Estas páginas ofrecen una imagen de la Transición y de sus protagonistas que diverge de modo fundamental de las interpretaciones que se han puesto en circulación en los últimos años.

¿Fue durante la Transición cuando se produjo la reconciliación entre los españoles? ¿Eran realmente demócratas los grupos antifranquistas más eficaces? ¿El paso de la dictadura a la democracia se hizo desde dentro o desde fuera del régimen? ¿Triunfó el mejor de los tres modelos de cambio político propuestos: el de Manuel Fraga, el de Torcuato Fernández Miranda y el de Adolfo Suárez? ¿Pudo plasmarse el proceso en una Constitución diferente y mejor? ¿Qué impulsos y presiones recibieron los políticos de la época desde el exterior?

Pío Moa vuelve a hacer gala en La Transición de cristal del rigor característico de todas sus obras, y de su capacidad para deshacer tópicos que enturbian la controversia pública sobre nuestro pasado, condición para una vida intelectual libre e intensa.

«Una nueva perspectiva crítica, pero objetiva, que por un lado corrige la leyenda dorada, y por otro no pretende una deslegitimación artificiosa… Con mucho, el mejor libro individual sobre la Transición, de una lectura indispensable para conocer las raíces políticas de la España actual». Del «Prólogo» de Stanley G. Payne.

Pío Moa

La transición de cristal

Franquismo y democracia

ePub r1.1

Titivillus 13.11.2020

Título original: La transición de cristal

Pío Moa, 2010

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

PRÓLOGO

La Transición democrática después de la muerte de Franco tiene fama bien merecida de ser el principal —tal vez único— gran éxito político español de la historia contemporánea. Destacó no solamente por su éxito, sino también por su cronología, siendo a la vez la primera ocasión en la historia de Europa en que un régimen autoritario firmemente establecido abrió paso a un sistema nuevo genuinamente democrático sin intervención o derrota militares, y también el primer ejemplo de lo que se llamaría «la tercera ola» internacional de la democratización en el siglo veinte.

Presentó una especie de «modelo español», seguido después en Latinoamérica, el este de Europa y algún país asiático. Y, a diferencia del primer «modelo español» —la introducción de un liberalismo precoz en la primera parte del siglo diecinueve— esta vez funcionó bastante bien, no solamente en España, sino también en otros países. En esta ocasión España no fue diferente, sino la precursora. Con las dos repúblicas, había presentado ejemplos de cómo no hacer las cosas, pero esta vez acertó.

Durante varios años el país atrajo la atención de políticos, periodistas y politólogos extranjeros, generando una literatura extensa en varios idiomas. Inevitablemente, como siempre ocurre en la historia, empezó a forjarse una especie de leyenda o mito en cuanto a lo idóneo del proceso, de la existencia de un liderazgo de gran visión e inteligencia, de una capacidad generalizada de casi todos los jefes de la nueva generación política para abrazar instantáneamente la meta y los valores de la genuina democracia y de cooperar abnegadamente en su consecución. Todo tan diferente del «cainismo político» español ampliamente demostrado en su historia reciente. En los últimos años esto se ha enfocado al ensalzamiento e idealización, de un modo algo desmesurado, de Adolfo Suárez, el líder político del proceso.

Pero las actitudes políticas en la España contemporánea no son tan sencillas ni tan unánimes, y en los últimos años ha surgido en algunos sectores de la izquierda una actitud muy crítica y de rechazo, reclamando la necesidad de una «Segunda Transición».

Argumentan que la Transición fue un proceso dirigido por exfranquistas, en el que las izquierdas no dominaron en ningún momento, con un resultado mediatizado por la influencia del ejército. Se ha criticado la Constitución esencialmente por ser una constitución democrática y no un instrumento que garantice el dominio de la izquierda. La nueva ideología de las izquierdas en el siglo veintiuno, que ya no es ni el marxismo ni la socialdemocracia clásica, sino «el buenismo» o «la corrección política», no es violenta como el marxismo, pero sí mucho más adanista que la socialdemocracia, y una de sus bases fundamentales es la deslegitimación de la historia, hasta de la historia reciente. Se ha recuperado del marxismo la insistencia en la hiperlegitimidad de la izquierda, algo a lo que había renunciado la socialdemocracia, al menos en parte. Un sistema de democracia funcional, con los mismos derechos para todos, el dominio de la ley y el respeto a la historia y las instituciones nacionales, es para esta doctrina totalmente inadmisible y debe ser parcial o totalmente rechazado.

En este momento, al comenzar la segunda década del siglo veintiuno, el nuevo libro de Pío Moa sobre la Transición es especialmente oportuno y útil, porque presenta una nueva perspectiva crítica, pero objetiva, que por un lado corrige la leyenda dorada, y por otro no pretende una deslegitimación artificiosa. Corrige muchos tópicos, poniendo las cosas en su sitio, llamando también la atención sobre factores de indudable importancia pero muchas veces ignorados en los relatos anteriores.

El libro arranca de la perspectiva de que no fue exactamente la Transición lo que logró la reconciliación cívica de los españoles, sino que esta ya se había logrado en vida de Franco, a consecuencia de muchos años de paz bajo una dictadura sin verdadera vida política, y aún más por los efectos de la gran transformación y modernización de la estructura económica, la psicología social y la educación durante los últimos veinticinco años de vida de Franco. Todo esto se refleja muy bien en el gran estudio publicado por FOESSA en 1970, Informe sociológico sobre la situación social de España, la mejor fuente individual para comprender los grandes cambios que habían tenido lugar en la sociedad española en vísperas de la Transición.

Muchas veces se dice que esta fue obra de las «fuerzas democráticas», observación no completamente falsa, pero sí distorsionada, porque en el momento de la muerte de Franco no había «fuerzas democráticas» españolas importantes. Casi todos los grupos de la oposición de izquierda o de nacionalistas eran aproximadamente tan autoritarios como Franco, y algunos aún más totalitarios, una situación que causó el lamento de Julián Marías en marzo de 1974, temiendo que fuésemos «a una situación de aún menos libertad». La emergencia de partidos democráticos o semidemocráticos fue una consecuencia de la introducción de una Constitución democrática a finales de 1978.

La Transición no fue iniciada por la oposición, sino por los reformistas del régimen de Franco, encabezada por el nuevo Rey en la jefatura del Estado y políticamente dirigida por dos de los reformistas más importantes, Manuel Fraga Iribarne y Torcuato Fernández Miranda, más otros colegas suyos, todos hombres del régimen anterior. La autoridad del Rey Juan Carlos para empezar el proceso derivó exclusivamente de aquel régimen, procediendo «de la ley a la ley». En 1976, Adolfo Suárez se asoció de pronto más directamente al proceso, y fue nombrado para dirigirlo como presidente del gobierno, aunque no había tenido nada que ver directamente con sus primeros pasos.

Los grupos de izquierda inicialmente rechazaron la Transición de un modo unánime, buscando no una reforma democrática, sino una «ruptura», como siempre invocaron, para devolver a España a las condiciones de 1931 y reanudar su triste historia contemporánea de fracasos políticos. Todos sus intentos para derribar los Gobiernos de Arias y Suárez en 1976-77 fracasaron por completo, debido a su poco apoyo social, puesto que la sociedad española, muy moderada en actitudes políticas durante la salida del franquismo, rechazaba cualquier salto al vacío. Solamente cuando toda posibilidad de ruptura hubo fracasado, las fuerzas de la oposición aceptaron la Transición y finalmente se mostraron dispuestas a cooperar en el proceso.

Pío Moa llama la atención sobre los tres proyectos diferentes de democratización: de Fraga, de Fernández Miranda y de Suárez. El de Fraga, proponiendo ir de un modo muy moderado, paso a paso, no tuvo ninguna oportunidad de ponerse en práctica, pues el proceso comenzó en 1976 con el proyecto de Fernández Miranda, de una gran reforma democrática con una nueva ley electoral inmediata, seguida por la preparación de una Constitución tan pronto como fuera posible, pero manteniendo la integridad nacional.

El proyecto que efectivamente se llevó a cabo no fue exactamente ese, sino el algo diferente y mucho más difuso de Adolfo Suárez, confeccionado sobre la marcha en la última fase de 1976 y en 1977. Un objetivo fundamental de esta política durante 1977-78 fue una serie de concesiones a las izquierdas para ganar su cooperación, que en gran parte se consiguió. Esto fue su mayor logro, aunque a la vez su aspecto más débil. La negociación de los términos de la Constitución, en 1978, fue realmente un caso único en la historia de España, la primera ocasión en que todas las fuerzas nacionales importantes se pusieron de acuerdo para lograr una carta nacional consensuada, aceptada por todos. El proceso llegó a ser fundamental, y probablemente no pudo haber sido logrado de otro modo. Es lo que da su fuerza a la Constitución de 1978.

Esto es la gloria de Suárez, una hazaña de máxima importancia, pero Moa relata cómo el Gobierno (y también el partido) de Suárez fracasó en todos los demás aspectos. La simpatía personal, el don de gentes y el instinto pragmático de Suárez le sirvieron en las negociaciones constitucionales, pero fuera de eso no estaba preparado para ser presidente por mucho tiempo. No entendía la política internacional y parecía querer hacer de España un país más neutralista que favorable a la democracia, de modo algo parecido a los socialistas, galardonados por el Gobierno soviético; no entendía las cuestiones económicas, con la consecuencia de un deterioro notable; insistía en la división de las derechas en provecho político personal suyo a corto plazo, pero de un modo destructivo para el sistema de partidos; hizo concesiones muy generosas a las izquierdas y a los nacionalismos, creando en este último caso una bomba de relojería; se mostró muy débil en la política de la seguridad, permitiendo la expansión del terrorismo; y realmente no entendió el estilo de gobierno parlamentario, sino que procedió de un modo exageradamente personalista.

Una faceta importante de este libro es su presentación del entorno internacional, normalmente invocado de un modo muy parcial y selectivo en los estudios sobre la Transición. Esta fue un logro esencialmente doméstico y nacional; la influencia exterior fue principalmente indirecta, debido a la existencia de la democracia liberal y social en Europa del Oeste, en un ambiente tan distinto del los años treinta, y sin intromisión directa. Pero a menudo se presenta el proceso de la democratización como algo casi inevitable, debido al ambiente, y Moa muestra cómo el entorno no era tan halagüeño, con mucha división política en el mundo occidental, teniendo en cuenta asimismo la última etapa de la expansión del comunismo totalitario.

Aunque el estilo de este libro es en gran parte narrativo, destaca no tanto la descripción de los hechos —en gran parte conocidos—, sino más bien en el rigor analítico y crítico de su contenido. Las conclusiones del final son especialmente importantes, más que en muchos otros libros, porque resumen muy bien ese enfoque analítico, y es tal vez aconsejable que el lector las lea dos veces, una antes de comenzar el libro —para entender bien la perspectiva del conjunto—, y otra vez al final.

Ha llegado pues, la hora para un nuevo examen crítico de la Transición, que explique mejor sus causas, líderes, proyectos políticos y proceso constitucional, reconociendo sus grandes logros, sin duda, pero también los peligros sorteados y las limitaciones y los fracasos importantes en ciertas cuestiones. Son cuestiones enormemente complicadas, pero abordadas en este estudio con originalidad y rigor, que ayudan a abrir una perspectiva nueva. Es, con mucho, el mejor libro individual sobre la Transición, de una lectura indispensable para conocer las raíces políticas de la España actual.

STANLEY G. PAYNE

INTRODUCCIÓN

LA TRANSICIÓN EN CRISIS…

TREINTA Y CINCO AÑOS DESPUÉS

Al comenzar la Transición, como se conoce el período de transformación de la dictadura del general Franco en democracia, bastante más de la mitad de la población actual no había nacido o estaba en la infancia, pero en torno a un tercio la vivió con edad para enterarse. Se trata, por tanto, de un suceso histórico muy reciente. El tópico afirma que no se puede escribir la historia hasta pasado un tiempo de los hechos, que algunos estiman en varias generaciones, pero se trata de un aserto irreal. Hoy abunda la documentación, y aun sobreabunda, por lo que historiar el pasado próximo entraña más bien el problema del exceso que el de falta de datos, siendo la mayor dificultad la de desenmarañar el cúmulo de noticias, informes y opiniones contradictorias.

Cierto que las conductas humanas guardan un lado oculto, el de las intenciones y motivos de los actores, solo a medias deducibles de los hechos mismos; y los efectos de las acciones suelen mostrarse solo a largo plazo, y a menudo difieren mucho de las intenciones con que se realizaron. Pero conocemos los hechos básicos de la Transición y lo suficiente de las intenciones y actitudes de los protagonistas, aun si veladas a menudo por la palabrería o la demagogia. Y conocemos las principales consecuencias. Habrá sin duda nuevas revelaciones, pero creo que más con valor de detalle que de conjunto.

Como observa Stanley G. Payne, este proceso «creó un nuevo modelo español de transición a la democracia. (…) Una pauta eminentemente productiva que se convertiría realmente en el nuevo modelo de transición democrática a escala mundial. Se emuló en países latinoamericanos y también en casi todos los comunistas de Europa Oriental, así como en Asia Central y Septentrional, aunque —en función de cuál fuera el legado cultural o el nivel de desarrollo de esos países— algunos no lograron convertirse en democracias operativas, engrosando las filas de un tipo diferente de autoritarismo del siglo XXI. Se intentó por doquier, salvo en Yugoslavia y Rumanía, aplicar algo equivalente al modelo español, y en la mayoría de los casos la democracia triunfó»[1].

Era un tópico asumido comúnmente que una dictadura solo podía dar paso a una democracia si era derrocada por la violencia o por una intensa amenaza de violencia. Un caso ligeramente anterior a la Transición española fue la llamada Revolución de los Claveles portuguesa, que echó abajo la dictadura salazarista mediante un golpe militar de izquierda. El régimen griego de los coroneles cayó por su fracaso bélico en Chipre y la oposición resultante. Pero en España ocurrió muy de otro modo, pues Franco murió imbatido, y si bien la Transición española fue imitada, la forma como se produjo fue realmente única. Por otro lado, la Transición pudo haber llevado a la ruptura con el régimen anterior, como la de 1930-31, de donde salió una república convulsa, y no fue así. En tercer lugar, la democracia resultante, al revés que casi todas las del oeste europeo, nació de la evolución interna del país y no de la intervención bélica useña.

Este último punto conviene explicarlo más. Si bien el término «democracia» es equívoco, el sistema político que hoy responde a tal nombre surge a partir del liberalismo: libertades políticas, control público, limitación y separación de poderes, más el sufragio universal. Esta democracia es reciente en la historia —por más que de raíces muy lejanas—, pues en la mayor parte de Europa data del siglo XX. Durante el XIX, y aparte de declaraciones poco aplicadas, el sufragio universal solo se aplicó en Suiza desde 1848, en Alemania del Norte desde 1867 (lo que hizo de su Parlamento el más democrático del continente, pese a tratarse de un régimen bastante autoritario), en Francia desde 1875, y en España desde 1890. Siguió imponiéndose por toda Europa, con más o menos corrupción, en las décadas siguientes, extendido a veces a la mujer. Reino Unido lo introdujo en 1918, con restricciones a las mujeres, y en 1928 de forma general. España acordó el voto femenino en 1931 (con renuencia de las feministas de izquierda) y en Francia en 1944. Las libertades quedaron abolidas en Rusia desde 1917, en Italia desde 1925, en Alemania desde 1933, y en bastantes más países europeos por entonces. Con la II Guerra Mundial la democracia pudo hundirse en todo el continente, y se hundió realmente en más de la mitad oriental del mismo, aunque se rehízo en Europa Occidental gracias a la beligerancia de USA. De modo indirecto, el rescate useño afectó a España, pero esa deuda quedó saldada por la neutralidad española durante la Guerra Mundial, que de hecho favoreció en muy alto grado la victoria anglosajona.

Habida cuenta de lo anterior, la Transición postfranquista fue un logro extraordinario. Aunque empieza propiamente con la muerte de Franco, en noviembre de 1975, y termina al aprobarse la Constitución, tres años después, suele fijarse el inicio en diciembre de 1973, con el asesinato de Carrero Blanco, y retrasarse su final hasta el intento golpista del 23 de febrero de 1981 o hasta la llegada del PSOE al poder en octubre de 1982. Pero he creído más adecuado fijar el comienzo en el año 1969, seis antes de morir Franco, cuando se perfila con claridad la sucesión por Juan Carlos, en un clima de creciente aperturismo o liberalización del régimen, de considerable libertad de prensa, de cambios sociales acumulados por el largo período de prosperidad, y de grietas dentro del franquismo. El asesinato de Carrero Blanco pudo haber causado una involución drástica, o bien la continuidad de la orientación ya trazada. Al imponerse la continuidad sobre la involución, el magnicidio distó de marcar un antes y un después.

Como culminación del proceso puede considerarse la Constitución de 1978, que, con sus virtudes y defectos, marcaría una orientación general desde entonces; pero puede extenderse la Transición hasta el año siguiente, cuando se afianzaron las grandes tendencias del nuevo régimen. No parece cierto que el golpe del 23-F, al fracasar, consolidase el sistema democrático, más bien diríamos que su grado de consolidación previa permitió la fácil salida de la crisis. En cuanto al triunfo electoral del PSOE un año y medio después, tan solo reconfirmó la solidez del sistema, no robusto, pero tampoco endeble, aunque abrió un período de corrosión de la democracia que, tras el paréntesis de los gobiernos de Aznar, llevaría a una involución política desde la matanza del 11-M de 2004: la llamada Ley de memoria histórica, en sí misma antidemocrática, ilegitima la Transición y abre una nueva y azarosa deriva política para España.

Dada la relevancia de la Transición, en rigor el proceso más crucial ocurrido en España desde la guerra civil y condicionado a su vez por dicha guerra, han proliferado los estudios, memorias y crónicas, generales o sobre aspectos particulares: crónicas interesantes, como las de Victoria Prego o Joaquín Bardavío; interpretaciones y memorias relevantes como las de Salvador Sánchez-Terán, o las de protagonistas, tales como Gonzalo Fernández de la Mora, Federico Silva Muñoz, Rodolfo Martín Villa, Miguel Herrero de Miñón, Leopoldo Calvo-Sotelo, Pablo Castellano, José María de Areilza, Santiago Carrillo, Alfonso Guerra, Jordi Pujol, José Ignacio San Martín, José Miguel Ortí Bordás y Manuel Fraga Iribarne, cuyo dietario es de los más útiles. Lamentablemente, faltarán las de Suárez, de momento las de Felipe González, y no parece haber rastro de las de Sabino Fernández Campo. Las memorias de personajes de izquierda abundan menos y en general tienen menor calidad. Aquí utilizo bastante las memorias, si bien con método distinto del seguido en Los personajes de la república vistos por ellos mismos.

Son fuentes secundarias, pero importantes, biografías como las del Rey Juan Carlos por Javier Tusell, Paul Preston o Vilallonga, las tres un tanto cortesanas y la de Preston algo disparatada; cabe añadir la de Patricia Sverlo, seudónimo de un periodista proetarra, que recoge datos publicados en la prensa, aliñados con vitriolo[a]; sobre Suárez cito aquí los libros de Luis Herrero y Gregorio Morán, este con exceso de interpretación psicológica, sin que sepamos muy bien si con ella queda descrito el biografiado o el biógrafo[b]; estudios parciales, como los muy abundantes sobre el 23-F, el de la figura de Torcuato Fernández Miranda, por Pilar y Alfonso Fernández-Miranda; o de conjunto como el de Charles Powell o el de Raymond Carr y Juan Pablo Fusi, los patrocinados por Diario 16, El Mundo o El País, el de Álvaro Soto, el coordinado por Rafael Quiroga-Cheyrouza o el sugestivo de Manuel Álvarez Tardío comparando las Transiciones de 1931 y 1978, comentarios de J. M. Otero Novas. Aparte de miles de artículos y materiales dispersos, una bibliografía ya casi inabarcable.

Pese a tal abundancia, coincido con la observación que me hizo Miguel Platón, historiador y uno de los periodistas mejor informados del país, de que la Transición no ha sido, en general, bien contada. La mayoría de los escritos al respecto sufren de un enfoque ya sea acrítico, ya corrosivo, a veces beato o cortesano, aunque casi siempre ofrezcan información de interés. Fallo crucial de la gran mayoría consiste en su olvido de la significación histórica del franquismo, sometido por lo común a un análisis superficial y tópico; o del carácter de la oposición antifranquista; o de los efectos sociales que acompañaron la Transición; o los del terrorismo, o de la Iglesia en la crisis franquista.

De ahí esta nueva versión, que ofrezco, como siempre, a la crítica, aun consciente de que el nivel del debate en España no es precisamente alto, indicio de cierta atonía intelectual. La Transición nos sigue interesando por dos razones: porque ha sido valorada como una de las etapas de mayor éxito en la historia de España desde la invasión napoleónica, y porque en la actualidad el sistema político salido de ella se encuentra en crisis profunda, con visos de terminal. No tenemos seguridad sobre lo que vendrá a continuación, lo cual es una razón más para examinar y reflexionar sobre lo ocurrido hace 35 años.

En fin, deseo expresar mi gratitud a las personas que me han ayudado en este trabajo, especialmente Stanley G. Payne, Carlos Pla, Miguel Platón, Luis M. Linde, Antonio Gracia, Miguel Marañón, Pedro Fernández Barbadillo, Joaquín Sánchez Rincón y diversos comentaristas en mi blog de Libertad Digital.

Capítulo I

ALGUNOS MITOS EN TORNO

AL FRANQUISMO

Obviamente, un estudio sobre la Transición debe aclarar, aun si someramente, su punto de partida, es decir, el franquismo, en torno al cual se ha acumulado una ingente masa de información falsa o dudosa, que en parte he tratado en otros libros[1], por lo que me limitaré aquí a señalar esquemáticamente algunos errores corrientes.

1. El franquismo nació de un golpe militar contra el Gobierno legítimo de la II República.

Tras las elecciones de febrero de 1936, no democráticas, entre otras cosas por no haberse publicado sus votaciones, comenzó en España un proceso caracterizado por unos trescientos muertos y asesinados y más de mil heridos en solo cinco meses, el incendio de cientos de iglesias, registros de la propiedad, locales y prensa de derechas, invasión de fincas, huelgas salvajes, eliminación de la independencia judicial, depuración de aparatos del Estado, destitución ilegal del presidente de la república, anulación también ilegal de numerosos escaños ganados por derechistas en las Cortes, y otros muchos fenómenos similares, culminados en el asesinato del líder más significado de la oposición, Calvo-Sotelo, por policías y milicianos socialistas. Así, desde febrero, la legalidad cayó por tierra, abriendo paso a un proceso revolucionario. Contra este, y no contra un Gobierno legítimo, se produjo el alzamiento derechista de julio del 36.

2. El Frente Popular representaba la democracia y la república.

Ya en 1934, los partidos del posterior Frente Popular habían asaltado la república o contribuido al asalto, planteado textualmente como guerra civil y que, aun vencido, dejó una estela de muerte y destrucción. En las elecciones de febrero de 1936, el Frente Popular se hizo con el poder entre violencias y coacciones, sin publicar los datos de las urnas. Los partidos que, de derecho o de hecho, integraron dicho frente, fueron los marxistas revolucionarios (PSOE), los estalinistas (PCE), los republicanos de Azaña y otros que, al perder las elecciones democráticas de 1933, habían intentado golpes de Estado, los nacionalistas catalanes que habían participado en el asalto al poder de 1934, los anarquistas que habían organizado insurrecciones contra la república, y los secesionistas vascos, de un racismo extremado. Ninguno de ellos demócrata, defensor de la libertad o de la república, como, contra toda evidencia, los ha presentado la propaganda, sobre todo la estaliniana, aceptada sin crítica por numerosos políticos e historiadores incluso de derecha. Olvidando esta clave, la historia posterior de España se vuelve ininteligible.

3. El franquismo nació como régimen fascista y gracias a la ayuda de las potencias fascista italiana y nacionalsocialista alemana.

El franquismo aunó a sectores conservadores, eclesiásticos, militares y de la derecha moderada de la república ajenos al fascismo. La Falange estaba próxima al fascismo italiano (no al alemán), pero con demasiada carga católica para secundar las tendencias paganizantes y ateoides propias de los fascismos. Durante la guerra, los nacionales recibieron ayuda de Hitler y de Mussolini, y también de USA, en particular el esencial petróleo, pero Franco nunca se sometió a sus directrices. La ayuda de Stalin al Frente Popular supuso una verdadera tutela, al disponer Moscú del grueso del oro español, del control sobre el suministro de armas; y, sobre todo, del poderoso Partido Comunista, agente directo de Stalin. Sus consejeros militares obraron en España con autoridad, y la policía soviética operó al margen del Gobierno español, cosa que no ocurrió en el bando franquista, cuya independencia de Roma y de Berlín nunca ofreció duda. Por entonces, Hitler no había perpetrado aún los genocidios de años posteriores, mientras que Stalin ya había exterminado a millones de personas, diferencia frecuentemente olvidada.

4. La represión franquista durante la guerra y la posguerra superó en mucho a la practicada por el Frente Popular o por otros países europeos.

Se trata de un nuevo mito, desmontado por Ramón Salas Larrazábal, Ángel D. Martín Rubio, Julius Ruiz y otros, entre quienes me encuentro. Ambos bandos emplearon el terror durante la guerra, con similar número de víctimas, aunque mayor en el Frente Popular en proporción a la extensión y población decrecientes de su territorio. El terror entre las mismas izquierdas causó también numerosas víctimas.

Al terminar la guerra, los vencedores aplicaron una represión por vía judicial, estimada en unas veinticinco mil ejecuciones (cifra pendiente de revisión), muchas menos que las doscientas mil, ciento cincuenta mil o cien mil que a menudo se esgrimen. Esta represión, sin duda brutal, debe ponerse en su contexto europeo. Tanto en Francia como en Italia, la represión de posguerra causó una o dos decenas de miles de víctimas, casi todas por asesinato sin juicio, y tras una guerra interna de mucha menor intensidad que la española. Harto más masivos fueron los asesinatos de posguerra en Yugoslavia y la URSS. Deben contarse, asimismo, los prisioneros alemanes muertos en los campos useños y franceses al acabar la contienda, con cifras muy superiores a las españolas.

Las ejecuciones en España afectaron a miles de chekistas y practicantes del terror contra las derechas, los cuales, abandonados por sus jefes, cayeron en manos de los nacionales. Los jefes, a su vez, huyeron al exilio con inmensos tesoros saqueados al patrimonio histórico-artístico español y a los particulares. Muchos de los ajusticiados no lo habrían sido en condiciones legales menos rígidas o de recuerdo menos intenso de las recientes atrocidades. La mitad de las condenas a muerte fueron conmutadas por cadena perpetua que, normalmente, no pasó en la práctica de seis años de cárcel.

5. El franquismo fue un sistema totalitario.

El franquismo solía proclamarse totalitario en sus primeros años, pero poco tenía que ver con los países comunistas o el nazismo. El «totalitarismo» franquista consistía en la reglamentación de aspectos de la economía por el Estado, fenómeno en auge también en los países democráticos desde 1945. Hoy entendemos por totalitarismo la ocupación o absorción de la sociedad por el Estado: en los países comunistas el Estado era el patrón en todas las actividades económicas, lo que casi anulaba la capacidad de oposición. El Estado franquista fue siempre pequeño, con muchos menos funcionarios que en la España actual, y absorbía una proporción del pib también mucho menor. Como resumía Leszek Kolakowski, pensador polaco exestalinista «Los españoles tienen las fronteras abiertas, y ningún régimen totalitario puede funcionar con las fronteras abiertas».

La caracterización adecuada del franquismo es más bien la de un régimen autoritario que permitía una amplia libertad económica y personal, como señalaba el pensador antifranquista Julián Marías. Fue un régimen evolutivo, dentro del cual se movían tendencias («familias») diversas, y su oposición no era democrática (no había demócratas en las cárceles franquistas).

6. El franquismo, en su oscurantismo, redujo al país a un «páramo cultural».

Los hechos muestran un panorama distinto. Desde sus mismos comienzos, y pese a las restricciones nacidas de la Guerra Mundial, el franquismo prestó atención a la enseñanza, y empleó contra el analfabetismo no solo las escuelas, sino también el servicio militar y las mismas cárceles, según testimonia Julián Marías, que pasó por alguna de ellas al terminar la guerra civil. La enseñanza media y superior superó pronto los niveles de la república, lo mismo la proporción de mujeres, y la proporción de alumnos por maestro mejoró ostensiblemente. El analfabetismo quedó reducido a proporciones marginales y cientos de miles de peones fueron transformados en obreros especializados.

Es cierto que hubo una emigración considerable de intelectuales con motivo de la guerra, pero la gran mayoría de ellos quedó en España o volvió, y la intelectualidad joven que surgía en los años de la república optó mayoritariamente por los nacionales. Durante los años cuarenta cundieron formas de cultura popular, en especial literarias y musicales, se escribieron o compusieron varias de las obras españolas más traducidas o conocidas fuera de España, y hubo una floración de novelistas, poetas, y un pensamiento notable. El citado Julián Marías replicó en un célebre artículo al bulo del «páramo cultural»[2]. Desde el punto de vista cualitativo cabe decir que España vivió una época de creatividad cultural que no ha vuelto a alcanzarse luego.

7. La espectacular mejora económica de los últimos dieciséis años del régimen solo reflejaba la prosperidad europea, y ocurrió contra las ideas de Franco.

Hasta 1959, el modelo de crecimiento fue el llamado «autárquico», producto, en parte, del aislamiento internacional, en parte de una tradición ultraproteccionista desde finales del siglo XIX, con mayor industrialización (el INI), que absorbiera el exceso de población agraria, cuya pobreza no podía remediarse con reformas agrarias, como había demostrado la república. Ese modelo consiguió un crecimiento económico notable, pero a finales de los años cincuenta quedó agotado. Lo sustituyó una mayor liberalización, por decisión y autoridad de Franco, asesorado por el grupo de economistas del régimen y por el Fondo Monetario Internacional. La primera facultad de Ciencias Económicas de España se fundó en 1944, pesando la iniciativa personal de Franco. La nueva orientación económica produjo el «milagro español». Durante los tres últimos quinquenios del régimen, España superó en ritmo de crecimiento a los demás países europeos, alcanzando el 80% de la renta per cápita del grupo de países ricos. Se auguraba que en los años ochenta España superaría a Italia y Gran Bretaña. El «milagro» fue, desde luego, mucho más que un «reflejo» de circunstancias externas, sino que lo produjo la formación de una clase empresarial nutrida y eficaz, una masa de obreros especializados antes inexistente, y una expansión muy fuerte de la enseñanza. Las expectativas de superar a Italia y Gran Bretaña no se cumplieron, y el porcentaje de renta respecto a los países ricos bajó, lo cual cabe considerar un coste económico de una transición políticamente exitosa.

8. Fue un régimen muy corrupto.

Ningún régimen está libre de corrupción, pero debe observarse que esa acusación procede a menudo de políticos cuya corrupción ha sido a su vez bien demostrada. El franquismo produjo algunos escándalos, inferiores a los ocurridos después. Uno de ellos, el de Matesa, en 1969, afectó al inicio del proceso de Transición.

Cuando el PSOE llegó al poder, en 1982, anunció «auditorías de infarto» en las empresas públicas, sugiriendo que estaban plagadas de corrupción. Pero la investigación no detectó anomalías reseñables. Ya en 1978 el ministro de Hacienda de UCD Fernández Ordóñez, procedente del franquismo, quiso hacer méritos democráticos cribando las cuentas de numerosos altos cargos del régimen anterior. Un afectado, Gonzalo Fernández de la Mora, expone en sus memorias: «Me adscribieron un inspector al que sus compañeros apodaban el Tanque, por su implacabilidad. (…) Hube de visitarle una decena de veces para aportar justificantes incluso sobre las más ínfimas minucias. Un calvario. (…) Las comparecencias parecían orientadas al agotamiento de la víctima. Me citó la que sería última vez el día de Nochebuena de 1978 y, cansado de sus apremios (…), le dije: «Si no firmamos hoy el acta de conformidad, haga usted lo que quiera, y en los tribunales nos veremos. Aquí no vuelvo». Comprobó que mi decisión era definitiva y, algo desconcertado, me replicó: «Espere unos minutos, que voy a consultar al ministro». Me asombró que el inquisitorialismo del titular de Hacienda, señor Fernández Ordóñez, le llevara al dispendio administrativo de vigilar personalmente el curso de las pesquisiciones sobre los exministros. (…) Ni a uno solo de las decenas de altos cargos investigados se le pudo acusar»[3].

Muchos de aquellos inquisidores estarían luego implicados en una corrupción que viene siendo uno de los mayores peligros para la democracia actual.

Sobre todos estos aspectos habrá ocasión de insistir a lo largo de este estudio.

Capítulo II

TREINTA Y TRES AÑOS TRIUNFALES

El año 1969, el franquismo cumplía treinta años, tres más desde la elevación de Franco a la jefatura del Estado, el 1 de octubre de 1936, en plena guerra civil. Años triunfales para él, en los que había superado desafíos extremos y vencido a todos sus numerosos y nada desdeñables enemigos. Cada una de esas tres décadas había señalado un hito en la evolución del régimen: tras ganar la guerra civil en 1939, en los años cuarenta evitó la Guerra Mundial, desafió la posterior hostilidad exterior y derrotó las guerrillas comunistas; en los años cincuenta venció el aislamiento internacional y logró un crecimiento económico notable; y en los años sesenta España alcanzó uno de los ritmos de desarrollo más fuertes del mundo, después de los de Japón, transformando una nación agrícola en industrial y de servicios, novena potencia del mundo. Asimismo se disolvieron los odios políticos que habían destruido la república. Se trata de hechos bien documentados, pese a lo cual predomina hoy en España la impresión contraria, tras años en que la propaganda ha sustituido a la historiografía. Cada uno de estos éxitos merece un comentario más detallado.

En julio de 1936, un grupo de militares, secundado por gran parte de la población, se alzó contra el proceso revolucionario y lo venció después de tres años de ardua lucha. El bando derrotado solía proclamarse «republicano», y así sigue llamándosele por lo común, pero en rigor era un Frente Popular que había liquidado la república de 1931. Luego, apenas comenzada la reconstrucción del país, se cernió sobre España el peligro, mucho mayor, de verse arrastrada al torbellino de la Guerra Mundial, y así habría ocurrido con cualquier otro régimen o dirigente que no fuese Franco, con funestas consecuencias para España y, muy probablemente, para la causa de los Aliados, en especial Inglaterra[1].

Pese a haber permanecido neutral, con inmenso beneficio para los Aliados, estos demonizaron al régimen español so pretexto de haber recibido ayuda de Italia y Alemania, a las que Franco había pagado con otras ayudas, militarmente secundarias. Casi todo el mundo esperó la invasión de España o el derrumbe del régimen bajo la presión de los vencedores de Alemania, Italia y Japón. La incertidumbre abría grietas en el franquismo: volverían triunfantes los vencidos de 1939, acaso con una monarquía de ocasión y difícilmente duradera. La monarquía, con el pretendiente Don Juan, hijo de Alfonso XIII, se presentaba como alternativa, sin más garantía real que la eventual entrada de los tanques useños. Se decía capaz de reconciliar a los españoles, aunque casi nadie olvidaba la desastrosa quiebra moral de la Corona en 1931 y el desprecio monárquico a sus propios electores, que habían dado paso a una república convulsa. Por unos meses, las potencias anglosajonas y la URSS parecieron prestas a intervenir, pero las primeras retrocedieron ante la idea de invadir España o llevar su presión demasiado lejos, por la probabilidad de desatar una nueva guerra civil con demasiadas posibilidades de extensión a una Europa Occidental arruinada y hambrienta, donde los anglosajones intentaban restablecer democracias, cuando en países como Francia e Italia existían partidos comunistas poderosos y armados. En Grecia no pudo evitarse una guerra civil, solo dominada por Gran Bretaña y USA a costa de cuantiosos gastos y esfuerzos.

Pese a la enorme deuda contraída por Inglaterra y USA con la neutralidad española, se declaró apestado al régimen de Franco, con retirada de embajadores, rechazo de la ONU —vulnerando los principios de esta, como observó Churchill—; y se le equiparó, de modo abusivo, al fascismo y al nacionalsocialismo. El propio Israel boicotearía su admisión en la ONU, pese a haber salvado, el franquismo, a miles de judíos del Holocausto. Durante la Guerra Mundial, las trabas comerciales impuestas por Gran Bretaña y la dificultad de reconstruir la devastada economía del Frente Popular habían empobrecido al país, pero para 1945 el hambre había remitido hasta los niveles de la república. El aislamiento internacional causó otra oleada de hambre, agravada por las guerrillas comunistas o maquis, que intentaban revivir la guerra civil explotando la hostilidad internacional hacia el franquismo y el esperado descontento popular; pero el régimen logró superar los peores efectos gracias a la compra de cereales y carne a la Argentina, que rompió el bloqueo; y venció a las guerrillas, gracias ante todo al apoyo mayoritario de la población, contraria a un nuevo enfrentamiento civil.

Los años cincuenta trajeron la victoria sobre el aislamiento. Hacia el final de la Guerra Mundial, Franco había ofrecido a Londres una cooperación con vistas a afrontar los problemas de la Europa arrasada y el expansionismo comunista, pero su propuesta había sido rechazada con arrogancia, pues el Gobierno inglés parecía creer que la alianza con Stalin continuaría como garantía de paz en el continente, y pensaba que su país jugaría un papel decisivo en el nuevo orden europeo. Franco opinaba lo contrario, y su diplomacia giró hacia USA, donde chocó con la animadversión del presidente Truman, autor de los primeros lanzamientos de bombas atómicas sobre Japón. Entre otras cosas, fue negado a España el Plan Marshall, que reimpulsó la economía eurooccidental. Pero Franco calculaba que el entendimiento soviético-anglosajón duraría poco, y Washington y Londres no tendrían más remedio que cambiar de actitud hacia España.

La hostilidad exterior sometió a dura prueba a la economía española, pero el régimen afrontó el aislamiento y finalmente lo superó en la primera mitad de los años cincuenta. USA, la ONU y Europa Occidental debieron volverse atrás ante el creciente peligro comunista. Los economistas discrepan mucho sobre cuándo volvió España a alcanzar la renta per cápita de preguerra, fechándolo en 1951, 1953 y hasta en 1959. Hoy todo indica que, a pesar de las graves dificultades, se consiguió ya en los años cuarenta, cuando el consumo de energía eléctrica, el alargamiento de la esperanza de vida al nacer, el aumento de la instrucción pública a todos los niveles, el descenso de la mortalidad infantil y de la mortalidad general, y otros índices, superaron netamente los de 1935. La comparación con la preguerra peca de otro defecto, porque el año 1935, el mejor de la república, correspondió al «bienio negro», así llamado por la izquierda, pero lo correcto sería hacer la comparación con la primera mitad de 1936, cuando bajo el Frente Popular y su proceso revolucionario quebraban las empresas y subían en vertical el paro y el hambre.

Durante los años cincuenta, gran parte de ellos bajo hostigamiento externo y con economía «autárquica», esto es, muy proteccionista y con limitado comercio exterior, los índices de crecimiento fueron, pese a todo, más altos que los de la república, aunque inferiores a los de Europa Occidental. Por primera vez en la historia de España, no hubo muertes por hambre y desapareció en 1952 el racionamiento (existente también en Inglaterra y otros países europeos). Culturalmente, los años cuarenta y cincuenta fueron muy productivos (novela, poesía, teatro, música, fundación del CSIC, literatura popular, cine, expansión de la enseñanza media y superior, etc.). Así, no fueron en absoluto «años perdidos» ni un «páramo cultural», como sostiene un mito pertinaz.

Pese al fracaso del aislamiento, los Gobiernos eurooccidentales, en menor medida los useños, siguieron adversos al régimen español, como se pondría de relieve tan tardíamente como 1970 y 1975, cuando muchos de ellos se solidarizaron con los terroristas de la ETA, o rehusaron admitirle en la Comunidad Económica Europea (aunque Madrid obtuvo un tratado preferencial ventajoso). Ello aparte, las relaciones diplomáticas, económicas y culturales fueron normales con casi todos los países.

Aun así, a finales de los años cincuenta la inflación, la escasez de divisas y el consumo creciente exigían un drástico reajuste económico. El régimen cambió entonces su política económica, con un éxito no conocido en España durante siglos, hasta entrar en el muy selecto club de los países con más de dos mil quinientos dólares per cápita.

La prosperidad fue acompañada por una liberalización creciente del régimen, práctica desaparición de la mendicidad, disminución de la delincuencia, una Seguridad Social muy amplia y en general eficiente, un aparato del Estado poco costoso —menos que en los países del entorno—, expansión sin precedentes de la enseñanza, etc. En torno a un millón y medio de españoles emigraron a los países europeos más desarrollados en busca de mejores salarios (nunca hubo tal cantidad de emigrantes al mismo tiempo, pues era una emigración en constante ida y vuelta), pero en España había prácticamente pleno empleo, compensándose esa emigración con numeroso pluriempleo y horas extras. Todos estos datos decisivos apenas aparecen, o lo hacen de modo distorsionado, en muchas historias de la época, indicio de retroceso intelectual en las últimas décadas. En estas condiciones cumplía el régimen sus tres decenios largos de existencia.

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El franquismo no se decía dictadura, sino «democracia orgánica», régimen teorizado en España por socialistas como Fernando de los Ríos, conservadores como Salvador de Madariaga, progresistas de la Institución Libre de Enseñanza y monárquicos de Acción Española. Se entendía por tal la participación política no a través de partidos, sino del municipio, la familia y el sindicato, sociedades espontáneas y naturales. La crítica acusaba a las democracias liberales o «inorgánicas» de dotar al individuo de derechos sin contenido, pues lo desarraigaban de las sociedades naturales, constriñéndola a depender de partidos que transformaban la democracia en partitocracia. Esos partidos, en competencia demagógica, producirían desgarrones sociales y corrupción. Críticas semejantes cundían por Europa en los años treinta, y la ensayista Hannah Arendt explicaría por ese supuesto desarraigo la tendencia de las masas a las soluciones totalitarias. Tocqueville había advertido proféticamente contra un «despotismo democrático», que convierte al individuo, con poca coacción externa, en instrumento dócil del Estado, hasta «privar al hombre de uno de los principales atributos de la humanidad».

En teoría, la democracia orgánica permitía votar a representantes que los ciudadanos conocían de cerca, dando al voto un criterio más real que las elecciones de partidos, en las que el público solo conoce a los políticos a través de imágenes publicitarias y retórica efectista. Sin embargo, la democracia liberal no ha destruido las citadas formas básicas de la sociedad, aun si en alguna medida las transforma, y lejos de mantener a los individuos «flotantes», desarraigados, favorece asociaciones muy varias, que ayudan a articular la sociedad en formas más flexibles y complejas, y a evitar los totalitarismos.

El franquismo concentraba todos los poderes en el jefe del Estado, fórmula que casi siempre ha creado despotismos intolerables o enloquecidos. Pero no siempre. Franco delegaba mucho y, por ejemplo, nunca enmendó una sentencia judicial, salvo la conmutación de penas de muerte, que ejerció con amplitud después de la guerra. Gran parte de las leyes procedía de tiempos anteriores al régimen, incluyendo la república. Poco a poco, el franquismo promulgó siete leyes fundamentales para regular su funcionamiento. Empezó por el Fuero del trabajo, de 1938, ley intervencionista y reguladora en cuestión de jornadas, vacaciones, salarios y precios. Con una concepción entre católica y falangista, declaraba que el trabajo no podía reducirse a mercancía ni a transacciones contra la dignidad del asalariado. Reconocía la iniciativa privada, que el Estado no podría sustituir salvo cuando aquella faltase o lo exigiesen intereses más generales. Sentaba las bases de la Seguridad Social, que el franquismo instauraría por primera vez en España y prometía «liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica», así como a facilitar la propiedad del hogar, del terreno cultivado directamente y de las herramientas particulares (España llegaría a ser el país con mayor proporción de propietarios de viviendas). Los sindicatos agruparían a asalariados y empresarios, para suavizar oposiciones, impedir la huelga, el cierre patronal, etc. La Magistratura del Trabajo fallaba los pleitos, la mayoría a favor de los asalariados. Muchas de las regulaciones entorpecían la vida económica, y otras apenas se aplicaban.

La Ley Constitutiva de las Cortes, cuatro años posterior, establecía un Parlamento muy sui generis. Los diputados pasaban a llamarse procuradores, como antiguamente, y sus competencia principal consistiría en elaborar y aprobar las leyes, «sin perjuicio de la sanción que corresponde al jefe del Estado», el cual podía, a su vez, dictar normas generales. Eran procuradores natos los presidentes de instituciones económicas, de la justicia, las Reales Academias, el CSIC, los Colegios profesionales, los rectores de universidad, los ministros, etc.; otros eran elegidos por sus corporaciones, como los ciento cincuenta de la Organización Sindical o los municipales; se preveía el voto popular para el «tercio familiar», dos por provincia a cargo de los cabezas de familia y mujeres casadas según «el principio de igualdad de derechos políticos de la mujer»; y Franco designaba a cuarenta entre las jerarquías políticas, militares o eclesiásticas («los cuarenta de Ayete», por el nombre de un palacio de San Sebastián frecuentado por el Caudillo en sus vacaciones). El cargo de procurador no era pagado, aunque recibía una pequeña compensación (cuarenta mil pesetas mensuales en los años setenta). Con tales normas se pensaba sustituir las luchas de partidos que habían arruinado la II República, por una meritocracia sin lazos partidistas y teóricamente afecta al interés general del país.

El Fuero de los españoles, de 1945, similar a una Constitución, con 36 artículos breves, establecía principios como la unidad de la patria; el acatamiento a la ley de Dios según la Iglesia, como inspiración de las leyes; la confesionalidad católica del Estado, con tolerancia para otras confesiones; la propiedad privada; la Seguridad Social; el fundamento de la comunidad en el individuo y la familia; el amparo de la ley y la supeditación del bien particular al común; la justicia independiente y el derecho a la educación; la búsqueda de la justicia y la paz entre las naciones; el ejército como garante de la unidad, y el servicio militar como obligación y honor. La participación se haría a través del municipio, la familia y el sindicato, y se garantizaba la protección de la familia y los derechos de expresión y reunión «mientras no atentaran contra los principios y leyes del Estado»; el matrimonio sería indisoluble, por exigencia de la Iglesia (se admitía la separación, también el divorcio previa apostasía del catolicismo). El Fuero se completó el mismo año con la Ley de referéndum, por la que el jefe del Estado podía someter a referéndum nacional leyes de especial trascendencia.

El referéndum se aplicó en 1947 para aprobar la Ley de Sucesión, por la que España se constituía en reino con un estado «católico, social y representativo», y con Franco como Jefe vitalicio del Estado, que podía proponer a las Cortes la persona a sucederle a título de rey. El rey debía tener al menos treinta años para ser reconocido por las Cortes.

La Ley de Principios del Movimiento Nacional, de 1958, recogía en doce cortos títulos las ideas básicas de las leyes anteriores, declarándolas inalterables, y exigía el juramento de esta ley por todos los cargos políticos.

La Ley orgánica del Estado, de 1967, coronaba las Leyes Fundamentales. Estipulaba la separación entre la jefatura del Estado y la del Gobierno (esta duraría cinco años), aunque tal división de funciones no se haría efectiva hasta 1973; y establecía las atribuciones y coordinación entre los diversos organismos del Estado.

Por las razones dichas, y después de la traumática experiencia republicana, los partidos quedaban excluidos y solo se admitía el llamado Movimiento Nacional. Pero, inevitablemente, subsistían partidos en forma de grupos llamados oficiosamente «familias»: la católica, la falangista, la monárquica y la tradicionalista o carlista. Teóricamente integradas en el Movimiento, de hecho cada una disponía de sus propios órganos de prensa, asociaciones y vínculos particulares con el Estado. En el Movimiento dominaba la Falange, sin que ello la hiciera hegemónica en el Estado: Franco siempre mantuvo a las familias embridadas y en equilibrio, sin rivalidades desestabilizadoras. En un plano menos directamente político, el régimen se apoyaba en tres pilares: la Iglesia, el ejército y un consenso popular difuso, pero muy amplio.

A las Cortes, el Gobierno y el Movimiento, se sumaban otras instituciones de Estado: el Consejo del Reino asesoraba a Franco en torno a la prórroga o disolución de las Cortes, le presentaba una terna para que eligiese el Jefe de Gobierno o le asesoraba en torno a la destitución de este. solo se nombraron dos Jefes de Gobierno (Carrero y Arias), en 1973 y 1974, y por la misma ley otro (Suárez) en 1976, y ninguno fue destituido. El Consejo de Estado era un órgano meramente consultivo, que debía informar sobre las leyes, pero influyente debido a la calidad jurídica de sus informes. El Consejo Nacional del Movimiento debía velar por la adecuación de leyes y conductas a los principios fundamentales del régimen. Un Consejo de Regencia se ocuparía de las gestiones de gobierno si Franco moría sin haber nombrado sucesor.

Caracterizó al régimen un cuidadoso legalismo. Según Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución de 1978[a], «Si los constituyentes de 1978 pudimos consagrar algunos principios generales como los de legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad, seguridad, responsabilidad e interdicción, ello fue posible, en gran parte, merced a la doctrina legal elaborada por el Consejo de Estado de décadas anteriores». «Cuando veo con cuánta insolvencia de fondo y forma se hacen ahora las leyes, no puedo dejar de compararlo con el rigor técnico que preocupaba (…) a los funcionarios del tardofranquismo». «El Estado franquista (…) era un verdadero Estado de derecho (…); pese a su precaria legitimidad, los poderes públicos actuaban según normas preestablecidas y donde jueces y funcionarios nos tomábamos muy en serio ese genio expansivo del gobierno de las leyes en lugar del gobierno de los hombres»[2].

La cuestión de la legitimidad del franquismo tiene interés. Suele distinguirse entre legitimidad de origen y de ejercicio. En 1931, la monarquía había traspasado su legitimidad a la república. En 1936, el Frente Popular había destruido esa legitimidad republicana, y solo la sublevación que dio lugar al franquismo pudo contener el proceso revolucionario abierto entonces. ¿Confiere legitimidad de origen la victoria sobre un régimen claramente ilegítimo y revolucionario? Parece difícil negarlo. Por supuesto, fue un derrocamiento violento, pero si ello lo ilegitimara, ningún régimen del mundo sería legítimo. La legitimidad de ejercicio del franquismo, a su vez, puede concretarse en un progreso del país mayor, más rápido y profundo que en cualquier época anterior o posterior, así como por la paz más prolongada que haya vivido el país desde la invasión napoleónica, y que perdura hoy; todo lo cual ha permitido, sin nuevas rupturas, el paso a la democracia actual. Medido según estos baremos, ningún régimen ha sido más legítimo en España, durante siglos, que el franquismo.

Al régimen podría caracterizársele como una dictadura peculiar: autoritaria, evolutiva, anticomunista, con ausencia de oposición democrática real y con aspectos liberales como un Estado relativamente pequeño y un fuerte legalismo, de libertades restringidas, pero no inexistentes. No fue fascista ni totalitario en el sentido de una suplantación o semiasfixia de la sociedad por el Estado.

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El término franquismo es bastante descriptivo, por el relieve que en él tuvo la personalidad de Franco. Este se titulaba Caudillo, término político-militar que sugería una conducción del Estado ante una grave crisis, y similar al título de Duce de Mussolini o Führer de Hitler, ambos con sentido de Conductor, pese a tratarse de regímenes harto distintos. Siendo joven hizo una carrera fulgurante en Marruecos, donde demostró aptitud organizativa dotando a la Legión de los reglamentos y el espíritu —junto con Millán Astray— que hicieron de ella el único cuerpo eficiente del decaído ejército español. Su enemigo Prieto diría de él que «alcanza el grado supremo del valor, es sereno en la lucha». En 1931, Franco aceptó a disgusto, pero con disciplina, el paso de la monarquía a la república. Soportó postergaciones de los poderes de izquierda, sin sumarse a ninguna sublevación. En octubre 1934 defendió la legalidad republicana frente al asalto de las izquierdas, y luego disuadió varias propuestas de golpe militar.

Su postura cambió a raíz de las elecciones de febrero de 1936, cuando los mismos que habían asaltado la república en el 34 se alzaron con un triunfo electoral no democrático. Apoyó entonces el plan de golpe militar del general Mola, imponiendo que no tendría carácter republicano ni monárquico, sino solo patriótico. Siempre buscaba prepararse para toda eventualidad, pero actuar solo en caso extremo, incluso ante el violento deterioro del ambiente público, y procuró que fuera el Gobierno del propio Frente Popular quien resolviera la situación. solo acabó de decidirse tras el asesinato de Calvo-Sotelo, pero entonces lo hizo con férrea decisión.

El golpe de Mola, pensado para resolver rápidamente la situación, fracasó en tres jornadas, y habría concluido en desastre a no ser por la habilidad de Franco para trasladar a la península, pese al bloqueo enemigo, pequeños grupos del ejército de Marruecos que pronto cambiaron la situación. El golpe, al fracasar, reanudó la guerra civil planeada e intentada por el PSOE en 1934. Las izquierdas y separatistas poseían, con mucho, la mayor fuerza armada, las divisas y reservas financieras, las industrias y las comunicaciones. La lucha siguió siendo muy desigual durante un año y cuarto, hasta la toma del norte cantábrico por los nacionales, cuando el balance de fuerzas se inclinó ligeramente a su favor. Existe mucha controversia sobre las respectivas compras de armas y aflujo de tropas extranjeras, en lo cual compitieron uno y otro bando, debido a la escasez de industria bélica en España —casi nula en la zona franquista—. Franco resolvió mejor el problema, con mayor economía y sin hipotecar su independencia. El Frente Popular gastó en el exterior una suma como mínimo vez y media superior a la de los nacionales, con abundante corrupción y dependencia de la URSS.

Después de la guerra, a la dirección de Franco se deben una reconstrucción notable pese a ingentes dificultades, la abstención en la II Guerra Mundial y los demás éxitos señalados en el capítulo anterior, pruebas de una personalidad a la vez firme y flexible. Superar condiciones tan extremas, más las producidas tras la Guerra Mundial fue, sin duda, una proeza nada común. Puede decirse que el Caudillo venció siempre a sus adversarios militares y políticos, internos y extranjeros.

Franco no fue un teórico. De la república extrajo conclusiones falsas, consideradas en general, pero ciertas en la concreta situación histórica del país. Si antes de la república había deseado una democracia ordenada, la convulsión republicana le había persuadido de su inviabilidad en España, máxime cuando también en el resto de Europa estaba en crisis. El franquismo aspiraba a superar tanto el liberalismo como el socialismo, y adaptarse a la idiosincrasia y tradición españolas[3]. Franco creía que España precisaba una larga convalecencia tras la prueba de la guerra civil; después, «las instituciones» garantizarían la continuidad del régimen sin un poder personal como el suyo.

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En 1969 Franco era ya anciano y parece haber contraído el mal de Parkinson, lenta enfermedad degenerativa del sistema nervioso; pero se conservaba bien, mental y físicamente. De familia longeva, podría durar en el poder, acaso como el alemán Adenauer (87 años). Pero dentro y fuera de España crecía la preocupación por el país cuando falleciera. Una advertencia de calado provino del Vaticano. El 23 de junio, el Papa Pablo VI, en una alocución al colegio cardenalicio, expresó su «inquietud» por España, propugnando «un ordenado y pacífico progreso» en que «no falte una inteligente valentía en la promoción de la justicia social». Como el régimen se jactaba de su justicia social y de su ordenado y pacífico progreso, las palabras del Papa sentaron como un aguijonazo. El ministro Laureano López Rodó comentó a Franco: «Esto nos hace ver que en los ambientes vaticanos se considera al régimen en sus postrimerías. (…) Pienso que lo mejor sería (…) designar sucesor al Príncipe Don Juan Carlos, de treinta y un años, que va a garantizar la continuidad, va a darnos otros treinta años de paz y que cuenta, si es preciso, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. La designación del sucesor aseguraría una perfecta soldadura del presente con el futuro»[4].

Desde 1947, España había quedado definida como reino, pero sin rey mientras viviese el Caudillo. La sucesión en Juan Carlos debió de resolverla Franco desde su entrevista con Don Juan en 1948, en la cual se acordó que el infante, entonces con diez años, se trasladase a España para cursar sus estudios y formación militar. Pero, con lentitud característica y previendo diversas contingencias, no se decidió al nombramiento oficial hasta 1969. El 21 de julio expuso a sus ministros: «Los años pasan (…) voy a cumplir 77 (…). He querido enfrentarme a esta realidad. No debo dejar sin resolver la incógnita del sucesor porque (…) el riesgo es grande de que, en la crisis que habría de provocar mi desaparición de la escena, los grupos y grupitos de intrigantes renacieran y se produjera una situación confusa. (…) La persona que voy a proponer es el Príncipe Don Juan Carlos, que es un hombre de magníficas cualidades y pertenece a la familia real»[5]. La medida debía votarse al día siguiente en las Cortes, un trámite con ciertas dificultades, si bien la autoridad y prestigio de Franco no permitían esperar sorpresas.

Aparte del Príncipe Juan Carlos, también creían tener derechos el carlista Carlos Hugo, que derivaba hacia posturas comunistoides, algo en verdad inesperable; y había habido especulaciones con Alfonso de Borbón Dampierre, primo del Príncipe. Pero el mayor escollo provenía de Don Juan, hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos, que invocaba su derecho como heredero de la Corona y se veía así postergado por su hijo.

Don Juan había quedado descartado hacia el final de la Guerra Mundial cuando, creyendo al régimen a punto de caer por la intervención de los Aliados, había apoyado las presiones exteriores. A los ojos de Franco, ello le había descalificado como persona oportunista y poco entera, que no había extraído lecciones de la guerra civil. Franco ignoraba que Don Juan había llegado, según el libro Don Juan, de Luis María Ansón, a rondar la alta traición a España[6]. Juan Carlos, en cambio, educado en la escuela y valores del régimen, era muy estimado por el Caudillo, y al saber la decisión de este, declaró: «Estoy profundamente emocionado por la gran confianza que ha depositado en mí Su Excelencia el jefe del Estado». La sucesión solo sería efectiva a la muerte de Franco, y el Príncipe añadió: «Mi aceptación incluye la promesa firme (…) para el día, que deseo tarde mucho tiempo, en que tenga que desempeñar las altas misiones para las que se me designa (…) [de velar] porque los principios de nuestro Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino sean observados (…) para que, dentro de esas normas jurídicas, los españoles vivan en paz y logren cada día un desarrollo creciente en lo social, lo cultural y lo económico».

Poco antes había hablado con su padre: «¿Qué harás tú? ¿Es que hay otra solución posible distinta de la que Franco decida? ¿Eres capaz tú de traer la monarquía?». El irritado Don Juan, guiado por sus consejeros Areilza, Sainz Rodríguez y García Trevijano, declaró a la prensa internacional que la decisión de Franco contrariaba «la tradición histórica de España» y que no se había consultado a él ni a «la voluntad libremente expresada del pueblo español»; reiteraba su deseo de ser rey como «poder arbitral por encima y al margen de los grupos», dentro de una «representación auténtica popular», «garantía integral de las libertades colectivas e individuales» en el marco político euro occidental. Don Juan y sus consejeros solo habían aceptado la democracia cuando se dibujaba la derrota alemana, antes habían preferido la «democracia orgánica». Él siempre había especulado con una caída del régimen para ser llamado como única salida, y tenía por ilegal la designación de su hijo. Pero Franco no pensaba en Juan Carlos como restaurador de la monarquía borbónica, sino en una nueva instauración. Ante la escasez de sus partidarios en España y la división de los monárquicos, Don Juan disolvió su Consejo privado, sin aceptar explícitamente la sucesión.

Otra oposición a Juan Carlos venía de falangistas partidarios de un «regencialismo» a cargo de algún militar o político, arguyendo que tanto Don Juan como su hijo, «fueran cuales fuesen sus declaraciones y juramentos, demolerían el Estado del 18 de julio»[7].

A principios de año, varios ministros hicieron declarar un estado de excepción so pretexto de disturbios universitarios en Madrid y Barcelona. La medida era harto excesiva para la magnitud del desorden, y sus promotores intentaron prolongarla, quizá para retrasar la decisión sucesoria, pero López Rodó consiguió cortarla a los dos meses. Los contrarios al Príncipe demandaron, en vano, la ausencia de Franco en la votación de las Cortes, para evitar su influjo. Los procuradores recibieron cartas llamándoles a votar NO a Juan Carlos, arguyendo que «todos sabemos que este paso no garantiza el futuro de la patria»; otras invocaban la legitimidad democrática para proponer la monarquía juanista frente al «inmovilismo y la despolitización de la sociedad»: «España exige saber a quién puede deber los cimientos de su reconciliación o, por el contrario, conocer quiénes son los responsables de plantear una nueva y grave situación conflictiva»[8].

El día 22, en las Cortes, cuatrocientos noventa y un procuradores votaron a favor, diecinueve en contra y nueve se abstuvieron. Juan Carlos dio un fuerte abrazo a López Rodó, que tanto había trabajado a su favor, y le comentó, «con pena», cómo la gente suele uncirse al carro del vencedor: su padre solo había recibido «cincuenta telegramas y ochenta y tres llamadas telefónicas; en cambio, a él le habían llegado las felicitaciones por millares»[9].

Señala con bastante justeza el exministro Licinio de la Fuente, falangista pro Juan Carlos: «El pueblo llano no tenía el mejor recuerdo de la monarquía, ni el menor fervor por restaurarla (…). Los militares estaban divididos (…). La Falange en su mayoría contraria (…). Los partidos (…) en la oposición o en el exilio veían en la monarquía la puerta para entrar en España, [y] desembarazarse de ella a la primera ocasión». Abunda Fernández de la Mora: «Sin Franco no se puede explicar (…) el establecimiento de una Corona en la España del último tercio del siglo XX, probablemente la última vez que tan extraordinario suceso se produce en Occidente». La sucesión se apoyaba poco más que en el prestigio del Caudillo. Concluye Fernández: «Ningún monarca español había hecho por su heredero lo que Franco por el Príncipe, porque no se redujo a aplicar el derecho sucesorio tradicional, sino que, literalmente, le hizo rey casi desde la nada»[10].

Con la incertidumbre de si finalmente Juan Carlos llegaría a ser aceptado por la mayoría de la población y de los grupos políticos, y de lo que haría llegado al trono, el régimen pareció culminar así su trayectoria y asegurar con firmeza su continuidad, con cambios, sin duda, pero sin afectar al marco de sus leyes. «Todo queda atado y bien atado» dijo el Caudillo refiriéndose a la sucesión.

En 1969 también se cerró por completo la frontera con Gibraltar, lo que causaría serios daños a la economía de la colonia y fuertes costes a su metrópoli.

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Fuera de España, aquel año aumentaba USA su implicación en la guerra de Vietnam realizando bombardeos secretos sobre Camboya para destruir las rutas del Vietcong. Aquella guerra interminable se convertía en una pesadilla para el Gobierno useño, con protestas pacifistas en todo el mundo, especialmente en la misma USA y sobre todo de estudiantes y jóvenes. Los pacifistas querían abandonar Vietnam a los comunistas, y sus numerosas manifestaciones, a menudo violentas, han dejado un aroma de buena música y droga, ejemplo clásico de lo cual fue el legendario festival de Woodstock, ese mismo año. La guerra de Vietnam se convertiría en el enfrentamiento más duro y simbólico de la guerra fría, entre el sistema occidental y el comunista. Otro aspecto de la pugna Este-Oeste se manifestaba en la carrera espacial, en la que soviéticos y useños alternaban sus éxitos hacia Venus y Marte. No obstante, USA conseguiría un triunfo decisivo al poner por dos veces astronautas militares en la Luna. Aquel año comenzó a funcionar la red Arpanet, embrión de Internet. También se produjeron graves choques fronterizos entre los regímenes comunistas de China y la URSS.

En Europa, Irlanda del Norte vivía un estado casi de guerra civil, con numerosas acciones sangrientas y violentas manifestaciones. De Gaulle dimitía de presidente de Francia al perder un referéndum, en una especie de resaca de la revolución estudiantil de 1968, de carácter marxista-anarquista-freudiano. En Alemania subía al poder Willy Brandt, partidario de la Ostpolitik o entendimiento con Alemania Oriental y los países comunistas, a los que de algún modo fortalecía, considerándolos un hecho inamovible. Brandt influiría considerablemente en la política española al auspiciar el resurgimiento del PSOE en los años setenta.

En Oriente Próximo, otro foco de inquietud mundial, Golda Meir se convertía en primera ministra israelí, y Yaser Arafat alcanzaba el poder en la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) a la que imprimiría un mayor activismo terrorista y relaciones con otros terrorismos, entre ellos el alemán y el español de la ETA.

Capítulo III

COMIENZO DE LA CRISIS

DEL RÉGIMEN

Aun en los momentos de mayor triunfo existen elementos contrarios más o menos fuertes, y en este caso, junto a los éxitos se acumulaban síntomas de crisis difíciles de contener. La admonición de Pablo VI era solo una muestra más de la desafección de la Iglesia hacia el régimen: casi lo peor que podía pasar al franquismo, porque este se definía católico, su justificación ideológica provenía en gran parte de la doctrina y las encíclicas sociales de los Papas. Antes, Pío XII lo había apoyado frente al boicot internacional, y la jerarquía eclesiástica española lo había respaldado siempre. En fin, la Iglesia había sido un pilar esencial del franquismo. Y ahora ese pilar estaba siendo corroído sin tregua, amenazando la estabilidad del edificio entero.

La postura de Pablo VI y de un número creciente de eclesiásticos desconcertaba al Gobierno, que se sentía tratado con injusticia y no encontraba una réplica adecuada. Pues el franquismo había salvado a la Iglesia, de modo físico e inmediato, del exterminio programado contra ella por el Frente Popular, que hizo perecer a más de siete mil clérigos, a menudo entre suplicios atroces, y trató de borrar de España hasta el recuerdo de su herencia cristiana. Además, la Iglesia había recibido privilegios extraordinarios: a instancias del Vaticano se había impuesto la confesionalidad del Estado, el matrimonio indisoluble, etc. Y había recibido cuantiosas subvenciones.

Pero el Concilio Vaticano II había soplado nuevos aires, afectando desde la liturgia a la política. Lo había convocado en 1962 el Papa Juan XXIII, quien falleció a los ocho meses, continuando hasta 1965 bajo Pablo VI. Se quería poner al día a la Iglesia (aggiornamento) ante la ola de indiferencia religiosa en Europa Occidental y USA, y los avances mundiales del comunismo. De ahí los nuevos métodos, en general no muy exitosos, de aproximación a la sociedad, incluyendo el «diálogo con los marxistas», de especial relevancia para España e Hispanoamérica, donde la llamada Teología de la Liberación llegó a fomentar el terrorismo. Muchos obispos se opusieron en el Concilio al «diálogo con el marxismo» y demandaron una renovada condena, clara y explícita, a dicha doctrina, pero su postura fue «puenteada» o marginada con diversas maniobras por los obispos y cardenales que se consideraban más «progresistas» o «abiertos»[a].

En el fondo de este giro se hallaba seguramente la expansión casi explosiva de los sistemas marxistas y asimilados. Con el fin de la II Guerra Mundial, más de la mitad de Europa Central había pasado a poder soviético, y solo cuatro años más tarde, al caer China bajo poder comunista, estos regímenes ya se imponían sobre un tercio de la humanidad. Algo después, el poderío useño solo había logrado detener la invasión de la Corea del Sur por la comunista del Norte, sin derrotar a esta, y en 1954 los marxistas vietnamitas expulsaban a Francia de Indochina. En 1959, el castrismo triunfaba en Cuba, a las puertas de USA, y movimientos radicales desestabilizaban a países de América, mientras regímenes marxistoides se instalaban también en Asia y África, y en Italia y Francia existían potentes partidos comunistas. Francia padeció otra tremenda derrota en Argelia frente a un independentismo de tinte socialista y antioccidental. Durante los años sesenta se sucedieron las movilizaciones estudiantiles por Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y USA, culminadas en la «revolución de mayo de 1968» en Francia. Parecía como si la juventud, los intelectuales y los obreros rechazasen las democracias liberales burguesas. Los activos movimientos pacifistas de Europa y América propugnaban el desarme de Occidente frente a los países totalitarios, y en USA una permanente crisis nacional por relación a la guerra de Vietnam, que pronto sería la primera derrota inequívoca useña. El fascinante dinamismo comunista sugería que el futuro, al menos en una gran parte del mundo, pertenecía a esos regímenes, y cierto concepto utilitario inclinó a la Iglesia a un diálogo con ellos, muy perjudicial para Franco.

Pablo VI preconizaba la separación entre la Iglesia y los Estados, y desengancharse del franquismo, cuyo fin preveía cercano, a fin de que la probable caída del mismo no arrastrase a la Iglesia. Así, marcaba distancias con él, le ocasionaba mil conflictos y daba protección y ayuda a la oposición, principalmente a la comunista y a la terrorista, las más activas. En 1969 comenzarían las asambleas conjuntas de obispos y sacerdotes para culminar en la de 1971, una verdadera ruptura con el franquismo.

Con todo, no podía cambiar de la noche a la mañana una Iglesia como la española, muy profranquista a partir de su terrible experiencia de la guerra civil y de las persecuciones antirreligiosas en los países totalitarios. Era preciso desplazar de la jerarquía eclesiástica al sector pro Franco y sustituirlo por otro frío u hostil al régimen, lo que obligó a complejas maniobras. Roma encontró su hombre en el cardenal Enrique Tarancón, promotor de la nueva línea, que en parte le desbordaría. El Gobierno resistió apoyándose en su privilegio, reconocido por el Vaticano, de presentar los candidatos a prelado para que el Papa eligiera, o manteniendo sin cubrir sedes vacantes para evitar la instalación de obispos progresistas. Tarancón y el Vaticano replicaron nombrando obispos auxiliares, que no requerían la anuencia del Gobierno, y difundiendo al máximo los nuevos enfoques doctrinales. Jugadas facilitadas por ser Franco, un católico demasiado convencido para llevar el conflicto a la ruptura. Años atrás habría aconsejado al presidente argentino Perón: «Tenga paciencia, procure llegar a un acuerdo, piense que la Iglesia es eterna y nuestros regímenes son pasajeros»[1].

* * *

Dentro del franquismo crecían las desavenencias. El Movimiento Nacional respondía a exigencias de la guerra civil frente a la indisciplina, a veces suicida, frecuente en las derechas, pero con la larga paz se había burocratizado, como quizá deseaba el Caudillo a fin de limarle su populismo y nacionalsindicalismo revolucionario. solo una fracción de la política pasaba por el Movimiento, al que algunos dirigentes consideraban molesto e innecesario. En los años sesenta creció la discordia entre familias, ante todo entre la llamada azul (Falange) y la tecnócrata, a la cual solía identificarse con el Opus Dei. Los tecnócratas ganaban terreno gracias su labor económica (el «milagro español»).

El Opus Dei («Obra de Dios») era una asociación religiosa fundada por José María Escrivá de Balaguer a finales de los años veinte, que había cobrado fuerza después de la guerra civil, extendiéndose a muchos países. Su libro de instrucción doctrinal, Camino, tenía difusión internacional en varios idiomas, preconizando la «santificación» del trabajo cotidiano, la vida familiar, el «bienestar espiritual y material del mundo», etc. La Santa Sede le había reconocido como Instituto Secular (y en los años ochenta como prelatura independiente), con sus propios sacerdotes y laicos, desde la cual realizaba un activo proselitismo, sustituyendo en parte a los jesuitas como tradicional punta de lanza católica. Muchos jesuitas habían derivado hacia los extremismos de izquierda y el marxismo. El Opus daba gran importancia a su expansión en la enseñanza superior, el CSIC, etc., y había fundado una universidad propia, la de Navarra, todo lo cual chocaba con las aspiraciones de la Falange, nunca cumplidas, de hegemonizar la enseñanza. Solía acusársele de obrar al modo masónico, infiltrándose ocultamente en los órganos de poder. En el Gobierno gozaba de la protección de la eminencia gris del Caudillo, es decir, del almirante Carrero Blanco, quien, sin ser opusdeísta, tenía estrecha amistad con Laureano López Rodó, que sí lo era. Laureano orientaba la economía desde su ministerio del Plan de desarrollo.

Pero ni los ministros del Opus eran mayoritarios en el Gobierno ni los tecnócratas pertenecían todos a esa institución, que tampoco era ideológicamente homogénea. Periódicos como Nuevo Diario, Madrid, e incluso El Alcázar, todos ellos en manos de empresarios o directores del Opus eran muy críticos con el régimen. El antifranquismo del Madrid desde una orientación pro Don Juan, llevaría a su cierre en 1971. Según la versión oficial, el periódico había incurrido en deudas excesivas e irregularidades financieras; otros entendieron el cierre como represión de las libertades. Con todo, revistas como Triunfo o Cuadernos para el diálogo, de tinte radical o procomunista y con público en medios estudiantiles e intelectuales, salían regularmente, aunque sufrieran a veces sanciones administrativas. Por otra parte, un sector democristiano era hostil a Franco y al Opus.

El éxito de la relativa liberalización económica auspiciada por los tecnócratas no satisfacía tampoco a la Falange, partidaria desde su origen de una fuerte intervención estatal en la economía y, parte de ella, deseosa de la «revolución pendiente», que incluía entre sus puntos un sistema corporativo y la nacionalización de la banca. La Falange había surgido en 1933 como un grupo con una ideología de combate frente a los avances de los extremismos de izquierdas. Tenía afinidad con los partidos fascistas europeos, atemperada por su catolicismo. Según la Falange, el Opus despolitizaba la sociedad y la alejaba de los ideales originarios del régimen. El problema cobraba especial relieve en la universidad, donde los tecnócratas sostenían que los estudiantes debían concentrarse en el estudio y prescindir de la política. Ello, por una parte, arrinconaba al falangista SEU (Sindicato Español Universitario), al que no amaban Carrero Blanco ni los ministros próximos al Opus Dei ni los democristianos; y por otra parte abría la puerta a una politización izquierdista que, muy minoritaria pero sumamente activa, promovían los núcleos comunistas, en especial el PCE[2].

Las discrepancias tocaban también a la cuestión de las asociaciones políticas, esbozos de una Transición postfranquista aún nebulosa. En 1967, un referéndum había aprobado la Ley Orgánica del Estado, que contemplaba una vaga posibilidad de asociaciones dentro del Movimiento para superar el monolitismo burocrático de este. Al respecto reinaba la incertidumbre. Carrero y bastantes más veían en las asociaciones el embrión de los indeseados partidos políticos, que terminarían por romper el régimen desde dentro. Otros, como algunos falangistas, querían aumentar el pluralismo e imponer el sufragio universal como único medio para remozar las estructuras. En 1966 un sector falangista había propugnado, en Conversaciones sobre el futuro político de España, una mayor representatividad de los organismos, mayor autonomía de las Cortes y descentralización política y administrativa, control del poder por los parlamentos y separación entre la patronal y el sindicato de los asalariados. Con apoyo de tales reformistas se fundó en el mismo año 1969 el Club Siglo XXI, que tendría cierta actividad en la Transición. Según el reformista José Miguel Ortí Bordás, antaño falangista doctrinario, se trataba de relacionar a políticos y militares, facilitar a los juancarlistas vínculos con los demás políticos del régimen, y crear contactos entre los evolucionistas y los renuentes a la reforma, a fin de «colaborar a que la sucesión tuviera lugar de acuerdo con la ley, con orden y tranquilidad ciudadana; y posibilitar la apertura de un proceso de democratización que nos condujera a la modernización política de España»[3].

La Falange no era homogénea, y estos proyectos despertaron el recelo de los ministros «azules» José Solís Ruiz, secretario general del Movimiento, y Manuel Fraga Iribarne, de Información y Turismo. Otros falangistas rechazaban cualquier cambio de alguna entidad, por peligroso para la continuidad del régimen. Pero casi todos compartían la aversión a los tecnócratas y al Opus Dei.

No era posible, realmente, un sucesor de Franco con carácter de Caudillo, y en el fondo se planteaba, aun si de forma inconcreta, el dilema implícito en el régimen desde su nacimiento: ¿debía considerárselo una superación definitiva de las alternativas socialista, comunista y liberal, o bien una respuesta excepcional a una crisis histórica excepcional, que debía concluir antes o después en un sistema similar a los demás de Europa? Sorprendentemente, varios de los más reticentes a la liberalización política eran tecnócratas promotores de la liberalización económica, mientras que algunos de los más reformistas provenían del sector azul.

Existía, además, una brecha generacional: los viejos eran más conscientes de los avances del comunismo. El «mayo francés», los disturbios juveniles y obreros en los países occidentales, más la expansión de la droga, la pornografía, la irreligiosidad y el antimilitarismo, les mantenían reacios a cualquier cambio susceptible de engendrar riesgos. «Los bárbaros esperan fuera de las murallas» comentaría con pesimismo Carrero Blanco al presidente useño Nixon, en 1970[4]. A los jóvenes, incluso los que hacían carrera dentro del régimen, la guerra civil les parecía remota, máxime cuanto que, contra lo que se ha dicho a menudo, el régimen tendía a olvidarla, salvo en cierta retórica. También veían lejanas las guerras presentes propiciadas por el comunismo, o las tensiones en Europa Occidental, de cuyas modas participaba poco la juventud española. Por tanto miraban con más optimismo las medidas reformistas o aperturistas, pensando que el régimen se esclerotizaría mortalmente si no iba adaptándose a su entorno transpirenaico. Diversos políticos jóvenes, falangistas, democristianos y también opusdeístas, se impacientaban pensando que el tiempo urgía, que la muerte de Franco podría originar una crisis sin salida, y acusaban de «inmovilismo» a quienes preferían marchar con pies de plomo. Estos, aun así, habían pedido en 1962 la entrada de España en el Mercado Común europeo, rechazada por incompatibilidad política, aunque en 1970 lograrían un buen acuerdo comercial con él.

