Ensayos

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Pío MOa

Los nacionalismos vasco y catalán
en la guerra civil, el franquismo y la democracia

© 2013

Pío Moa

y

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INTRODUCCIÓN: Conceptos clave

Comunidad cultural, nación, nacionalismo

Las naciones y —desde principios del siglo XIX— los nacionalismos tienen un peso primordial en la historia. Pero esta evidencia no ha impedido las más varias interpretaciones y confusionismos. Para evitar equívocos, aquí entiendo por nación una comunidad cultural bastante homogénea dotada de un Estado. En otras palabras, la nación es un hecho político: un Estado en una comunidad cultural. Hay Estados no nacionales, como los imperiales, aunque siempre con un origen nacional hegemónico e impuesto sobre otras comunidades culturales privadas de Estado. Y por nacionalismo entiendo la ideología, en principio democrática, salida de la Revolución francesa, que deposita la soberanía en el pueblo o nación, y no ya en el monarca.

Desde la caída del Imperio romano prevalecen las naciones en la parte occidental de Europa (desde Escandinavia a la Península ibérica), mientras que en el centro y el este del continente predominan los Estados imperiales (Sacro Imperio Romano Germánico, polaco-lituano, ruso, bizantino, turco, austrohúngaro...). La Revolución francesa extiende el nacionalismo, suponiendo el derecho de cada comunidad cultural a dotarse de Estado propio y convertirse así en nación. Los nacionalismos corroyeron los imperios, en Europa y fuera de ella, y dieron lugar a nuevas naciones. De ahí que algunos tratadistas consideren las naciones un fenómeno moderno creado por los nacionalismos. La realidad, a mi juicio, difiere: la nación es muy anterior al nacionalismo, el cual no habría podido surgir sin la existencia previa de la misma en algunos lugares. Creo este esquema lo bastante claro y acorde con los hechos históricos para evitar disquisiciones inútiles.

No obstante, conviene resumir algunas teorías contrarias a esta: se habla de naciones culturales y políticas, de naciones modernas, «naturales» o «inventadas», de «nacionalidades», del nacionalismo y el Estado como auténticos generadores de las naciones, de derechos relacionados con la nación, del nacionalismo como factor antidemocrático y de guerra, o bien lo contrario, etc.; un laberinto donde es fácil perderse. Un enfoque relativamente nuevo quiere dar un giro a la cuestión, como observa el historiador Álvarez Junco en su libro Mater Dolorosa. Antes, afirma, la nación pasaba por ser un hecho «natural», objetivo, constituido por rasgos como el idioma, el territorio, tradiciones, creencias, etc., del cual derivaba una subjetiva voluntad de autogobierno: el nacionalismo sería la consecuencia política de la nación. Pero los nacionalismos vasco y catalán indican lo contrario, pues surgen en tiempos muy recientes, mientras que datan de muy atrás las particularidades en que se apoyan o dicen apoyarse. Por consiguiente habría que invertir la relación: las naciones no son hechos naturales, sino productos del nacionalismo. Es decir, el elemento subjetivo nacionalista da forma a las naciones: diversas élites, usando la propaganda, la enseñanza y el poder, inventarían los elementos «nacionales»: creencias sobre el pasado, tradiciones, costumbres que se harían pasar por antiguas, etc.

En parte ese enfoque venía prefigurado en el marxismo, para el cual naciones y nacionalismos obedecían a interés de la burguesía por asegurarse unos mercados propios. Constituirían ideologías al estilo de la religión: una pseudoexplicación del mundo y de la historia movida subterráneamente por intereses económicos. Hobsbawm cree a las naciones puros inventos de las «clases explotadoras» para compensar y desviar el descontento de las clases populares. Esta visión, con matices varios, ha cundido en ámbitos intelectuales no marxistas, aunque ya casi nadie contraponga al nacionalismo el «internacionalismo proletario». Por otra parte, coexiste en el marxismo la idea de la nación natural y objetiva, definida por rasgos como el idioma, el territorio, etc. Con su habilidad dialéctica, los comunistas utilizaron más, en momentos clave, el sentimiento nacional que el «internacionalismo proletario», harto menos movilizador.

La explicación de Álvarez Junco tiene serios defectos. Se hace difícil creer, por ejemplo, que el dominio de la enseñanza y la propaganda estatal desde Londres lograra convertir a escoceses o irlandeses en ingleses. Y tampoco explicaría el brusco resurgir de los nacionalismos en Europa del Este tras generaciones de férrea instrucción marxista. O cabría entender a Cataluña o a Vascongadas como invención de ciertas élites burguesas de finales del siglo XIX, destinada a crear un sentir popular favorable a sus intereses... solo que a las burguesías de Barcelona y Bilbao no les interesaba un pequeño mercado regional, sino el mercado español en conjunto.

También se ha invocado la racionalidad contra los sentimientos comunitarios de patria o nación. Sentimientos intensos, de los pocos capaces de arrastrar a los hombres, en ciertos momentos, a dar la vida o a quitarla a otros. Pero, alegan algunos, se trata de ilusiones irracionales, arbitrarias, autoengaños surgidos del ansia de «ser» más de lo que realmente se es: «Al ser humano le resulta difícil evitar la tentación de anclar su pobre y finita vida en una identidad que la trascienda», señala Álvarez. Y cita de G. Jusdanis cómo el nacionalismo permite a los individuos «olvidar su contingencia, olvidar que son parte del flujo de la historia, que su vida personal es solo una entre muchas, y ciertamente no la más grandiosa, y que su cultura, la más intrínseca experiencia de sí mismos como seres sociales, no es natural, sino inventada»1.

Crítica menos racional de lo supuesto. Anclar la «pobre y finita vida» en una trascendencia es quizá una tentación, pero también un dato primario. La vida del individuo, tanto biológica como cultural, trasciende largamente en el pasado por la serie interminable de sus ancestros, y en el futuro por la de su descendencia. Nadie nace por propia elección, ni decide sobre el tiempo o lugar de su vida, la cual será para siempre inseparable de esos datos. El individuo absorbe desde la cuna un bagaje cultural variadísimo —lengua, utensilios, creencias, costumbres, arte, normas de conducta, actitudes...—, tan esencial para su supervivencia como la misma leche materna. Esa cultura, creada alegre o penosamente por generaciones no debe nada al individuo niño, y le deberá poco cuando este se haga adulto; él, en cambio, le debe casi todo. No son difíciles de entender racionalmente los profundos afectos que, de modo más o menos consciente o elaborado, suscita el entorno sociocultural de las personas: el entorno que el bardo vasco Iparraguirre proyecta poéticamente cuando canta, desde la frontera del Bidasoa: «Ahí enfrente está España. No hay en Europa mejor tierra».

Si evitamos el error de considerar la vida individual como un hecho menor, limitado pero al mismo tiempo autosuficiente y aislado, salta a la vista la racionalidad del «sentimiento patriótico». Los elementos culturales, como los naturales, conforman el medio de la vida humana. Suele decirse que ellos nos condicionan o moldean, como si se tratase de algo externo, pero en rigor forman parte constitucional, íntima, de nuestra vida personal. El individuo puede renegar de su cultura —y también de su propia vida—, pues sus efectos son a menudo contradictorios y dolorosos, pero más comúnmente se identificará con ella, con su «patria», como se identifica con sus padres, que le trascienden en el pasado, y con sus hijos, que lo hacen en el futuro y en quienes siente una continuidad cuya perduración normalmente desea y cuya posible ruina percibe como un trauma, a menudo como un trauma insufrible.

Así, es lógico que nos sintamos más identificados con los afines por lengua, creencias, costumbres, etc., y valoremos estas sobre las ajenas. Y aunque ese sentimiento, como todos, puede volverse enfermizo, cursi, arrogante o criminal, tacharlo de irracional es tan absurdo como exigir a un niño que ame por igual a su madre y a las de sus amigos, invocando la «razón» de que todas, objetivamente, son madres.

Por otra parte, ¿qué debe entenderse por «inventada» como contrapuesta a «natural»? ¿Quizá que la cultura inspiradora del sentimiento nacional es arbitraria, fundada en una fantasía o voluntad más o menos caprichosa? A lo largo del siglo XX se ha sostenido dicha oposición en términos diversos. La cultura como invención ideológica, formas de conducta, organización social y representación del mundo sin base real más allá de los intereses de algunos grupos privilegiados; o fantasmagorías nacidas de una necesidad psicológica de autoengaño, de manías de grandeza o de represión sexual... Algunos posmodernos llegan a reducir la cultura, incluida la ciencia, a modas o convenciones aceptadas por la gente o por medios académicos. Bajo tales convenciones no habría nada, y su valor comparativo dependería de la capacidad adaptativa de los diversos grupos humanos, en clave darvinista y carente de sentido o finalidad.

Pero si tomamos las construcciones del nacionalismo por un invento arbitrario, valdría lo mismo —muy poco— tacharlo de contrario a la libertad que exaltarlo como liberador, como revolucionario o reaccionario, etc. Y no menos invento serían las ideas antinacionalistas: ¿sería más «natural» el internacionalismo proletario, el ideal globalista, el cosmopolitismo, cargados de una supuesta racionalidad, pero vulnerables a la misma crítica? Solo cabría enjuiciar unas u otras ideas por su triunfo o fracaso, generalmente imprevisibles, en la «lucha por la vida». Que es como no enjuiciarlas.

Por otra parte, oponer la naturaleza a la cultura «inventada» suena extraño. Al surgir de la naturaleza humana, o más bien expresarla, la cultura resulta tan natural como la conducta instintiva de un mono o de una pulga, aunque muchísimo más compleja, variada y variable. Esa complejidad nace, probablemente, tanto de la extrema individuación del ser humano como de su esencial socialización. Sin lo primero sería difícil concebir la inmensa variación cultural, y sin lo segundo la cultura simplemente no existiría. Individuación y socialización, dos factores en parte contrarios, pero imprescindibles. Esa duplicidad nos deja insatisfechos, por cierta necesidad psicológica de simplificación que nos mueve a reducir sucesivamente lo complejo hasta la máxima simplicidad de un solo factor original y omniexplicativo. Pero, fuera de la idea de Dios, siempre hallamos más de un factor inicial al analizar las complejidades del mundo.

La variabilidad de la cultura en el tiempo y el espacio nos crea la ilusión de que ella es arbitraria o inventada. Todas las manifestaciones culturales tendrían el mismo valor, por discrepantes u opuestas que fueran entre sí. En tal caso, el ser humano estaría al margen de la naturaleza, pues podría sobrevivir fueran cuales fueren sus ideas y conductas, al contrario que los animales, condenados a perecer si su comportamiento instintivo les falla o resulta inadecuado. Esto no parece concebible, y debemos admitir tanto que bajo las diferencias culturales ha de haber un sentido y una lógica común, como que no todas pueden valer lo mismo. Hay algo misterioso y oscuro en todo ello, pero misterioso u oscuro no equivale a arbitrario.

Tras señalar el callejón sin salida al que parece abocar el dilema natural/cultural o inventado/objetivo, dejaré aquí la cuestión. A efectos de este estudio, repito, nación y nacionalismo constituyen expresiones históricas —la segunda mucho más tardía que la primera—, de la tendencia humana universal a organizarse en grupos particulares y a ocupar un territorio propio. Incluso los pueblos errantes disputan a otros la tierra donde se asientan por un tiempo, o la que recorren con cierta regularidad, y no creo que excepciones como los gitanos o los judíos desmientan la regla. Ese impulso diferenciador en lo cultural y político marcha junto con otro, opuesto y complementario, a tomar préstamos o generalizar elementos culturales, o a construir poderes como los imperios. Encontramos siempre las dos tendencias, pues ni siquiera la frontal hostilidad y la guerra entre dos grupos impiden un grado de interpenetración entre ellos ni, a la inversa, la máxima expansión de una cultura, por imposición o imitación, deja de sufrir un permanente empuje particularista en zonas y grupos humanos. El predominio de una u otra tendencia varía según épocas y lugares. Así, en buena parte de América prevaleció durante tres siglos la presión homogeneizadora hispana, y más tarde salieron a primer plano impulsos diferenciadores, sobre todo en lo político. Asimismo, en cada grupo, en cada nación, coexisten impulsos integradores y disgregadores. Según predominen unos u otros, la nación se reforzará o llegará a desintegrarse.

Volviendo al principio: una nación es una comunidad cultural suficientemente homogénea dotada de un Estado propio. Con mucha posterioridad surgió la doctrina del nacionalismo, en principio democrático, que depositaba la soberanía en la nación, y no en un monarca o algún órgano especial. El nacionalismo ha generado nuevas naciones e incrementado el natural patriotismo hasta extremos criticados como «divinizadores» de la nación. También se le ha criticado como principal factor de guerra, pero la guerra solía achacarse también a intereses económicos, imperialistas, etc. Las contiendas más devastadoras del siglo XX nacieron de ideologías internacionalistas con pretensiones científicas o racionales, mezcladas con particularismos. El nacionalismo no tiene por qué ser belicista, aunque a veces lo sea, como casi cualquier otro «ismo». La condición humana es inevitablemente conflictiva, por los muchos y variados sentimientos, intereses, etc., que la integran, y contener el conflicto o desviarlo impone una gran tensión moral y acciones coherentes, lejanas de las invocaciones abstractas o utópicas.

Las concepciones abstractas suelen estar vacías. Así Renan cuando oponía el concepto «alemán» del nacionalismo, cuya proclividad a la guerra le angustiaba: «El hombre no pertenece a su lengua ni a su raza: no se pertenece más que a sí mismo, puesto que es un ser libre, un ser moral». Decir que el individuo solo se pertenece a sí mismo es un aserto sin sentido, y absurdo negar a los nacionalistas alemanes su carácter humano. Alguno podría replicarle: «Yo, ser libre y moral como usted, creo que la raza y la lengua son elementos constitutivos y fundamentales de mi nación y de mí mismo».

Nacionalismo y separatismo

El nacionalismo se apoya en una nación ya constituida o en una comunidad cultural más o menos precisa a la que aspira a convertir en nación. En el primer caso el ejemplo claro es Francia, nación antigua que desarrolla el concepto nacionalista a partir de la Revolución francesa. En el segundo caso, el nacionalismo es inevitablemente separatista, con más o menos razones. Es decir, intenta separar a una comunidad determinada de aquel poder político que de un modo u otro la venía englobando, generalmente un Estado imperial considerado opresor. Las razones pueden ser evidentes en casos como los de los griegos o los serbios con respecto al Imperio otomano. A menudo esas comunidades habían sido naciones antes de ser sometidas, por las armas u otros medios, como ha ocurrido con los escoceses, los irlandeses, los polacos, etc.

Los casos son muy variados, pero el de los nacionalismos vasco y catalán tiene fuertes peculiaridades: aspiran en sus palabras, a «construir» nación en sus sociedades. Y lo hacen porque, en rigor, nunca ha existido una nación catalana o vasca, o, dicho de otro modo, nunca sus comunidades han dispuesto de un Estado. Cataluña, como Aragón, se integró primitivamente en el estado francés (la Marca Hispánica, así llamada, significativamente), del que se liberaron cuando tuvieron ocasión. La primera se integró pacíficamente en la Corona de Aragón, que llegó a incluir también los reinos de Valencia y Mallorca. Cataluña propiamente nunca fue considerada, por propios ni extraños, un reino, independiente o no. En cuanto a las Provincias Vascongadas, oscilaron durante la Reconquista entre el reino de Pamplona y el de Castilla, optando finalmente de modo voluntario por Castilla. Ni Cataluña ni Vascongadas dispusieron nunca de Estado propio ni fueron invadidas para ser sometidas por otras regiones o reinos (el caso de Navarra se dirigió contra Francia, y la guerra de Cataluña en el siglo XVII tuvo un carácter parecido), sino que su integración en el conjunto político de España fue pacífico y voluntario. No se trataba, por tanto, de recuperar una independencia perdida.

Los separatismos vasco y catalán surgen tardíamente, hacia finales del siglo XIX, y solo cobran cierta potencia a raíz de la crisis moral del 98, debida a la pérdida de las últimas colonias españolas en América y el Pacífico a manos de Usa. Esos separatismos buscaban dotar de un Estado, es decir, convertir en naciones a las regiones catalana y vasca (integrando en esta última a Navarra y una pequeña parte de Francia). Ahora bien, ¿en qué justificaban ese objetivo? ¿Eran tan profundas las diferencias culturales entre dichas regiones y el resto de España? En realidad compartían un idioma, el castellano o español común, mayoritariamente hablado en Vascongadas desde hacía siglos, y hablado ampliamente y conocido por la mayoría en Cataluña, siendo además el catalán una lengua latina muy próxima a la castellana. Sus literaturas más abundantes y probablemente de mejor calidad habían sido escritas en la lengua común, no en la regional. Las dos habían compartido con el resto la prolongada lucha contra el Islam, un estricto catolicismo, las formas artísticas y culturales románica, gótica, renacentista o barroca, y más recientemente la lucha contra la invasión francesa o las divisiones del siglo XIX entre carlistas y liberales. Compartían y comparten tradiciones, incluso culinarias, musicales, costumbres (como la tauromaquia). El aspecto físico de la gente es asimismo común, al igual que la ascendencia, mostrada en el predominio de los apellidos: García (este probablemente de origen vasco, el más corriente en España), Pérez, López, Rodríguez, etc. Durante siglos, vascos y catalanes se consideraban naturalmente españoles y sus intelectuales, políticos o militares formaban parte natural de las élites españolas. Y así una larga serie de elementos comunes.

Al lado de tales elementos, pero, históricamente, no en oposición a ellos, existían diferencias, la principal de ellas el idioma regional y algunas costumbres más o menos ancestrales. Naturalmente, «construir nación» significa ante todo exaltar esas diferencias, sobre todo la lengua, y despreciar las afinidades con el resto de España. La lengua vasca y la catalana han sido definidas por los nacionalistas como únicas «propias» de sus territorios, atribuyendo de hecho al castellano el carácter de lengua extranjera. A despecho, como quedó indicado, de que la mayoría de los catalanes y la inmensa mayoría de los vascos tienen por lengua materna el español común, y en él se ha escrito, sobre todo en el caso vasco pero también en el catalán, la mayor literatura de las respectivas comunidades. Así, los constructores de la nación han hecho esfuerzos ímprobos por segregar al castellano, humillarlo o marginarlo de muchas formas, excluirlo en lo posible de la enseñanza, etc. Sin éxito concluyente, pese a haber dedicado a esa tarea un enorme esfuerzo de propaganda y económico. Aspecto relacionado ha sido la pretensión de otros separatismos menores, como el andaluz o el canario, de inventar idiomas diferenciales (andalusí o guanche). En el caso del gallego, la gran similitud con el castellano ha llevado al intento de asimilarlo al portugués.

Pero el punto esencial de los nacionalismos era la concepción de «raza», muy influyente en Europa a finales del siglo XIX y que tomó aquí rasgos pintorescos. El racismo en el nacionalismo vasco era obsesivo y en el catalán un ingrediente clave (véase apéndice), pese a que las diferencias raciales o genéticas entre las regiones de España son insignificantes. La única apoyatura de ese racismo (Cambó la alude indirectamente al hablar de cómo la prosperidad de Cataluña había ayudado a sus propagandas) consistía en que Vizcaya y Barcelona eran por entonces las provincias más industriales y ricas de España, las más dinámicas, adonde acudían miles de inmigrantes del resto. Aunque esa industrialización estaba muy protegida desde Madrid, y creada en relación con el mercado español y por empresarios no separatistas, podía interpretarse como resultado de una superioridad racial de los catalanes y los vascos sobre el resto de España, considerada después del «Desastre» del 98 —y harto precipitadamente— como un país al borde de la extinción. Desde la Segunda Guerra Mundial, el racismo se ha convertido en tabú, pero todas las diatribas de los separatistas contra España tienen el fondo común de una pretensión de superioridad en todos los órdenes sobre el resto del país. Al mismo tiempo afirman ser «colonias oprimidas», lo que resulta chocante: no es frecuente que las explotadas colonias sean más ricas que la metrópoli y que esta haya amparado tanto esa riqueza de las «colonias». En definitiva, la verdadera sustancia de estos separatismos yace en un racismo explícito antes del fin de la guerra mundial, e implícito y disimulado posteriormente. No tiene otra apoyatura real. Un racismo carente por completo de base, mas no por ello deja de ser menos generador de pasiones en ambientes más o menos amplios. Sin tener en cuenta este rasgo decisivo no podrá entenderse realmente el problema.

Para avanzar hacia su objetivo de secesión, estos dos nacionalismos han seguido una doble estrategia basada en la exacerbación de los sentimientos de ultraje al estar supuestamente sometidos a unas gentes inferiores, y de virulenta denigración de España (con variantes en «Madrid» o «Castilla»). Propaganda con una mezcla ofensiva de desprecio, odio y victimismo. Consignas actuales como «España nos roba», «representa el atraso y la opresión», o «el fascismo», «viven de nosotros», etc. son el pan cotidiano del que se alimenta el separatismo. La inmigración de otras provincias se presenta como proveniente de un país extranjero, atrasado y semiafricano, donde todo funcionaría mal en contraste con Cataluña y Vascongadas, europeas y siempre superiores. Los inmigrantes «muertos de hambre» deberían estar agradecidos, en lugar de orgullosos por su trabajo dentro de una misma nación, a menudo el trabajo más duro y peor pagado, gracias al cual han prosperado todos. Tales sentimientos y expresiones se mezclan arbitraria y contradictoriamente con otros de «democracia», «cultura», «europeísmo», etc., combinados con unos relatos históricos no menos peculiares. Pero, ante la escasa réplica obtenida en los últimos decenios y las continuas concesiones de los gobiernos españoles, tales distorsiones políticas e históricas han llegado a arrastrar a un número considerable de catalanes o vascos oriundos por familia de otras provincias.

Obviamente estas actitudes provocan y quieren provocar réplicas en el mismo diapasón, lo cual alimentaría una espiral de resentimientos mutuos entre vascos, catalanes y habitantes de otras regiones. Pues sin ese odio o al menos aversión, disfrazados a menudo con pretensiones de objetividad, los separatismos calarían poco entre unas masas que por tradición de siglos se han sentido igualmente españolas, como ya lamentaban Sabino Arana o Prat de la Riba (véase apéndice). En definitiva, la secesión solo podría cimentarse en una fuerte expansión de tales sentimientos de superioridad ultrajada por «los españoles» supuestamente extranjeros y naturalmente inferiores, y de las reacciones consiguientes.

¿Qué posibilidades reales tienen los separatismos? Se han convertido en el problema más grave y de mayor calado de España después de que el peligro revolucionario de los años treinta fuera vencido en la Guerra Civil y haya pasado mundialmente a segundo plano, especialmente tras la caída del Muro de Berlín. Paradójicamente, el peligro secesionista ha sido alimentado desde Madrid por los gobiernos desde la Transición, como veremos. Ha sido alimentado con concesiones políticas, económicas, educativas y falta de respuesta en el plano intelectual e ideológico. Los gobiernos centrales pretendían que los nacionalistas se sintieran cómodos en España y colaborasen en la política general, aspiración nacida de una ignorancia radical tanto de la historia del país como de la propia naturaleza de esos separatismos. Si estos, con muy poco peso al principio de la Transición, han llegado a convertirse en un enorme problema, se debe ante todo a la orientación seguida por los gobiernos centrales. De prolongarse tal situación sin reacción adecuada, no parece imposible que España llegue a balcanizarse en un conglomerado de pequeños Estados mal avenidos entre sí, impotentes y sujetos a las maniobras y presiones de otras potencias más fuertes y conscientes de sus intereses. Incluso a ciertas esperanzas islámicas de reconstruir Al Ándalus.

Tres nacionalismos españoles al llegar la Guerra Civil

Para terminar esta introducción, conviene señalar algunos rasgos de los nacionalismos españoles o los que podríamos denominar así. El primero, de corte liberal, unitario y centralista, se presenta en la Constitución de 1812, donde la soberanía se atribuía a la nación y no ya al monarca. Se trató de un nacionalismo débil, porque coincidió con la invasión napoleónica y mucha gente vio en él un reflejo de dicha invasión, con sus ideas revolucionarias francesas, sus brutales ataques al cristianismo y pretensión de anexionar a Francia la España al norte del Ebro. De ahí el choque entre su nacionalismo y el patriotismo tradicional (el carlismo), muy religioso y ligado a las divisiones internas propias del Antiguo Régimen, como indicaba el lema: «Dios, patria, fueros, rey». El conflicto se dirimió en tres guerras civiles —solo la primera realmente importante— ganadas por los liberales. De la tercera derrota derivaron en buena medida el nacionalismo vasco y en parte el catalán, influidos por la religión y opuestos al liberalismo triunfador en España.

Volviendo a Álvarez del Junco, apreciamos una confusión creada por las palabras. Según él, en la consigna carlista «Dios, patria y rey», los términos Dios y rey son claros, pero no así el de patria: «Patria tiene un contenido no ya distinto, sino casi opuesto al de nación. Esta última daba por supuesto la existencia de un sujeto colectivo que era, o podía acabar siendo, portador de la soberanía. Para ello era preciso construir una serie de mitos, relacionados con el pasado, en los que destacasen las grandes virtudes del pueblo elegido, expresadas en sus hazañas colectivas o en las de sus héroes individuales. Pero en el carlismo no se encuentran referencias a los héroes españoles como Viriato, Don Pelayo o el Cid, ni a gestas colectivas como la conquista de América. Se ensalza la patria, sí, pero patria no significa más que un conjunto de tradiciones, creencias, privilegios, leyes e instituciones fundamentales que en absoluto eran privativos de España, sino típicas del Antiguo Régimen europeo. La patria tomaba carne en el rey y la religión [...]. Patria, en definitiva, era un término vacío, una pata del trípode que se disolvía en las otras dos: Dios y rey».

Este análisis tiene mucho de arbitrario. Un carlista entendía y entiende sin la menor duda que el «trípode» era más bien un orden de prelación: en primer lugar la religión, en segundo la patria, y en tercero el rey, con acomodo a la tradición intelectual hispana según la cual el poder no le llega al rey directamente de Dios, sino a través del pueblo. Y aunque el carlismo se identifica con las instituciones europeas del Antiguo Régimen, cuando hablaba de patria no pensaba en Europa, sino indiscutiblemente en España. Lo mismo que los liberales no pensaban indistintamente en Francia o Inglaterra cuando querían imponerse con consignas generales, sino precisamente en España. De ningún modo era «patria» un término vacío, aunque no cantase las glorias del Cid, Cervantes o Colón. Apenas hacía falta cantarlas, porque resultaba obvio, parte esencial de la tradición cultural distintiva de España, por nadie discutida entonces. No lo niegan frases carlistas como «muera la nación», o «aquí luchamos por la causa de todas las potencias, por los tronos legítimos contra la revolución y el jacobinismo». La «nación» detestada no era España, sino el concepto jacobino, nacionalista de ella. Y el patriotismo nunca estuvo reñido con ideas generales: el nacionalismo francés no lo era menos por su lema libertad, igualdad y fraternidad; ni Stalin dejó de dar proyección universal a su Gran Guerra Patriótica contra Hitler. Se trata de falsas oposiciones.

Y hay otra obviedad dejada de lado: los nacionalismos de Arana y Prat debieron inventar el pasado, «glorias y sufrimientos patrios» como la batalla de Padura, el «crimen» del Compromiso de Caspe o la esclavitud bajo el yugo español o el castellano; pero el patriotismo hispano del siglo XIX, tanto en su versión tradicional como en la moderna liberal, apenas necesitaba inventar, más allá de españolizar a Viriato o a Trajano, o de proyectar hacia la eternidad las esencias patrias. Nadie cuestionaba las grandes fases formadoras de España, la romanización, la Reconquista contra Al Ándalus, el Siglo de Oro, etc. No ofrecían dudas, porque su huella seguía bien fresca: nadie en España hablaba árabe o adoraba a Alá, y el Islam se reducía a poco más que arqueología en un país latino en cuanto al idioma común, el derecho, las costumbres y la religión, llegada a través de Roma. Lo contrario del norte de África, donde la brillante cultura latina se había reducido, a su vez, a arqueología. Al revés de las «glorias» de Arana o las quejas de Prat de la Riba, no se trataba de hechos inciertos, y los esfuerzos por relativizarlos o negarlos parecían abocados a fracasar por sí solos. Sin forzar las cosas, los españoles podían sentirse un pueblo europeo formado en la romanidad y la religión católica, con un idioma común aparte de los regionales, y una cultura compartida, fruto indiscutible de largos siglos de historia.

A su vez la Reconquista, dato histórico exclusivo (casi ningún país islamizado ha vuelto a la cristiandad), difícilmente habría ocurrido sin la previa existencia de un Estado español, el creado por Leovigildo y Recaredo sobre fundamento cultural latino. Y no solo porque el reino godo sirvió de legitimación para enmendar «la pérdida de España», sino porque sin ese precedente habría sido imposible reconstituir un Estado español unido. Dada la superioridad material y en parte cultural del Islam por entonces, lo más fácil habría sido la victoria musulmana, como en el norte de África; o bien la balcanización de la península en varios reinos cristianos y «moros». Aun con plena expulsión del Islam habría sido muy probable la formación de varios países separados. Pero la reunificación triunfó, por efecto de un sentimiento nacional profundo y tenaz. La excepción de Portugal confirma esa regla, prueba de la dificultad del proceso unitario.

Tampoco ofrecía duda la expansión cultural e imperial de España en los siglos XV al XIX, pues la demostraban los numerosos países hispanohablantes, la toponimia, las universidades y tantas huellas hispanas extendidas por medio mundo; hasta la difusión del catolicismo, debida al esfuerzo español en tan amplia medida. Pues otro rasgo clave de esa historia había sido la trabazón entre el elemento patriótico y el religioso, debido a la lucha contra el Islam, primero en la península y luego en media Europa frente al imperialismo otomano y el expansionismo protestante.

Por ello, ni la Reconquista ni el Siglo de Oro ni la impronta católica, etc., entran en la categoría de invenciones o fabulaciones mitificantes, sino en la historia real, aunque algunas de sus facetas recibieran un tratamiento mitificador. Estos factores y tradiciones explican que el nacionalismo español, por difuso que se presentase, lograra soportar durante el siglo XX el incesante acoso y corrosión sufridos por parte de los nacionalismos regionales y de los internacionalismos revolucionarios.

A mi juicio, el error de Álvarez Junco radica en la aplicación del molde general del nacionalismo —según él lo entiende— a realidades muy diversas. Podemos hablar de un nacionalismo español difuso, poco doctrinario, o de un patriotismo tradicional, pero no negarlos por el hecho de que no encajen en una plantilla que podría ser válida, en cambio, para los nacionalismos vasco o catalán. (El mismo error llevó a los comunistas españoles a aplicar mecánicamente los casos de los Imperios austrohúngaro y ruso o turco a España, siguiendo al efecto las especulaciones de Lenin y Stalin).

En el siglo XIX no hubo una elaboración canónica o completa del nacionalismo español, ni siquiera por parte liberal, probablemente porque no se consideró necesaria. Pero en el siglo XX, las presiones y los retos de otras teorizaciones y políticas obligaron a formular algo parecido a una doctrina. De donde no surgió una formulación más o menos nacionalista, sino dos, más una tercera durante la Guerra Civil.

La primera fue el regeneracionismo, después de la derrota del 98 ante Usa, y la segunda un españolismo tradicionalista. El primero guarda mucha semejanza con los nacionalismos de Prat y de Arana, en particular su aversión al régimen liberal de la Restauración y su denigración del pasado español como frustrado, «anormal», «enfermo», etc. Las gestas y la cultura que antaño sustentaban el patriotismo aparecían ahora desvalorizadas y reinterpretadas adversamente, mientras se mitificaban hechos históricamente marginales o fracasados, como la revuelta comunera, también al estilo de las retóricas nacionalistas de Arana, Prat, etc. Pero si este nacionalismo español y los separatismos coincidían en la denigración del pasado hispano, sacaban de él conclusiones opuestas: Prat y Arana, el intento de secesión; los regeneracionistas (Costa, Azaña, Ortega, etc.), una España reinventada, sin raíces reales. El regeneracionismo trajo también un europeísmo superficial y beatífico, hasta con propuestas de mezclar al país en la Primera Guerra Mundial.

Contra el ataque al pasado español reaccionó, bajo el régimen de Primo de Rivera, una doctrina españolista que aspiraba, como el regeneracionismo, a una rápida modernización, pero sin romper con una tradición a su entender ilustre. Esta ideología acentuaba el catolicismo y criticaba al nacionalismo por belicista y por divinizar la nación y el Estado. El aire de los tiempos y el fracaso de la Restauración la alejaban del liberalismo, y la corrosión social causada por el hervor obrerista-internacionalista la apartaban de la democracia, impulsándola a buscar asilo en el ejército, última defensa ante la impresión de colapso del país. España debía reencontrar su espíritu en la tradición católica y monárquica, para resurgir como un pueblo digno de su prosapia. Recordando el Imperio, proclamaba voluntad «imperialista» en sentido espiritual, de proyección cultural sin descartar la política si llegaba la ocasión: quizá por influjo del imperialismo catalanista de Prat de la Riba, según el historiador Enrique Ucelay.

Un punto débil de este ideario radicaba en su dificultad para explicar la decadencia de España: el país había sido monárquico y religioso tanto en su época de auge como de declive. El resurgimiento no podía venir, por tanto, de la simple insistencia en esos rasgos. Además, el nuevo ideal, como tantos otros, daba por definitiva, algo apresuradamente, la crisis del liberalismo y la democracia. Y si bien en la práctica la dictadura de Primo había modernizado al país con mayor rapidez que nunca antes desde la Guerra de Independencia, la teoría no aclaraba cómo conciliar esa modernización con unos esquemas ideológicos poco desarrollados, de tonos a veces arcaicos y difíciles de aplicar en el siglo XX. La retórica del Imperio servía de poco, y los propios españolistas cultivaban un pragmatismo eficaz, pero mediocre, sin muchos atisbos del invocado ánimo imperial. Para hacerse fascistas les influía demasiado la religión, y los resabios liberales les impedían llevar muy lejos el protagonismo del Estado. Por ello este seminacionalismo no llegó a cuajar en un movimiento definido, y aunque revitalizó el viejo espíritu patriótico, su retórica de grandezas contrastaba con una práctica reformadora y de baja tensión, un tanto débil ante ideologías más exaltantes.

Durante la República, este patriotismo seminacionalista cundiría en toda la derecha, con matices importantes: un estilo posibilista, moderado, en la CEDA, deseosa de dar una oportunidad a la convivencia republicana y, por tanto, implícitamente capaz de aceptar la democracia; más agresivo en los monárquicos y en la Falange.

A lo largo del primer tercio del siglo XX, la débil resistencia ideológica de estas doctrinas frente a la incansable ofensiva de la propaganda separatista, obrerista y regeneracionista hizo creer a muchos que el patriotismo español corría a la extinción. La misma palabra España causaba reticencia en diversos ambientes políticos e intelectuales, y en la calle los infrecuentes vítores a la nación solían ser ahogados con vivas a Rusia, a la República, a Euzkadi o a Cataluña.

Al llegar la guerra, los «nacionales» (evitaban llamarse nacionalistas, por la razón dicha) recogerían básicamente la tradición mencionada, con dos rasgos poco armonizables: el paralelo resurgir de la piedad religiosa y de la influencia fascista. Un informe del cardenal Gomá al Vaticano, en octubre de 1936, deja traslucir el problema: «Los falangistas (el fascio) son, tomados en conjunto, de espíritu menos religioso que los tradicionalistas [...]. Sus procedimientos de guerra son más duros; en su espíritu predomina el sentimiento de patria sobre el de religión; y el sentido de fuerza disciplinada prevalece sobre el sentimiento cristiano»2. Aun así, era un fascismo sui géneris, demasiado inclinado hacia la Iglesia para el gusto del alemán o el italiano.

El patriotismo nacional se alzaba ante todo contra el internacionalismo revolucionario, pero también, desde luego, contra los separatismos regionales. No era incompatible con los regionalismos, incluso las autonomías, precisamente por ciertas nostalgias del Antiguo Régimen, pero la experiencia habida al respecto le inclinaba hacia el centralismo liberal. Y tomaba también del regeneracionismo el impulso modernizador e implícitamente la tarea del «cirujano de hierro», el dictador capaz de solucionar los atrasos e injusticias más sangrantes. Encontramos ahí una ardua amalgama de actitudes intelectuales, aunque armonizables sentimentalmente.

En el bando del Frente Popular coexistían el nacionalismo regeneracionista con los separatismos catalán y vasco. No hay por qué dudar del patriotismo de personajes como Azaña, quien, en su jacobinismo, no consideraba una bendición los movimientos obreristas, la Esquerra o el PNV, sino más bien unos males a sobrellevar mejor o peor. Deseaba integrarlos con promesas de arreglo futuro y grandeza común: progreso, modernización, europeización. En no parva medida, la historia de la República había sido la del fracaso de la tentativa integradora, y al estallar la guerra los regeneracionistas republicanos de izquierda serían desplazados enseguida por los revolucionarios. Aun así, siguieron oponiendo al patriotismo de los nacionales su propio nacionalismo: eran las izquierdas —incluyendo los separatistas— quienes defendían realmente a España, al pueblo español, contra una caterva de retrógrados, clericales y militaristas que usaban el nombre de la nación para disfrazar sus injustos privilegios. Con esa versión comulgaban también los revolucionarios, a los cuales unieron irrevocablemente su destino los republicanos de izquierda, pese a haber sido aquellos los mayores causantes de la destrucción de la República, desde las insurrecciones anarquistas comenzadas en 1931 hasta la revolución de 1936, pasando por la intentada en octubre de 1934.

Para gran sorpresa de izquierdas y separatismos, el patriotismo español cultivado por los nacionales resurgió con extraordinaria lozanía y poder movilizador. Ello obligó al Frente Popular, también autodenominado «bando rojo», a apelar asimismo al fervor patriótico. Y este fue el tercer nacionalismo en pugna. Especial insistencia en él mostraron los comunistas, pronto hegemónicos en su bando: esgrimiendo la ayuda de Alemania e Italia a los nacionales, definían la guerra como de independencia nacional, frente a una «invasión nazifascista». Esperaban combinar el espíritu patriótico con la revolución o reforma social para despertar en los suyos un indoblegable afán de lucha, y en el bando de Franco resistencias internas que lo descompusieran. Sin embargo había algo de artificioso y oportunista en todo ello, y no funcionó bien. Azaña lo expone en sus diarios: «Lo que me ha dado un hachazo terrible es, con motivo de la guerra, haber descubierto la falta de solidaridad nacional. Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario, se han aprovechado para que cada cual tire por su lado».

El repentino nacionalismo español de los revolucionarios molestaba a la Esquerra y al PNV, los partidos secesionistas catalán y vasco. Y parte importante de la contienda consistiría en la relación entre todos ellos, que estudiaremos a continuación.

Nota sobre el término «Vascongadas». En otros escritos he usado el nombre «Vasconia» para las tres provincias Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. No es nombre muy adecuado, porque Vasconia era propiamente el norte de Navarra, que parece haberse extendido a las provincias citadas: «Vascongadas» se ha interpretado como «Vasconizadas». El problema es que, como ya observó Sabino Arana, no existía un nombre apropiado para el territorio donde se habla o se ha hablado el vascuence, muy dialectizado. La causa es que las tres provincias oscilaron históricamente entre Navarra y Castilla, uniéndose voluntariamente a la segunda y cumpliendo un papel importante en el recobro de Navarra para España en el siglo XVI. Cada una tenía sus propios fueros, escritos en castellano. Arana inventó el poco afortunado nombre «Euzkadi» (véase apéndice) en el que integraba, además, a Navarra y las pequeñas zonas vascas del sur de Francia. El nombre «País Vasco» es impreciso, mientras que el de «Vascongadas» parece más adecuado al sentido que recibe en este estudio.

PRIMERA PARTE: LA GUERRA CIVIL

Capítulo 1
INTERPRETACIONES SOBRE LAS CAUSAS DE LA GUERRA CIVIL

La Guerra Civil es el dato crucial de la historia de España en el siglo XX, pues marca un antes y un después hasta hoy mismo. Sobre sus causas y carácter se han dado dos versiones esenciales, más una tercera propia de los nacionalismos separatistas. De acuerdo con la primera versión, muy difundida y de base marxista, la guerra surgió de la lucha de clases, del conflicto de intereses entre una «oligarquía privilegiada» (financieros, terratenientes, jerarquía militar y eclesiástica) y «el pueblo». La II República habría traído reformas tan beneficiosas para las «clases trabajadoras» como perjudiciales para la oligarquía, por lo que esta las saboteó por sistema hasta terminar rebelándose y triunfar después de tres años de lucha, con ayuda de Hitler y Mussolini.

La segunda versión deja de lado la lucha de clases y sostiene que el grueso de la derecha, lejos de sabotear la legalidad republicana, la aceptó pese a haberle sido impuesta sin consenso en 1931. Y que fueron las izquierdas y los separatistas quienes destruyeron su propia legalidad, su Constitución, generando violentos golpes revolucionarios que hicieron imposible la convivencia pacífica.

Aunque tras la emblemática caída del Muro de Berlín pocos se dicen marxistas, esa ideología, con su lucha de clases, sigue presente en numerosas versiones de la historia y la política. Pero la secuencia de los hechos no la abona. Así, los comunistas fueron los primeros en rechazar la República. Antes de un mes de proclamada esta, las izquierdas incendiaron más de cien iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza católicos. Luego tres insurrecciones anarquistas causaron dos centenares de muertos. Las izquierdas perdieron ampliamente las elecciones de 1933, prueba de que el pueblo llano apreciaba poco sus reformas. El PSOE, la Esquerra catalana y otras izquierdas respondieron a su derrota en las urnas declarándose en pie de guerra y lanzándose al asalto de la República en octubre de 1934, asalto tipificado por el propio PSOE como guerra civil para instaurar un régimen a la soviética: en las dos semanas que duró antes de ser vencida, la insurrección causó 1.300 muertos e ingentes daños materiales y culturales. En tal ocasión, las derechas en el poder demostraron su legalismo al defender al régimen en lugar de contragolpear para acabar de destruirlo. La derrota de las izquierdas no moderó a estas, y violentaron las elecciones de febrero de 1936 con motines y coacciones a un gobierno débil, para alzarse con una victoria fraudulenta. A continuación, desde el poder y la calle, impulsaron un proceso revolucionario que en solo cinco meses ocasionó más de 300 muertos, centenares de incendios de iglesias, quemas de registros de la propiedad, prensa y sedes derechistas, invasiones de fincas e incontables desmanes más. Las agresiones culminaron en el secuestro y asesinato del líder de la oposición, Calvo Sotelo, por fuerza pública y milicianos socialistas, última gota que desbordó el vaso de la indignación de una gran masa del pueblo, causando la rebelión derechista.

De acuerdo con esta segunda versión, las causas de la guerra habrían sido no unas reformas desdeñadas por el pueblo en las elecciones de 1933, ni una legalidad democrática ya arrasada por las izquierdas, sino un sangriento empuje revolucionario que amenazaba, entre otras cosas, la integridad de España y su tradicional cultura cristiana.

Y es indudable que, frente a esta serie, aquí muy abreviada, de violencias, solo sectores minoritarios de la derecha conspiraron contra la República. Así el golpe del general Sanjurjo en 1932, fácilmente abortado (Sanjurjo, por lo demás, fue decisivo en la llegada del régimen, al poner a la Guardia Civil a las órdenes del gobierno provisional republicano). Hubo otras conspiraciones, de relevancia casi nula, excepto la de Mola, ya en 1936, frente al imparable movimiento revolucionario. Las derechas gobernaron legalmente durante los años 1934 y 1935, llamados por la izquierda «Bienio Negro». Pese al acoso y a la insurrección izquierdistas de 1934, el año 1935 fue desde el punto de vista económico, y casi desde cualquier otro, el más próspero de la República.

Otro argumento contra la versión marxista: según ella, los partidos reflejaban intereses de las clases sociales, y por tanto algún partido representaría a la clase obrera. Pero al menos cuatro grupos pretendían esa representación: los comunistas, los socialistas, los anarquistas y el POUM. Pues bien, esos «representantes del proletariado» se libraron a una rivalidad feroz, con asesinatos y persecuciones que en plena guerra alcanzaron su apogeo en dos pequeñas guerras civiles entre ellos.

La segunda versión de la guerra centra el peso explicativo en el aspecto legal y suena mucho más razonable. En toda sociedad actúan y compiten variados intereses, fuerzas, sentimientos y aspiraciones, lo que exige la presencia y respeto de la ley, para evitar un caos de colisiones entre unos y otros, o la tiranía. Las izquierdas, como es sabido, hicieron una Constitución a su gusto, y ellas mismas la destruyeron violentamente por diversas causas. A la derecha no le quedó otro remedio que sublevarse para no ser definitivamente excluida y aplastada, como no se recataban en amenazar sus contrarios.

La Constitución era solo a medias democrática, pues no fue consensuada con partidos representativos de gran parte del pueblo, agredía los sentimientos religiosos de la mayoría, cercenaba la libertad de enseñanza y reducía al clero a ciudadanos de segunda. La derecha principal, la CEDA, pensaba cambiar la Constitución por vías legales. Por lo demás, está claro que las izquierdas no eran democráticas en sus metas ni en sus medios, y lo demostraron en la práctica aunque alzasen propagandísticamente la bandera de la democracia. Las derechas lo interpretaron como imposibilidad de una democracia en España (realmente se hallaba en crisis en toda Europa), y durante la guerra instalaron un régimen autoritario, visto por unos como definitiva superación tanto del socialismo como del liberalismo, y por otros como una solución excepcional a una crisis excepcional. Por tanto, la democracia no jugó papel alguno en ningún bando.

Finalmente se ha ponderado mucho la ayuda de la Alemania nacionalsocialista y de la Italia fascista al bando de Franco, suponiendo que ello equiparaba a los tres regímenes. Otra versión carga las culpas sobre Francia e Inglaterra, que por motivos espurios habrían desamparado a la democracia representada en el Frente Popular. Los datos conocidos colisionan, nuevamente, con tales explicaciones. El Frente Popular se compuso, de hecho o de derecho, de estalinistas, marxistas revolucionarios del PSOE y anarquistas, como fuerzas principales. A su lado lucharon, en segundo plano, los republicanos de izquierda, que habían respondido a las urnas en 1933 con intentos de golpes de Estado, los separatistas catalanes, igualmente golpistas, y los separatistas vascos, de un racismo extremado. Naturalmente ni juntas ni por separado podían estas fuerzas presentarse como democráticas salvo como maniobra táctica, y los gobiernos de París, y sobre todo de Londres, eran bien conscientes de ello. No «abandonaron» a ninguna democracia, sino a un régimen revolucionario violento en extremo. Fue natural, en cambio, que recibiera el mayor apoyo del Moscú comunista.

Tampoco puede compararse la actitud de Franco hacia Hitler y Mussolini con la del Frente Popular hacia Stalin. Hitler no había emprendido aún la política de crímenes y genocidio de la guerra mundial, y Mussolini nunca lo hizo, mientras que Stalin ya acumulaba una cordillera de cadáveres. Además, Stalin pudo condicionar y orientar decisivamente la política del Frente Popular, mientras que Franco se mantuvo en todo momento independiente de sus aliados de ocasión, declarando incluso su intención de permanecer neutral en la guerra europea que se avecinaba. Intención que por otra parte cumplió. Moral y políticamente fueron dos tipos de relación muy distintos.

En fin, vale la pena reseñar el juicio de los «padres espirituales de la República», como se llamó a Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y Gregorio Marañón, firmantes de un influyente manifiesto republicano en 1931. Ortega criticó ácidamente la frivolidad de los intelectuales extranjeros que se adherían a una imaginaria democracia del Frente Popular. De Einstein dijo: «Usufructúa una ignorancia radical sobre lo que ha pasado en España ahora, hace siglos y siempre. El espíritu que le lleva a esa insolente intervención es el mismo que desde hace mucho tiempo viene causando el desprestigio del hombre intelectual, el cual, a su vez, hace que el mundo vaya hoy a la deriva, falto de pouvoir spirituel». Pérez de Ayala describía con crudeza a los republicanos en conjunto: «Cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a sus pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Nunca pude concebir que hubieran sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza»; Marañón clama: «¡Qué gentes! Todo es en ellos latrocinio, locura, estupidez. Han hecho, hasta el final, una revolución en nombre de Caco y de caca»; «Bestial infamia de esta gentuza inmunda»; «Tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales, y aún no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado?»; «Horroriza pensar que esta cuadrilla hubiera podido hacerse dueña de España. Sin quererlo siento que estoy lleno de resquicios por donde me entra el odio, que nunca conocí. Y aun es mayor mi dolor por haber sido amigo de tales escarabajos». A decir verdad, el propio Azaña pinta a sus correligionarios como afectos a «una política incompetente, de codicia y botín, sin ninguna idea alta». Crudo contraste con la mitificación de la República y del Frente Popular servida al público durante estos años y comenzada... ¡por comunistas tipo Tuñón de Lara!

Una tercera versión, de signo separatista, entiende la guerra como un ataque de la «reacción española» a Cataluña y Vascongadas. Es obvio que vascos y catalanes estaban tan divididos como el resto del país, y la pretensión contraria choca de tal modo con los datos históricos que no hará falta aquí extenderse al respecto. Y el presente estudio dejará claro, espero, la escasa lealtad de la colaboración entre izquierdas y secesionistas: en definitiva, los separatismos resultaron una importante ayuda objetiva a los nacionales, al dividir y esterilizar muchos esfuerzos del Frente Popular.

Capítulo 2
LA ESQUERRA Y EL PNV ANTE LA GUERRA

El 17 de julio, cuatro días después del asesinato de Calvo Sotelo, comenzaba en Marruecos la sublevación militar, extendiéndose al día siguiente a numerosas guarniciones peninsulares. Entonces salió a la luz hasta qué punto el proceso revolucionario gestado en los meses anteriores se había hecho incontenible. Durante unas horas de patéticas resistencias, entre los días 18 y 19, en que se sucedieron tres gobiernos, los republicanos Casares y Martínez Barrio intentaron aguantar la presión de las masas izquierdistas en demanda de armas. Ambos comprendían que ceder equivalía a hundir las últimas apariencias de legalidad republicana. Martínez intentó incluso negociar con los sublevados sobre la única base posible: el restablecimiento del orden, es decir, el aplastamiento de la revolución entre las derechas y las izquierdas «burguesas». Habría sido una solución meses antes, incluso un solo mes antes, cuando Gil-Robles y Calvo Sotelo pedían al gobierno el cumplimiento de su obligación constitucional; pero a aquellas alturas ya no había remedio. Mola rehusó, y las masas acosaron a Martínez Barrio. Dimitió este, y Giral, su sucesor, procedió a armar a los sindicatos.

En aquel momento la República, o más bien sus últimas apariencias tras los epilépticos meses previos, cayó definitivamente por tierra, y, abiertas todas las compuertas, la revolución inundó el país. Quedó en pie el gobierno republicano, aunque inoperante, por puro descontrol de los extremistas al principio, y después por interés propagandístico y para reclamar legitimidad ante el exterior. No se trataba de una revolución única con un fin determinado, sino de dos, o incluso tres revoluciones, entremezcladas al principio, pero pronto diferenciadas: las de orientación socialista o comunista, y la anarquista.

Contra una versión corriente, no fue el levantamiento derechista el causante de la revolución, sino el armamento de las masas por el gobierno jacobino. En 1934, ante el asalto izquierdista, el gobierno legítimo de centro derecha había defendido la Constitución, pese a disgustarle su carácter antirreligioso. En 1936, cuando la derecha se alzaba a su vez contra un gobierno de izquierdas sin verdadera legitimidad, este respondía precipitando la revolución que antes no había querido contener. Y, a diferencia de la insurrección de 1934, el golpe dirigido por Mola no buscaba una guerra civil sino un rápido golpe de Estado.

A los cuatro días pudo hacerse un balance general: el golpe militar había fracasado. No había logrado apoderarse de la capital ni de los principales centros urbanos del país, y en manos del Frente Popular quedaba la aplastante mayoría de los recursos materiales: la industria, la mitad de la agricultura, los grandes nudos de comunicaciones, empezando por Madrid, y las cuantiosas reservas financieras. Además, casi la mitad del ejército de tierra y casi dos tercios de la marina y la aviación, y de las fuerzas de seguridad (Guardia de Asalto, Guardia Civil, etc.), quedaba en el bando izquierdista. La marina y la aviación anulaban la única ventaja de los alzados, el reducido (menos de 25.000 hombres) pero bien preparado Ejército de África, aislado en Marruecos.

El gobierno y los revolucionarios solo tenían que cortar el estrecho de Gibraltar, reducir con una acción enérgica los enclaves rebeldes andaluces, y operar contra la extensa zona centro norte, desde Galicia hasta Aragón, en manos de los sublevados. Esta zona, sobre todo la parte navarra, generaría una caudalosa corriente de voluntarios rebeldes, pero su talón de Aquiles residía en su penuria de municiones, que le impediría resistir más allá de dos o tres semanas.

Por lo tanto, los rebeldes tenían pocas esperanzas, como apreciaron casi todos los observadores. Se confirmaba la dificultad de triunfar por la fuerza contra el aparato del Estado, el cual, aunque precario, daba la superioridad a quien lo poseyera de entrada. La victoria del Frente Popular, afirmaría Prieto, estaba garantizada por mucho heroísmo que derrocharan sus enemigos.

En Barcelona, la rebelión, dirigida por el general Goded, fue vencida en una cruenta lucha de calles por la Guardia de Asalto, la Guardia Civil y grupos anarquistas. Sin pérdida de tiempo, la CNT tomó las calles y se impuso en la ciudad, y por tanto en Cataluña. Siguió, como en las demás regiones en poder de las izquierdas, un torbellino de colectivizaciones y de terror contra las derechas y la Iglesia.

El terror fue practicado por los dos bandos, y respondía al odio incubado en las violencias de los años anteriores. Las izquierdas ensalzaban ese odio como virtud revolucionaria, y en las derechas surgió como ansia de desquite tras cinco años de frecuentes, y a última hora continuas, agresiones de sus contrarios. Unos y otros habían resuelto hacer una «limpia» ejemplar de enemigos. En Cataluña, el principal instrumento del terror serían las «patrullas de control», formadas mayoritariamente (algo más de la mitad) por anarquistas. Andando los meses, los demás partidos, allí como en el resto de la zona izquierdista, intentarían descargar sobre la FAI y los llamados «incontrolados» la responsabilidad por el terror, pero todos los partidos participaron en su organización.

La Esquerra encontraba muy inquietante el poder ácrata, máxime cuando entre ambas fuerzas mediaban tantas cuentas por saldar. De momento la oposición al golpe militar creaba un nexo entre ellas, pero la cuestión radicaba en si los anarquistas llevarían a fondo su revolución o no sabrían bien qué hacer con su victoria.

En la ardua situación, Companys tomó la iniciativa con un acto de aparente sumisión a los triunfantes ácratas. Conocía su mentalidad, pues antaño había sido abogado de muchos de ellos complicados en el terrorismo. El día 20 convocó a sus líderes, entre ellos García Oliver, Durruti y Abad de Santillán. Los jefes de la Esquerra, si bien algo asustados, supieron impresionar a sus oponentes. Según parece, Companys les dijo: «Habéis vencido y todo está en vuestro poder; si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña, decídmelo ahora, que yo pasaré a ser un soldado más en la lucha contra el fascismo». Y, hábilmente, les sugirió que podría beneficiarles como representante legal, ya que la guerra exigía reconocimiento internacional y armas, que no obtendrían los anarquistas, pero sí él. García Oliver lo resume: «Declaraba que [...] habíamos sido injustamente perseguidos [...]. Que si opinábamos que todavía podía ser útil en la lucha, que [...] no sabíamos cuándo y cómo terminaría en el resto de España, podíamos contar con él, con su lealtad de hombre y de político convencido de que aquel día moría un pasado bochornoso, y que deseaba sinceramente que Cataluña marchase a la cabeza de los países más adelantados en materia social». Como presidente de la Generalidad, «estaba dispuesto a asumir todas las responsabilidades» al servicio de la causa común. Y les propuso crear un comité con representación de todas las izquierdas, a las que había reunido al efecto en otra sala del Palau3.

La respuesta de la CNT demostró su inseguridad sobre qué hacer. García Oliver y otros deseaban «ir a por el todo», es decir, liquidar cualquier poder «burgués» e imponer una sociedad libertaria; pero la mayoría vaciló. La líder ácrata Federica Montseny, de acuerdo con Abad de Santillán, dirá que «vencer al fascismo [...] era más importante que realizar nuestros propios ideales»4. Acordaron, por fin, crear un «Comité de Milicias Antifascistas», dando generosa participación a los partidos que con tanta humildad se les ofrecían. Aquella cesión, señala agudamente García Oliver, marcó el comienzo de la derrota cenetista en el apogeo de su éxito. Porque, además, dejaban en pie, al lado del Comité de Milicias, a un gobierno «burgués», una Generalidad impotente por el momento, pero decidida a recobrar posiciones.

Y a los dos días Companys hacía valer solapadamente su autoridad desde el Butlletí Oficial, que «nadie leía». Un decreto creaba milicias ciudadanas al mando de Pérez Farrás, militar esquerrista y participante en el 6 de octubre. El comité anarquista tendría misiones «de enlace» y el conjunto dependería de la Consejería de Gobernación. Un «golpe de audacia», señala García Oliver, pero prematuro: «En la euforia de una victoria que caía en sus manos sin haber realizado él ni su partido el más mínimo sacrificio, una vez vencido el miedo de tener que pasar por la humillación de octubre del 34, cuando fue él quien tuvo que explicar por radio su capitulación, debió de pensar Companys que, tras la rendición de Goded, los hombres de la CNT-FAI procederían a su vez a deponer las armas y regresar a sus hogares [...]. ¡Ilusiones!»5.

Al crear una Consejería de Defensa, el decreto iba también contra la Constitución, prueba de un designio de rebasarla. El día 23, Companys reunió a los partidos para dar fuerza a sus medidas, pero los anarquistas las echaron abajo, aunque solo en parte: aceptaron en principio el decreto, pero rechazaron las «milicias ciudadanas» y el mando de la Generalitat, e impusieron a los partidos su Comité de Milicias Antifascistas como centro del poder efectivo, para sostener y encauzar un «orden revolucionario». Los demás hubieron de asentir, de muy mala gana.

Las vacilaciones anarquistas persistieron. En un pleno regional se planteó hundir el Comité de Milicias para imponer la revolución social. García Oliver defendió esa postura, pero la mayoría rehusó. Federica Montseny, haciendo un juego de palabras, afirmó que ello supondría implantar una dictadura anarquista, la cual por ser dictadura no podía ser anarquista. Influía también el miedo a una intervención extranjera, hábilmente difundido por Companys y varios líderes de la FAI para frenar a los revolucionarios.

Las medidas anarquistas favorecían indirectamente a la Esquerra, pues al echar abajo el estatuto autonómico debilitaban también a un gobierno central al garete. Los separatistas explotaban los hechos consumados frente a Madrid, y disputaban sinuosamente el poder a la CNT-FAI en Cataluña. Lo último exigía evitar que los ácratas percibiesen el alcance de sus propuestas, hechas siempre en nombre de un supuesto interés común.

Por contraste, lo que quedaba de la Lliga, siempre capitaneada por Cambó, tomó partido bien pronto por los sublevados, a quienes aportó dinero, una activa propaganda y apoyo internacional, un servicio de espionaje y numerosos voluntarios entre los catalanes que lograban evadirse del poder revolucionario.

En Vascongadas el golpe triunfó en Álava, fracasó en San Sebastián, y no se intentó en Bilbao. El PNV padeció dudas torturantes. ¿Debía aliarse a quienes llevaban las de ganar y prometían el estatuto, pero traían el desorden y la persecución contra la Iglesia? ¿O a una derecha reacia a la autonomía —máxime cuando el PNV pensaba rebasarla—, pero defensora de la religión? ¿O debía mantenerse al margen?

Luis Arana, en el grupo Jagi-Jagi, propugnó la abstención considerando el conflicto un asunto «entre españoles». El hermano del Maestro Sabino seguía gozando de influencia en el ámbito nacionalista, pero su postura no surtió efecto porque, por mucha doctrina que quisiera echarle, la lucha afectaba inevitablemente a los vascos, como a los habitantes de cualquier otra región. La mayoría de los nacionalistas de Navarra y Álava se unió a los sublevados, ayudándoles al rápido dominio de ambas provincias.

Más confusión hubo en Vizcaya y Guipúzcoa, donde el PNV constituía la primera fuerza política y su postura tenía la mayor relevancia para los dos bandos. Las cosas empezaron a aclararse apenas conocida la sublevación, cuando Irujo, en San Sebastián, y sin consultar con los demás líderes anunció por radio el alineamiento de su partido «con la encarnación legítima de la soberanía popular representada en la República». Días después contribuyó a la rendición de los alzados en la ciudad, prometiéndoles respeto a sus vidas (serían masacrados por las milicias izquierdistas). El órgano superior del partido, el EBB (Euzkadi Buru Batzar), reacio a colaborar con las izquierdas, preparó un comunicado neutralista, pero Irujo se ingenió para evitar su publicación e imponer los hechos consumados. En Vizcaya, el dirigente Juan Ajuriaguerra siguió a Irujo, y el mismo día 19, cuando la revolución se extendía por el país, sin exceptuar a Vizcaya y Guipúzcoa, el comité vizcaíno radiaba su célebre comunicado: «El Partido Nacionalista Vasco [...] planteada la lucha entre la ciudadanía y el fascismo, entre la república y la monarquía, sus principios le llevan indeclinablemente a caer del lado de la ciudadanía y de la república, en consonancia con el régimen democrático que fue privativo de nuestro pueblo en sus siglos de libertad»6.

A decir verdad, ni había existido aquel régimen democrático en siglos pasados, ni la mayoría de los sublevados era fascista o especialmente monárquica (la monarquía no fue invocada como fin del golpe); y pocos llamarían «ciudadanía y república» al movimiento revolucionario en marcha. El PNV conocía bien los hechos, pues había señalado poco antes la rápida descomposición del Estado, y en aquel momento las milicias izquierdistas en Vizcaya y Guipúzcoa tomaban la calle y realizaban numerosos arrestos y asesinatos de «gente de orden». Mas la clave política para Irujo, Ajuriaguerra y los suyos consistía en el estatuto. «Bendecirían la mano» de quien se lo otorgase, y a él supeditaban cualquier otra consideración.

Deseando atraerse al PNV, los rebeldes tardaron todavía un tiempo en ilegalizarlo. De no lograr su apoyo, le exigían al menos la defensa del orden en Vizcaya y Guipúzcoa. El 3 de agosto los peneuvistas navarros F. J. Landaburu y M. Ibarrondo transmitían a Aguirre una advertencia: «Si los nacionalistas de ahí os limitáis, mientras ahí manden los rojos, a ser guardadores de edificios y personas, si no tomáis las armas contra el Ejército, seréis respetados»; pero en caso de alianza firme con los extremistas serían tratados como estos. Exigencia difícil, pues el PNV solo podría defender algo el orden si aparecía aliado a las izquierdas. De otro modo, estas le atacarían7.

En principio la opción por la «república», es decir, por la revolución, era una buena apuesta para el PNV: el Frente Popular parecía el ganador. Al mismo tiempo podría frenar en alguna medida los desórdenes y, al abrigo de la confusión y las divisiones entre las izquierdas, utilizar a su modo el prometido estatuto. Aun así, había malestar entre muchos nacionalistas, discrepantes de Irujo y Aguirre.

La revolución tuvo un efecto beneficioso para los alzados. La euforia inicial llevó a los partidos, seguros de la pronta liquidación del alzamiento, a rivalizar entre sí por el reparto de poder, y esa actitud y el desorden del principio dio a aquellos el respiro preciso para mejorar sus posiciones.

Así, Franco pasó tropas de África a la península en el primer puente aéreo de la historia. Fuerzas escasas, pero suficientes para asentar y ampliar una zona segura en Andalucía occidental, bajo el mando de Queipo de Llano; para abastecer a Mola, angustiosamente necesitado de municiones; y para unir por Extremadura las dos zonas rebeldes. Estos logros, en poco más de dos semanas, salvaron del desastre a los sublevados. Los aviones eran españoles fundamentalmente, y solo después intervinieron de lleno los alemanes y los italianos, a quienes suele atribuirse, sin base, el puente aéreo.

De este modo el fracasado golpe se transformaba en guerra civil. Con todo, las débiles fuerzas de Franco debían terminar derrotadas, y así lo juzgaba la mayoría. Pero lograron abrirse paso por Extremadura y el valle del Tajo, liberando a finales de septiembre el Alcázar de Toledo, cuya empecinada resistencia lo había convertido en símbolo mundial. Y en menos de cuatro meses, el 6 de noviembre, las tropas franquistas se asomaban a Madrid, mientras el gobierno del Frente Popular, que acababa de integrar a cuatro ministros anarquistas, huía a Valencia en medio de una inmensa confusión. La capital parecía a punto de caer, y con ella el Frente Popular. Una guerra corta, después de todo.

Los rebeldes a punto de vencer se dieron a sí mismos el nombre de «nacionales», descartando el término «nacionalista», poco grato a sus doctrinas. Aquí emplearé ese término, o los de «bando derechista» o «franquista». Habiéndose derrumbado lo poco que quedaba de la legalidad republicana en julio de 1936, no llamaré republicano al bando contrario, sino izquierdista, populista (de Frente Popular) o revolucionario.

Capítulo 3
LA GENERALITAT SE ARMA Y ACOMETE EMPRESAS bélicas

Durante esos meses la situación evolucionó también muy rápidamente en Cataluña.

Como primera medida militar, el Comité de Milicias envió una columna, mandada por Durruti y asesorada por Pérez Farrás, contra Aragón. Pronto se le sumarían columnas de diversos partidos, con un total de 18.000 hombres, incluidos contingentes militares y fuerzas de seguridad. La salida de milicias, en su mayoría anarquistas, beneficiaba a la Esquerra, que, con escasa participación en la ofensiva, la alentaba dándole un tinte nacionalista o imperialista, como empresa de la «Gran Cataluña»: aprovechaba la iniciativa ajena y dejaba que la CNT sufriera el desgaste y se debilitara en Barcelona, reservándose para la prueba de fuerza que, obviamente, había de llegar antes o después.

Según la leyenda, las columnas iban mal armadas, pero, como ha mostrado R. Salas Larrazábal, disponían de bastante más armamento que sus adversarios y de dominio casi absoluto del aire. La expedición empezó el 24 de julio y avanzó sin apenas obstáculos, hasta estancarse ante la firme resistencia de las capitales regionales Zaragoza y Huesca (Teruel la atacaban milicias de Valencia). En el territorio ocupado los anarquistas iban a intentar aplicar su comunismo libertario8.

«Los frentes de combate de Cataluña» solo registraban éxitos. Los nacionalistas hablaban de un magno plan de ofensiva por Huesca sobre Navarra, en coordinación con fuerzas vascas. Todos los cálculos demostraban la inevitabilidad de la victoria: «Cataluña sola tiene 2.800.000 habitantes. Navarra solo 353.000. Y el medio Aragón de los fascistas no llega al millón. Cataluña sola puede poner en línea efectivos DOS VECES más numerosos [...]. Sin contar que los navarros han de hacer frente al País Vasco, y los de Teruel a los valencianos». Además, el enemigo era mucho más pobre. Companys resumía: «Contamos con la industria, con las armas y con la moral». Acertaba más en los dos primeros factores que en el último9.

Rovira i Virgili, orientador intelectual nacionalista, aclaraba: «En el siglo XII, Cataluña evitó que Aragón cayese bajo el dominio de la férrea monarquía castellana, y lo encaminó en la dirección de la política catalana, más abierta, más liberal, más universal. En este año crucial del siglo XX, Cataluña evita que Aragón sea dominado por la vieja España monárquica y lo lleva, liberándolo, a la nueva unión de los pueblos peninsulares [...]. Estamos seguros de que esta nueva gesta catalana será recordada siempre por el auténtico pueblo aragonés, y que aquel grito de alegría y gratitud que ahora brota de las villas y aldeas de Aragón —«¡Madre, los catalanes!»— perdurará después de la guerra, en la paz y la libertad de todos». Ni la peculiar visión histórica ni el optimismo un tanto paternalista tenían mucho fundamento. La conducta de las columnas anarquistas y nacionalistas, identificadas excesivamente con «Cataluña», había despertado más bien la furia de los aragoneses contra sus vecinos10.

Otro artículo de Rovira reflejaba la euforia y manía de grandezas de las semanas iniciales: «Cataluña está a la cabeza no solo de la península, sino aun del mundo. Está en gestación un nuevo sistema económico, y aquí toma forma y orientación concretas. No es la reproducción de la Revolución francesa ni de la Revolución rusa. Es el inicio de la Revolución catalana, profundamente original y ampliamente constructiva [...]. Cataluña muestra más que nunca su fisonomía de nación [...]. Hacía ya muchos meses que nosotros [...] señalábamos con insistencia esta misión a nuestro pueblo». Se fundían «catalanismo y universalismo». Era el triunfo del profeta Prat de la Riba. Aunque no faltaban los llamamientos a poner un poco de orden en la revolución11.

La ofensiva sobre Aragón iba a completarse con otra, planeada inicialmente en Madrid, para conquistar Mallorca. En la gran isla había triunfado el alzamiento derechista, impidiendo al Frente Popular el pleno dominio del Mediterráneo próximo, y amenazando la zona levantina y catalana izquierdista. La Generalidad, viendo la ocasión de ganar protagonismo militar, se apropió la iniciativa: la Gran Cataluña se extendía por el frente de Aragón y ahora por el mar, aunque precisara contar con la flota de Cartagena y con voluntarios valencianos. Rovira i Virgili cantaba épicamente: «La expedición a Mallorca. Este título clásico en la historia de Cataluña vuelve a ser actualidad. Otra expedición a Mallorca sale de las costas catalanas. ¿Qué catalán nacional no sentirá la emoción del nuevo acontecimiento? [...] Que la mar y los vientos y el fuego sean propicios a los expedicionarios de Cataluña!»12.

El ataque disfrutó de un poder aeronaval abrumador (un crucero, varios destructores, barcos de guerra menores, grandes transportes y una escuadrilla aérea) frente al cual no había nada; más una nutrida fuerza de desembarco de entre 7.000 y 10.000 hombres, que debían arrollar a los 2.000 o 3.000 enemigos esperados. Previamente Palma de Mallorca sufría «la acción dolorosa y terrible de la gloriosa aviación republicana [...]. La bella ciudad de las islas ha sufrido terriblemente por el fuego y la metralla», señalaba La Humanitat. Pero se trataba de acciones necesarias «sobre muchos pueblos y ciudades donde el fascismo criminal» dominaba. «Mil vidas que tuvieran Goded y sus secuaces [...] no pagarán todo el mal que han hecho». Se felicitaba también de que «Zaragoza ha sido bombardeada duramente»13.

Con la mayor facilidad cayó Ibiza, donde empezaron las disputas. El capitán Bayo, jefe de la columna catalana, reclamó el mando supremo, y el crédito y la gloria para la Generalidad, desazonando a Madrid. El desembarco en Mallorca empezó bien, el 16 de agosto. La defensa reaccionó débilmente, siendo elementos civiles y oficiales jóvenes los más decididos. Tres días después llegaron tres hidros italianos y más tarde algunos aviones más, los cuales, en inferioridad, disputaron el dominio aéreo a los atacantes. Pero el factor que cambió las tornas fue la destitución de los flojos mandos de la defensa, sustituidos por el enérgico coronel García Ruiz. Los asediados, en difícil situación, desataron sobre quienes pudieran ayudar al enemigo una represión implacable, descrita con algunas licencias literarias por Bernanos en su célebre Les grands cimetières sous la lune.

Hacia finales de agosto el avance cesó, y en Barcelona cundió el desaliento. El día 29 los nacionalistas enviaron una comisión a Madrid, que, exagerando mucho las fuerzas enemigas, pedía gran cantidad de material nuevo y el envío del acorazado Jaime I, mientras pretendía que Bayo había obrado por su cuenta. Pero a esas alturas tanto en Barcelona como en Madrid daban la acción por inútil, y se ordenó la retirada, realizada el 3 de septiembre. La Humanitat informaba a su modo: «Han tornado invictas nuestras milicias». La culpa recaía sobre Madrid. El 15 era evacuada Ibiza. El gobierno intentó trasladar las fuerzas expedicionarias a combatir al ejército de Franco, que avanzaba sobre Madrid y podía decidir la guerra en corto plazo, pero no lo consiguió14.

Tanto en la ofensiva de Aragón como en la de Mallorca la Esquerra jugó sus bazas de modo sutil: había enviado pocas fuerzas a la lucha, pero maniobró para recoger el laurel político y propagandístico. De todos modos los nacionalistas estaban divididos. Fuera del partido de Companys, y en una mezcla de simbiosis y rivalidad con él, actuaban grupos menores, algunos próximos al fascismo y partidarios de la insurrección contra España, como Nosaltres sols (nombre copiado del Sinn Féin irlandés), Palestra, Estat Catalá (escindido de la Esquerra poco antes del alzamiento derechista), etc. Todos veían la guerra y la descomposición del Estado como la oportunidad para separar a Cataluña, pero chocaban con la hegemonía anarquista, frente a la cual podrían necesitar al poder central, cuando este se recuperase. Companys, inseguro, no predicaba una secesión completa, pero tampoco la excluía: como siempre, dejaba hacer a los secesionistas, cuya actividad podría serle útil.

Así, se formaron unas «milicias pirenaicas», embrión de un ejército que ocuparía la frontera con Francia para, desde allí, imponerse en todo el Principado desplazando a la CNT. Paralelamente se establecieron contactos oficiosos con París, al que se prometía una influencia excepcional en Cataluña, pese a no gozar la Cataluña francesa de una autonomía como la española. Reinaba el entusiasmo en los círculos nacionalistas, pues se habrían «obtenido garantías de intervención francesa abierta», y «en el Ministerio de Defensa de la República vecina no faltaban sensibilidades para entender, aun si con ciertas reticencias, las tesis catalanas». Llegaron a prepararse aeródromos próximos a los Pirineos para el aterrizaje de aviones con tropas y material franceses15.

En la segunda quincena de agosto estos esfuerzos fructificaron en la formación de una columna, llamada significativamente Pau Claris. No sabemos hasta dónde llegaron los tratos con Francia, pero Portela Valladares afirma en sus memorias haber oído «de los labios del cónsul de Francia, M. Trémoulet, que el presidente de la Generalidad había ofrecido anexionar Cataluña, Baleares, Valencia y Murcia a la República Francesa y que estaban en trámite serio tales negociaciones». Sin duda hay bastante por investigar en la conducta de Companys por aquellos días. Debe recordarse que, de no ser por la resistencia de Dencàs a oficiar de chivo expiatorio, posiblemente hoy siguiéramos a oscuras sobre sus actividades previas al 6 de octubre16.

Un promotor incansable de estas maniobras era Batista i Roca17, hombre de derecha participante en el golpe de octubre, próximo a Carrasco i Formiguera y a Dencàs, y también a Companys. A su entender, «presenciamos en las últimas generaciones la decadencia de Castilla que arrastra a la decadencia y la desintegración su Estado español, su España. esta es la última etapa. Los catalanes no podemos hacer ningún plan de futuro si no partimos del hecho de la decadencia y próxima disolución de España. La política [...] de cortar amarras y salvarnos haciendo que el Estado catalán llegue a ser uno de los estados sucesores del Estado español, no es una política extremista ni furiosa. Es una política de prudencia inspirada en la reflexión y el estudio»18. Ideas compartidas por Carrasco, ya expuestas por La veu de Catalunya cuando el 98, pero más radicales, y siempre con una retórica permanente en el nacionalismo catalán: un extremismo inevitablemente belicoso en pro de la balcanización de España, se presentaba como hijo de la prudencia y la reflexión. Así se había expresado Companys cuando incitaba a la rebelión en el verano del 34 (detallado en P. Moa, Los orígenes).

No hay duda de que esta concepción tenía muchos partidarios, como probarían las iniciativas de la Esquerra, aún bajo el poder de hecho del Comité de Milicias y en competencia con él. El 2 de agosto se formó a espaldas de la CNT un nuevo gobierno de la Generalidad, con todos los partidos y la UGT. Era otro intento prematuro de marginar el poder ácrata, y este reaccionó obligando a excluir a los marxistas. Hubo de formarse un nuevo gabinete, el día 9. Companys se tituló, inconstitucionalmente, «Presidente de Cataluña», y, como si fuese jefe de Estado, encargó la formación y dirección del gobierno a Joan Casanovas, secesionista sin disimulo, que acababa de hablar por radio de unas «fronteras» de Cataluña con el resto de España19.

El nuevo gabinete arrasaba el estatuto dotándose de una Consejería de Defensa, depurando las fuerzas armadas a su gusto, suprimiendo la figura del delegado del gobierno, controlando la frontera y las aduanas, creando una comisión de industrias de guerra al margen de Madrid, y hasta emitiendo moneda. Asimismo organizó un Comisariado de Propaganda, encargado a Jaume Miravitlles, separatista sin ambages, y con mucha participación de Batista. Este organismo operaba de cobertura para una clandestina sección de relaciones internacionales, también al margen de la ley. El 30 de agosto la Generalidad declaraba que en Cataluña solo tendrían fuerza de ley las disposiciones del Butlletí, lo que entrañaba la independencia administrativa20.

Al mismo tiempo, y a espaldas de Madrid, seguían las gestiones oficiosas en Londres, París y Ginebra, en busca de apoyos a una Cataluña separada. Cataluña, creía Casanovas, se había convertido «en el eje de la política europea. Aquí se entrecruzan los hilos más delicados del destino del mundo». Convenía, pues, tirar de esos hilos. Se pensó declarar la independencia y pedir ayuda a Inglaterra y Francia para dominar «el caos anarquista» (con el cual colaboraba la Generalidad) que, como en el golpe de octubre del 34, ofrecía una fácil coartada. No faltaron acercamientos a los nazis por parte de Batista y otros, ofreciendo una Cataluña «ni anarquista ni comunista», tal vez fascista, aunque ajena a un fascismo español. Companys habría estado detrás de los contactos, también encomendados a Dencàs ante el fascismo italiano. El 23 de octubre Ventura Gassol, otro líder nacionalista extremo y complicado en el 6 de octubre, salió de Barcelona perseguido por la FAI, pero con encargos concretos de Companys en París, probablemente para un reconocimiento de la independencia de Cataluña21.

Por un momento el Foreign Office especuló con que «si Madrid caía en manos de los franquistas y el gobierno republicano no oponía serias objeciones», sería factible reconocer a la nueva república catalana, tomando como precedente la separación noruega de Suecia en 190522, y también París lo tomó en cuenta, como explica el historiador Núñez Seixas, investigador de estas actividades de los «nacionalismos periféricos». Pero Roma y Berlín, comprometidos con Franco y conscientes de la debilidad de la Esquerra, opinaban que una república catalana caería en la órbita soviética, y declararon su oposición. Las democracias tampoco creían viable una independencia no comunista, y temían una mayor desestabilización del Mediterráneo. Por ello la oportunidad de la secesión, si alguna vez la hubo, se evaporó pronto23.

Otra esperanza separatista provenía de la URSS. El 23 de julio se había formado, por fusión de cuatro pequeños grupos marxistas, entre ellos la sección regional del PSOE, el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) dominado enseguida por los comunistas. El nuevo partido apoyó a la gente deseosa de acabar con el desorden y las colectivizaciones, y criticó sin miramientos a los anarquistas y al partido comunista rival, el POUM, ajeno a la disciplina de la Comintern y acusado de troskista. Para la Esquerra, atemorizada por la CNT-FAI aunque colaborase y la socavase con tesón al mismo tiempo, la rápida consolidación del nuevo partido fue una verdadera fortuna, y creyó poder utilizar a su favor su pugna con los anarquistas. Pues bien, el PSUC se había integrado en la Comintern al margen del PCE y bajo la dirección efectiva del consejero húngaro Erno Gerö, «Pedro». Ello indicaba una disposición del Kremlin a favor del separatismo, y en el PSUC iban a registrarse tensiones entre la tendencia nacionalista y la españolista; pero esta última prevaleció conforme la Comintern entendió la imposibilidad de ganar la guerra sin apelar al patriotismo español y sin una dirección política y militar de conjunto firme y centralizada.

En septiembre la CNT, aunque dominaba la calle y mataba o forzaba a exiliarse a nacionalistas que le molestaban, sufrió una derrota trascendental. Cediendo a la amenaza de no recibir créditos ni armas si no disolvía el Comité de Milicias, entró, el día 29, en el gobierno de la Generalitat, presidido ahora por Josep Tarradellas. Impuso la condición palabrera de cambiar el nombre «gobierno» por el de «consejo», y aceptó la presencia de su archienemigo PSUC. La CNT tendría la Consejería de Defensa, pero las demás suyas, Abastos, Sanidad y Economía, significaban poco, y se reducían en buena medida a auxiliar el poder creciente de Companys y Tarradellas.

Tarradellas, a diferencia de su actitud muy posterior, era un extremista. Azaña transmite esta opinión de un esquerrista moderado, Pedro Corominas: «El mayor culpable de lo que pasaba en Barcelona no es Companys, aunque tenga mucha culpa. La mayor es de Tarradellas, que era presidente de La Falç (la Hoz) donde se agrupaban los locos. ¿Quién nos metía a nosotros a hacer ejército, ni moneda ni otras cosas?»24.

Pero el poder tampoco estaba plenamente bajo la rienda de la Esquerra. El gobierno de Valencia no se resignaba a verse desbancado, y contaba cada vez más la batuta de Moscú, representada en Barcelona por el cónsul general Antónof-Ofseienko, un héroe de la Revolución rusa llegado el 2 de octubre. El destino de las izquierdas españolas pasaría a manos del Kremlin desde el 25 de octubre, cuando el gobierno de Largo Caballero pusiera en sus manos las reservas del Banco de España y su gestión práctica. El embajador soviético Rosenberg y el cónsul en Barcelona actuaban como verdaderas autoridades. La influencia comunista se haría palpable en diciembre, al imponer el PSUC la eliminación del POUM del gobierno catalán, donde Andrés Nin había tenido la Consejería de Justicia. Companys, desde luego, estaba encantado con el cónsul y con el PSUC, aliados contra la pesadilla ácrata.

También a finales de octubre, cuando las tropas de Franco se acercaban a Madrid, Azaña huyó a Barcelona, donde fue recibido con hostilidad por la Esquerra, que no deseaba la presencia de quien encarnaba el poder central, aunque fuera de modo simbólico, y podía ser testigo de los sucesos; y por la CNT, que no sentía por él la menor simpatía desde la matanza de anarquistas por el gobierno republicano en Casas Viejas.

Simultáneamente con estas maniobras políticas, la persecución hacía estragos en la Iglesia, sobre todo en el clero no nacionalista. «Es de notar, y ha llamado poderosamente la atención, que los sacerdotes militantes del catalanismo hayan salido todos indemnes de los sangrientos sucesos de julio, mientras sucumbían a centenares sus hermanos. Persona de responsabilidad absoluta me asegura que fueron cuidadosamente buscados y puestos a salvo por uno de los ministros del Gobierno de la Generalidad», señalaba una información guardada en el archivo Gomá25. También salió con vida el cardenal Vidal y Barraquer, muy nacionalista y rival de Gomá por la primacía en el Episcopado español. El obispo auxiliar de Vidal, Borrás, acompañante suyo cuando ambos fueron detenidos, tendría menos suerte o protección, y fue asesinado. No todos los clérigos nacionalistas salieron indemnes (por ejemplo fueron fusilados varios monjes de Montserrat protegidos por la Generalidad), pero sí bastantes, los cuales formaron en Roma un activo grupo de presión opuesto a Franco. Este salvamento iba a tener la mayor trascendencia para el renacimiento del nacionalismo catalán, casi treinta años después.

Pero en 1936 no solo existían tensiones entre los separatistas y la CNT, sino entre los propios separatistas, por divergencias en la actitud frente a los ácratas: muchos, de forma un tanto irreflexiva, querían llegar al enfrentamiento abierto, contrariando a Companys. Así, en noviembre, tuvo lugar la extraña fuga del presidente del Parlament, Joan Casanovas, a Francia, en circunstancias dramáticas aclaradas por el historiador Ucelay da Cal en «El complot nacionalista contra Companys»26. Casanovas formaba parte de una intriga que venía de atrás. A finales de abril, habían sido asesinados los hermanos Josep y Miquel Badía, pertenecientes al grupo Estat Català, de carácter fascista e integrado en la Esquerra. Josep, loado por los separatistas como Capità Collons, había dirigido la policía regional, y la CNT le acusaba de torturas y asesinatos contra sus miembros. Se intentó achacar el atentado a la Falange, pero los asesinos habían sido anarquistas.

Sin embargo, en medios nacionalistas había la convicción de que el crimen había sido encargado por Companys, que odiaba a Josep por razones políticas y sobre todo por rivalidades amorosas con una chica casada llamada Carme Ballester. Estat Català se escindió entonces de la Esquerra y procedió a algunas venganzas mortales. Pero el asunto no quedó ahí. Las diferencias se enconaron durante la guerra y los radicales planearon un golpe para deponer o matar a Companys. En él participaban, aparte de Casanovas y otros altos cargos, Andreu Reverter, comisario general de Orden Público. Reverter había sido una especie de proxeneta que facilitaba jovencitas a jefes de la Esquerra. Era amigo de Carme Ballester, la cual, por su intimidad con Companys había adquirido influencia política, y probablemente por eso había llegado al importante cargo que ostentaba. Por razones oscuras, Reverter entró en la conspiración contra quien le había elevado tan alto. Entonces interviene la CNT deteniendo al flamante jefe de Orden Público, acusándole de tráficos delictivos, y este chantajeó a Companys para que lo liberasen, so pena de revelar «aspectos inconvenientes» del presidente de la Generalitat. Para entonces la conjura había sido descubierta, por las jactancias de Estat Català. Reverter fue liberado con promesa de trasladarlo a Francia, pero en lugar de ello los agentes de Companys lo eliminaron de un tiro en la nuca. El presidente del Parlament, Casanovas —también ligado íntimamente a una vedette del Barrio Chino— fue a su vez detenido y enérgicamente interrogado, pero pudo escapar y refugiarse en Francia. El golpe fracasó y Companys pudo vengarse cumplidamente27.

El nacionalismo de derechas, en cambio, tras unas vacilaciones iniciales desplegó un apoyo muy activo al bando de Franco. Su acto externo de mayor relieve fue el famoso manifiesto de adhesión, a finales de octubre: «Como catalanes, afirmamos que nuestra tierra quiere seguir unida a las de los demás pueblos de España por el amor fraternal y por el sentimiento de la comunidad de destino que nos obliga a todos a contribuir con el máximo sacrificio a la obra común de liberación de la tiranía roja y de reparación de la grandeza futura de España. Como catalanes, saludamos a nuestros hermanos que, por millares, superando los obstáculos de la situación de Cataluña, luchan en las filas del ejército liberador y exhortan a todos los catalanes a que, tan pronto como materialmente sea posible, se unan a ellos ofreciendo sus vidas por el triunfo de la causa de la civilización en lucha contra la barbarie comunista. El caso de Cataluña no difiere del de Madrid, Valencia, Málaga y otras ciudades y regiones de España, oprimidas por un poder despótico del que desean fervientemente verse liberadas». Lo firmaban 128 personalidades catalanas, políticos, intelectuales e industriales, entre ellos Santiago Alcobé, Ramón d’Abadal, Gaziel, D. M. Pamies, F. Mompou, J. M. Trias de Bes, etc. Probablemente los más destacados intelectuales catalanes optaron por el bando de Franco: Josep Pla, Sert, Eugenio d’Ors, Dalí, Valls Taverner, Agustí, etc. Un grupo de ellos fundó en Burgos la revista Destino, de carácter falangista.

Capítulo 4
EL LENDAKARI AGUIRRE DIRIGE LA GUERRA EN VIZCAYA

Esos meses de julio a noviembre de 1936, cuando las columnas nacionales avanzaban sobre Madrid, también contemplaron trascendentales sucesos militares y políticos en Vizcaya y Guipúzcoa. Los navarros y alaveses entraban en Guipúzcoa el mismo 19 de julio, y a principios de agosto el obispo Múgica, de Vitoria, y Olaechea, de Pamplona, escribían una pastoral requiriendo al PNV a romper con los perseguidores de la Iglesia católica. Con eso, la situación podía cambiar rápidamente en las dos provincias, pero Aguirre e Irujo desoyeron a los obispos. Fingieron dudar de la autenticidad de la pastoral, y luego de que Múgica hubiera hablado con libertad. No había razón para la duda, pues nadie ignoraba el acoso exterminador desatado por las izquierdas contra la Iglesia, pero Aguirre e Irujo se insolidarizaron con los perseguidos, cosa bastante lógica desde el punto de vista sabiniano, que no consideraba auténticos católicos a los maketos, aunque surgiera de ellos una multitud de mártires. Finalmente alegaron que un cambio de postura impediría al PNV defender el orden y a la Iglesia en las dos provincias.

La empeñada lucha en Guipúzcoa enfureció a los navarros y a los militares contra el PNV: «Es público el clamor del pueblo contra los nacionalistas, por considerarlos causantes del torrente de sangre que ha debido verterse en el frente de Guipúzcoa y Vizcaya. Especialmente es profunda la animadversión de los tradicionalistas contra los nacionalistas, todos ellos católicos», advertía el cardenal Gomá, catalán y fervoroso partidario del bando nacional, en un informe al Vaticano. Culpaban también al PNV en relación con el asesinato del líder carlista Víctor Pradera28.

La aversión incluía al clero sabiniano, tachado de insolidario y traidor. «Es un hecho [...] que entre la clerecía de Vizcaya y Guipúzcoa predomina la idea nacionalista, habiéndose llegado por algunos sacerdotes y religiosos a lamentables excesos», consignaba Gomá al Vaticano en noviembre. Un juez militar se jactaba: «Sacerdote que llegue y sea nacionalista, lo despacho enseguida». Despacharlo significaba fusilarlo. Dieciséis tuvieron ese fin, algunos sin haber realizado actividades políticas o tras haber escapado a duras penas de ser fusilados por las izquierdas29.

Muy sobresaltado, Gomá informó a Franco, que cortó de inmediato tales actos. Pero fue desastroso el efecto ya producido en muchos guipuzcoanos, para quienes la figura del sacerdote era sagrada. Se consignaba que los revolucionarios solo habían asesinado allí a dos sacerdotes. La propaganda nacionalista pudo afirmar, con una mínima parte de verdad, que el bando nacional no difería de las izquierdas en su persecución a la Iglesia, y el PNV protestó en una gran campaña internacional y ante el Vaticano.

La actitud del PNV radicalizó a los nacionales, para alarma de Gomá: «El Gobierno de Burgos ha acentuado su sentido unitario ante los excesos de los separatizantes, lo que podría importar el desconocimiento de los legítimos derechos regionales, que se sacrificarían al sentido de una unidad violenta. A más, he oído de los Generales de la Junta palabras gravísimas y amenazadoras contra la clerecía, y hasta contra algunos Obispos». Debían de aludir a los obispos Múgica y Vidal. Al primero, pese a su cálida adhesión a la causa nacional, le acusaban de veleidades peneuvistas y de haber consentido la propaganda sabiniana en el seminario de Vitoria, y el gobierno franquista presionaría para su salida de España30.

Sin embargo la resistencia hallada por los nacionales en Guipúzcoa debía poco, al menos directamente, al PNV, cuyas milicias pelearon mal y apenas tuvieron ayuda de sus correligionarios vizcaínos. El peso de la lucha recayó sobre anarquistas y socialistas vascos, fuertes en los pueblos industriales y marineros. En su retirada, las izquierdas redujeron a pavesas buena parte de Irún. San Sebastián cayó sin resistencia. A lo largo de septiembre los navarros y alaveses terminaron de ocupar casi toda la provincia.

En conjunto, el PNV había permanecido casi neutral, por desconcierto más que por un designio claro. Pero su opción a favor del Frente Popular mostró ser firme, al desoír ofertas de carácter foral hechas por los de Franco. No había marcha atrás. Aun así, el partido, por interés propio y pensando quizá en no romper de lleno con los sublevados, posibles aunque improbables vencedores, procuró defender bienes y gentes contra el terror izquierdista —que en Guipúzcoa se saldó con 500 muertos— y facilitó la fuga de destacados enemigos.

Los nacionalistas guipuzcoanos, desde la junta de defensa de Azpeitia, dominada por Irujo, habían mostrado más interés en crear el embrión de su propio ejército que en combatir. Actitud funesta para la causa populista y para el propio PNV en cuanto adherido a ella, pues determinó la pérdida de una provincia y de la vital comunicación terrestre con Francia, dando a sus adversarios un éxito estratégico de primer orden.

Con todo, Aguirre e Irujo explotaron los reveses en Guipúzcoa para presionar a Madrid en pro de la rápida tramitación del estatuto, arguyendo que «los vascos» se batirían con fervor solo cuando la autonomía fuera otorgada. En práctica coincidencia con la caída de Irún, el 4 de septiembre era sustituido el gobierno Giral por otro gobierno revolucionario más acorde. Lo presidía Largo Caballero, partidario abierto de la guerra civil ya desde 1933. El nuevo gobierno, y en particular Prieto, ministro de Marina y Aire, desconfiaba del PNV, y, a fin de atarlo con un lazo firme, aceleró el estatuto y ofreció a Irujo una cartera ministerial, que este terminó aceptando el 25 de septiembre. Y unos días después, el 1 de octubre, fecha también del nombramiento de Franco como jefe indiscutido del bando contrario, el estatuto era aprobado oficialmente.

Aguirre peroró ante las Cortes: «El nacionalismo había de colocarse, como siempre en nuestra historia se colocó, al lado de la democracia [...]. Vais a aprobar [...] el texto de la autonomía vasca. Indiscutiblemente, ello presentará una mayor eficacia en la lucha [...]. Os decimos con toda lealtad: hasta vencer al fascismo, el patriotismo vasco seguirá firme en su puesto». Es decir, lealtad solo «hasta vencer al fascismo». Pero no iba a haber ni lealtad ni victoria. Irujo ponderó su «solidaridad con los pueblos y los hombres que en el resto de la Península ofrecen su vida cada día por un régimen de libertad, democracia política y justicia social»; y prometió «humanizar la guerra, instaurar la República Federal y establecer un nuevo orden económico y social». Ya lanzado, afirmó: «Con espíritu de humanidad y cristiano sentir, entiendo que el mundo es una gran comunidad en la que no deben darse las luchas de clases, sino una fraternidad absoluta».

Obviamente, Irujo sabía que «los pueblos y los hombres en el resto de la Península» no luchaban, en general, por la libertad, sino por ideales revolucionarios basados en la lucha de clases. Y la izquierda entendía que la «gran comunidad mundial» de Irujo implicaba la desmembración de España, lo cual no les convenía, sobre todo entonces. Algunas historias hablan de «lealtad» o «sinceridad» en los tratos, pero la realidad excluía tales virtudes. PNV e izquierdas solo coincidían en la necesidad de vencer al enemigo; en lo demás, chocaban. El PNV debía contar también con un posible triunfo del bando nacional, y no le convenía enajenarse del todo su buena voluntad.

Como síntoma de la lealtad esperable, el gobierno constituido en Vizcaya el 7 de octubre y que, con notable optimismo, se autodenominaba «de Euzkadi», exponía entre sus puntos fundamentales «la dirección de la guerra [en Vizcaya] por el Gobierno vasco», es decir, vizcaíno. Ello nada tenía que ver con la autonomía, pero el gobierno central prefirió cerrar los ojos. También disolvió las policías republicanas y creó una propia, la Ertzaña. El gobierno vasco se componía de cinco nacionalistas (uno de Acción Nacionalista Vasca, el pequeño partido laicista), más tres socialistas, dos republicanos y un comunista. La hegemonía nacionalista era decisiva, al contar con la presidencia y las consejerías clave de Defensa y Hacienda. El presidente o lendakari sería Aguirre, también encargado de Defensa.

El PNV, dadas sus ambiciones, tenía el máximo interés en explotar una ocasión única para dotarse de un ejército propio, y lo hizo en dos niveles: poniendo bajo su autoridad a todas las fuerzas movilizadas en Vizcaya, y creando dentro de ellas una especie de ejército particular del partido. Otra actividad del gobierno de Aguirre consistió en buscar contactos con los nazis, a través de Suiza, para establecer relaciones secretas con el III Reich. Aunque el PNV, por los fuertes lazos económicos tradicionales, se inclinaba por Inglaterra y Francia, no dejaba de albergar soterradas simpatías por el racismo nazi, tan afín en muchos aspectos al sabiniano31.

Madrid envió a Bilbao, el 12 de septiembre, al capitán Francisco Ciutat para dirigir la guerra en la zona norte. Aguirre simplemente le ignoró, creando un Estado Mayor propio e independiente. Como diría más tarde el lendakari, había una independencia de hecho. Asimismo eran muy malas las relaciones entre los dirigentes de las tres provincias norteñas, Asturias, Santander y Vizcaya, que concentraban casi toda la industria pesada y de armamentos del país. Se establecieron aduanas entre ellas, y los abastecimientos mutuos funcionaban mal, perturbando la producción industrial, que bajó con rapidez. Políticamente estas divisiones, así como las surgidas en Vizcaya entre comunistas, socialistas y anarquistas, beneficiaban a los seguidores de Arana.

Por fortuna para todos ellos, las operaciones enemigas se detendrían en aquel frente a finales de septiembre, absorbidas por el esfuerzo de conquistar Madrid.

En noviembre la guerra, a punto de acabarse con la toma de Madrid por los nacionales, dio un nuevo y decisivo giro. Desde octubre, la Unión Soviética abastecía al Frente Popular con grandes cantidades de material bélico, asesores, policías y tropas especiales. Además, ante el fracaso de las milicias frente al pequeño ejército de Franco —que llegaba a la capital, de un millón de habitantes, con unos 20.000 soldados sin apenas armamento pesado—, se había impuesto la consigna de crear un ejército regular, como venían preconizando los soviéticos y los comunistas. Por lo tanto, los franquistas iban a chocar en Madrid no solo con las columnas milicianas, numerosas pero poco efectivas, sino también con brigadas regulares, algunas internacionales, y una poderosa aviación, carros de combate muy superiores, y una artillería más potente y mejor emplazada. El ímpetu de las columnas nacionales, mandadas entonces por Varela, no bastó para tomar la gran ciudad. En compensación, tampoco prosperaron los reiterados intentos izquierdistas de aplastar a los atacantes.

A las tres semanas de duro forcejeo, el fracaso —no derrota como se dice a veces— de los nacionales, cambió la guerra. La lucha de columnas de pocos miles o decenas de miles de hombres dejó paso a una contienda de grandes ejércitos, y la intervención exterior, escasa hasta principios de noviembre, tomó mucha mayor envergadura.

De todas formas, convencido de que la caída de Madrid determinaría la victoria en corto tiempo, Franco se empeñó en tomar la ciudad mediante ataques sucesivos de cerco. Esa estrategia dio lugar a las batallas de la carretera de La Coruña, el Jarama y Guadalajara, entre diciembre de 1936 y marzo de 1937. Ninguna de ellas resultó concluyente, y la tercera terminó en derrota de las fuerzas italianas del bando nacional, traídas en respuesta a las Brigadas Internacionales organizadas por la Comintern. Las izquierdas intentaron tomar la iniciativa aprovechando el éxito de Guadalajara, y lanzaron diversas ofensivas para desahogar el frente suroccidental de Madrid, pero no lograron quebrar las líneas enemigas.

Y así se llegó en el frente central a un empate, en que ningún bando conseguía doblegar al contrario. Franco abandonó entonces su esperanza de una guerra corta y aceptó una prolongada, tratando de vencer al enemigo por partes, en lugar de atacarlo directamente en el centro. Resolvió atacar la franja enemiga del Cantábrico, empezando con una ofensiva sobre Vizcaya, a últimos de marzo.

Entretanto, el Frente Popular, tras destruir la República, había pasado por cuatro gobiernos, y pronto tendría un quinto. En septiembre de 1936 se había constituido un gobierno, revolucionario de facto, presidido por Largo Caballero, y ampliado en noviembre con ministros libertarios. Azaña seguía como nominal jefe del Estado, cargo detentado por él tras expulsar, de modo muy dudosamente legal, a Alcalá-Zamora. La amplia alianza reunía a las izquierdas, incluida la Esquerra, más una representación del PNV, lo cual debía otorgarle estabilidad y consistencia. Sin embargo era un pacto entre incompatibles, dentro del cual el Partido Comunista, que veía en la CNT y en el pequeño POUM enemigos casi tan odiosos como los mismos «fascistas», surgía con fuerza extraordinaria, pese a su escasa presencia en el gobierno. Su poder creciente descansaba en la dependencia del gobierno con relación a Stalin, y en una auténtica estrategia política y militar dirigida por el Kremlin.

La estrategia comunista se basaba en cuatro puntos conexos: apelar al patriotismo español, definiendo la guerra como de independencia frente a la «invasión» nazifascista (Franco no fue títere de sus aliados, mientras que el Frente Popular sería satelizado por Stalin); crear un ejército regular superando las decepcionantes milicias; hacer retroceder la revolución y sus desórdenes (los comunistas solo admitían una revolución dirigida por ellos); e implicar a las democracias, lo cual podría generalizar la guerra a toda Europa occidental, dejando a Moscú como árbitro y beneficiario. En este proceso, el PCE debía hacerse con el poder real —pero no exhibirlo en el gobierno—, en especial en el ejército y la policía, e imponer poco a poco una «democracia de nuevo tipo», es decir, un régimen de transición a la «dictadura proletaria». El dinero español estaba ya en manos de Stalin, pues Negrín, Largo y Prieto, tres políticos socialistas, se lo habían entregado, en plena luna de miel con el Kremlin.

