Noventa años después, la Segunda República cobra una especial y controvertida actualidad. ¿Fue una eclosión de libertad, cultura e ilustración popular, frustrada por la violencia de unas clases reaccionarias que no toleraban la pérdida de sus privilegios?, o ¿fue un régimen de arbitrariedad e incultura, pobreza, separatismos y odios políticos, que abocarían a la guerra civil? Basta plantear la cuestión para entender su proyección histórica: ¿Debemos considerar aquella república un modelo de convivencia política en que inspirarnos o, al contrario, como una rechazable conjunción de amenazas para la convivencia en libertad?

Los estudios publicados en un sentido u otro se cuentan por centenares, pero muy pocos exponen la dinámica interna de aquel régimen a partir de los juicios, intenciones y actos expresados por sus protagonistas.

La presente obra se centra en buena parte en los escritos de Azaña, pero también en los de Alcalá-Zamora, los líderes socialistas, Lerroux, Gil-Robles y otros, evitando los maquillajes e interpretaciones posteriores más o menos interesadas.

Un alegato en pro del libre debate intelectual y contra imposiciones totalitarias como las que hoy amenazan la libertad de la investigación histórica, oscureciendo el futuro de nuestra democracia.

Pío Moa

La Segunda República Española

Nacimiento, evolución y destrucción de un régimen

1931-1936

ePub r1.1

Titivillus 05.08.2021

Título original: La Segunda República Española

Pío Moa, 2020

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

INTRODUCCIÓN
DOS VERSIONES DE LA REPÚBLICA

Desde los años setenta se ha afianzado una visión de la república como época de libertad, cultura y bienestar popular, solo turbada por intereses oscuros o fascistas que terminaron echándola abajo. Sin embargo, cualquiera que se acerque sin prejuicios a aquel régimen nota pronto el agudo contraste entre esa visión beatífica y la que ofrecen los protagonistas intelectuales y políticos de aquel régimen. El testimonio, expuesto en el momento o en sus memorias por los «padres espirituales de la república», Ortega, Marañón y Pérez de Ayala; por políticos como Azaña, Alcalá-Zamora, Martínez Barrio, Lerroux y tantos otros, simplemente colisiona con la edulcorada versión hoy habitual. Quizá la definición más dura y sintética de aquel régimen la expusiera en dos palabras Marañón: «Estupidez y canallería». No menos explícitos son, como iremos viendo, Azaña y los demás.

Tan radical contraste entre las dos versiones plantea inevitablemente una disyuntiva al historiador o al simple interesado: ¿estaban equivocados los protagonistas, incapaces de ver el sentido de lo que ocurría a su alrededor, o están equivocadas las versiones posteriores? ¿Puede aplicarse el in medio virtus? Pero aquí no se trata de virtudes, sino de verdades. Digamos de entrada que la versión que hemos llamado beatífica no choca solo con el juicio de los auténticos protagonistas, sino también con multitud de hechos y datos, por lo que debe aclararse cómo se ha construido.

Una buena idea del conflicto de versiones puede darlo la literatura sobre Azaña. Como es sabido, él fue considerado por muchos «la encarnación de la república», título que le habría gustado disfrutar a su rival Alcalá-Zamora. En la transición posfranquista, Azaña fue literalmente canonizado como una especie de «santo laico», incomprendido apóstol de la democracia y la pasión por España, martirizado por la brutalidad antirrepublicana. Su más descollante apologista fue quizá Juan Marichal, admirador de la historia inventada por Américo Castro y Premio Nacional de Historia de España en 1996. Su libro La vocación de Manuel Azaña, publicado en pleno franquismo (1971), impulsó en la izquierda una oleada aclamatoria, desde Santos Juliá, Paul Preston, Reig Tapia, etc., hasta en la derecha, por un tiempo, Federico Jiménez Losantos, Ricardo de la Cierva, José María Marco y el mismo José María Aznar.

Marichal comienza así: «Pocas figuras hay en la Europa contemporánea tan originales y tan reveladoras del drama histórico del medio siglo 1898-1939». Azaña solo admitiría comparación con los estadistas europeos más relevantes del siglo, Churchill, De Gaulle o Adenauer. Y no era para menos: «Intelectual de raza, fue también hombre de notables aptitudes ejecutivas, combinándose en él nuevamente las armas —la capacidad para el mando y el gobierno— y las letras (…). Revelación del nuevo régimen en 1931, para muchos españoles Manuel Azaña encarnó todas las esperanzas de aquella gloriosa primavera (…). Soñador de una nueva España, supo aliar lo quimérico con la facultad del pormenor, el impulso quijotesco con la destreza del realizador»… Estos y tantos otros ditirambos, extendidos al régimen cuya representación se le atribuía, han marcado muchos años de historiografía e inspiración política en España, junto con elegías por la mala suerte del hombre y «su» régimen, malogrados por las fuerzas negras de la reacción, la España negra e inquisitorial, etc.

Por supuesto, también me alcanzó por un tiempo aquella beatitud, hasta que me propuse la tarea más lógica del historiador: dejar de lado las retóricas que tanto suelen envolver y perjudicar la historiografía hispana, y consultar las fuentes en archivos, prensa y memorias de los políticos, comparando y comprobando unos y otros. Pude entender así hasta qué punto aquellos fervores se prestaban a la ironía o al sarcasmo. A raíz de la publicación de Los personajes de la república vistos por ellos mismos, Jiménez Losantos declaró que tiraría a la basura su libro sobre Azaña.

Expone Marichal la virtuosa actitud conveniente para entender al egregio estadista: «El historiador de la España contemporánea (…) ha de imponerse una rigurosa honestidad intelectual y un máximo de comprensión objetiva». A la vista de los datos, empezando por los diarios de su biografiado, no es difícil concluir que la honestidad emocional del autor —pues salta a la vista que se cree sus propias palabras— sobrepasa con amplitud a su honestidad intelectual y comprensión objetiva. Para empezar, Azaña fue política y personalmente una figura harto compleja, tuvo un papel secundario en la llegada de la república, y es difícil negar que lo tuvo de primer orden —aunque no único ni acaso principal— en la destrucción del régimen, al menos en lo que este tuviera de democrático. Pero esto lo examinaremos con detalle en este libro.

Lo dicho sobre Azaña y Marichal se extiende al grueso de la próspera historiografía, cinematografía y productos de otras artes relativos a la república. Y el lector crítico y desprejuiciado ha de maravillarse ante los esfuerzos, heroicos a su modo, con que los autores de esa masa literaria desafían y derrotan a los hechos más claros, a testimonios como los del propio Manuel Azaña, o a la lógica más elemental. ¿Cómo lo consiguen? Pues mediante una «metodología», que suelen proclamar «científica», consistente en apoyarse, citarse y repetirse sin descanso unos a otros, evitar todo debate serio, silenciar las discrepancias, salvo las de matiz, y montar sus propios congresos, premios y publicidad mediática subvencionados por el poder.

Es sabido que en la historia se encuentra de todo: testimonios, versiones e interpretaciones para todos los gustos, lo que exige al historiador serio un gran esfuerzo de confrontación y análisis. En cambio estos historiadores lo tienen más fácil: escogen aquellas citas que les convienen y que pueden multiplicarse, si es preciso las mutilan o aíslan del contexto, saltan por encima de los hechos y testimonios inconvenientes, y siempre llegan a las felices conclusiones predeterminadas por su posición ideológica.

Claro está que estas maniobras servirían de poco en una sociedad abierta, con universidad y medios de masas intelectualmente solventes, pero la realidad es que tal cosa no existe hoy ni de lejos en España. El filósofo Julián Marías denunció en su tiempo la «profesionalización de la mentira», que lastraba la vida intelectual, política y periodística del país, devolviendo el clima de odios envenenados que destruyó la república y que vuelve a dañar seriamente la convivencia en paz y en libertad. En esto puede resumirse la extrema degradación de una universidad cuyos defectos, sectarismo, endogamia, falta de libertad en definitiva, denuncian periódicamente intelectuales relevantes, casi siempre en balde.

Para comprobar la degradación universitaria basta la prueba del algodón de la llamada «ley de memoria histórica», promulgada en 2007 por el gobierno del PSOE —apoyado por los partidos separatistas y de hecho por el PP—. Esa ley, revistiéndose de una hipócrita verborrea sentimental sobre las víctimas de la guerra —los supuestos defensores de la libertad—, denunciaba al franquismo como el destructor de aquella feliz república, e imponía desde el poder una versión propagandística del pasado. Desde luego, esa versión es legítima como una más; pero al convertirla en ley se atacan las libertades democráticas al modo de gobiernos como el castrista o el de Corea del Norte. Quizá porque no puede defenderse de otro modo. Por unos años, la amenaza quedó pendiente como una espada de Damocles sobre los historiadores y personas disconformes, hasta que el mismo PSOE quiso llevarla a su conclusión lógica imponiendo multas y cárcel a quienes disintieran de su versión, por lo demás fácilmente rebatible desde una investigación rigurosa.

Por ahora, las multas y la cárcel han quedado aplazadas, debido a la denuncia de unos pocos historiadores e intelectuales, promovida por mí, y a otros problemas más acuciantes para el gobierno. Pero sigue ahí, esperando su oportunidad y atentando ya contra las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra. Es decir, atacando las libertades en general y de modo específico aquellas que definen de siempre la función universitaria. Pues bien, en la actual universidad, la ley no ha suscitado la menor respuesta corporativa, predominando el apoyo a la misma. Gran número de cátedras y departamentos se han degradado en agencias de propaganda partidista que, con pretensiones científicas y democráticas para más injuria, recuperan el «Himalaya de falsedades» que reconoció el socialista Besteiro como fundamento del Frente Popular.

Este libro, aparte de intentar clarificar un tema de tanta relevancia histórica y actual, constituye un desafío a esa ley, verdadero cáncer de la democracia que debe ser extirpado si no queremos cegarnos a nuestra propia continuidad histórica y repetir lo peor del pasado.

Como apuntó por entonces Stanley Payne, quizá el hispanista actual más serio en el ámbito anglosajón, adornado con joyas como Preston:

El asunto principal no es que Moa sea correcto en todos los temas que aborda. Eso no puede predicarse de ningún historiador y, por lo que a mí respecta, discrepo de varias de sus tesis. Lo fundamental es más bien que su obra es crítica, innovadora e introduce un chorro de aire fresco en una zona vital de la historiografía contemporánea española, anquilosada desde hace mucho tiempo en angostas monografías formulistas, vetustos estereotipos y una corrección política determinante. Quienes discrepen de Moa necesitan enfrentarse a su obra seriamente y demostrar su desacuerdo en términos de una investigación histórica y de un análisis serio que retome los temas cruciales.

Inútil decir que el necesario debate intelectual no se produjo. En cambio, criticó el propio Payne, una universidad y medios de prensa degradados se dedicaron a «eliminar su obra (de Moa) por medio de censura de silencio o de diatribas denunciatorias más propias de la Italia fascista o de la Unión Soviética que de la España democrática». La respuesta real ha sido esa «ley de memoria histórica». Que debe ser abolida en pro de la democracia y de una universidad capaz de cumplir su misión intelectual.

Cabe señalar que aunque los escritores de la memoria histórica me declararon la censura y el boicot, yo no he seguido su ejemplo, y les he traído a debate un poco «de las orejas», aunque nunca hayan contestado. Quien tenga interés puede comprobarlo en Internet escribiendo mi nombre y los de Viñas, Preston, Juliá, Beevor, Casanova y bastantes más.

El estudio que tiene el lector en sus manos viene a ser una síntesis de la trilogía que publiqué en Ediciones Encuentro los años 1999, 2000 y 2001, que suman 1.500 páginas de letra bastante pequeña, con más de 3.000 notas y referencias explícitas o integradas en el mismo texto. Las tres obras se titulaban Los orígenes de la guerra civil española, Los personajes de la república vistos por ellos mismos, y El derrumbe de la república y la guerra civil. Quien desee ampliar el conocimiento de aquella época creo que puede consultarlos con provecho aún hoy, porque contienen muchas aportaciones novedosas en detalles y en enfoques, basadas en la consulta de las fuentes directas; y poco sería necesario corregir hoy, a pesar del cúmulo de nuevas «aportaciones» en estos años, perlas de propaganda en su vasta y basta mayoría. Además de esta tesis, este libro contiene nuevas y cruciales aportaciones, incluyendo el adelanto en varios meses de la fecha final de la república: cuestión nada nimia, pues afecta a la comprensión de los años anteriores.

Obviamente, en la citada trilogía incluí gran número de citas procedentes de los archivos de la fundación socialista Pablo Iglesias, del Archivo Histórico Nacional y del de Salamanca (antes de que fuera expoliado por el PSOE y los separatistas), de las Actas de las Cortes, del Instituto Nacional de Estadística, de Estadísticas históricas de España (coordinado por A. Carrera y X. Tafunell). Y notas no solo de los principales protagonistas y otros más secundarios, sino de estudiosos e historiadores posteriores —la mayoría de izquierda—: por supuesto S. Payne, J. Avilés, M. Bizcarrondo, S. Juliá, J. Álvarez Junco, P. Preston, H. Raguer, J. Arrarás, J. M. García Escudero, Richard Robinson, P. I. Taibo, R. Carr, J. P. Fusi, G. Brenan, O. Ruiz Manjón, Tuñón de Lara, A. Trapiello, E. Barco Teruel, R. de la Cierva, M. D. Gómez Molleda, J. Tusell, hermanos R. y J. Salas Larrazábal, E. Malefakis, J. Cervera, A. Viñas, B. Bolloten, J. Aróstegui, E. de Guzmán, F. Olaya, D. Cattell, C. Seco Serrano y muchos más, que harían muy larga esta enumeración. En el último capítulo hago algunos apuntes críticos sobre esta historiografía.

Señalo lo anterior porque, en cambio, en este ensayo he dado preferencia casi absoluta a los protagonistas de la república, de los cuales quizá el más importante y rico en información, personal y política, sea Azaña (algunas referencias a este aparecen como «Robados», por sus diarios de 1932-1933, presentados así por S. Juliá. Los que fueron robados de verdad, por el Frente Popular, fueron los de Alcalá-Zamora, recuperados en parte hace unos años). He prescindido, con pocas excepciones, de tantas citas de la trilogía porque hoy la mayoría de las referencias se encuentran fácilmente en Internet y porque las de los protagonistas permiten una comprensión de la época mucho más vívida y realista que tantos «sesudos» estudios en los que la vida desaparece a favor de una pesada jerga burocrática. Y en segundo lugar porque, además de hacer la lectura más ligera para el lector común, permite captar mejor la lógica y la dinámica políticas a partir del pensamiento y actos de aquellos cuyas decisiones, acertadas o erróneas, serenas o colmadas de emotividad, marcaban la evolución del régimen.

Parte I

CÓMO LLEGÓ Y SE INSTITUCIONALIZÓ LA SEGUNDA REPÚBLICA
(AGOSTO DE 1930-DICIEMBRE DE 1931)

1
ESPAÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LOS AÑOS TREINTA

El año 1930 inició una década de gran inestabilidad en el mundo, como consecuencia de la I Guerra mundial terminada solo doce años antes, en 1918, y de la gran depresión económica abierta por el desplome de la Bolsa de Nueva York en 1929. Aquella guerra trajo consigo una crisis de confianza en el liberalismo y los parlamentos, y la formación del primer estado comunista de la historia, en Rusia. El impulso expansivo de la revolución rusa, aunado a la crisis demoliberal, dio lugar a gobiernos anticomunistas «fuertes», al fascismo en Italia (1922) y, ya entrados los años treinta, al nacionalsocialismo o nazismo en Alemania. Y, desde 1929, el desbarajuste y la depresión económica salidos del derrumbe de la Bolsa de Nueva York, que afectó duramente a Europa, en especial a Alemania. Por los años treinta cundía en amplios círculos intelectuales y políticos la impresión de que el llamado sistema capitalista se acercaba al fin de sus días, siendo preciso buscar nuevas salidas, o bien reformarlo en profundidad.

La I Guerra Mundial no dejó de asombrar por su violencia y por contradecir las expectativas y análisis de teóricos de la economía y el pensamiento liberal. Se creía en la imposibilidad de un conflicto semejante porque, entre otras cosas, era tan estrecha la interrelación comercial, empresarial y de la propiedad entre las grandes potencias europeas, que los intereses comunes harían que ninguna pudiera beneficiarse de una contienda entre ellas. Pero la guerra había ocurrido, con un número de víctimas sin precedentes y un contenido básicamente económico: la lucha por el control de los mercados mundiales entre potencias básicamente liberales y parlamentarias. Una vez derrotados los imperios alemán, austrohúngaro y otomano se pensó impedir efectivamente una nueva guerra mediante la reordenación política de Europa y el establecimiento de un foro internacional de negociación, la Sociedad de Naciones.

Sin embargo, no auguraban mucha paz sus resultados, resumibles en la mencionada crisis moral y política del liberalismo y el surgimiento del primer sistema comunista de la historia. Tampoco el «derecho de autodeterminación», aplicado para disolver los imperios ruso, alemán y austrohúngaro, cumplió las esperanzas pacíficas esperadas. El centro de Europa quedó fragmentado en un rosario de nuevos estados débiles y a menudo inamistosos entre sí: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, la propia Austria o una artificial unión yugoslava. Tampoco ofrecían mucha estabilidad los países resultantes de la descomposición del Imperio otomano en el siglo anterior, es decir, Grecia, Rumanía y Bulgaria. La cuestión griega resultó muy indicativa: dando por definitiva la descomposición del Imperio otomano, la alianza anglo-francesa animó a Grecia a unirse a ella ofreciéndole recuperar los territorios de Asia Menor donde existía una gran población griega desde hacía milenios. Pero Turquía se rehízo bajo un gobierno nacionalista y liberal que perpetró el genocidio armenio, y en 1922 ocasionó lo que en la memoria griega queda como la «Catástrofe de Asia Menor», con la expulsión de la población griega. La propia Inglaterra, aunque vencedora en el conflicto junto con Francia y Usa, y con un «Imperio Británico» que alcanzaba a un cuarto de la tierra emergida, entraba en una decadencia de la que daría prueba su incapacidad para aplastar la resistencia irlandesa e impedir la práctica independencia de la mayor parte de Irlanda desde 1922.

El régimen soviético nacía con ambición universalista, como el sistema social que liberaría a la humanidad de sus viejas taras y miserias, producto del pecado original según la Biblia. Una revuelta comunista en Finlandia, en 1918, dio lugar a una guerra civil corta pero proporcionalmente más mortífera que la de España. Al año siguiente el ejército soviético invadió Polonia con ánimo de llegar a Alemania, pero fue frenado por el mariscal Pilsudski; surgieron un mes de soviet de Baviera y cuatro meses de república soviética en Hungría. Ese mismo año, en abril, el jefe de la revolución rusa, Lenin, fundó una III Internacional o Komintern —Internacional Comunista—, sucesora de una II Internacional socialista, despistada de las esencias revolucionarias de Marx y Engels. La Komintern creó partidos subversivos en varios países, el mayor el de Alemania, donde intentó una insurrección en Hamburgo, en 1923; en Reval o Tallinn, Estonia, fracasó otra en 1924, y al año siguiente un tremendo atentado comunista en una iglesia de Sofía exterminó a buena parte de la clase política búlgara (cabe recordar que Ferrer Guardia y otros habían planeado algo parecido con motivo del enlace de Alfonso XIII y Victoria Eugenia en la iglesia de los Jerónimos, de Madrid, en 1906).[1]

La acción de la Komintern se extendía al resto del mundo, América, África y Asia, y sería en China donde adquiriera su mayor éxito, tras varias insurrecciones fallidas, con una guerra civil prolongada. España iba a convertirse en un escenario de máxima atención para su Internacional a raíz de la insurrección socialista-separatista de octubre de 1934.

Táctica privilegiada por la Komintern era la insurrección armada, que debía coronar una etapa previa de agitación y propaganda entre las masas, acompañada de disturbios, huelgas violentas y ocasionalmente actos terroristas. Aunque fracasadas estas acciones en su mayoría, las organizaciones y la actividad subversiva permanecían como una espada de Damocles sobre los regímenes tildados de capitalistas o imperialistas. Y aquella presión no pudo ser resistida con las normas de la democracia liberal en varios países. Por poner algunos casos, en Italia la intensa agitación revolucionaria socialista-comunista en la posguerra solo fue frenada por el fascismo, llegado al poder con la Marcha sobre Roma, pacífica, en 1922. El aplastamiento del soviet húngaro por tropas rumanas resultó en el gobierno autoritario del almirante Horthy. En Polonia, tras el desorden político entre 1922 y 1926, Pilsudski volvió al poder con un gobierno similar al de Horthy o, en España, al de Primo de Rivera.

Así, la guerra europea de 1914-1918, que iba a «acabar con todas las guerras», generó una situación de intensa inquietud, disturbios e inestabilidad en la mayor parte de Europa, siendo Alemania su teatro principal, donde la república de Weimar nunca fue capaz de atajar decisivamente la subversión comunista ni la hitleriana, hasta ser derrocada de modo formalmente legal por los nacionalsocialistas en 1933. En Francia, su III República, nacida de la sangrienta represión de la Commune de París en 1871, se bandeaba con crecientes tensiones, con algún gran escándalo de corrupción y una agitación a izquierda y derecha que llevaron al país al borde de la guerra civil en 1934, y dos años después a un Frente Popular más moderado que el español. Inglaterra soportaba mejor las tensiones de la época, aunque no dejó de sufrir disturbios, las «marchas del hambre» y los atentados irlandeses.

España tuvo el acierto de mantener la neutralidad en la guerra mundial (junto con Suiza, Suecia, Noruega, Holanda y Albania), lo que, aparte de ahorrarle sangre y esfuerzos inútiles, le facilitó un fuerte desarrollo económico, si bien lastrado por la inflación. Pero estas ventajas no le permitieron zafarse de la inquietud y los disturbios generales de la época: la crisis del liberalismo le afectó como al resto de Europa. La influencia de la Komintern fue muy escasa en el país durante los años veinte y la mitad de los treinta, pero no por ello fueron menos intensos e insistentes otros movimientos revolucionarios de orientación totalitaria y disgregadora: anarquistas, socialistas y separatistas principalmente.

