¿Qué consecuencias de la guerra civil llegan hasta hoy? ¿Cómo influyó aquella contienda en el resto de Europa y el resto de Europa en España? ¿Cuál fue la verdadera estrategia de Hitler y de Stalin? ¿Tuvo posibilidad de ganar el Frente Popular y qué habría pasado en tal caso? ¿Qué se jugaba realmente en el conflicto y qué papel desempeñó en él la democracia? ¿Fue una lucha estéril? ¿Por qué la democracia ha tenido tantas dificultades para asentarse en España y en gran parte de Europa? ¿Está segura hoy en España?…

Estos y otros asuntos son tratados en este libro, que se distancia de los enfoques habituales al plantear cuestiones generalmente pasadas por alto, ya indicadas en sus cuatro partes: «Desarrollo de la guerra civil: un análisis crítico»; «Cuestiones básicas sobre la guerra de España»; «Los problemas de la democracia en España», y «El debate sobre la guerra y el pasado próximo».

Ochenta años después de comenzada aquella contienda, sin duda el suceso más decisivo de la España del siglo XX, se impone un análisis en profundidad de sus efectos, alejándose de pasiones y de odios todavía demasiado frecuentes.

Pío Moa

La Guerra Civil y los problemas de la democracia en España

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Titivillus 27.08.18

Título original: La Guerra Civil y los problemas de la democracia en España

Pío Moa, 2016

Editor digital: Titivillus

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INTRODUCCIÓN

En el 80 aniversario del llamado por unos Alzamiento Nacional y por otros golpe fascista o reaccionario, importa extraer algunas lecciones de la historia, pues sus efectos llegan con fuerza hasta el presente. ¿Cómo se llegó a la guerra? ¿Qué posiciones políticas e ideológicas defendía cada bando? ¿Por qué ganaron los nacionales? ¿Cómo influyó la guerra de España en el resto de Europa y la situación europea en España? ¿Cuáles fueron las consecuencias, y cuáles permanecen hoy? ¿Por qué la democracia ha tenido tantas dificultades para fructificar en España y en gran parte de Europa?…

Uno de los bandos unía a distintos partidos de izquierda y a los separatistas vascos y catalanes. Los izquierdistas aspiraban a varios tipos de revolución: sovietizante, anarquista o «burguesa»; y los separatistas a disgregar o balcanizar España. Objetivos tan dispares, incluso antagónicos, les llevaron a sangrientos choques entre ellos, pero aún así coincidían en dos puntos básicos: a) los separatistas atacaban la unidad de España, mientras las izquierdas, sin compartir esa aspiración, tampoco consideraban un punto esencial la permanencia de la nación española. b) Todos ellos, con mayor o menor empeño, trataban de erradicar a la Iglesia y la cultura tradicional cristiana, como demuestra su participación en la persecución religiosa (excepción a medias fue el PNV, cuyo catolicismo no le impidió ayudar a los perseguidores). A ese bando se le ha llamado «republicano», lo cual supone una falsificación de principio, porque él había destruido, precisamente, la legalidad republicana. Prefiero llamarle aquí «bando rojo», como solía autodefinirse por entonces, aunque el calificativo no cuadre al PNV y a algunos republicanos de izquierda; o bien izquierdista, revolucionario o frentepopulista, por estar todos agrupados de hecho o de derecho en el Frente Popular.

Sus adversarios se autodenominaban «nacionales», porque invocaban la unidad y continuidad de la nación española, de modo que el nombre es adecuado. En cambio no se consideraban nacionalistas, pues acusaban al nacionalismo de endiosar a la nación en un sentido pagano, cosa que como católicos rechazaban. También se componía de fuerzas políticas diversas y a veces contrarias, pero coincidentes en torno a la unidad de España y la tradición y cultura católicas.

Estos fueron los ideales o ideologías en pugna. Sin embargo, muchas interpretaciones de la guerra giran en torno a la democracia: las izquierdas y separatistas defenderían la democracia, «la libertad», y los nacionales la reacción fascista y oscurantista. ¿Qué hay de realidad en ello? Parte de este libro aborda precisamente este asunto, en torno al cual sigue reinando la confusión. La primera parte resume el curso de la guerra; lo he examinado más en detalle en otros libros, por lo que prescindo en lo posible de notas, que Internet ha vuelto a menudo innecesarias; la segunda examina cuestiones básicas de la contienda; y la tercera aborda la democracia y sus dificultades en España. Añado una cuarta parte de controversias que ayudarán a clarificar varios puntos.

Al respecto empecemos por descartar un par de tópicos vulgares. Uno afirma que la historia la escriben los vencedores, implicando que está deformada por su interés. Se trata de una frase vacía, por cuanto las guerras son solo parte de la historia, no habiendo siempre vencedores y vencidos. Además, los vencedores pueden exponer una historia con más o menos rigor, no tienen por qué deformarla de forma grave necesariamente; y en tercer lugar, los vencidos también escriben a menudo la historia, no forzosamente veraz. En el caso de nuestra guerra civil, quienes han escrito las versiones más divulgadas aún hoy han sido los simpatizantes de los vencidos: hasta han intentado imponer sus versiones por la ley llamada de memoria histórica, típica de regímenes totalitarios y que el historiador Stanley Payne ha caracterizado como «semisoviética». El segundo tópico afirma que cada uno escribe la historia según su subjetividad o intereses, valiendo todas lo mismo. Con lo que sería imposible entendernos unos a otros o acercarnos a la verdad; ni siquiera valdría la pena investigar.

Recordaba Ortega que la realidad no se nos presenta como un amontonamiento de datos, pues nuestra mente ejerce sobre ellos una inmediata ordenación: los relaciona y jerarquiza en un marco más amplio para darles sentido. De otro modo la mente se perdería en un caos de impresiones. Las ideologías ofrecen marcos generales en los que deben hallar significado los hechos particulares. Aquí empleo el término ideología no en sentido peyorativo, sino en el neutro de teorías que tratan de dar sentido a la historia y el mundo mediante la razón. Nunca hay total acuerdo entre hechos e ideologías, pero sí grados de concordancia, desde la manifiesta falsedad a una certeza suficiente. Debemos notar que la necesidad psíquica de orden y sentido es acuciante y por ello va subtendida por una fuerte emotividad. El temor a la desorientación hace que una vez adoptamos una teoría tendamos a rechazar cualquier cuestionamiento de ella, de modo que si los hechos la desmienten suelen ser rechazados o deformados para acoplarlos a su marco.

Percibimos bien este fenómeno en relación con la guerra civil española, que el historiador Paul Johnson ha calificado como uno de los sucesos más falseados de la época. Falsedades que no son en general embustes arbitrarios, pues nacen de la citada necesidad de poner orden en los hechos. De ahí la indispensable revisión crítica de los datos y enfoques en la investigación histórica.

Si juzgamos por la enorme bibliografía generada en varios idiomas, aquella guerra ha sido uno de los sucesos clave del siglo XX. Como sucede en estos casos, mucha de esa bibliografía es redundante, pero permanece el interés, con frecuencia apasionado, ochenta años después. Ello obedece en primer lugar a la mencionada interpretación como enfrentamiento entre la democracia y sus enemigos, conflicto actual aún hoy. Resulta también llamativa la vehemencia que sigue despertando la oposición democracia/fascismo, cuando este último pereció desastrosamente hace setenta años y no ha resurgido desde entonces, salvo manifestaciones marginales. Otra causa de dicho interés radica en la apariencia del conflicto español como prólogo a la II Guerra Mundial. Esto es parcialmente cierto, porque en las dos guerras combatieron ideologías semejantes… solo la europea comenzó por un pacto entre la Alemania nacionalsocialista y la Rusia soviética, que en cambio se habían enfrentado radicalmente en España; y las democracias, que se abstuvieron en España, acabaron luchando al lado de los soviets en la mundial. Una tercera causa puede encontrarse en cierto romanticismo: «última guerra de hombres» por contraste con las guerras mecanizadas en las que el hombre parece un elemento accesorio. El relativo (pero exagerado literariamente) alejamiento de España con respecto a la evolución de Centroeuropa, despertó desde el siglo XIX una mezcla de curiosidad, desdén y admiración. En la propia España, la guerra ha recibido versiones como choque entre supuestos rasgos europeístas o modernistas y arcaicos o anacrónicos.

Hay al menos otra razón: la peculiaridad del pasado español. En los siglos XVI y parte del XVII España desempeñó un papel estelar, y luego sobrevino una decadencia, acentuada en el siglo XIX, relegando al país a un puesto secundario o terciario. Tal declive ha llamado la atención en el exterior y provocado disputas intelectuales y políticas en el interior, sobre todo a partir de la derrota frente a Usa en 1898. La guerra de 1936-39 podría explicarse como efecto lejano de la depresión creada por esa derrota.

Motivo de atracción ha sido asimismo el resultado, es decir, la implantación de un régimen, convencionalmente llamado franquismo, que despertó amenazas, hostilidad y semiaislamiento casi universales, al achacársele afinidad con los estados nazi y fascista arrasados en 1945; y que sin embargo fue capaz de sostenerse contra viento y marea durante los famosos 40 años. No solo el franquismo resistió, sino que terminó reconocido por todos los gobiernos, excepto aquellos que el régimen no quiso reconocer, y con una de las tasas de desarrollo económico más altas del mundo durante quince años, desafiando numerosos prejuicios ideológicos. Esa resistencia no deja de sorprender, aunque en parte se explique por la guerra fría. Otro dato significativo y generalmente pasado por alto es la práctica ausencia de oposición democrática a aquel régimen, como he recordado en el libro Los mitos del franquismo.

Durante varias décadas pareció asentarse de modo incuestionable una interpretación del franquismo basada en criterios izquierdista- separatistas, marxistas o «progresistas», aceptados también por el grueso de la derecha. El filósofo Julián Marías la tachó de «mentira profesionalizada», y ciertamente hace tiempo otras investigaciones la han puesto en entredicho. Los trabajos, no siempre coincidentes, de Ricardo de la Cierva, Stanley Payne, los míos y otros, han marcado una tendencia, nunca rebatida, contraria a la anterior. Se ha tachado de «revisionista» con tono peyorativo, a la crítica de las versiones «oficiales», cuando la revisión cuidadosa es indispensable en la labor científica. La descalificación de «revisionismo» ya revela de entrada una mentalidad dogmática con pretensiones de imposición contra todo debate intelectual.

Como cualquier tema de enjundia, el de esta guerra es inagotable, y siempre quedarán aspectos secundarios, detalles, derivaciones, etc., dignos de mayor estudio o afinamiento; pero, a mi juicio están hoy suficientemente aclaradas las cuestiones decisivas: los motivos, rasgos generales, alcance y conclusiones del conflicto. Cuando digo que lo esencial está aclarado, me refiero al plano intelectual, porque el llamado revisionismo no ha podido ser refutado. En rigor ni siquiera se ha intentado refutarlo en serio, aunque sí desacreditarlo con exabruptos y amenazas de prohibición o persecución presentadas como «democráticas». Pero en el plano político-propagandista, las viejas tesis, mejor o peor remozadas, mantienen su hegemonía a través de cátedras universitarias, medios de masas, cine y novela. De modo que, por ahora, la calidad investigadora y crítica lleva las de perder frente a la cantidad propagandística.

Importa señalar estas realidades porque la comprensión de aquel pasado tiene valor más allá del puramente académico: entraña consecuencias políticas muy presentes. La guerra no ha sido asimilada adecuadamente por la sociedad española, y de ahí el resurgimiento de viejos fantasmas, como vemos a diario. Con el peligro de que, como en Las Coéforas de Esquilo, que solía citar Ortega, «los muertos maten a los vivos».

Primera parte

DESARROLLO DE LA GUERRA CIVIL.

UN ANÁLISIS CRÍTICO

Capítulo I

ENFOQUES SOBRE LA GUERRA CIVIL

Las tendencias explicativas sobre aquel decisivo conflicto entrañan, como es lógico, posiciones ideológicas o filosóficas de fondo. En cierto modo, cada autor tiene su propio enfoque, pero todos pueden reducirse a tipos generales, y aquí examinaré brevemente los tres más corrientes: el marxista, el moralista-sentimental y el franquista, dejando de lado otros intermedios o eclécticos como podría ser la obra de Hugh Thomas gran referente en otro tiempo, aunque un tanto superada. Tipos generales no rígidos, solo orientativos, y teniendo en cuenta que entre unas y otras versiones hay variedades, interinfluencias y semejanzas parciales.

Enfoques marxistas y afines

Las versiones marxistas o marxistoides-progresistas de la guerra estuvieron muy en boga entre la última etapa del franquismo y la implosión de la URSS. Hoy pocos se declaran abiertamente partidarios de esa doctrina, lo que no impide un renacimiento difuso de ella, bendecido por la ley de memoria histórica. El marxismo es una ideología muy robusta una vez se aceptan ciertas premisas, y sus rasgos siguen siendo fácilmente discernibles en multitud de escritores actuales, incluso de derechas a partir del «diálogo con los marxistas» preconizado por el Vaticano en los años 60.

Estas versiones parten de, o aceptan en gran medida, la «lucha de clases» como una llave explicativa de la historia: en la España de los años 30 habría una clase explotadora y privilegiada, resuelta a mantener su dominación frente a las clases oprimidas y explotadas, deseosas de democracia y socialismo. Así, la guerra civil provendría de una oligarquía retardataria de terratenientes, banqueros, jerarcas religiosos y militares, que sentían amenazados sus privilegios por el empuje popular y progresista de la república.

La orientación marxista ya empezó a imponerse en la última etapa de Franco, gracias a la labor del intelectual comunista Tuñón de Lara y a la reorientación política de sectores religiosos. Tuñón creó escuela, y sus numerosos discípulos se harían hegemónicos luego en la universidad, la prensa y otros medios. Baste citar los nombres de Santos Juliá, Reig Tapia, Aróstegui, Moreno Gómez, Espinosa, Viñas, Casanova, Fontana, hasta cierto punto Tusell, Moradiellos y tantos más. Fuera de España han contribuido Preston, Malefakis, Pierre Vilar, Southworth, Jackson, Beevor, Bécarud, etc., algunos presentados como liberales. Aún hoy estas versiones predominan en la bibliografía y, desde luego, en los medios de masas y departamentos universitarios.

Este modo de entender la historia, con diferentes grados de rigor teórico, se popularizó gracias a su aparente coherencia explicativa. En más de un coloquio fui acusado por personas no izquierdistas de intentar explicar la guerra sin tener en cuenta la pobreza, la situación de los jornaleros, el analfabetismo, etc. Me achacaban centrarme en factores políticos coyunturales olvidando los más profundos «socioeconómicos» y ofreciendo, por tanto, una visión superficial y en definitiva engañosa. Respondí que sí tengo muy en cuenta la economía y los problemas llamados sociales, como puede comprobar quien lea mis libros, pero los analizaba desde otro punto de vista. La contienda no podía haber sido causada por la miseria, pues en otros países europeos había más, y no guerras civiles. Y si bien con la república aumentó el hambre hasta niveles de treinta años atrás, antes la pobreza había sido mayor y sin guerras atribuibles a ella. Obviamente, la causa no fue la pobreza, sino, entre otras cosas, la agitación de unos partidos que culpaban de ella a los partidos contrarios y prometían una rápida prosperidad mediante la anarquía, el socialismo u otras recetas. La causa de la polarización social no fue, pues, la miseria en algunos sectores sociales, sino el modo como los partidos la explicaron y enfocaron. Además, lo que realmente calentó al máximo el horno fue la agitación organizada por las izquierdas en torno a supuestas atrocidades derechistas en Asturias, en 1934.

Según los historiadores de esta tendencia, en la España de los años 30 encontraríamos un «movimiento obrero», unos partidos «proletarios», o «populares», o «progresistas», y otros representantes de la reaccionaria «oligarquía financiera y terrateniente». Pero, sorprendentemente, nunca aclaran por qué la CEDA, supuesta representante de esa brutal oligarquía, llegó a cosechar más votos populares que ningún otro partido. Se sugiere que sus votantes estarían engañados por la propaganda, pero no acaba de entenderse cómo podían dejarse engañar cuando sufrían a diario una feroz explotación y tenían bien a la vista la masiva y clarificadora propaganda de los partidos «obreros» o «progresistas». Este problema ni siquiera asoma en los análisis corrientes.

Tampoco está claro, en esa interpretación, por qué en lugar de existir un partido y movimiento «obrero» compitieron por el título al menos cuatro: la CNT, el PCE, el POUM y el PSOE con su UGT. Y con divisiones en el PSOE que estuvieron a punto de provocar la escisión en 1936 y la provocaron, de hecho, durante la guerra. Aquellos partidos presuntamente proletarios, llevaban sus querellas hasta el intento de aniquilación mutua, masacrándose entre sí en dos guerras civiles menores dentro de la general. ¿Por qué sería? Nuevamente, estos historiadores eluden la espinosa cuestión, contentándose con lamentar el desdichado fenómeno que tanto ayudó a la victoria «fascista» o «reaccionaria».

Añádase que los líderes de los partidos obreristas solían tener muy poco de obreros. Los más significados eran intelectuales burgueses o bien burócratas de partido o sindicato. Así Marx, Engels, Lenin, Bakunin, Mao, Ho Chi-min, Pol Pot, Fidel Castro, Gramsci… O, en España, Togliatti, Prieto, Largo Caballero, la Pasionaria, Besteiro, Margarita Nelken, Federica Montseny, etc. Y pese a concentrar su propaganda sobre el proletariado, una masa considerable de este rehusó seguir a los partidos que aseguraban representarle. Cabe recordar, en la misma guerra, los carteles llamando a obreros y campesinos a producir por la causa; exhortaciones reveladoras de la escasa fe de muchos trabajadores en dicha causa, como lo prueba también la caída de la producción industrial y agrícola bajo el Frente Popular. Azaña, Zugazagoitia y otros han dejado testimonio del flojo entusiasmo de muchos proletarios por amasar la victoria con el sudor de su frente. No hay, por tanto, partidos obreros, sino obreristas, es decir, que centran su propaganda en los obreros y tratan de ganar así el poder. Ni parecen existir clases sociales en el sentido imaginado por los marxistas, con «intereses históricos» propios de cada una y antagónicos con respecto a alguna otra. Aunque los roces entre empleados y empresarios abunden en cada negocio, unos y otros tienen interés en el beneficio de la empresa, máxime si lo extrapolamos a un plano nacional. En cuanto a las libertades políticas y la dignidad individual, etc., lejos de reducirse a una engañosa «ideología burguesa», han interesado tanto a los proletarios como a los patronos.

La teoría pondera también la presencia de un sector llamado progresista, no obrero ni interesado en el socialismo, pero próximo a este. Progresistas serían los republicanos de izquierda y los separatistas catalanes, incluso los vascos del PNV, alineados con el Frente Popular en la guerra. Entre ellos menudeaban las querellas, que los marxistas achacan a su carácter «pequeño burgués», aunque los choques entre partidos obreristas derramaran más sangre. El grado de progresismo solía medirse por la proximidad política al llamado movimiento obrero, sin especificar bien a cuál de los partidos que se preciaban de encarnarlo. Azaña eligió aliarse con los partidos obreristas, pensando en el PSOE y la UGT, y posiblemente en la CNT anarquista, a los que en un programático discurso de 1930 describió como los «gruesos batallones populares». Creyó poder dirigir a esos batallones mediante lo que llamaba «inteligencia republicana», una inteligencia a la que él mismo zahirió más tarde con los mayores sarcasmos. Como fuere, lejos de dirigir a los partidos obreristas, serían Azaña y sus republicanos de izquierda quienes se vieran arrastrados por ellos. Y durante la guerra, Azaña, lejos de sentir contento por su progresista sumisión a los «batallones», no paró de quejarse de ella, sintiéndola más como un cepo que como una liberación. Hechos tales no acaban de tener explicación satisfactoria en los enfoques marxistas.

Y ante los efectos del triunfo marxista en diversos países, la potencia explicativa del marxismo sufre su mayor quiebra: la pobreza continuó o aumentó en ellos con episodios de terribles hambrunas, perdiendo los progresistas y obreros sus derechos, hasta el de huelga. Así ocurrió sin excepción. Si cabe aducir regímenes de corte socialdemócrata, como el sueco, donde la riqueza aumentó significativamente, debe recordarse que la socialdemocracia abandonó el marxismo y mantuvo la propiedad privada de los medios de producción y la economía capitalista. En cuanto al PSOE, no tenía nada de socialdemócrata, sino que profesaba el marxismo más revolucionario, y su fracción dirigente trataba de imitar a la Unión Soviética; y la CNT, poderosa al principio de la guerra y pronto decaída, fomentó la anarquía productiva y sufrió una dura represión de sus aliados comunistas. En el marxismo, la discordancia entre los hechos conocidos y su explicación se vuelve casi sistemática. En La quiebra de la historia progresista he denominado «lisenkiana» a esta corriente, por Lisenko, el biólogo que intentó aplicar el marxismo a la biología, con resultados muy perjudiciales. Algo semejante ocurre, a mi juicio, con la historia.

Baste constatar, pues, esta doble realidad: a) los intentos marxistas de aplicar sus teorías han producido grandes catástrofes; y b), no obstante la repetida experiencia, numerosos historiadores siguen aferrados a versiones de lucha de clases. Lo cual refrenda nuestra observación inicial: la necesidad psíquica de una teoría explicativa induce en muchas personas un seudorracionalismo inmune a los hechos.

Enfoques moralistas-sentimentales

La dificultad del marxismo para encajar muchos sucesos ha dado pie a versiones que definiré como moralistas-sentimentales, emotivas pero de precario rigor intelectual. También el marxismo emplea un discurso de ese tipo, si bien lo supedita a su teoría general. El discurso moralista- sentimental se percibe en autores como Eslava Galán, García de Cortázar o Pedro J. Ramírez (que sin ser propiamente historiador ha influido sobre muchos de estos). Para ellos, siendo las guerras malas y las civiles peores, los combatientes son culpables de estupidez o maldad, aunque en el caso de España suelen cargar las tintas sobre el bando nacional, por haberse rebelado. Y se inclinan a disculpar a los que llaman republicanos, los cuales, aun con fallos muy lamentables, habrían defendido la legalidad e incluso la democracia.

Al calificar esta interpretación de moralista-sentimental no sugiero que la moral o los sentimientos sobren al analizar la historia. Al contrario, todos los actos humanos no triviales están bañados de moral y sentimiento aunque, se supone, estos últimos deban ser encauzados por la razón. Pues cuando se renuncia al esfuerzo de la razón, los sentimientos degeneran en sensiblería u odio, y la moral en moralina. Pese a ello, estas versiones encuentran simpatía en personas poco informadas o dadas a indignaciones arbitrarias. De ahí derivan vacuos juegos de palabras como «guerra incivil», «guerra fratricida», «locura colectiva», etc. Fue fratricida si asimilamos los conceptos de connacional y hermano, si bien toda guerra, no solo las civiles, puede también tildarse de fratricida. También se insiste en el carácter «cainita» asignado a los españoles — del que se exceptúan quienes así acusan a sus compatriotas—, revelador de ignorancia sobre la historia de otros países. Otro lugar común establece que «en una guerra civil pierden todos». Tales expresiones huecas solo ostentan una pretensión gratuita de superioridad moral y dramatizan los sucesos, sin explicarlos.

La idea de «guerra entre hermanos», corriente sobre todo en la derecha, tiene fondo cristiano y quizá por ello nunca la aceptó gran parte de la izquierda. Así, Margarita Nelken (admirada por Preston) incitaba al terror, fustigando a gente como «aquel señor que sólo desea el bien de España y que acabe cuanto antes esta lucha fratricida porque —según él afirma—, al fin y a la postre todos somos españoles». Como ella aclara, «cuando la guerra enfrenta no ya a pueblos distintos sino a dos clases antagónicas del mismo pueblo, nada puede haber que exija soluciones tan radicales, y, por tanto, no hay amistades, ni confianzas, ni parentescos que valgan». Federica Montseny negaba cualquier hermandad, pues la diferencia entre los contendientes superaba, según ella, a la que pudiera haber entre terrícolas y marcianos. Y los separatistas vascos y catalanes consideraban extraños e inferiores a los demás españoles.

De tales versiones suelen derivar cuestiones artificiosas, como la de si fue evitable o no el enfrentamiento. Los sucesos históricos rara vez pueden considerarse inevitables, pero en cualquier caso ocurrieron, y quizá convenga tratar de entender cómo ocurrieron, mejor que debatir bizantinamente sobre lo que pudo haber sido y no fue. Por ejemplo, el historiador García de Cortázar, próximo al PP, presentó hace unos años en el diario El Mundo una serie sobre la guerra como una «Historia de dos odios». Según él, los franquistas inventaron el mito de la inevitabilidad del conflicto en ese estilo algo metafísico. No recuerdo que fuera así, y a Gil-Robles, autor del libro No fue posible la paz, pocos le llamarían franquista.

Con ese planteamiento, leemos en Cortázar verdades como ésta: para evitar la guerra, «hubiera bastado con que un buen número de españoles no hubiese decidido resolver sus decepciones a cañonazos o revoluciones; hubiese bastado con que un buen número de españoles no hubiera considerado indigno convivir en la misma República y compartir el mismo país». Nadie podrá objetar al aserto, empezando por Pero Grullo. Pero en el mundo real no hubo ese «buen número de españoles», y quizá el historiador debiera buscar la causa, más bien que exhibir sus fáciles jeremiadas.

Y cuando Cortázar amplifica sus especulaciones cae en la desvirtuación: «Hubiera bastado que los conspiradores militares se hubiesen mantenido fieles al juramento de lealtad a la República». Pero si entendemos por república una legalidad democrática, el juramento carecía de valor en julio del 36, pues la república, agrietada por el asalto izquierdista de octubre del 34, se derrumbó desde las elecciones de febrero del 36, no democráticas, como veremos. Fueron los políticos de izquierda quienes traicionaron su juramento o promesa de guardar y hacer guardar la ley, rebelándose primero, en 1934, contra un gobierno legítimo, e impulsando después un violento proceso revolucionario. ¿Puede un historiador sustituir estos datos por especulaciones «buenistas»?

Sigamos: «El socialista Largo Caballero y también Indalecio Prieto pensaron en 1934 que la destrucción de la democracia era irreparable si el fascista Gil Robles llegaba al poder». No hubo tal cosa, como he documentado en Los orígenes de la guerra civil. Largo y Prieto tenían nulo interés en la democracia y pensaban en una dictadura al estilo soviético, sobre todo Largo, El Lenin español y principal líder socialista por entonces. Y sabían muy bien lo que Besteiro afirmó: que no existía peligro fascista. Si lo invocaban era por encontrarlo útil como pretexto para su plan revolucionario. ¿Puede un historiador sustituir los documentos por especulaciones artificiosas?

Prosigue Cortázar: «En octubre, la huelga general lanzada por los socialistas recorre Madrid y el País Vasco, asalta Barcelona (…) y en Asturias (…) estalla en insurrección popular. Los rebeldes se alzaban desde la miseria y desde el ingenuo convencimiento de una sociedad sin clases, soñando con sepultar aquella otra sociedad que ignoraba sus padecimientos». ¿Es posible hablar así, a estas alturas? Los socialistas no lanzaron sólo una huelga, sino una insurrección armada, que no fue popular porque pocos la siguieron fuera de la cuenca minera asturiana, pero dejó 1.300 muertos y graves daños en 26 provincias. El PSOE preparó la insurrección, textualmente, como guerra civil. Y menos miseria: los mineros tenían un trabajo duro, pero eran los obreros mejor pagados de España. Lejos de «ignorar sus padecimientos», el Estado subvencionaba su empleo en minas muy poco rentables. Verdadera miseria había en Extremadura y Andalucía, y allí nadie secundó los llamamientos a la guerra civil. Los datos reales no pueden ser sustituidos por tiradas sentimentales.

Más tergiversaciones: «Las represalias se extienden a toda España (…) Las derechas gritan que la República estaba traicionando a España, mientras la izquierda más radical identifica la insurrección de Asturias con la sublevación de Espartaco, la Comuna de París….» La realidad, una vez más bien documentada: hubo pocas represalias y amplia represión legal, mucho más blanda que en movimientos parecidos en el resto de Europa. Y la derecha, muy lejos de gritar lo que inventa Cortázar, defendió el orden constitucional republicano frente al asalto revolucionario. En cambio, la izquierda se glorió de su ataque a la democracia burguesa y lanzó una campaña mendaz sobre atrocidades represivas, que Cortázar suscribe sin rastro de crítica.

Vemos cómo cierta moralina sentimental puede encubrir un falseamiento sistemático de los hechos. Otro ejemplo: «El sueño de Azaña —construir y regir una nación en la que la idea de comunidad civil superase la de la lucha de clases en el corazón de todos los españoles— no consiguió salir del gueto de una minoría ilustrada». Cabe dudar de que la mayoría de los españoles albergara la «lucha de clases» en su corazón: eran ciertos partidos quienes pugnaban por insuflar en ellos el odio «de clase». Y la admiración por Manuel Azaña impide a Cortázar ver lo que Azaña mismo aclaró: que él no pensaba predicar la moderación y planeaba un programa de demoliciones, especialmente contra la Iglesia, vulnerando libertades como las de conciencia, asociación y expresión; y que pensaba hacer de los gruesos batallones populares, el instrumento de su plan. Así lo expuso en vísperas de la República, y sus actuaciones respondieron a ese designio hasta el final, si bien resultó él quien sirvió de instrumento a la revolución.

La misma, digamos confusión, rezuman frases como la pretensión de que Unamuno «causó tristeza y horror en el mundo» al apoyar a los militares alzados. En realidad causó enorme furia en los partidarios del Frente Popular (que no monopolizaban «el mundo»), y alegría en los contrarios, que para Cortázar parecen no existir o no tener la menor relevancia, lo cual no es una actitud muy ética ni democrática.

En resumen, dice el historiador: «Los moderados fueron rebasados por la bullanga revolucionaria de la izquierda más exaltada y la nostalgia clerical, militarista y anacrónica de la derecha más conservadora». Así, todos malos. Pero el grueso de la derecha permaneció legalista hasta que el régimen colapsó en un abierto proceso revolucionario, el cual Cortázar difumina con total impropiedad como «bullanga». En cuanto a los «moderados» (como Azaña, según Cortázar), colaboraron con la marcha revolucionaria ya desde 1933, cuando incurrieron en golpismo al perder las elecciones, y sobre todo cuando volvieron al poder en el 36. La abundante documentación aportada en mi trilogía sobre la época aclara bastante el asunto, y en todo caso los documentos no pueden rebatirse con vanidosas condenas moralizantes, de las que nadie se salvaría. La ley fue conculcada ante todo por la izquierda y los separatistas, mucho menos por la derecha. Equiparar ambas distorsiona la visión de la época.

No sé si Cortázar, como otros, escribe así por buscar una reconciliación con la izquierda, pero sospecho que esta no se producirá a base de falsear el pasado. Al final todo queda en exhibición de sentimientos triviales, pretendidamente lúcidos, sobre el «cainismo» y el sino de los españoles, cuando no sobre el género humano entero. Esa literatura, muy abundante en España, la condensa el libro Meditaciones en el desierto, del periodista catalán derechista Gaziel, saludado con alborozo por la intelectualidad de izquierdas: «La historia es una auténtica y espantosa tragedia. El azaroso resultado, siempre imprevisible, no de una lucha noble y claramente desproporcionada entre el bien y el mal, sino de una vil e inmunda mezcla por encima de la cual se despliegan, como espejitos para cazar alondras, las banderas más deslumbrantes y los lemas más puros, mientras por debajo corren desatados, como víboras y escorpiones, el crimen y la traición (…) Historia es pura zoología». Solo cabe observar: ¿se cree su autor la excepción, o bien una parte de ese truculento panorama? ¿Se cree por encima de la historia, como juez de ella, o entra en el catálogo de víboras y escorpiones? Lo primero suena muy pretencioso, y formar parte de tal zoo invalida el juicio expresado.

Como vemos, los enfoques marxistas o asimilados insisten en la maldad esencial del bando encabezado por Franco, mientras muchos moralistas-sentimentales ennegrecen también al Frente Popular. Claro que esto último arroja una sombra muy densa sobre aquellos españoles de un lado y de otro, tan necios y cainitas, y sobre nosotros, sus descendientes, hechos de la misma pasta. A pesar de todo, esa maldad general admite algunos atenuantes. Antony Beevor en su libro pretendidamente imparcial sobre nuestra guerra, concluye que «ganó el bando más despiadado», dejándonos la duda de si no será él el despiadado, al menos con los hechos históricos, que he examinado en algunos artículos al respecto en la cuarta parte de este libro. Parejos alardes de imparcialidad leemos en la obra de Bartolomé Bennasar, de 2004, titulada en español El infierno fuimos nosotros, donde asevera que lo escrito hasta él «sigue estando marcado por el sello de la pasión». Otro título por el estilo es el de J. Eslava Galán Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, un poco con ese moralismo castizo de barra de bar, algo desgarrado, anecdótico y arbitrario, con aspiraciones de agudeza no muy justificadas.

Mencionaré en el enfoque moralista-sentimental la serie de El Mundo, en 2005, autodeclarada, modestamente, «la primera que se ha escrito en España con un propósito firme de objetividad, alejada por igual de las visiones maniqueas y de los revisionismos». Claro está, las historias se escriben, por lo común, con propósitos de objetividad; otra cosa es que los cumplan. Y difícilmente los cumplirá quien empieza con retóricas como la de su director, Pedro J. Ramírez, titulada Cuando sólo te quedaba ser murciélago. Los dos bandos contendientes, declara, se componían de «canallas y sádicos sayones», que habrían arrastrado contra su voluntad « a cientos de miles de hombres buenos y millones de familias que simplemente pasaban por allí». Una lucha «entre pájaros y ratones», explica metafóricamente, en la cual él nunca habría participado por considerarse «murciélago», es decir, por reunir rasgos de ratón y de pájaro, cabe suponer que los más positivos de cada cual, no los de sayones y canallas.

Sentado cómodamente en su despacho, ajeno a las tremendas tensiones de los años 30 y sin más esfuerzo físico o moral que deslizar los dedos sobre el teclado, don Pedro puede condenar a diestra y siniestra, excluyéndose generosamente a sí mismo y a quienes, con no menor generosidad, acepta en la nómina de «murciélagos». En pro de su tesis, Pedro J. cita a Juan Benet: «La República y el estado democrático quedaron pulverizados el 18 de julio por la acción conjunta y simultánea de dos revoluciones extremistas lanzadas contra él en un mismo día». Es decir, unos locos o bandidos de un lado y otro decidieron un buen día, llevados de simple vesania, acabar con una república democrática… por entonces ya inexistente, como comprobaremos.

Esos murciélagos forman lo que se ha dado en llamar «tercera España», encomiada como los individuos más lúcidos y demócratas, en contraste con el embrutecimento de las otras dos. Pero esa versión, demasiado fácil para ser realmente ética, no se justifica. ¿Cómo gentes tan lúcidas no supieron impedir la catástrofe cuando tenían a su favor a millones de «hombres buenos» lógicamente opuestos a los «sayones y canallas»? ¿Cómo no alertaron a las buenas gentes de la amenaza? ¿O no se percataron de la marcha hacia el desastre? Pues, en efecto, no se enteraron, no quisieron o no supieron hacer nada práctico, y por ello sus lamentos e improperios quedan en declamaciones huecas a destiempo. En realidad, casi nadie «pasaba por allí» sin más, sino que las tensiones y odios aquejaron a toda la sociedad española, y la mayoría tomó partido. Algunos, esa «tercera España» o «murciélagos», prefirieron marginarse por razones muy varias, desde el mero instinto de conservación hasta la imposibilidad de hacer carrera en ningún bando, pasando por un rechazo a ambos, no necesariamente lúcido ni democrático. Así, el enfoque moralista-sentimental no mejora mucho al marxista como explicación de los sucesos de aquel tiempo. En cierto sentido lo empeora, al hacerlo más gratuito.

Añadiré otra observación: si hubiera ganado el bando que la literatura marxista y parte de la moral-sentimental consideran progresista o popular, su versión sería épico-triunfal, en la que los necesarios sacrificios habrían abierto un mundo nuevo de emancipación humana, etc. Al haber sido derrotado, esa historiografía centra su atención en los rasgos más sórdidos y siniestros, achacándolos de preferencia a los vencedores.

Enfoques franquistas

Hablar de historiadores franquistas suena un tanto arbitrario, porque la mayoría de ellos no se proclamarían doctrinalmente tales, aparte de no existir una ideología que propiamente pueda llamarse así. Llamo franquistas, de modo algo vago e inapropiado, a las versiones que encuentran justificada la rebelión cívico-militar del 18 de julio del 36 o cargan toda o la mayor parte de la responsabilidad del conflicto sobre el bando llamado inadecuadamente republicano. Historiadores destacados en esta línea son los hermanos Salas Larrazábal, Martínez Bande, Ricardo de la Cierva, Luis Suárez, Arrarás, etc. Abusando aún más del calificativo, puede incluirse a Stanley Payne, a mí mismo, o a Burnett Bolloten, pues aunque este último nunca defendió al bando nacional demolió en su documentadísima obra La guerra civil española Revolución y contrarrevolución, los atenuantes o justificaciones que suelen conceder los sentimental-moralistas y marxistas al Frente Popular.

En los autores tradicionales de este grupo apreciamos, en primer lugar, el defecto contrario de los anteriores. En la línea marxista, la teoría tiene tal potencia que logra absorber y deformar los hechos y la lógica; y efecto similar hallamos en las versiones sentimental-moralistas. Los estudios franquistas, en cambio, prestan gran atención a los datos reales, a las estadísticas, las comparaciones y la documentación, pero el entorno teórico en que los envuelven resulta endeble, porque el franquismo nunca tuvo una ideología propiamente dicha. Por ello se manifiestan a menudo vacilantes, a la defensiva, acosados y no acosadores frente a las interpretaciones contrarias. No es difícil entender la causa. Los marxistas y sentimentales, por mucho que desfiguren o pasen por alto hechos esenciales, tienen a su favor una baza esencial: han logrado presentar a los vencidos como adalides de la libertad, de la democracia, como «el pueblo» por excelencia. Por ello, sus desmanes y atrocidades quedan reducidos a errores lamentables, condenables, sí, pero solo con muchos paliativos. Por el contrario los vencedores, aunque demostrasen sus virtudes en muchos casos concretos, resultan los villanos de una causa injusta y retrógrada, culpables de rebelión contra una república justiciera y progresista, a pesar de los errores de esta.

La debilidad argumental del franquismo viene de lejos. Aquel régimen permitió una amplia libertad cultural, en la que muy numerosos escritores y artistas pudieron realizar su obra al margen de orientaciones políticas o incluso contra las conveniencias del régimen. Pero, como señaló Serrano Súñer, fracasó, ya en los años 40, en el empeño de elaborar una teoría o ideología propia. Si pudo funcionar con gran éxito durante cuatro décadas se debió a un notable pragmatismo y adaptabilidad. Integraba principios en parte democristianos con otros integristas, doctrinas semisocialistas de Falange y economicistas más o menos liberales. Para colmo, se definió como católico, único punto en que coincidían todas sus familias, de modo que cuando la Iglesia lo abandonó, después del Concilio Vaticano II, quedó sin perspectivas de futuro.

En otras palabras, los méritos parciales reconocibles al bando nacional, fueran los que fueren, perdían su valor esencial debido al carácter reaccionario que se le imputaba y, finalmente, debido a su fracaso en el intento de perpetuarse. Ello le hacía muy vulnerable ante los ataques, y originó ideas irreales, como que la transición desde 1975 se hizo contra el régimen y que antifranquismo equivalía a democracia. Ya abordaremos estos asuntos pero ahora baste señalar que la historiografía franquista nunca logró superar este obstáculo teórico, pese a sus valiosos y minuciosos estudios concretos.

Un intento de superar esta insuficiencia lo encontramos en Ramón Salas, apoyándose en Stanley Payne: «La línea maestra que sirve de eje a todo el período (desde la invasión francesa) es el lento caminar hacia la libertad a través de una serie de etapas presididas sucesivamente por el liberalismo convulsivo, el liberalismo elitista y la democracia oligárquica, que concluirá finalmente en una democracia estable, la que hoy estamos construyendo» (Salas escribía en 1980). «Según el profesor norteamericano, todos los países del mundo han recorrido ese itinerario, aunque no todos ellos con el mismo ritmo. En España siempre se nos había dicho que nuestro caso era patológico, anormal; pero Payne demuestra que no es así (…) El ritmo de evolución viene influido determinantemente, prácticamente condicionado por el nivel del desarrollo social alcanzado en cada país y muy especialmente por el grado de progreso logrado en el sector industrial. Todos los pueblos que mantuvieron una economía agraria y un status social rural, se vieron en notables dificultades para estabilizar un sistema democrático, y en todos ellos los avances del liberalismo fueron convulsivos durante décadas[1]».

Así, la guerra civil habría sido producto de una evolución general que en el resto de Europa había causado convulsiones harto mayores, como las dos guerras mundiales. Este análisis podía ser real, pero no resolvía el problema, porque los «malos» seguían siendo quienes habrían atacado la causa de libertad, defendida, dicen, por el Frente Popular. Solo que lo que se jugaba entonces no era la democracia sino dos cuestiones más básicas: la continuidad de la nación y de la cultura cristiana, como veremos.

Rasgo de la historiografía franquista, fiel a la concepción de la «guerra entre hermanos», es su frecuente apelación a la reconciliación y la concordia, dejando el pasado al margen de la política actual. Estos llamamientos casi siempre han chocado con un agresivo e indignado desdén por parte de sus adversarios político-académicos. Una agresividad fundada en dos hechos y una suposición derivada de ellos. Los hechos ciertos son, a) que los nacionales habrían ganado con ayuda de las potencias vencidas en la II Guerra Mundial, condenadas de manera absoluta; y b) que Franco había instaurado un régimen no democrático. La suposición derivada, de apariencia lógica pero irreal, es que, por los dos motivos anteriores, Franco habría sido un dictador equiparable a Hitler, habría mantenido al país en el mayor atraso y practicado una represión inhumana. En otras palabras, la guerra la habían ganado injustamente los peores, y ello clamaba venganza o reparación, al menos en el terreno intelectual y político, al no ser ya posible en el bélico. Por consiguiente, nada sonaba más despreciable que el intento de justificar a tan nefandos vencedores y sus hipócritas reconciliaciones. El origen comunista de esa agresividad no la ha desprestigiado pues, como hemos indicado, su argumentario ha sido adoptado, total o parcialmente, por otras tendencias, incluso liberales, que nunca habían combatido al franquismo y en muchos casos provenían directamente de él.

Para el enfoque franquista era muy difícil rebatir tales acusaciones porque los nacionales habían condenado reiteradamente la democracia liberal, y aunque sus gobiernos se liberalizaran progresivamente, nunca, al menos hasta la muerte de Franco, pensaron establecer un sistema político al estilo de los del oeste europeo. Por ello, una vez más, la reivindicación de sus éxitos económicos y sociales —no reconocidos por sus adversarios—, se diluía ante la imputación de haber aplastado la libertad.

La dificultad de la defensa aumentaba porque en el resto de Europa y en América se preferían los enfoques de izquierda y marxistas. Preferencia heredada de la II Guerra Mundial, cuando las potencias demoliberales habían combatido aliadas al totalitarismo staliniano contra el nacionalsocialismo alemán, al cual solía asociarse al régimen de Franco. Este, realmente, nunca había tenido oposición democrática, sino comunista y terrorista, pero la inercia de la guerra mundial permitió a los comunistas presentarse como campeones de la libertad y la democracia en España. Así, casi cualquier versión antifranquista encontraba un sólido respaldo exterior, tanto más influyente cuanto que, sobre todo desde los años 60, el régimen estrechaba relaciones con una Europa occidental que no dejaba de manifestarle hostilidad. Ello sin contar la expansión del marxismo en universidades y centros intelectuales europeos, todavía hoy. Por estas razones, los enfoques franquistas se volvieron progresivamente vacilantes y en cierta medida autocríticos, después de una primera etapa épico-triunfalista.

En fin, hallamos en las interpretaciones de la guerra aquí examinadas un notable desequilibrio entre quienes desprecian o desvirtúan gran número de hechos en función de una exigencia teórica, y quienes prestan mayor atención a los hechos pero los engloban en una teorización deficiente. Y, como puede observarse, la discrepancia gira en gran medida en torno a la cuestión de la democracia y las causas de la guerra.

Capítulo II

CÓMO SE LLEGÓ A LA GUERRA

La versión con mucho más generalizada establece que la guerra civil comenzó el 17 y 18 de julio de 1936, al rebelarse algunas guarniciones militares y grupos civiles contra el régimen legal. ¿Por qué se sublevaron? Aparte de la versión moralista-sentimental que lo resuelve en insania canallesca, la versión también más divulgada afirma que los sublevados sentían amenazados sus intereses y privilegios por las medidas progresistas de la república. Con unos u otros matices, la guerra habría consistido en un conflicto entre las clases pudientes resueltas a conservar su posición, y el movimiento obrero y clases populares aspirantes a una sociedad más justa. Ya vimos que esa interpretación cae por su base, pero es esencial aclararla más a fondo, porque constituye el meollo de una ingente masa de literatura e historiografía. Y tampoco cabe la actitud escapista y frívola de olvidar el pasado y mirar al futuro, porque el ayer condiciona el hoy, y afrontar la actualidad exige asimilar la historia y extraer sus lecciones. De otro modo la pretensión de «mirar al futuro» cae en la puerilidad, haciéndose ilusiones vacuas sobre un porvenir por lo demás tan proclive a burlarse de nuestra agudeza visual. Y privar a un pueblo del conocimiento de su historia encubre una actitud tiránica y dañina, si hemos de creer el aserto de Santayana de que un pueblo que olvida su pasado se condena a repetirlo. A repetir lo peor de él.

Al enfoque aproximadamente marxista cabe oponer estos dos asertos básicos: a) todas las sociedades humanas son conflictivas internamente. b) Todas las sociedades humanas afrontan retos, sean exteriores o nacidos de su propio desarrollo y conflicto interno de intereses. Según sepan afrontar esos retos, pueden salir de ellos fortalecidas, debilitadas o aniquiladas.

Más en concreto: todas las sociedades sufren a lo largo de su historia crisis graves, a las que reaccionan con mayor o menor acierto. Por poner un caso clásico, Roma estuvo cerca de perecer en Cannas, pero se rehízo y al final venció a Cartago, hecho histórico tan decisivo que sin él la historia europea habría sido muy diferente. O bien: a España le costó siglos superar la invasión islámica. Con Enrique IV, Castilla pudo haber naufragado en luchas civiles, sin unirse a Aragón ni recomponer España. En la Guerra de Independencia la reacción popular derrotó a los invasores, pero la sociedad quedó fracturada. Etc. Estas crisis pueden venir de una intervención externa o de factores internos. Las crisis internas suelen obedecer a disensiones sin acuerdo, que paralizan a la sociedad o generan luchas civiles. Muchos países han sufrido estas contiendas, unas con efectos devastadores, otras revitalizantes. Revitalizante suele considerarse la guerra civil de Secesión en Usa; y, como veremos, también la española del siglo XX, mientras que las del siglo XIX no solucionaron una depresión arrastrada, con efectos más graves o más atenuados, hasta la Restauración en 1875. A su vez, la Restauración afrontó nuevos desafíos internos que terminaron por hundirla, siendo su última consecuencia la II República. Con esto nos situamos ante la gran crisis del siglo XX, materializada en el derrumbe de la república y la guerra civil, crisis prolongada por los riesgos derivados de la guerra mundial y por una nueva guerra interna (el maquis) más una posible invasión.

La cuestión se entiende mejor atendiendo a la naturaleza de las sociedades humanas. En todas ellas fluyen y se oponen diversos intereses, sentimientos, ideas y proyectos, corrientes sociales en disputa, que pueden llevar al choque o a la disgregación. Para mantener un orden aceptable, la sociedad genera espontáneamente el poder y la ley. Así, la causa última de una guerra civil o una revolución radica en la caída de la ley, sea porque esta es rota desde el poder, sea porque gran parte de la población rechaza radicalmente la existente. Por tanto se hace imprescindible examinar el proceso de destrucción de la legalidad republicana, causa real de la contienda, detallando algunos temas avanzados en el capítulo anterior.

Ante todo conviene recordar cinco puntos básicos: a) La república tuvo legitimidad de origen, la cual no vino, como suele decirse, de unas elecciones municipales —ganadas por los monárquicos—, sino de la cesión del poder por parte de una monarquía en quiebra moral. Fue un auténtico golpe de estado de los monárquicos contra la propia monarquía[2]. b) Los partidos propiamente republicanos eran débiles y no todos de izquierda, como suele suponerse. De hecho, el mayor y más votado fue el Radical de Lerroux, que había superado su frenesí de principios de siglo y evolucionado hacia la derecha. c) La derecha no conspiró desde el primer momento contra el nuevo régimen, como se afirma, sino que lo aceptó, aun si con reticencia y desánimo. d) Fue de las izquierdas, esto es, del Partido Comunista y de los anarquistas (CNT-FAI) de donde surgió la oposición inicial a la república. e) Además, el PSOE y los separatistas catalanes y vascos solo apoyaron a la república condicionalmente, esto es, solo en cuanto les acercase a sus objetivos, a lo que llamaba dictadura del proletariado el PSOE, o a la disgregación de España. Por ello se trataba de partidos revolucionarios, no demócratas. Todo esto lo he documentado a fondo en mi trilogía sobre aquella época, va siendo aceptado por bastantes historiadores y, como puede verse, cambia radicalmente las versiones historiográficas más difundidas.

Al llegar la república, en abril de 1931, los grupos más potentes eran el socialista PSOE-UGT y la anarquista CNT-FAI. El primero debía su fuerza a haber colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, y apoyaba al nuevo régimen solo como instrumento para alcanzar el socialismo. Por su parte, la CNT-FAI atacó enseguida a la república. Esta, así, nacía muy débil. En realidad solo podría consolidarse como democracia si fortalecía a los partidos no revolucionarios, como los republicanos moderados de Lerroux y unas derechas que la aceptaron, aun si a regañadientes.

Ya antes de su primer mes de existencia la república sufrió un grave ataque, no a su legalidad, aún inexistente, pero sí a su legitimidad: la quema de un centenar de iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza católicos. El crimen partió de las izquierdas republicanas y lo significativo es que lo amparó el gobierno, cuya inhibición delictiva dio un tremendo golpe al prestigio de la democracia, creó una profunda división en el pueblo y empujó a conspirar a algunos —muy pocos— derechistas.

Nueva medida poco liberal fue una Ley de Defensa de la República, en octubre de 1931, que permitía al ejecutivo actuar con verdadero despotismo. Y en diciembre las Cortes aprobaron una Constitución sin consenso con la derecha y sin referéndum popular, que ahondó las divisiones. Dado el peso de la tradición cristiana, algunos radicales aceptaban una ley laica, pero no anticatólica; en cambio Azaña, que ya descollaba como personalidad decisiva («encarnación de la República»), rompió el principio de acuerdo e hizo votar una Constitución que reducía al clero a una ciudadanía de segunda y restringía los derechos de los católicos. Aunque democrática en otros aspectos, en este no lo era y propiciaba el choque social, como advirtió Niceto Alcalá-Zamora, presidente del nuevo régimen. Azaña se había manifestado públicamente contrario a la moderación y resuelto a imponerse por pocos votos que se lo permitiesen. Además, la posterior ley electoral, semejante a la del fascismo italiano, primaba exageradamente a los ganadores para evitar que la derecha alcanzase el poder, pensando que las izquierdas gozarían siempre de mayoría, aunque fuera escasa.

Aun con todos estos inconvenientes, el grueso de la derecha reconoció la nueva legalidad: la CEDA, su principal partido, formado en 1933 a partir del anterior Acción Popular, aspiró a cambiar la Constitución, pero siguiendo sus trámites legales.

Comprender a Azaña exige atender a sus designios que él expuso públicamente como «programa de demolición» de las tradiciones españolas, en particular las religiosas. Afirmó después, con harto irrealismo, que España dejaba de ser católica. El fruto de su plan de alianza de la «inteligencia republicana» con las izquierdas obreristas[3] fue la coalición entre el PSOE y las izquierdas republicanas, que gobernó durante el primer bienio del régimen. No obstante, el programa caía por su base, pues Azaña negaba cualquier inteligencia a sus republicanos, a quienes tachaba de obtusos, botarates y loquinarios, inclinados a «una política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta». Sus diarios están plagados de indignadas expresiones parecidas. Y dicterios aún más duros expresaron, ya en plena guerra, intelectuales desengañados como Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala, tratando a los republicanos de izquierda y al propio Azaña de canallas y delincuentes. Los tres eran llamados «padres espirituales de la República» por haber firmado un retumbante manifiesto contra la monarquía, y tras la experiencia republicana expresaron su doliente decepción. Leer a Azaña clarifica la historia: la demolición pretendida exigió desde un principio restringir amenazadoramente la democracia, para terminar demoliendo… la legalidad republicana impuesta sin consenso por la izquierda.

Los asaltos violentos a la ley empezaron con las huelgas salvajes e insurrecciones anarquistas de 1931 a 1933, causantes de unos 200 muertos. El golpe militar del general Sanjurjo, en agosto de 1932, con una decena de muertos, fracasó al no secundarlo casi nadie en la derecha. De mayor repercusión fue la insurrección ácrata de enero de 1933, que ocasionó en la aldea gaditana de Casas Viejas una matanza de civiles, asesinados por la republicana Guardia de Asalto que había recibido órdenes de actuar sin piedad. Azaña, jefe del gobierno entonces, quiso impedir una investigación, y el escándalo lo hundió políticamente[4]. El gobierno fue de crisis en crisis, hasta las elecciones de noviembre de 1933,desastrosas para las izquierdas: el partido de Azaña bajó de 26 a 5 diputados, el Radical Socialista, de 59 a 4, y el PSOE de 115 a 59. En cambio el Partido Radical de Lerroux, republicano moderado, subió de 90 a 102 y el partido derechista-católico CEDA, fundado unos meses antes, llegaba a 115. La derecha antirrepublicana —monárquicos, tradicionalistas y Falange— no pasaban de 40 entre todos.

¿A qué obedeció un vuelco tan radical?Especulaciones justificativas al margen, las causas saltan a la vista: el triunfo electoral derechista cerraba un bienio izquierdista crispado y plagado de violencias, censura de prensa, despotismos gubernamentales, mientras la miseria y el hambre volvían a los niveles de principios de siglo. Esto no es retórica, sino una descripción ajustada de los hechos. Las reformas propuestas, agraria, militar, educativa y autonómica habían fracasado, todas por la misma causa, el sectarismo y la incompetencia denunciados acerbamente por el propio Azaña, quien, aún así, persistió en sus demoledores proyectos.

Y ante la victoria electoral derechista, la legalidad sufrió su peor embestida. Los anarquistas lanzaron su insurrección más sangrienta, pero casi fue lo de menos. Los socialistas, separatistas catalanes y en menor medida los vascos y las izquierdas republicanas se declararon en pie de guerra contra la voz de las urnas. Los republicanos de izquierda trataron de que el presidente Alcalá-Zamora anulase los comicios y amañase otros con garantía de triunfo izquierdista. Al fracasar sus manejos, Azaña urdió un nuevo golpe de acuerdo con la Esquerra catalana, que volvió a malograrse al no atraer al PSOE. Y no porque este permaneciese fiel a la Constitución, sino porque preparaba a su vez una insurrección, concebida textualmente como guerra civil, para imponer su dictadura «proletaria», por lo cual no pensaban dejarse dirigir por «burgueses». Calculaba que la república ya había cumplido su misión de preparar el terreno para el socialismo, y que la tarea histórica del momento consistía en hacer una revolución de tipo soviético. He detallado y documentado a fondo estos procesos, por primera vez, en el libro Los orígenes de la Guerra Civil.

A lo largo de 1934, las izquierdas y el PNV desafiaron la ley para subvertir al gobierno legítimo. Sus maniobras culminaron en la insurrección de octubre, que dejó grandes destrucciones humanas y materiales, sobre todo en Asturias pero no solo. Los rebeldes fueron derrotados porque la mayoría del ejército defendió la Constitución, anulando la acción de los militares golpistas de izquierda, y porque pocos obreros, campesinos o clases medias catalanas, obedecieron los llamamientos a la sublevación, excepto en la cuenca minera asturiana. Las derechas tuvieron la oportunidad de replicar al golpe con un contragolpe desde el poder para liquidar de una vez la república, y así lo habrían hecho de ser fascistas, como les acusaban las izquierdas sin tregua y con deliberada falsedad. Paradójicamente, el gobierno derechista defendió la legalidad republicana y la unidad nacional. Fueron unas izquierdas y secesionismos resentidos por unas elecciones desfavorables quienes asaltaron violentamente al régimen que ellos mismos habían moldeado e impuesto sobre una derecha contrariada. No cabe otra interpretación racional de este suceso definitorio, cuya descripción refuta por sí sola muchas versiones corrientes sobre la marcha hacia la guerra.

La república salió del trance no muerta pero sí malherida. Su legitimidad de origen, real aunque peculiar, venía a quedar arruinada por una práctica desastrosa, por una ilegitimidad de ejercicio. Aún así, el descalabro izquierdista-separatista en octubre de 1934 pudo haber abierto el camino a una regeneración y estabilización. No lo hizo porque coincidieron dos evoluciones perversas en la derecha y en la izquierda. En la derecha, la CEDA fue saboteada hasta su expulsión del poder, no por las izquierdas, sino por el presidente Alcalá-Zamora, quien, católico y conservador con ansias de pasar por progresista, detestaba a Gil-Robles, líder de la CEDA, y se había hecho una idea algo delirante de la realidad política del momento. En su deseo de congraciarse con la izquierda interfirió en el curso de la justicia después de la insurrección, ayudó a destruir al partido moderado de Lerroux con el infladísimo escándalo del straperlo, y con manejos extraparlamentarios desahució del gobierno a la CEDA. Hubo de suspender las Cortes, y para rehuir el peligro de ser juzgado por la Diputación Permanente, convocó elecciones anticipadas para el 16 de febrero de 1936.

Por su parte las izquierdas, lejos de extraer alguna lección moderadora de su golpismo, persistieron en él. El PSOE se dividió en dos facciones, una, mayoritaria, trataba de bolchevizar el partido para convertirlo en un instrumento revolucionario más apto; y otra buscaba retomar la colaboración socialista-azañista del primer bienio, pero con un espíritu irreconciliable y un programa mucho más radicalizado. Por lo demás, habría sido lógico que después de su derrota en las urnas en 1933 y de su insurrección armada del año siguiente, las izquierdas se desacreditasen por completo… pero ocurrió lo contrario: pasaron de acusadas a acusadoras. Desataron al efecto una masiva campaña nacional e internacional culpando a la derecha de haber realizado una represión atroz contra los mineros asturianos. He examinado en El derrumbe de la República las acusaciones, mezcla de exageraciones e invenciones, que sin embargo han repetido largo tiempo la mayoría de los historiadores. La represión real fue amplia pero suave y los partidos que habían asaltado al régimen ni siquiera fueron ilegalizados. Pero las furiosas denuncias izquierdistas fanatizaron a mucha gente y envenenaron a la sociedad. La insurrección había fracasado, en definitiva, porque los odios no habían alcanzado el grado necesario, pero la campaña sobre la represión los exacerbó, lo cual ayuda a explicar la crueldad con que recomenzó la lucha en julio de 1936.

La insistencia en las ideas que habían llevado a la izquierda a promover la guerra civil en octubre de 1934, hizo que en esta fecha comenzase efectivamente la guerra. Su momentáneo revés le impidió continuar, pero en 1936 simplemente se reanudó. Incapacitadas por el momento para un nuevo levantamiento, PSOE, azañistas y comunistas se aliaron en lo que se llamaría más tarde Frente Popular, el cual prologaría el hundimiento de la legalidad, esto es, de la misma II República.

En las elecciones de febrero de 1936, convocadas por Alcalá-Zamora y su instrumento político Portela Valladares para escapar a un proceso, Largo Caballero y Azaña amenazaron con no reconocer una votación contraria, como habían hecho en 1933, y el Frente Popular se arrogó la victoria entre violencias, amenazas e irregularidades. Azaña admite en sus diarios: «Los gobernadores (encargados de velar por la pureza del escrutinio) habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte, y empezaron los motines». Alcalá-Zamora corrobora en sus memorias, recuperadas hace unos años, que al menos un 50% de las actas se habían adjudicado «bajo la acción combinada del miedo y la crisis». No fueron publicados unos resultados creíbles de las votaciones. Se trató, en suma, de elecciones fraudulentas en un clima de coacción y rencores desatados.

El fraude prosiguió tras las votaciones del 16 de febrero. El jefe del gobierno, Portela, huyó dejando el poder en manos del Frente Popular, que presidió la segunda vuelta. No contentas con su supuesta victoria, las izquierdas ya instaladas en el poder procedieron a una arbitraria «revisión de actas» para privar de sus escaños a numerosos derechistas. El proceso electoral culminó el 7 de abril con la destitución ilegal de Alcalá Zamora, aduciendo que su disolución de las Cortes había sido innecesaria… ¡cuando aquella disolución había dado lugar a las elecciones por las que las izquierdas habían llegado al poder! Azaña sustituyó a Alcalá Zamora en la presidencia. Por cierto, la campaña sobre la represión de Asturias y la promesa de investigarla y castigar a los culpables derechistas, fue un eje de la propaganda electoral izquierdista, pero una vez en el gobierno la promesa quedó olvidada, pese a los requerimientos de Gil-Robles.

A partir de febrero, la Constitución y cualquier sentido de la legalidad cayeron por tierra, según exponen todos los testigos, incluido el socialista Prieto. Azaña constata, apenas pasado un mes de las elecciones: «Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de derecha y el Registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño, el viernes, Madrid, tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas… Han apaleado a un comandante, vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol a dos oficiales de artillería; en Logroño acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó Gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias y conventos. Con La Nación (periódico de derechas) han hecho la tontería de quemarla». Para Azaña, tales incendios no pasaban de tonterías.

Y era solo el comienzo. En cinco meses el paro subió en flecha, fueron asesinadas o murieron en disturbios más de 300 personas, quemadas cientos de iglesias, también sedes y periódicos de derechas, archivos, registros de la propiedad, etc. La justicia pasó bajo el control de los sindicatos. Los gritos de «Viva Rusia» o «Viva la República» acallaban a los de «Viva España». En las Cortes se proferían amenazas de muerte a los líderes de la oposición, hasta llegar al asesinato de Calvo Sotelo. La ley no protegía a la mitad, al menos, de la población, que defendía la unidad de España y el cristianismo y que, en frase de Gil-Robles, no se resignaba a morir. Las interpretaciones izquierdistas actuales pretenden que las elecciones fueron democráticas y el proceso posterior agitado, pero básicamente normal. Creo que con ello exhiben precisamente lo que entienden por democracia y normalidad[5].

He aquí en resumen la carrera de golpes sucesivos desde el gobierno y desde la calle hasta aniquilar la ley y los elementales principios de convivencia, creando un proceso revolucionario: quema de conventos, centros culturales y obras de arte, insurrecciones y huelgas salvajes anarquistas, Ley de Defensa de la República, Constitución solo a medias democrática, golpe de Sanjurjo (único de carácter derechista hasta 1936), rechazo izquierdista a la decisión de las urnas en 1933, alzamiento izquierdista de octubre del 34, campaña de falsedades sobre la represión de Asturias, manejos ilegítimos de Alcalá-Zamora, elecciones fraudulentas de 1936 y arrasamiento final de cualquier norma democrática por el Frente Popular. Se dieron entonces los dos factores señalados al principio: abuso sistemático del poder por izquierdas y separatismos, y un sector del pueblo fanatizado por doctrinas utópicas e irreconciliables, que rechazaba la propia ley republicana. En 1936, la derecha debía optar por rebelarse o aceptar mansamente su aniquilación. Como sabemos, optó, en su mayoría, por lo primero.

Esta cadena de sucesos encaja en el enfoque expuesto al principio, y resulta inencajable en otros. Y asombra que muchos tratadistas los pasen por alto o les nieguen su importancia determinante.

A este respecto importa constatar la diferencia entre las rebeliones izquierdista y derechista. Salvador de Madariaga afirmó que la izquierda, después de su rebelión en el 34, carecía de fuerza moral para condenar la sublevación derechista del 36. El juicio es equívoco, porque no son hechos equivalentes. La izquierda atacó a un gobierno de plena legalidad, salido de una gran mayoría en las urnas. La segunda atacó a un gobierno despótico, nacido de elecciones nada limpias, y que había arrasado entre violencias la legalidad. Otra diferencia es que el PSOE pretendía una guerra civil, textualmente, y los separatistas de modo implícito; mientras que las derechas en 1936 pensaban en un golpe rápido que evitara una lucha larga y sangrienta. El golpe fracasó y se convirtió en guerra, reemprendiendo la de 1934, solo que esta vez con las izquierdas en el poder.

La dinámica de la república puede resumirse así: las izquierdas establecieron una Constitución a su gusto, no consensuada ni refrendada popularmente, y una ley electoral que debía garantizar su poder indefinido. Cuando, en 1933, ganaron las derechas, las izquierdas atacaron su propia legalidad hasta destruirla. Valgan estas tres conclusiones:

Siendo la ley el factor que permite la convivencia entre las tendencias e intereses diversos naturales en toda sociedad, la guerra llegó como efecto de la demolición de la legalidad republicana, solo parcialmente democrática e impuesta sin consenso por la izquierda.

Las izquierdas fueron los principales destructores de la ley cuando pensaron que esta no les permitía monopolizar el poder o les obstaculizaba ir más allá de la «democracia burguesa», como la definían los partidos obreristas. Por tanto, y contra lo que a menudo se lee, la guerra no destruyó la democracia, sino que más bien la destrucción de la democracia causó la guerra.

A la inversa, la destrucción de la legalidad resultaba muy difícilmente evitable con unos partidos de corte mesiánico o utópico, que no aceptaban otras reglas legales que su poder exclusivo y cuanto antes.

Capítulo III

EVOLUCIÓN MILITAR

Según la definición clásica de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, es decir, por las armas. De modo inverso cabría definir la paz como la continuación de la guerra por otros medios, es decir, por el arbitraje y la negociación basados en una ley mayoritariamente aceptada. Ya hemos visto cómo la destrucción de la legalidad abrió el camino a la guerra, aunque también pudo haber ocasionado la aniquilación, al menos política, de la parte derechista de la sociedad española, si esta optaba por la sumisión.

Esta cuestión tiene la mayor relevancia teórica, pues, como recordé al principio, la sociedad humana se caracteriza por una fuerte conflictividad interna, reflejo de la condición moral del hombre, que distingue las sociedades humanas de las animales, basadas en el instinto; y por esa conflictividad natural puede resultar muy incómoda y a veces insufrible. De ahí la aspiración recurrente a una sociedad donde todo el mundo pensase y sintiese del mismo modo, garantizando una paz estable. Esta clásica aspiración utópica, implica el retroceso de la condición humana a la condición animal, al modo de las sociedades de hormigas o abejas. Siendo ello imposible, una paz basada en la uniformidad de intereses e ideas solo puede ser garantizada, y ello de forma pasajera, por una tiranía extrema. Por esa causa las utopías generan poderes totalitarios, bien patentes en el siglo XX.

En una guerra, cada parte combate por imponer su voluntad a la contraria o al menos para sobrevivir política y a veces físicamente, lo que empuja el conflicto a los extremos. Las guerras primitivas solían traer el exterminio de los varones, como indican los relatos sobre Troya; la Biblia muestra la invasión judía de Canaán como un exterminio extendido a mujeres, niños y en ocasiones hasta a los ganados. Más adelante, el destino de los combatientes vencidos solía ser la esclavitud y la sumisión de sus sociedades a la ley del vencedor. Con el tiempo, las costumbres bélicas se suavizaron, pero no tanto que no permanecieran rasgos de exterminio, como ocurrió en la II Guerra Mundial. Por lo que respecta al caso español, tuvo algunos rasgos exterminadores, pero en conjunto resultó menos sangrienta que muchas otras contiendas del siglo pasado.

Aunque un conflicto bélico exhibe muchas facetas, la propiamente militar es la resolutiva, pues condiciona la política más que a la inversa. Por su carácter extremo, la guerra exige una movilización radical de las energías morales y materiales, siendo las primeras las esenciales: la voluntad de vencer puede movilizar eficazmente los recursos materiales o generarlos, pero estos sirven de poco si falla la moral de victoria o la conducción militar . Una famosa coplilla, harto necia, dice lo contrario «Vinieron los sarracenos / y nos molieron a palos, /que Dios ayuda a los malos/ cuando son más que los buenos». En realidad los sarracenos eran menos que los cristianos cuando invadieron España, y luego, cuando eran más, sufrieron derrotas hasta ser expulsados. No pocas veces en la historia vencieron los menos a los más.

La decisión bélica depende asimismo de la capacidad de sus generales, de su visión estratégica y habilidad táctica. Capacidad que no incluye solo el manejo de las tropas, sino también la política de alianzas, propaganda, obtención de ayudas exteriores, abastecimiento del ejército y la población civil, etc. Cuando se atribuye carácter decisivo a los factores económicos, se olvida que estos no obran por sí mismos, sino que dependen de la voluntad y destreza organizativa de los dirigentes. Si fuera cierto el dicho napoleónico de que las guerras se ganan con dinero, dinero y dinero, los nacionales habrían sido batidos enseguida. O los useños habrían vencido en Vietnam, por poner dos casos casi obvios.

Puesto que la insurrección de octubre del 34 —definida acertadamente por Gerald Brenan como primera batalla de la guerra civil— duró solo dos semanas, la dejamos aquí de lado. Su continuación, de 1936 a 1939, puede dividirse en cuatro etapas, dejando aparte acciones secundarias. La primera, de 8 meses, desde julio del 36 hasta la batalla de Guadalajara, en marzo de 1937, buscó la decisión en el centro de España. Al no conseguirla, el eje principal del conflicto se trasladó a la franja cantábrica, en una campaña de siete meses hasta finales de octubre del 37. La tercera etapa durará un año largo, hasta noviembre de 1938, con el final de la batalla del Ebro. Después de ella, los últimos cuatro meses, presenciaron la fácil toma de Cataluña y de la zona Centro por los nacionales.

Primera etapa

La contienda comenzó con abrumadora superioridad material del Frente Popular. En sus manos quedó algo más de la mitad del país, las mayores ciudades y medios de comunicación, la totalidad de las reservas financieras, casi toda la industria, incluyendo la militar, vastas extensiones cerealistas y las productoras de la mayor parte de la agricultura de exportación. Además, aunque a veces se presenta el alzamiento como si hubiera afectado a todo el ejército, no fue así: al lado del gobierno quedó la mayor parte, con mucho, de la aviación y la marina, un 40% del ejército de tierra y la mayoría de las fuerzas de seguridad (Guardia Civil y de Asalto), mejor entrenadas que los reclutas. Por ello Prieto advirtió que por mucho heroísmo que los sublevados derrocharan, serían inexorablemente aplastados. Esta seguridad obró, sin embargo, contra el Frente Popular, pues sus partidos pensaron demasiado en el reparto del botín y los laureles, antes de alcanzarlos.

Cada bando quedó dividido en dos zonas. La principal del Frente Popular se extendía desde Cataluña por toda la costa mediterránea y la mayor parte del centro-sur de la península, dejando alejada una estrecha franja en el norte cantábrico. Las zonas rebeldes, separadas por gran parte de Extremadura, constaban de unos enclaves en Andalucía al mando de Queipo de Llano y una ancha franja en el centro-norte-noroeste, al mando de Mola, esta última con una desesperada escasez de municiones. La baza mejor de los nacionales, el pequeño, pero muy motivado ejército de Marruecos, al mando de Franco, se hallaba aislado por el estrecho de Gibraltar. De romper este aislamiento dependía el destino de la rebelión, y fue su primera y máxima prioridad. Mediante unos arriesgados transportes por mar y un puente aéreo emprendido con aviones españoles (después llegarían otros alemanes e italianos), las tropas africanas consolidaron la Andalucía occidental, unieron por Extremadura las dos zonas, surtieron de municiones a Mola y avanzaron por el valle del Tajo hacia Madrid. La idea era conquistar la capital y terminar así la contienda en pocos meses.

El bando rojo, debido a una revolución desordenada y a las rivalidades entre sus partidos, no supo explotar su enorme superioridad material ni sacar partido de su mayor flota y aviación para impedir el paso de las tropas de África a la península. Sus milicias, aun reforzadas por fuerzas regulares y de seguridad, eran batidas una y otra vez por columnas del ejército de Marruecos, numéricamente débiles pero disciplinadas y bien mandadas, y el optimismo del comienzo dio paso a la alarma. A principios de septiembre, el inane gobierno de Giral fue sustituido por otro de concentración encabezado por Largo Caballero, principal dirigente de la insurrección del 34. El nuevo gobierno se aplicó a poner orden, crear un ejército regular y enviar a la URSS el grueso de las reservas de oro para financiar la compra de armas modernas. Así, cuando los de Franco llegaron ante Madrid, en noviembre, chocaron con fuerzas más numerosas, armadas con aviones, tanques y artillería soviéticos superiores, con las reservas en principio inagotables de la gran ciudad y en la mejor posición táctica. Ante tales obstáculos, los nacionales se exponían a ser embolsados y destruidos por el enemigo. No obstante, la batalla quedó en tablas, pues ni los nacionales lograron tomar la capital ni sus contrarios aniquilarlos, pese a intentarlo reiteradamente. Y los nacionales retuvieron la iniciativa.

