Con este libro Moa cierra un debate algo extraño, pues no ha tenido lugar abiertamente y, sin embargo, se ha mantenido en los últimos siete años, a menudo con alto grado de apasionamiento —no solo es España, sino en Inglaterra, Alemania y otros países—, por medio de una multitud de artículos, noticias, alusiones personales, foros de Internet, y hasta un voluminoso libro titulado, precisamente, Anti Moa. Han menudeado los argumentos ad hominem y los ataques personales en una proporción desacostumbrada en el mundo académico y fuera de él, lo cual pone de relieve la importancia de las tesis a debate.

«El debate ha transcurrido como una especie de guerra de guerrillas, de modo confuso y poco organizado, por lo que muchas personas quedan con una idea borrosa sobre los hechos históricos y los argumentos en cuestión. Una cuestión tan importante para nuestro presente y futuro. como el enfoque de nuestra historia reciente. De ahí la necesidad de establecer con precisión los datos y criterios empleados por una y otra parte», ha señalado el autor.

El libro condensa, con incisividad y gran claridad expositiva, una visión que necesariamente habrá de ser tenida en cuenta, no solo sobre los años 30, sino sobre todo el siglo XX español.

Pío Moa

La quiebra de la historia progresista

En qué y por qué yerran Beevor, Preston,
Juliá, Viñas, Reig…

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Titivillus 18.02.15

Título original: La quiebra de la historia progresista

Pío Moa, 2007

Editor digital: Titivillus

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INTRODUCCIÓN

LA IMPORTANCIA ACTUAL DEL PASADO

Nuestro pasado nos interesa, pues, como cita de Cicerón el historiador Martín Rubio en su libro Los mitos de la represión, «si ignoras lo que ocurrió antes de que tú nacieras, siempre serás un niño». Y nos interesan en especial los momentos cruciales, uno de lo cuales fue sin duda la Guerra Civil, cuyas consecuencias todavía llegan con fuerza. Aquella guerra constituyó, por una parte, el desenlace de las tensiones acumuladas en el país desde finales del siglo XIX, y, por otra, el comienzo de una época muy diferente de la anterior, tanto por la larga dictadura de Franco como por nuestra democracia actual, tan ajena a la perturbada república de los años 30.

El interés no excluye la serenidad. En 2006 hemos conmemorado dos aniversarios redondos: el 75° del nacimiento de la II República y el 70° del reinicio de la Guerra Civil. A esta distancia temporal, ambos sucesos debieran ser objeto de estudios desapasionados, pero constatamos con bastante asombro lo contrario. So pretexto de que la transición democrática se basó en el olvido del pasado, y de que es hora de recuperar la memoria, se nos está sirviendo como veraces las mayores distorsiones de la propaganda de entonces. De una de las propagandas, quiero decir.

No es cierto que la transición impusiera el olvido: sólo impuso el acuerdo de dejar «que los muertos entierren a los muertos», el acuerdo de no utilizar el pasado como arma política en el presente. En realidad, resultan incontables los libros, artículos, películas, documentales, etcétera, sobre la guerra, la república y el franquismo salidos desde la muerte de Franco.

La falsedad en torno al supuesto olvido quiere justificar y abrir el camino a la actual avalancha de versiones, también demostrablemente falsas, sobre aquel pasado. Con la aspiración, nada menos, de consagrarlas como la historia «definitiva», «profesional», y la amenaza de estigmatizar cualquier disidencia como «reaccionaria» o «fascista». Es decir, presenciamos una vuelta al tratamiento propagandístico del pasado. Este fenómeno tiene a su vez su propia historia, asociada a la llamada «segunda transición», como llaman al abandono del compromiso de moderación y a la liquidación de la Constitución democrática del 78. Atender a esta pequeña historia nos ayuda a comprender en qué alto grado, y en ocasiones con cuánto peligro, el pasado llega a pesar sobre el presente, haciendo que, como en la tragedia de Esquilo, «los muertos maten a los vivos». Puede decirse que las mayores amenazas para nuestra actual convivencia democrática se basan en alguna grave distorsión de la historia.

Hace algún tiempo el político Alfonso Guerra declaró llegada la hora de hacer «el proceso político al franquismo», al no haber podido hacerse durante la transición. He replicado que no veía cómo podía hacer tal proceso su partido, que en definitiva había planeado la guerra civil, según consta en sus propios documentos, que luego no había hecho oposición digna de reseña a la dictadura, que se había reorganizado al final del franquismo con permiso de la Guardia Civil y con ayudas no muy claras, y que durante su estancia en el poder había organizado una corrupción masiva e intentos de desarticular la democracia «enterrando a Montesquieu», en frase del propio Guerra. ¿No resultaba arriesgado para el PSOE emprender tal proceso? Dejémonos, pues, de procesos políticos y tratemos, modestamente, de acercarnos a la verdad histórica, tarea bastante más ardua en medio de la floración selvática de versiones exaltadas.

Sospecho que la actitud del PSOE se basa en la experiencia de las Vascongadas y Cataluña. Allí nunca se cumplió en absoluto el acuerdo sobre la utilización política del pasado, y, por el contrario, la recuperación de los estribillos de la guerra ha jugado un papel decisivo en el arrincona- miento de la derecha nacional, así como en la radicalización de amplias masas de la población y la vulneración sistemática de la ley. Todo ello flanqueado, en el caso vasco, por el terrorismo, también muy influyente en el catalán de modo indirecto. Y ahora asistimos a un proceso muy parecido en el conjunto de España.

Es obvio que determinados poderes consideran la recuperación de las viejas pasiones un instrumento útil para su política actual, mientras la derecha se ha inhibido, permitiendo a la marea avanzar más y más. Como ha observado Stanley Payne, tras la victoria electoral del PP hace unos años los dirigentes socialistas vieron ahí una táctica eficaz para acosar a la derecha, y desde entonces la utilizan sin tregua. Así, el pasado —la distorsión del pasado— condiciona de manera enfermiza el presente.

La tesis básica manejada en estas versiones afirma, en esquema, que la guerra se libró entre el fascismo y la democracia, habiendo cometido el primero todas las atrocidades que su nombre evoca. Y el PP sería el heredero político de aquellos fascistas o franquistas, como se encargan de reiterarlo a menudo diversos formadores de opinión en los medios de masas. De este modo la derecha estaría bajo permanente sospecha y necesitada de justificar su carácter democrático… sometiéndose a las exigencias de los presuntos herederos de la democracia no menos presuntamente asesinada en los años 30. El argumento servía al PSOE, de paso, para alejar la atención de su pasado reciente, de la marea de corrupción con que habían culminado sus «cien años de honradez».

La táctica ha resultado tanto más fructífera para los intereses inmediatos de la izquierda cuanto que la derecha, un tanto asustada, prefirió dejarle el campo libre, llamando a «hablar del futuro, y no del pasado». Tal actitud admitía implícitamente, ante el ciudadano neutro y poco informado, las acusaciones sobre su pasado inconfesable. Y puesto que prefería ocultar ese pasado (el «asesinato de la democracia», recuérdese), ¿qué garantías podía ofrecer para el futuro? ¿No volvería a las andadas en cualquier momento? El desairado repliegue de la derecha dio a las izquierdas y a los separatismos la máxima ventaja. Quedaron olvidados la corrupción y otros asuntos feos, y mucha gente, aun recordándolos, prefería al PSOE, no sin lógica, antes que a un partido manchado por la destrucción de una república idealizada sin tasa, y por su negativa a reconocer su delito.

Para mí no se trata de defender a la derecha, no pertenezco a ella, sino de clarificar los hechos, al margen de cualesquiera ventajas partidistas, pero he podido comprobar recientemente a qué punto llega en la derecha esta sumisión ideológica a la izquierda y la renuncia consiguiente a restablecer la verdad, que han llegado a la censura de mis artículos, hasta obligarme a dejarlos, en un periódico como La razón. Una manifestación más del «invierno mediático», propiciado por el mismo PP y anunciado por Jiménez Losamos a raíz del 14-M. Afortunadamente, nos queda Libertad Digital y algunos otros medios.

Expondré aquí la idea con más precisión: el alud de publicaciones sobre la república y la guerra, con sus contradicciones, reiteraciones, etcétera, va a provocar seguramente el hartazgo y la desorientación en la mayoría de la gente, falta de tiempo para profundizar. Por consiguiente, urge una labor crítica que permita al lector corriente distinguir unas tesis de otras y entender con alguna claridad por qué son falsas o acertadas. No se trata de repetir lo que ya he expuesto abundantemente en varios libros, sino de analizar críticamente diversas versiones hoy muy difundidas. Confío en que estos trabajos ayudarán a muchas personas a desenvolverse en la maraña de publicaciones en curso.

Creo que la búsqueda de la verdad es siempre muy trabajosa, pero permite clarificar el ambiente y ejerce un efecto liberador, mientras que el descanso en la mentira demostrada termina enconando los ánimos y esterilizando la vida social, como, por lo demás, estamos viendo a cada paso. Entender en lo posible las tramas de la historia debe ayudar a liberarnos de quimeras y a hacer la convivencia en España más libre y fructífera.

* * *

Este libro, publicado por capítulos en Libertad Digital durante los años 2005-2006, se compone de una serie de ensayos críticos en torno a una parte de la bibliografía generada en el mismo período. Quizá por ello resulte a veces algo reiterativo, pero me ha parecido conveniente dejarlo así, con pocas correcciones, porque las repeticiones cumplen a veces un papel didáctico, máxime ante la insistencia machacona de diversos estereotipos de demostrada falsedad. El libro está destinado al público en general pero especialmente a estudiantes de historia, y su objetivo consiste en trazar esquemáticamente la evolución del período poniendo de relieve, al mismo tiempo, los serios errores de enfoque y método que han generado versiones de la historia totalmente inaceptables tanto desde el punto de vista de la atención a los hechos como, muchas, veces, desde la propia lógica. No me ha parecido necesario documentar las citas, en parte por razones de agilidad y en parte por ser casi todas bien conocidas o por encontrarse con facilidad en otros libros, entre ellos la trilogía que dediqué, en esta misma editorial, a la república y la guerra.

I PARTE

PROBLEMAS HISTORIOGRÁFICOS

Capítulo I

ERRORES DE DETALLE

En los libros de historia hallamos dos tipos básicos de errores: los de detalle y los de enfoque. Los primeros se cuelan incluso en las obras más minuciosas, porque, de un lado, es imposible comprobar a fondo todos y cada uno de los datos utilizados, y el investigador ha de dar crédito necesariamente a otros autores que no siempre aciertan; y, por otra parte, los datos suelen ser corregidos por nuevas investigaciones. Así, sobre el armamento aportado en la guerra por los alemanes, los rusos o los italianos salen de vez en cuando estudios que afinan las cifras… o que las devuelven al campo lodoso de la propaganda.

Un caso interesante fue el del inglés G. Howson, cuya obra acogieron con calor historiadores como S. Juliá, E. Moradiellos y otros muchos que creían encontrar en ella la prueba de la tesis, desechada hace tiempo por historiadores solventes, de que Franco había ganado gracias a la ayuda germanoitaliana. Pero el libro del autor inglés, muy pintoresco en sus apreciaciones sobre la España de entonces, sufrió la crítica demoledora de buenos especialistas como A. Mortera y J. Salas, que remitieron la cuestión a sus justos términos.

Varios lectores me han hecho observar errores de detalle en Los mitos de la guerra civil. Algunos apenas pasan de erratas, como llamar «congreso Vaticano II» al concilio, o Javier a Víctor Pradera, o atribuir un hecho del año 1938 al año siguiente, etc. Son fallos que el lector subsana automáticamente por su cuenta. Otros resultan peores, como la omisión de Durruti o de Unamuno entre los personajes del apéndice final; o fallos en los mapas: son muy esquemáticos y sólo quieren ofrecer una imagen visual de la evolución del conflicto, pero el último tiene muy mal trazado el sur de la zona izquierdista hacia el final de la contienda; o llamar «fascista», sin mayor matización, a la Falange, etc. Sobre el asesinato de García Lorca menciono un dudoso gasómetro, citado de otro libro. También, contra lo escrito por mí, hay fotos de las hojas lanzadas por Mola con amenaza de arrasar Vizcaya. Hay dudas sobre la autenticidad de las hojas, pero las fotografías existen y ello basta para, mientras no se pruebe otra cosa, corregir mis expresiones.

Menos perdonable resulta la opinión demasiado favorable a la actuación de Von Richthofen, autor del bombardeo de Guernica, durante la guerra mundial. Richthofen no parece haberse afiliado al partido nazi ni ordenado bombardeos puramente terroristas, pero sus ataques aéreos a Belgrado o Stalingrado, aunque dentro de operaciones militares, fueron despiadados y causaron decenas de miles de muertos civiles. Esto es más que una conducta meramente profesional.

Los mitos contiene alguna omisión poco justificable. Por ejemplo, señala la inutilidad militar del bombardeo de Guernica, al realizar Mola el avance inmediato en otra dirección y perder así la oportunidad de copar a buena parte del ejército enemigo. Sin embargo, el bombardeo tuvo otro resultado militar de primer orden: el PNV llamó a los suyos a luchar con reforzado ímpetu, pero bajo cuerda intensificó sus contactos con los fascistas italianos, traicionando a sus aliados del Frente Popular y a las propias tropas vascas. Esos «diálogos» facilitarían a Franco su primera victoria masiva en Santander, donde pudo capturar de un golpe a varias divisiones enemigas y una gran cantidad de material de guerra.

Indudablemente habrá más fallos de este género, que, en fin, aparecen inevitablemente, como he dicho, y por lo común no son graves, salvo si abundan en exceso o alteran de modo importante los hechos. Error de detalle que cambia la visión general podría ser, por ejemplo, éste sobre Casas Viejas en la serie que va publicando El Mundo (tomo I, p. 174): «Unos campesinos se rebelan y arremeten contra el cuartel de la Guardia Civil. El Gobierno mandó refuerzos desde Madrid y murieron 19 campesinos. Desde entonces la CNT volvió la espalda a la República». ¿Desde entonces? La CNT llevaba mucho tiempo atacando a la república, no sólo dándole la espalda. El suceso de Casas Viejas, en enero de 1933, se inscribía en una insurrección mucho más amplia, segunda de las intentadas por la CNT, aparte de otras huelgas insurreccionales desatadas ya en 1931, a los pocos meses de llegar la república. La equivocación del libro es ciertamente grave, pues oculta un proceso tan importante para el destino del régimen como las insurrecciones anarquistas. Y resulta muy débil decir que «murieron» los campesinos, cuando fueron detenidos en una razzia indiscriminada y masacrados a continuación. Asimismo, el lector desprevenido puede atribuir la matanza a la Guardia Civil y no a la autora real, la Guardia de Asalto, dato muy significativo porque la primera solía considerarse de espíritu monárquico, siendo la segunda una creación de la república. Otro error de difícil disculpa: en la página 104 califica a Lerroux de «demagogo catalanista», y habla de «las pedestres formas del político catalán». Ni catalán ni catalanista, sino enemigo histórico del nacionalismo catalán.

Defecto frecuente, que ya anoté en una reseña sobre el libro de Beevor, es la utilización de cifras un poco a la buena de Dios. Así, en la página 20 del citado tomo de El Mundo, y bajo el epígrafe «La sociedad española (1930-1936)», aparece una serie de datos, muy dudosos varios de ellos, como los referentes a la tasa de analfabetismo o al número de escuelas construidas en 1932 (multiplica por diez la cifra real), etc. Pero esas cifras, aun de haber sido más cuidadas, dicen poco o nada de la sociedad de la época. Para tener significado tendrían que venir comparadas con las de otros países del entorno y con la evolución anterior, lo cual no se hace, lamentablemente.

Especialistas en este tipo de errores son P. Preston o A. Beevor en su último libro. Por no extenderme ahora (ya habrá ocasión), citaré un análisis de Preston sobre la revolución de Asturias: «Los mineros, armados sólo con cargas de dinamita, impidieron el paso de cuatro columnas armadas con artillería y pleno apoyo aéreo, y las derrotaron en dos ocasiones (…) Por otra parte, el mismo ejército se había mostrado lo bastante republicano en espíritu para tener que echar mano de los mercenarios africanos para llevar a cabo la represión. Hay noticias de que al menos un oficial dio orden a sus hombres de no hacer fuego contra sus hermanos». Ni un solo aserto responde a la realidad, ya bien conocida cuando Preston escribía tales cosas. Los mineros dispusieron de gran cantidad de dinamita y de muchos miles de armas largas y cortas, ametralladoras e incluso cañones, y sólo tuvieron a raya unos días, sin derrotarla, a una columna militar, aparte de dos pequeñas expediciones que se replegaron sin combatir. En cambio, una columna mínima —300 soldados— logró atravesar la zona rebelde, liberando la importante ciudad de Avilés y penetrando luego en Oviedo. Y las tropas enviadas por Franco a Gijón, algo más de 2.000 hombres, se abrieron paso enseguida hasta la capital asturiana y resolvieron la situación en cinco días.

El ejército, cierto, fue bastante republicano, pero por lo contrario de lo que dice nuestro autor, pues se mantuvo adicto al gobierno legítimo de centro derecha. Los militares comprometidos en la revuelta izquierdista, y, por tanto, contrarios a la legalidad republicana, no osaron actuar, y apenas hubo deserciones. El oficial (jefe, en realidad) que comentó (no dio tal orden) que sus tropas no tirarían contra sus hermanos, tomó una actitud subversiva, antirrepublicana.

En cuanto a los «mercenarios africanos», pertenecían al ejército español, y ya Azaña los había traído a la península contra Sanjurjo. En los disturbios del 6 de febrero de 1934 en París, parte de la ciudad fue tomada por soldados senegaleses, y a nadie se le ocurrió que el gobierno francés desconfiara de su ejército y tuviera que recurrir a «mercenarios africanos». Vemos aquí una desvirtuación sistemática, no rara en los autores mencionados.

Caso especial es el de las víctimas del terror, en las cuales han centrado muchos la historia de la Guerra Civil, con arbitrariedad evidente. La cuestión estuvo dominada por la propaganda, tanto en un bando como en el otro, hasta el año 1977, nada menos, cuando R. Salas Larrazábal, en su célebre investigación Pérdidas de la guerra, la situó en el terreno historiográfico por primera vez, tras una crítica ejemplar de los cálculos de G. Jackson, R. Tamames, H. Thomas y diversos autores franceses.

Salas llegaba a cifras mucho más próximas a la realidad, achacando mayor número de víctimas al Frente Popular y rebajando el número de fusilados en la posguerra, estimado en unos 200.000 por historiadores de izquierda, a algo más de la décima parte (la costumbre izquierdista de multiplicar por diez y más las cifras reales se manifiesta a menudo, como en las del bombardeo de Guernica o, últimamente, en las de los obreros supuestamente forzados a trabajar en el Valle de los Caídos. Parece una tradición).

Naturalmente, los datos de Salas estaban sujetos a su vez a correcciones, pero ya dentro del ámbito historiográfico y no propagandístico. Sin embargo, la fuerte emocionalidad ligada a esas cifras y su utilidad para la política o la demagogia actual han animado a diversos estudiosos a retroceder al campo de la propaganda, tanto en los datos como en el tono, panfletario sin rebozo. Con metodologías variadas y a menudo con respaldo de fondos públicos otorgados por sus partidos, han indagado provincia a provincia, afirmando que la suma de víctimas causadas por las derechas triplica o incluso quintuplica a las contrarias.

Esos estudios salieron condensados en otro libro panfletario, Víctimas de la guerra civil, coordinado por Santos Juliá y cuyos enfoques he criticado en un apéndice de El derrumbe de la segunda república y la guerra civil. En cuanto a las cifras y metodología mismas, A. D. Martín Rubio ha mostrado en Los mitos de la represión los numerosos fallos de esos trabajos, corrigiendo también las cifras de R. Salas (unas 60.000 en cada bando, según el estudio de Martín Rubio). Para percatarse del grado en que hemos vuelto en los años últimos al apasionamiento y a la propaganda señalaré que Martín Rubio ha sido censurado en la televisión de su Extremadura natal por el gobierno socialista de la región, muy interesado en una campaña divulgadora de datos reconocidamente fraudulentos. Ello crea una situación muy desdichada, a la cual conviene oponer una crítica severa, precisamente porque la experiencia histórica nos demuestra las funestas consecuencias de tales campañas. Un pasado falseado envenena el presente.

Trataré a continuación otro tipo de errores, los de enfoque, en general mucho peores que los de detalle, pero también más evitables.

Capítulo II

LOS ENFOQUES SENTIMENTALES

Los errores de enfoque ocasionan una visión distorsionada de la realidad y, por tanto, multiplican los errores de detalle. Examinaré aquí tres de los más comunes: el enfoque sentimental, el moralista y el marxista, aunque a menudo los tres se mezclan.

Muchos hablan, por ejemplo, de la «guerra incivil», simple y vacuo juego de palabras. O insisten en la idea de una «guerra fratricida». Lo fue, en tanto asimilemos los conceptos de compatriota y hermano, y su impresión emocional facilita la reconciliación (si bien la inmensa mayoría se reconcilió ya en los años 50 o antes, ahora parece necesaria una segunda fase, a tenor de los esfuerzos del gobierno actual y los separatismos por desenterrar las viejas banderías).

La idea de una «guerra entre hermanos» la expresan sobre todo las derechas y tiene evidente fondo cristiano; pero, quizá por ello, nunca la ha aceptado gran parte de la izquierda, afecta a interpretaciones tipo lucha de clases. Margarita Nelken (muy admirada por Preston) fustigaba, en escritos incitadores al terror, a gente como «aquel señor que sólo desea el bien de España y que acabe cuanto antes esta lucha fratricida porque —según él afirma—, al fin y a la postre todos somos españoles». Como ella aclara, «cuando la guerra enfrenta no ya a pueblos distintos, sino a dos clases antagónicas del mismo pueblo, nada puede haber que exija soluciones tan radicales», y, por tanto, «no hay amistades, ni confianzas, ni parentescos que valgan». Federica Montseny negaba cualquier hermandad, pues las diferencias entre los dos bandos superaban, según ella, a las que pudiera haber entre terrícolas y marcianos. Y para los separatistas vascos y catalanes, autotitulados representantes de pueblos distintos del español, la guerra venía de una nación extraña, aunque resultara en sus regiones tan fratricida como en el resto.

El enfoque sentimental es poco útil, y tiende a provocar cuestiones artificiosas como la de si la Guerra Civil fue evitable o no, considerándola incluso la clave explicativa del conflicto. El historiador García de Cortázar, que, a mi juicio, no acaba de ver la república y la guerra con una perspectiva clara, cae de lleno en ese enfoque. Los sucesos históricos rara vez pueden considerarse inevitables, pero, sea como fuere, ocurrieron, y quizá convenga tratar de entender cómo se produjeron, y no tanto debatir, un poco a la bizantina, sobre lo que pudo haber sido y no fue.

En su presentación («Historia de dos odios») de la serie sobre la Guerra Civil que va publicando El Mundo, el señor García de Cortázar achaca al franquismo el «mito» de la inevitabilidad de la guerra, lo cual ya empuja a los biempensantes de izquierda a rechazarlo. No recuerdo que los franquistas consideraran la contienda inevitable en ese estilo algo metafísico, y a Gil-Robles, autor del libro No fue posible la paz, pocos lo llamarían franquista.

El planteamiento empuja a verdades como ésta: para evitar la guerra, «hubiera bastado con que un buen número de españoles no hubiese decidido resolver sus decepciones a cañonazos o revoluciones; hubiese bastado con que un buen número de españoles no hubiera considerado indigno convivir en la misma República y compartir el mismo país». Nadie podrá objetar al aserto, empezando por Pero Grullo. Pero en el mundo real no hubo entonces ese «buen número de españoles», y quizá el historiador debiera preguntarse precisamente por qué.

Cuando, siguiendo esa vía, el historiador concreta esas «verdades», cae fácilmente en la desvirtuación: «Hubiera bastado que los conspiradores militares se hubiesen mantenido fieles al juramento de lealtad a la República». Pero si entendemos por república un sistema legal y democrático y no una invocación palabrera, el juramento carecía de valor en julio del 36, pues para entonces aquella república ya no existía. El régimen, muy gravemente dañado por el asalto izquierdista de octubre del 34, se derrumbó con rapidez desde las elecciones de febrero del 36. Y fueron sus políticos quienes traicionaron su juramento o promesa de guardar y hacer guardar la ley, rebelándose primero contra un gobierno legítimo y creando o auspiciando después un violento proceso revolucionario. ¿Es posible escribir la historia olvidando o dejando en la penumbra hechos tan decisivos?

No choca menos leer: «El socialista Largo Caballero y también Indalecio Prieto pensaron en 1934 que la destrucción de la democracia era irreparable si el fascista Gil-Robles llegaba al poder». En absoluto. No tenían el menor interés en la democracia, y sí en una dictadura al estilo soviético. Además, los jefes socialistas sabían perfectamente lo que Besteiro dijo en voz alta: que no existía ningún peligro fascista. Los documentos, hoy bien conocidos, lo prueban irrefutablemente. ¿Puede un historiador prescindir de ellos de esa forma?

La sentimentalidad continúa: «En octubre, la huelga general lanzada por los socialistas recorre Madrid y el País Vasco, asalta Barcelona (…) y en Asturias (…) estalla en insurrección popular. Los rebeldes se alzaban desde la miseria y desde el ingenuo convencimiento de una sociedad sin clases, soñando con sepultar aquella otra sociedad que ignoraba sus padecimientos». Esto es un rosario de falsedades, por bien que suene a determinados oídos. Los socialistas no lanzaron sólo una huelga, sino una insurrección armada, que fracasó en toda España (con muertos en 26 provincias) y triunfó por unos días en Asturias. Nada, tampoco, de «insurrección popular», sino planificada por el PSOE como guerra civil. Y los mineros tenían un trabajo duro, pero eran probablemente los obreros mejor pagados de España. Lejos de «ignorar sus padecimientos», la sociedad mantenía con subvenciones unas minas muy poco rentables que les daban empleo. En cambio, había verdadera miseria en Extremadura o Andalucía, y allí casi nadie siguió los llamamientos a la Guerra Civil.

Sigue Cortázar: «Las represalias se extienden a toda España (…) Las derechas gritan que la República estaba traicionando a España, mientras la izquierda más radical identifica la insurrección de Asturias con la sublevación de Espartaco, la Comuna de París…». La realidad, hoy bien documentada, es que hubo muy pocas represalias y una amplia represión judicial, que resultó la menos dura de las represiones a movimientos parecidos en el resto de Europa. Y las derechas —el grueso de ellas—, lejos de gritar lo que dice Cortázar, defendieron el orden constitucional y lo mantuvieron frente al asalto revolucionario y después. Cierto que la izquierda, en cambio, se glorió de su ataque a la democracia burguesa y lanzó una campaña mendaz sobre las atrocidades represivas.

Más retórica de ese tipo: «El sueño de Azaña —construir y regir una nación en la que la idea de comunidad civil superase la de la lucha de clases en el corazón de todos los españoles— no consiguió salir del gueto de una minoría ilustrada». Cabe dudar de que la mayoría de los españoles albergara la «lucha de clases» en su corazón: eran ciertos partidos quienes pugnaban por insuflar en ellos el odio «de clase», en nombre de tal o cual mesianismo. La admiración de García de Cortázar por Azaña le impide ver lo que Azaña mismo explicó: que él estaba empeñado en un «programa de demoliciones», especialmente contra la Iglesia, a costa de libertades como las de conciencia, asociación y expresión; y que pensaba hacer de «los gruesos batallones populares», es decir, de los sindicatos extremistas, el instrumento de su plan. Así lo expuso en vísperas de la república, y sus actuaciones respondieron a ese designio hasta el final, si bien resultó él quien sirvió de instrumento a la revolución.

El mismo estilo hallamos en frases como la pretensión de que Unamuno «causó tristeza y horror en el mundo» al apoyar a los militares alzados. En realidad causó enorme furia en los partidarios del Frente Popular (que no monopolizaban «el mundo»), y alegría en los contrarios. ¿O no existen los últimos, para Cortázar?

Por resumir y terminar: «Los moderados fueron rebasados por la bullanga revolucionaria de la izquierda más exaltada y la nostalgia clerical, militarista y anacrónica de la derecha más conservadora». El proceso revolucionario resultó muchísimo más que bullanga, y la gran mayoría de la derecha, representada en la CEDA, permaneció afecta a la legalidad hasta casi los últimos momentos del régimen, hasta constatar la inutilidad de sus presiones para que el gobierno aplicase la ley. En cuanto a los «moderados» (Azaña y los suyos, según Cortázar), colaboraron con el proceso revolucionario ya desde 1933, cuando recurrieron al golpismo al perder las elecciones, y sobre todo cuando volvieron al poder en el 36. La abundante documentación aportada en mi libro 1936: el asalto final a la República deja el asunto bastante claro, y en todo caso a los documentos no puede oponerse una literatura sensiblera. El peligro y la conculcación de la ley vinieron fundamentalmente de la izquierda y los nacionalistas, muy secundariamente de la derecha. Equipararlos supone distorsionar de modo fundamental la visión de la época.

Obviamente, el señor Cortázar conoce perfectamente los hechos, pero prefiere soslayarlos y refugiarse en generalidades. Y como él bastantes otros historiadores de derechas. Sospecho que lo hacen por congraciarse con la izquierda, acaso en aras de una reconciliación que nunca llegará por esa senda. Al final todo queda en expresión de sentimientos fáciles o en jeremiadas triviales, quejumbrosas y pretendidamente lúcidas sobre el sino de los españoles, cuando no sobre la historia y el género humano en general. En España componen todo un género literario, bastante necio y pesado. Valga un ejemplo de Meditaciones en el desierto, un curioso libro de Gaziel saludado con alborozo por la intelectualidad progre: «La historia es una auténtica y espantosa tragedia. El azaroso resultado, siempre imprevisible, no de una lucha noble y claramente desproporcionada entre el bien y el mal, sino de una vil e inmunda mezcla por encima de la cual se despliegan, como espejitos para cazar alondras, las banderas más deslumbrantes y los lemas más puros, mientras por debajo corren desatados, como víboras y escorpiones, el crimen y la traición (…) Historia es pura zoología».

Perfecto. Sólo cabe una observación: quien así escribe, ¿se considera la excepción o una parte de ese truculento panorama? ¿Se cree por encima de la historia, como juez de ella, o entra en el catálogo de víboras y escorpiones? Creerse por encima parece una vanidad ridícula, y formar parte de tal «zoo» vuelve muy dudoso el juicio expresado.

Capítulo III

EL ENFOQUE MORALISTA

Durante casi treinta años se nos ha venido transmitiendo una historia de la república y la guerra según la cual un grupo de militares más o menos fascistas se había alzado contra un régimen ejemplarmente democrático —y precisamente por ser tan democrático y avanzado—, derrotándolo finalmente con ayuda del fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán.

La mendacidad de este esquema de buenos y malos (repetido recientemente por Peces-Barba en su homenaje a Carrillo, demócrata do los haya) salta a la vista con sólo considerar que el bando «democrático» se componía de estalinistas, marxistas del PSOE, anarquistas, racistas del PNV y golpistas republicanos y de ERC.

Los materiales y críticas publicados en los últimos años, particularmente de César Vidal y míos, impiden repetir esa fantasía propagandística con la desenvoltura con que se venía haciendo, y hoy casi todos los historiadores la van abandonando. Algo es, aunque insuficiente. Con supuesta objetividad, casi todas las historias presentan ahora a los dos bandos como malvados por igual, o quizá uno más malvado que el otro pero no tanto como se había dicho. La tesis arroja una sombra muy oscura sobre nosotros mismos, pues descendemos de aquellos españoles tan maléficos y necios, y estamos hechos de la misma pasta. Una pena. Tal enfoque suele acompañarse de las consabidas jeremiadas moralistas sobre el «cainismo» de los españoles y demás topicazos al uso. ¿Se sentirán cainitas quienes así declaman, y querrán consolarse proyectando su culpa sobre los españoles en general?

Tenemos el libro de Beevor, que no pretende ser complaciente, asegura, con ningún bando, pero que en realidad hace aportaciones a la siniestra literatura del odio creada por uno de ellos. «Ganó el bando más despiadado», concluye el señor Beevor, dejándonos la duda de si el despiadado no será él, al menos con los hechos históricos, a los que maltrata por sistema. Ya lo veremos más adelante.

Acaba de salir otra historia, de Bartolomé Bennassar, con el título, en español, El infierno fuimos nosotros. ¿Quién será ese «nosotros»? ¿Bennassar el primero?… «Ha llegado la hora de abrir las puertas a la memoria», anuncia triunfalmente la faja del libro, y lo justifica el prólogo: «Tras un período de casi veinte años de amnesia voluntaria y casi total, la Guerra Civil española solicita hoy la memoria de sus últimos testigos y la investigación de los historiadores». Esa amnesia —existente sólo en la imaginación de Bennassar— ha respondido, explica él, «a una necesidad profunda de la sociedad española». Si es así, muy mal se ha satisfecho esa necesidad, pues, como él mismo reconoce, sin temor a contradecirse, ha habido una «inmensa producción [bibliográfica] española sobre todo a partir de 1975».

Ahora bien, nos advierte el autor francés, esa multitud de libros «sigue estando marcada por el sello de la pasión». No le gusta Ricardo de la Cierva («vulgata franquista»), no menciona a los fundamentalísimos Martínez Bande o a los hermanos Salas Larrazábal, pero, en un alarde de «imparcialidad», encuentra también apasionados a Tuñón, Viñas o Juliá, si bien mucho menos que a De la Cierva, en especial a Juliá. Y termina virtuosamente: «A la historia no debe importarle lo políticamente correcto». Uno sospecha que buena parte de sus cautelas e intentos de equidistancia le vienen de los estudios críticos de un servidor, y, sin embargo, Bennassar concluye con esta honda reflexión: «Finalmente cabe preguntarse si Pío Moa no es un precursor de la era de los provocadores». Pregunta enjundiosa, y que ya orienta un método.

Con parecido enfoque ha escrito J. Eslava Galán Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, un poco con ese moralismo castizo de barra de bar, algo desgarrado, anecdótico y arbitrario, con pretensiones de agudeza no siempre bien justificadas. Un ejemplo: «Algunos autores intentan involucrar a Santiago Carrillo en aquellos asesinatos [de Paracuellos]. Es posible que no se enterara de ellos a pesar de su cargo de responsable de Orden Público en Madrid. Don Santiago mantendría su característico despiste toda su vida. En años venideros será amigo y frecuente invitado de Ceaucescu, el sangriento dictador rumano, y compatibilizará la amistad de tan siniestro personaje con la lucha por liberar al pueblo español de la dictadura franquista».

El pueblo español no mostró mucho entusiasmo por la liberación que le ofrecían los amigos de Ceaucescu, y el despistado parece el señor Eslava, salvo si el párrafo es una ironía. Tengo la impresión de que muchos datos usados por el autor provienen de Los mitos de la guerra civil, aunque no me cita; defecto menor, dadas ciertas costumbres intelectuales en España. En fin, el que una historia guste o no, importa tan poco como si se la tilda de derechas o de izquierdas. El problema reside en la veracidad, y esos moralismos ligeros no suelen ayudar a resolverlo.

Mencionaré, para terminar, la serie de El Mundo, también marcada por ese moralismo algo pretencioso. La obra, exponen modestamente sus promotores, «es la primera que se ha escrito en España con un propósito firme de objetividad, alejada por igual de las visiones maniqueas y de los revisionismos». Casi nada. Las historias se escriben, por lo general, con propósitos de objetividad, otra cosa es que los cumplan. Y difícilmente los cumplirá quien empieza con tan soberbia falta de lógica: si las versiones anteriores eran maniqueas, la elaborada por El Mundo entraría por fuerza en la corriente revisionista. Pero se pretende «ni pobre ni rica, sino todo lo contrario».

El impulsor de la serie, Pedro J. Ramírez, no añade esperanza con su escrito de presentación, «Cuando sólo te quedaba ser murciélago». Los dos bandos contendientes, indica, se componían de «canallas y sádicos sayones», que habrían arrastrado contra su voluntad a «cientos de miles de hombres buenos y millones de familias que simplemente pasaban por allí». Él naturalmente, se identifica con quienes no entraron en ninguno de los dos bandos, prefiere a los «murciélagos», ni pájaros ni ratones. Ejercicio sospechosamente fácil. Las condenas a diestro y siniestro no exigen mucho esfuerzo, sólo algún movimiento de los dedos sobre el teclado. Sentado cómodamente en un despacho, ajeno a las tensiones de aquella época, cualquiera puede creerse moralmente superior, pero el propio sentido moral nos impone mayor sensatez o cautela. ¡Quién sabe cómo reaccionaría Pedro Jota en los años 30!

Además, ¿era mejor, moralmente, la postura de los «murciélagos»? Cabe dudarlo. Si tanta gente no pensaba o no quería seguir a los canallas, ¿cómo fracasaron los buenos murciélagos en ilustrarla y conducirla para impedir la catástrofe? ¿No se dieron cuenta los murciélagos equidistantes de cómo iba gestándose la guerra? ¿No supieron advertir o movilizar a esa mayoría para detener a los extremistas? Pues no, en efecto. No se enteraron, no quisieron o no supieron hacer nada práctico, y por ello sus quejas y acusaciones quedan en declamaciones retóricas facilonas y a destiempo.

Dedicarse a condenar, tan gratuitamente, a unos y a otros puede satisfacer el ego de algunos, pero tiene escasísimo interés y nulo valor explicativo. Pedro Jota menciona la frase de Stanley Payne de que en la guerra no hubo buenos. Payne quería indicar, supongo, que ningún bando defendió la democracia, lo cual es cierto, pero sólo un primer paso para clarificar la historia. El segundo paso ya lo da Pedro Jota en la mala dirección al citar en su apoyo a Juan Benet, un intelectual bastante frívolo, de muy escasa autoridad en la materia: «La República y el estado democrático quedaron pulverizados el 18 de julio por la acción conjunta y simultánea de dos revoluciones extremistas lanzadas contra él en un mismo día (…) Un Estado cuenta por lo general con recursos para enfrentarse con una revolución; dos en el mismo día parece demasiado».

Tal planteamiento oculta la realidad. No es verdad que un buen día unos locos o canallas de izquierda y de derecha decidieran destruir la democracia, ni se pueden poner en el mismo plano a unos y a otros. Aquel 18 de julio no existía un estado democrático, y el poder supuestamente republicano terminó de desatar la revolución izquierdista al entregar las armas a los sindicatos. La legalidad republicana había sido atacada violentamente por las izquierdas en 1934, con intención explícita, en parte conseguida, de provocar la guerra civil. Y entre febrero y julio de 1936 las mismas fuerzas arrasaron dicha legalidad, desde la calle mediante un proceso revolucionario, y desde el poder vulnerando sistemáticamente la Constitución.

Esta doble acción hizo imposible la democracia, derrumbó la convivencia ciudadana y empujó a gran parte de las derechas a rebelarse a la desesperada (estuvieron al borde de una derrota aplastante). La guerra no destruyó la democracia, sino al contrario: la previa destrucción de la democracia causó la guerra. De ello no puede dudar hoy nadie que prefiera el testimonio de los documentos a las construcciones propagandísticas.

A partir de ahí, es una observación trivial que cundan las atrocidades, al hundirse las bases de la convivencia y pelear cada bando por sobrevivir y no por una mayoría parlamentaria. El historiador debe esforzarse por comprender y hacer explícitas las razones de unos y de otros, y no centrarse exclusivamente en las atrocidades: en tales circunstancias la conducta humana se ve empujada a los extremos, desde el crimen sádico al acto heroico. La comprensión de los sucesos tiene mucho más valor que los vanos ejercicios de condena moral desde un estrado ilusorio de juez del pasado.

no porque la moral esté de más. La conducta humana es inevitablemente moral, pues no viene dictada por el automatismo del instinto, sino por la elección. Pero un relato histórico veraz rezuma moral implícita, y no precisa adornarse de consideraciones retóricas de ese género. Los relatos falsos, en cambio, suelen exigirlas, tal como los niños, cuando hacen dibujos confusos donde no se reconocen los objetos, añaden explicaciones: «Esto es una casa, esto es una oveja».

Capítulo IV

EL ENFOQUE MARXISTA

En un coloquio alguien me acusó de no tener en cuenta la pobreza, la situación de los jornaleros, el analfabetismo, etcétera, como causas de la guerra, y de centrarme en los factores políticos olvidando los «sociales y económicos». Este punto de vista supone que los sucesos históricos son, en definitiva, un reflejo de la situación económica o, más ampliamente, «social» (entiéndase por ello lo que se quiera). Por tanto, al centrarme en la política olvidaría las «causas profundas», ofreciendo una explicación superficial y, en definitiva, engañosa.

La idea está extendidísima, también en la historiografía de derechas, como un marxismo difuso y empobrecido con respecto al original pero que revela la extraordinaria influencia de esa doctrina en la historiografía y en otras disciplinas. Según el marxismo, la sociedad está dividida en «clases», la mayoría de ellas «explotadas» por la «clase dominante», la cual posee el aparato coercitivo del Estado y difunde una «ideología» (generalmente religiosa, «opio del pueblo») para confundir y mantener sumisos a los oprimidos. Los partidos políticos encarnarían los intereses de una u otra clase, aunque empleen falsas retóricas universalistas de «libertad», «igualdad», «prosperidad general», etc. En definitiva, «la historia es la historia de la lucha de clases», y los partidos y políticos, en las sociedades modernas, sus instrumentos.

Leyendo a Tuñón, Preston, Jackson, Beevor y tantos más, encontraríamos en la España de los años 30 un «movimiento obrero», unos partidos «obreros», otros «populares» o «progresistas», y por fin los representantes de la oligarquía reaccionaria, de los financieros y terratenientes, grandes industriales, obispos, generales, etc. Sorprendentemente, nunca se preguntan por qué la CEDA, supuesta representante de los elementos más retrógrados, llegó a conseguir más votos populares que ningún otro. Se sugiere vagamente que la gente estaría engañada, pero no acaba de entenderse cómo podía dejarse engañar cuando sufría a diario los desmanes de los explotadores y tenía a la vista la masiva y clarificadora propaganda de los partidos «obreros» o «progresistas».

Tampoco resulta inteligible que en lugar de existir un partido «obrero» compitieran por el título al menos cuatro, el PSOE, la CNT, el PCE y el POUM. Y con divisiones muy fuertes en el seno del PSOE, que estuvieron a punto de provocar la escisión en 1936 y la provocaron, de hecho, durante la guerra. Además, aquellos partidos representantes de los obreros y de la emancipación general de la humanidad llevaban sus querellas hasta el intento de aniquilación mutua, masacrándose entre sí en dos guerras civiles dentro de la guerra general. ¿Por qué sería? Los historiadores marxistas o marxistoides no entran en tan espinosa cuestión, contentándose con lamentar el desdichado fenómeno, gracias al cual ganó «el fascismo» o «el bloque oligárquico».

Los progresistas, como los republicanos de izquierda, medían su progresismo por su proximidad a los partidos obreros. Azaña eligió aliarse con estos partidos, los «gruesos batallones populares», como él decía. Creyó poder dirigirlos, y ocurrió al revés. Azaña sería el dirigido, o más bien arrastrado, y, lejos de sentir contento por su progresista sumisión a los «batallones», no paró, durante la guerra, de rezongar y plañir por su situación, sintiéndola más como un cepo que como un progreso liberador. Ante tales hechos, los historiadores de esta línea caen nuevamente en la lamentación moralista o, los más ortodoxos, mencionan «vacilaciones pequeñoburguesas» y similares. Patético.

Respondí a mi crítico del coloquio que, por supuesto, yo tenía en cuenta los factores mencionados por él, pero los miraba con otros ojos. La pobreza, por ejemplo, no podía haber causado la guerra, pues había bastante más en la España de 1900, o en Portugal, Grecia y casi todos los países europeos de la franja centro-oriental del continente en los años 30, y no sufrieron guerras civiles. En realidad no fue la pobreza, sino la especulación demagógica con la pobreza por parte de unos partidos utópicos, lo que impidió abordar el problema de modo razonable y contribuyó al choque fatal.

Todas las sociedades, en todas las épocas, afrontan problemas diversos y por lo común difíciles. Pero no suelen ser esos problemas los causantes de las catástrofes, sino las formas erróneas de abordarlos. Y pocas formas más erróneas que las «soluciones de clase». Los partidos y políticos no representan a los pobres, o a los ricos, o al pueblo, sino sólo a sí mismos, y ante los problemas de la sociedad plantean sus soluciones, haciéndose responsables de ellas. Creo que así se entienden mejor los sucesos históricos.

Un problema muy difícil en la república fue el de la miseria campesina, sobre todo en Andalucía y Extremadura. De haber continuado la prosperidad de los años 20, esa pobreza habría ido superándose del único modo posible: la emigración a las ciudades, pues el exceso de población agraria sólo podía vivir en el campo a costa de una penuria extrema. Pero la república coincidió con la depresión mundial, agravada en España por las medidas demagógicas de la izquierda, y las ciudades no daban trabajo suficiente para absorber a los campesinos. La reforma agraria sólo podía servir de paliativo momentáneo, y fue planeada, además, con una incompetencia increíble, bien descrita por el propio Azaña.

Así, el fracaso venía garantizado. Los demagogos izquierdistas, con sus enfoques marxistoides, optaron por enturbiar las conciencias creando en la gente unas expectativas desmesuradas y culpando de su imposible cumplimiento a las derechas, a la oligarquía. Fue una siembra permanente del odio y la crispación, y aquellos políticos y partidos tuvieron la responsabilidad correspondiente. Una aparente ventaja de los enfoques marxistas es que difumina esa responsabilidad: todo se reduce a «movimientos sociales» y opciones «de clase». Pero conviene leer al tan loado Azaña y sus precisas descripciones de aquellos políticos «imbéciles», gente «impresionable, ligera, sentimental y de poca chaveta», proclive a «una política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta», etc. O sus dicterios contra los marxistas Largo Caballero y Negrín.

En realidad, no existen clases sociales en el sentido imaginado por los marxistas, con «intereses históricos» propios de cada una y antagónicos con respecto a alguna otra. Aunque los roces entre obreros y empresarios abunden en cada negocio, en el plano general unos y otros tienen el mayor interés en la prosperidad de la empresa. Y las libertades políticas y la dignidad individual, lejos de ser «ideología burguesa», constituyen ideales de valor general, tanto para los proletarios como para los patronos.

En fin, la sustitución de la iniciativa privada, el mayor factor generador de riqueza en la historia, por la improductiva gestión burocrática, pretendidamente más justa, ha revelado su esterilidad, como no podía ser menos. Los obreros no tienen el menor interés en el socialismo —tal pretensión sí es «ideología» en el sentido de Marx—, y lo tienen, desde luego, en las libertades.

No hay, por tanto, «partidos de clase». Todos ellos son interclasistas, por seguir con esa falsa terminología. Los autodenominados dirigentes del proletariado o del pueblo fueron casi siempre burgueses, incluso aristócratas, o dejaron el trabajo manual para convertirse en burócratas políticos (Marx, Engels, Lenin, Bakunin, Mao, Ho Chi-min, Pol Pot, Fidel Castro, Gramsci… O, en España, Togliatti, Prieto, Largo Caballero, la Pasionaria, Margarita Nelken, Federica Montseny, etcétera). Y la militancia de esos partidos obreros sólo fue parcialmente obrera, pese a sus ingentes esfuerzos propagandísticos en ese medio. Un poco de sentido crítico haría ver a los marxistas y asimilables que sus enfoques producen auténticos galimatías.

El embrollo se convierte en farsa cuando pretenden que los marxistas y los anarquistas, de común acuerdo con los golpistas republicanos, «defendían las libertades»; y que la guerra civil la engendraron las derechas por atacarlos. Los marxistas y demás en ningún caso podían defender las libertades, «supersticiones burguesas» según ellos: sólo podían y querían explotarlas para destruirlas cuanto antes. La propia doctrina de la lucha de clases empuja a la guerra civil, y, lo expuso Lenin, un partido comunista es un partido para eso, para la guerra.

Unas fuerzas e ideas que reputan de burguesas las libertades, y, por tanto, las creen un engaño destinado al «basurero de la historia», llevan a la sociedad, inevitablemente, al enfrentamiento violento; salvo, claro está, si los llamados burgueses no oponen resistencia y aceptan mansamente el fin que les reservan los «emancipadores del proletariado y la humanidad». Por ello esas fuerzas, doctrinas y enfoques atacan radicalmente la democracia. Si los marxistoides razonaran con coherencia admitirían que el PSOE y el PCE de la República querían la guerra civil —así fue, realmente—, pues veían en ella el medio de conseguir sus sublimes objetivos, acabando con la pobreza y la injusticia generadas por el «capitalismo». Lo recordaba César Alonso de los Ríos hace poco. Los enfoques marxistas impiden entender la guerra, traída precisamente por las políticas inspiradas en tal ideología.

Y esos enfoques permanecen hoy, de manera confusa pero fácilmente detectable, en la historiografía y la política de las izquierdas. Y con las mismas consecuencias que antaño. De ellos parten en mala medida las constantes agresiones a la actual convivencia en libertad y la crisis de nuestra democracia. En una conferencia en Rímini señalé la devastación producida por la influencia marxista en el mundo universitario e intelectual de Europa y América. Ha ocurrido un curioso fenómeno: «En los años 60, cuando el fracaso de las promesas y doctrinas comunistas estaba a la vista de todo el mundo, se produjo en las universidades europeas y americanas un resurgimiento del marxismo en diversas versiones, y me parece que hoy sólo estamos empezando a reponernos de él».

Capítulo V

UN CASO PRÁCTICO:
BEEVOR, UNA HISTORIA CON MUCHA CLASE

Aunque dista mucho de la verdad el aserto de que la historiografía británica sobre la república y la Guerra Civil supera a la española, debe reconocerse que hizo esfuerzos notables, y que deja atrás a la francesa, demasiado directamente influida por el marxismo. Uno de los mejores libros ingleses, el de R. Robinson sobre los orígenes del franquismo, está casi olvidado, mientras se siguen citando como modélicos los hace tiempo superados de H. Thomas o G. Brenan.

Sobre algunas concepciones algo pintorescas de R. Carr ya he hablado en otra ocasión. En cuanto a P. Preston y sus alumnos, con ellos la historiografía británica en este campo ha sufrido un gran retroceso. Y el reciente libro de A. Beevor La guerra civil española no permite tampoco el optimismo.

Del señor Beevor conocía su relato de la batalla de Stalingrado, que, a falta de análisis estratégicos e ideológicos de cierto calado, me pareció un reportaje muy notable, si bien no podría juzgarlo a fondo, al no ser yo especialista en la materia. En cuanto a su libro actual, llama la atención su inicial declaración de principios: «La verdad fue la primera víctima de la guerra civil española, un conflicto que (…) ha generado una controversia más intensa y más polémica que cualquier otro conflicto moderno, segunda guerra mundial incluida. El historiador que, desde luego, no puede ser totalmente desapasionado, no debe ir más allá de comprender los sentimientos de los dos bandos, demostrar hipótesis previas y ampliar fronteras de lo que ya sabemos sobre la guerra civil. Los juicios morales deben quedar a la conciencia del lector».

Declaración notable porque el autor no la cumple. Los dos bandos son descritos según tópicos muy envejecidos, aceptados con total credulidad; tampoco queda claro qué hipótesis previas demuestra, y su dependencia de fuentes secundarias, salvo en algunos temas, le impide ampliar ninguna frontera. Los errores de detalle también abundan. La verdad sigue siendo víctima, si bien más del historiador que de la guerra misma.

El distorsionado enfoque de Beevor, como el de Preston y tantos otros, consiste en ese marxismo diluido y ecléctico extendido en muchos medios académicos, y que no mejora la doctrina original. Ignoro si Beevor se dice marxista, supongo que no, pero esa ideología ha tenido tal influjo que ha contaminado hasta la historiografía conservadora.

Así, al explicar la España de principios de siglo, nuestro autor sostiene: «Tanto el partido liberal como el conservador representaban, con matices, los intereses de la nobleza, la Iglesia, los terratenientes, la propiedad campesina media y la burguesía administrativa, industrial y financiera, mientras que los minifundistas, pequeños propietarios agrícolas, arrendatarios y las clases medias de las ciudades podían poner sus esperanzas de mejora social en pequeños partidos republicanos y en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) (…) Los jornaleros del campo de Extremadura, Andalucía, La Mancha, y los proletarios industriales de las ciudades, sobre todo de Cataluña, se encuadraban mayoritariamente en la (…) CNT, el sindicato anarquista». Típico «análisis de clase» marxista que tanto hemos conocido y aplicado algunos. Que Beevor lo reproduzca a estas alturas sin el menor atisbo crítico sólo indica cómo la historiografía puede anquilosarse y degenerar en series de historietas.

El autor británico, puestos a eso, debiera empezar por preguntarse sobre el contenido de esos intereses de liberales y conservadores. Si lo hiciera, tendría que admitir que a la oligarquía por él descrita le interesaban las libertades políticas, las cuales permitían asociarse, hacer propaganda y concurrir a las elecciones a los demás partidos, incluidos los dispuestos a aplastar las libertades e imponer sus dictaduras tan pronto pudieran. Pues los partidos representantes, según nuestro autor, de la nobleza, la Iglesia, los financieros y demás eran quienes habían organizado el sistema liberal y constitucional de la Restauración.

Y, ya metidos en harina, el señor Beevor debiera aclararnos también los intereses de las clases medias y obreras, encarnados, afirma él alegremente, en el PSOE y la CNT. ¿Consistirían esos intereses en la abolición de las libertades burguesas y la instauración de dictaduras totalitarias ejercidas por castas omnipotentes en nombre del proletariado (PSOE), o de la inmediata emancipación general humana (CNT)? Pues eso perseguían unos y otros. También podría el autor británico meditar sobre enigmas como éste: ¿cómo llegó a haber cuatro partidos «representantes» de los intereses obreros, y que terminaron asesinándose entre ellos? Tras el derrumbe del marxismo y otras ideologías mesiánicas, parece exigible someter a algún examen crítico los dogmas «de clase», pero el señor Beevor parece seguir sintiéndose a sus anchas en ellos. Sobre tan arenosas concepciones construye su historia. No es buen comienzo.

Pero incluso en su terreno revela el autor un conocimiento precario de la realidad española cuando adjudica al PSOE los intereses de «los pequeños propietarios agrícolas» y «las clases medias urbanas», y atribuye a la CNT la del proletariado urbano y agrario. El PSOE, partido marxista siempre muy radicalizado —excepto durante la dictadura de Primo de Rivera—, se extendió entre los proletarios de Vascongadas, Asturias y Madrid, sobre todo. Mismo error en la atribución de 700.000 afiliados a la CNT en 1919, cifra propagandística como las de tiempos de la república (de un millón y un millón y medio, tanto para la UGT como para la CNT), manejadas por historiadores poco atentos. Si el señor Beevor se hubiera molestado en contrastarlas con la representación oficial de los congresos generales y otros datos, habría debido reducirlas a la mitad, y aun entonces mirarlas con desconfianza.

Ahora bien, la afiliación real o imaginaria de la CNT o la UGT tampoco significa, insisto, la representación de los «intereses» obreros (la dictadura totalitaria, en tal caso). Como tampoco los liberales y conservadores representaban a la oligarquía que supone el historiador: las libertades son un interés general, y no «de clase». Obviamente la cuestión de las libertades y la democracia, absolutamente crucial, a mi juicio, para entender el siglo XX español, carece de relevancia o la tiene secundaria en el análisis del señor Beevor. De referirse a su país quizá habría sido más cuidadoso, pero abunda en la intelectualidad británica esa actitud arrogante frente a historias foráneas.

Otro error de enfoque subordinado al anterior aparece en las estadísticas seleccionadas sobre pobreza, analfabetismo, etc., aceptadas también sin crítica y olvidando algo elemental: tales cifras carecen de significado si no se las compara con la situación anterior y con la de otros países europeos de la época, ricos y pobres. Esas comparaciones indican que España se hallaba en posición desventajosa con respecto a los países ricos de Europa, pero no tan mala en el más amplio círculo de los pobres. También le habrían indicado que, bajo la liberal Restauración, España no estaba estancada. Tras las guerras napoleónicas el país había sufrido un retraso creciente con respecto a la dinámica Europa industrial, pero la Restauración permitía, por primera vez desde principios del siglo XIX, un progreso sostenido y acelerado.

Al exponer las estadísticas como lo hace, el autor sugiere que los «intereses» oligárquicos eran culpables de ellas, mientras que los partidos obreros o progresistas habrían logrado un crecimiento económico superior y la erradicación de diversas lacras sociales. Pero si se hubiera molestado en examinar las doctrinas de aquellos partidos obreros y demás, habría comprendido que sólo podían traer la convulsión social y dictaduras de un tipo u otro. Como ocurrió exactamente. La Restauración no era una democracia plena, pero sus libertades, por su propia existencia, empujaban hacia ella con gran fuerza. Y había en el mundo, incluida Europa, muy pocas democracias reconocibles como tales con la perspectiva actual.

La democracia no llegó a completarse, arguye el señor Beevor siguiendo un tópico archisobado, porque la oligarquía no habría emprendido reformas a fondo, por temor a perder sus privilegios. ¿Seguro? Algo de ello hubo, claro, pero ¿acaso las propias libertades políticas traídas, según Beevor, por los privilegiados no constituían un ataque permanente a sus propios privilegios? ¿Y por qué no examina el despistado historiador la conducta de los partidos del progreso ? Pues esos partidos no hacían de sus objetivos totalitarios una referencia vaga, sino que pugnaban por ellos hostigando sin tregua al régimen de libertades, mediante insurrecciones, terrorismo y separatismos.

Como tantos intelectuales menospreciadores de las libertades burguesas, el historiador británico pasa por alto este factor decisivo, que convulsionó al sistema liberal hasta hundirlo. Se trataba de una oposición utópica, violenta y contraria a la libertad, de ningún modo partidos razonables y progresistas frustrados por el cerrilismo o por una inexistente tiranía de los liberales. Si al analizar las raíces de la guerra el historiador cae en tales distorsiones y omisiones, es fácil saber de antemano el resto de su relato.

El enfoque de la historia según los «intereses de clase» conduce inevitablemente a tomar partido, no por la verdad sino por esos imaginarios intereses. Pues ¿quién no se pondría del lado de los trabajadores oprimidos frente a los explotadores y reaccionarios? La falacia, ya lo vimos, lleva a despreciar la libertad y a achacar a los obreros interés en el totalitarismo, convirtiendo la historiografía en propaganda.

En ese sentido, el señor Beevor no defrauda: pese a su promesa de evitar juicios morales, no para de hacerlos contra los reaccionarios y la Iglesia, a quienes caricaturiza con los colores más negros, mientras justifica las peores tropelías de unas izquierdas en su mayoría totalitarias, pero «populares» a su poco esclarecido juicio. España misma es descrita como país «fanáticamente religioso, patria de la Inquisición y de los autos de fe». No está mal. Por ese camino podríamos definir a Inglaterra como patria de la piratería y el tráfico negrero, que tanto pesaron en la formación y prosperidad del país.

El autor inglés parece ignorar que, con todos sus horrores, la Inquisición causó unas 1.000 muertes en tres siglos, cifra que la policía política de cualquier dictadura progresista de los siglos XX y XXI alcanza fácilmente en meses o semanas. O que libró a España de la caza de brujas, que en el resto de Europa occidental llevó a la hoguera a decenas, quizá cientos, de miles de personas. En fin, no puede escribirse la historia con trucos de propaganda, y, la verdad, esperaba algo mejor de Beevor, después de haber leído otras cosas suyas.

Un aspecto de esta historiografía es su escaso respeto por los datos, tan a menudo engorrosos para la tesis preestablecida. Ya mencioné la ligereza del libro con las cifras, y podríamos seguir muy largamente. Empieza por atribuir al ejército español en Marruecos 40.000 soldados (eran poco más de la mitad) y al protectorado mismo 50.000 kilómetros cuadrados (eran 27.000), o habla de un 45% de analfabetismo al llegar la República (26%, según fuentes más fiables), o repite los tópicos izquierdistas sobre la enseñanza, sin molestarse en señalar la evolución de los presupuestos al respecto durante la república, etcétera. Ofrece datos sorprendentes, como que la mitad de los soldados carecía de uniforme y muchos no sabían lo que era un fusil (el ejército estaba mal, debido a la reforma de Azaña, que había podado la excesiva floración de mandos pero en lo demás había sido desastrosa; aun así, el desbarajuste no llegaba a tanto, ni remotamente. Por decir algo, el número de fusiles cuadruplicaba el de soldados). En la página 75 estima en 100.000 los soldados españoles, y cuarenta páginas más adelante los eleva a 140.000. O habla de una «Rebelión de los generales», cuando la mayor parte de ellos quedaron en el lado izquierdista.

Su distribución de las fuerzas entre los dos bandos, en julio de 1936, es muy poco profesional comparada con la de los hermanos Salas Larrazábal. Menciona muy grosso modo la abrumadora superioridad naval y aérea de las izquierdas, que estuvo cerca de asegurarles la victoria, y olvida la industria de guerra, también casi toda en manos del Frente Popular, así como grandes extensiones cerealistas de La Mancha y Aragón. Cita, pero no valora adecuadamente, los recursos financieros, en principio decisivos y también poseídos por las izquierdas. También podría haber mencionado el significativo dato de que los milicianos cobraban 10 pesetas diarias, veinte veces más que un soldado enemigo y en torno al doble que los profesionales de la Legión, pese a lo cual la moral de los nacionales siempre fue superior.

Aún choca más su afirmación de que la enorme ventaja militar, estratégica y económica de las izquierdas quedó «sobradamente compensada por la abundante ayuda externa que los sublevados recibieron enseguida: primero, los efectivos de las tribus del Rif; acto seguido, todo el apoyo militar naval y aéreo, logístico y técnico, que le prestaron Hitler y Mussolini; luego el respaldo de las grandes empresas norteamericanas y británicas (…) en tanto que el Portugal de Salazar ofrecía protección para el flanco izquierdo de su ejército y el Vaticano la bendición apostólica». Sólo un militar muy obcecado por intereses de clase describiría así la situación. Desde el principio los dos bandos buscaron ayuda externa, y el de Franco se mostró más hábil (y mucho menos corrupto), pese a no poder ofrecer oro a cambio, sino tan sólo la remota esperanza de vencer.

Y era en verdad remota, porque su enemigo, además de dicha superioridad, tenía las simpatías de las izquierdas europeas y del gobierno francés, y aumentó pronto sus cuantiosas reservas financieras con el sistemático desvalijamiento de bienes particulares, del tesoro artístico español y hasta de las alhajas de los pobres depositadas en los montes de piedad (estos detalles no interesan a Beevor; lástima).

En cuanto al puente aéreo sobre el estrecho de Gibraltar, el señor Beevor asegura que «no debe exagerarse su importancia». Increíble. Pues fue nada menos que el factor que cambió la fatídica situación de los sublevados, permitiéndoles asentar y extender sus inseguros núcleos en Andalucía, unir las dos zonas de la rebelión y llevar municiones a las desesperadas tropas de Mola. Además, atribuye el puente aéreo, siguiendo el tópico, a los aviones italianos y alemanes. Pero la idea fue de Franco o de su círculo inmediato, y cuando los aviones italianos y alemanes entraron plenamente en juego había cumplido sus principales objetivos estratégicos con aviones fundamentalmente españoles. El de Beevor sólo puede ser un nuevo análisis de clase.

De los bombardeos sobre Madrid sabemos, por cifras de la izquierda, que causaron 312 muertos a lo largo de tres semanas y en una ciudad de un millón de habitantes, pero el lector desprecavido de este libro pensaría en muchos miles, sobre todo niños. Y la batalla de Madrid, de haberla ganado Franco, habría terminado la guerra en cinco meses, pero al quedar en tablas se prolongó dos años y medio más. La causa fue la masiva intervención del demócrata Stalin, que provocó la llegada de tropas italianas y de la Legión Cóndor, así como la formación de ejércitos regulares de hasta un millón de hombres. No aparece aquí el historiador muy amante de la paz.

Cuando llega a Guernica admite que «las investigaciones más recientes sostienen que los muertos no pasaron de 300», en lugar de los 1.650 de la propaganda. Algo es algo, aunque ello no le impide afirmar, sin prueba alguna, que el objetivo del ataque fue «verificar los efectos del terror aéreo». En realidad, las investigaciones más recientes y detalladas, de Jesús Salas, prueban que los muertos fueron, como máximo, 126. Por supuesto, ni menciona las consecuencias militares del bombardeo, es decir, la traición del PNV a sus aliados, que llevaría a la catástrofe de las izquierdas en Santander. Como no da la menor información relevante sobre el «Pacto de Santoña», que culminó la traición del PNV: simplemente repite la vieja y desacreditada propaganda peneuvista. Y así sucesivamente, capítulo tras capítulo. Por el señor Beevor no pasa el tiempo, y todo lo que no coincide con sus prejuicios simplemente lo ignora.

