. Podía considerarse un primer paso en el camino de un mayor entendimiento entre las fuerzas democráticas.

Podía, pero no iba a ser así. En 1998, diez años más tarde, y a punto a su vez de dejar el poder regional, Ardanza haría un balance peculiar de la experiencia. Tras asegurar que el pacto había sido para Vasconia el suceso político más trascendente junto con el propio estatuto, lo interpretaba en una triple clave: «El problema de ETA es, para el Pacto, un problema de democracia y no de nacionalismo. La segunda conclusión es una derivación de la primera. Si el problema de la violencia que ejerce ETA es un problema de democracia y no de nacionalismo, el conflicto que ETA representa es un conflicto interno a la sociedad vasca y no una confrontación entre el Pueblo Vasco y el Estado español. ETA es un problema nuestro, de los vascos, y sobre nosotros recae, antes que sobre ningún otro, la responsabilidad de su solución». Finalmente, «La exigencia del pleno y leal desarrollo del Estatuto nace del mismo respeto a la voluntad democrática del Pueblo vasco y forma, por tanto, parte esencial del Acuerdo».

No es seguro que todo el mundo lo viera así. El problema terrorista adquiría para el PNV una extraña forma: afirmar que la ETA «es un problema nuestro, de los vascos», cuando sus atentados ocurrían en toda España y repercutían brutalmente en la política general, constituía una audacia chocante. Y aún más la pretensión de que los crímenes no tenían que ver con el nacionalismo, cuando, con absoluta evidencia, la ETA mataba por nacionalismo. Ello aparte, mezclar el «pleno y leal desarrollo» autonómico con la lucha anti ETA, situaba en un plano similar al terrorismo y las transferencias, y permitía acusar al gobierno de los atentados, por su «incomprensión» con respecto a las transferencias (el PSOE había ralentizado las transferencias como presión para que el PNV tomase una actitud más resuelta ante la ETA, sin lograrlo en lo más mínimo). En todo caso la aceptación tácita o abierta de interpretaciones tan sorprendentes por parte de los otros firmantes, ponía a éstos a merced de la estrategia sabiniana y los incapacitaba para criticar al nacionalismo, sin que lo contrario ocurriera: el PNV podía acusarlos, y lo hacía, de no ser bastante demócratas por no aceptar las tesis peneuvistas.

El pacto se resumiría en un «rechazo total a la violencia y a quienes la ejercen y apoyan, pero total apertura a integrar a quienes, incluso habiéndola ejercido y apoyado, decidan abandonarla. Tal es el sentido de la reinserción contemplada en el artículo 9 del Acuerdo. Y tal es también y, sobre todo, el sentido del final dialogado que propugna el artículo 10». Pero el rechazo a la violencia tenía muy poco de «total» si se garantizaba la impunidad y no el castigo de los violentos, bien al corriente de que podían hacer cuando les conviniese el gesto adecuado para la «reinserción». Lo que, de paso, coronaba los asesinatos con un desdeñoso insulto a las víctimas desde las instituciones.

Ahora bien, los pistoleros ni siquiera aceptaban tal cosa, para desencanto de Ardanza, cuyas frases al respecto podrían entrar en una antología de la farsa política: «Hay algo que, en principio, escapa a nuestra voluntad. No es posible iniciar un diálogo final, es decir, un diálogo productivo y resolutivo, si ETA no da muestras inequívocas de querer abandonar la violencia. Empeñarnos en lo contrario equivaldría a provocar fracaso y frustración. Todos debemos comprenderlo y, antes que nadie, es la propia ETA la que deberá comprenderlo y aceptarlo». Pero ni antes que nadie ni después que nadie. A los diez años del pacto y veintiuno de las primeras elecciones democráticas, los terroristas no acababan de comprender y aceptar «un diálogo productivo y resolutivo». Peor: no mostraban la menor intención de abrir su mente a la comprensión y la aceptación. ¡Ardanza no lo entendía! Sus palabras sonaban realmente entristecidas.

Desde la oferta del pacto, la ETA había asesinado a casi dos centenares más de personas, que para Ardanza no tenían valor definitorio alguno en relación con el problema. Pese a tan lamentable y prolongado fracaso, el lehendakari pretendía que el pacto «sigue siendo hoy para todos el referente imprescindible en materia de pacificación». Requería, eso sí, algunos cambios: «La pregunta que debemos responder es qué está en nuestras manos y qué podemos hacer nosotros para propiciar ese final dialogado». En otras palabras, las concesiones hechas a los asesinos no bastaban para merecer la comprensión de éstos. Por lo tanto, «proponemos un diálogo abierto, en el que nadie exija, de un lado, la aceptación previa de ciertas reivindicaciones políticas como condición sine qua non para iniciarlo y en el que nadie impongamos, de otro, límites a sus resultados que no sean el propio consenso de las voluntades plurales de la ciudadanía vasca», porque «si el problema de la violencia es un problema de democracia [y no de nacionalismo], ningún demócrata podrá impedir que la voluntad de nuestro Pueblo encuentre los caminos más adecuados para su definitiva normalización y pacificación».

Estas frases rebuscadas incluían a la ETA entre los representantes del «Pueblo Vasco» y rompían la primera exigencia del pacto: el abandono de la violencia por los terroristas y la negativa a negociar con ellos cuestiones políticas. A la desesperada queja de los partidos democráticos sobre la intransigencia y crímenes etarras respondía el PNV exigiendo nuevas concesiones para atraer a los terroristas a «un diálogo productivo». Concesiones, casualmente, de común interés para el PNV y la ETA: más autogobierno. La ETA, y a su lado el PNV, se erigían en árbitros y definidores de la democracia. Sin duda los sabinianos superaban en retorcimiento a aquellos nacionalistas catalanes contra quienes había prevenido Azaña a Negrín. Y si bien el historiador debe mantener el tono más neutro posible, y la sangre derramada excluye la frivolidad, resulta difícil contener la risa ante tales virtuosismos de la picaresca política.

Pero en aquellos diez años habían ocurrido en Vascongadas cosas mucho más graves que el rechazo de los etarras al generoso «diálogo» con que respondían a sus asesinatos los pactantes de Ajuria Enea.

Aunque al PNV le desagradaba el terrorismo, no es posible creer que ignorase la enorme ventaja que su política otorgaba a los pistoleros, como ha analizado Edurne Uriarte. Si propugnaba tal línea de acción se debía a que los sabinianos obtenían, a su vez, sustanciosas ventajas de las acciones etarras, al menos mientras los demás partidos aceptasen su visión del pacto. Presentándose como partido democrático (casi nadie osaba ponerlo en duda), y como la clave para la pacificación, interpretaba los crímenes no como tales, ni como desafíos y ataques a la democracia, sino como pruebas de que no había suficiente democracia, y de la urgencia de «profundizar» en ella… por medio de un creciente autogobierno. Así extraía una espléndida renta política a la sangre vertida por otros. Arzalluz definiría esa táctica en una frase que se hizo célebre: «Unos [la ETA] sacuden el árbol (…) para que caigan las nueces, y otros [el PNV] las recogen para repartirlas [con los etarras[*]]». De paso afirmaba que otra política agravaría el problema, y que sólo por ese camino vendría la paz.

El problema real no era la paz, como insistía el PNV, sino, y cada vez más, la libertad. La paz, pese al clima de inquietud, estaba asegurada porque la acción policial impedía al terrorismo alterarla de forma general. Y es en este terreno donde más inequívocamente destaca el espíritu de los sabinianos, que producían periódicamente condenas a la ETA, pero retóricas y sin consecuencias.

Según el pacto de Ajuria Enea el gobierno vasco aumentaría sus atribuciones en la lucha antiterrorista, y la policía autonómica estaba en inmejorable posición para ello, gracias a su penetración en los interconectados mundillos nacionalistas, fueran radicales o de imagen moderada. Sin embargo la acción antietarra de la Ertzaintza ha tenido muy poco valor. Ha atacado, sin continuidad, el impuesto revolucionario, la extorsión sufrida también por bastantes empresarios afectos al PNV; o realizado detenciones esporádicas, aunque suficientes para que la ETA asesinara, en represalia, a varios ertzainas. El mismo «terrorismo de baja intensidad» —la violencia callejera—, fácil de controlar, apenas sufrió represión de la policía mandada por el PNV. Esta inhibición, que indignaba a muchos policías autonómicos, recuerda las consignas ya mencionadas del PNV a sus tropas durante la guerra, a la caída de Vizcaya: «Preparados oportunamente nuestros batallones de hacer que hacían y no hacer nada…». El PNV utilizaba su propia pasividad como presión para exigir el reconocimiento internacional de la Ertzaintza como policía independiente.

El peso, con mucho, de la acción contra el terrorismo siguió recayendo en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. Es la evidencia misma que sin ella la ETA habría superado la peligrosa cifra de asesinatos de 1980, y la democracia habría naufragado por completo en Vascongadas y probablemente en España entera. Han sido y siguen siendo los cuerpos nacionales de policía, y no el autonómico, quienes han protegido a la sociedad vasca e impedido su total derrumbe moral y político.

Y lo han hecho no con la ayuda o la simpatía del PNV, sino muy al contrario. Este partido ha contribuido intensamente a las campañas de los terroristas para enlodar la imagen de dichas policías. Una táctica de la ETA consiste en denunciar por sistema torturas salvajes. Y algunas veces ocurren torturas (a la misma Ertzaintza se le «murió» algún etarra en comisaría), pero las investigaciones judiciales han probado la falsedad de casi todas las denuncias, y el hecho de que los etarras sean detenidos casi siempre sin resistencia indica su convicción de que no les espera un destino tan terrible como aseguran en su propaganda. Pues bien, el PNV ha divulgado con empeño una estampa simpática de «los chicos» del tiro en la nuca, y siniestra de sus perseguidores. Muchos clérigos, incluyendo a obispos como Setién, han abundado con más o menos sutileza en la misma línea, o poniendo en el mismo plano el terrorismo y su represión por el gobierno democrático. El PNV estaría en el justo medio… condenando de palabra a los asesinos y dándoles facilidades en la práctica.

La misma colaboración práctica bajo condenas vacías resalta en hechos como la constante reivindicación de los «presos vascos»: la consigna sugiere que no se trata de delincuentes, sino de «vascos» detenidos por serlo o por defender a «Euskadi», aunque sea con métodos tal vez errados. O en las cuantiosas subvenciones que, a través de organismos oficiales y de iniciativas culturales o de promoción del vascuence, reciben los organismos cultural y político de la ETA. O en actitudes tan reveladoras, y destructivas para la legitimidad parlamentaria, como la aceptación de Josu Ternera, uno de los jefes de la ETA en su época más sanguinaria, en el Parlamento vasco, y nada menos que en la Comisión de Derechos Humanos[*]. Etc.

Estas conductas traen a la memoria las de los gobiernos del Frente Popular en la Primavera Trágica de 1936, y si no han tenido resultados más catastróficos se debe a lo limitado de su ámbito; pero en él han sido demoledores. Pues apenas cabe hablar de democracia real en unas provincias donde la coacción, el miedo y el espionaje se ceban sobre los no nacionalistas, en medio de una increíble impunidad y arrogancia de los violentos, descrita en libros como ¡¡Arriba Euskadi!!, de José María Calleja. La democracia está en ruinas cuando, caso único en Europa, numerosos miembros de la oposición han sido asesinados, cientos de personas han de llevar guardaespaldas para proteger sus vidas, miles viven bajo permanente amenaza y decenas de miles han debido huir de aquella región en una solapada «limpieza étnica». Y nada de ello sería posible sin la evidente connivencia del PNV con los terroristas, aquí descrita someramente.

Capítulo 28

¿HACIA UNA SEGUNDA TRANSICIÓN?

El análisis de Ardanza sobre el pacto de Ajuria Enea, falto de cualquier balance real después de diez años, adquiere su pleno significado si tenemos en cuenta sus circunstancias: desde dos años antes, marzo de 1996, gobernaba el Partido Popular con José María Aznar a la cabeza. Había terminado el primer período de gobierno socialista, de casi catorce años.

No había carecido de algunos rasgos positivos, aunque de efectos ambiguos, el período socialista. Por ejemplo una indispensable reordenación industrial y del mercado de trabajo, de sentido más liberal que socialista, pero contrariada por una pesada fiscalidad y un desproporcionado aumento del aparato estatal —central y autonómico—, que indujeron un paro sin precedentes, superior a los tres millones de personas. O la ampliación del acceso a la universidad, un tanto estropeada por el deterioro de la calidad educativa (en todos los niveles de la enseñanza) y el aumento del fracaso escolar.

En conjunto, la etapa socialista afectó seriamente a la estabilidad del sistema democrático. El partido comenzó su andadura con la despótica expropiación de Rumasa, el mayor grupo de empresas español, bajo el lema de «todo para el pueblo», acuñado por Alfonso Guerra. La expropiación dio la señal para una marea de corrupción como probablemente no había padecido el país en todo el siglo XX. Simultáneamente el PSOE emprendió la politización del poder judicial, supeditándolo al ejecutivo a través de la mayoría parlamentaria. A las críticas replicó el mismo Guerra con su conocida frase: «Montesquieu ha muerto» (Montesquieu estableció la división e independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como el cimiento de la libertad política y del estado de derecho). Los ataques socialistas a la libertad de prensa sólo pueden calificarse de gravísimos, y lograron hundir a varios periódicos y otros medios desafectos. Cuando afloraron diversos escándalos de corrupción, el PSOE trató de impedir su denuncia mediante leyes ad hoc, que, de haber prosperado, habrían degenerado al sistema en algo similar al corrupto régimen mejicano del PRI. Y su tratamiento del terrorismo etarra, mezcla de claudicación y violencia ilegal, no contribuyó precisamente a fortalecer las libertades.

El descontento creciente por estos desafueros había terminado por desalojar al PSOE del poder. El nuevo gobierno, dirigido por José María Aznar llegaba con una posición más definida en algunas cuestiones, especialmente, para el tema de este libro, la de la ETA. Un dogma cultivado asiduamente por el PNV y por el PSOE establecía que el terrorismo no podía eliminarse por medios exclusivamente —ni aun principalmente— policiales, sino mediante un tratamiento «político», entendiendo por tal negociaciones de incierto alcance. El PP, en cambio, dio absoluta prioridad al tratamiento policial y se negó en redondo a tratar con los autores de cientos de crímenes otra cosa que el abandono de la delincuencia. Esta política iba a demostrar mucha más eficacia que las anteriores: en los ocho años siguientes la media de asesinatos etarras bajaría a un promedio de ocho al año, acompañado de un rápido debilitamiento de la organización. Aznar también trató de atraerse al PNV facilitándole transferencias pendientes a cambio de una posición definida hacia el terrorismo. La región se convirtió en la más descentralizada de Europa, más que muchos estados federales.

Sin embargo el PNV no varió de posición. Apenas seis meses antes del ya mencionado discurso de Ardanza sobre el pacto de Ajuria Enea, la ETA sufría un duro golpe: el 1 de julio de 1997 la Guardia Civil liberaba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, después de un cautiverio de 532 días en condiciones infernales. Ortega salía del zulo donde lo había encajonado la ETA con un aspecto parecido al de los prisioneros de los campos de exterminio nazis, imagen que conmovió a todo el mundo. A cambio de su vida, sus torturadores habían exigido al gobierno unas negociaciones políticas con ellos para tratar la «liberación de Euskadi». Aznar rechazó el chantaje, pero el PNV, con pretendido humanitarismo, presionó de continuo para forzar al gobierno a doblegarse, acusándolo de intolerante o no dialogante; y contribuía al chantaje anunciando dramáticamente la probable aparición del cadáver de Ortega en cualquier cuneta.

La liberación del secuestrado fue vivida por el PNV como una derrota propia. La ETA, enfurecida, amenazó por boca del dirigente batasuno Floren Aoiz: «Después de la borrachera policial vendrá la resaca». Y la resaca llegó con el secuestro, diez días más tarde, del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, por cuya vida exigían los terroristas el acercamiento de los presos etarras a «Euzkadi». Dos días después aparecía el cadáver del concejal, atado y con dos tiros en la nuca. Este crimen saturó de indignación a millones de personas, que se echaron a la calle en Vascongadas y en toda España en las manifestaciones quizá más multitudinarias y crispadas que haya vivido el país. La ETA y sus grupos satélites parecían, por fin, aislados y acosados, no tanto por los partidos como por la gente común.

El PNV se sumó a la manifestación, pero la situación le preocupaba en extremo, y desde el primer momento trató de frustrar el ambiente creado. Entre todos los partidos habían logrado hasta entonces mantener la respuesta de los no nacionalistas en un nivel de resignación silenciosa y mansa, muy conveniente para la estrategia sabiniana, pero eso amenazaba terminar por fin. Arzalluz y los suyos no deseaban aquella oposición radical a los pistoleros, sino una especie de «condena comprensiva» que les permitiera negociar ventajas políticas, de acuerdo con su táctica inveterada.

Para más consternación nacionalista, aunque en los meses siguientes los asesinos intentaron mantener la iniciativa matando a concejales del PP, recibieron tales golpes, con detenciones en cascada en Francia y en España, que pronto se vieron contra las cuerdas. Y también comenzaron los golpes al entorno terrorista, mucho más amplio que las meras partidas armadas, pues incluía organizaciones de propaganda, reclutamiento, control de la población, financiación del terror mediante negocios tapadera o desviando cuantiosas subvenciones oficiales obtenidas, por ejemplo, para «euskaldunizar» (enseñar vascuence) a los adultos[*], etc. El conjunto formaba una trama paralegal llamada KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista), ligada al partido legal Herri Batasuna, cobertura política, a su vez, de la ETA propiamente dicha. Esta nube de organismos satélites dedicados a proteger y ampliar el eco del terrorismo había sido diseñado por la dirección de Eta-mili después del magnicidio de Carrero Blanco. Tal conglomerado, lo sabía todo el mundo, constituía el aparato más eficaz de coacción, imposición social y violencia callejera de la ETA, pero se había mantenido impune años y años so pretexto de las «libertades democráticas».

Una vez probadas las conexiones orgánicas de KAS y Herri Batasuna con los círculos centrales etarras, la justicia procedió contra ellas, detuvo a la «mesa nacional» de Herri Batasuna, desmontó la empresa que publicaba el diario proterrorista Egin, desarticuló numerosas empresas tapadera, etc. El PNV advertía que tales acciones provocarían un recrudecimiento de la violencia y de la resistencia popular, pero no ocurrió nada de eso: la réplica de los proetarras fue débil, pese a la mano que les echaba sin mucha discreción el mismo PNV, presentando como contrarias a la democracia y la libertad de expresión[*] las medidas contra unos sanguinarios enemigos de ellas, y destinadas a proteger las libertades ciudadanas. Los jefes etarras comprendieron que, como expresaba uno de ellos, «la izquierda abertzale ha perdido capacidad política como consecuencia de una estrategia que podría estar bien estudiada desde el Estado[1]». Por primera vez se abría la posibilidad de una completa victoria policial, y por tanto política, sobre los terroristas, única vía realmente aceptable para el sistema democrático sin correr el riesgo de deslegitimarse.

Pero vía muy poco deseable para el PNV, porque implicaba la desaparición de una baza con la que venía jugando con éxito desde la reforma democrática. Según Arzalluz, la derrota del terrorismo no era buena «para Euskal Herria», es decir, para el propio PNV. La situación se volvía muy desagradable, y ante el reto, los sabinianos decidieron una jugada de gran audacia: convertir la derrota de la ETA en una victoria de todo el nacionalismo, incluyendo en él, por supuesto, a los propios etarras.

Del análisis de Ardanza sobre el pacto de Ajuria Enea, en enero de 1998, nacería en marzo el llamado «Plan Ardanza» que, con la característica selva fraseológica, proponía conversaciones de carácter abiertamente político con la ETA, sin ningún condicionamiento previo y «sin límites en los resultados», hasta la «autodeterminación». Proponía, pues, liquidar el estatuto y la Constitución, aunque del modo más disimulado posible: «Sería conveniente disponer de un estudio serio sobre la cobertura jurídica del proceso, incluyendo una investigación sobre las posibilidades de la Constitución y el Estatuto Adicional Primera y Adicional Única respectivamente, así como de la Disposición derogatoria y otras». No obstante, «la dirección de todo el proceso debería ser eminentemente política y, desde una voluntad política decidida, cabría quizá una lectura constitucional y estatutaria que diera cabida a los consensos que pudieran alcanzarse». Una decidida voluntad política podría retorcer la ley cuanto fuera preciso, para mantener una apariencia de formas.

Ardanza sabía que su propuesta «suscitará, como es obvio, múltiples preguntas, recelos y resistencias. Es natural. Pero la gran pregunta que se plantea y que debemos contestar es si servirá para alcanzar la paz. Si así fuera, todos los trastornos que provoca habrían merecido la pena». Este párrafo contiene la estrategia sabiniana: para nada contaba la ruina de la libertad y la democracia en Vascongadas, causada por la violencia terrorista no combatida o amparada por el PNV. La cuestión era «la paz», es decir, utilizar la pretendida ausencia de paz como palanca para abrir la puerta a la secesión. Entonces todo habría merecido la pena, en especial, aunque no se nombrasen, los cientos de asesinatos que, en definitiva, habrían alcanzado su objetivo: la «liberación de Euskadi». No existe otro contenido real en la fraseología de Ardanza.

La única exigencia a los terroristas consistía en la declaración de una tregua. La idea revelaba el conocimiento de la dura crisis de la ETA, con casi todos sus grupos desmantelados, su aparato externo semidesarticulado y sus finanzas secadas. Necesitada, por tanto, de un respiro para rehacerse. La tregua daría las máximas ventajas a los nacionalistas: presentada como una generosa «oportunidad» ofrecida al gobierno, les permitía tildar a éste, si rechazaba sus presupuestos, de intransigente y enemigo del «diálogo» y, por tanto, de la «paz» y hasta de la democracia; de fomentador y responsable de la violencia, según la tesis habitual del PNV.

A aquellas alturas el plan Ardanza no fue aceptado por sus socios del pacto de Ajuria Enea, pero el PNV ya marchaba en una dirección contraria: sustituir el pacto con los partidos democráticos por el acuerdo directo con la ETA y su entorno, más los nacionalistas catalanes y gallegos. El 17 de julio se firmaba una «Declaración de Barcelona» por parte del PNV, Convergencia i Unió, y el Bloque Nacionalista Gallego. La declaración se inspiraba en la Triple Alianza de 1923, que había amenazado con las armas, y en la asociación Galeuzca, de 1933. Según ella, «sigue sin resolverse la articulación del Estado español como plurinacional», articulación a su juicio «justa y democrática», y acorde con la evolución europea, por lo que, ante «los retos del siglo XXI», llamaba a la sociedad española a compartir una «nueva cultura política acorde con esa comprensión del Estado y promover una concienciación colectiva» al respecto, proponiendo actividades y «diálogos» con vistas a esa concienciación y a sus desarrollos prácticos.

Bajo la inocencia aparente de las palabras, el «Estado plurinacional» significaba sin más anular o «superar» la Constitución y los estatutos autonómicos, y emprender una «segunda transición», como empezó a llamársela. Y tenía otro sentido implícito no menos claro: cada «nación» tenía el derecho a «autodeterminarse», esto es, a separarse del resto, para lo cual habían trabajado tenazmente a la opinión pública los tres partidos durante los veinte años anteriores, aprovechando unas libertades traídas por otros. Las frases ambiguas y las apelaciones al derecho y al diálogo camuflaban la decisión de disgregar por fin a España. De nuevo se ponía de relieve cómo las autonomías habían sido concebidas desde el principio, por los nacionalistas, como un período previo a la secesión, y todos parecían creer llegado el momento de pasar a una etapa superior, en curiosa y simbólica coincidencia con el centenario del «Desastre».

La «primera transición» había supuesto el paso del régimen autoritario de Franco a la democracia. ¿Adonde abocaría la segunda transición propuesta? De forma no intencionada, la declaración coincidía casi con el primer aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, símbolo de la despiadada persecución nacionalista contra una gran parte de la población vasca. La «plurinacionalidad» apenas ocultaba el designio de eliminar o disminuir en lo posible el pluralismo cultural y lingüístico forjado por una historia de siglos en Galicia, Cataluña y Vascongadas. Y no eran sólo palabras. Como hemos visto, aunque muy brevemente, ese designio había debilitado ya seriamente la democracia en Cataluña y casi la había desmoronado en Vascongadas. En Galicia los nacionalistas no habían alcanzado el poder, aunque constituían una fuerza importante, pero el carácter del BNG era inequívoco: procedente de la extrema izquierda y con ideas marxistas y tercermundistas, se asemejaba mucho más a Herri Batasuna que a los derechistas PNV y CiU. Teniendo esto en cuenta, el destino de la «segunda transición» no resulta demasiado enigmático.

La situación tardó poco en clarificarse: el 12 de septiembre de aquel 1998 los partidos nacionalistas, incluidos los representantes de la ETA, más el comunista Izquierda Unida, firmaban una declaración conjunta en Estella enterrando el pacto, de por sí ambiguo, de Ajuria Enea. Como señalan las autoras de El árbol y las nueces, culminaban «siete meses de intensas conversaciones entre partidos nacionalistas, años de colaboración permanente entre las centrales sindicales ELA y LAB, décadas de diálogo ininterrumpido entre el PNV y KAS y lustros de trabajo de distintos movimientos sociales, con la colaboración entusiasta de la Iglesia vasca[2]».

El pacto especificaba: «Euskal Herria debe tener la palabra y la decisión. El acuerdo de resolución no contendrá escenarios cerrados y de carácter definido, sino que posibilitará marcos abiertos donde puedan tener cabida nuevas fórmulas que den respuesta a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria». De la Euskal Herria nacionalista, definida por Sabino Arana un siglo antes. PNV y EA marchaban al lado de los autores de ochocientos asesinatos, tras barrenar el pacto de Ajuria Enea, para tratar de imponer todos juntos una vía evidentemente anticonstitucional y antidemocrática. Esperaban altos respaldos internacionales, en un proceso similar al de Irlanda por aquellas fechas[*].

Y como colofón cuatro días más tarde, el 16, la ETA decidía una tregua indefinida, con el fin inconfesado de reorganizarse, como se demostraría. De paso llamaba a una negociación en que «se adopten los compromisos necesarios para que la fase política que tenemos por delante sea la de la soberanía». El acuerdo con el PNV parecía completo. En nombre de la paz y el diálogo, los asesinos y sus amparadores podían acusar y poner a la defensiva al gobierno si éste se negaba a dejar en papel mojado la Constitución y el estatuto, a desamparar a la mitad de la población vasca hostigada por los nacionalistas, y a permitir allí la quiebra completa de las libertades. Aznar y su ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, vieron claramente la amenaza y reaccionaron con indignación, pero en su partido se manifestaron vacilaciones, pensando en concesiones extralegales por la que creían próxima autodisolución de la ETA.