Los demás partidos, en general, carecían de estrategia, salvo la de subsistir a cualquier precio y sacar tajada de las circunstancias, y por eso no captaban el designio de fondo del PCE, aún más borroso por la obsesiva insistencia de este partido en la unidad y eficacia del Frente Popular. Percibían, en cambio, el creciente y despiadado poder comunista. Largo vio cómo sus amadas juventudes eran prácticamente engullidas por el PCE, cómo este aumentaba su influencia en la UGT, y el PSUC escapaba por completo al control del PSOE. Sentía que los asesores enviados por la URSS hacían a menudo caso omiso de sus órdenes, y el embajador soviético, Rosenberg, obraba como un procónsul. No menos crecía la alarma de los anarquistas, que no dejaban de ceder posiciones. En cuanto a los republicanos, apenas pesaban en el Frente Popular, y estaban agradecidos a los agentes de Stalin por frenar los desórdenes de la primera etapa revolucionaria.

Desde finales de septiembre de 1936 Vizcaya disfrutó de seis meses de calma. El gobierno de Aguirre los aprovechó para formar, con bastante presteza, un ejército numeroso, con mayoría de izquierdas pero dirección nacionalista; y emprendió la construcción de masivas fortificaciones, llamadas «El cinturón de hierro», en una amplia área en torno a Bilbao; el «cinturón» debía hacer inconquistable la ciudad, tan valiosa para la guerra por su industria. Incluso intentó Aguirre una ofensiva.

En noviembre el gobierno izquierdista, trasladado a Valencia, ordenó ataques en todos los frentes para desahogar a Madrid de su asedio. Apenas fue obedecido, aunque de Barcelona marchó a la capital la columna de Durruti, el cual hallaría la muerte entonces. También en noviembre nombró Valencia jefe de todo el frente norte al general Llano de la Encomienda. Llano iba a topar con Aguirre, igual que antes Ciutat. Este diseñó una ambiciosa ofensiva desde Asturias, Santander y Vizcaya. Desde esta última las tropas irían a ocupar Arlabán, Vitoria y Miranda, en combinación con la ofensiva santanderina.

El plan agradó a Aguirre, que aspiraba a desquitarse de la pérdida de Guipúzcoa e incluso pensaba invadir Navarra, y que desde octubre disponía de un flamante «Ejército de Operaciones de Euzkadi», con unos 40.000 hombres en 47 batallones, 17 de ellos peneuvistas. Aguirre exigía constantemente a Valencia nuevas remesas de material, quejándose de penuria; pero, le recordaría Prieto en enero, «La penuria que ustedes padecen de armas y municiones es mucho, muchísimo menor que la que se sufre en otros sitios». Pues a Vizcaya habían llegado remesas abundantes de material de guerra enviadas por Valencia, compradas en Francia o procedentes de la URSS, entre ellas 15 excelentes cazas «chatos» (I-15), sin competencia del enemigo en cantidad ni en calidad, y que debían dar pleno dominio del aire al gobierno vizcaíno.

La acción contra Álava se emprendió con los mejores auspicios, coordinada por Ciutat, pero bajo la dirección inmediata del capitán peneuvista Arambarri. La masa de ataque, 25.000 hombres, superaba a la empleada por los nacionales contra Madrid, y si bien inferior a esta en adiestramiento, tenía objetivos incomparablemente más fáciles, y solo contaba con 4.300 enemigos enfrente. La debilidad de los de Franco se debía a que no esperaban la ofensiva, y a que alaveses y guipuzcoanos, que habían alistado tantos soldados (8 tercios de requetés, equivalentes a 16 batallones) como los nacionalistas en Vizcaya, habían enviado a otros frentes el grueso de sus efectivos32.

La ofensiva, invocando la mítica batalla de Padura, avanzó hasta el pueblo de Villarreal de Álava, para chocar allí con la enconada resistencia de la débil guarnición local, unos 800 soldados, un tercio de los cuales resultarían muertos o heridos. Durante dos semanas el pueblo fue atacado sin tregua, sufriendo 11 bombardeos aéreos, 2.600 cañonazos y una lluvia de proyectiles de mortero. La resistencia permitió la llegada de refuerzos, y ni los batallones izquierdistas ni los nacionalistas lograron pasar de allí. Los atacantes sufrieron bajas muy elevadas, unas 4.500, con cerca de 1.000 muertos, muchos de ellos debidos a un bombardeo de dos aviones nacionales sobre un convoy de tropas. Se manifestaron graves fallos de previsión en las columnas vizcaínas, sobre todo en la atención a los heridos, y quedó de relieve que el mando nacionalista había atendido más al buen estado de revista de las tropas que a su instrucción de combate.

Aguirre explicaría a Valencia el deplorable fracaso aludiendo a unas «fortísimas y modernas fortificaciones» enemigas, perfectamente imaginarias, y a la llegada de numerosas tropas contrarias, también muy exageradas, procurando descargar la culpa sobre Ciutat. En adelante, el PNV se las arreglaría para culpar siempre a sus aliados de todos sus fracasos, pese a actuar el «Ejército de Euzkadi» con práctica independencia. En las mismas filas nacionalistas Aguirre se ganó el mote burlón de Napoleonchu33.

La dura experiencia debió de convencer a Aguirre de la dificultad de vencer a un enemigo cuya resolución había comprobado tan a lo vivo. Los nacionales habían protagonizado resistencias realmente heroicas incluso en los momentos y situaciones más desesperados, como en el cuartel de Simancas, el Alcázar de Toledo, Huesca, Oviedo y otros, y sin duda se volverían más temibles conforme ganaran en medios. Entonces los jefes sabinianos comenzaron un doble juego de tratos soterrados con los nacionales, a través de los fascistas italianos.

El gobierno vizcaíno renunció a nuevas ofensivas, pese a conservar una gran superioridad local. Prefirió fortificar Vizcaya, prestó refuerzos, poco efectivos, contra Oviedo, y acreció su independencia. Se arrogó competencias en la creación de academias militares, y rechazó la dirección del Ejército Norte, arguyendo que prescindir del nombre «Ejército de Euzkadi» crearía «un problema de tipo sentimental peligroso». Del teórico jefe de todo el frente, Llano, aceptaba la «coordinación» y el «consejo», pero «no con aspecto de orden, que no puede ser bien recibido». Se escudaba en razones de aspecto técnico: «El Gobierno vasco entiende que toda la administración de la guerra es de su incumbencia, no por consideraciones de tipo legal que en este caso están de más, sino por servir con mayor eficacia a la causa». No quedaba del todo claro a qué causa. Además, era «ciertamente ocioso hablar de una legalidad, porque esta ha sido superada no solo en el terreno económico, sino en tantos aspectos distintos»34.

Para enero Aguirre, en franca insubordinación, invalidaba órdenes de Llano o la instrucción de sustituir los batallones partidistas por divisiones y brigadas. Prieto le escribía el día 13, denunciando la afición del PNV a desprestigiar al gobierno de Valencia, y criticando la burocracia vizcaína, «máquina monstruosa», ineficiente pero útil para afianzar el poder nacionalista; o «esos pujos a que se sienten ustedes tan inclinados de adquirir internacionalmente una personalidad como Estado». Y le advertía: «No llame usted con eufemismo abogadesco superación constitucional a lo que son vulneraciones constitucionales». La carta respiraba indignación. La desobediencia dio pie a episodios grotescos, como cuando Aguirre pretendió haber entendido a Largo lo contrario de lo que este había dicho sobre la jerarquía militar en el norte. El propio Irujo hubo de reconocer la falsedad. Largo, furioso e impotente, escribirá: «¿Cómo imponer al Gobierno vasco la disciplina? ¿Encarcelándolo? ¿Lo podía hacer el Gobierno central desde Valencia? En el caso de poderlo hacer, ¿sería conveniente?»35.

No sería nada conveniente. Conscientes de ello, Aguirre y los suyos sabían cuánto daño haría al Frente Popular la ruptura con un partido nacionalista evidentemente desleal, pero necesario para evitar una rápida pérdida de Vizcaya y para proyectar en el exterior una favorable imagen propagandística. Por ello explotaban a fondo la superioridad en que los habían colocado las circunstancias.

Pues uno de los mayores perjuicios para las izquierdas en su intento de atraerse a las democracias provenía de las violencias y persecuciones. Pero el PNV había logrado mantener el culto en Vizcaya y daba la falsa impresión, muy cultivada en la propaganda, de partido capaz de asegurar el orden. Esta imagen se proyectaba en el exterior como prueba de la inexistencia de una persecución religiosa en España, pretendidamente limitada a algunas represalias espontáneas contra un clero «fascista». En «Euzkadi», donde el clero se había alineado con «el pueblo», no habrían sido precisas tales represalias. Esta propaganda favorable al Frente Popular constituía la mayor aportación del PNV a sus aliados, muy estimada por estos y que Aguirre e Irujo no dejaban de recordarles cuando protestaban de las «superaciones constitucionales».

En ese contexto, el 22 de diciembre Aguirre había apelado a «la conciencia mundial», acusando a los nacionales del asesinato de numerosos clérigos beneméritos «por el mero hecho de ser amantes de su pueblo vasco»; había clamado «con el corazón dolorido» contra «el silencio de la jerarquía» eclesiástica ante tales crímenes y ante la rebelión contra un «régimen legalmente constituido», que un buen católico debía respetar. No faltaba desenvoltura a la pretensión peneuvista de estar defendiendo «un régimen legalmente constituido» cuya ley vulneraba masivamente el mismo Aguirre desde el principio; un régimen que antes de la sublevación militar estaba descomponiendo el Estado republicano, según habían observado sin mucha pena los propios sabinianos. Para más sarcasmo, mientras Aguirre decía tales cosas debían de estar empezando los contactos con los, según él, malos católicos rebeldes al «régimen legal». En fin, Aguirre caracterizaba la contienda como lucha de clases, «entre el capitalismo abusivo y egoísta y un hondo sentido de justicia social», propio este último de los revolucionarios y el PNV, al parecer.

Le replicó Gomá en carta abierta señalando que la «guerra de clases» no era razón, sino pretexto, aun admitiendo «un fondo de injusticia social como una causa remota del desastre»; «No creo que haya una docena de hombres (en el bando nacional) que hayan empuñado las armas para defender sus haciendas», mientras que «se cuentan por docenas de millares los que se han alistado en la guerra sin más haber que el fusil que se ha puesto en sus manos, ni más ideal que su Dios y su patria»; y «la misma Euzkadi no podría justificar el consorcio de católicos y comunistas sin el factor religioso. ¿No se ha afirmado que ese contubernio era la única manera de salvar la religión en Vizcaya y Guipúzcoa cuando las hordas rojas la hubiesen eliminado de España?». Sobre los sacerdotes fusilados en Guipúzcoa, la jerarquía eclesiástica no había callado, como pretendía Aguirre, pues se había movido con eficacia para cortar tales hechos; los peneuvistas, en cambio, callaban ante la «verdadera hecatombe de sacerdotes y religiosos» perpetrada por sus aliados, y que no había cesado. «Es endeble su catolicismo en este punto, señor Aguirre, que no se rebela ante esta montaña de cuerpos exánimes». Además, los primeros no habían sido fusilados por ser sacerdotes ni por su amor al pueblo vasco, sino por sus actividades políticas al servicio de un partido alineado con los perseguidores. En fin, la Iglesia y el pueblo católico habían respetado al régimen republicano, y no lo habían agredido, sino que habían sido agredidos por gobernantes que habían terminado por llevar a España «al borde del abismo»36.

Los sabinianos enfocaban los hechos desde su denso racismo: «La idiosincrasia de Euzkadi es de tal naturaleza que ella va a la guerra a través de su propia fisonomía, con sus iglesias abiertas y los sacerdotes en la calle»37. La extraña idea implicaba que la «idiosincrasia» del resto de España hacía natural, en cierto modo, la persecución y la barbarie. Y ocultaba que el coste de mantener el culto en Vizcaya consistía en una radical insolidaridad con la Iglesia en el resto del país y la colaboración con los perseguidores. Se percibe con claridad el eco de la doctrina sabiniana: una «Euzkadi» «sin ningún punto de contacto o fraternidad» con la «raza española». La buena prensa de que ha solido gozar el PNV, incluso entre sus enemigos, hace que estas expresiones de Aguirre suelan citarse con loa o como exposición neutra de una realidad, cuando implican un racismo y una insolidaridad atroces desde el punto de vista cristiano invocado constantemente por el propio Aguirre.

De paso, el prestigio de un partido que guardaba el orden y el culto religioso favorecía al PNV ante los nacionales, cosa muy conveniente cuando empezaba a no estar claro que estos fueran a perder la contienda. De este modo los peneuvistas sacaban el máximo partido de la situación y en todas las direcciones.

Con todo, el orden bajo la hegemonía del PNV fue mucho más aparente que real. El panorama continuó parecido hasta que, el 31 de marzo, los nacionales comenzaban su ofensiva sobre Vizcaya desde Álava y Guipúzcoa.

Capítulo 5
AZAÑA SE QUEJA DE COMPANYS

En Cataluña, lamenta Azaña: «Su deber [de Companys] más estricto, moral y legal, de lealtad política, e incluso personal, era haber conservado para el Estado, desde julio acá, los servicios, instalaciones y bienes que le pertenecían en Cataluña. Se ha hecho lo contrario. Desde usurparme (y al Gobierno de la República, con quien lo comparto) el derecho de indulto, para abajo, no se han privado de ninguna invasión de funciones. Asaltaron la frontera, las aduanas, el Banco de España, Montjuich, los cuarteles, el parque, la telefónica, la CAMPSA, el puerto, las minas de potasa... ¡Para qué enumerar! Crearon la Consejería de Defensa, se pusieron a dirigir la guerra, que fue un modo de impedirla, quisieron conquistar Aragón, decretaron la insensata expedición a Baleares, para construir la Gran Cataluña [...]»38.

Los historiadores nacionalistas catalanes ofrecen diversas interpretaciones de los hechos. Unos lamentan que las usurpaciones mencionadas por Azaña no hubieran ido más lejos, hasta una independencia completa y oficial; otros sostienen que Companys no hizo sino salvaguardar las instituciones y un mínimo de orden para el Estado, en una situación en que este había colapsado por la acción revolucionaria.

La primera interpretación sigue al nacionalismo radical, el cual, como vimos, llegó en noviembre a proyectar algo así como un golpe —fallido— contra la CNT e, indirectamente, contra el mismo Companys, a quien acusaban de demasiado blando con aquella. Uno de los conspiradores era Casanovas, como quedó dicho. Pero está claro que si Companys contemporizaba con el poder anarquista y lo avalaba, no era por gusto, sino porque en una lucha abierta con él podía muy bien llevar las de perder. Su táctica, exitosa aunque lenta, consistía en ganar aliados e ir arrinconando a la CNT. Antes o después llegaría el ajuste de cuentas, y procedía asegurarse antes las mejores posiciones. Los líderes anarquistas más lúcidos percibían la táctica de Companys bajo los halagos y promesas forzadas, pero también ellos se veían forzados a hacer concesiones, tras haber dejado pasar el período inicial en que «todo fue posible».

Otro problema para la Esquerra consistía en su dificultad para afrontar al gobierno central cuando este pudiera alejar la atención de la obsesionante marcha franquista y luego asedio a Madrid, y reclamara sus competencias. Los nacionalistas debían aprovechar al máximo el interregno, como confesó Lluhí a Azaña al principio de las hostilidades: «Cada cual procuraría ocupar posiciones para ser el más fuerte el día de la paz». Actitud «no exclusiva de los catalanistas», señala Azaña, y que tan bien había venido a los sublevados39. Por lo demás, no era fácil justificar ante las propias izquierdas catalanas un exclusivismo neto, cuando todos percibían que su causa se defendía en Madrid: si esta caía, su enemigo llegaría a Barcelona en pocos días o semanas. Convenía demostrar, por tanto, alguna solidaridad, solo fuese por instinto de supervivencia. De hecho llegaron al frente de Madrid algunas fuerzas catalanas, no nacionalistas en su mayoría.

Si, como afirman algunos, Companys solo había preservado en Cataluña las funciones y medios del Estado y para el Estado, no tendría dificultad en devolverlos cuando le fuesen reclamados. Pero no ocurrió tal. Al contrario, los roces crecieron durante los primeros meses de 1937. En carta a Largo, el 14 de enero, Companys demandaba la «colaboración» y «participación activa» de «Cataluña» (es decir, de él mismo y su gobierno mucho más que autónomo) en «la política internacional de la República», y el «traspaso de todas las instituciones de enseñanza»40.

Y aún insistía más en la independencia financiera: adquisición de divisas, emisión de billetes, aduanas, etc. Cuatro días después, el Butlletí publicaba la atribución a la Generalidad de «facultades excepcionales suficientes para tomar las disposiciones necesarias para unificar la política financiera de Cataluña», con el loable fin de «regularizar la vida económica de Cataluña y unificar su colaboración en la lucha antifascista dentro de la República». Sin hacer caso de protestas «centralistas», la Generalitat requisó el oro y el dinero del Banco de España en la región. En vano protestaba Largo el 12 de abril, en carta a Companys: «Cada día se presenta con caracteres más agudos la autonomía que en materia económica se ha abrogado (sic) el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que no exige para las exportaciones [...] autorizaciones de este departamento, ni tampoco [...] para las operaciones de compensación [...]. [De ahí] una desarticulación económica totalmente perjudicial para los intereses de la economía de la zona leal al Gobierno de la República». El Ministerio de Hacienda denunciaba constantes invasiones de sus competencias, o «el comercio ilícito de plata», o las exportaciones ilegales de productos de todo Levante41.

Una justificación exhibida por los nacionalistas para sus medidas consistía en la transformación de la industria catalana en industria de guerra. Explicaba Companys: «Solo ha podido ser posible gracias a una política realista, sin vacilaciones, que ha supeditado la urgencia de resolución a fórmulas preestablecidas y que en estos momentos no deben ser obstáculos a la eficacia». La transformación convenía, desde luego, a todo el Frente Popular, pero su eficacia resultó muy poco impresionante. La producción industrial cayó rápidamente en la región, y en enero de 1937 era solo un 70 por ciento de la de enero del año anterior, y seguiría bajando42.

Este problema no afectó solo a Cataluña, sino a todo el territorio izquierdista, y una de sus causas fue la escasa atención de los obreros a las presiones y campañas de propaganda que les llamaban a intensificar el trabajo para defender «su propia causa». Ni las medidas de la CNT ni las de la Generalitat o de los comunistas lograban mantener la producción en la ciudad ni en el campo, y la penuria no cesó de aumentar, mientras se reimponía un peculiar orden, descrito por Orwell, testigo presencial: «Los mejores restaurantes y hoteles estaban llenos de gente rica que devoraba comida cara, mientras, para la clase trabajadora, los precios de los alimentos habían subido muchísimo [...]. Los restaurantes y hoteles no parecían tener ninguna dificultad para conseguir lo que quisieran; pero en los barrios obreros se hacían colas de cientos de metros para adquirir pan, aceite de oliva y otros productos indispensables [...]. Pandillas de chicos descalzos aguardaban siempre a los que salían [de las charcuterías] para pedir a gritos un poco de comida»43.

Companys, como Aguirre, extendía sus aspiraciones al ejército. Creó un Exercit Popular de Catalunya, y un Consejo Superior de Defensa, cuyos tratos con el ejército de Valencia serían de igual a igual, en plan de «colaboración», pero en modo alguno de obediencia. Sus normas de movilización contradecían las de Valencia, y la Consejería de Defensa tomaba sobre sí «el mando superior de las fuerzas del Ejército Popular» en Cataluña y Aragón, admitiendo tan solo, como el ejército de Aguirre, «la necesaria coordinación con el Estado Mayor Central», mediante un intercambio de delegados. La literatura oficial de la Generalidad eludía cualquier idea de subordinación a Valencia, creando más bien la impresión de una alianza entre iguales, eso sí, con los mejores deseos de «unas relaciones cordiales». La palabra España quedó prácticamente borrada. El partido nacionalista podría incluso desempeñar un papel ejemplar y directivo en el nuevo Estado. Diríase cumplido el sueño de Prat de la Riba44.

Pero el gobierno central izquierdista no pensaba ceder por las buenas, y estaba muy descontento del esfuerzo militar de la Generalidad. Cuando la batalla de Madrid, había llamado a ofensivas en otros frentes, sin apenas resultado. El ataque en el norte sobre Álava había sido tardío y frustrante, y de Cataluña fueron a la ex capital varios miles de cenetistas, pero el frente de Aragón había permanecido quieto. En enero, un informe de Valencia constataba en ese frente una completa descoordinación con la lucha del resto del país, exceso de personal en los servicios y los suministros —no por ello eficaces— en detrimento de los combatientes, y graves fallos de organización general y falta de iniciativa. Señalaba cómo el enemigo, con tropas inferiores en número, mantenía la tensión golpeando aquí y allá con unidades móviles, reteniendo así a unas fuerzas izquierdistas desproporcionadas. También había desproporción entre el número de fusiles en el frente y en la retaguardia, especialmente en Barcelona, donde abundaban en exceso, debido a la desconfianza entre las diversas fuerzas izquierdistas. Los asesores soviéticos también criticaban el aletargamiento del frente aragonés, aunque en su indignación no dejaba de pesar la inquina a los anarquistas.

El 4 de marzo, la Generalitat se había sentido lo bastante fuerte para intentar desarmar a las Patrullas de control y a los grupos anarquistas de retaguardia. La misma prensa libertaria lo aceptó, en bien de la «cruzada liberadora», pero la FAI lo impidió, desarmó a algunos policías, y obligó a dimitir a sus consejeros en el gobierno regional. Fue preciso un mes, hasta mediados de abril, para formar nuevo gobierno regional, que cambió poco las cosas. Conforme avanzaba la primavera, el ambiente en Barcelona se enrarecía. También Orwell ofrece de ello una descripción vívida: «Por debajo del lujo y de la creciente pobreza [...] la ciudad respiraba el clima inconfundible de la rivalidad y el odio políticos. Personas de todas las opiniones posibles decían en tono premonitorio: «Pronto tendremos dificultades». Se estrechaba la colaboración entre la Esquerra y el PSUC, convertido en un partido de masas muy disciplinado y dinámico, perfectamente capaz de disputar el terreno a los anarquistas. La prueba de fuerza se aproximaba45.

Capítulo 6
GUERRA Y «CRUZADA»

Como quedó indicado, si Franco hubiera logrado tomar Madrid en las maniobras de cerco después de su fracaso de noviembre de 1936, la guerra habría terminado pronto, pues la caída de la ciudad implicaba la derrota del más potente y bregado ejército del Frente Popular. Pero Madrid se había demostrado un hueso demasiado duro de roer, y el Caudillo resolvió atacar la zona enemiga del Cantábrico, compuesta por Vizcaya, Santander y Asturias. No era un objetivo tan decisivo como el anterior, y suponía alargar la contienda, pero, si lo alcanzaba, obtendría una posición muy ventajosa para abordar nuevas campañas.

El objetivo norteño era una zona rica y densamente poblada, con casi toda la industria pesada y de armamentos del país, y las minas más importantes para el esfuerzo bélico. Las dificultades estaban a la altura: un terreno muy agreste y de fácil defensa, con tropas aún faltas de brega, pero numerosas y bien pertrechadas, más el «cinturón de hierro», en teoría insuperable. El riesgo aumentaba mucho para los nacionales porque dejaban a sus espaldas, en torno a la ex capital de la nación, un fuerte y capacitado ejército izquierdista capaz de darles los más serios disgustos.

En compensación, Franco tenía importantes ventajas: su enemigo en el norte dispondría de poca aviación, porque la estrechez de la franja norteña volvía casi suicida estacionar allí los aparatos, al no dejar apenas tiempo de reacción ante las incursiones aéreas enemigas. Ventaja muy importante, si bien atenuada por la fragosidad del suelo, que brindaba a la infantería protección contra ataques aéreos. También beneficiaban a los franquistas las rivalidades entre los gobiernos de las tres provincias y la independencia de Aguirre, manifiesta en hechos como el retraso en la organización de brigadas y divisiones, acometida solo a última hora, ante la inminente ofensiva contraria. El PNV buscaba dotarse de unas fuerzas armadas propias, disuasorias contra quienes intentaran volver atrás su política de hechos consumados; pero con ello perjudicaba claramente el esfuerzo común.

Y el último día de marzo, al mando de Mola, los nacionales emprendieron su ofensiva por Vizcaya con inferioridad en tropas, superioridad ligera en artillería y abrumadora en el aire. Superioridad acentuada por la imprevisión del gobierno vizcaíno, que no había construido nuevos aeródromos, ni adaptado alguno para los bombarderos soviéticos, superiores a sus contrarios. La fuerza aérea, española, italiana y alemana (la Legión Cóndor) era dirigida sobre el terreno por Von Richthofen, militar muy cualificado, resolutivo y arrogante, y cuyo jefe, Sperrle, solo respondía ante Franco. La infantería se componía sobre todo de las «brigadas navarras», que solían ser más que brigadas, apoyadas un mes y medio más tarde por fuerzas italianas, mientras el gobierno vizcaíno redoblaba sus esfuerzos de movilización. Los atacantes iban a avanzar con lentitud contra una firme resistencia apoyada en el relieve montañoso y ayudada por el frecuente mal tiempo, que entorpecía las ofensivas por tierra y aire.

También perturbarían a los nacionales los ataques en otros puntos ordenados por el gobierno de Valencia para descongestionar el frente vizcaíno. Así el 10 de abril las izquierdas, con absoluta superioridad aérea y blindada, trataron de aislar a las tropas franquistas incrustadas en la Ciudad Universitaria madrileña, pero hubieron de desistir ante un adversario pegado al terreno y con moral elevada. La decepción se repetiría a finales de mayo en una amplia ofensiva por La Granja y Segovia. Y en junio ante Huesca. Una y otra vez, la superioridad material distaba de garantizar la victoria. Durante las tres primeras semanas de abril los nacionales avanzaron en Vizcaya ocupando la zona del monte Oiz desde donde podían atacar a Durango, o bien a Guernica, unos 20 kilómetros al norte. Guernica parecía tener mayor interés, pues su rápida ocupación habría embolsado a importantes fuerzas enemigas que combatían en un amplio saliente próximo a la costa, acelerando el fin de la resistencia vizcaína. Richthofen favorecía esa opción, pero Mola, en relación tirante con el alemán, optó por el ataque hacia el sur, hacia Durango. Richthofen conocía la orden de Mola, que volvía inútil un bombardeo de Guernica, no obstante lo cual atacó la villa el 26 de abril. Su acción, dirigida en principio contra un puente cuya destrucción obstaculizaría la retirada del enemigo, no tocó el puente, pero dejó en llamas el 18 por ciento del caserío.

En las horas siguientes el fuego se propagó hasta afectar al 71 por ciento de la villa, fuera por dejadez de los encargados de sofocarlo (los bomberos de Bilbao, a 30 kilómetros, tardaron más de tres horas en llegar, y se volvieron antes de haberlo apagado) o por otras razones. De inmediato comenzó una vasta campaña internacional denunciando el bombardeo de la población civil y exagerando el número de víctimas. El mando franquista, que no había mandado la acción de Richthofen, achacó el incendio a los revolucionarios, basándose en los precedentes de Irún y Éibar. La falsedad del aserto, fácilmente demostrable, aumentó todavía su derrota en el campo de la propaganda. Sobre el caso insistiré luego.

En el mar, la marina nacional trató de bloquear los puertos enemigos. Pese a sus insuficientes fuerzas y a la protección de los contrarios por la marina británica, logró entorpecer seriamente los suministros a la franja norte.

Las operaciones continuaron en mayo, siempre con avances lentos. Para el 30 estaba previsto el ataque al Cinturón de Hierro, pero se retrasó por diversas circunstancias, entre ellas la ofensiva izquierdista en el frente central sobre La Granja y Segovia. El 3 de junio fallecía Mola en accidente aéreo, sustituyéndole el general Dávila, y el 11 de junio se desencadenaba el asalto a las grandes fortificaciones, consideradas inquebrantables por Aguirre y las izquierdas. En el siglo anterior, el Bilbao liberal había ganado fama por su aguante frente a los asedios carlistas, que nunca lograron tomarla, y ahora debía ocurrir lo mismo, máxime con el ejemplo, aunque poco agradable al PNV, de la resistencia madrileña.

Impresionantes en general, las fortificaciones no pasaban de chapuceras en varios puntos. Los atacantes conocían sus fallos, entre otras cosas porque uno de los ingenieros de la defensa, el capitán Goicoechea, se había pasado a los nacionales tres meses antes. Increíblemente, el gobierno de Vizcaya no había hecho casi nada en ese tiempo por cambiar la disposición o corregir los fallos estructurales.

Dávila tenía el problema de su persistente inferioridad en tropas, pero lo resolvió debilitando aún más varios sectores para concentrarse en el punto elegido, donde alcanzó una ligera superioridad numérica. Esta, más la acción desde el aire y la imprevisión del gobierno vizcaíno, le permitieron romper el primer cordal del cinturón en una jornada y seguir ampliando las brechas hasta poner a Bilbao, en solo cuatro días, en situación crítica. El 18, tras algunos combates encarnizados, pero aislados, los jefes peneuvistas e izquierdistas daban la ciudad por perdida, centrando sus esfuerzos en evacuar a la población civil y mantener una retirada algo ordenada, lo que solo consiguieron a medias. Al día siguiente los nacionales ocupaban la ciudad, continuando luego las operaciones para echar de Vizcaya a sus enemigos.

Entretanto el gobierno de Valencia había hecho un último y desesperado esfuerzo por salvar Bilbao. Casi en simultaneidad con el asalto al Cinturón de Hierro, había lanzado una gran ofensiva contra Huesca. Pero, como casi siempre, la tenaz defensa de la plaza frustró su designio.

Los vencedores obtuvieron en Vizcaya un botín inmenso: una gran industria siderúrgica que llevaba meses trabajando a muy bajo rendimiento (en torno al 30 por ciento del de preguerra), y que pronto volvería a la plena producción; fábricas de armas y minas de hierro. Los alemanes deseaban monopolizar el comercio de este mineral, pero Franco mantuvo, significativamente, las exportaciones a Gran Bretaña.

La caída de Bilbao tuvo otro efecto favorable a los nacionales: el práctico reconocimiento por el Vaticano. Desde el principio de la contienda, varios obispos venían trabajando por ese reconocimiento y divulgando la interpretación del cardenal Gomá, resumida en el informe El caso de España: «Esta cruentísima guerra es, en el fondo, una guerra de principios, de doctrinas, de un concepto de la vida y del hecho social contra otro, de una civilización contra otra. Es la guerra que sostiene el espíritu cristiano y español contra este otro espíritu [...] que quisiera fundir todo lo humano, desde las cumbres del pensamiento a la pequeñez del vivir cotidiano, en el molde del materialismo marxista [...]. Estaba España ya casi en el fondo del abismo, y se la quiso salvar por la fuerza de la espada. Quizá no había ya otro remedio. Lo que sí podemos afirmar, porque somos testigos de ello, es que, al pronunciarse una parte del ejército contra el viejo estado de cosas, el alma nacional se sintió profundamente percutida y se incorporó, en corriente profunda y vasta, al movimiento militar». Otro obispo catalán, Pla y Deniel, definió la lucha de los nacionales como una cruzada46.

Contra Franco trabajaban en la Santa Sede grupos de presión franceses, por temor a la influencia de Alemania en España, y nacionalistas catalanes y vascos. Pero el 1 de julio, cuando la lucha en Vizcaya tocaba a su fin, el Episcopado español, salvo doce obispos ya asesinados y otros dos, firmaron una Carta Colectiva también preparada por Gomá. La Iglesia, señalaba la Carta, había tratado de evitar la guerra, pero, una vez esta en marcha y con su peculiar carácter, «No podíamos inhibirnos [...] sin incurrir en el tremendo apelativo de canes muti [perros mudos], con que el Profeta censura a quienes, debiendo hablar, callan ante la injusticia». Sostenía que «No hay en España más esperanzas de reconquistar la justicia y la paz [...] que el triunfo del Movimiento Nacional». Se abstuvieron Vidal y Múgica. El primero manifestó en privado su acuerdo con la Carta, pero dijo temer que ella hiciera recrudecerse la persecución; Múgica alegó algo parecido (en realidad la Carta hizo menguar la persecución, a causa de su audiencia internacional), así como su descontento por haberle echado de España los nacionales. A Vidal no le dejarían volver, y a Múgica solo en su ancianidad.

Y el 28 de agosto, el Vaticano enviaba a la España de Franco al cardenal Antoniutti, prácticamente en calidad de nuncio, aunque todavía sin reconocimiento formal. Para el bando nacional fue un triunfo de primer orden, asociado al militar en Vizcaya.

Capítulo 7
EL PNV PIERDE VIZCAYA Y AYUDA INDIRECTAMENTE A FRANCO

Durante esos tres meses de lucha en Vizcaya, las tropas peneuvistas y revolucionarias, más las llegadas para ayudarles desde Santander y Asturias, habían combatido con bastante valor y empeño. Aguirre, que desde la formación de su gobierno había pedido a Valencia más y más suministros, pese a estar mejor surtido que casi todos los demás frentes, salvo en el arma aérea, había redoblado en ese trimestre sus exigencias, especialmente de aviones.

Pero la aviación dependía de los soviéticos, los cuales obraban de modo similar al PNV en Vizcaya, es decir, con una independencia muy irritante para Largo: «La aviación procede, al igual que ocurre con los carros blindados, con una libertad de acción que escapa a las previsiones y hasta a las órdenes emanadas del Ministerio bajo cuya jurisdicción se mueve»47. Los soviéticos estaban poco propicios a mandar los valiosos aparatos a un lugar donde corrían demasiado riesgo de destrucción. Pretextaron razones técnicas, como que la autonomía de los cazas no les permitía llegar a Vizcaya; y aunque se hicieron intentos a través de Francia o directamente, fue imposible compensar, ni de lejos, la inferioridad del gobierno de Vizcaya en el aire.

Ello deprimía más a los dirigentes que a los soldados, que pronto aprendieron a soportar pasablemente el ataque aéreo. Como señala Jesús Salas, los políticos debían haber evitado desmoralizar a sus hombres, e insistir en que la acción aérea tenía poco efecto contra tropas bien atrincheradas y disciplinadas, especialmente en terreno abrupto. Ello se había probado incluso en los terrenos llanos en torno a Madrid, donde el martilleo de la aviación izquierdista, en abrumadora superioridad, rara vez había desalojado a los tenaces infantes nacionales.

La tirantez entre Aguirre y el jefe del frente norte, Llano de la Encomienda, acrecía la debilidad. Aguirre impuso la división del frente entre «Euzkadi» y el resto, con permanente querella por las competencias, las provisiones, etc. Llano se resignó a la jefatura puramente teórica de ambos ejércitos, mientras Aguirre quería sustituirle por otro jefe a su juicio más competente. Reclamaba a Valencia el envío de Asensio, militar a quien los comunistas achacaban las derrotas del verano anterior, habiéndole eliminado del mando a raíz de la pérdida de Málaga, a principios de febrero. A finales de abril Aguirre se autonombró jefe militar, refrendado por el «Gobierno de Euzkadi». Le asesorarían profesionales como el soviético Górief, tan destacado en la defensa de Madrid, indicio aparente de su voluntad de defender Bilbao a todo trance. El ilegal acuerdo, uno más, provocó el furioso comentario de Largo: «El pretexto era que el general Jefe del Norte no tenía pericia para el mando. ¿Qué autoridad técnica tenía [Aguirre] para hacer esa afirmación? ¿Es que técnicamente el señor Aguirre era superior al general Llano? ¿No es ridícula esa pretensión? ¡Y querían ganar la guerra!»48.

¿Querían realmente ganar la guerra? Ya el 7 de abril el gobierno vizcaíno había advertido a Valencia que, si no llegaban aviones, «se consideraría relevado de la lealtad con la que siempre ha procedido»49. Como de costumbre, no resulta fácil saber qué entendía por lealtad un partido que desde el primer momento había «superado», como gustaba decir, todos los acuerdos y disposiciones legales. La amenaza indica la búsqueda de un pretexto para poder acusar a sus aliados y justificar lo que el PNV venía tanteando desde diciembre: una rendición separada mediante acuerdos secretos con el enemigo. El indiscutible realismo y sentido de la oportunidad tantas veces demostrada por los sabinianos les hacía comprender que la victoria del Frente Popular se alejaba, y con ella sus perspectivas de secesión. Tantearon entonces la compra de su inmunidad a costa de dejar en la estacada a sus aliados.

Los contactos se intensificaron en abril. El 13, Franco, aunque escéptico, autorizó la prosecución de los tratos de los italianos a través de un jesuita, el padre Pereda, y del diplomático italiano Cavaletti. El obstáculo mayor era la exigencia peneuvista de una garantía extranjera, que el Caudillo rechazaba. El PNV recibió propuestas bastante generosas: ausencia de represalias, juicio a los acusados de crímenes, facilidades a los jefes para huir al extranjero, y descentralización administrativa. Pero el inoportuno bombardeo de Richthofen en Guernica echó a pique los tratos momentáneamente.

La explotación propagandística del bombardeo, con destacada contribución de la prensa anglosajona, dio al PNV la máxima proyección internacional. El número de víctimas, 126 como máximo, y probablemente menos, fue multiplicado por seis, por ocho, por trece y hasta por veinticinco, haciéndolo subir a 3.000 algunas versiones. La cifra más habitual, muy repetida por diversos historiadores, fue la de 1.600 y pico, con pretendida exactitud hasta las unidades. Las fotos de la ciudad destruida impresionaron al mundo, aunque la devastación venía sobre todo del incendio posterior al bombardeo e, iniciado por este, mal controlado por las razones que fueren. La propaganda afirmó que se había atacado a una villa sin interés militar, para exterminar a la población y aplastar los símbolos de la tradición vasca, la Casa de Juntas y el roble. Los nacionalistas pudieron presentarse así, urbi et orbi, como víctimas de la más desalmada barbarie fascista. Pero Guernica tenía un gran valor militar entonces, y los alemanes50 desconocían seguramente dichos símbolos, que no fueron atacados pese a haber situado el PNV, imprudentemente, cuarteles en sus cercanías.

Resulta en verdad chocante que en los primeros días la prensa de Bilbao diese muy poco relieve al bombardeo. El 27, Euzkadi ofreció solo un recuadro, donde Aguirre hablaba de un ataque a «los símbolos vascos» y concluía: «Ante el agravio, todos los vascos debemos reaccionar con violencia» y llamaba a luchar «con inaudito tesón y heroísmo si el caso lo requiriese» (¡!). Según él, «La victoria no puede acompañar al invasor si, preñado nuestro espíritu de recia voluntad, nos empeñamos en derrotarle». Al día siguiente, el órgano del PNV denunciaba «el crimen horrendo» de Guernica, pero solo hablaba de 30 heridos. El 29, solo alusiones generales, como la de un suelto: «Podréis desplegar por nuestros valles y montañas toda esa inmunda amalgama de mahometanos negros, protestantes rubios, legionarios sifilíticos y españoles degenerados [...]. La consigna actual del vasco es esta: Muertos antes que esclavos»51.

El PNV no parece haberse percatado en los primeros días del inmenso provecho propagandístico que podía traerle la denuncia internacional del bombardeo. Solo el día 30 comentaba: «Franco y sus cómplices han querido ocultar al mundo la vergüenza de sus crímenes en tierra vasca; pero no les ha valido. El mundo conoce ya en todo su horror la obra de los bárbaros. El mundo contempla estupefacto e indignado tanta barbarie, tanta maldad, tanta bestialidad. La conciencia universal ha dado ya su fallo».

El Vaticano, preocupado por los odios entre católicos en Vascongadas, pidió a Gomá que mediara ante Mola en pro de nuevas concesiones. Mola aceptó capturar Bilbao intacto, permitir la salida de los dirigentes, garantías contra cualquier exceso de las tropas, libertad para soldados y milicianos que se entregasen con sus armas, etc., añadiéndose la descentralización y la aplicación del espíritu de la encíclica Rerum Novarum. Y el 8 de mayo el cardenal Pacelli, futuro Pío XII, enviaba un telegrama a Aguirre exponiendo dichas condiciones. El mensaje fue interceptado por el gobierno de Valencia, que lo retuvo. Se ha discutido sobre si el gobierno vizcaíno llegó a enterarse, pero indica que sí el posterior comunicado de Aguirre a Valencia: «Suponemos telegrama Pacelli es apócrifo [...]. En Gobierno vasco nadie piensa rendirse»52.

Aguirre vacilaba. Sabía que sus aliados sospechaban sus tratos y le vigilaban. Y estaba ante un dilema infernal. Conforme la derrota común se perfilaba, menos le gustaba una alianza tan dura de tragar para un sabiniano; pero una traición abierta podía precipitar una guerra civil en Vizcaya, donde las numerosas tropas izquierdistas recibirían rápida ayuda de Santander y Asturias. Precisamente acababa de desatarse una guerra así en Barcelona, culminada por la defenestración de Largo y su sustitución por Negrín, en cuyo gobierno Irujo pasaría a desempeñar la cartera de Justicia.

El lendakari rechazó de momento la invitación a rendirse, y en cierto modo aumentó su cooperación con Valencia, aceptando, por ejemplo, el comisariado en el «Ejército de Euzkadi». De paso conseguía librarse de su detestado Llano de la Encomienda y el reconocimiento oficial de su ejército particular, cuyo mando técnico recibió el general Mariano Gámir. La insinceridad de su cooperación y de sus exhortaciones a los vascos a luchar hasta la muerte queda patente cuando, apenas dos semanas después del bombardeo de Guernica, intensificó sus tratos con los fascistas italianos a través del sacerdote sabiniado Alberto Onaindía, con vistas a una rendición separada. En adelante Juan Ajuriaguerra (que, con Irujo, había situado al PNV al lado del Frente Popular en julio de 1936) y Leizaola tomarían oficiosamente la iniciativa en las conversaciones, de las que Aguirre prefirió hacerse un poco el desentendido, consciente de sus consecuencias posiblemente embarazosas.

El 16 de junio, casi en vísperas de la caída de Bilbao, Ajuriaguerra pidió a los italianos, a través de Onaindía, que salvaguardasen a la población civil, y a cambio los nacionalistas entregarían la ciudad intacta. La oferta interesaba en extremo a los nacionales, pues les regalaba una poderosa industria, de inestimable valor bélico. Por lo mismo, Valencia exigía resistir a todo trance. Prieto, a la sazón ministro de Defensa en el gobierno de Negrín, ordenaba «extremar la defensa de Bilbao».

De cara a la población, el PNV estaba de acuerdo. El gobierno vizcaíno llamaba a emular «aquella resistencia heroica y ejemplar de nuestros predecesores», invocación paradójica porque los héroes habían sido los liberales, tan despreciados por los sabinianos. Aguirre hacía un «Histórico llamamiento», que no pasará a la historia de las arengas inspiradas: «En estos momentos de intensa y dramática emoción me dirijo a vosotros con el alma henchida de una fe que es patrimonio de los vascos [...]. El Gobierno está [...] en medio del pueblo [...], y su acuerdo firme es resistir, resistir con ímpetu y fe [...]. Yo confío en este pueblo, en este pueblo maravilloso. Yo sé que aquí registrará la Historia páginas de gloria. Estoy seguro de que vosotros, al conjuro de mis palabras, débil pero sincero y honrado, sabréis responder como un solo hombre [...] evocando todas aquellas heroicidades que hicieron grande a nuestro pueblo [...]. Aquí el pueblo vasco, ante el mundo entero, ante el asombro de todos, quiere escribir una página más de su gloriosa historia». Y terminó con un breve párrafo en vascuence53.

Estas palabras no irradiaban franqueza ni confianza, y los jefes que así llamaban a resistir preparaban la huida y negociaban con el enemigo. Solo los comunistas exigían en serio una lucha hasta el fin. El propio Gámir, contra las órdenes de Prieto, y justificándose en la desmoralización de las tropas, dispuso la evacuación, incluyendo la innecesaria de la población civil54.

De poco sirvió a Prieto insistir en la «enorme responsabilidad» de entregar a Franco las fábricas y los altos hornos. Las izquierdas pensaban destruirlos, así como el pantano que abastecía de agua a la ciudad, el casco antiguo y otros barrios de Bilbao, la Universidad de Deusto y diversos edificios, al modo como habían hecho en Irún y en Éibar. Pero lo impidieron las unidades del PNV, a veces encuadradas por oficiales enemigos. Como dice muy satisfecho el coronel italiano Pazzoni, en Baracaldo «cuatro batallones ex enemigos (caso poco frecuente en la historia de la guerra), armados de todas sus armas, asumieron así papeles combativos a las órdenes del vencedor, pasando a las filas de los prisioneros de guerra solo después de cumplida su misión»55.

La rápida caída de Bilbao impidió negociar la oferta de Ajuriaguerra, pero el PNV la cumplió. Bastantes batallones suyos se entregaron sin mucho sentimiento: el roce con los anticristianos izquierdistas no les había satisfecho. El coronel Montaud, próximo al PNV, explicaba: «Nuestros campesinos, si usted quiere oír la verdad, están más con el enemigo que con nosotros»56. El PNV, algo tardíamente, se había portado como le habían exigido los franquistas, salvaguardando bienes y personas, y proporcionaron unos medios magníficos a los vencedores. Pero en estos predominaba el resentimiento por la sangre vertida en la campaña, de la cual culpaban a los sabinianos.

Dieciocho días antes de la derrota, Azaña había consignado: «De que Bilbao por lo menos se perderá en cuanto lo ataquen con fuerzas bastantes, estoy yo convencido [...], convicción formada a través de los enmarañados y palabreros informes que el ministro Irujo me daba en Barcelona. Aquellos informes, escuchados por mí sin pestañear, se dirigían a probarme la facilidad de la inminente reconquista de Miranda y Vitoria, seguida inmediatamente de la de Navarra, después de lo cual el ejército vasco, ‘que se batía con ardor gracias a la concesión del estatuto autonómico’, descendería por Soria [...] para resolver la situación de Madrid»57.

Caída la ciudad, Aguirre explicó al gobierno, dice Azaña, que los sabinianos habían impedido las destrucciones «porque pensamos volver a nuestro país. Si no tuviéramos ese pensamiento, la desesperación podría habernos inspirado otra conducta». El argumento estaba bien medido para desarmar las sospechas de sus aliados, pero de su mendacidad daría prueba la actitud posterior del PNV, resistiéndose a luchar en tierra «extranjera», al lado mismo de Vizcaya. Aguirre también explicó a Azaña que «mucha gente se ha pasado [a los nacionales] creyéndolo todo perdido, al perderse Bilbao; pero unidades en masa, no». Se habían entregado unidades en masa58.

En tres meses se había venido abajo el sueño del PNV de crear una «Euzkadi» prácticamente separada, con un ejército propio capaz de garantizar en su momento la plena independencia frente a sus ocasionales aliados del Frente Popular.

Capítulo 8
RENDICIÓN DE SANTOÑA Y SU CONSECUENCIAS

Como quedó dicho, un efecto de la caída de Bilbao fue el reconocimiento de Franco por el Vaticano. Irujo, desde Valencia, presionó con todas sus fuerzas para impedirlo. El 31 de julio presentó un proyecto de decreto encarado a la opinión internacional. en él eludía hábilmente cualquier referencia a los miles de sacerdotes y fieles sacrificados, atribuía la «imposibilidad» del ejercicio del culto y la libertad de conciencia, a «la pasión popular», que había «confundido la significación de la Iglesia con la conducta de muchos de sus prosélitos». Es decir, la culpa de la persecución religiosa, quizá la más cruenta de la historia, la tenían sus víctimas, por otra parte no aludidas. Afortunadamente «una parte de la Iglesia católica, concretamente la de Euzkadi, ha sabido en todo momento cumplir su misión religiosa con el máximo respeto al Poder civil [...]. Por eso no ha sufrido el más leve roce en sus intereses». La destrucción de algunas iglesias y el asesinato de 56 miembros del clero (no nacionalistas en su mayoría) en la zona bajo hegemonía del PNV, por no hablar de los demás en el resto de España, no suponían ni siquiera un «roce» para Irujo. La insolidaridad realmente brutal del ministro se reduplica en su propuesta al gobierno de abrir un poco la mano en la cuestión del culto, para mejorar la imagen internacional de los revolucionarios. No tuvo mucho éxito, pero persistió intentando desacreditar a los nacionales y defender a la «República» en el Vaticano y en los medios católicos franceses y de otros muchos países59.

Expulsadas de Vizcaya, las tropas izquierdistas y peneuvistas tuvieron un respiro mientras sus enemigos se reorganizaban y en el frente central el gobierno lanzaba una nueva y potente ofensiva por Brunete, que daría lugar a una de las batallas más duras y cruentas de la guerra. La ofensiva sustituía a la auspiciada meses antes por Largo Caballero sobre Extremadura, que había sido saboteada por los comunistas. Comenzó el 6 de julio y duraría hasta el 24, causando muchos más muertos que cualquiera de las batallas del norte, lo que da idea de la ambición y magnitud de su planteamiento. Se trataba de destruir buena parte del ejército nacional en torno a Madrid, y de paso desahogar el frente norte, permitiendo la reorganización de las fuerzas derrotadas en Vizcaya y posibles contraataques sobre Bilbao.

La ofensiva de Brunete no logró vencer a los franquistas en el centro, pero sí paralizar la lucha en el norte. Gámir aprovechó la ocasión, y a finales de julio, con un ejército reorganizado de 100.000 hombres, 30.000 de ellos vascos izquierdistas y nacionalistas, se sintió con arrestos para emprender fuertes ataques contra Oviedo y Vizcaya.

Para entonces, el padre Onaindía y otro sacerdote, emisarios del PNV, habían visitado en Roma al ministro italiano de Exteriores, Ciano: «Ir en misión a tratar con los hombres del Fascismo no era un cometido muy agradable, y mucho menos en aquellas circunstancias en que se iba a preparar una capitulación más o menos inevitable [...]. No estaba reñido el heroísmo con la gestión», apunta Onaindía, aunque el heroísmo sobró ante la amable acogida de su anfitrión, y por lo demás no es palabra adecuada para una maniobra que en lenguaje menos «racial» suele conocerse por traición. El PNV intentaba llegar a una rendición «de modo simulado, para no provocar en los republicanos sospecha ninguna», pues de otro modo la operación podría culminar en descalabro. Los fascistas italianos estaban de acuerdo, pero deseaban una capitulación rápida, mientras que los peneuvistas insistían en que todo «fuera muy disimulado, para lo cual pedían tiempo suficiente». Esta disconformidad provocaría buen número de enredos y dilaciones, y la creciente irritación de los fascistas y de Franco60.

A fin de asegurar que sus aliados izquierdistas no percibieran la maniobra, el PNV había exigido desplegar sus tropas frente a Vizcaya, como si se dispusiesen a recobrarla, y al mismo tiempo proponía a sus enemigos que lanzasen la ofensiva principal no por aquel sector, de este a oeste, sino desde Reinosa, en dirección sur-norte y a espaldas del ejército vasco, que quedaría «copado» sin aparente culpa suya, y se vería «obligado» a rendirse. La traición quedaría así encubierta, e incluso cabría culpar a las izquierdas por la catástrofe, al no haber resistido debidamente en el frente de Reinosa. Una vez rendidos los peneuvistas, los italianos garantizarían su evacuación al extranjero por mar. No sin osadía, Aguirre comentó a Azaña: «Si los rebeldes consiguen dar un corte, por ejemplo hacia Reinosa, se producirá un desastre incalculable». Era justamente lo que sus emisarios habían negociado con Ciano61.

Para esa intriga constituía un serio contratiempo la contraofensiva de Gámir por el sector peneuvista. La reacción del PNV fue el embrollo. A fin de ganar tiempo y mantenerse pasivo, criticó la contraofensiva por extemporánea, pronunciándose por «una buena defensa» y autoalabándose por su avanzada reorganización, a su juicio más completa que la de los santanderinos y asturianos. De paso denunciaba las intromisiones y el proselitismo comunistas62.

No pudiendo impedir la contraofensiva, los sabinianos la sabotearon, según revelan los informes de sus dos comisarios Víctor Lejarcegui e Ignacio Ugarte: «La operación se inició, pero, preparados oportunamente nuestros batallones de hacer que hacían y no hacer nada, fracasó [...] al día siguiente se pretendió seguir la operación, pero nosotros nos opusimos a ello decididamente, y pasara lo que pasara dimos orden a nuestros batallones para que no actuasen [...] haciendo fracasar totalmente los intentos de lucha». Parece que los exasperados izquierdistas llegaron a montar ametralladoras a espaldas de los peneuvistas para obligarles a luchar, porque los días 28 y 29 de julio se produjo un sangriento combate en un punto llamado la Ermita. El parte nacional señalaba: «El enemigo ha efectuado un ataque con grandes masas [...] haciéndosele una verdadera carnicería y abandonando más de 1.500 muertos en las laderas y llevándose recogidos 504 cadáveres en las propias alambradas. Los prisioneros aseguran que los lanzan al ataque amenazándolos con ametralladoras». Aguirre todavía aprovecharía el suceso para quejarse a Valencia: «Una vez más solo fuerza infantería vasca ha sabido responder abandonada totalmente por la Aviación [...] dándose el triste caso de que vierta sangre en la mayor esterilidad y desamparo». Seguramente sabía mucho más de lo que decía, como había intuido Azaña63.

En esas semanas no acababa Aguirre de cumplir los acuerdos de rendición, quizá esperando la acción enemiga por Reinosa que encubriese su intriga ante el Frente Popular. El 18 de julio, primer aniversario del comienzo de la guerra, había volado a Valencia, como explica en sus memorias De Guernica a Nueva York: «El objeto de mi visita era audaz. Iba a proponer el embarque inmediato de las divisiones vascas trasladándolas al frente de Catalunya [...]. Las divisiones vascas en Catalunya hubieran servido de encuadramiento a muchos patriotas catalanes y constituido un elemento que hubiera devuelto al territorio republicano la fisonomía que era necesario para presentarse ante Europa». Idea absurda, pues debilitaría decisivamente el frente próximo a Vizcaya, abandonando a los santanderinos y asturianos, que habían luchado codo a codo con el PNV. Azaña le indicó la imposibilidad del plan: «¿Por dónde van a venir? Por mar es imposible, y por Francia no lo consentirían». «¡Qué sé yo...! Como heridos». «¿Heridos? También son combatientes si no quedan inútiles. Y a nadie le haría usted creer que íbamos a transportar quince o veinte mil heridos de una región a otra». «Pues es lástima. El cuerpo de ejército vasco, ya reorganizado, se batiría muy bien poniéndolo sobre Huesca. Se enardecería en cuanto le dijésemos que íbamos a conquistar Navarra». Azaña no daba crédito a sus oídos. «Recordé las frívolas expansiones de Irujo [...]. Y ahora este gobiernito vasco, derrotado, expulsado de su territorio, sin súbditos, apenas con tropas y desmoralizadas, se encandila y cree que encandilaría a sus gentes [...]»64.

No escapó a Azaña la doblez de Aguirre, aunque sí la amplitud de su engaño. El lendakari usaba su extravagante propuesta para justificar su verdadera decisión: el rechazo a su idea le dejaba libre, explicará, para hacer «aquello que mejor contribuyera a salvar el mayor número posible de hombres»65. El salvamento tomaría la forma del famoso Pacto de Santoña.

El 2 de agosto el lendakari ordenó el flete de diez o catorce barcos con vistas a la evacuación de sus tropas de Santander. Y el 14 los franquistas avanzaron hacia esa ciudad desde el sur, tomando enseguida Reinosa y el puerto del Escudo, a espaldas de las tropas de Vizcaya, desplegadas inactivamente hacia el este. Ajuriaguerra entendió que se cumplía el plan acordado en Roma, dejando satisfactoriamente «copado» a su ejército, y el día 18 acordó con emisarios fascistas, en San Juan de Luz, la evacuación por mar entre los días 21 y 24. Azaña había casi vaticinado esto ya en mayo, pensando que si caía Bilbao «es verosímil que los nacionalistas arrojen las armas, cuando no se pasen al enemigo. Los nacionalistas no se baten por la causa de la República ni por la causa de España, a la que aborrecen»66.

Naturalmente, Gámir ordenó a los peneuvistas replegarse hacia Asturias para eludir el cerco, medida que los interesados sabotearon eficazmente. Pero los malentendidos y la confusión sobre el terreno retrasaron la rendición, para enfado de los italianos, y los barcos encargados por el lendakari semanas antes no llegaban. Desesperados, los batallones peneuvistas y algunos izquierdistas se concentraron en Santoña y Laredo, y el día 23 se declararon en rebeldía. Ese día llegó a Laredo Ajuriaguerra para facilitar la huida de Aguirre y asumir la rendición. Gámir ofreció a Aguirre un submarino para ir a Asturias, pero Aguirre prefirió volar a Francia. Ajuriaguerra marchó a Santoña, y, como el plazo dado por los italianos para la evacuación expiraba, pidió dos días más.

Los fascistas, ansiosos de una grande y fácil victoria que borrase su derrota en Guadalajara, condescendían con los peneuvistas. Pero los navarros se impacientaban, y el día 25 Franco prohibió a los italianos hacer más concesiones. En medio del desorden, ese día los rebeldes de Santoña se adueñaron de los barcos pesqueros y otros surtos en el pequeño puerto, sin hacerse a la mar todavía. Los italianos, contra el aviso de Franco, siguieron prometiendo la evacuación. Al día siguiente arribó un mercante inglés, y el 27 empezó el embarque. Entonces llegaron unos oficiales españoles y ordenaron desembarcar a todo el mundo, lo que se hizo sin alteraciones.

Unos 22.000 miembros del antiguo «Ejército de Euzkadi» fueron apresados pacíficamente. Tres meses después, la mitad estaba en libertad, 5.600 en batallones de trabajo y otros tantos en espera de juicio. Se dictaron 510 penas de muerte, cumpliéndose 57. Posteriormente habría 145 ejecuciones más67.

La maquinación tan cuidadosamente diseñada entre los jefes peneuvistas y los fascistas italianos había resultado a medias. En parte había engañado al Frente Popular, en cuyo gobierno continuaría Irujo como si nada hubiera pasado; pero finalmente había fracasado por los incumplimientos e ineficacia de la dirección peneuvista, que habían terminado por hartar a los italianos, y sobre todo a Franco. Los sabinianos tienen una abundante literatura sobre la traición... de los italianos que, a su juicio, debían haber desobedecido al Caudillo. El padre Onaindía, sabiniano hasta la médula, concluye en su libro sobre tales hechos: «Considero que aquella conducta de los patriotas vascos fue noble, arriesgada y digna de que el pueblo la conozca. Habrá sus críticas. Es natural, pero el hecho pasará a la historia como algo que honra a sus principales ejecutores»; o bien: «Nunca temí la acusación que alguno podría hacer de calificar como traición al llamado Pacto de Santoña», porque «Cuando se ha luchado con heroísmo [...] hasta que se han agotado las municiones, nadie puede, en justicia, acusar de traición al combatiente que se rinde con la cabeza alta, el honor intacto y el corazón destrozado». Con toda evidencia ni se habían acabado las municiones ni podía hablarse de heroísmo ni de honor. Salvo en un sentido racial, desde luego68.

Lo dicho no impide a Onaindía expresar su sorpresa ante las pretensiones de Aguirre, hombre siempre flexible, de no haber tenido nada que ver en la fechoría: «Graves palabras en boca de nuestro Lendakari. Más graves aún si se tienen en cuenta los hechos que se relatan en estas páginas»69.

El balance de aquellos meses en que el PNV tanto se había acercado a sus objetivos no era brillante. Había apostado por los revolucionarios creyendo que iban a ganar y que, al mismo tiempo, no podrían impedir su secesión. Luego los había traicionado sin por ello ganarse el aprecio de los vencedores. Había creado una burocracia desmedida, una cadena de fortificaciones más espectacular que efectiva, y un ejército de comportamiento irregular, bueno unas veces, malo otras. Perturbó con sus pujos de independencia la lucha contra el enemigo común, y no logró mantener la producción industrial, que no cesó de caer en esos meses. Otro dato indicativo fue el considerable aumento de las muertes por enfermedad, un 38 por ciento sobre el nivel de 1935 (20 por ciento en Asturias y 56 por ciento en Santander). La salubridad se recuperó rápidamente tras la caída de la provincia, mejorando incluso los registros de preguerra70.

La parte más positiva de su gestión consistió, según opinión muy divulgada, en el mantenimiento del orden y la eliminación de la persecución religiosa. Pero esto no es del todo cierto. Hubo bastantes curas asesinados, y, como expone R. Salas Larrazábal, «los hombres que gobernaron Vizcaya tienen sobre sí análoga responsabilidad que los que lo hicieron en las restantes provincias, y las muertes irregulares no fueron allí menores que en otras partes. En conjunto quedaron por debajo de la media alcanzada en la zona gubernamental, pero por encima de las de Santander y Asturias [...]. En Vizcaya se produjeron más muertes que en Álava, Guipúzcoa y Navarra». Salas calcula en torno a 1.450 muertes, muchas de ellas en matanzas de prisioneros en las cárceles o en barcos prisión. Cierto que el PNV procuró no mezclarse directamente en los crímenes, pero, como autoridad hegemónica en la provincia, comparte la responsabilidad de ellos, y los permitió con más facilidad de lo demandado por los franquistas. Estos ejercieron luego una represión muy dura, pero menor que en otras provincias, y más contra las izquierdas que contra los peneuvistas, estimando a su favor, probablemente, actos como la entrega intacta de Bilbao71.

La historiografía sabiniana y alguna izquierdista presentan la guerra como una lucha de «España», o del «fascismo» contra «Euzkadi», cuya población, representada por el «gobierno vasco», habría luchado casi unánimemente contra los agresores. Tal versión, una vez más, armoniza con las teorías nacionalistas, pero no tanto con los hechos. El «gobierno vasco» lo era poco más que de una provincia, y agrupaba a tendencias incompatibles, una de las cuales, la secesionista, aprovechó las circunstancias favorables para traicionar sistemáticamente a las otras. Las tropas levantadas por cada tendencia fueron parecidas, algo más numerosas las izquierdistas. Y por el lado franquista se movilizaron probablemente en Guipúzcoa, y sobre todo en Álava, tantos soldados como los de cualquiera de las dos facciones enemigas, incluyendo un número de peneuvistas disconformes con el camino de Aguirre. Como ha observado Ramón Salas, hubo más apellidos de estirpe vasca en la oficialidad y en la aviación del bando franquista que en las del contrario. Teniendo en cuenta la división política de preguerra, eso era perfectamente lógico. En Vizcaya y Guipúzcoa, por tanto, hubo una guerra civil en toda la extensión de la palabra, como en el resto de España.

Capítulo 9
LA GENERALIDAD PIERDE SU SEMIINDEPENDENCIA

Mientras caía Vizcaya el Frente Popular había sufrido un reajuste sangriento, fruto de rivalidades desarrolladas desde el mismo mes de julio de 1936. A lo largo de abril de 1937 los comunistas planearon desbancar tanto a la CNT como a Largo Caballero. La idea hubiera parecido irrealizable solo unos meses antes, pero para entonces el PCE era ya un partido de masas, muy disciplinado, cada vez más influyente en el ejército, y la continuación misma de la guerra dependía de la URSS.

La tensión entre unos y otros iba a reventar por Cataluña, después de unas semanas de asesinatos mutuos entre comunistas y anarquistas, dando lugar a una pequeña guerra civil entre las izquierdas dentro de la Guerra Civil general.

Durante el período de estos conflictos internos y de la derrota peneuvista, también la Esquerra sufrió un descalabro decisivo que al principio pareció un éxito. Cataluña no fue por entonces objetivo de los nacionales, por lo que la lucha tuvo lugar entre las propias izquierdas. Con tenaces maniobras y ayuda del gobierno central y del PSUC, Companys había debilitado a la CNT, pero no lo bastante para asentar plenamente su autoridad, pues los anarquistas continuaban dominando la calle y amplios sectores de la economía. Muy pronto habría que decidir quién mandaba.

La Esquerra y los republicanos «burgueses» en todo el país habían contribuido a desatar y organizar el terror, pero este pronto les disgustó porque, fuera de su control, anulaba sus pretensiones de autoridad. Y porque ellos mismos sufrían las sevicias de sus aliados. Azaña retrata la situación en sus diarios. Ahora él, presidente nominal de la República, residía en Barcelona y no en Valencia con el gobierno, anomalía que él mismo aclara expresivamente a su amigo Ossorio: «No tendrá usted la pretensión de que yo viviese en Valencia en una fonda, como tuve que hacer la primera vez que vine, porque al Gobierno no se le había ocurrido que el jefe del Estado necesitaba en Valencia un alojamiento propio». Pero al menos permanecía en España, al revés de «muchos [...] señalados y hasta eminentes» republicanos huidos al extranjero: «A muchos los saqué yo de la nada, y a todos volví a ponerlos a flote, después del naufragio de 1933, y les he hecho diputados, ministros, embajadores, subsecretarios, etcétera, etcétera». Lo mismo pasaba en Cataluña: «En París hay doce ex consejeros de la Generalidad, todos habían emigrado antes de llegar yo a Barcelona, menos [Ventura] Gassol, que se fue después porque temía ser asesinado» por sus aliados anarquistas. Del Parlamento catalán, «no se juntarían más de veinte diputados de setenta y cuatro que son. Y los que se quedan son los peores, los de menos significación y prestigio». La Esquerra había ayudado a huir a «burgueses» suyos y algunos de la Lliga, así como a clérigos nacionalistas72.

El resentimiento de la Esquerra contra los ácratas crecía por semanas, pero le faltaban redaños para atacarlos de frente. El rápido auge del PSUC le vino como un regalo del cielo, y entre los dos partidos se estableció una alianza de hecho, que desembocó en los sangrientos sucesos de mayo.

Aquellos hechos han sido expuestos en muchos libros. El 1 de mayo no se celebró en Barcelona la fiesta del trabajo por temor a reyertas entre sindicales. Y el día 3 los comunistas, de acuerdo con la Esquerra intentaron ocupar la Telefónica de Barcelona, bastión de la CNT, desde la cual esta espiaba las comunicaciones de sus aliados. Los anarquistas resistieron, y al día siguiente las calles empezaron a poblarse de barricadas. Entre ese día y el 7 se multiplicaron los choques y los muertos. Los jefes ácratas hacían llamamientos contradictorios, unos a deponer las armas en pro de la «unidad antifascista», otros a aplastar la «contrarrevolución». El POUM vacilaba. Azaña, en su residencia, temía con razón por su vida, entre «la glacial indiferencia de Caballero y la sorda hostilidad y el manifiesto abandono de la Generalidad».

Ante la resistencia anarquista, más dura y peligrosa de lo previsto, la desbordada Generalitat no tuvo otro remedio que pedir refuerzos a Valencia. Largo, que buscaba en la CNT un aliado frente a los comunistas, no deseaba intervenir, pero los ministros contrarios impusieron el envío de guardias de asalto, de dos destructores y de aviones para intimidar a los rebeldes con vuelos bajos. A cambio Companys hubo de renunciar a la competencia de orden público, que tan mal había cumplido desde julio. Debió de estar realmente asustado para acceder a esa exigencia.

Los ministros anarquistas fueron a Barcelona a calmar a los suyos con promesas de arreglo imparcial. Los comunistas, por contra, prometían máxima severidad: «Durante mucho tiempo hemos atribuido cuanto ocurre a unas bandas eufemísticamente llamadas ‘incontrolables’ y ahora vemos que están perfectamente controladas. Pero por el enemigo. [...] cuando está en juego la existencia de España como nación independiente, la libertad del pueblo español y el bienestar y el porvenir de las masas populares, no se puede tolerar que nos ataquen por la espalda». Llamaba a actuar «con energía implacable», y desviaba la atención hacia los «trotskistas» del POUM, aunque su deseo de ajustar cuentas a los libertarios saltaba a la vista73.

El gobierno asumió el orden público en Barcelona, y suprimió la «Consejería de Defensa», nombrando capitán general de la región al general Pozas, que había contrariado a Franco cuando las elecciones de febrero del año anterior y había ingresado luego en el PCE. Se formó un nuevo gobierno regional en Barcelona.

Todo ocurrió en cinco jornadas. Los jefes anarquistas, en especial García Oliver y Federica Montseny, lograron cortar la insurrección, para su propio mal. Lo describe García muy gráficamente: «Fríamente recibidos. Groseramente tratados. Eso fuimos desde que llegamos a la Generalidad; El Príncipe [Companys, en alusión a sus maquiavelismos] ya no debía aburrirse [...]. Nos preparamos para pasar la noche tumbados en sillones y butacas [...]. Nada nos fue ofrecido. [...]. Nos trajeron con malos modos un panecillo seco con un poco de jamón pasado. Para beber, quien lo pidió, recibió un vaso de agua. Puede decirse que nos tuvieron a pan y agua, régimen de castigo en los penales españoles. [...]. Me levanté [...], fui a parar a una puerta que, por el resquicio del suelo, dejaba pasar una línea de luz. Empujé la puerta y contemplé una salita iluminada, con una larga mesa puesta, donde, encima de blanco mantel, brillaban las copas de finísimo cristal, conteniendo porciones de vinos blancos y tintos. Todavía pude fotografiar con mis ojos las sonrisas de satisfacción de los que alcancé a ver, y que cenaban opíparamente. Sonrisas que se quebraron en seco al divisarme en la puerta ya medio abierta. Eran Companys y su mujer, Antónof-Ofseienko, Comorera, Vidiella, Tarradellas...». La anécdota refleja la realidad mejor que largas consideraciones74.

Las jornadas de mayo dejaron varios cientos de cadáveres en Barcelona y otros puntos. Los comunistas se impusieron. Aunque ellos y la Esquerra habían provocado los disturbios, probablemente según un plan previo —lo indican algunos documentos publicados en España traicionada75— acusaron a la CNT, y sobre todo al POUM, de complot pro fascista, y exigieron un castigo despiadado. La maniobra derivó de inmediato contra el jefe del gobierno, Largo Caballero, cuya eliminación política perseguían quienes hasta poco antes le halagaban con el título de «Lenin español». Secundaban al PCE Prieto y Azaña, muy resentidos con Largo, a quien entre todos desbancaron y sustituyeron por Negrín, fautor del envío del oro español a Moscú siete meses antes y muy próximo a los comunistas. El nuevo gobierno, llamado, como el anterior, «de la victoria», prescindía de la CNT.

En una brillante operación, los comunistas habían neutralizado simultáneamente a los anarquistas y a los socialistas de Largo, las dos fuerzas de izquierda más poderosas hasta entonces. Sus nuevos aliados —prietistas, republicanos y separatistas— eran más débiles y manejables. La confusa revolución desencadenada diez meses antes, se clarificaba a favor de la línea comunista.

Negrín llegó resuelto a recobrar la autoridad y a movilizar para la guerra todos los recursos antes despilfarrados por la anarquía y los celos entre partidos. El PCE persiguió ferozmente al POUM y a los libertarios. El primero fue desarticulado, encarcelados y torturados muchos de sus militantes, y asesinado su líder Andrés Nin, en una cárcel secreta. Los anarquistas denunciarán las chekas comunistas, donde sufrían tormento y muerte numerosos militantes suyos.

Vale la pena señalar que, unas semanas antes, Franco había precisado también afianzar la unidad de su bando ante los roces entre sus seguidores, en especial la Falange y el carlismo. En abril fundió a ambos partidos en lo que se llamaría Movimiento Nacional, excluyendo cualquier otro. Gil-Robles, desde Portugal, aceptó la solución, que marcaba el fin definitivo de la CEDA. En marzo había sido disuelto el partido monárquico Renovación Española. El proceso costó algún encontronazo, con dos muertos, entre facciones falangistas, y el problema quedó resuelto con rapidez y sin el tremendo coste humano y político a que dio lugar en el bando contrario.

El 1 de julio nacía en Cataluña un nuevo gobierno autónomo, alianza del PSUC y la Esquerra, y sin la CNT. Pese a ello, La Humanitat reclamaba «la cooperación de todos los antifascistas» en aquella «hora de la reivindicación individual y colectiva de los catalanes». La Esquerra se creyó entre los vencedores, pero pronto se desengañó. Negrín y los comunistas, resueltos a hacerla retroceder de su casi independencia, recuperaron, además de la defensa y el orden público, las fronteras y otras competencias usurpadas por la Generalitat, mientras intentaban mejorar la producción bélica. Semanas después, Tarradellas se quejaba a Azaña de que los comunistas le resultaban más insoportables que los ácratas. Él y Companys se habían entendido sucesivamente con la CNT contra el gobierno central, y con el PSUC contra la CNT, pero finalmente se les esfumaba el fruto apetecido76.

Los comunistas criticaban a los nacionalistas con casi tanta crudeza como antes a la CNT. Los acusaban de desorden y desinterés por la guerra, de divertirse en locales y restaurantes de lujo, etc. La Esquerra se veía obligada a defenderse haciendo campaña a su vez contra «la frivolidad de la retaguardia», o lamentando: «¡Qué vergüenza para nuestros jóvenes que no quieren imitar el espléndido ejemplo de nuestros combatientes en el frente!». Destacaban el «esfuerzo de Cataluña», y llamaban «anticatalanismo» a las críticas que sufrían. En vano clamaba Rovira i Virgili: «La posición catalana ante la República ha de ser, en primer lugar, la de afirmar la propia personalidad en la convivencia». La «personalidad catalana», es decir, la política de la Esquerra, había perdido mucho atractivo en los meses precedentes77.

Otro golpe para la Esquerra fue la caída de Bilbao, en junio. Companys y Aguirre mantenían viejos lazos con el fin común de debilitar al máximo al poder central. La descabellada idea de Aguirre de llevar sus vencidas huestes a Cataluña puede no haber sido totalmente un pretexto. Debió de especular con que sus gudaris reforzasen a los nacionalistas catalanes en una región muy sensible por su proximidad a Francia.

El 22 de julio, Companys agasajaba a Aguirre ante un pequeño gentío congregado frente al Palau de la Generalitat. Con su habitual desenfado, Aguirre habló en nombre de todos los vascos: «Catalanes, en nombre de Euzkadi, muchas gracias [...]. Vosotros habéis visto en nosotros a unos cumplidores del deber, a unos hombres que han hecho gala de su lealtad». Los vascos, «en aras de la libertad no hacen otra cosa sino cumplir con su deber, arrojando hasta la última gota de su sangre». «Nos corresponde el alma de nuestro pueblo. No importa que aquellos enemigos nuestros maten los cuerpos, porque jamás podrán matar el alma ni de Cataluña ni de Euzkadi». «Euzkadi» había sido el «yunque del sacrificio», pero Cataluña sería «el yunque de la victoria». Habló en castellano, sin mencionar a España ni aludir siquiera a los santanderinos y asturianos que habían dado su vida en Vizcaya al lado de los sabinianos.

Le respondió Companys en catalán: «Esta es Cataluña, la de siempre, la eterna [...]. Y esta es la auténtica representación de nuestro pueblo [...]. Y esta Cataluña sencilla, trabajadora, amante de la paz, tolerante, [...] es hermana espiritual de Euscadi en el pasado [...] y en el futuro en que se ha de recobrar nuestra independencia contra la facción extranjera. Euscadi es el honor y es el sacrificio». La Humanitat ponderaba: «Cataluña, país de democracia, ha comprendido que el presidente Aguirre, por sus cualidades de inteligencia, de espíritu, de tenacidad y de fidelidad a los compromisos contraídos, es el exponente más alto de este pueblo que ha sufrido la más incalificable de las invasiones, precisamente por no doblegarse, por no traicionar la palabra dada, por fidelidad a la República y a la democracia»78.

Negrín, enojado por tales expansiones, dijo a Azaña: «Aguirre no puede resistir que se hable de España. En Barcelona afectan no pronunciar siquiera su nombre. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero [...] si estas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos entenderíamos nosotros, o nuestros hijos, o quien fuere. Pero estos hombres son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco. Y mientras, venga a pedir dinero»79.

Los roces entre los nacionalistas y el gobierno se siguen bien en Azaña: «A los hombres de la Generalidad les ha sabido muy mal perder el Orden Público [...]. Menos les ha gustado, si cabe, la desaparición de la Consejería de Defensa [...]. El mayor obstáculo para la acción del Gobierno será la política tortuosa de los hombres de la Generalidad; así viene ocurriendo desde julio [de 1936], con las desastrosas consecuencias para la marcha de la guerra [...]. Ahora pondrán mil asechanzas y estarán agazapados en espera de una ocasión». Así valora una carta de quejas de Companys, el 28 de julio de 1937: «He dicho al Presidente del Consejo [...] que las gentes de la Generalidad, mal avenidas con su fracaso, con la impopularidad resultante y con el rescate de los servicios, tratarían de mover un conflicto [...] para hablar de la catalanidad ofendida, o de las libertades holladas, etc. [...]. Se apresurarían a presentarse ante la opinión catalana como defensores de la terra. Había que prevenirse y gobernar con mucho tacto, pero sin dejarse ganar la mano [...]. Ya está aquí la carta de Companys hablando de los sentimientos de Cataluña lastimados. [...] No sería extraño que aprovechasen el caso Nin. Que Companys finja escandalizarse, como campeón del derecho, después de cuanto ha ocurrido en Cataluña bajo su mando personal, es de un cinismo insufrible»80.

La crítica a Companys no deja de ser chocante en boca de Azaña. Pues ambos habían hecho, esencialmente, lo mismo desde años atrás: asociarse con revolucionarios y extremistas para derribar a toda costa a la derecha. Los dos habían creído que no les sería difícil dominar (o engañar) en el momento oportuno a tan inquietantes amigos; al final, como aprendices de brujo, habían desatado fuerzas incontrolables, de las que ellos mismos eran víctimas. Azaña lo veía muy claro en Companys, no tanto en sí mismo.

La Esquerra, pues, sembraba el malestar entre la población. Tarradellas decía, según Azaña, que tras rescatar el Orden Público, «el gobierno ha enviado a Cataluña un ejército de ocupación que vive a costa del país... De Madrid se está haciendo un mito, para emplearlo a favor de la política centralista [...]. En el frente de Madrid hay ¡cuarenta mil catalanes! Si ha podido emprenderse la ofensiva (de Brunete) se ha debido a que Cataluña ha dado tantos y cuantos millares de cartuchos. El frente de Aragón es el único que no ha retrocedido nunca, en tanto que no se ha hecho más que correr desde Cádiz a Madrid»; «En Cataluña resolvimos el problema en cuarenta y ocho horas, librándonos de la rebelión en todo nuestro territorio. Por eso hemos podido hacer política. En los demás sitios, no han sabido hacer otro tanto». Tales argucias nucleaban la propaganda más o menos subrepticia de la Esquerra entre los catalanes81.

«Son materiales para el conflicto venidero», nota Azaña. «Es la separación radical de la causa de Cataluña y la causa general de España. La explicación de cuanto viene ocurriendo en Cataluña no es otra, completando esa actitud [...] con la irrupción sindicalista, cooperante con la Generalidad para anular al Estado [...]. Que Cataluña correrá [...] en esta guerra la misma suerte que el resto de España, es una verdad palmaria, que ningún catalán desconoce ni niega; pero no basta para apear los de aquella opinión ni de cuanto denota. Se mueven entre la deslealtad y la obtusidad»82.

Hasta entonces, escribe Azaña con indignación, «los periódicos nunca han dicho la verdad acerca de Cataluña. ¿Por qué? Por ignorancia o falta de discernimiento, en parte; por bobería y optimismo revolucionario; por espíritu de imitación; por miedo». Pero las cosas estaban cambiando: «Los abusos, rapacerías, locuras y fracasos de la Generalidad y consortes, aunque no en todos sus detalles de insolencia, han pasado al dominio público. [...] El Socialista de Madrid, ayer inserta otro [artículo] [...] tomando pie de la zafiedad enconada de un articulista barcelonés, que pedía la prohibición de publicar periódicos en castellano, que es el enemigo, o el dominador... [...] Ya está ahora la polémica armada. Vendrá ahora la réplica de Barcelona, ¡y medraremos!» 83.

Entre los propios nacionalistas reinaba la división y la incertidumbre. Casanovas, separatista radical y presidente del Parlamento catalán, intrigaba contra Companys, a quien acusaba de responsable de los excesos y desórdenes, por su complacencia con la CNT: «A los de la Generalidad, que están indignados porque les han quitado el Orden Público, hay que decirles que ellos lo han perdido, por sus errores», le confió a Azaña. Según él, la opinión catalana despreciaba a Companys, Tarradellas y los demás84.

Como indicio del trato entre los nacionalistas y el gobierno de Valencia, Azaña transmite las impresiones de Negrín tras un encuentro con Companys, a principios de agosto, para normalizar la industria bélica: «Imposibilidad de concertar nada serio. Enredo, palabras, doblez. Negrín cree, como en un descubrimiento, que Companys es un hombre sin pensamiento, sin elevación alguna»85.

Un nuevo golpe recibió la Esquerra en agosto, cuando el gobierno disolvió el «Consejo de Aragón» en la zona ocupada por los ácratas, deteniendo a sus jefes con acusaciones de robos y violencias. También recoge Azaña su despechada indignación: «A Companys y a otros se les acaba la estúpida comedia de que las tierras aragonesas las había conquistado Cataluña, para la gran Catalonia, y no les conviene nada que, en la raya occidental de Cataluña, reaparezca una autoridad responsable, suprimiendo la anarquía, con la que no les iba mal; incluso para asustar»86.

Las protestas de Companys se recrudecían. Prieto le comunicaba a Azaña a finales de agosto: «Companys está loco, pero loco de encerrar en un manicomio». En un banquete Companys se había desatado en imprecaciones contra el Gobierno y en quejas «sobre su situación personal, que estima desairada e insostenible. Apuntó el deseo de recobrar el orden público. Está muy enojado porque en el preámbulo del decreto que disolvió el Consejo de Aragón hay unas frases que él considera un ataque al régimen autonómico»87.

Tenía que resultar muy amargo para la Esquerra contemplar con qué facilidad se les escurría de las manos el poder casi independiente edificado durante los primeros diez meses de guerra en vulneración sistemática, como el PNV, de los acuerdos y las reglas del juego aceptadas. Pero en rigor aquellos avances, en Vizcaya o en Cataluña, no habían descansado en una fuerza real, sino en la hábil explotación de unas circunstancias transitorias, mientras el gobierno central sufría la agobiante ofensiva del ejército de África. Los dos partidos nacionalistas habían perjudicado seriamente el esfuerzo contra el enemigo común, y habían intentado, o por lo menos tanteado, separarse de España. En sus respectivas provincias no habían garantizado el orden ni la producción ni la disciplina militar. De ahí que no pudieran afrontar ni a los franquistas en un caso, ni al gobierno de Valencia en el otro.

Capítulo 10
QUERELLAS AZAÑA-COMPANYS

Solo en la campaña de Santander, a finales de agosto de 1937, había perdido el Frente Popular más de 86 batallones, «pérdidas que en su mayor proporción corresponden a deserciones, sublevaciones de los nacionalistas [vascos] y copo de Santander», informaba el coronel Prada al gobierno de Valencia88. El PNV, sentían muchos izquierdistas, había contribuido a la victoria de Franco. Con todo, las izquierdas asturianas, ayudadas por algunas tropas santanderinas y vascas, iban a mantener la lucha hasta su derrota completa a finales de octubre.

Y mientras caía el norte frentepopulista, en Cataluña seguían las intrigas y presiones de unos y de otros. El gobierno central quería recobrar sus competencias, a veces con indignada brusquedad por las usurpaciones previas, lo cual provocaba, a su vez, el enojo de la Esquerra. Azaña menciona, el 2 de septiembre, el testimonio de Manuel Muñoz, ex director general de Seguridad: «Companys [...] se le ha quejado amargamente del Gobierno [...]. No tiene jurisdicción ni mando sobre nada. Cataluña tiene por él un amor maternal. Está resuelto a dimitir y a no ser más que Luis Companys para hablar en la plaza pública y levantar el ánimo de su país, de que es su hijo más querido, etc. etc.». El líder esquerrista parece haber llegado a creerse realmente la encarnación de Cataluña, tal como lo presentaba su propaganda89.

El día 8, Azaña habla de una conversación con el arqueólogo Bosch Gimpera, miembro de la Generalidad y catalanista moderado: «Bosch pierde de vista que si ahora hay un ejército de ocupación (como les gusta decir) en Cataluña, ejército del Gobierno legítimo, que por fin ha podido sacar a Cataluña misma y a las tierras de Aragón adonde llega de las garras del bandidaje, todo aquel país ha estado meses y meses bajo el ejército de ocupación de las patrullas, ‘controles’, tribunales clandestinos, etcétera, etcétera, para indignación, martirio y bochorno de la mayoría de los catalanes [...] sin oposición del gobierno de la Generalidad». Bosch, admitiendo los excesos de Companys, opinaba que este volvía a ser popular90.

Cinco días más tarde Azaña menciona un encuentro de Martínez Barrio con Companys: «Le ha encontrado muy nervioso, irritado, quejándose [...] de que hayan vuelto los tiempos de la incomprensión» [...]. Le han enviado un ejército de ocupación, sin duda porque no se fía el Gobierno de la lealtad del pueblo catalán». Obviamente el problema de la deslealtad venía de Companys, no del pueblo catalán. El president establecía un paralelo con los tiempos de Felipe IV y el conde-duque de Olivares: «Pero hubo alguien que no se conformó, Clarís, que se entendió con Richelieu para hacer la guerra a España». Comenta Azaña: «Poco encubierta amenaza, y amenaza de traición. ‘¿Quién sería ahora Richelieu?’, pregunta Martínez Barrio, ‘Acaso Mussolini’, le respondo. Lo que ofrece poca duda es que Companys sueña con Clarís». Azaña y Martínez ignoraban los tratos de los nacionalistas en París y en Londres. El primero alude, los días 18 y 19, a las denuncias por el paso clandestino de oro y dinero a Francia, a cargo de la Generalidad, y las amenazas de los diputados y políticos esquerristas de «cambiar de actitud». Para Prieto, «están saboteando la guerra desde Cataluña»91.

Encontramos un buen resumen de estos roces en la referencia de Azaña, el día 19, sobre una entrevista con Pi y Sunyer, alcalde de Barcelona y nacionalista relativamente moderado. Pi llegaba como enviado oficioso ante el presidente de la «República», a exponer las quejas de la Esquerra, difundidas activamente por esta en su propaganda. En sus memorias da por fidedigno el relato de Azaña sobre «la posición de Cataluña», como él llama modestamente a la de la Esquerra92.

Pi presentaba al gobierno de Valencia como un conglomerado solo unido por «su política catalana», es decir, anticatalana. Identificando a los catalanes con Companys y su partido, tomaba los intentos de volver al estatuto por una sucesión de agravios «a Cataluña», desde la jurisdicción sobre las cajas de seguridad de los bancos, expoliadas por los gobiernos de izquierdas, hasta la reocupación de edificios del Estado. «Cataluña» —la Esquerra— había perdido influencia en la zona izquierdista, cuando debiera pesar más en ella, al irse reduciendo el territorio del Frente Popular. Cataluña seguía libre por sus propios esfuerzos —obviamente, el enemigo no la había atacado aún— y había enviado soldados fuera. Pi temía, o decía temer, que la victoria populista, si llegaba, traería la abolición de la autonomía. Por lo tanto, afirmaba, «Los jóvenes catalanes que están en el frente, no saben por qué se baten». Reconoció vagamente las extralimitaciones anteriores de su partido, pero las achacó al momento revolucionario. En fin, el gobierno olvidaba que Companys, como presidente de la Generalidad, «es el representante del Estado en Cataluña». En prueba de sinceridad, Pi mostró a su interlocutor «un folleto de propaganda, con un prólogo suyo en que habla como español y de España», aunque por lo común la propaganda esquerrista hablaba de España y Cataluña como entidades distintas, y, subliminalmente, opuestas.

Azaña le repuso que el vínculo del gobierno no era la política «anticatalana», sino «el compromiso [...] de sostener la guerra». Nadie pensaba suprimir la Generalidad, pero sí retornar al estatuto; y si el territorio izquierdista disminuía, afectaba por igual al «peso» de Cataluña y al de las demás regiones. «Companys repite ahora que el Presidente de la Generalidad es el representante del Estado en Cataluña. Perfecto. Pero con dos observaciones: 1ª, que esa representación obliga al Presidente de la Generalidad a cooperar lealmente con el Estado en los fines que le son propios en Cataluña [...]; 2ª, es lastimoso que Companys no se haya acordado en tantos meses de que tenía, como Presidente de la Generalidad, aquella representación». «Ustedes [...] no han proclamado una revolución nacionalista o separatista. Querían hacerla pasar a favor del río revuelto [...]. Han aprovechado el levantamiento de julio y la confusión posterior [...]. No alegue usted, para justificar todo eso, que el momento era revolucionario, porque se sacaría la conclusión de que ustedes son unos políticos, unos partidos, en acecho de la primera ocasión para faltar a la lealtad». Y le recordó las francas palabras de Lluhí, ya en julio de 1936, sobre la política de ganar posiciones para repartirse el botín de la victoria, entonces tenida por segura.

«En suma: la Generalidad, cuyo Presidente, como recuerda ahora Companys, es representante del Estado, ha vivido no solamente en desobediencia, sino en franca rebelión e insubordinación [...]. Cuando, abrumados por la opinión pública, tuvieron ustedes que resignarse a que el Estado rescatase el servicio de Orden Público y suprimiese la Consejería de Defensa, Cataluña respiró». «Si los jóvenes catalanes no saben por qué se baten, díganselo. Se baten por la República española, por la libertad de España, de la que es parte integrante Cataluña, con su régimen autonómico [...]. Se ha hecho todo lo necesario, y más, para hacerles creer que [...] se les llamaba a filas para otra cosa [...]. Añada usted el tono general de los periódicos, de los discursos y arengas oficiales, su ambigüedad, cuando no su descaro. Delegaciones de la Generalidad en el extranjero. Eje Bilbao-Barcelona. La Generalidad emite billetes (que en opinión de Nicolau son pura moneda falsa) [...] y la prensa dice: ‘Se ha creado moneda catalana’. Se publica el decreto de movilización, incumplido, por cierto, y el comentario es: ‘Ha sido creado el ejército catalán’ [...]. Los periódicos publican los partes de guerra bajo dos rúbricas diferentes: una dice Cataluña; la otra, España [...]».

Azaña advirtió: «Ahora no estamos en guerra con Luis XIII ni hay un Richelieu, aunque no falte en Barcelona quien sueñe con Clarís». «Las izquierdas miraban con simpatía el régimen nuevo de Cataluña, por ser obra de la República, que daría satisfacción a los catalanes, base de la concordia». Pero no admitirían que al final de la guerra España quedase, según deseo de los nacionalistas, «como una federación de repúblicas, con lazos muy débiles, entrando y saliendo de la federación libremente».

En un momento de su exposición, Pi lamentó que la censura «no ha permitido publicar una nota oficiosa desmintiendo los rumores de nuestros tratos con los rebeldes para una paz separada». La queja tenía algo de intoxicación, pues los rumores no aludían a tratos con los franquistas, sino con Francia e Inglaterra, y no carecían de base ni mucho menos, aunque sus detalles permaneciesen ignotos para Azaña y Negrín.

Tampoco percibía Azaña el trasfondo del Pacto de Santoña, teniéndolo por un simple disparate: «Giral me ha contado una nueva botaratada de Irujo. Sin encomendarse a Dios ni al diablo, Irujo, por su cuenta, se ha dirigido a los cónsules americanos pidiéndoles que intervengan para hacer respetar la capitulación concertada en Santoña»93. Irujo siempre había actuado al margen de los intereses del gobierno del que formaba parte, tratando con los británicos y otros, y el rumor le acusaba de haber facilitado la huida de algunos «fascistas». Como ministro de Justicia había propuesto medidas favorables a la imagen del Frente Popular, pero le bastaron seis meses para percatarse de que no solo no lograba sus propósitos, sino que quedaría inevitablemente vinculado al terror izquierdista desde un puesto tan significativo. Por tanto, en diciembre dimitiría, continuando de ministro sin cartera.

Consciente de la ignorancia de sus aliados sobre sus actividades, Aguirre planteaba exigencias como la gestión de los mercantes de matrícula bilbaína, o se ofrecía a aportar «copia de un expediente sobre los hechos de la capitulación de Santoña», o pretendía que los suyos «nunca han hecho actos de carácter político, ni se han dirigido a ningún Estado extranjero. Sus gestiones han sido de carácter comercial y social». Y volvía a poner sobre el tablero los servicios del PNV al Frente Popular: «Se promete muy felices resultados de la propaganda que realizan entre ciertos grupos católicos extranjeros». En fin, «hace protestas de lealtad y adhesión a la República [...]. Su lealtad a la República será inquebrantable mientras dure la guerra»94.

Estas cosas ocurrían entre septiembre y octubre de 1937, mientras los franquistas preparaban y emprendían el avance sobre Asturias. Por entonces Negrín decidió trasladar el gobierno a Barcelona: «Se funda en la necesidad de asentar definitivamente la autoridad del Gobierno en Cataluña y de poner en pleno rendimiento la industria de guerra. [...]. Pretende también desvanecer la impresión de que el Gobierno no puede ir a Cataluña, y de que hay dos Gobiernos que rivalizan». El rendimiento industrial, en baja constante, preocupaba mucho a Negrín, así como el escaso afán de los trabajadores catalanes, pese a las campañas de propaganda en pro de un esfuerzo mayor por la causa del «pueblo». Escribe Azaña: «Le recuerdo a Comorera la negativa de los obreros a suprimir la semana inglesa, a trabajar horas extraordinarias, etc. Y el caso escandaloso ocurrido hace pocos días en Barcelona, negándose los obreros municipales a trabajar el sábado por la tarde y el domingo en el descombro de unas casas bombardeadas y en el salvamento de las víctimas»95.

Companys aborrecía la presencia del gobierno en Barcelona, donde se instalaría este el 31 de octubre. Incapaz de impedirla, buscó acuerdos de poder a poder. Sugirió, explica Azaña, que «una vez el Gobierno en Barcelona, podría hacerse una modificación, reduciéndose el número de consejeros de la Generalidad y aumentándose el de los ministros catalanes en el Gobierno de la República. «¿Lo ve usted? —le digo a Negrín—. Ya salen las combinaciones. Son como la yedra. Se le subirán a usted por las piernas, hasta envolverlo»; «Como yo me figuraba, Companys y sus amigos han pretendido aprovechar la ocasión para sacar ventajas políticas y han insinuado alguna combinación, encaminada a predominar en el Gobierno, o absorberlo [...]. [Negrín] se ha negado a todo y les ha dicho que se mantendrá estrictamente en el Estatuto». También presionaba Aguirre: «Ha tenido la ocurrencia de proponer a Negrín que celebremos una conferencia los cuatro presidentes [...]. Tratarán de envolverlo de mil maneras, siendo una de las más peligrosas, e inaceptable, la de ‘marchar de acuerdo’». Negrín, de todas formas, entendía bien que sin el mando único político y militar, una de las claves de los éxitos enemigos, resultaba ocioso pensar en ganar la guerra, y estaba decidido a preservar los derechos del Estado96.

Capítulo 11
QUIEBRA DEL NACIONALISMO ESPAÑOL DE AZAÑA

Estas querellas certificaban la quiebra de otro nacionalismo: el español de Azaña. Este mostrará su aflicción a Prieto, el 15 de septiembre: «En estos años pasados [...] me alentaba una esperanza española grandiosa, y a pesar de todas las dificultades, y de la repugnancia y fatiga que me producía el bracear continuamente con tantos ineptos y majaderos, quería contar con el tiempo, y con el crecimiento normal de la nación [...]. Lo que me ha dado un hachazo terrible, en lo más profundo de mi intimidad, es, con motivo de la guerra, haber descubierto la falta de solidaridad nacional [...]. A muy pocos importa la idea nacional [...]. Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario, se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado»97.

Azaña había esperado aplacar a los nacionalistas por medio de los estatutos, facilitando la convivencia en una España unida, y comprobaba hasta qué punto había errado. Pero pensaba también en sus correligionarios republicanos, a quienes fustiga una y otra vez en sus diarios como botarates, charlatanes incapaces de un pensamiento algo elevado o de la más elemental disciplina. Con tales elementos no podía salir bien la «esperanza española grandiosa».

Y pensaba en los socialistas, aunque al respecto podría atribuirse a sí mismo una parte no menor de la culpa. La ideología marxista, el internacionalismo proletario, no excluía un fuerte nacionalismo ocasional, que, sin embargo, no había impedido el traslado del grueso del oro del Banco de España a Moscú. Tarde había descubierto Largo el coste político del envío. También él reveló una suerte de nacionalismo español en sus trifulcas con el embajador soviético Rosenberg y con los asesores. Como dice en sus documentos, «Tenía el Ministro [habla de sí mismo] que hacer esfuerzos titánicos para tolerar a los asesores, por la siguiente reflexión: ¿Y si no nos facilitan material de guerra?». ¡Un material pagado, y a alto precio, por España! Su resistencia había concluido con su expulsión del poder. Azaña sabía necesariamente que el Kremlin controlaba el oro, y con él los envíos de armas y el destino del Frente Popular; y sin embargo nada de ello aparece en sus diarios, silencio por demás elocuente. En vano se debatía contra lo inevitable, buscando el apoyo de Francia e Inglaterra98.

Fracasado este nacionalismo, quedaba en el Frente Popular el nacionalismo comunista, paradójico y contradictorio, pero sumamente resuelto. Para el PCE la defensa de los intereses soviéticos primaba absolutamente sobre los de su propio país, y sin embargo logró movilizar mejor que el resto de la izquierda el sentimiento patriótico español contra la supuesta invasión italogermana. Lo mismo haría Negrín, el hombre a quien los comunistas sostenían y que sin ese sostén habría caído enseguida, como había caído Largo Caballero.

Tal sería el peculiar nacionalismo español mantenido hasta el final de la contienda, en alianza y pugna al mismo tiempo con los nacionalismos vasco y catalán, vistos cada vez más como factores de perturbación del esfuerzo común.

Volviendo a la situación del bando nacional, las ofensivas izquierdistas por Garabitas, La Granja, Brunete, Huesca y Belchite, entre abril y agosto, apenas habían apartado a Franco de su objetivo en el norte. Y así, su avance culminó en Gijón el 21 de octubre de 1937 con una enorme victoria. Las izquierdas y el PNV, en un extraordinario esfuerzo, habían movilizado en las tres provincias a más de 200.000 hombres, de los cuales solo 10.000 lograron huir a Francia. Aparte de los muertos, la gran mayoría cayó prisionera, y unos 100.000 engrosaron el ejército vencedor, donde combatirían sin problemas aparentes (los gudaris, especialmente los incorporados al requeté, lucharían en las filas de Franco con notable denuedo), y a pesar de que el sueldo de un gudari había ascendido antes de rendirse a 10 pesetas, mientras que el de un requeté no llegaba a una99. El Frente Popular había perdido en torno a un cuarto de su fuerza combativa.

El botín de guerra era ingente, y más importantes aún las fábricas metalúrgicas y siderúrgicas y las de cañones, morteros, ametralladoras, explosivos, etc. La industria del norte representaba la mitad de la de España, y gracias a ella los nacionales alcanzaron el equilibrio en este campo, con la ventaja de asegurar un nivel productivo más alto.

El final de la campaña supuso un cambio estratégico crucial. La guerra había pasado por dos etapas, una inicial de cuatro meses, a base de «columnas» irregulares, en que los nacionales, con gran inferioridad material, habían estado a punto de vencer, gracias a su buena dirección y a la mala organización y celos internos de sus enemigos; y una segunda de forcejeo y empate, con intervención ya de brigadas y divisiones y de cuantiosa ayuda extranjera en los dos lados, que había durado catorce meses. Con la caída del norte daba comienzo una tercera fase de superioridad material franquista y de agonía del Frente Popular, prolongada dieciocho meses más.

La catástrofe del norte provocó una honda desmoralización en el Frente Popular. Azaña y otros muchos concluyeron que la «República» ya no podría ganar militarmente la guerra, y que, por tanto, convenía maniobrar en Londres y París para imponer un armisticio y salvar lo salvable. Azaña ya había hecho gestiones en Londres en mayo, por medio de Besteiro y sin informar al todavía gobernante Largo Caballero, con motivo de la coronación de Jorge VI. Iniciativa inviable, pues Franco, lógicamente, no pensaba dejarse arrebatar por tales acuerdos una victoria que ya vislumbraba casi segura; y Londres, cuyas simpatías por los revolucionarios eran muy moderadas, buscaba ante todo aislar de Europa la hoguera española.

Además, los comunistas, los socialistas afectos a Negrín, interesados en alargar la contienda, y el mismo Prieto, reaccionaron con una masiva movilización y reorganización, poniendo rápidamente en pie nuevos cuerpos de ejército equivalentes a los perdidos en la franja cantábrica. Las normas disciplinarias se extremaron, hasta tomar carácter de terror. Prieto creó una policía política militar, el SIM (Servicio de Investigación Militar), a instancias de Orlof, jefe de la policía secreta soviética (NKVD) en España, donde operaba al margen del gobierno de Valencia. El SIM, pronto dominado por los comunistas, persiguió ferozmente no solo a los agentes del enemigo (la famosa Quinta Columna), sino a anarquistas, socialistas y otros supuestos aliados. Estas medidas y un intenso adoctrinamiento ideológico permitirían alargar la contienda casi un año y medio.