Pero donde nuestro clasista autor se ceba es al tratar el terror o el «Gulag« de Franco. Dice muy serio: «En los diez últimos años se ha llevado a cabo en España un admirable trabajo de investigación histórica para tratar de establecer el número, la identidad y la condición de las víctimas de la guerra civil (…) En total se tiene constancia de más de 80.000 víctimas», cifra que él eleva a 200.000 pensando en las que presumiblemente —según él— faltan. Obviamente, Beevor no ha leído la crítica rigurosa de Martín Rubio a esos trabajos «admirables», en su mayoría panfletos partidistas y subvencionados por las izquierdas, donde se contabilizan personas caídas en combate, víctimas del terror entre las propias izquierdas u otras supuestas a partir de rumores. Nuestro autor considera una fuente fiable —y no puede extrañar— a personajes como Espinosa, un comunistoide fanático que ha exigido públicamente la censura inquisitorial contra mis libros. Así ya se puede historiar.

Y a tan admirables panfletos hace Beevor su pequeña contribución. Considera el terror de izquierdas como popular y espontáneo, justificándolo ya de partida y omitiendo el papel determinante de una obsesiva propaganda de odio mantenida año tras año, así como la bien demostrada organización del asesinato masivo desde el gobierno y los partidos de izquierda. En cambio, atribuye los crímenes a «una furia exacerbada que parecía rebosar de un pozo centenario de humillaciones y atropellos, de la desesperación de gentes maceradas en el silencio temeroso y en el odio íntimo que, de pronto, ven desaparecer los viejos tabúes…».

Con esta literatura desvergonzada nuestro buen historiador continúa, precisamente, aquella propaganda de tan bestiales consecuencias. No extrañará que justifique la mayor matanza de la guerra, la de Paracuellos, como «una limpieza de retaguardia, destinada a impedir que los presos ‘fascistas’ fuesen liberados por las tropas de Franco». ¡Quién mandaría a los de Franco pensar en liberar a los presos «fascistas»! Presos con su parte de culpa, en definitiva, por aquel «pozo centenario de humillaciones y atropellos» y demás horrores.

Para conocer la honradez intelectual del autor nada mejor que su respuesta a una pregunta en La razón sobre el revisionismo: «Es bueno que se mantenga un debate sobre la guerra civil y cómo se formó aquel conflicto. Pero me parece que estos revisionistas hacen un flaco favor porque usan las fuentes de la vieja propaganda franquista (…) No se puede condescender con ciertas polémicas y con fuentes que no tienen crédito». Es decir, el debate es bueno, siempre que no se lleve a cabo. Y de paso no puede privarse de una última falsedad hablando de «la vieja propaganda franquista».

Por lo que respecta a César Vidal y a mí, principales revisionistas y bestias negras para estos señores, apenas usamos las fuentes franquistas, y sí, muy fundamentalmente, las de la izquierda. Son el señor Beevor y esos admirables investigadores quienes emplean como fuente creíble la vieja propaganda del Frente Popular, cuyo mustio crédito intentan reverdecer. Sospecho que en vano.

Capítulo VI

HISTORIOGRAFÍA DE DERECHA

Seguramente la mayoría de los estudiantes y aficionados a la historia tiene una imagen pésima de la historiografía de derecha. Esa imagen no procede sólo de la ignorancia, sino de la sistemática y eficiente descalificación de ella por los intelectuales de izquierda, hegemónicos en la universidad y en los medios, y cuya única virtud consiste en saber posar de progresistas o marxistas —ahora no tanto—, con una apabullante falta de sentido autocrítico.

El método utilizado es el silenciamiento o, si el autor consigue hacerse oír, la frase despectiva y como de pasada, como si estuviera de sobra leer al así aludido; o bien campañas de desprestigio personal de un estilo también muy marxista. Esto lo hacen tanto ciertos historiadores «profesionales», usurpando la representación del gremio, como otros supuestos enterados. Así, Fernando Fernán Gómez ha escrito una tercera en ABC sobre la «Retrohistoria» (¡toma castaña con el palabro! Como si pudiera historiarse el futuro), lo que otros llaman «revisionismo». El buen Fernán se escandaliza de que los «retrohistoriadores» señalen el comienzo de la Guerra Civil en 1934, asegura que no se les debe tomar en serio y termina exponiendo su enfoque, simple de toda simpleza, con una tosca anécdota sobre pobres y ricos, que él parece creer muy ingeniosa.

Fernán, director y actor de cine bastante bueno, ignora aquí casi todo sobre su tema. Pero se comprende: el actor sufrió bajo el franquismo una persecución implacable a base de premios y oportunidades profesionales, y, lógicamente, está resentido. Tanto más cuanto que él, hombre de humilde posición, se alinea con los pobres, y ya se sabe que Franco y la Iglesia estaban con los ricos. Él se ha proclamado anarquista de salón, entiende el terrorismo ácrata al modo como Gibson o Beevor la matanza de Paracuellos, ha aceptado integrarse en la libertaria Real Academia y escribe en el ácrata diario ABC… En fin, seguimos inmersos en la farsa.

Para estos intelectuales no cuenta la verdad, sino tan sólo unos imaginarios «intereses de clase» defendidos por ellos, nos informan. Por consiguiente, su actitud ante las tesis contrarias no tiene que ver con la crítica intelectual, buscando más bien identificar al adversario con los «intereses de los explotadores», o con el franquismo, y enterrarlo en el «basurero de la historia». En otro tiempo lo explicaban los partidos comunistas: «Nuestros camaradas y los miembros de las organizaciones amigas deben continuamente avergonzar, desacreditar y degradar a nuestros críticos. Cuando los obstruccionistas se vuelvan demasiado irritantes hay que etiquetarlos como fascistas o nazis. Esta asociación de ideas, después de las suficientes repeticiones, acabará siendo una realidad en la conciencia de la gente».

En otros escritos he expuesto ejemplos del empleo de este tipo de «crítica» contra autores como Ricardo de la Cierva, Arrarás, los hermanos Salas Larrazábal, Martínez Bande y otros. Y debe reconocerse que han usado el truco con tanta destreza como buenos resultados, aunque últimamente les está fallando bastante. A resultas de su esterilizante labor, gran cantidad de obras de primer orden permanecen ignoradas y, lo que es peor, despreciadas por la mayoría de los estudiantes e historiadores jóvenes. Ni siquiera suelen citarse, como si no existieran, libros tan básicos y no superados, salvo en detalles, como Historia política de las dos Españas, de García Escudero, absolutamente superior a las toscas divagaciones de Santos Juliá sobre el mismo tema; o la Historia del Ejército Popular de la República, de Ramón Salas, también mucho más completo que el estudio de Alpert, o Guerra aérea, 1936-39, de Jesús Salas; o se despacha con algún comentario superficial una obra tan brillante como la de Bolloten sobre la revolución durante la guerra, o las magníficas monografías de Martínez Bande, etc.

Un rasgo de esta historiografía —por seguir la convención, vamos a calificarla de derechista, aunque habría que llamarla «historiografía veraz», en contraste con la más habitual en estos años— es su atención a las fuentes primarias. Su minuciosidad y precisión vuelven esos estudios muy voluminosos y poco manejables, pero también los convierten en obras de referencia fundamentales para quien quiera huir de las penosamente «correctas» historias habituales.

Una muestra más reciente de este tipo de trabajos es La guerra silenciosa y silenciada, de los vicealmirantes Fernando y Vicente Salvador Moreno (tenemos en España un buen número de militares excelentes historiadores), publicada en 1998 sin que haya alcanzado ni remotamente el eco que merece. Consta de cinco gruesos volúmenes, fruto de doce años de investigación en los archivos de los Servicios Históricos de la Armada y del Ejército, y con aportación de numerosos testimonios personales. Trata de la Guerra Civil en el mar, tradicionalmente preterida en los estudios, pero que, sin embargo, tuvo la mayor importancia.

El Frente Popular, como es sabido, se quedó con la mayor parte de la Armada y de la aviación, y este hecho, por sí solo, pudo haber decidido la contienda en los primeros días y más tarde haber obstaculizado de forma quizá decisiva el esfuerzo bélico de los nacionales. Sin embargo, los revolucionarios fueron incapaces de tomar la iniciativa. Esto se ha achacado, y en parte es cierto, a la pérdida, en el primer momento, de una alta proporción de oficiales. Sin embargo, la pasividad esencial de la flota continuó el resto de la guerra, a pesar del asesoramiento soviético y del tiempo suficiente para formar nuevos mandos. El hundimiento del crucero nacional Baleares demostró lo que podrían haber hecho con una dirección más acometiva, pero ésta no existió, dedicándose los barcos fundamentalmente a la protección de convoyes en el Mediterráneo, tras haber perdido totalmente el dominio del Atlántico y el Estrecho.

Por contraste, los nacionales, mandados sobre todo por el almirante Francisco Moreno, desplegaron una intensa actividad pese a su inferioridad material, logrando hundir numerosos barcos adversarios y perjudicar seriamente sus suministros marítimos, paralizándolos a veces. Un hecho muy poco conocido fue la guerra de corso realizada secretamente por dos buques franquistas en el Mar del Norte, en condiciones meteorológicas extremas; con ella detuvieron buena parte del tráfico enemigo, en especial el movilizado por el PNV, obligando a sus barcos a refugiarse en los puertos escandinavos y británicos. En conjunto, Moreno demostró una pericia y agresividad excepcionales, para verse preterido por Franco después de la contienda.

Una nota sobre Arrarás: pocos historiadores han sido tan «machacados» como él por sus rivales de izquierda, debido sobre todo a sus invectivas contra la sacra figura de Azaña. A menudo me acusan de basarme en sus obras, lo cual me habría descalificado para los restos. La verdad, comprobable para cualquier lector, es que apenas me he basado en Arrarás, y sí, sobre todo, en fuentes de la izquierda. Pero debo señalar que su crónica de la II República, en cuatro tomos, constituye un libro de imprescindible consulta por su enorme aportación de datos veraces. Los mismos que le niegan el pan y la sal no dudan en saquear ese espléndido trabajo, en hacer uso de él sin citarlo. Otra historia muy interesante de la república, la de Josep Pla, es hoy material de bibliófilos.

Con este capítulo concluyo la serie de los introductorios, para tratar en adelante, de manera concreta, la evolución de la república. Empezaremos con la «prehistoria de la tragedia», como la llama Bartolomé Bennassar.

II PARTE

ANTECEDENTES DE LA EXPERIENCIA
REPUBLICANA

Capítulo I

LA GUERRA CIVIL COMO CONSECUENCIA ÚLTIMA
DEL FRACASO DE LA RESTAURACIÓN

Si sobre la guerra de España se han tejido numerosas y a menudo grotescas leyendas, otro tanto ocurre con sus antecedentes, que unos sitúan más lejos y otros más cerca. Hay quien remonta los orígenes hasta Recaredo, y Américo Castro estaba empeñado en atribuirlos a las expulsiones de judíos y moriscos. Dejando aparte estos pintoresquismos, Bennassar encuentra la «prehistoria» del conflicto en los principios del siglo XIX.

Desde la invasión napoleónica hasta 1931, afirma, «las apariciones de España en la escena mundial no eran sino mojones en el camino de una decadencia irremediable». No me parece muy acertado el diagnóstico. Hasta 1874, cuando comienza la monarquía de la Restauración, España permanece casi estancada, sujeta a una serie de pronunciamientos y guerras civiles. Una de éstas, la primera, fue larga y muy sangrienta. Pero con la Restauración el país entra en un período de relativa paz, florecimiento cultural y desarrollo industrial acumulativo.

También presenta Bennassar la España del siglo XIX como una lucha entre carlistas y liberales, y aún cita de Guy Hermet: «El carlismo encarna en España un contra-Estado virtual, o incluso real en algunos momentos, que libra tres guerras civiles». Esta versión quiere entroncar la guerra del siglo XX con la vieja tensión entre liberalismo y tradicionalismo, y ha gozado de mucho predicamento, pero ofrece, a mi juicio, una falsa perspectiva histórica.

En realidad, perdida su primera guerra, el carlismo pasó a segundo plano, aunque dio lugar a un par de explosiones más, de mucha menor enjundia. No existió tal «contraestado», y el conflicto político en España se dirimió más bien entre tendencias liberales opuestas, la exaltada y la moderada —por identificarlas por sus nombres iniciales—, con sus pronunciamientos, sus espadones y sus constituciones… hasta concluir en la I República, que cerca estuvo de acabar con la nación misma. El violento anticatolicismo de los exaltados provocó un rechazo popular, identificando el liberalismo con la invasión francesa, los asesinatos de clérigos y la quema de iglesias, pese a que los moderados siguiesen un liberalismo de corte anglosajón más respetuoso con la Iglesia y las tradiciones. Ese rechazo debilitó la influencia social de la nueva doctrina política, aunque el liberalismo enraizaba en una larga tradición española.

Pero ese período epiléptico terminó con la Restauración, la cual abre un nuevo ciclo histórico, como quedó indicado. Me parece poco útil, por ello, remontarse al ciclo anterior para explicar la guerra del siglo XX, si bien, claro está, persisten elementos significativos de aquella época y aun de otras muy anteriores. En realidad, nuestra última Guerra Civil puede considerarse la consecuencia última del fracaso de la Restauración, y a ese fracaso debemos remitirnos para explicar la explosión de los años 30. ¿Por qué fracasó la Restauración, en lugar de irse perfeccionando como el sistema democrático y estable al que conducía su propia dinámica liberal? Esta cuestión no ha solido plantearse con claridad, y por ello las respuestas han resultado, en su mayoría, harto confusas.

Tanto más cuanto que se han abordado muy a menudo a partir de un marxismo tópico, no muy mejorado por escuelas como la de los Anuales. Ya mencioné en otro capítulo las «aclaraciones»,* algo grotescas, de Beevor sobre los intereses y representaciones «de clase». Pero la costumbre de analizar la historia a partir de algunas concepciones económicas la encontramos también en Bennassar, que concede especial relevancia al problema del campo, con la reforma agraria como posible solución: «El latifundismo fue hasta el advenimiento de la República un freno importante para el desarrollo económico del país». ¿Lo fue? ¿Y por qué en los países anglosajones el latifundismo fue más bien un factor de prosperidad? Además, ¿dejó de ser un freno o no freno en la república? Primera noticia.

O bien: «El subempleo crónico de los braceros excluía a millones de personas del mercado». Los excluía parcialmente, cierto… al igual que a los propietarios que malvivían con pequeñas parcelas, si bien tenían el camino de la emigración, y muchos lo emprendieron. Señala Bennassar que en 1930 un tercio de la superficie cultivada correspondía a propiedades de más de 250 hectáreas, mientras que el 98% de los propietarios se repartían parcelas de menos de 10 hectáreas cada una. Pero una explotación agraria requiere, para ser productiva, extensiones considerables, y más en un país en su mayor parte seco y de tierras pobres. El problema nunca se resolvería con un reparto que sólo daría parcelas mínimas y malas a los braceros. Las izquierdas republicanas, desde luego, fallaron desastrosamente en su reforma, aunque de paso envenenaron el problema con demagogia. Todo esto lo omite Bennassar.

El verdadero problema no era el agrario, sino el industrial. Sólo resolviendo éste podría absorberse el exceso de población campesina, como ha ocurrido en casi todo el mundo y terminaría ocurriendo en España en los años 60 del siglo pasado. Según Bennassar, «sólo dos regiones habían llevado a cabo con éxito su Revolución industrial: Cataluña (…) y el País Vasco». Más apropiado sería decir dos provincias, Barcelona y Vizcaya, y habría que explicar por qué la industria creció lentamente en el resto. No conozco ninguna explicación convincente, pero desde luego algo pesó en ello el proteccionismo abusivo impuesto por Madrid con la intención, precisamente, de proteger y ampliar los focos barcelonés y bilbaíno. Ese proteccionismo seguía la concepción económica llamada «castiza» por Velarde Fuertes, la cual, con unas u otras variantes, se mantuvo hasta los años 60, cuando una mayor liberalización estimuló por toda España un salto adelante sin precedentes en la industria y los servicios.

El proteccionismo estrechó la productividad y los intercambios internos y externos. Por su alto precio y calidad mediocre, los productos industriales españoles tenían escasa demanda exterior (el grueso de las exportaciones se componía de productos agrarios o mineros), y en el interior las mismas razones y la escasa competencia restringían el mercado y frenaban la industrialización de otras provincias. Aun así, debe insistirse en que bajo la Restauración las industrias crecieron de forma acumulativa, y la superación de aquellos problemas habría sido sólo cuestión de tiempo y experiencia.

Naturalmente, el historiador debe prestar mucha atención a los factores económicos, pero cae en un error frecuente cuando identifica éstos como causa de los políticos. Ocurre más bien lo contrario: la política condiciona a la economía, estimulándola o frenándola. La política incluye a la economía, pero la rebasa, es decir, aplica a la economía concepciones más generales sobre la convivencia social e incluso sobre la naturaleza humana. También quienes priman la economía, como los marxistas más o menos coherentes, parten de esas concepciones más amplias; y, para colmo, sus recetas prácticas resultan casi siempre económicamente dañinas, cuando no desastrosas.

El fracaso de la monarquía de la Restauración debemos abordarlo, por tanto, desde esas concepciones políticas más generales, examinando los distintos partidos y tendencias que confluyeron en ella, y cómo la descomposición de aquel régimen liberal derivó primero a una dictadura muy poco rígida y luego a la victoria de las fuerzas antimonárquicas. Éstas crearon una república que ellas mismas hicieron finalmente inviable, como iremos viendo.

Capítulo II

¿POR QUÉ FRACASÓ LA RESTAURACIÓN?

Fue, pues, el fracaso de la Restauración la causa remota de la Guerra Civil, y ese fracaso no puede entenderse desde los análisis economicistas, todavía tan populares entre los historiadores a pesar de su evidente ineptitud explicativa.

La cuestión se presenta así: ¿por qué un régimen de libertades, y por tanto abocado a la democracia, terminó derrumbándose sin alcanzar su meta? A esta pregunta se ha contestado muy a menudo destacando los defectos del régimen e ignorando sus virtudes. Tal es la tradición predominante, ya desde antes de Tuñón de Lara, pues las derechas franquistas compartían con las izquierdas una crítica frontal al liberalismo. La imagen ofrecida por tales explicaciones resulta forzosamente desequilibrada y confusa.

Las debilidades de la Restauración han sido muy invocadas: el constante alternar de gobiernos que impedía una labor política continuada, el fraude electoral, la escasa atención a la enseñanza pública, la mediocridad, las intrigas y el escaso sentido del estado por parte de la mayoría de sus líderes, etc. Todo ello es básicamente cierto, aunque ha solido exagerarse un tanto. En cambio, quedan con frecuencia olvidados o desdeñados los puntos fuertes del régimen: las libertades, una relativa estabilidad que eliminaba las convulsiones del anterior ciclo histórico, un progreso económico modesto pero sostenido y de ritmo creciente. Esas virtudes permitían esperar que la experiencia, el tiempo y el efecto natural de las libertades fueran corrigiendo las flaquezas.

así fue como ocurrió, en parte, pues la Restauración duró medio siglo y aplicó numerosas reformas. Pero finalmente se mostró incapaz de integrar a las nuevas fuerzas políticas que cobraban impulso a principios del siglo XX: el PSOE, los anarquistas, el republicanismo, los separatismos catalán y vasco… cuya acción, concertada o dispersa, terminó hundiendo el sistema. La mayoría de los analistas subrayan este fracaso bajo la suposición implícita de que aquellas nuevas fuerzas avanzaban en la «modernización» del país y representaban de un modo u otro la democracia, frente a un sistema liberal obsoleto y representativo de una oligarquía reaccionaria, incapaz de ceder en sus privilegios y de aplicar las reformas exigidas por los tiempos.

Este punto de vista, tan extendido incluso entre algunos defensores de la Restauración, asume las acusaciones de los enemigos del régimen de forma un tanto superficial. El problema radica más bien en establecer si aquellas nuevas fuerzas, minoritarias pero muy virulentas, representaban realmente un impulso democratizador y si eran compatibles o integrables en un sistema de libertades. Rarísimamente se ha abordado el problema desde este ángulo, que no sólo completa el anterior, sino que explica mucho mejor, a mi juicio, la evolución histórica de España hasta la Guerra Civil.

Algo de eso he tratado en dos o tres libros, y más recientemente en Una historia chocante, sobre los nacionalismos vasco y catalán, pero nos sigue faltando una historia de cierto nivel sobre el PSOE o el anarquismo, por ejemplo. Algo puede decirse con claridad, no obstante: ni estos movimientos obreristas —que no obreros—, ni los nacionalismos citados ni la corriente mayor republicana constituían movimientos integrables en una democracia. Se trataba de movimientos utópicos, y aspiraban a derrocar las libertades, despreciadas como «burguesas» o como una engañifa, pese a que las mismas les permitían organizarse, hacer propaganda y presentarse a las elecciones, en las cuales solían cometer los mismos fraudes que los partidos del sistema. Todos ellos eran violentos o simpatizaban con la violencia, en especial con el terrorismo anarquista, a cuya represión legal ponían mil trabas. Fomentaron explosiones como la Semana Trágica o la huelga llamada de La Canadiense, de carácter revolucionario, u organizaron la huelga insurreccional de 1917. Estos movimientos y explosiones sociales frenaron o liquidaron diversas reformas integradoras y democratizadoras propuestas por los políticos del sistema, en especial por los conservadores.

Tales fenómenos suelen presentarse, siguiendo la propaganda izquierdista, como efecto natural de algún misterioso «movimiento obrero», «descontento popular», etcétera, en lugar de estudiarse en relación con las mucho más concretas ideologías, líderes y organizaciones en juego. Estas organizaciones eran muy minoritarias y crecieron lentamente, pero tenían una capacidad de perturbación desproporcionadamente grande, debido a su rebeldía esencial, a su agitación permanente y a su utilización perversa de unas libertades que, de un modo u otro, pretendían abolir.

Vale la pena detenerse, aunque sea de forma breve, en estas fuerzas que alcanzarían un protagonismo decisivo durante la República, determinando su destino. En el caso anarquista, apenas hace falta recordar su concepción mesiánica y arbitraria, opuesta radicalmente a cualquier poder que no fuera el suyo, supuestamente liberador. El anarquismo cobró cierta fuerza de masas desde la fundación de la CNT, en 1910, la cual continuó y aumentó la tradición de atentados que conmocionaban una y otra vez al país. Varios de esos atentados se orientaron con llamativo acierto contra los políticos más reformistas y capaces del régimen, como Cánovas, Canalejas, Dato o Maura, consiguiendo asesinar a los tres primeros. Alfonso XIII fue objeto también de varios atentados.

La influencia del terrorismo ácrata, relacionado a veces con la masonería, aumentaba mucho porque numerosos intelectuales le prestaron cobertura moral; incluso políticos del sistema, como Romanones, jugaron a impedir su represión.

En cuanto al PSOE, pudo quizá haber tenido una orientación social- demócrata de la mano de Jaime Vera, pero pronto se impuso el extremismo de Pablo Iglesias. El partido y su sindicato, UGT, de carácter marxista radical, crecieron con mayor lentitud que su rival anarquista, la CNT. La rivalidad por atraerse clientela obrera no les impedía emprender acciones comunes contra el sistema, en particular la huelga revolucionaria de 1917. Esa huelga marca un punto decisivo en la evolución de la Restauración y muestra sus debilidades, mereciendo por ello alguna atención.

Vaya por delante la extraordinaria similitud de la acción revolucionaria de agosto del 17 con la emprendida diecisiete años más tarde, en octubre del 34, contra la legalidad republicana. En los dos casos el golpe vino precedido por un rápido proceso de maniobras subversivas, que crearon la impresión de una descomposición definitiva del régimen y hasta del propio país; y las fuerzas comprometidas, aunque con variaciones de intensidad y protagonismo, fueron casi las mismas: socialistas, nacionalistas catalanes, republicanos de izquierda y anarquistas, y hasta algunos sectores militares.

Pese a su apariencia abrumadora, tanto las maniobras subversivas como la huelga insurreccional del 17 fueron sofocadas con aparente facilidad gracias a la diestra firmeza de Dato, uno de los pocos políticos del momento con verdadera talla de estadista. Pero, como había ocurrido con Maura después de la Semana Trágica, Dato cayó víctima de intrigas y campañas de desprestigio, y el rey lo sustituyó por políticos de un nivel muy inferior. Los líderes del movimiento revolucionario fueron indultados, y a los pocos meses estaban en las Cortes exigiendo responsabilidades por la represión de su propia y sangrienta intentona. Dato, exasperado, les replicaba: «Los autores de un movimiento revolucionario que tenía por fin derribar al régimen, los que se lanzaron o lanzaron a los demás por caminos de perturbación, considerando que la amnistía no es el perdón, sino una apoteosis del delincuente, vienen aquí a acusar a aquellos gobernantes que en los días negros y amarguísimos del mes de agosto tuvieron que defender el orden social. Vosotros, deteniendo proyectos de ley que a esas clases trabajadoras se refieren, habéis pasado sesiones y sesiones hablando ¿de qué? ¿De aquello que puede unirnos para una colaboración común tan indispensable en los momentos por que la Nación está atravesando? No; para sembrar aquí rencores, para establecer antagonismos, para continuar aquí la obra revolucionaria de que estáis encargados».

Si miramos atentamente este episodio hemos de convenir necesariamente en la inmensa dificultad, por no decir imposibilidad, de integrar a partidos como el socialista de entonces —no digamos la CNT— en un régimen de libertades. También resultarían muy difícilmente asimilables los republicanos y los nacionalismos vasco y catalán.

Capítulo III

LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN: LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA
Y LOS SECESIONISMOS ANTE LAS LIBERTADES

No ocurría con los republicanos y los nacionalistas vascos y catalanes nada mucho mejor que con la CNT y el PSOE. Los primeros no habían mejorado mucho desde la I República. Entre ellos, siempre amigos de los pronunciamientos militares, un sector había adoptado un humanitarismo ficticio y sin base, mientras que la fracción dominante se inclinaba por una demagogia desenfrenada, muy próxima al anarquismo y ligada al terrorismo. Lerroux fue su mejor representante hasta que empezó a cambiar, sobre todo después de la Semana Trágica.

En cuanto a los nacionalismos vasco y catalán, el primero se fundaba en una especie de catolicismo racista, y pretendía la total separación de España, vista como el compendio de todos los vicios y abusos propios del liberalismo. El segundo propugnaba un imperialismo vago y contradictorio, algo así como una independencia sin separación: Cataluña debía configurarse como una nación con su estado correspondiente, pero manteniendo con el resto de España unos lazos políticos muy laxos, aunque suficientes para aprovechar su mercado y dirigirlo, sin reciprocidad, claro está.

En la primera década del siglo XX, el nacionalismo vasco pareció evolucionar hacia el autonomismo, tras algunos éxitos electorales menores, pero terminó por imponerse un separatismo cada vez más belicoso. El nacionalismo catalán, en apariencia más razonable, obró desde el principio de manera oportunista y semirrevolucionaria, aliándose con los partidos antisistema para llevar al régimen a varias crisis. Su propia experiencia y participación en algunos gobiernos nacionales volvió cada vez más españolistas a algunos de sus líderes, en especial a Cambó, a costa de sufrir escisiones izquierdistas y más radicales.

De un modo u otro, los dos nacionalismos resultaron inasimilables, y al comenzar los años 20 su tono se volvía muy agresivo. En la declaración de Barcelona de 1923, los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, conjuntados, anunciaban ya una ofensiva armada para disgregar España, en concomitancia con la de Abd el Krim en Marruecos —explotada de forma absolutamente demagógica por socialistas y republicanos— y con el apogeo del terrorismo ácrata.

La situación anunciaba una crisis revolucionaria de vasto alcance, al combinarse tales ataques con la extrema flojera y falta de sentido del estado por parte de los políticos del régimen. Sin embargo, no hubo revolución, sino la dictadura de Primo de Rivera, recibida con inmenso alivio por casi todo el país. Y así acabó la Restauración en 1923, al menos como régimen liberal. Las consecuencias del hundimiento de aquel sistema de convivencia en libertad, esencialmente beneficioso para el país a pesar de sus muchos defectos, se prolongarían hasta 1939, en tres etapas: dictadura, república y guerra civil.

Para entender el fracaso de la Restauración no debemos olvidar otra clave, analizada magistralmente por José María Marco en su ensayo La libertad traicionada: la renuncia a las libertades por gran parte de la intelectualidad, y precisamente la más influyente de entonces, desde Ortega o Azaña a Joaquín Costa o Unamuno. Ocurrió, en buena medida, como reacción a la derrota de 1898 frente a Usa. Todos se revolvieron contra los principios políticos imperantes, propugnando una especie de nuevo nacionalismo español muy similar al vasco y al catalán.

Estos últimos trataban la historia de sus respectivas regiones como un relato de opresión y vergüenza, pues, en el colmo de la abyección, vascos y catalanes se consideraban también españoles, es decir, se habían asimilado a sus supuestos opresores: urgía sacarlos de su error para redimirlos.

Y el nuevo, si bien difuso, nacionalismo español renegaba a su vez del pasado de España, rechazado como desastroso, y aspiraba a corregirlo, a regenerar el país por medios drásticos. Para ellos, al igual que para los socialistas o anarquistas, la ignominia se concretaba en la Restauración y sus menospreciadas libertades… de las cuales se beneficiaban, no obstante, sin ningún escrúpulo, como si cayeran del cielo.

Tales actitudes convirtieron en enemigos del régimen liberal a quienes hubieran podido y debido defenderlo intelectualmente. Frente al acoso de las propagandas contrarias, el sistema quedó prácticamente sin defensores.

Contra él todos parecían tener la razón, y de poco le valían el progreso económico o las reformas sociales o políticas. Precisamente contra una de las reformas más prometedoras, la de Antonio Maura, aunaron sus fuerzas no sólo las oposiciones externas, sino parte de los políticos del propio régimen, con ceguera muy típica. También solían unirse contra los intentos de poner coto al terrorismo.

La historiografía no suele conceder la debida atención al desamparo ideológico en que dejó al liberalismo esta suerte de traición de los intelectuales. Ese desamparo propició, a su vez, la mediocridad de la mayoría de los políticos del régimen, su flaqueza y oportunismo ante los retos de la época y la descomposición progresiva de sus partidos.

El primer resultado de ese fracaso fue, pues, la dictadura de Primo de Rivera, una dictadura muy suave, que curó algunos de los tumores de la Restauración: el de Marruecos, el del pistolerismo anarquista y el de los separatismos. Facilitó de paso un progreso económico sin precedentes, que por primera vez empezó a cerrar la brecha económica entre España y la Europa rica.

Primo llegó pensando en una dictadura breve para resolver los problemas más urgentes, pero, consciente de la debilidad de los partidos de la Restauración y de la demagogia inclemente de los contrarios, intentó poner en pie un nuevo régimen de «democracia orgánica», es decir, no liberal, basado en el juego de dos partidos, Unión Patriótica y el PSOE. Los socialistas colaboraban con la dictadura a través de la UGT, como especifica José Andrés-Gallego, pero rechazaron esa solución, y la institucionalización pensada por el dictador fracasó a su vez.

Entonces surgió la alternativa entre una vuelta a un sistema constitucional parecido al anterior a Primo o un sistema nuevo, republicano. La pugna entre las dos tendencias duró un año y cuarto, en 1930-31, y la primera se mostró inviable, no tanto por falta de apoyo popular como por la descomposición de los viejos partidos monárquicos, el descrédito de sus políticos y el desánimo o algo peor del círculo próximo a Alfonso XIII. Ganó la segunda opción después de muchas maniobras, incluyendo un fallido pronunciamiento militar republicano.

Muy significativamente, fueron dos políticos conservadores y monárquicos hasta la fecha, Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, quienes realmente organizaron el movimiento por la república en el Pacto de San Sebastián, y quienes aprovecharon la confusión monárquica para tomar el poder, tras unas elecciones municipales… perdidas por los republicanos. Don Niceto y Maura pretendían evitar la radicalización de las nuevas fuerzas políticas de izquierda y obreristas, pero se iban a ver muy pronto desbordados por ellas.

Con la república sonó la hora histórica de los enemigos de la Restauración: socialistas, republicanos, anarquistas, nacionalistas catalanes y vascos, más la flor y nata de la intelectualidad. Habían llegado al poder sin oposición, pues se lo habían entregado los propios monárquicos; y entre la alegría de una parte de la población y la reticencia, pero en casi ningún caso hostilidad, del resto. Además, la nada sanguinaria dictadura les dejaba una herencia de prosperidad, sin terrorismo y sin acción separatista inminente, y con Marruecos pacificado con solidez. Circunstancias óptimas, sin más sombra que la de la crisis mundial comenzada en 1929, la cual repercutiría sin duda en España, pero mucho menos que en otros países más ligados al mercado internacional.

El problema consistía en saber cómo aprovecharían la situación y cómo obrarían aquellos partidos una vez en el poder o en sus aledaños. Dicho de otro modo: esas fuerzas antes inasimilables, ¿iban a constituir la alternativa a la Restauración e inaugurar un nuevo ciclo histórico, más democrático, más integrador, más pacífico, más culto y también más próspero una vez se superase la depresión mundial? Así lo esperaba la gran mayoría, incluso amplios sectores de la derecha, tranquilizados por la presencia de Alcalá-Zamora y Miguel Maura en posiciones clave del nuevo gobierno: el uno como presidente del mismo, y el otro como ministro de la Gobernación.

El catalanista Cambó pensaba, por el contrario, que el país entraría en una nueva etapa de convulsiones, porque no podía esperarse otra cosa de los nuevos amos del poder, a quienes conocía bastante bien. Así se lo había expresado a un pletórico Ortega y Gasset. Pero por entonces muy pocos le acompañaban en sus lúgubres presagios.

A partir de aquí empieza propiamente nuestra historia.

Capítulo IV

TRES CICLOS HISTÓRICOS

Llegados aquí, conviene una más amplia visión de conjunto, adelantándonos un poco a los acontecimientos. La tesis que defiendo es que la Guerra Civil cierra un ciclo histórico y abre otro nuevo. Cierra la época de la Restauración, puesta a flote en 1874 y hundida en 1923. Consecuencia de ese naufragio fueron dos intentos de reconstruir la convivencia social sobre nuevas bases, primero mediante la dictadura y luego con la república.

Ambos intentos fracasaron a su vez en poco tiempo: algo más de seis años la dictadura, y cinco la república, hasta el final derrumbe en la guerra interna más sangrienta de la historia española. En total, ese ciclo o etapa duró 65 años.

Se trata del segundo ciclo de los tres vividos por España desde el final del absolutismo. El primero comenzó con la Guerra de Independencia, que abre las puertas a una convivencia de nuevo tipo, basada en las libertades y en la abolición de las barreras de origen feudal, convivencia asentada, en principio, después de la guerra carlista de 1833-39, cuando la victoria liberal abrió la posibilidad de un sistema político estable. Pero el régimen resultante padeció frecuentes convulsiones, hasta derivar en la desastrosa I República de 1873, que no estuvo lejos de acabar con la propia nación española. El segundo ciclo es el que estamos tratando en este estudio, y el tercero se extiende desde la Guerra Civil de 1936 hasta hoy mismo, cuando está entrando a su vez en crisis. Curiosamente, cada una de estas tres etapas ha durado entre sesenta y setenta años.

Aunque todas las periodizaciones tienen algo, y aun bastante, de arbitrario, creo que ésta resulta útil para entender lo ocurrido en España en la edad llamada, algo absurdamente, contemporánea. Tres períodos diferentes, pero recorridos por la necesidad de articular un sistema de convivencia sobre la base de las libertades y el respeto al individuo, con dos grandes fracasos y una crisis actual. Ciclos enmarcados en los problemas generales de Europa, resueltos de diversas formas según los países y jalonados por los fracasos terriblemente sangrientos de las guerras mundiales, por suerte ajenas a España.

Para explicar las alternativas políticas en nuestro país ha solido recurrirse a las herramientas teóricas del marxismo o a apreciaciones eclécticas influidas por esa doctrina. Así, la cuestión se resumiría en la necesidad de una «revolución burguesa» que nunca habría sido llevada en España hasta sus últimas consecuencias. Esa deficiencia habría sido causa y efecto de la debilidad de la burguesía y permitido el reto constante de una fuerte «reacción», así como la incapacidad para integrar a los nuevos movimientos políticos y sociales surgidos a finales del siglo XIX. Con la República habría vuelto a plantearse de forma drástica la «revolución burguesa», causando un agravamiento de la lucha de clases entre los sectores sociales avanzados o progresistas y los reaccionarios, hasta concluir en la Guerra Civil.

El conflicto debería haberse zanjado de una vez por todas a favor del progreso, pero, desdichadamente, el choque definitivo, al coincidir con una época de auge de los fascismos en Europa, habría determinado la victoria del fascismo o la reacción también en España.

Este modelo explicativo, con unos u otros matices, ha sido el más frecuente, y el enseñado hoy de forma mayoritaria en la universidad. Obliga, desde luego, a una constante mutilación de los hechos reales y lleva a conclusiones tan peculiares como la ya indicada de que Stalin y el Frente Popular representaban la libertad y el progreso. Pero muchos intelectuales han preferido sacrificar los hechos en aras de una aparente coherencia teórica. El fruto han sido innumerables libros y estudios poco menos que inútiles, a mi juicio, aunque pueda rescatarse de ellos una cantidad considerable de material secundario.

Pero en esas concepciones se esconde una verdad: el peso de la Revolución francesa en las ideas, actitudes y prácticas de gran parte de los políticos y partidos españoles desde el fin de la Guerra de Independencia.

Expulsado Napoleón, el liberalismo se dividió pronto en dos tendencias: la exaltada o doctrinaria, que pretendía imponer a la sociedad unos principios abstractos partiendo de unas concepciones en general falsas sobre la realidad social e histórica de España, y sin tener en cuenta sus propias fuerzas, harto escasas; y la tendencia moderada, más evolutiva y respetuosa con las tradiciones e instituciones del país.

Los exaltados seguían el modelo francés, o más propiamente jacobino, y conformaron su base principal en las logias masónicas del ejército. A partir de ellas emprendieron incontables «pronunciamientos», en su mayor parte fallidos pero que dieron una peculiar inestabilidad al primer ciclo de nuestra época contemporánea.

Una clave de la «revolución burguesa», así concebida, era el problema religioso. El catolicismo en España, herencia de los siglos y de una evolución bien conocida, tenía acaso un peso mayor que en cualquier otro país. Su inmensa influencia social sólo admitía un acomodo y arreglos pactados con él, que asegurasen la independencia mutua de la Iglesia y el Estado; o bien una política de enfrentamiento. Los jacobinos o exaltados optaron por esta última, identificando a la Iglesia como el obstáculo principal a la modernización y la libertad e ignorando, entre otras cosas, las aportaciones preliberales de los brillantes pensadores eclesiásticos del Siglo de Oro. La solución, para ellos, la había dado la Revolución francesa, con sus sangrientas persecuciones, que habían causado decenas de miles de víctimas y destruido obras de arte invalorables.

Faltos de poder para imitar a los franceses, los exaltados españoles hicieron cuanto estuvo en sus manos, provocando quemas de templos y matanzas de clérigos mediante patrañas como la de que los frailes envenenaban las fuentes públicas. La tradición comecuras y las agresiones consiguientes dieron su principal seña de identidad a esas izquierdas a lo largo de los siglos XIX y XX, hasta que, con la II República, creyeron llegada la ocasión de reducir la Iglesia a la impotencia y, con la guerra en marcha, exterminarla. Tradición que hoy parece resurgir peligrosamente.

El odio a la Iglesia constituyó prácticamente la única base de acuerdo entre unas izquierdas que, por lo demás, se detestaban asimismo, hasta matarse entre sí. Esa actitud provocó en buena parte del clero y de los católicos una ciega reacción en sentido contrario, que volvió más difícil cualquier arreglo pactado. Pero las agresiones, las patrañas y las violencias partieron casi siempre de las izquierdas.

En el primer ciclo mencionado, los exaltados o progresistas lograron imponerse en algunos períodos, y finalmente dominar por completo, siempre con efectos convulsivos. En el segundo ciclo, los herederos de los exaltados, en combinación con los nuevos movimientos mesiánicos —obreristas y separatistas—, alteraron y finalmente desestabilizaron el sistema liberal. En los dos períodos tuvieron la ocasión histórica de llevar a cabo sus programas, en la Primera y Segunda repúblicas, y esas dos victorias terminaron rápidamente en catástrofes.

Esas izquierdas, imbuidas del mito de la Revolución francesa y luego también de la rusa, formaron casi siempre partidos de agitación callejera, de panfleto y de grito, pero carentes de un pensamiento propio. Ahí radica, en mi opinión, la causa fundamental de su carácter epiléptico. Les ayudaban, bien es verdad, diversas carencias de sus adversarios, en especial su escasa atención a la enseñanza pública, o la traición de la intelectualidad a las ideas liberales después del «desastre» del 98. Pero ello no cambia en absoluto el carácter exaltado y mesiánico de aquellos grupos, de quienes sólo podía esperarse el fruto que finalmente dieron, previsto claramente por Cambó, contra el infundado optimismo de Ortega.

Dicho de otro modo: el problema que ha solido identificarse como causante de los altibajos y frustraciones políticas de España en los últimos dos siglos ha sido la presencia de una reacción, en medida esencial católica, que ha impedido la modernización del país. Me parece un enfoque radicalmente falso. El problema principal, a mi juicio, ha sido la actuación de unas fuerzas radicalizadas de izquierda, las cuales llevaron una y otra vez a la ruina los intentos de establecer regímenes de convivencia en libertad.

Vemos, pues, que los dos primeros ciclos se abren con una organización liberal y evolutiva de la convivencia, para ser socavada y al final hundida por fuerzas de carácter en el fondo totalitario. El ciclo actual sigue una trayectoria distinta. La guerra no dio paso a una nueva experiencia liberal, sino a una larga dictadura que ha terminado abocando, por reforma, a una democracia.

Esta reforma no dejó en pie casi nada del franquismo, pero se apoya psicológica y materialmente en su legado de prosperidad y moderación política. Parecieron quedar atrás los viejos utopismos, junto con las reacciones provocadas por ellas, para asentarse definitivamente una democracia liberal con perspectivas de perfeccionamiento y duración indefinidos. Sin embargo, en los últimos años han resurgido con ímpetu insospechado los antiguos impulsos totalitarios, en gran parte de la mano del terrorismo. Sus representantes se identifican con el Frente Popular y con los golpismos que echaron abajo la república, y vuelven a aliarse entre ellos con el telón de fondo del terrorismo, fenómeno también tradicional. Intentan una segunda transición, esta vez desde la democracia a la degeneración demagógica de las libertades y a la balcanización de España.

En los ciclos anteriores los políticos no supieron afrontar el desafío, y la sociedad se vio empujada al desastre. Esperemos que la experiencia sirva de algo y no vuelva a ocurrir lo mismo en la crisis actual.

Capítulo V

EL LEGADO DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Dado que la dictadura y la república fracasaron sucesivamente en su intento de consolidarse como nuevas formas de convivencia política, y, por tanto, de abrir un nuevo ciclo histórico tras el hundimiento de la Restauración, debemos considerarlas como sucesivos derrumbamientos a partir de otro principal, el de la propia Restauración. Y, por tanto, como partes del mismo ciclo, comenzado en 1874 con una exitosa reorganización política liberal, progresivamente socavada por fuerzas de carácter mesiánico o totalitario, hasta provocar su caída.

La dictadura apareció en un primer momento como una solución «a la romana», es decir, como un remedio drástico, pero pasajero, a una situación de crisis. Y, como hemos señalado, resolvió con bastante rapidez los problemas principales que habían llevado el régimen liberal a la ruina: eliminó el terrorismo anarquista, consiguió la colaboración de los socialistas, cuya demagogia y golpismo tanto habían perturbado el régimen anterior; redujo a la inoperancia los separatismos, que poco antes se habían unido para promover la lucha armada, y acabó con la sangría de Marruecos.

La tranquilidad resultante tuvo efectos casi milagrosos: sus seis años de duración fueron también los de mayor crecimiento económico que hubiera experimentado España desde principios del siglo XIX. Por primera vez empezó a cerrarse la brecha con los países europeos ricos. Recordemos que durante el primer ciclo histórico, concluido en la I República, la inestabilidad política había hecho perder al país la Revolución industrial, y la renta per cápita española se había estancado, mientras en la Europa industrializada subía con rapidez. Al comenzar el segundo ciclo, el de la Restauración, la renta española salió del marasmo para crecer con cierta rapidez, inferior, sin embargo, a la media europea (a la media de los países ricos, insistamos, una minoría dentro de Europa: Gran Bretaña, Francia, Alemania y algunos países de su entorno). Es con la dictadura de Primo cuando el desarrollo económico español comienza a aproximarse a dicha media.

Podrían citarse muchos datos significativos, como que el número de universitarios aumentó en casi un 30% y el de alumnos de enseñanza primaria pasó de 1.700.000 a 2.150.000, y por primera vez se prestó atención continuada a la enseñanza profesional y de especialización obrera; el analfabetismo femenino bajó de un 50% a un 39% (a 32% el general), y se duplicó la presencia femenina en la universidad. Etcétera.

Aquí llegados, debemos comentar una cuestión de método en la que naufragan tantos historiadores llenos de prejuicios, particularmente algunos británicos, como Preston o Beevor, tan imitado el primero en España Si atendemos al disparatado libro de Beevor, podríamos creer que la dictadura fue un fracaso económico y que legó a la república una pésima situación. El método empleado para sugerir tan curiosa conclusión es muy simple: señalar diversos fallos o errores del sistema y omitir el balance general. Con esa técnica las empresas más exitosas del mundo podrían aparecer como ruinosas ante el lector profano, pues todas tienen siempre algunos fallos y fracasos.

Se trata del ilusionismo del roble en el pinar: todos distinguimos perfectamente un pinar, pero con seguridad habrá en él algunos árboles de otro tipo, algún roble, por ejemplo. Está bien señalarlo, pero el ilusionista procura centrar la atención exclusivamente en los pocos robles para dar a entender la inexistencia del pinar. Así, sin duda, la política de la dictadura fue muy intervencionista y cargada de reglamentos perjudiciales para la actividad económica; pero, con esos y otros inconvenientes, nunca había habido antes tanta prosperidad en España, ni un cambio y diversificación social tan acelerados, y ése es el balance real.

Algunos atribuyen la bonanza económica, sin mayor precisión, a «una favorable coyuntura internacional»; otro modo de manipular la historia. Dicha coyuntura fue favorable en los años 20, pero en el siglo y cuarto anterior también lo había sido en numerosos períodos, y casi siempre España había sido incapaz de aprovecharlos, o los había aprovechado muy mal. En realidad, el factor clave en el desarrollo es siempre el interno: si un país no dispone de unas leyes básicamente correctas y una estabilidad y rigor político suficientes, nunca podrá aprovechar las «coyunturas».

Bartolomé Bennassar ofrece en su libro una visión bastante más objetiva que la de Beevor, si bien con observaciones como ésta: «Primo de Rivera ha cometido el error de enemistarse en 1924 con los catalanes, que fueron sus primeros valedores, proscribiendo de una forma muy torpe el uso oficial de la lengua y la bandera catalanas». Los nacionalistas catalanes de derecha (que no «los catalanes») estuvieron entre los impulsores del golpe de Primo, y el dictador esperaba su colaboración; pero, para sorpresa de éste, se la negaron. Obraron así por orden de Cambó, que, como otras veces, se pasó de habilidoso: consideraba que la dictadura resolvería una crisis difícil, y en ese sentido la favoreció, pero creía también que pronto atraería el disgusto general y el descrédito de quienes hubieran participado en ella, y por eso quiso mantenerse al margen, a fin de salvaguardar su posición para cuando el dictador cayese. Debió estimar su maniobra como prueba de destreza política, pero Primo sólo podía verla como una muestra irritante de marrullería y deslealtad.

De cualquier modo, la persecución al idioma catalán fue muy suave, y el dictador permitió una verdadera eclosión de la prensa y las publicaciones en dicho idioma. La libertad de expresión bajo la dictadura sorprende: también fue una época dorada de la propaganda anarquista y comunista, libremente circuladas…

Volviendo a Beevor, su estilo manipulador es sistemático: «La primera preocupación del directorio militar fue restablecer el orden público. Para ello se proclamó el estado de guerra en toda España, se suspendieron las garantías constitucionales, se disolvieron las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, los gobernadores civiles y alcaldes fueron sustituidos por militares y se responsabilizó a los generales Martínez Anido y Arlegui de conseguir la paz social. Con sus métodos habituales, el triunfo estaba asegurado».

Por desgracia, el señor Beevor no nos da siquiera una indicación de las víctimas causadas por aquellos «métodos habituales», que antes de la dictadura habían ocasionado muchos muertos. Tampoco nos aclara por qué esos métodos tenían el «triunfo asegurado», cuando en la época anterior sólo lograron, asegura él, exacerbar el terrorismo.

Porque, en realidad, las víctimas de la dictadura fueron muy escasas, desapareció el pistolerismo, tanto sindical como patronal, no hubo ejecuciones por motivos políticos, las medidas de excepción duraron poco. Beevor no juzga oportuno entrar en esos detalles, sólo sugiere lo contrario. Y es presentado como historiador serio por Santos Juliá y compañía. Pero, en definitiva, la dictadura logró tales resultados aplicando la ley, una ley que se habían acostumbrado a burlar por sistema los políticos, tan despreciados, y con razón, por la ciudadanía.

La mayoría de las historias sigue insistiendo en que la república llegó en una coyuntura difícil, pero la verdad es justamente la contraria. La dictadura le había legado un horizonte diáfano, si lo comparamos con cualquier época anterior. Sólo la depresión mundial oscurecía un poco el cielo, pero a España llegaría con menos fuerza que a otros países europeos debido al carácter semiaislado de su economía; por otra parte, la dificultad pondría a prueba el acierto y la seriedad de los nuevos líderes. Resueltos los principales problemas del país, ¿iban los republicanos a construir sobre lo ya avanzado, o iban a reavivar dichos problemas y quizá a empeorarlos? Como es sabido, ocurrió más bien lo último.

Habiendo curado en tres años los tumores malignos de la Restauración, la dictadura pudo haber vuelto al sistema constitucional, como se pensó al principio, pero cayó en la tentación de institucionalizarse mediante un confuso sistema corporativo y de «democracia orgánica». Tal institucionalización fracasaría en poco tiempo, pero una de las razones de que se intentase fue, sin duda, el temor a la vuelta de la vieja politiquería corrupta e incumplidora de la ley, y a la consiguiente esterilización de todo lo adelantado con medidas excepcionales. Un temor que los sucesos posteriores a la salida de Primo de Rivera iban a demostrar muy fundado.

Abordamos aquí un serio problema muy difícil de objetivar: el de la baja calidad moral e intelectual de la clase política española. Una tara compartida por otros muchos países, desde luego, y que en la actualidad vuelve a manifestarse en todo su «esplendor», reduciendo la política a charlatanería, provocación y estupidez. Ni el sistema democrático mejor organizado puede resistir el protagonismo de tales elementos; o, como indica Adriana Pena en un interesante ensayo sobre José Antonio, el avión mejor construido y con mayores comodidades para sus pasajeros está en serio peligro si lo pilota un grupo de chiflados.

Esta realidad no suele tratarla una historiografía dedicada a buscar en los sucesos históricos unas causas «objetivas» o «materiales» por encima de las personalidades, pero sin duda constituye un serio problema a la hora de explicar los hechos. Apuntaré aquí dos causas: una, inmediata, la defección de los intelectuales de la Restauración con respecto a las libertades, ya mencionada en otro capítulo; y otra más general, el bajo nivel de la enseñanza superior en España, arrastrado de mucho tiempo atrás (pero no de siempre. En el Siglo de Oro España fue el país europeo, junto con Inglaterra, que mayor atención dedicó a dicha enseñanza, circunstancia sin duda no casual para explicar las capacidades del país en aquella época).

Capítulo VI

EL PACTO DE SAN SEBASTIÁN

Así pues, existe un consenso casi generalizado en que la dictadura de Primo de Rivera dejó un «mal legado», cuando la verdad es estrictamente la contraria: dejó un país ordenado, con pocos conflictos y libre de las plagas que habían acabado con la Restauración. Por ello debemos plantearnos más bien qué hicieron los herederos, si construyeron sobre ese legado, o lo dilapidaron.

Enseguida pudo percibirse que la transición desde la dictadura a un régimen constitucional iba a verse lastrada por uno de los defectos de la Restauración, no superado: la extrema mediocridad de los políticos, nulos para manejar una crisis seria. Cambó era la excepción, un político a veces demasiado maniobrero pero con altura de miras, capaz de percibir la trascendencia del momento y de arriesgarse. Sin embargo, la fatalidad, en forma de un tumor maligno en la garganta, le impidió hacerse con las riendas de la transición, como deseaba Alfonso XIII. Las memorias del político catalán para este período suelen tener poca presencia en los libros de historia, pero resultan esclarecedoras.

Cambó comprendió la magnitud y dificultades del reto y, aun con la rémora de su tumor, trató de movilizar a los políticos y ponerlos ante su responsabilidad. Pero los «politicastros» monárquicos escurrían el bulto, se desanimaban o pretendían frívolamente que el rey había creado el problema y, por tanto, él debía encargarse de resolverlo.

Alfonso XIII, desasistido, hubo de confiarse sucesivamente a dos militares políticamente nulos, Berenguer y Aznar, y al trapacero y chapucero Romanones, el «politicastro» por excelencia. Y, por congraciarse con una oposición republicana cada vez más agresiva, cometió el grueso error de manifestarse «víctima de la dictadura», provocando la irrisión y el desprecio de sus adversarios: ya empezaba a dilapidarse el legado. Por otra parte, casi nadie tenía una idea clara sobre la salida a la situación, pues se pensaba vagamente en una vuelta al régimen de la Restauración sin reformas profundas, plan fuera de lugar a aquellas alturas.

Así las cosas, la única esperanza para la monarquía descansaba en la escasa enjundia política del personal republicano. Cambó lo describiría como gente gritona e inepta, sin disciplina ni sentido común, de la que sólo podían esperarse agitaciones peligrosas y gratuitas. En realidad, se trataba de grupos alborotadores, pero débiles y enfrentados entre sí por celos de protagonismo y nimiedades. Durante la primera mitad de 1930 fueron incapaces de ponerse de acuerdo y trazar una estrategia medianamente racional, y bien podrían haber seguido así. Pero finalmente lograron ponerse de acuerdo en San Sebastián, en el célebre pacto de agosto de aquel año.

Este acuerdo de los principales grupos republicanos complicaba mucho la situación a los monárquicos, pues suponía pasar de una especie de guerrillas dispersas a una acción coordinada y con un fin ambicioso. Por ello el Pacto de San Sebastián marcó un antes y un después. Algunos monárquicos percibieron el peligro y otros no, convencidos con cazurra pseudosapiencia de que, «al final, en España nunca pasa nada».

A menudo se habla del Pacto de San Sebastián casi como si estuviera predestinado, y sin dar la debida relevancia a dos aspectos cruciales del mismo: que fue organizado por dos políticos derechistas, monárquicos hasta muy poco antes, y que lo primero que se propusieron los pactantes fue… un golpe militar. Ambos aspectos tienen el mayor interés para entender el devenir de la República.

Empecemos por el segundo punto. El gobierno de Berenguer preparaba, aunque con lentitud exasperante, unas elecciones que normalizaran políticamente el país y mostraran la verdadera fuerza de las diversas tendencias. Pues bien, los republicanos del Pacto respondieron a esta oferta electoral organizando un clásico pronunciamiento militar, complicado con una huelga general. Esta reacción debe ser apreciada en toda su significación, sin tratarla como una reacción «natural», según suele ocurrir.

Aunque muchos siguen identificando el golpismo militar con la derecha, se trata de una tradición sobre todo izquierdista. Durante el siglo XIX el «pronunciamiento» fue una verdadera institución de las izquierdas jacobinas, basadas en las logias masónicas de los cuarteles. La Restauración acabó con el intervencionismo militar, si bien no por completo. Los republicanos, al intentar imponerse por ese método en 1930, enlazaban con una tradición de violencias y mesianismo típica del siglo anterior, augurio no muy propicio para el régimen deseado.

El segundo rasgo, también poco valorado en general, consistió en la iniciativa derechista para lograr la unidad de los republicanos. Pues fueron Niceto Alcalá-Zamora y, sobre todo, Miguel Maura quienes pusieron en contacto a los dispersos y no bien avenidos grupos republicanos, a fin de derrocar la corona. Los dos políticos habían calibrado la flaqueza y oportunismo de los políticos en torno al rey, y del rey mismo, y consideraron que la república llegaría inexorablemente. Se unieron entonces al proyecto republicano con la esperanza de moderarlo y frenar la agitación demagógica, canalizándolo hacia una democracia liberal que albergase ordenadamente a las diversas tendencias. También, como católicos, querían mitigar la furiosa aversión a la Iglesia, único punto de unanimidad entre las izquierdas.

Por todo ello pusieron manos a la obra de coordinar a los grupos y personalidades antimonárquicas durante el verano de 1930, y finalmente lo consiguieron. Había, ciertamente, otras fuerzas con el mismo designio unitario, muy en especial la masonería, una de las fuentes principales del anticatolicismo y con sólidos amarres en el ejército. La masonería acogió muy bien el Pacto de San Sebastián, señala en sus memorias Juan Simeón Vidarte, uno de los poquísimos masones de altura que ha escrito sobre las maniobras políticas de las logias.

De las memorias de Miguel Maura sobre aquellos tiempos no resulta claro el origen de la decisión de ir al golpe militar, pero todos la asumieron. Los pactantes (un «acuerdo de caballeros», sin documento escrito) representaban en principio muy poco, pues sólo el PSOE- UGT constituía en aquellos momentos un partido organizado, disciplinado y masivo, gracias a su colaboración con la dictadura de Primo de Rivera. Pero de los socialistas sólo asistió Prieto, a título personal: los otros dirigentes principales, Besteiro y Largo Caballero, despreciaban abiertamente a los republicanos. Sin embargo, Prieto maniobraría para comprometer al PSOE en el golpe proyectado, y lo conseguiría, para disgusto de Besteiro.

Otra dificultad premonitoria y no bien resuelta la aportaron los nacionalistas catalanes. Carrasco i Formiguera, en representación de ellos, exigió la práctica separación de Cataluña. La cosa empezaba mal, y Maura hubo de advertirle que por ese camino marchaban directamente a la guerra civil. Quedó el compromiso —incumplido luego por los nacionalistas— de plantear un estatuto autonómico a discutir en las Cortes.

El Pacto contó también con el apoyo informal de los anarquistas, cuyo terrorismo había torpedeado el régimen de libertades. Los republicanos veían en ellos una fuerza algo peligrosa pero ingenua, de la cual se servirían para conquistar el poder y acomodarla después, de grado o por fuerza, al nuevo régimen. Los ácratas, a su vez, esperaban que la debilidad de los republicanos facilitaría sus designios revolucionarios.

El golpe tuvo lugar finalmente el mes de diciembre, primero en Jaca y después en otros puntos, en circunstancias bien conocidas. Tras publicar un bando durísimo, con amenazas de ejecutar sumariamente a quienes hiciesen la menor oposición, y de ocasionar algunas muertes, la intentona de Jaca fracasó. Dos de sus máximos jefes, juzgados y fusilados, se convirtieron en «mártires de la república». Besteiro saboteó el intento de huelga general en Madrid.

Siguió una represión de opereta. Como señala Maura, fueron detenidos aquellos líderes golpistas que se dejaron detener. Algunos, como Largo Caballero, se presentaron por su propio pie en comisaría, donde los admitieron con reticencia. Sánchez Román no consiguió que le arrestaran, pese a su empeño. Prieto huyó al extranjero, como haría siempre en tales circunstancias. Los presos, encabezados por Niceto Alcalá-Zamora, tendrían las máximas facilidades en prisión para realizar una labor de agitación y propaganda de eco nacional, y su juicio iba a convertirse, por obra de los propios jueces militares y de la prensa, en una verdadera apoteosis de los acusados. Maura no había errado al dictaminar que el gobierno monárquico carecía por completo de columna vertebral.

Pero entre tanto se habían producido otros dos hechos premonitorios (si bien entonces no podía saberse) del rumbo que adquiriría el nuevo régimen: un discurso de Azaña en el Ateneo de Madrid, donde expuso las líneas maestras de su futura política, documento crucial pero poco o nada citado por los hagiógrafos del líder republicano; y el retumbante artículo de Ortega titulado «El error Berenguer», concluido con la célebre frase Delenda est monarchia.

Capítulo VII

ORTEGA, AZAÑA Y FRANCO ANTE LA REPÚBLICA

El filósofo Ortega y Gasset, que había flagelado la Restauración y aplaudido la dictadura de Primo de Rivera para después repudiarla, publicó en El Sol, el 15 de noviembre de 1930, poco antes del golpe militar republicano, su más célebre artículo, «El error Berenguer». Ortega estaba muy ilusionado con la república, viendo en ella la concreción de una España «vertebrada», refundada como una «auténtica nación» capaz de grandes empresas internas y externas.

Por ello rechazaba de raíz el intento monárquico de normalizar la situación mediante unas elecciones. La propia monarquía debía hundirse, tras haber amparado una dictadura a la que de pronto pintaba con las más negras tintas: «Un régimen de absoluta anormalidad», cuyos métodos «anormales nadie, así, de pronto, podrá recordar haber sido usados nunca (…) en todo el ámbito de la historia, incluyendo los pueblos salvajes. Sólo el que tiene una idea completamente errónea de lo que son los pueblos salvajes puede ignorar que la situación de derecho público en que hemos vivido es más salvaje todavía, y no sólo es anormal con respecto a España y al siglo XX, sino que posee el rango de una insólita anormalidad en la historia humana. Hay quien cree poder controvertir esto sin más que hacer constar el hecho de que la dictadura no ha matado. Creer que el derecho se reduce a no asesinar es una idea del derecho inferior a la que han solido tener los pueblos salvajes».

Todo esto, «hablando en serio y con todo rigor». Por tanto, no podía ni pensarse en pasar por alto aquella gran viltá y volver sin más a la «normalidad», como pretendían Berenguer y el rey. Nada de eso. La monarquía debía darse por abolida y construirse un nuevo estado.

Todos los estudiosos concuerdan en la extraordinaria repercusión del artículo, formador de amplia opinión pública prorrepublicana entre las clases medias. Con menos frecuencia se ha analizado el contenido del artículo. Ortega enfocaba no sólo la dictadura, sino la historia completa de España —«anormal», a su juicio—, con arreglo a un concepto de «normalidad» perfectamente nebuloso y de nulo valor analítico. Los filósofos rara vez han sido linces en política, y Ortega, desde luego, no fue la excepción. Pensaba, en un alarde de ingenuidad, formar una Junta Magna de ciento cincuenta o doscientas personalidades selectas de la política, el capital, los sindicatos, la universidad y la prensa, para diseñar el nuevo estado.

Esa nebulosidad conceptual le impedía ver, por ejemplo, que los métodos «anormales» de Primo habían resuelto, con escasa violencia y sorprendente facilidad, aquellos problemas insolubles para los políticos anteriores que habían llevado el país al borde de una crisis revolucionaria. Le cegaba a la evidencia de que tanta «anormalidad» había cortado la convulsión permanente de los últimos años de la Restauración e impulsado un progreso económico y una modernización social sin precedentes.

Hace falta mucho radicalismo hueco para desdeñar tales logros, en lugar de construir sobre ellos. Pero éste es un rasgo también muy extendido entre la intelectualidad española. Decía Josep Pla, de Cataluña: «En este país hay una forma cómoda de llevar una vida suave, tranquila y regalada: consiste en afiliarse al extremismo (…) En todo el mundo, las posiciones extremas de la política se mantienen por la gente más abnegada, más idealista, más romántica. En nuestra casa, el cercado extremista está poblado de escépticos, individualistas, pedantes y despistados». En Cataluña y en el resto de España, por lo menos entonces. Lo deja bien patente el célebre artículo, quizá el más influyente y también el más necio que nunca escribiera Ortega, y del que tendría abundante ocasión de arrepentirse.

Todavía menos examen suelen dedicar la mayoría de los historiadores a otra manifestación premonitoria: el discurso Tres generaciones del Ateneo con que Azaña, ya comprometido en el golpe acordado en el Pacto de San Sebastián, inauguró el curso académico del Ateneo de Madrid. Este discurso, quizá el menos citado de Azaña, es seguramente el más esclarecedor de su trayectoria republicana, pues rara vez un político ha expuesto con tanta claridad las líneas maestras de sus proyectos, confirmadas luego rotundamente por los hechos.

Como Ortega, Azaña tenía por desastrosa la historia de España y aspiraba a reconducirla arrasando la herencia de los siglos. Afirmó: «Ninguna obra podemos fundar en las tradiciones españolas» las cuales comparó con la sífilis. Se proponía, por tanto, llevar a cabo «una vasta empresa de demoliciones» de aquella herencia, sin especial preocupación por los resultados o por el futuro, pues éste «no me importa. Tan sólo que el presente y su módulo podrido se destruyan». Tampoco le asustaban otras posibles consecuencias: «Si agitan el fantasma del caos social, me río». Y aclaró: «No seré yo quien siembre desde esta tribuna la moderación». No se trataba de simple retórica, debemos insistir, pues aquellas expresiones gobernaron sus actos hasta la guerra civil, aunque los enmascarase a veces con frases más suaves.