El fracaso de unos y otros determinó la imposibilidad de una guerra corta. Ambos contendientes debieron recurrir entonces al reclutamiento masivo, y las columnas irregulares dieron paso a brigadas y divisiones. Hasta entonces, la intervención extranjera había sido reducida, pero después de la escalada soviética llegaron al otro bando la Legión Cóndor alemana y tropas voluntarias italianas.

Franco intentó aún por tres veces tomar Madrid, rodeándola, pero tampoco lo consiguió. De haber tenido éxito, el Frente Popular se habría derrumbado ponto en el resto del país, porque habría perdido su ejército más numeroso, organizado y dotado, desplegado en torno a la capital. Pero aun con estos reveses, el balance de aquellos meses era positivo para Franco: sus dos zonas se habían unido y ampliado notablemente, flanqueadas al oeste por el gobierno amistoso de Portugal, mientras que la conquista de Guipúzcoa desde Navarra había privado a Vizcaya de la frontera con Francia. Los rojos también podían felicitarse, pues habían mantenido Madrid y creado ejércitos mucho más temibles que las milicias del comienzo.

Segunda etapa

No obstante la frustración de su objetivo, Franco retuvo la iniciativa, pasó a la defensiva en el centro y a la ofensiva en la franja norte de Vizcaya, Santander y la mayor parte de Asturias. El botín esperado resultaría muy cuantioso: la industria pesada de Bilbao, fábricas de armas, de artillería, minas de carbón, hierro y otros minerales, ganadería, puertos importantes… Para las izquierdas, la pérdida supondría un golpe tal que podría desmoralizarlas y llevarlas a claudicar. Pero el cambio de frente de los nacionales era muy arriesgado, pues suponía debilitar el despliegue en torno a Madrid frente a un ejército rojo en plenitud de fuerza. Por otra parte, la abrupta orografía norteña favorecía la defensa y dificultaba en extremo la ofensiva; y allí aguardaba a los nacionales un ejército hostil, numeroso y bien armado, aunque de calidad inferior al del centro. No obstante, los atacantes disfrutaban de dos ventajas: podían emplear a fondo su aviación, mientras que al enemigo le impedían hacer lo mismo la estrechez de su territorio y su imprevisión al no haber construido suficientes aeródromos; en segundo lugar, la flota nacional dominaba el mar y ejercía un bloqueo bastante efectivo, ante la timidez de la flota contraria. Y una tercera ventaja inesperada para los nacionales fue la política de los separatistas vascos aliados de los rojos, a los cuales perjudicaron seriamente con sus intrigas e indisciplina, hasta acabar traicionándolos.

Cuando Franco atacaba a Madrid, el gobierno de Largo Caballero había pedido a las demás regiones acciones ofensivas para distraer y dividir a los nacionales. La respuesta había sido escasa y poco útil. Ahora se presentaba la misma urgencia para frenar la ofensiva nacional en el norte, y a ese fin el ejército rojo del Centro lanzó reiterados ataques por la Casa de Campo madrileña, La Granja, Brunete y Belchite, esta última en Aragón. En ningún caso tuvo éxito, pese a aplicar una absoluta superioridad numérica y material, y solo en Brunete logró distraer, pasajeramente, fuerzas nacionales del norte cantábrico. Así, el Ejército rojo del Centro, que había sido capaz de frenar a Franco en la etapa anterior, flaqueaba en la ofensiva. Su gobierno planeó también un ambicioso ataque por Extremadura, que cortaría en dos la zona nacional, pero la idea fue desechada por los consejeros soviéticos, que dominaban la aviación. Largo, furioso por las imposiciones de Moscú, sería sustituido por Negrín en mayo de 1937.

Los separatistas del PNV rindieron a Franco servicios no por involuntarios menos relevantes. Ante los reveses del Frente Popular, y sobre todo después del bombardeo de Guernica, negociaron con los fascistas italianos una rendición separada; entregaron intacta la industria pesada de Bilbao; sabotearon el esfuerzo bélico de sus aliados y se rindieron en Santoña. Franco consiguió así su primera gran victoria de masas, capturando unos 50.000 prisioneros y un cuantioso botín de armas.

No obstante, el ejército rojo continuó la lucha por Asturias, hasta su catastrófica derrota en octubre del 37. Había perdido en el norte unos 200 aviones, dos destructores, cuatro submarinos, dos torpederos, 50 tanques, 500 cañones, 250.000 fusiles, miles de armas automáticas y enorme cantidad de munición. Por primera vez el ejército nacional añadió a su superioridad cualitativa la superioridad material. En torno a 200.000 hombres fueron hechos prisioneros, y la mitad de ellos incorporada a las tropas vencedoras.

Tercera etapa

Por un momento hubo la esperanza de que el gobierno de Negrín se diera por vencido, pero reaccionó con máxima energía. Recibió nuevas remesas de armamento soviético, endureció la disciplina a extremos de terror, por iniciativa del poderoso consejero soviético Orlof creó el Servicio de Información Militar (SIM) policía política de estilo soviético, que actuaba en las unidades militares y en la retaguardia para aplastar los derrotismos emergentes. Y llamó a nuevas quintas para compensar las pérdidas hasta sobrepasar el millón de soldados. En el curso de la contienda, el Frente Popular movilizaría hasta 1,7 millones de hombres, y el nacional 1,2, según los cálculos de R. Salas Larrazábal.

Aunque las esperanzas de una victoria revolucionaria habían descendido mucho, la estrategia de Negrín y los comunistas no era desesperada. Hasta entonces habían fallado todos sus intentos de arrastrar a Francia e Inglaterra al conflicto español, invocando una pretendida solidaridad democrática o el peligro alemán, pero calculaban que la guerra europea estaba próxima a estallar y obligaría a los dos países, o al menos a Francia, a invadir España cambiando el curso de la contienda. Por lo tanto, valía la pena resistir a todo trance hasta que llegara el evento.

Tras la caída del norte, el objetivo nacional volvió a ser Madrid, pero sus adversarios se le adelantaron conquistando Teruel. Entonces Franco aplazó la toma de la capital, recobró Teruel en dura lucha en un invierno gélido, y con una brillante maniobra convirtió la ofensiva roja en una desastrosa retirada, que le permitió alcanzar el Mediterráneo por Castellón, en abril de 1938. La zona roja quedó cortada en dos y el nuevo y tremendo descalabro sembró el desánimo y las divisiones dentro del Frente Popular. Pero Negrín y el PCE volvieron a superar la crisis imponiendo redoblados esfuerzos a sus aliados, cada vez más angustiados y pesimistas, empezando por Azaña.

Franco tuvo entonces la posibilidad de marchar sobre Cataluña, que parecía una campaña fácil, aislando así de Francia a toda la zona enemiga. Pero optó por avanzar hacia el sur, hacia Valencia, donde su ofensiva se empantanó. La causa de esta decisión, militarmente mediocre, fue seguramente la tensa situación europea de aquellos meses (en marzo se había producido el Anschluss, la unión de Austria a Alemania), por lo que Franco debió de juzgar prudente permanecer de momento lejos de la frontera francesa, a fin de no dar pretexto a una intervención gala.

Los éxitos nacionales parecieron sentenciar por fin el conflicto, pero nuevamente Negrín y el PCE, con un esfuerzo supremo, pusieron en pie otro potente ejército. A finales de julio, los izquierdistas atacaron inesperadamente por el Ebro desde Tarragona, amenazando la retaguardia de los nacionales llegados al Mediterráneo. Esta operación dio lugar a una batalla de cuatro meses, la más larga, sangrienta y enconada de la guerra. Franco pudo contraatacar por el norte del Ebro, cercando a sus adversarios, pero durante aquellos meses el horno europeo volvió a calentarse hasta el borde mismo del estallido, y por esa u otra razón, el Caudillo prefirió librar una batalla frontal. Con grandes sacrificios, el ejército revolucionario, el más comunista de la guerra, fue vencido, causando un profundo desaliento en el Frente Popular. No menos importante, en la Conferencia de Munich, en octubre, las democracias aceptaron entregar a Alemania la región checoslovaca de los Sudetes, reclamada por Hitler. El peligro de guerra europea se alejó momentáneamente y desapareció el riesgo de provocar una intervención francesa. Esta vez, el próximo final de la contienda ya ofrecía pocas dudas.

Cuarta etapa

Con el enemigo desmoralizado, el triunfo de los nacionales no podía tardar, a menos que interviniesen factores inesperados. Pues la expectativa de guerra europea permanecía y Negrín obtuvo de la URSS la mayor remesa de armas hasta la fecha, con el oro ya agotado. Mas el tiempo corría contra él y el grueso de aquellos pertrechos llegaría tarde. El gobierno rojo llamó a resistir a toda costa y reproducir en Barcelona la hazaña de Madrid, que había contenido a los nacionales dos años antes; pero la mayoría de los catalanes, hartos de revolución, terror y privaciones, no obedeció. La ofensiva se reanudó por Navidades de 1938, y el 26 de enero siguiente los nacionales entraban en Barcelona sin resistencia y entre aclamaciones multitudinarias. Mientras, el ejército derrotado marchaba hacia la frontera pirenaica en una penosa retirada, acompañado, de grado o por fuerza, de unos 200.000 civiles. Internados casi todos en campos de concentración franceses, cerca de tres cuartas partes de ellos decidían volver a España antes de acabarse aquel año 1939.

Azaña, presidente nominal de una república ficticia, dimitió en Francia, y por fin pareció terminar la lucha. Pero los socialistas de Negrín y el PCE, que dominaban la mayor parte del ejército, trataron de resistir aún. Les quedaba la extensa zona centro-sureste, con más de medio millón de soldados, buenos puertos y la mayor parte de la flota. Como en Cataluña, la hambrienta población quería la paz, y Negrín amenazó: si no le obedecían, «el interés de todos y razones supremas de salud pública forzarán al Gobierno a aplicar con todo rigor las más severas medidas, sin contemplaciones ni debilidades». Pero muchos militares y políticos odiaban la hegemonía comunista y pensaban que alargar la resistencia solo traería desgracias inútiles. Tomó cuerpo la trama de una rebelión contra Negrín, encabezada por el coronel republicano Segismundo Casado y jefes políticos y militares anarquistas como Cipriano Mera o socialistas como Besteiro y otros.

Franco, disponiendo de aplastante superioridad material, pudo entonces aniquilar a las izquierdas, y lo habría hecho de tener el carácter sanguinario que sus enemigos le achacan. En cambio prefirió esperar la descomposición de su enemigo, exigiéndole la rendición incondicional. En Madrid y alrededores, comunistas y casadistas chocaron en una guerra civil dentro de la guerra civil. Vencidos los primeros, los nacionales entraron en Madrid pacíficamente y ocuparon sin prisas toda la zona. Los jefes derrotados huyeron, salvo el socialista Besteiro, quien acusó a la causa revolucionaria de haberse convertido en un «crimen monstruoso» sobre un «Himalaya de mentiras»: «La reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique, la representan genuinamente, sean los que quieran sus defectos, los nacionalistas que se han batido en la gran cruzada antikomintern». El 1 de abril, Franco daba por terminada la guerra en su célebre y sobrio comunicado: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado».

Los cálculos de Negrín habían fracasado por poco: solo cinco meses después estallaba la guerra europea que se haría mundial. Pero la manera como se produjo habría abortado las esperanzas de los rojos: Hitler y Stalin, enfrentados a muerte en España, se habían aliado para repartirse Polonia; y Londres y París, más o menos neutrales en España, declaraban la guerra a Alemania, aunque no a la URSS.

Algunas observaciones finales:

Fue esencialmente una guerra de infanterías y artillería, y en ella la movilización superó ampliamente el millón de hombres en cada zona, con medio millón más en la roja. También desempeñó un papel muy notable la aviación. La mayor parte de ella, con mucho había quedado en el bando izquierdista, que la dispersó y no supo sacarle partido. Los nacionales recibieron pronto excelentes aviones italianos y otros alemanes de menor calidad (aunque los mejorarían posteriormente) y los utilizaron con más concentración y flexibilidad para proteger el avance de las columnas hacia Madrid. En la batalla por la capital entró en acción la aviación soviética, superior en prestaciones a la alemana y equiparable al menos a la italiana. En la campaña del norte, la superioridad aérea de los nacionales desmoralizó considerablemente a sus adversarios, aunque debe notarse que en la zona centro tal superioridad correspondía al Frente Popular, que no alcanzó, en cambio, a provocar desbandadas o desmoralización en sus contrarios. También tuvo importancia considerable la actividad naval. Como en el caso de la aviación, los rojos dispusieron de fuerte superioridad inicial en el mar, que desde el punto de vista numérico retuvieron, aunque en disminución, a lo largo del conflicto. Pero emplearon su flota con timidez y escaso acierto, aunque obtuvieran triunfos como el hundimiento del crucero Baleares o el del transporte de tropas Castillo de Olite. Por el contrario, los barcos nacionales hundieron o capturaron a numerosos de los contrarios, y hostigaron su comercio hasta el Báltico y la proximidad de las costas inglesas, causándole daños muy sensibles[6]

El Frente Popular no supo explotar a fondo su inicial y casi absoluta superioridad. No logró aplastar en torno a Madrid a las columnas nacionales, pero creó allí un ejército lo bastante fuerte para retener la capital. Aún tuvo ocasión de batir a los nacionales en la zona centro cuando Franco se desvió hacia el norte cantábrico, y volvió a fracasar. Caído el norte, con menos esperanzas de ganar, su estrategia consistió en resistir hasta la prevista guerra europea. No resistió lo bastante y se derrumbó en una contienda civil entre sus propios partidos. Debe resaltarse que el alma de la lucha izquierdista fue el Partido Comunista, dirigido por la URSS. Ningún otro tenía su visión estratégica y política, ni su tenacidad, disciplina y voluntad de victoria.

Aspecto muy discutido ha sido el peso de la intervención exterior. No fue decisiva, tanto porque lo esencial no son los medios, sino su empleo por el mando, como porque la ayuda recibida fue similar en los dos contendientes. Solo en un momento pudo ser decisiva, durante la batalla de Madrid en noviembre del 36, cuando la aportación soviética aumentó la ventaja material de los rojos en aviación y tanques (estos muy superiores durante toda la guerra a los alemanes o italianos) y mejoró su calidad operativa. La lucha pudo haberse resuelto entonces a favor del Frente Popular —o de los nacionales si estos hubieran conquistado la capital—pero el combate quedó igualado.

En contra de una idea insistente, fue Negrín, y no Franco, el interesado en alargar la lucha. Contra esta evidencia se han citado palabras del Caudillo afirmando que prefería una marcha lenta para ir asentando la retaguardia. Pero con ello hacía de necesidad virtud. El ejército rojo resultó, a partir de la batalla de Madrid, un hueso duro de roer, que no podía ser dominado a voluntad. El interés de Franco por acortar la lucha creció en el verano-otoño de 1938, cuando el peligro de un choque en Europa, por la crisis de Munich, pudo haber empujado a Francia a entrar en España (hubo planes al respecto).

Franco superó a sus enemigos en destreza estratégica y táctica. Partiendo de una inferioridad casi desesperada, estuvo muy cerca de la victoria en solo cuatro meses. Obró con flexibilidad para trasladar el eje de las operaciones según imponían las circunstancias, y sacó en cada fase el mayor provecho a sus medios contra un adversario tenaz. Ganó casi todas las batallas, convirtió las ofensivas de su enemigo en descalabros para este, y resolvió la última etapa con brillantez y sin apenas bajas. Pocos militares en el siglo XX tienen un registro semejante, como he explicado en Los mitos del franquismo por lo que resulta cómica la obstinación de muchos historiadores en calificarle de mediocre.

Se ha exagerado mucho el carácter sangriento de la guerra. Lejos del mítico millón de muertos, los caídos en combate no parecen haber pasado de 160.000. Sumándoles unas 120.000 víctimas de la represión en retaguardia, tendríamos cerca de 300.000. Por comparación, la guerra ruso-finesa alcanzó una cifra similar en solo tres meses; en Leningrado pudieron morir, en tres años, el triple de personas que en toda España; solo las víctimas civiles de los bombardeos aliados en Alemania suelen estimarse en unas 600.000, y en uno o dos millones las de los desplazamiento forzados de alemanes al terminar la contienda.

Capítulo IV

EVOLUCIÓN POLÍTICA

Si bien la conducción estratégica es el factor principal en una guerra, las medidas y objetivos políticos, con su vertiente económica, están profundamente imbricados en su evolución, complicándose y combinándose mutuamente.

La guerra de España tuvo la peculiaridad de que los dos bandos se encontrasen con un estado y un ejército derruidos, por lo que debieron reconstruirlos al mismo tiempo que combatían. El aparato estatal en las zonas sublevadas era el del Frente Popular, lo que obligó a los nacionales a improvisar sobre la marcha un embrión de organización política; y sus escasas tropas estaban repartidas de modo irregular, aunque a ellas se sumó enseguida una masa de voluntarios. El Frente Popular dispuso de todos los recursos del poder, pero su revolución desarticuló prácticamente al ejército y al estado, por lo que se vería obligado a rehacer ambos.

Hoy está claro que el 18 de julio de 1936 no empezó una revolución en la zona izquierdista, sino que se coronó con máxima violencia un proceso revolucionario que partía de las elecciones de febrero de aquel año. El 18 de julio solo se acabó de demoler en la zona izquierdista el ruinoso estado nominalmente republicano. Su gobierno, presidido por José Giral, amigo de Azaña, había armado a los sindicatos, quedando como un buque desarbolado entre un furioso oleaje. La revolución en campos y ciudades, con ocupación de fincas, fábricas, incluso pequeños talleres y negocios por los sindicatos y partidos, se complicaba porque cada partido izquierdista y separatista tenía sus propios objetivos y métodos, divergentes más allá del exterminio de la Iglesia y de los derechistas a su alcance. Para no autodestruirse por tal pluralidad fue preciso encauzar de algún modo la revolución, máxime cuando, contra todo pronóstico, los nacionales lograron cruzar el estrecho de Gibraltar con algunos barcos y aviones, y avanzaron infligiendo derrotas sucesivas a las izquierdas. Por ello se hizo inaplazable una reorganización, y el volátil gobierno de Giral fue reemplazado por otro bajo la dirección del líder socialista Largo Caballero, el más prestigioso de la izquierda y ensalzado como el Lenin español, que se reservó también la cartera de Guerra.

El cambio se realizó el 4 de septiembre, apenas siete semanas después de comenzada la rebelión derechista. En el nuevo gobierno, llamado «de la victoria», entraron los socialistas con mayoría, más los republicanos de izquierda, los separatistas catalanes y vascos, y los comunistas. Y más tarde, presionada por las derrotas, entró la anarquista CNT-FAI, que tanto había hecho por dinamitar la república desde su mismo principio y que se proclamaba, por principios y doctrina, enemiga de todo poder. Con la distribución de ministerios y reparto del poder se pretendía poner de acuerdo a las fuerzas políticas, que ya habían exhibido rivalidades y peleas entre ellas. Azaña continuaba de presidente nominal para dar impresión de continuidad republicana, pero ni él ni su partido pesaban apenas en la nueva realidad política. En rigor, el Frente Popular, que agrupaba, formalmente o de hecho, a todos aquellos partidos, constituía un nuevo régimen, que no llegó a cuajar debido a las diferencias ideológicas en su seno y a su derrota final. Cuando los nacionales se aproximaban a Madrid, el gobierno huyó a refugiarse en Valencia (tras haber afirmado que nunca lo haría), y posteriormente en Barcelona.

La medida político-económica más importante del gobierno consistió en enviar el grueso de las reservas de oro del Banco de España a Moscú, para asegurar la compra de armas y pertrechos de la Unión Soviética. La decisión fue tomada ilegalmente, a espaldas de Azaña y del resto del gobierno, por los socialistas Largo, Prieto y Negrín Se ha discutido mucho la razón de tal medida, pero está claro que se basó en la afinidad ideológica de los socialistas con la URSS. A posteriori se esgrimió la justificación de que las democracias no ayudaban, argumento inconsistente, pues una fracción considerable del oro fue depositada en Francia y toda la plata negociada en Usa. El efecto político más decisivo del envío del oro a Moscú fue convertir a Stalin en amo del destino de las izquierdas españolas, ya que de él iba a depender la mayor parte del suministro de armas y el «asesoramiento» político-militar. Pues Stalin era el experimentado líder de la revolución soviética y constructor de la primera sociedad socialista de la historia, que aspiraban a emular el PSOE y el PCE y con quien simpatizaban casi todos los demás. Estas evidencias, curiosamente poco o nada mencionadas por la mayoría de los historiadores, constituyen la base de la acción bélica del Frente Popular.

Otro acuerdo económico fue la exigencia de entregar al gobierno las divisas y metales preciosos en manos de particulares, acompañada del descerrajamiento y expolio de las cajas de seguridad de los bancos. También se procedió al saqueo sistemático del tesoro histórico-artístico nacional, que daría lugar, ya en el exilio, a una ilustrativa disputa entre Prieto y Negrín por la «propiedad» de aquellas ingentes fortunas. Al terminar la guerra, una parte de los tesoros expoliados fue trasladada a Méjico en el yate Vita, por orden de Negrín. Allí se apoderó Prieto de la carga, lo que motivó un cruce de cartas cada vez más agrias entre los dos líderes. Como Prieto se había puesto de acuerdo con el corrupto presidente mejicano Cárdenas, Negrín tuvo que renunciar a «su» tesoro, aunque dispuso de otros. En sus cartas, Negrín se jactó abiertamente de su «previsión» al haber reunido tal cantidad de bienes para uso político en el exilio. Asimismo, ambos dirigentes se acusaron amargamente de la responsabilidad por la pérdida de la guerra[7].

Pese a su unidad en el gobierno, los partidos del Frente Popular persistían en sus divergencias, con aspiraciones muy distintas y a menudo irreales, y carencia de una verdadera estrategia política y militar. Serían los comunistas, instruidos por Moscú, quienes con más eficacia tratasen de dar coherencia al conjunto e imponerle una estrategia u orientación común racional. Muy pronto el PCE, aún pequeño pero en veloz crecimiento, promovió enérgicamente dos reformas esenciales. Ante todo, la creación de un ejército regular y disciplinado. En un primer momento el ejército había quedado desorganizado y sustituido por milicias de los sindicatos y partidos, vertebradas por mandos militares, guardias civiles y de asalto y pronto soldados de reemplazo. El sistema había dado mal resultado en los frentes, por lo que los comunistas, en contra de los anarquistas y de muchos socialistas, insistieron en poner en pie un ejército «de verdad». Y tuvieron éxito, debido a las derrotas que iban cosechando las milicias y a la influencia de la URSS. Las milicias se disolvieron en el nuevo ejército, llamado «Popular de la República», que contaba con comisarios políticos imitados de la Unión Soviética, y otros símbolos y métodos del mismo origen. El PCE centraría sus mayores esfuerzos, precisamente, en alcanzar el control del ejército.

El segundo empeño del PCE consistió en frenar la revolución devolviendo tierra y negocios a los pequeños propietarios. Su consigna de «aplazar la revolución hasta ganar la guerra», también chocaba con las ideas de los anarquistas y de muchos socialistas. Mediante esa política, el PCE buscaba ganarse a una masa de «pequeñoburgueses» y de paso hacer creer a las democracias que en España existía un gobierno también democrático y de orden al que debían apoyar. De hecho lograron el apoyo de muchos pequeños propietarios y capas no obreras. Pero la revolución era ya irreversible en lo esencial, solo susceptible de maquillarse o reducirse parcialmente, y ni dentro ni fuera de España se llamaron a engaño más que quienes querían hacerlo, por razones ideológicas.

La estrategia comunista era mucho más inteligente que la de sus aliados, que a decir verdad carecían de un pensamiento militar y político medianamente serio. Ello y el poderoso influjo de la URSS, terminarían permitiendo al PCE prevalecer sobre los socialistas de Largo, los anarquistas, el POUM —también marxista pero disidente de Stalin —, e intimidar a Azaña y a los separatistas catalanes (los comunistas no se percataron, en cambio, de la traición del PNV o de todo el alcance de ella). Largo mostraba creciente rebeldía a los «consejos» soviéticos, y la CNT insistía en su revolución y en las milicias frente al ejército regular, y fue precisa una pequeña guerra civil en Barcelona, en mayo de 1937, para expulsar del gobierno a Largo Caballero y a la CNT, y meter en cintura a Companys y su Esquerra. Largo fue sustituido por el también socialista Negrín, principal autor del envío del oro a Rusia y hombre más realista y afín a los soviéticos, con quienes ya no tendría ningún roce de relieve. El nuevo gobierno también se proclamó «de la victoria», e intensificó las consignas propagandística del «antifascismo», con el fin de atraer de paso a las democracias, y de «guerra de independencia» para movilizar el patriotismo de las masas contra una imaginaria invasión italogermana. Negrín y Prieto endurecieron la disciplina militar según esquemas comunistas que llegaban a un verdadero terror (la deserción podía ser castigada en los familiares del desertor hasta en tercer grado).

Con Negrín, la impronta comunista se fortalecería aún más, obligando a sus aliados a una disciplina política a veces sangrienta. Los demás partidos lo soportaban por temor a los nacionales, pero al proseguir las derrotas, el descontento tomó forma de un sinfín de intrigas por parte de azañistas, sectores socialistas y secesionistas. Prieto, que había montado la policía política SIM, de estilo soviético y por indicación soviética, mostraba cada vez más disgusto y derrotismo, por lo que fue destituido como ministro de Defensa en abril de 1938. A su turno, los separatistas catalanes y vascos no cesaron de vulnerar los estatutos de autonomía y trataron de aplicar una política exterior aparte, intrigando, a espaldas de sus aliados, tanto con los gobiernos fascistas como con los democráticos, con vistas a una paz separada. Sus maniobras fracasaron pero con ello no dejaban de debilitar al Frente Popular, para ventaja de Franco[8]. Los comunistas y Negrín respondieron al descontento con llamamientos a la unidad, intimidaciones y a veces terror abierto, en el que perecieron numerosos anarquistas y socialistas; y liquidaron al POUM.

Las querellas internas subieron de tono cuando, tras la derrota en Cataluña, los comunistas y negrinistas se empeñaban en seguir resistiendo con la vista puesta en la guerra europea que, efectivamente, iba a estallar en pocos meses… si bien en circunstancias inesperadas que habrían anulado sus expectativas.

Cabe resumir la política del Frente Popular en tres rasgos: dependencia política y armamentística de Moscú; intento (frustrado) de atraer a las democracias; y creciente orden interno asegurado por la también creciente hegemonía comunista, que avanzó mucho pero no llegó a someter por completo a sus aliados, como prueban las maquinaciones de estos y el final de la guerra en una contienda interna.

Aspecto importante del conflicto fue la batalla de la propaganda. En la república, la intensa propaganda separatista y la internacionalista de izquierda generaron un ambiente extendido de aversión a España y su historia. Ese espíritu basado en la «leyenda negra», ya venía de atrás y había sido denunciado por Menéndez Pelayo a principios de siglo. Como admitiría con pesar el propio Azaña, «A muy pocos nos importa la idea nacional (…) Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario: se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado». Para sorpresa de muchos, el espíritu patriótico español distaba de estar muerto, y las invocaciones a España y sus tradiciones resultaron extraordinariamente movilizadoras en el bando nacional. Los primeros en advertirlo fueron los comunistas, que si bien ponían a la URSS por encima de cualquier otro interés, quisieron arrebatar esa bandera a los nacionales impulsando una vehemente retórica que intentaba recuperar el fervor de la Guerra de Independencia contra Napoleón, reencarnado ahora en Hitler y Mussolini. Especulaban también con la presencia de moros en las tropas nacionales para negarles su pretensión de defensores de la civilización cristiana.

Esa propaganda tuvo poco efecto, pues el ánimo antipatriótico seguía muy vivo en las masas de izquierda, como reconocía Azaña, y porque, evidentemente, las tropas moras formaban parte del ejército español, como ocurría con las tropas coloniales utilizadas por Inglaterra o Francia (Azaña había traído a la península tropas marroquíes contra el golpe de Sanjurjo, que no había sido preciso utilizar). Y, en palabras del liberal Gregorio Marañón, aunque las tropas italianas, alemanas y moras hubieran sido varias veces más numerosas, quienes defendían a España eran los nacionales y no sus contrarios.

Máximo relieve tuvieron en la batalla política de las izquierdas las denuncias de bombardeos y atrocidades, reales o inventadas, de los nacionales, acusándoles de actos que el propio Frente Popular cometía en grado no menor, y a menudo con mayor ensañamiento. En este campo cosechó sus mayores éxitos particularmente en tres de ellos: la inexistente matanza de la plaza de toros de Badajoz y los bombardeos sobre Madrid[9] y Guernica, enormemente exagerados. Este último resultó muy eficaz internacionalmente, al contar con la colaboración del famoso cuadro de Picasso (ver siguiente capítulo). Los partes del Frente Popular solían alardear de sus bombardeos aéreos y artilleros sobre ciudades como Oviedo, Huesca, etc. Y de ciudades sin valor militar en la retaguardia como Cáceres o Cabra.

El eje de la propaganda, sobre todo en el exterior, fue el antifascismo, como quedó dicho, y en ello la versión izquierdista ha perdurado hasta hoy, al reforzarse después de la II Guerra Mundial debido a la alianza entre las democracias y el stalinismo. A partir de la transición, esa propaganda, tan a menudo mendaz, se ha revitalizado, más aún con la antidemocrática ley de «memoria histórica».

Los nacionales afrontaron problemas muy semejantes a los del Frente Popular, pues el aparato estatal que quedó en su zona era el de su enemigo. Le sustituyó la autoridad militar, dividida a su vez en tres zonas, cada una con su líder: Mola en el norte, Queipo de Llano en Andalucía occidental, y Franco sin territorio pero con el decisivo Ejército de África a su cargo. La unificación del mando se hizo con varias semanas de retraso sobre la misma medida tomada en el bando contrario cuando se formó el gobierno de concentración de Largo; pero se hizo de modo más completo: Franco recibió la máxima autoridad como jefe militar y político, titulándosele Generalísimo o Caudillo, el 1 de octubre de 1936.

El golpe planeado por Mola tenía carácter republicano y lo conservó en las primeras semanas, pero el régimen había dejado mal recuerdo en las derechas, y otro tanto ocurría con la monarquía, desacreditada por su grotesco fin en 1931. Por ello el levantamiento de julio del 36 se había hecho en nombre de España, sin más, y no tomó carácter monárquico, aunque pronto lo tomó antirrepublicano. El estado funcionaba al principio con cierto primitivismo, con un estilo que Serrano Súñer , cuñado de Franco, definió como «campamental». El mismo Serrano se aplicó, a partir de febrero de 1937, a transformarlo en un estado de derecho con leyes claramente delimitadas, inspiradas en gran parte en las del fascismo italiano, aunque destacando el contenido católico de la tradición española.

Los nacionales tenían también, aunque no tan acentuado, otro problema semejante al de sus enemigos, pues se componían de partidos diversos que nunca se habían llevado bien entre sí: monárquicos alfonsinos, monárquicos tradicionalistas o carlistas, Falange, y los que podríamos llamar católicos políticos procedentes de la autodisuelta CEDA, con influencia en el Episcopado. Sin embargo los partidos estaban muy mal vistos tras la experiencia republicana, pues Franco y otros muchos les acusaban de crear fanatismos particulares por encima del interés general del país. Cada una de aquellas fuerzas políticas tenía su propia organización y dirigentes, órganos de prensa e incluso milicias varios de ellos, y funcionarían como una especie de partidos atenuados, las llamadas «familias» del régimen.

Conjuntar aquellas fuerzas superando las rivalidades exigió un proceso de meses. Pronto las milicias falangistas y carlistas quedaron integradas en el ejército y subordinadas a él, impidiéndose la independencia de las milicias de partidos y sindicatos que tan bajo rendimiento habían dado al Frente Popular. Con todo, los roces entre falangistas y carlistas cobraban cada vez mayor peligro, por lo que Franco y Serrano resolvieron unificarlos bajo mando directo del Caudillo, en abril de 1937. El nuevo partido tomó el complicado nombre de Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, un pequeño grupo fascista). Años después se le conocería como «Movimiento Nacional», un remedo de partido único que no quería llamarse partido ni fue nunca único. La unificación despertó malestar en carlistas y sobre todo falangistas, pero el descontento fue vencido sin apenas derramamiento de sangre, al contrario de lo ocurrido en el bando contrario en vísperas de la destitución de Largo Caballero. Franco juzgaría su unificación como una clave esencial de su victoria.

Una ventaja del Caudillo sobre sus enemigos consistió en las pocas intrigas que debió soportar, gozando de plenos poderes y de una autoridad indiscutida, al contrario que Largo Caballero y en menor medida el propio Negrín. Teóricamente, Franco disponía de poder absoluto, mayor incluso que el de Stalin, pero en la práctica nunca obró de forma tiránica y mostró notable capacidad de delegación y autolimitación: muy raramente pasó por encima de las normas y reglamentos.

La configuración del nuevo estado se debió de forma destacada a Serrano Súñer, jurista experto y cuñado de Franco. Serrano se había salvado por poco de ser fusilado por los rojos y después de una evasión rocambolesca llegó en febrero de 1937 a Burgos, sede del gobierno nacional. Allí apoyó la unificación de Falange y carlismo y se ocupó de crear un estado de derecho mediante leyes que garantizasen seguridad jurídica. Inspirado en buena parte, pero no totalmente, en el fascismo italiano y el corporativismo portugués, buscaba asentar una «democracia orgánica» autoritaria, anticomunista y antiliberal, a partir de las asociaciones naturales de la familia, el municipio y el sindicato. Para superar la caótica experiencia republicana reforzaba el principio de autoridad y jerarquía. Nunca funcionaría bien engrasado y uno de sus defectos residía en su dependencia de un caudillo de capacidad no asegurada: Franco mostraba una competencia inusual como gobernante y militar, pero el sistema no garantizaba un heredero a la altura. De todas formas, el sistema funcionó en todos los terrenos mucho mejor que el del Frente Popular, y con mucha menor sangre y violencia internas.

La Falange cobró un fortísimo impulso convirtiéndose en partido de masas. Fenómeno similar al del PCE en la zona enemiga, pero con dos profundas diferencias: los comunistas servían ante todo, textualmente, al interés soviético, mientras que la Falange se mantuvo siempre independiente de Italia o Alemania; y si bien el PCE llegó a convertirse en la fuerza dominante en su zona, la Falange nunca pasó de ser una «familia» más, en un equilibrio de fuerzas sostenido por Franco y por un ejército poco proclive a las tesis falangistas.

Tarea crucial para los dos contendientes fue asimismo la creación de un verdadero ejército. Exigencia no urgente en los primeros meses, cuando la lucha parecía próxima a resolverse mediante columnas irregulares. De nuevo se adelantó el Frente Popular, por la presión comunista, a alzar un ejército regular masivo y politizado. Por eso, cuando las columnas nacionales llegaron ante Madrid, no pudieron tomarla. A partir de ese fracaso, la formación de un ejército de masas se hizo perentoria también para los nacionales. Fueron llamadas sucesivas quintas hasta rebasar ampliamente, en cada ejército, el millón de hombres, como quedó indicado, lo que indica el enorme esfuerzo de recluta y organización realizado por unos y otros.

Se dio la paradoja de que el ejército izquierdista, autonombrado republicano, sepultara las instituciones militares anteriores (las novedosas brigadas mixtas como unidades fundamentales, intenso adoctrinamiento ideológico, comisarios políticos, insignias y saludos, tribunales, administración etc.), mientras que el ejército nacional mantuvo la organización establecida por Azaña. Los dos ejércitos debieron formar rápidamente a oficiales de baja graduación (tenientes en campaña las izquierdas, alféreces provisionales los contrarios). En cuanto a normas disciplinarias, las aplicadas por los «republicanos» alcanzaron extremos de dureza nunca antes vistos. La logística también funcionó mejor en el ejército nacional.

También fue objetivo político común la adquisición de armas en el extranjero, empezada con práctica simultaneidad por las dos partes. Tales compras acuciaban mucho más a los nacionales, al haber quedado en manos contrarias casi toda la industria armamentística o susceptible de reconvertirse a las necesidades bélicas. Los rojos tenían ahí la máxima ventaja, no solo por disponer de tales industrias y superioridad aérea y naval, sino por disponer de prácticamente de todo el poder de compra. Pero es evidente que utilizaron esa abundancia con poca eficacia. La militarización de las industrias se hizo con baja productividad, pese a las indicaciones y presiones soviéticas.

En cuanto al volumen y calidad del armamento, Stalin ha sido acusado de vender material obsoleto, pero en realidad sus aviones eran al comienzo mejores que los alemanes y equiparables a los italianos, y mantuvieron siempre un buen nivel; y sus tanques superaron ampliamente a los adversarios en potencia de fuego. En conjunto, la URSS mandó material del mejor que fabricaba y asesores elegidos entre los más preparados, como demostrarían varios de ellos durante la II Guerra Mundial. Al margen de la URSS, los rojos compraron armamento, a menudo viejo y malo, en Polonia y otros países. Los nacionales lo adquirieron sobre todo a Alemania e Italia, y no fue menos importante la obtención de petróleo useño en buenas condiciones económicas, el cual permitió alimentar la máquina bélica.

Se ha discutido mucho, y un tanto bizantinamente sobre el armamento recibido, atribuyéndole algunos un peso determinante en el desenlace bélico. El argumento valdría si un beligerante hubiera recibido mucha ayuda y el otro poca, pero ni ocurrió así ni la guerra depende tanto del material como de la destreza en su empleo. En fin, el Frente Popular gastó en sus compras un mínimo de 750 millones de dólares, probablemente algún centenar más, contra unos 500-600 millones los nacionales. Si, pese a ello, estos recibieron aproximadamente la misma cantidad de armas, el desfase del gasto debe atribuirse a la corrupción en las compras izquierdistas, estudiada por el historiador anarquista Francisco Olaya. Y la deuda con Italia salió a precio de saldo para España, al ser pagada en su mayor parte después de la II Guerra mundial, con una lira muy devaluada.

También ha suscitado mucho debate el número de tropas extranjeras, calculadas de forma muy dispar por unos y otros historiadores. Berlín y Roma enviaron al principio unos pocos aviadores y técnicos, pero tras la escalada soviética de octubre-noviembre llegaron la Legión Cóndor (16-19.000 hombres en varios relevos), y el Corpo Truppe Volontarie (unos 50.000). La URSS mandó 2.000-3.000 tanquistas, aviadores y asesores e impulsó las Brigadas Internacionales, de 35.000 a 60.000, según estimaciones. Unos miles de extranjeros más combatieron al lado de los rojos, y otros irlandeses y portugueses con Franco. En cuanto a las tropas moras, formaban parte del ejército español. El valor no decisivo de estas intervenciones resalta comparándolas con los más de dos millones y medio de españoles movilizados.

Del mayor número de extranjeros con Franco se ha querido deducir en este un menor patriotismo que en la alianza izquierdista-separatista, idea realmente absurda, ya señalada. Hay, con todo, una diferencia crucial entre la intervención soviética y la germano-italiana. La URSS condicionó a fondo al Frente Popular, por disponer de las reservas de oro y de un partido comunista agente directo suyo, y de asesores mucho más influyentes, política y militarmente, que los alemanes e italianos. Y Franco mantuvo siempre su independencia, como demostraría cuando, ante la amenaza de guerra europea en la crisis de Munich de 1938, declaró que en tal caso permanecería neutral, para irritación de Roma y Berlín.

Mencionaré brevemente la economía, no en las políticas seguidas, sino en sus resultados. Los nacionales partieron de las regiones más pobres y atrasadas, y solo asentaron una base industrial conquistándola en el norte cantábrico. Pese a sus desventajas, organizaron muy pronto una economía eficiente, abasteciendo con normalidad a la población civil y a las tropas. En la zona nacional apenas hubo hambre y la sobremortalidad por enfermedad afectó a unas 16.000 personas, cifra baja. La zona roja a pesar de sus grandes ventajas financieras e industriales, sufrió muy pronto hambre, extremándose la desigualdad social, como advirtió Orwell en Barcelona, donde los trabajadores hacían largas colas para obtener alimentos mientras una minoría vivía con lujo. La sobremortalidad por enfermedades y hambre afectó a 149.000 personas, siendo 1938 el año de más hambre en España durante el siglo XX, peor que en la posguerra.

Otro dato indicativo es el descenso de la producción industrial. En 1937, la de acero en Vizcaya cayó al 26% de la de tiempos de paz, y la de hierro al 47%; en Asturias el carbón se hundió por completo. En Barcelona ocurrió algo similar, y nunca fue capaz el Frente Popular de militarizar con eficacia la industria, como quedó indicado. La producción se recuperaba al ganar los nacionales el territorio. Solo al final, cuando ocuparon de pronto extensas regiones con la economía desarticulada hubieron de introducir el racionamiento. Difícil problema al llegar la paz sería asimismo la enorme inflación de 1.340 puntos en la zona roja (solo 41 en la nacional), que pulverizó el valor de la peseta «republicana».

Debido a la semiparálisis económica causada por la revolución, el Frente Popular debió introducir pronto el racionamiento, que no existió en sus contrarios. Las cartillas se daban a personas que demostrasen adhesión al Frente Popular y negadas a las demás, abandonadas a la indigencia. Al terminar la guerra, los nacionales anunciaron triunfalmente la abolición del racionamiento en toda España. Pronto debieron dar marcha atrás ante la necesidad de integrar a una mitad del país hambrienta y con la economía desquiciada. Un problema agravado por las restricciones de la guerra mundial.

En resumen, cabe afirmar con certeza razonable algunos puntos:

Los dos bandos tuvieron que poner en pie un nuevo estado y un nuevo ejército, tareas resueltas con mayor racionalidad y eficacia por los nacionales.

En el Frente Popular fueron los comunistas, orientados y respaldados por la URSS, los mejores organizadores y estrategas, hasta convertirse en el partido hegemónico —aunque no dominante por completo—, imponiendo a sus aliados una disciplina a menudo sangrienta para lograr la indispensable unidad. En el bando nacional, la unidad fue conseguida con mucha menos violencia y sin que ningún partido o «familia» lograse la hegemonía.

Como balance, el ejército nacional, aunque algo menor en cantidad, superó al contrario en eficiencia en casi todos los terrenos, también en la logística, más regular y completa. Y con mucha mayor independencia de la intervención extranjera.

También resolvieron los nacionales con mayor eficacia los problemas económicos. De no haber contado el Frente Popular con enorme ventaja inicial en recursos financieros e industriales, habría perdido muy pronto la contienda.

Capítulo V

TERRORES Y HEROÍSMOS

Si hubiera ganado el Frente Popular, probablemente habría elaborado una historia épico-heroica de la contienda. Pero al haber perdido, su relato se ha centrado en el lado más siniestro, las represiones y crímenes, achacados en exclusiva o de preferencia a los nacionales. Y debido a la debilidad teórica de las versiones que, algo abusivamente, he denominado franquistas, gran parte de la derecha le ha seguido la corriente. En este terreno la mentira profesionalizada y subvencionada ha alcanzado sus peores registros. Las acusaciones, apoyadas en la totalitaria ley de memoria histórica, han sido de tal calibre que recuerdan la gran campaña, ya mencionada, sobre la pretendida represión derechista de Asturias en 1934, que tanto calentó el horno de las pasiones. Por ello he hecho un esfuerzo en libros como Los crímenes de la guerra civil o Los mitos del franquismo, en artículos y conferencias, por analizar esas campañas y atenernos a los hechos en lo posible. Aquí me limitaré a condensar lo esencial:

Durante la guerra, ambos bandos se atribuyeron mutuamente cientos de miles de asesinatos en retaguardia, las izquierdas llegaron estimar en un millón los cometidos por los nacionales. Todavía en 1965 G. Jackson hablaba de 400.000, aunque luego las redujo a la mitad. Tamames hablaba, en 1977, de 208.000. Y así Preston y muchos otros. El primero en estudiar en serio el asunto fue R. Salas Larrazábal, que en 1977, en su concienzudo estudio Pérdidas de la guerra demuestra la inconsistencia de las cifras mencionadas y relaciona la mortandad bélica con las estadísticas demográficas, para descartar fantasías. Dado que el número total de muertos violentamente entre 1936 y 1939, estadísticamente computados, asciende a casi 270.000 y de ellos unos 160.000 son caídos en combate, las víctimas de la represión rondarían las 110.000 entre los dos bandos. El hermano de Ramón, Jesús, llegó a la misma conclusión calculando el total a partir de la sobremortandad masculina (las mujeres asesinadas fueron comparativamente pocas, aunque en la izquierdista Barcelona llegaron al 13,05%, duplicando y triplicando las de otras provincias). El Frente Popular habría causado muchas más víctimas que los nacionales.

El historiador Á. D. Martín Rubio corrigió estas cifras igualando de modo aproximado a los dos bandos (en torno a 60.000 cada uno). También sometió a severa crítica las cifras dadas por historiadores de izquierda y separatistas, que multiplicaban por tres las atribuidas a los nacionales: se trataba de estudios subvencionados con fines políticos, con precario rigor metodológico, pábulo a rumores, inclusión de muertos en combate, crímenes izquierdistas atribuidos a los nacionales, nombres repetidos, etc.

Es significativo que parte de la polémica haya girado sobre los dos hechos más masivos, la matanza de Paracuellos por los izquierdistas y la de la plaza de toros de Badajoz por los nacionales. Pero así como sobre la realidad de la primera no cabe la menor duda, la segunda simplemente no existió, como ha demostrado el documentado libro La matanza de Badajoz ante los muros de la propaganda, de F. Pilo, M. Domínguez y F. de la Iglesia. Otro intento de hacer propaganda sobre un «paracuellos» franquista en Órgiva, Granada, fracasó clamorosamente.

Tiene especial interés la tesis izquierdista, muy difundida, que atribuye al terror de izquierda carácter «popular» y espontáneo. Los crímenes izquierdistas constituirían una justicia del pueblo, quizá brutal, pero explicable. Así, afirman J. Villarroya y J. M. Solé: «La represión ejercida por jornaleros y campesinos, por trabajadores y obreros y también por la aplicación de la ley entonces vigente, era para defender los avances sociales y políticos de uno de los países con más injusticia social de Europa. Los muchos errores que indudablemente se cometían pretendían defender una nueva sociedad. Más libre y más justa. La represión de los sublevados y sus seguidores era para defender una sociedad de privilegios». Vistos así, los «errores» resultaban muy justificables. Respondí en su día: «Los revolucionarios no defendían avances sociales y políticos, o una sociedad más libre y más justa, como demuestra una abrumadora experiencia histórica. Allí donde triunfaron los correligionarios de las izquierdas españolas la población perdió cualquier libertad y derecho, sometida al poder omnímodo de una casta burocrática dueña de un Estado policial. Que España fuera uno de los países con más injusticia social de Europa es aserto más que discutible, pero lo seguro es que el remedio propuesto era mucho peor que la enfermedad, si de libertad, justicia y riqueza hablamos. Solé y Villarroya tienen derecho a preferir tales remedios, pero no tanto a invocar en su beneficio la libertad y la justicia».

Típicamente, izquierda y separatistas suelen identificar como «el pueblo» a los sanguinarios y ladrones que al hundirse la ley obraron a su antojo. Pues el terror llamado «popular» lo practicaron partidos, sindicatos y gobierno, y dentro de ellos los sujetos más fanatizados. Además, como mucho solo apoyaba al Frente Popular un tercio de la población. Achacar al pueblo los crímenes de una minoría criminal exonera a esta de su responsabilidad, argucia muy socorrida en la izquierda.

Otra cuestión de máximo valor moral es la de quién empezó, pues a quien se ve agredido con peligro de vida no cabe exigirle ecuanimidad y pleno control, sino admitir que reaccione con furia justificable. Según las tesis izquierdistas y separatistas, recogidas en el libro coordinado por Santos Juliá Víctimas de la guerra, el terror rojo habría sido una respuesta al de los sublevados. Así, la responsabilidad última de los crímenes en los dos campos recaería sobre los nacionales, por haberse alzado contra la legalidad republicana y democrática.

La tesis resulta falsa, y no solo por la inexistencia de aquella legalidad democrática. Pues los atentados izquierdistas comenzaron apenas implantada la república, no cesando después las violencias. En las elecciones del 33 el PSOE asesinó al menos a seis personas, y poco después mató a varios falangistas, los cuales terminaron respondiendo del mismo modo ante la inaplicación de la ley por el gobierno. Los preparativos socialistas de guerra civil en 1934 incluían listas de derechistas a eliminar, y fueron aplicadas durante el poco tiempo que les fue posible, con más de un centenar de víctimas. Aparte mil incidentes menores, los asesinatos y atentados izquierdistas proliferaron como ya sabemos después de las elecciones de 1936. Besteiro había advertido que la propaganda del odio abocaría a un baño de sangre, como así fue. No eran, por tanto, las izquierdas quienes se defendían del terror derechista, sino claramente al revés, y asombra que cualquier historiador digno de ese nombre pueda pretender lo contrario: en julio de 1936 estalló la indignación de una derecha largo tiempo agredida y exasperada, y de ahí no solo actos de justicia, también atrocidades en los primeros meses, muy difíciles de evitar en tales circunstancias.

Por tanto, la destrucción de la ley produjo en los dos campos una «limpieza» de enemigos, más urgente en el lado nacional, por cuanto su inicial inferioridad le exigía asegurar sin miramientos la retaguardia. En el Frente Popular, los crímenes comenzaron en la creencia de tener seguro el triunfo. Lo explicaba el ideólogo socialista Araquistáin: «La victoria es indudable (…). La limpia va a ser tremenda. Lo está siendo ya. No va a quedar un fascista ni para un remedio». Largo había dicho: «La revolución exige actos que repugnan, pero que después justifica la historia».

Las atrocidades cometidas en los dos bandos han abonado el tópico del cainismo español. Josep Pla dijo que si un queso de bola se corta por la mitad, una de las partes no puede salir gruyère. La frase tiene ingenio y lógica, pues unos y otros compartían una básica cultura y temperamento; pero es falsa. Ya vimos que no se puede igualar al agresor y al agredido, y que las diferencias eran notables en cuanto a las causas defendidas, la conducción bélica o la economía. Y también hay diferencias considerables en la represión, además de la ya indicada sobre quién empezó.

En primer lugar, la saña fue mucho mayor en las izquierdas, que llegaron a quemar vivas a familias enteras entre otros actos realmente sádicos. Diferencia más esencial fue el carácter genocida de la persecución religiosa, que veremos luego. En los últimos años, la izquierda ha recobrado la propaganda de guerra pretendiendo que el franquismo habría perpetrado a su vez un genocidio contra «los trabajadores» o los «republicanos», idea recogida por Preston en un libro titulado extravagantemente El holocausto español. Nunca hubo genocidio franquista en hechos ni en intenciones como prueban las cifras de muertes en la represión comparadas con el millón y medio largo de alistados en el ejército rojo, o con los cuatro millones que pudieron haber votado al Frente Popular en 1936 y que quedaron a merced de los vencedores y siguieron viviendo normalmente en su inmensa mayoría.

Una tercera diferencia muy significativa fue el terror ejercido entre las propias izquierdas, que no se dio entre las derechas. Lo he mencionado otras veces y aquí me limitaré a exponer una de las denuncias anarquistas, recogida en el libro de Abad de Santillán Por qué perdimos la guerra: un cuerpo de ejército (el XXIII), dominado por los comunistas, reclutó pelotones de «probados antifascistas» de distintos partidos, y «Se les dice que hay que eliminar a fascistas por el bien de la causa. Llegan a Turón (en Granada) los designados y matan a 80 personas, entre las cuales la mayoría no tenía absolutamente por qué sufrir esa pena, pues no era desafecta y mucho menos peligrosa, dándose el caso de que elementos de la CNT, del partido socialista y de otros sectores mataron a compañeros de su propia organización ignorando que eran tales y creyendo que obraban en justicia, como les habían indicado sus superiores. También hay casos de violación de hijas (que se ofrecían) para evitar que sus padres fueran asesinados. Y lo más repugnante fue la forma de llevar a cabo dichos actos, en pleno día y ante todo el mundo, pasando una ola de terror trágico por toda aquella comarca». Nótese la implicación de que asesinar a «fascistas» o violar a sus hijas sería «obrar en justicia». Por cierto, fueron muchas más las personas de derechas asesinadas en tal ocasión.

La represión de posguerra ha motivado otras polémicas. Dado que los rojos, al perder, no pudieron ejercerla, es fácil culpar de ella a los vencedores, tachándola de bestial, despiadada, etc. Pero ya Prieto había advertido al comienzo de la contienda: «Será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel». Cabe resumir la cuestión en varios puntos:

Al terminar la guerra, los jefes izquierdistas y separatistas huyeron abandonando a su suerte a miles de secuaces complicados en chekas y crímenes a menudo horrendos. La mayoría de ellos cayeron en poder de los nacionales.

Las venganzas del primer momento de posguerra fueron muy pronto cortadas sometiendo a los detenidos a proceso judicial. El número de ejecutados en esa represión se ha exagerado de modo increíble (200.000, 150.000, 80.000…). Sospecho que esas serían las cifras reales si hubieran ganado los «republicanos», a juzgar por la experiencia en regímenes afines. ¿Cuál fue la cifra real? Se ha abierto en Ávila un archivo con las condenas a muerte, que debía remitirse a Franco para que diera el enterado o las conmutase. Según un sondeo del periodista e historiador Miguel Platón, el número total de penas capitales entre 1939 y 1960 asciende a unas 22.000, de las cuales en torno a la mitad serían conmutadas a cadena perpetua. Vale la pena comparar estas cifras con las de la represión en Francia o Italia al terminar la guerra mundial, con cifras parejas o superiores, pero realizadas por simple asesinato sin juicio.

Contra una leyenda muy popularizada, Franco no firmaba sentencias de muerte «tomando chocolate con churros» ni de otro modo. Las firmaban los jueces y él solo lo hacía con las conmutaciones. Estas se rebajaban a cadena perpetua, que en la mayoría de los casos no parece haber pasado de seis años, redimiendo penas por el trabajo o por otras causas.

Los juicios, contra lo que pretende la ley de memoria histórica, no eran arbitrarios. Seguían las normas de los tribunales militares y, desde luego, eran mucho más garantistas que los tribunales «populares» de las izquierdas.

Dada la emocionalidad de la época debemos admitir que junto con los chekistas y similares caerían también algunos inocentes. La ley de memoria histórica no se ha ocupado en absoluto de cuantificar estos. Por el contrario, considera a todos «víctimas del franquismo». Así rebaja a los inocentes al nivel de los criminales, y exalta a estos al nivel de los inocentes. No es un error, sino una falsedad deliberada que ya expone la fibra moral de los autores de esa ley.

En cuanto a las campañas de la «memoria histórica», trabajan con cifras inverosímiles sobre restos por desenterrar, mapas de «fosas», etc., dramatizando sobre imaginarias decenas de miles «enterrados en las cunetas». Es muy raro enterrar a nadie en tales lugares, por donde discurre el agua que descubriría pronto los cuerpos. Así se mantiene encendida todo el tiempo posible la campaña emocional. Y de paso las subvenciones desde el poder, con dinero público, una corrupción más. Esa ley otorga sustanciosas compensaciones a las «víctimas» aún vivas o a sus familias, lo que estimula los «recuerdos». En fin, atribuye fraudulentamente a los fusilados, inocentes o no, carácter «republicano» y «demócrata».

En Los mitos del franquismo expuse algunos de los fraudes más clamorosos al respecto, como los del pozo Funeres en Asturias, la sima Jinámar en las Canarias, ingentes falsedades sobre el Valle de los Caídos, la gran fosa de Órgiva en Granada, etc. Esta fosa iba a ser la «joya» de la memoria histórica, pues se le adjudicaban entre 2.000 y 4.000 «republicanos» asesinados, hombres, mujeres y niños. Se extrajeron huesos y comenzó una gran campaña en El País y otros medios, en las redes sociales, etc. Días después, el análisis demostró que los huesos eran de perros y cabras. El País notificaba el informe forense en una breve nota en el lugar menos visible de una página interior. Ninguna excusa a los engañados lectores. Creo que sintetiza todo el macabro negocio el caso del abuelo de Gaspar Zarrías, diputado socialista relacionado con la corrupción. El abuelo habría sido fusilado después de la guerra por «el delito de ser alcalde elegido democráticamente» en el pueblo de Calzalilla. Pues bien, el «demócrata» había ordenado numerosos asesinatos, algunos en circunstancias macabras, como recordaba Arcadi Espada en un artículo. Lo pasmoso es que en un régimen que pasa por democrático, funcionen estas campañas de embustes creadas por la mala fe de unos, apoyadas con grandes medios de masas y explotando la ignorancia de la gran mayoría.

Hechos heroicos

Como las guerras no ponen en juego ventajas ocasionales o votaciones, sino la misma supervivencia física de mucha gente y del poder que creen más justo, las conductas tienden a ir lógicamente a los extremos, a menudo del crimen pero también del heroísmo. En general entendemos por actos heroicos aquellos en los que algunas personas arriesgan o sacrifican sus vidas en circunstancias extremas, por defender sus valores morales, religiosos o políticos. El heroísmo es por eso una respuesta poco común a tales circunstancias, y no puede ser cultivado como actitud normal en condiciones de paz, pues llevaría a la sociedad a los extremos de modo innecesario. Tampoco llamaríamos heroísmo a actos suicidas causados por el odio y con objeto de causar el máximo daño, aunque a veces es difícil distinguir entre heroísmo y fanatismo. Ni consideramos heroicas las proezas de algunos deportistas aunque puedan causarles la muerte. Pero no se trata aquí de hilar demasiado fino, pues todos entendemos, intuitivamente, de qué se trata. Pericles lo expresó en su célebre oración fúnebre al aludir a proezas a las que mucha gente, por envidia, no da crédito al considerarse incapaces de ellas.

Citaré algunos casos a los que cabe atribuir el calificativo de heroicos, empezando por el del cuartel de Simancas, en Gijón. Allí unos 200 oficiales y soldados sublevados contra el Frente Popular al mando del coronel Pinilla se vieron aislados y rodeados por miles de enemigos. Durante más de un mes, privados de luz eléctrica, con escasos víveres y agua, soportaron bombardeos artilleros y de aviación, constante tiroteo, ataques con dinamita y gasolina e intentos de asalto, repelidos una y otra vez. Su única y precaria ayuda se la daba desde el mar el crucero Almirante Cervera. Los revolucionarios reunieron a familiares de los sitiados y los exhibieron ante el cuartel amenazando fusilarlos. No doblegaron a los resistentes ni parece que cumplieran su amenaza, aunque muchas personas fueron fusiladas por aquellos días en la ciudad. En los últimos días los defensores lucharon sin alimentos ni apenas agua hasta el 21 de agosto de 1936, cuando, exhaustos, no pudieron frenar a los milicianos que entraban por algunos grandes boquetes, dando lugar a una lucha final cuerpo a cuerpo. Los defensores radiaron al crucero: «El enemigo está dentro. Disparad sobre nosotros», pero el barco no lo hizo, temiendo que fuera una añagaza de los rojos. Casi todos los defensores murieron. El mismo Prieto, impresionado, pidió respeto por los caídos.

Otro hecho semejante se dio en el santuario de Santa María de la Cabeza, en las montañas de Jaén. En él se refugiaron 1.200 personas, entre ellas numerosas mujeres, niños y ancianos, familiares de los 270 guardias civiles y otros que componían el núcleo combatiente, armado solo con fusiles y bombas de mano. El capitán Cortés que los mandaba, arengó: «No quiero que nadie permanezca en el campamento contra su voluntad. El que desee marcharse, que se vaya con su familia. Aquí nos espera una brega dura y difícil a cuantos permanezcamos defendiendo el honor del uniforme que vestimos y del Instituto al que pertenecemos. Piensen ustedes que las primeras balas suenan muy mal y que hacen en el cuerpo unos boquetes muy grandes, difíciles de tapar. Pero el deber hay que cumplirlo a rajatabla, sea como sea. Yo estoy dispuesto a morir antes que convivir con la canalla roja. El que quiera seguirme, que pase a este lado». A mediados de septiembre del 36 comenzó el asedio, que duró 228 días, soportando hambre y, en invierno, frío, por la escasez de víveres y de ropa de abrigo. La resistencia terminó el 1 de mayo de 1937, cuando el edificio fue tomado al asalto, con tanques y tras bombardeos aéreos y artilleros muy intensos. Solo 52 combatientes fueron capturados ilesos, aunque extenuados.

Belchite ofrece otro ejemplo. El 24 de agosto de 1937 el Frente Popular lanzó una magna ofensiva para tomar Zaragoza. Después de lo cual avanzaría sobre Navarra. Pero el ataque fue detenido en la pequeña población de Belchite, donde unos 2.000 soldados nacionales y gente del pueblo hicieron frente durante dos semanas a dos divisiones enemigas, bajo un calor tórrido, sin apenas agua y entre el hedor de los cadáveres. El pueblo quedó totalmente devastado por los bombardeos, incendios y voladuras, hasta que, perdidas todas las posiciones, los últimos defensores ilesos, unos 200, lograron abrirse paso entre los enemigos y volver a las líneas propias. Otros defensores, heridos o prisioneros, fueron asesinados sobre el terreno o poco después. La resistencia de Belchite salvó a Zaragoza y frustró por completo una ofensiva de gran estilo que, de tener éxito, habría ocasionado una grave crisis militar al bando nacional. Varias compañías del Tercio de Montserrat, formado por voluntarios catalanes y de la Falange, y otra de carlistas, recibieron la medalla laureada colectiva, máxima condecoración militar, por su actuación en Belchite y las localidades próximas de Codo y Quinto.

Por último, y dejando otros episodios, hay que mencionar el del Alcázar de Toledo, el más famoso, pues durante dos meses largos llamó la atención en todo el mundo, por la abundancia de corresponsales extranjeros y la cercanía de Madrid. El sublevado coronel Moscardó concentró en el alcázar a unos 1.100 guardias civiles y algún cadete, más unos 500 familiares de los guardias, mujeres y niños casi todos, y un puñado de prisioneros izquierdistas como garantía ante posibles represalias contra parientes de los sublevados. El 23 de julio envió Madrid una columna de 1.500 hombres con una batería artillera, que, junto con otras milicias, fracasó en sus ataques. Sus jefes intimaron a Moscardó a rendirse bajo amenaza de matar a su hijo Luis a quien tenían prisionero. De ahí el célebre diálogo telefónico: «Dicen que me van a fusilar si el alcázar no se rinde, pero no te preocupes por mí». «Si es cierto, encomienda tu alma a Dios, da un viva a España y serás un héroe que muere por ella». Llegaron refuerzos de miles de anarquistas, a quienes Líster descalifica, como buen comunista, tratando a las milicianas de prostitutas y acusando a todos de darse la gran vida sin combatir en serio. Pero ni unos ni otros conseguían tomar la fortaleza, aunque emplearan abundantemente artillería y aviación. Aquella resistencia a la vista del mundo entero enfurecía a unos y admiraba a otros. Para el gobierno izquierdista constituía una interminable fuente de desprestigio. En varias ocasiones anunció en falso la victoria, lo que no contribuyó a mejorar su crédito.

Visto lo infructuoso de los asaltos, los rojos decidieron volar el edificio con todos sus ocupantes mediante una mina potentísima (al parecer, cinco toneladas de trilita). Los defensores, que sabían donde estaban colocadas las cargas por la escucha del minado, se distribuyeron para limitar en lo posible los daños personales. Al estallar las minas tras a un ataque aéreo, el 18 de septiembre, se derrumbó gran parte de la construcción. Enseguida cuatro grupos de milicianos y guardias de asalto atacaron las ruinas y llegaron hasta el patio, para ser una vez más rechazados con fuertes pérdidas. Poco después se reanudaba el machaqueo artillero. El 27, tropas en su mayoría comunistas, lanzaban una última embestida, también en vano. Los jefes militares más prestigiosos de las izquierdas habían fallado. Poco después, las tropas de Franco entraban en Toledo, liberaban a los defensores y practicaban una represión muy violenta, en respuesta a los numerosos asesinatos realizados por sus enemigos.

Dentro y fuera de España, el asedio del Alcázar cobró tintes míticos. Para contrarrestar su influjo psicológico y político, la izquierda difundió y difunde versiones contrarias, de las que mencionaré tres: a) No existió la conversación entre Moscardó y su hijo, y este no fue fusilado entonces. Pero hay testigos de la realidad de la conversación, admitida mejor o peor por algunos izquierdistas. Y el hijo fue fusilado algo después, con otros presos, como represalia por un bombardeo… de los propios rojos: en un ataque al Alcázar, una bomba cayó fuera y mató a ocho personas. Algunos historiadores han atribuido este bombardeo a la aviación de Franco, pero Ramón Salas ha demostrado lo contrario. b) Los cientos de mujeres y niños del Alcázar eran rehenes tomados por los guardias civiles para evitar el ataque. Pero solo hubo 16 rehenes, y las izquierdas nunca se preocuparon de ellos, pensando en aniquilar a todos los defensores, hasta por medio de gases. c) La toma de Toledo por Franco fue un error estratégico, al desviarle de su objetivo principal, Madrid. Tal vez, pero el desvío no pasaba de 24 kilómetros, bien compensados por la ventaja de no tener apenas fuerzas enemigas en dirección a Toledo desde Maqueda, al contrario que en dirección a Madrid. Añádase el desánimo de los rojos al perder una ciudad por cuyo pleno control tanto habían peleado. En Los mitos de la Guerra Civil resumí el estado de la cuestión, que puede considerarse cerrada después del libro de Bullón y Togores El Alcázar de Toledo, final de una polémica.

Por parte de los nacionales hubo otros episodios de este tipo, como las resistencias de Oviedo, Huesca o Teruel. Nunca fueron sacrificios baldíos, porque incluso los terminados en derrota retuvieron importantes fuerzas enemigas que no pudieron aplicarse en otros escenarios. En el bando rojo, la propaganda ensalzaba el heroísmo de las milicias y exigía una generación de héroes, incluso «el oficio de héroe», sin mucho resultado. Algo traslucía este aviso exasperado del diario El Socialista: «Consejos útiles para los milicianos en los frentes: Miliciano desertor del frente: huyes ante el enemigo por temor de que una bala te mate. Has de saber que de cada cinco mil balas disparadas sólo una hace blanco. En cambio, si desertas ante el enemigo, el Gobierno puede fusilarte. Qué prefieres: ¿la inseguridad de que una de las cinco mil balas disparadas por el enemigo te hiera, o que te mate la única que dispara el pelotón de ejecución? La elección no es dudosa. No huyas, pues, miliciano».

En las izquierdas se dieron hechos individuales calificables de heroicos, como el de Melchor Rodríguez, anarquista, que a riesgo de su vida detuvo la marea de asesinatos de prisioneros. Pero no encontramos nada parecido al espíritu reflejado en los episodios antes citados. La resistencia izquierdista en Madrid, en Valencia, en el norte o en la batalla del Ebro, fue ciertamente enconada, pero nunca en desproporción de fuerzas como la que hubieron de soportar sus adversarios en muchas ocasiones. En el norte, la ventaja aérea de Franco desmoralizó mucho a sus enemigos, pero durante esa campaña la superioridad aérea en la zona centro correspondió a las izquierdas, y no logró desanimar a los nacionales tanto como a la inversa.

¿Por qué estas diferencias? En el ejército rojo había un fuerte núcleo duro, muy politizado, y una masa tibia. Por ello los reglamentos llegaron a hacerse feroces y el SIM ejercía una represión despiadada. El fervor militar mermaba aún por las rivalidades políticas. Así, las maniobras de los separatistas y sus intrigas en Londres, París, Roma y Berlín no dejaron de ofrecer un involuntario servicio a Franco. Ejemplo descollante fue el PNV tras el bombardeo de Guernica (el cual causó un máximo de 126 muertos en lugar de las cifras hasta veinticinco veces superiores ofrecidas por la propaganda). El PNV llamó entonces a luchar a ultranza, mientras bajo cuerda trataba con los fascistas italianos para rendirse a ellos. En Cataluña los desertores llegaron a crear guerrillas contra el reclutamiento, y Azaña denuncia constantemente los abusos políticos y dislates bélicos de la Esquerra. Entre comunistas y anarquistas los odios no tenían disimulo, también entre los socialistas de Negrín y los de Largo Caballero. Ello repercutía inevitablemente en la moral del soldado y en su fervor por una causa definida solo negativamente, como «antifascista». Sin que, por lo demás, fueran realmente fascistas los nacionales.

Aun con todo ello debe descartarse la idea de que el titulado Ejército Popular de la República fuera un enemigo fácil de batir. Por el contrario, demostró notable capacidad para reorganizarse una y otra vez, para una resistencia tenaz en muchas ocasiones, y para lanzar ofensivas peligrosas. El nervio de su actuación y persistencia fue el Partido Comunista, sin el cual el Frente Popular se habría disgregado pronto, determinando un rápido fin de la guerra. Los comunistas lograron mantener unido a un conjunto político muy heterogéneo, aunque para ello hubiesen de emplear el terror y explotar a fondo el miedo común al enemigo. No debe despistar el dato particular de que la planificación de las operaciones correspondiera especialmente al coronel Vicente Rojo. Este era católico practicante, y su servicio a los revolucionarios parece relacionado con la presencia de su familia en la zona roja. Por causas parecidas, los soviéticos habían podido emplear a numerosos oficiales zaristas durante su guerra civil. Y por otra parte Rojo pretendía creer que luchaba por la república. Al terminar la lucha en Cataluña se exilió y en 1957 volvió a España, donde, tras ser juzgado por auxilio a la rebelión, vivió normalmente.

El cargo de auxilio a la rebelión nos retrotrae a la posguerra, cuando muchos fueron condenados por tal delito. El propio Serrano Súñer ironiza al respecto, puesto que los rebeldes serían los nacionales, mientras que los militares y funcionarios contrarios habrían permanecido fieles a la república. Pero, como vimos, la realidad fue otra. El Frente Popular destruyó indiscutiblemente la república. Por ello, juzgar a sus políticos y militares por rebeldía no era ningún absurdo. Casi siempre se olvida que, al revés que los componentes del Frente Popular, la derecha no había intentado golpes contra la legalidad republicana, salvo el de Sanjurjo, apenas secundado; y Franco nunca. Franco y los suyos no se alzaron contra la república, sino contra el proceso revolucionario entrañado por el Frente Popular. Claro que, al descartar la restauración de la vieja república, los nacionales tampoco tenían muchos títulos para juzgar como rebeldes a sus enemigos. Fue una situación paradójica que cabría definir como unos rebeldes en segunda instancia, los nacionales, juzgando a otros rebeldes en primera, los rojos.

Capítulo VI

LA GUERRA EN EL CONTEXTO EUROPEO Y

LA ESTRATEGIA DE STALIN

La guerra de España tuvo resonancia mundial, de modo muy destacado en Europa y América, viéndose influida a su vez por las tensiones europeas. Y Europa venía condicionada por la I Guerra Mundial: después de ella, los vencedores buscaron asegurar la paz con medidas como la disgregación de los imperios y fundación de nuevas naciones, el práctico desarme de Alemania, condenada como principal culpable de la guerra, reduciéndola a potencia de segunda clase; y la creación de la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, para arbitrar en los contenciosos internacionales.

Un efecto del mayor alcance fue la destrucción de los imperios alemán, otomano, austrohúngaro y en parte el ruso, que durante siglos habían modelado políticamente el espacio centro-oriental del continente. A varios de ellos se les aplicó el principio de autodeterminación de las comunidades culturales para dotarlas de estado propio y convertirlas así en naciones, modificando profundamente el mapa histórico de Europa. Se les acusaba de ser sumamente opresivos —aunque el austrohúgaro y el alemán eran propiamente liberales— y por ello generadores de guerras: ahora cada nueva nación no tendría reclamaciones o aspiraciones contra sus vecinos ya que, se suponía los «pueblos» son esencialmente pacíficos. Sin embargo las reclamaciones proseguirían, no solo por la dificultad de trazar fronteras apropiadas, sino porque, contra ciertos tópicos, las naciones, los pueblos pueden ser tan belicosos o más que los imperios.

A su vez las vencedoras Francia e Inglaterra conservaban sus imperios, ampliados a costa del alemán, y se repartían casi toda África y grandes porciones de Asia, América y Oceanía. Inglaterra, no obstante, tendría que aceptar la independencia de la mayor parte de Irlanda en 1922, tras enconadas luchas y atentados.

Por otra parte, en 1917, penúltimo año de la guerra mundial, tuvo lugar en Rusia la primera revolución de la historia acorde con las ideas de Marx, lo cual exacerbó las luchas políticas en casi toda Europa. La Unión Soviética creó una Internacional Comunista o Komintern , dedicada a promover revoluciones del mismo tipo en todos los países del mundo, y especialmente en Alemania, que contaba con el partido comunista más potente después del soviético. Italia sufrió asimismo una intensa agitación social, que dio lugar a la reacción fascista y su triunfo en 1922.