Tales fuerzas socavaban y hostigaban sin cesar al régimen liberal llamado de la Restauración, por haber restaurado en 1876 la monarquía después de la Primera república. Desde la huelga revolucionaria de 1917, el sistema se fue deteriorando entre atentados y alborotos, y a los cinco años el sistema estaba al borde del colapso. El remedio consistió en el gobierno autoritario del general Miguel Primo de Rivera, que durante seis años largos consiguió reordenar el país. Sin embargo, fracasó en institucionalizar un régimen nuevo y estable, más o menos democrático. Tras la marcha de Primo de Rivera, hubo un intento de volver a la situación política previa a la dictadura, intento condenado al fracaso por su propia naturaleza. Y la salida a estos procesos sería la Segunda República, objeto del presente estudio.

Para entender los sucesos debe atenderse a otras realidades. El país padecía notables desequilibrios entre la ciudad y el campo, con ámbitos de pobreza o incluso miseria, ligados al latifundismo o al minifundio excesivo, sobre todo en Andalucía, Extremadura, Galicia y Canarias; y también el lastre de un analfabetismo excesivo (el 26 por ciento al llegar la república). Tanto el analfabetismo como la pobreza han sido muy exagerados en muchas historias, que los presentan como un caso único o poco menos en Europa; en realidad venían disminuyendo desde principios de siglo, y aceleradamente en los seis años de Primo. Dentro de Europa, España ocupaba una buena posición, solo inferior a Italia, en la amplia periferia que iba de Irlanda a Finlandia por el sur y el este continental, rodeando la zona centro-noroeste más rica. España era un país predominantemente agrario, pero no falto de considerables industrias, pesada, textil y naval sobre todo. Además, su economía dependía de la internacional menos que los otros grandes países europeos, por lo que sufrió menos la depresión causada por el hundimiento de la Bolsa de Nueva York.

Culturalmente, el país gozaba de un notable florecimiento desde finales del siglo XIX, tanto en literatura y arte como en pensamiento y ciencia, con figuras de cierta influencia internacional, como Galdós, Menéndez Pelayo, Ortega y Gasset, Ramón y Cajal, Unamuno, Baroja, Palacio Valdés, Picasso, Dalí, Falla, pronto García Lorca y otros. Valgan de indicio tres premios Nobel, dos literarios, Echegaray (1904) y Benavente (1922), y uno científico, Ramón y Cajal (1906). Esta época fue llamada por el crítico J. C. Mainer «edad de plata de la cultura española».

Cuenta asimismo el factor de mayor transcendencia general: el vasto ámbito cultural e idiomático extendido por varios continentes, creado tres siglos y medio antes, durante el mayor florecimiento histórico de España, y segundo en hablantes después del inglés. Las intensas relaciones derivadas marcan una diferencia con la mayoría de los países europeos. De las lenguas latinas, la española era y es la más hablada con diferencia.

En un orden cultural-religioso más amplio, España se incluía en la Europa latina y católica, en contraste con la germánica y protestante o la eslava y ortodoxa (ya se entiende que las tres con excepciones). España había sido el principal bastión de Europa Occidental frente al Islam otomano y también frente al protestantismo, de modo que el catolicismo sería hoy una religión mucho menos extendida sin la inmensa labor de España en los siglos XVI y XVII.

Por este conjunto de rasgos, la evolución de España en los años treinta, con guerra civil incluida, iba a tener fuerte repercusión moral, política y psicológica en el resto de Europa e Hispanoamérica. El filósofo Ortega había pronunciado una frase absurda y pedantesca: «España es el problema, y Europa la solución», muy loada por las grandes inteligencias hispanas. Pero ni España era ningún problema ni Europa ninguna solución. Como parte de Europa, España tuvo sus problemas, que culminarían en la guerra civil; y el resto de Europa tuvo otros bastante similares y mayores, que abocaron a un cataclismo mucho mayor y peor, pocos meses después de terminada la guerra de España y conocido como II Guerra Mundial. Esta, muy distinta de la primera, no nació de ambiciones económicas entre potencias liberales, sino de un choque de tres ideologías y conceptos del mundo y del hombre: la liberal, la comunista y la fascista o nazi (en el Pacífico tendría un carácter diferente).

Es una discusión que fácilmente cae en el bizantinismo la de si estas contiendas, la de España y la mundial, estaban predeterminadas por las circunstancias creadas por la I Guerra Mundial y la Gran Depresión de los años treinta. Es decir, si fueron evitables o no. Los análisis tipo «si no hubiera pasado esto» caen inevitablemente en la arbitrariedad. Nadie puede demostrar que fueran inevitables, pero sin duda ocurrieron; y tuvieron relación bastante estrecha con las circunstancias morales, políticas y económicas previas. Cabe añadir, además, que sus ecos e influencias llegan, difuminados o claros, hasta la misma actualidad.

Conviene una última apreciación sobre el mito del «guerracivilismo» y «cainismo» de los españoles, tan del gusto de una multitud de egregios analistas históricos tipo Américo Castro y sus muchos seguidores, así como de políticos descollantes en su acreditado cantamañanismo. Como hemos visto, los españoles en el siglo XX no hemos sido más «cainitas» que cualesquiera otros europeos, incluso lo hemos sido menos que la mayoría. El mito procede de la arbitraria extensión de la agitación (guerras civiles y pronunciamientos militares) del siglo XIX, a toda la historia hispana. Por el contrario, hasta la invasión francesa España y su Imperio habían sido probablemente los sistemas más estables e internamente pacíficos de Europa. Lo trataré con más detalle en el capítulo 35.

2
¿REPÚBLICA MODERADA O REPÚBLICA «EPILÉPTICA»?

La república inaugurada en abril de 1931 era la segunda en la historia de España. La primera, que se declaró federal (inventando dieciséis «estados»), en 1873, duró once convulsos meses en los que se sucedieron cuatro presidentes. En medio de una «indescriptible confusión», describía Pérez Galdós, las Cortes exhibían un concurso semidemente de retóricas tan exaltadas como vacías: «El individualismo sin freno, el flujo y reflujo de opiniones, desde las más sesudas hasta las más extravagantes, y la funesta espontaneidad de tantos oradores, enloquecían al espectador (…). Era un juego pueril que causaría risa si no nos moviera a tanta pena».[2] Mientras los supuestos representantes del pueblo se desgañitaban, una nación construida con el esfuerzo y la sangre de muchas generaciones corría el peligro de desintegrarse en tres guerras civiles, dos en España (carlista y cantonalista) y otra en Cuba. Fue indicativo que el primero de sus presidentes, Estanislao Figueras, se marchara a París sin avisar a nadie después de gritar en catalán: «¡Estoy hasta los cojones de todos nosotros!».

Aquella epilepsia, que asombraba en toda Europa, terminó cuando el general Manuel Pavía, a su vez republicano, con algunas tropas, dio a los diputados orden de desalojar el Parlamento. El presidente dimisionario, Castelar, habló a los diputados con la altisonancia habitual: «Yo, señores, no puedo hacer otra cosa que morir, aquí el primero, con todos vosotros». Pensándoselo mejor, todos, empezando por Castelar, salieron a recoger sus abrigos en el guardarropa (estaban a principios de enero de 1874) y abandonaron el edificio. Algunos creían que, por considerarse ellos representantes del pueblo, este reaccionaría contra Pavía, pero la gente no se inmutó, seguramente harta de tanta verborrea y violencia estéril. Al contrario, Pavía ganó gran popularidad, demostrada al ganar con enorme mayoría las elecciones al distrito centro de Madrid, dos años más tarde.

Al desalojo de los diputados siguió durante casi un año más una dictadura republicana presidida por el general Francisco Serrano, que derrotó a los cantonalistas y a los carlistas. En diciembre de 1874, el pronunciamiento de otro general, Martínez Campos, puso fin definitivo al ensayo republicano. Enseguida volvió la monarquía, con Alfonso XII, comenzando el régimen liberal de la Restauración, dirigido por Antonio Cánovas del Castillo e inspirado en el modelo bipartidista inglés, con un partido liberal y otro conservador y Cortes bicamerales. En 1890 se aceptó el sufragio universal (masculino), uno de los primeros en la Europa de entonces. Este régimen sufrió la derrota de 1898 frente a Usa y se iría mostrando incapaz de asimilar los nuevos movimientos revolucionarios (anarquistas, socialistas y otros) hasta dar paso (pacífico), como último recurso, a la mencionada dictadura de Primo de Rivera en 1923.

El dictador habría curado tres cánceres de la Restauración: el pistolerismo anarquista, una costosa y desastrosa guerra de Marruecos y unos separatismos que se preparaban para la insurrección, así como una desatada y levantisca demagogia del PSOE, que abandonó su actitud anterior y colaboró con la dictadura. Además había mejorado la economía más que nunca antes. Pero la hostilidad de muchos de los monárquicos y finalmente del rey, habían acabado con el experimento.

Al dimitir Primo de Rivera a principios de 1930 y marchar al exilio en Francia, donde fallecería muy pronto, el país quedó en una situación extraña, que cabría definir como una pugna de debilidades: unos partidos monárquicos mal organizados e inseguros de su legitimidad, contra otros republicanos divididos y desavenidos entre sí y con apoyo popular incierto, pues mucha gente temía que se repitiesen los espasmos de la Primera república.

El monarca, Alfonso XIII, y algunos de sus cortesanos, encomendaron al general Dámaso Berenguer la tarea de volver a la situación anterior a Primo con un gobierno de transición que preparase unas elecciones generales. El general, vacilante y poco apto para la política, se encontraba con que los políticos y grupos liberales se hallaban divididos entre republicanos y monárquicos, siendo muchos de estos, además, opuestos a una elecciones generales a las que temían por haber salido sus partidos debilitados de la dictadura, y desacreditados por su trayectoria anterior. La monarquía no contaba con políticos de talla adecuada para la ocasión. El más hábil de ellos, el catalanista Cambó, había rechazado el encargo por sufrir entonces un cáncer de laringe.[3]

Para empeorar las cosas, desde el «Desastre del 98» los intelectuales más influyentes, con Ortega y Gasset y Unamuno a la cabeza, declaraban una oposición frontal a la monarquía, a la que tildaban de «necrocracia» condenada por la historia. En otros tiempos era el alto clero quien confería legitimidad a un régimen, pero cada vez eran los intelectuales los que pesaban más al efecto. Tanto las críticas de los socialistas, anarquistas y republicanos, como más aún la de los intelectuales, influían en los propios monárquicos, que se sentían «poco legítimos». Esta debilidad política y psicológica se manifestaría de modo creciente a lo largo de los siguientes quince meses, hasta dar al traste con el régimen.

Una acusación muy esgrimida por los republicanos contra Alfonso XIII era la de perjurio, al haber facilitado inicialmente el golpe de Primo de Rivera, traicionando así la Constitución de 1876. Acusación harto peculiar: ni republicanos ni socialistas la habían reconocido y la habían hostigado sin cesar, a menudo con violencias… ¡y de pronto parecían valorarla como ley intocable y legitimadora! No sería la única ni la menor extravagancia de la época. Por lo demás, el «perjurio» regio había dado paso a seis años de estabilidad y progreso en todos los órdenes bajo un poder bastante blando, por contraste con las conmociones de la Restauración después del 98, agravadas tras la huelga revolucionaria de 1917. Ventajas estas poco apreciadas por los doctrinarios monárquicos y antimonárquicos.

La cuestión de la legitimidad minó el plan de retornar a la Constitución, hasta el punto de que el propio rey cayó en la trampa de negar la evidencia de su apoyo de varios años a la dictadura, pretendiendo que no la había aprobado, sino padecido. Posiblemente la trampa se la sugiriera su consejero y cortesano el conde de Romanones, un Maquiavelo de vuelo corraleño, intrigante de picaresca en el fondo aldeana. Y desde luego no funcionó. La pose del monarca le valió la rechifla de sus enemigos y, por esa u otras causas, la desafección de muchos partidarios, varios de los cuales se convirtieron repentinamente a la causa republicana, pensando que la monarquía carecía de futuro. De estos, los más determinantes fueron dos políticos, Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, y un general, José Sanjurjo, que ostentaba el puesto clave de director de la Guardia Civil. Alcalá-Zamora había destacado en la Restauración como ministro de Fomento y de Guerra; Maura, hijo de Antonio, otro de los políticos más notables de aquel régimen, había hecho su carrera al servicio de la monarquía. Su memoria Así cayó Alfonso XIII, escrita desde el conocimiento más íntimo e inmediato del proceso, es quizá el documento más indispensable y valioso para entender aquellos meses.

Tampoco los republicanos vivían un gran momento. El único de sus partidos con bastante fuerza y solera era el Republicano Radical, de Alejandro Lerroux. Los demás eran mucho más recientes e improvisados, poco más que nombres de personas. Entre los que iban a figurar mucho en los años siguientes, aunque sin apenas fuerza práctica de momento, estaban el Radical Socialista, fundado en 1929, la Acción Republicana de Manuel Azaña, que empezó a funcionar en el mismo año 1930, y la Esquerra Republicana, partido separatista y racista catalán, fundado ya entrado 1931. Los separatistas vascos contaban con el PNV, aún más racista que los catalanes, fundado en 1895. Todos ellos, salvo el último, contaban con apoyo de intelectuales prestigiosos, también con simpatías en el ejército y con fuerte infiltración masónica.

El partido Republicano Radical había evolucionado desde un energumenismo próximo al anarquismo a una orientación moderada, prácticamente a un centro derecha. Su jefe, Lerroux, comentaría: «Para los espíritus reflexivos y madurados por la vida, que con el paso de los años han perdido (…) el entusiasmo romántico por la tragedia, una ley o un acuerdo son preferibles a una barricada».[4] Pero en los demás republicanos predominaba un espíritu notablemente exaltado y anticatólico.

Por lo que se refiere al exmonárquico y neorrepublicano Alcalá-Zamora, conocido a menudo por «don Niceto», proclamó el 13 de abril de 1930, en Valencia, justo un año antes de que la Segunda República entrase en la historia: «La mejor solución es la república (…). Una república convulsiva, epiléptica, llena de entusiasmo, de idealidad, mas falta de razón, no asumo la responsabilidad de un Kérenski para implantarla». El liberal Kérenski había sido el político ruso que, con sus debilidades e ilusiones, había pavimentado el camino a la revolución bolchevique, y su nombre se había convertido en símbolo de tales flaquezas. A la vista de la historia ulterior, la referencia del español al ruso tuvo mucho de ironía involuntaria o antiprofética.[5] En todo caso, don Niceto y Lerroux, como sin duda la mayoría de los intelectuales republicanos, deseaban un régimen calmado, no vengativo y respetuoso con las leyes que se diera él mismo.

Había, no obstante, otras opiniones. El líder socialista Indalecio Prieto salió a la palestra el día 25, en el Ateneo de Madrid, con un retumbante discurso tratando al rey Alfonso XIII de perjuro de la Constitución (contra la que se había sublevado violentamente el PSOE en 1917), achacándole falsamente responsabilidades por la derrota de Annual en el Rif, y tratando a la dictadura como un basurero de corrupción. Su virulenta oratoria hablaba de ajuste de cuentas y su masiva difusión contribuyó a enrarecer el ambiente social y político. El discurso inquietó también a Largo Caballero y Besteiro, los otros principales líderes del PSOE, que habían favorecido la colaboración con la dictadura y por entonces eran mucho más moderados y muy poco amigos de los republicanos. En cambio los propios moderados, como Maura, se sumaron a la campaña retórica acusando al régimen de Primo de Rivera de todas las corrupciones y abusos concebibles, nunca muy concretados y «descubiertos» algo a destiempo.

Gracias a su colaboración con el dictador, el PSOE salía a la arena muy fortalecido, y ya era entonces, con gran diferencia, el partido con mayor incidencia sindical, mejor organizado y disciplinado del panorama político, lo que le daba relevancia especial. Por eso los republicanos trataban de atraérselo, ya que por sí solos no tenían ni de lejos fuerza suficiente para derribar la monarquía, pese a la fragilidad que esta demostraba por entonces.

Al radicalismo de Prieto se unió el de Manuel Azaña, que unos meses después, el 20 de noviembre, también en el Ateneo de Madrid, trazó todo un plan de acción en la conferencia «Tres generaciones del Ateneo». «No seré yo —afirmó—, que con otros aguardaba verme un día menos solo, quien siembre desde esta tribuna la moderación». Según él, la sociedad española necesitaba «una gran renovación y trastorno», «una empresa demoledora en el orden político y social». El trastorno sería dirigido por lo que llamó «inteligencia republicana» al mando de «los gruesos batallones populares (…) de los brazos del hombre natural en la bárbara robustez de su instinto». A su juicio era preciso acabar con la historia de España, que él consideraba una anomalía o enfermedad sexual: «Nada puede hacerse de útil y valedero sin emanciparnos de la historia. Como hay personas heredo-sifilíticas, así España es un país heredo-histórico». Tal programa produciría sin duda fuertes convulsiones, cosa que no le inmutaba, pues las consideraba necesarias: «Si me preguntan cómo será el mañana, respondo que lo ignoro, además no me importa (…). Si agitan el fantasma del caos social, me río». En otra ocasión había dicho: «En el ápice del poderío, más aire me habría dado a Robespierre que a Marco Aurelio».[6]

La imagen que aquí presenta don Manuel de sí mismo y de sus designios colisiona de lleno, y lo seguiremos comprobando, con la antes aludida versión de político moderado y nada violento, enamorado de la razón y el verbo y deseoso tan solo de «convencer con la palabra». Claro que, por el momento, tales declaraciones, en un sentido u otro, eran solo palabras y nada más frecuente en política que las palabras y los hechos difieran notablemente. Solo a posteriori y en los actos habían de encontrar sentido real aquellos discursos y propósitos, expuestos en momentos en que ninguno tenía poder ni, por tanto, responsabilidad concreta.

Tiene también interés un dato en cuya transcendencia política no ha solido repararse: la similitud de actitudes entre Prieto y Azaña, políticos que hasta entonces apenas habían tenido contacto entre sí. Desde entonces, la amistad entre ambos iba a influir poderosamente, a veces decisivamente, en la evolución de la república, y precisamente hacia el Frente Popular y la guerra civil. Veremos a los dos casi constantemente asociados en los planes políticos más diversos, a veces clandestinos.

Una expectativa sobre la república, completamente contraria a las ya vistas, la expresará Francesc Cambó, líder semiseparatista catalán que se había vuelto muy conservador a raíz de la famosa Huelga de la Canadiense, en 1919 en Barcelona, que había afectado hasta a los entierros. No pudiendo dirigir el proceso monárquico, por su enfermedad, algunos republicanos quisieron atraerlo a su bando. En algún momento Ortega, por entonces entusiasta del deseado nuevo régimen, fue a exponerle su deseado horizonte de bienestar y libertad: «Cuando esperaba que yo le diese un “sí” y una firma, tuvo que escuchar una exposición serena de mis argumentos (…). Si la república venía (…) supondría el comienzo de una era de convulsiones para España, que se traduciría en un inevitable retroceso de la cultura (…). Al oírme, tuvo un ataque de furia. Salió de mi salón batiendo la puerta».[7]

Las expectativas de triunfo republicano suscitaban los mayores fervores en muchos políticos, intelectuales y periodistas; pero asimismo las desconfianzas y reticencias de una minoría. El recuerdo de la Primera república no resultaba muy estimulante, pero tampoco tenía por qué repetirse algo parecido.

3
DICIEMBRE DE 1930: LOS REPUBLICANOS SE DECIDEN POR UN PRONUNCIAMIENTO MILITAR

En la versión mitológica de la república, esta tomó carácter izquierdista desde el principio, contra la derecha que seguía siendo disimuladamente monárquica. Pero esa historia tiene poca relación con la real. Fue el neorrepublicano de derecha Miguel Maura quien primero comprendió la necesidad de unir cuanto antes todas las fuerzas antimonárquicas por entonces débiles y dispersas, y trazar un plan de acción que aprovechase la incertidumbre que vivía el país. La alianza debía incluir a los separatistas catalanes y vascos, al PSOE e incluso a los anarquistas, pese a su acreditado terrorismo y hostilidad a todo gobierno. Alcalá-Zamora recuerda cómo Maura le convenció de «poner algún orden en el caos de grupos y grupitos en que la oposición se debatía».[8]

Así, una soñolienta tarde de principios de agosto madrileño se reunían en el Ateneo de Madrid, centro cultural con influencia masónica, los propios Niceto, Maura, Manuel Azaña —presidente del centro y cuyo republicanismo, muy poco activo, databa solo de siete años atrás—, el socialista Indalecio Prieto, más Marcelino Domingo —viejo conspirador antimonárquico envuelto en la intentona revolucionaria de 1917— y Alejandro Lerroux. Este último da una versión distinta, atribuyéndose la iniciativa de la reunión. Según él, también habían asistido otros personajes como Álvaro de Albornoz, Ángel Galarza y José Giral, y no cita a Prieto.

A todos les unía el mismo afán antimonárquico, pero ya se dibujaban entre ellos perspectivas divergentes. Don Manuel y don Marcelino querían ampliar el pacto a socialistas y separatistas catalanes de izquierda, cosa que no hacía gracia a Lerroux, cuya vida política se había desarrollado en continua pugna con ambos y que aspiraba más bien a fundar el nuevo régimen en un acuerdo con los conservadores, los cuales, monárquicos de la víspera, se permitían despreciarle. La reunión acordó preparar otra más amplia a la que invitarían a los separatistas catalanes, también a los vascos y galleguistas y probablemente a la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), anarcosindicalista.

Según el relato de Maura, el nuevo cónclave tuvo lugar diez días más tarde, el 17 de agosto, en San Sebastián, con asistencia de los mismos del Ateneo, menos Giral, un semiseparatista gallego, Santiago Casares Quiroga, y tres separatistas de izquierda catalanes, Manuel Carrasco, Jaime Ayguadé y Matías Mallol. Los vascos habían rehusado y los anarquistas vacilaban entre la colaboración y la oposición a los republicanos. Sin representación de partido asistieron Eduardo Ortega y Gasset, hermano del filósofo, Felipe Sánchez Román, catedrático de derecho, y Prieto.

Apenas comenzada la reunión, Carrasco exigió la práctica secesión de Cataluña, «el derecho de autodeterminación que le permita darse el régimen que le convenga». Los demás quedaron perplejos y el propio Maura les advirtió que por ese camino se iba derecho a una indeseable guerra civil. Carrasco y los suyos dejaron entonces sus exigencias para mejor ocasión, acordándose la autonomía si la mayoría de los catalanes la pedía en referéndum. Casares pidió lo mismo para Galicia y Vascongadas: para Galicia no hubo problema, pero sí para Vascongadas, debido a la influencia que allí había alcanzado el PNV, un partido que los demás consideraban extremadamente reaccionario y clerical.