El PNV había maniobrado a espaldas de sus socios en el pacto de Ajuria Enea, con total deslealtad hacia ellos y hacia el gobierno que había acelerado las transferencias a plena y pública satisfacción de Arzalluz. Pero Aznar, y con menor energía el PSOE, evitaron la trampa, y el pacto de Estella no recibiría las asistencias internacionales esperadas. PNV y EA buscaron salidas intermedias, sometidos al tironeo entre la firmeza del gobierno y el maximalismo etarra, que exigía la inmediata anexión de Navarra y de los departamentos franceses de carácter vasco. Y al cabo de un año largo, a finales de noviembre de 1999, la ETA se sintió lo bastante rehecha para volver a la acción. Su comunicado al respecto daba a conocer un pacto secreto con el PNV y EA por el cual éstos habían aceptado «romper completamente las relaciones con las fuerzas españolas» a cambio de la tregua. Ambos partidos habrían cumplido sólo a medias, por lo que «el proceso que comenzó el año pasado está sufriendo un claro bloqueo y se está pudriendo, y en ese contexto, ETA ha tomado la decisión de reactivar la lucha armada».

Y pronto recomenzaron los asesinatos, que al año siguiente subieron a 18, y a 15 en 2001, para caer a 4 en 2002, a causa de una eficaz acción policial que evitó numerosos atentados, desarticuló las partidas terroristas y volvió a acorralar a la organización.

Entre tanto Ardanza había dado paso a Ibarreche en la presidencia del gobierno autonómico, en enero de 1999. Lo que viene a continuación es pura actualidad y lo resumiré aquí al máximo: ante la reanudación de los atentados y el entendimiento del PNV con la ETA, el PSOE y el PP reaccionaron, en diciembre de 2000, con el «Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo», o Pacto Antiterrorista. En él exigían al PNV y EA la renuncia formal al pacto de Estella y la vuelta a la Constitución y al estatuto como marco político; establecían la firme decisión de derrotar la estrategia terrorista, de garantizar las libertades y los derechos humanos en Vascongadas, y de combatir las legitimaciones directas o indirectas de la violencia. En transparente alusión al PNV proclamaban su decisión de no admitir que el terrorismo diera pie «a ventaja o rédito político alguno» para ningún partido, pues «la paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos son valores no negociables». Prometía endurecer las leyes si fuera preciso, y afirmaba «el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas», aunque admitía la reinserción previo «inequívoco arrepentimiento»; promovería la movilización ciudadana y la dignificación de las víctimas. Reproducía el Pacto de Ajuria Enea pero con más radicalidad y menos equívocos, e intentaba, en fin, tomar la iniciativa frente al naufragio de la democracia en la región. Una resolutiva actuación de los dos partidos que sumaban, con mucho, la máxima representación de España, debía alcanzar sus objetivos, parecía lógico.

Pero el PNV prosiguió, tras alguna vacilación, el desafío a las decisiones del gobierno y de los tribunales de justicia contra la ETA y su entorno, manteniendo la básica pasividad de la Ertzaintza y la protección y subvención al entorno terrorista. De paso tildaba constantemente de antidemocrática, intolerante y antivasca la actuación del gobierno contra las organizaciones satélites de la ETA y desprestigiaba a las fuerzas de seguridad que alcanzaban éxitos muy relevantes en su defensa de la sociedad vasca contra los violentos.

Además, Ibarreche y Arzalluz trataron de socavar el Pacto Antiterrorista desgajando de él al PSOE. Pues no faltaban en éste sectores muy influyentes y proclives a escuchar al PNV, en particular los más ligados al grupo de El País y los más comprometidos con la corrupción y las ilegalidades del pasado. Todos ellos hacían coro a las denuncias de los sabinianos sobre la «intransigencia» del PP, al que acusaban de dejar «en la cuneta» al PNV, sin el cual, insistían, no habría «pacificación».

Las elecciones autonómicas de 2001 marcaron una dura confrontación entre los partidos demócratas y los nacionalistas. Muestra del interés popular despertado, la abstención no pasó del 21%, dato excepcional en las elecciones vascas. Los demócratas esperaban un vuelco o al menos una victoria clara, pero quedó demostrado el efecto de tantos años de propaganda nacionalista, apenas contestada y en buena medida asimilada por la propia oposición. El PNV jugó hábilmente la baza de los logros autonómicos, según él amenazados, y de la paz y el diálogo (con los autores de los asesinatos). Ganaron los nacionalistas de PNV y EA aunados, es decir, «ganó el diálogo», en palabras de Ibarreche, con 740 000 votos (41% del cuerpo electoral), muchos de ellos depositados por proetarras que prefirieron esta vez el voto útil. Los no nacionalistas obtuvieron 650 000 votos, cifra también muy elevada, y las abstenciones o votos en blanco sumaron 350 000. Victoria nacionalista significativa, si bien insuficiente para imponer su alternativa a una sociedad muy polarizada.

El resultado tuvo graves consecuencias en toda España. El líder socialista Nicolás Redondo Terreros, máximo defensor del acuerdo con el PP para recobrar la democracia en Vascongadas, fue defenestrado mediante maniobras subterráneas. Dentro del PSOE alcanzó la hegemonía el grupo partidario de entenderse con el PNV y hacer una oposición a cara de perro contra el PP, como iba a manifestarse pronto en la llamada oposición de calle y pancarta. El PNV, a su vez, se sentía legitimado para imponer condiciones más duras.

Y los nacionalistas catalanes más radicalizados cobraron a su vez nuevos bríos, exhibidos dos años más tarde en las elecciones autonómicas de 2003, cuando, con un 37% de abstención, la histórica Esquerra llegaba al 16,5% de los votos emitidos, duplicando los anteriormente conseguidos. Ello la convertía en tercer partido catalán y en la bisagra capaz de decidir si gobernaría CiU o el Partido Socialista, los dos grandes casi empatados pero sin mayoría absoluta. El PP quedaba reducido allí a un irrelevante cuarto puesto. En 1995, liderado por el asertivo Aleix Vidal-Quadras, se había situado como tercera fuerza catalana, en una dinámica de fuerte ascenso. Comprendiendo el peligro, Pujol había exigido a Aznar la destitución de Vidal Quadras como coste de su apoyo al gobierno de Madrid. Aznar había aceptado la presión, casi chantaje, de Pujol, y el PP había vuelto a la inoperancia, mientras crecía el nacionalismo radical.

Pujol, después de 23 años de gobierno, no se presentó en 2003, y la Esquerra optó por el Partido Socialista para formar gobierno, junto con Iniciativa per Catalunya, gris residuo del otrora poderoso PSUC. Se formó así el «gobierno tripartito». La Esquerra proclamaba sin ambages su separatismo, y sacaba buena parte de sus votos de una juventud formada por CiU en la aversión o indiferencia a España; y también como CiU, pero con mayor vehemencia, propugnaba el consabido diálogo con la ETA, palanca para una reforma de la Constitución y del estatuto que allanase el camino a la secesión. Siendo nacionalista, la Esquerra debiera haber preferido gobernar con CiU, pero no había incoherencia en su elección, pues los dirigentes del PSC, encabezados por Pascual Maragall, no eran menos nacionalistas que CiU, y actuaban al margen del PSOE, al que nominalmente estaban ligados. Maragall propugnaba una resurrección de la medieval corona de Aragón como región especial europea prácticamente independiente del resto de España, idea compartida con el líder de la Esquerra, Pérez Carod, muy partidario de los Països catalans. Con notable insolencia, Maragall comenzó enseguida a amenazar al gobierno con «un drama» o incluso con una vuelta a 1936, si sus demandas no recibían la atención debida.

En cuanto a la relación del PSC con el PSOE, del que teóricamente formaba parte, era de práctica independencia. Así se mostró cuando el secretario general del PSOE, Rodríguez Zapatero intentó, en función del Pacto Antiterrorista, que el PSC actuase con energía contra Pérez Carod, que había negociado con la ETA una tregua exclusiva para Cataluña. La respuesta del PSC a Rodríguez, tras advertirle que interfería en cuestiones internas del PSC, tuvo bastante de chanza, pues la dimisión de Pérez se saldó con una mayor influencia de la Esquerra. Rodríguez lideraba el PSOE desde el año 2000, tres después de la dimisión de Felipe González de la dirección del partido y tras varios intentos fallidos de una sustitución estable. Debe observarse que sin el sostén de Maragall el liderazgo de Rodríguez se habría tambaleado. Por esta y otras razones el PSC ejercía una influencia casi determinante en el PSOE, sin reciprocidad.

La conducta socialista dejaba malherido el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y el PP quedaba único gran partido defensor claro de la Constitución y del diseño del estado alumbrado por la transición. Defensor ciertamente poderoso, pues en las elecciones generales del año 2000 había logrado la mayoría absoluta; pero aun así las fuerzas sumadas de los nacionalistas catalanes y vascos, más los comunistas, en combinación con la política incierta del PSOE, presagiaban una crisis del sistema o, como buscaban tantos, una «segunda transición».

El concepto de «segunda transición» tiene la mayor importancia. Recordemos que en la democratización del país tras la muerte de Franco pugnaron la reforma y la ruptura. Los rupturistas habían terminado por avenirse a un cambio gradual y a la Constitución, la primera en la historia de España hecha por consenso con ellos mismos. Rectificando la historia de la república, la izquierda había aceptado la realidad social y política del adversario, de una derecha que representaba a una gran parte del pueblo; y los sectores nacionalistas más nutridos habían recogido unos estatutos que superaban la autonomía de muchos estados federales. En apariencia sólo habían repudiado al nuevo régimen los grupos terroristas, casi ninguno de derechas. Y sin embargo las conductas prácticas, un cuarto de siglo después, demostraban lo incierto de aquella aceptación. Los argumentos justificadores de la «segunda transición», que ya no podía ser a la democracia, y sí, con la mayor probabilidad, a su contrario, revelan su peligrosidad. La izquierda y los nacionalistas se afligían por haber renunciado, tras la muerte de Franco, a muchas de sus aspiraciones, debido a la presión de «poderes fácticos», en primer lugar el ejército. Y no les faltaba razón. Pero muchas de esas aspiraciones atacaban directamente la libertad y la estabilidad del país. Y la derecha salida del franquismo había renunciado de modo voluntario a muchísimo más que ellos. En aras de la reconciliación había disuelto sus Cortes y abandonado sus privilegios, ganados en una guerra civil no provocada por ella.

Una segunda transición implicaba el retorno a la política del trágala, de tan nefasta historia desde el siglo XIX. Nada resalta mejor su carácter que el hecho de tener por eje la acción terrorista, convertida en definidora de la política en Vascongadas primero, y en toda España a última hora. La fanática obstinación de la ETA estaba logrando sus fines. El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo hacía agua, mientras los objetivos etarras eran asumidos en grado muy alto por los nacionalistas de imagen moderada, y «comprendidos» indirectamente por los socialistas. Tal como en la I Restauración los partidos de izquierda habían hecho causa común tan a menudo con el pistolerismo ácrata para socavar el sistema, ahora la historia se repetía curiosamente con el pistolerismo etarra.

La falta o escasez de espíritu de reconciliación en la izquierda se distingue igualmente en su pertinaz campaña sobre las víctimas de la guerra civil, en torno a las cuales no cesaban de salir libros, reportajes en los medios de masas, exposiciones, comentarios en televisión, intervenciones parlamentarias. Por supuesto, se trataba exclusivamente de las víctimas causadas por las derechas, con total olvido de las causadas por las izquierdas o entre las izquierdas mismas. Sólo las primeras parecían estimables y dignas de recuerdo, con el sofisma de que las contrarias ya habían disfrutado de cuarenta años de honores oficiales, y de que los fusilados de izquierdas lo habían sido por defender la democracia, falsificación difícil de rebatir para una derecha que había renunciado, en parte por ánimo conciliador, en parte por oportunismo, a defender la realidad histórica.

El sentido implícito, y a menudo explícito, de la campaña consistía en pintar a la derecha actual como heredera de los asesinos de la libertad y de una dictadura retratada con rasgos increíblemente sombríos. La derecha había cambiado bastante desde entonces —concedían generosamente sus contrarios—, pero no había purgado su pecado de origen y mantenía un impulso dictatorial casi irresistible. ¿La prueba? Su intransigencia frente al «diálogo», o su rígida e irrazonable defensa de una Constitución ya madura para ser cambiada… de acuerdo con los deseos de quienes corroían las libertades en Cataluña y las habían reducido a parodia en Vascongadas. La guerra civil ha recobrado en estos años un inesperado protagonismo, reflejado en declaraciones amenazantes de Maragall, en el uso electoral de viejas consignas como el «no pasarán», en acusaciones por el asesinato de García Lorca y similares, en exaltaciones parlamentarias de las Brigadas Internacionales —el ejército particular organizado por Stalin para España—, en condenas retóricas en las Cortes, en la promoción deliberada de los rencores de un ayer no tan superado como pareció en los años 70.

La nueva política de confrontación del PSOE se manifestó arrolladoramente desde noviembre de 2002, cuando un petrolero-chatarra llamado Prestige, que transportaba fueloil cargado en Gibraltar en condiciones irregulares, naufragó frente a las costas gallegas y originó una marea negra (chapapote). La campaña en torno al accidente merece atención por lo reveladora de un estilo político que amenazaba extender a toda España el existente en las Vascongadas. Ante el peligro de hundimiento del barco, las autoridades españolas habían ordenado al capitán alejarlo mar adentro, lo que resultó mal remedio, pues se hundió a relativamente poca distancia. Un accidente como ha habido decenas, de efectos ecológicos muy penosos, pero en general no duraderos. Galicia ya había sufrido otros cuatro desde los años 70, y el último, el del petrolero Mar Egeo, había ocurrido bajo gobierno socialista, en 1992, ocasionando una desastrosa marea negra. Entonces la población afectada apenas había recibido ayuda, y el PP se había abstenido de atacar al PSOE por el accidente.

Pero ahora los nacionalistas gallegos, coreados enseguida por los vascos, los catalanes, el PSOE, los comunistas, ONG y asociaciones de lo más diverso, tomaron pie del percance para un estruendoso movimiento bajo el lema pueril Nunca mais, denunciando al gobierno y no a las compañías mafiosas y los capitanes sin escrúpulos que las servían. Los ministros fueron acusados ruidosa e incansablemente de culpables de la catástrofe por incuria y desprecio hacia la gente, en particular hacia la gente humilde, pescadora, un sector menor de la población y la economía gallegas, pero presentado como la esencia misma de una Galicia maltratada por una caterva de políticos de derecha atenta sólo a su medro personal. Constantes intoxicaciones informativas circulaban por Internet y los medios de masas, incluso conservadores, mientras se sucedían las manifestaciones y las solidaridades, y artistas e intelectuales llamados progresistas atizaban una furiosa sensiblería[*]. El litoral, afirmaban, no se repondría en diez o veinte años, la pesca y el marisco quedarían contaminados indefinidamente, millares de familias, casi la economía gallega en su conjunto, irían a la miseria por la ineptitud, la indiferencia y hasta la burla de un gobierno odioso por su autoritarismo e insolidaridad. En las manifestaciones, los del BNG gritaban «¡Fuera españoles de Galicia!».

Las tétricas predicciones y las acusaciones, falsas en su mayoría, se repetían con tal insistencia y clamor que ahogaban los intentos de clarificación y creaban una verdadera histeria colectiva. En realidad el peligro económico mayor vendría de una posible retracción del turismo el verano siguiente, y, como tratando de propiciarla, algunas concejalías izquierdistas editaron folletos de promoción turística con fotos de la costa pringada por la marea negra. Ante las críticas, los responsables adujeron su intención de fomentar el «turismo solidario». El gobierno, hizo cuanto estuvo en su mano por paliar el desastre y ayudar a los afectados. Pero la súbita tormenta mediática y callejera le tomó de improviso, su reacción fue algo torpe y tímida en el plano de la propaganda, y la «batalla del chapapote» se saldó con una victoria de la oposición, una pérdida de imagen del PP y una extendida crispación.

También se hicieron sentir enseguida las consecuencias del abandono de la tradicional neutralidad. El 11 de septiembre de 2001 el terrorismo islámico había perpetrado el atentado más brutal de la historia, derribando las torres gemelas de Nueva York y matando a casi 3000 personas, además de atacar el Pentágono, sede del sistema militar useño. La espectacular agresión manifestaba la creciente inquietud político-religiosa que sacudía al mundo musulmán, desde Filipinas a Marruecos. En respuesta, Usa declaró la guerra al terrorismo en un plano mucho más amplio que antes, y su presidente Bush advirtió severamente a los países que dieran cobijo o auxilio a grupos de esa índole. En noviembre de ese mismo año derrocó, con sus aliados británicos, el régimen fundamentalista afgano, muy conectado con los autores de la matanza del 11-S.

A continuación la política y las armas useñas dirigieron su punto de mira a Iraq, gobernada por Sadam Husein. Éste no era fundamentalista, aunque utilizaba al fundamentalismo si le convenía, al igual que a diversos movimientos terroristas. Su gobierno mantenía buenas relaciones con París y Moscú, y sujetaba al pueblo bajo una represión despiadada. Había sostenido una larga guerra con Irán en los años 80, y en 1990 había invadido Kuwait para apoderarse de su petróleo. En respuesta, el presidente useño George Bush había dirigido una amplia coalición, con participación del gobierno socialista español, para derrotar militarmente a Husein, al cual, sin embargo, se había permitido continuar en el poder.

Y doce años más tarde otro George Bush, hijo del anterior, se disponía a derrocar a Husein, suceso que iba a tener en España decisiva trascendencia histórica, cambiando radicalmente la situación política interna.

El año 2002 transcurrió entre presiones sobre la dictadura iraquí, acusada de acumular armas de destrucción masiva. La acusación sonaba razonable, por cuanto el dictador había utilizado armas químicas, prohibidas por los acuerdos internacionales, había intentado desarrollar armas biológicas y nucleares, y en 1998 había expulsado a los inspectores de la ONU encargados de vigilar e impedir sus esfuerzos en ese terreno.

Como miembro de la OTAN, España iba a verse de nuevo involucrada, pero la perspectiva bélica encontró en toda Europa una oposición masiva, reminiscente de las manifestaciones pacifistas de la guerra fría entre la URSS y Occidente. Los gobiernos alemán y francés optaron también por el pacifismo, hecho harto curioso en el caso de Francia, que había intervenido militarmente en África, y seguía haciéndolo, para asegurarse gobiernos favorables, a menudo tiranías brutales, y sostenido un trato privilegiado con Sadam Husein pese a su carácter genocida. Usa consideró desleal la conducta de sus aliados y no dejó de recordar la deuda contraída por los alemanes y, sobre todo, por los franceses, con el país que les habían salvado del totalitarismo nazi y del soviético, y que acababa de librar a Europa de la gangrena de la guerra en la ex Yugoslavia, donde París y Berlín habían demostrado una perfecta ineptitud.

A su vez, los detractores de Bush negaban que la prevista intervención contra Husein se justificara en las supuestas armas de destrucción masiva o en el terrorismo; en realidad sólo buscaría hacer un enorme negocio apoderándose de las reservas iraquíes de petróleo, las segundas del mundo[*]. Claro que Usa había tenido en sus manos aquel petróleo en 1991 y lo había dejado en poder de Bagdad. Además, el supuesto de que siempre obraba por motivos económicos sórdidos o inconfesables fallaba en relación con Afganistán o con la ex Yugoslavia, donde también había salvado a la población musulmana de Bosnia y de Kósovo de los ataques serbios.

Probablemente las razones se entienden mejor considerando la situación global en una zona de la mayor relevancia estratégica tanto por su petróleo como por el conflicto de Israel. Sin un abastecimiento regular y asegurado de petróleo, la economía occidental, sobre todo la europea, podría sufrir perjuicios devastadores. Y la decisión mayoritaria entre los musulmanes de acabar antes o después con el estado de Israel sumía a la región en una crispación permanente, abierta a rumbos apocalípticos si llegaba a cumplirse el designio de algunos regímenes, incluso de grupos terroristas, de hacerse con armas atómicas u otras de destrucción masiva. En tal paisaje, un Iraq democratizado y prooccidental alteraría la situación, garantizaría una existencia pasablemente tranquila a Israel y serviría a la vez de ejemplo y advertencia a regímenes como los de Irán, Siria o Arabia Saudí, proclives a utilizar o financiar movimientos fundamentalistas. De todas formas la apuesta entrañaba muy altos riesgos e implicaba una guerra preventiva, a la que también se opuso el papa Juan Pablo II.

En cuanto a España, Aznar propiciaba una consecuente lealtad a su principal aliado y la solidaridad internacional frente al terrorismo, tan dañino para la democracia española. El país ya había sufrido algunos zarpazos del terrorismo islámico, la ETA tenía de antiguo relaciones con regímenes y grupos musulmanes, y el peligro no había hecho más que empezar. A raíz de los atentados del 11 de septiembre, Ben Laden, el cerebro de la operación y líder de la organización terrorista más fuerte, Al Qaeda, había recordado «la tragedia de Al Ándalus». Las referencias a España como un territorio a recuperar para el Islam volverían a aparecer claramente en su discurso. Se sumaba todo ello a la permanente amenaza de Marruecos, empeñada en ocupar Ceuta y Melilla, objetivos que previsiblemente pasarían a primer plano cuando Rabat lograse solucionar su conflicto en el Sahara exespañol. Las ambiciones de los nacionalistas y los islamistas marroquíes abarcaban las Canarias y a buena parte de la península, aunque estas dos últimas quedaran por el momento en un plano borroso y remoto.

Estas realidades empujaron a Aznar a una alianza estrecha con Washington y a desconfiar de Francia. Después de todo, a París debía agradecer la ETA, en muy alta medida, su consolidación y capacidad de golpear en España durante largos años; y si bien ello había cambiado, no lo había hecho a plena satisfacción de Madrid. Usa mostraba mayor resolución y respaldo a las medidas contra el entorno etarra. París también insistía en recortar la influencia española en la UE, alcanzada en acuerdos previos, y se había puesto del lado marroquí en las crisis de las relaciones entre Marruecos y España, culminadas en verano de 2002 con la ocupación marroquí del islote Perejil, considerado español, siendo la presión useña, tras la recuperación del islote por tropas hispanas, la que solventó el problema.

Significativamente, en la crisis de Marruecos el PSOE de Rodríguez Zapatero había secundado a París y a Mohamed VI, pese a haber comenzado éste los actos inamistosos retirando unilateralmente a su embajador. Rabat presionaba así a Madrid para que dejase de lado las resoluciones de la ONU sobre el antiguo Sahara español. La resistencia saharaui había convertido el territorio, ocupado por Marruecos aprovechando la agonía de Franco, en un conflicto interminable para los invasores, y la ONU exigía un referéndum de autodeterminación. Usa también favorecía el referéndum, pero a principios del siglo XXI cambió de posición a favor de Rabat, ya respaldada por Francia. En esos cambios parece haber pesado la concesión de prospecciones petrolíferas a empresas useñas y francesas. Aunque el PSOE había defendido, de palabra al menos, a los saharauis[*], Rodríguez acusó a Aznar, una vez más, de autoritario y rígido, y de suscitar la agresividad de Mohamed VI. Y, contra los intereses españoles y al margen del gobierno de Madrid, Rodríguez visitó Rabat, donde fue retratado bajo un mapa con las Canarias en el mismo color que el territorio marroquí.

Así, por las razones dichas y por lealtad a la OTAN, en la que había entrado definitivamente España bajo Felipe González, Aznar se alineó con Bush en la cuestión de Iraq. Alineación moral y política, pues no envió tropas a combatir a Husein, pero suficiente para que la oposición desencadenase un huracán de protestas. De modo no casual volvían a hallarse unidos el PSOE, los nacionalistas, los comunistas y los partidos y grupos más extremos, así como el entorno etarra. Tampoco había casualidad en el carácter exaltado de las manifestaciones, con ataques a las sedes del PP, actos de vandalismo e intimidación que trataban de extender nuevamente un clima de crispación similar al existente en Vascongadas… y del que acusaban al PP.

Como en el caso del chapapote, la derecha quedó sorprendida por la virulencia de la protesta, y replicó a la defensiva. La mayoría de los medios de masas afectos a la derecha apenas criticaba la propaganda contraria, cuando no la secundaba, mientras los ministros y políticos del PP, con la excepción de Aznar y alguna otra ocasional, dieron la impresión de esconderse, asustados por la tormenta. Las encuestas mostraban una abrumadora mayoría opuesta a la intervención en Iraq, que desalentaba aún más a los amedrentados derechistas.

La organización y las movilizaciones reprodujeron, a escala ampliada, las del Prestige, bajo el lema abstracto, pero muy eficaz, de «No a la guerra». Se referían, desde luego, a la guerra prevista contra la dictadura de Husein, pues otras guerras muy mortíferas en curso, particularmente en África, no despertaban el menor interés o protesta de la oposición. Tampoco resultaba muy sólido el argumento de que Bush iba a actuar sin anuencia de la ONU, pues lo mismo había pasado en Kósovo, donde la intervención useña había salvado a los musulmanes albaneses; y Rodríguez Zapatero había afirmado su oposición a la lucha, dijera la ONU lo que quisiera. En fin, el imperialismo americano, clamaban, quería sangre por petróleo, Aznar era un despreciable lacayo de Bush, y ambos asesinos y genocidas. Algunos activistas fueron a Bagdad a ofrecerse al dictador como escudos humanos. Intelectuales y artistas de la izquierda defendían, de paso, a otros tiranos como Fidel Castro o al populista Chaves de Venezuela, con argumentos recuperados de la guerra fría. Los líderes de la oposición, sus analistas e intelectuales alimentaban la indignación popular pronosticando cientos de miles de muertos, millones de desplazados y una gigantesca catástrofe sanitaria, amén de una resistencia numantina del ejército de Husein.

Por fin estalló la guerra, el 20 de marzo de 2003, y en sólo 24 días las tropas useñas y británicas dominaban el país, gracias a su desproporcionada superioridad técnica. Las fuerzas aliadas sólo sufrieron unos 170 muertos, y los iraquíes escasos millares, con pocas bajas civiles gracias a la precisión extraordinaria de las armas empleadas. Aunque abundaron los desórdenes y saqueos al principio, no hubo catástrofe sanitaria ni nada de los cientos de miles o millones de desplazados. Iraq se había librado de un dictador terrorífico y para los aliados empezaba la tarea de gestar allí un sistema democrático, empeño arduo, con muy altas probabilidades de aborto.