En cuanto a Alemania, que muchos vieron al borde del finis Germaniae, de su hundimiento como nación, perdió sus colonias de ultramar y territorios en Europa, y entró en un período de agitación interna, con golpes revolucionarios, intervención francesa, radicalización entre comunistas, socialdemócratas y nazis y, en los años 30, enormes tasas de desempleo.

En 1929, tras unos años de euforia económica, la catastrófica caída de la Bolsa de Nueva York expandió por el mundo oleadas de paro y estancamiento económico, lo que alimentó el descontento, las huelgas y los enfrentamientos sociales por toda Europa; excepto en la URSS, que se jactaba de evitar tales crisis gracias a su economía planificada. La inestabilidad y protestas consiguientes desempeñaron un papel relevante en sucesos como el ascenso del Partido Nacionalsocialista de Hitler al poder, por la vía legal, en 1933.

Ante esta serie de disturbios y luchas que alteraban el orden europeo salido de la I Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, a la que algunos tachaban de instrumento para asegurar la hegemonía de los vencedores de la guerra, demostró ser un instrumento poco útil.

España, por supuesto, no quedó a salvo de aquellas perturbaciones, pese a haber permanecido neutral en la gran guerra anterior. En 1917 un conjunto de marxistas del PSOE, anarquistas, republicanos y nacionalistas catalanes intentaron derrocar al régimen liberal de la Restauración mediante acciones desestabilizadoras y una huelga revolucionaria. Fracasaron, pero el régimen cayó en una grave crisis que desembocó en la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Al caer la dictadura en 1930, se hizo imposible una vuelta atrás al régimen constitucional, y el resultado fue la II República en 1931, que crispó al extremo la inquietud sociopolítica.

Visto en síntesis, y dejando aparte conflictos y guerras menores, Inglaterra y Francia, respaldadas por Usa, tenían máximo interés en mantener sus imperios y el statu quo salido de la Gran Guerra de 1914-18. Situación amenazada por las querellas entre los países nuevos surgidos de la descomposición de los imperios, pero sobre todo por URSS, que había creado la Internacional Comunista para expandir la revolución por doquier; por Italia, aspirante a crear su propio imperio en un mundo ya repartido; y finalmente por Alemania, en trance de recobrar con rapidez inesperada su poderío, en plena crisis mundial. La agitación política iba subtendida por la ideológica: Francia e Inglaterra eran potencias demoliberales; Rusia comunista; Italia y Alemania fascistas aunque con notorias diferencias entre ellas.

En medio de aquellas tensiones políticas internas dentro de cada país y externas por el predominio en Europa estalló la guerra civil en España, en julio de 1936 (o más propiamente se reanudó la comenzada en 1934 por las izquierdas), al rebelarse parte del ejército y de la población contra un proceso revolucionario. Siguió una cruenta revolución, gestada desde la insurrección marxista y separatista de octubre de 1934. Dentro de los conflictos europeos de la época, el de España pronto se convirtió en el más grave y con mayor peligro de alterar el orden europeo. El peligro no venía tanto de la propia España como de la política que siguieran las demás potencias respecto a la contienda hispana, la cual reflejaba las luchas ideológicas y políticas de la época en todo el continente. España distaba mucho de ser una gran potencia, pero su simple posición geoestratégica, a la salida del Mediterráneo y sobre líneas clave de comunicación marítima, hizo que la atención general se focalizase sobre ella. La chispa española podía incendiar un continente repleto de leña seca.

Las potencias reaccionaron entonces de acuerdo con sus intereses: Londres y París procuraron impedir la extensión del incendio mediante una política de no intervención, de modo que la guerra se consumiese en la misma España sin afectar al orden europeo. Pero por otra parte la posición geoestratégica de España les obligaba a preocuparse por los efectos internacionales del conflicto. Aunque Francia cooperó bastante con el Frente Popular y planeó la intervención directa en algunos momentos, ni a ella ni a Inglaterra les convenía la instauración de un régimen revolucionario en la península; claro que por otra parte tampoco los nacionales les inspiraban confianza, pues parecían inclinarse hacia Alemania e Italia, lo que podría crearles un problema estratégico muy serio. En consecuencia, su actitud fue más bien de esperar y ver, toda vez que Franco no mostró especial animadversión hacia Inglaterra o Francia (no expropió ni entregó a los alemanes las propiedades inglesas o francesas, por ejemplo), e hizo de los comunistas y la intervención soviética su principal enemigo.

Italia y Alemania, con intereses diversos, se adhirieron al Comité de No Intervención de modo un tanto ficticio. Las dos ayudaron enseguida al bando rebelde, Italia porque esperaba conseguir un aliado a la salida del Mediterráneo, su área principal de influencia, perjudicando y posiblemente amenazando a su rival Francia. Alemania porque vio la ocasión de ganar un amigo a espaldas de Francia, impidiendo que esta se fortaleciese con un régimen afín, pues al empezar la guerra gobernaba en París otro frente popular, si bien menos radical que el español. Y a Hitler le convenía para distraer la atención internacional de sus movimientos expansivos en el centro del continente, mediante la unificación con Austria y la anexión de los Sudetes en Checoslovaquia, pasos previos a su prevista ofensiva hacia Polonia y la Unión Soviética. Pero ni Alemania ni Italia deseaban extender la contienda española al oeste europeo, porque de momento no se sentían preparadas para un choque en gran escala con las democracias Inglaterra o Francia. Además coincidían con estas en la intención de impedir el asentamiento de un gobierno de extrema izquierda en España.

En cambio la posición soviética fue muy diferente, por lo que merece atención especial, ya que ayuda a definir también la actitud de las demás potencias intervinientes. Uno de los tópicos más difundidos sobre la guerra de España ensalza a Stalin como defensor de la democracia republicana, abandonada por las democracias occidentales. En realidad a Stalin nunca le interesó una democracia española, entre otras cosas porque no existía.

La visión soviética de la guerra de España debe enmarcarse en la concepción leninista sobre el imperialismo como fase última del capitalismo, y las guerras de ese carácter. Lenin y Stalin interpretaron la I Guerra Mundial como un conflicto imperialista, cuyo mejor resultado había sido la Revolución rusa, demostrativa de que el imperialismo era un capitalismo agonizante. La doctrina preveía una próxima guerra del mismo tipo, debido a la dinámica capitalista agravada por la existencia de la URSS, primer Estado socialista de la historia, y por la depresión económica mundial desde 1929. Esta concepción general —un dogma en la doctrina soviética— se repetía en trabajos teóricos y agitativos lo bastante conocidos para que no haga falta aquí señalar ninguno en particular. Según observa Stanley Payne citando la monumental obra de Stephen Kotkin sobre Stalin, «Ya en 1925 Stalin enunció oficialmente su doctrina de «La Segunda Guerra Imperialista», que pasó a convertirse en el eje de la política soviética. El futuro conflicto armado entre las grandes potencias burguesas era inevitable, por la propia naturaleza del capitalismo. El objetivo de la Unión Soviética debería ser esquivar la próxima gran «guerra imperialista», evitando involucrarse hasta que las principales potencias capitalistas se hubiesen debilitado fatalmente entre sí, pero interviniendo luego de forma decisiva para garantizar la victoria mundial del comunismo» [10].

Gran parte de la orientación de Stalin anterior a 1933 suponía que la crisis afectaba por igual a todas las potencias imperialistas, indiferentemente de su régimen político, y que todas estaban maduras para el socialismo. Por ello, la Komintern, un instrumento de la política exterior soviética, propugnó una lucha revolucionaria de «clase contra clase», contra todos los poderes burgueses, fueran fascistas, autoritarios o democráticos (el marxismo entendía la democracia «burguesa» como un fraude, puesto de relieve por el fascismo, el cual debía prescindir del disfraz de las libertades para preservar el dominio del capital ante el ascenso de la lucha de clases).

La estrategia debió cambiar cuando el nacionalsocialismo llegó al poder en Alemania. Fue un hecho especialmente grave para Moscú, no solo porque arrasó al Partido Comunista alemán, el más importante de la Komintern, sino porque el programa de Hitler incluía la destrucción de la URSS, tanto por su carácter bolchevique como, más aún, por considerarla el territorio de expansión natural (lebensraum) para el III Reich. Por lo tanto, a Stalin le interesaba de modo primordial impedir esa agresión procurando que prevaleciesen las «contradicciones entre potencias imperialistas». En otras palabras, se trataba de lograr que la guerra, considerada inevitable, estallase en el oeste, entre la Alemania nazi y las democracias, y no en el este, entre Alemania y la URSS. En esa línea, las concesiones hechas por las democracias a Hitler, culminadas en las negociaciones de Munich en 1938, fueron interpretadas como una estrategia demoimperialista para empujar la agresividad nazi hacia el este, hacia la URSS.

Por todo ello, la orientación de la Komintern, siguiendo la guía de Moscú, dio un giro a partir de 1935, promoviendo los frentes populares en sustitución de la línea de «clase contra clase». El fascismo quedó definido como la ideología imperialista más agresiva y belicosa, contra la cual debían unirse en toda Europa las «fuerzas de la paz, la libertad y el progreso». El ataque frontal a sectores burgueses y socialdemócratas, antes tratados de enemigos, dio paso a la búsqueda de alianzas con ellos, y la denuncia de los gobiernos demoimperialistas pasó a segundo plano. Los comunistas debían encabezar la acción común contra los fascistas, para reconducirla al final hacia el socialismo. En paralelo la diplomacia soviética propuso acuerdos contra Alemania a los gobiernos occidentales, a fin de contrarrestar la temida complicidad interimperialista contra la URSS; objetivo difícil, pues los demás países temían a Stalin todavía más que a Hitler.

De tener éxito la estrategia de enfrentar a los demoimperialistas con los fascioimperialistas, la esperada nueva guerra europea dejaría a la URSS al margen y como árbitro de la situación conforme los contendientes se agotasen, con el beneficio añadido de que las ruinas y miserias resultantes abonarían nuevas revoluciones de corte bolchevique. Esa posibilidad la contemplaban también, pero como un grave peligro, círculos influyentes en los países occidentales. Añádase que la política de Stalin, típicamente dialéctica, no excluía tanteos ocultos con los nazis como acción secundaria que se convertiría en principal a partir de los acuerdos de Munich a finales de septiembre de 1938 y cuando se vislumbraba como inevitable la derrota del régimen apoyado por el Kremlin en España.

Ha sido muy frecuente entre los historiadores pasar por alto o conceder poca atención a estos criterios básicos de la estrategia general soviética, disimulados en la propaganda pero explícitos en obras generales e informes internos. Y este defecto de análisis ha causado interpretaciones insuficientes o desviadas (así Spain betrayed, de Radosh, Habeck y Sevostianov, o Queridos camaradas, de Elorza y Bizcarrondo), o debates bizantinos sobre si Stalin era más o menos «sincero» u «honesto» en sus invocaciones a la paz y la libertad en España (Moradiellos y otros).

En ese contexto, la guerra española cobró importancia excepcional para Stalin. Al principio la miró con recelo, porque amenazaba el ascenso «pacífico» de la izquierda revolucionaria en España; pero cuando comprobó que la lucha se alargaba, quedó de relieve la doble posibilidad de enfrentar allí a unos imperialistas con otros, a gran distancia de las fronteras soviéticas, y de imponer en otro país un régimen afín al soviético. Stalin declaró: «La lucha en España no es un asunto privado de los españoles, es causa común de la humanidad avanzada y progresista». Su propaganda presentó la guerra como un choque entre la democracia y el fascismo, que debiera atraer la fraternidad de Inglaterra, Francia, incluso de Usa, contra unos rebeldes ayudados por Italia y Alemania. Esta versión propagandística soviética convertía a Stalin en apóstol de la democracia, ha contagiado a otras fuerzas políticas y ha servido de base explicativa para muchos historiadores, hasta hoy mismo. La intensísima agitación y propaganda al respecto fue la causa principal de que la guerra de España adquiriese un tono emocional tan elevado en Europa y gran parte del mundo.

Por supuesto, la argumentación para atraer a Francia e Inglaterra a la guerra de España no apelaba solo al idealismo solidario entre democracias. En su empeño por atraer a Londres al conflicto, la URSS mostró vivo interés en defender los intereses imperiales británicos. Maiski, embajador soviético ante el Comité de no intervención, refiere un expresivo diálogo con el representante inglés lord Plymouth. Tras invocar la defensa de la paz, el soviético tocó otras teclas: «Admitamos que Franco triunfa y que Alemania se asienta firmemente en España. ¿Qué será entonces de las inversiones británicas en España? ¿Qué será de sus comunicaciones marítimas con Oriente, sobre las que penderá Hitler? ¿Qué será de Francia, a la que Alemania amenazará no solo de frente sino también por la retaguardia? ¿Cómo pueden ustedes, los ingleses, resignarse a semejantes perspectivas?». Sonaba incomprensible, en efecto. Pero Plymouth era un pragmático: «Cualquiera que sea el desenlace de la guerra, España saldrá de ella completamente arruinada. Necesitará dinero para restaurar su economía. ¿Y de dónde podrá recibirlo? En todo caso ni de Alemania ni de Italia, que no lo tienen. La España arruinada puede encontrar dinero solo en Londres, y entonces llegará nuestra hora. Sabremos ponernos de acuerdo con ese futuro Gobierno de España sobre todo lo que necesitemos: compensaciones financieras, garantías políticas y militares… ¡No, nuestros intereses no sufrirán, cualquiera que sea el desenlace de la guerra» [11]. Oficialmente, los soviéticos insistían en que su intervención no perseguía objetivos políticos en España, sino otros como impedir que el poder o la situación militar de Francia se debilitase; y comentaba Azaña mordazmente: «Lo chusco del caso es que a la situación militar de Francia le sale un protector benévolo porque Francia se conduce como si la posible debilitación le importase menos».

Moscú orquestó una campaña diplomática y propagandística para convencer a Londres y París de que España continuaba siendo una democracia a pesar de la evidente revolución anarco-socialista. Los comunistas españoles preconizaron una parcial vuelta atrás de los desordenados avances revolucionarios, con la consigna de aplazar la revolución para cuando se ganase la guerra. Ello les permitió reforzarse atrayéndose aliados entre la «pequeña burguesía» perjudicada por las acciones anarco-socialistas. Mientras, procuraban participar discretamente en el gobierno, en ministerios secundarios para no alarmar a Londres y París; pero, más ocultamente, trataban de dominar el ejército y la policía, que determinarían la lucha por el poder una vez fuera aplastado el «fascismo». Por otra parte, el envío del grueso de las reservas financieras españolas a Moscú convirtió a Stalin en amo del destino del Frente Popular, un dato crucial a menudo pasado por alto en discusiones menores sobre la legalidad del envío o el consumo de aquellas reservas en la compra de armas. El resultado de la guerra, tanto si intervenían Inglaterra y Francia como si no, debía ser una democracia «de nuevo tipo», «popular», es decir, un régimen similar al soviético. Las conocidas declaraciones al respecto de líderes comunistas como José Díaz o la Pasionaria rebosan sinceridad frente a historiadores empeñados en ignorarlas o restarles importancia. De haber ganado las izquierdas en España, Europa se habría encontrado con regímenes de tipo soviético en los extremos este y oeste, lo cual habría complicado sumamente el ya muy embrollado panorama continental.

Algunos analistas como D. Cattell en Soviet diplomacy and the Spanish Civil War, han creído ver una contradicción insoluble entre estas políticas, pues la propia intervención militar y política soviética alejaba la posibilidad de que las democracias apoyaran al Frente Popular español. Pero desde el punto de vista soviético se trataba de una contradicción dialéctica. Claro que el esfuerzo de Moscú por implicar a las democracias chocaba con un doble obstáculo: las desconfianzas suscitadas por la injerencia soviética y por la brutal explosión revolucionaria imposible de disimular; obstáculo superable, no obstante por medio de una diplomacia y propaganda intensivas, acompañadas de movilizaciones «populares». Pero, por las razones opuestas, Londres y París, y en segundo plano Washington, buscaban evitar que la guerra traspasase los Pirineos, y no les displacía que quienes pelearan en España fueran fascistas y soviéticos. Como es sabido, los tenaces esfuerzos de Moscú no lograron convertir a España en foco de una contienda en Europa occidental, pero alcanzarían su objetivo en 1939 con el Pacto Ribbentrop-Mólotof, haciendo que la guerra europea comenzase por el oeste y no por el este. El giro hacia el entendimiento con Hitler es explicado en la historia y propaganda soviéticas como consecuencia de su fracaso en Munich y en España, por la renuencia de los demoimperialistas a defender la «democracia» española y cercar a Alemania.

En relación con España hay al menos otros dos rasgos importantes de la política staliniana. En noviembre de 1936, cuando los nacionales parecían próximos a conquistar Madrid y vencer en poco tiempo a sus enemigos, la URSS volcó su ayuda material y organizativa, creando condiciones para terminar también la guerra, pero con la derrota de Franco. A ese fin, las izquierdas, asesoradas por los soviéticos, intentaron utilizar su superioridad material para envolver y destruir al pequeño ejército «fascista». No lo consiguieron, ni tampoco arrebatarle la iniciativa, pero sí alcanzaron a salvar a Madrid y a prolongar la contienda [12]. De haber vencido entonces las izquierdas, Moscú no habría llegado a involucrar a las democracias, pero al menos habría podido contar con un régimen políticamente cercano y agradecido, en el cual desempeñaría un papel decisivo el Partido Comunista español. Habiendo fallado esa ocasión, la prolongación de la lucha interesaba a Stalin, pues cuanto más durase más probabilidades había de que la hoguera española prendiese en el occidente europeo.

Un segundo rasgo de la política staliniana tiene que ver con la ausencia de estrategia política y militar en los partidos izquierdistas y separatistas. La guerra empezó con una aplastante superioridad material del Frente Popular, como hemos visto; pero el modo como los frentepopulistas echaron a perder esa superioridad no puede revelar con mayor claridad su ineptitud, agravada por los celos y peleas internas entre ellos. La excepción fueron los comunistas, férreamente dirigidos por Moscú. El PCE sí dispuso de una estrategia política y militar y una disciplina que pronto le dieron la hegemonía sobre el Frente Popular, aunque no su completo dominio, como quedó de relieve cuando diversas unidades se sublevaron contra él, en marzo de 1939, poniendo fin a la guerra cuando las esperanzas de victoria se habían esfumado.

Resumiendo, Stalin no defendió en España una democracia liberal en la que nunca creyó y de la cual fue enemigo aún más acérrimo que Hitler. Obró en función de una estrategia cuyos puntos básicos consistían en alejar la esperada guerra mundial de sus fronteras y crear en España un régimen afín y satélite.

Cuestión relacionada con la anterior es la comparación entre las intervenciones de Stalin y las de de Hitler y Mussolini, puestas a veces en un mismo plano como regímenes totalitarios, o bien la deriva del tema hacia la magnitud de los envíos de armamento (G. Howson, etc.), o qué potencia se adelantó a intervenir, y otros puntos secundarios. Pero lo verdaderamente relevante es la significación política e ideológica de una y otra intervención. Al respecto haré breves constataciones, a mi juicio suficientes para marcar las diferencias.

Hitler y Mussolini tenían objetivos muy distintos de los de Stalin, como quedó indicado: deseaban hacerse con un Estado amigo en la retaguardia de una Francia por entonces izquierdista, e impedir el establecimiento de un régimen de extrema izquierda en España. Como este último objetivo era veladamente compartido por París y sobre todo por Londres, o por círculos muy influyentes en ambos, no era grande el peligro de que la guerra degenerase en un enfrentamiento general, en contra de los deseos de Moscú.

Desde un punto de vista político-moral, el fascismo mussoliniano era muy poco sanguinario, y los genocidios de Hitler aún no habían tenido lugar. En cambio Stalin ya acumulaba cientos de miles o millones de víctimas. A menudo se habla del Hitler de aquel momento como del Hitler de la guerra mundial, error político y cronológico inadmisible en una historia solvente.

Stalin no se limitó a ayudar al bando izquierdista-separatista, sino que prácticamente lo dominó por medio de tres instrumentos: el control sobre sus reservas financieras, unos consejeros militares poderosos y, sobre todo, un Partido Comunista español que era directa (y orgullosamente) agente del Kremlin. Hitler y Mussolini nunca alcanzarían ni de lejos tal grado de influencia en España. Franco permaneció siempre independiente, hasta el punto de adelantar, con motivo de la crisis de Munich, su decisión de mantenerse neutral si llegaba a estallar una guerra europea. Decisión entendida por Hitler y Mussolini como una manifiesta ingratitud. Alemanes e italianos tuvieron poco peso sobre la planeación de las operaciones militares y, desde luego, no disponían de un partido agente como el PCE en el bando contrario.

Sobre aspectos secundarios como la magnitud de las ayudas (aviones, tanques, artillería, etc.) la soviética pudo haber sido decisiva cuando la batalla de Madrid en noviembre del 36, y posteriormente bastó para alargar la lucha hasta abril del 39. En conjunto, las investigaciones de los hermanos Ramón y Jesús Salas Larrazábal demuestran que el volumen de ayudas fue semejante en los dos bandos, y por tanto no pudo ser decisivo en general, salvo la posibilidad citada de Madrid. No obstante lo cual el gasto del Frente Popular fue mucho más elevado que el de sus contrarios, quizá debido a una corrupción extendida[13]. La ayuda italiana, la más importante, sería pagada por Franco años después a precio de saldo, con una lira muy devaluada.

También se insiste en el carácter decisivo del puente aéreo, al parecer el primero de la historia, que transportó de Marruecos a España al pequeño pero eficaz ejército de Franco. La operación se atribuye a aviones alemanes y tuvo máxima importancia al inicio de la guerra, pues permitió consolidar la precaria zona rebelde en Andalucía occidental y unirla a la zona del norte, donde Mola apenas tenía municiones. Pero estos dos objetivos se cumplieron en los cruciales primeros diez días, con aviones españoles y un arriesgado transporte por mar[14].

Como balance, las intervenciones soviética y fascista equivalen grosso modo en suministros militares, pero difieren radicalmente en los más esenciales planos político y moral. Y ante la victoria de los nacionales, las democracias, empezando por Inglaterra, se apresuraron a reconocer al gobierno de los vencedores.

El apasionamiento por la guerra de España quedó opacado, a los pocos meses de terminarse, por el estallido de la gran guerra europea, que se convertiría pronto en guerra mundial. Las circunstancias peculiares en que se produjo esta, primero con un pacto entre Stalin y Hitler contra las democracias occidentales y luego como una alianza de Churchill, Stalin y Roosevelt contra Hitler y Mussolini, hizo que la atención a España volviera a tomar relieve. Primero, por el miedo de Francia e Inglaterra a una posible toma de partido de Madrid por Alemania e Italia, que habría complicado mucho la situación inglesa en unos momentos críticos, y dificultado o impedido la gran Operación Torch, el desembarco anglouseño en el Magreb; y después por las presiones y agresiones de Moscú, Londres, Washington y otros para derrocar a los vencedores de la guerra civil, objetivo que no lograrían.

Segunda parte

CUESTIONES BÁSICAS SOBRE

LA GUERRA DE ESPAÑA

Capítulo VII

UNA GUERRA IDEOLÓGICA EN

UNA EUROPA IDEOLOGIZADA

La guerra de España fue ante todo una guerra ideológica en una Europa también hirviente de ideologías. Estas apenas son tratadas en la mayoría de las historias sobre la época, sea porque suponen al lector ya al tanto, o por la dificultad de explicarlas sin caer en simplificaciones excesivas o en propaganda. Sin embargo conviene exponer al menos un esbozo de ellas, porque las ideas de los combatientes ayudan a entender los sucesos, por más que esas ideas puedan ser ilusorias y el destino general de la historia escape a nuestra comprensión. El concepto «ideología» se ha empleado en sentidos diversos, igual que ocurre con otros de uso común («nación», «libertad»…), y ha sido definido como cualquier sistema de ideas o filosofías simplificadas o degradadas, movilizadoras de las masas. Así Fernández de la Mora, Gramsci, Bell o Sartori. Aquí empleo el término, en sentido descriptivo y no peyorativo, como concepción del hombre y de la historia con directa aplicación política, que trata de basarse en la razón y prescindir de creencias religiosas tradicionales. En ello difiero de Fernández de la Mora, para quien las ideologías se oponen directamente a la razón.

Predominaban por entonces en Europa tres de estos sistemas, el liberalismo, el marxismo y el fascismo, cada una con su propia racionalidad y variantes, y cada una predominante en unas u otras naciones.

Liberalismo

El liberalismo es la ideología más antigua. Su pensamiento político explicaba el poder partiendo de un mítico «estado de naturaleza» asocial, donde los individuos, aislados y en plena libertad, solo obedecían a sus deseos e impulsos. De ahí resultaría la guerra de todos contra todos, y para frenarla habría sido preciso instituir la sociedad mediante un «contrato» igualmente mítico, que crearía el poder y el estado. De ese contrato podía derivar un estado totalitario (Hobbes) para impedir una anarquía violenta, o un estado liberal (Locke), que mantendría el orden asegurando los derechos individuales a la vida, la propiedad, la libertad y la busca de la felicidad. Derechos naturales, anteriores a la formación de la sociedad, es decir, provenientes del (imaginario) estado de naturaleza. Existían por tanto dos peligros: que la propiedad y libertad de los individuos produjesen choques que imposibilitasen la convivencia; o que el poder, por evitar tal anarquía, aplastase la libertad y la propiedad individuales. El sistema debía lograr un equilibrio entre ambas tendencias, y para ello los poderes del estado —legislativo, ejecutivo y judicial— debían mantenerse separados o autónomos (Locke, Montesquieu).

La noción de propiedad privada y su derivada, el comercio, domina en gran medida el pensamiento liberal: el interés particular en busca de ganancia articulaba el comercio y sería la base de la riqueza (Adam Smith) y de la misma sociedad. El comercio habría permitido pasar de la barbarie a la civilización, facilitando a sus individuos la paz, la prosperidad y la felicidad posibles. El objetivo y sentido de la vida individual y social consistía de modo muy relevante en el enriquecimiento. Y como la economía se regulaba por sí sola, según sus propias leyes («la mano invisible»), el estado no debía intervenir ni regular, o hacerlo mínimamente (política del laisser faire). En suma, el liberalismo propugnaba un estado mínimo, monopolizador de la violencia para asegurar el cumplimiento de los contratos y la seguridad interna y externa del país. De hecho, un estado-herramienta de propietarios y comerciantes, controlado por estos mediante el voto a los parlamentos y en ellos.

Liberalismo y democracia no son equivalentes. El primero tiende al voto restringido (censitario) ya que por lo común los propietarios se consideran más emprendedores, sensatos y cultos que la masa, y políticamente más responsables debido al cuidado por sus bienes. El resto de la población, más ignorante y con escaso o nulo patrimonio, más proclive por ello a demagogias, debía ser tenido en lo posible al margen del gobierno. Tal discriminación colisionaba con la igualdad jurídica y las libertades políticas (de expresión, asociación, imprenta, conciencia…) preconizadas por los propios liberales, y de ahí numerosas luchas sociales en Europa durante el siglo XIX hasta imponerse finalmente el sufragio universal, ya en el siglo XX en la mayoría de los países. La práctica de la democracia liberal podría concretarse en un estado pequeño, libertades políticas, separación de poderes y sufragio universal periódico. No obstante, la armonía liberalismo-democracia chirriaba, pues el voto mayoritario podría conducir a un sistema contrario al liberal.

Propiedad privada y comercio fueron concebidos por el pensamiento liberal como los fundamentos de la libertad y hasta de la propia naturaleza humana: la «acción humana» (Mises) se explicaría como una permanente y compleja ocupación racional por obtener el máximo bienestar, medido en términos esencialmente económicos, a través de la economía de mercado. La idea misma de la sociedad como contrato, como relación comercial partiendo de un supuesto «estado de naturaleza», incide en esta concepción de la propiedad y el comercio —y ligado a ellos el desarrollo técnico— como principios explicativos a partir de los cuales se enfocan la condición y el destino humanos.

Por lo que respecta a la religión, una fuente del liberalismo había sido la conveniencia de terminar con las persecuciones entre grupos protestantes, para lo cual se desarrolló en Inglaterra el concepto de tolerancia (excepto hacia los católicos), que poco a poco se iría aplicando con creciente amplitud. De modo implícito y cada vez más explícito, la idea relegaba la religión a la conciencia privada, desplazándola del espacio público. Este designio, no muy tolerante ni coherente con las libertades, suponía una revolución con respecto a todas las culturas anteriores, en las que la religión había desempeñado un papel crucial en todos los órdenes, incluido el político. Algunos liberales se declaraban ateos, muchos más agnósticos y otros profesaban alguna forma de cristianismo; una corriente respetaba la religión, otra la atacaba con diversos grados de hostilidad o violencia. Cabría distinguir la orientación «francesa», muy agresiva contra la Iglesia, en ocasiones brutal, como en la sanguinaria persecución desatada por la Revolución francesa; y la orientación anglosajona, más tolerante o indiferente.

En general, los liberales tendían a sustituir la fe en Dios por la fe en nociones más abstractas como el Progreso, la Libertad y, en general, las capacidades del Hombre. Uno de sus efectos ha sido la sustitución del concepto de «derechos naturales» por el de «derechos humanos». El primero parece remitir a algo inamovible inserto en la naturaleza humana por la divinidad, mientras que el segundo remite a sucesivos y cambiantes «contratos» entre individuos. Llevada a su extremo, la teoría del contrato despojaría a las relaciones humanas de otro fundamento que las conveniencias momentáneas. Y, en un plano social, los acuerdos o contratos nunca tendrían carácter general y del todo voluntario, pues sería necesariamente solo una parte de la población la que los deseara e impusiera por medio del poder estatal. Por todo ello, sus relaciones con el cristianismo han sido complicadas, y más con su rama católica. Aunque el liberalismo no pretendía ser una ciencia, sino más bien una filosofía, influía en él la atención a las novedades científicas, y la teoría de Darwin ha causado, desde el siglo XIX, gran impacto en sus encuadres ideológicos, contribuyendo a aumentar el escepticismo o la animadversión hacia la religión cristiana, tradicional en Europa.

Durante el siglo XIX, la mayoría de los países liberales, en especial Inglaterra, habían conocido una prosperidad sin precedentes históricos, acompañada de considerable libertad política e impulso cultural. Si tal había ocurrido, no parecía haber ninguna razón para no persistir en la doctrina, aun a pesar de revoluciones y guerras desatadas a partir de sus concepciones, o de episodios siniestros como la Gran Hambruna irlandesa o los exterminios de indígenas en las colonias. Pesaban además las crisis y depresiones económicas recurrentes, luego la guerra mundial de 1914-18 y, en los años 30, la Gran Depresión, que los liberales entendían como desgracias pasajeras y sus adversarios como prueba de su fracaso o de que su papel histórico se había agotado.

Marxismo

En buena medida, el marxismo surge como crítica al liberalismo. Su fondo doctrinal podría describirse así: dada la escasez histórica de los bienes materiales y la dificultad de obtenerlos, la lucha por apropiárselos genera de forma espontánea la división de la sociedad en clases, en la que unas explotan a otras. La lucha, sorda o abierta, entre clases dominantes y dominadas da su sentido a la historia, en dirección a una sociedad comunista igualitaria, sin explotadores ni explotados. Mientras esta no llega, la división en clases produce superestructuras «ideológicas» (religión, derecho, arte, filosofía… e instituciones ligadas a ellos) destinadas a justificar y sustentar el dominio de los explotadores. La historia habría evolucionado desde una supuesta comuna primitiva a través de los «modos de producción» esclavista, «asiático», feudal y capitalista.

El marxismo se decía doctrina científica, no ideológica. En su vocabulario, las ideologías eran series de ideas fantásticas, mejor o peor hilvanadas, sobre el mundo y la sociedad, ajenas a la razón y la ciencia, y al servicio de las clases dominantes. La ideología por excelencia sería la religión, el «opio del pueblo», cuya función consistiría en mantener sumisas y engañadas a las masas con la promesa de una justicia en el más allá. De ahí que, si el liberalismo tendía mayoritariamente a posiciones agnósticas, los marxistas se declaraban ateos militantes, prestos a eliminar a la Iglesia, aunque por lo general aplazaran la persecución hasta haber logrado el poder.

Para Marx, el liberalismo era otra ideología, la propia de la burguesía capitalista. Los siglos XVIII y XIX produjeron abundante pensamiento económico liberal, al que pronto se atribuyeron facultades explicativas más generales. El marxismo adoptó ese planteo «materialista», que hacía de la economía y sus relaciones la base de la interpretación de la sociedad y la historia. Y lo volvió contra el capitalismo, criticándolo desde tres perspectivas esenciales: a) La propiedad y el comercio estaban solo al alcance de una minoría, por lo que una gran mayoría carecía de las condiciones para desarrollarse como seres humanos (alienación), debiendo limitarse a vender su cuerpo, su «fuerza de trabajo» como proletarios. b) La ganancia buscada obsesivamente por el capitalismo liberal provenía, y solo podía provenir, del trabajo de los proletarios, a quienes se arrebataba una parte de su producto (plusvalía). c) El liberalismo pensaba en sí mismo y su sistema económico como la culminación y plenitud de la historia humana, pero la historia continuaba y engendraría nuevos sistemas, como había ocurrido en el pasado: al capitalismo le sucederían el socialismo y el comunismo, formas sociales muy superiores a las burguesas.

Manifestación señera de la lucha de clases habría sido la Revolución francesa, que culminó la Ilustración en Europa: la burguesía había derrocado al antiguo régimen feudal e impuesto sobre su ruina la sociedad capitalista, aplicando el programa liberal de igualdad jurídica y legal entre los hombres. El capitalismo, a su vez, habría empujado la producción de mercancías a una escala tal que permitía vislumbrar la superación del reino de la escasez, sentando así las condiciones para una sociedad de abundancia general, igualdad y bienestar del ser humano. Solo que al mismo tiempo el sistema exacerbaba la explotación, proletarizando y condenando a la miseria a más y más capas sociales. Por ello implantar el comunismo exigía derribar a la burguesía mediante una magna revolución proletaria, que liberaría plenamente las fuerzas productivas y las pondría al servicio de la colectividad y no solo de unos pocos, acabando con la división en clases. Al derrocamiento del capital seguiría un período de socialismo o dictadura proletaria, en la que el estado se expandiría hasta absorber a la sociedad, como instrumento para organizar la nueva economía y desarraigar las ideologías del pasado. El cumplimiento de ese programa haría posible el comunismo pleno, en el cual los individuos gozarían de libertad y posibilidades de «realización» nunca soñadas.

Por todo ello, el marxismo denunciaba la democracia liberal o burguesa como un engañoso aparato de poder del capital, y al liberalismo como un amasijo de ideas contradictorias e interesadas. Debajo de las justificaciones ideológicas liberales, la realidad sería una dictadura encubierta, un aparato estatal encargado de hacer las leyes convenientes a los grandes propietarios y de apuntalar la dominación burguesa utilizando su monopolio de la violencia para aplastar la rebeldía de los explotados. Las libertades políticas e igualdad jurídica no pasarían de espejismos al no ir acompañadas de una igualdad económica que el propio sistema impedía.

Si bien el liberalismo, o alguna de sus versiones, propendía a homogeneizar a la humanidad y disolver las naciones, los marxistas explicaban las naciones como creaciones de la burguesía para asegurarse mercados privilegiados. La lucha por expandir esos mercados ocasionaría guerras imperialistas. Por contra, los marxistas se decían internacionalistas, aunque podían defender a unas u otras naciones o cultivar el patriotismo si con ello debilitaban a sus enemigos.

En la fraseología marxista, el imperialismo consistía en la máxima concentración de la propiedad y el poder, y definía la fase final («superior») del sistema burgués previa a su derrumbe. El capital iría concentrando más y más la propiedad de la industria y las finanzas, hasta sustituir la libre competencia por monopolios financiero-industriales mal disfrazados. Ello recrudecía las diferencias sociales, la explotación y las crisis, en respuesta a las cuales el proletariado redoblaría sus luchas hasta derrocar a los explotadores e instaurar la dictadura proletaria para construir el socialismo. Paradójicamente, esa dictadura traería la máxima democracia, ya que representaría los intereses de la gran mayoría social frente a la minoría de opresores monopolistas. Cumplida su misión histórica, el socialismo daría paso al comunismo, donde el estado y la religión desaparecerían al perder su razón de ser como instrumentos de la división en clases. Lenin teorizó la fase superior imperialista y reafirmó la dictadura proletaria, ya indicadas por Marx, y de ahí el llamado marxismo-leninismo.

Tales concepciones ofrecían una respuesta sugestiva y de aire racional a la necesidad humana de orden y sentido. Explicaban la historia humana, incluyendo las «tinieblas religiosas» surgidas de una impotencia antes tenida por connatural a la condición humana, pero en vías de ser superada por los pasmosos avances técnicos y científicos. Se entiende así el influjo del marxismo sobre millones de personas de todos los niveles sociales, y cabe destacar el alto número de intelectuales marxistas o simpatizantes en casi todos los países, hasta hoy mismo. Por ello, la revolución bolchevique en Rusia suscitó esperanzas en el mundo entero, como un grandioso experimento digno de atención y apoyo. Incluso banqueros y grandes burgueses ayudaron a la construcción del régimen soviético, en parte por buscar ganancias, en parte por la expectativa de que la nueva sociedad señalara un futuro mejor para todos sin riesgo inmediato para ellos. Y mucha gente no marxista mostraría década tras década comprensión benévola hacia la revolución a pesar de sus calamidades, sacrificios y crímenes, tomados por costes inevitables de un programa emancipador nuevo en la historia. ¿Acaso la democracia burguesa useña no había requerido una guerra contra Inglaterra y luego otra guerra civil? Y la Revolución francesa, también de carácter burgués, ¿no había precisado un terror sangriento para romper las resistencias del antiguo orden? Por tanto no cabía esperar otra cosa de la revolución proletaria, enfrentada a muerte con un caduco sistema que empleaba sus poderosos recursos para impedir la transformación liberadora.

Ante la falta de confirmación de previsiones marxistas como el empobrecimiento creciente de las masas, en el marxismo llamado socialdemócrata (II Internacional) cundía a principios del siglo XX un «revisionismo» contrario a una revolución drástica y a la dictadura proletaria, pues especulaba con alcanzar el comunismo por vía evolutiva, explotando las libertades y ventajas de la democracia liberal. Lenin analizó ese revisionismo socialdemócrata como un subproducto de la fase monopolista del capital: los estados imperialistas extraían ganancias extraordinarias de sus colonias, con las cuales permitían algunas mejoras al proletariado de las metrópolis y sobornaban a la socialdemocracia para que dividiera a la clase obrera y la mantuviera dócil. La revolución rusa, en consecuencia, rompió con la socialdemocracia revisionista y creó una III Internacional o Komintern, fomentando escisiones y nuevos partidos denominados comunistas.

Sin embargo, los partidos comunistas casi nunca lograrían desbancar a los revisionistas socialdemócratas. La táctica de estos, de ganar mayorías electorales para eliminar progresivamente las ideas a instituciones burguesas, liberales o religiosas, utilizaba la democracia contra el liberalismo y ganó fuerza en países europeos, como los escandinavos o Inglaterra. El estado socialdemócrata no sería reducido como querían los liberales, sino enormemente ampliado para controlar desde él a la sociedad e imponer paulatinamente el socialismo. Aun así, el estado no ocuparía toda la sociedad, como en la dictadura proletaria, ni eliminaría las «libertades burguesas». Pero su programa tenía indudable afinidad con la descripción que hace Tocqueville del «despotismo democrático», del que hablaremos: «Un poder inmenso que busca la felicidad de los ciudadanos, que pone a su alcance los placeres, atiende a su seguridad, conduce sus asuntos procurando que gocen con tal de que no piensen sino en gozar…».

Fascismo y nazismo

La revolución rusa había generado movimientos de simpatía por el mundo, pero también un rechazo drástico entre quienes la veían como el imperio de la barbarie contra la civilización occidental. Un efecto de esta actitud fue el fascismo que, capitaneado por Benito Mussolini, tomó el poder sin derramamiento de sangre en Italia, en 1922, tras un período de enconadas luchas sociales que la democracia liberal parecía incapaz de frenar. El fascismo, escindido del Partido Socialista, recogía la frustración de muchos italianos ante el incumplimiento de las promesas con que Francia e Inglaterra les habían arrastrado a luchar contra Alemania y el Imperio austrohúngaro en la I Guerra Mundial; y explotaba la amargura de los soldados que habían sufrido inauditas penalidades y sentían que no lo habían hecho al servicio de su país, sino de la ganancia de unos pocos, encontrándose sin empleo y empobrecidos como premio a su sacrificio. Por ello muchos se habían acercado al extremismo de izquierda, pero los fascistas preconizaban además otros valores reforzados por la camaradería de las trincheras: patriotismo, disciplina, jerarquía, culto al heroísmo y a la voluntad. Por tanto repudiaban el comunismo, a su juicio un poder indiferenciado y antinacional de las masas; también al liberalismo, y atacaban el poder de los ricos, la plutocracia, concepto menos elaborado pero no muy disímil del monopolismo de estado marxista.

A estos fines, el estado cobraba un protagonismo especial como reacción al desorden anterior. Sería un «estado totalitario,» según el lema mussoliniano Todo en el estado, nada contra el estado, nada fuera del estado. Sin embargo ese totalitarismo difería del marxista en que el partido nunca absorbió del todo al estado ni el estado a la sociedad, como ocurría en Rusia. La propiedad privada y el mercado fueron respetadas, aunque intervenidos para evitar la lucha de clases e, intencionalmente, supeditar los intereses de la plutocracia a los de la nación. Hasta permaneció la monarquía, y solo poco a poco fueron eliminadas instituciones liberales como la diversidad de partidos y sindicatos y las elecciones. La democracia no funcionaría por votaciones periódicas para elegir a uno u otro partido, sino mediante el voto por corporaciones y los plebiscitos propuesto en ocasiones especiales desde el poder. Si el programa socialdemócrata sonaba a despotismo democrático, el fascismo parecía un despotismo plebiscitario. Su política económica tenía semejanza con otras socialdemócratas tipo New Deal de Roosevelt, en respuesta a la depresión económica. Al haber dado estabilidad a Italia, el fascismo gozó de aprecio o admiración de intelectuales como Pareto, Gentile, Papini, Ungaretti… y de personalidades extranjeras como Gandhi, Churchill, Roosevelt o Pio XI.

Los fascistas exigían un poder de élites definidas por Pareto o Mosca: minorías ilustradas (egregias, en Ortega) que no debían someterse a la opinión de mayorías ignaras. Las democracias liberales eran desechadas como competencia entre oligarquías por engañar a la masa de votantes incultos. A la cabeza de la élite gobernante (el propio Partido Nacional Fascista), y a través de ella del pueblo entero, figuraba un líder carismático (el Duce). En realidad todo partido y gobierno funciona con élites u oligarquías y líderes más o menos carismáticos, pero el fascismo los exaltaba y proveía de poderes casi absolutos. Esta concepción, en su racionalidad como crítica a las demagogias, planteaba problemas no resueltos: tendía a sustituir la opinión pública por una propaganda absorbente e intrigas opacas de camarillas en el seno del partido; y no garantizaba la sucesión de jefes a la altura del fundador.

El estado fascista era además imperialista en el sentido tradicional. También lo eran las democracias liberales Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda. A imitación de ellas, Italia debía labrarse una zona de influencia privilegiada en el Mediterráneo y un imperio en África, pero tropezaba con el obstáculo de que África estaba ya repartida. Mussolini invadió Abisinia en 1935 (antes del fascismo, Italia había ocupado Somalia y Libia), despertando rechazo internacional muy fuerte, aunque inefectivo. Para contrarrestar su inferioridad respecto de otros imperios, el fascismo fomentó un entusiasmo militarista. Por lo demás, su régimen fue muy poco mortífero en Italia, y su popularidad interna hasta entrada la II Guerra Mundial está fuera de discusión.

En cuanto a la Iglesia, el fascismo la consideraba el impedimento histórico a la unificación de Italia. Mussolini se proclamó en algún momento ateo y la exaltación fascista de la antigua Roma tenía un tinte pagano repulsivo a los católicos, al igual que su autoritarismo y culto a la violencia. No obstante, el Duce, consciente de la catolicidad predominante en el pueblo, procuró conciliarse con la Iglesia, y en 1929 reconoció al Vaticano una mínima extensión como estado independiente, poniendo fin así a un conflicto que duraba desde la eliminación de los estados pontificios en 1870.

Hitler, como Mussolini, llegó al poder de forma pacífica y legal, pero su acción fue mucho más sanguinaria que la del italiano, destruyó más rápida y completamente las instituciones liberales y socialdemócratas, respetó aunque regulándolas a fondo, la propiedad privada y la economía de mercado, e instauró un totalitarismo más fuerte, con exaltación pagana más intensa y un esencial racismo, núcleo científico de su ideología.

El racismo, ideología secundaria, estaba muy extendida en Europa y Usa. Para el pensador liberal Hume, por ejemplo, los blancos constituían una raza superior, pues las otras «no habían creado ingeniosas manufacturas ni arte ni ciencias» al nivel de las europeas. Además, la Revolución industrial había dotado a Europa, a algunos de sus países, de una potencia política y militar casi absoluta sobre el resto del mundo (aunque esa potencia se usara a menudo en luchas entre los mismos blancos). El francés Gobineau teorizó al respecto. Por otra parte, el evolucionismo de Darwin sugería interpretaciones de ese tipo, con lo que el racismo adquiría un aparente fundamento científico. Hasta la II Guerra Mundial el racismo se daba por supuesto, con más o menos énfasis, en muy amplios círculos. El hitlerismo lo recogía y extremaba: en la evolución humana, la raza blanca, y dentro de ella el sector «ario» — asimilado a los rasgos físicos de elevada estatura, cabellos rubios y ojos azules—, habría demostrado su superioridad cultural. Por más que esa superioridad era reciente y no había garantías de que se mantuviese por tiempo indefinido.

La filosofía de Nietzsche, influida a su vez por Darwin, contribuía a sistematizar la ideología. La raza superior tenía el derecho y el deber de imponerse a las demás, condenadas por la biología al papel de servidoras o esclavas, incluso a ser exterminadas si fuera preciso. Al respecto debían excluirse falsos moralismos, como señalaba en El Anticristo: «Se llama al cristianismo la religión de la compasión. La compasión es contraria a los efectos tónicos que acrecientan la energía del sentimiento vital; surte un efecto depresivo. Es una tendencia antivital. Nada hay tan malsano, en medio de nuestro modernismo malsano, como la compasión cristiana». La moral distinguía el bien y el mal por la voluntad de poder: «¿Qué es bueno? Todo lo que acrecienta en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es malo? Todo lo que proviene de la debilidad. Los débiles y malogrados deben perecer; tal es el axioma capital de nuestro amor al hombre. Y hasta se les debe ayudar a perecer».

El concepto es antiguo y ya en el diálogo Gorgias lo pone Platón en boca de Calicles: «Es frecuente que la ley y la naturaleza se contradigan (…) Según la naturaleza, lo más feo y desventajoso es sufrir la injusticia; según la ley, es cometerla. Pero sufrirla no es ni propio de hombres (…) La ley, está hecha por los débiles (…) Pero a mi juicio la naturaleza misma nos prueba que, en buena justicia, el que vale más debe llevar ventaja al que vale menos; el capaz, dominar al incapaz. Así, lo muestra por todas partes (…). La marca de la justicia es el dominio del poderoso sobre el débil».

Cuando recomenzó la guerra de España en julio de 1936, el nacionalsocialismo llevaba tres años y medio gobernando Alemania, con éxito espectacular: el enorme paro anterior iba siendo rápidamente absorbido, la lucha de partidos, verdadera guerra civil de baja intensidad, había desaparecido y el grueso de la población había recuperado la autoestima nacional, gravemente dañada desde la anterior guerra europea. En plena depresión mundial, el resto del continente miraba la experiencia con admiración mezclada de temor, por cuanto el régimen aplicaba una despiadada represión contra sus enemigos reales o imaginarios, discriminaba y ultrajaba de modo especial a los judíos y no ocultaba sus ambiciones expansionistas, que debían convertir a Alemania en la potencia no solo hegemónica sino rectora del continente.

Cabe encontrar en la base del liberalismo y del marxismo una explicación de la sociedad y su desarrollo a partir de la economía, aunque tratada con perspectivas muy distintas, mientras que el fascismo veía en la acción de las élites y las jerarquías la clave de la historia, y el nazismo atribuía a la raza su explicación profunda.

Interesa el modo particular cómo cada ideología se entendía a sí misma y a sus rivales. Los comunistas se titulaban la vanguardia de la liberación de los explotados y oprimidos por el capitalismo y su falsa democracia liberal, y tachaban al fascismo de último recurso del capital monopolista o imperialista para intentar aplastar la revolución. Los fascistas se autovaloraban como la última defensa de la civilización frente a un demoliberalismo que había engendrado de forma natural la barbarie comunista y ya no era capaz de frenarla. Los liberales entendían su régimen como el ideal para garantizar la propiedad, la libertad y la riqueza de los individuos, acusando a marxistas y fascistas de implantar regímenes tiránicos que creaban miseria y asfixiaban las libertades.

Pese a estas oposiciones, las relaciones entre las tres ideologías podían variar de modo radical. Los liberales admitieron largo tiempo el racismo, implícita o explícitamente, y bastantes de ellos admitían la posible colaboración con el experimento soviético (de ahí los «compañeros de viaje») o el fascista; o simpatizaban con anarquistas a partir de la oposición teórica entre individuo y sociedad, o entre sociedad y estado. Tampoco se conciliaban fácilmente con la democracia, al primar en esta última el peso y el poder de la masa sobre el individuo. En diversos países los regímenes demoliberales habían sido impotentes ante el empuje revolucionario surgido de la Revolución rusa —así ocurrió de modo destacado en España—. Y, dado el mapa ideológico europeo, muchos liberales desearon una potente Alemania nacionalsocialista que parase los pies o destruyese a la URSS, aunque al final se impuso la alianza contraria: demoliberales y soviéticos contra el nazismo. En algunos momentos, fascistas y comunistas unieron fuerzas contra los demoliberales. A su turno, fascistas y nazis explotaron en ocasiones la oposición entre liberalismo y marxismo para atraerse a uno u otro. Ya vimos en el capítulo anterior algo de ese cambiante juego de intereses e ideas en la guerra de España.

Con todas sus diferencias, las tres ideologías tenían una raíz común en el culto a la razón propio de la Ilustración del siglo XVIII. Sin embargo se ha vuelto lugar común explicar los fascismos como «asalto a la razón» (Lukács) en la onda del Romanticismo (I. Berlin, entre muchos) que reaccionó en el siglo XIX al frío cálculo de la Razón ilustrada, exaltando los sentimientos. Así, liberalismo y marxismo obedecerían a una esencial racionalidad, al menos en intención y método, en pugna con un irracionalismo fascista que primaba la voluntad, el sentimiento, la inspiración, y valoraba el azar. Pero ese criterio es dudoso. Sería poco razonable una razón que prescindiera del sentimiento, la voluntad, la intuición o el azar; y simple locura una voluntad ajena al cálculo racional. De hecho, esos elementos van siempre juntos, aunque predomine uno u otro según las circunstancias. Con otros conceptos lo expresa Clausewitz:

«Nuestro intelecto anhela la certeza y la claridad, pero a nuestro espíritu suele atraerle la incertidumbre. En lugar de abrirse paso con la inteligencia por la estrecha senda de la investigación filosófica y de la deducción lógica, prefiere moverse con la imaginación en el terreno del azar y de la suerte (…). Sin sentirse aprisionado por la necesidad elemental, como en el primer caso, goza aquí de una riqueza de posibilidades. Extasiado, el valor toma alas, y la audacia y el peligro se convierten en el elemento al que se precipita, al modo de un nadador intrépido que se arroja a la corriente. (…) Hasta en la osadía hay sabiduría y prudencia, pero esto es apreciado con una escala de valores distinta».

Por lo demás, todas las ideologías, las fascistas también, han desplegado ingentes esfuerzos de racionalización para justificar sus opciones, al tiempo que procuraban suscitar sentimientos y pasiones favorables. Baste constatar la explosión pasional de la Revolución francesa, nacida de un crudo racionalismo ilustrado, para entender que la relación entre razón y sentimiento es más compleja de lo que suele sugerirse.

La razón es sin duda un arma poderosa de la mente humana, pero con límites que la diosa Razón no ha logrado romper en su empeño por ordenar los conocimientos en un todo lógico con sentido general. Nunca la Razón ha producido sistemas plenamente coherentes ni conclusiones sociales homogéneas y de validez universal. El propio avance de las ciencias, en el que las ideologías han querido apoyarse desde el XVIII, abre paradojas como la enunciada por el físico ateo S. Weinberg: cuanto más ordenados y completos los conocimientos (en su caso del cosmos), menos sentido parecen tener.

Así, el ejercicio de la razón como Razón encuentra al menos tres obstáculos: a) Debe apoyarse en premisas indemostrables, no racionales, como el estado de naturaleza, el contrato social, una igualdad humana supuesta posible y deseable, la superioridad de los más fuertes, la economía como principio explicativo de la sociedad y la historia, etc. b) Unas mismas premisas pueden generar conclusiones contrarias o divergentes incluso entre quienes las aceptan. Así la importancia explicativa concedida a la economía, o el evolucionismo de Darwin, o el concepto de la religión como enemiga de la razón, etc., ha generado muy diversas concepciones ideológicas sobre la vida social, el estado, la democracia, etc. c) La Razón siempre será insuficiente para ordenar todos los conocimientos de una realidad demasiado vasta para la mente humana (al menos hasta ahora) y además cambiante, sujeta e nuevos hechos a menudo imprevisibles. En suma: no hallamos por ninguna parte «la Razón», sino razones diversas y contradictorias. Ello no niega el poder de la actividad racional humana, pero lo relativiza y limita.

Y, en fin, la propia razón, con sus poderes, es por así decir otorgado: no procede de la decisión o voluntad del ser humano, sino que, al igual que las demás cualidades propiamente humanas, le viene dada: puede ejercerla, pero no la ha creado.

Propio de esas ideologías es la sustitución, rechazo o marginación del cristianismo. Dentro de sus diferencias, las tres tachan a la religión, de forma clara o implícita, como anacrónica y decadente, restos de un pasado superado por la razón y la ciencia, destinados a extinguirse al ritmo del progreso. Aunque no falten quienes aspiran a acelerar su desaparición por cualquier medio. Importa señalar esto porque en la guerra de España tuvieron un papel esencial el exterminio y la defensa del catolicismo, asunto tratado a menudo superficialmente. Las tres ideologías parten del supuesto de Laplace extendido a la sociedad y al individuo: todo se puede explicar sin recurrir a la hipótesis de la divinidad. Este podría ser un punto de vista liberal hacia la religión, que los marxistas radicalizan en ateísmo militante, mientras los fascistas adoptaban una actitud oportunista desde ideas poco compatibles con el cristianismo. Toda la cuestión podría entenderse como la sustitución de la idea de Dios por la del Hombre armado de la Razón todopoderosa. El culto a la Razón es el culto del hombre al Hombre, culto prometeico, generador de conceptos semejantes a divinidades menores: Progreso, Libertad, Proletariado, Raza aria, Pueblo, Comercio, etc.

Desde luego, las ideologías desplazaron considerablemente a la religión cristiana en Europa, pero sin acabar con ella, pues en sus variantes católica, protestante y ortodoxa, siguió influyendo sobre grandes masas. En otro sentido, y teniendo en cuenta los tremendos choques sociales, agitación y guerras relacionadas con el auge de las ideologías, podríamos concluir que esos fenómenos se deben al abandono de la religión. Pero las épocas anteriores, más religiosas y menos ideologizadas, conocieron, como sabemos, abundantes choques y conflictos sangrientos, lo que obliga a una reflexión más amplia, que aquí no viene al caso.

Capítulo VIII

LAS IDEOLOGÍAS EN ESPAÑA

De las tres ideologías, la más fuerte en España en los años 30 fue, como hemos indicado, el marxismo, aunque fuera más de consigna y retórica que de pensamiento. El fascismo nunca llegaría a influir de forma decisiva, porque el partido más afín a dicha doctrina, la Falange, era insignificante antes de la guerra y nunca predominó en el estado franquista, aunque fuese una de la «familias» del mismo. Y su fascismo, con el énfasis en la jerarquía, el valor, las minorías selectas y la aversión a la democracia liberal, venía muy modificado por su adscripción al catolicismo, poco afecto al estilo pagano de Mussolini y menos aún al de Hitler. En cuanto al liberalismo, había contribuido a traer el proceso revolucionario y estaba desacreditado para la mayor parte de la derecha… que había sido liberal en la Restauración.

En contraste con el de otros países europeos, el liberalismo español no tenía un historial precisamente brillante ni había producido pensadores ni estadistas de talla, con la posible excepción de Cánovas: el siglo XIX, el liberal por excelencia, puede considerarse el de más profunda decadencia en la historia del país. La invasión napoleónica de 1808 había dejado una secuela de enconadas divisiones sociales y políticas entre liberales y tradicionalistas, resolviéndose la pugna a favor de los primeros en una furiosa guerra civil, más otras dos secundarias. El triunfo liberal no trajo estabilidad, pues sus partidarios, divididos en las facciones exaltada y moderada (luego tomarían otros nombres, pero estos son lo bastante descriptivos), se agredieron entre sí en un rosario de pronunciamientos militares y golpes políticos. Los exaltados, violentamente anticatólicos, querían imitar la Revolución francesa, organizaron matanzas de frailes, y su agitación culminaría en la I República, en 1873, la cual estuvo cerca de hundir al país en el caos y las guerras civiles. El rescate vino de las manos de Cánovas, que restauró una monarquía liberal hasta cierto punto democrática con alternancia en el poder y mayor respeto a la Iglesia.

Ante el naufragio de la Restauración en 1923, y luego de la blanda dictadura de Primo de Rivera, numerosos liberales moderados, pero bastante frívolos, propiciaron una II República, de la que tardarían poco en echar pestes. Este régimen, de 1931 a 1936, dio una segunda oportunidad a los enemigos de la Restauración, que enarbolaban la bandera de la democracia, y por ello muchos liberales extranjeros, desconocedores de la realidad de España y con vagas simpatías promarxistas, se identificaron o simpatizaron con el bando perdedor en la guerra civil. Para conseguir sus objetivos, los liberales exaltados (republicanos de izquierda) no vacilaron en aliarse con fuerzas obreristas y totalitarias, así como con los separatistas, ni en agredir frontalmente a la Iglesia, dando lugar a la historia conocida, que desacreditó por mucho tiempo al liberalismo y la democracia en España[15].

En cuanto al marxismo, inspiró en 1879 la fundación del PSOE, en plena época liberal de la Restauración. Su programa buscaba explícitamente radicalizar la «lucha de clases» hasta destruir al sistema político que le permitía organizarse y propagar sus ideas. La revolución rusa provocó escisiones prosoviéticas, si bien el Partido Comunista salido de ellas no adquirió verdadera potencia hasta la misma guerra civil. El PSOE siguió adherido a la II Internacional socialdemócrata, pero rechazó los revisionismos y mantuvo dentro de ella la doctrina marxista revolucionaria. Así, en los años 30 funcionaron en España dos partidos marxistas revolucionarios, PSOE y PCE, más alguno menor como el POUM. Partidos casi siempre hostiles entre sí, más por matices, tácticas e intereses clientelares que por divergencias doctrinales.

Por su parte, la socialdemocracia revisionista, cuya figura emblemática pudo ser Julián Besteiro, aislado en el PSOE, tuvo muy poco peso en España, aunque algunos hayan calificado de tal, muy erróneamente, a su partido. De hecho sería el muy radicalizado PSOE el principal factor de guerra civil, mucho más que la CNT anarquista, cuya indudable potencia de masas mermaba seriamente por su indisciplina, mala organización y teoría confusa.

En la España republicana, el fascismo tuvo aún menos implantación que el comunismo. Su principal representante, Ledesma Ramos, creó las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), que se fundieron con la Falange de José Antonio, dando pie a una pugna resuelta con la expulsión de Ledesma. La Falange recogía muchos rasgos del fascismo italiano, pero su catolicismo, como indicamos, dificulta su clasificación como propiamente fascista. Hasta las elecciones de febrero del 36, la Falange fue minúscula, pero creció con rapidez cuando el proceso revolucionario izquierdista desatado por el Frente Popular se hizo más y más violento. Durante la guerra y años después, cientos de miles de personas se afiliaron a aquel partido, que de paso perdió bastante de la coherencia doctrinal de los primeros tiempos. Frente a la afluencia de una masa políticamente poco clara, los que trataban de guardar las esencias lamentarían siempre su «revolución pendiente». La Falange se mantuvo como uno de los pilares del franquismo, pero no el único y tampoco el más importante, ni siquiera en la primera mitad de los años 40, cuando el régimen se teñía exteriormente de simbología y fraseología de resonancias fascistas.

Otros elementos con mayor presencia en España que en el resto de Europa eran el anarquismo, el tradicionalismo o carlismo añorante del Antiguo Régimen, los separatismos (vasco y catalán) y la Iglesia católica.

El anarquismo o acracia compartía con Marx la aspiración a una sociedad comunista sin poder y sin estado, donde presuntamente lograrían los individuos su máximo desarrollo económico, intelectual y moral (aunque los liberales lo interpretarían como un retroceso al «estado de naturaleza»). Pero, a diferencia de Marx, Bakunin, uno de los fundadores del anarquismo, rechazaba un estado intermedio de socialismo, afirmando que su dictadura «proletaria» sería aún más absoluta y opresiva que los estados anteriores. El comunismo se alcanzaría de pronto, mediante una revolución que extirpase de una vez por todas cualquier forma de poder y de religión. Mientras el emancipador suceso no llegaba, los ácratas glorificaban toda forma de oposición al poder, incluido el bandolerismo.

Tales prédicas debían entusiasmar a las masas que presuntamente deseaban liberarse de toda opresión pero, sorprendentemente, encontraban un eco limitado en ellas. Por esa razón Bakunin y los suyos propendieron de forma casi obsesiva a crear sociedades secretas, incluso sociedades secretas dentro de sociedades secretas, a fin de manipular a las reacias e inconscientes masas para empujarlas a la rebelión liberadora. Otro rasgo del movimiento fue su inclinación al terrorismo, «la propaganda por la acción» (aunque había también corrientes pacifistas a ultranza, de escaso éxito): los atentados anarquistas marcarían una época en Europa entre finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, sin conseguir con ello el deseado poder de arrastre sobre las masas, con la excepción parcial de Rusia y España.

En España, y aparte episodios menores anteriores, la anarcosindicalista CNT (Confederación Nacional del Trabajo), fundada en 1910, creció y se asentó de modo especial en Cataluña y Andalucía, y con bastante arraigo también en otras regiones. Enseguida la nueva organización desplegó intensa actividad en huelgas «salvajes», sabotajes y atentados, convirtiéndose en una de las causas mayores, si no la mayor, de la quiebra de la Restauración en 1923. La dictadura de Primo de Rivera acabó sin demasiada violencia con sus atentados, pero al llegar la república la CNT recuperó su ascendiente: se hablaba de hasta 1,5 millones de afiliados, si bien su cifra real no pasaría de la mitad, aún así muy considerable. Dentro del sindicato operaban «grupos de afinidad», el más fuerte de los cuales fue la FAI (Federación Anarquista Ibérica) una sociedad secreta consagrada a mantener las esencias y radicalizar el movimiento. La CNT-FAI atacó a la república desde el primer momento con su estilo de huelgas violentas, bombazos e insurrecciones («gimnasia revolucionaria»), y fue la causante principal de la caída de Azaña en 1933, a raíz de la matanza de Casas Viejas. Parte de ella colaboró con el PSOE en la revolución de octubre del 34.

Vulnerando sus principios de no participar en elecciones burguesas, la CNT ayudó con votos al Frente Popular en febrero del 36, y en los meses siguientes protagonizó, junto a los socialistas o en pugna con ellos, una escalada de violencias para allanar el camino a una próxima revolución. En la segunda mitad de 1936, en plena guerra, desató una sangrienta revolución que entre otras cosas desorganizó la economía; y sus milicias demostraron un valor militar escaso. Ante el avance de los nacionales, los ácratas volvieron a traicionar sus principios y entraron en el gobierno de Largo Caballero. De poco les valdría, pues los comunistas consiguieron imponer un ejército regular y descabalgarles del poder en mayo del 37, persiguiéndolos y aniquilando algunas de sus obras como sus emblemáticas comunas revolucionarias de Aragón.

En el franquismo, los anarquistas realizaron una oposición esporádica en forma de atentados y asesinatos, sobre todo en Cataluña y más ocasionalmente en Madrid.

Pasando al carlismo o tradicionalismo, su origen se encuentra en la división política y social creada en España por la invasión napoleónica de 1808. Las doctrina liberales encontraron entonces gran resistencia popular, al asociárselas a la misma invasión, que había causado incontables víctimas, ultrajes a la religión católica, destrozos de todas clases en el patrimonio histórico-cultural y pérdida del imperio americano. Muchos creían posible y beneficioso el mantenimiento del Antiguo Régimen absolutista y de un fundamentalismo religioso, y por ello se les llamó tradicionalistas (aunque el absolutismo monárquico de los Borbones, a quienes secundaban, no tenía mucha tradición en España). En la enconada guerra civil subsiguiente, defendieron al aspirante al trono Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, contra la hija de este, Isabel II, por entonces una niña. El carlismo fue vencido y ya no volvió a tener posibilidades de llegar al poder. Fue capaz de intentar dos nuevas revueltas menores en el siglo XIX, y desde entonces sobrevivió en Vascongadas, Navarra, Cataluña, Andalucía y otros puntos como un movimiento político persistente y tenaz, pero nunca hegemónico en ninguna región, salvo en Navarra.

La política anticatólica de la II República dio al carlismo nuevo impulso y resistencia, y fraguaron varias conspiraciones de esa ideología, pero de poco fuste. Sin embargo, ante el alzamiento del 18 de julio del 36, el carlismo se reveló como una fuerza extraordinariamente combativa, movilizando en Navarra y Vascongadas a muchos miles de voluntarios (requetés), que desempeñarían un papel bélico de primer orden en todo el norte cantábrico y en las operaciones posteriores. Pronto surgieron roces peligrosos entre ellos y los falangistas, a quienes veían como un rival demasiado modernista. Franco y Serrano Súñer resolvieron el problema unificando ambos movimientos como núcleo del Movimiento Nacional. La unidad fue en parte ficticia, pero evitó choques mayores. La hegemonía en el Movimiento correspondió a la Falange, y en el nuevo régimen el carlismo quedaría un tanto relegado a actor secundario, aun si no insignificante, ya que sus propuestas políticas sonaban a casi todo el mundo simpáticas pero un tanto anacrónicas.

Respecto del separatismo, los catalanes y los vascos siempre se habían sentido parte de la nación española, pero a finales del siglo XIX fueron surgiendo pequeños grupos que, sin llegar a nacionalistas, exaltaban las diferencias regionales o simplemente las inventaban, por espíritu romántico. Varias de esas diferencias tuvieron tinte religioso: la victoria liberal de 1876 en la última guerra carlista deprimió a los círculos más integristas de Vascongadas y Cataluña, donde clérigos prestigiosos comenzaron a reivindicar la tradición católica de sus regiones por contraste con el liberalismo achacado al resto del país. El fundador del nacionalismo vasco, Sabino Arana, aseguraba que España nunca había sido católica, con la excepción de Vascongadas, a las que aspiraba a separar de la nación. Por esta razón, algunos tratadistas creen los separatismos una herencia del carlismo, pero si bien hubo alguna derivación entre ambos, el carlismo siempre fue un movimiento patriótico muy partidario de la unidad nacional, aunque quisiera basarla en los fueros medievales.

La obsesión diferenciadora se exacerbó por influjo de las doctrinas racistas tan en boga en la Europa de finales del siglo XIX. Sabino Arana titulaba a los vascos «la raza más noble del mundo», «singular por sus bellas cualidades, pero más singular aún por no tener ningún punto de contacto o fraternidad ni con la raza española, ni con la francesa, ni con raza alguna del mundo»; los demás españoles, por el contrario, eran «gentes incultas, brutales y afeminadas», demostrativas de la teoría de Darwin: «más que hombres semejan simios poco menos bestias que el gorila». El separatismo catalán hablaba de los «arios» de su región en contraste con los «africanos» o «semitas» del resto, aunque luego los «arios» se convirtieron en los «íberos». En 1934, un «Manifiesto para la preservación de la raza catalana» propugnaba fundar una Societat Catalana d´Eugenesia para preservar «la nostra rassa» de la mezcla y contaminación con los demás españoles. En octubre de ese mismo año, los separatistas catalanes intentaron un golpe contra la república en conjunción con la insurrección socialista. Después de la derrota nazi en 1945, la querencia racista se ha disimulado, pero permanece en la trastienda de su obstinación en los «hechos diferenciales» tan poco reales como las superioridades raciales antaño esgrimidas con jactancia (el fondo genético es prácticamente igual en todas las regiones).

El auge de los separatismos fue un subproducto de la derrota de 1898 frente a Usa y la pérdida de las últimas colonias en América y el Pacífico. Aquella guerra («el Desastre») causó una gravísima crisis moral en el país y un enorme desprestigio del estado liberal. Cambó, el hábil autor del despegue del nacionalismo catalán, lo expresaría así, refiriéndose a los meses de dicha guerra: «Cuando salíamos del Círculo de la Lligade Catalunya, encendidos de patriotismo catalán, nos sentíamos en la calle como extranjeros, como si no nos hallásemos en nuestra casa, porque no había nadie que compartiese nuestras aspiraciones». Lo mismo, básicamente, ocurría con otros movimientos por el estilo, particularmente el vasco. Pero desde ese momento, los separatismos adquirirían auge paulatinamente, hasta convertirse, con el pistolerismo de la CNT y el radicalismo del PSOE, en el cáncer que aniquilaría a la liberal Restauración.

Los separatismos tuvieron además la fortuna de combinarse con otra respuesta al «Desastre» del 98, el llamado «regeneracionismo», que pretendía regenerar el país tildando su historia anterior de «anormal», «enferma» «desviada», etc. Lo trataremos más adelante, pero está claro que tales ideas proporcionaban excelentes argumentos a quienes no creían posible o deseable la supuesta regeneración y querían más bien disgregar una nación de pasado al parecer tan deplorable.

Durante la guerra civil, separatistas e izquierdas revolucionarias lucharon aliadas. Fue una alianza harto desleal, llena de intrigas y maniobras oscuras que finalmente favorecerían a Franco, como ya quedó indicado.

Capítulo IX

ESPAÑA Y SU UNIDAD NACIONAL

Hemos insistido en el carácter del Frente Popular como alianza de revolucionarios y separatistas porque se trata precisamente de un punto definitorio. Que las izquierdas, sin excepción apreciable, se aliaran sin remilgos con quienes no ocultaban sus aspiraciones a disgregar o balcanizar España, aclara la gravedad del peligro de desintegración política del país, peligro que no fue un mero pretexto de las propagandas franquistas.

A fin de atraerse a los separatistas, las izquierdas les hicieron amplias concesiones, rebasadas de inmediato por sus beneficiarios vulnerando estatutos y acuerdos. Largo Caballero se quejaba de su impotencia ante el PNV: «Cómo imponer la disciplina al Gobierno vasco? ¿Encarcelándolo? ¿Lo podía hacer el Gobierno central desde Valencia? En el caso de poderlo hacer, ¿sería conveniente?». Y Azaña lamentaba: «Su deber (de Companys) más estricto, moral y legal, de lealtad política e incluso personal, era haber conservado para el Estado, desde julio acá, los servicios, instalaciones y bienes que le pertenecían en Cataluña. Se ha hecho lo contrario. Desde usurparme (y al Gobierno de la República, con quien lo comparto) el derecho de indulto, para abajo, no se han privado de ninguna invasión de funciones. Asaltaron la frontera, las aduanas, el Banco de España, Montjuich, los cuarteles, el parque, la telefónica, la CAMPSA, el puerto, las minas de potasa… ¡Para qué enumerar! Crearon la Consejería de Defensa, se pusieron a dirigir la guerra, que fue un modo de impedirla, quisieron conquistar Aragón, decretaron la insensata expedición a Baleares para construir la Gran Cataluña…». Los comunistas, a su turno, trataban de vigilar a los secesionistas y les consentían muchas deslealtades por mantener una apariencia de unidad; aunque, teniendo en cuenta la experiencia soviética, era seguro que les ajustarían cuentas tan pronto alcanzasen la victoria común.