La resuelta resistencia del sector dominante en el Frente Popular obligó a los nacionales a preparar, tras su triunfo en el norte, una nueva ofensiva de amplios vuelos. Franco volvió a inclinarse por Madrid, debido a su valor psicológico y porque le permitiría batir al mejor ejército enemigo. Pero este se adelantó con un masivo ataque sobre Teruel, a finales del año. Por primera y única vez, las izquierdas tomaron una capital de provincia, defendida palmo a palmo por los nacionales en unas condiciones extremas de aislamiento, frío y penuria desesperada. El Caudillo renunció entonces a su proyectada acción contra Madrid y, aceptando un cambio de planes que se revelaría afortunado, reconquistó Teruel. A continuación, mediante una amplia contraofensiva, llegó al Mediterráneo por Castellón a mediados de abril de 1938, casi en el séptimo aniversario de la República. La zona izquierdista quedaba cortada en dos y Cataluña separada del centro. De nuevo la guerra pareció a punto de terminar.

Capítulo 12
EL PNV Y LA GENERALIDAD BUSCAN RESPALDO INTERNACIONAL

Durante los seis meses entre la caída del norte y la llegada al Mediterráneo, se ampliaron en el Frente Popular las fisuras entre los partidarios de resistir a todo trance y los aspirantes a una paz impuesta por Gran Bretaña y Francia. Ya en septiembre de 1937 Azaña comentaba una charla con Martínez Barrio, también convencido de la imposibilidad de vencer: «Acepta mi tesis de que todavía somos un valor, y que es la ocasión de cotizarlo [...]. «Hay que hacerlo —dice— antes de fin de año, procurando primero una suspensión de hostilidades por un plazo bastante a articular la paz»100.

Ninguno de los dos personajes sentía excesivo placer ante un eventual triunfo del Frente Popular, pues comprendían lo poco que podían esperar de él unos «burgueses» como ellos. Se hacían la ilusión de que las democracias intervendrían si se cambiaba el curso revolucionario. Dirá Azaña: «La guerra, si la podemos ganar, la tenemos que ganar en París y en Londres, que son los que nos pueden dejar hundirnos o ayudarnos. Para que París y Londres nos ayuden tenemos que ofrecerles la garantía de una República constitucional, democrática y liberal»101. De esta manera, y sin apenas esfuerzo, sustraerían la victoria tanto a los nacionales como a los revolucionarios. Pero quien ese cálculo hacía había sido, por cierto, uno de los máximos responsables de una situación cada vez más insufrible para él mismo, habiendo vulnerado reiteradamente, en 1934 y en 1936, las normas democráticas. Tampoco estaba, en 1938, en condiciones de garantizar a nadie una república liberal frente a un control marxista ya demasiado firme.

En cualquier caso, sus deseos concordaban en parte con los de Companys y Aguirre, poco interesados en la continuación de un conflicto que ya no les prometía nada bueno. Sobre esa base habría sido factible un frente común contra los partidarios de continuar la lucha, pero ese frente apenas cuajaría, porque el PNV y la Esquerra prefirieron intensificar la colaboración entre ellos con vistas a una paz separada que colocase a Cataluña y a «Euzkadi» bajo protectorado francés e inglés respectivamente. Idea recurrente en ambos nacionalismos desde principios del siglo. Para ambos, el Frente Popular había perdido su atractivo, no solo porque su victoria se desvanecía, sino porque las necesidades de la lucha llevaban a centralizar los esfuerzos en detrimento de los anhelos separatistas.

Por eso Companys recordaba al gobierno su dignidad como representante del Estado en Cataluña, y Aguirre no cesaba en sus protestas de lealtad; redoblaron los dos, desde el otoño de 1937, su acción coordinada hacia Londres y París. Uno y otro mantuvieron un eficaz secreto, y todavía hoy es poco conocido el detalle de sus actividades, aunque el gobierno de Negrín tenía indicios de ellas. El 15 de septiembre, por ejemplo, Prieto contaba a Azaña la extraña propuesta de un oficial francés, de formar una tropa vasca para explotar la simpatía de los católicos franceses por el PNV. Prieto hizo ver al oficial que entendía el fin real de la propuesta: París quería tener cerca de la frontera una fuerza adicta, para cualquier eventualidad.

La actividad diplomática clandestina de la Esquerra corría, ya lo vimos, bajo cobertura del Comisariado de Propaganda de la Generalidad, dirigido por el separatista radical Jaume Miravitlles; un organismo que los nacionalistas lograron preservar de la curiosidad y el influjo de sus socios de gobierno, incluso de los más espabilados comunistas. Los agentes de Companys, principalmente Batista i Roca para Londres, y el arquitecto Rubió i Tudurí en París, solían trabajar concertados con los de Aguirre, en especial José I. Lizaso, un activo empresario peneuvista algo esnob («más británico que los ingleses», decía Irujo). Sacaban partido de sucesos como la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores inglés y francés, Eden y Delbos, en Bruselas a primeros de noviembre de 1937, para discutir sobre el problema español. Poco después Companys viajaba a París y a Bruselas. Negrín lo autorizó, pero instruyó al embajador en Francia, Ossorio, para que vigilase estrechamente los movimientos del poco fiable aliado. No obstante, Companys parece haberse entrevistado con Delbos y con diplomáticos británicos y belgas, dando pie a comentarios maliciosos del PSUC102.

El PNV mostró más eficacia en su acción internacional. Perdido el territorio, comprendió la utilidad de mantener el «gobierno vasco», pues le daba una cobertura y un reconocimiento imposibles de obtener como partido. En la resaca de la derrota, los comunistas creyeron innecesario dicho gobierno y apartaron de él a su representante, acusándolo de seguidismo hacia «la política reaccionaria y claudicante de Aguirre». Los representantes republicanos también lo abandonaron, quedando solo nacionalistas y socialistas. Estos últimos, en inferioridad, presionaban por la vuelta a España de los refugiados vascos en edad militar, a quienes los nacionalistas preferían mantener en Francia. Hubo curiosas claudicaciones del PSOE, como una propuesta de sus juventudes a las del PNV para «patrocinar y defender las hermosas teorías de Sabino Arana». Pero la pugna decisiva giró en torno a la vital Consejería de Hacienda. Los socialistas lamentaban: «Hay dos castas. Nacionalistas e izquierdas. Para los primeros todo son facilidades y para los segundos todo son inconvenientes». Los peneuvistas, desde luego, supieron retener las cuerdas de la bolsa. De este modo, y mientras se consumaba en Asturias la derrota izquierdista, el «gobierno vasco» acabó de convertirse en un apéndice del PNV. No se trataba solo del dinero. El citado gobierno permitía a Aguirre y los suyos hablar en nombre del «pueblo vasco» ante las cancillerías extranjeras, naturalmente sin informar a sus socios103.

Con la hacienda del «gobierno vasco» y las ayudas del Frente Popular, el PNV pudo montar un periódico en París, Euzko Deya, desde noviembre de 1936, y difundir folletos, libros y películas, organizar giras artísticas o el grupo Ligue internationale des Amis des Basques. Incluso pudo pagar a periódicos extranjeros, como Sud-Ouest, The Times y The Daily Telegraph, para que apoyasen las versiones peneuvistas104.

Aguirre disponía de delegaciones en Londres y en París. La primera estaba instalada en la propia embajada española, lo cual obligaba a Lizaso a un especial esfuerzo de disimulo. El embajador español, Azcárate, solo llegó a tener ligeros indicios de lo que ocurría detrás de él.

Los dos nacionalismos sostenían una amplia propaganda internacional, que en parte complementaba a la del Frente Popular y en parte la saboteaba. La de Aguirre insistía en que «lejos de hacer el juego al Comunismo, la actitud de los vascos [es decir, del PNV] impidió que Euzkadi sufriese el horror y la vergüenza de los crímenes que inundaron las dos zonas beligerantes del Estado español». No había impedido nada de ello. El sacerdote Onaindía ilustraba a los obispos extranjeros sobre el «problema vasco», para que «nadie lo confundiera ni con la causa de Franco ni con la del Gobierno de la República». En rigor, su causa se había confundido voluntariamente con la de este último, traicionándolo simultáneamente105.

El PNV dedicó a la América hispana una especial propaganda y diplomacia. A lo largo de 1938 negoció con los gobiernos paraguayo, argentino y venezolano la admisión preferente de refugiados «de costumbres sanas, honradas y enemigos de toda idea extremista», sabinianos, pues. Para Irujo, establecer «una nueva Euzkadi en los Andes no será nunca una broma». Broma o no, la idea quedó en nada. Mayor decepción ocasionaron los grupos de vascos afincados en aquellos países: «Ha sido una dolorosa sorpresa la situación política de nuestros compatriotas; es decir, su modo de pensar en relación con la guerra. La mayoría simpatiza con Franco»106.

Dentro de España, muchos antiguos sabinianos pasaron a apoyar, sinceramente o por conveniencia, al franquismo, incluso afiliándose a Falange. El PNV proyectó formar entre ellos células secretas, pero con poco éxito. Logró montar, no obstante, una pequeña red de espionaje que vendía a los servicios secretos franceses información sobre la presencia alemana e italiana en España107.

En sus contactos extraoficiales, los ingleses pidieron a peneuvistas y esquerristas que presionasen al gobierno izquierdista en pro de la retirada de voluntarios extranjeros, pues pensaban conseguirlo para ambos bandos, sin un objetivo final muy definido. Lizaso y Batista interpretaron la petición, con exceso de optimismo, como prueba de un fuerte interés del Foreign Office en sus propuestas108.

La línea común del PNV y la Esquerra en sus tratos internacionales consistía, pues, en buscar una paz acordada por Londres y París con garantía de hegemonía nacionalista en las respectivas regiones, es decir, una práctica separación, o una unión tan suelta que pudiera conducir prontamente a ella. En febrero de 1938, Aguirre creía que «Inglaterra va derecha a una fórmula mediante la cual ninguno de los dos bandos gane la guerra», lo cual podría venirle muy bien. La idea iba teñida de una peculiar vanidad: a cambio de la cuasi independencia bajo el índice de Londres y París, Cataluña y «Euzkadi» actuarían «de mediadoras entre las luchas de los españoles para mantener la paz en el Estado español». Los españoles, pueblo incapaz de gobernarse en paz, necesitaban a los nacionalismos vasco y catalán como contrapeso civilizador. A decir verdad, la marcha hacia la Guerra Civil había debido mucho a las políticas nacionalistas109.

También Prieto especulaba con protectorados. En marzo de 1937 un informe secreto comunista citaba un «ampliamente conocido» comentario suyo a un almirante y a un encargado de negocios inglés: «Si su visita no hubiera sido de protocolo, yo habría ofrecido un trato: tomad Cartagena, tomad algo más, pero ayudadnos a echar a los fascistas, alemanes e italianos»110.

Y en febrero del año siguiente, cuando Teruel volvía a manos nacionales, Prieto replanteó la oferta a dos oficiales de la aviación británica, según testimonio de su ayudante el capitán Bayo (el jefe del desembarco de 1936 en Mallorca): «El Gobierno está muy convencido de que esta guerra la tenemos perdida si Inglaterra nos ve con malos ojos. Yo quiero que cuando estos señores vayan a su país... les hagan de parte de nuestro gobierno una proposición confidencial cuya contestación espero con impaciencia. Mi proposición es la siguiente: si Inglaterra nos da el triunfo, si su país inclina las pesas de la balanza en nuestro favor, que puede hacerlo en cuanto quiera y que debe además hacerlo para que nada tengamos que deberle a Rusia, que es la única que nos ayuda con su material en estos momentos, España, por mi mediación, entregará a Inglaterra las soberbias rías de Vigo, donde puede cobijarse la escuadra inglesa entera con holgura, la base naval de Cartagena, inexpugnable, y la soberbia base de Mahón, única en el Mediterráneo. Con estos tres puntos, Inglaterra vería su poderío reforzado en el Mediterráneo y en el Atlántico, y España quedaría agradecida bajo la protección inglesa sacudiéndose para siempre toda posibilidad de influencia rusa». Prieto hablaba en nombre de España con el mismo desparpajo que Aguirre o Companys en el de sus respectivas regiones. Por otra parte, entre las ofertas de convertir en protectorados a Cataluña y «Euzkadi», y la de someter a tal destino al país entero, sin duda esta última resultaba más sustanciosa para Londres. No obstante, la diestra diplomacia británica no parece haber tomado muy en serio ninguna de ellas111.

La perspectiva de reducir España a protectorado inglés probablemente satisfaría a muy pocos españoles, pero está claro que sí lo hacía a Prieto. Él había contribuido, con Negrín y Largo, a hacer del Frente Popular un satélite de la URSS, y quería corregirlo tardíamente supeditándose a Londres. No hablaba, por cierto, en nombre del gobierno, en el cual iba a durar solo unas semanas, hasta el 6 de abril, cuando Negrín le destituyó por derrotista. Prieto encarnaba en el PSOE un nacionalismo español regeneracionista similar al de Azaña, si bien más vaporoso. Y sus ofertas a los ingleses, calificables de alta traición en cualquier país, prueban de nuevo la bancarrota de ese nacionalismo.

La ocasión ideal para los tratos exteriores de Companys y Aguirre llegó en marzo de 1938, con motivo del Anschluss o anexión de Austria por Alemania, consumada el día 12. Si bien Londres apenas reaccionó, dándola por inevitable, París sufrió una conmoción. Léon Blum retornó al poder, sustituyendo al menos izquierdista Chautemps, y el nuevo gobierno y su Estado Mayor militar barajaron el día 15 varias posibilidades de réplica por Cataluña: anexionársela, ocuparla, o crear una franja desmilitarizada de cincuenta kilómetros de anchura a lo largo de la frontera, tal vez bajo el control de la Cruz Roja, donde los separatistas podrían actuar como en zona propia. Los gobiernos franceses parecen haber especulado vagamente, desde 1936, con el viejo ensueño napoleónico de ocupar Cataluña, y en una crisis grave la especulación podía dar lugar a medidas prácticas. Difícilmente una intervención tal quedaría limitada a esta región, y el gobierno galo pensó en extenderla a las Baleares y el Marruecos español. Se hablaba incluso de trazar una nueva frontera en el Ebro, desde Vascongadas al Mediterráneo. Con tales salidas jugaban también los nacionalistas vascos y catalanes112.

Los rumores sobre estas medidas trascendían, y el bando nacional temió el envío de divisiones francesas a España. Mussolini, en advertencia indirecta a París y a Londres, desató una oleada de bombardeos sobre Barcelona y otras ciudades levantinas. En uno de ellos, en la ciudad condal, una bomba cayó sobre un camión cargado de trilita, que multiplicó el efecto de la explosión y causó cerca de un millar de muertos. Franco, furioso, protestó ante Mussolini y logró cortar los ataques113. Los vientos de tormenta en Europa abonaban el optimismo del Frente Popular e inquietaban a los nacionales, pues podían dar al traste con sus ventajas, alcanzadas con un esfuerzo tan denodado; o crear en Cataluña un inaceptable hecho consumado mediante la anexión o la ocupación. La eventualidad de una guerra europea les perjudicaba en extremo. Contra una versión muy en boga, pero fundada en prejuicios, a Franco le interesaba no prolongar la guerra innecesariamente, tanto como a Negrín le convenía alargarla hasta enlazarla con la europea, según él explicó más de una vez. El oscuro panorama obligó al Caudillo a una acción política y militar muy cauta: debía destruir cuanto antes la potencia combativa enemiga, y al mismo tiempo tranquilizar a las democracias. Por eso dejó de lado una ofensiva sobre Barcelona en tanto no amainase el temporal europeo. Al llegar al Mediterráneo, en abril, giró hacia el sur, hacia Valencia, en lugar de hacerlo hacia Cataluña, objetivo militarmente superior, pero demasiado sensible políticamente.

Durante esas semanas, el PNV y la Esquerra multiplicaron su esfuerzo por llevar a su molino el agua de las tensiones europeas. Batista viajó a Londres como delegado del gobierno de Cataluña para gestionar, de acuerdo con la delegación de Aguirre, una acción franco-británica. En medios nacionalistas catalanes se hablaba de armisticio y de convertir Barcelona en zona desmilitarizada bajo control francés o inglés; los rumores daban por segura la intervención francesa, y los oficiales nacionalistas recibieron instrucciones de aprender francés. Companys habría indicado al ministro francés de Exteriores, Boncour, que «desde el momento en que Cataluña fuera atacada, se desolidarizaría de la causa gubernamental española, proclamaría, en una u otra forma, su ligazón a Francia y renovaría, en tanto que Cataluña, el llamamiento desesperado, actualmente hecho por la España gubernamental, a la asistencia francesa». Por un momento Londres mostró interés en un armisticio; pero este no podría imponerse sin acuerdo italiano, el cual no se obtuvo. Por otra parte, al examinar las fuerzas francesas, el gobierno de Blum concluyó que su programa de rearme marchaba demasiado atrasado como para arriesgarse a las represalias germanas. Y así capotaron nuevamente los proyectos de Companys y de Aguirre114.

En el mismo marzo, Irujo amagó dimitir del gobierno cuando Zugazagoitia, ministro de Gobernación, le acusó de dar preferencia a los peneuvistas en los canjes de prisioneros. Pero lo pensó mejor y continuó. El PNV nunca había dejado de usar las instituciones y medios comunes en provecho propio, y no perseguía otro fin al seguir en el gobierno después del Pacto de Santoña.

Conforme el éxito de Teruel se transformaba en calamidad para las izquierdas, las gestiones extranjeras de Aguirre y Companys se volvían más afanosas. El 5 de abril los nacionales ocupaban Lérida, y cuatro días después fusilaban a Carrasco i Formiguera, católico, derechista y secesionista extremo, cuyo apoyo al Frente Popular en Cataluña recordaba al de Aguirre115. Promotor de la colaboración entre la Generalidad y el PNV, su ejecución constituía una dura advertencia a ambos116.

Capítulo 13
DE LAS ESPERANZAS INTERNACIONALES A LA DERROTA

La llegada de los nacionales al Mediterráneo, a mediados de abril, y el corte en dos de la zona izquierdista, borró para esta cualquier ilusión de victoria. Ello no disuadió de resistir a los comunistas y negrinistas, ya con la única ilusión de que la guerra europea estallase cuanto antes y les valiese nuevos aliados. A finales de mes, Negrín pensó ganar la iniciativa diplomática y propagandística con un programa de trece puntos, marcadamente españolista. Proponía la «Independencia de España», «Liberarla de militares extranjeros invasores», «Libertades regionales sin menoscabo de la unidad española», «Amplia amnistía para los españoles que quieran reconstruir y engrandecer España», «Mejoramiento cultural, físico y moral de la raza», o un gobierno de «plena autoridad». El problema radicaba en la escasa fiabilidad de tales promesas. El bando supeditado a una potencia exterior no era el nacional, sino el izquierdista, y Negrín había sido, precisamente, un causante principal de ese enfeudamiento. Tampoco cabía pensar, a la vista de los hechos, que sus aliados PNV y Esquerra se contentaran con unas «libertades regionales dentro de la unidad española». Aún menos creíble resultaba un punto acerca del respeto a la libertad de conciencia, cuando el Frente Popular casi había exterminado a la Iglesia católica.

Azaña creyó los puntos de Negrín un tanteo de rendición negociada, y comentó con sarcasmo el 2 de mayo: «Sobre los trece puntos. Ridículos elogios de la prensa pagada. Preferibles los actos». Pero ya no había actos capaces de dar crédito a las promesas. Y Franco, a quien sus enemigos habían querido aplastar sin condiciones, solo aceptaría a su vez la rendición incondicional. El general vio en los «Trece puntos» una simple treta para justificar la prosecución de la guerra e intentar diluir su triunfo.

Los comunistas y Negrín movilizaron nuevas quintas y volvieron más draconiana la represión contra los desertores, cuyas responsabilidades recaían sobre sus familiares hasta de tercer grado. En Cataluña, los desertores llegaron a organizar guerrillas para hacer frente a las autoridades. El terror creció. Azaña ofrece algunas muestras: «Denuncias sin firma del SIM. Unos mozalbetes condenados a muerte por cantar un himno. El delator no sabía cuál era. Malos tratos: uno sordo, otro ciego»117.

Aguirre y Companys perdieron cualquier resto de interés en unir sus destinos al del Frente Popular y trataron de desvincularse de él asiéndose a Londres y a París. Resistir en la línea de Negrín traía para ellos dos graves daños: no evitaría la pérdida de Cataluña, y reforzaría el centralismo, por la propia lógica de la concentración de esfuerzos. Tampoco les seducía una guerra europea, por sus riesgos y porque de la devastación general solo emergería Stalin como triunfador, sobre todo en España, donde los comunistas se habían convertido en la columna vertebral del Frente Popular. También Azaña y otros deseaban ardientemente escapar del barco en trance de hundirse. Pero todos ellos braceaban a la desesperada, sin conseguir alejarse del naufragio, porque estaban más comprometidos de lo que quisieran con su elección de 1936, y porque en verdad representaban muy poco y aún tenían menos que ofrecer a las potencias extranjeras. Y porque Franco no tenía la menor intención de dejarse arrebatar la victoria a última hora por presiones internacionales.

De la ansiedad de Azaña durante los meses siguientes dan fe sus diarios, llenos de imprecaciones contra Negrín y de quejas por la represión —como si fuera algo nuevo— y por la desatención de las democracias. En el aniversario de la guerra, el 18 de julio, hizo su famoso discurso pidiendo «Paz, piedad, perdón», muy tardío y poco agradable para quienes persistían en la lucha contra el «fascismo», pues sonaba a claudicación.

Con todo, Negrín no hablaba en vano. Gracias a su energía, el 25 de julio daba la extraordinaria sorpresa de una ofensiva por el Ebro, a retaguardia de las fuerzas nacionales desplegadas contra Valencia. Fue un ataque masivo y el de dirección más netamente comunista hasta entonces. Pero, tras unos avances iniciales notables, su ejército quedó contenido. La lucha iba a prolongarse hasta mediados de noviembre, en la batalla más larga y sangrienta de la guerra.

Franco podía, en principio, embolsar a su enemigo mediante una contraofensiva por el norte, hacia Barcelona. Sin embargo prefirió aniquilarlo en el Ebro con una costosa batalla frontal, y explotar luego el previsible éxito para avanzar hacia Barcelona sin demasiada oposición, repitiendo el esquema de Teruel. Seguramente pesó en esa decisión su prudencia ante el avispero europeo, que en septiembre llegaría al borde mismo de la guerra.

Pues tras anexionar a Austria, Hitler amenazó a Checoslovaquia. Le reclamaba, en virtud del principio de autodeterminación, la región de los Sudetes, de mayoría germana. Londres y París vacilaban entre cortar la expansión nazi o aceptarla. En el primer caso deberían afrontar una guerra asoladora en el centro y el occidente europeos, para la cual no se sentían aún militarmente preparadas; y que chocaba con el pacifismo en Francia y Gran Bretaña, fomentado por la socialdemocracia, aparte de dejar al continente a merced del Kremlin. Por unas semanas las armas parecieron a punto de hablar, pero los líderes Chamberlain y Daladier (sucesor este último de Blum, cuyo segundo gabinete apenas había durado un mes) escogieron una política antibelicista o de apaciguamiento, y el 29 de septiembre, en el célebre Pacto de Múnich, cedieron ante Hitler, confiando en que este no traspasaría ciertos límites. Deseaban alejar el conflicto para una generación, pero solo conseguirían retrasarlo un año. Stalin había animado a las democracias a enfrentarse a Alemania, y utilizaba la contienda española a tal fin, procurando que la «guerra imperialista» se dirimiera entre las potencias occidentales; pero entonces comprendió que la guerra podía comenzar entre él y Hitler, y para evitarlo buscó a toda costa el acuerdo con los nazis. La baza del Frente Popular perdió su mayor valor para la URSS, aunque siguiera conviniéndole mantener la hoguera española en la retaguardia occidental.

Esos meses de tensiones europeas reverdecieron las esperanzas de Companys y Aguirre. Su actuación subterránea al margen, y en el fondo en contra, del gobierno del Frente Popular, no les impedía mantener en él un ministro cada uno: Aiguadé e Irujo. Pero entonces se volcaron más que nunca hacia Londres y París, en pro de su deseado armisticio que les garantizase la secesión práctica, si no formal.

Así, cuando en junio pareció haber entendimiento entre Londres y Roma con vistas a un armisticio, el día 23, Batista y Lizaso, actuando como «representantes» de sendos gobiernos, entregaron al Foreign Office mensajes de sus jefes, que a su vez se decían «presidentes» de Cataluña y «Euzkadi» respectivamente. Los papeles proponían la cooperación de «los catalanes» y «los vascos» con la política británica para un arreglo en la Península. La misma gestión hacían ante el gobierno francés Rubió y Landaburu, el agente de Aguirre en París, hablando de desmilitarización de los «Países catalanes» y alineación con Francia en cualquier conflicto. Lord Halifax, ministro británico de Exteriores, mantuvo una entrevista secreta con Lizaso y Batista118.

Hubo asimismo gestiones en Bélgica con el socialista Henri Spaak, uno de los futuros «padres de Europa». Rubió creyó oportuno aclararle, falsamente, que su gestión «No se hace contra el Gobierno de la República». De hecho solo podía considerarse como una vulneración más del estatuto, y un sabotaje al gobierno que, desde su propio punto de vista, defendía una Cataluña izquierdista frente al ejército de Franco, algo que los nacionalistas no habrían podido hacer ni durante dos semanas. Rubió creía que Italia «facilitaría el armisticio», y tentaba a sus interlocutores con una «federación española, tan interesante para asegurar que España no tuviera veleidades imperiales». Se ofrecía, como Prieto, o como el PCE en relación con la URSS, a servir ante todo intereses extranjeros. También se aproximó a Cambó, sin mucho éxito, para pedirle dinero y atraerlo a una reconciliación en nombre de «Cataluña»119.

Tanto la Esquerra como el PNV dirigían constante propaganda a la prensa y personalidades extranjeras, contratando a tal objeto agencias profesionales muy caras, hasta el punto de que Companys se resintió del costo120.

En julio prosiguieron las gestiones franco-británicas para «resolver y dar fin a los conflictos de los Sudetes y España», dice Aguirre. Lizaso y Batista fueron citados al Foreign Office, lo que ambos y sus jefes interpretaron como prueba de profundo interés en su causa por parte de Londres. Pero los ingleses querían más bien utilizar a los secesionistas con promesas vagas de tenerlos en cuenta «si llegara el momento». En un memorando entregado a los ingleses el 28 de julio, Aguirre y Companys manifestaban su mejor deseo de «colaborar con el Gobierno de su Majestad». Los ingleses comprendían que sus interlocutores no representaban a los vascos ni a los catalanes, y que actuaban al margen, no ya del gobierno de Negrín, sino de sus propios socios en la Generalidad y en el «gobierno vasco»; pero les convenía pulsar todas las teclas ante un futuro incierto121.

Durante las semanas siguientes al estancamiento de la ofensiva del Ebro, y ante la futilidad de cualquier ilusión de cambiar el curso de la guerra, empeoraron los desencuentros entre los nacionalistas, los partidarios de un armisticio y los negrinistas. Los nacionalistas entendieron la imposibilidad de sacar mayor fruto de la colaboración gubernamental, y el 11 de agosto hicieron dimitir a sus ministros, Aiguadé e Irujo, en artificial protesta por la militarización de la industria bélica. Se creó una situación peligrosa para Negrín, pues podía dar lugar a una crisis gubernamental; y Azaña, que también presionaba por su parte, podía aprovechar para negarle la confianza. Pero Negrín y los comunistas demostraron quién tenía el poder. Llenaron el cielo de Barcelona de aviones e hicieron desfilar los tanques como aviso a los díscolos. Ante la coacción, Azaña amenazó con dimitir, pero, una vez más, no pasó de ahí. La crisis se resolvió sustituyendo al ministro esquerrista por otro del PSUC, y al peneuvista por uno de ANV122.

A lo largo de septiembre la actividad diplomática de Companys y Aguirre se intensificó, mientras Negrín, a su vez, se sentía muy animado ante la proximidad de la guerra europea. Aguirre, Leizaola y otros dirigentes sabinianos pensaron reconstruir en Francia un ejército propio, y especularon con acciones terroristas y hasta insurreccionales en la retaguardia enemiga, aunque todo quedó en agua de borrajas. Por otra parte, la reclamación de los Sudetes por los nazis despertaba simpatías en el PNV, pues, como explicaba Monzón, «la actividad diplomática de Hitler y Mussolini en torno al problema de Checoslovaquia, ha girado en torno a la afirmación de estos dos hombres del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos». Con su habitual pragmatismo, los líderes sabinianos plantearon extender sus contactos a Italia y Alemania. El «problema vasco» sería presentado de forma distinta a cada interlocutor: a Francia le garantizarían «la seguridad de su frontera sur con un Estado [vasco] amigo», lo que suponía renunciar a la región vasco-francesa; al Reino Unido le ofrecerían «nuestra riqueza industrial, minera, etc.»; a los fascistas italianos les expresarían «simpatía, en la creencia de que serán elementos que pesen en la balanza, haciendo notar nuestras relaciones con el Pacto de S[antoña]»; y ante los nazis invocarían «raza, derecho de autodeterminación de los pueblos, plebiscito»123.

Sin embargo esas combinaciones, así como las esperanzas de Negrín, cayeron por tierra al firmarse el Pacto de Múnich a finales del mes, y cuando Franco, en una hábil maniobra diplomática que por otra parte demostraba su independencia de Roma y Berlín, declaraba que, en caso de guerra, España permanecería neutral. Perdía así su filo el argumento empleado a fondo por los secesionistas y por la izquierda de una España franquista supeditada a Berlín y a Roma, y amenazante para Francia y Gran Bretaña.

No por ello cesaron los movimientos subterráneos. El 12 de octubre, Lizaso presentó a Londres un memorando de Aguirre, paralelo a otro de Companys, felicitando a Chamberlain por el éxito de Múnich y el respeto al derecho de autodeterminación, pidiendo lo mismo para «Euzkadi» y Cataluña124, y separándose ya sin tapujos del Frente Popular. En la reunión de Lizaso y Batista con el representante británico, Cadogan, este comentó: «Quizá la mejor solución para ustedes los vascos sería que Francia invadiese Euzkadi y la ocupara». No está claro si hablaba en serio, pero al menos no parecía excluir la posibilidad. Batista y Lizaso acogieron el comentario con euforia, como un probable acuerdo franco-inglés, y creían vivir un momento histórico125.

Poco antes, el 27 de septiembre, Aguirre y Companys escribían al presidente francés Daladier: «Los representantes de los Gobiernos catalán y vasco tienen el honor de renovar a V.E., en las actuales circunstancias y en cualquier eventualidad, la seguridad de la leal amistad de sus pueblos [...]. En el caso de que la administración de Burgos utilizase la parte de España en su poder para efectuar actos de guerra contra Francia e Inglaterra, [...] la posición de Cataluña y el País Vasco será, naturalmente, de decidido apoyo a Francia e Inglaterra». El 24 de enero de 1939 insistiría en la misma línea Aguirre a Daladier126.

PNV y Esquerra explotaban en su propaganda y ofertas su carácter supuestamente democrático en contraste con la España fascista o fascistoide próximamente victoriosa. No solo ofrecían a las democracias una «Euzkadi» y una Cataluña afines y devotas, sino que extendían los beneficios para aquellas a toda la región subpirenaica desde el Cantábrico al Mediterráneo, como una vasta área de influencia franco-británica, y garantía de un mejor equilibrio europeo. Ya en 1936 habían pensado en algo parecido. Se volvería a hablar de ello a los alemanes durante la guerra mundial127.

Las gestiones, por secretas que fueran, no dejaban de traslucir, y un editorial de La Vanguardia, inspirado probablemente por Negrín, hacía una cruda advertencia: «Esos diplomáticos amateurs que proponen a las cancillerías occidentales miríficos proyectos de paz negociada están más cerca del pelotón de ejecución que del éxito»128.

Pero las maniobras siguieron. En noviembre Luis Arana, el hermano del fundador del PNV, entregaba en Londres otro memorando pidiendo la independencia y ayuda militar, pues «la raza haría el resto para el triunfo con su valor y sus aptitudes guerreras». A cambio, «Conseguiría para sí misma Inglaterra la posesión de la vía terrestre más corta de acceso al Mediterráneo comenzando en el golfo de Bizkaya en Bilbao y terminando a los 400 kilómetros aproximadamente, en línea recta, en un puerto que a Inglaterra conviniera en el mar Mediterráneo próximo a las Islas Baleares. Su colaboradora Francia conseguiría por este hecho para sí misma con su protección a esa república latina catalana-aragonesa la supresión de toda una extensísima frontera pirenaica peligrosa y adversa para ella con una España probablemente adicta a Italia y Alemania. ¿No hay así compensación al sacrificio que Inglaterra y Francia se impondrían aceptando esta proposición? ¿No hay concurrencia de bienes para unos y para otros?». Sin duda Arana sabía negociar con bienes ajenos. Se ha dicho que obraba por su cuenta, pero lo hacía complementando a Aguirre. El partido consideró que Arana «ha planteado muy bien nuestro caso»129.

Y Casanovas declaraba a L’Independent de Perpiñán: «Los catalanes no han querido esta guerra, que no estaba en la trayectoria de nuestra política y que moral y materialmente nos ha sido impuesta desde fuera». Rechazaba el plebiscito pedido en los Trece Puntos de Negrín por «promiscuidad estéril» de los catalanes con los demás «pueblos y tierras de la península»130.

También en noviembre los jefes nacionalistas aumentaron el nivel de sus ofertas, designando para presentarlas a Irujo y a Bosch Gimpera, de mayor relieve político que Lizaso y Rubió. Irujo se llevó mal con Batista, a quien tenía por un necio. Sin embargo la situación había cambiado definitivamente, y ni Halifax ni Cadogan accedieron a recibirlos131.

Los sucesos se precipitaban tras la completa derrota izquierdista en la batalla del Ebro, terminada el 15 de noviembre. Vale la pena mencionar, como muestra de un determinado tratamiento de la historia, la versión actual de los hechos suministrada por los nacionalistas catalanes: «La batalla [...] es un hecho determinante en la historia de Cataluña [...]. En el Ebro los catalanes aplicaron muchos esfuerzos [...]. Pero en el Ebro también se enfrentaba toda Europa. La República, con todos sus errores, representaba la legitimidad de la democracia y un estilo de civilización occidental. El otro bando era el fascismo». En tal caso, Companys y los suyos habrían estado traicionando a los soldados —bajo mando comunista en su mayoría— catalanes y no catalanes que luchaban, presuntamente, por la democracia y la civilización occidental frente a un «fascismo» no menos imaginario y, al parecer, oriental132.

Y en poco más de un mes, completada la reorganización de su ejército, Franco lanzaba una nueva ofensiva en dirección a Barcelona y a la frontera. Se esperaba una dura lucha en una región supuestamente muy izquierdista, poblada e industrial. Negrín pidió a Stalin la remesa de armas más masiva hasta el momento, por valor de más de 100 millones de dólares. La operación comenzó de inmediato, pero la mayoría de los envíos no llegó a tiempo, pues la resistencia se vino abajo con rapidez. Algunos soñaron con hacer de Barcelona un segundo Madrid, pero la falta de entusiasmo de la población era notoria: apenas un millar de voluntarios se ofreció para obras de fortificación, en una ciudad de un millón de habitantes. Como informaba al general Rojo, principal estratega del Frente Popular, uno de sus subordinados, «En todas partes esperan al enemigo y desde muchos días ya tienen todo preparado. No sé cómo explicarme lo que pasa en muchos hombres antifascistas [...] que ahora no les importa pasarse al enemigo». La reacción no podía extrañar, sin embargo, a quienes reparasen en el cúmulo de desórdenes, represalias, luchas internas, desabastecimiento y hambre que habían marcado a fuego los dos años y medio de guerra en Cataluña bajo el poder de las izquierdas y nacionalistas133.

Barcelona cayó sin lucha el 26 de enero de 1939, y las tropas de Franco fueron acogidas entusiásticamente por una multitud de cientos de miles de personas. Otras tantas, hasta 400.000, la mitad de ellas soldados, atestaban las carreteras hacia Francia en una huida desordenada y atroz, descrita por Zugazagoitia: «Ni una queja. Ni un grito. Solo el ruido sordo, agobiante, de la pisada colectiva de la muchedumbre. Todos los sufrimientos sofocados. Todas las miradas sin brillo. Y el silencio. ¡Qué silencio! Dentro de él, la amenaza, de un momento a otro, de la más terrible acusación contra nuestros errores, nuestros orgullos, nuestras vanidades que echaban fuera de la patria a tanta criatura [...]. Mezclados a las madres y a los hijos, acosados por igual reacción del instinto, grupos de soldados, terciados los fusiles, el mirar perdido...». En total salieron a Francia a lo largo de la guerra en torno a medio millón de españoles, de los cuales volverían más de dos tercios durante 1939, y miles más en un goteo permanente posterior. Quedarían entre 130.000 y 150.000 exiliados permanentes134.

El 5 de febrero, los líderes «republicanos» pasaban la frontera. Azaña cuenta: «Al marcharme, el batallón formó de nuevo. Tambores y trompetas batieron. Desde la cabeza de la formación, descubierto, grité: ‘Soldados, ¡viva la República!’. Respondieron con frenesí. De entre las filas, un soldado clamó: ‘Viva don Manuel Azaña...’. La misma respuesta. Del grupo de los políticos catalanistas, un poco apartado, partió una voz: ‘Visca Catalunya!’. No contestó nadie. La escena, en su sencillez, era desgarradora»135. La anécdota no es imposible, pues Azaña había recuperado alguna popularidad desde su discurso pidiendo el fin de la lucha. Por otra parte los soldados nacionalistas catalanes nunca habían mostrado especial entusiasmo, ni en la primera etapa de la contienda, cuando el independentismo se extendía, ni en la última, cuando decaía. Por el contrario, los catalanes que habían logrado huir al bando opuesto sobresalieron en el combate, siendo la unidad llamada Tercio de Montserrat una de las más condecoradas de todo el ejército de Franco.

Perdida Cataluña, quedaba a la izquierda la extensa zona centro, con poblaciones tan importantes como Madrid o Valencia, buenos puertos y más de medio millón de hombres en armas. Pero la gran mayoría de los dirigentes, entre ellos los del PNV y la Esquerra, no tenía el menor deseo de retornar a España. Zugazagoitia lo cuenta así en relación con Negrín y Azaña: «Es un viaje oscuro y cobarde: una evasión [...]. Son dos vidas antagónicas, creadas para no entenderse. Se desprecian mutuamente. En ese instante se odiaban. En el pueblecito francés hay unas formalidades vejatorias [...]. Negrín le dedica las últimas cortesías protocolarias y vuelve a meterse en España. De regreso se encuentra con otra caravana. Coches de la Generalidad». Según Negrín, «lo que no podía esperarse es que a mi ingreso fuese a tropezar con Aguirre y Companys. Los más sorprendidos han sido ellos, que han debido sospechar que yo abandonaba el territorio nacional sin notificarles mi decisión. El juego de palabras ha sido precioso. Se han ofrecido a regresar conmigo». Oferta cortés, pero obvia y absolutamente insincera; de haberla aceptado Negrín se habría creado una situación interesante. Pero la rechazó: «Ausentes de Cataluña, tengo una preocupación menos». Azaña dimitió a los pocos días, y lo mismo hizo Rojo136.

Prácticamente terminó entonces la intervención bélica de los nacionalismos vasco y catalán, intervención secundaria pero nada desdeñable y que podríamos describir sintéticamente como alineación con el Frente Popular y socavamiento simultáneo del mismo137. En cuanto a los nacionalistas de Cambó, su inclinación por el bando de Franco culminaba su evolución desde el nacionalismo radical al regionalismo. Una parte de él desarrolló la tendencia imperialista «ibérica», que en la práctica solo podía ser española, preconizada por Prat de la Riba y D’Ors treinta años antes.

Negrín y los comunistas llamaron a proseguir la lucha, pensando que la contienda europea estaba ya cercana (no erraban, pues estallaría en septiembre), pero en la zona centro la gente estaba tan harta de la resistencia como en Cataluña. Enseguida se organizó un partido para tratar con Franco una rendición negociada. En él entraban el socialista Besteiro, el anarquista Mera y militares republicanos como Casado, que dirigía el movimiento. Franco exigió la rendición incondicional. No quedaba otro remedio que optar por Negrín y los comunistas, o por un Franco poco inclinado a la clemencia. La elección fue por Franco. Los partidarios de la paz se sublevaron contra Negrín, y estalló una nueva guerra civil entre las izquierdas. Los comunistas habrían podido aplastar a sus enemigos, dado su predominio en el ejército, pero solo una parte de ellos reaccionó. Con todo, la mortandad y los fusilamientos mutuos fueron considerables. El partido de la paz se impuso. Fracasaban de este modo tanto el designio revolucionario comunista como el nacionalismo español ligado a él.

A finales de marzo los frentes se desmoronaban, y el ejército franquista entraba sin disparar un tiro en Madrid, la capital que tanto se le había resistido. Antes de seis meses estallaría la temida contienda europea. El 1 de abril de aquel año 1939 Franco emitía su célebre y lacónico comunicado: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado».

SEGUNDA PARTE: LA ERA DE FRANCO

Capítulo 14
INTERPRETACIONES SOBRE EL FRANQUISMO

La Guerra Civil dio origen a un sistema político peculiar y duradero: se mantuvo cuarenta años desde su fundación en octubre de 1936 hasta el referéndum de diciembre de 1976, o cuarenta y dos años si situamos el cambio real en la Constitución de 1978. Es de notar que el franquismo hubo de desenvolverse en condiciones muy duras ya desde el principio, por el peligro de verse arrastrado a la guerra mundial138. Luego hubo de afrontar amenazas de agresión, el intento de volver a la guerra civil por medio del maquis, el aislamiento internacional decretado por Stalin, Truman y Attlee, o la no concesión a España del Plan Marshall, que permitió al resto de Europa occidental rehacer sus economías. Con todo, el régimen de Franco hizo frente a esas adversidades y salió triunfante de ellas.

Como quedó indicado, el franquismo se presentó inicialmente como superador de los sistemas liberales y de los comunistas, como un tipo de gobierno «totalitario» adaptado a las características nacionales e históricas de España. Su crítica a la democracia liberal insistía en que las oligarquías de los partidos tienden a poner sus intereses por encima de los comunes de la nación, y que su voto es «inorgánico», de ciudadanos abstractos separados de los organismos básicos de la vida real, la familia, el municipio o el trabajo. A cambio proponían una «democracia orgánica» en la que el voto, supuestamente más auténtico, se canalizaba a través de esas tres instituciones. Pero desde muy pronto algunos nacionales entendieron el régimen solo como una respuesta excepcional y caducable a una gravísima crisis histórica. Esta interpretación ganó impulso hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando casi todo el mundo daba por hecho que la caída de la Alemania e Italia fascistas arrastraría la de Franco. Mas a pesar de la hostilidad de los países vencedores, en apariencia todopoderosos, el franquismo resistió, el aislamiento internacional fracasó y, tal como había previsto Franco, las potencias occidentales tuvieron que reconocerle y contar con su colaboración contra el sistema soviético. Aun así, la agresividad de varios gobiernos eurooccidentales persistió hasta la misma muerte del Caudillo, como revelan sus apoyos de muchas clases al terrorismo de la ETA o a la oposición comunista.

Con el tiempo, la versión de la excepcionalidad terminó imponiéndose. El franquismo nunca tuvo una fundamentación teórica sólida, como lamentará Serrano Súñer al constatar el fracaso del Instituto de Estudios Políticos al efecto. Ni su crítica a la democracia liberal o al marxismo alcanzó gran profundidad, más allá de ciertos tradicionalismos eclesiales, con definición de España como «Estado católico». Para colmo, el grueso de la Iglesia volvió la espalda a Franco desde mediados de los años sesenta, llegando a ayudar a comunistas, separatistas y terroristas. Con ello, la fundamentación doctrinal del régimen terminó de quedar en el aire y por los años sesenta el «Movimiento Nacional», que teóricamente aglutinaba a las diversas tendencias o «familias» franquistas, se había convertido en un organismo burocratizado y poco influyente.

Se trató, pues, de un régimen excepcional, tanto por sus propias características como por su capacidad de resistencia en un medio internacional desfavorable, cuando no hostil. Por estas circunstancias ha recibido interpretaciones muy variadas.

Una de las más recurrentes proviene de la propaganda del Frente Popular, especialmente la comunista, según la cual el régimen de Franco era fascista. Esta etiqueta se viene usando con sentidos demasiado amplios y arbitrarios, pero considerada con algún rigor resulta falsa. En primer lugar, aunque Franco recibió ayudas de Hitler y Mussolini, no se comprometió con ellos ni entró a su lado en la guerra europea. En segundo lugar, solo un partido dentro del franquismo, la Falange, podía considerarse afín al fascismo (italiano, no alemán), pues otras corrientes eclesiásticas, carlistas o políticamente difusas en el ejército diferían, cuando no detestaban directamente, a la Falange; y esta solía salir perdiendo en sus roces y rivalidades con las demás. En tercer lugar, el fuerte catolicismo de la Falange la apartaba de los fascismos, típicamente paganoides o ateoides y poco o nada simpatizantes de la Iglesia. Sí había rasgos fascistas en sus pretensiones «totalitarias», pero conviene discernir el significado atribuido al término. «Totalitario» no significaba la absorción de la sociedad por el Estado, como en los países comunistas, sino una mayor intervención estatal, sobre todo en las relaciones entre asalariados y empresarios. La Falange daba al totalitarismo un sentido «social» (fue la creadora de la Seguridad Social). Pero el Estado franquista siempre fue pequeño en relación con el resto de la sociedad, y sus gastos más reducidos que ahora en proporción al PIB. Tampoco puede definírsele como un Estado policíaco, ya que existía menos policía que en la actualidad y ninguna privada, así como, después de la inmediata posguerra, mucha menos gente en la cárcel que hoy. Calificar de «fascista» o «totalitario» al Estado de aquella época no se corresponde, obviamente, con los hechos. Aparte de que tales calificativos se emplean casi siempre como armas de propaganda emocional, efectivas entre gente poco informada.

Más próxima a la realidad parece la definición del franquismo como autoritario, según la tipología empleada por el sociólogo Juan Linz: «Sistemas políticos con un pluralismo político limitado y no responsable; sin una ideología elaborada y propulsiva; sin una movilización política intensa o vasta (excepto en algunos momentos de su desarrollo), y en los que un jefe (o tal vez un pequeño grupo) ejerce el poder dentro de límites que formalmente están mal definidos pero que de hecho son fácilmente previsibles»139. El franquismo permitió una amplia libertad personal, como reseñaba Julián Marías, y libertades políticas restringidas, pero no inexistentes. Tampoco existía en la práctica un partido único, pues convivían en él diversas tendencias o «familias», a veces rivales, cada una con sus partidarios y órganos de expresión. Otro punto clave fue la ausencia de una oposición democrática en España, pese a la libertad de viajar y a la favorable inmediatez de una Europa occidental democratizada por la intervención militar useña. No había demócratas en las cárceles franquistas, y los demás presos políticos no pasaban de unos pocos centenares (en un país de 36 millones de habitantes) cuando salieron libres por las amnistías de la Transición. La oposición fue siempre totalitaria, comunista y/o terrorista, principalmente la ETA en los últimos años del régimen.

La diferencia entre totalitario y autoritario puede entenderse en un artículo que escribí hace años sobre los rasgos de aquel régimen140:

«Los grupos componentes de la oposición antifranquista reunían cuatro rasgos: a) eran débiles; b) no eran en demócratas; c) se articulaban y solían girar en torno a iniciativas unitarias comunistas; y d) algunos practicaban el terrorismo y la mayoría simpatizaba con él, en especial con el de la ETA. En rigor, los grupos más influyentes aspiraban, por doctrina, conducta y objetivos fundamentales, a imponer regímenes totalitarios; y otros, aun con ideas distintas, ayudaban más o menos conscientemente a tales designios. Sin embargo ha sido esa oposición la que ha logrado imponer su versión sobre la dictadura de Franco, por medio de libros, prensa, cine, televisión y narrativa. Obviamente se trata de imágenes propagandísticas tan falsas como la pretensión de un Frente Popular legítimo y democrático, sobre la que han construido toda la historia posterior. Para clarificar una realidad histórica tan enturbiada debemos atender a varios rasgos de aquel régimen, pasados por alto o minusvalorados con demasiada frecuencia.

»Ante todo, Franco y los suyos, que habían defendido en 1934 la legalidad republicana frente al asalto de izquierdas y separatistas, se rebelaron en julio de 1936 contra un gobierno que, con buenas razones, consideraban ilegítimo y revolucionario.

»Además, tras la catastrófica experiencia republicana, Franco y casi todas las derechas concluyeron que en España no era viable una democracia liberal. Desde luego ninguna democracia de libertades funciona si los principales partidos, de izquierda o de derecha, están resueltos a destruirla, y los de izquierda lo estaban, como he probado documentalmente, sobre todo en Los orígenes de la Guerra Civil141 y en El derrumbe de la II República. El grueso de la derecha sí había aceptado la República, aun sin ningún fervor, hasta que el Frente Popular la hundió.

»Aquella conclusión de la derecha española coincidía con una vasta convulsión europea, fascista o comunista, que amenazaba la democracia en Francia y la había eliminado en Italia, Alemania, Portugal, Hungría y otros países. Se suponía que los nuevos regímenes (fascistas, corporativistas y similares) superaban tanto al comunismo como a la democracia liberal. Por ello, y por la ayuda prestada a Franco durante la guerra por los alemanes y los italianos (también por los useños con el vital petróleo, aunque esto tiende a olvidarse), ha tenido gran éxito la imagen de una España ‘fascista’ cultivada por la propaganda adversa y aceptada por una historiografía superficial.

»La realidad, sin embargo, no es tan simple, como ya indica el hecho de que el franquismo no entró en la guerra mundial ni la derrota del Eje lo arrastró en su ruina... contra lo esperado por casi todo el mundo cuando los vencedores de Alemania y Japón, en apariencia unidos y omnipotentes, estaban dispuestos a liquidar el ‘anacronismo’ español. La guerra mundial pudo comportar el derrumbe del franquismo (y una muy probable nueva guerra civil) pero en cambio determinó su definitiva consolidación. Pues la dictadura incluía a sectores próximos al fascismo y al nazismo, pero también a otros no menos poderosos, sobre todo una Iglesia poco inclinada a esa deriva. En el juego de fuerzas entre unas y otras tendencias ganaron las contrarias a la beligerancia... lo cual supuso una auténtica bendición para los Aliados; y bendición no menor la estabilidad del franquismo contra viento y marea al terminar el conflicto mundial, pues ella facilitó el asentamiento de gobiernos de libertades en Europa occidental en un tiempo de incertidumbre. Por eso, y por el claro respaldo mayoritario de la población, también fue derrotado el maquis que, en aquellas circunstancias internacionales, pudo haber evolucionado a una nueva guerra civil.

»A partir de la guerra mundial, la dictadura de Franco experimentó una lenta pero progresiva liberalización. Vale la pena citar al pensador polaco Leszek Kolakowski, en su polémica de 1974 con laboristas ingleses muy beligerantes contra el franquismo (y muy poco contra el totalitarismo real soviético), publicada en España hace poco con el título Por qué tengo razón en todo142:

Te enorgulleces de no ir de vacaciones a España por razones políticas. Yo, un hombre carente de principios, he estado allí dos veces. Me sabe mal decirlo, pero aquel régimen, sin duda opresor y antidemocrático, ofrece a sus ciudadanos más libertad que cualquier país socialista (tal vez excepto Yugoslavia). Al decirlo, no siento ningún tipo de Schadenfreude [alegría del mal ajeno], sino vergüenza, porque aún recuerdo el dramatismo de la Guerra Civil española. Los españoles tienen las fronteras abiertas (no importa por qué motivo, que en este caso son los treinta millones de turistas que cada año visitan el país), y ningún régimen totalitario puede funcionar con las fronteras abiertas.

Los españoles no tienen censura previa, allí la censura interviene después de la publicación del libro (se publicó un libro que a continuación fue confiscado, pero entretanto se habían vendido mil ejemplares; ya nos gustaría tener en Polonia tales limitaciones). En las librerías españolas pueden comprarse las obras de Marx, Trotski, Freud, Marcuse, etcétera. Igual que nosotros, los españoles no tienen elecciones ni partidos legales pero, a diferencia de nosotros, disfrutan de muchas organizaciones independientes del Estado y del partido gobernante. Y viven en un país soberano.

»Kolakowski se quedaba corto. En España había sin duda mucha más libertad política que en la Yugoslavia de Tito, y, sobre todo, mucha más libertad personal, como ya observó Julián Marías. Si las fronteras estaban abiertas no se debía al turismo: lo estuvieron siempre, excepto los momentos en que Francia, que no Franco, las cerró. Y el país era más soberano, seguramente, que ahora. Fue también muy indicativo el episodio Solzhenitsyn, cuando vino a España y expuso las enormes diferencias entre un sistema autoritario como el español y otro totalitario como el ruso, despertando la furia de unos antifranquistas tan poco amigos de la verdad como simpatizantes del totalitarismo, y menos liberales que la dictadura; paradoja solo aparente.

»El franquismo había elevado a ritmos muy altos la prosperidad del país y, sobre todo, había diluido las divisiones y odios de la República, que para la inmensa mayoría remitían a un pasado lejano y no envidiable. Pero estos éxitos ponían cada vez más de relieve el dilema implícito en el régimen: ¿debía considerarse este como una superación tanto del comunismo como de la democracia liberal, o más bien como un expediente prolongado, pero pasajero, como una dictadura en el sentido romano, para salir de la profunda crisis histórica de la República? El hecho real es que, tras la consolidación de regímenes democráticos en Europa occidental (bajo la protección y con abundante ayuda de Usa), no eran esas democracias las que imitaban las soluciones del franquismo, sino más bien este el que se aproximaba a aquellas. Al llegar los años setenta, con el declive físico de Franco y la evidente ausencia de un sucesor de su talla, el régimen basculaba inconscientemente hacia el segundo término del dilema: su liberalización creciente y la superación de la Guerra Civil tendían, por su propia inercia, a desembocar en una democracia similar a las del entorno europeo».

Básicamente, el franquismo duró tanto y superó tantos retos debido por una parte a su pragmatismo y adaptabilidad, y por otra al apoyo muy mayoritario de la población. De este no puede dudarse, a la vista de los hechos, y es fácil ver sus causas. La gente recordaba la Guerra Civil, los que habían sido izquierdistas y separatistas habían presenciado los crímenes entre las propias izquierdas, la huida de sus jefes llevándose inmensos tesoros saqueados indiscriminadamente, habían experimentado un hambre y privaciones mayores que las ocurridas antes o después, y evidentemente no querían volver a algo semejante. La reconciliación, con mejor o peor ánimo, fue pronto un hecho, como comprobó a su pesar el maquis. Cuando, en los años sesenta, cientos de miles de trabajadores fueron a emplearse en la Europa democrática, tampoco se volvieron por ello antifranquistas y apenas engrosaron la oposición fuera o dentro de España. La muerte de Franco fue sentida muy mayoritariamente como una pérdida, aunque para entonces pocos pensaban en la continuidad del régimen. La gran mayoría veía el pasado político como una etapa fructífera de reconstrucción a partir de la cual podía ponerse en pie una democracia razonable, y así quedó claro en el masivo respaldo a la ley de reforma «de la ley a la ley», es decir, de la legitimidad franquista a la democrática. Opino que la realidad histórica del franquismo ha sido tergiversada de modo increíblemente grosero, y que ahí yace una de las causas de la debilidad de la democracia actual.

En los próximos capítulos examinaremos lo esencial del papel de los separatismos catalán y vasco durante el régimen de Franco.

Capítulo 15
LUCHAS POR LA SUPERVIVENCIA EN EL EXILIO

Los exiliados no reflexionaron mayormente sobre las causas de la guerra y de la derrota. La propaganda seguía llenando sus cabezas. Sí abundaron, por el contrario, las amargas proyecciones de las culpas de unos sobre otros. Una de las más reveladoras y conocidas es la polémica entre Prieto y Negrín, apenas comenzado el exilio, en marzo de 1939. El primero acusaba al segundo de máximo responsable de la derrota, por haberse entregado a los comunistas, y el segundo replicaba que la derrota habría llegado mucho antes sin sus previsiones, disciplina y espíritu de resistencia. Planteado así el problema, Negrín tenía razón. Si de resistir se trataba, la guerra habría terminado en pocos meses con la caída de Madrid en manos de Franco, pero la intervención soviética, la hegemonía comunista y la política de Negrín habían permitido continuarla dos años largos más, incluso con esperanzas de victoria durante un tiempo. Y en cuanto a la inhibición de las democracias, una de sus causas principales radicaba en la situación —o más bien la naturaleza— revolucionaria del Frente Popular... a la cual habían contribuido todas las izquierdas, no solo los comunistas. En rigor, esa situación o naturaleza revolucionaria había sido la causa misma de la guerra. Nada de ello encontró hueco en los análisis de los perdedores143.

Pero el núcleo de la disputa consistía en un asunto harto más práctico e inmediato: el tesoro del Vita. Se trataba de un yate de ese nombre, cargado de riquezas expoliadas por el gobierno de Negrín: depósitos del Banco de España, un cajón de oro amonedado, joyas históricas de la catedral de Tortosa, el Tesoro Mayor y Relicario Mayor de Sta. Cinta, ropas y objetos procedentes de la catedral de Toledo, entre ellos el famoso manto de las 80.000 perlas, colecciones de monedas de valor numismático, con invalorables ejemplares únicos, objetos de culto de la Capilla Real de Madrid, entre ellos, el joyero y el Clavo de Cristo y otros muchos bienes guardados en maletas, según la relación expuesta por el socialista Amaro del Rosal. Un valor incalculable.

Se trataba solo de una parte del inmenso tesoro acumulado desde octubre de 1936, informa Negrín, por hombres «no impulsivos, precavidos además contra la improvisación incompetente y amantes de la cavilación, del estudio y del asesoramiento técnico». Aquellos hombres cavilosos habían saqueado sistemáticamente pertenencias públicas y privadas, religiosas, artísticas y culturales, sin exceptuar las colecciones de monedas antiguas de oro y de plata del Museo Arqueológico de Madrid, libros antiguos, las cajas de seguridad de los bancos y las alhajas depositadas en los montes de piedad por gente humilde. Hasta habían intentado adueñarse de las propiedades del Estado español en el extranjero. Esto lo había frustrado Azaña negándose, poco antes de dimitir, a firmar el decreto correspondiente, por no pasar a la historia como «salteador» de los bienes nacionales. Gracias a esa previsión, alardea Negrín, «Nunca se ha visto que un Gobierno o su residuo, después de una derrota, facilite a sus partidarios, como lo hacemos, medios y ayuda que ningún Estado otorga a sus ciudadanos después de una victoria»144.

Pues aquellas fortunas tenían la función esencial de asegurar en el exilio la autoridad del gobierno derrotado, ya que muchos exiliados iban a depender de los subsidios correspondientes. A ese fin Negrín creó el SERE (Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles), cuya gestión provocó enfrentamientos. Como botón de muestra, el incorruptible anarquista Cipriano Mera lo juzga así: «Organismo creado por Negrín, y del cual se servía un grupito de paniaguados para poder continuar en el exilio sus trapisondas, seguir manejando sin rendir cuentas a nadie los fondos sacados de España e intentar imponerse mediante la coacción económica a los miles de refugiados españoles que lo detestaban». Los libertarios, sintiéndose discriminados por el SERE, y desesperados por huir de Francia ante la proximidad de la guerra mundial, llegaron a asediar tumultuosamente la sede del organismo en París, según cuenta Federica Montseny en sus memorias145.

Lamentablemente, la previsión de los hombres de Negrín había tenido fallos. Alguno de los cargamentos, denunciado por sus propietarios, había sido incautado por la policía en un puerto holandés. Y peor sucedió con el Vita. Negrín lo había consignado a un hombre de su confianza en Méjico, el doctor Puche, ex rector de la Universidad de Valencia; pero Prieto había recibido aviso de su llegada y, de acuerdo con el corrupto presidente mejicano Cárdenas, aunque este acogía con generosidad a los emigrados españoles, birló limpiamente el tesoro a Puche. Le apoyaron, entre otros, los nacionalistas catalanes. Y burló también al PNV, que a su vez quiso apoderarse del cargamento ayudándose con el capitán del Vita, que era vasco146.

Negrín, indignado, reclamó «sus» propiedades, y pidió a Prieto una entrevista para arreglar lo más amistosamente posible el espinoso negocio. Prieto no tenía la menor intención de arreglar nada y se negó en redondo, accediendo solo a mantener una correspondencia, la cual nos permite conocer el fondo, ya que no los detalles, de un asunto que de otro modo permanecería enigmático. Con la carga del Vita organizó Prieto un organismo rival del SERE, la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), reduciendo así la autoridad del primero, y atrayendo con subsidios superiores a muchos dirigentes izquierdistas. El SERE desaparecería a mediados de 1940, y la JARE, después de acusaciones de corrupción, fue prácticamente incautada en 1943 por el no especialmente virtuoso gobierno mejicano.

Tanto la Generalitat como el gobierno del PNV se habían ocupado también de situar dinero en el exterior. De ello sigue sin saberse mucho, pero encontramos indicios dispersos, como en las memorias del anarquista García Oliver. Durante el período del Comité de Milicias, los ácratas habían expoliado ingentes sumas, por lo que los militantes en el exilio protestaban de la escasísima ayuda recibida. Pero la mayor parte de aquellos bienes había pasado al gobierno de la Generalidad cuando la CNT tuvo la flaqueza de renunciar a sus principios. Perdida la guerra, explica García, «Nos convenía explorar las intenciones del que había sido Gobierno de la Generalidad [...] pues nos enteramos de que Tarradellas disponía de fondos destinados, se decía, a la ayuda económica de las personalidades catalanas. A mí me pareció que la explicación que Tarradellas me dio sobre los tesoros confiados en depósito al Gobierno de la Generalidad de Cataluña era un subterfugio alejado de la verdad. Tarradellas, que durante mucho tiempo dispuso de un avión para su uso personal, hizo con él muchos viajes a Francia. Era cosa de averiguar lo relacionado con esos viajes, las cuentas del gran capitán que me dio sobre la suerte de los tesoros del Comité de Milicias y sus alegatos de la incautación que de ellos hicieron los carabineros de Negrín, un mes antes de abandonar Barcelona»147.

Pero Tarradellas no estaba dispuesto a aclarar las sospechas de García Oliver, y se limitó a contarle que los tesoros les habían sido arrebatados a su vez a los nacionalistas por los carabineros de Negrín. Por eso no podía darle cuentas de nada. Probablemente mentía, pues el propio gobierno había tenido noticias y denuncias de las exportaciones ilegales de oro y fondos organizadas por la Generalitat. García Oliver, incrédulo, presionó a Companys con una amenaza no disimulada: «Algo hay del pasado que concierne a las actividades del Gobierno de la Generalidad, y que podría dar lugar a situaciones delicadas, tanto para ti, como presidente de la Generalidad, como para los sucesivos gobiernos que la gobernaron. Me refiero a los tesoros depositados en la Generalidad por el Comité de Milicias [...] por cuyas entregas se extendieron recibos [...]. De sobra sabes que con uno solo de esos recibos pueden, los de allá, promover un proceso y demandar la extradición del consejero Ventura Gassol y del presidente de la Generalidad». La amenaza de ser extraditado a la España de Franco sonaba grave, pero Companys no la tomó en serio. Repitió al líder ácrata la versión de Tarradellas sobre los carabineros, si bien situando el suceso en fecha diferente. No hubo modo de sacar nada a los líderes esquerristas, que volvían a burlar así a sus incautos competidores148.

Azaña menciona «El timo de cinco millones de francos, cuando los apuros de abril [de 1938, al llegar los nacionales al Mediterráneo], hecho por la Generalidad a Méndez Aspe, enviándole una caja con oro y valores. Situados los millones en París, a las 48 horas desaparecieron [...]. Eran para Companys y los políticos y funcionarios de la Generalidad si tenían que emigrar»149.

De todas formas los recursos pasados a Francia por ácratas y nacionalistas se mostraron insuficientes, entre la apropiación de parte de ellos por diversos responsables y las necesidades de miles de refugiados. García Oliver señala que algunos ácratas habían utilizado aquellos medios como propiedad particular, y Mariano Vázquez, secretario de la CNT, escribió a Cipriano Mera: «Ocurrieron hechos sumamente delicados durante los últimos momentos de nuestra guerra». En cualquier caso, nacionalistas y anarquistas pasaron pronto a depender del SERE o de la JARE, lo cual les obligó a moderar sus radicalismos. Pocos líderes mostraron escrúpulos morales hacia aquellos auxilios, que de todas formas apenas llegaron a los militantes de a pie. Uno que rechazó el dinero fue el ex presidente de la República Alcalá-Zamora, pese a sufrir grandes apuros económicos (su caja de seguridad en el Crédit Lyonnais en Madrid estaba entre las muchas robadas por el gobierno del Frente Popular). Otro fue Cipriano Mera150.

El caso del PNV lo conocemos algo mejor. Ante el derrumbe del Frente Popular, creyó ya inútil fingir colaboración con él y se ausentó de las instituciones «republicanas», pero su anhelo de independencia, tras fracasar en su intento de apropiarse del Vita, chocaba con el problema de «los garbanzos», y el bien probado realismo de sus líderes congeniaba mal con los gestos heroicos. Antes, los sabinianos habían manejado en su interés exclusivo la tesorería del «gobierno vasco», suscitando las protestas de los socialistas, pero ya en el exilio el dinero se agotaba con rapidez, mientras los «republicanos» lo seguían teniendo en abundancia. A Aguirre le daba «repugnancia todo esto español [...]. Pero cuando me pongo a pensar en la cuestión del dinero no sé qué hacer». Hubo disputas internas. Algunos, sin mucha convicción, querían salvaguardar la independencia a toda costa: otros preferían pedir subsidios, e incluso pensaban «comer a dos carrillos», como expresaba gráficamente el consejero de Hacienda, De la Torre, con el beneplácito de Aguirre, en referencia a la posibilidad de cobrar del SERE y de la JARE (cada organismo exigía a sus beneficiados no cobrar del otro). Aguirre, hombre perspicaz, se sintió de pronto republicano y decidió que aquellos bienes pertenecían «a la República», y por tanto, «siendo de todos, han de ser para todos, o repartidos en la proporción correspondiente, o administrados en forma que todos tengamos satisfacción». Así subrayaba su derecho al reparto de un botín saqueado en buena medida a la Iglesia, como nadie ignoraba151.

Al principio hubo fuertes tensiones entre Negrín y los peneuvistas. El primero pensaba en una ayuda por igual a los refugiados vascos y no vascos, y estaba muy irritado porque el PNV, desde la pérdida de Vizcaya, había estado subsidiando en Francia a hombres aptos para el combate. El peneuvista De la Torre le replicó con la mayor desenvoltura, amenazándole con romper «la cordialidad que ha existido hasta ahora». Y Aguirre le advirtió que de la actitud que mostrara el SERE dependería «la actitud y conducta del Gobierno Vasco para con España», anunciando «graves disgustos si no deja Vd. de lado toda consideración de tipo político». Las presiones de Aguirre no tenían, al parecer, carácter político. Negrín rompió las relaciones, después de pedir cuentas de su gestión económica al gobierno «vasco»152.

Esto ocurría en marzo de 1939. No obstante, la conveniencia económica obligó al PNV a reconsiderar su altivez y aceptar algo más tarde la ayuda, y también la inspección, del SERE. Pero mantuvo al mismo tiempo una actitud «abierta» hacia la JARE, con la expectativa de «comer a dos carrillos». Pues Prieto, ansioso de éxitos políticos a costa de Negrín, ofreció a Irujo nada menos que la Secretaría General de su organismo. La propuesta no fue aceptada por los sabinianos, debido a su dependencia del SERE, que parecía entonces más solvente, pero daría lugar a una evolución, y también a tensiones dentro del PNV entre los partidarios de una y otra organización de ayuda. Incluso reverdecieron las pretensiones de independencia. Ajuriaguerra, desde su prisión, clamó: «Tenemos una arraigada repugnancia a recibir dinero del Estado Español». Nunca habían tenido tal repugnancia. Al contrario, habían pedido y aun exigido todo tipo de ayuda desde la concesión del estatuto. Cuando el SERE cerró, en 1940, se impuso la opción por la JARE153.

Pero a partir de 1942 la situación económica del PNV quedó resuelta, siendo sustituida su dependencia de los organismos «republicanos» españoles por la del Departamento de Estado useño y el FBI, que seguramente le producía menos repugnancia. Además Aguirre logró montar una red de ayuda entre diversos núcleos de vascos bien establecidos en Hispanoamérica. Los sabinianos pagaban la financiación de Washington con labores de espionaje contra los nazis en Francia, y en América contra los izquierdistas españoles, ante los cuales representaban el papel de aliados solidarios en la desgracia. Los servicios secretos useños financiaron giras de propaganda de Aguirre por Hispanoamérica, y contribuyeron generosamente a las arcas del partido. No obstante, hubo quejas de que esa generosidad contrastaba con la pobreza de la información suministrada por los agentes peneuvistas154.

Los nacionalistas catalanes no parecen haber tenido la suerte o la habilidad de los vascos. Ni siquiera lograron crear un «gobierno de la Generalitat», porque la mayoría de los esquerristas no quería saber nada del PSUC. Pi i Sunyer formó en Londres un Consell Nacional Catalá, uno de los muchos organismos del exilio sin repercusión en el interior. La mayor parte de los exiliados acentuó al principio, como los sabinianos, su despego hacia España, de la que no esperaban obtener ya nada. En sus Memorias de un federalista, Salvador de Madariaga deja constancia de la imposibilidad de hacer admitir a los nacionalistas alguna solución que zanjase el «problema nacional». Madariaga, ignorante de las maniobras separatistas del PNV y la Esquerra durante la guerra, creía honradamente que el federalismo podía dar satisfacción a las aspiraciones nacionalistas en una España unida. Pudo constatar su error después de muchos esfuerzos de concordia y polémicas con unos y otros155.

Capítulo 16
LA REPRESIÓN DE POSGUERRA EN ESPAÑA

Mientras tanto, los vencedores aplicaban su dura ley, de estilo marcado por las crudas expresiones de José María de Areilza, primer alcalde franquista de Bilbao: «No se sabe qué espectáculo era más bajo y denigrante para nuestro pueblo: si ver a sus hombres representativos asesinados en las cárceles y en los barcos, o el contemplar al día siguiente de la matanza cómo el presidente Aguirre, rodeado de los consejeros de su partido, se dirigía solemnemente a oír misa para engañar al pueblo religioso y sembrar la confusión en las conciencias [...]. Que quede esto bien claro: Bilbao no se ha rendido, sino que ha sido [...] conquistado por las armas. Nada de pactos y de agradecimientos póstumos. Ley de guerra, dura, viril, inexorable. Ha habido, ¡vaya si ha habido Vencedores y Vencidos!; ha triunfado la España una, grande y libre; es decir, la de la Falange Tradicionalista»156. La guerra no había sido excepcionalmente cruenta en comparación con otras del siglo XX (unos 300.000 muertos entre caídos en el frente y fusilados en retaguardia), pero la habían precedido y acompañado odios furiosos y el terror correspondiente. Como hemos indicado, las propagandas izquierdistas habían cultivado muy activamente esos odios como medio de movilización en la lucha de clases. La derecha no había promovido nada parejo en intensidad y sistematicidad, pero al estallar el conflicto su odio se desató a su vez, alimentado por las angustias pasadas, por las crueldades reales o supuestas del adversario, y por la necesidad de asegurar la retaguardia en el período inicial de absoluta superioridad enemiga. Hubo un terror muy parecido en los dos bandos, con un máximo en verano-otoño de 1936 para descender luego y volverse más controlado. Obviamente, el vencedor iba a tener muchas cuentas que saldar con el vencido, Prieto lo había anunciado tras el asesinato de Calvo Sotelo. Las derrotadas izquierdas no tuvieron ocasión de vengarse, pero los asesinatos y torturas entre ellas mismas durante la guerra permiten suponer el destino de los fascistas, si estos hubieran perdido.

El nuevo régimen no venía predicando el perdón y el olvido, sino solo medidas de clemencia dentro de una justicia drástica. Prometió inmunidad a quienes no hubieran cometido crímenes, pero nada parecido a una amnistía. En eso hallamos una semejanza y una diferencia con respecto a otras contiendas europeas también marcadas por el odio ideológico, como las de Italia y Francia. Según terminaba la guerra mundial, que en ambos países tuvo al final bastante de guerra civil, decenas de miles de vencidos fueron asesinados, con solo una pequeña minoría ejecutada judicialmente. En España el resultado no sería menos sangriento pero con procedimiento inverso: miles de ejecuciones legales y pocos asesinatos sin juicio. Esa represión se cebó en los revolucionarios, y mucho menos en los nacionalistas vascos o catalanes.

La dureza con que fue aplicada tal política se revela en la cifra de 22.000 condenas a muerte, de las que se cumplirían en torno a la mitad. Esta cifra sale de los expedientes que los juzgados debían remitir al Consejo de Ministros para que este diese el «enterado» o conmutase las penas, una investigación ya en marcha a cargo del historiador Miguel Platón. Quedarán así eliminadas documentalmente las cifras fantásticas barajadas por la propaganda, que hablan de 200.000, 130.000 u 80.000 fusilados en la posguerra, y asimismo las más objetivas ofrecidas por Ramón Salas Larrazábal de 50.000 condenas capitales, casi la mitad conmutadas. La represión se centró sobre todo en los comunistas y anarquistas, afectando en medida mucho menor a los separatistas, acaso porque su actividad había beneficiado objetivamente a los nacionales.

Por estas ejecuciones, Franco (que, contra la leyenda, no firmó ninguna, solo las conmutaciones) ha sido tildado de especialmente cruel, pero el hecho de que encauzara la represión a través de tribunales indica algo distinto. Aquellos tribunales ofrecían garantías precarias, sin duda, y algunos jueces militares aprovecharían para causar al enemigo las bajas que no les habían ocasionado en combate; pero, con todo, el método era muy superior a la simple venganza en asesinatos oscuros y sin control, practicada en otros países.

Han sustentado la leyenda de la crueldad de Franco historiadores como Tuñón de Lara —admirador de Stalin—, pero en ningún caso fue aquel más cruel que sus enemigos. Negrín, por ejemplo, prolongó una guerra perdida multiplicando las víctimas, y trató de enlazarla con la guerra mundial, que las habría duplicado o triplicado. Por no hablar de sus checas y campos de concentración, espeluznantes también para los izquierdistas disidentes. Sin embargo nadie le acusa de crueldad, y muchos historiadores lo alaban como modelo de liderazgo responsable y hasta heroico.

Puede hallarse la raíz intelectual de esta represión en la insurrección de octubre de 1934. El horror de la derecha se manifestó en el debate subsiguiente en las Cortes. Las izquierdas comparaban gloriosamente su alzamiento con la Comuna de París, sesenta y tres años antes, reprimida por Thiers; y algo similar pensó la derecha. El diputado republicano moderado Melquíades Álvarez clamó: «Thiers, cuando presenció los horrores de la Commune fusiló y fusiló produciendo millares de víctimas. Con aquellos fusilamientos salvó la República, salvó las instituciones y mantuvo el orden». Calvo Sotelo insistió en la idea, para horror de Maeztu, que gritó «¡Cuarenta mil fusilamientos!». Cambó resaltó que los violentos no temían reincidir, pues sabían que en España, país de amnistías, su prisión duraría poco y saldrían de ella con aureola heroica, sobre todo los dirigentes. Y así había ocurrido en 1934. No había sido ejecutado un solo jefe de los guerracivilistas, ni siquiera entre los militares complicados y condenados, y sí en cambio tres personajes de muy poco fuste. Solo dieciséis meses después los miles de acusados gozaban de la libertad en un clima de exaltación y revancha, mientras quienes habían defendido la ley y la democracia sufrían graves amenazas. El general López Ochoa, vencedor de la insurrección en Asturias, fue apresado y asesinado en circunstancias macabras por las izquierdas, al recomenzar la guerra, en julio de 1936157.

La rebelión de octubre había culminado una tradición de violencias y atentados desde principios de siglo, con cimas como la Semana Trágica barcelonesa de 1909, el movimiento revolucionario de 1917, el pistolerismo de los primeros años veinte, el pronunciamiento de Jaca en 1930, las oleadas de incendios, la serie de magnicidios desde Cánovas a Calvo Sotelo, o los cientos de atentados y choques sangrientos durante la República. Sin duda Franco llegó a pensar como Melquíades Álvarez, Calvo Sotelo y Cambó (este había propuesto pocas penas, pero cumplidas), y adoptó el método de Thiers de un escarmiento radical, aunque no por fusilamientos en masa, sino por vías judiciales, como queda dicho.

Tras la revuelta de 1934, Companys se había jactado de esperar la pena capital, a sabiendas de que no le sería aplicada; pero en 1939 ni él ni los demás líderes albergaban dudas sobre su destino si caían en poder de los vencedores. Por eso todos habían procurado cruzar a tiempo la frontera, sin previsión alguna para sus miles de seguidores implicados en el terror izquierdista, dejados atrás a merced de sus enemigos.

En 1940 llegó a haber 250.000 personas internadas en prisiones y campos de concentración, lo cual suponía una carga añadida a la de una economía desarticulada en medio país. Para aliviarla el gobierno recurrió a varias medidas: el 4 de junio dejaba en libertad condicional a los condenados a 6 años o menos, saliendo a la calle decenas de miles de presos; el 1 de abril de 1941 extendió la medida hasta los 12 años, con lo que los liberados fueron muchos más; y al año siguiente hasta los 20 años. Los conmutados de la última pena saldrían también en su mayoría antes de seis años. Otro medio para reducir rápidamente el tiempo de reclusión fue la «redención de penas por el trabajo», de carácter voluntario, con dos días de remisión por cada uno trabajado. En 1945 el número de reclusos superaba en poco al normal en la República, aunque volvería a aumentar algo como consecuencia del maquis, la guerrilla organizada al terminar la guerra mundial por los comunistas158.

La suerte de algunos dirigentes ilustra la situación creada. El sabiniano Ajuriaguerra, uno de los fautores del Pacto de Santoña, se había entregado en 1937. Recayó sobre él la última pena, pero le fue conmutada por prisión perpetua, y a los seis años dejaba la cárcel. Los nacionalistas vascos, a quienes el franquismo debía más de un beneficio, recibieron trato comparativamente bueno, y para 1943 todos o casi todos sus presos estaban en libertad (aunque por entonces entraron en prisión algunos nuevos, uno de los cuales, Luis Álava, fue fusilado). También se había quedado voluntariamente Besteiro, ejemplo casi único en las izquierdas. Pese a la simpatía que inspiró a sus jueces, estos le condenaron a 30 años de reclusión por no haber hecho lo preciso para impedir el rumbo revolucionario de su partido. Seguramente habría salido pronto de la cárcel, pero, delicado de salud, contrajo una infección y murió a los pocos meses.

Otros líderes huidos, como Zugazagoitia o el anarquista Peiró, iban a tener peor fortuna. Al ocupar Francia los alemanes, en 1940, fueron entregados a España. Zugazagoitia, de gran dignidad personal, había sido uno de los principales impulsores de la Guerra Civil en 1934, pero luego se había opuesto a Largo Caballero. En el gobierno de Negrín había aceptado un cargo tan comprometido como la cartera de Gobernación. En los meses de exilio tuvo tiempo de componer el libro Guerra y vicisitudes de los españoles, a ratos conmovedor, y fundamental para entender la guerra. Su sentencia a muerte fue cumplida, pese a haber salvado la vida a algunos derechistas destacados cuando era ministro. En cuanto a Juan Peiró, ministro con Largo Caballero, había denunciado sin ambages el terror de las izquierdas, recibiendo por ello amenazas de sus correligionarios, y había salvado la vida de numerosos derechistas. También su condena se ejecutó, pese a los abundantes testimonios a su favor, y en medio de una general desaprobación. Mejor le iría al más destacado jefe militar anarquista, Cipriano Mera, capturado en Marruecos francés, ya en 1942. Condenado a muerte (lo cual celebraron con una «chocolatada» los presos comunistas, enemigos suyos159), fue indultado, y cuatro años después salía libre.

Los nacionalistas catalanes sufrieron menos persecución que los revolucionarios, pero algunos de sus líderes, como Carrasco y Companys, fueron fusilados. Companys había sido, claramente, uno de los principales causantes de la Guerra Civil. En 1934 se había alzado en armas contra el gobierno legítimo, utilizando dolosamente los medios legales puestos en su mano; en 1936 no había hecho nada por impedir la ejecución del general Goded cuando este, a su vez, se había rebelado contra el Frente Popular y fracasado; y había presidido la etapa de máximas violencias y secesionismos en Cataluña, en 1936-1937. Huido a Francia, había intentado formar un Consell Nacional de Catalunya, pero los nazis, al invadir Francia, lo detuvieron y lo devolvieron a España.

Sometido a juicio militar, fue sentenciado a la última pena. Recibió la condena con calma. Aunque masón y anticatólico, pidió los auxilios espirituales de un capuchino, quizá por abundar los nacionalistas entre los miembros de esta orden (como también entre los capuchinos vascos). Finalmente le visitaron el capellán castrense y un jesuita. Se confesó, ayudó a la misa y comulgó. Como última voluntad pidió, con cierto humor, pan con un chocolate que le gustaba mucho de pequeño y tomó un par de copas de coñac. En la etiqueta de la botella firmó, remitiéndola al gobernador del castillo en señal de gratitud por su trato, y regaló a su defensor, el capitán Colubí, los gemelos de oro de su camisa. Ante el pelotón, Companys mantuvo la misma dignidad. Gritó —según se dice; los suyos inventaron la leyenda de que se descalzó para morir pisando tierra catalana— «Per Catalunya!», a la que no había servido muy bien. Muchos, en los dos bandos, habían muerto de modo semejante. Con él terminaba simbólicamente una época. Para los nacionalistas, Companys ha quedado como un mártir, y su proceso como un «proceso a Cataluña».

Capítulo 17
EL CARÁCTER DEL RÉGIMEN FRANQUISTA

Franco gozaba de una inmensa popularidad. Esta es una evidencia, aunque otra cosa haya pretendido la propaganda adversa. Desde luego, le aplaudía la casi totalidad de las derechas, que se habían sentido al borde del despeñadero, y los despolitizados o indiferentes, anhelosos ante todo de paz y tranquilidad; incluso muchos enemigos suyos acogían su victoria con alivio, por el fin de la lucha y por la bancarrota moral de las izquierdas, las cuales habían culminado la contienda matándose entre sí. Pese al apoyo popular que decían tener, los partidos derrotados, excepto el comunista, tardarían muchos años en sentirse con ánimos para reemprender la lucha dentro del país160.

En la historia española se abría un nuevo período que iba a durar treinta y seis años. Franco y los suyos creían haber salvado a España de la revolución y de la disgregación, de hecho así había sido, pero ante ellos se abría un futuro incierto, empezando por la necesidad de reconstruir un país medio devastado, y hacerlo con una carencia dramática de medios financieros, agravada por un fuerte endeudamiento. Durante la guerra, en las zonas que habían ido conquistando, los nacionales habían mantenido un funcionamiento económico aceptable, reflejado, entre otras cosas, en la escasa sobremortalidad por hambre y enfermedades, en contraste con el bando opuesto; pero el rápido final les obligó a afrontar una economía desarticulada en Cataluña y en la zona centro, aumentando las penurias en el conjunto.

La contienda mundial empeoró aún la situación. Con el ejército alemán tras los Pirineos, Franco tenía tres poderosas razones para aliarse con Hitler: la gratitud por la ayuda recibida, la aparente invencibilidad germana, y el hecho de que el Führer no toleraría, si vencía finalmente, a un franquismo ingratamente neutral. Por el lado contrario, los ingleses, dueños del mar, semiestrangulaban el abastecimiento a España para recordarle el coste de una alineación bélica, haciendo de los años 1940 y 1941 los más duros y hambrientos de la posguerra (si bien no tanto como el 1938 en la zona izquierdista).

Franco interpretó la guerra mundial como una doble lucha: entre las democracias y las potencias fascistas, en la que se mantendría neutral o no beligerante; y entre Occidente y la URSS, en la que llegó a participar con la División Azul, devolución de la visita de las Brigadas Internacionales y muestra, a su entender suficiente, de gratitud al Führer. En esa estrecha línea, haciendo difíciles equilibrios, corriendo muy serios riesgos y con tentaciones ocasionales de romper la no beligerancia o la neutralidad, logró mantenerse en aquellos cinco años y medio tan arduos para la reconstrucción del país.

Y después, el régimen hubo de afrontar una segunda posguerra, especialmente en 1946 y 1947, causada por el boicot internacional, que hizo volver el hambre y la escasez general de 1941. Esta doble posguerra iba a marcar todo el decenio de los cuarenta161.

El carácter del franquismo ha suscitado continuas discrepancias y polémicas, que ha resumido J. J. Esparza162. Aunque el régimen tenía rasgos fascistas, por influencias de Falange y por su relación con Italia y Alemania, no era propiamente fascista. El fascismo se caracteriza por el endiosamiento del Estado, la movilización de masas y la formación de un partido único, que debía encauzar y monopolizar la política. Franco, por el contrario, iba a procurar el equilibrio entre las tendencias falangistas, las tradicionalistas, las católicas y las militares; solo en contadas ocasiones movilizó a las masas, y siempre colocó la religión por encima de la nación y del Estado.

Otros lo han caracterizado como dictadura militar, pero el ejército, sin duda un pilar esencial del régimen, observa Esparza, «no actuó en la vida política como una fuerza autónoma, ni ocupó tampoco —ni siquiera durante la guerra— los puestos de dirección del Estado. El número de ministros pertenecientes al Ejército fue relativamente limitado, y tampoco puede decirse que la situación social y económica de los militares fuera llamativamente superior a la de los ciudadanos de otros estamentos». No se entiende el franquismo sin su componente militar, pero de ningún modo se redujo a eso.

Se le ha caracterizado asimismo como Estado «nacional-católico»: «La Iglesia se somete al Estado y este, a cambio, convierte el catolicismo en piedra angular de su discurso político y social. Y es verdad que la España de Franco fue un Estado confesional, y que la Iglesia colaboró estrechamente con el régimen hasta el extremo de llegar a controlar territorios como la educación o la censura. Ahora bien, no puede decirse que este nacionalcatolicismo, entendido como praxis política, fuera el rasgo esencial del régimen de Franco: en primer lugar, porque solo se extendió durante un cierto período (hasta finales de los años cincuenta, aproximadamente), y además, porque ni el Estado-institución ni la Iglesia lo suscribieron nunca de modo explícito [...]. Y, sin embargo, es innegable que [el régimen] debió buena parte de su apoyo social [...] al hecho de identificarse con la Iglesia».

Tampoco se acomoda bien el franquismo a otras definiciones que de él se han hecho, como el de «régimen personal» o autocracia, pues «aunque el de Franco fue [...] el régimen de una persona, la verdad es que no fue un régimen personalista: desde que se crearon las Cortes, en 1942, hasta su muerte en 1975, Franco solo ejerció ocho veces su prerrogativa personal para dictar leyes. El poder nunca dejó de estar bajo la sombra de Franco, pero no residió completamente en él, sino que más bien ‘flotó’ entre una compleja constelación de órganos e instituciones».

Y se lo ha llamado «dictadura desarrollista», como algunas del Tercer Mundo: «Una élite que llega al poder con un programa casi exclusivamente centrado en objetivos económicos [...]. Pero la de Franco tampoco fue una dictadura del desarrollo, porque no nació con ese objetivo, ni el desarrollo fue tampoco el horizonte esencial de su política; es verdad que España se desarrolló bajo Franco y que el propio régimen sacrificó algunas de sus iniciales convicciones políticas en provecho del crecimiento industrial, pero, como en los casos anteriores, el desarrollo es solo una parte de su perfil».

Ha habido otros intentos de definición, siempre insuficientes. Concluye Esparza, con Fernández de la Mora: «No hay un sistema franquista en la historia de las ideas políticas, aunque sí haya una Era de Franco en la historia de España. Aquel régimen no sería un sistema, ni siquiera un modelo institucional, sino que, sencillamente, Franco hizo una política que aplicaba ideas vigentes en la órbita de la derecha española desde antes de la guerra, y muy singularmente, siempre según Fernández de la Mora, el catolicismo doctrinal de Menéndez Pelayo y Acción Española. Y todo ello apoyado en una estructura de poder completamente singular, nacida de una situación excepcional».

El comportamiento del franquismo también está lleno de paradojas más o menos reales. Antiobrero, según sus oponentes, elaboró la legislación social más obrerista de la historia de España; oficialmente antijudaico, salvó de la persecución nazi a más judíos, probablemente, que cualquier otro Estado, exceptuando el Vaticano o Suecia; supuesto títere o criatura de Hitler y Mussolini, mantuvo a España fuera de la Segunda Guerra Mundial, para gran beneficio de los Aliados; de doctrinas presuntamente incompatibles con el desarrollo económico, presidiría la etapa de más rápido crecimiento disfrutada por el país antes o después; eminentemente represivo, el número de presos en sus cárceles llegó a ser uno de los más bajos del mundo comparativamente a su población (aunque, a la muerte de Franco, contaran aún en ese número algunos centenares de presos políticos); rígido e incapaz de evolucionar, era muy diferente en los años cuarenta y en los años sesenta. Etc. Basten estas consideraciones para entender la insuficiencia o tosquedad de la imagen de él elaborada en estos años por la propaganda, más que por una historiografía seria.

Entender ese régimen y su duración exige recurrir no solo a categorías generales, sino a la historia anterior. la dictadura de Primo de Rivera surgió de la incapacidad de la Restauración ante los desafíos revolucionarios. Mucha gente concluyó entonces, en medio de la crisis general europea, que la democracia liberal no podía, por sus propias características, afrontar tales retos. La dictadura debía alumbrar nuevas fórmulas políticas, vagamente elaboradas en torno al corporativismo o «democracia orgánica», en cuya raíz encontramos, en España, desde la Institución Libre de Enseñanza a socialistas como Fernando de los Ríos, pasando por diversos catalanistas, Maeztu o Madariaga, y hacia la que derivó buena parte del movimiento maurista. Uno de sus rasgos consistía en que las personas no votarían como individuos aislados, sino en calidad de miembros de colectivos como el sindicato, el municipio o la familia.

No obstante, el peso del catolicismo y de la tradición liberal en la derecha española —y no la oposición de la izquierda— habían impedido en los años veinte la consolidación de un sistema fascista o corporativo, y la experiencia abocó a la II República, una democracia anticatólica y de tono izquierdista, que creyó poder impulsar y encauzar al mismo tiempo a los movimientos revolucionarios. El resultado habían sido las más sangrientas convulsiones del país desde la I República, y finalmente la Guerra Civil. Tal experiencia había convencido a la mayor parte de la derecha —como, en otro sentido, a la potente izquierda extremista— de que la democracia liberal no tenía futuro. El régimen de Franco proclamaba, por tanto, la necesidad de superar dicho sistema mediante la «democracia orgánica», fórmula que iba a revelarse inoperante a la postre.

Aun así, el franquismo albergó desde el principio dos corrientes de opinión, más implícitas que explícitas, según vimos. Una lo veía como una superación efectiva de los sistemas políticos ensayados antes, y otra lo entendía como un régimen transitorio, nacido de unas circunstancias excepcionales y que debía dar paso, antes o después, a otra cosa por el momento indefinida. La segunda interpretación ganó terreno conforme en Europa occidental se asentaban sistemas demoliberales, tras la crisis de posguerra, y más cuando el peligro comunista perdió inminencia desde la revisión del estalinismo, en 1956, de la división entre la URSS y la China de Mao y el indisimulable fracaso económico de su sistema. La idea del franquismo como un régimen excepcional permitiría, a la muerte de su fundador, la transición pacífica a la democracia.

Pero en 1939 la dictadura se presentaba como enemiga y superadora de la revolución, la comunista ante todo, también del sistema demoliberal, y de los secesionismos internos. A este último aspecto dedicaremos aquí la atención principal.

Una faceta esencial del nuevo régimen era un patriotismo español exacerbado, sobre todo en los primeros años. La nación española fue definida como «unidad de destino en lo universal», frase de José Antonio de sentido nada claro, acaso referida a una proyección imperial, también muy usada por la propaganda. La idea de imperio pasó por unos años a primer plano. También ahí predominaba la vaguedad. ¿Implicaba la expansión política por otras tierras, o más bien una preeminencia cultural? Seguramente se pensaba en las dos cosas, pero sin arriesgar demasiado por la primera. Cuando Franco pidió a Hitler buena parte del Imperio francés en el norte de África como compensación a su posible entrada en la guerra mundial, ¿lo hacía creyéndolo factible, o usando unas peticiones desmesuradas como justificación para evitar verse arrastrado a la contienda? Es difícil saberlo, aunque el resultado práctico no ofrece dudas. En todo caso la idea de una expansión política solo podía plantearse con relación a África, y a duras penas, pues el continente ya estaba repartido entre potencias más fuertes, si exceptuamos Portugal. Y en relación con América, se trataba más bien de una aspiración a fomentar los lazos culturales y políticos, no de una impensable recolonización. En realidad el imperio nunca pasó de la retórica.

Tiene interés el lazo entre este imperialismo y el patrocinado por el nacionalismo catalán desde Prat de la Riba, y que ha estudiado el historiador E. Ucelay en un trabajo muy sugestivo. Sin duda hay una influencia catalanista ejercida a través de Eugenio d’Ors, uno de los mentores de Falange, y, menos directamente, de Cambó, aunque se trataba de dos ideas básicamente distintas163. El imperialismo falangista se inspiraba en un imperio auténtico, cuyos considerables restos se habían perdido en el 98, solo cuarenta y dos años antes. El imperialismo de Prat no presentaba esa ilación histórica: Cataluña debía impulsar y dirigir la construcción de un imperio «ibérico» —para no llamarle español— de nuevo cuño, sin casi nada que ver con el antiguo, si bien en cierto modo reintroducía por la ventana la españolidad de Cataluña rechazada por la puerta.

Ya hemos visto cómo esa dinámica empujó a Cambó a un progresivo españolismo, nunca concluido. Y es que solo España, como conjunto, podía asumir algo parecido a una misión imperial, por lo demás anacrónica. Cataluña, como parte de España, podía destacar en tal o cual aspecto, pero carecía del peso económico, demográfico y, menos aún, cultural, para convertirse en la «nación» dirigente de un conjunto de «naciones» ibéricas, cuya tendencia natural sería la disgregación. Tampoco el idioma catalán podría sustituir al castellano como lengua «imperial» o de cultura. De ahí que al progresivo españolismo de la Lliga opusieran otros nacionalistas un imperialismo en teoría más modesto y realizable, a aplicar a los que llamaban Países Catalanes, es decir, Valencia y Baleares, a veces también Aragón, para recuperar la situación medieval anterior al «nefasto» compromiso de Caspe.

Ucelay lo ve de modo algo diferente. El imperialismo catalán habría consistido en una «metáfora ideológica», entendida como «una oferta política de naturaleza distinta a un programa realizable, al menos en el corto plazo de la acción parlamentaria normal». Es otro modo de apelar a ideales o aspiraciones estratégicas quizá inalcanzables pero que, no obstante, condicionan la política corriente. Ucelay, tras citar unas reflexiones de Duran i Ventosa sobre la tendencia de los nacionalismos a fomentar manías de grandeza colectivas, concluye: «La españolización del esquema catalanista, pasado de metáfora a poder, de impulso centrífugo a refuerzo centrípeto, llevaba directamente a una dictadura cuyas pretensiones internacionales eran desaforadas y grotescas». La conclusión suena un tanto excesiva, como esta otra: «La verdad es que el franquismo, de tan cerrado, se estranguló políticamente a sí mismo». Para permanecer treinta y seis años y abrir paso, por reforma, a un régimen democrático, debió de ser un estrangulamiento muy suave. En la España de los años cuarenta el imperialismo constituyó precisamente una «metáfora», en un sentido más fuerte todavía que en el nacionalismo catalán: no pasó de ideal vaporoso, y, desde luego, el muy realista general Franco no intentó en serio obrar de acuerdo con «sus pretensiones desaforadas y grotescas». Cambó, Companys y otros, por el contrario, habían dedicado un considerable esfuerzo a llevar a la práctica sus ideales imperialistas164.

En todo caso, la política inicial —pronto suavizada— del nuevo régimen consistió en tratar de erradicar los «hechos diferenciales» vasco, catalán y, en menor medida, gallego, sustituyéndolos por una uniformidad castellano-española. El idioma común fue impuesto con exclusividad en todas las actividades oficiales o educativas. Un suceso indicativo fue la prohibición, por la autoridad militar, de difundir miles de folletos en catalán, preparados por la Falange al ser derrotadas las izquierdas en Cataluña. Algunos carteles recomendaban: «Español, habla la lengua del imperio». Al principio quedó prohibida hasta la edición de libros o la predicación en los idiomas vernáculos. En cementerios vascos fueron picadas las lápidas con nombres sabinianos. No faltaron conatos ocasionales, sin mayores consecuencias, de impedir el uso corriente de dichos idiomas165.

Esta dureza era nueva. El patriotismo tradicional hispano daba fuerte relieve a las particularidades regionales, incluso invocaba un cierto foralismo. La centralización estricta enlazaba más bien con el liberalismo, rechazado por el nuevo régimen, pero acentuado entonces. Para el franquismo, en sus momentos iniciales de triunfo, los nacionalismos vasco y catalán habían fomentado los odios conducentes a la disgregación de España y a la guerra, y por lo tanto debían ser extirpados; habían usado las lenguas regionales como instrumentos de su ideas antiespañolas, y por lo tanto esos idiomas debían ser proscritos de la vida oficial. El castellano sería el vehículo prácticamente único para imbuir en las siguientes generaciones un ideal españolista.

Llaman la atención las semejanzas de esas actitudes con las de los nacionalismos vasco y catalán, incluso a veces en el tono. Así en esta indicación del Ministerio de Educación: «Escuchad bien esto y para siempre, niños españoles: ¡El que de vosotros olvide su lengua española o la cambie por otra dejará de ser español y cristiano! ¡Por traición contra España y pecado contra Dios! ¡Y tendrá que escapar de España! ¡Y cuando muera, su alma traidora irá al infierno!»166. Los nacionalismos vasco y catalán aspiraban a arrasar los elementos que ellos consideraban «españoles», arraigados en ambas poblaciones por siglos de intenso intercambio cultural y demográfico, sustituyéndolos por un vasquismo y un catalanismo que en parte no menor constituían invenciones de última hora, pues durante siglos vascos y catalanes se habían sentido españoles. Ahora se intentaba la operación contraria, erradicando las manifestaciones regionales en aras de un exclusivismo españolista.

Tales medidas debieron haber provocado resistencia popular y apoyo a los nacionalistas que, aun vencidos, permanecían a veces enquistados en los organismos del nuevo régimen. Apoyo asimismo a partidos como el comunista, que incluía el derecho de autodeterminación en su programa. Pero la reacción fue prácticamente nula, indicio de cuán harta había terminado la población de la experiencia republicana y de la Guerra Civil. No solo en aquellos años, sino durante todo el franquismo, la oposición de los nacionalismos tendría escaso relieve, con la muy tardía excepción de la ETA.

La gran masa de la población vasca y catalana acogió al franquismo entre la indiferencia y una extendida simpatía explícita en las calurosas acogidas populares a Franco, suministrando una parte importante de los dirigentes políticos y económicos de un régimen acaudillado por un gallego. La tradicional versión tipo «lucha de clases» trata a esos dirigentes de «burgueses» opuestos al «pueblo», pero muy pocos vascos y catalanes rechazaron el nuevo estado de cosas, o prestaron respaldo a los izquierdistas y nacionalistas en sus escasos conatos de lucha. Así ocurriría hasta finales de los sesenta, y aun entonces ese respaldo fue minoritario. Por otra parte, los catalanes y vascos integrados en la estructura del régimen, o adaptados a él, pertenecían a Cataluña y Vascongadas tanto como sus contrarios, aunque luego estos, con mentalidad algo totalitaria, hayan pretendido «borrarlos».

Muy pronto se autorizó la edición de libros, al principio religiosos, en los idiomas regionales y se promovió el rescate del folklore y costumbres antiguas. Hubo permiso e incluso aliento para el estudio particular del catalán y el vascuence, para los premios literarios y otras actividades de promoción, a veces apoyadas económicamente desde organismos oficiales o desde Cajas de Ahorro, como sería el caso de las ikastolas (escuelas en vascuence) ya en los años sesenta167. En 1952 se fundó en Salamanca la primera cátedra universitaria de vascuence (nunca había habido ninguna). La inicial desconfianza y persecución hacia los idiomas y simbología regionales dejó pronto paso a la simple postergación, con muchas excepciones. La propaganda nacionalista pinta de todo ello un cuadro exageradamente negro, y si admite otros tintes los atribuye al miedo del régimen por las presiones de unos u otros. En verdad, el franquismo no tuvo razones para temer excesivamente a sus contrarios.