La fácil y poco sangrienta victoria de Bush había dejado un tanto en ridículo a sus críticos, mientras en España el gobierno parecía salir de un mal sueño y enviaba a Iraq algunas tropas para ayudar en la reconstrucción del país y proteger a la población contra los terroristas. Aznar creyó zanjado el asunto, y su partido apenas hizo esfuerzos por contrarrestar la propaganda adversa, que había hecho calar en amplios sectores de la población la imagen de un PP despótico, antidemocrático, belicista y siervo de Usa.

Esa propaganda pronto encontró un argumento de efecto al no aparecer las armas de destrucción masiva alegadas como una de las causas para atacar a Husein. Bush, se afirmaba, conocía perfectamente la inexistencia de aquellas armas, pero las había utilizado como pretexto, engañando a la opinión pública. No obstante, como ya hemos visto, Husein las había poseído y empleado contra los iraníes y contra los propios iraquíes, y había expulsado años atrás a los inspectores de la ONU, por lo que la presunción de que las seguía teniendo era totalmente lógica. Y el argumento dejaba de lado la cuestión decisiva: la necesaria estabilización de una zona vital para los intereses occidentales, zona cada vez más inestable por el fracaso de las negociaciones en torno a Israel y por la tendencia de sus regímenes al terrorismo y a hacerse con tales armas. Al descartar esta cuestión, la postura de los críticos recordaba la de los pacifistas de los años 30 ante el auge hitleriano.

En Iraq el dictador seguía teniendo partidarios, y los grupos armados se organizaron enseguida. Utilizando de preferencia la matanza indiscriminada por medio de coches bomba, pronto demostraron que la victoria militar no garantizaba el pleno control del país. Las oposiciones en Occidente utilizaron enseguida esos atentados para desgastar a los gobiernos que habían participado en la guerra o defendido su necesidad. A juicio de aquéllas, Bush había agravado los problemas en lugar de resolverlos, había avivado el odio de los musulmanes y la actividad terrorista. Incluso, de manera confusa, se creaba la sensación de que la masacre de las Torres Gemelas respondía a las invasiones useñas, cuando la cronología era la inversa. De modo parejo, Aznar quedaba como participante en la guerra contra Husein, aunque sólo la había apoyado verbalmente.

Los críticos tampoco tomaban en cuenta la estrategia del terrorismo islámico, que había hecho suya la teoría de las guerras «de cuarta generación», sostenida por algunos expertos occidentales. En estas guerras «los combates no quedarían limitados a la destrucción de los objetivos militares y las fuerzas regulares, sino que incluirían también a las sociedades, y buscarían aniquilar el apoyo que la población dispensa a los soldados (…). En este tipo de guerras las informaciones aparecidas en los medios de comunicación se convertirían en un arma de guerra mucho más poderosa que las divisiones militares (…) La línea divisoria entre la guerra y la paz resultará cada vez más confusa (…). Las guerras de cuarta generación se desarrollarán tácticamente a pequeña escala, surgirán en distintas regiones del planeta y en ellas se atacará al enemigo de manera fantasmal, apareciendo y desapareciendo. Su enfoque será político, social, económico y militar. Este nuevo tipo de guerra presenta enormes dificultades para la maquinaria occidental». Los diseñadores del terrorismo islámico anotaban ya cruciales victorias en este tipo de confrontación: «En Afganistán, los Combatientes del Islam triunfaron sobre el segundo mejor ejército de la época [el soviético] (…). De manera similar, una tribu somalí humilló a los Estados Unidos, forzándoles a retirar sus fuerzas de Somalia. Poco después los Combatientes del Islam de Chechenia humillaron y vencieron a las fuerzas rusas. Posteriormente Hezbolá expulsó al ejército sionista del sur del Líbano[3]».

Así pues, el terrorismo islámico respondía a una concepción estratégica global, de ningún modo se trataba de reacciones brutales, pero esporádicas y mal orquestadas, nacidas de la pobreza o la indignación ante agresiones «imperialistas», como aseguraban los críticos de Bush. La oposición insistía asimismo en el carácter pacífico de la inmensa mayoría de los musulmanes, lo cual podría ser perfectamente cierto, pero no impedía que los pacíficos se mostrasen pasivos ante los atentados de los violentos, y que éstos, en particular Ben Laden, disfrutasen de gran popularidad. Los críticos pasaban por alto, igualmente, las agresiones, persecuciones y matanzas contra los cristianos realizadas en numerosos países islámicos, como Indonesia, Pakistán o Sudán. En España, los políticos y propagandistas cercanos al PP apenas osaban poner de relieve estas deficiencias en los argumentos de la oposición, la cual acallaba cualquier crítica a sus planteamientos con acusaciones de racismo o imperialismo.

La conjunción de la estrategia del terrorismo islámico con la agitación de masas promovida por la izquierda y los nacionalistas iba a provocar el fin inesperado del período de gobierno del PP, en marzo de 2004, a los ocho años de su primer triunfo electoral. Bajo Aznar, España había prosperado considerablemente y desempeñaba en Europa un papel de creciente relevancia; la corrupción había disminuido mucho y el paro había bajado a menos de la mitad del legado por el PSOE; el terrorismo etarra había sido forzado a retroceder como nunca antes, tanto en sus acciones como en su influencia política, y la alineación con Usa, que actuaba con energía contra el terror, auguraba nuevos éxitos en esa línea; frente a las exigencias marroquíes Aznar había obrado con mayor firmeza que antaño, pero sin agresividad.

El balance, en líneas generales positivo, debiera garantizar al PP una tercera victoria por mayoría absoluta aún más arrolladora que la de 2000. Sin embargo el partido llegaba a los comicios en situación difícil. Sus enemigos habían tenido éxito en suscitar contra él una crispada animadversión social, identificándolo como el partido «de los ricos» y de los «americanos», despreciativo hacia los trabajadores, heredero del franquismo y de los crímenes de la guerra civil, lastrado por un íntimo talante dictatorial demostrado en las crisis del chapapote y de la guerra de Iraq. A esa permanente acusación, el PP reaccionó nuevamente con oportunismo y sin energía, esperando que la crisis pasara y la gente olvidara, y que la opinión pública castigase los excesos de la izquierda. Aznar no se presentaba a las elecciones, cumpliendo su promesa de no eternizarse en el poder, pero no amainaba la cólera contra él por parte de los nacionalistas vascos y catalanes, los socialistas y los comunistas, y algunos poderosos medios de comunicación. Las encuestas preelectorales dibujaban una mayoría para el PP, pero muy poco lucida, probablemente no absoluta, lo cual debilitaría su posición en el gobierno, si acaso lograba gobernar.

Así las cosas, tres días antes de las elecciones, previstas para el 14 de marzo, varios atentados en Madrid, los más sanguinarios de la historia de España, dejaban 191 muertos y más de mil heridos. Todo el mundo pensó en la ETA, a la cual se había interceptado días antes una furgoneta cargada de dinamita para atentar en la capital, pero al poco las sospechas recayeron sobre los grupos islamistas. En la mentalidad de mucha gente, preparada por más de un año de propaganda martilleante, España recibía un castigo más o menos justo por intervenir en Iraq. Los aparatos mediáticos y partidistas de la izquierda y los nacionalistas volvieron a agitar a las masas, desviando hacia el PP la culpa de los asesinos reales, mintiendo sobre el supuesto hallazgo de terroristas suicidas y acusando de mentiroso al gobierno. En Barcelona, la manifestación de solidaridad con las víctimas estaba presidida por políticos como Pérez Carod, de la Esquerra, partidario de utilizar a su favor los crímenes de la ETA, y que acababa de negociar con los etarras para que no perpetraran sus asesinatos en Cataluña, sino en el resto de España. Los representantes del PP fueron agredidos y expulsados de la manifestación con gritos de «asesinos». Con el mismo grito y consigna las turbas animadas por medios de prensa como la cadena de radio SER, del grupo PRISA, acosaron las sedes de dicho partido, rompiendo las normas legales del día de reflexión.

A resultas de estas conmociones, el PSOE ganó los comicios el día 14 por mayoría relativa, lo que le colocaba en mayor dependencia de grupos como la Esquerra o un PSC independiente en la práctica. El PP perdía «con las manos limpias y las cuentas claras», como resumieron sus dirigentes en alusión a un PSOE que no había salido exactamente así de su anterior estancia en el poder. Y, con 9,6 millones de votos, conservaba una sólida y nutrida fuerza electoral; pero el PSOE alcanzaba los 10,9 millones. En apariencia, el país había bajado la cabeza ante el latigazo islamista, desviando su ira hacia quienes mejor habían combatido el terrorismo de la ETA, hasta entonces predominante en España.

La victoria de Rodríguez Zapatero fue bien recibida en los medios nacionalistas vascos y catalanes —también los proetarras—, a quienes el nuevo gobernante había prometido «generosidad». Giscard d’Estaing, antiguo protector de la ETA (y de tiranías africanas como la del «emperador» caníbal Bokassa), y promotor de una Constitución europea que borraba las raíces cristianas de su historia y reducía la influencia española, visitó a Rodríguez para expresarle su optimismo después de la resistencia de Aznar a la pérdida de posiciones de España. También expresó su satisfacción Mohamed VI, de cuyo lado se había colocado Rodríguez en las tensiones entre los dos países: todo auguraba el abandono de los saharauis por Madrid, y quizá consecuencias de mucho mayor alcance.

Una de las primeras medidas, y la más significativa y trascendental del nuevo gobierno, consistió en la retirada del contingente militar español de Iraq. Había prometido hacerlo si no había resolución favorable de la ONU y tras consultar a las Cortes, pero lo hizo sin consulta y sin esperar la resolución internacional, que llegó enseguida. Esta acción suponía dar una bofetada a la coalición internacional y dejar a los iraquíes, en lo que a España concernía, a merced de los terroristas, los mismos terroristas, en definitiva, que acababan de asesinar a casi doscientos españoles de un solo golpe. Suponía también abrir grietas en la coalición que trataba de reconstruir un Iraq no dominado por tiranos. La retirada española constituía sin duda una de las mayores victorias logradas por el terrorismo islámico en su estrategia de «cuarta generación», victoria otorgada voluntariamente por el gobierno de Rodríguez[*] tras una masacre espeluznante en la propia España.

Volvía al poder, pues, el PSOE tras varias campañas de crispación social desplegadas codo a codo con los comunistas y los nacionalistas; un PSOE de historial un tanto equívoco en relación con la democracia, equívoco también en cuanto a la integridad de España, por su disposición a cambiar las leyes en beneficio de los nacionalistas. Y, bajo el lema de un talante de diálogo, Rodríguez inició un mayor hostigamiento a la Iglesia.

Muchos indicios apuntan hoy al comienzo de la «Segunda Transición», es decir, a la crisis profunda de la II Restauración. El motor principal de ella han sido los nacionalismos sabiniano y catalán, y muy destacadamente el terrorismo nacionalista vasco.

Conclusiones

EL LUGAR DE LOS NACIONALISMOS VASCO Y CATALÁN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX

Vista en conjunto la historia de los nacionalismos catalán y vasco, apreciamos con bastante claridad que se han desarrollado en los períodos de libertades políticas (un total de 58 años desde el «Desastre») y durante parte de la guerra; y que casi desaparecieron bajo las dos dictaduras (43 años). De ahí cabría concluir que los dos nacionalismos son manifestaciones propias de las libertades y de la democracia, y así lo afirman enfáticamente muchos estudiosos. Sin embargo se trata de una conclusión superficial, pues entonces lo mismo podría decirse de movimientos como los marxistas o anarquistas. He aquí la cuestión clave: ¿contribuyeron dichos nacionalismos al asentamiento de las libertades, o bien a destruirlas y traer, en consecuencia, las dictaduras? Creo que a lo segundo, si atendemos a los hechos conocidos: ambos nacionalismos, al igual que los movimientos revolucionarios y a menudo en alianza con ellos, torpedearon las libertades y la democracia en España, y por tanto allanaron el camino a las dictaduras. La degeneración de la democracia en demagogia es un viejo fenómeno, ya señalado por Aristóteles.

Así, bajo la I Restauración un nacionalismo vasco agresivamente «antiliberal y antiespañol», en palabras de su fundador, simplemente explotó las libertades, que le venían regaladas por el liberalismo español, para propagar su doctrina racista, exclusivista y antidemocrática, y obrar, en la medida de sus posibilidades, en consonancia con ella. Y el nacionalismo catalán, si bien no opuesto por principio a las libertades, alternó la colaboración y el sabotaje al régimen que las hacía posibles. Al único régimen que podía hacerlas posibles, como demostró la casi nula resistencia a la dictadura de Primo de Rivera, con ser ésta muy poco represiva. En vísperas del golpe de Primo, los nacionalismos vasco, catalán (su sector entonces principal) y gallego, firmaron un pacto que preveía la acción armada contra el tan denostado sistema liberal.

La vuelta de las libertades y luego de la república, tras la dictadura, tampoco tuvo mucho que agradecer a los dos nacionalismos, que se limitaron a aprovechar, a veces con singular audacia, unas circunstancias llegadas sin apenas esfuerzo propio. La república intentó solventar el problema por medio de las autonomías, en primer lugar la catalana como modelo para otras. Pero el resultado fue poco brillante. Los nacionalistas de izquierda crearon sus propias milicias, predicaron la revuelta y usaron con dolo, contra el estado, los medios que éste ponía en su mano. Su alzamiento de octubre del 34, al lado de los socialistas y contra un gobierno legítimo, empujó con fuerza a la república hacia el derrumbe y la contienda fratricida que desembocaría en la dictadura autoritaria de Franco. En cuanto a los nacionalistas vascos, también beneficiados por la situación creada sin esfuerzo propio, cambiaron desde posiciones próximas a un golpismo de derechas, al principio de la república, hasta la colaboración con la izquierda totalitaria, de la que esperaban facilidades para la secesión.

Salvo la Lliga y el sector del PNV alineado con Franco, los dos nacionalismos libraron la guerra civil al lado de una revolución totalitaria, autoproclamada democrática de modo contradictorio. Y aprovecharon las circunstancias para hacer trizas la ley autonómica y para socavar la unidad de mando, imprescindible en una guerra. Con ello contribuyeron a la victoria de Franco en grado nada desdeñable, por más que involuntario. Por no hablar de sus maniobras internacionales a espaldas de sus aliados, y pactos directos con el enemigo en el caso del PNV, actos que se denominan traición en el lenguaje corriente.

Luego apenas encontramos a nuestros nacionalistas en la resistencia a la dictadura. Sólo muy a última hora, y en buena medida al abrigo de la liberalización del régimen y de la actividad comunista, se mostraron capaces de alguna actuación secundaria.

La excepción, a penúltima hora, fue la ETA, un cruel grupo terrorista y totalitario… no obstante lo cual casi toda la oposición al franquismo, incluyendo desde luego al PNV y al nacionalismo catalán, lo justificaron y ayudaron de mil modos. En Barcelona el nuevo nacionalismo cerró filas con partidos totalitarios y violentos, siempre «por la democracia y las libertades».

Muerto Franco volvió la democracia, merced a la evolución del franquismo, y secundariamente a la presión de una oposición débil, variopinta y articulada, en general, por los comunistas. También entonces el aporte de los dos nacionalismos a las libertades consistió básicamente en aprovecharlas.

La II Restauración imitó y superó a la república aplicando la autonomía a todas las regiones y a varias provincias. Como antaño, el problema nacía de si los beneficiarios inmediatos del sistema lo utilizarían para consolidar la democracia española o para desintegrarla. La experiencia indica que, sin desdeñar algunas tendencias moderadas, la orientación dominante en los nacionalismos vasco y catalán ha sido la segunda, y que en ella han desempeñado un papel fundamental el terrorismo y las connivencias con él.

Si el aporte de los dos nacionalismos a la consolidación o la recuperación de las libertades en España ha sido menos que nulo, negativo, la experiencia de sus gobiernos autonómicos tampoco abona un especial optimismo. En Vascongadas los gobiernos nacionalistas no sólo no han impedido un deterioro abismal de las libertades, sino que han contribuido a él con auténtico fervor. Si queda allí hoy algo parecido a la democracia se debe al precario apuntalamiento de ella por parte del poder central. Con rasgos de menor gravedad, la mitad de la población catalana se ve menoscabada en sus derechos por presiones y medidas desde la Generalidad, destinadas a suprimir la herencia y el sentimiento españoles y a inculcar a la población la peculiar visión que de Cataluña tienen los nacionalistas.

Frente a la interpretación de los hechos aquí expuesta se alzan otras afirmando lo contrario, sobre todo en el caso catalán. La menor agresividad teórica del nacionalismo catalán comparado con el vasco, y su concepción imperialista-ibérica, así como el atractivo de la figura de Cambó, han llevado a bastantes comentaristas, también en Madrid, a considerar aquél un factor esencial de modernización de España frente a la incomprensión, la pasividad o el reaccionarismo pretendidamente típicos de Madrid[*]. La realidad, como hemos observado, resulta más compleja, por no decir distinta. Una cosa es la modernidad en Cataluña, y otra adscribirla al nacionalismo. El liberalismo español fue minado y paralizado reiteradamente por, entre otras fuerzas, el nacionalismo catalán, incluido el de Cambó, y la pujanza de Cataluña en todos los órdenes, y su influencia sobre el resto de España, poco o nada deben a ese movimiento. El despegue industrial y social de la región tuvo que ver, en paradoja sólo aparente, con la abolición de los fueros, con un centralismo que le reservaba un mercado amplio, y con el liberalismo que garantizaba la propiedad y las libertades políticas. Ninguno de estos factores de modernidad está ligado en absoluto al nacionalismo, que más bien comprometió esos logros y ayudó a destruir el régimen que los posibilitaba.

En cuanto a las ilusiones imperiales, nacían desfasadas, y si bien Cambó, personaje muy representativo del dinamismo e inteligencia catalanes, pudo haber rendido servicios decisivos a toda la sociedad hispana, falló a la hora de la verdad. No parece disparatado achacar ese fallo a sus prejuicios nacionalistas.

Por supuesto, resulta muy difícil encontrar factores de estabilidad, modernidad o democracia en el otro nacionalismo catalán, el de una Esquerra extremadamente demagógica, muy violenta y que constituyó, sin lugar a dudas, un ingrediente fundamental de la guerra civil.

No encontramos mayor base en quejas como la de Borja de Riquer en Escolta Espanya: «Durante el franquismo, la historiografía catalana, y en menor medida, la menos desarrollada vasca y gallega, han desempeñado un importante papel de referencia ideológica (…). Y, como es de sobra conocido, esta historiografía “periférica” acompañó y justificó los movimientos nacionalistas de oposición al franquismo que tanta influencia y prestigio alcanzaron a finales de los sesenta y principios de los setenta». ¿De veras? El único movimiento nacionalista significativo de oposición a Franco en esos años fue el terrorismo de la ETA. Cierto, en cambio, que la ETA adquirió muchísima «influencia y prestigio» en los minoritarios medios antifranquistas.

A juicio de Riquer, la historiografía en España ha pecado de centralista: «No hace falta poner demasiados ejemplos sobre los excesos cometidos por una historiografía que al mismo tiempo que obviaba o negaba la existencia de las diferentes comunidades hispánicas, sus culturas y sus psicologías colectivas, centraba su narración en los exclusivos avatares de la clase política residente en Madrid[1]». No creo que Riquer pueda encontrar demasiadas negaciones de lo que llama «comunidades hispánicas», y por lo demás, los estudios generales sobre historia de España no excluyen en absoluto los regionales o los sectoriales por capas de población, por temas parciales, etc.

Pero la historia política de España en conjunto se ocupará mucho más, forzosamente, de Madrid que de otras ciudades, tal como la historia política de Francia se centra en París o la británica en Londres, puesto que allí residían y residen los puntos clave de decisión. En Madrid operaban los políticos, financieros e industriales procedentes de todo el país, incluyendo a los vascos y catalanes. En el fondo de la crítica de Riquer yace la idea España como confederación de «comunidades» sin capital efectiva. Acaso el porvenir reserve esa alegría a los nacionalistas, pero hoy por hoy se limita a una aspiración, y no debe proyectarse imaginariamente sobre el pasado. Otra cosa es que esa aspiración sea razonable y no lleve al país a un estado semejante al de los Balcanes, progreso bastante discutible, sea dicho con todos los respetos.

A las críticas a los nacionalismos catalán y vasco suelen replicar éstos criticando a su vez al nacionalismo español, el cual, aducen, ha tenido en general un carácter marcadamente «reaccionario», perceptible con especial nitidez en las dictaduras. Algo de verdad hay en ello, pero ya hemos observado que las dictaduras no destruyeron propiamente las libertades, sino que nacieron como reacción a su destrucción previa, causada por movimientos revolucionarios ayudados, precisamente, por los nacionalismos regionales. Y tanto en 1930 como en 1975 el motor principal de liberalización fueron las derechas españolas más o menos nacionalistas.

Por otra parte una misma palabra camufla a menudo realidades muy distintas. Contra lo que suele decirse, no todas las dictaduras son iguales, y no lo son todos los nacionalismos. El régimen de Franco y los sistemas comunistas fueron sin duda dictaduras, pero las últimas han dejado sociedades empobrecidas y poco maduras para las libertades, mientras que con la primera ocurrió lo contrario. En cuanto a los nacionalismos, ya hemos observado que el catalán y el vasco, aun con sus diferencias, sólo son homologables a un tipo minoritario de nacionalismo español, el regeneracionista. Impulsados los tres por la quiebra psicológica del «98». Tal como ha señalado el historiador J. M. Cuenca Toribio en su interesante estudio Ocho claves de la historia de España contemporánea, el nacionalismo español más corriente, de corte liberal, ha distado muchísimo del monstruo pintado interesadamente por los nacionalismos periféricos para justificar su propio extremismo. Y en cuanto al nacionalismo tradicionalista, hegemónico en el régimen de Franco, quedó siempre atemperado por su repugnancia a divinizar la nación y por su rechazo al concepto jacobino de ella. Con la excepción de los años 40, marcados por la experiencia bélica y las muy difíciles condiciones internacionales, el franquismo cultivó más bien un simple patriotismo, a veces algo pintoresco pero en general poco exaltado.

Bastante menos exaltado, cabe advertir, que los transportes chovinistas que nos han deparado, en plena democracia, los nacionalismos catalán y vasco. Fervores éstos muy conectados, probablemente, con la necesidad psicológica de compensar la muy escasa resistencia de esos nacionalistas a la dictadura de Franco, brutalmente arrasadora y esclavizante de Cataluña y Vascongadas, si hemos de creer su propaganda.

Señalaré otra diferencia crucial: la necesidad de crear, por así decir, una nueva historia imantada por un futuro deseado. Las doctrinas sabiniana y pratista tienen en común la desvalorización de la historia real de sus pueblos, historia de servidumbre abyectamente consentida, a su juicio, por catalanes y vascos; y necesitan sustituirla por otra más acorde con sus aspiraciones. Eso los emparenta, nuevamente, con el españolismo regeneracionista, también muy descontento del país anterior, pero los distancia del clásico patriotismo hispano, poco necesitado de reinventar un pasado que no encuentran oprobioso, en lo esencial, sino al contrario.

Finalmente el nacionalismo español liberal, como el tradicional e incluso el regeneracionista, han tenido un carácter difuso y apenas doctrinario. No encontramos en ellos figuras como Arana o Prat que definan la teoría y el dogma, sino una notable abundancia de personajes y textos con bastantes diferencias de matiz y más que de matiz, a veces arbitrarios pero ajenos, por lo común, a la exaltación dogmática de los dos profetas citados.

Estas diferencias nada triviales impiden igualar a los tres nacionalismos como a menudo se hace. E impiden clasificar como manifestaciones democráticas y pluralistas, cosa también frecuente, a los nacionalismos vasco y catalán. Su reivindicación de una «España plural», que indiscutiblemente ya existe desde el momento en que existen libertades y democracia, y no gracias a ellos precisamente, choca con su evidente política de ahogar la pluralidad en sus respectivas regiones.

Hemos asistido en los últimos años a una escalada de las exigencias de sabinianos y pratistas en combinación con un PSOE inestable y de acusadas tendencias demagógicas. Ello repite en buena medida el esquema de la I Restauración. Una de las buenas noticias de la transición democrática fue el abandono de las doctrinas de Marx por los socialistas, pero, desgraciadamente, tal renuncia se produjo por medio de triquiñuelas burocráticas y no de un debate en profundidad capaz de clarificar el pasado y de liberar las aspiraciones partidistas de una pesada ganga de tópicos heredados.

Para complicar la situación, como hemos visto, a última hora ha irrumpido el terrorismo islámico con auténtica ferocidad, torciendo, al menos de momento, los rumbos normales de la política española. Dice el pensador británico Toynbee que las culturas perecen cuando no son capaces de identificar los retos que la historia les presenta, o de responder adecuadamente a ellos. España se encuentra hoy en una encrucijada, que, brevemente podría plantearse así: o se continúa por el camino de la democracia surgida de la Primera Transición, y con ella de la unidad de España, o se impone una Segunda Transición que ya no puede ser a la democracia, y cuyos elementos no pueden alentar esperanzas en nadie que conozca sus presupuestos y su historia.

Apéndice

EL CARÁCTER DEL NACIONALISMO

Las naciones y los nacionalismos tienen peso primordial en la historia, pero esa evidencia, como ocurre con otras como la propia naturaleza humana, no ha impedido interminables discusiones sobre su definición. El enfoque del problema ha dado un giro en los últimos treinta años, como observa Álvarez Junco en Mater Dolorosa[1]. Antes pasaba la nación por un hecho «natural», objetivo, constituido por rasgos como el idioma, el territorio, tradiciones, creencias, etc., del cual derivaba una subjetiva voluntad de autogobierno: el nacionalismo sería la consecuencia política de la nación. Pero el caso de los vascos y catalanes indica que no tiene por qué ser así, pues esos nacionalismos surgen en tiempos muy recientes, mientras que datan de muy atrás las particularidades en que se apoyan o dicen apoyarse. A partir de hechos como éstos, hoy muchos tratadistas invierten la relación: es el elemento político subjetivo, el nacionalismo, el creador de la nación, la cual se convierte también en subjetiva. Diversas élites, utilizando la propaganda, la enseñanza o la acción política, inventarían los elementos «nacionales»: creencias sobre el pasado, tradiciones, costumbres, etc.