A continuación los presentes analizaron la situación y resolvieron preparar un movimiento revolucionario mediante un golpe militar, clásico pronunciamiento, que debía acompañarse de una huelga general. Según Juan Simeón Vidarte, socialista y masón devoto y notorio, se pasaron algunos cargamentos de armas por la frontera, hecho de escasa relevancia, pues lo decisivo eran los militares de alto y medio rango comprometidos. En cuanto a la huelga, solo podría llevarse a cabo con acuerdo del PSOE y si acaso de la CNT anarquista y tal cosa no se había logrado. El PSOE era realmente la fuerza decisiva, pues contaba con unos 16.000 militantes que controlaban a unos 250.000 afiliados en su sindicato UGT.[9]

Prácticamente todos los asistentes, salvo Lerroux, representaban muy poco más que a sí mismos, pues el PSOE no había autorizado a Prieto a hablar en su nombre. Sin embargo, la fuerza del grupo no provenía de la representatividad, sino del clima gaseoso e incierto que vivía el país. En tal circunstancia, unos pocos osados podían encabezar de la noche a la mañana a verdaderas fuerzas sociales, como había ocurrido en otras ocasiones históricas y no solo en España. Además, en los medios monárquicos cundía el desánimo. Así lo expone en sus memorias Lo que yo supe (Librería Bergua, Madrid, 1933) el general Emilio Mola, encargado de la policía y desarticulación de los movimientos subversivos, y él mismo más republicano que monárquico. Mola solo se enteró tres días después, y por la prensa, del Pacto de San Sebastián, realizado sin apenas clandestinidad. Pues, escribe, «salvo muy contados funcionarios que ponían en el desempeño de su cometido interés, inteligencia y entusiasmo, los demás se limitaban a cubrir el expediente». La desmoralización hacía estragos en las filas monárquicas.[10]

El Comité Revolucionario que debía dirigir las acciones quedó presidido por Alcalá-Zamora, lo que, señala Vidarte, provocó rechazo en los medios masónicos del Ateneo, pues lo consideraban poco progresista, igual que Maura. Pero en aquellos momentos, ambos neorrepublicanos eran los más atrevidos y emprendedores. En cambio Lerroux quedó postergado, y el exmonárquico Maura no duda en tacharle de antiguo colaborador subrepticio de la monarquía y «garbanzo negro de la república». Tal como lo describe en su memoria citada, el viejo republicano era un modelo de corrupción y su exclusión una exigencia de estricta moralidad. ¿Por qué, entonces no rompían con él, ya que iba a desacreditar a la república? Maura explica que «su popularidad (…) era tan considerable que no resultaba fácil edificar algo sólido sin su concurso, e imposible hacerlo contra él». Así, la severa ética que se autoatribuían los críticos de Alejandro Lerroux no les impedía usar la achacada corrupción de este para «edificar algo sólido».[11]

Lo cierto es que ni Maura ni ninguno de los demás tenían un historial de luchas y sacrificios por la república comparable al de don Alejandro. Y la hosquedad hacia él de quienes solo a última hora se habían vuelto acérrimos republicanos contrasta llamativamente con su obsequiosidad admirativa hacia Prieto, cuyo historial nadie calificaría de moderado. Lerroux, a su vez, calificaría a quienes le postergaban humillantemente de «recién llegados, trepadores intrépidos» que «no traían saber, ni experiencia, ni fe ni prestigio. Nada más que esa audacia tan semejante a la impudicia, que suele paralizar a los candorosos y de buena fe». Así, bajo un ambiente de acuerdo y unidad de acción fluían corrientes de hostilidad y maniobras que no auguraban mucha tranquilidad futura.[12]

El que ha pasado a la historia como «Pacto de San Sebastián» fue un acuerdo verbal, entre caballeros, cabe decir. Pero Prieto dio por su cuenta una nota a la prensa, indicando la decisión unánime de emprender una acción contra la monarquía. La acción, que no especificó, sería el golpe militar secundado por una huelga general. Y los separatistas catalanes hicieron constar en otra nota «el compromiso formal» de los «republicanos españoles» para solucionar «la cuestión catalana a base del principio de autodeterminación», concretado por el momento en la autonomía.

En las semanas siguientes, el comité se reunía en un chalé de Maura en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, donde «frente a la gran chimenea pasábamos horas y horas discutiendo los temas más heterogéneos: programa de gobierno, designación de primeras autoridades, forma de organizar el movimiento, repaso y análisis de las innumerables noticias». Y enseguida, recuerda Maura, tomaron cuerpo discrepancias de fondo. Lerroux y los dos neorrepublicanos querían un régimen moderado, de respeto a la Iglesia y sin venganzas sobre el rey y los políticos de la dictadura. Pero los demás deseaban «una auténtica revolución», «una siega implacable de cuanto representase el signo de poder de los elementos sociales» de la monarquía: «La gran propiedad rústica y la riqueza mobiliaria (…) empezando por la banca, deberían ser implacablemente nacionalizadas (…), disueltas todas las órdenes monásticas y confiscados sus bienes (…). Nosotros dos, convencidos de que ello representaba una guerra civil (…) manteníamos el principio de la libertad de conciencia individual de todos los españoles, que, siendo en su mayoría católicos, merecían el respeto y amparo del poder público». Dice Maura que al final lograron convencer a los otros, aserto un tanto optimista. De paso se repartieron las carteras del futuro gobierno.

Dentro del PSOE ni Francisco Largo Caballero ni Julián Besteiro apoyaban los republicanismos de Prieto y Fernando de los Ríos, los cuales ocuparían en el previsto gobierno los ministerios de Obras Públicas e Instrucción Pública respectivamente. Largo, furioso, escribirá: «¿Quién los había nombrado? Nadie. Ellos, siguiendo su conducta de indisciplina y procediendo por su sola voluntad. ¿A quién representaban? A nadie (…). Por mucho menos habían sido expulsados del partido otros correligionarios». Pues entre los socialistas predominaba el desprecio hacia los republicanos, por quienes se habían sentido utilizados en la fallida huelga revolucionaria de 1917, y a quienes tildaban de meros charlatanes.[13]

El 28 de septiembre, los republicanos convocaron un gran mitin al que asistieron unas 20.000 personas. El principal orador resultó ser don Manuel Azaña, que prometió una república «pensada y gobernada por republicanos (…) última reserva de esperanza que le queda a España de verse bien gobernada y administrada». Pero el más aplaudido fue Lerroux, que pidió al rey «abdicación antes que revolución», a fin de «evitar una nueva tragedia». El éxito del mitin animó a más socialistas a considerar «serio» el proyecto republicano, y Largo Caballero aceptó el futuro Ministerio de Trabajo que le ofrecieron: «Alcalá-Zamora se creyó obligado a pronunciar un discurso informándome de la situación militar y de las personas comprometidas (en el golpe previsto). Con esto yo estaba en posesión de los secretos de la conspiración». Besteiro, en cambio, rechazaba al Comité Revolucionario. Largo explicará: «Nunca he creído que la república burguesa pudiera ser la panacea para curar todos los males del régimen capitalista; pero la consideraba una necesidad histórica. Desgraciadamente muchos trabajadores la consideraban imprescindible como paso ineludible (…). Una experiencia de república burguesa les convencería de que su puesto en la lucha estaría en el Partido Socialista para la transformación del régimen económico».[14]

En cuanto a los anarquistas, Maura denuncia que «hacían su propio juego, que consistía en aprovechar, ayudándole, al movimiento republicano para desbordarlo en el acto de triunfo». Venía a ser el mismo juego del comité, tratando de utilizar para sus objetivos la fuerza de la CNT. Hubo contactos entre ellos, y a principios de noviembre un «Pleno Nacional de Regiones» de la CNT acordó cooperar con el pronunciamiento previsto. Durante la dictadura, los anarquistas más extremos habían organizado un «grupo específico», la FAI (Federación Anarquista Ibérica), para garantizar la pureza doctrinal y de acción de la mucho más amplia CNT. Bajo Primo de Rivera el movimiento ácrata solo había realizado propaganda (permitida), pero en aquel 1930 se reorganizaba y crecía con rapidez. También contaba con militares, entre ellos Ramón Franco, hermano de Francisco, que en el órgano sindicalista Solidaridad Obrera proponía: «¿Que un grupo de generales trata de establecer una nueva dictadura fascista? Arrastrarlos o lincharlos sin otra ley que la ley de Lynch. ¿Que un grupo de coroneles se reúnen como simple amenaza? Se les quema o se les hace volar en su guarida. ¿Que un sacerdote en el púlpito, o un obispo (…) hacen campaña política? Se recomienda la dinamita». También aconsejaba descuartizar a los legionarios, tratándolos de «invertidos»…[15]

La fecha del golpe iba aplazándose. El comité militar republicano estaba encabezado por el general Queipo de Llano y compuesto por seis jefes y oficiales, entre ellos el citado Ramón Franco y otro que enlazaba con la CNT. Por filtraciones, fueron detenidos Franco y otros, y varios separatistas y anarquistas catalanes, entre ellos Lluis Companys. La masonería, dice Vidarte, preparó la fuga de prisión de Franco. Queipo, que encabezaría en 1936, en Sevilla, un golpe de sentido contrario, era de los más resueltos. Convencido de que había suficientes militares comprometidos, presionaba a don Niceto a entrar en acción sin demora, pero Niceto le hizo saber que necesitaban «32.000 duros para comprar armas y asegurarse determinadas cooperaciones», a cuyo fin estaba en tratos con el multimillonario Juan March, que no acababa de comprometerse.[16]

Y el 15 de noviembre la monarquía recibía una devastadora andanada moral de la pluma de Ortega y Gasset, el intelectual por entonces más prestigioso del país y el más conocido en el resto de Europa. Se trataba del artículo quizá más influyente de los publicados en España en el siglo XX, con el título «El error Berenguer», por referencia al general que debía reconducir el país hacia la monarquía de la Restauración. Ortega caricaturizaba la pasada dictadura, como una forma de gobierno «inferior a la que han solido tener los pueblos salvajes (…). No hay punto de la vida española en que la dictadura no haya puesto su innoble mano de sayón (…). Una creciente y monumental injuria, un crimen de lesa patria, de lesa historia , de lesa dignidad pública y privada», que había «vejado, pisoteado y envilecido y esquilmado durante siete años» a los españoles, usando «medios de tal modo anormales que nadie (…) podrá recordar haber sido usados nunca dentro ni fuera de España».

La diatriba era en verdad sorprendente, por cuanto Ortega había aplaudido la llegada de la dictadura y había vivido y escrito en ella sin alzar la voz contra aquella suma aterradora de atropellos y crímenes que ahora descubría. Unamuno, al menos, sí se había pronunciado contra ella en términos por demás insultantes, y recibido un ligero castigo. Realmente la dictadura no había asesinado a nadie ni encarcelado más que a no muchos anarquistas y comunistas, bastantes menos separatistas, permitiendo a todos aquellos partidos continuar sus propagandas. Además había acabado con las pesadillas que habían llevado al borde del derrumbe a la monarquía liberal. Culturalmente, el país había vivido una «edad de plata» con la incorporación de la Generación del 27 (García Lorca, Aleixandre, Buñuel, Dalí, María Zambrano, Gerardo Diego) a las anteriores generaciones, la de 1914 (Ortega y Gasset, D’Ors, Juan Ramón Jiménez, Sánchez Albornoz, Fernández Flórez, Marañón) y la del 98 (Baroja, Maeztu, Unamuno, Valle-Inclán, Azorín, Benavente, hermanos Machado). Todos ellos se encontraban en plena producción artística, ensayística y literaria bajo una dictadura sumamente benévola hacia los intelectuales, aunque la mayoría de estos la desdeñara.

No es fácil explicar las razones por las que Ortega publicaba unas invectivas que, desde luego, no describían ninguna realidad histórica o política real. Quizá se debiera a su aspiración personal a ejercer de mentor del nuevo régimen que se anunciaba y dirigirlo a una «normalización» de España, cuya historia general había calificado de «anormal» y «enferma». Por eso negaba que Berenguer fuera una alternativa a la dictadura y trataba de atizar la inquietud y la indignación pública contra ella. El artículo terminaba, muy significativamente: «Somos nosotros y no el Régimen mismo, nosotros, gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros ciudadanos: “¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia”» (Hay que destruir la monarquía).

No faltaban quienes, como Cambó, creyeron a Ortega divorciado de la realidad sociopolítica del país. Pero por encima o por debajo de realidades, el filósofo expresaba una contagiosa inflación emocional, repleta de esperanzas engarzadas unas en otras.

Mientras tanto, el proyectado golpe militar se iba retrasando, para enfado impaciente de varios de los comprometidos.

4
DICIEMBRE DE 1930-ABRIL DE 1931: DEL FALLIDO GOLPE REPUBLICANO AL EXITOSO AUTOGOLPE MONÁRQUICO

El golpe previsto exigía un manifiesto, y redactaron proyectos Alcalá-Zamora, Prieto y Lerroux. Pareció el mejor el del tercero, que empezaba: «Surge de las entrañas sociales un profundo clamor popular que demanda justicia y un impulso que nos mueve a procurarla». Y después de críticas genéricas a la monarquía y a la dictadura, concluía: «Para salvarse y redimirse no le queda al país otro camino que el de la revolución», pues aunque «no nos apasiona la emoción de la violencia culminando en el dramatismo de una revolución, el dolor del pueblo y las angustias del país nos emocionan profundamente»; por lo que «la revolución es derecho y es justicia donde prevalece la tiranía». De ella «saldrá la España del porvenir y un nuevo estatuto inspirado en la conciencia universal, que pide para todos los pueblos un derecho nuevo, unido a aspiraciones de igualdad económica y a la justicia social. Entre tanto, nosotros, conscientes de nuestra misión y de nuestra responsabilidad, asumimos las funciones del Poder Público con carácter de Gobierno Provisional». Según Maura, el manifiesto «leído hoy (…) produce casi hilaridad». No solo por la grandilocuencia del texto, sino porque a su redactor le achacaban sus compañeros revolucionarios las mismas lacras de corrupción que el documento atribuía a la monarquía.[17]

Tras varios aplazamientos, se decidió el golpe para el 12 de diciembre, y ese día lo iniciaron en Jaca los capitanes Fermín Galán y García Hernández. Galán, dice Vidarte, había comentado en su logia masónica la disponibilidad de suficientes militares conjurados, pero se quejaba de que «siempre se espera a que sean otros los comprometidos que se lancen a la calle». Por tanto, él pensaba adelantarse para obligar a los renuentes. Y volviéndose al venerable maestro de la logia declaró: «Juro solemnemente ante el Gran Arquitecto del Universo y ante vosotros, mis hermanos, que el día que reciba las órdenes del Comité Revolucionario proclamaré la república en Jaca».[18]

Sin embargo, el comité lo aplazó al día 15. Para prevenir a Galán fue enviado a Jaca el político galleguista Santiago Casares Quiroga. Al parecer, Casares llegó con tiempo suficiente, pero se lo tomó con calma, cenando en Huesca y llegando a Jaca a la una de la noche; y en lugar de intentar despertar a Galán, se fue a dormir tranquilamente. Al amanecer, Casares fue despertado por los primeros tiros de la sublevación.

Galán y los suyos publicaron un bando amenazando de muerte sin formación de causa no solo a cuantos conspirasen o hicieran armas «contra la república naciente», sino a cuantos «se opusieran a ella de palabra o por escrito». Y lo aplicaron a dos carabineros y un guardia civil reacios a seguirles. Luego marcharon sobre Huesca, a donde llegaron cansados, ateridos de frío y hambrientos. Un general y un capitán leales intentaron disuadirlos y fueron asesinados. Los golpistas se retiraron al pueblo de Ayerbe, donde saquearon las tiendas de comestibles. Volviendo hacia Huesca, se rindieron después de una escaramuza. Galán y García Hernández fueron juzgados sumarísimamente y ejecutados.

También Casares fue detenido, y un inamistoso Vidarte relata: «Un oficial anunció: “El señor Casares, a la capilla”. Casares (…) se desplomó, se abrazó a uno de sus amigos y le dijo balbuceando: “Esto es terrible, no se ha hecho nunca (…). Me van a fusilar sin formarme siquiera consejo de guerra” (…). Salió de la celda tambaleándose». Ya en la capilla, «no se le ocurrió mejor cosa que colgar su ropa en la cruz de un gran cristo (…). Por la mañana (…) recibió Casares otro susto morrocotudo: le anunciaron la visita del capellán. Todo parecía confirmar que había llegado su última hora. Sin embargo, el sacerdote entró furioso y, sin explicaciones ni saludarle siquiera, (…) quitó de los brazos de la cruz aquellas prendas de vestir, las arrojó al suelo y, tras insultar convenientemente al aterrorizado impío, se marchó».[19]

Maura califica a Galán de «desequilibrado», y Niceto, enfurecido, creyó ver en su actuación una «maniobra abortiva». Otros preguntaban, suspicaces, que si todo estaba preparado para solo tres días más tarde, cómo es que los demás no se habían alzado tomando la salida de Galán como señal para el pronunciamiento.[20]

El día 15 solo se produjeron disturbios y huelgas movidos por la UGT y la CNT en varias localidades, con poca intervención represiva. Pero fallaron en la decisiva Madrid, porque Besteiro, contrario a aquellas conjuras, las había saboteado al no dar la orden de huelga. Largo estaba indignadísimo y el suceso generaría rencores por largo tiempo en la dirección del PSOE.

Queipo y Ramón Franco ocuparon en Madrid la base aérea de Cuatro Vientos y trataron en vano de sublevar por radio a otros aeródromos. Ramón dice haber desistido de bombardear el Palacio de Oriente y, junto con Queipo, utilizaron un avión para escapar a Portugal. Hallándose en mala situación económica, Ramón pidió ayuda a su hermano Francisco, que le recriminó su acción en una carta: «La evolución razonada de las ideas y los pueblos, democratizándose dentro de la ley, constituye el verdadero progreso de la patria, y toda revolución extremista y violenta la arrastrará a la más odiosa de las tiranías».[21]

Algunos miembros del Comité fueron detenidos y otros huyeron, causando el desprecio de los anarquistas. Uno de estos, Peirats, diría del manifiesto revolucionario: «No podían decirse más embustes en tan pocas líneas (…). Alcalá-Zamora, Maura y algunos otros se dejaron detener por la policía, otros se entregaron espontáneamente y varios desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra».[22]

A su vez, Maura explica: «Resultó que fuimos a la cárcel los que nos dejamos detener. Cuantos se propusieron no ir, se libraron del percance, o, por mejor decir, de la fiesta, porque declaro que los tres meses largos que pasé en la Modelo con mis compañeros de aventura fueron para mí amenos e instructivos». Los policías, que tenían orden de detenerlo a la una de la noche, prefirieron hacerlo por la mañana «para no causarme molestia en hora tan inoportuna». A Alcalá-Zamora le fue igual: «El inspector de policía (…) estuvo muy atento (…) esperó a que me afeitara, accedió a acompañarme a la iglesia, sin alardes de estar detenido, para que pudiese oír la misa dominical y aun me dejó que en su presencia escribiese una carta de tranquilizador aviso a mi prima Gloria».[23]

Largo Caballero, Fernando de los Ríos y Sánchez Román se presentaron para ser detenidos. «Al juez le sorprendió nuestra presencia. Tomó declaración a los tres, y dijo que por la tarde su ayudante nos diría la resolución adoptada». El juez se negó a arrestar a Sánchez Román porque su firma no figuraba al pie del manifiesto revolucionario.[24]

Huyeron del país con toda facilidad Prieto, Domingo, D’Olwer y Martínez Barrio. En Madrid permanecieron «escondidos» Lerroux y Azaña, este último en casa de su amigo Martín Luis Guzmán, mejicano, que más tarde le serviría como hombre de mano en asuntos complejos. Y al poco volvió a su domicilio, donde se dedicó a escribir una novela, Fresdeval, y siguió cobrando su nómina de funcionario, para lo cual solicitó licencia temporal «por recrudecimiento de nefritis». El jefe de los registros, Jerónimo González, sería recompensado en la república como presidente de una sala del Tribunal Supremo.

Azaña rompió entonces toda relación con el grupo de los encarcelados, que habían convertido su prisión en un verdadero comité de agitación y propaganda, desde el que proseguían impunemente su subversión antimonárquica. Lerroux logró contactar con los detenidos para continuar desde el exterior la actividad conspirativa, y al parecer se dirigió a anarquistas y a militares, entre estos Miguel Cabanellas (que había sucedido a Queipo en el comité militar) y a Sanjurjo, ya proclive a la república. Estos tres generales republicanos figurarían cinco años más tarde como dirigentes del alzamiento contra el Frente Popular.[25]

En la cárcel, los conspiradores vivían a cuerpo de rey gracias a las viandas que les enviaban sus simpatizantes. Maura se asombra de que «fuera ello permitido por las autoridades de un régimen cuya desaparición pedíamos los beneficiados por tan suculentos manjares (…). La lenidad de las autoridades hacía por sí sola más adeptos a nuestra causa que nuestra propia actuación (…). Era una psicosis de suicidio». Berenguer expresó su estupidez política en una frase típica: «Para mí, ser republicano es una equivocación, pero no creo que sea pecado». Lo decía después del golpe de Jaca y de la descarada subversión proseguida luego por los «equivocados» republicanos. El monárquico Juan de la Cierva señala que «frailes, monjas y sacerdotes en mayor o menor número, hacían coro a los héroes recluidos en prisión», con quienes buscó contactos el nuncio.[26]

A pesar de la «psicosis suicida» de los políticos monárquicos, entre el pueblo llano persistía una extendida adhesión a la monarquía. El 23 de enero de aquel 1931, con motivo del santo del rey, una multitud se presentó en la Plaza de Oriente, ante el Palacio Real, para ovacionar entusiásticamente al monarca. Y unas semanas más tarde, la llegada de la reina Victoria Eugenia a la estación del Norte, de Madrid, dio lugar a otra acogida similar, señala Vegas Latapié: «Una multitud enardecida por la desesperación se arremolinaba en los andenes, salas de espera y proximidades. Al entrar el tren en agujas el griterío que se produjo fue estremecedor». Algo parecido reconoce Maura. Las aclamaciones fueron constantes hasta el Palacio de Oriente, obligando a los reyes a salir al balcón a saludar, y continuó largo rato. Eran gentes de todas las clases sociales, media y humilde sobre todo, y la palabra «desesperación» ante el ambiente que iban creando los políticos monárquicos y antimonárquicos describe bien su sensación de desamparo.[27]

Por fin el gobierno convocó elecciones a Cortes ordinarias el 4 de febrero, y para evitar los alborotos estudiantiles dio un mes de vacaciones a la universidad. Pero los revolucionarios encarcelados rechazaron la idea e hicieron caer al gobierno Berenguer: «Bastó —dice don Niceto— un suelto de unas ocho líneas dictado por mí, desde la reja del locutorio, a un redactor del periódico La Voz». Muchos vieron en el político Santiago Alba la última baza del rey para encauzar la situación. Alba había sufrido una leve represión del dictador, dato que podía enarbolar como mérito; pero, señala Cambó, «cobarde como siempre, dijo que también se abstendría» de las elecciones planteadas. El conde de Romanones, Álvaro de Figueroa, el cortesano más influyente por entonces, prefería unos primeros comicios municipales que permitieran tantear la opinión pública, dejando los generales para el otoño. Romanones hizo caer al gobierno y Berenguer dimitió el 14 de febrero».[28]

Tres días antes, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala habían publicado un manifiesto de una «Agrupación al Servicio de la República». Propugnaban «el desahucio y liquidación» de la monarquía, tachada de «culpable de todos los males de la sociedad española». Respaldaban una supuesta «voluntad republicana de nuestro pueblo», y llamaban a movilizar a todos los intelectuales en un «copioso contingente de propagandistas y defensores de la república». Esta nueva estocada al régimen tenía un devastador efecto moral, por provenir de tres de los intelectuales de más renombre, que pasarían a ser conocidos como los «padres espirituales de la república».