* * *

Las tensiones estallaron con motivo del «caso Matesa». Era esta una compañía que fabricaba unos telares mecánicos innovadores y exportaba muchos, recibiendo por ello de la banca pública cuantiosos créditos a bajo interés. Pero la mayor parte de los telares se almacenaba en lugar de venderse, aunque el empresario, Vilá Reyes, argüía que se irían vendiendo. La acumulación de créditos difícilmente reembolsables (hasta 10.000 millones de pesetas) afectaba, por negligencia, al ministro de Comercio, García Moncó, al de Hacienda, Espinosa San Martín, y a su predecesor Navarro Rubio, ligados al sector tecnócrata. Vilá fue detenido y el Gobierno acordó remitir la cuestión al fiscal. La empresa no parece que fuera insolvente y podía ser incautada, pero el sector azul vio allí la ocasión de asestar un golpe político decisivo a los tecnócratas. Inspirado por Fraga y Solís, desató en julio de 1969, apenas resuelta la sucesión de Juan Carlos, una larga campaña periodística para airear al máximo el escándalo y asociarlo al Opus Dei. Según Fraga, no se trataba de una cuestión por así decir técnica, sino esencialmente política, es decir, la oportunidad de hundir a sus rivales. Por ello el caso Matesa tuvo el máximo eco, y el propio Fraga lo ha considerado, exagerando, «el comienzo de postfranquismo». El ministro democristiano Federico Silva Muñoz lo expone así: «Cuando llego a Presidencia me encuentro a Carrero con el Arriba [órgano de la Falange] en las manos. Está encendido y me dice: «¡Esto se ha terminado, o Fraga o yo!»[5].

A Franco le irritó la instrumentación política del escándalo, que dañaba a todo el régimen, y lo resolvió en octubre reestructurando el Gobierno, del que excluyó a Fraga y a Solís, con retroceso del sector azul y avance del tecnocrático. Pero no fue una victoria total de este, pues no dio lugar a un gabinete «monocolor», es decir, de una sola familia, como suele decirse. Seguían en él falangistas, tradicionalistas y democristianos, además de tecnócratas. Los personajes más influyentes, aparte del vicepresidente Carrero, eran el tecnócrata López Rodó y el falangista Torcuato Fernández Miranda, ambos juancarlistas. Torcuato, que relevaba a Solís en la secretaría general del Movimiento, era un brillante político-intelectual, con influencia sobre Franco y Juan Carlos, de quien había sido tutor. Significativamente, tomó posesión con camisa blanca, en lugar de la azul típica de su partido.

Con frecuencia se ha calificado a este Gobierno de «inmovilista». López Rodó lo consideró «sin reservas al lado de Juan Carlos», resultado de un pulso «entre quienes propugnaban un Estado totalitario encubiertamente republicano bajo apariencia regencialista y los que defendíamos un Estado de derecho»[6]. Fernández de la Mora, que pronto sería ministro, coincide: «Un equipo de hombres eficaces y leales que, sin reserva alguna, apoyaran la instauración de la monarquía de las Leyes Fundamentales en la persona de Juan Carlos de Borbón. Esta era la clave de aquel Gobierno y lo que lo diferenciaba de los anteriores, donde había ministros no monárquicos o contrarios a la línea del Conde de Barcelona o simplemente regencialistas»[7].

En cambio, el ministro democristiano Silva Muñoz, conocido por su eficacia en Obras Públicas desde 1965, menciona rencillas internas y dispersión del Gobierno: «Está pendiente el desarrollo de la Ley Orgánica del Estado, afrontar los temas políticos candentes, dar salida al asunto Matesa, establecer un plan de lucha contra ETA (…). Pero de eso nada se habla. Me da la sensación de que todo aquello está hueco y que no nos defiende más que la Guardia Civil»; «El Movimiento (…) se hallaba como grey sin pastor». El 14 de enero de 1970 escribe: «¡Triste fin del régimen!». Probablemente exageraba. Su aceptación del ministerio (Obras Públicas) había desagradado a muchos de sus compañeros democristianos, contrarios a Carrero, al Opus y a la solución dada a la crisis. Silva aspiraba a «ir de manera controlada al pluralismo», a «un sistema de partidos o asociaciones que pudo haber sido mucho mejor, ideado y construido racionalmente y con tiempo». Creyó que el nuevo Gobierno incumplía tal expectativa y dimitió a los seis meses, sucediéndole Fernández de la Mora.

Silva cita también la opinión de Fraga —expresada después de muerto Franco— sobre la crisis ministerial del 69: «Un gran desastre nacional, del que derivan todos los males [posteriores]. Si (…) se nos hubiera encargado a algunos auténticos reformistas hacernos cargo del poder, la historia habría sido completamente distinta»[8].

Mucho difiere el juicio de Fernández de la Mora: «Me enorgullezco de haber pertenecido al Gobierno que alcanzó la que hasta entonces era la más alta cota de bienestar nacional (…) que, luego, tardaría más de una década en recuperarse». Otro ministro, Licinio de la Fuente, subraya que aquel Gobierno «gestionó uno de los períodos más interesantes del régimen de Franco. En lo económico-social se alcanzaron los niveles más altos de crecimiento del PIB (…). En el orden social, la paz era absoluta y los índices de delincuencia de los más bajos de nuestra historia». Cita logros en el orden laboral, y en el político «se empezó a impulsar el asociacionismo y la apertura ideológica (…) y se avanzó mucho en la popularización de la monarquía»[9]. Fernández de la Mora elogia a los ministros: «En su casi totalidad, permanecieron leales al Jefe y a las instituciones que sirvieron, a pesar de que luego lo consignado y lo rentable fuera denigrarles. La clase política española se ha caracterizado desde principios del siglo XIX por su impúdica versatilidad [con pocas excepciones]. (…) A la casi totalidad de mis compañeros de Gobierno difícilmente podría considerárselos «políticos» en una partitocracia. No vivían de la cosa pública, no mentían sistemáticamente, no compraban publicidad encubierta. No hacían demagogia, no reclutaban clientes, no sobornaban ni cobraban comisiones ni negociaban con influencias». En los consejos, «no se empleaba el tiempo en «las cosas de la política», sino en la política de las cosas, es decir, en que España fuera cada día más ordenada, más justa y más próspera»[10].

Como vemos, el Gobierno de 1969 no puede resumirse en los adjetivos usuales de «monocolor», «tecnocrático» o «inmovilista» como es frecuente. Perseguía, ante todo, la instauración de la monarquía de Juan Carlos en una sucesión pacífica y sin traumas, y agrupó a las familias, mejor dicho, a los sectores de las distintas familias del régimen dispuestos a realizar una sucesión incierta, como todo proceso semejante.

Por otra parte, ¿cómo evolucionaría la situación después de Franco? En general, se esperaba mantener los principios del régimen, aun admitiendo un grado de pluralismo y homologación al entorno eurooccidental. solo discrepaban grupos aferrados al continuismo, cada vez menores, llamados por sus contrarios «el búnker». Pero no había una idea clara sobre los límites del cambio, aparte de la propia instauración monárquica.

Juan Carlos dio muy pronto indicio de por dónde podrían ir los tiros. En febrero de 1970, apenas seis meses después de ser nombrado sucesor de Franco a título de rey, el New York Times publicaba una crónica sobre el Príncipe con estos títulos: «Soy heredero de Franco, pero también soy heredero de España»; «Juan Carlos promete un régimen democrático». Le atribuía la idea de que solo tendría posibilidad de reinar bajo alguna forma de democracia, y la distinción entre el tipo de Gobierno precisado durante la guerra civil, después de ella y el que se necesitaría en el futuro. El embajador español en Washington, Jaime Argüelles, disgustado por el reportaje, lo atribuyó a manipulación habitual en «los corresponsales y columnistas de la gran prensa americana». Poco después, el Príncipe almorzó con Areilza, notorio opositor al régimen. Al contárselo a Franco, este le advirtió: «Ya lo sabe, Alteza; o príncipe o persona privada»[11]. Franco podía revocar el nombramiento de Juan Carlos, pero no parece haber desconfiado de él. Por lo demás, comprendía que la política no se haría del mismo modo tras su muerte.

Capítulo IV

LA OPOSICIÓN ANTIFRANQUISTA

El franquismo, pues, entraba en 1969 en una situación de crisis. Crisis no significa derrumbe, y el régimen había superado varias en principio más difíciles. Por lo que se refiere al paisaje político, había cambiado profundamente en relación al de la república y la guerra. Los viejos odios se habían disuelto, los partidos republicanos, separatistas, el PSOE y el anarquismo, antaño tan poderosos, se reducían a débiles círculos nostálgicos y con muy escasa actividad, más algunos exiliados sin la menor incidencia en los sucesos españoles. Ninguno de ellos recibía atención en España, aunque muy esporádicamente los anarquistas realizasen algún atentado.

La única oposición realmente activa y persistente desde el final mismo de la guerra civil era la de los comunistas. Algunos de ellos habían adquirido experiencia guerrillera en la resistencia francesa y entre los partisanos soviéticos, y habían organizado al terminar la Guerra Mundial unas guerrillas, llamada maquis. Teóricamente las condiciones les eran muy favorables, por el aislamiento internacional del régimen, por la pobreza y por el descontento que se esperaba en la población. Pero la población les rechazó, y para 1947 el franquismo llevaba las de ganar, culminando su victoria en 1949, después de lo cual solo quedaron algunos grupos armados aislados y poco peligrosos. El maquis ocasionó 953 muertes y realizó 834 secuestros, 538 sabotajes y casi 6.000 atracos, la gran mayoría entre 1944 y 1949. A su vez tuvo 2.173 muertos en encuentros con fuerzas armadas nacionales[1].

Ante la derrota del maquis, el PCE había cambiado de táctica, hablando de paz y procurando infiltrarse en los sindicatos, la universidad, la prensa y la intelectualidad, para hacer en ellos un trabajo de zapa. A fin de atraer el mayor número de apoyos, invocaba la «reconciliación nacional» y las libertades. Pero la reconciliación estaba de hecho lograda, pues los antiguos votantes del Frente Popular no deseaban, en su mayoría, el retorno de nada parecido. Y la gente recordaba bastante bien lo que significaban las libertades en boca de los marxistas y conocía algo de lo que ocurría en las dictaduras del este europeo. No obstante, el partido conseguía algunos resultados, por más que lentos y difíciles. A su vez, la Policía prestaba especial atención al PCE y a menudo desarticulaba sus organizaciones, a pesar de lo cual el partido proseguía su labor con tenacidad fuera de lo común.

A principios de los años sesenta se abrió una crisis en el movimiento comunista internacional, al rechazar la China de Mao la línea soviética, tildada de «revisionista» porque, a su modo de ver, traicionaba puntos básicos del marxismo-leninismo. En España, el conflicto causó algunas escisiones del PCE y la creación de pequeños grupos nuevos, como el PCE (m-l), partidarios, entre otras cosas, de volver a la lucha armada, aunque solo algunos de ellos llegarían a pasar de las palabras. Y surgían otros radicalismos marxistas o marxistoides, generalmente círculos de estudiantes y algunos intelectuales, como el FLP (Frente de Liberación Popular), o la ETA.

El mayor éxito del PCE durante los años sesenta fue organizar las Comisiones Obreras (CC.OO.) en bastantes fábricas, y el Sindicato Democrático de Estudiantes en la universidad. Aunque ambos organismos se presentaban como democráticos y abiertos a diversas ideologías, en realidad los dominaban estrictamente los comunistas; pero el disfraz fue tan bueno que, por unos años, las CC.OO. se infiltraron a fondo en el Sindicato oficial y actuaron casi en la legalidad, promoviendo huelgas hasta que, a partir de 1967, el régimen las descabezó prácticamente. No obstante, habían dejado ya una semilla resistente. En la universidad, el Sindicato Democrático promovió asambleas, huelgas, manifestaciones y otras protestas, sobre todo en las universidades de Madrid, Barcelona y Bilbao, hasta que fue desarticulado igualmente, persistiendo en formas menos visibles. Otra cobertura típica del PCE fueron los clubes de Amigos de la UNESCO, despachos de abogados laboralistas, asociaciones de vecinos, etc. donde atraía a variados «compañeros de viaje». Así, el PCE se hizo el partido más activo, numeroso, persistente y mejor organizado, con gran diferencia sobre todos los demás. Pero, aun con ello, a finales de los sesenta seguía consistiendo en círculos poco nutridos, y la inmensa mayoría de los obreros, estudiantes o intelectuales, permanecía al margen de ellos.

Dirigido por Santiago Carrillo, el PCE aspiraba a derrocar al franquismo mediante convocatorias a la Huelga General Política o Huelga Nacional Pacífica, saldadas con absolutos fracasos, y procurando alianzas de las más diversas esferas políticas, incluidos monárquicos, en un «Pacto para la Libertad». El supuesto de base es que, conquistada por tales medios una situación de libertades, el PCE sería el elemento determinante, porque emergería como el partido más homogéneo, organizado y numeroso, capaz de orientar la nueva situación hacia, naturalmente, el socialismo «real». El PCE siempre había sido un partido agente de Moscú y subvencionado a través del KGB, lo que era vox populi y demostrarían los «archivos Mitrojin». Pero, en 1968, los tanques soviéticos habían aplastado en Checoslovaquia unas ligeras veleidades aperturistas, lo cual había desasosegado al PCE porque mostraba con demasiada crudeza el «socialismo real» bajo las consignas de libertades y democracia. Carrillo, comprometido en su táctica, hizo algunas críticas a los soviéticos, y sus relaciones con Moscú se agriaron un tanto, aunque no por ello dejó aquel de ser un partido marxista-leninista, es decir estalinista (solo renunciaría al leninismo ya entrada la Transición), muy conectado con la Alemania del muro berlinés, la Cuba de Castro, la Rumanía de Ceaucescu y la Corea de Kim II Sung. Aun con todas estas evidencias, Carrillo consiguió algunos éxitos atrayendo en alguna medida al «Pacto para la libertad» o similares, a grupúsculos y personajes varios, incluidos políticos exfranquistas y partidarios de Don Juan, y en esta situación se hallaba el PCE cuando se abría, en 1969, la última fase del franquismo.

El resto de la oposición, muy inferior a la comunista en número, organización, entrega, tesón y fervor, cabría dividirla en dos sectores: la obrerista-separatista (anarquistas, socialistas, nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y otros, cristianos radicalizados y pacifistas); y la derechista procedente en su mayoría del propio régimen (democristianos, juanistas, carlistas). Para 1969, ninguno de ellos incomodaba realmente al Gobierno, el cual toleraba en la legalidad a los del segundo grupo y apenas perseguía a los del primero, salvo que practicaran el terrorismo. Con todos ellos intentaba el PCE crear plataformas amplias y encubrirse en ellas, como había hecho con Comisiones Obreras o el Sindicato de estudiantes. Las organizaciones obreras de la Iglesia, sobre todo en juveniles (HOAC y JOC) sufrían una radicalización considerable que incluso daría origen, ese mismo año, a la maoísta ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores). Los anarquistas habían realizado algunos atentados unos años antes, quedando desarticulados por la Policía sus grupos más peligrosos. Los nacionalistas regionales tenían escasa incidencia, y lo mismo cabe decir de los socialistas, aunque estos disponían de algunos líderes obreros en dos o tres fábricas de Bilbao.

Más interesantes resultaban para el PCE diversos personajes salidos del franquismo y por aquellas fechas contrarios a él, entre quienes destacaban José María de Areilza, Joaquín Satrústegui y Joaquín Ruiz Giménez. Incluso pensaba en un general, Manuel Díez-Alegría. Los dos primeros eran decididos juanistas (de Don Juan), el tercero pertenecía al ala democristiana de izquierda y al último se le consideraba un militar disidente. Los cuatro carecían de organización u opinión pública detrás de ellos, y los tres primeros no hacían ascos a los tratos con los comunistas y coquetearon con el Pacto para la Libertad liderado por Carrillo. Se preparaban para aprovechar la situación a la muerte de Franco, quizá incluso antes, si bien ninguno creía seriamente en la posibilidad de derrocarlo. Obviamente, pensaban explotar la fuerza del PCE para, en su momento, reconducirla. Los comunistas, a su vez, calculaban pasar así por demócratas, beneficiándose del relativo prestigio político de aquellos personajes y de la imagen de descomposición del régimen que podían ofrecer. Las mutuas expectativas no llegarían lejos, por cuanto sus fuerzas conjuntas estaban muy lejos de ser decisivas.

Areilza, conde de Motrico, destacado adalid franquista, alcalde de Bilbao después de la guerra y embajador del régimen en varios países, optó por una oposición activa al lado de Don Juan, de cuyo consejo privado formó parte como secretario desde 1964. Su conocida oposición no le impidió tener una vida normal en España, o el ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Satrústegui, opositor desde antes, sufrió algunas multas y fue desterrado por un año a Fuerteventura, a raíz del llamado «contubernio de Múnich», en 1962, un encuentro de oposiciones no comunistas, que presionó a los países del Mercado Común para que rechazasen a España. Permaneció en el país dedicado a la abogacía y a anudar contactos diversos contra el régimen. Ruiz Giménez, democristiano de izquierda, patrocinaba la revista Cuadernos para el diálogo, un diálogo dirigido a los comunistas en la estela de ciertas interpretaciones del Concilio Vaticano II. El teniente general Díez-Alegría había alcanzado los cargos más relevantes en el ejército franquista, llegando en 1970 a jefe del Estado Mayor, para ser cesado en 1975, tras una entrevista con Carrillo, en Rumanía, que el Gobierno encontró sospechosa. Su hermano, el destacado jesuita y teólogo ecléctico y progresista José María Díez-Alegría, promocionaría un cristianismo radicalizado hacia la izquierda, comprensivo hacia Marx y crítico hacia el Vaticano, próximo a la «teología de la liberación»; colgó los hábitos, entrados los años setenta.

Menos proclive al trato con los comunistas, José María Gil-Robles, antiguo jefe de la CEDA, había sido, desde Portugal, un muy activo conspirador contra Franco y a favor de Don Juan cuando la Guerra Mundial concluía y todos daban por desahuciado el franquismo. Pese a ello, en 1953 pudo volver a España, donde continuó sus actividades conspirativas hasta que participó en el citado encuentro de Múnich, después del cual permaneció una temporada en el extranjero. Vuelto al país, desde 1968 ejerció como catedrático en la Universidad de Oviedo, y escribió el libro No fue posible la paz, imprescindible para entender la génesis de la guerra civil. Continuó siempre su oposición poco o nada eficaz. Ya en los años cuarenta admitió que el ambiente social y juvenil de la nueva sociedad española era irreconocible para quien hubiera vivido la república. Cabe incluir en aquella oposición al poeta y escritor Dionisio Ridruejo, exfranquista radicalizado, que evolucionó hacia la socialdemocracia; Enrique Tierno Galván, socialista sui generis, fundó, ante la práctica inexistencia del PSOE en España, el Partido Socialista del Interior, así llamado con propósito de recabar apoyos en el extranjero. Y por el estilo otros personajes y círculos de los que el régimen estaba informado y no muy preocupado.

* * *

El año 1968, el del «mayo francés», de los tanques soviéticos en Checoslovaquia, de la Ofensiva comunista del Tet en Vietnam, de la matanza de cientos de estudiantes perpetrada por el Gobierno del PRI en la plaza mejicana de Tlatelolco, etc., saltó a primer plano la ETA (Euskadi ta Askatasuna, Euskadi y libertad), con su primer asesinato deliberado. Era un pequeño grupo entre separatista y marxista, compuesto por católicos de izquierda y leninistas, que adoptaban como modelos al socialistoide FLN argelino en su lucha contra Francia, y al castrismo cubano. Justificaban el terrorismo alegando que el pueblo vasco sufría un genocidio, al cual, misteriosamente, los propios vascos asistían «con alegría incomprensible», según los teorizadores etarras. Por ello se consideraban «víctimas de un horrible pecado colectivo de su propio pueblo»[2].

Los etarras se habían sugestionado con la lucha armada, pero tardaron diez años en perpetrar su primera muerte, en parte fortuita: en un control rutinario, un guardia civil pidió la documentación de un coche ocupado por dos estudiantes del grupo, y uno de estos, que iba algo drogado, le disparó por la espalda cuando se agachó para observar la matrícula. El crimen, en la tranquilidad del país, recordaba el maquis y cayó como una piedra en un estanque. El autor fue muerto poco después por la Guardia Civil, y la ETA mató a su vez a un comisario de policía. La táctica etarra seguía el esquema «acción-represión-acción»: la acción debía desatar una represión incontrolada que suscitase la protesta de mucha gente, para volver luego a golpear con una apariencia de desquite por la represión. Así esperaban salir de su aislamiento y conseguir popularidad. Provocaron la declaración de estado de excepción en Guipúzcoa, y en 1969 los golpes policiales casi desarticularon su organización y originaron una escisión en ella.

Probablemente aquella táctica habría fracasado de no ser porque esos primeros asesinatos valieron a la ETA el más vasto apoyo moral, propagandístico y material. La oposición antifranquista, en su mayoría, creó a los etarras un halo de heroísmo, clérigos vascos les ofrecían refugio y loaban en homilías. Fuera, el PNV clamó contra el terror de Estado, al que achacaba las acciones de «réplica» de la ETA, cuando había sido al revés. Más decisivo fue el respaldo del Gobierno francés, que permitió a los terroristas organizar junto a la frontera un santuario donde podían fácilmente refugiarse y reorganizarse. Dentro y fuera del país solía presentarse a los asesinos como patriotas vascos y demócratas. Quizá nunca un par de asesinatos habían proporcionado a sus autores tal prestigio internacional y entre la oposición a Franco. Fue realmente un «salto cualitativo» para la ETA, que marcaba un antes y un después.

La prensa autodenominada progresista en España pasó a favorecer con escaso disimulo a los etarras. Juan Tomás de Salas, creador de la revista Cambio 16 lo explicará años después: «La gente que estaba en este tipo de prensa, que además era la prensa que tenía más credibilidad, mayores lectores (…) de alguna manera nos habíamos sentido muchos años solidarios de ETA». Esa prensa manipulaba la información presentando a los terroristas como «jóvenes vascos», cuyas víctimas no eran asesinadas, sino que «morían», a menudo en «enfrentamientos» (por lo común eran tiroteadas por la espalda), etc. Esa propaganda y la de los antifranquistas continuaría años después de la Transición, y, en menor grado, hoy mismo[a].

Tales reacciones se entienden porque la oposición pintaba al franquismo con colores tan oscuros que justificarían cualquier acción contra él. Claro que, después del maquis, los comunistas no se sentían con ánimo de reincidir, ni el resto de la oposición dispuesta a soportar los previsibles sacrificios de una acción armada, pero a todos les encantaba que otros lo intentasen. Su imaginación pintaba a los etarras como jóvenes idealistas políticamente ingenuos, que harían el trabajo sucio y que, cuando el régimen cayese de un modo u otro, dejarían las pistolas y el campo libre a los políticos supuestamente expertos. Se trataba de un cálculo manipulador, pero los hechos probarían que sería la ETA quien se sirviese de aquellos antifranquistas, hasta que fue demasiado tarde.

Estas actitudes proterroristas entraban en una ya larga tradición desde principios del siglo XX, cuando el pistolerismo ácrata encontró la complacencia y admiración de partidos, intelectuales y periodistas de izquierda, incluso de derecha, que obstaculizaban de mil modos su represión. Durante la dictadura de Primo de Rivera, políticos muy derechistas llegaron a buscar el apoyo de los anarquistas contra el dictador, y lo mismo hicieron los republicanos de izquierda y derecha reunidos en 1930 en el Pacto de San Sebastián, cuando quisieron imponer la república mediante un golpe militar. Por ello, España fue el país de Europa donde mayor influencia política ha ejercido el terrorismo durante el siglo XX, más incluso que en Rusia. Lo llamativo del panorama a finales de los años sesenta era que mientras el régimen de Franco se liberalizaba, la oposición se radicalizaba más y más hacia la violencia o la solidaridad con esta. Casi toda la oposición se distinguía también por la simpatía hacia la URSS, hacia Fidel Castro y Che Guevara, etc., y el despego o poco interés por la «democracia burguesa».

De todas formas, la ETA parecía por entonces más molesta que peligrosa: su máxima gravedad la alcanzaría ya en la democracia.

* * *

Una medida de la amplitud de la oposición perseguida, esto es, no tolerada por el franquismo, pueden darla las condenas del TOP (Tribunal de Orden Público), creado en 1963, según aumentaba la actividad comunista y la conflictividad social. El TOP duraría hasta 1977, y en esos trece años produjo unas 9.000 condenas, de acuerdo con el estudio del magistrado comunista Juanjo del Águila, que afectaron a 11.261 procesados, con un total de 10.146 años de prisión. Esto supone menos de un año de cárcel por persona, y como las penas inferiores a un año no se cumplían en prisión, significa que la inmensa mayoría no pisaron, o apenas, la cárcel, aunque una pequeña minoría sí sufriera condenas prolongadas, que por lo común tampoco se cumplían íntegras (incluso en los años cuarenta la mayoría de las condenas a prisión perpetua no duraban más de seis años). Muchos de los condenados lo eran más de una vez. Ello indica una represión muy inferior a la habitualmente sugerida en estudios truculentos, incluido el citado.

El aspecto cualitativo no importa menos. El autor del estudio lo titula El TOP. La represión de la libertad, dando a entender que los encausados eran demócratas. Pero en boca de un comunista, la palabra «libertad» tiene un significado peculiar, y, desde luego, cabe insistir, no había demócratas en las prisiones. La casi totalidad de los detenidos fueron comunistas de unas u otras organizaciones, mayormente del PCE, y ya al final ingresaron otros afines a la ETA o grupos terroristas menores.

El relativo auge del comunismo y el terrorismo en España durante esos años no se comprenderá sin el giro político del Concilio Vaticano II según lo interpretaron diversas corrientes de la Iglesia, que extendió una verdadera red de protección sobre los antifranquistas. Sin esa protección, hay pocas dudas de que tales grupos habrían encontrado dificultades mucho mayores, y se habrían desarrollado bastante menos.

Capítulo V

DE LA CRISIS DEL 69

AL ASESINATO DE CARRERO

El Gobierno de 1969 se propuso, pues, asegurar la sucesión en Juan Carlos como tarea central. Por tradición, la derecha española consideraba la monarquía como el elemento clave, refrendado por la historia, de la estabilidad social y de la unidad de España, supuesto discutible, contrastándola con las experiencias republicanas, indiscutiblemente desastrosas. Ante el objetivo de afirmar la monarquía pasaban a segundo plano asuntos como el de las asociaciones, que muchos, Franco entre ellos, miraban con recelo. Claro está que no todo el mundo veía las cosas de igual modo. Ni la monarquía ni la persona de Juan Carlos concitaban demasiado fervor popular, persistía contra el Príncipe una inquina sorda en medios franquistas, no digamos de la oposición, y el Vaticano y el clero progresista no iban a poner las cosas fáciles al Gobierno.

El año 1970 trajo dos importantes éxitos a la diplomacia de Madrid: un Acuerdo preferencial con la CEE, y poco después un Convenio de amistad y cooperación con USA, ambos con sustanciales mejoras para España. El Acuerdo preferencial, firmado a finales de junio, situaba a España como país asociado a la CEE y rebajaba los aranceles a las exportaciones hispanas entre un 30 y un 70%, eliminaba la mayoría de las contingentaciones y respetaba básicamente el grado de proteccionismo español, que debía reducirse sustancialmente a lo largo de seis años. solo en 1970 las exportaciones españolas a la CEE crecieron un 27,5% (20% al resto del mundo), mientras que las importaciones apenas lo hicieron en un 3%[1]. Por lo demás, España no sufría merma alguna de soberanía. El Acuerdo, al igual que el turismo, una de las mayores fuentes de la riqueza española, eran mal vistos por la oposición, que intentaba boicotear tanto el acercamiento a la CEE como la afluencia de turistas.

La CEE o Mercado Común, que se transformaría bastantes años después en Unión Europea, surgió de la II Guerra Mundial. Buscaba, por un lado, evitar nuevas contiendas entre Alemania, Francia e Inglaterra; y, por otro, ir configurando una superpotencia capaz de competir con USA y la URSS. El proyecto se centró en el plano económico para ir pasando al político, limitando progresivamente la soberanía de las naciones europeas a favor, señalaban los críticos, de «la burocracia de Bruselas» y de un «eje francoalemán». La iniciativa tenía origen democristiano, como recuperación sui generis del antiguo Sacro Imperio, pero tomaría un tinte cada vez más socialdemócrata.

El franquismo había pedido su integración en la CEE ya en 1962, lo cual implicaba, aunque no quisiera verse, la renuncia al régimen del Movimiento. Pero, ello al margen, el interés de España por pertenecer al Mercado Común era dudoso. Sin necesidad de entrar en ese club, el país crecía al ritmo mayor de Europa, y además su neutralidad en las tremendas guerras europeas del siglo XX le había beneficiado inmensamente. La reconciliación francoalemana, aunque muy deseable, no afectaba a España de igual modo que al resto de Europa Occidental, y menos podía interesar a Madrid supeditarse al Eje París-Bonn en torno al cual giraba el proyecto. Sin embargo, el régimen y la oposición coincidían en una intensa propaganda «europeísta», la cual creaba una ansiedad psicológica sobre la mítica «entrada en Europa» (España siempre había sido europea) como única garantía de futuro.

No debe olvidarse, por lo demás, que la CEE no habría podido defenderse sola de la URSS, y su prosperidad databa en buena medida del Plan Marshall, negado a España.

El segundo éxito diplomático, un nuevo convenio de cooperación con USA, se firmó en agosto de 1970 tras laboriosas negociaciones en torno a las bases useñas en España. El primer convenio al respecto fue firmado en 1953, en situación de guerra fría extrema, y había permitido a Franco quebrar definitivamente el aislamiento internacional. Por entonces se consideraba muy posible un choque armado con la URSS en Europa, donde había sido muy difícil vencer las guerrillas comunistas griegas de posguerra, y el bloqueo de Berlín en 1948-49 había llevado la tensión al máximo. Se calculaba que una ofensiva soviética no sería contenida hasta los Pirineos y el Canal de la Mancha, por lo que España y Gran Bretaña quedaban como las bases para una contraofensiva. Así, Washington y Madrid habían tenido el mayor interés en llegar a un acuerdo, el cual rompía la trayectoria de neutralidad hispana; pero se suponía que en una nueva guerra, máxime si esta llegaba a hacerse nuclear, la neutralidad no serviría de nada.

Dichos acuerdos incluían cláusulas secretas por las que, en caso de inminente peligro de agresión soviética, USA avisaría al Gobierno español pero tomaría la iniciativa en la movilización de las bases en España. Por el contrario, no había compromiso useño para apoyar militarmente a España si esta sufría un ataque externo. Tal disimetría se ha presentado como una claudicación de Madrid, pero respondía a la realidad estratégica los años cincuenta. España solo tenía como enemigo potencial a Marruecos, potencia de muy inferior categoría económica y militar, frente a la cual no precisaría ayuda, en principio. En cambio la URSS era un enemigo potentísimo y común a USA y a Europa Occidental. Como para los demás países europeos, la defensa de España dependería necesariamente de USA, que también disponía de bases en los principales países eurooccidentales e, inevitablemente, mantenía sus propios secretos al margen del país acogedor. Un hecho que llevó en su momento a De Gaulle a expulsar las tropas useñas, salir de la OTAN y construir su propio arsenal nuclear, pensado como núcleo de un futuro poder europeo.

El abandono de la neutralidad no significó que Madrid supeditase su política exterior a la de Washington. Así, no reconoció al Estado de Israel, ni pidió la entrada en la OTAN, mantuvo las relaciones con la Cuba castrista, a la que vendió camiones, barcos de pesca, etc., pese al embargo comercial decretado por USA a causa de la confiscación de bienes useños en la isla (también habían sido confiscadas numerosas propiedades españolas); o rehusó, en 1965, colaborar en la guerra de Vietnam, como le pidió el presidente Johnson, a quien Franco vaticinó la derrota.

Para 1970, la tensión entre los bloques había disminuido en Europa. La URSS había renunciado allí a la confrontación militar —aunque en otros continentes la alimentaba, así como la guerra de Vietnam— dedicándose más bien a la subversión interna mediante los partidos comunistas, los movimientos pacifistas y grupos terroristas. A su vez, la URSS había tenido que aplastar el reformismo checoslovaco y afrontaba un creciente descontento en los países satélites, especialmente en Polonia. En ese panorama, España firmó, el 6 de agosto, un tratado de amistad y cooperación más ventajoso, con fuerte ayuda económica, militar y de otros tipos. Las bases, antes nominalmente conjuntas, pasaban a propiedad exclusiva hispana, con permiso a USA para mantener en ellas tropas y servicios; también pasaba a propiedad hispana el oleoducto de Rota a Zaragoza, construido por los useños. Para caso de amenaza extrema, el mero aviso de Washington a Madrid se transformó en obligación de consultas mutuas urgentes, y la contribución española a la defensa europea se mantuvo plenamente. Como colofón a las negociaciones, el 2 de octubre, el presidente Nixon visitaba España dentro de una gira por Europa.

El nuevo Gobierno también mantuvo la posición anterior con respecto a Gibraltar, colonia inglesa en España, a la cual había sometido a bloqueo el anterior ministro de Exteriores, Fernando Castiella. Según Fernández de la Mora, «El embajador británico (…) se había hecho la ilusión de que, con buenas palabras, lograría el primordial objetivo de levantar el bloqueo de Gibraltar. Pensaba que, para afirmar su personalidad, los ministros suelen propugnar lo contrario que sus predecesores (…). López Bravo (…) mantuvo íntegramente el bloqueo, a pesar de las tentaciones fáusticas con que le asediaba el lobby británico en Madrid. «Abra usted la verja —venían a decirle— y le daremos patente de liberal en el mundo.» (…). Cuando en 1972 visité oficialmente Londres (…), quiso verme Home, que ocupaba el ministerio de Asuntos Exteriores. solo me habló de Gibraltar: no podía creer que lo que llamaba «la joven generación europea» recién llegada al poder en España no estuviera dispuesta a cambiar de rumbo y a congraciarse con Gran Bretaña (…). Le respondí: «Todos es posible si el Reino Unido renuncia a la soberanía sobre su última colonia en el continente europeo; de otro modo nada cambiará en Gibraltar». Torció el gesto. Comprendí perfectamente que Londres quisiera convertir, otra vez, en pingüe negocio y en consentido enclave lo que el bloqueo había transformado en una pesadilla; pero el interés de España era exactamente el contrario».

La diplomacia también se abrió a los países comunistas, estableciendo relaciones de embajada con Alemania Oriental y China, y consulares con otros. No, en cambio, con la URSS (salvo comerciales), pese al interés de esta, aunque hubo acuerdos para intercambiar corresponsales de las agencias de prensa Efe y TASS.

* * *

El suceso interno más destacado del año 1970 fue seguramente, ya en diciembre, el «Proceso de Burgos», juicio militar sumarísimo contra terroristas de la ETA acusados de haber asesinado al comisario Melitón Manzanas. Manzanas tomaba cada día el mismo autobús, sin protección alguna, de lo que informó a la ETA un miembro del PNV. Uno de los implicados, Iñaqui Sarasqueta, explicaría años después que los antifranquistas llamaban torturador a Manzanas, pero «siempre he pensado que se valía más de esa fama que de la propia tortura». De inmediato recibió la ETA la solidaridad del PNV, el cual difundió el bulo de que tras la muerte de Manzanas había líos de faldas, y acusó al régimen de realizar un «genocidio sañudo y sistemático (…) ininterrumpidamente» desde la guerra civil. Justificaba los atentados como respuesta a un «masivo terror de Estado», señalando como prueba del mismo los «ciento cincuenta presos y cincuenta confinados» durante el pasado estado de excepción, lo que da el verdadero calibre del genocidio y al terror alegados (otras cifras hablan de casi 2.000 detenidos, aunque la mayoría salieron libres en seguida). Y si los atentados respondían a la represión, no explicaba cómo tal réplica surgía cuando la represión era menor, y no en épocas anteriores harto más duras[2].

Pero no fue el PNV, demasiado débil en el interior, el mayor puntal del terrorismo, sino el mucho más influyente clero conocido como progresista. Entre los encausados figuraban dos clérigos, y el 21 de noviembre, poco antes del juicio, los obispos de Bilbao y San Sebastián, Cirarda y Argaya, con respaldo de gran parte de la jerarquía eclesiástica del resto de España, difundieron una pastoral condenando en el mismo plano «las violencias estructurales, las subversivas y la represivas». Ello daba respaldo moral a los terroristas, pues igualaba sus violencias con la represión legal, y las justificaba implícitamente como reacción a la «violencia estructural» (todos los regímenes se basan en una violencia «estructural»). Esa doble falacia iban a emplearla sin tregua aquel clero, los nacionalistas y la oposición, también durante la democracia. El episcopado publicó notas contra eventuales penas de muerte y pidió un tribunal ordinario y no militar. El abad de Montserrat, Cassiá Just, auspició un encierro de trescientos intelectuales y artistas en su monasterio, y condenó ante el influyente diario Le Monde cualquier compromiso de la Iglesia con el régimen, al que acusaba de «reprimir al pueblo por el único delito de oponerse a Franco». Así, los acusados del Juicio de Burgos constituían los auténticos representantes del pueblo y no eran perseguidos a causa de los asesinatos mencionados, sino solo por resistir a Franco.

La oposición antifranquista defendió a los etarras con unanimidad no lograda antes o después, volcándose en proclamas, consignas pintadas en los muros, manifiestos, protestas e intentos de manifestaciones y paros en universidades y fábricas. Hecho de lo más revelador: «por primera vez desde la guerra, la oposición antifranquista, en el interior y en el exilio, lograba unirse en un frente común, y con una actividad y audacia nunca vistas desde el maquis», y lo hacía en nombre de la democracia y a favor de un grupo «jactanciosamente totalitario, antiespañol y terrorista»[3].

Y volvió a contar la ETA con ayudas externas del más alto nivel. Gobiernos de la CEE y el Vaticano presionaron sobre Madrid. Intelectuales como Jean-Paul Sartre, defensor de los sistemas comunistas, auspiciaba a la ETA, al igual que Picasso, Alberti, Casals y tantos más. En muchas ciudades europeas los sindicatos y las izquierdas movían manifestaciones y protestas. Rara vez un grupo terrorista gozó de tan amplio respaldo, y precisamente por sus crímenes. Fue entonces cuando la ETA se convirtió en una potencia considerable, más por el ambiente creado por otros que por sí misma.

El juicio comenzó el 3 de diciembre. Dos días antes la ETA secuestró al cónsul alemán en San Sebastián, Eugen Beihl, y amenazó con quitarle la vida. El día 5, el Gobierno declaró en Guipúzcoa un estado de excepción por tres meses, a fin de dar con el secuestrado, que en realidad había sido trasladado al cómodo santuario francés. Durante el juicio, los acusados se declararon marxistas-leninistas, y se lanzaron contra los jueces. Hubo seis condenas a muerte.

El resultado de la agitación dentro de España fue poco brillante: manifestaciones pequeñas, sobre todo en Barcelona y localidades de Guipúzcoa, y paros aislados, volvían a probar el escaso eco de la oposición. Pero el Gobierno se vio en mal trance, pues cumplir las sentencias crearía mártires y represalias de varios países europeos, y no hacerlo se interpretaría como claudicación ante las violencias y presiones externas. El 30 de diciembre, Franco reunió a los ministros. Leyó una carta de la viuda de Manzanas y parecía inclinado a ejecutar las sentencias. Según testimonio de Fernández de la Mora, solo un ministro civil defendió esa vía, los militares no hablaron y los demás ministros abogaron por la conmutación. Franco aceptó la opinión de la mayoría, como solía hacer, y conmutó las penas capitales. En Madrid y muchas ciudades se convocaron manifestaciones de apoyo al Gobierno. La de Bilbao fue una de las más nutridas[4].

* * *

El bienio siguiente resultó más tranquilo. En enero de 1971, el Príncipe Juan Carlos devolvió la visita de Nixon y causó allí buena impresión. El Gobierno useño, preocupado por el deterioro físico de Franco, parece haber presionado, sin éxito, para hacer efectiva cuanto antes la sucesión. Al año siguiente, Vernon Walters, enviado especial de Nixon, visitó a Franco para conocer sus previsiones y perspectivas: «Le entregué la carta de Nixon y su mano tembló levemente al cogerla. Nixon escribía que el presidente de USA tenía pesadas responsabilidades en el mundo y estaba muy preocupado por la evolución del Mediterráneo Occidental. Franco contestó que lo que realmente interesaba a Nixon era lo que pasaría en España después de su muerte. Contesté simplemente: «Sí, general, eso es.» (…) Entonces dijo que la sucesión sería ordenada, porque no había alternativa. España marcharía un largo tramo hacia la democracia propiciada por nosotros junto con los británicos y los franceses, pero no hasta el final, porque España no era USA, Gran Bretaña o Francia. Expresó su absoluta confianza en que el Príncipe sabría manejar la Transición (…). Mucha gente dudaba de que las instituciones creadas por él funcionarían, pero se equivocaban (…). El general Franco se levantó para indicar que la reunión había terminado (…). «Diga al presidente Nixon que tenga confianza en el buen sentido del pueblo español». No habría una segunda guerra civil (…). Él tenía fe en Dios y en el pueblo español. Al irme me estrechó la mano y me dijo, casi en un susurro: «Mi verdadero monumento no será la cruz del Guadarrama. Mi verdadero monumento será lo que no encontré cuando me encargué del Gobierno de España, la clase media española (…). Según volvía a Madrid en coche me preguntaba cuántos estadistas serían capaces de discutir sobre su propia muerte de modo tan desapasionado como él. Su carácter no correspondía al del español excitable y gárrulo imaginado por tantos noreuropeos y useños»[5].

La política continuó con un proyecto de nueva ley sindical para dar cauce a los crecientes conflictos laborales; con la petición de Carrero, desoída, de que Franco nombrase un Jefe de Gobierno; con el borrador para un nuevo concordato con la Santa Sede, y con dos decretos para apuntalar la sucesión, confiriendo a Juan Carlos los poderes del sucesor legítimo al trono y para obrar interinamente como jefe del Estado en caso de incapacidad de Franco; entraron en las Cortes más procuradores monárquicos a costa de la vieja guardia; se ampliaron las relaciones con los países comunistas. Afectó al régimen un nuevo escándalo, el asunto REACE, en el cual se dijo estaba implicado el hermano de Franco: la «evaporación» de gran cantidad de aceite almacenado en Redondela, cerca de Vigo. A lo largo de 1972, la salud de Franco empeoró, y le costaba seguir los consejos de ministros, que se empeñaba en presidir con disciplina espartana.

En mayo de 1972 la nieta de Franco, María del Carmen Martínez Bordiú, se casó con Alfonso de Borbón, que creía tener derecho a la sucesión inmediatamente por detrás de Juan Carlos. El enlace entre la familia de Franco y los borbones propició intrigas, baldías, de círculos próximos a la esposa del Caudillo, Carmen Polo, y a su yerno Cristóbal Martínez Bordiú, para revocar la sucesión en Juan Carlos.

Quizá el problema real más difícil seguía siendo el de las asociaciones, que unos creían la única salida para revitalizar el Movimiento y otros temían como corrosivo del mismo. Se plantearon leyes para la elección de alcaldes (solo los concejales eran elegidos), y con vistas a una mayor descentralización regional.

* * *

Respecto de la oposición, la ETA, semidesarticulada, solo consiguió en esos dos años asesinar a un guardia municipal, aunque pudo ir reorganizándose. Comisiones Obreras y el sindicato estudiantil del PCE habían quedado malparados, mientras proliferaban pequeños grupos prochinos o marxistas leninistas, que preconizaban la «lucha armada» sin pasar a los hechos. Dos jefes nacionalistas vascos, Telesforo Monzón y Sarobe constataban en enero de 1971 «la desintegración del PNV y el estado de completa marginación en que se encuentra en relación precisamente al mismo pueblo del que pretende ser su órgano más representativo»[6]. Un éxito antifranquista de cierto relieve fue la formación, en noviembre de 1971, de la Asamblea de Cataluña, compuesta por veinticinco grupos, insignificantes casi todos, bastantes de ellos nacionalistas o separatistas, desde el proterrorista PSAN (Partit Socialista de Alliberament Nacional), belicosos maoístas o trotskistas, hasta pacifistas, «cristianos de base», un PSOE fantasmal, varios democristianos, profesores, etc.: alianza variopinta bajo la batuta real del PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña, sección regional del PCE), única fuerza real entre todos ellos. Fue el mayor triunfo de las tácticas carrillistas tipo Pacto para la Libertad.

En septiembre de 1971 nacía la revista Cambio 16, muy opuesta al régimen, menos procomunista que Triunfo o Cuadernos para el diálogo, pero no menos resuelta a publicitar y justificar a cualquier acción o grupo contrario a Franco, así fuese terrorista.

En junio de 1972, el PCE iba a recibir un duro golpe al ser detenida, en un convento de oblatos próximo a Madrid, la plana mayor de Comisiones Obreras, incluyendo a su líder principal, Marcelino Camacho, y a un jesuita comunista, Paco García Salve. El juicio del grupo o «Proceso 1001» tendría lugar el año siguiente[a]. Un marxismo con toques freudianos cundía entre grupos de intelectuales y universitarios.

Los socialistas se reorganizaban, con pugna entre los «históricos» del exilio, dirigidos por Rodolfo Llopis, y los jóvenes del interior, en particular una tertulia de profesionales y estudiantes de Sevilla encabezada por Felipe González y Alfonso Guerra, mientras Tierno Galván quedaba marginado. Los sevillanos esgrimían, no se sabe si en serio, un discurso agresivamente marxista, similar al de Largo Caballero otrora. En agosto de 1972, se consumó la ruptura del PSOE en un congreso en Toulouse. Los de Llopis cerraron con llave el local, y los de González descerrajaron las puertas. El fondo de la disputa eran las ayudas otorgadas por la Internacional Socialista. El clan de Sevilla supo impresionar a los socialistas alemanes y franceses con un activismo aparente (pintadas en muros, etc.): con típica picaresca, las pintadas se hacían en un garaje a la luz de los faros de un coche[7].

Pero el acto opositor más trascendente del bienio fue seguramente la Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes en Madrid, en septiembre de 1971. La Asamblea exigió abolir el concordato de 1953 —que facultaba al Gobierno para influir en el nombramiento de prelados—, y acabar con la presencia de obispos en cargos políticos. Aspiraban a «la reconciliación de todos los españoles», algo imposible y por lo demás innecesario, pues la gran mayoría estaba reconciliada de tiempo atrás: «Queremos una convivencia cívica en la que no se mantengan el odio, la discordia, el enfrentamiento», sin precisar que las actitudes más cargadas de odio y enfrentamiento correspondían, sin disputa, a los marxistas y terroristas a quienes muchos eclesiásticos daban cobertura.

La crítica de la Asamblea llegaba retroactivamente hasta la guerra civil. Una moción votada por la mayoría rezaba: «Pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos». Frases así parecían al Gobierno una inaudita aberración e hipocresía, pues ponían en el mismo plano a los sañudos perseguidores de la Iglesia y a sus salvadores. Y dado que pedir perdón a sus salvadores carecía de sentido, la petición solo podía dedicarse a los perseguidores. Lo cual suponía una injuria y desprecio inimaginables a las víctimas, muchas de las cuales habían muerto perdonando a sus verdugos: ahora, debían ser los verdugos quienes otorgasen el perdón.

El Gobierno tampoco aceptaba que, so pretexto de tan peculiar reconciliación, amplios sectores de la Iglesia estimularan a sus enemigos jurados, acaso por hacer méritos para cuando el régimen desapareciese. Un informe al Gobierno indicaba: «Obispos hay que distribuyen entre sus sacerdotes alocuciones en las que la violencia represiva —por así decirlo— es situada al mismo nivel de la subversiva (…). Uno u otro obispo que, al amparo de su dignidad y de una situación concordataria (…) protegen acciones de sacerdotes evidentemente contrarias a la ley civil». Citaba el pago, con cargo a Cáritas, de la multa impuesta a un sacerdote por sus homilías durante el estado de excepción.

Y mencionaba «manifestaciones de clérigos; incitación, apoyo y hasta participación de sacerdotes en huelgas; cobijos en templos a personas o grupos que actúan al margen de la ley; predicación con sesgo político, ajeno al evangelio; profusión de publicaciones de cariz contestatario (…); intervenciones políticas de obispos (…) con clara implicación; abuso del privilegio del Fuero; renuncia a una concordia y colaboración positiva en actos en que interviene la autoridad civil», etc.[8] La corriente progresista alcanzó un éxito crucial con el nombramiento de Vicente Enrique y Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal, en febrero de 1972.

La Asamblea de Madrid afirmaba que la Iglesia debía «renovarse o decaer», y, en efecto, desde principios de los años sesenta se producía un grave declive eclesiástico: las organizaciones laicas de Acción Católica habían bajado desde casi un millón de adherentes a solo cien mil, y los seminaristas de ocho mil a mil ochocientos. En medios clericales cundían las dudas y crisis de conciencia, y crecía cada año el número de los que colgaban los hábitos. Algunos se metían a «curas obreros» sindicalistas y radicales, o buscaban otras formas de apostolado de parvos efectos. Es difícil saber si tal situación obedecía al carácter de la nueva sociedad, cada vez más rica, o a la misma corriente clerical progresista, pero esta, en cualquier caso, no parecía resolver la crisis, sino agravarla. También cabía retrotraer los problemas a mucho tiempo atrás. En el siglo XVI y gran parte del XVII, la Iglesia española había desempeñado un papel de primer orden en el catolicismo europeo, pero desde entonces venía aquejada de una religiosidad demasiado formal y ritualista, acompañada de cierta anemia intelectual, que alejaba a muchas personas; y la influencia hispana en el catolicismo mundial era escasa[9].

* * *

Si, aun con todo ello, el bienio 1971-1972 resultó tranquilo, todo cambiaría en 1973, no solo dentro sino también fuera de España. El 27 de enero se firmaban en París los acuerdos de paz entre USA y Vietnam del Norte, que preludiaban la primera gran derrota histórica useña. El pasmoso acontecimiento fue considerado por mucha gente prueba de la decadencia irremisible de la democracia liberal o del «imperialismo». También Chile avanzaba hacia la revolución desde que en 1970 ganara las elecciones (36% de los votos) el marxista y masón Salvador Allende con una liga socialista-comunista. Sus recetas económico-sociales habían hundido la economía chilena y la intensa agitación amenazaba instalar una nueva Cuba en el cono sur de América. La oposición acusó a Allende de una escalada de actos inconstitucionales, y el 11 de septiembre del 73 el general Augusto Pinochet derrocó al Gobierno mediante un golpe militar, en el curso del cual Allende se suicidó. Estos sucesos causaron extrema irritación y protesta en los medios izquierdistas de Europa y América.

Poco después, el 6 de octubre, estallaba la guerra del Yom Kippur entre Israel y sus vecinos árabes. Los árabes golpearon primero, con armas nuevas vendidas por la URSS, y lograron éxitos iniciales, pero pronto cambiaron las tornas. Presionaron las dos superpotencias y la situación quedó en tablas, pero los países árabes productores de petróleo lo usaron como arma contra Occidente, alzando repentinamente el precio del barril y provocando o agravando una dura crisis en los países occidentales. Poco antes se daba por descontado que, gracias a las políticas keynesianas, el ciclo económico estaba dominado y no cabía esperar nuevas crisis económicas importantes.

En España, los presupuestos de ese año, en comparación con los de 1968, registraron un fuerte aumento de los gastos en enseñanza (del 12,2% al 17,7% del total) y asistencia social (del 5,3% al 7,4%), y reducción de los de Defensa (del 14,7% al 13,2%) y de justicia y policía (del 7,1% al 6,6%)[10]. La bonanza económica continuaba, sin reflejo en la política. Aumentaban las huelgas y violencias ocasionales. El 1 de mayo, fiesta del trabajo, solía ser ocasión de una demostración de fuerza de la oposición, sobre todo la comunista, que por lo común demostraba más bien debilidad. Las manifestaciones más nutridas habían tenido lugar en Madrid en 1968, bajo los auspicios de Comisiones Obreras, pues el PCE, por su cuenta, arrastraba a muy poca gente. Pero desde aquella fecha, los sucesivos primeros de mayo habían decaído. El de 1973, fue señalado en Madrid por el apuñalamiento a muerte de un subinspector de policía, en Madrid, por un nuevo grupo terrorista, el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), dependiente del PCE (marxista-leninista), uno de los partidos maoístas surgidos del enfrentamiento chino-soviético de inicios de los años sesenta. Dicho partido preconizaba, como bastantes otros, la lucha armada, y había contado al principio con apoyo chino, que le había sido retirado (en la embajada china de París, núcleo de atracción de aquellos partidos, se llamaba al PCE (m-l) «la banda de la Benita», por el nombre de su dirigente). En cambio había conseguido el respaldo albanés, y desde Radio Tirana emitía en español.

El asesinato del policía desató crispadas manifestaciones del sector franquista conocido como búnker o ultra, que veía en tales violencias el efecto natural de los aperturismos del Gobierno y de la política eclesiástica (el grito «Tarancón al paredón» sonaría a menudo en sus manifestaciones). El búnker se veía desbordado por todos los flancos: la prensa, la oposición, la Iglesia, y los evolucionistas. Reaccionaba con invocaciones retóricas que ya no encontraban calor en la gente, y con violencias menores faltas de cualquier estrategia, como ataques a librerías progresistas o a alguna exposición de grabados de Picasso, a cargo de bandas tipo «Guerrilleros de Cristo rey», su torpeza, bien explotada por sus contrarios, los marginaba más y más ante la opinión pública. Pero causaba preocupación, porque tenía influencia en las altas esferas, lo que podía provocar, combinada con las violencias antifranquistas, una involución política. El nombre de búnker, bastante descriptivo, sugería una resistencia a ultranza, pero sin verdadera alternativa o capacidad contraofensiva.

Las vacilaciones sobre el camino a seguir paralizaban al Gobierno, y por ello dimitió el ministro de Gobernación, Tomás Garicano, molesto por la complacencia de un sector del Gobierno hacia las acciones ultras. Según el dimisionario, solo cabía afrontar las reformas precisas, pues «No sirve esa entelequia en que en los últimos años se ha convertido el Movimiento-Organización». «La gente no se engancha ya en las caducas y despobladas jefaturas provinciales y locales», y no se proporcionaba «cauce adecuado a la juventud». «Mal veo al Príncipe si la organización estatal y política continúa cerrándose». «Creo necesario un auténtico aperturismo, aunque no dejo de comprender que tiene sus riesgos, pero el país lo quiere y quiere se haga en vida del Caudillo, porque pueden atarse mejor todos los cabos. Parece claro que el poder, incluso moral, que hoy tiene el jefe del Estado, no pasará de modo alguno a su sucesor, de ahí que todas las medidas, como la Ley de régimen Local, electoral y de apertura política, fundamentales para el futuro, deben tomarse pronto, en «vida útil» del Caudillo; cuanto antes lo hagamos estaremos más seguros».

La dimisión de Garicano precipitó un relevo del Gobierno, el 9 de junio, con la novedad de que Franco delegaba la jefatura del mismo en Carrero, quien aceptó por sentido del deber, pues no era ambicioso ni había aspirado a más que consejero leal del Caudillo. Tampoco podía saber que solo ocuparía el nuevo cargo unos seis meses. La vicepresidencia correspondió a Torcuato Fernández Miranda, llamado a desempeñar un papel decisivo pocos años más tarde. López Rodó pasó a Exteriores en sustitución de López Bravo, que había sido ministro once años (de Industria parte de ellos), muy apreciado por su eficacia. A Garicano lo sustituyó Arias Navarro en Gobernación.

Un nuevo episodio de terrorismo se produjo en octubre, cuando la ETA capturó, torturó y asesinó a tres supuestos policías en el sur de Francia. En noviembre, los curas presos en la cárcel concordataria de Zamora organizaron un motín, rompieron el mobiliario y diversos enseres, y recibieron la solidaridad de los clérigos progresistas del país, para indignación impotente de los tradicionales.

El 20 de diciembre estaba previsto el «Juicio 1001», del TOP, contra los líderes de CC.OO. El PCE, con apoyo de la izquierda europea, llevaba meses volcado en una campaña de propaganda y protesta dentro y fuera de España: esperaba convertirlo en un nuevo «proceso de Burgos», aunque no se pedían penas de muerte. El 12 de diciembre había fracasado casi por completo una «jornada de lucha» por los encausados, a base de huelgas y manifestaciones. Y la mañana en que debía comenzar el juicio, el coche de Carrero, con el chófer y un policía de escolta, fue volado por una tremenda explosión, en la que murieron los tres. Carrero, como la mayoría de los políticos entonces, era muy vulnerable, pues contaba con protección escasa y seguía una rutina en sus movimientos. La espectacularidad del atentado, la cercanía de embajada useña o el hecho de que Carrero hubiera hablado el día anterior con Henry Kissinger, Secretario de Estado useño, han motivado mil especulaciones sobre la autoría «real» del magnicidio, achacado a veces a la CIA[b]. En realidad, la ETA pudo haberlo realizado sin ayudas de excepción, y sus explicaciones sobre el mismo parecen suficientes. En la preparación estuvieron mezclados miembros del PCE, aunque es difícil que lo hicieran por órdenes de la dirección comunista, ya que esta centraba toda su acción en el Juicio 1001.

El magnicidio creó gran nerviosismo. Al conocerlo, los procesados del 1001 temieron ser linchados, pero la Policía garantizó su seguridad. En cambio recibirían penas desusadamente altas, de veinte años para el principal de ellos, Marcelino Camacho, aunque pronto las reduciría el Tribunal Supremo a entre un sexto y menos de un tercio.

La provocación había sido brutal y parecía dar la razón a los ultras. Aunque después se crearía la leyenda de que mucha gente había brindado por el asesinato y se habían agotado las reservas de champán en las tiendas, la realidad fue muy otra. El PCE se apresuró a declarar su absoluta ajenidad al caso y la oposición estaba angustiada ante la posibilidad, nada irreal, de que el régimen la desarticulase al estilo de los años cuarenta, cosa no difícil, pues la Policía conocía a la mayoría de los opositores. Hubo un conato de reacción semejante cuando el general Iniesta Cano, director general de la Guardia Civil, ordenó a esta proceder sin ningún género de contemplaciones. Pero Torcuato Fernández Miranda revocó la orden y se impuso enseguida la normalidad.

¿Hasta qué punto fue el asesinato de Carrero decisivo en la evolución posterior? Otras leyendas urbanas pretenden que, con su eliminación, se abrió definitivamente el camino a la Transición, con lo que la ETA habría facilitado la democracia en España. Se trata de una fantasía. La ETA pasó a ocultarse y de ningún modo podía influir en el desarrollo de los acontecimientos, y tampoco el resto de la oposición. El franquismo retenía la iniciativa y todo iba a depender de sus propias tendencias internas. La actitud de Torcuato evitó cualquier histeria, la normalidad se mantuvo plenamente y la oposición pudo respirar tras haber pasado un gran susto. La trascendencia del asesinato de Carrero consistió, precisamente, en que pudo haber interrumpido el proceso evolutivo del franquismo, pero no lo hizo. El entierro dio lugar a nuevas demostraciones de crispación impotente por parte del búnker. A pesar de que Carrero simbolizaba lo que se llamaba «inmovilismo», pues temía una deriva partidista de las asociaciones, el aperturismo real no cesó un momento aquellos años, con nuevas publicaciones ajenas o incluso críticas al régimen, y un ambiente general crecientemente permisivo.

Capítulo VI

DEL ASESINATO DE CARRERO

A LAS EJECUCIONES DE 1975

El sucesor de Carrero debía ser el vicepresidente Torcuato Fernández Miranda, que había manejado con destreza la situación y a quien se suponía el futuro Jefe del Gobierno del Rey, de quien había sido educador. Pero Torcuato, tenido comúnmente por inteligente y capaz, tenía escaso apoyo en la clase política, debido a su carácter frío, despegado y algo enigmático. Él mismo desdeñaba ese mal ambiente, dedicándose a cultivar su influencia sobre el Príncipe, Carrero y el mismo Franco, gracias a su apreciada habilidad dialéctica. Pero Franco lo descartó como sucesor de Carrero. Torcuato achacó el desaire a presiones de la familia del Caudillo, pero la oposición a él era mucho más vasta. Corrió la consigna «cualquiera menos Torcuato», y las tensiones que acarrearía su nombramiento debieron de disuadir a Franco[1]. Tras estudiar varias opciones, el nombramiento recayó sobre Carlos Arias Navarro, pese a que, como ministro de Gobernación, no había logrado impedir el asesinato de Carrero.

De Arias, relativamente joven (65 años) y con fama de enérgico, se esperaba supiese dirigir el país en una etapa ardua, por la probable muerte o inhabilitación de Franco. Doctor en Derecho y de tendencia más bien izquierdista y anticlerical durante la república, ante el caos del Frente Popular había optado por los nacionales. Ejerció de fiscal en Málaga, donde procuró un duro castigo al previo terror izquierdista[2]. Carrero no le apreciaba: «Parece muy enérgico pero no es hombre de criterio». Fernández de la Mora, asombrado por su designación, escribió: «Tras su apariencia enérgica había una mente sin ideas y, por tanto, una personalidad débil, influible y versátil»[3].

López Rodó quería mantener el gabinete, que solo llevaba seis meses, pero Arias enmendó la línea de Carrero con doce relevos, la remodelación más amplia de todo el franquismo. Cesó a ministros significados como Torcuato, Fernández de la Mora o el propio López Rodó, e incorporó a aperturistas como Pío Cabanillas, Antonio Carro o José García Hernández. El cambio no debió de gustar a Juan Carlos. Fernández de la Mora pensó que Arias obraba «con vaga ingenuidad e infundada altivez»[4].

Las dudas sobre el nuevo rumbo se disiparon pronto: el 12 de febrero de 1974, Arias expuso un programa aperturista cuyo punto fuerte eran las asociaciones políticas. Su discurso causó expectación («espíritu del 12 de febrero»). Las asociaciones serían de hecho la antesala de partidos, y el aperturista Ortí Bordás, fuera del Gobierno, las creyó una oportunidad que no debía obstaculizarse: «Si Carlos Arias abría el sistema al pluralismo político, aunque este, en vida de Franco, fuese limitado, se podría conseguir una gradual, pacífica y tranquila democratización del país»[5].

Esta evolución sufrió un primer embate de la Iglesia: el obispo Añoveros, de Bilbao, pronunció el 24 de febrero una homilía en la que aproximaba la doctrina cristiana al nacionalismo vasco y pasaba por alto complicidades del clero con el terrorismo. La pastoral pudo haber sido ignorada pero, difundida apenas tres meses después del magnicidio de Carrero y dos semanas del discurso de Arias, el Gobierno solo pudo verla como una provocación y justificación implícita de la ETA, y respondió intentando expulsar de España al prelado. Este rehusó partir, Tarancón y los obispos progresistas le respaldaron, con amenaza de excomulgar al Gobierno. Añoveros tuvo que tomarse unas vacaciones, pero, en conjunto, Arias salió derrotado y con serio desgaste.

Sucesos así tendían a desbordar una evolución controlada, y el Gobierno, quizá para mostrar su autoridad, confirmó a principios de marzo dos ejecuciones: la del anarquista Puig Antich, que había herido de gravedad a un empleado bancario durante un atraco y asesinado a un policía, y la del alemán o polaco Heinz Chez, que había matado a un suboficial de la Guardia Civil. Las protestas, aunque fuertes, tuvieron eco muy inferior al del juicio de Burgos, y quedó claro que no sería fácil rebasar a Arias. Desde principio de los años cincuenta, las ejecuciones eran muy raras.

Estos sucesos y otras violencias reforzaban los argumentos del búnker. Además, la prensa antifranquista atacaba cada vez más al régimen, y revistas humorísticas como La Codorniz, Hermano Lobo, El Papus o Por Favor ejercían una burla corrosiva, a menudo ingeniosa contra él. Una izquierda adinerada o gauche divine, que retrata la editora Esther Tusquets en sus memorias, cultivaba conductas sexuales algo grotescas[a]. La pornografía expresaba a su modo una suerte de oposición incomprometida al régimen, y varias localidades al sur de Francia hacían su agosto con las peregrinaciones de progres hispanos para ver cine porno. Todo ello indignaba a unos y hacía dudar a otros sobre el rumbo político.

La impresión de un posible descontrol aumentó de pronto el 25 de abril, cuando un golpe militar izquierdista derrocó en Portugal a Marcelo Caetano, continuador de la dictadura de Oliveira Salazar, que planteaba una transición, cortada por la brusca intervención del ejército. Portugal sostenía una larga guerra por retener sus colonias africanas frente a insurgentes apoyados por Moscú o por países occidentales, y parte de la oficialidad lusa se había ido radicalizando hacia el marxismo o el populismo. El golpe originó un período inestable con riesgos de comunismo y, año y medio después, casi de guerra civil. La oposición española saludó con alborozo su carácter confusamente revolucionario, y muchos creyeron posible imitarlo en España. Pero el ejército español era franquista con pocas excepciones. Un grupo de militares fundaría pronto la UMD (Unión Militar Democrática), que intentaría aprender de la experiencia portuguesa.

El golpe portugués y la euforia de la oposición española llevaron a su ápice el enojo del búnker. El 28 de abril, José Antonio Girón publicó en el órgano falangista Arriba un retumbante artículo, conocido por el gironazo, llamando a cortar el proceso aperturista, aunque solo consiguió frenarlo algo. Girón pertenecía a la vieja guardia de Falange y como ministro de Trabajo entre 1941 y 1957 había atendido a los sindicatos y a diversas mejoras obreras, siendo un padre de la Seguridad Social. En 1972 había propugnado una especie de democratización dentro del Movimiento admitiendo en él tres tendencias: la falangista, la democristiana y la independiente o tecnocrática. Carrero Blanco le había rebatido: para él, la propuesta de Girón conducía al sistema demoliberal, que, a su juicio, solo había traído a España convulsiones[6]. El «gironazo» fue coreado por Blas Piñar y Fuerza Nueva, una asociación fundada en 1966, opuesta a cualquier reforma que pusiese en riesgo al Movimiento.

* * *

Julio fue otro mes «movido»: el día 24 caía en Grecia el «régimen de los coroneles», impuesto por un golpe militar derechista siete años antes tras un período de grave inestabilidad política. Los «coroneles», desunidos y en crisis por protestas estudiantiles, intentaron medidas liberalizantes que se le fueron de las manos, y luego la anexión de Chipre, donde la minoría musulmana fue auxiliada por Turquía, causando la división de la isla con peligro de guerra general greco-turca. Este grave revés desmoralizó a los militares, que invitaron a volver al político derechista exiliado Karamanlis, el cual restauró la democracia y procesó a los golpistas. El suceso perjudicaba al régimen español, pese a diferir del portugués y del griego en carácter y circunstancias.

Cinco días después de la caída de los «coroneles», Santiago Carrillo, juzgando oportuno el momento, trató de tomar la iniciativa: fundó en París la llamada Junta Democrática de España (JDE), asociando a ella a CC.OO., apéndice sindical del PCE, al Partido del Trabajo de España, grupo marxista-leninista y predicador de la lucha armada; al Partido Carlista, en deriva trotskizante; al Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, antes llamado «Socialista del Interior», y a personajes como Antonio García Trevijano, el intelectual progresista José Vidal-Beneyto, y Rafael Calvo Serer, miembro del Opus Dei. Como ocurría con la Asamblea de Cataluña, la única fuerza real eran los comunistas oficiales.

El programa de la JDE, típicamente rupturista, negaba al franquismo toda legitimidad y pretendía imponer un Gobierno provisional, amnistía absoluta, legalización de todos los partidos, libertad sindical y entrega del patrimonio acumulado por el Sindicato franquista (a CC.OO., claro, pues otros sindicatos apenas pasaban de entelequias), libertades democráticas y «reconocimiento de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego», aunque manteniendo la unidad de España. Preconizaban también la coexistencia pacífica, base propagandística de la política exterior soviética. La Junta pensaba movilizar a las masas, atacar al franquismo en la ONU, en USA, la CEE, Venezuela y las dictaduras rumana, argelina y mejicana; y buscaba acuerdos con fuerzas políticas en España, incluso del propio régimen si se mostraban proclives. El PNV y la Asamblea de Cataluña prefirieron no integrarse en una junta española (el PSUC favorecía las tendencias nacionalistas, como una palanca más contra el régimen).

La actividad comunista se manifestaba en un número de huelgas mayor que en cualquier año anterior, con amplia y favorable cobertura de la prensa, aunque la economía no había resentido aún la crisis mundial. La táctica del PCE consistía en pedir mejoras económicas más o menos razonables y teñirlas con alguna consigna política. No obstante, la gran mayoría de los obreros actuaba exclusivamente por la parte económica, cosa que los comunistas sabían. Si las huelgas causaban manifestaciones, que se procuraba hacer violentas, podía haber encontronazos con la Policía y muertos ocasionales, como habían ocurrido en Granada, Ferrol y otros puntos desde 1970, lo que generaba protestas y solidaridad entre fábricas, y hasta huelga general en alguna localidad. Estos efectos eran buscados por los agitadores y en ellos participaban, además de los grupos comunistas, otros de carácter cristiano-obrerista.

En julio, Franco sufrió un grave ataque de tromboflebitis, y el día 19, tras una hemorragia que lo puso al borde de la muerte, delegó en Juan Carlos la jefatura del Estado. La situación se prestaba a mil maniobras, y los políticos tomaban posiciones ante una evolución que nadie tenía clara. El procurador en Cortes José Luis Meilán, auguraba: «Frecuentemente los regímenes no son derribados por la presión de sus adversarios desde fuera, sino que mueren por la falta de confianza de los defensores de dentro». Altos cargos del régimen, como Juan Manuel Fanjul o Garicano, daban por finiquitado el Movimiento, calificándolo de «Un recuerdo, tanto desde el punto de vista teórico como del práctico». En la labor de liquidarlo estaban Cabanillas, ministro de Información, y Carro, de la Presidencia, que llegó a preparar un decreto disolviendo la Secretaría General. El ministro secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, opuesto a tal designio, señala cómo «Se boicoteaba todo intento de creación de círculos culturales, centros de estudios, agrupamientos juveniles, formación de cuadros». Él se hallaba relegado en el Gobierno y el propio Arias solía tratarlo con aspereza[7].

Menudeaban las tertulias y cenas entre políticos, especulando con mil planes, incluso el de declarar la incapacidad de Franco y, en vida de este, coronar a Juan Carlos, según propuesta de Cabanillas. Inesperadamente, Franco fue reponiéndose. Cabanillas, Carro y el ministro de Hacienda, Barrera de Irimo, parece que pensaron escenificar una dimisión conjunta si reasumía sus poderes, aunque luego no lo harían. El liberal Joaquín Garrigues Walker quería lanzarse a la política con una campaña de imagen al estilo de Kennedy, y en junio organizó una famosa «cena de Aravaca» con democristianos, monárquicos, exazules aperturistas, algún socialista de Tierno. La oposición presionaba a Don Juan para que rompiese del todo con el franquismo, y él preparó una entrevista a Le Monde en la que aseguraba que Franco solo tenía «voluntad de mando exclusivo», que sus instituciones carecían de sustancia y no podían mantener el orden público, y negaba todo valor a la apertura de Arias. Preconizaba «un cambio sin riesgos» y se sentía «perfectamente compatible con la izquierda». La entrevista no llegaría a aparecer. Tras contactar con el PCE a través del multimillonario Teodulfo Lagunero, amigo y financiador de Carrillo, Don Juan llegó a encomiar el patriotismo de los comunistas. Este acercamiento causó un choque entre Trevijano y Calvo Serer, consejeros de Don Juan y miembros de la JDE y los otros consejeros, Sainz Rodríguez y Luis María Ansón[8]. Hasta el sobrino del Caudillo, Nicolás Franco y Pascual de Pobil, visitó en París a Carrillo, que parecía destinado a un brillante futuro político.

En medio de la confusión, García Hernández y otros ministros reculaban de su aperturismo inicial, Arias vacilaba y algunos trataban de que Franco recobrase sus poderes. Utrera —y no solo él— advirtió de estos movimientos al convaleciente Caudillo, quien manifestó su oposición a las asociaciones fuera del Movimiento, que él consideraba futuros y perniciosos partidos, y dio una interpretación psicológica de ciertas actitudes: «El resentimiento y el rencor en la vida política (…) constituían un equipaje que no era ligero, y que en ocasiones derribaba a quienes lo llevaban a cuestas»; mostró asimismo confianza en que el ejército impediría un derrumbe[9].

El hecho es que Franco decidió librar una nueva batalla que sería la última y, para disgusto de Juan Carlos, el 1 de septiembre reasumió la jefatura del Estado. Su vuelta irritó a muchos. Parte de la prensa de derechas, como el órgano democristiano Ya, donde escribía un grupo de oposición consentida con el nombre de Tácito, o el monárquico ABC, expresaron su enojo con formas apenas veladas[b].

* * *

El 13 de septiembre, la ETA mataba a doce personas y hería o mutilaba a más de setenta con una bomba en la cafetería Rolando, junto a la Dirección General de Seguridad y a la Puerta del Sol madrileña. Dirigida aparentemente contra guardias que frecuentaban el local, casi ninguna víctima tuvo que ver con la Policía. La matanza fue perpetrada por un grupo etarra apoyado por dos exmiembros del PCE, uno de ellos Genoveva Forest, esposa del escritor Alfonso Sastre, ambos partidarios del terrorismo. Inexplicablemente, los cómplices serían puestos en libertad en 1975. Ante la repulsa generalizada al crimen, la oposición trató de culpar a la Policía, y la ETA, tras algunas vacilaciones, siguió la misma línea. Una implicada meramente tangencial, la feminista Lidia Falcón, cuenta en su libro Viernes y trece en la calle del Correo cómo la Forest, en la cárcel, criticaba al resto de la oposición por incapaz de asumir la matanza como un justo acto revolucionario, hasta que le llegó la consigna de la ETA, y entonces se asombraba de que alguien pudiera creer a la ETA capaz de tal crimen, achacable solo a los «fascistas». La relación PCE-ETA muy clara como apoyo propagandístico del primero a la segunda, queda más oscura en otros aspectos[10].

Como fuere, la línea principal de Carrillo seguía otro curso: aspiraba a aglutinar en torno al PCE, como en Cataluña, a toda la oposición, incluido el por entonces insignificante PSOE. Pero los socialistas se atribuían un gran futuro y rehusaban convertirse en satélites del PCE. No les faltaba razón, pues fuerzas muy potentes, dentro y fuera de España, apostaban por oponer al PSOE como alternativa frente al PCE, igual que al PNV frente a la ETA. Y así, en octubre, los socialistas celebraron su XIII Congreso en Suresnes, cerca de París, consumando la victoria del grupo de los «sevillanos», auxiliados por los bilbaínos, sobre Llopis y el PSOE histórico. Santiago Carrillo cuenta cómo los del interior, pese a ser muy pocos, habían ido logrando la mayoría sobre los del exterior mediante las ayudas que recibían de la CIOSL (especie de Internacional sindical socialista), ayudas que presentaban como pagos por cuotas de afiliados inexistentes. Llopis debió de felicitarse por estos progresos del interior, para descubrir que aquellos afiliados imaginarios le habían dejado en minoría. Así se lo explicó el dirigente socialista Enrique Múgica «con toda naturalidad»[11].

La solidez de las esperanzas del PSOE quedó clara en Suresnes por el poderoso respaldo que le ofrecieron figuras como Willy Brandt, Bettino Craxi y François Mitterrand, jefes de los partidos socialistas alemán, italiano y francés. Se pensaba que el socialista bilbaíno Nicolás Redondo fuera elegido secretario general, pero renunció a favor de Felipe González. Compitieron con este Pablo Castellano y Enrique Múgica, y la votación la ganó González, en condiciones irregulares. Dos miembros elegidos a la ejecutiva, Francisco Bustelo y Juan Iglesias, intentaron protestar, pero Alfonso Guerra les cortó el micrófono y no pudieron hacerse oír. Estos estilos continuarían en el PSOE. Dos de sus padrinos, Craxi y Mitterrand, protagonizarían escándalos de corrupción.

El programa del PSOE coincidía con el de la JDE en exigir la «ruptura», pero, más radical, acusaba a la alianza de Carrillo de «interclasista», «de derechas, burguesa». Se declaraba partido «marxista, de clase», propugnaba el «derecho de autodeterminación» de las «nacionalidades ibéricas», con posible separación, derecho planteado «en el contexto de la lucha de clases». Hablaba de república federal, pedía la «disolución de todas las instituciones represivas», las libertades, el reparto de los bienes sindicales, etc.

A finales de octubre, Franco hizo cesar a Cabanillas, lo que provocó la dimisión de Barrera de Irimo, de Ricardo de la Cierva, director general de Cultura Popular, de Marcelino Oreja, subsecretario de Información, de Francisco Fernández Ordóñez, presidente del INI —que había hecho de la dirección de aquel organismo económico oficial un centro conspirativo antirrégimen— y de otros cargos menores, unos porque temían que todo se viniera abajo si no se acometían reformas profundas, y otros porque se apuntaban a la caída del régimen. La mayoría se alineó con Fraga Iribarne, entonces embajador en Londres y que parecía la persona en mejores condiciones para llevar adelante una reforma política por encima del Movimiento, en el caso, que parecía probable, de que Arias fracasase[12].