Aprovechando la lucha y las dificultades iniciales de organización, tanto la Esquerra como el PNV buscaron y en parte consiguieron, hacerse con fuerzas armadas propias, no subordinadas sino solo «coordinadas» con las generales. Y aplicaron una activa política internacional a espaldas del gobierno del que formaban parte, para conseguir una paz separada. Intentaron negociar tanto con Roma y Berlín como con Londres y París. Las dos primeras opciones no tenían buenas perspectivas, porque no tenían gran cosa que ofrecerles, pero para Francia e Inglaterra sí disponían de buenos cebos: llegaron a proponerles una especie de protectorado sobre las regiones al norte del río Ebro, incluyendo Navarra y Aragón. Lograron o compraron apoyos periodísticos y políticos en Inglaterra y Francia, pero los gobiernos de estos países temían complicar el conflicto y entendían que los separatistas vendían lo que no tenían, por lo cual prestaron poca atención a sus demandas. En otro orden de cosas, el PNV sostuvo tratos con los fascistas italianos para una rendición separada. Perdidas Vizcaya y Santander, su jefe Aguirre se trasladó a Cataluña, donde siguió intrigando con Companys.

En rigor, los separatistas no engañaban a nadie. Uno de sus propulsores intelectuales, Joan Salvat-Papasseit, abogaba por el cultivo del odio —antes inexistente—como una necesidad absoluta: «No suspiréis por nuestra libertad sin pasar por el odio. ¡Mientras no les odiemos nunca podremos vencerlos! Es necesario, pues, propulsar el odio contra España o dejar de existir». Ventura Gassol, otro intelectual y político, consejero de cultura, concretaba: «Nuestro odio contra la vil España es gigantesco, loco, grande y sublime. Hasta odiamos el nombre, el grito y la memoria, sus tradiciones y su sucia historia». Ese odio obsesivo también constituía para el PNV el principal motor de su política ya desde su fundador Sabino Arana. Tal sentimiento partía en los dos casos de la curiosa pretensión de constituir «razas», superiores al resto de los españoles[16].

Ya citamos la queja de Azaña sobre la falta de sentimientos nacionales dentro de su bando: «ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador». Claro que sus socios de izquierda podían replicar que la nación sí les interesaba, pero con una idea distinta de la de Azaña. De hecho, durante la guerra los partidos de izquierda desplegaron una potente agitación patriótica contra la invasión germanoitaliana y contra los moros. Socialistas, anarquistas, comunistas y hasta separatistas rivalizaban en cantar el heroísmo español. Basten aquí un par de muestras de cuando la batalla de Madrid en noviembre del 36. Así describía a los milicianos el periódico CNT , el día 11: «Son los héroes imperecederos de Cavite, Callao, Gerona, Trafalgar, Zaragoza, Arapiles, San Quintín, Breda, Amberes, Milán, Nápoles, Sicilia, Nervi, Constantinopla, Túnez, Orán, Otumba, Tetuán… que renacen hoy y exigen su puesto en la lucha sangrienta». Y el día anterior, El Socialista reproducía una arenga del propio Companys: «Lucha, vence o muere en tu sitio, soldado del Ejército Popular, hijo esforzado y simbólico del pueblo español. Combate con las armas, con los dientes, con las garras; lánzate en alud sobre el enemigo. Tú, cobarde, atrás; te marcaremos con el hierro candente de la infamia. Debes ser nacido de un bastardo borbónico y una cortesana extranjera. Por eso retrocedes y arrojas las armas (…) Adelante, valientes madrileños».

Así y todo, algo sonaba a hueco en esas tiradas, y Azaña, que había propiciado la unión de revolucionarios y separatistas era el menos indicado para lamentarlo. Para los marxistas, los obreros no tienen patria y la nación es un interesado invento burgués para someter a las masas difuminando la lucha de clases. Ellos y los ácratas promovían una sociedad homogeneizada donde se esfumasen las diferencias nacionales, junto con la propiedad privada, el estado, la familia cristiana o burguesa y la religión. Presentaban el pasado español como un amasijo de opresiones y oscurantismo peores aún que los de otros países burgueses. Antes de la contienda era frecuente en las izquierdas, no solo comunistas, oponer el grito de «¡Viva Rusia!» al de «¡Viva España!».

Sin embargo, quizá fue el PCE quien con más empeño glorificó el patriotismo español. Lo cual chocaba aún más en un partido que proclamaba a la Unión Soviética como patria real o en todo caso superior, la patria de los trabajadores, cuya defensa incondicional constituía la «piedra de toque del internacionalismo proletario». El PCE estaba férreamente tutelado por Moscú, dándose el contrasentido de que llamase a combatir por la independencia contra un imaginario invasor. Siendo el PCE un instrumento ciego y eficaz del Kremlin, su hegemonía convirtió al Frente Popular en protectorado o satélite de Moscú, un dato que no ofrece hoy, ni propiamente ofrecía entonces, la menor duda, a pesar de todas las argucias propagandísticas.

Aun así, cabe recordar que no fue el PCE, sino los socialistas Negrín, Largo Caballero y Prieto, por entonces muy admiradores de la URSS, quienes pusieron los destinos del Frente Popular en manos de Stalin, al enviarle el oro del Banco de España. El Frente Popular perdió así toda independencia real, sin protesta eficaz de anarquistas ni republicanos. Un desengañado Largo Caballero testimonia en sus papeles hasta qué punto se permitían presionarle los soviéticos con el oro y las armas. También Prieto, más tardíamente, llegó a sentirse molesto con la tutela de Stalin, y hay indicios no desdeñables de que, de modo similar a la Esquerra y el PNV, intentó atraer a su causa a Inglaterra ofreciéndole la ría de Vigo, Cartagena y Menorca.

Pese a su agitación patriótica, la fortísima propaganda anterior, radicalmente ofensiva para el pasado hispano, volvía poco creíbles aquellos fervores súbitos, y de hecho no parecen haber surtido mucho efecto en el ánimo de la gente, por lo que los llamamientos al heroísmo patrio debieron completarse con un endurecimiento extremo de los reglamentos militares. La falta real de una idea de España o de un sentido nacional capaz de aglutinar a los diversos partidos, impidió de paso una elemental lealtad entre ellos. Y esa tara tendría peso decisivo en la evolución de la contienda.

Para entender mejor esta extraña alianza, apoyada en la aversión o el desdén hacia la España histórica y orientada por aspiraciones utópicas, vale la pena examinar con especial detenimiento las ideas de los republicanos de izquierda, a pesar de ser las fuerzas más débiles de la coalición frentepopulista. Después de todo, el republicanismo ha terminado por identificarse no con un partido sino con una figura, Azaña, a quien suele considerarse no ya el político e intelectual más destacado del régimen, sino su misma encarnación. Lo cual no es arbitrario, pues él tuvo intervención decisiva en la configuración legal y el tono político que adquirió la república, y luego en la formación del Frente Popular que precipitaría la experiencia republicana a su definitiva ruina.

En sus escritos, Azaña suele mostrar un ánimo patriótico: «Mi duelo de español se sobrepone a todo»; «Siento como propias todas las cosas españolas, y aun las más detestables hay que conllevarlas, como una enfermedad penosa»; «España es la entidad más cuantiosa de mi vida moral, capítulo predominante en mi educación estética, ilación con el pasado, proyección sobre el futuro», etc. Estas expresiones, frecuentes en él, contrastan vivamente con la descripción tenebrosa que hace de la entidad amada y de sus tradiciones. En Fresdeval aparece un pueblo embrutecido y encanallado, sumido en un romo escepticismo, incapaz de aspiraciones o ideas algo elevadas. Esa viene a ser también la impresión ofrecida por La velada en Benicarló y que destila abundantemente en sus diarios, donde concluye: «Una verdad arrasa el alma: empujada por la barbarie, España rueda otra vez al abismo de su miseria».

Y explica su lúgubre visión de este modo: «No soy indulgente con sus defectos (de España): con su locura, su violencia, su desidia, su atraso, su envidia», para rematar, de modo incoherente: «Pero no son razón para volverle la espalda y despegarse, ni de subirse al trípode del hombre superior». Podría no haber incoherencia en estas palabras si su autor descubriese en el pueblo virtudes capaces de equilibrar toda esa suma de lacras morales y físicas, si le encontrase tradiciones o dotes en las que sostenerse para salir del terrible atolladero. Pero eso no aparece, o apenas, en sus escritos. Su visión de España permanece oscura, y hacia ella alterna el desprecio hiriente y la lamentación. Para colmo, los españoles de sus escritos son poco inteligentes, tienen poco seso o poca costumbre de utilizarlo, y muy pocos entre ellos saben simplemente hacer bien las cosas. Ante un país así, lo prudente y racional sería alejarse, desentenderse de él salvo para quien se considere a sí mismo un coloso capaz de enmendar el estrago con casi sus solas fuerzas En su fuero interno, Azaña se sentía algo así, lo expresa en ocasiones en El jardín de los frailes o en la descripción del ensueño en que conversa con el fantasma de Alfonso XIII. Él es el hombre clarividente con espíritu de artista, idóneo para enderezar el gran entuerto. Aunque, siempre contradictorio, afirma: «Es prudente desconfiar de los salvadores de sociedades y de los creadores de mundos nuevos». Mas no otra cosa pensaba ser él.

Esta visión mesiánica de España y de sí mismo tenía larga tradición en el jacobinismo hispano, desde los liberales exaltados hasta los republicanos de izquierda en la II República. Los jacobinos españoles formaban grupos poco nutridos y menos representativos, plagados de personalismos y riñas, con la mente llena de retórica extraída directamente de la Revolución francesa y muy poco aporte propio, sea doctrinal o de análisis de la sociedad que querían transformar. También les caracterizaba un anticatolicismo exacerbado e intelectualmente romo. Estos defectos no les arredraban para intentar gobernar el país; es más, se creían con derecho privilegiado a hacerlo, pues ¿no eran quienes más alto invocaban la libertad y la democracia? Podían y debían dirigir la nación, por las buenas o por las malas. En el siglo XIX crearon y emplearon la táctica del pronunciamiento militar. El jacobinismo francés fue muy centralista, pero el español del siglo XX lo era mucho menos, a causa de su debilidad y de la necesidad de conseguir aliados, incluso entre los separatistas. Dentro del jacobinismo, Azaña descollaba intelectual y políticamente muchos codos por encima de sus correligionarios, hacia la mayoría de los cuales exhibía un desdén sin contemplaciones. Añoraba algún «español inteligente que echo de menos, con agudeza y fortaleza suficientes».

Aquella lúgubre visión de España exigía culpables y también aquí entronca Azaña con el tópico jacobino. La culpa de todos los males procedería de la historia española a partir de la derrota de los Comuneros en el siglo XVI, momento en el cual el rumbo de España se habría extraviado y no habría vuelto a encarrilarse. Desde tan infausta fecha, la historia hispana constituía un cenagal de opresión y desgracias: en eso coincidía Azaña con los demás republicanos de izquierda y otros izquierdistas, con los separatistas y bastantes de derecha que abrevaban en las mismas fuentes. En su llamado Siglo de Oro, España solo habría sido un «imperio de mendigos y frailes, aliñado con miseria y superstición». Del cual perora, sarcástico: «Ganar batallas y con las batallas el cielo; echar una argolla al mundo y traer contento a Dios; desahogar en pro de las miras celestiales las pasiones todas. ¡Qué forja de hombres enterizos!». En los siglos pasados solo sería posible encontrar algo valioso en una «corriente subterránea» débil pero mantenedora, en fin, de las buenas esencias perdidas en Villalar. Por lo tanto, había alguna esperanza: recobrar el viejo espíritu sofocado durante siglos y remozado ahora en espíritu republicano.

Tal viene a ser la concepción transmitida en el siglo XIX por círculos masónicos y propaganda extremista. Como concluirá Azaña, «Ninguna obra podemos fundar en las tradiciones españolas, sino en las categorías universales humanas». Él llamaba «categorías universales humanas» a las ideas y la práctica política francesas de su tiempo. En fin, era preciso «abstraer en la entidad de España sus facciones históricas para mirarla convencionalmente, como una asociación de hombres libres», al estilo, en definitiva, de un club o cosa parecida.

Esa interpretación, que durante el siglo XIX calaba poco en la intelectualidad y menos en la gente común, adquiere ímpetu a principios del siglo XX, hasta predominar en medios políticos, y lo hace justamente a partir de la tan decisiva crisis moral del 98. Por entonces menudearon los ensayos sobre España, originando un movimiento que llamaremos regeneracionista en sentido amplio; y aunque Azaña juzga esos ensayos «arbitrarios en el método, pobres en los resultados», no les aporta a su vez nada original y su posición se identifica en lo esencial con dicha corriente, que incluye también a Ortega. Todos coincidían en proponer remedios tajantes pero un tanto faltos de estudio en profundidad, y en un europeísmo beato y superficial, incapaz de vislumbrar siquiera los derroteros que pronto desembocarían en la Gran Guerra de 1914-18.

Joaquín Costa y Ortega, dieron el tono de ese regeneracionismo, que rechazaba la España histórica y hasta negaba su existencia nacional. Costa fustiga a «una nación frustrada», exige «una total rectificación de nuestra historia», «fundar España otra vez, como si no hubiera existido». Ortega clama, altisonante: «¿Por ventura necesitábamos estos hechos (la Semana Trágica) para averiguar que España no existe como nación?». El entonces joven pensador define la historia del país como una enfermedad, que Azaña comparará a la sífilis. Estas frases de los intelectuales más en boga creaban un ambiente de burla y desdén hacia el pasado hispano, dibujado con los tintes de la Leyenda Negra. Muchos discrepaban, pero pocos alzaban la voz ante los impetuosos nuevos modales y modas. Menéndez Pelayo advirtió: «Presenciamos el lento suicidio de un pueblo que, engañado por gárrulos sofistas, hace espantosa liquidación de su pasado, escarnece a cada momento las sombras de sus progenitores, huye de todo contacto con su pensamiento, reniega de cuanto en la Historia hizo de grande, arroja a los cuatro vientos su riqueza artística y contempla con ojos estúpidos la destrucción de la única España que el mundo conoce, la única cuyo recuerdo tiene virtud bastante para retardar nuestra agonía. Un pueblo viejo no puede renunciar a su historia sin caer en una especie de segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil».

Los regeneracionistas hacían culminar el tristísimo pasado nacional en el régimen más despreciable, el de la Restauración, al cual no ahorran dicterios: «la necrocracia», «el país oficial opuesto al país vital», «el sistema de la mentira y la corrupción que sofoca las energías del pueblo»… la concreción, en fin, de todas las taras a superar si la nación quería subsistir, o mejor refundarse, o incluso empezar a existir «de verdad».

Sobre estas concepciones y programa cabe hacer al menos tres observaciones. En primer lugar, la realidad observable de la Restauración dista mucho de justificar los insultos con que la obsequiaban los regeneracionistas, pues, con todos sus defectos, había logrado mejoras que, vistas desde el convulso siglo XIX, tenían algo de proezas. Para empezar, una relativa paz y estabilidad internas, con el fin de los pronunciamientos y la epilepsia anterior. También un progreso económico no sensacional pero sostenido, por primera vez desde la Guerra de Independencia. Además, una amplia libertad de expresión, a cuyo calor fructificaba la época de mayor florecimiento cultural e intelectual del país desde el Siglo de Oro. Y las leyes liberales, con todos sus defectos de aplicación, permitían a cualquier grupo político organizarse, hacer campañas y presentarse a elecciones, sin excluir a los más radicales enemigos del propio régimen.

Ante estos no despreciables logros, críticas como las de Azaña, Ortega, Costa y muchos otros, suenan arbitrarias y un tanto obsesivas. En realidad, la Restauración propiciaba justamente, aunque fuera con lentitud, la regeneración y europeización exigidas con tonos tan abruptos. Si ellos creían tener el medio de acelerarla, nada dentro del régimen les impedía explicarlo, propagarlo y tratar de convencer a la gente.

Una segunda observación es que, si España era una fantasmagoría, una nulidad o en todo caso el producto de una historia siniestra, ¿por qué empeñarse en regenerarla o refundarla, tarea sumamente fatigosa, quizá imposible por mucho que quisieran apoyarse en lejanas y brumosas virtudes atribuidas al movimiento comunero, o en la apropiación un tanto gratuita del espíritu de Cervantes, o en la imitación deslumbrada y retórica de lo que llamaban Europa? Tratar de zafarse de tan abrumador fracaso histórico tirando cada cual por su lado sería por lo menos tan lógico como la penosa y probablemente inútil porfía regeneradora. El separatismo catalán también negaba la realidad de España y el separatismo vasco la aceptaba, pero con los tintes con que la adornan los regeneracionistas: un país torvo, opresor, inferior y envilecido, corruptor de la raza vasca, «la más noble del mundo». Para marxistas y anarquistas, la enfermedad llamada España no tenía mejor salida que su disolución en un mundo nuevo y feliz. Todos coinciden en el diagnóstico, aunque sus remedios salgan tan distintos y aun opuestos. Y esa coincidencia será, precisamente el cemento de su alianza.

Por lo demás, la idea azañista de reducir España a una asociación de hombres libres, al modo de un club, no mejoraba las cosas, pues los socios, en uso de su libertad, podían entrar o salir de la asociación o fundar otras a voluntad. Desde luego, nadie es libre de elegir su lugar de nacimiento, con sus decisivas consecuencias de idioma, costumbres, cultura, tradiciones, historia y todos los rasgos que, precisamente, definen una patria y que tiene muy poco que ver con una peña de amigos.

En tercer lugar, aquellos personajes aparentaban echar sobre sus hombros una misión titánica: nada menos que fundar o refundar una nación. Recuerdan al sionismo, solo que este inspiró a numerosos personajes entregados a su tarea, resueltos, capaces de esfuerzos legendarios, muy hábiles y hasta, si se quiere, titánicos. Pero salta a la vista que esas cualidades no adornaban a nuestros regeneracionistas, ninguno de los cuales cumplía mínimamente las exigencias vitales de la misión autoasignada. Todos ellos procuraban en primer lugar «solucionarse la vida» mediante alguna oposición a cargos confortables en la burocracia de un estado asfixiante y execrable, según decían. Con sus virtudes y defectos y el indudable talento intelectual de varios de ellos, pertenecían al tipo del «señorito» acostumbrado a la comodidad, refractario al riesgo y poco animoso, en cuyos ostentosos desdenes y lamentaciones aflora la pose. Nada podía concebirse menos titánico. Azaña lo percibía bien en sus compañeros, no tanto en él mismo.

En fin, si había en la Restauración jóvenes privilegiados eran precisamente ellos, pues formaban una élite beneficiaria de una educación superior, viajes y estudios en el extranjero, etc. Y de pronto aquella juventud mimada se revolvía contra el sistema que la alimentaba. Rebeldía cómoda y no muy generosa o atrevida pero enormemente dañina, al fomentar un ambiente social quejumbroso, amargado, afectadamente pesimista; y de efectos revolucionarios al conjuntarse con rebeldías más auténticas, como las marxistas o anarquistas. Esta fue la auténtica tragedia de la Restauración, la pérdida de respaldo intelectual que la dejó sin rumbo.

La medicina para tantos males arrastrados por el país desde tres, cuatro y hasta trece siglos atrás, según aquellos dudosos titanes, se cifraba en el lema «europeización». Por ella clamaban desde los republicanos exaltados de Lerroux hasta muchos políticos de la propia Restauración. Ortega y Gasset lo expresó de modo contundente: «España es el problema y Europa la solución». Frase sin sentido lógico, pero interpretable como que, siendo España una especie de enfermedad o desvarío histórico, necesitaba esa cura. Él mismo hablaba de moverse por Europa «sin sentir vergüenza de ser español». El europeísmo aparecía así como una huida hacia delante con un fondo de hispanofobia.

Claro que España siempre había sido parte de Europa, pero Ortega decidió que se había «tibetanizado», esto es, aislado ya a finales del siglo XVI mediante una «radical hermetización hacia el exterior»… si bien lo habría hecho por obra de los europeos Austrias, dinastía «extranjera» según él. La ocurrencia rebota contra cualquier prueba histórica. De hecho, las influencias externas crecieron desde finales del siglo XVI; lo que descendió fue la influencia recíproca española, debido a su decadencia. Y así ha seguido ocurriendo hasta hoy, sin aislarse nunca del tronco cultural eurooccidental. Todas las corrientes posteriores —Ilustración, Romanticismo, Liberalismo, utopismos…—, arraigaron aquí con peculiaridades, como en los demás países.

Más apropiado sería decir que, desde mediados del XVII, España había perdido originalidad e impulso, retrasándose en economía y cultura respecto de las naciones punteras, sobre todo en el XIX. Pero el retraso y estridencias decimonónicas nacieron precisamente de la intervención europea, esto es, francesa e inglesa en la Guerra de Independencia. La frase de Ortega carecía de rigor histórico y aportaba poca sustancia constructiva. Y aún así, gran parte de las élites intelectuales la aceptaron como un programa concentrado. No daría, desde luego, frutos especialmente jugosos.

Y si la noción orteguiana del pasado hispano pecaba de arbitraria —y asombrosamente distorsionada para provenir de personas cultas— su concepto de Europa no mostraba más agudeza. La mayoría de los intelectuales tenía ideas superficiales y tópicas sobre el pasado y el presente de los países a los que, para ellos, se reducía «Europa», es decir, Francia, secundariamente Inglaterra y Alemania. En el fondo del ataque a la España histórica, esto es, la España real, latía a veces un patriotismo dolorido: deseaban que el país se alzara rápidamente al nivel de Francia y se revolvían contra aquello que, a su poco matizado juicio, impedía tal ventura. Mas, por extraño (y revelador) que suene, aquel fervor europeísta no generó un solo estudio serio sobre la Europa objeto de tal devoción (sí algunas especulaciones un tanto metafísicas y tardías). Ni siquiera libros de viaje de algún interés. Se trataba más bien de un deslumbramiento ingenuo y provinciano, con toques de pensamiento mágico. Sería inútil buscar en aquellos europeístas un esfuerzo intelectual que les permitiera vislumbrar los problemas y conflictos que no tardarían en desembocar en la devastadora I Guerra Mundial; y aún al llegar esta suspiraban por meter a España en la contienda, como carne de cañón para Francia e Inglaterra. Semejante inercia ha continuado hasta hoy en generaciones de intelectuales y políticos. No extrañará demasiado que cuando a los regeneracionistas les llegara la ocasión de aplicar sus magnos proyectos, produjeran una república espasmódica.

Así, los separatistas denostaban a España en nombre de superioridades raciales y rasgos regionales exaltados artificialmente; los regeneracionistas en nombre de una europeización acrítica y vacía de análisis; los revolucionarios en nombre de una revolución internacional emancipadora. Y todos recogían la leyenda negra. Esa raíz común les permitiría unir fuerzas contra la nación realmente existente, así como contra la Iglesia, pese a las crudas rivalidades entre ellos… hasta abocar a la guerra civil.

Por la parte contraria, la defensa de la unidad nacional se asentaba en una visión radicalmente opuesta a la antes vista, si bien con diferencias entre las distintas «familias» franquistas. Su versión de la historia era menos rebuscada y contradictoria, y más próxima a la realidad histórica si vale el dicho latino de que la sencillez es la marca de la verdad. Todas las «familias» coincidían en reconocer y apreciar el fondo cultural latino-católico de España, coronado por un estado propio desde la época visigoda. Reivindicaban la Reconquista frente a la negación de ella, tachada de triunfo de la intolerancia y la fuerza bruta cristiana sobre el refinamiento árabe o judío y su pretendida convivencia armoniosa de «las tres culturas»: interpretaciones hispanófobas corrientes en el Frente Popular (con excepciones como el historiador Sánchez Albornoz). Los nacionales ensalzaban la Reconquista como reconstrucción de la España cristiana, latina y europea, y la época de los Reyes Católicos y los Austrias mayores como la más brillante del pasado hispano, su «siglo de oro».

El fondo del «problema de España», que tanta inquietud intelectual y emocional ha provocado y tales ríos de tinta ha hecho fluir, incluso fuera del país, radica en el fuerte contraste entre el Siglo de Oro y la decadencia posterior. Aquel siglo, en rigor casi dos, estuvo marcado por los reinados de los Reyes Católicos y de los Austrias hasta Felipe III, y culturalmente hasta Felipe IV. Durante ellos, España exploró medio mundo: sus barcos descubrieron América, recorrieron el Pacífico y dieron la primera vuelta al planeta, lo que por sí solo hace de su historia naval la más relevante de la crónica humana; creó el primer imperio transoceánico de la historia y puso en comunicación marítima a todos los continentes habitados, estableciendo nuevas rutas comerciales; defendió con éxito a Europa, sobre todo en el Mediterráneo, frente al empuje turco y más en general islámico; contuvo el expansionismo protestante y difundió el catolicismo por América y el Pacífico hasta Asia; y frenó las ambiciones de Inglaterra, así como las de Francia en Italia. Simultáneamente desplegó una cultura de potente originalidad. De no ser por aquella explosión de energía y creatividad, tan influyente en el mundo, la historia de España se parecería a la de otros muchos países de escasa proyección exterior, y no plantearía inquietudes o angustias mayores.

Los hechos mencionados fueron, no obstante, blanco de la llamada «leyenda negra», nacida de las denuncias de Bartolomé de las Casas sobre la conquista de América. Las potencias rivales de España recogieron y ampliaron tales acusaciones, y la propaganda protestante las combinó con el ataque a la Inquisición, pintada como el súmmum de la crueldad y la barbarie oscurantista. De ahí la imagen de la España del Siglo de Oro como una potencia sanguinaria y enemiga de todo progreso, con la cultura y la libertad aplastadas por unos inquisidores bestiales. La leyenda negra siempre había indignado a cuantos se sentían identificados con lo que consideraban el pasado más glorioso e inspirador de España; pero esa indignación y numerosos desmentidos no impidieron la difusión de las versiones hispanófobas en la propia España durante el siglo XIX y más aún en el XX, después de la derrota frente a Usa en 1898. A ese fenómeno aludía Menéndez Pelayo al denunciar el «suicidio de un pueblo engañado por gárrulos sofistas». Como hemos visto, durante la república y la guerra, los tópicos de la leyenda negra constituían el trasfondo de la interpretación histórica y las políticas de izquierdas y separatismos. Las cuales han retoñado con fuerza después de Franco.

A decir verdad, el menor examen crítico de las denuncias de Las Casas revela tales exageraciones e invenciones que obligan a dudar de la salud mental del autor. En cuanto a la Inquisición, hoy está claro que, con todas sus taras, fue un tribunal mucho menos torturador y más garantista que los comunes en Europa por entonces; que causó muchas menos muertes que otras persecuciones religiosas en Europa; que contribuyó a librar a España de las asoladoras guerras de religión y de la histeria colectiva de la quema de brujas que causó incomparablemente más víctimas en países protestantes y algunos católicos. Y que, contra lo que suele argüirse, no anuló la actividad cultural, pues nunca fue en España más floreciente que en los siglos XVI-XVII. Por lo demás, el avanzado siglo XX ha experimentado las más brutales persecuciones ideológicas, precisamente por partidos que abominaban de la Inquisición.

La denigración del pasado hispano entre las izquierdas se extendía a la Reconquista, unas veces negada en su carácter nacional y otras tildada de imposición bárbara, tesis trabajada por Américo Castro y refutada por Sánchez Albornoz[17]. La intención sería negar la existencia histórica de España como nación, es decir, como comunidad cultural-estatal; idea útil para especular con su refundación o fundación, o bien para procurar su balcanización. Lo cual rechazaba enérgicamente el bando que eligió llamarse nacional: la identidad de España como nación histórica era indiscutible y no debía admitirse en modo alguno su disgregación; su historia, con sus más y sus menos, se estimaba en conjunto gloriosa, y el recuerdo de su mejor pasado debía inspirar la apertura al porvenir con fe en sí misma.

Como fuere, la cuestión principal giraba en torno a la decadencia desde mediados del siglo XVII, remontada en parte durante el XVIII y acentuada en el XIX. Para quienes describían la época de auge de España como «imperio de mendigos y frailes aliñado con miseria y superstición» o la calificaban de «sudario que se extendía sobre el planeta», hablar de decadencia no tenía mucho sentido, pues cualquier cambio desde tal abismo de iniquidad debía constituir una mejora. Así el siglo XVIII, más o menos alumbrado por las luces de la Ilustración, y sobre todo el XIX, guiado por las de la Revolución francesa o la imitación de Inglaterra, habrían sido progresos evidentes. Los enfoques de la izquierda y separatistas incidían en desvalorar a España y encomiar a todos sus enemigos, fueran árabes, protestantes, turcos, franceses o ingleses.

Aun razonando así, la decadencia política, militar y cultural, y el estancamiento económico, sobre todo en el siglo XIX, saltaban a la vista: España había descendido de ser una gran potencia, en algunos momentos la primera del mundo, a un rango de tercera clase en Europa. ¿Cómo explicarlo? ¿Qué factores habían causado tal declive después del extraordinario auge de otrora? Las interpretaciones variaban. Al revés que las izquierdas, los nacionales tendían a encontrar la raíz de ella en el «afrancesamiento» o «extranjerización» del país y la progresiva traición a los dogmas católicos que habrían presidido su mejor época. El secreto del apogeo hispano radicaría en la fe católica y sus propias tradiciones, y la decadencia en el abandono o debilitamiento de ellas.

Menéndez Pelayo, pensador de la Restauración adoptado por muchos franquistas como guía ideológico, había definido alguna vez la España «evangelizadora de la mitad del orbe, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio…; ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra». Aunque había mucho de verdad en ello, como tesis general no bastaba: el catolicismo había sido común en toda Europa occidental hasta la escisión protestante, y aun después de ella seguía vigente en la Europa del sur; el centro de la religión no era Madrid, sino Roma, la cual había obrado no pocas veces contra los intereses españoles, favoreciendo la secesión de Portugal y apoyando a Francia, «hija primogénita de la Iglesia», contra España. La idea misma de la identidad político-religiosa española difería un tanto del concepto católico «a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César». En fin, el país había seguido siendo católico en su decadencia y desde el siglo XVI su Iglesia se había anquilosado notablemente en pensamiento, con actitudes milagreras, formalistas y huecas.

Para colmo, algunos de los países protestantes o rivales de España habían prosperado mucho más, desplegando una cultura más refinada y nuevas ideas, lo cual abonaba críticas que atribuían el estancamiento español precisamente a su catolicismo. ¿Sería posible un renacimiento del genio hispano apoyándose en dicha religión a su vez remozada? Los nacionales harían el estado confesional y se aplicarían en esa dirección, cuya cosecha solo podría apreciarse a largo plazo. Mientras duró esa política, desacreditada como «nacionalcatolicismo», sus resultados fueron apreciables, aunque no deslumbrantes; y de todas formas el experimento quedó en nada cuando, una vez más, la Iglesia cambió de rumbo en el Concilio Vaticano II, negando la confesionalidad y, por tanto, carácter católico al régimen franquista.

Otro elemento de una ideología muy compartida —aunque no totalmente ni mucho menos— en el bando nacional era la monarquía: el país había sido monárquico en sus mejores tiempos y debía continuar la misma línea. Claro que podía hacérsele la misma objeción que al catolicismo: también en la decadencia había permanecido la corona, con historial poco estimulante. Además, la guerra civil no se había librado en nombre de la monarquía, muy desacreditada por su lamentable final en 1931. El argumento monárquico solo cobraba peso al contrastarlo con los dos caos republicanos, que habían llevado al país al borde de la disgregación.

Aun partiendo de ciertos planteamientos e ideas comunes, las «familias» nacionales entendían el pasado hispano con matices diversos, y lo mismo las soluciones a los males patrios. Los carlistas o tradicionalistas aspiraban a reponer en vigor el integrismo religioso y el absolutismo monárquico limitado por un foralismo medieval como formas esenciales de la cultura y política españolas (aunque el absolutismo constituía más bien una importación de Francia). Los alfonsinos o juanistas también identificaban la monarquía con el destino y supervivencia de España, pero su tradición era liberal, aun si por entonces habían renunciado en parte a ella, en pro de un gobierno autoritario. Los católicos políticos cubrían un amplio abanico desde el integrismo a la democracia cristiana y, aunque propensos a la monarquía, se habían inclinado al posibilismo: valoraban el trono en función de las circunstancias históricas, y, agrupados en la CEDA, habían aceptado la república. Los falangistas tenían una visión modernista, más unitaria, estatalista y socializante, próxima al fascismo italiano, menos católica —sin dejar de serlo— y bastante menos monárquica que los anteriores, con sectores abiertamente antimonárquicos y proclives a adaptar algunas tesis liberales y socialistas, por lo que las otras familias solían tacharlos de rojos o de acoger a rojos en sus filas.

Católicos y falangistas rivalizaron desde los primeros momentos por la hegemonía política y en la enseñanza y en los medios obreros, y entre ellos surgió una larga polémica durante veinte años, en torno a Ortega y Unamuno, y más en general, a la asimilación de la cultura de los republicanos y exiliados. Los falangistas admiraban a Ortega y mantenían un aperturismo cultural, buscando asimilar a los mejores intelectuales de antaño y admitiendo hasta cierto punto sus discrepancias ideológicas. En los sectores religiosos (jesuitas y Opus) predominaba una postura más rígida y excluyente: los intelectuales exiliados y antifranquistas a quienes intentaba acercarse la Falange (por lo demás infructuosamente) habían contribuido a traer la república y la revolución, el propio Ortega era esencialmente anticatólico o indiferente, y representaban un pasado funesto cuyo retorno había que impedir. La nueva España debía desplegar su propia y nueva cultura desde la ortodoxia católica, a partir del Menéndez Pelayo más tradicionalista.

En síntesis, la visión de España en el Frente Popular era sumamente contradictoria, ideologizada y sin base histórica real, por lo que difícilmente podía haber producido otra cosa que la conocida. El enfoque de sus adversarios, mucho mejor asentado en la historia, extraía del pasado conclusiones difusas y poco adaptables a los tiempos, o poco capaces de injertar las corrientes de aquellos tiempos en un tronco sólido. El problema continúa y en realidad atañe a toda la cultura occidental.

Capítulo X

EL CATOLICISMO EN LA CRISIS ESPAÑOLA

DE LOS AÑOS 30

Las historias de la guerra civil suelen prestar atención más bien de pasada a una de sus facetas más reveladoras: el papel del catolicismo, más intenso que el del cristianismo en general en el resto de Europa durante el XX; y la terrorífica persecución religiosa, una de las más sangrientas de la historia, bien documentada por Antonio Montero en su Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939 y con nuevas investigaciones por Vicente Cárcel Ortí, Jose Luis Alfaya y otros autores.

Una breve muestra de casos nos indica el sadismo e impulso exterminador con que se llevó a cabo: un anciano coadjutor desnudado, torturado y mutilado, metiéndole en la boca sus genitales; fusilamientos lentos apuntando a órganos no vitales para prolongar la agonía; sacerdotes toreados (a alguno le sacaron los ojos y lo castraron); a un capellán le sacaron un ojo, le cortaron una oreja y la lengua y le degollaron; otro, torturado con agujas saqueras delante de su anciana madre; otro arrastrado por un tranvía hasta morir; once golpeados con mazas, palos y cuchillos en una cheka hasta hacerlos pedazos; muertos a hachazos en espectáculos públicos; un cadáver con una cruz incrustada entre los maxilares; a una profesora de la Universidad de Valencia le arrancaron los ojos y le cortaron la lengua para impedirle seguir gritando «viva Cristo Rey»; una seglar violada ante su hermano atado a un olivo y luego matados ambos; el obispo de Barbastro torturado y castrado… Hechos como estos, recogidos por Cárcel Ortí, y referidos casi todos a Valencia, abundaron en otras provincias, dentro de un terror rojo que incluyó quemar vivas a personas o echarlas a las fieras de los zoos de Madrid y Barcelona. Las vejaciones y el ensañamiento solían proseguir con los cadáveres, destrozados a golpes o quemados o tirados a los barrancos. En los conventos eran exhumados esqueletos o cuerpos momificados y expuestos a la diversión pública… Perecieron cerca de 7.000 clérigos incluyendo 13 obispos y cerca de 300 monjas, a veces violadas antes de asesinarlas[18]. Miles de católicos, en número difícil de precisar, sufrieron una suerte parecida simplemente por practicar su religión.

Con frecuencia se ofrecía a las víctimas salvar la vida a cambio de blasfemar o pisotear un crucifijo, pero rara vez tuvieron éxito, justificando el conocido verso de Claudel «et pas une apostasie». Se trata de hechos documentados, no de distorsiones tipo «memoria histórica». Esta ofensiva contra la Iglesia no es única en tiempos recientes, porque, sin remontarnos a las guerras religiosas impulsadas por el cisma protestante, la Revolución francesa, como la rusa o la mejicana dieron lugar a episodios similares, aun si quizá no tan ensañados.

El ataque no perdonó los edificios: miles de templos y ermitas fueron incendiados o devastados, perdiéndose tesoros artísticos e históricos de valor incalculable: retablos, tapices, cuadros, custodias, imágenes de grandes pintores y escultores como Montañés, Salzillo, Mena, Alonso Cano, Sert. Ardieron archivos y bibliotecas en monasterios, conventos, seminarios y catedrales: solo en Cataluña decenas de miles de volúmenes de la biblioteca franciscana de Sarriá, del seminario y del convento de los Capuchinos de Barcelona, en Igualada, etc. Joyas del gótico, del románico, del barroco y del mudéjar quemadas o voladas. En Madrid, incendiada la catedral de San Isidro, un verdadero museo de arte por sus pinturas italianas y españolas, esculturas, etc. Muchas iglesias convertidas en cuadras y los altares en pesebres. Parodias obscenas de misas… En los cementerios solían ser rotas las cruces y lápidas con alusiones cristianas. Muchos otros bienes fueron saqueados como parte del botín que se llevaron al exilio los líderes rojos.

Los revolucionarios se jactaban. En agosto del 36 Andrés Nin, comunista del POUM que sería torturado y asesinado por comunistas soviéticos, se felicitaba: «El problema de la Iglesia lo hemos resuelto totalmente, yendo a la raíz: hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto». José Díaz, jefe del PCE, alardeaba: «En las provincias que dominamos, hemos sobrepasado en mucho la obra de los soviets, porque la Iglesia, en España, está hoy aniquilada». No mostraban menos euforia los anarquistas, socialistas y otros. Lo que no impedía a la Komintern dar la consigna, en septiembre, de hacer campaña internacional para desmentir «los cuentos de persecución religiosa».

Un mito presenta aquellos actos como una explosión popular espontánea, que el gobierno trató de frenar. No es verdad, fuera de algún gesto aislado e inefectivo. Juan Simeón Vidarte, socialista y masón destacado cuenta cómo Companys soltó una carcajada al saber que Vidarte acompañaba a Francia a un monje hermano de Negrín: «De esos ejemplares aquí ya no quedan». El diario azañista Política animaba con noticias como esta, el 16 de agosto del 36: «Cien millones de pesetas (unos 150 millones de euros) en la caja de unas monjas ¡Y se llamaban hermanitas de los pobres!». Sería una de las cajas de seguridad depositadas por particulares en los bancos, que el gobierno abrió con sopletes para apoderarse de sus bienes, joyas y dinero. Radio Barcelona animaba: «¿Qué importa que las iglesias sean monumentos de arte? El buen miliciano no se detendrá ante ellos. Hay que destruir a la Iglesia». El citado Política explicaba: «Ningún tesoro más precioso que la razón, la justicia y la libertad. Casi todos esos monumentos cuya caída deploramos, son calabozos donde se ha consumido durante siglos el alma y el cuerpo de la humanidad. ¡Bien hayan los bellos versos del poeta sobre el castillo de sus antepasados, arrasado por la Revolución francesa, versos que terminan con un pensamiento tan nuevo en poesía como en política: «Bendito seas tú, viejo palacio sobre el que pasa ahora la reja del arado. Y bendito seas tú, el hombre que hace pasar el arado por ti». La razón, la justicia y la libertad invocadas como acicate a incendiarios y saqueadores mientras hipócritamente se «deploraba».

Se trató de un genocidio en el sentido técnico de la palabra, el único de la guerra civil, pues buscaba exterminar a un grupo social y aniquilar toda una cultura, la cristiana, y borrar en lo posible su recuerdo.

La persecución venía alimentada por una crudísima y amenazadora propaganda e innumerables agresiones y vandalismos e incendios desde el mismo comienzo de la república. Como prólogo, durante la insurrección de octubre del 34 fueron asesinados 34 religiosos y seminaristas en Asturias y tres más en otros puntos, destrozada la biblioteca de la universidad de Oviedo y varios templos, volados monumentos entre los más valiosos del románico en toda Europa. Entre el 16 de febrero y el 18 de julio de 1936, diecisiete sacerdotes habían sido asesinados, y otros heridos, golpeados o encarcelados, y muchos más amenazados, injuriados o expulsados violentamente de sus parroquias. En muchos lugares las izquierdas organizaron farsas de actos religiosos, o gravaron estos con tasas ilegales, o prohibieron los toques de campanas o los entierros católicos públicos. Hubo profanaciones de cementerios, destrucción de cruces y cientos de iglesias, ermitas y edificios administrativos eclesiásticos incendiados.

Los crímenes venían abonados por una propaganda feroz, como esta encuesta del periódico satírico La traca: «¿Qué haría usted con la gente de sotana?». Incluye 345 respuestas del estilo de las siguientes:«Pelarlos, cocerlos, ponerlos en latas de conserva y mandarlos como alimento a las tropas italianas fascistas de Abisinia» «Caparlos y ponerlos a pan y agua, incluyendo al Papa». «Darles una buena paliza de quinientos palos a la salida del sol de cada día». «Castrarlos, hacerles tirar de un carretón, hacerlos en salsa y darlos a comer a Gil Robles y al ex ministro Salmón». Etc.

Obviamente, esta sistemática y a menudo sangrienta provocación se hacía en la creencia de que, teniendo la izquierda el poder, cualquier reacción sería fácilmente aplastada. Tales acciones soliviantaban a la mayoritaria población católica, y hacían crecer en parte de ella el miedo y un odio impotente.

La cuestión mayor es: ¿cómo explicar en un país civilizado conductas tan atroces, que dejan atrás a los crímenes actuales del Estado Islámico? Muchos han culpado a la propia Iglesia. Azaña lo decía a un antiguo profesor suyo, agustino, que por azar había salvado la vida: «la ferocidad del todo o nada» de la Iglesia, no haberse «dejado cortar un dedo para salvar la mano», hizo que «se perdiera la mano y todo el brazo». «Los apasionados de la religión y del orden son los causantes no solamente de la desventura personal de usted y de sus compañeros, sino de las instituciones a que pertenecen». Solo que aquellos «apasionados de la religión y el orden» habían aceptado la república y respetado su legalidad más que los republicanos y el propio Azaña, y habían insistido a este en que pusiera coto al proceso revolucionario previo a la guerra.

Azaña caía en la alucinación cuando aclaraba al pobre fraile: «¿No sabe usted que me pintan como un furibundo enemigo de la Iglesia católica? Es estúpido. Desde mi punto de vista, llamarme enemigo de la Iglesia católica es como llamarme enemigo de los Pirineos. Lo que no admito es que mi país esté gobernado por los obispos, por los priores, las abadesas o los párrocos. A lo que me opongo es que los religiosos enseñen a los seglares filosofía, derecho, historia, ciencias. Sobre eso tengo una experiencia personal más valiosa que todos los tratados de filosofía política». Azaña había prometido demoler las tradiciones religiosas, facilitado ya en 1931 la quema de templos, aulas y bibliotecas, impuesto una Constitución no laica sino anticatólica, prohibido a la Iglesia la enseñanza —contra los deseos y derechos de miles de padres—, disuelto a los jesuitas y causado estragos en la cultura; no había movido un dedo para impedir la gran masacre… y decía no ser enemigo de la Iglesia. Aun más estrafalaria es la suposición de que antes de él gobernaban el país los obispos o las abadesas, o la pretensión de que su experiencia particular valía más que todos los tratados de pensamiento político.

La acusación de «ferocidad e intransigencia» a la Iglesia, aunque tenga algún punto de apoyo en el integrismo —siempre derrotado— es falsa, y podría aplicarse más bien a sus enemigos, que ya en el XIX la habían despojado de bienes materiales, habían fomentado matanzas con acusaciones falsas como que los frailes envenenaban las aguas, habían disuelto las órdenes religiosas, etc.

Un argumento muy esgrimido no solo por las izquierdas, también por comentaristas católicos y conservadores, achaca a la Iglesia haberse olvidado del «pueblo» para aliarse con «los de arriba». El ensayista Salvador de Madariaga recoge, aunque con especial falta de sentido crítico, las principales acusaciones a la Iglesia: «La Iglesia solía ponerse infaliblemente al lado de las peores causas de la vida nacional: apoyando siempre al poderoso, al rico, a la autoridad opresora, el sacerdote había llegado a ser con excesiva frecuencia objeto de aversión popular». Esta era la acusación más eficaz, asumiendo que el rico, el capitalista, era necesariamente un ladrón explotador, enemigo del pueblo. Y tendría sentido si la persecución se hubiera centrado en las jerarquías y los sacerdotes de los barrios acomodados. Pero se cebó en todo el clero, y aún más en el clero bajo, que subsistía a menudo pobremente y realizaba una labor social que, por cierto, no hacían los partidos de izquierda. La Iglesia sostenía una red de asilos de ancianos y desvalidos, asistencia a enfermos, centros de formación profesional y de enseñanza para hijos de obreros, empleadas del hogar y jóvenes sin recursos, algo tanto más apreciable cuanto que por entonces apenas existía seguridad social. Lo que hacía la Iglesia, mucho o poco, y desde luego no era desdeñable, no lo hacía casi nadie. Y es bien significativo que Azaña quisiera prohibir a la Iglesia la beneficencia, o que la quema de «conventos» de 1931 afectara a centros de formación profesional o escuelas salesianas para obreros. La labor eclesial en esos medios irritaba especialmente a las izquierdas, creídas de que esas capas sociales debían ser monopolio suyo.

Madariaga, nada anticatólico, recoge no obstante las acusaciones tópicas y abona otra más: «La cultura católica española es de una riqueza incomparable (…) ¿Qué se hizo con ese tesoro? Absolutamente nada. Los maravillosos autos sacramentales de Calderón se solían dar, de cuando en cuando en el pórtico de alguna catedral católica… pero en Suiza. En España, los sacerdotes no los conocían y los obispos fruncían el ceño al oírlos nombrar. La noble música de Vitoria, Cabezón, Salinas, yacía enterrada en los polvorientos archivos de las catedrales (…); mientras en nuestras iglesias y catedrales predominaba la música ramplona y aun a veces callejera (…) Este ha sido el mayor crimen de la Iglesia española (…) por el que vinieron a pagar miles de sacerdotes»[19]

La denuncia puede tener alguna base, pero no basta para juzgar en bloque al clero. Este no solo sostenía un inmenso patrimonio cultural y artístico heredado del pasado, sino que realizaba un gran esfuerzo intelectual, a través de instituciones como la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), que rivalizaron dignamente con uno de los focos del laicismo español, la Institución Libre de Enseñanza (ILE). La ACNP tuvo gran peso en la formación de la intelectualidad y ambientes políticos. La Iglesia mantenía centros prestigiosos como las universidades de Deusto o de Comillas o revistas de estudios muy variados. El Debate, órgano oficioso del partido católico CEDA, no era inferior al mejor de los demás diarios españoles. Más tarde el Opus Dei representaría un papel de considerable altura en la universidad y la investigación científica. Debe recordarse, además, que los republicanos de izquierda, no digamos ya los obreristas, procuraron desde el primer momento cercenar la actividad cultural de la Iglesia. Y no eran ellos, tan propensos a acusarla de oscurantismo, los más indicados para hablar de cultura. El propio Azaña los calificaría de botarates loquinarios y codiciosos, descripción no del todo injusta.

Se ha imputado también a la Iglesia no haber cultivado a fondo el mundo sindical. El historiador José M. Cuenca Toribio y otros han incidido en esa deficiencia, y en su insuficiente proyección sobre el mundo intelectual y universitario. Es verdad que en los dos ámbitos la Iglesia perdía terreno desde el XIX, pero no por falta de esfuerzos, a menudo de gran aliento y que de ningún modo deben ser menospreciados. Quizá la insuficiencia de su influjo social y cultural obedeciera a no haber dado con el lenguaje adecuado a los tiempos, o no haber superado cierta esclerosis intelectual que venía de lejos; pero, como sea, ni este ni ningún otro fallo justifican la monstruosa persecución.

Como síntesis, cita Madariaga a una lumbrera catalana: «Los revolucionarios han destruido las iglesias, pero el clero había destruido a la Iglesia». La lumbrera debía de ser el cardenal Vidal i Barraquer, a quien salvaba Companys. El absurdo de la frase salta a la vista: ¿qué necesidad tenían de actuar los enemigos de la Iglesia, si el clero ya la había liquidado? ¿O tal vez odiaban al clero ¡por haber destruido a la Iglesia!? Sin contar que los revolucionarios iban mucho más allá de la quema de templos. Caritativa frase de quien se salvaba por afinidad con los separatistas, mientras sus correligionarios, incluido su obispo auxiliar Manuel Borrás, sufrían a menudo el tormento y la muerte por no renegar de su fe, y perdonando a sus verdugos. ¿Qué otra institución o grupo de personas podía presentar un balance parejo de sacrificio y reconciliación, se compartan o no sus ideas? Pero la lumbrera tachaba a las víctimas de destructoras de la Iglesia.

Madariaga desvaría abiertamente cuando sermonea: «Al estallar la guerra civil, la Iglesia debió haber abierto los brazos como Jesucristo, a la izquierda y la derecha (…) debió haber luchado por la paz y la unión, y por ellas muerto. Pero no. Desde el principio se puso de un lado solo (…) No era quién la Iglesia para declararse parcial, y menos parcial en pro de la fuerza». La fuerza estaba al principio, y masivamente, del lado del Frente Popular, el cual, sin esperar ninguna toma de posición eclesiástica, llevó al frenesí una persecución comenzada ya al llegar la república. La Iglesia se había mostrado precisamente conciliadora —en vano—, durante los años anteriores. Y la jerarquía eclesiástica tomó postura oficial con la Carta Colectiva del Episcopado un año después de recomenzada la guerra. Por lo demás, pretender que la Iglesia pusiera en el mismo plano a quienes la exterminaban y a quienes la salvaban indica cierta perturbación moral e intelectual, como en las «explicaciones» de Azaña.

Ha habido en la misma Iglesia una corriente justificadora del genocidio. En plena hecatombe, el padre Lobo colaboraba con la propaganda comunista dentro y fuera de España, empleando la retórica izquierdista («Soy un hijo del pueblo», etc.). Ossorio y Gallardo, jurista democristiano y embajador del Frente Popular, informaba, con burda falsedad, de templos usados como «fortalezas desde las cuales se tiraba con fusiles y ametralladoras contra el pueblo». También colaboraron con el Frente Popular clérigos próximos al PNV —similares a los que más tarde apoyarían los crímenes de la ETA—. Las tropas navarras fusilaron a 14 o 16 de ellos; Franco detuvo las ejecuciones, que los separatistas utilizaron para hablar de «curas vascos», aunque obviamente no fueron fusilados por ser curas ni por ser vascos. De unos curas catalanes salvados por los separatistas señalaba el cardenal Gomá, también catalán: «Ha llamado poderosamente la atención el hecho de que los sacerdotes militantes del catalanismo hayan salido todos indemnes mientras sucumbían a centenares sus hermanos»[20]. Aquellos curas presionaban en el Vaticano contra el bando que salvaba a la Iglesia del exterminio.

Jacques Maritain, un muy influyente intelectual democristiano de izquierda, también maniobraba contra los nacionales y defendía al racista PNV. Según él, «Es un sacrilegio horrible masacrar a sacerdotes —aunque fueran fascistas, son ministros de Cristo— por odio a la religión; y es un sacrilegio igualmente horrible masacrar a los pobres —aunque fueran marxistas, son cuerpo de Cristo— en nombre de la religión». Comparación moralmente extraña: ningún sacerdote fue asesinado por fascista, sino por sacerdote. Y nadie lo fue por ser pobre, sino por razones bien distintas[21].

Maritain pesaría mucho sobre el Concilio Vaticano II, después del cual la Iglesia se distanció radicalmente del franquismo. Fruto de la nueva orientación fueron actitudes como una resolución propuesta en 1971 en la Asamblea de Sacerdotes y Obispos en Madrid, pidiendo «perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos». De nuevo perseguidores y perseguidos quedaban en el mismo plano, con implícito desprecio a las víctimas y a quienes habían impedido completar el genocidio. Y la súplica de perdón solo podía dirigirse a los verdugos y no a los salvadores. Por entonces sectores del clero amparaban a comunistas, separatistas y terroristas de la ETA buscando congraciarse con los partidos antaño perseguidores y luego reducidos a la impotencia por el franquismo.

El Concilio Vaticano II aspiraba a renovar a la Iglesia y adecuarla a los nuevos tiempos del mundo. Como decía una resolución de la citada Asamblea, la Iglesia debía «renovarse o decaer». No está claro que la renovación propuesta tuviese mucho fruto, pues fue como la señal para que gran número de clérigos ahorcara los hábitos, los seminarios se despoblasen, las asociaciones laicas como Acción Católica quedaran «en los huesos», y la práctica religiosa descendiera a mínimos. Casualmente ha sido en Vascongadas y Cataluña donde la decadencia ha sido más pronunciada.

Desde luego, las acusaciones hechas a la Iglesia eran muy exageradas o puramente falsas pero, aun dándolas por reales, asombra la desproporción entre ellas y la saña del ataque. Es obvio que su causa auténtica no reside en tales pretextos. Creo que nos da una clave la excusa del diario azañista Política al describir los edificios religiosos como «calabozos donde se ha consumido durante siglos el alma y el cuerpo de la humanidad». Naturalmente, cuanto se hiciera por extirpar aquellas instituciones enemigas de la razón, la justicia y la libertad, sería poco, y en todo caso no valía la pena afligirse por unas cuantas destrucciones y asesinatos más o menos. Ya Voltaire, en nombre de la razón, había dado la consigna Écrasez l’infâme (aplastad a la infame), compartida con más o menos pasión por las corrientes progresistas. La infame era ante todo la Iglesia católica, aunque podía ampliarse al calvinismo. Su aplastamiento sería una exigencia de la razón. Las ideologías, en cuanto construcciones explicativas del mundo y de la sociedad basadas intencionalmente en el culto a la Razón, venían a comportarse como religiones sustitutorias; y la religión a sustituir era, evidentemente, el cristianismo, considerado enemigo radical de la Razón.

La fuente más profunda del empuje ideológico reside, a mi juicio, en su negación del pecado original, clave de la comprensión cristiana de la condición humana. Creo que ese mito describe, precisamente, el paso de la conducta instintiva e inocente del animal a la moral propiamente humana, al morder la fruta del árbol del bien y el mal. La acción se presenta como una desobediencia al mandato divino, en la cual queda implícita la idea de la libertad; y el hombre que se vuelve libre ha de aceptar no obstante las consecuencias, en gran medida penosas, de la pérdida de la inocencia instintiva. He citado otras veces los versos en que Walt Whitman expresa, inconscientemente, la misma idea: «Podría irme a vivir con los animales, tan plácidos y satisfechos de sí mismos (…) No sudan ni gimen por su condición, no yacen despiertos en la oscuridad ni lloran sus pecados». El ideal propuesto por las ideologías es la negación del pecado original, la libertad sin culpa ni malas consecuencias, sin responsabilidad en definitiva. Aunque por una paradoja solo aparente, esa libertad se anula a sí misma. El mito griego de Prometeo puede interpretarse de modo semejante.

Tal vez esta explicación suene demasiado intelectualizada, puesto que desde luego los perseguidores no razonaban así. Pero, con sus muchas variantes o disfraces, en la condición humana persiste la añoranza por una situación en que los deseos se cumplen sin obstáculos ni castigos, con derechos sin deberes ni responsabilidad, una imposible vuelta a la seguridad del instinto: «La tierra será un paraíso», rezaba una versión de La Internacional. Se entiende entonces que, de manera casi siempre confusa, los perseguidores de la Iglesia se ensañasen de modo especial con el gran obstáculo que durante siglos habría impedido al pueblo acceder a cotas inimaginables de libertad y felicidad, al paraíso en la tierra, por emplear el término simbólico. La Iglesia era la gran opresora, tanto más cuanto que no ejercía su opresión exteriormente, como el poder del estado, sino en lo más íntimo de la personalidad humana, aherrojándola con cadenas espirituales. Las ideologías parecían demostrar mediante la razón, que tales cadenas eran pura fantasmagoría al servicio de intereses prácticos inconfesables. Incluso el más analfabeto percibía oscuramente el fondo de la cuestión, que le movía a rebelarse con furia. Aunque conviene señalar que el aparato y los dirigentes más enconados de la persecución tenían muy poco de analfabetos o incultos.

Por su parte, el catolicismo no era una doctrina política aunque tenía proyección política. No aceptaba la idea liberal de un asocial «estado de naturaleza» superado por un «contrato», sino que consideraba la naturaleza humana propiamente social, en la cual subyacía un fundamento de verdad por encima de las variables convenciones y acuerdos entre humanos, acuerdos que podían ser malvados. Los derechos básicos de la persona serían naturales, con fundamento transcendente, no producto de simples convenciones, y el poder venía de Dios pero debía ejercerse sin tiranía. A su vez, la Iglesia mostraba discrepancias con la economía capitalista, cuestionando la desigualdad de las partes en los acuerdos salariales y condiciones de trabajo; y prescribía un «precio justo» y un «salario justo» muy difíciles de concretar.

Como fuere, la Iglesia podía acomodarse a diversos gobiernos e ideologías, excepto las que propugnaban un estado totalitario y abiertamente antirreligioso. En España había convivido bastante bien con el liberalismo de la Restauración, con la dictadura (muy suave) de Primo de Rivera, y se había mostrado conciliadora con la república, incluso después de la pira de conventos y demás. También convivía con las democracias europeas, y razonablemente con el fascismo italiano; más difícilmente con el nazismo, cuyo totalitarismo había denunciado; y, hasta el concilio Vaticano II había rechazado sin remilgos al comunismo, por su ateísmo militante y las persecuciones a que había dado lugar. En el Vaticano II se había impuesto, en cambio, el «diálogo con el marxismo», del cual no saldría la Iglesia muy bien parada.

Otro punto esencial en esta cuestión es el del papel fundamental del catolicismo en la historia y en la misma configuración de España. La latinización y catolización han sido el contenido fundamental de la cultura hispana ya en tiempos del Imperio romano y hasta hoy. Posteriormente el proceso culminó con la formación de un estado nacional con los visigodos desde Leovigildo y Recaredo[22]. La cultura cristiana y latina y el precedente de la nación latino-goda, permitieron una Reconquista frente a la conquista islámica, que poco a poco rehízo la nación originaria, con la excepción de Portugal.

Como dijimos, España desempeñaría un papel inigualado por cualquier otro país en la defensa de Europa y la cristiandad frente a la superpotencia otomana, que amenazaba por el Mediterráneo, donde su flota prevalecía, y hacia el corazón de Europa por Hungría y Austria. En el frente mediterráneo, España fue determinante en la contención de los turcos, y también desempeñó un papel importante en el primer asedio a Viena. Debe señalarse que los turcos contaron con el apoyo de potencias cristianas como Francia o Inglaterra, así como del expansivo protestantismo. España también fue el principal dique a la expansión inglesa y a la protestante en Países Bajos y en Francia durante el XVI y parte del XVII, al paso que realizaba la mayor obra de evangelización de la historia en América y el Pacífico.

De estos hechos han extraído algunos historiadores y comentaristas la conclusión de que España y el catolicismo van estrecha y necesariamente unidos, siendo inconcebible una sin el otro. La realidad histórica es más complicada, según también observamos en el capítulo anterior. El liberal XIX fue probablemente el de mayor decadencia de España, pero sus dirigentes seguían considerándose católicos en su mayoría. Y por lo que respecta al XX, la autoproclamación católica del régimen de Franco, con aquiescencia y buena voluntad de Roma, no impidió que esta rompiese con el franquismo en los años 60.

Desde luego, Europa y con ella España han evolucionado en un sentido contrario al integrismo. Ese sentido ha traído grandes crímenes, guerras e inestabilidad, pero la idea integrista de unir España y catolicismo carece hoy de base más allá del respeto a esta religión como la más fuerte raíz cultural del país, de la exigencia de libertad para ella, y del reconocimiento de los crímenes que ha traído el intento de erradicarla. Porque, en fin, con sus bienes y sus males, dicha raíz seguía y sigue viva. La persecución trataba de aniquilarla para sustituirla por algo supuestamente superior, pero la pretendida superioridad queda perfectamente reflejada, moral e intelectualmente, en las propias características de la persecución.

Capítulo XI

¿UNA GUERRA ESTÉRIL? CONSECUENCIAS

Sobre las guerras civiles se han dicho muchas vaciedades que pasan por humanistas (son «estériles», «no se curan en generaciones», etcétera). Como ya hemos indicado, aun siendo las guerra deplorables por su violencia intrínseca, las hay efectivamente estériles e inconcluyentes, que agotan a un país o preparan el terreno para otra próxima, y las hay fundacionales o revitalizantes, por cuanto rompen con un mal período anterior y abren otro más fructífero. Así, la Guerra de Independencia useña tuvo también mucho de guerra civil, pero abrió un brillante período en la historia de Usa, aunque debiera ser refrendada por una nueva y muy sangrienta contienda entre useños, la de Secesión. En cambio las luchas por la independencia de Hispanoamérica, asimismo civiles, alumbraron mayormente, hasta hoy mismo, largas etapas de violencias, golpes de estado, guerrillas y oscilaciones entre anarquía y despotismo militar. Cabe, entonces, preguntarse por los efectos de la guerra española, es decir, en qué grado resultó estéril o revitalizante, lo que obliga a considerar la historia anterior.

Comparada con los países más cultos y ricos de Europa occidental, España descendió durante el siglo XIX a una posición peor que mediocre: analfabetismo muy mayoritario; baja calidad de la enseñanza en todos los niveles; retraso científico; exceso de población agraria; industrialización escasa, poco competitiva y demasiado localizada; pobreza extendida en contraste con la riqueza de unas minorías… Lacras alimentadoras del tumulto y tratadas deficientemente por los gobiernos liberales, de modo que persistían, algo atenuadas, en el siglo XX. En este asomaron nuevas fuerzas políticas enarbolando soluciones tajantes que complicaban las tiranteces sociales con empeños disgregadores: marxistas, ácratas, secesionistas, regeneracionistas, republicanos radicales… Los modos tan dispares u opuestos como aquellas fuerzas concebían la sociedad, el estado y la solución a los problemas políticos, admitían poca conciliación, y en todo caso acabaron en una colisión armada. ¿Resolvió la guerra aquellos problemas, o los agravó?

Según las versiones propagandísticas más habituales, el atraso español —real, pero no tan profundo como solía afirmarse— se debía a los partidos retrógrados integrados en el bando nacional, mientras que sus contrarios, reformistas o revolucionarios, encarnaban la «modernidad», el progreso. La realidad histórica, sin embargo, dista de respaldar un esquema tan simple. Las izquierdas progresistas causaron durante el siglo XIX desastres sociales y culturales como la Desamortización de Mendizábal o la Revolución (poco) Gloriosa de 1868, que desembocó en una I República demencial y destructiva. En 1931, la II República, nueva ocasión histórica de aquellas fuerzas radicales, acarreó más hambre, pobreza, violencias y devastación cultural que el anterior período liberal-reaccionario de la Restauración. Cierto que si aquella etapa reaccionaria había distado mucho de ser esplendorosa, al menos había favorecido en casi todos los órdenes un progreso real, lento pero sostenido, un progreso acelerado durante la breve dictadura, más reaccionaria todavía, de Primo de Rivera.

Y la diferencia se acrecienta sin duda en el franquismo. No hay, desde luego, obra humana perfecta o que satisfaga a todo el mundo, pero su balance, perfectamente constatable con datos y estadísticas, es muy suficiente para calificarlo como la época más pacífica y fructífera que había vivido España en por lo menos dos siglos, o lo haya hecho después hasta hoy mismo. El nuevo estado logró reconstruir económicamente el país en medio de dificultades extraordinarias que no tuvo que afrontar el resto de Europa occidental; y durante sus últimos trece años alcanzó ritmos de crecimiento entre los más altos del mundo, acercándose como nunca antes a la media de los países ricos europeos. Importa el dato porque el antifranquismo solía hacer de la economía (el elemento «material») el criterio valorativo, concediendo valor escaso o derivado a los aspectos culturales o a las libertades de la democracia burguesa.

No menor, y hasta mayor trascendencia tuvieron otros logros: el analfabetismo cayó a porcentajes marginales, la enseñanza superior se amplió a buen ritmo, con creciente participación femenina, y alcanzó calidad muy apreciable la producción literaria, artística y científica. España se convirtió en país industrializado y de servicios, con relevante capacidad técnica; la industrialización resolvió de paso el problema agrario, que tantos conflictos había causado desde el siglo XIX, muy enconados en la república; la ambiciosa construcción de pantanos, ampliación de regadíos y repoblación forestal cambió notablemente el paisaje y productividad del agro. La Seguridad Social se reflejó también en la esperanza de vida al nacer, que pasó de ser una de las más bajas de Europa en los años 30 a una de las más altas del mundo a la muerte de Franco. Y en contra de una persistente leyenda, no hubo nada parecido a un «páramo cultural», como quizá lo haya en la actualidad.

Quizá el éxito más concluyente fuera una reconciliación popular muy mayoritaria. Reconciliación manifiesta ya en los años 40, aunque fuera de forma negativa: la mayor parte de los vencidos quizá no apreciaban a Franco, pero la brutal experiencia del Frente Popular les inspiraba pocos deseos de repetirla. Sin ese espíritu habría sido imposible derrotar al maquis y al aislamiento internacional. Su fruto fue la paz más duradera en varios siglos de historia del país. Una paz heredada por la democracia y permanente hoy, casi ochenta años después de la contienda.

Y debe consignarse otro cambio fundamental, casi nunca citado por los historiadores: la sociedad española superaba a casi todas las demás europeas en salud social, medida por índices de delincuencia, presos, alcoholismo, drogas, suicidio, aborto, fracaso matrimonial y familiar, violencia doméstica, etc. Índices mucho más bajos que los de la república, los de casi todo el resto de Europa y los posteriores al franquismo[23].

Otra causa de la paz fue la inactividad de los partidos causantes de la epilepsia republicana; menos uno. Según la leyenda, esa pasividad se debió a una feroz represión de posguerra, que habría ejecutado o asesinado a sus políticos y militantes; pero se trata de una perfecta falsedad. La represión no fue tan dura como suele pintarse, y en general lo fue menos, y mucho más legalista, que la realizada por los vencedores de la guerra mundial. Además, hubo un partido realmente activo y precisamente el más perseguido, el comunista, que luchó contra el régimen desde el principio hasta el final, por medios legales e ilegales, guerrillas, terrorismo o infiltración en la universidad y los sindicatos. Pero, pese a sus empeñados y arriesgados esfuerzos, nunca alcanzó a enraizar en el pueblo ni a hacer peligrar al régimen. En los últimos años del franquismo, cuando el progreso general se traducía en una liberalización creciente, resurgieron, si bien con poca fuerza, grupos de acción reminiscente de las violencias republicanas, en particular la ETA. Pero es significativo que esta banda armada confesara recurrir al terrorismo debido a la indiferencia que le profesaban los vascos[24]. A la ETA se añadirían grupúsculos maoístas tipo FRAP o GRAPO. El hecho real es que la única lucha relevante contra el franquismo fue comunista y/o terrorista, es decir, totalitaria.

Lo anterior nos obliga a plantearnos por qué no hubo resistencia democrática digna de reseña. Una razón la ofrece el liberal Gregorio Marañón cuando reconoce que los liberales, al haber ayudado frívolamente a traer la revolución, no podían quejarse de su desenlace. Una revolución que en ningún caso podían parar ya los liberales, y que derrotaron precisamente los nacionales. Otra razón la ofrece Julián Marías, pensador de opiniones antifranquistas, al señalar la permanencia de una economía básicamente liberal, acompañada de una libertad personal que permitía a casi todo el mundo vivir con pocas trabas y bastante independencia de la política oficial. La censura podía ser enfadosa para un escritor o artista, pero nunca impidió la publicación de una obra maestra, como recordaba Cela. Es más, la mayor parte de la literatura y el cine funcionaba al margen de las ideas del régimen y no raramente en contra, sin por ello dañar significativamente a sus gobiernos.

El franquismo cubrió varias etapas, según iba consolidándose y venciendo peligros sucesivos: las libertades políticas apenas existían en los años 40 para los vencidos o quienes se identificaban con ellos, pero fueron aumentando y mermando la censura en las décadas siguientes. En los años 60-75 menudeó la prensa izquierdista como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Destino, Cambio 16, diarios diversos muy difundidos y nada adeptos e incluso hostiles al régimen. Estos exhibían simpatía o «comprensión» hacia la URSS, el Viet Cong, la Cuba de Castro, la Revolución Cultural maoísta y, con formas insidiosas, hacia la ETA, a la que consideraban «de los nuestros», como admitiría el editor del Grupo 16, Juan Tomás de Salas. El apego a la URSS estalló en salvas de virulentas invectivas contra Solzhenitsin cuando este explicó en la televisión española la diferencia entre un país relativamente liberal como España y un totalitarismo como el soviético; y debe notarse que no eran los comunistas los más furiosos en sus diatribas, sino personas y prensa que pasaban por demoliberales o cristianos «avanzados». Si entendemos por totalitarismo un sistema en que el partido único ocupa el estado y el estado ocupa la sociedad, el franquismo nunca fue totalitario, siendo definido más adecuadamente como «autoritario» por el sociólogo Juan Linz.

Por estas razones, las pocas personas que se tenían por demócratas o liberales vivieron con bastante holgura, prosperaron al ritmo del resto de la sociedad y su oposición no pasó de quejas o pequeñas intrigas, utilizando las nada despreciables libertades de expresión del régimen para socavarlo. A menudo leemos críticas que admiten la necesidad del franquismo para derrotar a la revolución, pero le imputan haber impedido el paso a una democracia (la monarquía de Don Juan) al terminar la guerra mundial. No hace falta ser un lince para entender que el experimento habría conducido a una nueva guerra civil entre quienes habían ganado la anterior y quienes querían aprovecharse de una victoria que no era suya para traer de vuelta a los derrotados, empezando por los socialistas. Y ello bajo la intimidación y amenazas delictivas de los vencedores de Alemania. Otra crítica aplaza la solución democrática a los años 60, cuando el país prosperaba a un ritmo tan rápido: solo que la única oposición real entonces era la comunista y hacia finales de la década la terrorista separatista, mientras que los demoliberales, pocos y débiles, mostraban la misma frivolidad que al comienzo de la república. Y, sobre todo, la inmensa mayoría de la población se sentía satisfecha y no deseaba cambios que después del trauma bélico sonaban innecesariamente azarosos. Desde luego, la agitación demoliberal, por lo demás floja, sedujo a muy pocos, a muchos menos que la comunista, la cual tampoco alcanzó grandes triunfos.

Creo que importa mucho reparar en las circunstancias extraordinariamente arduas en que se cosecharon estos frutos. Ya en el curso de la guerra civil pudo apreciarse la diferencia, señalada al principio, entre los efectos de las políticas progresistas del Frente Popular y las de los reaccionarios nacionales. Los rojos partían con aplastante ventaja económica y grandes extensiones agrarias, pese a lo cual muy pronto cundió en su zona la escasez de víveres y bienes de consumo, enseguida el hambre, y se impuso el racionamiento; la industria, casi monopolizada por izquierdas y secesionistas, trabajó a muy bajo rendimiento; y la persecución religiosa fue al mismo tiempo una orgía de estragos de la herencia histórico-cultural del país. Nada de ello sucedió en la zona nacional, pese a sufrir, sobre todo al inicio, una gran penuria de recursos económicos: no hubo desabastecimiento y hubo muy poca hambre; se organizó desde muy pronto la recuperación o restauración de los bienes culturales robados o destruidos; la industria, cuando se ocupaba una zona enemiga, recobraba pronto su rendimiento habitual.

Fue en la posguerra cuando volvieron el hambre y el racionamiento, contagiados inevitablemente de la zona roja por la dificultad de asimilar a casi la mitad del país que había sufrido los efectos de la revolución. Los aprietos aumentaron cuando el semibloqueo inglés durante la guerra europea restringió fuertemente la importación de petróleo, fertilizantes y otros productos esenciales. Y aun pudo empeorar mucho la situación al terminar la contienda mundial cuando la URSS y las potencias anglosajonas impulsaron a través de la ONU el aislamiento de España: solo que el franquismo neutralizó lo peor de la amenaza adelantándose a negociar con Argentina créditos para importar cereales y carne. Es significativo que en la historiografía más corriente el aislamiento no aparezca como el designio criminal que fue, sino como un plan conveniente para traer la «libertad» a España, lamentando implícitamente el fracaso de la hambruna planeada. A pesar de tantos y tan perjudiciales obstáculos, a finales de los años 40 el país estaba reconstruido, con un fuerte aumento de la expectativa de vida al nacer y con una enseñanza media y superior y numerosas producciones básicas bastante más amplias que en la república. El maquis había dejado de ser un peligro y el aislamiento iba siendo poco a poco desbaratado.

Si bien el régimen resistió contra viento y marea, persistió hacia él una hostilidad sorda y ya poco eficaz desde los países comunistas y democráticos, bien manifiesta en el eco favorable que tuvieron en el exterior campañas de agitación a favor del dirigente comunista Julián Grimau, fusilado en 1963 por estar complicado en las chekas de Barcelona durante la guerra civil; o las vandálicas agresiones a bienes españoles en media Europa, en aval de asesinos de la ETA condenados en juicio.