También trazó la estrategia para alcanzar sus objetivos demoledores. Se trataba de establecer una vasta alianza entre lo que llamaba «la inteligencia republicana» y «los gruesos batallones populares», es decir, los socialistas y posiblemente los anarquistas, a fin de eliminar cualquier resistencia de la derecha, mirada como representante de la sifilítica herencia española. La derecha sería siempre el enemigo principal, el enemigo a abatir en todo caso, para lo cual podían admitirse incluso alianzas que en principio repugnaban a Azaña, como la de los separatistas o los comunistas. Tal postura resaltaría muy vivamente en la actitud del alcalaíno ante el éxito electoral de las derechas en 1933, ante la revolución del 34 o ante el Frente Popular, como iremos viendo.

Sorprende, realmente, la concordancia entre los propósitos expuestos por Azaña en el otoño de 1930 y las líneas generales de su actuación posterior. Por eso el discurso del Ateneo debe considerarse un documento absolutamente iluminador, sin el cual muchos sucesos se vuelven ininteligibles. También cabe observar aquí una constante de la izquierda española, que en el siglo XXI ha vuelto a aliarse con el separatismo y el terrorismo a fin de aislar y reducir a la impotencia la derecha democrática.

Y al igual que en el caso de Ortega, destaca ese carácter zascandil que Pla adjudicaba a los extremistas catalanes, manifiesto en la ignorancia de con quién se jugaba los cuartos. Azaña y los demás republicanos de izquierda desconocían casi todo sobre la ideología marxista y sus potencialidades políticas, de otro modo habrían comprendido que la idea de una «inteligencia republicana» dirigiendo a tales aliados no pasaba de ser una quimera. Máxime cuando, como el mismo Azaña comprendería y denunciaría amargamente, aquella inteligencia iba a resultar escasísima.

Una y otra vez serían los «gruesos batallones populares» quienes desbordasen y arrastrasen a los presuntos inteligentes, pese a lo cual nunca supieron éstos cambiar su estrategia, tan obsesionados estaban con la «demolición» del enemigo derechista. Sólo serían capaces de oponerse con violencia a los anarquistas. Los cuales desde el principio hicieron la vida imposible a los republicanos, llevándoles al derrumbe político en 1933, con ocasión de la matanza de Casas Viejas.

Acorde con su estrategia extremista y en el fondo disparatada, Azaña exhibía una ideología reminiscente del despotismo ilustrado: la república, insistió reiteradamente, sería para todos los españoles, «pero gobernada por los republicanos», por los inteligentes. De ahí que no aceptase la victoria electoral de las derechas, entre otras actitudes posteriores. Los numerosos hagiógrafos de Azaña insisten en presentarlo como demócrata y moderado, a pesar de sus palabras y, sobre todo, de sus hechos, componiendo una historiografía ilusoria y beata, sin el menor nervio crítico.

Interesa, como contraste, señalar brevemente la posición de otro personaje que iba a influir en los destinos de la república: Francisco Franco. Conocemos su actitud por una carta escrita a su hermano Ramón, participante en el fallido golpe militar republicano de diciembre de 1930, y obligado por ello a exiliarse. Francisco, totalmente en desacuerdo con su hermano, le explica: «Lo que podía encajar en el cuadro de mediados del pasado siglo es imposible hoy, en que la evolución razonada de las ideas y los pueblos, democratizándose dentro de la ley, constituye el verdadero progreso de la patria, y que toda revolución extremista y violenta la arrastrará a la más odiosa de las tiranías».

Siendo éste un documento íntimo, no destinado a exhibición propagandística, tiene valor especial, y, sin embargo, nuevamente, recibe nula atención de los historiadores de izquierdas (no así de otros más serios, como Ricardo de la Cierva o Luis Suárez). La carta indica que Franco percibía la debilidad de la monarquía y aceptaba en principio una democracia, incluso republicana, siempre que llegara en orden y sin riesgos revolucionarios.

Como en el caso de Azaña, podemos preguntarnos si los hechos correspondieron a las palabras. Opino que sí. Franco respetó la república y la defendió de la intentona revolucionaria del 34. En rigor, fue el último en rebelarse, y cuando lo hizo ya no existía legalidad republicana o democrática digna de ese nombre. Claro que a aquellas alturas tampoco creía él ya en la posibilidad de una democracia en España, pero ésa es otra historia.

III PARTE

LA DEMOCRACIA DESBORDADA

Capítulo I

LAS ELECCIONES DEL 12 DE ABRIL DE 1931

Así pues, ni Azaña se proponía una democracia liberal, en el verdadero sentido de la expresión, ni a los conspiradores se les ocurrió prepararse para las próximas urnas, sino organizar un clásico pronunciamiento militar, en una tradición izquierdista bien asentada. Tenerlo en cuenta es indispensable para entender la evolución del nuevo régimen.

Fracasado el golpe militar en diciembre, los monárquicos demostraron su ausencia de liderazgo y tendencia al suicidio político. Pero según Beevor, «el general Emilio Mola, que era el director general de Seguridad, detuvo a todos los miembros del comité que consiguió encontrar». En realidad, lo explica mucho más autorizadamente Miguel Maura, principal conspirador del momento, Mola sólo detuvo a quienes se dejaron detener, y algunos hasta tuvieron que presentarse por su propio pie en comisaría, prueba de hasta qué punto conocían la ausencia de peligro, pese a la ejecución, en aplicación de la ley pero políticamente precipitada, de dos militares golpistas, a quienes los republicanos convirtieron en mártires, detalle significativo y poco anotado en muchas historias. También debe observarse que los políticos golpistas serían admitidos por los monárquicos en las previstas elecciones, como si nada hubiera pasado.

Continúa Beevor: «Pero la rueda de la conspiración seguía girando (…) La toma de posición de los intelectuales y las manifestaciones estudiantiles fueron cruciales en los días que siguieron. El 14 de febrero de 1931, el rey, acorralado por la presión prorrepublicana, sustituyó a Berenguer por el almirante Juan Bautista Aznar, con órdenes de convocar elecciones municipales». Un historiador serio no debe permitirse decir «los» intelectuales, o «los» obreros, «los» catalanes, etcétera, un desliz muy frecuente y peligroso, porque introduce una falsificación de base en el análisis historiográfico. No «los» intelectuales, sino una parte de ellos, aunque destacada. Y cualquier régimen de mediana solidez resistiría los alborotos estudiantiles. El problema estaba en los monárquicos mismos, como expone Cambó: «El movimiento revolucionario [es decir, republicano] no contaba, en el fondo, con otra fuerza que la que le daba el descorazonamiento, el cansancio, de los que tenían el deber de hacerle frente».

Los cambios mencionados por Beevor no vinieron de la presión prorrepublicana, en realidad poco efectiva, sino de la claudicación monárquica, inducida en especial por el conde de Romanones. Éste forzó la salida de Berenguer para poner en su puesto a un almirante políticamente más inepto, si cabe; y, en clásica y atemorizada maniobra caciquil, convocó elecciones municipales antes de las generales, por parecerle las primeras menos peligrosas. Si alguien encarnaba el antiestadista, el politicastro marrullero e irresponsable que tanto había contribuido a hundir la Restauración, era Romanones, e iba a dar cumplida muestra de sus talentos.

Merece la pena detenerse en las palabras con que termina Cambó su anterior reflexión: «Yo, que nunca había sido monárquico de sentimiento, creía, después de lo que había visto en Barcelona el año 1919, que España había entrado en un período en que ya no eran posibles las revoluciones políticas sin que fueran inmediatamente devoradas por una terrible revolución social. Por eso el advenimiento de la República me causaba verdadero terror». Precisamente Cambó había jugado, tan hábil como irresponsablemente, a la «revolución política», empujando el sistema liberal al borde del abismo; pero al menos había llegado a comprender el peligro de tales aventuras.

Y asegura osadamente Beevor: «Para entonces se había apoderado ya de todo el país un sentimiento que veía en la República, confundida con la democracia, el único camino de salvación de España». ¿Salvación de qué? Y ¿«todo» el país? Nuevamente, la distorsión de base.

Que distaba mucho de ser así lo iban a probar, precisamente, las elecciones municipales del 12 de abril. Beevor se conforma con anotar: «La conjunción republicano-socialista había ganado en casi todas las capitales de provincia de España». Bennassar, más ajustado a la realidad, escribe: «Un nacimiento ilegítimo… pero reconocido», aunque, un tanto vagamente, añade: «¿Dio el escrutinio del 12 de abril la mayoría a los republicanos? En las ciudades, sin duda: 41 capitales de provincia de 50 apoyaron sus listas. Los demás municipios, cuyos resultados se fueron conociendo poco a poco, dieron por el contrario una ligera mayoría a los candidatos monárquicos». En cuanto a la historia editada semanalmente por El Mundo con pretensiones de superar todo lo escrito hasta ahora, y sobre cuya peculiar metodología ya quedó dicho algo, informa: «Las candidaturas monárquicas obtienen, en el conjunto de la nación, más votos que los republicano socialistas, aunque menos concejales. Frente a los 19.035 concejales que obtienen los monárquicos, los republicanos logran 34.368 y los socialistas 4.813». ¡Y esto con menos votos…!

En fin, veamos a Ricardo de la Cierva, incomparablemente más fiable, pese los intentos de «erradicarle» de la universidad por parte de sus inferiores: «La prensa del 14 de abril publicó un primer avance de resultados [que] arrojaba 22.150 concejales monárquicos y 5.775 republicanos, lo que significaba una abrumadora mayoría de concejales monárquicos. Sin embargo, estas cifras sólo equivalen a un poco más de la cuarta parte de los concejales elegibles. ¿Qué sucedió con los demás? La república nunca lo comunicó oficialmente; y una elección en la que no se comunican los resultados no es, evidentemente, democrática». Ni Bennassar ni Beevor, ni ningún historiador de izquierdas que recuerde ahora, señalan este punto crucial, buen indicio del rigor dominante en esa historiografía. Desde hace años, parece que cuanto más se escribe sobre la república y la guerra, menos se sabe de ambas. Señalemos de paso que la ocultación oficial de los resultados se produciría nuevamente en las elecciones del Frente Popular, en 1936, una vez alcanzado el poder por las izquierdas.

Pese a tales resultados, aquellas elecciones decidieron el advenimiento de la república, basándose en los votos de las capitales de provincia, tan sólo una fracción del total. Diversos autores han justificado el hecho pretendiendo que sólo los votos de las grandes ciudades tenían valor, porque en el resto dominaba el caciquismo. Especulación interesada, pues si tal hubiera sido el caso, ¿por qué se habrían presentado los republicanos? Además, el caciquismo se había hundido con Primo de Rivera, y tanto Miguel Maura como otros políticos izquierdistas reconocieron la «sincerad», o sea, la corrección de las votaciones. La argucia recuerda a Lenin, cuando intentaba rebatir las críticas de Rosa Luxemburgo alegando que votos realmente válidos eran los de Petrogrado y Moscú.

Por estas razones se ha hablado muchas veces de fraude, acusándose a la república de llegar mediante un golpe de estado. A eso alude Bennassar acertadamente. Fraude hubo, sin duda, habiendo acreditado ya los republicanos su talante golpista. Pero ni el fraude ni el golpismo pueden achacárseles en esta ocasión: fueron los monárquicos los que actuaron fraudulentamente y contra su propio régimen. Antes de conocer siquiera un avance de las votaciones globales, Aznar, Berenguer y, sobre todo, Romanones dieron por liquidada la monarquía y maniobraron para facilitar la toma del poder por sus adversarios y la retirada del rey.

De hecho, los republicanos no se percataron al principio de sus posibilidades. Maura y los socialistas Largo Caballero y Fernando de los Ríos salieron contentos de la Casa del Pueblo, en la madrugada del 12 al 13. De los Ríos comentó que el relativo triunfo conseguido en las grandes ciudades les daba esperanzas para las elecciones generales, previstas para octubre, «y entonces el éxito, si es como el de hoy, puede traernos la República». Maura miró a Largo, y «con asombro vi que asentía (…) Recuerdo la vehemencia con que les hice ver el error en que estaban, anunciándoles que antes de cuarenta y ocho horas estaríamos gobernando (…) Me llamaron iluso, y nos despedimos».

Al día siguiente, el derechista y ex monárquico Maura, principal organizador del Pacto de San Sebastián, dedicó todos sus esfuerzos a convencer a sus escépticos colegas para que tomasen el poder sin demora. Por su parte, los monárquicos no hicieron otra cosa que alentarles.

Enseguida percibieron otros la ocasión, en particular los círculos masónicos muy activos en el Ateneo de Madrid. De allí y de la Casa del Pueblo salieron, en la tarde del día 13, grupos de activistas gritando por las calles la falsa noticia de la marcha del rey, y difundiendo el texto de un telegrama en tal sentido, igualmente falso. La gente fue agrupándose por curiosidad, y así nació un movimiento de masas, conducido hacia la Puerta del Sol y el Palacio de Oriente, en convergencia con las maniobras de Maura.

Salieron a la calle extrañas banderas republicanas con la franja morada, surgida de un equívoco: creían de ese color el pendón de Castilla. El 14, diversos ayuntamientos proclamaron la república, pero el hecho decisivo sería el acuerdo del comité republicano con Romanones para ocupar el poder inmediatamente. Maura arrastró a sus aún inseguros colegas al palacio de Gobernación, en la Puerta del Sol, entre una multitud entusiasta. Llevaba con él a Azaña, convencido de que en cualquier momento la Guardia Civil terminaría la fiesta y los arrestaría a todos. Desde el golpe militar de diciembre, Azaña había permanecido en un cómodo ocultamiento, sin dejar de cobrar su sueldo de funcionario.

Y con tan chuscas maniobras, que parecen el guión de un espectáculo de revista, nació la II República española, oportunidad histórica para las fuerzas que habían hostigado despiadadamente al régimen liberal de la Restauración, no habían dado problemas a la dictadura de Primo de Rivera y alcanzaban el poder convencidas de que iban a curar drástica y rápidamente los males de la patria.

Capítulo II

EL PERSONAL REPUBLICANO

De este modo un tanto extravagante, tras haber fracasado su golpe militar y perdido las elecciones, alcanzaron el poder los republicanos, en abril de 1931. Muchas historias lo presentan como si su triunfo obedeciera a luchas o impulsos sociales de envergadura, pero la verdad la indica Miguel Maura: el poder les fue regalado por los monárquicos. En ello coinciden otros, como Lerroux, el único republicano con respaldo popular —después de los socialistas— y único realmente histórico, pues los demás se habían aficionado a la república desde pocos años o meses atrás.

Por tanto, ninguna ley histórica ni movimiento social profundo determinaba la caída de la corona: sólo la flojera casi inconcebible del personal monárquico, como observó Cambó. Quizá la figura más característica del momento fuera el conde de Romanones, muñidor del proceso y modelo del político «listo y hábil» pero esencialmente necio e irresponsable, que, entre otras proezas, había frustrado, por interés partidista, las reformas democratizadoras de Antonio Maura a principios de siglo, o una ley antiterrorista cuando el pistolerismo ácrata aún no había alcanzado el nivel desestabilizador que alcanzaría —gracias, en parte, a las demagogias del conde—. También había estado a punto de meter a España en la I Guerra Mundial, aprovechando unas vacaciones estivales de las Cortes. En 1930-31 adoptó las medidas más convenientes para los republicanos, incluidas fuertes presiones de última hora para empujar a Alfonso XIII al exilio. Cambó escribió de él: «Tenía más coraje del que se le supone. Lo perdía totalmente, sin embargo, cuando lo tildaban de reaccionario. Con tal de evitar ese dicterio se convertía en cobarde y cometía toda suerte de claudicaciones».

Pero quizá no fuera sólo cobardía. Juan Simeón Vidarte expone en sus memorias otra pista sobre la extraña conducta de Romanones, pista casi nunca señalada ni investigada por los historiadores: «Cuando salimos en unión de Marcelino Domingo de su despacho, le pregunté a éste si don Gregorio [Marañón] era o había sido masón, ya que con tanta libertad se habló con él del trabajo en las Logias. Domingo me informó de que Marañón fue iniciado en secreto por su suegro Miguel Moya, cuando éste era Gran Maestre. Estas iniciaciones constan en un libro especial que lleva la Gran Maestría, y sólo figuran en él los nombres simbólicos. El caso del ilustre médico y escritor era semejante al del conde de Romanones, quien también había sido iniciado en secreto por Sagasta y quien siempre cumplió bien con la Orden (…) Ya comprenderá usted, terminó Domingo, que muchas veces nos interesa que no se sepa que son masones algunos políticos de nuestra confianza. Fallecidos, lo mismo el conde de Romanones que el querido y admirado doctor Marañón, me encuentro en libertad para revelar estos secretos».

El testimonio, aunque insuficiente por sí solo, tiene cierto peso porque Vidarte, además de socialista destacado y uno de los organizadores de la insurrección del 34, es también de los poquísimos políticos masones que revela entresijos de la orden. Casualmente, fue en casa de Marañón donde Alcalá-Zamora negoció con Romanones la huida del rey. La masonería estaba muy por la república.

Sin duda la popularidad que adquirió de pronto el nuevo régimen, como había ocurrido con la dictadura de Primo, debía mucho a la repulsa general hacia los politicastros tipo Romanones. En aquellos días de triunfo casi todo el mundo, muchos monárquicos incluidos, esperaba una gestión más honrada y resuelta, y mayor altura de miras. El entusiasmo de varios de los más descollantes intelectuales del país por la república parecía garantizar tales esperanzas.

Pero ¿correspondían esas esperanzas a la realidad? La mayoría de las historias mantienen aún hoy la misma versión difundida por el historiador estalinista Tuñón de Lara, muy reverenciado durante décadas, también por la derecha tuselliana. Tuñón nos presentaba unos políticos republicanos ilustrados, idealistas, profesorales, gente reformista y moderada. Si acaso excesivamente moderada para los cambios radicales precisados, según los comunistas, por la sociedad española. Gabriel Jackson, de origen y concepción general marxista, ofrece una pintura similar, incluso lo hace el mucho más objetivo Bennassar. «República de los profesores» o «de los intelectuales»; o «de las letras», como la ha llamado, confundiendo algunos conceptos, la peculiar historia servida semanalmente por El Mundo.

Pero los testimonios de la época y los de los propios líderes republicanos dejan una impresión muy distinta de la elaborada por tales historiadores. El nuevo régimen iba a hacer una depuración administrativa a fondo, y miles de izquierdistas se apresuraron a pedir cargos políticos. Miguel Maura cuenta la significativa anécdota de un individuo que se ofrecía para gobernador civil de Segovia: «Es que mi compadre, el padrino de mi hija, ¿sabe?, tiene un hermano que está establecido en Segovia y tiene una casa de bebidas (…) y los veranos vamos allí a pasar dos semanas y lo pasamos muy bien, y ahora, con esto de los gobernadores, pues hablé con don Álvaro de Albornoz y le dije a ver si podía ser, porque desde el cargo podía ayudar a mi amigo, que quiere establecerse arriba, en la Plaza, y poner ya un café serio, ¿sabe?». Aún más ilustrativa fue la reacción de Álvaro de Albornoz, uno de los prohombres de la república, al conocer la pretensión del compadre: «Esa gente es utilísima y hace republicanos con sus entusiasmos. Son como misioneros». El mismo Álvaro había instruido al peticionario sobre las cualidades para ejercer el cargo: «Me dijo que era cosa de mano izquierda y de quinqué —señalando el ojo con el índice—, y eso, aunque me esté mal el decirlo, yo tengo para vender…».

Conviene leer también a Josep Pla para entender la mezcla de picaresca, demagogia y pintoresquismo campantes por el país en esos días. O a Alcalá-Zamora, que da cuenta, aprobándola, de la pésima impresión de Besteiro sobre el conjunto de diputados, flor y nata de la república, que elaboró y aprobó la nueva Constitución; y en algún momento describe al personal republicano como «un manicomio no ya suelto, sino judicial, porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, están en la zona mixta de la locura y la delincuencia».

No menos radical se muestra Azaña en sus diarios, donde una y otra vez trata a aquellos políticos de «obtusos», «loquinarios», «botarates», «gente impresionable, ligera, sentimental y de poca chaveta», insufrible por su «inepcia, injusticia, mezquindad o tontería». «No saben qué decir, no saben argumentar. No se ha visto más notable encarnación de la necedad. Me entristezco casi hasta las lágrimas por mi país, por el corto entendimiento de sus directores y por la corrupción de los caracteres». «Zafiedad», «politiquería», «ruines intenciones», «gentes que conciben el presente y el porvenir de España según se los dictan el interés personal». «Política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta». Sus descripciones de personajes como Companys o Prieto, o de cómo se preparaba la reforma agraria, etcétera, difieren por completo de las que solemos leer en las historias actuales.

Estos dicterios abundan demasiado en los escritos de Azaña como para obedecer a ocasionales accesos de ira. Revelan una opinión profunda y tanto más amarga cuanto que, como vimos anteriormente, él aspiraba a gobernar con una inteligencia republicana que no aparecía por ninguna parte, salvo contadas excepciones: «Rodeado de imbéciles, gobierne usted si puede». Por otra parte, existe un acuerdo general en considerar a Azaña el hombre más perspicaz y talentoso de la nueva situación.

Volviendo al plano de las anécdotas, Portela Valladares, alto cargo de la masonería, relata algunas muy descriptivas: «El Gobierno provisional [de la república] había acordado almorzar en el aristocrático Lhardy. Faltaba un ministro, y después de esperarle, sentáronse a la mesa. Llegó, por fin, y desde la puerta prorrumpió en enormes carcajadas que le sacudían el poderoso vientre. ‘Ríome —pudo por fin explicar— de que estéis aquí y de que seamos nosotros quienes gobernemos a España’». Probablemente hablaba de Prieto. Y comenta Portela: «Eran los tiempos de júbilo por los goces no esperados». Otro sucedido: «En un consejo, el siempre almibarado Fernando de los Ríos dijo incidentalmente que un futuro ministro técnico ‘era un veterinario capaz de poner unas herraduras de plata a un santo Cristo’. ‘¡Qué blasfemia tan magnífica!’, gritó uno de los consejeros, apretándose los ijares, y entre blasfemias cada vez más resonantes y espantosas hubo de suspenderse el consejo».

A juicio de Lerroux, el histórico líder republicano, los nuevos amos del poder «no traían saber, ni experiencia, ni fe, ni prestigio. Nada más que esa audacia tan semejante a la impudicia, que suele paralizar a los candorosos y de buena fe cuando la ven avanzar desenfadadamente, imaginando que es una fuerza de choque». Dejo aparte las furiosas imprecaciones proferidas contra ellos, ya en la Guerra Civil, por los padres espirituales de la república, Marañón, Pérez de Ayala y Ortega, que con sus fervores tanto habían prestigiado en un principio la república.

Podríamos extendernos casi interminablemente. Creo fundamental acudir a las fuentes más directas, por dos razones: porque permiten constatar hasta qué punto se ha amañado la historia en estos años, incluso por historiadores derechistas sometidos al temor de Romanones a pasar por reaccionarios; y sobre todo porque ayudan a explicar los fracasos de la república mejor que mil lucubraciones supuestamente objetivas y hasta con pretensiones científicas. La verdad es que la república heredó una situación envidiable en muchos aspectos, y la mayoría de los políticos republicanos no supo estar a la altura. Gran parte de la historiografía al respecto parece contagiada de la obtusidad y botaratería distinguidas por Azaña en los políticos de entonces. Una sociedad intelectualmente sana y democrática simplemente no puede aceptar tales versiones, que empujan a reincidir en los mismos errores.

Capítulo III

LOS PROBLEMAS QUE ABORDÓ LA REPÚBLICA

Pierre Vilar, en su libro de síntesis sobre la Guerra Civil, condensa en tres, que él llama «desequilibrios», los problemas a afrontar por la República: sociales, vestigios del antiguo régimen agrario e industrialización incoherente; regionales, oposición entre distintas regiones, nacida del desigual desarrollo de las mismas; espirituales, debido a las pretensiones dominantes de la Iglesia Católica, origen a su vez de un anticlericalismo ideológico y pasional.

Vilar, desde luego, distaba mucho de la chapucería a que nos tienen acostumbrados nuestros marxistas y progres, incapaces por lo común de escribir obras de síntesis de mediano rigor. El pequeño libro del autor francés Vilar ha disfrutado, por ello, de una merecida difusión, porque está concebido de forma muy racional y didáctica, aun si su enfoque resulta falso de raíz, al orientarse por las convicciones marxistas del autor. No extrañará, por tanto, que su esquema aparezca de una y otra forma en numerosas obras de historia. Así, desde luego, en las aquí ya tan citadas de Bennassar y de Beevor, las más relevantes de las publicadas en los últimos tiempos, si exceptuamos El colapso de la república, de Payne, o ¿Por qué fracasó la II República ?, de J. A. Navarro Gisbert.

Bennassar personifica la cuestión en Azaña, y, con escaso sentido crítico o con desconocimiento de los propósitos expuestos por el propio político y ya mencionados en un capítulo anterior, la presenta así: «El proyecto de Manuel Azaña: gobernar España con la razón». Como veremos, sería una razón muy poco razonable, pero fijémonos ahora en cómo expone Bennassar el proyecto azañista: «Aunque de espíritu jacobino, sabía que no obtendría la colaboración de los catalanes más que reconociendo su especificidad, incluso su nacionalidad»; «Una sociedad laica exigía la separación de Iglesia y Estado pero (…) la realización de ese objetivo sólo era posible mediante negociaciones delicadas y buscando interlocutores de buena voluntad en el otro bando»; «Para Azaña, la democracia española sólo podía consolidarse elevando el nivel cultural y acabando con un analfabetismo muy extendido (que en 1930 alcanzaba el 44 por ciento según algunos autores y, en cualquier caso, superaba el 30 por ciento)».

De esta forma resolvería los desequilibrios regionales, espirituales y en alguna medida los sociales de Vilar. Y aclara Bennassar: «La realización del programa de Azaña habría hecho de España un país más justo, más libre y más equilibrado». No es muy seguro, pero ya lo veremos más adelante.

Al exponer la situación de ese modo, el historiador comete dos errores. En primer lugar, habla de los «republicanos» como si todos considerasen los mismos problemas y pensaran resolverlos de la misma forma. No ocurría nada de eso. Las ideas de los socialistas al respecto diferían profundamente de las de Azaña, las de éste no coincidían con las de Lerroux (el único republicano histórico y realmente representativo), ni con las de ERC o las de otros partidos republicanos, por no mencionar a las derechas. El segundo error —típica manipulación ideológica— consiste en sugerir implícita o explícitamente la existencia de unas fuerzas políticas que ofrecían las soluciones correctas, al menos en principio, y otras cerrilmente opuestas a tales soluciones, por temor a perder «privilegios» o por lo que fuera.

La realidad es que existían esos problemas —y muchos otros—, y que faltaba en absoluto unanimidad para afrontarlos no ya entre derechas e izquierdas, sino en las mismas izquierdas.

Como he expuesto en Los mitos de la guerra civil, los puntos de vista de Vilar son irreales y, en lo que tienen de verdad, demasiado obvios. En todo país y época encontramos desequilibrios o problemas sociales, regionales y espirituales. Ellos eran más acentuados en 1890 que en 1930; o más crudos en Portugal, Grecia, Polonia o Rumania que en España; y, sin embargo, ninguna de ellas sufrió conmoción semejante a la española. O considérese, en Francia, el desequilibrio (creciente, según la doctrina marxista de Vilar) entre la oligarquía financiera y la masa de trabajadores peor pagados; entre la rica región parisina y la Auvernia; o, durante decenios, entre la pretensión dominante del Partido Comunista con sus millones de votantes deseosos de una dictadura proletaria a imitación de la URSS, y el anticomunismo ideológico y pasional de las masas conservadoras francesas.

¿Por qué tales desequilibrios no engendraron en Francia una situación catastrófica y una guerra civil, como en la república española? Aunque también Francia estuvo muy cerca de la guerra civil en aquellos años, sin duda su clase política terminó por gestionar mejor la crisis, y también lo hizo la de otros países europeos con problemas más agudos que los españoles, y que no abocaron a contiendas internas.

Beevor, mucho más concreto, a su modo, resuelve: «Ante los hombres de la República se alzaban los inmensos retos, siempre pospuestos, que tenía planteados la sociedad española: la reforma agraria, la reforma militar, la cuestión catalana y las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Tenían, además, que modificar el sistema de enseñanza y fomentar la cultura si querían construir su república de ciudadanos».

Esto es aceptar sin más el enfoque ofrecido por alguno de los partidos políticos, lo que equivale a separarse de la historiografía para caer en la propaganda. Un historiador algo serio debe plantearse más bien: la reforma agraria ¿era la salida para una población campesina sencillamente excesiva, o iba a mantener la miseria del agro? La reforma militar, ¿qué grado de urgencia y de aceptación tenía en la sociedad, y cómo se llevaría a cabo? El problema de los nacionalismos vasco y catalán, ¿tenía salida, cuando Azaña y otros veían la autonomía como la solución y los nacionalistas sólo como un paso adelante para provocar nuevos problemas? En cuanto a las relaciones con la Iglesia, ¿corresponde a la verdad la idea de que ésta mantenía una actitud cerrada y hostil, o bien fue ella la hostigada y agredida? Y sobre la cuestión de la enseñanza, ¿hasta qué punto era coherente o contradictorio el enfoque de las izquierdas republicanas (o «los republicanos», como suelen llamarlas con total impropiedad estos historiadores)?

Tales preguntas debe hacerse una historiografía con aspiraciones de rigor. Para lo cual conviene eludir, de paso, una serie de trampas ideológicas en las que se cae masivamente, como llamar «republicanos» a las izquierdas republicanas, que eran sólo una fracción de aquéllos; o «catalanes» a los nacionalistas catalanes; o «movimiento obrero» a los partidos obreristas, etc. Conviene insistir en ello, porque se trata de errores comunes y mucho más graves de lo que parece, pues ya de entrada desvirtúan el relato.

Así, los retos mencionados por Beevor ni eran inmensos ni estaban pospuestos. Se trataba de posibles reformas, en gran parte consecuencia del proceso de rápida modernización bajo la dictadura de Primo, cuando el analfabetismo había descendido al 26% (aunque muy desigual por provincias: inexistente en las «devotamente religiosas», Álava y Santander, mayoritario en Granada o Lugo), según el estudio más fiable de V. García Hoz sobre la educación en la España del siglo XX; cuando la enseñanza en general, de la primaria a la superior, había experimentado un desarrollo muy notable; cuando las mujeres pudieron ser elegidas por primera vez a cargos públicos (aunque no votar todavía); cuando el nivel medio de ingresos había subido notablemente y el país se había dotado de excelentes redes de comunicación, etc.

El verdadero gran problema, que englobaba a todos los demás, consistía en proseguir la modernización del país bajo un sistema democrático, o bien romper con lo anterior y pretender empezar de la nada. Ya hemos visto cómo la mayoría de los republicanos, empezando por Azaña, eligió lo segundo, y en consecuencia le sería difícil evitar el ataque a los principios democráticos, pues una gran masa de los españoles no estaba por tales experimentos.

Y, ya quedó indicado en el anterior capítulo, cualesquiera fuesen los problemas a afrontar, el nuevo régimen no contaba con el personal político adecuado para resolverlos con alguna pericia. Esta situación se ha repetido mucho en España: políticos decididos a cambiar de arriba abajo el país, como si lo anterior no valiera nada, y faltos del menor talento para llevar a cabo la obra.

Capítulo IV

QUEMA DE CONVENTOS… Y DE BIBLIOTECAS Y AULAS

La mayoría de la gente tiene hoy la imagen de la república proyectada por una historiografía muy politizada: un régimen de izquierdas llegado con la misión de solucionar una serie de problemas ancestrales nacidos de la incuria y los privilegios de la derecha. La realidad, como recordará el lector y debemos insistir, es harto diferente.

Fueron los políticos derechistas Alcalá-Zamora y Maura quienes unieron a los republicanos y los impulsaron a tomar el poder, y lo hicieron con el fin no de cumplir supuestas «misiones», sino de instaurar una democracia normal, con posibilidad de alternancia entre derechas e izquierdas y solución de los problemas según dictase el voto mayoritario. La iniciativa de dichos dos políticos tuvo otro doble efecto de alcance: debilitó a los monárquicos y calmó la desconfianza de gran parte de la opinión pública ante los conocidos mesianismos republicanos. Gracias a ello la república «advino» entre el entusiasmo de unos, la confianza de otros y sin ninguna oposición significativa (salvo la de los comunistas, muy pocos por entonces).

Maura y Alcalá-Zamora conocían el extremismo y las manías antirreligiosas de las izquierdas, pero creían poder neutralizarlas mediante el establecimiento de unas libertades generales, elecciones libres y la participación activa de las derechas en el proceso republicano. Y había otro hecho alentador: el PSOE constituía, con gran diferencia, la fuerza más potente, organizada y disciplinada del nuevo régimen, tanto en la izquierda como en la derecha. Debía esa ventaja, como hemos observado a su colaboración con la dictadura de Primo de Rivera. Pues bien, bajo la dictadura los socialistas habían renunciado en la práctica a sus violentos radicalismos anteriores, inclinándose por la moderación socialdemócrata. Lógicamente, esa tendencia debía acentuarse en la república, un régimen más afín a sus aspiraciones, convirtiendo al PSOE en un decisivo factor de equilibrio.

Pero esas expectativas razonables iban a recibir enseguida un tremendo golpe: la llamada «quema de conventos». El 11 de mayo, antes de un mes desde la ocupación del poder por los republicanos, las turbas izquierdistas comenzaron en Madrid una oleada de incendios de edificios religiosos, tras un frustrado intento de asaltar el diario monárquico ABC. Típicamente, la agresión comenzó fabricando un incidente por la supuesta emisión de la Marcha Real desde un piso de monárquicos (algo perfectamente legítimo, por lo demás), y difundiendo bulos sobre el imaginario asesinato de un trabajador por el marqués de Luca de Tena. Métodos usados desde las matanzas de frailes del siglo XIX, so pretexto de que envenenaban las fuentes públicas. Todo indica que, como el 13 de abril cuando las manifestaciones republicanas, los incendiarios salieron del Ateneo, convertido desde meses atrás en centro de agitación izquierdista con fuerte influencia masónica.

Los incendios cundieron los días siguientes por Andalucía y Levante, dejando un balance final de unos cien edificios destruidos, incluyendo iglesias, varias de gran valor histórico y artístico, centros de enseñanza como la escuela de Artes y Oficios de la calle Areneros, donde se habían formado profesionalmente miles de trabajadores, o el colegio de la Doctrina Cristiana de Cuatro Caminos, donde recibían enseñanza cientos de hijos de obreros; escuelas salesianas, laboratorios, etc. Ardieron bibliotecas como la de la calle de la Flor, una de las más importantes de España, con 80.000 volúmenes, entre ellos incunables, ediciones príncipe de Lope de Vega, Quevedo o Calderón, colecciones únicas de revistas, etcétera; o la del Instituto Católico de Artes e Industrias, con 20.000 volúmenes y obras únicas en España, más el irrecuperable archivo del paleógrafo García Villada, producto de una vida de investigación. Quedaron reducidos a cenizas cuadros y esculturas de Zurbarán, Valdés Leal, Pacheco, Van Dyck, Coello, Mena, Montañés, Alonso Cano, etcétera, así como artesonados, sillerías de coro, portadas y fachadas de gran antigüedad y belleza… Un desastre inconcebible.

Pero lo más revelador fue la reacción del gobierno y de las izquierdas Azaña paralizó en seco cualquier intento de frenar los disturbios, arguyendo: «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano». Alcalá-Zamora, jefe del gobierno provisional, escribe con amargura en sus memorias: «La furiosa actitud de Azaña planteó, con el motín y el crimen ya en la calle, la más inicua y vergonzosa crisis de que haya memoria». Pero omite su propia actitud contemporizadora y amedrentada, reseñada en cambio por Maura. A los pocos días, en una reacción final muy desmesurada cuando el mal estaba hecho, el gobierno declaró el estado de excepción y movilizó al ejército, cesando instantáneamente los desmanes. Unas pocas compañías de la Guardia Civil habrían bastado para impedirlos.

Las izquierdas, en general, justificaron las tropelías atribuyéndolas «al pueblo», y culpando a las derechas por haber «provocado a los trabajadores». El Socialista amenazaba: «Si de algo han pecado los representantes de la revolución victoriosa es de excesivas contemplaciones con los vencidos» (¿victoriosa? No habían vencido a nadie, los monárquicos les habían regalado el poder). Viejo talante, que identificaba al pueblo con unas turbas de delincuentes y, lógicamente, a las mismas izquierdas con semejante «pueblo». Aún más grave que los incendios resultó esta clara inclinación de las izquierdas a vulnerar la ley y amparar las violencias so pretexto de un pretendido carácter popular.

La Iglesia y los católicos protestaron, pero sin violencia. Ello no aplacaría a las izquierdas, que lo interpretaron como signo de flojera y mantuvieron su agresividad. Contra toda evidencia, siguieron acusando a los católicos de violentos e intolerantes, manifestando al mismo tiempo burla y desprecio hacia ellos y sosteniendo, con sorna contradictoria, que la misma Iglesia había provocado adrede los disturbios, para desprestigiar a la república.

Pero la casi increíble mansedumbre de la reacción derechista, debida en parte a su desorganización, no impidió que en aquel momento se abriese una grieta profunda en la opinión pública. Quienes desconfiaban del nuevo régimen vieron confirmados sus temores, y muchos que lo habían recibido con tranquilidad, incluso con alborozo, mostraron su preocupación. Entre ellos Ortega. Empezaron también las conspiraciones monárquicas en el ejército, aunque tan irrelevantes como las republicanas anteriores.

No cabe exagerar las consecuencias políticas, bien descritas, tardíamente, por Alcalá-Zamora: los incendios crearon a la República «enemigos que no tenía; quebrantaron la solidez compacta de su asiento; mancharon un crédito hasta entonces diáfano; motivaron reclamaciones de países tan laicos como Francia o violentas censuras de Holanda. Se envenenó la relación entre los partidos». Calla otro efecto, oculto pero no menos trascendental: su pusilánime gestión de la crisis al frente del gobierno le hizo perder el liderazgo moral y político de la derecha, y esa frustración le llevaría a sabotear a los nuevos líderes de Acción Popular, con efectos finalmente trágicos.

En cuanto a Maura, ministro de Gobernación, había intentado atajar a tiempo los desmanes, sin conseguirlo por la oposición de Azaña y las izquierdas, y la indecisión de Alcalá-Zamora. A partir de entonces, «dejé prácticamente de ser ministro de un Gobierno para pasar a ser cabo de vara o loquero mayor de un manicomio suelto y desbordado», empeñándose en «la lucha a brazo partido con las bandas de insensatos que estaban hiriendo de muerte a un régimen recién nacido, régimen que les había devuelto las libertades y derechos».

Cualquier historiador de mediana solvencia ha de dar a estos hechos su importancia política y psicológica, pero no suele ser así. Beevor los menciona muy de pasada, tergiversándolos y sin entrar en detalles: «Estos disturbios obligaron finalmente al gobierno provisional a decretar la ley marcial y reprimir con dureza a los revoltosos. Pero la derecha no olvidaría nunca la frase que se atribuyó a Azaña de que todas las iglesias de España no valían la vida de un solo republicano».

Por algo el grupo Prisa y Santos Juliá han promocionado con tanto fervor el libro de Beevor. Todavía lo empeora Javier Redondo en la historia publicada por El Mundo:

«La tensión se extiende por toda España y el Gobierno es censurado por monárquicos y católicos por su debilidad. En la mañana del día 11 los disturbios se recrudecen y la ira popular se concentra contra la Iglesia y particularmente contra los jesuitas. Arden varios conventos, iglesias y centros religiosos».

Redondo llama «ira popular» a las tropelías de grupos de criminales, identificando (es tradición, como hemos visto) al pueblo con la delincuencia. Bennassar, más drástico, simplemente ignora el crucial episodio, refiriéndose meramente a la «indiferencia» de Azaña ante los incendios.

Desde luego, queda muy en cuestión su aserto de un Azaña dedicado a «gobernar con la razón». Otros, incluso de derecha, atribuyen a la Iglesia una «reacción excesiva»…

Ninguno observa la reacción pacífica de los católicos ante agresión tan brutal y premonitoria, ni la crisis abierta en la opinión pública, ni las consecuencias políticas generales. Tengo la impresión de que estas omisiones encajan con el presupuesto de que, en definitiva, las izquierdas tenían derecho a sus violencias, pues venían a resolver grandes problemas del país y la Iglesia constituía un obstáculo a sus bellos proyectos. Esos historiadores simpatizan, más o menos claramente, con aquella vesania y, de un modo u otro, hacen suya la democrática advertencia del periódico izquierdista La Época a las derechas: «Callen y aguanten. La vida es así. Y hay que aceptarla como es».

Tampoco menciona casi ninguno de esos historiadores la gran cantidad de libros y bienes culturales e históricos quemados por tan «populares» delincuentes, amparados de hecho por el gobierno; acaso porque esa realidad suscita dudas sobre el mito de unos republicanos muy intelectuales y decididos elevar el nivel cultural de la población.

Capítulo V

LA REPÚBLICA Y LA CULTURA

Bennassar escribe: «Fue una época de florecimiento cultural asombroso. Desearíamos conservar esa imagen brillante: eclosión de una pléyade de escritores de gran talento, de creadores originales, de pintores, escultores y músicos; una Universidad dotada de maestros prestigiosos; el lanzamiento de una política de instrucción pública finalmente digna del país». ¡Por fin España salía del analfabetismo, el oscurantismo religioso y la ignorancia generalizada, causadas por la incuria derechista! ¿Qué menos cabía esperar de la «república de los profesores»?

Claro que tales ditirambos armonizan mal con sucesos como las quemas de templos, bibliotecas y centros de enseñanza. Y también con la historia anterior, pues crea la impresión, siempre buscada por la propaganda izquierdista, de que antes de llegar las izquierdas al poder nadie había hecho nada positivo en el país, o al menos nada digno de reseñarse con alguna extensión. Pero en realidad no hubo tal «eclosión», sino, simplemente, la continuación de un renacer cultural proveniente de la Restauración y que los apologistas del nuevo régimen han adjudicado a éste tan exclusiva como gratuitamente.

En la república, sin mérito alguno de parte de ésta, coincidieron en plena actividad las generaciones del 98, del 14 y del 27; y probablemente la producción literaria bajo la dictadura fuese superior a la de los años 30. Quizá la mayoría de los intelectuales se identificó al principio con el nuevo régimen o no le fue hostil, pero los más significativos de ellos pronto empezaron a decepcionarse, y terminarían lanzando los peores denuestos contra sus políticos. En cuanto a la universidad, sufrió un proceso de radicalización política, degradándose en igual medida.

Beevor, por su parte, nos cuenta: «Otra medida que no podía esperar más era la referente a la educación primaria, porque el analfabetismo rondaba, todavía, el 45% de la población. Era necesario construir 27.000 escuelas (…) Por un decreto del 23 de junio, el gobierno provisional creaba 7.000 nuevas plazas de maestro incrementando sus sueldos (…) Asimismo se ordenaba la construcción inmediata de 7.000 nuevas escuelas (…) Se suprimía la obligatoriedad de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas y se establecía la coeducación en la enseñanza secundaria. Un mes antes, el 29 de mayo, se había creado el patronato de las Misiones Pedagógicas que, presidido por Manuel B. Cossío, debía llevar la educación y la cultura a todas las zonas rurales de España».

Y concluye el autor británico con un párrafo de antología: «La rapidez y contundencia de estas medidas explicó mejor que cualquier discurso o manifiesto lo que las viejas clases dirigentes del país podían esperar de los nuevos gobernantes. Su reacción fue inmediata: había que acabar enseguida, por cualquier medio, con el régimen recién nacido antes de que fuera demasiado tarde».

Las viejas clases temían ante todo la cultura, sugiere Beevor. ¿La cultura de los incendiarios, quizá? Y para dar alguna verosimilitud a la tergiversación, señala: «Tan sólo dos meses y medio después de ser proclamada la República, Manuel Azaña escribió en su diario: ‘Me informan de que a un capitán de artillería le han propuesto que ingrese en una organización dirigida por Barrera, Orgaz y no sé qué otro general para derribar la República’». Claro que antes había ocurrido la quema de conventos, y hace falta mucho retorcimiento y falta de rigor para cifrar a las viejas clases en «Barrera, Orgaz y no sé qué otro general».

Por suerte, hay historiadores mucho más fiables y documentados. Sabemos que una de las grandes lagunas de la Restauración fue la enseñanza pública, pero ni tanto ni tan calvo. Como señala Stanley Payne en La primera democracia española, un libro realmente clave, «de ser tal vez el país de mayor densidad de escuelas latinas e instituciones de enseñanza superior de Europa en 1600, España había descendido en menos de un siglo a un nivel de abandono educativo, y a mediados del siglo XIX tenía, junto con Portugal, la población más analfabeta de Europa Occidental». Después «el progreso fue lento, aunque relativamente firme».

Ya hemos visto cómo la escolarización y la extensión de la enseñanza superior se habían extendido notablemente durante la dictadura de Primo.

Y ya hemos visto las cifras de analfabetismo más fiables, de Víctor García Hoz, en La educación en la España del siglo XX, citado por Payne, en 1930, vísperas de la república: el analfabetismo había descendido a un 25,9%.

Sin duda, una de las mejores intenciones e iniciativas republicanas, y la mejor enfocada en principio, consistió en acelerar el ritmo de construcción de escuelas, hasta 7.000 por año, para escolarizar en plazo breve al millón de niños, aproximadamente, falto de aulas. En ese momento, suele olvidarse, el gobierno provisional republicano estaba presidido por el derechista Alcalá-Zamora y bastante influido por Maura, empeñados ambos en mantener el nuevo régimen dentro de cierto equilibrio político e ideológico. Pero con la buena intención y la iniciativa iba a ocurrir lo mismo que con otras reformas bien concebidas, como la del ejército: su realización las llevaría pronto al disparate a causa del sectarismo dominante.

Los recursos dedicados a la enseñanza, aunque superiores a los de la monarquía, no tuvieron nada de espectaculares. Oscilaron entre el 5,69 y el 7,08% de los presupuestos estatales, con sus máximos en 1934 y 1935, el bienio derechista. Tales medios, aplicados además con planificación deficiente, no podían dar frutos muy espléndidos. El izquierdista Marcelino Domingo, ministro izquierdista de Instrucción Pública, diría que en el bienio azañista (1931 a 1933) se construyeron casi 13.000 escuelas, y tan sólo 3.400 en el bienio derechista. Pero, observa Payne, «Esas cifras engañan. Un estudio más minucioso revela que durante el período republicano entero se construyeron menos de 10.000 nuevas escuelas. Lo que se pretendía a veces oficialmente como escuelas parece referirse de hecho a plazas de maestro, que al parecer habían aumentado en unos 14.000». Y de esas 10.000 correspondieron tantas al bienio izquierdista como al de derecha. Las mismas restricciones económicas afectaron a las misiones pedagógicas y otros experimentos estimables.

Cifras, por tanto, muy inferiores a las pregonadas todavía hoy por la propaganda progresista, que tanto irritaba a Gregorio Marañón. Pero estos avances, modestos aunque meritorios, quedaron neutralizados en gran medida por el sectarismo rampante de sus promotores. En especial, por su cerril hostigamiento a la enseñanza católica, que según cifras del Ministerio abarcaba a 350.000 alumnos de enseñanza primaria y a 17.000 de secundaria, aunque las cifras reales eran seguramente mucho más elevadas.

Por intervención directa de Azaña, la enseñanza católica fue prohibida en la Constitución: las órdenes religiosas perdían el derecho a enseñar (y a cualquier actividad económica, incluso a la beneficencia). Esta medida, siempre muy disculpada por la historiografía progresista, formaba parte del «programa de demoliciones» anunciado por el mismo Azaña en 1930, y condensa la agresiva demagogia por la que se despeñaba el nuevo régimen, creándose enemigos innecesarios.

La medida atacaba, por una parte, las libertades, reduciendo el clero a una ciudadanía de segunda y condenándolo prácticamente a la indigencia; y, por otra parte, atentaba de modo muy fundamental contra la cultura, clausurando centros de enseñanza muy variados, muchos de ellos con un prestigio labrado durante generaciones. Centros como la universidad de Deusto, donde funcionaba la única institución superior parecida a una facultad de Ciencias Económicas. Cundió asimismo la politización de los maestros, impulsada desde el ministerio en un sentido próximo a las doctrinas marxistas.

El inmenso daño tan arbitraria y gratuitamente infligido a la cultura y a los católicos ha sido pocas veces valorado de forma adecuada. Azaña admitió en las Cortes que su propuesta constitucional atacaba la libertad de conciencia (y no sólo ésa: también las de asociación y expresión), pero lo justificó así: «No me vengan a decir que esto es contrario a la libertad, porque esto es una cuestión de salud pública». A su juicio, la república debía defenderse sin miramientos de una Iglesia… que había llamado, incluyendo el cardenal Segura, a acatarla, y había replicado casi mansamente al continuo hostigamiento que sufría desde la quema de conventos. Tan provocadora insolencia retrata a aquellos políticos, y Azaña pronto comprobaría que tenía a su izquierda enemigos mucho más violentos que la Iglesia.

Durante la guerra Azaña intentó justificar su actitud con estas pasmosas palabras: «A lo que me opongo es a que los religiosos enseñen a los seglares filosofía, derecho, historia, ciencias… Sobre eso tengo una experiencia personal más valiosa que todos los tratados de filosofía política». Que usase el poder para cerrar indiscriminadamente centros de enseñanza, algunos de gran solera y prestigio, simplemente por una experiencia personal, y que concediera a ésta más valor que a «todos los tratados de filosofía política», tiene mucho de explícita declaración de despotismo.

Para captar la situación general debemos advertir que Azaña era sin duda el más inteligente y mejor preparado de los líderes de izquierda. Muchos —él mismo entre ellos— han querido justificarle advirtiendo que sus compañeros padecían un sectarismo mucho mayor todavía. Justificación muy indicativa de la calidad del personal republicano, ya anteriormente indicada.

Capítulo VI

CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA… AUNQUE NO DEL TODO

La república no tenía otra tarea, realmente, que la de establecer una Constitución que garantizase el libre juego de las fuerzas políticas y sus programas mediante las libertades, la separación de poderes y las elecciones. Tal venía a ser el proyecto de los derechistas Alcalá-Zamora y Maura, los auténticos organizadores del movimiento republicano; y en él coincidía básicamente Lerroux, el republicano más antiguo y con mayor fuerza electoral, un político moderado por la experiencia, después de haber despuntado a principios de siglo como un exaltado demagogo, furiosamente anticlerical e implicado en el terrorismo.

Pero esa idea no la compartían las izquierdas, las cuales, pese a su papel poco lucido en los trabajos para traer el nuevo régimen, pensaban representar mucho más que una parte de la república: pretendían «encarnarla» (a su principal jefe por entonces, Azaña, se le llamó precisamente «la encarnación de la república»). Y así, hacían de sus particulares interpretaciones de la realidad española la sustancia misma del régimen, y no un programa de partido expuesto al voto popular. Como vimos anteriormente, esta concepción antidemocrática ha sido adoptada sin crítica por una vasta historiografía, hasta convertirla en un tópico: en España todo se había hecho mal, o no se había hecho, antes de la república, y, por tanto, ésta —los izquierdistas— tenía el derecho y el deber de cambiar drásticamente el país.

El problema de la Constitución iba a ser clave en el destino del régimen. La clase política española había demostrado una gran afición a las constituciones: no menos de seis en 120 años escasos, de las cuales sólo una, la de la Restauración, había regido durante un espacio de tiempo significativo: 47 años. Éste solo hecho certifica la inestabilidad, el sectarismo y la corta visión de aquel personal político a través de generaciones, inepto para crear una tradición genuina. Al llegar la II República se planteó nuevamente la cuestión: ¿una Constitución de amplio consenso, capaz de ganarse el respeto y la lealtad de la mayoría de la población y sus partidos, o una Constitución al gusto del partido o grupo de partidos hegemónico en ese momento? Azaña defendió, en las mismas Cortes, la segunda opción: «Si yo perteneciese a un partido que tuviese en esta Cámara la mitad más uno de los votos (…) no habría vacilado en echar sobre la votación el peso de mi partido para sacar una Constitución hecha a su imagen y semejanza, porque a esto me autorizarían el sufragio y el rigor de las mayorías». Idea realmente sandia, porque si el sufragio variaba y otros ganaban las elecciones, estarían autorizados por la misma regla a establecer una nueva Constitución acorde con sus intereses. Pero Azaña y la izquierda en general consideraban, como había de verse, que «el rigor de la mayoría» sólo contaba cuando la obtenían ellos.

Martínez Barrio, en sus memorias, comenta con amargura: «De un manotazo se rompía con el propósito de ensayar cualquier política de transacción y de acomodo (…) La clave de la política que desarrolló luego Azaña está en estas palabras». No sabemos si lo vio con tanta claridad en el momento.

Aunque había muchos puntos de fricción en el debate constitucional, uno en especial hacía saltar chispas: el de la religión. Las izquierdas españolas, desavenidas en la mayoría de los asuntos, tenían una sola idea realmente clara, aun si obtusa: la Iglesia Católica era la gran culpable de los males del país, y su erradicación una necesidad perentoria. Influencia, desde luego, de la Revolución francesa, cuyas doctrinas, muy vulgarizadas, seducían a un progresismo hispano poco aficionado a la reflexión y el análisis. Ya he insistido en este punto, y conviene no olvidarlo para entender tendencias que hoy mismo rebrotan con fuerza.

Así pues, entre las izquierdas, muy hegemónicas en las Cortes tras las elecciones de junio-julio del 31, predominaba la línea comecuras. Alcalá-Zamora, jefe del gobierno provisional, temiendo algún disparate, presionó a sus ministros en pro de una propuesta gubernamental moderada y aceptable para la mayoría. El acuerdo, según Martínez Barrio, sostenía estos puntos: separación de la Iglesia y el Estado, libertad de religión, regulación de las órdenes monacales, sostenimiento de los presupuestos de culto y clero durante los años de vida de sus beneficiarios, disolución de la Compañía de Jesús y apertura de un concordato con el Vaticano para regular la situación Je la Iglesia. Puntos aceptables para los católicos, excepto el de la disolución de los jesuitas, ofrecida como carnaza a las izquierdas más exaltadas, si bien susceptible de futura renegociación con la Santa Sede. Parecía posible sacar así adelante, sin una ruptura radical, el célebre artículo 26.

Pero Azaña, ministro de la Guerra en ese gobierno, obró por sorpresa y contra el acuerdo de sus colegas. En un preparado discurso propuso en las Cortes no sólo la disolución de los jesuitas, también la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas y la anulación del presupuesto del clero —acordado tiempo atrás como compensación por las desamortizaciones de bienes eclesiásticos, expropiados sin pago en el siglo XIX—. E iba más allá: las órdenes religiosas debían ser reducidas a la miseria, al prohibírseles, además, cualquier actividad económica e incluso la beneficencia. Esta medida, insistamos, atentaba contra las libertades de conciencia, asociación y expresión; negaba el derecho de los ciudadanos a elegir la educación de sus hijos, reducía los clérigos a ciudadanos de segunda y amenazaba la enseñanza de cientos de miles de niños y jóvenes.

Azaña lo justificó así: «No me vengan a decir que esto es contrario a la libertad, porque esto es una cuestión de salud pública». Es decir, la República debía defenderse, aun vulnerando las libertades, contra un supuesto enemigo designado por él. Un enemigo que venía demostrando espíritu conciliador y hasta acomodaticio, y que había respondido sin la menor violencia a agresiones realmente salvajes. Con frivolidad no rara en él, Azaña comenta: «El catalanismo de los catalanes llega a extremos chistosos. [El cardenal] Vidal i Barraquer no ve con malos ojos la disolución de los jesuitas, pero estima que ha podido hacerse una excepción con los jesuitas de Cataluña, que son de otra manera, y, por supuesto, mejores». Aun si la anécdota fuese cierta —probablemente lo era—, el político estaba cavando un foso, innecesariamente, entre una república patrimonializada por los suyos y la opinión católica.

La propuesta azañista tenía, además, un carácter groseramente antipolítico, por lo irrealista. Partía del supuesto de que «España ha dejado de ser católica». La frase no aludía al hecho, aceptado por la Iglesia, de la separación entre ésta y el Estado: pretendía negar la significativa incidencia católica en la sociedad. Martínez Barrio, una de las principales figuras de la masonería y ministro de aquel gobierno, escribe:

«La afirmación rotunda [de Azaña] produjo, primero, estupor y, luego, indignación. ¿Dónde las pruebas, siquiera los síntomas? (…) Tan sólo una minoría, insignificante cuantitativamente, habíamos pasado el Rubicón y colocado nuestra conciencia individual y las de nuestras familias fuera de la órbita de la autoridad formal de la Iglesia».

Azaña quiso explicar su peculiar idea con otra afirmación no menos gratuita: «Todo el movimiento superior de la civilización se hace en contra suya [del catolicismo]». Desde la izquierda, incluso desde la derecha, se han multiplicado las críticas a la nulidad intelectual de la Iglesia española, pero las mismas exageran, y se hacían, no debe olvidarse, desde la tradición anticlerical, ésta sí estéril intelectualmente, en grado singular. De nuevo Martínez Barrio suena más realista cuando señala: «El clero regular realizaba una intensa labor seudo científica y pulidamente literaria para no perder las posiciones preeminentes que en siglos anteriores había conquistado». Y los movimientos antirreligiosos, en particular los comunistas y fascistas, a duras penas podrían calificarse de civilizadores. Significativamente, el ataque a la Iglesia atacaba también las libertades, como el mismo Azaña reconocía.

Aquel despótico artículo 26 culminaba, por el momento, el proceso abierto con la quema de conventos, bibliotecas y aulas; y en ambos casos la postura de Azaña pesó decisivamente. Indignados, los diputados católicos abandonaron el debate constitucional, advirtiendo que la ley dividía, y no unía, a los españoles. Alcalá-Zamora y Maura, los más eficaces promotores de la república, dimitieron; el primero advertiría que se había hecho una Constitución para la guerra civil. Y aunque, una vez más, la derecha respondió pacíficamente, la ley básica del Estado tomó un carácter partidista y de trágala, del peor augurio. Las libertades democráticas reconocidas quedarían todavía más mutiladas, poco después, por la Ley de Defensa de la República.

El propio Azaña describe muy bien la mezcla de sectarismo y frivolidad de aquel Parlamento: «Al proclamarse el resultado de la votación, estalló un aplauso clamoroso (…) Los diputados rompieron en vivas a la República, y las tribunas hacían coro (…) Vi al Presidente [Alcalá-Zamora], echado atrás en su asiento, mirando al techo y hablando solo, en voz baja. Estaba como en un desvarío»; anota cómo al peneuvista Leizaola, «que estaba en pie, solo, en una de las escalerillas entre los escaños, increpando a los republicanos, le daban un puñetazo en la nuca. Espantoso griterío y barullo. Los diputados se echaban unos contra otros. Me han dicho que Sigfrido Blasco sacó una pistola».

Capítulo VII

EL GOLPE DE SANJURJO

A los hechos anteriormente descritos se sumaron otros factores de desestabilización, en particular las insurrecciones anarquistas, de repercusión mucho mayor que la habitualmente reconocida en el destino de la república.

Aunque casi toda la bibliografía de izquierdas insiste mucho en conspiraciones antirrepublicanas de la derecha desde la misma instauración del régimen, ello no responde a la realidad. La derecha llegó al nacimiento del nuevo régimen desprestigiada, desmoralizada y desorganizada. Comenzó a rehacerse a partir de grupos heterogéneos, provinciales o regionales, de sectores monárquicos y de otros ligados a la Iglesia. Además, fue la derecha monárquica quien entregó el poder a los republicanos, como hemos visto, en una esperpéntica rendición moral.

Al esperpento monárquico se sumó el republicano cuando las Cortes, en noviembre, encausaron y condenaron a Alfonso XIII, el rey que les había permitido presentarse a unas elecciones después de haber intentado un pronunciamiento contra él, que había ganado los comicios y, sin embargo, les había regalado el poder. A ese rey tan increíblemente beneficioso para ellos le correspondían acusándolo de «la más criminal violación del orden jurídico de su país», de perjurio por haber traicionado la Constitución de 1876 al permitir la dictadura de Primo de Rivera. Una Constitución que nunca habían reconocido los republicanos, los anarquistas, los socialistas o los separatistas, que la habían atacado sin tregua y se habían rebelado sangrientamente contra ella en 1917 ¡Y de pronto esa Constitución les parecía sacrosanta…! Los socialistas, además, habían colaborado con la dictadura, haciéndose partícipes del mismo delito achacado al rey. Repetirían un esperpento similar en 1936 contra Alcalá-Zamora.

Las Cortes privaban al rey de «la paz pública»; «cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetra en el territorio nacional». Y lo despojaba de «todas las dignidades, honores y títulos», así como de «todos los bienes, acciones y derechos». Azaña, fastidiado, comenta del dictamen en sus diarios: «Mal escrito, mal pensado, declamatorio, pueril. Contiene disparates como acusar al rey de un delito de lesa majestad… contra el pueblo (…) Chocarrero». Romanones defendió al rey, siempre en su estilo, y sigue Azaña: «¡Lo que es la falta de autoridad! (…). No tuvo ni un acento elevado. La defensa de la dinastía y del rey suscitó risas. Son tal para cual».

En general, las historias de la república apenas prestan atención al episodio, considerándolo más bien anecdótico. En un sentido lo es, pero al mismo tiempo volvía a confirmar la desastrosa calidad política —y no sólo política— del personal republicano; un factor difícil de concretar, pero bien visible a cada paso, y de influencia decisiva en los destinos del régimen. Aquellas gentes, pensando hacerse las revolucionarias al «derrotar» y humillar a quien, en definitiva, les había proporcionado una fácil victoria, mostraban de nuevo su habilidad para crearse enemigos gratuitamente. Sus peligrosas actuaciones no sólo contravenían las normas democráticas, sino el mero sentido común.

A las derechas, que se reorganizaban con rapidez, se les planteó el problema de qué línea de acción adoptar ante la deriva del régimen. En medios monárquicos cundió una actitud de rebeldía, y, ya a raíz de las jornadas incendiarias de mayo, los carlistas comenzaron a formar piquetes para defender las iglesias, tomando luego medidas para organizar una resistencia clandestina. Los monárquicos alfonsinos, que tan mal se habían portado en abril, abandonaron su tradición liberal y sacaron la conclusión de que en España no podía funcionar una democracia. Pasaron a propugnar un régimen autoritario al estilo de los que se extendían por Europa. También algunos militares empezaron a conspirar, pero con una efectividad inferior incluso a la de las clásicas conjuras cuarteleras republicanas.

Con todo, el sector derechista ligado a la jerarquía eclesiástica, orientado por el diario El Debate, propugnaba una vía de acomodo, pacífica y legalista, esperando que los propios disparates de las izquierdas llevarían a éstas a perder el poder, y entonces sería el momento de plantear la reforma de la Constitución y otras medidas más acordes con la realidad social del país- A ese efecto se constituyó el partido de Acción Popular, eje de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), organizada ya en la primavera de 1933, a los dos años de inaugurada la República.

La opinión derechista sentía suma repugnancia a reconocer una república como la que se estaba construyendo, pero la línea auspiciada por la Iglesia suponía su aceptación de hecho, con todas las consecuencias prácticas. Como pronto se demostraría, esta línea de acomodo a la república se convirtió en la más respaldada, con mucho, entre la opinión derechista, quedando en minoría las posturas rebeldes. No obstante esta básica moderación, la izquierda hostigó desde el primer momento a Acción Popular, acusándola de fascista y de antirrepublicana, y ese hostigamiento iría in crescendo, a pesar de todas las pruebas en contra.

En estas circunstancias tuvo lugar el golpe del general Sanjurjo, en agosto de 1932. Al revés que a las agresiones contra los católicos, la bibliografía predominante da a este golpe el máximo relieve, considerándolo un ataque de la derecha a la república, corroborador de las conjuras organizadas desde el principio contra el nuevo régimen. Lo comparan a menudo con la insurrección socialista y nacionalista catalana de octubre de 1934. Pero esta imagen no resulta aceptable, por su olvido de hechos decisivos.

Ante todo, el golpe no era monárquico, aunque muchos monárquicos simpatizaran con él. Sanjurjo, casi siempre se olvida, había contribuido al advenimiento de la república en mucha mayor medida que los líderes republicanos, empezando por Azaña: estando al cargo de la Guardia Civil de la monarquía, había rehusado emplearla contra las incipientes manifestaciones, y enseguida se había puesto a las órdenes de los republicanos. Ello había revelado a la vista de todos la descomposición del anterior régimen y la oportunidad de tomar el poder sin más dilación. Todo indica que el golpe de Sanjurjo pretendía sustituir a Azaña por un líder más moderado, casi seguramente Lerroux, el cual debía de saber del asunto más de lo que ha dejado traslucir.