El ministro Carro encargó a Juan A. Ortega Díaz-Ambrona, director del Instituto de Estudios Administrativos, un proyecto de asociaciones al margen del Movimiento, pero Franco lo rechazó, el 14 de noviembre. El 26 eran arrestados en un chalé de Madrid los asistentes a una reunión de Felipe González con democristianos, nacionalistas vascos, democristianos catalanes y el socialdemócrata Dionisio Ridruejo, antiguo falangista radical. A la detención quisieron sumarse Ruiz Giménez, cuya solicitud rechazó la Policía, y Fernando Álvarez de Miranda, a quien sí se permitió ingresar en una celda. A la mañana siguiente serían puestos en libertad, tras una declaración rutinaria. Pero el hecho sirvió de motivo para una nueva dimisión, la de Díaz-Ambrona.

Las violencias externas y los problemas internos dieron mejor oportunidad al ministro ultra Utrera Molina. A su juicio: «Nadie podía creer seriamente en la posibilidad de un derrumbamiento del sistema. El régimen seguía siendo sólido, sus apoyos populares no eran escasos y su base ideológica era potencialmente muy rica y contaba con múltiples posibilidades de modernizar y agilizar sus estructuras, si hubiera una voluntad decidida de ello». Aquel año, afirma, se habían afiliado a la Guardia de Franco treinta y seis mil personas entre los dieciocho y los treinta años, y él mismo había organizado una demostración de diecisiete mil jóvenes, contra la irritada hostilidad del resto del Gobierno (Arias la llamó «una concentración de niños gilipollas»). Pero admitía que, dentro del régimen, «el cerco al que estaba sometido el Movimiento se estrechaba cada vez más y las deserciones eran notorias», que «el gran capital empezaba a favorecer a los enemigos del régimen» y había una presión del exterior, particularmente de la CEE, de Inglaterra y de USA en el mismo sentido. La CEE, afligida desde finales de 1973 por la crisis del petróleo, trataba de empeorar el trato comercial concedido a España, la cual aún resistía bastante bien, con solo un 3% de paro. Aunque los problemas políticos impedían afrontar la pronta llegada de la crisis, y Francia negaba la extradición de los asesinos de Carrero[13].

Utrera mismo expone el fondo del problema: comunicó a Franco que no creía que Juan Carlos «a quien yo acataba en función de la confianza que él [Franco] le había otorgado siempre, estuviese sinceramente identificado con proyectos que pudieran representar la continuidad del régimen. Franco cambió súbitamente de expresión (…) y con notorio enfado exclamó: «Eso no es cierto y es muy grave lo que me dice». Y añadió: «Sé que cuando yo muera todo será distinto, pero existen juramentos que obligan y principios que han de permanecer (…). España no podrá regresar a la fragmentación y a la discordia»[14]. El hecho era que el poder recaería en Juan Carlos, cualquiera fuese la orientación que este tomase.

Y por fin el 21 de diciembre, casi en el aniversario del asesinato de Carrero, y siete años largos después de que se hubieran anunciado, las asociaciones políticas tomaban forma en un Estatuto jurídico que las admitía, eso sí, dentro del Movimiento, y les exigía un mínimo de veinticinco mil afiliados. El Estatuto decepcionó a derecha e izquierda, y Ricardo de la Cierva consideró que acumulaba las desventajas de los regímenes autoritarios y de los democráticos. Dos días después, la XXI sesión de la Conferencia Episcopal reafirmaba el alejamiento del régimen[15].

* * *

El año 1975 iba a ser crucial. Caía el Gobierno de Vietnam del Sur, ya herido de muerte por la retirada useña de 1973, comenzaba allí una masiva represión, y el comunismo iniciaba en Camboya uno de los mayores genocidios de la historia. En África, las extensas colonias de Portugal pasaban a poder de movimientos comunistas o procomunistas, y en Hispanoamérica cundía la subversión cristiano-marxista. Para España fue el año de una nueva ofensiva terrorista e internacional contra el régimen, de la agresión marroquí al Sáhara español y, sobre todo, de la muerte del propio Franco.

El 20 de febrero dimitió el ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, por la oposición a sus reformas sindicales, y Arias aprovechó para relevar a los ministros más ultras, el de Justicia, Ruiz Jarabo, y Utrera, a este contra la opinión de Franco, a quien amenazó con dimitir. El sustituto de Utrera, Fernando Herrero Tejedor, falangista, opusdeísta y aperturista a un tiempo, político brillante próximo a Juan Carlos, parecía aspirar a ser primer Jefe de Gobierno de la monarquía, acaso en rivalidad con Torcuato. Herrero nombró vicesecretario general del Movimiento a Adolfo Suárez, que emprendía así una sorprendente carrera política. Suárez, amigo del Príncipe y antes protegido de Carrero, volvió a vestir la camisa azul falangista, que Torcuato había puesto algo en desuso.

La Ley de Asociaciones Políticas recién aprobada dio a luz a siete de ellas, de las que solo la UDPE (Unión del Pueblo Español), impulsada por Herrero Tejedor, cumplía el requisito de los veinticinco mil afiliados. Las demás, nacidas casi todas del Movimiento, mostraban de paso la división interna de este. El primer presidente de UDPE fue Suárez, después de que Fraga y Ortí rehusaran, por creer que tal asociación llegaba tarde y estaba demasiado apegada al Movimiento. Fraga, embajador en Londres entre 1973 y 1975, considerado uno de los políticos con mayor futuro para el postfranquismo, prefirió fundar con Cabanillas y otros un grupo estudios y proyección política, llamado FEDISA, similar al grupo Tácito del diario democristiano Ya.

Las elecciones sindicales de la primavera supusieron un relativo revés para el Gobierno, mientras se producían incidentes en varias universidades. Los cambios presentidos inducían a gente del régimen a transformismos o «cambios de chaqueta», y la oposición tolerada no cesaba en su actividad, como unas conferencias en Barcelona de democristianos, nacionalistas, socialistas y comunistas, en pro de un «acercamiento a Europa». Las asociaciones hallaron poco eco fuera y dentro del régimen, pero existía una libertad de prensa y sindical poco controlada. El 31 de mayo, el presidente useño Gerald Ford y su Secretario de Estado, Kissinger, visitaron Madrid para renovar el acuerdo sobre bases useñas, que se presentaba espinoso. Poco al tanto de la realidad hispana, Ford instó a Juan Carlos a subir al trono cuanto antes. Para mayor desasosiego, el Rey Hasán II de Marruecos presionaba sobre el Sáhara español y sobre Ceuta y Melilla, ciudades hispanas desde antes de que existiera un estado marroquí. La ONU desestimó las pretensiones marroquíes sobre Ceuta y Melilla y acordó que los saharauis, que nunca habían sido ni se sentían marroquíes, expresaran su decisión en referéndum. Estas maniobras servían al Gobierno marroquí para canalizar el descontento popular interno. Marruecos organizó agresiones a patrullas españolas en el norte de Sáhara, que también sufrieron bajas por parte del independentista Frente POLISARIO. El 23 de mayo, Arias anunció un referéndum, pero Hasán no pensaba aceptarlo.

En junio coincidieron la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática, la muerte de Herrero Tejedor en accidente de coche, y una declaración de Don Juan en Lisboa, que indignó a Franco, pues aquel volvió a ofrecer la salida monárquica legítima, cuestionando implícitamente la franquista y no dinástica legitimidad de su hijo. El óbito de Herrero cortaba una perspectiva política poco clara, pero que había levantado expectación. Como ministro del Movimiento le sustituyó José Solís, que ya lo había sido hasta 1969, cuando salió del Gobierno junto con Fraga. Solís, «la sonrisa del régimen», había obstruido en los años sesenta las reformas auspiciadas por otros falangistas, y pasaba por conservador. Era dicharachero, simpático y de poco fondo intelectual. Decidió prescindir de Suárez, que por un tiempo creyó quebrado su ascenso político.

En cuanto a la Plataforma Democrática, se presentó en rivalidad con la Junta creada por Carrillo un año antes. Su núcleo era el PSOE, cuya débil presencia se compensaban con una privilegiada atención mediática y abundancia de dinero de variada fuente. Tan variopinta como la Junta, la Plataforma agrupaba a dos grupos maoístas prolucha armada, el MCE (Movimiento Comunista de España, desgajado de la ETA, y que en 1975 pasó a llamarse MC, por la impopularidad creciente del término «España» entre la oposición) y la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores, nacida de círculos cristiano-marxistas), y a personajes socialdemócratas, democristianos y catalanistas. Los carlistas trotskizantes pasarían de la Junta a la Plataforma y la ORT abandonaría esta algo después. Muy radical, la Plataforma condenaba «la monarquía establecida en las leyes sucesorias» y pregonaba el «derecho de autodeterminación» y el federalismo. Por su parte, el grupo militar UMD, intentaba un «pronunciamiento negativo que mojase la pólvora del ejército», es decir, lo paralizase ante la oposición. El mismo junio, la Junta presionó en Washington para que USA provocase en España una ruptura supuestamente democrática. El historiador Stanley Payne precisó allí el carácter comunista de la Junta, la probabilidad de que Juan Carlos dirigiera una reforma, el PSOE formase una oposición democrática y los militares la aceptaran, si ella era ordenada y legal[16].

* * *

Estos y otros movimientos políticos ocurrían en unos meses en que empezaban a notarse los efectos de la crisis mundial, si bien de momento retrocedía el número de huelgas con respecto al año anterior. Mas, con todo, el sistema mantenía una solidez notable, y los desmoronamientos y cambios de chaqueta, aunque con peligro de extenderse, seguían siendo solo parciales. A finales de julio era desarticulada la UMD, eliminando un factor de descomposición interna potencialmente peligroso. Pero lo que iba a caracterizar los meses de primavera y verano, fue el recrudecimiento de la acción de la ETA, a la que se sumaría pronto el FRAP y luego un nuevo grupo maoísta, el PCE(r) («r» de «reconstituido»). Entre finales de marzo y principios de agosto, la ETA asesinó a ocho personas, provocando, en abril, un nuevo estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa. En verano se unió a los ataques el FRAP, que ya había asesinado a un policía dos años antes, matando ahora a tres más y atacando con cócteles molotov algún local militar y alguna comisaría. Debido a su resonancia mediática y a los movimientos y maniobras políticas en curso, los atentados creaban cierta sensación social de incertidumbre y descontrol.

El Gobierno reaccionó con una Ley Antiterrorista que establecía consejos de guerra y penas de muerte en caso de atentados mortales. La oposición trató de entorpecer dicha ley: Junta y Plataforma afirmaron que la misma se dirigía en realidad «contra las masas populares, los ciudadanos, las fuerzas organizadas de la democracia y movimientos de las nacionalidades». Nada más falso, por cierto: las «masas populares», en general, aceptaban bien las medidas contra los pistoleros, como demostrarían pronto, y la oposición seguía disfrutando de notable libertad práctica y favores mediáticos, aunque sentía inquietud por si los atentados causaban una involución política.

Hacia mediados de agosto la Policía detenía a todos los grupos armados del FRAP, y la ETA, dividida en dos ramas, mili y poli-mili, sufría el mayor descalabro de su historia, con detenciones generalizadas y alguna muerte, incluyendo a varios de sus principales dirigentes y activistas. Para contrarrestar la sensación general de triunfo del franquismo, entró en acción otro grupo terrorista, el PCE(r), mediante el ataque a una pareja de guardias civiles cerca del canódromo madrileño, matando a uno e hiriendo a otro: primer atentado realizado desde el maquis contra dos policías, pues hasta entonces solo se habían dado tiroteos por la espalda contra un solo guardia aislado. Otra acción nueva desde la guerra fue la ocupación de un pequeño cuartel en Madrid por militantes de dicho partido disfrazados de militares.

Durante el mes de septiembre, el país vivió pendiente del juicio a los terroristas. Se pidieron once penas capitales. Enseguida se desató por Europa Occidental un vasto y violento movimiento de solidaridad con los procesados —con perfecto olvido de sus víctimas—, que dejaría pequeño el de 1970 por el Proceso de Burgos. El Colegio de doctores y licenciados de Cataluña y Baleares pidió la suspensión de los consejos de guerra, y poco después otro policía era asesinado en Barcelona. El sindicato comunista francés CGT declaró el boicot a los barcos españoles. Las turbas hostigaban embajadas, consulados, oficinas de turismo y otras dependencias hispanas, y proliferaban las amenazas telefónicas, avisos de bombas y manifestaciones. Tarancón y Pablo VI presionaron a favor de los acusados. En Madrid se reunieron, el 22 de septiembre, intelectuales y artistas franceses como Régis Debray, simpatizante del Che Guevara, Ives Montand, el cineasta griego Costa Gavras y otros, para difundir un manifiesto firmado también por Sartre, Malraux, Aragon, etc.: descubiertos, fueron expulsados inmediatamente del país. Los altos organismos de la CEE, como el Parlamento europeo, ministros y Gobiernos diversos, el Secretario general de la ONU Kurt Waldheim, la Internacional socialista, y partidos de izquierda, el nuncio Dadaglio y otras autoridades exteriores, presionaron con fuerza a Madrid contra las posibles penas capitales.

Sin embargo, los indultos de diciembre de 1970 no habían menguado en absoluto la agresividad terrorista ni el apoyo a esta por parte de la oposición, de sectores del clero y de varios Gobiernos eurooccidentales. Un indulto generalizado se tomaría por signo de flaqueza, no de perdón y concordia. Así, Franco conmutó seis penas de muerte y dio el enterado a las otras cinco, tres del FRAP y dos de la ETA. Las ejecuciones, el 27 de septiembre, desencadenaron otra oleada exterior de agitación, boicots sindicales recrudecidos, ataque a oficinas de Iberia y a centros oficiales. El mismo día 27, la embajada española en Lisboa era saqueada y quemada, bajo la cómplice inacción de la Policía y las autoridades, y la de Viena sufría serio vandalismo. En Bruselas, Londres, Roma, París y otras ciudades hubo exaltadas manifestaciones, y las de Suecia y Holanda fueron encabezadas por los respectivos Jefes de Gobierno. El sueco, Olof Palme, paseó una hucha simbólica pidiendo dinero contra Franco. El mejicano Echeverría exigió suspender los derechos de España en la ONU y la ruptura de relaciones. Diecisiete países, democráticos y totalitarios en compañía, retiraron sus embajadores. Parecía una vuelta al aislamiento internacional de 1946.

Arias retiró a su vez varios embajadores españoles y, en nombre del Gobierno y del Caudillo, advirtió: «No deseamos estar solos, pero tampoco nos intimida la posibilidad del aislamiento». Sin embargo no creía en ella, pues, como señalaba el exministro Alfredo Sánchez Bella, «Un país que compra anualmente productos por un valor superior a quince mil millones de dólares no puede ser aislado».

Las reacciones eurooccidentales y la del Papa tienen un toque chocante, no solo porque nunca les habían indignado en grado remotamente parecido las ejecuciones de terroristas o simples disidentes en otros países, sino porque el terrorismo se estaba convirtiendo en una plaga en Europa, con atentados, secuestro de aviones, etc. Actuaban grupos armados en Alemania, Italia, Reino Unido y Francia, y solo tres años antes los palestinos habían realizado la brutal matanza de atletas israelíes en la Olimpiada de Múnich. Y no era menos destacable su silencio, de fondo despectivo, hacia las víctimas de la ETA y del FRAP, aunque a veces las protestas las aludieran superficialmente. Además, el pasado de muchos antifranquistas guardaba puntos oscuros. El más acerbo acusador, el presidente mejicano Echeverría, había sido, como ministro del Interior, el más directo responsable de la matanza de cientos de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, en 1968, así como, siendo ya presidente, de otra matanza llamada el Halconazo, con no menos de treinta víctimas mortales. Kurt Waldheim sería acusado de haber pertenecido a las SA nazis y de posibles crímenes de guerra. Olof Palme moriría diez años después, precisamente en un atentado terrorista que la Policía sueca nunca supo aclarar.

La especial animadversión al franquismo en Europa Occidental no se debía a su carácter dictatorial, pues dictaduras mucho más férreas en el este europeo eran miradas con respeto, en particular la yugoslava de Tito (ocurría también en la propia España, sobre todo con el castrismo). Ni podía deberse al recuerdo de la Guerra Mundial, pues Franco libró a Gran Bretaña del desastre que le habría supuesto el cierre del estrecho de Gibraltar por los alemanes, y luego había facilitado, con su neutralidad, el desembarco anglouseño en el Magreb, una deuda impagable para las potencias anglosajonas. Por otra parte, España fue de los muy pocos países que salvaron a numerosos judíos. El odio se justificaba en la ayuda recibida por el franquismo de Alemania e Italia durante la guerra civil y por su solidaridad posterior (de pocas consecuencias prácticas) con ambos fascismos. En la condena a Franco también rezumaba, acaso, un oculto resentimiento por el hecho de que los nazis hubieran hallado mucha más colaboración que resistencia en los países ocupados de Europa Occidental, y porque estos no debían a sí mismos, sino a la intervención useña, la democracia ni el comienzo de su prosperidad de posguerra (plan Marshall). Por fin, algunos quizá creyeron que un fuerte empujón en aquella crisis derrumbaría al franquismo. USA obró con mucha mayor ecuanimidad.

El régimen aguantó estoicamente las presiones y agresiones, que sin duda supusieron un fortísimo estímulo para los terroristas. En contraste con las movilizaciones del exterior, dentro de España hubo escasas protestas, y los antifranquistas, en general, optaron por la discreción, temerosos de que el Gobierno, triunfante una vez más, se revolviera contra ellos; aunque no pareció ser esa la intención de Arias. ETA y FRAP parecían vencidos, y el alboroto exterior iría calmándose. Pero a los cuatro días, el Gobierno encajó un golpe especialmente duro: el 1 de octubre, en una acción terrorista sin precedentes, el PCE(r) asesinó simultáneamente a cuatro policías en diversos puntos de Madrid, sin reivindicar la acción, como no lo había hecho con la del canódromo o el asalto al cuartel, para evitar la detección policial. El golpe del PCE(r) serviría, más tarde, para dar nombre a la sección de dicho partido llamada GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre). Unos días después, una bomba de la ETA al paso de un jeep de la Guardia Civil, en Guipúzcoa, causaría tres muertes más[17].

El golpe del PCE(r) coincidió con una magna demostración popular de apoyo a Franco en la plaza de Oriente, lugar de otras manifestaciones similares, con unos cien mil asistentes. Franco habló con voz apagada, acusando de la agitación europea a una «conspiración masónica-izquierdista en contubernio con la subversión comunista-terrorista (…) que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece». Fue la última victoria, aunque solo parcial, del viejo Caudillo, que poco después sufría los primeros amagos de infarto y entraba en una larga y dolorosa agonía. El rey marroquí Hasán II decidió aprovechar tan favorable coyuntura para apoderarse del Sáhara.

* * *

Ante las luchas de descolonización que tantos quebrantos causaron a Francia, Reino Unido y Portugal, Madrid había aceptado la independencia de Guinea española, uno de los países mejor ordenados y de mayor renta per cápita de África, uniendo a ella la isla de Fernando Poo (Bioko), por presión de la ONU y contra el deseo de los isleños. Tras unos comicios ganó el poder un psicópata izquierdista llamado Macías, que exterminó a los guineanos preparados por España para asumir la Administración, perpetró matanzas en masa y hundió al país en la miseria. El Sáhara, con solo 70.000 habitantes, había sido declarada, como la anterior, «provincia española», aunque, de modo incoherente, el Gobierno las había inscrito a ambas en la ONU como territorios no autónomos o descolonizables. Ante la inevitable independencia, se fundó un partido proespañol, el PUNS (Partido de Unidad Nacional Saharaui), para mantener un lazo privilegiado con España, interesada en tener allí un régimen amigo, por asegurar los fosfatos de la zona y como salvaguardia de las islas Canarias. Pero ante la amenaza marroquí, el PUNS se desintegró.

Marruecos contaba además con el apoyo de USA, porque era el único país prouseño del norte de África. Si el Sáhara caía en manos del Frente POLISARIO, orientado por la dictadura socialista y prosoviética argelina, Argelia rodearía por tierra a Marruecos, lo que no podía admitir Washington, ya bastante alarmado por los avances soviéticos en las excolonias lusas. Mauritania también aspiraba a su parte del botín.

Probablemente Franco habría mantenido su compromiso de referéndum. Para impedirlo, Hasán anunció a mediados de octubre, con respaldo useño, una marcha «pacífica», llamada Marcha Verde, de cientos de miles de marroquíes para cruzar la frontera. A los pocos días, Franco ingresaba en el hospital, entre la vida y la muerte, sufriendo una interminable agonía mantenida artificialmente y sin práctica esperanza de recuperación. El 21 de octubre, el ministro Solís fue a Rabat para hablar con Hasán («hablando se entiende la gente», diría), llegando a acuerdos entreguistas. El 2 de noviembre, Juan Carlos visitó la guarnición del Sáhara y prometió hacer «cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y su honor. España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz». Bajo estas palabras, dirigidas a calmar a una oficialidad soliviantada por los rumores de entreguismo, se percibía la claudicación. Entre el 6 y el 9 de noviembre, la Marcha Verde lograba sus objetivos, y el día 14 se firmaban los Acuerdos de Madrid, por los que España cedía dos tercios del territorio a Marruecos y un tercio a Mauritania. A lo cual siguió una brutal represión marroquí sobre los saharauis.

Madrid difícilmente podía cumplir sus compromisos, pues si en algo coincidían los rivales Marruecos, Argelia, Mauritania y POLISARIO, rivales entre sí, era en la salida de España cuanto antes. Además, pesaba el interés useño, opuesto en esta zona al español. Cumplir promesas anteriores y los acuerdos de la ONU habría acarreado a España sacrificios y riesgos excesivos. Por otra parte, los acuerdos con Rabat no tenían ninguna garantía. Años antes se le había cedido Ifni a condición de la libertad de pesca en aguas próximas a Marruecos, pero a los dos años Rabat comenzó a apresar a los pesqueros españoles. Y, en fin, el Sáhara pasó a manos de una potencia prooccidental, en lugar de una hostil. La cesión resultaría un regalo envenenado para Marruecos, pues durante largos años el POLISARIO, con apoyo argelino, le impondría a una onerosísima guerra que apartaría a Rabat de sus ambiciones sobre Ceuta y Melilla.

Capítulo VII

MUERTE Y LEGADO DE FRANCO

El 20 de noviembre, después de un mes de agonía, fallecía el general Franco. Su testamento político fue leído en televisión por Arias, visiblemente emocionado[1].

El documento, breve, sobrio y emotivo, expresa el carácter y creencias esenciales de su autor. Cabe destacar la confianza en Juan Carlos, a quien cedía un poder decisivo, y las únicas recomendaciones a sus sucesores, sin mención al Movimiento: mejorar la situación material y cultural y mantener la paz y la unidad de España, que los terrorismos y los marxismos volvían a poner en cuestión, después de varios decenios.

Ante el Caudillo muerto pasaron, en interminables colas, cientos de miles de personas, y después fue enterrado en el Valle de los Caídos, frente a la tumba de José Antonio, el fundador de la Falange, fusilado treinta y nueve años antes, casualmente el mismo día y mes del fallecimiento de Franco (y del líder anarquista Durruti). Como tras el asesinato de Carrero, las previsiones institucionales y la sucesión funcionaron impecablemente.

La sociedad sentía que con Franco terminaba una época histórica. La valoración de esa época era entonces muy mayoritariamente positiva: según una encuesta, un 80% de los españoles entendieron la muerte del Caudillo como una pérdida. Los odios sociales y de partido que habían destrozado la república quedaban muy atrás para la inmensa mayoría, aun si los marxismos, terrorismos y separatismos lograban algunos éxitos en su empeño por resucitarlos. De la calma social daba indicio la escasez de presos políticos, y de presos en general[a].

Franco dejaba una España ya rica, novena potencia industrial del mundo, con una enseñanza extendida en todos los grados, Seguridad Social muy aceptable, una capa empresarial amplia y emprendedora, gran número de profesionales y técnicos y una clase media predominante. El aparato estatal, muy alejado del totalitarismo, era reducido y poco costoso en comparación con los de Europa Occidental, donde se había inflado enormemente. En rigor, el franquismo había transformado la sociedad y traído una prosperidad incomparablemente mayor que ningún régimen anterior en, al menos, dos siglos. Aparte de próspera, aunque ya empezase a arañarle la crisis del petróleo, la salud social superaba a la media en la CEE, si la medimos por índices como los de fracaso matrimonial y familiar, delincuencia juvenil y general, suicidio, población penal, prostitución, fracaso educativo visible, entre otras cosas, en la subversión estudiantil prototalitaria, mucho más fuerte en Francia, Italia o Alemania; o en la difusión de la droga y el alcoholismo entre los estudiantes, etc.

Se ha presentado la supervivencia del franquismo como una especie de concesión useña a cambio de una total supeditación de Madrid a la política de Washington. En realidad, USA y la Europa Occidental debieron resignarse de mala gana al franquismo, dada la voluntad de resistencia de este y el acertado cálculo de Franco de que la alianza entre los anglosajones y la URSS duraría poco tras la Guerra Mundial. El régimen español, concordante con el useño en su anticomunismo, nunca siguió del todo la política de Washington: no reconoció a Israel (pero ayudó a los judíos de Marruecos); comerció con Fidel Castro, no por simpatía ideológica, sino porque este rechazaba la hegemonía useña sobre Hispanoamérica; rehusó participar en la guerra de Vietnam, vaticinando la derrota de USA; no pidió entrar en la OTAN (aunque sí en la CEE); cerró el tráfico terrestre con Gibraltar, volviendo el peñón muy costoso para Londres, etc. En conjunto, su política exterior fue mucho más soberana que la del postfranquismo.

Como quedó señalado, el balance de Franco puede resumirse así: además de los cambios económicos y sociales, derrotó un proceso revolucionario de orientación totalitaria, mantuvo a España fuera de la II Guerra Mundial —beneficio invalorable para el país y para los Aliados—, derrotó la guerrilla comunista o maquis, que pretendía reavivar la guerra civil, y superó el aislamiento internacional. Simplemente ningún otro estadista español ha acumulado tales méritos en varios siglos. Como rasgos negativos cabe mencionar la dureza de la represión en la inmediata posguerra, aun si realizada sobre todo por tribunales; y la restricción de las libertades políticas, aunque siempre hubo un grado alto de libertad personal y, desde los años sesenta, de expresión en la prensa. Probablemente las libertades habrían crecido más, de no mediar las violencias y simpatías prototalitarias de gran parte de la oposición, que parecían justificar al búnker.

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Con todo lo anterior, se habían creado las mejores condiciones históricas y sociales para una democracia estable en España, y ello a pesar de que el régimen no era democrático ni tenía enfrente una oposición democrática, salvo algunos políticos aislados y con tendencia sospechosa a aliarse con totalitarios[b]. De ahí que la sociedad presintiera el comienzo de una nueva etapa, y que pocos creyeran en la pura y simple continuidad de la anterior. Había al respecto cierta inquietud, pero no alarma.

Las condiciones sociales pueden favorecer una u otra evolución política, pero no la determinan, por lo que la incertidumbre estaba justificada, aunque era seguramente mayor fuera del país, donde pervivían viejos prejuicios sobre España. En Europa solía creerse que el pueblo español se sentía muy oprimido, recordaba con nostalgia las maravillas republicanas y estaba presto a saltar en cuanto se aflojase el yugo; no pocos especialistas pronosticaban un vuelco histórico parecido al de la II República, incluso un triunfo del anarquismo, que muchos tenían por connatural al carácter español. O, al menos, un cambio brusco como el de Portugal: sucesivos Gobiernos provisionales de creciente extremismo, donde comunistas y militares radicalizados habían anunciado, en marzo, la «transición al socialismo», y se asistía a un duro pulso con los sectores moderados; durante las jornadas de la agonía de Franco, Portugal se aproximaba a una guerra civil, conjurada finalmente por el Partido Socialista, mucho más moderado que el español. Curiosamente, gran parte de la opinión pública europea —mucho menos la useña— miraba con simpatía tales perspectivas para España.

En USA sí había bastante alarma. El aperturista Ortí Bordás se entrevistó con unos altos funcionarios del departamento de Estado, «cuyos conocimientos políticos sobre España no eran, por decirlo así, excesivos (…). No habían llegado a asimilar la profunda transformación económico-social que se había operado en nuestro país (…). Una cosa sí tenían perfectamente clara: resultaba preciso evitar a toda costa cualquier conflicto serio en España a la muerte del jefe del Estado. Temían que nuestro país pudiese caer en un proceso de desestabilización que afectase negativamente al resto de Europa y a sus propios intereses estratégicos. Y les asustaba la influencia (…) que el comunismo fuese capaz de desarrollar». Daban crédito a rumores de un golpe militar en cuanto falleciese Franco, o de que la oposición organizase un «Gobierno provisional y elecciones constituyentes, como en el históricamente irrepetible 14 de abril de 1931. (…) ¿La posición del Príncipe era lo suficientemente fuerte para hacerse cargo de la jefatura del Estado sin mayor problema? ¿Acaso contaba con suficientes asistencias políticas y populares? ¿Y cuál sería la actitud que adoptasen las Fuerzas Armadas (…)? ¿Los franquistas se avendrían a un futuro monárquico o, por el contrario, obstaculizarían el asentamiento de la Corona? ¿Las fuerzas políticas de la oposición, todas ellas antifranquistas y antimonárquicas, asumirían un proceso que, al cabo, suponía el cumplimiento de las previsiones sucesorias establecidas por el propio Franco? ¿Se iban a quedar quietos los comunistas, con su capacidad de movilización y los muchos apoyos exteriores de que disponían? ¿Los grupos terroristas, y fundamentalmente la ETA, no pretenderían dinamitar el intento de una sucesión pacífica del General? Etc.

Ortí les afirmó que «En España no iba a pasar nada a la muerte de Franco (…) En mi opinión, en España no se daba ni una sola de las circunstancias que suelen desembocar en un conflicto, convulsión o interrupción del normal funcionamiento de las instituciones. (…) Los españoles, en su inmensa mayoría, lo único que de verdad deseaban era convivir en paz y que su país se pareciese cada vez más a las naciones de su entorno (…). El Príncipe de España sucedería a Franco como Rey y como jefe de las Fuerzas Armadas, nombraría presidente de Gobierno y realizaría, según me constaba, las reformas necesarias para introducir a España en la normalidad democrática». Ortí no creía graves los peligros: el control de la situación por el régimen tras el asesinato de Carrero probaba la solidez institucional, casi todas las fuerzas políticas y sociales apoyaban o aceptaban la sucesión establecida, el PSOE también lo haría; no así el PCE, pero este no pasaría de causar ciertas molestias[2]. Más le preocupaba el terrorismo, que de todas formas se limitaría mucho si París dejaba de colaborar con la ETA.

La mala información sobre España en Washington se extendía a la CIA, que distaba de la diabólica eficacia que le atribuían sus adversarios[3]. El análisis de Ortí, visto a posteriori, parece justo. Pero también durante la transición de 1930-31, tras la dictadura de Primo de Rivera, la relación de fuerzas favorecía a la derecha, y no por ello dejó de hundirse la Corona. En 1975, el franquismo se mantenía más firme que la vieja monarquía, y solo existían pequeñas minorías radicalizadas; pero una transición política puede causar vuelcos bruscos, y la solidez del sistema no impedía que sonasen chasquidos en su interior, desmoronamientos parciales y fisuras bien visibles.

* * *

Algunos sí temían un proceso similar al de los años 30-31. El exministro Fernández de la Mora había escrito el año anterior un artículo titulado, como otro célebre de Ortega y Gasset, «El error Berenguer». Según él, la transición de principios de los años treinta se había hecho sin una idea de Estado, con un programa «no creador y continuista, sino de abdicación y ruptura». Y concluía, sobre la situación presente: «No todos los gobernantes han de poseer una idea del Estado; pero es necesario que la tengan los llamados a decidir en momentos de crisis porque, en caso contrario, el Estado se lo harán los otros, o sea, los enemigos». No creía que Arias ni otros políticos del momento tuvieran la necesaria idea del estado.

Fernández de la Mora era el intelectual franquista más incisivo. En 1965 había escrito El crepúsculo de las ideologías, cuyas ideas ampliaría: «El fascismo se ha eclipsado, el progresismo ha envejecido, el socialismo y el conservatismo se han aproximado hasta perder no pocos de sus rasgos más peculiares. Los pueblos no piden ya ideólogos, sino expertos». Una larguísima tradición platónica concebía algún Estado ideal, más o menos utópico, al que adjuntaba una exigencia ética, fundamento (irracional) de todas las ideologías; pero él entendía el Estado como un instrumento cuyo valor deriva de su capacidad para seleccionar a los mejores y asegurar un orden justo y próspero: «La medida de las constituciones no está en su fidelidad a unos apriorismos, sino en su eficacia objetiva». Las democracias «responden a una teoría que (…) elaboró Locke y vulgarizó Rousseau. Según este modelo, el mejor Estado es aquel en que el pueblo se gobierna a sí mismo». Tal democracia funcionaría mejor o peor, pero no tenía nada de imperativo moral: «En ningún lugar una gran sociedad se gobierna a sí misma: siempre la gobiernan unos pocos. Esos pocos ni siquiera representan a los que los han elegido. La voluntad general no existe, y la opinión pública es cambiante, sujeta a manipulación, y no puede ser representada de manera estable. La regla de la mayoría es pura arbitrariedad. En suma, la cascada de postulados en que se funda la obligatoriedad del modelo es una ficción especulativa». «En las votaciones se eligen oligarquías que, en la cúpula de los partidos, se forman por cooptación y tienden a ser cada vez más cerradas (partitocracia)». Popper —advierte—, lo plantea de forma negativa: lo que se permite a la mayoría no es investir, sino destituir a la oligarquía que gobierna.

De ahí su tesis del «Estado de obras» (1973), entendido no solo como constructor de infraestructuras públicas, sino en el sentido del «por sus frutos los conoceréis». Desde este punto de vista, el franquismo se justificaba plenamente por sus frutos u obras, mientras que otras opciones arriesgaban una recaída en males ya superados[4].

Sin embargo, aunque la crítica de Fernández de la Mora a la democracia no carecía de agudeza, la propia experiencia española contradecía o relativizaba sus tesis: el éxito económico y social debiera dar al franquismo una gran solidez política, cuando en realidad el régimen sufría una crisis cada vez más aguda, y por razones ideológicas. Crisis manifiesta en las discrepancias e incertidumbre dentro del propio régimen y del mismo Gobierno, en el crecimiento de la oposición, aún no amenazante, pero real, y en otras señales. La muerte de Franco la agravaba, pues ningún otro político gozaba de su adhesión popular ni sobresalía con capacidad para heredar sus poderes y mantener unidas a las familias del régimen: por ello se aceptaba a un rey cuya autoridad provenía de haber sido nombrado por el Caudillo, pero sin equipararse a él.

La clave de la crisis radicaba, como hemos visto, en que la desafección de la Iglesia vaciaba al régimen de su contenido doctrinal e ideológico. El cristianismo no es una ideología ni una doctrina política, sino que se acomoda a sistemas varios, si no chocan con determinados principios y tendencias. Pero el franquismo se había identificado como católico, y así lo había reconocido antaño el Vaticano. Al cambiar la posición de la Iglesia, solo quedaban al régimen las doctrinas falangistas o carlistas, y mutiladas porque también se decían católicas. Tan irrellenable vacío no podía compensarse con «obras» que, además, son valoradas desde perspectivas muy distintas. Es difícil concebir un Estado no empapado de ideología.

Y esa ideología ya no podía ser la del Movimiento, cuya retórica, nacida de una época de graves peligros y luchas sociales, sonaba anacrónica en una España próspera y en paz, donde la gente común no esperaba ni quería grandes pugnas políticas. Utrera Molina refleja en sus memorias un desánimo creciente. El presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, había elaborado un plan para revitalizar el Movimiento mediante «un rearme ideológico y una vasta campaña de concienciación pública»; pero, signo de la hora, no había encontrado eco en casi nadie, tampoco en Franco[5]. Bajo la irritación de los ultras no había programa ni estrategia, y sí una desesperanza de fondo, pese a que su influencia en el aparato del Estado seguía siendo muy fuerte. Ante la inquietud social creciente, solo podrían mantener sus posiciones con una represión igualmente creciente, a la que ni ellos mismos estaban dispuestos.

Durante la agonía de Franco arreciaron las intrigas, y los partidarios de mantener una reforma dentro del Movimiento caían en la nada, frente a la hostilidad de la mayoría del Gobierno y de otros sectores del régimen. El franquismo había resultado una fórmula muy exitosa, pero los éxitos crean situaciones nuevas, en que la fórmula anterior pierde eficacia, y mantenerla tal cual esclerotiza al sistema. Cada vez más gente creía que, sobre lo ya construido, solo podía avanzarse en dirección a una democracia similar a las transpirenaicas, a su vez bastante exitosas. Fernández de la Mora rechazaba esa línea, pero, sobrepasado por los sucesos, pronto iba a intentar una asociación a fin de reunificar las cada vez más dispersas tendencias del franquismo. Lo cual equivalía a constituirse, inconfesadamente, en partido frente a los partidos adversos al Movimiento.

* * *

Hasta hacía poco, las encuestas indicaban que la mayoría de la población prefería una evolución dentro del régimen[6], y la discusión y tensiones habían girado en torno a una reforma dentro del Movimiento, o bien correr el riesgo de asociaciones ajenas a él. Pero apenas enterrado el Caudillo, el planteamiento político varió de modo profundo: se hizo difícil concebir otra salida que una democratización a fondo, y la alternativa era hacerla de manera controlada y desde el propio régimen, mediante una reforma; o desde fuera y mediante una ruptura radical, como propugnaba la oposición Tanto la Junta, dominada por el PCE, como la Plataforma con eje en el PSOE, eran demasiado variopintas y débiles para suponer un peligro real, pero también lo habían sido los componentes del Pacto de San Sebastián de 1930, y acabaron por ganar la iniciativa e imponer la república. A este peligro se añadía el de sus pulsiones totalitarias.

La reforma exigía cierto grado de acuerdo entre las familias exfranquistas o el grueso de ellas, y hubo al respecto bastantes maniobras[7]. Precisamente uno de los principales líderes ultras, Girón, había admitido, ya en 1972, la existencia de tres esferas dentro del llamado Movimiento-comunión (pues el Movimiento-organización era sobre todo falangista): la azul o falangista, la democristiana y la tecnócrata; y creía necesario articularlas. Carrero le había replicado que por ahí se volvía a la democracia liberal, cuya experiencia en España juzgaba nefasta (si bien nunca había habido, propiamente, una democracia liberal: solo Gobiernos más o menos liberales, pero no democráticos, y dos demagógicas repúblicas). Pero Girón solo constataba una realidad, y la cuestión era aún más compleja, porque dentro de cada familia había tendencias opuestas. Así, los más reformistas venían del sector azul, en cuyo seno otros componían el grueso del búnker; algo parecido ocurría con el grupo tecnócrata. Y dentro de lo que, en sentido amplio, podía llamarse democracia cristiana, solo una minoría menguante, la de Silva Muñoz, era aperturista, frente a una mayoría creciente que se situaba extramuros del régimen. Ahora todos tendrían que afrontar una nueva realidad.

Por lo demás, como se recordará, Franco no habló del régimen en su testamento sino, en posición reminiscente de la de Fernández de la Mora, de asegurar la paz, la prosperidad, la cultura y la unidad de España. Algo que, a aquellas alturas, parecía muy difícil realizar desde el Movimiento. En 1969 había dicho que todo quedaba atado y bien atado; se ha querido dar a la frase la idea de que el Movimiento continuaría indefinidamente, pero Franco se refería claramente a la sucesión, y esta funcionó, en efecto, sin mayor problema. Juan Carlos I, rey desde el día 22, dio orden de que el Caudillo fuera enterrado en el Valle de los Caídos, el grandioso monumento concebido para recordar la victoria nacional en la guerra civil, y pronto entendido como símbolo de reconciliación, al sepultarse allí a soldados de los dos bandos. Franco nunca especificó que quisiera su tumba allí (parece haber pensado en un panteón familiar en El Pardo). Como fuere, la orden provino de Juan Carlos, apenas coronado rey[c]. Al impresionante funeral solo asistieron los jefes del Estado chileno Augusto Pinochet, derrocador del marxista Allende; la esposa del presidente filipino, Imelda Marcos; Husein de Jordania; y Rainiero de Mónaco. Asistió también el vicepresidente useño Nelson Rockefeller, mucho más significativo. Los países europeos enviaron personajes de segunda fila y condolencias protocolarias, lo cual no dejaba de tener sentido: tenían una fuerte deuda con Franco, por su neutralidad en la Guerra Mundial, y por otra parte el Caudillo había resistido impertérrito a todas sus amenazas y presiones, incluida la última oleada de solidaridad con los terroristas de la ETA y el FRAP (que eso fue, en definitiva).

Capítulo VIII

FRUSTRACIÓN DE LA REFORMA

DE FRAGA

Las instituciones funcionaron con normalidad y dos días después del fallecimiento del Caudillo, Juan Carlos juró las Leyes Fundamentales del Movimiento ante las Cortes, por las que fue reconocido rey. Tres días después, el 25 de noviembre, un amplio indulto puso en libertad a más de 5.500 presos. De ellos, 429 eran políticos, la mayoría preventivos por la reciente ofensiva terrorista, quedando en prisión algo más de 300[a].

El día 27 se produjo la exaltación oficial al trono con una misa del Espíritu Santo. En contraste con el funeral de Franco, asistieron bastantes enviados extranjeros al más alto nivel: Nelson Rockefeller, presente en ambos; el presidente de Alemania Federal, Walter Scheel; el presidente francés, Giscard d’Estaing; el duque de Edimburgo, los príncipes herederos de Marruecos, Bélgica y Luxemburgo; y otros árabes; y delegaciones distinguidas de muchos países. En las últimas semanas, el Rey había informado confidencialmente de sus intenciones democratizadoras en diversos medios internacionales, a fin de obtener máximo respaldo. Caso aparte fue el de Giscard d’Estaing, que aceptó ir a Madrid solo si se le daba un trato privilegiado, que recibió. Él deseaba condicionar la política española —uno de sus medios de presión, la protección a la ETA, se esperaba fuese anulada, esperanza que resultaría vana—, y quería aparecer como protector o mentor de Juan Carlos. La misa fue oficiada por el cardenal Tarancón, de quien algunos temían alguna homilía retadora, que no tuvo lugar. El cardenal pronunció una exhortación genérica en sentido democrático y aperturista[b].

El nuevo Gobierno se formó con bastante rapidez, aunque no sin dificultades. Juan Carlos encontró que había heredado los poderes de Franco, pero no tanto su autoridad, pues los más renuentes a cualquier cambio en profundidad, y temerosos del rupturismo, seguían recelando de las intenciones y experiencia política del Rey. Este y sus asesores especulaban desde hacía semanas sobre a quién nombrar Jefe del nuevo Gobierno. Ante la previsible agravación de la crisis económica, campo abonado para agitaciones desestabilizadoras, habían pensado en expertos en economía como López Bravo o López de Letona. También hablaron de Areilza y de Fraga, y muchos daban por seguro a Torcuato Fernández Miranda. Pero Torcuato y Areilza tenían pocas simpatías entre la clase política, el segundo por su alineamiento con Don Juan. El general Alfonso Armada, asesor del Rey, insistió en mantener a Arias para evitar la impresión de un giro brusco, pues el búnker solo aceptaba a Arias, como un mal menor (pero un mal). Y así fue. Torcuato, el político más próximo al Rey, pasó a presidente del Consejo del Reino y de las Cortes —los dos cargos iban anejos—, pieza esencial para legalizar la transición por reforma. Se aprovechó el término del mandato de Rodríguez de Valcárcel como presidente de las Cortes, pero aún así, Torcuato encontró dificultades para ser aceptado.

El 12 de diciembre se publicaron los nuevos nombramientos de ministros. Para contrarrestar una excesiva imagen de continuismo y ofrecer credibilidad al exterior, entraban José María de Areilza, Manuel Fraga y Antonio Garrigues, pesos pesados aperturistas. También Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Rodolfo Martín Villa, más o menos próximos al Rey, y otros de menor relieve.

Areilza había ostentado altos cargos en el franquismo y sido embajador muy eficiente del régimen en Argentina, USA y Francia, por lo que tenía buenas relaciones en el extranjero. Pasaba por tener vasta visión política, aunque no iba a demostrarla muy fehacientemente. Doce años antes, quizá pensando que el franquismo no podía durar mucho, había pasado a una oposición tolerada como consejero de Don Juan y había contactado con los comunistas. Su actitud hacia Europa Occidental y USA era oficiosa y hasta servil, tendencia que se extendería tanto entre los reformistas como en la oposición: todos se volverían «europeístas» en extremo. Areilza despreciaba a la clase política franquista y se acercaba al rupturismo más que Fraga. Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, ministro de Justicia, había sido embajador de Franco en USA, donde contaba con numerosas relaciones, especialmente con la familia Kennedy, y en el Vaticano.

El verdadero hombre fuerte del nuevo Gobierno era Fraga, más que un Arias bastante desnortado sobre el rumbo a tomar. Fraga llevaba tiempo elaborando planes de reforma y formando equipos para ello en GODSA (Gabinete de Orientación y Documentación, S.A.) y FEDISA, ya mencionada. Era al mismo tiempo intelectual y político de acción, diplomático, catedrático de universidad, autor de numerosos libros de Historia y Ciencia política, Derecho constitucional, Sociología, temas internacionales, etc. Dotado de una memoria y capacidad lectora descomunales, desbordaba actividad y energía. Se le tenía por el hombre más capacitado para pilotar la Transición, aun si algunos temían su impulsividad. En 1969 había salido del Gobierno, como vimos, por su explotación del escándalo Matesa, y había sido embajador en Londres, de donde había vuelto hacía poco para poner en marcha sus proyectos. De acuerdo con su carácter, pidió para sí el ministerio de Gobernación, el más difícil y comprometido en aquellas circunstancias, pues tendría que bregar con el orden público e impedir a la oposición desestabilizar la reforma. Él mismo se había encargado de atraer a Areilza y a Garrigues, y tenía en el Gobierno a ministros afines como Carlos Robles Piquer o Adolfo Martín Gamero.

Enseguida surgió el problema de las frías relaciones entre Arias y el Rey. Juan Carlos, ya con Franco hospitalizado, realizaba, por su cuenta y a espaldas del Gobierno, gestiones discretas a través de su hombre de confianza Manuel Prado y Colón de Carvajal[1]. Así, había tratado a Giscard d’Estaing, a Kissinger —para informarle de la decisión abandonista de España en el Sáhara—, y trataría luego con Santiago Carrillo y con los democristianos antifranquistas. Arias, sensible al «borboneo» o interferencia de los reyes en los asuntos propios del Gobierno, desconocía tales gestiones, pero supo de otra, el 12 de noviembre, cuando Juan Carlos se reunió con los tres ministros militares para transmitir a Don Juan, en Lisboa, el consejo de no entorpecer con declaraciones hostiles la sucesión prevista, respaldada por las fuerzas armadas. Arias, al enterarse, visitó al todavía Príncipe, ya con Franco agonizante, le acusó de haber realizado una «borbonada» y dimitió. La dimisión, en momentos tan inciertos, perjudicaría los proyectos de Juan Carlos, a quien malquistaría con gran parte de la clase política. Hubo de admitir su inexperiencia y rogar a Arias que permaneciese, hasta que el incidente se resolvió con aparente cordialidad. Sin embargo el caso no era fácil de olvidar y perturbó la relación entre ambos. Arias detestaba a Don Juan y apreciaba poco a su hijo, de quien diría que no podía soportarlo más de diez minutos[2].

Comenzaba así el intenso y corto período (solo siete meses) del primer Gobierno monárquico. Ese tiempo suele considerarse como de prueba y fracaso de Arias, pero bajo esa superficie se encuentra algo más sustantivo: la frustración del proyecto de reforma de Fraga. Este, como queda dicho, se había preocupado más que nadie de estudiar los problemas de la Transición postfranquista y tenía un plan bastante elaborado. De las pugnas de los años anteriores en torno a las asociaciones no había salido una solución clara y sí divisiones dentro del régimen, por lo que no cabía ya pensar en simples retoques institucionales: se trataba de construir, a partir de las circunstancias sociales creadas por el franquismo y sin ruptura con su legitimidad, una democracia homologable a la eurooccidentales. La idea iba cuajando en la clase política, y ya el 3 de enero del 76 entregaba Fraga a sus colegas del gabinete un primer borrador de su proyecto de reforma. Con una oposición rupturista aún muy débil y dividida, la solución Fraga u otra parecida no debía encontrar obstáculos insalvables.

* * *

La oposición, de todas formas, no podía ser desdeñada, pues se organizaba y crecía con rapidez en un clima de amplias libertades de hecho, beneficiada por la crisis económica: «España —observa Fraga— empieza a agitarse; por la prensa; por lo laboral (el primer trimestre será terrible); por los temas regionales (manifestaciones en Cataluña); por todas partes»[3]. Para conseguir la ruptura, la oposición debía desbordar al Gobierno, desmoralizar y dividir a las familias franquistas, y movilizar a las masas hasta provocar un vuelco político. Por ello, el ministerio de Fraga se demostraría enseguida el decisivo ante la marea de conflictos de orden público. Una prueba de fuerza, apenas empezado 1976, fue la huelga del Metro de Madrid, que afectaba a todos los sectores productivos, seguida por la paralización de los taxis y de Correos. Fraga ganó el pulso militarizando el Metro y Correos, pero fue solo el comienzo de una oleada de paros nunca vista, por todo el país. Se declaraban «jornadas de lucha» por reivindicaciones laborales, a las que se añadían consignas de «Amnistía y libertad». Las horas de trabajo perdidas en el primer trimestre, cincuenta millones, triplicaron las de todo el año anterior[4]. Ello profundizaba la crisis económica y arruinaba a muchas empresas, alimentando, en círculo, nuevas protestas, de las que se hacía responsable al Gobierno.

El 1 de febrero, una nutrida manifestación en Barcelona añadió a la consigna «Libertad y amnistía» la de «Estatuto de autonomía». El Rey jugó con inteligencia al viajar a Cataluña, donde visitó también la zona obrera del Bajo Llobregat, recién concluida una masiva y enconada huelga. Ante las fuerzas vivas de Barcelona habló en español común y en catalán, prometiendo atención a las reivindicaciones regionales. Ganó así una extraordinaria popularidad.

Los conflictos abocaron a una sangrienta jornada en Vitoria. Grupos extremistas (exjesuita uno de los líderes) pedían aumento de sueldo de casi el 30% y semana de trabajo de 42 horas. Lograron imponer una huelga general el 3 de marzo, mediante piquetes, y bloquearon con barricadas los accesos a la ciudad. Por la tarde convocaron asamblea en una iglesia que no podía contener a todos los asistentes. Los desbordados policías, solo ciento noventa, lanzaron botes de humo a través de los cristales del templo. La gente salió empavorecida, la masa que permanecía en el exterior empujó hacia los policías, y estos dispararon e hirieron a diez personas, de las que cinco murieron. La ciudad fue tomada por una multitud enfurecida que alzó barricadas y realizó todo tipo de destrozos. Una comisaría fue atacada con cócteles molotov, y un guardia quedó ciego. Fraga se hallaba en Alemania, supliéndole Suárez en Gobernación. El día 6, Fraga volvió y visitó a los heridos, siendo recibido con hostilidad. Hubo protestas en muchas otras ciudades, y el día 8 huelga general en las Vascongadas, con masivas manifestaciones y un muerto.

Los sucesos de Vitoria tuvieron la mayor trascendencia política. Parte de la opinión pública y de los franquistas vieron en aquella semiinsurrección una estrategia y un probable desenlace revolucionario de las reformas. El Gobierno, alarmado, pensó declarar el estado de excepción, pero Suárez, razonablemente, se opuso. Fraga mantuvo el día 8 una reunión, que califica de «importantísima» y muy satisfactoria, con los ministros militares, deseosos de saber el alcance concreto de las reformas y tener garantía de que las mismas se aplicarían evitando el caos y la desmembración del país[5].

La Junta y la Plataforma sacaron lecciones de Vitoria. Percibieron que la agitación podía írseles de las manos, causar reacciones incontrolables del poder y privarles de apoyo en la CEE, poco deseosa de una situación a la portuguesa en España. Así, procuraron frenar los desórdenes, y los más extremistas ya no consiguieron repetir acciones como las de Vitoria. Además, el Gobierno tenía la llave de la legalización de los partidos, con la que jugaba para templar ímpetus. El PSOE temía que socialistas rivales como los Tierno Galván o Llopis, recibieran los favores oficiales y, aunque de labios afuera pedía la legalización del PCE, no hacía ascos a su aplazamiento, que le eliminaría un rival. Surgió entonces una aproximación entre el sindicato franquista y la UGT, en perjuicio de CC.OO., y algo más tarde Fraga permitía al sindicato socialista celebrar legalmente un congreso. El PSOE y su UGT seguían siendo insignificantes al lado del PCE y CC.OO., pero estos se encontraban en difícil postura: los socialistas, si eran legalizados antes, podían comer mucho terreno a los comunistas; pero si, en réplica a tal favoritismo, el PCE endurecía su acción, rompería la imagen moderada que le convenía ofrecer. El Rey creyó oportuno alentar la moderación comunista, y ese mismo y decisivo mes de marzo, de nuevo a espaldas del Gobierno, envió a Prado a Bucarest, a transmitir al dictador Ceaucescu un recado para Carrillo: no debía exaltarse, porque su partido sería legalizado más pronto que tarde.

Pero, aún con esas cautelas, la oposición siguió exhibiendo su lado oscuro: el 20 de marzo, Alexandr Solzhenitsin, testigo y crítico excepcional de la barbarie totalitaria, comparó en TVE al régimen español con la URSS, destacó el carácter infinitamente más sanguinario y opresivo de la segunda, su falta de libertades comunes en España, como viajar sin trabas dentro y fuera del país, leer prensa extranjera, fotocopiar documentos, hacer huelgas toleradas, etc.: «Si nosotros gozásemos de la libertad que ustedes disfrutan aquí, nos quedaríamos boquiabiertos». Contra él alzó la oposición un vendaval de improperios: «paranoico», «mentiroso», «cómico de pueblo», «antieuropeo», «pájaro de mal agüero», «chorizo», «bandido», «multimillonario a costa de los sufrimientos de sus compatriotas». Al coro se unieron desde la comunista Montserrat Roig, a políticos e intelectuales más bien de derecha, como Manuel Jiménez de Parga o Camilo José Cela; el intelectual progresista Juan Benet criticó en Cuadernos para el diálogo que a Solzhenitsin le hubieran dejado salir del GULAG. Tan furiosa reacción revelaba algo que el rupturismo solía ocultar: la mitificación de la URSS —incluido su GULAG, por nadie ignorado—, la agresividad antidemocrática de gran parte de la oposición, y el uso que esta podría dar a las libertades que por otra parte reclamaba.

El día 26, la Junta y la Plataforma unificaban su acción como Coordinación Democrática (popularmente Platajunta), para hacerla más efectiva, por un lado, y más controlada por otro. Podría pensarse en un nuevo Pacto de San Sebastián como el que unió, en 1930, a la oposición republicana, también rupturista, para acabar con la monarquía. Pero no había tal. Ahora las fuerzas armadas permanecían inconmovibles al lado del Gobierno, y las instituciones no daban señales importantes de descomposición, pese a las agitaciones y los apremios de la prensa.

Así, la necesidad de dosificar la agitación debilitaba el rupturismo de la Platajunta, y pronto empezaría a hablarse de «ruptura pactada», en expresión contradictoria. Pero el rupturismo persistía, como probó el XXX Congreso de la UGT, celebrado en Madrid a mediados de abril, con abundantes delegaciones extranjeras: entre puños en alto se cantó La Internacional y la consigna «España, mañana, será republicana». Se invocó un marxismo primario, la lucha de clases, el uso del sindicalismo para eliminar el capital y el estado burgués a su servicio. Los trabajadores debían educarse en las tesis marxistas y unirse en un solo sindicato «de clase», etc. El congreso representaba a no más de siete mil afiliados, cifra probablemente hinchada, un cuarto de ellos en las Vascongadas. Pese a haber autorizado el Congreso, el Gobierno fue tachado de continuador del franquismo, y de nulas sus ofertas. El búnker vio en todo ello la prueba de que los socialistas no habían cambiado desde la república; una opinión más general consideraba insincera la retórica del congreso, destinada a arrebatar clientela a los comunistas.

De todas formas, el asunto causaba preocupación. Para el 1 de mayo, las oposiciones convocaron a masivas demostraciones de fuerza, en un nuevo pulso al Gobierno. Fraga desplegó a la Policía y la convocatoria fracasó en todas las ciudades, limitándose a «saltos» y cortes momentáneos del tráfico por parte de grupos reducidos, sin verdadera respuesta popular. Fue una nueva y clara victoria del Gobierno, y el fin de la etapa de los movimientos desestabilizadores.

Aun así, el 9 de mayo, la concentración carlista anual de Montejurra dio lugar a un choque entre los tradicionalistas partidarios del infante don Sixto y los socializantes o trotskizantes y proseparatistas de Carlos Hugo. Intervinieron algunos provocadores extranjeros de extrema derecha, y el enfrentamiento se saldó con la muerte por bala de dos izquierdistas, uno de ellos del Movimiento Comunista. El suceso no era más grave, incluso menos, que otros de la época, y afectaba a un partido carlista muy debilitado, pero recibió una cobertura de prensa intensísima, orientada a desprestigiar al Gobierno.

La Platajunta tenía otro problema en los golpes terroristas de la oposición radical, ansiosa de una completa ruptura revolucionaria. Hasta entonces, sus crímenes habían sido defendidos por el resto de la oposición y de la prensa progresista, que esperaba poder utilizarlos políticamente, y mucha gente de derechas creía a los terroristas y al resto de los antifranquistas dos caras de la misma moneda. La oposición, en general, seguía explotando los atentados, al presentarlos como respuestas, tristes pero justificables, a la represión y la insuficiente libertad; pero al mismo tiempo los miraba con preocupación, por la incertidumbre que añadían a sus expectativas.

A su vez, la ETA buscaba acelerar la quiebra del régimen, y a ese fin los asesinatos, por su repercusión, le parecían la táctica adecuada. Aunque seriamente dañado a finales de 1975, el grupo se recuperó enseguida: el éxito publicitario que le regaló la furiosa campaña nacional e internacional de solidaridad con los terroristas fusilados en septiembre, le atrajo numerosos jóvenes y extensas colaboraciones. El FRAP, en cambio, había salido demasiado malparado para aprovechar la circunstancia. Pero iba a tomar pronto el relevo el PCE(r), que, tras fracasar en su intento de convertirse en partido de masas, adoptaría una táctica similar a la de la ETA, convirtiendo su «sección técnica» (dedicada a «expropiaciones» y acciones violentas) en los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), reivindicando por primera vez la represalia de dicho día de 1975 por las últimas ejecuciones franquistas: golpeando sin tregua al régimen, en una situación de crisis, podría abrirse camino al socialismo.

En esos primeros cinco meses de 1976, la ETA asesinó a once personas, entre ellas el industrial Ángel Berazadi, previamente secuestrado y a dos policías capturados en Francia y brutalmente torturados, a quienes cortaron los dedos. El caso de Berazadi provocó una tempestad en el Gobierno, donde Fraga, llevado por su impulsividad, amenazó con tratar a los etarras como a enemigos de guerra, ya que ellos así se habían declarado; pocas respuestas habrían sido más absurdas[c].

* * *

Tras la jornada del 1 de mayo, Fraga consignará: «El orden público ya estaba dominado; los proyectos más urgentes estaban redactados y lanzados (…). Había llegado la hora de quitarme el tricornio y los manguitos para intentar, desde aquella base, rematar la jugada política. (…) La ofensiva marxista fracasó completamente. Quedó claro que no se podría forzar la mano del Gobierno para crear una situación de poder desde la calle (…). Habían sido cuatro meses de trabajo titánico, de problemas sin fin, de muchísimo desgaste; mas lo peor quedaba atrás, para España y sus gentes».

Felipe González, que había rehusado entrevistarse con Fraga, se convenció de que no había otra solución y cenó por fin con él, en el lujoso chalé de la familia de Miguel Boyer. De esa cena se dieron dos versiones. Según Fraga, «se ha dicho que yo le dije a Felipe González que primero yo y luego él; al contrario, le dije que mi éxito consistiría en crear un sistema político en el cual él pudiera llegar a ser presidente del gobierno, tal vez dentro de unos cinco años. De hecho tardó seis, y el cálculo no era malo ni malintencionado. No hubo tensión cuando, a fuerza de repetir que yo representaba a los capitalistas, le hice notar que yo nunca llegaría a tener una casa como la del compañero que nos invitaba a cenar (…). solo hubo un momento en que las voces se elevaron, sin exceso, cuando yo declaré que uno de los puntos intangibles de mi propuesta era la forma monárquica del Estado». Según González, las propuestas fueron «completamente antagónicas; la postura de Fraga era o lo tomas o lo dejas. Así no se puede dialogar». ¿Cabría el diálogo desde posturas supuestamente antagónicas?[6].

González insistía en su rupturismo y Fraga en la reforma. Este opinaba que el régimen aún vigente había perdido el consenso preciso para absorber el proceso político, por lo que debía implantarse el principio de legitimidad democrática, con reconocimiento de las fuerzas políticas moderadas y exclusión de los grupos terroristas, comunistas o separatistas: «Una Cámara elegida por sufragio universal, quedando las antiguas Cortes como una especie de Senado. Era una fórmula sencilla y práctica, que evitaba las interminables discusiones sobre la reforma constitucional: una fórmula a la inglesa, de constitución flexible, que permitía ir haciendo las reformas a un ritmo razonable». «Todo ello debía hacerse desde la evolución y la reforma, sin rupturas ni traumas; como también era imposible realizarse sin un amplio proceso de consulta y diálogo con fuerzas sociales, grupos políticos y hasta personas»[7].

Fraga planteaba una reforma de la Ley de las Cortes para establecer dos cámaras: Congreso de trescientos diputados, elegido por sufragio universal, y Senado como poder moderador, formado «en todo o en parte, con modificaciones o sin ellas», por procuradores de las Cortes franquistas, sindicales, representantes de organismos, miembros del Gobierno, otros elegidos por provincias y permanentes designados por el Rey (continuación de «los cuarenta de Ayete», nombrados por el Caudillo), con una ley electoral especial para sus componentes corporativos. La fecha tope de las elecciones sería el 30 de junio de 1977. reforma de la Ley de sucesión, sin preeminencia del varón, reducción de la edad para reinar a los dieciocho años en lugar de los treinta, y posible regencia. Habría, además, un Tribunal de Garantías Constitucionales, como en la república, y el Jefe del Gobierno lo sería también del Movimiento. El proyecto sufrió modificaciones, como eliminar el cargo de Secretario general del Movimiento o ampliar el Congreso, y una progresiva eliminación de los rasgos más antidemocráticos, como el intento de armonizar las elecciones «orgánicas» con las demoliberales. La reforma debía ser «gradual y minimalista», con reconocimiento de las libertades políticas, es decir, un cambio profundo de las leyes, coronado por un referéndum, pero sin proceso constituyente. En cuanto a la legalización del PCE, Fraga aceptaba que no habría otro remedio, pero quería posponerla para después de las primeras elecciones. La oposición, tras su fracaso en mayo, estaba dispuesta a aceptar, en principio, la reforma fraguista.

No fue la de Fraga la única propuesta. Garrigues ideó una reforma sobre unas bases de revisión constitucional autorizando al Rey para promulgar un texto definitivo, de modo que el Gobierno quedara libre de agobios y de plazos. Las bases, concretas pero genéricas, proponían la soberanía nacional, monarquía constitucional y hereditaria, derechos humanos, dos cámaras —incluyendo un Senado con representación de corporaciones y personas individuales—, reforma sindical y autonomías regionales. El texto lo aprobarían las Cortes, descartando una reforma por decreto ley, y pasaría a referéndum antes del 15 de julio. Garrigues consideraba su plan conforme con las Leyes Fundamentales vigentes, pero fue desechado en abril. Su mayor opositor, Suárez, confió a Torcuato, en plan intimidatorio: «Quiere la ruptura, no la reforma. Llamaré mañana a Antonio Garrigues para asustarle, es un cobardica»[8]. Martín Villa cooperaba con Suárez en la obstrucción a las propuestas de Fraga y de Garrigues.

No sería Fraga quien recogiera el fruto de su trabajo: su reforma sería sustituida por otra, y él por otros políticos. Sus dificultades no venían de una oposición ya en buena medida doblegada, sino de latitudes distintas. A juicio del político gallego, «Sobraban ambiciones, intereses personales y deseos de protagonismo; escaseaban los análisis realistas, las ideas claras y las situaciones de capacidad para actuar como interlocutores válidos»[9]. Además, su personalidad congeniaba muy poco con la del Rey.

El malogro del plan de Fraga —y con él de Arias— se coció en el círculo más íntimo de Juan Carlos, formado por Torcuato y Adolfo Suárez. Este, Secretario general del Movimiento, oficiaba de celoso defensor de los principios y hombres más continuistas y contra los planes reformistas, no sabemos si por convicción o por táctica para desgastar a Arias y a Fraga. De hecho, Suárez seguía la batuta de Torcuato, que deseaba dirigir él la reforma, por lo que su obstruccionismo debió de responder más bien a una táctica.

La primera victoria de Suárez consistió en hacer que los proyectos fueran estudiados en una comisión mixta entre el Gobierno y el Consejo Nacional del Movimiento, lo cual complicaba y retrasaba las deliberaciones. Mientras, en las Cortes, Torcuato preparaba el terreno nombrando presidentes de comisiones afectos y grupos parlamentarios que le permitían manejar a los procuradores mejor que si hubiera de tratarlos en bloque. Como medida operativa instituyó un «procedimiento de urgencia», que permitía dictaminar un proyecto de ley en la comisión —cuya composición decidía el propio Torcuato—, en lugar de en el pleno de las Cortes. Así, aunque el pleno resolvía al final, los proyectos tenían ya mucho terreno adelantado. Sorprendentemente, casi nadie rechazó una decisión que tenía algo de golpe parlamentario[10].

El monarca estaba, sin duda, tras el plan de desgaste del Gobierno. Desde febrero, él y Torcuato habían optado por Suárez «que entendía bien a Juan Carlos», como sucesor de Arias. El Rey y Torcuato halagaron a Areilza sugiriéndole que el puesto recaería en él, y Areilza parece haber tragado el anzuelo, por lo que consignaba en su diario el 15 de abril: «Visito a Torcuato (…). Entramos a fondo en la cuestión. El Gobierno navega a la deriva (…). Carlos Arias no puede seguir. Llevaría rápidamente a la monarquía a un callejón sin salida (…). Arias cree que Torcuato le está jugando por debajo para ocupar su puesto (…). Otro problema es Fraga. Me teme y tiene celos de mí, según dice Torcuato. De mi persona. Cree que soy el rival más peligroso. Le gustaría deshacerse de ese peligro pronto. No se fía de nadie sino de sí mismo en un egocentrismo exaltado. (…) Torcuato piensa que el Rey ha de decidirse cuanto antes (…). Eliminado ese peligro, hay que sustituir a la persona. Y proceder luego a establecer un programa de verdad». Luego, Areilza hablará con el Rey: «Está convencido de que no hay solución con Carlos Arias al frente del Gabinete». En otro momento anota Torcuato: «Ya al despedirme le dije [a Areilza]: «Cuidado con Fraga, yo pienso en ti». Se marchó lleno de gozo»[11].

Y pocos días después, el 19, la revista progresista useña Newsweek publicaba un reportaje del periodista Arnaud de Borchgrave, donde Juan Carlos afirmaba estar muy preocupado por la resistencia de la derecha al cambio y calificaba la gestión de Arias de «desastre sin paliativos». Decía aceptar la legalización del PCE «una vez España haya construido una estructura democrática fuerte». No hacía justicia al esfuerzo del Gobierno por domeñar la ofensiva de la oposición y exageraba el choque entre Torcuato y Arias. Areilza reflejó en su diario su entusiasmo por el artículo de Newsweek, y al recibir un premio en Barcelona, el 20 de abril, declaraba: «¿Quién podría, sin faltar gravemente a la verdad objetiva, desconocer que la monarquía, en cuatro meses solamente de vigencia, ha hecho posible ese camino [a la democracia] que hace algunos años hubiera parecido inimaginable? El Rey con su Mensaje, con sus palabras, con su presencia, es el motor del cambio (…). El pueblo intuye y adivina que en él se polariza la inteligente voluntad de que España mire y marche hacia delante». Al parecer, el Gobierno Arias, del que él formaba parte, no había hecho nada digno de mención.

Arias estaba furioso, pero se creía fuerte y no dimitió. Torcuato lo describió así unos días después: «Está sobresaliente, pagado de sí, hace de gran señor aunque no pasa de cursi. Es la astucia y la incoherencia. Habla y habla, saltando de un tema a otro (…). Está contra todos, desconfía de todos sin decirlo, pero hablando mal de todos (…). Está como muy pagado de sí y de que es insustituible (…). Tiene prisa y no la tiene (…). Que hay que celebrar el referéndum en octubre. Habla como si estuviera drogado». Arias creía que el Rey intrigaba con los ministros y obstaculizaba sus planes, en vez de ayudarle. A su vez, Juan Carlos, algo intimidado, vacilaba en destituirle. Se pensaba que el sucesor solo podía ser Areilza o Fraga, acaso Silva Muñoz[12].

Casi ningún colaborador de Arias ha hablado bien de él. Sin integrarse en ninguna familia del régimen, se ganaba la inquina de los ultras y de los contrarios, carecía de autoridad y de ideas, y aceptaba la reforma con reticencia. Era consciente de que la continuidad franquista estaba cerrada, puesto que sus familias rehusaban integrarse en el Movimiento, por lo que este no tenía otra opción que disgregarse o reagruparse como un partido más ante las nuevas circunstancias. Lo último parecía una opción prometedora, dada la amplitud de la opinión social más o menos profranquista, pero, como observaría Fraga a una propuesta en tal sentido, «El franquismo se hizo con materiales muy diversos, que, al no realizarse a tiempo las reformas necesarias, ahora van a ir a parar a diferentes estructuras políticas»[13]. De hecho, buena parte de la base social del franquismo pasaría pronto al PSOE, debido a ciertas afinidades populistas entre ambos.

Conforme llegaba el verano, el Rey se impacientaba. Dada su escasa popularidad de inicio, viajaba por el país para acercarse al pueblo, y lo hizo con éxito. Entre el 31 de mayo y el 6 de junio también viajó a América, comenzando por la república Dominicana, que le acogió fervorosamente. Lo más sustancial fueron sus muy ovacionadas palabras en Washington ante el Congreso useño: «La monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de Gobierno». El respaldo useño a la reforma quedó afirmado. Ya en diciembre, Areilza comentaba de Kissinger: «Sigue con gran atención el desarrollo de la crisis política española. Estados Unidos desea la democratización del sistema pero fiel a su pragmatismo, sin demasiado afán, exigencias ni prisas».

Y en enero le aconsejaba el político useño: «No hagan caso a las exigencias de los europeos más que en aquello que realmente les convenga a ustedes (…). En Europa no funciona bien la democracia parlamentaria y hay que ponerle remedio para que se salve, al menos, la libertad. En Francia hay peligro de comunismo. En Italia, más que peligro. No caigan en la mitomanía de los profesores dogmáticos que lo quieren ensayar todo. Hagan cambios y reformas y den libertades. Pero el calendario lo fijan ustedes. Y mantengan la fortaleza y autoridad del Estado por encima de todo. El ejemplo [negativo] portugués supongo que ha de servirles. ¡Vayan despacio!». El mismo Giscard, temeroso de una desestabilización del flanco suroeste europeo, recomendaba prudencia. Consejos sensatos y algo innecesarios, pues el Gobierno ya iba por su cuenta en esa dirección[14].

Desde la visita del monarca a USA, el proceso político cobró otro ritmo. Juan Carlos, muy irritado, dormía mal, porque Arias le imponía y no encontraba el modo de despedirlo. Por fin el 1 de julio, venciendo sus vacilaciones, pidió a Arias la dimisión. Este la presentó de inmediato. Pudo haber resistido a la sugerencia del monarca, creando un grave problema político, pero debió de comprender que era inviable su continuidad cuando no solo se hallaba en mala relación con el Rey, sino que desconfiaba de sus propios ministros, sobre todo de Areilza y Fraga, creyendo que intrigaban para sustituirle; y la prensa no perdía ocasión de zaherirle. En agradecimiento por los servicios prestados, Arias recibió el marquesado de Arias Navarro con categoría de Grande de España, título que nunca utilizó.

Pareció la gran ocasión de Fraga o de Areilza, convencidos ambos, como la mayoría de la gente, de que la sucesión en la jefatura del Gobierno correspondía a uno de ellos. El nombramiento lo haría el Rey escogiendo de una terna que le presentaría el Consejo del Reino. En la votación cayeron enseguida Areilza y Fraga, personalidades de excesivo relieve para el gusto de los miembros del Consejo, y finalmente quedó definida la terna: Silva Muñoz, López-Bravo y Suárez, este último en tercer lugar y después de algunas maniobras entre Torcuato y Miguel Primo de Rivera. Suárez era el designado por Torcuato y el Rey.

De ahí la cruda decepción de Fraga y de Areilza cuando fue nombrado Suárez, el Secretario general del Movimiento que había entorpecido la reforma desde posiciones continuistas. Los dos lo vieron como resultado de algún manejo, y, al igual que muchos otros, tenían a Suárez por un político de segundo o tercer orden, y no estaban dispuestos a servir a sus órdenes. Fraga explica: «No tenía confianza alguna en Adolfo Suárez ni en su capacidad de dirección (…). El Rey me llamó por teléfono a casa; le manifesté la imposibilidad de continuar (…). Mi mujer, que escuchó la conversación, estimó que estuve “demasiado tajante”. Hay ocasiones en la vida en que no puede uno dejar de serlo». Él había hecho el trabajo duro y desbrozado el camino de la Transición, para encontrarse con que otros lo aprovechaban, y con rumbo incierto, para colmo. Areilza no expone en su diario su propia reacción, pero, según Fraga, «se negó a aceptar la situación, considerando la extraña actitud de Suárez en los meses pasados. Intentó lo imposible, que el Rey volviera sobre su decisión; que le escribiéramos una carta colectiva; que se dificultara la creación del nuevo Gobierno. A todo me negué con la misma firmeza que lo había hecho a la sugestión del Rey de continuar en el Gobierno».

El país quedó pasmado. Ricardo de la Cierva consideró la decisión regia un «inmenso error».

«Estupor absoluto y profunda decepción», decía la revista Cambio 16 coincidiendo con otras muchas publicaciones y corresponsales extranjeros. PSOE y PCE mostraban un rayo de esperanza: el primero creyó que Suárez podría «resultar», y el PCE que podría ser «útil». Daban algunos relevancia al dato de que Suárez no hubiera hecho la guerra civil. Y así terminaba la primera etapa del reformismo, que dejaba como balance positivo las libertades de asociación, reunión, prensa y manifestación, y el fracaso de los ímpetus rupturistas de una oposición no democrática.

Capítulo IX

LOS PROTAGONISTAS DE LA REFORMA

DE FRAGA

Así, la reforma no fue la de Fraga, sino la de Torcuato Fernández Miranda, que la diseñó, de Suárez, que la aplicó y le dio su impronta, y de Juan Carlos I, que la auspició desde el poder heredado de Franco. Areilza, cuando se creía llamado a hacer la reforma, definió al Rey como «motor del cambio», lo que depende del sentido que se dé al término «motor». Quizá lo fue propiamente Torcuato, con el Rey como patrocinador y Suárez como agente. Pero es cuestión poco relevante. Una semblanza de los grandes protagonistas y opositores ayudará a entender virtudes y defectos de la Transición.

En verano de 1976, Juan Carlos tenía 38 años. Nacido en Roma en plena guerra civil española, era hijo de Don Juan y nieto de Alfonso XIII, el rey que en 1931 había entregado el poder a los republicanos. Cuando Juan Carlos tenía diez años, Franco convenció a Don Juan de la necesidad de educarlo en España, donde recibió enseñanza militar y universitaria, y específica de tutores como Fernández Miranda, el general Alfonso Armada y catedráticos distinguidos. Mostró poca afición al estudio, según Franco, quien, no obstante, le tomó cariño paternal. Informado el Caudillo de su escaso rendimiento en teoría militar, comentó: «un rey no necesita ser experto en asuntos bélicos. Le basta saber lo básico, ser hombre de honor y amar a España». En otra ocasión declaró: «Aunque parece algo sometido a su padre, le considero persona inteligente y de carácter bondadoso. Muchos creen que es un poco infantil, pero esto se le pasará una vez (…) conozca mejor el mundo y la manera de ser de la gente»; «Discurre muy bien y piensa por cuenta propia (…). No creo que en asuntos de política esté entregado a su padre». Los críticos reprocharían al Rey su escasez de lecturas. Le gustaban en cambio deportes como la vela, el esquí o las motos. Su mentor Fernández Miranda le animaba a que, más que leer, aprendiera «escuchando y mirando a su alrededor», y a «no fiarse de las apariencias». Como fuere, iba a mostrar un agudo instinto político y don de gentes o facilidad de trato con muy variados personajes[1].

Juan Carlos se casó en 1962, en Atenas, con la Princesa Sofía de Grecia, después de vencer algún obstáculo por la diferencia de religión (ortodoxa griega la de ella). El suceso, de repercusión europea, dio lugar a roces entre padre e hijo, pues Don Juan buscaba gestos de distanciamiento entre los recién casados y Franco, que no ocurrieron. Sofía había esperado un Caudillo «duro, seco, antipático», pero encontró «un hombre sencillo, con ganas de agradar y muy tímido». También le sorprendió el calor popular con que era acogido en Barcelona y otros lugares, pues le habían hecho creer lo contrario. Franco, encantado con la Princesa, la describió como «muy agradable, inteligente y muy culta», «sumamente inteligente y simpática»[2].