Por otra parte, tanto la industria vasca como la catalana fueron muy estimuladas por el nuevo régimen, no por una preferencia especial, sino por constituir ambas regiones la principal base fabril del país, con una acumulación de experiencia y capacidad empresarial por encima de la media. Ello, y probablemente el muy proteccionista arancel Cambó, haría que hasta 1962, en que este fue derogado, no cobrase ímpetu la expansión industrial en otras regiones.

Capítulo 18
ESPERANZAS Y DECEPCIONES AL TERMINAR LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Si en el interior, durante los años cuarenta, los nacionalismos catalán y vasco apenas daban señales de vida, en el exilio ocurría lo contrario; al menos con el PNV. Aguirre, tras una pequeña odisea supuestamente esquivando a los nazis en Europa, adquirió en América desde 1942 un protagonismo de primer orden, apoyado por los servicios secretos useños, de los cuales pasó a estar prácticamente a sueldo. El jefe sabiniano aparecía por doquier como el representante de un «pueblo vasco» víctima de un genocidio emblematizado en el bombardeo de Guernica. La leyenda de Guernica se había extendido con tremenda fuerza emocional por América, convirtiéndose en un mito perdurable e indiscutido hasta hace pocos años: el ataque deliberado a los símbolos más sentidos de los vascos, realizado como ensayo de exterminio en masa, con resultado de más de 1.600 muertos en una pequeña población sin interés militar168. Junto a ese tema explotaba el de su solidaridad con la República democrática española arrasada por el fascismo.

En giras por Hispanoamérica, el ex lendakari se hizo la figura más destacada no ya del PNV, sino de todo el exilio español. Refleja su éxito esta descripción de su apoteósica acogida en Buenos Aires: «Todo ello culminó con la sesión del Congreso en la cual fue recibido el Lendakari con todos los honores, hablando todas las opiniones y todos los partidos haciendo de él una apología magnífica. ¡Al contestar fue tal la emoción que a todos infundió que los taquígrafos no pudieron copiar sus últimas palabras porque a ellos, como al resto de los oyentes, se les caían las lágrimas! En fin, algo magnífico y de imposible descripción [...]. Ha sido el acontecimiento más prodigioso que pudierais y que pudiéramos pensar [...]. Podemos, pues, decir gráficamente que se ha metido a todo el mundo en el bolsillo»169.

El papel de Aguirre descolló más aún porque los exiliados «republicanos», agriamente enfrentados entre sí, se neutralizaban en una guerra de rencillas. El sabiniano entendió que su secesionismo no hallaría eco fuera de España si no lo atenuaba externamente y lo vinculaba a la supuesta legitimidad republicana, y así, sorprendentemente, ejerció en todo el exilio español el papel de árbitro y apóstol de la unidad política y el olvido de los rencores mutuos. Él sabía que la vuelta a España nunca llegaría al margen de sus «compañeros de armas» de la guerra, a quienes su partido espiaba en favor del FBI. No obstante, esa comprensión hacia «los españoles» disgustó a los puristas del partido.

La actuación de Aguirre tomó mayor vuelo desde 1943. En general, la prensa y los gobiernos de Usa y Gran Bretaña habían mostrado respeto a Franco, pues si este hubiese entrado en guerra al lado de Alemania les habría ocasionado los más arduos problemas. Pero después del desembarco aliado en el norte de África, en noviembre de 1942, y de la victoria soviética en Stalingrado, la situación estratégica había cambiado, la derrota del Eje empezó a dibujarse con claridad, y la postura española importaba ya mucho menos. Entonces los anglosajones cambiaron bruscamente, tornándose más y más amenazantes hacia Franco. Y Stalin, por su parte, no pensaba consentir la permanencia en el poder de quien le había derrotado en España y, no contento con ello, había mandado la División Azul a combatir a la URSS. El destino del franquismo parecía irremisiblemente sellado, a los ojos de casi todo el mundo.

El cambio de la marea bélica electrizó al PNV y a todo el exilio: el retorno triunfal parecía indudable y próximo, sin necesidad de especial esfuerzo por su parte. Solo debían esperar la consumación de la derrota alemana, y mientras tanto reafirmar sus contactos en las cancillerías británica y useña. El problema principal radicaba en que, aunque deseosos todos de volver a España como árbitros y beneficiados de la nueva situación, persistían entre ellos las enconadas aversiones, y no lograrían unificar sus posturas. El PNV constituyó ya en 1943, dentro de España, una «Junta de Resistencia y Consejo Delegado del Gobierno Vasco», con la colaboración de los sindicatos socialista y anarquista. Su incidencia fue mínima.

Los comunistas obraron con mayor energía. En combatividad excedían de lejos a los demás partidos derrotados. Pese a ser perseguidos con especial saña por un régimen que veía en ellos al enemigo por excelencia, no habían cejado en el intento de volver a la lucha en el interior, por más que las reconstrucciones del partido en España fracasaran a veces por sospechas e incomprensiones entre los del interior y los del exterior, causantes de denuncias y asesinatos entre ellos. Comprendiendo mejor que nadie la conveniencia de crear una base firme en España antes de la victoria aliada, no escatimaron esfuerzos a ese fin.

Además, los comunistas españoles habían descollado en la resistencia francesa contra los alemanes. Lo habían hecho desde el ataque de Hitler a la URSS, en junio de 1941, pues antes, mientras regía el Pacto germano-soviético, ellos y los comunistas franceses habían obrado como traidores a Francia. Al paso que este país era liberado por los anglosajones, desde junio de 1944, el PCE planeó invadir y levantar en España un vasto movimiento de guerrillas (adoptaría el nombre francés de maquis) para garantizarse la preeminencia en la hora del triunfo gracias a su organización, influencia y armas.

En teoría, la empresa gozaría de condiciones óptimas. Dentro de España había mucha miseria, por tanto debía haber mucho descontento; y sed de venganza por la represión. Cientos, quizá algunos miles, de izquierdistas andaban huidos por campos y montañas, buena recluta para la guerrilla. Los logros del Frente Popular, tan recientes, debían estar por fuerza bien grabados en la memoria del pueblo, seguramente ansioso de recobrarlos; máxime en Cataluña o Vascongadas, donde a la triste situación general se añadían las injurias no ya al nacionalismo, sino al simple catalanismo o vasquismo. Estos factores no bastaban a provocar un estallido popular, ni siquiera la ayuda a una eventual lucha antifranquista, debido al miedo a la policía. Pero así como la represión tiene eficacia cuando la gente la siente muy poderosa y no percibe una salida política, se vuelve contraproducente en otro caso. Y, justamente, con los tanques useños en Francia y la próxima derrota de Hitler, quienes debían sentir miedo eran los represores, y esperanza la población. Una acción armada intensa atraería necesariamente a las democracias y serviría de excelente causa o pretexto para su intervención en España. Las circunstancias difícilmente habrían favorecido más un movimiento guerrillero. Se trataba de reavivar la guerra civil, con la práctica seguridad de vencer en este tercer asalto (considerando el primero la insurrección de octubre de 1934)170.

Y no erraba la impresión de que en las filas franquistas cundía la ansiedad. Muchos daban por hundido al régimen, y tanto entre los políticos como entre los militares menudearon las intrigas y los contactos con la embajada británica en Madrid. Como en el nuevo diseño de Europa Franco y la Falange resultaban inaceptables no solo para Stalin, sino para las democracias, urgía presentar una solución de derechas, una monarquía aceptable para los Aliados y para una parte, al menos, de los exiliados.

Entonces un sector de los monárquicos se ofreció a los anglosajones como salida de conciliación y para evitar una revancha izquierdista. El aspirante al trono, Don Juan, hijo de Alfonso XIII, y parte de sus asesores, en especial Gil-Robles —eclipsado en la España de la posguerra— y Sainz Rodríguez, ex ministro de Franco, concluyeron que solo había un modo de eludir la catástrofe: la dimisión del Caudillo y la restauración de una monarquía abierta a los políticos exiliados, aunque con rasgos autoritarios para convencer a una opinión interna alerta ante un nuevo peligro revolucionario. Con esa perspectiva, el entorno de Don Juan llegó a gestionar la invasión de las Canarias por Inglaterra, un poco al estilo de Prieto durante la guerra, así como una provocación de gran estilo con los servicios secretos de Usa para que entraran hasta Madrid los tanques aliados y proclamasen a Don Juan, utilizando una prevista acción guerrillera comunista y so pretexto de inestabilidad en España. El testimonio de esta maniobra se encuentra en el libro del monárquico Luis María Ansón, Don Juan171.

Pero Franco consideraba que el retorno de los viejos partidos con una monarquía más o menos inspirada en la Restauración haría vanos los sacrificios de la guerra y devolvería al país al caos de 1936. Hizo notar a Don Juan que la rebelión contra el Frente Popular no había invocado la monarquía, sentida solo por un sector minoritario de los sublevados. Si alguna vez volvía la corona quedaba claro que se lo debería a él, al Caudillo, y de ningún modo a unos grupos monárquicos de tan reconocida flojera172. Pese a los sombríos augurios, Franco no creía duradera la alianza entre Stalin y las democracias, por lo cual estas tendrían que avenirse antes o después con su régimen.

En octubre de 1944, Franco propuso una alianza al primer ministro británico Winston Churchill. A su juicio la ola soviética sumergiría a gran parte de Europa, dejando a España y Gran Bretaña como únicos bastiones reales de resistencia. Churchill replicó agriamente: «Induciría a un grave error a Su Excelencia si no alejase de su mente la idea de que el Gobierno de Su Majestad estaría dispuesto a considerar la formación de un bloque de poder basado en la hostilidad contra nuestros aliados rusos [...]. Considera [el gobierno británico] la colaboración permanente anglo-rusa, dentro del sistema de la organización mundial, como imprescindible para sus propios intereses y esencial para la paz futura y la prosperidad de Europa en su conjunto». El embajador británico S. Hoare había advertido al Caudillo que los anglosajones impondrían la ley en el continente al terminar la guerra: «Tengo la segura convicción de que para entonces Gran Bretaña será la más fuerte potencia militar de Europa. Nuestros ejércitos [...] por primera vez en muchos años serán tan numerosos como eficaces. Las fuerzas aéreas británicas serán las más poderosas de Europa». No había razón ni para temer ni para chocar con la URSS, y ambos políticos británicos trataron de disipar cualquier ilusión de supervivencia que Franco y sus seguidores pudieran albergar especulando con el peligro soviético173.

Franco demostró una previsión extraordinariamente clara, y Churchill y Hoare una miopía notable. No obstante el historiador Preston y otros presentan este revelador intercambio como una muestra de la torpeza y de la inepta astucia pueblerina de Franco.

Y en octubre de 1944 comenzaba la ofensiva guerrillera comunista con una invasión de 3.000 hombres por el Valle de Arán, en Lérida, y penetraciones menores por Navarra y Huesca. Los maquis esperaban una entusiasta acogida popular, más en Cataluña, y fue enorme su decepción al hallar un vacío generalizado, cuando no la colaboración de la gente con las tropas y guardias civiles enviados, tras la sorpresa inicial, a cortar la invasión. La aventura terminó pronto y desastrosamente para el maquis.

A fin de dar cobertura política a su intento, el PCE había creado una Junta de Unión Nacional, con propósito de aglutinar bajo su iniciativa a los demás exiliados bajo el marchamo de la legalidad republicana. Un manifiesto de Unión Nacional en Francia, de agosto de 1944, poco después del desembarco en Normandía, clamaba: «¡¡La hora ha llegado!! ¡No se puede perder un momento! Ha llegado el período de organizar la lucha activa por la reconquista de España». Pero sus propuestas chocaron con un obstinado rechazo. Los «republicanos», así como los nacionalistas catalanes y vascos, recordaban los métodos comunistas para lograr la hegemonía, y además su espíritu no les empujaba a la acción, sino más bien a la intriga en las cancillerías, con vistas a alcanzar sus objetivos ofreciéndose a los Aliados. Por esas razones ninguno quiso oír hablar de lucha guerrillera o de cualquier otro tipo, y Unión Nacional y todos los montajes «unitarios» de los comunistas nunca representarían más que a estos174.

No desanimó al PCE la derrota del Valle de Arán y de su diplomacia con los exiliados, y con la caída de Berlín en mayo de 1945, y el boicot a España, decretado por las Naciones Unidas el año siguiente, el maquis se recrudeció, extendiéndose desde Galicia a Andalucía y Levante. Sin embargo tuvo escaso seguimiento popular, y las partidas, cada vez más aisladas, derivaron hacia el bandolerismo. La Guardia Civil y, en algunos casos, el ejército las acosó hasta que, en 1948, los comunistas, aconsejados por Stalin, dieron marcha atrás. Retirar las guerrillas resultó un proceso lento y difícil, y siguió habiendo actos de violencia hasta 1952, pero la derrota fue total. Sin darse por vencido, el PCE cambió su estrategia hacia una lenta penetración en los medios universitarios y obreros, que le rendiría frutos importantes, si bien a muy largo plazo.

En Vascongadas y en Cataluña el movimiento guerrillero apenas encontró eco, pese a reivindicar los «derechos nacionales». En Cataluña resurgiría por unos años el terrorismo anarquista, también aplastado sin contemplaciones. Los nacionalistas vascos y catalanes permanecieron al margen, salvo por acciones menores y testimoniales.

En 1947 se produjo una amplia huelga en Bilbao, y los nacionalistas e izquierdistas reivindicaron su dirección, pero se trató de un movimiento básicamente espontáneo; lo mismo ocurrió con el masivo boicot popular a los tranvías de Barcelona, y otras huelgas en Vizcaya en 1951. El telegrama de Aguirre al presidente useño Truman, en septiembre de 1950, trasluce cierto desaliento en su énfasis algo peculiar: «Así como hace años [...] la palabra y los actos del gran presidente Roosevelt constituían, después de Dios, nuestra suprema luz y esperanza, hoy también las palabras y actos de usted, su ilustre sucesor, constituyen la esperanza más firme de cuantos luchamos por la libertad y la dignidad humana, contra sus opresores, sean los fascistas de Franco o los comunistas de Stalin»175. Si la suprema luz de Roosevelt no había satisfecho del todo la esperanza de los luchadores sabinianos, la de Truman no iba a hacerlo mucho más. Y el PNV tampoco había luchado contra el comunismo de Stalin, salvo desde 1946 y por presión useña. Al contrario, se había aliado con él y los demás revolucionarios durante la Guerra Civil. También les había hecho traición, pero no resulta fácil llamar «lucha» a esos actos, que, además, tanto habían beneficiado a «los fascistas de Franco».

Para entonces los cálculos del general iban cumpliéndose: la alianza entre soviéticos y occidentales se agrietaba hasta convertirse en el cerrado enfrentamiento llamado «Guerra Fría». El aislamiento del franquismo se suavizaba, y en 1953 quebraba por completo, gracias al concordato con el Vaticano y a los acuerdos militares con Usa. En 1955 el régimen entraba en la ONU, que diez años antes se había proclamado incompatible con él (aunque no con los sistemas comunistas).

¿Por qué, en las condiciones tan favorables ya señaladas, no respondió la población al intento guerrillero ni a las maniobras políticas? Se ha achacado a la represión, pero esta, por el contrario, debiera haber desatado una rebelión todavía más exasperada ante la casi segura y pronta caída del régimen. También se ha explicado por la liquidación física de los dirigentes y elementos capacitados revolucionarios e izquierdistas, pero, siendo el número de fusilados o asesinados muy parecido en los dos bandos, mayor problema debían tener las derechas, máxime si queremos creerlas, como insiste la propaganda, representantes de una pequeña oligarquía: esta habría quedado simplemente destrozada. En el mundo real, el régimen recibió un respaldo popular indudable en aquellas duras circunstancias, lo que quizá no resulte extraño si atendemos a la todavía muy fresca memoria colectiva del Frente Popular y a la aversión generalizada a un nuevo enfrentamiento civil. Para muchos, Franco representaba una esperanza y la dignidad nacional frente a presiones externas. Esto me parece una evidencia, solo invisible para los creyentes en las supersticiones de la «lucha de clases».

La evolución política hundió todas las esperanzas y euforias suscitadas en el exilio desde 1943. Aunque nacionalistas y «republicanos» continuaron pronosticando cada año la inevitable caída de Franco, debido a su «absoluta impopularidad», el desánimo y la pasividad se apoderaron de casi todos ellos. Solo el PCE persistía en una lucha a veces heroica, a veces turbia, pero sin éxito entre las masas. Los nacionalistas vascos y catalanes se centraron en la supervivencia en el extranjero, pero, debido a su escasa incidencia dentro de España, no hace falta tratar en este libro sus avatares, interesantes desde otros puntos de vista.

Así pues, y con la relativa excepción del PCE, en la posguerra casi se desvanecieron de la vida del país los partidos y movimientos que tanto habían condicionado la historia anterior de España. Por los años sesenta la Lliga y la Esquerra seguían desaparecidas dentro de España, existiendo solo grupúsculos nacionalistas dispersos y poco audaces. Algo similar pasaba al PNV —su líder Aguirre fallecía en 1960—, reducido a tertulias nostálgicas de gente mayor y algunos jóvenes receptores de la vieja doctrina a través del montañismo. Pero en esa década iba a surgir en las dos regiones un nuevo nacionalismo, muy ligado a sectores radicalizados de la Iglesia y con influencias marxistas. Ello ocurriría, especialmente, a partir del giro en la orientación de la Iglesia católica promovido por el concilio Vaticano II. Se abría una etapa, de rasgos peculiares, en la evolución nacionalista.

Capítulo 19
UNA REVOLUCIÓN EN LA IGLESIA

Un pilar fundamental del régimen de Franco fue la Iglesia católica, que adquirió un protagonismo como no lo había tenido desde principios del siglo XIX. Su influencia se manifestó en la enseñanza y en las normas referidas a la moral pública, en la asistencia social, el ahorro popular (las Cajas de Ahorro), la legislación laboral, la formación sindical, etc., y, con mayor o menor peso, en casi todos los ámbitos de la sociedad. La Iglesia, por doctrina y tradición, rechazaba los movimientos revolucionarios, en especial los comunistas, considerándolos una degradación de la dignidad humana en pro de utopías. Por ello había constituido un sólido valladar a la expansión de esos movimientos en Europa y América. Eso y la exterminadora persecución antirreligiosa del Frente Popular habían inclinado resueltamente a la inmensa mayoría del clero y de los católicos españoles por el bando que los salvaba de destrucción. Elección rubricada con la emocionalidad de los miles de mártires en una de las persecuciones religiosas más sanguinarias de la historia. Desde muy pronto el obispo de Pamplona, el vasco Olaechea, y poco después el de Salamanca, el catalán Pla y Deniel, calificaron la guerra de cruzada, aunque el documento conjunto de los obispos de 1937 eludiera esa palabra.

La identificación eclesiástica con el franquismo no excluyó recelos ante el filonazismo presente en sectores de la Falange. Durante la contienda española habían entrado en crisis las relaciones entre el Vaticano y Hitler, sobre todo por la imposición de las concepciones paganoides y del absolutismo estatalista nazis. Numerosos sacerdotes habían sido detenidos en Alemania, y en concentraciones de masas se pedía colgar a los clérigos. Pío XI publicó en marzo de 1937 la carta encíclica Mit brennender Sorge, condenando al hitlerismo: «Estos necios que presumen de separar la moral de la religión constituyen hoy legión. No se percatan [...] de que desterrar de las escuelas y de la educación la enseñanza confesional [...] impidiéndole contribuir a la formación de la sociedad [...] es caminar hacia el embrutecimiento y la decadencia moral». Estos choques, muy embarazosos para el bando de Franco, los habían explotado sus enemigos, destacadamente Irujo. El gobierno nacional parece haber prohibido la lectura de la carta papal en las iglesias españolas, aunque otorgó a la Iglesia mayor influencia.

Surgieron discrepancias con las tendencias más extremistas de la Falange, representadas entonces por jóvenes intelectuales inquietos y ya prestigiosos como Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo, Antonio Tovar o Torrente Ballester. El nazismo, con sus éxitos militares y antes los económicos, y su estilo disciplinado y eficaz, parecía abrir un mundo nuevo, heroico y emocionante, preñado de confusas promesas. Su paranoia antisemita no había dado lugar aún al genocidio, que tampoco fue conocido en España, al menos en todo su horror, hasta el final de la guerra mundial. Muchos falangistas, pues, se sintieron atraídos por la experiencia, y aspiraron a imitarla en España. Pensaban integrar a la Iglesia como un elemento clave, pero subordinado, dentro de un Estado «totalitario», si bien aquí no podía hablarse de una acción antirreligiosa o paganoide como en Alemania. En esa vía se llegaría a manifestaciones grotescas, como parodias no intencionadas del Padrenuestro y del Credo dedicadas a José Antonio y a Franco, calificados a veces de «santos». También albergaba la Falange algunas tendencias anticlericales.

La disgustada jerarquía eclesiástica criticó las «estridencias panteístas» y «hegelianas» del pensamiento fascista, en particular la divinización del Estado, al cual no pensaba supeditarse como una pieza176. En la pugna, la Iglesia hubo de sacrificar sus organizaciones sindicales, cooperativas etc., pero salvaguardó el derecho a crear escuelas y colegios propios, algunas instituciones universitarias, obras asistenciales y sanitarias, amén de una influencia en algunos aspectos difusa, pero generalizada en la sociedad. Otro motivo soterrado de discordia databa de más atrás. Antes de la guerra, la Iglesia había defendido la conciliación y el legalismo hacia la República, mientras que la Falange se había rebelado muy pronto contra ella, incluso con las armas (bien es verdad, insistamos, que había sido empujada a usarlas por los atentados mortales de la izquierda). Para los falangistas, la presión eclesiástica había prolongado una república inviable, dando alas a la revolución y a la guerra civil. No atacaban por ello directamente a la jerarquía eclesiástica, pero sí a Gil-Robles y la CEDA, tan unidos todos en los años republicanos.

De todas formas la Falange no despertaba suspicacias solo en la Iglesia, sino también en el grueso del ejército, parte de él monárquico tradicional y otra parte simplemente alérgica al fascismo. Ante estas oposiciones, el aparato falangista iría perdiendo poder, aunque siempre mantuviera una porción considerable de él.

La unanimidad pro franquista de la Iglesia no era completa. Varios sacerdotes, intelectuales y políticos católicos habían defendido al Frente Popular, y el clero nacionalista catalán y vasco se había desolidarizado de los perseguidos, pese a ser muchos de ellos vascos y catalanes (no nacionalistas, por lo común). Bastantes de estos clérigos, refugiados en Italia, presionaban contra Franco con ayuda de colegas e intelectuales franceses inquietos ante la perspectiva de que su país se viera encajonado entre potencias hostiles.

La mayoría de los sacerdotes y frailes nacionalistas volvieron pronto a España, y también lo hicieron, desde 1939, bastantes intelectuales nacionalistas catalanes o catalanistas huidos en un primer momento, como Ferran Soldevila, Amadeu Hurtado, Enric Casanovas, Joan Oliver, Rubió i Tudurí —uno de los agentes de la Generalidad en los tratos con París durante la guerra—, etc., que se adaptaron con bastante flexibilidad a la situación. Frente a la política y al ambiente pro español y franquista predominantes en Cataluña y Vascongadas, unos y otros crearon focos de resistencia sorda, punzando con las tropelías contra el idioma y la cultura regionales, las penalidades de la doble posguerra o la condena a Franco por las Naciones Unidas. Pero con poca eficacia. La intelectualidad nacionalista, de estilos por lo común más estridentes que elevados, había perdido su influencia, y no solo por la censura. Lo mismo ocurría en Vascongadas, donde la densidad intelectual del nacionalismo siempre había sido muy escasa. Otros muchos intelectuales se sentían identificados con el nuevo régimen, a pesar de lamentar su desconfiada intolerancia con las culturas regionales, o, simplemente, sin dejar de considerarse catalanistas o incluso nacionalistas, repudiaban las políticas de la República que, a su entender, habían conducido a la catástrofe.

De esta última actitud sería ejemplo Josep Pla, activo colaborador del franquismo y catalanista al mismo tiempo. Como ha mostrado Luis Linde, Pla se sentía ante todo catalán y a duras penas español, pero despreciaba el victimismo nacionalista y sus poses. Dedicó su esfuerzo entonces a una obra literaria que aportó al catalán y a Cataluña harto más que la retórica y la acción política de los nacionalistas. Los cuales se permitieron motejarle de traidor y someterle a un verdadero ostracismo tras la muerte de Franco177.

En 1948 volvieron, entre otros, J. M. Ametlla, J. Sales, F. de Pol y Raimon Galí, fundadores de Quaderns de l’Exili en Méjico, que alentarían un nacionalismo catalán relativamente nuevo. Su retorno prueba que los peores tiempos de la represión habían pasado —excepto para los comunistas y el maquis—, pues de otro modo habrían sufrido represalias: Quaderns, de lenguaje muy violento, había patrocinado nada menos que organizar una unidad militar de nacionalistas catalanes para luchar junto a los Aliados, como apoyo y sostén de un eventual gobierno prácticamente independiente tras la esperada caída de Franco. Una vez en España, los cuatro promovieron el descontento, con tácita tolerancia de la policía, que probablemente no les daba excesiva importancia. El católico Galí, instalado en Montserrat, emprendió una lenta reorganización nacionalista, a través de reuniones y de grupos de boy scouts, dando lugar, en 1954, al grupo CC (Cristians Catalans)178.

CC, donde militaba Jordi Pujol, joven de tanto porvenir político, seguía básicamente las pautas de Prat de la Riba, y aspiraba a impulsar un nuevo nacionalismo, distinto del izquierdista y también de la Lliga, que se había diluido como partido y cuyos principales miembros colaboraban con el nuevo régimen (de hecho también la Esquerra se había desintegrado, dentro y fuera de Cataluña). Este y otros grupos ejercían un proselitismo callado, arriesgándose solo a acciones esporádicas y testimoniales, pero a finales de la década mostraron alguna osadía. Por ejemplo, el grupo de Pujol tuvo cierta incidencia en la organización del boicot contra La Vanguardia de Barcelona, cuyo director, Galinsoga, había expresado opiniones despectivas sobre los catalanes durante una misa en catalán. A Galinsoga lo cesaron al poco tiempo desde Madrid. En 1960 Pujol fue detenido y condenado a siete años de cárcel —cumpliría un tercio— después de protagonizar un sonado escándalo ante varios ministros que solemnizaban la compilación del derecho civil catalán, el homenaje oficial al poeta Joan Maragall en su centenario, y la cesión del histórico castillo de Montjuich a la ciudad de Barcelona. Luego, CC se escindió. Una fracción optó por el marxismo, y otra por una acción cultural y económica.

Quizá la actuación más significativa de los nacionalismos en aquellos años fue, en 1960, un documento firmado por 339 sacerdotes vascos y presentado al Vaticano. Con el estilo clásico de Sabino Arana, los curas denunciaban «la persecución de las características étnicas, lingüísticas y sociales que nos dio Dios a los vascos», así como el nombramiento de obispos no vascos y otras manifestaciones de lo que llamaban «genocidio», para emparentarlo emocionalmente con los exterminios nazis. Un grupo de clérigos vascos se había radicalizado en un sentido sabiniano. El clero nacionalista catalán prefería un estilo de oposición más disimulado, pero desde luego efectivo, como indican unas declaraciones del arzobispo de Tarragona, Arriba y Castro, ya en 1957: «Voy a Roma a manifestar al Papa que la situación en Cataluña por causa de la actuación del clero catalán que procede y actúa en separatista, es para mí inestable y de muy difícil aguante. Si S.S. no corrige, o no puede, la actuación política de esta fracción del clero catalán, yo le voy a pedir que me releve de mi diócesis»179.

La reivindicación de obispos vascos y catalanes en las respectivas regiones iba a constituir un eje de la agitación nacionalista en los años siguientes. No exigían, claro está, la retirada de los obispos vascos o catalanes ejercientes en otras regiones.

Estos movimientos católicos solían mostrar respeto, cuando no una simpatía fácilmente detectable, por el marxismo. Era un fenómeno aún muy minoritario, pero ascendente, que había de asentarse con fuerza en el seno de la Iglesia, en buena parte a través de la Acción Católica y de organizaciones obreras como la JOC (Juventud Obrera Católica) y la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), o recreativas y regionalistas. Muchos de sus miembros derivarían hacia movimientos revolucionarios, incluso terroristas.

A su vez los comunistas, en España y en muchos otros países, fomentaban los nacionalismos como cuñas contra las democracias capitalistas, por lo que pronto se anudarían relaciones entre unos y otros. Desde el final de la guerra mundial, los servicios secretos soviéticos habían diseñado una estrategia para cuartear a la Iglesia católica mediante movimientos como «Pax», a partir de Polonia, que fomentaban las «contradicciones» entre el clero beneficiado con el calificativo de «progresista» y el tachado de «integrista». La maniobra, de gran alcance, cobraría auténtica fuerza desde la segunda mitad de los años cincuenta, coincidiendo con tendencias más espontáneas.

Evolución tan difícil de imaginar poco antes, no se explica sin atender al panorama mundial de aquellos tiempos. La guerra mundial había terminado con el sometimiento de los países de Europa central y oriental a dictaduras de tipo soviético, en Grecia había estado a punto de ocurrir lo mismo, y en Francia e Italia los partidos comunistas constituían fuerzas poderosas. La década de los cuarenta terminaba, apenas cuatro años después de la guerra mundial, con un nuevo y gigantesco éxito del comunismo, en cuyas manos caía la inmensa China. En solo treinta y dos años desde la Revolución soviética de 1917, un tercio de la humanidad vivía en regímenes marxistas, mientras en otros muchos países los partidos de esa orientación conspiraban sin tregua para derrocar los sistemas existentes. En los años cincuenta Corea del Norte desafiaba bélicamente a la propia Usa y terminaba la prueba sin un claro vencedor, mientras el Imperio francés doblaba las rodillas en Indochina. El final de esta década alumbraba el triunfo de Fidel Castro, que pronto impondría un nuevo régimen marxista en las mismas barbas del Tío Sam, haciendo de Cuba un foco de inestabilidad general en América. Además, los comunistas influían, cuando no dirigían, muchos de los movimientos anticoloniales que echaban a las potencias europeas de sus inmensas colonias de África y Asia.

Esa expansión asombrosa, sin precedentes históricos de ninguna ideología, religión o sistema político, no llevaba trazas de detenerse en los años sesenta, cuando la guerra de Vietnam empantanó a la superpotencia useña, que conocería allí su primera derrota bélica. Y todo ello bajo la sombría amenaza de una guerra atómica. Hoy esos hechos parecen lejanos, pero sin recordarlos no lograremos comprender muchos movimientos de la época, entre ellos los ocurridos en España. Los sistemas democráticos europeos habían logrado controlar pasablemente a sus revolucionarios, debido, en muy alta medida, al apoyo de Usa, que había contrarrestado a los partidos comunistas y estimulado la prosperidad de aquellos mediante el Plan Marshall, pero, en conjunto, el comunismo aparecía como poder apabullante y a la ofensiva, frente al cual retrocedían las democracias «burguesas», con todos sus éxitos económicos y su potencia militar.

No todo el paisaje era sombrío, desde luego. Pese a que las potencias europeas encajaban golpes demoledores a su prestigio e influencia en Asia y África, la pérdida de sus imperios no las había sumido en la depresión económica, contra lo esperado por muchos. Al revés, en los años sesenta Europa occidental conoció el mayor progreso económico de su historia. Algo parecido, a escala mucho menor, había ocurrido en España después del desastre del 98, solo sesenta años antes. Pero entonces España había sufrido una crisis psicológica, que las democracias europeas esquivaron gracias a su empeño en una creciente unificación económica y política, y a la alerta ante un peligro comunista muy agudo, la conciencia del cual apartaba el ánimo de consideraciones autocompasivas o autodestructivas como las de la España del 98.

La amenaza comunista despertaba voluntad de oposición, pero también una mezcla de sumisión, simpatía y colaboracionismo. Y no porque alguien pudiera ignorar las matanzas masivas de opositores en los regímenes marxistas, la aniquilación de las libertades no solo políticas, sino también personales, la erección de sistemas policíacos asfixiantes, sin paralelo en la historia, y de una economía carcelaria: la propaganda comunista, extendida por todo el mundo, negaba o justificaba tales hechos, pero nadie podía llamarse a engaño al respecto. Bastaba a los europeos contemplar el muro levantado por la Alemania soviética en 1961, no para evitar la invasión del país, sino la fuga de sus desesperados súbditos.

El filomarxismo cundía en muy diversos ámbitos, lo mismo entre intelectuales y artistas bien al tanto de que el comunismo les privaría de libertad creativa, que entre obreros cuyo nivel económico y derechos ciudadanos superaban de muy lejos los normales en los países sovietizados. Sin duda el poder fascina, y muchos se rendían psicológicamente ante la exhibición comunista de fuerza, seguridad, disciplina y fe fanática en un porvenir utópico, justificador de todas las miserias, sacrificios y crímenes del presente. Necesita todavía estudio el fenómeno de la colaboración con regímenes tales por parte de gentes distanciadas y hasta opuestas, por sus más obvios intereses, a la ideología de Marx. La Iglesia, desde luego, no escapó a esa inclinación, después de haber contribuido tanto a frenar los impulsos revolucionarios de posguerra, sobre todo en Italia y Alemania.

La pseudocrítica de Jrushchov a los crímenes de Stalin (solo a una parte de ellos, y manteniendo la ideología que los había generado), en 1956, incitó a diversos grupos eclesiásticos a proponer un diálogo con los comunistas para superar la incomprensión. Se creyó hallar puntos de contacto: ¿no defendía el cristianismo a los humildes y denunciaba las injusticias de los poderosos? ¿No predicaba el despego de las riquezas? Y la opulencia occidental, ¿no contrastaba insultantemente con la pobreza de muchos países? Los comunistas afirmaban haber traído trabajo para todos y eliminado la miseria, y muchos querían creerlo. Frente a tal avance, ¿qué contaban las libertades o derechos humanos «burgueses», incapaces de impedir hirientes desigualdades? Y si los comunistas propugnaban un materialismo agresivamente ateo, ¿no exhibían los occidentales un materialismo práctico, haciendo del consumo el eje de su vida? Así enfocado el problema, podía concebirse hasta una confluencia entre cristianismo y marxismo, y los cristianos debían plantearse si no habrían pecado de soberbia y de identificación con las «clases dominantes» en sus condenas a un sistema que tan arrollador avanzaba por el mundo y tanta esperanza despertaba en las masas y en intelectuales muy distinguidos.

Al lado de estas tendencias eclesiásticas crecían en Europa otras, sobre todo en Holanda, Alemania y Francia, para acercar la Iglesia a un mundo moderno que parecía darle la espalda. También comprensivas hacia el marxismo, estas buscaban un cambio de orientación, sobre todo en cuanto a la moral sexual.

Por supuesto, dentro de la Iglesia predominaba la línea tradicional, muy defendida por Pío XII, pero las grietas que se abrían aquí y allá movieron a su sucesor, Juan XXIII, a convocar un magno concilio ecuménico, a fin de adaptar a la Iglesia a un mundo en rápido cambio (el aggiornamento). El concilio se inauguró en octubre de 1962, y duraría tres años, la mayor parte de ellos bajo el nuevo papa Pablo VI, pues Juan XXIII falleció en junio de 1963. A lo largo del concilio pugnaron principalmente dos grupos de presión, la «progresista» Alianza Europea, luego Mundial, inspirada principalmente por obispos alemanes y franceses, y el conservador Grupo Internacional de Padres. Desde el principio los «progresistas» demostraron mayor cohesión y destreza de maniobra180.

Ejemplo merecedor de alguna atención por su interés para este estudio fue la moción sobre ateísmo y comunismo. Numerosos obispos, encabezados por el brasileño Geraldo Sigaud, demandaron, ya en 1963, que «se expusiese la doctrina social católica con gran claridad, y se refutasen los errores del marxismo, el socialismo y el comunismo con fundamentos filosóficos, sociológicos y económicos». La petición quedó sin respuesta por parte de la comisión correspondiente. Los «progresistas» parecían dispuestos a abordar el ateísmo, en plan dialogante, pero no a mencionar al comunismo como enemigo sin paliativos. Pablo VI propugnó a su vez el diálogo en la encíclica Ecclesiam Suam, sin citar al comunismo.

Un año después el obispo chino Yu Pin y otros más insistieron en señalar al comunismo como «uno de los mayores, más evidentes y más desgraciados fenómenos modernos», que obligaba a tanta gente a «soportar injustamente sufrimientos indescriptibles». El sector «progresista» volvió a dar la callada por respuesta. Salió a la luz por entonces un comentario de un periódico checoslovaco alardeando de la infiltración comunista en todas las comisiones del concilio181.

Al año siguiente, en abril, un esquema propuesto oficialmente al debate eludía nuevamente la mención del comunismo. Una carta de 25 obispos denunció ese silencio, advirtiendo que así como a Pío XII le habían reprochado injustamente haber callado sobre la persecución contra los judíos, podría reprocharse al Concilio, y esta vez con justicia, su mutismo ante la opresión marxista, interpretable como «cobardía o connivencia». La carta, firmada por 450 obispos, proponía reafirmar la doctrina tradicional sobre el comunismo182.

Ante la tenacidad conservadora, la comisión arguyó no haber recibido la carta. Cuando se hizo evidente lo contrario, afirmó haberle llegado fuera de plazo, lo cual se demostró igualmente falso. Como principal obstructor salió a la luz el obispo francés Achille Glorieux. Tras otros episodios semejantes, los conservadores lograron incluir algunas palabras sobre el comunismo, pero, como observó el obispo Sigaud, «existe una diferencia entre llevar el sombrero en el bolsillo y llevarlo en la cabeza», aludiendo a la manera casi vergonzante de tratar la cuestión. El intento de una moción más tradicional fracasó. El episodio, aunque pudiera parecer anecdótico, indica el poder adquirido en la más alta jerarquía eclesiástica por los grupos propensos a un entendimiento con los seguidores de Marx y a la atenuación, por lo menos, del viejo antagonismo. Dentro de esos grupos variaba mucho, lógicamente, el grado de simpatía y de esperanza sobre la posibilidad de atraerse a los marxistas183.

En principio resultaba prácticamente imposible el diálogo entre una fuerza resuelta a extirpar la religión y a sus defensores, incluso mediante la liquidación física, como había demostrado una y otra vez, y quienes habían condenado de modo radical a esa fuerza. Desde luego, los marxistas no pensaban renunciar en lo más mínimo a sus posturas, por lo que el diálogo suponía fuertes concesiones de entrada por parte de los católicos. Implícita o explícitamente, los cristianos debían difuminar o incluso renunciar a la doctrina según la cual el comunismo solo podía producir frutos venenosos, al negar de raíz la libertad y la dignidad humana. Los comunistas, bien advertidos de la situación y avezados a la «lucha ideológica», desarrollaron tácticas de infiltración y utilización de esos talantes eclesiásticos. Nunca llegó a existir un verdadero diálogo, y los contactos nunca o casi nunca atrajeron a los comunistas a la religión, pero sí a bastantes cristianos al comunismo.

Una cruda manifestación de la consiguiente crisis de conciencia eclesiástica, sobre todo en Iberoamérica y con fuertes ecos en España, ya en los años setenta, fue la llamada Teología de la Liberación, entendida la liberación en términos socioeconómicos no lejanos de los propagados desde Moscú o Pekín. La prosperidad de los países ricos constituiría una brutal injusticia, un producto de la explotación de los países y las masas pobres o, más propiamente, empobrecidos por la rapiña «burguesa». En tal esquema la riqueza occidental no guardaba relación con los sistemas políticos que aseguraban el respeto a la vida, la propiedad y los derechos individuales, favoreciendo la iniciativa privada y dificultando la instalación de un poder tiránico. Los «liberacionistas» coincidían con los marxistas en considerar todo ello una fachada irrelevante, tras la cual el sistema de explotación capitalista sumía en la miseria a la mayoría de la humanidad: la abundancia occidental hundía sus raíces en el hambre y las estrecheces del resto del mundo. De acuerdo con ese enfoque, numerosos católicos defendieron las dictaduras izquierdistas del «tercer mundo», o las guerras y la subversión lanzadas por partidos revolucionarios para instaurar dictaduras superadoras —decían ellos— de las embaucadoras y declinantes democracias imperialistas.

En la nueva orientación tenían gran ascendiente pensadores como J. Maritain, que durante la guerra de España había hecho lo posible por desprestigiar al bando nacional ante la Santa Sede y había apoyado activamente al PNV, con el cual identificaba sin más al pueblo vasco. La doctrina de Maritain era por una parte democrática (propició la democracia cristiana), favorable a la libertad de conciencia y la separación de la Iglesia y el Estado; pero por otra parte introducía conceptos de tinte marxistoide sobre las «clases dominantes» y los «oprimidos», acusando a la Iglesia, más o menos explícitamente, de haber apoyado tradicionalmente a las primeras en perjuicio de los últimos, mediante fórmulas como la «alianza del trono y el altar». Esta concepción descubría un magnífico flanco al ataque de las izquierdas en general, y del marxismo-leninismo en particular, mellando el filo de la doctrina cristiana. Si esta había tenido que adaptarse al progreso, era evidente que el progreso podía proseguir sin necesidad de la Iglesia. Y si esta reconocía —tan tardíamente— su culpable connivencia con los explotadores, solo podía deberse a la presión y avances de las izquierdas, y debía interpretarse como el comienzo de la definitiva bancarrota religiosa.

La influencia española en el concilio fue escasa. Los obispos hispanos, en su mayoría conservadores, se vieron sorprendidos por el cambio de rumbo, por la inatención a sus experiencias y por el escaso prestigio que les otorgaban sus mártires y su defensa de la fe. Los vientos del Vaticano soplaban en otra dirección.

Aunque parezcan apartarnos del tema, estas consideraciones son indispensables para examinar el respaldo, la simpatía o la pasividad de ámbitos considerables de la Iglesia ante todo tipo de movimientos contra un capitalismo representado en España, y de manera especialmente odiosa, por el régimen de Franco.

Desde su misma inauguración, el concilio fue una mala noticia para el gobierno español, uno de cuyos puntos básicos de legitimación consistía, precisamente, en la lucha contra el comunismo. De pronto se instalaba en círculos eclesiásticos la comprensión hacia el marxismo y la condena a Franco. La identificación del clero con el régimen se debilitaba, y con ello el régimen mismo. Y ya no se trataba de pequeños grupos más o menos clandestinos de curas disconformes, sino de parte de la propia jerarquía, impulsada por Pablo VI y Dadaglio, su nuncio en España desde 1967184. La cúpula de la Iglesia se renovó en buena medida, y el trato entre ella y el régimen español cobró cierta frialdad, cuando no acritud.

La Iglesia «progresista» hostil a Franco solía agitar la bandera de los derechos humanos, lo cual contrastaba con su talante abierto hacia partidos tan dudosamente democráticos como los comunistas e incluso, como ocurriría, los terroristas de izquierda, y, desde luego, a los secesionistas. Todos estos recibirían de ese sector eclesiástico justificaciones ideológicas, cobijo en sus locales, facilidades para organizarse, y un amparo inapreciable frente a la policía. Muchas iglesias se convirtieron en centros de agitación política, para indignación del franquismo. Bastantes católicos y amplios núcleos eclesiásticos —en especial, pero no únicamente, los jesuitas— empezaron a marchar hombro a hombro con sus antiguos enemigos contra un régimen que, considérese el hecho como se quiera, había salvado literal y físicamente a la Iglesia de ser aniquilada por tan extraños aliados de última hora.

Capítulo 20
NUEVOS PROBLEMAS PARA EL FRANQUISMO

Aparte del concilio, el año 1962 trajo otras conmociones al franquismo. Para empezar, la mayor serie de huelgas desde la guerra. Comenzadas en Asturias, se extendieron a Vascongadas y Galicia y a algunos centros de Madrid y Barcelona, afectando a unos cien mil obreros. Aunque las reivindicaciones no pasaban de sindicales, la prohibición oficial de huelgas en España les daba automáticamente un tinte político, aun si involuntario en la mente de la mayoría de los obreros; y si bien fue en lo esencial un movimiento espontáneo, no dejó de percibirse en algunos casos la mano comunista. La huelga duró más de un mes, y el gobierno declaró el estado de excepción.

La inesperada amplitud de la protesta hizo creer a diversos círculos políticos en la descomposición de la dictadura. Con esa impresión, en junio se reunían en Múnich más de cien políticos e intelectuales de la oposición interna y externa (democristianos, socialistas, republicanos y monárquicos), dejando fuera a los comunistas. En el cónclave, con posible auspicio de la CIA185, destacaron Gil-Robles y Madariaga, así como Jiménez de Parga, Íñigo Cavero, Joaquín Satrústegui, Dionisio Ridruejo y otros. Todos pidieron el rechazo de la Comunidad Económica Europea a la petición de ingreso de España mientras siguiera la dictadura. Esta se lo tomó bastante a mal y calificó la reunión de «contubernio» auspiciado por la masonería, con traidora presencia de derechistas que incluso habían luchado en el bando nacional durante la guerra, dedicados ahora a intrigar con los vencidos contra quienes habían salvado a España de la revolución. Los de Múnich, a su vez, dando el régimen por agotado, deseaban neutralizar un muy probable protagonismo del PCE en la nueva situación esperada. Los del «contubernio», aunque personalidades de relieve, carecían de fuerza social detrás de ellos. Unos sufrieron meses de destierro en las Canarias u otros puntos, y otros se sumaron al exilio, como Gil-Robles, que lo hizo durante dos años. Hecho clarificador: el que fuera máximo líder de la derecha treinta años antes, y que tanto había contribuido a salvar las libertades en 1934, apenas despertaba atención dentro del país186.

En abril del año siguiente fue ejecutado en Madrid Julián Grimau, un dirigente comunista muy comprometido en el terror contra la derecha durante la guerra, cuyo envío a España desde el exterior pareció a algunos una decisión bastante extraña. La vasta campaña internacional de protesta no tuvo prácticamente eco dentro de España, pero intensificó aquella sensación de crisis y aislamiento del régimen, reforzada unos meses después por la elección del papa Pablo VI, nada amigo de Franco. Entretanto, unos atentados anarquistas que ocasionaron varios muertos y heridos dieron lugar a la captura y ejecución de sus probables autores en agosto, y a nuevas protestas exteriores, aunque mucho menos resonantes. Y en la misma onda de ofensiva, en noviembre el abad Escarré, del monasterio de Montserrat, lanzaba un ataque frontal al gobierno desde el diario francés Le Monde. Allí denunció la persistencia de presos políticos y la necesidad de libertad de prensa y de elecciones, calificando al régimen de subversivo y resaltando el carácter nacional de Cataluña y su derecho a su cultura, historia y costumbres: «Somos españoles, no castellanos». España había vivido «veinticinco años de victoria pero no de paz». Aquello, viniendo de un religioso antaño franquista y muy afín al Opus Dei, era más de lo que la dictadura podía tolerar, y esta presionó hasta obligar al abad a exiliarse. Para el gobierno, la política de Escarré o la de los de Múnich, aparte de traicionera, devolvería a España al caos de preguerra, máxime teniendo en cuenta que la oposición no había cambiado mucho de modo de ser y pensar.

El PNV y los nacionalistas catalanes apenas tomaron parte en la ofensiva contra Franco (poco efectiva, de todos modos), y serían los comunistas quienes brillasen en los años siguientes. Hasta entonces la infiltración del PCE en ámbitos intelectuales y sindicales había rendido poco fruto: salvo contadas huelgas o manifestaciones estudiantiles, como las de Madrid en 1956, la década de los cincuenta había traído al PCE muchos más reveses que victorias. Pero desde 1962 el panorama mejoró para él gracias a dos iniciativas: las Comisiones Obreras (CC.OO.) y el Sindicato Democrático de Estudiantes (SDE).

Las comisiones surgieron espontáneamente en las huelgas de dicho año, como grupos de delegados ocasionales al margen del sindicato oficial187, y el PCE tuvo la visión de darles una estructura permanente, en apariencia abierta a todo el mundo, pero férreamente controlada por él. Este movimiento se organizó en gran parte en locales eclesiásticos y con ayuda del clero «progresista». Con su ficticio desligamiento de partidos —de los cuales se fiaban poco los obreros— y su agitación reivindicativa, CC.OO. ganó prestigio, explotó durante unos años su posición ambigua, ni legal ni ilegal, y probó a copar en las elecciones los cargos del sindicato oficial, para dominarlo desde dentro. La ficción apolítica no duró, pues todo el mundo llegó a saber qué partido estaba detrás, y en 1967 la policía desarticuló las CC.OO., sumiéndolas en crisis. El PCE aplicó en la universidad la misma táctica de crear un montaje supuestamente apartidista, gracias al cual terminó por hundir al sindicato oficial de estudiantes (SEU) a finales de la década.

Siguiendo la estrategia comunista de ahondar en todas las posibles grietas del sistema, tanto CC.OO. como el SDE fomentaban los nacionalismos vasco, catalán y gallego, incluyendo entre sus reivindicaciones el derecho de autodeterminación o los «derechos nacionales». Dado el éxito considerable de Comisiones y del Sindicato Democrático también en Cataluña y Vascongadas, puede decirse que el grueso de la agitación pro nacionalista, aunque mezclada con reivindicaciones más generales, recayó por entonces en dichas organizaciones de dirección comunista.

El PCE se hizo el eje de casi toda la oposición antifranquista —salvo en Vascongadas, debido a la incidencia del terrorismo—, a la cual alentaba y trataba de dirigir, anudando lazos y proponiendo acciones comunes. Llevó el acuerdo hasta personajes de la «oligarquía» y ex franquistas como Areilza, Joaquín Ruiz Giménez o Joaquín Satrústegui, ocupados en asegurarse un espacio político a la muerte de Franco. Estos pensaban valerse para sus fines del esfuerzo comunista, tal como los comunistas pensaban utilizarlos a ellos. El PCE, que ni en su época más estalinista había dejado de enarbolar la bandera de las libertades, lo hizo entonces con redoblada energía. Crecía así una confusa marea antifranquista, mezcla inextricable de totalitarismo marxista, anticapitalismos de diversa índole, nacionalismos regionales y reivindicaciones democráticas. En un sentido retomaba los tópicos del Frente Popular, pero en otro se alejaba de él, concibiendo hasta la posibilidad de una monarquía (no la de Juan Carlos), mientras los gobiernos y grupos del exilio quedaban cada vez más remotos.

Aun con todos sus avances, el movimiento comunista sufría una crisis, reflejo de la división entre la estrategia maoísta y la soviética. Tras la frustrante aventura del maquis, el PCE pensaba alcanzar el socialismo real por medio de movimientos de masas, y, si bien mantenía la idea de la lucha armada, la relegó a segundo plano. Por esa semirrenuncia le acusaban los maoístas y otros comunistas radicales, muy activos y a veces violentos en la práctica, pero atomizados. El PCE replicaba exhibiendo sus movilizaciones y otros éxitos políticos. Pero tales avances, si bien muy notables comparados con otras épocas, estuvieron siempre lejos de la «huelga nacional» con la que los comunistas aspiraban a derrocar el franquismo.

Pues en realidad el régimen no se debilitaba, sino que se robustecía en muchos sentidos. Había derrotado a todos sus enemigos internos y externos, y en 1951 había superado la renta per cápita de preguerra. En los años cincuenta había desaparecido el hambre, por primera vez, entre las causas de muerte en España, y aunque la autarquía cultivada hasta entonces estaba agotada a finales de la década, una oportuna reforma económica empujaba desde principios de los sesenta una espectacular expansión productiva que, entre otras cosas, resolvió definitivamente la vieja cuestión agraria mediante la emigración, única salida adecuada al exceso de población campesina188.

Un indicio de la fortaleza del franquismo lo ofrece la emigración a otros países europeos, por la que pasaron quizá tres millones de personas durante ese decenio (aunque nunca hubo, ni mucho menos, tres millones de emigrados simultáneamente, como indican algunos informes). Estas personas abandonaban sus pueblos y a menudo sus familias, y por tanto debían estar resentidas con el régimen al que podían culpar de sus penurias, aparte de probar en el extranjero las libertades y la democracia. Sin embargo los emigrantes que iban y venían no actuaron, en general, contra el franquismo, y la propaganda de las formaciones izquierdistas en el exterior surtía escaso efecto sobre la mayoría de ellos. Otro indicio lo encontramos en el número de presos políticos, inferior al medio millar a finales de la relativamente agitada década, y a pesar del fuerte incremento causado por las actividades de la ETA.

La propia acción de las oposiciones se realizaba en muy buena parte por medios legales o semilegales, prueba del profundo cambio en el régimen desde los años cuarenta. Aunque con escasas libertades políticas, en los sesenta la libertad personal era muy amplia y la prensa más plural, abundando publicaciones contestatarias como el diario Madrid, y hasta comunistas sin mucho disimulo, como la influyente revista Triunfo; o se editaban numerosos libros marxistas. La progresiva liberalización hablaba de un régimen que se sentía menos amenazado y más capaz de absorber protestas. La propaganda presenta a los movimientos antifranquistas nimbados de heroísmo frente a una feroz represión, pero la tolerancia oficial con ellos aumentaba, y la represión, en forma de multas, suspensiones o encarcelamientos generalmente breves, solo se endurecía cuando la impronta comunista destacaba demasiado, o se atacaba demasiado directamente a Franco. Las ejecuciones de Grimau y de dos anarquistas por atentados marcaron los límites. En trece años, desde 1963 a 1976, el Tribunal de Orden Público juzgaría a 11.261 personas por actividades antifranquistas, cifra indicativa de la poca actividad opositora en un país de unos 35 millones de habitantes. Tampoco las penas, 10.146 años de prisión, menos de un año por persona, indican una represión brutal, máxime cuando la mayoría no se cumplieron, por ser inferiores a un año. Y la vasta mayoría de los detenidos simpatizaba con regímenes incomparablemente más represivos189.

En Cataluña, la oposición propiamente nacionalista era casi insignificante. Jordi Pujol y otros se orientaron, como dijimos, hacia la acción cultural, mucho menos arriesgada que la política, pues el régimen la permitía y a veces la fomentaba. Trataban, pues, de aprovechar esas ventajas y dar a su actuación un sesgo nacionalista abierto o solapado. En 1961 fundaron la asociación legal Omnium Cultural. También surgió por entonces la Nova cançó, un movimiento de cantantes de calidad desigual, varios de ellos muy politizados en sentido izquierdista o nacionalista, o ambos, y que compusieron algunas canciones de propaganda antifranquista190.

Un factor importante en la promoción del separatismo fue Banca Catalana, creada legalmente en 1959 por los Pujol, padre e hijo, que financiaron diversos aspectos culturales y el deporte, proyectando la imagen del Fútbol Club Barcelona como «más que un club». El «más que un club» se refería a una proyección nacionalista que no tenía en origen, pues fue creado por extranjeros y los catalanes no podían jugar en él, ni hasta entonces. Por otra parte, Franco, personalmente, favoreció al club en algunas operaciones inmobiliarias que le permitieron salir adelante en situaciones difíciles. El Barça, agradecido, otorgó al Caudillo dos medallas de oro, hecho insólito en la historia del fútbol español, según ha explicado el historiador Fernando Paz191. No obstante, en los últimos años del franquismo fue cobrando cierto auge la identificación de aquel equipo con un catalanismo difuso, debido a su rivalidad con el Real Madrid.

Banca Catalana recibió en los años sesenta una significativa aportación personal y económica de Andreu Abelló, uno de los fundadores de la Esquerra y hombre de carrera interesante. Al terminar la guerra, Abelló huyó a Méjico, donde al lado del socialista Prieto llegó a ser uno de los principales administradores del inmenso tesoro del Vita, robado por Negrín a todo tipo de instituciones y particulares, y del que se había apoderado Prieto, según hemos visto. A finales de los años cincuenta, Abelló se instaló en Tánger, con medios cuantiosos, ya que fundó allí dos bancos inmobiliarios, y en 1964 volvió a España sin impedimento del régimen. Realizó algunos actos subversivos menores que le costaron alguna multa, y entró en contacto con Jordi Pujol, integrándose, con «su» capital, en Banca Catalana. En la Transición dejaría la izquierda para afiliarse al naciente Partido Socialista, al que daría un giro nacionalista en Cataluña, llegando a presidir la comisión que elaboró el estatuto de autonomía, diputado y senador.

La gestión de Banca Catalana no estuvo exenta de irregularidades, que estallarían en un gran escándalo en 1984, ya en plena democracia, cuando Pujol, entonces presidente de la Generalitat, fue interrogado por el juez al respecto. Dos años después, el político y otros ex consejeros del banco fueron acusados de apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en documento público y mercantil. En respuesta, Pujol y su partido se envolvieron en la bandera para denunciar el caso como un ataque «centralista» a Cataluña y a la autonomía y presionar políticamente contra una posible sentencia condenatoria. La presión surtió efecto, y la Audiencia de Barcelona sobreseyó el caso, aunque debió admitir «una gestión imprudente e incluso desastrosa». El resultado fue un descrédito de la justicia, que en manos de un PSOE resuelto a enterrar a Montesquieu ya había recibido otro golpe brutal con el asunto Rumasa. Según cuenta Castilla del Pino192, el fiscal general del Estado, Burón Barba, presentó la dimisión al ser presionado por el gobierno para evitar el procesamiento de Pujol. Con el caso Rumasa había ocurrido algo semejante: el presidente del Tribunal Constitucional, García Pelayo, amargado, terminaría dimitiendo y marchándose a Caracas. La familia Pujol protagonizaría otros escándalos de corrupción mucho más recientes.

Volviendo atrás, después de las declaraciones de Escarré, en 1963, habría que esperar tres años a una campaña de tintes claramente nacionalistas: la emprendida contra los obispos de origen no catalán. Sus propulsores, que alardeaban de europeísmo y modernidad, solo admitían en Cataluña obispos catalanes, nacionalistas, se suponía automáticamente.

También en 1966, en marzo, nació el Sindicato Democrático de Estudiantes barcelonés. El título «democrático» no impedía que el grupo estuviera bajo la firme rienda del PSUC, la sección catalana del PCE. De nuevo salió a la luz la colaboración entre los comunistas y la Iglesia «avanzada», pues la fundación del sindicato tuvo lugar en el convento de capuchinos de Sarriá, donde los estudiantes reunidos pudieron mantenerse dos días antes de que la policía recibiese autorización de intervenir, recibiendo con ello la máxima repercusión publicitaria. Numerosos estudiantes fueron arrestados. Poco después, en mayo, 130 sacerdotes y religiosos protestaban en la vía pública barcelonesa por los malos tratos a un estudiante193. Una manifestación de sotanas resultaba un espectáculo realmente insólito, y no pareció a muchos del todo serio, pero en adelante iban a aparecer cada vez más curas mezclados en actividades de izquierda, sin exceptuar las terroristas.

En esos años los círculos nacionalistas mostraban la mayor preocupación por la riada de inmigrantes llegados a Cataluña. El desarrollo económico ocasionó un trasvase de población desde las zonas agrarias de Andalucía, Extremadura, Castilla o Galicia, hacia las grandes ciudades, en especial Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Vigo, etc. Según la propaganda habitual aún hoy, el régimen había procurado el empobrecimiento de Cataluña y al mismo tiempo la inmigración, para descatalanizar el Principado. La contradicción salta a la vista. En realidad, el franquismo promovió desde sus mismos inicios la industria y las empresas en Cataluña, la cual disfrutó en los años sesenta de una prosperidad sin precedentes, pese —o quizá gracias— a haber descendido mucho el proteccionismo tras la anulación del arancel Cambó. Muy lamentada por los nacionalistas, la inmigración contribuyó al enriquecimiento general y no afectó seriamente a la cultura tradicional catalana, pues paralelamente hubo un resurgimiento de esta, tolerado y a veces ayudado desde instancias oficiales.

Los inmigrantes constituyeron la principal base de los movimientos reivindicativos y, aunque no nacionalistas, defendieron reclamaciones catalanistas con más energía y riesgo que los propios nacionalistas, cuya presencia en la lucha contra la dictadura fue, insistamos, precaria. Así, a través de la acción comunista y clerical, empezó a rehacerse inopinadamente el nacionalismo. El PCE estimulaba los nacionalismos vasco, catalán y gallego para fracturar al enemigo principal, la oligarquía financiera y terrateniente, con tanto mayor entusiasmo a causa de la aversión al nacionalismo español de un régimen que le había derrotado una y otra vez. Durante esos años la oposición antifranquista unió la repulsa a Franco con la repulsa al patriotismo español, aunque se hablase de «otra España» de definición imprecisa y variable según el partido que emplease la expresión. No fueron, sobre todo en Cataluña, los nacionalistas, sino los comunistas —y de otra manera la Iglesia— quienes impulsaron y apoyaron el renacer del nacionalismo.

Renacimiento relativo. En los últimos años se ha creado una difundida impresión de que Franco tenía muy mal ambiente en Cataluña, pero eso solo ocurría en ámbitos minoritarios. El dictador visitó oficialmente quince veces la región, la última en 1970, cuando ya se hacía notar su declive físico. En todas ellas fue objeto de un recibimiento multitudinario y entusiasta, bien explícito en fotos y documentales194.

La década de los sesenta terminaba, en 1969, con la constitución de la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, impulsada, como casi siempre, por los comunistas. En ella entraban grupos nacionalistas, como la Esquerra, un Front Nacional, y la democristiana Unió Democrática de Catalunya, todos ellos grupúsculos pero interesantes para la táctica del PSUC.

Y también terminaba la década con un nuevo golpe al régimen por parte de Pablo VI, que en 1969 reconvino públicamente a los obispos españoles y al franquismo, tomando partido por el clero «progresista». La advertencia papal despertó auténtica indignación en los criticados, y un obispo llegó a acusar al Papa de apoyar al terrorismo, según relata el cardenal Tarancón, principal abanderado de los nuevos aires. El Papa «no veía con agrado la vinculación que la Iglesia española tenía con el régimen. Temía que cuando se produjese el cambio tuviese que pagar la Iglesia una factura muy cara». Y deseaba promover a los obispos más despegados u opuestos a Franco195. Ese mismo año asistía Tarancón a un simposio de obispos europeos en Suiza, y en él «me di cuenta de que el fenómeno contestatario que se había iniciado en España no era más que un eco —y muy débil, por cierto— de la corriente contestataria que de manera impetuosa irrumpía sobre Europa [...]». En Europa se defendía la tesis de que los sacerdotes debían comprometerse en el cambio de las estructuras políticas y sociales en nombre del Evangelio y aun por procedimientos violentos, porque eran injustas. Se hablaba ya abiertamente de la «teología de la violencia» y de la «teología de la revolución». Sin duda los democráticos líderes comunistas tenían bastantes razones para estar contentos de evolución semejante196.

En resumen, en los años sesenta surge en España un nuevo movimiento de izquierda y nacionalista con rasgos históricamente inéditos, principalmente la hegemonía comunista, mientras casi se esfumaban fuerzas otrora tan definitorias como los republicanos, anarquistas, socialistas o los viejos partidos nacionalistas. Al lado de este fenómeno, aparecería un terrorismo nacionalista también nuevo, en Vascongadas. A este último es preciso dedicar un capítulo aparte, por su trascendencia.

Pero el rasgo clave de la época fue sin duda el cambio en la Iglesia, su parcial pero muy nutrida incorporación al antifranquismo. Para el régimen constituyó un problema mucho más serio que la proliferación de grupos de oposición rara vez influyentes. Pues de un lado la defección eclesiástica fragilizaba uno de los pilares del sistema, y de otro alimentaba a todos sus enemigos. Dentro de la Iglesia podían distinguirse tres tendencias. Una, minoritaria y representada en especial por el obispo Guerra Campos, continuaba fiel al régimen; otra, posiblemente mayoritaria, trataba de preparar un relevo no traumático del franquismo sin romper del todo con él, línea representada por Tarancón; y la tercera se comprometía abiertamente con los extremismos de izquierda. La línea separadora entre las dos últimas tendencias no siempre quedaba clara. Quizá como balance final cabría señalar que la Iglesia desempeñó un papel muy relevante en la creación de un ambiente social propicio a las libertades y a un cambio político moderado, pero al mismo tiempo favoreció de modo no menos importante el despertar de movimientos totalitarios, secesionistas y hasta terroristas.

Capítulo 21
LA ETA Y SUS IDEALES

El protagonismo comunista en la oposición a Franco solo quedó parcialmente eclipsado, ya en los años setenta, por una organización nacionalista, la ETA, desgajada del PNV y resuelta a emplear el terrorismo como método fundamental de acción.

Arana nunca reprobó la violencia. Desde su reivindicación de las «glorias patrias» a la siembra de un odio despiadado al «hijo del romano», pasando por las incitaciones belicosas, todo su discurso entraña un llamamiento a las armas. Si no preconizó el recurso inmediato a ellas se debió, como él mismo explicaba, a la realista apreciación de que tal aventura tenía pocas trazas de concluir bien para los suyos. No obstante quedaría en el PNV una sorda inclinación por la violencia, aunque apenas llegara a cuajar, manifiesta en el pacto con los separatistas catalanes y gallegos en 1923 y en algunas iniciativas durante la República, así como en la tradición de formar juventudes con espíritu paramilitar, para cuando las condiciones permitieran pasar a los hechos.

La derrota, no especialmente gloriosa, en la Guerra Civil había convencido al PNV de la inutilidad de la acción armada, al menos por un largo tiempo. En la euforia del fin de la guerra mundial no habían faltado iniciativas guerreras, preparándose algunos grupos de acción por los servicios secretos useños, pero entre la desalentadora experiencia del maquis, la falta de eco en la población y el afianzamiento de Franco, los dirigentes renunciaron a esa vía, con algunas excepciones irrelevantes.

Se impuso entonces el pacifismo, prevaleciendo en los círculos sabinianos la orientación cristianodemócrata y europeísta. Mantenido el núcleo esencial de la doctrina sabiniana, el europeísmo aparecía como un modo indirecto de diluir, y en su momento eliminar, la nación y el Estado español, mientras que la combinación de democracia y cristianismo permitía denunciar al régimen de Franco acogiéndose a un tiempo a la vasta protección de la Iglesia y al prestigio de la democracia. Pero el fracaso de las maniobras políticas y diplomáticas de Aguirre a partir de 1946 había llevado al PNV a la pasividad. Muchos viejos dirigentes y militantes del PNV, como Luis, el hermano del fundador, vivían apaciblemente en España. Todo ello irritaba a algunos jóvenes, proclives a tomarse al pie de la letra las prédicas de Arana, transmitidas por tradición familiar o en círculos eclesiales.

Ya en 1952 una tertulia de estudiantes de los jesuitas de Deusto sacó la revista clandestina Ekin («Hacer»), para integrarse pocos años después en la asociación juvenil nacionalista EGI (Eusko Gaztedi Indarra). Al no lograr imponer en EGI sus puntos de vista se escindieron, arrastrando a algunos simpatizantes, y en 1959 fundaron un nuevo grupo, Euskadi ta Azkatasuna («Euskadi y Libertad», o «Euskadi y Soltura»197), la ETA, llamada a incidir en la historia española, a partir de los años setenta, casi tan profundamente como el terrorismo anarquista en la Restauración.

La ETA trajo innovaciones al nacionalismo vasco. Se proclamó revolucionaria y, calificando de reaccionario al PNV, propugnaba un partido socialista vasco, no marxista al principio. Rechazaba también la idea del sufragio «fogueral» o de los padres de familia, caro al PNV, y aceptaba el sufragio universal. Asimiló «Euskadi», como supuesta colonia, a las africanas, cuyos movimientos armados anticoloniales debían imitar los vascos: «Es evidente que el camino que hemos de seguir es similar al de los argelinos o angoleños». También contaba mucho en la nueva orientación el modelo castrista, impuesto en Cuba desde 1959 mediante la guerrilla. En su desarrollo, la ETA iba a tener relaciones muy estrechas con la revolución cubana y la argelina, a través de los respectivos servicios secretos. También defendía la federación de «Euskadi» en Europa, con ciertas reminiscencias anarquistas: no federaciones «de entes monstruosos como los Estados modernos. El federalismo ha de ser integral, que partiendo del individuo pase por el Municipio, Provincia, Estado o región, Federación europea (en nuestro caso) y que llegue si se quiere hasta la federación mundial». Y vaticinaba, a principios de los sesenta: «Los Estados actuales, España, Francia, Italia, etc., no tendrán sentido de seguir existiendo de aquí a veinte años»198.

En cierto sentido la ETA refundaba el nacionalismo. No obstante, el núcleo de su ideología seguía siendo la doctrina de Arana: los siglos de integración con las demás regiones en la unidad de España quedaban reducidos a un recuerdo oprobioso. Se trataba de «empaparnos de las ideas de nuestros antepasados y con ellas como base comenzar la reconstrucción». Obviamente, los antepasados eran Arana y sus seguidores, pues los vascos comunes, como sabemos, se habían considerado españoles durante siglos. En su exclusivismo iban incluso más allá que el resignado PNV, como pone de relieve su crítica: «De los dos miembros principales de la inoperante coalición del llamado Gobierno de Euskadi [en el exilio], nos gustaría tratar más de cerca al partido que se esconde tras la sigla PSOE. Para que ningún ingenuo se llame a error, le diremos que PSOE significa ni más ni menos que Partido Socialista Obrero ESPAÑOL, y no como alguien creyera Partido Socialista Obrero de Euskadi. El PSOE es pues el representante de los intereses de clase de los obreros españoles que, para su desgracia, nos trajeron a Euskadi tantos y tantos de los capitalistas bilbainoides [...]. Es el partido de una minoría extranjera importada en Euskadi para desnacionalizar a este pueblo esclavizado por España [...], realiza un colonialismo contra el pueblo que sufre la invasión»; un partido aspirante a imponer «una filosofía a lo PSOE a un pueblo que difiere del español más que el ruso de los paraguayos»199.

Difiriendo tanto, como ya había enseñado Sabino, no podía extrañar la crítica, extensible también a los comunistas: «El PC español y su apéndice vasco actúan ante todo no como internacionalistas, si no como españoles». Y así, «Porque queremos ser auténticamente vascos, porque creemos sinceramente que el Pueblo Vasco se salvará a la vez que el hombre vasco, no creemos al comunismo, por muchos Partido Comunista de Euskadi que haya. No basta decir Euskadi muchas veces, incluso en sus emisiones para los vascos nos radian ¡¡¡bilbainadas norteñas!!!» (aludía a las emisiones de la comunista «Radio España Independiente», que emitía desde el este de Europa con tan apropiado nombre)200.

Otro tópico extraído de Arana: España «saca de Euskadi todo el dinero (tomándonos como país conquistado) para desperdiciarlo y perderlo entre todos los esbirros de los diferentes ministerios [...] además de emplearlo en embellecer Madrid y diferentes regiones. Así vemos que solamente Vizcaya da a Madrid más de quince veces el dinero que recibe del poder centralista para poder atender a la enseñanza, la conservación de carreteras, puertos, etc.». Vascongadas, como el resto de España, prosperaba en los primeros años sesenta con más rapidez que nunca, y las inversiones del Estado allí superaban en mucho a las de otras regiones, debido a sus ventajas iniciales. No faltaban en la propaganda etarra, como en la del resto de la izquierda, las alusiones a los «sueldos de hambre», o «de miseria», cuando el hambre ya no existía y los sueldos mejoraban de año en año201.

Con el descrédito del racismo tras la derrota de Hitler, los nacionalistas procuraban eludir las declaraciones al respecto, pero la idea continuaba como un motivo no por oscurecido menos eficiente. La ETA también condenaba el racismo, pero este afloraba en expresiones como «los rusos y los paraguayos», o en sus alusiones a los inmigrantes, llamados despectivamente «coreanos» e «invasores», supuestamente cargados de odio hacia los vascos. El remedio propuesto tiene toques totalitarios: «El problema de la emigración-inmigración de Euskadi, lo mismo que los demás problemas vascos, no tiene solución sin libertad nacional [...]. El problema es, estrictamente, un problema de Planificación Demográfica [...] de regulación racional de los movimientos de la mano de obra: vasca en primer lugar, como es natural, y extranjera después». No obstante, las pretensiones socialistas en su doctrina causarían divergencias. Después de todo, los inmigrantes protagonizaban las principales huelgas, vistas por los etarras como un poderoso ariete contra el franquismo, el enemigo principal por el momento. Algunos hablaban de asimilarlos en lugar de expulsarlos, y había quien osaba ver en la inmigración no una maniobra política de Madrid, sino una tendencia general en Europa: «También Milán está llena de ‘coreanos’ italianos y París de ‘coreanos’ franceses, de ‘coreanos’ españoles y de ‘coreanos’ vascos»; y proponía vagamente tratar a los inmigrantes como «víctimas del desastre franquista»202.

Abundaban las buenas intenciones: «No creemos conveniente fomentar un nacionalismo exagerado y absorvente (sic), al estilo de los regímenes totalitarios. Tales formas tienen más de fanatismo ciego que de verdadero patriotismo». De la sinceridad de esas frases pueden dar idea otras: «Con ocasión del verano, toda Euskadi se engalana para recibir a los turistas; en algunas zonas no se engalana, sino que se vuelca materialmente para entretenerles y divertirles [...]. En vez de recibir a pedradas o a tiros a los extranjeros que frivolizan ante un pueblo que agoniza, en vez de machacar a golpes a los turistas españoles y franceses [...]. ¡Qué triste espectáculo el que da Euskadi en verano! Por doquier folklore vasco. Un folklore externo y prefabricado, sin nervio, sin vibración vasca, que se generaliza como la peste y pretende arrogarse incluso títulos de actividad vasquista. ¡Qué horror! [...] ¡¡¡Mientras tanto el país desaparece y se consuma con alegría incomprensible nuestro propio genocidio!!! He ahí a nuestro pueblo: mientras se le asesina, sonríe y agasaja [...]. Se nos dirá que el folklore es un elemento que da conciencia nacional. Conforme [...] [pero] la hora del folklore ha pasado. ¡Abajo el folklore! ¡Viva la Resistencia Nacional Vasca!»203.

¿Agonizaba la cultura vasca? Como la misma protesta indica, ocurría lo contrario. Aparte de la cultura vasca en castellano y del folklore, aumentaba la edición de libros en vascuence, la Academia Vasca, reorganizada desde 1950, se aplicaba a unificar y normalizar el idioma, surgían nuevas y variadas actividades culturales en el idioma regional... aunque con insuficiente impronta nacionalista para el gusto de los enojados etarras. Y la gente común, lejos de sentirse «esclavizada», «asesinada» o sometida a «genocidio», manifestaba, al parecer, una alegría desazonadora.

Los reprimidos fervores raciales se transfirieron con reduplicada fuerza al idioma, elemento definidor y separador, como recoge el discurso exasperado de un jefe etarra ante miembros del PNV: «ACABO DE DEJAR DE HABLAR EN LA ÚNICA LENGUA VASCA que existe y, por lo que sea, empiezo a hablar [...] en ESPAÑOL, en el idioma de España, en el mismo en que se expresan Eymar204 y Franco [...]. Siento vergüenza y asco. Es insoportablemente doloroso, para los patriotas verdaderos, este abandono de nuestra maravillosa lengua nacional y su sustitución, hasta alegre diría, por la lengua del opresor de siempre». El castellano, lengua de la gran mayoría de los vascos y hablado desde tiempo inmemorial en la región, idioma de sus fueros y de la mayor parte de su literatura, resultaba no ser un idioma vasco. Peor incluso: «El español y el francés [...] son las lenguas al servicio del genocidio [...]. Rechacémoslas visceralmente, ¡vomitémoslas!»; «El pseudopatriota euskaldún que no enseñara euskara a sus hijos es un monstruo [...] mezcla de imbecilidad y de histeria norteña», aunque un observador imparcial podría encontrar la histeria más bien en tales frases; «El patriota vasco que no habla euskara [...] es un tipo de idiota que debe desaparecer»; «Un vasco para el cual el problema del euskara no es DECISIVO es un traidor». Claro que casi todos los etarras tenían el español común por idioma materno, hablaban el vascuence con torpeza, o no lo hablaban en absoluto, pese a sus esfuerzos por dominarlo; y la población vascohablante mostraba poco interés en sus prédicas205.

Todo esto era el más crudo lenguaje de Sabino Arana, y también el catolicismo de los activistas en la primera época. Catolicismo, sin embargo, «progresista» veteado de marxismo. Lo exhiben artículos como este publicado en Zutik en 1961: «Los Obispos de Cuba ya han clamado contra las torturas y contra la falta de libertad [...] y pronto la palabra del propio Papa ha venido a apoyarles, exhortando a los católicos cubanos en esta hora difícil. Si el que esto suscribe, y como él otros muchos vascos, no hubiera perdido ya totalmente la Fe, la reacción no sería ya, como es todavía, la indignación, sino simplemente la reafirmación. Diríamos: la Iglesia es una organización reaccionaria, llena de fascistas. [...]. Pero el que suscribe, a pesar de recibir jarros de agua fría todos los días, aún no ha perdido la facultad de la indignación y de sorpresa. [...]. Porque los que ahora protestan de las torturas y de la falta de libertad, no dijeron nada contra Batista y contra Trujillo [...]. Y porque la Iglesia protesta en Cuba contra la tortura, y en España condena por sus evidentes falsedades a los sacerdotes que la proclaman en escrito estrictamente cierto [...]. Condenar la tortura castrista y aprobar la franquista es una vergüenza. Porque Castro es infinitamente menos anticristiano que Franco, verdadero anti-Cristo. [...] Tanta falsedad, tanta injusticia, tanto fascismo, tanta porquería es ya injustificable. ¿A quién puede convencer la Iglesia predicando en las Encíclicas los Derechos del Hombre, si luego, indefectiblemente, apoya a los mayores opresores de la Humanidad? [...] Castro devuelve las tierras a los agricultores, expulsa a los supercapitalistas, inicia la revolución social... en ese preciso momento se inician los malos momentos. No en los siglos de colonización española, cuando los periódicos anunciaban aun a fines del siglo XIX ‘la venta de una negra robusta, con cría’, ni en la época del analfabetismo general y la explotación económica total, hasta la llegada de Castro. Claro que en Cuba nunca ha habido respeto a la persona humana, nunca más que con Castro (a pesar de las deficiencias que conocemos)»206.

El clarificador escrito refleja la fuerte inclinación de los cristianos «progresistas» de la época por el comunismo, y a despreocuparse de los fusilamientos, torturas y abolición de los derechos humanos en los regímenes marxistas, puesto que erradicaban los horrores del capitalismo.

Luego resalta el falseamiento de la realidad. En Cuba persistió el esclavismo más tiempo que en otros lugares, pero en ello tuvieron mucho peso los intereses catalanes y vascos como parte de los españoles. Y el nivel de vida cubano era, en la colonia y antes de Castro, uno de los más altos de Iberoamérica; y bajo el índice de analfabetismo. Castro dio unas engañosas propiedades al sector más pobre de la población y enseñó a leer —como medio de adoctrinamiento e imponiendo una censura estricta— a los analfabetos restantes, en torno al 15 por ciento. Las principales víctimas del expolio y expulsión de los «supercapitalistas» fueron miles de españoles dueños de pequeños y medianos negocios. Llegaría a huir del castrismo más del 20 por ciento de la población, proporción rara vez alcanzada en la historia de los totalitarismos del siglo, pero que nunca ha impresionado a los admiradores occidentales de Fidel Castro207.

No menos interés tiene la comparación con España. Así como las condiciones de vida mejoraban rápidamente en este país, el bienestar material de los cubanos empeoró con la misma rapidez bajo el castrismo. Y pintar como no anticristiano a Castro, líder de un sistema totalitario y agresivamente ateo, y como el «anti Cristo» a Franco, que, sin el más mínimo asomo de duda, salvó a la Iglesia de un sanguinario exterminio perpetrado por las fuerzas con quienes los nacionalistas vascos se habían aliado y a quienes, por interés secesionista, habían apoyado ya antes de empezar la guerra, solo puede calificarse de asombroso.

La indignación que rezuman las palabras del ideólogo de Zutik provoca perplejidad. ¿Hasta qué punto hablaba con sinceridad? A primera vista, y aun admitiendo su desinformación o ignorancia, parece inspirado por nobles e ingenuas aspiraciones, pero no puede haber ingenuidad. No había posibilidad material de ignorar el carácter de los regímenes marxistas, o la mejora de las condiciones de vida en España o la muy favorable situación del país comparada con la de dichos regímenes, porque los datos disponibles para cualquier persona medianamente informada o deseosa de informarse eran abundantísimos. Se trataba, forzosamente, de falseamientos deliberados. La falsedad encontraba justificación como instrumento de movilización en pro de un sistema sublime de justicia social y liberación del ser humano vasco, y contra un enemigo absolutamente denigrado. Se mentía, pues, por la buena causa, por la movilización de los vascos. Quienes así escribían podían llegar a sugestionarse y creer sus propias patrañas, pero solo a costa de rechazar gran parte de la realidad. La indignación funcionaba a un tiempo como justificación y como pose, en un proceso psicológico bastante simple208.

Cabe observar asimismo que la rápida evolución de aquellos cristianos hacia el comunismo no les impediría nunca utilizar al clero. Pocos sacerdotes simpatizaban aún con el nacionalismo revolucionario, pero su número crecía y, como señalaba Zutik por aquellas fechas, existía ya «una minoría de excelentes sacerdotes y ciudadanos vascos que hacen lo indecible para la aplicación de estos principios. Para ellos, pocos pero llenos de coraje y buena voluntad, nuestra admiración y nuestro ánimo para que continúen contra todos y contra todo por el camino trazado»209. Con el tiempo, la cosecha etarra en medios clericales llegaría a ser espléndida.

Fue en 1962, con motivo y por influjo de las grandes huelgas, cuando la atracción hacia el marxismo cobró vigor superando prevenciones, flojas desde el principio: «No que el marxismo sea imperialista o genocida: nada más erróneo que esto», aseguraban con énfasis los etarras. Lo malo del marxismo era su carácter «a-nacional, al margen de las naciones étnicas». Pronto aprenderían a nacionalizarlo210.

También en 1962 salió a la luz un libro orientador en buena medida de la ideología etarra: Vasconia, de Federico Krutwig, llamado con cierta exageración «la Biblia de ETA». Krutwig, hispanovasco de padre alemán adinerado, se hizo nacionalista radical. Queriendo renovar la ideología, se presentaba como apóstol de la lucha armada en el esquema marxista-leninista o maoísta. En su libro rompía de palabra con el racismo de Arana, cambiando la idea de raza por la de etnia, más científica en su opinión y caracterizada por el idioma y diversos rasgos sociales. Sin embargo su concepción de la etnia resulta tan absorbente, exclusivista y violenta que remite claramente al nazismo: «Mi espanto fue tremendo cuando me enteré que Leizaola [el lendakari del gobierno «vasco» en el exilio] era colaborador gratuito del enemigo. Siendo la máxima representación de las esencias de los vascos, permite que sus hijos hablen la lengua del enemigo. En la Europa central hubiera sido fusilado de rodillas y por la espalda». «El progreso habla en vascuence, la reacción en castellano», diría en otra ocasión. A su entender, los nacionalistas se habían hispanizado mucho en el exilio211.

Su etnicismo le opuso al catolicismo, tanto por compartirlo los españoles y franceses, como por sus valores, en los cuales veía una rémora para una «guerra de liberación» obligadamente cruel e inmisericorde. «No hay duda de que la Iglesia de Roma ha sido el arma empleada para esclavizar el espíritu vasco, el arma de opresión más odiosa. Al pueblo vasco se le impuso una clase explotadora que lo expoliaba en nombre de Cristo y en favor del catolicismo de España o Francia». Tocante a la Iglesia, el buen Krutwig no se andaba por las ramas: «Esta institución [la Iglesia] debe ser incluida en las asociaciones delictivas que la Humanidad debiera tachar y suprimir con el oprobio que merecen»; «No habrá nunca suficientes pinos y farolas para poder limpiar adecuadamente tanto asesinato cometido en nombre de Cristo y de España», etc. Para resguardar la «etnia» y distinguirse más a fondo de sus vecinos, los vascos debían cultivar el neopaganismo e incluso doctrinas esotéricas, ideas reminiscentes de las SS hitlerianas212. Aspiraba también a una especie de Gran Euskadi extendida desde el Ebro hasta el Garona, ocupando parte de Santander, Logroño y Aragón, además de Navarra y una amplia región de Francia213.

En función de sus objetivos Krutwig proponía un plan de guerra embrollado y poco práctico, pero de despiadada brutalidad. Preveía «la eliminación de empleados públicos [...] la intimidación y el terrorismo contra los que cumplen con las medidas prescritas por el Estado y la administración», como jueces y empleados de los juzgados, «voladura de cuarteles, especialmente cuando estén llenos de tropas»; «No se deberá dejar nunca lugar a dudas de que todo policía o militar enemigo es un objetivo de nuestra actividad guerrera. Los policías que hasta hoy han torturado a los detenidos vascos deberán ser pasados por las armas o degollados. En estos casos es recomendable, siempre que se pueda, emplear el degüello de estos entes infrahumanos. No se debe tener para ellos otro sentimiento que el que se posee frente a las plagas que hay que exterminar. Cuando ello no represente ningún peligro para el guerrillero, estos torturadores deberán ser eliminados por medio de la tortura. Si las fuerzas de ocupación siguieren con sus medidas de tortura no se deberá nunca dudar en el empleo del retalión, exterminar a los familiares de los torturadores y a los agentes de la autoridad civil y militar». Para apreciar debidamente estas frases cabe señalar que la ETA tenía aún muy muy poca gente en la cárcel; que, como ocurriría casi siempre, casi todos los detenidos lo eran sin resistencia a la policía, pese a las terribles torturas que sus propagandas afirmaban; que ninguno murió; y que un motivo de ansiedad persistente en los jefes de la organización sería la facilidad con que «cantaban» en comisaría muchos terroristas detenidos. En cualquier caso, observa Krutwig, «En la Historia todo progreso no pudo jamás llevarse a cabo si no fue a pesar de la moral o contra la moral existente»214.

La prédica del fanatismo tampoco entendía de matices, como explicaba el ideólogo en otro escrito, La insurrección en Euskadi: «Para el gudari-militante comprometido en cuerpo y alma en la guerra revolucionaria, engañar, obligar y matar no son actos únicamente deplorables, sino necesarios»; «Para nosotros [...] nuestra verdad es la verdad absoluta, es decir, verdad exclusiva que no permite ni la duda ni la oposición, y que justifica la eliminación de los enemigos virtuales o reales»215.

Para hacer justicia a Krutwig, considerado «un sabio vasco» en medios nacionalistas, debe advertirse que él nunca corrió el riesgo de ser torturado, pues se exilió oportunamente: perteneció a la nutrida raza de los intelectuales incondicionales de la violencia, pero propensos a dejar su práctica a otros.

El influjo de Krutwig y sus seguidores en la ETA, y la marxistización progresiva de la organización, harían ir pasando a segundo plano, y a veces a la exclusión, a los fundadores más persistentes en su catolicismo, como Álvarez Emparantza, llamado Txillardegui, también partidario de la seguridad del exilio.

Capítulo 22
UN TERRORISMO BENDECIDO

El recurso a la violencia en la ETA tenía otra profunda razón de ser. La pasividad y resignación reprochadas al PNV no nacían, claro está, de la voluntad del partido, sino del deplorable desinterés popular por las prédicas nacionalistas. Las quejas etarras revelan una población que se sentía razonablemente cómoda, disfrutaba de un nivel de vida en constante mejora, y un régimen que toleraba, con reticencias a veces, estimulándolo otras, el reimpulso de la cultura en vascuence. Buena parte de los vascos simpatizaba con el franquismo, y Franco era acogido calurosamente cuando iba a veranear a San Sebastián; otra parte, probablemente mayor, sentía indiferencia; y el sector hostil lo era de forma tibia y sin consecuencias. La Guerra Civil había durado allí poco, pero permanecía en el recuerdo, aunque este se difuminaba entre los jóvenes. En tales condiciones, la violencia podía convertirse en un revulsivo, en una forma eficaz de propaganda.

Nada más ilustrativo que el debate en la ETA, en los primeros años sesenta, en torno a la acción armada. Alguna propuesta de pacifismo al estilo Gandhi quedó enseguida olvidada ante las contundentes razones de Julen Madariaga, ideólogo y uno de los máximos dirigentes de la organización por entonces: «Cuando una masa de quinientos vascos sea capaz de manifestarse pública y silenciosamente por las calles [...] callaré. Y me uniré a ellos arrostrando juntos todas las consecuencias. Pero mientras solo sean un puñado de patriotas los que tengan que hacer todo lo que se hace, el peso entero de la salvaje represión cae, y seguirá cayendo sobre cada uno de ellos individualmente [...]. ¿Es que el pueblo vasco está dispuesto en bloque, o al menos una gran parte de él, a lanzarse a la lucha por su libertad? [...]. ¿No están siendo nuestros hermanos de Soria, Carabanchel y Martutene [se refiere a prisiones] víctimas de un horrible pecado colectivo de su propio pueblo? [...] Y quede bien claro: no somos nosotros quienes estamos provocando la violencia»216.

Vuelve a sonar aquí la voz de Arana increpando a los vascos, mayoritariamente reacios a seguirle. Si ni siquiera quinientos de ellos seguían por las buenas a los etarras, no quedaba otro remedio que tomar medidas drásticas, también contra los autores del tremendo pecado colectivo: «Hace falta que el pueblo vasco se rinda a la evidencia de una vez por todas de que Euskadi, es decir, nosotros, nos hallamos en estado de guerra con el ocupante extranjero»217. Y a esa guerra con el supuesto ocupante pensaban arrastrar velis nolis a los demás. Obviamente eran los etarras quienes provocaban la violencia con objetivos muy definidos, cuando el grueso de la oposición antifranquista, desalentado por los fracasos, había renunciado hasta cierto punto a ella.

La «guerra» seguiría pronto el esquema «acción-represión-más acción», típica en los terrorismos. Receta sencilla y eficaz, si la organización no resultaba muy tocada: «Una minoría organizada asesta golpes materiales y psicológicos a la organización del Estado, haciendo que este se vea obligado a responder y reprimir violentamente la agresión. [...]. La minoría organizada consigue eludir la represión y hacer que esta caiga sobre las masas populares. Finalmente [...] dicha minoría consigue que en lugar de pánico surja la rebeldía en la población...»218. La táctica de la provocación sistemática, en suma. La violencia, sobre todo si la acompañaba el derramamiento de sangre, tenía además la ventaja de la espectacularidad, se convertía automáticamente en noticia: constituía en sí misma una inmejorable propaganda, productora de nuevas propagandas en forma de explicaciones, comunicados, reportajes, etc.

La ETA previó lúcidamente que su esquema de acción-represión podía ganarle numerosos aliados de hecho entre «la burguesía» (a la que, por lo demás, pertenecían casi todos los etarras): «Como tapadera de sus verdaderos intereses económicos, este sector capitalista permitirá e incluso alentará la protesta de los grupos liberales y de los opositores al régimen, que se rasgarán las vestiduras por el genocidio a que se está sometiendo al País Vasco. Unos por razones humanitarias y otros porque esto les sirve de palanca para atacar al Gobierno». Iban a abundar, en efecto, los que creyeran poder utilizar los atentados de la ETA en su propio beneficio219.

Al mismo tiempo, y dentro de los esquemas marxistas-leninistas, los ideólogos retaban a la realidad con formulaciones como esta: «Desde 1939, la situación ha cambiado, pero no en sentido de invalidar sino de reforzar y añadir nuevos argumentos a lo expuesto hasta aquí. La opresión que sufren los pueblos ibéricos ha subido de grado con el paso del sistema a la fase monopolista. Al no tener que mediatizar su actividad al control de nadie que no sea la oligarquía monopolista, el Estado español dispone de los métodos más feroces para la represión de las clases populares»220. Con certeza la ETA habría sido aplastada rápidamente en una situación como la de los años cuarenta, como lo había sido el mucho más peligroso maquis. Si en los años sesenta podía mantenerse, se debía precisamente a que aprovechaba el muy sustancial descenso del nivel de la represión y la creciente libertad política.

El terrorismo consiste básicamente en propaganda por la sangre. Por lo común aparece como la primera fase de una lucha más amplia, que debe terminar arrastrando a las masas a la revolución, a la insurrección o a una guerra real más o menos prolongada. Pero la ETA nunca iba a lograr el paso a una fase superior, por lo que su terrorismo acabaría siendo teorizado como una vía de acción permanente, destinada no tanto a convencer y llevar a la lucha a la población como a desgastar a los gobiernos, año tras año, hasta obligarlos a claudicar ante las exigencias de la minoría armada que, en nombre de «Euskadi», les había declarado la guerra.

En 1965 la ETA celebró su IV asamblea, comenzada en la casa de ejercicios espirituales de los jesuitas de Azpeitia los cuales sabían, desde luego, a quiénes cobijaban. La reunión consagró los objetivos simultáneos de secesión y socialismo en un sentido cada vez más abiertamente marxista e incluso marxista-leninista, y la táctica de la acción-represión-acción como forma de desatar una espiral de lucha. Un paso importante fue la decisión de recurrir al atraco para allegar fondos. Siendo escasas las aportaciones populares, «el capitalismo financiero, gran monopolista, hacedor de intrigas y de guerras (recuérdese todavía 1936) mantenedor de la odiosa opresión a que nos vemos sometidos, debe suministrarnos los medios necesarios»221. Pero, como relataría uno de los dirigentes de la época, Echave, en la revista Interviú, la plana mayor del grupo se mostraba incapaz de asaltar a un inofensivo y desarmado pagador de banco222. Superada la prueba, los atracos se volvieron el método normal de financiación.

Y por entonces el clero nacional-progresista montó una red de «escuelas sociales», donde, mediante conferencias, charlas, seminarios, etc., difundía ideas «avanzadas» y de un nacionalismo radical. Su carácter legal o no ilegal, y el prestigio del clero, atrajeron a numerosos jóvenes a aquellos centros, llamados por algunos «universidades populares», las cuales tomaron enseguida carácter de adoctrinamiento político. Para la ETA supusieron un largo salto en su capacidad organizativa e influencia, pues fue ella quien más ampliamente y mejor supo explotar tales escuelas para formar grupos de simpatizantes y militantes por buena parte de la región223.

Pero entretanto se abrieron las disidencias en la organización: el viejo nacionalismo de fondo sabiniano y el revolucionarismo marxista no se ensamblaban con comodidad, ni el terrorismo con la acción de masas entre el proletariado. Un sector privilegiaba el nacionalismo (sin olvidar el socialismo), y otro el socialismo (sin olvidar el nacionalismo). El primero optaba por el terrorismo como eje de su actividad (sin excluir otras movilizaciones), y el segundo por la movilización sindical y «popular» (sin excluir la violencia). Las rivalidades cobraron un tono cada vez más acre, hasta derivar en una lucha furiosa por el poder interno. Los partidarios del terrorismo y de la secesión a toda costa acusaban de «españolistas» a los impulsores de un «patriotismo obrero frente al nacionalismo burgués» en ruptura completa con el PNV. Los «patriotas obreros» estaban impresionados por el éxito movilizador de las Comisiones Obreras en Vascongadas, como en Madrid, Barcelona, etc.

La pugna entre las dos líneas, la nacionalista-socialista y la socialista-nacionalista, se saldó con la victoria de la primera en la V Asamblea, realizada entre diciembre de 1966 y marzo de 1967, tras una serie de maniobras y expulsiones previas que impidieron a sus rivales defenderse o exponer sus puntos de vista. Fue la primera de una serie de escisiones en la organización, todas españolistas sui géneris. El sector obrerista expulsado pasaría a llamarse ETA-berri (nueva) y el vencedor ETA-zarra (vieja), hasta que la primera cambió su nombre por el de Movimiento Comunista de España (MCE), recuperando los otros las siglas ETA, sin adiciones.

Los vencedores se organizaron en cuatro frentes: militar, político, económico (sindical) y cultural, imitando un esquema del comunismo vietnamita. Su doctrina, vehementemente antiespañola y terrorista, pero también inspirada en un peculiar marxismo-leninismo, tenía la marca de Krutwig. Ello determinó la dimisión de Txillardegi y algunos otros históricos católicos, que admitían el marxismo «como una luz para todos los que creemos en el socialismo», pero no «como verdad absoluta»224. La V Asamblea comenzó en la casa parroquial de Gaztelu, en Guipúzcoa, y terminó en la casa de ejercicios espirituales de los jesuitas de Guetaria. Y algo tenían de ejercicios espirituales aquellas reuniones.

Pese a su temprana decisión de recurrir a las armas, la ETA tardó diez años en matar a alguien. Con alguna salvedad. Según parece hubo ya en 1959 el proyecto o intento, algo legendario y en todo caso frustrado, de provocar el descarrilamiento de un tren que llevaba a Bilbao a ex combatientes del ejército de Franco para un acto conmemorativo, lo que habría ocasionado probablemente una carnicería. Y en 1960 la organización mató a un bebé de 22 meses, la niña Begoña Urroz Ibarrola, abrasada por la explosión de un artefacto colocado en la estación de Amara, en San Sebastián. Este asesinato, por razones obvias, no fue reivindicado225.

Durante los años siguientes, los etarras dedicaron sus esfuerzos a una serie de pequeños atentados contra lápidas y símbolos «fascistas», o contra negocios de personas «españolistas», acompañados de una profusa y virulenta propaganda por medio de octavillas y publicaciones. También intervenían en las actividades culturales para radicalizarlas políticamente, o en las fiestas populares para darles un cariz nacionalista mediante la exhibición de banderas o gritos, tratando de provocar la intervención de la Guardia Civil contra el «pueblo». En una de estas, en 1966, llegó a haber un incidente con dos heridos. Mucha gente los consideraba unos alborotadores chillones e irrisorios, y pocos temían efectos demasiado graves de sus actos, pero sus actividades creaban ambiente y les atraían la admiración de bastantes jóvenes, que veían en ellos mozos aventureros, capaces de arriesgarse por una causa cuyos ecos, aunque muy apagados, seguían vivos. Su ideología apenas era conocida, fuera de su exaltación «patriótica». Así iba creciendo en torno a la organización un halo de prestigio, más pintoresco o folclórico que heroico, alejado de un auténtico respaldo popular. No era poco, si bien nada parecido a lo deseado y esperado por los ideólogos.

Todo cambió el 7 de junio de 1968, con la muerte de un guardia civil, cerca de Tolosa. Los hechos solo serían relatados con veracidad treinta años después, por uno de los participantes, Iñaki Sarasqueta. Este iba en un coche con el autor de los disparos, Javier Echevarrieta, Txabi, cuando el guardia civil José Antonio Pardines, gallego, les hizo parar: «Supongo que se dio cuenta de que la matrícula era falsa [...]. Nos pidió la documentación y dio la vuelta al coche para comprobar si coincidía con los números del motor. Txabi me dijo: ‘Si lo descubre, le mato’. ‘No hace falta —contesté yo—, lo desarmamos y nos vamos’. ‘No, si lo descubre, le mato’. Salimos del coche. El guardia civil nos daba la espalda, de cuclillas mirando el motor por la parte de detrás. Sin volverse empezó a hablar. ‘Esto no coincide...’. Txabi sacó la pistola y le disparó en aquel momento. Cayó boca arriba. Txabi volvió a dispararle tres o cuatro tiros más, en el pecho. Había tomado centraminas y quizá eso influyó [...]. Era un guardia civil anónimo, un pobre chaval. No había necesidad de que aquel hombre muriera»226.

El autor de los disparos y su acompañante se refugiaron en casa de un cura. Pero Echevarrieta, en quien la euforia provocada por las centraminas había cedido al pánico, insistió en marcharse. «Salimos de la casa y nos detuvo una pareja de la Guardia Civil. Los dos llevábamos una pistola en la cintura. Primero me cachearon a mí y no la notaron. Recuerdo que Txabi lanzó un rugido. Y después una escena típica del Oeste, de las de a ver quién tira primero... El guardia civil disparó antes que yo y salí corriendo... No supe en ese momento que Txabi había muerto...». Sarasqueta cayó detenido poco después y, condenado a muerte, la sentencia le fue conmutada227.

La ETA, el PNV, el clero nacionalista y la oposición antifranquista transformaron este doble episodio de muerte en un relato, entre heroico y martirial, de lucha por la libertad y venganza represiva. La versión difundida afirmaba que Echevarrieta había sido «cazado a tiros: sacado del coche, esposado, puesto contra la pared y asesinado de un tiro en el corazón»228. Los curas nacionalistas, incluso tibios, celebraron por él muchas decenas de misas con las correspondientes homilías; en su honor se compusieron poemas y canciones, una de las cuales adaptaba otra compuesta por los comunistas para Julián Grimáu, y que empezaba: «He conocido el crimen una mañana/ color tiene mi pena de sangre humana/ solo nubes y plomo/ lo contemplaron/ Txabi Echevarrieta, te asesinaron, te asesinaron». El nombre del grupo terrorista empezó a sonar con fuerza dentro y fuera de España, levantando solidaridades. No solo la ETA, también el nacionalismo y el antifranquismo en general se identificaron con el mártir.

El asesinato del guardia civil, gratuito, sórdido y sin asomo de épica, realizado por un estudiante semidrogado, tuvo verdadero carácter inaugural. Hasta entonces la ETA era un grupo sin demasiada importancia, molesto para el gobierno, aunque mucho menos que el PCE, que organizaba frecuentes huelgas en Vascongadas. En adelante se convertiría, junto con los comunistas —y siendo ella misma en buena medida comunista— en el enemigo principal del régimen. Y más allá de las lucubraciones teóricas de los años anteriores inauguraba también, como observa Juaristi, el método de «lucha» favorito de la ETA: el disparo por la espalda a la víctima indefensa.