Falto de políticos dispuestos a defender la corona, Alfonso XIII se sometió a una penosa humillación recurriendo a José Sánchez Guerra. Este, clásico político intrigante de la Restauración, había tratado de instrumentar un pronunciamiento militar contra Primo de Rivera, con ayuda de diversas facciones, incluyendo anarquistas, siendo detenido y asombrosamente absuelto en juicio. Meses antes de ser llamado por el rey, Sánchez había declarado a la monarquía incompatible con el país y a sí mismo con Alfonso XIII, como «monárquico pero antialfonsino».

Sánchez, de todos modos, aceptó el día 16 el encargo del rey, y el esperpento culminó en su visita a la cárcel Modelo para ofrecer ministerios a los miembros del Comité Revolucionario. El suceso, sin duda una broma pesada al monarca, lo recuerda así Maura en su obra citada:

Llega el visitante al centro de la habitación, se descubre con cierta solemnidad y, con voz temblona, dice:

—Señores, he sido encargado por el rey de formar gobierno, y he creído mi deber venir a proponerles la colaboración con el que voy a formar (…).

Niceto, siempre esclavo del procedimiento, tras un silencio bastante prolongado, con su característico acento andaluz respondió:

—No podemos contestá a la pregunta, querido don José, sin antes sabé las condisiones y límites de ese encargo por usted resibido.

Ante un gesto de sorpresa o de impaciencia de Sánchez Guerra, calló Niceto un instante, y Fernando (de los Ríos) intervino, entrando en una disertación sobre el momento histórico que vivía España (…). Entonces yo, que vi claro que don José se impacientaba de veras (…) exclamé:

—No hay nada que examinar que no esté examinado ya. Nosotros, con la monarquía, nada tenemos que hacer ni que decir.

Se produjo un ligero escalofrío colectivo. Sánchez Guerra, tras unos segundos de silencio, sonrió y, muy despacio, contestó:

—Ya suponía yo que esa sería su respuesta, pero he querido comprobarlo de labios de ustedes. Señores, muchas gracias y muy buenas tardes.

Y concluye Maura: «Había que considerar que estábamos sometidos a proceso por rebelión armada contra el régimen».[29]

Tras la farsa de Sánchez, Romanones recurrió a una añagaza para formar gobierno: convocó a algunos dignatarios para una reunión «de capital importancia», cuenta Gabriel Maura, hermano de Miguel. Y «por el procedimiento de la encerrona se nos conminó a aceptar una cartera y se eligió presidente al Almirante Aznar, que no estaba siquiera en Madrid». Según Berenguer, «fueron precisas más de cinco horas para convencer a los reunidos». Aznar, que como político valía menos aún que Berenguer, aceptó con disciplina y el 18 hubo por fin gobierno, manejado por Romanones.[30]

El mes de marzo tuvo lugar el juicio al Comité Revolucionario o autoproclamado Gobierno Provisional de la república, mientras se multiplicaban las huelgas y choques de manifestantes, estudiantes sobre todo, con la policía. El día 20, los presos comparecieron ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina, presidido por el general Burguete. Este se había significado en la huelga revolucionaria de 1917 por perseguir a los subversivos «como alimañas» en palabras suyas. Pero en 1931 se había vuelto muy progresista. Maura y Niceto describen la nueva farsa: «No teníamos, pues, sino dejar hacer al presidente del Tribunal y ayudar, si era necesario, con nuestra pasividad o nuestra protesta, para que el consejo de guerra fuese, como deseábamos, un gran espectáculo revolucionario». Entre frases provocadoras e insultantes a la monarquía, dichas sin la menor inhibición, «cada informe era una arenga de mitin republicano». «El público coreaba sin cesar a los oradores y el presidente sonreía y dejaba plena libertad a los letrados para que expusieran sus ideas». «Desde el discurso altisonante de Niceto, verdadera soflama revolucionaria, (…) el público se desató. Aquello ya nada tenía que ver con un consejo de guerra (…). Un acto revolucionario celebrado solemnemente ante el más alto tribunal de la nación, presidido por la plana mayor del ejército y la marina».

Con máximo apoyo de los monárquicos, los republicanos habían transformado su desastroso pronunciamiento de diciembre en un éxito político del vasto alcance. Burguete y sus jueces fallaron que los encausados habían «excitado a la rebelión militar», pero con «atenuantes muy calificadas», por lo que los condenaban a seis meses con libertad condicional inmediata. «Tras un copioso almuerzo», los sentenciados salieron de la cárcel entre aclamaciones de una multitud enfervorecida.[31]

Bajo la inspiración de Romanones, el gobierno de Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril, dejando para fecha posterior las generales… que ya no iban a ocurrir. Poco antes del 12 se proclamaron los concejales nombrados sin necesidad de votación al faltarles contrincantes. Así salieron 14.018 monárquicos contra 1.832 republicanos. Ello parecía indicar una opinión popular mucho menos republicana de lo que sugería su constante agitación. Quizá con esa esperanza, Romanones dio carácter plebiscitario a unas simples elecciones municipales al declarar que en ellas «se ventila (…) el porvenir de España y su forma de gobierno». La idea, aventurada o absurda, tuvo que complacer a los republicanos.

Y por fin la jornada electoral dio a los monárquicos 22.150 concejales frente a 5.875 republicanos, sin que hubiera críticas significativas de fraude.[32] En casi todas las capitales de provincia (que incluían solo un 20 por ciento de la población) ganaron las candidaturas republicanas. Romanones había dicho que no se admitirían electores de primera, de segunda y de tercera, pero fue de los primeros que concedió a los votos en las capitales un valor de primera frente a los de las ciudades menores y municipios rurales. Y en la misma jornada electoral declaró derrotados a los monárquicos: «Hay hasta ahora treinta y cinco capitales perdidas por nosotros, y no se debe la derrota a la impericia de los gobernadores». La derrota, pues. Aznar iría aún más allá al día siguiente: «España, que se había acostado monárquica, se levantó republicana». Estas frases circularon por el país como una llama en reguero de pólvora, certificando la decisión de los monárquicos de hundir su propio régimen.[33]

Los jefes republicanos estaban contentos sin sentirse vencedores. En la madrugada del 12 al 13, saliendo de la Casa del Pueblo socialista en Madrid, Largo Caballero y Fernando de los Ríos se felicitaban porque el relativo éxito les daba buenas perspectivas en las elecciones generales previstas para meses más tarde, quizá incluso la posibilidad de conseguir la república. Pero Maura, que caminaba con ellos, recuerda: «Les hice ver con vehemencia el error en que estaban, anunciándoles que antes de cuarenta y ocho horas estaríamos gobernando y advirtiéndoles del riesgo que podían correr muchas cosas vitales para todos si no era así, por timidez o vacilación nuestra. Me llamaron iluso». A lo largo del día 13 persistió en su intento de convencer a los demás, que «me miraban como a un pobre iluso o a un demente que soñaba despierto». Los que se habían exiliado después del golpe de diciembre aún no se atrevían a volver.[34]

Pero Romanones y casi todo el gobierno de Aznar estaban resueltos a no tolerar timidez ni vacilación del Comité Revolucionario. Casi al tiempo del episodio relatado por Maura, los ministros se reunían con el general Sanjurjo. Aunque no había ocurrido ningún disturbio, Romanones le preguntó si ante posibles desórdenes podría contarse con la Guardia Civil. Sanjurjo respondió: «Hasta ayer por la noche, podía contarse con ella». Y Romanones concluye en sus memorias: «Todo estaba perdido». Sin contar con nadie, el general Berenguer, que seguía en el gobierno como ministro de la Guerra, telegrafió a los jefes militares de provincias: ante «la derrota de las candidaturas monárquicas en las principales circunscripciones» les recomendaba «la mayor serenidad (…) con el corazón puesto en los sagrados intereses de la Patria», cuyos destinos «han de seguir (…) el curso lógico que les impone la suprema voluntad nacional».[35]

Romanones, Sanjurjo y Berenguer, fogosos defensores de los «sagrados intereses de la Patria» estaban liquidando por su cuenta al régimen monárquico, vencedor en unas elecciones municipales, para «acatar la voluntad nacional» de las candidaturas perdedoras. Era una invitación a los republicanos a tomar la calle, en un asombroso autogolpe monárquico.

No paró ahí Romanones: amanecido el día 13 aseguró al rey «que todo estaba perdido, que no quedaba ya ni la más remota esperanza». Alfonso XIII le interrumpió: «Yo no seré obstáculo en el camino que haya que tomar, pero creo que aún hay varios caminos». Y observa Maura: «Ya (…) antes de que el gobierno hubiese deliberado y antes de que la calle hubiese mostrado síntomas de efervescencia, el conde estaba decidido a (…) que el monarca abandonase la lucha».[36]

5
ABRIL DE 1931: LOS REPUBLICANOS TOMAN EL PODER

La agitación callejera antimonárquica no empezó hasta media tarde de aquel día 13: en el Ateneo de Madrid y en la Casa del Pueblo se reunieron grupos numerosos que se repartieron por la ciudad repitiendo a gritos la consigna, falsa por el momento, «¡ya se fue!, ¡ya se fue!», haciendo creer que el rey había huido. La consigna causó un gran efecto, y miles de personas comenzaron a afluir a la Plaza de Oriente y a la Puerta del Sol para ser testigos o protagonistas del gran acontecimiento. Aquellas manifestaciones de carácter nada espontáneo salieron quizá de la masonería, pues el propio Comité Revolucionario aún titubeaba.

El jolgorio de los manifestantes forzó otros muchos sucesos. Enseguida ondeó la bandera tricolor y se cantó el himno de Riego, «sin que nadie pudiese decir cómo». La bandera tradicional tenía los colores rojo y amarillo de la corona de Aragón, pero un viejo Partido Republicano Federalista les había añadido una franja morada que representaría a Castilla: un error, pues el pendón de Castilla era también rojo (carmesí) en origen, habiendo desteñido con el paso del tiempo en morado en algunos ejemplares conservados de él. El gobierno provisional no tenía pensado cambiar la bandera tradicional, que había mantenido también la Primera república. En cuanto al himno de Riego, los líderes republicanos lo encontraban ramplón, pero una vez las masas impusieron himno y bandera, estos quedarían como símbolos de la nueva república.

La maniobra para congregar a las multitudes se completó al atardecer con otra igualmente preparada: «En el Ateneo apareció un empleado de telégrafos que tremolaba un papelito azul. Todos los ateneístas le rodearon. Desde el primer rellano de la escalera que conduce a la biblioteca leyó el texto de aquel telegrama, que decía: “El rey Alfonso y su ministro Berenguer, han abandonado precipitadamente Madrid. Se espera de un momento a otro que crucen la frontera. Vienen hacia París. El rey ha declinado los poderes en Melquíades Álvarez, último presidente de las Cortes”». El telegrama era una invención, pero una multitud de personas volvió a salir a las calles para difundir la «noticia». Este relato lo expone Vidarte, masón devoto, que era por entonces uno de los principales agitadores del Ateneo, lo que da cierta base a la sospecha indicada de su origen en la masonería y al margen del Comité revolucionario.[37]

Salvo algún choque aislado, las fuerzas de orden público no actuaban contra los manifestantes, y en la Puerta del Sol la multitud aplaudía a los pasivos guardias civiles bautizándolos como «guardia republicana»: «Una muchacha, vestida de rojo, agitando una bandera, le echó los brazos a un sargento y le besó en medio de una clamorosa ovación». Según el socialista Mario de Coca, Sanjurjo emitió a las nueve de la noche un telegrama a los coroneles de la Guardia Civil: «Disponga usía las órdenes convenientes para que las fuerzas a su mando no se opongan a la justa manifestación del triunfo republicano que pueda surgir del Ejército y del pueblo». El historiador Ricardo de la Cierva ha puesto en duda la realidad del telegrama, pero lo cierto es que la Guardia Civil obró según este ordenaba.[38]

No obstante aquella agitación no era concluyente. Por esas horas, los principales jefes republicanos estaban reunidos en la casa de Maura, aclamados por cientos de simpatizantes. Hacia medianoche Gabriel Maura, hermano de Miguel, los visitó con un mensaje de Romanones proponiendo decidir el nuevo régimen en unas elecciones parlamentarias para el 10 de mayo, de modo que hubiera una transmisión ordenada de poderes si ganaban los republicanos, evitando la imposición por las turbas en la calle. Algunos de los presentes quisieron aceptar la propuesta, pero Miguel la rechazó, apostando por la imposición desde la calle ya en marcha. Según don Niceto, el comité no resolvió hasta la mañana del día siguiente la toma del poder, arropado en el movimiento callejero.[39]

El día 14 iba a ser el decisivo. Lerroux y Azaña, escondidos hasta entonces, se incorporaron al comité en el curso de esa jornada, Lerroux por propia iniciativa y Azaña después de ser hallado su paradero, mudado a casa de su cuñado Cipriano Rivas. Según Maura, «allí estaba, pálido, con palidez marmórea, sin duda por haber permanecido en aquellas habitaciones más de cuatro meses (…). Le hice presente el objeto de mi visita y le conminé a que me acompañase (…). Se negó rotundamente, alegando que nosotros habíamos sido ya juzgados y prácticamente absueltos, pero que él seguía en rebeldía, y cualquiera, un simple guardia, podía detenerle y encarcelarle. ¡No salía yo de mi asombro! (…) Ya me disponía a dejarle encerrado, cuando apareció su cuñado, que regresaba de la calle en un estado de excitación y entusiasmo (…). Por fin Azaña, de muy mala gana, se decidió a seguirme. Durante el trayecto en mi coche hasta mi casa, fue mascullando no sé qué cosas y de un humor de perros (…). Hombre de una inteligencia extraordinaria y de cualidades excelsas, estaba aquejado de un miedo físico insuperable».[40]

Rivas expone las palabras de Azaña resistiéndose a Maura: «¡Qué disparate! (…) ¡Con que el rey se va al día siguiente de las elecciones!… Sin más ni más (…). Como nos veremos obligados a producir malamente la insurrección porque no contamos ya con la sorpresa que hubiera sido en diciembre nuestra arma principal (…) al gobierno, cualquiera que sea, le costará muy poco sentarnos la mano para mucho tiempo. Porque ten en cuenta que, eso sí, el rey sabe lo que le va en ello y se defenderá con los más de los militares a su alrededor. Y un asalto a palacio no se hace así como así». E insistía: «Miguel es un señorito que se paga de los mismos chismes y cuentos con que se ha hecho siempre aquí la política (…). Sabe o cree saber que (el rey) está sacando no sé qué tapices bien embalados para el extranjero. Las novelerías de siempre. Así no se va a ninguna parte».[41]

Desde primeras horas de la mañana, concejales republicanos e izquierdistas proclamaban por su cuenta la república en Vigo, Éibar y otras localidades. Y Gregorio Marañón, uno de los «padres espirituales» del nuevo régimen, telefoneaba a Romanones, preocupado por el peligro para la familia real si las manifestaciones crecían y se volvían violentas.

También al amanecer del día 14, Romanones notificaba al rey: «Los sucesos de esta madrugada hacen temer a los ministros (…) sangrientos sucesos. Para evitarlo, podría V. M. reunir hoy el Consejo para que cada cual tenga la responsabilidad de sus actos, y el mismo reciba la renuncia del rey, para hacer ordenadamente la transmisión de poderes». Y vuelve Maura a comentar con sarcasmo: «Los sucesos de esta madrugada… ¡No sé cuáles pudieron ser, porque ninguno digno de ser recordado había surgido en el curso de la noche! Pero era lógico que había que apoyar en algo extraordinario el argumento que motivaba la nota».[42]

A las nueve se reunió el gobierno en un ambiente de derrota y entreguismo. El rey sugirió hablar con don Niceto y Romanones arregló una cita con él en el domicilio de Marañón. Solo un ministro, Juan de la Cierva, se opuso al abandono del monarca, el cual, irritado, le acusó de cortedad de miras y le conminó: «No puedo consentir que con actos de fuerza para defenderme se derrame sangre y por eso me aparto de este país». Cierva le replicó: «El rey se equivoca si piensa que su alejamiento y pérdida de la corona evitarán que se viertan lágrimas y sangre en España. Es lo contrario, señor». Fue esta la única escena dramática en una serie de ellas dignas de una comedia de enredo.[43]

La situación quedó resuelta definitivamente cuando, sobre las once de la mañana, Sanjurjo se presentó en casa de Maura. Ante la euforia de los presentes, se cuadró ante Maura declarándose a sus órdenes y ofreciendo sus servicios a Alcalá-Zamora. Así se derrumbaba la última línea de resistencia de la monarquía. La actitud de Sanjurjo parece relacionada con un desprecio íntimo hacia el rey por haber abandonado a Primo de Rivera, y por las maniobras de los propios cortesanos monárquicos.

Hacia mediodía, Romanones acudió al domicilio de Marañón para acordar con don Niceto el cambio de régimen. Romanones cuenta que el neorrepublicano y antiguo protegido político suyo le exigió con altanería: «No queda otro camino que la inmediata salida del rey renunciando al trono. Lo que a usted le importa es determinar los detalles del viaje y del de toda la familia real. Es preciso que esta misma tarde, antes de ponerse el sol, emprenda el viaje». Ante una supuesta resistencia de Romanones, don Niceto le comunicó la decisión de Sanjurjo. Entonces, cuenta el conde: «Me demudé. Ya no hablé más. La batalla estaba perdida irremisiblemente». Pero el propio Alcalá-Zamora ofrece un relato muy diferente, negando aquellas pretensiones de dramatismo: «La capitulación de la corona en casa de Marañón fue ofrecida (…) sin darnos tiempo a exigirla cual ya habíamos decidido».[44]

Continuaban las proclamaciones de la república de Sevilla a Valencia o La Coruña. A mediodía, en Barcelona, un grupo de manifestantes entró en el ayuntamiento y exigió la renuncia del alcalde, Martínez Domingo, que se resistía. Entonces alguien tomó la vara de mando y la entregó a Companys: «Ya eres el alcalde». Companys salió al balcón e izó la nueva bandera republicana entre aplausos. Los anarquistas expulsaron del Palacio de Gobernación al lerrouxista Emiliano Iglesias y apoyaron a Companys. Hacia las dos del mediodía, el separatista Macià y los suyos se apoderaban del Palacio de la Diputación, expulsaban a su presidente, Maluquer, y proclamaban «la república Catalana», rompiendo el Pacto de San Sebastián. El general López Ochoa, a su vez, ocupaba Capitanía y reconocía a Macià como presidente de la citada república.[45]

Las exigencias perentorias del comité para que saliera el rey cuanto antes no obedecían tanto a arrogancia como a preocupación por la posibilidad de un asalto al palacio por las turbas. Maura, monárquico casi de la víspera, sentía especial preocupación. Alcalá-Zamora y Romanones habían acordado que al día siguiente se haría, oficial y solemnemente, el traspaso de la monarquía a la república. Maura se impacientó: «No era posible dejar pasar las horas de la noche (…). Me calmaban mis compañeros diciéndome que no era cuestión de ser más papistas que el Papa, y que si a ellos, primeras víctimas de toda posible violencia, no les interesaba la urgencia, no éramos nosotros los llamados a inquietarnos. Error gravísimo (…). No entendían (…) que fuera de lamentar para un gobierno digno de ese nombre la ausencia de autoridad frente al motín. ¡Bien caro habían de pagar más tarde el aprendizaje!».[46]

Tras mucha discusión, Maura cortó por lo sano apelando al gentío que les acompañaba: «¿Estáis dispuestos a venir conmigo a ocupar el Ministerio de la Gobernación?». Le respondió un clamor ferviente que obligó al resto del comité a seguirle también. Salieron en varios coches hacia Cibeles y la Puerta del Sol, y según marchaban la multitud se concentraba en torno a ellos vitoreándoles y obligándoles a marchar a ritmo de tortuga. En uno de los coches, Azaña «iba refunfuñando malhumorado, diciendo que seríamos ametrallados por la Guardia Civil, que aquello era una locura, y llamándome “señorito chulo”».[47]

Llegando a la Puerta del Sol vieron que en la fachada ondeaba ya la bandera republicana, izada allí por el taimado Sánchez Guerra, el que había ido a visitarles a la cárcel. «La masa vociferante pedía que se abriesen las puertas. De pronto se abrieron estas de par en par y apareció en el zaguán un piquete de la guardia cerrando el paso. Me cuadré delante de ellos, me descubrí y les dije: “¡Señores: paso al Gobierno de la república!”. Los soldados, como si lo hubiesen ensayado previamente, abrieron el paso y en dos filas, una a cada lado, presentaron armas». Maura subió aprisa al despacho del ministro, echó con brusquedad al subsecretario y tomó posesión del lugar: «Diez palabras de cada lado bastaron, en realidad sobraron, para tomar las riendas de un poder que yacía en el arroyo». A continuación telefoneó a todos los gobernadores civiles ordenándoles entregar el mando a políticos republicanos. En menos de tres horas la monarquía se había evaporado, casi físicamente. Rivas Cherif cuenta con fruición cómo Azaña, ya flamante ministro de la Guerra, humillaba al capitán general de Madrid, Berenguer, manteniéndole firme durante un cuarto de hora, entre el regocijo de los circunstantes.[48]

Y así entraba la historia de España en una nueva etapa.