Juan Carlos debió de saber pronto que él, y no su padre, estaba destinado al trono. Quizá ello le causó algún conflicto interno, pero mostró siempre clara voluntad de reinar y supo ir calmando la indignación de Don Juan. Mientras agonizaba Franco, el Príncipe parece haber pasado noches de insomnio ante una proyectada declaración de su padre, en la que este se proclamaba heredero de la monarquía, «con deberes irrenunciables», deslegitimaba al franquismo como «poder personal absoluto» y aludía al Príncipe solo como «hijo y heredero», cuestionando implícitamente su realeza surgida de aquel «poder absoluto». La nota salió a la luz en París apenas muerto el Caudillo, pero ante la aceptación de Juan Carlos por las Cortes y la evidente solidez del régimen, Don Juan se resignó: al poco alegró a su hijo con un mensaje secreto admitiendo los hechos y anunciándole su abdicación para cuando el nuevo monarca juzgase oportuno[3].

Parece que el Príncipe correspondió al afecto de Franco. En el entierro se le vio emocionado, y, entrevistado años después por la periodista inglesa, Selina Scott, declaró: «No permito que en mi presencia se hable mal de Franco, porque entiendo que él me hizo rey». No obstante la buena relación personal, el Príncipe fue cambiando sus ideas hacia un reformismo más o menos amplio. Para cuando Franco entró en la agonía, pensaba «organizar la derecha y contar también con la izquierda». Síntoma de su orientación fue su rechazo al prestigioso Silva Muñoz como posible Jefe de Gobierno, por considerarlo «confesional»; y por lo mismo, prescindió de López Rodó, uno de los mayores artífices del desarrollo español, y de los políticos que más habían trabajado por llevarle al trono. Pero no es fácil conocer sus ideas al ser nombrado sucesor del Caudillo en 1969 y jurar los principios del Movimiento. Posteriormente sugirió haber tenido ya entonces un designio claro, viéndose obligado a la paciencia y el disimulo. Quizá. Desde luego, debía de encontrarse incómodo con los franquistas que sospechaban de él y de los borbones en general. Bastantes años después diría: «Se necesitaban hombres nuevos, jóvenes (…). Bajo el franquismo, el poder absoluto lo ejercía un anciano. Y yo, recién llegado, era un hombre joven, con una necesidad casi física de rodearme de hombres jóvenes como yo». La frase indica cierta superficialidad; no faltaban los jóvenes franquistas poco afectos a él, mientras que su principal mentor, Torcuato Fernández Miranda, pertenecía a una generación anterior[4].

Probablemente Juan Carlos, como otros políticos del régimen, veía en la monarquía la clave de todo, por sí misma y como símbolo de la continuidad histórica de España. Y antes o después debió de convencerse de que ese designio chocaba con la continuidad del franquismo en la Europa de entonces. El Movimiento solo podía continuar si el heredero del Caudillo recogía toda la autoridad de este y lo decidía, y si las familias del régimen permanecían unidas; cosas en verdad imposibles.

* * *

Suárez, el hombre del Monarca y de Torcuato, tenía mucho en común con el Rey: era simpático, ambicioso, deportista, extrovertido, con encanto personal, diestro en halagar vanidades ajenas; y también a él se le acusaba de frivolidad y pobreza intelectual, aunque no de mujeriego. Nacido en Ávila y cinco años mayor que Juan Carlos, había estudiado Derecho en Salamanca: «Nunca he sabido estudiar —diría—. Me limitaba a subrayar y memorizar un montón de absurdas definiciones. Recitaba como un papagayo cosas que casi nunca entendía»; en cambio, «daría diez años de mi vida por uno solo de poder». Próximo al Opus Dei, hizo su carrera desde 1958 en el sector más conservador del Movimiento. En 1967 fue procurador en Cortes por Ávila y gobernador civil de Segovia al año siguiente. Entre 1969 y 1973, dirigió Radio Televisión Española, en cuya utilización adquirió práctica, y buscó protectores, sucesivamente Carrero, Herrero Tejedor y Torcuato. En julio de 1975, al dejar su cargo de vicesecretario general del Movimiento, declaró, con notable confusión intelectual: «Queremos democracia en todos los ámbitos de la nación: en la política, en la cultura, en la riqueza». Los pesos pesados del franquismo le tenían por hombre versátil y utilizable, pero de poco fuste. Torcuato y el Rey lo habían introducido en el gabinete de Arias como agente e informador, y, según Fraga, hizo perder al Gobierno dos meses con vanas discusiones en la comisión mixta, apoyándose en los bunkerianos: «Es muy fácil comparar los gobernadores civiles que nombra Suárez en esa época con los que nombró después. Suárez jugó a dos cartas y dos momentos, y en ambos, a su promoción personal»[5].

El Rey no lo había tenido en cuenta como posible sucesor de Arias hasta que, en febrero, Torcuato le convenció de sus cualidades como hombre de acción, sin muchas ideas o convicciones, pero fiel, dispuesto y hábil en el trato con los demás, dones adecuados para la tarea. Contra Areilza y Fraga pesaban precisamente sus ideas y relevancia política: «La personalidad de Areilza o la de Fraga darían lugar a un Gobierno Areilza o a un Gobierno Fraga», mientras que «Suárez garantizaba un Gobierno del Rey». Y de Torcuato, obviamente[6].

Y Suárez aceptó con la mayor naturalidad. Mientras bastantes políticos vacilaban ante las responsabilidades derivadas de encarrilar un cambio inevitablemente complejo y arriesgado, Suárez no mostraba la menor inhibición. Cuando Ortí Bordás rechazó la oferta de Fernando Herrero Tejedor de presidir la asociación UDPE, primer intento de organizar a un amplio sector del franquismo con vistas al cambio, Suárez se acercó y dijo «con ímpetu» al ofertante: «Fernando, ¡nómbrame a mí!»[7].

De todas formas, el propio Torcuato no las tenía todas consigo. En marzo, cenando en casa de Suárez, le insinuó que él podría sustituir a Arias, y «no dijo, ni por cortesía, “Hombre, no.” (…) Me impresionó su mirada, como si en el fondo de ella estallara el sueño de una ambición (…). Como si el fondo de aquella mirada fuera turbio y hubiera en ella algo así como una desmesurada codicia de poder. Nada claro, pero sí desazonante». El 20 de abril volvió a encontrarle «demasiado interesado en la sucesión de Arias. ¿Es que sueña después de aquella cena?». Las prisas de Suárez le inquietaron, y se preguntó si estas «no responden a su propia ambición»; «¿Cuánto había de visión de futuro y de voluntad de servicio y cuánto de levedad de principios y de codicia política?»; «¿Qué primaba, la voluntad de servir o la de mandar?» (distinción típicamente falangista). «No me gusta la facilidad con que acepta (…) desde la cena en que mis palabras debieron sonarle como las de las brujas de Macbeth»[8]. Pero siguió con Suárez porque «mi influencia y poder sobre él eran indudables», «Sobre él ejerzo una gran autoridad y eso puede ser decisivo». Además, su condición de «hombre del Movimiento» podía servir para contener o engañar a los continuistas, y había sido utilizada para obstaculizar a Fraga en combinación con estos.

Suárez emprendió su tarea siguiendo el guión de Torcuato. Por su parte, Martín Villa señala: «Sin desmerecer la autoría de Fernández Miranda (…) es también de justicia afirmar que el papel de Suárez nunca estuvo escrito en su integridad, por lo que puede atribuírsele una parte nada desdeñable, la más importante, de la suma de pequeños y grandes aciertos que configuran la bondad y el éxito global del proceso. Suárez tuvo que aportar sustanciales y notables decisiones y actitudes (…). Soy testigo (…) de la forma impecable con la que se enfrentó a la reforma política y a las dificultades de la España de entonces». El juicio sobre el papel de Suárez varía bastante según los autores. Fraga lo encontraría «pésimo»[9].

Con Suárez fueron perfilándose en el franquismo tres tendencias: una continuista encabezada por el líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, aunque admitiese cambios menores en el Movimiento; y dos reformistas, una más despegada del régimen anterior y otra menos. Contra lo que se creyó al principio, la más despegada sería la capitaneada por Suárez, y la contraria, la de Fraga. La dinámica emprendida por Suárez, bajo el amparo de Juan Carlos, empujaría a crecientes concesiones a la oposición, aun sin romper del todo dos principios: el franquismo como origen legal del cambio, y la evitación de un derrumbe político como el ocurrido en los años 30-31 con motivo de otra Transición.

* * *

Muy distinto del Rey y de Suárez era el propio Torcuato Fernández Miranda. Nacido en Gijón, de una generación anterior, tenía 21 años en 1936 e hizo la guerra civil como alférez provisional, es decir, oficial voluntario formado en un cursillo rápido, por las necesidades bélicas. Un puesto reputado por su peligrosidad: «alférez provisional, cadáver efectivo», era uno de los dichos algo burlescos que circulaban al respecto. Después de la guerra hizo una brillante carrera universitaria como catedrático de Derecho político en Madrid y rector de la Universidad de Oviedo. Procedía de la Falange pero, como Arias, sin identificarse de lleno con ninguna de las familias; lo cual no le impidió obtener altos cargos en el régimen, debido a reconocérsele un alto nivel intelectual: fue el educador que más influyó sobre el Príncipe Juan Carlos, y entre 1969 y 1974 ejerció como secretario general del Movimiento.

Durante el breve Gobierno de Carrero Blanco fue, además, Vicepresidente, en cuya condición mantuvo el orden con calma y eficacia después del magnicidio. Quedó a continuación políticamente opacado, pero siempre como primer consejero de Juan Carlos y probable primer Jefe de Gobierno de la monarquía. Sin embargo cedió ese puesto a Suárez, quizá provisionalmente, dedicándose a presidir las Cortes, donde haría el trabajo fundamental de la reforma entre la clase política franquista. Dentro de su firme adhesión al régimen había obrado con liberalidad, por ejemplo al facilitar al socialista Tierno Galván la obtención de una cátedra de Derecho político (debe señalarse que las oposiciones administrativas solían ser más rigurosas e independientes que las implantadas desde la época socialista, y que en ellas obtuvieron puestos administrativos relevantes personas ya conocidas como desafectos al régimen, a veces incluso comunistas: así, Ramón Tamames, Carlos Castilla del Pino, Luis Martín Santos, Ángel Viñas, Carlos Jiménez Villarejo, José Luis Sampedro y tantos más).

No solo la biografía, también la personalidad de Torcuato difería radicalmente de la del Rey y la de Suárez. Era mucho más culto, de visión política más amplia y matizada que ellos, y no tenía fama de simpático o seductor, sino de maquinador seco, inteligente y frío; tampoco mantenía relaciones estrechas con la clase política o la económica, que le respetaban sin amarle. Ello no lo convierte en poco afecto al franquismo, como después se ha pretendido oficiosamente, al igual que de tantos otros, dando alcance exagerado a los naturales roces entre familias y personajes.

Si Franco y muchos otros habían concluido que, a la luz de la experiencia histórica española, los partidos resultaban nefastos y destructivos, Torcuato matizaba más: distinguía entre partidos institucionales y revolucionarios. «El primer tipo acepta el sistema (…) mientras el segundo tiene como primer objetivo el asalto al poder para destruir el sistema». En España, los partidos revolucionarios habían marcado casi siempre la pauta, porque incluso muchos institucionales perdían ese carácter cuando eran desplazados del poder[10]. Pero, ¿era el Movimiento el sistema adecuado? Conforme pasaban los años, él y muchos otros constataban que el Movimiento perdía su capacidad de integración y nacían partidos extramuros de él, revolucionarios en principio, pero cuya debilidad los hacía susceptibles a un compromiso institucional.

Ni Suárez ni Juan Carlos, por sus condiciones intelectuales y conocimientos, habrían logrado diseñar una Transición como la de Torcuato, lo bastante radical para llegar a una democracia corriente, y lo bastante continuista para apoyarse en la legitimidad del régimen anterior. Él indicó al Rey que los Principios del Movimiento eran reformables a partir de sí mismos —idea discutible—, por lo que no incurriría en perjurio al propugnar la democratización. Su plan de reforma, de concepción sencilla, podía resultar muy complicado en la práctica, debido a un doble conflicto, que exigía cuidadoso equilibrio: con la oposición, opuesta a una democracia legitimadora del franquismo, y con gran parte del propio franquismo, temeroso de una vuelta atrás a los años treinta. El primer conflicto tenía menor enjundia, pues Fraga había refrenado en lo esencial los ímpetus rupturistas, y Torcuato coincidía con él en que aquella oposición «solo se integrará si se sabe débil»[11]. Pero el segundo conflicto traía mucha más complicación, porque los continuistas del régimen dominaban, o lo parecía, muchas instituciones, entre ellas las fuerzas armadas. si bien se hallaban divididos y no tenían idea clara de cómo afrontar el postfranquismo. Debía convencérseles de que no había otra salida que la reforma, y a ello se aprestó Torcuato desde la presidencia de las Cortes. Urgía acelerar el proceso antes de que la situación se pudriese y la oposición cobrase fuerza excesiva.

La reforma de Torcuato coincidía con la de Fraga en la meta: una democracia liberal sin ruptura o deslegitimación del franquismo ni quiebra del Estado; había, sin embargo, una diferencia: Fraga intentaba constituir la democracia mediante leyes sucesivas, y Torcuato abrir un proceso constituyente en un solo acto, desde la legalidad vigente. Había otra diferencia de matiz en la actitud hacia el Rey, con quien congeniaba más Torcuato. La imposición de la reforma de Torcuato debió mucho a un problema de personalidades: Fraga estaba siempre en primer plano, mientras que Torcuato aceptaba el papel de eminencia gris, al menos durante la primera fase del proceso. En la segunda fase, sus cuidadosos cálculos iban a fallar. Otra posible reforma a cargo de Areilza se habría acercado al rupturismo, pero no fue detallada ni aplicada.

* * *

El personaje más destacado de la oposición era, con mucho, Santiago Carrillo, jefe del único partido de izquierda con organización nacional e influencia mayor o menor en variados ámbitos sociales, y aglutinador, hasta poco antes y en torno a sus iniciativas, de la mayor parte del antifranquismo. Casualmente, Carrillo coincidía con Torcuato en edad y ciudad de nacimiento, Gijón, aunque no podían diferir más en personalidad e historial. Hijo de Wenceslao Carrillo, un destacado dirigente del PSOE, en 1934, con solo 19 años, lideraba las Juventudes Socialistas, y por tanto el terrorismo contra la CEDA y la Falange, terrorismo al que los falangistas terminarían por replicar con parecida violencia, al verse desamparados por el Gobierno[12]. Admirador del estalinismo, y entusiasta de la guerra civil, estuvo entre los jefes de la insurrección de octubre de 1934, que pretendía destruir la república burguesa e imponer la dictadura de su partido. Detenido, fue liberado al triunfar el Frente Popular en febrero del 36. Bolchevizador del partido, secuaz de Largo Caballero —el Lenin español—, y aún más secuaz de Stalin, entregó las Juventudes Socialistas al PCE con el nombre de Juventudes Socialistas Unificadas (JSU).

Reiniciada la guerra civil en julio de 1936, Carrillo pasó a organizar el terror de retaguardia contra las derechas, también contra izquierdistas incómodos, a la sombra de la Comintern y el NKVD soviético. Hay muy pocas dudas sobre su responsabilidad, entre otras cosas, en la mayor matanza de prisioneros de la guerra, la de Paracuellos. Perdida la guerra, se exilió, fue escalando puestos en el aparato exterior comunista y dirigió desde Francia el maquis, intento fallido de volver a la guerra civil. En la tradición estalinista, hizo liquidar a bastantes comunistas que juzgó desafectos.

El fracaso del maquis no determinó el de Carrillo, que continuó ascendiendo, si bien con tropiezos, en la dirección del PCE hasta el más alto cargo, Secretario general, desde 1960, quedando La Pasionaria con el título más bien honorífico de presidenta. El desastre del maquis obligó a cambiar de línea en sentido similar al de los frentes populares impuestos por Stalin en 1935: infiltración en los sindicatos franquistas, en los medios universitarios e intelectuales y búsqueda de acuerdos con opositores al régimen; al efecto alzó la bandera de «reconciliación nacional»: «reconciliación» contra los vencedores de la guerra civil, imaginados como ínfima minoría detestada por «el pueblo». De ahí saldrían tácticas como el Pacto para la Libertad, la Asamblea de Cataluña o la Junta Democrática. Año tras año contó con derrocar a Franco mediante una Huelga Nacional Pacífica. En cambio, superó peligrosas tensiones internas del PCE, incluso alguna maniobra del Kremlin, ocasionalmente disgustado con él.

Cuando la postura oficial de Moscú cambió, ya muerto Stalin, Carrillo también cambió disciplinadamente. Pero la escuela (el marxismo-leninismo) y talante estalinistas siguieron vivos en él. Al comenzar los crímenes de la ETA, Carrillo los calificó de acciones justas «que ningún antifranquista puede condenar»: apoyaba a cualquier fuerza contraria al franquismo, desde los terroristas a Areilza, pasando por los democristianos o los carlistas, con vistas a implantar, finalmente, un «socialismo real». Coincidía con el clero progresista, que también respaldaba a todo tipo de enemigos del régimen —y de la misma España—. Esta afinidad haría pensar a Carrillo que el socialismo podría llegar «con la cruz en una mano y la hoz y el martillo en la otra».

Ya en 1972 hacía estos análisis: «Juan Carlos (…) ha jurado (…) los principios fascistas. Sin duda ha prometido a unos y a otros que cuando reine hará de su capa un sayo y olvidará su origen y sus juramentos (…). Pero la oposición no puede dejarse trastear (…). ¿Qué realismo es ese que se imagina el paso de una dictadura fascista a una democracia sin que medie una verdadera revolución política? (…) Y esto no es posible sin una mediación de coerción y de fuerza (…). El PCE estima que la concepción de la dictadura del proletariado como período de transición del capitalismo al socialismo no ha sido superada (…). No renunciamos a la violencia revolucionaria».

En el libro-entrevista Démain l’Espagne (Mañana España), con los intelectuales franceses Régis Débray y Max Gallo, exponía: «La URSS y los demás países socialistas están en condiciones de hacer frente al mundo imperialista»; «La única teoría que conserva su actualidad es el marxismo. Porque el marxismo es tan científico.»; «Para que la paz sea real e irreversible, el socialismo ha de triunfar en los países capitalistas»; «Hoy es posible que tengamos la Iglesia más evolucionada de Europa desde el punto de vista político y social»; «Juan Carlos (…) vendió a su padre por una corona y eso no se lo perdonan ni los monárquicos»; «La democracia formal será sobrepasada por la necesidad de profundizar la democracia en el sentido del socialismo». Menos reconciliador aún, decía: «Estoy entre los que piensan que ver morir a Franco en su lecho sería una injusticia histórica. Pocos pueblos en Europa han luchado tanto por la libertad como nosotros y no nos merecemos verle morir con la ilusión de que su tiranía sea indestructible. No debe tener esa satisfacción. Debe ver con los ojos abiertos el fin de su tiranía (…). La condena a muerte de Franco, la firmaría». Tenía sus motivos para odiar al Caudillo, que había derrotado una y otra vez todo lo que Carrillo representaba, y frustrado sus sueños hasta el final, pues moriría en la cama y no ante el paredón.

Un mes antes del óbito de Franco, el jefe comunista hablaba así a la célebre periodista Oriana Fallaci: «Si la revolución va a tener necesidad de la violencia en España, como la ha tenido en otros países, estaré pronto para ejercitarla»; «Juan Carlos es una marioneta que Franco manipula como quiere, un pobre hombre incapaz de toda dignidad y sentido político ¿Qué posibilidad tiene Juan Carlos? Todo lo más ser Rey por algunos meses».

Carrillo debió de confiar en una rápida descomposición del régimen tras la muerte de Franco: hacia febrero de 1976 entró clandestinamente en España mientras la oposición empujaba cuanto podía hacia la ruptura. Nuevamente en balde. La realidad alejaba sus esperanzas. Su largo historial de reveses, el declive revolucionario portugués y la promoción del PSOE le hicieron ver definitivamente que solo si hacía creíble su moderación y cierto distanciamiento de la URSS podría contar con cierto protagonismo. Contra ello pesaban su vinculación inocultable con los países comunistas, el recuerdo aún vivo del historial del PCE y de él mismo, y la desconfianza ante sus tradicionales cambios de táctica. Por otra parte, el PCE era más fuerte que el resto de la oposición junta, y con capacidad de movilización, huelgas y manifestaciones. Por eso, la actitud franquista oscilaba entre rechazarlo como el enemigo implacable de siempre o admitirlo con vistas a «domesticarlo» —ya Juan Carlos había dado pasos en tal sentido—. En estos dilemas tendría que desenvolverse Carrillo, hombre por demás vanidoso, como indica su gusto por citar a los personajes importantes que ha tratado[13].

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Felipe González tuvo un papel muy escaso en la reforma y solo tomó vuelo durante la segunda etapa de la Transición, ya en 1977, por lo que antes nadie podía suponer el extraordinario papel que había de desempeñar en la política española; ni había seguridad de que, aun con todas las ayudas y ventajas que recibía, lograse desplazar al PCE como fuerza clave de la izquierda. De familia sevillana económicamente desahogada, González tenía 35 años y pertenecía, por tanto, a la generación del Rey. Su vida anterior, un tanto anodina y previsible, había sido la de un estudiante mediano, que había hecho la milicia universitaria, suspendido unas oposiciones a letrado del sindicato oficial, y se había colocado como abogado laboralista. Al terminar los estudios de Derecho, en 1965, pasó una temporada en la Universidad Católica de Lovaina, con una beca del episcopado alemán que le consiguió un conocido de la Juventud Obrera Católica. Durante ese tiempo estuvo próximo a organizaciones religiosas en vías de radicalización y contactó con algunos socialistas, por cuya organización y doctrina optó. La elección no dejaba de ser coherente con su trayectoria anterior, pues aquellos socialistas componían poco más que una tertulia de amigos, sin mayor peligro o compromiso político. Aunque después se le fabricó una biografía universitaria más animada y antifranquista, la verdad es que casi nadie le recordaba en tal faceta.

Hacia 1976, González hablaba con más extremismo que Carrillo, pero tenía, por carácter, poco en común con él, y mucho, en cambio, con Suárez y el Rey. Como estos, tenía más de listo que de inteligente, con un fondo intelectual limitado y maleable; era simpático y de buen trato, ambicioso, diestro en la maniobra, de convicciones harto flexibles, pragmático a un nivel no muy elevado, y no parecía albergar dudas íntimas sobre su capacidad para escalar los puestos más altos. De hecho, sabría aprovechar sin miramientos, partiendo literalmente de la nada, la magnífica ocasión que le brindaba el destino y el cúmulo de ayudas que le llovían de todas direcciones: atención privilegiada de los medios, donativos y dádivas de variado origen, una Policía comprensiva con su partido (e infiltrada en él), etc. [a] Ayudas a pesar de sus radicalismos potencialmente peligrosos, pero que nadie parecía querer tomar en serio. Tampoco interesaba a nadie recordar el historial de su partido, lo que aumentaba su margen de maniobra y le permitiría presentarse como dechado de demócratas.

Desde sus años de socialismo sevillano conocía a Alfonso Guerra, con quien iba a formar un tándem político inseparable durante muchos años. Guerra venía a ser la mano derecha, casi el alter ego de González. Mucho menos simpático, a menudo arisco y provocador, entronca más bien con la figura tradicional del pícaro semiculto e insolente, cultivador de una moralina simple, diestro en la artimaña y la apariencia. La lista de sus «faenas», a veces cómicas, es larga y muchas de ellas han salido en la prensa: cortar el micrófono o dejar encerrado en el ascensor a uno u otro opositor dentro del partido. O hacer circular rumores injuriosos: en Suresnes tildaba a Pablo Castellano de «judío y sionista», y de «socialdemócrata vendido a los alemanes», lo que no impedía a él ni a González recibir fondos de origen germano. Debió de ser también él quien ideó tretas como el empleo de los fondos recibidos de la CIOSL para simular cuotas de afiliados inexistentes, o las fotografías de «pintadas» en un garaje para impresionar a los suministradores de ayuda exterior.

Durante aquel año 1976, González vacilaba entre exigir la legalización de todos los partidos, es decir, también del PCE, o aprovechar la oportunidad que se le ofrecía de ganar un tiempo precioso aceptando ser legalizado antes que los comunistas.

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De los líderes nacionalistas, el más relevante era el catalán Jordi Pujol. El nacionalismo había perdido su influjo popular desde la guerra civil, cuando la Esquerra, en alianza conflictiva con el anarquismo y el comunismo, bajo la presidencia de Lluís Companys, había impuesto en Cataluña un régimen en extremo sanguinario y expoliador. Pujol, de joven, se sintió llamado a resucitar el que llamaba «sentimiento magnánimo», esto es, nacionalista. En 1960, él y algunos más aprovecharon la perspectiva de una visita de Franco a Barcelona para organizar un escándalo en el Palau de la Música Catalana, donde se celebraba un homenaje al poeta Joan Maragall con motivo de su centenario. Hubo gritos y reparto de un panfleto escrito por Pujol afirmando que «la falta de libertad es absoluta» y que Franco, «además de opresor es corruptor», achacando el escaso sentimiento nacionalista de los catalanes a la supuesta corrupción extendida por el régimen sobre todo el pueblo. Pujol, principal organizador de la protesta, no asistió al Palau, pero fue delatado y arrestado. Según su informe, fue seriamente torturado hasta confesar la existencia de un cómplice, y recibió siete años de condena tras recitar en el juicio una proclama nacionalista. Liberado a los dos años, fue uno de los contados catalanistas encarcelados desde los años cuarenta[14].

En 1976, Pujol tenía 46 años. De familia acomodada, se había formado hasta los quince en el Colegio Alemán —nazi por entonces—, lo que considera «un acierto para mi formación», por su excelente pedagogía y, afirma, neutralidad política[15]. Fue buen estudiante, de espíritu religioso. Pronto enfocó su catalanismo por la vía financiera, como principal impulsor de Banca Catalana, sobre la que pesarían cargos de corrupción. Curiosamente, en sus memorias no menciona a Andreu Abelló, pese a haber tenido este un notable papel en el nacionalismo y en el propio banco de Pujol. Abelló, huido a Méjico después de la guerra, compartió con Indalecio Prieto el tesoro del yate Vita, llevado allí por órdenes de Negrín y compuesto de una inmensa suma de bienes privados y públicos, artísticos, etc., expoliados por el Frente Popular. Prieto, de acuerdo con el corrupto presidente mejicano Cárdenas, se lo apropió robándoselo a su vez a Negrín, lo que originó una reveladora correspondencia entre ambos jefes socialistas[b]. En 1949, Abelló pasó a Tánger con fondos bastantes para fundar un banco, y en 1964, vuelto a España sin problemas, apareció como consejero de Banca Catalana. Hacia el final del franquismo entró en la Asamblea de Cataluña, impulsada por los comunistas, y derivó hacia el socialismo, probablemente con la idea de darle un sesgo nacionalista. A su vez, Pujol fundó, en 1974, el partido Convergencia Democrática de Catalunya.

Pujol mantenía contacto con Josep Tarradellas, jefe de un fantasmal Gobierno catalán en el exilio. Tarradellas, un tanto energúmeno durante la guerra, había reflexionado en el exilio, hasta declarar su intención de respetar lo que Franco hubiera hecho de bueno por Cataluña, que ciertamente no era poco. Su moderación había de provocar desacuerdos de fondo con un Pujol más extremista. Ya en la democracia, Pujol tendría serios problemas de irregularidades en Banca Catalana, trato con jueces corruptos, etc.

El nacionalismo vasco no terrorista aparecía como alternativa civilizada a la ETA, y también dispuso de ventajas sustanciales. La clave del nacionalismo vasco, más aun que del catalán, era un racismo extremo, dejado en sordina después de la II Guerra Mundial, vista la derrota del nacionalsocialismo germano. Considerándose cristiano, el PNV se había aliado al Frente Popular y cooperado con él en disimular la persecución religiosa. Traicionó esa alianza cuando vio que los nacionales iban ganando la guerra y —sobre todo después del bombardeo de Guernica— estrechó contactos con los fascistas italianos con vistas a una rendición por separado, al paso que entregó intacta a Franco la industria pesada bilbaína. Poco perseguido por el franquismo, en el exilio había espiado a sus exaliados izquierdistas por cuenta y sueldo del FBI. En 1976 gozaba de escaso apoyo popular, pero, como pasaría con el PSOE y Convergencia, lo ampliaría pronto a favor de los cambios políticos. De sus líderes, quien cobraría mayor protagonismo iba a ser Xabier Arzallus, exjesuita y de familia carlista, muy poco conocido entonces. Más lo era un dirigente vuelto del exilio, Juan de Ajuriaguerra que, como Tarradellas, se había moderado y rechazaba connivencias con la ETA, aunque, como en el caso catalán, perdería influencia a favor de los más radicales Arzallus y Carlos Garaicoechea.

Aunque el nacionalismo vasco y el catalán diferían, más separatista el primero, partían ambos de un principio que tendía a anular la soberanía española, al concebir como naciones a las dos regiones.

Capítulo X

EL CÁLIDO VERANO DE 1976

A pesar de la decepción casi generalizada por su nombramiento, Suárez, amparado por el Monarca, salió adelante, superando las dificultades para formar Gobierno e hilvanar contactos con la oposición. Sin dudarlo un momento, dejó en la estacada a la UDPE, que había presidido, y a los bunkerianos, en los que se había apoyado para retrasar y dificultar la reforma de Fraga. Formar Gobierno le resultó algo laborioso. Rehusaron entrar en él no solo Fraga y Areilza, sino personajes como Robles Piquer, Antonio Garrigues, Fuentes Quintana, Álvarez de Miranda y otros. Suárez salió del paso con ayuda de Alfonso Osorio, líder de los democristianos más o menos antifranquistas del grupo Tácito y ministro de la Presidencia con Arias. Osorio llevó al nuevo Gobierno a Marcelino Oreja en sustitución de Areilza, y a varios más, y retuvo a Leopoldo Calvo-Sotelo. Del sector azul, el más destacado fue Rodolfo Martín Villa, muy próximo a Suárez y sustituto de Fraga en Gobernación, donde iba a desempeñar un papel crucial. Posteriormente, diría en sus memorias: «Llegó a ser evidente que la reforma global que entonces [con Arias] se arbitró padecía de graves insuficiencias, tanto en su contenido como en su forma y en su trámite». Olvidaba, con cierto descaro, que él y Suárez habían boicoteado solapadamente aquella reforma, en nombre del continuismo[1]. Del Gobierno quedaron excluidos los políticos de la «tecnocracia», objeto de especial aversión para los de procedencia falangista.

Las noticias sobre el nuevo Gobierno desataron en la prensa y parte de la opinión una acre rechifla, empezando por el recién nacido y ya influyente El País, que Fraga había alimentado, por así decir, como órgano de expresión y apoyo a sus proyectos, pero que pronto mordería su mano. Se le llamó «Gobierno de penenes», en contraste con el anterior Gobierno «de catedráticos», aludiendo a la diferencia de talla política (los PNN, Profesores No Numerarios, estaban en lo bajo del escalafón del profesorado universitario). Suárez, preocupado, utilizó la televisión para contrarrestar el mal ambiente: el 6 de julio explicó que «la Corona tiene la voluntad expresa de alcanzar una democracia moderna para España, una democracia en la que la libertad, la justicia, la participación, la paz y la cultura sean fruto del esfuerzo de todos y el resultado del que todos se beneficien». Habló de un Gobierno «abierto a todos», promotor del «diálogo», de una reforma «de la ley a la ley» —expresión de Torcuato—, de «gobernar con el consentimiento de los gobernados», «respetar al adversario» y «ofrecerle colaboración». Expresiones sugestivas aun si de exiguo significado, pero indicativas de la decisión de continuar el proceso reformista, sin la temida vuelta atrás. Se calmaron en parte las preocupaciones de la oposición y la prensa quedó a la expectativa.

El día 17, el nuevo Gobierno concretó más sus intenciones sobre las normas de la democracia liberal, el reconocimiento «del hecho regional, la diversidad de pueblos integrados en la unidad indisoluble de España», el ingreso en la CEE y la atención a la crisis económica, un tanto relegada por las urgencias políticas. El punto más llamativo fue la promesa de una amnistía para todos los delitos de intencionalidad política, excepto los de sangre, a fin de «hacer posible la participación de todos los ciudadanos en la determinación de nuestro futuro», frase vana, pues nadie puede determinar su propio futuro ni el de una nación, pero de sentido vagamente orientativo. Empezarían a salir de la cárcel dirigentes comunistas, uno de los cuales, Sánchez Montero, reconocía al Gobierno «voluntad de reconciliación» aunque todavía corta: «No quiero decir que estemos con los métodos terroristas, pero entiendo que la amnistía (…) es para todos. Supone cerrar una etapa de la historia de España y crear las condiciones para una auténtica reconciliación de todos los españoles y el establecimiento de un régimen democrático». La reconciliación con los partidos de la oposición no era «de todos los españoles», cosa imposible, aparte de que la inmensa mayoría de la población estaba reconciliada desde mucho antes. Los comunistas hablaban más bien de una reconciliación de partidos, negada simultáneamente por su ansia de ruptura; y los terroristas rechazaban la conciliación, con o sin amnistía. Otro equívoco hacía sinónimos, muy falsamente, los conceptos de demócrata y antifranquista. Cundía ya un lenguaje perverso, plagado de equívocos.

Quizá el Gobierno hubiera ganado una baza política de haber admitido una amnistía general y rápida, pero difícilmente haría tragar a la mayoría de la clase política la liberación de los terroristas, los cuales, así como sus seguidores, la interpretarían como una victoria sobre un Gobierno débil y no como un perdón. Por otra parte, la medida fue aplicada con cuentagotas, lo que generaba impaciencia y protestas. En Vascongadas, sobre todo, los simpatizantes de la ETA organizaron las «Gestoras proamnistía», a fin de mantener una agitación callejera permanente y violenta por la libertad de los presos «vascos», como calificaban a los etarras con otra exitosa perversión del lenguaje. En Vizcaya y Guipúzcoa, sobre todo, las movilizaciones no cesaban. La ETA las utilizó para aumentar su popularidad, y sus atentados pasaron de momento a segundo plano: entre mayo y octubre, dos nuevos asesinatos, más el de uno de sus dirigentes, llamado Pertur, partidario de dejar la acción armada, y de quien hicieron correr el bulo de haber muerto a manos de la Policía, para exacerbar la indignación de la gente. La aplicación lenta de la amnistía y la exclusión de los presos terroristas desgastó al Gobierno y le hizo perder iniciativa, aunque no la iniciativa. También los presos comunes exigieron salir libres, muy jaleados por gran parte de la oposición, sobre todo la anarquista. Para ello organizaron motines, alguno muy espectacular en la cárcel madrileña de Carabanchel.

La amnistía iba emparejada con la legalización de los partidos. A tal fin, el Gobierno abrió una «ventanilla», pero en un primer momento solo pasaron por ella el Partido Socialista de Llopis y un Partido Popular próximo al Gobierno. Los otros lo harían más tarde, a regañadientes. La Junta, dirigida por el PCE, exigía la legalización simultánea de todos, y la Plataforma la apoyó, más débilmente. Y seguían las cenas de Garrigues Walker en Aravaca, con vistas a crear un partido liberal.

* * *

Entre el 17 y el 18 de julio, casi a continuación de la declaración de intenciones del Gobierno, tenía lugar un golpe terrorista de nuevo estilo, con la explosión de veinte bombas distribuidas por casi toda la geografía nacional: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Vigo, Ferrol y otras ciudades. No buscaban causar víctimas, pero sí daños materiales y sobre todo simbólicos: fueron volados monumentos franquistas, alguna bomba fue colocada dentro de un edificio militar, y los jeeps policiales aparcados al lado de la Dirección General de Seguridad sufrieron un ataque con cócteles molotov. Firmó las acciones el GRAPO, que de paso reivindicó el asesinato de los cuatro policías en represalia por las últimas ejecuciones del franquismo, el 1 de octubre del año anterior, de las que tomó el nombre. El susto del Gobierno, la oposición y la prensa, fue mayúsculo, y empezó a especularse con la capacidad técnica y los numerosos «comandos» necesarios para tales acciones.

La oposición se encontraba ante un nuevo grupo terrorista muy fuerte en apariencia, capaz, acaso, de hacer descarrilar el proceso de reforma al que ella se iba acomodando aun sin perder esperanzas de ruptura. La Platajunta temía que los continuistas del régimen, todavía influyentes, metieran en el mismo saco a los terroristas y al resto de la oposición, y replicaran en consecuencia. El no ser la ETA la autora, daba a la Platajunta cierto alivio, pues le habría sido muy difícil una brusca vuelta atrás de su tradicional apego a los etarras, de modo que ella y la prensa reaccionaron con presteza asegurando que las bombas iban «contra la amnistía» y sus autores solo podían ser «de extrema derecha» con conexiones policiales (lo habían dicho de la matanza etarra de la cafetería Rolando dos años antes). No explicaban por qué, siendo así, los terroristas habían atacado locales, monumentos y centros organizativos franquistas, en vez de golpear a la oposición, que obraba ya en casi total libertad. Tampoco querían mencionar la fecha elegida, 40° aniversario del alzamiento de 1936. Pues aquellas bombas buscaban recordar a todo el mundo el origen del régimen y el carácter fascista, falaz y antipopular de su «reformismo», simple revoco de fachada al que se plegaba la claudicante Platajunta u «oposición domesticada». Pretendía demostrar que el «fascismo» era débil y caería por tierra si encontraba la suficiente conciencia política y resistencia popular: los sucesos de Vitoria habrían quebrado el proceso reformista y marcado el camino de la lucha del pueblo, a la que debían abrir paso las acciones armadas.

El GRAPO era un grupo pequeño pero bien organizado y disciplinado, parte del PCE(r), que disponía de cierto aparato técnico electrónico y de falsificación de documentos, y de algunas armas cortas y dinamita robada. El partido se había formado en siete años de arduo trabajo clandestino, apartándose en lo posible de los grupos «oportunistas de izquierda» y «revisionistas» o «carrillistas», a quienes consideraba controlados por la Policía[a]. El PCE(r) obtenía una pequeña parte de su dinero de las cuotas de los afiliados (unos doscientos en toda España) y simpatizantes (no llegaban al millar), pero sobre todo de atracos o «expropiaciones» a bancos.

Al ser reivindicadas las acciones, la Policía supo dónde buscar, detuvo a un número de militantes y anunció triunfalmente la desarticulación del partido. Pero el aparato central quedó incólume, como probó, el día 30 del mismo mes, una nueva tanda de atentados, esta vez con dos víctimas mortales, miembros del GRAPO, por una bomba mal manejada.

No eran la ETA y el GRAPO los únicos grupos terroristas, pero sí los más peligrosos. Ya en el verano de 1975, el partido separatista gallego UPG había perpetrado varios atentados, que le habían costado la desarticulación, con un activista muerto por la Policía; en Cataluña surgían también núcleos terroristas; y en Canarias aparecía otro parecido. Salvo el PCE(r), los partidos maoístas partidarios en principio de la lucha armada, no la aplicaban, aunque persistían teóricamente en ella, y estaban integrados en la Platajunta. El terrorismo de izquierda daría pie a un terrorismo de derecha que sería, en todo momento, mucho más reducido, desorientado y menos mortífero.

* * *

Los atentados, lejos de frenar el curso de la actividad política, lo aceleraron. El 28 de julio, el ministro Marcelino Oreja cerraba por fin los acuerdos de revisión del concordato con la Santa Sede, que venían arrastrándose desde los últimos tiempos de Franco. El punto central consistió en la renuncia de Juan Carlos al tradicional derecho de presentación de obispos. El mismo día, el PCE celebraba en Roma una magna asamblea, presentándose a la luz su Comité Central, cuyos miembros residentes en España no fueron detenidos a su vuelta. El PCE reiteró su orientación reconciliadora, moderada, y su aceptación de la democracia, con la inevitable nota falsa de la exigencia de un Gobierno provisional y el trasfondo de su ideología. Según La Pasionaria, «Son bien conocidos los sacrificios de los comunistas españoles en la lucha por la democracia y la libertad». Conocidísimos, aunque empezaban a olvidarse, como ya lo habían sido los del PSOE. La asamblea evitó los puños en alto y el canto de la Internacional, tan del gusto de los socialistas, y Carrillo exhortó a la oposición a «dialogar responsablemente con el Gobierno actual sobre las condiciones de una transformación democrática». Aseguró que su partido no estaba sujeto a ninguna disciplina internacional, e iba a «salir de la clandestinidad», como de hecho llevaba tiempo haciendo. Y anunció que él mismo residía en España desde febrero, él sí clandestino. La asamblea respiraba deseo de transmitir una imagen de moderación y temor a quedarse en la cuneta mientras la Transición avanzaba.

En agosto, mes tradicional de pausa política, aumentaron los contactos del Gobierno con sus opositores. Un obsequioso Suárez tanteó a líderes de la oposición teóricamente moderada, buscando también explotar los personalismos entre ellos. Tuvo con Felipe González su encuentro más relevante, que fue distendido y cordial, al revés que el anterior de Fraga con el jefe socialista. La Platajunta ya hablaba de «ruptura pactada» y de Gobierno «democrático» en lugar de provisional. Martín Villa se veía con Pujol para planear la evolución en Cataluña y la vuelta de Tarradellas de su exilio francés. Se incrementaron las negociaciones entre los sindicatos franquistas y la UGT, ampliados ahora a CC.OO., mientras que la anarquista CNT rehusaba. El 4 de septiembre, la Platajunta celebró un pleno para diseñar una política general frente al Gobierno, pero la «cumbre», celebrada en un hotel de Madrid llamado Eurobuilding, solo demostró las discrepancias y vacilaciones entre ellos.

El acontecimiento más importante ocurrió el 8 de septiembre, cuando Suárez se reunió con la jerarquía castrense para explicarle la reforma. El Vicepresidente del gobierno, teniente general Fernando de Santiago, era reticente a la reforma y a la reunión, pero esta tuvo lugar, y en ella Suárez «se metió en el bolsillo» a los militares, garantizándoles una evolución ordenada y la no legalización del PCE antes de las primeras elecciones. No cumpliría su palabra, y es difícil saber si mintió a conciencia o pensaba así en aquel momento. Posteriormente, Suárez diría que solo había negado la legalización del PCE «con sus actuales estatutos». Quizá la mayoría de los militares no habría rechazado de plano la legalización del PCE si Suárez la hubiera explicado de modo tranquilizador. Había en todo ello un elemento chusco, porque el verdadero causante de la guerra civil había sido el PSOE y no el PCE, y en aquellos mismos momentos los socialistas estaban resucitando inquietantes símbolos y tesis radicales. Pero el PCE despertaba mayor sospecha, por sus lazos con los países comunistas y porque su moderación de última hora podía ser una trampa clásica, mientras que al PSOE, aun con su ofensiva retórica, se le creía asimilado a la democracia occidental.

Tres días después se celebró, cerca de Barcelona, la primera Diada del nacionalismo catalán, autorizada por el Gobierno, con entre veinte mil y setenta mil asistentes, según versiones. La fecha, el 11 de septiembre, se debía a un equívoco creado por los nacionalistas para conmemorar la rendición de Barcelona a Felipe V en la guerra de Sucesión. La resistencia barcelonesa carecía de cualquier sentido nacionalista, y la posterior abolición de los fueros catalanes, especialmente opresivos para la masa de la población, abrió el camino a la prosperidad regional. La diada incluía una ofrenda a la estatua del alcalde Rafael Casanova, de quien solían decir los nacionalistas, sin mucho rigor histórico, que había sido el alma de la resistencia y muerto en ella. Casanova había huido y, perdonado por el Rey tiempo después, se había integrado y prosperado como abogado en la nueva situación. Las falsificaciones de la historia se harían pronto un verdadero deporte en toda España.

La irritación del Vicepresidente, general De Santiago, subió de tono ante los contactos y concesiones del Gobierno a los sindicatos izquierdistas, que solo podían llevar al desmantelamiento de la Organización Sindical del régimen. Dimitió, como protesta, el 21 de septiembre, final del verano. La crisis fue rápidamente zanjada al ser sustituido De Santiago por el general Manuel Gutiérrez Mellado. La dimisión pudo haber dado lugar a que los militares expresasen una protesta más dura y amplia, y el propio general envió una circular a sus conmilitones exponiendo su disgusto con «la legalidad de las centrales sindicales CNT, UGT y FAI, responsables de los desmanes cometidos en la zona roja, y de las CC.OO., organización de Partido Comunista». El general Iniesta Cano le apoyó resaltando en una carta el honor del dimitido y dejando indirectamente a su sustituto como hombre sin honor. Pero no encontraron ambiente lo bastante favorable, y el Gobierno pasó a la reserva a Iniesta y a De Santiago, medida ilegal de la que hubo de echarse atrás.

Gutiérrez Mellado rehabilitó a los tenientes generales Díez-Alegría, destituido años antes por haber mantenido conversaciones políticas en Rumanía, y a Antonio Aranda, pasado a la reserva por orden de Franco en 1949. Aranda, héroe de la resistencia de Oviedo durante la guerra civil, había conspirado constantemente contra Franco durante la Guerra Mundial y después a favor de Don Juan y, según se dice, había sido sobornado por el servicio secreto británico. Al mismo tiempo, Gutiérrez sustituyó a los militares más reticentes por otros afectos a él. Se crearía más tarde la leyenda de unos mandos militares casi acechando a cada momento la oportunidad de dar al traste con la reforma, pero la realidad fue distinta, como demostró esta ocasión decisiva. La lealtad al Rey nombrado por Franco, que Juan Carlos aprovechó, pudo más que otros sentimientos.

El suceso más decisivo de aquel verano fue la aprobación por el Gobierno, el 10 de septiembre, de la Ley para la Reforma Política. Aunque el objetivo estaba claro, dentro del Gobierno y aledaños había vacilaciones y distintas ideas de cómo alcanzarlo. Suárez formó una comisión para analizar las posibilidades, a la que presentó dos opciones: un referéndum que autorizase al Gobierno a preparar una Ley de Bases para el cambio, que culminaría en una Constitución, o bien una Ley de Bases a aprobar por las Cortes, las cuales también aprobarían una Constitución hecha por el Gobierno y sometida a referéndum. La discusión no llevó a un acuerdo, y el 15 de agosto, Suárez, consultó con Torcuato, quien resolvió la cuestión con un proyecto sencillo y breve. Su preámbulo establecería que la Constitución debía ser elaborada por consenso de los partidos más votados en unas elecciones generales, y no por el Gobierno, a fin de romper con la estéril tradición de constituciones al gusto de un partido; afirmaba la potestad de las Cortes para hacer las leyes, con dos cámaras, Congreso, con trescientos cincuenta diputados, y Senado, con doscientos cincuenta, elegidos por provincias, por universidades y corporaciones culturales y profesionales, más cuarenta designados por el Rey y dieciocho por el Gobierno; y normas para una reforma constitucional, incluido un referéndum confirmatorio.

Suárez presentó al Gobierno el proyecto de Torcuato el 24 de agosto, sin mencionar su autoría, sometiéndolo a una comisión para su estudio. El documento fue aprobado con muy escasas modificaciones, y años después Suárez se lo atribuiría, afirmando que entre varias propuestas contrarias, él había venido a elaborar una síntesis.

El 10 de septiembre, el Gobierno aprobó finalmente el proyecto, con el nombre de Ley para la Reforma Política, en lugar del inicial de Torcuato Ley «de» Reforma Política, un cambio sin sustancia real[2].

Hoy sabemos que con aquella aprobación del Gobierno, la reforma entraba en su recta final, después de ocho meses de dilaciones e incertidumbres y un cambio de Gobierno, y de varios años, desde la sucesión en Juan Carlos, de vacilaciones y reagrupamientos de fuerzas en torno al camino a seguir. Pero en aquel septiembre de 1976, no pocos temían que la reforma fuera seriamente obstaculizada por la oposición y, sobre todo, que no superase la prueba de su aprobación por unas Cortes juzgadas en general demasiado continuistas.

Capítulo XI

TRIUNFO DE LA REFORMA

Y FRACASO DE LA RUPTURA

El otoño de 1976 vio la formación de un partido conservador que dirigiría Fraga, los últimos intentos de ruptura, la afirmación de la reforma y desusados golpes terroristas.

Total o parcialmente disconformes con el rumbo de la reforma, ajenos al búnker pero algunos próximos a él, varios políticos franquistas fundaron un nuevo partido, Alianza Popular (AP), para dar cauce en la democracia al llamado «franquismo sociológico». Eran los líderes de siete asociaciones constituidas al abrigo de la ley de Arias: Manuel Fraga, Federico Silva, Laureano López Rodó, Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente, Enrique Thomas de Carranza y Cruz Martínez Esteruelas; el último había sucedido a Adolfo Suárez cuando este se había desentendido de la presidencia de UDPE, al ser nombrado Jefe del Gobierno. Los siete habían jugado un brillante papel en la España del desarrollo y seis habían sido ministros. La prensa progresista los bautizó, en tono burlesco, como «los Siete Magníficos». Fraga, elegido Secretario general explicó en el discurso inaugural del partido —en realidad federación de asociaciones— que no admitía la voladura de la obra de los últimos cuarenta años en que se había dado un salto gigantesco en todos los órdenes, éxitos que otros querían venir a administrar. Anunció que AP estaba abierta a una reordenación territorial más justa, pero sin atentar contra la unidad de España como frívolamente se estaba propiciando en Cataluña y Vascongadas. Recalcó la gravedad de la crisis económica y la urgencia de afrontarla, y propuso libertades democráticas plenas. Enseguida, recordará Fraga, «Gobierno e izquierda se pusieron de acuerdo para designarnos como enemigo común[1]. Areilza y Pío Cabanillas fundaron, a su turno, un Partido Popular.

Como se suponía que dos tercios de las Cortes desconfiaban de la reforma planteada, hubo en AP veleidades de provocar con sus votos negativos la dimisión de Suárez para sustituirlo por alguien, posiblemente un militar, que reorientara el proceso. Pero casi ningún militar deseaba protagonismo político. Los comentaristas no han cesado de especular con una presión e incluso «tutela» del alto mando militar sobre la Transición, inexistente, como iremos viendo[2]. Por otra parte, Suárez y Torcuato estaban dispuestos, de encontrar oposición en las Cortes, a disolverlas, puesto que ya habían cumplido su mandato y este se había prorrogado por las circunstancias políticas.

El proyecto de Ley para la Reforma aprobado por el Gobierno se presentaba como «la octava Ley Fundamental» del régimen, y debía pasar otros trámites. El 16 de octubre fue aprobado por el Consejo Nacional del Movimiento por ochenta votos a favor, trece en contra y seis abstenciones. Decisión no vinculante, pero conveniente para sortear escollos. El Consejo propuso suprimir el preámbulo de la Ley, por excesivamente despegado de la legalidad anterior (sería suprimido), y aceptó con estas palabras: «El Proyecto de Ley presente, que pretende y que busca, preferencialmente, que la mayoría popular se constituya en instancia decisoria de la reforma, solo incardinado en el orden político vigente puede encontrar fuente y base para su legítimo planteamiento». De hecho, prologaba la disolución del mismo Consejo.

La decisión definitiva debían tomarla las Cortes, que reunían lo esencial de la clase política franquista, reacia a perder sus posiciones y temerosa de pasar de vencedora a vencida a través de maniobras políticas. Parte de ella temía una repetición del trauma republicano y veía una misma tendencia en el terrorismo, el activismo del PCE, el radicalismo del PSOE y los separatismos resurgentes; por tanto, prefería aguantar marea y mantener a toda costa la situación. Otra parte esperaba que los extremismos se fueran deshaciendo en una sociedad moderada y próspera —aun con la crisis económica—.

Torcuato y el Gobierno se emplearon a fondo para sacar adelante la Ley. Los ministros hablaron largamente con casi todos los procuradores, a fin de persuadirles de dos cosas: de lo inevitable del cambio, en lo que muchos coincidían de antemano; y de que no pasarían a la condición de vencidos, desplazados de la política y sujetos a represalias.

Al mismo tiempo, el Gobierno intensificaba sus contactos con la Platajunta para disuadirla de sus radicalismos rupturistas. Pero si algo unía a la oposición —hasta a la más moderada, como algunos sectores democristianos— era un antifranquismo primario, pese a que la inmensa mayoría de ella solo se organizaba a última hora y jamás había opuesto resistencia real a Franco. Pero el antifranquismo le parecía un título de legitimidad, y contemplaba con indignación y fastidio cómo unos políticos procedentes de la cumbre del régimen les arrebataban la iniciativa y la bandera de la democracia.

Los contactos rindieron por el momento magros resultados. Pese a haber comprobado reiteradamente lo insuficiente de su fuerza, la respuesta de la oposición a la Ley para la Reforma consistió en un penúltimo esfuerzo rupturista, llamando a una huelga general para el 12 de noviembre, a través de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (CC.OO., UGT y USO. La fuerza verdadera estaba en CC.OO.). El PCE la tomó con el máximo interés: «Se trata de conseguir la mayor movilización de masas conocida en cuarenta años»[3]. Un desafío en regla, pues una huelga general tiene siempre un tinte revolucionario, bien claro en aquellas circunstancias. Las historias de la Transición han solido restar importancia a esta huelga, pero se trató de una ofensiva por retomar la iniciativa tras la derrota de los intentos del primer cuatrimestre del año.

El Gobierno percibió la envergadura del reto y respondió con un desusado despliegue policial, sobre todo en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla. Dominar los transportes urbanos era esencial, y los mismos funcionaron con normalidad. La oposición habló de dos millones de huelguistas, pero la realidad fue muy otra. El ministro de Gobernación, Martín Villa, midió la incidencia del paro por el consumo de electricidad, que apenas se alteró, prueba de que el trabajo prosiguió normalmente. El revés deprimió un tanto la moral y aspiraciones de ruptura.

Todo ello no impedía huelgas menores, encierros de activistas, generalmente en locales eclesiásticos, y agitación constante pero, como quedó indicado, con menor peligrosidad que en los primeros meses del año.

* * *

El mismo día de la huelga general, el Boletín Oficial de las Cortes convocaba a los procuradores para discutir el proyecto de ley a partir del día 16. Torcuato lo explicó así: «Frente a los golpes de Estado, los pronunciamientos, los borrón y cuenta nueva, los cambios pueden ser radicales dentro de las propias leyes». Aplicando el procedimiento de urgencia que había instituido, encargó la ponencia a cinco incondicionales: Fernando Suárez, Miguel Primo de Rivera, Belén Landáburu, Lorenzo Olarte y Noel Zapico. No se votarían las enmiendas antes del dictamen de la ponencia, como establecía el Reglamento normal, sino que la ponencia sería leída, defendida y atacada, y después votada a todo o nada. Se había suprimido el preámbulo, para evitar conflictos.

Antes del debate ya estaban delimitados los campos. Por un lado Blas Piñar y sus afines, opuestos en redondo a la reforma, conscientes de que esta entrañaba el fin del franquismo y abría puertas a partidos de izquierda y nacionalistas regionales. A lo largo de los últimos años su número había ido mermando, aún si Piñar conseguía reunir a masas considerables de seguidores. Un grupo aún menor propugnaba, por el contrario, una reforma más radical. Pero el escollo mayor estaba en los procuradores próximos a Alianza Popular, los más numerosos. Por eso, el Gobierno había buscado acuerdos con ellos en las semanas precedentes para asegurar una votación positiva. Una discrepancia de calado atañía a la representación en Cortes, que Torcuato quería proporcional a los votos obtenidos en las circunscripciones y Alianza prefería mayoritario, en que el ganador queda como único representante, siguiendo el modelo británico.

Defendió la ponencia Miguel Primo de Rivera, falangista y sobrino de José Antonio, el fundador de la Falange, y muy cercano al Rey. Sostuvo que su indiscutible lealtad al Caudillo no le impedía reconocer que la autoridad de Franco era irrepetible, por tanto debía ser sustituida, decidiendo el pueblo español al respecto. En el debate intervinieron José María Fernández de la Vega para denunciar que se intentaba echar abajo el Movimiento y allanar el camino a una oposición «misérrima» y resentida. Raimundo Fernández Cuesta clamó que se estaban proponiendo «las instituciones contrarias a Franco y vencidas por él».

El duelo principal fue entre Blas Piñar y Fernando Suárez. El primero abundó en el carácter inalterable de los principios del Movimiento, jurados por todos, ponderó el carácter moral y jurídico de los mismos y de la traición a ellos, y subrayó que la ley propuesta «no goza de fuerza coercitiva y vinculante porque se halle de acuerdo con el Derecho natural y con la ley divina, sino porque es expresión de la voluntad soberana del pueblo, decantada por mayoría de votos a través del sufragio universal». Idea peligrosa, por contraponer la voluntad del pueblo al Derecho natural y la ley divina. Fernando Suárez, bajando a un terreno más práctico, replicó que la Ley de Principios del Movimiento «tiene el mismo rango que las demás Leyes Fundamentales, y puede, por consiguiente, ser modificada e incluso derogada por el mismo procedimiento que se establece para las demás (…). No hay metafísico en el mundo decidido a sostener que una ley humana pueda ser inalterable por su propia naturaleza». Y contestando a De la Vega, adujo: «No traten de demostrarnos que para ser leales a Franco hay que impedir en estos momentos que sea el pueblo de España, en el que Franco tanto confió, el que decida su propio destino». Puso de relieve otro punto crucial: «Es sumamente justo y democrático que los señores Piñar y Fernández de la Vega traten de convencer a sus compatriotas de que voten negativamente y traten de convertir los votos negativos del próximo referéndum en un plebiscito a favor de la democracia orgánica. Pero no me parece coherente intentar convencer a los españoles de que voten en uno u otro sentido después de haber defendido la tesis de que no se les pregunte». E hizo un canto optimista a la conversión del enemigo irreconciliable —referido a la oposición— en simple adversario político. La oposición no ofrecía un espíritu muy conciliador, pero sus fracasos sucesivos demostraban la escasa propensión social a los extremismos.

La postura de Piñar era lógica, como reconocieron sus adversarios, incluso El País. Pero su lógica encajaba en una situación que ya no era la real en la política ni en la sociedad españolas. Prueba de ello sería su total inferioridad en las propias Cortes franquistas, donde su derrota se daba por segura, y, recuerda Blas Piñar: «Es curioso y sorprendente que en los pasillos de las Cortes, luego de concluir mi intervención, Adolfo Suárez se acercara a mí y, sonriendo, me diera dos abrazos diciéndome: «¡Has estado cojonudo!»[4]. Podía permitírselo Suárez, bien como ejercicio de cinismo o como sincera apreciación del rigor dialéctico de un oponente. vencido de antemano.

Escollo mayor fue que los procuradores próximos a Alianza Popular amenazaron con la abstención si no se seguía la norma habitual de votar primero las enmiendas. Así cambiaría el procedimiento de urgencia diseñado por Torcuato, precisamente para evitar que la ley fracasase o saliese muy desvirtuada, por lo que insistió en la votación a «todo o nada». Según explican P. y A. Fernández-Miranda, la postura de AP respondía menos al designio de torpedear el proyecto que al de condicionarlo para obtener alguna ventaja, concretamente el sistema de votación mayoritario en vez del proporcional. Del primero esperaban mayoría absoluta en las elecciones y un bipartidismo que facilitara la gobernación del país. El sistema mayoritario suele considerarse menos propicio a la corrupción y a la degeneración «partitocrática» de la democracia, mientras que el proporcional se presta a combinaciones de partidos contrarias a la verdadera expresión de los votos. Pero, creía Torcuato, el sistema mayoritario descontentaría en exceso a la izquierda y los nacionalistas regionales si estos salían demasiado perdedores, por lo que sería más difícil pasarlos de «partidos revolucionarios» a «partidos institucionales». Ello aparte, AP proponía las provincias como circunscripciones electorales, lo que obligaría a importantes correcciones, dada la enorme diferencia demográfica entre provincias.

La discusión entre el Gobierno y Alianza Popular la solventó una vez más Torcuato, aceptando la votación de la enmienda sobre las provincias y un principio mayoritario para el Senado, y después la votación del conjunto de la reforma. El 18 de noviembre, el texto, con la enmienda presentada, fue aprobado por cuatrocientos veinticinco votos contra cincuenta y nueve negativos y trece abstenciones, más treinta y cuatro ausencias. Votación semejante a la del nombramiento de Juan Carlos como sucesor de Franco, siete años antes. Algunos han pretendido que los procuradores habían sido engañados y no sabían bien lo que votaban, pero las amplias discusiones previas en la cámara revelan sin lugar a dudas lo contrario.

Conviene ver este hecho en todo su carácter extraordinario y al mismo tiempo revelador. Lo extraordinario, un hecho quizá sin precedentes en ningún país, era que la clase política de un régimen autoritario suprimiese su propio poder para pasar, con suavidad, a un régimen democrático. Con típica chabacanización cultivada por la prensa progresista, la votación fue calificada como «el haraquiri de las Cortes franquistas». Y lo revelador es que aquella clase política había asumido explícitamente el carácter transitorio y excepcional del régimen de Franco. Se esperaba que la oposición, a su vez, abjurase de viejos radicalismos, o que la nueva sociedad creada bajo el franquismo la disuadiese de repetirlos.

Así, tras la victoria sobre la huelga general, quedaba resuelto el problema de la transformación del franquismo en una democracia, de la ley a la ley. solo quedaba someter la reforma al referéndum popular que le diera plena legitimidad.

* * *

La oposición siguió empeñada en torpedear la reforma. A los cinco días de aprobada en las Cortes, Felipe González se valía de los lazos y prestigios internacionales creados en los meses precedentes, para solicitar del Parlamento Europeo una resolución contra la línea reformista. La tentativa constituyó un nuevo fracaso. No por ello desistió la oposición, que ante el referéndum previsto para el 15 de diciembre organizó una campaña de propaganda pidiendo el boicot. Tras las repetidas frustraciones, la campaña tuvo menos brío que otras anteriores, pero aprovechaba las libertades establecidas de hecho, estuvieran o no plenamente formalizadas: si lograba una abstención importante, haría mucho daño a la reforma, restándole legitimidad.

Pese a la nula cooperación de González, el Gobierno autorizó la celebración en Madrid, del 5 al 8 de diciembre, de un congreso del PSOE, el XXVII y primero celebrado en España desde la guerra civil (el anterior había sido el de Suresnes, XIII de los celebrados en el exilio). Fue un acontecimiento internacional por la asistencia de la flor y nata del socialismo europeo: el francés François Mitterrand, el alemán Willy Brandt, el sueco Olof Palme, el inglés Michael Foot, el italiano Pietro Nenni (que había sido comisario político en las Brigadas Internacionales durante la guerra civil). También líderes socialistas hispanoamericanos, árabes y algunos enviados comunistas cubanos, yugoslavos y rumanos. El PSOE se declaró, contradictoriamente, marxista, de clase, de masas y democrático. El marxismo era, precisamente, la ideología más totalitaria y antidemocrática aplicada en el siglo XX, y había sido abandonado tiempo atrás por la mayor parte de la socialdemocracia europea.

El Congreso rechazó «cualquier camino de acomodación al capitalismo o a la simple reforma de este sistema», propugnando «una sociedad socialista autogestionaria», donde «la totalidad de los aparatos de poder sea sustituida por la autogestión a todos los niveles», y un «Estado federal y republicano». Los sistemas soviético, chino o camboyano, donde se perpetraban matanzas inimaginables, no recibieron condena de los congresistas, que en cambio denunciaron «la agresión permanente del capitalismo internacional y su expresión imperialista». Como de costumbre, se cantó la Internacional entre puños en alto. Todo ello definía al PSOE, lo que no le impedía gritar la consigna «Socialismo es libertad». Un pequeño partido todavía: decía tener nueve mil afiliados, probablemente exagerando.

No obstante, al definir la política práctica, González empleó otro lenguaje. Persistía en la ruptura, pero calificándola de «negociada» e, invirtiendo los hechos, notaba que el Gobierno había aumentado su «credibilidad» debido a haberse visto «forzado a reconocer algunos de los postulados defendidos por la oposición democrática». Las propias expresiones ideológicas y estratégicas de su congreso demostraban la irrealidad de aquella «oposición democrática»; y el Gobierno, también el de Arias-Fraga, había mantenido siempre la iniciativa. Bajo la retórica verbalista y las interpretaciones subjetivas quedaba claro un semiabandono de las posiciones rupturistas de doce meses atrás. «Las fronteras que delimitan los conceptos de ruptura democrática y de reforma democrática han quedado desdibujados», afirmó González. Calificar de «democrática» a la reforma equivalía a una rendición parcial. La propia celebración del Congreso suponía un «compromiso con el poder», o más bien una concesión interesada de este.

Otra rendición bajo gesto desafiante fue la de Santiago Carrillo. El jefe del PCE se alarmó por el Congreso socialista, que le arrebataba protagonismo mediático y amenazaba con dejarle descolgado de la reforma, pues algunos líderes socialistas europeos habían aconsejado a González aprovechar la no legalización del PCE, a lo que el PSOE estaba bien dispuesto. En consecuencia, Carrillo, que vivía clandestinamente en Madrid, resolvió dar un golpe de efecto y arrebatar los titulares a los socialistas: a los dos días de clausurado el Congreso del PSOE, ofreció una rueda de prensa clandestina. Se arriesgaba a ser detenido, pero no demasiado. Días antes, dos miembros del Comité Ejecutivo comunista, Sánchez Montero y Ballesteros, se habían hecho arrestar declarándose dirigentes del partido, y habían sido puestos en libertad enseguida. Por otra parte, las responsabilidades por la guerra civil habían quedado extintas por el propio franquismo ya en 1969, de modo que por ese lado no había peligro.

La rueda de prensa, al parecer no detectada por la Policía, fue un enorme éxito publicitario. Decenas de periodistas abarrotaron un piso donde Carrillo ponderó la fuerza del PCE al asegurar que disponía de quince mil interventores para las siguientes elecciones. Y denunció la reforma: «solo se reforma lo que se quiere conservar, y lo que realmente se quiere conservar es el franquismo». Pero contradiciéndose, la aceptó: el Rey ya no era un monigote de Franco, sino «una realidad», y lo mismo la economía de mercado; la oposición debía mostrarse «cooperativa». Desafiaba al Gobierno con su rueda de prensa, pero solo para manifestar su transigencia.

El conjunto de la oposición no violenta claudicaba igualmente al organizar una «Comisión del los nueve» para tratar con el Gobierno. La comisión representaba a comunistas, socialistas, algunos cristianodemócratas, socialdemócratas y nacionalistas vascos, catalanes y gallegos.

Empero, no todos los grupos antifranquistas seguían la misma vereda. El 4 de octubre, la ETA había asesinado con una bomba al presidente de la Diputación de Guipúzcoa, José María Araluce, a su chófer y a tres policías de escolta. Y sería nuevamente el GRAPO el que golpease con la mayor fuerza: el 11 de diciembre, cuatro días antes del referéndum, secuestró a Antonio María de Oriol, jefe de la familia quizá más poderosa, económicamente, de España, y ministro de Justicia entre 1965 y 1973. La acción iba contra la pretensión del franquismo de sucederse a sí mismo mediante una seudorreforma, simple remozamiento de fachada tras la cual pervivía el fascismo, según el GRAPO. Este exigió, a cambio del cautivo, la liberación de 15 destacados terroristas de la ETA, el FRAP y militantes del PCE(r).

El golpe sumió en el mayor nerviosismo al régimen y a la oposición, mientras los continuistas volvían a confirmar sus recelos. Después del éxito continuado de la vía reformista, que ni huelgas ni manifestaciones violentas ni maniobras internacionales lograban detener, un mazazo así reavivaba todas las incertidumbres y creaba la posibilidad de reacciones en cadena. Para el GRAPO, una posible involución debía tomarse por prueba de la falsedad esencial de la reforma y de la debilidad del régimen, y solo provocaría el auge de la resistencia popular real, revolucionaria, opuesta a los contubernios de la «oposición domesticada». La exigencia de libertad para los terroristas debía fomentar la unión entre todos los verdaderos «antifascistas» y estimular el movimiento de protesta, sobre todo en Vizcaya y Guipúzcoa, en pro de la amnistía. Si se obligaba al régimen a doblar la rodilla, quedaría probado que esa era la única vía real para hacer retroceder al «fascismo»; y el referéndum, previsto para cuatro días después, perdería su valor. El resto de la oposición percibió el peligro y volvió a acusar al GRAPO de estar vinculado a la extrema derecha o manejado por la Policía, quizá por la CIA o incluso por el KGB, a fin de confundir a la opinión sobre su carácter real y objetivos generales, doctrinalmente tan similares a los del PCE y el PSOE.

A su vez, el Gobierno rechazó las exigencias de los terroristas, y, más grave aún para ellos, el referéndum constituyó un enorme éxito. Contra toda la oposición, violenta y menos violenta, votó el 77,4% del censo electoral, con un 94,2% a favor, 2,6% en contra y el resto en blanco o nulos. La única abstención, prácticamente, fue la técnica, en general apolítica. En Galicia fue algo más pronunciada, el 30,2%. Asturias, Navarra y Cataluña también superaron, muy ligeramente, la abstención media. Esta solo tuvo peso en Guipúzcoa (55%) y Vizcaya (48%), debido a la presión del terrorismo y de los grupos proterroristas.

Aún faltaba una quincena para terminar el año, pero con este gran éxito, seguramente superior al esperado, y pese a la herida del secuestro de Oriol, culminaba el segundo proceso reformista, el de Torcuato, tras el fracaso parcial, más bien abandono, del de Fraga. Y comenzaba un tercer proceso, la reforma propiamente de Suárez, que este llevaría adelante ya sin la tutela de Torcuato e, incluso, contra él.

* * *

El año había sido también agitado en el resto del mundo. En noviembre había muerto Mao Tse-tung, algo después de un terremoto que causó oficialmente un cuarto de millón de muertos (como toda la guerra civil española). La muerte de Mao inició una crisis para los maoístas de todo el mundo, pues la fracción «revisionista» o «burguesa» ganó el poder y rápidamente apresó a los líderes salidos de la Gran Revolución Cultural, estigmatizados como «La banda de los cuatro», entre ellos la viuda del propio Mao. En Vietnam se abatía sobre la población una represión brutal a fin de «reeducarla» en el socialismo. Camboya padecía el mayor genocidio, proporcionalmente, del siglo XX. Polonia ofrecía resistencia al comunismo mediante huelgas. En Europa Occidental, el terrorismo continuaba en Alemania (grupo Baader-Meinhoff o RAF); en Italia (Brigadas Rojas), ambos de tipo marxista; y en Gran Bretaña con el IRA, después de una tregua de un año en 1975. Una guerra civil en Etiopía abocaría al año siguiente a un régimen comunista.

Jimmy Carter, promotor de una política «suave» hacia los regímenes de izquierda, ganaba las elecciones useñas. Argentina sufría una tremenda escalada de atentados sangrientos por bandas izquierdistas, peronistas y de derecha, y los militares deponían en marzo a la presidenta, María Estela, segunda esposa del finado Juan Domingo Perón, establecían una dictadura e inauguraban un período de «guerra sucia», con torturas y asesinatos, para desarticular al pistolerismo. A su turno, el terrorismo palestino recibía un fuerte revés en Entebbe, capital de Uganda, país sometido al despotismo alucinado de Idi Amín Dadá, cuando unos comandos israelíes rescataron en una operación casi inverosímil a los pasajeros de un avión secuestrado y mataron a los secuestradores, así como a un número de soldados ugandeses. A finales de año Bokassa, otro déspota demente, se coronaba emperador de la república Centroafricana, con apoyo de Giscard d’Estaing. La India vivía una dictadura de hecho, bajo Indira Gandhi, desde mediados del año anterior, y que continuaría hasta entrado 1977. Indonesia ocupaba Timor Oriental, abandonado por los portugueses, e imponía el terror a la población, cristiana en su mayoría. Los países productores de materias primas tomaban ejemplo de la OPEP (Organización de países exportadores de petróleo) y elevaban artificialmente los precios. La crisis económica proseguía en el mundo occidental, con algunos signos de mejora.

Capítulo XII

TERCERA REFORMA Y FIN

DEL FRANQUISMO

El secuestro de Oriol desplazó a la reforma de la atención pública, suscitó agudo nerviosismo en los medios políticos y un alud de peticiones de escolta policial. El Gobierno rechazó las exigencias terroristas, que habrían dañado seriamente la reforma, aunque prometió medidas de gracia. El GRAPO tuvo la impresión de una claudicación parcial del Gobierno, y de disponer de una baza para mantener en la cuerda floja a los «fascistas y su oposición domesticada», y ello salvó la vida del secuestrado. Por tanto, el PCE(r) dedicó su esfuerzo a movilizar a las masas, muy boicoteado por CC.OO., la prensa y el resto de la oposición, que difundían bulos confusionistas sobre su origen, con lo que, siendo numéricamente insignificante, dicho partido peleaba contra casi todas las formaciones políticas, franquistas y antifranquistas. Sus únicos apoyos eran el Gobierno argelino, a través de su servicio secreto, y el MPAIAC (Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario), al cual facilitaba el Gobierno de Argelia unas emisiones de radio escuchadas en España. El MPAIAC propugnaba la «lucha armada», aunque con escasa capacidad para la misma.

El 23 de diciembre la situación se complicó, aparentemente, con la detención de Carrillo y siete jefes comunistas. La Policía no se había lucido persiguiendo a Carrillo, y menos aún al GRAPO, que no estaba entonces infiltrado, al contrario que el PCE, el PSOE y otros. El PCE se movilizó a fondo para protestar por las detenciones de sus líderes y presionar en Europa por su liberación. Carrillo no podía ser juzgado por crímenes de la guerra, como quedó indicado, y la legislación por asociación ilegal no estaba ya en vigor, de modo que a la semana, el 30 de diciembre, fue puesto en libertad.

Pero el secuestro de Oriol se prolongaba y seguían las manifestaciones proamnistía. El PCE(r) creyó fracasada la intensa propaganda de la prensa y la oposición contra el GRAPO, y necesaria la movilización de las masas que, según cánones leninistas, acompañaría a la acción armada. Y así agitó en Madrid, Bilbao, Vigo, Barcelona y Sevilla por una huelga general para el 10 de enero de aquel 1977. Desde luego sobreestimaba sus fuerzas, pues si había fracasado la huelga de CC.OO. y el resto de la oposición dos meses antes, no iba a tener éxito un partido mínimo y tildado de «extraño». La huelga, claro, no salió, y el PCE(r) pensó en otro golpe espectacular[1].

Se abrían ligeras brechas entre los reformistas: algunos hablaban de imponer un estado de excepción (se suspendieron dos artículos del Fuero de los Españoles), otros de claudicar ante el GRAPO y liberar los presos terroristas. Lo último lo propuso Pío Cabanillas, arguyendo que de todas formas el Gobierno tendría que conceder amnistía general antes o después. Gutiérrez Mellado, poco apreciado por sus compañeros de armas y consciente de ello, lo que le llevaba a agravar la tensión entre los militares, creía o fingía creer la propaganda de la izquierda que presentaba al GRAPO como manejado por la extrema derecha o la Policía[2].

A su turno, grupos de extrema derecha creyeron poder imitar los métodos terroristas que tanto fruto habían rendido a la ETA y, al parecer, también al GRAPO, y cometieron algún asesinato aprovechando las manifestaciones de izquierda. Era una tosca estrategia de tensión, que a la brutalidad añadían la estupidez, explotada a fondo por las izquierdas —de siempre tan complacientes con la ETA—, para desacreditar a la derecha en general sembrando suspicacias de su connivencia con el «fascismo». Nació la consigna «Vosotros, fascistas, sois los terroristas», aunque los crímenes fascistas no llegaron a la décima parte, o menos aún, de los perpetrados por la izquierda.

La tensión subió al máximo el 24 de enero: ese día, por la mañana, el GRAPO secuestró al teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. La acción debía demostrar que un partido revolucionario resuelto podía atacar los puntos más sensibles del régimen y que este, en plena crisis, no sería capaz de reaccionar adecuadamente y se doblegaría a las condiciones de los revolucionarios.

Por otra parte, una huelga del transporte en Madrid, auspiciada por la oposición, tenía soliviantados a los sindicatos oficiales. Al parecer, algún sector de ellos decidió dar un escarmiento a la dirección huelguista atacando un despacho de abogados laboralistas del PCE y CC.OO. Unos pistoleros fueron al lugar por la noche, sorprendieron a los abogados reunidos y dispararon a mansalva, asesinando a cinco e hiriendo a cuatro. La matanza y el secuestro de Villaescusa sacudieron literalmente al país.

El Gobierno temía que el entierro de las víctimas causara nuevas violencias y deseaba un acto discreto, pero el PCE y la Comisión de los nueve dieron máxima garantía de que no habría alteración del orden. Por fin fue autorizada la salida de los féretros a hombros, desde el Colegio de Abogados hasta el paseo de Recoletos, desde donde irían en coches fúnebres al cementerio. El PCE y CC.OO. movilizaron sus fuerzas y cumplieron su promesa: en silencio, con numerosos puños en alto, decenas de miles de personas, en su mayoría no comunistas, despidieron los cadáveres a lo largo del trayecto.

Desde esa prueba de moderación, el PCE podía darse por legalizado: de hecho, el Gobierno tenía más razones para hacerlo que con el PSOE, que persistía en rechazar la bandera de España[a], la monarquía y la economía de mercado, aceptadas por los comunistas, los cuales también preparaban nuevos estatutos para superar la prohibición de partidos «con dependencia internacional y propósitos totalitarios».