La dirección etarra decidió tomar venganza por la muerte de Echevarrieta, y dos meses después, el 2 de agosto, mataba a tiros en Irún al comisario Melitón Manzanas, de la Brigada político-social. Este atentado ilumina muchos aspectos de la realidad de entonces, y es también Sarasqueta quien explica algunos de ellos. Ya antes del asesinato de Pardines estaba siendo vigilado Manzanas, pero no por etarras, sino por un dirigente medio del PNV: «La primera información sobre sus movimientos me la dio Jon Oñatibia, miembro del PNV y antiguo delegado del gobierno vasco en Nueva York. Fue una decisión personal, no digo que el PNV tuviera nada que ver. Supimos qué autobús cogía, a qué hora, incluso dónde solía sentarse... Yo se la pasé a Txabi. En aquella época media Guipúzcoa estaba aterrorizada por este hombre, con una terrible fama de torturador. Siempre he pensado que se valía más de esa fama que de la propia tortura. El caso es que fui yo quien levantó el pájaro»229.

Las palabras de Sarasqueta sobre el supuesto torturador son bien expresivas. La oposición antifranquista, que describía comúnmente a los policías como torturadores, era a veces víctima de su propia propaganda, al crear un ambiente de miedo que, como da a entender Sarasqueta, facilitaba los interrogatorios —sin que ello niegue la existencia de torturas en algunos casos—. El órgano del PCE Mundo Obrero dio una justificación al atentado definiendo a Manzanas como «torturador de comunistas, católicos, socialistas y otros demócratas». Obsérvese la inclusión de los católicos como demócratas, al lado de los comunistas.

Más interés tuvo la reacción del PNV, que, después de haber acusado a Manzanas de atrocidades, desaprobó su asesinato e hizo correr el rumor de que el mismo obedecía a un asunto de faldas. Interpretación llamativa cuando un peneuvista destacado —su nombre tardaría muchos años en salir a la luz— había estado, por lo menos, en el origen e inducción del atentado. Oñatibia, activista del servicio de información y propaganda de PNV en Usa, relacionado con la CIA, había vuelto a España en los años sesenta para centrarse en la promoción de actividades culturales de matiz nacionalista, como cursos de verano para estudiantes useños. Lo hasta hoy sabido impide asegurar nada, pero la actitud del PNV tiene todos los rasgos de la intoxicación230.

Y, por supuesto, la leve condena al crimen se volvía incondicional al régimen. En un comunicado oficial tras la muerte de Manzanas, el exiliado «gobierno vasco», con asistencia de socialistas y republicanos, rechazaba «con la mayor vehemencia los abusos de poder del gobierno franquista, que se instauró y funciona violentamente, pues esta violencia ha dado lugar a la otra». El PNV añadía: «El genocidio sañudo y persistente, la negación y atropello sistemáticos de los derechos de la persona humana, y la práctica repetida e inhumana de la tortura que el régimen franquista viene practicando ininterrumpidamente durante los largos años de su dominación sobre el Pueblo vasco, han creado en Euzkadi un clima de extrema tensión y violencia». En octubre hablaba de «más de ciento cincuenta presos y cincuenta confinados» como resultado del estado de excepción, lo que no parece una cifra exagerada para el masivo «terror de Estado»; y organizaba colectas pidiendo a todos los vascos identificarse con los perseguidos231.

Cabría preguntar cómo, si la violencia de la ETA nacía de la represión del régimen, no había habido mucha más violencia cuando la represión había sido mucho mayor. El PNV, al tiempo que suministraba a los terroristas todo género de justificaciones, y les facilitaba un inapreciable aliento propagandístico, personal y económico mediante colectas, exhibía su distanciamiento de ellos, porque, afirmaba, el partido tenía carácter democristiano y exigía «el respeto integral a la vida y a la dignidad del hombre, base esencial de toda convivencia civil y razón de nuestra propia lucha frente al sistema de opresión imperante hoy en el Estado español». Un etarra algo cínico podría haberse extrañado de que a tan altas razones correspondiese una lucha tan tibia232.

Ocurrían también estos hechos en un año, especialmente un verano, marcado en Europa por la revolución del 68 en Francia, la proliferación de huelgas obreras y estudiantiles, violentas con frecuencia, en Alemania, Italia y otros países, el recrudecimiento de la guerra de Vietnam, las marchas de apoyo al Vietcong, la mitificación del Che Guevara y la lucha guerrillera, el aplastamiento de la «Primavera de Praga» por los tanques soviéticos, la matanza de cientos de estudiantes perpetrada por el gobierno del PRI en la plaza de Tlatelolco, en Méjico, etc. Vistos en la perspectiva del terrorismo posterior, en España y muchos otros países, aquellos atentados etarras parecen poca cosa, pero en el plácido ambiente español del momento cayeron como una pesada piedra en un estanque. Tres muertos en solo dos meses, y la agitación no ya de la oposición, sino de fuerzas mucho más poderosas en el exterior, constituían el ataque más grave, directo y sangriento al franquismo desde la época del maquis.

El gobierno respondió decretando el estado de excepción en Guipúzcoa por tres meses. Menudearon las redadas y detenciones, muchas veces por simples sospechas. La oposición, empezando por el PNV en el exterior, clamó con redoblada energía contra el «terror de estado», acusándole de las acciones de ETA, cuando había sido exactamente al revés. Se desataba la espiral diabólica de la acción-represión-acción, y la simpatía y colaboración en ella de muy variados elementos, incluso de la derecha. El nombre ETA se envolvía en Europa y América de un halo de heroísmo o al menos de justificación: un grupo patriota y democrático en lucha por la liberación de un pueblo oprimido o una colonia, contra una dictadura fascista.

Quizá nunca logró tales ganancias con tan poca inversión un grupo terrorista. Desde el punto de vista de sus planes había logrado una victoria inimaginable, un «salto cualitativo» que marcaba un antes y un después.

Por supuesto, en otro orden de cosas el éxito le salió muy caro, de momento, pues en 1969 la policía desmanteló prácticamente la organización y detuvo a la mayoría de sus dirigentes, entre ellos, con toda probabilidad, a los autores materiales del asesinato de Manzanas. Ello provocó una desorganización momentánea y un duro enfrentamiento interno, que reproducía el anterior a la V Asamblea entre los nacionalistas socialistas y los socialistas nacionalistas, partidarios los primeros de continuar de lleno con la acción terrorista que, en definitiva, tan buenos frutos les estaba rindiendo, y los segundos de una acción de masas para convertirse en una especie de partido comunista vasco, formando un amplio frente con los demás partidos de izquierda. Entre insultos, amenazas y maniobras, los segundos consiguieron esta vez imponerse y expulsar en 1970, en la VI Asamblea, a los más partidarios del pistolerismo, que acusaban de españolismo a los vencedores. Los expulsados rechazaron prescindir de las siglas, y la organización se escindió por segunda vez en dos ETA, apellidadas «VI Asamblea» y «V Asamblea». La segunda, aunque débil de momento, terminaría prevaleciendo.

Pero los golpes policiales y las querellas internas tendrían ya importancia menor: la ETA se había conformado como un grupo de considerable poder de atracción, y por tanto de reclutamiento, entre bastantes jóvenes, capaz de desenvolverse dentro de una trama complicada de locales e iniciativas eclesiásticas y apoyos muy variados. Los golpes policiales en los años siguientes lograrían frenar su desarrollo y limitar sus acciones, pero no vencerla definitivamente.

El año 1969 empezó con huelgas obreras y manifestaciones estudiantiles en Asturias, Madrid, Barcelona y Vascongadas especialmente, y el gobierno impuso en enero el estado de excepción en todo el país, por tres meses. En abril, un etarra que huía de la policía asesinó al taxista Félix Monasterio, cuarta víctima mortal de la organización. Aunque la agitación descendió, a finales del año habían sido detenidas en Vascongadas casi 2.000 personas (300 ingresarían en prisión). En 1970 los conflictos laborales y universitarios se recrudecieron en Asturias, Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla. Especial gravedad revistieron unas manifestaciones de obreros de la construcción en Granada, con tres obreros muertos por la policía. En septiembre, el sabiniano José Elósegui incendiaba sus ropas y se lanzaba al vacío en el frontón de Anoeta, en San Sebastián, para protestar ante Franco, que allí contemplaba un campeonato internacional de pelota vasca. Elósegui resultó solo herido, gracias a la rápida reacción del servicio de seguridad.

Mientras tanto se preparaba el juicio militar contra dieciséis dirigentes etarras capturados el año anterior, en medio de una campaña de agitación en Europa. La mayoría de la prensa informaba con un sesgo muy favorable a los terroristas, a quienes coreaban también diversos gobiernos y grupos de intelectuales, por lo general en nombre de la democracia, o del progreso, o de la causa proletaria. Un senil Sartre, defensor inveterado de los totalitarismos chino y soviético, destacaba por su espíritu militante. Hubo manifestaciones en París, Berlín, Roma, Milán, Hamburgo y otras ciudades, y protestas de artistas comunistas como Rafael Alberti o Pablo Picasso. Estas campañas contaban con larga tradición, desde la solidaridad con los anarquistas españoles después de sus primeros atentados, a finales del siglo XIX. Exhibían un elevado sentimiento humanitario hacia los presos, que desaparecía ante las víctimas de estos, de las cuales se despreocupaban en absoluto.

En noviembre, los obispos de Bilbao y San Sebastián, Cirarda y Argaya, hacían leer en todas las iglesias de sus diócesis una pastoral atacando el procedimiento judicial y condenando las violencias «estructurales, las subversivas y las represivas». En tales circunstancias el documento beneficiaba a la ETA, a favor de la cual, como víctima, movía a la opinión. El gobierno replicó con enfado, pero la Conferencia Episcopal, en Madrid, acordó solidaridad con Cirarda y Argaya, aumentando si cabe la irritación del régimen. Durante ese mes cientos de manifestantes, universitarios en su mayoría, se manifestaron violentamente en diversos lugares de España, de Oviedo a Barcelona y de Sevilla a Bilbao. Proliferaban las pintadas, octavillas, declaraciones a favor de los acusados, dos de los cuales eran curas. El 2 de diciembre, el grupo etarra más partidario del terrorismo secuestraba al cónsul alemán en San Sebastián, Eugen Beihl, para dar el máximo relieve internacional al proceso; dos días después se decretaba un nuevo estado de excepción para Vascongadas. Unos días más tarde se encerraban en el monasterio de Montserrat 300 intelectuales y artistas, y el abad, Cassiá Just, rechazaba en Le Monde el compromiso de la Iglesia con un régimen que condenaba al pueblo por el único crimen de oponerse a Franco. Los presos no lo estaban, al parecer, por la sangre derramada, sino por oponerse a Franco y por su «patriotismo vasco». Los comunistas, el PNV, los nacionalistas catalanes, toda la oposición, en fin, así como buena parte de la Iglesia y las izquierdas en toda Europa, no se cansaban de ofrecer esa versión al público.

Durante el juicio los acusados, en particular Mario Onaindía, que años después dejaría la ETA y denunciaría el terrorismo, se portaron con valor y se proclamaron desafiantemente marxistas-leninistas. Ocho de ellos fueron condenados a muerte, el 28 de diciembre, pero el gobierno les conmutó la sentencia a los pocos días.

Lo más importante de aquella extraordinaria campaña fue que, por primera vez desde la guerra toda la oposición antifranquista, en el interior y en el exilio, lograba unirse en un frente común de hecho, y con una actividad y audacia nunca vistas desde el maquis. Y lo más significativo fue que un grupo como la ETA, jactanciosamente totalitario, antiespañol y terrorista, aparecía como catalizador de esa unidad y, de manera confusa pero efectiva, como símbolo de las libertades y la democracia para toda España. ¿Debemos considerar este hecho como una paradoja o como una revelación? A mi juicio, y teniendo en cuenta lo visto hasta ahora, se trata de una revelación: bajo banderas de libertad y democracia pujaban los viejos totalitarismos y secesionismos que habían destruido la convivencia española desde 1934.

También persistía la inclinación a la violencia o a su comprensión, siempre que fuese de izquierda. Pocos antifranquistas confiaban en la acción armada, pero muchos pensaban aprovechar la que otros practicasen. Creían, además, que cuando ellos subieran al poder, una vez terminado el franquismo, el terrorismo se acabaría. En 1930 habían cometido el mismo error los republicanos con respecto al terror anarquista.

El verdadero nacimiento de la ETA como fuerza importante en España data de aquel período de 1968 a 1970, y está ligado a tres asesinatos, los cuales no le impidieron recibir casi todas las bendiciones posibles. La rodearon de afecto y comprensión, aun si con reticencias de escaso relieve práctico, los comunistas, los demás nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, buena parte del clero vasco y otra menor, pero considerable, del resto de España. El conjunto de la oposición, en suma. Y, no menos decisivo, diversos gobiernos europeos, en especial el francés. Francia iba a convertirse por muchos años en el refugio y santuario de la ETA, el lugar seguro desde donde la organización planeaba sus atentados y adonde podía retirarse oportunamente, garantizándose un alto margen de impunidad. A la oposición española le pareció bien, creyendo que esa política de París duraría lo que el régimen franquista. Volvía a equivocarse. Sin todos esos apoyos, la ETA habría corrido probablemente una suerte muy parecida a la de otra organización terrorista, el GRAPO, unos años después.

Capítulo 23
LOS SEPARATISMOS TRADICIONALES INTENTAN REORGANIZARSE

Podría creerse que la creciente movilización contra el régimen ponía a este en serio peligro, pero no había tal. La agitación por el juicio de Burgos, aunque extensa, afectaba a minorías aún muy pequeñas, como revela el tamaño de las manifestaciones, la mayor de ellas, en Barcelona, no superior a las 2.000 personas y casi todas de no más de unos centenares. Desde luego, los manifestantes representaban a mucha otra gente, más tibiamente antifranquista y poco aficionada a los riesgos de protestar en la calle, riesgos no excesivos a aquellas alturas. Pero el régimen recibió adhesiones mucho más multitudinarias. Por lo demás, 1970 fue también el año de la firma del Acuerdo Comercial Preferencial con la Comunidad Económica Europea, muy favorable a España, o la renovación de los Acuerdos de Amistad y Cooperación con Usa, que estrechaban la relación con el poderoso aliado. Una Ley General de Educación buscaba mejorar algunos aspectos de la misma, la economía marchaba óptimamente.

Y el propio Caudillo había tomado previsiones sucesorias, nombrando en 1969 al príncipe Juan Carlos su sucesor a la cabeza del Estado y a título de rey. Juan Carlos juró los principios del Movimiento Nacional, el partido único a efectos prácticos, muy burocratizado y poco efectivo políticamente. Tal decisión postergaba a quien se consideraba heredero legítimo del trono, Don Juan, padre de Juan Carlos e hijo de Alfonso XIII, introduciendo un paréntesis en la línea sucesoria. El nombramiento de Juan Carlos significaba un corte con la monarquía liberal del pasado, fracasada históricamente en 1931 a juicio de la derecha, o en 1923 a juicio de la izquierda. Don Juan recibió la noticia con pésimo humor, sintiéndose traicionado por su hijo, y hasta 1977 no aceptó oficialmente los hechos consumados.

Don Juan había perdido sus opciones al trono un cuarto de siglo antes, al terminar la guerra mundial, cuando había apostado por el derrocamiento del Caudillo. Había intentado entonces congraciarse con los aliados vencedores de Alemania y con la oposición española, a la cual ofrecía, con la excepción de los comunistas, una posible vuelta al poder. Ello, a tan pocos años de la Guerra Civil, resultaba intolerable para Franco, pues habría significado, a su juicio, el retorno a la vieja epilepsia política, que la guerra debía haber superado de una vez por todas. Y no pensaba abandonar el poder en vida para convertirse en figura decorativa o, peor aún, sufrir persecución, previsiblemente sañuda, de sus muchos enemigos.

Pero en los años setenta, bajo su aparente solidez, el franquismo no se mantenía sano. Entre sus «familias» o grupos de presión se abrían grietas, visibles, por ejemplo, en el «caso Matesa», de 1969, explotado por el sector «azul» o falangista, contra el «tecnócrata», de ministros como López Rodó, López Bravo o Federico Silva, varios de ellos miembros de la asociación religiosa Opus Dei. El affaire partió de un empresario catalán que, acogiéndose a ventajas fiscales, había exportado maquinaria que en realidad almacenaba en el extranjero con vistas a su venta ulterior. Fraude formal, aunque recurso empresarial legítimo según algunos, recibió en la prensa una publicidad extraordinaria y nada beneficiosa para el régimen. De todas formas, esas fracturas parecían menores al lado de la que supondría la de la Iglesia. También hombres del Opus Dei sostenían periódicos tan críticos hacia el franquismo como el diario Madrid, que terminaría por ser cerrado en 1971, después de atacar directamente a Franco.

Aun con esos principios de cuarteamiento, y por chocante que suene a la vista de ciertas historias sobre la época, muy pocos en la oposición creían posible derribar al régimen, o siquiera cambiarlo sustancialmente, antes de la muerte del general. El elemento definitorio del momento era la ancianidad de Franco, con 78 años, y su cada vez más visible deterioro físico, efecto del mal de Parkinson. Su fallecimiento, que hasta entonces había parecido desesperadamente lejano a sus adversarios, se volvía una probabilidad próxima, suscitando por todas partes, si bien de manera sorda, las inquietudes, las esperanzas y los temores. La pregunta «¿qué pasará después de Franco?» —título aproximado de un libro del jefe del Partido Comunista, Santiago Carrillo233— estaba en el aire de la época.

Durante los años cincuenta y sesenta el país había cambiado mucho, tanto por la mejoría económica y la distensión social como por la desaparición de los viejos partidos. Ninguno de estos, con la única y precaria excepción del PCE, tenía presencia real en la vida del país: ni el PSOE ni la CNT, ni la Esquerra, la Lliga, el PNV o los republicanos. Casi cabría decir lo mismo de la Falange, los monárquicos o el tradicionalismo. La primera, burocratizada en el Movimiento Nacional, se apartaba cada vez más de la sociedad. El carlismo iba a sufrir un proceso de descomposición por tendencias «autogestionarias», empeñadas en adaptarlo a los tiempos modernos según ellas los veían. Los monárquicos, siempre pocos, también se dividían entre los juanistas, los juancarlistas y los que, aun favorables a Don Juan, daban prioridad a Franco. El movimiento católico de la antigua CEDA también sufría división entre los «progresistas» dialogantes con los totalitarismos de izquierda, los democristianos opuestos al franquismo, y los más numerosos partidarios de este. El régimen, apuntalado por sus éxitos prácticos, se debilitaba doctrinal y políticamente.

Estas circunstancias favorecían en principio una evolución suave. Pero el ambiente internacional de aquellos años, marcado por las revueltas de Mayo del 68 en Francia, el poderío del comunismo italiano y las agitaciones en Alemania, mientras Usa corría hacia su derrota en Vietnam, traía incertidumbre. Y en España surgían de pronto unas fuerzas nuevas, violentas y resueltamente totalitarias. Además de la ETA, proliferaban los grupos marxistas-leninistas o maoístas predicando la lucha armada, y empezando a practicarla en algunos casos.

La réplica del gobierno, con el endurecimiento de las leyes, los estados de excepción y los juicios militares, parecía anunciar una involución política, dando al traste con la progresiva apertura de los años sesenta. Sin embargo no iba a ser así. Dentro del régimen, como ya quedó indicado, había dos posturas implícitas: la de quienes creían posible institucionalizarlo y preservarlo después de la muerte de Franco, y la de quienes lo tenían por una dictadura surgida de circunstancias excepcionales, y por tanto destinada a disolverse antes o después, probablemente con la muerte de su Caudillo. Los primeros, conocidos por sus enemigos como El búnker, se aferraban a los principios y la retórica tradicionales, e invocaban los avances sociales alcanzados, mientras que los otros pensaban en una apertura política que solo podía concluir, antes o después, en la homologación del país con las democracias europeas. Esta segunda corriente iría imponiéndose pese a los frenazos involutivos. Hasta cierto punto, la derecha volvía a la situación de preguerra: un sector, de mayor influjo católico, que aceptaba o favorecía la democracia; y otro, más bien falangista, contrario a ella. Aunque por las paradojas de la historia, serían al final varios destacados falangistas quienes conducirían la Transición.

Tanto Usa como las democracias europeas sentían seria inquietud por el porvenir de España después de Franco, y presionaban para atenuar probables sacudidas. Con esa preocupación Vernon Walters, enviado especial del presidente useño Nixon, visitó a Franco en 1972. Franco mostró optimismo: a su muerte, aseguró, Juan Carlos sería rey y las instituciones funcionarían. No habría guerra civil ni disturbios graves, porque lo impedirían el ejército y la clase media creada por su régimen.

¿Sería factible una salida democrática? Era casi un dogma que las dictaduras solo caen por la fuerza, y pronto parecería confirmarlo el caso portugués, donde el salazarismo iba a sucumbir a un golpe militar. Pero el aperturismo español abonaba otras esperanzas. En general, Washington apoyaría más bien al franquismo como factor de estabilidad y evolución, y las democracias europeas a la oposición antifranquista.

En principio, los políticos del régimen ofrecían poca confianza para una democratización real, pero ¿qué decir de los partidos contrarios? De los terroristas o los comunistas, que constituían la abrumadora mayoría de la oposición activa, no podía esperarse una convivencia pacífica en las libertades. Al PCE no se le caía de la boca la palabra democracia, e incluso había tenido rifirrafes con la URSS, cosa inconcebible pocos años antes, pero su doctrina nunca había dejado de ser el marxismo-leninismo, recibía ayuda del KGB, y tenía por amigos especiales a sombríos despotismos como el del coreano Kim Il-sung o el del rumano Ceaucescu. Por esta razón, tanto Usa como Europa occidental favorecieron el resurgimiento de partidos presumiblemente moderados, como el PSOE o el PNV. De la ayuda a este último se sabe todavía poco, pero la del primero se extendió hasta la extrema derecha alemana234.

Con tales perspectivas, a la anquilosada oposición le corrió prisa reorganizarse. En «Euskadi» algunos etarras propiciaron un frente común nacionalista, y el mismo PNV, por hacerse notar, realizó durante una temporada, desde 1968, atentados menores contra edificios y contra la Vuelta Ciclista a España235; a esa búsqueda de popularidad con actos espectaculares obedeció también el salto de Elósegui en llamas en el frontón de Anoeta. Pero en un frente con la ETA, el PNV quedaría opacado, y a eso no estaba dispuesto. Miraba a los terroristas con mezcla de simpatía y rivalidad, admiración y reticencia: los asesinatos debilitaban al régimen, gracias al amplísimo apoyo publicitario que recibían, pero también arriesgaban traer una involución, cosa menos conveniente. Pues los sabinianos, poco amigos de correr riesgos, aspiraban a la democracia como base para reimpulsar un movimiento secesionista, aun si entre ellos no faltaran quienes a aquellas alturas dudaban de las virtudes de la secesión.

Dirigentes peneuvistas como Telesforo Monzón u otro apodado Sarobe constataban en enero de 1971 «la desintegración del PNV y el estado de completa marginación en que se encuentra en relación precisamente del mismo Pueblo del que pretende ser su órgano más representativo». Monzón escribía a Irujo: «¿Dónde está aquel glorioso PNV que tú y yo hemos conocido? ¿Por qué ha perdido toda iniciativa? ¿Por qué no causa ya el impacto de antes sobre nuestro Pueblo? [...] ¿Dónde está aquella mística, aquel ímpetu, aquel afán de renovación, aquella fuerza que lo invadía todo? ¿De dónde ha nacido ETA con todas sus actuales desviaciones, sino es de las entrañas mismas de un Partido anquilosado?». Los informes internos mostraban que en Guipúzcoa el glorioso partido «No representa nada en el interior, ya que carece de organización, cuadros y afiliados, por una parte, y de prestigio por otra [...]. No existe ninguna Junta Municipal en ningún pueblo de Guipúzcoa ni en su capital». La situación empeoraba en Álava y Navarra. Solo en Vizcaya había una organización pequeña y poco activa, pero real236.

¡Un panorama alarmante, cuando todo exigía prepararse para competir por la hegemonía política en la «Euskadi» del posfranquismo! Entonces surgieron nuevos dirigentes, entre ellos Javier Arzallus, proveniente del clero y del carlismo. Sin poner en cuestión las doctrinas de Arana, toda la energía se concentró en la reorganización. El estatuto de 1936 fue definido como la reivindicación política clave, pero, como siempre, en calidad de marco inicial para una escalada de reivindicaciones «superadoras». Durante un buen período los esfuerzos organizativos dieron poco fruto, y hacia finales de 1971 la situación seguía siendo muy mala. El bache solo empezó a superarse cuando la dirección efectiva fue pasando al interior, no sin serios roces con los jefes tradicionales del exilio, varios de los cuales resentían su desplazamiento después de «estar trabajando desde hace treinta y cinco años las veinticuatro horas del día en pro del Partido»237.

Algo similar ocurría en el nacionalismo catalán, participante en la «Asamblea de Cataluña», fundada a finales de 1971 en un local eclesiástico. Se trataba de una iniciativa comunista, firmada por no menos de 25 organizaciones, una docena o más de ellas nacionalistas, incluyendo una fantasmal Esquerra o el pro terrorista PSAN (Partit Socialista de Alliberament Nacional); trotskistas y maoístas partidarios de la lucha armada, al lado de no violentos y «cristianos de base»; más la democristiana Unió Democràtica de Catalunya, un PSOE casi inexistente, grupos de profesores universitarios, etc. La única fuerza real era el PSUC y sus Comisiones Obreras, pero todos deseaban ganar protagonismo para salir a la luz en el momento oportuno como luchadores contra la dictadura, título que en rigor solo podían ostentar los comunistas238.

Su primer comunicado establecía: «La actual crisis del régimen, de la cual el proceso de Burgos fue una manifestación sobresaliente [como siempre, la conmutación de las penas no se consideró un acto de clemencia, sino un retroceso del poder], la progresiva toma de conciencia y la movilización de las clases populares, y la necesidad de oponernos firmemente a la maniobra continuista de instaurar a Juan Carlos como sucesor a título de rey del dictador, exigen la adopción unitaria de una alternativa democrática basada en los puntos mínimos aceptables por las fuerzas y sectores representados en la Asamblea, algunos de los cuales tienen objetivos divergentes a largo plazo, pero que coinciden en el objetivo inmediato del derrocamiento del franquismo». Aunque nadie creía seriamente en ese derrocamiento. Como puntos básicos, la Asamblea proponía la amnistía general, las libertades democráticas y el estatuto de autonomía, aparte de «la coordinación de todos los pueblos peninsulares».

Los fines inmediatos no bastan para caracterizar como democrática a la asamblea, y su alusión a los objetivos divergentes a largo plazo tenía mucho de eufemismo. Casi ninguno de los firmantes podría ser llamado en rigor demócrata, y aun en estos raros casos su carácter quedaba en entredicho por su alianza con grupos inequívocamente totalitarios. La mayoría entendía la democracia como un instrumento pasajero para imponer en su momento una dictadura de izquierdas. Incluso los no comunistas simpatizaban con las dictaduras comunistas, o con el terrorismo, como demostraba su reciente y activa solidaridad con la ETA. Por otra parte la casi absoluta hegemonía comunista (y el PSUC era por entonces una sección del PCE) no impedía a la asamblea adoptar el principio nacionalista de «los pueblos peninsulares» y evitar el término «España». Recuérdese que los comunistas habían sido, con el clero, los verdaderos reimpulsores de los nacionalismos.

Por las mismas fechas trataba de rehacerse otro partido histórico casi desvanecido: el PSOE. Hacia 1971 subsistían tres pequeñas secciones, en Bilbao, Asturias y Sevilla, que intentaban revivificar la organización; aparte existían otros grupúsculos con el título de socialistas, en particular el PSI (Partido Socialista del Interior, que se transformaría en PSP, segunda P de Popular), poco más que un círculo de amigos, en su mayor parte universitarios, fundado por el profesor Tierno Galván, que buscaba presentarse como la opción operativa frente al esclerotizado exilio.

A aquellos grupos les faltaba, en su mayoría, el brío, la entrega y la disciplina propios de los comunistas. Salvo en Bilbao, donde descollaba el líder sindical Nicolás Redondo, y, en alguna medida, en el asturiano, no podía hablarse de verdaderos luchadores entre ellos; y los socialistas asturianos estaban profundamente infiltrados por la policía hasta el nivel de la dirección, como ha mostrado el estudioso Gómez Fouz en su libro Clandestinos239. Pero a cambio el ambiente político les favorecía. El endurecimiento del régimen solo se dirigía, en realidad, contra los terroristas y los comunistas, mientras que la manga ancha para partidos como el PNV o el PSOE no dejaba de ampliarse. Ambos partidos parecían a muchos franquistas un posible contrapeso a organizaciones tan violentas como la ETA y el PCE. Los métodos reorganizativos del PSOE y el PNV, casi abiertos, solo podían funcionar con tácito consentimiento policial.

Los socialistas sevillanos, un racimo de amigos de clase media, de origen franquista varios de ellos, liderados por Felipe González y Alfonso Guerra, destacaron por su labia y pretensiones teóricas, excesivamente radicales a juicio de los de Bilbao y Asturias, de procedencia obrera. Según Guerra los del norte «representaban la base, los pies de la organización, y el sur, las ideas, la cabeza»240. Si bien esas ideas —un revoltillo de marxismo confuso y radicalismos juveniles— nunca pasarán a la historia del pensamiento político, al menos abordaban cuestiones más del momento que los exiliados con su vieja lengua de madera.

Al igual que en el PNV, la reorganización trajo consigo agrias disputas entre el grupo del interior y el del exilio, este último capitaneado por Rodolfo Llopis, que temía perder la dirección. Entre mutuas maniobras, las discrepancias llegaron al borde de la ruptura en 1971, y a la ruptura completa un año más tarde, en agosto, con motivo del XII Congreso. Guerra escribió provocadoramente un artículo en El Socialista comparando la lucha contra el capitalismo con la necesaria para sacudir «ciertas estructuras» del partido. Llopis exigió una rectificación, pero los jóvenes no le hicieron el menor caso. Entonces rehusó asistir al congreso, y convocó otro. Los del interior siguieron adelante con el suyo, para lo cual tuvieron que descerrajar las puertas del local, en Toulouse, pues «Llopis había cerrado todo herméticamente y se había apropiado de todas las llaves»241.

La vieja guardia del partido convocó otro congreso para diciembre, al cual asistió Tierno, viendo en él una oportunidad de conseguir el vital reconocimiento de la Internacional Socialista, pues en definitiva de eso se trataba. Quien lograse aquel reconocimiento obtendría fondos, relaciones y legitimidad. Quien no, quedaría a la intemperie. Iban a ser los del interior, en particular los sevillanos, quienes se salieran con la suya. Hicieron gala de mayor empuje y habilidad de maniobra ante los grandes partidos socialistas, el alemán, el francés y el inglés, que percibieron en los jóvenes españoles una actitud más dinámica y apropiada a las nuevas circunstancias. A su vez, los jóvenes supieron impresionar a sus protectores extranjeros con un activismo en buena medida ficticio, como recordará un líder de la época, Pablo Castellano: «Me quedé realmente sorprendido cuando, para justificar la petición de la necesaria ayuda [de organismos extranjeros] me trajeron la prueba gráfica de pintadas del partido y del sindicato que, según afirmaban y así podía comprobarse por las fotografías, cubrían copiosamente las tapias y muros de muchas ciudades andaluzas, como prueba de acción y presencia, y hasta en las instantáneas aparecían, armados de brocha y spray los autores, arriesgándose en plena faena. Después me explicaron, porque yo era muy torpe, que esas fotografías se hacían en un garaje, a la luz de los faros de un automóvil»242.

Beneficiario de la tolerancia del régimen y del apoyo exterior, el nuevo PSOE recomenzó su andadura en España con los mejores augurios.

No obstante, dada la escasa envergadura de la oposición, las mayores preocupaciones para el régimen siguieron viniendo de la Iglesia, directamente o a través de su apoyo al antifranquismo. En septiembre de 1971 una magna y bien preparada asamblea de obispos y sacerdotes rechazaba el concordato de 1953 y cuestionaba el apoyo a Franco durante la guerra. Esta disociación tan tardía suponía un respaldo implícito a quienes decían heredar al bando perdedor de la guerra, y se anudaba con una interpretación de la realidad y de la historia poco alejada de la lucha de clases, muy difundida en ciertos medios clericales. Cada vez más católicos identificaban la causa perdedora en la contienda con el «pueblo», y simpatizaban con ella. El cardenal Tarancón, propulsor del viraje, apoyó la preparación de la asamblea en el dirigente jesuita Martín Patino, de tendencia pretenciosamente «progresista».

Al mismo tiempo la ETA V Asamblea sufría una radicalización muy simplista, marcada por un ex monje benedictino, Eustaquio Mendizábal. Para Eustaquio el problema se reducía a insistir en los atentados a toda costa, pues otra línea, como la de ETA VI Asamblea, conducía de un modo u otro al «españolismo». La denuncia a la VI, «clique traidora y antivasca», cobró tintes feroces: «De ahí el grito desgarrador de su nacionalismo español herido, grito incontenible de odio y de exasperación ante esa frase horripilante pronunciada un día por Etxabe y Arregui [dos militantes de ETA-V]: Nosotros no somos antifranquistas, somos antiespañoles [...]. A VI Asamblea le duele España, como a aquellos otros traidores que fueron Unamuno y Maeztu». Su fondo racista solía brotar rompiendo el disimulo. El grupo recogió a jóvenes peneuvistas y mantuvo una ideología socialista y autogestionaria. ETA VI evolucionaba a su vez hacia el trotskismo y el activismo sindical, más que el de las pistolas243.

En 1972 la ETA secuestró a un empresario y realizó tres atracos que llenaron su bolsa, así como numerosos atentados menores y el asesinato de un guardia municipal. A cambio, cuatro etarras cayeron bajo las balas de la policía. Fue el año del XII Congreso del PSOE, y también de la detención en un local eclesiástico —para variar— próximo a Madrid, de la plana mayor de Comisiones Obreras, con Marcelino Camacho, obrero de una importante fábrica madrileña, y Nicolás Sartorius, aristócrata comunista, al frente. También había un sacerdote. Con todo, en Vascongadas y en el resto, el año transcurrió comparativamente tranquilo.

Capítulo 24
EL ASESINATO DE CARRERO BLANCO

El año 1973 iba a resultar, en cambio, extraordinariamente movido, también con importantes acontecimientos fuera de España que repercutían en el interior. En enero se firmaban los acuerdos de París entre Usa y Vietnam del Norte, los cuales suponían la virtual derrota de la primera, aunque los comunistas no llegarían a imponerse totalmente hasta 1975. La derrota tuvo inmenso efecto psicológico, pues la guerra de Vietnam se había convertido en el gran tema propagandístico y movilizador de toda la izquierda y el progresismo mundiales. En España el retroceso useño reanimó a los extremistas, confirmados en su creencia de que el futuro les pertenecía: ¿no estaba venciendo un país pequeño, pobre y atrasado, pero guiado por las luces del marxismo leninismo, a la mayor potencia económica y militar del mundo? Buena parte de la prensa española exhibía sin mucho rebozo su simpatía por los comunistas vietnamitas, como antes por Che Guevara, apóstol de la guerra en pro de una dictadura marxista.

Y el 1 de mayo se presentaba en Madrid un nuevo grupo terrorista, el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, ligado al PCE (m-l)), asesinando a un policía a navajazos. La acción provocó la protesta furiosa de quienes atribuían tales sucesos al reblandecimiento del régimen, aumentando las tiranteces en el seno de este.

Dos semanas antes había perdido la vida el ex cura Eustaquio Mendizábal en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Siguió una crisis en la dirección etarra, al renacer los desacuerdos entre el sector obrerista y el abiertamente terrorista. Un núcleo restringido de la organización se había impuesto una acción increíblemente ambiciosa: el secuestro del almirante Carrero Blanco, vicepresidente del gobierno, para canjearlo por presos. Choca el propósito en un grupo que hasta entonces solo había perpetrado secuestros y asesinatos relativamente fáciles, pero en realidad Carrero, como la mayor parte de las personalidades del régimen, tenía una protección escasa y rutinaria. Él mismo se despreocupaba de ella, guiado por un concepto providencialista de la vida.

El almirante Carrero Blanco era la eminencia gris del régimen, sobre todo en los últimos años, mientras decaía físicamente el Caudillo. Había ejercido una influencia determinante en la decisión de mantener a España al margen de la guerra mundial, y siempre había disfrutado del especial aprecio de Franco como consejero. Contra lo que a menudo se ha dicho, propugnaba una cauta liberalización o apertura del franquismo, la cual motivaba las iras de los sectores más radicales, como Fuerza Nueva, dirigida por Blas Piñar, aspirante a mantener intangibles las esencias del régimen.

El 9 de junio Franco, consciente de su declive, nombró a Carrero jefe del gobierno, cediendo por primera vez ese puesto desde 1936, aunque permanecía como jefe del Estado. Según la versión oficial de la ETA, la seguridad de Carrero fue entonces reforzada, por lo cual los etarras decidieron asesinarlo en lugar de secuestrarlo.

Por esos meses seguía su curso una campaña comunista en torno al juicio a Camacho y los demás dirigentes de Comisiones Obreras encausados que cobró fama internacional como «Proceso 1001». El PCE aspiraba a repetir algo semejante al proceso de Burgos contra la ETA tres años antes, e infligir al régimen una nueva y grave derrota política. Faltaba el dramatismo de las peticiones de pena capital, pero a cambio los encausados eran mucho más representativos y conocidos dentro y fuera del país. La propaganda comunista había convertido a Comisiones Obreras en un mito en Europa, como manifestación original y germen de una revitalización revolucionaria del acartonado sindicalismo europeo. Casi toda la oposición apoyaba las movilizaciones, en el extranjero cooperaban los potentes sindicatos y partidos izquierdistas, y todo el mundo pronosticaba un otoño muy cálido en España.

A caldearlo volvió a contribuir un suceso exterior: el 11 de septiembre un golpe militar acababa con el gobierno de Allende en Chile. Allende se proclamaba marxista y masón, y trataba de llegar por la vía legal a un régimen de tipo soviético. Las divisiones de sus contrarios le habían permitido alcanzar el poder en 1970 con un 36 por ciento de los votos, y emprender ingentes expropiaciones de empresas y tierras. El sistema ocasionó, desde 1972, escasez y desabastecimiento, y una inflación de hasta un 500 por ciento anual. Las huelgas, los enfrentamientos y la crispación crecieron, y la oposición acusaba a Allende de vulnerar la ley. Las izquierdas atribuían el caos a manejos de los capitalistas y de Washington a través de la CIA. Tenían alguna razón, pero también había una gran masa de población opuesta al allendismo. Y por su parte Usa no pensaba tolerar una segunda Cuba, sobre todo después de sus retrocesos en Vietnam. Muchos propietarios aumentaron de forma deliberada el desastre económico, pero las causas básicas de él radicaban en unas medidas socialistas ineficientes y solo aplicables, al final, por una dictadura más o menos «proletaria».

El gobierno contestó recrudeciendo las expropiaciones, cada vez más cerca de la ilegalidad. El centro derecha quiso derribar legalmente a Allende en el Parlamento, lo que exigía una mayoría de dos tercios, pero solo obtuvo el 55 por ciento de los votos. En medio de una insoportable polarización social la violencia se adueñó de las calles, y en septiembre el general Pinochet, con acuerdo useño, derrocaba al gobierno. Siguió una cruel represión, aunque inferior a las habituales en las revoluciones comunistas.

Allende se convirtió en un nuevo mito para la izquierda en todo el mundo. Había intentado aplicar una revolución socialista por la vía democrática, hecho excepcional que permitía acusar a Usa de enemigo de la democracia y del pueblo, aunque la mayoría de este rechazara a Allende. Desde el punto de vista contrario, Pinochet había salvado a Chile, in extremis, de un nuevo experimento comunista. En España, las afinidades culturales acentuaron la mitificación del líder izquierdista chileno, y también en este caso buena parte de la prensa española se inclinó por él.

Menos de un mes después, el 6 de octubre, ocurría otro acontecimiento de resonancia mucho más directa y costosa en la evolución mundial: Egipto y Siria, patrocinados por la Unión Soviética y financiados por Arabia Saudí, lanzaban un ataque masivo y simultáneo contra Israel, con la intención de aniquilarlo de una vez por todas. Tomado por sorpresa y golpeado con armas nuevas, Israel retrocedió los primeros días, pero, fuertemente respaldado por Usa, pudo organizar una contraofensiva y poner a sus adversarios al borde de la derrota total. La URSS amenazó con intervenir directamente, y el conflicto concluyó en armisticio.

La guerra había sido corta (20 días), pero tuvo consecuencias trascendentales. Los países árabes productores de petróleo, en represalia, subieron arbitrariamente los precios, llevando a Occidente a una ardua situación. En aquellos años diversos teóricos afirmaban que los ciclos económicos habían sido superados, y que en adelante el desarrollo seguiría una línea ascendente más o menos estable e indefinida; pero en ese momento terminó el ciclo de extraordinaria prosperidad en los países occidentales, cuyas tasas de crecimiento bajaron drásticamente. No obstante, sus efectos, si bien muy dolorosos, no revestirían los rasgos catastróficos de la crisis del 29.

En España, la crisis tardaría aún dos años en notarse con fuerza, pero desde el primer instante, y como en toda Europa, causó una deprimente impresión de fin de época, psicológicamente favorable a la oposición.

Con este ambiente cargado e incierto, perjudicial para el régimen y beneficioso para sus enemigos, llegó el mes de diciembre. El juicio 1001 estaba previsto para el día 20, y el 12 la oposición realizó un ensayo general, llamando en todo el país a huelgas y manifestaciones que debían desatar el vendaval de protestas. Sin embargo la respuesta popular resultó inesperadamente fría, y la jornada se saldó con movilizaciones de poca monta. En una probable justificación a posteriori, los nacionalistas vascos de la ETA afirmarán que por eso decidieron matar a Carrero Blanco el mismo día 20, como en realidad ya habían previsto. Un atentado de esa magnitud eclipsaría el juicio 1001, lo cual sería un pago bien ingrato por el apoyo masivo de los comunistas y el resto de la oposición a la ETA durante el juicio de Burgos. Pero si el 1001, de todas formas, iba a movilizar a poca gente, la faena tampoco resultaría tan grave.

Mientras los simpatizantes de Comisiones Obreras aguardaban para entrar en la sala del juicio del Tribunal de las Salesas, a las nueve y media de la mañana, a cierta distancia, en la calle Claudio Coello, Carrero, su chófer y escolta eran asesinados en el coche en que viajaban, mediante una potente carga explosiva. Descartada pronto la hipótesis de un accidente, corrió por la ciudad la noticia de que se trataba de un atentado. El juicio 1001 fue suspendido en medio de una terrible crispación. Los procesados temieron ser asesinados en represalia, hasta que el oficial de la policía a su cargo bajó a los calabozos para tranquilizarlos.

Este atentado atípico ha originado infinidad de especulaciones, atribuyéndose su inspiración a la CIA o al soviético KGB, según preferencias, o estableciendo una vaga relación de causa y efecto entre la visita del secretario de Estado useño, Henry Kissinger, al jefe del gobierno español, el día anterior, y el atentado: Washington, interesado en una evolución democrática de España, vería a Carrero como un obstáculo a suprimir. Por otra parte, la CIA tenía viejos lazos con el PNV, al cual había controlado ampliamente en el exilio, como sabemos, y al que había instruido ocasionalmente para formar grupos de acción. Por ahí la CIA podría haber llegado a su vez a la ETA, nutrida de elementos radicalizados peneuvistas. Pero la hipótesis suena improbable. A Usa le interesaba una evolución tranquila, y no jugar con golpes de efecto muy inseguros, capaces de provocar nuevas convulsiones en España.

Más probable parece un lazo con el KGB a través de los servicios secretos cubanos, con los cuales, así como con los argelinos —también relacionados con el KGB—, la ETA parece haber tenido siempre relación estrecha. A Moscú, al revés que a Washington, podía interesarle la desestabilización de España, y una acción de ese tipo introducía precisamente una enorme dosis de incertidumbre sobre las consecuencias. Existe además el dato de la colaboración de algunos comunistas españoles con la partida que organizó el magnicidio. Desde luego, este perjudicaba al PCE, al echar a rodar toda la campaña en torno al juicio 1001, pero el KGB tenía seguramente agentes al margen de la dirección española en el seno del PCE. No obstante, se trata de especulaciones.

El enorme esfuerzo dedicado por muchos comentaristas a lucubrar sobre la autoría o inspiración del atentado —esfuerzo necesario, por otra parte— contrasta con la escasa reflexión consagrada a sus consecuencias reales, que suelen darse por predeterminadas244. Se dice aún hoy que el magnicidio impidió el continuismo del régimen y abrió las puertas a la transición democrática. Así, España debería la democracia, en último extremo, a la ETA, interpretación muy satisfactoria para el terrorismo.

Esa interpretación se basa en tópicos elaborados por la propaganda, más que en hechos. En rigor, el atentado demostró en primer lugar la impotencia casi absoluta de la oposición. La pretensión de la ETA de que Carrero «era la clave que garantizaba la estabilidad y continuidad del sistema franquista», y de que «sin él las tensiones en el Gobierno entre la Falange y el Opus Dei se intensificarán» demuestran en qué grado la acción fue meramente provocadora. Las llamadas, toscamente, tensiones entre Falange y Opus (en realidad entre los continuistas y los evolucionistas o reformistas) podían haber desembocado, a causa del atentado, en una sangrienta involución, y eso era algo que ni la ETA ni el resto de los antifranquistas podían controlar de ningún modo. La primera reacción de la oposición fue el pánico. Los organizadores de la campaña por el «1001» anularon de inmediato las órdenes de movilización, y sus jefes significados se ocultaron para ponerse a salvo de una muy posible venganza. Muchos de ellos actuaban a la luz pública, pues el PCE llamaba a «conquistar la legalidad», lo que, como pasaba con la reorganización de diversos partidos, implicaba contar con la tolerancia policial.

Y la venganza no estuvo lejos. El general Iniesta Cano, jefe de la Guardia Civil, mandó tomar las ciudades y usar las armas al menor conato de desorden. Parecía muy factible la salida represiva en una época de anuncios de fin de la bonanza económica y de graves sucesos internacionales, máxime bajo el impacto emocional del atentado. Sin embargo el sector evolucionista, representado por Torcuato Fernández Miranda, vicepresidente y secretario general del Movimiento, o partido único, garantizó la seguridad de los presos y anuló las órdenes de Iniesta. En ese trance la pugna entre continuidad y reforma quedó zanjada a favor de la segunda: el franquismo no iba a sobrevivir a Franco. Pero esta decisión no fue efecto del atentado, que estuvo a punto de provocar la contraria, sino del propio impulso evolutivo del régimen apoyado en las transformaciones sociales y económicas de los años sesenta y en la creciente relación con las democracias. El propio Carrero marchaba en esa dirección, si bien con pies de plomo. Los reformistas comprobaron también la calma popular y la escasa operatividad de la oposición, señales ambas que rebatían los alarmados augurios de los continuistas.

Los procesados del 1001 recibieron condenas enormes, entre 20 y 12 años, que al año siguiente serían rebajadas a entre 6 y 2 años.

Capítulo 25
GOLPE MILITAR EN LISBOA Y REORGANIZACIÓN ANTIFRANQUISTA EN ESPAÑA

Resuelta la cuestión fundamental sobre el destino del régimen, en lo sucesivo todo dependería de cómo se produjera la reforma, en medio de una situación difícil. Extrañamente, el encargado de formar nuevo gobierno no fue Fernández Miranda, sino Arias Navarro, precisamente el ministro de Gobernación y por tanto responsable de la seguridad, entre otros, de Carrero, tan radicalmente fracasada. Y Arias simpatizaba con el continuismo más que con la reforma. Posiblemente la decisión respondió a presiones del entorno familiar, o bien de los ayudantes militares de un Franco muy debilitado física y anímicamente, y reflejaban ansiedad ante unos cambios inevitables. Aun así, el 12 de febrero de 1974, Arias pronunciaba un notado discurso abiertamente aperturista, aunque muy insuficiente a juicio de la oposición. En cuanto al heredero de Franco, el futuro rey Juan Carlos, parecía pensar ya en un tránsito lo más rápido posible hacia una democracia liberal, aunque de momento su influencia fuera escasa.

Pero a las dos semanas la Iglesia «progresista» daba un nuevo disgusto al gobierno, tensando las relaciones hasta el borde de la ruptura. El obispo de Bilbao, Añoveros, ordenó leer en sus parroquias una homilía de tintes sabinianos, en la que asemejaba la salvación cristiana a las concepciones nacionalistas sobre los vascos. La homilía fue además muy ampliamente difundida en fotocopias, dentro y fuera de España. Esto, solo tres meses después del asesinato de Carrero Blanco, suponía una bofetada al gobierno y una indirecta legitimación de la ETA, al modo como la practicaba el PNV: condena retórica del terrorismo, pero implícita justificación del mismo. El gobierno reaccionó con suma irritación, y trató de expulsar al obispo, pero el resto del Episcopado hizo causa común con él. Tarancón tenía preparado un decreto excomulgando a la autoridad que intentase la expulsión. Tras unas semanas de tiras y aflojas, con amplia repercusión propagandística, el gobierno cedió, y Añoveros permaneció en su puesto.

No obstante, en marzo serían ejecutados el anarquista Salvador Puig Antich y un hombre de oscuro origen, al parecer polaco, llamado Heinz Chez, acusados de sendos asesinatos. Puig, procedente de una familia nacionalista catalana, había evolucionado hacia el anarquismo e integrado uno de los grupúsculos que por entonces realizaban principalmente atracos, hasta derivar en la muerte de un policía. El llamado Chez había matado a un guardia civil, sin intención política. Estas ejecuciones, en especial la de Puig, indicaban la resolución del régimen de marcar una línea clara en relación con el terrorismo. Otro límite era el comunismo. Al contrario que en el caso de los etarras, las condenas de Puig y Chez levantaron poca solidaridad en la oposición.

Cinco meses después del magnicidio de Carrero, un acontecimiento externo, pero muy próximo, venía a alterar la evolución política española: la llamada Revolución de los Claveles en Portugal. Se trató de un golpe militar que derribó a Caetano, sucesor del dictador Oliveira Salazar. El detonante fue la guerra en las colonias africanas, que se arrastraba sin solución desde diez años atrás. Bastantes oficiales destacados en Angola y Mozambique para combatir la guerrilla adoptaron una ideología tercermundista y anticapitalista similar a la de sus enemigos, y finalmente se sublevaron en la metrópoli, el 25 de abril de 1974. Formaron entonces un Consejo Revolucionario, régimen militar influido por los comunistas y las izquierdas radicales, que impuso numerosas nacionalizaciones y repartos de tierras en medio de una efervescencia social con muchos visos de abocar a una revolución verdadera. La presión exterior, la reconstitución de fuerzas de derecha y la creciente presencia del más moderado partido socialista terminarían impidiendo esa deriva, pero el desenlace iba a mantenerse muy dudoso hasta dos años más tarde, cuando los militares moderados se hicieron con las riendas de la situación después de incidentes y choques en cuarteles.

El movimiento portugués fue saludado con euforia por la oposición antifranquista, que vio en él realizadas sus aspiraciones para España. Hasta en el ejército español brotaron algunos conatos, a la larga inofensivos, de rebeldía. Para el franquismo, la experiencia portuguesa no constituía precisamente un acicate, y la apertura quedó frenada tras la voz de alarma del ex ministro José Antonio Girón, líder continuista. Sería un frenazo momentáneo, pues todo el mundo, fuera y dentro del régimen, maniobraba febrilmente con vistas a un cambio que casi nadie creía o quería evitar.

Durante el verano la salud de Franco empeoró muy seriamente. Hospitalizado, hubo de resignar sus poderes en Juan Carlos. Sin embargo se repuso pronto y recuperó sus atribuciones en septiembre, para disgusto del príncipe y de muchos ministros. El incidente revela hasta qué grado el régimen estaba unido a la personalidad de Franco, y cómo esta seguía siendo determinante, pese a sus limitaciones físicas.

Por lo tanto las maniobras políticas se multiplicaban, dentro del régimen y en la oposición, creando una debilidad que aprovechó el monarca marroquí, Hasán II, para presionar sobre el Sáhara español. En esta colonia actuaban unas guerrillas izquierdistas tuteladas por Argelia, el Frente Polisario, que había atacado a las tropas españolas. Si ese movimiento dominaba la zona, Marruecos, único aliado importante de Usa en el norte de África, quedaría aislado por tierra y rodeado por la Argelia socialista y amiga de Moscú. Por consiguiente, Washington respaldó el expansionismo marroquí. Por otra parte Marruecos, Argelia y Mauritania, aunque enfrentados radicalmente entre ellos, coincidían en algo: en que España debía desalojar la región cuanto antes.

Este problema iba a perturbar los últimos tiempos del franquismo, junto con la efervescencia de una oposición que ya se manifestaba incontenible a través de la prensa, de asociaciones legales y de una creciente violencia. El gobierno quiso encauzar a los descontentos mediante una Ley de Asociaciones, que no funcionó, y el año 1974 se despidió con un escándalo inmobiliario añadido a los anteriores de Matesa y de la «evaporación» de gran cantidad de aceite en la localidad gallega de Redondela. Los escándalos tocaban de un modo u otro a personajes del régimen, y la oposición los explotó a fondo. En Europa, la hostilidad al Caudillo aumentaba ante su final previsto, aunque nadie, dentro ni fuera, se sintiese con bríos para acortarlo.

El año 1974 vio la reorganización definitiva de la oposición. A la hospitalización de Franco respondió el PCE tratando de unificar al antifranquismo en una alianza, y el 30 de julio nacía en París la Junta Democrática, en la cual figuraban, aparte del PCE y sus Comisiones Obreras, partidos como el PSP de Tierno Galván, el maoísta PTE (Partido del Trabajo de España), defensor de la lucha armada, el Partido Carlista, de pretensiones socialistas y autogestionarias; y personajes de significación, pero no representatividad, política, como Calvo Serer, miembro destacado del Opus Dei, o García Trevijano, ambicioso abogado que pensaba representar un papel parecido al de Alcalá-Zamora en 1930, y ambos próximos a Don Juan; o el intelectual «progresista» Vidal Beneyto.

Aunque pretendía un cambio en ruptura total con el régimen, el programa de la Junta era bastante moderado: libertades democráticas, legalidad de los partidos sin excepción, amnistía para todos los presos políticos, y «reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco y gallego y de otras comunidades regionales que lo decidan democráticamente». Más un referéndum sobre la monarquía. Todos creían en la necesidad y facilidad de expulsar en su momento a Juan Carlos, a quien apodaban «el Breve». De todos modos, la Junta trataba de encontrar en el mismo régimen o sus aledaños a algún personaje que «nos abriera la puerta desde dentro», en expresión de Carrillo245. Pensaron en Don Juan, sobre quien presionaron Calvo Serer y Trevijano, pero el pretendiente vacilaba.

El PCE, precisamente por su larga experiencia de lucha, tenía mayor consciencia de la debilidad de la oposición que otros grupos y personajes algo aventureros, resueltos simplemente a explotar la coyuntura. Además, a Carrillo le convenía ofrecer imagen de moderación, porque temía que las maniobras del posfranquismo lo dejaran en la ilegalidad. Habría sido en verdad doloroso que los demás partidos, que nunca habían luchado realmente contra el régimen, sacaran todos los provechos a última hora. Le preocupaba en especial el PSOE, el cual rehusó integrarse en la Junta porque pensaba disputar el protagonismo a los comunistas, y hasta dejarlos en la estacada si su legalización no resultaba aceptada finalmente. El gobierno español había exteriorizado actitudes francamente benévolas hacia el PSOE.

Para todos ellos la reasunción del poder por Franco en el otoño supuso una fuerte decepción. El Caudillo no podía durar ya mucho, pero ¿cuánto? ¿Años todavía?

En octubre el PSOE celebró su XIII Congreso en Suresnes, cerca de París, con el patrocinio de la Internacional Socialista, especialmente de Mitterrand y de Craxi, aunque el apoyo material le llegaba fundamentalmente del SPD, el poderoso partido socialista alemán en el gobierno, liderado por Willy Brandt. La perspectiva de un no lejano acceso al poder espoleó crudas intrigas congresuales, y el grupo sevillano, de acuerdo con el vasco, desplazó definitivamente a los históricos del exterior. Tampoco faltaron querellas entre los del interior. El secretario general debía ser Nicolás Redondo, pero renunció, compitiendo por el poder Felipe González, Pablo Castellano y Enrique Múgica. Ganó González en circunstancias que Castellano y otros estimaron irregulares. Dos de los elegidos a la ejecutiva quisieron dimitir como protesta, pero Alfonso Guerra desconectó los micrófonos, impidiendo que sus explicaciones fueran oídas246.

El PSOE llegaba con un programa harto más avanzado que la Junta. También partidario de una «ruptura democrática», hacía de las «nacionalidades ibéricas» la «base del proceso constituyente», exigía cosas como «el control democrático de la empresa pública y la Seguridad Social», o la «garantía de la sociedad como cobertura de las necesidades de los ciudadanos». Ideas de sonido radical, aunque lo bastante vagas como para ser interpretadas con mucha amplitud. González fundó su rechazo a la Junta Democrática en que esta «alianza interclasista se hace desde una posición de derechas, burguesa», mientras que el PSOE aspiraba a una alianza con otros sectores, sí, pero «sin renunciar a un planteamiento de clase en la elaboración del acuerdo que tienda a la recuperación de la soberanía popular. Por consiguiente nos separan profundas diferencias hoy por hoy de la Junta Democrática»247. Lenguaje marxista clásico, de aire algo folclórico y oportunista. No por primera vez pretendía el PSOE situarse a la izquierda del PCE.

El PNV y el nacionalismo catalán siguieron llevando una vida mediocre, el uno sin sobresalir en casi nada, y el otro fragmentado e integrado oscuramente en la Asamblea de Cataluña, la cual obtenía facilidades y auxilios económicos de grupos católicos y del de Pujol, sin por ello hacer sombra a un PSUC muy pro nacionalista, que suplía en cierto modo la debilidad del nacionalismo tradicional.

La manifestación clave de los nacionalismos en esta etapa siguió siendo la ETA, cuyo ejemplo inspiraba también a grupos nacionalistas catalanes, gallegos, y canarios, aspirantes a imitarla, y despertaba admiración en todos ellos, incluso en los moderados.

El asesinato de Carrero abrió dentro de la ETA una nueva crisis, pues todo hacía prever una evolución democrática y probablemente autonómica. Contra esa evolución convenía actuar de manera resuelta e inteligente, pues la única salida aceptable, revolucionaria, consistía en la plena separación de España para constituir un estado socialista y de habla vascuence exclusiva. Un sector señalaba que en los años anteriores «El pueblo vasco [es decir, la propia ETA] no ha conseguido crear un Ejército popular de liberación»; «El desarrollo de la estrategia aceptada en la V Asamblea no nos ha llevado a una situación de guerra popular de liberación, sino que, junto a la lucha del resto de los pueblos del Estado español nos ha conducido a las puertas de un proceso democrático-burgués». Por lo tanto debía acabarse con la estrategia de la división en cuatro frentes. En adelante debía crearse un movimiento ciudadano amplio que explotase las ventajas de la legalidad para defender el ideario etarra, bajo control de la ETA pero formalmente independiente de ella. La ETA, a su vez, abandonaría los frentes cultural, obrerista y político, que nunca habían funcionado bien y habían causado mil fricciones internas, y se convertiría exclusivamente en una organización armada para marcar el camino a la sociedad vasca con sus atentados, libres de servidumbres legales. Pues solo los atentados habían convertido a la organización en un factor de primer orden en la vida política española.

Otros temían que por esa vía serían otros partidos quienes terminaran aprovechando la situación, gracias al «hechizamiento» que habían de producir en la población las libertades democráticas y la autonomía. En estas circunstancias, «la lucha armada [...] en coordinación con la lucha de masas y su radicalización, tendría en un principio que agudizar las contradicciones para luego, sin dejar lo anterior, pasar a las acciones complementarias de las luchas de masas, y en una tercera fase [...] ir construyendo un Ejército popular, que tomaría el poder después de la destrucción del Estado». Se mantenía, pues, la división en frentes con vistas a una insurrección final248.

Las diferencias entre las dos líneas no parecen muy profundas, pero ocasionaron las clásicas y acerbas acusaciones mutuas de «liquidacionismo» y similares. Las dos tendencias mantendrían la actividad terrorista («militar» en su lenguaje) como vía prioritaria para avanzar hacia la «Euskadi» libre y socialista. Las disputas internas terminarían en escisión, dando lugar nuevamente a dos organizaciones, la defensora de la primera postura sería ETA (m) o militar, y la segunda ETA (p-m) o político-militar, conocidas popularmente como «los milis» y «los polis-milis».

La escisión formal se consumó poco después de uno de los más sonados crímenes de la organización: el 14 de septiembre una bomba en la cafetería Rolando, de Madrid, causó 14 muertos y varias decenas de heridos y mutilados. La carnicería entraba plenamente en la lógica de la ETA, resultó muy inconveniente para ella desde el punto de vista publicitario, pues aspiraba a justificarla alegando que los muertos eran policías, cuando no hubo policías entre ellos. La oposición, siempre dispuesta a justificar al terrorismo etarra, achacó inmediatamente la matanza... al propio gobierno. La acción, aseguraban muchos, tenía los rasgos típicos de una «provocación fascista», aunque tal «tipismo» nunca se hubiera dado en España. La ETA estuvo a punto de reivindicarlo, acusando de inconsecuencia a sus simpatizantes antifranquistas, pero lo pensó mejor y decidió unirse a estos, culpando también de la matanza a los «fascistas». Sabemos esto gracias al testimonio de la intelectual feminista Lidia Falcón, incriminada tangencialmente en el atentado y autora del clarificador libro Viernes y 13 en la calle del Correo249. Como ocurriera en el atentado contra Carrero Blanco, en la infraestructura de este colaboraron miembros del PCE quizá al margen de la dirección, especialmente Genoveva Forest y su marido, el dramaturgo Alfonso Sastre. Lidia Falcón relata cómo la Forest, en la cárcel, exaltaba al principio la matanza como una hazaña, para después, con súbita amnesia, negar enfáticamente la autoría etarra. Mezcla de hipocresía y fanatismo nada infrecuente.

Tan tarde como noviembre de 1974 también comenzaba su andadura el partido nacionalista Convergencia Democrática de Cataluña, liderado por Jordi Pujol, un partido nacionalista de derecha, pero no tan heredero del de Cambó como pudiera presumirse. Tendría un gran futuro, pese a la casi nula presencia de sus militantes en la lucha antifranquista.

Capítulo 26
INCERTIDUMBRE, OLEADA TERRORISTA Y MUERTE DE FRANCO

El año 1975 resultó aún más movido. La primavera registró un importante éxito político de la Junta Democrática, al ser recibida a principios de marzo por la Comisión y el Parlamento europeos, lo cual le otorgaba cierta legitimidad ante el futuro político español. Carrillo quiso que Tierno Galván diera una rueda de prensa en Madrid y se hiciera encarcelar, porque toda Europa le apoyaría y se armaría un escándalo mayúsculo: «Recordaba lo que había significado el encarcelamiento de Alcalá Zamora, Maura y otros miembros del Comité republicano en 1930 para remover a todo el país». Tierno rehusó, quizá no tenía tanta fe como Carrillo en que el país se removiera250.

Este éxito de la Junta tuvo un efecto en parte contraproducente para ella, pues alarmó a la socialdemocracia y a la democracia cristiana europeas, reacias a la hegemonía de un PCE tan lleno de iniciativa. Desconfianza aumentada por los sucesos de Portugal, inmerso aún en una situación harto caótica de evolución muy oscura, con un potente partido comunista empeñado en avanzar hacia su revolución, aparte de la proliferación de grupos maoístas no desdeñables. El PCE exhibía una política, la que sería llamada «eurocomunismo», distinta de la de su correligionario luso, pero una larga experiencia histórica de disfraces y tácticas comunistas abonaba todos los recelos.

Por ello las internacionales democristiana y socialdemócrata redoblaron su apoyo al PSOE como alternativa a la Junta del PCE. Y en junio de 1975 nacía la Plataforma de Convergencia Democrática, capitaneada por Felipe González, y en la cual entrarían el grupo democristiano de Ruiz Giménez, antiguo ministro de Franco y promotor del acercamiento al marxismo desde su revista Cuadernos para el Diálogo; la Unión Socialdemócrata del antiguo falangista evolucionado hacia la izquierda Dionisio Ridruejo; dos grupos maoístas partidarios, aunque no practicantes por el momento, de la lucha armada: la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, ORT, procedente de asociaciones católicas, y el MCE, Movimiento Comunista de España, salido años antes de la ETA; y otras siglas y personajes en mezcla no menos variada y contradictoria que la Junta Democrática o la Asamblea de Cataluña.

La Asamblea de Cataluña optó por no integrarse en la Junta ni en la Plataforma, y tratar con las dos. Ello venía bien a los comunistas, que así podían conocer las decisiones de la Plataforma. No les vino tan bien la pretensión del PNV de hacer lo mismo, y este partido hubo de elegir la Plataforma una vez la Junta le exigió definirse. La Plataforma venía mejor al PNV, no solo por su imagen más moderada y sus apoyos exteriores más amplios, sino porque los socialistas, sus socios en el «gobierno vasco», habían aceptado, en septiembre de 1974, una declaración según la cual en 1936 el PSOE y los republicanos habían formado con el PNV y ANV un «Frente Nacional» vasco dirigido por el lendakari Aguirre para luchar con las armas «contra la rebelión». Esa versión, alejada de la realidad histórica, entrañaba la aceptación por los socialistas y republicanos de las tesis peneuvistas, no reconocidas por ellos en 1936, y con olvido de la permanente traición practicada por el PNV en el imaginario Frente Nacional. Y el PSOE aparecía mucho más favorable a los nacionalismos que el PCE251. Comenzaba una sistemática falsificación de la historia.

Tanto la Junta como la Plataforma oscilaban entre sus radicalismos rupturistas y la conveniencia de transmitir al poder un mensaje de moderación. Mientras se fundaba la Plataforma, la Junta redobló sus esfuerzos para obtener reconocimiento internacional, y sobresaltaba a los gobiernos europeos y useño con el anuncio de un supuesto golpe militar previsto para impedir el establecimiento de la democracia en España252.

La primera mitad de ese año fue también la de «la primavera de Fraga». Dentro del régimen los impulsos evolucionistas chocaban con la inquietud ante la inaceptable evolución del vecino Portugal, y el llamado búnker argumentaba con aparente solidez para imponer al gobierno Arias constantes frenazos en la apertura. Quien entendió mejor la urgencia de tomar la iniciativa si no querían terminar todos desbordados fue Fraga Iribarne, político gallego procedente de la Falange y que en 1966, desde su puesto de ministro, había abolido la censura previa en la prensa y ampliado notablemente la libertad de expresión. Fraga, a la sazón embajador en Londres, propuso a principios de 1975 un plan de reforma democrática con admisión de los partidos, excepto el PCE y, por supuesto, los terroristas. Franco no le dio el visto bueno, y el plan quedó aparcado.

Todo esto ocurría en medio de una considerable agitación laboral y estudiantil. Y en marzo era reelegido Tarancón a la cabeza del Episcopado, lo que no auguraba una mejora en las relaciones entre la Iglesia y el régimen. Sin embargo hubo en la Iglesia cierta marcha atrás con respecto a los años anteriores. Fue suspendida una «asamblea cristiana» promovida por el obispo Iniesta, de rasgos demasiado identificables con el marxismo, y el Episcopado emitió un documento sobre la reconciliación llamando a superar las viejas discordias, que parecían estar resucitando. El documento tuvo escaso impacto en la prensa, quizá por su tono poco estridente. La Iglesia iba a constatar pronto que sus radicalismos y sus ayudas, en muchos casos decisivas, a los partidos antifranquistas, no le habían ganado gratitud alguna entre los beneficiados.

También en el ejército surgían atisbos de división —se formó la UMD (Unión Militar Democrática)—, de poca incidencia, pero significativos por ocurrir donde ocurrían. Y a mediados de junio Don Juan, acuciado por la impresión de derrumbe del régimen y por la actividad de la oposición, tomaba a su vez una actitud rupturista similar a la de 1945, que implicaba la descalificación de Juan Carlos. Ese nuevo cambio de talante tendría tan escaso éxito como el de treinta años atrás, pero irritó a un Franco ya muy próximo a la muerte.

Aquellos fueron meses de intensísimas intrigas y maniobras tanto en el franquismo como en la oposición. Pero al comenzar el estío pasó de nuevo a primer plano el terrorismo. A partir de marzo, la ETA emprendió una escalada de asesinatos individuales mediante su método tradicional, el disparo por la espalda. Así mató hasta el mes de agosto a nueve personas, policías en su mayor parte, más algunos taxistas, un conductor de autobús, etc. El ejemplo, en medio del enrarecido clima político, animó a otros grupos terroristas a pasar a la acción. Desde finales de los sesenta se multiplicaban en España las organizaciones propensas a la «lucha armada», maoístas, anarquistas o nacionalistas catalanas o gallegas. Unas y otras habían realizado atracos y atentados menores, pero entonces tres de ellas dieron el paso decisivo: la UPG gallega, el FRAP y el PCE(r), ambos de ideología maoísta. El segundo, sobre todo, contribuyó al recalentamiento político de aquel verano asesinando a varios policías.

El régimen volvió a endurecer las leyes y restringió la información de la prensa, buena parte de la cual hacía sin mucho disimulo el caldo gordo a los terroristas253. Y a finales de julio y principios de agosto, la policía lograba desarticular las principales organizaciones del FRAP y la ETA, dando la impresión de dejarlas fuera de combate. Entonces entró en acción el PCE(r) matando a un guardia civil e hiriendo a otro. Nuevas y espectaculares detenciones en septiembre contra la ETA poli-mili, causándole algunos muertos cuando esta preparaba grandes atentados, dejaron a la organización derrotada por el momento. Los tribunales militares juzgaron a los detenidos, pronunciando once penas de muerte contra miembros del FRAP y de la ETA.

Enseguida se extendió, dentro y fuera de España, un formidable movimiento de solidaridad, similar al del juicio de Burgos cinco años antes. La unidad inalcanzada por la Junta o la Plataforma volvió a forjarse en la acción a favor de los terroristas, presentados como «luchadores antifascistas» y «patriotas». Numerosos gobiernos extranjeros, intelectuales de izquierda, obispos y el mismo papa Pablo VI pidieron clemencia a Franco. La presión interna y externa llegó a tal grado que casi todo el mundo dio por conmutadas las penas, a semejanza de lo ocurrido en 1970.

Por desgracia, la petición creaba una impresión coactiva, al producirse en un clima de manifestaciones violentas y alegatos que hacían recaer toda la culpabilidad moral y política sobre el régimen, no sobre los terroristas, cuyas víctimas quedaban olvidadas y despreciadas. Además, a los ojos del gobierno español, el anterior perdón de las sentencias de Burgos no había servido para apaciguar la violencia, sino al contrario; y así era. Estas consideraciones pesaron más que otras, y cinco de las sentencias, tres para miembros del FRAP y dos de la ETA, fueron ejecutadas a finales de septiembre.

Al instante se desataron por Europa las protestas y disturbios, con manifestaciones de redoblada violencia, retirada de embajadores, boicots comerciales, asaltos a locales y embajadas españoles, etc. La embajada en Lisboa sufrió saqueo e incendio, no acudiendo la policía hasta el final de la agresión. El gobierno holandés y el sueco de Olof Palme —que a su vez moriría años más tarde en un atentado—, discretos ante otras dictaduras, multiplicaron sus muestras de condena al franquismo y de apoyo a los «luchadores antifascistas» españoles. La ejecución de terroristas reales o supuestos, o de simples disidentes, no era lo que se dice un hecho inhabitual en el mundo, pero solo en relación al régimen de Franco despertaba tales oleadas pasionales.

En España, no obstante, los llamamientos a huelgas y manifestaciones encontraron poca acogida. Por eso, y con la idea de que, si no se replicaba con la mayor energía, el «fascismo» se saldría con la suya y amedrentaría a la sociedad durante bastantes años, el PCE (r) asesinó en represalia, el 1 de octubre, a cuatro policías armados en Madrid. Esa acción entraría en el nombre de la organización armada creada por dicho partido más adelante, el GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre).

El ferviente apoyo a los terroristas por parte de los demás nacionalistas y de toda la izquierda, muy a menudo en combinación con movimientos internacionales, no deja de constituir una tradición en España desde finales del siglo XIX. Como ya quedó indicado, España es probablemente el país europeo donde el terrorismo ha jugado un papel político más decisivo, siendo una de las causas fundamentales del hundimiento de la Restauración. La misma reanudación de la Guerra Civil va marcada simbólicamente por el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo. Y ahora parecía volver a ocurrir.

La oposición al franquismo reivindicaba la democracia y se justificaba en ella, pero en muchos aspectos representaba un serio peligro para la convivencia. Resucitaba los fantasmas del pasado, respaldaba abierta o disimuladamente a la ETA, esperando beneficios políticos de sus acciones, asumía las doctrinas nacionalistas y volvía a la negación de España, tan acusada en los tiempos de anteguerra. La misma palabra «España» —sustituida por «Estado español»— se hizo casi un tabú en esos medios. Sus principales fuerzas profesaban el marxismo, radicalmente antidemocrático. Su antifranquismo visceral colisionaba, en principio, con una masa del pueblo no descontenta con el régimen, como evidenciaba el fracaso reiterado de los llamamientos a rebelarse contra él. Además, aquella oposición se componía de grupos faltos de raíces en la población, de ideologías muy variadas, cuando no enemigas entre sí, que solo reconocían la democracia como un medio para terminar «superándola», como el PSOE en 1931. Si el régimen se derrumbaba y ella tomaba el poder, no era difícil imaginar una nueva época de sacudidas en España.

A mediados de octubre, Franco volvió a sentirse enfermo y pronto entró en una prolongada y dolorosa agonía aprovechada por el rey Hasán de Marruecos para adueñarse de la colonia española del Sáhara, con evidente apoyo useño. España perdía los últimos restos de su imperio colonial, pero de manera incruenta y, al revés que en 1898, el suceso fue acogido casi con alivio. La ONU había dictaminado que la población saharaui debía decidir en referéndum su futuro político, y Franco pensaba cumplir ese mandato. Pero España solo contaba con enemigos en la zona, y las presiones internacionales llevaron al nuevo jefe de Estado, Juan Carlos, a doblegarse y permitir la invasión marroquí, instrumentada como una «marcha verde» de masas exteriormente desarmadas.

Franco falleció el 20 de noviembre, casualmente en el aniversario de la muerte de José Antonio, y también del líder anarquista Durruti, treinta y nueve años antes. Fue enterrado en el Valle de los Caídos, el gran monumento —presidido por una cruz visible a mucha distancia, y sobre los restos de combatientes de los dos bandos—, que él ordenó edificar como recuerdo de su victoria sobre la revolución y como emblema de reconciliación nacional que no ha sido aceptado por la izquierda.

Sin duda alguna Franco fue el personaje político español más destacado del siglo XX, como revelan, entre otras cosas, las pasiones que su figura sigue levantando a casi cuarenta años de su muerte y ochenta del principio de la Guerra Civil, en 1934, cuando él defendió la legalidad republicana frente al asalto de las izquierdas. Esa pasión, sobre todo del lado de la izquierda, viene generando una auténtica catarata de libros, artículos, comentarios en todos los medios de masas, centrados últimamente en la represión derechista durante la guerra y la posguerra. Esa producción busca descalificar de manera absoluta, para la historia, al viejo Caudillo. Sin embargo difícilmente cumplirá esa misión. Aparte de frecuentes exageraciones o invenciones puras y duras, destinadas a fomentar un odio retrospectivo con aplicaciones actuales254, olvidan a las víctimas causadas por el terror izquierdista —no menos sino probablemente más brutal— entre las derechas, olvidan a las víctimas causadas por el terror entre las propias izquierdas; y olvidan que tales comportamientos, lejos de ser típicos de España, han sido expresión muy común de los odios ideológicos característicos del siglo XX en Europa y otros continentes. Tales fallos desenfocan los trabajos, haciéndolos poco útiles como material historiográfico, aunque no desdeñables como propaganda. De esta manera los antiguos rencores siguen activos, y, en la frase de Esquilo, «los muertos matan a los vivos».

Desde luego el franquismo fue una larga dictadura, pero no todas las dictaduras tienen el mismo carácter. Si hacemos un balance global, parece claro que Franco libró a España de una revolución, y por tanto de una dictadura mucho más totalitaria, la libró de un proceso de disgregación, evitó su entrada en la Segunda Guerra Mundial y presidió la época más prolongada de paz y prosperidad que haya vivido el país desde principios del siglo XIX. A su muerte España estaba más cerca del grupo de países opulentos de Europa que nunca en estos dos siglos, y solo pasajeramente han vuelto a recuperarse los niveles de convergencia de 1975. Dejó, pues, un país no solo próspero y con escasa delincuencia, sino también muy mayoritariamente moderado en sus actitudes políticas, como iba a ponerse pronto de relieve. Todo lo cual aseguraría un paso poco traumático a la democracia. Hasta su muerte, Franco siguió convencido de que el sistema de partidos solo podía resultar nefasto para España, pero lo cierto es que estos no habrían podido funcionar luego sin el ambiente general creado por su dictadura.

La mayor decepción y el mayor daño para él provinieron de la postura final de un sector de la Iglesia que se hizo dirigente en ella. Franco estaba convencido, y con plena razón, de haber salvado a la Iglesia, y seguramente le sorprendió, y aun más que le sorprendió, la reconsideración negativa por los obispos, a última hora, de la alianza cimentada durante la guerra.

Estos datos suelen negarse con auténtica pasión, pero no por ello dejan de ser hechos indiscutibles.

TERCERA PARTE: LA DEMOCRACIA

Capítulo 27
INTERPRETACIONES SOBRE LA DEMOCRACIA

Con la palabra «democracia» ocurre como con otros muchos términos políticos tales «fascismo», «libertad», etc., usados tan indiscriminadamente que terminan por no significar nada preciso. Aquí lo empleo como democracia liberal, es decir, como un conjunto de limitaciones del poder (libertades políticas, relativa separación de poderes, limitación de períodos de gobierno...) junto con la elección de gobernantes y legisladores por sufragio universal. Obviamente, ello tiene poco que ver con la engañosa definición etimológica de democracia como «poder del pueblo» o «gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». El pueblo nunca ejerce el poder ni gobierna: no tendría sobre quién; y en las elecciones no decide el pueblo, sino la parte de este que da más votos a una oligarquía o partido determinado. Esa parte puede ser minoritaria si la abstención es muy alta o hay más de dos partidos importantes en pugna. Por lo demás, el poder nace espontáneamente en toda sociedad humana debido a la gran variedad social en tendencias, intereses, sentimientos, etc.; variedad que obliga a establecer una ley, y una autoridad que la haga cumplir. En todos los sistemas imaginables ejerce el poder una oligarquía, generalmente culminada en una persona (monarca en sentido amplio); y solo puede ejercerlo de forma algo estable con un consentimiento, implícito o explícito, de la mayoría de la población, lo que lo aproxima a la democracia. De este modo, cualquier sistema de poder estable es simultáneamente monárquico, oligárquico y democrático. Lo que distingue al que llamamos democracia liberal son las libertades y las limitaciones del poder señaladas, que han tenido en general, aunque no siempre, la virtud de asegurar mayor prosperidad, iniciativa individual y estabilidad política.

En España se produjo una transición pacífica y ordenada del franquismo a la democracia a partir de 1977, tras el referéndum que la respaldó en diciembre de 1976. Fue un caso muy notable en el Occidente europeo, donde casi todas las democracias fueron establecidas o restablecidas por la intervención militar de Usa en la Segunda Guerra Mundial, seguida por el apoyo económico del Plan Marshall. En España llegó, en cambio, sin intervención exterior decisoria y por evolución interna; bastante antes, también, del derrumbe del comunismo en Europa centro-occidental. Claro está, sin la acción bélica useña, la democracia no habría llegado tampoco a España, pero en la victoria de los Aliados sobre la Alemania de Hitler jugó un papel importante la neutralidad española, por lo que la deuda estaría saldada de antemano.

Varias razones hacían inevitable la transición del franquismo a la democracia. En primer lugar, a la muerte de Franco no surgió ningún político o estadista capaz de sucederle en la misma línea, ni era probablemente esa la intención de Franco, que en su testamento no menciona al Movimiento. La persona del Caudillo había tenido valor crucial, debido a la escasa fundamentación teórica de su régimen: había sido él quien con su pragmatismo y adaptabilidad había arbitrado entre las varias tendencias de su régimen, a menudo díscolas y enfrentadas. Le guiaban dos o tres concepciones básicas: el catolicismo, el repudio del comunismo y la integridad nacional. Su rechazo al liberalismo era mucho más relativo y evolutivo. Por otra parte, la Iglesia, pilar esencial del régimen, había abandonado a este desde mediados de los años sesenta. Y por fin, la gente tendía a ver el futuro de España en cierta homologación con los sistemas de Europa occidental, a los cuales se aproximaba el país económicamente.

Para pasar a una democracia estable, el propio franquismo había creado las mejores condiciones, en especial dos: una prosperidad que situaba a España en el club de los países de alta renta per cápita, y de la que disfrutaban destacadamente Vascongadas y Cataluña, junto con Madrid. España se había industrializado considerablemente, con núcleos fabriles importantes en Huelva, Sevilla, Córdoba, Valencia, Valladolid, Vigo, Gijón, Avilés, etc., superando la tradicional concentración excesiva en Bilbao y Barcelona. Pero, más importante aún, se había afirmado una reconciliación nacional con olvido muy mayoritario de los odios típicos de la República. Solo quedaban irreconciliables entre los grupos terroristas, comunistas y separatistas, todos ellos muy poco representativos por entonces. De modo que el nuevo clima histórico parecía excluir la vuelta de convulsiones como las de los años treinta. El ambiente internacional era también mucho más favorable: Europa occidental, en conjunto, parecía asentada en la prosperidad y sus democracias ejercían un tirón sobre España; y Usa deseaba una democratización sin traumas en un país aliado, situado en una posición geoestratégica clave.

Junto a estas facilidades había obstáculos no desdeñables: ante todo la inexperiencia del propio franquismo en la política democrática. Peor todavía, una oposición que, si bien reducida y variopinta, era en su mayoría radicalmente antidemocrática, pues se componía básicamente de comunistas, socialistas, secesionistas y terroristas. Oposición dispuesta a utilizar todos los medios, incluido el atentado, para obstaculizar el proceso o dirigirlo hacia una aventurada «ruptura» que excluyese a los políticos y opinión franquistas, y saltase por encima de cuarenta años de historia para enlazar con el Frente Popular. No obstante, era preciso contar con parte de esa oposición, si bien desde el criterio de un autor de la «reforma», Torcuato Fernández Miranda, los antifranquistas solo aceptarían la transición «si se saben débiles».

En otras palabras, por parte del franquismo (del grueso de él, pues una minoría creía posible la continuidad del régimen) se buscaba establecer una democracia estable y homologada a las europeas. En ello coincidía, como objetivo inmediato, la mayor parte de la oposición, si bien esta, de acuerdo con sus marxismos dominantes, seguía pensando en una democracia como tránsito a un régimen de otro tipo, más o menos socialista. Pesaba, además, la cuestión de la legitimidad, ya que la «reforma» reconocía la del franquismo, rechazada abiertamente por los rupturistas.

El problema consistía en cómo articular la transición. Al efecto se diseñaron dos vías. La primera, patrocinada por Fraga Iribarne, planeaba un cambio «a la inglesa», sin Constitución, simplemente ampliando o cambiando las leyes para permitir la participación de los partidos antifranquistas y elecciones libres. La oposición, consciente de su debilidad, estaba dispuesta a aceptarlo, si bien a disgusto. Pero al parecer tampoco gustaba al rey Juan Carlos, porque dejaría el protagonismo en manos de Fraga y no de él. Así, tras una serie de maniobras, Torcuato, incondicional del rey, preparó una evolución o reforma «de la ley a la ley», es decir, de la implícita legitimidad del franquismo —y no de la República o el Frente Popular— a la legitimidad democrática. Esta solución tampoco agradaba a los antifranquistas, que se rehacían rápidamente gracias a unas amplias libertades de hecho y querían una tercera salida, llamada «de ruptura». La ruptura declararía ilegítimo al franquismo y, como quedó dicho, buscaría el engarce de la democracia con el Frente Popular perdedor de la Guerra Civil. Y es la línea impuesta tardíamente por el PSOE y secesionistas desde el gobierno de Zapatero, mediante la llamada Ley de Memoria Histórica.

La opción de Torcuato fue dirigida en la práctica por Adolfo Suárez, ex secretario general del Movimiento, que había puesto todo tipo de trabas al proyecto de Fraga, acusándolo de demasiado radical. No obstante, una vez en el poder invirtió totalmente el discurso. Suárez, como el rey, era un personaje de gran precariedad intelectual, muy adaptable desde una falta de principios claros; pero en una primera etapa se sometió a la dirección más sólida de Torcuato. Los rupturistas intentaron boicotear la transición gubernamental mediante una constante agitación callejera y un intento —fallido— de huelga general. Las Cortes franquistas aprobaron su propia disolución y la cuestión de resolvió mediante referéndum en diciembre de 1976, boicoteado por la oposición de maneras pacíficas y violentas. Una aplastante mayoría de votos, con pocas abstenciones, respaldó la salida oficial, quedando el rupturismo relegado. Tras esa victoria, Suárez rompió con la tutela de Torcuato, cambió de política y ofreció a la oposición mil facilidades, hasta ir formándose una comunidad de intereses que con el tiempo llamarían algunos «casta política». Nacieron dos grandes partidos, UCD por la derecha y PSOE por la izquierda. UCD se componía básicamente de personas y organismos ligados al Movimiento franquista; el PSOE, antes irrelevante, hubo de ser refundado con aportación de campañas mediáticas y de grandes sumas de dinero de la procedencia más variada, sin excluir la extrema derecha alemana.

La democratización partía, pues, con el ingente capital político acumulado en los años anteriores, fundamentalmente la mencionada prosperidad y el olvido de los rencores y odios del pasado. Además la respaldaban Usa y varios países europeos. Por otra parte, la sumaria cultura intelectual y política de Suárez y de Juan Carlos no dejaría de traer consecuencias: un dato muy relevante de la nueva situación fue el abandono por la nueva derecha del terreno de las ideas, dejado íntegramente a las izquierdas y secesionistas. Estos pudieron identificar sin trabas antifranquismo y democracia, de modo que los más demócratas serían los comunistas y terroristas, única oposición real a Franco en vida de este. Ello daría a la nueva situación un aire difuso y poco firme en la teoría y en la práctica. De hecho, las amenazas más graves a la democracia han venido de un antifranquismo pretendidamente democrático, facilitadas por la escasez o ausencia de principios en la derecha, temerosa de ser identificada con el régimen anterior. Así el terrorismo o la connivencia con él, unas oleadas de corrupción económica que han lastrado la fiabilidad del régimen, unos nacionalismos que utilizaron los estatutos de autonomía como palancas para avanzar sin tregua hacia la secesión; los ataques a la independencia judicial, para hacerla depender de los partidos; una práctica abolición de la separación entre los poderes legislativo y ejecutivo; la eliminación progresiva de los controles legales sobre el gasto de partidos, sindicatos y organismos del Estado; y así otras lacras que, por no haber sido corregidas a tiempo, han llevado a la actual, profunda y múltiple crisis: democrática, nacional y económica255.

No cabe duda de que, descartada en general la amenaza revolucionaria, sobre todo desde la caída del Muro de Berlín en 1989, las tensiones secesionistas se han convertido en el mayor problema para la democracia y la estabilidad de España.

Capítulo 28
RUPTURA CONTRA REFORMA

A la muerte de Franco se extendió por todo el país la sensación de que el régimen no podía durar mucho. Quienes pensaban mantenerlo, como Girón o Blas Piñar, carecían de suficiente prestigio, reconocimiento público y fuerza organizada, incluso carecían de una idea clara sobre cómo obrar sin el Caudillo; y los franquistas más conspicuos, como Fraga, Fernández Miranda o el propio rey, propugnaban la democratización.

La situación recordaba en muchos aspectos a la de 1930, tras la dimisión de Primo de Rivera. En ambos casos la dictadura dejaba a sus herederos una herencia en muchos aspectos excelente, pero al mismo tiempo había sido incapaz de institucionalizar un régimen duradero, por lo cual planteaba un problema político de primer orden: ¿cómo pasar de la excepcionalidad dictatorial a la normalidad constitucional?

El problema había sido muy mal resuelto en 1930-1931. Habían quedado descartados los partidarios de una reforma estable, en favor de quienes encarnaban la incertidumbre por su debilidad representativa y por sus concepciones radicales y rupturistas. Igual dilema surgió en 1975: ¿iban a tomar la iniciativa las fuerzas evolutivas del propio franquismo, o, por el contrario, lo haría la oposición rupturista? ¿Sería Juan Carlos capaz de mantenerse y dirigir la transición democrática, o caería pronto, desautorizado por su origen y repudiado por los antifranquistas y la población? En torno a este dilema iban a girar los sucesos posteriores.

Entrevemos la magnitud de la apuesta al examinar a la oposición en las dos fechas. En 1930-1931, la oposición adoptó el republicanismo, si bien con grandes equívocos, pues los conservadores deseaban moderar a las izquierdas, parte de estas se consideraban ungidas para dirigir una república «burguesa» (con o contra los electores), y otros la aceptaban como régimen de transición hacia una próxima dictadura obrerista. En 1975 el paisaje no difería mucho. También la oposición, en la Junta o en la Plataforma, congregaba a fuerzas y personajes dispares en exceso, desde revolucionarios maoístas hasta reformistas y cristianos de varia intención, casi todos los cuales habían manifestado apoyo o respeto al terrorismo y al comunismo. Teniendo esto en cuenta, la ruptura, el paso íntegro del poder a estas alianzas, habría supuesto un salto en el vacío comparable al de los años treinta.

Había también diferencias de peso. En 1975 la República no era prioritaria para casi nadie, aceptándose en general una monarquía, siempre que estuviera libre del supuesto estigma franquista y como régimen de transición hacia una nueva república. Pensaban para ello en Don Juan, pues su hijo era «un pobre hombre incapaz de toda dignidad y sentido político, que solo aspira a ser rey por algunos meses», en palabras de un triunfalista Carrillo en vísperas de la muerte de Franco256.

Además, la oposición de 1975 descartaba imponerse mediante un golpe de fuerza como el intentado por los republicanos de 1930. No por moderación, sin embargo, sino más bien por resignación disgustada. En 1930 el ejército estaba dividido y desmoralizado, mientras que en 1975 permanecía unido y disciplinado, y los ligeros síntomas de corrosión ofrecían pocas esperanzas a los opositores. A muchos de ellos les habría encantado una reedición de la Revolución de los Claveles lusa en España, pero también sabían que eso era solo un sueño. De ahí su amargura hacia aquellas fuerzas armadas que, como «poder fáctico», les obligaban a una prudencia mayor de la que habrían exhibido por propio impulso. Solo un sector minoritario del antifranquismo (los grupos terroristas esencialmente) creía poder imponer su propia ruptura violenta.

Juan Carlos ya estaba convencido entonces de la urgencia de la reforma. Demorarla podía hacerle perder la iniciativa y verse arrastrado por los acontecimientos. Por el contrario Arias Navarro, aunque gobernaba con ministros reformistas celebrados, como Manuel Fraga o José María de Areilza, propugnaba la cautela, temeroso de cualquier desbordamiento. Se contemplaba como algo próximo la legalización de los partidos, exceptuando a los grupos comunistas, el principal de los cuales, el PCE, permanecía como el más poderoso y mejor organizado de la oposición.

En la práctica los partidos, incluso los de extrema izquierda, pudieron operar enseguida con una tolerancia muy próxima a la libertad. Desde principios de 1976 desplegaban masivamente su propaganda y la mayoría de la prensa los apoyaba. La agitación subió de grado y menudeaban las huelgas, por efecto de la crisis económica mundial que empezaba a sentirse en España. La más grave ocurrió en Vitoria, el 3 de marzo, donde tomó carácter revolucionario, igual que otra de años antes en Pamplona promovida por el partido maoísta ORT, de origen clerical y con curas en su militancia. El gobierno juzgó las luchas de Vitoria, en realidad faltas de dirección precisa, como un intento de imponer en la calle un movimiento radicalizado que abriera paso a un gobierno provisional. Interpretación dudosa, si bien encajaba en las estrategias de aquellos partidos. De haber cundido el ejemplo de aquella huelga, el búnker o el ejército habrían podido cortar el proceso de cambio. En cualquier caso, el gobierno no estaba dispuesto a tolerar tales movimientos, y la policía lo reprimió con gran dureza, causando cinco muertos. Fraga asumió la responsabilidad, aunque el responsable directo fuera Adolfo Suárez, por hallarse Fraga en Alemania257.

Aquel mes tuvo lugar otro suceso sintomático: la visita a España del premio Nobel de Literatura Solyenitsin, uno de los grandes testigos de las atrocidades totalitarias en el siglo XX. Entrevistado en la televisión, comparó la relativa pero muy considerable libertad que disfrutaba España, con el férreo despotismo soviético. Sus palabras hirieron en lo más hondo a la oposición antifranquista, para la cual era tabú la crítica a la Unión Soviética, y la respuesta estuvo a tono: defensas abiertas del Gulag y los insultos más soeces a Solyenitsin. Hubo muy pocas excepciones en tamañas condenas, en las cuales participaron con entusiasmo desde la revista de orientación comunista Triunfo a la católico-progresista Cuadernos para el Diálogo, desde marxistas conocidos a democristianos e intelectuales derechistas y más o menos independientes. Esta reacción, por su furia y fanatismo, y por lo que tenía de autorretrato, prometía cualquier cosa menos tranquilidad a la democracia en ciernes.

El mes de marzo terminó con un acontecimiento de relieve: la Junta y la Plataforma unían sus fuerzas en una alianza más amplia, Coordinación Democrática, conocida popularmente, con mofa benévola, como «La Platajunta». La alianza perjudicaba al gobierno, una de cuyas mejores bazas consistía en la división y malas relaciones entre sus adversarios. Los comunistas, deseosos de ganar crédito como moderados, y llenos de ansiedad por si no se les legalizaba, cedieron el mayor protagonismo de la nueva organización al PSOE, aun temiendo que este comprase su propia legalización al precio de la ilegalidad del PCE. Los socialistas, con más garantías del gobierno, ostentaban un radicalismo algo adolescente.

La Platajunta, por su carácter unitario pese a las enormes diferencias entre sus componentes, aumentaba la eficacia de la oposición, y rápidamente logró popularizar sus consignas, en especial: «Libertad, amnistía y estatutos de autonomía», con la cual impulsó nutridas manifestaciones por toda España. Su intención consistía en imponer la ruptura e ir a un proceso constituyente, probablemente por medio de un gobierno provisional. Si bien su fe no muy firme en la posibilidad de lograrlo atemperaba su radicalismo. Algunas de sus organizaciones y representantes, en especial el abogado García Trevijano, exhibían un rupturismo consecuente y rechazaban las ofertas franquistas de concordia; pero comunistas y socialistas, dudando de su propia fuerza para un enfrentamiento radical, o temiendo verse desbordados en el proceso, buscaron enseguida tratos discretos con el gobierno. A finales de abril Felipe González se entrevistaba con Fraga, lo cual implicaba que los radicalismos socialistas debían entenderse más bien como retórica, aunque no dejaban de tener efectos perturbadores. Por otra parte, el alto grado de infiltración policial en el PSOE forzaba a este partido a distanciar su audacia verbal de los actos.

Para favorecer al PSOE contra el PCE el gobierno autorizó, también en abril, la celebración del XXX Congreso de la UGT en Madrid, con lucida asistencia sindical foránea. Los congresistas hablaron de ruptura, tremolaron banderas republicanas, alzaron los puños y cantaron la Internacional, aumentando el nerviosismo de Arias Navarro. En mayo unos choques entre carlistas tradicionalistas y autogestionarios en la concentración multitudinaria de Montejurra ocasionaron dos muertos y un nuevo estremecimiento político, certificando la división y declive del histórico movimiento258.

Empeoraban las relaciones entre el rey, deseoso de un mayor dinamismo en el cambio, y Arias. El peso fuerte del gobierno de Arias era Fraga, que había diseñado una transición «a la inglesa», institucionalizando las libertades y los partidos que de hecho ya existían, sin constitución particular. Como quedó indicado, al rey no le gustaba, porque sería la reforma de Fraga y no la de Juan Carlos, y se apoyó en Torcuato Fernández Miranda para socavar a Arias y a Fraga. A su vez, Torcuato se apoyó en Suárez, un político de segundo orden, bastante inculto y próximo al búnker, pero dispuesto a cambiar de posición sin muchos remilgos. El 3 de julio, Arias presentaba la dimisión. Para sorpresa general, le sucedió Suárez, que poco más de un año antes había tomado posesión de la Secretaría General del Movimiento vestido con la camisa azul falangista, y con estas palabras: «Soy un hombre de creencias sólidas, y por ello mi fidelidad a España y mi lealtad al régimen, y su legitimidad como Estado [...] encabezado por Franco»259. Areilza, Fraga y otros políticos de mayor fuste quedaron descartados. Una sensación de fastidio, decepción y temor recorrió a la Platajunta.

Y el 18 de julio, 40 aniversario del alzamiento derechista, entraba en escena un nuevo grupo terrorista con una espectacular «traca» de explosiones en numerosas localidades: el GRAPO. Se trataba de la sección armada de PCE(r), que había actuado en el verano y el 1 octubre del año anterior. Con sus nuevos golpes quería recordar que el régimen vigente provenía de la Guerra Civil y que solo cabía una lucha sin tregua para erradicarlo de arriba abajo y, con él, al capitalismo. De paso denunciaba la actitud sumisa y negociadora de la Platajunta, «la oposición domesticada».

La postura del GRAPO tenía su lógica, como la de la ETA, pues, al pintar al régimen con las más oscuras tintas, como una tiranía fascista sostenida sobre la explotación y el terror, la consecuencia debía ser una lucha violenta y sin concesiones. Quien mostraba incoherencia era más bien la oposición restante, pues empleaba las mismas tintas y en cambio trataba de que los «asesinos fascistas» aceptaran negociar con ella. Pese a su tradicional comprensión hacia el terrorismo, la oposición «domesticada» sintió muy poco placer ante la irrupción del GRAPO. Mirándola como un serio peligro para los avances logrados hasta la fecha, resolvió atajarlo mediante una campaña de descrédito: el GRAPO resultaba ser... franquista o instrumento del franquismo.

Suárez, tutelado por Torcuato Fernández Miranda, un político mucho más experto, sorprendió a todos acelerando la evolución. La maniobra clave sería la Ley de Reforma Política, por la cual las Cortes franquistas debían votar su propia disolución y el referéndum que permitiera al pueblo decidir sobre el nuevo régimen, asegurando así la transición «de la ley a la ley». Con esta empresa audaz el franquismo, es decir, su sector más fuerte, tomaba decisivamente la iniciativa política.

El gobierno intensificó los contactos con la oposición, la cual, naturalmente, estaba muy poco contenta de pasar a un plano tan secundario, como simple ayudante de quienes, a su juicio, carecían de legitimidad democrática... aunque tampoco resultara fácil distinguir la legitimidad democrática de la variopinta Platajunta. Para ganar protagonismo, esta recrudeció las movilizaciones, que debían culminar el 12 de noviembre en huelga general, como signo de firmeza rupturista ante la reforma. Sin embargo empezó a hablarse de «ruptura pactada», signo de claudicación: ¿cabía pactar con quienes se pretendía romper? Ruptura sin ruptura, pues, que no dejó de crear tiranteces internas, manifiestas en la práctica expulsión del rupturista radical García Trevijano. Para neutralizarlo, el socialista Múgica le acusó de turbios manejos con el feroz tirano de la ex Guinea española, Macías.

El gobierno tomó la huelga general de noviembre por lo que era, un desafío estratégico, y puso el mayor empeño en hacerla fracasar. Pararon muchos menos trabajadores de los esperados, y esta derrota de la oposición acabó de volatilizar cualquier esperanza de ruptura. La misma Platajunta, transformada desde hacía unas semanas en la POD (Plataforma de Organizaciones Democráticas, para incluir algunas regionales) feneció de hecho.

El éxito ayudó a Suárez a cosechar otro, definitivo, apenas una semana más tarde: la aprobación por las Cortes franquistas de su Ley para la Reforma Política. No hubo el menor engaño sobre el alcance de la propuesta, y Blas Piñar lo indicó: suponía «la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal», y por tanto, a su juicio, «la liquidación de la obra de Franco». Otro procurador, Fernández de la Vega, atacó a la «misérrima oposición que con su resentimiento a cuestas ha recorrido durante cuarenta años el camino de las cancillerías europeas denunciando el pecado de la paz y el progreso de España, alimentando los viejos y al parecer eternos prejuicios antiespañoles con la sucia leña de la tiranía de Franco».