En alguna medida ese enfoque venía prefigurado en el marxismo, para el cual los nacionalismos obedecían a necesidades de las burguesías de asegurarse unos mercados, y constituían una ideología en el mismo sentido que pudiera serlo la religión: una seudoexplicación del mundo movida subterráneamente por intereses económicos. El historiador marxista británico Hobsbawm considera las naciones puros inventos de las clases explotadoras para compensar y desviar el malestar de las clases populares. Esta visión, con matices diversos, ha cundido mucho en ámbitos intelectuales no marxistas, aunque ya casi nadie contraponga al nacionalismo el «internacionalismo proletario[*]».

Sin embargo la explicación no convence. Se hace difícil creer, por ejemplo, que el dominio de la enseñanza y de la propaganda estatal desde Londres lograra persuadir a los escoceses de ser ingleses, o, por poner un caso menos especulativo, esa teoría no explica el brusco resurgir de los nacionalismos en la Europa del este, tras varias generaciones de férreo adoctrinamiento en el «internacionalismo proletario». Podríamos ver a Cataluña y Vasconia como pura invención de ciertos burgueses de finales del siglo XIX, destinada a crear un sentir popular favorable a sus intereses, y ya veremos que en parte así fue; pero difícilmente habrían tenido éxito esos burgueses si no se apoyaran en realidades históricas y sociales preexistentes.

Desde un punto de vista presuntamente racional, han sido fuertemente criticados los sentimientos de identidad comunitaria, como el nacionalismo. Esos sentimientos suelen ser, además, muy intensos, de los pocos capaces de arrastrar a los hombres, en ciertos momentos, a dar la vida o a quitarla a otros. Pues bien, pese a su intensidad, se trataría de ilusiones arbitrarias, autoengaños guiados, en última instancia, por el ansia de «ser» más de lo que realmente se es: «Al ser humano le resulta difícil resistir la tentación de anclar su pobre y finita vida en una identidad que la trascienda», señala Álvarez Junco, para citar de G. Jusdanis cómo el nacionalismo permite a los individuos «olvidar su contingencia, olvidar que son parte del flujo de la historia, que su vida personal es sólo una entre muchas, y ciertamente no la más grandiosa, y que su cultura, la más intrínseca experiencia de sí mismos como seres sociales, no es natural, sino inventada[2]».

Expresiones confusas y menos racionales de lo supuesto. Anclar la «pobre y finita vida» en una trascendencia es quizá una tentación, pero también una evidencia primaria. La vida de cada individuo trasciende largamente en el pasado por la serie interminable de sus ancestros, y en el futuro por la de su descendencia, tanto biológica como culturalmente. Nadie nace por propia elección, ni decide sobre el tiempo o lugar de su vida, la cual será para siempre inseparable de esos datos. El individuo absorbe desde la cuna un bagaje cultural variadísimo —lengua, utensilios, creencias, costumbres, arte, actitudes…— tan esencial para su supervivencia como la misma leche materna. Esa cultura, creada alegre o penosamente a lo largo de generaciones, no le debe nada cuando es niño, y le deberá muy poco cuando crezca; él, en cambio, le debe casi todo. No son difíciles de entender racionalmente los profundos afectos que, de modo más o menos consciente y elaborado, suscita el entorno sociocultural en las personas: el entorno que Iparraguirre proyecta poéticamente en el paisaje.

Si evitamos el error de considerar la vida individual como un todo autosuficiente y aislado, salta a la vista la racionalidad del «sentimiento patriótico». Los elementos culturales, tanto como los naturales, conforman el medio de la vida humana. Suele decirse que ellos nos condicionan o moldean, como si se tratase de algo externo, pero en rigor forman parte constitucional, íntima, de nuestra vida personal. El individuo puede renegar de su cultura —y también de su propia vida— pues sus efectos son a menudo contradictorios y dolorosos, pero más comúnmente se identificará con ella, con su «patria», como se identifica con sus padres, que le trascienden en el pasado, y con sus hijos, que lo hacen en el futuro, y en quienes siente una básica continuidad histórica, cultural y biológica cuya perduración normalmente desea, y cuya posible ruina percibe como un trauma, a menudo como un trauma insufrible.

Así, en general nos sentiremos más identificados con los afines por lengua, creencias, costumbres, etc., y valoraremos éstas sobre las ajenas. Y aunque ese sentimiento, como todos, puede volverse enfermizo, cursi, arrogante o criminal, tacharlo de «irracional» es tan absurdo como exigir a un niño que ame igualmente a su madre y a las de sus amigos, invocando la «razón» de que todas, «objetivamente», son madres[*].

Por otra parte, ¿qué debe entenderse por «inventada» como opuesta a «natural»? ¿Quizá que la cultura inspiradora del sentimiento nacional es arbitraria, fundada en la imaginación o la voluntad más o menos caprichosa de algunos personajes? A lo largo del siglo XX ha habido una tendencia a sostener esta oposición en unos términos peculiares. La cultura sería básicamente «invención ideológica», formas de conducta, organización social y representación del mundo sin base real más allá de los intereses de algunos grupos privilegiados; o bien fantasmagorías nacidas de una necesidad psicológica de autoengaño o de represión de la sexualidad por razones dudosas, etc. Algunos posmodernos llegan a negarle el basamento último en el estómago o en el sexo que les atribuían Marx o Freud, y reducen la cultura, incluida la ciencia, a modas o convenciones aceptadas por la gente o por los medios académicos. Bajo tales convenciones no habría nada, y su valor comparativo dependería de su capacidad adaptativa en clave darwinista, carente de sentido o de finalidad.

Pero si tomamos las construcciones del nacionalismo por un «invento» arbitrario, valdría lo mismo —muy poco— acusarlo de contrario a la libertad que exaltarlo como liberador, llamarlo revolucionario o reaccionario, etc. Y no menos invento serían las ideas antinacionalistas: ¿sería más «natural» el internacionalismo proletario, el ideal mundialista o globalista, o el cosmopolitismo, etc., cargados de supuesta lógica o racionalidad, pero muy vulnerables a la misma crítica? Sólo podríamos enjuiciar unas u otras ideas desde el punto de vista de su triunfo o fracaso político, generalmente imprevisible, en la «lucha por la vida». Que es como no enjuiciarlas.

Por otra parte, oponer la naturaleza a la cultura como «invento» suena extraño. Al surgir de, o más bien expresar, la naturaleza humana, la cultura resulta tan natural como el comportamiento instintivo de un mono o el de una pulga, aunque infinitamente más complejo, variado y variable. Esa complejidad nace, probablemente, tanto de la extrema individuación del ser humano como de su esencial socialización. Sin lo primero sería difícil de concebir la inmensa variación cultural, y sin lo segundo, simplemente no existiría la cultura. Dos factores en parte contradictorios, pero necesarios. Esa duplicidad nos deja insatisfechos, pues cierta necesidad psicológica de simplificación nos impulsa a reducir sucesivamente lo complejo hasta un solo factor capaz de explicarlo todo, al menos en origen. Pero, fuera de la idea de Dios, siempre encontramos más de un factor inicial al analizar las complejidades del mundo.

La enorme variabilidad de la cultura en el tiempo y en el espacio nos crea la ilusión de que ella es arbitraria o «inventada». Todas las manifestaciones culturales tendrían el mismo valor, por discrepantes u opuestas que fueran entre sí. En tal caso, el ser humano estaría al margen de la naturaleza, pues podría sobrevivir fueran cuales fueren sus ideas y conductas, al contrario que los animales, condenados a perecer si su comportamiento instintivo les falla o resulta inadecuado. Esto no parece concebible, y debemos admitir que bajo las diferencias culturales ha de haber un sentido o una lógica común, y que no todas pueden valer lo mismo. Hay algo misterioso u oscuro en todo ello, pero misterioso u oscuro no equivale a arbitrario.

Y tras señalar el callejón sin salida al que parece abocar el planteamiento cultural-natural, dejaré aquí el problema, cuyo desarrollo sobra en este apéndice. A efectos de este libro, nación y nacionalismo constituyen manifestaciones históricamente tardías de la tendencia, aparentemente universal en el hombre, a organizarse en grupos particulares y a ocupar un territorio propio. Incluso los pueblos errantes disputan a otros el territorio donde se instalan por un tiempo, o el que recorren con cierta regularidad, y no creo que excepciones como las de los gitanos o los judíos desmientan la regla. Ese impulso diferenciador en lo cultural y político marcha junto con otro, opuesto y complementario, a tomar préstamos o generalizar elementos culturales, o a construir poderes supranacionales, como los imperios. Encontramos siempre las dos tendencias, pues ni siquiera la frontal hostilidad y guerra entre dos grupos impide un grado de interpenetración entre ellos, ni, a la inversa, la máxima generalización de una cultura, por imposición u otros medios, deja de sufrir una permanente tensión particularista en zonas y grupos humanos. El predominio de una u otra tendencia varía según épocas y lugares. Así por ejemplo, en buena parte de América prevaleció durante tres siglos la presión homogeneizadora española, y más tarde salieron a primer plano los impulsos diferenciadores, sobre todo en lo político.

Aunque, para evitar discusiones por palabras, podemos llamar nación y sentimiento nacional exclusivamente al concepto de nación y a la doctrina nacionalista surgidos de la Revolución francesa; ello nos haría perder el entronque de esos fenómenos con el más universal arriba esbozado. El sentimiento comunitario patriótico tiene muchas formas, y puede apoyarse con preferencia en rasgos culturales muy diversos. Podemos llamarlo nacional cuando aspira a la independencia política. No existen, sin embargo, rasgos objetivos generalizables a todas las comunidades que se sienten naciones. Entre los diversos rasgos posibles, unas veces el decisivo es la lengua, otras la religión, o tradiciones peculiares, o la economía, o la memoria de algún hecho histórico considerado fundacional, etc.

Ciñéndonos a Europa, por distintas que veamos a las actuales naciones de las innumerables «naciones» vencidas por Roma para construir su imperio, está claro que aquellas antiguas comunidades rechazaban la ley y la cultura latinas, admitiéndolas sólo por la fuerza de las armas o la amenaza de ellas. Y pese a su éxito militar y a la formidable potencia homogeneizadora de su cultura, Roma hubo de admitir las peculiaridades de los pueblos sometidos, a las que procuró adaptar su administración. Luego, sobre las ruinas del imperio rebrotaron algunas de las viejas comunidades, muy modificadas, o aparecieron otras nuevas. A su vez, la extrema fragmentación política medieval no impidió la expansión de corrientes culturales unificadoras por buena parte de Europa, manifiestas en el románico o el gótico; o la principal de ellas, subyacente a las demás, el cristianismo. Al terminar la Edad Media, nuevos procesos de reorganización y generalización política originaron los primeros estados nacionales y nuevos imperios. Más tarde, al hundirse el Antiguo Régimen, surgen o se refuerzan, o toman otras formas, las naciones de hoy y, sobre todo, las doctrinas nacionalistas. Este esbozo, aunque groseramente esquemático, puede ilustrar la idea.

Sin duda hay mucho de cierto en las concepciones de Herder sobre el Völksgeist, el espíritu o alma popular, como lo hay en las concepciones cosmopolitas sobre la universalidad de valores básicos. El problema surge de las consecuencias políticas a extraer de esos hechos. ¿Debe imponerse —por las armas, la prédica o la presión diplomática— una cultura y política general, cosmopolita, o bien debe cada pueblo cerrarse más o menos en sus propios valores o manera de vivirlos, y buscar su propio camino? Como las relaciones entre las verdades generales y sus manifestaciones particulares son muy fluidas y cambiantes, el dilema es falso, y la historia lo ha resuelto en la práctica de formas muy varias: con el comercio, la guerra, los préstamos culturales, las rivalidades, la evolución de ideas y costumbres… Mediante una mezcla de lucha y cooperación, de universalización y diferenciación continuas.

A menudo se condena a los nacionalismos como principales factores de guerra, pero hasta hace poco las guerras solían achacarse a intereses económicos, a imperialismos, etc. Las guerras más devastadoras del siglo XX nacieron de ideologías internacionalistas con pretensiones científicas, mezcladas inextricablemente con sentimientos particularistas. En realidad, la condición humana es inevitablemente conflictiva, y contener el conflicto o desviarlo de la guerra impone una gran tensión moral y acciones coherentes, lejanas de las invocaciones abstractas o utópicas, o de imaginarias localizaciones de «la piedra de la locura», es decir, de supuestas causas de la conflictiva condición humana cuyo conocimiento permitiría resolver materialmente el problema: acabando con el nacionalismo acabaríamos con la guerra, por ejemplo.

Las invocaciones abstractas suelen estar vacías. Así Renan cuando se oponía al concepto «alemán» de nacionalismo, cuya proclividad a la guerra le angustiaba: «El hombre no pertenece a su lengua ni a su raza: no se pertenece más que a sí mismo, puesto que es un ser libre, un ser moral». Un nacionalista alemán podría replicarle: «Yo, como ser libre y moral, estoy convencido de que la raza y la lengua son elementos constitutivos y fundamentales de mi nación y de mí mismo, y obro en consecuencia». Como decía antes, el nacionalismo en el sentido de patriotismo es un sentimiento que, como todos, puede extraviarse, pero forma parte de la condición humana, según todos los indicios.

LUIS PÍO MOA RODRÍGUEZ (Vigo, España, 1948) es historiador y periodista, miembro en su juventud del grupo terrorista Grapo. Es conocido por sus trabajos sobre la Segunda República Española y la Guerra Civil.

Participó en la oposición antifranquista dentro del PCE y del grupo terrorista PCE(r)-Grapo, del que fue expulsado en 1977. Tras ser condenado por la Audiencia Nacional en 1983 a un año de prisión, se acogió a medidas de reinserción. Desde finales de los ochenta, Moa dirige y colabora con revistas dedicadas a la Historia (Tanteos y Ayeres) y trabaja como bibliotecario en el Ateneo de Madrid.

En 1999 publicó Los orígenes de la guerra civil, y luego Los personajes de la República vistos por ellos mismos y El derrumbe de la República y la guerra civil, trilogía que logró una gran difusión. Su posterior Los mitos de la Guerra Civil se convirtió en una de los libros de divulgación histórica más vendidos de las últimas décadas. Destacan a su vez sus libros sobre los nacionalismos vasco y catalán, una obra sobre la Historia de España y una novela histórica ambientada en la posguerra.

En la actualidad, Moa compagina su labor de historiador con el de analista político en medios digitales y presentando un programa de divulgación histórica en Radio Inter.

NOTAS

[*] Sobre las concepciones históricas del pasado elaboradas por los nacionalismos, sobre todo por el vasco, existe bastante bibliografía. Dos libros recientes son Los vascos en la historia de España, de J. A. Vaca de Osma, o Hijos de la gloria y la mentira, de Ricardo de la Cierva. Hay menos estudios sobre las elaboraciones del nacionalismo catalán, generalmente subsumidos en críticas más amplias. <<

[*] Asoman, como en la poetisa gallega Rosalía de Castro, algunos dejes ocasionales, incitando a Galicia a «no llamarse española, que España de ti se olvida», de lo que resultaría un tradicional tono lastimero en el nacionalismo gallego. De todas maneras, llamar nacionalista a Rosalía es exagerar muchísimo. El nacionalismo gallego no ha tenido verdadera importancia política —sí literaria, aunque de tono más bien regionalista— hasta muy recientemente, por lo que apenas lo abordo en este estudio. <<

[*] Según una encuesta publicada en El mundo el 2 de enero de 2004, un 16% de los catalanes y un 25% de los vascos dicen sentirse únicamente catalanes o vascos. Estas encuestas ofrecen un indicio del éxito nacionalista, aunque sean discutibles su validez científica o la estabilidad del retrato social que dibujan. <<

[*] Un tópico absurdo, pero muy extendido, presenta a España como especialmente propensa a la guerra civil. En conjunto lo ha sido menos que la mayoría de los países europeos, empezando por Francia. <<

[*] Algunos tratadistas, como Herrero de Miñón, sostienen que en realidad nunca se produjo la abolición de los fueros, sino su adaptación a las diferentes situaciones históricas. <<

[1] M. Azurmendi, Y se limpie aquella tierra, Madrid, Taurus, 2000. <<

[1] S. Arana, Obras completas, San Sebastián, Sendoa, 1980, p. 684. <<

[*] La primera referencia a Padura se encuentra en el portugués, Livro das Linhagens, de Pedro Alfonso, del siglo XIV, y fue recogido en Bienandanzas e fortunas de Lope García de Salazar, memorias de un caudillo banderizo del siglo XV. En una versión, los vizcaínos habían sido mandados por un príncipe exiliado inglés, en otra por un escocés (Jaun Zuría). El relato tiene trazas de leyenda legitimadora de la institución señorial, pero Sabino creía nefasta dicha institución y dio el protagonismo a la colectividad vizcaína. Lope García indagó en el pasado, aunque sin método medianamente crítico, mezclando datos y leyendas como era corriente en la época. En cuanto a las otras batallas, son de un tiempo en que las provincias vascas sufrían las constantes y confusas contiendas entre banderías señoriales llamadas de «oñacinos y gamboínos», que peleaban y se asesinaban entre sí con notable fervor. A esas contiendas se les ha querido encontrar un trasfondo económico o bien político, como entre partidarios de la corona de Navarra y partidarios de la de Castilla. Sea como fuere, durante los últimos tres siglos medievales devastaron las provincias vascas. García de Salazar fue uno de los banderizos más violentos, y su obra tiene el mayor interés en cuanto a su época. Por cuestiones de herencia o por disputas sobre sus amantes, fue apresado por sus propios hijos y murió envenenado, presumiblemente por ellos. <<

[2] Páginas de Sabino Arana, Madrid, Criterio, 1998, p. 114, 121; O. C., p. 1334. <<

[3] Páginas, p. 102. <<

[4] O. C., p. 1994. <<

[5] Ib., p. 1761, 326, 1780, 196, 1332. <<

[6] Ib., p. 1390, 1257-8, 1322, 245, 196. <<

[7] Ib., p. 210-11, 256-7. <<

[8] Ib., p. 244, 285. <<

[9] Ib., p. 210, 196; Páginas, 100, 98. <<

[10] O. C., p. 1996. <<

[*] Las diferencias físicas entre los habitantes de la península son poco acentuadas. Todos ellos pertenecen a etnias mediterráneas con mayor o menor, pero siempre muy minoritaria, influencia nórdica. <<

[11] Páginas, p. 68, 90, 109; O. C., p. 1996. <<

[12] O. C., p. 1761, 410. <<

[13] Ib., p. 1709, 1722, 1971, 1331, Páginas, p. 21. <<

[14] O. C, p. 405. <<

[15] Ib., p. 1391, 1369, 686. <<

[*] Obviamente, después de la derrota hitleriana en 1945, el PNV procura disimular el racismo de su maestro y fundador, alegando que «era un hombre de su tiempo», de una época en que «todo el mundo era racista». Además, incluye sus aisladas denuncias sobre los bóers y el trato a los pueblos de color para probar su buen espíritu. En realidad, no todo el mundo era racista, él lo era mucho más virulentamente que cualquier otro ideólogo en España, y sus muy ocasionales palabras de compasión atañían a pueblos muy lejanos y en realidad desconocidos de él. <<

[16] Ib., p. 1326 y ss. <<

[17] Ib., p. 1326 y ss. <<

[18] Ib., p. 1326 y ss. <<

[19] Ib., p. 2009, 1398, 1397. <<

[20] Ib., p. 1670, 1996. <<

[21] Ib., p. 1371, 1388. <<

[22] Páginas, p. 53-57; O. C., p. 1308. <<

[23] O. C, p. 1826 y ss. <<

[24] Revista El nuevo mundo, Madrid, 1 de marzo de 1918. <<

[25] ²³ O. C., p. 1673, 318, 1393, 1998, 1380, 1371. <<

[26] Ib., p. 204, 1331. <<

[27] Ib., p. 196, 275; Páginas, p. 92. <<

[28] O. C., p. 196, 249. <<

[29] Ib., p. 696, 691. <<

[30] Ib., p. 692. <<

[31] J. Juaristi, El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos, Madrid, Espasa, 1997, p. 174 yss. <<

[32] Ib., p. 169 y ss. <<

[33] Ib., p. 171 y ss. <<

[34] O. C., p. 2179, 2183. <<

[35] J. Juaristi, op. cit., p. 179. <<

[36] En folleto de 1965. <<

[*] La sustitución de «libre» por «suelto», para evitar el castellano, se da también en el nacionalismo gallego con la palabra «ceibe» (Galicia o Caliza ceibe) de «ceibar», soltar, aplicada al ganado. <<

[1] F. Cambó, Memorias, Madrid, Alianza, 1987, p. 472. <<

[2] Ib., p. 471; J. M. Marco, La libertad traicionada. Siete ensayos españoles. Barcelona, Planeta, 1997, p. 88. <<

[3] J. M. Marco, op. cit., p. 92-3. <<

[4] F. Cambó, Memorias, p. 47. <<

[5] B. de Riquer, Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal. Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 252. <<

[6] E. Prat de la Riba, La nacionalidad catalana, Valladolid, 1917, p. 60. <<

[7] Ib., p. 55, 64, 125. <<

[8] Ib., p. 127. <<

[9] Ib., p. 52. <<

[10] Ib., p. 101. <<

[11] Ib., p. 53-4, 68, 102. <<

[12] Ib., p. 30, 55, 82-3. <<

[13] Ib., p. 101. <<

[14] Ib., p. 74. <<

[*] La idea preferentemente cultivada por el nacionalismo catalán sobre la unidad española la expondría crudamente Rovira i Virgili en 1922: «El error político de la unión patrocinada por los aragoneses había de producir al mismo tiempo la decadencia de Cataluña y la desnaturalización de las empresas mediterráneas, sometiéndonos por la fuerza a la zaga de un pueblo africano que no podía comprender ni nuestra concepción federalista ni nuestros sentimientos de libertad». Pero lo que él llama federalismo, precisamente, había llevado a la unión. Y la unión no produjo la decadencia catalana, que venía de antes, sino que evitó peligros mayores a la debilitada región ante sus enemigos mediterráneos[18]. <<

[15] Ib., p. 75. <<

[16] Ib, p. 76-7. <<

[17] Ib, p. 78-9. <<

[18] L. Busquets y C. Bastons, Castilla y Catalunya frente a frente, Barcelona, Ediciones B, 2003, p. 105. <<

[19] E. Prat de la Riba, El nacionalismo, p. 80, 82, 81, 4-5. <<

[20] Ib, p. 79-80, 108. <<

[21] Ib, p. 39, 22. <<

[22] Ib, p. 24. <<

[23] Ib, p. 91-2. <<

[24] Ib, p. 22, 25. <<

[25] Ib, p. 63. <<

[26] Ib, p. 62. <<

[27] Ib., p. 64. <<

[28] Ib., p. 113. <<

[29] Ib., p. 114, 130. <<

[30] Ib., p. 127. <<

[*] Barcelona influía en toda España en el terreno artístico y literario, basta notar la popularidad de algunas obras de Guimerá, por ejemplo. Pero como foco cultural tenía más vigor Madrid, que por entonces vivía una época muy interesante. Y no todos los catalanistas eran tan optimistas al respecto como Prat. Véase la queja de Maragall: «¡Yo, que quería ser poeta como Byron o Heine y tirarme a mujeres casadas que me amasen, y tener cara ombrageuse y frente rêveur y correr mundo y no vivir más que para la belleza y el Arte! ¡Ah! Barcelona, Barcelona, ciudad burguesa, húmeda, aplanadora; ¡ah! burguesía, ¡ah! muletones y manteros, género tuyo de poca consistencia; ¡ah! medianía en riqueza, en posición, ¡en todo!, ¡ah! símbolo de toda medianía, tú, Barcelona, ¡¡¡bien me has jodido!!!»[31]. <<

[31] C. Triviño, en Ayeres, n.o 7, Madrid, 1993: «Pompeu Gener: superhombre o dandy». <<

[32] E. Prat de la Riba, El nacionalismo, p. 114. <<

[33] Ib., p. 119. <<

[34] J. Nadal, la población española (siglos XVI a XX), Barcelona, Ariel, 1966, p. 54. <<

[35] E. Prat de la Riba, El nacionalismo, p. 119. <<

[36] Ib., p. 120. <<

[37] Ib., p. 107. <<

[38] E. Temprano, La selva de los tópicos, Madrid, Mondadori, 1988, p. 84 <<

[39] C. Triviño, «Pompeu…». <<

[40] L. Linde, en Revista de libros, nn. 79-80, Madrid, julio 2003, «Pla, Cataluña y España, o El guardián de las ruinas». <<

[*] Véanse estas expresiones de Josep Pla, él mismo muy pratista, refiriéndose al nacionalismo de izquierda: «En este país hay una manera cómoda de llevar una vida suave, tranquila y regalada: consiste en afiliarse al extremismo (…) En todo el mundo, las posiciones extremas de la política se mantienen por la gente más abnegada, más idealista, más romántica. En nuestra casa, el cercado extremista está poblado de escépticos, individualistas, pedantes y despistados». O bien: «A muchos catalanes les interesa Cataluña, pero no creen en ella. Les pasa exactamente lo contrario que con la religión y la otra vida: creen en ello, pero no les interesa». O bien: «El catalán, genéricamente hablando, tiende al estado agradabilísimo de ser víctima». Sustituyendo «catalán» o «catalanes» por «nacionalistas», las frases cobran, quizá, más sentido[41]. <<

[41] Ib., L. Bonada, «Diccionari d’idees planianes», en La Vanguardia, 7 de mayo de 1997. <<

[42] F. Cambó, Memorias, p. 52. <<

[*] Aunque dilucidar la historia anterior no es, como he señalado, objeto de este libro, vale la pena observar que, si en tales y tan palpables condiciones los nacionalistas se sentían «esclavizados» y sometidos a insufribles «persecuciones», su aliento fabulador podía volar sin traba alguna al referirse a un pasado mucho menos «palpable», no digamos cuando retrocedían a la Edad Media, o más allá, hasta el Imperio romano y antes. <<

[1] F. Cambó, Memorias, Madrid, Alianza, 1987, p. 41-2. <<

[2] S. Arana, Páginas, p. 107-8. <<

[3] Ib., p. 113, 122-3, 117. <<

[4] Ib., p. 98. <<

[*] José Rizal, inspirador del nacionalismo filipino, aun considerándose él mismo español, fue hombre de destacadas dotes intelectuales, médico, poeta y literato. Como muchos filipinos, quería autonomía e igualdad de derechos para los tagalos. Condenó el movimiento en cuanto optó por la violencia, y se ofreció como médico a las tropas españolas en Cuba, pero, por una ciega y brutal reacción del gobernador militar, general Polavieja, fue condenado a muerte y ejecutado. Su novela Noli me tangere y sus emotivos versos finales, Mi último adiós, traducidos a muchos idiomas, inspiraron movimientos anticoloniales en China y sureste asiático. En esa novela y en otra, Los filibusteros, Rizal pinta un cuadro muy negro de la opresión colonial y el poder de los frailes, si bien sorprende que, con tantos males, Filipinas hubiera sido muy pacífica durante casi cuatro siglos, exceptuando las rebeliones «moras» de Mindanao. Hay cierto paralelismo entre Rizal y José Martí, héroe de la independencia cubana, mucho más antiespañol, pero también poeta y de espíritu romántico, sensible y de notable talla intelectual. Martí también murió joven, en combate y en los primeros meses de la guerra que él decidió lanzar, en 1895. Asimismo, ambos se habían hecho masones, aunque Rizal murió reconciliado con la Iglesia. <<