Esta conducta de los «carrillistas» la interpretó el PCE(r)-GRAPO como sumisión inconcebible a la oligarquía capitalista y fascista, por lo que decidió dar una réplica más ejemplar a los asesinatos de Atocha: el día 28 asesinaba a tres policías armados y a un guardia civil, hiriendo de gravedad a tres más. Para entender al GRAPO debe recordarse que compartía con casi toda la oposición una visceral aversión al franquismo, tachado de régimen criminal que habría aplastado al pueblo con ayuda de Hitler y suprimido cualquier libertad, por lo que la gente, explotada y oprimida, solo debía ansiar liberarse del yugo. Pero, a diferencia de la «oposición domesticada», el GRAPO actuaba en consonancia con tales ideas, mientras que, a su juicio, los otros estarían doblegándose y colaborando con el cambio de fachada fascista, por cobardía, hipocresía o traición.

La sucesión de golpes y contragolpes en aquellos días llevó al extremo la crispación militar y el nerviosismo de los políticos —la población permaneció serena, dentro de la inquietud—; y la reforma estuvo cerca de zozobrar.

* * *

Si bien las acciones del GRAPO habían casi paralizado la vida política durante unas semanas, a lo largo de enero se reanudaron los contactos entre el Gobierno y la Comisión de los nueve, para tratar los aspectos técnicos de la reforma, la legalización de los partidos y las normas electorales.

Con la Comisión intervino un nuevo y crucial factor político: Suárez, triunfador con un referéndum y una reforma diseñados por Torcuato Fernández Miranda, se sintió con bríos para sacudirse la tutela de este, y cambió de talante. Había interiorizado cierta jerga democrática, que usaría en abundancia luego, dando a entender que siempre había pensado así. Hasta entonces, la reforma venía plenamente del franquismo, a conciencia de que la oposición solo aceptaría el cambio democratizador si se sabía débil. Pero, comenta Jordi Pujol, miembro de la Comisión de los nueve: «Suárez nos dijo: “Yo, señores, tengo el poder. Ustedes tienen legitimidad. De lo que se trata en estos momentos es de unir poder y legitimidad”. Suárez no dijo que nosotros tuviésemos la legitimidad en exclusiva. Nos dio a entender que él también detentaba una parte de ella, además del poder. Pero dejó muy claro que, a pesar de ser ilegales y de que aún no nos hubiera elegido nadie, sí representábamos la legitimidad del futuro, la que venía». Una técnica muy empleada por Suárez consistía en halagar la vanidad del contrario, pero ese halago terminaba comprometiéndole. El rumbo reformista iba a cambiar[3].

Así quedaba insensiblemente traspasada la legitimidad a unos partidos todavía mínimos y que tendían a identificarse con la república o con el Frente Popular. Torcuato habría sido muy consciente del alcance de tal cesión o claudicación, pero no es probable que lo distinguiese bien Suárez, cuya formación intelectual y conocimiento histórico eran harto menores que su ambición. Luego procuraría ofrecer imagen un tanto de izquierda o centroizquierda, disimular el origen franquista suyo y de la democracia, identificar al franquismo con la extrema derecha y congraciarse con los antifranquistas.

Comenzaba una tercera etapa tras las de Fraga y Torcuato, en rigor una tercera reforma que en gran medida invertía el éxito de los meses precedentes y daba mucha más cancha a la oposición. Esta había debido resignarse a la iniciativa franquista, pero pronto iba a adoptar una actitud más arrogante.

Gran noticia para todos ellos fue la liberación de Oriol y Villaescusa, a los dos meses del primer secuestro. El GRAPO había pensado secuestrar a Fraga, a fin de perturbar las elecciones previstas y demostrar de nuevo la impotencia del fascismo frente a unos revolucionarios audaces y clarividentes. La Policía había fracasado una y otra vez, pero terminó por dar con el hilo que le permitió resolver el caso. Para evitar problemas en los controles policiales, el GRAPO robaba en unos lugares coches y, en otros, documentaciones de vehículos de igual marca, y falsificaba carnés de identidad y matrículas. La Policía llegó a relacionar las denuncias y buscó los coches por todo Madrid. Tras localizar alguno se produjo un tiroteo y las primeras detenciones, y luego la detección y captura del jefe del grupo de acción, Enrique Cerdán. A partir de ahí, tirando de varios hilos, la Policía consiguió liberar a Villaescusa y poco después a Oriol, irrumpiendo por sorpresa en los pisos donde estaban custodiados[4].

La noticia acababa con una pesadilla para los políticos comprometidos en la reforma, y desde ese momento pudieron continuar con mucho más desembarazo sus previsiones. El PCE(r)-GRAPO no quedó del todo desarticulado, pues parte de la dirección y diversas organizaciones locales siguieron en pie, y a partir de ellas logró rehacerse en pocos meses. Pero ya todos sus dirigentes eran conocidos de la Policía y nunca volvería a alcanzar el mismo nivel de operatividad.

* * *

El triunfalismo de Suárez se manifestó entonces. Torcuato, cada vez más marginado en la presidencia de unas Cortes que ya habían cumplido su tarea, ni siquiera recibía mucha información del Jefe del Gobierno. El hombre «disponible» había dejado de serlo. Tenía una persona de confianza en Carmen Díez de Rivera, relacionada con el Rey, a quien había nombrado jefa de su gabinete técnico, mujer atractiva e interesante, de un izquierdismo frívolo y pretencioso o progresista, poco leal a Suárez. Algo más tarde se sabría de su pertenencia al partido socialista de Tierno Galván, y terminaría en el PSOE. Fuera por encargo o por propia iniciativa, Carmen se había reunido con Carrillo, a quien describió ante Suárez como «hombre encantador, inteligente, deseoso de colaborar en el proceso democrático y de tener una entrevista con él (con Suárez)». Extrañamente, Carrillo, muy cortejado por políticos y prensa, cobraba una aureola casi fascinante, incluso en círculos de derecha[5].

Fuera por estas confidencias o por decisión previa, el 27 de febrero, Suárez se reunió en secreto con el líder del PCE en el chalé del abogado y presidente de la agencia Europa Press José Mario Armero. Ni a Torcuato ni al vicepresidente, Alfonso Osorio, les pareció bien el encuentro, pero sí al Rey[6]. La reunión fue distendida, con afabilidad mutua. Carrillo reafirmó que su partido respetaría la monarquía (elogió al Rey), la bandera, el sistema económico y la unidad de España, y que él no era temible, pues no pasarían del 10% los votos comunistas en las elecciones. Por otra parte, argumentó que tenía fuerza suficiente para boicotear las elecciones y privar de credibilidad a la reforma si no era legalizado, y que no estaba dispuesto a que otros partidos (el PSOE, evidentemente) aprovecharan la ilegalidad del PCE para hacerse con sus votos.

Realmente, la legalización del PCE no era el problema, pues estaba más o menos decidida desde tiempo atrás. La cuestión era cuándo, y esto no quedó del todo acordado, pero Carrillo salió con la impresión de haber convencido a su interlocutor. Suárez debió de considerar la legalización antes de las elecciones como una nueva baza que reforzaría su prestigio personal, aunque no careciera de ciertos peligros, y resolvió prepararla sin informar a nadie, salvo al Rey y a algunos ministros de confianza.

El primer fruto de la entrevista fue, solo una semana después, la celebración en Madrid de una «cumbre eurocomunista», con Carrillo y los jefes de los pc italiano, Enrico Berlinguer, y francés, Georges Marchais. Berlinguer aceptaba la OTAN, había marcado distancias con Moscú y quería arbitrar entre las facciones del movimiento comunista internacional, adoptando una actitud comprensiva hacia China y Yugoslavia. En Italia proponía el «compromiso histórico» con la democracia cristiana, para llegar a un Gobierno de coalición que afrontase la crisis económica y el terrorismo de izquierda y de derecha. Marchais seguía una política más oscura y brusca, pero, como el italiano, entendía que su partido había alcanzado un tope de influencia electoral, con tendencia a decrecer, y que debía cambiar determinadas posturas.

La reunión de Madrid oficializaba la nueva vía «eurocomunista», que aceptaba las elecciones, el pluralismo político y el capitalismo (al menos por un largo período), y se alejaba algo de Moscú. Berlinguer, Marchais y Carrillo tenían formación estalinista y dirigían partidos diseñados según tales normas, para derrocar el sistema burgués combinando el uso de libertades y elecciones, con las armas y la insurrección, llegado el caso. Sin embargo, la práctica les había llevado a entrar más y más en el juego burgués, aun si siempre con otras intenciones si había oportunidad. El año anterior, el PCI había levantado seria preocupación en USA y la OTAN al alcanzar su máxima votación histórica, 33,3%, aunque no haría sino bajar en los años siguientes. El PCF ya sufría el descenso, situándose en torno al 15%.

El eurocomunismo intentaba combinar las viejas tesis revolucionarias con un realismo electoralista, renunciando, por ejemplo a la «dictadura del proletariado», uno de los puntos más distintivos de los partidos comunistas. Carrillo escribió el ensayo Eurocomunismo y Estado, tratando de dar respaldo teórico a la nueva línea mediante una argumentación confusa. Se trataba de una combinación contradictoria y que se demostraría pronto inviable, agravando la decadencia de tales partidos. Mas, por el momento, casi nadie en la derecha o la prensa analizaba el fenómeno, y la cumbre comunista recibió máxima atención mediática y comentarios favorables en su mayoría. La «cumbre» de Madrid fue interpretada como preludio a la legalización del PCE.

No obstante, persistían obstáculos legales, aunque solventables sin mucha dificultad una vez que el PCE presentó unos estatutos conforme a las exigencias del Gobierno. Y había obstáculos políticos, porque la desconfianza hacia las maniobras comunistas no desaparecía, y porque Washington y la socialdemocracia alemana miraban con buenos ojos el aplazamiento de la legalización hasta después de las elecciones. Se suponía, asimismo, que los altos cargos militares estaban en contra, máxime cuando Suárez les había prometido, con probable sinceridad en aquel momento, que tal legalización no se produciría. Los riesgos eran difíciles de valorar, y la medida quedó en suspenso.

* * *

A mediados de marzo fueron convocadas, para el 15 de junio, las primeras elecciones democráticas. Por entonces se habían improvisado multitud de partidos o al menos de siglas («sopa de letras»), pero de ellos solo parecían tener algún peso Alianza Popular, el PSOE y, si se legalizaba, el PCE, aparte de algunos regionales en Cataluña y Vascongadas. Suárez, sin embargo, estaba resuelto a mantenerse en el poder, por lo que marginaba a Torcuato y rechazaba a Alianza Popular, ya que las personalidades de sus líderes, en especial Fraga, podían hacerle sombra. Además creyó oportuno distanciarse lo más posible de la imagen franquista, dejándosela a AP, para construirse él la imagen sorprendente de demócrata sin tacha. De ahí que resolviera crear un nuevo partido que no pareciese de derecha, sino «de centro». Después de sus éxitos se sentía muy seguro y se sabía respaldado por el Rey, que en esos momentos gozaba de la mayor popularidad; también gran parte de la opinión pública identificaba a Suárez con Juan Carlos. Con tan cuantioso capital político, se dispuso a arrancar votos a la derecha de Fraga, como el PSOE lo intentaba al PCE.

Suárez construyó el nuevo partido, al principio una coalición electoral con diversas tendencias, que se llamaría Unión de Centro Democrático (UCD), apoyándose en parte importante sobre el Partido Popular de Areilza y Pío Cabanillas (distinto del que años después recogería el nombre) formado por políticos procedentes del grupo Tácito y otros democristianos. El problema para Suárez radicaba en la presencia de Areilza, un peso pesado que podía quitarle el primer papel. El asunto lo resolvió el vicepresidente Alfonso Osorio, hombre clave de los tácitos, que puso al partido ante el dilema y lo solucionó: Suárez tenía muchas más posibilidades de sacar votos, y por tanto puestos de poder; y así los jefes democristianos defenestraron sin pestañear a Areilza, que nuevamente defraudado y muy poco satisfecho, hubo de retirarse de la vida política por una temporada. Cabanillas estorbaba mucho menos.

Además del Partido Popular, se confederaron en UCD catorce clanes, liberales, socialdemócratas, otros democristianos y regionales, más los azules, procedentes muy directamente del Movimiento. Eran estos últimos quienes constituían una verdadera fuerza organizada, pues los demás sobrepasaban poco el nivel de tertulias. Los azules componían lo esencial del aparato (gobernadores civiles, alcaldes y otras autoridades), sin el cual no podría soñarse en un éxito electoral. No obstante, fueron otros, ante todo los socialdemócratas de Fernández Ordóñez, quienes elaboraron el programa económico y diversos aspectos más. No hubo choque al respecto, porque la orientación económica de la Falange tenía también mucho de socialdemócrata. Pero esa orientación más bien izquierdista iba a convertirse en signo de confusión entre la derecha.

Cabe preguntarse por qué los azules no se sumaron a Fraga, que era en definitiva uno de los suyos. Pero también lo era Suárez, que llegaba con el prestigio del referéndum y el discreto respaldo regio; y pesaron mucho, sin duda, problemas de celos e incompatibilidades personales. Como fuere, Fraga no supo o no pudo atraerse a un sector tan decisivo, privándose de antemano de una baza importantísima. Irónicamente, sería AP la que apareciese como «franquista», calificativo convertido en sambenito por la izquierda e, indirectamente por el mismo Suárez.

La UCD nacía muy a última hora, y esa tardanza, fuente de debilidad, la explicaría Suárez a su colaborador J. M. Otero Novas como un modo de facilitar al PSOE organizarse y conseguir diputados. También procuró que los bancos otorgaran al PSOE los créditos que este precisaba, según Leopoldo Calvo-Sotelo[7].

El Gobierno también abordó por aquellos meses la liquidación de los aparatos franquistas, en primer lugar el sindicato vertical, previa modificación, por decreto ley, de la legislación al respecto, y rematado por las Cortes a finales de marzo. Se abría paso a la legalización de las centrales sindicales comunista (CC.OO.), socialista (UGT), anarquista (CNT), los más potentes o con más futuro previsible. Otro decreto ley disolvía el Movimiento, hecho que se produjo el 1 de abril, conmemoración de la victoria de los nacionales en la guerra. La fecha pudo haber sido elegida adrede, para dar imagen no ya de diferencia, sino de oposición al pasado. Como fuere, la orden atribuía al Movimiento «señalados servicios prestados al Estado durante un dilatado período». El Tribunal de Orden Pública había sido abolido ya el 4 de enero.

El 4 de abril comenzaba la fusión de un partido socialista catalán (Partit Socialista de Catalunya-Congrés) y el PSOE, para conformar el PSC-PSOE. El socialismo siempre había tenido poca fuerza en Cataluña, donde había predominado en la izquierda la CNT y después los comunistas (PSUC). Ahora iba a ser diferente, aun si la CNT daba la impresión de renacer con bastante impulso. La cúpula del nuevo socialismo catalán tenía fuerte impronta nacionalista, por haberla infiltrado estos desde el principio.

Quedaba pendiente la decisión sobre el PCE. Y el 9 de abril, hacia el fin de la Semana Santa, un Suárez muy confiado en su buena estrella decretó su legalización en un verdadero golpe de mano que sorprendió al país, a la mayoría de sus propios ministros, a los militares y al mismo Carrillo. La reacción más temida era la de los militares, que se sentían engañados por la promesa anterior de Suárez y por el modo de realizar el acto, que juzgaban, y no solo ellos, muy inadecuado políticamente. Fraga, exagerando, lo calificó de golpe de Estado. Pero volvió a quedar claro que la mayoría de los militares prefería no inmiscuirse en las decisiones políticas: solo dimitió el almirante Pita da Veiga, ministro de Marina. El Consejo Superior del Ejército expresaba en un comunicado «cierta repulsa» por la medida, no obstante lo cual, «ante el hecho consumado (…) por patriotismo y considerándolo como un deber de servicio a la patria, lo aceptan». Diversas historias califican de «durísimo» el comunicado. Dureza muy discutible. El temor al ejército durante este período era infundado, pues casi todo él aceptó la reforma y evitó politizarse: en las salas de banderas solo causaba inquietud el desorden, a veces grave, que flanqueaba el proceso. Con todo, aquel temor jugó un papel, moderando exigencias de la oposición que podrían haberse hecho desestabilizadoras.

Hasta cierto punto, Suárez transfirió su disponibilidad a la oposición. Ante sus derroches de simpatía, la izquierda volvió a adoptar posturas casi insolentes, exigiendo que los miembros del Ejecutivo fueran declarados inelegibles para los próximos comicios, so pretexto de que se trataba de un Gobierno no democrático. Es decir, los mismos que habían hecho la reforma no podrían concurrir a las elecciones. La iniciativa partió de Francisco Fernández Ordóñez, que, habiendo sido hombre de confianza del franquismo con cargos de muy alto nivel, se había vuelto oportunamente muy antifranquista y escrupuloso demócrata —caso no excepcional—. Se le recordó que a los miembros del Gobierno provisional de la república, no elegido democráticamente, nadie les impidió presentarse a las elecciones. Felipe González adoptó la idea como una forma solapada de achacar a la reforma un origen espurio. Suárez, obsequioso, cedió, con una sola y arbitraria exclusión: él mismo. Los demás ministros y altos cargos debían dimitir antes de volverse elegibles. Desde un punto de vista puramente práctico parecía una cesión irrelevante, y varios ministros la apoyaron; pero con un criterio político general y simbólico, minaba la legitimidad del proceso. Aún resultó más grotesco que varios ministros, conformes con la renuncia en nombre de un supuesto democratismo, entraran poco después en el Senado nombrados por Juan Carlos, y no por elección[8].

Mientras tanto, el terrorismo continuaba. Entre mediados de marzo y mediados de junio, la ETA asesinaba a cuatro personas más, y dos el GRAPO. Apareció una nueva organización terrorista: el empresario José María Bultó fue asesinado el 9 de mayo por un autonombrado Exércit Popular Catala, adosándole un explosivo al pecho. Y el MPAIAC provocaba indirectamente, el 27 de marzo, la mayor catástrofe aérea de la historia, con 583 muertos. Una bomba y la amenaza de otra en el aeropuerto de Gran Canaria obligaron a desviar los vuelos, por unas horas, al aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, mal preparado para el súbito aumento de tráfico: el choque de dos grandes aviones provocó la catástrofe.

Otro hecho importante fue, el 14 de mayo, la sencilla ceremonia en que Don Juan renunciaba a sus alegados derechos, reconociendo a Juan Carlos la jefatura de la Casa Real y la plena legitimidad de su carácter regio desde ese punto de vista, reservándose él su título principal de Conde de Barcelona. Algunos de sus partidarios insisten en llamarle Rey con el nombre de Juan III[9], pero de verdad nunca lo fue, y en ese momento quedó reconocida en todos los planos la sucesión de 1969.

Y días antes de las elecciones, Torcuato Fernández Miranda dimitía la presidencia de las Cortes. Poco después de muerto Franco le había dicho al Rey: «Podéis designarme para presidente del gobierno, para presidente de las Cortes o nada». Juan Carlos le había contestado: «Creo que ahora tu puesto, donde mejor me puedes servir, es en P. Cortes, más adelante quizá tenga que pensar en ti para P. Gobierno». Torcuato: «Donde V. M. quiera pero si me nombra P. C. será irreversible, ya no podré ser P. G.». Juan Carlos no lo había visto del mismo modo. A su vez, Suárez, que había dirigido el Gobierno según el guión de Torcuato, se adueñaba ya de todas las medallas, dejando a su mentor el único mérito de haber influido para hacerle ministro con Arias y diseñado «la estrategia que (…) a través de la terna propuesta por el Consejo del Reino, me condujo a la Presidencia». El servicio de Torcuato se limitaba, pues, a haber allanado a Suárez el camino político. La reforma la habría hecho Suárez independientemente, sopesando diversas propuestas y decidiéndose por «un tercer camino». P. y A. Fernández-Miranda observarán: «Años más tarde, Adolfo Suárez explicó (…) «Ante los españoles se exhibían planteamientos de antítesis y yo opté por la síntesis, sin inclinarme por ninguna de las alternativas propuestas. Entendía, y creo que con acierto, que el camino elegido sería al final aceptado por todos». Nos parece un testimonio autocomplaciente en exceso y escasamente justo, es decir, no ajustado a la verdad». Se trataba de una tergiversación de la historia, que desde entonces abundarían. Torcuato no solo había diseñado la reforma, sino también asumido la labor más difícil desde las Cortes, la de crear condiciones para convencer a la clase política franquista, pues la oposición antifranquista había sido ya domeñada en lo esencial por Fraga[10].

Sobre las causas de la dimisión de Torcuato se ha especulado mucho. Quizá lo hizo por creer cumplida su misión y como último servicio a la Corona, por no comprometer a esta con un nombramiento ajeno a elecciones; o acaso abandonó despechado por haber perdido su pulso con Suárez. El hecho de dimitir antes de cumplir su mandato indica por lo menos enfado, indica Ch. Powell. Ciertamente Suárez aprovechó el trabajo de Torcuato fuera de los focos y, con cierta rudeza, procuró despojarle del mayor mérito. Tampoco pudo esperar el dimisionario que su descenso político fuera a acelerarse, como lo haría, a impulsos de su exprotegido, «más dado al mando que al servicio». El Rey, agradecido a sus muy relevantes servicios, le hizo duque, le otorgó la exclusiva orden del Toisón de Oro y le nombró luego senador real[11].

Motivo permanente de ansiedad, por su posible influjo electoral, era la situación en Vizcaya y Guipúzcoa, donde se sucedían huelgas y manifestaciones para imponer la amnistía, con muertos ocasionales. Tratando de calmar la agitación, el Gobierno había admitido en enero como «vasca» la ikurriña (bandera) creada por Sabino Arana. Fraga criticó: «Tal decisión, sin compromisos claros de los nacionalistas, solo fue interpretada como un signo de debilidad con efectos muy serios en los radicales y, sobre todo, en los indecisos. Inmediatamente se produjeron movilizaciones»[12]. Nuevas concesiones, vistas por los nacionalistas como victorias arrancadas, fueron la restauración de las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa y la promesa de libertad para etarras con delitos de sangre. Pero siguió la agitación, con nuevos muertos. En mayo, el Gobierno negoció una tregua con la rama poli-mili de la ETA, a cambio de dejar salir de España a veinte etarras presos. Por el contrario, la rama mili secuestró, pocos días antes de la fecha prevista para las elecciones, al empresario Javier Ybarra, exigiendo por él mil millones de pesetas. De un modo u otro, la ETA, criada y alimentada por casi toda la oposición y otras fuerzas, iba convirtiéndose en un poder político, condicionante del proceso.

También con vistas a asegurar los comicios, Suárez se había procurado el apoyo exterior de instituciones europeas, de Alemania y del Vaticano, que adoptaron cierto aire protector sobre la reforma hispana. Con la excepción del problema vasco, todo estaba preparado para las elecciones. Y el franquismo llegaba a su fin.

Capítulo XIII

LAS ELECCIONES DE JUNIO DE 1977

La campaña electoral se desarrolló con bastante normalidad y pocas violencias, salvo la de Alianza Popular, hostilizada por las izquierdas e, indirectamente, por el Gobierno y por el mismo Rey. Este, según Fernández de la Mora, había pretendido reducir a AP a un apoyo a Suárez «desde la segunda línea (…). Pensé que eso sería algo así como una proscripción consentida». Juan Carlos, decían, criticaba ácidamente, entre carcajadas, a los líderes de AP y otros (llamaban «el risorio» a tales sesiones): «Pero hombre, ¡cómo te has aliado con Fraga, que ni en Londres le han quitado el pelo de la dehesa!»[1]. Para Juan Carlos y para Suárez, AP constituía un peligro, porque podía arrastrar gran parte de los votos del franquismo sociológico, que UCD quería adjudicarse dando al mismo tiempo impresión de distanciamiento hacia el régimen anterior. La mayoría de la prensa también hostigó a los «siete magníficos». En sus mítines por todo el país solían intervenir piquetes de reventadores, con petardos y griterío, apedreamientos, insultos, amenazas o quema de banderas españolas. Sus carteles electorales sufrían tachaduras o frases insultantes. Fraga era blanco especial de aquella furia.

Los reventadores actuaban con notable impunidad, pues las autoridades apenas intervenían. A UCD le convenían tales espectáculos, porque alejaban de ella el calificativo de franquista, reservándolo para AP, calificativo que la izquierda, la prensa y, por omisión, UCD, trataban de convertir en estigma. De paso se creaba en torno a AP una desagradable aureola de violencia —aunque ella fuera la agredida y no reaccionara del mismo modo—, lo cual retraía a muchos votantes. Fraga resume: «Fue lamentable la colusión del Gobierno Suárez con la izquierda, y fue inaceptable el planteamiento que dieron ciertos medios de información, sobre todo los públicos. Nosotros aceptábamos siempre el coloquio y el debate; se nos obligó a actuar en una situación de acoso permanente». Según Fernández de la Mora, «Nuestro principal adversario no fueron ni los comunistas ni los socialistas, sino el Gobierno, que controlaba la organización nacional y local del Movimiento y su cadena de periódicos. (…) Pretendíamos aglutinar y ser portavoces del conservatismo sociológico. Pero se nos presentó como los portavoces de un indefinido extremismo». También se les achacó la extrema corrupción que la izquierda, gratuitamente, adjudicaba al franquismo, y a menudo se traducían sus siglas por «Afanancia Pandillar», mote inventado por un cómico progre[2].

Los principales partidos gastaron gruesas sumas en la campaña: 683 millones de pesetas, UCD; 538 millones, AP; 500 millones, el PSOE; y 150 millones, el PCE. Las cifras no expresan bien la realidad, pues tanto el PSOE como el PCE debieron de recibir otras ayudas del extranjero, y los dos contaron con una entregada militancia que les ahorraba mucho dinero; la poderosa Internacional socialista, en particular, se volcó a favor de González. Por la derecha, AP multiplicó los mítines, sin dedicarse a romper los de la izquierda como esta hacía con los suyos. UCD explotó de preferencia la red de gobernadores, autoridades y prensa del finado Movimiento, así como la televisión.

No hubo verdaderos debates entre los candidatos, y la lucha de ideas se limitó a la anécdota y la pulla. UCD prometía cambios en todos los ámbitos sociales; AP definía a España como «lo único importante», y el PCE decía que «comunismo es democracia», como UCD lo afirmaba del «centro». Según el PSOE, «Socialismo es libertad» y votarle significaba «garantizar la democracia», «alcanzar justicia social», «abrir España al mundo»; e insistía: «La democracia la tienen que construir los demócratas», que supuestamente eran los socialistas; en suma, aspiraba nada menos que a «cambiar la vida de los españoles». Los nacionalistas vascos y catalanes prometían de todo. La demagogia de los políticos fue notable, así como el personalismo: parecía que más que votar opciones políticas se votaba a personas concretas, ansiosas de mostrar simpatía y popularismo[a]. El interés despertado se manifestó en la asistencia a las urnas del 79% del cuerpo electoral, proporción muy elevada, ligeramente superior a la del referéndum.

No sorprendió mucho la victoria, sólida aunque no absoluta, de Suárez y su partido, con 6,3 millones de votos (el 34,6% del total de votantes) y 165 diputados. Menos esperable resultaba el deslumbrante avance del PSOE, 5,3 millones de votos (29, 4%) y 118 diputados para un partido todavía pequeño aunque en veloz crecimiento, pues numerosas personas de izquierda y extrema izquierda, también de derecha, lo veían como una opción de éxito y entraban en él. Tampoco se esperaba la mediocre votación al PCE-PSUC, con 1,7 millones (9,3%) y veinte diputados, y aun menos la de AP, con 1,5 millones (8,8%) y dieciocho escaños. Los socialistas de Tierno Galván obtuvieron el 4,5% de los votos y seis diputados. Los numerosos pequeños partidos, quedaron fuera de juego. Fuerza Nueva y los falangistas, a veces peleados entre sí, solo recogieron sesenta y tres mil votos, y los grupos republicanos desaparecieron. No ocurrió uno de esos vuelcos de opinión frecuentes en situaciones parejas de cambio político: la derecha obtuvo un 43,4% de los votos, la izquierda llegó al 42,2%.

La elección según el sistema d’Hont ampliaba en diputados la proporción de votos conseguida por los ganadores, y restringía la de los perdedores; favorecía también a las minorías provinciales, en especial a las nacionalistas vasca y catalana. Así, la coalición nacionalista de Cataluña, con un tercio de los votos de AP, llegaba a once escaños, y el PNV, con solo trescientos mil, logró ocho. Es difícil decir hasta qué punto representaba ello la voluntad de los ciudadanos. Las elecciones a las Cortes se completaban con las del Senado, una cámara concebida como moderadora, de funciones algo inciertas y que incluían a cuarenta y un políticos nombrados directamente por Juan Carlos, especie de continuación de «los cuarenta de Ayete», del franquismo. Las votaciones al Senado acentuaron las diferencias del Congreso: UCD conseguía 106 senadores, el PSOE solamente 48; AP, 2; y PCE, 1.

El PSOE sacó mayoría ajustada en nueve provincias: cinco andaluzas, entre ellas las más pobladas Sevilla y Málaga, dos valencianas (Valencia y Alicante), la principal de Cataluña (Barcelona) y Asturias. Los nacionalistas vascos y catalanes triunfaron ajustadamente en cuatro, Vizcaya y Guipúzcoa, y Gerona y Lérida respectivamente. La UCD sacó mayoría en las restantes treinta y siete provincias. Las regiones más izquierdistas resultaron Cataluña (muy destacadamente Barcelona); Andalucía; en menor medida Valencia; las más derechistas, a veces con mucha diferencia sobre las izquierdas, fueron Galicia, Baleares, Canarias, las dos Castillas y Extremadura. Hubo empate práctico en Madrid, Asturias, Murcia y algunas más.

* * *

Algunos estudiosos han discernido una continuidad intergeneracional desde el tiempo del Frente Popular, cosa poco creíble. La historia no había pasado en balde: los partidos republicanos no resucitaron y, pronto se vería, los anarquistas, tan presentes en 1936, dejaron de contar en el panorama político. Gil-Robles, fundador de la CEDA en los años treinta, fracasó por completo, su nombre y significación histórica estaban olvidados. El PCE logró más votos que en 1936, sobre todo en Cataluña (PSUC), donde apenas existía entonces. La derecha se dividió en dos, la UCD, de ideología fluctuante, y AP, más afín a la antigua CEDA pero mucho menos votada que esta. Al revés que en 1936, los odios se habían esfumado, aunque resurgían con bastante fuerza en Guipúzcoa y Vizcaya, y algo, bastante menos, en otros lugares. Atendiendo a la evolución de la guerra, los partidos hegemónicos debieran haber sido el comunista y la Falange, pero no hubo nada de ello. Las elecciones del 78 fueron presididas —salvo los ataques a AP— por la moderación, y se prefirió a los partidos que «daban imagen» de moderados, mientras que en las del 36 los partidos habían competido en gestos extremistas y amenazantes. Se ha dicho también que los resultados revelaban los auténticos sentimientos e ideas de la población tras largos años de dictadura, pero probablemente reflejaban más las insistentes campañas de propaganda sobre la opinión pública.

UCD ganó gracias a las mencionadas ventajas (televisión, gobernadores, etc.), y más aún al prestigio de Suárez y a su imagen de moderación y respaldo regio (no oficial, claro). Lo extraño fue más bien que no lograra mayoría absoluta. Un tercio de sus escaños venía del sector azul, y 17 de sus 51 cabezas de lista al Congreso habían sido procuradores en las Cortes de Franco, empezando por Suárez, designado por el Caudillo. Muy pocos podían decirse antifranquistas, y aun estos muy tibios, sin mayor compromiso, y bien tolerados por la dictadura. Sin embargo, muchos ya jugaban a distanciarse de sus raíces, sin dejar de buscar los votos del franquismo sociológico[3].Pasaba como con el PSOE, que casi nadie creía en sus radicalismos. La UCD aparecía, ante todo, como el partido de Suárez y, más indirectamente, del Monarca para quien Franco había pedido la misma lealtad que para él. El mensaje de UCD iría volviéndose más y más inconsistente y confuso. Varios de sus miembros exhibían desprecio por el franquismo, y con tal mérito aspiraban al mayor protagonismo en el partido, con instinto un tanto parasitario, por cuanto las circunstancias sociopolíticas para la democracia debían mucho a Franco y muy poco a sus contrarios. Pero cundiría en UCD la idea de que olvidar las propias biografías saldría rentable en votos, si se evitaba colisionar con su electorado natural. Así, el partido renunció a la lucha por las ideas y por la historia, renuncia moral y política debilitadora, que explotaría agudamente la izquierda. Para reforzar su alejamiento del franquismo, UCD declaró que no gobernaría con AP, «una de las pocas promesas que había de cumplir», a juicio de Fraga[4].

Aun más chocante fue el semifracaso de AP. Tenía pocas posibilidades contra la UCD, pero todo el mundo le había augurado una votación más lucida. Obraron en su contra los factores dichos y, pese a su esfuerzo, no logró superar la imagen extremista y denigratoria creada por sus enemigos de izquierda y de derecha.

Entre los diputados de UCD y los de AP sumaban mayoría absoluta, pero Suárez se negó en redondo a tratar con AP, confiando en que esta, por oponerse a la izquierda, le secundaría en la práctica. A cambio, buscaba congraciarse con la izquierda, que sí sabría recordarle su origen político, un poco al modo como hizo durante la república con las veleidades progresistas de Alcalá-Zamora. Tanto UCD como AP sufrían una debilidad estructural, pues más que partidos eran federaciones de ellos. Por ello y por su fracaso electoral, muchos especialistas en sociología política dictaminaron que AP estaba condenada a la disolución (sufrió una considerable crisis), mientras que UCD, gracias a su éxito, se consolidaría como el gran partido estable de la derecha. La realidad, como tantas veces, desmentiría los sesudos análisis de los expertos.

El éxito del PSOE pareció natural —salvo por su amplitud—, dados sus apoyos mediáticos y financieros, nacionales e internacionales, hasta facilitados por su rival UCD. Empleaba tópicos antifranquistas, desmentidos por el hecho de no haberse opuesto apenas a la dictadura, bajo la cual sus líderes habían seguido provechosas carreras profesionales y a veces políticas. Recibió votos también del sector más populista del franquismo, y entre sus candidatos no faltaban democristianos «progresistas», tres de ellos sacerdotes y diez más excuras, también con representación del Opus Dei, así como una veintena de masones, según Pablo Castellano[5]. Le daba aire de templanza el respaldo de los socialdemócratas europeos, y le beneficiaba el olvido de su historia, propiciado por la misma dictadura, que había focalizado su hostilidad sobre el PCE. Por ello, la imagen general del PSOE era moderada, pese a sus excesos retóricos. Imagen que no conseguía el PCE, pese a sus claudicaciones políticas.

La baja votación comunista tuvo su excepción en Andalucía y más aún en Cataluña, donde el PSUC alcanzó el 18% de los votos. Esta región parecía sufrir una notable radicalización, pues también allí rebrotaba la CNT y surgían conatos de terrorismo separatista. El PCE explotó cuanto pudo su historial como único partido que realmente había luchado siempre y con mil sacrificios contra el franquismo, pero la población no lo apreció como un mérito destacable.

* * *

El 28 de junio, los diputados de UCD proclamaron su decisión de unificar su improvisado partido, y Suárez auspició «una política centro-izquierdista» de «profundos cambios en los terrenos económico, social, cultural y político», compitiendo en estilo y promesas fáciles con el PSOE, lo cual no asombraría mucho a quienes recordasen la retórica falangista. El 4 de julio se formó el nuevo Gobierno, con tres vicepresidencias, una económica frente a la crisis, a cargo del prestigioso economista Enrique Fuentes Quintana, keynesiano y antes ligado al grupo económico del órgano falangista Arriba; vicepresidencia primera a cargo, nuevamente, de Manuel Gutiérrez Mellado; y la tercera de Asuntos Políticos, internos y externos del partido, a cargo de Fernando Abril Martorell, uno de los creadores de la UCD y amigo personal de Suárez. Osorio, que tan decisivo papel había desempeñado en la formación del anterior Gobierno, quedó descabalgado de este, y Leopoldo Calvo-Sotelo pasó a portavoz6. El Gobierno anunció que antes de un mes enviaría a las Cortes un proyecto de Constitución y, antes de un año, convocaría elecciones municipales y sometería a las Cortes el ingreso en la OTAN. Prometió el saneamiento de la economía en dos años, una reforma fiscal «con criterios sociales», atención a la amnistía exigida por la izquierda y los nacionalistas, y autonomías regionales combinadas con criterios de solidaridad. Los días 27 y 28, Josep Tarradellas volvía a España para entrevistarse con Suárez y con el Rey, mientras, tratando de reforzar su «hecho diferencial», los nacionalistas vascos y catalanes constituían sendas asambleas parlamentarias con los diversos partidos incluyendo a las ramas regionales de los de ámbito nacional.

Por su parte, el terrorismo recobró un impulso que en los años siguientes se haría devastador. El GRAPO volvía a actuar con robos de explosivos, algunas bombas y asesinatos, y una semana después de los comicios, la ETA asesinaba al industrial Javier Ybarra. La familia de la víctima aclaró que ella había votado a UCD y no a AP, como si votar a la última justificara de algún modo el crimen. Fue el comienzo de cierta claudicación de la clase empresarial vasca ante el nacionalismo, demostrando la efectividad del terrorismo etarra frente a la inoperancia de Madrid.

El 22 de julio, el Rey abría la nueva legislatura de las Cortes, con asistencia de las dos cámaras. Los diputados, en particular los comunistas, le recibieron con una clamorosa ovación. excepto los socialistas, que permanecieron sentados por manifestar su radicalismo o acaso descortesía, pese a que también debían al Monarca, en buena medida, su presencia allí. No obstante, le aplaudieron al final.

Capítulo XIV

TRES PROCESOS CRUCIALES:

CONSTITUCIÓN, CONSENSO ECONÓMICO

Y PREAUTONOMÍAS

Fraga había tratado de evitar un proceso constituyente, y las elecciones tampoco se habían convocado explícitamente a Cortes Constituyentes, pero ese fue el papel que adoptaron. El 1 de agosto se reunió la comisión encargada de elaborar la nueva Constitución. España podía llamarse el país de las Constituciones, pues desde la de Cádiz de 1812 se habían sucedido otras siete, además del Estatuto Real de 1834 y las Leyes fundamentales del Movimiento, más dos proyectos y otra no promulgada. Todas ellas, salvo la de la Restauración y las leyes franquistas, habían sido efímeras y elaboradas por un partido o sector político, sin concurrencia del resto. La nueva quería hacerse más firme y duradera, partiendo del acuerdo entre las fuerzas políticas.

El Gobierno había pensado en un borrador de Constitución a ser aprobado por los partidos, pero prevaleció la idea de que los parlamentarios hiciesen la labor. También intentó el Gobierno una ponencia preparada entre UCD y el PSOE, a lo que se opuso Fraga con éxito. Quedaron al fin siete ponentes, tres por UCD (José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero de Miñón y Gabriel Cisneros) y uno por cada uno de los partidos importantes más los nacionalistas catalanes: Gregorio Peces-Barba por el PSOE, Jordi Solé Tura por el PCE, Manuel Fraga Iribarne por AP y Miquel Roca por los catalanistas. Tierno Galván fue repudiado por el PSOE, que quería ostentar la exclusiva de la marca socialista. El PNV, por tradición separatista, rehusó participar, aunque Herrero de Miñón le serviría de representante oficioso. Los de UCD no presentaron texto propio, y estaban orientados por el ministro de Justicia Landelino Lavilla.

Fraga propugnaba un texto breve y flexible, «de grandes decisiones sobre la estructura del Estado y reglas del juego», como también proponía Herrero de Miñón, otro experto en Derecho constitucional. Trataban de evitar «la tentación de los portugueses o los griegos, de arreglarlo todo en la misma Constitución. Ninguno de los grandes monumentos constitucionales (el británico, el americano, el alemán o el francés) descienden a tanto detalle como nosotros»[1]. Pero se impuso el estilo burocrático, patrocinado por Peces-Barba, de un documento más rígido, detallista y extenso. A finales de año estaba listo un anteproyecto que, filtrado a la prensa por Pablo Castellano, generó controversia, y la tarea continuó en 1978.

En paralelo con los trabajos constitucionales marchaban otros dos: la búsqueda del consenso económico y político que se plasmarían en los Pactos de la Moncloa, y un impulso «preautonómico» que iba a crear numerosos hechos consumados y condicionar pesadamente la evolución posterior del país.

Ante la crisis económica que empeoraba por semanas, Suárez invitó a los partidos mayoritarios a reuniones para definir un acuerdo político y económico hasta que se aprobara la Constitución. La Transición había atendido a la política, dejando en segundo plano la economía, pero el rápido deterioro de esta la estaba convirtiendo en el asunto prioritario, con graves efectos políticos, pues podría terminar arruinando lo ya avanzado. El paro ascendía a 832.000 personas, que entonces parecía una cifra inasumible, aunque resulta casi mínima comparada con los 3,5 millones de los años noventa. La inflación se acercaba al 30%, y el PIB crecía a menos de un 2,6%, todavía positivo pero muy inferior al habitual años antes, mientras el índice de convergencia económica con la CEE descendía con respecto a 1975. La dependencia energética del exterior, un 66%, sobre todo del encarecido petróleo, casi doblaba la media (un 34%) de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El desequilibrio en la balanza de pagos exterior hacía crecer la deuda a extremos muy alarmantes, reduciendo las reservas a un nivel que solo cubría tres meses de importaciones, situación que recordaba la de 1959, resuelta con un Plan de Estabilización que preludiaría el espectacular crecimiento económico posterior. Una manifestación de la crisis era el rápido aumento de la mendicidad, antes casi desaparecida. Otra, la oleada de huelgas en cadena, que ensombrecían tanto el panorama económico como el político. Así, si en el último año del franquismo se habían perdido 1.800.000 jornadas, cifra considerada entonces muy alta, en 1976 se había saltado a 12.600.000, y en 1977 se llegaría a 16.640.000[2].

La Organización Sindical franquista estaba prácticamente sustituida por los nuevos sindicatos, mientras la patronal se agrupaba a su vez en la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Los sindicatos y partidos de izquierda habían fomentado las protestas, a menudo violentamente por medio de piquetes, para ganar influencia entre los trabajadores, acelerando así el círculo vicioso de una crisis generadora de descontento, el cual, expresado en huelgas, empeoraba a su vez la crisis. Después de las elecciones, las izquierdas fueron comprendiendo que esta conducta podía abocar al desastre también para ellas, al combinarse con un terrorismo furioso y la indignación del ejército. Tales consideraciones posibilitaron el acuerdo para poner coto al deterioro laboral. Se oían incluso voces en pro de un Gobierno de concentración, que el PCE quería, pero no el PSOE, este también refractario a un pacto de partidos ante la crisis económica, aunque terminó aceptándolo.

Durante agosto y septiembre, los contactos inconcluyentes entre Gobierno y oposición dieron pie, por fin, el 8 de octubre, a una reunión prometedora en el palacio presidencial de la Moncloa. Ese día, la ETA asesinó al Presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta y a dos guardias civiles de escolta. En los debates sobre orden público y defensa, el comunista Solé Tura (se pasaría más tarde al PSOE) advirtió que él no pensaba defender la sociedad burguesa y su orden público, sino abolir ambos, y aseguró que contra el terrorismo lo más eficaz era la prensa (parte considerable de ella había promocionado a la ETA). El nacionalista catalán Trías Fargas urgió a «acabar con lo antidemocrático, que tiene sus reductos en la Policía y en la Guardia Civil»; aseguró que «evitar un solo caso de injusticia es más importante que la vida de los policías», y propuso una Policía «sin armas, ni siquiera porras, porque es humillante». Para el nacionalista vasco Sodupe, el terrorismo incluía «acciones legítimas desde un punto de vista democrático». Daban por sentado, obviamente, que las víctimas de atentados serían casi siempre de derecha o funcionarios, algo que no les molestaba en exceso. AP entendió que Suárez liquidaba el Estado anterior sin sustituirlo por otro consistente, y no firmó los pactos políticos, aunque sí los económicos[3]. Otras reformas afectaban a las fuerzas de orden público o reafirmaban las libertades de prensa, manifestación, asociación, etc., ya alcanzadas.

Los acuerdos, completados el 25 de octubre de aquel 1977 y llamados «Pactos de la Moncloa», instrumentaron la política de consenso entre partidos para asentar una Transición lo menos traumática posible. Dos días después los aprobaron las Cortes, por gran mayoría: aumentaría el empleo público reduciendo el consumo y aumentando la inversión estatales; la peseta ya se había devaluado un 25%; los salarios crecerían solo al nivel de la inflación prevista, no de la previa; se restringirían costes en Seguridad Social y se facilitaría el despido —muy dificultado bajo el franquismo—; el sistema financiero sería liberalizado; y se abordaría un programa energético y de reconversión industrial. Punto clave, bienvenido por la izquierda, fue una reforma fiscal antiliberal, con tendencia a expandir el peso económico y social del Estado. Según Fernández de la Mora, comenzó con Fuentes Quintana «la más acelerada escalada fiscal de la historia de España y de la Europa contemporánea»[4].

* * *

El tercer proceso, llamado de las «preautonomías», concepto salido del caletre de Suárez, era ilegal, pues entrañaba una concepción nueva del Estado que solo podría autorizar la Constitución, a la que se imponían hechos consumados. Algunos asuntos cruciales los decidían personalmente Suárez y el Rey, incluso al margen del Gobierno. El Presidente, mal conocedor de la historia, pensaba ganarse a los nacionalistas resurgentes cooperando a sus deseos y sacrificando el cuidadoso legalismo de Torcuato y del régimen de Franco. Juan Carlos tenía más en cuenta las formas.

Las preautonomías comenzaron por Cataluña, donde la izquierda (PSC-PSOE más PSUC) había sacado veinticuatro diputados; la derecha (UCD, AP y democristianos), trece; y los nacionalistas, once. Pero todos aceptaron la hábil maniobra nacionalista de formar un Asamblea de Parlamentarios Catalanes e, insensiblemente, empezaron a actuar con un nacionalismo de diversa graduación: solicitaron un estatuto de autonomía y la vuelta de la Generalitat. Suárez, secundado por Martín Villa y con respaldo regio, apostó por Tarradellas, presidente de la Generalidad en el exilio, para menguar el estrellato del presidente de la Asamblea, el socialista Joan Reventós. Tarradellas era más moderado que Reventós o Pujol. El Gobierno declaró que restablecería «las instituciones históricas catalanas» y «una autonomía que debe ser ofrecida a todas las regiones españolas», cosas ambas a las que aún no tenía derecho formal. No se habló del Estatuto de 1932, concedido por la república, que sería muy ampliado, y la Generalidad fue restaurada por decreto ley, el 3 de septiembre. El decreto afirmaba, con flagrante falsedad, que «el restablecimiento de la Generalidad (…) no prejuzga ni condiciona el contenido de la futura Constitución». Este lenguaje incoherente teñía ya la expresión de los políticos.

Ocho días después, más de cincuenta mil personas[a] celebraban en Barcelona la Diada nacionalista. La Diada fue acordada por los nacionalistas catalanes a finales del siglo XIX para invocar unas «libertades catalanas» aplastadas por los borbones, aunque dichas «libertades», muy opresivas para el pueblo, impedían el desarrollo de la región, que tomó impulso al ser abolidas. Los nacionalistas habían hecho de la Diada un rito más o menos claramente antiespañol.

El nacionalismo catalán se había construido sobre tres pilares: un racismo exaltador de la «raza» catalana sobre la «raza» castellana y otras; el rechazo al liberalismo triunfante en España a finales del siglo XIX; y el concepto de que la antigua hegemonía castellana debía pasar a Cataluña, la cual también debía dirigir a los «paísos catalans» (Baleares y Valencia, donde no había prendido el nacionalismo). Como el nacionalismo vasco, el catalán había desestabilizado a los regímenes liberales y democráticos durante el siglo XX, contribuyendo a la caída de estos y a las dictaduras de Primo de Rivera y Franco, a las que apenas opusieron resistencia, salvo, ya muy tarde, la marxista ETA[b].

Al declarar a Cataluña «nación», los nacionalistas se atribuían el derecho a construir un Estado propio y separado, por cuanto la nación es la base de la soberanía, negando así la historia anterior y el carácter de nación a España, reducida a un «Estado» opresor.

El 23 de octubre, Tarradellas se presentaba en Barcelona ante una masa entusiasta. Al día siguiente, Suárez le daba posesión, aprovechando para exhibir una considerable dosis de ignorancia: «Por primera vez desde hace siglos, el hecho catalán se aborda desde el Gobierno de la monarquía y desde Cataluña sin pasiones, sin enfrentamientos, sin violencias, sin plantear a priori hechos consumados ni acciones de fuerza». Se entendiera lo que se entendiere por el «hecho catalán», Suárez se adelantaba a la Constitución, y sugería que la integración de Cataluña en España se había debido hasta entonces a violencias y acciones de fuerza, con lo cual legitimaba de lleno al nacionalismo, incluso al abierto separatismo, y deslegitimaba la unidad nacional española. Asombra comprobar cómo, en pocos meses, Suárez perdía iniciativa y dilapidaba el capital político acumulado por Fraga y Torcuato.

No todo el Gobierno quería ampliar las autonomías más allá del País Vasco, Cataluña y, como mucho, Galicia[5], pero la crucial concesión al nacionalismo catalán provocó exigencias similares en otras regiones, con símbolos, victimismos, historias pintorescas o reivindicación de idiomas ficticios como el aragonés, el guanche o el bable. En Vascongadas, el nacionalismo ligado a la ETA se infiltraba en la sociedad por medio de organizaciones afines y explotaba la complicidad del PNV, de lo que resultaba una inseguridad generalizada. Fraga expresaba desaliento: «En el País Vasco se va imponiendo el terrorismo de modo inexorable». Y advertía, no sin fundamento, que las promesas y concesiones del Gobierno «tenían como efecto principal dar ánimos a los terroristas». Y a los nacionalistas[6]. El PNV aspiraba a integrar a Navarra en «Euskadi», palabra un tanto disparatada inventada por el ultrarracista Sabino Arana, fundador del partido, pero a finales de año la resistencia de los navarros hizo descartar la idea[7]. En Castilla, los nacionalistas hacían bandera de la derrota de los comuneros en Villalar, al modo de la Diada; los partidos andaluces recobraban el filoislamismo de Blas Infante y la enseña islámica inventada por él; en Galicia se exaltaba a intelectuales ambiguos y leyendas célticas. El MPAIAC realizaba en Canarias atentados esporádicos para crear un «nacionalismo guanche» y trataba de asimilar las islas al Magreb. Y así en otras regiones. Tales movimientos apenas tenían respaldo popular en el principio, pero lo iban consiguiendo por el doble impulso del Gobierno, que consideraba progresista facilitarlos, y de políticos regionales que esperaban por esa vía labrarse un futuro profesional. De ese modo, los nacionalistas adquirían una presencia con la que no habrían podido soñar solo unos pocos meses antes.

El impulso y las facilidades otorgados por el Gobierno fueron ciertamente muy amplios. Al principio de la Transición, los partidos nacionalistas se veían entorpecidos por una falta acuciante de dinero, y hay sólidos indicios de que Suárez favoreció motu proprio al PNV con casi trescientos millones de pesetas, suma muy elevada, a la que Arzallus aludió como «un pequeño adelanto a cuenta». A cuenta, supuestamente, de los bienes del PNV incautados después de la guerra. El PNV, al huir de Vizcaya, había desvalijado los bancos de la provincia, y en el exilio había tenido acceso a los bienes robados por Negrín, así como a fondos del FBI, que nunca había justificado. Denunciado el asunto en 1986 por Adolfo Careaga, político bilbaíno de derecha, el dirigente sabiniano Iñaki Anasagasti respondió «No creo que sea bueno hurgar en estos temas». Al menos no debía de ser bueno para el PNV. Ni para Suárez[8].

Por boca de Abril Martorell, el Gobierno anunció a finales de año que solo habría preautonomías para Vascongadas y Cataluña, pero el proceso iniciado por él mismo iba a desbordarle pronto. Muestra de ello fueron las manifestaciones andaluzas del 4 de diciembre, exigiendo la autonomía bajo las banderas musulmanas y con gritos contra la española. Las impulsó una Asamblea de Parlamentarios andaluces a imitación de la vasca y la catalana, y salieron a la calle en varias ciudades, incluyendo Barcelona, quizá un total de hasta doscientas mil personas (la cifra mítica fue de uno o dos millones). Las manifestaciones dieron lugar a algunas violencias, con un muerto en choque con la Policía, al cual se quiso convertir en mártir andaluz. La corriente general unía la denigración del franquismo al descrédito de la idea de España.

Viene al caso recordar la figura, entonces olvidada y de pronto reivindicada, de Blas Infante, el aspirante a Sabino Arana o Prat de la Riba de Andalucía. Se trataba de un abogado iluminado por la visión de una esplendorosa dominación árabe-islámica —extremadamente despótica y guerracivilista en la realidad histórica—, a la que habría puesto fin una detestable Reconquista. La seudomitología al respecto se había combinado con otro mito, el de la tolerante convivencia de «las tres culturas». Infante se había convertido o acercado mucho al islam en nombre de la «nación» andaluza, tratando de provocar la aversión o el desprecio a España para retornar a las antiguas maravillas muslimes. Considerado enemigo peligroso, aunque realmente no lo fuera, porque tenía pocos seguidores, había sido fusilado por los nacionales en los primeros días del alzamiento de julio del 36; y cuarenta años después todos los partidos, incluido UCD y salvo AP, lo enaltecían como mártir y «padre de la patria andaluza».

La renovada e intensa campaña de corrosión del patriotismo español se combinaba con un europeísmo oficioso, algo ignorante y servil, bajo la falsa idea de que España, a causa del franquismo, había estado aislada internacionalmente y ahora entraba por fin en el concierto de las naciones. Recobrando viejas propagandas, muchos políticos, intelectuales y periodistas pintaban un país contrario al progreso y a la libertad, no solo bajo el franquismo sino desde casi siempre; si bien, por fortuna, tan lamentable historia estaba en vísperas de cambiar, gracias al esfuerzo de los nuevos próceres y partidos. El Gobierno dejó en el abandono el Instituto de Cultura Hispánica, creado en el franquismo para promover las relaciones culturales con Hispanoamérica y con otros países. Aquella etapa supuso una auténtica explosión de oportunismo y vaciedad política e intelectual.

El 17 de octubre se publicaba la ampliación de la Ley de Amnistía para dejar en la calle a los terroristas. Fue vista, en general, como un triunfo de estos y no como una concesión del Gobierno, el cual perdía iniciativa en todos los terrenos, por más que el balance, en conjunto, siguiera siendo positivo.

Junto con los mencionados tres grandes procesos, menudearon otras actividades políticas. La UCD y el PP trataron de robustecerse superando la etapa de improvisadas confederaciones de grupos y personajes. La misión, en UCD, recayó en Abril Martorell y, pese al buen viento soplado por el éxito electoral, toparía con escollos imprevistos. Por su parte, Fraga, principal reorganizador de AP en aquel momento de crisis, resentía la presencia en el partido de lo que denominaba «extrema derecha». Esta se componía de los continuistas del franquismo que, faltos de análisis en profundidad, encontraban en los nuevos rumbos de Suárez la confirmación de sus temores. Fraga los consideraba una rémora, no sin buenas razones, y reaccionó con impulsividad típica. Le atribuían la frase «Antes con Carrillo que con Blas Piñar», y el 24 de octubre, sin consultar a los suyos, presentaba afablemente al líder comunista en el Club Siglo XXI, para escándalo general. Según explicó a su colega de partido Silva Muñoz, lo hizo para provocar la marcha de la extrema derecha de AP y conseguir imagen «centrista»: claudicación ideológica por lograr unos votos que no habían de llegarle.

Simultáneamente, en aquella segunda mitad de 1977 el Gobierno intensificó el trato con la CEE y con la OTAN, también con el Vaticano, para robustecer el respaldo a su reforma. En julio, el ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, solicitó, nuevamente en vano, la entrada de España en la CEE, y luego Suárez viajó por las capitales europeas. En noviembre consiguió, con la oposición de Inglaterra y países nórdicos, la entrada en el Consejo de Europa, institución paralela a la CEE, con sede en Estrasburgo, orientada a homogeneizar económica, política y culturalmente el continente a través de los ministros de Asuntos Exteriores y parlamentarios. Franco había desarrollado su política exterior contando más con USA que con una CEE dependiente, a su vez, de la propia USA. A su turno, Felipe González viajó a Moscú en diciembre para firmar un comunicado conjunto con el Partido Comunista soviético, al gusto de la propaganda moscovita, hablando de «superar la división en bloques político-militares» y oponiéndose a ampliarlos, lo que significaba obstruir la entrada de España en la OTAN.

El 10 de octubre, el Rey sustituía como Secretario de la Casa Real al general Armada, a quien Suárez detestaba, por el también general Sabino Fernández Campo.

* * *

Por el mundo ocurrían otros muchos sucesos. Jimmy Carter asumió el poder en USA, para emprender una política más abierta a los extremismos de izquierda exteriores. Se firmó un Tratado de no proliferación nuclear entre las dos superpotencias y trece países más. En China, Teng Siao-ping (o Deng Xiaoping), dirigente purgado por la Revolución Cultural de Mao, volvió al poder, para desconcierto de los maoístas europeos. En Israel ganaba las elecciones el Likud, partido de Menájem Beguin, antiguo líder del Irgún y que, pese a sus antecedentes, iba a dirigir la única operación de paz exitosa en la zona, con el Egipto de Sadat. Se producían golpes de Estado en Pakistán y en Etiopía, inaugurando en esta última un mortífero régimen comunista que desarticularía económicamente al país y emplearía el hambre para aniquilar a poblaciones rebeldes. Estambul sufría disturbios con decenas de muertos. En sentido contrario, los militares uruguayos anunciaban la vuelta a la normalidad constitucional para 1981, y Bolivia la adelantaba para 1978. Probablemente influía en esas decisiones el éxito, en lo esencial, de la Transición española.

Continuaba la violencia en el Ulster e Inglaterra, el terrorismo en Italia y aún más en Alemania, donde varias prominentes personalidades fueron asesinadas. En octubre, terroristas palestinos secuestraron un avión de Lufthansa exigiendo la libertad de presos del grupo Baader-Meinhof, pero el día 18 un comando alemán desbarató el secuestro en Mogadiscio, matando a tres secuestradores. Pocas horas después, tres presos, jefes del grupo alemán, entre ellos Andreas Baader, aparecían muertos por suicidio en la cárcel, y una cuarta terrorista sobrevivía al intento de matarse. El año anterior, la dirigente Ulrike Meinhof se había suicidado también en prisión. Se sospechó, sin prueba concluyente, que habían sido asesinados. También Washington y Holanda sufrieron atentados graves.

Datos importantes del año, en otro sentido, fueron el nacimiento del primer ordenador personal en Chicago y los rudimentos de Internet, mientras avanzaba el programa espacial soviético.

Capítulo XV

1978, EL AÑO DE LA CONSTITUCION

Así como el año 1976 fue el de las reformas de Fraga y de Fernández Miranda y el 77 el de la reforma de Suárez y las primeras elecciones democráticas, el 78 lo sería de la Constitución, en torno a cuya elaboración giraría la actividad política. Para elaborarla se nombró la citada ponencia de siete personas de diversos partidos; a su vez, una Comisión Constitucional parlamentaria examinaría las propuestas de la ponencia antes de que se votara el proyecto definitivo por las Cortes y luego por referéndum, ya en diciembre. En el último tercio de 1977, la ponencia había elaborado un anteproyecto que generó mucha polémica. Los puntos en disputa se referían a la educación y la cuestión religiosa, al significado o alcance del derecho a la vida, al carácter de las autonomías, a la inclusión del término «nacionalidades», y a cuestiones menores. Un sector de la Iglesia criticaba la ausencia de toda mención de la divinidad.

A fines de enero del 78, AP celebró su congreso y afirmó en sus mítines que no votaría la Constitución si esta mantenía el punto de las nacionalidades y algunos otros. Pronto cuajó en la ponencia una alianza informal, mayoritaria, entre UCD y AP, que pareció solventar problemas como los citados, pero «Suárez y Gutiérrez Mellado» optaron por «no dar esa capital batalla». Aquel pacto tácito, al frenar a la izquierda y a los nacionalistas, disgustó al PSOE hasta el punto de que su ponente, Peces-Barba escenificó una retirada espectacular el 6 de marzo, por discrepar sobre la libertad de enseñanza. Era un movimiento calculado para asustar a la UCD y romper la que llamaba su «mayoría mecánica» con AP, mientras Roca y Solé Tura profetizaban la catástrofe si no se satisfacían sus exigencias. La presión fue efectiva, aunque la ponencia continuó sin Peces-Barba, pues Suárez y Abril Martorell, buscando una imagen «progresista», pasaron a una alianza de hecho con los nacionalistas y la izquierda. Fraga lamentaba: «Los ponentes de UCD siguen haciendo concesiones injustificadas e innecesarias a los nacionalismos, que aprovechan bien el chantaje socialista». Aun así, Fraga pesaba mucho, por ser el más experto en Derecho constitucional: «Suárez me da su versión de la crisis y de

sus posiciones constitucionales; dudo que las tenga, para él todo es negociable». El 16 de marzo terminaba la labor de la ponencia admitiendo las nacionalidades, término preñado de peligros, abanderado por el comunista Solé, el nacionalista Roca y el ucedeísta Herrero de Miñón[1].

El proceso seguía en medio de la crisis económica y de un terrorismo rampante. Los atentados peores del trimestre, pero de ningún modo los únicos, fueron, el 15 de enero, el incendio del teatro Scala, de Barcelona, con cuatro muertos; diez días después, el asesinato de Joaquín Viola y su esposa en Barcelona; el 17 de marzo una bomba contra la central nuclear en construcción de Lemóniz, en Vizcaya, con dos obreros muertos y otros heridos, y graves daños materiales; y el 22 de marzo, el asesinato del director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad. Se produjo asimismo un sospechoso incendio del histórico pazo de Meirás, propiedad de la familia Franco.

El ataque al Scala provino de la reconstituida FAI (Federación Anarquista Ibérica), ligada a la CNT. Pareció volver el viejo pistolerismo ácrata, pero los autores fueron pronto detenidos y la CNT perdió crédito e influencia, al ser trabajadores las víctimas. El matrimonio Viola fue asesinado por el terrorismo nacionalista catalán del mismo modo que lo había sido Bultó, adhiriéndoles un explosivo al cuerpo; Viola había sido alcalde de Barcelona durante un año largo, hasta diciembre de 1976. La bomba de Lemóniz fue obra de la ETA, que, al revés que la CNT-FAI, no perdió prestigio por haber matado a varios obreros. El asesinato de Haddad lo realizó el GRAPO.

Por lo que respecta a los partidos, la UCD aplazó las elecciones municipales por tener todavía poca organización a esos niveles. Y se resentía de los personalismos de los llamados «barones», políticos con poder en las regiones o en el aparato, a quienes trataba de meter en vereda Abril Martorell, mano derecha de Suárez. En marzo, Abril sustituía al dimisionario Fuentes Quintana al frente de la economía, y al propio Suárez en las comparecencias parlamentarias comprometidas, pues el Presidente, de oratoria poco brillante, prefería los acuerdos personales al margen de las Cortes.

AP sufría problemas aún mayores, por la decepción electoral y la incertidumbre sobre la vía a seguir. Unos, sugestionados por el éxito de UCD, querían migrar «al centro», y otros lo consideraban una claudicación. Hubo algún contacto con Torcuato, muy decepcionado de Suárez. Fraga expresaba un «europeísmo» algo mendicante: «Para España, la integración europea es algo más que un problema de política exterior o una cuestión económica; es la liquidación de una polémica histórica y una condición básica de la consolidación de un sistema político»[2]. Se trataba de pura autosugestión.

El PSOE, mejor aglutinado en torno a Felipe González y disciplinado por Alfonso Guerra, tomó la línea de descalificar moralmente al Gobierno, a los empresarios y a la Administración, suponiéndolos a todos más o menos corruptos e indignos de confianza. Se presentaba como paladín de la honradez, una auténtica osadía, habida cuenta de la trayectoria del propio PSOE, pero le produjo pingües rentas políticas.

Peor le iba al PCE. La línea moderada y razonable de Carrillo chocaba con las tradiciones del partido y encontraba oposición interna o desanimaba a muchos antiguos y nuevos militantes. Carrillo, más realista, percibía claramente que mostrarse al viejo estilo reduciría mucho más sus votos. El PSCU, igualmente estalinista, se mantenía con mayor ánimo gracias a su considerable éxito electoral y, de acuerdo con la tendencia inaugurada por los nacionalismos resurgentes, ampliaba su autonomía con respecto a la dirección general del PCE.

El 17 de abril se publicaba el proyecto de Constitución, y el 5 de mayo la labor constitucional pasó a la Comisión Parlamentaria, que debía examinar y discutir el proyecto de la ponencia. Volvió la mayoría derechista: diecinueve votos de UCD y AP sobre diecisiete contrarios. En la mecánica parlamentaria, la izquierda y los nacionalistas podían discutir y hacer admitir algunas de sus propuestas, pero tendrían que aceptar su minoría. Tal aceptación no ocurrió. Aprovechando una propuesta de UCD sobre posible suspensión de libertades públicas en casos excepcionales de lucha contra el terrorismo, el PSOE amenazó, el 18 de mayo, con abandonar la Comisión, afirmando, por boca de Guerra, que iba a ser «la Constitución más reaccionaria de Europa, obra de UCD y AP». Ello crearía un nuevo escándalo y suponía un verdadero chantaje para desarticular la mayoría de centro-derecha. Jugada arriesgada, pues Suárez podía aceptar la automarginación socialista y enfrentarla a un referéndum final como en 1976. Pero tras la dimisión de Peces-Barba de la Ponencia (luego entró en la Comisión), el PSOE conocía bien la debilidad de una UCD ideológicamente insegura y atenazada por la necesidad autoimpuesta de «vender imagen» progresista, de centro-izquierda.

Y Suárez volvió a claudicar. Propenso a evitar el debate y a los tratos personales semisecretos, encargó a Abril Martorell entenderse con Alfonso Guerra a espaldas de la Comisión, y llevar a esta los artículos a votar ya listos y acordados, e imponerlos por disciplina de partido. Así, la elaboración constitucional pasó a una fase solo a medias parlamentaria, pues los asuntos principales se acordaban en almuerzos y cenas entre Abril y Guerra. El arreglo fue aceptado por comunistas y nacionalistas, a fin de evitarse la enojosa dialéctica de Fraga. Se produjo un reagrupamiento de hecho de la UCD con los socialistas, nacionalistas y comunistas, aislando a la derecha conservadora.

Ni Abril ni Guerra eran expertos en Derecho constitucional, al revés que Fraga o, en menor medida, Peces-Barba. Abril había estudiado Ingeniería agraria y Ciencias políticas, y en 1969 había presidido la diputación provincial de Segovia, con Suárez de gobernador civil. Guerra había estudiado peritaje industrial y algunos cursos de letras. Su noción de las leyes iba poco más allá de pretender el entierro de Montesquieu, pero dijo audazmente de su socio: «En cuanto a formación jurídica, Abril Martorell es un patán»[3]. En tan peculiares circunstancias avanzó el proyecto constitucional.

Estas maniobras indignaban a AP. Silva y Fernández de la Mora amenazaron con dejar la Comisión, y finalmente AP se retiró, el 24 de mayo, y también la abandonó el PNV. Esta preocupó a los demás menos que la del PSOE, y tuvo poca repercusión. A los cinco días, Fraga conseguía la vuelta de su partido a la Comisión, condicionada a la discusión artículo por artículo «con luz y taquígrafos». Condición que no se cumpliría, pues, reconoce el mismo Fraga, siguió actuando el «consejo gastronómico» de Abril y Guerra, solo «de modo menos indiscreto». AP había logrado en la Ponencia facilitar los referéndum y otras formas de democracia más o menos directa, pero la Comisión echó abajo tales iniciativas, tomando un giro más partitocrático[4].

Los partidos continuaban la dinámica anterior. Abril trataba de meter en cintura a los «barones» de UCD. Aunque la ejecutiva dimitió para facilitar la reorganización del partido, la mayoría se habían apuntado al partido por sus ventajas prácticas, y ni respetaban mucho a Suárez, ni Abril tenía autoridad para imponerse. El poder y sus expectativas atenuaban las diferencias entre sus sectores democristiano, socialdemócrata y «azul», pero dificultaban mantener una línea precisa.

AP, falto de poder, sufría más duramente las tensiones disgregadoras, aumentadas por el centrismo de un Fraga ansioso de ganar imagen «tolerante», por más que la izquierda y UCD mostrasen poca tolerancia hacia su partido. Silva, Fernández de la Mora y otros exteriorizaban su disgusto, y el partido amenazaba disolverse en taifas.

Areilza volvió a la política fundando «Acción Ciudadana Liberal», que no llegaría a alzar el vuelo.

Fuerza Nueva realizaba mítines que solían ser contestados con violencias. El Partido Liberal celebró su II Congreso sin pena ni gloria.

Tampoco el PCE se serenaba. En su IX Congreso, realizado en abril, Carrillo dispuso la supresión del término «leninista», dejándolo en «marxista». El cambio significaba muy poco doctrinalmente, pero constituía una mutilación en el orden simbólico e identitario. Stalin había impuesto la expresión «marxista-leninista» y la mantenían también los partidos maoístas. La medida provocó cierta crisis interna y numerosas expulsiones, siendo las secciones catalana y asturiana las más reacias al abandono. Carrillo calculaba que la supresión del leninismo le ganaría votos.

Mucho mejor le iba al PSOE, cuyos políticos estaban más que satisfechos con los cargos logrados en las elecciones pasadas y las expectativas de controlar pronto el poder. En abril recibían el refuerzo del PSP de Tierno Galván, cuyos atribulados líderes prefirieron ahorrarse una «travesía del desierto» y se sumaron a sus rivales. La fiesta del 1 de mayo fue unitaria de los sindicatos y partidos de izquierda, con profusión de banderas rojas, también republicanas, puños en alto y tono muy marxistizado. A los pocos días, González habló de abandonar el marxismo, se levantó una polvareda, y Guerra aclaró que el partido seguía fiel a Marx.

Pujol, en Cataluña, resentía la moderación y el prestigio de Tarradellas, quien expondría ideas muy irritantes para él: «No creo en lo que llaman países catalanes»; «Tenemos la obligación de hacer de España un gran país»; «Mi patria es España»[5]. No solo trataba de calmar los extremismos en Cataluña, sino de convencer a Ajuriaguerra de participar en las tareas constitucionales. El PNV exigía la inclusión de Navarra en lo que llamaba Euskadi, y el PSOE estaba de acuerdo, contra la voluntad de la mayoría de los navarros. Algunos sectores socialistas navarros, encabezados por Víctor Manuel Arbeloa harían volverse atrás al PSOE. Tarradellas, de todas formas, terminaría fracasando en Vascongadas y en Cataluña. El catalanista Roca hablaba de España como «nación de naciones», un contrasentido lógico, jurídico y político: una nación de naciones solo puede ser un imperio.

Se aprobaron preautonomías en Castilla-León, Extremadura y Baleares, y hasta trece en junio del 78. El PNV exigía transferencias antes de la Constitución y las obtuvo, así como Aragón y Valencia, donde nutridas manifestaciones públicas rechazaban la catalanización. El intento de crear un nacionalismo castellano reunió en Villalar, sitio de la derrota comunera 457 años antes, a unas quince mil personas, interviniendo comunistas, PSOE y UCD —cuyo representante fue abucheado («¡menos burguesía, más autonomía!»)—. Fue sustituida la bandera del ayuntamiento por otra «republicana». Un grupo de AP con banderas nacionales fue recibido al grito de «Vosotros, fascistas, sois los terroristas», agredido físicamente y quemadas las banderas. Hubo diecisiete heridos, algunos de ellos niños.

También en abril, Antonio Cubillo sobrevivió en Argel a un atentado que le dejó secuelas. Tras el intento parece haber estado el Gobierno español, preocupado por las acciones terroristas del MPAIAC y por su constante agitación internacional, instigando a la OUA (Organización para la Unidad Africana) a «descolonizar» las islas Canarias, y tratando de llegar a la ONU con apoyo de varias dictaduras africanas, sobre todo la argelina. Argelia aspiraba a controlar el Sáhara exespañol a través del Frente POLISARIO, que mantenía una guerra con Marruecos[6].

Continuaban los disturbios de presos comunes, con autolesiones. En aquel segundo trimestre, el terrorismo nacionalista vasco asesinó a ocho personas, entre ellas un niño. El caso más publicitado fue el del periodista bilbaíno José María Portell, el 28 de junio, un intermediario en negociaciones del Gobierno (Martín Villa) con la ETA. Portell había escrito libros más bien halagüeños para la imagen de los terroristas y propugnaba la negociación, pero los etarras desconfiaron de él y lo mataron. La ETA iba logrando tal poder intimidatorio que sus amenazas bastaron para hacer dimitir a un ayuntamiento

vizcaíno en pleno, reseña Fraga[7].

* * *

El verano tórrido, «de horno», resultó igual de movido. El 4 de julio comenzó en el pleno del Congreso un debate constitucional algo ficticio pese a las más de mil enmiendas, pues los artículos llegaban consensuados al margen de las Cortes, que en doce sesiones solventaron el caso. El problema mayor provino del PNV, que exigía una soberanía propia conforme a la idea medieval de un, por lo demás imaginario, «pacto con la corona». Para sortear el escollo, UCD, PSOE y PNV mantuvieron infructuosas reuniones clandestinas al margen del Congreso. El Gobierno y la izquierda rehuyeron el debate sobre un orden público en rápido deterioro. Carrillo afirmó que la derecha había quemado las iglesias en los años treinta «para provocar». El día 21 se aprobaba el texto por doscientos cincuenta y ocho votos a favor, dos en contra, catorce abstenciones de AP y ausencia del PNV Fraga votó sí. El no de Silva Muñoz levantó expectación, y él lo explicó a los medios, pero casi todos silenciaron sus palabras. La ETA saludaba la votación asesinando el mismo día en Madrid al general Sánchez Ramos y al teniente coronel Pérez Rodríguez.

Pasado al Senado el debate, en agosto, Torcuato Fernández Miranda presentó enmiendas al título VIII, dedicado a las autonomías, y contra las «nacionalidades». Suárez y Abril, enojados, le conminaron a retirarlas y, tras agria discusión, Torcuato dejó la UCD. La cuestión educativa causó también disputas. No menos trascendencia tuvo la inclusión de unos «derechos históricos de los territorios forales», eufemismo para admitir una «soberanía originaria» vasca pretendida por el PNV. Se buscaba, en vano, complacer a los nacionalistas. Con todo, no dejaba de ser una victoria de Sabino Arana, setenta y cinco años después de finado. El PSOE procuraba reducir el Senado a una función poco relevante, sin apenas competencias reales, frente a la oposición de AP.

El Gobierno, por su parte, siguió pidiendo sin éxito la admisión en la CEE, y negoció con el Vaticano para sustituir el concordato por acuerdos específicos. La masonería, ya legalizada, se rehacía. El franquismo la había encuadrado entre sus mayores enemigos, como organización conspiratoria y anticristiana, y la había desarticulado. Los socialistas denunciaron que una gira del Rey por Hispanoamérica incluía a la Argentina de la Junta militar, aunque los jefes del PSOE habían visitado Moscú y colaborado a la propaganda internacional soviética. Se estableció definitivamente la mayoría de edad a los dieciocho años, quedaron constituidos los Consejos generales de Castilla-León y de Baleares, y el 18 de julio una multitud de veinte mil personas llenó la plaza de toros madrileña de Ventas para conmemorar el alzamiento de 1936. Los grupos más a la derecha tenían aún bastante capacidad de movilización aprovechando el prestigio del franquismo.

Durante los sanfermines de Pamplona, grupos separatistas politizaron las fiestas mediante pancartas en la plaza de toros, abucheadas por la mayoría. La Policía realizó una intervención desorbitada que motivó un motín por toda la ciudad. Las fiestas fueron clausuradas el día 11, tras un muerto y decenas de heridos.

UCD siguió utilizando la televisión con eficacia, pero la crisis interna proseguía. Plutócratas del partido se pronunciaban por una socialdemocracia «a la italiana» (que resultaría muy corrupta). Continuaba agravándose la crisis en AP: varios dirigentes reclamaban unas señas de identidad más claramente definidas a la derecha, pero Fraga prefería cierta ambigüedad o camuflaje centrista, esperando así ampliar su masa de votantes a costa de UCD. Tampoco el PCE conseguía superar sus

roces internos.

El PSOE, en cambio, ganaba disciplina y agresividad, y explotaba el acercamiento de Suárez a González y a Carrillo para aislar a AP; la UCD, a su vez, sufría el intento de aislarlo en Cataluña por un pacto entre Convergencia y Unió en pro de un «centro izquierda catalán no sucursalista». Sucursalistas llamaban a los partidarios de la unidad española. Los socialistas de Cataluña se unían oficialmente como PSC-PSOE, menos peligroso para los nacionalistas, ya que su dirección lo era en gran parte, al revés que sus bases. El PSC de Reventós en solitario habría obtenido pocos votos pero, anota Jordi Pujol, «La maniobra de los dirigentes del PSC federándose con el PSOE (…) encuadró a esos votantes (del PSOE) en un sistema de partidos catalán»[a]. La jugada, como con la Asamblea de parlamentarios catalanes —germen de asambleas parecidas en otras regiones— fragmentaba el campo de la política en España, logro clave para los nacionalistas. Sorprende la destreza de estos y la escasa agudeza de sus teóricos contrarios. Otra molestia para los nacionalistas radicales era Tarradellas, contra quien gritaron en la Diada, mientras que la Asamblea de parlamentarios catalanes vetaba al presidente de la Generalidad para la redacción del futuro estatuto autonómico.