¿Por qué tomó Sanjurjo tal determinación? Se le han atribuido razones personales, al no haberle recompensado las nuevas autoridades con arreglo a sus servicios. Así viene a indicarlo el propio Franco, que permaneció al margen de la intentona. Probablemente había algo de cierto en ello, pero el general no podía pensar en triunfar sin el apoyo de una masa de opinión muy alarmada por los continuos desórdenes; y él mismo lo estaba, sin duda. En los motivos humanos suelen mezclarse muchos factores.

La organización del golpe resultó sumamente chapucera y Azaña estuvo al corriente de ella casi desde el primer momento, manteniéndose al acecho como un cazador, según su propia expresión. Las izquierdas, en general, tenían un concepto desdeñoso de las militaradas, en parte por sus propias intentonas, y no ahorraban los sarcasmos al respecto. Como decía Largo Caballero, merecían ser representadas en un teatro de revista. Azaña también habla con desprecio de tales asechanzas. Podía haber desarticulado la conspiración, pero quizá habría encontrado dificultades a la hora de probar judicialmente los hechos, y prefirió dejarla desarrollarse hasta que los golpistas decidieran actuar, para aplastarlos entonces.

El cálculo se reveló muy acertado. La rebelión, aislada del grueso de la opinión y los partidos de derecha, se vino abajo con inusitada facilidad, al coste de 10 muertos, casi todos entre los sublevados. Por cierto que Azaña, para combatir a Sanjurjo, trajo por primera vez a la península a los moros regulares del Ejército de África, aunque no precisó emplearlos. Pertenecían al ejército español, y, por tanto, él tenía pleno derecho a movilizarlos, pero el mismo hecho le sería reprochado a Franco más tarde como una imperdonable transgresión.

Así pues, tampoco puede hablarse, en relación con la sanjurjada, de un golpe «de la derecha», sino de un sector mínimo de ella, siendo repudiado por el sector principal. Justamente lo contrario de la insurrección del 34, organizada por los principales partidos de la izquierda y con el apoyo de casi todo el resto de ella.

Las izquierdas salieron, desde luego, muy robustecidas de la intentona de 1932, y emprendieron una represión abusiva, deteniendo a militantes derechistas y desarticulando sus organizaciones, aunque no tuvieran relación con el golpe, cerrando arbitrariamente decenas de periódicos y revistas y expropiando a terratenientes también ajenos a la sanjurjada.

Aun con esos excesos, también puede decirse que la democracia salió fortalecida, gracias a la mayoritaria moderación derechista. En cambio, la inclinación del grueso de las izquierdas por la guerra civil, en 1934, dos años más tarde, volvería imposible el funcionamiento democrático y dejaría a la república malherida. Sólo una rectificación muy fundamental por parte de los revolucionarios y sus simpatizantes habría podido impedir el desastre final, pero, como veremos en su momento, la rectificación no había de tener lugar.

Capítulo VIII

LAS INSURRECCIONES ANARQUISTAS

Llama la atención el hecho de que el golpe de Sanjurjo, en definitiva poco relevante, reciba de muchos estudiosos una atención desproporcionada, y en cambio reciban muy poca los movimientos subversivos de las propias izquierdas. Los comunistas, por ejemplo, saltaron al ruedo oponiéndose frontalmente a la «república burguesa». Siendo el PCE un partido pequeño por entonces, su subversión tuvo escasa trascendencia, pero no así los movimientos insurreccionales lanzados por uno de los grupos fundamentales de la izquierda: la CNT-FAI. Estos movimientos rara vez son examinados debidamente en la historiografía de izquierdas, lo cual se explica porque durante la guerra los anarquistas lucharían al lado del Frente Popular, presentado como defensor de la república, y parece inconveniente recordar hasta qué punto fueron, precisamente, un cáncer para dicha república.

La CNT ya había constituido una plaga letal para la Restauración, por su continuo terrorismo, y no menos por la complicidad política que halló en el resto de la izquierda y, en algunas ocasiones, en el mismo Partido Liberal, complicidad que ataba las manos al régimen frente a los pistoleros. El oportunismo y falta de principios de los diversos políticos les había llevado a procurar la alianza, de hecho o de derecho, con los terroristas (como en la huelga insurreccional del 17), a fin de derrocar al régimen liberal.

Luego, bajo la dictadura de Primo, diversas conspiraciones organizadas por políticos conservadores llevaron su política de alianzas nuevamente hasta los pistoleros. Y no variaría aquella demagogia brutal con los republicanos. Para el Pacto de San Sebastián intentaron concertarse con la CNT, por entonces casi desmantelada; y, aunque no lo lograron, sí obtuvieron la benevolencia anarquista, que en algunos lugares, especialmente en Cataluña, dio miles de votos a las candidaturas republicanas en las elecciones de abril del 31.

Esta política, absolutamente oportunista y en el fondo suicida, argüía que la CNT era, en definitiva, un movimiento social que «no podía ignorarse» y que sumaba fuerzas contra el enemigo común, contra la derecha y los liberales, en definitiva. Obviamente, quienes estaban dispuestos a sumar tales fuerzas sabían de qué se trataba, pero especulaban con valerse de los pistoleros en calidad de fuerza de choque o ayuda electoral, para después controlarlos o incluso destruirlos. Cálculo revelador de un maquiavelismo vulgar, de tonos mafiosos, que hemos visto repetirse muy ampliamente con la ETA, durante y después del franquismo. Parece una tradición muy asentada.

Así, la república llegó en buenos términos con los anarquistas, sobre todo en Cataluña, donde las nuevas autoridades, nacionalistas de Maciá, facilitaron a la CNT-FAI una «limpieza» por el terror en los medios obreros. Numerosos trabajadores de ideas no anarquistas fueron asesinados, forzándose el despido de otros muchos y su reducción al hambre. Éste es también un episodio menos tratado de lo que merecería. Pero así como los republicanos esperaban manipular a los anarquistas, éstos pensaban exactamente al contrario: utilizar las debilidades republicanas para avanzar hacia su anhelada revolución.

En el seno de la CNT se abrió un debate sobre si colaborar con la naciente república, evitando el extremismo, o pasar a la acción exigida por su ideario. La disputa, reyerta más bien, terminó pronto con la completa derrota de los colaboracionistas y la puesta en marcha de un proceso de insurrecciones sucesivas, llamadas «gimnasia revolucionaria».

Pronto se hizo visible esa táctica. A finales de mayo del 39, a poco de llegado el nuevo régimen, se produjeron choques con la policía en Pasajes y San Sebastián, que dejaron ocho anarquistas muertos. En junio, la huelga de la Telefónica degeneró en episodios de guerrilla urbana, y hacia finales de ese mismo mes se extendió una agitación separatista-anarquista en Andalucía, y una huelga violenta en el campo sevillano, que terminó con la aplicación de la ley de fugas por las autoridades y un balance de 20 muertos.

Aquellas violencias empujaron al gobierno republicano a adoptar una actitud rígida frente a la CNT; pero en Barcelona pensaban de otro modo: «Maciá no quiere indisponerse con los sindicatos [anarquistas] —anota Azaña—, de quienes espera votos para el referéndum del estatuto», y allí «las autoridades se rinden todas al ambiente sentimental (…) y como los niños besan a Maciá, los gobernadores se impresionan como ante un santón, y no se atreven a contrariarlo». Los atracos y atentados se volvieron pronto parte de la normalidad republicana.

La exasperación de Azaña se manifiesta cuando, ante un nuevo movimiento insurreccional en enero de 1932, en el Alto Llobregat, reaccionó, en sus propias palabras, «con toda rapidez y con la mayor violencia. Se fusilaría a quien se cogiese con las armas en la mano». El ministro Fernando de los Ríos quiso disentir, «pero yo no lo dejé, y con mucha brusquedad repliqué que no estaba dispuesto a que se me comieran la república. Todos los demás ministros aprobaron mi resolución». Dio «instrucciones inexorables» al general Batet para reprimir el movimiento, que se saldó con 30 muertos.

Una drástica represión se extendió también por Andalucía y Levante, con cientos de detenidos sin acusación, y el gobierno denunció en las Cortes «un movimiento revolucionario con objeto de derribar la República» en connivencia, aseguró, con fuerzas extranjeras y con la extrema derecha, de lo cual no había la menor prueba. Azaña quedó muy satisfecho de sus resultados, y señalará en sus diarios, a raíz de la sanjurjada, en agosto de ese mismo 1932: «Así como sofocamos por la fuerza el movimiento anarcosindicalista, hay que sofocar el de la derecha a toda costa y pase lo que pase». Pero en realidad estaba muy lejos de haber sofocado a la CNT. Por el contrario, apenas cinco meses después, en enero de 1933, recibía el mayor y más decisivo golpe a causa de una nueva insurrección en Cataluña y Andalucía. En Barcelona los anarquistas tenían prevista la voladura de varios edificios oficiales, que habría causado probablemente cientos de muertos, pero el intento fue desarticulado a tiempo, y los cabecillas, incluido García Oliver, que sería ministro de Justicia del Frente Popular durante la Guerra Civil, denunciaron brutales torturas policiales.

Lo peor ocurrió en Cádiz, en el pueblo de Casas Viejas: allí los guardias de asalto, cuerpo de nueva factura, estrictamente republicano, incendiaron la casa de unos anarquistas resistentes, matando a quienes intentaban salir.

Hicieron también una razzia entre la población, apresaron a doce campesinos y los fusilaron. Azaña intentó primero impedir la investigación y luego rehusó admitir su responsabilidad.

Veamos cómo enfoca Beevor el asunto (y dejo ya de lado la pintoresca y enredosa historia difundida por la serie de El Mundo): «La derecha que tantas veces había exigido mano dura, y que al principio vio con aprobación la acción de la fuerza pública, advirtió el potencial que aquellos hechos podían tener como arma política, y se volcó, en el Congreso y en la calle, en acusar al jefe del Gobierno de obrar con extrema brutalidad».

¡Qué malas artes, las de esta derecha!, viene a indicar Beevor, en una insidia muy típica. Pero realmente la república estaba actuando con mucha mayor brutalidad que la monarquía. Se ha dado mucha importancia a si Azaña pronunció o no la frase «tiros a la barriga», pero se trata de una anécdota: indudablemente los sucesos tenían relación con su política de «máxima violencia» contra los rebeldes. Y quienes más duramente atacaron al gobierno no fueron las derechas, sino los radicales y las izquierdas rivales. Quizá quien puso el dedo en la llaga fue el por lo común demagógico Balbontín: «El señor Azaña encontraba legítimo acudir a la conciencia europea contra la brutalidad del rey [por la muerte de cuatro manifestantes en noviembre de 1930], y ahora resulta que sois infinitamente más brutales, más criminales que la monarquía, porque quemar una casa vieja, con mujeres y chiquillos dentro, no lo hizo nunca don Alfonso de Borbón. Las cabilas del Rif no han asesinado a los presos por la espalda». En efecto, ¿qué habría dicho y hecho Azaña de haber ocurrido tal cosa bajo un gobierno de derecha? Cuesta poco trabajo imaginarlo.

Desde luego, él no dimitió ni admitió la menor responsabilidad, pero las consecuencias del escándalo no dejaron de alcanzarle. Al revés que en la sanjurjada, de la que había emergido con más fuerza que nunca, Casas Viejas lo aniquiló políticamente. Azaña seguiría en el poder hasta septiembre, pero en una larga agonía política, perdiendo sucesivamente elecciones parciales mientras sus aliados socialistas se inclinaban aceleradamente por la vía bolchevique. Cuando, en noviembre de ese año, 1933, se abrió una nueva campaña de elecciones generales, Azaña pudo haber quedado fuera del Parlamento. Se mantuvo porque evitó presentarse con su partido y por su circunscripción natural de Madrid. Se presentó por Bilbao, en las listas socialistas de su amigo Prieto.

Así pues, no fue tampoco en esta ocasión la derecha, con sus pretendidas malas artes, la causante del hundimiento de Azaña. Los torpedos vinieron, precisamente, de un sector decisivo de la izquierda, la CNT, cuyas continuas violencias generaron una espiral represiva hasta dar por tierra con el gobierno republicano-socialista; y lo hicieron en tan sólo dos años. Un aspecto de la república, enormemente significativo.

Capítulo IX

LOS NACIONALISMOS CATALÁN Y VASCO ANTE LA REPÚBLICA

Si la incidencia del anarquismo en la crisis de la república, especialmente en el primer bienio, suele aparecer difuminada en las historias corrientes, algo semejante ocurre con los nacionalismos catalán y vasco. Generalmente se los considera, sobre todo al primero, movimientos «naturales» cuyas demandas debería satisfacer la república, resolviendo así el «problema catalán», y quizá más tarde el vasco, de forma racional y definitiva. Nada más lejos de la realidad. Aquellos nacionalismos constituían una invención históricamente reciente, que sólo había adquirido algún fuste a raíz de la quiebra moral causada por el Desastre del 98, tres decenios atrás.

Había diferencias interesantes entre los dos nacionalismos. El vasco consistía en un racismo omnicomprensivo: la raza vasca era muy superior a la despreciable de los maketos, y tenía su idioma y hasta su religión «raciales», pues, según Sabino Arana, los vascos venían a ser católicos por raza, en contraste con los maketos, refractarios a la moral católica. Así, «Euzkadi» debería liberarse radicalmente de la detestada España, liberal y anticatólica por naturaleza. Como explicaba indignado, «El euskeriano y el maketo, ¿forman dos bandos contrarios? ¡Ca! Amigos son, se aman como hermanos, sin que haya quien pueda explicar esta unión de dos caracteres tan opuestos, de dos razas tan antagónicas». La predicación nacionalista perseguía fundamentalmente acabar con aquella amistad y fraternidad, y sustituirla por el odio necesario y abiertamente proclamado para cumplir el ideal secesionista.

El nacionalismo catalán, por su parte, pretendía que España no existía, a no ser como un estado bajo hegemonía castellana, opresor de Cataluña desde tiempo inmemorial. Pero más que a la secesión aspiraba a sustituir a Castilla —que en realidad pintaba poco en el conjunto del país— por Cataluña, en una confederación de naciones ibéricas «desde Lisboa al Ródano». Cataluña orientaría el conglomerado a la construcción de un imperio en África y quizá en Asia. Un programa tan extravagante y anacrónico como el del nacionalismo catalán sólo podía crear frustración y victimismo en círculo vicioso, y dio lugar a diversas tendencias, desde la que preconizaba la plena separación y un imperialismo restringido a los que llamaron paísos catalans, a la que en la práctica integraba Cataluña en el conjunto de España como una región con ciertas peculiaridades. Esta última tendencia, derechista y representada por Cambó, iría perdiendo fuerza a favor de un izquierdismo cada vez más separatista y violento.

Como se recordará, los nacionalismos catalán y vasco, secundariamente el gallego, se disponían en 1923 al empleo conjunto de la acción armada, lo cual fue una de las causas de la crisis que abocó al hundimiento del régimen liberal y a la dictadura de Primo de Rivera. Durante la dictadura los nacionalismos no opusieron resistencia alguna, a no ser la grotesca intentona de invasión desde Francia organizada por Maciá, ex coronel del ejército y gran terrateniente por matrimonio, hombre verboso y algo infantil o perturbado, según indican Josep Pla, Amadeu Hurtado, Cambó o el mismo Alcalá-Zamora, que, sin embargo, simpatizaba mucho con él.

Los nacionalistas vascos no entraron en el Pacto de San Sebastián, pero sí los catalanes, aunque no creían que del pacto saliera nada, y apenas colaboraron en las tareas previstas para traer la república. Trataron de imponer al principio la secesión («autodeterminación») y luego aceptaron la autonomía. Sin embargo, cuando llegó la república, en abril del 31, la recién fundada Esquerra Republicana de Catalunya aprovechó sorpresivamente el desbarajuste inicial para dar un golpe de estado, apoderándose de los edificios oficiales y proclamando Maciá la «República Catalana» dentro de una imaginaria confederación ibérica. Maciá llamó a defender la primera «hasta el sacrificio de la propia vida», y amenazó: «Quien perturbe el orden de la naciente República Catalana será considerado agente provocador o traidor a la Patria»; apeló también a «todos los pueblos del mundo» para «afirmar la paz internacional». Con ello rompía los acuerdos de San Sebastián y provocaba una crisis muy peligrosa. Hubo frenéticas llamadas y contactos desde Madrid, y la crisis quedó resuelta formalmente sobre la base de los acuerdos mencionados. Pero, bajo las formas, los nacionalistas se habían apresurado a nombrar autoridades de su partido en toda la región, imponiendo así una autonomía de hecho antes de la decisión de las Cortes. De paso, y en pago a los votos anarquistas, facilitaron a la CNT-FAI una sangrienta y coactiva reimplantación en las fábricas y barrios obreros.

Ya en las primeras elecciones de la república la Esquerra actuó, según Cambó, con las violencias y coacciones propias de un partido fascista, y el catalanismo de derecha retrocedió, mientras triunfaban en toda la línea Maciá y Companys. Hubo una verdadera explosión de sentimentalidad patriotera en torno al primero, bien descrita por Cambó: «Maciá, a quien nadie tomaba en serio en los primeros años de la Dictadura, cuando hacía ridículas maniobras en los alrededores de París, se había convertido en un símbolo entre las cabezas calenturientas y las masas revoltosas».

Pla, con su típica irreverencia, observa: «A Maciá le llaman l’Avi (el Abuelo) y él está encantado. Gassol llama a todos hermanos. La terminología de la Esquerra está llena de todos los tópicos del humanitarismo más insincero y tronado. Los políticos catalanes hacen grandes gestos, se ponen cada dos minutos la mano en el pecho, dan chillidos sentimentales y hacen unos terribles aspavientos de bondad. Todo el mundo pone los ojos en blanco, va con el corazón en la mano y canta confusas romanzas que hacen llorar. Toda la pornografía del exilio, el onanismo de los catalanes de América, los estados más abyectos de la mugre sensorial se han implantado. La gente se pregunta: ¿Qué es la política de la Esquerra? ¿Qué será? Es muy sencillo: serán tres años de anarquía sindical, de predominio de las ideas de la Asociación de Viajantes y el correspondiente caviar».

La política nacionalista se basaba, con unos u otros matices, en la pretensión de Prat de la Riba: «Son grandes, totales, irreductibles las diferencias que separan Castilla y Cataluña, Cataluña y Galicia, Andalucía y Vasconia. Las separa, por no buscar más, lo que más separa, lo que hace a los hombres extranjeros unos de otros, lo que, según decía San Agustín en los tiempos de la gran unidad romana, nos hace preferir a la compañía de un extranjero la de nuestro perro, que al fin y al cabo más o menos nos entiende: les separa la lengua». Esta ocurrencia no reflejaba una realidad, sino un programa: un catalán debía preferir la compañía de su perro a la de un gallego, un vasco o un andaluz, a pesar de que todos se entendían perfectamente en el español común o castellano. El dislate tenía, sin embargo, un efecto considerable, al venir envuelto en gruesas capas de victimismo y narcisismo, sin ser apenas contrarrestado por una propaganda contraria.

La demagogia resultante y la aprobación en Cataluña de un proyecto de estatuto desmesurado provocaban un recelo creciente en amplias capas de la población, y entre fuerzas políticas no sólo de derecha, también de izquierda, incluidos los socialistas. Por ello la tramitación de la autonomía en las Cortes se estancó. Esa inquietud ante la conducta nacionalista fue una de las causas de la intentona de Sanjurjo. Sin embargo, la intensa reacción emocional y política al fracaso de la sanjurjada había facilitado a Azaña la rápida votación aprobatoria de la autonomía, con un estatuto bastante más razonable que el proyectado por la Esquerra. Azaña lo explicó como la solución del «problema catalán», es decir, como el acomodo legal y en principio definitivo del nacionalismo catalán en la república. Ello podría haber satisfecho a la mayoría y, posiblemente, al sector de Cambó, pero ¿pensaban lo mismo la Esquerra y otros grupos radicales? La experiencia demostraría pronto que no. Para éstos, el estatuto no era una meta sino un punto de partida para nuevas reivindicaciones, en una escalada incesante, a menudo violenta, que desestabilizaría gravemente la república, como había de comprobarse antes de que pasara un año.

El nacionalismo vasco siguió una trayectoria peculiar. Intentó al principio imitar a la Esquerra declarando una práctica independencia y apoderándose de los órganos de poder, pero se encontró enseguida aislado. Ante las agresiones a la Iglesia, tomó sobre sí la defensa de los sentimientos e intereses heridos, lo cual le valió gran popularidad y una rápida expansión en las provincias con mayor influencia del clero de toda España. En un primer momento el PNV se sintió tentado por el golpismo, al lado del general Orgaz. En alianza con el carlismo, maniobró por otra parte para obtener una autonomía que abarcase a Navarra. Las dos líneas de acción fracasaron, y las izquierdas bloquearon la autonomía por temor, como dijo el socialista Prieto, a la creación de «un Gibraltar vaticanista en el norte».

No obstante, el PNV iría aproximándose a la izquierda, pese al anticatolicismo de ésta, y llegaría a establecer una colaboración reticente, pero efectiva, incluso con los sectores más revolucionarios, al paso que saboteaba los esfuerzos unitarios de la CEDA para detener el creciente desorden. Una política en apariencia suicida, que probablemente se explica por la estrategia diseñada por Sabino Arana: «Tanto nosotros podemos esperar más de cerca nuestro triunfo, cuanto España se encuentre más postrada y arruinada».

La leyenda de que las izquierdas republicanas trajeron la solución al «problema catalán» o al «problema vasco», es decir, a los problemas creados por los respectivos separatismos, tiene muy poca relación con los hechos, como seguirá habiendo ocasión de observar.

Capítulo X

LA BOLCHEVIZACIÓN DEL PSOE

Hemos visto tres graves factores de perturbación de la república en cuando democracia liberal: las violencias y provocaciones anticatólicas de las izquierdas republicanas, las constantes revueltas anarquistas y la corrosión y agitaciones separatistas. Todos ellos introducían la violencia y el incumplimiento de la ley, pero por sí mismas, incluso conjuntadas, no parecían insuperables. Los republicanos de izquierda, aunque protagonistas del momento, eran en realidad grupos reducidos, mal organizados, minados por los personalismos y las querellas internas, y antes o después quedarían marginados; la CNT disponía teóricamente de gran fuerza de masas, pero su propia doctrina le impedía lanzarla de lleno contra el régimen, quedando sus insurrecciones en movimientos muy violentos, pero mal articulados; y los separatistas, en definitiva, sólo tenían arraigo en algunas regiones. Cabía esperar que la situación terminara estabilizándose, aunque hubieran de transcurrir algunos años difíciles.

Por su propia dinámica, la política republicana tendía a girar en torno a dos grandes partidos, la CEDA en la derecha y el PSOE en la izquierda, y de estos dos partidos sí iba a depender el destino del régimen. Si uno de ellos, o ambos, tomaban actitudes antidemocráticas o antilegalistas, la república simplemente se vendría abajo. Esta realidad, que ahora nos parece obvia, apenas ha sido entrevista durante muchos años, y ha sido el historiador británico Richard Robinson quien, probablemente, ha planteado el problema con mayor claridad. Y también quien lo ha resuelto, básicamente, al describir las actitudes socialista y cedista.

No obstante, la obra de Robinson Los orígenes de la España de Franco apenas es citada en la extraña historiografía predominante en los últimos treinta años. Andrés de Blas y otros han tratado la cuestión con menos agudeza, y Santos Juliá en tono propagandístico. La deriva socialista puede considerarse el hecho decisivo y crucial de la república, y, sin embargo, encontramos lo de siempre: casi nunca es tratada en profundidad.

Como quedó indicado, el PSOE y su sindicato, la UGT, llegaron a la república como la fuerza política más masiva y mejor organizada y disciplinada de la izquierda, incluso de todo el régimen. Durante la Restauración el PSOE había acreditado su talante perturbador y contrario a las libertades, culminado en la huelga revolucionaria de 1917, pero con la dictadura su radicalismo se desvaneció, comportándose como un partido socialdemócrata. Por esta razón cabía esperar que esa tendencia se acentuaría en un régimen republicano escorado a la izquierda, en cuyo gobierno participó desde el comienzo. Sorprendentemente, ocurrió lo contrario; aunque no de inmediato. Los socialistas dudaban entre aprovechar la ocasión para tratar de implantar su programa máximo, es decir, su dictadura, so pretexto de emancipar a la clase obrera y al pueblo de la explotación burguesa; o bien colaborar al principio con los burgueses de izquierda e ir creando las condiciones apropiadas para pasar en una etapa posterior a la revolución socialista.

Ya hemos visto cómo un dilema similar se planteó en la CNT, donde triunfó, casi desde el primer momento, la línea revolucionaria. El PSOE, en cambio, optó de momento por una vía moderada y colaboracionista… hasta cierto punto, pues enseguida empleó contra la derecha un lenguaje brutalmente ofensivo y provocador, amenazando con la guerra civil. Así lo hizo, por ejemplo, Largo Caballero cuando, al aprobarse la Constitución, se habló de convocar nuevas elecciones generales de acuerdo con la nueva ley: no se celebraron, desde luego, tales comicios.

Aun con eso, la política socialista en el primer bienio cabe calificarla de reformista. Se orientó al planeamiento de obras públicas y a la elevación de los salarios, especialmente en el campo, y al ataque a los abusos patronales. Bennassar cree que las medidas del PSOE «mejoraron sensiblemente las condiciones de los trabajadores», pero ello es discutible, a la vista del rápido aumento del hambre, que pronto duplicó muy sobradamente las cifras de la dictadura y retrotrajeron el país a la penuria de principios de siglo para las capas más desfavorecidas.

Los salarios en las zonas de latifundio, aproximadamente la mitad sur de la península, eran insoportablemente bajos, como resultado de la baja productividad de unos suelos pobres y con poca agua y de una sobreabundancia de mano de obra. Y también de los abusos de los propietarios. Pero la mentalidad mesiánica de las izquierdas reducía la cuestión a la maldad y avidez explotadora de los terratenientes. Las subidas salariales resultaron excesivas, sobre todo para los campesinos medios que no podían pagarlas. Peor ocurrió con la Ley de Términos Municipales, orgullo del PSOE, que impedía contratar a jornaleros de otros términos mientras no estuvieran empleados todos los de cada uno, a fin de impedir la rebaja de los salarios. Medida de carácter feudal, como observó Madariaga, que extendió el hambre y el desempleo al impedir a los jornaleros de los municipios con menos trabajo acudir a otros donde éste abundaba.

Pero incluso este limitado colaboracionismo iba a desaparecer pronto, imponiéndose la orientación bolchevique, muy influida por la experiencia estaliniana. Ya en octubre de 1932, en el XIII Congreso del partido, cobró fuerza esta postura: «La colaboración socialista va rápidamente a su terminación. Se aproxima y se desea, sin plazo fijo pero sin otros aplazamientos que los que exija la vida del régimen, el momento de terminar la colaboración ministerial. El Partido Socialista se consagrará a una acción netamente anticapitalista y encaminará sus esfuerzos a la conquista plena del Poder para realizar el socialismo». Por el momento esta postura no se impuso, pero demostró tener ya mucho peso en el PSOE.

La posición rupturista y cada vez más definidamente bolchevique de imponer la dictadura del proletariado (es decir, del PSOE) se abrió paso, sin embargo, con rapidez. Sin duda influyó en ella la competencia revolucionaria de la CNT, que denunciaba sin tregua la colaboración socialista con los explotadores, y los efectos catastróficos de la crisis ocasionada por los sucesos de Casas Viejas, en enero de 1933. De este modo, en el verano de ese año, mientras el PSOE estaba todavía en el gobierno, la línea leninista cobró impulso decisivo, bajo la orientación de Largo Caballero, anunciando «la violencia máxima para desplazar al capitalismo». Entre los jefes sólo se oponía Besteiro, horrorizado por una «locura dictatorial» y un «envenenamiento de los trabajadores» que sólo podría traer a España «la República más sanguinaria que se ha conocido en la historia contemporánea». Prieto, uno de los demagogos más irresponsables de la época, apoyó a Largo, aisló a Besteiro y proclamó en octubre, en las Cortes, la ruptura definitiva con las izquierdas burguesas.

Importa señalar este proceso porque muchos historiadores atribuyen la radicalización del PSOE, implícita o explícitamente, a la pérdida del poder por el partido, en el otoño de 1933, y a la reacción ante una amenaza fascista posiblemente irreal —conceden— pero temida sinceramente por los líderes socialistas. La verdad es que la radicalización del PSOE estaba muy claramente implícita ya en 1931, cuando El Socialista proclamaba, en julio: «Por ineficaz, no por otro motivo, renunciamos a la pretensión de imponer nuestra política violentamente y sin dilaciones».

En 1933 llegaba el momento en que las dilaciones dejaban de ser eficaces o necesarias. He expuesto este proceso en Los orígenes de la guerra civil española-, desde el principio de la república amplios sectores del PSOE habían visto la colaboración con el régimen como una etapa transitoria, de explotación de las libertades para crear condiciones adecuadas al golpe final a la «democracia burguesa». Y en 1933, ya antes de dejar el gobierno, el núcleo decisivo del partido analizaba la situación, concluyendo que dichas condiciones maduraban aceleradamente.

No es cuestión de examinar aquí hasta qué punto acertaban o erraban en tal análisis, pero ya examiné en el libro citado cómo la idea distaba mucho de ser disparatada, contra lo que se ha dicho a menudo: la república burguesa parecía abocada al caos, lista para su transformación violenta en dictadura proletaria.

Antony Beevor admite: «El acontecimiento más peligroso que ocurrió entonces fue la bolchevización del PSOE, dirigida por Largo Caballero. El 3 de enero de 1934…». La bolchevización ya se había producido mucho antes de aquel 3 de enero, llevando al aislamiento a Besteiro y los suyos.

Del peculiar modo de historiar de Beevor puede dar idea este comentario suyo: «Se constituyó un comité revolucionario dispuesto a que la insurrección contra el Gobierno tuviese todos los caracteres de una guerra civil, y cuyo éxito dependiera de la extensión que alcance y la violencia con que se produzca». Al leer este párrafo pensé que estaba citándome literalmente, pues he sido yo quien ha destacado es«s frases, colocándolas en su contexto preciso. De modo que miro las notas y encuentro que no sólo no me menciona, ni tampoco el origen primario de dichas frases socialistas sobre la guerra civil y su necesaria violencia: sustituye la referencia por otro comentario suyo, perfectamente falso: «Los socialistas, y no sólo ellos, veían en lo que había pasado en Austria una premonición de lo que iba a ocurrir en España». Beevor toma por motivo real de la bolchevización lo que, como he demostrado, no pasaba de pretexto inventado por la dirección del PSOE para encubrir sus propósitos revolucionarios. Y aumenta su falsificación con otra que trataré en un próximo capítulo. Ésta es la historia que ha venido circulando en estos años.

Capítulo XI

LA CEDA Y LA REPÚBLICA

Beevor quiere explicar la radicalización del PSOE como reacción ante un peligro más o menos fascista: «En Austria, el canciller Dollfuss, que había llegado al poder por vía parlamentaria, había suprimido a los socialistas, tenía una coalición llamada Frente Patriótico muy parecida a la CEDA y había modificado la Constitución para llevarla hacia un corporativismo de raíz católica y de inspiración fascista». Y prosigue: «La táctica de la CEDA no sólo era idéntica, sino que Gil-Robles hacía proclamar a los gritos de ‘¡jefe, jefe, jefe!’, convocaba radunate [reuniones de masas] en lugares simbólicos como El Escorial o Covadonga y su organización juvenil, las Juventudes de Acción Popular (JAP), desfilaban y actuaban al estilo nazi».

Creo que sólo la charlatanería de Preston o de Helen Graham han logrado concentrar tal cantidad de tergiversación en tan poco espacio. Para empezar, Dollfuss había tenido que afrontar, por un lado, a un partido socialista subversivo y no democrático y, por otro, a los hitlerianos. Los socialistas fueron «suprimidos» porque se lanzaron a la insurrección cuando el gobierno ordenó desarmar a sus milicias, dato significativo que omite Beevor. A continuación, Dollfuss se había dirigido contra los nazis, los cuales le asesinaron utilizando matones disfrazados de policías. Detalle curioso: el PSOE intentaría en octubre del 34 un putsch a lo Dollfuss, en sus propias palabras, mediante socialistas disfrazados de guardias civiles y de asalto. Quizá lo ignora Beevor.

El PSOE sabía perfectamente que la situación austríaca difería por completo de la española. En la pequeña Austria, encajonada entre la Alemania nazi y la Italia fascista, los socialistas no tenían la menor posibilidad de éxito. En cambio, la propaganda del PSOE, como Beevor podría comprobar fácilmente, exhibe un triunfalismo desmedido. Los socialistas españoles estaban seguros de vencer, seguros de haber llegado el momento histórico para su revolución y dictadura absoluta: «El proletariado marcha a la guerra civil con ánimo firme»; «La guerra civil está a punto de estallar sin que nadie pueda contenerla»; «Uniformados, alineados en firme formación militar, en alto los puños, impacientes por apretar el fusil. Un poso de odio imposible de borrar sin una violencia ejemplar y decidida, sin una operación quirúrgica». Etcétera.

Por supuesto, la prensa socialista española utilizaba el caso de Austria, pero sólo como un motivo más de agitación, al estilo del supuesto e inminente peligro fascista achacado a la CEDA. Incluso los republicanos históricos de Lerroux, y hasta los republicanos de izquierda, con quienes había roto Prieto pública y «definitivamente», eran tildados de «fascistas» por los dirigentes del PSOE. Un historiador medianamente agudo percibe con facilidad el carácter de pretexto, tanto de la explotación del caso austríaco como de las acusaciones de «fascismo». La propaganda izquierdista no rezuma temor a la CEDA, sino desprecio. Todo esto se halla hoy sobradamente documentado, pese a lo cual los Beevor, los Preston, los Juliá y compañía persisten en los viejos clichés, contribuyendo muy poco al crédito de la historiografía académica.

Por lo demás, la táctica de la CEDA nada tenía que ver con la de un Dollfuss ya en el poder, acosado por los socialistas y los nazis y amenazado directamente por Hitler. Para entender la táctica de la CEDA debemos retrotraernos, una vez más, a la definitoria oleada de incendios de templos, bibliotecas, etcétera, de 1931, empeorados por una Constitución abiertamente sectaria y anticatólica, más una Ley de Defensa de la República que mermaba las libertades. Una gran masa de población, lógicamente, apenas se identificaba con aquella república, y la CEDA rehusaba pronunciarse por ella o por la monarquía, aparcando el problema; cosa admisible en cualquier estado democrático. Pero la mesiánica izquierda, que había desvirtuado la república inicial para volverla una fuente de agresiones a la Iglesia y a la derecha, ¡culpaba a ésta de escasa afección al régimen!

Aun así, la táctica cedista resultó fundamentalmente conciliadora, al contrario que la de la minoría monárquica, inclinada al golpismo, perfectamente inoperante por lo demás. La CEDA, muy mayoritaria en los medios conservadores, no se identificaba (con todo derecho) con aquella república, pero la acataba explícitamente, propugnaba la acción política no violenta, trataba de ganar democráticamente las elecciones y aspiraba a cambiar la Constitución desde el poder, siguiendo las propias normas constitucionales, para eliminar sus aspectos más sectarios —y también contrarios a las libertades, por cierto—: «Los católicos no pueden encontrar dificultades en avenirse con las instituciones republicanas, y como ciudadanos y como creyentes están obligados a prestar a la vida civil un leal concurso al régimen republicano», señalaba El Debate, principal periódico orientador de la CEDA.

Por cierto, no se trataba de un partido plenamente democrático, pero por entonces ninguno lo era, como vamos viendo, con la excepción, hasta cierto punto, del Partido Radical de Lerroux. Pero incluso así una democracia puede funcionar y consolidarse, si esos partidos respetan al menos la ley y obran pacíficamente. La CEDA lo hacía y las izquierdas no. La diferencia define la realidad de entonces.

Y, naturalmente, la afirmación de Beevor sobre unas juventudes de la CEDA desfilando y actuando «al estilo nazi» ya no entra en el campo de la historiografía, sino de la simple falsificación, por no decir trola. Desde luego, las derechas tenían por lo menos el mismo derecho que los partidos de izquierda a convocar reuniones, en El Escorial o donde prefirieran. Además, se trataba de reuniones mucho más ordenadas y pacíficas que las de las izquierdas o los separatistas.

Las juventudes de la CEDA no desfilaban uniformadas, ni perpetraban atentados, ni apedreaban a votantes, ni vigilaban las ideas políticas de los vecindarios, ni acumulaban armas, etcétera, como hacían las organizaciones juveniles izquierdistas y separatistas. Es más, la CEDA sufrió un número considerable de asesinatos por parte de las izquierdas sin replicar con la ley del talión (lo cual también provocaba el desprecio de sus enemigos). Sí desfilaban uniformadas y actuaban al estilo nazi, en cambio, las juventudes de la Esquerra catalana, las comunistas o las del PSOE; y estas últimas constituían por entonces una auténtica organización terrorista.

Sólo los minoritarios monárquicos y la Falange imitaron en medida menor las violencias izquierdistas, y en respuesta a ellas. Estos hechos también están hoy perfectamente comprobados y documentados, pero, por lo visto, de nada vale para muchos historiadores «profesionales».

Según Beevor, la CEDA planeaba alcanzar el poder para llevar la Constitución «hacia un corporativismo de raíz católica y de inspiración fascista». La raíz católica y el fascismo se avenían mal, como se demostraría ya bajo el poder de Franco. Gil-Robles manifestó reiteradamente su «discrepancia radical con el fascismo en cuanto a su programa, en cuanto a las circunstancias en que aparece y en cuanto a la táctica que lo inspira».

Y El Debate denunciaba frecuentemente el belicismo y el racismo hitlerianos, expresando así sus propias inclinaciones: «¡Qué distintos el pensamiento y la práctica fascista, el pensamiento y la realización prudente de Oliveira Salazar, la nueva política de Roosevelt, la evolución lenta y callada de Inglaterra y las actividades del racismo germánico. No necesitamos decir el método que tiene nuestras preferencias: el de los ingleses. Que la sociedad haga por sí sola, hasta donde sea posible, la renovación. El Estado asiste, vigila, protege las evoluciones».

Nada de ello libró a la CEDA de una frenética acusación de «fascista» por parte del PSOE, pese a tener sus dirigentes plena conciencia de que no lo era, como he demostrado en Los orígenes de la guerra civil española. Utilizaban deliberadamente la falsa imputación como un medio de soliviantar a las masas, acosar a las derechas y paralizar su reacción. Todavía hoy diversos historiadores siguen empleando algunas frases antiparlamentarias de Gil-Robles, ocultando la multitud de frases y actitudes antiparlamentarias de las izquierdas. Por supuesto, todos los políticos se contradicen, y todos los partidos integran diferentes «sensibilidades», lo cual plantea un problema al estudioso de la historia, a la hora de juzgarlas: ¿cuáles tienen valor?

En una ocasión el historiador Malefakis me acusó de seleccionar las frases del PSOE convenientes a mis tesis y de ignorar las contrarias. Creo que en este fallo cae, precisamente, la mayoría de los historiadores de izquierda. Pues quien haya leído mis libros comprobará el amplio espacio que dedico, por ejemplo, a la disidencia legalista de Besteiro. Con todo, para explicar la conducta del PSOE no cabe poner en el mismo plano la actitud de Besteiro y las de Prieto y Largo Caballero, pues estas últimas fueron las que se impusieron y determinaron la política del partido, mientras que las de Besteiro quedaron marginadas. Para valorar las frases y contradicciones de unos y otros líderes debemos atender a los hechos. Hitler no paraba de hablar de paz y Stalin de democracia, pero los hechos no se correspondían. En España, las frases que los líderes del PSOE llevaron a la práctica fueron, precisamente, las más extremistas. En cuanto a la CEDA, sus frases extremistas nunca fueron llevadas a la práctica. Esta norma elementalísima para enjuiciar la historia se olvida muy a menudo, lamentablemente, y, sin embargo, suele marcar la distancia entre una historiografía rigurosa y una pseudohistoriografía que encubre sus embrollos con pretensiones de minuciosidad y hasta de «profesionalidad». Ni la CEDA tuvo gran cosa que ver con el retrato que de ella nos brindan Beevor, Juliá, Helen Graham y tantísimos más, ni la bolchevización del PSOE pudo deber nada a ninguna pretendida amenaza fascista.

Capítulo XII

BALANCE DEL BIENIO IZQUIERDISTA

Si hemos de creer a una copiosa historiografía, incluso alguna de derechas, el balance de los dos primeros años de la república fue difícilmente mejorable: una Constitución democrática, el voto de la mujer, una gran labor cultural, elevación de los salarios y los derechos de los trabajadores, una reforma ejemplar del ejército, expansión de la enseñanza a todos los niveles, solución al «problema catalán», una reforma agraria importante y otras medidas muy beneficiosas para el pueblo.

No puede extrañar que, con tales avances sociales y políticos, la «reacción» hiciera cuanto estaba en su mano por echar abajo una obra brillante pero, inevitablemente, perjudicial para sus intereses, para los injustos privilegios de la «oligarquía». Con ese argumento explican tanto el golpe de Sanjurjo como el comportamiento nazi de la CEDA, o las reacciones excesivas de la Iglesia a las agresiones que sufría permanentemente. Tan natural resultaba que las izquierdas beneficiaran al pueblo como que los reaccionarios se opusieran con uñas y dientes a tanto progreso. Así se continúan presentando los hechos en infinidad de libros, congresos, encuentros, documentales televisivos, etcétera, a menudo con generosos fondos públicos por medio.

Sin embargo, en las elecciones de noviembre de 1933, tras dos años largos de tan felices experiencias, el pueblo, no la oligarquía, se volvía contra las izquierdas que tanto se habían desvelado por favorecerle y votaba al centro derecha. Inexplicablemente, ¡el pueblo apoyaba a sus oligárquicos explotadores! Hecho tan inaudito para los esquemas tipo Preston, Tuñón de Lara, Moradiellos, Fontana, Jackson y tantísimos otros requiere una explicación convincente, y ellos nunca han sabido darla. Para ser justos, debe reconocerse que ni siquiera han visto el problema o, si lo han visto, han preferido soslayarlo diplomáticamente.

¿Tenía razón la mayoría de españoles que rechazó a las izquierdas después de haberlas experimentado durante dos años, o la tienen esos historiadores y políticos empeñados en mantener sus esquemas explicativos, científicos según ellos afirman? Por supuesto, la ciencia es indiferente a las mayorías, que tampoco en política tienen siempre razón. Por ello el caso merece algún examen. De entrada recordemos que, contra lo que afirma la teoría presuntamente científica, no fueron las mínimas y ocasionales violencias de las derechas, sino las de la CNT, replicadas con enorme dureza desde el poder, la verdadera causa de la quiebra del gobierno republicano-socialista, sobre todo después de la matanza de Casas Viejas; y la CNT era una sindical izquierdista que había colaborado a traer la república. Observamos también que, contra la previsión de la teoría, el grueso de la derecha se atuvo estrictamente a la legalidad republicana, en lugar de subvertirla. Estos dos datos dejan en su lugar las pretensiones científicas de la historiografía izquierdista (y alguna derechista, como la de Tusell).

Pero también la visión beatífica de los logros republicanos, resumida más arriba, elimina demasiados datos para considerarla científica o meramente objetiva. La república, conviene reiterarlo, no llegó como un régimen de izquierdas, sino que fue concebida como una democracia liberal por Alcalá-Zamora y Miguel Maura, verdaderos promotores de la empresa, o por los «padres espirituales de la república». Fue el predominio alcanzado enseguida por las izquierdas lo que condujo a desvirtuar ese objetivo casi desde el principio, y a mutilar los derechos ciudadanos. Y si hablamos del voto femenino, lo promovieron tanto las derechas como las izquierdas, salvo una parte de estas últimas, muy renuente a concederlo por pensar que las mujeres no les votarían.

Sobre la labor cultural del bienio, no cabe duda de que tuvo cierto interés, pero no llegó a tomar mucho vuelo, y quedó contrarrestada por la persecución, cierre o destrucción de numerosos centros culturales por el mero hecho de su carácter católico. Contrarrestada, también, por la masiva difusión de propagandas e ideologías fanatizadoras.

Si hablamos de los salarios y derechos de los trabajadores, su ampliación nominal resultó en gran medida contraproducente, por su tono demagógico y mal calculado. Así, la cifra de huelguistas saltó de 240.000 en 1931 a 840.000 en 1933, subiendo también en vertical el número de parados (de 390.000 a 618.000), lo cual en aquella época tenía consecuencias dramáticas, pues significaba el hambre, que creció de modo acelerado, hasta volver a las cifras de principios de siglo. En otras palabras, aumentó de forma dramática la miseria extrema y, por tanto, las desigualdades sociales.

Evidentemente, en ello jugaron factores ajenos a la política de las izquierdas, como la crisis económica mundial de la época, pero también es indudable, ya lo vimos, que las medidas adoptadas no suavizaron, sino que empeoraron la crisis, frenando la iniciativa privada y creando una inseguridad a su vez paralizadora de la actividad económica.

La reforma militar, claramente necesitada y aceptada por la mayoría del ejército, se echó a perder en buena parte por la agresividad antimilitar de las izquierdas, que «se ensañan con el ejército a mansalva», como indicaba el propio Azaña. Y por una política de promoción profesional, demasiado partidista y favoritista, cosa también deplorada por aquél, aunque no supo o no quiso ponerle remedio, aparte de contribuir al descontento con gestos despectivos hacia los militares.

De la expansión de la enseñanza hemos hablado también, y hoy resulta innegable que distó mucho de las cifras triunfalistas en cantidad, y más aún en calidad, ofrecidas por la propaganda. Sin olvidar, debe insistirse en ello, que los avances en un sentido se anulaban con los retrocesos debidos al cierre u hostigamiento de la enseñanza católica.

Tampoco fue resuelto el problema planteado por el agresivo nacionalismo catalán, pues el estatuto de autonomía, visto por el gobierno como una solución estable, lo consideraban los nacionalistas tan sólo como un paso en una escalada indefinida de reivindicaciones hasta una práctica secesión de Cataluña.

En cuanto a la reforma agraria, realizada con la demagogia habitual, sembró esperanzas desmedidas entre el campesinado, acompañadas de realizaciones frustrantes, que impulsaban en círculo vicioso más agitación y más radicalización de las masas. En los dos años fueron asentados 4.400 campesinos, una cifra irrisoria, en poco más de 24.000 hectáreas, lo cual daba a cada uno unas parcelas de sólo seis hectáreas de tierra por lo común pobre y poco productiva, impidiéndoles salir de la miseria También fueron establecidos de forma ilegal, es decir, vulnerando el derecho de propiedad, 40.000 yunteros extremeños sobre 123.000 hectáreas fincas mínimas de tres hectáreas, inviables económicamente. Azaña tiene comentarios sarcásticos sobre la chapucería con que su gobierno abordó la cuestión agraria.

Todos estos fracasos y daños los vio y los sufrió la población, aunque a menudo no entendiera bien su origen, y por ello cambió drásticamente su voto en 1933. Máxime cuando vinieron acompañados de un alza sin precedentes de la violencia política, así como de la delincuencia común. En tan corto período murieron en la calle o en atentados un mínimo de 250 personas, entre ellas más obreros que en muchos años de monarquía y siempre, excepto los 10 muertos de la sanjurjada y algún otro, por violencias izquierdistas.

El vuelco en la opinión popular, producido en las elecciones del 33, queda muchísimo mejor explicado por estos datos que por las enrevesadas y contradictorias explicaciones servidas en estos últimos treinta años.

IV PARTE

LA DEMOCRACIA ASALTADA

Capítulo I

REACCIONES A LAS ELECCIONES DE 1933

La campaña electoral de 1933 cobró una extrema virulencia, y las izquierdas causaron no menos de seis muertos a las derechas, sin réplica de éstas. Gil-Robles hizo dos o tres frases antiparlamentarias, mientras que el PSOE las expresaba a diario y en tono amenazante. No obstante, repitamos, casi todas las historias de orientación izquierdista conceden atención desmesurada a las pocas frases del primero y muy poca a las del segundo, olvidando además que aquéllas nunca se llevaron a la práctica y éstas sí. Exageración por un lado y ocultación por otro, reducen la historia a propaganda.

Pese a las violencias y crímenes sufridos, Gil-Robles hizo un llamamiento a la concordia en su último discurso de campaña: «Estamos como un ejército en el paroxismo de la lucha, en pie de guerra, y, sin embargo, yo quisiera que el choque no llegara. Paz y cordialidad, a quienes nos voten y a quienes no nos voten».

Largo Caballero empleó otro tono: «Los obreros han terminado con el mito republicano. Todos entienden que ya no queda otro camino a seguir sino el de la República socialista. Para nosotros, cuantas más dificultades encuentren nuestros enemigos en la solución de los problemas nacionales, mejor. Estamos dispuestos a no retroceder y a llegar a donde sea necesario. Necesitaremos someter a nuestros enemigos para conseguir completa emancipación de la clase proletaria».

Las urnas dieron más de cinco millones de votos al centro derecha (CEDA y Partido Radical, de Lerroux, sobre todo), mientras la izquierda recibía tres. La extrema derecha quedaba en 770.000, y los grupos comunistas en casi 200.000. El partido de Azaña bajó de 26 diputados a 6 y el propio Azaña no osó presentarse por su partido y por Madrid, como quedó indicado, sino que lo hizo por Bilbao en la candidatura de Prieto pues de otro modo habría perdido el escaño, con toda probabilidad.

Las elecciones habían sido organizadas por el centro izquierda, con la excepción del PSOE, que había sido invitado y había rehusado. La derecha ni siquiera había sido convocada por el gobierno del radical Martínez Barrio.

Pese a la claridad de su derrota, las izquierdas no la aceptaron en absoluto. El presidente Alcalá-Zamora escribirá: «Nada menos que tres golpes de Estado se me aconsejaron en 20 días [por las izquierdas republicanas]. El primero a cargo de Botella, el ministro de Justicia, quien propuso la firma de un decreto anulando las elecciones hechas. Inmediatamente después propuso Gordón Ordás, ministro de Industria, que yo disolviese las nuevas Cortes. Pocos días más tarde Azaña, Casares y Marcelino Domingo dirigieron a Martínez Barrio, presidente del Consejo, una carta de tenaz y fuerte apremio en la que el llamamiento tácito a la solidaridad masónica se transparentaba clarísimo».

Aquella maniobra golpista de Azaña y sus compañeros fue la más peligrosa, pues presionaron reiteradamente para suspender la reunión de las Cortes salidas de las urnas, formar un gobierno con los partidos de izquierda y organizar una nueva consulta electoral con garantía de triunfo de los derrotados. Tales actuaciones, completamente antidemocráticas, eran coherentes, en cambio, con su concepción despótica de base ya señalada y sin la cual no se explica la conducta del político: «Una república para todos los españoles, pero gobernada por los republicanos», es decir, por los afines al propio Azaña, votara el pueblo lo que quisiera.

La ERC, nacionalista catalana de izquierda, reaccionó con estridentes amenazas. L’Humanitat, periódico de Companys, clamaba: «¡En pie de guerra! Ha ganado toda la tropa negra y lívida de la Inquisición y el fanatismo religioso, para apuñalar la democracia. No ha sido la Lliga ni Acción Popular la triunfadora. Ha sido, aquí y fuera, el obispo. Ha sido la Iglesia, ha sido Ignacio de Loyola». La turba reaccionaria así pintada habría apelado «al fanatismo, a la locura, a la traición, a la miseria moral y mental de una conciencia de esclavo y de iluminado». Realmente, la ERC parecía estar describiéndose a sí misma. Y concluía: «Es la hora de ser implacables, inflexibles, rígidos. Sin perder la serenidad, sólo hay que escuchar una voz, que resonará, si hace falta, en el momento preciso». En pie de guerra, pues. Y no se quedarían en palabras.

La CNT replicó a las elecciones con su más sangrienta insurrección hasta la fecha, causando en varias provincias un mínimo de 89 muertos, 20 de ellos en un tren que cayó desde un puente dinamitado por los anarquistas.

Pero la reacción más cargada de peligro, aunque menos visible de momento, partió del PSOE: arreció dentro de él la campaña para expulsar de los puestos de poder a Besteiro y a sus seguidores, por medios a menudo violentos, y los preparativos para un movimiento revolucionario se aceleraron. Los dirigentes bolcheviques despreciaban abiertamente al centro derecha y consideraban llegada la ocasión histórica de cumplir sus objetivos máximos derrocando la república burguesa. Lo expresó con claridad uno de los principales comprometidos, Amaro del Rosal, en una disputa con los besteiristas:

«El año 33 es favorable a la revolución. Existe un espíritu revolucionario; existe un Ejército completamente desquiciado, hay una pequeña burguesía con incapacidad de gobernar, que está en descomposición. Tenemos un gobierno que no conoce la historia de España, que es el de menor capacidad, el de menor fuerza moral, el de menos resistencia. Por eso yo opino que ahora todo está propicio». Lo mismo pensaban Largo, Prieto, Araquistáin y la plana mayor del partido.

El gran triunfador de las urnas había sido Gil-Robles, con la CEDA como partido más votado, y, por tanto, con plena capacidad legal para exigir el poder. No obstante, renunció a hacerlo, de momento, pensando que le bastaría con presionar desde fuera del gobierno a su aliado, el Partido Radical de Lerroux, en espera de que amainaran las pasiones de las izquierdas. Pero sus adversarios tomaron su gesto por una nueva muestra de debilidad y se enardecieron más aún.

Pese a su moderación evidente y casi obsequiosa, la CEDA recibió el tratamiento sistemático de fascista. Por supuesto, los dirigentes del PSOE no creían que lo fuera, como expresará claramente Araquistáin en la revista useña Foreign Affairs. Pero de cara a sus seguidores en España, y a la población en general, utilizaban el truco del «fascismo» para provocar en las masas inquietud y voluntad de lucha y paralizar a la CEDA, empujándola a la defensiva.

Las elecciones del 33 marcan el momento decisivo de la república, pues los políticos y partidos manifestaron entonces con plena claridad sus auténticas posiciones, las que habían de conducir el país a la catástrofe. La gravedad del momento queda reflejada por historiadores solventes, como Stanley Payne, Ricardo de la Cierva y otros, pero no, desde luego, por la corriente progresista, cuyas concepciones, según volveremos a comprobar, difieren poco de las de aquellos partidos que rechazaban la voz de las urnas, urdían golpes de estado y se ponían en pie de guerra porque la población había preferido otras fórmulas para resolver sus problemas.

Capítulo II

1934, UN VERANO DE DESESTABILIZACIÓN

El resentimiento por la victoria del centroderecha en 1933 traería serias consecuencias. La primera fue un reagrupamiento de las izquierdas y los separatistas a fin de derrocar al gobierno legítimo. Los nacionalistas catalanes, en alianza con Azaña, desplegaron toda su influencia al respecto, tratando de arrastrar al PSOE y a la CNT.

En verano comenzaron las acciones desestabilizadoras contra el gobierno de Samper, que había sucedido a Lerroux a la cabeza del gabinete. El PSOE organizó en junio una huelga general campesina para impedir la recogida de la cosecha, lo cual habría provocado una catástrofe económica y hambre masiva. El gobierno, casi siempre vacilante, adoptó esta vez una actitud enérgica. Anunció que «la cosecha es la República» y afrontó la subversión arrestando a numerosos dirigentes y llevando a otros activistas a decenas de kilómetros de sus residencias.

Una de las principales impulsoras de la huelga, Margarita Nelken, pretendió que todo el campo español estaba parado, pero, pese a la violencia del PSOE (13 muertos y 200 heridos, en su mayoría trabajadores no huelguistas; destrucción de maquinaria, incendio de mieses…), el movimiento sólo afectó, y parcialmente, a 1.600 de los 9.000 municipios del país, según la célebre investigación de Malefakis.

Ante el fracaso, el PSOE lanzó una campaña masiva de denuncia de la represión «feroz» realizada por el gobierno, inventando acusaciones mendaces, como he demostrado en Los orígenes de la guerra civil española; aunque escritores como Preston les conceden total veracidad, sin el menor examen crítico. Fue una represión enérgica, pero en modo alguno criminal. No hubo, por ello, ningún episodio parecido al protagonizado por el Gobierno de Azaña en Casas Viejas.

El fracaso hizo cundir la desmoralización entre los campesinos socialistas, empujados a la huelga con la promesa de ser apoyados por una huelga general en las ciudades que ni siquiera intentó su partido. Y causó tensiones dentro del PSOE, mostrando Largo Caballero su enojo por considerar la huelga precipitada, perjudicial para la insurrección armada en preparación.

Afortunadamente para ellos, el gobierno no abusó de su victoria, aceptó negociar e hizo concesiones a los promotores de una acción que bien podría calificarse de criminal, por sus intenciones. Por otra parte, la cosecha de cereales, extraordinariamente copiosa, desmiente otro tópico de la propaganda izquierdista, aceptado como verídico por una amplia bibliografía: la de que los propietarios derechistas, por venganza, dejaban los campos sin cultivar, a fin de hambrear a los jornaleros y hacerles «comer república».

Apenas concluida la huelga, comenzó la subversión en Cataluña, dirigida por Companys, so pretexto de una ley de contratos de cultivo aprobada por los nacionalistas y que el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró ilegal. La Esquerra gobernante en Cataluña trató de crear un clima insurreccional. Aprovechó su control de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil para organizar en ellas un trabajo subversivo, al tiempo que armaba a sus milicias, llamadas escamots (pelotones o patrullas, a imitación de las «escuadras» fascistas), y formaba núcleos afectos en las guarniciones militares de Cataluña.

Companys y los suyos llamaban a la rebelión a la población catalana. Sus discursos, algunos de los cuales he recogido en 1934, comienza la guerra civil, tienen un tono auténticamente belicista. Jaume Miravitlles, un separatista exaltado, escribía: «Cada discurso de Companys era un toque de atención. Cada viaje, una concentración popular. Cada inauguración, una revista. A medida que pasaban los días, la figura del President adquiría proporciones épicas, de leyenda, mientras que Samper, Lerroux, Salazar Alonso, aparecían en su miserable minusculidad».

Amadeu Hurtado, un distinguido jurista, nacionalista moderado y enviado del propio Companys para los tratos con el gobierno, explicara en sus memorias: «Supe que a la sombra de aquella situación confusa, la Ley de Contratos de Cultivo era un simple pretexto para alzar un movimiento insurreccional contra la República, porque desde las elecciones de noviembre anterior no las gobernaban las izquierdas».

En ese movimiento colaboraron íntimamente los republicanos de Azaña y el PNV y, desde fuera, el PSOE. Estos partidos se pusieron en contra del gobierno legítimo y al lado de la sedición. Observa el mismo Hurtado: «Con una inconsciencia inexplicable, los republicanos de Madrid venían a Barcelona a informarse y a seguir con entusiasmo las peripecias del movimiento que se preparaba, aunque fuera a favor del extremismo nacionalista».

Simultáneamente, las izquierdas presionaban a Alcalá-Zamora para que destituyese a los gobernantes legítimos y pusiera a ellos en su lugar. El chantaje era tan intenso que el presidente llegó a temer sufrir un ataque al corazón, y anotó en sus diarios: «Apena presenciar todo esto y seguir rodeado de gentes que constituyen un manicomio no ya suelto, sino judicial, porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, entran en la zona mixta de la locura y la delincuencia».

Fue entonces cuando Azaña creyó llegada, por segunda vez, la ocasión de resolver el problema mediante un golpe de estado, como he demostrado documentalmente. De acuerdo con Companys y los suyos, planeó establecer un gobierno sedicioso en Barcelona, que debía ser respaldado por una huelga general en toda España. Sin embargo, la huelga necesitaba el acuerdo del PSOE, y éste lo negó, porque estaba preparando su propio alzamiento en pro de la dictadura del proletariado y no quería subordinarse a iniciativas burguesas.

A finales de julio remitió algo la agitación en Cataluña, y entonces tomó el relevo el PNV. Usó el pretexto, en rigor insignificante, de unas tasas sobre el consumo del vino, complicándolo con una súbita y furiosa exigencia de sustituir las comisiones gestoras que regían las diputaciones por autoridades elegidas regularmente. La anomalía de las comisiones gestoras la había mantenido el gobierno izquierdista durante el primer bienio, sin dar lugar a protestas serias, pero de pronto todos la consideraron absolutamente insufrible, incluidos las propias izquierdas.

El PNV contó con el activo apoyo de la Esquerra, de los republicanos de izquierda y del PSOE, rival hasta entonces del PNV en Vascongadas. La táctica consistió en tratar de poner en pie un doble poder, inconstitucional, a partir de los ayuntamientos; y en rechazar una y otra vez, con insultante arrogancia, las propuestas conciliadoras que les hacía el débil gobierno de Samper. De modo similar a Cataluña, cobraron ímpetu inusitado las protestas, las apelaciones separatistas y el incumplimiento de la ley.

Todo este movimiento, al parecer irresistible, iba a culminar en una magna asamblea de diputados y alcaldes sediciosos (peneuvistas, socialistas, esquerristas y republicanos), convocada por Prieto en Zumárraga, el 2 de septiembre, en crudo desafío al gobierno. Éste la prohibió. Del clima reinante pueden dar idea las expresiones de las izquierdas: «El choque es inevitable», clamaba Rovira i Virgili, prohombre de la Esquerra; Irujo declaraba con jactancia: «Estamos en franca, abierta y declarada rebeldía». L’Humanitat amenazaba: «Si es lo bastante inconsciente para enfrentarse a la voluntad popular, allá el Gobierno con su responsabilidad. Puede ser tremenda». El PSOE anunciaba: «El conflicto entra en una fase de violencia mayor». Pero, otra vez, el gobierno reaccionó con firmeza, después de unos meses de debilidad, y bastaron unas compañías de guardias de asalto para echar abajo como un castillo de naipes las pretensiones de los rebeldes, impidiendo así la prevista «violencia mayor».

La CEDA, cada vez más alarmada ante aquella escalada de violencias y provocaciones, decidió entrar en el gobierno y dejar de apoyar a Samper, el cual, salvo algunos momentos ocasionales, había demostrado una flaqueza extrema, animando con ello las maniobras desestabilizadoras. El éxito gubernamental de Zumárraga y los constantes descubrimientos de alijos y depósitos de armas socialistas habían hecho creer a las derechas que el peligro golpista había pasado. Estaban totalmente equivocadas.

La agitación en Cataluña, las Vascongadas y en todo el país continuaba con fuerza intimidatoria. El 14 de septiembre socialistas y comunistas concentraban a una multitud de 80.000 personas en el estadio Metropolitano de Madrid, donde hablaron los líderes juveniles de ambos partidos: «La unión del proletariado madrileño quedó sellada de manera imborrable, con su voluntad decidida de acabar con un régimen de oprobio», formando un «frente único para preparar la insurrección armada». Santiago Carrillo, líder de las juventudes socialistas, profetizó: «Serán estas juventudes las que asalten el Poder, implantando la dictadura de clase». «El proletariado se prepara para la insurrección contra los elementos fascistas». Otro socialista, Jerónimo Bugeda, afirmó: «En la cobardía del Gobierno central está la muestra de su impotencia y de su debilidad». El comunista Jesús Hernández declaró: «Estos compañeros congregados aquí van a ser las falanges que van a tomar el Poder en España. El Gobierno puede tomar todas las medidas represivas que quiera: no le servirán de nada. Dejaremos las víctimas que sea preciso en el campo de batalla».

Al final, miles de jóvenes uniformados evolucionaron en formación militar entre un delirio de ovaciones y puños en alto. El Socialista lo valoraba: «Un alarde de fuerza, una reiteración de fe revolucionaria».

Como de costumbre, la mayoría de los historiadores autotitulados progresistas prestan muy poca atención a este crucial verano. De creerlos, parece como si la insurrección de octubre, que iba a seguir inmediatamente, hubiera sido una tormenta repentina en un cielo sin nubes, sólo explicable por la «indignación» de las masas ante las imaginarias tropelías de aquel gobierno en realidad conciliador hasta el exceso.

Capítulo III

… Y UN OTOÑO DE INSURRECCIÓN

Como es de sobra sabido, las campañas de desestabilización izquierdistas-separatistas en verano de 1934 desembocaron en la gran insurrección de octubre de ese mismo año. Doy por conocidos los episodios principales del suceso y su gestación, por lo que me centraré en algunas consideraciones y consecuencias.

Hasta hace pocos años la insurrección de octubre pasaba generalmente como «la revolución de Asturias» o incluso «la huelga de Asturias», con alusiones a la «intentona de Companys» en Cataluña. Un incidente importante, sin duda, pero en definitiva menor y sin conexión con la Guerra Civil de 1936. Sólo Salvador de Madariaga hizo la observación de que quienes se habían alzado contra la república en el 34 no tenían la menor autoridad moral para condenar el levantamiento derechista del 36. La frase puede ser adecuada en un sentido puramente moral, pero no en un sentido político e histórico. El ataque de 1934 no puede justificar el de 1936 más que si los atacantes del primer año hubieran seguido en la misma postura. En segundo lugar, habría que especificar si ambos ataques eran realmente comparables.