La cuestión puede examinarse desde el punto de vista de una historia contrafactual, suponiendo la victoria del bando rojo y sus consecuencias. La derrota del Frente Popular no estuvo determinada por ninguna razón material y, a la inversa, cabe sostener que los nacionales habrían perdido de no tener al mando a un militar de la talla de Franco. Dada la relación de fuerzas, las izquierdas pudieron haber aplastado a sus contrarios en las primeras semanas; después tuvieron ocasión de destruir al pequeño ejército que atacaba Madrid, en noviembre del 36; y lo intentaron aunque en vano. Y luego, cuando Franco derivó su esfuerzo hacia el norte cantábrico, el Frente Popular pudo haber empleado su superioridad en el centro para imponerse allí decisivamente. Lo que falló en los tres casos fue la conducción militar, incapaz de romper la resistencia de los nacionales, ciertamente enconada pero en gran inferioridad material (ya vimos que los actos calificables de heroicos correspondieron casi siempre a los de Franco). Más tarde, cuando los nacionales unieron la superioridad material a su mayor destreza y coraje, las expectativas de victoria izquierdista se esfumaron, salvo complicación con la esperada guerra europea. En otras palabras, dista de ser una especulación gratuita la de una eventual victoria del Frente Popular. ¿Qué habría ocurrido en tal caso?

No es posible, claro está, imaginar consecuencias a largo plazo, salvo con alta dosis de arbitrariedad, ya que las situaciones se complican de modo incalculable, y el ceteris paribus casi nunca se da. Pero sí cabe pensar en los resultados inmediatos, juzgando por la experiencia. ¿Habría logrado el Frente Popular un desarrollo económico semejante al del franquismo? Los precedentes indican lo contrario. En el primer bienio republicano, las medidas de izquierda aumentaron el paro, las huelgas y la crispación social. En el segundo bienio, derechista, la economía empezó a reponerse, pero tras las elecciones del Frente Popular el desempleo, la inseguridad jurídica y el desorden casi derrumbaron la economía. Durante los tres años de guerra el desbarajuste empeoró aún.

Una causa de estas deficiencias era la disparidad y simpleza de ideas sobre economía entre cada uno de los partidos componentes. Debe recordarse que la república cerró el único centro superior de estudios económicos, en Deusto, por pertenecer a los jesuitas, mientras que la primera facultad de Ciencias Económicas de España fue creada en 1943 por el franquismo. Tampoco después de Franco ha resultado muy brillante la actuación de la izquierda, que con Felipe González alcanzó tres millones de parados y cinco millones con Zapatero, pese a partir de una situación excelente en el franquismo. Hay pocas dudas, pues, de que un triunfo del Frente Popular habría significado la desarticulación de la producción y la extensión del hambre de su zona a todo el resto del país, más aún si se aplicaban soluciones de tipo soviético o anarquista.

Igualmente las izquierdas habrían ampliado a todo el país la demolición de la cultura cristiana, con aniquilación del clero y asolamiento de monumentos, templos y obras de arte. Todo ello habría sido sustituido por manifestaciones de la ideología marxista y asimiladas, tal como fue ocurriendo en la zona roja.

Teniendo en cuenta la disparidad de fuerzas aliadas en el Frente Popular, cabe preguntarse cuál de ellas se habría impuesto, y la respuesta no ofrece dificultad: habrían sido los comunistas, pues fueron ellos y la URSS quienes lograron dotar a la alianza izquierdista-separatista de cohesión suficiente y de medios para sostener la lucha durante casi tres años. El PCE no solo se había convertido en el partido hegemónico, el mejor organizado y militarizado, sino que también disponía de una estrategia política de vasto alcance, algo inexistente en el resto de las izquierdas. Es decir, el carácter del régimen resultante de la victoria habría sido determinado por el PCE, y habría tenido corte stalinista, al estilo de las posteriores democracias populares del este de Europa (aunque a la URSS podría haberle convenido en una primera fase disimular la realidad). Los líderes del PCE lo explicaron claramente (ganar la guerra para hacer la revolución) por entonces y más tarde. Sorprende, como en tantas otras cuestiones, el obtuso empecinamiento de muchos historiadores por negarlo.

Quizá para acabar de prevalecer, el PCE habría precisado una segunda guerra civil contra sus socios, pero los habrían vencido con certeza. La manera como terminó todo, con una miniguerra civil entre las izquierdas, es bien demostrativa, y no debe desconcertar el hecho de que los comunistas llevaran entonces la peor parte. El PCE era más fuerte en el ejército que sus ex aliados, y si no los aplastó se debió probablemente a que, ante la pérdida inminente de la guerra, no entraba en los planes de Stalin prolongarla cuando pensaba ya en un acuerdo con Hitler, una vez frustrada su estrategia en España. Los comunistas no volcaron sus fuerzas para vencer a Casado: solo unas pocas de sus unidades, probablemente despistadas, le ofrecieron resistencia.

Una España bajo poder comunista habría acentuado seriamente la crisis demoliberal en el continente y emparedado a Europa entre dos regímenes de tipo soviético, lo cual habría tenido la mayor trascendencia en una Francia en plena crispación social y política y con unas izquierdas radicalizadas. Y habría repercutido en Hispanoamérica, tanto por las profundas afinidades culturales como por el ascenso de partidos extremistas de izquierda en varios de ellos. El hipotético hecho habría resultado poco digerible para Inglaterra y Usa, y hasta para Francia, pero no es probable que hubieran podido impedirla, salvo con una intervención militar directa, harto improbable.

Tal resultado habría acercado a las democracias a la Alemania nazi y la Italia fascista, apreciadas como diques a la expansión soviética. Ahora bien, esa probabilidad era la más temida por Stalin, por lo que este habría procurado moderar o aplazar el impulso revolucionario en España, sin soltar sus riendas, a fin de no alarmar en exceso a las democracias y evitar que estas amparasen la agresividad germana hacia el este. Quizá, ante la necesidad de reconstruir el país, Londres tratase de negociar condiciones políticas para sus créditos, como pensaba lord Plymouth según el testimonio de Maiski. En cuanto a Hitler, una derrota de Franco no le habría disuadido de sus proyectos, y le habría abierto la opción de estrechar lazos con Londres y París con vistas a su misión autoimpuesta de colonizar Rusia, evitándose un segundo frente por el oeste. Tampoco esto resultaría sencillo, pues exigiría la invasión de Polonia para atacar a la URSS; pero quizá en aquellas circunstancias las democracias habrían hecho poca oposición, como cuando la anexión de Austria y la ocupación nazi de Checoslovaquia.

Las tensiones de la época eran tan complejas y las circunstancias tan cambiantes, que es imposible ir más allá de especulaciones razonables y a corto plazo. Baste pensar que tras el reparto de Polonia entre Moscú y Berlín, la guerra ruso-finlandesa estuvo cerca de provocar el ataque franco-inglés a la URSS. Lo seguro es que la guerra europea habría estallado por un lado o por otro, y que una España dominada por las izquierdas se habría visto arrastrada a ella, con gran probabilidad de acabar balcanizada, disgregada en varios pequeños estados resentidos entre sí y controlados por potencias exteriores. Si la guerra hubiera estallado entre Alemania y las democracias, como de hecho sucedió, Hitler no se habría detenido en los Pirineos ante una España roja, y en cambio lo hizo ante la España franquista; y si la lucha hubiera empezado entre Alemania y la URSS, tampoco habría podido quedar al margen un país frentepopulista.

En cuanto a Franco, su victoria pareció encerrar a Francia entre las potencias fascistas y España. Como sabemos, ese desenlace preocupó a Londres y París menos de lo que habría preocupado el contrario porque, a despecho de las propagandas, no estaba claro que España deviniese fascista y socio incondicional de Alemania e Italia. Lo indicaba la crisis de Munich en septiembre de 1938, cuando Franco advirtió que permanecería neutral en un conflicto armado europeo. Después, con sus más y sus menos y posibles tentaciones, pero desde luego con los hechos, esa fue la política española a lo largo de la guerra mundial. Franco apuntaba a la URSS y al comunismo como principal enemigo y le alarmaba la perspectiva del occidente europeo destrozado por un choque entre Alemania por un lado y Francia e Inglaterra por el otro, pues solo Stalin sacaría el beneficio. Ya en la guerra mundial procuraría, en balde, que Usa e Inglaterra llegasen a acuerdos con Alemania dejando a esta centrar toda su energía contra la URSS.

En definitiva, Franco evitó que España fuese arrastrada al remolino de la guerra mundial, mientras que una España roja habría entrado en él con máxima probabilidad. La no beligerancia franquista resultó una bendición estratégica para las potencias anglosajonas, mucho más que para Alemania e Italia. En cambio una España roja conquistada por Hitler habría traído muy serios problemas a los anglosajones.

Los partidos del Frente Popular volvieron a tener su oportunidad al terminar la guerra mundial: parecía inminente la caída de Franco, pues nadie imaginaba que pudiera resistir al mero soplo de las superpotencias vencedoras. A través de Méjico, los exiliados lograron vetar a España en la ONU y propiciar el aislamiento internacional. Disponían de cuantiosos medios económicos, saqueados durante la guerra civil y transferidos a América y a Inglaterra, y gozaban del apoyo de diversos gobiernos, y de simpatías al más alto nivel en Usa, Francia e Inglaterra: no en vano proclamaban haber luchado por la democracia y contra el fascismo. Ventaja añadida fue la incertidumbre en las propias filas franquistas y la actitud de los monárquicos más próximos al pretendiente Don Juan, que rompió públicamente con Franco. Don Juan fue convencido de implantar un régimen que integrase a los socialistas, los cuales habían expulsado en 1931 a la monarquía. Los consejeros juanistas llegaron a aceptar planes del servicio secreto useño que entrañaban, técnicamente, alta traición al país[25].

Tanto los monárquicos como los exiliados estaban muy dispuestos a conquistar el poder aupados en los tanques useños e ingleses, arrostrando la grave responsabilidad de desatar probablemente una nueva guerra civil. Los comunistas, con previsión a más largo plazo, tomaron ellos mismos las armas mediante el maquis, calculando que así, a la caída de Franco, ellos serían la fuerza más efectiva.

Todas aquellas expectativas fracasaron ante la firmeza de Franco y sus seguidores frente a todas las intimidaciones. Los vencedores de Alemania, Italia y Japón tenían fuerza sobrada para aplastar a un ejército español con armamento escaso y ya obsoleto, pero el temor a una guerra civil contagiable a una Europa hambrienta y en ruinas, les impuso mayor cautela. A su vez, los políticos exiliados, creyendo inminente su vuelta triunfal a España, disputaban entre sí por los favores de las cancillerías extranjeras, y desde luego no estaban dispuestos a emular al PCE arriesgándose a luchar en la misma España. Además recelaban de los comunistas después de sus traumáticas experiencias con ellos durante la guerra civil; y al empezar la guerra fría, un frente unido de todos los vencidos del Frente Popular se hizo imposible. Los gobiernos en el exilio, plagados de intrigas internas, demostraron su inoperancia; y las potencias vencedoras comprendieron que apoyarse en aquellos políticos no les llevaría lejos.

Y así volvió a fracasar el Frente Popular, y el franquismo resistió las presiones y chantajes. Pero no solo por los temores y creciente rivalidad entre los vencedores del Eje, sino, más aún, por el apoyo muy mayoritario de los españoles, que en todo momento rechazaron la injerencia extranjera y a unos partidos y políticos de quienes guardaban memoria aún precisa. Sin ese factor, el régimen habría sucumbido con seguridad.

Poco a poco Washington, Londres y París comprendieron que en la guerra fría contra su ex aliada Unión Soviética, solo el franquismo garantizaba el crucial valor geoestratégico de la Península Ibérica, y debieron ceder a la realidad, aunque perdurasen manejos hostiles. De no contar con una España estable, la posición de las democracias frente a la URSS habría sido más precaria. En definitiva, ellas debieron más a España que España a ellas, como ya había ocurrido en la guerra mundial.

En fin de cuentas, la guerra civil mantuvo la unidad nacional, impidió una revolución totalitaria, salvó la cultura cristiana en España, le evitó la guerra mundial, ayudó muy significativamente a contener el comunismo en Europa, inauguró la paz más prolongada vivida en varios siglos, durante la cual la sociedad prosperó mucho más que nunca, y superó las violentas epilepsias de la república. No suena lógico llamarle guerra estéril.

Tercera parte

LOS PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

Capítulo XII

LA DERECHA Y LA DEMOCRACIA

La evidencia de que la guerra no se libró en torno a la democracia obliga a plantear los problemas de ese tipo de régimen en España. La idea democrática ha alcanzado tal fuerza en nuestra época que casi todos los partidos e ideologías la invocan, aunque la entiendan de modos muy diversos. Aquí consideramos su versión liberal, de la que encontramos raíces remotas durante la Reconquista (las Cortes de León fueron posiblemente el primer modelo parlamentario europeo); y más recientes en la Escuela de Salamanca de los siglos XVI-XVII, con pensadores como Francisco Suárez (el poder viene de Dios, pero no directamente sino a través del pueblo, lo que abría paso a un concepto democrático), los cuales influyeron de modo relevante en el pensamiento político europeo y en los fundadores de la democracia useña. Sin embargo en los siglos XIX y XX, cuando liberalismo y democracia cobran mayor fuerza y cuajan en regímenes políticos por Europa y América, apenas hallamos pensamiento democrático en España más allá de algunas generalidades. El pensamiento ha sido más bien contrario o renuente a la democracia liberal, desde Donoso Cortés a Ortega. Por ello examinaremos las actitudes derechistas más en las conductas prácticas que en las teorías, volviendo sobre algunos temas ya tratados.

Al igual que en casi todo el resto de Europa, el liberalismo nació en España de la Revolución francesa y las guerras napoleónicas, con una mezcla de impulso y temor hacia la democracia. Sus propuestas entrañaban un avance sobre las divisiones forales o feudales anteriores: igualdad ante la ley (al menos en principio), libertades políticas y soberanía teórica del pueblo y no de un rey o grupo. Pero el nuevo movimiento surgió en España de una brutal invasión extranjera, anticatólica y sanguinaria, y gran parte del pueblo identificó ambas cosas, por lo que prefirió una legitimidad ya anacrónica.

La división legada por la invasión francesa provocó una nueva y asoladora guerra, esta civil, y otras dos mucho menores a lo largo del siglo. Al ganarlas los liberales, cabría esperar un florecimiento de la iniciativa individual, mayor riqueza e ilustración pública, como ocurría en algunos países. Pero no fue así: su triunfo abrió una época de reyertas y pronunciamientos militares entre liberales moderados y «exaltados». La iniciativa económica fue escasa y aunque algunos tramos sociales prosperaron, el conjunto del país permaneció semiestancado. Un fuerte proteccionismo redujo la industria a los núcleos de Barcelona y Bilbao, con un mercado cautivo que pagaba muy caros unos productos industriales mediocres (el proteccionismo no es necesariamente perjudicial, pero sí su exceso: Usa o Alemania montaron su industria protegiéndola de la competencia inglesa, mientras que a Portugal su libre comercio con Inglaterra le mantuvo más pobre que España). Culturalmente, a los saqueos y destrucciones del patrimonio histórico-artístico traídos por la invasión francesa se sumó el desastre para monumentos, bibliotecas y archivos causado por las desamortizaciones. La ciencia no despegó, las universidades no salieron de la mediocridad, y la alta cultura quedó en un reflejo pálido de la francesa o inglesa. El personal político liberal no descolló por lo hábil o ilustrado, y sus desaciertos debieron ser corregidos por la frecuente intervención de militares asimismo liberales («espadones») aunque menos propensos a la insensatez.

Del democratismo exaltado salió el sufragio universal por primera vez en 1869, pero su secuela fue una I República cuya extravagancia generó en menos de un año un abismal desorden y una triple guerra civil. Para remediar el estrago, Cánovas y el general Martínez Campos volvieron a traer, con Alfonso XII, la dinastía borbónica derrocada en 1868. El nuevo régimen, llamado por eso de la Restauración, trataba de imitar el modelo inglés, eliminando el continuo golpismo anterior entre liberales y ordenando un turno pacífico de unos y otros en el gobierno. Muchos de los antiguos exaltados afluyeron al Partido Liberal y los moderados al Conservador. El arreglo trajo paz y un liberalismo evolutivo. Los conservadores temían que el sufragio universal acarrearía el comunismo, pero aceptaron su instauración en 1890, siendo uno de los primeros países de Europa que lo hacía (Inglaterra, por ejemplo, solo lo impuso en 1918, al terminar la I Guerra Mundial). Se ha acusado a la Restauración de desvirtuar el voto mediante el caciquismo, hecho cierto pero casi inevitable en una sociedad agraria, mayoritariamente analfabeta y de escasa cultura política. Por lo demás, caciquismos, demagogias y fraudes electorales existen en muchos países, incluso avanzados, aún hoy. Pese a todo, la Restauración, mil veces denostada por izquierdas y derechas, superó la inestabilidad del siglo XIX, permitió amplias libertades e impulsó una prosperidad modesta, pero acumulativa, durante casi cincuenta años.

El régimen duró hasta 1923, pero con dificultades crecientes a partir de 1898, fecha del «Desastre», como se llamó a la derrota frente a Usa y la pérdida de las últimas colonias en las Antillas y el Pacífico. Aquel suceso, crucial en la historia de España, causó en la sociedad una profunda quiebra moral, de la que cobraron impulso el anarquismo, el socialismo, el republicanismo radical y los separatismos, como ya quedó reiteradamente indicado. En comparación con todos ellos, el propio régimen de la Restauración pareció derechista. Los partidos contrarios, la izquierda en sentido lato, enarbolaban la enseña de la democracia contra un sistema que tachaban de falso, corrupto y anticuado, y al que hostigaban por medios legales e ilegales, empleando a menudo el golpismo y el pistolerismo. El año 1898 marcó la crisis profunda que desembocaría finalmente en la guerra civil de 1936.

Se ha achacado a la Restauración una esencial debilidad, y sin duda la tuvo, aun si después del 98 resistió aún un cuarto de siglo a un acoso despiadado. Su Constitución y libertades la hacían reformable y pudo haberse estabilizado. ¿Por qué no lo consiguió? Quizá no tanto por la enemistad implacable de sus enemigos políticos como por el rechazo que encontró a partir del 98 en los intelectuales regeneracionistas y otros de prestigio, los cuales lo privaron del necesario soporte moral e intelectual y corroyeron su legitimidad. Muy pocos respaldaron al régimen —Menéndez Pelayo el más notorio—, y un régimen no puede subsistir largo tiempo sin una fundamentación intelectual que lo justifique y legitime. La falta o insuficiencia de ese respaldo dio a la política y a los políticos de la época ese aire pintoresco y poco respetable con que se les recuerda, exceptuando unos pocos como Cánovas o Dato. La inseguridad y vacilaciones de aquellos políticos reflejaban un sentimiento de escasa legitimidad ante las agresivas acusaciones que sus contrarios le hacían invocando una supuesta democracia. Este problema marcaría la historia posterior del país.

Ante el probable colapso del régimen, el general Primo de Rivera instauró en 1923 una dictadura con acuerdo del rey y sin derramar sangre. La mayoría de la población, también al principio escritores como Ortega y Gasset, dieron la bienvenida al nuevo régimen, hartos de la flojera moral e ineptitud de los políticos y del barullo de los supuestos demócratas. Fue una dictadura notablemente liberal: proscribió a ácratas, separatistas y comunistas, pero no su propaganda. Y curó los cuatro cánceres que habían devastado la Restauración: el terrorismo anarquista, los secesionismos catalán y vasco, la guerra del Rif, y la desaforada agitación del PSOE. Más aún, el PSOE colaboró con la dictadura a fin de desbancar a su rival CNT. En contraste con su angustiosa amenaza anterior, aquellos cánceres sanaron con sorprendente facilidad, y la paz social aceleró mucho más que antaño la modernización y riqueza del país. La dictadura nació como tal, al estilo romano, es decir, como remedio de urgencia a una situación crítica; luego trató de institucionalizarse ante la imposibilidad de volver a lo anterior: manteniendo la monarquía como factor de estabilidad, intentó sustituir los viejos partidos caciquiles, Conservador y Liberal, por una Unión Patriótica, de corte conservador y corporativista, con el PSOE como oposición reconocida. El plan naufragó porque el PSOE rehusó entrar en aquel juego político, pese a disfrutar de jugosas ventajas.

Escritores como José María Pemán, José Pemartín o Ramiro de Maeztu intentaron dar consistencia teórica al régimen de Primo de Rivera, rechazando de plano el comunismo y criticando los conceptos liberales del estado contractual como engendradores de la arbitrariedad e inseguridad. España debía asentarse en la tradición del catolicismo y la monarquía, sin obstaculizar el progreso y cultivando un patriotismo expuesto así: «La Patria no es un agregado amorfo de individuos cuya organización depende de nosotros (…) No es una mole, sino un organismo, no un simple agregado de individuos sino un agregado de Sociedades subalternas, que son otros tantos seres vivos». De ahí una idea corporativista de la sociedad. Su patriotismo debía repudiar el nacionalismo, al que atribuían carácter pagano y la culpa de la todavía reciente I Guerra Mundial, entre otras catástrofes. Estas ideas concordaban en varios puntos con otras extendidas por Europa después de dicha guerra y de la Revolución soviética, como los fascismos, autoritarismos conservadores o la democracia orgánica.

Sin embargo el grueso de los intelectuales, al menos los más publicitados, como Ortega o Unamuno, cambiaron pronto a una censura cerrada a Primo de Rivera y al rey Alfonso XIII, por haber auspiciado este su dictadura, y propusieron una república identificada con la democracia. No obstante, Ortega oponía el liberalismo a la democracia y detestaba a «las masas» cuya «rebelión» criticaba agudamente; Unamuno se contradecía con ardor, cosa habitual en él; Azaña aspiraba a una democracia sui generis, cuyos frutos ya hemos examinado sumariamente. Las propagandas socialista, comunista y anarquista ganaban intensidad. Así, Primo no alcanzó a superar el mal de fondo que había fragilizado a la Restauración, por falta de una sólida fundamentación ideológica y de suficientes intelectuales afectos. Y, pese a sus logros, padeció el estigma de la ilegitimidad, que iba a contagiar a la monarquía.

Ante las oposiciones, el dictador se retiró voluntariamente en 1929. Su gobierno había sido sin duda el más fructífero y útil al país en lo que iba de siglo, y su dominio muy suave; y sin embargo casi todo el mundillo político e intelectual lo despidió con cajas destempladas. El artículo de Ortega «El error Berenguer», tan disparatado como influyente, lo refleja a la perfección. Paradójicamente, quienes acusaban al general de dictador y de haber roto el sistema constitucional, eran quienes habían saboteado sistemáticamente dicho sistema, hasta arruinarlo. Achacaban vulnerar la democracia y la libertad los mismos que aspiraban a una democracia contraria a la libertad y habían practicado un golpismo permanente. Pero la defensa se hacía imposible ante la arrolladora sugestión del concepto de democracia unida en ese momento al de república.

La derecha, en general, miraba con aprensión a la democracia, en parte por la conducta violenta y subversiva de aquellos partidos, en parte por insuficiencia doctrinal, en parte por los dramáticos sucesos europeos. Un sector derechista podría catalogarse como liberal, pero, incapaz de un análisis histórico (el de Ortega en España invertebrada sorprende por lo arbitrario), había acometido encarnizadamente a la liberal Restauración. O había creído al PSOE un partido modernizador, y en ocasiones excusado el pistolerismo ácrata. Y patrocinaba una II República con retórica dogmática, cuajada de buenos deseos y esperanzas , pero escaso rigor de análisis. Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, tres escritores prestigiosos, recibieron el título de «padres espirituales de la república» por haber firmado un célebre manifiesto a su favor en 1931. La experiencia les haría cambiar pronto de opinión, hasta lanzar los más amargos dicterios contra la república y los republicanos.

Otro sector de derecha, tradicionalista o primorriverista, repelía al liberalismo y la democracia, preconizando una vuelta a la tradición católica-monárquica, en la que creían encontrar los elementos para un renacimiento del país. Contaban desde el siglo XIX con figuras de talla intelectual como Donoso Cortés, Jaime Balmes, Vázquez de Mella, Menéndez Pelayo (este evolucionó en sentido liberal), etc., pero se hallaban desbordados por un movimiento opuesto en que se confundían todo tipo de izquierdas.

Dado el fracaso de la Restauración, en la derecha fue debilitándose su anterior estilo o carácter liberal, y ganando ascendiente las soluciones autoritarias, máxime ante los desafíos revolucionarios o extremistas de izquierda. Después de la dictadura, la derecha se dividió en dos corrientes básicas: una minoritaria rechazaba la república y aspiraba a una monarquía de autoridad (Calvo Sotelo), influida por el éxito del fascismo italiano; pero la mayoría (la CEDA de Gil-Robles), aceptó el nuevo régimen, relativamente demoliberal, pese a su anticatolicismo, pensando en reformarlo por vía legal y pacífica. Su aceptación fue tan lejos que cuando las izquierdas se sublevaron contra la república en 1934, esa derecha defendió y mantuvo el orden constitucional. Pero al desarrollarse el proceso revolucionario con el Frente Popular, en medios derechistas repudiaron tanto al Frente como a la democracia liberal con la que se confundía, y a la que acusaban de haber allanado la senda a la revolución. En ese momento, Calvo Sotelo, la Falange y los carlistas representaron mejor que la CEDA el nuevo talante, hasta que las violencias de las izquierdas hicieron inevitable el choque armado.

Los vencedores de la guerra civil no podían identificarse, pues, con la democracia, y crearon un nuevo estado con el fin de superar los fracasados ensayos políticos anteriores. No fue este su único planteamiento, ya que otros entendían el franquismo como respuesta extraordinaria a una crisis histórica extraordinaria, que una vez resuelta la crisis debía ceder el paso a un estado parejo a los de Europa occidental después de la derrota germanoitaliana. Ninguna de estas dos ópticas produjo, nuevamente, doctrina concluyente. Por ello los enemigos del franquismo —totalitarios casi todos— pudieron seguir alzando sus banderas de «poder del pueblo» y libertad, y en los últimos años del régimen introducir en la universidad la glorificación de la república y el Frente Popular… a través de la escuela historiográfica stalinista de Tuñón de Lara.

Aun así, el hecho indiscutible es que el franquismo tuvo un éxito sin precedentes en la historia contemporánea de España, y ello contra viento y marea de una hostilidad exterior muy amenazante en algunos momentos, y de la actividad comunista y terrorista en el interior. Al carecer de homogeneidad política sus «familias» o fuerzas componentes, el régimen se definió por el catolicismo común a todas ellas, y ya sabemos cómo se vació intelectual e ideológicamente después del Concilio Vaticano II. Se dio así la paradoja de que, nacido para derrotar a la revolución y superar la democracia liberal, cumplió con lo primero y terminó abocado a la segunda. Pues creó, sin pretenderlo, las mejores condiciones para una democracia tranquila y eficaz en contraste con las experiencias anteriores.

La transición del franquismo a una democracia de tipo eurooccidental se hizo con muchos temores: ¿ocasionaría disturbios generalizados, incluso una nueva contienda, dado el «cainismo» achacado a los españoles por tantos supuestos expertos? ¿O un golpe como el que en Portugal había llevado al borde de la guerra interna? Muchos así lo esperaban, dentro y más aún fuera de España. Mas pronto quedó claro que ello no ocurriría, porque los rencores de antaño estaban superados, dato esencial al que pocos historiadores conceden el debido valor. Por supuesto, existían elementos y círculos irreconciliables, ligados al terrorismo o simpatizantes de él, molestos pero reducidos, y los comunistas trataban de pasar por civilizados demócratas y hasta próximos al cristianismo («la hoz y el martillo en una mano y la cruz en la otra»). Pero la masa de la población en todos los niveles era ya inmune a las pasiones políticas de antaño.

Y no se presentaba el problema de la legitimidad, que había terminado por demoler la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera y la propia monarquía. Para no perder la costumbre, la mayoría de los intelectuales habían llegado a hacerse en los últimos años ajenos u hostiles al régimen, aunque este los había soportado sin mayor apuro: le seguía bastando la legitimidad de haber derrotado militarmente una revolución y el separatismo, y traído a la nación un largo período de paz y prosperidad con escasa opresión (nunca había habido demócratas en la cárcel, solo comunistas y terroristas, y estos en corto número desde los años 50). La pretensión antifranquista de imponer una ruptura pasando por alto aquellos cuarenta años para enlazar con la pretendida legitimidad del Frente Popular fue rechazada abrumadoramente en el referéndum de diciembre de 1976, en pro de una evolución de la ley a la ley a partir del franquismo.

En fin, la sociedad española disfrutaba de solidez bastante para permitir una evolución sin graves traumas ni derrumbes. Suficiente, asimismo, para compensar la flagrante mediocridad de los políticos encargados del cambio, empezando por Juan Carlos y Suárez, personas simpáticas y campechanas pero incultas y sin talla de estadistas como demostraron ampliamente, pese a una intensiva propaganda encomiástica. Gracias a la sociedad legada por el franquismo se daba la circunstancia de que España iba a deberse la democracia a sí misma, a su propia evolución, en contraste con la mayor parte de Europa, que la debían, al menos en su forma actual, a la intervención militar useña en la guerra contra Hitler. He aquí un punto de suma transcendencia, a menudo pasado por alto en los análisis históricos.

Una dificultad consistía en cómo fundar un estado demoliberal partiendo de otro que no lo era. Ligado a ese problema venía el del tratamiento a una oposición antifranquista que había sido mayoritariamente totalitaria. Un tercero, qué memoria y respeto guardar al régimen anterior, del que provenían directamente los organizadores de la transición y cuyo logros permitían augurar una transformación sin graves traumas. En otras palabras, el problema de construir políticamente la democracia sobre un valioso legado social, explicitando sus orígenes.

Apenas hubo reflexión sobre estos tres problemas, que fueron tratados sobre la marcha, sin mayor perspectiva ni examen. La clase política salida del franquismo se fragmentó en tres partes. La mayor improvisó la Unión de Centro Democrático (UCD), basada en el Movimiento Nacional franquista más pequeños grupos socialdemócratas y democristianos, de escasa relevancia numérica e intelectual y urgidos por una imaginaria necesidad de cortar sus obvias raíces en el régimen anterior. Postura que llevó a la UCD a renunciar a la lucha por las ideas, admitiendo la equivalencia entre antifranquismo y democracia, que tanto fortalecería a la oposición. Otro sector importante, de mayor altura política, trató de hacer política manteniendo fidelidad a la herencia recibida, pero estaba en posición inferior: a los ojos de la población, la legitimidad del cambio recaía en la UCD a través del apoyo del rey, nombrado por Franco y para quien este había pedido lealtad y colaboración en su testamento político. Un tercer sector reclamaba continuidad a través de la Falange, pero esta nunca había sido hegemónica en el propio franquismo y se vio desplazada progresivamente.

De este modo, la democratización avanzó sin pensamiento de fondo ni análisis solvente, tratando de «mirar al futuro» como si la experiencia del pasado careciera de valor. La derecha siguió falta de un pensamiento político algo elaborado más allá de la urgencia por homologarse con «Europa» y entrar en «Europa», como llamaban abusivamente a la Comunidad Económica Europea, más tarde Unión Europea; e implicando de paso, en su vacuidad, que España había vivido históricamente fuera de Europa, tesis absurda pero sostenida de un modo u otro desde principios del siglo.

Pesaba además la Iglesia, cuya defección a partir del Concilio Vaticano II había inferido al régimen una herida íntima, prácticamente letal. Pues no se había limitado a un mero alejamiento formal, sino que importantes sectores eclesiásticos habían protegido a todos sus enemigos, fueran comunistas, terroristas o balcanizantes, un dato también poco recordado y por el que sus beneficiarios mostraron nula gratitud.

Aun con todo ello, la democratización a partir del franquismo, «de la ley a la ley», ganó plenamente sus primeras batallas con el referéndum de diciembre de 1976… para enseguida, con Suárez, ceder el protagonismo intelectual y la iniciativa política a la izquierda y los separatistas. Tal cesión, no justificada por la fuerza real ni por la nada democrática historia de aquella oposición, dio pie a una Constitución prolija, en varios puntos inoperante y ambigua, que admitía un progresivo vaciamiento del estado central a favor de unas autonomías voraces, como ha ocurrido hasta amenazar al país de disgregación. Caso único en la historia, gobiernos centrales de derecha han apoyado y financiado los separatismos. Por supuesto, los de izquierda han hecho lo mismo en su línea tradicional, cimentada en las políticas republicanas y del Frente Popular.

Ilustra al respecto el caso de Torcuato Fernández Miranda, auténtico promotor de la transición en su primera etapa. Hombre culto y conocedor del pasado, diseñó un cambio «de la ley a la ley», es decir, de la legitimidad franquista a la democrática, y se valió para ello de Suárez, cuya carrera política facilitó pensando que siempre le secundaría. Cometió de ese modo un error muy común, pues rara vez un heredero sigue el consejo de su predecesor. Una vez ganado el referéndum que abría paso a la transición, Suárez , convencido al parecer de haberse convertido en estadista, relegó tranquilamente a su mentor y, auspiciado por el rey, puso en juego su jovialidad y charlatanería para hacer una política de bajo calado, a base de transacciones de oportunidad. El defraudado Torcuato dimitió como presidente de las Cortes. Al igual que Julián Marías y muchos otros, vio en la Constitución una bomba de relojería contra la unidad nacional, rehusó votarla y salió de UCD. Falleció al poco, en Londres, sin que su protegido Suárez se dignase asistir al funeral. En la transición dominó un pragmatismo de bajos vuelos que no ocasionó mayores daños entonces porque la sociedad legada por Franco era estable, rica y moderada, a diferencia de la republicana.

En pocos años, Suárez destruyó la UCD y llevó al país a una situación crítica, mala económicamente, con rampantes pujos disgregadores y un terrorismo de intensidad desestabilizadora. El hombre del cambio fue despedido con denuestos casi generales, y a continuación tuvo lugar la intentona del 23-f, con asalto al Congreso, que debía provocar un «golpe de timón» con un gobierno de concentración para afrontar la crisis. En el golpe estuvieron implicados varios partidos, entre ellos el socialista, y el propio rey, como está hoy bastante claro, tras muchos años de versiones poco veraces[26].

Uno de los rasgos más dañinos de la política de Suárez, perpetuado después por la derecha, ha sido la renuncia a defender el pasado franquista, con la esperanza, por lo demás ilusoria, de que las izquierdas no se lo mentasen; y, peor aún, la dimisión de la lucha por las ideas, dejando su cuasi monopolio a izquierda y separatistas. Dado ese vacío, la derecha ha ido absorbiendo las ideas y la «memoria histórica» de los autoproclamados herederos del Frente Popular, apoyando sus iniciativas de exaltación de la república hasta la condena global del franquismo. Lo cual implicaba condenar la propia transición y la democracia salida de ella. Que Juan Carlos I firmase la ley de memoria histórica, que le deslegitima indirecta pero claramente, expone una verdadera apoteosis del disparate al que ha derivado nuevamente la política en España.

Las concesiones a los balcanizantes no han cesado y últimamente Rajoy ha seguido a cualquier efecto práctico la política de Zapatero. La ideología actual del PP se condensa en dos frases: «La economía lo es todo», absurdo que ni siquiera Marx llegó a sostener; y «Miremos al futuro», borrando el pasado y cualquier lección extraíble de él, por temor a ser tildado de franquista. Los que se identifican con los vencidos de la guerra retienen así el rótulo de defensores de la libertad y la democracia, y ensalzan a la república y el Frente Popular como adalides de ambas, mientras que los procedentes del franquismo deben negar vergonzantemente su propio pasado y tratar de privar a los españoles de su historia para sentirse aceptados en el régimen actual, traído por ellos mismos y no por la vieja conjunción de izquierdas y disgregadores. Y el problema de la legitimidad, resuelto con el referéndum de diciembre del 76, ha vuelto a resurgir amenazadoramente.

Lo propio de la derecha política a lo largo del siglo XX, incluso del XIX y hasta hoy, con pocas excepciones, ha sido un pragmatismo pedestre, con políticos de escasa talla e insuficiente respaldo intelectual. El pensamiento político de los regeneracionistas, que en líneas generales se alineaban más a la derecha que a la izquierda, tenía mucho de arbitrario y de pose. Todo lo cual provocaba en la clase gobernante una sensación profunda de ilegitimidad ante los ataques propagandísticos de sus contrarios, que la acusaban de explotadora, antidemocrática y opresora del «pueblo». La Restauración se vio desasistida y hostigada por la gran mayoría de los intelectuales objetivamente derechistas y más o menos liberales; en la dictadura ocurrió otro tanto, y asimismo en la república, con arrepentimiento tardío de muchos de ellos. El propósito franquista, relevante en algunos momentos, por dotarse de una base doctrinal de fuste, no cuajó por razones diversas, y se desvaneció cuando el Vaticano cambió de actitud en los años 60. El problema tiene relación también con un fenómeno bastante común en el resto de Europa: la agresividad con que las izquierdas se han atribuido el pensamiento en general, y el democrático en particular, poniendo a la defensiva a sus contrarios.

El resultado ha sido una sensación profunda de inseguridad en la clase política, observable en su débil actuación después del «desastre» del 98, en el final de la dictadura de Primo de Rivera y sobre todo en la quiebra moral de 1931, cuando los monárquicos ganaron unas elecciones municipales y a continuación entregaron el poder a los republicanos en una especie de autogolpe de estado. Quiebra moral explícita asimismo en la transición desde el franquismo, cuando casi todos sus políticos decidieron «olvidar» y luego llegaron a unirse a sus enemigos en la condena al régimen del que directamente procedían; hasta seguir finalmente las iniciativas del PSOE. Como consecuencia, hoy España vuelve a enfrentarse a lo que Franco llamaba sus «demonios familiares» que parecieron definitivamente conjurados a comienzos de la transición.

Capítulo XIII

LA IZQUIERDA Y LA DEMOCRACIA

Dejando aparte el tradicionalismo y el anarquismo, en España se ha dado la doble circunstancia de que la derecha ha sido más bien liberal, pero no demócrata, y la izquierda ha enarbolado siempre la bandera de la democracia, pero contra el liberalismo, juzgado ideología del capital. Por el contrario, desde la derecha Ortega y Gasset llegaba a considerar el liberalismo opuesto a la democracia, optando por el primero.

Y si la derecha ha carecido de pensamiento democrático, el de la izquierda cabría condensarlo así: «Siendo la democracia el poder del pueblo y nosotros los representantes del pueblo trabajador frente a una oligarquía explotadora y parasitaria, la democracia consiste en que mandemos nosotros». Idea extensible a los secesionismos: «Nosotros representamos al pueblo catalán (o vasco, o gallego o andaluz, o canario…) frente a un estado opresor; por tanto no hay más democracia que nuestro gobierno independiente». Quizá suene a caricatura, pero constituye el eje de su conducta histórica y de una pretendida superioridad político-moral. La derecha, que solía identificarse con la continuidad e idea tradicional de España y con el catolicismo, representaría una reacción abominable contra la democracia según la concebían partidos de ese tipo.

Quizá no deba extrañar que ni la izquierda ni los separatismos españoles hayan producido un pensamiento de alguna enjundia. Rara vez han superado el nivel de la consigna, el exabrupto o la apostilla a pensadores foráneos; y ha sido constante en ellos una falsificación histórica fácilmente demostrable y a menudo verdaderamente grosera. Pero aun con todo ello, la palabra democracia fascina, y el casi monopolio de su bandera ha prestado a esos partidos un ardor y vigor tremendos, y caracterizado las convulsiones políticas sufridas por España en los siglos XIX y XX.

Aparte los liberalismos «exaltados», la izquierda, tal como la conocemos hoy, fue tomando forma y vuelo desde la quiebra moral del «Desastre» del 98, hito clave que abre la España del siglo XX, como hemos reiterado: se rehízo el republicanismo radical y cobraron impulso los separatismos, el anarcosindicalismo y el socialismo, hasta entonces casi insignificantes. Autoproclamados demócratas —salvo los anarquistas—, atacaron sin tregua al régimen liberal y condicionaron la historia hispana posterior.

Al amanecer el siglo XX gobernaban España los partidos turnantes Liberal y Conservador. Sus amplias libertades permitían a sus enemigos republicanos, socialistas y separatistas organizarse, llegar a las Cortes y ayuntamientos —utilizando también la corrupción electoral— y obrar a menudo subversivamente. Y apenas obstaculizaban la propaganda y organización anarquistas. En cierto sentido, aquellas libertades terminarían resultando suicidas para quienes las amparaban.

Por su propia concepción de la democracia o del poder, que deslegitimaba de modo radical a la derecha, los enemigos de esta se sintieron autorizados a prácticas como el golpismo o el pistolerismo. Los anarquistas multiplicaron los atentados entendidos como táctica necesaria (la «propaganda por el hecho»). Entre muchas otras personas menos relevantes, asesinaron al arzobispo Soldevila y a tres jefes de gobierno: Cánovas, Canalejas y Dato, fallando por poco con Maura y con el propio rey. Los republicanos exaltados coqueteaban con el terrorismo ácrata; los socialistas lo emplearon de forma esporádica, pues preferían la movilización de masas. Por supuesto, al concebir la democracia del modo al que tiende la izquierda, todo poder ajeno será entendido como enemigo «del pueblo» y de «la libertad», y la violencia contra él quedaría por ello legitimada. Y así lo siguen entendiendo numerosos intelectuales, historiadores y políticos no necesariamente utópicos (ver la última parte de este libro). Estos modos de pensar propiciaban una acción subversiva o revolucionaria, si bien confusa porque, fuera del rechazo común al gobierno de derecha, cada partido rebelde tenía ideas de la libertad y la democracia, no muy elaboradas pero particulares y exclusivistas.

Tres momentos culminantes de aquella rebeldía casi permanente y manifestada en incontables disturbios menores, fueron la Semana Trágica de Barcelona, en 1909, la huelga insurreccional de 1917 y la huelga de La Canadiense en 1919. El gobierno sofocó la primera con un saldo de unos 80 muertos y más de cien edificios incendiados, la mayoría religiosos. A continuación el propio Partido Liberal se unió a los enemigos del régimen para exigir la dimisión del gobierno conservador de Antonio Maura, que había reprimido la revuelta. Alfonso XIII cedió, debilitando a la monarquía y sin aplacar a sus enemigos: al año siguiente los anarcosindicalistas fundaban la CNT y el PSOE colocaba en las Cortes a su líder Pablo Iglesias, que había tratado de amplificar la Semana Trágica con una huelga general y justificaría el atentado contra Maura.

Luego, el golpe revolucionario de 1917 culminó unos meses de revuelo político y subversión militar, corrosivos del sistema. La agitación concitó a republicanos, socialistas, anarquistas y nacionalistas catalanes de derecha e izquierda. Unidad notable, por cuanto estos partidos se detestaban entre sí; pero unidos y contando con los militares díscolos, creyeron llegada la ocasión de aniquilar al que juzgaban enemigo común. Fue el precedente de similares golpes posteriores. Ante la amenaza, Eduardo Dato, uno de los pocos políticos enérgicos y capaces de entonces, desarticuló las maniobras subversivas; y los militares se echaron atrás y colaboraron con el gobierno. La revuelta dejó 70- 80 muertos. Los rebeldes salieron de la experiencia divididos y resentidos entre sí; dos de ellos, Cambó y Lerroux, líderes respectivamente de los nacionalistas catalanes de derecha (la Lliga) y de los republicanos radicales, se moderaron. El gobierno había exhibido una firmeza inesperada, que Alfonso XIII anuló, como cuando la Semana Trágica, cediendo ahora a presiones militares para sustituir a Dato por un político sin fuste.

En cuanto a la huelga de La Canadiense, iniciada en esta empresa de Barcelona, paralizó la industria en Cataluña y afectó hasta a los entierros. Como dato positivo, consiguió la jornada de ocho horas, parece que por primera vez en Europa, y terminó con victoria de los huelguistas, dirigidos por la CNT. Debido a su virulencia y amplitud, asustó de tal modo a la Lliga, que esta, después de haber causado graves daños a la estabilidad del país con sus maniobras semiseparatistas, pasó definitivamente a convertirse en partido de orden, más regionalista que nacionalista. Su jefe, Francesc Cambó ya había sido ministro el año anterior, 1918.

Dos años más tarde, la Restauración sufrió un nuevo golpe, este exterior, con el desastre de Annual, en Marruecos, una retirada absurda en la que perecieron unos 8.000 soldados españoles frente a los rifeños, derrota mucho más humillante y sangrienta que la del 98 (unas 600 bajas mortales españolas y 250 useñas). El PSOE explotó a fondo la hecatombe con un despliegue de demagogia para desacreditar al rey y al sistema liberal. Aquellos sucesos se combinaron con un terrorismo ácrata indominable, complicado con atentados de réplica del Sindicato Libre y con los separatismos vasco y catalán, en menor medida el gallego. En 1923 los tres últimos —en el caso del catalán el de izquierda, no la Lliga—, aprovecharon el desconcierto para solidarizarse con los rebeldes del Rif y unir fuerzas en una Triple Alianza con vistas a un alzamiento armado secesionista (la «solución heroica»). La conjunción de tales agresiones y provocaciones con la inoperancia de unos políticos maniobreros de poca sustancia, derrumbó la Restauración y abrió paso a la dictadura de Primo de Rivera.

Con la dictadura, aquellas amenazas prácticamente desaparecieron; pero al marcharse el dictador, unos y otros sedicentes demócratas tornaron a unirse, pese a sus graves divergencias, y en 1930 planearon un golpe militar combinado con huelga general para imponer la república. El plan fue rápidamente desbaratado, pero sirvió de prólogo a la bancarrota de la corona: solo cuatro meses después la monarquía, en plena crisis de legitimidad, regaló literalmente el poder a los republicanos, los cuales además de haber fracasado en su intentona militar, habían perdido unas elecciones municipales. Estos comicios no tenían por qué provocar un cambio de régimen y los propios republicanos no lo esperaban, pero los monárquicos, moralmente derrumbados, prefirieron abandonar el poder en un verdadero autogolpe.

Según indicamos en el capítulo II, aquel fácil triunfo de izquierdas y separatistas reabrió los conflictos entre ellos hasta hacer de la república una balumba. La izquierda construyó una legalidad a su gusto, esperando perpetuarse en el poder, y emprendió varias reformas cuyo carácter chapucero certifica agriamente Azaña[27]. Y así, tras dos años de experiencia izquierdista, las derechas ganaron las elecciones en 1933. Entonces los republicanos de izquierda y socialistas intentaron golpes de estado y asaltaron su propia legalidad en octubre de 1934, comienzo de la guerra civil. Derrotada la insurrección, las concepciones izquierdistas siguieron igual. En las elecciones de febrero de 1936 usaron la coacción y el fraude para imponerse, y a partir de ahí extremaron su radicalismo en un nuevo proceso revolucionario que acabó de demoler la república en un Frente Popular revolucionario. Siempre en nombre de la libertad, del pueblo y de la democracia, el Frente Popular se propuso cambiar la ley y depurar el aparato estatal para impedir el futuro acceso de las derechas al gobierno. Ello equivalía a una declaración de guerra a la mitad de la población, que debía someterse en adelante al despotismo izquierdista. Para entonces, la mayoría de la derecha había concluido que el liberalismo no solo no frenaba la revolución, sino que le abría la puerta. Vale la pena reiterar estos hechos indiscutibles porque, pese a estar plenamente documentados, muchas seudohistorias siguen negándolos o difuminándolos.

Como sabemos, la guerra unió de nuevo a los partidos propulsados por el Desastre del 98: anarquistas, socialistas, comunistas, separatistas y republicanos de izquierda. Volvieron a unirse como en la huelga revolucionaria del 17, el golpe de 1930, la insurrección del 34 y las elecciones del 36. Y siempre con una peculiar idea de la democracia y una aversión sin fisuras a la «reacción» y a la Iglesia, identificadas con los tópicos de la leyenda negra e interpretadas con arreglo a un marxismo elemental.

Perdida la guerra, PSOE, separatistas, CNT y republicanos dejaron de hacer oposición significativa al nuevo régimen. No así los comunistas, que organizaron una guerra de guerrillas (maquis) pronto degenerada en terrorismo y bandidaje, e intentaron arrastrar a los demás partidos a la lucha, sin conseguirlo. Batido el maquis, el PCE cambió de táctica, infiltrándose en la universidad y los sindicatos oficiales, y provocando huelgas y protestas, con éxito moderado; los demás partidos se limitaban a actuar en el exterior, maniobrando en las cancillerías de diversas potencias adversas a Franco.

En 1968 inició la ETA su carrera de asesinatos, hallando recepción favorable y apoyo pasmosamente extendidos dentro y fuera de España. Casi toda la oposición a Franco, la real (comunista) y la virtual, numerosos clérigos y periodistas, ensalzaron a la ETA de forma abierta o solapada. Los terroristas eran «de los nuestros», según expresión de Juan Tomás de Salas, editor de la revista Cambio 16, muy difundida en los últimos cuatro años del régimen. Al igual que en el pasado, el terrorismo o el respaldo a él volvían a hermanar a izquierdas y separatismos; no así el golpismo, por entonces lejos de sus posibilidades. La ETA se proclamaba socialista revolucionaria, tomaba por modelos la revolución argelina y la castrista y su terrorismo teorizado y planeado superaba aún en brutalidad al que por entonces tenía capacidad de practicar. Y fue gratificada en Europa occidental con la mayor simpatía de izquierdas y de varios gobiernos, el más eficaz el francés, que le ofreció una base protegida junto a la frontera[28]. Unos años después el terrorismo empeoró con atentados ocasionales de grupos maoístas como el FRAP o el GRAPO o alguno anarquista o separatistas en Cataluña, Galicia o Canarias.

Había una doble razón para tan decisiva protección a la ETA: por una parte, esta concentraba las esencias del Frente Popular, al ser simultáneamente izquierdista radical y separatista. Y por otra parte se le obsequió con la imagen de una juventud arriscada y políticamente ingenua, que realizaría el trabajo sucio para, cuando cayera el franquismo, dejar paso voluntariamente a los personajes y partidos «demócratas», más diestros políticamente. Error garrafal este último, como se vería cuando, en la democracia, los atentados etarras alcanzaran magnitud desestabilizadora.

Tomados en conjunto, los atentados durante la etapa final del franquismo fueron escasos (si bien de gran eco el magnicidio de Carrero Blanco) pero muy celebrados. Y contemplamos la paradoja de que mientras el franquismo se liberalizaba al compás de sus éxitos políticos y económicos, la oposición se hacía más violenta y radical, con afectos hacia el terrorismo interno, al castrismo, la Unión Soviética, el Vietcong o la Revolución cultural china, expresados incluso en la prensa legal. Y no solo por parte de los grupos y grupúsculos de extrema izquierda, sino también de otros que pasaban por aproximadamente liberales o democristianos o de la «teología de la liberación». Tan llamativo contraste entre la liberalización del régimen y la radicalización de sus contrarios quedó bien nítida cuando, pocos meses después de fallecido Franco, el premio Nobel ruso Solzhenitsin explicó en la televisión lo que era el totalitarismo soviético. El rechazo a sus denuncias cubrió todos los tonos de la injuria por parte de los comunistas y, más aún, de figuras que pasaban por socialdemócratas o demoliberales, como Jiménez de Parga o Cela. Benet, que pronto sería una estrella intelectual del diario El País, lamentó en la revista cristiano-avanzada Cuadernos para el Diálogo, que hubieran dejado salir del GULAG a Solzhenitsin.

¿Se volvieron más demócratas los partidos de izquierda al término del franquismo?

No mucho. Su primera coalición, la Junta Democrática, agrupaba en torno al marxista-leninista PCE a una variopinta serie de grupos, poco más que siglas, desde maoístas partidarios de la lucha armada a carlistas, pasando por cristianos radicalizados, pacifistas y personajes varios. Lo mismo ocurría con la Asamblea de Cataluña, montada por el PSUC, sucursal catalana del PCE; y con la Plataforma también Democrática, nucleada por un PSOE de fachada marxista radical. Eran remedos del Frente Popular, demostrativos de que, salvo casos raros como el del antiguo extremista catalán Josep Tarradellas, la experiencia de la guerra y el franquismo no había movido a casi nadie a una reflexión en profundidad. Seguían invocando al Frente Popular, confundiéndolo con la II República, como un dechado de progreso, libertad y bienestar, y propugnando enlazar políticamente con él, saltando por encima de cuarenta años de una paz fructífera. Así, impugnaron la democratización desde el franquismo e intentaron la «ruptura» mediante la movilización de masas, la huelga general y el boicot, topándose con una población ajena a semejantes ideales.

Pues había dos diferencias de fuste con respecto al pasado: la escasa incidencia de aquellos partidos y personajes, y su necesidad de actuar en una realidad social profundamente transformada. Indicios del cambio fueron el fracaso de los anarquistas en sus tentativas de recuperar sus fuerzas de antaño, la práctica desaparición del republicanismo de derecha o de izquierda y la casi insignificancia de casi todos los demás. Al PCE le valió de poco su marchamo de único partido realmente luchador contra Franco: siendo el partido de oposición más fuerte, con gran diferencia, estaba muy fuera de su alcance condicionar la transición, pues corría el riesgo de permanecer ilegal, con lo que el PSOE cosecharía el beneficio de su larga y penosa lucha. Por ello, su jefe Carrillo se apresuró a aceptar la monarquía, la economía de mercado, la bandera tradicional, etc. Aun así, su legalización no marcó su auge sino su declive. En 1978, presionado por urgencias electoralistas, Carrillo suprimió el segundo término en su tradicional autoafirmación «marxista-leninista». Como indiqué en La transición de cristal, la supresión del leninismo significaba muy poco doctrinalmente, pero constituía una mutilación en el orden simbólico e identitario, provocando divisiones internas y expulsiones. Y tuvo poco efecto práctico, pues no incrementó sus votos.

Aún más llamativo es el caso del PSOE, verdadero promotor de la pasada guerra civil: reducido a pequeños círculos y sin haber hecho oposición relevante al franquismo, saltaba a la palestra democrática con increíble empuje. Empuje originado no en sus méritos sino en el interés del franquismo, la UCD y partidos socialdemócratas extranjeros por reanimarlo frente a los más temidos comunistas. Así, mil favores económicos y mediáticos forjaron casi de la nada un PSOE que se esperaba «europeizado» y alejado de su viejo extremismo y golpismo. El partido salió a la democracia con un estridente radicalismo, acusando al PCE de poco proletario, negando la monarquía, exigiendo la república, economía autogestionaria, la autodeterminación de las nacionalidades… No obstante, estos alardes revolucionarios fueron comúnmente tasados como meras argucias tácticas para arrebatar votos a los comunistas en su propio terreno y casi nadie pensó que respondieran a una estrategia auténtica, máxime cuando al comienzo apenas tenía afiliados.

En 1979, y también por electoralismo, el PSOE renunció a medias al marxismo, reteniéndolo como «instrumento crítico y método de análisis». La medida causó cierta protesta interna. Su líder Felipe González fingió dimitir y explicó: «Marx dijo cosas interesantes, pero también tonterías. ¿O es que Marx era Dios?», concretando así el nivel del análisis. El debate cobró rasgos de picaresca cuando Alfonso Guerra encerró en un ascensor al marxista Tierno Galván, para ahorrarse una intervención molesta. No hubo el menor examen de los efectos del marxismo en la historia del PSOE y por carambola en la de España, y la parcial renuncia a la doctrina más totalitaria del siglo XX no abrió paso a un pensamiento democrático que el PSOE nunca ha tenido. Simplemente, las nuevas circunstancias históricas le obligaron a moderarse. Explotando la ignorancia casi generalizada sobre su pasado, se proclamó «el partido de los cien años de honradez», una corrupción intelectual anunciadora de otras más tangibles.

Respecto a los separatistas teóricamente no violentos, habían disimulado desde el término de la guerra mundial su ostentoso racismo anterior, que permanecía como el núcleo innegable, ahora oculto, de sus designios. No habían hecho oposición reseñable a Franco y entraban en la democracia camuflando o aplazando sus fines separatistas —por entonces poco populares— con la consigna de autonomía. Esta les fue concedida con mucha más generosidad de la que esperaban: entre otras cosas se les otorgó el control de la enseñanza, del que se valdrían para ir creando generaciones de jóvenes instruidos en una descarnada aversión a España. Como ocurrió con el PSOE respecto al PCE, los separatistas explotaron el miedo de la derecha a la ETA o a grupos menores que trataban de imitarla en Cataluña o Galicia, y se presentaban como alternativas moderadas y razonables al terrorismo. El PNV recibió generosas subvenciones de la UCD y el partido de Pujol un amplio y largo apoyo de los gobiernos para evitar una por lo demás improbable radicalización violenta en Cataluña. Los secesionistas entendieron que explotando esos miedos extraerían más y más concesiones del poder central, hasta alcanzar fuerza suficiente para plantear abiertamente la secesión.

Faceta capital de la evolución democrática fue igualmente el terrorismo, muy especialmente el etarra, que lejos de desaparecer, multiplicó sus asesinatos, sin perder por ello unas simpatías muy extendidas entre los partidos de izquierda. En cierto sentido no planeado, la ETA fungía de brazo armado de izquierdas y separatismos. Los separatismos en principio no violentos, como el PNV o nuevos grupos catalanes, también apoyaron moral y políticamente a la ETA y trataron de obtener beneficios políticos («reparto de nueces» en la gráfica expresión del líder peneuvista Arzallus), siguiendo la tradición de todos ellos. En Cataluña, brutales asesinatos como el de José María Bultó o de Joaquín Viola y su esposa, o el tiro en la rodilla al periodista Jiménez Losantos, fueron completados con campañas de intimidación y apoyo indirecto a los pistoleros por parte de los separatistas pacíficos y democráticos.

Pese a sus cientos de crímenes, los delincuentes etarras retuvieron un fondo de comprensión y apego soterrado entre partidos de izquierda y mucha prensa. Ese talante se plasmó en la oferta de un trato especial, una «salida política» que convertía el asesinato en una forma reconocida de hacer política. Tal solución hizo de la ETA un factor tan relevante como inconfesado en la evolución política de los últimos decenios, similar a la del pistolerismo anarquista en la Restauración. El efecto ha sido la corrosión del estado de derecho, de la justicia y de la democracia. Solo la línea razonable y legal de Aznar, patrocinada por Mayor Oreja, logró acorralar al terrorismo separatista y prever su extinción. Y fue entonces cuando el PSOE de Zapatero acudió a su rescate, premiando sus asesinatos con la relegalización, dinero público y otras bazas que han permitido a los montajes políticos de los terroristas ganar posiciones en Vascongadas y Navarra. En frase de un órgano interno etarra, «estábamos al borde del precipicio y ahora todo es posible». Tan evidente colaboración entre la ETA y el PSOE desconcierta a cuantos pierden de vista sus coincidencias ideológicas: ambos se declaran socialistas, visceralmente antifranquistas, y comparten la panoplia de ideas autotituladas progresistas. Y, por supuesto, son demócratas en el sentido arriba indicado. Además, la ETA profesa un odio radical a España, heredado del PNV de Sabino Arana, mientras para el PSOE España no es asunto primordial. Julián Marías observó que un grave problema de los socialistas consistía en su visión negativa de la historia de España (y, cabría añadir, indebidamente positiva de sí mismos). El PP ha continuado después la política del PSOE.

Como señalábamos antes, en la conducta histórica de las izquierdas y balcanismos españoles durante el siglo XX se constatan fácilmente dos rasgos casi permanentes: el golpismo y el terrorismo o la connivencia con él. Rasgos derivados precisamente del primitivismo de sus concepciones políticas y justificados con el supuesto de representar al pueblo y la libertad contra una oligarquía malvada. De modo que la falacia que asimila la democracia al poder de izquierda y separatismos está en la base de las convulsiones españolas del siglo XX y ha justificado su continua subversión. También tiene interés observar que, con la excepción de los comunistas y a última hora la ETA —también comunista o comunistoide—, todos ellos han ofrecido escasa o nula resistencia a las dos dictaduras del siglo. Mas, por chocante que suene, dado el historial y la conducta presente de las izquierdas y los separatismos, estos han conseguido hacerse con la bandera de la democracia, en cuyo nombre justifican sus acciones. Ello ha sido posible en gran medida por las ya indicadas deficiencias complementarias de la derecha.

Capítulo XIV

LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA HOY

La experiencia democrática en estos cuarenta últimos años puede describirse como una evolución negativa desde la reforma aprobada en el referéndum de 1976 a la ruptura, derrotada por entonces y actualmente en marcha. Pese a las concesiones de Suárez y su «reconciliación» con un antifranquismo irreconciliable, la densa inercia del pasado no podía ser desbancada de la noche a la mañana, por lo que la transformación de la reforma en ruptura se hizo lentamente, sin que los simpatizantes del Frente Popular renunciaran en ningún momento a imponerla. Lo consiguieron por fin treinta años después con Zapatero y su ley llamada de «memoria histórica», mantenida luego por el PP de Rajoy. Se trata de una ley totalitaria que intenta imponer desde el poder, al modo de los países comunistas, una determinada visión del pasado. Ley además moralmente perversa, pues pretende pasar por «víctimas» a los chekistas, torturadores sádicos y asesinos que, abandonados por sus jefes, fueron fusilados después de juicio; y a los terroristas de la ETA asimismo fusilados o muertos en acción. Todos ellos demócratas, es decir, tan demócratas como los autores de la ley.

Al calor de esa ley han vuelto a radicalizarse partidos de izquierda y separatistas. Con subvenciones públicas vienen reabriendo heridas y recobrando odios de la república en campañas distorsionadoras acerca de la represión de posguerra y similares. Como siempre, en nombre de la democracia. Pero ninguna democracia establece por ley una versión de la historia, incluso si es más respetuosa con los hechos que la hoy en boga.

La significación y trascendencia de esa ley apenas han sido analizadas. Su objetivo esencial ha sido la deslegitimación del franquismo en contra de la democratización realizada en su momento «de la ley a la ley». Junto con el franquismo, queda así deslegitimada la transición, y con ella la Constitución y la monarquía. Que se extraigan las consecuencias implícitas de esa ley demoledora es solo cuestión de tiempo, y de hecho se viene haciendo aceleradamente. Así, la monarquía sufre hoy una continua campaña de descrédito, con desplantes públicos y provocaciones; todos hablan de reformar la Constitución, y no hay duda del sentido en que quieren hacerlo: eliminar la exigencia de la unidad de España y profundizar en los artículos constitucionales ambiguos, cuyo desarrollo va vaciando de contenido el concepto de nación española, transformándola en una confederación de naciones con vistas a una real balcanización del país. La propia democracia es atacada acusándola de prolongación del franquismo, tildado de criminal por unos partidos notablemente corruptos.

Importa sopesar este último punto. Sin duda la democracia española, que nunca ha gozado de buena salud, se halla hoy seriamente enferma: separatismos cada vez más audaces y golpistas, combinados con intentos de reducir España a una región manejada por la burocracia de Bruselas y las potencias reales europeas, Alemania y Francia; «derrota» de la ETA… premiando sus asesinatos, una auténtica derrota de la democracia; corrupción rampante en los partidos; crisis económica con enormes tasas de paro y envilecimiento de las condiciones laborales; partidos en competencia de demagogias; intentos de convertir la cultura española en apéndice de la anglosajona, con el inglés como lengua superior en la misma España; permanencia de Gibraltar, colonia inglesa en nuestro territorio y caso único en Europa, una humillante injuria permanente que sitúa a España en el contexto internacional como país lacayo, sin verdadera soberanía; descrédito de la justicia, a menudo manipulada; ínfimo nivel profesional y moral de casi todos los medios de difusión de masas; mala salud social reflejada en los altos índices de aborto, fracaso matrimonial y familiar, fracaso escolar, violencia doméstica, embarazo de adolescentes, población penal, suicidio de adolescentes. Etc.

Este panorama, en una pasmosa inversión de la realidad, ha pretendido achacarse a la herencia del régimen anterior, que fue casi exactamente la contraria en todos los terrenos, según he documentado en Los mitos del franquismo. Precisamente lo que ha dominado en todos estos años ha sido una permanente campaña antifranquista, instrumentada no solo por los que han querido atribuirse la herencia del Frente Popular, sino por la misma derecha del PP. Así, desde terroristas como de Juana Chaos al presidente Rajoy o la vicepresidente Soraya, prácticamente todos los políticos del país se proclaman enemigos de Franco, fallecido hace cuarenta años. Un fenómeno que por su mismo absurdo califica el nivel de la política española y su ausencia de proyección histórica y de contenido democrático.

Entre el alboroto de acusaciones, demagogias y análisis superficiales o manipuladores, el descontento e inquietud de la gente no encuentran cauce ni explicación a lo que ocurre. Se habla desde hace bastantes años de «regeneración democrática» olvidando que la misma debe necesariamente recuperar la verdad histórica frente a la «falsificación profesionalizada» ya denunciada por Julián Marías, que deforma y envenena el presente. Sin ello, temo que continuemos el proceso de putrefacción del sistema hasta que no tenga buen remedio.

Hay obvios defectos estructurales en la democracia construida por consenso entre la UCD y la oposición antifranquista, bajo predominio ideológico de esta y con una Constitución elaborada de modo poco regular y con deficiencias peligrosas, conculcada de modo sistemático en algunas regiones y con frecuencia excesiva por los gobiernos centrales. La separación entre poder ejecutivo y legislativo prácticamente no existe y el poder judicial ha sufrido desde muy pronto una erosión incesante, haciendo de la justicia una institución poco apreciada popularmente, de acuerdo con las encuestas. El sistema electoral es manifiestamente imperfecto para un país aquejado de crecientes tensiones balcanizantes. La universidad cayó muy pronto en manos de unas izquierdas y separatismos de precario o nulo respeto a las normas democráticas. Lo mismo ha sucedido con la enseñanza en general, cuyo indiscutible fracaso no disuade a sus autores —siempre izquierdistas y antifranquistas— de proseguir en la misma línea. El nivel intelectual de los medios de difusión no ha parado de descender, con efecto embrutecedor sobre las masas, daño apreciable con solo consultar las hemerotecas.

Otra manifestación del deterioro social ha sido el renacimiento de una cristianofobia cada vez más agresiva: asaltos a capillas, conatos de incendio de iglesias, mensajes y consignas amenazantes en las redes sociales y en los muros de edificios, destrucción de cruces, espectáculos blasfemos o sacrílegos, prohibición de capillas universitarias (las universidades son una típica creación cristiana), profanaciones, ocasionales agresiones a clérigos, remedos de procesiones, maledicencia y hostigamientos diversos convertidos ya en parte de la «normalidad». Por su simbolismo citaremos entre los muchos casos los ataques al Valle de los Caídos y los intentos de anular el carácter católico de la catedral de Córdoba. El primero, concebido como monumento a la victoria nacional y después a la reconciliación, admitiendo restos de miles de caídos de los dos bandos, ha sido objeto de continuas agresiones ilegales y sabotaje desde los gobiernos, de propuestas de cambiar su carácter para convertirlo en un «parque» de falsificación de la historia. De forma característica, todas estas maniobras han ido asociadas a campañas de calumnias e infundios a escala increíble, ya tradicional en la izquierda, como que habría sido construido por 20.000 presos «republicanos» en trabajos forzados, etc.

La cuestión de la catedral de Córdoba reviste interés particular por cuanto se produce en el contexto de una inmigración islámica, que sin muchos disimulo sueña con invertir la historia de España resucitando a Al Ándalus. Es elocuente el dato de que estas tendencias sean estimuladas por gobiernos supuestamente democráticos, que reniegan del pasado español, empezando por la Reconquista, demonizada en numerosos medios y departamentos universitarios. Las perennes declamaciones democráticas y feministas se desvanecen ante los problemas crecientes causados en Europa y en España por un asentamiento islámico que a partir de ciertas proporciones se ha demostrado inasimilable. La aversión a España y a su historia ha llevado a los separatistas catalanes a estimular la inmigración musulmana, mejor que la hispanoamericana, convirtiendo a Cataluña en la región con mayor islamismo de la nación. No debe olvidarse que el aborrecimiento a las raíces cristianas de nuestra cultura ha dado lugar ya a un genocidio en la guerra civil, por el cual jamás han manifestado el menor pesar sus autores ni quienes se identifican hoy con ellos. Las lecciones de la historia, el análisis de la experiencia, parecen contar poco para unos políticos de credenciales democráticas más que dudosas y nada reacios a repetir los males de la república.

Paralelo a todo ello hemos asistido a una permanente denigración no solo del inmediato pasado franquista, sino de la historia hispana en general, lo cual ha producido un debilitamiento o desaparición del sentimiento patriótico en extensos sectores sociales. Ello ocurrió también durante la república, con los efectos consabidos. Pues el patriotismo constituye un valor primordial para mantener la cohesión de la sociedad. Si se debilita, los intereses de partido se vuelven absolutos y por su propia dinámica propenden a desgarrar la convivencia nacional y social.

Esa dinámica destaca en el auge balcanizante. Ya hemos señalado que una anomalía desde la transición ha sido el estímulo y financiación de los separatismos por los gobiernos centrales, hecho insólito en cualquier nación o época anterior. Ni esa actitud es democrática ni los separatismos han jugado nunca a favor de las libertades, sino que han contribuido, junto con el terrorismo y los utopismos totalitarios a hundir los regímenes de libertades en el siglo XX. En regiones como Cataluña y Vascongadas, la ley general, la Constitución, ha regido aún menos que en el resto.

Los separatismos han aplicado impunemente, desde la misma transición, un programa de despego y encono contra España, un espíritu balcanizante aprovechando las numerosas ventajas y facilidades otorgadas por los gobiernos centrales, fueran del PP o del PSOE. El problema se agudizó especialmente en las Vascongadas, de la mano del terrorismo, y últimamente lo ha hecho en Cataluña. El gobierno de Zapatero, vulnerando a su vez la Constitución, impulsó un nuevo estatuto catalán que de hecho superaba cualquier autonomía y dejaba en residual la ligazón legal con el resto de España. El nuevo estatuto fue aprobado por menos del 40% del cuerpo electoral, y el Tribunal Constitucional declaró ilegales algunos de sus artículos, respondiendo los políticos separatistas con rebeldía o abierto golpismo. El TC, por otra parte, y al igual que la mayoría de las instituciones, estaba muy desprestigiado, habiéndosele definido como el organismo encargado de «hacer constitucional lo que es manifiestamente inconstitucional», desde legitimar la expropiación de RUMASA a la política de inmersión lingüística en Cataluña o Vascongadas, aplicada asimismo por la derecha en otras regiones. Desde entonces, la rebeldía disgregadora no hizo sino subir de tono.

Estos casos podrían ampliarse mucho extendiéndonos sobre la corrupción económica y otras plagas, y revelan la dificultad y los riesgos de construir una democracia con políticos carentes de pensamiento democrático, de patriotismo y de conocimiento de la historia. Pues en el fondo de estos procesos degenerativos bulle una falsa interpretación de la historia en general y de la guerra civil en particular. De ahí la importancia de lo que en otras ocasiones se ha llamado la lucha por la historia. Una democracia no puede construirse sobre la falsificación del pasado. Se dice que la república feneció por escasez de republicanos. La democracia actual, en crisis cada vez más grave, podría perecer a su vez por escasez de demócratas.

La renuncia de la derecha mayoritaria a la lucha por las ideas, ya desde Suárez, ha dado lugar a que dicho partido haya seguido cada vez más sistemáticamente las ideas de la izquierda en todos los terrenos. Las directrices implantadas por Zapatero han sido seguidas casi punto por punto por Rajoy, llevando al país a un marasmo al que hoy por hoy no se vislumbra ninguna salida positiva[29].

Con el clásico vacío de análisis político-histórico, muchos creen que los problemas se solucionan con la «entrada en Europa», como llaman a la integración en la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea, y en la OTAN. La experiencia, en cambio, resulta más compleja. La integración en ambos organismos no ha ayudado nada o muy poco a superar los azotes de nuestra democracia: el terrorismo, los separatismos, la corrupción (compartida ampliamente por países como Francia), el incumplimiento de las leyes, etc. Tampoco económicamente ha sido un gran negocio para España, que de haber sido uno de los países de más rápido desarrollo del mundo en los últimos quince años del franquismo pasó a tener un índice de crecimiento harto menor, entre altibajos, crisis y altas tasas de desempleo. Los políticos impusieron el euro con promesas de prosperidad firme e indefinida, y esa moneda ha contribuido a una de las crisis económicas más duras desde la posguerra mundial, con incidencia especialmente profunda en nuestro país. En fin, constituye un error completo de perspectiva y una falta de seriedad en cualquier sentido, pensar que desde fuera van a resolver los problemas que los propios españoles se muestren incapaces de manejar.