En Vascongadas moría el 25 de agosto el veterano líder Juan Ajuriaguerra, uno de los artífices del llamado «pacto de Santoña» en 1937, por el que el PNV, de acuerdo con los fascistas italianos, traicionó ocultamente a sus aliados del Frente Popular, facilitando la primera victoria masiva de Franco. Su condena a muerte por su anterior colaboración con los revolucionarios, quedó en cadena perpetua, que no pasaría de seis años.

Aquel verano hubo oleadas de incendios forestales, en su mayoría intencionados. Muchos temían la ruina de la extraordinaria labor reforestadora del franquismo. El ecologismo, aún débil, mostraría luego nula simpatía por los bosques, tachados de «franquistas». También se hacía «normal» la quema de banderas nacionales.

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El trimestre final del año vería la aprobación definitiva de la Constitución, la ruptura de AP, el auge terrorista y alguna conspiración militar.

Las sesiones del Senado sobre la Constitución terminaron el 5 de octubre, y luego una Comisión Mixta Congreso-Senado estudió la propuesta constitucional. De la Comisión, formada por once parlamentarios, fue excluido Fraga por el veto de la UCD, que temía su oratoria. Así, el texto constitucional pasaba ya por cinco tamices, la Ponencia, la Comisión del Congreso, el pleno del Congreso, el Senado y la Comisión Mixta, proceso complicado y un poco extravagante, por cuanto los artículos se «consensuaban» en gran medida al margen del Parlamento, dando al debate cierto aire de pantomima, Peces-Barba también fue sustituido por Guerra. La Comisión Mixta sería acusada de cambios de última hora, que añadían confusión, mediante nuevos acuerdos Abril-Guerra[8].

Finalmente, el 31 de octubre, Senado y Congreso votaron simultáneamente el texto. En el Congreso, trescientos veinticinco votos fueron a favor, seis en contra (varios de AP, sobre todo) y catorce abstenciones, la mitad del PNV y el resto de AP y otros. El Senado dio doscientos veintiséis votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones.

Quedaba el referéndum que debía culminar el proceso. Casi todos los partidos hicieron una activa campaña por el SÍ, menos Fuerza Nueva y otras asociaciones continuistas, así como grupos comunistas al margen del PCE y nacionalistas proetarras vascos; el PNV llamó a la abstención.

El referéndum tuvo lugar el 6 de diciembre, dos años casi justos después del de la reforma de Torcuato. Pese a no sufrir campaña alguna de boicot, la participación popular, un 67,1%, fue diez puntos menor que la de 1976, con un 5% de noes, por lo que el porcentaje de síes, 87,7% no llegaba al 59% del cuerpo electoral, porcentaje suficiente, pero flojo. El porcentaje del referéndum de la Ley para la Reforma Política había pasado del 73%. Quedaba de relieve un descenso del interés ciudadano después de dos años en que el terrorismo, las huelgas, el paro y otros desórdenes hacían sus estragos. Aunque demostraba también una básica esperanza.

Las regiones más participativas fueron Baleares, Valencia, Murcia, las dos Castillas y Aragón; las más abstencionistas, Vascongadas (54,5%), Galicia (49,5%) Asturias (38,5) y Canarias (35,5). En la media nacional estaban Cataluña, Navarra, Ceuta y Melilla. Hubo más noes en Navarra (11,3%) Vascongadas (10,8), Cantabria (9,7) y Castilla la Mancha (8,71). Las regiones de menos noes fueron Galicia, Canarias y Baleares. Pese a unos resultados algo mediocres, puede decirse que la Constitución fue aceptada muy mayoritariamente, excepto en las Vascongadas, donde no fue aceptada ni rechazada (y si descontamos la abstención técnica habitual de un 25-30%, la abstención política propugnada por el PNV superaría poco otro 25%, por debajo del 31, 3% de síes. La abstención gallega apenas tuvo carácter político. Y el 12 de diciembre, por fin, el PSOE reconocía como legítima a la monarquía.

La Constitución marca propiamente el fin del franquismo. Hubo vacilación sobre si Juan Carlos debía jurarla o sancionarla con su firma. Se decidió la firma, efectuada el 26 de diciembre, lo cual daba a la ley cierto aire de carta otorgada. solo en apariencia, pues la potestad regia quedaba reducida a poco más que simbólica y ceremonial. Aun así, tendría relevancia durante el intento golpista del 23 de febrero de 1981.

El año 1978 presenció una escalada terrorista, con intervención de un grupo nuevo, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, escisión ácrata de la ETA. La ETA multiplicó por seis su cifra de asesinatos del año anterior, llegando a sesenta y ocho (bajo el franquismo habían sido dos en 1968, uno en 1969, ninguna en los dos años siguientes, uno en 1972, seis en 1973, diecinueve en 1974 y dieciséis en 1975). El GRAPO asesinó a seis personas, el terrorismo nacionalista catalán a no menos de dos, la extrema derecha a tres, dos de ellas mediante un paquete bomba dirigido a El País. Los daños materiales fueron también cuantiosos. La atención concentrada en los cambios políticos había rebajado la eficacia policial, y Francia apenas ayudaba. Las izquierdas seguían admirando a la ETA, algo turbados porque habían pensado que, tras el franquismo, los «jóvenes patriotas vascos» abandonarían las pistolas, y les dejarían la política; así, en noviembre convocaron manifestaciones contra el terrorismo, no muy contundentes, en Madrid y Bilbao. El Gobierno, ayuno de verdadera política en este campo, recurrió a la «guerra sucia» con el atentado contra Cubillo o el que voló con su coche a Argala, jefe de los asesinos de Carrero Blanco y de otros asesinatos, en el quinto aniversario del magnicidio.

Las reacciones ante el fin de Argala son muy ilustrativas. El PSOE condenó en Vascongadas el «brutal atentado». En el funeral, el cura lo comparó al etarra nada menos que con Cristo. El presidente del PNV, Javier Arzallus, lo ensalzó: «Quienes entregan la vida por su pueblo merecen nuestra admiración y respeto». Otros loaban su «capacidad de análisis político», lo convertían en héroe o mártir «del pueblo vasco» que avanzaba como un «torrente arrollador», hablaban de «asesinato fascista», etc. El País, ya el diario más influyente y temido por la derecha, dio una imagen amable del terrorista, ponderando sus dotes intelectuales (pasaba por teórico marxista), «hombre culto y muy aficionado a la literatura», «de aspecto ascético y férrea voluntad», poco sectario, «partidario de la solución negociada para el problema vasco», aunque también de «la lucha armada», como llamaba a los crímenes, a fin de «obligar al Gobierno a la negociación». El Gobierno parecía culpable por no negociar el «problema vasco» creado por la misma ETA; negociación equivalente a un premio a asesinos tan negociantes.

Durante el franquismo, el santuario francés tuvo vital importancia para la ETA, pues le permitió sobrevivir y rehacerse. De otro modo habría sido probablemente aniquilado, y estuvo cerca de serlo en varias ocasiones. Pero la desatención al problema en la Transición cambió el panorama: aunque el santuario seguía siendo muy importante, ya no tanto, pues los etarras habían podido organizar sus terminales políticas en Vizcaya y Guipúzcoa, donde habían arraigado, convirtiendo al grupo en una verdadera potencia.

El terrorismo y actitudes tales hacia él indignaban en muchos medios, entre ellos los castrenses, que, viéndose impotentes, culpaban al Gobierno. Como ya vimos, una vasta mayoría de militares rehusaba entrar en la política y aceptaba una reforma ordenada, pero esta daba la impresión de estar yéndose de las manos a los gobernantes. El enfado se expresó durante una gira de Gutiérrez Mellado por las guarniciones, a mediados de noviembre, para explicar la Constitución. En Valencia le acogieron con hosquedad, y en Cartagena con hostilidad abierta, lo que le hizo renunciar a más visitas. Por las mismas fechas se descubrió una conjura, la Operación Galaxia, por el nombre de la cafetería madrileña donde se reunían los conspiradores, y que, al ser denunciada a tiempo, no pasó de planes de café por parte de un pequeño grupo, en el que figuraba el teniente coronel Tejero, que intentaría otro golpe más peligroso en 1981.

La economía mejoró algo a resultas de los Pactos de la Moncloa. La inflación, disparada el año anterior, descendió a niveles menos insoportables, el déficit en la balanza de pagos se redujo a la mitad y también bajó la conflictividad laboral, si bien todavía con niveles desmesurados: de 16,6 millones de jornadas perdidas a 11,5. En cambio, el paro siguió creciendo, de ochocientas treinta y una mil personas el año anterior, a más de un millón, sin precedentes desde el Frente Popular; y no cesaría de aumentar los años siguientes[9].

La política exterior repitió infructuosas negociaciones para el ingreso en la CEE, y mejoró la relación con el Vaticano, pese a haber expresado varios obispos su disgusto con una Constitución que omitía a Dios y a la ley natural, y no garantizaba, a su juicio, la libertad de enseñanza. Las relaciones con USA no cambiaron, pues no parecía haber riesgo para los intereses occidentales en la sensible península ibérica. Marruecos, incumpliendo los acuerdos de la cesión del Sáhara, perseguía y ametrallaba a los pesqueros canarios, causando a veces muertos. Marruecos y Mauritania habían extendido unilateralmente sus aguas territoriales, impidiendo a los españoles faenar en sus caladeros tradicionales. Y Rabat volvió a insistir en su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, manteniendo así una tensión diplomática permanente.

Respecto a los partidos, UCD trató de reforzarse mediante un Congreso muy publicitado, del 19 al 21 de octubre, con asistencia de importantes políticos europeos, entre ellos la líder del Partido Conservador británico Margaret Thatcher, que sería primer ministro el año siguiente. Algo parecido consiguió el PCE con una macrofiesta muy bien organizada en Madrid, aunque su crisis continuaba, sobre todo en Asturias.

AP corría a la ruptura interna. Varios de sus diputados votaron contra la Constitución o se abstuvieron, contra la consigna de Fraga, y abandonaron el partido personajes conspicuos como Silva o Fernández de la Mora. Ninguno de ellos, fatigados de las maniobras políticas, según indican sus memorias, tuvo ánimo para promover un nuevo partido con perspectivas. Fraga jugó entonces a refundar AP con Areilza y Osorio, figuras que podían pasar por menos franquistas y más próximas a UCD.

La oficiosidad, las laxas convicciones y el oportunismo de Suárez habían cedido la iniciativa ideológica a la izquierda. Así, el ambiente público había variado de tal modo que el recuerdo de Franco se había convertido en tabú entre los políticos, mientras la izquierda y los nacionalistas exaltaban a sus propios líderes y a su pasado, presentando como luchadores por la democracia a personajes como La Pasionaria, Largo Caballero, Prieto, Companys, Aguirre o al mismo Carrillo. Al tratar la situación económica en el Congreso, Fernández de la Mora señaló que el país venía del pleno empleo (bajo Franco), y recibió un abucheo general de la izquierda y la UCD[10].

El PSOE marchaba tan bien que Alfonso Guerra profetizó a Suárez una «presidencia transitoria». Fue reveladora la moción socialista exigiendo la devolución del patrimonio de partidos y sindicatos incautado después de la guerra, lo que implicaba deslegitimar a los vencedores. Los partidos y sindicatos incautados habían expropiado, a su vez, innumerables locales y bienes de la derecha[11].

Una gran masa ciudadana conmemoró en la madrileña plaza de Oriente el aniversario del fallecimiento de Franco. Los convocantes, Fuerza Nueva y otros de extrema derecha, se decían herederos y continuadores del Caudillo, con cierta fantasía.

* * *

Internacionalmente, el hecho más relevante para España fue el fallecimiento, en agosto, del Papa Pablo VI, probablemente el hombre que con más eficacia acosó y socavó al régimen de Franco y ayudó a resurgir a fuerzas casi anonadadas tras la experiencia de la II República y la guerra. Quizá empeoró su salud el secuestro (con asesinato de cinco policías) de su amigo el líder democristiano y exprimer ministro Aldo Moro, el 16 de marzo, por las Brigadas Rojas italianas. Moro aceptaba el «compromiso histórico» con los comunistas, y Pablo VI no. El 9 de mayo apareció el cadáver de Moro, causando conmoción en Italia y toda Europa.

A Pablo VI le sucedió Juan Pablo I, que murió de infarto a los treinta y tres días. Se ha hablado de envenenamiento, mera especulación, realmente. Y el 16 de octubre era elegido el cardenal polaco Wojtyla con el nombre de Juan Pablo II. Este Papa contendría los impulsos degenerativos de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Y tendría un papel crucial en la posterior caída del Imperio soviético, juzgado más o menos irreversible por casi todos los expertos, historiadores y políticos.

El magnicidio de Moro fue el atentado de mayor efecto en Europa, aunque España y Gran Bretaña sufrieran un terrorismo más intenso. Un grupo secesionista bretón perpetró atentados en París. En otro orden, seguían los coletazos del escándalo por los sobornos de la Lockheed, que había salpicado a la casa real holandesa y a numerosos políticos y altos funcionarios de diversos países europeos.

Prosiguió ese año la expansión comunista, con guerra entre Etiopía y Eritrea, apoyada la primera por tropas cubanas. En Afganistán, un golpe de Estado imponía un Gobierno prosoviético. En Nicaragua comenzaba la rebelión contra el dictador Somoza, a cargo del comunistoide movimiento sandinista. Pinochet, en cambio, ganaba un referéndum en Chile. La URSS avanzaba en sus éxitos espaciales. Pero la crisis comunista se hacía patente con una guerra entre Vietnam y Camboya. Las revueltas integristas en Irán amenazaban el mayor puntal de USA en Oriente Medio.

En Israel, un grupo palestino masacró a treinta y cuatro israelíes; Israel ocupó una franja al sur del Líbano como seguridad frente a los ataques de la OLP. El 17 de septiembre, en Camp David, USA, el Presidente egipcio Anuar el Sadat y el primer ministro israelí Menájem Beguin, ultimaron el único acuerdo de paz efectivo en la zona, renunciando Israel al Sinaí a cambio de su reconocimiento como Estado. A finales de diciembre moría Huari Bumedién, Presidente argelino y líder de un socialismo musulmán, a quien se atribuye la amenaza de «conquistar Europa con los vientres de nuestras mujeres».

África padecía guerras en Zaire (ex Congo belga), Angola y entre Zambia y Rodesia (futura Zimbabue). Un suceso extraño fue el suicidio de casi mil personas, con asesinato de más de doscientos setenta niños, en Guyana, a cargo de una secta religioso-comunista y consumidora de drogas, en protesta contra «un mundo inhumano» dominado por poderes capitalistas.

Capítulo XVI

UNA CONSTITUCIÓN DEFECTUOSA

La gestación constitucional resultó, pues, poco democrática, pero solo chocó con la indignación de AP, resuelta con la escisión del partido. El punto más escabroso, pero no el único, fue el de las autonomías, concretado en el Título VIII, y la inclusión del término «nacionalidades». Según Herrero de Miñón, uno de los ponentes con mayor influencia, «Comunistas y, más aún, socialistas, pretendían elaborar una completa nueva planta constitucional en la cual la jefatura del Estado perdiera sus connotaciones históricas; la parte dogmática supusiera una transformación, cuanto más radical mejor, de la sociedad y la economía; y las autonomías correspondieran al principio del federalismo»; en cambio, interpretaba la postura de AP como un plan de «reformas parciales de las Leyes fundamentales franquistas y adición de otras nuevas», y afirma que UCD acertó «con un término medio: cambiar el Estado, y permitir el cambio social sin cambiar de sociedad ni de Estado». El aserto revela un optimismo algo excesivo[1].

El Título VIII, referido a la organización territorial y en particular a las autonomías, resulta contradictorio, pues pretende, por una parte, establecer las competencias de las autonomías y del Estado central y, por otra parte, vacía estas últimas al advertir que las autonomías podrán extender sus competencias (obviamente, a costa de las nacionales), y el Estado podrá delegar las suyas (artículo 150.2), bajo condiciones interpretables. Suárez hizo esta concesión un tanto sorprendente para conseguir que el PNV apoyase la Constitución. Pero no lo logró, y a pesar de ello, el artículo no fue retirado. Pese a un afán ordenancista impropio de una Constitución, y a cautelas retóricas, las autonomías, en lugar de delimitarse, quedaron abiertas a una progresión indefinida, a interpretaciones y hasta al hecho consumado, como llegaría a ocurrir.

Los partidos abordaron la cuestión, dice Herrero, desde tres enfoques distintos: a) Los nacionalistas pretendían un reconocimiento nacional para Cataluña, apoyados por socialistas y comunistas, mientras que los nacionalistas vascos hablaban de «soberanía originaria»; b) los socialistas y comunistas defendían incluso el «derecho de autodeterminación», es decir, la posible secesión; y c) la UCD, y en parte AP, pensaban en una «regionalización del Estado», de inspiración orteguiana.

Las aspiraciones de los nacionalistas catalanes y vascos no precisan glosa. Algo más la coincidencia de socialistas y comunistas con ellos. Esa coincidencia era una tradición en el PCE, no así en el PSOE, antes propenso a un centralismo incluso jacobino. El PCE, aunque centralista de hecho, siempre incluía en su programa la autodeterminación de las nacionalidades según el modelo leninista extraído de la experiencia de los imperios ruso y austrohúngaro, inaplicable a España. El PSOE de González y Guerra asumió así esa postura leninista, por mostrarse radical, por su visión negativa de España y por su antifranquismo, ya que el régimen anterior había defendido la unidad nacional.

Menos esperable era la repentina inclinación autonomista de la derecha, entusiasta en casos como el de Herrero. En buena medida venía de la influencia orteguiana sobre la Falange, en este caso lo que Ortega había llamado «la redención de las provincias». Según Ortega, España era un «enjambre de pueblos» y nunca se había «vertebrado» como era debido, estatal y socialmente. El filósofo representaba un nacionalismo español «regeneracionista», muy similar a los nacionalismos catalán y vasco por cuanto negaban como nefasta la historia anterior y pensaban tener la receta casi mágica para redimir a los pueblos y elevarlos a la gloria.

Los análisis histórico-políticos de Ortega no cuentan entre sus mejores ideas. Solían ser rebuscados y crear falsos problemas. «Ocurrencias», los llamaba Azaña que, no obstante, se parecía mucho a él en su adanismo hacia España y su historia. Ocurrencias a veces disparatadas, pero expuestas en un lenguaje pomposo que seducía a muchos lectores. La política debía ser «Una imaginación de grandes empresas en que todos los españoles se sientan con un quehacer», señaló el 30 de julio de 1931 ante las Cortes. Azaña, a su turno, propugnaba en Barcelona, el 27 de marzo de 1930, «un Estado dentro del cual podamos vivir todos», como si en España nunca hubieran vivido todos, mejor o peor. Viendo el pronto desenlace de las «grandes empresas» orteguianas y de ese «Estado» tan especial de Azaña, cabe ponderar la peligrosidad de las grandes frases vacías, a medias exaltadas y frívolas. Una ocurrencia de Ortega propugnaba articular España «en nueve o diez grandes comarcas» autónomas, para las cuales «la amplitud en la concesión de self government debe ser extrema, hasta el punto de que resulte más breve enumerar lo que se retiene para la nación que lo que se entrega a la región». Así esperaba contentar, más o menos, a los nacionalistas vascos y catalanes, y salvaguardar el principio de la soberanía nacional. Su discípulo Julián Marías observaría, en 1978, lo inútil y riesgoso de querer contentar a quienes no se van a contentar.

Yacía bajo todo ello un serio temor a los separatismos vasco y catalán, pese a no haber supuesto ningún peligro ni amenaza desde hacía cuarenta años. La razón no confesada de ese generalizado descrédito de todo centralismo provenía ante todo de la ETA y de su posible contagio a Cataluña, Galicia y Canarias, de momento. Ya vimos que la ETA era el único movimiento nacionalista surgido con algún impulso durante el franquismo, ya muy al final de este y, por las razones expuestas, había adquirido una excepcional relevancia política. No debe olvidarse que el terrorismo ha ejercido una profunda influencia corrosiva y corruptora en España, más que en cualquier otro país europeo, ya desde el pistolerismo ácrata de la Restauración, a cuyo derrumbe contribuyó decisivamente. Influencia debida siempre a la misma causa: la explotación política de los asesinatos por otros partidos teóricamente moderados.

De los tres enfoques autonomistas terminaría imponiéndose el de la derecha muy hibridado con el de los nacionalistas, con un autonomismo funcionalmente similar al federalismo, pero sin delimitación clara. El ministro adjunto para la Regiones, Clavero Arévalo, propugnó la generalización de las autonomías, creyéndola un modo de disolver los separatismos, mientras que Herrero insistía en unos «derechos históricos», «singularidades históricas» de Cataluña y Vascongadas, que no autorizaban la homogeneidad autonómica. Herrero asimilaba la situación española a la de Gran Bretaña —un verdadero dislate histórico— y llegó a declarar: «La Constitución puede pasar. Ni España, ni Cataluña ni Euskadi pasarán». Igualaba así las tres entidades y recogía el término inventado por Sabino Arana para incluir Navarra y los departamentos vascofranceses. Quizá influyera en tales actitudes el hecho de estar casado con una señora próxima a dirigentes sabinianos. Suárez, más reticente a las tesis del PNV, pensaba que UCD y PSOE harían la política real en las Vascongadas ante un radicalismo nacionalista al borde de la ilegalidad.

Probablemente el enfoque más razonable fuera el del nacionalista catalán Roca Junyent en un momento en que, ante las dificultades y diferencias, propuso la reducción del texto a unos principios genéricos a desarrollar luego, y la restauración del estatuto de 1932. Pero ello no ocurriría.

* * *

Una breve digresión histórica ayudará a percibir la sustancia del problema. La invasión napoleónica de 1808 impuso la necesidad de modernizar el Estado con un carácter democratizante y contra las trabas feudales de siglos anteriores (comunes a casi toda Europa). Representó la modernización la liberal Constitución de 1812, con un nacionalismo condensado en la soberanía española, «que no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona». Pero encontró rechazo porque parecía recoger principios de la Revolución francesa, vistos con repugnancia por el grueso de un pueblo que luchaba precisamente contra los franceses; a lo que se añadía un injustificado fervor popular por un rey que había sido cómplice oculto de Napoleón. Así, el liberalismo pareció a muchos una doctrina foránea, opuesta a la tradición hispana y al catolicismo. Las subsiguientes guerras carlistas se riñeron, por paradoja, entre unos carlistas españolistas, pero antinacionalistas (no aceptaban la soberanía nacional, sino la del monarca), y unos liberales nacionalistas, pero tachados de antiespañoles y anticatólicos. La victoria final de los liberales en el último cuarto de siglo motivó en Cataluña y Vascongadas, quizá las regiones más tradicionales y religiosas, una reacción regionalista con tintes secesionistas. Factores como la industrialización de Bilbao y Barcelona, las ideologías racistas y un tardío romanticismo antidemocrático, dieron viento a las velas nacionalistas en Cataluña y Vizcaya. No cobraron impulso, sin embargo, hasta el «desastre» de 1898 frente a USA, causa de profunda desmoralización en toda España.

Los nacionalismos vasco y catalán, concomitantes con el pistolerismo anarquista y los mesianismos socialista y republicano, devinieron una destructiva plaga para los regímenes de libertades (Restauración y II República), abocando a dictaduras, y en un caso a la guerra civil. Las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco disfrutaron de una casi nula actividad nacionalista, salvo la tardía de la ETA. Pero después de la Transición democrática, que no debió nada a los nacionalismos, estos iban a convertirse en el mayor escollo para el asentamiento de la democracia, y no solo por el terrorismo.

Conviene insistir en la ya mencionada diferencia entre el nacionalismo catalán y el vasco. El vasco gira en torno a una «raza» vasca superior a la «raza» maketa o española, cuyo contaminante roce debe evitar la primera, por lo que es rotundamente secesionista, aunque maniobrase según las circunstancias. El nacionalismo catalán da a la raza un peso algo menor y considera que, tras ser antaño Castilla hegemónica en la península, había llegado el momento de que la hegemonía pasara a Cataluña, debido a su mayor desarrollo económico y presuntamente cultural. El fundador operativo de este nacionalismo, Prat de la Riba, aspiraba a un Estado imperial desde Lisboa al Ródano, orientado desde Barcelona y expansivo hacia África. Tal idea anacrónica solo podía conducir a frustraciones, por lo que muchos nacionalistas oscilaron hacia un imperialismo menor, sobre Valencia y Baleares, englobadas como Paísos catalans.

Durante la guerra civil, ambos nacionalismos se habían juntado al Frente Popular, a cuya derrota cooperaron de modo eficaz, aun si involuntario, con sus desavenencias, maniobras separatistas e intrigas tanto con los fascistas italianos o los nazis como con Londres y París. Tras la victoria franquista, ambos nacionalismos pervivieron en débiles círculos nostálgicos, amparados por algunos clérigos (debe recordarse el origen clerical y antiliberal de ambos nacionalismos, mantenido en el vasco, no tanto en el catalán, cuyo sector de izquierda se hizo muy anticlerical). Terminada la II Guerra Mundial con la derrota nazi, el racismo quedó condenado internacionalmente, ambos nacionalismos dejaron de invocarlo abiertamente, y el PNV tomó ropaje democristiano. El franquismo apenas hostigó a aquellos círculos y, al final, les facilitó la reconstrucción como barrera (supuesta) al nacionalismo terrorista. Y aunque se acusa a la dictadura de perseguir las lenguas regionales, permitió la creación de una Academia Vasca que unificó el vascuence, y de ikastolas para la enseñanza en dicho idioma, e instituciones oficiales convocaban premios literarios para fomentarlo; algo similar ocurrió con el catalán, cuya filología se hizo obligatoria como rama en las facultades correspondientes. También data de aquel tiempo la primera editorial de libros en gallego.

Por efecto del pistolerismo, sectores vascos minoritarios, pero nutridos y muy activos, se radicalizaron durante la Transición, aun si la mayoría de la población era moderada, incluso entre los nacionalistas. Lo demostró la pronta adscripción de muchos al PNV, que permitió a este rehacerse bastante pronto. Claro que la moderación del PNV era muy relativa: justificaba el terrorismo, aun si con reservas, y trataba de beneficiarse de él, y pretendía el reconocimiento de la «soberanía originaria» vasca, inventada por Sabino Arana: nunca había existido nada parecido a un Estado vasco, cada provincia tenía su propio fuero, escrito en castellano, que le ligaba al Rey de Castilla: ningún país soberano busca un rey autoritario foráneo —los vascos, claro está, no se consideraban foráneos a España— y pacta en un idioma igualmente «foráneo».

Según Herrero, la «soberanía originaria», eufemizada en la Constitución como «derechos históricos», no pasaba de retórica: para el PNV todo se reducía al reconocimiento de «la identidad vasca como cuerpo separado dentro del Estado, sin negar en absoluto que este ejerciera cuantas competencias fueran necesarias. A esto se reducía el dogma de la soberanía originaria». La creencia de Herrero suena tan ingenua como suponer sin valor práctico el término nacionalidades: la «soberanía originaria» entrañaba, para empezar, una idea confederal del país y el privilegio de los «conciertos económicos» que fragmentaban la economía española.

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La inclusión del término «nacionalidades» ocasionó polémica en la ponencia constitucional, y estuvo a punto de ser retirada. Ante la oposición de AP y algunos de UCD, Herrero propuso emplear los términos históricos, pero desfasados, de Principado y Reinos (Cataluña y Vascongadas nunca habían sido reinos, se habían integrado en otros reinos y a través de ellos en España, según las instituciones medievales). Pero triunfó finalmente la palabra «nacionalidades», y el artículo 2° reza: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Muchos observaron la contradicción entre «la indisoluble nación española» y las nacionalidades. Se habló de estas por evitar el término más rotundo de naciones, pero significan, o pueden fácilmente hacerse significar, lo mismo. Según la doctrina democrática, en la nación reside la soberanía, una vez derrocado el Antiguo régimen, donde la soberanía nacional se personificaba en la voluntad del monarca. Así lo expresa el nacionalismo, doctrina en principio democrática que surge con gran posterioridad a la existencia de naciones, en rigor se extiende por Europa y América desde el siglo XIX, y por gran parte del mundo en el XX. A su vez, los nacionalismos son capaces de crear nuevas naciones, como ha sido el caso en muchos lugares de Europa o América. Salvo Portugal, por los avatares de la Reconquista, ninguna región hispana se convirtió en nación, como sí lo hizo España desde los reyes godos Leovigildo y Recaredo.

Los nacionalismos regionales en España podrían crear nuevas naciones si las condiciones les favorecieran. Por definición, un nacionalismo tiende a la constitución de un Estado propio y mientras no lo consigue se considera oprimido, por lo cual es naturalmente secesionista, aunque haya en ello distintos grados. Así, el término nacionalidades en la Constitución crea las bases para anular la soberanía nacional española, pese a que las autonomías, retóricamente, debían funcionar «sin mengua de la unidad de España». Paradójico retroceso con respecto a la Constitución republicana de 1931, que no admitía tales nacionalidades ni ambigüedades sobre las competencias.

No todos en UCD, menos aún en AP, admitían tales nacionalidades, pero Herrero votó por ellas con los ponentes comunista y nacionalista, contra sus dos compañeros de partido. «El escándalo fue mayúsculo, pero se enterró inmediatamente en el olvido debido, supongo a su feliz desenlace», escribe Herrero. Quedaban así empatados, por la ausencia de Peces-Barba, los partidarios y contrarios al término. Para imponerse, los partidarios del mismo (Herrero, Roca y Solé) amenazaron con abandonar la ponencia, con lo que esta se reduciría a AP y parte de UCD: la presión o chantaje fue irresistible. Herrero afirma con desparpajo que ganaba así «la pluralidad de las Españas, en sentido orteguiano»; y, triunfante, invitó a comer a Cisneros y a Solé Tura: «Guardo el menú con los comentarios de los comensales a mi pregunta: ¿Podrán las nacionalidades llegar a ser fragmentos de Estado? Almorzamos huevos escalfados con salmón, pularda a la pimienta verde y arroz pilaw y ensalada, sorbete de fresas y café»[2].

* * *

La cuestión de las atribuciones del Rey tenía cierta relación con el problema anterior. Juan Carlos había usado el poder heredado de Franco para impulsar la Transición de Suárez, que no solo desmantelaba el régimen anterior, cosa seguramente inevitable, sino que tendía oscuramente a la deslegitimación del mismo, al contrario de la reforma de Torcuato (la repentina fiebre antifranquista en sectores de UCD llevó a alguno de sus próceres a pedir la supresión del nombre «las Cortes», por considerarlo propio del régimen anterior[a]). Con lo que, nueva contradicción, quedaba cuestionada implícitamente la legitimidad del propio monarca.

Todos aceptaban al Rey en una posición honorífica y simbólica, pero a la hora de concretar sus atribuciones surgían las diferencias. En algunos países, como Suecia o Japón, la monarquía se limita a un plano ceremonial, mientras que en Gran Bretaña o Noruega tiene ciertas competencias moderadoras o arbitrales. Los constituyentes españoles tendían a limitar todo posible el papel regio, y en ello estaban de acuerdo socialistas, comunistas y AP, los primeros por su republicanismo subyacente, la última por experiencias poco amenas con Juan Carlos. No obstante, López Rodó deseaba una monarquía con bastante poder, quizá porque Franco la había pensado así. Suárez, por su parte, incómodo con la tutela regia, quería dejar al monarca las menores competencias posibles, aunque la UCD, en general y Herrero en particular, preferían concederle un poder arbitral y dar el mayor relieve a su figura.

También los nacionalistas querían dar relevancia a la figura real. La razón consistía en la ficción de un «pacto con la Corona» por parte de las respectivas «nacionalidades»; idea feudal y aun así ahistórica, pero útil a sus aspiraciones, ya que en una democracia el lazo monárquico se vuelve necesariamente muy tenue, al carecer el trono de un poder remotamente comparable al de épocas antiguas. En esa onda, Herrero propuso la sustitución de «Estado español, de claras resonancias autoritarias y baja calidad estética, por la de monarquía Española». Propuesta anacrónica, máxime cuando las «resonancias autoritarias» achacadas al Estado español en general, carecen de base: ese estado trajo al país los regímenes de libertades, que sus enemigos echaron abajo. AP, los comunistas y los socialistas, por distintas razones, anularon la propuesta.

Al fin, quizá por oponerse a Fraga, el PCE y el PSOE aceptaron otorgar al Rey un poder arbitral, si bien inconcreto: El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Atribuciones que, salvo la faceta ceremonial, quedaban en la práctica supeditadas al partido político en el poder. Su título de Jefe supremo de las Fuerzas Armadas carecía de efectividad práctica, pero sería decisiva en ocasión de la célebre intentona golpista del 23-F.

La parte dogmática, es decir, las declaraciones de principios de la Constitución, sufren de un exceso de detalle y ordenancismo, y resultan un tanto contradictorias y farragosas. Llegan a especificar que los poderes públicos se preocuparán «en particular de la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía (…) con un tratamiento especial a las zonas de montaña», con el fin, asegura «de equiparar el nivel de vida de todos los españoles». Recuerda algo, si bien con más retórica, al Fuero del Trabajo. Establece también el «derecho a la vida» (la vida es anterior al derecho y fundamento de este), en lugar del derecho al respeto y mantenimiento de la vida humana; pero, como el comienzo de esta no queda definido, abre el camino al aborto masivo.

En la misma onda afirma, por una parte, «Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado», si bien el Estado «puede intervenir por exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación». El texto rezuma intervencionismo socialdemócrata, atribuyendo a los «poderes públicos» el mejor criterio y capacidad de planificación. Así, «promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo». Frases casi sarcásticas cuando se marchaba hacia el segundo millón de parados. No faltaban frases rimbombantes: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho a hacerlo», y a recibir «una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». Al declarar los poderes públicos su obligación, en realidad inasumible, de garantizar tales derechos, cabría tildar de inconstitucionales a todos los Gobiernos posteriores. Tampoco se cumpliría la exigencia de un funcionamiento democrático en los partidos.

Abundan las declaraciones supuestamente demostrativas de los buenos sentimientos e intenciones de los gobernantes: «Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia», así como «la adecuada (¿?) utilización del ocio», o «un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona». Más aún, «Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada». Esto, cuando el paro se hacía masivo. ¿Y qué podría entenderse por «digna y adecuada»? ¿Al nivel de la casa de un ministro, por ejemplo? ¿O tendrían los españoles derecho a ocupar cualquier casa que les pareciese adecuada?… «Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural». Aparte de que el adjetivo «social» engloba a todos los demás, ¿por qué la juventud en particular y no el resto de la gente? El Gobierno debe garantizar la actividad política, cultural o económica dentro de la ley, pero «promoverla» significa más bien controlarla y encauzarla según interese al partido en el poder. Un buen despliegue retórico: «Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva». Un tremendo aumento de los incendios forestales acompañaría a tan bienhablados poderes públicos.

Venía más al caso, en cambio, proclamar la protección al Patrimonio nacional, habida cuenta de los enormes daños que las izquierdas le habían infligido durante la guerra.

Sin pretensiones de análisis exhaustivo, las consideraciones expuestas bastan, a mi juicio, para asimilar la Constitución al dicho de que un camello es un caballo diseñado por una comisión. El texto no pasará ciertamente a la historia como un gran monumento jurídico: es en parte irrealizable, ambiguo y con vías de agua en el casco de la unidad nacional y de la democracia. No obstante, tiene virtudes relevantes. Establece la unidad nacional española, las libertades en general, la libertad de educación (contra las pretensiones del PSOE y del PCE); y al tiempo que elimina la confesionalidad del Estado, reconoce el carácter muy mayoritario del catolicismo, superando la vesania de las sangrientas persecuciones izquierdistas. Y es la primera Constitución elaborada con amplia participación de partidos, y no impuesta por el que ostentaba el poder.

Sobre los ponentes de la Constitución, Herrero se atribuye a sí mismo y a Peces-Barba, en menor medida a Roca, el papel principal. A Fraga lo descarta como «desmesurado, que no siempre es sinónimo de grande». Ve a Solé como «un catalanista teñido de rojo», y observa que sus compañeros Pérez Llorca y Cisneros se ocuparon más de otros negocios políticos que del debate constitucional.

Hace Herrero, además un curioso aserto: todos los ponentes, menos Fraga y Cisneros, procedían de «diversos sectores de oposición democrática ajenos al franquismo», lo que «contribuyó notablemente al recíproco entendimiento», quedando todos muy amigos[3]. Desde luego podía presentar a los ponentes socialista, comunista y nacionalista catalán como (relativamente) ajenos al franquismo; pero los dos primeros profesaban una ideología totalitaria, aunque las circunstancias les hubieran impedido ponerla en práctica en España. Y los nacionalistas, impregnados de su vieja ideología de fondo racista y antiliberal, solo se aprestaban a explotar unas libertades a las que no habían contribuido. En cuanto a Pérez Llorca y el mismo Herrero, podían tener más o menos de demócratas, pero llamarles ajenos al franquismo era exagerar mucho, pues habían hecho sus carreras en las instituciones de la dictadura.

El historiador Manuel Álvarez Tardío ha señalado, con optimismo: «Si la democracia española echó a andar en 1978 con una base harto más sólida que en 1931 fue, sobre todo, porque se aprobó una Constitución que no fue contestada seriamente por ninguno de los principales grupos políticos nacionales, y porque estos hicieron caso omiso de las denuncias de los partidos situados en los extremos, especialmente las de los representantes de las fuerzas antiliberales del independentismo vasco y catalán. Se hicieron entonces unas reglas del juego que dejaron suficiente espacio para que Gobiernos de distinta ideología pudieran llevar a cabo sus políticas sin contravenir la carta magna y sin tener que proponer constantemente su modificación»[4].

Y, en efecto, la Constitución hizo posible la alternancia pacífica en el poder con más amplitud que las constituciones de 1876 y la de 1931. Mas no puede borrarse el hecho de que parte de ella nunca fue cumplida, que la posterior época de Felipe González la socavó de forma importante, y que la de Rodríguez Zapatero la ha echado abajo.

Las deformidades de la Constitución quizá procedan en parte de la precaria cultura histórica y jurídica de Suárez, Abril o Guerra, así como del hecho de que ninguno de los partidos intervinientes era muy demócrata, y algunos nada. Contra un prejuicio común, UCD y AP lo eran en mayor medida que la izquierda: por formación, estilo y espíritu, venían de una dictadura, pero también de una tradición más tolerante y liberal.

Capítulo XVII

1979, EL AÑO DE LAS AUTONOMÍAS

Propiamente, la Transición terminó con la promulgación de la Constitución, que señalaba el punto de partida de un nuevo régimen, pero puede considerarse 1979 como su último año, porque en él se configuraron las autonomías de Cataluña y Vascongadas, modelos aproximados para otras, y quedaron definidas muchas tendencias posteriores.

Tras alguna duda, Suárez convocó nuevas elecciones generales para el 1 de marzo, esperando que la aprobación de la Constitución, considerada un gran éxito, le sirviese de palanca para alcanzar una mayoría quizá absoluta, aunque las encuestas le empataban con el PSOE. Este, fortalecido por la absorción del PSP y la unión con el PSC en Cataluña, también pensaba ganar, dados los síntomas de desgaste de UCD. El PCE aceptó sin más la convocatoria, y AP con disgusto, pues sus finanzas flaqueaban; aun así, Fraga esperaba votos de la nueva imagen centrista de AP, núcleo de su «Coalición Democrática» (CD) con Areilza y Osorio.

Para reforzar su unidad, UCD celebró un congreso en febrero, del que salió la decisión de volcarse a fondo en la campaña, en la que tanto les iba a todos los barones. La realizaría bajo el lema UCD cumple, atribuyéndose implícitamente la Constitución. El propio Suárez luchó al máximo por los votos, dando mítines por toda España. En ningún partido alcanzaron los mítines la masividad de los de 1977, pero abundaron más. Los ministros multiplicaron igualmente sus apariciones.

El PSOE se presentaba, sin mucho realismo, como Un Gobierno firme para vencer el paro. Sus carteles, de trazos deliberadamente infantiloides, prometían todo a todos. El 3 de febrero, conmemoró el centenario de su fundación con la presencia, entre otros, de Olof Palme, recordado en España por su actividad en 1975. González y Guerra aprovecharon la ocasión para presentarse como el partido de los 100 años de honradez y firmeza, lema ciertamente muy imaginativo. El PCE trató de arrancarle votos de izquierda hablando de los «cuarenta años de vacaciones» de los socialistas, en referencia a su inactividad durante el franquismo. El PSOE replicó con referencias al dinero de Moscú, para desacreditar el eurocomunismo. El lema del PCE fue Pon tu voto a trabajar, jugando con la preocupación general por el paro.

UCD se presentaba como La solución de centro-derecha, bajo los retratos de Fraga, Areilza y Osorio. Una vez soltado el supuesto lastre franquista de Silva Muñoz y Fernández de la Mora, Fraga culminó la operación centrista provocando la salida de López Rodó, al preterirlo, para la candidatura de Barcelona, en favor de Antonio de Senillosa, hombre de perfil vagamente antifranquista y políticamente inestable. Cortejó también a Torcuato, pero el acuerdo resultó imposible, al exigir este ir como número uno del partido[1]. El exprotector de Suárez se sentía injustamente marginado de la política y solo aceptaba volver en triunfo. Fraga aspiraba a desbordar a UCD por el centro, con una campaña «demasiado parecida a la de Suárez», según advertían sus líderes. Por su parte, UCD, como siempre, «consideró que el enemigo a quien había que vencer o, quizá para ser más justo, el adversario del que había que distinguirse, era Alianza Popular». El ministro más hostil a AP era Rafael Arias-Salgado, hijo de uno de los ministros de Franco más contrarios a la libertad de prensa[2].

Suárez rehusó debatir en televisión con González o con Fraga, y la pugna no giró en torno a programas, porque ningún partido tenía soluciones originales contra el paro, el terrorismo y la inflación, principales preocupaciones populares. Por ello la campaña se centró en el juego de impresiones publicitarias y los personalismos. Parecía, lamentaba Carrillo, «un plebiscito entre dos niños bonitos, Suárez y González».

No faltaron agresiones, si bien menos que en 1977. La imagen centrista no libró a CD de incidentes, y Fraga se vio sitiado por turbas de izquierda en un cine madrileño, con pedradas, quema de dos coches y un herido grave por navajazo. Suárez también sufrió hostigamientos de la izquierda en Extremadura y en Granada.

El Episcopado se implicó más directamente, desaconsejando el voto a los partidos defensores del aborto, el divorcio y la enseñanza única, y preconizó el «voto útil», eufemismo para beneficiar a UCD en perjuicio de CD. También el diario El País atacó al CD, a la que llamó «Coalición Fragocrática». En vano intentó Fraga mover a los accionistas de derecha en la empresa de El País para frenar su deriva pro PSOE[3].

Una nueva escalada terrorista perturbó la campaña, destacando los asesinatos del presidente de la sala Sexta del Tribunal Supremo, Cruz Cuenca, por el GRAPO, y del gobernador militar de Madrid, general Constantino Ortín, por la ETA. El Gobierno preparó un decreto ley antiterrorista que la izquierda quiso declarar anticonstitucional. Y las huelgas llegaron a paralizar la RENFE, el metal y la construcción, y casi a Madrid entero. Los sindicatos protestaban por el desempleo, al que contribuían con sus actos.

En vísperas de los comicios, muchas encuestas daban vencedor al PSOE, y González hizo su última salida en televisión en plan «presidencial», corrigiendo el anterior tono populista. Pero en el último momento, Suárez, con una sensacional intervención televisiva, desbordó a CD no por el centro, sino por la derecha, y acusó a los socialistas de marchar hacia el aborto libre, la eliminación de la enseñanza religiosa y una economía colectivista. La propaganda del PSOE había presentado una imagen moderada y casi paradisíaca. Pero Suárez habló con fundamento, incluso pudo haber ampliado su ataque atendiendo al programa e ideología socialistas. Se le acusó de movilizar el voto del miedo, y movilizó efectivamente a cientos de miles de electores contra el PSOE, a los cuales debió probablemente la victoria.

Los resultados electorales parecieron repetir los de 1977, pero hubo cambios muy relevantes. UCD mantuvo sus votos (6,2 millones, el 34,8%), pero ellos le dieron dos escaños más: ciento sesenta y ocho. El PSOE aumentó ligeramente (5,46 millones, 30,4%), con tres escaños más, ciento veintiuno.

Los resultados mejor y peor fueron, respectivamente, los del PCE y los de AP-CD. El primero subió en casi trescientos mil votos, hasta casi dos millones, un 10,77% y veintitrés diputados, cuatro más que en 1977; AP-CD, en cambio perdió quinientos mil electores, superando apenas el millón, un 6% del total y bajando de dieciséis diputados a nueve.

AP-CD resultó así la gran perdedora. Su centrismo le había perjudicado, pues la reacción final de Suárez demostró la existencia de una amplia opinión claramente derechista que, Fraga había perdido en gran parte con su giro político. Por otra parte, aunque entre UCD y CD volvían a lograr mayoría absoluta, no hubo posibilidad de acuerdo entre ambas.

La incidencia nacionalista se amplió por el inesperado éxito del Partido Andalucista, con cinco diputados. En cambio, la unión de Convergencia y de Unió en Cataluña mermaba su fuerza en vez de aumentarla, pues perdía doscientos mil votos y los trece diputados obtenidos entre los dos partidos en 1977, bajaba a solo ocho una vez juntos. Perdían así la mayoría en las dos provincias donde habían ganado dos años antes, pues Gerona pasaba al PSOE, y Lérida a UCD. En Tarragona, antes con mayoría de UCD, ganaba ahora el PSOE, así como en Barcelona. La separatista Esquerra bajaba de 144.000 a 123.000 votos y perdía su único diputado. Las Vascongadas daban un balance distinto. El PNV mantenía sus votos (296.000) pero retrocedía un escaño, mientras Euskadiko Ezkerra y la recién fundada Herri Batasuna, terminales políticas de las dos ETA, sumaban 260.000. En Vizcaya y Guipúzcoa dominaban los nacionalistas, en Álava UCD.

El mapa provincial recordaba al de 1977. El PSOE retenía su mayoría en cinco provincias andaluzas, Barcelona, Valencia y Alicante, y la ampliaba a Gerona, Tarragona, Murcia y, sobre todo, Madrid. Los nacionalistas retrocedieron mucho en Cataluña, pero avanzaron en Vizcaya y Guipúzcoa, aupados por el terrorismo, así como, sin este, en Andalucía.

Dato significativo de estas elecciones fue la abstención, que subió al 32%, desde poco más del 21% en 1977. El número de votantes permaneció casi igual, pero el censo electoral había crecido en más de tres millones, por la incorporación de los jóvenes entre dieciocho y veintiún años, entre quienes el abstencionismo fue muy elevado. Se hablaba de «pasotismo» entre la juventud, de «desencanto» y de cierto hastío hacia los políticos.

Las elecciones generales se completaron el 3 de abril con las municipales, de resultados un tanto distintos. Con abstención del 40%, UCD obtuvo casi treinta mil concejales, frente a poco más de doce mil el PSOE; pero este, mediante tratos con los comunistas, ganó muchas alcaldías, entre ellas las cruciales de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Málaga, y hasta el 70% de la población cayó así bajo el control inmediato de la izquierda. El PCE y CD sacaron respectivamente 3.600 y 2.400 respectivamente. En Vascongadas, el PNV y las terminales del terrorismo conseguían casi al 60% de los votos municipales, contra apenas un 24% entre el PSOE y UCD. El ambiente catalán difería: el PSOE rozaba el 27% de los votos, los comunistas el 20 y UCD el 13,5. Los nacionalistas no llegaban, entre todos, al 23%; pero allí y en Andalucía, sus pactos con la izquierda aislaron a UCD.

* * *

La voz de las urnas provocó una fuerte reacción en el PSOE, muy decepcionado tras sus ilusiones previas. Unos atribuían el fracaso a la imagen de moderación ofrecida, otros a la insuficiencia de tal imagen. González creía lo último, y expresó su disgusto proponiendo borrar el marxismo como identificación básica del partido, algo que también le exigían perentoriamente sus padrinos socialdemócratas alemanes. Durante años, él y Guerra habían empuñado el látigo contra la social-democracia hispana, y habían impuesto la declaración del PSOE como marxista en 1976, pero ahora, con la mayor naturalidad, cambiaban de tonada. En mayo, aprovechando el XXVIII congreso del partido, González propuso la relegación oficial de Marx.

El marxismo del PSOE había sido aún más esquemático y pobre que el del PCE, y pocos congresistas tenían de esa doctrina algo más que una idea muy sumaria, si bien compensada con fuerte adhesión emocional. Así, el cambio propuesto resultaba harto brusco y la mayoría lo rechazó indignada. El sector catalán distribuyó la consigna, de firmeza solo aparente, Som i serem marxistes. González contestó rehusando presentarse a la reelección como Secretario general. Fue un demoledor golpe de efecto. Todos sabían que debían sus éxitos electorales y sus cargos a la figura ultrapublicitada del líder y no a una doctrina que entendían a medias. Y supieron también que persistir en el marxismo les privaría de sustanciosos respaldos nacionales e internacionales. Los «críticos» a González no osaron presentar candidatura propia, y la opinión del Congreso cambió de pronto. En septiembre, un congreso extraordinario ratificó fervorosamente a González y su propuesta. Para contentar a todos —y demostrando de paso la inanidad doctrinal del partido—, el marxismo permaneció como «instrumento crítico y método de análisis». El cambio no estuvo exento de una picaresca típica, como cuando, se dice, Alfonso Guerra mantuvo a Tierno Galván encerrado en un ascensor, para evitar una intervención molesta. Entre tanto, un «comisión gestora» manejada por Guerra y González se había ocupado de limpiar de «críticos» los puestos de influencia.

La cuestión del marxismo en el PSOE es una de las de más calado histórico en la España del siglo XX, aunque la mayoría de los historiadores le han prestado mucha menos atención de la debida. El PSOE siempre se había considerado marxista, es decir, insistamos, adepto a la ideología más totalitaria del siglo XX, y no sin consecuencias. Por ella había atacado sin tregua al régimen liberal de la Restauración, justificado y practicado el terrorismo, organizado la huelga insurreccional de 1917, socavado la II República explotándola como un trampolín para imponer su dominio absoluto. Había planeado literalmente la guerra civil al perder las elecciones de 1933 e intentado desarrollarla en octubre de 1934; y luego, desde febrero de 1936, había destruido la legalidad republicana y creado un violento proceso revolucionario. Hoy, la documentación, testimonios y análisis crítico dejan muy pocas dudas al respecto.

Por tanto, la propuesta de González debía haber originado un debate y reflexión a fondo sobre el pasado. Pero solo hubo un duelo de palabrería, por otra parte reveladora. González arguyó que Marx «dijo cosas interesantes, pero también tonterías ¿O es que Marx era Dios?»; que quería retirar la declaración de marxismo «por fidelidad a don Carlos Marx», a quien así «rendía un homenaje» para «rescatarlo de la ignorancia y de la manipulación», del «doctrinarismo dogmático»; y aseguró que al propio Marx le habría complacido su propuesta. Las intervenciones contrarias no rayaron a mayor altura, insistiendo además en el derecho de autodeterminación para las regiones, que ellos llamaban naciones, en la autogestión, etc.: pura verbosidad hueca. Pero la ansiedad real de todos giraba en torno a las posibilidades electorales y los cargos derivados. Con desenvoltura, González declaró a los congresistas: «Nunca he sido un junco que mueve el viento en la dirección que sopla»; «No estoy en política por la política, estoy porque hay un imperativo ético». Con estas y parecidas frases despertó un entusiasmo frenético.

El abandono del leninismo por el PCE y del marxismo por el PSOE podrían suponer logros históricos de la reforma «de la ley a la ley», con renuncia a las doctrinas que habían orientado su violenta y totalitaria acción de antaño. Pero no existió propiamente tal renuncia, y no solo por la ausencia de análisis y debate, o porque el marxismo continuó como componente esencial de la ideología partidista, sino también porque no hubo sustitución por nuevas ideas. Permanecieron los viejos tics totalitarios, la distorsión brutal de la historia, unas aspiraciones rupturistas poco soterradas, los viejos modos de encarar la sociedad y la política. solo en pequeña medida podían considerarse aquellos abandonos oficiales como un verdadero éxito de la democracia[4].

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Al problema del marxismo se mezclaba en el PSOE la protesta de muchos dirigentes de segunda fila por la postergación que sufrían a manos de González y Guerra, a quienes acusaban de manejar el aparato partidista con caciquismo, corrupción y despotismo. En realidad ningún partido —aunque unos más que otros— tenía un funcionamiento interno democrático, contra lo exigido por la Constitución.

En cuanto a la UCD, el éxito electoral debió haber robustecido su cohesión interna al proporcionarle gran número de puestos políticos, lo cual creaba la necesaria red de intereses prácticos. Sin embargo, esta ventaja no generó los efectos previsibles. Suárez, siempre reacio a la luz y taquígrafos, rechazó el debate en las Cortes previo a su sesión de investidura. Se debatió después. La oposición le abroncó sañudamente, y el PSOE le recordó su pasado franquista, tan sensible para él: Suárez habría podido recordar el pasado del PSOE, pero probablemente lo ignoraba, y en cambio afirmó sentirse orgulloso de su carrera. Su liderazgo salió bastante malparado. Aun así, harto de los manejos de sus barones, se creyó lo bastante fuerte para dejar fuera del Gobierno a varios de los más ilustres, que incrementaron sus intrigas. Por otra parte, la negativa a pactar en los ayuntamientos privó a su partido de cientos de alcaldías. A pesar de su éxito electoral, el partido estaba más débil que antes.

También empeoró la situación interna del PCE, aun siendo el único partido que había aumentado sustancialmente en votos y alcanzado buenas posiciones municipales gracias a sus tratos con el PSOE. Carrillo había deseado acuerdos con la UCD, incluso un Gobierno de concentración, para disputar a los socialistas la hegemonía de la izquierda, pero tal esperanza se evaporó, dejándole en precario. Algunos le acusaban de liquidar las esencias partidistas, otros de excesiva complacencia con la burguesía, o reclamaban más democracia interna. Al revés que González, Carrillo no podía compensar en grado suficiente su retroceso ideológico con influencia social y puestos en el aparato estatal, por lo que su estrella palidecía, tras su protagonismo en la primera fase de la Transición.

Para AP-CD fue mucho peor: si en 1977 AP había logrado retener una parte no desdeñable de la derecha contra una UCD privilegiada por el dominio de la televisión y el respaldo regio, su giro al centro le había privado de un tercio de sus votantes. Fraga barajó dimitir y dejó varios de sus cargos, quedando como jefe de su pequeño grupo parlamentario. En los meses siguientes no hubo un análisis real de la experiencia, pero sí disgustos, vacilaciones e indefinición. Areilza, Senillosa y otros obraban a su aire, y el primero fue acusado de mantener contactos con la ETA. Muchos daban el partido por liquidado, pero a finales de año, en su tercer congreso, Alianza Popular reeligió a Fraga como secretario general, superándose momentáneamente la crisis.

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1979 fue el año de las autonomías vasca y catalana, las primeras. Los precedentes estaban en la II República, cuya Constitución preveía Estatutos para las regiones donde lo pidieran dos tercios del cuerpo electoral. solo Cataluña lo obtuvo, en 1932, tras una votación regional con fuerte pucherazo. Eliminada la república por el Frente Popular desde febrero del 36, se plebiscitó un Estatuto para Galicia, en junio de ese año, también con falseamiento de los votos, pero el estallido de la guerra impidió su entrada en vigor. El Estatuto vasco fue concedido ilegalmente por el Frente Popular, ya comenzada la guerra, a fin de atraerse al PNV Cuarenta y tres años después, UCD pensaba establecer Estatutos por así decir rápidos y de primera clase para Cataluña y Vascongadas, si acaso y con reticencias, también para Galicia; y de segunda clase y más lentos a otras regiones. Tal discriminación fue mirada como una desigualdad de derechos y engendró confusión y una competición entre políticos regionales, consiguiendo Andalucía otra autonomía «de primera». A la autonomía regional podía accederse por petición de mayoría simple del censo electoral en todas sus provincias, lo que no había de lograrse en Almería, pese a lo cual el Estatuto siguió adelante, vulnerando la ley.

La elaboración del Estatuto vasco, e indirectamente del catalán, transcurrió bajo la presión de un terrorismo más intenso que nunca, combinado con exigencias de un PNV que, presentándose como factor de contención frente a la ETA (y así lo aceptaba el Gobierno, algo ilusamente), buscaba rebasar la Constitución e imponer la idea de una soberanía vasca, competencias estatales, la omisión hasta del nombre de España, y la consideración del Estatuto como provisional, sin renuncia a «los derechos que puedan corresponder en virtud de su historia y de su voluntad de autogobierno», con puerta abierta a la secesión. El líder sabiniano Garaicoechea[a] interpretó públicamente el Estatuto como un paso a la «autodeterminación». El Gobierno suavizó sus pretensiones refiriendo la autonomía al «Estado español» (evitaba, de cualquier modo, la palabra «España», que nacionalistas e izquierda querían desterrar del vocabulario político), y adaptando la «actualización» de los llamados derechos históricos a «lo que establezca el ordenamiento jurídico», lo cual seguía allanando el camino a reivindicaciones sin fin. Para compensar estas débiles rectificaciones, el Gobierno otorgó competencias bastante más amplias que las del Estatuto del Frente Popular de 1936, más aún que las pedidas en principio por el PNV, incluyendo el privilegio de un concierto económico que fragmentaba la Hacienda pública. El Estatuto fue negociado en gran parte entre Suárez y Garaicoechea; los medios de masas «progresistas» jugaron fuerte a favor de los nacionalistas e, indirectamente, de la ETA, como por otra parte era tradicional.

El artículo 1 rezaba: «El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de su nacionalidad, para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica»; pero advertía que «La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia». Navarra quedaba admitida como posible integrante de la autonomía. Cabe recordar que la palabra «Euskadi», inventada por Sabino Arana distorsionando la lengua vasca (un dislate filológico, según Unamuno o, más recientemente, J. Juaristi), abarcaba las Vascongadas, Navarra, trozos de provincias limítrofes y varios departamentos del sur de Francia. Se aceptó como bandera autonómica la diseñada por el mismo Arana, una imitación colorista de la británica. El vascuence o eusquera se denominaba «lengua propia del Pueblo Vasco», extranjerizando al castellano, lengua materna de la gran mayoría de los vascos.

El Estatuto catalán fue elaborado en parte en el parador de Sau, del que recibió el nombre. El PSC-PSOE tuvo un peso determinante con posiciones muy próximas a las nacionalistas. Como en el caso vasco, se procuró obtener el máximo de atribuciones. Dentro del socialismo catalán existían tensiones entre el sector nacionalista y el obrerista, este último siempre alérgico al catalanismo político; pero una vez más predominaron en la dirección los líderes nacionalistas. El Estatuto empezaba: «En esta hora solemne en que Cataluña recupera su libertad, es preciso rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que han contribuido a hacerlo posible». No especificaba los personajes a homenajear, pero si por libertad se entendía la presente autonomía y las libertades políticas, estas procedían del franquismo, no de los nacionalistas y las izquierdas, cuyo Gobierno durante la guerra civil había sido una de las épocas más lúgubres y sangrientas de la historia catalana.

El Estatuto catalán mencionaba «los pueblos de España». Al igual que el vasco, definía a Cataluña como «nacionalidad» y al catalán como «lengua propia», dejando tácitamente al español común como foráneo, aun si cooficial (el castellano iría siendo postergado de la vida oficial). La competencia en educación, que los autores del Estatuto querían «exclusiva», quedó limitada por el Gobierno a «plena» (art. 15), lo que venía a ser lo mismo, dentro de la habitual inflación verbal. La cesión de la enseñanza por el Estado sería activamente utilizada por los nacionalistas para intentar formar una generación con mentalidad antiespañola, como ocurriría en las Vascongadas.

La preceptiva discusión de los estatutos en las Cortes apenas tuvo lugar, pues todos los grupos, exceptuando a AP, deseaban pasarlos con rapidez. Fraga comentará: «Cuando se pregunta a los ponentes catalanistas por expresiones como patrimonio científico o instancias y grados, reconocen que no saben lo que quiere decir, pero lo mantienen a rajatabla. Se confirma que ya está todo pactado y bien pactado»; «Era intolerable el ambiente de presión y prisas, en pleno verano, para forzar las cosas». Como había sucedido con la Constitución, los acuerdos funcionaron básicamente en tratos particulares entre políticos, fuera de la publicidad democrática[5].

Las dos autonomías fueron ratificadas en referéndum el 25 de octubre, y las dos mostraron tendencias similares. La abstención superó ligeramente el 40%, bastante más que en las elecciones generales de marzo, ya de por sí alta e indicio de un considerable desinterés público. De quienes votaron, dio el sí un 90% en Vascongadas y un 88% en Cataluña, lo que suponía una mayoría muy leve, entre el 53 y el 54% del cuerpo electoral en ambos casos. El referéndum autonómico gallego, el año siguiente, arrojaría datos mucho peores: la abstención rozó el 73%, con un aprobado de solo un 22% sobre el censo electoral; el andaluz, en 1981, fue algo mejor, sin salir de flojo: abstención de casi el 46%, y aprobación por algo menos del 50% del censo. Como en el caso de la Constitución, los resultados chocan más ante la apabullante propaganda proautonómica de todos los partidos algo influyentes.

Puede resaltarse del caso vasco el aumento del separatismo abierto, según las encuestas: muy bajo un año después de muerto Franco, se había duplicado hasta el 21%. Un 41% se declaraba autonomista, aunque el PNV miraba la autonomía como una etapa hacia la secesión. En Cataluña, solo el 10% se proclamaba secesionista frente a un 55% autonomista. En las elecciones autonómicas, la UCD, especialmente golpeada por el terrorismo, obtuvo solo el 8,5% de los votos en Vascongadas; en Cataluña procuraron aislarla los demás partidos y alcanzó un escuálido 11% de los votos[6].

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Durante 1979, el terrorismo superó ampliamente sus marcas anteriores. La ETA asesinó a ochenta y seis personas y el GRAPO a veintiuna (si se incluye el sospechoso incendio del hotel Corona de Aragón en julio de ese año, habría que añadir unos ochenta muertos más). Numerosos civiles, policías, militares, algunos políticos, perdieron la vida. La provocación al ejército era continua. Uno de los atentados acabó con la vida del teniente general Luis Gómez Ortigüela, de dos coroneles y de un soldado; asimismo, fueron asesinados el citado gobernador militar de Madrid y el juez del Tribunal Supremo. Uno de los «padres» de la Constitución, Gabriel Cisneros, escapó a la muerte de milagro, herido de gravedad; un diputado y dirigente de UCD, Javier Rupérez, fue secuestrado, aunque liberado tras difíciles negociaciones y el pago de rescate. La ETA procuraba destruir a la UCD en las Vascongadas matando a sus representantes. Durante el verano, varias bombas de la ETA estallaron en el aeropuerto de Barajas y en consignas de la estación ferroviaria de Atocha, en Madrid, causando muertos, y una bomba del GRAPO en la cafetería madrileña California mató a nueve personas e hirió o mutiló a más de cuarenta. Este último crimen recordaba al de la ETA en la cafetería Rolando, cinco años antes, por su estilo y porque sus autores trataron de achacar la matanza a la Policía o a la extrema derecha. En Cataluña, el terrorismo nacionalista de Terra Lliure actuaba sobre todo mediante bombas y sabotajes que producían daños materiales, heridos y un muerto. El Gobierno también practicaba o permitía una «guerra sucia» ocasional.

En Vizcaya y Guipúzcoa los terroristas daban la impresión de campar a sus anchas, secundados por una minoría considerable de la población y ante el miedo impotente de la mayoría. A través de sus partidos y asociaciones políticas, las dos ETA ejercían un extenso control social, consentido por el Gobierno. La complicidad política con los etarras venía de sus votantes directos, también de muchos votantes y políticos del PNV Estos últimos explotaban los crímenes para presionar al Gobierno en pro de nuevas concesiones. Gran parte del clero vasco, sin excluir a obispos como el de San Sebastián, José María Setién, apoyaban disimulada o abiertamente a los asesinos, y propinaban a las víctimas el último escarnio de funerales de tapadillo y entierro casi en secreto.

El talante de la izquierda emerge en la frase de Peces-Barba —un moderado, defensor de etarras en Burgos— ante el asesinato del periodista José María Portell: «Hasta aquí podíamos llegar, matar a un periodista». Las muertes de policías, militares o civiles conservadores apenas angustiaban a socialistas y comunistas. Los cuales, si bien estaban cada vez más exasperados por la «irracionalidad» de la ETA, se sentían a salvo de sus atentados, tendían a verlos como una especie de castigo al franquismo y mantenían, diluidas, las viejas complacencias proetarras. Con motivo de la matanza de la cafetería California, el mismo Peces-Barba propuso en las Cortes una «declaración institucional contra el terrorismo», replicando Fraga que «había pasado el tiempo de las meras declaraciones verbalistas». No obstante, tales declaraciones condenatorias persistirían como un vacuo ritual[7]. El Congreso prefería debatir lo menos posible sobre aquella plaga, aunque a veces ella motivara broncas de consideración.

La ETA, en tales condiciones, parecía invencible. En su impotencia y desorientación, los políticos abrieron la claudicante vía de la negociación con los terroristas bajo el lema de una «salida política» por encima de la policial. Abanderaban la idea los nacionalistas, la izquierda y el grupo de presión de El País: justificaban así el asesinato como forma de hacer política, negando de paso la pretensión oficial de no existir en España presos políticos. Las negociaciones desprestigiarían a la democracia, corroyendo el Estado de derecho, reforzando moral y políticamente a la ETA y estimulando a varios partidos a buscar beneficios indirectos de los atentados. Las negociaciones proseguirían año tras año, negadas públicamente por los Gobiernos, que así engañaban a los ciudadanos, y sacadas a veces a la luz por los propios etarras, para desacreditar aún más a la democracia. El terrorismo, o más propiamente la actitud de los partidos hacia él, minó profundamente y desde el principio el régimen de libertades, pese a lo cual casi ninguna historia de la época le da el relieve debido.

Por todo ello crecía la tensión en medios militares. El Gobierno procuraba atraérselos satisfaciendo necesidades básicas como subirles el sueldo en un 21% en 1978, para equipararlos con los funcionarios civiles (contra el tópico, los sueldos militares bajo el franquismo eran bajos) y otras mejoras, aumentando los altos mandos (hasta la cifra desproporcionada de 360 generales en 1979). Simultáneamente cubría los puestos clave con los mandos más identificados con la Corona y el Gobierno, a veces de forma poco reglamentaria. Fraga constataba la «desmoralización de militares y policías», y menciona una «reunión con un grupo de militares jóvenes: hablan de un auténtico desmantelamiento de los servicios de seguridad del Estado, para complacer a la izquierda; hablan sin recato de la gran traición de Gutiérrez Mellado». La izquierda, en efecto, persistía en actitudes como las de Solé Tura, Trías Fargas o Sodupe, reseñadas por Silva Muñoz, y tendía a ver como enemiga a la Policía «franquista», acusación a la que la UCD resultaba especialmente sensible[8].

La Iglesia, gobernada ahora por Juan Pablo II, iniciaba un giro, aún leve, a su política anterior, y presionaba en materia educativa y financiera. El PCE repudiaba sus demandas, y el PSOE sobre todo a las educativas, pues aspiraba a orientar totalmente la enseñanza según sus postulados partidistas. Argüían que el Estado no tenía por qué subvencionar la enseñanza religiosa, obviando que «Estado» significaba ahí el partido en el poder. El nuevo Papa no encontró satisfactorias las concesiones hechas por Tarancón y el nuncio Dadaglio —pronto relevado—, y los obispos insistieron en el derecho de los padres a decidir la educación de los hijos, en la necesidad de que la enseñanza pública incluyese la religión si lo pedían los padres, en la obligación del Estado de subsidiar los centros religiosos concertados y en el derecho de los ciudadanos a derivar a la Iglesia, si así lo deseaban, una parte del Impuesto sobre la renta. La experiencia demostraría que los colegios religiosos concertados ofrecían mejor enseñanza a menor coste que los públicos, y que la labor asistencial de la Iglesia daba también mejores resultados con mucho menos gasto. La izquierda olvidaba que parte de la ayuda a la Iglesia constituía una compensación por las desamortizaciones del siglo XIX, que habían expropiado sin indemnización cuantiosos bienes eclesiásticos. También olvidaba el auténtico genocidio contra la Iglesia perpetrado por el Frente Popular durante la guerra civil.

A tantas dificultades se sumaba la segunda crisis del petróleo, originada por los movimientos integristas en Irán y el derrocamiento del régimen prooccidental del Sha. La brutal subida del precio del crudo agravó la crisis mundial, que repercutió en España con un estancamiento o leve retroceso del PIB que rompió la tímida mejora de 1978 (cuando había aumentado un 1,8%) y una subida del desempleo hasta entre 1,24 millones de afectados, cifra que pocos años antes se habría estimado como catastrófica. Solo consiguió frenarse la inflación, hasta un 14%, de todas formas muy por encima de la media europea. Hasta 1985, España sufriría un estancamiento económico, mientras los países de la CEE prosperaban, aun si a bajo ritmo, de modo que la renta per cápita española, bajaba del 80% de la media de la CEE alcanzado en el franquismo, al 72% en 1979. El gasto público crecía, en gran medida por el coste de la Seguridad Social, expandiendo el Estado a costa de la sociedad, con un aumento del funcionariado ya sin marcha atrás. Los intentos de afrontar la situación mediante un Acuerdo Nacional de Empleo en 1981 darían pocos frutos[9]. Relacionados con ello, seguían subiendo la mendicidad y la delincuencia, en las cárceles continuaban los desórdenes y salían a la luz escándalos financieros, sobre todo en Cataluña.

Las huelgas, que habían disminuido algo en 1978, repuntaron hasta los veinte millones de jornadas perdidas, sin precedentes desde 1936 (la cifra viene a ser una media entre los datos ofrecidos por el sindicato patronal CEOE y las del Ministerio de Trabajo). Al revés que en el caso del PCE, el sindicato comunista CC.OO. siguió predominando sobre el socialista UGT, aunque este avanzaba con rapidez y en 1980 casi igualaría su rival. Pero el entusiasmo inicial por los nuevos sindicatos se aguó pronto. Apenas un 40% de los asalariados se afilió a ellos, y la gran mayoría dejó de pagar cuota o de realizar cualquier labor sindicalista, con lo que su militancia no pasaba de nominal; y muchos se daban de baja. Podría parecer que los sindicatos sufrían un rápido declive, pero persistió el poder de las burocracias sindicales, manifiesta en su capacidad para convocar huelgas y manifestaciones, por lo común de signo republicano o «rojo», y para negociar convenios. Esa influencia nacía de dos auténticos privilegios: las empresas mantenían a «liberados sindicales» que se ocupaban de las reclamaciones, negociaciones y contratos; y de los piquetes supuestamente informativos, pero en realidad coactivos. Además recibían subvenciones públicas que no necesitaban justificar: se esperaba que esos privilegios frenaran actitudes levantiscas.

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Circunstancias tales, de terrorismo rampante, paro masivo y desencanto creciente, debieran haber abonado el auge de los radicalismos, fueran de izquierda o de derecha; y sin embargo apenas sucedió tal cosa, excepto, como siempre, en Vizcaya y Guipúzcoa. El activismo sindical nunca saltó sobre ciertos valladares políticos, y el PSOE y el PCE, aun con su marxismo o sucedáneo, no explotaron las posibilidades revolucionarias que parecía ofrecer la situación. Las causas de esta inhibición fueron probablemente dos: la constatación de que la opinión pública seguía siendo moderada y poco interesada en utopías; y un temor, de nuevo saludable, al ejército. Como hemos observado, la leyenda de un ejército tentado al golpe o de una transición bajo tutela militar, no responde a la realidad. La escasa vocación golpista de los generales había quedado bien demostrada, así como su capacidad para encajar agravios o desaires de los políticos. Les soliviantaba, en cambio, el terrorismo y las actitudes ante él, así como las campañas de descrédito hacia el pasado franquista y la milicia. Los políticos percibían las fuertes tensiones en el seno de las fuerzas armadas, de desenlace difícil de prever, y ello les impedía, a su vez, traspasar algunos límites razonables.

A su vez, la extrema derecha trataba de explotar la difícil situación, sin conseguir éxitos reseñables. Al igual que la izquierda, pero con otra orientación, era antiliberal e incluso antimonárquica, al sentirse traicionada por el Rey; y aunque mucha gente podía aceptar sus denuncias, bastante menos deseaba sus remedios. Sus violencias, muy inferiores a las izquierdistas, causaban no obstante mayor rechazo social, y no solo se le oponía la izquierda, sino también la derecha y el centro, con sus poderosos medios de masas. Y aún les aislaba más su carácter antidemocrático. El referéndum de 1976 había mostrado una decisiva opinión pública prodemocrática, tendencia que apenas había flaqueado pese al extendido hartazgo por la política partidista. La antigua opinión franquista se había fragmentado; pese a las campañas de descrédito contra el régimen anterior, este seguía siendo mirado mayoritariamente con respeto; pero como un pasado sin vuelta atrás. Según las encuestas, el apoyo a la democracia, aun si no muy ferviente, osciló entre el 70 y el 80%, mientras que la opinión antidemocrática nunca superó el 20%. Los partidos de izquierda y la UCD, cualquiera fuese su sinceridad democrática, daban una imagen mucho más afín a la tendencia popular. El antiguo búnker, nostálgico del pasado, fue incapaz de elaborar una alternativa creíble. Su incitación al golpe militar y sus consignas como «¡Ejército al poder!», revelaban su inanidad política y su falta de realismo, ya que la mayor parte del ejército no estaba, visiblemente, por la labor[10].

En las relaciones exteriores, los asuntos principales siguieron siendo la entrada en la CEE y en la OTAN. La primera pretensión recibió un rudo golpe por la oposición de Giscard d’Estaing, que ante se había declarado favorable, y que mantenía en Francia el santuario etarra. En cuanto a la OTAN, la opinión favorable a ella había bajado desde un 57% en 1975 a solo un el 28% en 1979. La causa de ese descenso podría encontrarse en la inercia del período franquista, sumada a activas campañas por parte de la izquierda. El propio Suárez mostraba poco interés en la integración. Por el contrario, el ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, creyó buena la ocasión para presionar, a cambio, en pro de la entrada en la CEE y de la devolución de la soberanía de Gibraltar, y así lo declaró en 1980. Topó con el rechazo frontal de la izquierda, y Suárez mismo lo sustituyó pronto en el cargo por Pérez Llorca[11].

Suárez mostró más actividad hacia Hispanoamérica y los países árabes, como había hecho el franquismo, pero con tono diferente, prototalitario. Realizó gestos como la visita al dictador comunista Fidel Castro en 1978 o, en 1979, la participación de España como observadora en la Cumbre de La Habana de Países No Alineados. El mismo año invitó a Madrid a Yaser Arafat, líder de la OLP, que practicaba el terrorismo a gran escala y tenía vínculos con la ETA. Arafat acudió junto al Presidente español pistola al cinto, dice Fraga. Esa confusa política ganaría a Suárez un dudoso prestigio.

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Internacionalmente, 1979 fue un año de bastantes sorpresas. En enero, el régimen comunista camboyano de Pol Pot era derrocado por el también comunista de Vietnam, y en febrero China roja invadía a su vez a Vietnam, el símbolo mundial de la lucha y triunfo comunista frente al «imperialismo yanqui». Pero en julio los comunistoides sandinistas derrocaban en Nicaragua al dictador prouseño Anastasio Somoza, y en diciembre tropas soviéticas invadían Afganistán para consolidar el tambaleante régimen procomunista. En respuesta, USA apoyaría la resistencia, que terminaría expulsando a los soviéticos diez años después, derivando a un régimen integrista talibán en 1996.

Occidente recibía un nuevo golpe y mucho más fuerte en Irán, con el triunfo de los integristas chiíes dirigidos por el ayatolá Jomeini. El Sha, abandonado por Washington, se exilió, en enero, y siguió en el país una oleada de ejecuciones y asesinatos de sus funcionarios, mientras cobraba intensidad la segunda crisis del petróleo. En noviembre, los estudiantes islámicos asaltaban la embajada useña en Teherán y tomaban como rehenes a sus funcionarios y empleados, dando inicio a una larga crisis de la que saldría muy lastimado el prestigio useño, bajo la presidencia de Jimmy Carter. Poco después, un grupo de integristas ocupaba la Gran Mezquita de La Meca, haciendo seis mil rehenes. Intervinieron tropas francesas en ayuda del Gobierno y hubo doscientos cincuenta muertos y seiscientos heridos. En julio, Sadam Husein llegó al poder en Irak, y pronto guerrearía contra Irán.

Las acciones del IRA subieron de nivel en Irlanda, con golpes como el asesinato de Lord Mountbatten —héroe nacional inglés, emparentado con la familia real— y de cuatro personas más; o una emboscada a un convoy británico, matando a dieciocho soldados. El terrorismo alemán, a su turno, estuvo a punto de matar al comandante supremo de la OTAN, Alexander Haig, hiriendo de gravedad a tres de sus escoltas.

En el Sáhara exespañol, el Frente POLISARIO doblegó en agosto a Mauritania, tras llevarla a la quiebra económica pese a la ayuda de Marruecos y Francia. El POLISARIO recibió la parte del Sáhara adjudicada a Mauritania, pero Marruecos la ocupó enseguida, realizando ataques de exterminio contra la población.