Replicó el ex ministro Fernando Suárez: «No trate de demostrarnos que para ser leales a Franco hay que impedir en estos momentos que sea el pueblo de España [...] el que decida su propio destino. Quienes hemos dictaminado este proyecto no vamos a intentar disimular con piruetas de última hora nuestras ejecutorias en el Régimen. Pero hemos pensado siempre [...] que los orígenes dramáticos del actual Estado estaban abocados desde sus momentos germinales a alumbrar una situación definitiva de concordia nacional. Una situación [...] ¡en la que no sea posible que un español llame ‘misérrima oposición’ a quienes no piensan como él!, porque habremos sido capaces de rebajar el concepto de enemigo irreconciliable al más civilizado y cristiano concepto de adversario político, pacífico [...], sin [...] nuevos desgarramientos y nuevos traumas, porque se ha garantizado de manera permanente la posibilidad de acceso político al poder». Su discurso, de corte liberal, descansaba en la triple convicción o esperanza de que la oposición se había vuelto básicamente pacífica y democrática, de que carecía de fuerza bastante para imponer la ruptura, y de que la población aceptaría la democracia propuesta desde el propio régimen franquista.

La votación respaldó abrumadoramente la ley: 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. A este acontecimiento trascendental se le han querido dar muchas explicaciones, incluso sórdidas, presentándolo como un engaño o autoengaño, pero la argumentación desplegada en las Cortes no podía estar más clara: la clase política franquista renunciaba voluntariamente al poder en aras de una mayor concordia y libertad general, y lo hacía cuando la oposición acababa de mostrar su debilidad (aunque, también porque esa debilidad la hacía menos temible). Habrá muy pocos precedentes, si alguno, de un hecho semejante. En su sentido histórico, la votación refrendaba al franquismo —no en cuanto sistema político, sino en cuanto régimen obligado, pero excepcional—, y mostraba voluntad de reconciliación con los antiguos y nuevos adversarios sobre la base de las libertades. Después de cuarenta años debían darse por enterrados los viejos demonios. Como diría un ponente de la ley, Miguel Primo de Rivera, contestando al escritor falangista Antonio Izquierdo, «¿Por qué atacar el futuro parlamentarismo comparándolo con los pasados, tan nefastos y nocivos para España, y que son ya agua pasada?»260. Talante esperanzado y optimista.

El gobierno se sentía fuerte y, para dar cancha a la oposición menos peligrosa, permitió al PSOE celebrar un nuevo congreso en Madrid, el 5 de diciembre. El partido se definió como «de clase, de masas, marxista y democrático», términos ni coherentes ni tranquilizadores; y como aspirante a «una sociedad sin clases mediante nacionalizaciones y cambios en las estructuras de las empresas para asegurar el control obrero», plan reminiscente de los de Allende. Pero allí estaban Mitterrand, Olof Palme, Willy Brandt, etc., la flor y nata de la Internacional Socialista arropando el congreso, como garantía de que tales frases no debían tomarse muy en serio. El PSOE, resuelto a convertirse en el partido principal de la oposición, mostraba escaso fervor solidario por la legalización del PCE. Actitud no del todo nueva: la UGT había colaborado con la dictadura de Primo como un modo de desbancar a su rival CNT.

El PSOE, insignificante al comenzar la Transición, estaba ayudado y financiado por todo tipo de intereses, incluso de la extrema derecha alemana, a fin de cortar el paso al PCE, conceptuado como un enemigo serio. Ante el peligro, el líder del PCE, Carrillo, forzó el juego para «conquistar la legalidad»... aceptando lo que el PSOE había rechazado: monarquía, economía de mercado, bandera tradicional, etc. Desde hacía meses Carrillo vivía en España en una clandestinidad probablemente consentida, pero entonces se presentó, el día 10, ante la prensa española y extranjera rodeado de los demás dirigentes del partido. Doce días más tarde lo arrestaba la policía en lo que resultó un trámite para la legalización de su partido, hecha efectiva en abril del año entrante.

Y culminaban los preparativos para el referéndum que debía dar respaldo popular a la reforma, a celebrarse el 15 de diciembre. La oposición, ya muy desalentada, pidió la abstención argumentando contra una votación sin previas libertades. En parte tenía razón, aunque las libertades funcionaban ya en la práctica, y difícilmente podría nadie oponerse a una consulta popular para imponerlas de lleno.

Pero el golpe más duro a los proyectos del gobierno vendría del GRAPO, que el día 11, cuatro antes del referéndum, secuestraba a Antonio María de Oriol, ex ministro de Franco y patriarca de una de las principales familias de la oligarquía. Por su liberación pidió la de diversos presos terroristas, pero su objetivo de fondo consistía en denunciar la persistencia del «fascismo» e indicar a las masas la única vía válida contra él, la de las armas, y no la de los ominosos tratos de la oposición «domesticada». Era, como diagnosticaría Areilza, «un ataque directo a la operación reformista y al proceso entero de la transición»261. Para el GRAPO, la transición no pasaba de un «cambio de fachada», una farsa a denunciar y echar por tierra. Doblegar al gobierno habría sido sin duda una magna victoria del terrorismo maoísta.

Pero el secuestro no afectó al referéndum: votó un 77,4 por ciento, con un 94 por ciento de síes. Ello daba a Suárez una fuerza extraordinaria, dejaba a la intemperie al búnker y reducía a la oposición a un papel meramente auxiliar en el proceso en curso. Poco después el gobierno aceptaba tratar con una comisión de representantes de la oposición, aunque no ya de ninguna organización tipo Platajunta.

Con todo, el secuestro de Oriol iba a absorber durante dos meses la atención política y exacerbar las «contradicciones» en el seno de la burguesía, por emplear los términos marxistas. Tanto más cuanto que, en una nueva exhibición de eficacia, el GRAPO secuestró el 23 de enero de 1977 al teniente general Villaescusa. El doble golpe desató tensiones en el ejército y entre los sectores reformistas y los ya desbaratados continuistas, al paso que la oposición temblaba ante una posible quiebra del proceso democratizador. Los «ultras» respondieron el día 24 con el asesinato de cinco abogados laboralistas afectos al PCE. A su vez, el GRAPO asesinó, en represalia, a tres policías, creándose un comienzo de espiral terrorista.

En la derecha reverdecían los temores a los procesos de preguerra, y muchos culpaban a los comunistas, acusación en parte real, pues el PCE(r)-GRAPO lo era, aunque no la «cara oculta» del PCE, como pensaban algunos. Y la izquierda, atemorizada ante la perspectiva de pagar los platos rotos, atribuyó a las acciones del GRAPO carácter «fascista», afirmando que la organización estaba manejada por la extrema derecha o infiltrada por la policía. Nada de ello correspondía a la verdad, pero la oposición tenía el máximo interés en distanciarse de aquellos golpes y ofrecer garantías de su espíritu moderado y respetuoso. Dieron prueba de ello los comunistas en el entierro de sus abogados asesinados, una manifestación impresionantemente pacífica y silenciosa. En ese momento el PCE se ganó definitivamente la legalidad, que le llegaría oficialmente en abril, y de paso se rodeaba de un aura pacífica totalmente contradictoria con su historia y su doctrina.

El GRAPO especuló con asesinar a Oriol si los presos no eran liberados, pero comprendió enseguida el enorme efecto político y propagandístico de retenerle a él y luego a Villaescusa, mientras la policía fracasaba una y otra vez y el gobierno daba una penosa imagen de impotencia. Incluso pensó en secuestrar a Fraga, a fin de impedir las elecciones previstas para el mes de junio. Pero la operación se vino abajo de súbito, una vez la policía encontró el hilo que le llevó a los coches robados utilizados por la organización. Al parecer el gobierno estuvo próximo a ceder al chantaje, pero al final no ocurrió así, y el plan reformista salió fortalecido262.

Y el 15 de junio, seis meses después del referéndum, la gente acudía a las urnas. Los resultados muestran que España salía del franquismo próspera como nunca y también moderada políticamente. El partido de Suárez, UCD (Unión de Centro Democrático), representante del franquismo reformista y de otras derechas desvinculadas de la dictadura, ganaba con el 35 por ciento de los votos y 166 diputados. Le seguía, con el 29 por ciento y 118 respectivamente, el PSOE, conformado como gran partido de la oposición, para irritación de los comunistas, que solo obtenían el 9 por ciento y 20 diputados. Alianza Popular con el 8 por ciento y 16 diputados y el PSP de Tierno, quedaban también en plano secundario, y el segundo se diluiría en el PSOE algún tiempo después. Los partidos considerados extremistas o autoritarios, con razón o sin ella, pues en buena medida era cuestión de pura imagen, recibieron pocos votos.

Así, el régimen franquista, el grueso de él, había ganado la batalla política de la Tansición, y seguramente gracias a ello pudo esta transcurrir en una calma muy notable, pese a los atentados y provocaciones, de origen izquierdista en su mayoría. La reforma había triunfado sobre la ruptura. Todos habían aceptado el juego democrático bajo la monarquía de Juan Carlos y la bandera tradicional española, y los presos políticos habían sido amnistiados. El ejército aceptó con disciplina el cambio, aun si en su seno se manifestaron malestares y dimisiones.

Previamente el gobierno había dado todo tipo de facilidades, incluso económicas, para la reorganización de los partidos. Así, según confesión de Leopoldo Calvo Sotelo, la UCD pasó cantidades importantes de dinero al PSOE, por temor a un éxito del PCE263. Por lo demás, el PSOE recibía abundantes caudales del exterior. Otro gran beneficiario de Suárez fue el PNV, con 300 millones de pesetas, cantidad muy elevada a la que Arzallus aludió como «un pequeño adelanto a cuenta». A cuenta, supuestamente, de los bienes del PNV incautados después de la guerra. El PNV, al huir de Vizcaya, había desvalijado los bancos de la provincia, y en el exilio había tenido acceso a los bienes robados por Negrín, así como a fondos del FBI que nunca había justificado. Denunciado el asunto en 1986 por Adolfo Careaga, político bilbaíno de derecha, el jefe sabiniano Iñaki Anasagasti respondió: «No creo que sea bueno hurgar en estos temas». Al menos no debía de ser bueno para el PNV. Ni para Suárez264.

Si hubiéramos de creer a numerosas historias en circulación, las cosas habrían sucedido exactamente al revés: la iniciativa democratizadora habría salido de la oposición antifranquista, limitándose «algunos» políticos procedentes de la dictadura a jugar un papel auxiliar.

La operación reformista no deja de ser chocante: ni el gobierno ni los partidos de la oposición ostentaban una ejecutoria democrática, y sin embargo la democracia debía hacerse posible. La clave radicaba en la voluntad de convivencia pacífica y olvido de agravios. Un largo pasado de enfrentamientos parecía concluir de una vez por todas.

Capítulo 29
LA ETA COMO EJE POLÍTICO

Si lo anterior vale para el conjunto de España, vale bastante menos para Vascongadas. En toda España el apoyo de las izquierdas al terrorismo nacionalista vasco había distorsionado seriamente la evolución hacia la democracia, pero en las provincias citadas ese apoyo se había convertido en el eje mismo de la política.

Apenas comenzada la Transición, la reivindicación de la amnistía cobró importancia esencial. Había algo menos de medio millar de presos políticos, pero los condenados por terrorismo, buena parte del total, ¿debían ser liberados como los de Comisiones Obreras u otros partidos no violentos? Estos últimos sufrían prisión por delitos que dejaban automáticamente de serlo en el nuevo régimen, pero resultaba difícil aplicar igual criterio a quienes habían tomado parte en asesinatos, generalmente con alevosía. ¿Podía amnistiarlos el gobierno, en aras de la reconciliación, cuando sus grupos no ofrecían la menor garantía de que cesarían de matar y, por el contrario, exhibían su intención de continuar haciéndolo hasta lograr sus objetivos, inasimilables para la democracia? No obstante, los tiros en la nuca y las bombas habían ganado a los etarras la consideración de «héroes antifascistas» o «patriotas vascos», gracias a una propaganda sostenida con extraña devoción durante diez años por casi todo el antifranquismo. Esa imagen había calado en amplias masas de la población vizcaína y más aún de la guipuzcoana, incluso en el resto de España. ¿Cómo podían seguir en la cárcel tales adalides de la secular lucha del pueblo vasco contra la opresión española, según los nacionalistas, o de la resistencia a la dictadura franquista, según las izquierdas?

Por su parte la ETA no se había limitado a atentados más o menos espectaculares. Había tejido en numerosas localidades una red de vigilancia y espionaje sobre el vecindario, a veces facilitada por su relación con algunos clérigos, buenos conocedores de su feligresía; y disponía de activas organizaciones paralelas. A su prestigio «heroico» se añadía así la capacidad de infundir inseguridad y pavor, lo cual, en la situación fluctuante derivada del cambio político, inducía a mucha gente a exhibir un «patriotismo» exacerbado. La ETA se había convertido en un poder subterráneo, pero muy efectivo en la sociedad vasca, que el antropólogo Caro Baroja ha encontrado análogo al ejercido por la Mafia en algunas regiones italianas.

Por todo ello, la lucha por la amnistía de los presos terroristas iba a convertirse en «Euskadi» en un poderoso movimiento de masas. Según la oposición, al ser la ETA un producto de la opresión del franquismo, sobre este recaía la culpa de la violencia, la cual perdería su razón de ser y desaparecería cuando la democracia fuera completa y evidente. Por tanto convenía liberar a aquellos luchadores, equivocados pero bienintencionados, a quienes en definitiva se debía la Transición, pues ¿no habían matado a Carrero Blanco, el principal obstáculo a la democracia? Y no solo convenía liberarlos, sino negociar, satisfacer parte al menos de sus reivindicaciones, para demostrarles la existencia de libertades y la voluntad democrática del gobierno.

Este punto de vista convertía en árbitros de la democracia a los terroristas, que, desde luego, no eran un producto del franquismo, sino, evidentemente, del antifranquismo, y carecían de cualquier interés en las libertades «burguesas». Sin embargo tal fue la actitud prevalente, que iba a condicionar durante casi dos décadas la política al respecto.

Como ya vimos, la ETA se planteó con plena claridad, desde 1973, el sabotaje a la evolución democrática en España, en plena coherencia —como el GRAPO— con sus ideas totalitarias. Por ello, lejos de frenarse tras la muerte de Franco, golpeó aún más ferozmente, aprovechando las mayores facilidades de la nueva situación: en el año y medio largo entre esa fecha y las elecciones asesinó a 23 personas. También capturó en el sur de Francia a dos policías españoles, en abril de 1976. Argala, jefe del atentado contra Carrero, torturó y mató a sus presas, siguiendo probablemente el pensamiento de Krutwig. Los cuerpos aparecieron en una playa semanas después. La lista de víctimas incluía, además de policías y guardias civiles, varios alcaldes, obreros, estudiantes, un inspector de autobuses, un taxista, etc., acusados por lo general de «soplones» o simplemente de «enemigos del pueblo vasco».

Tuvo especial resonancia el asesinato de Ángel Berazadi, en abril de 1976, por la ETA poli-mili. Los secuestradores exigieron 200 millones de pesetas, y, al reunir la familia solo la mitad, llevaron a Berazadi a un monte donde, atado y de rodillas, lo mataron de un tiro en la nuca. Se trataba de un empresario muy próximo al PNV, por lo cual este partido condenó, por primera vez, un crimen de los otros nacionalistas.

El hecho no dejó de provocar discrepancias en el seno de la ETA poli-mili, y la facción más extremista secuestró a uno de los dirigentes, Pertur, partidario, al parecer, de dejar las armas, y de quien nunca más se supo. Se hizo circular la especie de que su desaparición era obra de la policía, y las organizaciones pro terroristas orquestaron movilizaciones a favor del desaparecido. Así sacaban doble provecho de su muerte.

Para entonces el PNV se fortalecía gracias a la tolerancia oficial. El partido-comunidad renacía en torno a los batzokis y asociaciones que gobernaban la vida de sus afiliados. Al lado de dirigentes históricos como Ajuriaguerra o Leizaola descollaban otros más jóvenes, como Arzallus, Garaicoechea o Anasagasti, que darían que hablar en el futuro. El gobierno consideraba a este partido una opción moderada y democrática, contrapeso frente a la ETA como el PSOE frente al PCE. Sin embargo los sabinianos cultivaron desde el primer momento una típica ambigüedad. No condenaban las acciones etarras, habían estado en la Platajunta y tratado al mismo tiempo de crear un «Consejo» de fuerzas políticas de ámbito exclusivamente vasco; ante el referéndum de diciembre de 1976 habían propugnado la abstención, y la conjunción de sus esfuerzos con los de la izquierda había logrado que en Vizcaya y Guipúzcoa la votación no pasase del 50 por ciento. Ello no había impedido al PNV negociar con el gobierno, y en enero de 1977 había logrado la legalización de la bandera de Sabino Arana como bandera general de Vascongadas.

En marzo de 1977 el PNV celebró eufóricamente una asamblea en Pamplona para redefinirse ante la nueva época. El partido se mantuvo «coherente con las concepciones de su fundador», invocando con una fraseología algo nebulosa el «derecho del pueblo vasco a realizarse conforme a su propia personalidad». Pero introdujo cambios de importancia: se declaró aconfesional y democrático, y evitó las embarazosas referencias raciales. Caracterizó la esencia de lo vasco como «voluntad integradora, impregnación cultural y aportación al desarrollo» de «Euskadi», admitiendo así, en principio, a los maketos; y expresó su aspiración a «un Estado vasco autónomo, solidario con los demás pueblos del Estado en el marco de la Europa de los pueblos»265. Tales palabras podían tomarse en más de un sentido, pero sonaban muy esperanzadoras, pues renunciaban, al menos en la superficie, a varias concepciones de Arana incompatibles con la democracia, como la raza o la estricta confesionalidad.

Por esas fechas se acercaban las elecciones, y, siguiendo una táctica que se haría permanente, el PNV las desvalorizó asegurando que incumplían «los requisitos para que fueran limpias y democráticas»... no obstante lo cual se presentó a ellas. Para ganarlas en «Euskadi» propuso una alianza nacionalista con inclusión de las dos ETA y sus organizaciones políticas y de otras no violentas, como ANV. Representantes de todos ellos (no menos de doce siglas) negociaron durante el mes de mayo en la localidad francesa de Chiberta, cerca de la frontera.

El PNV miraba a los terroristas como una mezcla de hermanos y rivales peligrosos. Dispuesto a ayudarles y a cargar la culpa de sus delitos sobre las espaldas de otros, no pensaba cederles el protagonismo político. Además tenía conciencia de que, bajo el aura heroica y el aplauso social, sus provocaciones podían traer pésimos frutos para todos. El PNV propuso ir a las elecciones y luchar luego por el estatuto y la amnistía, pues la «libertad de Euskadi» no se obtendría de golpe. Pero los etarras concebían una táctica muy distinta. Adujeron que «cuando se consigue algo es porque se lucha», y que «Euskadi sigue explotada y oprimida igual que antes». La discusión se agrió, y la ETA mili anunció una «campaña de acciones armadas ofensivas», es decir, de nuevos asesinatos, desde el 15 de mayo si el gobierno no se doblegaba a la amnistía previa. Pues, «ya hemos aprendido que solo así se consiguen las cosas»266.

Los reunidos acordaron por fin mandar una delegación a Suárez para exigirle la amnistía previa a las elecciones, bajo amenaza de dimisión de alcaldes, boicot nacionalista a las elecciones y ofensiva etarra. Suárez, algo flojamente, escudó su negativa en la presión de los «ultras», y ofreció un gesto, la liberación de varios presos destacados, como Mario Onaindía y otros del Proceso de Burgos, más una probable amnistía para después de los comicios. Anunció también su intención de liquidar a los grupos terroristas, aunque no con la supuesta torpeza de los anteriores gobiernos: él se apoyaría en Europa y en convenios internacionales267.

El encuentro no complació a la ETA-mili y sus seguidores, según los cuales Suárez «mantenía a los presos como rehenes para no dar poder político a los vascos». Por lo tanto no pensaban «claudicar» sino dar «algunas bofetadas». El PNV replicó que lo que ellos llamaban «ceder, ceder» debía considerarse «adelantar, adelantar». Además las dos ETA negociaban por su cuenta con el gobierno, el cual, al parecer, ofreció sacar a los presos a cambio de una tregua de tres o cuatro meses, propuesta que los etarras rechazaron. El gobierno debía pasar forzosamente por el aro. El PNV, a su vez, no aceptó las tesis etarras, pues estaba resuelto a participar en las elecciones, pese a su supuesta falta de condiciones democráticas268.

Mientras tanto, en el mismo mes de mayo, los pro terroristas habían organizado en Vascongadas una «semana por la amnistía» multitudinaria y violenta, en la que se habían producido algunos muertos. El PNV, temiendo verse rebasado, criticó el «caos callejero» y, a través de la Democracia Cristiana internacional y moviendo otros hilos, presionó sobre el gobierno en pro de la amnistía. Las reuniones de Chiberta terminaron en ruptura entre los nacionalistas partidarios de imponerse al gobierno por medio del asesinato o la amenaza de él, y los partidarios de negociar con menos presión, por temor a que la cuerda se rompiera. Los milis llegaron a decir que el PNV servía al gobierno en una estrategia para liquidar a la ETA, y resolvieron finalmente reiniciar su «ofensiva». En cambio los polis-milis acordaron ir a las elecciones a través de su organización legal Euskadiko Ezkerra269.

Las elecciones de junio del 77 dibujaron en Vascongadas un mapa político históricamente nuevo. En Álava ganó la UCD, y en Vizcaya y Guipúzcoa el PNV. Este fue el partido más votado, con 296.000 votos (29 por ciento), seguido de cerca por el PSOE con 268.000 (26 por ciento), a distancia por la UCD, con 130.000, y bastante más lejos por Euskadiko Ezkerra, con 61.000, y Alianza Popular, de Fraga, con 45.000. Los comunistas, pese a su actividad bajo el franquismo, quedaron muy relegados.

La preferencia de la población por los partidos de imagen moderada estaba clara. La escasa abstención, un 23 por ciento, prácticamente igual a la del resto de España, demostraba que la postura boicoteadora de la ETA-mili no había tenido incidencia. En ese sentido, la moderación había prevalecido, como en el conjunto del país. Sin embargo esto era solo parte de la verdad. La otra parte consistía en la abrumadora mayoría nacionalista, pues también podía etiquetarse de seminacionalista al PSOE, que hablaba de autodeterminación y mostraba la mayor comprensión hacia los sabinianos, compartiendo sus símbolos y muchos de sus rasgos. Al poco tiempo cambiaba su nombre por el de PSE, Partido Socialista de «Euskadi» (aunque integrado en el PSOE) e incluía Navarra en sus pretensiones territoriales. El miedo a la acusación de «sucursalista», casi tan eficaz como la de «fascista», empujaba a aquellas transformaciones. Anteriormente, los nacionalistas violentos habían sufrido continuas escisiones «españolistas» a través del obrerismo. Ahora ocurría lo opuesto: casi toda la izquierda iba a reforzar su nacionalismo vasco, hasta compitiendo en fervor con los sabinianos.

Por lo tanto, tras más de ocho décadas de avatares, casi la mitad de ellas de práctico hundimiento bajo el franquismo, las ideas de Arana resurgían con empuje casi aplastante, tanto en su versión violenta como en las más moderadas. Este renacimiento provenía de la actividad de la oposición antifranquista en general, de parte del clero en particular, y, sobre todo, de la ETA, que había concitado en torno suyo una simpatía casi unánime. Desde luego, los admiradores de la ETA opinaban en 1977 que el terrorismo había cumplido su misión histórica y debía retirarse de la escena, pero los terroristas, lógicamente, opinaban lo contrario, tal como los anarquistas en 1931, al comenzar la República. El proceso iniciado en 1968 con el asesinato del guardia civil Pardines había cobrado tal impulso que iba a convertirse en el eje de la política en Vascongadas y uno de sus puntos clave en toda España. Gracias, también, a una UCD que había desertado de la lucha por las ideas.

Los nacionalistas diseñaron una identificación automática entre «español» y «fascista» o «franquista», explotando el carácter sin duda españolista del régimen anterior. A esa identificación contribuyó con entusiasmo la izquierda, en cuyo vocabulario menguó el uso del término «España», considerado a menudo «ofensivo» y sustituido por el de «Estado español». Sentimientos más forzados que sinceros, pero no sin efectos cruciales en Vascongadas y Cataluña, pues ponían a la izquierda a remolque de los nacionalistas. A lo largo del franquismo las izquierdas, en especial las comunistas, habían sostenido los «derechos nacionales», y a la hora de la verdad se veían condicionados por quienes, con la tardía excepción etarra, tan poco habían luchado, pero subían al estrado con arrogante seguridad y confianza en sí mismos.

Un punto débil de los nacionalistas vascos consistía en sus divisiones internas. El PNV comprendía que la ETA podía causar algún desastre, y temía además su influjo en las masas, incluso en las bases del PNV, buena parte de las cuales profesaba veneración y gratitud hacia la ETA, aun si vacilaba ante sus métodos. Y por el lado opuesto, muchos nuevos nacionalistas no llevaban sus aspiraciones más allá de la autonomía, o no pensaban en la secesión sino como retórica o como un objetivo remoto.

Los partidos claramente españolistas, aunque con fuerza considerable, estaban en minoría, y su vida iba a hacerse muy difícil en lo sucesivo. Motejados insistentemente de «franquistas» o «fascistas» por la izquierda y los sabinianos, iban a verse pronto hostigados por una campaña de asesinatos contra sus dirigentes y militantes. Se extendía por Vascongadas un clima ominoso de coacción y de odio.

Capítulo 30
CATALUÑA Y LA CONSTITUCIÓN

La evolución catalana difirió mucho. El referéndum de 1976 tuvo escasa abstención (26 por ciento), similar a la media nacional, prueba del casi nulo efecto de los llamamientos de la oposición al boicot. Los votos también fueron abrumadoramente favorables a la ley.

La marcha hacia las elecciones también coincidió con la del resto del país, sin que ningún partido de algún relieve las rechazase. Quedó diseñada una división entre una izquierda formada por el PSUC y el PSOE-Partit Socialista de Catalunya (Congrés), y una derecha formada por la UCD, el Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) —dominado por el grupo de Jordi Pujol Convergencia Democràtica de Catalunya—, la Democràcia Cristiana y Alianza Popular. La posible recuperación del anarquismo suscitaba expectación, y la Esquerra resurgía como un partido menor.

Las elecciones también dibujaron un mapa históricamente nuevo. La UCD ganaba en Tarragona, y el PDC en Gerona y Lérida, pero en la decisiva Barcelona dominaba la izquierda. Los socialistas vencieron en votos (870.000, el 28 por ciento), configurándose por primera vez como un partido de gran peso en Cataluña; los comunistas (PSUC) le seguían, con una votación proporcionalmente doble que en el conjunto de España (560.000 votos, el 18 por ciento). El tercer partido fue la UCD, casi igualado por el PDC de Pujol (algo más de 500.000, con un 17 por ciento, cada uno). A mucha distancia, la Democracia Cristiana, aliada más tarde con Convergencia, de Pujol, para formar CiU (Convergencia y Unió), obtuvo 172.000 votos; la Esquerra 143.000, y AP, de Fraga, 108.000.

El anarquismo catalán aprovechaba las nuevas y favorables condiciones para reorganizarse, pero no daba impresión de mucha potencia. Indicio de ello, la abstención había sido incluso inferior a la media nacional.

Grosso modo, el mapa catalán recordaba al de Andalucía, Valencia y Asturias, donde también había ganado la izquierda (el PSOE), con la salvedad de que en ninguna otra región habían alcanzado los comunistas resultados tan altos. El PSUC iba a resultar el sector del PCE —junto con el asturiano—, más apegado al leninismo, es decir, al legado doctrinal de Stalin, frente a la decisión de Carrillo de abandonarlo en pro de una formulación meramente marxista (aunque también «revolucionaria y democrática»), que no se impondría hasta abril del año siguiente, en el IX Congreso del PCE. Muchos analistas, dentro y fuera de España, volvieron a considerar a Cataluña uno de los grandes feudos de la izquierda radical en toda Europa, como lo había sido hasta 1939, entonces con carácter anarquista, y ahora marxista.

Pero la debilidad relativa del nacionalismo catalán no debe engañar. Al igual que en Vascongadas, los comunistas lo habían defendido y estimulado, y les imitaban a última hora los socialistas, recién convertidos en partido de masas. Por lo tanto, los nacionalistas abiertos y los seminacionalistas de izquierda también predominaban allí netamente. En otro sentido, el nuevo nacionalismo en Cataluña se presentaba con tonos más bien vagos y sentimentales, y rara vez abruptamente separatistas.

En conjunto, el panorama resultante de las elecciones de junio de 1977 era muy alentador en todas las regiones. La derecha salida del franquismo podía jactarse de haber acertado frente a las casandras del búnker. Otra prueba de la moderación de la izquierda iba a tenerse en los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre, gracias a los cuales pudo afrontarse la crisis económica. La crisis, desatada internacionalmente por la guerra árabe-israelí de 1973, se estaba volviendo galopante en España, porque la urgencia de las transformaciones políticas había dejado en segundo plano las económicas. El paro y la inflación en rápido auge podían crear una situación explosiva, pero tanto los comunistas como los socialistas rehuyeron la demagogia y aceptaron implantar medidas correctoras. Más todavía: el PCE hablaba ya de abandonar el leninismo, como habría de hacer en 1978, y el PSOE iba a abandonar el marxismo en 1979. Cambios en apariencia nada baladíes, pues de aquellas ideologías habían surgido sus pasados asaltos a la democracia y a la mera convivencia pacífica en la sociedad española270.

También las tentaciones disgregadoras de los nacionalismos vasco —a excepción de la ETA— y catalán parecían superadas o en vías de superarse. El nacionalismo predominante en Cataluña enlazaba mucho más con Cambó que con Macià o Companys, y el PNV mostraba una prudencia nunca antes vista, a pesar de sus numerosas ambigüedades. En ambos casos la aspiración autonomista llenaba el horizonte, al menos en principio, y eso no repugnaba a la mayoría de las derechas nacionales. En estas llegó a pensarse que las tendencias conservadoras podrían quedar bien representadas en Vascongadas y Cataluña por los respectivos nacionalismos «burgueses», sin necesidad de partidos propiamente españoles.

No faltaban, desde luego, puntos negros, en especial el terrorismo. Desmintiendo la interesada propaganda antifranquista, las ETA, el GRAPO, grupos nacionalistas catalanes y otros atacaban a la democracia con mucha más saña que antes a la dictadura. Pero cabía esperar que la violencia misma engendrase, por reacción, una mayor prudencia en los nacionalistas «burgueses» y en la izquierda. Además, la plaga no podía durar mucho ante la aplastante superioridad de las fuerzas democráticas, las cuales, lógicamente, aislarían y destruirían en plazo no muy largo a los asesinos. También debía contarse, por solidaridad democrática, con el fin del santuario etarra Francia, al cual los terroristas debían su supervivencia frente a los golpes de la policía de Franco. En fin, la misma operación reformista había afrontado bastantes episodios sangrientos, chantajes y conatos de espiral de violencia, y los había superado todos. Con toda probabilidad los grupos violentos tenían los días contados.

Faltaba coronar la reforma con una nueva Constitución. Desde 1812, España había tenido nada menos que siete, alguna non nata, aparte de otras leyes de carácter constitucional con otro nombre. Ya la cifra indica el semifracaso (o semitriunfo) de los intentos liberales y democratizadores, y las convulsiones políticas del pasado. La Constitución más duradera había sido la de la Restauración, que había regulado casi medio siglo de vida política española. La siguiente, la republicana, había destacado por su sectarismo anticatólico y, al atacar la realidad religiosa del país, fomentaba por sí misma la inestabilidad. Además, había quedado harto mermada en la práctica por la Ley de Defensa de la República, prohijada por Azaña.

Para evitar antiguos yerros y promulgar una ley capaz de resistir el paso de muchos años, la Constitución fue consensuada entre la UCD y los demás partidos en una amplia comisión, y elaborada por una ponencia formada por tres miembros de la UCD más uno por cada uno de los grupos PSOE, PCE, AP y nacionalistas catalanes. El PNV no pudo entrar por carecer de grupo parlamentario, y dio su voto al nacionalista catalán, aunque terminaría retirándoselo271. Fue la primera Constitución por consenso en la historia de España, y los trámites hasta su aprobación por las Cortes ocuparían un año y tres meses, desde julio de 1977 hasta octubre de 1978.

Libre de ideas revolucionarias o antirreligiosas a la antigua, el problema clave de la nueva norma fue el de la articulación del Estado. La fuerza de los nacionalismos y seminacionalismos resurgidos a última hora tras largos años de inanidad y descrédito, y la disposición de la derecha a aceptar una amplia descentralización, orientaban a una organización autonómica del país, al menos en relación con Vascongadas y Cataluña. Y seguramente Galicia, donde había habido la mayor abstención electoral, casi un 40 por ciento, pero había ganado abrumadoramente la derecha. Los partidos parecían conformes con una organización autonómica del Estado, aunque los matices y sobreentendidos abundaban. Unos pensaban convertir en autonomías las regiones, otros pensaban limitarlas a Cataluña, Vascongadas y Galicia, o bien hacerlas de distinto nivel, según el calor reivindicativo existente. Simultáneamente a la gestación de la Constitución, y por presiones nacionalistas con ciertos tonos de amenaza, el gobierno, por salvar el consenso, abrió un proceso preautonómico, en realidad ilegal, para Cataluña, Galicia, Vascongadas y otras.

La discusión más significativa versó en torno a la unidad de España. El artículo 2 del Título preliminar terminó definiendo la nación como «patria común e indivisible de todos los españoles», expresión ingrata para varias fuerzas políticas. En compensación se establecía «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones». El término nacionalidades, admitido en pro del consenso y por desarmar al nacionalismo violento, suscitó bastantes dudas en ámbitos considerables de opinión272. El concepto estaba cargado de dinamita política, pues para los nacionalistas implicaba el derecho a la secesión, y podían interpretarlo en sentido opuesto a la «patria común e indivisible». De momento ni el PNV ni los catalanes o los partidos de izquierda lo hacían, pero podían llegar a hacerlo: ¿no pretenderían, cuando se sintiesen más fuertes, «superar» la autonomía, o ampliar esta hasta una separación práctica bajo una unidad puramente teórica? Además, la Constitución admitía la posibilidad de ir vaciando de contenido al poder central. El golpeteo terrorista volvía más inquietante la posibilidad.

El texto constitucional, aunque algo farragoso y de tono vagamente socialdemócrata, tenía un espíritu básicamente liberal, recogiendo las libertades y la división de poderes habituales en las democracias. Definía al régimen como monarquía parlamentaria, residiendo en el pueblo la soberanía, no compartida con el monarca, al revés que en la Constitución de 1876. Una monarquía asimilable a las de Escandinavia, Holanda, Bélgica o Gran Bretaña, dentro de las pequeñas diferencias entre unas y otras.

En el referéndum del 6 de diciembre de 1978 fue aprobada la Constitución. La votación resultó inferior en diez puntos a la de la Ley para la Reforma Política de dos años antes, pues no pasó del 67 por ciento, con un 88 por ciento de síes, equivalente al 59 por ciento del cuerpo electoral. Votación poco lucida, aunque claramente legitimadora. Quizá influyeron en la tibieza popular las discrepancias en torno a las autonomías y la desmoralizante persistencia del terrorismo, en especial el etarra, que entre las elecciones de 1977 y el referéndum constitucional, un año y medio, había perpetrado 65 asesinatos, muchos más que en diez años de franquismo, a los que debían añadirse 11 del GRAPO y otros de grupos menores.

Los principios implícitos de la reforma eran que el franquismo había sido un régimen excepcional, pero necesario, y que la guerra, en ese sentido, debía ser relegada a los estudios históricos, sin repercusión política en el presente. La derrotada ruptura partía de los principios contrarios: la radical ilegitimidad del franquismo y el entronque con la República. Sin embargo, la victoria política del franquismo en la Transición se iba trocando rápidamente en derrota ideológica. La propaganda de la oposición tuvo éxito en presentarse como democrática, y presentar a la derecha como heredera vergonzante del fascismo. Nada importaba que muy pocos dirigentes izquierdistas o nacionalistas hubieran hecho oposición real al régimen anterior, o incluso procediesen de él, y que quienes sí habían luchado fueran fundamentalmente antidemócratas. El número de «luchadores antifranquistas y por la democracia» se multiplicó prodigiosamente en los años siguientes a la muerte de Franco273.

La derecha hubo de sufrir que sus adversarios atacasen al régimen anterior o relatasen la Guerra Civil y la República sin demasiado escrúpulo de veracidad, mientras ella no podía replicarles sin recibir en plena cara el insulto de fascista, retrógrada o nostálgica de la dictadura. Quienes discutían la historia que iba haciéndose oficial, como lo haría el historiador Ricardo de la Cierva, recibían los rayos del mundo autocalificado de «progresista». Esta indefensión se acentuaba porque la versión de la historia prevalente fuera de España era justamente la elaborada por la hábil propaganda estaliniana, según la cual la guerra había consistido en un enfrentamiento entre el fascismo y la democracia; y la opinión exterior pesaba mucho en las delicadas circunstancias de la Transición. Por otra parte, las tensiones entre continuistas y reformistas llevaron a muchos de estos a extremar sus posturas, adoptando incluso poses izquierdistas y contribuyendo a su vez, con dudosa convicción, a la propaganda contra el régimen del que procedían. Tales fenómenos abundan en todos los tránsitos políticos.

Aprobada la Constitución, tuvieron lugar nuevas elecciones ajustadas a ella (al revés de lo ocurrido en la República, cuando Largo Caballero había amenazado con la guerra civil si se intentaban nuevos comicios acordes con la Constitución). Las nuevas elecciones lograron una votación bastante inferior a las de 1977: 68 por ciento frente a 78 por ciento. El mapa electoral varió poco. UCD volvió a ganar y Suárez siguió en la presidencia. El PSOE y el PCE aumentaron ligeramente su porcentaje de votos y diputados, perdió terreno AP, apareció un partido andalucista bastante votado (5 diputados), retrocedió algo el PNV mientras HB, el partido de la ETA-mili, daba la sorpresa: 3 diputados, que no ocuparon sus escaños.

Capítulo 31
EL SEPARATISMO VASCO ANTE LA DEMOCRACIA

Otro fenómeno de la época, harto sorprendente, fue la proliferación de los nacionalismos, a veces con actuaciones o intenciones terroristas, no ya solo en Galicia, sino en Castilla, Canarias, Andalucía, Extremadura, Aragón o Asturias, incluso en algunas provincias como Cantabria. Intelectuales y políticos repetían la operación realizada casi ochenta años antes por Arana y Prat de la Riba, elaborando historias para demostrar no ya la diferencia, sino el antagonismo, entre sus regiones o «naciones» y España en general, y la inveterada opresión del «Estado centralista». Junto al correspondiente descrédito del pasado común surgía la reivindicación o reinvención de idiomas como el bable, el aragonés, el castúo o el guanche. En medio de la pasividad y retroceso ideológico de los partidarios de la unidad española, se identificaba el sentimiento español con un «fascismo» que en España nunca tuvo poder real. Estos movimientos no dejaron de tener un éxito considerable: en 1992 un estudio sociológico, heredero de los informes FOESSA, señalaba que solo uno de cada cinco españoles se consideraba en primer lugar como tal, prevaleciendo el sentimiento regional. Como observa un autor catalanista, «Se procedió a curiosas metamorfosis políticas de sentimientos que, habiendo tenido un marcado carácter anti-regionalista y españolista, eran ahora transformados en ardoroso regionalismo anticentralista»274.

Estas tendencias combinaban con la difusión de la arbitraria, pero «progresista», visión histórica de Américo Castro, básicamente un relato de opresión e incultura tras la expulsión de España de los elementos refinados y tolerantes, es decir, los judíos y los musulmanes. Las tesis contrarias de Sánchez Albornoz, quizá el historiador español más importante del siglo XX, eran despachadas sin más complicaciones como «reaccionarias», pese a su republicanismo. Desde luego, una cultura e historia común de siglos no podían hundirse de la noche a la mañana, pero sin duda se produjo en aquellos años un debilitamiento del sentimiento unitario y un auge de ideas que, por analogía, podemos llamar balcanizantes.

Y, por supuesto, fue en Vascongadas y Cataluña, mucho más prolongadamente trabajadas por el nacionalismo, donde el problema cobró mayor relieve.

Dentro del PNV crecieron los conflictos. Partido resurgido casi de la nada, recibió un aluvión de gentes antes pasivas o incluso colaboradoras y beneficiarias del franquismo, pero que, por ello mismo, exhibían radicalismo sabiniano y simpatías por la ETA, y exigían mano dura con el gobierno. Otro sector, más prudente y posibilista, sobre todo entre los dirigentes, lidiaba con ellos. La frontera entre ambos humores no estaba muy definida, y los mismos personajes adoptaban una u otra actitud según el momento. Así Arzallus, relativamente moderado por entonces, podía declarar al periódico pro terrorista Egin, en octubre de 1977, sus anhelos separatistas, motivando con ello apelaciones de otros dirigentes a una mayor cautela275.

Cediendo a las presiones, el gobierno amnistió el 15 de octubre a los presos con delitos de sangre. Pretendía dejar así a los pro terroristas sin un poderoso medio de agitación, pero no le sirvió de nada, pues la medida apareció ante la opinión pública como una victoria de los violentos. Y por otra parte los continuos atentados causaban la detención de nuevos pistoleros, cuya liberación era a su vez exigida en una espiral sin fin, entre movilizaciones, huelgas y campañas contra supuestas torturas. Esperando obtener en breve la autonomía, el PNV temía aquel desorden y violencia, pero él mismo había contribuido a crear la situación y no podía cortarla. Por lo tanto, con su tradicional pragmatismo, y de modo semiconsciente al principio, mucho más deliberado con el tiempo, trató de amoldarse a las circunstancias y sacarles la mayor renta política posible. El terrorismo constituía en principio un punto débil del nacionalismo, pero el PNV supo convertirlo en una fuerza, en una presión permanente sobre el gobierno, para extraer de él concesiones invocando la esperanza, siempre defraudada, de que así el terrorismo quedaría aislado. La táctica le daría mucho juego durante un largo período.

Al comienzo, el PNV solo protestaba con alguna firmeza por los atentados y extorsiones que afectaban a sus militantes, pero, ante la escalada de crímenes, se vio obligado a condenarlos de modo más general. Con todo, esas condenas quedaban neutralizadas de inmediato, no solo por su inoperancia, sino por las condenas proferidas simultáneamente contra el gobierno y las fuerzas de orden público, cuya acción contra el terrorismo desacreditaban y saboteaban los sabinianos. En fecha tan avanzada como febrero de 1979 el PNV protestaba por la extradición de algunos terroristas desde Francia. Tal como antes había culpado al franquismo de los crímenes etarras, ahora pasó a hacer lo mismo con el gobierno democrático. Este causaba la violencia, aseguraba, con su dureza, lentitud e incomprensión: la ETA se disolvería tan pronto «Euskadi» recibiera una amplia autonomía.

Una vez más era el gobierno, y no los terroristas, quien debía demostrar su carácter democrático para aplacar a estos y satisfacer a los sabinianos. El PNV, de impoluto historial democrático y víctima del tradicional fanatismo español según una propaganda muy aceptada, se erigía en árbitro y, al parecer, no tenía que demostrar nada. Esta actitud suponía en la práctica, si no en el designio, una auténtica simbiosis con el terrorismo y un socavamiento permanente del Estado de derecho, al convertir el asesinato en argumento, y en cuestión política lo que una democracia sana solo puede admitir como asunto policial. Y al beneficiar al nacionalismo, tanto en su vertiente terrorista como en la menos extremista, hería el sistema de libertades. Tan equívoca y peligrosa política duraría año tras año, por la necesidad del gobierno de contar con el PNV como fuerza más o menos democrática en Vascongadas.

La simbiosis entre ambos nacionalismos nació, mucho más que de un plan, de factores creados en los años anteriores, cuya manifestación más cruda era la implantación social de las ETA. Aunque había sabinianos asustados por el terrorismo y totalmente opuestos a él, dentro del partido predominaba la justificación de la violencia. Romper de modo abierto y firme con los asesinos habría acarreado serios riesgos físicos por una parte, y desgarramientos en el partido por otra. Y, por tradición y doctrina, el PNV tendía a considerar al gobierno como enemigo, y a la ETA como hermana descarriada, pero hermana.

Puntal de la propaganda nacionalista fue una vez más el clero, en el seno del cual se impuso el sector nacionalista, merced a la transición. La sangre de las víctimas se convertía por alquimia política en rentas para el PNV, las mismas víctimas eran menospreciadas y bastantes curas rehusaban oficiar funerales por ellas, o lo hacían de tapadillo. Por el contrario, se volvió habitual en muchas parroquias la exaltación de los pistoleros muertos, comparándolos con Jesucristo. Buena muestra puede ser esta homilía en memoria de José Miguel Beñarán, Argala, autor del magnicidio de Carrero Blanco y de otros asesinatos, entre ellos los de dos policías torturados en el sur de Francia. Argala había sido volado, presumiblemente por servicios secretos españoles, con un método similar al utilizado por él contra Carrero.

«Nos acompañan —dijo el cura— miles y miles de euskaldunes identificados con la lucha de José Miguel. Este espacio está frío y vacío solo aparentemente. Está lleno de luchadores por una Euskal Herría independiente, reunificada, socialista y euskaldún [...]. Yo estoy convencido de que Dios ha recibido perfectamente a José Miguel y le ha aceptado sin ninguna reserva. Para mí es un consuelo saber que José Miguel ha hecho de forma privilegiada historia de Euskadi y ha influido decisivamente en la historia de nuestro Pueblo. Él ya es un capítulo de la historia vasca. Su paso por esta vida no ha sido vacío, inútil. Ha dejado en nuestra comunidad nacional una huella importante por su gran inteligencia, por su enorme lucidez mental, por la llamativa limpieza de su vida [...]. Incluso la lucha armada, con sus enormes contradicciones como toda obra humana, no es ajena a Dios y al Evangelio de Jesús». Si a los simpatizantes de ETA les aplicasen los mismos métodos que la ETA aplicaba a sus contrarios, quizá el cura hubiera encontrado esa «lucha armada» mucho más ajena a Dios y al Evangelio.

Pero la identificación entre el terrorismo y el cristianismo llegaba más lejos: «Jesús mismo vivió personalmente esta cuestión, Él perteneció a un pueblo pequeño de una enorme conciencia nacional [...]. Jesús vivió la ocupación de su pueblo por el romano extranjero y fue testigo y actor de los esfuerzos de liberación nacional [...]. Junto al problema nacional Jesús vivió a fondo la cuestión social. Tomó partido por los pobres, los excluidos, los enfermos, los muertos, las viudas, los niños, los pecadores públicos. Es decir, por aquellos que tenían absoluta necesidad de liberación. Qué estupendo que Dios mismo haya asumido en Jesús los mismos problemas nacionales y sociales en que se debate nuestro pueblo. Aparentemente José Miguel no tenía nada que ver con la religión y la Iglesia, pero solo aparentemente. Yo estoy convencido de que José Miguel vivió intensamente los valores más fundamentales del Evangelio de Jesús [...]. José Miguel se identificó con las ideas y los valores básicos del Evangelio. En estos días José Miguel se ha identificado con la muerte de Jesús, que no fue una muerte religiosa, sino un asesinato político a manos del poder militar de ocupación. A Jesús no le acusaron de blasfemo, de renovador religioso, sino de perturbador político [...]. Dios, a través de Jesús ha experimentado en su propia carne lo que es la persecución policial, la detención, la tortura y el asesinato [...]. Con la liquidación de José Miguel vivimos hoy un trauma terrible, pero no nos dejemos robar la esperanza y el valor, porque la lucha en que ha caído nuestro gudari Argala tendrá éxito [...]. La recuperación nacional y social de nuestro pueblo será posible porque tenemos hombres como él. Él los habrá hecho posibles. Que el Dios que se comprometió personalmente en la larga historia de recuperación de su propio pueblo nos comprenda, nos estimule a la lucha, nos aliente con la fuerza de sus valores fundamentales, nos acoja y nos perdone como ha acogido y aceptado a nuestro hijo, hermano, compañero y gudari José Miguel»276.

Esta homilía no es un caso aislado, sino el modelo de otras repetidas cientos de veces en honor de etarras, incluso cuando, como ocurriría con frecuencia, hubieran muerto por torpeza al manipular bombas destinadas a cometer alguna masacre. Masacres que destrozaban o mutilaban a ciudadanos corrientes, incluyendo niños. La idea que preside estas homilías es la identificación de Jesús con los autores de disparos en la nuca, de muertes a veces especialmente crueles, delante de la mujer y los hijos de la víctima, de asesinatos de mujeres embarazadas, etc. La identificación de Dios con un «pueblo elegido», en este caso el imaginado por Sabino Arana y su partido, resueltos a romper los lazos fraternos creados durante siglos con el resto de España, a destruir la historia común y bastante más de la mitad de la cultura real e histórica de los vascos. Estos eran asimilados a «los pobres y oprimidos», siguiendo la Teología de la Liberación, a pesar de que las tres provincias vascas salían del franquismo, y no por casualidad, como las de mayor renta per cápita de España.

La homilía interesa, sobre todo, porque explica mejor que largos análisis cómo se creó en Vascongadas el clima moral y social en torno al terrorismo. Los obispos, aunque más cautos, evitaban condenar esta agitación y manipulación de los valores religiosos, y uno de ellos, Setién, se distinguiría por su comprensión paternal hacia los pistoleros y su desprecio mal disimulado hacia las víctimas. El clero nacionalista, muy vinculado al PNV y amable con la ETA, se hizo dominante en Vascongadas, y sus jerarcas no vacilaron en obligar al silencio a los disidentes.

Por otra parte, como ocurriría también en Hispanoamérica, la Teología de la Liberación y similares redundaron en una crisis profunda de la Iglesia y en el apartamiento de ella de amplias masas de la población.

Debe señalarse, en fin, que popularidades como la de Argala recibían fuerte promoción en muchos otros medios. El País hizo al etarra un obituario muy elogioso. Este periódico, que se convertiría para muchos en símbolo de la nueva democracia española, ha auspiciado durante muchos años el diálogo y la negociación con el pistolerismo etarra, por alguna razón difícilmente justificable desde el punto de vista democrático. También ha mostrado una peculiar predilección por los terrorismos extranjeros de izquierda o por movimientos como el de los ayatolás iraníes.

Las elecciones de 1977 abrieron dos procesos paralelos, el autonómico y el constitucional. Un sector del PNV propugnó rechazar de plano la Constitución, y otro prefirió aprovecharla. El partido, presente en la comisión pero no en la ponencia, propuso ciento una enmiendas, varias de ellas aceptadas. Rechazó una España indivisible, y se retiró momentáneamente de la comisión, en protesta. Tampoco reconoció la autonomía como dimanante de la Constitución y operativa en su marco.

Exigir abiertamente la autodeterminación sonaba provocador, pero Arzallus, que despuntaba como el líder más hábil del PNV, encontró una senda desviada para avanzar hacia ella: la reivindicación foral. Arana había criticado a los fueristas por no aspirar a la secesión, pero los fueros también podían interpretarse en clave separatista, pues el mismo Arana los consideró expresión de plena independencia. Por eso Arzallus presionó para que la Constitución admitiera la soberanía vasca originaria, y sobre ella asentar un «Pacto foral con la Corona», al estilo feudal. El PNV y los nacionalistas catalanes sintieron un repentino interés por la monarquía, hacia la cual siempre habían mostrado repulsa o indiferencia. Ese interés se entiende: antaño monarca y soberano eran sinónimos, pero hogaño un «pacto con la Corona» lo era con una institución más bien simbólica y sin soberanía. El pacto implicaba, por tanto, transferir la soberanía a las respectivas regiones, apartándolas de la soberanía del pueblo español. Un acuerdo tal permitiría avanzar hacia la secesión a mayor o menor ritmo, según conviniese. Pero no llegó a puerto, pese al favor de un conspicuo diputado de UCD, Herrero de Miñón277.

Las discusiones constitucionales del PNV se alargaron entre mutuas concesiones, amenazas de ruptura, maniobras de desigual éxito con el PSOE, acuerdos y vueltas atrás, y negociaciones con las ETA para una presión conjunta o en pro de una tregua. Arzallus mostró un talante más flexible, y Garaicoechea un sabinianismo más rígido, y ahí germinaron las diferencias entre ellos, que culminarían ocho años más tarde en la dimisión-expulsión del segundo y la escisión del PNV. Pero ya en 1978 rondó a ese partido la escisión, mientras muchos de sus políticos hablaban de presionar de firme a «Madrid» con manifestaciones masivas y un «no» a la carta magna.

Al final, la Constitución acogía trascendentales exigencias nacionalistas, como la inclusión del término «nacionalidades», la derogación de las leyes abolitorias de los fueros de 1839 y 1876, el reconocimiento de «los derechos históricos de los territorios forales», o, no menos importante, la posibilidad de transferir competencias del Estado a las autonomías, abriendo paso a una cadena sin fin de concesiones estatales.

Eran éxitos de auténtico relieve, pero aun con ellos el PNV se declaró insatisfecho y resolvió, a finales de octubre de 1978, boicotear la Constitución pidiendo la abstención en el referéndum. Según el llamamiento abstencionista del PNV: «Abstención es decir sí a la democracia, sí a Euskadi, no al Estado Centralista [...]. El PNV en todo momento defendió el punto de vista de cuantos habitamos en el País Vasco». Para otros partidos, en cambio, «no es prioritario el punto de vista del Pueblo Vasco [...]. ¿Qué derecho moral tienen ahora a pedirnos el sí? [...]. Los derechos del Pueblo Vasco no están presentes en la Constitución. El Pueblo Vasco tampoco estará presente en las urnas»278. La pretensión de que la abstención reforzaría la democracia estaba muy fuera de la realidad. Reforzaría, desde luego, a los pistoleros, que podrían argüir, en compañía del PNV, que el pueblo vasco no había aceptado la Constitución democrática, buena justificación para seguir matando. Como así lo harían.

Por esas fechas la escalada de crímenes provocaba inquietud creciente en medios políticos y militares. Los jefes peneuvistas, preocupados, convocaron una manifestación contra la violencia al tiempo que decidían la abstención. Protesta tímida, pues ni siquiera mentaba a la ETA, pero los sectores pro etarras del PNV forzaron a la dirección a culpar enfáticamente al gobierno como «único y directo responsable» por la persistencia del terror279. Tales declaraciones solo podían enrarecer aún más el ambiente. También creció el malestar dentro del partido, buena parte de cuyas bases repelía cualquier crítica, por débil que sonase, a los patriotas etarras.

En realidad, la decisión de boicotear la Constitución estaba tomada desde antes de que los debates sobre ella hubieran comenzado siquiera. En una reunión en Beyris, los jefes peneuvistas habían decidido no aprobar la Constitución bajo ningún concepto, pues refrendar la legalidad española y comprometerse con ella contradiría la fundamental doctrina sabiniana280. Por lo tanto, el PNV había practicado desde el primer momento un doble juego, al presionar para lograr ventajas de una ley que no pensaban respetar. Ventajas obtenidas, y muy considerables, explotando las divisiones entre UCD y el PSOE, y la conducta vacilante y poco unánime de la primera281.

Aun con la fuerte presión abstencionista y el miedo impuesto por los asesinatos (tres en la misma jornada de reflexión), que perturbaban el valor democrático de las votaciones, el pueblo vasco hizo un caso desigual a la conminación del PNV, según las provincias, aunque en conjunto la abstención llegó al 54,5 por ciento, porcentaje solo superado en Galicia. En Navarra, donde también trataba de influir el PNV, la abstención (33 por ciento) vino a igualar a la del conjunto de España. Los síes supusieron el 42 por ciento en Álava, el 31 por ciento en Vizcaya y el 28 por ciento en Guipúzcoa en relación con todo el cuerpo electoral. Los noes fueron el 11, el 9,5 y el 13 por ciento, respectivamente. Una parte de la abstención se debió a la ausencia de referencias religiosas en la carta magna.

Según el PNV y los terroristas, la suma de la abstención y los votos negativos revelaría el rechazo de los vascos a la Constitución. Es este un lema constante en la propaganda nacionalista, para legitimar determinadas posturas. Sin embargo su falsedad salta a la vista. Abstención no indica posición a favor ni en contra, como había argüido Aguirre ante la de Álava en el referéndum autonomista de la República, y la abstención gallega nunca fue utilizada en el sentido querido por el PNV para la vasca. El rechazo se limita a los noes, cuyo número fue tres veces inferior al de los síes. Visto así, la Constitución resultó aprobada por gran mayoría.

Ciertamente la abstención sirvió al objetivo del PNV de deslucir un referéndum crucial, debilitando de paso, ya de entrada, el clima democrático en Vascongadas; pero en modo alguno puede atribuirse toda ella al llamamiento nacionalista, como este partido implica. ¿Qué parte de la abstención puede considerarse técnica y qué parte peneuvista? No hay modo de saberlo con precisión, pero sí cabe hacer estimaciones razonables. En las elecciones de junio del año anterior, 1977, la abstención había sido del 23 por ciento. Si suponemos este el índice normal, entonces la abstención peneuvista podría estimarse en un 31 por ciento, inferior al porcentaje de síes. No obstante, la comparación resulta impropia, porque en 1977 había un grado de seguridad y libertad harto superior al de 1978, al haber aumentado fuertemente, entre las dos fechas, la violencia y las coacciones, con el desaliento consiguiente reflejado en la votación. Podemos seguir esta evolución abstencionista comparándola con el siguiente referéndum, sobre el estatuto autonómico, celebrado en 1979. En este el PNV jugó todas sus bazas a favor del sí, pese a lo cual la abstención subió nada menos que al 41 por ciento. Entonces cabe situar la abstención técnica del referéndum constitucional, de modo muy hipotético pero razonable, en un punto intermedio entre el 23 por ciento de 1977 y el 41 por ciento de 1979, con lo que la dicha abstención en 1978 podría situarse en un 30 por ciento como mínimo, y la inducida por el PNV en torno al 24 por ciento. En conclusión, el sí a la Constitución en Vascongadas superó tanto al no como a la abstención peneuvista, cualquier sentido que pretenda darse a esta282.

La negociación del estatuto también resultó ardua. Acordado el proceso preautonómico, se formó un Consejo General Vasco (CGV) con líderes de las principales fuerzas políticas regionales, a fin de preparar el estatuto y las transferencias. De acuerdo con la relación de fuerzas salida de las elecciones de 1977, su presidencia recayó en el socialista Ramón Rubial. El PNV había entorpecido la labor del CGV presionando contra ella con el «Gobierno Vasco», pero esta entelequia se vio progresiva e inevitablemente marginada. Lograda la derogación constitucional de las leyes abolitorias de los fueros en el siglo XIX, más una cierta «reintegración foral», podría haberse establecido una autonomía para cada provincia (como había de ocurrir con las provincias castellanas de Logroño y Santander), pues nunca había existido un fuero vasco, y sí fueros provinciales. Lógicamente no deseaba tal cosa el PNV y nadie lo exigió, pero no habría dejado de ser una opción coherente con el acuerdo constitucional.

Aunque el PNV había vuelto a la palestra política proponiendo el estatuto de 1936, había percibido la debilidad de un ejecutivo urgido tanto por la necesidad de cerrar el proceso constitucional con la normalización de Vascongadas, como por el peligroso efecto distorsionante del terrorismo. Claro que si el PNV podía amenazar con su rechazo a la Constitución y al estatuto, y jugar con un agravamiento del terror, el gobierno podía presionarle a su vez con romper los tratos y dejar al PNV en compañía abierta de los pistoleros y contra la democracia. Pero el gobierno en ningún momento escogió tal línea de presión, simétrica a la de los sabinianos, en lo que probablemente le habría abandonado el PSOE: todos insistían en describir al PNV como inmaculado partido democrático y en resaltar sus diferencias con la ETA. Además, la retirada ideológica de la derecha, general en toda España, se convertía casi en desbandada en Vascongadas, debido a la combinación del miedo ambiente con la hostilidad de los demás partidos: la derecha había traído la democracia, pero daba la impresión de haber sido arrastrada a ella, de mala manera, por la izquierda y los nacionalistas, a quienes nadie recordaba su pasado. El proyecto de estatuto final dejaba muy atrás en competencias al de 1936 (el cual, de todas formas, el PNV había vulnerado a mansalva).

Colaboraron en la elaboración del proyecto todos los partidos menos Herri Batasuna —el frente político de la ETA-mili, que rechazó el estatuto desde el principio—, siendo aprobado en Guernica, en junio de 1979. Los demás partidos vascos, PSOE, UCD, AP, PCE y EE (Euskadiko Ezkerra, frente político de la ETA poli-mili, cada vez más inclinada a dejar las armas), aceptaron una ley al gusto del PNV, con la esperanza de normalizar por fin la región. El proyecto favorecía la inclusión de Navarra, hablaba de nación vasca y eludía referencias a la Constitución, a fin de crear la impresión de un pacto de igual a igual entre dos soberanías, y no de un estatuto emanado de aquella.

El PNV también insistía tenazmente en la vuelta de los conciertos económicos a Guipúzcoa y Vizcaya, que les facilitaran una semiindependencia fiscal, al modo de Álava y Navarra. Como se recordará, el franquismo, confundiendo al PNV con las propias provincias, había retirado los conciertos a las dos primeras, por haberse alineado el PNV vizcaíno y guipuzcoano con el Frente Popular.

Las elecciones generales de marzo, y sobre todo las municipales de abril de 1979, muy favorables al PNV, habían aumentado la capacidad de presión nacionalista. Rubial fue sustituido en la presidencia del CGV por el nacionalista Garaicoechea. Este pasó a negociar con el gobierno marginando un tanto a los partidos que teóricamente compartían con él la responsabilidad del estatuto, lo cual provocó resquemores. Y presionó con sensación de superioridad moral a una UCD nunca del todo firme y clara. No había en su actitud atisbo de gratitud por el hecho de que, sin los políticos de UCD, el PNV no habría tenido la menor posibilidad de obrar con tales libertades ni de esperar la autonomía. Los sabinianos tendían más bien a atribuir la democracia a sus terroristas «hermanos descarriados». Suárez oscilaba entre la comprensión del peligro entrañado por ciertas concesiones, y la esperanza de que una conducta generosa calmaría a los nacionalistas y les obligaría a una generosidad recíproca.

Después de muchos tiras y aflojas, el PNV sacó, con diferencia, la mejor tajada. Hubo de incluir referencias explícitas a la Constitución, declarar la autonomía dentro del «Estado español», rebajar la «realidad nacional» a «nacionalidad», y aceptar la separación de Navarra, donde el peneuvismo apenas tenía fuerza, y donde los socialistas repudiaron las tentativas de su propio partido de incluirlos en «Euskadi», gracias a la convicción de uno de sus dirigentes, Víctor Manuel Arbeloa. Pero eran concesiones menores e interpretables. Ganaban a cambio los conciertos económicos, una vía privilegiada para alcanzar algún día la anexión de Navarra, la declaración del euskera como «lengua propia del Pueblo Vasco», implicando la exterioridad de la lengua materna de la mayoría de los vascos, es decir, del castellano; más amplias competencias de orden público y prácticamente exclusivas en enseñanza, punto este esencialísimo para las aspiraciones sabinianas de formar a las nuevas generaciones en su credo, etc.

Además, el estatuto declaraba: «La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal hubieran podido corresponder en virtud de su historia». El estilo, algo sibilino, debía interpretarse como que el acuerdo no regularía de manera estable las relaciones de Vascongadas dentro de España, no resolvería un viejo problema, sino que serviría de ariete para abrir nuevas puertas con la vista puesta, como siempre, en la secesión. A despecho de las referencias a la Constitución, el PNV consideró el estatuto un pacto «de soberanía a soberanía». Estaba tan eufórico por su éxito, que creyó poder atraer a la ETA mili. Arzallus advirtió: «Dentro de cinco años, si hemos pacificado el País Vasco plantearemos al Gobierno de Madrid los temas que consideremos necesarios y entraremos en una nueva dialéctica de pacto»283.

A cambio de sus concesiones, el gobierno habría querido que el PNV refrendase inequívocamente la unidad española y atacase con la misma claridad el terrorismo. No consiguió una cosa ni otra.

El referéndum estatutario se celebró, con intención simbólica, el 25 de octubre, aniversario de la ley de 1839 que había abolido los fueros, y con ellos la independencia de «Euskadi» según la interpretación sabiniana. Se reafirmaba así el sentido del estatuto como inicio de un proceso de mucha mayor ambición.

Aunque el PNV usó todos sus recursos en la campaña del referéndum, con ayuda de los demás partidos salvo HB, solo un 54 por ciento del censo electoral aprobó el estatuto. De los referéndums habidos desde el de diciembre de 1976 en España, resultó el segundo menos votado (le superaría el estatutario del año siguiente en Galicia, donde la votación no llegó al 30 por ciento del censo). Tras este revés psicológico, el PNV trajo rápidamente del exilio al anciano Leizaola para ponerlo a la cabeza del CGV. A la muerte de Aguirre en 1960, Leizaola le había sucedido en el puesto de lendakari. Sus ímpetus separatistas se habían diluido un tanto, pero permanecía como un símbolo vivo para los sabinianos. Como presagio de por dónde irían los tiros, Leizaola asumió su puesto antes de que el estatuto fuera promulgado en el BOE, pues el PNV decidió que su legitimidad venía del referéndum «y no de la legalidad que le dé su promulgación»284.

Apenas cinco meses después, en marzo de 1980, las primeras elecciones autonómicas reflejaban la doble tendencia en ascenso desde 1977: radicalización nacionalista y pasividad entre una gran masa de población. Votó menos del 60 por ciento. El PNV obtuvo 25 diputados autonómicos y HB, cobertura política de la ETA, 11. Fueron los grupos más votados. El PSOE, ya llamado PSE (E de «Euskadi») sacó 9; EE, en rápida evolución hacia el PSOE, ganó 6, y UCD también 6. AP y el PCE, solo 2 y 1, respectivamente.

Capítulo 32
CATALUÑA, ENTRE AUTONOMISMO Y SEPARATISMO

En Cataluña el proceso constitucional y autonómico resultó mucho menos espinoso. El eje del mismo fue Josep Tarradellas, uno de los políticos exaltados de la Esquerra durante la Guerra Civil, que había tenido ocasión de hacer algunas reflexiones. El siguiente apunte de Josep Pla parece ilustrativo: «[Tarradellas] nos repitió muchas veces que si algún día gobernase, no destruiría nada de lo hecho por Franco que fuera positivo para el país y la estabilidad general. Yo nunca había oído declaraciones tales en un político que lleva más de un cuarto de siglo en el exilio, que ha sufrido detenciones (algunas realizadas por la Gestapo en contacto con la policía franquista). Así como para la mayoría de los exiliados la emigración ha sido nefasta, para el señor Albert [Tarradellas] ha sido positiva, porque le ha permitido formarse, estudiar y observar. Es un hombre que separa lo que ha sido siempre la política y lo que siempre será, un arte de mover a las masas, del método indispensable para resolver los asuntos, que es el método diplomático. El señor Albert es hoy, esencialmente, un diplomático [...]. Lo demuestra en su oposición a toda acción inútil y gratuita que pueda romper los puentes de la negociación, que perturbe el terreno de posible acuerdo con los contrarios. No quiere complicar las cosas ni hacerlas más difíciles, ni tener éxitos fáciles con declaraciones románticas. Es un antisentimental, un antiefectista y un antidemagogo. Solo aspira a no hacer el ridículo, a no cometer más estupideces ni más desatinos gratuitos. Además tiene prisa, porque la cuestión de Cataluña le produce angustia. Es contrario a todas las ficciones y a todos los equívocos. Es partidario de posiciones limitadas, pero indestructibles. Fui a charlar con el señor Albert convencido de que me encontraría con un político habitual de la Esquerra, maleado aún más por el exilio. Me equivoqué. Me encontré con un político como pocos que haya conocido en la historia que hemos vivido, un hombre claro, coherente, buen observador, sin brillantina, cauto, astuto, inteligente, prudente y valiente, formado en una navegación difícil y larga»285.

El comentario, aun si algo ditirámbico, encierra una buena dosis de verdad, y ayuda a explicar la suavidad con que culminó la transición en la región a primera vista más radicalizada en un sentido izquierdista y eventualmente revolucionario.

Abierto el período preestatutario tras las elecciones de 1977, el gobierno autorizó, a finales de septiembre, el restablecimiento de una Generalidad provisional. Tarradellas fue invitado a presidirla después de treinta y ocho años de exilio, y él aceptó. Su representatividad era dudosa, pues la Generalidad en el exilio había sido una entelequia no menos divorciada de la realidad que el «gobierno vasco», pero no hubo en Cataluña los roces y resquemores traídos por el PNV en su intento de jugar al mismo tiempo con el «gobierno» del exilio y el CGV. Tarradellas supo hacerse pronto con las riendas y formar un ejecutivo de concentración. En él entraron los partidos más votados en Cataluña, es decir, socialistas, comunistas, UCD y nacionalistas de Pujol, que inmediatamente pusieron manos a la obra de negociar transferencias y reformas con el gobierno, siendo una de las primeras la enseñanza del catalán en las escuelas.

No obstante, ya por entonces cuajaba la hostilidad a cualquier partido nacional como UCD o AP. Las elecciones municipales de abril de 1979 dieron lugar a una alianza bautizada, un tanto previsiblemente, como «Pacte de Progrès», entre socialistas, comunistas, el partido de Pujol y la Esquerra. El pacto, curiosamente, no iba a beneficiar a las izquierdas, pese a su éxito electoral y su control de los ayuntamientos de casi todas las ciudades importantes.

El porcentaje de participación en el referéndum constitucional superó ligeramente en Cataluña a la media nacional, un 68 por ciento, con abrumadora mayoría de síes. La región volvía a aparecer moderada, a pesar de su izquierdismo, y de un nacionalismo extenso, aunque difuso.

Aprobada la Constitución se abrió a su vez la elaboración del estatuto, acordado en la localidad de Sau, en el cual los nacionalistas intentaron llegar lo más lejos posible. Quedó recortado en la discusión por las Cortes, pero aun así superó muy ampliamente, en conjunto, las competencias del estatuto republicano. Los nacionalistas renunciaron, al menos de momento, a eliminar las provincias y las diputaciones, al completo traspaso del orden público (aunque dispondrían de una policía autónoma), a conciertos económicos como los vascos o a la oficialidad exclusiva del catalán, aceptando de mala gana la cooficialidad con el castellano; pero recibieron la «plena» competencia de la Generalidad en materia de enseñanza, la declaración del catalán como «idioma propio» de Cataluña —implicando la «impropiedad» del castellano—, el concepto de «nacionalidad», de alcance tan indefinible, y gran número de competencias y campo abierto, en principio, para su ampliación.

Finalmente el estatuto fue aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979 simultáneamente con el vasco, y con más de un 40 por ciento de abstención. Y el 20 de marzo del año siguiente se celebraban, como en Vascongadas, las primeras elecciones autonómicas, con un índice de abstención solo un poco menor: 39 por ciento.

Estas últimas elecciones cambiaron de modo inesperado el panorama político. Los nacionalistas de derecha (cristianodemócratas y pujolistas) se habían unido en el partido Convergencia i Unió (CiU), y de cuarta fuerza pasaron a primera, superando al PSC-PSOE, al PSUC y a la UCD, mientras que los nacionalistas de izquierda, la histórica Esquerra, conseguía unos resultados notables, no muy inferiores a los de UCD.

La razón de este cambio puede encontrarse en el «desencanto» entre los votantes de izquierda. Tras las elecciones municipales, cuando socialistas y comunistas habían ganado la mayoría de los municipios populosos, sus líderes habían tenido que gestionar la crisis económica mal que bien, en el marco y por los medios habituales de las democracias, sin poder culpar fácilmente a los «capitalistas». Esto decepcionaba a muchos izquierdistas sugestionados por la propaganda, que mantenía un tradicional tono bronco y utópico cada vez más evidentemente vacío. Las huelgas y muestras de descontento proliferaban, y la afiliación a los sindicatos bajaba aceleradamente. Además surgían las inevitables rencillas por el poder y los rumores de corrupción, fundados o no. Por otra parte la dirección de esos partidos pasaba cada vez más a manos de políticos muy afines al nacionalismo. Varios de ellos, como el socialista Pasqual Maragall, no cedían en nacionalismo a Pujol. Otros habían defendido bajo el franquismo reivindicaciones catalanistas, no por identificarse con ellas, sino por un motivo de justicia o de democracia, y se sentían defraudados por la creciente agresividad nacionalista y por versiones de la época anterior poco acordes con lo que casi todo el mundo tenía aún en la memoria.

Tras las elecciones, Tarradellas se retiró, una vez cumplida su misión al frente de la Generalidad provisional, y la definitiva pasó a presidirla Jordi Pujol, cabeza del partido más votado, CiU. Pujol se revelaría como un político perseverante y realista, pero con un nacionalismo mucho más mesiánico que el del experimentado Tarradellas. Ello radicalizó casi de inmediato el discurso, las aspiraciones y las quejas nacionalistas.

Faltaba por ver si el estatuto sería interpretado por los nacionalistas como forma básicamente acabada, aun si susceptible de reformas menores, de articular a Cataluña dentro de España, o como un instrumento para ir constantemente más allá, en una especie de subversión suave, pero permanente, del Estado. En las discusiones sobre la Constitución el ponente nacionalista catalán Miguel Roca fue de los que con más insistencia presionó por la inclusión del término «nacionalidades», ausente en la Constitución de la II República. Por entonces se extendía la impresión de que no iban a reconocerse tales o cuales autonomías, sino que todas las regiones serían comunidades autónomas. Esta tendencia prevalecía, en parte por evitar una cadena de rivalidades regionales y supuestos agravios comparativos, y en parte por contrapesar el exclusivismo de los nacionalismos catalán y vasco. Pero CiU y otros buscaban precisamente eso: destacar su caso sobre los demás, y como una peculiaridad respecto de España como tal, aunque de momento la expresión «nacionalidades» no pareciera tener otro contenido práctico que el de la autonomía.

A ello se unía la contradicción entre los artículos 149 y 150.2 de la Constitución. El primero determinaba las competencias exclusivas del Estado, mientras que el segundo estatuía: «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación». Cuáles fueran «susceptibles de transferencia o delegación» resultaba asunto sumamente opinable, y abría la senda hacia el progresivo despojo de las competencias estatales. No hay duda de que los nacionalistas veían este artículo precisamente así, y no sin causa habían pugnado por su inclusión en la Constitución.

Y el PSOE, aunque simpatizaba cada vez menos con los nacionalistas catalanes y vascos, por razones de rivalidad electoral, apadrinaba un nuevo nacionalismo algo aguado, el andaluz, un poco en la línea de Blas Infante, impulsando en la región una autonomía del tipo de la vasca y catalana, con referéndum incluido. Este se celebró en febrero de 1980 (las demás regiones, salvo Galicia, accederían con más lentitud, sin referéndum y con algunas competencias menos). La iniciativa socialista, un acto de típica demagogia, le dio un éxito clave frente a UCD, presentada como antiandaluza o insensible a los sentimientos andalucistas.

Capítulo 33
TERRORISMO Y DESESTABILIZACIÓN

Mientras, el terrorismo no cesaba de azotar al país. En 1979 causó 85 muertos (79 más si se comprobase, como muchos sospechan, la autoría etarra en el incendio del hotel Corona de Aragón, en Zaragoza). Y en 1980 el número de sus víctimas llegaría a la desestabilizadora cifra de un centenar a manos de la ETA, más una veintena de otros grupos. La izquierda y los nacionalistas habían reiterado mil veces que el terrorismo se diluiría por sí solo con la democracia; luego, que desaparecería con las autonomías. Pero ocurría al revés. Muchos periódicos, sobre todo el prestigioso El País, sostenían una posición ambigua, propugnando la negociación con los pistoleros. La izquierda reaccionaba lenta y débilmente. Tardó mucho en ser posible una manifestación izquierdista contra los asesinos, y en las primeras de ellas los gritos contra la ETA quedaban silenciados por la consigna «¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas!». Aunque hubiera pocos atentados achacables a los «fascistas».

La coincidencia de concesiones a los nacionalismos con unos crímenes de especial crueldad y alevosía, también nacionalistas en su mayor parte, trastornaban a buena parte de la opinión pública, creando una sensación de impotencia y de desconfianza hacia los partidos y sus líderes. También empeoraba la crisis económica, sin posibilidad de atajarla mediante una reestructuración del sector industrial y del mercado de trabajo, debido a la oposición de la izquierda y los sindicatos a unas medidas inevitablemente dolorosas al principio. Las huelgas proliferaban. Cundió el «pasotismo» y el «desencanto» hacia un sistema cuyas promesas perdían brillo con rapidez. Menos espectacular, pero no menos sentido en algunos ámbitos, aumentaban el consumo de droga, la pornografía286, la prostitución y la delincuencia, a menudo combinadas entre sí y alentadas por autoproclamados «progresistas». Barriadas enteras se degradaban y crecía con rapidez la población penal, entre la cual menudeaban los motines. La extrema derecha se reorganizaba y practicaba una violencia ocasional. Estos fenómenos debilitaban peligrosamente al régimen.

A su vez la UCD se descomponía por el débil liderazgo de Suárez, por el personalismo de sus líderes, vieja tara de la derecha, y sobre todo por su vaciamiento ideológico una vez cumplida la reforma. Suárez aspiraba a desbordar al PSOE por la izquierda, lo que le privaba de apoyos en la derecha, y tanteaba en política exterior posiciones tercermundistas, cuyo lado positivo, el mantenimiento de la tradición de neutralidad española, chocaba también con poderosas fuerzas partidarias de integrar al país en la OTAN. Empeñado en entrar en la Comunidad Europea, Suárez chocaba con el veto del presidente francés Giscard d’Estaing, que también protegía al terrorismo etarra.

A estas dificultades se unía una despiadada campaña de acoso y derribo contra Suárez por parte de un PSOE con prisas por gobernar. Estaban en marcha varias conspiraciones militares, poco serias de momento, pero muy aireadas por los socialistas para debilitar al gobierno, presentando sus decisiones como forzadas por la sombra de los sables, lo cual daba mayor proyección a la amenaza. Al mismo tiempo entraban en relación con un general golpista, Armada, a quien insinuaron como salida un gobierno de concentración presidido por él mismo, tras una moción de censura contra Suárez en las Cortes, para la cual esperaban contar con ayudas en CiU, el PNV y los comunistas.

La UCD ya no despertaba esperanzas de contener el deterioro, e inopinadamente, poco antes de un previsto congreso de su partido, Suárez dimitió, el 30 de enero de 1981, cuatro años y medio después de comenzar su proeza democratizadora. A la sazón pronunció unas palabras algo enigmáticas y contradictorias: «Como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de la obra exige un cambio de personas, y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España». O él, continuando en el poder, ponía en riesgo la democracia, o el peligro venía de presiones externas. En el segundo caso, su renuncia no ayudaba a la estabilidad. Al contrario.

Sea como fuere, su dimisión profundizó aún más la crisis. Suárez sería sucedido por Leopoldo Calvo Sotelo, sobrino del político monárquico cuyo asesinato había desatado la Guerra Civil cuarenta y cinco años antes. Calvo intentaría recomponer un partido en rápido desmoronamiento y una sociedad con indicios de desintegración no extremos, pero desde luego preocupantes.

Y de pronto, en su sesión de investidura, el 23 de febrero, un grupo de guardias civiles mandados por el teniente coronel Tejero entró en las Cortes y secuestró a los diputados. En Valencia, el general Milans del Bosch declaró el estado de excepción y sacó los tanques a la calle, mientras se percibían movimientos sospechosos en diversas guarniciones y la televisión era tomada por otro grupo militar. En medios izquierdistas cundió la angustia y en Vascongadas se produjo una auténtica desbandada de nacionalistas y pro terroristas. La democracia parecía venirse abajo. Pero la intentona fue contenida en Madrid por el general Quintana Lacaci287, y quedó frustrada, sin un solo muerto, al anochecer de ese día, cuando Juan Carlos, como jefe de las fuerzas armadas, lo desautorizó y llamó al acatamiento de la Constitución.

Sobre el episodio golpista, que afectó solo a un sector reducido del ejército, se han dado muchas explicaciones. Hoy quedan cabos sueltos, pero lo fundamental puede darse por aclarado. El golpe debe situarse en un contexto de grave deterioro social y político. Algunos comparaban ese deterioro con el que había llevado a la guerra en 1936, pero había diferencias cruciales entre ambas épocas: pese a todos los elementos de desorden, el país estaba muy lejos del caos social y la violencia desatada entonces, y, más esencialmente, no existía un gobierno deslegitimado por su renuncia a imponer la ley o por su colaboración con los desmanes, como en aquella fecha ya lejana. Tampoco existía un peligro revolucionario, ni de separatismo inminente.

Nuevas investigaciones, en particular la de Jesús Palacios en el libro 23-F. El Rey y su secreto288, exponen la interpretación más probable. El intento golpista, planteado como un «golpe de timón» para enderezar una tendencia política cada vez más ruinosa, habría pasado por el rey, sin cuya anuencia no habría tenido lugar. La colaboración del PSOE fue un factor importante, y el plan habría sido urdido por los servicios secretos. El golpe no pretendía volver al franquismo, ni tenía ese carácter, como luego se pretendió, sino que buscaba reforzar a la Corona y corregir los principales desajustes del sistema. Para ello, Armada encabezaría un gobierno de concentración compuesto por los principales partidos289. Tejero sería la pieza inconsciente que debía crear el «supuesto inconstitucional máximo» a fin de justificar la operación, para después retirarse o exiliarse. Sin embargo, Tejero rechazó de plano el gobierno de concentración y rehusó cualquier salida personal. En consecuencia, el plan falló y fue preciso poner en marcha otra versión para el público, que durante muchos años fue creída mayoritariamente290.

Superado el golpe, Calvo Sotelo intentó reconducir la situación, pero la tarea superó sus fuerzas. Consiguió, aun así, normalizar relativamente la política. Desarticuló o más bien desacreditó una oposición militar inexistente o insignificante, y con ella a todo el ejército. Su éxito más positivo consistió en infligir al terrorismo severos golpes que hicieron caer su capacidad de asesinato a un tercio (33 muertos) del año anterior. La ETA poli-mili se disolvió, aunque el grupo más radical de ella pasó a la ETA-mili, la cual volvía a quedar como única organización de ese nombre. Pero Calvo y su partido no lograrían capitalizar sus éxitos. Por otra parte, su gobierno integró a España en la OTAN, contra una fuerte corriente de opinión en el país, a fin de forzar por ese medio la entrada en la Comunidad Europea, que no se produciría en su corto período presidencial.

Y el PSOE repitió contra Calvo la misma política de cerrada hostilidad que contra Suárez. Uno de los hitos de su acoso fue el escándalo en torno a la muerte del jefe etarra Arregui, detenido en Madrid cuando preparaba atentados. Arregui falleció tras ser detenido, por malos tratos según unos, por encontrarse enfermo o por una combinación de ambas cosas, según otros. El PSOE desgastó al máximo al gobierno con vehementes protestas, como defensor escrupuloso de los derechos de los detenidos. Faltaba poco tiempo para que su supuesto humanitarismo se pusiera a prueba.

Pese a todo ello, la imagen renovadora del socialismo frente a la decrepitud prematura de la UCD le convertían en la brillante esperanza para el país, despertando unas ilusiones parejas a las de finales de 1976. De ahí que en las elecciones del 28 de octubre de 1982, con una participación muy alta, próxima al 80 por ciento, el PSOE ganase la mayoría absoluta con 10 millones de votos y 202 escaños. Felipe González, un líder joven y prometedor, pasó a presidir el gobierno español. La UCD se hundía hasta lo inverosímil: 11 diputados, uno menos que los nacionalistas catalanes de Pujol, y pocos más que los del PNV (8). Entretanto Suárez había abandonado la UCD para formar el CDS (Centro Democrático y Social) que solo obtuvo 2 escaños, los mismos —aunque con más votos— que la pro terrorista HB. El PCE también sufría un derrumbe: 4 escaños.

Aparte del PSOE, la gran triunfadora era Alianza Popular, de Fraga, que en las elecciones de 1979 había parecido al borde de la ruina, con 9 diputados, y se configuraba ahora como la segunda fuerza política, con 106, si bien a larga distancia de los socialistas.

En menos de cinco años los principales protagonistas de la democratización española se habían venido abajo para ser sustituidos por el sector más moderado, en principio, de la izquierda, mientras renacía una derecha con una ideología ligeramente más precisa que la gaseosa de UCD. Renació un ambiente popular de esperanza y comenzó una etapa nueva en la democracia.

Capítulo 34
LAS AUTONOMÍAS, ¿PROGRESO O DESASTRE?

El efecto mayor de la Transición fue, después del establecimiento de una monarquía en principio democrática, la articulación del país en autonomías. Acabamos de ver cómo ello respondió, de una parte, al renacimiento de los nacionalismos y la cobertura que les proporcionó enseguida el Estado para contrarrestar a la ETA, al modo como lo hizo con el PSOE contra el PCE; y de otra, al deseo de la derecha de solventar el problema mediante unos estatutos mucho más generosos que los de la República. El sistema se extendió a todo el país, para evitar resquemores regionales y diluir los particularismos del PNV y el nacionalismo catalán. Se pensaba que, una vez integrados en el Estado, los separatismos serían leales a la Constitución y no atentarían contra la unidad de España. Según una frase del momento, los nacionalistas debían «sentirse cómodos en España». Pese al evidente peligro, ya experimentado en la República y el Frente Popular, de que los nacionalistas utilizasen las ventajas que les eran otorgadas para proseguir más y más allá en el camino de la secesión.

¿Puede la experiencia considerarse positiva? En 2003 escribía Miguel Roca291, nacionalista moderado en la línea democristiana, y próximo a Jordi Pujol: «¿Cómo es posible que el proceso de descentralización del poder político más importante de los que ha vivido cualquier país de nuestro entorno europeo y occidental en los últimos setenta años, y que constituye un punto de referencia ejemplar para todos esos países, sea visto desde España, por un sector ciertamente minoritario, como algo peligroso, nocivo, lleno de incertidumbres para nuestro inmediato futuro? [...] En España, esto que es ejemplo para los demás, se cita como ejemplo de que España no va bien». Roca no habla como historiador, y usa los recursos retóricos del político cuando insiste en que la descentralización hispana es «un modelo para los demás países», aseveración muy exagerada y en 2003 particularmente irrealista. O cuando descalifica por minoritaria, no por mejor o peor fundada, la opinión discrepante. Pero, como político, sus puntos de vista influyen más que los del historiador.

Según Roca, no existe el menor peligro de desgarramiento de la unidad española, y quienes lo temen son «profetas del desastre», a quienes «les basta con su subjetividad, con su capacidad de elaborar informes fantasma y con el manido truco demagógico de excitar las viejas pasiones de los resentimientos y agravios, para provocar polémicas mediáticas que ensombrezcan la convivencia». Las tensiones nacionalistas podrían verse entonces como una pugna quizá molesta, pero normal e incluso creativa entre tendencias contrarias existentes en las sociedades libres. Sin embargo, Roca no exponía argumentos ni datos que cimentasen sus enfáticos asertos.

Por ejemplo: «La ambición autonómica solo tiene el límite de la unidad; autonomía e independencia son dos posiciones contradictorias. Incluso puede negarse que la primera sea un paso más fácil hacia la independencia; por el contrario, la experiencia muestra que el autonomismo bien practicado puede conllevar una reducción de las tesis independentistas». La experiencia histórica muestra en realidad algo muy distinto. El nacionalismo vasco entendió siempre la autonomía como una palanca para ir forzando la secesión, y en tal sentido ha utilizado tanto el estatuto concedido por el Frente Popular como el de la actual democracia. Para el PNV la unidad española es solo el límite... a traspasar cuando la ocasión surja.

¿Y el nacionalismo catalán? Coincide con la actitud del PNV una parte de él, parte mínima al comienzo de la Transición, pero en constante aumento hasta cobrar amplios vuelos a principios del siglo XXI, sobre todo entre los jóvenes, adoctrinados desde la escuela por la concesión de la enseñanza a la autonomía. Otro sector, liderado por el propio Roca o por Pujol, ha observado una actitud más cauta, pero ha coincidido con el PNV en la masiva utilización de los instrumentos legales puestos a su disposición (televisión, escuela, etc.) para crear un ambiente antiespañol o indiferente a la unidad nacional, presentada, en el mejor de los casos, como un dato puramente utilitario, no muy agradable, y emocionalmente insignificante. En la práctica, el sector digamos moderado ha apoyado las incesantes campañas, sumamente injuriosas, contra España. Las manifestaciones de estas políticas son tan abiertas, han sido tan repetidamente observadas, que no parece necesario resumirlas aquí. Desde luego, suponen usar la autonomía para socavar la unidad y tienen bastante más relevancia que el cumplimiento de tales o cuales normas. A nadie se oculta que el ambiente ciudadano así creado volvería muy difícil de parar la marcha a la secesión o «autodeterminación» cuando el proceso madurase.

Con su lenguaje cauteloso lo aclaraba Pujol en una entrevista: «Si en el futuro una parte de España, por ejemplo Euskadi, o llegado el caso Cataluña misma, manifiesta de forma clara, a través de su Parlamento, el deseo de convocar un referéndum de autodeterminación, me parece que iba a resultar muy difícil oponerse a esa intención, por mucho que ese deseo contraviniese lo expresado en la Constitución española»292. Estas frases, de tono neutro, solo tienen una traducción coherente: «Si en el futuro los separatistas convencemos a la mayoría de los vascos o de los catalanes de la conveniencia de separarse de España, no habría Constitución que lo impidiese». En sí mismas son declaraciones de total deslealtad a lo aprobado por los políticos y la población en 1978. Porque, claro está, solo se plantea un referéndum con intención de ganarlo, y quienes tienen esa intención no son otros que los nacionalistas. Y mientras se reservan el derecho de romper la Constitución cuando les convenga, emplean esta como escudo de sus aspiraciones y progresivos pasos adelante.

Sería gratuito acusar a los nacionalistas por su conducta, salvo en la medida en que fingen otra cosa. Ellos actúan, con tales o cuales matices y variaciones tácticas, de acuerdo con las doctrinas ya establecidas un siglo atrás por Sabino Arana y Prat de la Riba (véase apéndice): «Euzkadi» y Cataluña serían naciones y España solo un Estado más o menos imperialista e ilegítimo. «Somos una nación, con todo lo que lleva consigo», afirma Pujol. Si se entiende por ese «todo» la autonomía, apenas habría problema. Si se entiende la utilización de la autonomía con vistas a la secesión, el problema llega a convertirse en llaga incurable.

Por tanto los nacionalistas, incluso los que cultivan imagen moderada, no entienden las autonomías como un modo de articular España, sino como un corrosivo del «Estado español». Cuando Roca habla de la unidad como límite, elude definir el contenido y virtualidades de esa unidad, pensada por él como un proceso de vaciamiento del Estado, utilizando el artículo 150,2 de la Constitución contra el 149. La «unidad» podría quedar reducida, en la etapa siguiente, a una expresión simbólica como el ya mencionado «pacto con la Corona».

Un instrumento de esa política ha sido la condena radical al franquismo, facilitada por la rendición ideológica de la derecha autora de la Transición. El franquismo se ha convertido así en filón inagotable de sentimentalidad contra lo español, identificado con la dictadura y la Guerra Civil contra una supuesta democracia. Pujol lo ha sintetizado aludiendo a «lo que Cataluña y los catalanes perdieron por medio de refinadas muestras de violencia física, psicológica y legal». Cabía preguntarse, si fue así, por qué tantos catalanes colaboraron con aquel régimen, por qué la inmensa mayoría se acomodó a él y por qué los separatistas no dieron ejemplo de enérgica resistencia contra tanta persecución; o cómo pudo disfrutar Cataluña de la mayor expansión económica de su historia y otros hechos que mitigarían un tanto la indignación promovida por esa propaganda. Tampoco puede echarse en olvido la responsabilidad de la Esquerra en la contienda y el caos previos al franquismo.

Pujol, presidente de la autonomía catalana durante veintitrés años y también doctrinario y adaptador de Prat de la Riba, encuentra en el europeísmo otra vía de minado de la unidad española. A su entender, «Cataluña se siente europea y no puede renunciar a serlo, so pena de renunciar a sus raíces». Obviedad que deja de serlo cuando se entiende como un signo de oposición a España: «Cataluña es carolingia. Y la Europa de los Seis es carolingia. España en su conjunto, en cambio, no es carolingia. España en su conjunto es heredera de una monarquía visigótica que ya era, en su tiempo, aislacionista respecto de Europa». Expresiones pensadas para halagar a sus oyentes (hablaba en La Sorbona, en 1986), pero perfectamente disparatadas para un mediano conocedor de la historia293. Y pieza clave en la retórica pujoliana.

Y en 1985 explicaba en Aquisgrán: «Cataluña nació como pueblo y como nación hace mil doscientos años, como una marca fronteriza del Imperio de Carlomagno. Nosotros formábamos la Marca Hispánica [...] Cataluña es el único pueblo de España que nace ligado a Europa y no —como los demás— como una reacción autóctona del legitimismo visigótico contra los musulmanes». Ver la «nacionalidad» catalana como creación de un imperio extranjero supone cierta innovación con respecto a Prat de la Riba, partidario de remontarla a época ibérica. Y puesto que el «legitimismo visigótico» recuperaba la España anterior, donde se incluía la zona hoy catalana, la idea supone que los carolingios habrían roto la tradición hispano-gótica de la región, volviéndola «europea» y parte de la Comunidad Económica Europea avant la lettre. Para Pujol, «Europa» se reducía al efímero Imperio carolingio del Medievo, y la España goda no era europea sino «autóctona», acaso de África. Por lo demás, la Marca Hispánica incluía condados que con el tiempo darían lugar a Aragón y bastante después a Cataluña (solo empieza a hablarse de catalanes en el siglo XII). Pero en aquellas ideas se ha adoctrinado a los niños y jóvenes desde entonces.

A su modo de entender la historia, la breve etapa carolingia y precatalana habría tenido mucho más calado que la participación catalana en la Reconquista como parte del reino de Aragón en lo político, y como parte de España en el terreno ideológico-sentimental. Y que los siglos de unidad española. La historia de Cataluña, dice citando al historiador marxista Pierre Vilar, «no es de la misma naturaleza que la historia de Extremadura o de La Rioja». Aparte el sentido oscuro de la palabra «naturaleza» en la frase, se trata de una nueva obviedad que no lo es tanto si se entiende como desvaloración de la historia común.

La entusiasta celebración de la supuesta regionalidad carolingia (pues Cataluña nunca fue un Estado independiente), contrasta rudamente con el nulo fervor por la secular integración catalana en España y la constante ridiculización de cuanto se refiera a esta. «He visto parodiar repetidamente y de forma sangrante al rey de España en un popular programa de TV3, la televisión de la Generalitat. El mismo imitador ha encarnado en ocasiones, con gran regocijo del público, a un deshumanizado Aznar. Uno de los gags consistía en matar al presidente, que a la vez era un insecto. Primero se usaban insecticidas, finalmente golpes. Fue muy aplaudido. No puedo imaginar qué ocurriría si alguien usara a Jordi Pujol (que no ha estado a punto de morir, como Aznar, en un ataque terrorista) para una canallada semejante. He visto a dos presentadores de BTV, el canal del Ayuntamiento de Barcelona, manosear de forma procaz la bandera española, hacer chanza de ella y restregársela por el cuerpo con motivo de la famosa conexión con el astronauta Pedro Duque [...]. He visto a un montón de diputados autonómicos abandonar airados el Parlamento de Cataluña porque Alberto Fernández utilizaba el castellano en la tribuna [...]. He visto llenar de mierda el acceso a la sede barcelonesa de un partido político en un clima de hostigamiento insoportable que llegó a la agresión física a su líder [...]. He visto la página web del diario Avui, receptor histórico de suculentas subvenciones públicas, promocionando un videojuego cuyo objetivo era matar españoles», ha recordado el periodista J. C. Girauta294. Puede mencionarse el show televisivo en que un perturbado, coreado por grandes risotadas del público, gritaba: «Que se metan a España en el puto culo, a ver si les explota dentro y les quedan los huevos colgando del campanario; que vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España, vayan a la mierda ya con el país ese y dejen de tocar los cojones». Los casos forman una política continuada.

La integración histórica de Cataluña en España, demasiado evidente para negarla, parece a los separatistas un hecho ingrato si bien aprovechable pragmáticamente sobre todo en economía. «Comprendo muy bien esa actitud (separatista) pero he de decir que si me inclino [...] hacia un federalismo o hacia una autonomía de gran amplitud no es por timidez mental, sino porque cara a la misión de Cataluña, estas formas políticas pueden ser suficientes»295, ha dicho Pujol. La unidad solo resultaría soportable, por una nueva etapa, si fuera sumamente laxa (y la autonomía actual tiene realmente «gran amplitud») y favorable a la misión autoatribuida por los nacionalistas, la secesión, en definitiva.

Los separatismos son, ante todo, una cuestión de sentimiento, no necesariamente absurdos ni antirracionales. A comienzos del siglo XX la inmensa mayoría de los catalanes y los vascos se sentían españoles; al empezar el siglo XXI bastantes de ellos, entre una sexta y una cuarta parte, detestan identificarse como tales u odian abiertamente a España y en otros muchos el sentimiento español persiste con tibieza. A ello ha contribuido en muy alto grado el uso desleal de las competencias transferidas a los nacionalistas y el desentendimiento de los gobiernos centrales. El adoctrinamiento, usando los recursos del Estado, ha surtido un efecto considerable.

No solo en Cataluña o Vascongadas ha ocurrido este proceso, también en otras regiones han ocurrido fenómenos semejantes, aunque más atenuados, bien conocidos aunque no los expondré aquí por desbordar el asunto tratado. No cabe duda de que el Estado de las autonomías presenta, desde este crucial punto de vista, un balance sumamente peligroso, pues no ha conseguido la lealtad de los separatistas y ha fomentado tensiones centrífugas en otras regiones. El problema principal, no obstante, está en unos gobiernos centrales que han renunciado hace muchos años al terreno de las ideas, centrándose en la tesis de que «la economía lo es todo».

Capítulo 35
EL GOBIERNO ANTE EL SEPARATISMO Y LA DEMOCRACIA

Un efecto del nacionalismo catalán ha sido la exclusión de los no catalanes de origen para los altos cargos. El periodista barcelonés José García Domínguez señala, por ejemplo: «Censo poblacional de 2001, el 30 por ciento de los residentes en el Principado fue alumbrado en algún lugar del resto de España. Censo del Parlamento catalán después de Pujol: solo tres parlamentarios (dos españoles y un magrebí), y por primera vez, nacieron más allá del Ebro. Estadillo de consejeros en los sucesivos gobiernos de CiU: 58 titulares de cartera, de los que tres no eran catalanes de origen. Estadillo de la élite revolucionaria que acababa de derrocar al régimen identitario de Pujol: cien por cien autóctonos. Según la versión unánime de los opinadores, historiadores, filólogos, antropólogos, sociólogos, juristas u humoristas de TV3, nuestro nacionalismo, a diferencia del vasco, no es étnico, sino cívico»296.

Y a la inversa, además de una muy amplia autonomía, el separatismo disfruta de privilegios poco acordes con la democracia. A ellos no se aplica el principio de «un hombre, un voto», pues tienen en Madrid más diputados de los correspondientes a sus votantes. La ley garantiza a un catalán la posibilidad de encontrar en toda España empleo público, incluidos los más altos cargos, mientras que los separatistas imponen en su región fuertes restricciones a los españoles no catalanes, sobre todo en la enseñanza. Un catalán puede ser obispo en Asturias o Castilla, pero los separatistas protestarán contra un obispo asturiano o castellano en Cataluña. Etc.

Sus concepciones básicas hacen a los separatistas mirar como ajeno y peligroso el sector social (mayoritario por otra parte) de lengua materna castellana, así como la cultura catalana en castellano, y los hostigan sin escrúpulo democrático. En enero de 1981, Federico Jiménez Losantos, uno de los intelectuales liberales más destacados del país y antiguo militante antifranquista (cosa que por lo común no fueron los nacionalistas), presentó un manifiesto, firmado también por otros intelectuales relevantes, como Amando de Miguel, Carlos Sahagún, Alberto Cardín, etc., y por 2.300 profesionales en demanda de igualdad lingüística y acusando a la Generalidad de lesionar los derechos de la mitad de la población. El suceso merece detallarse algo, porque, lejos de ser una anécdota, define una tendencia acentuada desde entonces.

Según el manifiesto, «Ninguna razón democrática (justifica) el evidente propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña, tal como lo muestran, por ejemplo, los siguientes hechos: presentación de comunicados y documentos de la Generalidad exclusivamente en catalán; uso casi exclusivo del catalán en reuniones oficiales, con desprecio público del uso del castellano, como ha ocurrido en el mismo Parlamento Catalán [...]; nuevas rotulaciones públicas exclusivamente en catalán; declaraciones de organismos oficiales y de responsables de cargos públicos que tienden a crear confusión y malestar entre la población castellanohablante —se refiere a declaraciones como las de la directora general de enseñanza primaria: ‘Cataluña no es un país bilingüe’; o la de un directivo de Ómnium Cultura, asociación muy próxima al poder, exigiendo ‘descastellanizar el país’; o la del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña también contra la enseñanza en castellano—. Proyectos de leyes como el de ‘normalización del uso de catalán’, tendentes a consagrar la oficialidad exclusiva del catalán [...]. No se quiere reconocer la existencia de dos lenguas en igualdad de derechos y que, por tanto, la enseñanza ha de organizarse respetando esta realidad social bilingüe [...]. El derecho a recibir enseñanza en la lengua materna castellana ya empieza hoy a no ser respetado y a ser públicamente contestado, como si no fuera este derecho el mismo que se ha esgrimido durante años para pedir, con toda justicia, una enseñanza en catalán para los catalanohablantes».