[*] El asesino, Angiolillo, había tenido trato con el independentismo cubano a través del puertorriqueño Emeterio Betances, y había sido encubierto, en Madrid, por el republicano Nakens, que más tarde encubriría también a Mateo Morral cuando éste perpetró la carnicería de la calle Mayor, en 1906, con unos 30 muertos y cien heridos y mutilados. Aunque entre ellos había fuertes desavenencias políticas, Nakens, Betances y Morral, probablemente también Angiolillo, coincidían en su pertenencia masónica. <<

[*] Sigo aquí de preferencia su estudio Operaciones de la guerra de 1898. Una revisión crítica. <<

[5] A. R. Rodríguez, Operaciones de la guerra de 1898. Una revisión crítica, Madrid, Actas, 1998, p. 38. <<

[*] Peor le había ocurrido al almirante Byng por fracasar ante los franceses en Menorca, en 1756: fue condenado a muerte y ejecutado. <<

[*] La historiografía cubana suele atribuir a la intervención useña el motivo de adelantarse a una victoria de los insurrectos y así impedir una efectiva independencia de la isla. Los españoles propusieron en vano a los insurrectos luchar juntos contra los invasores. En la negociación de la paz, Usa no tomó en consideración a los rebeldes cubanos, de quienes se había servido. Luego, en Filipinas estalló una rebelión independentista, aplastada por Washington en una guerra mucho más despiadada que la sostenida por los españoles. <<

[*] La desproporción de bajas, observa Rodríguez, recuerda a la tenida por las flotas china y rusa frente a la japonesa, e hizo creer en una escasa pericia de los vencidos. Sin embargo, una pequeña ventaja permitió a veces victorias aplastantes. En la I Guerra mundial, en la batalla de Coronel, cinco cruceros alemanes de Graf von Spee, aprovechando la puesta del sol que dificultaba la visión al enemigo, hundieron dos cruceros ingleses y dañaron a otros dos, causándoles 1650 muertos, contra sólo dos heridos alemanes. Poco después, en las Malvinas, una escuadra inglesa derrotó a la de Von Spee, explotando la escasez de municiones y el menor calibre de la artillería alemana, ocasionándole 2000 muertos, con sólo nueve bajas de los vencedores. <<

[*] Aunque las minas estaban bien diseñadas y habían funcionado en las pruebas, ni una sola estalló. La investigación subsiguiente no llegó a aclarar las causas. Rodríguez sugiere que podrían encontrarse en la diferencia entre el dinero presupuestado para ellas, cinco millones de pesetas, y el efectivamente consumido, diez veces menos. <<

[*] Se ha mencionado a veces una tercera salida, consistente en dar unilateralmente la independencia a Cuba. Pero eso habría equivalido a una rendición, esta vez ante un enemigo muy inferior. <<

[6] M. Fernández Almagro, En torno al 98, Madrid, Jordán, 1948, p 19 y ss. <<

[7] A. R. Rodríguez, Operaciones, p. 199. <<

[*] Se trató de un pequeño destacamento que resistió durante casi un año, completamente aislado (no sabían que había terminado la guerra) a fuerzas filipinas muy superiores. Tropas del crucero useño Yorktown intentaron rescatarlo, pero se vieron rechazadas con fuertes pérdidas por los sitiadores. El propio Aguinaldo, dirigente filipino, expresó su admiración por los resistentes («se han hecho acreedores a la admiración del mundo»). Dice Rodríguez: «Tales hechos, si es que son recordados, sólo provocan en algunos una imagen de celuloide rancio (…). Probablemente estos mismos, tan críticos o poco impresionables, aún se conmueven con la gesta de El Álamo, que, como es sabido, resistió unos pocos días a las tropas mejicanas, o desconocen que la gran fiesta tradicional de la legendaria Legión Extranjera francesa, el 30 de abril, “el día de Camerone”, celebra que un destacamento de 62 hombres resistió unas horas parapetado en unos edificios a una fuerza de caballería mejicana antes de ser aniquilado. Y no es que dudemos del heroísmo derrochado en estas y otras ocasiones por norteamericanos y franceses, de lo que sí tenemos serias dudas es de que los españoles seamos capaces de valorar adecuadamente nuestras propias gestas[8]». <<

[8] Ib., p. 202. <<

[9] Ib., p. 184. <<

[10] La Veu de Catalunya, 28 de agosto de 1898. <<

[11] Ib., 12 de junio. <<

[12] Ib., 4 de septiembre. <<

[13] R. Darío, Obras selectas, Madrid, Edimat, 2001, p. 122-4. <<

[14] La Veu, 23 de octubre. <<

[15] Ib., 31 de julio y 14 de agosto. <<

[16] Ib., 14 de agosto. <<

[17] Ib., 11 de septiembre. <<

[*] Las típicas canciones españolas llamadas «habaneras» son una creación catalana, e indican también la estrecha vinculación de Cataluña con Cuba. <<

[18] Ib., 24 de abril, 19 de junio. <<

[19] Ib., 17 de julio. <<

[20] Ib., 10 de julio. <<

[21] Ib., 10 de agosto. <<

[22] F. Cambó, Memorias, p. 78, 41. <<

[23] La Veu, 21 de agosto. <<

[*] Estas concepciones siguen teniendo fuerte proyección en el terreno cultural: «Un autor cuya lengua vehicular no sea el catalán no forma parte de la literatura catalana. Como dice el poeta Narcís Comadira (…) los escritores que escriben en castellano en Cataluña son catalanes escritores, pero no escritores catalanes (…). Nunca he negado que aquí se pueda hacer poesía en lengua castellana o en otra cualquiera (…). Pero no hacen poesía catalana; son catalanes que hacen poesía castellana —o española si lo prefieren—». Es decir, la cultura catalana no es española, y la gran obra literaria de los catalanes en el idioma común español, a lo largo de siglos, no es catalana. Y ello pese a que el español común no sólo es conocido de todos los habitantes de la región, sino que la mitad de ellos, aproximadamente, lo tienen por lengua materna y de comunicación habitual. O diarios tan importantes y tradicionales como La Vanguardia no serían propiamente catalanes[26]. <<

[24] La Veu, 4 de septiembre de 1898. <<

[25] Ib., 18 de septiembre. <<

[26] L. Busqueta y C. Bastons, Castilla…, p. 25. <<

[27] S. Arana, O. C., p. 1671. <<

[28] S. Arana, O. C., p. 1671. <<

[*] Esto recuerda algo a aquella frase de Bolívar en carta a su compañero Santander: «Amigo, no es sangre lo que corre por nuestras venas, sino vicio mezclado con miedo y horror». Aunque al mismo tiempo Bolívar, por su apellido vasco y por haber luchado contra España, recibe otras veces alabanzas de Arana. <<

[29] Ib., p. 1674. <<

[30] Ib., p. 1696, 1778. <<

[31] Ib., p. 1672. <<

[32] Ib., p. 1753. <<

[33] M. Fernández Almagro, En torno, p. 182. <<

[*] En Cartas finlandesas comenta: «No encuentro atractiva a la mujer finlandesa, porque es poco femenina (…). La obra de Ibsen Et Dukkehjem (Casa de muñecas) ha popularizado el tipo de mujer sin carácter, que decide emanciparse abandonando a su hijo a fin de tener más tiempo para divertirse». <<

[*] Datos de G. Tortella, El desarrollo de la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1994, y de J. P. Fusi y J. Palafox, España: 1808-1996. El desafío de la modernidad Madrid, Espasa Forum, 1998. <<

[*] Véase, por ejemplo, el interesante estudio de C. Dardé La aceptación del adversario. Política y políticos de la Restauración, 1875-1900. Desde hace años numerosos historiadores (M. Espadas Burgos, J. Varela Ortega, J. Andrés-Gallego, J. M. Jover, C. Romero Maura, C. Seco, M. Cabrera, J. Tusell y otros) han venido revisando los tópicos creados por la propaganda de izquierdas en torno a la Restauración. No obstante, en general han derribado o relativizado las críticas tradicionales, sin llegar a invertir la cuestión: no sólo dichas críticas solían ser excesivas y sumarias, sino que la dificultad para la democracia venía mucho menos de la Restauración que de sus críticos, por lo general poco o nada interesados en las libertades, como ha puesto de relieve J. M. Marco en La libertad traicionada. <<

[1] C. Seco Serrano, Historia del conservadurismo español. Una línea política integradora en el siglo XIX, Madrid, Temas de hoy, 2000, p. 264. <<

[2] A. Lerroux, Mis memorias, Madrid, Afrodisio Aguado, 1963, p. 264. <<

[3] En P. Moa, Los personajes de la República vistos por ellos mismos, Madrid, Encuentro, 2000, p. 74 y ss. <<

[4] M. Menéndez Pelayo, Ensayos de crítica filosófica, Madrid, Suárez, 1918, p. 363. <<

[5] J. Costa, Oligarquía y caciquismo, Madrid, 1998, p. 98. <<

[6] J. Pan Montojo (coord.) Más se perdió en Cuba. España 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza, 1998, pp. 315-26. <<

[*] Sigo aquí principalmente el documentado ensayo de A. Elorza Un pueblo escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco, Barcelona, Crítica, 2001. <<

[1] A. Elorza, Un pueblo escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco, Barcelona, Crítica, 2001, p. 404. <<

[2] Ib., p. 308. <<

[*] Véase un ejemplo típico en el periódico de Arana de 7 de julio de 1895: «La boina, esa sencilla y cómoda prenda de vestir, que procedente del Pirineo, semibasko semifrancés, se extendió y naturalizó en toda Euskeria en la primera mitad de este siglo, llegando a ser síntesis y personificación de las aspiraciones de un pueblo viril, se ha trocado en los últimos años en un aditamento de indumentaria cosmopolita (…). Allí donde existía una boina existía un euskeriano, y un euskeriano con sus costumbres patriarcales. Cuando se quería dar a entender que un individuo o una sociedad era euskeldun, no era necesaria otra cosa que la boina». Desgraciadamente la buena costumbre había degenerado: «¡¡Lloremos!! ¡Nuestra sencilla boina nos ha abandonado! ¡Cubre lo mismo la cabeza de un maketo…! ¡¡No!! ¡¡Mentira!! ¡No cubre lo mismo la cabeza de un maketo que la de un euskeldun! En la cabeza de un maketo oprime su nuca y sus sienes como para contener las pérfidas concepciones de su cerebro cuando es oportuno ocultarlas; y se aboveda sobre su frente para encubrir la hipócrita expresión de su frente y su mirada; y se prolonga en forma de pico de ave de rapiña, como signo de la rapacidad y voracidad de su villano temperamento. En la cabeza de un maketo, y encima de aquellos traicioneros ojos y aquella nariz tacaña, se ciñe y ajusta como el maketo oprime y estruja al pueblo que cae en sus garras». Por lo tanto, «A pesar de su propagación, ¡todavía la boina nos diferencia del extranjero! En la cabeza del maketo es signo de su dominación en Euskeria. En la cabeza del euskeriano tiene su historia… y hoy es una sencilla prenda de vestir; tal vez mañana sea prenda del uniforme nacional. Y ese día, ¿seguirá vistiéndola el maketo?». Comentarios semejantes no eran raros[3]. <<

[3] J. Laínz, Adiós España, Madrid, Encuentro, 2004, p. 496-7. <<

[4] F. Cambó, Memorias, p. 67-8. <<

[5] O. Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical, Madrid, Tebas, 1976, p. 27. <<

[*] Las memorias de Lerroux ilustran bastante bien, pese a sus reticencias, sobre la implicación de Ferrer y de él mismo en el terrorismo de la época. <<

[6] F. Cambó, Memorias, p. 86-8. <<

[7] Ib., p. 98-9. <<

[8] Ib., p. 101. <<

[9] O. Ruiz Manjón, El Partido…, p. 54. <<

[10] F. Cambó, Memorias, p. 126. <<

[11] Ib., p. 119. <<

[12] J. M. García Escudero, Historia política de las dos Españas, Madrid, Editora Nacional, 1976, p. 676-7. <<

[13] Cambó, p. 120. <<

[*] Con ocasión de la botadura de un barco de guerra. Dice Lerroux que estaba preparado un atentado anarquista, mediante una bomba bajo la tribuna desde donde Alfonso XIII debía presenciar el acto. Lerroux habría intervenido para frustrar el magnicidio, asegura él[14] <<

[14] A. Lerroux, Memorias, p. 493 y ss. <<

[15] A. Elorza, Un pueblo, p. 318 y 309. <<

[16] Cambó, 151-2. <<

[17] Ib., p. 153. <<

[18] Ib., p. 175. <<

[19] Ib., p. 166; M. Tuñón de Lara, El movimiento obrero en la historia de España I, Madrid, Sarpe, 1985, p. 362. <<

[20] O. Ruiz Manjón, El Partido… p. 80; J. Álvarez Junco, El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Madrid, Alianza, 1990, p. 379 y ss. <<

[21] Cambó, p. 168, 171. <<

[22] Ib., p. 172, 175. <<

[1] Cambó, p. 255, 181. <<

[2] A. Elorza, Un pueblo… p. 252. <<

[3] Cambó, p. 103. <<

[4] Ib., p. 208. <<

[5] N. Alcalá-Zamora, Memorias, p. 64 y ss. <<

[6] Cambó, p. 219. <<

[7] Ib., p 251. <<

[8] Ib., p. 236 y ss. <<

[9] Ib., p. 243. <<

[10] Ib., p. 241-2. <<

[11] Ib., p. 243. <<

[12] Ib., p. 246. <<

[13] Ib., p. 244. <<

[14] Ib., p. 245. <<

[15] Ib., p. 236. <<

[16] Ib., p. 292. <<

[17] Ib., p. 226, 244, 236. <<

[18] Ib., p. 227. <<

[19] Ib., p. 226-7. <<

[20] Ib., p. 252. <<

[21] M. Tuñón de Lara, La España del siglo XX, I, Barcelona, Lara, 1974, p. 58 y ss. <<

[22] Cambó, 254, 256. <<

[23] Ib., p. 255; Euzkadi, 27 de junio de 1917; N. Alcalá-Zamora, Memorias, p. 70. <<

[*] Los revolucionarios justificaron falsamente su alzamiento en las escasas subidas salariales frente a las enormes ganancias salidas del comercio bélico. Pero ese comercio y sus ganancias favorecían las presiones sindicales, sin necesidad de huelga general. Ésta tenía fines inequívocamente políticos, no sindicales. <<

[24] Euzkadi, 18 de agosto de 1917. <<

[1] Cambó, p. 258. <<

[2] Diario de Sesiones, 31 de mayo de 1918. <<

[3] Cambó, p. 162. <<

[4] Ib., p. 265. <<

[5] Ib, p. 266. <<

[6] Ib, p. 267. <<

[7] Ib, p. 287. <<

[8] Ib., p. 285, 284. <<

[9] Ib., p. 189-90. <<

[10] Ib., p. 287. <<

[11] Ib., p. 289. <<

[12] Ib, p. 292. <<

[13] Ib, p. 296. <<

[14] Ib, p. 298. <<

[15] Ib, p. 302. <<

[16] Ib, p. 303. <<

[17] Ib, p. 303. <<

[18] A. Elorza, Un pueblo… p. 254. <<

[19] Cambó, p. 303, 304. <<

[20] Ib, p. 304. <<

[21] Ib, p. 304. <<

[22] J. Nubiola, http://www.unav.es/users/dOrs/Filosofia Escocesa.html. <<

[23] Cambó, p. 317. <<

[24] C. Seco, Viñetas históricas, Madrid, Austral, 1983, p. 349. <<

[25] A. Elorza, Un pueblo…, p. 332-3. <<

[26] Ib, p. 333. <<

[27] Ib, p. 336. <<

[28] Cambó, p. 341. <<

[1] Cambó, p. 350. <<

[2] Ib, p. 352. <<

[3] Aberri, 27 y 30 de mayo de 1923. <<

[4] A. Elorza, Un pueblo…, p. 344. <<

[5] Ib, p. 345-6. <<

[6] Ib, p. 353. <<

[7] Ib, p. 350. <<

[8] Ib, p. 356. <<

[9] Cambó, p. 357. <<

[10] Ib, p. 361. <<

[11] Ib, p. 362. <<

[*] Y termina su frase: «El régimen de Franco (…) volvió a revivir con más fuerza que nunca [el pacto]. Los catalanes a ganar dinero, y los castellanos, a gobernar». El número e influencia de los ministros y políticos catalanes (como también vascos) bajo el franquismo iba a ser muy notable, más que nunca antes. <<

[12] Ib, p. 356. <<

[13] R. García Cárcel, Las culturas del siglo de oro, Madrid, Historia 16, 1999, p. 139. <<

[14] Cambó, Les dictadures, Barcelona 1929, p. 137. <<

[15] E. Iniesta, Blas Infante. Toda su verdad I, Granada, Contares, 2000, p. 83-87. <<

[*] Aunque la palabra Al Ándalus permanece en Andalucía, no designaba a esta región, sino a toda la parte de la península que llegó a estar bajo poder musulmán. Su etimología no está clara, pero parece aludir a los vándalos, que habían pasado al norte de África desde la península tiempo antes de la expansión musulmana: «tierra de vándalos». <<

[16] http/www.gratisweb.com/andalucia3/bandera.html;andalucia.cc/adn/0797pes.htm. <<

[17] webislam.com/numeros/1999/articulos/tx_99_09.htm. <<

[*] El eco de estas ideas aparece en el nacionalismo gallego, por ejemplo, en Castelao, en forma de invectivas y desdenes contra el Mediterráneo, «pudridero de civilizaciones». <<

[18] V. Risco, Teoría do nacionalismo galego, (edic. crítica de Justo Beramendi), Santiago de Compostela, 2000, p. 30 y ss. del facsímil, p. 25 de la introducción. <<

[19] Aberri, 7 de junio de 1923. <<

[*] En las confusas luchas nobiliarias y dinásticas del siglo XV, Carlos de Viana hijo del rey Juan II de Aragón y I de Navarra, pudo quizá haber reinado en Aragón, o en Navarra, o en Castilla, pero su padre prefirió a otro hijo, Fernando, tenido en segundas nupcias. Según la leyenda, Carlos murió envenenado por su madrastra, aunque parece más probable que falleciera de una pleuresía, y Fernando heredó la corona de Aragón, pasando a la historia como «El Católico», casado con Isabel de Castilla. <<

[20] Ib., 7 de junio de 1923. <<

[21] Ib., 7 y 10 de septiembre de 1923. <<

[22] Ib., 13 de septiembre de 1923. <<

[*] Los jóvenes nacionalistas hablaban un vascuence «purificado», que los vascohablantes de cuna no siempre entendían. El nacionalista moderado Arturo Campión, contestaba en Euzkadi a la pregunta sobre la dificultad del idioma: «El alemán, por ejemplo, es mucho más difícil, pero sin comparación». El italiano «ya es más fácil». Él estudiaba ambos idiomas para leer autores que trataban el vascuence y sus relaciones con el ibero y el antiguo egipcio. Pero reconocía: «Cuando uno de Euzkaltzale Bazkuna me escribe una carta familiar, yo, autor de una gramática y eterno estudiante de mi idioma, me veo negro, y para no hacer el ridículo ante ellos, le contesto en castellano». Gallastegui no llegó a hablar bien el vascuence, pese a su empeñosa voluntad.[24] <<

[23] La Correspondencia de España y La Voz de Guipúzcoa, 13 de septiembre de 1923. <<

[24] Euzkadi, 24 de junio de 1917. <<

[25] Cambó, p. 361-3. <<

[1] M. Azaña, O. C., México, Oasis, 1964, p. 541. <<

[*] Estas reacciones han sido a menudo ocultadas después. Las excepciones fueron pocas, como la de Azaña o Unamuno, éste más por razones estéticas que otra cosa. Iba a lanzar contra Primo constantes y crueles sarcasmos, sin demasiado contenido político, sufriendo a cambio una represión bastante suave. El mismo Unamuno llegará a decir que no le había perseguido a él la dictadura, sino él a ella. <<

[2] M. Platón, Alfonso XIII: de Primo de Rivera a Franco, Barcelona, Plaza y Janés, 1998, p. 23. <<

[3] Cambó, p. 366. <<

[4] Ib., p. 367 y ss. <<

[5] L. Busquets y C. Bastons, Castilla… p. 267. <<

[6] A. Elorza, Un pueblo, p. 359-60. <<

[*] El canónigo Pau Claris había puesto a Cataluña bajo el poder francés en la guerra de 1640. <<

[7] http/www.unitat.org/mallo.htm. <<

[8] www.unitat.org/mollo.htm; A. Bosch, L’Avi, Francesc Macià, una vida de llegenda, Barcelona, Booket, 2002. Biografía novelada. <<

[9] A. Elorza, Un pueblo, p. 361. <<

[10] J. S. Vidarte, No queríamos al rey, Barcelona, Grijalbo, 1977, p. 225. <<

[11] Ib., p. 255 y ss. <<

[1] M. Platón, Alfonso XIII…, p. 25 y ss.; G. Tortella, El desarrollo de la España contemporánea, Madrid, Alianza, 19 995, p. 3. <<

[2] J. M. Pemán, O. C., V, Madrid, Escelicer, 1953, p. 37. <<

[3] Ib., p. 39-40. <<

[4] Ib., p. 28, 47. <<

[5] Ib., p. 47. <<

[6] Ib., p. 28. <<

[7] Ib., p. 55, 58. <<

[8] Ib., p. 33. <<

[9] Ib., p. 64. <<

[10] Ib., p. 25. <<

[*] La opinión pública sería indispensable, incluso en las monarquías autoritarias. Recoge al efecto una anécdota de Fernando el Católico: cuando el rey pensaba tomar una decisión importante «echaba fuera primeramente a personas de su confianza que, mezclándose con el vulgo y andando en corros y tertulias, insinuaban los propósitos reales y tomaban razón de cómo eran recibidos por la opinión común». <<

[11] J. Pemartín, Los valores históricos en la dictadura española, Madrid, Arte y Ciencia, 1928, p. 30, 31. <<

[12] Ib., p. 25. <<

[13] Ib., p. 31. <<

[14] Ib., p. 40. <<

[15] Ib., p. 43. <<

[16] Ib., p. 41. <<

[17] Ib., p. 58 y ss. <<

[*] J. L. Gómez Navarro, en El régimen de Primo de Rivera, Madrid, Cátedra, 1991, expone cómo la ideología de la dictadura no llegó a cuajar con claridad, quedándose más bien en una «mentalidad» difusa, aunque con rasgos característicos. <<

[*] La relación entre la dictadura y los socialistas viene tratada con detenimiento en J. Andrés-Gallego, El socialismo durante la dictadura 1923-1930, Madrid, Tebas, 1977. No fue el PSOE como tal quien colaboró con Primo, sino su organización de masas, formalmente independiente, la UGT, la verdadera fuerza socialista. <<

[18] Ib., p. 16, 580, 645. <<

[19] N. Alcalá-Zamora, Memorias, p. 114. <<

[*] Un libro clásico e imprescindible sobre este período es 1930. Historia política de un año decisivo, de Eduardo de Guzmán, que aquí sigo. <<

[1] Cambó, p. 415. <<

[2] E. de Guzmán, 1930. Historia política de un año decisivo, Madrid, Tebas, 1973, p. 244. <<

[3] Cambó, p. 429, 424. <<

[4] E. de Guzmán, 1930, p. 226. <<

[5] Ib., p. 191. <<

[6] A. Elorza, Un pueblo, p. 366. <<

[7] M. Maura, Así cayó Alfonso XIII, Barcelona, Ariel, 1995, p. 71. <<

[8] E. de Guzmán, 1930, p. 330. <<

[9] Ib., p. 337. <<

[10] Cambó, p. 420. <<

[11] Ib., p. 420; I. Ehrenburg, España, república de trabajadores, Madrid, Júcar, 1976, p. 143. <<

[12] E. de Guzmán, 1930, p. 365; F. Largo Caballero, Correspondencia secreta (Mis recuerdos), Madrid, Nos, 1961, p. 99-101. <<

[13] M. Maura, Así…, p. 92. <<

[14] E. de Guzmán, 1930, p. 417. <<

[15] Cambó, p. 420. <<

[16] E. Mola, O. C., Valladolid, Santarén, p. 434 y 391. <<

[17] E. de Guzmán, 1930, p. 445. <<

[18] M. Maura, Así, p. 105 y ss. <<

[19] Cambó, p. 422; E. de Guzmán, 1930, p. 532. <<

[*] La conducta de Romanones sorprende, por no decir más. Fautor de los comicios municipales para tantear la opinión pública, quiso ver en los resultados, favorables a la corona, un plebiscito contra ella. No hay indicios de connivencia entre él y Maura, que ha pintado con sarcasmo el entreguismo del conde. Quizá indique algo un curioso texto de Vidarte. Romanones habría sido iniciado con especial secreto en la masonería: «Estas iniciaciones constan en un libro especial que lleva la Gran Maestría, y sólo figuran en él los nombres simbólicos», porque «muchas veces nos interesa que no se sepa que son masones algunos políticos de nuestra confianza». El conde «siempre cumplió bien con la Orden». Como es sabido, una alta proporción de los conspiradores y dirigentes republicanos pertenecían a la masonería[20]. <<

[20] J. S. Vidarte, No queríamos, p. 227-8. <<

[1] C. Rivas Cherif, Retrato de un desconocido, Barcelona, Grijalbo, 1980, p. 186. <<

[*] Macià tenía una verbosidad insufrible para muchos, empezando por los ministros catalanistas. En cambio, Alcalá-Zamora, de verbo no menos barroco y florido, se encontraba a sus anchas con él. Cuando avisaban de una llamada telefónica de Macià, todos cedían muy gustosamente al presidente el privilegio de la interlocución, cuenta con orgullo Don Niceto[2]. <<