Para acercarnos a la cuestión, conviene señalar los rasgos clave de la primera insurrección, olvidados por demasiados historiadores, incluso por algunos bastante solventes, como Fusi.

1) En 1934 intervinieron el mayor partido, con mucho, de las izquierdas en el conjunto de España y el mayor en Cataluña, más los comunista, más algunos sectores anarquistas, y con el apoyo político de las izquierdas republicanas: cuando, en los dos primeros días, muchos creyeron en triunfo de la insurrección, dichas izquierdas, y con especial dureza el partido de Azaña, proclamaron su «ruptura» con las instituciones y su disposición a imponerse por cualesquiera medios.

Por tanto, la insurrección no fue obra de grupos marginales de las izquierdas, como, hasta cierto punto, lo habían sido las anarquistas, o el todavía más marginal de Sanjurjo dos años antes. Esto tiene importancia clave, y no sólo porque las posibilidades de éxito de grupos marginales sean remotas, sino porque una actitud levantisca en los partidos principales de la oposición, o anticonstitucional en los que están en el poder, hace imposible la democracia.

2) La insurrección no pretendía, como se ha dicho, «protestar» por la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno, entrada absolutamente legal y justificada, incluso muy por debajo de lo exigible de acuerdo con la ley. Tampoco tenía la menor relación con el «hambre» o los «abusos» de la derecha. El hambre mayor se había registrado en 1933, siendo contenida e iniciando un ligero declive bajo el gobierno de centro derecha; y el número de obreros o campesinos muertos por las fuerzas de orden también bajó notablemente, mientras proliferaban los asesinatos realizados por las izquierdas casi todos, a menudo contra obreros desafectos. La mayoría de los «abusos» atribuidos a las derechas —no todos, desde luego— no pasan de invenciones propagandísticas. Es asombroso cómo numerosos autores de derechas, faltos de espíritu crítico y sugestionados por la virulencia de la propaganda izquierdista, ha dado bastante crédito a ésta.

No, la insurrección socialista perseguía, desde 1933, instaurar un régimen de tipo soviético. La documentación al respecto es hoy completamente probatoria, y basta leer por extenso las intervenciones de Besteiro para percibir el cariz de todo aquel proceso. Pero además tenemos las instrucciones secretas, la propaganda del PSOE y muchas otras fuentes.

En cuanto a los nacionalistas catalanes de izquierda, había divisiones. Unos pretendían demoler la legalidad republicana para formar una especie de confederación y otros pensaban en la secesión complete- Incluso muchos de los primeros veían la confederación como un paso a la secesión, a menos que ellos, en nombre de Cataluña, jugaran el papel dominante, política y financieramente, en el conjunto de España.

3) El levantamiento fue concebido exacta y precisamente como una guerra civil, según consta inequívocamente en las instrucciones secretas para la insurrección (reproducidas en mi libro Los orígenes de la guerra civil española). No como una «huelga» o como un simple golpe de estado. El contenido abiertamente guerracivilista de la propaganda de aquellos días tiene a menudo rasgos espeluznantes, como la pública disposición de las juventudes socialistas a realizar con entusiasmo las numerosas ejecuciones previstas, o las exhortaciones al odio como una virtud revolucionaria.

El fracaso del intento (1.400 muertos en 26 provincias, no sólo en Asturias, e ingentes destrozos materiales y culturales) llevó a los políticos izquierdistas, y luego a los historiadores afectos, a maquillar los hechos, a mutilarlos o a procurar su olvido. La maniobra estaba prevista desde el primer momento, pues, como consta en sus propios testimonios, los jefes socialistas habían acordado, en caso de derrota, negar cualquier responsabilidad, atribuyendo el movimiento a una protesta espontánea «del pueblo» por el acceso de la CEDA al gobierno.

La defensa de la Esquerra ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, negando las evidencias con descaro absoluto, resulta un documento realmente cómico, dentro de su patetismo. También en Barcelona habrían sido las masas «espontáneamente» indignadas por el acceso legal de tres ministros de la CEDA al poder, las causantes del desorden, y el gobierno autónomo el que había buscado «una salida» a la situación. Había ocurrido exactamente al revés. El PSOE y la Esquerra habían intentado llevar las masas a la guerra civil, y la gran mayoría de la gente prefirió mantenerse en la legalidad. Por esa actitud de la población, ante todo, fracasó el movimiento.

Hoy puede decirse que entonces comenzó la guerra civil, y no sólo porque sus autores la hubiesen querido e intentado, con éxito en Asturias durante dos semanas, sino porque después no cambiaron de orientación. Por el contrario, muy lejos de mostrar el menor arrepentimiento o autocrítica, intensificaron la virulencia de su propaganda, nacional e internacional, mediante una campaña sobre las «atrocidades» supuestamente cometidas por el gobierno en la represión de Asturias.

La campaña olvidaba convenientemente, por supuesto, las previas barbaridades propias, y exageraba o mentía de manera masiva sobre las brutalidades represivas, menores que las de sucesos de menor violencia en otros países europeos.

Una vez más, la dureza y la afectada indignación moral con que los autores envolvían sus «informes» han hecho que los mismos se hayan repetido, año tras año, por historiadores poco serios tipo Beevor o Preston, Tuñón de Lara y tantos más. Creo que el único estudio crítico algo amplio de dicha campaña es el mío en El derrumbe de la segunda república y la guerra civil, el cual podría extenderse mucho.

La campaña de las izquierdas sobre la represión de Asturias no tiene importancia sólo por su carácter básicamente mendaz: testimonia que el espíritu de la insurrección de octubre permaneció inalterado. Y el efecto de tal campaña no podía haber sido más nefasto. Besteiro había acusado a los otros dirigentes socialistas de «envenenar a los trabajadores» con una propaganda falsa y cargada de odio. Ahora esa propaganda alcanzaba las cimas más altas, y lograba cambiar el ambiente popular: si algo había demostrado la intentona de guerra civil es que las masas no estaban lo bastante radicalizadas para seguir los llamamientos de los jefes izquierdistas, pero los infundios sobre la represión crearon un clima de agravio y rencor que se manifestaría con auténtica furia en 1936.

También quedó plenamente en claro el carácter legalista de la CEDA. De haber sido un partido fascista, como insistía la izquierda, habría aprovechado el alzamiento izquierdista para replicar con un contragolpe desde el poder que acabase de una vez por todas con la república. De hecho hubo alguna tentación, y los monárquicos sugirieron a Franco aprovechar el momento. Pero, muy lejos de ello, la derecha defendió entonces, en nombre de las libertades, una Constitución que no le gustaba y que pensaba reformar siguiendo los pasos legales. También suele quedar semioculto este hecho crucial y demostrativo en una historiografía tremendamente deformada por prejuicios «progresistas». Por supuesto, la conducta estrictamente legal de la CEDA no le sirvió de nada ante sus enemigos, los cuales siguieron motejándola de «fascista» con redoblada cólera.

Durante muchos años, debido al difícil acceso a las fuentes, o a otras tazones, muchos estudiosos repetían las deformaciones de la propaganda como si reflejasen la realidad. Hoy, cuando la documentación disponible es ampliamente conocida, muchos persisten en las mismas falacias y tergiversaciones, lo cual resulta mucho peor: no es lo mismo repetir una falsedad por ignorancia, aun si en parte voluntaria (Brenan, etcétera), que colaborar con ella en contra de toda la evidencia.

Capítulo IV

LA DESTRUCCIÓN DEL CENTRO

La represión de los vencidos en la rebelión del 34 distó mucho de ser radical. Sus organizaciones no fueron proscritas, ni abolido el estatuto catalán (solo suspendido provisionalmente); su prensa, que había incitado a la rebelión y al terrorismo, continuó, o bien, prohibida temporalmente, reapareció enseguida con otros nombres; sus dirigentes fueron procesados en condiciones que les permitían hacer amplia propaganda, y el principal de ellos, Largo Caballero, salió absuelto por ¡falta de pruebas!, abriendo el camino a muchas otras absoluciones; casi todas las penas de muerte fueron conmutadas, aunque varios miles de implicados quedaron en prisión, a la espera de juicio, situación bien explotada por unas izquierdas irreconciliables.

La campaña de infundios sobre la represión en Asturias causaba un efecto psicológico muy fuerte, pero de momento no podía traducirse en un reforzamiento organizativo. Sin hacer la más mínima revisión autocrítica de lo ocurrido, Prieto y Azaña prohijaron la idea de una nueva coalición electoral, mientras Largo Caballero, Carrillo y otros propugnaban una bolchevización del PSOE mucho más rígida, con vistas a una nueva intentona de guerra civil con mayor garantía de éxito. Se abrió una dura crisis entre Prieto y Largo, que no impidió a ambos colaborar en la desaforada campaña sobre la represión y laminar nuevamente a Besteiro, acusándole de colaborar con la derecha en dicha represión.

Para la triunfante derecha parecía abrirse la posibilidad de estabilizarse y de estabilizar una república conforme al designio originario de una democracia liberal. No toda la derecha, desde luego, estaba por la labor, pues la minoría monárquica aspiraba a liquidar la república cuanto antes, afirmando que el régimen mismo y la democracia conducían a la catástrofe. También la Falange deseaba derrocar el régimen y sustituirlo por algo semejante al fascismo. A partir de la victoria sobre las izquierdas, las rencillas entre la CEDA y los monárquicos iban a ser un importante factor de debilidad en la derecha. Y tampoco la CEDA defendía la democracia liberal oficialmente, pero sí en los hechos, pues había rechazado las tentaciones golpistas, invocando las libertades y manteniendo la alianza con el único partido republicano moderado, el Radical.

Generalmente se cataloga a este partido, dirigido por Lerroux, como centrista, en el sentido de moderado, aunque arrastraba la imagen de sus viejas demagogias terroristas y de la corrupción, esta última no superior, probablemente, a la de los partidos que más le acusaban. Sin embargo, Lerroux había abandonado por completo sus antiguos extremismos, y su conducta y la de su partido, el más votado, con mucho, entre los que se proclamaban republicanos, había contribuido notablemente a mantener la estabilidad política del régimen en medio de los bandazos extremistas. Su alianza con la CEDA, también centrista o moderada, tras haber vencido a las izquierdas mesiánicas o revolucionarias y al nacionalismo catalán, parecía asegurar un período de evolución pacífica a la república.

Lo vieran así o no, tanto Azaña como Prieto —este último huido de la justicia en París, y luego en Bélgica— centraron su esfuerzo en la liquidación del Partido Republicano Radical, en una de las maniobras más oscuras y maquiavélicas y de más funestos resultados para el régimen. Con ese fin explotaron a fondo las rivalidades entre Alcalá-Zamora y Lerroux, así como la fama de corrupción del Partido Radical, fama no del todo inmerecida pero de ningún modo excepcional, repetimos.

El instrumento del que se valieron los dos políticos izquierdistas fue un delincuente holandés, o judío holandés, llamado Strauss, el cual, con un socio llamado Perl, o Perle, o Perlowitz, había inventado una ruleta Peculiar llamada estraperlo, combinación del nombre de sus inventores. Desde la dictadura de Primo de Rivera, los juegos de azar estaban prohibidos en España, pero, al parecer, el estraperlo no lo era, pues se podían calcular las jugadas, aunque ello exigía una rapidez mental poco común, y mas difícil en el acaloramiento del juego. No obstante, había dudas, y el nuevo juego fue autorizado y prohibido rápida y sucesivamente.

Strauss, que había untado a algunos políticos radicales con regalos tales como relojes de pulsera de oro, se sintió defraudado y chantajeó Lerroux con la amenaza de sacar a la luz los sobornos. Lerroux ni siquiera le prestó atención. Pero el 30 de junio de 1935 el chantajista envió una misiva a Martín Luis Guzmán, hombre de mano de Azaña para negocios poco claros: «El asunto es de suma importancia, sobre todo para Azaña, y por lo mismo quisiera ponerme de acuerdo con usted». Guzmán le respondió: «Mucho interés político tiene, en verdad (…) y nosotros lo acogeríamos desde luego, a condición de cuidar a nuestro arbitrio la elección del momento en que sea oportuno hacer uso de la información».

Probablemente había sido Prieto, por entonces en Bélgica, quien encaminó a Strauss hacia Azaña. Éste viajó a Holanda, con el pretexto de visitar una exposición internacional, y se vio en Bruselas con Prieto, y casi seguramente urdieron entonces la maniobra de hacer llegar el informe de Strauss al presidente de la república, Alcalá-Zamora.

Chapaprieta, jefe del gobierno, que sucedió a Lerroux y ordenó una investigación al efecto, escribe: «Era ciertamente de toda verdad que el señor Azaña había tenido contacto con Strauss o con persona que a éste representaba, y casi seguro también que les había sugerido el envío de la denuncia al presidente de la República, el cual creía (…) que el principal autor de todo aquel tinglado había sido Prieto».

Así, el 5 de septiembre Strauss remitió su informe a Alcalá-Zamora. El escrito denotaba un conocimiento de las interioridades políticas españolas poco asequible a un delincuente extranjero. Olvidaba unos primeros contactos de Strauss con la Esquerra, y «figuraban, por el contrario, intercaladas en el relato, habilísimas referencias a personas de relieve político, pero ajenas a los hechos, con el único fin de atraer sobre ellas el interés del lector», observa Gil-Robles.

El inestimable Vidarte, dirigente socialista y masón influyente, principal organizador de la campaña nacional e internacional sobre la represión de Asturias, nos da estos datos:

«Yo había conocido en París a Gastón Cohén Debassan, abogado muy compenetrado con nosotros y primer pasante de Henri Torres [otro abogado muy vinculado a las campañas de la izquierda y los nacionalistas catalanes contra las derechas españolas]. Me comunicó Debassan que Prieto y Azaña estaban perfectamente enterados del asunto por Martín Luis Guzmán, y que de ellos había partido la idea de que Strauss recurriese al presidente de la República».

Vemos, pues, a Cohén, a Torres, a Azaña y a Prieto implicados con un chantajista en una maniobra política de altos vuelos. A primera vista no se entiende el interés de Strauss, que, lógicamente, sólo pensaba en el dinero y no en la política española. Pero Prieto disponía de cuantiosos fondos procedentes del asalto a las cajas de los bancos durante la revolución en Asturias, y parece muy verosímil que parte de esos fondos terminasen en el bolsillo del inventor del estraperlo, a cambio de un servicio invalorable para los otros.

Recurrir a Niceto Alcalá-Zamora fue también un rasgo de ingenio que difícilmente podría habérsele ocurrido a Strauss, pero en cambio Prieto y Azaña conocían muy bien la aversión del presidente hacia Lerroux. Al enviarle el informe a Don Niceto conseguían un doble efecto: chantajearle a su vez, pues si no actuaba podrían presentarle como encubridor de un delito, y al mismo tiempo brindarle la posibilidad de deshacerse de Lerroux.

Don Niceto reaccionó inmejorablemente para los planes de los autores de la intriga: advirtió a Lerroux, que no dio importancia al asunto, y poco después lo destituyó, sustituyéndolo por Chapaprieta. Ante la arbitrariedad de Don Niceto, políticos de derecha y radicales ofrecieron a Lerroux un banquete de desagravio, en el cual el resentido homenajeado pronunció unas palabras contra el presidente. Éste, hombre extremadamente susceptible, decidió entonces vengarse, como explica en sus memorias con feroz satisfacción: «A los pocos días hubo una serie de tardías indigestiones políticas a consecuencia de tal banquete, casi tantas como cubiertos», pues «fue ya imposible retardar más el planteamiento oficial de los escándalos».

El presidente había utilizado el mensaje de Strauss como medio de presión y luego de ataque en toda regla a Lerroux, dándole publicidad cuando le convino. Con ello desató un escándalo tremendo por un affaire de calderilla, como fue descrito justamente, pero inflado de forma desmedida por los partidos y la prensa, hasta hundir al Partido Radical. Los aspectos externos del asunto son bien conocidos, pero lo son mucho menos las interioridades, que he descrito en Los personajes de la república vistos por ellos mismos y aquí resumo. Todavía falta una monografía que estudie a fondo este suceso, en parte debido a que la mayor parte de la historiografía ha tendido a considerarlo con cierta frivolidad, ignorando su tremendo y trágico impacto sobre el destino del régimen. Pues la intriga urdida entre Azaña y Prieto, valiéndose de un vulgar chantajista y con la cooperación final de Alcalá-Zamora, hundió al partido republicano más moderado, debilitando dramáticamente las defensas de la sociedad ante la radicalización creciente impulsada por otros partidos.

Capítulo V

LA DERECHA DERROTA A LA DERECHA

La insurrección de los principales partidos de la izquierda en octubre del 34 dejaba la república al borde del naufragio. De hecho volvía imposible el juego democrático, a menos que los revolucionarios y separatistas cambiaran de actitud… lo que no iba a ocurrir. Pero dado que, por el momento, éstos estaban sumidos en la impotencia, existía la posibilidad de dar cierta estabilidad al régimen mediante una sólida alianza de centroderecha, es decir, entre la CEDA y el Partido Radical, que hiciera imposible a la izquierda volver a las andadas y la obligara, a largo plazo, a plegarse a las normas legales.

Sin embargo, la alianza de centroderecha fue derrumbada, un año después del golpe de octubre, por medio de la intriga del estraperlo, y Alcalá-Zamora redondeó la jugada, poco tiempo después, expulsando a la CEDA del poder, cuando se habían creado todas las condiciones, según la mecánica parlamentaria, para que ella dirigiese el gobierno, como minoría más fuerte en las Cortes. Así, lo que no había conseguido la izquierda con su insurrección, lo alcanzó el derechista Alcalá-Zamora mediante un uso torticero de la ley.

Durante el primer bienio, cuando gobernaban las izquierdas, el presidente había mantenido un esencial respeto y no intromisión en las labores del gobierno, como reconocería Azaña. En cambio, desde que el centroderecha había llegado al poder, en 1933, se habían hecho constantes sus injerencias, bordeando el chantaje, si no cayendo a veces en él, causando una inestabilidad permanente y crisis graves.

Una de las peores la había provocado, ya a los pocos meses de las elecciones del 33, con motivo de la amnistía a los golpistas de la sanjurjada y la reposición de muchos de ellos en sus puestos anteriores. Estas amnistías eran una nefasta tradición en España, y Alcalá-Zamora manifestó su oposición a ella, hasta provocar un enfrentamiento institucional con las Cortes y la salida de Lerroux del gobierno, para ser sustituido por el débil y más manejable Samper. Cabría interpretar la postura de don Niceto como una saludable rectificación de dicha tradición, pero no era así, como iba a quedar demostrado en 1936, cuando el Frente Popular no sólo amnistió a los insurrectos de octubre, sino que los exaltó como héroes, en un ambiente revanchista, sin que el presidente protestara en absoluto.

Una nueva y seria crisis se había abierto tras la insurrección de octubre, cuando don Niceto, vulnerando sus atribuciones constitucionales, había impedido la ejecución de varios cabecillas del intento de guerra civil —aunque no la de algunos meros ejecutores—. Gil-Robles, desesperado, había sugerido a algunos militares la posibilidad de pronunciarse, en forma muy parecida a un golpe de estado, contra la intromisión ilegal del presidente. Franco había evitado el posible golpe.

Junto a estos casos de especial gravedad, otras muchas injerencias presidenciales habían vuelto sumamente inestable el gobierno de centro derecha, hasta arruinarlo, como hemos dicho, con el asunto del estraperlo. Poco después Don Niceto expulsaba a Gil-Robles del gobierno y lo sustituía por Portela Valladares, un político sin el menor apoyo parlamentario. El derechista Acalá-Zamora se había convertido en el peor enemigo de la derecha.

Las razones de esta conducta se hunden, en gran medida, en la embrollada personalidad del presidente. Azaña, Lerroux o Gil-Robles coinciden en describirle como un perturbado. Él había tenido un papel clave en la llegada de la república, en la que esperaba desempeñarse como jefe y orientador de un gran partido de derecha capaz de contrapesar a las agresivas izquierdas. Tal esperanza se había ido a pique después de las jornadas de «quema de conventos», cuando su falta de carácter ante la delincuencia izquierdista le había hecho perder su popularidad en la opinión conservadora. Serían Gil-Robles y la CEDA quienes organizaran realmente a la derecha, para decepción y amargura del presidente, el cual nunca dejó de expresar, de un modo u otro, su animosidad contra aquéllos.

El presidente adolecía, además, de la misma flaqueza que su antiguo patrón político, Romanones: un deseo intenso de ser reconocido como progresista y un temor no menos intenso a pasar por «reaccionario».

Las izquierdas, bien conocedoras del dato, lo utilizaban a fondo, ultrajándole de continuo con motes despectivos como El Botas o El Cacique de Priego. Su debilidad ante las izquierdas se tornaba desdén y suspicacia con respecto a las derechas.

El hundimiento de Lerroux y luego la humillante expulsión de Gil-Robles, en el otoño de 1935, no carecían, sin embargo, de una apariencia de racionalidad, pues respondían a una impresión que se había hecho don Niceto de la situación política. Sus estrechos colaboradores, Chapaprieta y Portela Valladares, de quienes se valió para sustituir a Lerroux y a Gil-Robles, dan cuenta de cómo analizaba la realidad: consideraba que el primer bienio había desacreditado a la izquierda, y el segundo a la derecha, habiendo perdido, unos y otros, el favor de la opinión pública. Por lo tanto, había llegado la ocasión de «centrar la República», formando sobre la marcha un gran partido moderado que heredase los votos del defenestrado Lerroux y muchos más, hasta convertirse en el más votado y, por tanto, en el árbitro del régimen.

Así, sus ilegítimos y a duras penas legales ataques a Lerroux y a Gil-Robles perseguían la finalidad de abrir paso al nuevo partido, ganar unos meses de tiempo hasta consolidarlo, y presentarlo a unas nuevas elecciones, de las que saldría —él estaba seguro— triunfador. No parecía capaz de percibir el ambiente popular cada vez más polarizado por la campaña sobre la represión de Asturias, o el creciente antagonismo entre izquierdas y derechas, al cual había contribuido él mismo al destrozar el colchón amortiguador que suponía el partido de Lerroux.

Expulsar a Gil-Robles suponía disolver las Cortes en breve plazo, y el jefe de la CEDA cuenta con expresivas palabras la escena en que su adversario admitió su designio: «Todo el porvenir trágico de España se presentó a mi vista. Con ardor, casi con angustia, supliqué al señor Alcalá-Zamora que no diera un paso semejante. El momento elegido para la disolución, le dije, no podía ser más inoportuno. Las Cortes se hallaban capacitadas aún para rematar una obra fecunda, tras la cual podría llevarse a cabo sin riesgos la consulta electoral. En un breve plazo, a lo sumo dentro de algunos meses, sería posible sanear la Hacienda; votar los créditos necesarios para un plan de obras públicas que absorbería la casi totalidad del paro; liquidar los procesos del movimiento revolucionario de 1934, que eran temible bandera de agitación en manos de las izquierdas; aplicar la reforma agraria, con el reparto de los cien primeros millones de pesetas (…); completar la reorganización del ejército y la puesta en mar cha de nuestras industrias militares (…) A la vez que reforzar los resortes de la autoridad y (…) la reforma de una Constitución que, según palabras del propio jefe del Estado, invitaba a la guerra civil».

Gil-Robles tenía razón, al menos en cuanto a la posibilidad de ganar tiempo para que la crispación reinante en España se fuera calmando. Pero todos sus argumentos se estrellaron frente a la esperanza del presidente en su nuevo partido y su antipatía personal hacia el jefe de la CEDA. Éste terminó apostrofando al presidente: «Su decisión arrojará, sin duda, a las derechas del camino de la legalidad y del acatamiento al régimen. Con el fracaso de mi política, sólo podrán intentarse las soluciones violentas. Triunfen en las urnas las derechas o las izquierdas, no quedará otra salida, por desgracia, que la guerra civil. Su responsabilidad por la catástrofe que se avecina será inmensa. Sobre usted recaerá, además, el desprecio de todos. Ha destruido usted una misión conciliadora». La parte final de la conversación, dice Gil-Robles, fue «durísima, violenta (…) Hasta el despacho donde se encontraban los ayudantes de servicio, incluso hasta la sala donde esperaban las visitas, llegaba mi voz, vibrante de indignación».

Las palabras de Gil-Robles iban a resultar tan proféticas como las de Besteiro contra sus propios correligionarios dos años antes: describían con gran aproximación lo que iba a ocurrir, y, sin embargo, no sirvieron de nada para evitarlo. El líder cedista pensó nuevamente en un pronunciamiento militar, y nuevamente lo impidió Franco, temeroso de que el intento desencadenase la revolución.

El derechista don Niceto había acabado de derrotar a las derechas vencedoras de la insurrección del 34. A principios de enero de 1936, aquél disolvía las Cortes y el gobierno de Portela Valladares convocaba nuevas elecciones. Esta decisión empujaba la república a la fase final de su atormentada historia.

Capítulo VI

UNA RECAPITULACIÓN

Tras la destrucción del Partido Radical y la expulsión de la CEDA del poder, en medio de una creciente polarización social, la república entraba en la última etapa de su convulsa historia. En este punto, conviene repasar brevemente las tesis sostenidas hasta ahora.

1) Con la Guerra de Independencia se había abierto en España el intento de asentar una convivencia ciudadana sobre las libertades, que había desembocado finalmente en la desastrosa Primera República. La Segunda puede interpretarse como el final de un segundo ciclo de libertades inaugurado con la Restauración de 1875, y que debía haber desembocado en una democracia plena.

2) Esta república, aunque llegada de forma anómala, tras un intento de golpe militar y luego unas elecciones municipales, tuvo legitimidad de origen, por cuanto la monarquía le entregó el poder sin resistencia.

3) El nuevo régimen nació en una época de depresión mundial, pero al mismo tiempo en una sociedad muy modernizada por la dictadura de Primo de Rivera, la cual también había superado los grandes problemas que habían sido el cáncer de la Restauración: el terrorismo, los separatismos y la guerra de Marruecos. Además, la república llegó prácticamente sin oposición: con el apoyo entusiasta de buena parte de la población y la pasividad expectante, no ofensiva, del resto. Unas circunstancias, en conjunto, extraordinariamente favorables.

4) En el nuevo régimen coincidieron, desde el principio, el proyecto de una democracia liberal y el designio utópico de arrasar el pasado y cambiar la sociedad drásticamente, de arriba abajo, conforme a los deseos de una minoría radicalizada y de tendencias despóticas.

5) La democracia liberal fue rudamente sacudida, desde el mismo principio, por la oleada de incendios de iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza, y, sobre todo, por la negativa del gobierno a aplicar la ley a los delincuentes izquierdistas autores de los desmanes. Ello causó una profunda quiebra política y psicológica en la sociedad española. Un segundo golpe al proyecto democrático fue una Constitución impuesta por rodillo y no por consenso, que vulneraba seriamente las libertades con el fin de hundir a la Iglesia. La cual, en cambio, había llamado a los católicos, desde el primer momento, a acatar el nuevo régimen. A lo largo de los años siguientes, las tendencias abiertamente antirrepublicanas o subversivas en las derechas serían muy minoritarias.

6) La tendencia mesiánica se desarrolló durante los dos primeros años, bajo el gobierno republicano-socialista de Azaña. Sus medidas, en principio bien intencionadas, pretendían solucionar los problemas creados por los nacionalistas catalanes, la miseria en el campo del sur de España, la hipertrofia del mando militar y las deficiencias de la enseñanza pública. Sin embargo, la incompetencia y demagogia con que se abordaron esas reformas no resolvió los problemas, sino que los agravó.

7) Al mismo tiempo, los anarquistas organizaron una rebeldía permanente («gimnasia revolucionaria») y varias sangrientas insurrecciones, que pusieron en crisis al gobierno izquierdista. La violencia y la delincuencia aumentaron con rapidez, así como el hambre en diversas regiones. El general Sanjurjo, que había contribuido decisivamente a traer la república, intentó un golpe contra el gobierno de Azaña, al margen de los principales partidos de la derecha.

8) A consecuencia de los fracasos izquierdistas, el centroderecha gano ampliamente las elecciones de noviembre de 1933. La respuesta de los vencidos en las urnas fue varia: los republicanos de izquierda, incluyendo a Azaña, intrigaron en pro de un golpe de estado; los nacionalistas catalanes se pusieron «en pie de guerra»; los socialistas aceleraron los preparativos de guerra civil revolucionaria por la que ya habían optado, salvo el sector de Besteiro. En conjunto, la izquierda optó por la violencia.

9) No obstante ser la CEDA el partido más votado, su jefe, Gil-Robles, decidió no gobernar, en espera de que se calmaran las pasiones. El gesto, interpretado por sus adversarios como un signo de debilidad, no dio tal resultado. A lo largo de 1934 las izquierdas multiplicaron sus maniobras desestabilizadoras e ilegales, que culminarían con la insurrección de octubre de ese año. Diseñada como una guerra civil, la insurrección lo fue realmente en Asturias, si bien quedó derrotada en dos semanas, a un alto precio en sangre y destrucciones.

10) Al revés que el golpe de Sanjurjo, producido al margen de casi toda la derecha, el de octubre del 34 fue realizado por los partidos izquierdistas más fuertes, más los comunistas y un sector anarquista, con el apoyo político de los republicanos de izquierda. Tal circunstancia hacía imposible la democracia en España, a no ser que los levantiscos cambiasen de raíz su política.

11) Lejos de tal cambio, las izquierdas ensalzaron su levantamiento de octubre como una gesta heroica. Multiplicaron sus campañas de «envenenamiento de los trabajadores» (Besteiro) con acusaciones monstruosas y en general falsas sobre la represión realizada en Asturias por el gobierno de derecha. Además, Azaña y Prieto, en combinación con un delincuente extranjero, intrigaron para destruir el centrista Partido Radical, consiguiéndolo con el apoyo de Alcalá-Zamora y aumentando con ello la crispación general. A pesar de que, en la prueba de octubre, la CEDA había defendido las libertades y una Constitución que no le gustaba, las izquierdas insistieron sin cesar en motejarla de «fascista». El sector dominante del PSOE decidió volver a intentar la guerra civil tan pronto viera propicias las circunstancias.

12) En estas condiciones, la relativa democracia republicana sólo podía subsistir si, tras un período de gobierno algo prolongado, la derecha lograba asentar la difícil situación económica, solventar los juicios pendientes de la insurrección de octubre, reorganizar el ejército y calmar así, poco a poco, las pasiones. Pero, justo en un momento de máxima tensión, el presidente de la república, el derechista Alcalá-Zamora, resolvió expulsar del poder a la CEDA, crear un nuevo partido de centro y, finalmente, disolver las Cortes, dos años antes de terminar su duración normal, y convocar elecciones.

13) Con ello, la pendiente hacia la continuación de la guerra se hacía cada vez más inclinada y resbaladiza.

Capítulo VII

LA FORMACIÓN DEL FRENTE POPULAR

En el Frente Popular que hemos llegado a conocer coinciden varias corrientes, y hay en él, en realidad, tres etapas, de las que ahora examinaremos la primera. Como ya dejó en claro Ricardo de la Cierva, el frente de izquierdas que triunfó, un tanto anormalmente, en las elecciones de febrero de 1936 fue organizado, en realidad, por Azaña y Prieto, y como una coalición encaminada a reeditar la conjunción gubernamental republicano-socialista de 1931. Sólo que la idea de retroceder a este año no pasaba de simple ilusión.

El PSOE de 1935 había cambiado profundamente con respecto al de cuatro años antes; la situación general del país también había variado de forma radical en tan corto período; y comenzaba a pesar en la política un partido hasta entonces insignificante, el PCE.

Tampoco Azaña era el mismo, sobre todo tras la experiencia de octubre del 34. Había negado, un tanto falazmente, su participación en el golpe revolucionario, y en 1935 emprendió una serie de mítines de masas para reagrupar a la izquierda, en los que cosechó un éxito inesperado. Diversos historiadores socialistas o próximos a ese partido han presentado esos mítines como una obra maestra de acción política, incluso de moderación, que reencauzaba anteriores radicalismos. Pero basta leer sus discursos para comprender hasta qué punto ocurrió lo contrario.

Azaña justificó la insurrección de octubre, «un movimiento popular» al que atribuyó el mismo valor que a una votación democrática. Invirtiendo totalmente la realidad, excitó a las masas acusando a la derecha: «¿Vosotros concebís una política de conservación social que consista en lanzar a la mitad de la población contra la otra mitad?». Eso lo habían hecho exactamente él y casi toda la izquierda, no los conservadores.

Su capacidad de calumnia y mixtificación produce, aun hoy, cierta repulsión. El gobierno había realizado una represión amplia, pero suave en conjunto, contra quienes habían organizado una guerra civil que tanta sangre y destrucciones había costado. No había desarticulado a los partidos rebeldes, cuyos dirigentes y organizaciones, en muy amplia medida, apenas habían sufrido. Sin embargo, Azaña clamó que el gobierno «no ha perseguido la gente por lo que ha hecho, sino por lo que piensa, y se ha desatado una persecución política sin ejemplo en España desde los días terribles del régimen de la dictadura fernandina». O le acusaba de utilizar la fuerza del Estado «contra los perseverantes y casi únicos defensores del régimen, una monstruosidad que estaba reservado a nosotros contemplar».

Con descaro inaudito, mientras hacía uso masivamente de las libertades democráticas salvaguardadas por el centroderecha, afirmaba: «¿Es que los republicanos seguimos siendo tratados como españoles? Porque se nos trata como a un país enemigo». Y, sin temor a contradecirse, explicaba: «Y en esas condiciones todavía se nos habla de conciliación y de convivencia, todavía hay gentes que, físicamente o de un modo simbólico, tienen la pretensión de alargarnos la mano. No, después de lo que aquí ha ocurrido, el pueblo republicano tiene derecho a una estricta justicia». O bien: «Tolerancia ¿en torno a qué? ¿Sobre miles de presos y muertos?». Los muertos los habían causado, precisamente, aquellos presos y otros muchos que, como el propio Azaña, habían colaborado en el movimiento, de un modo u otro.

La demagogia escalaba altas cumbres cuando invocaba a «la muchedumbre del pueblo español reducido al hambre y a comer hierbas del campo y cortezas de los árboles». El hambre mayor de la república se había alcanzado, precisamente, bajo el gobierno de Azaña. Y volvió a insistir en su concepto despótico del régimen, en términos abiertamente subversivos: «La República es de los republicanos. ¿Es que pedisteis permiso al ministerio para proclamar la República? ¿Qué os impide hoy, mañana, cuando sea, realizar una manifestación semejante, aun más fuerte y seguramente victoriosa?». La derecha había defendido la legalidad republicana, frente a los revolucionarios y al propio Azaña, pero éste aseguraba: «Todo el Estado español actualmente es una conjuración antirrepublicana». Y exigía una victoria «que no puede ser un triunfo capitulado ni pactado; tiene que ser un triunfo total, con todos los enemigos por delante». Esta cabalgada demagógica fue acompañada, como se recordará de las maniobras con Strauss para arruinar al Partido Radical de Lerroux.

Tampoco Prieto era el mismo que en 1933 había apoyado la revolución y la guerra civil, de consuno con Largo Caballero y contra Besteiro. Al revés que Largo, Prieto consideraba fracasada la vía insurreccional y propugnaba volver a la colaboración abierta con los republicanos de izquierda, con vistas a ganar las elecciones. Dueño de importantes recursos financieros robados de los bancos de Asturias, trató de hacerse con el control del partido, lanzando desde su exilio en Bélgica campañas insidiosas de descrédito contra su antiguo socio, el «Lenin español».

Siguió una pugna repleta de golpes bajos, y Prieto pareció alcanzar la victoria al hacerse con el control de las federaciones asturiana y vasca, la dirección ejecutiva del PSOE y su órgano de expresión, El Socialista. Pero en buena medida era un falso triunfo. Con Largo quedaron la mayoría de las juventudes y de la UGT —la fuerza de masas real del partido—, así como federaciones tan decisivas como la madrileña. Los odios entre ambos sectores llegarían al borde del asesinato y de la escisión del partido.

Mientras se desarrollaban estos procesos, tenía lugar un cambio crucial en la política soviética, destinado a influir poderosamente en España. En 1933 Hitler había llegado al poder en Alemania, con el propósito manifiesto de destruir el comunismo y expandirse por la URSS. Stalin estaba convencido de un próximo estallido de lo que llamaba «guerra imperialista», y su objetivo principal se convirtió en desviar dicha guerra de las fronteras soviéticas, tratando de que estallase entre los propios países burgueses, es decir, entre las democracias y las potencias fascistas, en primer lugar Alemania. A ese fin, comenzó a maniobrar para atraerse a las potencias democráticas y a diversas capas burguesas en cada país.

Los comunistas de todo el mundo, hasta entonces empeñados en derrocar las «democracias burguesas», en liquidar el «cretinismo parlamentario» y destruir a los partidos socialdemócratas, llamados «socialfascistas», se convirtieron en súbitos defensores de la democracia y los parlamentos, sin importarles ya si eran burgueses o no, y buscaron el acuerdo con los «agentes del imperialismo en el seno del proletariado», es decir, los socialdemócratas. Todos los esfuerzos debían centrarse en «agudizar las contradicciones» entre el fascismo y las democracias burguesas.

Pese a toda la trayectoria comunista anterior, la nueva orientación tuvo un éxito notable, como resumió Jan Valtin, ex agente de la Comintern: «Ahora la consigna era democracia contra fascismo. En apariencia la Comintern se había hecho respetable en el sentido liberal; tan decente que la ancha capa de intelectuales, escritores, artistas, profesores y mujeres de los hombres ricos ya no tenían reparo en manifestar su simpatía por la Internacional Comunista y la Unión Soviética como símbolos de verdadera libertad. Llegó a ponerse de moda participar en campañas comunistas».

La nueva línea se impuso oficialmente a finales de julio de 1935, en el VII Congreso de la Comintern, en Moscú. Uno de sus principales líderes, Dimítrof, expuso detalladamente la estrategia de los «frentes populares antifascistas», en los cuales debían conquistar la hegemonía los comunistas, para terminar empujándolos hacia regímenes de tipo soviético. La experiencia de la insurrección española de octubre fue saludada con entusiasmo, y a Largo Caballero se le reconoció su título de «Lenin español».

El apoyo al «Lenin español», por entonces en la cárcel, de la que saldría unos meses después en libertad, tenía la mayor importancia para un Partido Comunista de España aún pequeño, si bien muy disciplinado y cuya influencia crecía por semanas. Lo que de momento no podía lograr por sí mismo estaba en buena medida a su alcance mediante una política de colaboración con el ala más radical del PSOE y su infiltración en ella, especialmente en los sindicatos y las Juventudes Socialistas. Esa paciente labor daría sus frutos cuando se reanudase la guerra civil, en julio de 1936.

Tanto Largo Caballero como los comunistas vieron muy aprovechable la coalición electoral orquestada por Azaña y Prieto, y a ella se sumaron, pese a la reticencia de estos dos líderes, que querían prescindir totalmente de los comunistas y temían a Largo. Pero si querían disponer de verdadero apoyo de masas debían por fuerza contar con el Lenin español, y, a través de éste, con el PCE.

Nadie llamaba por entonces «Frente Popular» a la coalición que terminó presentándose a las elecciones de febrero del 36, provocadas por Alcalá-Zamora; tampoco durante dichas elecciones. Sin embargo, la coalición ha quedado para la historia con aquel nombre comunista: Frente Popular. Lo cual, finalmente, reflejaría mejor la realidad.

IV PARTE

LA DEMOCRACIA ARRUINADA

Capítulo I

UNAS ELECCIONES ANÓMALAS

La destrucción del Partido Radical y la expulsión de la CEDA del gobierno por parte de Alcalá-Zamora condujeron directamente a las elecciones del 16 de febrero de 1936. Fueron las elecciones más anormales, o, por emplear una palabra menos aséptica, las más salvajes de la república, totalmente impropias de un régimen democrático. Las izquierdas, muy lejos de retractarse de la guerra civil emprendida por ellas en 1934, la exaltaron como una gloria, y convirtieron en tema central de su propaganda la campaña en torno a las inventadas atrocidades derechistas de Asturias. Fue una campaña auténticamente gangsteril, sin escrúpulos de ninguna clase. Invirtiendo radicalmente la realidad, clamaban: «Nosotros acusamos de verdugos, incendiarios y saqueadores a Lerroux-Gil-Robles. ¡A la cárcel!»; «Monstruos sin entrañas»; «El pueblo unido arrollará a las pandillas del crimen»; «Nosotros acusamos de 5.000 asesinatos a Lerroux-Gil-Robles. Por menos se ha aplicado el garrote vil»; «¡Por la España antifascista, contra la España del hambre, del terror y la muerte»; «¡Responsabilidades a los verdugos»; «La CEDA y los monárquicos saben que el Bloque Popular es su muerte definitiva»; «Las derechas quieren una España hitleriana, una España ignorante y con hambre, una España sin libertad, sometida al terror de la reacción y el fascismo»; «Votad contra los ladrones, votad contra los torturadores». Etcétera.

Aquella propaganda, brutalmente amenazadora, se acompañaba de loas sin tasa al totalitarismo de Stalin, la panacea de todos los males. Los pocos moderados que quedaban denunciaban aquellos «gritos en la pared que alzan una algarabía», el «barullo en medio de la oscuridad». «Crispaciones de ánimo exaltadas y como en trance de locura. ¿Es esto política?».

La CEDA replicaba: «Ruge la horda revolucionaria vencida por la CEDA en una pugna feroz, y que aparece sordamente unida con otras fuerzas y partidos»; «Contubernio, mestizaje y barraganía de las izquierdas»; «Luchamos por Dios y por España»; «Obreros honrados y conscientes: mientras vuestros hermanos de Asturias luchaban y morían, los líderes huían por las alcantarillas»; «¡Contra la revolución y sus cómplices! ¡Españoles! La patria está en peligro»; «Contra los ladrones y, sus cómplices. ¿Dónde están los catorce millones robados en Asturias?»; «Luchan, de un lado, los defensores de la religión, de la propiedad y la familia; del otro, los representantes y voceros de la impiedad, del marxismo, del amor libre»; «Por nuestros hogares amenazados por la muerte y la ruina»; «¡Españoles! Los judas emboscados del separatismo, en criminal maridaje con los asesinos de Octubre, quieren rasgar la unidad de España». Etcétera. A esta propaganda, historiadores tan lamentables como Tusell la califican de «más extremista» que la contraria.

La izquierda, además, no admitía la posibilidad de ser derrotada. Azaña anunció en vísperas de las elecciones: «Si se vuelve a someter al país a una tutela aún más degradante que la monárquica [así llamaba a un eventual triunfo de la derecha] habrá que pensar en organizar de otro modo la democracia». Largo advirtió: «Mañana veremos si existe esa legalidad de hecho, y si podemos fiarnos de ella». Sólo se «fiarían» de la legalidad si ellos ganaban. La Esquerra afirmó: «El día 16, por aquel gesto de ayer [la sublevación de octubre], recobraremos la República y la Constitución y afirmaremos sus postulados. Para respetarlos e impulsarlos si todos acatan el veredicto popular. Para defenderlos si el adversario vuelve a tomar la iniciativa». Es decir, sólo reconocería el «veredicto popular», un resultado favorable a la izquierda gracias a «aquel gesto de ayer». Inspirándose en su rebelión guerracivilista de octubre, loándola como una heroicidad, las izquierdas y los separatistas en pleno estaban resueltos a imponerse de una vez por todas. No hubo declaraciones parejas por parte de la CEDA.

Ante el peligro, el mismo Vaticano presionó al PNV para una alianza general de las derechas. El PNV saboteó activamente la unidad, sumándose en su propaganda a los tópicos de la propaganda izquierdista contra la CEDA; colaborando así con la revolución.

El grado de anormalidad de aquellas elecciones puede percibirse en el hecho de que todavía hoy los datos electorales son sólo estimaciones, las cuales durante muchos años llegaban a diferir en más de un millón de votos, según autores.

Quizá quien más se ha acercado a unas cifras aceptables —prácticamente un empate en votos— haya sido Javier Tusell, corregido por Ramón Salas en Los datos exactos de la guerra civil. Ha motivado escaso comentario la anomalía, realmente extraordinaria, de que el gobierno del Frente Popular no hubiese publicado las cifras reales de las urnas; y, sin embargo, el hecho anula el carácter democrático de aquellos comicios. Se ha alegado a menudo la dificultad de distinguir entre los votos a los diversos partidos, debido a las intrincadas coaliciones, pero nada habría sido más fácil que determinar los votos del Frente Popular en su conjunto, al haber acudido toda la izquierda unida en un solo bloque, unidad no alcanzada por las derechas. Esta anomalía recuerda curiosamente a la de las elecciones municipales de 1931, que los republicanos utilizaron como trampolín para obtener el poder, sin que sus resultados se publicasen oficialmente en tiempo válido.

También las recuerda otro rasgo: el 14 de abril de 1931, dos días después de aquellos comicios, las izquierdas republicanas desataron una fuerte agitación callejera, imponiendo sus banderas y sus manifestaciones para echar al rey; y en febrero del 36 volvió a ocurrir algo semejante, si bien sin esperar esos dos días: apenas conocidos algunos resultados electorales favorables al Frente Popular, éste echó sus masas a la calle en plan tumultuoso y amedrentador, a asediar las sedes de la derecha, así como las cárceles para liberar a los presos por la insurrección de 1934, y los ayuntamientos para reponer a los concejales destituidos por haber tomado parte en aquella insurrección.

La derecha, las autoridades y el propio jefe del gobierno, Portela Valladares, hechura de Alcalá-Zamora y que había esperado una gran victoria de los suyos, quedaron paralizados por el pánico. Azaña resume aquellas jornadas: «Los gobernadores de Portela habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte, y empezaron los motines». Grupos izquierdistas se llevaron en diversos lugares las urnas o las manipularon. Gil-Robles escribirá: «Los gobernadores civiles manifestaban su parcialidad en muchas provincias y toleraban los desmanes de las turbas, cuando no colaboraban descaradamente con ellas». Un escrutinio realizado en aquellas condiciones de coacción desde la calle no puede considerarse normal ni fidedigno.

Alcalá-Zamora explica, a su vez: «Prodújose en Portela su derrumbamiento al conocer los datos. Por si era poco su temperamento impresionable, se le contagió el pánico adueñado de Cambó en Barcelona y de Gil-Robles en Madrid, y después de hablar con éstos me llamó en la madrugada del lunes, 17, todo asustado y pidiéndome le autorizase por teléfono la suspensión de garantías y aun el estado de guerra. Al decirle que considerase firmados los dos decretos le aconsejé serenidad y que por lo pronto no llegase al estado de guerra. Ya de día, perdió Portela la serenidad de tal modo que al invitarle yo a trasladarse a palacio me respondió sarcásticamente que iría si lo dejaban llegar, pues creía temerario el intento».

Seguramente Alcalá-Zamora finge, a posteriori, mucha más calma de la que tenía en aquellos momentos. Después de todo, él había sido el verdadero causante del enorme desbarajuste que venía encima al país. Acaso recordase las advertencias de Gil-Robles en la memorable discusión ya mencionada.

Portela estaba seguro de que aquellas elecciones abrían paso a una nueva guerra civil. Creía, además, que tras los disturbios estaba la mano negra de Azaña y los republicanos de izquierda, dedicados a presionarle para obtener el reconocimiento de una victoria definitiva y, al mismo tiempo, empujarle a una represión que difícilmente podría dejar de ser sangrienta. En sus memorias reseña los continuos incendios y motines en las cárceles, con muertos y heridos; la suelta de presos en Madrid, incluidos los comunes; la ocupación de alcaldías, la imposición tumultuosa del anterior alcalde de la capital, Pedro Rico, comprometido en la insurrección del 34; tiroteos con víctimas en Zaragoza y otras ciudades, etc. Si, cediendo a las agresivas turbas, declaraba la amnistía, vulneraba la ley; y si las reprimía le harían responsable de la sangre que corriese.

Quedaba, además, la segunda vuelta electoral en las provincias donde ninguna candidatura hubiera obtenido mayoría suficiente. Legalmente, la segunda vuelta debía ser presidida por el mismo gobierno de la primera, pero Portela no tenía la menor intención de seguir en un poder inefectivo que le quemaba los dedos. Resolvió, por tanto, dimitir, en la tarde del día 18, entregando el poder al Frente Popular, y concretamente a Azaña, lo cual constituiría una nueva y grave ilegalidad añadida a las anteriores. Y al día siguiente, sintiéndose prácticamente sitiado en Gobernación, en la Puerta del Sol, por una masa hirviente que intentaba irrumpir en el ministerio y colgar la bandera roja en el balcón, Portela huyó hacia la presidencia del gobierno para entregar a Azaña sus poderes.

Fue una ceremonia sin la menor solemnidad o grandeza, entre Portela, Azaña, Martínez Barrio y los generales Pozas y Núñez de Prado. Todos masones, casualmente. Juan Simeón Vidarte, también miembro de la orden y uno de los jefes de la insurrección del 34, recoge las palabras de Núñez de Prado: «Parecía una ceremonia masónica. El Gran Maestre de la Gran Logia [Portela] da posesión a su sucesor, delante del Gran Oriente Español [Martínez Barrio] y en presencia de dos generales masones».

Como de costumbre, los autores de izquierda, y también algunos de derecha, suelen minimizar esta serie de incidentes, anomalías e ilegalidades, pero es fácil imaginar lo que habrían escrito si las mismas hubieran procedido de la derecha o beneficiado a ésta. Realmente, debe insistirse, no cabe hablar de unas elecciones democráticas sino de un prólogo a la reanudación de la contienda civil en una escala mucho mayor que en 1934.

Capítulo II

EL PROCESO REVOLUCIONARIO

Tras las elecciones de febrero no se reprodujo exactamente la conjunción republicano-socialista del primer bienio, pues entraron a gobernar exclusivamente los republicanos de izquierda, apoyados desde fuera por las izquierdas obreristas. Quedaba en el aire la gran cuestión: ¿se habrían moderado lo suficiente los insurrectos del 34, o utilizarían su éxito electoral para avanzar en el proceso revolucionario? La segunda opción resultó la real. Desde el primer momento las masas izquierdistas pasaron a imponer la ley desde la calle, en particular la amnistía y la ocupación de ayuntamientos, sin esperar a que sus propios gobernantes siguiesen los trámites legales. Las nuevas autoridades, empujadas por las turbas, hubieron de reconocer los hechos consumados.

Los autores de la sangrienta intentona guerracivilista del 34 pasaron a convertirse en héroes, recuperaron sus anteriores cargos con todos los honores, o fueron readmitidos en las empresas, pagándoles además una indemnización de hasta seis meses de paga, que ponía a muchos negocios al borde de la quiebra y les obligaba a despedir, para evitar la ruina, a empleados respetuosos con la ley, contratados por los empresarios en sustitución de los insurrectos. Se dio el caso de alguna viuda obligada a readmitir a los triunfantes asesinos de su marido.

Recomenzaron de inmediato los incendios de iglesias y los asaltos a sedes políticas derechistas, así como los asesinatos. El 17 de marzo, apenas un mes después de las elecciones, Azaña consignaba: «Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de la derecha y el registro de la propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño, el viernes Madrid: tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas… Han apaleado a un comandante, vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de artillería; en Logroño acorralaron y encerraron a un general y a cuatro oficiales. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias». Una semana más tarde la UGT organizaba la invasión simultánea de 3.000 fincas en Badajoz, acompañada de talas y violencias, marcando con ello los rumbos que iba a seguir una «reforma agraria» que el gobierno también legalizaba ilegítimamente.

Muchos esperaban que tras los primeros «desahogos» la situación se calmase, pero ésta no hizo más que empeorar durante los meses siguientes. Salvador de Madariaga lo describe: «Ni la vida ni la propiedad contaban con seguridad alguna. No era sólo el dueño de miles de hectáreas quien veía invadida su casa y desjarretado el ganado sobre los campos donde las llamas devoraban las cosechas. Era el modesto médico o abogado de Madrid con un hotelito de cuatro habitaciones y media y un jardín de tres pañuelos, cuya casa ocupaban obreros del campo ni faltos de techo ni faltos de comida, alegando su derecho a hacer la cosecha de su trigo, diez hombres para hacer la labor de uno; era el jardinero de la colonia de casas baratas que venía a conminar a la muchacha que regaba los cuatro rosales del jardín a que se abstuviese de hacer el trabajo que pertenecía a los obreros sindicados; era la intentona de prohibir a los dueños de los automóviles que condujeran ellos mismos, obligándoles a tomar un conductor sindicado; era la huelga de albañiles de Madrid, con una serie de demandas absurdas con evidente objeto de mantener abierta y supurando la herida del desorden, y el empleo de la bomba y el revólver por los obreros contrarios al laudo contra los obreros que lo habían aceptado».

El 1 de mayo, mientras por numerosas poblaciones desfilaban miles de milicianos izquierdistas, uniformados y en formación marcial, el mismo Prieto, asustado, peroraba en Cuenca: «¡Basta ya! ¡Basta, basta! La convulsión de una revolución, con un resultado u otro, la puede soportar un país; lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público sin una finalidad revolucionaria inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de su Poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad. Podrán decir espíritus simples que ese desasosiego, esa zozobra, esa intranquilidad, la padecen sólo las clases dominantes. Eso, a mi juicio, constituye un error». Pese a sus razonables palabras, Prieto se hallaba en plena campaña electoral en Cuenca, donde sus guardaespaldas de la Motorizada imponían el terror en los pueblos, arrestando arbitrariamente a gentes de derechas hasta después de la jornada electoral, entre otras tropelías.

La inseguridad retraía la iniciativa privada, que antes había ido superando, poco a poco, el estancamiento del primer bienio. Con ello aumentaban rápidamente el desempleo y la miseria, y a finales de mayo Largo Caballero denunciaba en un discurso la existencia de «un millón de obreros parados, lo que viene a representar cuatro millones de personas hambrientas». Sin embargo, para él y la izquierda en general, tal situación no tenía nada que ver con sus violencias, sino con la maldad congénita de los propietarios, que huían con sus capitales para sabotear a «la República».

Y así, los revolucionarios explotaban el paro para soliviantar todavía más a las masas y aumentar sus exigencias, en un círculo vicioso que multiplicaba las huelgas y el caos económico.

En sólo cinco meses hubo unos 300 muertos, cientos o miles de incendios, asaltos a locales y domicilios de derechistas, daños gravísimos al patrimonio artístico y una constante imposición de la ley desde la calle. Tal fue, muy resumido, el proceso revolucionario de aquellos meses, organizado por las izquierdas, y de ningún modo espontáneo.

La derecha percibía la amenaza con cierta confusión, considerándola, en general, comunista. La historiografía de izquierda ha sacado mucho partido de ese equívoco, señalando la poca importancia del Partido Comunista por entonces e insistiendo en que éste no pretendía imponer su revolución de la noche a la mañana. Lo cual no pasa de ser una mixtificación.

En realidad había tres tendencias revolucionarias en marcha, en colaboración y rivalidad simultáneas. Los anarquistas, como de costumbre, practicaban la «gimnasia revolucionaria», extremando y alargando las huelgas y chocando a veces con la UGT, hasta llegar al asesinato mutuo entre pistoleros de uno y otro sindicato. En mayo la CNT, eufórica ante la efervescencia social, celebró un magno congreso, planteándose ya una próxima liberación revolucionaria de todo el país.

Respecto a los socialistas, se ha acusado al grupo de Largo Caballero de practicar una política alocada, al desestabilizar al gobierno de izquierdas. Pero esa desestabilización perseguía el objetivo, muy racional, de llevar dicho gobierno a una crisis, para poder heredarlo el PSOE como parte del Frente Popular triunfante en las elecciones. Con ello los socialistas pasarían a imponer su dictadura proletaria desde el poder, aplastando con él todos los obstáculos y sin correr el riesgo de otra intentona insurreccional como la del 34. El sector minoritario del partido, el de Prieto, prefería colaborar con el gobierno, y las tensiones intrasocialistas llegaron al intento de linchamiento de Prieto por los partidarios de Largo en el famoso mitin de Écija.

La política del PCE resultaba más sutil. No aspiraba al poder inmediato, sino a organizar la presión revolucionaria desde la calle para obligar al gobierno republicano de izquierda a aplicar una serie de medidas ilegales que allanasen el camino a la revolución. Se trataba principalmente de prohibir y liquidar todas las organizaciones de derecha («fascistas», en su terminología), especialmente la moderada CEDA, y de encarcelar o ejecutar a sus líderes. Lo explicaron por activa y por pasiva en aquellos días. La Pasionaria dijo: «Vivimos una situación revolucionaria que no puede ser demorada con obstáculos legales, de los que ya hemos tenido demasiados desde el 14 de abril. El pueblo impone su propia legalidad y el 16 de febrero pidió la ejecución de sus asesinos. La República debe satisfacer las necesidades del pueblo. Si no lo hace, el pueblo la derribará e impondrá su propia voluntad».

Podemos hacernos otra idea de la política «respetuosa con la democracia» del PCE, según tantos historiadores de izquierda, citando estas palabras de Mije, el 19 de mayo:

«Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana, al ver cómo desfilan por sus calles con el puño en alto las milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro ejército rojo. Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas, que se preparan para muy pronto terminar con esta gente que sigue en España dominando de forma cruel y explotadora».

Lejos de amainar, el empuje revolucionario crecía conforme cada sector veía más cercanas sus expectativas.

Capítulo III

UN GOBIERNO CONTRA LA CONSTITUCIÓN

Estos desórdenes no constituían, por sí mismos, un factor de deslegitimación del gobierno. Un gobierno puede tener que afrontar períodos de desmanes o desestabilización; la cuestión en torno a la legitimidad radica en si lo afronta desde la defensa de la ley o contribuye a hundir ésta, rebasándola gravemente o colaborando con el proceso revolucionario.

Una línea muy frecuente en la historiografía de la época afirma la legitimidad de los gobiernos del Frente Popular, primero el de Azaña y luego el de Casares Quiroga, disociándolos de los disturbios causados por sus aliados izquierdistas; estos disturbios habrían sido explotados fraudulentamente por las derechas para hundir la república. Desde ese punto de vista, a dichos gobiernos sólo podría acusárseles de insuficiente energía —algo subsanable en principio— frente a la agitación reinante, pero nada más. Y, por tanto, seguirían representando la legitimidad democrática de la república.

Pero, como ocurre con tantos otros mitos creados por la propaganda, no ocurrió así en absoluto: ya desde su mismo programa electoral el Frente Popular se situó frente a la ley y la democracia. Ese programa se ha presentado a menudo como moderado, por cuanto rechazaba explícitamente algunas demandas de los partidos obreristas, tales como la nacionalización de la banca o la tierra; pero en sí mismo era un monumento de palabrería demagógica y un peligroso conjunto de contradicciones. Proponía amnistía y reposición en sus cargos para políticos, militares y empleados complicados en la revolución del 34, dando a entender que habían sido perseguidos por sus ideas o actuaciones políticas normales» y justificando así la rebelión contra la legalidad; al mismo tiempo anunciaba la persecución contra quienes habían defendido entonces la república. Prometía «independencia» de la justicia… una vez ésta fuese depurada y reorganizada convenientemente, así como de la policía, con funcionarios «de cumplida lealtad hacia el régimen». Es decir, lealtad hacia la izquierda, pues ésta, desde Azaña a los más extremistas, consideraba el régimen republicano propiedad suya. Se trataba especialmente de depurar el Tribunal de Garantías Constitucionales, lo cual condenaría de antemano cualquier recurso de las derechas. A estas medidas, que establecían un principio de ilegalidad y ataque a los principios democráticos, las llamaban, tan osada como pomposamente, «restablecer el imperio de la Constitución».

Ello aparte, las medidas contradictorias propuestas para estimular la economía y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, o la decisión de impedir «las prórrogas abusivas de los estados de excepción», constituyen un sarcasmo, vistos en perspectiva: el triunfo del Frente Popular vino acompañado del caos económico, el paro masivo y un estado de excepción permanente, con graves restricciones de los derechos ciudadanos, censura de prensa, etc. Como dato curioso, el programa se debía especialmente al político y jurista Felipe Sánchez Román… el cual rehusó firmarlo por considerar que no lo respetarían sus aliados obreristas (lo cual, por lo demás, no ocultaban éstos).

Azaña empezó su nuevo período en el poder con un discurso prometedor, muy bien acogido por las derechas: «El Gobierno se dirige con palabras de paz (…) Nuestro lema es defensa de la República, República restaurada, y, por consiguiente, libertad, prosperidad y justicia en toda España. Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben republicanos y no republicanos».

Pero sólo diez días después de las elecciones proclamaba sus verdaderas intenciones ante una agresiva manifestación de izquierdas. Anunció que el programa se realizaría «para que la República no salga nunca más de nuestras manos». Un designio antidemocrático que suponía un cambio de régimen para eliminar definitivamente la democracia liberal y transformarla en algo parecido al PRI mejicano: quedaría una oposición testimonial y justificadora de una democracia inexistente en la práctica. Probablemente no existió un designio consciente y deliberado de mejicanizar el régimen, pero en los hechos el gobierno caminaba en esa dirección.

El sistema del PRI, fuertemente masonizado, era muy admirado por las izquierdas republicanas españolas, y respondía al ideal de despotismo presuntamente ilustrado que también guiaba a Azaña, y a casi todos los dirigentes afines a él.

Los hechos corroborarían las intenciones de Azaña. Como primera medida de fondo, el nuevo poder redujo sensiblemente, mediante una «revisión de actas», la representación parlamentaria de las derechas. Así, la mayoría conseguida de forma dudosa por las izquierdas en febrero se arrogaba tiránicamente el papel de juez y parte para despojar a la CEDA de 37 puestos de diputados. La CEDA, indignada, abandonó las Cortés para no legitimar el desafuero, siendo acompañada de una salva de amenazantes acusaciones de golpismo. No sólo debía resignarse al despojo, sino legitimarlo, en un trágala de larga tradición en la izquierda española. La CEDA, humillada, volvería al Parlamento unos días más tarde. Mutilada todavía más, de esta forma, la oposición en las Cortes, la mayoría izquierdista se volvió simplemente arrolladora.

Otro peligro legal para la izquierda provenía de las atribuciones presidenciales de Niceto Alcalá-Zamora. Azaña temía que el presidente utilizara sus prerrogativas para derribar al gobierno, como había hecho con los de Lerroux y Gil-Robles, y desde el primer momento buscó intimidarlo, como él mismo explica, en tono burlesco, en sus cartas a su cuñado Rivas Cherif: «[Por ahora] me contento con decirle atrocidades. No me falta más que sacudirle por las solapas. El hombre se encoge, se retuerce, mete los dedos en el tintero, se embolsa puñados de caramelos…».

Como el desdichado presidente invocase su derecho a hacer observaciones al gobierno, le replicó: «Las hará usted mientras haya aquí alguien que se crea en el deber de escucharlas. En otro caso se las hará usted a los muebles»; y añade: «Esto es lo más suave que nos decimos».

Desde el principio pensaba Azaña eliminar a Alcalá-Zamora y ocupar su puesto, y lo llevó a cabo en combinación con su amigo Prieto, como la anterior maniobra para hundir a Lerroux y su partido. A tal efecto debían resolver varios problemas. En primer lugar, el presidente tenía autoridad para disolver dos veces las Cortes, pero quedaría automáticamente destituido si las Cortes posteriores a la segunda disolución determinaban que ésta había sido arbitraria. Pero la disolución de 1936, ¿debía considerarse la primera o la segunda? Había habido una primera, en 1933, pero correspondía a las Cortes constituyentes, y muchos opinaban que por ello no debía entrar en las dos del derecho presidencial, al carecer de mandato preciso más allá de la elaboración de la Constitución. De interpretarse así, la disolución de 1936 sería la primera y no podría ser juzgada por los parlamentarios. Así pensaba don Niceto, y Azaña había coincidido con él, como observa en sus diarios, tachando de demagógica y peligrosa la posición contraria. Sin embargo, una vez vuelto al poder, Azaña perdió todo escrúpulo y resolvió considerar la disolución de 1936 como la segunda. Con ello quedaba sentenciado don Niceto, dada la enorme mayoría parlamentaria izquierdista.

No obstante, existía un segundo problema: dándose tal conflicto entre la visión constitucional del presidente y la de las Cortes dominadas por el Frente Popular, debía dictaminar el Tribunal de Garantías Constitucionales, pues solucionar esta clase de discrepancias era precisamente su misión. Pero Azaña y Prieto decidieron, nuevamente, prescindir del Tribunal, constituir a las Cortes en juez y parte, e imponer su criterio. Lo cual constituía algo muy parecido a un golpe de estado.

El tercer problema no era, en principio, menos peliagudo. La disposición legal sobre la segunda disolución tenía por objeto frenar el posible despotismo presidencial. Si en las elecciones subsiguientes ganaba el mismo partido que había sido expulsado del poder por el presidente al disolver el Parlamento, quedaba claro que la disolución había sido innecesaria, y dicho partido podía entonces expulsar al presidente por su arbitraria conducta. Así habría obrado la CEDA, seguramente, pues había sido la víctima de la disolución del 36. Pero el Frente Popular debía su victoria, precisamente, a la decisión de don Niceto, y declararla improcedente equivalía a declarar el derecho de la CEDA a seguir gobernando, y, por tanto, suponía asumir el carácter improcedente del propio gobierno izquierdista. Si a alguien debía el poder Azaña, era al hombre a quien quería eliminar políticamente.