6
POR QUÉ CAYÓ LA MONARQUÍA

Los ministros, casi todos ellos deseosos de terminar cuanto antes con su propio régimen, prepararon el manifiesto de renuncia del rey: «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo (…). Un rey puede equivocarse y sin duda erré yo alguna vez (…). Soy el rey de todos los españoles y, también, un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos (…). Espero conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así única señora de sus destinos. También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la patria». El texto no es de los más coherentes ni majestuosos de la historia.

A las nueve de la noche de aquel 14 de abril, el rey salía del palacio por una puerta trasera. Siete horas después embarcaba en Cartagena en el crucero Príncipe de Asturias. Según Cambó, que había participado en la elaboración del manifiesto de despedida, los oficiales del barco le acogieron con fervor, que según se conocían por radio las noticias de la proclamación de la república, se fue transformando en indiferencia y hasta hostilidad. «Si la travesía hubiera durado unas horas más —me dijo el rey— la tripulación habría decidido fusilarme o tirarme al mar. Delante de mí —añadía— se confeccionaba la bandera republicana (…). Al dejar el barco tierra española y poner los pies en Marsella, tierra extranjera, tuve una sensación de liberación».[49]

El cambio de régimen no se hizo mediante una ordenada transmisión de poderes, como sin el menor empeño había sugerido Romanones. Al grito de «¡no se ha ido, que le hemos echao!», la salida, con rasgos de huida, del monarca que había entregado el poder sin la menor resistencia, fue saludada como un logro revolucionario por parte de los republicanos. Pero el cambio había tenido muy poco de revolucionario. Más bien podría describirse como un golpe de Estado de los monárquicos contra su propio régimen o forma de Estado.

En todo este proceso ciertamente inhabitual en la historia, el aspecto más chocante es probablemente la conducta de Romanones, tenido por el consejero o cortesano más próximo al monarca. Quizá ayuden a explicarla unas aclaraciones de Juan Simeón Vidarte, referidas a unos años antes:

Cuando salimos en unión de Marcelino Domingo de su despacho, le pregunté a este si don Gregorio [Marañón] era o había sido masón, ya que con tanta libertad se habló con él del trabajo en las logias. Domingo me informó de que Marañón fue iniciado en secreto por su suegro Miguel Moya, cuando este era gran maestre. Estas iniciaciones constan en un libro especial que lleva la Gran Maestría, y solo figuran en él los nombres simbólicos. El caso del ilustre médico y escritor era semejante al del conde de Romanones, quien también había sido iniciado en secreto por Sagasta y quien siempre cumplió bien con la Orden (…). Ya comprenderá usted, terminó Domingo, que muchas veces nos interesa que no se sepa que son masones algunos políticos de nuestra confianza. Fallecidos, lo mismo el conde de Romanones que el querido y admirado doctor Marañón, me encuentro en libertad para revelar estos secretos.[50]

La información de Vidarte, aunque casi imposible de confirmar, tiene interés porque la «orden» masónica tuvo sin duda fuerte proyección sobre la república, y al mismo tiempo casi nunca se la menciona o bien se la exagera, debidas ambas cosas a lo sigiloso de su actuación. Pese a su secretismo intrínseco, cabe exponer algunas certezas sobre ella. En España, la orden fue introducida con fuerza a raíz de la Guerra de Independencia, en sus dos ramas inglesa y francesa, asentándose sobre todo en el ejército. Y sin duda jugó un papel histórico muy relevante en la demolición del Imperio español, en la difusión de la leyenda negra, en los pronunciamientos militares y en las convulsiones de la Primera república (Franco opinaba que la masonería inglesa había sido un auxiliar del Imperio británico, y lo mismo la española, contra los intereses hispanos).

Con respecto a la Segunda República, su influencia se manifiesta en dos datos asimismo conocidos: en sus primeras Cortes o Parlamento eran masones 183 diputados, muchos más que los conseguidos por los partidos más votados sucesivamente, PSOE y CEDA. Y de los nueve jefes de gobierno, hasta 1936, siete también eran «hijos de la luz» o «hijos de la viuda», como suelen autodenominarse. Teniendo en cuenta que el número de masones no excedía de 10.000, incluso de la mitad, sus cargos indican claramente la ambición política y eficacia de la orden.

Una peculiaridad de la masonería ha sido su constante prédica de la democracia, los derechos humanos y el progreso en general, presentándose como abanderada de tales beneficios y achacando a sus adversarios despotismo y oscurantismo. Esta es una de las razones del fuerte atractivo de la masonería entre algunas personas (dejando aparte el atractivo más banal de las oportunidades que ofrece a sus adherentes de hacer carrera con el apoyo encubierto de los «hermanos»). Sin embargo, causa cierto estupor esa vocación democrática y universalista en una organización secreta y ultraelitista: lleva a pensar en una «democracia» y libertades manipuladas en lo oculto por grupos muy exclusivos.

Otro rasgo cierto de la orden es su carácter gnóstico, es decir, que exige ceremonias complicadas de iniciación para entrar en el número de los «hijos de la luz». La iniciación permitiría compartir saberes arcanos, inaccesibles al común de los mortales, con una serie de grados o escalones en los que el secreto es fundamental y creciente según se asciende en la jerarquía. A diferencia del gnosticismo clásico, que condena la materia, la masonería puede considerarse lo contrario, una exaltación de lo material, de la técnica como palanca radical del poderío humano. Vendría a ser una religión prometeica, como he expuesto en un ensayo. Estos meros hechos hacen a la masonería enemiga automática del cristianismo, más temida por la Iglesia debido a que su secretismo le facilita infiltrarse subrepticiamente en cualquier sociedad.

Aparte de los partidos propiamente republicanos y separatistas catalanes, los socialistas y anarquistas admitían en sus filas a «hijos de la viuda», pero los comunistas los rechazaban, y por supuesto los católicos. ¿Qué significaba en la práctica ser masón en la Segunda República? La idea de que obedecían órdenes procedentes de una jerarquía misteriosa no responde a la realidad. Más que de órdenes, sin excluirlas en algunos casos, hablaríamos de influencias. Esa influencia no era directamente política, como demuestran las discrepancias y oposiciones entre partidos masonizados. La incidencia masónica partía más bien de una ideología general un tanto difusa, de aire o pretensión filantrópica. Considérese también la dura oposición, que examinaremos, entre Azaña y Lerroux (masón «durmiente» que había dejado la militancia). Azaña no se inició en la orden hasta avanzada la república, lo hizo por oportunismo político, y en sus diarios desprecia los truculentos ritos iniciáticos. Sin embargo, sus concepciones generales sobre España, la democracia, etc., entraban de lleno, ya mucho antes, en el tipo de concepciones ideológicas que difundía la orden, sugestivas para algunas personas incluso muy ajenas.

Sobre la masonería en España cabe destacar los trabajos de Ricardo de la Cierva y de Dolores Gómez Molleda, también importantes los de Ferrer Benimeli —un jesuita curiosamente filomasón—, los de Alberto Bárcena, el de Luis Lavaur sobre militares masones. Por mi parte he escrito un ensayo, publicado en mi blog www.piomoa.es.

Aparte de manejos e intrigas concretas, el fondo de todo el proceso prorrepublicano radicaba en la legitimidad de la monarquía. Desde principios del siglo, como ya indicamos, la habían socavado no solo los movimientos contrarios sino también numerosos intelectuales, entre ellos los más relevantes o prestigiosos. Y a la pérdida de respaldo intelectual se sumaba el maniobreo de vuelo corraleño de los partidos liberal y conservador (debe anotarse que los políticos más capaces de la Restauración, Cánovas, Canalejas o Dato, habían sido asesinados por los extremistas, salvándose «por los pelos» Antonio Maura y el propio Alfonso XIII). Amplias capas populares apoyaban la monarquía, como habían demostrado las elecciones y diversos episodios, pero los cortesanos y jefes políticos monárquicos eran los primeros en desdeñar a sus votantes.

A todo ello se añadía la indignación de muchos monárquicos por la conducta del rey hacia Primo de Rivera. El dictador no solo había salvado in extremis la gobernación del país en 1923, y su gobierno había recibido el mayor respaldo popular, del propio Alfonso XIII y de muchos intelectuales, por lo cual la desafección final del monarca era mirada como una traición por bastantes partidarios en principio de la monarquía, como el general Sanjurjo, que por esas razones la dieron por liquidada. Como hicieron, por razones distintas y aun opuestas, Alcalá-Zamora y Maura.

De este modo acabó de hundirse la monarquía liberal de la Restauración, porque, insistamos ya que pocos han querido verlo así, la élite de sus valedores había perdido el sentimiento de su propia legitimidad. Solo ocho meses habían pasado desde que el Pacto de San Sebastián, reunión de unos cuantos republicanos y separatistas muy poco representativos, optase por un golpe militar. El cual, emprendido a los cuatro meses, había fracasado de manera un tanto grotesca, y no obstante habían bastado otros cuatro para que la república fuera un hecho. Cosa difícil de entender sin tener en cuenta la solícita colaboración de la oligarquía monárquica.

La euforia con que saludaron al nuevo régimen amplias masas de población, y numerosos políticos e intelectuales, dejaba en segundo plano la deprimida preocupación de los pocos que, como Juan de la Cierva o Cambó, creían llegada una época «de lágrimas y sangre» o de convulsiones.

Como hemos visto, y contra versiones difusas creídas mayoritariamente, la república fue impulsada y casi traída a rastras por políticos conservadores y católicos, pues las dos cosas eran don Niceto y don Miguel Maura. Quizá sin ellos habría llegado de todas formas, pero en todo caso lo habría hecho de otro modo y en otras condiciones. Los dos prohombres exultaban atribuyéndose, con razón, la paternidad del acontecimiento. Ambos pensaban haber amansado a los más radicales y separatistas, y don Niceto se convertía en presidente del gobierno revolucionario llamado a cambiar drásticamente la historia de España, si bien acaso no del modo como él deseaba. Él alardeaba de que, de todos los movimientos revolucionarios en España «el único que prevaleció fue dirigido por mí». Tras el Pacto de San Sebastián «era yo quien a más de suscitar los temas, llevaba en casi todos los casos las ponencias o propuestas de solución». No obstante, ese protagonismo como la figura más simbólica y representativa de la república iba a cederlo pronto, y no por gusto, a Manuel Azaña, nuevo ministro de la Guerra y astro ascendente del régimen.[51]

Con todo, la jactancia de don Niceto no es vana, como reconoce uno de sus peores enemigos, Largo Caballero: «Ningún partido republicano ni ninguno de sus hombres tenían autoridad ni prestigio para arrastrar al país a una revolución para derribar las instituciones monárquicas (…). Era necesario que surgiera el agente impulsor del movimiento, y surgió; pero no del campo republicano, sino del monárquico. ¿Un descontento? ¿Un despechado? El pueblo español (…) lo aceptó ciegamente (…). Don Niceto Alcalá-Zamora, que en la monarquía llevaba tras sí la discordia, en la oposición era el aglutinante entre los políticos de izquierda».[52]

El nuevo régimen nacía en condiciones que cabe calificar de espléndidas. El terrorismo anarquista, la guerra del Rif y los separatismos, que casi habían arruinado la Restauración, parecían superados. Heredaba también siete años de bonanza económica, afectada por la depresión mundial pero no excesivamente. Contaba además con la simpatía de gran parte de las fuerzas armadas, la mayoría de los escritores y artistas le ofrendaban sus fervores, rodeándola de una aureola de ilustración y cultura; y tanto la Iglesia como el Vaticano le hacían signos conciliadores. Hasta los barrios más acomodados de las principales ciudades habían registrado una alta votación republicana, y los partidos monárquicos —liberal y conservador— se habían disuelto como azúcar en café hirviente.

Cualquier oposición solo podía organizarse desde muy abajo. José María Gil-Robles, que iba a destacar como máximo líder derechista, recordará en sus memorias: «Nos encontrábamos todos deprimidos, desalentados». El mismo día 14, él y otros cuantos se reunieron en el edificio del periódico conservador El Debate, temiendo ser asaltados en cualquier momento, y acordaron desenvolverse en el terreno de la nueva legalidad que se elaborase pronto y dentro de las normas democráticas.[53]

Los republicanos no tenían, desde luego, el menor motivo de queja contra los monárquicos, que simplemente habían regalado el poder al Comité Revolucionario. No obstante, se creyeron en la obligación revolucionaria de hostigar a sus benefactores, por lo que anunciaron el procesamiento de los generales Berenguer y Mola, y juicios por responsabilidades políticas hasta los tiempos del desastre de Annual en Marruecos, que alcanzaban al rey y a sus colaboradores más altos.

Salvo la deprimida ansiedad de unos pocos que, como Juan de la Cierva o Cambó, auguraban una época convulsa, era enorme la euforia con que saludaron al nuevo régimen amplias masas de población, y numerosos políticos e intelectuales. El día 15, un entusiasmado poeta, Vicente Aleixandre, escribía al también poeta Leopoldo Panero invitándole a ir con él y con Luis Cernuda a la Puerta del Sol «a vitorear a la tierna república (…) ¡Viva la república! Sí, chico, por mí que viva la joven doncella. ¿Te atreves a violarla?».[54] El intelectual socialista Luis Araquistáin expresaría una opinión generalizada: «En el siglo XX, cuando una monarquía cae, cae para siempre».[55]

Parte II

EL BIENIO IZQUIERDISTA

7
MAYO DE 1931: LA GRAN QUEMA DE CONVENTOS (Y DE BIBLIOTECAS Y AULAS)

Recibido el poder, el Comité Revolucionario, ahora ya Gobierno Provisional de la república, se preparó a elaborar una nueva Constitución en un periodo que se prolongaría hasta diciembre del mismo año 31. Aquellos ocho meses estarían desde muy pronto perturbados por violencias que alteraban las expectativas de desarrollo pacífico con que se había derrocado (o autoderrocado) la monarquía. El primer problema para el flamante gobierno provisional no vino de los abatidos monárquicos sino de Francesc Macià, que procedió a romper en Barcelona los acuerdos del Pacto de San Sebastián actuando de hecho como jefe de un «Estado Catalán» y nombrando autoridades entre sus seguidores, en lugar de respetar la autoridad central hasta que se concediera el estatuto de autonomía.

Macià, excoronel del ejército, se había hecho separatista. Entre 1925 y 1926, había puesto en pie un «ejército catalán» a cuyos hombres llamaba «mis almogávares», y los concentró en Prats de Molló, en Francia, cerca de la frontera, para tomar el pueblo de Olot, en España y provocar una insurrección en masa llamando: «¡A las armas, catalanes!». Eran unos 500 hombres, incluyendo algunos anarquistas italianos, pero unos gendarmes franceses se presentaron, los desarmaron y arrestaron a un centenar, dándose los demás a la fuga. No obstante, las autoridades francesas les permitieron libertades desusadas, y Macià, también detenido, pasó revista a los otros cien, en una escena descrita así por uno de sus seguidores: «Todos los presos están concentrados, en formación y bajo la bandera (…). Macià aparece, se hace un silencio impresionante, todos los ojos fijos en él, que avanza lentamente. Después se para y empieza a hablar: “¡Catalanes!, hemos luchado por una grande, por una noble causa que ha fracasado… Pero volveremos. Juremos sobre la bandera que lucharemos hasta la muerte”». Y mientras la bandera ondea sobre las cabezas de los hombres, todos juntos, como una sola vos, gritan: «¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte!». No quedaba claro si sería hasta la muerte natural o de otro modo. La aventura había suscitado irrisión en Cataluña, pero, por esos cambios bruscos de ánimo en momentos de caída de un régimen, el suceso pasó a ser visto como una gloria y Macià como un héroe vencedor aprovechando audazmente la nueva circunstancia.[56]

Para frenar los ímpetus de secesión, Maura telefoneó a Macià con apremio y acudieron a Barcelona los ministros Marcelino Domingo, De los Ríos y D’Olwer, a persuadir al excoronel de la conveniencia de respetar el pacto y preparar un estatuto de autonomía. Macià cedió en parte, pero en la práctica se arrogó un poder autonómico mediante hechos consumados. No obstante, preparó un recibimiento multitudinario a don Niceto, el 26 de abril, sin que los recelos mutuos se desvanecieran.

También en Vascongadas trató de impulsar el PNV un estatuto de autonomía, pero el PSOE rechazaba la idea, pues, en palabras de Prieto, supondría entregar allí el poder «a los jesuitas», y «hacer del País Vasco un Gibraltar vaticanista».

Por su parte, los obispos llamaban a los católicos a aceptar la república. El cardenal Segura, primado de España, pedía el 1 de mayo respeto y obediencia al nuevo poder, si bien «cuando van a elegirse unas Cortes Constituyentes, el deber de los católicos es (…) unirse para defenderse y lograr que sean elegidos candidatos que ofrezcan garantías de que defenderán los derechos de la Iglesia y el orden social, sin que se dé importancia a tendencias monárquicas o republicanas». Llamamiento sin duda moderado y perfectamente democrático… que el gobierno iba a tomar por una provocación intolerable. Y el día 9, los arzobispos volvían a pedir acatamiento a la república.

Pero estos problemas quedaron opacados muy pronto por otro de mucha mayor envergadura. Justo al día siguiente de la petición episcopal, antes de un mes de inaugurado el nuevo régimen, comenzaba en Madrid el episodio que pasaría a la historia como «la quema de conventos», dando al régimen recién estrenado un tinte inicial próximo a la «república epiléptica» que Alcalá-Zamora había descartado de sus intenciones. Y que por su transcendencia exige cierta atención del historiador.

Ese día, algunos monárquicos emprendieron la reconstrucción de un partido de su carácter reuniéndose en un piso junto a la madrileña Puerta de Alcalá. Al parecer pusieron un disco con la Marcha real que se oía en el exterior, con lo que grupos de transeúntes comenzaron a congregarse e injuriarlos, tratando de forzar la entrada del edificio para escarmentarlos. Las versiones izquierdistas coinciden en considerar una «provocación» el acto monárquico, en el que solo se ejercía un derecho democrático como habían hecho los republicanos, con mucho más estruendo, durante la monarquía.

Se difundieron entonces bulos de una «conspiración antirrepublicana» y del supuesto asesinato de un chófer por el marqués de Luca de Tena, de la familia propietaria del diario ABC. El gentío, enfurecido, destrozó los coches aparcados y un kiosco de prensa y a continuación se dirigió al edificio del ABC con intención de asaltarlo e incendiarlo. Llegaron a tiempo unos guardias civiles que lo impidieron y en la reyerta mataron a dos asaltantes e hirieron a otros. Los indignados manifestantes y la mayoría de sus portavoces políticos estimaron justificado el intento de quemar el diario y convirtieron a los muertos en mártires de «las ideas republicanas».

Enseguida corrieron nuevos bulos que multiplicaban las víctimas en el frustrado asalto. Algunas armerías fueron atacadas y se formó una manifestación que, como el 13 de abril, partió del Ateneo hacia la Puerta del Sol, engrosando sus filas sobre la marcha entre gritos contra Maura y la Guardia Civil. Según se concentraba ante el Ministerio de Gobernación, Maura quiso ordenar a los guardias que la disolvieran, pero se opusieron Azaña y un asustado don Niceto. Según Azaña, Prieto y Fernando de los Ríos y él mismo «estuvimos cuatro horas luchando con Maura para contenerlo, y llegamos a veces a sujetarlo por los brazos para que no saliera del despacho a dar órdenes. Le entraban accesos de furor». Cuenta también cómo vio que eran apaleados unos supuestos derechistas, y a uno «ya caído en el suelo, se le acercó un sujeto y le descerrajó un tiro. El agresor se retiró tranquilamente». E hizo Azaña algo más: facilitó a los agitadores un balcón del edificio para que leyeran una proclama exigiendo «el desarme de la Guardia Civil, la dimisión de Maura, la supresión de la prensa enemiga de la república y la expulsión de las órdenes religiosas». Al enterarse de tal concesión, Maura montó en cólera contra Azaña, «a quien apostrofé y dije cuanto se me vino a la boca». El apostrofado replicó que solo había querido calmar los ánimos. Otro ministro arguyó que «la autoridad tiene que ser paternal».[57]

El tumulto duró hasta las cuatro de la madrugada, y a las nueve se reunían los ministros, felicitándose la mayoría de sus «muestras de templanza y prudencia». La tarde anterior, el capitán azañista Arturo Menéndez había avisado que en el Ateneo se conspiraba para quemar iglesias, pero Maura no consiguió convencer a los demás de la conveniencia de adelantarse e impedirlo. Azaña comentó en burla que si tal cosa ocurría sería un caso de «justicia inmanente». Vidarte, presente en el Ateneo, valoraba la quema de templos como «una de las formas de desahogo popular». No obstante dice haberse opuesto, pues le preocupaba salvar obras de arte como «el magnífico retrato que Claudio Coello había hecho de San Ignacio». Pero al parecer no pudo hacer nada contra las ansias «populares» de desahogarse. Lo que no le impide sugerir al mismo tiempo que tales acciones las promovían las derechas para crear «confusión».

Reunido en Presidencia, el gobierno fue informado de que bandas de delincuentes estaban prendiendo fuego a un convento jesuita en la calle de la Flor. Algunos ministros bromearon con que los jesuitas estaban «pagando tributo al pueblo soberano». Alcalá-Zamora, nuevamente, se negó a intervenir, y Maura advirtió que, o le dejaban sacar a la Guardia Civil o dimitiría. Azaña replicó: «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano». La frase la recuerda también en sus memorias Martínez Barrio, entonces ministro de Comunicaciones.

Los incendios continuaban sin cesar, y varios ministros empezaron a alarmarse. Prieto salió a la calle y volvió furioso achacando los desmanes a «bandas de golfos» (ya no eran el pueblo): «Es una vergüenza que se paseen por Madrid impunemente». Maura exigió la intervención de la Guardia Civil, pero Azaña volvió a oponerse en redondo: «No continuaré un minuto en el gobierno si hay un solo herido en Madrid por esa estupidez». Don Niceto recordará: «La furiosa actitud de Azaña planteó, con el motín y el crimen ya en la calle, la más inicua y vergonzosa crisis de que haya memoria». Perdida su autoridad, propuso una votación. Ganó la postura de Azaña, y el presidente se resignó «al mal menor», si bien «con tristeza y asco». Al poco, el gobierno recibió a una comisión de los incendiarios, «veinte o treinta mozalbetes descamisados». Por consejo de Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública, el gobierno «procuró, por la reflexión, que (los “golfos”) desistiesen de sus locuras». Sin éxito, claro.