Las denuncias demostraron ser ciertas. Los abusos partían de la concepción del catalán como «idioma propio», en el sentido de exclusivo, de la región, y a menudo se justificaban en abusos reales o imaginarios del franquismo, que ahora imitaban, agravándolos, los nacionalistas, luchadores tan poco destacados contra el régimen anterior. Por supuesto, estas vulneraciones de la Constitución, y más en general de la democracia, no recibieron el menor correctivo del gobierno central.

Solo Diario 16 de Madrid publicó el manifiesto. En respuesta, los organismos oficiales y los partidos de izquierda y separatistas en Cataluña desataron una campaña de hostilidad y amenazas contra los firmantes, tachándoles de «anticatalanes» y creando un clima de acoso contra ellos, pese al carácter legal y democrático de las peticiones y a no contener el documento ninguna frase anticatalana. El País participó en el linchamiento incívico, no sirvió a sus lectores el documento, pero lo desfiguró con alusiones, sin permitir derecho de réplica. Jiménez Losantos publicó un relato de los hechos, nunca desmentido, en su libro Lo que queda de España297.

Y en mayo Jiménez Losantos fue secuestrado por un grupo separatista radical, atado a un árbol y abandonado con un balazo en una pierna, a fin de intimidar a quienes protestaban. Tarradellas, ya muy enfermo, criticó a la Generalidad, juzgando el acto fruto de «once meses de demagogia». Escribió: «Ahora, más que nunca hay que seguir trabajando por la franca convivencia de todos los ciudadanos de Cataluña, camino para conseguir el bienestar de España». Pero ni el partido de Pujol y Roca, ni la Esquerra, condenaron el atentado. El clero también calló. Los partidos de izquierda hicieron una condena formularia, pero bajo cuerda trataron la acción terrorista en son de mofa («el piernicidio», etc.), o atribuyéndolo a la propia víctima como truco para despertar indignación. La impresión difundida fue que, aunque no estuviera muy bien el método, se había hecho justicia con el enemigo «de Cataluña».

El acoso obligó a la mayoría de los firmantes a abandonar la región. El grupo terrorista autor del secuestro, Terra Lliure, había recibido adiestramiento de la ETA, con cuyas acciones cooperaba. En los años noventa creyó lograr sus objetivos sin tanta violencia y se integró en la Esquerra. No hizo la menor autocrítica por su pasado.

De este modo, y con respaldo o inhibición de «Madrid», la política separatista cobró mayor empuje, provocando una continuada erosión de la democracia en Cataluña y, por tanto, en España. Paradójicamente, esta erosión suele ser exigida en nombre de una «España plural», que ciertamente existe, mientras que Pujol y sus correligionarios han luchado tenazmente contra la pluralidad en Cataluña, usando los resortes del poder y los impuestos comunes. Esta corrupción no ha sido la única.

En Vascongadas los acontecimientos han sido más negros. Allí, la ETA se convirtió en el eje de la política gracias a sus atentados, a sus organizaciones satélites y a la postura de los partidos. Los atentados mortales descendieron bastante desde el centenar de 1980 para situarse entre los 30 y 50 anuales en los siguientes ocho años, y bajar luego a un promedio de 22 hasta 1996. A esta baja ayudó la creciente colaboración de Francia, que por tantos años había protegido a los pistoleros. Pese al descenso, los atentados, rodeados siempre de la máxima proyección mediática y política, continuaron sacudiendo a una democracia deficiente, y frente a ellos la reacción del poder y de los partidos siguió siendo ambigua.

La explotación del crimen se reforzaba y magnificaba en las provincias vascas y Navarra gracias al entramado de grupos pro etarras vertebrados en plena legalidad en la coalición Herri Batasuna. Esta se servía sin tasa de las ventajas de la democracia, en la cual afirmaba no creer, para poner en pie un vasto servicio de propaganda y justificación del terror, de reclutamiento de pistoleros, de vigilancia y amedrentamiento de los vecindarios, de violencia callejera o terrorismo de baja intensidad, y de otras muchas formas de colaboración con banda armada. Tales grupos se beneficiaban de subvenciones y ayudas públicas muy variadas. Un número de vascos minoritario, pero considerable (entre el 15 y el 18 por ciento, bajando al 10 por ciento en 2001), votaba a HB en las elecciones autonómicas, caracterizadas por una fuerte abstención de entre el 30 y el 41 por ciento (aunque las de 2001 bajaron al 21 por ciento. La media se aproximaba a casi el 40 por ciento de Cataluña y al 41,5 de Galicia). Y sin contar los muchos simpatizantes secundarios, aquellos que votaban a otros partidos pero estimaban a la ETA como manifestación más bien gloriosa del nacionalismo o del izquierdismo. Ese apoyo era un salto de gigante para la ETA, en solo catorce años desde su primer asesinato en 1968. La organización había nacido, recuérdese, enfrentada a un ambiente inhóspito en Vascongadas, cuando los pistoleros se creían «víctimas de un horrible pecado colectivo de su propio pueblo».

Pero ha sido, sin duda, la actitud de los partidos y gobiernos la que ha dado al terrorismo su mayor influjo y peligrosidad en este período. El PSOE, al llegar al poder, pasó a considerar a la ETA una amenaza y trató de eliminarla combinando la violencia ilegal con las persistentes negociaciones pro «salida política». Creó los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), que atacaron o secuestraron a algunos etarras o presuntos simpatizantes, causando una treintena de muertes entre 1983 y 1986. Casi todos los asesinatos se perpetraron en Francia, y probablemente ayudaron al cambio de postura de París. Las negociaciones con los etarras también tuvieron carácter clandestino, pues no casaban bien con la ley, y la opinión pública rechazaba cada vez más las concesiones a los criminales. Los tratos proseguían en medio de enfáticas negativas oficiales, que la propia ETA desmentía, poniendo en evidencia el engaño de los gobernantes a los ciudadanos.

La conocida intelectual Edurne Uriarte, que salvó la vida por poco de un atentado, ha explicado algunas consecuencias de la salida «política» o negociadora: «La historia de la lucha antiterrorista española es la historia de una estrategia de debilidad [...]. El Estado persiste en mantener abierta la posibilidad de la negociación [...]. La lucha policial queda cuestionada porque los terroristas saben que el Estado mantiene entre sus alternativas la de la negociación. Los terroristas saben que una estrategia adecuada por su parte provocará esa negociación [...]. En definitiva, los terroristas mantienen la iniciativa en todo momento [...]. Interpretan que el Estado les otorga el rango de enemigo con el que caben las conversaciones, es decir, la consideración que merecen es exactamente la que los etarras desean, la de un grupo armado con objetivos políticos y capacidad militar [...]. No es posible tener una estrategia antiterrorista eficaz si se mantiene la puerta abierta al diálogo permanentemente. Eso legitima a los terroristas, deslegitima la posición del Estado y, además, transmite a los ciudadanos el mensaje de que los terroristas no son como el resto de los delincuentes o asesinos a quienes se persigue y encarcela [...]. Los cuerpos policiales no pueden creer en su propio trabajo, los ciudadanos no pueden enfrentarse con decisión a unos terroristas a los que el Estado está dispuesto a hacer concesiones, y los propios etarras saben que sus crímenes pueden quedar impunes si su estrategia es eficaz»298.

Podía añadir que, al considerar argumentos políticos los asesinatos, el Estado auspicia una sociedad sin ley, la quiebra del Estado de derecho, y anima a otros grupos armados a seguir la misma senda. Si el terrorismo gubernamental minaba la legitimidad del sistema, la negociación lo empeoraba, de hecho se convertía en una forma disimulada de colaboración con los pistoleros. La doble e ilegal política de la etapa socialista se demostró muy perjudicial para la democracia, con el agravante de la corrupción que generó.

Tal debilidad expresaba a su vez la debilidad democrática de los partidos (ninguno cumplía la exigencia constitucional de un funcionamiento interno democrático, por ejemplo); la tendencia de algunos de ellos a extraer beneficios políticos de los crímenes, como habían hecho la mayoría bajo el franquismo; y también de cierto extendido desprecio por la idea nacional, ya denunciado por Azaña. De ahí la lentitud con que se abría paso la idea de aislar a la banda armada mediante un acuerdo de los partidos no violentos en Vascongadas, y afrontar «la falta de convivencia democrática y de tolerancia» en la sociedad vasca. En 1985 se habló ya en diversos foros de esa necesidad, propuesta por Mario Onaindía, ex miembro de la ETA muy destacado en el Juicio de Burgos de 1970 y promotor, con bastante éxito, de la autodisolución de la ETA poli-mili. El aislamiento de los delincuentes se completaría con una amplia oferta de reinserción a quienes abandonasen las armas y debía permitir que la política dejase de girar en torno a sus atentados. Firmaban la propuesta representantes cualificados de los partidos: José María Benegas, Joseba Elósegui, Jaime Mayor Oreja y Mario Onaindía.

Pero las discordias entre los partidos con respecto al tratamiento del terrorismo eran de tal calibre que hasta enero de 1988, casi tres años después, no fue posible el acuerdo: el llamado Pacto de Ajuria Enea.

Capítulo 36
EL PNV ANTE LA ETA

Cuando se hizo el Pacto de Ajuria Enea, Garaicoechea llevaba tres años largos fuera de la presidencia vasca. Había ganado las elecciones de febrero de 1984 y jurado su cargo sin esperar al nombramiento del rey, en uno de sus frecuentes desplantes al entendimiento y la legalidad que, junto con el terrorismo, habían ralentizado las transferencias autonómicas. Pero surgieron las disputas en el PNV en torno a la Ley de territorios históricos, favorecida por Arzallus y rechazada por Garaicoechea, una especie de autonomía provincial dentro de la regional, sobre todo en el terreno financiero. El pulso entre los dos líderes, con episodios de espionaje ilegal haciendo uso de la policía autonómica, demostró que el más fuerte era el jefe del PNV y no el del gobierno vasco. Forzado a dimitir a finales del mismo año, Garaicoechea promovió en 1986 una escisión y formó un partido menor, Eusko Alkartasuna (EA), de tipo socialdemócrata y más impacientemente secesionista que el PNV. Por lo tanto, el Pacto de Ajuria Enea se firmaba con un nuevo presidente, Ardanza, algo más flexible y menos beligerante con el gobierno central, al menos en principio.

El pacto establecía el rechazo a la violencia, la exclusión de toda negociación política con la ETA, el apoyo a las víctimas, la coordinación entre el Estado y el gobierno autonómico contra el terror, la «asunción progresiva de responsabilidades en la materia por el Gobierno vasco», la presión internacional para erradicar la violencia y «evitar la impunidad» de los etarras, o la renuncia a ilegalidades en la persecución de estos. Constatar que el acuerdo sobre estos puntos tan elementales había exigido casi once años desde las primeras elecciones democráticas explica muchas cosas.

No obstante, el pacto adolecía de contradicciones que lo amenazaban de esterilidad. Solo condenaba el terrorismo como método, sin vincularlo a las aspiraciones totalitarias de sus autores. Parecía, pues, que lo único rechazable en la ETA eran los atentados, lo cual legitimaría aspiraciones como las nazis. Y la aparente voluntad de no dejar impunes los asesinatos quedaba contrariada por un patético llamamiento a los asesinos para que «renuncien a ella (a la violencia) y se incorporen a la tarea común», con el señuelo de una generosa política de reinserción. La reinserción había tenido sentido en los primeros años de la democracia, cuando el cambio de régimen justificaba un olvido de agravios; pero a aquellas alturas, y más como punto programático, equivalía a una promesa de impunidad y una sangrienta mofa de la ley y de los seis centenares de víctimas mortales causados ya por la ETA, aparte los cientos de heridos o mutilados y los miles de víctimas indirectas, familiares, etc. Quedaba en evidencia la debilidad moral y política de los firmantes del acuerdo.

Por otra parte, la cuestión de las víctimas había llegado a extremos siniestros. Los asesinados tenían que ser enterrados casi clandestinamente, muchos curas rehusaban hacerles funerales públicos, y los familiares sufrían el ostracismo social impuesto por los más violentos, entre la indiferencia de las autoridades. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, nacida en 1981, es bastante explícita en su declaración de intenciones: «Socorrer a todas las víctimas del terrorismo del abandono y marginación del Estado, así como de muchos sectores de la sociedad española».

Otras medidas de sentido común, como la coordinación entre el Estado y la autonomía, es decir, entre las respectivas policías, tenía el inconveniente del predominio nacionalista en la policía autonómica, lo que suponía, de entrada, la simpatía de bastantes de sus miembros por la ETA y la más que probable infiltración de esta en el cuerpo. La coordinación, así, podía justamente beneficiar a los etarras.

Por lo demás, la insistencia en la legitimidad de los organismos y partidos democráticos quedaba debilitada por la precaria referencia a la Constitución, y aun ella relacionándola con ulteriores concesiones: reafirmaba el estatuto de Guernica, pero señalando su eventual ampliación hacia cotas mayores de autogobierno.

También debilitaba el pacto el sentido, no necesariamente convergente, que pudieran darle los partidos firmantes. La ETA, a su turno, juzgó inadecuado contestar positivamente a la invitación de los firmantes a cesar en la violencia.

Por estas razones el pacto iba a arrastrar una vida lánguida, con frecuentes acusaciones de incumplimiento o deslealtad entre sus miembros. Aun así no dejaba de significar un avance con respecto a la calamitosa situación anterior, cuando partidos supuestamente democráticos se obstaculizaban en la represión del terrorismo, para mayor gloria y provecho de este. Podía considerarse un primer paso en el camino a un mayor entendimiento entre las fuerzas más o menos democráticas.

Podía, pero no iba a ser así. En 1998, diez años más tarde y a punto de dejar su cargo, Ardanza haría un balance peculiar. Tras asegurar que el pacto había sido para «Euskadi» el suceso político más trascendente junto con el propio estatuto, lo interpretaba en una triple clave: «El problema de ETA es, para el Pacto, un problema de democracia y no de nacionalismo. La segunda conclusión es una derivación de la primera. Si el problema de la violencia que ejerce ETA es un problema de democracia y no de nacionalismo, el conflicto que ETA representa es un conflicto interno de la sociedad vasca y no una confrontación entre el Pueblo Vasco y el Estado español. ETA es un problema nuestro, de los vascos, y sobre nosotros recae, antes que sobre ningún otro, la responsabilidad de su solución». Finalmente, «La exigencia del pleno y leal desarrollo del Estatuto nace del mismo respeto a la voluntad democrática del Pueblo Vasco y forma, por tanto, parte esencial del Acuerdo».

No es seguro que todo el mundo lo viera así. El terrorismo cobraba para el PNV una rara forma: considerar a la ETA un problema vasco cuando sus atentados afectaban a toda España y repercutían brutalmente en la política general, suponía una chocante audacia. Y aún más la pretensión de desligar sus crímenes del nacionalismo, cuando, con absoluta evidencia, la ETA asesinaba por él. Además, mezclar el «pleno y leal desarrollo autonómico» con la lucha anti-ETA, situaba a ambos en un mismo plano y permitía acusar al gobierno de la violencia por su «incomprensión» con respecto a las transferencias (que el PSOE había casi detenido como presión para que el PNV colaborase más contra la ETA, sin lograrlo en lo más mínimo). En cualquier caso, el acatamiento tácito o abierto de versiones tan sorprendentes ponía a los otros firmantes a merced de la estrategia peneuvista, los incapacitaba para criticar al nacionalismo, sin que lo contrario ocurriera: el PNV podía acusarlos, y lo hacía, de no ser bastante demócratas por no aceptar sus tesis.

El acuerdo se resumiría en un «rechazo total a la violencia y a quienes la ejercen y apoyan, pero total apertura para integrar a quienes, incluso habiéndola ejercido y apoyado, decidan abandonarla. Tal es el sentido de la reinserción contemplada en el artículo 9 del Acuerdo. Y tal es también, y sobre todo, el sentido del final dialogado que propugna el artículo 10». Lo cual mantenía la «solución política» tan beneficiosa para la ETA, cambiando la palabra negociación por «diálogo»; despreciaba a las víctimas y al Estado de derecho; y demostraba la flojera de aquellos partidos. Dato que los experimentados etarras no podían dejar de apreciar.

Desde luego, la ETA desdeñó aquellas resoluciones contradictorias, para desencanto de Ardanza, cuyas frases al respecto podrían entrar en una antología de la farsa política: «Hay algo que, en principio, escapa a nuestra voluntad. No es posible iniciar un diálogo final, es decir, un diálogo productivo y resolutivo, si ETA no da muestras inequívocas de querer abandonar la violencia. Empeñarnos en lo contrario equivaldría a provocar fracaso y frustración. Todos debemos comprenderlo y, antes que nadie, es la propia ETA la que deberá comprenderlo y aceptarlo». Pero ni antes que nadie ni después que nadie. A los diez años del pacto y veintiuno de las primeras elecciones, los terroristas seguían sin comprender y aceptar un «diálogo productivo y resolutivo» con unos oponentes tan débiles política y moralmente.

Desde la oferta del «diálogo», la ETA había perpetrado casi doscientos asesinatos, que para Ardanza no tenían valor definitorio en relación con el problema. Pese a tan prolongado fracaso, el lehendakari pretendía que el pacto «sigue siendo hoy para todos el referente imprescindible en materia de pacificación». Requería, eso sí, algunos cambios: «La pregunta que debemos responder es qué está en nuestras manos y qué podemos hacer nosotros para propiciar ese final dialogado». En otras palabras, las concesiones hechas a los asesinos no bastaban para merecer la comprensión de estos, por lo cual «Proponemos un diálogo abierto, en el que nadie exija, de un lado, la aceptación previa de ciertas reivindicaciones políticas como condición sine qua non para iniciarlo y en el que nadie impongamos, de otro, límites a sus resultados que no sean el propio consenso de las voluntades plurales de la ciudadanía vasca», porque «si el problema de la violencia es un problema de democracia, ningún demócrata podrá impedir que la voluntad de nuestro Pueblo encuentre los caminos más adecuados para su definitiva normalización y pacificación». De este modo, se necesitaba más de lo que llamaban «democracia» —más avances a la secesión— para que la ETA se diera por satisfecha y aceptara «dialogar».

Estas rebuscadas frases incluían a la ETA entre los representantes del «Pueblo Vasco» y rompían la primera exigencia del pacto: el abandono de la violencia por los pistoleros y el rechazo a la negociación política con ellos. A la desesperada queja de los partidos por la intransigencia y crímenes etarras respondía Ardanza exigiendo concesiones de alcance indefinido para atraer a los asesinos a un «diálogo productivo». Concesiones, casualmente, de común interés para el PNV y la ETA: más autogobierno. La ETA, y a su lado el PNV, se erigían en árbitros de la democracia. Sin duda los sabinianos superaban en retorcimiento a aquellos separatistas catalanes contra quienes había prevenido Azaña a Negrín. Y si bien el historiador debe mantener el tono más neutro posible, y la sangre derramada excluye la frivolidad, resulta difícil contener la risa ante tales virtuosismos de picaresca política.

Pero en aquellos diez años habían ocurrido en Vascongadas cosas mucho más graves que el rechazo etarra al generoso «diálogo» con que respondían a sus delitos los firmantes de Ajuria Enea.

Aunque al PNV le desagradaban los tiros y las bombas, no ignoraba la enorme ventaja que su política otorgaba a sus autores, como ha analizado Edurne Uriarte. Si propugnaba tal línea de acción se debía a que obtenía, a su vez, sustanciosos frutos de los atentados, al menos mientras los demás partidos aceptasen su visión del pacto. Presentándose como partido democrático (casi nadie osaba ponerlo en duda), y como clave de la «pacificación», Ardanza y los suyos interpretaban los crímenes no como tales, ni como desafíos o ataques a la democracia, sino como pruebas de que no había suficiente democracia, y de la urgencia de «profundizar» en ella... por medio de un creciente autogobierno. Así extraía una espléndida renta política de la sangre derramada. Arzallus definiría esa táctica con una frase célebre: «Unos (la ETA) sacuden el árbol [...] para que caigan las nueces, y otros (el PNV) las recogen para repartirlas (obviamente con los etarras)». La frase consta en los informes de la propia ETA sobre los contactos que Arzallus sostuvo con cabecillas del entorno terrorista en 1991. Arzallus señaló también que no deseaba la derrota de la ETA, pues «no sería bueno para Euskal Herría», que «es falso que estemos impulsando a la Ertzaintza contra ETA», aunque a veces no le quedaba más remedio que hacer algo, o que «No hay flujo de información Ertzaintza-Policía [...]. La Ertzaintza no ha dado nunca ni un solo dato a la Policía española»299. Estas frases tienen máximo valor, pues concuerdan plenamente con la actuación práctica del PNV, al contrario que las condenas puramente verbales a la violencia, tan prodigadas por sus jefes.

Y el problema real no era la paz, como insistía Ardanza, sino, y cada vez más, la libertad. La paz, pese al clima de inquietud, estaba asegurada porque la acción policial impedía al terrorismo alterarla de forma general.

Según el Pacto de Ajuria Enea, el gobierno vasco aumentaría sus atribuciones en la lucha antiterrorista. La policía autonómica estaba en inmejorable posición para ello, gracias a su penetración en los interconectados mundillos nacionalistas, fueran radicales o presuntamente moderados. Sin embargo la acción antietarra de esa policía tenía poco valor. Ha atacado, sin continuidad, el «impuesto revolucionario», extorsión sufrida también por bastantes empresarios afectos al PNV; o realizado detenciones esporádicas, aunque suficientes para que la ETA asesinara, en represalia, a varios ertzainas. El propio «terrorismo de baja intensidad» —la violencia callejera—, fácil de controlar, apenas sufrió represión de la policía regional. Esta inhibición, que indignaba a muchos policías autonómicos, incluso a algunos nacionalistas, recuerda las consignas a las tropas nacionalistas durante la guerra, a la caída de Vizcaya: «Preparados oportunamente nuestros batallones de hacer que hacían y no hacer nada...». El PNV usaba su propia pasividad como presión para exigir el reconocimiento internacional de la policía autonómica como policía independiente.

El peso, con mucho, de la acción contra los pistoleros siguió recayendo en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. Es la evidencia misma que sin ella la ETA habría superado la peligrosa cifra de asesinatos de 1980, y la democracia habría naufragado por completo en Vascongadas y probablemente en España entera. Han sido todo el tiempo los cuerpos nacionales de policía, y no el autonómico, quienes han protegido la sociedad vasca e impedido su total derrumbe moral y político. Y lo han hecho no con ayuda o simpatía del PNV, sino lo contrario. Este partido ha contribuido intensamente a las campañas pro etarras para enlodar la imagen de dichas policías. Una táctica etarra consiste en denunciar por sistema torturas salvajes. Y algunas veces se dan torturas (a la propia Ertzaintza se le «murió» algún etarra en comisaría), pero las investigaciones judiciales han probado la falsedad de casi todas las denuncias. Y el hecho de que los terroristas sean detenidos casi siempre sin resistencia indica su consciencia de que no les espera un destino tan terrible como asegura su propaganda. Pero el PNV ha divulgado con empeño una estampa simpática de «los chicos» del tiro por la espalda, y siniestra de sus perseguidores. Muchos clérigos, incluyendo obispos como Setién o más tarde Uriarte, han abundado con más o menos sutileza en esa línea, o poniendo en el mismo plano el terrorismo y su represión. El PNV estaría en el justo medio... condenando de palabra a los asesinos y dándoles facilidades en la práctica.

Esa colaboración práctica bajo condenas vacías resalta, por ejemplo, en la constante reivindicación de los «presos vascos»: se sugiere que no se trata de delincuentes, sino de vascos detenidos por serlo o por defender a «Euskadi». O en las cuantiosas subvenciones que, a través de organismos oficiales e iniciativas culturales o de promoción del vascuence, reciben los organismos cultural y político de la ETA. O en actitudes tan reveladoras y destructivas para la legitimidad parlamentaria como la inclusión de Josu Ternera, uno de los pistoleros más sanguinarios, en el Parlamento, y nada menos que en la Comisión de Derechos Humanos. Ternera había cumplido condena por varios delitos, volviendo a huir cuando la Justicia le encausó por otros. Escribe Edurne Uriarte: «Un ex parlamentario [...] me relataba una percepción que me impresionó, por lo que contiene de información inquietante sobre la naturaleza del llamado problema vasco. Se trata de la actitud en la sede del Parlamento Vasco de los miembros del PNV y EA ante el parlamentario batasuno (hoy) huido de la justicia Josu Ternera [...]. Era curioso observar el lenguaje gestual de los nacionalistas del PNV y EA frente al más ilustre etarra del grupo parlamentario radical, un lenguaje que denotaba sobre todo reverencia, sumisión, admiración y respeto»300.

Capítulo 37
UN ESPEJISMO: ¿HACIA EL FINAL DE LA ETA?

El análisis de Ardanza sobre el Pacto de Ajuria Enea, falto de cualquier balance real después de diez años, adquiere su pleno significado si atendemos a sus circunstancias: desde dos años antes, marzo de 1996, gobernaba José María Aznar, con el Partido Popular. Había terminado el primer período socialista, de casi catorce años.

La etapa socialista no había carecido de algunos rasgos positivos, aunque de efectos ambiguos. Así una indispensable reordenación industrial y del mercado de trabajo, de sentido más liberal que socialista, pero contrariada por una pesada fiscalidad y un desproporcionado aumento del aparato estatal —central y autonómico—, todo ello acompañado de un paro sin precedentes, superior a los 3 millones de personas. O la ampliación del acceso a la universidad, un tanto estropeada por el deterioro de la calidad educativa en todos los niveles de la enseñanza, y aumento del fracaso escolar.

Pero en conjunto, la etapa socialista afectó seriamente a la estabilidad del sistema democrático. Empezó su andadura con la despótica e ilegal expropiación de Rumasa, el mayor grupo de empresas español, bajo el lema de «Todo para el pueblo», acuñado por Alfonso Guerra. La expropiación dio la señal para una marea de corrupción como probablemente no había padecido el país en todo el siglo XX. De modo simultáneo, el PSOE emprendió la politización del poder judicial, tratando de supeditarlo al ejecutivo a través de la mayoría parlamentaria. A las críticas replicó el mismo Guerra con su conocida frase: «Montesquieu ha muerto» (Montesquieu estableció la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como cimiento de la libertad política y del Estado de derecho). Los ataques socialistas a la libertad de prensa lograron hundir a varios periódicos y otros medios desafectos. Cuando afloraron diversos escándalos de corrupción, el PSOE trató de impedir su denuncia mediante leyes ad hoc que, de haber prosperado, habrían degenerado al sistema en algo similar al tiránico régimen mejicano del PRI. Y su tratamiento del terrorismo etarra, mezcla de claudicación y violencia legal, no contribuyó precisamente a fortalecer las libertades. Cabe añadir el entreguismo en relación con Gibraltar, abriendo la verja sin contraprestaciones y convirtiendo la colonia inglesa, de la ruina en que antes estaba sumida, en un emporio de negocios dudosos.

El descontento creciente con tales desafueros había terminado por desalojar al PSOE del poder. El nuevo gobierno derechista llegaba con una posición más definida en algunas cuestiones, especialmente, para el tema de este libro, sobre la ETA. El dogma de la «solución política» o «dialogada», sostenido asiduamente por el PNV y el PSOE, fue relegado para dar prioridad absoluta a la solución policial, por influencia sobre todo de Jaime Mayor Oreja. No se trataría con los autores de cientos de crímenes otra cosa que el abandono de la delincuencia, sin contraprestaciones políticas. Esta orientación iba a demostrarse infinitamente más eficaz que las anteriores: en los ocho años siguientes, la media de asesinatos descendió a un promedio de ocho al año, casi ninguno en los últimos dos años. Las terminales políticas del terrorismo fueron ilegalizadas y sus finanzas acosadas a fondo.

Aznar contrapesó esta orientación con concesiones mayores que nunca a los separatistas «moderados» del PNV y de Cataluña, traspasándoles todo tipo de servicios y convirtiendo a España en al país más descentralizado de Europa, más que muchos Estados federales. Sin embargo estas concesiones no hicieron variar de posición a los nacionalistas. Apenas seis meses antes del mencionado y definitorio discurso de Ardanza, la ETA sufría un duro golpe: el 1 de julio de 1997, la Guardia Civil liberaba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, después de un cautiverio de 532 días en condiciones infernales. Ortega emergía del zulo donde lo había encajonado la ETA con aspecto parecido al de los prisioneros de los campos de exterminio nazis, imagen que conmovió a todo el mundo. A cambio de su vida, los torturadores habían exigido al gobierno unas negociaciones políticas para tratar la «liberación de Euskadi». Aznar rechazó el chantaje mientras el PNV, con pretendido humanitarismo, presionó para forzar al gobierno a doblegarse, acusándole de intolerante y no dialogante; y contribuía al chantaje anunciando dramáticamente la probable aparición del cadáver de Ortega en cualquier cuneta. La colaboración política con la banda armada no podía quedar más a la luz.

La liberación del secuestrado fue vivida por el PNV como una derrota propia, y sin duda lo fue. La ETA, enfurecida, amenazó por boca del dirigente batasuno Floren Aoiz: «Después de la borrachera policial vendrá la resaca». Y la resaca llegó con el secuestro, diez días después, del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, por cuya vida exigían los pistoleros el acercamiento de los presos etarras a «Euskadi». Dos días después aparecía el cadáver del concejal, atado y con dos tiros en la nuca. Este crimen saturó de indignación a millones de personas, que se echaron a la calle en Vascongadas y en toda España en las manifestaciones quizá más multitudinarias y crispadas que haya vivido el país. La ETA y sus grupos satélites parecían, por fin, aislados y acosados, no tanto por los partidos como por la gente común.

El PNV se sumó a la manifestación, para tratar, desde el primer momento, de frustrar el ambiente creado. Entre todos los partidos habían logrado hasta entonces mantener la respuesta a los nacionalistas en un nivel de resignación silenciosa y mansa, muy conveniente para la estrategia peneuvista. Pero ahora la mansedumbre parecía acabarse. Arzallus y los suyos no deseaban aquel rechazo radical a la ETA, sino una especie de «condena comprensiva» que les permitiera seguir negociando ventajas políticas, de acuerdo con su táctica inveterada.

Para mayor consternación nacionalista, aunque los asesinos intentaron mantener la iniciativa matando a concejales del PP, en los siguientes meses recibieron tales golpes, con detenciones en cascada en Francia y en España, que se vieron contra las cuerdas. Y comenzaron también los golpes al entorno terrorista, hasta entonces impune. Ese entorno abarcaba organizaciones de propaganda, reclutamiento, control de la población, financiación del terror mediante negocios tapadera o subvenciones oficiales obtenidas, por ejemplo, para «euskaldunizar» (enseñar vascuence) a los adultos (la «euskaldunización» implicaba difundir el ideario separatista más radical y el odio al «opresor español», según reiteradas denuncias), etc. El conjunto formaba una trama paralegal llamada KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista), ligada al partido legal Herri Batasuna, cobertura política, a su vez, de los grupos armados. Esta nube de organismos satélites había sido diseñada por la dirección de ETA-mili tras el magnicidio de Carrero Blanco. Y se había edificado desde la Transición sin que las autoridades hiciesen nada por impedirlo, pese a no ignorar nadie que constituía el aparato más eficaz de coacción, imposición social y violencia callejera, aparte de su colaboración directa e íntima implicación con la banda armada.

Una vez probadas las conexiones orgánicas de KAS y Herri Batasuna con los círculos centrales etarras, la justicia procedió contra ellas, detuvo a la Mesa nacional de Herri Batasuna, desmontó la empresa que publicaba el diario pro terrorista Egin, desarticuló numerosas empresas tapadera, etc. El PNV clamó que tales medidas contra los sanguinarios enemigos de España y de la democracia atacaban a la propia democracia y a la libertad de expresión (el PNV había tratado de condicionar o hundir mediante el boicot de lectura y publicidad al principal diario de la región, El Correo Español-El Pueblo Vasco). Y advertía, apocalípticamente, que ello provocaría un recrudecimiento de la violencia y de la resistencia «popular». Pero no ocurrió nada de eso: la réplica de los pro etarras fue débil, pese al apoyo poco discreto del PNV. Como expresó uno de los jefes etarras, «la izquierda abertzale ha perdido capacidad política como consecuencia de una estrategia que podría estar bien estudiada desde el Estado»301. Por primera vez se abría la posibilidad de una completa victoria policial, y por tanto política, sobre el terrorismo, única vía realmente aceptable, hay que insistir en ello, para el sistema democrático y el Estado de derecho.

Pero vía muy poco deseable para el PNV, porque implicaba la desaparición de una baza con la que venía jugando con éxito desde la Transición. Según Arzallus, la derrota del terrorismo no era buena «para Euskal Herría», es decir, para su propio partido. La situación se volvía muy desagradable para él, y ante el reto los herederos de Sabino Arana decidieron una jugada de gran audacia: convertir la derrota de la ETA en victoria de todo el nacionalismo, incluyendo en él, por supuesto, a los etarras.

Así, del análisis de Ardanza sobre el Pacto de Ajuria Enea nacería en enero de 1998 el llamado Plan Ardanza, el cual con característica jungla fraseológica, proponía negociaciones abiertamente políticas con la ETA, sin ningún condicionamiento previo y «sin límites en los resultados», hasta la «autodeterminación». Proponía, pues, liquidar la Constitución y el estatuto, aunque del modo más disimulado posible: «Sería conveniente disponer de un estudio serio sobre la cobertura jurídica del proceso, incluyendo una investigación sobre las posibilidades de la Constitución, y el Estatuto Adicional Primera y Adicional Única respectivamente, así como de la Disposición derogatoria y otras». No obstante, «la dirección de todo el proceso debería ser eminentemente política y, desde una voluntad política decidida, cabría quizá una lectura constitucional y estatutaria que diera cabida a los consensos que pudieran alcanzarse». Una decidida voluntad política podría retorcer la ley cuanto fuera preciso para mantener una apariencia de legalidad. Y realmente existía un Tribunal Constitucional, desacreditado desde el asunto Rumasa, diseñado por los partidos para modificar la Constitución de forma subrepticia.

Ardanza sabía que su propuesta «suscitará, como es obvio, múltiples preguntas, recelos y resistencias. Es natural. Pero la gran pregunta que se plantea y que debemos contestar es si servirá para alcanzar la paz. Si así fuera, todos los trastornos que provoca habrán merecido la pena». Este párrafo contiene la estrategia peneuvista: para nada contaba la ruina de la libertad y la democracia en Vascongadas. La cuestión era «la paz», es decir, utilizar la pretendida ausencia de paz como palanca para abrir la puerta a la secesión. Entonces todo habría merecido la pena, en especial, aunque no se nombrasen, los cientos de atentados que, en definitiva, habrían alcanzado su objetivo: la «liberación de Euskadi». No otro es el contenido real de la fraseología de Ardanza.

La única exigencia a los etarras consistía en la declaración de una tregua. La idea revelaba el conocimiento de la profunda crisis de la ETA, con casi todos sus grupos desmantelados, su aparato externo semidesarticulado y sus finanzas secadas. Necesitada, por tanto, de un respiro para rehacerse. La tregua daría las máximas ventajas a los nacionalistas. Presentada como una generosa «oportunidad» ofrecida al gobierno, les permitía tildar a este, si rechazaba sus presupuestos, de intransigente y enemigo del diálogo y, por tanto, de la «paz», y hasta de la democracia; de fomentador y responsable de la violencia, según la tesis habitual del PNV.

Capítulo 38
LA FARSA DEL PACTO ANTITERRORISTA Y UNA SEGUNDA TRANSICIÓN

A aquellas alturas, el Plan Ardanza fue rechazado por sus socios del Pacto de Ajuria Enea. Pero el PNV marchaba ya en dirección contraria: sustituir el acuerdo con los partidos más o menos democráticos por el acuerdo directo con la ETA y su entorno, más los separatistas catalanes y gallegos. El 16 de julio de 1998 se firmaba una «Declaración de Barcelona» por parte del PNV, Convergencia i Unió y el Bloque Nacionalista Galego. La declaración se inspiraba en la Triple Alianza de 1923, que había amenazado con las armas, y en la asociación Galeuzca, de 1933. Según ella, «sigue sin resolverse la articulación del Estado español como plurinacional», articulación a su juicio «justa y democrática», y acorde con la evolución europea, por lo que ante «los retos del siglo XXI» llamaba a la sociedad española a compartir una «nueva cultura política acorde con esa comprensión del Estado y promover una concienciación colectiva» al respecto, proponiendo actividades y «diálogos» con vistas a esa concienciación y a sus desarrollos prácticos.

Bajo la inocencia aparente de las palabras, el «Estado plurinacional» significaba anular la Constitución y los estatutos autonómicos, y emprender una «segunda Transición», como empezó a llamársela. Y tenía otro sentido implícito no menos claro: cada «nación» tenía el derecho a «autodeterminarse» (reconocido para las colonias), esto es, separarse del resto. A ese efecto, y sin oposición de los gobiernos de España, los tres partidos habían trabajado tenazmente a la opinión pública durante los veinte años anteriores, explotando unas libertades que no les debían nada y concesiones sin reciprocidad. Las frases ambiguas y las apelaciones al derecho y al diálogo intentaban camuflar la decisión de disgregar por fin a España. De nuevo salía a la luz que los nacionalistas habían concebido las autonomías, desde un principio, como palancas para la secesión. Ahora creían llegado el momento de pasar a una etapa superior, en curiosa y simbólica coincidencia con el centenario del «Desastre» del 98, cuya crisis moral había dado impulso a los separatismos, así como al socialismo y al anarquismo.

La primera Transición había supuesto el paso del régimen autoritario franquista a una democracia, aunque harto imperfecta. ¿Adónde abocaría aquella segunda Transición? Por aparente casualidad, la Declaración de Barcelona coincidía casi con el primer aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, símbolo de la despiadada persecución nacionalista contra gran parte de los vascos. La «plurinacionalidad» no lograba ocultar el designio de eliminar o disminuir en lo posible el pluralismo cultural y lingüístico forjado por una historia de siglos en Galicia, Cataluña y Vascongadas. Y como hemos visto, aunque brevemente, ese viejo designio ya había mermado seriamente las libertades políticas en Cataluña y casi las había desmoronado en Vascongadas. En Galicia, los separatistas no habían alcanzado el poder, aunque constituían una fuerza importante, pero el carácter del BNG era inequívoco: procedente de la extrema izquierda y con ideas marxistas y tercermundistas, se asemejaba mucho más a Herri Batasuna que a los derechistas PNV y CiU. Con ello, el destino de la «segunda Transición» no resulta demasiado enigmático.

La situación tardó poco en clarificarse: el 12 de septiembre de aquel 1998, los partidos nacionalistas, incluidos los representantes de la ETA (HB) más la comunista Izquierda Unida, firmaban una declaración conjunta en Estella enterrando el Pacto de Ajuria Enea, de por sí ambiguo e inoperante. Como señalan las autoras de El árbol y las nueces, Carmen Gurruchaga e Isabel San Sebastián, culminaban «siete meses de intensas conversaciones entre partidos nacionalistas, años de colaboración permanente entre las centrales sindicales ELA y LAB, décadas de diálogo ininterrumpido entre el PNV y KAS y lustros de trabajo de distintos movimientos sociales, con la colaboración entusiasta de la Iglesia vasca»302.

El Pacto de Estella afirmaba: «Euskal Herría debe tener la palabra y la decisión. El acuerdo de resolución no contendrá escenarios cerrados y de carácter definido, sino que posibilitará marcos abiertos donde puedan tener cabida las fórmulas que den respuesta a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herría». De la Euskal Herría nacionalista, definida por Sabino Arana un siglo antes, y de los ciudadanos que se considerasen antiespañoles. PNV y EA marchaban al lado de los autores de ochocientos asesinatos para tratar de imponer todos juntos una vía evidentemente contraria a España, a la Constitución y a la democracia. Buscaban altos respaldos internacionales, en un proceso similar al de Irlanda por las mismas fechas.

Cabe señalar que respecto del Ulster, el gobierno británico había aceptado negociar con los representantes políticos del IRA un proceso político auspiciado por Usa y otros poderes internacionales. Sin embargo el problema era allí el opuesto: los católicos constituían el sector oprimido de la población, mientras que en Vascongadas los opresores eran justamente los nacionalistas, ansiosos de un arreglo para ampliar aún más su poder. En cuanto a la autonomía, la ofrecida al Ulster estaba muy por debajo de la ya concedida a los vascos. Y la historia de Irlanda con respecto a Inglaterra ningún parecido tenía con la de Vascongadas en España.

Como colofón, cuatro días más tarde, el 16, la ETA decidía una tregua indefinida. De paso llamaba a una negociación en que «se adopten los compromisos necesarios para que la fase política que tenemos por delante sea la de la soberanía». El acuerdo con el PNV parecía completo. En nombre de la paz y el diálogo, los asesinos y sus amparadores trataban de acusar y poner a la defensiva al gobierno si este rehusaba dejar en papel mojado la Constitución y el estatuto, desamparar a la mitad de la población vasca allí hostigada (sin contar las muchas decenas de miles que habían literalmente huido de aquella región por las amenazas y presiones separatistas), y permitir la quiebra completa de las libertades. El chantaje era tosco, pero en definitiva se trataba solo de una reedición de la línea seguida durante muchos años y notablemente eficaz frente a unos gobiernos de escasa enjundia moral y política. Pero ahora Aznar y su ministro del Interior, Mayor Oreja, entendieron la amenaza y reaccionaron con bastante energía. Aun así, en su partido se manifestaron vacilaciones, pensando en concesiones extralegales en recompensa por la que creían próxima autodisolución de la ETA. De hecho, el gobierno siguió haciendo concesiones, como el acercamiento de presos a Vascongadas.

El PNV había maniobrado a espaldas de sus socios del Pacto de Ajuria Enea, con total deslealtad hacia ellos y hacia el gobierno que, en una política inane, había acelerado las transferencias a plena y pública satisfacción de Arzallus. Aun así, Aznar y con menor fuerza el PSOE, eludieron la trampa y el Pacto de Estella no recibiría las asistencias internacionales esperadas por sus firmantes. PNV y EA buscaron salidas intermedias, sometidos al tironeo entre la firmeza del gobierno y el maximalismo etarra, que exigía la inmediata anexión de Navarra y departamentos vascofranceses. Al cabo de un año largo, a finales de noviembre de 1999, la ETA sintió la necesidad de volver a la acción para no perder protagonismo. Su comunicado al respecto daba a conocer un acuerdo secreto con el PNV y EA, por el cual estos habían aceptado «romper completamente las relaciones con fuerzas españolas» a cambio de la tregua. Ambos partidos habrían cumplido solo a medias, por lo que «el proceso que comenzó el año pasado está sufriendo un claro bloqueo y se está pudriendo, y en ese contexto, ETA ha tomado la decisión de reactivar la lucha armada».

Y pronto recomenzaron los asesinatos, 18 el año siguiente, 15 en 2001 y 4 en 2002. El fuerte descenso resultaba de una persecución policial más efectiva que nunca antes. La creciente incapacidad de la ETA minaba sus pretensiones de determinar la política y perjudicaba al mismo tiempo a sus otros socios separatistas.

Entretanto, la presidencia regional había pasado de Ardanza a Ibarreche, en enero de 1999. Resumiré al máximo el período posterior: ante la reanudación de los atentados y el entendimiento ETA-PNV, el PSOE y el PP reaccionaron, en diciembre de 2000, con el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo» o Pacto Antiterrorista, a propuesta del PSOE. En él exigían al PNV y EA la renuncia formal al Pacto de Estella y la vuelta a la Constitución y al estatuto como marco político; establecían la firme decisión de derrotar la estrategia terrorista, de garantizar las libertades y los derechos humanos en Vascongadas y de combatir las legitimaciones directas o indirectas del pistolerismo. En transparente alusión al PNV proclamaban su decisión de no admitir que el terrorismo diera pie a «ventaja o rédito político alguno» para ningún partido, pues «la paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos son valores no negociables». Prometía endurecer las leyes si fuera preciso, y prometía «el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas», aunque admitía la reinserción previo «inequívoco arrepentimiento»; promovería la movilización ciudadana y la dignificación de las víctimas. Reproducía el Pacto de Ajuria Enea pero con menos ambigüedades y equívocos, e intentaba, en fin, tomar la iniciativa frente al naufragio de la ley en la región. Por primera vez desde la Transición, un gobierno y su oposición, que juntos sumaban, con mucho, la máxima representación popular, parecían tener una estrategia clara frente a la ETA (no así frente al nacionalismo «moderado»).

Tras alguna vacilación, el PNV siguió desafiando las medidas del gobierno y los tribunales de justicia contra la ETA y su entorno, manteniendo la básica pasividad de la policía autonómica y la protección y subvención al entorno etarra. De paso tildaba de antidemocrática, intolerante y antivasca la política del gobierno contra el conglomerado KAS y Herri Batasuna, y denigraba a las fuerzas de seguridad que alcanzaban éxitos crecientes en su defensa de la sociedad contra el crimen.

Además, Ibarreche y Arzallus trataron de socavar el Pacto Antiterrorista desgajando de él al PSOE. Pues en este no faltaban sectores muy influyentes y proclives a seguir al PNV, en particular los más comprometidos con la corrupción e ilegalidades del período felipista, y ligados al grupo mediático PRISA. Todos ellos hacían coro a las denuncias peneuvistas sobre la «intolerancia» del PP, acusándole de dejar «en la cuneta» al PNV, sin el cual, insistían, no habría «pacificación».

Las elecciones autonómicas de 2001 marcaron una dura confrontación entre los partidos más o menos demócratas y los separatistas. Muestra del interés popular despertado, la abstención no pasó del 21 por ciento, dato excepcional en las elecciones vascas. Los demócratas esperaban un vuelco o al menos una victoria clara, pero quedó demostrado el efecto de tantos años de ambigüedad de los gobiernos centrales, y de la propaganda nacionalista, apenas replicada y a menudo asimilada por la propia oposición. El PNV jugó la baza de los logros autonómicos, según él amenazados, y de la paz y el diálogo (con la ETA, lógicamente). Ganaron los nacionalistas de PNV y EA aunados, es decir, «ganó el diálogo», en palabras de Ibarreche, con 741.000 votos (41 por ciento del cuerpo electoral), muchos de ellos depositados por pro etarras que prefirieron esta vez el voto útil. Los no nacionalistas obtuvieron 650.000 votos, cifra también muy elevada. Las abstenciones y votos en blanco sumaron 350.000. Victoria nacionalista significativa, pero insuficiente para imponer su alternativa a una sociedad muy polarizada y en la que el desafío popular al separatismo ganaba fuerza.

El resultado tuvo graves consecuencias en toda España. El líder socialista Nicolás Redondo Terreros, máximo defensor del acuerdo con el PP, fue defenestrado mediante maniobras subterráneas. Dentro del PSOE alcanzó la hegemonía el sector partidario de entenderse con los separatistas y disputar a cara de perro con el PP, como iba a mostrarse pronto en la llamada oposición de calle y pancarta. El PNV, a su vez, se sentía legitimado para imponer exigencias más duras.

Y los separatistas catalanes más radicales, también muy preocupados por el Pacto Antiterrorista, cobraron a su vez nuevos bríos, exhibidos en las elecciones autonómicas de 2003, cuando, con un 37 por ciento de abstención, la histórica Esquerra llegaba al 16,5 de los votos emitidos, duplicando los de las elecciones anteriores. Ello la convertía en el tercer partido catalán y en la bisagra capaz de decidir si gobernaría CiU o el PSC, prácticamente empatados. El PP regional, mal dirigido y sumiso a CiU, quedaba reducido a un irrelevante cuarto puesto. En 1995, liderado por el asertivo Alejo Vidal-Quadras, se había situado como tercera fuerza catalana en una dinámica de fuerte ascenso. Comprendiendo el peligro, Pujol había exigido a Aznar la destitución de Vidal-Quadras como coste de su apoyo al gobierno, y Aznar había claudicado, con lo que el PP había vuelto a la inoperancia.

Pujol, después de veintitrés años de gobierno regional, no se presentó en 2003, y la Esquerra concedió sus favores al PSOE, llamado allí PSC. Se formó así un gobierno tripartito integrado también por Iniciativa per Catalunya, gris residuo del otrora poderoso PSUC, comunista. La Esquerra proclamaba sin ambages su separatismo y sacaba buena parte de sus votos de una juventud adoctrinada por CiU contra España. Y también como CiU pero con mayor vehemencia, propugnaba el consabido diálogo con los asesinos, palanca para una reforma legislativa que allanase la vía a la secesión. En principio, la Esquerra debiera haber preferido como socio a CiU, pero no había incongruencia en su opción por el PSC, pues los dirigentes de este, encabezados por Pascual Maragall, eran casi tan nacionalistas como CiU. Maragall propugnaba una resurrección de la medieval corona de Aragón como región especial europea prácticamente independiente del resto de España. Idea compartida por el líder de la Esquerra, Carod Rovira. Con notable insolencia, Maragall amenazó a Aznar con «un drama» o incluso con una vuelta a 1936 si no cedía a sus demandas.

En cuanto a la relación del PSC con el PSOE, era de práctica independencia, aunque teóricamente el primero estuviera subordinado. Así se demostró cuando el secretario general socialista Rodríguez Zapatero pareció presionar, en función del Pacto Antiterrorista, para que el PSC parase los pies a Carod, que había negociado con la ETA una tregua exclusiva para Cataluña. La respuesta a Zapatero, tras advertirle que interfería en cuestiones internas del PSC, tuvo bastante de chanza. Carod dimitió, sin perder influencia, y la Esquerra aumentaba su fuerza en la Generalidad. Zapatero dirigía el PSOE desde el año 2000, tras varios años de intentos fallidos de encontrar una sustitución estable a Felipe González. Cabe observar que el liderazgo de Zapatero se habría tambaleado sin el sostén de Maragall. Por esta y otras razones, el PSC pesaba más en el PSOE que a la inversa.

Pero las presiones de Zapatero sobre el PSC en función del Pacto Antiterrorista eran una farsa, como se demostró cuando, ya en 2007, la ETA sacó a la luz las negociaciones sostenidas clandestinamente por el PSOE con ella. El primer encuentro data de 2001, es decir, apenas firmado el Pacto Antiterrorista. En años siguientes continuaron las reuniones para «acordar las condiciones políticas que permitan establecer un escenario de resolución del conflicto político vasco». Era una traición completa al pacto con el PP, cuyo gobierno consideraban «una dificultad añadida» los negociantes de aquellas charlas clandestinas. Creo que la palabra complicidad refleja aquí la realidad de la situación. Y la «dificultad añadida» desaparecería en las elecciones de marzo de 2004, luego de un tremendo atentado, no aclarado todavía.

Aun sin el conocimiento contemporáneo de estos hechos, la comedia entre el PSOE y el PSC malhería al Pacto Antiterrorista, dejando al PP como único defensor claro de la Constitución y del diseño de Estado alumbrado por esta. Defensor poderoso, pues en las elecciones generales de 2000 había logrado la mayoría absoluta. Pero incluso así, las fuerzas sumadas de los separatistas catalanes y vascos, más los comunistas combinadas con la felonía del PSOE, presagiaban una crisis del sistema o, como buscaban otros, una «segunda Transición».

Capítulo 39
RADICALIZACIÓN DEL PSOE Y LOS SEPARATISTAS

El concepto de «segunda Transición», aunque poco usado, o empleado en sentidos distintos, tiene por sí mismo cierta relevancia. Recordemos que en la democratización del país tras la muerte de Franco pugnaron la reforma y la ruptura. Los rupturistas habían terminado por avenirse a un cambio gradual y a la Constitución, la primera en la historia de España hecha por consenso. Rectificando la historia de la República, la izquierda había aceptado la realidad social y política de una derecha que representaba a gran parte del pueblo, y los separatistas habían recibido unos estatutos de muy amplia autonomía, que, entre otras cosas, dejaba en sus manos la enseñanza. En apariencia solo los grupos terroristas habían repudiado la democracia. Y sin embargo las conductas prácticas, un cuarto de siglo después, demostraban lo incierto de aquella aceptación. La izquierda y los separatistas se afligían por haber renunciado, tras la muerte de Franco, a muchas de sus aspiraciones debido al miedo a los «poderes fácticos», en primer lugar el ejército. Pero aquellas aspiraciones, reprimidas ante la realidad del país, atacaban directamente la libertad y la estabilidad de la democracia. Además, la derecha había renunciado de modo voluntario a muchísimo más que ellos: en aras de una reforma radical había disuelto las Cortes y abandonado sus privilegios y el poder ganados en una guerra civil no provocada por ella.

Nada resalta mejor el carácter de la segunda Transición (o en todo caso de la anulación de la primera) que el hecho de tener por eje real la acción terrorista, convertida en definidora de la política en Vascongadas primero, y en toda España a última hora. La ETA, al contrario que el PSOE, el PNV, la Esquerra o CiU, había luchado verdaderamente contra el franquismo y había rechazado desde el principio la Transición, lo que le daba superioridad moral sobre los ansiosos de «dialogar» con ella. La fanática obstinación de la ETA la acercaba a sus fines, y sus crímenes, en lugar de aislarla y contaminar cualquier política asemejada a ella, orientaba la tendencia a disgregar el país, también por parte de los separatistas catalanes y más vagamente del PSOE. Así, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo hacía agua mientras los objetivos etarras eran asumidos en grado muy alto por fuerzas muy importantes y pretendidamente democráticas. Las cuales, en lugar de aislar a la ETA, acordaron aislar al PP de modo explícito en Cataluña, bajo las consignas diseñadas en la mencionada Declaración de Barcelona y en el Pacto de Estella, diseñado para diluir el rechazo popular a los criminales. Hay un paralelismo con la época de la Restauración, cuando tantos partidos beneficiaban al pistolerismo ácrata y obstaculizaban las medidas que los gobiernos intentaban contra él.

La falta o escasez de espíritu de reconciliación en la izquierda destaca igualmente en su pertinaz campaña sobre las víctimas de la Guerra Civil, en torno a las cuales no cesaban de salir libros, reportajes en los medios de masas, exposiciones, comentarios en televisión, intervenciones parlamentarias. Por supuesto, se trataba exclusivamente de las víctimas causadas por las derechas, con total olvido de las causadas por las izquierdas o entre las izquierdas mismas. Solo las primeras parecían estimables o dignas de recuerdo, con el sofisma de que las contrarias ya habían disfrutado de cuarenta años de honores oficiales, y de que los fusilados de izquierdas lo habían sido por defender la democracia, falsificación difícil de rebatir por una derecha que había renunciado a la lucha en el terreno de las ideas y a defender la realidad histórica.

El sentido implícito, y a menudo explícito, de la campaña consistía en pintar a la derecha actual como heredera vergonzante de los «asesinos de la libertad» y de una dictadura retratada con rasgos increíblemente sombríos, próximos a los hitlerianos. La derecha había cambiado algo desde entonces —concedían— pero no había purgado su pecado de origen y mantenía un talante dictatorial casi irrefrenable. ¿La prueba? Su intransigencia frente al «diálogo» o su rígida e irrazonable defensa de una Constitución ya madura para ser cambiada... de acuerdo con los deseos de quienes corroían las libertades en Cataluña y las habían reducido a parodia en Vascongadas. O de quienes habían desatado oleadas de corrupción antes desconocidas. La Guerra Civil recobró en esos años un inesperado protagonismo, reflejado en declaraciones amenazantes de Maragall, en el uso electoral de viejas consignas como el «No pasarán», en acusaciones por el asesinato de García Lorca, en exaltaciones parlamentarias de las Brigadas Internacionales —el ejército particular organizado por Stalin para España—, en condenas retóricas en las Cortes, en la recuperación de los antiguos rencores que habían llevado la República al desastre.

La nueva política de confrontación del PSOE se manifestó arrolladoramente desde noviembre de 2002, cuando un petrolero-chatarra llamado Prestige, que transportaba fueloil cargado en Gibraltar en condiciones irregulares, naufragó frente a las costas gallegas y originó una marea negra (chapapote). La campaña en torno al accidente merece atención por lo reveladora de un estilo político que amenazaba extender a toda España el existente en Vascongadas. Ante el peligro de hundimiento del barco, las autoridades españolas habían ordenado al capitán alejarlo mar adentro, lo que resultó mal remedio, porque naufragó a distancia relativamente corta. Un accidente como ha habido decenas, de efectos ecológicos penosos pero en general no duraderos. Galicia ya había sufrido otros cuatro desde los años setenta, y el último, el del petrolero Mar Egeo, había ocurrido bajo el gobierno socialista, en 1992, ocasionando una desastrosa marea negra. Entonces la población afectada apenas había recibido ayuda, y el PP se había abstenido de atacar al PSOE por el accidente.

Pero ahora los separatistas gallegos, coreados enseguida por los vascos, los catalanes, el PSOE, los comunistas, variopintas oenegés y asociaciones, tomaron pie del percance para un estruendoso movimiento. bajo el lema —singularmente estúpido— «Nunca mais», denunciaron al gobierno y no a la colonia de Gibraltar, a las compañías mafiosas y a los capitanes sin escrúpulos a sus órdenes. Con incansable estridencia, los ministros fueron acusados de incuria y desprecio hacia el pueblo, en particular hacia la gente humilde, pescadora, un sector menor de la población y la economía gallegas, pero presentado como la esencia misma de una Galicia maltratada por una caterva de políticos de derecha atenta solo a su medro personal. Las intoxicaciones informativas se multiplicaban por Internet y los medios de masas, incluso conservadores, mientras se sucedían las manifestaciones y las solidaridades, y artistas e intelectuales autodenominados «progresistas» atizaban una furiosa sensiblería. El litoral, afirmaban, no se repondría en diez o veinte años, la pesca y el marisco quedarían contaminados indefinidamente, millares de familias, casi la economía gallega en pleno, caerían en la miseria por la ineptitud, indiferencia y hasta burla de un gobierno odioso por su autoritarismo e insolidaridad. Y por su falta de «diálogo» con los terroristas, pues todo iba incluido. Los manifestantes de BNG gritaban: «¡Fuera españoles de Galicia!».

Las tétricas predicciones y las acusaciones, infundadas casi todas, se repetían con clamor tan insistente que creaban una verdadera histeria colectiva e impedían cualquier aclaración. En realidad el peligro económico mayor vendría de una posible retracción del turismo el verano siguiente y, tratando de propiciarla, algunas concejalías izquierdistas editaron folletos de «promoción» turística con fotos de la costa pringada por la marea negra. Ante las críticas, los responsables adujeron su intención de fomentar un «turismo solidario». El gobierno ayudó a los pescadores y adoptó medidas prácticas en general acertadas. Resultaron falsas las predicciones apocalípticas sobre la destrucción de la costa durante decenios, y el accidente no tuvo la repercusión electoral en Galicia contra el PP, como esperaban sus enemigos. Pero la súbita tormenta mediática y callejera tomó al gobierno de improviso, su reacción fue torpe, muy poco explicativa y tímida en el plano de la propaganda, de modo que, en conjunto, la «batalla del chapapote» se saldó con una victoria de la oposición, una pérdida de imagen del gobierno y una crispación social extendida. No por casualidad el tipo de movilización, su histeria y radicalismos, reproducían los que la ETA y sus terminales llevaban años organizando en Vascongadas.

También se hicieron sentir enseguida las consecuencias del abandono de la tradicional neutralidad. El 11 de septiembre de 2001, el terrorismo islámico había perpetrado el atentado más brutal de la historia, derribando las Torres Gemelas de Nueva York, un símbolo del poderío useño, y matando a unas 3.000 personas, además de atacar el Pentágono, sede del sistema militar. La espectacular agresión nacía de la creciente inquietud político-religiosa del mundo musulmán, de Filipinas a Marruecos. En respuesta, Usa declaró la guerra al terrorismo en un plano mucho más amplio que antes. En noviembre del mismo año derrocó, con sus aliados ingleses, al régimen fundamentalista afgano, muy conectado con los autores de la matanza del 11-S.

Entretanto, en 2002 tuvo lugar un grave incidente con Marruecos, al apoderarse este país del islote español de Perejil. En esa ocasión, Zapatero volvió a dar pruebas de una absoluta deslealtad no solo al gobierno, sino al propio país, al arrogarse facultades de política exterior y visitar al rey marroquí Mohamed VI, en contra de la política de Aznar de recuperar el islote. Como de costumbre, culpaba al gobierno por intolerante y cerrado al diálogo, lo que habría suscitado la acción marroquí. Perejil fue recuperado, pero el incidente no costó nada políticamente al PSOE, por la ineptitud aclaratoria del PP.

Al año siguiente, la política y armas useñas se dirigieron contra el Irak de Sadam Husein. La operación se justificaba en la presunta posesión de armas de destrucción masiva (nucleares, biológicas o químicas) por parte del régimen irakí, presunción que demostró ser falsa. Al parecer, Usa aspiraba a instalar allí una democracia que sirviera de centro de atracción para otros países de la zona y de resguardo para Israel. España había sufrido ya varios atentados islamistas, y por su pertenencia a la OTAN y compromiso contra el terrorismo, Aznar apoyó con fuerza la invasión de Irak, aunque no envió tropas para ella (sí, luego, para ayudar a la reconstrucción). La perspectiva bélica chocó en toda Europa con una oposición masiva; también en España, donde, como cuando el chapapote, los partidos anti-PP, desde el PSOE a la ETA, multiplicaron las denuncias contra el gobierno y la agitación callejera, a menudo violenta, con un pacifismo demagógico y abundancia de banderas rojas y de la II República. El gobierno fue incapaz de ofrecer una justificación convincente de su apoyo a Usa, confiando en que la guerra durase poco y quedase olvidada en medida suficiente para no influir en las elecciones previstas para 2004. Y aparentemente así ocurrió, pero la incapacidad para explicar la guerra de Irak iba a pasar una enorme factura no solo al PP sino al país entero en dichas elecciones.

Entretanto, y como quedó indicado, en las elecciones autonómicas de 2003, el nacionalismo de derecha de CiU quedó desplazado por una alianza entre el más radical de la Esquerra, el PSC e Iniciativa per Catalunya, antiguos comunistas, todos ellos muy próximos al separatismo. Sus figuras principales fueron el nuevo presidente regional, Pasqual Maragall, líder del PSC, y Josep Lluis Carod Rovira, dirigente de la Esquerra y radicalmente antiespañol. Este como conseller en cap, jefe de consejeros, algo así como primer ministro, cargo antes inexistente. Una de las primeras decisiones de aquel «Tripartito» fue el llamado «Pacto del Tinell» en la misma línea de avance al secesionismo que el Pacto de Estella. Con él buscaban simultáneamente aislar y asfixiar al PP en Cataluña. Un PP catalán sumiso al nacionalismo desde la exclusión de Vidal-Quadras, pero que conservaba algunos rasgos españolistas.

Viene aquí al caso una pequeña digresión, pues se había establecido por entonces una distinción entre el separatismo vasco, tan íntimamente ligado al terrorismo, y el nacionalismo catalán, presentado en toda España como democrático, moderado y «europeo». El propio Arzallus se jactaba de la mayor virilidad de la ETA, al calificar de «machada» alguna de sus acciones o señalar que nadie imagina a un catalán empuñando una pistola, mientras que a un vasco sí... olvidando que la especialidad etarra era el tiro por la espalda. Por lo demás, el separatismo catalán había sido mucho más violento que el vasco hasta la Guerra Civil. En cualquier caso, ya hemos visto las tácticas de linchamiento incívico del separatismo catalán, mezcla de injurias, amenazas y «acción directa» en casos como el de Jiménez Losantos. Otro rasgo poco «europeo» fue la política de soborno por subvenciones a los medios de masas, que ha reducido gravemente la libertad de expresión en Cataluña; o las agresiones en la universidad a destacados intelectuales no separatistas, como Savater, Gotzone Mora, Vidal-Quadras, etc., para impedirles hablar; o medidas dictatoriales tomadas desde el poder contra el bilingüismo real y teóricamente oficial; o el uso de la enseñanza para provocar una mezcla de narcisismo «nacional» desbocado y odio y desprecio a España...

Los propios Carod y Maragall procedían del marxismo, la ideología más totalitaria y sanguinaria del siglo XX, evolucionando (relativamente) más por sentido de la oportunidad que por convicción crítica. Carod, de biografía confusa, más o menos transformada oficialmente, como ha sido común en muchos políticos desde la Transición, tenía un historial bastante relacionado con el terrorismo. Había pertenecido al terrorista PSAN (Partit Socialista de Alliberament Nacional), colaborador con la ETA y con Terra Lliure, otra banda armada separatista. El terrorismo nacionalista catalán había tenido cierta relevancia, sobre todo después del franquismo, pero había quedado opacado por el más activo etarra. Al respecto tiene interés un comentario del intelectual catalán Arcadi Espada sobre uno de sus hechos más notorios:

«El asesinato del industrial José María Bultó Marqués, el 9 de mayo de 1977, fue aquello que se llama un crimen de época [...]. Tal vez recuerdes que el único condenado en firme por este crimen fue un dirigente del llamado Exèrcit Popular Català (EPOCA), como con una cierta pompa de acrónimo preferían llamarse. Pero la verdad es que no pretendía jugar, sino subrayar la extraña capacidad de algunos crímenes para iluminar un tiempo. Fue el de nuestra juventud y el de la Barcelona de la Transición, de pronto estremecida por un salvajismo inédito.

»Aquel día de mayo tres hombres asaltaron una vivienda de la calle de Muntaner y adosaron al cuerpo del industrial Bultó una bomba. Él estaba comiendo, como acostumbraba, en casa de un familiar. Le exigieron 500 millones de entonces y le advirtieron que si intentaba desprendérsela la bomba explotaría. Cuando los terroristas huyeron, dejando la bomba y un pliego de instrucciones, el industrial decidió volver a su casa. El chófer le esperaba abajo. Durante el camino le fue contando lo que había pasado y aún le animó a que palpara la bomba. En cuanto llegó a la casa dio instrucciones nerviosas, pero precisas, al servicio: la primera que avisaran a su hijo. Y luego subió por la escalera interior hasta sus habitaciones.

»El hijo, Manuel, estaba en su despacho. Descolgó el teléfono y solo oyó los gritos y lágrimas de una criada, que le urgía a venir, porque había pasado algo terrible. Preguntó el qué, pero era imposible entenderse. Estaba a pocos minutos de la casa, que era también la suya. Su padre, viudo desde muchos años antes, vivía con el matrimonio en una torre del barrio de Pedralbes. Cuando llegó las criadas repitieron el llanto. ‘Ha explotado’, alcanzó a entender. Dedujo que su padre estaba arriba y que algo había pasado allí. Ninguna de las mujeres había subido al oír el estruendo. El hijo subió. Se fijó que había algunas manchas indeterminadas en la pared y entró en la habitación sin saber qué iba a encontrarse.

»Su padre estaba tumbado boca arriba en el dintel que separaba la habitación estricta del cuarto de baño. Medio cuerpo en cada pieza. Iba vestido con chaqueta y corbata y tenía el pecho abierto, mostrando las entrañas. El hijo vio que el brazo izquierdo estaba en un rincón de la habitación y que el otro permanecía en el cuerpo, sin trauma aparente. En las paredes había trozos de vísceras y cuajarones y del techo del baño caían gotas de sangre. Los periódicos dirían que el industrial Bultó Marqués murió al intentar desprenderse la bomba. Una de esas hipótesis rápidas, con su grieta de exculpación, que permanecen durante siglos. Lo cierto es que antes de que se lo llevaran su hijo se fijó en las manos. Tanto la del brazo que yacía suelto como la del otro estaban intactas.

»El estremecimiento barcelonés se produjo, especialmente, cuando el crimen de la bomba en el pecho se repitió meses después con el matrimonio Viola y, en especial, cuando se supo que uno y otro habían sido cometidos en nombre de la independencia de Cataluña, por su ejército popular. Dos hombres lo mandaban. Uno de ellos era Jaume Martínez Vendrell (1915-1989), y es la espita de esta carta. Porque la otra mañana, en la Colonia Güell del municipio de Santa Coloma de Cervelló, el ayuntamiento homenajeó y puso placa a la memoria de este hombre. Ya sabes que tengo un criterio algo diferente del común sobre las placas y los lapidarios homenajes urbanos. No creo que en las calles de una ciudad deba constar solo el Bien. Al cabo del tiempo, las calles y los muros no homenajean: solo recuerdan. Por lo tanto no me parece mal que se recuerde a Martínez Vendrell en su pueblo. Ahora bien: espero que conste en la lápida el rasgo principal y más nítido (en términos, digamos, colectivos) de su paso por el mundo. Es decir, cabe esperar que la lápida ponga: Jaume Martínez Vendrell, terrorista. He llamado esta mañana al Ayuntamiento de Santa Coloma para preguntar por esta y otras cuestiones relacionadas con el caso, pero el alcalde, el señor Josep Comellas i Marín, había salido de fin de semana. Martínez Vendrell fue el único condenado por el asesinato. Doce años, que no cumplió, por complicidad en el crimen. Algún día te explicaré la historia judicial y política de los presuntos asesinos del industrial Bultó. Pero ahora estamos en la plaqueta de Martínez Vendrell. Ha producido un cierto sobresalto el homenaje. El hijo Manuel ha hecho lo que ha de hacer un hijo: querellarse contra el Ayuntamiento de Santa Coloma. Y los periódicos han levantado algunas exclamaciones. Lo comprendo.

»Sin embargo, si uno mira bien al fondo de los asesinatos de Bultó y Viola encuentra muchos otros motivos de exclamación. Te explicaré uno de ellos. Trata del otro jefe del Ejército Popular. El 16 de marzo de 1978 los periódicos dieron publicidad a una larga nota de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona donde se detallaba la detención de Jaume Martínez Vendrell y de otras personas vinculadas con los asesinatos. El diario La Vanguardia publicaba la nota completa. Una de las grandes noticias estaba en estos párrafos: ‘En 1967 Jaime Martínez Vendrell (según sus propias manifestaciones) es requerido por José María Batista Roca quien le encarga la creación de una organización que mediante la lucha armada pudiese llegar a conseguir la independencia total de los Países Catalanes [...]. El visto bueno para llevar a cabo la acción contra el señor Bultó la dio en principio Jaime Martínez Vendrell y en última instancia José María Batista Roca’. Estos párrafos provocaron una insólita nota adjunta de la redacción del periódico. La leo y reconozco en su punta seca la voz de Manuel Ibáñez Escofet, que era entonces el director práctico del periódico. Después de un aseado reconocimiento a la labor de la policía la nota continuaba: ‘Pero nos resistimos a aceptar la culpabilidad de don Josep Maria Batista i Roca [1895-1978], profesor ilustre y hombre de recta trayectoria, en primer lugar porque no puede defenderse de las acusaciones. Es corriente que los detenidos culpen a una persona que no puede hablar y la muerte de Batista i Roca, en agosto del pasado año, cerró para siempre sus labios’.

»Se resistían. Pero tanto Martínez Vendrell como otro de los acusados ratificaron en el juicio ante la Audiencia la implicación de Batista i Roca en la actividad de EPOCA. Precisaron, incluso, que Batista i Roca estaba por una lucha armada ‘responsable’. Ninguno de los dos estaba endosando su responsabilidad al muerto. Solo estaban orgullosos de haberle servido. Se resistían: Ibáñez Escofet, La Vanguardia y seguramente hasta Tarradellas, entonces presidente de la Generalitat, que fue su amigo y compañero durante mucho tiempo y que probablemente estaba al fondo de la nota de la redacción del periódico. Se resistían, pero la implicación del etnólogo en la lucha armada responsable es hoy un lugar común aceptado por el independentismo catalán.

»Y siguen resistiéndose, como es natural. En Santa Coloma de Cervelló homenajean a Jaime Martínez Vendrell. Pero Batista i Roca tiene calles en media Cataluña, monolitos y un premio que lleva su nombre. El premio es a la proyección exterior de la cultura catalana, concretamente»303. De Batista i Roca y sus andanzas durante la Guerra Civil, hemos hablado en la primera parte de este libro.

Además, la táctica peneuvista de «recoger las nueces» sangrientas de la ETA era compartida por los nacionalistas catalanes. Vidal- Quadras ha recordado una frase de Pujol: «Los vascos abren brecha y nosotros seguimos detrás».

Capítulo 40
GRAN ESCÁNDALO ANTE LAS ELECCIONES DE 2004

Carod cobró notoriedad nacional cuando, en enero de 2004, mantuvo en Francia un encuentro oculto con jefes de la ETA, entre ellos el sanguinario Josu Ternera, huido de la justicia después de pasar por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Hasta entonces los etarras no habían prestado atención a las peticiones de Carod, porque la Esquerra era un partido de escasa importancia, pero a raíz de aquellas elecciones la cosa cambió. Además, la reunión venía muy bien a una ETA acorralada y semidesmantelada por los golpes de la policía, pues juntarse con todo un conseller en cap le devolvía fuerza política, haciéndola capaz de influir sobre los destinos de Cataluña. Todo un éxito político muy necesitado en aquellos momentos. Y por parte de Carod, nuevamente el crimen quedaba reconocido como un valor político, abriendo una nueva vía de agua al Pacto Antiterrorista. El mismo Carod resumió su postura en esta frase a los pistoleros: «Los vascos no sois españoles, de acuerdo, pero los catalanes tampoco, y con acciones como esta no hacéis más que españolizar Cataluña. Ahora solo me atrevo a pediros que cuando queráis atentar contra España, os situéis previamente en el mapa». Es decir, la ETA debía dejar de atentar en Cataluña, de modo que solo murieran españoles de otras regiones.

Obviamente, el encuentro tenía finalidad electoral ante los comicios generales previstos para marzo de aquel 2004: gracias a un exitoso «diálogo», Carod aparecería como el padre de la «paz» en Cataluña. Ello halagaría a todo el conglomerado nacionalista, incluido el «moderado» CiU, que transmitía por todos los medios y desde la escuela la consigna de que los catalanes no eran españoles. Por tanto no debían sufrir los golpes del terrorismo etarra. Pero la policía había detectado la acción de Carod, y la noticia de su entendimiento con la ETA salió a la luz prematuramente, cuando el Pacto Antiterrorista se suponía en vigor, y provocó un escándalo. Carod explicó en el Parlament que «habría sido una irresponsabilidad mía no haber considerado la posibilidad, si ello contribuía, modestamente, a encontrar una salida al fenómeno de la violencia y a salvar una sola vida humana». Con este lenguaje, la hipocresía alcanzaba verdaderas cimas. Las protestas del PP fueron denunciadas por la Esquerra como «linchamiento», «ofensiva brutal y despiadada», «deriva autoritaria y centralista», que quería «hacer ver el mundo al revés». Maragall calificó de «bienintencionado e ingenuo» el paso de Carod, pues había cometido un error, no por haberse entendido con la banda criminal contra la democracia y el Estado de derecho, sino por haber dado a Aznar «la posibilidad de traer al centro del escenario político su visión patética, corta y miserable de las Españas». Pero prefería las «buenas intenciones» del conseller, porque la derecha «nos está negando el final de ETA y la paz», pues quieren «mantener a ETA viva como un espantajo para justificar el inmovilismo político». Una vez más, y al igual que el PNV, buscaban el fin de la banda criminal dándole casi todo lo que ella exigía.

La reacción de Zapatero fue todavía más farsante: calificó la reunión de «acto de deslealtad intolerable», cuando él llevaba tres años realizando a escondidas actos idénticos. Como el asunto podía perjudicar las expectativas electorales del PSOE, hubo que sustituir al conseller en cap por otro (Bargalló), si bien Carod continuó en el gobierno regional y sin perder poder efectivo.

El PNV y EA se sumaron a la campaña declarando «inaceptable» la vigilancia de la policía a una «persona democrática» como Carod. El gobierno había «vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos y debía pedir perdón a Carod». Su diputado Anasagasti hizo una observación llamativa a la luz del atentado del 11 de marzo, pocos meses después: «¿Están esperando (el gobierno) a que haya un atentado que les venga bien en campaña electoral? Porque un atentado de ETA en este momento le daría la mayoría absoluta al PP y ellos lo saben». Los comunistas, el líder etarra Otegui y otros más unieron sus voces contra la «inadmisible» conducta del gobierno de Aznar. Por supuesto, los socialistas, en general, arremetían también contra el gobierno porque, afirmaban, debía haber detenido a los etarras interlocutores de Carod... y del propio PSOE. La política española se estaba convirtiendo en una comedia delirante, que solo podría encontrar comentarista adecuado en algún Quevedo o Valle-Inclán.

Seis semanas después, la ETA sacó un comunicado, leído respetuosamente en la televisión del gobierno peneuvista. Los asesinos declaraban a Cataluña y Euskal Herría naciones oprimidas por la fuerza de las armas, opresión que habría creado estrechos lazos de solidaridad y profunda amistad entre ellas. Las dos regiones «son las palancas que hacen crujir el caduco entramado del marco institucional y político impuesto». Por ello, «ETA comunica a Euskalerría y al pueblo catalán la suspensión de su campaña de acciones armadas en Cataluña a partir del 1 de enero de 2004». Claro que en gran medida era hacer de necesidad virtud, porque para entonces las posibilidades de acción etarras estaban bajo mínimos; pero no dejaba de ser un éxito político conseguido gracias a la complicidad del Tripartito catalán y del PNV. Zapatero deploró que «por primera vez en la democracia se intente utilizar electoralmente un comunicado de ETA», como si diversos partidos y el propio PSOE no lo hubieran hecho de mil modos, o como si el PSC, como miembro del Tripartito, no hubiera participado en la fechoría y atacado al PP... por haberla denunciado.

Ibarreche también calificó el comunicado etarra de «vomitivo»... porque «tiene como resultado práctico favorecer los intereses electorales del PP». Aparte de vomitivo por eso, explicaba, resultaba «inmoral porque la violencia es condenable». Condenable pero no perseguible, pues el PNV ha condenado mil veces la violencia, pero nunca la ha perseguido, sino que ha obstaculizado sistemáticamente la persecución y puesto en el mismo plano a los pistoleros y a la policía que defendía la sociedad y la democracia, o lo que hubiera de ella. Y la Esquerra emitió otro comunicado lleno de preocupación por el efecto electoral de sus «diálogos». La tregua etarra, afirmaba, «no nos satisface», por ser «una trampa que pretende marcar la agenda política y el actual momento en Cataluña». Con perfecto descaro aseguraba haber deseado «una tregua para todo el Estado», porque «el derecho a la vida no tiene fronteras», y «el independentismo pacífico, político y democrático de la Esquerra representa todo lo contrario» de la ETA. Por sorprendente que resulte, a aquellas alturas seguían teniendo cierto efecto tales tiradas, a las que el PP no acertaba a replicar adecuadamente, pensando que de todas formas volvería a ganar las elecciones304.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo, indignada, se querelló contra Carod por encubrimiento y colaboración con banda armada. El Tribunal Supremo, muy influido por los partidos, se apresuró a archivarla porque no encontraba ningún «acto de ayuda a personas para eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes»; y tampoco había colaboración por cuanto «la esencia de este delito consiste en poner a disposición de la banda, conociendo sus métodos, determinadas informaciones, medios económicos o de transporte, infraestructuras o servicios de cualquier tipo, que la organización obtendría más dificultadamente —o en ocasiones le sería imposible obtener— sin ayuda externa». Es obvio que Carod —y el PSC, y el PNV— habían hecho, y no solo en este caso, grandes servicios a la ETA, para empezar en el terreno político y propagandístico, más importante que una colaboración en dinero; y habían tratado de desacreditar y obstruir la acción antiterrorista del gobierno. El fin de la furtiva cita recordaba demasiado a una conspiración para delinquir, y la propia reunión de un presidente catalán en funciones con unos malhechores perseguidos por la justicia, a escondidas de las autoridades, tenía algo, por lo menos, de encubrimiento. Y vale la pena reparar en las últimas frases de la resolución judicial: ¿no sería colaboración con banda armada cualquier servicio a esta, si la banda pudiera obtenerlo por su cuenta? Esta resolución fue un «daño colateral» más y no de los menores, infligido por la ETA y sus colaboradores a la democracia, uno de cuyos problemas era y es la escasa independencia del poder judicial y el descrédito en que este ha ido cayendo en la opinión pública.

Faltaba solo un mes para el atentado más sangriento que haya sufrido España hasta hoy, y todavía no aclarado.

Capítulo 41
¿CAMBIÓ LA HISTORIA EL ATENTADO DEL 11-M?

Al llegar a este punto entramos en una actualidad en que los materiales para el historiador crecen de modo abrumador: ingente suma, en constante aumento, de libros, reportajes, documentación periodística, estadísticas, artículos, testimonios... Lo cual, paradójicamente, no hace la labor historiográfica más fácil, por la dificultad de manejar y sintetizar tal volumen de información y desenredar interpretaciones contradictorias, o distinguir lo significativo de lo irrelevante; y aún más porque casi siempre quedan ocultos hasta años después documentos y testimonios, a veces decisivos. El caos de tendencias, personajes, acciones y versiones divergentes vuelve muy arduo orientarse con precisión, porque nos falta también un elemento esencial: el final del proceso en curso. Es ese final lo que nos permite distinguir las tendencias principales y calcular o especular por qué unas han terminado prevaleciendo y otras marginadas.

En todo caso, cuando empezó la campaña electoral de 2004, se presentaban dos opciones básicas: la del PP, centrada —aun si con grandes fallas— en la defensa de la unidad nacional, de la Constitución y de las normas democráticas; y la del PSOE-comunistas y separatistas, tendente a liquidar la herencia de la Transición, enlazar idealmente con el Frente Popular y avanzar hacia la disgregación de España: la ETA y la actitud hacia ella constituían el verdadero eje de esta orientación, como hemos visto.

Aun con el daño que habían hecho al PP las intensas y radicalizadas campañas previas contra él (con motivo del chapapote, la guerra de Irak, «diálogos», reforma de la enseñanza...), este partido emprendía la batalla electoral con notable ventaja, hasta con posibilidad de nueva mayoría absoluta. España había superado la crisis económica, con sus 3 millones de parados, dejada por el PSOE de Felipe González, una baza electoral importante. Pero una vez llegado al gobierno, Aznar había preferido «pasar página» de la corrupción y el terrorismo socialista, y evitar la «regeneración democrática» prometida al electorado. Así, persistían los pesados lastres de la politización judicial, acaparamiento de la libertad de expresión por unos pocos medios de masas, escándalos de corrupción (aunque atenuados), escasa separación de poderes, una ley electoral poco igualitaria, o el separatismo. Solo contra el terrorismo se había adoptado una línea regeneradora. Pero la economía marchaba bien (aún no se percibían sus «burbujas»), y el PP creía tener con ello la victoria segura. Hasta pensaba que la virulencia de los ataques recibidos le había favorecido y que la guerra de Irak estaba prácticamente olvidada, aunque hubiera dejado convulso a aquel país. Aznar, convencido de haber estabilizado la situación, no se presentó a las urnas, dejando la tarea a su ministro Mariano Rajoy, convencido a su vez de que «la economía lo es todo».

Zapatero, su opositor principal, lanzó una campaña radicalizada, llena de promesas vagas en torno al «diálogo» y al «pluralismo», con todos los tópicos de la izquierda, incluido un antifranquismo tan militante como inexistente en tiempos de Franco. Acusaba a Rajoy de talante autoritario y recordaba con insistencia la guerra de Irak. Rajoy replicó con una campaña economicista de «bajo perfil»; rechazó, poco democráticamente, el debate televisivo con su contrincante, y eludió las cuestiones políticas de fondo o contestar de modo contundente a las acusaciones de sus contrarios. No le hicieron cambiar de táctica los avances de Zapatero en las encuestas, que en los últimos días de campaña habían reducido mucho la diferencia del principio.

Y el 11 de marzo, solo tres días antes de los comicios, varias bombas estallaban en trenes de cercanías de Madrid, llenos de gente que se dirigía al trabajo, matando a casi doscientas e hiriendo a cerca de dos mil. Fue el atentado más feroz y masivo perpetrado en la historia reciente de España, pródiga en golpes indiscriminados desde los anarquistas contra una procesión o un teatro, a los etarras en la calle del Correo y otros varios. En un primer momento, la matanza se atribuyó a la ETA, la cual, visiblemente acorralada, todavía podía intentar algún coletazo brutal, y poco antes se le habían interceptado dos grandes cargamentos de explosivos con rumbo a Madrid. Y los primeros informes indicaban que el explosivo correspondía al empleado habitualmente por los etarras. Pero pronto fue adjudicado el crimen, como típico, al islamismo de Al Qaida, aunque no había demasiado tipismo, pues no fueron atentados suicidas: los presuntos autores se habrían suicidado después, al encontrarse sitiados por la policía.

Cuando se abrió paso la hipótesis islamista, el gobierno se asustó. Pues con autoría etarra, Rajoy ganaría seguramente en las urnas, al quedar en evidencia una oposición que, de hecho, colaboraba con los designios de la ETA. Pero con autoría islámica, el PP podía ser presentado como el auténtico culpable, por haber apoyado la invasión de Irak: la masacre solo sería una venganza salvaje, pero en cierto modo comprensible y hasta justificable, de los antes agredidos musulmanes. Zapatero y los separatistas cogieron la ocasión al vuelo y se lanzaron al cuello de Rajoy. Acusaron a su partido de haber propiciado el atentado con su política, de mentir al haber atribuido el golpe a la ETA y de intentar aplazar las elecciones —lo cual habría sido bastante lógico, pero no había indicios de ello—, equiparando el supuesto intento a un golpe de Estado. Así se convirtió en pesadilla para el PP su anterior apoyo a la guerra de Irak, sin haber tratado de ganarse para ella a la opinión pública con explicaciones algo convincentes, y calculando un pronto olvido del asunto. Fue en verdad sorprendente la virulenta agilidad con que reaccionó la oposición, sin que se supiera a ciencia cierta la autoría del tremendo crimen. Prensa pro socialista y PSOE inventaron islamistas suicidas, movilizaron a las masas para asediar e intentar asaltar las sedes del PP, e hicieron caso omiso de las normas electorales sobre el «día de reflexión».

Paradójicamente, el gobierno había capturado meses antes a una partida islámica que proyectaba atentados y Aznar había advertido del peligro de sus acciones. Pero la izquierda y los nacionalistas habían replicado con burlas, hablando de un «comando Dixan» (por una marca de detergente) y sugiriendo que el gobierno inventaba capturas de terroristas a fin de fortalecerse alarmando a la gente con peligros ficticios.

Hoy, diez años después de la matanza, sigue sin conocerse la verdadera autoría. La instrucción del proceso judicial fue confusa; el politizado juez y su mujer intentaron hacer negocio del sensacional proceso publicando un libro al respecto con datos confidenciales, algo que en una democracia más seria habría supuesto inhabilitación; hubo destrucción apresurada de posibles pruebas, aparecieron pruebas falsas y quedó la duda sobre el explosivo utilizado, cuyos restos fueron manipulados de forma no reglamentaria por algunos policías; fueron detenidas 116 personas, imputadas solo 29, incluidos confidentes y delincuentes comunes controlados de la policía, y condenadas solo 3, con pruebas contradictorias... Y así otra serie de hechos poco congruentes. El fallo no señala autor intelectual ni explica por qué fue elegido para el crimen un día tan significativo, ni lo relaciona con la guerra de Irak, ni con Al Qaida. Al parecer, unos cuantos delincuentes comunes fanatizados habrían perpetrado por su cuenta la mayor matanza en su estilo de la historia de España, sin relación con las elecciones u otro motivo concreto más allá de la expresión de su odio no se sabe si al gobierno del PP, a España o a la cristiandad. El periodista Luis del Pino y otras personas han insistido en estas contradicciones y mantenido una campaña en pro de una investigación rigurosa. Al respecto se han escrito libros e investigaciones sobre el sumario y han surgido las hipótesis más diversas, achacando el crimen incluso a los servicios secretos españoles (también involucrados en el 23-F), con el propósito de acabar con una orientación de Aznar presuntamente peligrosa para la continuidad del sistema montado en la Transición (un reparto del poder entre la derecha, el PSOE y los separatistas).

Pero si permanecen confusos o sospechosos el origen, las intenciones y la autoría del bestial atentado, en cambio sus consecuencias políticas saltan a la vista. No sabemos si los autores de la matanza buscaban la derrota del PP, y es difícil creer que este fuera un fin deliberado, por la dificultad de calcular el resultado; pero, en todo caso, ese fue su primer efecto. Los grandes beneficiados fueron sin duda el PSOE y los separatismos. Las encuestas han calculado que entonces un 6-8 por ciento de los electores decidieron cambiar su intención de voto, y Zapatero, que ya antes del atentado cerraba distancias con Rajoy, venció. No por mayoría absoluta, aunque un acuerdo de principio con los partidos separatistas le garantizaba una fácil gobernabilidad. La política española dio un giro de ciento ochenta grados. Sus aspectos principales fueron:

1. El nuevo gobierno retiró las tropas de Irak e incitó a otros países a hacer lo mismo, lo cual dejaría al país árabe en manos de terroristas como los que presuntamente habían actuado en Madrid. Esta medida reforzaba curiosamente la hipótesis de la autoría islamista: el nuevo gobierno, llegado al poder gracias, en parte al menos, al atentado o a su explotación política, correspondía a los supuestos autores de la masacre con dicha retirada, muy bien recibida en medios integristas. La conexión política entre ambos hechos es clara, aunque ello no demuestra una conexión orgánica previa o intencional entre el PSOE y Al Qaida.

2. Una vez en el poder, Zapatero exhibió su política, hasta entonces furtiva, de acuerdo con la ETA con vistas a un «proceso de paz», apoyado por los demás separatistas. En la práctica suponía transformar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en su contrario: un pacto con los terroristas, que no auguraba nada bueno para las libertades, para el Estado de derecho ni para la unidad de España. Esta política despertó una masiva indignación popular, pero pronto Rajoy, insistiendo en su oposición de «bajo perfil», redujo las protestas a la nada y pasó a limitar su oposición a una vacua retórica que nunca frenó a Zapatero.

Con respecto a este acuerdo «de paz», casi todos los analistas han pasado por alto un dato esencial: las profundas afinidades ideológicas entre ETA y PSOE. Pues ambos se proclaman socialistas, visceralmente antifranquistas, antiimperialistas o cosa parecida, y odian en un caso y desprecian en el otro a España, cuya historia es, según señaló el filósofo Julián Marías, negativa en la opinión del PSOE (tan negativa como desmesuradamente positiva la que ese partido tiene de sí mismo). Sin olvidar que el PSOE tiene su propio y largo historial terrorista en la Restauración, la República y la guerra, aparte del GAL; hecho ignorado por casi todos los periodistas y políticos. En definitiva, el gobierno de Zapatero ha dado la razón a la ETA, premiando sus cientos de asesinatos con legalización, acceso a pingües caudales públicos, influencia abierta en la enseñanza y los medios de masas de Vascongadas, proyección internacional e imagen favorable. Por contraste, el PSOE trató de desacreditar a la exasperada Asociación de Víctimas del Terrorismo, tildándola, así como a cuantos rechazaban tales acuerdos, de proclives a la dictadura, enemigos del diálogo y la paz, etc. Nunca la ETA había recibido un auxilio tan vasto y consistente cuando se hallaba al borde del abismo. El acoso policial descendió, difiriendo cualitativamente del anterior: las detenciones no supondrían ya cumplir largas condenas, sino la probabilidad de que el etarra saliera libre cuando se firmase «la paz», justificado y convertido en héroe popular.

3. A esta política con la ETA le correspondió otra similar hacia los separatistas. Ibarreche trató de transformar la autonomía vasca en una especie de Estado libre asociado, un paso ya previo a la secesión completa. Las Cortes rechazaron el proyecto, pero el gobierno facilitó nuevos avances prácticos, no legales, hacia aquel fin. En cuanto a Cataluña, el gobierno declaró implícitamente soberano al Parlamento Catalán y le permitió, al margen de la Constitución, elaborar un nuevo estatuto. Este declaraba «nación» a Cataluña y establecía en la práctica lo que, sin mucho efecto real, se había negado a Ibarreche. El nuevo estatuto fue votado por menos de la mitad del cuerpo electoral catalán, y el total de votos de apoyo no pasó del 37 por ciento. A pesar de ello, entró inmediatamente en vigor. Maragall, que había cedido en 2006 la jefatura del Tripartito a su segundo, Montilla, se felicitó eufórico de que «El Estado (español) queda prácticamente residual» en Cataluña, equiparó el estatuto a una «nueva Constitución» que hacía de esta región «lo más parecido a un Estado», el cual «puede hacer lo que quiera, y lo haremos», según recogía la prensa del 10 de agosto de 2006. También marcaba la orientación para Vascongadas y cabía interpretarlo como una más de las concesiones a la ETA, para que se conformara y «dejara de matar». Unos recursos ante el Tribunal Constitucional (un órgano considerablemente desacreditado) llevaron a este a denunciar la ilegalidad de varios artículos. Los jefes nacionalistas advirtieron que no le harían el menor caso.

4. Simultáneamente, el gobierno socialista emprendió una política feminista y homosexualista contra la tradición y concepto cristiano de la familia, según tendencias autodenominadas «progresistas», muy extendidas hoy por Europa. Así el «matrimonio» homosexual, con adopción de niños; la promoción del aborto como «derecho de la mujer» y mayores facilidades para el mismo; la rebaja en la edad de consentimiento sexual, que prácticamente consagra la pederastia; leyes superfluas pero ideologizadas como la llamada «contra la violencia de género», que desde luego no ha disminuido, sino probablemente aumentado la violencia doméstica, así como numerosas denuncias falsas. De paso derogó una ley del PP enfocada a elevar el nivel de la enseñanza pública. Esta había sido degradada por las anteriores experiencias socialistas (Felipe González) a una reconocida baja calidad, comparada con la de la mayoría de los países europeos; y la de Zapatero agravó sus defectos según todos los criterios internacionales. No por ello dejó el gobierno de introducir una asignatura llamada «Educación para la Ciudadanía», concebida como adoctrinamiento en la línea ideológica oficial. Efectos de todo ello han sido un mayor fracaso escolar y descenso de la salud social, medida en índices de delincuencia y población carcelaria, fracaso matrimonial y familiar, violencia doméstica, aborto, suicidio, drogadicción y alcoholismo juvenil, enfermedades de transmisión sexual, etc.

5. Todavía más calado tuvo la llamada «Ley de Memoria Histórica». Con ella los socialistas, comunistas y separatistas pretendían establecer oficialmente una determinada versión de la Guerra Civil y el franquismo, e incluso castigar a quienes no la compartieran. Algo solo concebible en regímenes totalitarios. De paso fueron aumentadas las indemnizaciones a supuestas víctimas; el dinero público subvencionó «investigaciones» sobre «los crímenes del franquismo», más una constante campaña de masas al respecto. Al carácter totalitario, la ley añadía un rasgo profundamente perverso: consideraba «víctimas» a cuantos habían sufrido represión o condenas a muerte, incluidos etarras, pese a que muchos, probablemente la mayoría, eran culpables de crímenes a menudo horrendos (todavía no existe un estudio riguroso y documentado de tales hechos). Al equiparar a criminales e inocentes, estos quedaban rebajados al nivel de los culpables, y los delincuentes enaltecidos. Inmoralidad reveladora, pues identifica a los autores de esa ley con los chekistas y asesinos, precisamente. Y repárese en el dato de que la izquierda nunca ha mostrado el menor remordimiento por la sanguinaria persecución religiosa, un genocidio técnicamente, que pretendía extirpar del país la cultura cristiana. Por todo ello, algunos han motejado la ley como de «memoria chekista».

De modo semejante, dicha ley pretendía arrasar el recuerdo histórico del franquismo, con destrucción de estatuas, placas, etc., al estilo del «Gran Hermano» de Orwell. Un objetivo clave fue el Valle de los Caídos, que unos pretendían volar y otros transformar en parque temático sobre la represión, arguyendo que lo habían construido 20.000 presos «republicanos» en trabajos forzados. Dato falso de raíz, pero transmitido insistentemente por un periodismo en que la corrupción e ignorancia de la historia hacían tanto estrago como en la política.

Pero la trascendencia de la «memoria histórica» iba más allá. Como se recordará, la transición a la democracia se hizo «de la ley a la ley», es decir, desde la legitimidad franquista a la democrática. Y la impulsaron un rey nombrado por Franco y varios de los más altos cargos de aquel régimen, en especial dirigentes del Movimiento. El objetivo esencial de la «memoria histórica» consistía en deslegitimar de raíz al franquismo y proclamar la legitimidad de la República y del Frente Popular. En definitiva, se trataba de aplicar las consignas rupturistas que no habían logrado imponerse plenamente en la Transición. Así, de modo implícito pero evidente, quedaba deslegitimada la propia Transición y todo lo salido de ella, empezando por el monarca... que firmó la totalitaria ley de la «memoria». Los procesos hacia la secesión, el entendimiento con la ETA, la corrosión de la familia, etc., no son más que aspectos parciales de una concepción de fondo rupturista, basada en una renovada alianza entre la izquierda y los separatismos, a modo de Frente Popular difuso, reivindicador de la pretendida legitimidad del de los años treinta.

Tales cambios en tiempo tan breve (siete años) no serían concebibles sin la colaboración práctica, si bien no retórica, de la oposición dirigida por Rajoy, siempre economicista y de «bajo perfil» ante unas medidas de perfil muy alto. Como resultado de la política de Zapatero —y de insensateces anteriores—, España sufre actualmente la crisis económica más grave desde la República. Se ha dicho que la política socialista creó un millón de parados en la República, 3 millones con Felipe González y 5 millones con Zapatero. El dramático trance forzó el adelanto electoral a 2011, ganando Rajoy por mayoría absoluta, después de haber perdido dos elecciones contra el PSOE. Sin embargo esa victoria no ha supuesto una rectificación esencial. La política económica era impuesta por Bruselas y Berlín en los últimos tiempos de Zapatero, y así ha continuado; el resto de las políticas con respecto a la memoria histórica, la ETA, los separatismos o la salud social sigue las pautas del zapaterismo, con solo cambios de matiz; el separatismo ha cobrado una virulencia desconocida desde tiempos de la República y el Frente Popular. La ETA no se ha disuelto, aunque en su seno hay corrientes favorables a la disolución después de las enormes concesiones políticas logradas, que justificarían sus crímenes anteriores. esas concesiones abrirían una nueva etapa en que la secesión sería ya alcanzada sin necesidad de nuevos asesinatos. Así, a través de sus terminales políticas legalizadas por Zapatero, la banda terrorista ha logrado dominar Guipúzcoa e influir más que antes en el resto de Vascongadas, propulsando todo género de medidas contra la unidad nacional.

Pero quien ha tomado el relevo, atacando ya directamente la integridad de España, ha sido el presuntamente moderado partido CiU de Cataluña, secundado por la histórica Esquerra. El Tripartito fue derrotado en 2010, debido a su mala gestión y corrupción, volviendo al poder CiU, con Artur Mas como presidente de la Generalidad. CiU, también seriamente afectado por la corrupción, como el PSOE o el PP, emprendió entonces la marcha hacia la secesión abierta, desafiando las leyes —no defendidas por el PP de Rajoy—, y mediante movilizaciones de masas, una activa diplomacia en la UE y en América, y resucitando todos los tópicos desde Prat de la Riba (véase apéndice).

No procede aquí detallar los procesos que, por su actualidad, resultan difíciles de analizar históricamente, pero en resumidas cuentas la política general de Zapatero ha sido asumida por Rajoy, para quien «la economía lo es todo». España se encuentra así en una profunda crisis, económica, nacional y democrática. En esos tres órdenes se ha producido una verdadera involución, ya iniciada levemente con Suárez, pero acelerada espectacularmente por el último gobierno socialista.

Cabe subrayar un hecho sin precedentes históricos, y que no se percibe en otros países: cómo la clase política española ha animado, favorecido y financiado las tendencias disgregadoras. Rasgo repetido asimismo con Gibraltar, único vestigio colonial en Europa y soportado por España, al que los gobiernos españoles han convertido en un emporio. Estas actitudes de la mayoría de los políticos definen una decadencia ciertamente amenazadora. Se trata de decidir si se mantendrá la nación española, o esta se disgregará en pequeños estados, inevitablemente cargados de resentimiento, impotentes y objeto de los intereses y maniobras de potencias extranjeras, incluso del islam, cuyo objetivo de reconquistar Al Ándalus sigue vigente. El desenlace es incierto: básicamente dependerá de la capacidad de reacción de una sociedad que hoy se encuentra desmoralizada y profundamente desorientada, sin alternativas claras. Pero, como dicen los optimistas, «de peores hemos salido», y otras experiencias históricas lo confirman.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Con motivo de la crisis moral de 1898, cuyos efectos fueron la interiorización de la leyenda negra y la falsificación de la historia por diversos medios intelectuales y políticos, cobraron auge las fuerzas separatistas, las revolucionarias y las llamadas regeneracionistas. Su común denominador era la denigración sistemática de la historia de España, que llevó a Menéndez Pelayo a su célebre lamentación: «Presenciamos el lento suicidio de un pueblo que engañado mil veces por gárrulos sofistas, [...] en vez de cultivar su propio espíritu hace espantosa liquidación de su pasado, escarnece a cada paso las sombras de sus progenitores, huye de todo contacto con su pensamiento, reniega de cuanto en la historia los hizo grandes, arroja a los cuatro vientos su riqueza artística y contempla con ojos estúpidos la destrucción de la única España que el mundo conoce [...]. Un pueblo viejo no puede renunciar a la cultura intelectual sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia, muy próxima a la imbecilidad»305.