[2] N. Alcalá-Zamora, Memorias, p. 306. <<

[3] M. Maura, Así, p. 236 y ss. <<

[*] Algunas versiones exponen las cosas al revés. Véase, en El péndulo patriótico, la referencia a «La quema de conventos en algunas ciudades españolas y la reacción, muchas veces desmesurada, de los partidos católicos[4]». Lo desmesurado fue la oleada de incendios «en algunas ciudades», y la reacción de los partidos católicos resultó incluso demasiado moderada, según apreciaron con sorna muchos izquierdistas. Y es difícil exagerar el efecto político y psicológico de aquella barbarie en toda España, y de modo especial en las Vascongadas, tratado con esa alegría por los autores de El péndulo. <<

[*] Sobre la conducta antirreligiosa de las izquierdas y sus implicaciones sobre la democracia, M. Álvarez Tardío ha escrito un detenido estudio: Anticlericalismo y libertad de conciencia, Madrid 2002. <<

[4] S. de Pablo, L. Mies, J. A. Rodríguez Ranz, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, I, Barcelona, Crítica, 2001, p. 218. <<

[5] A. de Blas, «Nación y nacionalismo en Ortega y Gasset», en J. Beramendi y R. Máiz (comps.) Los nacionalismos en la España de la II República, Madrid, S. XXI, 1991, p. 31. <<

[6] S. de Pablo e. a., El péndulo I, p. 374. <<

[7] L. de la Granja, «El nacionalismo vasco entre la autonomía y la independencia», en Los nacionalismos en la España de la II República, p. 114. <<

[*] Los autores de El péndulo patriótico sacan del episodio la sorprendente consecuencia de que «El PNV aceptaba definitivamente y sin ambages las reglas del juego del régimen republicano[8]». Muy al contrario, permanecía intensísimamente racista, separatista, antiliberal y antiespañol. Tales rasgos constituían el eje de su propaganda y formación militante, y no lo disimulaba lo más mínimo. Estas oficiosidades hacia el PNV están harto extendidas, pese a los testimonios en contra del propio PNV. <<

[8] S. de Pablo e. a., El péndulo, p. 220. <<

[9] Ib., p. 225-7. <<

[*] Una queja típica del nacionalismo era el desnivel entre los impuestos recaudados en la región y el gasto estatal en ella, dando a entender que debían igualarse. Más del 18% de los ingresos estatales venía de Cataluña, que tenía un 11% de la población nacional. No era lógico que la misma proporción revirtiera a su origen, tanto por la necesidad de una redistribución regional, como por la de afrontar los servicios generales militares, administrativos, de infraestructura, etc. Con todo, se ha calculado que la inversión estatal en Cataluña no pasaba del 5,5% del total. En el estatuto de Nuria, la Generalidad recaudaría los impuestos directos, y el estado los indirectos, pero éste sólo concedió una parte de los primeros[10]. <<

[*] Su fraseología irritaba a Josep Pla, el mayor escritor en catalán del siglo XX, y también nacionalista en la línea de Cambó: «A Macià le llaman en Cataluña l’Avi y él está encantado. Gassol llama a todos hermanos. La terminología política de la Esquerra está llena de todos los tópicos del humanitarismo más insincero y tronado. Los políticos catalanes hacen grandes gestos, se ponen cada dos minutos la mano en el pecho, dan chillidos sentimentales y hacen unos terribles aspavientos de bondad. Todo el mundo pone los ojos en blanco, va con el corazón en la mano y canta confusas romanzas que hacen llorar. Toda la pornografía del exilio, el onanismo de los catalanes de América, los estados más abyectos de la mugre sensorial se han implantado (…). La gente se pregunta: ¿Qué es la política de la Esquerra? ¿Qué será? Es muy sencillo: serán tres años de anarquía sindical, de predominio de las ideas de la Asociación de Viajantes y el correspondiente caviar[11]». <<

[10] A. Balcells, El nacionalismo catalán, Madrid, Historia 16, 1999, p. 102. <<

[11] J. Pla De la monarquía a la república, Barcelona, Acervo, 1977, p. 102. <<

[12] M. Tuñón, La España, p. 336-7. <<

[*] En su por otra parte interesante libro sobre el nacionalismo vasco en la II República, el historiador J. P. Fusi afirma: «Las ambigüedades terminológicas del PNV no eran sino recursos verbales para encubrir o legitimar bajo un lenguaje radical una práctica flexible y posibilista. Pese a toda su retórica foralista y sus esporádicas apelaciones a la independencia, el PNV acabó por concretar sus aspiraciones en un estatuto de autonomía, y en ningún momento contempló otros cauces para satisfacerlos que la acción legal y la vía electoral y parlamentaria[14]». Opinión optimista do las haya, pero muy dudosa, cuando menos. Como veremos, el PNV tomaría parte en acciones desestabilizadoras contra la república en unión, sintomáticamente, de las izquierdas, incluidas las jacobinas y revolucionarias. <<

[13] L. de la Granja, op. cit., p. 11-2. <<

[14] J. P. Fusi, El problema vasco en la II República, Madrid, Turner, 1979, p. 114. <<

[15] S. de Pablo e. a., El péndulo, p. 112. <<

[*] En palabras del anarcosindicalista Peirats, «La Esquerra (…) fracasó también en el intento de creación de una organización obrera (…). Como la zorra a las uvas verdes, los políticos catalanes de la época motejaban de murcianos a los componentes de las masas confederales que no podían alcanzar (…). El anarquismo (…) no sería más que un producto de importación. Los nuevos políticos catalanes explotaban la xenofobia más vulgar, propagando que la CNT estaba compuesta exclusivamente de muertos de hambre procedentes de las zonas paupérrimas del sur de España[16]». <<

[16] J. Peirats, Los anarquistas en la crisis política española, Madrid, Júcar, 1976, p. 77. <<

[17] Euzkadi, 4, 7, 8, 10 y 13 de octubre de 1933. <<

[18] Ib., 14 y 25 de noviembre de 1933. <<

[*] En Los orígenes de la guerra civil española he estudiado a fondo estas actitudes, durante un tiempo sujetas a debate. Hoy difícilmente puede caber duda de que ésa fue la política hegemónica en el PSOE. <<

[1] La Humanitat, 9, 12, 17, y 19 de noviembre de 1933. Cambó, p. 458. <<

[2] La Humanitat, 24, 28 y 29 de diciembre de 1933. <<

[3] Euzkadi, 24 de octubre y 30 de noviembre de 1933. <<

[4] El socialista y La humanitat, 9 de enero de 1934. <<

[*] Que el motivo de Alcalá-Zamora no pasaba de pretexto se demostraría dos años más tarde, cuando el presidente no objetó a la reposición triunfal de los militares izquierdistas complicados en la insurrección de octubre del 34. <<

[5] Fundación Pablo Iglesias, AARD XIX, 1934, folio 118. <<

[*] He examinado en Los orígenes de la guerra civil española las exageraciones y contradicciones de esa campaña, recogida acríticamente en los estudios de Paul Preston y otros. <<

[6] A. Hurtado, Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps, Barcelona, Ariel, 1967, p. 288. <<

[7] Ib., p. 290. <<

[*] Pero véase cómo presenta el asunto el historiador nacionalista Albert Balcells: «Los terratenientes españoles no querían que la reforma agraria prosperase en Cataluña gracias a su autonomía, mientras la estaban deteniendo en el resto de España». Es una pura invención. La mal planteada reforma agraria de Azaña prosiguió bajo el gobierno centrista de Lerroux y Samper, y precisamente acelerándola en relación con la época anterior. El conflicto no tenía nada que ver con tales cosas, sino con la reacción belicosa de la Esquerra a las elecciones del 33.[8] <<

[8] A. Balcells, El nacionalismo, p. 114. <<

[9] J. Arrarás, Historia de la II República española, II, Madrid, Editora Nacional, 1968, p. 369-70. Informe del fiscal de la República, 1935, p. CIII a CVI. <<

[10] Informe del fiscal, id. <<

[11] J. Arrarás, Historia, II, p. 369-70. <<

[12] Parlament, diari de sessions, 5 de mayo de 1936. J. Dencàs, El 6 d’octubre des del Palau de Govemació, Barcelona, Mediterránea, 1935, p. 45. <<

[13] Diari de sessions, 5 de mayo de 1936; La Vanguardia, 16 de junio de 1934 <<

[14] El socialista, 3 de julio de 1934. <<

[*] Los detalles, en mi libro Los orígenes de la guerra civil española, capítulo «Rebeldía de Companys y segundo intento golpista de Azaña». <<

[15] A. Padilla, 1934: las semillas de la guerra, Barcelona, Planeta 1987, p. 146-7; N. Alcalá-Zamora, Memorias, p. 318. <<

[16] J. M. Miravitlles, Critica del 6 d’octubre, Barcelona, Hacer, 1935, p. 180; A. Hurtado, Quaranta, p. 295. <<

[17] A. Hurtado, Quaranta, p. 291. <<

[18] La Humanitat, 3 de marzo de 1934; M. Azaña, Memorias de guerra, Barcelona, Grijalbo, 1978, p. 132-3. <<

[19] J. A. Aguirre, Obras Completas, I, San Sebastián, Sendoa, 1981, p. 132-3. <<

[20] Ib., p. 514-5; ABC, 11 de agosto de 1934. <<

[21] J. Arrarás, Historia, II, p. 390. <<

[22] La Humanitat, 12 de agosto de 1934. <<

[23] J. A. Aguirre, 524-5. <<

[24] Ib., p. 531-3. <<

[25] J. Arrarás, Historia, II, p. 396. <<

[26] La Humanitat, 13 de agosto de 1934. <<

[27] Ib., 25 de agosto de 1934. <<

[28] J. Arrarás, Historia, p. 314. <<

[29] Renovación, 3 de marzo y 18 de abril de 1934. <<

[1] La Humanitat, 30 de agosto y 2 de septiembre de 1934; El Socialista, 2 de septiembre. <<

[2] El Socialista, 17 de septiembre. <<

[*] Estos episodios están relatados con detalle en Los orígenes de la guerra civil española, por lo que prescindo aquí de repetir las referencias. <<

[*] El nacionalista andaluz Blas Infante había escrito a Companys y los suyos, recluidos en la cárcel del Puerto de Santa María, una carta hablando oficiosamente en nombre de la «verdadera» Andalucía: «La llegada de ustedes a Andalucía nos tiene impresionados profundamente. Y nuestra reacción fluye, desde que vinieron ustedes, en la tristeza de una pena grande; cual es la de considerar que la verdadera Andalucía, restaurada en nuestro espíritu, quisiera alojar en sus mejores palacios a los hermanos ilustres de Cataluña; para quienes, por haber todavía Andalucía irredenta, se ha dispuesto actualmente una prisión en una de nuestras infortunadas ciudades[1]». Las demás referencias en El derrumbe de la II República y la guerra civil. <<

[*] Condena perpetua en la que nadie creía, dada la costumbre española de los indultos al poco tiempo. Pi Sunyer, exalcalde de Barcelona y uno de los procesados, señala: «En nuestra causa influyeron siempre dos corrientes contrarias: una amistosa, la otra hostil. Representantes de aquélla fueron el general Pozas, que nos tomó las primeras declaraciones; después el coronel Escalera, con el que había simpatizado (…). Afortunadamente fue prevaleciendo el primer grupo, que contaba con el apoyo de elementos políticos, entre ellos el propio Presidente de la República (…) y el mismo ministro de la Gobernación, Eloy Vaquero». La cárcel, admite Pi, «no tenía nada de dura[2]». <<

[1] www.andalucia.cc/abenhumeya/articulosl/carta%20andalucista%202.htm. <<

[2] C. Pi Sunyer, La República y la guerra. Memorias de un político catalán, México, Oasis, 1975, p. 303. <<

[3] S. de Pablo e. a., El péndulo, p. 271; Euzkadi, 12 de noviembre de 1935. <<

[4] Euzkadi, 26 y 19 de noviembre de 1935. <<

[5] Ib., 26 de noviembre. <<

[6] Ib., ib. <<

[7] Ib., Ib. <<

[8] Ib., 25 de noviembre. <<

[9] Ib., 23 de noviembre. <<

[10] Ib., 23 de noviembre. <<

[*] Los testimonios de Chapaprieta, del mismo Alcalá-Zamora, de Vidarte, etc., que he resumido en el capítulo «Azaña y Alcalá-Zamora acaban con Lerroux», de Los personajes de la República vistos por ellos mismos, muestran un panorama muy diferente del ofrecido por la historiografía izquierdista. Se trató de una intriga magistral y completamente irresponsable, en la que Azaña y Prieto supieron jugar a fondo con los miedos de la CEDA, el oportunismo de la extrema derecha y los prejuicios populares. Fue un largo paso en el camino al enfrentamiento total de la sociedad civil. <<

[11] Ib., 26 de noviembre. <<

[12] Ib., 14 y 1 de enero de 1936. <<

[13] Ib., 14 y 26 de enero de 1936. <<

[*] Las citas están resumidas de la prensa, recogidas en J. Tusell, Las elecciones del Frente Popular, y de P. Moa, El derrumbe de la II República y la guerra civil. <<

[1] J. M. Gil-Robles, No fue posible la paz, Barcelona, Planeta, 1998, p. 491-2; C. Rivas Cherif, Retrato… p. 665; M. Portela, Memorias. Dentro del drama español, Madrid, Alianza, 1998, p. 175-6. <<

[*] Las memorias de los implicados, empezando por Alcalá-Zamora y Portela, muestran la angustia de aquellas horas. En cambio, el estudioso británico Preston quiere dar la impresión de normalidad y calma del mismo Portela frente al nerviosismo injustificado de Franco o de Gil-Robles. La anormalidad de los hechos queda de relieve en numerosos testimonios, entre ellos el de Azaña. <<

[2] Arrarás, Historia, IV, p. 50. <<

[3] D. Martínez Barrio, Memorias, Barcelona, Planeta, 1983, p. 303. <<

[4] Cambó, Memorias, p. 466. <<

[5] F. Largo Caballero, Correspondencia…, p. 182-3. <<

[6] Solidaridad Obrera, 26 de marzo de 1936. <<

[7] C. Rivas Cherif, Retrato, p. 667. <<

[8] Ib., p. 668; en P. Moa El derrumbe de la II República y la guerra civil, Madrid, Encuentro, 2001, p. 270. <<

[9] J. Tusell, Historia de la democracia cristiana, Madrid, Sarpe, 1986, p. 335. <<

[10] R. de la Cierva, Ante el alzamiento. Trama civil y conspiración militar, Madrid, Fénix, 1997, p. 60 y ss. <<

[11] S. Payne, La primera democracia española, Barcelona, Paidós, 1995, p. 335; Euzkadi, 8 de abril de 1936. <<

[12] C. Rivas Cherif, Retrato, p. 665-6. <<

[13] Claridad, 2 de abril de 1936. <<

[14] D. Martínez Barrio, Memorias, p. 320. <<

[15] Euzkadi, 9 de abril de 1936. <<

[16] Ib., ib. <<

[17] Ib., 30 de mayo. <<

[*] Obviamente corrigió después, afirmando haber dicho «un capitalismo ególatra y fraudulento». Antes se había dirigido a la hija de Macià «en limpio y castizo euzkera» con «unas palabras salidas del corazón, dichas en el idioma de nuestra raza. Id, señorita Macià, a la tumba de vuestro padre y, en nombre de Euzkadi, decidle que le queríamos en vida y que nuestro corazón por entero, el de todos los vascos, lo vais a depositar allí». Aguirre siempre encontró muy fácil hablar en nombre de «todos los vascos». <<

[18] Ib., 14 de abril. <<

[19] Ib., 9 de junio. <<

[20] Ib., 25 de junio. <<

[21] Ib., 11 de abril. <<

[22] Ib., 25 de abril, 1 de junio. <<

[23] Ib., 27 de junio. <<

[24] La Humanitat, 25 y 28 de abril de 1936. <<

[25] Euzkadi, 13 de junio; Cambó, p. 466. <<

[26] La Humanität, 25 de mayo, 1 y 2 de abril; Azaña, Memorias de guerra, p. 132. <<

[27] La Humanitat, 9 y 8 de abril. <<

[28] Ib., 13 y 15 de abril. <<

[29] Ib., 29 de abril; C. Pi Sunyer, La República…, p. 371. <<

[30] La Humanitat, 6 de mayo. <<

[31] Ib., 30 de mayo. <<

[32] Ib., 17 de junio. <<

[*] Fuertes indicios apuntan a Prieto detrás del asesinato. Condés, jefe de la expedición, era prietista, y el asesino material, Cuenca, pertenecía a «La motorizada», el grupo de protección de Prieto, y quizá su guardaespaldas de más confianza. Apenas recomenzada la guerra, el sumario por el crimen fue robado a viva fuerza en los juzgados, también por milicianos prietistas. <<

[*] En un apéndice de Los personajes de la República vistos por ellos mismos, reproducido en Los crímenes de la guerra civil, he examinado la distorsión impuesta al análisis y a los datos por Preston en su libro La destrucción de la democracia en España, para presentar una CEDA muy ajena a la real, deformada para encajarla en los esquemas izquierdistas tradicionales. <<

[1] J. Álvarez Junco, Mater Doloroso, p. 362 y ss. <<

[*] Objeta Álvarez que la España visigoda incluía a Portugal, pero, insisto, constituye la excepción, y todavía Camoens decía que «todos somos españoles». <<

[*] El mismo error llevó a los comunistas a aplicar las experiencias de los imperios austrohúngaro, ruso y turco a España, siguiendo la doctrina al efecto de Lenin y de Stalin. La situación e historia de los serbios, los checos, los pueblos caucasianos o bálticos, etc., tienen muy pocos rasgos en común con la de los catalanes, los vascos, los gallegos, los canarios o los andaluces. <<

[2] J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, Archivo Gomá, Documentos de la guerra civil I, Madrid, CSIC 2001, p. 247. <<

[1] J. García Oliver, El eco de los pasos, París, Ruedo Ibérico, 1978, p. 176-7; D. Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra, Barcelona, Plaza y Janes, 1977, p. 88. <<

[2] F. Montseny, Mi experiencia en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Valencia, 1937, p. 6-7; D. Abad, Por qué, p. 88. <<

[3] García Oliver, El eco, p. 180. <<

[4] S. de Pablo e. a., El péndulo, II, p. 9 y ss. <<

[5] J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, Archivo Gomá I, p. 72-3. <<

[6] R. Salas Larrazábal, El Ejército Popular de la República, I, p. 330. <<

[7] La Humanitat, 6, 12 y 22 de agosto de 1936. <<

[8] Ib., 20 de agosto y 4 de septiembre. <<

[9] Ib., 20 de agosto. <<

[10] Ib., 4 de agosto. <<

[11] R. Salas, El Ejército…, p. 333 y ss; La Humanitat, 4 de agosto. <<

[12] R. Salas, ib., p. 337. <<

[13] V. Castells, Nacionalisme català y guerra civil a Catalunya, Barcelona, R. Dalmau, p. 80-1 y 86. <<

[14] Ib., p. 81, 86. <<

[*] En 1935, Batista y Aguirre habían procurado, en Londres y en Ginebra, difundir internacionalmente la idea de la secesión de ambas regiones, que esperaban hacer factible ofreciéndose a Inglaterra ante una eventual guerra europea. Se hablaba de una continuidad vasco-catalana del Atlántico al Mediterráneo, incluyendo Navarra y Aragón. Batista también estimulaba el separatismo gallego. Había fundado la organización deportiva PALESTRA, concebida, al estilo de los mendigoxales del PNV, como germen de un ejército separatista. Irujo, que lo creía algo botarate, lo caracterizó así: «Para él, Cataluña era su novia, su mujer, su hija, su madre y su vida. Mirando a Cataluña no existían para él problemas de primero o segundo orden. Todos eran principales. Esenciales. Trascendentes». En torno a los movimientos separatistas del PNV, la Esquerra y otros ante Londres y París, y también ante las potencias fascistas, mal conocidos e incluso negados hasta no hace mucho, han aparecido varios artículos y estudios de X. M. Núñez Sebeas, J. Avilés, E. Moradiellos y otros en diversas revistas, especialmente en L’Avenç. Aquí sigo de preferencia el libro Nacionalisme català i guerra civil, de V. Castells, una investigación interesante, aunque envuelta en una patriotería algo pueril; y, en lo referente al nacionalismo vasco, en El péndulo patriótico. <<

[15] www.llibertat.com/escamotbaixgaia/mapa.htm. <<

[16] Ib., p. 76-7. <<

[17] Ib., p. 89 y ss. <<

[18] Ib., p. 103, 99. <<

[*] Suecia había intentado impedir militarmente la secesión, pero había sido disuadida por la amenaza británica de intervenir. Noruega había sido provincia danesa hasta 1814, cuando Londres obligó a Copenhague a cederla a Suecia. Había estado unida a esta última, por lo tanto, sólo 90 años. <<

[19] Ib., p. 109. <<

[20] Azaña, Memorias de Guerra, p. 145-6. <<

[21] J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, Archivo, p. 249. <<

[22] J. Andrés-Gallego… Archivo, p. 248. <<

[23] Ib., p. 284. <<

[24] Ib., p. 249. <<

[*] Cuando Francia fue ocupada por los nazis, en 1940, los nacionalistas vascos se beneficiaron de un trato de favor, producto acaso de esos tratos aún mal estudiados. <<

[25] V. Castells, Nacionalisme, p. 101. <<

[26] J. Salas, Guerra aérea, 1936/39 II, Madrid, 1998, p. 30-31. <<

[27] Ib., p. 30 y ss.; Archivo Guerra Civil (AGC), Salamanca, AGC, Bilbao, 245/18. <<

[28] P. Moa, El derrumbe…, p. 419. <<

[29] Fundación Pablo Iglesias (FPI), AFLC XXTV, p. 722; AFLC XXIII, p. 708 y ss, 722-8. <<

[30] J. Andrés…, Archivo, p. 20, 129 y ss. <<

[31] S. de Pablo e. a., El péndulo II, p. 23. <<

[32] Azaña, Memorias de guerra, p. 290-1. <<

[33] Ib., p. 291. <<

[34] FPI, AFLCXXIV, p. 931, 924-38. <<

[35] Ib., p. 935. <<

[36] A. Balcells, Cataluña contemporánea, II, Madrid, Siglo XXI, 1974, p. 47. <<

[37] G. Orwell, Homenaje a Cataluña, Barcelona, Virus, 2001, p. 114-5. <<

[38] AGC ps. Barcelona, 11/1, 335/1. <<

[39] En B. Bolloten, La guerra civil española. Revolución y contrarrevolución, Madrid, Alianza, 1997, p. 656. <<

[1] J. Andrés…, Archivo Gomá 2, p. 43 y ss. <<

[2] FPI, AFLC XXV, p. 1149-50. <<

[3] Ib., p. 1173. <<

[4] Ib., XXIV, p. 734. <<

[*] Ver, en especial, el minucioso estudio de J. Salas Guernica. De gran interés asimismo los de C. Vidal La destrucción de Guernica, y de V. Talón Arde Guernica. <<

[*] Pero los vascos llevaban mucho tiempo esclavizados por España, de creer la tenaz propaganda peneuvista. El artículo afirmaba otras cosas extrañas: «El enemigo mató el cuerpo de Sabino; pero no pudo consumar su obra de exterminio porque Dios quiso que el espíritu del Maestro iluminase las almas y encendiese los corazones de sus innumerables discípulos. El enemigo hizo gala y ostentación de refinada maldad para arrancar de raíz los brotes de una semilla santa». Arana había fallecido de muerte natural, y las leyes liberales españolas habían permitido a sus seguidores sembrar con casi entera libertad el odio, explícitamente predicado por él como medio de salvar a «Euzkadi». <<

[5] J. Salas, Guerra aérea, II, p. 149. <<

[6] Euzkadi, 16 de junio de 1937. <<

[*] En algunos pueblos los habitantes fueron obligados por las tropas a marcharse ante el avance enemigo. <<

[7] J. Salas, Guerra, II, p. 188. <<

[8] En A. Bru, J. Pedrosa y T. Prada, «La formación del Gobierno y del Euzko Gudaroestea», http://es.geocities.eom/gce_euzkadi/paginas/3.html. <<

[9] Azaña, Memorias de guerra, p. 61. <<

[10] Ib., p. 154. <<

[11] AGC Bilbao 259/7. <<

[12] J. Salas, Guerra, II, p. 222; A. Onaindía, El pacto de Santoña. Antecedentes y desenlace, Bilbao, Laiz, 1983, p. 73 y 87. <<

[13] A. Onaindía, El pacto, p. 92 y ss.; Azaña, Memorias de guerra, p. 156. <<

[*] Dice Aguirre en sus memorias: «Me constaba por informaciones de nuestros servicios que el próximo ataque sería dirigido, no contra el frente defendido por los vascos, sino por la espalda [para] copar al ejército vasco». Sus «servicios» no eran otros que los acuerdos del PNV con los fascistas para operar de esa forma[14]. <<

[14] J. Salas, Guerra, II, p. 223. <<

[15] V. Talón, Memoria de la guerra de Euzkadi, 1, revista Defensa, extras, Madrid, 1978, p. 11-13. <<

[16] J. A. Aguirre, De Guernica a Nueva York, pasando por Berlín, Buenos Aires, Ekin, 1943, p. 58. <<

[17] Ib., p. 32, 55 y ss.; Azaña, Memorias de guerra, p. 156-7. <<

[18] J. A. Aguirre, ib., p. 59 y ss. <<

[19] Azaña, op. cit., p. 62. <<

[20] J. Salas, Guerra, II, p. 252. <<

[21] A. Onaindía, El pacto, p. 23-25. <<

[*] En sus memorias, Aguirre cuenta que el conde italiano Cavaletti le había ofrecido a través de un contacto peneuvista la rendición separada, a lo que él habría replicado con estilo reciamente viril: «Conteste usted a ese señor que los vascos no admitimos ninguna proposición donde se mencione la palabra rendición». El italiano proponía ir a buscarlo en un avión italiano, pero Aguirre, «No, por favor —le interrumpí— ya tenemos bastante con los aparatos italianos que nos bombardean todos los días. Si ese señor lo cree necesario, que venga, pero con usted y en nuestro avión». El lendakari se siente en la obligación de explicar: «Tal vez extrañe a algunos esta complacencia mía con el enviado de un Jefe de Estado que nos atacaba sin que nosotros le hubiésemos hecho nada. Pero siempre ha sido norma mía no rechazar una plática cuando en ella podía oír algo interesante». Parece que la plática de los italianos le resultó tan interesante que olvidó lo de no aceptar la rendición[24]. <<

[22] Ib., p. 25. <<

[23] R. Salas, Pérdidas de la guerra, Barcelona, Planeta, 1977, p. 309-10 y 399-402. <<