En sus diarios, Azaña desfigura los hechos pintando a la policía y la Guardia Civil corriendo detrás de los pirómanos, al parecer sin alcanzarlos nunca. Cipriano Rivas, cuñado y amigo íntimo de Manuel Azaña, contó a este su entusiasta danza «en chocarrera zarabanda» ante las llamas que devoraban el convento de la Flor y su gran biblioteca. Azaña lo desaprobó porque los sucesos habían costado una depreciación de los valores públicos en Bolsa. «Si se le (…) aducía (a don Manuel) la matanza de frailes del 34 del siglo pasado so pretexto de haber envenenado las aguas, decía que él no lo creía, pero que si el pueblo lo aseguraba, era desde ese momento una verdad histórica irrebatible».

Ante la impunidad en Madrid, las quemas se extendieron por ocho provincias más de Andalucía y Levante los días 11, 12 y 13. Sus autores obraban seguros de no ser reprimidos, en lo que acertaban. Pero finalmente el gobierno tuvo que reaccionar, esta vez de manera excesiva, proclamando el estado de guerra. Maura juzga en sus memorias: «Porque unos cuantos jovenzuelos desalmados sin fe ni ley organizan una salvajada, el Gobierno de la república no encuentra otro medio para dominar el ridículo motín que echarse en manos del ejército».

Ardieron en total más de cien templos, bibliotecas y centros de enseñanza católicos. Quedaron destruidas gran número de obras de arte, pinturas y esculturas de Zurbarán, Valdés Leal, Pacheco, Van Dyck, Coello, Mena, Montañés, Alonso Cano, junto con artesonados, sillerías de coro, portadas y fachadas de gran antigüedad y belleza. También bibliotecas como la de la calle de la Flor, con 80.000 volúmenes, entre ellos ediciones príncipe de Lope de Vega, Quevedo o Calderón de la Barca, incunables y colecciones de revistas raras. O como la del Instituto Católico de Artes e Industrias, con 20.000 volúmenes y obras únicas en España, así como el archivo del historiador y paleógrafo García Villada, la obra de toda una vida, con decenas de miles de fichas y fotografías de códices de todos los archivos del mundo. Asimismo la escuela de Artes y Oficios de la calle Areneros, «donde habían obtenido su título de peritos electricistas y mecánicos innumerables muchachos de origen humilde»; u otro donde recibían instrucción miles de niños de origen obrero, en Cuatro Caminos. También fueron asaltadas y parcialmente destruidas las sedes de varios periódicos derechistas en Andalucía y Levante. Fue una verdadera oleada de terrorismo, acompañada de vejaciones, profanaciones y agresiones que dejaron al menos tres muertos. Su origen concreto se encontraba en el Ateneo de Madrid.

Al día siguiente, la nota oficial aseguraba que elementos monárquicos habían planeado una «ofensiva contra el régimen republicano» mediante una «provocación» con propósito deliberado de desafiar al pueblo y provocar los disturbios. No obstante el éxito de la supuesta provocación, «ante la actitud del pueblo madrileño habrán podido persuadirse los monárquicos de que serán vanos todos sus intentos». De modo que tanto los «provocadores» como el «pueblo» habían logrado sus objetivos. Con todo, la nota pedía el cese de los incendios para no hacer el juego a los peligrosos monárquicos. La agitación, claramente organizada como la del 13 del mes anterior y amparada de hecho por el gobierno, fue presentada oficialmente como «espontánea».

Las reacciones de la izquierda no fueron menos ilustrativas. El alcalde de Madrid, Pedro Rico, azañista y próximo a los socialistas, trató de frenar las violencias con esta retórica: «El pueblo madrileño, que siempre dio pruebas de la más noble elevación espiritual, no puede olvidar que junto a los edificios que pretende destruir hay casas donde habitan millares de convecinos (…) a los que las llamas, en su inconsciencia devoradora, no podrían distinguir ni respetar». Y llamaba a «los corazones generosos de los madrileños» a meditar «si la nobleza ingenua de vuestra exaltación (…) no podrá producir gran regocijo» a los monárquicos. Otro periódico, El Liberal, moderado según algunas versiones, loaba «el indudable progreso en la moral, sensibilidad y humanitarismo del pueblo», porque «no ha matado frailes». La Época, teóricamente más moderado aún, aleccionaba a las derechas: «Callen y aguanten. La vida es así. Y hay que aceptarla como es (…). Es temerario provocar al pueblo, que es noble e hidalgo, pero cuando se le acosa en exceso, se sacude la melena y da enormes zarpazos».

El socialista lo explicaba mejor: discrepando de los republicanos admitía que los hechos no fueron cometidos por el pueblo, sino por «grupos de muchachos», pero analizaba: «Si de algo han pecado los representantes de la revolución victoriosa es de excesivas contemplaciones y miramientos con los vencidos», y achacaba toda la responsabilidad a los monárquicos, desinformando que desde el diario ABC se había disparado contra la multitud y que se habían encontrado armas en el periódico. Sin olvidar que los conventos eran «arsenales y polvorines, había fusiles, bombas de mano y ametralladoras como se comprobó ayer», con las que se disparaba contra «el pueblo», sin duda con mala puntería, pues ningún incendiario resultó herido. Y concluía: «La reacción se destruye a sí misma». Tales «noticias», repetidas sin tregua por las izquierdas, alimentaban las llamas de un odio que terminarían por consumir a la propia república, según iremos comprobando.

Y para desconcierto de los dos políticos católicos y conservadores que habían impulsado más que nadie un régimen que querían moderado y sin convulsiones, la república adquiría un tono furiosamente anticatólico, al que pronto iban a plegarse ellos aun entre quejas. A su vez, los liberales de la Asociación al Servicio de la república manifestaban su sobresalto: «Quemar conventos e iglesias (olvidaba las bibliotecas y centros de enseñanza) no demuestra ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo y criminal». Admitía que «España no será (…) una república burguesa (…) Todo anuncia más bien que España llegue a organizarse en un pueblo de trabajadores», si bien sugería que debía hacerse «sin gesticulación ni violencia revolucionaria». Firmaban Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, ya distinguidos como «padres espirituales de la república».

Ortega insistía semanas más tarde apostrofando a «gentes con almas no mayores que las usadas por los coleópteros (que) han conseguido en menos de dos meses encanijarnos esta república (…). Mentes arcaicas (…) se empeñan en que nuestra naciente república sea como la de hace cien años y cometen, sin renunciar a ninguna, todas las insensateces y todas las torpezas en que aquellas se desnucaron».

No paró el problema con el cese de los atentados. Maura quiso imponer orden destituyendo al gobernador militar de Málaga y a los de otras cuatro provincias, y al director general de Seguridad lo sustituyó por Ángel Galarza, un fanático radical socialista que andando el tiempo declararía su pesar por no haber participado en el asesinato de Calvo Sotelo. También suspendió el diario comunista Mundo Obrero, pero creyó oportuno fingir imparcialidad haciendo lo mismo con los derechistas ABC y El Debate, e hizo arrestar a diversos monárquicos, entre ellos al director del ABC Juan Ignacio Luca de Tena, mientras que los «golfos» salían impunes. Más aún, el gobierno decidió castigar a las víctimas, haciendo de los jesuitas el chivo expiatorio. Azaña insistió en ello: «El Consejo llegó a acordar su expulsión y se demoró unos días para que, practicándose algunas averiguaciones, se encontrara algún hecho demostrativo de sus injerencias en la política. Pasaron algunos días y ni la información llegaba ni hablaba nadie de la expulsión. Resucité yo el asunto y casi todos me apoyaron (…). El presidente, decidido en un principio, y Maura, daban largas». Y de momento el proyecto se estancó.[58]

Las medidas continuaron. El 18 de mayo fue expulsado el obispo de Vitoria, Mateo Múgica, pese a la furia y amenaza de dimisión —incumplida— de Alcalá-Zamora. El 3 de junio el cardenal Segura publicaba desde Roma un memorial de agravios por la orgía pirómana y por medidas políticas que consideraba agresivas contra la Iglesia y contra derecho; y unos días después, Maura expulsaba también a Segura del país.

Las derechas reaccionaron con moderación o cobardía, que las izquierdas interpretaron como señales de impotencia y estímulo para acentuar actitudes más revolucionarias. Sin embargo, la quema de conventos abrió una gran brecha entre la población, hasta entonces dispuesta mayoritariamente a acatar al nuevo régimen. Algunos militares monárquicos intentaron conspirar contra él, sin efecto práctico alguno.

En fin, Maura permaneció en su Ministerio de Gobernación, en un gobierno que, advierte en su libro, se tornó «un manicomio suelto y desbordado». Y Alcalá-Zamora analiza a su vez en sus memorias que aquellos atentados crearon a la república «enemigos que no tenía; quebrantaron la solidez compacta de su asiento; mancharon su crédito hasta entonces diáfano; motivaron reclamaciones de países tan laicos como Francia o violentas censuras de (…) Holanda (…). Se envenenó la relación entre los partidos».

No menciona don Niceto otra consecuencia importante para él e indirectamente para el régimen: hasta entonces podía haber sido el dirigente y mentor de un gran sector de la población de tendencia conservadora pero republicano o no opuesto a la república; y a eso aspiraba él. Pero su conducta débil y claudicante en la ocasión le desprestigió y privó de la posibilidad de ejercer ese papel. Fue don Manuel quien salió robustecido ante las izquierdas. Y ambos hechos tendrían consecuencias para el destino del régimen.

8
LA PESADILLA DE LAS IZQUIERDAS REPUBLICANAS

Si la reacción de la derecha y la Iglesia a las tremendas agresiones sufridas fue evidentemente moderada o más bien apocada, bañada en temor, no iba a ocurrir lo mismo con la central anarcosindicalista CNT (Confederación Nacional del Trabajo), radicalizada por la «organización específica» FAI (Federación Anarquista Ibérica). El pistolerismo anarquista había desempeñado un papel decisivo en la caída de la Restauración en 1923, que había dado paso a la dictadura de Primo de Rivera. Esta prohibió a la CNT y a los comunistas, aunque no su propaganda, la cual no solo continuó, sino que aumentó notablemente en forma de revistas y libros.

Debido a su capacidad subversiva, las intrigas golpistas burguesas contra Primo de Rivera habían buscado la colaboración de la CNT. Así la de Sánchez Guerra, uno de los inútiles jefes de Gobierno de la Restauración, que habían llevado a esta al borde de la quiebra y luego había protagonizado el grotesco episodio de la visita a los miembros del Comité Revolucionario encarcelados tras el fallido golpe militar de Jaca. Y habían buscado el apoyo anarquista los del Pacto de San Sebastián, sin mucho éxito. Luego, la CNT había conspirado por su cuenta contra Berenguer y Aznar. Por lo tanto, entre anarquistas, republicanos, separatistas y algunos conservadores existía una especie de alianza oficiosa, desde luego muy frágil. Cada uno de ellos entendía utilizar a sus peculiares aliados en contra de la monarquía, para después imponerse a ellos, de buen o mal grado.

Por ello, en las elecciones del 12 de abril muchos anarquistas habían aceptado vulnerar sus propias normas y votar en ellas a favor de los republicanos. El destacado faísta Diego Abad de Santillán lo explica porque «en emergencias como aquella, en que una salida electoral podía ofrecer algunos resultados benéficos, aunque solo fuese en el terreno político, muchos que en otras condiciones se hubiesen abstenido, votaron». Sin embargo otro líder anarquista, Juan García Oliver, se burla: al anarquista típico «le disgustaba la república que España acababa de estrenar. La encontraba muy modosita, como menestrala en traje dominguero», y sentía que las alabanzas al estreno pacífico del régimen no pasaban de «un bello eufemismo para no tener que decir que estábamos en república sin haber pasado por la revolución».[59]

Las posiciones de Abad y de García Oliver revelan las dudas en la CNT sobre la postura a adoptar ante la república. Para discutir la táctica se reunió a mediados de junio un congreso en Madrid. Los partidarios de la colaboración, a cuya cabeza estaba Ángel Pestaña, argüían que «las Cortes Constituyentes (que debían votarse el 28 de junio) son el producto de un hecho revolucionario, hecho que, directa o indirectamente, tuvo nuestra intervención». Dado el fervor popular por el nuevo régimen, proponía no hostigarlo hasta que la gente se fuera decepcionando de él, una línea similar a la de los socialistas radicales. García Oliver se opuso de lleno: «Me debatí en el congreso casi solo. Mi voz fue una aislada requisitoria ininterrumpida». Él defendía la «gimnasia revolucionaria», el acoso al poder mediante disturbios e insurrecciones. Arrastró en su apoyo a la FAI y a líderes de largo historial terrorista como Durruti y Ascaso. Siguió una dura y larga lucha por el poder en la CNT, Pestaña publicó en agosto un «Manifiesto de los Treinta» defendiendo su orientación, pero poco a poco fueron imponiéndose sus adversarios hasta expulsarle de la CNT en 1932. Más tarde Pestaña fundará el Partido Sindicalista.[60]

Pero al margen de estas luchas internas, la práctica anarquista fue desde el primer momento mucho más parecida a la de García Oliver que a la de Pestaña. Los grupos y sindicatos anarquistas habían llegado a la república muy debilitados orgánicamente, pero rehicieron sus aparatos y militancia con rapidez sorprendente, especialmente en Cataluña, Andalucía y Levante, pero también en Galicia y Aragón, con núcleos importantes en Madrid, Asturias y Vascongadas. La reorganización incluyó el terror contra los miembros de los Sindicatos Libres, próximos al carlismo, con quienes la CNT se había enfrentado sangrientamente antes de la dictadura. En la nueva situación, Macià y Companys trataron de granjearse el apoyo de los anarcosindicalistas, para lo cual les facilitaron los ajustes de cuentas: algunos miembros del Sindicato Libre fueron asesinados y otros llevados a la miseria al ser despedidos y rechazados en otros empleos. Con todo, ya el 1 de mayo había saltado un primer tiroteo en Barcelona entre grupos ácratas y mozos de escuadra de Macià.

Asimismo, la CNT rechazó una medida del PSOE para la solución negociada de los conflictos laborales mediante «jurados mixtos» de patronos y obreros, estos representados por la UGT. Los anarquistas denunciaron los jurados como «los comités paritarios de la dictadura con otro nombre», en los que habían participado los socialistas. Además, al privilegiar a la UGT, «quedaba fuera de la ley la mitad del proletariado español organizado», es decir a la propia CNT, que afirmaba contar con 700.000 afiliados, el doble que su rival socialista.

Y ya a finales de mayo los anarquistas radicalizaron una huelga en el pueblo guipuzcoano de Pasajes. Según Maura, con «grandes refuerzos de afiliados a la CNT de La Coruña preparaban (…) nada menos que el asalto a la ciudad de San Sebastián, dispuestos a saquear tiendas y casas». Unos dieciséis guardias civiles les cortaron el acceso a la ciudad, y al verse desbordados dispararon, causando ocho muertos. El grave suceso se añadía a la reciente quema de conventos, con lo que el escepticismo u hostilidad hacia la república crecían en medios populares. Hacía largos años que no se registraba en España un choque tan sangriento, y el gobierno temió un magno escándalo. Albornoz exclamó: «¡Qué enormidad! ¿Qué van a decir los periódicos? A este paso nos echamos encima a toda la prensa». Pero Maura amenazó a los directores de la prensa madrileña: «El diario que utilice la noticia para su campaña política o intente envenenar el ambiente con ella, será suspendido». La amenaza, recuerda Maura, surtió efecto. Solo un diario de la noche publicó la noticia, sin añadirle comentarios. «El respiro que ello proporcionó a los timoratos fue visible».[61]

El 28 de junio se celebró la primera vuelta de las elecciones a Cortes Constituyentes, con amplia victoria de las izquierdas. A ellas se presentaron el aviador Ramón Franco, hermano de Francisco, Pablo Rada, el separatista andaluz Blas Infante y el anarquista Vallina en un Partido Republicano Revolucionario. Los dos primeros habían protagonizado el primer vuelo entre España y América, conocido como Plus Ultra, en 1926, y ambos se distinguían entonces por un extremismo confuso, próximo al anarquismo. Siete meses antes habían participado en la fallida intentona golpista para traer la república, y Rada había sido uno de los incendiarios de iglesias un mes y medio antes. Entre todos agitaron por una «Andalucía libre» y un «Estado republicano andaluz», dando lugar al «incidente (o complot) de la base aérea de Tablada», en Sevilla, cuando uno de los comprometidos, el capitán Rexach, intentó cargar unos camiones con 500 bombas en dicha base. El complot fue abortado por el general Sanjurjo.

Las alteraciones en Andalucía empeoraron en las semanas siguientes, complicándose con el mayor desafío a la república hasta entonces: la huelga de la Telefónica, apenas una semana después de las elecciones. La CNT quería repetir la experiencia de la «huelga de la Canadiense» de 1919 en Barcelona, que había paralizado por completo la ciudad y la mayor parte de la industria en Cataluña, durante cuarenta días. Aquella huelga había conseguido la jornada de ocho horas en España, primera del mundo por ley (cabe señalar que Felipe II la decidió en su tiempo por Real Decreto, y que también las Leyes de Indias la imponían); y había tenido otro efecto: disuadir a los catalanistas conservadores de Cambó de sus coqueteos con la revolución y el secesionismo. En adelante el separatismo y la subversión abierta correrían a cargo de grupos de izquierda.

La huelga de la Telefónica se extendió por Madrid, Barcelona y Sevilla sobre todo, incluyó episodios de guerrilla urbana, sabotajes y atentados en gran número, con un saldo de 30 muertos y 2.000 detenidos. Sin embargo, en el centro principal de Madrid la CNT era más débil que la UGT, y esta fue rompiendo la huelga hasta disolverla poco a poco. Se daba el caso de que en abril de 1930 los huelguistas en la misma empresa habían sido saludados por Prieto como «héroes de la independencia nacional», «Los Daoiz y Velarde de nuestros días, los que defienden a la patria de la invasión yanqui», en referencia a que la useña ITT poseía el mayor lote de acciones de la empresa. Según Prieto, se trataba de un atraco y un latrocinio, pero una vez en el poder, Prieto y los suyos se habían sentido repentinamente menos patriotas.

Mientras tanto, el campo andaluz seguía en efervescencia. En Sevilla, los anarquistas tiroteaban a la fuerza pública desde terrazas y azoteas: murieron tres guardias civiles y cuatro anarquistas. La impresión de falta de autoridad y anarquía estaba haciendo verdadero daño al gobierno, y el 21 de julio consigna Azaña: «El Presidente pregunta a cada uno si cree llegado el momento de adoptar una política enérgica y de lucha contra la confederación (CNT). Todos opinamos que sí. Largo lee unas cuartillas con un proyecto de decreto sobre la ilegalidad de las huelgas (…). Maura cree que con estos proyectos podrá cerrar la mayoría (o todos) los centros sindicalistas». El problema estaba en Barcelona, porque allí «las autoridades se rinden todas al ambiente sentimental (…) y como los niños besan a Macià, los gobernadores se impresionan como ante un santón, y no se atreven a contrariarle. Unos creen que en Barcelona se producirá una reacción contra los sindicalistas, y otros que no». Y al día siguiente: «Macià no quiere indisponerse con los sindicatos, de quienes espera votos para el referéndum del estatuto (…). Lluhí pretende que todo podría arreglarse si Macià, con su enorme autoridad moral en Cataluña, solicitase o aconsejase a los sindicalistas una tregua de tres meses (…). Lluhí (…) quisiera (…) ir tirando hasta que se vote el estatuto».

El 22 se proclamó el estado de guerra en Sevilla y esa misma mañana un suceso causó conmoción social: el asesinato de cuatro rebeldes presos por la fuerza pública en el Parque de María Luisa, en aplicación de la llamada ley de fugas, es decir, pretextando intentos de huida.

La anarquía en Sevilla terminó con una nota tragicómica el 23 de julio, descrita así por Maura: «El general Ruiz Trillo, por sí y ante sí, dispuso que como sanción a posteriori de los sucesos debía castigar, en forma ejemplar, el domicilio que los rebeldes habían utilizado como cuartel general durante la revuelta, cierto edificio conocido como “la casa de Cornelio” (…). Fue emplazada una pieza de artillería del 75 (…) frente a la casa de Cornelio, previamente desalojada (…). La casa destripada y en escombros quedó meses y meses expuesta al pueblo». Azaña ofrece una versión distinta: «Mañana van a hundir a cañonazos una casa vieja y vacía desde la que hoy se ha hecho fuego a la tropa. No sé si van a fingir que hay gente dentro. Este programa le entusiasma (a Maura) y llega a decirme que influirá ventajosamente en la cotización de la peseta. Yo me admiro un poco de la ocurrencia; él insiste en que cuando se sepa que la república cañonea a sus adversarios en armas, el efecto en el extranjero será muy bueno (…). Yo me encojo de hombros». Difícil saber quién es más veraz.[62]

Estos últimos tumultos, saldados con 20 muertos, originaron tormentosas acusaciones entre partidos, y en el PSOE la sensación de que la colaboración en el gobierno le estaba saliendo cara, pues el radicalismo de la CNT dejaba en evidencia sus pretensiones revolucionarias y le obligaba a actuar como partido de esquiroles.

Los anarquistas iban a convertirse en la peor pesadilla de la república, sobre todo en su primer bienio de gobierno republicano-socialista, que desde diciembre presidiría Azaña. En cambio, al comenzar o más bien reanudarse la guerra civil en julio de 1936, la CNT-FAI pasaría a apoyar al Frente Popular e integrarse en su gobierno. Ciertamente para su mal.

Otros enemigos cerrados de la república, aunque por el momento muy débiles, fueron los comunistas. Desde el mismo 14 de abril la atacaron tildándola de burguesa y explotadora, una estafa a los trabajadores, y propugnando la creación de organismos similares a los soviets en los que se había apoyado la revolución bolchevique en Rusia. Aquellas consignas habían despertado muy poca simpatía en unas masas ilusionadas con el nuevo régimen, y el partido, fundado diez años atrás, permanecería como un grupo violento y radical, pero sin alcanzar ni de lejos el grado de amenaza de los anarquistas. Más tarde los comunistas crecerían espectacularmente bajo el Frente Popular, convirtiéndose en los perseguidores y represores más eficaces de los anarquistas.

El Partido Comunista de España (PCE) era una formación estrechamente controlada por la Komintern o Internacional Comunista, fundada por Lenin en 1919. En su VI Congreso, celebrado en 1928 en Moscú, se había analizado la situación mundial como de descomposición y próximo colapso del capitalismo, por lo que la misión de los partidos comunistas debía consistir en una radicalización de la lucha «clase contra clase». Los gobiernos liberales y fascistas debían ser atacados por igual, como formas de la misma explotación burguesa, y los partidos socialistas, tachados de agentes del capital en las filas obreras, debían ser denunciados sin tregua como «socialfascistas». La estrategia consistiría en preparar las condiciones para una insurrección al modo de la que había triunfado en la URSS, e imponer la dictadura del proletariado, es decir, de los propios comunistas.