En un plano más pacífico, la líder conservadora Margaret Thatcher ganó en mayo las elecciones británicas e inauguró una época más liberal, que eliminaría rémoras de la etapa laborista. En Oriente Próximo, el egipcio Sadat y el israelí Beguin firmaron en marzo un tratado de paz, produciéndose poco después la visita oficial del primer ministro israelí a El Cairo: un paso en la consolidación de la paz en Oriente Próximo, que no se ampliaría. En septiembre, tropas francesas derribaban al «emperador» centroafricano Bokassa, autor de matanzas de civiles y una de cien niños, y antes protegido de Giscard. El dirigente useño Carter y el soviético Leónid Bréshnief firmaban en junio el acuerdo SALT II, destinado a frenar la carrera armamentista y limitar las armas atómicas. La carrera espacial proseguía, con éxitos sobre todo useños. Dos semanas antes, el Papa Juan Pablo II visitaba Polonia, un viaje trascendental porque dio lugar a un movimiento popular anticomunista que tendría el mayor efecto sobre el derrumbe del sistema comunista en Europa, aunque para ello faltaban todavía diez años.

El activismo homosexual useño realizó en octubre una masiva marcha reivindicativa. El mismo mes moría asesinado el Presidente de Corea del Sur, Park Chung-hee.

Fue un año de graves catástrofes petrolíferas en el Golfo de Méjico, con los mayores vertidos de petróleo de la historia. En USA ocurrió una fuga radiactiva en la central nuclear de Three Mile Island, que fue controlado y ocasionó pocos daños, pero sembró la alarma contra ese tipo de centrales. Otro accidente en un laboratorio de guerra biológica en la URSS mató oficialmente a más de medio centenar de personas. Peor pudo resultar una falsa alarma de ataque nuclear soviético, que pudo ser corregida antes de provocar una respuesta del mismo tipo.

Capítulo XVIII

UNA SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN

En los diez años aquí establecidos para la Transición no solo hubo cambios políticos. Poco tratado por las historias de la época y de la etapa socialista ha sido el cambio de actitudes sociales y costumbres hasta extremos antes impensables; bastantes de ellas no muy satisfactorias en cuanto a salud social o calidad de vida. Tendría gran interés un estudio a fondo de tales fenómenos, de los que aquí expondré algunos rasgos.

Ocurrió sobre todo, y con rapidez, entre los jóvenes, ampliándose pronto a otras edades. Bajo el franquismo, los jóvenes mostraban poco interés por la política, absorbidos más bien por el trabajo o las expectativas de empleo, el noviazgo y la familia, la diversión, etc. Existía una minoría, sobre todo universitaria y también obrera, intelectualmente inquieta y ávida lectora, en particular de literatura marxista, a veces anarquista, influenciada por las corrientes de izquierda francesas y menos por la contracultura y movimientos anti Vietnam useños. Otra minoría de profesores usaba las cátedras para difundir ideas progresistas. Índice de ello fue la popularidad, en esos medios, de Tuñón de Lara, historiador comunista, desde su La España del siglo XX, publicada en 1965, seguida por otras del mismo estilo sobre metodología histórica (obviamente marxista) o el movimiento obrero. Tuñón había ganado prestigio a partir de seminarios en la universidad de Toulouse, donde formaba discípulos que llegarían a dominar bastantes departamentos universitarios de historia en España, precisamente los más activos y de aire innovador. Se leía a Marx, Engels, Marcuse, etc., que circulaban legalmente, y había editoriales como Ciencia Nueva dedicadas a publicar libros de ideología marxista. Muy influyente entre el sector universitario más inquieto era la revista Triunfo, activa difusora de tendencias izquierdistas y antitradicionales, y claramente procomunista. En muchas facetas, su papel sería heredado por El País.

Después de Franco, muchos jóvenes y adultos se apuntaron a un antifranquismo imaginario, inventándose biografías y sucesos. El izquierdismo sufrió una bajada en su nivel intelectual y fervor, imponiéndose el estilo progresista o progre. Pero pronto las modas juveniles más llamativas derivaron hacia el «pasotismo», jactancioso de «pasar de todo», empezando por la política, con ostentación de frivolidad y una especie de anarquismo algo infantil, en reacción incrédula y despectiva hacia ideas que tanto habían motivado a parte de la generación joven anterior.

Paradigma del nuevo clima juvenil fue la «movida madrileña», cuyas conductas y gustos irradiarían a todo el país. La movida (palabra algo torpe, de significado difuso) giraba en torno a una música de calidad mediana o baja, canciones de letra simple, a menudo referida de modo banal al sexo o la droga. Su valor intelectual fue insignificante, si bien con algunas pretensiones, a nivel de tebeos o cómics, fanzines, etc. Se pusieron en boga estilos macarras o chelis de vocabulario pobre, emocional, sobrecargado de palabrotas, y de jerga carcelaria. Se multiplicaron los bares con un nivel de decibelios que impedía conversar (y que causaría problemas auditivos a muchos de sus parroquianos), así como los recitales o conciertos, donde la droga era de rigor. Barrios enteros, con frecuencia los más bellos y antiguos de muchas ciudades, fueron ocupados por las «movidas» para trasnochar, despreciando al vecindario con un estruendo que impedía el descanso de los trabajadores. Siempre se había trasnochado en España más que al norte de los Pirineos, pero antes los ruidos cesaban hacia medianoche. Ahora, los trasnochadores dominaban la calle y la Policía apenas actuaba, como no lo hacía frente a otras muchas conductas semidelictivas. La tendencia cuajaría años después en el botellón, reuniones nocturnas de masas de adolescentes y jóvenes con abundante ingesta de alcohol y estupefacientes.

El cambio resultaba tanto más notable cuanto que en el franquismo la juventud mostraba poca inclinación, más bien desprecio, por la droga, mirada como signo de degradación, y que circulaba en círculos restringidos, y aun así no solía pasar de drogas «blandas». El consumo de alcohol tampoco era excesivo, y si se llegaba bastantes veces a la embriaguez, casi nunca se bebía con ese objeto, como más tarde ocurriría. Aquellas actitudes tienen más interés porque a España afluían entonces masas de turistas, y gran número de españoles, como emigrantes o por turismo, habían trabado contacto con culturas juveniles que solían incluir el consumo deliberado de sustancias alucinógenas. En ese terreno, España había permanecido bastante «diferente», según el lema turístico.

Hubo a partir de 1978 una explosión del consumo de drogas «duras», en particular la heroína, que afectó en alguna proporción a todas las capas sociales y profesiones. Cambiarían las modas, pero no la tendencia, y España llegaría a convertirse en uno de los mayores consumidores de cocaína de Europa. A su vez, la droga originaba negocios: cientos de locales de tratamiento para toxicómanos, caros y subvencionados, costosas campañas de «prevención e información» de escaso éxito, y que a veces estimulaban involuntariamente el consumo; especialidades médicas, etc.: casi una nueva rama económica. Hacia finales de los años setenta, las víctimas de las drogas (fallecimientos, jóvenes con el cerebro dañado u otras taras) ascendían a millares, y seguirían creciendo.

La droga «blanda» y «dura», junto con el alcoholismo, se convirtió, por fin, en una presencia «normal» del panorama social español, saltando del nivel quizá más bajo de Europa al más alto, un hecho difícil de explicar. El consumo de estupefacientes parece obedecer a una búsqueda de excitación o de placer, o escape a una vida real sentida como anodina o desagradable; puede manifestar un hedonismo pedestre ligado a la desconfianza, decepción o desafío hacia los valores convencionales o religiosos, con un componente autodestructivo. Se ha achacado a la crisis económica, con sus efectos de paro y malas perspectivas profesionales, pero aquejaba también a personas ricas o desahogadas, y siguió en alza al irse recuperando la economía. ¿Guarda relación con los cambios políticos? Algunos partidos, como el PSOE y los anarquistas, estimularon el uso de drogas como una forma de diversión juvenil, inofensiva o liberadora, con un tinte de protesta contra una sociedad «pacata» o «injusta». Con ese marchamo se había propagado en los años sesenta por USA y Europa del Oeste. En España iba a adoptar también una aureola por así decir «antifranquista», como la pornografía y otras modas. Y las mafias traficantes hallaron de pronto en España un terreno propicio, por el ambiente de permisividad fomentado por los políticos.

Otro factor de difusión de la droga fueron los ambientes ligados a la prostitución, la cual también registró un veloz crecimiento, difícil de cuantificar pero obvio por su presencia en la calle y por la aparición de formas antes raras, como la prostitución masculina o el travestismo en vías públicas. La prensa de aire serio se apuntó enseguida al negocio mediante anuncios llamados «de contactos», comenzados por El País. Se presentaba todo ello con calificativos alentadores, como manifestación de un espíritu más individual, más libre, desinhibido o transgresor. Una mujer dada al sexo fácil pasó considerarse «liberada», mientras que, a partir del feminismo, la mujer dedicada a atender el hogar y la educación de la prole recibía menosprecio y burla casi generalizados. La prensa y el cine pornográfico hacían su agosto en todas las estaciones. Algunos lo explicaban como un sarampión pasajero por la «represión franquista», pero no tuvo nada de pasajero.

Como ya vimos, durante esos años crecieron con rapidez la mendicidad y la delincuencia, ambas ligadas a la crisis económica, pero, por lo que se refiere a la segunda, más aún a otros factores, pues pocos parados delinquían, y no todos los delincuentes sentían apego al trabajo. Muchos delitos estaban conectados directamente con la droga, y más aún con un clima de impunidad. Las leyes eran poco aplicadas y las víctimas a menudo desatendidas (en un grado escandaloso las víctimas del terrorismo), los jueces solían soltar enseguida a muchos detenidos por delitos menores, y el auge de la delincuencia desbordaba a los juzgados, haciendo más lenta la justicia. De modo simultáneo, la inseguridad ciudadana originó, como en el caso de la droga, un floreciente negocio, antes casi inexistente: puertas y furgones blindados, alarmas, guardias de seguridad y detectives, etc. Se hizo habitual en las grandes ciudades el sonido de las sirenas policiales y de las alarmas.

Al principio, el aumento de la población reclusa fue escaso, incluso disminuyó, debido a los 5. 000 indultados de 1975, y hasta 1975 no volvió a acercarse a los niveles —muy bajos— del franquismo, con 13.600 presos. Ello podría indicar un descenso real de los delitos, pese a la impresión contraria de los ciudadanos (no pocas veces ocurre que una impresión difundida entre la gente no corresponde a los hechos). Pero no era así: ocurría más bien el fenómeno arriba señalado, de permisividad e impunidad de numerosos delitos por parte de las autoridades. Pese a que la lenidad oficial persistió en gran medida, las cárceles volvieron a llenarse pronto y fue preciso construir muchas más, pues su población no dejaría de aumentar, casi duplicando la del franquismo en 1981, y acercándose en progresión constante a los ochenta mil en 2010, cinco veces más que en 1975, y a pesar de que las leyes se hicieron más laxas y menos aplicadas[1].

Otro índice negativo de salud social se dio en la estabilidad familiar. Al aprobarse en 1981 el divorcio —sin necesidad de apostatar—, su promotor Fernández Ordóñez hablaba de cientos de miles de parejas ansiosas por divorciarse. Sin embargo, las peticiones fueron relativamente escasas, 9.500 el primer año, luego en ligero aumento con un promedio de 18.000 hasta 1987, según datos del INE. Después crecerían a fuerte ritmo. La ley del divorcio fue vista, acertadamente, como un avance democrático, pero llegó envuelta en una peculiar imagen del divorcio mismo como algo inocuo, cuando no positivo o indicio de progreso social. Las cifras muestran un empeoramiento constante de la crisis familiar, con serios daños psicológicos y educativos, de especial incidencia sobre los niños. Se multiplicaron las familias monoparentales, seguramente no las más adecuadas, y antes muy poco frecuentes. El creciente fracaso matrimonial guarda relación cierta con la expansión de la droga, la delincuencia juvenil y el fracaso escolar.

Consecuencia de una «inversión de valores» muy preconizada en medios políticos y de prensa, fue asimismo el incremento de abortos, defendidos por los lobbies feministas bajo el supuesto de que el embrión y el feto vienen a ser excrecencias del cuerpo femenino, sin carácter humano. Hasta 1985 el aborto, al estar penalizado, se practicaba ocultamente o yendo a Inglaterra, donde constituía un boyante negocio. Considerado el feto una mera acumulación de células, sin que la intervención del padre tenga relevancia —tesis feminista—, el aborto equivaldría a la extirpación de un tumor. En cambio, valorado como el inicio de una vida humana, recuerda demasiado a un asesinato, por lo que se estaría construyendo una sociedad criminal. También anticonstitucional.

La tasa de suicidios, tradicionalmente baja en España, había ido disminuyendo bajo el franquismo. Durante la Transición permaneció en la franja inferior de los países europeos, y empezó a crecer, moderadamente, a partir de 1980. El suicidio es difícil de analizar sociológicamente, pero quizá podría revelar una ansiedad e infelicidad más amplias, así como el número de las muertes por hambre indica la amplitud social de esta, o el de homicidios en familias permite calcular la extensión del maltrato doméstico. Durante la Transición aumentaron también los trastornos nerviosos y mentales.

Dato importante de la época fue la salida de una nueva prensa muy influyente —aun sin desplazar a diarios tradicionales como ABC o La Vanguardia— y el declive de revistas tan representativas de la época anterior como Triunfo, Cuadernos para el diálogo o Destino, las dos primeras de tinte marcadamente procomunista. El semanario Cambio 16, fundado en 1971, no promarxista pero agudamente crítico hacia el franquismo, se completó en el otoño de 1976 con Diario 16, de notable influencia política. Pero las dos publicaciones más emblemáticas fueron sin duda El País e Interviú, abanderados mayores de la nueva cultura progresista en dos planos diferentes, El País dirigido a un público de cultura media-alta, e Interviú más popular: llegó a tirar la cifra mítica de un millón de ejemplares, nunca vista en la prensa española.

Interviú cultivaba una mezcla de reportajes sensacionalistas o macabros —a veces con primicias de verdadero interés—, con la exhibición de desnudos femeninos, un poco en la onda de un Playboy más rústico, por así decirlo. Con fondo de izquierdas, propició el descrédito del franquismo mediante, por ejemplo, informes fantasiosos sobre la represión de la guerra y la posguerra, como los de la Sima Jinámar, de Gran Canaria, donde los «fascistas» habrían arrojado a cientos de «demócratas», hasta treinta mil según versiones (explorada la sima se dijo haber visto restos de entre trece y veinte personas, sin acreditarse las causas reales de su caída[a].

Sobre la línea de El País ya hemos visto algunas muestras. Pronto se configuró como una ambiciosa empresa mediático-cultural, aspirante a fundar el núcleo irradiante de una nueva cultura autodefinida como progresista y radicalmente antifranquista. El diario alcanzó una alta calidad técnica y estilo informativo aparentemente ponderado. Al modo de los liberals useños se mostraba comprensivo hacia movimientos radicales o revolucionarios extranjeros (desde el integrismo iraní o el sandinismo hasta Sendero Luminoso) que no admitiría en su propio país, con la diferencia de que hacía algo parecido dentro de España, propugnando la «solución política» para el terrorismo etarra, del que solía dar una imagen complaciente. Recogió bastante de la herencia de la revista Triunfo, si bien con orientación más socialdemócrata. De hecho, se convirtió en órgano oficioso del PSOE, cuya corrupción intentó dejar semioculta, motejando de «sindicato del crimen» a los periodistas demócratas que la sacaban a la luz.

Lo irónico es que tanto los dueños de la empresa de El País (PRISA, de Jesús Polanco) como los de Interviú (Zeta, de Antonio Asensio), eran claramente de derecha, y en el primer caso procedían directamente del franquismo. El encumbrado director del diario, Juan Luis Cebrián —cuyo padre, falangista, había dirigido el órgano de Falange Arriba— había prosperado en la prensa del régimen (diario Pueblo, de los sindicatos verticales, e Informaciones) y como director de los informativos de la televisión oficial en 1974, bajo el Gobierno de Arias. A su vez, el propietario del grupo, Jesús Polanco, había iniciado su fortuna en estrecha relación con el ministerio franquista de Educación, valiéndose, según sus críticos, de información privilegiada. Así, tanto Polanco como Cebrián se habían nutrido a las ubres de la administración franquista, pese a lo cual se volvieron oportunamente izquierdistas y, con audacia y fortuna, se erigieron en dispensadores de títulos de democracia. El País surgió en parte del designio de Fraga Iribarne de crear un gran portavoz de la reforma democratizante. Cebrián le hizo creer que estaría a su servicio, lo que le ayudó a ser nombrado director, para luego dar al periódico un giro bien distinto del planeado.

En la cultura, ni El País ni ningún otro intento de foco intelectual escaló altas cimas. España conserva una tradición cultural importante, pero las expectativas de remozarla no se cumplieron. Se contaba que muchos escritores guardaban obras maestras en sus cajones, impublicables a causa de la censura franquista; pero cuando este régimen se acabó, las obras no aparecieron. Los principales escritores siguieron siendo los de la etapa de Franco (Cela, Delibes, Buero, Laín, Torrente, etc.), sin que llegaran a encontrar relevo de la misma altura. El nivel de la literatura, el pensamiento, el ensayo, la música, el cine o la historiografía, descendieron de modo catastrófico; y pronto lo «políticamente correcto» ahogó el sentido crítico e impuso convenciones triviales o falsificaciones groseras, en tanto que la alta cultura tendía a satelizarse, incluso en el idioma, al poderoso impulso useño, que va desplazando la lengua española de territorios de la creatividad cultural. solo en ciencia, poco a poco y de forma acumulativa, mejoraría el nivel hacia finales del siglo, aunque cada vez más en inglés.

Este panorama, que sobrepasa la época estricta de la Transición para extenderse hasta hoy, debe contrastarse con otros índices, especialmente económicos: la renta per cápita, una vez superada la crisis económica a partir de 1985, crecería a un ritmo inferior al de los últimos quince años del franquismo, pero de forma acumulativa, lo que se tradujo, hasta hace pocos años, en un aumento en algunos casos espectacular del consumo y de la propiedad (automóviles, casas, segundas residencias, etc.). La población universitaria experimentó una fuerte expansión cuantitativa, mucho menos en calidad de enseñanza, proveyendo al país de gran número de técnicos y personas preparadas en muy diversos terrenos. Apareció y se extendió también el ordenador personal, una verdadera revolución económica, tecnológica y en algunas costumbres. Las infraestructuras de comunicaciones mejoraron extraordinariamente. La incorporación femenina al trabajo fuera de casa y a la enseñanza superior aumentó asimismo a buen ritmo, y lo hizo también la esperanza de vida al nacer. Y así otros muchos indicadores de riqueza.

Cabe señalar una diferencia esencial entre estas dos series de datos: los negativos referidos a la salud social y la cultura han supuesto una verdadera ruptura con el franquismo en cuanto a normas y valores morales. Por el contrario, los positivos referidos al consumo, propiedad, infraestructuras, renta per cápita, etc., proceden directamente de la base económica y social creada por el régimen anterior: capa empresarial, técnica, de trabajadores especializados y apertura a los mercados exteriores. Aun así, el nivel de convergencia de España con la media de países ricos de Europa, que alcanzaba casi el 80% el año del fallecimiento de Franco, no volvió a recuperarse hasta finales de siglo, y con una economía mucho menos «sana» (por ejemplo, los presupuestos en los últimos años del franquismo se liquidaron con superávit, mientras que el déficit llegaría en 1993 al 7,5% del PIB (4,5 billones de pesetas), la deuda pública pasó en los mismos años del 12,8% del PIB al 70%: en veinte años, la deuda nominal se multiplicó ¡por 37![2]

Capítulo XIX

SEIS DESTINOS POLÍTICOS:

FRAGA, TORCUATO, SUÁREZ,

GONZÁLEZ, CARRILLO Y JUAN CARLOS

Como colofón, creo que tiene el mayor interés recordar, aunque sea escuetamente, el destino posterior de los más cualificados protagonistas de la Transición.

Manuel Fraga Iribarne era en 1976 probablemente el político más preparado y brillante, pero su estrella se apagó un tanto, una vez que el Rey y Torcuato lo descartaron para dirigir la Transición. Consiguió, con ímprobos esfuerzos, fundar AP y luego superar la crisis del partido, soportando la actuación indisciplinada de personajes poco representativos y por los que había apostado, como Areilza o Senillosa. Él era la verdadera y casi única fuerza que tiraba del carro de AP-CD, y nunca tuvo buen ojo para elegir a sus colaboradores. Tras pagar el error de su apuesta centrista, en 1979, afrontó con entereza una quiebra de su partido que pudo acabar en desintegración. Siempre había estado dispuesto a la alianza con UCD, cediendo a esta el primer plano, si ello ayudaba a consolidar a la derecha frente al PSOE, pero finalmente optó por marchar solo, ante la negativa de Leopoldo Calvo-Sotelo a formar una coalición. Y en 1982 ganó el premio a su constancia, cuando este se hundió con la UCD, y el CDS de Suárez no atrajo a los electores, en tanto que afluyó a AP la mayor parte del sufragio derechista antes usufructuado por Suárez: saltó de un millón a más de cinco millones y medio de votos, superando los del PSOE en 1979: el mayor avance proporcional registrado en la España democrática. Fraga tuvo entonces sobradas razones para felicitarse, pero de ningún modo fue un éxito decisivo, pues no alcanzaba los 6,3 millones de UCD en 1979, y quedaba a enorme distancia de los 10,1 millones obtenidos por el PSOE en 1982. En las anteriores elecciones la derecha (UCD más AP), había obtenido 7,3 millones, y en 1982 había pasado a 7,6 (AP, UCD y CDS).

Así, después de la reforma, a Fraga se le presentaba el dilema bien de consolidar una opción clara de derechas o bien de buscar los votos hacia la izquierda; optó por lo segundo y cosechó el gran descalabro de 1979. No obstante, continuó en la misma postura, y su relativo éxito de 1982 se debió, ante todo, al hundimiento de UCD, que dejó a la derecha sociológica sin otra alternativa. Suárez había colaborado con la izquierda a colgarle el sambenito de franquista, y él había intentado sacudírselo para disputarle el terreno de centro, tal como Suárez pensaba vanamente disputar el de izquierda al PSOE. Estas maniobras de bajo nivel contrastan con actitudes como la de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan, que arrebataron la mayoría a la izquierda defendiendo su ideario con valor y capacidad de convicción, en lugar de tratar de mimetizarse con ella.

En los siguientes comicios, de 1986, Fraga vería un poco disminuidos sus votos, aunque el PSOE perdía 1,2 millones; mientras que el nuevo partido de Suárez, el CDS, pareció remontar su desastre de 1982, triplicando los suyos hasta 1,8 millones, con lo que la derecha quedaba en 7,1 millones. Se dijo entonces que Fraga tenía un techo electoral insalvable, de en torno a 5 millones de votos (lo mismo podía haberse dicho del PSOE por las dos elecciones anteriores). Esa impresión, sumada al mal resultado de unas elecciones vascas, le llevó a ceder su puesto en AP a sucesivos políticos de menor enjundia. Fue eurodiputado y su partido se refundaría en 1989 como Partido Popular (PP), encabezado desde 1990 por José María Aznar, un líder más sólido.

Luego, Fraga se retiró a Galicia, donde en 1990 ganó por mayoría absoluta. Gobernó allí hasta 2005, año en que volvió a imponerse la izquierda aliada con los nacionalistas, cuando Fraga tenía ya 83 años. Su gestión gallega fue, en balance, positiva, al menos comparada con la de los Gobiernos de izquierda, pero con bastantes puntos negros, hijos de su servidumbre a caciquismos locales (igual que los partidos de izquierda) y a incoherencias políticas que alimentaron el nacionalismo. Dedicó un esfuerzo, no muy legal, a las relaciones exteriores, para conseguir el voto de los emigrantes, y expresó curiosas simpatías con Fidel Castro; el franquismo también lo había hecho, por razones de hispanismo, frente al embargo useño, pero a la altura de los años noventa tal postura pecaba de anacrónica en exceso. Su conducta hacia el nacionalismo tuvo semejanza con la de Suárez hacia la izquierda, y el fruto fue en ambos casos parejo: desánimo por parte de su electorado natural, que él daba por garantizado, y avance de sus adversarios y de la demagogia antiespañola inspirada en la de las Vascongadas.

En resumen, Fraga fue un político sobresaliente en la primera época de la Transición, y precisamente el ser sobresaliente le valió el quedar relegado y contemplar cómo sus esfuerzos y avances en la reforma abonaban el campo a otros. Era extremadamente activo, como si temiera desperdiciar un minuto, carácter manifiesto también en su modo algo atropellado de hablar. Pese a sus aires resolutivos, incluso impositivos, tenía un fondo sentimental, bien manifiesto en sus diarios, y cierto realismo de bajo nivel que le llevaba no pocas veces a políticas inconsistentes (vuelve a ser aquí adecuado el contraste con Reagan o Thatcher). Pese a que la opinión mayoritaria tenía muy poco de antifranquista, la agresividad de la izquierda y la interesada inhibición de Suárez, fueron convirtiendo el adjetivo en descalificación radical, y él fue su mayor víctima. Todavía hoy suelen recordarle haber firmado la sentencia de muerte de Julián Grimáu, héroe de la izquierda harto dudoso, pues se trataba de un chekista del PCE, que durante la guerra había perseguido tanto a las derechas como a las izquierdas desafectas a la línea comunista. Por lo demás, él no firmó ninguna sentencia. Estas las firmaban los jueces, y el Gobierno daba el «enterado» o bien Franco las conmutaba. Se trata de una de las incontables leyendas creadas por el antifranquismo militante.

* * *

Torcuato Fernández Miranda, diseñador de la reforma que por fin se impuso —luego desvirtuada por Suárez—, murió en Londres en 1980, bastante joven, con 64 años. Suárez, su «hombre disponible», dejó bien patente su ausencia del funeral en Madrid[1].

Sobre su trayectoria última surgieron mil especulaciones, y sus méritos fueron negados o minusvalorados por el mismo Suárez y por la izquierda, encorajinada con el esquema «de la ley a la ley». P. y A. Fernández-Miranda han replicado: «Cuando el Rey le concedió el ducado y sobre todo ese honor supremo que es el Toisón de Oro, muchos se quedaron perplejos (…). Su dimisión como presidente de las Cortes también dio lugar a interpretaciones tortuosas, a imputaciones mezquinas que proyectaban sobre el prójimo la miseria propia cuando las causas de la dimisión eran tan claras como acaso incomprensibles para determinados espíritus. Dimitió porque (…) su misión, al menos aquella misión, había concluido: las elecciones alumbrarían la nueva legitimidad nacida exclusivamente de las urnas. ¿Qué papel iba a representar él? ¿El de hombre de confianza de la Corona al margen de las urnas? Sería desprecio a la soberanía del pueblo y flaco servicio a la Corona (…). A los indocumentados que se preguntan hoy por qué el Rey le concedió los máximos honores, solo cabe ofrecerles para que escojan dos contestaciones: primera, el Rey se equivocó (…); segunda, Torcuato Fernández Miranda prestó servicios extraordinarios a España y a la Corona, y por ello esta institución honró, con equidad, justicia y generosa sabiduría, a quien le había servido de forma impagable. El Toisón de Oro es una prueba abrumadora de su función histórica y del generoso reconocimiento a su labor por un gran Rey, Don Juan Carlos I.

»Cuando, en fin, falleció, no fue, según opinión de algunos, a causa de una enfermedad del corazón como les acontece a innumerables mortales. No, al parecer a Torcuato Fernández Miranda le mató la tristeza, la melancolía, los remordimientos y la nostalgia del pasado.

»Ejemplo paradigmático del desprecio al personaje es, y se podrían citar muchos, el trabajo del profesor Morodo “La Ley para la Reforma Política: Ruptura desde el franquismo” [donde] no aparece ni una sola vez el nombre de Torcuato Fernández Miranda…»[2]. Estudios como el de Morodo han proliferado.

Sin embargo, tanto su relativa juventud como la conciencia de la brillantez de su servicio encajan mal con el supuesto de que Fernández Miranda, cumplida satisfactoriamente una misión, se retiró contento y sin otras aspiraciones. Difícilmente dejaría de considerar su hazaña un mérito para seguir en los primeros rangos de la política activa, y en realidad se vio relegado por Suárez, que ni siquiera se ocupó —por un equívoco, viene a decir este— de la precaria situación económica en que terminó quedando su exprotector. Torcuato no podía ignorar el hecho de que «su» reforma estaba siendo deformada, y su dimisión como presidente de las Cortes, semanas antes de las elecciones de 1977, pareció un desplante, por cuanto podía haber seguido hasta traspasar su cargo oficialmente. Se le atribuyó una intención de postularse como futuro Presidente, pensando que UCD y AP empatarían más o menos en votos y que, entre Suárez y Fraga, podía salir él como figura intermedia. Tuviera o no esa intención, la victoria de Suárez en 1979 la volvió imposible. Su desacuerdo y hastío hacia su antiguo favorito creció, hasta abandonar la UCD a causa del rumbo impuesto a la Constitución. Debió de sentirse tentado por AP, siendo imposible el trato porque pretendía el primer puesto, según Fraga.

Fernández de la Mora, uno de aquellos a quienes aluden P. y A. Fernández-Miranda como especuladores sin fundamento, reseña: «Torcuato se arrepintió de haber abierto la caja de Pandora. (…) Le encontré extremadamente crítico ante el curso de los acontecimientos, y con el ánimo muy deprimido. Como consideró que no podía volver a su cátedra, solicitó un cargo digno, que no le fue concedido (…). El ducado y el Toisón no le habían compensado de la profunda decepción política. Le preocupaban especialmente la crisis de la unidad nacional, la reapertura de la confrontación de la guerra civil y, en general, el deterioro moral de la sociedad española. Su opinión sobre el Gobierno era impetuosamente adversa. Era poco sensible a las dimensiones económicas (…) Le pregunté:

—Y ¿por qué no hablas con Adolfo?

Casi sin dejarme terminar, identificó a su antiguo delfín con una especie zoológica de charcutería (…)

—Entonces, ¿por qué no visitas al Rey para reparar los daños y replantear el proceso?

—Porque no me recibe.

—Me asombras. ¿Es que has tenido algún enfrentamiento?

—No exactamente. Es que ya no tengo nada que ofrecerle.

(…) Me anunció que iba a escribir sus memorias (…). Poco después leyó a unos amigos íntimos los primeros capítulos de unos recuerdos, quizá inconclusos, que permanecen inéditos»[3].

Piénsese lo que se quiera de estos testimonios, no hay duda de la discrepancia de Torcuato con Suárez y muy pocas de su amargura, por lo demás bastante lógica.

Con ocasión de su fallecimiento, Fraga escribió: «Es una pena que no se publiquen sus escritos. Creo que se equivocó, primero, obstaculizando las reformas políticas en el régimen anterior; después, ayudando a torpedear el primer Gobierno de la monarquía; más tarde, favoreciendo el acceso de Suárez, que muy pronto se negó, además, a hacerle caso. Es cierto que luego intentó rectificar, pero no pudo. Una cosa, en cambio, es indudable: su invariable lealtad al Rey»[4]. No parece un juicio gratuito.

* * *

Sobre el caso de Suárez convendrá extenderse, porque fue el verdadero realizador de la Transición, y porque es el que más problemas presenta, ligados a una de las crisis más peligrosas de la democracia.

Sus éxitos en 1979 demostraron ser inseguros y efímeros, y el año siguiente le fue nefasto: era incapaz de poner coto al terrorismo, que en 1980 alcanzó su ápice, causando ciento veinticuatro muertos, muy graves daños e inquietud social. Tampoco lograba frenar el paro galopante, ni afrontar la ineludible reconversión industrial. Seguía parado ante las puertas cerradas de la CEE e indeciso ante las abiertas de la OTAN, no lograba la clausura del «santuario» francés de la ETA ni poner coto a los hostigamientos marroquíes, y hacía gestos progresistas como asistir al entierro del dictador comunista yugoslavo Tito. Su errática política interna y externa le malquistaba con todos los partidos, incluyendo el suyo, y con todos los estamentos del poder, hasta con el Rey.

El PSOE, consciente de su debilidad política e ideológica, le acosaba e injuriaba (Alfonso Guerra, iniciador de la «cultura del insulto» y la acusación gratuita, le había llamado tahúr y acusado de proclividad golpista). En mayo de 1980, González planteó en las Cortes una moción de censura de la que el presidente salió aún más tocado. También le puso la proa la patronal, encabezada por el ambicioso Carlos Ferrer Salat, que le despreciaba y opinaba que debía haber sido despedido sin contemplaciones una vez cumplida su misión de desmantelar el Movimiento. La prensa le trataba con acritud, y en una encuesta de 1979 entre intelectuales y artistas recibía expresiones de desdén, con pocas excepciones[5].

En la UCD, su liderazgo estaba en ruinas. Con motivo de su investidura, Suárez había anunciado el fin de la política de consenso: en adelante cada partido competiría por realizar su programa. Pero el programa de UCD resultaba difícil de precisar y sus corrientes internas tiraban cada una por su lado. El fondo de la cuestión era bastante sencillo: en minoría no se podía gobernar con alguna firmeza, por lo cual había que decidir si UCD pactaba con Fraga —que le daría mayoría absoluta— o persistía en una soledad que hacía al Gobierno muy vulnerable a la presión de la izquierda y los nacionalismos. Herrero de Miñón y, en general, el sector democristiano, propugnaban la «mayoría natural» mediante acuerdos con AP, lo que Suárez y otros dirigentes excluían rotundamente. Al parecer, estos creían que una línea progresista les haría ganar votos del PSOE y menos ataques de la izquierda. Había en ello otra razón ideológica profunda, pues UCD, y Suárez en particular, habían jugado a alejar su imagen del franquismo, incluso a cierto antifranquismo, lo cual les desarmaba ante sus contrarios. Suárez llegaría a pensar en un Gobierno de coalición con el PSOE. Por otra parte, se había acostumbrado a decidir al margen de los demás dirigentes y del grupo parlamentario.

La enojada ejecutiva de UCD terminó por cuestionar a Suárez en la célebre reunión de la llamada Casa de la Pradera, el 7 de julio, exigiendo menos «caudillismo» y más democracia. Al poco, su segundo de a bordo Abril Martorell se sintió tentado a reemplazarle como Jefe del Gobierno[6]. En septiembre, Suárez intentó rehacerse mediante un nuevo Gobierno, sustituyendo entre otros a Abril por Leopoldo Calvo-Sotelo, y poniendo en Justicia a Ordóñez. Pero ya no había enmienda. En octubre, Herrero, resuelto a pactar con Fraga, ganaba en votación de diputados al candidato de Suárez para portavoz parlamentario. Y el 21 de diciembre, los críticos publicaron un manifiesto pidiendo la regeneración y democratización del partido con vistas a su próximo II congreso. Suárez se resistía tenazmente a dimitir. Diversos parlamentarios de UCD estaban dispuestos a votar a favor en una nueva moción de censura esperada del PSOE. El escollo para los críticos consistía en que Suárez, como González entre los socialistas, era el único líder realmente conocido, con influencia popular seguramente en rápido declive, pero aún real. Algunos barones ventearon una próxima victoria del PSOE y Fernández Ordóñez hacía méritos como espía de Alfonso Guerra.

Para entonces, a los peligrosos niveles de la crisis política y económica se añadía, más sordamente, la militar. El ejército, blanco especial del terrorismo, se sentía maltratado y despreciado por el Gobierno y la oposición. El descontento general era patente en sus filas, aunque muy pocos de sus miembros pensaban en rebeliones. Algunos de los eventuales rebeldes se expresaban en el diario de extrema derecha El Alcázar, bajo la firma colectiva Almendros, y hablaban sin mucho disimulo de un golpe militar como salida. Los golpistas, en general, detestaban la democracia por identificar con ella el auge del terrorismo, de los movimientos disgregadores y el hundimiento económico; su simpleza política les llevaba a pensar, como solución, en una severa represión a cargo de una junta militar. Pero el descontento no afectaba solo al ejército, y en diversas esferas se había transformado en decisión de echar de un modo u otro a Suárez, considerado el mayor obstáculo a la estabilidad del país. Tarradellas había hablado de «un golpe de timón», el Rey parecía muy insatisfecho y Suárez denunció en julio que el PSOE especulaba con la idea «descabellada» de un Gobierno dirigido por un militar.

Por fin, Suárez tiró la toalla: el 29 de enero de 1981 dimitía del Gobierno, tres años y medio antes de cumplir su mandato. Se ha especulado sobre las causas de su dimisión, pero lo arriba mencionado las hace claras y contundentes. Algunos la achacan a presión militar, pero los testigos y él mismo lo niegan. Al anunciar a los suyos su decisión, dice Martín Villa, «fue muy crítico con los socialistas (…). Nos dijo que se sentía solo (…). Estuvo duro con el comportamiento de algunos componentes de los llamados poderes fácticos, concretamente de las finanzas y de la Iglesia (…) Nos dijo que solo había podido reducir a sus justos términos y a su verdadero papel a los militares». Si con ello descartaba las conspiraciones, demostraba poco realismo; o quizá el CESID, servicio de inteligencia creado en 1977, le desinformaba. Calvo-Sotelo abunda en la ausencia de presión militar. Suárez hasta exhibió una peculiar euforia: «¿Os dais cuenta? Mi dimisión será noticia de primera página en todos los periódicos del mundo». El Rey le recompensó con un ducado, pero no con el Toisón de Oro antes otorgado a Torcuato. Suárez quedó contrariado, pues creía merecerlo más que su antiguo protector[a].

En su mensaje televisivo, Suárez condenó el «ataque irracional y sistemático» y la «permanente descalificación» que había sufrido, y atribuyó su dimisión al deseo de evitar «que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España». Frase contradictoria en varios sentidos: si él se sentía el promotor y representante de la democracia, ¿iba a dejar el camino libre a sus enemigos? E implicar como «paréntesis democrático» a la II República, incluido el Frente Popular, sonaba algo extravagante en quien había hecho su carrera política en el aparato franquista.

Al parecer, Suárez no pensaba en una retirada total, sino en volver con nuevos bríos: era joven (48 años) y político de vocación exclusiva. Según Herrero de Miñón, quería un sucesor provisional «para preparar su vuelta como único candidato capaz de dirigir las próximas elecciones de 1983». Insistió mucho en que se aceptara como sucesor a Leopoldo Calvo-Sotelo, que carecía de grupo político propio, al revés que los demás barones, le era fiel y carecía de popularidad o carisma. Suárez, dice Herrero, lo tenía por «su hombre de paja, última garantía para su vuelta al liderazgo carismático», y Leopoldo también sospecha que se inspiraba en la dimisión de Felipe González en 1979 para retornar en triunfo al poco tiempo: «¿Quién sabe si Suárez no pensó que yo no duraría tres meses?»[7].

El II Congreso de la UCD, a principios de febrero, transcurrió «entre violento y jaranero», en frase de Herrero. El porcentaje de compromisarios críticos, próximo al 40% certificó la división del partido. La dirección partidista quedó en manos de Agustín Rodríguez Sahagún, otro hombre de Suárez. Leopoldo, al no lograr la investidura en las Cortes al primer empeño, debió volver a probar el 23 de febrero.

* * *

Y aquel día la sesión de investidura se vio interrumpida por uno de los sucesos más dramáticos de la democracia, el asalto al Congreso por el teniente coronel Tejero a la cabeza de doscientos guardias civiles. Al poco, el general Milans del Bosch sacaba los tanques a la calle en Valencia y se producían otros movimientos en la División Acorazada Brunete, próxima a Madrid. Sobre este golpe de Estado, frustrado en unas horas, se han derramado ríos de tinta que todavía no han hecho claridad total.

Desde el otoño había conspiraciones militares en marcha. Si en julio Suárez avisaba de un supuesto plan socialista para un Gobierno presidido por un general, Fraga anotaba el 22 de diciembre: «Me llega información segura de que el general Armada ha dicho que estaría dispuesto a presidir un Gobierno de concentración». A su vez, Armada y el general Milans del Bosch se reunían en Valencia, el 10 de enero de 1981, para hablar de «la posibilidad de que se produjesen acciones violentas, encaminadas a modificar la situación política, y acordaron continuar manteniendo contacto en orden a una deseable reconducción de tales acciones». Ese mismo mes Guerra y Peces-Barba hablaban al representante del PNV Marcos Vizcaya sobre un Gobierno de concentración del tipo citado, y Pujol también fue tanteado. No menos indicativos son los contactos entre Armada y los líderes socialistas Enrique Múgica y Joan Reventós, o entre Armada y el Rey en Baqueira Beret, o la decisión del Rey de trasladar a Armada a Madrid como segundo jefe de la JUJEM (Junta de Jefes de Estado Mayor), rechazada por Suárez y que solo pudo realizarse el 3 de febrero, tras la dimisión de este. Otros datos abundan en la existencia de una conspiración para sustituir a Suárez por Armada, quien los presenta como coincidencias fortuitas, algo muy difícil de creer[8].

Todo giraba, pues, en torno a Alfonso Armada, un general muy amigo del Rey, de cuya Casa había sido secretario durante diecisiete años. De ese cargo lo había desalojado Suárez debido a las simpatías del militar por el partido de Fraga, sustituyéndole el también general Sabino Fernández Campo. Armada había pasado a Lérida como gobernador militar y nunca había perdido la confianza de Juan Carlos.

Por fin, el 23 de febrero a las 18, 22 de la tarde, se produjo el asalto al Congreso. Horas después, hacia las 11.45 de la noche, Armada acudió al lugar a hablar con Tejero para reconducir la acción: trataba de buscar una «solución constitucional» retirando a los guardias y dejando a los diputados libres para que hicieran una propuesta al Rey. ¿Qué propuesta? Armada la deja en la oscuridad, pero sin duda se trataba del Gobierno de concentración presidido por él. Una médica que al parecer pudo oír la discusión entre Armada y Tejero, copió los nombres de los futuros ministros: los socialistas Felipe González, Peces-Barba, Múgica y Solana; otros cuatro de UCD, Herrero de Miñón, A. Garrigues Walker, Rodríguez Sahagún y José Luis Álvarez; dos de CD, Fraga y Areilza; dos comunistas, Solé Tura y Tamames; los independientes López de Letona, Ferrer Salat y Luis María Ansón; y otros dos militares, Saavedra Palmeiro y Sáenz de Santamaría. Surge la pregunta, sin respuesta hoy, de si aquella lista de ministros se había confeccionado con total ignorancia de los designados.

Pero aun si los ministrables hubieran estado previamente de acuerdo, parece difícil que lo siguieran estando tras el golpe a las Cortes. Aun así, Armada debió de pensar que si la fuerza se retiraba y él aparecía como desfacedor del entuerto, podía crearse una imagen pública favorable, pese a que media España había contemplado el asalto, al no haber desconectado los guardias civiles la televisión ni la radio en los primeros momentos. Armada habría asegurado a Sabino el acuerdo de los socialistas con el plan. Su gestión, a la desesperada en cualquier caso, salió mal: Tejero no había arriesgado tanto para un Gobierno con rojos, y lo rechazó de plano. Armada salió del Congreso a la 1.15 de la madrugada confesando su fracaso, y cinco minutos después el Rey aparecía en televisión, como máximo jefe militar, para acabar definitivamente con el golpe. Nueva pregunta sin respuesta: ¿hay relación entre el fracaso de Armada y la decisión final del Rey? No es seguro, pero sí creíble en principio. La declaración estaba hecha, evidentemente, desde bastante antes, y si bien cortaba de raíz el golpe, no cerraba la puerta a una salida constitucional como podía ser un Gobierno de concentración. Quien obró entonces con mayor prudencia y calma fue probablemente Sabino Fernández Campo.

Para dar un tinte legal a su acción, tanto Tejero como Milans invocaron la voluntad del Rey y la defensa de la democracia. Armada insistiría en haber actuado siguiendo «órdenes superiores», las del monarca, obviamente, además de las de su superior inmediato general Gabeiras. ¿Mentían y usurpaban la autoridad regia para sus propios fines? Eso suena muy improbable. De haberlo hecho, lo primero en que hubieran pensado habría sido en aislar a Juan Carlos, y sin embargo su teléfono estuvo siempre abierto para comunicar con quien quisiera.

Cabe concluir que hubo conexión entre el golpe del 23-F y los planes para sustituir a Suárez por Armada, en los que abundan los indicios de haber estado comprometidos políticos de varia tendencia y el propio monarca. Pero también es cierto que si algo echó por tierra la «solución Armada» fue precisamente el golpe de Tejero. Lo que plantea una nueva pregunta: ¿cuál fue el vínculo preciso entre ambas conspiraciones? Pues debe observarse que la solución Armada no requería, en principio, un golpe de fuerza, bastando con una moción de censura perfectamente legal. Claro que Suárez ya se había quitado de en medio, y sonaría rara una censura a un nuevo Gobierno antes de que este comenzase a andar… Quizá los conspiradores pensaron en la conveniencia de acciones dramáticas que transmitieran la impresión de una crisis extrema de la que salía finalmente la solución ideal. O quizá los preparativos estaban demasiado adelantados para frenarlos. Como fuere, el riesgo era muy alto, y difícil que los políticos ministrables estuvieran de acuerdo con él, si lo hubieran conocido.

Jesús Palacios, en un estudio de gran interés, ha definido el golpe como una intriga de los servicios secretos (el CESID): «El 23-F no fue ningún golpe chapuza o una operación alocada protagonizada por unos militares rancios anclados en el pasado franquista con añoranza de pronunciamientos del siglo XIX (…) Fue un golpe de diseño, una operación de Estado Mayor del CESID puesta en marcha por el teniente coronel Javier Calderón y el comandante José Luis Cortina (…). Strictu sensu fue un golpe democrático. Jamás pretendió tener carácter involutivo ni el deseo de retornar a [una] dictadura (…). Tenía por objeto reforzar el Estado y la Corona bajo el sistema democrático, que se estaba cayendo a pedazos por la grave crisis abierta entre la clase política». Estaba informado al respecto el Gobierno useño, temeroso del deterioro en una zona estratégica como España, y que se apresuró a declarar que se trataba de asuntos internos españoles (cosa cierta, por otra parte). Se trataría de «enseñar los dientes» a una clase política un tanto insustancial e inepta, para dar salida a un Gobierno de concentración en principio constitucional. Si falló fue por la reacción de Tejero, que habría sido utilizado casi como marioneta, sin prever su reacción negativa ante el Gobierno previsto. Sobre la gravedad del momento había declarado Felipe González tres meses antes: «El país es como un helicóptero en el que se están encendiendo todas las luces rojas a la vez. Estamos en una situación de grave crisis y de emergencia. Es la hora de que el Gobierno y Suárez se percaten de ello»[9].

Una faceta poco analizada fue la reacción popular y partidista. Las primeras acciones coordinadas y la ocupación de Radio Nacional y TVE, dieron por unas horas la impresión de un golpe triunfante. En Vascongadas, multitud de nacionalistas, etarras y proetarras huyeron precipitadamente a Francia, y en Madrid y Barcelona los partidos de izquierda preparaban la destrucción de documentación. La oposición no existía y los diputados, al tirarse al suelo, habían demostrado poco espíritu de resistencia, excepto Gutiérrez Mellado y Suárez, que desafiaron algo a Tejero; y Carrillo, que permaneció sentado en su escaño. El periodista Luis Herrero, hijo del finado Herrero Tejedor, cuenta la reacción en Levante: los directores de Diario de Valencia y Las Provincias se apresuraron a poner un télex a Capitanía para pedir instrucciones sobre cómo dar las noticias, por lo que «Ni en Valencia ni en Madrid iba a encontrar aliados». «Algunos redactores habían empezado a hacer limpieza para que nadie pudiera encontrar documentación que les vinculara con la izquierda». Herrero, único en su región, con pocos voluntarios, sacó al día siguiente, según se aclaraban las cosas, una información independiente bajo el título Frente al intento golpista triunfó la democracia. Para su decepción, «Allí estaba, como cada mañana, un ejemplar de nuestro periódico [Mediterráneo, de Castellón]. Nos habíamos jugado el cuello por sacar[lo] a la calle (…), pero nadie lo leía. Acodados en la barra, mis paisanos comentaban los sucesos de su vida cotidiana como si nada excepcional hubiera ocurrido»[10].

F. Jiménez Losantos cuenta a su vez: «Casi lloré de pena al día siguiente, en la manifestación de apoyo a la democracia del 24-F, que en Barcelona fue algo así como un tejerazo por inhibición. No hubo una sola bandera española. Hacía frío. Era de noche. Por el Arco de Triunfo abajo, camino del Parlamento de Cataluña, desfilaban los demócratas catalanes en oposición al golpe, en defensa de la democracia. solo que apenas desfilaba nadie. Cuatro gatos, si se compara con Madrid: los mismos que nos manifestábamos contra Franco. Nada del millón que recibió a Tarradellas. No había más gente que de Comisiones Obreras y UGT, del PCE-PSUC y del PSC-PSOE. El resto brillaba por su ausencia. (…). No solo éramos pocos los manifestantes (…) sino que, llegados al Parlamento [regional], desde dentro no abrieron las puertas». La gran manifestación se dio, efectivamente, en Madrid, pero ya el 27, y muchos lamentaron que se hubiera convocado solo después de la liquidación del tejerazo. Carrillo también constata la pasividad popular, aunque la achaca con desenvoltura a «la memoria de la guerra y del terror que le siguió». Por lo que fuere, «en caso de que el Rey no lo parase, aquello podía terminar (…) con una dictadura militar o con una claudicación de las Cortes». Cree que incluso tras la acción de Tejero, los parlamentarios habrían accedido a la solución Armada. Rebosa, por ello, genuina gratitud a Juan Carlos[11].

Todo indica que el golpe pudo haberse impuesto sin mucha dificultad, por lo menos en los primeros tiempos, incluso si hubiera pretendido acabar con el sistema. Sin duda la gente prefería la democracia, pero la experiencia de los años anteriores había enfriado el entusiasmo de los primeros días, reduciéndolo a una tibieza algo escéptica. La única fuerza capaz de parar el tejerazo era el mismo ejército, como observa J. Enrique Domínguez: «Fueron las FAS las que, poniéndose a disposición del Rey, acabaron con el golpe militar», ya que en los cuarteles nunca hubo «una adhesión generalizada al golpe», por más que muchos mandos descontentos pudieran simpatizar con él. El caso queda bien explicitado por la actitud del general Quintana Lacaci, «Capitán General de Madrid, que había abortado el golpe en la capital y en la región militar». Quintana se consideraba «franquista hasta la médula (…). Pero, según él, Franco le había ordenado obedecer a su sucesor y el Rey le había ordenado no sumarse al golpe. Si le hubiera ordenado tomar las Cortes, lo hubiera hecho»[12].

Tal era el espíritu predominante en el ejército, y Juan Carlos nada habría podido hacer en otro caso. La autoridad de Franco seguía amparándole y sirvió, en aparente paradoja, para convertir un movimiento amenazante en un episodio en definitiva menor, que contribuyó a asentar la democracia.

Y que aumentó la popularidad del Rey, a costa del ejército, el cual pechaba con el papel de villano de la comedia, pese a haber mantenido mayoritariamente la disciplina y ser el verdadero causante del fracaso de un golpe cuyas raíces se encontraban en una crisis política y económica no causada por los militares. El ataque al ejército fue brutal, vinculado sin mucho disimulo a aquel de que era objeto el franquismo. El general Quintana, que frenó el golpe en Madrid, sería asesinado por la ETA, en presencia de su esposa, tres años después.

* * *

Después de este crucial episodio, Leopoldo tuvo la oportunidad de hacer, literalmente, lo que quisiera mediante coaliciones, pero mantuvo casi en pleno el Gobierno de Suárez, del que eliminó toda presencia militar, en desprestigio del ejército. No obstante, resultó un político más efectivo de lo previsto.

Fue en la persecución del terrorismo donde cosechó el nuevo gobernante su mayor éxito, muy poco comentado pese a su trascendencia. Contra prejuicios antifranquistas, nombró para dirigir la lucha al comisario Ballesteros, policía típico del régimen anterior. Los crímenes descendieron con rapidez después de tres días salvajes, del 4 al 7 de mayo, en los que el GRAPO asesinó a dos guardias civiles en Barcelona y a un general y un policía en Madrid, y la ETA a tres militares que acompañaban al jefe del Cuarto Militar del Rey. Pero pronto el GRAPO quedó descalabrado y la ETA sufrió tales golpes que aquel año solo consiguió causar treinta y una muertes, cifra alta (aún subiría a cuarenta y dos al año siguiente) pero solo un tercio de la del año anterior. La rama «poli-mili» de la ETA decidió cesar su actividad, disolviéndose poco después y acogiéndose a reinserción a través de Mario Onaindía, antiguo jefe etarra condenado en el Proceso de Burgos, de 1970, y que había cambiado profundamente de convicciones (muchos «polis-milis» ingresarían en el PSOE a través de Euskadiko Ezkerra; otros pasarían a la ETA-mili). París acosó un poco el santuario francés y en España parte de la opinión pública izquierdista abandonó su complicidad moral con la ETA. Sin duda, fue el año más esperanzador frente a un terrorismo que desde la muerte de Franco había crecido a niveles insoportables. Asimismo, Leopoldo desbarató otra presunta conjura golpista en octubre de 1982.

El nuevo Presidente buscó el consenso con la izquierda con vistas a regular las autonomías y poner fin a las incesantes exigencias nacionalistas. La ley resultante o LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), fracasó ante el recurso de los nacionalistas ante el Tribunal Constitucional, que rechazó parte de sus artículos. La Constitución, en efecto, consagraba la insaciabilidad nacionalista. En cambio, Leopoldo chocó con la izquierda y parte de la opinión derechista al imponer el ingreso en la OTAN por decreto e incondicionalmente. También manifestó hacia la guerra angloargentina de las Malvinas una parcialidad proinglesa en desacuerdo con la opinión popular. Tales posturas debilitaron mucho su posición.

Al mismo tiempo, el Gobierno no logró impedir el deterioro económico. Los Pactos de la Moncloa no habían evitado los ochocientos mil nuevos parados entre 1979 y 1981, a los que se sumaron en 1982 otro medio millón, llegando al 17% la proporción de desempleados sobre la población activa[13]. En cambio, quizá por influjo del susto del 23-F, las huelgas decayeron drásticamente, hasta la cifra aún alta de cinco a seis millones de jornadas perdidas en 1982, excluyendo Cataluña y Vascongadas, que pudieron aumentar la cifra en uno o dos millones, en comparación con los veinte millones de 1979[14].

Peor fue el talante de Suárez, que impidió capitalizar políticamente ningún éxito y ahondó la crisis de UCD. Ya surgió un roce personal cuando Leopoldo respondió a una pregunta de la prensa sobre la Moncloa: «Aquí no se vive bien. Hay muchos teléfonos y pocos libros»: «En Adolfo era visible, a veces, un candoroso complejo de estudiante mediano (…); y aquella frase le había renovado su escozor». Leopoldo, aun procurando aplacar a un PSOE muy hostil, se acercó a Fraga, si bien con precauciones que defraudaron a este. Esa «derechización» de UCD disgustó a Suárez, que prefería el acuerdo con CIU y encontró en Leopoldo a algo más que un hombre de paja. Comenzó a boicotear al Gobierno desde el partido, en el que conservaba hombres como el presidente de UCD, Rodríguez Sahagún. Deseaba un partido que le obedeciera sin objeciones: «No me encuentro cómodo en UCD (…) Lo que de verdad me apetece es crear un partido propio, mío, que no se me escape de las manos».

Y pensaba en un Gobierno de coalición con el PSOE después de las elecciones previstas para 1983, que pensaba todavía ganar: «Ni un solo nombre en las listas de alguien que quiera luego colaborar con AP»[15]. Empeoraba la situación Fernández Ordóñez, que preparaba una escisión para unirse al PSOE, y el grupo democristiano de Óscar Alzaga, que hacía lo mismo en dirección a AP. Con tales manejos y con un PSOE muy agresivo, la UCD se desmoronaba, máxime cuando en 1981 perdió las elecciones autonómicas gallegas en beneficio de AP y en mayo del año siguiente las andaluzas a favor del PSOE.

Suárez acabó de hundir a UCD y a su sucesor escindiéndose en julio de 1982 para formar su partido incondicional, el CDS (Centro Democrático y Social). Creía conservar su carisma popular y grandes posibilidades electorales. También se le ha atribuido la intención de crear un partido bisagra, para que UCD (o el PSOE) evitaran la presión de los nacionalistas, pero suena improbable. Más bien aspiraba a rivalizar con Felipe González con un peculiar izquierdismo y un liderazgo carismático.

En agosto, Leopoldo no tuvo más remedio que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para octubre. El panorama político cambió radicalmente, mostrando a Suárez cuán equivocado se hallaba. Su CDS solo alcanzó 600.000 votos y dos diputados, contra 1,5 millones y 11 escaños de la UCD. También el PCE cayó, dramáticamente, de casi 2 millones a 850.000. En cambio, AP obtuvo 5,5 millones y 107 escaños. Pero el gran ganador, por mayoría absoluta, fue el PSOE, con más de diez millones de votos y 202 diputados. Los socialistas triunfaban en todas las provincias excepto en tres gallegas y cuatro castellanas, donde ganaba AP; en dos vascas, donde ganaba el PNV; y en una catalana, que pasaba a CIU. La anterior distribución entre dos grandes partidos y otros dos menores, pero de peso muy considerable, dio paso a un bipartidismo con la particularidad de que uno de ellos disponía de enorme superioridad sobre el otro. La UCD desaparecería pronto. También Fuerza Nueva.

Suárez sufría el mayor desprestigio. Hundida su esperanza de volver triunfante a la política (aún persistiría en ello), quedó reducido a tareas profesionales de abogado que no le satisfacían, y a negocios, a veces dudosos, según sus críticos. Luego, el destino se cebó en él: en 2001 falleció su esposa tras una larga lucha contra el cáncer. Todo indica que Suárez fue un marido fiel, y el golpe debió de ser terrible. Y en 2004 el cáncer se llevaba a una hija suya, cuando él ya estaba sumido en la oscuridad del Alzheimer.

El declive del PSOE en los años noventa, y luego sus desgracias personales, abonaron una revisión sentimental de su ejecutoria política. José María Aznar afirmó: «El nacimiento de la España contemporánea, moderna y democrática, está asociado al nombre de Adolfo Suárez»; otro líder del PP lo llamó «timonel de la Transición». Llovían sobre él premios y agradecimientos y se comparaba favorablemente su etapa con la de Felipe González. Una biografía lo presenta en 2005 como «una tragedia griega», y en 2007, cuando ya no podía apreciarlo, recibía el Toisón de Oro, que el Rey le había rehusado cuando dimitió. El 18 de julio de 2008, la prensa publicó la foto de Juan Carlos y Suárez de espaldas, el primero pasando al segundo la mano por el hombro, con afecto. Fecha involuntariamente significativa, pues el 18 de julio conmemoraba el alzamiento de 1936 contra el Frente Popular. La foto reanimó los elogios a la figura de Suárez. Por esos años prodigaban sus alabanzas periodistas que le habían atacado y hasta ultrajado. Así José Oneto («Hemos sido injustos con él»), J. L. Cebrián («Los equivocados éramos nosotros»), Pedro J. Ramírez, siempre anglómano («Nuestro rey Lear»; «Nuestro Nelson». «No está gagá, ni tiene Alzheimer. Lo que le ocurre es que está triste»), Miguel Ángel Aguilar («no volveríamos a escribir lo que escribimos»); escritores como Félix de Azúa («¡Qué nostalgia de Suárez!»), Elvira Lindo («El hombre del que no supimos apreciar el valor político»), Paco Umbral («Un Doncel de Sigüenza… un Don Juan de Austria»). Hasta se le comparaba con Alejandro Magno, o se le declaraba «elegido de los dioses, que le llevaron al poder y la gloria en plenitud de gracia y juventud»; Javier Tusell, antaño enemigo suyo, lo convirtió en «el mejor político del siglo XX»…[16].

Desde el referéndum de 1976, Adolfo se consideró el factótum de la democracia. La opinión de P. y A. Fernández-Miranda difiere mucho: «Sirvió hasta un punto, después voló solo (…). Pero voló por su cuenta solo a partir de un momento: cuando le habían dado hecho el cambio, cuando la posibilidad de la democracia era una realidad, cuando le habían entregado todos los instrumentos, cuando pensó que podía prescindir de vinculaciones pasadas y de magisterios no deseados porque, entendía, el futuro era suyo. Y lo fue, aunque por poco tiempo»[17].

Suárez se definió así al periódico alemán Süddeutsche Zeitung: «Mi punto fuerte es, creo yo, ser un hombre normal. Completamente normal. No hay sitio para los genios en nuestra actual situación»[18]. Frases llamativas. ¿No se ha presentado la Transición como una operación complicada y peligrosa, casi titánica? ¿No exigía, en todo caso, dotes algo más que «normales»? Llamamos «normal» a alguien con dotes intelectuales medianas y con una base cultural también mediana o elemental, y en ese sentido Suárez no dejaba de tener razón. Se le ha definido también como un político superficial y frívolo, de vuelo corraleño, y bastante de ello hubo. Nadie le niega cualidades de simpatía, don de gentes, valor, audacia y destreza en el regate corto; pero ellas no compensaban, a la larga, sus carencias profundas ante una tarea poco «normal».

De ahí una Transición a su medida. Heredó no solo los instrumentos del cambio, sino también, y ante todo, el inmenso capital político forjado en el franquismo: una sociedad políticamente moderada. No hizo una Transición desastrosa pero sí mediocre, con demasiados agujeros. No llegó a romper el lema «de la ley a la ley», pero lo desvirtuó en gran medida, acercándose de hecho al rupturismo. Dio relevancia excesiva a partidos de casi nula representatividad por entonces, y de ideología antidemocrática o antiespañola (probablemente él ignoraba su historia e ideas básicas); en segundo lugar se apuntó a la tarea de olvidar y hacer olvidar el origen del proceso de cambio, es decir, el capital político heredado. Se mostró dadivoso, favoreció la demagogia izquierdista y trató de rivalizar con ella. El resultado más visible fue una Constitución tampoco desastrosa, pero sí plagada de trampas para el futuro.

Tampoco supo combatir el terrorismo, ni afrontar en profundidad la crisis económica, ni calmar la inquietud militar. Al romper desde el principio con la derecha y adoptar poses progresistas, perdió su identidad y benefició al PSOE. La UCD fue un partido improvisado (todos lo eran, salvo el PCE), y sus compañeros tomaron pronto la medida a su jefe. Aun así, este pudo haber consolidado el partido con una estrategia de largo alcance, asentando un amplio centro-derecha en colaboración con AP, dos partidos y una orientación básica común, pero prefirió aislar a AP y jugar a un progresismo impostado, con el cálculo ilusorio de arrebatar así votos al PSOE. De esa estrategia solo salió la implosión de UCD —buscada abiertamente por él después de haber dimitido— y el triunfo arrollador del PSOE. Las insuficiencias intelectuales y culturales de Suárez podían convertir sus otras cualidades en defectos, como así terminó ocurriendo: es difícil pensar en otro que él como responsable mayor de la aguda crisis nacional que desembocó en el 23-F, y de la crisis de la derecha, que tardaría bastantes años en superarse. Político habilidoso, pero de corta visión.

Su concepto de la democracia deja asimismo impresión de superficialidad. Según contaba, él había comentado a Franco que la democracia «era inevitable porque lo exige la situación internacional (…). La gente quiere homologarse con lo que hay fuera» (en aquel momento no era cierto). Franco, después de pensarlo, le había contestado «En ese caso, también habrá que ganar para España el futuro democrático»[19]. Verdadera o no, la anécdota revela un modo de pensar: veía la democracia en términos de puro oportunismo. Él había hecho su carrera dentro del Movimiento, buscando la protección de tales o cuales jerarcas, y nunca le gustaron los modos abiertos ni el debate público propios de un régimen de libertades. Se desenvolvía mejor en los encuentros y manejos detrás del escenario. Similarmente, su política exterior se hizo cada vez más discordante con el interés general de las democracias.

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Felipe González dio en 1982 el gran salto al poder con una ventaja enorme sobre los demás, tras unos comicios en los que el voto rozó el 80% del cuerpo electoral, el más alto de la democracia, antes o después. Había tenido la ventaja inestimable de la calamitosa gestión de Suárez y la descomposición de UCD, y había explotado a fondo errores o torpezas del Gobierno, como su desconcertada gestión, en 1981, de la súbita y extraña enfermedad de la colza, que había causado cientos de muertos y más de veinte mil afectados en diverso grado. Pero, al margen de esas ventajas, el mérito de González fue indudable. Sus lemas «Por el cambio» y «Por una España que funcione», apoyados en la leyenda de los «cien años de honradez y firmeza», acertaron de lleno con el estado de ánimo y expectativas de una población decepcionada. La gente ansiaba un cambio claro y fuerte, pero no extremista, y una política firme y honrada. Ayudaron a su campaña la autoatribución de una elevada ética y autoridad moral, la promesa de ochocientos mil puestos de trabajo y de una mejor educación, sanidad y vivienda. González sustituyó la anterior imagen radical por otra moderada y razonable, capaz de seducir a la clase media: se calcula que cosechó la mayor parte de sus sufragios entre esas capas sociales, con alta proporción de amas de casa, jubilados y parados. solo un 13% de sus votantes se declaraba marxista y muchos más se definían católicos practicantes. Le favorecía igualmente la disciplina del partido, en contraste con las peleas internas de la derecha y del PCE: González y Guerra mandaban en el PSOE con mano de hierro.

Y aún favoreció al PSOE la mentalidad extendida de un «papá Estado» que debía satisfacer las necesidades de los ciudadanos, mentalidad heredada, probablemente, de las concepciones paternalistas de la Falange y ahora estimulada por los socialistas: dos tercios de los españoles pensaban así, según las encuestas, proporción mucho más alta que en Francia o en USA[20].

González pasó a cultivar cierto nacionalismo español, y las expresiones «España» y «nación» dejaron, hasta cierto punto, de ser tabú. El Gobierno useño, confundido, entendió a los nuevos gobernantes hispanos como «jóvenes nacionalistas». Pero, observaba el filósofo Julián Marías, el PSOE tenía una visión negativa de la historia de España, parecida a la de los nacionalistas vascos y catalanes, que también creían pésima la historia de sus regiones, sintiéndose llamados a rectificarla. Guerra lo expresaría con tosquedad característica: «A España no la va a reconocer ni la madre que la parió».

González despertó tal nivel de esperanza y fe, que durante largo tiempo pudo defraudarlas sin graves consecuencias para él. Le sirvió al efecto una televisión que empleó de modo mucho más desinhibido que Suárez. Iniciativa de gran alcance fue una serie televisiva sobre la guerra civil, contemplada por gran parte de la población y explicada al estilo marxista bajo la dirección del historiador comunista Tuñón de Lara: las retrógradas capas privilegiadas y los militares vencieron, ayudados por Hitler y Mussolini, a un Gobierno democrático defensor del «pueblo» y de la libertad, constituido por estalinistas, marxistas revolucionarios, anarquistas, golpistas y racistas. Por absurda e incluso estúpida que la versión parezca, caló en millones de personas, especialmente jóvenes, creando clichés mentales difíciles de desarraigar. El PSOE seguía siendo el «partido de los trabajadores» frente a una derecha adinerada y nostálgica de la represión franquista. La idea resistía a datos como la procedencia familiar franquista de numerosos líderes del PSOE, o las fructíferas carreras que casi todos habían hecho bajo aquel régimen horrible. sin haberle hecho oposición.

El PSOE pudo así abordar las costosísimas reconversiones industrial y financiera. La derecha no habría podido acometerlas porque los propios socialistas lo habrían impedido movilizando a los sindicatos. Sus medidas económicas, aún insuficientes, permitieron, a partir de 1985, una reactivación de la economía, que se mantendría durante bastantes años, si bien apenas rebajó el nivel de desempleo, para hundirse nuevamente en una crisis en los años noventa, con hasta 3,5 millones de parados.

En política exterior, González logró por fin la entrada en la CEE, en condiciones poco ventajosas. Antes había repudiado la entrada de España en la OTAN, realizada sin consulta por Leopoldo Calvo-Sotelo, pero, con fino realismo, cambió de postura, y en 1986 convocó un referéndum para decidir al respecto, volcando todo su aparato de propaganda y la televisión a favor de la OTAN. Ganó el referéndum, con participación algo inferior al 60% y un 52% de ella a favor, es decir, menos de un tercio del cuerpo electoral. También abrió la verja de Gibraltar, volviendo a convertir la colonia en un próspero negocio para Inglaterra y en un vasto nido de contrabando y tráficos ilícitos.

La subida del PSOE al poder demostró nuevamente la estabilidad lograda en la Transición. No obstante, la gestión de González no sería, en general, buena para la democracia. Las promesas de ética y honradez abrieron la «cultura del pelotazo» (el enriquecimiento fácil) y una corrupción nunca vista desde el Frente Popular, así como la financiación ilegal del partido; la separación de poderes sufrió acoso bajo el lema de Guerra «Montesquieu ha muerto». Un hito en esa línea fue la ilegal expropiación de la empresa Rumasa mediante un verdadero golpe de mano: la acción costó al estado —al país— la suma fabulosa de un billón de pesetas —seis mil millones de euros— y produjo pingües beneficios a los amigos del poder. El Tribunal Constitucional quedó desprestigiado al amparar, presionado por el Gobierno, el evidente desmán. La lucha antiterrorista combinó la negociación, que entrañaba un grado de claudicación ante la ETA, con un terrorismo gubernamental; la manipulación televisiva llegó a extremos no alcanzados antes; el Estado experimentó una rápida expansión a costa de la sociedad, y los fondos públicos fueron utilizados para crear clientelas electorales, sobre todo en Andalucía. Estos y otros datos son bien conocidos y están en la memoria de todo el mundo, por lo que no será preciso extenderse aquí. Indudablemente la época felipista constituyó un claro retroceso de la democracia. Se había dicho que esta solo podía darse por asentada con el acceso normal de los socialistas al poder, pero comenzó a pensarse que solo se consolidaría con su salida de él.

Al final, los continuos escándalos llevaron a González a un callejón sin salida y a la enemistad entre él y su viejo amigo Guerra. A la desesperada, intentó una farsa de lucha anticorrupción: fichó a un extraño juez, Baltasar Garzón, para sus listas electorales, pero le defraudó al descartarlo como ministro de Justicia. Garzón reabrió entonces el caso por el terrorismo del Gobierno y estuvo muy cerca de llevar al Presidente a la cárcel, como llevó a varios altos cargos, incluyendo algún ministro. González se libró, seguramente por sus altas relaciones, empezando por el Rey, y por los conocimientos adquiridos mediante el espionaje telefónico sobre muchos personajes. En 1996, tras catorce años en el poder, perdió las elecciones frente a José María Aznar. Pero perdió por escaso margen, prueba de la fuerza con que se habían introducido en la población los estereotipos ideológicos antes aludidos. La historia de la ascensión casi maravillosa de González desde su tertulia sevillana, y su final caída en condiciones más bien sórdidas, dan para un verdadero folletín. Alejado luego del poder, se convertiría en un millonario de amplios contactos internacionales.

La política de Felipe González incide en el dato fundamental de que el PSOE nunca fue un partido democrático, y que sus cambios durante la Transición, si bien en general positivos, no fueron dictados por el análisis o la convicción, sino por razones de oportunidad. Ello haría que su segunda etapa en el poder, con Rodríguez Zapatero, haya llevado a ese partido a actitudes violentas, verdadera colusión con la ETA contra el Estado de derecho y con los separatistas contra la unidad de España y a la liquidación, en la práctica, de gran parte de los principios constitucionales.

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Por lo que hace a Santiago Carrillo, perdió la carrera con González por construir el gran partido de la izquierda. Su estrellato en la Transición y su aureola antifranquista palidecieron ya en 1977, cuando Jorge Semprún publicó Autobiografía de Federico Sánchez, demoliendo a conciencia la imagen más o menos heroica cultivada por Carrillo. Ya antes Líster y otros comunistas le habían atacado, pero carecían del crédito del autor francoespañol. Años más tarde, tras ser nombrado ministro de Cultura por González, Semprún haría en Federico Sánchez se despide de ustedes un corrosivo retrato de los políticos socialistas, especialmente de Guerra.

Las elecciones de 1979, cuando el PCE consiguió mejorar sus resultados, solo sirvieron de aperitivo al descalabro de 1982, peor aún que el de AP en 1979. Entre las dos fechas se habían enfrentado en el partido las corrientes de los «renovadores», los «eurocomunistas», y los «leninistas», estos en el PSUC, que iba convirtiéndose en un partido distinto. La disgregación del PCE recuerda algo la de UCD. Carrillo amagó con dimitir en vísperas de las elecciones del 82, y tras los desastrosos resultados dimitió de verdad. Le sucedió Gerardo Iglesias, mucho más joven, de origen minero y formación sumaria. Carrillo trató de influir en el partido propugnando un «giro a la izquierda», a fin de convertirlo en elemento de presión sobre el PSOE; otros se derechizaban aún más, pensando en disputar así algún terreno a los socialistas, y pronto, muchos de ellos, prepararon el viaje rumbo al PSOE. Entre choques y maniobras, Carrillo se llevó la peor parte, y en 1985 fue «autoexcluido», es decir, expulsado con otros veinte dirigentes. Tuvo que ser un trago muy amargo para quien había pasado toda su vida adulta, desde 1936, en el partido, y como jefe máximo desde 1960. Conforme avanzaba la década, el PCE perdía peso político. En 1986 formó la coalición Izquierda Unida con grupos menores de izquierda y republicanos, una especie de tapadera para disimular las siglas clásicas. El PSUC terminaría disolviéndose.

Conforme avanzaban los años ochenta, la resistencia creciente de los pueblos del este europeo derrumbaba el mito comunista. Polonia, alentada por Juan Pablo II, estaba resquebrajando el bloque del «socialismo real», y en la carrera científica, tecnológica, armamentística y económica, la USA de Ronald Reagan ganaba por amplio margen. Para colmo, la URSS había quedado enfangada en Afganistán sin esperanza de victoria. En plena crisis del régimen soviético, Gorbachov, máximo dirigente de la URSS desde 1985, emprendió reformas liberalizantes que el sistema no pudo digerir. Y en 1989 comenzó, a partir de Polonia, el rápido colapso del bloque europeo comunista, cuyo máximo símbolo fue el asalto popular y destrucción del muro de Berlín. Un muro definitorio, erigido no como defensa frente al exterior, sino para impedir que la población escapase, lo que exhibía su significado carcelario. El desmoronamiento culminó en 1991 con la disolución de la propia Unión Soviética.

Terminaba así una era vertiginosa en la vida del mundo, de la que Carrillo era el representante más cualificado en España. Como él reconoce melancólicamente, «en España habíamos emergido a la legalidad en un período en el que el prestigio de la Unión Soviética y el movimiento comunista estaba en declive. No eran ya los tiempos gloriosos del 44 y el 45, cuando lo habían hecho los partidos italiano y francés, momento en que el prestigio de la Unión Soviética, vencedora del fascismo, (…) estaba en su apogeo y los pueblos de Europa reconocían el enorme débito que su liberación tenía con los comunistas». Realmente, Carrillo no había cambiado nunca. Llamaba «liberación» a una verdadera esclavitud, al Gulag, al aplastamiento de las libertades y erección de estados policíacos sobre medio continente europeo.

El jefe comunista se había portado razonablemente en la Transición —bastante más que González—, porque su debilidad se lo aconsejaba (podía haberse lanzado, no obstante, a una huida hacia adelante, locura no demasiado rara en la historia). Una vez reducido a la impotencia y expulsado del PCE, sería muy festejado a izquierda y derecha (el camino lo había desbrozado Fraga al presentarlo en el Club Siglo XXI). No obstante, muchos seguían recordando sus crímenes durante la guerra y después, por los que jamás expresó el menor remordimiento. En su opinión estaban justificados por la situación y sobre todo por el objetivo comunista al que aspiraba. Fue premiado en 2005 con el título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, acto tan simbólico como curioso intelectualmente, siendo abucheado como «genocida» por asistentes que le recordaron Paracuellos. El grupo PRISA, editor de El País, lo ha tratado con gran benevolencia, y durante años ha participado en la llamada Tertulia de Sabios de la emisora SER, junto con Herrero de Miñón y Pere Portabella, una reunión nuevamente curiosa, intelectual y políticamente. Ha desplegado asimismo considerable actividad en la campaña por la «memoria histórica». También en 2005, con motivo de su noventa cumpleaños, tuvo el placer de ser homenajeado por políticos de la más variada especie, desde los separatistas vascos al Rey, pasando por Pujol, ministros del PSOE, cantantes y periodistas progresistas, etc. La guinda, la suprema satisfacción, le llegaría esa misma noche con la retirada de una estatua de Franco cerca del madrileño paseo de la Castellana. No era la sentencia de muerte del Caudillo que el viejo comunista habría querido firmar, pero no dejaba de ser un premio de consolación.

* * *

De los seis personajes aquí mencionados, el Rey Juan Carlos es el único que sigue en el poder, aunque sea un poder muy limitado después de la Constitución. Desde el trono, por así decirlo, ha asistido a los Gobiernos de Arias, Suárez, González, Aznar y Rodríguez Zapatero, hasta ahora. Debido a que «reina pero no gobierna», y a que sus atribuciones son poco definidas, su trayectoria política resulta más difícil de concretar.

Se le ha llamado el mejor embajador de España, por haber abierto caminos a diversas políticas exteriores y a contactos comerciales pero, sobre todo, ha pasado a la historia como «el motor del cambio». Al igual que muchos otros miembros de la clase política franquista, Juan Carlos percibía, mejor o peor, que el régimen se había agotado en su propio éxito y se imponía, por tanto, la homologación con el resto de Europa Occidental. No diseñó la Transición, tarea que acaso superaba su formación intelectual y jurídica, pero su peso en ella fue el decisivo, como el personaje más relevante en aquel trance: ningún otro habría podido influir como él y garantizar la reforma con parecida seguridad y con menos riesgos y traumas. Y ello se debía precisamente a la posición que le había legado Franco.