[24] J. A. Aguirre, op. cit., p. 32-3. <<

[25] Ib., p. 277. <<

[26] Azaña, Memorias de guerra, p. 82 y 144. <<

[27] En Bolloten, La guerra civil, p. 692, 767. <<

[28] García Oliver, El eco, p. 428. <<

[*] Spain betrayed, de R. Radosh, M. R. Habeck y G. Sevostianov, serie de documentos secretos soviéticos sobre la guerra de España. La tesis de que el Frente Popular fue traicionado por Stalin no queda clara. <<

[29] Azaña, Memorias de guerra, p. 182. <<

[30] La Humanitat, 4 de julio de 1937. <<

[31] Ib., 23 de julio. <<

[32] Azaña, Memorias de guerra, p. 176. <<

[33] Ib., p. 59. <<

[34] Ib., p. 183. <<

[35] Ib., p. 183-4. <<

[36] Ib., p. 176. <<

[37] Ib., p. 178. <<

[38] Ib., p. 213. <<

[39] Ib., p. 215, 218. <<

[40] Ib., p. 248. <<

[1] J. Salas Guerra, II, p. 271. <<

[2] Azaña, Memorias de guerra, p. 249. <<

[3] Ib., p. 257 y ss. <<

[4] Ib., p. 273. <<

[5] C. Pi Sunyer, La República, p. 459; Azaña, ob. cit., p. 284 y ss. <<

[6] Azaña, cit., p. 308. <<

[7] Ib., p. 316. <<

[8] Ib., p. 325, 320. <<

[9] Ib., p. 333, 340. <<

[10] Ib., p. 281. <<

[11] FPI AFLC XXIII, p. 602 y 694. <<

[12] J. del Burgo, Conspiración y guerra civil, Madrid, Alfaguara, 1970, p. 912; J. A. Careaga, El reto separatista, Bilbao, Unidad vizcaína, 1993, p. 69. <<

[13] En S. de Pablo e. a., El péndulo, p. 60. <<

[14] Ib., p. 60. <<

[15] V. Castells, Nacionalisme, p. 218, 203; J. Miravitlles, Gent que he conegut, Barcelona, Destino, 1980, p. 108 y ss. <<

[16] S. de Pablo e. a., El péndulo, p. 48, 50. <<

[17] Ib., p. 56. <<

[18] 1b., p. 55. <<

[19] Ib., p. 55, 57. <<

[20] Ib., p. 62. <<

[21] Ib., p. 67. <<

[22] Ib., p. 67; V. Castells, Nacionalisme, p. 223. <<

[23] R. Radosh, M. R. Habeck y G. Sevostianov, Spain betrayed, New Haven, Yale U. P., 2001, p. 162. <<

[*] Bayo publicó lo anterior en Méjico, en 1944, y Prieto no lo desmintió. Para confirmarlo, el historiador B. Bolloten escribió a uno de los oficiales ingleses implicados, pero éste lo remitió al Foreign Office. El testimonio de Bayo suena a cierto, por coincidir con otros y porque habría bastado al oficial inglés con negarlo. A despecho de la aureola de político hábil, patriota y realista con que lo han revestido sus admiradores, Prieto mostró con frecuencia una grave irresponsabilidad, por así llamarla. <<

[24] J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, México, FCE, 1973, p. 820-2; B. Bolloten, La guerra, p. 881 y ss. <<

[25] V. Castells, Nacionalisme, p. 227. <<

[*] Por lo común, los bombardeos italianos y alemanes eran ordenados por el mando español, pero ni en esta ocasión ni en la de Guernica fue así, y ambas darían lugar a instrucciones especiales de Franco para impedir los bombardeos sobre la población civil[26]. <<

[26] P. Preston, Franco, Caudillo de España, Barcelona, Grijalbo, 1998, p 379-80; J. Salas Guernica, Madrid, Rialp, 1987, p. 324-5. <<

[27] V. Castells, Nacionalisme, p. 220-9. <<

[28] Ib., p. 231. <<

[*] Carrasco, en la línea del desastre del 98, tenía la secesión catalana por la salida más «sensata». Sus demandas casi habían frustrado en 1930 el Pacto de San Sebastián. En 1936 apoyó a las izquierdas, pero la FAI lo persiguió, y él huyó a Vasconia, adonde volvería en 1937 como representante de la Generalidad. Fue capturado entonces por los nacionales en el barco Galdames, y procesado por traición. <<

[29] R. Salas, Los datos exactos de la guerra civil, Madrid, Dracena, 1980, p. 137, 150-1; Azaña, Memorias de guerra, p. 387. <<

[30] V. Castells, Nacionalisme, p. 245, 247. <<

[31] Ib., p. 248-9, 255. <<

[32] Ib., p. 259. <<

[33] Ib., p. 251-2, 254, 258. <<

[34] D. Martínez Barrio, Memorias, p. 384. <<

[35] S. de Pablo e. a., El péndulo, p. 68-9. <<

[*] El péndulo patriótico explica: «El PNV actuaba cada vez más al margen de la República. Sin embargo, esto no significa —como se ha solido afirmar— que el PNV optara ahora por la independencia. Simplemente quería tocar todas las teclas posibles para sacar partido del final de la guerra[39]». Aduce que los sabinianos mencionaban una posible monarquía federal con un rey no Borbón. Análisis agudo do los hagan. El PNV optaba siempre por la secesión, y, en efecto, tocaba todas las teclas. Desde la misma concesión de la autonomía había actuado esencialmente al margen de la «república» y del estatuto. <<

[36] V. Castells, Nacionalisme, p. 267. <<

[37] Ib., p. 260. <<

[38] Ib., p. 231-2; V. S. de Pablo e. a., El péndulo II, p. 66 y ss. <<

[39] V. Castells, Nacionalisme, p. 275. <<

[40] S. de Pablo e. a., El péndulo, p. 70. <<

[41] Ib., p. 70. <<

[42] V. Castells, Nacionalisme, p 273. <<

[43] Ib., p. 271 y ss.; S. de Pablo e. a., El péndulo, p. 68 y ss. <<

[44] VV. AA., La batalla de l’Ebre. Historia, paisatge, patrimoni, Barcelona 1999, contra portada. <<

[45] L. Tagüeña, Testimonio de dos guerras, México, Oasis, 1973, p. 283-4; V. Rojo, ¡Alerta a los pueblos!, Barcelona, Ariel, 1974, p. 141-2; R. de la Cierva, Historia esencial de la guerra civil, Madrid, Fénix, 1996, p. 758. <<

[46] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles II, París, Librería española, 1968, p. 220; J. Rubio, La emigración de la Guerra Civil de 1936-1939, Madrid, San Martín, 1977, p. 123. <<

[47] Azaña, Memorias de guerra, p. 444. <<

[48] J. Zugazagoitia, Guerra, p. 231. <<

[*] En este estudio son marginales, obviamente, las causas de la victoria nacional, la intervención extranjera y otras cuestiones importantes de la guerra civil. <<

[1] Epistolario Prieto-Negrín, Barcelona, Fundación I. Prieto-Planeta, 1990. <<

[*] He tratado en Los mitos de la guerra civil este expolio, realmente gigantesco, y presentado a menudo como una labor de salvamento de obras culturales. Sobre él no existe todavía una monografía a fondo, si bien se encuentran innumerables datos en publicaciones y estudios parciales, desde los inventarios realizados después de la guerra hasta informes internos del PCE, las memorias de numerosos personajes de la izquierda, o polémicas tan ilustrativas como la aquí comentada. Quizá el mejor estudio sea el de Javier Rubio en su estudio sobre el exilio. <<

[2] C. Mera, Memorias, París, Ruedo Ibérico, 1976, p. 237; F. Montseny, Mis primeros cuarenta años, Barcelona, Plaza y Janes, 1990, p. 149 y ss. <<

[3] S. de Pablo e. a., El péndulo 11, p. 73. <<

[4] García Oliver, El eco, p. 517. <<

[*] Sobre las actividades económicas ilegales de la Esquerra hay poca documentación. Véase la aportada por el historiador Francisco Olaya en El expolio de la República, que indica salidas de oro, dinero y bienes varios[8]. <<

[5] Ib., p. 518. <<

[6] Azaña, Memorias de guerra, p. 405. <<

[7] García Oliver, El eco, p. 517; C. Mera, Memorias, p. 236. <<

[8] F. Olaya, El expolio de la república, Barcelona, Belacqua, 3004, p. 22 y 237. <<

[9] S. de Pablo e. a., El péndulo II, p. 80 y ss. <<

[10] Ib., p. 73-4. <<

[11] Ib., p. 82-3. <<

[*] Después de la guerra mundial, el FBI cerró esta insatisfactoria colaboración, aunque la CIA mantuvo al peneuvista Galíndez como espía. Galíndez, que terminaría «desapareciendo», probablemente a manos de agentes del dictador dominicano Trujillo, con quien había colaborado, sirvió de cauce, probablemente, para la financiación del PNV por los servicios secretos useños después del reconocimiento de Franco por el gobierno de Washington, pues los movimientos bancarios a favor del agente peneuvista entre 1949 y 1956 sobrepasaron el millón de dólares, suma entonces muy elevada[14]. <<

[12] Ib., p. 132. <<

[13] A. Balcells, El nacionalismo, p. 133; S. de Madariaga, Memorias de un federalista, Buenos Aires, Sudamericana, 1967, p. 79. <<

[14] S. de Pablo e. a., El péndulo II, p. 132. <<

[15] En I. Anasagasti, Dos familias vascas: Areilza y Aznar, Madrid, Foca, 2003, p. 145-6. <<

[*] Por supuesto, pertenecen al mundo de la propaganda cifras como las de 200 000 o 100 000 víctimas de la represión, que siguen manejando historiadores poco serios. Ramón Salas Larrazábal y Ángel D. Martín Rubio han criticado rigurosamente las cifras servidas, todavía hoy, por una pasión política cuyas argucias he examinado en Los crímenes de la guerra civil y otras polémicas. <<

[*] Entre las víctimas del otro bando, también a poco de recomenzada la guerra, estuvo el nacionalista andaluz Blas Infante, hecho cruel, pues la víctima no pasaba de ser un botarate más bien inofensivo. El padre del nacionalismo gallego, Vicente Risco, tomó partido por Franco. <<

[16] P. Moa, El derrumbe de la República, p. 51 y ss. <<

[17] L. Suárez, España, Franco y la II Guerra mundial, Madrid, Actas, 1997, p. 48-9. <<

[18] C. Mera, Memorias, p. 266. <<

[*] La historia del franquismo sigue siendo una asignatura pendiente de la historiografía española. Probablemente lo mejor que se ha escrito sobre él hasta ahora sea el libro de S. Payne, autor también de la mejor historia de la república, La primera democracia española, junto con las de Arrarás y J. Pla. <<

[*] Proliferan actualmente los estudios sobre el primer franquismo, centrados en la represión. Por desgracia, en su mayoría apenas superan el nivel de la propaganda, con valor historiográfico muy escaso. <<

[19] J. J. Esparza, «Franco, una interpretación metapolítica», Razón Española, n.o 95. <<

[*] Ucelay, en la línea reivindicativa del nacionalismo catalán, cree que la historiografía española peca de centralismo y da poca relevancia a los políticos e intelectuales catalanes. Quizá haya algo de eso, aunque el vicio contrario, la exageración de la influencia catalana a diestro y siniestro, está aún más acentuado entre los nacionalistas, convencidos de una tradicional y un tanto ilusoria superioridad cultural sobre una «Castilla» casi incapaz de pensar o de hacer política. Atribuyen a «Castilla» o «España» un carácter semiafricano, opuesto al abierto y europeo espíritu catalán… del cual, en todo caso, los nacionalistas han sido un modelo muy dudoso. Remitiéndonos a este caso, la figura de Cambó ha sido muy considerada, incluso magnificada por Pabón y otros, y sin duda pudo haber sido uno de los estadistas españoles más descollantes del siglo XX si no hubiera fallado, por una u otra causa, en dos ocasiones decisivas. La influencia de D’Ors ha sido evidente en la Falange y no sólo en la Falange, pero creo que Ortega tuvo mucho más peso real, sin entrar en la calidad de sus respectivas contribuciones intelectuales. <<

[20] E. Ucelay, El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003, p. 41, 875, 871. <<

[*] Recuérdese que la mayoría de los nombres llamados vascos carecen de tradición vasca. Reflejan sólo un intento diferenciador muy tardío. Sobre la prohibición de hablar vascuence o catalán, incluso con amenaza de pena de muerte, los nacionalistas han hecho mucha propaganda, sobre todo en el extranjero, pero, aparte de alguna multa ocasional en los primeros años 40, no hubo nada de ello. La gente de habla catalana, vasca o gallega siguió empleando habitualmente su lengua. El verdadero daño a esos idiomas radicó en su exclusión de la vida oficial y académica. Un libro de denuncia muy publicitado en Cataluña es el de Josep Benet Catalunya sota el règim franquista, Barcelona, Blume, 1978. Para contrastarlo, puede verse VVAA Cataluña con Franco, Barcelona, Mare Nostrum, 1984, con numerosos datos que, por lo común, prefieren omitir los nacionalistas. <<

[21] J. Laínz, Adiós España, p. 294. <<

[*] La leyenda nacionalista presenta unas ikastolas casi clandestinas en dura resistencia al «enemigo». <<

[*] La cifra la llegó a elevar a 3000 el peneuvista Pedro Basaldúa en un libro publicado en 1956, en Buenos Aires, y con el curioso título En defensa de la verdad. Los vascos en la guerra civil española. ¿Quién destruyó Guernica? La cifra real de muertos, como se recordará, ascendió a un máximo de 126. <<

[22] S. de Pablo e. a., El péndulo II, p. 129-30. <<

[*] La idea estaba bastante extendida en medios exiliados. Alcalá-Zamora recuerda: «Era lamentable la impresión que daban casi todos los emigrantes, con muy pocas excepciones, de haber olvidado ante la guerra mundial el interés patrio, plegándose con ceguera al extranjero que creían les serviría mejor para prevalecer de nuevo. En este camino llegaban muchos a desear el monstruoso horror de un resurgimiento de la guerra civil complicada con la externa; bastantes se mostraban dispuestos a servirla y era inútil cuanto yo les dijera sobre el loco crimen que eso suponía[23]». <<

[*] Franco había rechazado la pretensión de Don Juan, en plena guerra, de combatir en su ejército: «Si alguna vez en la cumbre del Estado vuelve a haber un Rey, tendría que venir con el carácter de pacificador y no debe contarse en el número de los vencedores[25]». <<

[23] N. Alcalá-Zamora, Memorias, p. 493. <<

[24] S. Hoare, Embajador ante Franco en misión especial, Madrid, Sedmay, 1977, p. 343, 218. <<

[*] La mayoría de las historias recientes hacen de los maquis luchadores «por la libertad», y apenas aluden a la negativa de los demás exiliados a participar en la lucha, organizada exclusivamente por los demócratas comunistas. Claro que en las partidas guerrilleras entraron miembros de otros partidos, o simples huidos sin partido. Tampoco suelen señalar dichas historias el carácter del maquis como intento de reanudar la guerra civil. Obviamente, se trata de estudios demasiado impregnados de propaganda. <<

[25] P. Preston, Franco, p. 266. <<

[26] F. Aguado, El maquis en sus documentos, Madrid, San Martín, 1976, p. 27. <<

[27] J. Laínz, Adiós, p. 264. <<

[1] L. Linde, «Pla, Cataluña y España», Revista de libros, n.o 79-80. <<

[2] www.geocities.com/eltalp/actituds3/htm; www.geocities.com/Athens/Acropolis/7864/qad-fac.html; www.convergencia.org/expo/plafous/txtpaisla.html. <<

[*] José Andrés-Gallego ha tratado ampliamente estas cuestiones en la obra mencionada ¿Fascismo o Estado católico? De la persistente sensibilidad sobre estas cuestiones da idea lo sucedido con este libro, un clarificador estudio sobre las tensiones entre las inclinaciones falangistas filonazis y las católicas en los primeros años del régimen. Presentado al premio Espejo de España, de la editorial Planeta, en 1990, su superioridad académica parecía asegurarle el galardón, pero la editorial lo impuso a otro estudio, por razones políticas, al creer que el de Andrés-Gallego perjudicaba a intelectuales falangistas luego evolucionados hacia la izquierda. Y, aplicando una censura particular, rehusó publicar el libro, que había quedado segundo de todas formas. Pese a su importancia para entender la historia de España en el siglo XX, la evolución de la Iglesia sigue siendo un territorio mal conocido, al menos por los no especialistas. Sobre él dominan todavía los tópicos izquierdistas, alentados también por un sector de la propia Iglesia. El mencionado Andrés-Gallego ha escrito La Iglesia en la España contemporánea, cuyo segundo tomo sigo aquí, en parte. J. M. Loboa ha coordinado diversos estudios en El postconcilio en España, en torno a las consecuencias del Concilio Vaticano II. De interés en relación con los aspectos sindicales, El Catolicismo social y político en la España contemporánea (1870-2000), de J. M. Cuenca Toribio, aunque la época última la trata poco. <<

[*] Cita Linde de Pla: «Viniendo de Cataluña, sobre todo, ocurre que uno se nutre, por lo que hace referencia a España, de una literatura extremista, carente de toda finura incisiva, extremadamente pueril». Pero mantenía sus prejuicios hacia Castilla, como indica Francisco de Cossío: «Pla es un catalán muy catalán, con todas las supersticiones catalanas metidas hasta los huesos. Ello quiere decir que siente un desdén olímpico hacia Castilla, sin que nunca se haya detenido a reflexionar sobre lo que el concepto “Castilla” significa. El profundo humorismo de Pla ha llegado a mitigar todas las supersticiones sobre España y los españoles, menos ésta. Hablando, pues, de Cataluña y de Castilla, no se diferencia gran cosa de cualquier fabricante de Tarrasa[1]». <<

[3] Fundación Francisco Franco, Comisión de Estudios del Interior, 17 823. <<

[*] Con mayor o menor legitimidad, los progresistas harían de Juan XXIII un estandarte de sus tesis. Le aplicaron el revelador apodo de «El papa bueno», muy difundido popularmente y que, por implicación, descalificaba a otros, en especial a Pío XII. Una crónica muy bien informada del concilio en El Rin desemboca en el Tíber, de R. M. Wiltgen. <<

[4] R. M. Wiltgen, El Rin desemboca en el Tiber. Historia del Concilio Vaticano II, Madrid, Criterio, 1999, p. 312-3. <<

[5] Ib., p. 315. <<

[*] Desde principios de los 60 el comunismo internacional, hasta entonces monolítico, sufrió una escisión entre los partidos liderados por Moscú y los maoístas, influidos por Pekín (Beijing). Parte de la disputa giraba en torno a la estrategia para aplastar al enemigo capitalista, objetivo común. Este hecho influyó también entre los partidarios del «diálogo». <<

[6] Ib., p. 318. <<

[*] De acuerdo con las nuevas normas conciliares, el concordato de 1953 debía ser denunciado, así como la confesionalidad del estado. El Vaticano quería una plena independencia de la Iglesia y la retirada del privilegio de presentación de obispos otorgado al Caudillo. Ante las peticiones de Pablo VI, Franco alegó que los cambios deberían solemnizarse oficialmente mediante acuerdos que incluyesen la renuncia de la Iglesia, a su vez, a otros privilegios. <<

[7] Según F. S. Saunders, La CIA y la guerra fría cultural, Barcelona, Debate, 2001, Madariaga y otros estarían en relación con la CIA. <<

[*] En enero y febrero morían en el exilio, habiendo perdido también toda su antigua influencia en el interior, Martínez Barrio e Indalecio Prieto. <<

[*] El sindicato del régimen era único y obligatorio, e integraba «verticalmente» tanto a empresarios como a asalariados. Debía asegurar la negociación más o menos armónica entre ambas partes. Se le ha acusado de servir sistemáticamente a los patronos, pero eso dista mucho de la verdad. <<

[*] Sobre el año de la recuperación, en España como en los países europeos, discrepan los estudiosos. Algunas investigaciones recientes retrotraen la recuperación de la renta de 1935 a los primeros años 40[8]. Una extraña interpretación presenta el desarrollo español de los años 60 como un mero efecto pasivo de la prosperidad europea. Nada más lejos de la realidad. Los países del este europeo no participaron de esa prosperidad debido a su régimen político, incompatible con ella, y también creían muchos al régimen de Franco incompatible con el progreso económico. Pero España no se limitó a recibir las sobras del crecimiento europeo, pues creció con más rapidez que cualquier otro país del continente, y muchos especialistas pronosticaban que para los años 80 superaría la renta per cápita de Italia o de Gran Bretaña. <<

[8] G. Fernández de la Mora y Várela, «Revisión de la economía española en los años 40», Razón española, n.o 111, enero-febrero de 2002. <<

[9] En J. J. del Águila, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001. <<

[*] En 1968 el más conocido exponente de la nova cançó, Raimon, dio en la universidad de Madrid el más célebre y subversivo de los recitales de aquella época. El gobierno autorizó el acto, y a pesar de su tono intensamente comunista, la policía no hizo acto de presencia en él. <<

[*] Las denuncias tenían su parte de verdad, porque en las comisarías solía haber malos tratos, en forma de bofetadas y a veces palizas. Pero la tortura propiamente dicha era infrecuente. <<

[*] He aquí una anécdota particular, pero significativa. Un tío mío, en Vigo, carpintero y comunista, había vivido años en Barcelona. Según decía, con no muy buena memoria, en Cataluña no querían a Franco y si éste fuera allí, seguro que lo mataban. Cuando el Caudillo visitó la región en 1962, la acogida fue tal que mi tío, furioso y decepcionado, exclamó: «¡Joder, si le llegan a aplaudir un poco más, se queda ya allí para toda la vida!». <<

[10] V. Enrique y Tarancón, Confesiones, Madrid, PPC, 1996, p. 252-3. <<

[11] Ib., p. 259-60. <<

[*] Euzkadi había pasado a Euskadi, paliando en parte el dislate lingüístico de Arana. Persistía, con todo, el denigrante sufijo -di, que hacía vegetales a los vascos. <<

[1] J. M. Garmendia, Historia de ETA I, San Sebastián, Aramburu, 1983, p. 98, 50 y ss. <<

[*] La mayoría de las citas que siguen proceden del órgano de ETA Zutik («En pie») y los Cuadernos de ETA, dedicados a la formación de militantes, y están tomadas de Historia de ETA, de José Mari Garmendia, muy favorable al grupo. Entre la bibliografía sobre la ETA, hoy día muy abundante y a menudo valiosa, he preferido esta obra, por su aportación documental, que permite percibir con claridad el espíritu y la evolución etarra. <<

[2] Ib., p. 50 y 62. <<

[3] Ib., p. 58, 60. <<

[4] Ib., p. 72. <<

[5] Ib., p. 76-78. <<

[6] Ib., p. 84, 86-7. <<

[*] Un célebre mando de la policía, acusado de torturas por los comunistas y otros. <<

[7] Ib., p. 88-90. <<

[8] Ib., p. 93-4. <<

[*] Cuba se convirtió en un auténtico mito no sólo para la ETA, sino también para toda la oposición antifranquista y hasta, por motivos distintos, para amplios sectores del régimen, que miraban con simpatía las soflamas de Fidel contra Usa. Franco ayudó mucho a la economía cubana, exportándole en buenas condiciones toda una flota de pesca, camiones, autobuses, etc. Esa ayuda, sin embargo, se echaba a perder en gran medida por la planificación marxista, inevitablemente ineficiente y derrochadora. Cuba se convirtió en un satélite de la URSS, de cuya ayuda llegó a depender hasta convertirse en un negocio económicamente ruinoso para Moscú, aunque muy rentable en el orden político y propagandístico. <<

[*] He tenido ocasión de reflexionar sobre ese problema, porque es también una experiencia de mi juventud comunista. Aun entonces yo (como cualquiera que no fuese muy cerrado de mollera) percibía nuestra constante mentira. Cambié de enfoque al descubrir en la mentira no un mal medio para un buen fin, sino el reflejo de la maldad de ese fin. <<

[9] Ib., p. 95. <<

[10] Ib., p. 161. <<

[11] Ib., p. 214. <<

[*] En 1979 publicaría Nueva Vasconia, insistiendo en el etnicismo, pero aparcando el marxismo. <<

[12] F. Krutwig («Sarrailh de Ihartza»), Vasconia, Buenos Aires, Norbait, 1962, p. 321-2, 338. <<

[13] En J. Juaristi, El bucle melancólico, p. 296. <<

[14] J. M. Garmendia, Historia, p. 107. <<

[15] Ib., p. 101. <<

[16] Ib., p. 103. <<

[17] Ib., p. 168. <<

[18] Ib., p. 169. <<

[19] Ib., p. 176-7. <<

[20] Ib., p. 183. <<

[*] El clima de seguridad de la época se manifiesta en el hecho, entre otros, de que los bancos trasladaban gruesas sumas de dinero en carteras portadas por empleados o incluso botones, desarmados y sin protección alguna. En De un tiempo y de un país he relatado aventuras parecidas del grupo maoísta al que yo pertenecía y que terminaría organizando el Grapo. <<

[21] Ib., p. 216. <<

[22] Ib., p. 206. <<

[*] Artículo del político socialista catalán Ernest Lluch en El correo español-el pueblo vasco, de Bilbao (19-IX-2000). Lluch mostraba comprensión hacia la ETA, propiciando la negociación con ella, pese a lo cual sería asesinado a su vez por la organización terrorista dos meses después de escrito el artículo. <<

[*] «El relato de Sarasqueta no hace concesiones a la hagiografía. Echevarrieta disparó por la espalda a un hombre agachado y lo remató cuando yacía en el suelo, boca arriba. No fue un enfrentamiento, no fue la heroica lucha de un guerrillero contra un enemigo prevenido, sino un asesinato, como el del nazi que dispara sobre la nuca del judío arrodillado junto a una zanja en los bosques de Lituania, o sobre la del rehén en las Fosas Ardeatinas (…) instituyó el estilo de los futuros atentados de ETA: tiro por la espalda y, si es posible, con la víctima maniatada», comenta J. Juaristi en Sacra Némesis[26]. <<

[23] J. Juaristi, Sacra Némesis. Nuevas historias de nacionalistas vascos, Madrid, Espasa 1999, p. 114 y ss. <<