Dentro de ello, los partidos debían tratar de hacerse con las simpatías de intelectuales más o menos radicalizados, de los que había muchos y muy influyentes en Europa y América. Estos podían ser utilizados como «compañeros de viaje» (también llamados más tarde, con cierto cinismo, «tontos útiles»), es decir, aliados temporales en la marcha al socialismo, aunque se daba por supuesto que la mayoría de ellos (pequeñoburgueses inconsecuentes) se resistirían a pasar de ciertas etapas del viaje. A ese fin, la Komintern desplegó una intensa labor, también en las universidades, que ciertamente le daría cuantiosos frutos.

Y precisamente al año siguiente del mencionado congreso se producía el crack de la Bolsa de Nueva York, comienzo de una profunda depresión económica en casi todo el mundo, que duraría toda la década de los treinta y parecía confirmar la tesis de un próximo «derrumbe del imperialismo».

El PCE trataba de seguir aquellas directrices, pero su estancamiento motivaría la crítica de la propia Komintern, que llegado el momento impondría un nuevo equipo directivo en el partido español.

9
JUNIO-DICIEMBRE DE 1931: LA REPÚBLICA SE DOTA DE UNA CONSTITUCIÓN

Las elecciones a Cortes encargadas de elaborar la nueva Constitución tuvieron lugar el 28 de junio en su primera y decisiva vuelta. Las izquierdas llegaban exultantes, mientras unas consternadas derechas trataban de reorganizarse y arreglar alianzas. Los monárquicos, tras su desastrada entrega del poder, habían quedado desacreditados para un largo periodo. La quema de conventos y los disturbios y muertes de aquellos meses hicieron que la mayoría de ellos adoptara una postura antidemocrática y antiliberal, influidos también por las corrientes autoritarias que crecían por gran parte de Europa. El jefe carlista Eugenio Vegas Latapié, clamaba: «La democracia es el mal, la democracia es la muerte de los pueblos».[63]

En cambio surgía en la derecha una nueva fuerza más potente en torno al partido Acción Nacional, con apoyo de la Iglesia. Esta corriente acataba el nuevo orden sin declararse a favor ni en contra de él o de la monarquía, y pensaba actuar dentro de la legalidad en principio democrática. José María Gil-Robles sobresalía ya como su líder: «Liquidados los partidos políticos conservadores, imposible la reacción de los elementos monárquicos dispersos, era urgente establecer un fuerte núcleo de resistencia e intentar prepararse para las elecciones constituyentes anunciadas». Gil-Robles trataba de reanimar a las maltrechas fuerzas no republicanas, encontrando a menudo en ellas un clima de «aplanamiento y cobardía». El gobernador de Orense le hizo detener con otros de los suyos «para protegerlos de la ira popular», excusa con la que iban a registrarse en adelante numerosas «violencias y atropellos» semejantes. El gobierno prohibió el uso de la palabra «nacional» al partido, que pasó a llamarse Acción Popular.[64]

Por su parte Alcalá-Zamora y Maura formaron el partido Derecha Liberal Republicana, que esperaba aglutinar a una gran masa de electorado. También se presentaba la Agrupación al Servicio de la República, grupo de intelectuales orientados por Ortega y los «padres espirituales» del régimen.

A su vez, grupos de izquierdas se reorganizaban a toda prisa y acosaban a los de derechas, causando algunos muertos. Así la Esquerra Republicana de Catalunya, fundada en marzo de aquel mismo 1931 por agrupación de varios partidos menores. Josep Pla, el más destacado escritor del siglo en catalán, describe: «A Macià le llaman l’Avi (el abuelo) y él está encantado. Gassol llama a todos hermanos. La terminología política de la Esquerra está llena de todos los tópicos del humanitarismo más insincero y tronado. Los políticos catalanes hacen grandes gestos, se ponen cada dos minutos la mano en el pecho, dan chillidos sentimentales y hacen unos terribles aspavientos de bondad. Todo el mundo pone los ojos en blanco, va con el corazón en la mano y canta confusas romanzas que hacen llorar. Toda la pornografía del exilio, el onanismo de los catalanes de América, los estados más abyectos de la mugre sensiblera se han implantado en Cataluña». Lo cual no impedía al nuevo partido atacar a la derecha con una agresividad descrita por Cambó como «netamente fascista».[65]

El resultado de las elecciones fue el vuelco que suele acompañar a los cambios de régimen. Sobre los 458 diputados, el PSOE obtuvo 115, el Radical de Lerroux quedó segundo, con 90, y los demás a considerable distancia. El conjunto de republicanos de izquierda conseguía 103. Los distintos grupos regionales, separatistas en mayor o menor grado, llegaron a 57, destacando los 29 de la Esquerra, mientras la Lliga de Cambó solo conseguía 2. El PNV alcanzaba 7.

Frente a los 9 diputados de los grupos monárquicos y los 5 de la todavía Acción Nacional, el conjunto de los republicanos ganaba por una aplastante mayoría del 90 por ciento. Pero la diferenciación política no iba a definirse durante toda la república entre republicanos y monárquicos, sino, y con gran dureza, entre los republicanos radicales más los socialistas y separatistas, por un lado, y los republicanos moderados o conservadores, incluyendo los que, como Acción Popular, núcleo de la CEDA, aceptaban la república sin identificarse con ella. Por su lado, el republicanismo del PSOE era harto peculiar, pues aspiraba a transformar el régimen en sentido sovietizante cuando llegase el momento, que esperaba próximo.

Los más decepcionados fueron sin duda Alcalá-Zamora y Maura. Creían, no sin razones, que la república era obra suya y resultaban una fuerza insignificante. Don Niceto lo achacará a «la torpe y suicida deserción que cometieron las derechas, una vez más decisivamente ofuscadas y como siempre mal dirigidas (…). Prefirieron dejarme solo con veintidós diputados en la tarea de frenar a los partidos de extrema izquierda». Pero el modo como los había «frenado» cuando la quema de conventos y sus medidas subsiguientes, compartiendo él y Maura todas las responsabilidades del gobierno, había poco menos que evaporado su capital político. En Vascongadas, los católicos prefirieron votar al PNV, viendo en él un escudo más sólido.

Tampoco los intelectuales de Ortega podían dar saltos de alegría con sus irrelevantes 15 diputados, pese a su destacado papel como legitimadores morales e ideológicos de la nueva situación. No pasarían muchos años sin que diesen por fracasada su empresa política y la maldijesen.

De las izquierdas republicanas, el partido más votado, con diferencia, había sido el Radical Socialista, con 61 escaños, pero era un grupo deshilvanado y sin dirigentes de alguna talla. Acción Republicana no lograba más que 26, pero su jefe, Manuel Azaña, ya descollaba como el político más significado del régimen. El 30 de junio, dos días después de los comicios, don Manuel, ministro de Guerra, cerraba la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por el general Francisco Franco. Al parecer quería impedir la formación de un espíritu de cuerpo en la oficialidad, pues en la Academia estudiaban cadetes de todas las ramas. También creía poco útil aquella instrucción, aunque sus conocimientos militares prácticos eran escasos. Franco acató la orden muy disgustado, y despidió a los alumnos con una alocución elogiando la disciplina aunque fuera obedeciendo órdenes arbitrarias o contraproducentes. Las palabras de Franco irritaron al ministro, que lo llamó a capítulo, aunque nada concreto podía achacarle. Y ordenó vigilarle y relegarle en los ascensos profesionales.

Otro dato importante de aquellas Cortes fue el ya indicado número de masones enormemente desproporcionado con los miembros de la orden, como si esta constituyese un aparato de poder oculto. La masonería española y extranjera iba a presionar para conformar políticamente y radicalizar el nuevo régimen contra los católicos. La Gran Asamblea de la Gran Logia Española envió a los diputados de izquierda unas orientaciones para la Constitución, propugnando «la expulsión de las órdenes religiosas extranjeras» , la «escuela única neutra», o un «trabajo obligatorio controlado por el Estado y repartido a medida de las fuerzas y aptitudes de cada uno», atribuyendo al Estado la facultad de determinar las fuerzas y aptitudes de cada cual; el delito debía considerarse una enfermedad, proponiendo la «curación y reeducación» del individuo, una concepción reminiscente del totalitarismo. Asimismo pedía un «Estado federal» en un proceso hacia una federación de todas las naciones, «con plena soberanía (…) en la esfera particular de cada una», esfera no especificada.[66]

El primer país en reconocer la república española fue Méjico, donde gobernaba el PRI (Partido Revolucionario Institucional), dictadura de hecho muy anticatólica, masonizada y reconocidamente corrupta.

Las Cortes se reunieron el 14 de julio, un guiño a la Revolución Francesa, visto como acto servil por sus contrarios. Pero, afirma Vidarte, «el pueblo español (…) llevaba cerca de un siglo y medio de retraso» con respecto a aquella revolución. Vidarte fue nombrado primer secretario de las Cortes y Besteiro presidente de ellas.[67]

En su discurso inaugural, Alcalá-Zamora pronosticó un excelente futuro a la república, «potente, segura, sin temor a desaparecer»; «hermana de los mártires (…) Galán y García Hernández (…) biznieta de Riego, de Torrijos» y deudora de «los republicanos del 73, que dejan para la Segunda República dos guías que hacen imposible la perdición (…). Habiendo sufrido más que nadie por la libertad política, habiendo luchado por ella siglo y cuarto con una tenacidad de la que no hay ejemplo en el mundo…», se había llegado a «la última de nuestras grandes revoluciones políticas que cierra el ciclo de las otras», como premio a una actuación previa ejemplar: «En la revolución fuimos tan abnegados, tan generosos con nuestros enemigos y en el poder hemos sido tan serenos en el mantenimiento del orden». Definió a los militares como «protectores, innecesarios; dominadores, imposible; rebeldes, inverosímiles»; y decretó el fin de los pronunciamientos.[68]

Vistos ya en aquel momento, los ditirambos resultaban chocantes. Al mencionar «un siglo y cuarto de luchas», en gran medida entre los propios liberales, don Niceto se condenaba a sí mismo, pues había realizado su carrera política sirviendo, por lo visto, a la tiranía. Tomar por faro la convulsa Primera república solo podía augurar convulsiones; y la generosidad y falta de sangre por la implantación de la Segunda podían atribuirse más bien a la monarquía, que les había regalado prácticamente el poder, y no tanto a los republicanos, parte de los cuales y los anarquistas habían perpetrado ya incendios y sucesos de sangre, con 53 muertos en poco más de tres meses. En cuanto a los «mártires» Galán y García Hernández, habían intentado justamente un pronunciamiento con varias víctimas mortales. Y por entonces continuaban los desórdenes en Andalucía.

Para Azaña, el discurso fue «profuso, circunlocuente, impreciso y de una holgura de palabras desproporcionada con el vigor del contenido. Lo sublime y lo ridículo andan revueltos», y describe al presidente «con un poco de espuma en la comisura de los labios».[69]

Poblaban aquellas Cortes un alto número de diputados de profesión liberal o intelectual. El propio PSOE tenía, frente a 26 de origen obrero, 50 con título universitario y 40 «pequeñoburgueses». Había más intelectuales en otros partidos republicanos, y quizá por eso se ha hablado de una «república de profesores». Sin embargo, parece que ellos mismos se lo creían poco. Besteiro valoró aquellas Cortes «no ya cortas de talla», sino «incapaces». Azaña se burlaba constantemente de las escenas chuscas frecuentes en el hemiciclo: «Santiago Alba, mal intencionado como siempre, pero inoportuno, también como siempre, tuvo la ocurrencia de llamarlos (a los socialistas) jenízaros. El escándalo fue tremendo. Se precipitaron sobre él para pegarle. Saltaban de banco en banco, rodaban por el suelo. Algunos agrarios hacían valla delante de Alba (…). Le gritaban ladrón y otros insultos consonantes. La exmujer de Alba, que no pierde sesión, coreaba desde la tribuna los insultos de la mayoría». Los socialistas habían creído que «jenízaros» significaba eunucos. O bien: «Entro en la sesión para divertirme un poco oyendo a Samblancat, un bárbaro natural de Graus y diputado revolucionario por Barcelona, donde tiene, en el barrio chino, una tienda de condones. Ha dicho mil atrocidades».[70]

Los diarios de Azaña vienen a ser una larga lamentación por la escasa cultura política, «la penuria de hombres capaces y útiles» y en cambio «ahítos de pedantería y vacíos de sindéresis», «un mundillo de parlanchines impresionables que por tontería se aturden o por malicia difunden el aturdimiento»; «Con tal de dar noticias a los reporteros y tenerlos suspensos de su boca unos minutos, no reparan en nada»; «no perciben la ironía ni el sarcasmo cuando son un poco finos»… Lerroux coincide: «Cuando llegó la república, más por abandono del enemigo que por esfuerzo inteligente y vigoroso de sus partidarios, la democracia española padecía esta indigencia de hombres».[71]

Una de las fuentes más preciosas de información sobre el día a día de la época son precisamente los diarios de Azaña. También Alcalá-Zamora comentaba los sucesos, pero sus diarios fueron robados durante la guerra civil, junto con sus bienes particulares, por orden de Negrín, y solo recientemente han reaparecido. Su estima por sus compañeros no es mejor que la de don Manuel, si bien este suele expresarse con más gracia.

El 29 y 30 de julio, en la discusión de la labor del gobierno provisional, Niceto y Maura sufrieron los primeros agravios serios. Companys exigió un gobierno de izquierdas acorde con las elecciones, y Samblancat les acusó de representar «los viejos intereses de la monarquía». Maura contraatacó a Companys acusándole de complicidad con la CNT y de llevar Cataluña «al borde de la ruina». Companys atacó también a Largo Caballero, y este replicó denunciando complicidades de la Esquerra con la CNT, «que imponía el ingreso en la Confederación pistola en mano». Otro socialista acusó a la Esquerra de preparar el camino «no del comunismo, sino del fascio». Ortega y Gasset exhortó a los diputados a no hacer «el payaso, ni el tenor ni el jabalí». Samblancat, Ramón Franco y otros serían conocidos luego como «los jabalíes».[72]

El punto más conflictivo de la Constitución iba a ser el religioso, tratado el 13 de octubre en el artículo 26. Lerroux, que a principios del siglo exhortaba a mil tropelías contra el clero, propugnaba ahora una separación entre Iglesia y Estado «con armonía», pues «hemos de reconocer también a los creyentes el derecho de asociarse en el cumplimiento de sus fines (…) porque la mayoría del país (…) es católica». Por el contrario, la comisión parlamentaria exigía la disolución de las órdenes religiosas e incautación de sus bienes. Don Niceto pedía «un texto sensato» contra «los delirios de los extremistas». Pareció convencer a la mayoría: «Era tan grave el daño y tan fuerte el compromiso, que se intentó por el gobierno una fórmula de paz, la cual por el momento pareció que iba a prevalecer». Gil-Robles y las derechas confiaron en que el artículo sería conciliador.[73]

Azaña presume en sus diarios de indiferencia por la cuestión: «Por mi interior circula, como si dijéramos, un encogimiento de hombros. Esto viene, en parte, del espectáculo de la obtusidad ajena». Mas llegado el momento obró con máxima intención y remarca su gozo al tomar la palabra: «Silencio enorme (…). Cuando me puse en pie, la tensión subió: todos los escaños se poblaron, al pie de la tribuna presidencial se arremolinaron muchos diputados (…). Yo estaba absolutamente sereno y tranquilo; hubiera podido entretenerme en decir chistes».[74]

El tema no sería muy chistoso. Citó de inicio «los problemas vitales de España (…) que han de transformar el Estado y la sociedad españoles hasta la raíz», destacando los tres esenciales a su «corto entender»: «El problema de las autonomías locales, el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de la propiedad, y este que llaman problema religioso». La premisa de este último «la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica: el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español». Para apoyar su aserto aseguró: «Todo el movimiento superior de la civilización (europea) se hace en contra suya (del catolicismo) (…) En España, a pesar de nuestra menguada actividad mental, desde el siglo pasado el catolicismo ha dejado de ser la expresión y guía del pensamiento español». Esto, que era cierto relativamente, no lo era en el sentido absoluto que él pretendía.

«Lo característico del Estado es la cultura», añadió, una cultura anticatólica: «Durante treinta y tantos años (del siglo XIX) no hubo en España órdenes religiosas», y ese logro hizo posible «la revolución del 68 y la del 73 (Primera república). Pero han vuelto los frailes» trayendo «la tiranía, la dictadura y el despotismo, y en esa evolución está comprendida la historia política de nuestro país en el siglo pasado». Y así «la cuestión apasionante, por el dramatismo que encierra, es la de las órdenes religiosas (…). Tenemos, de una parte, la obligación de respetar la libertad de conciencia (…) pero tenemos también el deber de poner a salvo la república y el Estado» cortando el paso «a la muchedumbre de órdenes religiosas».

Suprimir dichas órdenes chocaba con la libertad de conciencia, por lo que él prefería una solución más «inteligente»: la orden jesuita debía ser inmediatamente disuelta, las demás subsistirían pero con prohibición de toda actividad económica —es decir, reduciéndolas a la indigencia—, así como de la beneficencia por sus posibilidades de «proselitismo»; y muy especialmente de la enseñanza: «Nunca más esta acción continua sobre las conciencias juveniles (…). No me vengan a decir que eso es contrario a la libertad, porque esto es una cuestión de salud pública». Para justificar lo cual recurrió a una comparación ilógica: «¿Permitiríais que se propagase en la cátedra de la universidad española la medicina del siglo XVI? No».

Terminó declarando: «Si yo perteneciese a un partido que tuviera en esta cámara la mitad más uno de los diputados (…), en ningún momento (…) habría vacilado en echar sobre la votación el peso de mi partido para sacar una Constitución hecha a su imagen y semejanza, porque a esto me autorizaría el sufragio y el rigor del sistema de mayorías». Con ello mostraba su designio de hacer una Constitución no para el conjunto del país sino según el interés de aquel hipotético partido. Pero como solo tenía 26 escaños, debía buscarse apoyos, y los buscó en el PSOE, siguiendo la estrategia marcada en su discurso del Ateneo el año anterior: la inteligencia republicana dirigiendo a «los gruesos batallones populares». Así que se dirigió a los socialistas: «Veamos la manera de que el texto constitucional, sin impediros a vosotros gobernar, no se lo impida a los demás». Los demás eran para él exclusivamente los republicanos de izquierda, como los hechos demostrarían contundentemente.

Las propuestas de Azaña entrañaban la privación de la enseñanza a cientos de miles de alumnos y obstruían la continuidad de escuelas, institutos y centros universitarios, algunos de alto nivel. En nombre de la libertad vulneraban las libertades de conciencia, asociación, expresión y elección de la enseñanza. Y su afirmación de que España había dejado de ser católica iba a demostrarse pronto harto excesiva.

El discurso, muy del gusto de los diputados masones, desagradó a Martínez Barrio, a su vez masón del grado máximo. Años después recordará su «estupor» ante la supuesta acatolicidad del país: «¿Dónde las pruebas, siquiera los síntomas? (…) Todas las clases sociales aceptaban complacidas los derechos de portazgo y nadie dejaba de bautizar a sus hijos ni de casar canónicamente (…) ni, llegada la hora final, prescindía de enterrarlos en cementerios católicos. Tan solo una minoría insignificante (…), habíamos pasado el Rubicón y colocado nuestra conciencia individual y la de nuestras familias fuera de (…) la Iglesia. ¿Acaso el oscurecimiento de la cultura católica? (…) Era obligado reconocer que el clero regular realizaba una intensa labor seudocientífica y pulidamente literaria para no perder las posiciones preeminentes (…). Tampoco las evocaciones históricas del señor Azaña tenían poder de convicción (…). Fueron palabras imprudentes, innecesarias y divorciadas de la realidad». Con las cuales Azaña «rompía de un manotazo con (…) cualquier política de transacción y de acomodo y se declaraba por el imperio estricto de las mayorías. Pero (…) el ordenamiento jurídico y político de una sociedad democrática se basa en el respeto al derecho de las minorías».[75]

No es seguro que Martínez Barrio pensara así entonces, pues el discurso despertó una explosión de júbilo en las Cortes. Azaña disfrutaba: «El señor Ortega, cada vez que miraba yo hacia su banco, daba cabezadas de aprobación (…). También recuerdo la cara de Teodomiro Menéndez, con su expresión de bobería asturiana, que denotaba sorpresa y deleite (…). Todo el Congreso (…) rompió a aplaudir (…) casi todos los diputados se pusieron en pie para aplaudirme (…). Don Niceto estaba contento y me dio las gracias (…). Maura estaba entusiasmado (…). Don José Ortega me dijo que nunca había oído un discurso parlamentario mejor (…). El efecto del discurso se extendió velozmente por Madrid (…). El contento era general. Se formaba una especie de ola que creía por momentos (…). Yo también estaba contento, porque había acertado con lo que quería y porque había pasado un rato muy divertido». Según Azaña, la medida contra los jesuitas agradó al obispo de Tarragona: «El catalanismo de los catalanes llega a extremos chistosos. Vidal i Barraquer no ve con malos ojos la disolución de los jesuitas; pero estima que ha podido hacerse una excepción con los jesuitas de Cataluña, que son de otra manera, y, por supuesto, mejores».[76]

Don Niceto no podría estar más disconforme con estas opiniones: «Todo intento de paz religiosa quedó frustrado por la maniobra de Azaña (…). No vacilé un momento acerca de mi dimisión». Azaña afirma que Lerroux le felicitó, pero Lerroux, en sus memorias, se solidariza más bien con Alcalá-Zamora, a quien «le sorprendió la arremetida taimada y desleal del ministro de la Guerra (…) que desautorizaba a su jefe, al jefe del Gobierno y contentaba a la mayoría (…). Fue la repetición verbalista y espiritual del 10 de mayo (la quema de conventos)». Gil-Robles lamenta: «La leve esperanza de concordia se desvaneció (…). El éxito del orador, aplaudido con frenesí por la mayoría, prejuzgó ya la solución».[77]

Desde luego, si don Niceto dio las gracias a don Manuel, cambió de talante tras la votación, ya de madrugada. El segundo se recrea: «Vi al Presidente, echado atrás en su asiento, mirando al techo y hablando solo en voz baja. Estaba como en un desvarío». Al diputado nacionalista vasco Leizaola, «que estaba en pie, solo, en una de las escalerillas entre los escaños, increpando a los republicanos, le daban un puñetazo en la nuca. Espantoso griterío y barullo. Los diputados se echaban unos contra otros. Me han dicho que Sigfrido Blasco sacó una pistola».[78]

Maura y don Niceto dimitieron de modo irrevocable. El segundo dejó un escrito a Azaña, quien comenta con sarcasmo: «Leo el papel, que es disparatado (…). Me acusa de deslealtad (…) y anuncia que se coloca fuera de la Constitución para pedir su reforma». Y se burla del enfado de Niceto atribuyéndolo «a pequeños celos, porque su discurso cayó en el vacío y el mío produjo un resultado y fue recibido clamorosamente (…). Todo lo que está haciendo estos días don Niceto es propio de un perturbado».[79]

Solo Lerroux o Azaña podían sustituir a don Niceto en la presidencia. Lerroux con mayores títulos como jefe del partido republicano más votado y de mayor trayectoria, pero se sintió débil porque, explicará Martínez Barrio, segundo de Lerroux por entonces, Azaña y Maura «coincidían en el bajo menester de hundir» a su jefe, lo que daría «frutos de maldición para la república». De modo que Azaña fue el designado. De acuerdo con sus diarios, «me negué resueltamente. Y casi con violencia», pero tuvo que aceptar porque, se queja algo melodramáticamente, «no se habrá hecho con nadie lo que allí se hizo conmigo». Lo cual no le impide anotar enseguida: «El suceso es formidable para mí. Con un solo discurso en las Cortes me hacen presidente del Gobierno. Empezaré a creer en mi estrella». Lerroux calculó que el cargo solo duraría unas semanas o meses, hasta la aprobación de la Constitución, pero, como había de verse, Azaña tenía el firme propósito de permanecer a la cabeza del gobierno. Vidarte preguntó a Besteiro, presidente de las Cortes, si lo que Azaña había pretendido no sería «hacer dimitir a don Niceto para ocupar él (…) la Presidencia del Consejo (…). Besteiro se sonrió, pero no contestó».[80]

Solo un año antes, Azaña proseguía una vida aburrida y descontenta, apenas conocido como escritor y sin proyección política. Y en tan poco tiempo se convertía en la personalidad más relevante, y poco más tarde (en diciembre) en jefe del Gobierno de una república a imponer la cual había sido casi arrastrado por Maura. Don Niceto y Maura se habían creído los forjadores del nuevo régimen, que se les escapaba de las manos, mientras Azaña se convertía en «la encarnación de la república».