Los tres problemas fueron resueltos de modo golpista, como señala, con razón, Alcalá-Zamora. El 7 de abril Prieto presentó a las Cortes una Proposición: «Los diputados que suscriben, atentos únicamente a la suprema razón política de asegurar en todas las instituciones del Estado republicano la observancia y la defensa de la Constitución, proponen que las Cortes declaren que no era necesario el decreto de disolución de Cortes de 7 de enero de 1936». Pocas veces se habrá desafiado la verdad y la decencia con tal cinismo, ¡y en nombre de la Constitución! Martínez Barrio, presidente interino mientras se cumplía la formalidad de sustituirlo por el propio Azaña, lamenta en sus memorias el golpe asestado a la legitimidad del gobierno, y recuerda la ceremonia de su nombramiento más como «velada fúnebre que fiesta de recién nacido. Nos habíamos lanzado por uno de esos despeñaderos histórico que carecen de toda posibilidad de vuelta». Azaña, por el contrario, rebosaba satisfacción: «Dejo aparte el placer estético de la operación, que no es pequeño. Seguimos destituyendo peces gordos, no va a ser sólo Don Niceto. No se me olvida ninguno». En mayo pasaba a presidir él mismo la república, dejando como jefe de gobierno a su amigo Casares Quiroga.

Había una especie de justicia poética en la caída, un tanto ignominiosa, de Alcalá-Zamora a manos de aquéllos a quienes tanto había favorecido. Gil-Robles se lo había vaticinado.

Faltaba una tercera columna al poder antidemocrático que estaban erigiendo los republicanos de izquierda por medio de hechos consumados: el control del poder judicial, que fue tomando rasgos grotescos. Pronto se arrogó el ministerio el nombramiento directo de los cargos de la justicia municipal, y, para vigilar a los magistrados, el 9 de junio se creaba un tribunal especial formado con mayoría de presidentes de asociaciones políticas de izquierda y ultraizquierda. Observa Gil-Robles: «La ley consumaba la monstruosa paradoja de que para enjuiciar a un magistrado o a un juez, bastaba saber leer y escribir, mientras que todos los demás ciudadanos habían de ser juzgados por quienes demostrasen una capacidad suficiente». Al día siguiente, otra ley concedía a una asamblea de 75 miembros, con hegemonía gubernamental, la elección del Tribunal Supremo. Medidas tales anulaban al poder judicial. Un poder judicial totalmente acobardado; apenas hubo protestas o gestos de independencia entre los jueces.

Algo semejante ocurrió con la policía, que pronto empezó a actuar en connivencia con las milicias socialistas, de las cuales eran instructores bastantes miembros de la seguridad del Estado. Hacían redadas conjuntas, y cada vez que surgía un incidente, y ocurrían de modo constante, la persecución se orientaba sistemáticamente contra las derechas, que en la mayoría de los casos eran las víctimas. La diplomacia y otros órganos del Estado sufrieron asimismo la correspondiente depuración.

Capítulo IV

LA DERECHA ANTE EL FRENTE POPULAR

Una leyenda profusamente difundida afirma que, desde las mismas elecciones del Frente Popular, la derecha, particularmente Gil-Robles y Franco, intentaron el golpe de estado. Así, no habrían actuado de modo distinto a como lo habían hecho Azaña y demás republicanos cuando perdieron las elecciones de 1933.

Nuevamente, sin embargo, la realidad es muy otra, aun dejando aparte el hecho de que las elecciones del 33 fueron democráticas, mientras que las del 36 difícilmente se considerarían tales en cualquier país. En la misma noche electoral, y a la mañana siguiente, Gil-Robles y Franco presionaron a Portela Valladares y a otras autoridades para que declarasen el estado de guerra. El objetivo no era propiciar un golpe de estado, sino impedir que las turbas continuasen adueñándose de las calles y de los propios colegios electorales, ante la defección de los gobernadores civiles. De hecho, Alcalá-Zamora firmó para Portela tanto el estado de guerra como el de alarma, si bien recomendó no usar el primero en la medida de lo posible, criterio que siguió Portela. Y así el estado de alarma, que traía consigo la censura de prensa y otras restricciones a los derechos ciudadanos, permanecería en vigor hasta la reanudación de la guerra, en julio.

Consumada la imposición del Frente Popular, la CEDA reconoció el resultado electoral, lo que han invocado historiadores del tipo de H. Southworth como prueba definitiva de la legalidad y normalidad de las mismas. Ese reconocimiento, pese a las evidentes y graves anormalidades de los comicios, podía testimoniar, una vez más, el talante moderado y legalista de la CEDA, capaz de aceptar la alternancia política, pero su aceptación obedeció a sentimientos menos loables: al pánico. Habían ganado, insistamos, los mismos rebeldes del 34, jactanciosos de su hazaña y que habían amenazado en su propaganda electoral con exterminar a la derecha. Ésta, desde la CEDA a la Falange, procuró no «provocar» a los eufóricos y agresivos ganadores, y se aferró a Azaña como última esperanza frente al renovado impulso revolucionario. Pues no parecía imaginable que Azaña, un burgués a fin de cuentas, fuera a seguir la ruta de sus amigos los «gruesos batallones populares», empeñados en prescindir cuanto antes de la llamada burguesía.

La CEDA mantenía al principio posibilidades de presión, pues mientras no se reunieran las Cortes, a mediados de marzo, seguía siendo mayoritaria en la Diputación Permanente. Pero renunció a cualquier oposición, aprobando el 21 de febrero la amnistía impuesta desde la calle; también aprobó el restablecimiento de la autonomía catalana, suspendida desde 1934 y asimismo repuesta por Companys y los suyos, para enfado de Azaña, sin esperar el trámite legal de la reunión de Cortes. Con igual mansedumbre atemorizada, la derecha aceptó la readmisión de los empleados despedidos por huelgas políticas o por la sublevación de octubre del 34.

A tal punto de espíritu conciliador llegaban las derechas que Azaña, en sus diarios y cartas a su cuñado Rivas Cherif, se jactaba de haberse convertido en un «ídolo nacional», un «ídolo de las derechas», las cuales «sienten estupor ante nuestro triunfo y respeto ante nuestra autoridad».

Y se recreaba, con desprecio: «¿Causa profunda de todo esto? El miedo. Te divertirías mucho si estuvieras aquí». Ese temor le producía gran satisfacción. A Gil-Robles, comenta, «la Pasionaria le ha cubierto de insultos. No sabe dónde meterse, del miedo que tiene». «Tienen un miedo horrible. Ahora quieren pacificar, para que las gentes irritadas se calmen y no les hagan pupa». Él mismo no ahorraba desplantes a los banqueros y empresarios, o a quienes, como Batet, habían salvado la república en Barcelona, en octubre de 1934; o se complacía en el arresto de López Ochoa, defensor de la república en Asturias en la misma ocasión: «Ya hay otro generalote preso».

También el líder de la Falange, José Antonio, ordenó a los suyos discreción, «evitar todo incidente» e impedir «actitud alguna de hostilidad hacia el nuevo gobierno o de solidaridad con las fuerzas derechistas derrotadas». De nada iba a valerles. Enseguida, el 27 de febrero, el gobierno clausuró centros falangistas, y unos días después cerró su periódico,

Arriba, mientras recomenzaban, como en 1934, los atentados mortales contra jóvenes del partido. Acosada, la Falange replicó, también como en 1934, con otros atentados, empezando con uno fallido, el 12 de marzo, contra Jiménez de Asúa. Al revés de lo que ocurría con el terrorismo de izquierdas, la pesada mano del poder se descargó entonces sobre la Falange, sin prestar mucha atención a las normas legales. Fue prohibido el partido, cerrados todos sus centros, encarcelada casi toda su directiva, incluido José Antonio, y detenidos otros muchos militantes. Sin embargo, bastantes jóvenes derechistas, cansados o indignados con la actitud sumisa de la CEDA, acudieron a nutrir las filas falangistas. Poco después el gobierno y las izquierdas asestaron el ya mencionado golpe devastador a la CEDA, al reducir fraudulentamente, entre injurias, la presencia parlamentaria de ésta.

Entre tanto, las violencias no cesaban de crecer, y a las quejas derechistas por ellas replicaba Azaña, el 3 de abril, en las Cortes: «Dejemos llegar a nuestro ánimo el sentimiento de la misericordia y de la piedad. ¿Es que se puede pedir a las muchedumbres irritadas o maltratadas, a las muchedumbres hambreadas durante dos años, que tengan la virtud que otros tenemos de que no trasparezcan en nuestras conductas los agravios de que guardamos exquisita memoria?».

Azaña volvía a falsear los hechos: había sido durante su anterior gobierno, en el primer bienio, cuando el hambre había alcanzado sus mayores cotas, que resurgían aceleradamente bajo el Frente Popular. Pero, sobre todo, su peculiar «misericordia y piedad» legalizaba el crimen. Escribiría Lerroux: «¿Maltratadas? ¿Agraviadas? Se habían rebelado, habían sido vencidas, fueron juzgadas y sentenciadas. ¿Qué otra cosa hizo Azaña con el general Sanjurjo y sus compañeros sublevados en agosto de 1932?». Además, Azaña había aplicado una represión feroz, como también señala Lerroux: «Nosotros no deportamos a sus jefes a los desiertos africanos, ni aplicamos la ley de fugas a sus obreros maniatados, ni exterminamos a sus campesinas rebeldes como en Casas Viejas».

Gil-Robles, deprimido, se alejó por unas semanas de la primera fila de la política, adquiriendo protagonismo el más enérgico Calvo Sotelo, monárquico y partidario de acabar con un régimen al que consideraba antesala de la revolución. Calvo centró su actividad en la denuncia de la oleada de crímenes y disturbios que anegaba la sociedad española, exigiendo al gobierno que cumpliese e hiciese cumplir la ley (con lo cual no dejaba de legitimarlo). El gobierno pospuso el tratamiento de las denuncias derechistas hasta después de cumplir dos de sus designios fundamentales, ya descritos: asegurarse una mayoría aplastante en las Cortes y destituir al presidente de la república, obstáculos legales a su completa dominación.

Una vez logrados esos objetivos, la cuestión del orden público se trató en el Parlamento los días 15 y 16 de abril, en simultaneidad con la primera manifestación masiva de protesta a la que se atrevían las derechas, y que fue atacada a tiros por las izquierdas, causándole numerosos muertos. Calvo Sotelo habló en el Parlamento, entre burlas y amenazas de «arrastrarlo» a él y a otros dirigentes derechistas, especialmente proferidas por la Pasionaria y Margarita Nelken. También Gil-Robles recibió amenazas de muerte por parte del jefe comunista José Díaz y por la Pasionaria. Calvo dio los datos, muy graves y probablemente incompletos a causa de la censura, de los muertos, asaltos e incendios en sólo un mes y medio. Azaña, pese a la timorata, más que moderada, actuación de la derecha, le espetó: «¿No queríais violencia? ¿No os molestaban las instituciones sociales de la República? Pues tomad violencia. Ateneos a las consecuencias». Con estas frases renunciaba, sencillamente, a toda pretensión de legitimidad para el Frente Popular.

Dos meses más tarde, el 18 de junio, con una situación muy empeorada, las derechas presentaron una proposición no de ley para instar nuevamente al gobierno a cumplir sus obligaciones: «Las Cortes esperan del Gobierno la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España». Entre amenazas e insultos gravísimos, una vez más, Gil-Robles dio nuevos datos: 269 muertos y 1.267 heridos en sólo cuatro meses, innumerables incendios de iglesias y centros políticos derechistas, huelgas constantes y a menudo violentas, etc. Denunció la llamada «republicanización de la justicia», es decir, la supeditación de ésta al Frente Popular.

Calvo Sotelo, por su parte, citó frases revolucionarias de Largo Caballero, el Lenin español, a quien estaba unido el gobierno por un «cordón umbilical». El ejército, advirtió, no podía adoptar una actitud subversiva, pero «sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse a favor de España y en contra de la anarquía, si ésta se produjese». Casares Quiroga, el jefe de Gobierno tras haber subido Azaña a la presidencia de la República, pintó un panorama social casi idílico, y amenazó a Calvo con hacerle responsable de cuanto pudiera ocurrir. Calvo replicó con sus famosas palabras: «Yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para el bien de mi patria. Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: ‘Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis’. Y es preferible morir con honra a vivir con vilipendio». Concluyó previniendo a Casares contra la eventualidad de convertirse en un Kerenski o un Karoli, que habían abierto el paso al comunismo en Rusia y Hungría, respectivamente.

Mientras tanto, iba tomando cierta consistencia la conspiración militar dirigida por Mola.

Capítulo V

LOS MILITARES ANTE EL FRENTE POPULAR

Sobre las conspiraciones militares dijo en enero del 36 el político Álvarez Mendizábal, ministro de Portela: «Yo, durante la dictadura [de Primo de Rivera], he estado presente en todas cuantas conspiraciones se fraguaron, y ninguno de los militares comprometidos acudió nunca a cumplir su palabra. Es más de temer una reunión de camareros o de cocineras». No iba del todo descaminado, pero en el curso de los meses siguientes el panorama iría cambiando.

Cuando el Frente Popular alcanzó el poder, el ejército se hallaba tan dividido como el resto de la sociedad. Había desde militares y policías que instruían a las milicias izquierdistas, hasta monárquicos o fascistas deseosos de acabar con el Frente Popular y con la república misma, pasando por una masa muy considerable dispuesta a obedecer a quien mandase, fuera quien fuere. Muchos izquierdistas se agrupaban en la UMRA, Unión Militar Republicana Antifascista, de inspiración masónica en buena medida, mientras que los conspiradores monárquicos lo hacían en la UME, Unión Militar Española; ambas poco efectivas.

Tras las elecciones de febrero del 36, los militares y policías que habían defendido la legalidad constitucional en 1934 temieron por un momento serias represalias, pues las izquierdas propugnaban la amnistía para los sublevados y la persecución contra quienes los habían vencido. De hecho, como ya quedó indicado, la propaganda electoral del 36 giró especialmente sobre ese punto, acusando a las derechas de los peores crímenes, y en las calles los militares solían ser acosados, golpeados o insultados por la chusma. Sin embargo, la investigación judicial quedó rápidamente marginada tras las elecciones, reduciéndose todo a las detenciones del general López Ochoa, que había mandado la lucha en Asturias contra los revolucionarios, y de algún oficial de la Guardia Civil, seguidas ambas de una perezosa investigación judicial. No había ningún misterio en ello. Una investigación abierta sólo pondría de relieve la falsedad o exageración de las acusaciones izquierdistas, y traería de nuevo a la escena las atrocidades cometidas a su vez por la izquierda. Gil-Robles exhortó varias veces al cumplimiento de las promesas de investigar las presuntas brutalidades derechistas, pero en vano. Éstas habían dejado de interesar al Frente Popular una vez le habían servido para llegar al poder.

Y así no hubo en el ejército otros cambios que los destinados a asegurar en los puestos clave de mando a militares y policías de izquierdas y poner bajo vigilancia a los de derechas. Una de esas medidas consistió en alejar a Franco a las islas Canarias, donde tendría poca posibilidad de conspirar. El general acudió a ver a Azaña y esperando, sin duda, como la CEDA, que el político terminaría oponiéndose a los planes revolucionarios de sus aliados, le advirtió: «Hacen ustedes mal en alejarme, porque yo en Madrid podría ser más útil al Ejército y a la tranquilidad de España». Pero Azaña le replicó con una clara amenaza: «No temo a las sublevaciones. Lo de Sanjurjo lo supe y pude haberlo evitado, pero preferí verlo fracasar».

La conciencia de que habían conseguido el poder los mismos del 34 mantenía en vilo a bastantes militares. El 8 de marzo, poco antes de salir para Canarias, Franco se reunió con otros generales, con vistas a un alzamiento «que evite la ruina y la desmembración de la patria». Unos pensaban en imponer la monarquía, otros en mantener la república, pero Franco, según parece, impuso dos condiciones: «el movimiento sólo se desencadenará en el caso de que las circunstancias lo hiciesen absolutamente necesario», y no sería republicano ni monárquico, sino, simplemente «por España».

Pero el futuro Caudillo no estaba en condiciones de dirigir la conjura, e iba a pesar poco en ella. Aunque otros generales le hablaban con optimismo sobre los planes de golpe, él era más bien pesimista: «Me daba cuenta de que el movimiento militar iba a ser reprimido con la mayor energía». Conocedor de sus colegas, temía de ellos una acción mal organizada o prematura, que diera la victoria definitiva a la revolución.

Desde luego, la conjura distaba de estar bien organizada. La dirigía, menos nominalmente, el general Sanjurjo, cuyas nulas habilidades conspirativas habían quedado bien manifiestas en su intentona de agosto de 1932. Y el gobierno vigilaba a la mayoría de sus integrantes, controlaba sus teléfonos, los desconcertaba con cambios de destino, arrestos, etc. Azaña estaba convencido de que la sanjurjada iba a repetirse, dándole ocasión de aplastar a la derecha de una vez por todas.

Sólo hacia finales de abril cobraron los planes mayor consistencia, al encargarse de coordinarlos el republicano general Mola. El gobierno lo había enviado a Pamplona, donde sus tendencias deberían chocar con las de los monárquicos carlistas predominantes en la región; pero poco a poco, y no sin roces desesperantes, Mola había ido poniéndose de acuerdo con ellos. Al contrario que los socialistas de 1934, que preveían una guerra civil, Mola pensaba en una acción muy violenta, pero breve y decisiva, para evitar tal guerra. Planeaba instaurar luego una dictadura militar republicana y transitoria, que asegurase el orden, y permaneciese un tiempo tutelando al poder civil.

Las relaciones de los conspiradores con los partidos de derecha no eran muy satisfactorias. Los carlistas exigían la monarquía y los falangistas mostraban poco afecto por ella, y desconfiaban del conservadurismo de los militares. La CEDA permaneció básicamente al margen, y sólo a última hora apoyó Gil-Robles el golpe. Calvo Sotelo tuvo conocimiento externo de los preparativos, sin participar en ellos. De todas formas, y salvo en Navarra, sería la organización militar la decisiva.

Entre los militares había serias dudas. La mayoría tenía conciencia de los enormes riesgos de la empresa, y no mostraba mucha seguridad. Serrano Súñer describirá a uno de los comprometidos principales, Valentín Galarza, «el técnico», como mal informado, confuso y escaso de ánimo. En cambio, se les unió un personaje tan resuelto como Queipo de Llano, viejo republicano, que tenía la ventaja de poder moverse con facilidad por el país, como director general de Carabineros, y así enlazar a los jefes de guarnición comprometidos. Unos creían que había motivos de sobra para sublevarse cuanto antes, y otros mantenían alguna esperanza en la acción de los políticos: Mola representaba la primera postura, y Franco la segunda. De hecho, en un momento tan avanzado como el 23 de junio, Franco escribió una carta a Casares incitando al político a tomar medidas contra el deterioro de la situación. La actitud de Franco desesperaba a veces a sus compañeros.

A su vez, la actitud del gobierno desesperaba también a diversos izquierdistas, en particular a Prieto, que tenía bastante información sobre los preparativos del golpe y exigía su rápida desarticulación, al igual que Jos comunistas y otros. Ya en mayo el líder socialista había sostenido al respecto una agria discusión con Casares. Éste le explicó: «Todo eso que ustedes me cuentan y mucho más lo sabe el gobierno, y lo que yo quiero es que se echen a la calle de una vez para yugular la rebelión. Esta vez no vamos a quedarnos en una expropiación de bienes, como cuando la rebelión del general Sanjurjo». Pero Prieto no se dejó convencer y salió furioso de la entrevista. Sentía crecer el peligro y no confiaba en las medidas del gobierno.

A principios de julio, Mola, «El Director» de la conjura, señalaba: «Todo está en marcha y no ha de cundir el desaliento», pero al mismo tiempo advertía que «el entusiasmo por la causa no ha llegado todavía al grado de exaltación necesario», existiendo aún «insensatos que creen posible la convivencia con los representantes de las masas que mediatizan al Frente Popular». Uno de éstos, un político de la CEDA, había echado por tierra sus planes en Valencia. Por fin, aprovechando los sanfermines como cobertura, los conjurados decidieron sublevarse el 14 de julio. Pero el día 10 varios jefes carlistas rompían con Mola, al no aceptar éste la bandera española tradicional, la disolución de los partidos y unas Cortes corporativas. Mola, desesperado, pensó en fusilar al carlista Fal Conde o en suicidarse. Dos días después terminaban sin avenencia nuevas negociaciones, y, para colmo, Franco, que había aceptado los planes anteriores, recomendaba aplazarlos a última hora. En el momento decisivo, el complicado artificio parecía a punto de venirse abajo, y los testigos han mencionado la mezcla de furia y desánimo en que se debatía «el Director».

Pero en la noche de ese mismo día 12 caía asesinado Calvo Sotelo, y las vacilaciones entre los conjurados iban a desaparecer de un soplo. Como ha indicado Stanley Payne, para ellos se había vuelto mucho más peligroso no sublevarse que sublevarse.

Capítulo VI

EL CRIMEN QUE REANUDÓ LA GUERRA

El excelente reportaje de Alfredo Semprún El crimen que desató la Guerra Civil, contiene dos errores de análisis de cierta entidad. Califica en algún lugar de «franquista» la tesis de que la guerra empezó en el 34, y en otro momento asegura que no existe el menor indicio que apunte a Prieto en el asesinato de Calvo Sotelo.

Pero ni los franquistas ni la derecha en general han mantenido la citada tesis. Presentarla así es sólo una típica jugada deshonesta ideada por algunos historiadores cuyo mérito mayor es poder blasonar de progresistas. La tesis, más bien como una observación o intuición general, la han hecho intelectuales de izquierda, aunque ninguno la había demostrado documentalmente como creo haberlo hecho en Los orígenes de la guerra civil española. Media gran diferencia entre apreciar más o menos vagamente un hecho y demostrarlo.

En cuanto a la implicación de Prieto en el citado crimen, todos los indicios apuntan precisamente a él, y no sólo por haber encubierto a los pistoleros («sus» pistoleros: el autor material del asesinato y el director de la operación eran hombres de Prieto) contra la acción de la ley, una acción por otra parte apenas existente entonces. En otras ocasiones he argumentado ampliamente estas cuestiones, y no voy a insistir ahora. Los detalles del crimen, en la noche del 12 al 13 de julio de 1936, son también sobradamente conocidos, de modo que apenas me detendré en ellos.

Nada más revelador, desde luego, que las circunstancias del hecho. Éste fue realizado con pretexto de venganza por otro asesinato, el del teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, a manos de ultraderechistas.

Castillo había participado en el movimiento guerracivilista de 1934, y actuaba como instructor de las juventudes socialistas, lo cual, en la práctica, significaba instructor en terrorismo. El jefe del secuestro y asesinato de Calvo Sotelo, el capitán Condés, de la Guardia Civil, repetía los rasgos políticos de Castillo. De hecho, los órganos de seguridad del estado se estaban convirtiendo, en buena medida, en auténticos grupos terroristas, que organizaban razzias contra las derechas con la colaboración de milicianos del PSOE. El caso de Calvo Sotelo fue sólo la culminación del proceso.

Sería mucho decir que el gobierno estaba contento con estas derivas. En buena medida se sentía desbordado, pero no cabe duda de que había sido él, habían sido los republicanos de izquierda encabezados por Azaña, quienes habían propiciado aquella situación. Simplemente testimoniaban la extrema disolución de la legalidad y del propio aparato del Estado, hechos confirmados por la represión inmediata al asesinato de Calvo Sotelo: una represión dirigida nuevamente contra las derechas y no contra los autores del atentado. Gran número de derechistas fueron detenidos, y las manifestaciones de protesta fueron brutalmente atacadas por la policía, ocasionando numerosos muertos.

Casi todo el mundo interpretó el crimen como la apertura final de las hostilidades, y sin duda fue diseñado con esa intención. «Sentí la impresión de que todas las treguas estaban terminadas y disipadas todas las esperanzas de concordia. Las Españas irreconciliadas e irreconciliables se colocaban frente a frente, con las pistolas en la mano», resume Martínez Barrio.

El día 15 hubo una sesión de la Diputación Permanente de las Cortes para tratar el caso. Se prefirió eludir una reunión del pleno, porque todos temían que terminase a tiros. Abierta la sesión, Suárez de Tangil, dirigente monárquico, declaró: «Este crimen sin precedentes en nuestra historia política ha podido realizarse merced al ambiente creado por las incitaciones a la violencia y al atentado personal contra los diputados de derecha que a diario se profieren en el Parlamento. Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto, aceptando un papel en la farsa de fingir la existencia de un Estado civilizado y normal. Quien quiera salvar a España, a su patrimonio moral como pueblo civilizado, nos encontrará en el camino del deber y el sacrificio».

Gil-Robles expuso las cifras de la violencia en menos de un mes (61 nuevos muertos y 224 heridos, 74 bombas, más las habituales invasiones de fincas, arrasamiento de iglesias y centros derechistas, etcétera), y advirtió: «Cuando la vida de los ciudadanos está a merced del primer pistolero, cuando el Gobierno es incapaz de poner fin a este estado de cosas, no pretendáis que las gentes crean ni en la legalidad ni en la democracia. Tened la seguridad de que derivarán cada vez más por los caminos de la violencia, y los hombres que no somos capaces de predicar la violencia seremos lentamente desplazados por otros más audaces o más violentos que vendrán a recoger ese hondo sentir nacional (…) Vais a hacer una política de persecución, de exterminio y de violencia de todo lo que signifique derechas. Os engañáis profundamente: cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción. Vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella. Ahora estáis muy tranquilos porque veis que cae el adversario. ¡Ya llegará el día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros!».

La réplica de Prieto, extraordinariamente significativa, contiene una verdadera confesión implícita. Al nombrar a la víctima la llamó Gil-Robles en lugar de Calvo Sotelo, lapsus freudiano, posiblemente: ¡Gil-Robles había sido uno de los objetivos de los asesinos! Y trató de poner en el mismo plano el asesinato del teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, con el del jefe de la oposición, testimoniando involuntariamente que las fuerzas de seguridad del Estado actuaban como grupos terroristas. Asimismo recurrió a las supuestas atrocidades derechistas en la represión de Asturias en octubre del 34: precisamente con la campaña, básicamente falsa, sobre esas atrocidades, habían logrado las izquierdas crear en España un clima de enfrentamiento guerracivilista antes inexistente, negándose luego a una investigación imparcial sobre ellas.

Prieto equiparó luego el caso de Calvo Sotelo con el de Sirval, un periodista asesinado durante la rebelión de Asturias por unos legionarios. Pero este crimen había ocurrido en situación de guerra abierta… ¡organizada y dirigida en parte por el mismo Prieto! Las palabras del líder socialista en la Diputación Permanente constituyen otro importante indicio sobre su implicación en la muerte de Calvo Sotelo: eran exactamente las argucias o pretextos con que los pistoleros justificaban su acción.

El líder comunista José Díaz encaró violenta y provocativamente a los derechistas: «Hemos preparado una proposición de ley para que el Gobierno pueda declarar ilegales todas las organizaciones que no acaten el régimen en que vivimos, entre ellas la CEDA, que es una de las más responsables de la situación. Los responsables de los atentados sois vosotros, los de la derecha, con vuestro dinero y con vuestras organizaciones. Por tales actos, vuestro puesto no debiera estar aquí, sino en la cárcel. Tengo la seguridad de que el 90 por ciento de los españoles arrollará cuanto intentáis hacer».

El representante de la Esquerra abogó por intensificar el izquierdismo gubernamental, llevando las cosas más allá del programa del Frente Popular. A esa política, practicada en Cataluña, la llamaba Companys «democracia expeditiva». Azaña, en un momento de lucidez, la definiría como «despotismo demagógico».

Portela Valladares lanzó un desesperado llamamiento a la tregua. Dirigiéndose a las derechas, les dijo: «Vosotros tenéis el fervor de la patria. ¿No os preocupa la patria? ¿No la habéis de poner, en estos momentos de gravedad y de preocupación, por encima del apasionamiento político? Por el bien de todos, hasta por egoísmo personal, estamos obligados unos y otros a decir: ¡alto el fuego!». Una invocación puramente patética en tales circunstancias. Gil-Robles le replicó: «Ha estado muy en su punto que hiciera el señor Portela una invocación al sentido patriótico y al sentido de colaboración. Pero nosotros no lo hemos roto. En las filas de los republicanos de izquierda, si no en las declaraciones en el Parlamento, sí en los pasillos, se habla constantemente de intentos o conatos dictatoriales; los partidos obreros están diciendo que la meta de sus aspiraciones es la dictadura del proletariado. ¿Qué os extraña que las gentes oprimidas estén pensando en la violencia? Vosotros sois los únicos responsables de que ese movimiento se produzca en España».

Fuera de las Cortes, un artículo de Solidaridad Obrera, órgano anarquista, proponía que, después de su discurso en la Diputación Permanente, «no debía permanecer Gil-Robles ni un minuto más con vida». Tras el atentado contra Calvo Sotelo, Gil-Robles dormía atrincherado en su casa con un verdadero arsenal a mano, y, según comenta en sus memorias, hubo un intento frustrado de asesinarle en los pasillos del Congreso.

Prieto hizo su célebre diagnóstico: «Será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel. Aun habiendo de ocurrir así, sería preferible un combate decisivo que esta continua sangría». Las izquierdas se sentían optimistas. Un diputado del PSOE comentó a Zugazagoitia: «Las consecuencias de las que ahora se habla, no creo que debamos temerlas. Si las derechas levantan la bandera de la rebeldía, será llegado el momento de ejemplarizarlas con una lección implacable».

El diario Claridad, del PSOE de Largo Caballero, analizaba: «La lógica histórica aconseja soluciones drásticas. Si el estado de alarma no puede someter a las derechas, venga cuanto antes la dictadura del Frente Popular. Es la consecuencia lógica e histórica del discurso de Gil-Robles. Dictadura por dictadura, la de izquierdas. ¿No quiere el Gobierno? Pues sustitúyalo un Gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quiere la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo». De hecho, el PSOE venía pregonando la guerra civil desde hacía dos años. Como observa Stanley Payne, «iban a tener pronto más guerra civil a fondo de la que esperaban».

Hasta ese día, ya quedó indicado, las derechas y los militares eran remisos a rebelarse, a pesar de su extrema indignación, porque las posibilidades de triunfar parecían lejanas, y un fracaso podía resultar definitivo. Algunos criticaban no haber aprovechado la insurrección izquierdista de octubre para contragolpear, en lugar de haber defendido la república. Pero el asesinato de Calvo decidió a la mayoría.

Siguieron dos días de pasividad engañosa. «La mañana del 16 estaba todo en calma —recuerda Martínez Barrio—. Los periódicos, en sus comentarios a la sesión de la Diputación Permanente, daban una impresión optimista y tranquilizadora. Además, brillaba el sol y la multitud bullanguera, sorbiendo el aire estival, parecía muy lejana y apartada de las luchas políticas de turno De un momento a otro, el doctor Pangloss de turno diría campanudo y sonriente: ‘Éste es un pueblo feliz…’».

El 17 empezaba, algo precipitadamente, la rebelión en Marruecos.

Capítulo VII

LA VOLADURA DE UN EDIFICIO EN RUINAS

Según hemos visto, desde las elecciones de febrero la erosión y vaciamiento de lo que quedaba de legalidad democrática habían ocurrido a un ritmo vertiginoso, por la acción combinada de un proceso revolucionario desde la calle y los campos, y los ataques a la ley desde el poder.

Esta acción combinada no quiere decir que el gobierno y los revolucionarios obrasen de pleno acuerdo. En realidad, el gobierno temía a los revolucionarios, pero, por una parte, dependía de ellos y se sentía impotente ante ellos, y, por otra, realizaba su propia labor de socavamiento de la Constitución. De ahí que cuando estalló la sublevación derechista, el 17 de julio, y las masas salieron a las calles exigiendo armas, al gobierno de Casares Quiroga se le presentase un dilema decisivo: ceder definitivamente al empuje revolucionario o intentar mantener su autoridad y aplastar la sublevación por los medios legales.

Casares reaccionó prohibiendo el armamento de los sindicatos y amenazando fusilar a quien desobedeciera. Y comentó a Vidarte: «Más de una vez he dicho pública y privadamente que yo no sería el Kerenski español. El Gobierno tiene medios suficientes para afrontar la situación». Y así era, pues, contra lo que a menudo se ha afirmado, se había preparado con bastante previsión para aplastar el golpe militar, y los hechos lo demostrarían.

No obstante, la presión del entorno tenía tal fuerza que la inicial enerva de Casares se disipó rápidamente. Martínez Barrio recuerda: «Los ministros, envueltos en sombras, divagaban inoperantes, cohibidos entre la rebelión desenmascarada y la agitación popular inquieta y amenazadora».

Zugazagoitia observa, a su vez: «Las últimas horas de gobernante de Casares Quiroga fueron para cuantos las vivieron con él de una angustia indecible. El espectáculo de aquella voluntad vencida y de aquella conciencia en extenuadora agonía no dejaba de imponerse por su fuerza dramática».

Finalmente, ya en la tarde del 18, dimitió antes que armar a los sindicatos, los cuales ya estaban recibiendo armas en algunos lugares, pues el aparato del Estado se hallaba tan descompuesto que las órdenes de los ministros apenas eran obedecidas. Entonces Azaña llamó a Martínez Barrio, presidente de las Cortes, el cual intentó proseguir la línea de Casares y formar un amplio gabinete, con participación socialista. Pero el PSOE rehusó entrar en él, aunque prometió apoyo. Martínez consideró imposible la tarea y dimitió, a medianoche, mientras «patrullaban por las calles grupos de obreros que empezaban a detener coches». «No se veía un soldado ni un solo guardia. La ausencia de los poderes coactivos del Estado era notoria, declarados en huelga por cansancio o por automática dimisión», escribirá él mismo.

Azaña le presionó para que no abandonase, y de pronto les llegaron noticias de movimientos rebeldes de tropas en el extrarradio de la capital, por lo que dieron ya por inútil cualquier intento. Pero las noticias resultaron falsas, y los tratos para formar gobierno prosiguieron. «Eran las dos de la madrugada. En la Puerta del Sol el ambiente de guerra lo envolvía todo».

Una hora más tarde Martínez Barrio telefoneó a los generales de las divisiones. Todos le apoyaron, salvo los de Zaragoza y Burgos. Luego llamó a Mola, exponiéndole su deseo de alcanzar un acuerdo in extremis. Mola replicó, escribe el propio Martínez: «El Gobierno que usted tiene el encargo de formar no pasará de intento; si llega a constituirse durara poco; y antes que de remedio habrá servido para empeorar la situación». Insistió el político, y el militar contestó que si a aquellas alturas diera un paso atrás los suyos le matarían. «Claro que no es la muerte lo que me arredra, sino la ineficacia del nuevo gesto y mi convicción. Es tarde, muy tarde». Tampoco sirvieron las ofertas de ministerios a los sublevados.

Estas gestiones sólo podían ser vistas por los revolucionarios como lo que realmente eran: el intento de entenderse con los rebeldes para impedir, a última hora, la revolución. Pero, como había indicado Mola, una vez puesta en marcha la máquina, ya nadie podía detenerla. Los revolucionarios, armados bastantes de ellos, redoblaron su agitación callejera, exigiendo la retirada del «gobierno traidor», hilvanado penosamente hacia las cinco de la madrugada. Y a las seis, amaneciendo, éste dimitía. Martínez Barrio, presa de pánico, huyó a Valencia. Azaña comenta: «Se fue sin conocimiento de nadie. Que el presidente de las Cortes, eventual presidente interino de la República, se marchase de Madrid y nos dejara, pocas horas antes de que la guarnición sublevada chocara con el Gobierno, teniendo yo el núcleo más fuerte de la rebelión a trescientos metros de mi despacho, me produjo verdadero pasmo».

A continuación acabó de producirse el derrumbe. Azaña otorgó la confianza para gobernar a su amigo Giral, mientras en Madrid y Barcelona estallaba, por fin, la rebelión. Y la primera medida de Giral consistió en repartir a las masas las armas de los cuarteles; inmediatamente comenzó el asesinato indiscriminado de personas tildadas de derechistas, de sacerdotes, etcétera.

El reparto de armas, radicalmente ilegal, culminaba la serie de graves ilegalidades cometidas por los gobiernos de Azaña y Casares en los cinco meses anteriores. Y con él desapareció también el último resto de autoridad del propio Giral, colocado completamente a rastras de sus aliados.

Sigue siendo expuesta frecuentemente la tesis de que el armamento de las masas fue el único y último medio de salvar la república en aquellas circunstancias. La pretensión suena a sarcasmo sangriento: el armamento de los sindicatos revolucionarios sólo sirvió para echar abajo de forma definitiva, para dinamitar un régimen con su estructura ya podrida de arriba abajo. Tampoco fueron unas masas sin instrucción militar quienes derrotaron la rebelión en muchos puntos decisivos, especialmente en Madrid y Barcelona. En general, tales éxitos se debieron a las fuerzas armadas, incluyendo la Guardia Civil y la aviación, mayoritariamente puestas de parte del gobierno. El ejército, como la sociedad, se hallaba partido en dos.

También empezó en aquel momento a manifestarse la iniciativa, que se haría hegemónica, de los seguidores de Stalin. La Pasionaria marcó el tono con su célebre arenga contra «estos desalmados que quieren, por el fuego y la violencia, sumir la España democrática y popular en un infierno de terror», pero que «no pasarán. El Partido Comunista os llama a ocupar un puesto en el combate para aplastar definitivamente a los enemigos de la República y de las libertades populares».

A su vez, Franco había definido su actitud en su primer llamamiento: «La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total: ni igualdad ante la ley, ni libertad, aherrojada por la tiranía; ni fraternidad, cuando el odio y el crimen han sustituido al mutuo respeto; ni unidad de la patria, amenazada de desgarramiento».

La invocación a la libertad, la igualdad y la fraternidad reflejaba el plan de Mola de un golpe republicano, que sería muy pronto abandonado por el impulso de las masas derechistas. Franco había tenido serias vacilaciones ante el movimiento, pero, una vez resuelto, exigió «fe ciega en la victoria». No obstante sus fuerzas, poco numerosas aunque bien preparadas, la única baza real de los rebeldes, permanecían aisladas en Marruecos.

Otra leyenda insiste en afirmar que «el ejército» se sublevó. De hecho sólo se alzó una parte de él, ligeramente mayoritaria en las fuerzas de tierra y muy minoritaria en la aviación y las fuerzas de seguridad; y casi toda la marina operativa quedó en manos del Frente Popular. Y lo mismo ocurrió con los recursos financieros, las industrias, incluidas las de armas, los mayores puertos y centros de comunicación, etcétera.

A los tres días los sublevados habían quedado en una situación sin esperanzas, bien conocida en detalle hoy, y también entonces por las izquierdas, que por boca de Prieto daban por descontada la victoria, por más heroísmo que los rebeldes quisieran derrochar.

Allí pudo haber terminado el alzamiento, tal como habían temido Franco y otros: con el radical triunfo de las izquierdas revolucionarias. La única baza realmente valiosa para los alzados había sido la toma de Sevilla por Queipo de Llano, la cual, según manifestó él mismo, había disuadido a Mola de dar por perdida la aventura y escapar a Francia la noche del 19 de julio. Aun así, Mola se encontraría casi sin municiones a los pocos días.

Dos factores permitieron a los sublevados salir del atolladero: la combinación de la victoria en Sevilla y la iniciativa de Franco de pasar sus tropas en un puente aéreo, el primero de la historia; y la propia confianza de las izquierdas en el triunfo, que les llevó enseguida a disputar entre ellos la piel del oso que aún no habían cazado. Azaña lo expresaría muy bien, en sus conocidas palabras: «Lo que me ha dado un hachazo terrible, en lo más profundo de mi intimidad, es, con motivo de la guerra, haber descubierto la falta de solidaridad nacional. A muy pocos nos importa la idea nacional, pero a qué pocos. Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario: se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado».

Luego vendría la disciplina comunista, capaz de prolongar la lucha inútilmente durante casi tres años. Besteiro expondría, al terminar la contienda: «La verdad real: estamos derrotados por nuestras propias culpas. Estamos derrotados nacionalmente por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizás los siglos. La política internacional rusa, en manos de Stalin y tal vez como reacción contra un estado de fracaso interior, se ha convertido en un crimen monstruoso que supera en mucho las más macabras concepciones de Dostoievski y de Tolstoi. La reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique la representan genuinamente, sean los que quieran sus defectos, los nacionalistas que se han batido en la gran cruzada anticomintern». Pero ésta es ya otra historia.

A mi juicio hay una lección fundamental a extraer de estos sucesos: en unas sociedades complejas, caracterizadas por la gran diversidad, y a menudo oposición, de intereses, ideas y sentimientos, la convivencia en paz y en libertad sólo puede mantenerse en el respeto a las leyes y normas democráticas. Hoy, a tanta distancia de aquellos sucesos, asistimos a un tenaz intento, instrumentado con medios poderosos, de presentar la república, y precisamente la república del Frente Popular, como el origen y legitimación de la actual democracia. Nada podría resultar más funesto y peligroso. Fueron las izquierdas y los separatismos, agrupados finalmente en o en torno al Frente Popular, las fuerzas que hicieron imposible el proyecto original de la república como una democracia liberal, «democracia burguesa», según solían catalogarla despectivamente. La pretensión quiere reducir a un simple paréntesis negativo los cuarenta años posteriores, en que una dictadura autoritaria permitió, pese a todo, edificar una sociedad próspera y políticamente moderada, esto es, íntimamente reconciliada, sin lo cual habría sido imposible la transición. Tal dictadura fue el precio por la derrota de la revolución y del totalitarismo, en una larga época en que los liberales y demócratas apenas existieron. Aunque parezca una paradoja, nuestra convivencia democrática actual se asienta en aquellos cuarenta años, y de ningún modo en el Frente Popular. No puede extrañar que la tesis llamada republicana, en realidad frentepopulista, la mantengan quienes, precisamente, han hecho peligrar más nuestras libertades mediante el terrorismo, la corrupción y el intento de «enterrar a Montesquieu». Y es que la historia no pasa en balde, y el falseamiento del pasado emponzoña inevitablemente el presente.

IV PARTE

¿DE DÓNDE VIENEN LOS ERRORES
DE LA HISTORIOGRAFÍA PROGRESISTA?

Capítulo I

BREVE HISTORIA DE UN NO DEBATE

Stanley Payne escribió estas sensatas frases (cursivas mías): «El asunto principal aquí no es que Moa sea correcto en todos los temas que aborda. Esto no puede predicarse de ningún historiador y, por lo que a mí respecta, discrepo de varias de sus tesis. Lo fundamental es más bien que su obra es crítica, innovadora e introduce un chorro de aire fresco en una zona vital de la historiografía contemporánea española anquilosada, desde hace mucho tiempo, por angostas monografías formulistas, vetustos estereotipos y una corrección política dominante desde hace mucho tiempo. Quienes discrepen de Moa deben enfrentarse a su obra seriamente y, si discrepan, demostrar su desacuerdo en términos de una investigación histórica y un análisis serio que retome los temas cruciales».

Es lo que podía y debía esperarse en cualquier país con un ambiente intelectual medianamente serio. Cuando publiqué Los orígenes de la guerra civil española daba por hecha una polémica agria, pero atenida a los datos y argumentos. Obviamente, no conocía nuestra universidad ni al gremio de los historiadores-funcionarios progres, con frecuente vocación de comisarios políticos. En el prólogo a El iluminado de la Moncloa, resumía: «El debate no sólo ha sido rechazado, sino sustituido por auténticas andanadas de insultos personales y exigencias de aplicar la censura a mis libros, negándoseme el derecho de réplica en numerosos medios de masas y silenciándose la convocatoria a mis conferencias en lugares como Barcelona». Por no hablar del alud de injurias y amenazas a través de Internet. No sólo en El País y en la SER, se me ha censurado incluso en La Razón, donde dejé de escribir por ello. Me han enviado correos sobre libreros izquierdistas que desaconsejan mis libros a los clientes, y otros que han recibido amenazas por exponer títulos de César Vidal y míos en el escaparate. Diversos profesores han avisado a sus alumnos contra la lectura de mis trabajos, no digamos contra su cita en cualquier examen. El historiador Ferrán Gallego recibió «advertencias» por haber aceptado debatir conmigo en un centro universitario de Barcelona; debate boicoteado por la prensa, que ni lo anunció ni escribió una sola línea al respecto. Recientemente, un ciclo sobre el aniversario del referéndum del estatuto gallego en la república fue boicoteado por diversos profesores de medio pelo por la simple razón de que yo iba a participar.

Y aun podía quedar tranquilo con eso. Pero las autoridades socialistas han llegado a enviar policía a intimidar a los organizadores de alguna de mis conferencias; en la universidad dirigida por Peces-Barba sufrí el intento de agresión de unos energúmenos protegidos de hecho por el rector; El Periódico de Cataluña ha propuesto la cárcel para César Vidal y para mí. Truhanes como Carrillo o Alfonso Guerra han lanzado provocaciones con todos los rasgos de la incitación al asesinato.

El profesor Payne constataba algunas de esas reacciones, tan lamentablemente significativas: «Lo que plantea inquietantes cuestiones sobre la situación de la actual democracia española son las persistentes exigencias de que Moa sea silenciado o ignorado. Reclamar tal censura demuestra la estrechez mental de los sectores dominantes de la historiografía española, así como que carecen de todo interés por establecer el menor diálogo o debate, cosas que resultan verdaderamente asombrosas al cabo de cerca de treinta años de democracia». Y denunciaba el empeño oficial y extraoficial por «eliminar su obra mediante una suerte de censura de silencio o de diatribas denunciatorias más propias de la Italia fascista o de la Unión Soviética que de la España democrática»; o el empleo sistemático de «observaciones ad hominem aparentemente sensacionalistas, aunque completamente irrelevantes, sobre su antigua militancia en una organización revolucionaria marxista-leninista en los años setenta».

Tal furia inquisitorial ha tenido rasgos realmente cómicos, como cuando esos historiadores (más o menos) perdían todo sentido del ridículo y posaban de intelectuales egregios que, claro, no iban a rebajarse a discutir con un advenedizo. Hubo alguna rara excepción, el señor Moradiellos, de la que ya hablaré. A otros muchos he tenido que bajarlos un poco de su pedestal de barro, rebatiendo sus declaraciones o artículos en que, generalmente sin citarme, me descalificaban. Así durante seis años.

En éstas seguíamos cuando, de pronto, sale a la palestra el catedrático Alberto Reig Tapia dedicándome amablemente un libro de 500 páginas, donde me hace compartir la gloria con César Vidal, Jiménez Losantos, Alonso de los Ríos, José María Marco, Aznar y bastantes más. No he contestado a anteriores diatribas del señor Reig, en parte por su emocionalidad algo pueril, en parte porque se ve que el hombre sufre mucho con estas cosas (así empezaba uno de sus interminables artículos: «Qué pesadez. Qué empacho. Abre uno el correo electrónico por las mañanas e, inevitablemente, se encuentra con el célebre corrido: Éstas son… las mañanitas, que cantaba… el rey don Pío… Qué hartazón»); y, sobre todo, porque me fatigaba buscar los argumentos de Reig, perdidos entre la exuberante jungla de su prosa. Él tiene la envidiable facultad de emplear veinte o más páginas, a base de divagaciones, mezcla arbitraria de temas y digresiones gratuitas, para decir lo que otros menos dotados concretaríamos en un par de párrafos.

Y no es que a nuestro buen catedrático le preocupen mucho mis tesis, pues aclara desde el principio que no merecen la pena, aunque no pueda evitar darles vueltas obsesivamente (sin haberlas entendido mucho, me temo, y eso que procuro escribir con sencillez). Su loable propósito consiste más bien en hundirme en la miseria, que diría un castizo. Vamos, que quiere vender libros utilizando mi nombre. Está en su derecho y no me parece mal, conste. El mencionado señor Moradiellos ya hizo lo mismo, y sólo me molestó que lo hiciera con engaño, pues su libro no trataba lo anunciado en su faja publicitaria. Este pequeño fraude no puede achacarse al amigo Reig, que, como digo, trata abundantemente mis «mentiras»; derrochando farfolla y retorcimiento, eso sí. Por eso me han aconsejado algunos no prestarle atención, pero voy a hacerlo, aunque con mayor brevedad, por tres buenas razones.

En primer lugar sería una grave descortesía pasar en silencio un trabajo tan notable por su extensión, o menospreciar el esfuerzo de su autor. Un esfuerzo que debe haber sido realmente arduo, pues ha precisado la generosa ayuda de una amplia nomenclatura de colegas progres, como hace constar en los agradecimientos: Joan Maria Thomás «cuyos argumentos para que aceptara escribir este ensayo fueron mucho más convincentes que los míos para rechazarlo», Julio Aróstegui, Paul Aubert,

Arcángel Bedmar, Maryse Bertrand de Muñoz, Walter Bernecker, Gabriel Cardona, Jean-Michel Desvois, Antonio Elorza, Francisco Espinosa, (éste, por cierto, un energúmeno estalinista, de los más empeñados en conseguir la prohibición de mis libros), Ian Gibson, José Luis de la Granja, Enrique Guerrero, José Manuel López de Abiada, Ricardo Miralles, Enrique Moradiellos, Francisco Moreno Gómez, Paul Preston (que prologa el libro, para darle más fuste), Julián Santamaría y «last but not least, Ángel Viñas». Mencionados todos ellos en compañía de sus flamantes títulos de catedráticos y profesores en universidades alemanas, francesas, suizas o británicas, además de españolas. Muy carpetovetónico.

Se echan de menos algunas firmas, como Santos Juliá, quizá partidarias de continuar como hasta ahora, para no dar publicidad al hereje. En todo caso la lista permite entender que nuestro buen Reig actúa como punta de lanza del gremio de historiadores progres, segunda buena razón para contestarles.

Pero sobre todo me incita a la réplica la oportunidad de discutir algunas cuestiones importantes sobre la misión de la historiografía y su situación actual, por más que Reig y los suyos las traten con decepcionante tosquedad.

Capítulo II

EL NEGOCIO DE LA GUERRA CIVIL

Nos asegura nuestro buen ciudadano Reig, en nombre del gremio de los historiadores progres: «Ser leído es un privilegio del que hay que hacerse dignos». Noble frase. A continuación se contradice (las contradicciones no le turban, quizá por aquello del materialismo dialéctico): «Si son pocos o muchos los lectores que por esa vía alcancemos (…) no nos produce la menor inquietud». No osaré yo dudar de las virtudes que han alzado al señor Reig a la cátedra, pero salta a la vista que ni la coherencia ni la sinceridad están entre ellas. Lo comprobaremos a cada paso.

Así, nos informa unas líneas más abajo de que la versión progre de la historia es, simplemente, inatacable, y el revisionismo, por tanto, no tiene ninguna oportunidad frente a ella: «Aún tratará de entablar alguna que otra batallita mediática tan absurda ya como inútil siempre». Entonces, ¿por qué se molesta él en escribir medio millar de páginas con la ayuda y estímulo de tantos ilustres cátedros y profesionales de la cosa (el librote, confiesa, es «más deudor de muchos colegas y amigos» que de él mismo)? ¿Por hacerse digno del privilegio de ser leído, aunque tampoco sienta la menor inquietud si casi nadie lo lee?

También cabe preguntar: ¿y por qué resulta «inútil y absurdo» el propósito revisionista? Aquí, Reig responde con más sinceridad y menos contradicción. Dicho propósito, nos ilustra, «no tiene nada que hacer ante la Historia». Notificados quedamos. Mas, como buen marxista, Reig precisa algo más tangible, más material, que los algo volátiles juicios de doña Clío. Los revisionistas, añade, tampoco tienen nada que hacer «ante ^soluciones políticas como la acordada el 31 de marzo de 2006 por la

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que el 18 de julio se declare día oficial de condena de la dictadura franquista». ¡Ajá! Cualquier demócrata (pero ¿qué es la democracia formal para un marxista de pro?) sospechará de un Consejo autonombrado «de Europa» que se extralimita en sus funciones y usufructúa, como observó Ortega de otros extralimitados, «una ignorancia radical sobre lo que ha pasado en España ahora, hace siglos y siempre». El mal aconsejado Consejo pontificaba, además, a sugerencia del gobierno de Zapatero el Rojo, resuelto a establecer por ley que los estalinistas, los demás marxistas, los racistas, anarquistas y golpistas republicanos o catalanistas…¡luchaban por la libertad en los años 30! Nuestro digno catedrático opina, muy a la marxista, que la verdad de la historia debe imponerla el poder político… progre. Para eso está.

Bien cierto es que a Reig, como al gremio en conjunto, nunca le preocupó la veracidad histórica, según revela su forma de «debatir». Su método consiste en fijar etiquetas denigratorias siguiendo la vieja y a menudo eficaz receta de la Comintern (no perdamos de vista las raíces marxistas —y a menudo el tronco y las ramas— de estos señores. Ya hablaremos de ello): «Cuando los obstruccionistas se vuelvan demasiado irritantes hay que etiquetarlos como fascistas o nazis. Esta asociación de ideas, después de las suficientes repeticiones, acabará siendo una realidad en la conciencia de la gente». Por ello su debate se centra en calificar insistentemente a los críticos de «franquistas» o «neofranquistas», en igualar la revisión de la guerra civil a la negación del Holocausto, y trucos parecidos.

Ya abunda en esa táctica el prólogo de Preston, uno de los más distinguidos falsarios —no es una etiqueta, lo he demostrado amplia y concretamente— de esa historiografía. Tras soltarnos algunas falsedades sobre el «movimiento popular que reclamaba la recuperación de lo que ha venido a llamarse memoria histórica» (ni recuperación de ninguna memoria, sino de las viejas propagandas, ni movimiento popular, sino montaje político bien engrasado con fondos públicos), ataca a Stanley Payne por haber osado apartarse del coro denigratorio y reclamar los fueros de la democracia y el debate intelectual honesto. Nos cuenta Preston con singular caradura: «Nos ha extrañado el hecho de que el profesor Payne diga que el otrora terrorista ha sido víctima de ‘persistentes exigencias’ para que sea ‘silenciado’ o ‘ignorado’, afirmación que difícilmente cuadra con la libertad con que parece que el señor Moa vende cientos de miles de libros o con la frecuencia de sus apariciones en los medios de comunicación». Ciertamente, señor Preston, usted y todo el gremio, y muchos políticos y poderosos medios de comunicación, han dedicado grandes e inquisitoriales esfuerzos a censurarme y silenciarme (lo del «otrora terrorista» sigue esa línea)… y han fracasado. Pero suena algo fuerte presentar ese fracaso como un mérito de ustedes. Es como quien intenta robarte la cartera y, al no conseguirlo, dice que no debes protestar, porque al fin y al cabo no te la ha quitado.

Redondeando la jugada, termina el progre británico con una insidia típica: «si el profesor Payne se resiste a elogiar a Franco directamente, quizá se está permitiendo hacerlo indirectamente a través de las obras de Pío Moa». De nuevo la táctica intimidatoria, inquisitorial, de la Comintern: nada de discutir si lo que dicen Payne o Moa es cierto, «hay que etiquetarlos como fascistas o nazis».

A continuación dedica otro largo párrafo contra César Vidal, ironizando sobre su abundante producción de libros. Lo que no señala en ningún momento, y es lo que realmente importa, es si las obras de Vidal sobre las brigadas internacionales, las checas, Paracuellos, etc., contienen algún error fundamental. Total para qué, ¿verdad? La cuestión es muy otra.

¿Cuál es la cuestión, para estos caballeros? Ningún misterio. Se trata de mantener a toda costa una industria, en el doble sentido de la palabra, que les ha dado jugosas ganancias durante cuarenta años; la industria de la guerra civil y la república, montada ya bajo el franquismo: libros, congresos, artículos, reparto de puestos y prebendas, presencia constante en los medios de masas, fama, poder en la enseñanza y fuera de ella, abundante acceso a los fondos públicos… Y «erradicación» de cuantos rechazaran aquellas versiones del pasado que nuestro bravo Reig cree resueltas y santificadas definitivamente por el Consejo de Europa. En fin, un filón inagotable, pues siempre surgía alguna nueva idea, algún aniversario, algún personaje, sobre los que montar grandes campañas mediáticas y subvencionadas: cuando no era Azaña eran las brigadas internacionales, o la represión franquista, o Companys, o los niños de la guerra… Sólo les ha faltado homenajear directamente a las checas.

Y esa caudalosa fuente de dinero, poder, fama y prestigio ¿va a secarse de pronto, por obra de unos cuantos tipos al margen de las estructuras oficiales, que tienen la desvergüenza de no sacar cuartos del erario y vender muchos libros? Tal posibilidad estremece de indignación a Reig

Y no le falta razón. Si los revisionistas somos veraces, ellos no pueden serlo, y viceversa. Las divergencias de enfoques, métodos y conclusiones son tan de raíz como las que llevaron a la caída del muro de Berlín. El negocio, pues, está en peligro, ya da señales de ruina y, al final, el método de la Comintern termina volviéndose contra quienes lo emplean. En cambio sigue en pie la exigencia de Payne: el debate debe realizarse «en términos de una investigación histórica y un análisis serio que retome los temas cruciales».

La siguiente observación la he hecho otras veces, pero he de reiterarla ante la incesante repetición del ataque: la etiqueta de franquista cuadra mucho más a estos señores que a mí, pues gran parte de ellos hicieron su carrera en el funcionariado franquista y/o desde familias del régimen, mientras yo luchaba contra éste. El mismo profesor Reig, un caso entre tantos, es hijo de quien fuera director del NODO, un aparato de propaganda de la dictadura. Cosas de la vida.

Capítulo III

¿QUÉ ES UN HISTORIADOR?

El mundillo progresista anda un poco revuelto desde hace tiempo con el arduo problema de las esencias de la historiografía: ¿qué es un historiador, qué puede ser eso? Se trata, básicamente, de dar con alguna definición que nos deje a algunos fuera del cotarro. Tras mucho cavilar han llegado a la conclusión de que algunos no somos historiadores, y quieren fundamentar tan sesudo acuerdo de modo convincente para los ajenos al gremio. Según unos, un historiador ha de recibir el título en la universidad y de sus autorizadas manos; sostienen otros que un historiador solvente ha de dar clases de la materia, también en la universidad o, al menos, en la enseñanza media. Exigencias peligrosas, porque también dejarían fuera de juego a gremialistas como Juliá, Gibson o el propio Reig, que no son licenciados o no dan clases del asunto, sino de materias más o menos conexas. Además, ¿cabría llamar historiadores a los cientos que pasan por tales en todo el mundo, desde Tucídides, sin haber recibido las brillantísimas enseñanzas y grados de nuestros progres maestros?

Por ello, supongo, el señor Reig prefiere una definición más, digamos, sofisticada: serían historiadores «aquellos estudiosos e investigadores debidamente reconocidos por sus títulos académicos o, lo que es mucho más importante, por sus aportaciones historiográficas así consideradas por quienes han sido acreditados por su propia obra y así les es reconocida por sus pares». En menos palabras, sería historiador aquél a quien reconocieran por tal «sus pares», los de Reig, se entiende. Y concreta en una entrevista: «Estos publicistas, que califico de neofranquistas o propagandistas o historietógrafos, no pueden tener la pretensión de, sin títulos académicos y sin reconocimiento de sus pares, es decir, del gremio de profesionales de la historia, ser reconocidos como tales y adjudicarse alegremente el título de historiador». Así pues, el amigo Reig y sus gremialistas no nos conceden el título a unos cuantos. En lo que me atañe, no hallo palabras adecuadas para expresar mi desolación.

Mas, para empezar, ¿existe algo parecido a un gremio o comunidad de historiadores dedicado, entre otras cosas, a adjudicar tales títulos? Tal vez lo haya en un país comunista o fascista, pero no en una democracia. Ello aparte, el aludido gremio no abarca, en la idea de Reig, a la comunidad de los historiadores, sino a los «pares» del propio Reig, como ya indiqué, pues fuera de él encontramos a gran número de profesionales y profesores que sí me reconocen como historiador, por poner mi caso. Citando sólo de memoria, me vienen ahora mismo a la cabeza Payne, Seco Serrano, Andrés-Gallego, Jesús Salas Larrazábal, Ricardo de la Cierva, Cuenca Toribio, Bullón de Mendoza, Rob Stradley, José Luis Orella, Martín Rubio, Alonso Baquer, Luis García Moreno, Milagrosa Romero, Tom Burns, Manuel Tardío, Martínez Bande (poco antes de fallecer)… ¿O habría que quitarles también a ellos el título, por cometer tal herejía? Me gustaría hacer notar al señor Reig el infantilismo de su pretensión. Infantilismo, ya se entiende, capaz de transformarse en pesadilla en una sociedad no democrática, como van camino de serlo algunas regiones de España.

Contra lo que dan a entender los gremialistas, no existe el título de historiador, como no existe el de filósofo, novelista, poeta, etc. El licenciado, doctor o profesor de historia, sin más, difiere tanto del historiador como el licenciado o doctor en filosofía difiere del filósofo, o el licenciado, etc., en filología del novelista o del poeta. En fin, para aliviar de sus pesadas lucubraciones al señor Reig y sus pares, les propongo una definición más sencilla y realista, a mi juicio: es historiador quien escribe libros de historia. A partir de ahí, el historiador, como el novelista, etc., puede ser bueno, malo o regular, lo cual no depende de sus títulos, sino del valor de sus trabajos. Y para juzgar ese valor precisamos analizar dichos trabajos de forma concreta, como sugería Payne —y perdonen la reiteración de la obviedad—, y olvidar pretendidas condenas de gremio, o más propiamente de pandilla. ¿Entenderán estos señores algo tan simple?

Y aquí arribados, me veo en el penoso deber de informar al señor Reig y sus pares de que ellos pueden llamarse historiadores, ciertamente, pues escriben libros de historia. Pero no buenos historiadores, incluso me permitiría calificarlos de francamente malos. Comprendo que esto les parecerá absolutamente increíble, pero trataré de demostrarlo. Un profesional puede ser mediocre o malo por falta de esfuerzo o de talento, esto es casi una perogrullada; pero también por trabajar con un criterio falso, que le empuja a mutilar o malinterpretar los hechos históricos, echando a perder su esfuerzo o su talento. Como nadie ignora, un libro de historia no consiste en una simple acumulación de datos, sino en un ordenamiento de los mismos conforme a un enfoque o teoría general. Una teoría buena permite exponer la lógica interna de los datos y sucesos, sin forzarlos ni mutilarlos; con una mala ocurre lo contrario. La investigación sobre los datos desafía de modo constante a las teorías, las cuales quedan confirmadas o bien han de modificarse o desecharse.

Sin embargo, nuestra necesidad psicológica de orden y comprensión nos hace aferramos muchas veces a teorías aparentemente omniexplicativas, a pesar de su incapacidad para integrar los datos: se prefiere mutilar éstos, o prescindir de ellos antes que abandonar el orden aparente ofrecido por la teoría. Así ha pasado, y sigue pasando de modo muy destacado con el marxismo. Muchos intelectuales persisten en aplicar las categorías y concepciones de Marx, Engels y sus sucesores, de forma explícita o —más frecuentemente hoy día—implícita, incluso disimulada. Y Reig y sus pares, ya lo veremos con más detenimiento, entran de lleno en el redil marxista o marxistoide.

Las concepciones de Marx han cundido de tal forma que no pocos estudiosos ajenos o contrarios a esa doctrina han sucumbido a sus encantos, y no me refiero sólo a Tusell y sus seguidores progres de derecha. Hace tiempo discutí en un programa de televisión con uno de esos eclécticos derechistas, defensores de las «aportaciones» y del presunto valor explicativo del marxismo, aunque no admitiera la doctrina en bloque ni como única a emplear en la historiografía. Le contesté que el marxismo esteriliza necesariamente el estudio de la historia y de cualquier otra cosa, y que su gigantesca producción intelectual sólo tiene utilidad, al final, como material de derribo. Él me acusaba de extremismo, como único argumento.

El marxismo es una teoría omnicomprensiva con pretensiones científicas, aplicable lo mismo a las ciencias naturales que a las sociales. En las primeras, el materialismo dialéctico, la dialéctica de la Naturaleza, ha sido abandonado hace ya mucho tiempo. Nunca sirvió de nada o, peor todavía, sirvió para imponer aberraciones como las de Lisenko en biología. En cambio, en las ciencias sociales el materialismo histórico ha conocido un esplendor increíble, década tras década, manteniéndose incluso después de la caída del muro de Berlín. En nuestras facultades universitarias, no sólo en las españolas ni mucho menos, sigue enquistado, produciendo sin tregua falsedad y cháchara irrelevante; y también ese clima burocrático-inquisitorial tan característico. Produciendo, en suma, lisenkos y lisenkismos en serie.

A Reig y a sus queridos pares ni los sucesivos fracasos comunistas ni la caída del muro por excelencia les han enseñado nada. Por esa razón no son ni pueden ser buenos historiadores. Y ello, repito, al margen de su espíritu de trabajo, a veces muy notable, o de su talento, que no voy a cuestionar aquí.