El europeísmo en España encubre mal dos fenómenos tradicionales: la hispanofobia, con el deseo de disolverse y ser gobernados por otros, manifiesto en la entrega — ilegal— de soberanía a la burocracia escasamente representativa de Bruselas; y la ignorancia común entre nuestros políticos sobre la cultura, historia y condicionantes actuales de Europa. El origen de la UE pretendía remediar las sangrientas pugnas entre Francia y Alemania, que España sorteó, por fortuna, de modo que el asunto apenas le atañe. Y no deja de ser una ironía que los antiguos rivales se pongan de acuerdo para defender sus intereses y hegemonía, dejando a España y otros en posición subordinada. Hay además un elemento de fraude esencial en la pretensión del europeísmo de representar a Europa. La UE no es Europa, solo una parte de ella. No incluye, por ejemplo, a Rusia, muy difícil de integrar en el conjunto y que ha tenido sus propias guerras; y no faltan intenciones de extenderla a Turquía, un país de cultura ajena a la europea y con sus propios conflictos particulares. Lo último refleja otra peligrosa deriva de la UE, la cristianofobia, la liquidación de la raíz cultural del continente para sustituirla por declaraciones abstractas de derechos y por el culto al abortismo y al homosexualismo como nuevas señas de identidad supuestamente europeas y democráticas.

Otro efecto que amenaza arrasar la cultura española, ya hoy muy debilitada, es la creciente hegemonía del inglés a todos los niveles, que a la larga tiende a desplazar nuestra lengua y relegarla a los planos familiar y subcultural. Esta cuestión no parece preocupar en absoluto a los políticos, parte de los cuales quieren, siempre ilegal y anticonstitucionalmente, imponer una enseñanza «bilingüe», en la que el inglés aparece como la lengua superior de la cultura. Se trata de una nueva manifestación de hispanofobia y ausencia de patriotismo y de espíritu democrático. Ese bilingüismo en la enseñanza es además anticonstitucional, por cuanto España no es país bilingüe español-inglés. Este último idioma solo debería estudiarse como una asignatura de lengua extranjera, no en igualdad —de hecho superioridad— de condiciones con el español. Combinado con la «inmersión» en varias regiones, estamos ante una maquinación de vasto alcance contra nuestra cultura.

Otra manifestación de la deriva antidemocrática e hispanófoba que plaga nuestro presente e hipoteca nuestro futuro, es la permanencia de la colonia inglesa de Gibraltar, justo en el centro del eje defensivo español Baleares-Estrecho-Canarias. Este caso, único de una colonia en plena Europa, demuestra por sí solo que Inglaterra no es, como se pretende, una potencia amiga ni comparte los intereses de España. Ocurre además que dentro de la OTAN, España tendría eventualmente la obligación de combatir por un Gibraltar inglés, mientras que la OTAN no cubre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Para entender la cuestión debe recordarse que el franquismo derrotó diplomáticamente a Londres en la ONU, la cual exigió la devolución del peñón a España. Inglaterra hizo caso omiso, por lo que la verja fue cerrada, convirtiendo la colonia en una ruina para sus ilegales poseedores. Hubo de venir un partido de historial tan antidemocrático como el PSOE para abrir la verja sin contraprestación alguna y convertir a Gibraltar en un emporio de negocios opacos y de contrabando, y en refugio fiscal, que, aparte de su enorme trascendencia política, empobrece la zona española en torno, con las tasas de desempleo más altas de España y corrupción extrema de sus autoridades. Nada de esto preocupa tampoco a los actuales partidos y políticos.

El diagnóstico es de putrefacción de la democracia actual, y las perspectivas tienen muy poco de halagüeñas. No es la primera vez que España, como tantos otros países, se halla en una situación crítica, que guarda semejanzas alarmantes con la de la fase final de la república. Tampoco es la primera vez que España sale de una profunda crisis más fortalecida. El mal ha avanzado mucho, pero seguramente hay margen todavía para una rectificación no traumática.

Capítulo XV

PODER Y DEMOCRACIA

Como el término «democracia» ha sido utilizado y sigue siéndolo en sentidos muy distintos y hasta contrarios, y adjetivado de diversas formas, trataremos de precisarlo algo más. Ya la definición del concepto («poder del pueblo») es problemática. Según la conocida clasificación aristotélica corresponde a una de las tres formas de gobierno, además de la monarquía («poder de uno») y la aristocracia («poder de los mejores»). Cualquiera de los tres sistemas es en principio positivo, pero con tendencia a degenerar: el primero en tiranía, el segundo en oligarquía (poder de unos pocos) y el tercero en demagogia u oclocracia (poder de la multitud). Polibio expone la idea, probablemente común en su tiempo y basada en experiencias históricas, de que la degradación de cada sistema origina otro, en una rueda de sucesivas revoluciones: la monarquía pervertida en tiranía da lugar a la aristocracia, cuya corrupción en oligarquía causa la democracia, y esta, una vez decaída en demagogia, vuelve a dar paso a la monarquía, etc.

La idea democrática queda recogida en frases célebres como la de Lincoln en su alocución de Gettysburg: «Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo»; palabras muy citadas como definición precisa, quizá contra el lema «todo para el pueblo, pero sin el pueblo» del despotismo ilustrado. Por su misma formulación, es un concepto muy sugestivo, llegando a ser la única legitimidad política reconocida después de la II Guerra Mundial, al menos en Occidente. Ello le da un contenido mesiánico, hasta el punto de descartarse como ilegítima cualquier forma de poder distinta o anterior a ella. Así, la humanidad habría vivido bajo regímenes ilegítimos durante casi toda su existencia civilizada. Esto es un claro disparate, de modo que convendrá esquematizar algunas precisiones al concepto.

1. El poder es connatural a la sociedad, es siempre oligárquico y autoritario, se apoya en la violencia y se justifica por la necesidad del orden social.

El poder emana de modo espontáneo de toda sociedad humana, aunque se ejerza de formas muy variadas. Se concreta tanto en los gobiernos como en los equipos directivos de cualquier asociación, incluso festiva o deportiva. De su carácter universal surge la idea lógica de que proviene de Dios, de la misma «fuerza» o «voluntad» que ha creado al género humano con sus características, que no se deben a ningún hombre o grupo.

De modo más racionalizado, se entiende que el poder deriva de una doble evidencia: por un lado, en el ser humano se manifiesta una fuerte individuación, una gran variedad y a menudo oposición de intereses, aspiraciones, capacidades, sentimientos, afinidades, agrupaciones, etc. Esta esencial desigualdad obliga a establecer normas de conducta o leyes, apoyadas en alguna forma de moral, para mantener el orden, evitando la lucha de todos contra todos y la disgregación social. Las sociedades humanas difieren así de la animales, regidas por el instinto. Por otro lado, la sociedad debe hacer frente como un todo a las cambiantes circunstancias y amenazas internas y externas, lo cual requiere asimismo un poder reconocido. El contraste entre la diversidad y la necesidad de actuar en común hace que toda sociedad humana sea a un tiempo centrípeta y centrífuga; y del modo como se maneje esa tensión deriva su supervivencia o su derrumbe.

Aunque el poder siempre se ejerce y legitima en función de exigencias morales de orden y bienestar social, solo conseguirá satisfacer parcialmente los variados y a menudo opuestos intereses, por lo que siempre causará un descontento mayor o menor. Siempre habrá quienes rechacen las normas establecidas, e incluso quienes las aceptan propenden al choque abierto si no perciben la amenaza de sufrir el peso de la ley. El gobierno, por tanto, entraña la necesidad de establecer e imponer acuerdos, parciales y variables según las circunstancias, y de perseguir y castigar a quienes los infrinjan. Por tanto, utiliza la violencia y pretende monopolizarla. Sin embargo la violencia sola, el terror, muy raramente es el único pilar del poder, precisado de legitimación moral. Un poder asentado solo en el terror será inestable o efímero. La violencia —necesaria también frente a otras sociedades consideradas dañinas o antagónicas— es implícita cuando los descontentos la aceptan por temor al castigo, y explícita cuando la rebelión o la desobediencia se vuelven manifiestas. Por ello, el poder se rodea siempre de un aparato armado (policía, ejército) sin el cual no sería efectivo.

Otro rasgo esencial de la sociedad humana es la incertidumbre. Perdida en gran medida la seguridad automática, pero limitada, del instinto, las decisiones, individuales o colectivas, dependen de cálculos y expectativas. Los cálculos y las decisiones correspondientes se adoptan muy mayoritariamente por impresiones a corto plazo, porque parecen más manejables, aunque no excluyan errores. Los cálculos a medio plazo, que a menudo contradicen los intereses a corto, son más difíciles y sujetos a error, y no abundan las personas capaces de hacerlos. Y en el largo plazo se vuelve imposible prever con claridad los sucesos o las consecuencias de las decisiones tomadas, siendo las normas morales las que marcan la orientación por encima de contingencias y conveniencias momentáneas. Esta incertidumbre presiona también a favor del poder. La variedad de intereses, el descontento inevitable y la incertidumbre, dan a las sociedades humanas una peculiar inquietud, inestabilidad y violencia, pero también les permiten evolucionar de modo muy distinto a las sociedades animales, que reproducen los mismos comportamientos generación tras generación. Las sociedades humanas tienen historia (aunque ignoremos su sentido último), las animales no.

Por su propia función de árbitro-dominador de las diversas y opuestas tendencias sociales, difíciles de manejar, el poder solo puede ejercerlo una minoría especializada, una oligarquía. El término oligarquía es preferible, por más descriptivo y neutro, al de aristocracia o élite, y equivale al de «clase política». En los países desarrollados, la oligarquía se compone de las cúpulas de los partidos más importantes, las de los grandes negocios y finanzas, y las de los medios de difusión de masas. Ciertas afinidades entre esas cúpulas, como el común interés por el dinero, sugieren la idea de un bloque oligárquico homogéneo y permanente, opuesto al «pueblo», y esa tendencia existe también. Autores como Robert Michels han teorizado sobre la inclinación de los oligarcas a hacerse totalmente autónomos del «pueblo» (ley de hierro de las oligarquías), expuesta también en España, actualmente, por el pensador Dalmacio Negro y otros. Sin embargo en la oligarquía, como en el resto de la sociedad, bullen las rivalidades y querellas entre personajes, facciones, partidos o camarillas. Que llegan a causar disturbios, golpes de estado y luchas civiles, excitando y dirigiendo unos u otros partidos a tales o cuales sectores populares.

Aunque salvaguarda del orden y la cohesión social, el poder se hace penoso como coerción sobre los deseos y conveniencias particulares, y provoca a menudo rechazo y deseos de eliminarlo, teorizados por el anarquismo. Pero la ausencia de poder solo es concebible en sociedades igualitarias regidas por el instinto, como las hormigas o las abejas, no en sociedades fuertemente individualizadas y regidas por la moral. Dadas las características de la sociedad humana, al destruir un poder los anarquistas crean otro u otros, y para comprobarlo basta constatar las luchas internas entre ellos, las luchas por el poder dentro de sus asociaciones. Las subversiones ácratas han creado la ilusión de una nueva sociedad igualitaria y sin poder, y de ahí la decepción, algo pueril, cuando en la realidad una oligarquía viene a sustituir a otra, haciendo el poder aún más arbitrario. En la guerra civil que venimos tratando puede apreciarse con claridad.

Debe distinguirse el poder como aparato (el estado en las sociedades complejas) y como política. El estado agrupa a una multitud de funcionarios que no ejercen el gobierno pero aseguran a la oligarquía su ejercicio. Cabe definir el poder como la capacidad de generar e imponer normas de conducta social y de hacer política, es decir, de manejar mejor o peor los conflictos internos y externos y tratar de orientar a la sociedad como un todo. En consecuencia el poder, como decimos, brota de modo natural y forzoso de la sociedad, tiene siempre carácter oligárquico y se apoya tanto en el monopolio de la violencia como en valores morales orientados a mantener el orden.

2. La democracia no implica poder, sino consentimiento del pueblo.

La idea corriente de democracia descansa en la falsa evidencia de que todos los hombres nacen iguales, cuando lo evidente es lo contrario: los hombres nacen muy distintos, no solo en posición familiar y social, sino en dones o capacidades intelectuales y físicas. La igualdad ante la ley, la igualdad en derechos a que se refiere en realidad, tampoco es evidente, ya que en la mayor parte de la historia no se ha dado, y tampoco en la democracia ocurre del todo: por ejemplo, quien disponga de mucho dinero podrá contratar a los abogados más expertos y a veces comprar a jueces, algo fuera del alcance de la mayoría. O el derecho a expresarse queda restringido por la limitación de los cauces para hacerlo: quienes se expresan en el ámbito público y con algún efecto, son siempre muy pocas personas.

Tampoco es cierto el supuesto «evidente» de que los hombres nacen libres. No solo ocurre lo contrario, ya que hasta cierta edad el individuo es muy dependiente, sino que la propia idea de la libertad no la crea él, pues está construida y le viene dada por su entorno cultural. El concepto o sentimiento de libertad, presente en todas las culturas de un modo u otro, se concreta en interpretaciones de ella que varían considerablemente según pensadores, escuelas, partidos y culturas. Lo que llaman libertad los comunistas, los católicos, los anarquistas y los liberales, coincide poco.

En realidad, el concepto de democracia como poder del pueblo es un oxímoron. El poder es la capacidad de alguien para gobernar a otros. El pueblo, como conjunto de la población, no puede ejercer el poder ya que no tiene sobre quién hacerlo. Y si restringimos el pueblo a aquella parte de la población muy mayoritaria por oposición a la oligarquía, carece de sentido la presunción de una inmensa mayoría gobernando a una pequeña minoría, una masa de población mandando a unos pocos.

Una segunda razón que impide algo parecido a un «poder del pueblo» es la ya mencionada ausencia en él de intereses uniformes o unánimes. Un pueblo se caracteriza por una comunidad de creencias —generalmente religiosas o similares—, de cultura y de historia. Este viene a ser su marco y su definición. Dentro de ese marco, el gobierno lo ejerce siempre una minoría, y lo contrario es tanto más imposible cuanto que el pueblo, como la propia oligarquía, carece de una voluntad, interés, sentimiento o aspiración unánime, o al menos «general», como pretendían Rousseau y otros ideólogos y suele presuponer la izquierda (atribuyéndose esa voluntad general, por lo demás). Muy al contrario, el pueblo, al igual que la oligarquía, hierve de voluntades con frecuencia opuestas, impulsos disgregadores e integradores que refuerzan o debilitan el marco popular. De ahí la división en grupos afines, partidos o asociaciones, y de conflictos entre ellos, expuestos a degenerar en violencia general, como no rara vez ha ocurrido. La única «voluntad general» apreciable en los pueblos es el rechazo a poderes extranjeros y aun así no del todo unánime, según muestra en la guerra civil la existencia de partidos agentes de la URSS. O de la Alemania nazi en Francia y otros países.

Una tercera razón deriva de la atracción del poder. Este seduce, no pocas veces de modo obsesivo, a ciertas personas, pero mucho menos a la gente común, la cual se limita, normalmente, a esperar del estado la garantía de un orden y paz razonables, que le permitan dedicarse a sus trabajos o aficiones con las menores molestias o coerciones posibles. Además, los problemas políticos son complejos y el ejercicio del poder trae consigo responsabilidades y riesgos considerables. A la gran mayoría le disgusta asumir esas responsabilidades y por lo demás sabe poco de los problemas políticos y no desea saber más, dando por supuesto que tal o cual personaje o grupo oligárquico saben mejor qué hacer. Solo en momentos revolucionarios o de grave tensión social se movilizan activamente las masas, pero inevitablemente lo hacen detrás de personajes y grupos que las espolean o las contienen.

Entre las tendencias o tomas de partido populares suele haber alguna mayoritaria o más fuerte que las demás. Sin embargo, incluso esas mayorías varían con el tiempo en función de numerosas circunstancias, pues sus intereses y aspiraciones cambian, a veces de forma casi repentina, por influjo de experiencias frustrantes o por la sugestión de líderes o partidos con sus maquinarias creadoras de opinión. Así, durante la guerra el Partido Comunista empezó muy minoritario y se hizo pronto hegemónico; o la Falange pasó de grupo mínimo a integrar a cientos de miles de personas; o, en la transición, el PSOE salió de la nada para convertirse rápidamente en partido de masas, mientras que la UCD, mayoritaria al principio, se desintegró literalmente en cinco años. Lo cual vuelve a demostrar el carácter oligárquico del poder, pues son las oligarquías o partidos quienes crean o dan forma —dentro de ciertos límites—a la opinión pública.

Se podrá objetar a lo anterior con el caso contrario de la democracia asamblearia e imperialista de Atenas. Pero también en ella eran unos pocos los que hablaban y dirigían, y la participación en las asambleas hastiaba a muchos. El pueblo votaba a quienes realmente gobernaban y que con mejores o peores retóricas formaban la opinión pública sobre los asuntos políticos.

En realidad, la propia noción de un «pueblo» con intereses y voluntad uniformes, tan extendida en la izquierda, conduce al poder totalitario de quienes se consideren intérpretes o representantes de dichos intereses o voluntad. Máxima igualdad implica máximo poder, que por naturaleza será el de unos pocos, iluminados por un pretendido interés general. De ahí los violentos choques entre partidos que durante la guerra compartían la idea de un pueblo con interés único… coincidente con el que cada partido se atribuía. En un orden de cosas más profundo, la idea entraña el anhelo utópico de retroceder del mundo moral, difícil e incierto, pero humano, a la certidumbre estrecha y sin problemas morales propia del instinto animal.

De todo lo anterior se deduce que en ninguna sociedad existe poder del pueblo, sino consentimiento del pueblo hacia la oligarquía realmente gobernante. El consentimiento o aprobación popular es la sustancia misma de la democracia y la legitimidad.

3. El consentimiento popular, nunca completo, crea equilibrios sociales que a la corta o a la larga se vuelven inestables.

El gobierno, incluso despótico, se autojustifica como un beneficio para la sociedad, aunque nunca lo logre del todo, por su propia naturaleza. Por ello su respaldo popular tampoco será nunca pleno.

Entre la oligarquía en general y el pueblo en general existe siempre una tensión implícita. Aunque la oligarquía se legitime en función del orden, el bienestar, la paz o la libertad, su monopolio de la violencia y la tendencia a aumentar los gastos estatales —a veces radicalmente, a causa de guerras, por ejemplo; o por los dispendios asociados a la ostentación o la corrupción— le empujan a expandir su dominio tiránicamente y a esquilmar a la población. Estos impulsos no deben llegar a causar una ruina popular que empobrecería a la misma clase política, ni provocar un enojo generalizado que ocasione revueltas y derrocamientos; no obstante, los dos casos se han dado no raras veces. Así, el Frente Popular, desde las elecciones, causó un grave quebranto económico a la sociedad, y su despotismo e ilegalidad terminaron por provocar el alzamiento de extensos sectores populares.

Y a la inversa, la diversidad de intereses etc., en el pueblo crea una propensión a la anarquía, entendida no como una más que improbable ausencia de poder sino en su significado más corriente, como multiplicación de poderes en pugna entre sí, y el desorden consiguiente. El Frente Popular dio lugar a un período inicial de anarquía, con sus diversos grupos obrando independientemente con perjuicio mutuo, y luego, ya en la guerra, aplicando cada cual sus programas y creando sus aparatos de poder, chekas, milicias etc. Hasta que los comunistas impusieron sin remilgos un orden eficaz, si bien no tan eficaz ni consentido como el del bando nacional. Entre estos dos polos de despotismo oligárquico y anarquía popular operan los gobiernos, en un equilibrio nunca del todo estable, y con variadas proporciones en su composición popular y oligárquica.

Por lo expuesto, la aprobación popular nunca es «de todo el pueblo», sino de una fracción del mismo: cuanto más grande sea esa fracción, mayor la legitimidad de la oligarquía y con mayor fundamento hablamos de democracia. El consentimiento, por lo demás, varía con el tiempo, y hasta en los sistemas de máxima aprobación subsiste rebeldía o disidencia. A la inversa, incluso los regímenes más impopulares cuentan con respaldo de un sector de la población, aunque sea minoritario. En ese sentido, todos los regímenes estables pueden llamarse democráticos en una medida u otra.

Y a la cabeza de las oligarquías casi siempre encontramos una sola persona. En algunos casos a dos, como en la Roma republicana, Cartago o Esparta, pero no parece una solución muy funcional. Por tanto, la oligarquía es al mismo tiempo monárquica (liderazgo de uno), lo que introduce una nueva tensión social, pues el líder debe asegurar una nunca fácil cohesión y unidad de los distintos grupos oligárquicos, entre los cuales siempre habrá algunos desafectos al líder. Es una experiencia bastante común que un monarca o líder débil abra paso a disputas abiertas en la oligarquía hasta causar disturbios o guerras civiles. Azaña, Casares, Giral y luego Largo Caballero, fueron «monarcas» débiles; Negrín demostró mayor fortaleza para asegurar la unidad entre los partidos de su bando, al menos hasta el golpe de Casado.

De este modo, monarquía, oligarquía y democracia casi nunca existen como formas separadas y más o menos puras, pues todos los regímenes estables presentan rasgos de las tres: unos grupos oligárquicos, un líder o monarca y un consentimiento popular más o menos amplio. No obstante, es la oligarquía la clave, pues sin ella no se sostiene ninguna monarquía ni se expresa ningún consentimiento ni representación popular.

El consentimiento puede expresarse activamente —mediante votaciones, por lo común—, o pasivamente, como escasez de rebeldía. Dejamos aparte la sumisión ganada simplemente por el miedo y la violencia, y que generalmente procede de la imposición de un pueblo sobre otro. Así, en la guerra civil, tanto los nacionales como sus contrarios encontraron un alto apoyo activo —aunque no electoral—. Después de la guerra, el respaldo al franquismo fue sobre todo pasivo, pero muy efectivo, como demuestran la derrota del maquis y del aislamiento internacional, así como la práctica ausencia de oposición generada por la emigración a otros países europeos.

No debe considerarse la aprobación popular como un movimiento en dirección exclusiva o fundamental del pueblo hacia la oligarquía, la cual se limitaría a representarlo: es en mayor medida un movimiento de la oligarquía hacia el pueblo. Es decir, la oligarquía moldea a los gobernados mucho más que a la inversa, aunque las dos cosas se den. Ello se debe a que los oligarcas disponen de más información, ideas y conocimientos políticos que la masa de votantes, y por tanto crean opinión pública en mayor medida que representan a una opinión preexistente. Las facciones oligárquicas pugnan constantemente, en todos los regímenes, por ganar el consentimiento de las masas y al mismo tiempo condicionarlo. Los métodos pueden variar, pero se concretan esencialmente en la propaganda: exposición de logros prácticos económicos o de otro tipo, multiplicación de promesas, defensa frente a enemigos externos, exhibición de la majestad o fuerza del propio poder, silenciamiento o persecución a los disidentes, etc.

4. ¿A qué llamamos, entonces, democracia?

Evitadas ciertas concepciones ilusorias, cabe abordar la democracia de modo más racional. En su acepción literal, el término es un sinsentido, como hemos visto, y su sustancia consiste en el consentimiento. Por ello todos los regímenes con cierta estabilidad tienen algo, mucho o poco, de democráticos. En tal caso, ¿a qué llamamos hoy democracia y cómo la distinguimos de sistemas como las monarquías tradicionales o los sistemas totalitarios? La diferencia consiste, de entrada, en que las democracias afirman representar la voluntad popular y depender de ella, explicitada en votación universal para elegir representantes, es decir, a la facción o partido que ha de gobernar. El respaldo es aquí más activo y periódicamente participativo que en los regímenes anteriores.

Siendo inadecuada y causa de mil equívocos la palabra «democracia», podría cambiarse por alguna otra, por ejemplo sufragismo, si no se usara ya para las activistas del voto femenino. O bien votacionismo o eleccionismo, aunque eso es ahora lo de menos. En adelante seguiremos empleando el término democracia, una vez aclarado el significado que le damos.

Importa tener en cuenta que esta forma de gobierno es históricamente muy reciente. En Usa el sufragio universal (masculino) fue aplicándose a lo largo del siglo XIX hasta generalizarse en 1868 (aunque no para los indios hasta 1924, y en la práctica los negros no pudieron acceder a él plenamente hasta 1965). En Europa y la mayor parte de los países de cultura occidental es cosa del siglo XX, salvo en algunos países, como en Alemania desde 1867, en Francia desde 1875 (1890 en España, tras un breve período en 1869). El voto femenino se ha extendidotambién a lo largo del siglo XX, no teniéndolo Francia hasta 1944.

Aun siendo tan reciente, la democracia actual hunde sus raíces en una larga evolución desde los tiempos de Grecia y Roma. A lo largo de la historia europea el pensamiento político sigue la línea de evitar el despotismo, bien visible ya en Isidoro de Sevilla, el habeas corpus visigodo o sus autonomías municipales; o, posteriormente en instituciones como las Cortes y Parlamentos. Estas instituciones representaban a sectores nobiliarios, eclesiásticos y burgueses para contrapesar el poder del monarca y su séquito, limitándolo mediante el control del gasto y ciertos derechos individuales. Ello derivó, probablemente, de la separación entre «Dios y el César» típico de la cultura cristiana, ya que de ese modo el monarca no ostentaba el poder religioso, aunque este viniera de Dios.

No obstante, si la concentración del poder sustentaba las tentaciones tiránicas, su división o dispersión entre diversas oligarquías producía enfrentamientos sociales a menudo violentos. Así, la república romana, inspiradora de las democracias modernas como ejemplo de libertad, llegó a convertirse en sinónimo de luchas fratricidas hasta abocar finalmente al imperio. En España, la debilidad del poder monárquico en Castilla o Aragón ocasionó frecuentes disturbios y luchas civiles en el siglo XV. O, volviendo a la guerra del 36, la ausencia de un poder firme en la primera fase del Frente Popular degeneró en choques entre sus miembros. Estas oscilaciones han marcado la historia de Europa hasta hoy, pero la prevención contra la tiranía y la garantía de derechos personales son probablemente un rasgo de la cultura europea, más débil o inexistente en otras.

El liberal-democratismo en Europa sufrió una profunda crisis después de la I Guerra Mundial, agravada por la depresión económica desde 1929. En la forma que hoy lo conocemos solo pudo restablecerse, con notables cambios, gracias a la masiva intervención militar useña. Como fuere, hoy predomina el criterio de que la votación universal constituye el único criterio de legitimidad, idea que dejaría absurdamente privados de legitimidad a prácticamente todas las formas de gobierno de la historia o actuales que, sin votaciones periódicas, disfrutan de indudable apoyo popular, mayor a veces que el de los gobiernos democráticos.

Desde temprano en el siglo XX se vienen proclamando democráticas las más variadas formas de gobierno e ideologías, caracterizadas mediante adjetivos: liberal, plebiscitaria, popular, proletaria, orgánica… Obviamente, cada una de ellas niega legitimidad a las demás, calificándolas de «burguesas», «totalitarias», «plutocráticas» «imperialistas», «fascistas», etc., en lo cual tienen todas razón si aceptamos el concepto de «poder del pueblo», ya que ninguna responde ni puede responder a esa ilusión. Pero todas ellas pueden llamarse también democracias en la medida en que hayan alcanzado una aprobación popular amplia y prolongada mediante votos o plebiscitos. De todos estos tipos, el liberal ha demostrado hasta hoy ser el más duradero, superando graves crisis.

El problema remite a la existencia de partidos, connatural a las oligarquías aunque reciban otros nombres (grupos de presión, tendencias, camarillas, «familias», etc.). En las hoy llamadas democracias, los partidos son pasablemente transparentes, mientras que en otros regímenes son más bien opacos a la opinión pública, y sus querellas se solventan de modo también opaco. En situaciones como un grave riesgo nacional,las facciones oligárquicas o partidos llegan a actuar casi al unísono con aprobación popular muy extensa; pero una vez superado el peligro, la unidad oligárquica y el consentimiento popular se relajan. Así, el gobierno Negrín logró frenar las luchas de partidos en el Frente Popular ante la necesidad de sostener la guerra, y solo cuando la derrota se hizo inminente resurgieron explosivamente los antagonismos y rencores. En el franquismo, la necesidad perentoria de afrontar la guerra y luego las pesadas amenazas exteriores, mantuvieron unidas —nunca perfectamente— a las familias del régimen. Después, sus logros sociales y económicos permitieron sostener una unidad razonable hasta la muerte del Caudillo.

Aun en circunstancia no graves puede ocurrir que las facciones o partidos traten de reducir al mínimo sus diferencias para repartirse el poder y manipular las votaciones, lo que supone un aumento del despotismo, generalmente combinado con una propaganda obsesiva. Ello ha llegado al extremo en los sistemas comunistas, sostenidos por una mezcla de abrumadora propaganda centralizada y de terror también en el seno de la oligarquía. El nacionalsocialismo consiguió amplio éxito de masas al superar la crisis alemana de los años 30, pero es improbable que lograra mantenerse tal cual mucho tiempo después, ya que en circunstancias más normalizadas el fervor popular descendería y en el propio partido nazi se abrirían distintas corrientes. Fue la guerra lo que consiguió mantener la doble unidad del pueblo y del poder nazi, hasta la hecatombe final.

Otro defecto de estos regímenes, también del fascismo italiano, es la relevancia decisiva otorgada al Führer o Duce — figuras propias de situaciones extremas—, o al Gran Líder en los sistemas comunistas. Por su propio carácter, carecen de un mecanismo que asegure una sucesión de «conductores» al nivel del primero, y lo más probable es que la sucesión implique luchas entre los aspirantes. Por ello esas formas de democracia han terminado por hundirse de un modo u otro. El Frente Popular implosionó al perder la guerra, pero de haberla ganado habrían rebrotado también con plena fuerza las rivalidades entre sus partidos. El caso del franquismo ha sido distinto: nacido de una gran crisis, nunca fue un régimen de partido único, ya que en él convivían mejor o peor cuatro «familias», bajo un «Caudillo», figura típica de crisis. Conforme la crisis se superó, en los años 50, el régimen se liberalizó paulatinamente, perdiendo de paso su soporte ideológico inicial (el catolicismo social, como hemos reiterado).

Lo anterior ayuda a entender por qué aquellas formas no liberales autodenominadas democracias han resultado efímeras. A ello debe añadirse la importancia del voto universal, pues aunque este sea aceptado solo en plebiscitos o limitado a algunos niveles del poder, o manipulado groseramente, por sí mismo pone en cuestión al sector oligárquico que aspira a perpetuarse y dificulta su estabilidad.

También cabría objetar que la mayor duración de la democracia liberal tiene algo de ilógica, por cuanto admite en su seno a partidos antiliberales, capaces de conquistar un respaldo en votos lo bastante amplio para poner en jaque y hasta demoler el sistema siguiendo su propia legalidad, como pasó con el fascismo y el nacionalsocialismo, más raramente con el marxismo. O el caso de los partidos comunistas o similares, enemigos radicales del liberalismo y organizados para liquidarlo en nombre de una concepción presuntamente científica de la sociedad y la historia. Evidentemente, tales regímenes habrían sido irreversibles si fuese justificada su invocación a la ciencia; también el nacionalsocialismo, que decía responder a «las leyes de la naturaleza y de la vida».

Pese a tales problemas, la democracia liberal disfruta al menos de tres ventajas sobre las otras formas: una menor manipulación del voto; la admisión abierta de una pluralidad de partidos, que atenúa el choque entre ellos con la perspectiva de que cada uno podría acceder al poder; y sus mecanismos para facilitar los relevos pacíficos en el gobierno. Estas ventajas han permitido al sistema demoliberal «engullir» incluso a partidos marxistas o comunistoides, pese a que sus amenazas permanezcan y en los años 30 le ocasionaran muy serias perturbaciones, y en países como España lo destruyeran.

La cuestión del voto reviste máxima importancia, porque solo en la democracia liberal, en la que concurren habitualmente varios partidos, está lo bastante asegurada la pureza del recuento, al interesar a todos evitar fraudes. El voto libre tiene otras dos consecuencias esenciales: la primera son las libertades políticas, las cuales interesan asimismo a todos los partidos, pues sin ellas no podrían funcionar ni aspirar a gobernar. Y la segunda, cierta autonomía entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, puesto que sin ello ni las libertades ni las votaciones estarían garantizadas. Por estas razones la democracia liberal puede llamarse la democracia por excelencia. Las demás formas, aunque ganasen unas elecciones, tratarían, por sus propias doctrinas, de restringir o eliminar tanto las libertades políticas como la autonomía de poderes y la pureza de las votaciones.

La crítica al sistema del voto, es decir, de las mayorías, ha aducido que la razón y la verdad no dependen de mayorías. Lo cual, visto así, es cierto; pero lo que se pretende no es establecer una razón o verdad política más o menos absoluta, que nadie posee, sino crear un método que evite en lo posible la confrontación violenta y permita corregir errores de un gobierno votando a otro alternativo. En la república, mientras mantuvo cierta democracia, la eficacia del sistema quedó clara cuando, tras la experiencia del primer bienio izquierdista, una fuerte mayoría votó a la derecha en 1933. Dejó de funcionar cuando las izquierdas rechazaron el veredicto de las urnas.

Hay además una ventaja de la democracia liberal, es decir, de partidos o representativa, sobre la democracia asamblearia de tipo ateniense, y no solo porque esta sea factible nada más que en poblaciones pequeñas. Una democracia asamblearia, que a algunos les parece la más auténtica, impide un gobierno estable, si se aplica de modo consecuente. En cambio unas elecciones periódicas permiten aplicar planes de gobierno más largos y afrontar las cambiantes circunstancias políticas. Esta democracia no excluye el peligro de un gobierno que vulnere las normas generales, pero lo limita mediante el ejercicio de las libertades y por los medios de difusión, que mantienen un rasgo asambleario atenuado entre elecciones.

Por supuesto, entre liberalismo y democracia existen contradicciones, pues la segunda puede acabar con el primero, y en la historia el liberalismo ha tendido durante el siglo XIX y parte del XX más bien a la restricción censitaria del voto. Pero, como vemos, existe también complementariedad; y una inclinación forzosa a la democracia partiendo de la predicada igualdad ante la ley, que exige el sufragio universal. De modo que las contradicciones entre liberalismo y democracia no son antagónicas, sino mejor o peor armonizables.

Podríamos entender así que la democracia liberal culminaría la larga lucha y pensamiento político por lograr gobiernos sin despotismo. Y ello precisamente por las razones vistas de que la admisión de diversos partidos y expresiones asegura a todo el mundo la libertad política, mitiga y encauza la violencia implícita en las luchas sociales, y establece cierto control popular indirecto sobre el poder. Sería, por tanto, el remedio a todos los males sociales, un régimen perfecto o casi, dentro de lo accesible a la obra humana. Pero en la historia real, este tipo de democracia ha funcionado notablemente bien en unas ocasiones y mal en otras, lo que obliga a analizar sus peligros alejando de la mente optimismos excesivos o ilusos.

Capítulo XVI

PROBLEMAS GENERALES DE LA DEMOCRACIA

Comúnmente las democracias liberales han permitido más libertades a sus ciudadanos y fomentado mayor prosperidad. Por ello la definía Churchill como el mejor de los sistemas aplicados hasta hoy. Y por ello lo han imaginado muchos como el remedio a todos los peligros y daños tradicionales derivados del poder. Contra esa fantasía, su mal funcionamiento en algunos países (como en casi toda Latinoamérica, España y gran parte de Europa), o las graves crisis recurrentes, derivadas en guerras mundiales en dos ocasiones, y otras malas consecuencias, obligan a un criterio más racional y crítico.

La democracia se apoya en supuestos como que todos los hombres nacen iguales y libres, o que consiste en el poder del pueblo. Ideas perfectamente irreales pero capaces de generar una crédula emocionalidad que convierte la democracia en una panacea utópica; y así es tratada con frecuencia. Un líder que lleva a su país a la ruina y la guerra civil es loado como héroe si logra pasar por demócrata, mientras que otro capaz de sacar a su país del desastre recibe maldiciones si se le pinta como dictador. Frutos del mesianismo democrático han sido convulsiones al pretender cada partido representar los auténticos intereses populares, o totalitarismos empeñados en lograr la igualdad social… bajo la férula de los más iguales. La consigna típica de «libertad, igualdad y fraternidad» constituye asimismo un contrasentido. Libertad e igualdad armonizan difícilmente, y llevadas al extremo se oponen de modo radical; y la fraternidad no deriva de las anteriores y se sobreentiende limitada a los correligionarios, como prueba la historia.

También la democracia liberal invoca esas utopías, pero en la práctica opera al margen de ellas, dejándolas en retórica justificativa. La propia diversidad de los partidos y de sus masas de seguidores ya desmiente la igualdad. La libertad viene condicionada por la cultura, y su ejercicio restringido de diversos modos por el poder, aun si el ámbito de las libertades consentidas a los individuos y grupos varía notablemente de unos sistemas a otros. Asimismo, el partido ganador de unas elecciones no representa al «pueblo», aunque retóricamente se afirme lo contrario, pues los partidos perdedores, que pueden reunir una mayoría, quedan total o parcialmente fuera del gobierno. Y la abstención abarca a un sector popular que por razones varias se desentiende del voto y supera a menudo al partido más votado; a veces al conjunto de ellos. En España, las mayorías absolutas logradas por PSOE y PP en varias ocasiones han sumado solo en torno a un tercio del cuerpo electoral. En la república pasó algo similar (en rigor solo hubo unas elecciones normales, las de 1933, aun con fuertes violencias izquierdistas).

La democracia liberal causa el desgarramiento de la sociedad si los intereses de partido se vuelven prioritarios, socavando las normas y leyes. Hecho palmario en la república cuando las izquierdas reaccionaron a su derrota electoral de 1933 con conatos de golpe de estado y una insurrección armada; y de nuevo al imponerse el Frente Popular con un programa de cambios destinados a cortar para siempre el acceso de las derechas al gobierno. Como hemos visto, el discurso de los partidos de izquierda y separatistas en la actual democracia ha vuelto a recurrir a antiguos radicalismos, a reivindicar el Frente Popular y a tratar de crear condiciones para retener el poder indefinidamente, mientras han proliferado las vulneraciones grandes y pequeñas de la Constitución, también por parte de la derecha. Sin contar el condicionamiento, inconfesado pero muy real, de la violencia etarra en el proceso desde la transición. Está muy extendida en muchos países la presunción no escrita de que ganar las elecciones —y por tanto representar «democráticamente» al pueblo— autoriza a modificar las reglas y equilibrios establecidos en beneficio del ganador. Y generalmente a corromperse.

Ningún mecanismo legal, por elaborado que sea, logra impedir que los partidos desarrollen manejos mafiosos, también en países de democracia asentada, como Usa; o que tiendan a disgregar la sociedad. Pese a ello, el funcionamiento razonablemente bueno de la democracia liberal en diversas naciones prueba que esas derivas no se imponen necesariamente. Y ello solo puede deberse a un factor de orden no directamente político: a la presencia de unos valores morales por encima de las pasiones partidistas. El más evidente de esos valores es el patriotismo, que sitúa el interés nacional por encima del de partido. La célebre frase de Samuel Johnson sobre el patriotismo como último refugio de los canallas es ingeniosa, pero falsa. Las canalladas se han justificado con cualquier otro valor moral, y la frase de Madame Roland ante la guillotina, «Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre», deja la ardua cuestión en su punto. Si contemplamos la evolución de la república y la del actual régimen español, percibimos una caída del espíritu patriótico, denigrado con frecuencia, así como de la religiosidad católica, sustituida por ideologías variopintas y opuestas, de componente también religioso a su modo. La pérdida de valores unitarios exalta los intereses de partido y por tanto los impulsos disolventes. A mi juicio, ahí yace la causa de la mayoría de los problemas de la democracia en España.

Ciertamente el patriotismo puede amparar también a sistemas despóticos o totalitarios, pero sin él la democracia degenera fácilmente. Conviene añadir que fenómenos más o menos parejos a los de España se observan en la UE, donde un espíritu cristianófobo busca sustituir la raíz cristiana de la cultura europea por un llamado multiculturalismo cuyos perjuicios solo empezamos a percibir. El multiculturalismo implica un ataque a los patriotismos nacionales y una enseñanza de la historia en contra de ellos. Reflejan la tendencia encuestas recientes, según las cuales solo estaría dispuesto a luchar por su país un 25% de los europeos occidentales (21% en España, también una proporción baja en Usa, aunque superior: el 44%). Habida cuenta de que todos ellos son democracias liberales, ese talante indica un alto grado de desinterés o desafección hacia ellas, y la consiguiente deslegitimación. Algunos estudiosos, Ortí Bordás en España, han señalado esa desafección hacia los partidos, escasos de crédito popular, y con ellos a la propia democracia y a la patria. Ha cundido la impresión de que nada vale la pena aparte de la satisfacción de los deseos materiales y sexuales mediante consumismo y diversión masivos, y que lo demás son engaños o vana palabrería. Cuando los últimos atentados islámicos en París, la reacción de muchos jóvenes consistió en proclamar la minifalda, la homosexualidad y el alcohol como los valores propios de la libertad occidental. Suceso reminiscente de otros semejantes en la decadencia de Roma.

Hay una dificultad constitutiva, presente en toda forma de poder: el contraste entre sus profesionales (la oligarquía) que, por práctica o por estudio, entienden hasta cierto punto los problemas políticos, económicos y otros del oficio, y el «pueblo», mayormente ignorante o con ideas precarias sobre ellos. El problema lo expuso Churchill en otra de sus agudas frases: «El mejor argumento contra la democracia son cinco minutos de charla con el votante medio». Es decir, el votante medio, cuyos saberes políticos y lógica argumental no suelen pasar de rudimentarios, decide «quién manda». Es una crítica difundida. Un enfoque más parcial del argumento afirma que no debieran pesar igual el voto de una persona culta y el de una ignorante, el de un médico y el de un barrendero…

Cobra aún más fuerza el argumento cuando un sector de la oligarquía se atribuye un conocimiento no opinable, sino científico (o inspirado directamente por Dios), de la sociedad y de la historia, que eliminase la incertidumbre, como ocurre con los marxistas o los nazis. Depender de los votos de la masa ignara o competir con partidos acientíficos ultrajaría a la inteligencia y perjudicaría al pueblo. Por ello, el voto popular debía reducirse a una aquiescencia legitimadora, obtenida por medio de una propaganda intensiva. Una política tal empuja al totalitarismo.

Pero el lado sofístico de la frase de Churchill se aprecia desde varios puntos de vista: los profesionales del poder también son a menudo ignorantes, sufren la incertidumbre propia de la condición humana y no pocas veces su motivación consiste en usar el poder en provecho personal. Además, los actos del gobierno afectan al votante medio —ignorante, pero no del todo— por lo que este debe poder decir algo al respecto, aunque solo sea cada cuatro o más años. Y las ideas del vulgo, por primarias que sean, proceden de los centros de poder e intelectuales. Recordemos que la corriente intelectual y política de la oligarquía hacia el pueblo es mucho más intensa que la inversa, y que las ideas más absurdas expresadas por el elector común provienen casi siempre de otros individuos supuestamente más ilustrados y dedicados a la política. La libertad de expresión, teóricamente universal, es ejercida y solo puede serlo por muy pocas personas en el ámbito público —los medios de masas sobre todo—. Las redes sociales apenas alteran este hecho, por cuando la proliferación de datos y opiniones contradictorias, así como la simple estupidez de gran parte de ellas, neutralizan su efecto.

Con todo, permanece la realidad del desfase entre la oligarquía que sabe más de su profesión, y el pueblo que sabe menos; desequilibrio complicado por la variedad de intereses e ideas o ideologías tanto entre los profesionales como entre los votantes. De ahí surgen algunas otras complicaciones de la democracia liberal. Una de ellas, que si en teoría la competencia entre partidos debe promover una selección de los mejores o más aptos, una selección al revés también es muy posible.

Naturalmente, quien promete demasiado corre el riesgo de perder votos, pues la gente, aún con ideas primarias, no es mayoritariamente insensata. Pero existe un sector popular dado a lo que cabría denominar «pensamiento histérico», a seguir supercherías emocionales. Se la ha llamado franja lunática, turba, populacho, lumpen… términos despectivos que debieran sustituirse por otro neutro. La forman gentes culturalmente atrasadas y otras con estudios superiores; o políticos e intelectuales que las manipulan para lograr el poder. Esa fracción popular, nutrida siempre, crece espectacularmente en tiempos de especial incertidumbre, y puede volverse decisiva en una crisis, o desequilibrando la balanza cuando otros votos van más o menos igualados. En la república esa franja aumentó casi de golpe siguiendo a oligarcas anarquistas y socialistas que prometían el cielo en la tierra. Hoy presenciamos un fenómeno similar, no tan intenso por ahora.

La necesidad de ganar el voto de los más ignaros o menos razonables alimenta una carrera entre partidos por halagar expectativas y deseos extravagantes o dañinos. El discurso se simplifica al máximo, creando expectativas incumplibles o contradictorias, pero de sonido atractivo. Fenómeno bien notorio durante la llamada burbuja inmobiliaria y financiera, asociada en España a la introducción del euro, cuyas promesas de crecimiento estable e indefinido han desembocado en una crisis sin precedentes. Notorio asimismo en el presente (2016).

Otro error nacido de la creencia en un poder del pueblo es la identificación de las libertades políticas con «la Libertad» sin más. Pero el hombre es libre constitutivamente. Aun en el extremo de la esclavitud puede optar por resignarse o por rebelarse, por matar al amo, huir, provocar una rebelión más amplia… y todas esas opciones se han dado en la historia. La idea de que el ser humano solo accede a la libertad mediante la democracia liberal, después de milenios de opresión sin perspectivas, es ridícula. En todos los sistemas, existen ámbitos de libertad personal o, en expresión de I. Berlin, de libertad negativa o ausencia de coacción o intromisión estatal, en los que el individuo puede actuar o no, a voluntad. Tocqueville observó que incluso las peores tiranías del pasado dejaban amplios espacios librados a la costumbre o a la iniciativa particular, sin apenas intromisión del poder. Por el contrario, en democracia las libertades políticas pueden ahogar la libertad personal, por su tendencia a orientar y fijar normas para todo tipo de acciones humanas, incluso íntimas. Últimamente se intenta regular hasta los sentimientos, penalizando «el odio» o «la incitación al odio», en sentidos políticamente «correctos».

Esta inclinación llegaría al «despotismo democrático», vislumbrado también por Tocqueville en La democracia en América; y vale la pena citarlo con alguna extensión:

Un despotismo como jamás ha existido previamente, que penetraría en el dominio de los intereses privados más habitual y profundamente de lo que haya podido hacerlo ningún soberano en la Antigüedad. Un poder inmenso y tutelar que se encarga exclusivamente de que los ciudadanos sean felices y de velar por su suerte (…) Absoluto, minucioso, regular, previsor y benigno. Se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviera por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero, al contrario, solo persigue fijarlos irrevocablemente en la infancia; este poder quiere que los ciudadanos gocen con tal de que no piensen sino en gozar (…) De este modo se hace menos útil y más raro el uso del libre albedrío (…) El poder extiende sus brazos sobre la sociedad entera; cubre su superficie con una red de pequeñas reglas complicadas, minuciosas y uniformes (…); no quebranta voluntades, sino que las reblandece, las somete y las dirige (…); no tiraniza en absoluto, molesta, comprime, debilita, apaga, embrutece. (…) Esta clase de servidumbre, reglamentada, benigna y apacible, podría combinarse mejor de lo que se piensa comúnmente con algunas formas exteriores de la libertad (…) Nuestros contemporáneos son incesantemente asaltados por dos pasiones contrarias: sienten la necesidad de ser conducidos y el deseo de seguir siendo libres. Al no poder destruir ni uno ni otro de estos instintos contrarios, se esfuerzan en satisfacer a la vez los dos. Imaginan un poder único, tutelar, todopoderoso, pero elegido por los ciudadanos (…) Se consuelan de su tutelaje pensando que son ellos mismos quienes eligen a sus tutores (…) Si semejante gobierno llegara a implantarse, no solo oprimiría a los hombres, sino que a la larga les despojaría de los principales atributos de humanidad.

Esta descripción concuerda bastante con el programa socialdemócrata y no es incompatible con cierto liberalismo, según indica la práctica. No precisa que todos los sectores oligárquicos quieran aplicarlo, basta con que las convencionalmente llamadas derechas tradicionales abandonen el terreno del pensamiento y no ofrezcan resistencia. Hoy, el éxito de un sistema y la felicidad de sus ciudadanos se miden por la renta per cápita, traducida en capacidad de consumo material y sexual (los negocios relacionados con la prostitución y el sexo son de los más extendidos y rentables). Cualesquiera otros valores se tildan de imposiciones al individuo, normas arbitrarias sin base racional ni otro objeto que reprimir los deseos naturales en beneficio sospechado de alguna casta «reaccionaria». Lo percibimos en las políticas de la UE, donde una burocracia cada vez más poderosa y apenas representativa dicta sin tregua normas y leyes para personas y naciones.

Tal despotismo, aunque opere con suavidad y solo recurra a la fuerza directa en condiciones extremas, dispone de recursos para perseguir y aplastar al disidente, silenciándole o marginándole de los medios o condenándole a la muerte civil. O inventando delitos como la mencionada «incitación al odio», aplicables en muchas direcciones (la mayor incitación al odio en la UE se ejerce contra el cristianismo, pero nadie la tacha de delito). Y el empleo de la demagogia y los grandes medios de masas y la publicidad para infantilizar o embrutecer a grandes masas resalta claramente en nuestra época para quien quiera examinarlos.

Tocqueville señalaba que semejante perspectiva derivaba de la igualdad propia de las democracias, pero sabemos que esa igualdad es ilusoria. Lo parecía entonces en Usa por contraste con las todavía recientes sociedades aristocráticas europeas, basadas en el privilegio («ley privada»). Pero la sociedad useña era desigual y su mayor igualdad ante la ley no impedía la formación de oligarquías políticas y económicas, aun si más flexibles y abiertas que las europeas. Tenía razón al estimar que un poder semejante al que describe privaría a los hombres de su humanidad, pero ¿sería ello posible? ¿Puede impedirlo la mera diversidad de partidos? No necesariamente, sobre todo si los partidos comparten los criterios básicos (dirigir el bienestar y felicidad de los individuos) y compiten entre sí por adular al «votante medio». Ningún sistema alcanza a satisfacer los deseos de todo el mundo, porque son demasiado variados y exigen demasiados medios económicos. La igualdad real no existe en el ser humano, no es posible volver a la uniformidad instintiva, y los intentos de lograr algo semejante por medio de un general conformismo racionalizado fracasan a la larga. No obstante, la tendencia al despotismo democrático permanece y puede prevalecer por un tiempo, gracias a las elecciones y la propaganda; y abocar a alguna catástrofe.

Para corregir la tentación del despotismo democrático no basta, por tanto, la pluralidad de partidos y su alternancia en el gobierno. Los partidos, aunque rivalicen, pueden ponerse de acuerdo en puntos que les permitan repartirse indefinidamente el poder (partitocracia). La gente, por otra parte, no conoce realmente a quienes quieren representarla, salvo por la pura publicidad; ni conoce, por lo común, sus programas. Tocqueville sugería un modo de contrarrestar la deriva despótica mediante la formación de asociaciones ciudadanas de todo género, a las que no sería fácil imponer un gobierno arbitrario por mucho que diga representar «al pueblo». En cualquier caso, en España el asociacionismo está poco desarrollado, y ello aumenta el riesgo.

La conclusión cae de su peso. Si no existe conciencia y vigilancia de estos peligros, la democracia puede y tiende a degenerar en una opresión susceptible de superar a cualquier otra de antaño, pues, como recordaba también Tocqueville, nunca se habían establecido regímenes con tal capacidad y medios para imponer su poder sobre todos y cada uno de los ciudadanos. Dada la precariedad del pensamiento democrático en España, estos problemas no se presentan siquiera a las mentes de los políticos, los periodistas y la mayoría de los intelectuales. En su boca, como en la de las capas más atrasadas, la palabra democracia suena a panacea milagrosa o mesiánica, que cada cual interpreta a su manera y utiliza como arma arrojadiza contra otros partidos. Útil también para encubrir o justificar su falsificación del pasado y sus corrupciones de hoy, empezando por la corrupción intelectual.

El caso de la democracia orgánica

Y ya que nos centramos en el caso especial de España, convendrá una breve digresión sobre el régimen franquista, «democracia orgánica», según se autodefinió. En ella los votos no iban a partidos, tildados de montajes «artificiales», sino que se ejercía a través de organismos «naturales» como la familia (donde se nace), el municipio (donde se vive) o el sindicato (donde se trabaja), o las corporaciones profesionales y culturales. El sindicato vertical agrupaba a obreros y empresarios, y en los municipios se elegían los concejales, pero al alcalde, sin sueldo, lo designaba el gobierno.La institución superior de las Cortes, con 556 «procuradores» también sin sueldo para evitar la codicia y ambiciones particulares, se componía de representantes de los tres «tercios»: sindicatos, municipios y familias (este, desde 1967), junto con presidentes de los consejos supremos de Justicia y Economía, rectores de universidad, representantes de las Reales Academias y del CSIC, de colegios de abogados, médicos e ingenieros, arquitectos, agentes de Bolsa, científicos, etc., y personas distinguidas en los ámbitos militar, eclesiástico o administrativo, más «los cuarenta de Ayete» designados directamente por Franco. Se observa el intento de combinar la elección desde abajo con la presencia de personas a quienes, por su relevancia cultural o administrativa, se atribuía una visión más amplia de los intereses generales. El principio electivo, que podía dar el poder a oligarquías demagógicas, se contrapesaba con lo que podía llamarse una «oligarquía natural» meritocrática, menos dada — se esperaba— a veleidades populacheras. La idea también aparece en cierto modo en el bicameralismo, con un Senado o «cámara alta» que en general no ha funcionado.

En teoría, el voto orgánico, al realizarse en ámbitos conocidos de las personas por estar integradas en ellos, tenía ventajas sobre el voto inorgánico demoliberal, ejercido por masas anónimas de individuos aislados que eligen a personas y aparatos de poder de los que saben muy poco y a menudo erróneo. Hannah Arendt, en su estudio sobre el totalitarismo, achaca a la democracia liberal la producción de individuos desarraigados a partir de la propia concepción de los Derechos del Hombre, fundados supuestamente en la misma naturaleza humana. Con ellos, el individuo quedaba único dueño de sí mismo y árbitro de su conducta frente a la religión, la historia y la costumbre, contrarias a «la naturaleza». Pero esos derechos serían abstractos y sin garantía real, pues el estado, que debe asegurarlos, tiende también a vulnerarlos. Además, los individuos quedan así atomizados y aislados, manipulables y por ello propensos a seguir a demagogos fuertes y seguros que prometen paraísos totalitarios. Ortega, en La rebelión de las masas, hace una fuerte crítica del mismo tipo de individuo, el «hombre masa» «vaciado de su propia historia», «falto de un ‘dentro’», de intimidad y vida personal», que «tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones» y seguidor probable de cualquier demagogia.

Contra una opinión corriente, la idea de democracia orgánica tiene origen más bien izquierdista. En España parte de la Institución Libre de Enseñanza, inspirada en el filósofo alemán Karl Krause. uno de sus promotores fue el intelectual socialista Fernando de los Ríos, miembro de la ILE. Teorizador destacado fue también Salvador de Madariaga, que en su obra Anarquía o jerarquía, quiere salvar el liberalismo a costa de la democracia. Según él, el sufragio universal movilizaba a masas ignorantes de la política y en el fondo desinteresadas de ella, lo que las inclinaba a dejarse seducir por dictadores. Votaban, para colmo, a pequeñas listas de personas seleccionadas secretamente por la «gente parcial e irresponsable» de los partidos: «Todos sabemos a qué descrédito ha llevado este sistema a los Parlamentos» . Por ello proponía limitar el voto a quienes demostrasen interés político, por ejemplo mediante «servicio voluntario a alguna institución pública de enseñanza o de beneficencia». Sin embargo su voto no saldría del ámbito municipal. Luego, los concejales elegirían a los diputados regionales, estos al Parlamento y este, en fin, al gobierno, en una jerarquía progresiva de los más expertos. Habría además un Consejo Económico Nacional. A su juicio, «El modo de regir un país para su máximo rendimiento en orden, salud física y mental y prosperidad se va haciendo cada vez materia menos opinable y más cognoscible por el estudio y la reflexión», una idea que recogerá Fernández de la Mora y conducente a alguna forma de tecnocracia. Ya hemos visto que también comunistas y nazis partían de concepciones no alejadas en la forma, aunque sí en el contenido: con ellos la política pasaba a convertirse en ciencia, que eliminaba cualquier oposición o división de opiniones. Aunque conocemos los frutos de tales concepciones, el problema teórico del contraste entre la minoría más o menos sapiente y la masa más bien ignorante, permanece.

La democracia orgánica presenta sin embargo dificultades. El poder se divide en dos estratos, uno limitado al nivel sindical y municipal, que apenas podría tratar los intereses generales de la nación, y otro superior para el conjunto nacional, que en realidad queda autónomo y de casi imposible control para los ciudadanos. Por otra parte no impide conflictos internos a todos los niveles, como observaba el sociólogo Juan José Linz. Este tipo de democracia permitiría en principio una mayor eficacia en cuanto a logros prácticos para la sociedad, evitando las querellas y obstrucciones de partido, pero al mismo tiempo, y por ello mismo, debería restringir, incluso drásticamente, las libertades políticas, a fin de impedir oposiciones juzgadas perturbadoras. Por otra parte, la oligarquía o élite más especializada en la política sería quien decidiera qué corporaciones tendrían derecho a representación, sobre todo cuando intentase crearse alguna corporación nueva debido a evolución espontánea de la sociedad.

La democracia orgánica franquista, pues, aspiraba a armonizar las dos fuerzas: la de la masa mayormente ignorante — excepto de sus intereses más particulares (municipales, familiares o sindicales)— pero afectada por el poder y con algo que decir sobre él; y la minoría mucho más experta y con más amplia visión, pero inclinada a la demagogia por la necesidad de ganar los votos de los insipientes. El problema es real y nunca resuelto del todo en ningún sistema. Lo observamos asimismo de otro modo: es probable —lo percibimos bien en la actualidad— que la mayoría de los políticos no sepa realmente mucho más que el votante medio. Y si los supuestos sapientes de la oligarquía llevan al país a una grave crisis, que recae sobre las espaldas del votante medio ¿qué puede hacer este? ¿Y cómo puede imponerse su responsabilidad a los oligarcas? La democracia liberal ofrece el medio de cambiar el gobierno en nuevas elecciones, pero no siempre funciona: en España, hace pocos años, el gobierno de Zapatero fue cambiado por el de Rajoy… que ha continuado la política del primero (también en economía, después de criticar duramente las medidas de recortes y subidas de impuestos emprendidas por el gobierno socialista). Pues, al parecer, su sapiencia no le permitía ver otro camino. El resultado ha sido una profundización de la crisis política, donde los más irresponsables demagogos amenazan gravemente lo que resta de democracia.

Definiendo la esencia de la democracia como consentimiento popular, es obvio que el franquismo dispuso de un consentimiento muy mayoritario hasta el final, pero es más dudoso que el mismo brotara a través de la democracia orgánica. Probablemente había tres fuentes de tal consentimiento: el prestigio y la adhesión a Franco (la misma oposición le mostraba un respeto supersticioso, dando por sentado que nunca conseguiría derrocarle ni cambiar nada esencial mientras viviera); la sensación de que el régimen representaba efectivamente la unidad nacional frente a injerencias externas o presiones balcanizantes; y el hecho real de la reconstrucción del país en su primera etapa y el extraordinario desarrollo económico en la segunda. Había un elemento más, negativo: el recuerdo de la república y el Frente Popular, disuasorio para la gran mayoría. Porque los mecanismos prácticos de democracia orgánica nunca despertaron demasiado interés en la población.

De todas formas un estudio a fondo del sistema franquista está por hacer, ya que, con todas las deficiencias achacables, funcionó lo bastante bien para enfrentarse con muchos más problemas que las democracias liberales posteriores a la II Guerra Mundial y superarlos de forma a menudo brillante. Seguramente hay muchos aspectos de él utilizables para mejorar la actual democracia.

Tercera parte

EL DEBATE SOBRE LA GUERRA CIVIL

Y EL PASADO PRÓXIMO

Como nadie ignora, este debate no ha tenido lugar al modo lógico de una confrontación intelectual, como debiera ocurrir en instituciones de cultura algo sólidas. Por el contrario, la actitud muy predominante ha sido la descrita por Stanley Payne en una reseña:

Cada una de las tesis de Moa aparece defendida seriamente en términos de las pruebas disponibles y se basa en la investigación directa o, más habitualmente, en una cuidadosa relectura de las fuentes y la historiografía disponibles (…) El punto principal no es que Moa sea correcto en todos los temas que aborda. Eso no puede predicarse de ningún historiador y, por lo que a mí respecta, discrepo de varias de sus tesis. Lo fundamental es más bien que su obra es crítica, innovadora e introduce un chorro de aire fresco en una zona vital de la historiografía contemporánea española, anquilosada desde hace mucho tiempo en angostas monografías formulistas, vetustos estereotipos y una corrección política determinante desde hace mucho tiempo. Quienes discrepen de Moa necesitan enfrentarse a su obra seriamente y demostrar su desacuerdo en términos de una investigación histórica y un análisis serio que retome los temas cruciales en vez de dedicarse a eliminar su obra por medio de censura de silencio o de diatribas denunciatorias.

Desde luego, Payne no ha sido escuchado. Por mi parte he ofrecido muchas veces, en vano, un debate en profundidad. En la historiografía contemporánea española siguen predominando estereotipos de propaganda, «angostas monografías formulistas y vetustos estereotipos» y un estilo de censura. El apego a ellos, si algo demuestra, es una profunda esclerosis y pobreza intelectual de nuestra universidad, acompañada de poses pedantes y censoras. Otros han pedido lisa y llanamente la prohibición de mis libros o se me ha negado el derecho de réplica, como en El País, incluso algunos han pretendido encarcelarme.

Ha habido un par de excepciones: el profesor Moradiellos sostuvo una polémica conmigo en la revista digital de Gustavo Bueno El Catoblepas, prefiriendo retirarse, sospecho que no muy bien parado, a la tercera entrega. Y un estudioso discípulo de Tuñón de Lara, Reig Tapia, me dedicó un libro voluminoso y pintoresco, El anti Moa, con más de 500 páginas dedicadas a demostrar que no valía la pena leer una línea mía. Le contesté en quince artículos en Libertad Digital que no tuvieron más réplica. Por esa razón he debido aprovechar libros o declaraciones a la prensa de varios de esos historiadores para insistir en la aclaración de cuestiones básicas. He hecho este esfuerzo porque creo, con Cicerón, que la verdad se corrompe tanto por la mentira como por el silencio, y que, en palabras de Santayana, «un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla». A repetir lo peor de ella.

Los artículos que siguen son solo una pequeña parte de los que he dedicado a diversos autores y han sido publicados en Libertad Digital o en La Gaceta y nunca han sido replicados, siguiendo la táctica del silenciamiento. Son inevitables algunas repeticiones, que he procurado evitar en lo posible. Con este libro doy por concluidos mis trabajos sobre la guerra civil y problemas derivados.

La España milagrosa de Raymond Carr

En el prólogo de la obrita de síntesis sobre historia de España coordinada por Raymond Carr (la primera edición en inglés data de 2001) se propone un nuevo enfoque sobre el pasado y presente españoles. «La diversidad de España constituye una clave de su historia», se dice allí. «En primer lugar, hay que tener en cuenta la marcada división entre la España húmeda y la seca. Las provincias noroccidentales, observaba Richard Ford en la década de 1830, son más lluviosas que el Devonshire, mientras que las llanuras centrales están más calcinadas que las de los desiertos de Arabia». Desde luego, España es un país muy variado, pero la cita, recogida acríticamente por el señor Carr, no pasa del nivel de la tontería, y el profesor inglés no la mejora cuando afirma que Galicia recibe más de 2.000 milímetros de precipitaciones anuales, la Meseta Central menos de 26 y Almería, en ciertos casos, ninguno. Una simple consulta a los índices pluviométricos le habría sacado de su considerable error.

Luego añade: «El contraste más espectacular es el que se daba entre esas fincas pobres y las del campesinado castellano y los latifundios de Andalucía y Extremadura, contraste parangonable únicamente con el existente entre el mezzogiorno, asolado por la pobreza, y el próspero norte italiano». El contraste entre regiones ricas y pobres no ha seguido el esquema España húmeda-España seca, sino que presenta llamativos cambios a lo largo de los siglos, en que unas regiones han ganado o perdido en riqueza relativa al margen de su pluviosidad. Por otra parte, contrastes regionales más o menos acentuados se han dado y se dan en todos los países del mundo, sin excluir a Inglaterra. ¿Son un caso tan excepcional los de España? Cabe dudarlo.

Mucho más dudosa parece su conclusión, extraída de unas citas del mencionado Ford y de Gerald Brenan. Para Ford, España es «un manojo de unidades locales atado por una cuerda de arena». Y Brenan afirma: «En lo que puede llamarse su situación normal, España es un conjunto de pequeñas repúblicas, hostiles o indiferentes entre sí, aunadas en una federación escasamente cohesionada. En algunos grandes períodos (el Califato, la Reconquista, el Siglo de Oro), esos pequeños centros se han sentido contagiados por un sentimiento o una idea común y han actuado al unísono; pero cuando declinaba el ímpetu originado por esa idea, se dividían y volvían a su existencia separada y egoísta». Estas opiniones las confirma Carr con otra de Olavide, quien veía al país como «un cuerpo compuesto por otros menores separados y en oposición mutua, que se oprimen y desprecian entre sí y se hallan en un continuo estado de guerra civil. Cada una de las provincias, conventos religiosos y profesiones está separada del resto de la nación y vuelta hacia sí misma… La España moderna se puede considerar (…) una república monstruosa formada por pequeñas repúblicas enfrentadas unas con otras».

Pero la historia no puede explicarse a partir de algunas citas aceptadas sin mayor crítica. Ford se consideraba miembro de una cultura superior encargada de civilizar al resto del mundo, por supuesto a España, y miraba el entorno con ese prejuicio, tan propenso a crear espejismos. En cuanto a Brenan, mantenía una visión de España un tanto romántica e influida por distorsionantes clichés socialdemócratas, que tan a menudo le ciegan a aspectos clave del país donde vivió largo tiempo… si bien siempre en ambiente anglosajón. Ambos hicieron algunas observaciones agudas sobre España, y otras reveladoras de una profunda ignorancia o falta de sentido común, entre ellas las seleccionadas por Carr. Sobre Olavide, el historiador debe plantearse si sus frases reflejan la realidad o más bien las impaciencias y exageraciones propias de un reformista que encuentra resistencia a sus planes.

Es cierto que en España subsistieron largo tiempo aduanas interiores, fueros, etc… como en casi todo el resto del Continente hasta tiempos históricamente recientes. Por lo demás, las expresiones de Olavide, Ford y Brenan podrían describir bastante bien la situación de la mayor parte de Europa, empezando por Alemania e Italia, que no lograron formar una nación con Estado propio hasta muy avanzado el siglo XIX. En cambio, chocan con el dato de que España no hubiera estallado por todas sus costuras, sino que mantuviese hasta el siglo XIX una paz interna mucho más estable que la de casi cualquier otro país europeo, y las fronteras asimismo más estables y más antiguas de Europa, contra las cuales se rompería los dientes Napoleón.

Si creyésemos en las citas mencionadas («cuerda de arena», «repúblicas enfrentadas entre sí», «en continuo estado de guerra civil»), la existencia de España habría sido un milagro inexplicable. Pero ya estamos habituados a esas peculiaridades, no del país sino de tantos historiadores, y los disparates corrientes sobre la Guerra Civil, Franco, etc., sólo continúan una larga tradición. Parodiando el famoso lema turístico de Fraga, diríamos que «España es diferente, pero los historiadores de España lo son más aún». También valdría la pena comparar la evolución de España con la del Reino Unido. En cierto sentido, este último ha sido el intento de crear una nación similar a España, pero el término español ha tenido siempre un contenido mucho más denso —emocional, cultural y político— que británico, formado por una hegemonía inglesa impuesta históricamente a sangre y fuego o por sobornos, muy distinta del caso hispano.

Aun en los siglos XVIII y XIX, diversas acciones u omisiones inglesas en Escocia e Irlanda causaron deportaciones o hambres masivas mucho peores que cualquier suceso ocurrido en España, y que no dejan de recordar a determinadas actuaciones de Stalin en el siglo XX, con rasgos de guerra civil contra una población desarmada. A su vez, las fronteras del Reino Unido cambiaron de forma muy sustantiva en época tan reciente como 1922, completadas en 1948 con la independencia de la mayor parte de Irlanda.

Vistas así las cosas, debe admitirse que, en la pugna de tendencias centrífugas y centrípetas propia de toda sociedad humana, la nación española ha mostrado una persistencia y una estabilidad sorprendentes, si la comparamos con el resto de Europa.

Juan Pablo Fusi:

Bajo la dirección última de Carr trabajamos en el Centro de Estudios Ibéricos los que creo que podemos considerarnos sus discípulos: Romero Maura, José Varela Ortega, Shlomo Ben Ami, yo mismo, Paul Preston (que hacia 1970 estaba ya en la Universidad de Reading, con Hugh Thomas), Leandro Prados, Antonio Gómez Mendoza (ambos, como historiadores económicos, muy vinculados al tiempo a Patrick O’Brien y Max Hartwell) y Charles Powell. Pero también se vincularon al Centro, en muy distinta capacidad, don Ramón Carande, Olegario González de Cardedal, Lucas Beltrán, Santos Juliá, José María Maravall, Joan María Esteban, Isaac y Aviva Aviv, Susana Tavera, Jaime García Lombardero, Joan Artells, Tomás Jiménez Araya, Laura Rodríguez, Frances Lannon, Fernando Maravall. Aun sin relación directa con el Centro, Martin Blinkhorn, Sebastian Balfour y Joseph Harrison fueron de alguna forma discípulos de Carr. También lo fueron Ezequiel Gallo, Malcolm Deas y Adrian Lyttelton, tres grandes historiadores, como ya ha quedado dicho.

(LD, 2-XII-2008)

Los mitos de Guernica y Badajoz como técnica de la falsificación masiva

El mito de Guernica, bombardeada el 26 de abril de 1937, incluye los siguientes apartados:

Se bombardeó una villa abierta, de 7.000 habitantes, carente de interés militar.

Se eligió un día de mercado, con gran número de visitantes, de modo que el efecto sobre la población civil fuera mucho mayor.

Guernica no constituía un objetivo táctico, por estar alejada del frente.

El ataque fue realizado en exclusiva por aviones alemanes, durante tres horas sin interrupción, con ametrallamiento de civiles a baja altura, dentro de la población.

La destrucción se logró mediante una combinación especial de bombas explosivas e incendiarias, un nuevo sistema de bombardeo.

Los muertos fueron, según versiones, entre 850 y 3.000, siendo el número más citado 1.654.

Los separatistas suelen añadir que se trató de destruir los símbolos de «las tradiciones vascas».

Finalmente, se viene insistiendo en que el bombardeo fue ordenado o permitido por Franco.

Estos puntos han sido repetidos hasta el infinito a lo largo de casi ochenta años por los más variados periodistas, escritores y políticos, lo cual da a esas versiones impresión de absoluta verosimilitud a los ojos del lector crédulo o ingenuo. J. Salas Larrazábal, autor de un estudio prácticamente exhaustivo sobre aquel suceso (Guernica, 1987, que nadie interesado en el tema debiera dejar de leer), partió de un libro del H. Southworth, un polemista useño apasionado del Frente Popular que recoge cientos de noticias y comentarios de la prensa mundial sobre el bombardeo. Sin embargo Salas se fijó en un dato: en la recopilación de Southworth faltaba lo esencial, los relatos de la prensa de Bilbao, «numerosa entonces y, hay que suponerlo, mejor informada», y que prefirió no publicar datos que pudieran ser refutados fácilmente por los evacuados de Guernica.

Así que Salas investigó a fondo y sin prejuicios todos los aspectos de la leyenda y llegó a la conclusión sorprendente de que ni uno solo se ajusta a la realidad. No voy a extenderme en los datos y la argumentación, que he resumido en un capítulo de Los mitos de la Guerra Civil. La realidad es simplemente la siguiente: Guernica, con algo más de 5.000 habitantes, estaba próxima al frente, tenía gran interés militar por su guarnición, posición y fábricas de armas, y se suspendió el mercado aquel día; no hubo ametrallamientos a baja altura dentro de la villa (sí algunos en las vías de acceso) y el bombardeo se hizo en dos pasadas de corta duración, participando aviones italianos, no solo alemanes, con una combinación de bombas habitual, no especial; los muertos no excedieron de 126 como máximo, probablemente algunos menos, con un número de heridos sorprendentemente pequeño (unos 30); los edificios simbólicos y elementos tradicionales («cachivaches», los llamaba Azaña) no fueron atacados, seguramente eran desconocidos para los alemanes; ni Franco ni Mola lo autorizaron, sino que la decisión partió del jefe de la Legión Cóndor sobre el terreno, Richthofen.

El objetivo fundamental del bombardeo fue un puente cuya destrucción dificultaría la retirada de tropas enemigas. Pero, debido a la imprecisión de los aparatos de entonces, no fue alcanzado, aunque varias cayeron en las inmediaciones. En cambio otras bombas provocaron en el casco del pueblo unos incendios que se extendieron rápidamente debido al viento y a la abundancia de madera en la construcción; y a que los bomberos de la cercana Bilbao (36 kms.) tardaron horas en llegar y marcharon sin haber apagado los fuegos. Varios testigos expresaron indignación por la actitud de los bomberos y la pasividad de los milicianos. Los nacionales afirmaron que los propios rojos habían incendiado la población, una falsedad que se apoyaba, no obstante, en precedentes como los de Irún o Éibar, donde sí había ocurrido el hecho.