[24] S. de Pablo e. a., El péndulo, p. 303. <<

[25] Ib., p. 123. <<

[26] J. Juaristi, Sacra, p. 128. <<

[27] El Mundo, suplemento «La Revista», n.o 138. <<

[28] S. de Pablo e. a., El péndulo, p. 304-5. <<

[29] Ib., p. 305. <<

[*] Cuando el caso Flick, proceso por ayudas ilegales a partidos, entre ellos el PSOE, que quedaría investigado sólo a medias. En la comisión parlamentaria al efecto, ya en la democracia, Carrillo hizo la siguiente pregunta a Von Brauchitsch, representante de Flick: «Tengo entendido que el señor Flick fue condenado por el Tribunal de Núremberg como criminal de guerra nazi. Y creo que usted es hijo del general que fue jefe del Estado Mayor de Hitler. Me supongo que ideológicamente no existe afinidad alguna entre ustedes y el PSOE. Entonces, ¿cómo se explica que ustedes financiasen al PSOE?». El señor Von Brauchitsch no vaciló en su respuesta: «Tratábamos de cerrar el paso al comunismo. Y el partido mejor situado para hacerlo era el PSOE[2]». <<

[1] S. de Pablo e. a., El péndulo II, p. 302-3. <<

[2] S. Carrillo, Memorias, p. 608. <<

[3] S. de Pablo e. a., El péndulo, p. 313-4. <<

[4] Ib, p. 312, 316. <<

[*] Historiadores nacionalistas, como Balcells, subrayan la diferencia entre Cataluña y «el centro» de España manifiesta en la formación de esta variopinta alianza. En cada región el antifranquismo tuvo aspectos diferenciados: no fue igual en Navarra que en Vasconia, en Cataluña que en Valencia, en Galicia que en Andalucía. Pero los rasgos comunes fueron mucho más importantes, como estamos viendo. <<

[5] A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, Madrid, Espasa, 2004, p. 103. <<

[*] El suceso recuerda otro ocurrido durante la guerra civil. Dada la pugna entre el gobierno de Negrín y el defenestrado Largo Caballero, cuyos partidarios seguían dominando la UGT, un buen día éstos se encontraron, al acudir normalmente a su sede, con que sus adversarios habían cambiado las cerraduras, dejándolos fuera. Largo y los suyos se instalaron en la escalera, formando lo que se llamó «comité de la escalera», hasta que el nuevo y autonombrado comité ejecutivo llamó a la policía para que los desalojase. Los fondos del sindicato también fueron confiscados por la nueva dirección. <<

[6] Ib, p. 122. <<

[7] P. Castellano, Yo sí me acuerdo. Apuntes e historias, Madrid, Temas de hoy, 1994, p. 171. <<

[8] J. M. Garmendia, Historia, p. 146-8. <<

[*] La frecuente alusión a la cercanía de la embajada useña, o a los fallos en la seguridad tienen, a mi juicio, poca sustancia. Las medidas de seguridad en el franquismo, empezando por las del propio Carrero, eran en extremo deficientes si se las compara con las actuales, debido a la confianza entonces reinante. Y la embajada a duras penas detectaría un pequeño túnel con una manzana de sólidos edificios por medio. Sobre el caso Carrero y muchas de sus circunstancias poco o nada claras ha publicado Ricardo de la Cierva estudios interesantes. El libro de Ismael Fuente, Javier García y Joaquín Prieto Golpe mortal, constituye un excelente reportaje. La explicación oficial de la ETA, Operación Ogro, la escribió Genoveva Forest, comunista muy relacionada con el terrorismo. <<

[9] S. Carrillo, Memorias, p. 592. <<

[*] Según Guerra, ocurrió terminado el congreso: «Fue una patética escena (…). Bustelo y Juan Iglesias subieron a la tribuna y se dirigieron al micrófono que estaba ya desconectado (…). Castellano y algún otro dio cuenta a los periodistas de que yo les había cortado la palabra». En cuanto al desplazamiento de los históricos, Carrillo cuenta esta confidencia de Múgica: «Arrebatarle a Llopis el aparato había requerido una curiosa triquiñuela. Resulta que la UGT del interior recibía ayuda financiera de la CIOSL. Con esta ayuda la dirección del PSOE en el interior pagaba cuotas a la ejecutiva de Toulouse por un número superior de afiliados al que realmente existía. (…) Llopis, que quizá en un momento se felicitara del aumento de los ingresos del interior, descubrió en Suresnes que se había quedado en minoría: los cotizantes que le apoyaban desde la emigración eran formalmente menos que los que apoyaban desde el interior al nuevo equipo encabezado por Felipe González (…). Múgica me contaba el hecho con toda naturalidad». De los patrocinadores del congreso, Mitterrand y Craxi protagonizarían sonados escándalos de corrupción una vez llegados al poder. Guerra afirma, inconvincentemente, que el PSOE carecía prácticamente de medios, y acusa al PSP de Tierno, «bien aprovisionado por alemanes, italianos y venezolanos, y los comunistas, con ayudas de los países del ámbito soviético», de inventar la calumnia de un PSOE «bañado en el papel de los marcos» del SPD. Como demostraría la historia ulterior, estos datos no son meramente anecdóticos[11]. <<

[10] I. Tubau, Felipe González Márquez, Ediciones B, «Cara y Cruz», Barcelona, 2004, p. 158. <<

[11] A. Guerra, op. cit, p. 140, 150; S. Carrillo, Memorias, p. 600. <<

[12] Garmendia, Historia II, p. 182 y ss. <<

[13] S. Carrillo, Memorias, p. 607. <<

[*] Alcalá-Zamora y los demás fueron encarcelados, en condiciones absolutamente privilegiadas, poco después de que intentaran traer la república mediante un golpe militar que fracasó, dejando varios muertos. El gobierno monárquico hizo cuanto pudo, que fue mucho, por convertir dicho encarcelamiento en una plataforma de propaganda inmejorable para los golpistas, como constata el propio Miguel Maura en Así cayó Alfonso XIII. <<

[14] S. de Pablo e. a. El péndulo, p. 322, 323. <<

[*] Por ejemplo, explica el historiador Stanley Payne: «En junio de 1975, cinco meses antes de la muerte de Franco, la entonces llamada “Junta Democrática” —en gran parte hechura del Partido Comunista— consiguió manipular una entidad izquierdista norteamericana, el Fund for New Priorities in America, para organizar una sesión pública en uno de los salones del Congreso norteamericano en Washington. El propósito de esta sesión fue convencer a los diputados norteamericanos de que sería absolutamente indispensable que el Gobierno estadounidense interviniera decisivamente en España después del fallecimiento del Jefe de Estado para evitar un golpe militar que bloquearía cualquier posibilidad de democratización. Participaron representantes de la Junta Democrática, más una docena de profesores y estudiosos, todos ellos izquierdistas menos yo. No entiendo todavía exactamente por qué me invitaron —tal vez para dar una fachada más profesional o intelectual a la operación— pero en esa situación me tocó exclusivamente a mí decir cuatro verdades a la asamblea, tales como la verdadera identidad de la Junta “Democrática”, la capacidad potencial de Don Juan Carlos de dirigir su propia democratización y la capacidad igual del Partido Socialista de formar su propio movimiento democratizante de izquierdas. Terminé insistiendo en que sería erróneo concluir que las fuerzas armadas españolas constituyeran un bloque atávico “esencialista” incapaz de responder diferenciadamente según las condiciones. Indiqué que en el pasado el Ejército no había intervenido en el proceso político de España cuando se mantenía un Gobierno mínimamente efectivo, un relativo consenso político y la normalidad constitucional todas ellas condiciones inexistentes, por ejemplo, en julio de 1936[15]». <<

[*] En Los crímenes de la guerra civil trato con mayor detalle estos episodios. La Asociación de la prensa protestó por las restricciones y afirmó su condena al terrorismo, pero como explicaría más adelante uno de los periodistas más significativos, Juan Tomás de Salas, «La gente que estaba en este tipo de prensa, que además era la prensa que tenía más credibilidad, mayores lectores (…) de alguna manera nos habíamos sentido durante muchos años solidarios de ETA[16]». <<

[*] Con esos escritos resulta fácil —y frecuente— descalificar a las derechas como herederas de los asesinos fascistas de entonces, enterradores de la democracia y quizá prestos a volver a enterrarla ahora. <<

[15] www.el-mundo.es/elmundolibro/2001/05/01/anticuario/99 124 724l.html. <<

[16] En P. Moa, Los crímenes de la guerra civil, La esfera de los libros, Madrid, 2004, p. 253. <<

[1] En M. Platón, Hablan los militares, Barcelona, Planeta, 2001, p. 375. <<

[*] Según Otero Novas, uno de los protagonistas de la transición, Vitoria «estuvo virtualmente tomada por el movimiento revolucionario organizado por la ORT y que dominaba un sacerdote asturiano, Jesús Naves». La táctica consistía en «tomar el poder en la calle, como primer paso a un gobierno provisional que desembocaría en una democracia popular, una estrategia a través de la cual los comunistas se hicieron con el poder en los países del Este tras la II Guerra Mundial». Para Otero, Fraga salvó en aquel momento la evolución a la democracia[2]. <<

[*] En contra de la tradición carlista, el sector autogestionario manifestaba un radicalismo de izquierdas, simpatizaba con el PNV y con casi todos los tópicos del progresismo de la época. <<

[2] La nueva España, 25 de julio de 2002. <<

[3] M. Platón, Hablan, p. 374. <<

[4] M. Primo de Rivera, No a las dos Españas. Memorias políticas. Barcelona, Plaza y Janes, 2002, p. 198. <<

[5] Ib, p. 205. <<

[*] Un relato pormenorizado de estos hechos en mi libro De un tiempo y de un país. Yo pertenecía al cogollo del PCE(r)-GRAPO que decidió y organizó la operación. Alfonso Guerra afirma en sus memorias la disposición del gobierno a ceder, a cuyo fin habría éste solicitado los servicios del propio Guerra. No obstante, se trata de unas memorias en general poco fiables. <<

[6] S. de Pablo e. a. El péndulo II, p. 330. <<

[7] Ib, p. 342. <<

[8] Ib, p. 343. <<

[9] Ib, p. 343. <<

[10] Ib, p. 344. <<

[*] En Reflexiones sobre el terrorismo, publicada en 1985, me referí al artículo de un hispanista alemán en El País, «que recogía los vaticinios de los expertos sobre el comportamiento popular y la probable evolución en España. Prácticamente ningún experto daba una en el clavo. Durante largo tiempo se sostuvo como evidente que la muerte de Franco originaría movimientos revolucionarios o de muy arduo control; que la población saldría del franquismo con talante extremista y sedienta de venganza; que el ejército no aceptaría una multitud de cambios que luego ha aceptado —hemos vivido estos años un inminente golpe semanal, promovido por la rumorosa fantasía de gente interesada o demasiado nerviosa—. Se aseguraba al anarquismo un resurgir tremendo o se daba por descontado que el PCE saldría convertido en la fuerza determinante de la izquierda. Etc. Etc.»[11]. <<

[*] Para tener grupo parlamentario se necesitaban 15 diputados. El reglamento beneficiaba al PSOE, que quería marginar al PSP de Tierno Galván, repercutiendo la medida en el PNV. Los «padres de la Constitución» fueron, José Pérez-Llorca, Miguel Herrero de Miñón y Gabriel Cisneros Laborda por la UCD, Gregorio Peces Barba (PSOE), Jordi Solé Tura (comunista), Manuel Fraga Iribarne (AP), y Miguel Roca Junyent (nacionalista catalán). Posteriormente el reglamento se cambió y el PNV pudo presentar enmiendas al proyecto constitucional. <<

[*] El término fue introducido por presión del nacionalista catalán Roca y de Herrero de Miñón, de UCD. Julián Marías expresó un descontento más amplio al escribir que los compromisos «en el menos grato sentido de la palabra, a su vez comprometen la realidad política de España[12]». <<

[*] Así lo expresa Fernando Savater en sus memorias: «Ellos se dedicaban entonces al periodismo, a sus carreras, a sus obras de arte, a sus amores y negocios… por lo que no tenían tiempo para hacer política más que en la estricta intimidad. ¡Bien hubieran querido luchar subversivamente, desde luego, pero el resto de sus ocupaciones les impidieron el heroísmo, incluso el de cuarta categoría! Sólo se añadieron al cortejo democrático cuando ya era clara y tranquilizadoramente triunfal». Y se añadieron en masa. Felipe González, en la reunión del partido para abandonar el marxismo en el PSOE, también constató: «Desde que murió Franco han surgido demasiados revolucionarios», preguntándose dónde estaban antes «esos que antes de la muerte del viejo, cuando había que dar el callo, no se sentían tan marxistas[13]». <<

[11] P. Moa, Reflexiones sobre el terrorismo, Madrid, 1985, p. 85. <<

[12] M. Herrero de Miñón, Memorias de estío, Madrid, Temas de hoy, 1993, p. 152; M. Primo de Rivera, op. cit, p. 235. <<

[13] F. Savater, Mira por dónde. Autobiografía razonada, Madrid, Taurus, 2003, p. 20; El País, 10 de julio de 1979. <<

[1] B. de Riquer, Escolta, p. 296. <<

[2] S. de Pablo e. a. El péndulo, p. 339. <<

[3] F. García de Cortázar, El nacionalismo vasco, Madrid, Historia 16, 1999, p. 199-200. <<

[*] En sus memorias explica un almuerzo con Ajuriaguerra, Arzalluz y Unzueta: «Sus propuestas no hubieran dejado de asombrar a la opinión, acostumbrada a ver en ellos puro separatismo disgregador. Tan sólo les importaba el reconocimiento de la identidad vasca como cuerpo separado dentro del Estado, sin negar en absoluto que éste ejerciera cuantas competencias fueran necesarias. A esto se reducía el dogma de la soberanía originaria». El optimismo de Herrero encaja mal con la doctrina y la historia del PNV. ¿Para qué insistiría tanto este partido en la «soberanía originaria» si estaba dispuesto a reconocer «las competencias del estado que fueran necesarias»? ¿Cuáles lo serían? ¿Y durante cuánto tiempo[4]?. <<

[4] M. Herrero de Miñón, Memorias, p. 160. <<

[5] S. de Pablo e. a. El péndulo, p. 345. <<

[6] Ib, p. 348. <<

[7] Ib, p. 365-6. <<

[*] Los autores de El péndulo patriótico consignan el acuerdo de Beyris, testimoniado por Arzalluz, y a las pocas líneas hacen la incongruente observación: «La actitud errática y poco generosa de UCD a lo largo del debate echó por tierra un acuerdo (…). Se perdió así la oportunidad histórica que hubiera supuesto la aprobación histórica de la Constitución por el PNV, con las consecuencias que ello hubiera tenido para el futuro de Euskadi». La conducta del PNV estaba decidida en secreto previamente. Y la de la UCD fue errática, pero aumentar su «generosidad», que fue muy grande, habría abierto de par en par las puertas a la secesión, con efectos fácilmente previsibles para «el futuro de Euskadi» y de toda España[8]. <<

[*] Sigo aproximadamente las consideraciones de Pedro Fernández Barbadillo y Carlos Ruiz Miguel en su estudio «¿Aprobaron los vascos la Constitución?»[9]. <<

[8] Ib, p. 366. <<

[9] Revista de estudios políticos, n.o 122, oct.-nov. de 2003. <<

[10] S. de Pablo e. a. El péndulo, p. 376. <<

[11] Ib, p. 377. <<

[12] http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/7864/Platar.html. <<

[*] El auge de la pornografía se hizo pronto espectacular. Solía verse en la izquierda como elemento de liberación. El que podríamos llamar antifranquismo inane se había manifestado en los últimos años del régimen anterior en auténticas peregrinaciones al sur de Francia, muy populares sobre todo en Cataluña, para ver cine pornográfico, espléndido negocio para las localidades francesas así «favorecidas». <<

[*] Asesinado por la ETA varios años después, cuando ya había pasado a la reserva. <<

[*] El gobierno estaría compuesto por Armada como presidente, Felipe González como vicepresidente de Asuntos Políticos, Areilza en Exteriores, Fraga en Defensa, Peces-Barba en Justicia, Pío Cabanillas en Hacienda, Herrero de Miñón en Educación y Ciencia. Habría gente del PSOE, UCD, AP, PCE y algunos independientes, como Luis María Ansón, en Información. La supuesta lista de gobierno ha sido puesta en duda muchas veces. Hay muchos libros escritos sobre este suceso. Uno de los más importantes es el de los periodistas de El País Joaquín Prieto y J. L. Barbería El enigma del elefante. <<

[1] VV. AA., España, un hecho, Madrid, Fund. FAES, 2003, p. 43 y ss. <<

[2] www.mgar.net/var/nacion4.htm. <<

[*] En tiempos de la España visigótica no existía una «Europa» en ningún sentido parecido al que hoy empleamos, ni siquiera en cuanto al cristianismo, pues éste se extendía por el norte de África y cercano oriente, y en cambio estaba ausente de la mayor parte del continente europeo. El reino hispanogodo, por otra parte, era posiblemente el más civilizado de los construidos en Europa occidental a la caída de Roma. <<

[3] Ib. <<

[*] «He visto parodiar repetidamente y de forma sangrante al rey de España en un popular programa de TV3, la televisión de la Generalitat. El mismo imitador ha encarnado en ocasiones, con gran regocijo del público, a un deshumanizado Aznar. Uno de los gags consistía en matar al presidente, que a la vez era un insecto. Primero se usaba insecticidas; finalmente, golpes. Fue muy aplaudido. No puedo imaginar qué ocurriría si alguien usara la figura de Jordi Pujol (que no ha estado a punto de morir, como Aznar, en un ataque terrorista) para una canallada semejante. He visto a dos presentadores de BTV, el canal del Ayuntamiento de Barcelona, manosear de forma procaz una bandera española, hacer chanza de ella y restregársela por el cuerpo con motivo de la famosa conexión con el astronauta Pedro Duque. No puedo imaginar qué ocurriría si alguien tratara así públicamente una senyera. He visto a un montón de diputados autonómicos abandonar airados el Parlamento de Cataluña porque Alberto Fernández utilizaba el castellano en la tribuna. No puedo imaginar qué ocurriría si alguien abandonara un parlamento al oír hablar catalán. He visto llenar de mierda el acceso a la sede barcelonesa de un partido político en un clima de hostigamiento insoportable que llegó a la agresión física de su líder, sin que el resto de formaciones catalanas reaccionara ni mostrara claramente su solidaridad. No puedo imaginar qué ocurriría si se sellara con excrementos la sede de ERC y se golpeara a sus representantes. He visto la página web del diario Avui, receptor histórico de suculentas subvenciones públicas, promocionando un videojuego cuyo objetivo era matar españoles. No puedo imaginar qué ocurriría si una publicación cualquiera patrocinara un lúdico exterminio de catalanes. He visto, veo cada día, la obscena apropiación de nuestra identidad en la propaganda electoral de CiU. Su lema, “Sí a Cataluña”, va siempre unido al rostro de Artur Mas (…). Más de tres cuartas partes de los catalanes nos sentimos españoles según demuestran los estudios demoscópicos. Somos legión los que llevamos años tragándonos anécdotas como las expuestas», ha señalado el comentarista J. C. Girauta[4]. <<

[4] J. C. Girauta en Libertad digital, 7 de noviembre de 2003. <<

[5] www.mgar.net/var/nacion4.htm. <<

[*] Véase por ejemplo: «Censo poblacional de 2001: el treinta por ciento de los residentes en el Principado fue alumbrado en algún lugar del resto de España. Censo del Parlamento catalán tras la caída del funesto régimen [se refiere al de Pujol, visto así por la izquierda nacionalista]: únicamente tres parlamentarios (dos españoles y un magrebí) vieron la luz por primera vez más allá del Ebro. Estadillo de los consejeros en los sucesivos gobiernos de CiU: cincuenta y ocho titulares de cartera, de los que tres no eran catalanes de origen. Estadillo de la elite revolucionaria que acaba de derrocar el régimen identitario: cien por cien de apellidos autóctonos, cero por cien de los departamentos dirigidos por “los otros consellers”. Consenso unánime en Cataluña de opinadores, historiadores, filólogos, antropólogos, politólogos, sociólogos, juristas y humoristas de TV3: nuestro nacionalismo, a diferencia del vasco, no es étnico, sino cívico[6]». <<

[*] Se refiere a declaraciones como las de la directora general de enseñanza primaria: «Cataluña no es un país bilingüe»; o la de un directivo de «Ómnium Cultural», asociación muy próxima al poder, exigiendo «descastellanizar el país»; o la del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña también contra la enseñanza en castellano. <<

[*] Un minucioso relato, nunca desmentido, de todo el proceso, en F. Jiménez Losantos, Lo que queda de España. <<

[6] J. García Domínguez, Libertad digital, 6 de julio de 2004. <<

[7] F. Jiménez Losantos, Lo que queda de España, Madrid, Temas de hoy, 1995, p. 140 y ss. <<

[8] E. Uriarte, Cobardes y rebeldes. Por qué pervive el terrorismo, Madrid, Temas de hoy, 2003, p. 115-6. <<

[*] Me refiero al debate organizado en Madrid por el Grupo 16, propietario de los entonces influyentes Diario 16 y Cambio 16. En él tuve ocasión de señalar: «El problema principal que plantea el terrorismo es el de la respuesta que se le da. Cuando un régimen de libertades permite que el secuestro, el chantaje y el asesinato se conviertan en argumentos políticos, en política, ese régimen está socavando sus propios cimientos. No cabe la menor duda de que si la actitud hacia ETA en el País Vasco la hubieran tenido el PSOE y el PCE, hacia el GRAPO, ya no tendríamos democracia en España. No olvidemos que los argumentos que sirven a muchos para dar un valor político y social al tiro en la nuca cuando la autora es ETA, podrían ser empleados de la misma manera para el tiro en la nuca realizado por el GRAPO[9]». <<

[*] La frase consta en los informes de la propia ETA sobre los contactos que Arzalluz sostuvo con cabecillas del entorno terrorista en 1991. Arzalluz señaló también que no deseaba la derrota de la ETA, pues «no sería bueno para Euskal Herria», que «es falso que estemos impulsando a la Ertzaintza contra ETA», aunque a veces no le quedaba más remedio que hacer algo, o que «No hay flujo de información Ertzaintza-Policía (…). La Ertzaintza no ha dado nunca ni un solo dato a la Policía española». Estas frases tienen el mayor valor, pues concuerdan con la actuación del PNV, al contrario que las condenas verbales a la ETA, también prodigadas por el PNV[10]. <<

[*] Ternera había cumplido condena por varios delitos, y huyó cuando la Justicia le encausó por otros. Escribe Edurne Uriarte: «Un exparlamentario (…) me relataba una percepción que me impresionó, por lo que contiene de información inquietante sobre la naturaleza del llamado problema vasco. Se trata de la actitud en la sede del Parlamento vasco de los miembros del PNV y EA ante el parlamentario batasuno [hoy] huido de la justicia Josu Ternera. (…) Era curioso observar el lenguaje gestual de los nacionalistas del PNV y EA frente al más ilustre etarra del grupo parlamentario radical, un lenguaje que denotaba sobre todo reverencia, sumisión, admiración y respeto[11]». <<

[9] «Violencia política y terrorismo» en Ideas y debate, n.o 2, 1985, p. 85. <<

[10] C. Gurruchaga e I. San Sebastián, El árbol y las nueces, Madrid, Temas de hoy, 2000, p. 67 y ss. <<

[11] E. Uriarte, Cobardes, p. 105. <<

[1] C. Gurruchaga, El árbol, p. 219. <<

[*] La euskaldunización era comúnmente utilizada para difundir el ideario nacionalista más radical y el odio al «opresor» español, según reiteradas denuncias. <<

[*] El PNV había intentado condicionar o hundir mediante el boicot de lectura y publicidad al principal diario de la región, El correo español-el pueblo vasco. <<

[2] C. Gurruchaga, El árbol, p. 243. <<

[*] En el problema del Ulster, el gobierno británico había aceptado negociar con los representantes políticos del IRA un proceso de paz auspiciado por Usa y otros poderes internacionales. Sin embargo, el problema era allí el opuesto: los católicos constituían el sector oprimido de la población, mientras que en Vascongadas los opresores eran justamente los nacionalistas, que deseaban un arreglo para ampliar aún más su poder. En cuanto a la autonomía, la ofrecida al Ulster estaba muy por debajo de la ya disfrutada por los vascos. Y la historia de Irlanda con respecto a Gran Bretaña ningún parecido tenía con la de Vascongadas en España. <<

[*] Un episodio en la divertida e inteligente serie useña Los Simpson describe una farsa gigantesca de «solidaridad» y sensiblería en torno a un niño (Bart) caído en un pozo a causa de una gamberrada que él mismo había organizado. Resulta inevitable la asociación de imágenes. <<

[*] También se le acusaba de ir a la guerra por simple y estúpido capricho o por espíritu de «vaquero». Bush sería un «imbécil». <<

[*] El dirigente socialista andaluz, Chaves, había motivado protestas marroquíes con iniciativas prosaharauis que invadían las competencias internacionales exclusivas del gobierno español. <<

[3] C. Vidal, España frente al Islam, Madrid, La esfera de los libros, 2004, p. 534-5. <<

[*] Uno de los principales acusados por la matanza de Madrid, llamado El egipcio, hizo declaraciones elogiosas para Rodríguez, considerando correcta su reacción al atentado y animando a otros gobiernos europeos a imitarle. <<

[*] Por ejemplo, Vicente Cacho Viu, pensador madrileño, traza en su libro El nacionalismo catalán como factor de modernización, (Barcelona, 1998) un entusiasta panorama del supuesto influjo modernizador de dicho nacionalismo. En la presentación del libro en el Ateneo barcelonés, Jordi Pujol afirmó que España es ahora «un país democrático, europeísta, moderno, autonómico y que progresa económicamente. Es un país emergente. Ha encontrado el camino que desde hace cien años le predican los catalanistas». <<

[1] B. de Riquer, Escolta, Espanya, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 295. <<

[1] J. Álvarez Junco, Mater Dolorosa, Madrid, Tauros, 2003, p. 12 y ss. <<

[*] Por otra parte, en el marxismo también existe la idea de la nación como hecho natural u objetivo, definido por diversos rasgos de los que derivaría el llamado derecho de autodeterminación. Con su habilidad dialéctica, las revoluciones comunistas utilizaron más, en momentos clave, el sentimiento nacionalista que el «internacionalismo proletario», mucho menos movilizador en la práctica. <<

[2] J. Álvarez Junco, Mater Dolorosa, p. 17. <<

[*] La asimilación de la nación a la «madre» es significativamente habitual. Un ensayo clarificador y nada dogmático sobre el nacionalismo: J. A. Jáuregui, Las reglas del juego, 1 Las tribus, Madrid, Espasa Calpe, 1978. <<