La historia de los separatismos es fundamentalmente el desenvolvimiento de aquella actitud, a la que han colaborado, por activa o por pasiva, las más dispares fuerzas políticas, un caso, si no único, muy excepcional en la historia de las naciones. Al cabo de un siglo largo, ¿qué puede decirse del papel representado por tales nacionalismos?

Ante todo, España ha pasado por dos tipos de regímenes: tres de libertades (Restauración, República y democracia) y dos dictaduras autoritarias (la de Primo de Rivera y la de Franco). Los separatismos se han desarrollado en los períodos de libertades y apenas han causado agitación o perturbaciones en los de dictadura, con la tardía excepción de la ETA. Esto merece una explicación.

Tanto el PNV como el nacionalismo catalán nacen en un período de libertades, que no han contribuido traer, pero de las cuales se benefician extraordinariamente. En ellos, su táctica consintió en atacar los regímenes liberales o democráticos en alianza directa o indirecta con los movimientos revolucionarios, sin excluir los terroristas. El PNV se mantuvo más al margen hasta la República, aunque participó en maniobras conjuntas de desestabilización durante el verano de 1934306. Los catalanistas participaron en tales maniobras y alianzas, culminadas en la huelga insurreccional de agosto de 1917, aunque después de otra huelga revolucionaria de Barcelona, la de La Canadiense, en 1919, el sector derechista, dirigido por Cambó, percibió el peligro y se inclinó más y más por un regionalismo dentro de España. En cambio el sector izquierdista siguió dispuesto a colaborar con comunistas, socialistas, anarquistas y cuantos contribuyeran a debilitar el régimen liberal de la Restauración, primero, y la República más tarde. Esta alianza separatismo-izquierdismo iba a definir una acción persistente.

La permanente desestabilización del régimen liberal dio por resultado la dictadura de Primo de Rivera, traída en primer lugar por un insoportable y persistente terrorismo anarquista, como explica Cambó, pero también por el pacto de separatistas vascos, gallegos y catalanes, que amenazaban abiertamente con recurrir a las armas. Curiosamente, durante los siete años escasos de dictadura, el pistolerismo de la CNT prácticamente desapareció (aunque se permitió la propaganda anarquista), y las amenazas nacionalistas quedaron asimismo en casi nada, pese a tratarse de una dictadura muy poco férrea.

Con la República, un régimen de libertades y semidemocrático, llegado sin intervención del PNV y muy poca del separatismo catalán, ambos movimientos volvieron a cobrar auge. Se formó la Esquerra Republicana de Catalunya, con un talante muy antiespañol, anticlerical e izquierdista, que buscó la alianza con los anarquistas y más tarde con el marxista PSOE y con el propio PNV, aun siendo este un partido derechista y teóricamente muy católico. Esta alianza culminó en la derrotada insurrección de octubre de 1934. Antes las izquierdas republicanas, por afinidad ideológica con la Esquerra, habían concedido un estatuto de autonomía a Cataluña, pero no a Vascongadas, por el carácter derechista del PNV

Luego, como hemos visto, la continuación de la guerra en julio de 1936 unió más estrechamente a las izquierdas, entonces revolucionarias, con los separatistas vascos y catalanes. El socio más fuerte era el revolucionario, y la alianza solo podría haber funcionado bien si fuera acompañada de victorias o expectativas de victoria, que no se cumplían. La necesidad de disciplina molestaba cada vez más a los separatistas, cuyo disgusto crecía, y a la par sus maniobras e intrigas, conforme veían acercarse la derrota. Ello hizo que, en fin de cuentas, tanto el PNV como la Esquerra favoreciesen objetivamente los esfuerzos de Franco, como hemos visto con cierto detalle. Los dos partidos llegaron a sabotear de forma mal encubierta los esfuerzos del Frente Popular. Por tanto, la victoria de los nacionales algo debe, paradójicamente, a los partidos secesionistas, y no es de extrañar que la represión de posguerra contra ellos fuera bastante más suave que contra los revolucionarios, en particular los comunistas. (Incidentalmente, y como quedó indicado, pero conviene recordar, sobre esta represión se han dado las cifras más desmesuradas, de 200.000, 130.000, 80.000 fusilados, etc. Por extraño que resulte, los datos nunca se han estudiado documentalmente. Creo poder anunciar una investigación sobre la base de las condenas a muerte presentadas al Consejo de Ministros para su aprobación o conmutación: unas 23.000. De la cuales en torno a la mitad serían conmutadas en cadena perpetua, «perpetuidad» que por indultos y redención de penas por el trabajo no solían pasar de seis años. Las represiones de posguerra en Francia o Italia, no digamos en Alemania, Yugoslavia o Rusia, fueron mucho más brutales, en su mayoría asesinatos sin juicio).

En el franquismo, al igual que con Primo de Rivera, la actividad separatista se ejerció casi exclusivamente en el exilio, al contrario que la comunista. La excepción, tardía, fue la ETA. Como hemos visto aquí, la ETA se convirtió, junto con el PCE, en uno de los ejes de la política antifranquista en tiempos de Franco, y todavía con mayor fuerza en la democracia. En cierto modo, en el régimen democrático revivió, formal o informalmente, la alianza izquierdista-separatista. Y como había ocurrido en la Restauración y la República, sus efectos vienen siendo en extremo peligrosos, tanto para la unidad de España como para la democracia misma.

Como ya mencioné, se ha dado el fenómeno, nuevo en la historia, de que partidos supuestamente nacionales de España hayan dado todo género de facilidades a los separatismos. Al comenzar la Transición, estos eran muy débiles, pero las ventajas concedidas por los gobiernos, con su renuncia a oponerles resistencia en el terreno de las ideas, de la enseñanza y de la propaganda, los han convertido en verdaderas potencias políticas. Hoy, insistamos, nos encontramos ante el dilema de si la sociedad será capaz de reaccionar para mantener la unidad nacional y la democracia conseguida, o por el contrario se dividirá en pequeños Estados impotentes y resentidos, sujetos a las influencias y maniobras de las verdaderas potencias. Tal es el reto al que, un siglo después de la advertencia de Menéndez Pelayo, se enfrenta España.

APÉNDICE
Los nacionalismos catalán y vasco comparados

Trataré aquí de sintetizar los idearios de estos movimientos, así como su actuación a través de ciertos sucesos clave hasta la Guerra Civil. Tales nacionalismos se definen, lógicamente, en relación con España, tenida por el enemigo a derrotar en el nacionalismo vasco, y negada simplemente en el catalán. Son un fenómeno históricamente reciente, pues nació a finales del siglo XIX, cobró impulso con el «Desastre» de 1898 y desde entonces se configuró en Cataluña y en Vascongadas como un factor importante en la vida política española, excepto durante las dictaduras, que ocupan casi la mitad del siglo.

Estos movimientos derivan de los regionalismos, productos del Romanticismo del siglo XIX, con su exaltación de algunas tradiciones, del «espíritu popular» y de la Edad Media. Los regionalismos arraigaron en varias partes de España, sin tono antiespañol, y solo en Cataluña y Vascongadas derivaron en separatismos fuertes. ¿Por qué ocurrió así, y no prendió algo similar en Galicia o en Valencia, Baleares, Andalucía, Canarias, etc., donde el nacionalismo pudo haber explotado motivos lingüísticos u otros? Una explicación suele hallarse en el empuje industrial vasco y catalán. Sin embargo es obvio que la industrialización es anterior al nacionalismo, y que este la habría impedido, al romper el mercado español. La burguesía catalana mostraba celo españolista en pro del mercado, y el nacionalismo vasco exaltó más bien una idealizada sociedad rural y bucólica. La industrialización solo influyó de modo indirecto, para crear un sentimiento de superioridad explotado por los nacionalistas. Como observa Cambó, «El rápido enriquecimiento de Cataluña [...] dio a los catalanes el orgullo de las riquezas improvisadas, cosa que les hizo propicios a la acción de nuestras propagandas»307. Es decir, los nacionalismos fomentaron y explotaron ese sentimiento de orgullo, combinándolo con otro de victimismo, pero no fueron, desde luego, los causantes de aquella riqueza.

Otra explicación podría estar en la memoria de los antiguos fueros. Pero en realidad de ellos quedaba en Cataluña, en el siglo XIX, poco más que un rescoldo sentimental, y su abolición por Felipe V había sido una bendición para el Principado, pues había acabado con privilegios especialmente opresivos de la oligarquía (las «libertades catalanas» llegaban a permitir a los oligarcas el asesinato de campesinos). Al mismo tiempo abrió de lleno los mercados del resto de España y de América, lo que trajo prosperidad a una región antes muy empobrecida. En Vascongadas, la abolición de los fueros en 1876, a causa de la guerra carlista, también facilitó la expansión industrial vasca, y, como muestra Juaristi308, la reivindicación foral tuvo escaso eco. No obstante, como motivo sentimental y político invocado a posteriori, no dejó de tener cierta relevancia.

Suele aludirse asimismo a las peculiaridades culturales e históricas, a los «hechos diferenciales». Pero esas diferencias eran menores, preexistían de largo tiempo atrás, y también en otras regiones, y no habían dado pie a tales movimientos. El catalán o el vasco corrientes, aunque conscientes de esas diferencias, se sentían españoles. Como recuerda Cambó, todavía en 1898, «Cuando salíamos del Círculo de la Lliga de Catalunya, encendidos de patriotismo catalán, nos sentíamos en la calle como extranjeros, como si no nos hallásemos en nuestra casa, porque no había nadie que compartiese nuestras aspiraciones»309. Aún más expresivo resulta Sabino Arana, con sus imprecaciones y amenazas a los malos bizkaínos: «El yerro de los bizkaínos de fines del siglo pasado y del presente [...] es el españolismo». «Nuestros padres vertieron su sangre en Padura —se refiere a una supuesta batalla de hace once siglos— para salvar a Bizkaya de la dominación española, por la libertad de la raza, por la independencia nacional. Nosotros ¡miserables! hemos vendido el fruto de esa sangre a los hijos de sus enemigos y hemos escupido al sepulcro de nuestros padres. ¡No sabían los bizkaínos del siglo noveno que con la sangre que derramaban por la Patria, engendraban hijos que habían de hacerle traición!». «Vosotros, cansados de ser libres, habéis acatado la dominación extraña». «Si no queréis abandonar esos caminos por donde os llevan los enemigos de Bizkaya; si os obstináis en ayudar al verdugo de Bizkaya [...] ¡Que vuestros nietos os maldigan y os execren!» «¡Cuándo llegarán los bizkaínos a mirar como a enemigos a todos los que les hermanan con los que son extranjeros y enemigos naturales suyos!»310. Y así sucesivamente.

Observemos que el ancestral sentimiento español de vascos y catalanes marca una diferencia clave con nacionalismos como los de Europa central, donde las minorías integradas en los Imperios austríaco, turco o ruso, como los checos, los serbios, los croatas, los búlgaros o los polacos nunca se sintieron austríacos, turcos o rusos. La integración de Vascongadas y Cataluña en España tampoco procede de invasiones, como las de aquellos pueblos centroeuropeos, o la de Irlanda, Quebec, etc.

Por tanto, los factores señalados no explican gran cosa. Los nacionalistas supieron aprovecharlos, pero no conducían de por sí al separatismo. La impresión de que existía un caldo de cultivo muy favorable a los nacionalismos en Cataluña y Vascongadas es difícil de sostener. Los apóstoles de las nuevas ideas trataban de oponer el sentimiento vasco o catalán al sentimiento español, cuando antes la gente no encontraba esas cosas contrarias, y, en realidad, desarraigar o debilitar en parte importante de los vascos y los catalanes el sentimiento hispano requirió un esfuerzo muy arduo y una habilidad muy notable.

La tarea exigía líderes capaces y entregados, y en buena medida el éxito de ambos nacionalismos se debe a que hallaron sus profetas, sus jefes fervorosos e iluminados, consagrados en cuerpo y alma a una misión a su juicio redentora. No encontramos en el nacionalismo gallego u otros a personajes tan enérgicos y diestros como Arana, Prat de la Riba o Cambó. Una tradición ya larga explica la historia por causas materiales más o menos cuantificables, pero en cuanto indagamos los hechos topamos siempre con imponderables como el carácter de los dirigentes. Así, sin Lenin resulta inimaginable la Revolución rusa, socialista en un país agrario y atrasado, cuando la mayoría de los propios jefes bolcheviques vacilaba ante el golpe revolucionario, o lo rechazaba. El caso interesa porque son precisamente los marxistas quienes más han insistido en la primacía de las llamadas «condiciones materiales» u «objetivas».

Tanto Arana en Vascongadas como Prat de la Riba en Cataluña muestran en sus escritos la convicción absorbente de haber descubierto una nueva luz destinada a alumbrar en lo sucesivo la marcha de sus paisanos. Cambó resolvió siendo joven renunciar al matrimonio por consagrar todas sus energías a la causa nacionalista. Esa exaltación la sintetizará Prat de la Riba en su célebre frase: «La religión catalanista tiene por Dios a la patria». Arana deploraba «Cuán difícil y penosa es la labor que nos hemos impuesto, de soltar la venda que ciega los ojos de los bizkaínos!», pero advirtió en su discurso de Larrazábal que, si fracasara, abandonaría Vizcaya, y «si tan triste caso llegara, juro [...] dejaros también un recuerdo que jamás se borre de la memoria de los hombres». En su intención debía de ser un recuerdo terrible.

Los métodos para desespañolizar a catalanes y vascos se parecieron. Un ataque inclemente a España o a Castilla, más una historia de agravios, y simultáneamente un halago desmesurado a lo autóctono: «Había que saber que éramos catalanes y que no éramos más que catalanes», dice Prat311. Para lo cual debían combinarse «los transportes de adoración» a Cataluña con el odio a los supuestos causantes de sus males, los castellanos, pese a que Castilla había dejado hacía mucho de representar un poder hegemónico o director en España. «La fuerza del amor a Cataluña, al chocar contra el obstáculo, se transformó en odio, y dejándose de odas y elegías a las cosas de la tierra, la musa catalana, con trágico vuelo, maldijo, imprecó, amenazó». Había que «resarcirse» de una imaginaria «esclavitud pasada». «Tanto como exageramos la apología de lo nuestro, rebajamos y menospreciamos todo lo castellano, a tuertas y a derechas, sin medida». O, como observa más sobriamente Cambó, «El rápido progreso del catalanismo fue debido a una propaganda a base de algunas exageraciones y de algunas injusticias: esto ha pasado siempre y siempre pasará, porque los cambios en los sentimientos colectivos no se producen nunca a base de juicios serenos y palabras justas y mesuradas»312.

En suma, escribe Prat: «Son grandes, totales, irreductibles, las diferencias que separan a Castilla y Cataluña, Cataluña y Galicia, Andalucía y Vascongadas. Las separa, por no buscar nada más, lo que más separa, lo que hace a los hombres extranjeros unos de otros, lo que según decía san Agustín en los tiempos de la gran unidad romana, nos hace preferir a la compañía de un extranjero la de nuestro perro, que al fin y al cabo, más o menos, nos entiende: les separa la lengua». De creer a Prat, nadie entendía el español común fuera de Castilla, si acaso Andalucía o Canarias, y un catalán preferiría —o más bien debía preferir— la compañía de su perro a la de un castellano, un gallego o un vasco. Su visión histórica opone «el gótico y el románico de nuestros monumentos» a «la Alhambra o la Giralda», como si a Cataluña la caracterizasen el gótico y el románico, y al resto de España los restos árabes. Para él, «Bien mirados los hechos, no hay pueblos emigrados, ni bárbaros conquistadores, ni unidad católica, ni España, ni nada». Debía erradicarse lo que llama «monstruosa bifurcación de la conciencia catalana», que hacía sentirse español al catalán. España no pasaba de ser un aparato estatal, sin sustancia de nación.

Prat y Arana se consideraban católicos fervientes, pero Arana va más allá que Prat, y exclama indignado: «¡Católica España! Y ¡afirmarlo ahora que cualquiera [...] lee periódicos y libros! [...] No es posible, en breve espacio, mencionar siquiera concisamente los hechos pasados y presentes que prueban bien a las claras que España, como pueblo o nación, no ha sido antes jamás ni es hoy católica»313.

Arana decía hallar en la mayoría de los españoles «el testimonio irrecusable de la teoría de Darwin, pues más que hombres semejan simios poco menos bestias que el gorila: no busquéis en sus rostros la expresión de la inteligencia humana ni de virtud alguna; su mirada solo revela idiotismo y brutalidad». Ante hecho tan lamentable, el inteligente y virtuoso Arana clamaba con furia asombrada: «Euskerianos y maketos ¿forman dos bandos contrarios? ¡Ca! Amigos son, se aman como hermanos, sin que haya quien pueda explicar esta unión de dos caracteres tan opuestos, de dos razas tan antagónicas». Estas frases condensan el programa sabiniano: sustituir la amistad y fraternidad por una dura hostilidad. Así advierte al vasco renuente a sus doctrinas: «Si el maketo, penetrando en tu casa, te arrebata a tus hijos e hijas para quitar a aquellos su lozana vida y prostituir a estas... entonces, no llores». Al mismo tiempo exalta hasta las nubes a la «raza bizkaína», «singular por sus bellas cualidades, pero más singular aún por no tener ningún punto de contacto o fraternidad ni con la raza española, ni con la francesa [...] ni con raza alguna del mundo». Pero, sorprendentemente, «la nación más noble y más libre del mundo», sufría «humillada, pisoteada y escarnecida por España, esa nación enteca y miserable». Y fulminaba a sus paisanos: «Habéis mezclado vuestra sangre con la española o maketa, os habéis hermanado y confundido con la raza más vil y despreciable de Europa». Y concluye con nobleza y generosidad peculiares: «Era antes vuestro carácter noble y altivo, a la vez que sencillo, franco y generoso; y hoy vais haciéndoos tan viles y pusilánimes, tan miserables, falsos y ruines como vuestros mismos dominadores».

No extrañará que Arana contestara con desprecio a los primeros tanteos fraternos del nacionalismo catalán: «Cataluña es española por su origen, por su naturaleza política, por su raza, por su lengua, por su carácter y por sus costumbres». «Ustedes, los catalanes, saben perfectamente que Cataluña ha sido y es una región de España». Por tanto, señala sin piedad: «Maketania comprende a Cataluña», y para más claridad, «Maketo es el mote con que aquí se conoce a todo español, sea catalán, castellano, gallego o andaluz». En consecuencia, aclaraba a los nacionalistas catalanes, «jamás haremos causa común con las regiones españolas». No excluía «entendernos en la acción definitiva» contra España, pero en todo caso, «jamás confundiremos nuestros derechos con los derechos de región extranjera alguna».

Así pues, si España no existía como nación, según Prat, o era tan irrisoriamente inepta y ruin como decía creer Arana, la misión que ambos se atribuían debía haber resultado muy fácil. Y difícil, en cambio, explicar dónde había estado durante siglos Cataluña, o cómo se había producido la supuesta sumisión de los vascos. Pero estas dificultades nunca les arredraron. Como fuere, el halago exaltado a un grupo social, combinado con el señalamiento de un enemigo culpable de todos los males, sugestiona fácilmente a mucha gente, si se insiste en ello con tenacidad. Y así fue.

A estas campañas ayudó de forma decisiva el «Desastre» del 98, como recordaba Cambó. Si en el terreno económico aquella derrota tuvo poco efecto, y el desarrollo español incluso se aceleró luego, supuso en cambio una profunda quiebra moral y psicológica, que dio alas a los movimientos radicales, desde el socialismo revolucionario y el anarquismo a los nacionalismos. Así fue posible que a los pocos años Prat asegurase, con alguna base: «Hoy ya, para muchos, España es solo un nombre indicativo de una división geográfica».

Diferencias entre separatismo vasco y catalán

Aun con estas similitudes, y con un nivel intelectual común no muy destacable, los programas nacionalistas de Prat y de Arana difieren profundamente. Prat anhelaba «más que la libertad para mi patria. Yo quisiera que Cataluña [...] comprendiera la gloria eterna que conquistará la nacionalidad que se ponga a la vanguardia del ejército de los pueblos oprimidos. [...] Las naciones esclavas esperan, como la humanidad en otro tiempo, que venga el redentor que rompa sus cadenas. Haced que sea el genio de Cataluña el Mesías esperado de las naciones». Ello no le impedía proclamar al mismo tiempo una vocación imperialista, pues el imperialismo «es el período triunfal de un nacionalismo: del nacionalismo de un gran pueblo». Cataluña debía convertirse en el elemento hegemónico de un imperio ibérico extendido desde Lisboa al Ródano, para luego «expandirse sobre las tierras bárbaras».

Claro que este programa, aparte de resultar ya anacrónico, traería fuertes tensiones, quizá incluso bélicas, con Portugal y con Francia. Además, ¿qué autoridad moral podían tener los nacionalistas catalanes, tras proclamarse tan radicalmente distintos, para dirigir al resto de los españoles? Prat invoca «sentimientos de hermandad», lo cual lo lleva por otro camino a la «monstruosa bifurcación» de la conciencia catalana que él quería eliminar. Y siendo tan diferentes y no habiendo recibido más que males de Castilla, ¿por qué no volcaban su entusiasmo fraternal con los franceses, en lugar de con los españoles? Por otra parte, ¿qué pasaría si el resto de España no aceptaba el liderazgo del nacionalismo catalán? Porque aunque Cataluña era la parte más dinámica del país, no dejaba de ser una parte menor, muy inferior al resto en peso cultural y económico; y al considerar extranjero al idioma común renunciaba al principal cauce de influencia. Solo quedaba, en última instancia, intentar liderar y liberar a los llamados «países catalanes», aunque los valencianos y baleares detestaban en su mayoría ese imperialismo.

Y a Arana, desde luego, ni se le ocurría pensar en los catalanes como vanguardia de los «pueblos oprimidos» o de cualquier otra cosa. Su plan, al revés del de Prat, propugnaba el autoencierro para el «pueblo más noble y más libre del mundo». La mayor distinción de los vascos sería, después de la raza, el idioma vascuence, «broquel de nuestra raza, y contrafuerte de la religiosidad y moralidad de nuestro pueblo», pues «donde se pierde el uso del Euzkera, se gana en inmoralidad». Por eso, «Tanto están obligados los bizkaínos a hablar su lengua nacional como a no enseñársela a los maketos o españoles». Nada, pues, de moralizar por vía lingüística a los maketos: «Muchos son los euzkerianos que no saben euzkera. Malo es esto. Son varios los maketos que lo hablan. Esto es peor». «Si nuestros invasores aprendieran el euzkera, tendríamos que abandonar este, archivando cuidadosamente su gramática y su diccionario, y dedicarnos a hablar el ruso, el noruego». Etc.

Con todo su fervor por el vascuence, la lengua materna de Arana era el castellano, que escribía con no mal estilo. Dada la dificultad del idioma vernáculo, no debió de llegar a dominarlo, como indica su creación de la palabra «Euzkadi». En sus meditaciones encontró un caso extraño: «He aquí un pueblo que con ser singularísimo entre todos, carece de nombre» en su propia lengua. Existía el tradicional Euscalerría o Euzkelerría (un neologismo del siglo XVI), pero juzgado inservible por Arana. «Euzkadi» conservaba la raíz «euzko», relacionada al parecer con «eguzki» («el del sol»), indicando procedencia oriental o bien «veneración al sol como la obra más benéfica del Creador». Idea remitente, una vez más, a la exclusividad y preeminencia de la «raza vasca». Los separatistas juzgaron el nuevo nombre un hallazgo genial. Según el político nacionalista Eguileor, «el anhelo» de la «raza más vieja de la tierra [...] se condensa maravillosamente en una sola palabra, la que no acertó a sacar durante cuarenta siglos nuestra raza del fondo de su alma, palabra mágica creada también por el genio inmortal de nuestro Maestro: ¡Euzkadi!». El filólogo vasco Jon Juaristi califica el término de dislate, compuesto de «una absurda raíz euzko, extraída de euskera, euskal, etc., a la que Arana hace significar ‘vasco’, y del sufijo colectivizador -ti/-di, usado solo para vegetales. Euzkadi se traduciría literalmente por algo parecido a bosque de euzkos, cualquier cosa que ello sea»314. Unamuno había criticado el invento como la «grotesca y miserable ocurrencia» de un «menor de edad mental», que equivaldría a cambiar la palabra España por «Españoleda, al modo de pereda, robleda...»315.

Y lejos del imperio ibérico de Prat, enseñaba Arana: «Si a esa nación latina la viésemos despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional, lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo». Deseo lógico porque «aborrecemos a España no solamente por liberal, sino por cualquier lado que la miremos».

Otra diferencia es que el nacionalismo vasco será siempre muy derechista, salvo pequeñas variedades, hasta que en los años sesenta del siglo XX se asiente una rama de izquierdas en torno a ETA. En cambio al nacionalismo catalán, también de derechas al comienzo, le nacería pronto un sector más izquierdista, violento y radical. Con el tiempo, el partido de Prat y de Cambó encontraría «en el patriotismo español la ampliación natural y complemento necesario del patriotismo catalán», en expresión de Valls Taberner en 1934316. Por el contrario, la izquierda nacionalista acentuaba el talante separatista o al menos exclusivista.

También difería el estilo de las propagandas: bronco el de Arana, más solapado el de Prat, como él mismo advierte: «Evitábamos todavía usar abiertamente la nomenclatura propia, pero íbamos destruyendo las preocupaciones, los prejuicios y, con calculado oportunismo, insinuábamos en sueltos y artículos las nuevas doctrinas». En Prat y sus fieles predominó un victimismo algo quejumbroso y sentimental, que conmemoraba pretendidas derrotas históricas como factor de agravio. Los sabinianos exhibían menos victimismo y más agresividad: Arana inició su predicación mencionando nebulosas victorias o «glorias patrias» contra «el invasor español», y llamando a renovar aquellas hazañas, aunque al mismo tiempo privaba a los vascos de otras glorias más demostrables, alcanzadas por ellos como españoles.

Pese a los éxitos nacionalistas, el sentimiento español era y es muy persistente, por basarse en una historia compartida de muchos siglos, en una profunda mezcla demográfica y cultural, en el tronco católico de su cultura, en una densa interrelación económica, y en la conciencia de que la lengua común, pese a su origen castellano, no es patrimonio de ninguna región, pues todas han contribuido a darle forma. Además, la lengua común permite a las regiones comunicarse entre sí y ampliar a muchos países las relaciones y empresas de todo tipo. No extrañará que el propio Arana admita: «Hemos convencido a muchas inteligencias; hemos persuadido a pocos corazones. Lo cual demuestra, en último término, que ya no hay corazones en Euskeria. ¡Pobre Patria!». En cuanto a los nacionalistas catalanes, su flojera en varios momentos cruciales demostrará lo mucho que había de pose en sus maldiciones, imprecaciones y amenazas, que decía Prat.

La consecuencia inmediata de estos nacionalismos es doble. Por una parte tienden a separar y crear hostilidad entre los vascos o los catalanes y los demás españoles, y por otra dividen a vascos y catalanes en «buenos» y «malos», según acepten o no sus doctrinas, al modo como ciertos falangistas usaban el mismo criterio para distinguir entre buenos y malos españoles. Los nacionalistas se proclaman automáticamente representantes del pueblo, piense lo que quiera la mayoría de él. Ello tiene, desde luego, poca relación con la democracia tal como normalmente se concibe. Con tal enfoque, las elecciones, por ejemplo, son un método aprovechable, pero nunca serán admitidas las votaciones adversas. Ocurre algo parecido con los comunistas, autoproclamados representantes del proletariado, voten lo que voten los obreros, y que utilizan las elecciones de modo similar.

Estos nacionalismos no solo alientan un sentimiento contra España, sino también contra el liberalismo: «antiespañol y antiliberal es lo que todo bizkaíno debe ser», adoctrinaba Arana, y el nacionalismo catalán fraguó en buena medida en círculos eclesiales que veían en el liberalismo una amenaza. Hubo también una raíz más o menos carlista, pues tanto en Vascongadas como en Cataluña tuvo el carlismo fuerte influencia, y ante el triunfo liberal, algunos derivaron hacia el nacionalismo como una forma de salvar lo salvable del antiguo régimen. Sin embargo no debemos olvidar que el carlismo era muy españolista, y defendía los viejos fueros como propios, supuestamente, de la unidad española, en contraste con el centralismo traído de Francia. Por lo demás, no hubo evolución nacionalista en Navarra, Álava y otras regiones y provincias donde el carlismo tenía profundas raíces.

También influyó en el antiliberalismo la llegada de trabajadores de otras regiones, a menudo desarraigados e ignorantes, alejados de la religión por el debilitamiento o pérdida de lazos familiares, la explotación y las condiciones de vida, con frecuencia miserables. En ellos prendieron las doctrinas socialistas y anarquistas que les prometían un mundo feliz y les señalaban un enemigo. Muchos vascos y catalanes de clase media veían en esa inmigración una fuente de inmoralidad, subversión y violencia, y, si bien se beneficiaban de ella, le oponían un pasado ideal de catolicidad y moralidad estrictas, aún persistentes en sus regiones, pero supuestamente perdidas en el resto de España. Buena parte del clero desempeñó un papel importante en el auge nacionalista en las dos comunidades.

El PNV mantuvo un cerrado antiliberalismo que, en una derivación de él, la ETA concluyó en un revolucionarismo marxistoide. En Cataluña la historia siguió otro rumbo: el nacionalismo liderado por Cambó evolucionó hacia un regionalismo españolista, y sus contradictorias aspiraciones, imperialistas y emancipadoras de los «pueblos esclavos», concluyeron en un liberalismo templado. También tuvo Arana una evolución aparentemente españolista hacia el final de su vida, neutralizada en todo caso por sus seguidores. El nacionalismo catalán izquierdista, de irregular trayectoria, cuajará en 1931, al fusionarse tres partidos menores en la Esquerra Republicana de Catalunya. Al comenzar la República, la Esquerra desbancó al catalanismo de derecha, y acentuó su nacionalismo. La Esquerra tomó un tinte jacobino, un liberalismo inspirado en la Revolución francesa, exaltadamente anticlerical y muy distinto del liberalismo conservador, de raíces más bien anglosajonas, por simplificar de algún modo.

La cuestión racial

En todo caso, las teorías de Prat y las de Arana sobre España y sobre sus respectivas regiones fundan el substrato permanente de ambos nacionalismos, aunque los años les hayan traído matices o aditamentos. Descansan esencialmente en una pretensión racista, por más que las diferencias físicas entre un catalán, un vasco o un habitante corriente de cualquier otra región sean inexistentes, y los apellidos más comunes en todas las regiones sean los mismos: García, López, Pérez, Martínez, etc. El racismo se hizo obsesivo en el nacionalismo vasco (raza única en el mundo y superior a cualquier otra «por sus bellas cualidades», en riesgo de estropearse por el contacto con los maketos). En el separatismo catalán el racismo toma rasgos algo distintos. Uno de sus primeros teorizadores, Valentí Almirall, afirmaba que en la península vivían dos razas muy distintas, la pirenaica y la del centro-sur. A la pirenaica le distinguiría un espíritu «analítico, «directo al fondo de las cosas», «basado en la libertad», «confederal», mientras la otra raza era «generalizadora, soñadora, aficionada al lujo y la ampulosidad, arbitraria, centralizadora, absorbente»317. La unión con Castilla habría tenido un efecto «fatal» sobre el espíritu catalán, al que habría «desnaturalizado». Cabe observar el estilo generalizador y un tanto soñador o fantasioso, muy poco pirenaico, del propio Almirall.

Claro que la distinción entre tales razas, invisible en lo físico, resultaba harto vaga e insatisfactoria en lo psicológico, por lo cual otro teórico separatista, Pompeu Gener, la precisara más: «Nosotros (catalanes), que somos indogermánicos de origen y de corazón no podemos sufrir la preponderancia de tales elementos de razas inferiores». «No podemos ser mandados por los que nos son inferiores». Los catalanes, en su condición de «arios», emparentaban «con los demás pueblos arios de Europa» esencialmente distintos de la raza al sur del Ebro, donde predominaba «el elemento semítico, y más aún el presemítico o berber, con todas sus cualidades: la morosidad, la mala administración, el desprecio del tiempo y de la vida, el caciquismo...», una raza «bárbara, monótona y atrasada como una tribu de África». Estas ideas iban mezcladas de un fuerte antisemitismo y antijudaísmo, máxime cuando en las clases adineradas de la propia Cataluña se había infiltrado un ingrediente semítico, dificultando que «el elemento indogermánico verdaderamente humano se levante y triunfe de esos neo-moros adoradores del Verbo, raza de gramáticos y sofistas, y de esos neo-judíos...». El carácter indogermánico de los catalanes era, ni qué decir tiene, tan fantasía como las «cualidades» achacadas a las razas «semíticas y presemíticas» del resto de España. Estas apreciaciones servían para denigrar al resto de España, pero la reivindicación «aria» chocaba demasiado. Fueron precisas otras elaboraciones.

Y así, la teorización racista siguió rumbos algo distintos en Prat de la Riba, en el arqueólogo Bosch Gimpera y otros. La diferencia esencial pasaba ahora por los íberos, asentados en el Levante peninsular, incluida Cataluña, y los celtas del resto —con la dudable excepción de vascos y navarros—. Con ello mataban dos pájaros de un tiro, porque permitía establecer la ibero-catalanidad de todo el Levante español, convertido en los Països catalans. La decisiva impronta cultural de cinco siglos de romanización quedaba relegada a un dato superficial, una mera «superestructura» opresora de las esencias raciales ibero-catalanas. La propia España solo sería un Estado superpuesto y opuesto a los pueblos: lo cual explicaría la «historia trágica» atribuida a España. Íberos y celtas, pues, constituirían la raíz y clave explicativa de la historia hasta hoy. La idea invertía un tanto las tesis de Gener, ya que el grupo celta o celtizado tenía rasgos indoeuropeos, mientras que el ibérico del Levante parecía poder emparentarse con el norte de África. Pero en fin, fueran pirenaicos, indogermanos o íberos, importaba definir a los catalanes como esencialmente, racialmente, diferentes. Y, por supuesto, superiores. La derrota del nacionalsocialismo alemán en la Segunda Guerra Mundial obligó a poner sordina a esas expansiones racistas, antes tan libres, y ambos separatismos debieron adaptarse a los tiempos. La raíz viva del separatismo no puede ser otra que las pretensiones de diferencia y superioridad, pero estas tomaron entonces un cariz más cultural y hasta presuntamente democrático.

Por otra parte, fue preciso asimilar un par de lecciones históricas: las actitudes de los vascos y catalanes autóctonos, y las de los llegados de otras provincias. Por falta de apoyo popular, los separatistas apenas habían hecho oposición a los regímenes de Primo de Rivera y de Franco. Por esa falta de apoyo algunos grupos catalanes, y especialmente la ETA, habían recurrido al terrorismo. El nacionalismo catalán tenía, además, la amarga experiencia de la rebelión de octubre de 1934, cuando la inmensa mayoría de los catalanes prefirió mantenerse leal al gobierno español, haciendo caso omiso de las frenéticas llamadas de la Generalidad a alzarse en armas. Pues una cosa era que una masa considerable de vascos y catalanes votase a partidos nacionalistas por creerlos defensores de intereses regionales, pero dentro de España, y otra muy distinta que gran parte de esa masa estuviera por la secesión, pues evidentemente no lo estaba. La intensa propaganda narcisista-victimista seducía a bastantes, pero no estaba claro hasta qué punto.

Y al llegar la democracia después del franquismo, la necesidad de captar votos obligó a algunas matizaciones. Los inmigrantes de otras regiones solo podían sentir rechazo ante la pretensión de superioridad racial, lo que hizo preciso refinar el discurso. Ahora, la superioridad se presentaba en el terreno de la economía y la democracia, y en el talante generoso y acogedor de los separatistas. Ya no rechazaban a los inmigrantes, «comprendían» que estos se habían visto forzados a salir de sus provincias debido al hambre causada por la incompetencia y la tiranía de los poderes españoles. Y les invitaban a relegar un tanto su lengua materna en beneficio del vascuence o el catalán, y a «catalanizarse» o «vasquizarse» de diversas formas, con vistas a prosperar, hacerse a su vez superiores a sus padres y paisanos de sus regiones de origen. El discurso se acompañaba de un ataque feroz al franquismo —el período en el que Cataluña y Vascongadas se hicieron más prósperas, entre otras cosas—, olvidando convenientemente las violencias y brutalidades del Frente Popular y los propios separatistas. Pese a su completa irrealidad, esta política ha tenido éxito no desdeñable entre inmigrantes recientes o antiguos, gracias a toda suerte de facilidades y concesiones de los gobiernos centrales, obsesionados por la idea contradictoria de incorporar los separatismos a una política común y olvidar el franquismo.

Los separatismos hasta la Guerra Civil

Repasaré ahora, muy someramente, la historia de estos nacionalismos hasta la Guerra Civil.

La Restauración permitió el nacimiento, expresión y organización de los nacionalismos. Entonces cobró auge la Lliga catalana, liderada por Cambó, con el programa de Prat de la Riba: dominar en Cataluña para convertir España en una confederación e impulsarla a un nuevo imperialismo. El plan se mostró irrealizable. Lejos de dominar Cataluña, los nacionalistas se dividieron, y gran parte de la población apoyó a los anarquistas o a los republicanos, mientras que la participación en la política general española apareció pronto como una necesidad para la derechista Lliga, la cual influyó notablemente en la vida del país y participó en gobiernos. Alfonso XIII llegó a ver en Cambó un posible salvador de la monarquía liberal.

Con todo, el nacionalismo catalán obró más bien como disolvente de la Restauración, desestabilizándola a veces, incluso en conjunción con grupos extremistas. Desde la crisis revolucionaria de 1917, el régimen sufrió un progresivo e imparable deterioro, acelerado por el desastre de Annual en Marruecos y el terrorismo. Pero los enemigos de la Restauración, incluyendo al nacionalismo catalán, no ofrecían una verdadera alternativa a aquel régimen. Al final, como reconocerá Cambó, «se había destruido un artificio y no se había creado ni una realidad ni otro artificio que viniera a sustituirlo»318.

Por su parte el nacionalismo vasco desplegó su propaganda y organización, desentendiéndose del resto de España. Su historia, en contraste con la del nacionalismo catalán, es más bien doméstica. Surgió en él una tendencia más autonomista, llamada «euzkalerriaca», que relegaba la secesión a un tiempo lejano, y otra más radical o «sabiniana», pese a la última evolución españolista del fundador.

En 1923 la situación del régimen se hizo insostenible. Según Cambó, «toda la sociedad española vivía en plena indisciplina », y los gobiernos y partidos habían perdido el respeto de la población, porque no eran respetables. Fue la crisis definitiva, y dio paso a la dictadura de Primo de Rivera. Esta, dice el líder catalanista, fue causada «por la incapacidad de los poderes constitucionales para cumplir su misión». Más concretamente: «La dictadura española nació en Barcelona, la creó el ambiente de Barcelona, donde la demagogia sindicalista tenía una intensidad y una cronicidad intolerables. Y ante la demagogia sindicalista fallaron todos los recursos normales del poder, todas las defensas normales de la sociedad»319. Quedó de claro que los antiliberales, nacionalistas incluidos, habían logrado hacer la vida imposible al régimen que les permitía desarrollarse, pero no alzar una alternativa frente a él.

Siempre hubo sospechas de que la Lliga impulsó o alentó el golpe de Primo. Pero después Cambó rehusó colaborar con él, aunque tampoco se le opuso, y el dictador reprimió los nacionalismos. Fue una represión suave, como la sufrida por otros partidos, salvo el comunista y en algunos casos el anarquismo. El PSOE colaboró con Primo, que admitió una amplia libertad de expresión, y no impidió la publicación en catalán. Bajo la dictadura, se pasó de siete a diez diarios en catalán y aumentó mucho la publicación de libros en ese idioma. La célebre institución del «día de Sant Jordi», con el libro y la rosa, data también de la dictadura. En Madrid se produjo un movimiento de apoyo a la literatura y el idioma catalán. En el País Vasco fue proscrito el PNV, pero no la Comunión Nacionalista, algo más moderada320.

La resistencia u oposición separatista a Primo de Rivera fue prácticamente nula, aunque hubo en Cataluña lo que algunos, exagerando mucho, han llamado «nacionalismo insurreccional», materializado en algún proyecto frustrado de atentado contra el rey, y en el suceso de Prats de Molló, preparado por Macià. Este era un personaje apasionado y teatral, antiguo coronel muy españolista, convertido al secesionismo. Formó el partido Estat Català, y buscó apoyo en Moscú. Pero protestaron varios ricos catalanes emigrados en América, que le pasaban fondos, y el fogoso ex coronel hubo de distanciarse de los comunistas. Reclutó entonces un grupo de nacionalistas, anarquistas e italianos, a quienes concentró en noviembre de 1926 en Prats de Molló, cerca de la frontera, con el supuesto fin de invadir Cataluña y empujar a la población a la lucha. Arrestados sin problema por los guardias franceses, Macià utilizó el juicio subsiguiente en París para promover un escándalo contra la España «negra» e «inquisitorial». En conjunto los separatismos vasco y catalán apenas molestaron a la dictadura y esta tampoco los reprimió gran cosa.

La marcha del dictador, en 1930, provocó en toda España una carrera entre los grupos políticos por conquistar posiciones. El movimiento principal fue la unidad en torno a la salida republicana, propuesta por los conservadores y ex monárquicos Alcalá-Zamora y Miguel Maura. La unidad tomó forma en el Pacto de San Sebastián, en agosto de 1930, suceso significativo porque indica la conducta básica de ambos nacionalismos. El PNV permaneció al margen del Pacto, quizá por influjo del poco republicano obispo de Vitoria, Mateo Múgica. También se abstuvo Cambó, tras pronosticar a Ortega y Gasset que la república solo traería convulsiones.

Sí asistieron tres grupos catalanistas de izquierda, entre ellos Estat Català, de Macià, creando un primer encontronazo. Un nacionalista, Carrasco i Formiguera, planteó la autodeterminación de Cataluña en cuanto la república se instaurase. Maura trató de demostrarles «algo que estoy seguro que tenían bien sabido: que por tal camino se iba derecho a la guerra civil»321. El acuerdo final, un «pacto de caballeros», preveía la autonomía a través de las Cortes, previo referéndum en la región. Otro acuerdo fue intentar instaurar la república mediante un golpe militar, que fracasó en diciembre. Los catalanistas no creían que del pacto saliera la república.

Sin embargo la república llegó, un tanto por sorpresa, en abril de 1931. Y de inmediato los separatistas vulneraron los acuerdos. Macià, cuyo partido se había unido a otros dos para formar la Esquerra, se autonombró presidente en Barcelona al caer la monarquía y aprovechando el vacío de poder y la emocionalidad del momento, rompió el Pacto de San Sebastián y proclamó la República Catalana dentro de una imaginaria Federación Ibérica, se arrogó poderes de jefe de Estado y nombró autoridades afectas. Tras nerviosas idas y venidas desde Madrid, el héroe de Prats de Molló renunció a la República Catalana, pero no a las medidas para imponer allí su poder efectivo. Prieto y otros sintieron el hecho como una grave deslealtad. Macià se había convertido en una especie de héroe popular gracias a una hábil propaganda, eficaz en momentos de vuelco político. Su aventura en Prats de Molló no había tenido la menor repercusión en Cataluña, pero de pronto, dice Cambó, «Macià, a quien nadie tomaba en serio cuando hacía ridículas maniobras en Francia, se convirtió en un símbolo. La ida a Prats de Molló, que consistió en embarcar un día unas docenas de jóvenes uniformados en París, debidamente vigilados por la policía, para hacerse detener en Perpiñán, se presentaba como una gesta heroica a las cabezas calenturientas y las masas revoltosas»322.

Un apoyo fundamental del nuevo poder en Cataluña fue la anarquista CNT, a la cual, a cambio, le fue permitido aplicar una sangrienta persecución contra obreros de otras ideologías. Sin embargo la luna de miel entre la CNT y la Esquerra se trocaría en odio y persecuciones al mostrarse los ácratas inmanejables.

Las primeras elecciones republicanas dieron la victoria a la Esquerra. La Lliga de Cambó sufrió un duro revés, y aunque en 1933 superaría a la Esquerra en las elecciones generales, ya no pudo representar un papel decisivo en Cataluña.

El PNV siguió una vía contraria a la de la Esquerra, mayoritariamente anticristiana: PNV reforzó su clericalismo ante los ataques a la religión comenzados apenas instaurada la República. Ello le atrajo el voto de muchos vascos de convicciones católicas, pero no especialmente nacionalistas, que vieron en aquel partido una defensa de sus convicciones más eficaz que en la dispersa derecha tradicional.

La población de Vascongadas se dividió en tres sectores, aproximadamente iguales: nacionalistas, derecha tradicional, a menudo carlista, y socialistas, con grupos menores republicanos, ácratas, etc. El equilibrio entre los tres sectores continuó en los años siguientes. En Cataluña hubo una división similar, entre el nacionalismo moderado y pro español de la Lliga, el nacionalismo mucho más extremo de la Esquerra, y una masa de población ácrata. Los viejos partidos republicanos perdieron la mayor parte de su influjo, y los socialistas apenas lograron afianzarse. Uno de los partidos menores daría lugar al semitrotskista POUM.

En suma, la República provocó un auge repentino de los nacionalismos catalán y vasco, por razones que no analizaremos aquí, pero muy relacionados, evidentemente, con la emocionalidad del momento y el descalabro moral y político de las derechas tradicionales. A ese auge correspondió en el resto de España el de los republicanos de izquierda y el del PSOE. Este último resultó el verdadero árbitro del régimen, por ser el partido más fuerte y estructurado, gracias, paradójicamente, a su anterior colaboración con Primo de Rivera. En cambio, bajo el nuevo régimen siguió una línea crecientemente subversiva, en la convicción de que la «república burguesa» creaba las condiciones para establecer una «dictadura del proletariado» o régimen socialista pleno. También el anarquismo se expandió con fuerza.

Esta combinación de izquierdas extremas, separatismos y anarquismo marcaría el destino de la República hasta su derrumbe, que he estudiado en la trilogía Los personajes de la República vistos por ellos mismos323, Los orígenes de la Guerra Civil y El derrumbe de la II República.

1 J. Álvarez Junco, Mater Dolorosa, Taurus, Madrid, 2002, p. 17.

2 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, Archivo Gomá, Documentos Guerra Civil I, Madrid, 2001, p. 247.

3 J. García Oliver, El eco de los pasos, Ruedo Ibérico, París, 1978, pp. 176-177; D. Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra, Plaza y Janés, Barcelona, 1977, p. 88.

4 F. Montseny, Mi experiencia en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Valencia, 1937, pp. 6-7; D. Abad, Por qué perdimos la guerra, p. 88.

5 García Oliver, El eco de los pasos, p. 180.

6 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico II, Crítica, Barcelona, 2001, pp. 9 y ss.

7 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, Archivo Gomá I, pp. 72-73.

8 R. Salas Larrazábal, El Ejército Popular de la República I, p. 330.

9 La Humanitat, 6, 12 y 22 de agosto de 1936.

10 Ib., 20 de agosto y 4 de septiembre.

11 Ib., 20 de agosto.

12 Ib., 4 de agosto.

13 R. Salas, El Ejército Popular..., pp. 333 y ss.; La Humanitat, 4 de agosto.

14 R. Salas, El Ejército Popular..., p. 337.

15 V. Castells, Nacionalisme català y Guerra Civil a Catalunya, Barcelona, R. Dalmau, pp. 80-81 y 86.

16 Ib., pp. 81, 86.

17 En 1935, Batista y Aguirre habían procurado, en Londres y en Ginebra, difundir internacionalmente la idea de la secesión de ambas regiones, que esperaban hacer factible ofreciéndose a Inglaterra ante una eventual guerra europea. Se hablaba de una continuidad vasco-catalana del Atlántico al Mediterráneo, incluyendo Navarra y Aragón. Batista también estimulaba el separatismo gallego. Había fundado la organización deportiva PALESTRA, concebida, al estilo de los mendigoxales del PNV, como germen de un ejército separatista. Irujo, que lo creía algo botarate, lo caracterizó así: «Para él, Cataluña era su novia, su mujer, su hija, su madre y su vida. Mirando a Cataluña no existían para él problemas de primero o segundo orden. Todos eran principales. Esenciales. Trascendentes».

En torno a los movimientos separatistas del PNV, la Esquerra y otros ante Londres y París, y también ante las potencias fascistas, mal conocidos e incluso negados hasta no hace mucho, han aparecido varios artículos y estudios de X. M. Núñez Seixas, J. Avilés, E. Moradiellos y otros en diversas revistas, especialmente en L’Avenç. Aquí sigo de preferencia el libro Nacionalisme català i Guerra Civil, de V. Castells, una investigación interesante, aunque envuelta en una patriotería algo pueril; y, en lo referente al nacionalismo vasco, El péndulo patriótico.

18 Véase www.llibertat.com/escamotbaixgaia/mapa.htm.

19 V. Castells, Nacionalisme català..., pp. 76-77.

20 Ib., pp. 89 y ss.

21 Ib., pp. 103, 99.

22 Suecia había intentado impedir militarmente la secesión, pero había sido disuadida por la amenaza británica de intervenir. Noruega había sido provincia danesa hasta 1814, cuando Londres obligó a Copenhague a cederla a Suecia. Había estado unida a esta última, por lo tanto, solo noventa años.

23 V. Castells, Nacionalisme català..., pp. 109.

24 Azaña, Memorias de guerra, pp. 145-146.

25 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, Archivo Gomá, p. 249.

26 E. Ucelay da Cal, «El complot nacionalista contra Companys», vol. 3 de La Guerra Civil a Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 2004.

27 He utilizado estos hechos, en los que la realidad supera al folletín, en la novela Sonaron gritos y golpes a la puerta, La Esfera de los Libros, Madrid 2012.

28 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, Archivo Gomá, p. 248.

29 Ib., p. 284.

30 Ib., p. 249.

31 V. Castells, Nacionalisme català..., p. 101. Cuando Francia fue ocupada por los nazis, en 1940, los nacionalistas vascos se beneficiaron de un trato de favor, producto acaso de esos tratos aún mal estudiados.

32 J. Salas, Guerra aérea, 1936/39 II, Madrid, 1998, pp. 30-31.

33 Ib., pp. 30 y ss.; Archivo Guerra Civil (AGC), Salamanca, AGC, Bilbao, 245/18.

34 P. Moa, El derrumbe de la II República y la Guerra Civil, Encuentro, Madrid, 2001, p. 419. Las citas siguientes sobre Aguirre y Prieto están asimismo documentadas en esta obra.

35 Fundación Pablo Iglesias (FPI), AFLC XXIV, p. 722; AFLC XXIII, pp. 708 y ss., 722-728.

36 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, Archivo Gomá, pp. 20, 129 y ss.

37 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico II, p. 23.

38 Azaña, Memorias de guerra, pp. 290-291.

39 Ib., p. 291.

40 Fundación Pablo Iglesias, AFLCXXIV, pp. 931, 924-938.

41 Ib., p. 935.

42 A. Balcells, Cataluña contemporánea II, Siglo XXI, Madrid, 1974, p. 47.

43 G. Orwell, Homenaje a Cataluña, Virus, Barcelona, 2001, pp. 114-115.

44 AGC ps. Barcelona, 11/1, 335/1.

45 En B. Bolloten, La Guerra Civil española. Revolución y contrarrevolución, Alianza, Madrid, 1997, p. 656.

46 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, Archivo Gomá II, pp. 43 y ss.

47 FPI, AFLC XXV, pp. 1149-1150.

48 Ib., p. 1173.

49 Ib., XXIV, p. 734.

50 Véase, en especial, el minucioso estudio de J. Salas, Guernica. De gran interés asimismo los de C. Vidal La destrucción de Guernica, y V. Talón Arde Guernica.

51 Pero los vascos llevaban mucho tiempo esclavizados por España, de creer la tenaz propaganda peneuvista. El artículo afirmaba otras cosas extrañas: «El enemigo mató el cuerpo de Sabino; pero no pudo consumar su obra de exterminio porque Dios quiso que el espíritu del Maestro iluminase las almas y encendiese los corazones de sus innumerables discípulos. El enemigo hizo gala y ostentación de refinada maldad para arrancar de raíz los brotes de una semilla santa». Arana había fallecido de muerte natural, y las leyes liberales españolas habían permitido a sus seguidores sembrar con casi entera libertad el odio, explícitamente predicado por él como medio de salvar a «Euzkadi».

52 J. Salas, Guerra aérea II, p. 149.

53 Euzkadi, 16 de junio de 1937.

54 En algunos pueblos los habitantes fueron obligados por las tropas a marcharse ante el avance enemigo.

55 J. Salas, Guerra aérea II, p. 188.

56 En A. Bru, J. Pedrosa y T. Prada, «La formación del Gobierno y del Euzko Gudaroestea», http://es.geocities.com/gce_euzkadi/paginas/3.html.

57 Azaña, Memorias de guerra, p. 61.

58 Ib., p. 154.

59 AGC Bilbao 259/7.

60 J. Salas, Guerra aérea II, p. 222; A. Onaindía, El Pacto de Santoña. Antecedentes y desenlace, Laiz, Bilbao, 1983, pp. 73 y 87.

61 A. Onaindía, El pacto de Santoña, pp. 92 y ss.; Azaña, Memorias de guerra, p. 156. Dice Aguirre en sus memorias: «Me constaba por informaciones de nuestros servicios que el próximo ataque sería dirigido, no contra el frente defendido por los vascos, sino por la espalda [para] copar al ejército vasco» (J. Salas, Guerra aérea II, p. 223). Sus «servicios» no eran otros que los acuerdos del PNV con los fascistas para operar de esa forma.

62 V. Talón, Memoria de la guerra de Euzkadi, 1, revista Defensa, extras, Madrid, 1978, pp. 11-13.

63 J. A. Aguirre, De Guernica a Nueva York, pasando por Berlín, Ekin, Buenos Aires, 1943, p. 58.

64 Ib., pp. 32, 55 y ss.; Azaña, Memorias de guerra, pp. 156-157.

65 J. A. Aguirre, De Guernica a Nueva York..., pp. 59 y ss.

66 Azaña, Memorias de guerra, p. 62.

67 J. Salas, Guerra aérea II, p. 252.

68 A. Onaindía, El Pacto de Santoña, pp. 23-25.

69 Ib., p. 25. En sus memorias, Aguirre cuenta que el conde italiano Cavaletti le había ofrecido a través de un contacto peneuvista la rendición separada, a lo que él habría replicado con estilo reciamente viril: «Conteste usted a ese señor que los vascos no admitimos ninguna proposición donde se mencione la palabra rendición». El italiano proponía ir a buscarlo en un avión italiano, pero Aguirre, «No, por favor —le interrumpí— ya tenemos bastante con los aparatos italianos que nos bombardean todos los días. Si ese señor lo cree necesario, que venga, pero con usted y en nuestro avión». El lendakari se siente en la obligación de explicar: «Tal vez extrañe a algunos esta complacencia mía con el enviado de un Jefe de Estado que nos atacaba sin que nosotros le hubiésemos hecho nada. Pero siempre ha sido norma mía no rechazar una plática cuando en ella podía oír algo interesante» (J. A. Aguirre, De Guernica a Nueva York..., pp. 32-33). Parece que la plática de los italianos le resultó tan interesante que olvidó lo de no aceptar la rendición.

70 R. Salas, Pérdidas de la guerra, Planeta, Barcelona, 1977, pp. 309-310 y 399-402.

71 Ib., p. 277.

72 Azaña, Memorias de guerra, pp. 82 y 144.

73 En B. Bolloten, La Guerra Civil española, pp. 692, 767.

74 García Oliver, El eco de los pasos, p. 428.

75 Spain betrayed, de R. Radosh, M. R. Habeck y G. Sevostianov, serie de documentos secretos soviéticos sobre la guerra de España. La tesis de que el Frente Popular fue traicionado por Stalin no queda clara.

76 Azaña, Memorias de guerra, p. 182.

77 La Humanitat, 4 de julio de 1937.

78 Ib., 23 de julio.

79 Azaña, Memorias de guerra, p. 176.

80 Ib., p. 59.

81 Ib., p. 183.

82 Ib., pp. 183-184.

83 Ib., p. 176.

84 Ib., p. 178.

85 Ib., p. 213.

86 Ib., pp. 215, 218.

87 Ib., p. 248.

88 J. Salas Guerra aérea II, p. 271.

89 Azaña, Memorias de guerra, p. 249.

90 Ib., pp. 257 y ss.

91 Ib., p. 273. Clarís entregó Cataluña a Richelieu. El resultado final fue la pérdida del Rosellón y parte de la Cerdaña, que quedaron en Francia.

92 C. Pi Sunyer, La República, p. 459; Azaña, Memorias de guerra, pp. 284 y ss.

93 Azaña, Memorias de guerra, p. 308.

94 Ib., p. 316.

95 Ib., pp. 325, 320.

96 Ib., pp. 333, 340.

97 Ib., p. 281.

98 FPI, AFLC XXIII, pp. 602 y 694.

99 J. del Burgo, Conspiración y Guerra Civil, Alfaguara, Madrid, 1970, p. 912; J. A. Careaga, El reto separatista, Unidad Vizcaína, Bilbao, 1993, p. 69.

100 En S. de Pablo et al., El péndulo patriótico, p. 60.

101 Ib., p. 60.

102 V. Castells, Nacionalisme català..., pp. 218, 203; J. Miravitlles, Gent que he conegut, Destino, Barcelona, 1980, pp. 108 y ss.

103 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico, pp. 48, 50.

104 Ib., p. 56.

105 Ib., p. 55.

106 Ib., pp. 55, 57.

107 Ib., p. 62.

108 Ib., p. 67.

109 Ib., p. 67; V. Castells, Nacionalisme català..., p. 223.

110 R. Radosh, M. R. Habeck y G. Sevostianov, Spain betrayed, Yale U.P., New Haven, 2001, p. 162.

111 J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, FCE, México, 1973, pp. 820-822; B. Bolloten, La Guerra Civil española, pp. 881 y ss. Bayo publicó lo anterior en México, en 1944, y Prieto no lo desmintió. Para confirmarlo, el historiador B. Bolloten escribió a uno de los oficiales ingleses implicados, pero este lo remitió al Foreign Office. El testimonio de Bayo suena a cierto, por coincidir con otros y porque habría bastado al oficial inglés con negarlo. A despecho de la aureola de político hábil, patriota y realista con que lo han revestido sus admiradores, Prieto mostró con frecuencia una grave irresponsabilidad, por así llamarla.

112 V. Castells, Nacionalisme català..., p. 227.

113 Por lo común, los bombardeos italianos y alemanes eran ordenados por el mando español, pero ni en esta ocasión ni en la de Guernica fue así, y ambas darían lugar a instrucciones especiales de Franco para impedir los bombardeos sobre la población civil (P. Preston, Franco, Caudillo de España, Grijalbo, Barcelona, 1998, pp. 379-380; J. Salas, Guernica, Rialp, Madrid, 1987, pp. 324-325).

114 V. Castells, Nacionalisme català..., pp. 220-229.

115 Ib., p. 231.

116 Carrasco, en la línea del desastre del 98, tenía la secesión catalana por la salida más «sensata». Sus demandas casi habían frustrado en 1930 el Pacto de San Sebastián. En 1936 apoyó a las izquierdas, pero la FAI lo persiguió, y él huyó a Vascongadas, adonde volvería en 1937 como representante de la Generalidad. Fue capturado entonces por los nacionales en el barco Galdames, y procesado por traición.

117 R. Salas, Los datos exactos de la Guerra Civil, Drácena, Madrid, 1980, pp. 137, 150-151; Azaña, Memorias de guerra, p. 387.

118 V. Castells, Nacionalisme català..., pp. 245, 247.

119 Ib., pp. 248-249, 255.

120 Ib., p. 259.

121 Ib., pp. 251-252, 254, 258.

122 D. Martínez Barrio, Memorias, p. 384.

123 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico, pp. 68-69.

124 El péndulo patriótico explica: «El PNV actuaba cada vez más al margen de la República. Sin embargo esto no significa —como se ha solido afirmar— que el PNV optara ahora por la independencia. Simplemente quería tocar todas las teclas posibles para sacar partido del final de la guerra» (V. Castells, Nacionalisme català..., p. 275). Aduce que los sabinianos mencionaban una posible monarquía federal con un rey no Borbón. Análisis agudo do los hagan. El PNV optaba siempre por la secesión, y, en efecto, tocaba todas las teclas. Desde la misma concesión de la autonomía había actuado esencialmente al margen de la «república» y del estatuto.

125 V. Castells, Nacionalisme català..., p. 267.

126 Ib., p. 260.

127 Ib., pp. 231-232; V. S. de Pablo et al., El péndulo patriótico II, pp. 66 y ss.

128 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico, p. 70.

129 Ib., p. 70.

130 V. Castells, Nacionalisme català..., p 273.

131 Ib., pp. 271 y ss.; S. de Pablo et al., El péndulo patriótico, pp. 68 y ss.

132 VV. AA., La batalla de l’Ebre. Història, paisatge, patrimoni, Barcelona, 1999, contraportada.

133 L. Tagüeña, Testimonio de dos guerras, Oasis, México, 1973, pp. 283-284; V. Rojo, ¡Alerta a los pueblos!, Ariel, Barcelona, 1974, pp. 141-142; R. de la Cierva, Historia esencial de la Guerra Civil, Fénix, Madrid, 1996, p. 758.

134 J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles II, Librería española, París, 1968, p. 220; J. Rubio, La emigración de la Guerra Civil de 1936-1939, San Martín, Madrid, 1977, p. 123.

135 Azaña, Memorias de guerra, p. 444.

136 J. Zugazagoitia, Guerra..., p. 231.

137 En este estudio son marginales, obviamente, las causas de la victoria nacional, la intervención extranjera y otras cuestiones importantes de la Guerra Civil.

138 Lo he tratado en Años de hierro, La Esfera de los Libros, Madrid, 2007.

139 Linz, J., «Totalitarian and authoritarian regimes», en F. I. Greenstein y N. W. Polsby (comps.), Handbook of Political Science, Reading, Addison.Wesley, vol. III, 1975.

140 P. Moa, Libertad Digital, 2 de marzo de 2010.

141 P. Moa, Los orígenes de la Guerra Civil, Encuentro, Madrid, 1999.

142 L. Kolakowski, Por qué tengo razón en todo, Melusina, Barcelona, 2007.

143 Epistolario Prieto-Negrín, Fundación I. Prieto-Planeta, Barcelona, 1990.

144 He tratado en Los mitos de la Guerra Civil este expolio, realmente gigantesco, y presentado a menudo como una labor de salvamento de obras culturales. Sobre él no existe todavía una monografía a fondo, si bien se encuentran innumerables datos en publicaciones y estudios parciales, desde los inventarios realizados después de la guerra hasta informes internos del PCE, las memorias de numerosos personajes de la izquierda, o polémicas tan ilustrativas como la aquí comentada. Quizá el mejor estudio sea el de Javier Rubio en su estudio sobre el exilio.

145 C. Mera, Memorias, Ruedo Ibérico, París, 1976, p. 237; F. Montseny, Mis primeros cuarenta años, Plaza y Janés, Barcelona, 1990, pp. 149 y ss.

146 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico II, p. 73.

147 García Oliver, El eco de los pasos, p. 517.

148 Ib., p. 518. Sobre las actividades económicas ilegales de la Esquerra hay poca documentación. Véase la aportada por el historiador Francisco Olaya en El expolio de la República, que indica salidas de oro, dinero y bienes varios (F. Olaya, El expolio de la república, Belacqua, Barcelona, 2004, pp. 22 y 237).

149 Azaña, Memorias de guerra, p. 405.

150 García Oliver, El eco de los pasos, p. 517; C. Mera, Memorias, p. 236.

151 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico II, pp. 80 y ss.

152 Ib., pp. 73-74.

153 Ib., pp. 82-83.

154 Ib., p. 132. Después de la guerra mundial, el FBI cerró esta insatisfactoria colaboración, aunque la CIA mantuvo al peneuvista Galíndez como espía. Galíndez, que terminaría «desapareciendo», probablemente a manos de agentes del dictador dominicano Trujillo, con quien había colaborado, parece que sirvió de cauce para la financiación del PNV por los servicios secretos useños después del reconocimiento de Franco por el gobierno de Washington, pues los movimientos bancarios a favor del agente peneuvista entre 1949 y 1956 sobrepasaron el millón de dólares, suma entonces muy elevada (S. de Pablo et al., El péndulo patriótico II, p. 132).

155 A. Balcells, El nacionalismo catalán, Historia 16, Madrid, 1999, p. 133; S. de Madariaga, Memorias de un federalista, Sudamericana, Buenos Aires, 1967, p. 79.

156 En I. Anasagasti, Dos familias vascas: Areilza y Aznar, Foca, Madrid, 2003, pp. 145-146.

157 P. Moa, El derrumbe de la II República..., pp. 51 y ss. Entre las víctimas del otro bando, también a poco de recomenzada la guerra, estuvo el nacionalista andaluz Blas Infante, hecho cruel, pues la víctima no pasaba de ser un botarate más bien inofensivo. El padre del nacionalismo gallego, Vicente Risco, tomó partido por Franco.

158 L. Suárez, España, Franco y la II Guerra mundial, Actas, Madrid, 1997, pp. 48-49.

159 C. Mera, Memorias, p. 266.

160 La historia del franquismo sigue siendo una asignatura pendiente de la historiografía española. Probablemente lo mejor que se ha escrito sobre él hasta ahora sea el libro de S. Payne, autor también de la mejor historia de la República, La primera democracia española, junto con las de Arrarás y J. Pla.

161 Proliferan actualmente los estudios sobre el primer franquismo, centrados en la represión. Por desgracia, en su mayoría apenas superan el nivel de la propaganda, con valor historiográfico muy escaso.

162 J. J. Esparza, «Franco, una interpretación metapolítica», Razón Española, n. 95.

163 Ucelay, en la línea reivindicativa del nacionalismo catalán, cree que la historiografía española peca de centralismo y da poca relevancia a los políticos e intelectuales catalanes. Quizá haya algo de eso, aunque el vicio contrario, la exageración de la influencia catalana a diestro y siniestro, está aún más acentuado entre los nacionalistas, convencidos de una tradicional y un tanto ilusoria superioridad cultural sobre una «Castilla» casi incapaz de pensar o de hacer política. Atribuyen a «Castilla» o «España» un carácter semiafricano, opuesto al abierto y europeo espíritu catalán... del cual, en todo caso, los nacionalistas han sido un modelo muy dudoso. Remitiéndonos a este caso, la figura de Cambó ha sido muy considerada, incluso magnificada por Pabón y otros, y sin duda pudo haber sido uno de los estadistas españoles más descollantes del siglo XX si no hubiera fallado, por una u otra causa, en dos ocasiones decisivas. La influencia de D’Ors ha sido evidente en la Falange y no solo en la Falange, pero creo que Ortega tuvo mucho más peso real, sin entrar en la calidad de sus respectivas contribuciones intelectuales.

164 E. Ucelay da Cal, El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Edhasa, Barcelona, 2003, pp. 41, 875, 871.

165 Recuérdese que la mayoría de los nombres llamados vascos carecen de tradición vasca. Reflejan solo un intento diferenciador muy tardío. Sobre la prohibición de hablar vascuence o catalán, incluso con amenaza de pena de muerte, los nacionalistas han hecho mucha propaganda, sobre todo en el extranjero, pero, aparte de alguna multa ocasional en los primeros años cuarenta, no hubo nada de ello. La gente de habla catalana, vasca o gallega siguió empleando habitualmente su lengua. El verdadero daño a esos idiomas radicó en su exclusión de la vida oficial y académica. Un libro de denuncia muy publicitado en Cataluña es el de Josep Benet, Catalunya sota el règim franquista, Blume, Barcelona, 1978. Para contrastarlo, puede verse VV.AA., Cataluña con Franco, Mare Nostrum, Barcelona, 1984, con numerosos datos que, por lo común, prefieren omitir los nacionalistas.

166 J. Laínz, Adiós España, Encuentro, Madrid, 2008, p. 294.

167 La leyenda nacionalista presenta unas ikastolas casi clandestinas en dura resistencia al «enemigo».

168 La cifra la llegó a elevar a 3.000 el peneuvista Pedro Basaldúa en un libro publicado en 1956, en Buenos Aires, y con el curioso título de En defensa de la verdad. Los vascos en la Guerra Civil española. ¿Quién destruyó Guernica? La cifra real de muertos, como se recordará, ascendió a un máximo de 126.

169 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico II, pp. 129-130.

170 La idea estaba bastante extendida en medios exiliados. Alcalá-Zamora recuerda: «Era lamentable la impresión que daban casi todos los emigrantes, con muy pocas excepciones, de haber olvidado ante la guerra mundial el interés patrio, plegándose con ceguera al extranjero que creían les serviría mejor para prevalecer de nuevo. En este camino llegaban muchos a desear el monstruoso horror de un resurgimiento de la guerra civil complicada con la externa; bastantes se mostraban dispuestos a servirla y era inútil cuanto yo les dijera sobre el loco crimen que eso suponía» (N. Alcalá-Zamora, Memorias, p. 493).

171 L. M. Ansón, Don Juan, Plaza y Janés, Barcelona, 1994.

172 Franco había rechazado la pretensión de Don Juan, en plena guerra, de combatir en su ejército: «Si alguna vez en la cumbre del Estado vuelve a haber un Rey, tendría que venir con el carácter de pacificador y no debe contarse en el número de los vencedores» (P. Preston, Franco, p. 266).

173 S. Hoare, Embajador ante Franco en misión especial, Sedmay, Madrid, 1977, pp. 343, 218.

174 F. Aguado, El maquis en sus documentos, San Martín, Madrid, 1976, p. 27. La mayoría de las historias recientes hacen de los maquis luchadores «por la libertad», y apenas aluden a la negativa de los demás exiliados a participar en la lucha, organizada exclusivamente por los demócratas comunistas. Claro que en las partidas guerrilleras entraron miembros de otros partidos, o simples huidos sin partido. Tampoco suelen señalar dichas historias el carácter del maquis como intento de reanudar la Guerra Civil. Obviamente, se trata de estudios demasiado impregnados de propaganda.

175 J. Laínz, Adiós España, p. 264.

176 José Andrés-Gallego ha tratado ampliamente estas cuestiones en la obra mencionada, ¿Fascismo o Estado católico? De la persistente sensibilidad sobre estas cuestiones da idea lo sucedido con este libro, un clarificador estudio sobre las tensiones entre las inclinaciones falangistas filonazis y las católicas en los primeros años del régimen. Presentado al premio Espejo de España, de la editorial Planeta, en 1990, su superioridad académica parecía asegurarle el galardón, pero la editorial lo impuso a otro estudio, por razones políticas, al creer que el de Andrés-Gallego perjudicaba a intelectuales falangistas luego evolucionados hacia la izquierda. Y, aplicando una censura particular, rehusó publicar el libro, que había quedado segundo de todas formas.

Pese a su importancia para entender la historia de España en el siglo XX, la evolución de la Iglesia sigue siendo un territorio mal conocido, al menos por los no especialistas. Sobre él dominan todavía los tópicos izquierdistas, alentados también por un sector de la propia Iglesia. El mencionado Andrés-Gallego ha escrito La Iglesia en la España contemporánea, cuyo segundo tomo sigo aquí, en parte. J. M. Loboa ha coordinado diversos estudios en El postconcilio en España, en torno a las consecuencias del concilio Vaticano II. De interés en relación con los aspectos sindicales, El Catolicismo social y político en la España contemporánea (1870-2000), de J. M. Cuenca Toribio, aunque la época última la trata poco.

177 Cita Linde de Pla: «Viniendo de Cataluña, sobre todo, ocurre que uno se nutre, por lo que hace referencia a España, de una literatura extremista, carente de toda finura incisiva, extremadamente pueril». Pero mantenía sus prejuicios hacia Castilla, como indica Francisco de Cossío: «Pla es un catalán muy catalán, con todas las supersticiones catalanas metidas hasta los huesos. Ello quiere decir que siente un desdén olímpico hacia Castilla, sin que nunca se haya detenido a reflexionar sobre lo que el concepto ‘Castilla’ significa. El profundo humorismo de Pla ha llegado a mitigar todas las supersticiones sobre España y los españoles, menos esta. Hablando, pues, de Cataluña y de Castilla, no se diferencia gran cosa de cualquier fabricante de Tarrasa» (L. Linde, «Pla, Cataluña y España», Revista de Libros, n. 79-80).

178 Véanse www.geocities.com/eltalp/actituds3/htm; www.geocities.com/Athens/Acropolis/7864/qad-fac.html; www.convergencia.org/expo/plafous/txtpais1a.html.

179 Fundación Francisco Franco, Comisión de Estudios del Interior, 17823.

180 Con mayor o menor legitimidad, los progresistas harían de Juan XXIII un estandarte de sus tesis. Le aplicaron el revelador apodo de «El Papa bueno», muy difundido popularmente y que, por implicación, descalificaba a otros, en especial a Pío XII. Una crónica muy bien informada del concilio en El Rin desemboca en el Tíber, de R. M. Wiltgen.

181 R. M. Wiltgen, El Rin desemboca en el Tíber. Historia del Concilio Vaticano II, Criterio, Madrid, 1999, pp. 312-313.

182 Ib., p. 315.

183 Ib., p. 318. Desde principios de los sesenta el comunismo internacional, hasta entonces monolítico, sufrió una escisión entre los partidos liderados por Moscú y los maoístas, influidos por Pekín (Beijing). Parte de la disputa giraba en torno a la estrategia para aplastar al enemigo capitalista, objetivo común. Este hecho influyó también entre los partidarios del «diálogo».

184 De acuerdo con las nuevas normas conciliares, el concordato de 1953 debía ser denunciado, así como la confesionalidad del Estado. El Vaticano quería una plena independencia de la Iglesia y la retirada del privilegio de presentación de obispos otorgado al Caudillo. Ante las peticiones de Pablo VI, Franco alegó que los cambios deberían solemnizarse oficialmente mediante acuerdos que incluyesen la renuncia de la Iglesia, a su vez, a otros privilegios.

185 Según F. S. Saunders, La CIA y la guerra fría cultural, Debate, Barcelona, 2001, Madariaga y otros estarían en relación con la CIA.

186 En enero y febrero morían en el exilio, habiendo perdido también toda su antigua influencia en el interior, Martínez Barrio e Indalecio Prieto.

187 El sindicato del régimen era único y obligatorio, e integraba «verticalmente» tanto a empresarios como a asalariados. Debía asegurar la negociación más o menos armónica entre ambas partes. Se le ha acusado de servir sistemáticamente a los patronos, pero eso dista mucho de la verdad.

188 Sobre el año de la recuperación, en España como en los países europeos, discrepan los estudiosos. Algunas investigaciones recientes retrotraen la recuperación de la renta de 1935 a los primeros años cuarenta (G. Fernández de la Mora y Varela, «Revisión de la economía española en los años 40», Razón Española, n. 111, enero-febrero de 2002). Una extraña interpretación presenta el desarrollo español de los años sesenta como un mero efecto pasivo de la prosperidad europea. Nada más lejos de la realidad. Los países del Este europeo no participaron de esa prosperidad debido a su régimen político, incompatible con ella, y también creían muchos al régimen de Franco incompatible con el progreso económico. Pero España no se limitó a recibir las sobras del crecimiento europeo, pues creció con más rapidez que cualquier otro país del continente, y muchos especialistas pronosticaban que para los años ochenta superaría la renta per cápita de Italia o de Gran Bretaña.

189 En J. J. del Águila, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Planeta, Barcelona, 2001.

190 En 1968 el más conocido exponente de la nova cançó, Raimon, dio en la Universidad de Madrid el más célebre y subversivo de los recitales de aquella época. El gobierno autorizó el acto, y a pesar de su tono intensamente comunista, la policía no hizo acto de presencia en él.

191 F. Paz, La Gaceta, 12 de septiembre de 2013.

192 C. Castilla del Pino, Casa del olivo, Tusquets, Barcelona, 2004, p. 124.

193 Las denuncias tenían su parte de verdad, porque en las comisarías solía haber malos tratos, en forma de bofetadas y a veces palizas. Pero la tortura propiamente dicha era infrecuente.

194 He aquí una anécdota particular, pero significativa. Un tío mío, en Vigo, carpintero y comunista, había vivido años en Barcelona. Según decía, con no muy buena memoria, en Cataluña no querían a Franco y si este fuera allí, seguro que lo mataban. Cuando el Caudillo visitó la región en 1962, la acogida fue tal que mi tío, furioso y decepcionado, exclamó: «¡Joder, si le llegan a aplaudir un poco más, se queda ya allí para toda la vida!».

195 V. Enrique y Tarancón, Confesiones, PPC, Madrid, 1996, pp. 252-253.

196 Ib., pp. 259-260.

197 Euzkadi había pasado a Euskadi, paliando en parte el dislate lingüístico de Arana. Persistía, con todo, el denigrante sufijo -di, que hacía vegetales a los vascos.

198 J. M. Garmendia, Historia de ETA I, Aramburu, San Sebastián, 1983, pp. 98, 50 y ss. La mayoría de las citas que siguen proceden del órgano de ETA Zutik («En pie») y los Cuadernos de ETA, dedicados a la formación de militantes, y están tomadas de Historia de ETA, de José Mari Garmendia, muy favorable al grupo. Entre la bibliografía sobre ETA, hoy día muy abundante y a menudo valiosa, he preferido esta obra, por su aportación documental, que permite percibir con claridad el espíritu y la evolución etarra.

199 J. M. Garmendia, Historia de ETA I, pp. 50 y 62.

200 Ib., pp. 58, 60.

201 Ib., p. 72.

202 Ib., pp. 76-78.

203 Ib., pp. 84, 86-87.

204 Un célebre mando de la policía, acusado de torturas por los comunistas y otros.

205 J. M. Garmendia, Historia de ETA I, pp. 88-90.

206 Ib., pp. 93-94.

207 Cuba se convirtió en un auténtico mito no solo para ETA, sino también para toda la oposición antifranquista y hasta, por motivos distintos, para amplios sectores del régimen, que miraban con simpatía las soflamas de Fidel contra Usa. Franco ayudó mucho a la economía cubana, exportándole en buenas condiciones toda una flota de pesca, camiones, autobuses, etc. Esa ayuda, sin embargo, se echaba a perder en gran medida por la planificación marxista, inevitablemente ineficiente y derrochadora. Cuba se convirtió en un satélite de la URSS, de cuya ayuda llegó a depender hasta convertirse en un negocio económicamente ruinoso para Moscú, aunque muy rentable en el orden político y propagandístico.

208 He tenido ocasión de reflexionar sobre ese problema, porque es también una experiencia de mi juventud comunista. Aun entonces yo (como cualquiera que no fuese muy cerrado de mollera) percibía nuestra constante mentira. Cambié de enfoque al descubrir en la mentira no un mal medio para un buen fin, sino el reflejo de la maldad de ese fin.

209 J. M. Garmendia, Historia de ETA I, p. 95.

210 Ib., p. 161.

211 Ib., p. 214.

212 En 1979 publicaría Nueva Vasconia, insistiendo en el etnicismo, pero aparcando el marxismo.

213 F. Krutwig («Sarrailh de Ihartza»), Vasconia, Norbait, Buenos Aires, 1962, pp. 321-322, 338.

214 En J. Juaristi, El bucle melancólico, Espasa, Madrid, 1997, p. 296.

215 J. M. Garmendia, Historia de ETA I, p. 107.

216 Ib., p. 101.

217 Ib., p. 103.

218 Ib., p. 168.

219 Ib., p. 169.

220 Ib., pp. 176-177.

221 Ib., p. 183.

222 El clima de seguridad de la época se manifiesta en el hecho, entre otros, de que los bancos trasladaban gruesas sumas de dinero en carteras portadas por empleados o incluso botones, desarmados y sin protección alguna. En De un tiempo y de un país he relatado aventuras parecidas del grupo maoísta al que yo pertenecía y que terminaría organizando el GRAPO.

223 J. M. Garmendia, Historia de ETA I, p. 216.

224 Ib., p. 206.

225 Artículo del político socialista catalán Ernest Lluch en El Correo Español-El Pueblo Vasco, de Bilbao (19 de noviembre de 2000). Lluch mostraba «comprensión» hacia ETA, propiciando la negociación con ella, pese a lo cual sería asesinado a su vez por la organización terrorista dos meses después de escrito el artículo.

226 «El relato de Sarasqueta no hace concesiones a la hagiografía. Echevarrieta disparó por la espalda a un hombre agachado y lo remató cuando yacía en el suelo, boca arriba. No fue un enfrentamiento, no fue la heroica lucha de un guerrillero contra un enemigo prevenido, sino un asesinato, como el del nazi que dispara sobre la nuca del judío arrodillado junto a una zanja en los bosques de Lituania, o sobre la del rehén en las Fosas Ardeatinas [...] instituyó el estilo de los futuros atentados de ETA: tiro por la espalda y, si es posible, con la víctima maniatada», comenta J. Juaristi en Sacra Némesis (p. 123).

227 J. Juaristi, Sacra Némesis. Nuevas historias de nacionalistas vascos, Espasa, Madrid, 1999, pp. 114 y ss.

228 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico, p. 303.

229 J. Juaristi, Sacra Némesis, p. 128.

230 El Mundo, suplemento «La Revista», n. 138.

231 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico, pp. 304-305.

232 Ib., p. 305.

233 S. Carrillo, Después de Franco ¿qué?, Universidad de Granada, 2003.

234 Cuando el caso Flick, proceso por ayudas ilegales a partidos, entre ellos el PSOE, que quedaría investigado solo a medias. En la comisión parlamentaria al efecto, ya en la democracia, Carrillo hizo la siguiente pregunta a Von Brauchitsch, representante de Flick: «Tengo entendido que el señor Flick fue condenado por el Tribunal de Núremberg como criminal de guerra nazi. Y creo que usted es hijo del general que fue jefe del Estado Mayor de Hitler. Me supongo que ideológicamente no existe afinidad alguna entre ustedes y el PSOE. Entonces, ¿cómo se explica que ustedes financiasen al PSOE?». El señor Von Brauchitsch no vaciló en su respuesta: «Tratábamos de cerrar el paso al comunismo. Y el partido mejor situado para hacerlo era el PSOE» (S. Carrillo, Memorias, p. 608).

235 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico II, pp. 302-303.

236 Ib., pp. 313-314.

237 Ib., pp. 312, 316.

238 Historiadores nacionalistas, como Balcells, subrayan la diferencia entre Cataluña y «el centro» de España manifiesta en la formación de esta variopinta alianza. En cada región el antifranquismo tuvo aspectos diferenciados: no fue igual en Navarra que en Vascongadas, en Cataluña que en Valencia, en Galicia que en Andalucía. Pero los rasgos comunes fueron mucho más importantes, como estamos viendo.

239 J. R. Gómez Fouz, Clandestinos, Pentalfa, Oviedo, 1999.

240 A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, Espasa, Madrid, 2004, p. 103.

241 Ib., p. 122. El suceso recuerda otro ocurrido durante la Guerra Civil. Dada la pugna entre el gobierno de Negrín y el defenestrado Largo Caballero, cuyos partidarios seguían dominando la UGT, un buen día estos se encontraron, al acudir normalmente a su sede, con que sus adversarios habían cambiado las cerraduras, dejándolos fuera. Largo y los suyos se instalaron en la escalera, formando lo que se llamó «comité de la escalera», hasta que el nuevo y autonombrado comité ejecutivo llamó a la policía para que los desalojase. Los fondos del sindicato también fueron confiscados por la nueva dirección.

242 P. Castellano, Yo sí me acuerdo. Apuntes e historias, Temas de Hoy, Madrid, 1994, p. 171.

243 J. M. Garmendia, Historia de ETA I, pp. 146-148.

244 La frecuente alusión a la cercanía de la embajada useña, o a los fallos en la seguridad tienen, a mi juicio, poca sustancia. Las medidas de seguridad en el franquismo, empezando por las del propio Carrero, eran en extremo deficientes si se las compara con las actuales, debido a la confianza entonces reinante. Y la embajada a duras penas detectaría un pequeño túnel con una manzana de sólidos edificios por medio. Sobre el caso Carrero y muchas de sus circunstancias poco o nada claras ha publicado Ricardo de la Cierva estudios interesantes. El libro de Ismael Fuente, Javier García y Joaquín Prieto, Golpe mortal, constituye un excelente reportaje. La explicación oficial de ETA, Operación Ogro, la escribió Genoveva Forest, comunista muy relacionada con el terrorismo.

245 S. Carrillo, Memorias, p. 592.

246 Según Guerra, ocurrió terminado el congreso: «Fue una patética escena [...]. Bustelo y Juan Iglesias subieron a la tribuna y se dirigieron al micrófono que estaba ya desconectado [...]. Castellano y algún otro dio cuenta a los periodistas de que yo les había cortado la palabra». En cuanto al desplazamiento de los históricos, Carrillo cuenta esta confidencia de Múgica: «Arrebatarle a Llopis el aparato había requerido una curiosa triquiñuela. Resulta que la UGT del interior recibía ayuda financiera de la CIOSL. Con esta ayuda la dirección del PSOE en el interior pagaba cuotas a la ejecutiva de Toulouse por un número superior de afiliados al que realmente existía [...]. Llopis, que quizá en un momento se felicitara del aumento de los ingresos del interior, descubrió en Suresnes que se había quedado en minoría: los cotizantes que le apoyaban desde la emigración eran formalmente menos que los que apoyaban desde el interior al nuevo equipo encabezado por Felipe González [...]. Múgica me contaba el hecho con toda naturalidad» (A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, pp. 140, 150; S. Carrillo, Memorias, p. 600).

De los patrocinadores del congreso, Mitterrand y Craxi protagonizarían sonados escándalos de corrupción una vez llegados al poder. Guerra afirma, inconvincentemente, que el PSOE carecía prácticamente de medios, y acusa al PSP de Tierno, «bien aprovisionado por alemanes, italianos y venezolanos, y los comunistas, con ayudas de los países del ámbito soviético», de inventar la calumnia de un PSOE «bañado en el papel de los marcos» del SPD. Como demostraría la historia ulterior, estos datos no son meramente anecdóticos.

247 I. Tubau, Felipe González Márquez, Ediciones B, «Cara y Cruz», Barcelona, 2004, p. 158.

248 Garmendia, Historia de ETA II, pp. 182 y ss.

249 L. Falcón, Viernes y 13 en la calle del Correo, Planeta, Barcelona, 1981.

250 S. Carrillo, Memorias, p. 607. Alcalá-Zamora y los demás fueron encarcelados, en condiciones absolutamente privilegiadas, poco después de que intentaran traer la república mediante un golpe militar que fracasó, dejando varios muertos. El gobierno monárquico hizo cuanto pudo, que fue mucho, por convertir dicho encarcelamiento en una plataforma de propaganda inmejorable para los golpistas, como constata el propio Miguel Maura en Así cayó Alfonso XIII.

251 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico, pp. 322, 323.

252 Por ejemplo, explica el historiador Stanley Payne: «En junio de 1975, cinco meses antes de la muerte de Franco, la entonces llamada ‘Junta Democrática’ —en gran parte hechura del Partido Comunista— consiguió manipular una entidad izquierdista norteamericana, el Fund for New Priorities in America, para organizar una sesión pública en uno de los salones del Congreso norteamericano en Washington. El propósito de esta sesión fue convencer a los diputados norteamericanos de que sería absolutamente indispensable que el Gobierno estadounidense interviniera decisivamente en España después del fallecimiento del Jefe de Estado para evitar un golpe militar que bloquearía cualquier posibilidad de democratización. Participaron representantes de la Junta Democrática, más una docena de profesores y estudiosos, todos ellos izquierdistas menos yo. No entiendo todavía exactamente por qué me invitaron —tal vez para dar una fachada más profesional o intelectual a la operación— pero en esa situación me tocó exclusivamente a mí decir cuatro verdades a la asamblea, tales como la verdadera identidad de la Junta ‘Democrática’, la capacidad potencial de don Juan Carlos de dirigir su propia democratización y la capacidad igual del Partido Socialista de formar su propio movimiento democratizante de izquierdas. Terminé insistiendo en que sería erróneo concluir que las fuerzas armadas españolas constituyeran un bloque atávico ‘esencialista’ incapaz de responder diferenciadamente según las condiciones. Indiqué que en el pasado el Ejército no había intervenido en el proceso político de España cuando se mantenía un Gobierno mínimamente efectivo, un relativo consenso político y la normalidad constitucional, todas ellas condiciones inexistentes, por ejemplo, en julio de 1936» (www.el-mundo.es/elmundolibro/ 2001/05/01/anticuario/991247241.html).

253 En Los crímenes de la Guerra Civil trato con mayor detalle estos episodios. La Asociación de la Prensa protestó por las restricciones y afirmó su condena al terrorismo, pero, como explicaría más adelante uno de los periodistas más significativos, Juan Tomás de Salas, «la gente que estaba en este tipo de prensa, que además era la prensa que tenía más credibilidad, mayores lectores [...] de alguna manera nos habíamos sentido durante muchos años solidarios de ETA» (P. Moa, Los crímenes de la Guerra Civil, La Esfera de los Libros, Madrid, 2004, p. 253).

254 Con esos escritos resulta fácil —y frecuente— descalificar a las derechas como herederas de los asesinos fascistas de entonces, enterradores de la democracia y quizá prestos a volver a enterrarla ahora.

255 Sobre los avatares de la transición y la democracia véase P. Moa, La Transición de cristal (Libros Libres, Madrid, 2010) y también Nueva historia de España (La Esfera de los Libros, Madrid, 2010).

256 En M. Platón, Hablan los militares, Planeta, Barcelona, 2001, p. 375.

257 Según Otero Novas, uno de los protagonistas de la Transición, Vitoria «estuvo virtualmente tomada por el movimiento revolucionario organizado por la ORT y que dominaba un sacerdote asturiano, Jesús Naves». La táctica consistía en «tomar el poder en la calle, como primer paso a un gobierno provisional que desembocaría en una democracia popular, una estrategia a través de la cual los comunistas se hicieron con el poder en los países del Este tras la Segunda Guerra Mundial» (La Nueva España, 25 de julio de 2002). Para Otero, Fraga salvó en aquel momento la evolución a la democracia.

258 En contra de la tradición carlista, el sector autogestionario manifestaba un radicalismo de izquierdas, simpatizaba con el PNV y con casi todos los tópicos del progresismo de la época.

259 M. Platón, Hablan los militares, p. 374.

260 M. Primo de Rivera, No a las dos Españas. Memorias políticas, Plaza y Janés, Barcelona, 2002, p. 198.

261 Ib., p. 205.

262 Un relato pormenorizado de estos hechos en mi libro De un tiempo y de un país. Yo pertenecía al cogollo del PCE(r)-GRAPO que decidió y organizó la operación. Alfonso Guerra afirma en sus memorias la disposición del gobierno a ceder, a cuyo fin habría este solicitado los servicios del propio Guerra. No obstante, se trata de unas memorias en general poco fiables.

263 El Mundo, 15 de junio de 2007.

264 El Correo Español-El Pueblo Vasco, 28 de diciembre de 1986 y 2 de enero de 1987.

265 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico II, p. 330.

266 Ib., p. 342.

267 Ib., p. 343.

268 Ib., p. 343.

269 Ib., p. 344.

270 En Reflexiones sobre el terrorismo, publicada en 1985, me referí al artículo de un hispanista alemán en El País, «que recogía los vaticinios de los expertos sobre el comportamiento popular y la probable evolución en España. Prácticamente ningún experto daba una en el clavo. Durante largo tiempo se sostuvo como evidente que la muerte de Franco originaría movimientos revolucionarios o de muy arduo control; que la población saldría del franquismo con talante extremista y sedienta de venganza; que el ejército no aceptaría una multitud de cambios que luego ha aceptado —hemos vivido estos años un inminente golpe semanal, promovido por la rumorosa fantasía de gente interesada o demasiado nerviosa—. Se aseguraba al anarquismo un resurgir tremendo o se daba por descontado que el PCE saldría convertido en la fuerza determinante de la izquierda. Etc. Etc.» (P. Moa, Reflexiones sobre el terrorismo, Madrid, 1985, p. 85).

271 Para tener grupo parlamentario se necesitaban 15 diputados. El reglamento beneficiaba al PSOE, que quería marginar al PSP de Tierno Galván, repercutiendo la medida en el PNV. Los «padres de la Constitución» fueron José Pérez-Llorca, Miguel Herrero de Miñón y Gabriel Cisneros Laborda por la UCD, Gregorio Peces Barba (PSOE), Jordi Solé Tura (comunista), Manuel Fraga Iribarne (AP) y Miguel Roca Junyent (nacionalista catalán). Gran parte de la elaboración correspondió a Alfonso Guerra y a Abril Martorell, ninguno de los dos experto en derecho constitucional. Sus decisiones se adoptaban en comidas entre los dos, al margen de las Cortes, y eran votadas por disciplina de partido. Posteriormente el reglamento se cambió y el PNV pudo presentar enmiendas al proyecto constitucional.

272 El término fue introducido por presión del nacionalista catalán Roca y de Herrero de Miñón, de UCD. Julián Marías expresó un descontento más amplio al escribir que los compromisos «en el menos grato sentido de la palabra, a su vez comprometen la realidad política de España» (M. Herrero de Miñón, Memorias de estío, Temas de Hoy, Madrid, 1993, p. 152; M. Primo de Rivera, No a las dos Españas, p. 235).

273 Así lo expresa Fernando Savater en sus memorias: «Ellos se dedicaban entonces al periodismo, a sus carreras, a sus obras de arte, a sus amores y negocios... por lo que no tenían tiempo para hacer política más que en la estricta intimidad. ¡Bien hubieran querido luchar subversivamente, desde luego, pero el resto de sus ocupaciones les impidieron el heroísmo, incluso el de cuarta categoría! Solo se añadieron al cortejo democrático cuando ya era clara y tranquilizadoramente triunfal» (F. Savater, Mira por dónde. Autobiografía razonada, Taurus, Madrid, 2003, p. 20). Y se añadieron en masa.

Felipe González, en la reunión del partido para abandonar el marxismo en el PSOE, también constató: «Desde que murió Franco han surgido demasiados revolucionarios», preguntándose dónde estaban «esos que antes de la muerte del viejo, cuando había que dar el callo, no se sentían tan marxistas» (El País, 10 de julio de 1979).

274 B. de Riquer, Escolta, p. 296.

275 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico, p. 339.

276 F. García de Cortázar, El nacionalismo vasco, Historia 16, Madrid, 1999, pp. 199-200.

277 En sus memorias explica un almuerzo con Ajuriaguerra, Arzallus y Unzueta: «Sus propuestas no hubieran dejado de asombrar a la opinión, acostumbrada a ver en ellos puro separatismo disgregador. Tan solo les importaba el reconocimiento de la identidad vasca como cuerpo separado dentro del Estado, sin negar en absoluto que este ejerciera cuantas competencias fueran necesarias. A esto se reducía el dogma de la soberanía originaria» (M. Herrero de Miñón, Memorias, p. 160). El optimismo de Herrero encaja mal con la doctrina y la historia del PNV. ¿Para qué insistiría tanto este partido en la «soberanía originaria» si estaba dispuesto a reconocer «las competencias del Estado que fueran necesarias»? ¿Cuáles lo serían? ¿Y durante cuánto tiempo?

278 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico, p. 345.

279 Ib., p. 348.

280 Ib., pp. 365-366.

281 Los autores de El péndulo patriótico consignan el acuerdo de Beyris, testimoniado por Arzallus, y a las pocas líneas hacen la incongruente observación: «La actitud errática y poco generosa de UCD a lo largo del debate echó por tierra un acuerdo [...]. Se perdió así la oportunidad histórica que hubiera supuesto la aprobación histórica de la Constitución por el PNV, con las consecuencias que ello hubiera tenido para el futuro de Euskadi» (S. de Pablo et al., El péndulo patriótico, p. 366). La conducta del PNV estaba decidida en secreto previamente. Y la de la UCD fue errática, pero aumentar su «generosidad», que fue muy grande, habría abierto de par en par las puertas a la secesión, con efectos fácilmente previsibles para «el futuro de Euskadi» y de toda España.

282 Sigo aproximadamente las consideraciones de Pedro Fernández Barbadillo y Carlos Ruiz Miguel en su estudio «¿Aprobaron los vascos la Constitución?» (Revista de Estudios Políticos, n. 122, oct.-nov. de 2003).

283 S. de Pablo et al., El péndulo patriótico, p. 376.

284 Ib., p. 377.

285 Véase http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/7864/Platar.html.

286 El auge de la pornografía se hizo pronto espectacular. Solía verse en la izquierda como elemento de liberación. El que podríamos llamar antifranquismo inane se había manifestado en los últimos años del régimen anterior en auténticas peregrinaciones al sur de Francia, muy populares sobre todo en Cataluña, para ver cine pornográfico, espléndido negocio para las localidades francesas así «favorecidas».

287 Asesinado por ETA varios años después, cuando ya había pasado a la reserva.

288 J. Palacios, 23-F. El Rey y su secreto, Libros Libres, Madrid, 2010.

289 El gobierno estaría compuesto por Armada como presidente, Felipe González como vicepresidente de Asuntos Políticos, Areilza en Exteriores, Fraga en Defensa, Peces-Barba en Justicia, Pío Cabanillas en Hacienda, Herrero de Miñón en Educación y Ciencia. Habría gente del PSOE, UCD, AP, PCE y algunos independientes, como Luis María Ansón, en Información. La supuesta lista de gobierno ha sido puesta en duda muchas veces. Hay muchos libros escritos sobre este suceso. Uno de los más importantes es el de los periodistas de El País Joaquín Prieto y J. L. Barbería, El enigma del elefante (Aguilar, Madrid, 1991).

290 He tratado el caso con algún detenimiento en La Transición de cristal, op. cit.

291 VV. AA., España, un hecho, Fundación FAES, Madrid, 2003, pp. 43 y ss.

292 Véase www.mgar.net/var/nacion4htm.

293 El reino hispanogodo era probablemente el más civilizado de la Europa de entonces, y sus herederos pudieron llevar a cabo la Reconquista. Y los habitantes de la Marca Hispánica (su nombre lo dice todo), que con el tiempo serían catalanes, nunca estuvieron a gusto con la tutela francesa, que se sacudieron cuando tuvieron ocasión.

294 J. C. Girauta, Libertad Digital, 7 de noviembre de 2004.

295 Véase www.mgar.net/var/nacion4htm.

296 J. García Domínguez, Libertad Digital, 6 de abril de 2004.

297 F. Jiménez Losantos, Lo que queda de España, Temas de Hoy, Madrid, 1995, pp. 140 y ss.

298 E. Uriarte, Cobardes y rebeldes. Por qué pervive el terrorismo, Temas de Hoy, Madrid, 2003, pp. 115-116.

299 C. Gurruchaga e I. San Sebastián, El árbol y las nueces, Temas de Hoy, Madrid, 2000, pp. 67 y ss.

300 E. Uriarte, Cobardes..., p. 105.

301 C. Gurruchaga e I. San Sebastián, El árbol y las nueces, p. 21.

302 Ib., p. 243.

303 Reproducido en mi blog http://blogs.libertaddigital.com/enigmas-del-11-m/el-nacionalismo-catalan-y-sus-heroes-2048/.

304 Las declaraciones y frases entrecomilladas pueden encontrarse fácilmente en la prensa de la época y en Internet.

305 M. Menéndez Pelayo, Ensayos de crítica filosófica, Obras completas, t. I, p. 534.

306 Las he estudiado en Los orígenes de la Guerra Civil, op. cit.

307 F. Cambó, Memorias, Alianza, Madrid, 1987, pp. 78, 41.

308 J. Juaristi, El bucle melancólico, pp. 52 y ss.

309 Cambó, Memorias, p. 38.

310 Las citas de Arana son fácilmente encontrables en el resumen Páginas de Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco, seleccionadas por Adolfo Careaga (Criterio-Libros, Madrid, 1998), que a su vez reproduce buena parte de otra selección titulada De su alma y de su pluma, hecha por el ferviente nacionalista Manuel de Eguileor.

311 Las citas de Prat de la Riba proceden de su opúsculo La nacionalidad catalana. No cito páginas porque, dada la brevedad de la obra, son fáciles de encontrar.

312 Cambó, Memorias, p. 41.

313 S. Arana, Obras Completas, t. III, p. 2009.

314 J. Juaristi, El bucle melancólico, p. 154.

315 Unamuno, en revista Nuevo Mundo, 1 de marzo de 1918, y Ahora, Madrid, 9 de enero de 1933.

316 Citado en J. Arrarás, Historia de la Segunda República II, Editora Nacional, Madrid, 1956, p. 435.

317 Las citas de Almirall, Gener y Bosch Gimpera proceden del documentado estudio de Francisco Caja La raza catalana, Encuentro, Madrid, 2009, pp. 60-61, 67, 86-87, 99 y 106.

318 Cambó, Memorias, p. 266.

319 Cambó, Les dictadures, Tip. Emporium, Barcelona, 1929, p. 137.

320 A. Balcells, El nacionalismo catalán, pp. 87-88.

321 M. Maura, Así cayó Alfonso XIII, Ariel, Barcelona, 1995, p. 72.

322 Cambó, Memorias, p. 420.

323 P. Moa, Los personajes de la República vistos por ellos mismos, Encuentro, Madrid, 2000.