Contra una versión extendidísima, el bombardeo no fue un experimento de bombardeo sobre población civil, sino que perseguía el objetivo militar de cortar la retirada a gran número de tropas enemigas, lo cual se habría logrado si Mola hubiera dado orden de avanzar de inmediato sobre Guernica. A Mola no le agradaba Richthofen y mantuvo la orden previa de avanzar sobre Durango, con lo que el bombardeo perdía su sentido y se volvía tácticamente inútil. Las razones de Richthofen no son claras, aunque él escribe en sus diarios que Vigón le había prometido un avance sobre la villa; y alude, algo arrogantemente, a su propia «falta de educación» al haber obrado así, al margen de los planes superiores. Fue la última vez en que lo hizo. No obstante, aunque el objetivo inmediato no fuera logrado, el bombardeo tuvo máxima repercusión militar. El PNV lo invocó para llamar a una lucha a ultranza… mientras bajo cuerda intensificó sus tratos con los fascistas italianos para rendirse por separado, traicionando a sus aliados. El fruto, gracias en gran medida a las intrigas peneuvistas, fue la primera gran victoria de masas de Franco, en Santander, con enorme botín de armamento y 22.000 prisioneros sin lucha del «Ejército de Euzkadi», muchos de ellos incorporados a los nacionales.

El origen del mito se encuentra en la prensa useña e inglesa, que enseguida empezó a elevar los muertos a 600, a 800… pero lo fundamental fueron las crónicas de G. Steer, periodista inglés que llegó horas después del bombardeo e inventó cuantos «detalles» imaginó, creídos durante largo tiempo. Otro corresponsal inglés, N. Monks, hablaba de 800 personas, mujeres y niños, masacrados por las bombas. La prensa subiría rápidamente los muertos a 1.000 y 2.000, y un escritor peneuvista, P. Baldasúa, los aumentaría a 3.000 en un texto titulado «En defensa de la verdad», nada menos. Un documental inglés reciente hablaba de 5.000. El PNV ha querido hermanar a Guernica nada menos que con Hiroshima, aunque el segundo bombardeo no lo hubieran hecho los nazis. En este desmadre sentimental-ideológico nos seguimos moviendo.

Un segundo gran mito o seudomitotípico, es el de la matanza de la plaza de toros de Badajoz. Así como el bombardeo de Guernica existió, aunque su carácter haya sido desfigurado de modo desorbitado y sus efectos exagerados sin tasa, dicha matanza es una invención de cabo a rabo. Su autor fue el periodista useño Jay Allen, agente propagandístico del Frente Popular, que dijo haber ido a Badajoz unos días después de la matanza, de la cual le habrían informado a fondo los propios oficiales franquistas: «Miles de milicianos y milicianas fueron masacrados por defender la República contra la embestida de los generales y terratenientes». Habla de un «fusilamiento ceremonial con banda de música» y «matanza de prisioneros a los acordes de la Marcha Real y del himno falangista, con gran asistencia de público». «La sangre empapaba más de un palmo de arena en el lado más alejado del ruedo». Etc. A continuación se desató una competencia entre Allen y la prensa del Frente Popular por fantasear detalles morbosos o macabros. Habrían sido fusilados indistintamente mujeres y niños, habrían sido toreados prisioneros (esto último lo hicieron los rojos en varias ocasiones).

Otro periodista useño, J. Whitaker, afirmó haber oído al propio conquistador de la ciudad, teniente coronel Yagüe, hacer propaganda contra su propia causa con la misma amabilidad que otros oficiales habrían informado a Allen: «Por supuesto que los matamos. ¿ Iba a llevar 4000 prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contrarreloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?». Frases absurdas. La alternativa no era soltar a los presos o llevarlos consigo, sino encarcelarlos, tarea que exige pocos guardianes como nadie ignora. Por lo demás, los 4.000 fusilados, cifra dada por Allen, se ha hecho «canónica», aunque muchos la han elevado al doble y más. Whitaker, finalmente, no publicó entonces la sensacional «confesión» de Yagüe, sino que la «recordó» seis años después en un artículo en Foreign Affairs. También ha sido repetida miles de veces desde entonces.

¿Por qué sabemos que no existió tal matanza? Por el testimonio del corresponsal portugués Mario Neves, presente cuando la conquista de la ciudad el 14 de agosto y los días siguientes. El día 15, fecha del supuesto espectáculo, oyó un rumor de que se estaba fusilando en la plaza de toros: «Fuimos enseguida a la plaza de toros, donde se concentran los camiones de las milicias populares. Muchos de ellos están destruidos. El lugar ha sido bombardeado varias veces. Sobre la arena aún se ven algunos cadáveres (…) Hay, aquí y allá, algunas bombas que no han explotado, lo que hace difícil y peligrosa una visita más pormenorizada». Volvió al día siguiente y encontró que «no tiene aspecto diferente del que observamos ayer, lo que nos lleva a suponer que el rumor (de los fusilamientos) es infundado». Ni Neves ni los demás corresponsales presentes hablaron más de la masacre famosa. Sin embargo, la leyenda, como la de Guernica, dio la vuelta al mundo, repetida en mil versiones, y sigue revoloteando por los libros de «historia» y relatos periodísticos en triunfal desafío a la evidencia.

Los divulgadores del clarísimo embuste suelen embrollarlo con otros muertos en combate o fusilados al tomar la ciudad, que a su vez había costado muchos muertos a los nacionales. Y ello requiere aclarar que los nacionales no consideraban a los milicianos soldados regulares sujetos a las normas de la guerra, sino algo parecido a bandidos. Opinión reforzada porque, en su avance, habían comprobado atrocidades milicianas de un salvajismo espeluznante, como familias enteras quemadas vivas, niños incluidos, crucifixiones y matanzas indiscriminadas. La respuesta a estos hechos, narrados y fotografiados, fue el fusilamiento sumario de muchos de los autores.

Se ha divulgado una supuesta denuncia de un agregado militar alemán, llamado Von Funk, a Hitler, diciéndole que nunca había visto brutalidad y ferocidad como la de las tropas nacionales, por lo que no aconsejaba el envío de tropas alemanas a España. Dada la suma ingente de falsedades propagandísticas, tendría interés la exhibición de tal carta, que no se refiere a la ciudad de Badajoz, sino a la toma de Toledo, según dice el no muy veraz A. Viñas a partir de una conversación muy posterior con Funk. Pero choca que, como alemán, a Funk le asombraran tales fusilamientos: así había obrado el gobierno socialdemócrata con la insurrección espartakista o con el soviet de Baviera. A su vez, Azaña consigna en sus diarios su orden de fusilar a los anarquistas capturados con armas en la insurrección del Alto Llobregat, en enero de 1932.

¿Cuántos milicianos fueron fusilados o cayeron en los combates de calles en Badajoz? Un corresponsal contrario a los nacionales, J. Berthet, da la cifra de 1.200, aunque obviamente no los contó: se trata de un cálculo impresionista sobre 80 cadáveres contados por otros corresponsales. El historiador A. D. Martín Rubio ha utilizado el registro civil de Badajoz, encontrando que hasta 1945 hubo 1.080 muertes atribuibles a la represión, de los que 493 corresponden al verano-otoño de 1936 (no solo a agosto). El investigador izquierdista F. Sánchez Marroyo, eleva especulativamente el número a 1.500 hasta finales de aquel año, incluyendo caídos en combate. Seguramente se acercan más a la verdad las cifras de Martín Rubio, mejor documentadas. Los autores del libro La matanza de Badajoz ante los muros de la propaganda rastrearon a través de los testimonios de entonces en torno a medio millar de cadáveres, de los cuales la mitad podrían corresponder a los combates. Muchos de ellos fueron incinerados, por el temor a enfermedades dado el calor de agosto.

En Los mitos de la Guerra civil pude establecer los hechos más creíbles, criticando las versiones de Allen o inspiradas en él, y dudé mucho de que Allen hubiera estado siquiera en Badajoz. Y unos años después, la minuciosa investigación de F. Pilo, M. Domínguez y F. de la Iglesia en el citado La matanza de Badajoz ante los muros de la propaganda, confirmaba lo sospechado: Allen lo había inventado todo, empezando por su supuesta estancia en Badajoz, no digamos los relatos que le hacían «en susurros» unos oficiales franquistas al parecer tan interesados como él en crear el bulo. Tiene interés saber que el periodista ya había prestado servicios delictivos al PSOE cuando la insurrección de octubre de 1934, y simpatizaba con el socialista prosoviético Álvarez del Vayo. El libro citado examina asimismo las manipulaciones de otro corresponsal que contribuyó al mito, J. Berthet, relacionado con el NKVD soviético y con el aparato de propaganda de la Komintern dirigido por Willi Münzenberg, auténtico genio de la manipulación propagandística. Debe entenderse que para ellos la verdad carecía de importancia frente a la conveniencia de dañar al «enemigo de clase» suscitando indignación entre la opinión pública europea y americana para empujar a sus gobiernos a intervenir en España a favor de Frente Popular.

Por no seguir, podemos considerar otro modo típico de manipular con apariencia de objetividad. El artículo sobre la matanza de Badajoz en la wikipedia (la wiki en español sobre temas de estos suele ser un desastre) incluye opiniones y versiones diversas para dar una apariencia de objetividad: «El escritor Pío Moa niega los fusilamientos en la plaza de toros (lo que niego es la matanza famosa. Hubo luego algunos fusilamientos allí y en otros lugares) y propone una cifra entre 500 y 1.500 represaliados». En cuanto a Francisco Pilo, «pone en duda tanto la presencia de Jay Allen en Badajoz como el número de ejecuciones que éste refiere, en contra de la opinión mayoritaria defendida, entre otros, por Paul Preston, que considera a Allen un referente del periodismo de guerra». Pero Pilo no pone en duda, demuestra la ausencia de Allen en Badajoz,que ya a mí me pareció harto improbable. Y la opinión de Preston vale tanto como el propio relato de Allen. Nos contrapone como «escritores» a una serie de «historiadores», y casi todo el resto del artículo son citas de los creyentes en la matanza, mezclando la plaza de toros con los fusilamientos sumarios, a quienes el deshonesto articulista procura dar mayor veracidad simplemente por el número de opinantes, aunque las contradicciones entre ellos suben desde 1.200 a 8.000 muertos (él «cree» más verosímil la cifra de 4.000). Matanzas perpetradas por falangistas, guardias civiles, moros o legionarios, según versiones. Del izquierdista Neves no cita su irrebatible testimonio sobre el estado de la plaza de toros, y en cambio menciona unas frases del hombre que se decía horrorizado por los cadáveres en las calles y no quería volver más a la ciudad.

El manipulador articulista de la wiki «explica» además que la supuesta matanza «tuvo una gran influencia en el desarrollo de la guerra. La publicación en la prensa extranjera de estos sucesos ocasionó que Franco a partir de entonces ordenase el cese de matanzas que pudieran tener gran trascendencia mediática y perjudicase la imagen de los sublevados, y por otro lado, la propaganda republicana publicitó enormemente este hecho, convirtiéndolo en justificante de otros sucesos posteriores, como las matanzas de Paracuellos». Nueva manipulación: equipara una invención propagandística, con un hecho indiscutible como el de Paracuellos. Y esta última no se justificó por la imaginaria de Badajoz —es el articulista quien sugiere insidiosamente tal justificación— sino por razones más «prácticas», aparte del intento de ocultarla.

Además, Franco no ordenó «a partir de entonces» el cese de tales sucesos, sino que una orden anterior, del 1 de agosto señalaba: «La reducción de focos rebeldes se efectuará con energía, excluyendo la crueldad, respetando en absoluto a mujeres y niños y excluyendo toda clase de racias». Las instrucciones de Yagüe, días antes de Badajoz (el 11), advertían que los enconos propios de una guerra civil llegan a provocar actos «que pueden debilitar la virtud básica de la disciplina y desprestigiar», por lo cual «los actos de crueldad serán severamente castigados», sin permitir racias ni pillajes, haciendo responsables de ellos a los jefes y oficiales. Y al día siguiente, Franco insistirá «En el paso y estancia en los pueblos es indispensable mantener el soldado en la mano, sin permitir que se desperdigue ni cometa desmanes ni pillajes, bajo severas penas». Seguramente no fue siempre la conducta observada, pero sí una clara orientación. No hubo orientaciones tales entre los autores de Paracuellos y otras muchas masacres, y cabe recordar que los rojos se jactaban en sus partes de sus bombardeos sobre población civil, cosa que Franco prohibió aunque en contadas ocasiones fuera desobedecido.

Lo visto permite atisbar las técnicas con que se manipula tan a menudo la realidad a partir de la prensa. Creo que tanto el libro Guernica como La matanza de Badajoz… debieran ser textos de obligado estudio en las facultades de Periodismo, por su cuidadosa disección del modo como bastantes periodistas, por pasión ideológica o por razones más materiales, pueden distorsionar la verdad. No es infrecuente que alguien invente algún suceso o frase, luego repetido incansablemente. Ni Galileo dijo eppur si muove ni Voltaire escribió «Detesto lo que dice, pero daría mi vida por defender su derecho a decirlo» (incitaba a aplastar a la Iglesia, consigna no muy tolerante), pero miles de otros autores las han repetido y millones las han creído. En el siglo XX, las técnicas de propaganda se han refinado mucho, pero permanece la esencial de repetir ad nauseam una supuesta verdad. Subrayada por invectivas contra quienes la pongan en duda: «fascista», «facha», «reaccionario», etc., son hoy las más frecuentes. Arthur Koestler, que también contribuyó a estas leyendas, cuenta cómo Münzenberg le gritaba, al leer sus escritos: ¡Demasiado flojo! ¡Demasiado objetivo! ¡Pégales, pégales fuerte!¡Di al mundo cómo arrollan a los prisioneros con sus tanques, cómo los bañan con gasolina y los queman vivos! ¡Haz que el mundo se estremezca de horror! ¡Machácales esto en la cabeza! La verdad suele ser defendida con menos pasión y ello la hace menos sugestiva para las masas… y para muchos ilustrados.

En España, la mentira ha cobrado mayor fuerza por cuanto apenas ha chocado con resistencia. Denuncias como las de Julián Marías contra la mentira profesionalizada, o la obra de francotiradores como Ricardo de la Cierva, han sido casi inútiles, debido a la política de la UCD primero y el PP después, de dar vía libre a las más gruesas falsedades antifranquistas, para terminar compartiéndolas. La lucha contra una desvirtuación del pasado se ha hecho así mucho más ardua y hasta peligrosa, por cuanto implica afrontar una amplia hostilidad y hasta ostracismo social.

¿A qué se debe la activísima difusión de estas falsedades? La causa más evidente es el «furor ideológico». Una vez demonizado el bando nacional como fascista, opresor, reaccionario, oscurantista, explotador, enemigo del pueblo, de la libertad, etc., cuanto se diga contra él, incluso las invenciones más burdas, pasan por meritorias contribuciones al progreso, la democracia y la ilustración. Bajo ese furor operan intereses más concretos. Los autodeclarados herederos del Frente Popular, ya desde la transición, entendieron que atacar sin trabas al régimen anterior, aprovechando el vacío ideológico de la derecha, les proporcionaba un plus de legitimación y una posición de superioridad moral muy útil para ganar elecciones y el poder consiguiente.

El efecto general ha sido la imposición en la sociedad española de una visión profundamente mendaz de la historia reciente y más en general de todo el pasado del país. Sería ingenuo o frívolo creer que ese fenómeno carece de importancia, pues salta a la vista que tales versiones fundamentan el espíritu y la práctica de las políticas que actualmente vuelven a poner en riesgo la subsistencia de España. Por esta razón, ningún esfuerzo por contrarrestar tan perniciosas derivas será superfluo.

(www.piomoa.es y blog Gaceta, 27-II-2016)

Antony Beevor, o una historia con demasiada clase

I

Aunque dista mucho de la verdad el aserto de que la historiografía británica sobre la república y la guerra supera a la española, debe reconocerse que hizo esfuerzos notables, y que deja atrás a la francesa, en general marxistoide. Está casi olvidado uno de los mejores libros ingleses, el de Richard Robinson sobre los orígenes del franquismo, mientras se siguen citando como modélicos los muy superados de H. Thomas o G. Brenan. De concepciones peculiares de R. Carr ya he hablado en otra ocasión. En cuanto a P. Preston y sus alumnos, con ellos la historiografía británica en este campo ha sufrido un gran retroceso. Y el reciente libro de A. Beevor La guerra civil española no permite tampoco el optimismo.

Del señor Beevor conocía su relato de la batalla de Stalingrado, que, a falta de análisis estratégicos e ideológicos de cierto calado, me pareció un reportaje muy notable, si bien no podría juzgarlo a fondo, al no ser yo especialista en la materia. En cuanto a su libro actual, llama la atención su inicial declaración de principios: «La verdad fue la primera víctima de la guerra civil española, un conflicto que (…) ha generado una controversia más intensa y más polémica que cualquier otro conflicto moderno, segunda guerra mundial incluida. El historiador que, desde luego, no puede ser totalmente desapasionado, no debe ir más allá de comprender los sentimientos de los dos bandos, demostrar hipótesis previas y ampliar fronteras de lo que ya sabemos sobre la guerra civil. Los juicios morales deben quedar a la conciencia del lector».Declaración notable porque el autor no la cumple. Los dos bandos son descritos según tópicos envejecidos y aceptados con total credulidad; tampoco queda claro qué hipótesis previas demuestra, y su dependencia de fuentes secundarias, salvo en algunos temas, le impide ampliar ninguna frontera. Los errores de detalle también abundan. La verdad sigue siendo víctima, si bien más del historiador que de la guerra misma.

Los errores de detalle se cuelan inevitablemente en cualquier libro, pero son secundarios, salvo cuando menudean o falsean en exceso los hechos. Harto más decisivos son los errores de enfoque, pues un enfoque distorsionado desvirtúa todo el relato. El distorsionado enfoque de Beevor, como el de Preston y tantos otros, consiste en ese marxismo diluido y ecléctico extendido en muchos medios académicos, y que no mejora la doctrina original. Supongo que Beevor no se dice marxista, pero esa ideología se ha infiltrado hasta en la historiografía conservadora.

Así, al explicar la España de principios de siglo, nuestro autor sostiene: «Tanto el partido liberal como el conservador representaban, con matices, los intereses de la nobleza, la Iglesia, los terratenientes, la propiedad campesina media y la burguesía administrativa, industrial y financiera, mientras que los minifundistas, pequeños propietarios agrícolas, arrendatarios y las clases medias de las ciudades podían poner sus esperanzas de mejora social en pequeños partidos republicanos y en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) (…) Los jornaleros del campo de Extremadura, Andalucía, La Mancha, y los proletarios industriales de las ciudades, sobre todo de Cataluña, se encuadraban mayoritariamente en la (…) CNT, el sindicato anarquista». Típico «análisis de clase» marxista que tanto hemos conocido y aplicado algunos. Que Beevor lo reproduzca a estas alturas sin el menor atisbo crítico sólo indica cómo la historiografía puede anquilosarse y derivar peligrosamente a la historieta.

El autor, puestos a eso, debiera empezar por preguntarse sobre el contenido de esos intereses de liberales y conservadores. Si lo hiciera, tendría que admitir que a la oligarquía por él descrita le interesaban las libertades políticas, las cuales permitían asociarse, hacer propaganda y concurrir a las elecciones a los demás partidos, incluidos los dispuestos a aplastar las libertades e imponer sus dictaduras tan pronto pudieran. Pues los partidos representantes, según él, de la nobleza, la Iglesia, los financieros y demás habían organizado el sistema liberal y constitucional de la Restauración.

Y, ya metidos en harina, el señor Beevor debiera aclararnos también los intereses de las clases medias y obreras, encarnados, asegura él, en el PSOE y la CNT.¿Consistirían esos intereses en la abolición de las libertades burguesas y la instauración de dictaduras totalitarias ejercidas por castas omnipotentes en nombre del proletariado (PSOE), o de la emancipación general humana (CNT)?Pues eso buscaban. También podría el autor meditar sobre enigmas como éste: ¿cómo llegó a haber cuatro partidos «representantes» de los obreros, y que terminaron asesinándose entre ellos? Tras el derrumbe del marxismo y otras ideologías mesiánicas, parece exigible cierto espíritu crítico hacia los dogmas «de clase», pero Beevor parece a sus anchas en ellos, como si nada hubiera pasado. Sobre tan arenosas concepciones construye su historia. No es buen comienzo.

Pero incluso en su terreno el autor revela un conocimiento precario de la realidad española cuando adjudica al PSOE los intereses de «los pequeños propietarios agrícolas» y «las clases medias urbanas», y atribuye a la CNT la del proletariado urbano y agrario. El PSOE, partido marxista siempre muy radicalizado —excepto durante la dictadura de Primo de Rivera—, se extendió entre los proletarios de Vascongadas, Asturias y Madrid, sobre todo, y los jornaleros extremeños y otros. Mismo error en la atribución de 700.000 afiliados a la CNT en 1919, cifra propagandística como las de tiempos de la República (de un millón y un millón y medio, tanto para la UGT como para la CNT), manejadas por historiadores poco atentos. Si el señor Beevor se hubiera molestado en contrastarlas con la representación oficial de los congresos generales, habría debido reducirlas a la mitad, y aún entonces mirarlas con desconfianza.

Ahora bien, la afiliación real o imaginaria de la CNT o la UGT tampoco significa, insisto, la representación de los «intereses» obreros (la dictadura totalitaria, en tal caso). Como tampoco los liberales y conservadores representaban a la oligarquía que supone el historiador: las libertades son un interés general, y no «de clase». Obviamente la cuestión de las libertades y la democracia, absolutamente crucial, a mi juicio, para entender el siglo XX español, carece de relevancia o la tiene secundaria en el análisis del señor Beevor. De referirse a su país quizá habría sido más cuidadoso, pero también abunda en la intelectualidad británica esa actitud arrogante frente a historias foráneas.

Otro error de enfoque subordinado al anterior aparece en las estadísticas seleccionadas sobre pobreza, analfabetismo, etc., aceptadas también sin crítica y olvidando algo elemental: tales cifras carecen de significado si no se las compara con la situación anterior y con la de otros países europeos de la época, ricos y pobres. Esas comparaciones indican que España se hallaba en posición desventajosa con respecto a los países ricos de Europa, pero no tan mala en el más amplio círculo de los menos ricos. También le habrían indicado que, bajo la liberal Restauración, España no estaba estancada. Tras las guerras napoleónicas el país había sufrido un retraso creciente con respecto a la dinámica Europa industrial, pero la Restauración permitió, por primera vez desde principios del siglo XIX, un progreso sostenido y acelerado.

Al exponer las estadísticas como lo hace, el autor sugiere que los «intereses» oligárquicos eran culpables de ellas, mientras que los partidos obreros o progresistas habrían logrado un más rápido crecimiento del país y la erradicación de diversas lacras sociales. Pero si se hubiera molestado en examinar las doctrinas de aquellos partidos obreros y demás, habría comprendido que sólo podían traer la convulsión social y dictaduras de un tipo u otro. Como ocurrió exactamente. La Restauración no era una democracia plena, pero sus libertades, por su propia existencia, empujaban hacia ella con gran fuerza. Y había en el mundo, incluida Europa, muy pocas democracias reconocibles como tales con la perspectiva actual.

La democracia no llegó a completarse, arguye el señor Beevor siguiendo un tópico archisobado, porque la oligarquía no habría emprendido reformas a fondo, por temor a perder sus privilegios. ¿Seguro? Algo de ello hubo, claro, pero ¿acaso las propias libertades políticas traídas por aquellos a quienes Beevor denigra no constituían un ataque permanente a sus privilegios? ¿Y por qué no examina el despistado historiador la conducta de los partidos del progreso? Pues esos partidos no hacían de sus objetivos totalitarios una referencia vaga, sino que pugnaban por ellos hostigando sin tregua al régimen de libertades, mediante insurrecciones, terrorismo y separatismos.

Como tantos intelectuales menospreciadores de las libertades burguesas, el historiador británico pasa por alto este factor decisivo, que convulsionó al sistema liberal hasta hundirlo. Se trataba de una oposición mesiánica, violenta y contraria a la libertad, de ningún modo partidos razonables y progresistas frustrados por el cerrilismo o por una inexistente tiranía de los liberales. Si al analizar las raíces de la guerra el historiador cae en tales distorsiones y omisiones, es fácil saber de antemano el resto de su relato.

II

El enfoque de la historia según los «intereses de clase» conduce inevitablemente a tomar partido, no por la verdad sino por esos imaginarios intereses. Pues ¿quién no se pondría del lado de los trabajadores oprimidos frente a los explotadores y reaccionarios? La falacia, ya lo vimos, lleva a achacar a los obreros interés en el totalitarismo, convirtiendo la historiografía en propaganda. En ese sentido, el señor Beevor no defrauda: pese a su promesa de evitar juicios morales, no para de hacerlos contra los reaccionarios y la Iglesia, a quienes caricaturiza con los colores más negros, mientras justifica las peores tropelías de unas izquierdas en su mayoría totalitarias, pero «populares» a su poco crítico juicio. España misma es descrita como país «fanáticamente religioso, patria de la Inquisición y de los autos de fe». No está mal. Por ese camino podríamos definir a Inglaterra como patria de la piratería y el tráfico negrero, que tanto pesaron en la formación y prosperidad del país.

Beevor parece ignorar que la Inquisición causó unas 2.000 muertes en tres siglos, cifra que la policía política de cualquier dictadura progresista de los siglos XX y XXI alcanza fácilmente en meses o semanas. O que libró a España de la caza de brujas, que en el resto de Europa llevó a la hoguera a muchas decenas de miles de mujeres. En fin, no debe escribirse la historia con trucos de propaganda.

Un aspecto de esta historiografía es su escaso respeto por los datos, tan a menudo engorrosos para la tesis preestablecida. Ya señalé la ligereza del libro con las cifras, y podríamos seguir muy largamente. Atribuye al ejército español en Marruecos 40.000 soldados (eran poco más de la mitad) y al protectorado 50.000 kilómetros cuadrados (eran 27.000), o habla de un 45% de analfabetismo al llegar la República (26%, según fuentes más fiables), o repite los tópicos izquierdistas sobre la enseñanza, sin molestarse en señalar la evolución de los presupuestos al respecto durante la República, mayores en el bienio derechista que en el izquierdista. Etcétera. Ofrece datos sorprendentes, como que la mitad de los soldados carecía de uniforme y muchos no sabían lo que era un fusil. El ejército estaba mal, debido a la reforma de Azaña, que había podado la excesiva floración de mandos pero en lo demás había sido desastrosa; aun así, el desbarajuste no llegaba a tanto, ni remotamente. Por decir algo, el número de fusiles cuadruplicaba el de soldados. En la página 75 estima en 100.000 los soldados españoles, y cuarenta páginas más adelante los eleva a 140.000. O habla de una «Rebelión de los generales», cuando la mayor parte de ellos quedaron con el Frente Popular.

Su distribución de las fuerzas entre los dos bandos en julio de 1936 es muy poco profesional comparada con la expuesta por los hermanos Salas Larrazábal. Menciona muy grosso modo la abrumadora superioridad naval y aérea de las izquierdas, que estuvo cerca de asegurarles la victoria, y olvida la industria de guerra, también casi toda en manos del Frente Popular, así como grandes extensiones cerealistas de La Mancha y Aragón. Menciona, pero no valora adecuadamente, los recursos financieros, en principio decisivos y también poseídos por las izquierdas. Y podría haber citado también el significativo dato de que los milicianos cobraban 10 pesetas diarias, veinte veces más que un soldado enemigo y más del doble que los profesionales de la Legión, pese a lo cual la moral de los nacionales siempre fue superior.

Aún choca más su afirmación de que la (enorme) ventaja militar, estratégica y económica de las izquierdas quedó «sobradamente compensada por la abundante ayuda externa que los sublevados recibieron enseguida: primero, los efectivos de las tribus del Rif; acto seguido, todo el apoyo militar naval y aéreo, logístico y técnico, que le prestaron Hitler y Mussolini; luego el respaldo de las grandes empresas norteamericanas y británicas (…) en tanto que el Portugal de Salazar ofrecía protección para el flanco izquierdo de su ejército y el Vaticano la bendición apostólica». Sólo un militar muy obcecado por«intereses de clase» describiría así la situación. Desde el principio los dos bandos buscaron ayuda externa, y el de Franco se mostró más hábil (y mucho menos corrupto), pese a no poder ofrecer oro a cambio, sino sólo la esperanza de vencer. Esperanza entonces remota, porque su enemigo, además de dicha superioridad, gozaba de las simpatías de las izquierdas europeas y del Gobierno francés, y aumentó pronto sus cuantiosas reservas financieras con el desvalijamiento sistemático de bienes particulares, del tesoro artístico español y hasta de las alhajas de los pobres en los montes de piedad (detalles que no parecen interesar a Beevor).

En cuanto al puente aéreo sobre el estrecho de Gibraltar, el señor Beevor asegura que «no debe exagerarse su importancia». Increíble. Pues fue nada menos que el factor que cambió la fatídica situación de los sublevados, permitiéndoles asentar y extender sus inseguros núcleos en Andalucía, unir las dos zonas de la rebelión y llevar municiones a las desesperadas tropas de Mola. Además, atribuye el puente aéreo, siguiendo el tópico, a los aviones italianos y alemanes. Pero la idea fue de Franco o de su círculo inmediato, y cuando los aviones italianos y alemanes entraron plenamente en juego había cumplido sus principales objetivos estratégicos con aviones fundamentalmente españoles, como he explicado en Los mitos de la guerra civil.

Los bombardeos sobre Madrid causaron, según cifras de la izquierda, 312 muertos a lo largo de tres semanas y en una ciudad de un millón de habitantes, pero el lector desprecavido de Beevor pensaría en muchos miles, sobre todo niños. Y la batalla de Madrid, de haberla ganado Franco, habría terminado la guerra en cinco meses, pero al quedar en tablas la prolongó dos años y medio más.

Cuando llega a Guernica admite que «las investigaciones más recientes sostienen que los muertos no pasaron de 300», en lugar de los 1.650 de la propaganda. Algo es algo, aunque ello no le impide afirmar, sin prueba alguna, que el objetivo del ataque fue «verificar los efectos del terror aéreo». En realidad, las investigaciones más recientes y detalladas ascienden los muertos a un máximo de 126. Por supuesto, ni menciona los efectos militares del bombardeo, es decir, la traición del PNV a sus aliados, que llevaría a la catástrofe de las izquierdas en Santander. Como no da la menor información relevante sobre el «Pacto de Santoña», que culminó la traición del PNV: solo repite la vieja y desacreditada propaganda peneuvista. Y así, capítulo tras capítulo. Por el señor Beevor no pasa el tiempo, y cuanto no sirve a sus prejuicios prefiere ignorarlo.

Pero donde nuestro autor se ceba es al tratar el terror o el «Gulag» de Franco. Dice muy serio: «En los diez últimos años se ha llevado a cabo en España un admirable trabajo de investigación histórica para tratar de establecer el número, la identidad y la condición de las víctimas de la guerra civil (…) En total se tiene constancia de más de 80.000 víctimas», cifra que él eleva a 200.000 pensando en las que presumiblemente —según él— faltan. Obviamente, Beevor no ha leído la crítica rigurosa de Martín Rubio a esos trabajos «admirables», en su mayoría panfletos partidistas donde entran personas caídas en combate, víctimas del terror entre las propias izquierdas u otras «calculadas» a partir de bulos. Beevor considera una fuente fiable —y no puede extrañar— a personajes como Espinosa, un comunistoide fanático que ha exigido públicamente la censura soviética contra mis libros. Así ya se puede historiar.

Y a tan admirables panfletos hace Beevor su pequeña contribución. Considera el terror de izquierdas popular y espontáneo, justificándolo ya de partida y omitiendo el papel determinante de una obsesiva propaganda de odio mantenida año tras año, así como la bien demostrada organización del asesinato masivo desde el Gobierno y los partidos de izquierda. En cambio atribuye los crímenes a «una furia exacerbada que parecía rebosar de un pozo centenario de humillaciones y atropellos, de la desesperación de gentes maceradas en el silencio temeroso y en el odio íntimo que, de pronto, ven desaparecer los viejos tabúes…». Con esta literatura francamente desvergonzada nuestro historiador continúa, precisamente, aquella propaganda de tan bestiales consecuencias. No extrañará que justifique la mayor matanza de la guerra, la de Paracuellos, como «una limpieza de retaguardia, destinada a impedir que los presos ‘fascistas’ fuesen liberados por las tropas de Franco». ¡Quién mandaría a los de Franco pensar en liberar a los presos «fascistas»! Presos con su parte de culpa, en definitiva, por aquel «pozo centenario de humillaciones y atropellos» y demás horrores.

Para conocer la honradez profesional del autor nada mejor que su respuesta a una pregunta en La razón sobre el revisionismo: «Es bueno que se mantenga un debate sobre la guerra civil y cómo se formó aquel conflicto. Pero me parece que estos revisionistas hacen un flaco favor porque usan las fuentes de la vieja propaganda franquista (…) No se puede condescender con ciertas polémicas y con fuentes que no tienen crédito». Es decir, el debate es bueno, siempre que no se lleve a cabo. Y de paso no puede privarse de una última falsedad hablando de «la vieja propaganda franquista». Por lo que respecta a mí, apenas he usado las fuentes franquistas, y sí, muy fundamentalmente, las de la izquierda. Son el señor Beevor y esos admirables investigadores quienes emplean como fuente la vieja propaganda del Frente Popular, cuyo mustio crédito intentan reverdecer.

(LD, 29-IX-2005)

Un pequeño disparate de Juan Pablo Fusi

En una entrevista preguntaban a Juan Pablo Fusi: «Algún historiador (léase, Pío Moa) ha puesto en circulación la tesis de que la izquierda fue la responsable en 1934 de la posterior sublevación de Franco». Yo nunca dije tal. ¿Cómo iba Franco a sublevarse en 1936 porque la izquierda lo hubiera hecho en el 34? La frase de Madariaga, que sólo comparto a medias, es que la insurrección del 34 había quitado a la izquierda el valor moral para condenar la derechista del 36. Fusi cae en la trampa y contesta: «Otro disparate, y por cierto, ésa era la tesis oficial del franquismo, que siempre sostuvo que la revolución de octubre de 1934 había deslegitimado a la República (…). La revolución fue un error de los partidos y sindicatos de la izquierda, no un fracaso de la democracia republicana como sistema. La responsabilidad de la guerra corresponde a los sublevados: a una parte del Ejército con más apoyo popular del que se dice; sobre todo aquí, en Navarra y Álava, que intentó un golpe de Estado para impedir el retorno de la izquierda republicano-socialista al poder tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, en una situación —primavera del 36— de desorden público preocupante. La división del Ejército y de las fuerzas de orden público hizo que el golpe fracasara y derivara en una guerra civil; el levantamiento militar provocó, además, un verdadero proceso revolucionario de la clase obrera en la zona republicana».

Que yo sepa, el franquismo no sostuvo que la revolución del 34 hubiera deslegitimado a la República: ¡si fue el mismo Franco y la derecha quienes entonces defendieron la República y vencieron a los revolucionarios! ¿Y se puede llamar «un error» a la planificación de una guerra civil y al intento de llevarla a cabo con la máxima amplitud y violencia, como hicieron el PSOE y la Esquerra? Por supuesto, aquello fue un fracaso de la democracia republicana, porque ninguna democracia puede sostenerse si varios de sus principales partidos resuelven echarla abajo, como pasó entonces con el PSOE y los separatistas catalanes, apoyados por casi todo el resto de las izquierdas. Fue, desde luego, un grave fracaso. Aunque no necesariamente un fracaso definitivo.

La situación habría podido enderezarse si aquellas izquierdas hubieran corregido a fondo las ideas y posiciones que les habían llevado a rebelarse contra la república. Sin embargo, el estudio de su trayectoria posterior revela que no hubo corrección. Todas ellas, empezando por Azaña, justificaron y aplaudieron aquel comienzo de guerra civil, realizaron maniobras desestabilizadoras y desataron una campaña masiva de falsedades que envenenó de odio a gran parte de la población. Por estas razones, cuando la izquierda, unida en el Frente Popular, volvió al poder en febrero de 1936, tras unas elecciones que no cabe calificar de democráticas, lo que se produjo fue un doble proceso destructivo de la República: desde el poder, la demolición de la legalidad republicana con el fin de implantar un régimen parecido al del PRI mejicano e impedir la vuelta de la derecha al Gobierno; y desde la calle y los campos, un violento proceso revolucionario (mucho, muchísimo más que «un desorden público preocupante»). Contra ese doble proceso, y con la convicción de que en España la democracia había llegado a ser inviable, se levantaron Franco y las derechas.

Por eso la insurrección de octubre del 34, que pudo quedar como un suceso aislado, un fracaso superable, fue en realidad, como bien lo vio Brenan, «la primera batalla de la guerra civil». Guerra que en 1936 se reanudó cuando quienes habían defendido y mantenido la República y la democracia en 1934, se vieron muy cerca de un completo aplastamiento. La República y la democracia empezaron a derrumbarse en febrero del 36. Por eso la guerra civil, sólo interrumpida en un octubre, se reanudó en julio: hay un lazo de hierro entre ambos sucesos.

Tampoco tiene base, por tanto, la tesis de que la rebelión de julio del 36 «provocó un verdadero proceso revolucionario». El proceso venía de bastante atrás y en aquel momento sólo perdió los últimos frenos. Y quien rompió esos frenos fue, en todo caso, el Gobierno del Frente Popular al armar a los sindicatos.

(LD, 20-XI-2008)

¿A quiénes olvida realmente la «memoria histórica»?

En estos tiempos en que tantos se empeñan en limitar la memoria al lado más atroz y siniestro de la guerra y sólo de uno de los dos bandos, conviene mencionar a los auténticos olvidados: los izquierdistas víctimas del terror entre las propias izquierdas. No sobra hacer un llamamiento a los estudiosos para que incluyan en sus esfuerzos a estas personas, cuya dignidad y honor parecen traerles al fresco.

El caso más publicitado es el del comunista no ortodoxo Andrés Nin, salvajemente torturado y luego asesinado por la policía política soviética en una de sus prisiones secretas en España, prisiones que escapaban al control del propio Frente Popular español. Sin embargo su caso es tan sólo uno entre muchos.

Sólo por mencionar algunos ejemplos que podrían incitar a investigar a los de la «memoria», encontramos en el libro comunista Guerra y revolución en España, editado en Moscú, denuncias como éstas contra los anarquistas que habían conquistado la mitad de Aragón: «La violencia y el terror continuaron campando por sus respetos». «Se perseguía, y aun se ejecutaba a los campesinos que se resistían a entrar en las llamadas colectividades agrícolas o por simples venganzas personales. En la zona del Cinca, en una noche fueron asesinados 128 campesinos (…) En Esplús, en un solo día aparecieron muertos 23 afiliados a la UGT» (tomo III, pgs. 262 y 264). O bien: «Cuando [los anarquistas] fueron al campo llevando consigo la antorcha de la revolución, lo primero que hicieron fue arrebatar al campesino todo medio de defensa… y una vez conseguido, le robaron hasta la camisa» (II, p. 30). Aparte de los asesinatos directos, estos desmanes dejaban a muchos labriegos al borde de la muerte por inanición, y bastantes de ellos llegaron probablemente a tal extremo.

Por su parte, los anarquistas acusan a los comunistas en testimonios como los de José Peirats en su libro Los anarquistas en la crisis política española: «Nunca llegó el crimen a extremos de tanto refinamiento como a partir del 15 de mayo de 1937. Es decir, a partir de cuando el gobierno [del Frente Popular] se jactó de ser dueño de los resortes del poder. A partir de entonces se cometieron los crímenes más horrendos de nuestra historia política. Las mazmorras de la GPU se multiplicaron como infiernos de Dante (…) El 2 de julio se celebró en Tarragona el consejo de guerra contra los supervivientes de las masacres cometidas por los comunistas en aquella misma ciudad en ocasión de los hechos de mayo [se refiere a la pequeña guerra civil en Barcelona entre anarquistas y el POUM, por un lado, y los comunistas y los nacionalistas de Companys por otro, que causó cientos de muertos]. En mayo, 36 militantes de la CNT habían sido asesinados en Tarragona por los comunistas del PSUC» (p. 243).

El periódico cenetista Solidaridad Obrera mencionaba, sobre esos sucesos, «Los cadáveres espantosamente mutilados de 12 jóvenes de la CNT de San Andrés (barrio extremo de Barcelona)» o «los 5 del rondín de Eroles, asesinados también», o de otros quince asesinados también en Tarragona, y otros en diversos puntos de Cataluña. Menciona asimismo el caso del libertario italiano Camilo Berneri (p. 234).

La dirigente anarquista Federica Montseny denunció la práctica comunista de secuestrar a rivales políticos, «Meterles en una casa particular (…) sacarles por la noche y asesinarles» (p. 247)

Orwell también menciona «Las cosas más terribles. (…) Heridos arrastrados fuera del hospital y arrojados a la cárcel, gentes apretujadas en repugnantes mazmorras, presos golpeados y muertos de hambre», etc.

El citado Peirats retrata así al célebre SIM (Servicio de Información Militar), creado por Prieto a iniciativa de Orlof, jefe de la policía política de Stalin en España: «Era una red policíaca que se extendía por las pequeñas y grandes unidades del ejército y por el interior de los partidos y organizaciones, vigilando estrechamente las actividades de sus militantes (…) La táctica terrorista más inhumana era todo el secreto de sus éxitos. Pero este mismo sistema de tortura era aplicado a los elementos antifascistas no comunistas». Tenía también sus propios campos de concentración (p. 247-9).

Sobre los métodos del SIM cuenta de pasada Azaña: «Denuncias sin firma del SIM. Unos mozalbetes condenados a muerte por cantar un himno. El delator no sabía cuál era. Malos tratos: uno sordo, otro ciego» (Memorias de guerra, p. 387).

El anarquista Abad de Santillán escribe en Por qué perdimos la guerra: «Las torturas, los asesinatos, las cárceles clandestinas, la ferocidad con las víctimas culpables o inocentes, estaban a la orden del día (…) Lo ocurrido en las checas comunistas cuesta trabajo creerlo. En el Hotel Colón de Barcelona, en el casal Carlos Marx [menciona otros lugares] (…) se perpetraban crímenes que no tienen precedentes (…) El Ayuntamiento de Casteldefells tuvo que protestar por la serie de cadáveres que dejaba en la carretera todas las noches la cheka del castillo. Hubo días en que se encontraron 16 hombres asesinados, todos ellos antifascistas» (p. 266).

Y relata los asesinatos en el pueblo granadino de Turón, ya mencionado en el capítulo «Terrores y heroísmos». Abundan también los testimonios sobre izquierdistas asesinados en el frente por sus compañeros-rivales políticos. Así, el comisario socialista Piñuela denunciaba la imposición comunista de «un sistema de terror que no se detiene ni ante la eliminación de los elementos disconformes, que después figuran en los partes como culpables de haber intentado pasarse a las filas enemigas» (fondo de la Fundación Pablo Iglesias, archivo de Largo Caballero, XXV, p. 1116 y siguientes). Es muy difícil saber cuántas víctimas causaron estos crímenes, pero debió de ser un número crecido.

El mismo Piñuela escribe: «La responsabilidad por las derrotas se exige cada día más estrechamente al soldado, sobre el que se hace caer duramente el código de Justicia Militar, interpretado con excesiva rigidez por los Tribunales Permanentes. La responsabilidad, que debe ser mayor cuanto más alta es la jerarquía militar, va difuminándose hasta desaparecer por completo conforme ascendemos en la escala jerárquica». Los reglamentos de Prieto y de Negrín daban a los mandos facilidades extraordinarias para fusilar a los soldados que se considerase desafectos. ¿Cuántos de ellos cayeron en los intentos de imponer una disciplina férrea cuando la guerra estaba ya perdida para las izquierdas y crecía la desmoralización? El cálculo no es fácil pero, desde luego, no se trató de casos aislados.

Basten estos botones de muestra como motivo para iniciar una investigación a fondo, a fin de arrojar luz sobre aspectos hoy ocultados o disimulados de aquella guerra. Una argucia empleada por los que Julián Marías llamaría profesionales de la mentira, es que durante cuarenta años se estuvo homenajeando a los caídos o asesinados del bando nacional, y que ahora corresponde hacer lo mismo a los contrarios. En realidad desde la transición apenas se ha homenajeado y exaltado más que a estos últimos. El ejemplo más característico puede ser el de García Lorca, mencionado sin cesar durante estos treinta años con olvido o desprecio hacia escritores como Ramiro de Maeztu o Muñoz Seca, y otros muchos intelectuales asesinados por las izquierdas en circunstancias no menos trágicas. La derecha se ha sumado a los homenajes a García Lorca, pero todavía no hemos visto a las izquierdas hacer lo propio con autores como los aludidos. Nadie puede percibir en tales actitudes el menor ánimo reconciliación, sino lo contrario.

No apreciamos en la izquierda, por tanto, voluntad de recuperar la memoria de la guerra, la cual de ningún modo se limita al capítulo de las atrocidades, y menos aún a las cometidas sólo por las derechas. Puestos a eso, deben recordarse también las cometidas por las izquierdas contra las derechas y, sobre todo, entre las izquierdas mismas, cuyas víctimas, insisto, son los auténticos olvidados en esta campaña. La cual, según está planteada, no refresca la memoria ni enseña a evitar la repetición de aquel pasado. Al contrario, incita a repetirlo.

(LD, 12-XI-2004)

Paul Preston trivializa el holocausto nazi

Leo esta afirmación del señor Preston sobre mi persona: «Hay mentiras en cada página de su libro». (¿Cuál?). Muy bien. Ahora solo le queda demostrarlo, y vuelvo a animarle a que lo intente de una buena vez. Yo, en cambio, sí he documentado sus muy frecuentes manipulaciones (bueno, no todas, porque es casi imposible). En realidad, su método historiográfico queda bastante bien retratado en la inconsecuencia de su frase. Obsérvese también su respuesta a S. Payne, que criticó sus distorsionadas cifras: «Que Payne explique su trayectoria desde la izquierda a la extrema derecha». Es decir, el problema no está en los hechos, sino en que Payne —asegura, tergiversando de nuevo la realidad— se ha vuelto de «extrema derecha». Un método de debate, por cierto, empleado a fondo por los marxistas y afines. Otra de sus hazañas metodológicas consiste en habernos descubierto que el homenajeado Carrillo tuvo —¡quién lo hubiera creído!— responsabilidad en Paracuellos. En fin, un historiador de postín, muy respetado no ya por la izquierda sino por la derecha, desde las absurdas adulaciones que Ansón le tributó para presumir de antifranquista. El nivel.

El último libro de Preston es un fraude desde el mismo título, en el doble sentido de mencionar un inexistente holocausto español, trivializando de paso el judío, y de usar la palabra con fines comerciales. Su tesis, no menos falsa bajo la pretendida objetividad de reconocer (¡a estas alturas!) que «también» hubo crímenes en la izquierda, consiste en la vieja historieta de que la represión nacional hizo el triple de víctimas que la del Frente Popular, y que cualitativamente fueron muy distintas: «No puedo tratar igual a un violador que a una violada». El violador sería el bando nacional y la violada el Frente Popular, que él identifica —nueva falsedad— con la república del 31. Como he expuesto con detalle en Los orígenes de la guerra civil, la violación, si así queremos llamarla, fue emprendida en octubre de 1934 por el PSOE y la Esquerra, apoyados por prácticamente toda la izquierda, con el propósito textual de organizar una guerra civil; y continuó después de las elecciones de febrero del 36 en una verdadera orgía de crímenes e incendios, hasta que se provocó la continuación de la guerra civil, a la que nuestras izquierdas fueron tan aficionadas que incluso organizaron otras dos en su propio seno.

La violada fue, por tanto, la Constitución y legalidad de la república del 31, junto con la población católica y conservadora, hasta que decidió defenderse. Las izquierdas, con mayor o menor empeño, quisieron la guerra civil porque creían poder ganarla —y casi la ganaron al principio—, pero sus cálculos terminaron por salirles errados. Me permito animar a Preston y compañía a superar su pereza intelectual e intentar desmentir estos extremos, que creo haber probado con documentos de la izquierda, no del franquismo.

En fin, presentar como víctima de una violación a un Frente Popular formado por totalitarios, golpistas y ultrarracistas bajo tutela de Stalin, es la osada falsedad base de las restantes. Lo he expuesto en La quiebra de la historia ‘progresista’. Pero se ve que estos señores esperan mantener una clientela de ignorantes a quienes «ilustrar».

En cuanto a las cifras de la represión, ya Ramón Salas Larrazábal las puso en su lugar, corregidas luego por A. D. Martín Rubio. Pero el asunto se ha convertido para algunos en un negocio bien subvencionado desde el poder, y la realidad les da igual. No hay debate. Les basta descalificar como «de extrema derecha» o «fascistas» los estudios que abandonan la propaganda y van a los hechos. Recordaré, muy en resumen, que el terror lo empezaron las izquierdas; que en el bando izquierdista no fue un terror popular o espontáneo sino organizado por los partidos y el gobierno; que el número de víctimas fue muy parecido en los dos campos; que el extremo sadismo en el terror de izquierdas no tiene parangón en el bando nacional; que las izquierdas practicaron el terror entre ellas mismas, lo que tampoco ocurrió entre los nacionales. Que intente Preston refutar estos datos básicos con otros datos y argumentos, y le prestaremos atención. Sus distorsiones son tan amplias que resulta imposible abordarlas en un artículo. Las he tratado más en detalle en el libro Los crímenes de la guerra civil, que, desde luego, él no ha rebatido en momento alguno.

Una frase llamativa de Preston: «El Valle de los Caídos es una maravilla, pero hay que explicar que fue hecho por presos republicanos». Bien por la primera parte del aserto, mal por la segunda. Hubo allí pocos presos, no republicanos sino rojos acusados de crímenes, cobraban salario y redimían penas por el trabajo. Y el Valle terminó tomando un carácter de reconciliación nacional que ahora se intenta destruir. Otra frase: «La mayor dificultad para escribir mi libro ha sido poder mantener mi equilibrio psicológico leyendo tantos horrores en ambos lados». A muchos ingleses siempre les ha encantado/horrorizado la crueldad española, y se ve que Preston tampoco sabe mucho de la historia de su propio país. ¿Ha probado a mantener su equilibrio psicológico leyendo sobre los bombardeos de terror ingleses contra la población civil alemana, varias veces más mortíferos que el terror de los dos bandos en España?

( 4-V-2011)

¿Puede defenderse a Franco desde el liberalismo?

Dado que un rasgo de la inanidad o páramo intelectual que oprime a España es la falta de debate pese a los gravísimos problemas actuales, siempre es bienvenida la argumentación discrepante y razonada. Así, mi amigo José Carlos Rodríguez contradice mi tesis de que el franquismo puede defenderse desde la democracia liberal.

Un problema típico en las discusiones reside en el intento de argumentar con un principio abstracto sin tener en cuenta su interrelación con otros principios concurrentes ni las circunstancias reales, históricas. Así, enarbolando el principio de la democracia —y sin explicar bien qué entendemos por ella— muchos condenan bobamente todos los regímenes europeos habidos en la historia antes del siglo XX (quizá con la excepción del suizo). Esto es típico de cierto pensamiento o antipensamiento muy difundido en España, y me temo que José Carlos Rodríguez cae un poco en esa tendencia.

Partamos de los hechos básicos, tan a menudo pasados por alto o tergiversados: nuestra democracia procede de la legitimidad franquista mediante una reforma de la ley a la ley. Y precisamente en contra de la opción rupturista, que pretendía legitimar a la república (al Frente Popular, más bien), opción que parecía a muchos más democrática. Pero el apoyo popular a la reforma franquista se apoyaba en una experiencia histórica que por entonces muy pocos discutíamos: la paz, prosperidad, reconciliación, independencia y unidad nacional alcanzadas en superación de una república que había echado abajo todos esos valores. Estos son hechos evidentes. Y aquí vienen otros: los antifranquistas, que invocan tanto la república sin tener en cuenta sus efectos históricos, siguen socavando hoy la convivencia democrática: terrorismo o colaboración con él, separatismos, ataques a Montesquieu, niveles de corrupción muy superiores a los del franquismo, corrosión de la soberanía y la unidad nacional…

Todo esto no ha ocurrido por casualidad, y frente a ello tienen un peso menor —aunque sean interesantes— cuestiones sobre si el Frente Popular pudo haberse moderado (en mi opinión, no, en absoluto, y lo que ya había hecho justificaba plenamente la rebelión). Rodríguez dice que no eran necesarias las 30.000 ejecuciones de posguerra o la violación de derechos individuales. En realidad, el asunto de las ejecuciones está aún por investigar seriamente, y a partir de ciertos indicios creo que las cifras son muy inferiores, aparte de que se trató de ejecuciones legales casi todas y a menudo por crímenes espeluznantes. Y en todas las posguerras los derechos individuales son masivamente violados, como pasó en Europa Occidental después de la guerra mundial. En países democratizados como Francia o Italia, por ejemplo, las represalias fueron terribles y, al revés que en España, sin trámite judicial. ¿Los invalida como países democráticos? No hablemos ya de los países del este… O, por poner otro caso, los masivamente criminales bombardeos sobre la población civil alemana, ¿invalidan la causa de los Aliados? Yo creo que no, pero no dejan de suscitar cuestiones.

No tiene sentido comparar la actitud de Franco con la de Jefferson (más bien con la de Pilsudki, por ejemplo). Franco quería al principio una democratización en orden, pero la experiencia de la república le hizo creer que era imposible (e históricamente lo fue). Ni es cierto que nuestra historia sea la de las oportunidades perdidas. Al terminar la guerra mundial, Franco no tenía por qué «reengancharse» con los Aliados, que no paraban de chantajearle e intimidarle, pese a deberle tanto. La salida presuntamente democrática de Don Juan o el maquis habría significado con toda seguridad la vuelta a la guerra civil (lo explico en Años de hierro), porque otro rasgo del franquismo es que jamás tuvo oposición democrática real. Su oposición, incluso 36 años después, pretendía volver a las andadas, y lo está haciendo ahora mismo. Y si la sociedad española estaba preparada para la democracia al final del régimen, fue justamente por la obra de la dictadura autoritaria, de ningún modo por la de cualquier oposición.

Franco, en suma, libró a España de una revolución y no tuvo en su mano restaurar la democracia. Primero, porque no creía en ella tras la experiencia republicana; segundo, porque la mayoría de la población pensaba lo mismo, pues guardaba aún viva memoria de aquella república que quieren presentarnos ahora como modélica; y tercero porque la oposición era de tendencia totalitaria y terrorista o pro terrorista… por cierto que muy apoyada por las democracia europeas (y por gran parte de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II)), algo a tener muy en cuenta, como recuerdo en La Transición de cristal.

La democracia llegó cuando pudo, se la debemos a la obra del franquismo y está muy amenazada precisamente por los antifranquistas. Así creo que fue y es, atendiendo a los hechos y no a buenos deseos algo etéreos.

(13-VI-2011)

Años después, en twitter, resumí así la cuestión: «La oposición al franquismo siempre fue comunista y/o terrorista, lo que dice mucho a favor del franquismo», y «Los demócratas y liberales apenas hicieron oposición reseñable al franquismo, lo que habla mucho a favor de demócratas y liberales».

Santos Juliá «defiende» a «los pobres»

Para ser historiador, a Santos Juliá le falla mucho la memoria, empezando por la de su pasado clerical, que nunca menciona pese a ser un dato relevante para entender su trayectoria. Juliá, afectado por la crisis posconciliar, se pasó a la izquierda, hasta convertirse en historiador oficioso del PSOE y biógrafo de Azaña, siempre con su curiosa desmemoria, que le lleva a omitir datos significativos. Quizá por esta deficiencia, y no por mala intención, ensalza a personajes como Prieto, o pinta un Azaña imposible de conciliar con los propios diarios del personaje.

Recientemente ha escrito contra la beatificación de numerosos mártires cristianos causados por el Frente Popular, muchos de ellos directamente por los socialistas, y lo ha hecho apoyándose en el intelectual católico francés Maritain: «Es un sacrilegio horrible masacrar a sacerdotes —aunque fueran fascistas, son ministros de Cristo— por odio a la religión; y es un sacrilegio igualmente horrible masacrar a los pobres —aunque fueran marxistas, son cuerpo de Cristo— en nombre de la religión». Pero un historiador con algo de sentido crítico no puede seguir a Maritain oponiendo sacerdotes y «pobres». Los sacerdotes eran asesinados por el mero hecho de ser sacerdotes, pero, ¿de dónde saca Maritain que los pobres sufrían matanzas por el hecho de serlo?

Ello aparte, los muertos por el terror de los nacionales durante la guerra ascendieron a unos 70.000, según los cálculos por ahora más solventes de Martín Rubio: ¿tan pocos pobres había en España? Como sabe todo el mundo, cayó entonces gente acomodada, de clase media y «pobres», pero ninguno de estos últimos lo fue por su posición social, sino por considerárseles enemigos políticos, por venganzas personales, etc. Lo mismo vale para el terror del Frente Popular (unas 60.000 víctimas, más proporcionalmente que sus contrarios, al haberse ejercido sobre un territorio menor), que sacrificó igualmente a gran número de pobres —obreros y campesinos— desafectos.

La persecución de los sacerdotes y muchas monjas, masacrados a menudo con sadismo increíble, se emparenta cualitativamente con el Holocausto perpetrado por los nazis contra los judíos, pues en ambos casos las víctimas eran asesinadas simplemente por ser judíos, o clérigos en el caso español.

Un historiador debe tener en cuenta otro detalle que Juliá también olvida, y que ayuda a explicar la evidente falsificación del intelectual francés: la preocupación de Maritain por su país no dejaba de pesar en sus juicios, y él estaba alarmado por la influencia que pudieran lograr en España los alemanes e italianos en detrimento de los intereses franceses, y por ello trataba de convencer al Vaticano de que Franco era un títere de Hitler. Pudo tratarse de una mentira inconsciente, pero desde luego faltaba a la verdad, y escondía que, por el contrario, el Frente Popular sí fue dominado por Stalin de modo decisivo desde el envío a Rusia del oro español.

Casualmente, nuestro historiador no se cuestiona las causas de aquellos horrores, nada excepcionales en el siglo XX. Sin embargo, la cuestión de las causas de la guerra es la decisiva y definitoria para entender los sucesos. Pues bien, Juliá y otros muchos profesionales a la lisenka mantienen la tesis de que los nacionales se sublevaron contra la democracia y el progreso de los «pobres», causando así la guerra y las atrocidades consiguientes. Una tesis en resuelta oposición a la evidencia misma: el Frente Popular se componía de los mayores enemigos concebibles de la democracia, y de ellos jamás sacaron los pobres otro beneficio que lo que Besteiro llamaba «envenenamiento de las conciencias». Fue el Frente Popular quien destruyó la legalidad republicana, arruinando las bases de la convivencia y ocasionando la guerra civil, que el PSOE venía intentando desde finales de 1933. Hay que insistir sin tregua en este dato perfectamente documentado, porque los lisenkos insisten con increíble pertinacia en difundir la propaganda estalinista como «memoria histórica».

Queda esto: los Santos Juliá desvirtúan la espeluznante persecución religiosa con argumentos especiosos, han pretendido durante años que la Iglesia pidiera perdón a sus torturadores y ahora se oponen a que honre a sus mártires. ¡Imaginemos que en Alemania se hiciese hoy algo semejante con los judíos! El envenenamiento de las conciencias prosigue, con las mismas falsedades de los años 30. Juliá y compañía no revelan el menor pesar por lo que entonces hizo el Frente Popular, y uno queda con la sospecha de que repetirían, si hubiera ocasión. Después de todo siguen demostrando una vocación en verdad fanática por la defensa de «los pobres»

(24-10-2007)

Un Goebbels austríaco y un Zhdánof español

Entre los desaguisados de Santos Juliá se encuentra la coordinación de unos panfletos de propaganda de diversos historiadores a la lisenka[30], titulados en conjunto Víctimas de la guerra, con la pretensión de hacerlos pasar por la palabra definitiva en torno a las represiones de la guerra civil. Posteriormente, Juliá, más razonable, escribió sobre la masiva manipulación en curso, que empieza su letanía con la pretensión de que la transición se había basado en el olvido de las fechorías franquistas. Como dice Juliá y cualquiera que simplemente sepa leer, desde la transición se han publicado cientos de libros y artículos sobre el terror de los dos bandos, con absoluto predominio de los dedicados a condenar el del franquismo. Pero la historiografía lisenkiana se basa, precisamente, en negar las evidencias, y ha salido Francisco Espinosa en la revista Hispania Nova criticando a Juliá por señalar una verdad que no tiene vuelta de hoja.

Este Espinosa, conviene recordarlo, enfoca sus historias al modo estalinista, lo que él y los suyos llaman óptica «social», que en realidad es la propaganda de la «lucha de clases». Tal enfoque lleva consigo, de modo automático, la exigencia inquisitorial, o más propiamente chekista[31], de la censura contra las versiones divergentes, contrarias, según dicen, a los intereses «del pueblo», del «progreso» y demás maravillas. No podrá extrañar que el individuo haya pedido la prohibición de mis libros en el antiguo programa de Gabilondo, sin que el periodista, espejo de demócratas, protestase, por supuesto. Con ello quedaron bien retratados ambos. Pero nos hemos acostumbrado durante demasiado tiempo a que personajes de este género vengan dispensando títulos de democracia y a callar ante sus arrogancias y amenazas, y eso no debe continuar, por el bien de la salud intelectual del país. Opino que hay que salirles al paso en todo momento, aclarando sus enredos, pues solo así iremos superando el marasmo en que han sumido el panorama cultural español, entre su vocerío y el silencio de los corderos.

Espinosa, pues, mantiene que la Transición se asentó en el «olvido», y si hubo lo contrario fueron «los fascículos de Ricardo de la Cierva». Y he aquí cómo fundamenta su exigencia de memoria, contra el por una vez razonable Juliá: «El artículo (de Juliá) concluía: ‘A estas alturas no es la memoria lo que hay que recuperar; es la verdad lo que hay que conocer.’ Le contestó de manera contundente el cineasta austríaco Günther Schwaiger, coordinador del ciclo Imágenes contra el olvido, quien le planteó varias preguntas: ‘¿Qué pasa a algunos historiadores españoles para que tengan tanto miedo a la memoria de la gente? ¿De cuándo la memoria no sirve para testimoniar la verdad? (…) ¿Ya no vale el testimonio de un hijo que ha visto fusilar a su padre para testimoniar el horror del fascismo? ¿Hemos llegado a tal arrogancia académica que las víctimas tengan que pedir permiso a los historiadores para saber si su sufrimiento fue verdad o simplemente un espejismo? (…) Está por ver si el señor Juliá hubiese formulado semejante ataque al valor de los testimonios sobre el Holocausto en países como Alemania, Austria, EEUU o Israel’».

¡Gran autoridad el cineasta austríaco, perfecto ignaro de la historia de España como revela, entre otras cosas, su alusión al Holocausto, al que insulta con su equiparación! Pero al stalinista Espinosa le viene de perlas porque la argucia del austríaco respira aquel estilo tan del gusto de los nazis. Obviamente, ¿ya no vale el testimonio de un hijo que ha visto fusilar a su padre para testimoniar el horror del comunismo, o del anarquismo, o del separatismo catalán, o de la izquierda republicana? Pues casos parejos abundaron. ¿Y qué decir de los parientes de izquierdistas fusilados o torturados por otros izquierdistas? ¿Van a ser despreciados? Nadie tiene miedo a esos testimonios (salvo los Zhdánof[32] de turno). Lo que pasa es que no puede construirse una historia veraz sobre ellos exclusivamente. El autorizado (por Espinosa) cineasta austríaco pretende, al estilo goebbelsiano, exacerbar la sentimentalidad del público para dirigirla fácilmente contra lo que llama, por pura ignorancia una vez más, «el fascismo».

La cuestión clave de la guerra civil no es en absoluto la competencia de atrocidades de un lado y del otro, como pretenden estos recuperadores de la propaganda y del odio. Las atrocidades se debieron al derrumbe de la legalidad republicana. Pues la ley es el instrumento que mantiene la convivencia social. ¿Y quiénes la destruyeron? He aquí la verdadera cuestión clave. Hoy no cabe duda de que fueron las izquierdas y los separatistas quienes primero desbordaron, luego asaltaron y finalmente arruinaron la república. La guerra no destruyó la democracia, sino que la previa destrucción de la democracia por las izquierdas trajo la guerra. Una democracia que hoy están socavando de nuevo los Zhdánof y los Goebbels de turno con sus manipulaciones.

(LD 30-VII-2007)

La historia fantástica de El País y los gustos «democráticos» de Reig Tapia

Hace unos años, cuando unos pocos periodistas defendían la verdad y la democracia frente a la marea de corrupción y el terrorismo de estado del PSOE, El País intentó ocultar o justificar los datos y llamó «sindicato del crimen» a aquellos periodistas, a quienes tanto deben nuestras libertades. Señalo el hecho porque revela un criterio muy aplicado por dicho periódico: los delincuentes, si son de izquierdas, son los buenos, y criminales quienes los denuncian. Inversión completa de valores. El criterio se aplica igualmente a la «memoria histórica», y no por casualidad las páginas de El País acogen a una abundante nómina de «historiadores» bien pagados con fondos públicos y empeñados en contarnos la historia invertida. Y deniegan, con su peculiar idea de democracia, el derecho de réplica a quienes defendemos tesis opuestas.

Un caso reciente es el artículo «Reescribir la historia», de Alberto Reig Tapia, hijo del director franquista del NODO y dedicado ahora derrotar a Franco. Y catedrático de la universidad Rovira y Virgili, para descrédito de la universidad y de la cátedra. El duro luchador Reig arremete contra las tesis «revisionistas», resumiéndolas/condenándolas así: «En 1934, la izquierda y los nacionalistas reventaron la convivencia democrática desencadenando la revolución social en Asturias y proclamando la independencia de Cataluña. El 18 de julio de 1936 no fue un golpe de Estado ilegal e ilegítimo que provocó una terrible Guerra Civil, sino un necesario golpe preventivo de pura autodefensa que el general Franco y el resto de patriotas que le secundaron tuvieron inevitablemente que dar para salvar a España del caos e impedir su desmembración (balcanización) y la entronización de un gulag soviético cuyos horrores hubieran dejado pálida la inevitable dureza de Franco y su Régimen del 18 de julio».

Resumen algo tendencioso e inexacto, impropio no ya de un catedrático, sino de un buen aficionado a la historia: la izquierda no desató la «revolución social en Asturias», sino que el PSOE intentó imponer su dictadura en toda España; y los nacionalistas catalanes no proclamaron directamente la independencia de Cataluña, sino la abolición del régimen republicano. Y el golpe de Franco no fue «preventivo», pues el Frente Popular había destruido ya la ley y amparaba un movimiento revolucionario en extremo violento. Pero, aparte esas desvirtuaciones, lo esencial vale. Un servidor, por ejemplo, sostiene, con abundante documentación de la izquierda, que ésta intentó dinamitar en 1934 lo que la república tenía de democracia, y que en 1936, vuelta al poder tras unas elecciones fraudulentas, hizo uso ilegítimo del estado para destruir la ley, desde la calle y desde el gobierno, provocando la reanudación de la guerra en julio. Fue esa destrucción de la democracia la causante de la guerra, y no la guerra la causante de la destrucción de la democracia.

Bien, esta tesis es discutible, como todas, y uno esperaría que Reig tratase de mostrar su falsedad. Pero no. Todo su «argumento» rezuma el espíritu del comisario político: «Se trata de una burda muestra del negacionismo histórico (revisionismo) que inevitablemente nos toca pasar ahora a los españoles y que otros países, como Italia, Francia o Alemania, ya pasaron en los años ochenta». Eso es todo. Él alude en especial a los llamados revisionistas alemanes que niegan el Holocausto, y no le importa insultar la memoria de las víctimas judías, equiparándolas a los partidos que en España asaltaron la legalidad republicana una y otra vez, causando gran número de muertos y destrucciones. Según esa versión, absolutamente indigna de un historiador de alguna solvencia —pues equipara situaciones totalmente disímiles—, los judíos habrían actuado en Alemania como un grupo antidemocrático empeñado en liquidar violentamente las instituciones alemanas, y los nazis habrían tenido sus razones para aplastarlos. Es decir, la historia totalmente al revés, estilo El País del «sindicato del crimen».

Después de esto apenas hace falta seguir con la concatenación de simples embustes que nuestro catedrático quiere pasar por historia. Sólo una, como muestra: «No puede argumentarse historiográficamente que el Gobierno republicano en julio de 1936 hubiera sucumbido a una ilegalidad e ilegitimidad que hiciera inevitable la ilegalidad e ilegitimidad de la oposición para defenderse. La legalidad y legitimidad del Estado republicano en 1936 es incuestionable a la luz del derecho español y del derecho comparado a pesar de los renovados intentos justificativos del revisionismo». De nuevo el comisario político que prohíbe discrepar sin ofrecer argumento alguno. Pues no, señor. Las elecciones de febrero de 1936 no habrían sido aceptables en ninguna democracia normal, empezando porque ni siquiera se publicaron sus resultados fidedignos. Y a continuación de ellas comenzó un proceso de arrasamiento de la Constitución, desde la calle y desde el gobierno. Sus datos son sobradamente conocidos, y ya puede el señor Reig probar a refutarlos.

Aunque sospecho que el problema, en el fondo, está en otra parte. El señor Reig, y tantos como él, no están muy en desacuerdo con la oleada de incendios de iglesias, periódicos y centros políticos de la derecha, con los cientos de asesinatos en solo cinco meses, con la reorganización y el terrorismo de las milicias izquierdistas, con la invasión de la propiedad, todo ello con la permisividad del gobierno; o con la liquidación de la independencia judicial, la destitución evidentemente ilegítima del presidente de la república, la sustracción ilegal de escaños a la derecha, etc. Y ahí, creo yo, reside la causa de que resulte tan difícil entenderse. Para él todas esas acciones de las izquierdas son legítimas y democráticas, o acaso nimiedades. Muy bien, pero que lo diga claramente.

(LD. 25-I-2010)

Nigel Townson «descubre» un franquismo inédito

Hace años expuse el hecho de que España había prosperado bajo el franquismo como en ninguna ocasión antes o después. Hecho evidentísimo, pero que me ganó insultos y expresiones de asombro: ¡cómo, si todo el mundo sabe que el franquismo fue una época de absoluta miseria! Una serie de historiadores y políticos gritones habían logrado hacer creer a mucha gente el dislate. Esto sí que es un páramo cultural.

Me pasan un artículo del estudioso inglés Nigel Townson, que, un poco en la línea de Preston, ha resumido en un artículo de El País la evolución política de España a partir de la visita de Eisenhower, en 1959. Al menos, el autor admite que España ingresó bajo el franquismo «en el Primer Mundo y en el exclusivo club de los países con una renta por habitante superior a los 2.000 dólares». Algo es algo. Pero el resto ya cambia. Con soberbia anglosajona, el autor atribuye, por lo menos en medida muy grande, la evolución posterior de España a los efectos miríficos de la citada visita, del «visto bueno de Eisenhower». De ahí vino, sugiere él, la rectificación de la política autárquica, que superó «la miseria e injusticia social extremas del primer franquismo», así como el aislamiento internacional que siguió a la derrota de Alemania en 1945. Pues el régimen de Franco fue condenado por las Naciones Unidas y «el presidente estadounidense Harry Truman, baptista y masón, odiaba a Franco (…) y se negó a apoyarle».

La historia está muy mal contada. Franco mantuvo a España al margen de la guerra mundial, lo que fue una absoluta bendición para Inglaterra y para Usa. De otro modo, durante varios meses cruciales entre 1940 y 1941, Inglaterra pudo haber sido vencida; y en noviembre de 1942 el camino hacia la victoria aliada pudo haberse visto por lo menos retrasado. Cuando se comparan estos hechos con las ayudas prestadas por Franco a los alemanes, estas últimas caen casi en lo anecdótico. Ciertamente Franco no obró así por simpatía a los anglosajones, a quienes no debía casi nada y de quienes soportaba la injuria permanente de Gibraltar, mientras que tenía una deuda con Alemania, aunque no deseaba un triunfo abrumador de ella que la convirtiera en dueña absoluta de Europa. Obró exclusivamente en función de los que consideraba —muy acertadamente— los intereses españoles.