También parece claro que deseaba asociar de forma indiscutible su nombre al cambio histórico. Probablemente ello le hizo descartar la reforma de Fraga, cuya potente personalidad habría deslucido algo el papel regio. Torcuato, en cambio, estaba dispuesto a mantenerse en la sombra, y Suárez parecía un político de segundo orden, pero «disponible». Por ello debió de producirse un conflicto de personalidades cuando Suárez, una vez sacudida la tutela de Torcuato, empezó a no informar ni dejarse aconsejar por el Rey con la asiduidad anterior. Cosa tanto más difícil de soportar para el monarca cuanto que la política suarista estaba comprometiendo los logros de los primeros tiempos y creando en el país una crispación peligrosa e innecesaria.

La relación con Felipe González, en cambio, parece haber marchado cada vez mejor, pese a la convicción republicana expresada a veces por el líder socialista, y a la corrupción rampante. Según los críticos del Rey, una explicación de ese buen trato mutuo se encuentra precisamente en la corrupción. Parte del entorno de Juan Carlos resultó poco ejemplar, empezando por Manuel Prado y Colón de Carvajal, su amigo íntimo y agente para relaciones delicadas, empresario y diplomático que terminaría en la cárcel acusado de apropiación indebida y otros delitos. Relacionado con Prado y con el Rey estaba el financiero Javier de la Rosa, que también iría a prisión, no sin amagar amenazas al propio Juan Carlos. «Los Albertos», amigos muy cercanos del Rey, fueron a su vez condenados por delitos financieros, aunque lograron eludir la prisión. Otro caso destacado fue el del ambicioso banquero Mario Conde, que deseaba hacer carrera política en estrecha relación con la Zarzuela y terminó conociendo el presidio. También se ha conocido una carta del Rey al Sha de Persia pidiéndole diez millones de dólares, teóricamente a favor de Suárez. Ciertos ambientes un tanto licenciosos frecuentados por el monarca parecieron inapropiados al jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, cuyos consejos de mayor sobriedad le valieron finalmente el relevo. También había disgustado a Sabino que Juan Carlos encargase su biografía oficiosa a un aristócrata apellidado Vilallonga, conocido playboy muy antifranquista. Un punto flaco del Rey ha sido su precaria fidelidad conyugal, que le expuso a algún intento de chantaje.

Quizá no sea sorprendente que resultara mucho menos cordial el contacto del monarca con el sucesor de González, el austero conservador Aznar. Y que luego se haya entendido mejor con Rodríguez Zapatero, el Presidente que ganó las elecciones de 2004 explotando políticamente la mayor matanza terrorista ocurrida en Europa. Juan Carlos ha elogiado a Rodríguez como no lo había hecho con ninguno de los anteriores: «Él sabe muy bien hacia qué dirección va y por qué, y para qué hace las cosas. Tiene profundas convicciones. Es un ser humano íntegro». Cabe observar que el elogiado es el gobernante que en mayor medida ha legitimado a la ETA, hasta la franca colaboración con ella, y que ha vuelto inoperante la Constitución mediante hechos consumados.

Pero sobre todo Rodríguez es el promotor de la llamada Ley de memoria histórica, norma de corte totalitario que pretende imponer una versión oficial del pasado reciente, desvirtuándolo y consagrando la imagen de un Frente Popular democrático, uno de los mayores fraudes históricos de que se tenga noticia. Dicha ley afecta de modo directo a Juan Carlos porque, al deslegitimar al franquismo e intentar borrar sus huellas, le deslegitima a él, cuya procedencia del franquismo no admite la menor duda. Rodríguez ha logrado la hazaña, histórica a su modo, de hacer firmar al Rey su propia ilegitimidad.

Aun con todo ello, la monarquía permanece como la institución más valorada por los españoles, en contraste con casi todas las demás, incluyendo la Justicia, o con los políticos en general, cuyo prestigio entre la gente es fácilmente descriptible, según las encuestas. La población suele ver la Corona como un elemento moderador y de continuidad histórica. Se ha dicho que el Rey es el único que podría acabar con la monarquía, como también lo hizo su abuelo Alfonso XIII.

Capítulo XX

LA TRANSICION EN PERSPECTIVA

Como habrá observado el lector, la versión de la Transición aquí ofrecida diverge de modo fundamental, incluso invierte, la inmensa mayoría de las interpretaciones circuladas durante estos años. Las tesis y conclusiones básicas pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. La jerarquía eclesiástica tuvo un peso mucho mayor del que suele reconocérsele, y no siempre benéfico, en la gestación de la Transición. Contribuyó más que nadie a debilitar al franquismo y a promover a sus enemigos. Estos eran fundamentalmente los marxismos, los separatismos y el terrorismo, que en los años treinta habían intentado erradicar el catolicismo de España mediante métodos brutales, por los que nunca manifestaron la menor pesadumbre. Ya en la Transición, el episcopado desempeñó un papel mucho más discreto. La política eclesiástica entre los años 1964 y 1975 tendría un alto coste para la Iglesia y nunca le ganó la gratitud de sus beneficiarios: aparentemente cosechó lo que había sembrado. La sociedad se descristianizó en gran medida, una tendencia general europea, quizá ayudada aquí por la propia acción eclesiástica.

2. La Transición se planteó como una pugna entre el franquismo reformista y el antifranquismo rupturista. Esta evidencia clave queda nublada o desvirtuada en la mayoría de las historias e interpretaciones de la época, lo cual desenfoca el proceso y enturbia su comprensión.

3. El origen franquista de la Transición resulta poco discutible, no solo por sus personajes (el Rey, Fraga, Torcuato, las Cortes, los Gobiernos de Suárez.) sino por cambiar «de la ley a la ley», reconocimiento implícito de la legitimidad del régimen anterior, y no del Frente Popular, como deseaban los partidarios de la ruptura. La salida reformista evitó seguramente convulsiones como las que acompañaron la Transición de 1930-31.

4. La paradoja de una democracia procedente de una dictadura se resuelve fácilmente. Con la muerte de Franco, su régimen podía considerarse agotado y la mayor parte de su clase política así lo entendió, considerándolo una respuesta extraordinaria y por tanto transitoria, a una crisis histórica extraordinaria. Al contrario de la leyenda corriente, se trató de una dictadura no totalitaria sino autoritaria, evolutiva, con bastante libertad personal, un estado relativamente pequeño y economía básicamente de mercado. Por eso las transiciones en otros países han sido más fáciles allí donde la dictadura se parecía a la franquista, y más difíciles donde tenía más elementos de totalitarismo.

5. Aunque la Transición gozó de un ambiente favorable en USA y Europa Occidental, fue un proceso eminentemente interno, a partir del desarrollo y las fuerzas políticas españolas. La mayor intervención exterior quizá se registró en relación con el PSOE, para convertirlo en la gran alternativa de izquierda en España. Por ello puede decirse que la española es una de las pocas democracias europeas actuales nacidas de sus propias condiciones sociales y no de la actuación de USA en la II Guerra Mundial.

6. La Transición navegó, por así decir, entre la Escila del franquismo continuista y la Caribdis del antifranquismo rupturista. Este último aspiraba a saltar sobre cuarenta años de historia para enlazar con la supuesta legitimidad de un Frente Popular en realidad antidemocrático. En cuanto al búnker continuista, y contra la versión más generalizada, fue muy débil y sin alternativa política, y solo cobró peligrosidad debido al desorden y al terrorismo de izquierda: sin ellos no habría habido, seguramente, conspiraciones militares ni el golpe del 23-F.

7. La oposición rupturista constituyó, también contra cierta leyenda, un riesgo para la Transición mucho mayor que el búnker, al que alimentó con sus radicalismos. Dicha oposición puede dividirse entre la que practicaba el terrorismo y la que no lo hacía, y en ninguno de los dos casos era democrática. La identificación entre antifranquismo y democratismo es uno de los mitos causantes de mayor confusión. El totalitarismo de la ETA o el GRAPO no precisa aclaración, pero poco se entenderá olvidando que el otro sector rupturista, agrupado en torno al PCE y el PSOE, era adepto a ideologías profundamente antidemocráticas, a las que solo renunció, muy a medias, porque, tal como observó Fernández Miranda, esos partidos solo aceptarían la democratización si se sentían débiles[1]. No debe perderse de vista que las ideologías totalitarias —la estaliniana y la nacionalsocialista, por ejemplo— han estado siempre dispuestas a utilizar las ventajas de la democracia liberal como instrumento para destruirla, según hizo el PSOE durante la república, debido a su marxismo.

8. En cuanto al PSOE, y de modo similar a como ocurrió en la república, se convirtió en un partido decisivo, en gran medida gracias al olvido de su trayectoria, pues el propio franquismo había culpado ante todo al PCE. El Partido Socialista —está hoy plenamente documentado— fue el agente principal en la destrucción de la legalidad republicana causante de la guerra civil. La ideología inspiradora de aquellas conductas solo fue abandonada por el PSOE en 1979, y lo fue de modo muy parcial y sin sustituirla por otras ideas. Por tanto mantuvo y mantiene una carga totalitaria, muy semejante en sus líneas generales a la de la ETA, pues ambos se consideran socialistas y visceralmente antifranquistas, entre otras cosas. Rodríguez Zapatero ha afirmado que su partido mantiene íntegras las viejas tradiciones, lo cual ayuda a entender sus movimientos anticonstitucionales recientes.

9. Sobre el ejército, otro mito corriente le achaca una tutela conminatoria sobre la Transición. Idea contradictoria porque, como el resultado fue un régimen de libertades, el ejército habría sido al mismo tiempo adverso y favorable a él. La cúpula militar había vivido la guerra y conocido el Frente Popular, por lo que prefería la continuidad del franquismo, actitud compartida en grado algo menor por la oficialidad joven. Pero unos y otros carecían de vocación intervencionista en política, y aceptaron la reforma, siempre que la violencia terrorista y los ataques a la unidad nacional no se hicieran demasiado amenazantes. Lo cierto es que el desorden y la incertidumbre llegaron bajo Suárez a niveles tan altos que causaron máxima alarma no solo a los militares sino a gran parte de los políticos y de la población, hasta desembocar en el revelador episodio del 23-F. Por otra parte, de haber estado el ejército dividido como en 1936, habría sido más fácil que se impusiera —con mayor trauma— el rupturismo que, hoy está claro, no era en absoluto democrático. Pero las fuerzas armadas permanecieron esencialmente unidas, y ese mero hecho disuadió a muchos políticos de aventuras azarosas.

10. Por lo que respecta al terrorismo, a lo largo del siglo XX ha tenido en España una incidencia política superior a la de cualquier otro país europeo, y, en su carácter de rupturismo radical, la tuvo extraordinaria en la Transición. Generó permanente inseguridad y descrédito de la democracia, y en varios momentos estuvo cerca de provocar una involución. El terrorismo de ultraderecha, muy inferior en sangre y peligrosidad, y políticamente más torpe, constituyó una respuesta al de izquierda, ambos con intención desestabilizadora. La ETA, muy destacadamente, ha acompañado a la democracia como un corrosivo de ella. Su peligro procede, aún más que de sus propias acciones, de las muy variadas complicidades que ha encontrado so capa de «solución política». solo cuando el Gobierno de Aznar aplicó claramente la «solución policial», la ETA fue acorralada y neutralizada en gran medida. Sin embargo volvería a primer plano desde 2004, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero volvió a la «solución política» a una escala nunca antes vista, justificando de hecho los crímenes anteriores de la ETA y recompensándolos con unas concesiones políticas inauditas contra el estado de derecho, la Constitución y la integridad del país. Puede decirse que, a través de la «solución política», la ETA ha condicionado la democracia mucho más profundamente de lo que la mayoría de los analistas han querido ver.

11. La prensa, en especial la autodenominada progresista, influyó notablemente, ya en vida de Franco, para orientar a la opinión pública y condicionar la política. Su papel no siempre fue positivo, a causa de su apego a la demagogia radical y rupturista, su propensión a un sentimentalismo ideológico hueco, a una propaganda favorable a la ETA y a los radicalismos y dictaduras también autodenominados progresistas fuera de España; o a banalizar la historia del país y difundir teorías infamantes contra ella, etc. [2] El episodio Solzhenitsin volvió a poner al descubierto toda una concepción ideológica de muchos periódicos. Como lado positivo, la mera invocación periodística a la democracia surtió efectos beneficiosos, pero en opinión de quien esto escribe pesó más la carga negativa. Los medios de comunicación han llegado a ser motejados de medios de confusión, y algo de eso tienen, con las debidas excepciones.

12. Rasgo importante de la Transición, no muy estudiado, fue una rápida inversión de valores y costumbres, en su mayor parte perjudicial, (droga, alcoholismo, delincuencia, crisis familiar, etc.), que define un fuerte retroceso en la salud social del país.

13. Visto en perspectiva, probablemente el diseño más razonable de la Transición fuera la reforma pensada por Fraga, que la oposición iba aceptando una vez desbaratados sus iniciales ímpetus de ruptura. El diseño de Torcuato, más complicado y con más riesgos, mantenía sin embargo los principios «de la ley a la ley» y «debilidad de la oposición». Por el contrario, una vez Suárez llegó a dirigir el proceso, la reforma tomó rumbos que la historia posterior demostraría muy inciertos.

14. El juicio dominante sobre Suárez ha pasado de ser muy desfavorable a convertirle en el héroe y factótum de la democracia. Tal bandazo en la opinión obedece, en parte, a la comparación con el período felipista; en todo caso, los elogios últimos han sido harto desmesurados. Suárez tuvo importantes aciertos puntuales, como la derrota de la huelga general de noviembre de 1976 o la legalización del PCE, pero su línea general resultó, cuando menos, desafortunada. Buscó difuminar el origen franquista de la Transición y de él mismo, sumándose, al menos por omisión, a las desvirtuaciones de la izquierda y de los nacionalistas regionales. Su manejo de la crisis económica fue mala y la del terrorismo peor; molestó innecesariamente al ejército y, llevado por su afán de esfumar el pasado, impidió acuerdos con AP para contrapesar el empuje creciente de la izquierda y los nacionalistas, lo cual repercutió en la desintegración de la propia UCD; gobernó con excesivo personalismo y a menudo al margen de la «luz y taquígrafos», siguió una política exterior ambigua y, por fin, llevó al país a la crisis que abocó a su dimisión y al golpe del 23-F.

15. Resultado fundamental de la gestión de Suárez fue una Constitución bastante contrahecha: en conjunto, y gracias en buena medida al impulso previo de Fraga y Torcuato, puede calificarse de positiva, pues declara la unidad de España y las libertades; pero sus defectos son grandes y preñados de amenazas. Diversos mandatos constitucionales nunca se cumplieron, y otros facilitan la corrosión del sistema. Corrosión convertida, en los últimos años, en franca demolición[3].

16. El problema mayor creado por la Constitución fue el de unas autonomías transformadas —junto con el terrorismo y a menudo en alianza o complicidad con él—, en el talón de Aquiles de la democracia, generadoras de incertidumbre y crispación constantes. Se creyó que las autonomías traerían la paz civil a Vascongadas y la integración de los nacionalismos catalán y vasco en el quehacer nacional, pero esas expectativas no se cumplieron, o solo muy a medias. En su afán por atraerse a los nacionalismos, Suárez les dio, entre otras, la baza crucial de la enseñanza, utilizada de inmediato como instrumento de propaganda de los separatismos, de aversión a España y de vulneración de los derechos de los castellanohablantes, generalmente mayoritarios[a].

17. Otro defecto de la Constitución es haber facilitado una degeneración partitocrática, con tendencia a extremismos que socavan cuanto hay de común entre los españoles. Los partidos tienden a ampliar su esfera de acción hasta pretender determinar los comportamientos privados, incluso íntimos, de los ciudadanos, y reducen la esfera de lo que Isaiah Berlin ha definido como «libertad de», es decir, la libertad personal frente a las intromisiones del poder (estar «libres de» tales cosas). Los partidos han interpretado abusivamente las decisiones populares, por ejemplo convirtiendo las autonomías en palancas para proseguir hacia la desintegración de España, a la que no quieren reconocer como nación[b]; han creado problemas y reivindicaciones por su cuenta, ajenas a las preocupaciones o inquietudes de la ciudadanía; tienden, casi todos, a eliminar o condicionar la independencia judicial, y últimamente desafían dictámenes de una judicatura a su vez desprestigiada por la política contra Montesquieu.

18. Exceptuando a Fraga y a Torcuato, los políticos que en el Gobierno o en la oposición llevaron la Transición adelante dejan una impresión de mediocridad, oportunismo a ras de tierra y algunos de simple ignorancia. ¿Cómo fue posible, entonces, que realizaran una labor histórica de tal alcance y en principio tan difícil? Creo que debe darse a las iniciales gestiones de Fraga y de Torcuato un valor bastante mayor que el que comúnmente reciben. Pero, sobre todo, el postfranquismo empezaba con un enorme capital político acumulado los años anteriores, en el que conviene insistir: un alto nivel de prosperidad y la evaporación de los destructivos odios de los años treinta. Al contrario de la república, la gente votó de preferencia a los políticos y partidos de apariencia más moderada, lo fuesen en realidad o no (las técnicas de imagen y la prensa juegan un papel no pocas veces torticero o engañoso). Esa sociedad reconciliada facilitó lo esencial de la tarea reformista y obligó al PSOE y al PCE a moderarse a su vez, renunciando, al menos de cara a la galería, a viejas señas de identidad totalitarias. Hoy suele presentarse la realidad al revés, como si la Transición hubiera reconciliado a los españoles: fue la reconciliación previa lo que facilitó la transición a unos políticos en su mayoría frívolos y de vuelo corraleño.

19. Aunque debe considerarse la Transición como un hecho en conjunto positivo, sus evidentes desaciertos, que podían haberse corregido con la experiencia, se han agravado con el paso del tiempo. La clave del rupturismo era un antifranquismo ciego a los hechos, y una falsa visión histórica de la república y el Frente Popular; y ambas concepciones ideológicas no hicieron sino expandirse ante la falta de resistencia, cuando no colaboración, de la derecha. Este dato, en el que se ha reparado poco, ha ido minando y deslegitimando los logros de la Transición. El antifranquismo ha terminado por convertirse en la cobertura justificativa de todo tipo de acciones anticonstitucionales y antidemocráticas. Así, si la democracia proviene del régimen de Franco, la mayoría de las amenazas contra ella provienen del antifranquismo: el terrorismo y las complicidades con él, las oleadas de corrupción, los separatismos y la vulneración de derechos ciudadanos en las «nacionalidades», los ataques a Montesquieu, es decir, a la división de poderes y, por fin, el hundimiento de la Constitución por medio de hechos consumados como los nuevos estatutos del Gobierno de Rodríguez Zapatero y del PP, que ya no son de autonomía, sino de estado asociado y que no responden en absoluto a necesidades o exigencias sociales, sino a intereses partitocráticos.

20. A partir de la matanza del 11-M, todavía en campaña electoral, el PSOE, sin oposición real del PP, ha procedido a una acelerada destrucción del espíritu y materia de la Transición. Su instrumento ha sido la llamada Ley de memoria histórica[4], planeada para deslegitimar radicalmente al franquismo y, en consecuencia, a la Transición, la democracia y la monarquía que proceden de él. Al firmar Juan Carlos dicha ley se declaraba implícitamente ilegítimo él mismo, pues había ceñido la corona por voluntad de Franco. Irónicamente, él no juró la Constitución sino solo las Leyes Fundamentales del Movimiento.

21. Así se ha cumplido todo un ciclo histórico: la democracia salida de la Transición ha llegado a su fin, en medio de una profunda crisis política y económica. Quizá la salida más razonable fuera una reforma de la Constitución que eliminase sus muchos rasgos problemáticos para reafirmar, entre otras cosas, las libertades públicas, la división de poderes y unas autonomías restringidas, no opuestas a la unidad nacional. Recuérdese que Felipe González subió al Gobierno sobre una ola de esperanza popular en la corrección de los desaguisados de Suárez, y que, tras la decepción correspondiente, Aznar llegó, a su vez, con la expectativa de una regeneración democrática en profundidad, que no se produjo, o solo a medias. Salvo el período de Aznar, puede decirse que la evolución de la derecha ha sido la claudicante inaugurada por Suárez, emulada luego por Fraga y por fin y salvo el período de Aznar, impuesta de lleno por Rajoy. Existe un descontento extendido, pero falto de cauce, cegado por unos partidos que de un modo u otro se benefician de la situación. Quizá surjan nuevos partidos, o la ciudadanía cree nuevos cauces, o presione sobre los existentes para forzarles a rectificar. Hoy por hoy el vaticinio es imposible.

Se ha extendido entre la gente la idea de que uno de los mayores problemas para España es la baja calidad de sus políticos. A ellos suele gustarles invocar el tópico de «mirar al futuro y olvidar el pasado», revelador de su inconsistencia y no muy fino caletre. Mirando al pasado pueden aprenderse lecciones muy provechosas; el futuro no puede verse ni enseñar nada. Mirar al futuro sin analizar el pasado constituye el camino más seguro hacia el desastre.

ANEXOS

1. TESTAMENTO DE FRANCO

Españoles: Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos, sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya sé próximo.

Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación, en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ello deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria.

Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos, por última vez, en los umbrales de mi muerte,

¡Arriba España! ¡Viva España!

2. LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA

Remitido a consulta de la Nación y ratificado por mayoría de votos en el referéndum celebrado el día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis el Proyecto de Ley para la Reforma Política, de rango Fundamental, que había sido aprobado por las Cortes en sesión plenaria del dieciocho de noviembre de mil novecientos setenta y seis, dispongo:

Artículo primero.

Uno. La democracia, en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo.

Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado.

Dos. La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes.

Artículo segundo.

Uno. Las Cortes se componen del Congreso de Diputados y del Senado.

Dos. Los Diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad.

Tres. Los Senadores serán elegidos en representación de las Entidades territoriales. El Rey podrá designar para cada legislatura Senadores en número no superior a la quinta parte del de los elegidos.

Cuatro. La duración del mandato de Diputados y Senadores será de cuatro años.

Cinco. El Congreso y el Senado establecerán sus propios Reglamentos y elegirán sus respectivos Presidentes.

Seis. El Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey.

Artículo tercero.

Uno. La iniciativa de reforma constitucional corresponderá:

a) Al Gobierno.

b) Al Congreso de Diputados.

Dos. Cualquier reforma constitucional requerirá la aprobación por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y del Senado. El Senado deliberará sobre el texto previamente aprobado por el Congreso y, si este no fuera aceptado en sus términos, las discrepancias se someterán a una Comisión Mixta, bajo la presidencia de quien ostentara la de las Cortes y de la que formarán parte los Presidentes del Congreso y del Senado, cuatro Diputados y cuatro Senadores, elegidos por las respectivas Cámaras. Si esta Comisión no llegara a un acuerdo o los términos del mismo no merecieran la aprobación de una y otra Cámara, la decisión se adoptará por mayoría absoluta de los componentes de las Cortes en reunión conjunta de ambas Cámaras.

Tres. El Rey, antes de sancionar una Ley de Reforma Constitucional, deberá someter el Proyecto a referéndum de la Nación.

Artículo cuarto.

En la tramitación de los Proyectos de Ley ordinaria, el Senado deliberará sobre el texto previamente aprobado por el Congreso. En caso de que este no fuera aceptado en sus términos, las discrepancias se someterán a una Comisión Mixta, compuesta de la misma forma que se establece en el Artículo anterior.

Si esta Comisión no llegara a un acuerdo o los términos del mismo no merecieran la aprobación, por mayoría simple, de una y otra Cámara, el Gobierno podrá pedir al Congreso de Diputados que resuelva definitivamente por mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo quinto.

El Rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado.

Si el objeto de la consulta se refiriera a materia de competencia de las Cortes y estas no tomaran la decisión correspondiente de acuerdo con el resultado del referéndum, quedarán disueltas, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

El Gobierno regulará las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso de trescientos cincuenta Diputados y elegir doscientos siete Senadores a razón de cuatro por provincia y uno más por cada provincia insular, dos por Ceuta y dos por Melilla, Los Senadores serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad que residan en el respectivo territorio.

Las elecciones al Congreso se inspirarán en criterios de representación proporcional, conforme a las siguientes bases:

Primera. Se aplicarán dispositivos correctos para evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara, a cuyo efecto se fijarán porcentajes mínimos de sufragios para acceder al Congreso.

Segunda. La circunscripción electoral será la provincia, fijándose un número mínimo inicial de Diputados para cada una de ellas.

Las elecciones al Senado se inspirarán en criterios de escrutinio mayoritario.

Segunda.

Una vez constituidas las nuevas Cortes:

Uno. Una Comisión compuesta por los Presidentes de las Cortes, del Congreso de Diputados y del Senado, por cuatro Diputados elegidos por el Congreso y por cuatro senadores elegidos por el Senado, asumirá las funciones que el Artículo 13 de la Ley de Cortes encomienda a la Comisión que en él se menciona.

Dos. Cada Cámara constituirá una Comisión que asuma las demás funciones encomendadas a la Comisión prevista en el Artículo 12 de la Ley de Cortes.

Tres. Cada Cámara elegirá de entre sus miembros cinco Consejeros del Reino para cubrir las vacantes producidas por el cese de los actuales Consejeros electivos.

Tercera.

Desde la constitución de las nuevas Cortes y hasta que cada Cámara establezca su propio Reglamento, se regirán por el de las actuales Cortes en lo que no esté en contradicción con la presente Ley, sin perjuicio de la facultad de acordar, de un modo inmediato, las modificaciones parciales que resulten necesarias o se estimen convenientes.

DISPOSICIÓN FINAL

La Presente Ley tendrá rango de Ley Fundamental.

Dada en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos setenta y siete. JUAN CARLOS.

El Presidente de las Cortes Españolas, Torcuato Fernández Miranda y Hevia.

3. PREÁMBULO DE LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Esta ley difiere de los anteriores documentos por su retórica complicada, farragosa y contradictoria, por lo que exige comentario párrafo a párrafo. La incluimos por su extraordinaria importancia, ya que marca, o al menos lo intenta, el fin de la etapa histórica abierta con la Transición:

JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guio la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora.

El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el período democrático, en favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió[1].

Pese a ese esfuerzo legislativo, quedan aún iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos, planteadas tanto en el ámbito parlamentario como por distintas asociaciones cívicas. Se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y en el marco de la Constitución, no puede dejar de atender[2].

Por ello mismo, esta Ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba que «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática». La presente Ley asume esta Declaración así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975[3].

Es la hora, así, de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia. Desde luego, a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También a quienes perdieron su libertad, al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras. También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. Y, por último, a quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos, como los integrantes del Cuerpo de Carabineros, los brigadistas internacionales, los combatientes guerrilleros, cuya rehabilitación fue unánimemente solicitada por el Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de mayo de 2001, o los miembros de la Unión Militar Democrática, que se autodisolvió con la celebración de las primeras elecciones democráticas[4].

En este sentido, la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática[5].

La presente Ley parte de la consideración de que los diversos aspectos relacionados con la memoria personal y familiar, especialmente cuando se han visto afectados por conflictos de carácter público, forman parte del estatuto jurídico de la ciudadanía democrática, y como tales son abordados en el texto. Se reconoce, en este sentido, un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano, que encuentra su primera manifestación en la Ley en el reconocimiento general que en la misma se proclama en su artículo 2. En efecto, en dicho precepto se hace una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior[6].

Esta declaración general, contenida en el artículo 2, se complementa con la previsión de un procedimiento específico para obtener una Declaración personal, de contenido rehabilitador y reparador, que se abre como un derecho a todos los perjudicados, y que podrán ejercer ellos mismos o sus familiares. En el artículo 3 de la Ley se declara la ¡legitimidad de los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo, así como la ilegitimidad de las sanciones y condenas de carácter personal impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas. Se subraya, así, de forma inequívoca, la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos y se contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas[7].

En este sentido, la Ley incluye una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la Dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial[8].

En los artículos 5 a 9 se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos económicos ya recogidos en nuestro Ordenamiento. En esta misma dirección, se prevé el derecho a una indemnización en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia, de la democracia que hoy todos disfrutamos, y que no habían recibido hasta ahora la compensación debida (art. 10)[9].

Se recogen diversos preceptos (arts. 11 a 14) que, atendiendo también en este ámbito una muy legítima demanda de no pocos ciudadanos, que ignoran el paradero de sus familiares, algunos aún en fosas comunes, prevén medidas e instrumentos para que las Administraciones públicas faciliten, a los interesados que lo soliciten, las tareas de localización, y, en su caso, identificación de los desaparecidos, como una última prueba de respeto hacia ellos[10]

Se establecen, asimismo, una serie de medidas (arts. 15 y 16) en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio[11].

El legislador considera de justicia hacer un doble reconocimiento singularizado. En primer lugar, a los voluntarios integrantes de las Brigadas internacionales, a los que se les permitirá acceder a la nacionalidad española sin necesidad de que renuncien a la que ostenten hasta este momento (art. 18); y, también, a las asociaciones ciudadanas que se hayan significado en la defensa de la dignidad de las víctimas de la violencia política a que se refiere esta Ley (art. 19)[12].

Con el fin de facilitar la recopilación y el derecho de acceso a la información histórica sobre la Guerra Civil, la Ley refuerza el papel del actual Archivo General de la Guerra Civil Española, con sede en Salamanca, integrándolo en el Centro Documental de la Memoria Histórica también con sede en la ciudad de Salamanca, y estableciendo que se le dé traslado de toda la documentación existente en otros centros estatales (arts. 20 a 22)[13].

La presente ley amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles. Con ello se satisface una legítima pretensión de la emigración española, que incluye singularmente a los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura[14].

En definitiva, la presente Ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura. Quiere contribuir a ello desde el pleno convencimiento de que, profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro y de la concordia de la Transición, no son solo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino también la Democracia española en su conjunto. No es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva. Pero sí es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas[15].

COMENTARIO A LA LEY

El punto clave de toda esta ley conocida como de memoria histórica, es el supuesto de que el Frente Popular representaba la legitimidad democrática, ampliada al maquis y a la ETA hasta 1977 (esta sin citarla, pero evidente). Subsiste, desde luego, una leyenda romántica en torno al Frente Popular, bautizado arbitrariamente como «la república». Pero hoy sabemos sin lugar a duda, por los datos y por la simple lógica, que esa leyenda carece de la menor base. Si la mantienen, por activa, las izquierdas y los nacionalistas, y por pasiva, la oposición de derechas, no es precisamente por romanticismo (es difícil pensar en algo menos romántico que esos políticos), sino por otros intereses.

Como debe recordarse, la Transición se hizo «de la ley a la ley»: desde la legitimidad franquista, por la clase política franquista y en contra de quienes pretendían enlazar con una imaginaria legitimidad del Frente Popular. El resultado ha sido una democracia bastante estable hasta 2004, dañada sobre todo por ataques provenientes, y no por casualidad, de quienes se identifican de un modo u otro con el régimen derrotado en la guerra civil. La ley de memoria histórica supone, por tanto, la vuelta al rupturismo, explotando las ventajas de la democracia conseguida por la reforma.

Podría especularse con la posibilidad de que estos cambios «profundizasen» la democracia, pero los hechos indican lo contrario. Y difícilmente podía ser menos. Partidos que reivindican a estalinistas, marxistas radicales, maquis o terroristas, quedan definidos por sí mismos. Se resignaron a la Transición porque se sabían débiles, pero al parecer han llegado a sentirse fuertes.

Las consecuencias de esta ley saltan a la vista. Ante todo, pretende deslegitimar al régimen de Franco y, por tanto, la Transición, la monarquía y la democracia salidas evidentísimamente de él. En segundo lugar, legitima al terrorismo como forma de hacer política, y esa es la base profunda del «diálogo», eufemismo para definir la colaboración del Gobierno promotor de esa ley con la ETA. Esa colaboración se apoya en que dicho Gobierno y la ETA comparten quizá hasta un noventa por ciento de ideología: son los dos socialistas, radicalmente antifranquistas, antiliberales, feministas, anticristianos, contrarios a la separación de poderes, renuentes a la economía de mercado, partidarios de la «alianza de civilizaciones» (dictaduras tercermundistas), etc. Coinciden también en negar valor a la Transición, nunca reconocida por la ETA y solo aceptada de modo forzado e insincero, según se ve, por el PSOE. Y su actitud ante la historia de España es en ambos casos negativa. Sorprende, en verdad, que tan definitorias afinidades casi nunca sean mencionadas en los análisis políticos, pese a sus largas consecuencias. Esa colaboración ha dado a la ETA legalidad de sus terminales, dinero público, proyección internacional, acoso a las asociaciones de víctimas del terrorismo y otras ventajas. El mayor resultado político de la colaboración Gobierno-ETA (que pasa por altibajos, como es natural) es el anticonstitucional estatuto catalán de estado asociado, un paso a muy poca distancia ya de la secesión, ofrecido también a los separatistas vascos y hasta ahora rechazado por estos, que aspiran a la secesión completa. Así, la Constitución de 1978 ha sido anulada por sucesivos hechos consumados. Por todo ello, la ley de memoria histórica es, esencialmente, una ley contra la democracia y contra el derecho.

¿Hasta qué punto marcan estas políticas el fin del período histórico inaugurado por la Transición? En una democracia normal pueden suceder tales cosas, pero siempre condicionadas por la presencia de una oposición efectiva, que limita los daños y permite remediarlos mediante la alternancia en el poder. Sin embargo, otro fenómeno crucial de estos años ha sido el desvanecimiento de la principal oposición, la del PP, que ha seguido básicamente, por acción u omisión, los pasos dados por el Gobierno, imitando el modelo del Estatuto catalán en otras regiones, y contribuyendo a la derogación práctica de la Constitución: un partido centrado casi exclusivamente en cuestiones económicas y en «mirar al futuro». De ahí que todo contribuya a la impresión, señalada por el político Alejo Vidal-Quadras, de que estamos ante un fin de ciclo.

LUIS PÍO MOA RODRÍGUEZ (Vigo, 1948) es un articulista, historiador y escritor español, especializado en temas históricos relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo y los movimientos políticos de ese período.

Participó en la oposición antifranquista dentro del Partido Comunista de España (reconstituido) o PCE(r) y de la banda terrorista GRAPO. En 1977 fue expulsado de este último partido e inició un proceso de reflexión y crítica de sus anteriores posiciones políticas ultraizquierdistas para pasar a sostener posiciones políticas conservadoras.

En 1999 publicó Los orígenes de la guerra civil, que junto con Los personajes de la República vistos por ellos mismos y El derrumbe de la República y la guerra civil conforman una trilogía sobre el primer tercio del siglo XX español. Continuó su labor con Los mitos de la guerra civil, De un tiempo y de un país (donde narra su etapa juvenil de miltante comunista, primero en el PCE y más tarde en los GRAPO), Una historia chocante (sobre los nacionalismos periféricos), Años de hierro (sobre la época de 1939 a 1945), Viaje por la Vía de la Plata, Franco para antifranquistas, La quiebra de la historia progresista y otros títulos. En la actualidad colabora en Intereconomia, El Economista y Época.

Moa considera que la actual democracia es heredera del régimen franquista, que experimentó una «evolución democratizante», y no de las izquierdas del Frente Popular, según él totalitarias y antidemocráticas y que dejaron un legado de «devastación intelectual, moral y política». Su obra ha generado una gran controversia y suscitado la atención de un numeroso público, que ha situado a varios de sus libros en las listas de los más vendidos en España: su libro Los mitos de la Guerra Civil fue, con 150.000 ejemplares vendidos, número uno de ventas durante seis meses consecutivos.

La obra de Moa ha sido descalificada por numerosos autores e historiadores académicos, quienes lo han sometido al ostracismo porque su obra revisa ideas generalmente admitidas sobre ese período —ideas asentadas en una perspectiva política de izquierdas que mitifica la II República—, y sienta tesis innovadoras, que sin embargo, no han sido rebatidas documentalmente hasta la fecha.

Pero Moa cuenta también con algunos defensores en el ámbito académico: Ricardo De la Cierva, José Manuel Cuenca Toribio, o Carlos Seco Serrano han elogiado la obra de Moa.

Fuera de España, historiadores e hispanistas como Henry Kamen, Stanley G. Payne o Hugh Thomas han comentado en términos favorables los trabajos y conclusiones de Moa. Por ejemplo, Kamen se lamenta de que, según su opinión, la represión ejercida por la República no haya sido estudiada, con la única excepción de Pío Moa, el cual habría sido marginado por los historiadores del establishment.

Stanley G. Payne ha elogiado en repetidas ocasiones los trabajos de Pío Moa, sobre todo sus investigaciones sobre el periodo que va de 1933 a 1936: «Cada una de las tesis de Moa aparece defendida seriamente en términos de las pruebas disponibles y se basa en la investigación directa o, más habitualmente, en una cuidadosa relectura de las fuentes y la historiografía disponibles»; destaca la originalidad de su trabajo: «ha efectuado un análisis realmente original y ha llegado a conclusiones que no han sido todavía refutadas. Lo han denunciado, lo han vetado pero no han logrado rebatir con pruebas las tesis de Moa sobre la República», e incide en que las tesis de Moa no han sido refutadas: «lo más reseñable es que, aparentemente, no hay una sola de las numerosas denuncias de la obra de Moa que realice un esfuerzo intelectualmente serio por refutar cualquiera de sus interpretaciones. Los críticos adoptan una actitud hierática de custodios del fuego sagrado de los dogmas de una suerte de religión política que deben aceptarse puramente con la fe y que son inmunes a la más mínima pesquisa o crítica».

Hugh Thomas ha afirmado sobre la obra de Moa: «Lo que dijo Pío Moa sobre la revolución de 1934 es muy interesante y pienso que dijo la verdad. ¡Pero no fue tan original! Él me acusa en su libro, pero yo dije casi lo mismo: la revolución de 1934 inició la guerra civil, y fue culpa de la izquierda».

Notas

[1] Stanley G. Payne, España, una historia única, Madrid, 2008, p. 394. <<

[a] Su dedicatoria es realmente grotesca: «A todos los antifascistas que dieron su vida defendiendo la república y el poder surgido de las urnas en 1936 frente a los golpistas de Franco, quien, con los años, nombró como su sucesor a Juan Carlos I, actual rey de España». <<

[b] La dedicatoria del libro de Morán, Suárez, ambición y destino, tampoco es muy afortunada: «A mi generación, que empezó luchando contra la mentira que fue el franquismo, y que luego acabó aceptando todas las demás». solo una fracción mínima de su generación luchó contra el franquismo, que fue una realidad histórica, difícilmente una mentira. <<

[1] En Franco, un balance histórico, Barcelona, 2005; Franco para antifranquistas, en 35 preguntas clave, Madrid, Barcelona, 2009; más indirectamente, en Una historia chocante, los nacionalismos vasco y catalán en el siglo XX, Madrid, 2004. <<

[2] El artículo «La vegetación del páramo» fue relegado durante años. Lo he reproducido en lo esencial en Años de hierro, e ilustra bastante bien la realidad cultural de la época. <<

[3] G. Fernández de la Mora, Río Arriba, Barcelona, 1995, p. 279. <<

[1] Ver este controvertido asunto en el libro del autor Años de hierro, Madrid, 2007. <<

[2] M. Herrero de Miñón, Memorias de estío, Madrid, 1993, pp. 22-25. <<

[3] Ver Franco, un balance histórico, Barcelona, 2005. <<

[4] L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, Barcelona, 1977, pp. 326-7. <<

[5] Ib., p. 362 <<

[6] L. M. Ansón, Don Juan, Madrid, Barcelona, 1994, p. 218 —comentado en Años de hierro, pp. 606-8. <<

[7] G. Fernández de la Mora, Río arriba, Barcelona, 1995, p. 175. <<

[8] L. López Rodó, op. cit., pp. 642-3. <<

[9] La mejor y más documentada narración de este proceso se encuentra probablemente en la obra citada de López Rodó. <<

[10] L. de la Fuente, Valió la pena. Memorias, Madrid, 1998, p. 98; G. Fernández de la Mora, op. cit., pp. 175 y 171. <<

[a] Como tantos otros políticos, cambió mucho, hasta recibir el premio Sabino Arana, nombre del fundador del Partido Nacionalista Vasco, racista y separatista extremo. <<

[1] R. Soriano, La mano izquierda de Franco, Barcelona, 1981, p. 73. Una buena descripción de la lucha soterrada por desplazar del poder eclesiástico a los obispos «conservadores» se encuentra en las memorias de Tarancón, Confesiones. <<

[2] Una exposición de esta pugna entre tecnócratas y falangistas en la universidad se encuentra en las memorias de J. M. Ortí Bordás, La Transición desde dentro, Barcelona, 2005. <<

[3] Ib., pp. 91-2. <<

[4] V. Walters, The mighty and the meek, Belfast, 2001, p 133. <<

[5] F. Silva Muñoz, Memorias políticas, Barcelona, 1993, p. 263. <<

[6] Silva, p. 269. <<

[7] G. Fernández de la Mora, op. cit., p. 175. <<

[8] F. Silva Muñoz, op. cit., pp. 276-7, 269 y 253. <<

[9] L. de la Fuente, op. cit., p. 119. <<

[10] G. Fernández de la Mora, op. cit., pp. 186-7. <<

[11] L. López Rodó, op. cit., p. 401. <<

[a] Un libro clave a este respecto es El Rin desemboca en el Tíber, del sacerdote useño Ralph Wiltgen, (Madrid, 1999), testigo íntimo de la pugna interna entre los sectores llamados conservador y progresista. Ricardo de la Cierva ha tratado con detenimiento el giro de la Iglesia, especialmente de los jesuitas, en varios libros de gran interés, como La hoz y la cruz, Madrid, 1996. <<

[1] A. Ruiz Ayúcar, El Partido Comunista, 37 años de clandestinidad, Madrid, 1976, p. 269. <<

[2] En P. Moa, Una historia chocante, Madrid, 2004, pp. 501 y ss. <<

[a] Un estudio más amplio en P. Moa, Una historia chocante. Los nacionalismos vasco y catalán en la España contemporánea. Madrid, 2004, pp. 491-507. La mentalidad y los primeros asesinatos etarras han sido muy bien analizados por J. Juaristi en El bucle melancólico y Sacra Némesis. La bibliografía sobre la ETA es extensa y detallada, aunque los análisis corrientes suelen ser superficiales. <<

[1] Sánchez Gijón, http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/5/RIE_001_002_l 13. pdf. <<

[2] El Mundo, supl. «La Revista», n° 138; S. de Pablo y otros, El péndulo patriótico, Barcelona, 2001, pp. 304-5; citados en P. Moa, Una historia chocante, Madrid, 2004, pp. 508-9. <<

[3] P. Moa, Una historia chocante, p. 513. <<

[4] G. Fernández de la Mora, op. cit., p. 220; L. de la Fuente, Valió la pena. Madrid, 1998, p. 149. <<

[5] V. Walters, The mighty and the meek, Belfast, 2001, p. 133. <<

[6] En P. Moa, Una historia chocante, p. 518. <<

[7] Pablo Castellano, Yo sí me acuerdo. Apuntes e historias, Madrid, 1994, p. 171. <<

[8] R. Quiroga-Cheyrouze (coord.), Historia de la Transición en España, Madrid, 2007, pp. 204 y ss. <<

[9] En S. G. Payne, El catolicismo español, Barcelona, 2006, pp. 255 y ss. <<

[10] En S. G. Payne, El régimen de Franco, Madrid, 1995, pp. 590-1. Capítulo VI. Del asesinato de Carrero a las ejecuciones de 1975 <<

[a] Del pensamiento de aquellos líderes pueden dar una idea estas frases de uno de ellos, el citado García Salve: «A todo el que hable de pluralidad sindical hay que escupirle a la cara. Es un canalla o un estúpido ignorante. Todo el que habla de pluralidad sindical es un traidor a la clase obrera, un enemigo que busca nuestra ruina». Comisiones Obreras debía ser el sindicato único. (F. García Salve, Yo creo en la clase obrera, Madrid, 1977, p. 138). <<

[b] Con Kissinger conversó Fernández de la Mora, que lo describe como «nervioso, gestero y de aquilina mirada»: «Franco —dijo Kissinger— ya ha cumplido su misión, y corresponde a los de su generación (la de los políticos jóvenes) lograr que se retire y deje paso a la democracia». «Ya tenemos una democracia que, por cierto, liberó a España de la amenaza comunista y la ha llevado a ocupar el noveno lugar en el ranking económico internacional». «Me refiero a la democracia con pluralidad de partidos». «Es el modelo que Estados Unidos ha impuesto en una buena parte del mundo, con los resultados que están a la vista; por ejemplo, en África e incluso en (…) Hispanoamérica». (…) «solo con partidos políticos se incorporará España a la vida internacional». «Los tratados hispanonorteamericanos de 1953, reiteradamente renovados, y esta visita de su Presidente, creo que son claros testimonios de presencia internacional». «Veo que no es usted partidario de jubilar a Franco, ¿por qué?». «Porque creo que cada año que continúe al frente del Estado nos acercaremos más a los niveles de renta de los países desarrollados. Después, lo dudo». (Op. cit. pp. 237-8). <<

[1] J. M. Ortí Bordás, op. cit., pp. 112 y 153. <<

[2] Un periodista, Cuco Cerecedo, le inventaría en 1977 el mote de Carnicerito de Málaga, sin que parezca haber sido especialmente sanguinario. <<

[3] G. Fernández de la Mora, op. cit., pp. 180 y 246. <<

[4] L. López Rodó, op. cit., pp. 460 y ss; G. Fernández de la Mora, op cit., p. 250. <<

[5] J. M. Ortí, op. cit., p. 158. <<

[6] J. M. Velo de Antelo, De ayer a hoy. Los orígenes del Partido Popular, Valladolid, 2010, pp. 64 y ss. <<

[7] J. Utrera Molina, Sin cambiar de bandera, Barcelona, 1990, pp. 140 y 154. <<

[8] J. Tusell, Juan Carlos I. La restauración de la monarquía, Madrid, 1995, pp. 566, 572 y ss. <<

[9] J. Utrera, op. cit. p. 156. <<

[10] Ricardo de la Cierva ha insistido en estos puntos oscuros, también en el magnicidio de Carrero Blanco. <<

[11] S. Carrillo, Memorias, Barcelona, 1993, p. 600. <<

[12] R. de la Cierva, Franco. La historia, Madrid, 2000, p. 970. <<

[13] J. Utrera Molina, op. cit. pp. 191 y ss. <<

[14] J. Utrera Molina, op. cit., pp. 166-183 y 208-9; en S. G. Payne, op. cit., p. 633. <<

[15] Ib., 194 y 172. <<

[16] S. G. Payne, El régimen de Franco, Madrid, 1985, p. 640. <<

[17] Ver P. Moa, De un tiempo y de un país, Madrid, 2002, pp. 193 y ss. <<

[a] Así, por ejemplo, «El sexo era uno de los juguetes preferidos, las llamadas perversiones un refinamiento exquisito (un ilustre escultor brindaba a sus invitados el deleite de ver defecar a su bellísima compañera, en cuclillas, en mitad de la sala)»; «Izquierdismo y pornografía, al ser objeto ambos de la represión franquista, iban hermanados (…). Asistíamos a un burdo espectáculo porno en una cutre taberna del puerto de Hamburgo o a un sofisticado striptease del Crazy Horse como si participáramos en un acto revolucionario. Y poco faltaba para que, al meterse en el coño la putita portuaria el último objeto que le venía a mano (en una ocasión fueron las gafas de mi padre, lo que a él le enfadó mucho y a nosotros nos provocó un ataque de risa desaforada) o al desprenderse una de las mujeres más bellas del mundo de la última prenda de ropa, nos pusiéramos en pie y entonáramos La Internacional». (E. Tusquets, Confesiones de una vieja dama indigna, Barcelona, 2009). «Progre» era un término algo despectivo que usaban, sobre todo, los comunistas para las personas de ideas izquierdistas pero no dispuestas a un compromiso político serio. El término se popularizó. <<

[b] Ibid., pp. 140 y ss.; J. Sinova y otros, Historia de la Transición, en Diario 16, Madrid, 1984. S. G. Payne El régimen de Franco, Madrid, 1985, pp. 625 y ss. Aquel verano, según relata J. Bardavío en Crónica de la Transición, 1973-1978, páginas 529 y ss., la ETA habría planeado secuestrar a Juan Carlos y luego a Don Juan en Mónaco, movilizando a sus hombres más expertos. La operación habría sido delatada a la policía por un infiltrado en la banda, por lo que el Príncipe y su padre fueron advertidos, frustrando el plan. La policía española, o el ministerio mismo, habría demostrado en el caso una inepcia en verdad pasmosa, pues habría tenido casi en sus manos a los etarras y los dejó escapar tranquilamente. <<

[1] Ver anexo 1, de este libro. <<

[2] En esto erraba Ortí. El PCE se mostraría mucho más razonable que el PSOE. <<

[3] Sobre la cía tiene interés T. Wiener, Legado de cenizas, Barcelona, 2008. <<

[4] Resumen en sus memorias, Río arriba, pp. 148 y ss. <<

[5] En J. M. Ortí, op. cit., p. 162. <<

[6] S. G. Payne, op cit., p. VER <<

[7] Ver J. M. Velo de Antelo, De ayer a hoy. Los orígenes del Partido Popular, Madrid, 2010. <<

[a] Quienes militábamos en la oposición éramos muy pocos, comparativamente, y siempre chocábamos con la desvinculación sentimental o ideológica de la inmensa mayoría de la gente, en todas las capas sociales, con respecto a la república y el Frente Popular. <<

[b] La bibliografía sobre Franco y el franquismo es demasiado amplia para dar aquí una reseña mediana. L. Suárez y R. de la Cierva han elaborado los estudios más completos y documentados. El libro de P. Preston, muy jaleado, es extraordinariamente tendencioso y plagado de errores de detalle. S. G. Payne ha escrito un libro ecuánime, aquí citado. Otro estudio breve y de interés es el de J. P. Fusi. Por otra parte, los logros del franquismo han sido ocultados o tergiversados de tal modo, en los últimos decenios, que muchas personas, sobre todo jóvenes, se escandalizaron cuando yo aludí a ellos: creían que fue una época oscura, de gran pobreza y salvaje represión. Como síntesis, véanse mis libros Franco, un balance histórico, Barcelona, 2005, y Franco para antifranquistas, Barcelona, 2009. <<

[c] La oposición, autoidentificada con el Frente Popular, nunca aceptó la oferta de reconciliación y afirmó que el monumento había sido construido por veinte mil presos «políticos» y a costa del erario. En realidad, no llegaron a dos mil los presos, con un pico de setecientos simultáneos, y durante solo un tercio del tiempo de construcción. No eran forzados, pues cobraban el salario normal y redimían penas por el trabajo (hasta cinco días por cada uno trabajado). Se trataba de presos comunes y otros condenados, casi todos, por delitos cometidos durante la guerra. La inmensa mayoría de los obreros eran libres, y el monumento no costó nada o casi nada al erario, pues fue pagado con donativos y loterías. El libro mejor documentado al respecto es el de J. Blanco, Valle de los Caídos. Ni presos políticos ni trabajos forzados, Madrid, 2009. Sobre las previsiones de Franco para su entierro, ver el último capítulo de la misma obra. <<

[1] Administrador privado del Rey, sería condenado en 2004, 2007 y 2008 por diversos delitos financieros. <<

[2] Lo mismo le ocurría con los niños. <<

[3] M. Fraga, En busca del tiempo servido, Barcelona, 1988, p. 29. <<

[4] S. Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, Barcelona, 2005, p. 81. <<

[5] M. Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Barcelona, 1988, pp. 40-41. <<

[6] M. Fraga, op. cit., pp. 45-6; S. Sánchez-Terán, op. cit., p. 100. <<

[7] Ib., p. 29. <<

[8] P. y A. Fernández-Miranda, Lo que el Rey me ha pedido, Barcelona, 1995, p. 161. <<

[9] M. Fraga, op. cit., p. 29. <<

[10] J. M. Ortí, op cit., pp. 229 y ss. <<

[11] J. M. de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, Barcelona, 1977, pp. 145-6; J.Tusell, op. cit., p. 322., P. y A. Fernández-Miranda, Lo que el Rey me ha pedido, Barcelona, 1995, p. 196. <<

[12] P. y A. Fernández-Miranda, op. cit. p. 158; J.Tusell, op. cit., p. 322. <<

[13] M. Fraga, op. cit., p. 41. <<

[14] J. M. de Areilza, op. cit., pp. 14-15, 66. <<

[a] Pero véase la versión de P. Preston en Juan Carlos, el rey de un pueblo: «La amnistía [indulto en realidad] (…) benefició a muchos delincuentes comunes, pero dejó en libertad a relativamente pocos presos políticos: salieron 235 de un total de 4.000. Así pues, en el momento mismo en que Juan Carlos y Sofía recorrían en coche las calles atestadas de multitudes que los vitoreaban, la policía antidisturbios estaba cargando (…) para dispersar las manifestaciones ante las cárceles de todo el país (…). En Sevilla, Valladolid, Vigo, Barcelona y Madrid hubo enormes manifestaciones proamnistía». Parecen informaciones al estilo de Radio Tirana, imaginadas por el PCE(m-l)-FRAP, que emitía desde Albania. <<

[b] El teléfono de Tarancón y el de su secretario Martín Patino estaban intervenidos. Areilza cuenta cómo Arias hizo reír al todavía Príncipe Juan Carlos pasándole una nota de una conversación telefónica: «Es bastante desagradable, y el comentario del joven [príncipe] diciendo: Tarancón se portará bien porque lo tenemos muy agarrado». J. Tusell y G. Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre, Barcelona, 2003, p. 248. VV. AA. Historia de la Transición, por Diario 16, Madrid, 1984, p. 210. <<

[c] Por las instrucciones de uno de los teóricos de la ETA, Federico Krutwig, los policías, «entes infrahumanos» debían ser degollados y, siempre que fuera posible eliminados por medio de la tortura. No se debe tener para ellos otro sentimiento que el que se posee frente a las plagas que hay que exterminar. (Reproducido en J. Juaristi, El bucle melancólico, Madrid, 1997, p. 296 y en P. Moa, Una historia chocante, Madrid, 2004, p. 500; J. M. de Areilza, op. cit., pp. 152-3). <<

[1] J. Tusell,Juan Carlos I. La restauración de la monarquía, Madrid, 1995, p. 301. La anécdota con Franco, de un comentario oral de G. Fernández de la Mora al autor; F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, 1976, pp. 374 y 377; J. L. de Vilallonga, El Rey. Conversaciones con Juan Carlos I de España, Barcelona, 1993, pp. 96-7. <<

[2] En P. Preston, op. cit., p. 200; F. Franco Salgado Araújo, op. cit., pp. 345, 354 y 374. <<

[3] J. Tusell, pp. 644-5. Algo oficiosamente, Tusell resta importancia a la declaración de Don Juan, mientras que L. M. Ansón la considera un documento del mayor alcance político. J. Figuero y L. Herrero, La muerte de Franco jamás contada, Barcelona, 1985, pp. 125 y ss. <<

[4] L. López Rodó, op. cit., 473; J. L. de Vilallonga, El Rey, Barcelona 1999, p. 132. <<

[5] L. Herrero, Los que le llamábamos Adolfo, Madrid, 2007, pp. 73 y 95; Diario 16, Historia…, L, p. 308. <<

[6] P. y A. Fernández-Miranda, op. cit., p. 197. <<

[7] J. M. Ortí, op cit., p. 176. <<

[8] P. y A. Fernández-Miranda, op cit., p. 198 y ss. <<

[9] R. Martín Villa, Al servicio del Estado, Barcelona, 1984, p. 50; Diario 16, Historia de la Transición, 1, Madrid, 1984, p. 307. <<

[10] P. y A. Fernández-Miranda, op. cit., p. 77. <<

[11] P. y A. Fernández-Miranda, op. cit., p. 233. <<

[12] Aunque numerosos historiadores oscurecen el dato de quiénes empezaron, o lo presentan al revés. <<

[13] Sobre Carrillo directamente o sobre el PCE de su tiempo, tan ligado a su peripecia personal, existe una bibliografía bastante amplia. Véanse en particular Gregorio Morán, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, Barcelona, 1986* Fernando Claudín, Santiago Carrillo, crónica de un secretario general, Barcelona, 1983; S. Carrillo, Memorias, Barcelona, 1997; E. Líster, ¡Basta!, 1970; Particularmente ilustrativo es R. de la Cierva, Carrillo miente, Madrid, 1994. Recientemente, J. J. Esparza ha publicado El libro negro de Carrillo, Madrid, 2010. <<

[14] J. Pujol, Historia de una convicción. Memorias (1930-1980), Barcelona, 2008, pp. 136 y ss., 142 y ss. <<

[15] Ib., pp. 27 y 30. <<

[a] Un ejemplo de esa infiltración a alto nivel, referido a Asturias, en J. R. Gómez Fouz, Clandestinos, Oviedo, 1999. Entre otros, uno de los máximos dirigentes de la UGT, llamado durante años, ya en la democracia «el amo de Asturias», habría sido confidente de la policía franquista. <<

[b] Sobre este definitorio y no muy conocido asunto, existe cierta bibliografía, entre ella informaciones del socialista Amaro del Rosal. Lo he tratado en Los mitos de la guerra civil, Madrid, cap. 27. <<

[1] Quedaban cuatro ministros del Gobierno anterior y permanecían los cuatro ministros militares; R. Martín Villa, Al servicio del Estado, Barcelona, 1984, p. 35. <<

[2] El proceso está expuesto detalladamente por P. y A. Fernández-Miranda en Lo que el Rey me ha pedido, Barcelona, 1995. <<

[a] Como ya quedó indicado, he descrito ampliamente la génesis del GRAPO en el libro De un tiempo y de un país. Pese a la insistencia en tildarlo de «extraño», es el partido cuya gestación y desarrollo hasta 1977 está mejor aclarado; mejor que la actividad del PSOE y otros muchos, sobre los que persisten puntos oscuros, en particular sobre su financiación y vínculos internacionales. <<

[1] J. M. Velo de Antelo, Los orígenes del Frente Popular, Madrid, 2010, pp. 213-4; M. Fraga, En busca del tiempo servido, Barcelona, 1987, p. 60. <<

[2] Ib., pp. 186-9. <<

[3] S. Sánchez Terán, La Transición. Síntesis y Claves, Barcelona, 2008, p. 143. <<

[4] El resumen anterior, en B. Piñar, Escrito para la historia, I, Madrid, 2000, pp. 542 y ss. <<

[1] Debe recordarse que el GRAPO era una organización especial del PCE(r), del cual dependía como otras llamadas «organizaciones de masas» (sindical, universitaria, de artistas o Socorro Rojo). <<

[2] J. M. Ortí Bordás, pp. 289-291. <<

[3] J. Pujol, Memorias, 1930-1980, p. 288; L. Herrero, op. cit. pp. 131 y 172. <<

[4] Como en todo lo relacionado con el PCE(r)-GRAPO, remito a mi libro De un tiempo y de un país. <<

[5] J. Bardavío, Crónica de la Transición, Barcelona, 2009, p. 489. <<

[6] S. Sánchez-Terán, La Transición. Síntesis y claves, Barcelona, 2008, p. 168. <<

[7] En Ch. Powell op. cit., p. 192. <<

[8] Ortí, pp. 344-5 y 352-6. <<

[9] P. y A. Fernández-Miranda, p. 189. <<

[10] Diario 16, Historia, II, pp. 447 y 435; P. y A. Fernández-Miranda, p. 226. <<

[11] Ch. Powell, España en democracia, 1975-2000, Barcelona, 2002, p. 191. <<

[12] Fraga, p. 64. <<

[a] La bandera llamada «republicana» fue solo la de la II República, pues la I mantuvo la tradicional. La franja morada quería representar el pendón de Castilla; un error, pues este era rojo, pero en algunas vitrinas donde se conservaba había perdido color, aparentando el morado. <<

[1] G. Fernández de la Mora, op. cit., pp. 272-3. <<

[2] Ib., pp. 277-8; F. Silva Muñoz, Memorias, pp. 360 y ss.; M. Fraga, En busca del tiempo servido, Barcelona, 1987, p. 77. Cálculos de J. Tusell, en Ch. Powell, op cit., p. 289. <<

[3] Fraga, En busca del tiempo servido, Barcelona, 1987, p. 82. <<

[4] P. Castellano, Yo sí me acuerdo, p. 292. <<

[5] S. Sánchez-Terán, op cit., pp. 188-90. El Gobierno, presidido por Suárez, con Enrique Fuentes Quintana, Manuel Gutiérrez Mellado y Fernando Abril Martorell como Vicepresidentes económico, militar y de Asuntos Políticos, respectivamente. Para presidencia iba José Manuel Otero Novas; Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja; Justicia, Landelino Lavilla; Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez; Industria, Alberto Oliart; Comercio, Juan A. García Diez; Agricultura, J. E. Martínez de Genique; etc. <<

[a] El socialista Pablo Castellano recuerda: «Salpicamos disciplinadamente toda la provincia (Cáceres) con la profusa imagen del descorbatado Sr. González, para que el elector llegara a la conclusión de que su opción tampoco era tan complicada, sino bien sencilla: votar Suárez, González, Fraga, Carrillo, Tierno, etc. No era una elección de misses, pero se le parecía». (P. Castellano, op. cit., p. 296). <<

[1] Fraga, p. 90. <<

[2] Diario 16, Historia, II, pp. 491-5. <<

[3] Silva, pp. 381 y ss. <<

[4] Fernández de la Mora, p. 280. <<

[5] M. Platón, en Historia de la democracia, El Mundo, Madrid, 1995, pp. 514 y ss. <<

[6] Fraga, p. 95. <<

[7] Ver, por ejemplo, J. Juaristi, El bucle melancólico, Madrid, 1997 pp. 174 y 179. <<

[8] El Correo Español-el Pueblo Vasco, 28-XII-1986 y 2-1-1987. <<

[a] Manifestación muy nutrida, pero lejos de las cifras dadas, de en torno a un millón. Se han celebrado numerosas manifestaciones a las que se ha atribuido un millón de asistentes, pero los estudios más cuidadosos, con fotografía aérea y cálculo de superficies, demuestran que rara vez llegaron a los cien mil. <<

[b] Creo que el único libro que estudia la evolución de los nacionalismos vasco y catalán dentro de la evolución española del siglo XX, sigue siendo el mío, Una historia chocante. Los nacionalismos vasco y catalán en la España contemporánea, Madrid, 2004. Sobre el racismo nacional-catalanista resulta muy ilustrativo el libro de Francisco Caja, La raza catalana. <<

[1] Fraga, pp. 108 y 113. <<

[2] Fraga, p. 110. <<

[3] En J. L. Gutiérrez y A. de Miguel, La ambición del césar, Madrid, 1989, p. 283. <<

[4] Ch. Powell, p. 222; Fraga, pp. 121-2. <<

[5] En el diario Levante, 23-X-1979. <<

[6] El atentado marcó el declive del MPAIAC. Cubillo sería indemnizado en 2003 con 150.000 euros (24 millones de pesetas) por orden de la Audiencia Nacional española. <<

[7] Fraga, p. 123. <<

[8] Fontán, «El camino de la Constitución en el Senado y en la Comisión Mixta», en Diario 16, Historia de la Transición, II, pp., 552 y ss. <<

[9] Diario 16, Historia de la transición, II, pp. 490 y ss. <<

[10] Fernández de la Mora, pp. 283. <<

[11] Fraga, pp. 133. <<

[a] J. Pujol, p. 298. En sus diarios, Azaña se quejaba a Negrín: «Ya salen las combinaciones. (Los nacionalistas) son como la yedra. Se le subirán a usted por las piernas, hasta envolverlo». <<

[1] En las siguientes consideraciones me baso, sobre todo, en el capitulo cuarto de las Memorias de estío, de M. Herrero de Miñón. Me ha parecido más claro y condensado que el de Peces-Barba y otros. <<

[2] Herrero, p. 158. <<

[3] Herrero, pp. 119-121. <<

[4] M. Álvarez Tardío, El camino a la democracia en España. 1931 y 1978, Madrid, 2005, p. 485. <<

[a] Las Cortes de León fueron posiblemente la primera experiencia parlamentaria europea. Los políticos solían mostrar ignorancia de la historia de España junto a una visión descalificadora de ella. <<

[1] Fraga, p. 142. <<

[2] R. Martín Villa, Al servicio del Estado, Barcelona, 1984, p. 87. Arias terminaría ingresando en el Partido Popular, siendo ministro de Fomento en 1996. <<

[3] Fraga, p. 141. <<

[4] Sobre la cuestión del marxismo ver, por ejemplo, ABC de Sevilla, 11-10-92, p. 22, columna de Manuel Barrios; J. L Gutiérrez y A. de Miguel, La ambición del César, pp. 121 y ss. Diario El Mundo: 1975-1995, Historia de la democracia, Madrid, 1995, pp. 498 y ss. (relato de F. Frechoso y ensayo de Ch. Powell), P. Castellano, Yo sí me acuerdo, pp. 317 y ss.; Ch. Powell, pp. 242 y ss. <<

[5] Fraga, pp. 168-9. <<

[6] Según J. Linz, citado en Ch. Powell, p. 249. <<

[7] J. Pujol, 316; M. Fraga, p. 162. <<

[8] En Ch. Powell, p. 259; Fraga, p. 160; sobre Silva, ver p. 142 de este libro. <<

[9] Un informe amplio en L. M. Linde «La profundización de la crisis económica: 1979-1982», en VV. AA., Economía española de la Transición y la democracia, 1973-1986, Madrid, 1990, pp. 37 y ss. <<

[10] Según el IV Informe FOESSA, en Ch. Powell, op cit., pp. 269-70 y 265. <<

[11] Ch. Powell, p. 275. <<

[a] O Garaikoetxea. La grafía tradicional vasca es la misma que la castellana, la introducción sistemática de las letras «k», «tx» y otras es históricamente muy reciente. <<

[1] Datos del INE. <<

[2] Ver un resumen en http://www.galeon.com/razonespanola/re91-flo.htm <<

[a] Otra sima célebre en los anales de la propaganda de izquierda fue el «pozo Fortuna» o «Funeres», en Asturias, también repleto de «antifascistas» o «demócratas» allí arrojados, y objeto de verdaderas peregrinaciones. Según el concienzudo investigador Pedro Fandos, es una invención de cabo a rabo. <<

[1] Gregorio Morán, Adolfo Suárez, ambición y destino, Barcelona, 2009, p. 243. <<

[2] P. y A. Fernández-Miranda, Lo que el Rey me pidió, pp. 247-8. <<

[3] Fernández de la Mora, pp. 270-1. <<

[4] Fraga, p. 209. <<

[5] Morán, pp. 241 y 226. <<

[6] L. Herrero, Los que le llamábamos Adolfo, pp. 196 y ss. Morán 236 y ss. <<

[7] Herrero, p. 234; L. Calvo-Sotelo, pp. 30-31. <<

[8] En Morán, p. 255; Fraga, p. 266; A. Armada, Al servicio de la Corona, Barcelona, 1983, pp. 228 y ss. La bibliografía sobre el golpe es muy copiosa, e Internet contiene también una masa de datos. He utilizado aquí, de preferencia, las obras mencionadas, las memorias de Carrillo, los relatos de Victoria Prego, de Pardo Zancada, J. Prieto y J. L. Barbería, Luis Herrero, Juan Blanco y Jesús Palacios. <<

[9] J. Palacios, 23-F: El golpe del CESID, Barcelona, 2001, p. 25; en J. Blanco, 23-F. Crónica fiel de un golpe anunciado, p. 394. <<

[10] L. Herrero, Los que le llamábamos Adolfo, Madrid, 2007, pp. 227 y ss. <<

[11] F. Jiménez Losantos, Lo que queda de España, Madrid, 1995, pp. 116-7. S. Carrillo, Memorias, Barcelona 1993, p. 714. <<

[12] J. Enrique Domínguez Martínez Campos, Con Franco y con el rey, Madrid 2003, p. 399. <<

[13] L. Linde, op. cit., p. 54. <<

[14] A. Carreras y E. Tafunell (dirs.), Estadísticas históricas de España, siglos XIX-XX, Madrid, 2005. <<

[15] L. Calvo-Sotelo, Memoria viva de la Transición, Barcelona, 1990, pp. 69, 74 y 81. <<

[16] Gregorio Morán, Adolfo Suárez, Ambición y destino, Barcelona, 2009, pp. 32-33. <<

[17] P. y A. Fernández-Miranda, Lo que el Rey me ha pedido, p. 200. <<

[18] G. Morán, p. 21. <<

[19] L. Herrero, Los que le llamábamos Adolfo, p. 99. <<

[20] En Ch. Powell, pp. 334 y ss. <<

[a] Martín Villa, p. 116; Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, Barcelona 1990, pp. 28-9. y 26. G. Morán, por el contrario, atribuye a las amenazas golpistas la causa esencial de la dimisión, y señala que Suárez, obsesionado, según él, por el espionaje telefónico, tenía que estar al tanto de ellas. Al mismo tiempo apunta que el CESID boicoteaba a Suárez. <<

[1] Más ampliamente tratado en P. Moa, Franco para antifranquistas, pp. 203 y ss. <<

[2] El periodismo español rara vez ha sido muy agudo. «Un grupo de periodistas se acerca a Pío (Cabanillas) y le pregunta: “¿Qué piensa usted de la próxima convocatoria electoral?”. Pío sonríe, baja los ojos, hiere levemente el suelo con la punta del zapato y, por fin, habla: “Como dicen en mi tierra, hay que verlas venir”. Un viento de admiración discipular se levanta de cuantos le rodean. Alguno apostilla: “Genial, don Pío”. Otro remacha: “Don Pío, como siempre, dando en el clavo”. La circunstancia en acción». (L. Calvo-Sotelo, Memoria viva de la Transición, Barcelona, 1990, p. 192). <<

[3] Ver P. Moa, Nueva historia de España, pp. 857 y ss. <<

[4] Un breve análisis al final de este libro. <<

[a] Un episodio definitorio fue el secuestro y tiro en la rodilla a Federico Jiménez Losantos, en mayo de 1981, por parte del terrorismo nacionalista catalán. Los nacionalistas teóricamente moderados completaron la operación con una campaña de descrédito y burlas a la víctima (solo Tarradellas y algún otro manifestó sentimientos más democráticos). El «delito» de Jiménez Losantos había sido denunciar la política oficial de utilizar el idioma catalán contra el castellano, como arma de división social, junto con una falsificación de la historia y vulneración de los derechos de los castellanohablantes. <<

[b] Sobre las ilegalidades innecesarias en relación con las autonomías, tiene interés el ensayo «Los vicios de origen de los procesos autonómicos», de Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la universidad compostelana, que documenta la conculcación de preceptos constitucionales en los trámites autonómicos. Cabe recordar también la observación de Herrero de Miñón sobre «la insolvencia de fondo y de forma con que se hacen ahora las leyes», citada en el capítulo II de este libro. <<

[1] A) Declaración pretenciosa y nada autocrítica. Dudosamente cabe considerar signos de convivencia fecunda la expansión del terrorismo, la droga, la delincuencia, la corrupción política o el descrédito de la justicia. B) Ninguno de los dos bandos, durante la guerra, defendió la democracia, aunque uno, el Frente Popular, fuera mucho más totalitario que el otro. C) Quienes sufrieron las «consecuencias» de la victoria de Franco fueron principalmente comunistas y terroristas. <<

[2] Esas asociaciones y ciudadanos son, sin excepción, simpatizantes del Frente Popular y en ocasiones del terrorismo. ¿Concordia? <<

[3] A) Declaración demagógica y absurda: todos los regímenes, también las democracias, se basan en la violencia, institucionalizada u originaria: en Europa del oeste, las actuales democracias proceden de la intervención useña en la guerra mundial. B) En España no se planteó ni se impuso ningún régimen totalitario: el franquismo no lo fue, y los intentos totalitarios del PSOE, el PCE y otros durante la república, la guerra civil y posteriores, fueron derrotados. C) El Consejo de Europa fundó su declaración, en informes fraudulentos (ver P. Moa, «Carta abierta al Consejo de Europa», en Libertad Digital, 28-II-2008). D) Las violaciones de derechos humanos ocurren también en los países europeos, y por supuesto en España. Baste pensar en el GAL. <<

[4] A) La ley coloca en el mismo plano a quienes sufrieron privación de libertad o muerte siendo inocentes, y a los asesinos y torturadores de las chekas, como fueron muchas de aquellas «víctimas», abandonadas por sus jefes a la justicia de Franco. solo este abuso anula jurídicamente la ley. B) La persecución religiosa constituyó un genocidio realizado por el Frente Popular, cuyos autodeclarados herederos —los autores de la ley— jamás han expresado el menor remordimiento al respecto. La vaga mención del caso aquí solo puede interpretarse como un sarcasmo. C) No hubo trabajos forzados, según se ha demostrado fehacientemente en el caso del Valle de los Caídos y otros. D) No lucharon por valores democráticos los carabineros, las brigadas internacionales ni los guerrilleros (maquis), sino por un Frente Popular esencialmente antidemocrático. Los carabineros fueron un cuerpo ilegalmente organizado por Negrín. Los brigadistas internacionales fueron un ejército particular de la Comintern estalinista. Y el maquis fue un intento comunista de reanudar la guerra civil, fracasando ante todo por el rechazo de la población. E) La autoidentificación de los autores de la ley con tales «demócratas» indica que no lo son ninguno de ellos. F) Sobre la UMD puede el lector encontrar algún comentario en este libro y en Libertad Digital, 19 y 28 de febrero de 2010. <<

[5] A) Los autores de la ley rehúsan conocer la realidad histórica hoy plenamente documentada. Por tanto, tampoco pueden darla a conocer a los ciudadanos. B) En un régimen democrático no corresponde a los políticos enseñar la historia, sí en una dictadura totalitaria. C) Una vez más, al definir como demócratas a componente del Frente Popular, los autores de la ley se definen a sí mismos. <<

[6] A) La inclusión aparente de las víctimas derechistas y religiosas del Frente Popular, es un evidente engaño en el contexto de la ley. B) Las condenas judiciales al maquis, por ejemplo, lo eran por actos derivados de su ideología. No eran injustas por principio. <<

[7] A) Igualar a inocentes y chekistas pretextando que estos no tuvieron un juicio justo niega la historia real y el espíritu de la justicia. B) Ignora deliberadamente los asesinatos y torturas practicados en abundancia por las izquierdas entre sí. C) Los juicios de posguerra, aun menos garantistas que los actuales, lo eran mucho más que los tribunales «populares» del régimen aquí presentado como democrático. D) No sobra observar que estas distorsiones históricas y jurídicas sirven a una ideología que aspira a enterrar a Montesquieu y ha propiciado juicios injustos y expolios del calibre del de Rumasa. <<

[8] Cumple insistir en que las víctimas de aquellas leyes represoras fueron ante todo comunistas y terroristas. No había demócratas en las cárceles de la dictadura. <<

[9] A) La democracia de que más o menos todos disfrutamos —en especial los autores de la ley— proviene sin duda alguna del franquismo, que ya había cerrado en 1969 las responsabilidades por la guerra civil. B) El artículo 10 establece cuantiosas indemnizaciones (135.000 euros) por «los fallecidos entre 1968 y 1977 en defensa de las libertades». El año 1968 no está elegida al azar, pues fue cuando la ETA empezó a asesinar, y la mayoría de los fallecidos en ese período pertenece a dicha organización terrorista. C) Tampoco los demás murieron en defensa de las libertades, sino de consignas de partidos de extrema izquierda. <<

[10] Se han gastado grandes sumas de dinero público en localizar fosas comunes bajo el supuesto, puramente imaginario, de que había decenas de miles de personas así enterradas. El falso dato ha justificado un buen negocio subvencionado, aunque solo hayan podido localizarse, después de muchos años, unos centenares de cuerpos, muchos de ellos de procedencia insegura o sin saberse las circunstancias de la muerte. Episodios grotescos como el del barranco de Orgiva, en Granada (Ver «La técnica del odio», en Libertad Digital, 13-IX-2006, y Los mitos de la represión, de A. D. Martín Rubio), no han desanimado el negocio. Y siguen sin identificar miles de restos humanos en Paracuellos, la mayor fosa de la guerra. <<

[11] A) Los ciudadanos no han sido consultados al respecto, solo los afines a los autores de la ley. B) La decisión corresponde al espíritu totalitario-orwelliano de borrar la historia. C) La medida tiene un precedente en la política frentepopulista de destruir los símbolos, monumentos y edificios cristianos, incluso las cruces de los cementerios, expoliando asimismo parte importante del patrimonio histórico-artístico español. D) So pretexto de «no agraviar» a los partidarios de la «legitimidad» del Frente Popular, queda agraviado el derecho, la reconciliación e innumerables otros ciudadanos. <<

[12] A) El reconocimiento, de las brigadas internacionales —miles de cuyos miembros fueron asesinados por sus propios dirigentes en purgas estalinianas— es muy coherente con el espíritu totalitario de esta ley. B) Las asociaciones ciudadanas mencionadas, son, como nadie ignora, grupos subvencionados y de ideología no democrática. <<

[13] Como se recordará, el Archivo de Salamanca fue expoliado por el Gobierno. Con todo, esta disposición es positiva, y con seguridad resultará poco productiva para los afines a una democracia a la estaliniana. <<

[14] La «emigración española» nunca pidió tal cosa. Como en el caso de «los ciudadanos», los legisladores se arrogan antidemocráticamente la representación de toda ella. <<

[15] A) Es obvio que la inmensa mayoría de los españoles se reconcilió y cerró las heridas bajo el franquismo, lo cual permitió una transición moderada y pacífica (salvo por el terrorismo, fundamentalmente de izquierda). B) Invocar aquí el «espíritu de la Transición» es un nuevo sarcasmo, al estilo de aquellas leyes estalinistas que concedían «las mayores libertades del mundo». <<