Capítulo IV

NUESTROS LISENKOS

Tras un homenaje organizado por Tusell (con fondos públicos, va de suyo) al historiador marxista Tuñón de Lara, maestro de Reig y de tantos otros, escribí un artículo recordando un par de datos elementales: la historiografía marxista se apoya en la noción de lucha de clases y no busca esclarecer la verdad histórica, sino interpretar el pasado en clave revolucionaria, al servicio de los intereses que dicen del proletariado. Tuñón viene a ser el padre y maestro del gremio de nuestros lisenkos historiadores.

Hasta hace no tantos años, millares de intelectuales se proclamaban marxistas, orondos y desafiantes, pese a ser bien conocidos los efectos prácticos de dicha teoría. Y otros muchos exhibían desde fuera su respeto por su metodología y carácter científico. El naufragio de la URSS dejó a todos desconcertados, pero muy pocos han realizado algún esfuerzo de comprensión sobre las causas del monstruoso fracaso. Por supuesto, ni Reig ni sus pares lo hicieron. Hoy, la mayoría ya no se dicen marxistas, hasta se enfadan si se les llama así, pero no han evolucionado intelectualmente. Su modo de pensar, la ideología progre, podría describirse como un marxismo difuso en mezcla arbitraria con cualquier tendencia que les suene a «antiimperialista», sin excluir el fundamentalismo islámico. Como dice Juan Carlos Girauta: «Para engrosar sus filas, para ser uno de ellos, ya no se requiere un cierto conocimiento teórico, una adscripción a determinados modelos de análisis, una mínima solvencia en el manejo de la lógica marxista o marxiana (…) Basta con muy poca cosa para sentirse confortado con la pertenencia a un espacio ideal compartido con la inmensa mayoría de los periodistas, con los profesores de secundaria o

universitarios, con la modélica gente, ay, del cine español». Rota la antigua rigidez doctrinaria, cualquier cosa vale, y nuestros carpetovetónicos lisenkos siguen produciendo a destajo. No sustituyen el marxismo, simplemente lo embrollan y empeoran desde el punto de vista intelectual.

Aunque también procuran disimular. Así, dice Reig, tratar de «estalinista» a Tuñón (a quien dedica su libro) constituye «una bajeza moral» y una «simpleza mental». Hasta definirlo como «marxista» le parece fuera de lugar. Pero detengámonos un poco en el personaje. Tuñón dirigió en la universidad francesa de Pau, y en España después del franquismo, unos cursillos destinados a formar y orientar historiadores. «Renovó la historiografía española», dicen muchos, sin aclarar en qué sentido. Gran parte de la derecha le reverenciaba, empezando por el mencionado Tusell, de conocida vocación inquisitorial. El éxito de Tuñón, nos informa su discípulo Reig, «se debía obviamente al hecho de que en España no se podía escribir con libertad, claro, y los que carecían de ella leían con verdadera ansia a un hombre libre que había dejado su patria por luchar por ella y para poder seguir siendo libre». Pero en España había muchísima más libertad que en la URSS, los libros de Tuñón circulaban ya amplia y legalmente en los últimos tiempos del franquismo, y por eso viene a los labios la pregunta: ¿en qué consistiría la «libertad» por la que luchó y se exilió este «hombre libre»?

De la biografía de Tuñón, personaje un tanto misterioso, sabemos poco, pero lo suficiente para lo que aquí interesa. Se licenció en Derecho —no en Historia—, en la universidad de Madrid, en 1936, y cuatro años antes había entrado en las juventudes comunistas. Aunque Reig lo presenta como gran defensor de la república, los comunistas trataron de aniquilar desde el primer momento a aquel régimen burgués por medio de la acción armada, y participaron en la insurrección de 1934. Cambiaron parcialmente de táctica a finales de 1935, según las orientaciones de Moscú de formar frentes populares sin abandonar su objetivo: implantar en España un régimen soviético, usando de palanca la lucha contra un fascismo prácticamente inexistente en España. Tuñón, obviamente, compartía esos designios y actividades.

Y cuando Carrillo birló al PSOE sus juventudes, unificándolas %,on las del PCE bajo normas estalinistas, Tuñón se convirtió en director de la escuela de cuadros de dichas juventudes. Dato muy relevante, porque una escuela de cuadros era un centro para la formación de especialistas teóricos y

prácticos en marxismo-leninismo. Se ve que ya tenía vocación y aptitudes, demostradas nuevamente en sus coloquios de Pau, pues éstos fueron una auténtica escuela de cuadros historiadores, como Reig y sus pares. Los marxistas siempre prestaron máxima atención a controlar la visión del pasado, la «memoria histórica», como arma política para dominar el presente.

Ser comunista, entonces y después, significaba simplemente ser estalinista. El estalinismo no es otra cosa que el marxismo-leninismo, fórmula inventada por Stalin para definir la doctrina marxista en la nueva época de desarrollo capitalista, la época del «imperialismo» (El PCE, recuérdese, no abandonó el marxismo-leninismo, esto es, el estalinismo, hasta entrada la transición después de Franco). Por consiguiente, el apóstol de la libertad Tuñón era en los años 30 un entusiasta de Stalin e instructor de otros como él. Este hecho no admite discusión, pero sus cuadros se empeñan en velarlo. En su obituario, su discípulo Eloy Fernández Clemente hacía juegos malabares para evitar la declaración precisa. Durante la guerra, Tuñón habría sido «activísimo» (¿en qué?), pese a lo cual el franquismo lo dejó libre en 1940; y poco después «reconstruye la FUE» en Madrid, o monta, según Reig, «la Unión de Intelectuales Libres» (siempre la libertad). Y en 1946 «huye» a París con «una rica hoja de servicios a la causa»… ¿del comunismo? No, finge una vez más Fernández, ¡«de la izquierda»! La izquierda, que en marzo de 1939 se había sublevado, precisamente, contra los comunistas.

La libertad de este hombre libre siguió siendo la libertad del GULAG, al menos hasta 1956, cuando, nos cuenta su panegirista Fernández, «la crisis de Hungría y otros acontecimientos lo distancian del PCE, como ocurre por entonces con Claudín, Semprún y otros». En realidad, Claudín y Semprún se marchan o son expulsados en 1964, y Carlos Semprún dice que Tuñón siguió cobrando del KGB. Reig afirma, sin más, que ello «es radicalmente falso», pero los marxistas han declarado «radicalmente falsos» tantos hechos ciertos que, de momento, su aserto carece de valor. Y a nuestro objeto tampoco tiene mayor relevancia. Importa más bien otra cuestión: ¿dejó Tuñón de ser comunista, o sea, estalinista, en algún momento, dentro o fuera del PCE ° del KGB? La respuesta inequívoca es NO. Una frase tardía del personaje lo revela: «Jamás te avergüences de España: es el único país, con Vietnam, que resistió tres años a un golpe de Estado». Para él, la férrea dictadura marxista-leninista vietnamita representaba la libertad, como el Frente Popular español tutelado por Stalin. Motivo para no avergonzarse de España, nada menos. También invocaba, nos cuenta Reig, la «utopía razonable», algo así como el hielo caluroso o, más apropiadamente, el crimen benévolo.

Y, en fin, ¿siguen los libros de Tuñón una metodología marxista? La respuesta, también inequívoca, es SÍ. Por eso, calificar a Tuñón de marxista y, más en concreto, de marxista-leninista o estalinista, no sólo es pertinente, sino indispensable para entender tanto su «renovación historiográfica» como a sus discípulos, los cuales encubriendo a Tuñón buscan encubrirse ellos mismos. Porque declararse marxista o marxistófilo ya no constituye un prestigio, como antes del derrumbe de la URSS. Tradicionalmente los comunistas se han disfrazado de otra cosa, de fogosos demócratas y pacifistas por lo general, pero parece algo tarde para seguir jugando al despiste.

Hablo de Tuñón, obviamente, no como persona, sino como historiador y formador de cuadros. Personalmente fue, según tengo entendido, afable, simpático y de buen talante. Entre los comunistas no faltaban personas así, de gran eficacia proselitista. Pero, por su ideología, Tuñón sólo podía instruir a esa legión de lisenkos que después coparon gran parte de la universidad con su dogmatismo, exclusivismo y agresividad sectaria. Y su, digamos, copiosa esterilidad intelectual.

El núcleo historiográfico de nuestros lisenkos consiste en un mito o seudomito pasmoso: la atribución de los valores de la libertad y la democracia al conglomerado de marxistas, anarquistas, racistas del PNV y golpistas varios que integraron el Frente Popular ampliado, bajo el protectorado de Stalin. Tal pretensión desafía a la lógica y la experiencia más elementales, constituye un embuste fenomenal y fundacional, generador de incontables embustes más. Pero fue la base de la propaganda de la Comintern, y sigue siéndolo de las historias de nuestros «hombres libres» de la historiografía.

Pensándolo bien, hacen falta unas tragaderas gigantescas para tal rueda de molino, y, sin embargo, innumerables historiadores españoles y extranjeros la engullen sin masticarla. También debe observarse el carácter pedestre del marxismo español, su singular ineptitud para plantearse cualquier problema teórico, su nula aportación intelectual a su propia doctrina. Ni siquiera la caída del muro de Berlín ha logrado obligar a estos titanes del pensamiento a reconsiderar seriamente la ideología, y ahí siguen Reig y su gremio con ella, más o menos aguada en ideología progre, y tratando de disimular. Procuraré resumir las razones, al parecer incomprensibles para ellos, por las que sus teorías sólo pueden generar pésimos estudios de historia.

Capítulo V

PROFECÍAS CUMPLIDAS E INCUMPLIDAS

Hemos comprobado la pertinencia de caracterizar como marxistas o marxistoides a Reig y sus lisénkicos pares. Hasta el título de su libro, Anti Moa, remeda el Anti Dühring, de Engels; aun si, con su incoherencia habitual, Reig niega a cada paso que valga la pena ocuparse de mis modestos escritos.

Nuestros marxistas, nunca muy brillantes, tratan la república, la guerra y el franquismo con un enfoque «de clase», a veces confuso, pero discernible: movimiento obrero o partidos obreros por aquí, partidos burgueses, oligárquicos o fascistas por allá, represión «popular», por un lado, reaccionaria, por otro, acción genocida del franquismo contra «el pueblo trabajador», explotadores culpables de las peores injusticias contra las justas aspiraciones «democráticas» y «avanzadas» de los trabajadores, de «sus» partidos de clase y de la pequeña burguesía progresista, etc. Fulminan también la paranoia o histeria anticomunista con que los historiadores revisionistas osamos poner en duda el escrupuloso respeto de los marxistas a la legalidad republicana; o la incomprensible cerrazón con que los reaccionarios cuestionamos la conducta democrática de Stalin, que en definitiva defendió a la república española frente a la traición burguesa de Francia, y no digamos Inglaterra. En síntesis, la república fue un momento de esperanza y triunfo parcial del pueblo explotado, la guerra civil se debió a la reacción de los explotadores incapaces de aceptar la mínima reforma contraria a su interés de clase, y la era de Franco constituyó el triunfo genocida de estos últimos. Varían en matices y terminología, admiten fallos y hasta crímenes ocasionales e involuntarios de los progresistas, la perfección no existe; pero los admiten frente a una esencial criminalidad de las clases explotadoras: errores del «pueblo» y sus representantes frente a horrores de las oligarquías reaccionarias. Tal viene a ser el alfa y el omega de las versiones historiográficas progres.

Enfoque esencialmente marxista, repito. Pues bien, trataré de explicar brevemente a estos señores por qué ese enfoque sólo puede extraviarlos. Decía Koestler que el dominio de la jerga marxista permitía a un idiota pasar por inteligente, y hoy se suele negar carácter científico a la teoría, entre otras cosas porque contiene la vacuna contra la crítica, contra la revisión o «falsación», en términos popperianos. El marxismo no sólo establece un cuerpo de doctrina, sino que achaca a intereses «de clase» reaccionarios la actitud de quienes no lo acatan. De este modo la crítica se vuelve inaceptable por principio y, en un régimen socialista, muy peligrosa para el crítico. Los marxistas no intentan esclarecer los hechos, sino calificar rápidamente al discrepante. Lo vimos antes, al reseñar la ausencia de debate en torno a la historia reciente: por naturaleza, el crítico es un «enemigo de clase» (de gremio, en este caso), y, o entra en el redil o se le «erradica», como a Ricardo de la Cierva.

Sin embargo, y al revés que la mayoría de sus discípulos, Marx sí tenía espíritu científico. Elaboró unas hipótesis sobre la evolución de la humanidad, pasó a comprobarlas investigando sobre la sociedad presente, llamada por él capitalista, sentó unas tesis y de acuerdo con ellas hizo predicciones. Su análisis del capitalismo quedó inconcluso (porque comprendió sus errores básicos, sostienen algunos), aunque Engels compiló sus papeles últimos de forma bastante satisfactoria en el tomo III de El capital. Actitud científica y no dogmática, por tanto. Lo cual no quiere decir que acertase. A menudo se señala la naturaleza acumulativa de la ciencia, pero no debe olvidarse su simultáneo rigor selectivo o excluyente. La ciencia avanza también desechando ideas o hipótesis de carácter científico en principio, pero que se demuestran falsas al sufrir lo que Marx habría llamado «la prueba de la práctica». De hecho suelen ser más las hipótesis desechadas que las aceptadas. Y esto es lo que ha ocurrido con el marxismo.

Un criterio clave en la ciencia para valorar una teoría consiste en examinar sus predicciones. Pues bien, las de Marx no se han cumplido, y las retorcidas adaptaciones de sus discípulos han fracasado. Las sociedades que él condenó a la autodestrucción son las más ricas y libres del mundo, participando de su riqueza y libertad la «clase obrera». Es en las sociedades socialistas u otras sin mercado libre ni democracia burguesa, donde cunden muchas de las plagas profetizadas por Marx.

En cambio, sí se han cumplido las profecías de los críticos de Marx y del socialismo en general, y llama la atención la coincidencia entre ellas desde Donoso Cortés a Bakunin: las ideas socialistas sólo podían generar un despotismo sin precedentes en la historia. Y así ha ocurrido sin excepción. En la URSS, en Europa oriental, en China, en Camboya, en Vietnam, en Corea del Norte, en Cuba, en Etiopía, etc., se ha repetido el mismo esquema: sociedades encarceladas (¡el muro de Berlín y tantos otros, no para defenderse del exterior, sino para impedir la huida de la gente!), con otras cárceles internas mucho más brutales para los «enemigos de clase». Decenas de millones de personas exterminadas y el resto privadas de libertad política y también personal, algo desconocido en otras dictaduras. El Gran Experimento para crear el «hombre nuevo».

Ante esta experiencia histórica, cualquiera que se hubiera dejado deslumbrar por el aparente poder explicativo y predictor del marxismo debería plantearse honradamente algunas cuestiones elementales. Pero eso, ya lo he dicho, nunca lo hicieron Reig y compañía, ni tampoco los partidos afines. Han sido propagandistas de la Gran Mentira. Y lo siguen siendo.

Pocos de ellos se declaran hoy comunistas. En su mayoría están cerca del PSOE, que no abandonó el marxismo hasta la transición. Así, hasta entonces ese partido seguía la doctrina más opuesta a las libertades, junto con el nazismo, que hayan producido los siglos XIX y XX. Este dato suele minusvalorarse, pero tiene importancia crucial, pues el marxismo del PSOE ayuda mucho a explicar su no muy ejemplar historia: enemigo cerrado del régimen liberal de la Restauración, en alianza de hecho con el terrorismo anarquista; colaborador luego de la dictadura de Primo, lo que probablemente fue bastante sensato y le permitió llegar a la república como el partido decisivo, el árbitro del nuevo régimen; radicalización revolucionaria desde 1933, pregonando y organizando la Guerra Civil, para promover luego el Frente Popular e impulsar, tras las elecciones de febrero de 1936, un proceso de aniquilación de la legalidad republicana; corrupción gigantesca, quizá no igualada en siglos, durante la Guerra Civil; luego, en el franquismo, oposición prácticamente nula a la dictadura, tan odiada ahora. Ciertamente podrían ponerse al lado de estos hechos otros más favorables, pero los citados bastan para entender qué ha significado el marxismo en la historia de ese partido y de España.

La tardía renuncia al marxismo, ¿supuso su repentina democratización? Una renuncia real tendría que apoyarse en un examen de la teoría y la historia del partido, lo cual no ocurrió en absoluto. Por el contrario, surgió por entonces un lema provechoso electoralmente pero quizá el más mendaz que haya inventado partido alguno: «Cien años de honradez». El honrado PSOE actual sigue sintiéndose heredero de aquel partido marxista, de la doctrina abandonada oficialmente por conveniencias de poder, pero cuyos tópicos, tics y enfoques básicos permanecen. Es la ideología, aguada en progresismo, que hoy atenta contra la convivencia democrática al lado de los separatistas, terroristas y «civilizaciones».

Así pues, las predicciones o profecías marxistas no se han cumplido, y sí las de sus críticos del siglo XIX. Cabría objetar: ¿basta la experiencia histórica para desechar el marxismo y sus sucedáneos? Por mi parte me resistí a creerlo durante años. Después de todo, me decía, se trata de un tiempo insuficiente para juzgar un proceso nuevo en la historia, en el curso del cual habían de producirse, por fuerza, graves errores, sin que ellos destruyeran la teoría. Dudo de que piensen así nuestros lisenkos, afectos más bien a la fe del carbonero, pero por si acaso trataré un poco la cuestión.

Capítulo VI

INAGOTABLE FUENTE DE ERRORES

Quizá nuestros marxistas, marxistoides, criptomarxistas y filomarxistas se hayan sentido injuriados con la palabra «lisenkos», pero se trata más bien de un halago. Lisenko, en definitiva, elaboró una teoría a partir del materialismo dialéctico, algo que nuestros marxistas jamás han logrado hacer. Los marxistas españoles (o antiespañoles), reitero esta evidencia, nunca han alcanzado a elaborar nada propio, ni siquiera a analizar los hechos. Sumidos, con raras excepciones, en cuatro tópicos y consignas, no les dieron qué pensar sucesos como las rebeliones de los obreros de Berlín, de Polonia o de Hungría contra sus gobiernos presuntamente obreros o populares y contra la URSS, «patria del proletariado». Nada les dijo la barrera de muros, alambradas y puestos de ametralladoras que partía Europa en dos. Ni las gigantescas hambrunas con millones de muertos en Rusia, China y otros paraísos (ésas sí eran hambres, por comparación con la de los años 40 en España, tan deplorada por ellos). La misma denuncia de algunos crímenes de Stalin por Jrúschof apenas conmovió la fe carboneril de la gran mayoría. Tampoco supieron examinar, volviendo a la historia española, hechos tan llamativos como que los obreros en la república y la Guerra Civil no contasen con un partido, sino con cuatro, autoproclamándose cada uno representante exclusivo del proletariado, y asesinándose entre ellos. Y así sucesivamente.

La aplicación del marxismo ha producido innumerables crímenes. Pero, comentaba en el capítulo anterior, cabría considerar insuficiente el tiempo transcurrido para juzgar sobre un experimento históricamente nuevo. Esta argucia desesperada no se sostiene ante las muchas décadas de empeño en el experimento, con la repetición de los crímenes y errores, una y otra vez. Sólo valdría si la acompañara un análisis de esos errores y crímenes, y propuestas realistas para superarlos sin abandonar la doctrina, algo finalmente imposible y que en todo caso apenas se ha intentado en España. Al contrario, los pocos que lo hemos hecho, abandonando por fin el marxismo tras larga reflexión y no por repentina conversión damascena, hemos recibido mil invectivas, y menos mal si la subsistente democracia española ha impedido a los lisenkos pasar de las palabras, por ahora.

Cualquier análisis debe plantearse si no habrá en la doctrina algo que produzca por fuerza tales resultados. Pues bien, éste es justamente el caso: no se trata de una teoría buena, pero mal aplicada, sino falsa de raíz y abocada, por ello, al error sistemático.

El marxismo se presenta como una teoría que explica el desarrollo histórico a partir de la economía. Ahora bien, su concepción de la economía difiere de la común. En el marxismo, economía y lucha de clases vienen a ser sinónimos: los hombres viven inmersos en sociedades de clases, basadas en el interés por controlar la producción y distribución de la riqueza. A partir de esos intereses surgen formas de pensar y ver la vida, las ideologías, desde la religiosa a la política; y también los aparatos destinados a asegurar el poder de unos pocos y la sumisión de la mayoría. Tal habría sido el sino de la humanidad hasta la aparición del capitalismo, cuyo fantástico desarrollo de las fuerzas productivas hace posible el paso a una sociedad de abundancia generalizada, siendo el obstáculo la propiedad privada de los medios de producción. La tarea revolucionaria consistiría en derrocar a la clase dominante capitalista y expropiarla para abrir paso a una sociedad emancipada material, moral e intelectualmente, de las taras del pasado. Estas especulaciones, aunque sugestivas, no rebasan las de cualquier otro utopismo, detestadas por el propio Marx. La diferencia de su doctrina, su carácter científico en principio, consiste en su análisis de la explotación burguesa y sus «contradicciones internas» que deben conducirle de crisis en crisis al derrumbe final bajo los golpes del proletariado.

La mejor teoría de Marx para explicar el destino ineluctable del capitalismo fue la del descenso tendencial de la tasa de ganancia. Básicamente se trata de la contradicción entre la avidez del capitalista por la masa de ganancia (que le lleva a emplear gran cantidad de «capital constante»: maquinaria, materias primas, etc.) y el supuesto hecho de que la ganancia no nace de ese capital, sino del que llama capital variable; es decir, consiste en la plusvalía extraída a los obreros, la cual tiende a descender debido al menor empleo proporcional de éstos: aumenta la masa de ganancia y decae su tasa. Esa idea explicaría los ciclos, la tendencia al monopolio, las crisis y otros fenómenos típicos. Le he dedicado un ensayo y no puedo reproducirlo aquí, pero baste consignar que contradice la tesis básica de Marx sobre el origen de la ganancia, pues implica necesariamente que el capital constante produce también plusvalía. Se trata de una incoherencia clave, que afecta a la raíz misma de la construcción marxiana y remite a su vez al problema de la plusvalía y del valor.

Se ha generalizado el uso del término «capitalismo», consagrado, aunque no inventado, por Marx, pero la palabra puede significar cosas muy distintas según quien la emplee. Para los marxistas define a la sociedad basada en la explotación del proletariado mediante la plusvalía. La teoría de la plusvalía es, como observó Lenin, la piedra angular del marxismo, y la que le ha dado esa apariencia científica (socialismo científico) superadora de las arbitrarias especulaciones utópicas. A ella debe la doctrina gran parte de su prestigio e influencia. La plusvalía es el valor extraído por el capitalista al trabajo del obrero por encima del salario que le paga.

La idea se basa en el supuesto de que el valor de las mercancías consiste en la cantidad de trabajo humano contenido en ellas. Parece una buena idea, pues provee de una unidad en principio objetiva para medir la riqueza de una sociedad, por encima de las continuas alteraciones de precios propias del sistema. Y la medida es esencial en la ciencia. ¿Cómo se mide, a su vez, el trabajo, esencia del valor? En tiempo. La plusvalía consiste en el tiempo que el obrero continúa trabajando para el patrón una vez ha cubierto las horas equivalentes al valor de su salario. Saltan a la vista las objeciones que hacen inviable la tesis, por lo que Marx hubo de refinarla como «tiempo de trabajo socialmente necesario». Lo cual convirtió el valor-trabajo en una medida de goma, en constante cambio según épocas, países y ramas productivas dentro de cada país. Adiós a la medición económica objetiva en unidades de valor-trabajo. De hecho, ni los marxistas occidentales ni los de los países socialistas tuvieron éxito jamás en el intento de cuantificar y explicar las respectivas economías en términos de valor marxiano.

Con ello naufragan las pretensiones de acierto científico del marxismo, a menos que nuestros lisenkos encuentren la salida al laberinto, cosa sumamente improbable, más aún considerando su bien probada ineptitud teorizadora. El marxismo queda reducido entonces a una de tantas lucubraciones utópicas, como aquellas que tanto irritaban a Marx. Y, como todas ellas, basada en una radical negación de la libertad.

Una teoría falsa en sus formulaciones de base sólo puede dar lugar a errores en cadena, y resulta inútil esperar que llegue a dar buenos resultados con el tiempo. Esto no han logrado entenderlo los Tuñón y sus discípulos Reig y compañía, y por eso sus versiones de la historia no sólo son antidemocráticas, como he señalado otras veces, sino rotundamente equivocadas. Sin embargo, a partir de ideas erróneas es posible escribir libros y más libros, tan poco valiosos como las tesis generatrices, aunque puedan ser productivos para sus autores y proporcionar algunos materiales de derribo apreciables. Por esta razón Reig y sus pares siguen elaborando una historia cimentada en la propaganda de la Comintern, y pretenden convencernos de ideas tan peregrinas como la de que aquel Frente Popular representaba la legalidad democrática. Con tal premisa se vuelve imposible entender nada, y los hechos se interpretan siempre al revés, deporte en el que Preston se lleva quizá la palma.

Capítulo VII

AZAÑA Y LA DEMOCRACIA

Una especialidad de los marxistas en todo tiempo y lugar ha consistido en otorgar graciosamente títulos de demócrata o antidemócrata a quienes ellos tuvieran a bien. Y a Azaña, desde luego, con preferencia. Lo divertido de este enredo es que Azaña detestaba el marxismo, en la escasa medida en que lo conocía — uno de sus graves fallos—. Le repugnaban los comunistas y trató, en vano, de excluirlos de la coalición de izquierdas que derivó en Frente Popular. A Largo Caballero y a Negrín terminó cobrándoles aversión, bien testimoniada en sus diarios de guerra. Y, sin embargo, los marxistas y afines, que también lo criticaron y despreciaron en su momento, le muestran hoy una simpatía rayana en la veneración. ¡Qué gran demócrata su Azaña!

Esta curiosa y no recíproca simpatía se debe en parte al carácter jacobino del venerado. Los marxistas suelen admirar el jacobinismo, un movimiento burgués, desde luego, pero lo bastante extremista o «consecuente» como para que aquéllos se sintieran herederos suyos, si bien más radicales y científicos. En la olla jacobina se cocinaron los totalitarismos posteriores.

Hoy el calificativo de jacobino —como el de marxista— ha perdido el brillo de otrora, y Reig rehúsa aplicárselo a Azaña, a fin de pasarlo por demócrata: «Al llamar a Azaña jacobino, suponemos que [Moa] no quiere llamarle «dominico», primera acepción del DRAE [nótese la sagaz observación]; la tercera es demagogo partidario de la revolución. ¿Fue tal don Manuel Azaña? Así que sólo queda la segunda (…) a la que sin duda se refiere nuestro experto historiador. Históricamente, durante la Revolución francesa, los jacobinos sumieron a Francia en el terror, exigieron la ejecución del rey, marginaron a los moderados y guillotinaron a miles de sus adversarios reales o supuestos, acabando por guillotinarse entre ellos mismos ¿Qué tiene Azaña en común con ellos? Nada. Los jacobinos eran fuertemente centralistas y Azaña lideró la opinión pública de izquierdas (que era más bien reacia) para que aceptara el Estatuto de Autonomía (…) ¿Azaña jacobino? ¿Azaña un furibundo centralista?».

Acierta el camarada al señalar el centralismo de los jacobinos y de algunos republicanos españoles. También pudo haber mencionado la aludida aversión de Azaña por los marxistas, quizá poco apropiada en un jacobino de raza: he aquí un problema de mi tesis. Pero de fácil solución. En realidad fue la debilidad política de Azaña, y no sus convicciones, lo que le obligó a pactar y hacer grandes concesiones. Cosas de la política. Pudo buscar alianza con los elementos moderados, pero, como buen jacobino, eligió al PSOE y la Esquerra, los más extremistas del régimen después de la CNT y los comunistas. Se alió con los marxistas y con otro partido típicamente jacobino, la Esquerra catalana. Con eso entendemos por qué rechazó entonces la autonomía para las Vascongadas: porque el PNV era un partido clerical (aparte de rabiosamente racista). Esa mezcla de debilidad y extremismo indujo a Azaña a graves yerros. Así, creyó resolver con la autonomía el problema creado por los nacionalistas catalanes, cuando éstos la consideraban una simple etapa en una escalada de reivindicaciones. Con igual miopía esperaba una alianza estable con el PSOE, pero éste la veía como una táctica pasajera a fin de preparar el paso a la dictadura socialista.

Reig olvida otro aspecto clave del jacobinismo: su ataque a la Iglesia. Azaña promovió una Constitución impuesta por rodillo, no consensuada y no laica, sino anticristiana. Confundiendo sus deseos con realidades declaró que el país (no el Estado, entiéndase bien) dejaba de ser católico, y convirtió a los religiosos en ciudadanos de segunda, vulnerando las libertades democráticas, como él mismo reconoció. Amparó desde el poder la quema de iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza católicos, sobre todo en 1931, y volvería a hacerlo en 1936. Ello aparte, impuso una Ley de Defensa de la República que reducía a muy poco las libertades constitucionales, y con ella en la mano cerró o censuró cientos de publicaciones, detuvo y deportó sin acusación, etc.

Esto, sólo por mencionar algunos hechos bien conocidos y documentados. ¿Cómo los aborda Reig? O los pasa por alto o los niega, con ignorancia muy sorprendente para quien quiere pasar por historiador. Cree apócrifa la frase de Azaña sobre la quema de conventos y la vida de un republicano, cuando la citan en términos casi idénticos dos testigos presenciales, Maura y Martínez Barrio. Sobre la protección de Azaña a los delincuentes incendiarios («el pueblo», en la retórica jacobina y marxista), tenemos también el testimonio presencial de Alcalá-Zamora… y el del mismo Azaña en sus memorias. O las referencias de Rivas Cherif. Aficionado a la anécdota y a las frases, Reig dedica asimismo amplio espacio a la frase de «tiros a la barriga», en relación con la matanza de Casas Viejas, y comete el doble error de negarla, porque le da la gana, y de atribuirme la tontería de darla por cierta. Un historiador debe ser cauto. Al revés que en el caso anterior, no tenemos seguridad razonable de que Azaña la dijera, pues sólo un testigo la menciona, pero tampoco podemos descartarla a la vista de, por ejemplo, su consigna, recogida en sus diarios, de fusilar sobre la marcha a los insurrectos ácratas del Alto Llobregat. Por lo tanto, podemos dar por verosímil la frase de los tiros a la barriga, sin afirmar, no obstante, su certeza. Y como en el caso de la quema de conventos, lo importante no son las frases, sino los hechos y las actitudes, y éstos son hoy conocidos, por mucho que ello irrite a nuestro buen historiador.

Con descuido parejo, Reig atribuye mis fuentes a Arrarás, a quien cito muy poco. Obviamente, mi adusto crítico no ha leído mis libros, aunque habrá hojeado algunos. Si hubiera leído Los personajes de la república vistos por ellos mismos, tendría una idea mucho más cabal sobre mis fuentes y tratamiento de estos problemas. Sus patinazos de este género abundan, como al acusarme de inventar frases de Calvo Sotelo… sacadas del diario de sesiones de las Cortes. O al recomendarme leer al respecto el libro de Alfonso Bullón… que Reig no ha leído, pues lo hace concluir en la dictadura de Primo de Rivera, cuando Bullón lo extiende muy ampliamente hasta el asesinato del líder monárquico. En fin, debemos aceptar que nuestros lisenkos, tan comprometidos en la defensa de los intereses del «proletariado», del «pueblo» o del «progreso», tan volcados en desacreditar a los enemigos «de clase» o de gremio, no están para perder tiempo y energía en estas enfadosas minucias.

Por resumir: Azaña tuvo un concepto de la república no democrático, sino jacobino y despótico, valga la redundancia: extremadamente anticatólico, «demoledor», una república para todos, pero gobernada por los suyos. No lo dice Arrarás ni la derecha, sino Azaña mismo. Para llevar a cabo su designio procuró la alianza con los sectores políticos revolucionarios, «los gruesos batallones populares», confiando en dirigirlos gracias a la «inteligencia republicana». Tampoco lo dice Arrarás, sino él mismo. Pero la inteligencia republicana resultó peor que precaria, resultó más bien una estupidez notoria. También lo dice Azaña, y lo confirman Marañón y otros. Y así, Azaña y los suyos, lejos de dirigir a los revolucionarios, fueron arrastrados literalmente por ellos. En esto se resume toda la aventura azañista. Lo cual, de paso, explica muy bien la simpatía de los marxistoides por su figura: ven en ella a quien, velis nolis, les facilitó el camino al poder.

A decir verdad, si alguien rebate contundentemente a Reig y sus pares es Azaña. A sus textos he recurrido en mucha mayor medida que ellos, y puedo imaginar fácilmente qué escribiría el cáustico prócer republicano en sus diarios sobre estos marxistoides e interesados aduladores de hoy.

Y, finalmente, me permitiré dudar de la capacidad de nuestros lisenkos para conceder títulos de demócrata a nadie, empezando por ellos mismos.

Capítulo VIII

AZAÑA Y LAS REFORMAS

Ya he dicho que Reig escribe en nombre y con ayuda de sus numerosos pares, desde Preston a Bernecker, pasando por Ángel Viñas y bastantes más, y eso me obliga a leerle y contestarle. Un deber fatigoso para persona de mi edad y sobrecarga de trabajo, porque, también lo indiqué, Reig tiene un don extraordinario para la divagación y la retórica barroca, fogosa y farragosa. Dos botones de muestra: «La mala historia se combate sencillamente con la buena historia. Ya lo sabemos. Nosotros no somos tan necios de autoalabarnos y considerarnos el Oráculo de Delfos o la mamá de Tarzán. No tenemos con estas páginas otra pretensión, como hemos reiterado por exceso, que la de la firme denuncia documentada y razonada ante la opinión pública de lo que nos parece un fraude intolerable. Y en este país de picaros y estafadores (hoy toca Afinsa como ayer tocó Matesa, por no retrotraernos a los fenicios), convendría empezar de una vez por todas a apelar a la medicina preventiva antes que recurrir a la paliativa, tarde y mal. Además, es socialmente mucho más barato». Y he aquí un prodigio de fino razonamiento en torno al asesinato de Calvo Sotelo: «Así, aquel Gobierno, el republicano, estaría manchado de sangre, implicado en semejante «crimen de Estado», como se deduce de tan ejemplar y digno escribidor [Moa] y tal y como decía y escribía en su momento su maestro, que confundía crimen político con crimen de Estado (no nos atreveríamos a decir si por mala fe o por simple ignorancia). Claro que él no es catedrático de Derecho Político como lo era Gil-Robles. Si «todo apunta a que el Gobierno sí estuvo más o menos implicado en semejante crimen, según los Moa y demás tropa, si los regímenes y

gobiernos democráticos anteriores al que hoy disfrutamos eran criminales, ¿por qué no va a haber algo oculto, raro, inconfesable, detrás de los atentados del 11-M? ¿No hay mochilas probatorias…». Etc., etc.

Tiradas parecidas llenan el libro, que con la décima parte de su extensión se haría más inteligible para personas de mente y tiempo limitados, como quien esto escribe. El bravo Reig entronca visiblemente con la gloriosa tradición de Fray Gerundio de Campazas, y a ratos recuerda al clérigo Mr. Collins de Orgullo y prejuicio, por su habilidad para interpretar las situaciones de un modo peculiar e intransferible, y atribuir a otros sus propios dislates. Aquí Reig, debe admitirse, resulta en cierto modo más clerical que marxista.

Como se comprenderá, nunca terminaríamos de aclarar cada equívoco y enredo del camarada, por lo que me limitaré a dos casos, suficientes, a mi entender: el de Azaña y el de Franco en relación con la guerra mundial. Antes expuse la razón de que los marxistas, con doble ilegitimidad, otorguen a Azaña el título de demócrata intachable. Tocaré ahora el otro tema clave de la historiografía lisénkico-tuñonesca en relación con el personaje: «Azaña —asegura Reig— fue un reformista moderado, el aliado objetivo (el más realista) de la contrarrevolución, el único que podía reconducir parlamentariamente las reformas que la sociedad española necesitaba imperativamente para modernizarse. Azaña era la mejor garantía contra la revolución, pero su posición abiertamente reformista, modernizadora, resultaba excesiva para el bloque oligárquico cuyos propagandistas se empecinaron siempre, y ahora absurdamente insisten, en presentarlo como un radical e incluso como un revolucionario. Eso es precisamente lo que le hacía más peligroso que cualquier otro planteamiento revolucionario. El proyecto de Azaña era factible. Sólo un frívolo ignorante o un renovado propagandista puede decir que Azaña era un jacobino, como Largo Caballero un comunista radical, un bolchevique o un revolucionario pelele de Stalin».

¡Caramba! ¿Y por qué, entonces, Azaña eligió aliarse con los marxistas y los separatistas (no todos lo eran, pero sí una gran parte) catalanes, y luego también con los comunistas? ¿Por qué impuso una Constitución abiertamente anticatólica, que no simplemente laica? ¿Por qué replicó a la victoria electoral de las derechas en 1933 con intentos golpistas? ¿O por qué Largo Caballero ostentó el ilustre título de El Lenin español y predicó la dictadura del proletariado, defenestró al moderado (éste sí) Besteiro y organizó la Guerra Civil en 1934? Y así sucesivamente. En fin, ¿lo harían todo por puro afán reformista y hasta contrarrevolucionario? Cuando Reig y sus pares se ponen en acción ya no hay límites, todo se vuelve posible. Su materialismo histórico les permite decidir cuál fue el papel «objetivo» de los protagonistas de la historia, no importa lo que hayan dicho y hecho, y en ese papel los encajan, les guste o no, con aplanadora presión «científica».

Y, puestos a ello, ¿quién atacó violentamente, desprestigió y terminó por hundir a Azaña en el primer bienio: el «bloque oligárquico» o el sindicalismo «popular» de la CNT? ¿Y de quiénes se queja y mofa Azaña en sus diarios si no es, principalmente, de sus propios correligionarios, de quienes pinta un retrato como ni Arrarás hizo? Repito: nada mejor que leer los diarios de Azaña para descartar los enredos de sus hagiógrafos, empezando por Juliá; y también para entender algo de lo que fue aquella república.

Y sobre las «reformas imperativas y modernizadoras», ¿cómo explican estos brillantes historiadores el hecho de que el pueblo, supuestamente su gran beneficiario, rechazase a Azaña y los suyos por muy amplia mayoría en 1933, después de dos años de experimentar sus provechosos efectos? ¿Constituía esa mayoría popular el bloque oligárquico} ¿O dejaba de ser popular por haber votado al centro derecha?

Estas y otras muchas cuestiones parejas asaltan a cualquier historiador… que no pertenezca al refinado gremio de los lisenkos y afines. Realmente el proceso modernizador de España venía acelerándose desde comienzos de la Restauración, y había experimentado un especial impulso bajo la dictadura de Primo de Rivera. Hay una creciente bibliografía al respecto, y en Una historia chocante lo he tratado con alguna extensión. En cambio, los republicanos de izquierda, con habitual demagogia, y luego nuestros marxistas y marxistoides, han vendido la imagen de una sociedad estancada y absolutamente atrasada antes de la llegada de la república y sus salvíficas reformas.

Por supuesto, varias reformas de la república estaban bien concebidas en principio, sobre todo la institución de una democracia liberal. Pero entonces, de nuevo, ¿por qué la población rechazó a las izquierdas en 1933? Por una razón muy simple, aunque incomprensible para nuestros científicos agremiados: porque la democracia había sido rebasada por las izquierdas en medio de una creciente violencia, casi toda ella también de izquierdas y gubernamental; y porque la alianza de la presunta inteligencia republicana y los gruesos batallones populares emprendió las reformas con tal carga de sectarismo e ineptitud, que abocó al país a una crisis radical. Así ocurrió con la reforma del ejército o la agraria, o la expansión de la enseñanza pública, que no resolvieron nada y en cambio crisparon al límite a la sociedad. Por esa razón. Y de ahí, también, que las poco o nada democráticas izquierdas, desde Azaña a los comunistas, pasando por el PSOE, la CNT y casi todos los republicanos de izquierda, rechazasen violentamente, a su vez, el veredicto de las urnas, pretendiendo, en frase de Azaña, que sólo ellas tenían «títulos» para gobernar. Insisto, Reig y sus pares deberían leer con mayor atención a Azaña y no descartar como «palabrería», según las califica nuestro crítico, sus exposiciones sobre sus propios proyectos o sus observaciones, agrias pero a menudo agudas, sobre los republicanos en general. Aprenderían mucho.

También debo insistir en esto: los continuos errores y desvirtuaciones de la historiografía progre provienen inevitablemente, sean cuales fueren el talento o el esfuerzo de sus cultivadores, de sus concepciones de base, que les llevan a caer en auténticas monstruosidades interpretativas. Abordaré ahora la cuestión de Franco y la guerra mundial.

Capítulo IX

HITLER ANTE FRANCO

Hace años un conocido mío me enseñó un artículo escrito por él, rebosante de indignación por los tratos secretos de Franco con Hitler y Mussolini, que, a su juicio, habían ligado a España a la suerte del Eje.

—Claro —le repliqué—, y por eso España entró en la guerra mundial, fue arrasada por los bombardeos de los alemanes y los Aliados, y finalmente el régimen de Franco sucumbió junto con los de Hitler y Mussolini. Todo el mundo lo sabe.

— ¡Pero hombre! ¡Si hoy está clarísimo que si Franco no entró en guerra no fue porque él no quisiese, sino porque no le convino a Hitler…!

El articulista tenía ideas muy claras. Había leído a Preston y a Antonio Marquina, y despreciaba sin ambages a Ricardo de la Cierva, cuya lectura le parecía innecesaria. Y como Reig da la vara con el tema, lo trataré con alguna amplitud.

Sin duda alguna, mantener a España fuera de la guerra fue un mérito histórico trascendental, un inmenso beneficio para España y aun mayor, probablemente, para las potencias anglosajonas. Ahorró a nuestro país torrentes de sangre, lágrimas y devastación, ante los cuales el hambre de aquellos años, sobre todo la del invierno del 40-41, resulta un coste menor; y libró a los Aliados de un desastre que podría haberles llevado a la derrota. Obviamente, el máximo responsable de la política española en aquellos años lo es también de tales hechos, tanto más valorables por cuanto la izquierda perseguía el objetivo opuesto: meter a España en la contienda mundial, después de haber intentado prolongar la civil con el mismo fin, sin reparar en las destrucciones y nuevos cientos de miles de muertos que habría acarreado.

Pero el odio lisenkiano a Franco es tal que prefiere conceder el crédito de tal ventura al mismísimo Hitler, una monstruosidad muy en línea con su imagen de un Frente Popular democrático. Con Franco se rompe una norma elemental: la responsabilidad mayor de una victoria o de una derrota, de un éxito o de un fracaso, recae en quien ostenta la dirección, aun si es un subordinado el ejecutor más inspirado o el autor del plan, o si intervienen sucesos imprevistos. Franco venció, hasta su muerte, a sus muchos y peligrosos enemigos militares y políticos, y no obstante, miles de intelectuales, a izquierda y derecha, lo pintan como un sujeto mediocre, gris e inepto ¡Sus éxitos se deberían, siempre, a cualquier persona o circunstancia menos a él…!

La interminable polémica en torno a la política de Franco hacia Hitler viene distorsionada de raíz por dos enfoques falsos: el de los lisenkos y asimilados, y el de algunos franquistas empeñados en presentar al dictador español desafiando y burlando al nazi. Como nos ilustra Marquina, la idea de que Franco resistió a Hitler y los alemanes fueron engañados por los gobernantes españoles es ridícula. Desde luego. Pero mucho más ridícula la tesis de que fue Hitler y no Franco el «culpable» de la paz de España. Según ella, Hitler habría tenido un interés muy relativo, o ninguno, por la beligerancia española, y era Franco quien insistía en ella. En algún momento, Hitler la habría aceptado, pero el precio exigido por el Caudillo le había parecido excesivo, y lo habría rechazado sin problemas, máxime cuando su atención se dirigió pronto a la invasión de Rusia. De este modo, involuntario pero efectivo, habría salvado a nuestro país de las ansias belicistas de Franco y de la correspondiente masacre. Muy bien.

A mi juicio, ningún documento clarifica mejor el conjunto de las relaciones y actitudes hispanogermanas que la larga misiva escrita por Hitler a Franco el 6 de febrero de 1941. El documento merece la máxima atención analítica de cualquier historiador serio. Hitler exponía la enorme trascendencia de la conquista de Gibraltar, bastante bien comprendida por él, al contrario que por muchos comentaristas: «Habría dado un vuelco inmediato a la situación en el Mediterráneo»; «Habría ayudado a definir la historia del mundo». Y no exageraba mucho. La toma de Gibraltar habría inutilizado prácticamente la base británica de Malta, impedido la entrada o salida de barcos ingleses en el Mediterráneo occidental y respaldado con la máxima eficacia la prevista ofensiva de Rommel en Libia. Y tenía una dimensión global mucho mayor, pues abría paso a la ocupación de la costa occidental norteafricana, impidiendo un posible desembarco inglés o anglouseño (que ocurriría). Además, en la concepción del almirante Raeder, habría permitido al ejército alemán conquistar el norte de África hasta el petróleo de Oriente Medio, creando una tenaza desde el Sur sobre la Unión Soviética, cuya invasión estaba prevista para unos meses después. Esta tarea se hallaba muy al alcance del ejército alemán, incluso de una fracción de él, pues, como pronto se demostraría, el ejército inglés no era todavía enemigo para la Wehrmacht.

La importancia otorgada por el Führer a Gibraltar explica su frustración y amargura ante las dilaciones de Madrid: «Si el 10 de enero hubiésemos podido cruzar la frontera española, hoy estaría Gibraltar en nuestras manos»; «Se han perdido dos meses, y en la guerra, el tiempo es uno de los más importantes factores. ¡Meses desaprovechados muy a menudo no se pueden recuperar!»; «¡Lamento profundamente, Caudillo, su parecer y actitud!». Realmente Franco estaba causando a Hitler unos daños estratégicos de la máxima trascendencia, como percibía con nitidez el interesado, que también reprochaba al español, razonablemente, sus excesivas ambiciones en África: «Me permito indicar que la mayor parte del inmenso coste en sangre en esta lucha lo soporta hasta ahora Alemania en primer lugar, y luego Italia, y ambos, a pesar de ello, solamente han presentado modestas reivindicaciones».

Sospechando que Franco se estaba «vendiendo» por los alimentos británicos, Hitler le prevenía de que Inglaterra no tenía intención de ayudarle, sino sólo de «retrasar la entrada de España en guerra, de paralizarla y con ello incrementar sus dificultades permanentemente y así poder finalmente derrocar al actual régimen español»; aparte de que aun si Inglaterra, «en un arrebato sentimental nunca visto hasta ahora en su historia, quisiera pensar de otro modo, no le sería posible ayudar realmente a España (…) en una época en que ella misma está obligada a rigurosas reducciones en su nivel de vida», las cuales irían en aumento. En fin, insistía Hitler, «Estamos comprometidos en una lucha a vida o muerte», y «En esta histórica confrontación debemos atender a la suprema lección de que en tiempos tan difíciles más puede salvar a los pueblos un corazón valeroso que una al parecer inteligente precaución».

Es difícil expresarse con mayor claridad y deshacer con mayor contundencia la impresión creada por Preston, Marquina y tantos otros. Pero a nuestros tuñonianos y asimilados les da igual. Ellos saben mejor que

Hitler lo que Hitler pensaba y quería, como les ocurre con Azaña, con Largo Caballero o con cualquiera.

No menor interés tiene el tono general de la carta, persuasivo y casi implorante tras haber fracasado, diez días antes, una conminación de Ribbentrop con carácter de ultimátum; un tono que asombra aún más cuando Franco le respondió con otra carta casi insolente, como veremos. Ante los graves perjuicios que España estaba causando a sus planes, Hitler tenía poder muy sobrado para imponer sus intereses por la fuerza, y, sin embargo, no lo hizo. No invadió la península, aunque estuvo tentado de hacerlo. Sabemos aproximadamente por qué: la invasión le hubiera sido fácil, pero temía verse enfangado en una reedición del laberinto napoleónico a sus espaldas, mientras preparaba el ataque a Rusia desde Europa. Por lo tanto, creyó que sólo le convenía atacar Gibraltar con el permiso de Franco, y sus esfuerzos se dirigieron a ello, alternando la conminación y la persuasión. Probablemente cometió un error, comparable, por sus efectos, a su vacilante planeamiento de la batalla de Inglaterra.

La carta del Führer demuele, también lo veremos, las argucias, más bien que argumentos, con que el Caudillo justificaba sus demoras, lo cual obliga a replantearse la verdadera actitud de éste, así como su evolución.

Capítulo X

FRANCO ANTE HITLER

La carta de Hitler destruye además la retorcida pretensión de que en la conferencia de Hendaya, dos meses y medio antes, Hitler no había mostrado mayor interés ni presionado a Franco para que entrase en la guerra. El propio Führer lo aclara sin lugar a dudas: «Cuando nos reunimos, mi prioridad era convencerle a Vd., Caudillo, de la necesidad de una acción conjunta de aquellos Estados cuyos intereses, al fin y al cabo, están indisolublemente asociados». Su prioridad.

Pero Franco pensaba de otro modo. Hizo llegar a Berlín un memorando con desorbitadas peticiones de material de guerra, cereales y vehículos, y sólo veinte días más tarde escribió la respuesta a Hitler, aplazando todavía otros diez días la entrega de la carta. La cual, con extraña insolencia ante quien tanto le había insistido en la importancia del factor tiempo, empezaba así: «Su carta del 6 de febrero me induce a contestarle de inmediato». El resto, pese a las protestas de lealtad y fe en la victoria germana, no podía causar mayor decepción al Führer.

El dictador alemán se había molestado en demoler la argumentación dilatoria de Franco: «Alemania ya se declaró dispuesta a suministrar también alimentos —cereales— en las máximas cantidades posibles tan pronto España se comprometiera a entrar en la guerra (…) Porque, Caudillo, sobre una cosa debe haber absoluta claridad: estamos comprometidos en una lucha a vida o muerte y en estos momentos no podemos hacer regalos. ¡Por ello sería una falsedad afirmar que España no pudo entrar en la guerra porque no recibió prestaciones anticipadas!» [subrayado en el original]. Ofrecía de inmediato cien mil toneladas de cereales y señalaba la poca solidez de las excusas de Franco. Éste había insistido en la necesidad de alimentos, pero, recuerda Hitler, «Cuando yo volví a hacer constar que Alemania estaba presta a comenzar el envío de cereales, el almirante Canaris recibió la respuesta definitiva de que tal suministro no era lo decisivo, pues no podía alcanzar un efecto práctico su transporte por ferrocarril. Luego, tras haber dispuesto nosotros baterías y aviones de bombardeo en picado para las islas Canarias, se nos dijo que tampoco esto era decisivo, ya que las islas no podrían sostenerse más de seis meses, por la escasez de provisiones». Con lógica y con cierta exasperación, Hitler había concluido: «Que no se trata de asuntos económicos sino de otros intereses queda patente en la última declaración, pretendiendo que también por causas meteorológicas no podría realizarse un despliegue [en España] en esta época del año (…) No puedo entender cómo sería imposible por razones meteorológicas lo que antes se quiso considerar imposible por razones económicas (…) No creo que el ejército alemán se vea dificultado en un despliegue de enero por el clima, que para nosotros no tiene nada de extraño».

La argumentación hitleriana era bien clara, pero Franco, en su respuesta, la pasaba simplemente por alto, reiterando que la economía «es la única responsable de que hasta la fecha no se haya podido fijar el momento de la intervención de España». E interpretaba de forma casi ofensiva las frases de Hitler sobre la pérdida de tiempo y de ocasiones estratégicas: «El tiempo transcurrido hasta ahora no es tiempo totalmente perdido. Desde luego que no hemos recibido tanta cantidad de cereales como la que Vd. nos ofrece (…) pero sí una parte de las necesidades diarias del pueblo para el pan cotidiano». Exponía el deseo de que «las negociaciones se aceleren todo lo posible. Para este fin le he enviado hace unos días algunos datos sobre nuestras necesidades» (las exageradas peticiones recientes), y añadía, para mayor injuria: «Estos datos se pueden revisar de nuevo, ordenar, justificar y volver a tratar sobre ellos», con el fin de «llegar a una decisión rápida» (¡!). Con auténtico descaro explicaba su observación sobre la meteorología como «solamente una respuesta a su indicación, pero en ningún caso un pretexto para aplazar indefinidamente lo que en el momento adecuado será nuestro deber». Mostraba su acuerdo con el cierre de Gibraltar, pero exigía el simultáneo de Suez. Negaba que sus reivindicaciones coloniales fueran abusivas, «mucho menos cuando se tienen en cuenta los enormes sacrificios del pueblo español en una guerra que fue precursora de la guerra actual». En fin, «El acta de Hendaya, permítame que se lo diga (…) debe considerarse hoy como obsoleta». El acta especificaba el compromiso español de entrar en guerra, aunque sin fecha definida.

Según la peculiar interpretación de Preston, la carta de Franco «revela entusiasmo por la causa del Eje». Hitler, desde luego, la entendió de otro modo, y no es de extrañar. Aún más curiosa esta consideración del historiador inglés: «El 26 de febrero Franco respondió por fin a la carta de Hitler de hacía tres semanas. Con la caída de Yugoslavia y Grecia ante el general Rundstedt y con Rommel reforzando las fuerzas del Eje en el norte de África, Franco estaba de humor para volver a la subasta, pero su precio se había elevado». La situación era la contraria. Las campañas de List —no Rundstedt— y Rommel no comenzarían hasta casi un mes y medio más tarde, y en aquel momento el Eje se hallaba ante el fracaso de la batalla de Inglaterra y las tremendas derrotas italianas en África. Precisamente estos hechos impulsaban en mayor medida a Hitler a buscar la intervención española.

La carta de Franco obliga a replantearse sus verdaderas motivaciones. Tenía, por fuerza que estar de acuerdo con Hitler en que sus intereses caían del lado del Eje, en que las democracias «nunca le perdonarían su victoria» en la Guerra Civil, y en que la derrota alemana significaría el fin del franquismo. Sabía que Alemania sólo podía abastecerle parcialmente, pero también que una Inglaterra acosada estaba en la misma situación, y además interesada en reducir a España a la penuria, como realmente hacía.

Y no sólo contaban los intereses generales, sino también la máxima probabilidad, por entonces, de la victoria germana. Hitler había fracasado, al menos de momento, en la invasión de Inglaterra, pero Churchill no podía pensar siquiera en invadir el continente para vencer a su enemigo. El inglés sólo podía tratar de ganar tiempo hasta que interviniera Usa, y antes de que ello ocurriera podía haber recibido tales golpes que se viera obligado a pedir la paz. Sin duda la contienda traería a España hambre masiva y la probable pérdida de las Canarias y otros daños, pero, en la perspectiva de una victoria final del Eje, serían sacrificios pasajeros, que no podían preocupar a un dictador sediento de sangre e insensible a los sufrimientos de las masas, según suele presentársele (contra muchas evidencias). Por otra parte, la promesa churchilliana de sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas, valía también para España en una situación extrema. Por tanto, entrar en guerra permitiría a Franco participar en el Nuevo Orden europeo, mientras que abstenerse le llevaría a chocar con un Führer defraudado y hostil, que lo derrocaría sin mucho trabajo.

Parece poco creíble, pues, la imagen de un Caudillo empeñado en preservar la no beligerancia, como le han presentado algunos franquistas posteriormente. Todas las razones militaban para él, en principio, a favor de la guerra. Y seguramente era sincero cuando la prometía a Hitler. Entonces, ¿por qué no cumplía? Probablemente era menos sincero cuando afirmaba que no pensaba dejar que alemanes e italianos corrieran con la sangre y los sacrificios para sacar tajada en el último momento. En realidad era eso, justamente, lo que quería, como él había indicado a Serrano Súñer: guerra corta, sí, sin vacilar; guerra larga, sólo cuando estuviera prácticamente resuelta. Y como la guerra se prolongaba, había que esperar el momento oportuno. De una guerra larga, España podría salir vencedora al lado de Alemania, pero exhausta y destrozada, y por ello supeditada por completo al auténtico vencedor. Franco tenía constancia de las ambiciones nazis de satelizar España, y eso nunca lo aceptó, aunque se viera obligado a hacer concesiones ocasionales. Él quería llegar al Nuevo Orden con la mayor fortaleza posible, y sus exigencias coloniales en África formaban parte de ese designio.

Por supuesto, Franco no podía ignorar los muy graves contratiempos que ocasionaba a sus amigos, y no cabe pensar que deseara sabotearlos. Pero obraba en la confianza de que no les causaba perjuicios irreversibles. Por otra parte, le interesaba la victoria hitleriana… pero no tan apabullante que redujera al resto del continente a la impotencia. Así, pese a desear hacerse con varias colonias francesas, le convenía una Francia potente, como contrapeso a la hegemonía alemana. Y una Italia fuerte, a pesar de que sus planes sobre el Magreb entrasen en conflicto con los españoles. Algo parecido cabe decir de Inglaterra, con la cual procuraba mantener relaciones aceptables, a pesar de todo. De ahí que su política se nos presente como una serie de medidas contradictorias. Hacía ofertas y promesas a Berlín, y al mismo tiempo buscaba acuerdos y créditos en Londres y Washington; proclamaba su amistad con Mussolini, pero tomaba medidas en Tánger y Marruecos contra los intereses italianos; exigía parte del imperio francés, pero procuraba mantener buenas relaciones con la Francia de Vichy; afirmaba que su acercamiento a Portugal perseguía alejar a éste de la órbita inglesa, cuando cualquiera podía entender lo contrario…

En realidad, la situación no podía ser más compleja, y creo que sólo teniendo en cuenta los embrollados y contradictorios intereses en juego se pueden entender las aparentes contradicciones de la política franquista. El eje de ella consistía en entrar en la guerra sólo en el momento oportuno, con los menores sacrificios y mayores recompensas para España; mientras tanto, procuraba ganar tiempo y no perder bazas, lo cual implicaba asumir serios riesgos, como el de una invasión de la Wehrmacht o un asfixiante bloqueo británico. Al final, el momento oportuno nunca llegaría, y este cálculo oportunista demostró ser, finalmente, el más prudente y beneficioso para todos. Menos, paradójicamente, para sus amigos del Eje.

Capítulo XI

FRANCO-HITLER: LA TÁCTICA DE BERTOLDO

Así pues, Hitler mismo desmiente las enrevesadas construcciones de nuestros lisenkos, al señalar su prioridad, durante varios cruciales meses, en conseguir la entrada inmediata de España en guerra. Y Franco, como queda igualmente de manifiesto, tuvo como prioridad abstenerse de entrar en aquellos momentos, con lo cual salvó al país (y a los anglosajones) de una catástrofe. El interés del dictador alemán no radicaba, claro está, en la ayuda que pudiera prestarle el ejército español, pues sabía de sobra sus malas condiciones, así como las de la economía del país en general. De hecho, se quejaba de que Franco no cesaba de pedir, sin dar a cambio más que buenas palabras. Lo interesante para Hitler era el permiso de paso hasta Gibraltar. En Suecia, las tropas alemanas circulaban sin trabas hacia y desde Noruega o Finlandia, sin perjuicio de su neutralidad, pero tal caso no se repetía en España: aquí una situación pareja significaba necesariamente la beligerancia.

Resuelta esta cuestión en lo esencial (aunque siempre habría que matizar muchos extremos), debemos examinar la cronología de la relación entre Franco y Hitler, pues las actitudes mutuas cambiaron de forma muy palpable, a veces bruscamente, en aquellos años. La historiografía lisenkiana presta muy poca atención a la primera declaración de neutralidad de Franco, ya en 1938, en plena Guerra Civil y durante la crisis de Munich, cuando pareció a punto de estallar la guerra europea. Tal declaración despertó indignación en Berlín y en Roma, que ayudaban en aquel momento a los nacionales y la vieron como una prueba escandalosa de ingratitud. Pero Franco la hizo por dos razones: una obvia, alejar el peligro de una invasión francesa por los Pirineos. Otra, menos mencionada, la idea de que una contienda entre las democracias y los fascismos supondría un desastre para toda Europa, del que sólo sacarían beneficio Stalin y los movimientos revolucionarios.

Franco detestaba semejante eventualidad, pero no se hacía ilusiones al respecto. A finales de mayo de 1939, cuando muchos pensaban que el choque europeo podría aplazarse o evitarse, advirtió de la proximidad del mismo, «más terrible de lo que la imaginación alcanza», porque destruiría «los puntos vitales de la nación, las fábricas y las comunicaciones». Por ello, cuando la contienda mundial comenzó efectivamente, a principios de septiembre, se apresuró a pedir la paz y a declarar de nuevo la neutralidad española. No podía hacerle ninguna gracia, además, la agresión concertada de nazis y soviéticos contra la católica Polonia. En la ocasión declaró: «Con la autoridad que me da el haber sufrido durante casi tres años el peso de una guerra para la liberación de mi patria, me dirijo a las naciones en cuyas manos se encuentra el desencadenamiento de una catástrofe sin antecedentes en la Historia, para que eviten a los pueblos los dolores y tragedias…». Con la contienda en marcha, apelaba «al buen sentido y responsabilidad de los gobernantes para encaminar todos los esfuerzos» a no extenderla. Se trataba, volvió a insistir al final del año, de «una lucha estéril», cuyo resultado «será igual de catastrófico», venciera quien venciere.

Vale la pena comparar esta actitud con la de Mussolini, ya ligado a Hitler por el «Pacto de acero», pero muy desconfiado de la ventura que pudiera salir de ahí, según relata Ciano: «Haré como Bertoldo —decía el Duce—. Aceptó la condena a muerte con la condición de escoger el árbol apropiado para ser ahorcado. Es inútil decir que no encontró nunca ese árbol. Yo aceptaré entrar en guerra, reservándome la elección del momento oportuno» que muy bien podría no llegar nunca: «Deseo ser yo solo el juez, y mucho dependerá de la marcha de la guerra».

Sin embargo, en 1940 se produjo el increíble y decisivo cambio. Ya habían sido harto impresionantes la rápida victoria alemana sobre un ejercito polaco nada desdeñable, en septiembre de 1939, y la conquista de Dinamarca y Noruega con fuerzas muy reducidas y sin dominio del mar, en abril de 1940. Pero en mayo, las tropas de Hitler barrían en pocas semanas a los ingentes ejércitos francés y británico, además del belga y el holandés. Era algo absolutamente pasmoso, nunca visto. Nada que ver con la I Guerra Mundial, a cuya experiencia se atenía el análisis de Franco, admirador, por otra parte, del ejército francés. Nada de una larga contienda de desgaste, nada de arruinamiento del continente y desesperación de las masas, nada de peligro revolucionario. La URSS había aprovechado para ocupar a su vez los países bálticos y una parte de Rumania, pero eso era todo, y no estaba en condiciones de explotar la situación creada en el Occidente europeo. Más aún, el Kremlin había felicitado con extraordinaria efusividad a Hitler por su victoria y había contribuido a ella, suministrando petróleo y otras materias necesarias, y movilizando a los comunistas franceses para sabotear el esfuerzo defensivo de su país frente a la invasión nazi.

Aquello trastornaba de modo radical todas las perspectivas. Lo más racional y razonable para Franco era cambiar su actitud, por todas las poderosas razones ya expuestas en el artículo anterior. Un nuevo orden se anunciaba en Europa, y nada le convenía menos que marginarse de él. Lo mismo pensó Mussolini, que aprovechó el momento para abandonar el método de Bertoldo y elegir, por fin, el árbol del que había de ser ahorcado. El Caudillo, a pesar de la tremenda tentación, adoptó una posición bastante más prudente: precisamente la de Bertoldo. A través de los momentos de mayor o menor tentación se percibe con claridad el hilo conductor de su política: él elegiría el momento de la intervención, según marchara el conflicto.

También Hitler cambió su actitud hacia Franco de forma bastante radical. En un primer momento, mientras esperaba que Churchill aceptara la paz, no le interesaron Gibraltar ni, por tanto, la postura española, y pensaba en el Mediterráneo como esfera de influencia de su aliado Mussolini. Pero al mostrarse Inglaterra irreductible, Franco empezó a influir en la estrategia alemana. Hitler pensó incluso en un gran engaño, prometiendo a Franco cuanto quisiera, sin intención de cumplirlo, para arrastrarle a la lucha. Pero el fundado temor de que tal promesa trascendería y perjudicaría sus relaciones con la Francia de Vichy volvió irresoluta su política. En octubre de 1940 viajó a Hendaya y a Montoire para obtener la intervención de Franco y de Pétain y no consiguió ninguna; a continuación marchó rápidamente a Florencia para detener a Mussolini en su insensata invasión de Grecia, y llegó tarde. Fueron tres auténticos reveses a manos de sus aliados o amigos, reveses de gran trascendencia sobre el curso de la guerra, aunque ello apenas pudiera vislumbrarse entonces. Poco después, fracasada de momento la invasión de Inglaterra, y con Italia sufriendo graves derrotas en Libia y en Grecia, la política de Berlín en relación con España se volvió ansiosa. Como resume el historiador N. Goda, durante ocho meses, hasta finales de febrero de 1941, Hitler persiguió la intervención española, «con energía y coherencia, con numerosos cambios y alteraciones». Sólo entonces abandonó provisionalmente la Operación Félix, la toma de Gibraltar, para concentrarse en la invasión de la URSS. El abandono provisional iba a convertirse en definitivo.