La deuda que entonces contrajeron Londres y Washington con Madrid (reconocida en parte por Churchill) fue absolutamente invalorable. Sin embargo, el pago consistió en un aislamiento y hostilidad que contribuyeron enormemente a lo que Townson llama «la miseria e injusticia social extremas» del primer franquismo. Esas actitudes no se debieron sólo a Truman o a Attlee, sino también al demócrata Stalin, algo que no debe olvidar un historiador. Ante la ruina de Europa en la posguerra, Franco buscó la cooperación con Londres, pero Churchill y Hoare le respondieron arrogantemente que se arreglarían muy bien sin España, que la alianza con la URSS no se rompería y que Inglaterra desempeñaría un papel decisivo en Europa. Franco, más realista, no creía que la alianza con Stalin durase, ni que Inglaterra fuese a desempeñar un gran papel, por lo que cambió la dirección de sus esfuerzos hacia Usa, y, aun chocando con Truman, acertó, desde luego. Se armó de paciencia, desafió la hostilidad exterior, y finalmente los occidentales tuvieron que aceptar la realidad. España entró en la ONU incluso con el voto favorable de la URSS. ¡Cuánto habían cambiado las cosas!

En cuanto a la miseria, conviene relativizarla mucho. Después de la guerra casi toda Europa estaba en la miseria, y en Inglaterra, como en España, el racionamiento sólo se suprimió ya en los años 50, a pesar de que la primera recibió un muy generoso Plan Marshall, mientras que España recibía aislamiento. Y aun con todos estos enormes obstáculos exteriores, además del interior y muy peligroso del maquis, es muy probable que ya en los años 40 España hubiese superado los índices económicos de 1935, como lo indican el aumento en la producción de electricidad, la fuerte baja en la mortalidad infantil, el aumento muy considerable del estudiantado medio y superior y otros muchos indicadores. Siempre se pone el año 1935 como comparación, pero lo justo es hablar de mediados de 1936, cuando el Frente Popular estaba hundiendo la economía en picado. Estas cosas no debe eludirlas quien habla de estos asuntos.

Cree Townson que la visita de Eisenhower desató los cambios económicos y sociales que vinieron después, pero la verdad es que el espectacular desarrollo fue ante todo obra de los economistas del régimen, que eran del régimen, aunque algunos de ellos se inventaran después biografías «antifranquistas», deporte muy extendido hoy en España. Economistas salidos de la primera Facultad de Ciencias Económicas de España, obra del franquismo, y en quienes Franco depositó su confianza. Y los cambios sociales en ningún momento supusieron una amenaza para el régimen: éste y la sociedad se iban adaptando bastante bien entre sí, y dentro de la misma dictadura iban predominando los que la consideraban un remedio extraordinario a la crisis extraordinaria de los años 30, frente a quienes la creían un régimen indefinidamente estable, superador tanto del marxismo como del liberalismo. De ahí, precisamente, partió la transición.

Dice también Townson: «Doctrinas que chocaban directamente con el discurso de la dictadura fueron rápidamente asimiladas, sobre todo el marxismo, de gran difusión entre los estudiantes, trabajadores, clérigos progresistas, artistas e intelectuales». Yo viví aquella época y no recuerdo que el marxismo fuera ni tan rápidamente asimilado ni tan difundido como él cree, ni muchísimo menos. Esto ocurrió sobre todo después de muerto Franco, cuando hasta los intelectuales y políticos de derecha mostraban un respeto supersticioso por el marxismo, aunque en España esta doctrina nunca pasó de tópicos de baratillo y de una admiración beata hacia la URSS, bien puesta de relieve en la muy reveladora reacción contra Solzhenitsin en España.

Y conviene advertir, cosa que Townson deja en el aire, que el marxismo ha sido la doctrina totalitaria por excelencia en el siglo XX. Por cierto que otro rasgo de aquella oposición era la simpatía por el terrorismo de la ETA, por Fidel Castro y por las experiencias populistas dictatoriales en medio mundo. Además, mucho mayor peso contra el régimen tuvo el despego de la Iglesia católica durante el pontificado de Pablo VI, dato al que el historiador no presta la menor atención. No se trataba sólo de «clérigos progresistas» (su ideal de progreso era alguna forma de totalitarismo).

Afirma nuestro historiador: «La oferta (cultural) oficial competía ferozmente con la marxista, la liberal y otras». Cuando yo era joven, la «oferta» cultural franquista apenas existía. La cultura era más espontánea y menos subvencionada y controlada que ahora mismo, parte considerable de ella influida por un típico marxismo bruto. Liberal, apenas existía. Ni los demócratas y liberales juzgaron oportuno molestar demasiado al franquismo ni a la inversa, actitud que explicaron muy bien Marañón y el propio Besteiro al terminar la guerra civil.

En fin, dejémoslo aquí. Haría bien el señor Townson en olvidar ciertos tópicos y cierta soberbia al tratar los asuntos que trata, algo más complejos de como él los expone.

( LD. 25-I-2010)

¿Abandonaron las democracias a la república? ¿La estafó la URSS?

El libro Armas para España, de G. Howson ha merecido el elogio de Santos Juliá en El País. Para Juliá, dicho libro obligaría a reescribir gran parte de la guerra civil. El Frente Popular habría sido estafado sistemáticamente por la URSS y por otros países, que le vendieron armas inservibles a precio abusivo. «A base de vender basura a los españoles a precios exorbitantes, fuimos capaces de restablecer la solvencia del banco polaco», dice un agente de este país. De esta forma, el Frente Popular habría sufrido una enorme inferioridad material frente a los suministros alemanes e italianos al bando contrario.

Los datos de Howson, dice éste y acepta sin más Juliá, tienen «enormes implicaciones políticas». Probarían, contra los datos de los hermanos Salas Larrazábal, cómo la No Intervención asfixió al Frente Popular, en vez de equilibrar los suministros. Sin embargo, el sentido común dice otra cosa: la mayor implicación política no sería esa, sino una estupidez increíble de los llamados republicanos, capaces de comprar basura a precio de oro, mes tras mes y año tras año. Tenían que perder la guerra, muy merecidamente. Howson, asombrosamente, llama «honradez» a esa extrema necedad. Pero incluso esa honradez-tontería queda desmentida por las denuncias sobre el cúmulo de corrupción que rodeó las compras de armas. Léase, por ejemplo, El oro de Negrín, de Olaya. Lo inexplicable entonces es cómo resistieron casi tres años.

Una mínima cautela crítica indica que los datos de Howson no pueden ser completos, pues los documentos ya conocidos sobre recepción de material en España no pueden dar cifras inferiores a las listas soviéticas. Y así lo prueba Artemio Mortera en un demoledor artículo en la Revista de historia militar de este mes. Las armas recibidas por el Frente Popular no fueron inferiores, en cantidad ni en calidad, a las de sus contrarios, los cuales apreciaron en sumo grado muchas de ellas cuando las capturaron. Hacia el final de la guerra, en torno a una cuarta parte de las fuerzas del bando nacional estaban armadas con material capturado: «El Ejército Popular de la Republica se había convertido, junto con Italia y Alemania, en uno de (sus) grandes proveedores». Mortera deja en claro, asimismo, la escasa competencia de Howson en materia técnica, y sus frecuentes errores sobre la calidad del material.

Sin embargo trabajos serios como éste pasan inadvertidos para el gran público, mientras que las audacias de Howson y la credulidad de Juliá dan la impresión de sentar cátedra. Así estamos.

(LD, 15-III-2001)

¿Por qué admiran Preston y Miralles a personajes como Negrín?

Dentro de la historiografía académica de tendencia «progre», que sería chistosa si no hubiera tenido durante largos años los medios de acallar cualquier réplica, y de presentarse a sí misma como la única historiografía «profesional», acaba de publicarse una biografía de Negrín, por el catedrático Ricardo Miralles.

Prologa el libro P. Preston, para quien Negrín «fue el gran estadista de la lucha contra Franco y sus aliados fascistas». Según él, las críticas a Negrín proceden sobre todo de Bolloten, condicionado a su vez por «los renegados ex comunistas que publicaron sus memorias bajo la dirección de Gorkín y financiados por (…) la CIA». Preston, claro, prefiere a los comunistas no renegados y, con típica paranoia stalinista, entiende que si alguien discrepa de ellos es porque le paga el «imperialismo». Confesión implícita por parte del profesor inglés, y además falsedad, también de tufo staliniano, porque la apasionante obra de Bolloten se apoya en una labor documental e investigadora impresionante, con muy pocos paralelos en las historias de nuestra guerra.

A Preston le encanta el libro de Miralles, y no es de extrañar. Empieza éste planteando el asunto con una mezcla de infantilismo y mala fe. Según él, sobre Negrín sólo hay hasta ahora «juicios y sentencias, opiniones y fallos». Vamos, defensores y detractores, sin más, como si el libro de Bolloten, entre otros, se limitase a una colección de asertos gratuitos. Entre los apologistas de Negrín, Miralles encuentra matices y aspectos aprovechables. No así en el otro campo: «Entre sus detractores ha existido una rara unanimidad que podríamos resumir en un Todos contra Negrín».

Para corregir tan deplorable panorama, Miralles plantea la cuestión así: «Las tres grandes acusaciones hechas a Negrín fueron que entregó la República a los comunistas, que fue el causante de la división interna del PSOE (durante la guerra y en el exilio posterior); y que su obstinación en una política de «resistencia a ultranza» condujo a un final catastrófico de la guerra». Ciertamente estas acusaciones le han sido hechas por bastantes, sobre todo dentro del propio PSOE y empezando por Prieto, pero no resultan difíciles de refutar desde la lógica de quienes siguen hablando de una II República durante la guerra (Bolloten no lo hace, desde luego), o creen en una posible paz negociada. La acusación de haber causado la división del PSOE, simplemente depende del punto de vista, claro está. Prieto tenía uno, y Negrín el contrario.

Si uno acepta que la república del 14 de abril siguió existiendo tan campante después de las elecciones fraudulentas del 16 de febrero e incluso después de que el gobierno de Azaña-Giral entregase las armas a los sindicatos y se impusiese una revolución de brutal violencia en la zona controlada por el Frente Popular; si acepta que los socialistas de Largo y Prieto, así como los comunistas y los anarquistas eran demócratas; o que Stalin protegió la libertad en España… entonces la posición de Negrín es difícilmente atacable, o por lo menos resulta mucho más coherente que la de Prieto, Largo Caballero y cuantos le hacen las acusaciones vistas.

Pero no es obligatorio, afortunadamente, comulgar con tamañas ruedas de molino. No obstante vale la pena seguir la polémica entre quienes creen tales cosas. Esa polémica está muy bien expresada en el intercambio epistolar entre Prieto y Negrín, cuando ambos, ya en el exilio, disputaban acerbamente por el control del cargamento del yate Vita, unos tesoros expoliados al patrimonio común de todos los españoles y al particular de muchos de ellos. Negrín acusaba a Prieto de haber contribuido a la derrota con su política vacilante y derrotista, y éste replicaba: «Después de haber presidido tan colosal desastre, después de haber originado, con el uso de un poder personal, ejercido en beneficio exclusivo de determinada agrupación (se refiere al Partido Comunista), disensiones hondísimas que condujeron a millares de hermanos a despedazarse entre sí, y teniendo todavía ante los ojos el espectáculo de medio millón de españoles debatiéndose en la miseria y sometidos a las más viles humillaciones (esto está escrito apenas terminada la contienda. Antes de que terminase aquel año 1939, casi tres cuartas partes de los exiliados habían vuelto a España, dato generalmente olvidado por «historiadores» de esta línea), de las que una elemental previsión reiteradamente aconsejada les hubiera librado, después de todo eso, ¿se atreve usted a decir que yo incubaba la catástrofe? Jamás conocí un sarcasmo tan terrible como el contraste entre sus inmensas responsabilidades y su jactanciosa actitud que le permite condenar caprichosamente a los demás, y encima exigir, a guisa de premio, el reconocimiento de su jefatura de Gobierno con carácter permanente por indefinido». Negrín, por su parte, insistía en que «a nuestra causa no la han vencido los facciosos. No. La han vencido las asechanzas de unos cuantos malandrines».

¿Quién tenía razón? En apariencia, Prieto. Una de las cosas más llamativas en los líderes republicanos y revolucionarios es su total ausencia, al menos en sus escritos, de sentimiento de responsabilidad o culpa por los desastres ocurridos bajo su mando. Azaña y Alcalá-Zamora, bajo cuyas presidencias del gobierno y del estado respectivamente rodó el país a la catástrofe, se las arreglan para cargar todas las responsabilidades sobre lo demás, y otro tanto hace Negrín al discutir con Prieto.

Y sin embargo, es Negrín quien, si damos por válidos los planteamientos que les eran comunes (defensa de la república y la democracia, etc.) tiene razón, o por lo menos tiene la mayor parte de razón. Pues para vencer al fascismo no había otra opción que apoyarse en Stalin y sus agentes los comunistas españoles, ya que las democracias no acababan de reconocer como una de las suyas al régimen edificado sobre el derrumbe revolucionario del Frente Popular. Los comunistas rusos y españoles eran los únicos que tenían medios, y algo más importante que medios: una auténtica estrategia. Apoyarse, a no ser muy secundariamente, en el conglomerado de anarquistas, azañistas, socialistas de Prieto o de Largo Caballero y grupos parecidos, habría llevado a la derrota en muy pocos meses. La resistencia sólo podía plantearse en los términos en que Negrín lo hacía, y éste no dejaba de tener bastante razón cuando maldecía a los derrotistas y maniobreros que perturbaban sus esfuerzos.

Lo que Prieto y Negrín pasaban por alto era el precio gigantesco, en medios y en vidas, de aquella política, única posible desde su propio planteamiento. Ese precio fue, para empezar, la pérdida de la independencia española y del control sobre sus reservas financieras (Preston tiene gracia cuando, en crítica al aserto de Bolloten de que Negrín hizo mucho por extender la influencia comunista, recuerda el auxilio fascista al otro bando… donde no tuvo ese inmenso coste). Otra tremenda exigencia de esa política consistía en la multiplicación de las víctimas y destrucciones en una resistencia sin sentido… a no ser que enlazase con la guerra mundial, lo cual habría multiplicado el número de víctimas y destrozos. No hubo coste en democracia, porque la misma había dejado de existir antes de la hegemonía comunista, pero sí lo hubo en supeditación común a la estrategia soviética, en nombre de la disciplina contra el enemigo común.

Cada uno de estos costes habría justificado una rebelión de los anarquistas, socialistas y republicanos contra Negrín y los comunistas, y así terminó ocurriendo, aunque ya in extremis. Los «malandrines» de que habla Negrín fueron, efectivamente, quienes terminaron con la resistencia «republicana», pero debe reconocerse que habían sufrido tanto a manos de Stalin y sus secuaces españoles, que prefirieron la represión franquista.

Estos terribles sacrificios no impresionan lo más mínimo a Preston o a Miralles, que, en función del objetivo de vencer al franquismo pasan por alto —como Negrín— cualquier sacrificio… ajeno, naturalmente.

(19-IX-2003)

Malefakis se embrolla y embrolla sobre España

Algunos autores españoles, anglosajones y franceses han hecho su carrera atacando al franquismo y defendiendo la república —a la que no han logrado distinguir del Frente Popular—, y difícilmente darán marcha atrás, por muchos datos y argumentos que se les opongan. Se comprende: va en ello su prestigio, su propia carrera. Así el señor Malefakis, que, muy optimista, da por superado el «revisionismo» que me achaca. En su defensa de la república admite que aquel régimen «en ocasiones se comportó de forma antidemocrática». El aserto es ridículo. No fue ni pudo ser «la república» la que se comportó de forma antidemocrática, sino algunos de sus componentes, en concreto los partidos de izquierda, en especial el PSOE. Y menciona algo que yo he demostrado, pero lo interpreta mal: «La revolución de octubre de 1934, en especial, fue catastrófica porque dañó gravemente las credenciales democráticas del régimen y sentó un precedente que los conspiradores militares de 1936 utilizaron para justificar su propia insurrección». Falsedad flagrante: las —poco firmes— credenciales democráticas del régimen fueron atacadas en 1934 por la izquierda y defendidas por la derecha que, empezando por Franco, mantuvo la legalidad republicana frente a aquel brutal ataque izquierdista. Y no fue utilizada por la derecha para justificar la rebelión del 36: esto fue una idea de Madariaga, no muy afortunada. Malefakis da al asunto el toque neostalinista al justificar así la insurrección socialista-separatista: «En 1934, parecía que estaban ganando las fuerzas fascistas, que acababan de destruir la democracia alemana y la austriaca por medios pacíficos y legales». Nueva falsedad, porque él no ignora que Araquistáin y Largo Caballero sabían perfectamente que no había peligro de fascismo en España. Y que así lo decían de cara al exterior, mientras que en el interior excitaban a las masas hablando de una amenaza inexistente. Porque estaban decididos desde muchos meses antes a destruir la república e implantar un régimen al estilo staliniano, y les venía bien la argucia del «peligro fascista».

Resume Malefakis: «La República censuró la prensa opositora varias veces, pero también construyó la primera democracia auténtica de España. Primero, con la celebración de elecciones honradas, libres de las prácticas caciquistas que las habían corrompido bajo la monarquía. Segundo, ampliando enormemente el electorado, al hacer de España el primer país de mayoría católica que permitió el sufragio femenino. Tercero, la República acercó el Gobierno al pueblo al darles más dimensión a los Gobiernos regionales. Cuarto, todas las leyes importantes fueron aprobadas por el Parlamento, no impuestas por decretos. Quinto, la República debilitó las fuerzas extraparlamentarias -los círculos cortesanos y el Ejército- que en el pasado habían anulado a menudo las iniciativas democráticas. Desde esta perspectiva (…) la República fue un régimen excepcionalmente democrático».

Seis frases, seis falsedades. La Ley de Defensa de la República hizo que esta viviera bajo un estado de anormalidad y censura casi permanentes. Las elecciones no estuvieron libres de prácticas caciquiles y solo pueden considerarse correctas las de noviembre de 1933, ante las que las izquierdas reaccionaron con proclamas de guerra civil; las del 36 fueron anómalas, violentas y sin publicación de las votaciones. España no fue el primer país de mayoría católica en admitir el sufragio femenino: Uruguay lo hizo antes. Francia, también mayoritariamente católica, tardó más; por cierto que los más renuentes a él en España fueron feministas e izquierdistas. Más que acercar el Gobierno al pueblo, la república creó problemas antes inexistentes y dio alas a una demagogia exaltada y despótica. Las leyes importantes fueron rechazadas y hundidas por la izquierda. Los que él llama círculos cortesanos y el Ejército fueron precisamente los que trajeron el liberalismo a España.

Para entender lo que fue la república es indispensable recurrir a los diarios de Azaña y a las memorias de sus líderes, que demuelen del modo más completo las falacias de Malefakis. Me permito recomendarle mi estudio Los personajes de la República vistos por ellos mismos. Creo que le ayudará a salir de sus embrollos.

Lo más sorprendente es la osadía con que Malefakis exhibe su llamémosla ignorancia: sabe que El País, donde escribe, sigue el ejemplo de la izquierda republicana: censura cualquier réplica. En definitiva, la república fue un régimen viable que llegó sin oposición y fue sistemáticamente destruido por las violencias y demagogias izquierdistas. El Frente Popular, precisamente, le dio la puntilla, pero Malefakis y tutti quanti insisten en presentar sus fechorías, oleada de crímenes, incendios y destrucción de la justicia como «cosas de la democracia».

En cuanto a la Transición posfranquista, no tuvo nada que ver con la república y provino, aunque le cueste creerlo a Malefakis, de la legitimidad franquista, de ningún modo del rupturismo que quería enlazar con «la república», como llaman al Frente Popular que la destruyó.

( LD, 17-VI-2011)

Las mentiras inconvincentes de Julián Casanova

Hace poco el historiador (pero no buen historiador) Julián Casanova arremetía en El País contra algunos investigadores que, según él, contamos «mentiras convincentes» sobre la guerra civil. De que son convincentes no hay duda, basta ver las tiradas de nuestros libros y su efecto social. Que sean mentiras él tendría que demostrarlo, y, desde luego, ni lo intenta. Quizá más adelante se ponga a ello, y desde aquí quiero animarle, pues termina su artículo llamando a los suyos a emprender de una vez la crítica de nuestras «mentiras». Ya iba siendo hora, la verdad, pero más vale tarde que nunca. Le sugiero el método siguiente, el más adecuado desde el talante democrático y la honestidad intelectual: un debate en El País, en igualdad de condiciones, que supere de una vez la censura inquisitorial practicada por ese periódico contra investigaciones como las mías, y nos permita creer en la honradez y capacidad de rectificación de sus directores. Pero si lo que pretende el señor Casanova es el abuso de los medios de masas para divulgar sus tesis sin permitir derecho de réplica, me permito señalarle que esa táctica, mantenida durante seis años, ya no funciona: ha desacreditado a sus empleadores y no ha logrado silenciar nuestras «mentiras».

Casanova se contenta con acusarnos a algunos de mentir, sin demostrarlo. Yo en cambio, creo poder mostrar en su artículo algunas tretas, vaguedades y desvirtuaciones que no le dejan en buen lugar. Dice, por ejemplo: «Durante las dos primeras décadas de la transición, desempolvar ese duro pasado fue tarea casi exclusiva de un variado grupo de historiadores que revelaron nuevas fuentes, discutieron sobre las diferentes formas de interpretarlo y abrieron el debate a la comparación con lo que había ocurrido en otras sociedades». Un buen historiador concretaría más: ese «variado trabajo» partió de la herencia intelectual del historiador estalinista Tuñón de Lara e interpretaciones también en clave marxista como las de Jackson, Preston y otros, muy reverenciados también por la derecha. Hasta hace pocos años los historiadores e intelectuales marxistas marcaban con su estilo todas las universidades y medios de masas españolas. Tras la caída del muro de Berlín se han vuelto más discretos, pero no han sometido a crítica sus ideas. El propio Casanova habla de «El pueblo en armas» para describir la entrega de armamento a los sindicatos y, no pocas veces, a delincuentes comunes.

Debemos recordar que el marxismo español siempre fue harto elemental, y su historiografía, desde luego, no constituye una excepción. La interpretación marxista o marxistoide predominante, incluso ahora mismo —al menos en el aparato burocrático de la universidad y en diversos medios de masas— tiene dos rasgos: es tan antidemocrática como falsa. No voy a extenderme ahora en estos puntos, que he examinado en otras ocasiones, porque cualquiera puede verlo aplicando el «criterio de la práctica histórica». Y por esa razón casi todo ese trabajo ingente de varias décadas encomiado por Casanova, un trabajo más burocrático que científico (el marxismo siempre se presentó como «científico»), con sus miles de publicaciones, congresos, simposios, con su enorme gasto de dinero público y proyección en los medios de masas, sólo puede ser útil hoy como material de desguace.

Dentro de la típica manipulación marxistoide, continúa Casanova: «Desde la segunda mitad de los años noventa salieron a la luz hechos y datos novedosos y contundentes sobre las víctimas de la Guerra Civil y de la violencia franquista (…) Descendientes de esas decenas de miles de asesinados se preguntaron qué había pasado, por qué esa historia de muerte y humillación se había ocultado, quiénes habían sido los verdugos…» Aquí Casanova opera como el clásico propagandista que atribuye los crímenes al «pueblo». No fueron, o no principalmente, los descendientes de las víctimas quienes «se preguntaban», sino determinados partidos, historiadores y asociaciones, a menudo subvencionados con dinero público, quienes organizaron una incesante campaña, no para restablecer la realidad histórica sino los rencores del pasado, y arrinconar al PP. El mensaje implícito, pero clarísimo, era: «ustedes, derechistas, provienen de los asesinos de la democracia y los demócratas en España. Aunque hayan cambiado algo, su deuda no está del todo pagada, y tenemos derecho a pensar que en cualquier momento pueden volver por sus viejos instintos». Si le queda alguna duda al mal historiador Casanova, sólo tiene que recordar las recientes campañas electorales con llamamientos al «no pasarán», a no votar «a los asesinos de García Lorca», a la reiterada caracterización del PP como «asesinos», «nazis», etc., y la violencia correspondiente. Truco de propagandista, no método de historiador, exhibe aquí el señor Casanova.

¡Y siempre la patraña de que la democracia fue defendida en España por una amalgama de estalinistas, marxistas revolucionarios, anarquistas y jacobinos golpistas…! Todos ellos, además, saboteándose, torturándose y matándose entre sí, como sabemos por sus propios testimonios… ¡Y todos ellos bajo la dirección, no simple ayuda, de Stalin, ese demócrata sin par! Que esta patraña gigantesca generadora de tantas otras haya funcionado durante décadas y siga presente en la universidad, sólo revela lo muy bajo que ésta ha caído bajo la hegemonía de aquel «variado grupo de historiadores».

Con absoluta cara de cemento nos aclara el señor Casanova: «el registro del desafuero cometido por los militares sublevados y por el franquismo hizo también reaccionar, por otro lado, a conocidos periodistas, propagandistas de la derecha y aficionados a la historia, que han retomado la vieja cantinela de la manipulación franquista (…) Todas las complejas y bien trabadas explicaciones de los historiadores profesionales quedan de esa forma reducidas a dos cuestiones: quién causó la guerra y quién mató más y con mayor alevosía. La propaganda sustituye de nuevo al análisis histórico. (…) con sus habituales tópicos sobre octubre de 1934, el terror rojo, el anticlericalismo, Paracuellos, las Brigadas Internacionales, las checas y el dominio soviético».

Mire usted, señor Casanova, llamar «tópicos» o «cantinelas» a esos hechos tremendos y plenamente demostrados ya le retrata a usted a la perfección, y no precisamente como historiador serio, por decirlo con mucha suavidad. El origen de la guerra no es una cuestión propagandística, sino justamente la cuestión clave para entender lo ocurrido. Y no se exceda usted en hipocresía: dar vueltas a quién mató más y con mayor alevosía es precisamente lo que han venido haciendo ustedes de modo incesante desde hace años. Peor todavía: de creerles a ustedes, la derecha fue casi la única que mató, y en todo caso la verdadera criminal, porque las víctimas derechistas habrían perecido a manos del «pueblo»… Y ya se sabe que ese «pueblo» de ustedes siempre tiene razón.

Y termino, de momento: por mi parte no he recuperado ninguna propaganda franquista, como usted asegura. Mentira comprobable por cualquier lector de mis libros, y no olvide usted que tengo muchos. Contra sus afirmaciones, mis principales fuentes no son secundarias ni franquistas, sino primarias, bastante más que las que suelen utilizar ustedes, y proceden en su abrumadora mayoría de la documentación izquierdista. ¿Por qué insisten ustedes en esas supercherías? ¿No ven que les desacreditan a ustedes, desacreditan a la universidad y sólo convencerán a unos cuantos incautos o fanáticos sin remedio? Tampoco soy nostálgico de la dictadura, como usted vuelve a mentir. En cambio usted sí recupera los tópicos y métodos del Frente Popular, y eso indica que de demócrata tiene usted poco.

En fin, le reitero mi invitación: un debate libre en el periódico El País: ahí, y no en excusas palabreras podría comprobar todo el mundo si tienen ustedes intención de aclarar la realidad histórica o de seguir embarullándola.

(LD, 19-VI-2005)

Javier Tusell y el «salvamento» de los cuadros del Museo del Prado

La exposición Arte protegido, del Museo del Prado, sobre el salvamento de obras de arte durante la guerra no es, desde luego, una patraña sistemática, como la montada por los chicos de Alfonso Guerra en torno al exilio, pero dista de informar con claridad al público sobre los avatares del patrimonio artístico español durante la guerra civil, y el visitante no se hará una idea muy clara del asunto, a excepción del aspecto meramente técnico del salvamento.

Pero es Javier Tusell —el historiador profesional y «científico», amigo de la censura y de una concepción adoctrinante (es decir, totalitaria) de la historiografía—, quien, en el prólogo al catálogo, da la nota política de la exposición. Que es lo fundamental, pues el salvamento de las obras de arte no fue ante todo una operación técnica, sino política.

Tusell, después de libros como el mío sobre los mitos de la guerra, no puede hablar con la desenvoltura de antaño sobre las maravillas del espíritu republicano, pero no obstante se las arregla para colar desvirtuaciones del tamaño del propio museo del Prado. Intenta transmitir la tesis de que «fue el espíritu regeneracionista de la República el que salvó el patrimonio», mientras, por el contrario, «a los sublevados» les interesó, ante todo, ganar la guerra, y por tanto la protección del patrimonio tuvo para ellos importancia muy reducida. Naturalmente, ganar la guerra les interesó tanto a los sublevados como a las izquierdas, pero el lector desprevenido es inducido a creer que fueron los franquistas los principales destructores del patrimonio, por acción (bombardeos) o por omisión (desidia).

La verdad es totalmente opuesta, y puede resumirse así:

Durante la guerra fue incendiada o destruida por otros medios una cantidad ingente de obras de arte, bibliotecas antiguas y valiosísimas, acumuladas durante siglos, edificios de gran valor artístico, archivos, etc. Otros bienes artísticos e históricos fueron saqueados, en especial los que, por su contenido en metales o piedras preciosas, podían ser fácilmente vendidos.

La práctica totalidad de esas destrucciones y expolios se dio bajo el Frente Popular, y fue espoleada por la propaganda no sólo de anarquistas (como indica Tusell), sino de comunistas, socialistas y azañistas. Por ejemplo, el periódico de Azaña, Política, alentaba al vandalismo y bendecía a sus autores. Pueden leerse las incitaciones en verso hechas por Alberti, que suele aparecer en libros de historia como uno de los salvadores del patrimonio artístico. Etc.

Los bombardeos nacionales sólo causaron pérdidas insignificantes e involuntarias, por fallos de puntería normales en tales casos. Y de ninguna manera el traslado de las obras se hizo para librarlas de ataques aéreos, pues empezó antes de que los mismos empezasen. Además, el museo del Prado se convirtió en almacén de tránsito, durante el resto de la guerra, de innumerables obras traídas de otros lugares, prueba del poco temor de las autoridades izquierdistas a los bombardeos. La alusión a éstos fue sólo un pretexto para despistar a la opinión internacional y, de paso, culpar a los franquistas.

Hubo un peligro real de bombardeos, pero se debió precisamente a los traslados, sobre todo cuando, como lamenta Azaña, los depósitos fueron colocados al lado de polvorines o parques de artillería, como en Figueras y Peralada. Si se salvaron entonces fue simplemente porque el servicio de inteligencia franquista sabía que allí estaban.

Siendo así las cosas, como indudablemente así fueron, por mucho que intente ocultarlo Tusell, es lógico que el bando nacional se interesase poco por la destrucción del patrimonio, pues en la zona dominada por él esas destrucciones no existieron, o cesaron tan pronto dejaron de estar bajo el poder de las izquierdas.

El salvamento, por tanto, se hizo contra las depredaciones y destrucciones realizadas por las mismas izquierdas. De una manera turbia y desvirtuada, como siempre, Tusell lo admite, al tiempo que le traiciona el subconsciente: «Tan rápida y devastadora como fue la destrucción lo fue la reacción», es decir, la reacción «salvadora» de los regeneracionistas republicanos. Pues en efecto, la reacción fue igual de devastadora. La exposición atiende solamente a los tesoros devueltos a España, que lo fueron ante todo porque el modo desastroso como terminó la guerra en Cataluña hizo imposible ocultarlos. Otras muchas colecciones de monedas de oro del museo de Arqueología, documentos antiguos, alhajas de familias humildes depositadas en los montes de piedad, pinturas, esculturas, objetos artísticos religiosos, libros antiguos de gran valor, etc., pasaron bajo control de dirigentes izquierdistas una vez perdida la guerra, para perderse en ventas fraudulentas en el extranjero. El ilustrativo episodio del yate Vita, por cuyos cuantiosos bienes pelearon Negrín y Prieto en Méjico, es conocido, pero otros tesoros desaparecieron para siempre sin posibilidad de recuperación.

Con toda razón escribió el nada franquista Salvador de Madariaga: «El tan cacareado salvamento de los cuadros del Prado, lejos de ser tal salvamento, fue uno de los mayores crímenes que contra la cultura española se hayan cometido jamás». Las personas que se ocuparon de salvar los cuadros eran un grupo profesional poco o nada politizado, desinteresado y ansioso de evitar la ruina del patrimonio español, cosa que hizo en lo que pudo. Eso debe señalarse. Pero, repito, toda la historia se queda en muy poco sin explicar cómo esas personas, aunque de buena fe, fueron utilizadas en una política que, de acuerdo con Madariaga, sólo cabe calificar de criminal.

(LD, 20-IV. 2008)

Carta abierta al Consejo de Europa

Han propuesto ustedes hacer del 18 de julio de 2006 día internacional de repulsa al franquismo, erigir monumentos en memoria de sus víctimas y recordar que el Valle de los Caídos fue construido por presos republicanos. Se vienen a la cabeza las frases del filósofo español Ortega y Gasset dirigidas a Einstein y otros intelectuales favorables al Frente Popular español: «Einstein se ha creído con derecho a opinar sobre la guerra civil española y tomar posición ante ella. Ahora bien, Albert Einstein usufructúa una ignorancia radical sobre lo que ha pasado en España ahora, hace siglos y siempre. El espíritu que le lleva a esta insolente intervención es el mismo que desde hace mucho tiempo viene causando el desprestigio universal del hombre intelectual, el cual, a su vez, hace que hoy vaya el mundo a la deriva, falto depouvoir spirituel».

Me temo que la información que ustedes manejan sobre el 18 de julio proviene del gobierno español, liderado por un autoproclamado «rojo», el señor Zapatero. Se trata básicamente de la propaganda elaborada por la Comintern comunista, reproducida desde los años 60 por historiadores de la misma ideología. Acerca de ella expresaba su indignación otro de los más distinguidos intelectuales liberales españoles del siglo XX, el doctor Gregorio Marañón: «Esa constante mentira comunista es lo más irritante de los rojos. Por no someterme a esa servidumbre estúpida de la credulidad, es por lo que estoy contento de mi actitud». El reconocido historiador británico Paul Johnson ha señalado la guerra de España como uno de los episodios del siglo XX sobre los que más se ha mentido. Creo que ustedes debieran imitar a Ortega y a Marañón, y precaverse contra esa «constante mentira comunista», hoy nuevamente tan en boga.

(Sigue una exposición resumida de parte de lo que hemos expuestos en este libro, por lo que prescindo aquí de ella, hasta los párrafos finales)

En cuanto al Valle de los Caídos, también precisan ustedes información fidedigna. Sólo un pequeño número de los trabajadores en esa obra fueron presos. Y trabajaron en régimen de «redención de penas por el trabajo», a razón de cinco días de pena conmutados por cada uno trabajado. Nada parecido a los campos soviéticos o nazis.

Probablemente el gobierno del «rojo» Zapatero quiera hacerles creer a ustedes que lo aquí expuesto es una interpretación franquista. Para que se hagan una idea al respecto, añadiré a las citas de Ortega y de Marañón el comentario de uno de los mayores novelistas españoles de la época, el liberal Pérez de Ayala, sobre el Frente Popular: «Cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a sus pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Nunca pude concebir que hubieran sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza». Marañón observó que «todo es en ellos latrocinio, locura, estupidez». Y las citas podrían alargarse mucho.

Pues bien, estos tres intelectuales, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, habían sido declarados «padres espirituales de la República», por sus esfuerzos para traer a España una democracia liberal. Derruida luego por las violencias revolucionarias. «Mi respeto y mi amor por la verdad me obligan a reconocer que la República española ha sido un fracaso trágico», constató Marañón amargamente. Y vale la pena recordar los dicterios de Azaña contra los propios republicanos.

Nada, pues de versiones franquistas. Ustedes han sido víctimas de la «irritante mentira roja» difundida masivamente por el actual gobierno español, que les ha manipulado para convertirles en portavoces de ella, desacreditando una institución consagrada a la defensa de la democracia y los derechos parlamentarios. Un gobierno que está hundiendo la Constitución española mediante hechos consumados y en connivencia con el terrorismo etarra. No sé qué dirían de él los «padres espirituales de la República», pero no cuesta mucho imaginarlo.

La degradación de la democracia en España. Carta abierta a Zapatero

Publiqué esta carta en mi blog www.piomoa.es el 28 y 31-V-2012. Asombra cómo un personaje de tan bajo nivel intelectual como Zapatero ha logrado remodelar el estado español con leyes y conceptos de orientación totalitaria, que ha continuado el PP de Rajoy y que comparten los nuevos partidos Ciudadanos y Podemos. Nada refleja mejor el proceso actual de degradación de la democracia y del estado de derecho, que vuelve a amenazar la existencia misma de la nación.

No me refiero ahora a sandeces suyas al estilo de «la tierra es del viento», o sus promesas y afirmaciones vacuas en plena crisis, sino a su última o penúltima de ellas: la de que en sus siete años de poder había aprendido a «amar profundamente a España». Esto ya pasa de castaño oscuro, así que me permitiré recordarle algo, por lo menos algo, de lo que ha hecho usted por España en sus años en el poder y un poco antes. Un poder que puede resumirse en colaboración con banda armada, colaboración con dictaduras criminales y antiespañolas y socavamiento sistemático de la democracia.

1. Usted suscribió el año 2000 el llamado Pacto Antiterrorista. Con ello parecía abandonar la línea tradicional del PSOE, consistente en combinar el terrorismo gubernamental con una negociación y salida política para los asesinos arruinando el estado de derecho. Pareció sumarse usted, entonces, a la línea de Mayor Oreja-Aznar, legal y democrática por primera vez desde las amnistías, de tratar a los delincuentes como tales, y no como políticos. Luego hemos sabido que apenas seca la tinta del acuerdo, usted lo traicionó volviendo a las «conversaciones» clandestinas con los etarras, ofreciéndoles concesiones nunca del todo aclaradas a la opinión pública.

2. En 2002, España debió defenderse de la ocupación del islote de Perejil por la tiranía marroquí, que además amenaza las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Y ahí se demostró usted a sí mismo: saboteó al gobierno español, se arrogó ilegalmente facultades sobre política internacional para rendir pleitesía al rey de Marruecosy retratarse con él bajo un mapa que recoge las aspiraciones antiespañolas del tirano, cuando ya la crisis se gestaba unos meses antes, con retirada del embajador marroquí. Esto fue, de nuevo, un acto de pura y simple traición a la España democrática a favor de un déspota y un preludio de su «alianza de civilizaciones»… contra la civilización.

3. Poco después, usted intensificó la agitación y la violencia callejera contra un gobierno del PP que había logrado sacar al país de la crisis en que el PSOE la había dejado, con tres millones de parados. En esa agitación no perdonó usted demagogia «anticapitalista» ni mentiras para fanatizar a las partes más oscuras e ignorantes del electorado. Recordaré tres casos: el del «chapapote», el de la Ley de Educación y el de la guerra contra Sadam Husein. El primero fue un accidente del que no tenía la menor culpa el gobierno, el cual hizo lo que pudo, seguramente mejor de lo que habría hecho el PSOE, que nunca en tales sucesos brilló por su eficacia y sí más bien por su corrupción. Y en tal situación, usted habría encontrado probablemente la colaboración de Aznar y no la obstrucción. En cuanto a la Ley de Educación del PP, buscaba, con mayor o menor acierto, corregir otra de las herencias del PSOE junto con la crisis económica: la degradación de la enseñanza, caracterizada por tasas muy bajas de eficiencia educativa y muy altas de fracaso escolar. De una buena enseñanza depende en gran medida el futuro de un país, pero usted y los suyos se dedicaron a enredar a estudiantes y profesores con consignas de la más rancia estirpe marxista, las consignas del Gulag y el muro de Berlín, condenando el esfuerzo y la excelencia como un vicio y preconizando la mediocridad supuestamente igualitaria que siempre ha definido a su partido.

4. Pero donde alcanzó usted lamentable maestría fue cuando la guerra de Irak. Aquella fue, hoy lo creo, un error que está saliendo caro a Usa sin fructificar en un estado irakí más o menos democrático ni en mayor estabilidad en la zona. Sin embargo ese error no mejora la demagogia del PSOE. Usted no se oponía «a la guerra» como pregonaba, pues había guerras más crueles en África a las que no prestaba usted la menor atención, quizá porque, como en la de Sudán, las víctimas eran cristianas. No: usted no condenaba la guerra sino que defendía al genocida S. Husein, por quien, como en el caso de Perejil, sentía mucha más simpatía que por su propio país y la democracia: otra muestra de su «alianza de civilizaciones». En un principio, su loca agitación pareció fracasar, como la del chapapote, y no tuvo los efectos electorales que usted pretendía. Lo pareció, porque el régimen de Sadam fue derrotado muy pronto. Pero fue sin duda una ventaja para usted que se mantuviera la tensión gracias a los brutales atentados terroristas.

5. Y fue precisamente esa tensión terrorista lo que le ayudó a escalar el poder. De pronto, hacia el final de la campaña electoral de 2004, Madrid sufrió el atentado más brutal de la historia europea. Al PSOE, pasado el desconcierto inicial sobre lo que parecía un coletazo de una ETA acosada, le faltó tiempo para atribuirlo a los islámicos, inventando para ello terroristas suicidas y otros supuestos datos y, sobre todo, sugiriendo que la culpa de la matanza no radicaba en los autores de ella, sino en el gobierno de Aznar «por habernos metido en la guerra». No importa aquí dilucidar quiénes fueron los verdaderos autores, sobre quienes pesan dudas muy consistentes. Diré simplemente que usted logró desviar esa culpa, a los ojos de mucha gente atemorizada o fanatizada. Y que lo hizo en brevísimo tiempo mediante la campaña de insidias más vil a que hemos asistido en varias décadas. En su empeño, usted vulneró la ley electoral, acusó al gobierno de lo que ustedes hacían, es decir, de mentir, y movilizó a los sectores más histéricos en agresiones y asedios a las sedes del PP, un método, por cierto, de larga tradición en su partido desde el Frente Popular y antes. Y no resultó menos significativo que, fueran quienes fueran los terroristas, usted debió de creer que se trataba efectivamente de islámicos, por cuanto los premió, ya en el poder, con la rápida retirada de las tropas españolas que en Irak ayudaban a la población a librarse de los mismos que presuntamente habían atacado en Madrid, e incitando a otros países a imitarle. Lección práctica, nuevamente, de su «alianza de civilizaciones». Su política, como en el caso de la ETA, ha tendido siempre a recompensar a los asesinos, lo que no es casual para quien «ama» a su patria como usted, o entiende por democracia el triunfo de la miseria. Máxime cuando un objetivo declarado de los islámicos consiste en demoler las libertades y la civilización cristiana, y retransformar a España en Al Ándalus. Usted ha venido siendo su mejor aliado.

6. Una vez en el poder, usted desplegó su vesania en cuatro direcciones: profundizando la colaboración con la ETA, lo mismo con otros enemigos de España, imponiendo la llamada «ideología de género» en sustitución de la «de clase», y falsificando sistemática y subvencionadamente la historia. Usted, experto en disfrazar cualquier bellaquería con un nombre pomposo y agradable, bautizó arteramente la colaboración con la ETA como «diálogo» y «proceso de paz». Y lo hizo cuando la anterior política de Aznar había colocado a la ETA, como han reconocido sus dirigentes «al borde del precipicio». Su «paz» consistió en volver a legalizar las terminales políticas de los asesinos, en nutrirles con dinero público para financiar su propaganda antiespañola y liberticida, en darles eco y representatividad internacional, en promoverlos con una imagen positiva mientras trataba de intimidar, dividir y desacreditar a las víctimas directas del terror; y sobre todo en ofrecer a los pistoleros y separatistas la transformación ilegal de la autonomía en un «estado asociado» de hecho, reduciendo a testimonial la presencia del estado español, según el modelo de Cataluña. Un modelo que usted promocionó concediendo al parlamento catalán una soberanía anticonstitucional, entre otros desmanes. Con tan intolerables premios a los asesinos, usted decía hacer «la paz» y quizá esperaba ganar el desacreditado premio Nobel de la misma. Pero ni la ETA consiguió nunca romper la paz de España, sino solo alterar la normalidad gracias, en gran medida, a la «salida política» que le ofrecían unos políticos sin principios; ni se puede llamar paz a la destrucción de la legalidad democrática y del estado de derecho. Ni a los avances hacia la disgregación de España en un mosaico de taifas impotentes, insignificantes en el contexto internacional y objeto de las intrigas de otras potencias: un objetivo que usted ha perseguido tenazmente en colusión con los terroristas y los separatistas. So pretexto de «paz», nunca había obtenido la ETA una colaboración tan masiva y variada, en la que el chivatazo de Freddy Faisán apenas pasa de anécdota en un contexto que solo puede calificarse de delincuencia organizada. Estos son hechos plenamente constatables, no interpretaciones ni especulaciones. Ahora bien, tienen tal carácter delictivo, de traición y miseria moral, que muchos se preguntan: «¿Cómo han sido posibles por parte de gobiernos elegidos? Tiene que haber alguna explicación menos terrible». Porque no entienden que un gobierno elegido puede delinquir y que tales delitos proceden de una mentalidad, una ideología y una tradición de largo alcance. Como recordaba el filósofo Julián Marías, el PSOE tiene la tara de una visión negativa de la historia de España. Visión completada, diría yo, con un amasijo contradictorio de ideas más o menos mesiánicas. El PSOE, cuya historia reivindica usted entera — incluida su planificación de la guerra civil y la destrucción de la legalidad republicana—, solo en tiempos recientes abandonó, y solo de modo parcial, el marxismo, la doctrina más totalitaria y mortífera del siglo XX. Y el escaso terreno abandonado lo han llenado ustedes con esa mezcla arbitraria de ecologismo, feminismo, pacifismo, socialismos variopintos, aversión a la iniciativa individual y a la excelencia personal, etc. Pero he recordado, frente al romo análisis político prevaleciente, que la colaboración de usted con banda armada se asienta en una afinidad ideológica profunda: también la ETA es socialista. También es antiespañola y liberticida. También comparte ese amasijo de doctrinas «progres» que, bajo sus buenas intenciones enarboladas nunca han traído más que miseria y corrupción. Esa común base ideológica hermana en cierto modo a la ETA y el PSOE, por más que puedan surgir entre ambos riñas de familia.

7. De su «alianza de civilizaciones», como la ha llamado usted con su acostumbrada megalomanía, ya he dado algunas pruebas. Se ha concretado en la simpatía y el apoyo político y económico, en Hispanoamérica, a los regímenes más demagógicos y antiespañoles, a personajes como Kirchner, Chávez o Evo Morales; y algo similar en relación con los países musulmanes, sobre todo con el único que constituye una amenaza real para nosotros. Dicha alianza se ha extendido, por pura aversión a España, a las más vergonzosas claudicaciones en el caso de Gibraltar, única colonia en Europa. Se trata, muy literalmente, de una alianza contra España y cuanto signifique libertad.

8. ¿Qué aspectos positivos pueden encontrarse en su gestión? Usted invoca, sobre todo, sus políticas de «igualdad de sexos», atribuyendo al cristianismo —la base y raíz más profunda de nuestra cultura—una opresión secular de la mujer. Que no le ha impedido a usted promocionar al islamismo en la propia España y desentenderse de la situación femenina en esos países. Pero la mujer nunca ha tenido necesidad de la tutela de personajes como usted. La igualdad de derechos, la igualdad ante la ley, está conseguida en Europa y en España mucho antes de que a gente como usted se le ocurriera crear falsos problemas para resolverlos igualmente en falso. Su «igualdad», de modo parecido a su «paz», solo ha traído perturbaciones y aberraciones. Su paridad en el gobierno ha redundado en descrédito de la mujer gracias a lumbreras como Aído, Pajín, Vega, Salgado, Calvo y todas las demás, de las que lo único que cabe decir es que no desmerecen de los botarates varones, empezando por usted mismo. Ya que pretende usted una igualdad imposible, habría que preguntarle por qué no la persigue igualmente en los ramos de la construcción, las minas, los barcos, etc., donde la «cuota femenina» es insignificante? ¿O en la misma población penal, donde se dan unas desigualdades numéricas que para «pensadores» como usted tendrían que ser ultrajantes?

En la práctica, su «igualdad» se ha traducido en promoción del aborto, verdadero asesinato masivo bajo la pretensión de que los embriones humanos no son humanos y de la histérica consigna «nosotras parimos, nosotras decidimos», como si pudieran decidir sobre una vida ajena y el padre no contara nada; de la pederastia, promoviendo la actividad sexual a las edades más bajas; del homosexualismo, equiparando un defecto obvio con la sexualidad normal y con el matrimonio, y privando al niño de su más elemental derecho a tener un padre y una madre reales. Se ha traducido en mayor disgregación de la familia, sustitución de la autoridad de los padres por la de unos políticos majaderos e iluminados a partes iguales, con mil consecuencias bien visibles: aumento de la droga y el alcoholismo, de la población penal, del fracaso matrimonial, escolar, etc. En un deterioro de la salud social. Por sus frutos se conoce el árbol.

9. Su partido, cuyo historial usted reivindica entero, siempre ha atacado el fundamento de la democracia, es decir, la limitación y división de poderes, como expresó con descaro uno de sus líderes cuando subió al poder («Montesquieu ha muerto»). En función de esa permanente orientación, usted ha politizado y corrompido como nunca la justicia (baste aquí recordar la burla de Garzón y sus investigaciones sobre «crímenes del franquismo» en gran parte inventados). Además su partido ha agredido siempre a tres pilares de nuestra cultura: la propiedad privada, la familia y la nación (esta, en virtud de su «internacionalismo»). Hoy parece haber renunciado a liquidar la propiedad privada para cargar el ataque sobre los otros dos. En cuanto a la nación, la visión negativa de España por parte del PSOE, que recordaba Julián Marías, le ha llevado asimismo a buscar su disolución en la UE. ¡Ah, aquella Constitución europea elaborada por Giscard d´Estaing, clásico enemigo de España y protector de la ETA (siempre lo mismo)! Constitución que usted impulsó con un falso referéndum incitando a los ciudadanos a votar a ojos cerrados, sin enterarse de qué se votaba. Aquella ley mermaba drásticamente la influencia antes lograda por España en la UE y usted aumentaba nuestra supeditación a Francia mientras rechazaba el acuerdo con Polonia, tan provechoso para contrapesar la excesiva hegemonía del Eje París-Berlín. Siempre hallamos lo mismo en su política, trátese de la ETA, el terror islámico, los separatismos, Marruecos, Gibraltar o la UE: la aversión a España y a la democracia.

10. También la Iglesia, no podía ser menos, ha sufrido sus ataques e insidias. Usted ha ido mucho más allá de la frase (cristiana) «A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César», actualmente interpretada como la aconfesionalidad del estado, y ha usado el poder para hostigar a la Iglesia. Pero, le guste o no, el cristianismo es la base de la cultura occidental, y resulta el colmo de megalomanía, de la sandez más pretenciosa, el empeño en sustituirlo por las cuatro ideíllas progre-socialistas, contradictorias y banales, que llenan su mente. Nadie le niega el derecho a sus propias opiniones sobre la Iglesia, pero ya es harto clarificador que para atacarla deba recurrir usted a tantas calumnias, quizá más embozadas que las del pasado, pero siempre en el viejo estilo PSOE. Le recuerdo que, al revés que su partido y los sindicatos, la Iglesia lleva a cabo labores de enseñanza y beneficencia que, de realizarlas el estado, y sobre todo gobiernos como el suyo, saldrían muchísimo más caras a los ciudadanos. Y con más corrupción.

Pero sobre todo usted debiera recordar que esas campañas cristalizaron durante la Guerra Civil en un intento de genocidio, en gran parte cumplido, por el que su partido y otros semejantes asesinaron a mansalva, a menudo con extremo sadismo, a muchos miles de personas por el mero hecho de pertenecer al clero o declararse católicos; y trataron de erradicar la presencia cristiana en España. Aparte de destruir (y robar) un inmenso patrimonio histórico y artístico. Usted jamás ha expresado el menor pesar por tales hechos, al revés, ha reivindicado, repito, todo el historial lúgubre y sangriento del PSOE. No por casualidad han reaparecido, por primera vez desde la guerra, los conatos de incendio de templos, las amenazas de asesinato al clero o agresiones como en el reciente encuentro de la juventud católica. Tampoco ha expresado usted la menor repulsa ante las persecuciones y matanzas que sufren los cristianos, sobre todo en el mundo islámico, cuando gemía tanto por el régimen de Sadam Husein.

11. Durante un tiempo se jactó usted de la prosperidad del país, disimulando el dato de que la misma era herencia del período anterior. Pero durante su gobierno la prosperidad se volvió cada año más desequilibrada y ficticia, basada en una suicida espiral de endeudamiento, mientras usted sacrificaba progresivamente la soberanía nacional en beneficio de entes por encima de nosotros y por tanto por encima de nuestros intereses. El globo estalló al fin, y usted, que estuvo inflándolo año tras año con sus habituales simplezas, culpa al anterior gobierno, durante el cual el problema no había pasado de incipiente. El desastre económico es una tradición asentada en su partido porque sus doctrinas al respecto son falsas, y aunque ustedes se hayan visto obligados a aceptar algunas realidades de lo que llaman capitalismo, siempre han terminado por «tirar al monte». Nuevamente el árbol se reconoce por sus frutos, y cada vez que ustedes han tenido ocasión de aplicar sus ideas, en todo o en parte, el resultado ha sido desolador. Durante el primer bienio republicano, con el PSOE compartiendo el poder, el paro aumentó casi mes por mes, y bajo el Frente Popular llegó al millón de personas, equivalente al doble con la población de hoy, pero en condiciones mucho más dramáticas por falta de Seguridad Social (traída por el franquismo, no por su partido como muchos ingenuos embaucados creen). Volvió el PSOE al poder con Felipe González y batió su marca anterior: tres millones de parados. Y usted le ha superado con cinco millones y medio y el país literalmente en la ruina. La crisis, ciertamente, es internacional, pero aquí importa el modo como usted la ha gestionado.

12.- Una ideología y una política tan contrarias a los intereses del país, de la libertad y del humanismo más elemental, solo puede sostenerse por una acumulación de embustes en aumento, apuntalándose unos a otros. Es el «Himalaya de mentiras» del Frente Popular, que denunciaba Julián Besteiro. En la república, Besteiro fue uno de los pocos socialistas razonables, que sin embargo no logró hacer escuela en su partido. Y la base de todo ese Himalaya se encuentra en lo que usted, siempre pomposo, ha titulado «Memoria histórica». He escrito mucho sobre la falsificación sistemática del pasado en que ha arropado usted sus desmanes, y no voy a extenderme ahora. Baste señalar que la justificación de ellos se encuentra en la pretensión de que en 1939 la democracia fue derrotada por el régimen dictatorial de Franco. La segunda parte es cierta, pues el franquismo fue un régimen autoritario (nunca totalitario). Pero la primera es falsa de raíz, y para entenderla basta observar los componentes, de hecho o de derecho, del vencido Frente Popular: stalinistas del PCE, marxistas del PSOE a menudo más radicales y violentos que los primeros, anarquistas, separatistas ultrarracistas del PNV o golpistas de la Esquerra; más, en posición muy secundaria, los republicanos de izquierda como Azaña, que quisieron corregir con golpes de estado el rechazo que habían sufrido en las urnas en 1933. Esa amalgama defendía la libertad, según usted. La defendía tanto como el PSOE hoy, y como ustedes y la ETA defienden «la paz».

Su partido y otros se alzaron en armas en 1934 con el propósito explícito, lo he probado, de comenzar una guerra civil para implantar la «dictadura del proletariado», es decir, dictadura de su partido, al modo de Rusia, como denunciaba en vano el propio Besteiro. Su partido fue derrotado, a un coste muy alto en sangre y destrucciones, pero no aprendió la lección. En febrero de 1936, en unas elecciones falseadas por violencias y coacciones, el Frente Popular tomó el poder y procedió a arrasar la legalidad republicana en medio de una orgía de crímenes, incendios y destrucciones que hicieron imposible la paz. En la guerra subsiguiente, continuación de la breve del 34, su partido volvió a demostrar su naturaleza al supeditarse a Stalin mediante el envío ilegal de las reservas financieras españolas a Moscú y una compra de armas repleta de corrupción, en la que destacó el socialista Negrín. Este intentó criminalmente alargar la contienda, para completar el destrozo del país con el que nos produciría la guerra mundial, anhelada por él y los suyos. Y, hombre previsor, organizó desde el primer momento el saqueo de los bienes del estado, de la Iglesia, de las cajas de seguridad de los bancos, etc. Y con esos tesoros incalculables (porque no fueron contabilizados, otro dato de su partido) huyeron él y los suyos al extranjero, abandonando a su suerte a miles de sicarios comprometidos en el terror de las chekas y similares. Y ahora, quizá como reparación inconfesada, reivindica usted a aquellos sicarios, autores de crímenes espeluznantes, como «honrados republicanos víctimas del fascismo», equiparándolos a los inocentes. Si ha rehabilitado a Negrín es porque se identifica usted con él y no con Besteiro.

Sin la insurrección socialista de 1934 y los salvajes desmanes del Frente Popular, no habría habido guerra civil. Franco fue el último en rebelarse contra la república. Antes lo habían hecho los anarquistas, los comunistas, Sanjurjo, los republicanos de izquierda, los socialistas y los separatistas catalanes. Los nacionales se sublevaron solo cuando la situación se volvió insostenible para cualquier persona con dignidad y amor a su patria. Y, pese a partir de condiciones adversas en extremo, terminaron venciendo. No eran demócratas porque concluyeron, no sin razón, que ninguna democracia funcionaría en España con partidos como el de usted y los demás del Frente Popular. Pero salvaron lo más básico: la nación y la cultura cristiana que ustedes trataban de aniquilar. Y gracias a la paz, la prosperidad y la reconciliación logradas bajo el franquismo, fue luego posible transitar sin demasiados traumas a la democracia. Una democracia de la que ustedes son beneficiarios, no causantes, y que no debe a quienes se consideran herederos del Frente Popular otra cosa que corrupción, corrosión de las libertades, complicidad con el terrorismo y masivas campañas de desinformación a los ciudadanos, esa «constante mentira de los rojos» (usted se ha proclamado rojo) que irritaba a Gregorio Marañón.

Con su «Ley de memoria histórica», usted quiso imponer al país una versión particular del pasado reciente, pretensión típicamente totalitaria, para deslegitimar a quienes salvaron al país del Frente Popular. A quienes han aportado al país una paz que todavía dura derrotando a la revolución, eludiendo la entrada en la Guerra Mundial, venciendo al maquis y al inicuo aislamiento internacional y dejando una sociedad próspera y reconciliada. De ellos viene la actual democracia —tan socavada por su partido de los «cien años de honradez» (otra impúdica falsedad)— y la monarquía, las cuales quedaban a su vez deslegitimadas por su origen según la «memoria histórica». Y, lo más grande, con dicha ley ha hecho usted firmar a Juan Carlos I su propia ilegitimidad, pues él fue nombrado directamente por Franco e impulsó una democratización a partir de su régimen. Esa firma, a su modo, no deja de ser una hazaña; grotesca pero hazaña: la insolente apoteosis de la farsa en que usted ha convertido la política española.

¿Cómo ha podido usted lograr tanto? Lo ha hecho en colaboración con el separatismo, según es tradición en su partido, pero sus tristes éxitos se han debido, más aún, a la ausencia de una oposición a la altura de tales provocaciones. Porque no ha sido oposición el PP, partido en que diversas corrientes se neutralizan en la nada intelectual y moral de «la economía lo es todo», la anglomanía y la pretensión de vender una imagen más «progre» que la de usted mismo. Ha contado usted con la complicidad pasiva, y a veces activa, de una presunta oposición sin ideas, y entre todos han traído al país la calamidad actual. Pero este es otro aspecto de la cuestión en que no entraré aquí.

13.- Azaña, mucho más lúcido con los defectos ajenos que con los propios, caracterizó la delirante política republicana como «tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta». La de usted merece esos calificativos. La necedad, con una veta de puro infantilismo, ha adornado siempre sus actos y dichos. Y se ha ido usted sin el menor castigo. Tal como la ETA ha recibido la recompensa por sus crímenes —recompensa mantenida por el PP de Rajoy—, usted se ha marchado con honores, prebendas y cargos después de haber dejado al país en la ruina material, moral y política. ¿Cómo ha sido posible? ¿Los políticos son irresponsables de sus actos en el sistema actual? ¿Habremos llegado a una sociedad lo bastante envilecida para soportar tales cosas sin protesta? Entonces habría que reconocer, tristemente, que ha tenido usted razón: usted habría tratado a esta sociedad tal como ella se habría merecido. Pero España ha superado crisis peores, y esta también lo hará. Al escribirle, quiero exponer lo que nunca debió hacerse o consentirse, y lo que debe corregirse necesariamente, por el bien de una convivencia nacional en paz y en libertad.

LUIS PÍO MOA RODRÍGUEZ. (Vigo, 1948) es un articulista, historiador y escritor español, especializado en temas históricos relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo y los movimientos políticos de ese período.

Participó en la oposición antifranquista dentro del Partido Comunista de España (reconstituido) o PCE(r) y de la banda terrorista GRAPO. En 1977 fue expulsado de este último partido e inició un proceso de reflexión y crítica de sus anteriores posiciones políticas ultraizquierdistas para pasar a sostener posiciones políticas conservadoras.

En 1999 publicó Los orígenes de la guerra civil, que junto con Los personajes de la República vistos por ellos mismos y El derrumbe de la República y la guerra civil conforman una trilogía sobre el primer tercio del siglo XX español. Continuó su labor con Los mitos de la guerra civil, De un tiempo y de un país (donde narra su etapa juvenil de miltante comunista, primero en el PCE y más tarde en los GRAPO), Una historia chocante (sobre los nacionalismos periféricos), Años de hierro (sobre la época de 1939 a 1945), Viaje por la Vía de la Plata, Franco para antifranquistas, La quiebra de la historia progresista y otros títulos. En la actualidad colabora en Intereconomia, El Economista y Época.

Moa considera que la actual democracia es heredera del régimen franquista, que experimentó una «evolución democratizante», y no de las izquierdas del Frente Popular, según él totalitarias y antidemocráticas y que dejaron un legado de «devastación intelectual, moral y política». Su obra ha generado una gran controversia y suscitado la atención de un numeroso público, que ha situado a varios de sus libros en las listas de los más vendidos en España: su libro Los mitos de la Guerra Civil fue, con 150.000 ejemplares vendidos, número uno de ventas durante seis meses consecutivos.

La obra de Moa ha sido descalificada por numerosos autores e historiadores académicos, quienes lo han sometido al ostracismo porque su obra revisa ideas generalmente admitidas sobre ese período –ideas asentadas en una perspectiva política de izquierdas que mitifica la II República–, y sienta tesis innovadoras, que sin embargo, no han sido rebatidas documentalmente hasta la fecha

Pero Moa cuenta también con algunos defensores en el ámbito académico: Ricardo De la Cierva, José Manuel Cuenca Toribio, o Carlos Seco Serrano han elogiado la obra de Moa.

Fuera de España, historiadores e hispanistas como Henry Kamen, Stanley G. Payne o Hugh Thomas han comentado en términos favorables trabajos y conclusiones de Moa. Por ejemplo, Kamen se lamenta de que, según su opinión, la represión ejercida por la República no haya sido estudiada, con la única excepción de Pío Moa, el cual habría sido marginado por los historiadores del establishment.

Stanley G. Payne ha elogiado en repetidas ocasiones los trabajos de Pío Moa, sobre todo sus investigaciones sobre el periodo que va de 1933 a 1936: «Cada una de las tesis de Moa aparece defendida seriamente en términos de las pruebas disponibles y se basa en la investigación directa o, más habitualmente, en una cuidadosa relectura de las fuentes y la historiografía disponibles»; destaca la originalidad de su trabajo: «ha efectuado un análisis realmente original y ha llegado a conclusiones que no han sido todavía refutadas. Lo han denunciado, lo han vetado pero no han logrado rebatir con pruebas las tesis de Moa sobre la República», e incide en que las tesis de Moa no han sido refutadas: «lo más reseñable es que, aparentemente, no hay una sola de las numerosas denuncias de la obra de Moa que realice un esfuerzo intelectualmente serio por refutar cualquiera de sus interpretaciones. Los críticos adoptan una actitud hierática de custodios del fuego sagrado de los dogmas de una suerte de religión política que deben aceptarse puramente con la fe y que son inmunes a la más mínima pesquisa o crítica».

Hugh Thomas ha afirmado sobre la obra de Moa: «Lo que dijo Pío Moa sobre la revolución de 1934 es muy interesante y pienso que dijo la verdad. ¡Pero no fue tan original! Él me acusa en su libro, pero yo dije casi lo mismo: la revolución de 1934 inició la guerra civil, y fue culpa de la izquierda».

Notas

[1] R. Salas Larrazábal, Los datos exactos de la guerra civil, Madrid 1980, p. XII. <<

[2] Esto lo deja perfectamente en claro Miguel Maura, verdadero muñidor de las acciones que condujeron a la república, en su libro Así cayó Alfonso XIII: «Nos regalaron el poder». <<

[3] Poco antes del «advenimiento» de la república, Azaña expuso su programa en una célebre conferencia en el Ateneo de Madrid, titulada, Tres generaciones del Ateneo. La misma es, comprensiblemente, muy poco citada por sus panegiristas, empeñados en pasarlo por moderado (él mismo decía lo contrario). Azaña facilitó la «quema de conventos» impidiendo usar la fuerza pública contra los incendiarios. <<

[4] Con su irreprimible afición a la falsedad, el gobierno socialista andaluz ha colocado una inscripción de rebuscada prosa burocrática como «Reconocimiento institucional y cultural de un acontecimiento histórico que expresa valores identitarios de un pueblo y viene a reparar la dignidad de las víctimas, recobrando la memoria dolorosamente silenciada durante décadas de dictadura». Imputa sibilinamente la matanza a los franquistas, interesados por tanto en «silenciarla». <<

[5] Sobre los meses siguientes a las elecciones de 1936, R. de la Cierva ha acumulado documentación demostrativa en Los documentos de la primavera trágica, Madrid 1967. Lo trato con un punto de vista algo distinto en El derrumbe de la república y la guerra, Madrid 2001. También S. Payne, El colapso de la República, Madrid 2005. <<

[6] Los mejores estudios, con diferencia, sobre la evolución militar de la guerra civil son las monografías de José Manuel Martínez Bande sobre las sucesivas campañas, y la Historia del Ejército Popular de la República», de Ramón Salas Larrazábal. Sobre la aviación, Guerra aérea 1936-1939, de Jesús Salas Larrazábal; y sobre la contienda en el mar, La guerra silenciosa y silenciada , de Fernando y Salvador Moreno de Alborán. Se trata de obras excepcionalmente documentadas y prácticamente exhaustivas. <<

[7] Hay bastante bibliografía al respecto. Es importante el testimonio de Amaro del Rosal, uno de los revolucionarios implicados (El oro del Banco de España y la historia del Vita), así como los estudios de Francisco Olaya (El expolio de la República ); pero los documentos más reveladores son las cartas cruzadas entre Negrín y Prieto. He tratado el asunto en Los mitos de la guerra civil .Todo indica que parte del dinero resultante de la operación llegaría años más tarde a Banca Catalana, del jefe separatista Jordi Pujol, a través de uno de los administradores del tesoro, Andreu Abelló. <<

[8] Hay indicios relevantes de que Prieto intentó sustituir la influencia soviética por la inglesa, ofreciendo a Londres tres nuevos «gibraltares» en la ría de Vigo, Cartagena y Mahón. También los separatistas ofrecían a Francia e Inglaterra la creación de un protectorado entre el Ebro y los Pirineos. <<

[9] Los nacionales concedieron en el centro de Madrid una amplia zona exenta de bombardeo. Los rojos aprovecharon para instalar allí cuarteles, centros administrativos etc., y la densidad de población se triplicó. El único barrio bombardeado a conciencia fue el de Argüelles, muy militarizado y evacuado de personal civil. El Quinto Regimiento comunista instaló un cuartel en el Palacio de Liria, que sufrió un ataque aéreo. La propaganda hacía creer que todos los barrios de Madrid padecían los mismos ataques, con miles de muertos, niños y mujeres sobre todo. En noviembre de 1936, el mes más cruento, los muertos ascendieron a unos 300. Manuel de Vicente ha publicado un exhaustivo estudio de la batalla de Madrid basada en los informes internos militares, no hechos para la propaganda. <<

[10] En Revista de libros , agosto de 2015. <<

[11] I. Maiski, Cuadernos españoles , Moscú, s. f., pp. 133-34. M. Azaña, Memorias de guerra, Madrid, 1978, p. 241. <<

[12] Las infructuosas maniobras para envolver y destruir a las tropas de Franco en noviembre de 1936, están bien documentadas en el monumental estudio de R. Salas, Historia del Ejército Popular de la República. También en M. Koltsof, Diario de la guerra de España , París, 1963. Koltsof era por entonces agente privilegiado de Stalin en España, «purgado» a su vuelta a la URSS. <<

[13] Respecto a la compra de armas y la corrupción, un tema vidrioso y a menudo esquivado, véanse los documentados estudios del historiador anarquista F. Olaya El oro de Negrín , Madrid 1998, o La gran estafa, Madrid 1996. <<

[14] Una vez más, la cuestión está bien documentada por R. Salas en su insuperado trabajo sobre el «Ejército Popular de la República». En Los mitos de la Guerra Civil cito las opiniones contrarias (y no fundamentadas) de G. Cardona, A. Viñas o C. Blanco Escolá. <<

[15] Me he extendido sobre este punto, a mi juicio crucial, en varios libros: El derrumbe de la República , Los mitos de la Guerra Civil o Los mitos del franquismo. <<

[16] He tratado estas cuestiones en El derrumbe de la República y la guerra civil, Una historia chocante, y en España contra España. <<

[17] Sobre estas cuestiones pueden verse La España imaginada de Américo Castro, de Eugenio Asensio, o Al Andalus contra España , de Serafín Fanjul. He tratado estas cuestiones en Nueva historia de España . En sentido contrario, la obra de J. Goytisolo, en especial Reivindicación del conde Don Julián (por el nombre del personaje legendario que facilitó la invasión islámica de España). El ataque a la Reconquista informa una multitud de actitudes políticas e intelectuales, empezando por las del influyente periódico El País («la insidiosa Reconquista» ha dicho su director Cebrián). <<

[18] Asombrosamente, este tipo de actos sigue haciendo gracia a muchos izquierdistas. La escritora «progresista», un tanto pornógrafa Almudena Grandes, por ejemplo, se burlaba de las monjas violadas por «milicianos sudorosos», imagen que ella encontraba sexualmente excitante. <<

[19] Las citas de Madariaga, en su obra España , Madrid, 1979. <<

[20] Archivo del cardenal Gomá, tomo I, editado por J. Andrés Gallego y A. M. Pazos. Madrid, 2001. <<

[21] Maritain, uno de los ideólogos de la democracia cristiana, podía inventar cosas como que algunos teólogos españoles del siglo XVI sostenían que los indios americanos no eran seres humanos por no descender de Sem, Cam o Jafet: serían animales, de cuyos bienes y personas podrían adueñarse sin trabas los españoles. Nunca existió tal cosa, pero el supuesto servía para «explicar» los crímenes a su vez inventados o muy exagerados, que Las Casas achacaba a la colonización española. Recientemente el papa Bergoglio se ha hecho eco de tales «memorias históricas». <<

[22] El significado de «nación» ha dado lugar a incontables discusiones, en su mayoría bizantinas. Aquí, reitero, llamo nación a una comunidad cultural bastante homogénea, como fue la Hispania latino-cristiana, dotada de estado propio. Comunidad cultural y estado propio, constituyen, pues, la nación. Cuando un poder nacional se expande sobre otras comunidades culturales hablamos de imperio. Creo que esta definición evita muchas discusiones inútiles. Ver Nueva historia de España. <<

[23] En Los mitos del franquismo he expuesto ampliamente estos asuntos, generalmente no tratados o tratados muy deficientemente en la mayoría de las historias de la época. <<

[24] He recogido las justificaciones del terrorismo por Julián Madariaga y otros fundadores de la ETA, en Los nacionalismos vasco y catalán en la guerra, el franquismo y la democracia , Madrid 2013. <<

[25] He tratado ese episodio en Años de hierro y en Los mitos del franquismo , basándome en la información del libro Don Juan , de L. M.ª Ansón. <<

[26] En La Transición de cristal he seguido básicamente las investigaciones de Jesús Palacios en 23F. El rey y su secreto. <<

[27] Llama la atención cómo numerosos historiadores y periodistas y políticos han intentado, después de Franco, incluso en vida de este, presentar a unos republicanos de gran estatura intelectual y moral, empezando por Azaña. Basta leer a este para entender exactamente lo contrario. <<

[28] He tratado con más detalle en Los mitos del franquismo y en otros libros la trascendencia del asesinato fundacional de la ETA (aunque esta existía desde hacía años como un pequeño grupo que no había practicado el asesinato, al menos deliberado). <<

[29] En el último capítulo de este libro «Carta abierta a Zapatero o la degradación de la democracia», insisto en estos fenómenos, cuya gravedad salta a la vista. <<

[30] Recordemos que Lisenko aplicó el marxismo a la biología, causando estragos en la agricultura soviética. Por analogía hablo de historiografía lisenkiana a la que aplica el mismo método a la historia. <<

[31] Checas o chekas se llamaron en España a las cárceles de diversos partidos, donde se practicaban habitualmente torturas y asesinatos. La palabra viene de la policía política de Lenin, la Cheká. <<

[32] Zhdánof fue una especie de supercomisario político para la cultura en tiempos de Stalin, que impuso un férreo control sobre los intelectuales en nombre del «realismo socialista». <<