El mismo dictamen vale para la política de Franco, sus cambios y alteraciones dentro de una línea principal de acción seguida con tenacidad y coherencia. Mantener el rumbo en aguas tan turbulentas y con tales fuerzas en juego exigió, desde luego, una habilidad sobresaliente, que nuestros lisenkos, los Ángel Viñas, Moradiellos, Reig y demás no consiguen apreciar, obsesionados en demostrar la ineptitud y simpleza de quien, insistamos, venció a todos sus enemigos, una y otra vez, a lo largo de cuarenta años. ¿Será excesiva la sospecha de que la simpleza, inducida por prejuicios y fobias, se encuentra más bien en tales analistas?

Capítulo XII

LOS CASOS DE MORADIELLOS Y VIÑAS

Los ejemplos vistos de Azaña y el de Franco en relación con Hitler ilustran suficientemente, creo, la calidad de la crítica histórica del señor Reig y de la polémica que son capaces de producir los historiadores del gremio. Me extenderé brevemente más adelante.

Por lo que se refiere al caso de Franco, decía, los análisis lisenkianos vulneran constantemente el principio de que el máximo dirigente político o militar es el acreedor al éxito o fracaso de sus decisiones. Quien tenía en su mano la decisión de entrar o no en la guerra era Franco, el cual ejerció su poder con mucho celo, consciente de todo lo que estaba en juego entonces y apartando a quienes pudieran perturbar su capacidad de decisión, como Yagüe o, más tarde, Serrano Súñer y Varela. Tuvo que bandearse entre las presiones de Hitler y las de Churchill —que estaba reduciendo a España al hambre, o incrementándola notablemente—, atento a ambas pero gobernando él la nave. Nuestros distinguidos historiadores progres, en cambio, sólo destacan a Franco cuando fracasa o creen que fracasa, y lo borran cuando tiene éxito, y así prefieren dar el crédito de la neutralidad española a Hitler. Algunos, más generosos, extienden ese crédito a Churchill: la impaciencia del alemán con las exigencias del Caudillo y la habilidad del inglés para apretar el cinturón de los españoles serían las verdaderas causas de la permanencia de España al margen del conflicto. Así lo indica Enrique Moradiellos.

Este historiador es un caso especial entre nuestro lisenkos, pues aceptó un debate conmigo en la revista digital de Gustavo Bueno El Catoblepas, no sé si por honradez intelectual o por alarma ante el terreno que estaba perdiendo el gremio, para el caso da lo mismo. Después de la polémica ninguno más siguió su ejemplo, prefiriendo la táctica de combinar el ninguneo, la apelación a la censura y las pullas ocasionales. De cualquier modo, el debate con Moradiellos fue muy instructivo respecto a cómo estos intelectuales suelen perderse en cuestiones secundarias. Él planteó su crítica en torno a las cifras de las intervenciones soviética, alemana e italiana, negando mi aseveración de que fueron más o menos equivalentes, y pretendiendo que la mayor aportación germanoitaliana habría decidido la guerra. Como le indiqué, la cuestión de las cifras, aun si interesante, no es fundamental, y su fuente principal, el libro de Howson, muy poco fiable. Como en el caso de las relaciones con Hitler, fue la conducción de la guerra por Franco —incluyendo en esa conducción la obtención y utilización de las aportaciones italogermanas— el factor clave, a menos que Moradiellos demuestre —ni siquiera lo intenta— que los italianos y alemanes operaron en España al margen de la dirección del Caudillo y en masa suficiente para decidir el resultado.

La cuestión principal, le insistí en varias réplicas, no era ésa, sino el efecto político de las intervenciones extranjeras. Hay una diferencia radical entre unas y otras: Franco mantuvo en todo tiempo la independencia frente a sus amigos, y el Frente Popular no. Hitler nunca dictó la política ni la dirección militar del bando nacional, mientras que Stalin sí lo hizo —en medida muy grande, aun si no completa— con las de sus aliados, sus tutelados en realidad. Resumiré brevemente la argumentación y los datos: Stalin no sólo indicó personalmente a Largo Caballero la política a seguir, sino que cuando éste empezó a mostrarse rebelde lo hizo defenestrar, como también haría con Prieto por la misma razón. Para dirigir su política se valió de Negrín, seguidor fiel, en lo esencial, de la línea soviética, y aquí importa poco si lo hacía por convicción o por otras razones.

A Moradiellos, la conducta de Negrín le parece excelente, por la única razón de que se opuso hasta el final a Franco, sin importarle que esa oposición supusiese muchas decenas de miles de muertos innecesarios, la pérdida de las reservas financieras de España, el saqueo en unos casos y la destrucción en otros, de un invalorable patrimonio histórico-artístico, el expolio de incontables bienes de particulares, ilegalidades como la de formar un verdadero ejército particular, una corrupción masiva, la represión, con multitud de torturas y asesinatos, contra sus propios aliados, el intento de prolongar la guerra hasta enlazarla con la mundial, que habría multiplicado víctimas y estragos, etc. El hecho de luchar contra Franco lo cubre y justifica todo, a su juicio.

Pero Negrín no era el único instrumento de Stalin para dominar el Frente Popular. Tenía otro más efectivo, un partido comunista orgulloso de ser su instrumento ciego, y que llegó a convertirse en el partido más fuerte de las izquierdas, sobre todo en el ejército y la policía. Estaban, además, los asesores soviéticos que, siendo menos que los militares alemanes e italianos, influían muchísimo más, hasta el punto de impedir operaciones de gran alcance del mando «republicano», como el plan de ofensiva por Extremadura, negándoles la cooperación aérea o blindada. Por no hablar de la policía secreta soviética, que operaba en España independientemente y con sus propias cárceles y dirigía de hecho a la policía política izquierdista española. Nada ni remotamente parecido ocurrió en el bando nacional. A Moradiellos todo esto le parece algo sin mayor importancia, mientras que yo opino lo contrario. Cuestión de enfoque.

Volviendo a Negrín, al margen de sus convicciones personales había un lazo de oro que le supeditaba inevitablemente a Stalin, cosa que no acertó a comprender el rebelde Largo Caballero, pese a haber contribuido a forjarlo. Ese lazo era el tesoro del Banco de España, enviado a Moscú. Enviado, como señala Martín Aceña, a un régimen opaco, financieramente y en todos los aspectos, lo cual significaba la pérdida de control del mismo por parte del Frente Popular. De la buena o mala voluntad de Stalin iba a depender absolutamente la suerte de las izquierdas, pues el jefe soviético iba a dominar los suministros de armas.

Algunos autores, como Ángel Viñas, han justificado el envío del oro a la URSS pretendiendo no ver nada anormal en la operación, causada, afirman, por la «traición» o defección de las democracias con respecto a la «República». Como si el Frente Popular no se compusiera, precisamente, de los partidos que hundieron el inicial proyecto de democracia liberal con que nació la república. Mis críticas a Viñas indignan a Reig: «Moa acusa a ambos (¿ ?) de ‘oficiosidad prosoviética’, por lo que, en tanto que ‘funcionarios españoles’, parece dar a entender, serían una especie de traidores a su propia patria. A Viñas le acusa de ‘servilismo pro soviético’, así como de continuar ‘la tradición de ciertos funcionarios del Frente Popular’». En efecto, buen Reig, en efecto. Ahí ha dado usted en el clavo. Los textos de Viñas rezuman desprecio no sólo al franquismo, sino a España en general, quiero decir a la España histórica; y una admiración beata y snob hacia cualquier país ocasionalmente enfrentado al nuestro, sea la URSS o Gran Bretaña. Actitud muy extendida en la izquierda, por otra parte. Desde luego, continúan la tradición de ciertos funcionarios que no sólo entregaron ilegalmente el oro español a Stalin, sino que expoliaron en su propio beneficio, como dije, el patrimonio artístico e histórico español y los bienes de una multitud de particulares, fechorías que parecen insignificante a Viñas, Moradiellos, Reig y compañía. Tan importantes se creen, y tan despreciable su país. Pero lo que aquí me importa no es esa tendencia a lo que en todas partes se llama traición, sino la profunda deshonestidad intelectual que constatamos en ellos a cada paso.

Para defender a Viñas, nuestro buen Reig, castizo a su pesar, por no decir paleto, exhibe los títulos de su admirado profesor: «Técnico comercial del Estado, catedrático de Economía Aplicada, (…) Importantes responsabilidades en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea donde se ocupó de las relaciones con Asia y América Latina amén de relaciones multilaterales, política de seguridad, implementación democrática y derechos humanos», etc. Lo de la implementación democrática y los derechos humanos queda muy bien en quien encuentra normal la supeditación del Frente Popular a Stalin. Desgraciadamente Reig olvida, como acostumbra, algunos otros datos interesantes del currículo del señor Viñas: fue largos años funcionario de la administración franquista, y en puestos de bastante confianza.

Capítulo XIII

UNA CRÍTICA «A LA LISENKA»

Espero haber aclarado al obcecado señor Reig, o al menos a los lectores imparciales, la raíz de sus monstruosidades historiográficas: su incapacidad, como la de todo su gremio, para revisar ciertas concepciones de base que debieran haberse hundido con el muro de Berlín. Tales distorsiones le impiden, además, entender otros puntos de vista, y, por lo que hace a nuestro tema, le llevan a realizar una crítica de mis libros realmente pintoresca.

Así, nuestro gremial historiador empieza por anotar una y otra vez, con el ceño fruncido, el hecho de que yo haya publicado numerosos libros en los últimos años: los cuenta minuciosamente y le salen quince en seis años (en realidad dieciséis, pues omite la traducción del famoso libro de Bramóme sobre las bravuconadas españolas), y de ahí concluye, escandalizado: «¿Acaso piensan que es posible escribir un libro de historia —o incluso dos— dignos de tal nombre al año?». Pretensión increíble, en efecto «no ya para cualquier iniciado, sino para cualquier persona con un mínimo de criterio», y suficiente por sí sola para descalificar al prolífico autor, a juicio del señor Reig.

Esta «crítica» ha sido muy jaleada por nuestros distinguidos historiadores profesionales de izquierda, también contra César Vidal, así que viene a cuento explicar a estos sulfurados caballeros algunas cuestiones elementales. En primer lugar, no todos esos libros son de historia. Tres de ellos recopilan artículos de actualidad o de polémica historiográfica, o contienen ensayos breves sobre política e ideología; otro es una reedición de un libro de 1982, De un tiempo y de un país-, y un quinto recoge diversos debates ya publicados en la prensa. Así, el número real de libros de historia se reduce considerablemente, aunque, para el criterio gremial, continúan siendo demasiados: ¡diez en seis años!

Aquí Reig comete un segundo error, impropio de un historiador. Pues esos libros, como cualquiera imagina sin esfuerzo, no son el producto de seis años de trabajo, sino aproximadamente del doble, ya que antes de publicar es preciso investigar y escribir largamente. Empecé a trabajar sobre la trilogía de la república y la Guerra Civil no en 1999, cuando salió Los orígenes de la guerra civil española, sino seis años antes. De esos años, más los siguientes, han salido los títulos conocidos.

Por lo demás, Reig y sus pares tienen una idea rígida y estrecha, burocrática y desde luego inapropiada, de la labor historiográfica. Existen muchos tipos de libros de historia. Una cosa son las monografías sobre asuntos parciales y otra las obras de conjunto, una los libros de síntesis y otra los de divulgación, o los ensayos generales, etc. No exigen todos la misma metodología ni presentan las mismas dificultades. Además, como en cualquier otra actividad humana, una cantidad de horas de trabajo puede producir resultados muy distintos según las personas, pues influye mucho la habilidad y el talento.

E influye el enfoque. Volviendo al principio, puede apostarse sin mayor riesgo que será baldía la mayor parte del esfuerzo vertido sobre una hipótesis lisenkiana, por muchos sudores que le dedique el historiador. Por olvidar estas evidencias, la labor, sin duda fatigosa, del Anti Moa va a resultar de poca utilidad para su objeto, aunque a mí me haya valido para clarificar algunas cuestiones y mostrar algunos yerros de los Reig, Preston, Viñas, Moradiellos, Bernecker, Helen Graham y tantos más.

Si el señor Reig hubiera sido un poco más cuidadoso, habría comprobado que la base de mi producción está en la mencionada trilogía sobre la guerra y la república (tres libros que totalizan nueve años de investigación) y en ella habría concentrado su fuego. También se habría percatado de que estos libros, lejos de copiar a Arrarás o Ricardo de la Cierva, como él y sus pares pretenden, contienen miles de notas, y referencias en el texto, sobre fuentes primarias como los archivos de la Fundación Pablo Iglesias, en especial el de Largo Caballero, el archivo de la Guerra Civil de Salamanca (recientemente expoliado por un gobierno digno sucesor del de Negrín), el Archivo Histórico Nacional, la prensa de la época, los diarios de las Cortes, etc. Y acompañados de un análisis minucioso de las versiones (trapaceras, permítaseme la expresión) difundidas por el gremio tuñoniano. De haber leído estos libros, Reig y compañía se habrían ahorrado la acusación, cuya tontería puede comprobar cualquier lector, de que yo no he pisado un archivo. Por cierto, uno de los tres libros, Los personajes de la república vistos por ellos mismos, utiliza una metodología creo que bastante original: la comparación sistemática de las memorias de los principales protagonistas de aquella historia. Método interesante y fructífero, que recomiendo a los jóvenes historiadores.

Al mismo tipo de libros pertenece Una historia chocante. Los nacionalismos vasco y catalán en la historia de España, fruto de tres años de trabajo. Se trata, si no me equivoco, del único estudio publicado hasta ahora que aborde ambos nacionalismos en estrecha relación con la evolución de España en el siglo XX. Pese a constituir uno de los problemas clave de nuestra historia reciente, los dos nacionalismos han sido tratados casi siempre en obras separadas y con insuficiente relación, a mi juicio, con el desarrollo general del país, lo que difumina la perspectiva.

Apoyándome en el trabajo acumulado para esos libros me ha sido mucho más fácil y rápido (cuestión de meses, incluso de semanas) componer obras de actualidad como Contra la balcanización de España, o ensayos como el dedicado a Federica Montseny, o trabajos de divulgación como 1934: Comienza la guerra civil, o 1936: El asalto final a la República. Divulgación con un muy amplio aparato documental fotocopiado, infrecuente en libros de este tipo.

Todo esto es de puro sentido común, y cualquier crítico serio lo tendría en cuenta sin necesidad de explicarlo, pero no así nuestros tuñonianos. De hecho, los dos libros que realmente han hojeado y les interesan, no tanto por su veracidad como por su extraordinaria difusión, son Los mitos de la guerra civil y Franco, un balance histórico. En ellos centran sus ataques… equivocando, una vez más, el método. No se trata de libros de divulgación, como se ha dicho, ni tampoco de compendios o monografías, y, por tanto, no pueden analizarse como tales. Se trata de ensayos, obras de síntesis, cuyas tesis se fundamentan en la crítica lógica y factual de las versiones circuladas durante estos años. Por ejemplo, en dos capítulos de Los mitos pongo de relieve algunos graves errores cometidos por el propio señor Reig en relación con la matanza de Badajoz y el Alcázar de Toledo. El valor o disvalor de esos libros reside en su grado de coherencia intelectual, visión de conjunto y penetración crítica, y no tiene sentido intentar demolerlos fijándose en su aparato bibliográfico o empleo de fuentes primarias, como hacen Reig y compañía. Por poner un ejemplo que espero entiendan, a nadie se le ocurriría atacar con tales argumentos los libros de síntesis de Pierre Vilar sobre historia de España o la Guerra Civil. Sí valen, en cambio, para calibrar sus estudios sobre el papel de Cataluña en la España moderna, pongamos por caso. La verdad, deprime un poco tener que explicar estas cosas a unos «historiadores profesionales».

Desbarrando una vez más, el señor Reig repite por activa y por pasiva que Ricardo de la Cierva es mi «maestro» y, acorde con tal idea, le dedica un capítulo repleto de invectivas e insultos (lo cual se le da mejor que razonar). Este hombre es que no atina ni por casualidad. Verá, mis maestros serían más bien los hermanos Salas Larrazábal, Martínez Bande y Burnett Bolloten, cuyos libros, por su rigor y agudeza crítica, empezaron a orientarme cuando comulgaba con las mismas lisenkadas que siguen alimentando al gremio. A De la Cierva empecé a leerlo con mucha posterioridad.

Otra manía: yo repetiría, dicen, las tesis de Ricardo de la Cierva y Arrarás, sin aportar nada nuevo. Ya he dicho que Reig y los suyos apenas han hojeado mis libros, y los han malinterpretado. En fin, les resumiré mis tesis, a ver si por fin encuentran el modo de atacarlas con alguna seriedad intelectual.

Capítulo XIV

EN CUANTO A MIS TESIS…

He aquí, pues, algunas de mis tesis:

1) He distinguido en la España contemporánea tres ciclos de sesenta-setenta años cada uno, caracterizados por el intento de asentar una convivencia estable en paz y libertad. Dos de esos ciclos fracasaron en sendas repúblicas, desastrosamente demagógicas, y el tercero corre grave riesgo de terminar de modo parecido a manos de quienes quieren enlazar nuestra democracia actual con lo peor de la anterior república, es decir, con el Frente Popular. No sugiero que una república sea necesariamente nefasta, aunque hasta ahora sí lo haya sido en España. Esta periodización, como todas, es en parte arbitraria, pero bastante útil, creo, para enfocar nuestros avatares históricos.

2) La II República, de 1931-36, puede entenderse como el último efecto del fracaso del régimen liberal de la Restauración. Contra la tendencia habitual en la izquierda y en el franquismo, considero el balance de la Restauración, con todas sus deficiencias, muy positivo tanto económicamente (prosperidad creciente) como políticamente (libertades). De haberse mantenido, España se habría evitado muchas tragedias.

3) Entiendo también que la responsabilidad por el fracaso de la Restauración recae en primer lugar sobre los movimientos mesiánicos y desestabilizadores (socialismo, anarquismo y separatismos) en auge desde la crisis moral del 98; en segundo lugar sobre lo que José María Marco ha llamado «traición a la libertad» por parte de los intelectuales punteros de la época (Azaña, Ortega, Costa, etc.), los cuales, también desde el 98, dejaron a la Restauración sin respaldo moral e ideológico, y defendieron los mesianismos; y en tercer lugar sobre defectos del régimen que éste no pudo superar debido a los continuos y violentos embates de sus enemigos. La mayor parte de la historiografía de izquierda y de derecha ha centrado su análisis en tales defectos, dejando en la sombra los otros dos factores, e incluso justificando las acciones y denuncias mesiánicas, u omitiendo su fondo totalitario o antidemocrático. Hoy va cambiando esa tendencia historiográfica.

4) En 1923, los enemigos de la Restauración habían llevado a ésta a una crisis revolucionaria, a la cual respondió el golpe de Primo de Rivera, saludado con casi universal alivio. La dictadura de Primo, muy ligera, presidió la época de más rápida modernización del país hasta los años 60. Pero políticamente fue estéril, y la marcha del dictador dio paso a una transición que se vería desbordada por el republicanismo.

5) La legitimidad de la II República no procede de unas elecciones municipales, que además perdieron los republicanos, sino de la quiebra moral de la monarquía, que les entregó el poder. La II República nació, pues, legítimamente y como una democracia liberal. Pero en ella tomaron pronto el mayor protagonismo las mismas fuerzas revolucionarias, jacobinas y separatistas que habían arruinado la Restauración. Éstas tuvieron entonces su oportunidad histórica y pudieron mostrar lo que valían.

6) El fruto de la acción jacobina y revolucionaria fue, en el primer bienio, un constante rebasamiento de la legalidad y violencia creciente (quemas de conventos, bibliotecas y aulas, Ley de Defensa de la República, insurrecciones anarquistas y represiones brutales, vulneración de las libertades en la misma Constitución so pretexto de lucha contra la Iglesia, etc.). En el segundo bienio, aquellas fuerzas asaltaron la legalidad republicana cuando el pueblo, tras la convulsa experiencia del primer bienio, dio el poder a las derechas. Las izquierdas y nacionalistas catalanes concibieron su sangriento asalto de octubre de 1934 como una guerra civil, la cual empezó entonces por esa razón, porque cuajó en auténtica guerra en Asturias, y porque sus promotores no cambiaron básicamente sus posiciones después de haber sido vencidos. De ahí que cuando volvieron al poder, tras las anómalas elecciones de febrero del 36, liquidaran la Constitución mediante un proceso revolucionario desde la calle y la ilegalidad permanente desde el gobierno.

7) Contra toda una infundada corriente historiográfica, la derecha y la Iglesia no respondieron con violencia (salvo la Falange) a las continuas agresiones y desmanes que sufrían, y en octubre de 1934 defendieron la legalidad republicana a pesar de sus defectos. La corriente golpista fue insignificante y sin apenas respaldo de la derecha, como demostró en 1932 el ridículo golpe de Sanjurjo. Pero las demagogias y violencias vividas inclinaron progresivamente a los conservadores, que habían aceptado la república en principio, a soluciones autoritarias.

8) El alzamiento de julio del 36 no se hizo contra la democracia, ya inexistente, sino contra un proceso revolucionario y los abusos de poder del gobierno, intolerables en cualquier régimen de libertades. Contra las tesis lisenkianas, no fue la guerra la que destruyó a la democracia, sino que la destrucción de la democracia por las izquierdas y los separatistas causó la Guerra Civil. Con la experiencia republicana habían quedado muy pocos demócratas, y esos pocos eran por completo impotentes frente al impulso revolucionario.

9) La propia dinámica de la guerra acentuó los rasgos autoritarios en la derecha. Fue una contienda entre revolución y contrarrevolución, no entre demócratas y fascistas o reaccionarios, como grotescamente mantiene la historiografía lisenkiana. De creer a ésta, como ya he dicho, la democracia en España habría estado en las buenas manos de Stalin y sus protegidos. Sólo tal pretensión ya define la honradez intelectual de sus sostenedores.

10) El régimen franquista fue una dictadura autoritaria, incomparablemente mejor, con todos sus defectos, que las totalitarias a que han aspirado o con las que han simpatizado las izquierdas españolas. Haciendo el balance global, debe reconocerse que el franquismo derrotó a la revolución, libró a España de la guerra mundial, derrotó el intento posterior de resucitar la guerra civil (el maquis), fue apaciguando los viejos odios y dejó un país próspero. Con ello creó las bases de una democracia muchísimo más estable y real que la república.

11) Ni el franquismo ni su oposición, mayoritariamente comunista y terrorista, eran democráticos. Sin embargo, la transición fue posible gracias a la evolución, dentro de la dictadura, de un creciente sector reformista y liberalizante. La transición recibió el ataque de una oposición que se identificaba con el Frente Popular y se empeñada en la ruptura. Pero la oposición rupturista fracasó y hubo de aceptar finalmente la transición.

12) Los mayores peligros para la democracia, desde la transición, han sido el terrorismo, diversos grados de complicidad con él en varios partidos, el terrorismo desde el gobierno, las oleadas de corrupción y el sostenido socavamiento de la independencia judicial y de la propia Constitución. Todas estas amenazas proceden fundamentalmente de aquellos partidos que se sienten herederos del Frente Popular y de los enemigos del régimen liberal de la Restauración; su falsificación de la historia también ataca la democracia, al tratar de recuperar los odios del pasado. Son esos partidos los que hoy están provocando una grave crisis de la convivencia en paz y en libertad conseguida después del franquismo.

En fin, cada una de estas tesis puede desarrollarse en otras secundarias, que las justifican más en detalle. Pero con esto basta, espero, para orientar a Reig y sus acompañantes, y quizá para incitarles a leer con mayor atención los libros que critican tan a la ligera. El observador percibirá que no hay en ellas nada de franquismo, ni de Arrarás, ni de «extrema derecha», etc., aunque en algunos puntos coincidan. Esas coincidencias, cumple señalarlo, no vienen en mis libros de la propaganda franquista, sino, precisamente, de una extensa documentación de las izquierdas. Y, no lo olvidemos, el mismo Arrarás desvirtúa los hechos en mucha menor medida que nuestros alborotados y a su modo, muy a su modo, encantadores lisenkos.

APÉNDICE

GUERRA CIVIL, FRANQUISMO, DEMOCRACIA

Quizá ha llegado el momento de decir, lisa y llanamente, que una gran parte de la historiografía publicada en los últimos treinta años sobre la Guerra Civil española se basa en una falsificación radical.

La falsificación, evidente a poco que se reflexione, consiste en la pretensión de que el Frente Popular representaba los valores de la democracia en España. Un somero repaso de los partidos de ese Frente permite entender la imposibilidad material del aserto: el grupo hegemónico estuvo compuesto por totalitarios, secundados por golpistas y racistas, bajo la tutela de Stalin, una evidencia que es preciso reiterar una y otra vez, porque casi siempre se olvida o desvirtúa.

Esa desvirtuación, núcleo de toda una corriente explicativa, no es menor que la de presentar a Hitler como defensor de los judíos. Nos dejaría perplejos el éxito de falseamiento tan grotesco si no tuviéramos conciencia de haber vivido en el siglo de la propaganda, cuando, según frase tópica de Góbbels, una mentira muy repetida se transforma en verdad. No hay duda de que la repetición incesante de una falsedad, acompañada de la descalificación radical a quienes discrepan, impresiona a la mayoría y puede hacerle ver lo blanco negro. Logrado lo cual, la falsa idea arraiga, y la resistencia a abandonarla se hace muy fuerte.

La falsedad no deja de tener su lógica, y debemos verla con claridad. Casi todos sus sostenedores inciden primordialmente en la cuestión social: la crisis económica, la explotación, el problema agrario o, más vagamente, la «injusticia social» serían la causa de la inestabilidad y la violencia sindicales, del hambre, del supuesto odio del «pueblo» a la Iglesia o al ejército, etc. Según ese modo de pensar, típico en la izquierda y extendido también en la derecha, la culpa de la guerra recaería sobre unas capas sociales reaccionarias, ferozmente opuestas a las reformas intentadas por la izquierda para mejorar la vida de los trabajadores, hasta el punto de haberse sublevado contra ellas en 1936. La clave explicativa de la guerra consistiría, pues, en un conflicto «de intereses de clase». La cuestión de la democracia pasa a un plano meramente «formal», poco relevante y hasta engañoso, pues el sistema de libertades encubriría, en realidad, la explotación burguesa. Lo cual no impide a los defensores de ese enfoque afirmar que la democracia «auténtica», antiliberal, correspondería a los partidos defensores del pueblo trabajador, mayoritario por definición. Así, nos hablan de unos partidos «obreros», o representantes del pueblo, o de Cataluña o Euzkadi, etc.; y otros partidos oligárquicos, o representantes de la pequeña o la media burguesía. Enfoque de origen marxista. Hoy pocos sostienen abiertamente que la democracia sea un mero formulismo encubridor de los explotadores, pero muchos mantienen las premisas que llevan a esa conclusión. De ahí parte toda la interpretación de los Tuñón de Lara, Preston, Jackson, Juliá y tantos más, muy aceptada, con tales o cuales matices, en círculos académicos derechistas, por falta de análisis propio o por horror a pasar por «reaccionarios».

Tal concepción de la historia niega de raíz la democracia tal como generalmente la entendemos, porque la legitimidad para gobernar no se fundaría en las urnas, o en la opinión pública, o en las libertades, sino en esas supuestas representatividades «de clase». Antidemocrática no quiere decir necesariamente falsa, pero en este caso sí. No hay tales partidos de la oligarquía, de la clase obrera o del pueblo, como revela una mínima observación crítica. No menos de cuatro grupos (el PSOE, la CNT, el PCE y el POUM) pretendían por entonces representar en exclusiva los auténticos intereses del proletariado, y entre ellos, como es sabido, se persiguieron y asesinaron con fervor. Y al supuesto partido de la oligarquía reaccionaria, la CEDA, le votó una parte del pueblo mayor que a ningún otro partido, en 1933 y en 1936.

El enfoque tiene además pésimos efectos académicos, pues destruye el respeto a los hechos, los cuales, para ser tomados en cuenta, han de pasar la aduana de la doctrina preestablecida. Por ejemplo, cualquier observador imparcial percibe que las medidas tomadas por las izquierdas durante la república nunca trajeron beneficio tangible a los proletarios, pese a invocar sin tregua el interés de éstos. En el primer bienio el paro y el hambre crecieron con rapidez y se paralizó la iniciativa privada, empeorando los efectos de la depresión económica mundial, en vez de mitigarlos. También vemos con claridad cómo las izquierdas atacaban las libertades. Azaña, caso típico, llegó al poder con la convicción de que sólo los republicanos de izquierda tenían «títulos» para gobernar. Lo cual le indujo a responder con dos intentos golpistas a las elecciones de 1933, desfavorables para él; y a anunciar en 1936, cuando volvió al gobierno, que éste ya no saldría de manos de los suyos. Pues bien, Azaña era uno de los políticos más moderados de las izquierdas, lo cual permite imaginar al resto, y entender por qué la derecha hubo de sublevarse para no sucumbir. En la versión aún corriente, Azaña aparece como un burgués liberal simpatizante de los trabajadores y crucificado por la reacción. Lo cual encaja muy bien con la doctrina, pero muy mal con los hechos.

Otro peligroso vicio de ese enfoque es que lleva consigo el antídoto contra el examen crítico, como observó Koestler: la discrepancia queda descartada por principio, pues sólo puede nacer de intereses reaccionarios, cuando no fascistas. Tal mentalidad siega el debate libre y esteriliza la investigación, creando un clima inquisitorial muy dañino. En los últimos años se ha manifestado con crudeza en campañas de descalificaciones y propuestas de censura contra estudios e historiadores contrarios a la versión que se pretende oficializar. Unas campañas sin nada en común con un debate serio, en las cuales la búsqueda de la verdad es sustituida por la cerrada defensa de intereses políticos o corporativos. No viene aquí al caso desarrollar estos temas, pero sí reiterar en qué gran medida el prejuicio de raíz marxista ha contaminado la historiografía, incluso la que se proclama antimarxista, y no sólo en relación con la Guerra Civil.

Más racional parece otro planteamiento: ante los problemas económicos y sociales de una época, los políticos ofrecen tales o cuales soluciones, cuya validez proviene de la solidez de sus análisis y de sus frutos reales, no de imaginarias representaciones de clase. Por tanto buscaremos las claves de la caída hacia la guerra en la actitud de los partidos respecto a los problemas de la época, y no otorgando a los problemas sociales los mismos poderes mágicos. Al plantear así la cuestión rescatamos, de paso, la libertad y la responsabilidad de los políticos, que en la concepción anterior se diluyen en una bruma burocrática de lucubraciones sobre clases sociales y movimientos generales.

Por extraño que resulte, estas elementales observaciones se han hecho pocas veces, debido a que tampoco la derecha ha solido examinar la república y la Guerra Civil desde el punto de vista de la democracia. La historiografía de derechas, en general cuidadosa con los hechos, ha producido obras monumentales, baste pensar en la Historia política de las dos Españas, de García Escudero, la Historia de la II República, de Arrarás, la Historia del Ejército Popular de la República, de Ramón Salas Larrazábal, por mencionar sólo tres estudios veraces y concienzudos, sin parangón en la historiografía de izquierdas. Estos trabajos achacan el desastre a la incapacidad de las izquierdas y separatistas para aceptar la realidad social e histórica de España, y, por tanto, para asegurar la convivencia con por lo menos la mitad de la población, ajena a las ideas de izquierda pero dispuesta a adaptarse a la república. La tesis queda bien probada para quien lea sin prejuicios esos libros. Sin embargo, su efecto ha sido escaso, porque su propia extensión los hacía poco populares, y por el dominio izquierdista en las aulas.

Pero también les ha perjudicado su mediocre tratamiento de la cuestión de la democracia. La derecha tiende a omitir u oscurecer el hecho de que la única convivencia aceptable en el siglo XX y ahora es la democrática basada en las libertades. Esta debilidad explicativa proviene en parte de un fenómeno peculiar: la bandera de la democracia ha estado casi siempre en manos de una izquierda en realidad mesiánica cuando no abiertamente totalitaria, y no pocas veces afecta al terrorismo. Si uno atiende a la propaganda, las libertades no habrían tenido más ferviente defensor que el movimiento comunista, el mayor verdugo de ellas en el siglo XX. En cambio, el grueso de la derecha, bajo la Restauración y en la república, mostró un talante liberal y moderado. Pero la demagogia en que las izquierdas trocaban el ideal democrático provocó en las derechas retraimiento y desconfianza hacia ese ideal, por falta de una crítica eficaz, que llevaba a una actitud defensiva, incluso de culpa, todavía hoy bien visible.

Y así, aunque la conducta derechista favorecía en la práctica la convivencia en libertad, mientras que la izquierdista la imposibilitaba, la izquierda quedó, para una masa de libros de historia, como la abanderada de las libertades, llegando el absurdo hasta presentar a Stalin como adalid de ellas en España.

Creo, pues, que la versión historiográfica de la derecha resulta insuficiente, sigue dejando la bandera democrática en manos de quienes la imposibilitaron, y por ello permanece esencialmente débil, pese a aportar un cúmulo de datos veraces. Sus contrarios siempre podrán admitir que la república —es decir, la versión izquierdista de ella y el Frente Popular— tuvo muchos fallos, pero que, con todo, representó la legalidad y la voluntad del pueblo. Por tanto, insistir en esos fallos, como hacen las derechas, no pasaría de ser un truco para justificar ilegítimamente el golpe militar y la guerra contra la libertad. Sin embargo, los fallos de las izquierdas consistieron, precisamente, en ataques sistemáticos y violentos a la convivencia libre, hasta arruinarla. La república, repito, nació como una democracia liberal, para verse sucesivamente desbordada, asaltada y arruinada por las izquierdas. En este proceso revolucionario cabe resumir la marcha hacia la guerra.

Luego, en la guerra triunfó la contrarrevolución sobre la revolución. Debemos sacudirnos la falsa idea de que esa victoria estaba predeterminada, pues resultó muy difícil. No voy a extenderme ahora sobre ello, pero recogeré dos citas que, a mi juicio, condensan las causas de la derrota del Frente Popular. En plena contienda, Azaña escribió en sus diarios: «A muy pocos nos importa la idea nacional, pero a qué pocos. Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario: se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado». Y Besteiro observa, al terminar la lucha: «La verdad real: estamos derrotados por nuestras propias culpas (…) Por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizás los siglos (…) La reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique la representan genuinamente, sean los que quieran sus defectos, los nacionalistas que se han batido en la gran cruzada anticomintern».

De hecho, el Frente Popular se convirtió en protectorado soviético. Franco nunca perdió su independencia frente a sus aliados.

En rigor, la convivencia se había vuelto inviable ya desde 1934. Una democracia puede tolerar a partidos antidemocráticos, y siempre lo hace. Pero no subsistirá si esos partidos cobran fuerza excesiva, y eso, precisamente, ocurrió en la España de entonces. Ello determinó la quiebra de la ley. Y en España, como en todas partes, cuando cae por tierra la ley que permite la convivencia en paz y en libertad, viene la violencia, las represiones y las venganzas, porque cada bando ya no lucha por ganar unas elecciones, sino por sobrevivir.

El franquismo

Resuelta, según creo, esta cuestión decisiva, se abren otras dos: ¿por qué el resultado de la guerra fue una dictadura autoritaria, y no una restauración de la democracia? ¿Y por qué esa dictadura duró tanto?

Para responderlas debemos partir del hecho de que en 1931 la mayoría de la derecha había aceptado la democracia republicana, si bien con temor; pero tras cinco años epilépticos había terminado por considerarla inviable. De hecho, la legalidad quedó arruinada entre 1934 y 1936. Y aunque la guerra se reanudó en 1936 con un golpe militar de pretensión republicana, evolucionó con rapidez a una pugna entre dos tendencias dictatoriales, la totalitaria de la izquierda y la autoritaria de la derecha. En ningún bando quedaron demócratas, o casi.

Entendemos esta evolución observando la del mismo Franco. En 1930, meses antes de llegar la república, él pensaba que la democratización ordenada del país era la mejor solución. Franco se haría más autoritario según crecían la demagogia y la violencia, pero aun en 1934 defendió la legalidad constitucional contra el asalto izquierdista, sin intentar ningún contragolpe. Se alzó en el 36 ante una situación de ilegalidad rampante y abierta amenaza revolucionaria, que ningún demócrata ni liberal estaba en condiciones de frenar. Entonces el liberalismo pareció a muchos un fracaso histórico, por haber abierto el paso, presuntamente, a la revolución. En todo caso no funcionaría en España, como indicó Franco a la Revue Belge, ya en plena guerra: «No basaremos el régimen futuro en sistemas democráticos que decididamente no convienen a nuestro pueblo. Se ha hecho la prueba y Dios sabe que no ha faltado buena voluntad para ensayarlo por espacio de cerca de un siglo». Prefería otro tipo de democracia, llamada «orgánica».

No voy a examinar ahora esa supuesta democracia que también se presentaba con el nombre de totalitarismo, pero sí haré unas observaciones para centrar la cuestión. Ante todo, el nuevo régimen nacía en una Europa donde también la democracia liberal parecía a punto de pasar a la historia. Y muy posiblemente habría ocurrido así, de no haber intervenido Usa desde finales de 1941. Entonces el franquismo se apuntó al totalitarismo fascista que disputaba al comunista el presente y el futuro del continente. No obstante debemos relativizar el dato. Dentro del nuevo régimen cobraron impulso las tendencias falangistas con idea de imitar el sistema hitleriano o el de Mussolini, y entrar en la guerra mundial a su lado. Pero esas tendencias nunca prevalecieron sobre las del grueso del ejército y de la Iglesia, ni siquiera sobre las monárquicas, que admiraban mucho menos, cuando no rechazaban, a los fascismos, en especial el de Hitler, y desconfiaban de participar en la contienda europea. Menudearon desde el principio las sordas querellas entre las llamadas «familias» del régimen, y la familia más próxima al fascismo llevó casi siempre la peor parte. Las disputas pudieron tomar un rumbo suicida, como otras veces había ocurrido en las derechas, y conducir a la desintegración del régimen en los azarosos años 40. No ocurrió así por tres causas: el recuerdo muy fresco de la Guerra Civil; la decisión común de evitar la vuelta a un sistema abierto, según pensaban, a la revolución y la lucha fratricida; y el prestigio y esfuerzo de Franco por armonizar los intereses de las diversas tendencias sin consentir la hegemonía de ninguna. Así, el Movimiento, básicamente constituido por la Falange, nunca logró absorber o imponerse a los demás, como había ocurrido con el partido único italiano o el nacionalsocialista. La salida totalitaria acabó de desvanecerse con la defenestración de Serrano Súñer en 1942.

Otra diferencia clave con los fascismos consistió en la escasa fundamentación teórica del nuevo régimen. A ese efecto se fundó el Instituto de Estudios Políticos, el cual, si bien produjo trabajos notables, no llegó a cumplir, como observa Serrano Súñer en sus Memorias, «la misión que se le había atribuido, a saber: la explicación doctrinal del Régimen, una articulación teórica del ejercicio del Poder». El franquismo se iría institucionalizando de modo pragmático, bastante flexible y eficaz, sin embargo, pues logró sostenerse largos años en condiciones externas muy adversas; pero aún hoy desafía los intentos de definirlo con precisión.

Tampoco pretendo aquí buscar nuevas definiciones, pero podemos comprobar la fortaleza del régimen en los años 1944-47, cuando todo el mundo lo creía condenado a compartir el destino de los fascismos italiano y alemán. El franquismo perdió entonces el apoyo de otras potencias y sufrió un duro boicot externo más la guerrilla conocida como el maquis. Estaba maduro para caer: la población pasaba hambre, y, por tanto, debía estar al borde de la rebelión; la represión de posguerra debía haber creado ansias de revancha, y la proximidad de la liberación debía haber cambiado el miedo en odio activo; la práctica certeza del pronto derrocamiento de Franco abría grietas visibles en el régimen; conspiraban generales y monárquicos. El franquismo parecía tener todo en contra, y los exiliados se preparaban para volver como triunfadores definitivos.

Sin embargo, Franco logró mantener la unidad interna en grado suficiente y derrotar las maniobras monárquicas, el maquis y el bloqueo, sin afrontar ninguna revuelta popular. Había pronosticado a Churchill que la alianza anglosajona con Stalin no duraría, y tanto Usa como Gran Bretaña hubieron de disimular o frenar la hostilidad a su régimen, al transformarse la URSS en enemigo mucho más temible. A menudo se presenta la situaron a la inversa: Usa y Gran Bretaña habrían salvado al franquismo, debido a la guerra fría. Es un falso enfoque: sin la unidad y fortaleza internas demostradas por el franquismo, éste habría caído inexorablemente.

Para el objeto de nuestro estudio, la cuestión es ésta: ¿se perdió entonces una posibilidad real de democratización? Los tanques anglosajones y la vuelta de los exiliados, ¿habrían traído una democracia algo sólida? Suena poco probable. Los exiliados no hicieron un análisis o reflexión en profundidad sobre la república y la guerra, y siguieron con las viejas ideas y propagandas, antidemocráticas pese a sus pretensiones. Seguían incompatibles entre ellos y más aún con los franquistas, de modo que su vuelta difícilmente habría traído otra cosa que las venganzas consiguientes, de modo similar a lo ocurrido en Italia, Francia o Yugoslavia. La necesidad de imponerse con violencia habría sido tanto mayor cuanto que los par-:idos y líderes del Frente Popular, como recuerda Julián Marías, habían quedado desprestigiados por completo. La gente había visto cómo las izquierdas se habían asesinado entre sí, y cómo los jefes habían huido al extranjero con inmensos tesoros expoliados al patrimonio nacional y a los particulares, sin preocupación por sus seguidores, a menudo complicados :n el terror contra las derechas y que caerían a millares en manos de los nacionales.

¿Pudo venir la democracia de la monarquía? Tampoco suena verosímil. Ni Don Juan era demócrata ni la monarquía tenía prestigio bastante para asegurar una convivencia estable después de los traumas pasados. La corona había quedado desacreditada, a derecha e izquierda, por el modo como había caído en 1931, y la sublevación del 36 no se había hecho en nombre de la monarquía. Los republicanos y los socialistas sólo la apocarían muy condicional y pasajeramente, mientras que la mayoría de los franquistas rechazaría la vuelta a la antigua situación. Además, sólo los tanques useños podrían derrocar al franquismo, y a ese respecto hubo planes monárquicos que caían realmente en la traición al país, lo cual cuestionaría desde el principio la legitimidad y estabilidad del trono. La intervención extranjera sería más bien un factor de guerra civil, como supo apreciar Churchill; factor tanto más peligroso en una Europa destrozada y hambrienta y en un país próximo a Francia e Italia, donde los comunistas pesaban tanto.

¿Hubo posibilidades ulteriores de democratización? Resulta igualmente dudoso. En vida del dictador apenas existieron fuerzas democráticas en España. El único episodio de algún relieve a este respecto, la reunión de Munich, en 1962, habría pasado sin pena ni gloria si el régimen no le hubiera dado una proyección excesiva. No respondía a una exigencia de la sociedad ni tuvo repercusión importante en ella. La oposición real correspondió a los comunistas y, muy a última hora, a grupos terroristas.

Me gustaría eliminar aquí el cuadro mítico de una sociedad que se sentía oprimida y hostil al régimen, y simpatizaba con la oposición. No hay indicios de tal cosa. Hubo en los años 60 un creciente movimiento huelguístico, molesto para la dictadura, pero no solía ser político en la conciencia de los huelguistas, aunque sí en la de los organizadores; también hubo una protesta estudiantil bastante activa, pero muy minoritaria. Y ninguno de esos dos movimientos era democrático, sino que estaba dirigido por los comunistas.

Cabría describir la actitud más común en la población como adhesión pasiva al régimen. Claro está, al hallarse restringida la libertad de expresión no podemos comprobarlo, pero sí hacernos una idea indirecta, como expuse en el ensayo Franco, un balance histórico, a través del número de presos, uno de los más bajos de Europa, incluyendo los políticos, o por la actitud de los cientos de miles de emigrantes a la Europa rica, que tampoco sirvieron de masa de maniobra para el antifranquismo, pese a reunir, en teoría, óptimas condiciones para ello.

A fin de descartar otros espejismos, me gustaría citar a uno de los fundadores de la ETA, Julen Madariaga, que justificaba así el recurso al terrorismo: «Cuando una masa de quinientos vascos sea capaz de manifestarse pública y silenciosamente (…) me uniré a ellos (…) Pero mientras solo sean un puñado de patriotas los que tengan que hacer todo lo que se hace (…) ¿Es que el pueblo vasco está dispuesto en bloque, o al menos una gran parte de él, a lanzarse a la lucha? (…) ¿No están siendo nuestros hermanos de Soria, Carabanchel y Martutene [se refiere a las cárceles] víctimas de un horrible pecado colectivo de su propio pueblo?». O frases como éstas, de la propaganda etarra: «Con ocasión del verano, toda Euskadi se engalana para recibir a los turistas (…) se vuelca materialmente para entretenerles y divertirles (…) Por doquier folklore vasco (…) He aquí a nuestro pueblo: mientras se le asesina, sonríe y agasaja». Estas frases, pese a su incoherencia, dejan claro un hecho: el puñado de totalitarios dispuestos a asesinar se sentía víctima de la gran mayoría de los vascos que prosperaban en paz y tranquilidad, aun si con escasas libertades políticas. Para impedirlo, aquéllos diseñaron la táctica de la acción-reacción-acción, es decir, provocación deliberada de una represión antes menor por innecesaria. Aun así, esa táctica no habría cambiado gran cosa el panorama, en mi opinión, de no haber recibido los terroristas, en cuanto empezaron a asesinar, en 1968, un inmenso apoyo de la restante oposición antifranquista, de parte del clero, y sobre todo del gobierno francés.

En cuanto a la oposición comunista hemos de descartar un nuevo mito: el de que el PCE había cambiado de naturaleza y luchado por las libertades tras la derrota del maquis. Nada más falso. Siempre, hasta en los momentos del más duro estalinismo, los partidos comunistas invocaban sin tregua la democracia y las libertades, con el único fin de atraerse aliados, manipularlos y finalmente desbordarlos o liquidarlos para imponer el «socialismo real». En España, después de la experiencia del Frente Popular, pocos se dejaron atraer, pero algunos hubo: en los años finales del franquismo el PCE logró reunir en torno a sí a diversas organizaciones, desde cristianas a nacionalistas, también dudosamente democráticas y poco influyentes. Su mayor éxito fue la Asamblea de Cataluña, nacida tan tarde como finales de 1971 y que giraba en torno al PSUC, el sector más marxista-leninista, esto es, más estalinista del PCE. Los comunistas, y, en los últimos siete años del régimen, los terroristas nacionalistas vascos y los maoístas compusieron la verdadera oposición a Franco, conviene no olvidarlo.

Estos datos, aunque muy condensados aquí, nos revelan, en mi opinión, por qué aquel régimen duró tanto: por el escaso arraigo de una oposición de fondo totalitario y por la ausencia de una alternativa democrática viable. Ausencia que continuaba a la muerte de Franco, en noviembre de 1975. Creo que el caso Solzhenitsin, unos meses después, es muy indicativo. No lo expondré aquí por extenso, pero recordaré que dio pie a la oposición casi en pleno a demostrar sus simpatías por el imperio del GULAG y un verdadero odio a quien lo denunciaba.

La transición a la democracia

Así las cosas, con un franquismo y un antifranquismo no democráticos, una transición parecía imposible, o tenía gran probabilidad de recaer en las convulsiones de antaño. Sin embargo, la transición se produjo con bastante orden, y debe ser explicada.

De hacer caso a versiones aún muy difundidas, si bien la transición contó con la colaboración de un sector franquista, habría consistido básicamente en el triunfo de una oposición que llevaba años enarbolando la bandera de las libertades. Pero ya conocemos el valor de aquella bandera en manos de nuestras izquierdas. Además, se trataba de una oposición fragmentada en grupos rivales y de escasa representatividad. La versión recuerda un poco a la que pinta al Frente Popular como continuación de la república democrática; y no sobra resaltar que la mayoría de dicha oposición se identificaba —lo sigue haciendo— con el Frente Popular. Y esperaba el pronto derrumbe de la monarquía, con Juan Carlos a la cabeza, según el modelo de 1930-31.

Pasma comprobar cómo algunos mitos persisten contra las pruebas más contundentes. Pues nadie ignora que la transición la diseñaron y orientaron sobre todo un rey nombrado por Franco, Juan Carlos; un jefe del Movimiento Nacional, Suárez, y el intelectual del régimen Torcuato Fernández Miranda; con respaldo o aceptación de la gran mayoría de la clase política franquista y del ejército. Y que se hizo por reforma «de la ley a la ley», frente a las pretensiones rupturistas de la oposición.

¿Cómo fue posible? Seguiremos sin entenderlo si persistimos en la imagen de un franquismo rígido y férreamente dictatorial. Ni aun en los años 40 fue así. De hecho demostró flexibilidad y capacidad de adaptación muy notables, sin las cuales habría subsistido breve tiempo. Aparte del difícil, pero logrado, equilibrio entre sus familias, pueden discernirse en el franquismo, desde sus comienzos, dos concepciones opuestas. La primera, largos años mayoritaria, consideraba al régimen una superación tanto del marxismo como de la democracia liberal, y, por tanto, un modelo para los demás países, según expresaba Franco: «Los regímenes del mundo futuro serán más parecidos a los que nosotros concebimos y tenemos en marcha que a cualquiera de las fórmulas políticas ya experimentadas». La segunda concepción veía en el régimen la respuesta a una crisis histórica excepcional, y, por tanto, destinada a desaparecer por evolución. Pasaría un tiempo prolongado, previsiblemente hasta la muerte del dictador, pues pocos parecían deseosos de desplazarlo, y nadie capaz de hacerlo.

A esta segunda postura podemos llamarla reformista o liberalizante. Muy minoritaria al principio, cobraría fuerza con los años, mientras la contraria iría retrocediendo hasta concentrarse en el bunker, así llamado por sus adversarios. Durante los años 60 el franquismo fue liberalizándose política y económicamente, pero su éxito en ambos campos, realmente extraordinario, en lugar de asegurar su futuro, presionaba hacia la democratización. Y, más importante aún, los odios típicos de la república se habían diluido de tal modo que también perdían fuerza las reacciones sociales defensivas de entonces. La retórica de antaño, nacida de la lucha contra un peligro extremo, sonaba innecesaria o anacrónica en los años 60-70, y el régimen la usaba cada vez menos, aun si el peligro de los totalitarismos comunistas distase de ser una falacia. Hechos como su tanteo de ingreso en el Mercado Común, en 1962, indican mucho sobre esta evolución.

Pero creo que es a finales de 1973, tras el asesinato de Carrero Blanco, cuando la evolución quedó despejada. Como los efectos del atentado han sido muy falseados, me extenderé brevemente, citando de nuevo mi ensayo sobre Franco:

«Casi toda la oposición se volcaba en una magna campaña agitativa, dentro y fuera de España, por el llamado Juicio 1001 contra los líderes de Comisiones Obreras, a quienes se pedían penas inhabituales y desorbitadas, de hasta veinte años (serían luego rebajadas a menos de un tercio). Tan pronto se conoció la muerte de Carrero, los acusados temieron a su vez por sus vidas, pero la policía garantizó su seguridad. Entonces la campaña por el 1001 se paralizó, y no desfigura mucho las cosas la frase de que la oposición, lejos de brindar con champán, como se dijo luego, se escondió como pudo, temiendo que el régimen reaccionara drásticamente, liquidando todo el proceso de liberalización anterior. La debilidad e impotencia de los antifranquistas no pudo quedar más de relieve. También se escondió doblemente la ETA, por completo incapaz de explotar políticamente su tremenda provocación, ni de orientar sus consecuencias.

»Por lo tanto, la situación iba a evolucionar exclusivamente dentro del propio franquismo: ¿se impondrían los guardianes de las esencias, o los reformistas? El conflicto, muy real, traslució en las severas órdenes del general Iniesta Cano, director de la Guardia Civil, para que ésta ocupase las ciudades y disparase al menor conato de resistencia. No obstante, los elementos reformistas, encabezados por Fernández Miranda, anularían tales medidas y mantendrían la normalidad.

»En ciertos análisis historiográficos la ETA aparece como la auténtica promotora de la democracia, al haber asesinado al cargo más elevado que actuaba en el régimen como valladar frente al cambio. La idea de una ETA impulsora de la democracia suena tan peculiar como la de un Stalin campeón de la libertad de España, en la que insisten implícita o explícitamente tantos historiadores. La realidad es la contraria: el atentado estuvo muy cerca de desencadenar una involución, para detener la cual carecían de fuerza en absoluto la oposición terrorista y la no terrorista. Además, Carrero, sin estar entre los más liberales, tampoco pertenecía al bunker, el cual venía mostrando irritación por sus palabras y actos. El atentado sacó a plena luz dos fenómenos: la escasísima influencia de la oposición, incluidos los terroristas, y la hegemonía de los elementos reformistas dentro del régimen. En otras palabras, la transición quedaba resuelta, y sólo podría realizarse a partir del régimen mismo».

El mismo Franco había expresado poco antes al enviado de Nixon, Vernon Walters, su convicción de que España se democratizaría más o menos, en un proceso ordenado, gracias a la clase media que él había creado. Parecía volver a sus ideas de 1930. Ese optimismo de Franco resulta algo excesivo: él no creó la clase media, pues ya antes existía una muy considerable, pero sin duda su régimen la desarrolló hasta hacerla mayoritaria; y la idea de que ella garantizaría la estabilidad debe tomarse con cautela. Antes de la guerra, Cataluña, la región española con mayor clase media, era también la más convulsa, debido a la acción combinada del anarquismo y el nacionalismo. Y las Vascongadas saldrían del franquismo como las provincias de mayor renta per capita de España, para convertirse luego en la región más violenta y menos democratizada, asimismo por la combinación de terrorismo y nacionalismo. Con todo, parece razonable esperar que una abundante clase media ayude a estabilizar a un país, aun si no lo garantiza. El éxito de la transición obedecerá en muy alta medida al previo éxito socioeconómico franquista.

Fallecido el dictador en 1975, el proceso se aceleró, y en el verano de 1976 entró en la recta final tras un primer ensayo inconcluyente con Arias Navarro. La decisión de evolucionar por reforma, de la ley a la ley, aseguraría una transición nada parecida a la desastrosa que siguió a la dictadura de Primo de Rivera en 1930.

En cambio, la oposición no anhelaba la transición, sino una «ruptura» radical, con denuncia y proceso político del franquismo y repulsa a cuarenta años de historia con un balance visiblemente fructífero. E intentó dirigir ella el cambio, aprovechando las libertades ya en marcha tras la muerte de Franco. A ese fin la mayoría de los antifranquistas creó dos variopintas formaciones rivales: la Junta Democrática, bajo el mando del PCE, y la Plataforma Democrática, bajo el del PSOE. Las dos albergaban variados grupos y siglas: maoístas, trotskistas, separatistas, cristianos radicales, socialdemócratas y algún que otro liberal despistado, al estilo de la Asamblea de Cataluña. En ambas los elementos decisivos eran marxistas o marxista-leninistas. Una transición protagonizada por tal amalgama tenía la máxima probabilidad de abocar a un nuevo caos, al renunciar a la sensatez preconizada tiempo antes por Tarradellas, un antiguo extremista, de los pocos que había reflexionado a fondo en el exilio. Tarradellas había expresado a Josep Pla su intención de, si algún día gobernase, «no destruir nada de lo hecho por Franco que fuera positivo para el país y la estabilidad general». Postura no compartida, repito, por el resto de la oposición.

Pese a su rivalidad, la Junta y la Plataforma llegaron a unir fuerzas en un organismo conocido popularmente por la Platajunta, y trataron de impulsar un movimiento de masas bajo la consigna «Libertad, amnistía y estatutos de autonomía». Organizaron al respecto considerables manifestaciones, pero nada capaz de asustar al régimen.

Debe recordarse, además, que tanto el PSOE como el PNV, los nacionalistas catalanes y otros, venían reorganizándose en serio tan sólo desde 1971, con autorización implícita, pero indudable, del gobierno. Sin embargo, el PSOE llegaba con un radicalismo verbal más estridente que el propio PCE; el PNV parecía querer rivalizar con la ETA en demagogia; y los nacionalistas catalanes ya empezaban con la cantinela de que los catalanes no son españoles. Todos, además, reivindicaban la versión frentepopulista de la Guerra Civil, exhibiendo un resuelto antifranquismo en agudo contraste con la casi nulidad de su resistencia u oposición a la dictadura, y con la evidencia de que muchos de ellos procedían de la administración del régimen.

Fue mucho más positiva, sin duda, la reforma proyectada por el sector liberalizador del régimen y la autodisolución de las Cortes franquistas en aras del cambio a la democracia, ocurrida a mediados de noviembre de 1976. El debate al respecto enfrentó, por última vez, a los sostenedores del régimen y a quienes daban por concluida su tarea histórica. El procurador Fernández de la Vega denunció a la «misérrima oposición que con su resentimiento a cuestas ha recorrido durante cuarenta años el camino de las cancillerías europeas denunciando el pecado de la paz y el progreso de España, alimentando los viejos y al parecer eternos prejuicios antiespañoles con la sucia leña de la tiranía de Franco». Le replicó Fernando Suárez: «No trate de demostrarnos que para ser leales a Franco hay que impedir en estos momentos que sea el pueblo de España (…) el que decida su propio destino. Quienes hemos dictaminado este proyecto no vamos a intentar disimular con piruetas de última hora nuestras ejecutorias en el Régimen. Pero hemos pensado siempre (…) que los orígenes dramáticos del actual Estado estaban abocados desde sus momentos germinales a alumbrar una situación definitiva de concordia nacional (…), porque habremos sido capaces de rebajar el concepto de enemigo irreconciliable al más civilizado y cristiano concepto de adversario político, pacífico (…) sin (…) nuevos desgarramientos y nuevos traumas».

La postura de Fernando Suárez triunfó, y el otro Suárez, Adolfo, pudo afrontar el referéndum subsiguiente y a la oposición rupturista, que venía recrudeciendo su ofensiva. El 12 de noviembre de 1976 esa oposición había organizado la huelga general, de carácter revolucionario por naturaleza, para frustrar la transición reformista. La prueba de fuerza se había saldado con el fracaso de la huelga y la consiguiente victoria del gobierno. Aun así, la oposición persistió en boicotear el referéndum, realizado el 15 de diciembre, si bien lo hizo ya con poco aliento. La excepción fue el PCE(r)-GRAPO, que secuestró a Antonio de Oriol, y más tarde al general Villaescusa, para echar por tierra la maniobra fascista, fracasando a su vez.

Desde entonces la oposición hubo de aceptar la transición y colaborar, de mejor o peor fe, en la reforma promovida desde el propio régimen. Ello permitió una democratización en orden, «dentro de la ley», como propugnaba el mismo Franco en 1930. Sólo ahora, casi treinta años después, se ha formado una nueva y nebulosa Platajunta entre izquierdistas y secesionistas para imponer una «segunda transición», es decir, volver a la ruptura, contra la Constitución y la libre convivencia construida desde 1975. E intentando resucitar de paso, y no por azar, las antiguas propagandas y rencores, so pretexto de «memoria histórica». Esta inaudita pertinacia en los viejos errores merecería un estudio aparte.

Decía al comienzo que la visión de la república y la guerra cultivada en estos años es falsa. Presenta a los totalitarios como apóstoles de la libertad y sólo puede mantenerse mediante un continuo retorcimiento u omisión de los hechos. Es también insensata, pues quiere reducir a un paréntesis negativo cuarenta años de historia y enlazar nuestra democracia con la convulsiva república, en combinación no casual con el terrorismo. Pues no se trata de una simple visión historiográfica, sino de todo un programa político.

Por el contrario, el esquema que aquí propongo creo que se aproxima mucho más a la verdad, lo cual se manifiesta en que permite integrar los datos conocidos de forma natural, sin los forzamientos y «olvidos» de aquellas otras versiones. Unas versiones que han pretendido oficializarse incluso por ley y censura, al estilo totalitario, pretensión muy coherente con el contenido de ellas. Pero la falsificación del pasado hace peligrar el futuro. Seamos conscientes de ello y defendamos la verdad, porque la verdad nos hará libres.

Una observación final: las libertades han llegado a España con algún retraso con respecto a la Europa occidental. Observación que debe completarse con otras dos: gracias a ello la democracia ha resultado, hasta ahora, más firme que si hubiera llegado antes; y la debemos a nosotros mismos, no a Usa como la mayoría de los demás países europeos. A la objeción de que España no habría esquivado tampoco el totalitarismo nazi o comunista de no ser por la intervención useña en Europa, cabe responder que esa deuda indirecta queda saldada con la neutralidad española en la guerra mundial, tan valiosa para los Aliados aun si no fue mantenida con intención de favorecerlos.

LUIS PÍO MOA RODRÍGUEZ. (Vigo, 1948) es un articulista, historiador y escritor español, especializado en temas históricos relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo y los movimientos políticos de ese período.

Participó en la oposición antifranquista dentro del Partido Comunista de España (reconstituido) o PCE(r) y de la banda terrorista GRAPO. En 1977 fue expulsado de este último partido e inició un proceso de reflexión y crítica de sus anteriores posiciones políticas ultraizquierdistas para pasar a sostener posiciones políticas conservadoras.

En 1999 publicó Los orígenes de la guerra civil, que junto con Los personajes de la República vistos por ellos mismos y El derrumbe de la República y la guerra civil conforman una trilogía sobre el primer tercio del siglo XX español. Continuó su labor con Los mitos de la guerra civil, De un tiempo y de un país (donde narra su etapa juvenil de miltante comunista, primero en el PCE y más tarde en los GRAPO), Una historia chocante (sobre los nacionalismos periféricos), Años de hierro (sobre la época de 1939 a 1945), Viaje por la Vía de la Plata, Franco para antifranquistas, La quiebra de la historia progresista y otros títulos. En la actualidad colabora en Intereconomia, El Economista y Época.

Moa considera que la actual democracia es heredera del régimen franquista, que experimentó una «evolución democratizante», y no de las izquierdas del Frente Popular, según él totalitarias y antidemocráticas y que dejaron un legado de «devastación intelectual, moral y política». Su obra ha generado una gran controversia y suscitado la atención de un numeroso público, que ha situado a varios de sus libros en las listas de los más vendidos en España: su libro Los mitos de la Guerra Civil fue, con 150.000 ejemplares vendidos, número uno de ventas durante seis meses consecutivos.

La obra de Moa ha sido descalificada por numerosos autores e historiadores académicos, quienes lo han sometido al ostracismo porque su obra revisa ideas generalmente admitidas sobre ese período —ideas asentadas en una perspectiva política de izquierdas que mitifica la II República—, y sienta tesis innovadoras, que sin embargo, no han sido rebatidas documentalmente hasta la fecha.

Pero Moa cuenta también con algunos defensores en el ámbito académico: Ricardo De la Cierva, José Manuel Cuenca Toribio, o Carlos Seco Serrano han elogiado la obra de Moa.

Fuera de España, historiadores e hispanistas como Henry Kamen, Stanley G. Payne o Hugh Thomas han comentado en términos favorables trabajos y conclusiones de Moa. Por ejemplo, Kamen se lamenta de que, según su opinión, la represión ejercida por la República no haya sido estudiada, con la única excepción de Pío Moa, el cual habría sido marginado por los historiadores del establishment.

Stanley G. Payne ha elogiado en repetidas ocasiones los trabajos de Pío Moa, sobre todo sus investigaciones sobre el periodo que va de 1933 a 1936: «Cada una de las tesis de Moa aparece defendida seriamente en términos de las pruebas disponibles y se basa en la investigación directa o, más habitualmente, en una cuidadosa relectura de las fuentes y la historiografía disponibles»; destaca la originalidad de su trabajo: «ha efectuado un análisis realmente original y ha llegado a conclusiones que no han sido todavía refutadas. Lo han denunciado, lo han vetado pero no han logrado rebatir con pruebas las tesis de Moa sobre la República», e incide en que las tesis de Moa no han sido refutadas: «lo más reseñable es que, aparentemente, no hay una sola de las numerosas denuncias de la obra de Moa que realice un esfuerzo intelectualmente serio por refutar cualquiera de sus interpretaciones. Los críticos adoptan una actitud hierática de custodios del fuego sagrado de los dogmas de una suerte de religión política que deben aceptarse puramente con la fe y que son inmunes a la más mínima pesquisa o crítica».

Hugh Thomas ha afirmado sobre la obra de Moa: «Lo que dijo Pío Moa sobre la revolución de 1934 es muy interesante y pienso que dijo la verdad. ¡Pero no fue tan original! Él me acusa en su libro, pero yo dije casi lo mismo: la revolución de 1934 inició la guerra civil, y fue culpa de la izquierda».