Y en septiembre, el más destacado promotor intelectual de la república, Ortega y Gasset, exhibía su decepción con estas frases: «Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron en el advenimiento de la república (…) se dicen ahora, entre desasosegados y descontentos: ¡no es esto, no es esto!». La última frase se haría famosa.

Se aprobó el artículo anticatólico el 14 de octubre, y solo una semana después la Ley de Defensa de la República, diseñada para impedir cualquier resistencia. Dos meses antes, por el continuo desorden anarquista y el temor a las reacciones de la derecha ante los atentados a iglesias y otras violencias, Azaña había propugnado «una política enérgica que haga temible a la república (…). Comenzar suprimiendo todos los periódicos derechistas del norte, y quizá los de Madrid (…). Con aprobación de todos se acuerda suspender unos cuantos periódicos de Bilbao, San Sebastián y Pamplona». Estas medidas iban a hacerse frecuentes. Azaña advirtió que no toleraría que el régimen fuera «objeto de vilipendio, ni de mofa ni de desprecio (…) ¡Ay del que intente alzar la mano contra ella!». Los republicanos, que usaban siempre un lenguaje sumamente ofensivo contra la monarquía, no pensaban tolerar la misma medicina. A los ácratas, aliados de facto en un primer momento, les amenazó: «Hay una maniobra antirrepublicana, un deseo de hundir la república mediante el desorden y la anarquía». La ley, propuesta inicialmente por Maura, daba al gobierno amplia discrecionalidad para suspender o cerrar periódicos, castigar las huelgas «por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo», cerrar locales, multar, encarcelar o desterrar sin condena judicial.[81]

Y justificó don Manuel: «Solo mirarán con recelo y enojo esta ley aquellos que tengan que temer de su aplicación (…). De ninguna manera la verdadera prensa (…). ¿Vamos a llamar prensa a esos reptiles que circulan (…) sembrando el descrédito o la burla, o las malas pasiones? (…) ¿Quién más tiene que temer esta ley? El funcionario negligente y desafecto, el magistrado poco celoso en la aplicación de la ley, el libelista (…) el propagandista clandestino, el agitador de oficio sin convicciones ni conciencia (…). Los conspiradorzuelos de café, que creen montada una máquina infernal contra la república porque, rodeados de media docena de monas epilépticas que por equivocación llevan el nombre de hombres (…)». Algunos recordaron cómo la izquierda había boicoteado el más suave proyecto de ley antiterrorista de Antonio Maura bajo la monarquía, so pretexto de que vulneraba los derechos. Pero se aprobó la nueva ley.

Maura dejaba otro regalo al régimen: la «Guardia de Asalto», policía bautizada con un nombre similar al de las SA nazis. Reclutados entre individuos altos y fornidos, «su primera salida (…) con ocasión de un motín de verduleras (…) fue un éxito rotundo» que le ganó popularidad. Pero, añade Maura, «las mismas cualidades que hicieron la fortuna del cuerpo en sus comienzos fueron la causa de su degeneración (…) y trocaron a los bizarros guardias en repugnantes chulos. En los últimos tiempos de la república (…) este cuerpo fue el terror de los ciudadanos pacíficos, de los maridos predestinados y de los enamorados enclenques».[82]

Un mes más tarde, el 20 de noviembre, unas Cortes enardecidas aprobaban la condena a Alfonso XIII por «alta traición», porque «ejercitando los Poderes de su Magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país». Se daba el caso, ya mencionado, de que dicha Constitución, monárquica, había sido siempre rechazada y vulnerada con violencia por quienes acusaban al rey de perjuro por haber aceptado la dictadura de Primo de Rivera. En consecuencia, el rey, que les había entregado el poder sin la menor lucha, era «privado de la paz pública, cualquier ciudadano podrá aprehender su persona si penetra en territorio nacional», y de «todas sus dignidades, honores y títulos», así como de todos sus bienes y derechos en territorio nacional, que serían incautados por el Estado.

A Azaña no acabó de gustarle el informe: «Mal escrito, mal pensado, declamatorio, pueril. Contiene disparates como acusar al rey de un delito de lesa majestad… contra el pueblo (…). Lectura del triste dictamen. Silencio sepulcral. Lectura del voto particular de Royo Villanova (diputado derechista del Partido Agrario), aún más chocarrero que el dictamen. Romanones defendió al rey, pero como (…) nadie le toma en serio y él mismo no cree ni jota de lo que estaba diciendo, el espectáculo era de una comicidad profunda, seria y a ratos, cuando se abandonaba a su natural, bufa. Viejo y gordo, mal asentado sobre su pata coja (…) cuando se enojaba (…) su cólera parecía una caricatura de la cólera. ¡Lo que es la falta de autoridad! Las Cortes se han reído de buena gana en algunos pasajes de su discurso (…) porque al actor y a la escena les faltaba grandeza (…). No tuvo ni un acento elevado (…) suscitó risas. Son tal para cual». No obstante, aquellas Cortes y el mismo Azaña tenían mucho que agradecer a Romanones, extraña eminencia gris en la caída de la monarquía.[83]

Otra opinión significativa y probablemente no desacertada de Azaña: «Es cosa de espanto la incultura del vulgo político español. No sé yo si llegarán a dos docenas las personas del mundo parlamentario y periodístico con las que se pueda razonar seriamente».[84]

10
DICIEMBRE DE 1931: NICETO ALCALÁ-ZAMORA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. MANUEL AZAÑA, JEFE DEL GOBIERNO

El 9 de diciembre concluían los trabajos constituyentes. El resultado fue una Constitución democrática en el sentido de que admitía el sufragio universal y las libertades básicas de opinión, asociación, etc. Todo ello constaba en la Constitución monárquica de 1876, excepto el sufragio universal (masculino), adoptado en 1890. Las diferencias principales estaban en la exclusión de la monarquía y persecución del monarca, por una parte, y en la transformación de la confesionalidad del Estado en un Estado anticatólico, que reducía al clero a una ciudadanía de segunda y chocaba con los sentimientos de la mayoría de la población. Desde el primer momento se había desatado una propaganda ferozmente antirreligiosa mezclada con atentados e incendios que anunciaban la persecución exterminadora de la guerra civil.

La Constitución se inspiraba algo en la alemana de Weimar, que por entonces no lograba evitar una lucha callejera con trazas de guerra civil larvada, entre socialistas, comunistas y hitlerianos. En el terreno religioso, la ley se parecía más a la impuesta en Méjico por el PRI, que había protagonizado sangrientas persecuciones contra los católicos y con el cual siempre tendrían estrecha relación las izquierdas españolas.

El socialista Jiménez de Asúa había sido el jefe de la comisión constitucional, cuyo texto empezaba por la declaración, propuesta por el también socialista Araquistáin, «España es una república de trabajadores», matizada con la adición «de todas clases». Josep Pla escribe que la frase «telegrafiada al mundo entero, ha provocado innumerables carcajadas. Las más ilustres se han producido en Ginebra cuando Briand, presidente del Consejo de la Sociedad de Naciones, viendo entrar a Lerroux, Madariaga y tres o cuatro profesores más de la delegación española, ha dicho, reloj en mano, al constatar que llegaban con una hora de retraso: Voilà les travailleurs. Lerroux toma asiento, observa que todo el mundo sonríe y pregunta a un delegado por la causa de la hilaridad: C’est que, vous savez, c’est un peu difficile de prendre serieusement certains travaux constitucionnels que vous êtes en train de faire en Espagne… ¡Ah, claro, claro…! —dice Lerroux que no ha entendido ni jota de lo que le acaban de decir— No faltaría más…».[85]

Según Azaña, «entre los republicanos es muy corriente la opinión de que se está haciendo una Constitución socialista, aunque los socialistas no quieren gobernar; pero que los republicanos tampoco querrán gobernar con ella». Esa impresión no obedecía solo a la cuestión de los trabajadores, sino al debilitamiento del derecho de propiedad que, temían los burgueses de izquierda, abriría las puertas a una evolución socialista.

Aprobada la ley fundamental, parecía obligado un referéndum para darle respaldo popular, y asimismo disolver las Cortes y convocar elecciones acordes con la nueva legalidad, pero las izquierdas se opusieron frontalmente a ambas cosas. Largo Caballero afirmó que la disolución de las Cortes era prematura, y que «los socialistas la considerarían una provocación a la guerra civil».[86] Este mal agüero planearía en lo sucesivo sobre el régimen. Las izquierdas simplemente no querían poner en riesgo la ventaja parlamentaria lograda en los comicios de seis meses antes. La derecha, vencida entonces, no tuvo fuerza para impedir lo que constituía una grave arbitrariedad, próxima al golpe de Estado.

Lo que sí se hizo fue elegir un presidente de la república como jefe de Estado sin poder ejecutivo, pero con cierta capacidad moderadora, facultad de disolver las Cortes por dos veces y retirar su confianza al jefe del Gobierno. Muchos entendían entonces esa presidencia como figura más bien decorativa y con escaso poder práctico, y por ello Azaña no estaba interesado en obtener el cargo. Se pensó en Ortega o Marañón, que tampoco demostraron interés. Lerroux, Besteiro o el propio Alcalá-Zamora serían los candidatos con más probabilidades. El socialista Fernando de los Ríos sondeó a Lerroux, arguyendo que la cabeza de Alcalá-Zamora «no rige del todo bien», lo que podría resultar «peligroso», pero Lerroux temía quedar «cautivo» del cargo sin poder dirigir su partido, que sus adversarios podrían entonces ir desbaratando e imponiendo una práctica dictadura del PSOE. Tampoco Besteiro gustaba a muchos socialistas, por su boicot al pronunciamiento militar de diciembre del año anterior y por su oposición a una coalición republicano-socialista.

Por exclusión, don Manuel terminó apoyando la candidatura de don Niceto, que, en fin, había dirigido el Comité Revolucionario y el gobierno provisional. Claro que había dimitido por el artículo anticatólico y se había declarado reformista de la Constitución, pese a lo cual aceptó el cargo invocando el caso de un presidente francés, Grévy, que no había votado la Constitución. El 2 de noviembre, el gobierno decidió proponerlo, aunque con serios temores. Todavía el día 13 Azaña vaciló en vano pensando en la opción Lerroux. El 1 de diciembre, el ya inmediato presidente sufrió un ataque de cólera porque le había llegado el comentario de Fernando de los Ríos sobre la conveniencia de «satisfacer la vanidad de pavo real de don Niceto para quitárnoslo de en medio». Los ministros, a su vez, «convienen en que está loco y que un hombre así es peligrosísimo, porque de presidente nos creará de seguro un conflicto cada día. Faltan poco más de ocho días para la elección, y el caso es dificilísimo. ¿Qué hacer? (…) Casi todos los diputados le votan de mala gana». Se especuló de nuevo con Ortega, Martínez Barrio y otros, pero «ninguno gusta a todos».[87]

Y por fin salió don Niceto: «Mi elección se hizo casi por unanimidad de los partidos y poco menos de los diputados», éxito que atribuye a su prestigio, aunque analiza: «En el fondo de la unanimidad ministerial pesaron motivos muy diferentes: los más de los ministros deseaban una garantía de ponderación moderadora que afianzase al régimen; algunos otros, Azaña y Ríos, encontraron preferible alejarme de las Cortes atándome con las fuertes ligaduras impuestas al poder presidencial». Un diputado socialista un tanto histérico, José Piqueras, «hizo un retrato escalofriante del caciquismo de don Niceto y de la esclavitud a que sus amigos sometían a los campesinos de Priego (…). Piqueras clamaba, lloraba. Terminó diciendo que si se elegía presidente a don Niceto serían muchos los diputados socialistas que morirían en la horca», explica Vidarte, que atribuye a Piqueras dotes proféticas, afirmando que, si no ahorcados, muchos socialistas serían luego fusilados durante la guerra, algo que nada tenía que ver con el presidente.[88]

Y el 10 de diciembre don Niceto pasaba a ser presidente de la república, jurando «guardar y hacer cumplir» la Constitución que él execraba. Contradicción que explicará en su obra Los defectos de la Constitución de 1931: «Bajo la fórmula del juramento formal hubo otra mental e íntima en el interior de mi conciencia, hecha calladamente pero con mayor eficacia (…). Mi mano se tendió invisiblemente hacia unos Evangelios que no estaban en la mesa y mis ojos miraron a un Cristo que de allí había sido retirado». Quizá esperaba así rectificar progresivamente una república que valoraba como su gran obra histórica, pese a habérsele ido de las manos.

Otro tema discutido entonces fue el sufragio femenino. Desde Primo de Rivera, las mujeres podían ser elegidas, pero no votar. Las izquierdas temían que el voto femenino se orientase hacia las derechas y eran muy renuentes a concederlo. Puestos en el compromiso, los socialistas votaron a favor junto con las derechas. «La votación la han ganado los feministas por cuatro votos (…). Don Niceto decidió la votación llamando a sus amigos que faltaban del salón (…). Yo creo que es una atrocidad negar el voto a las mujeres por la sospecha de que no votarían a favor»,[89] escribe Azaña. Pero él salió del hemiciclo para no votarlo, al igual que otros líderes de izquierda. Los radicales estaban en contra, pero fue una diputada de ese partido, Clara Campoamor, quien más abogó por aquel derecho, contra otras dos diputadas de izquierda, Victoria Kent y Margarita Nelken, opuestas por las razones dichas. En las siguientes elecciones, de 1933, el sufragio femenino pudo ser una de las causas de que venciera la derecha.

Asunto de menor fuste fue la acusación contra el comerciante, contrabandista y financiero Juan March, a quien habían pedido dinero los republicanos, al parecer sin demasiado éxito porque March, que les invitaba a suculentos almuerzos y cenas, no creía recibir suficientes seguridades. Josep Pla lo comenta con cierta irrisión, y Azaña a su vez constata: «Nadie podía prever que Galarza, nombrado fiscal de la república, fuese a convertir la querella contra March en asunto mayúsculo de la república, querella de la que nada resultó».[90] Pero las izquierdas se ganaron un enemigo peligroso.

Resuelto el nombramiento del presidente, el gobierno dimitió y don Niceto pudo dar a Lerroux su confianza para la Jefatura del Gobierno, pero en cambio la dio a Azaña. Para obtener el máximo poder ejecutivo, Azaña habría contado al presidente que los radicales rechazaban violentamente la entrada de cualquier socialista en el gobierno; a su vez habría contado a Lerroux que los socialistas rechazaban absolutamente y con amenazas la entrada de los radicales; por lo que Niceto habría terminado por inclinarse por Azaña. Más tarde, el presidente escribiría que Azaña le había engañado descaradamente. Con el tiempo, don Niceto tendría un papel clave en el hundimiento político de Lerroux mediante una maniobra orquestada por Azaña y Prieto, un suceso de gran alcance en los destinos de la república, y del que hablaremos. Pero para eso faltaban aún cuatro años.

Azaña retuvo el Ministerio de la Guerra, además de ostentar la Jefatura del Gobierno, y cambió de cartera a varios ministros. Sacó a Prieto de Hacienda «porque con sus intemperancias y su incompetencia me tenía muy contrariado», pasándolo a Obras Públicas; a Álvaro de Albornoz, que en Obras Públicas «ha fracasado hasta un extremo que raya en lo cómico», lo traspasó a Justicia; a Fernando de los Ríos lo excluyó de Justicia «para que no haga más reformas» y le dio Instrucción Pública; a Marcelino Domingo lo trasladó a Agricultura desde Instrucción Pública, «donde no puede continuar». El gobierno, en conjunto, fue una coalición entre republicanos de izquierda y socialistas, representados por los citados Prieto y Fernando de los Ríos más Largo Caballero, que continuaba en Trabajo. Este gobierno iba a durar un año y medio.

Desde luego es claro que Azaña prefería a los socialistas antes que a los radicales de Lerroux, pues veía en este un rival republicano, mientras que contaba con dirigir a «los gruesos batallones populares», los socialistas y acaso los anarquistas, para llevar a cabo su «programa de demoliciones», como había expresado en su mencionado discurso en el Ateneo un año largo antes. Los hechos no iban a ser muy clementes con tal designio.

A finales del año, apenas dos semanas después de estas decisiones cruciales, el régimen iba a conmoverse gravemente por nuevos sucesos de sangre, esta vez en Castilblanco, un atrasado pueblo de Badajoz, donde cuatro guardias civiles eran asesinados a pedradas y navajazos por unos campesinos radicalizados. La derecha lo interpretó como efecto del odio revolucionario instigado por los agitadores de izquierda; y esta reaccionó acusando a la monarquía por haber dejado una «situación ruinosa en todos los órdenes» y el «pavoroso problema del paro agrario» en Extremadura y Andalucía, que el nuevo gobierno esperaba resolver. Según la propaganda de izquierdas, sostenida hasta hoy, los terratenientes dejaban las tierras sin labrar a propósito para sembrar el hambre entre los jornaleros, a cuyas protestas replicaban con la frase «que te dé de comer la república». Alguno pudo hacer o decir eso, pero por supuesto la inmensa mayoría siguió labrando las tierras de las que sacaban sus beneficios, como demuestra el ligero aumento de la producción agraria en aquel año por relación a 1930.

Así, el balance del crítico año de implantación de la república resultaba harto insatisfactorio, a pesar de haber llegado sin violencia y cuajado de esperanzas tal vez desmesuradas. La miseria había aumentado —aunque quizá podría remediarse con más tiempo—, como demostraba la brusca subida de muertos por hambre, de 109 en 1930 a 144. Los incidentes violentos y huelgas salvajes se habían cobrado la vida de 76 personas en solo ocho meses. Los incendios de templos, escuelas y bibliotecas, justificados atribuyéndolos «al pueblo», habían extendido el descontento y alguna conspiración monárquica, por el momento insignificante. Entre las mismas fuerzas que había traído la república se percibía una creciente desconfianza y en algunos casos hostilidad sin disimulo. Ortega afirmaba que la vida se había vuelto «agria y triste», por lo que exigía en un discurso la «rectificación de la república».

Con todo, cabría interpretar aquellos males como producto de la inexperiencia y de la propia juventud del régimen. Pues, en definitiva, su camino seguía expedito, sin verdadera oposición: el descontento de los monárquicos era impotente, e inoperantes sus conspiraciones, así como las de los carlistas. En las derechas, el disgusto era visible, pero no pasaba de ahí, y la mayoría de los católicos aceptaba mal que bien la nueva situación y se preparaba para una oposición legalista. Mayor preocupación podían suscitar los anarquistas, aunque su peligro no era demasiado alarmante, debido a su escasa eficacia organizativa: quizá sembrasen cierto desorden, pero no representaban una alternativa viable y debían agotarse en su falta de salidas. No sería imposible, pues, la rectificación del rumbo por la que clamaba Ortega. Y las reformas militar, agraria, autonómica y de la enseñanza, que se aplicarían a fondo en el año siguiente, consolidarían al régimen y abrirían las puertas a una sociedad de progreso y prosperidad nunca antes visto o imaginado.

11
GIMNASIA REVOLUCIONARIA Y NORMAS ANTICATÓLICAS

Apenas una semana después de los crímenes de Castilblanco, el 5 de enero, el nuevo año se abría con un nuevo suceso sangriento en el pueblo riojano de Arnedo, con motivo de una manifestación en protesta contra el despido de varios obreros de una fábrica de calzados. Al parecer, en la manifestación, convocada por la UGT socialista y con alta participación de mujeres, los guardias civiles que la controlaban fueron agredidos de palabra y en algún caso de obra. La brutal respuesta del teniente que mandaba a los guardias fue ordenar fuego indiscriminado, que causó entre seis y once muertos, según versiones, varios de ellos mujeres. Unos interpretaron que los guardias obraron en venganza por los hechos de Castilblanco, y otros que por evitar su repetición.

Azaña había anotado el día anterior una opinión de Besteiro sobre la Guardia Civil: «Es una máquina admirable. No hay que suprimirla, sino hacer que funcione a favor nuestro». Según cita también de Largo Caballero, la Guardia Civil se había portado rectamente con obreros y campesinos durante la dictadura, pero con la república «ha vuelto a ser brutal». Y explica asimismo don Manuel: «La situación de la Guardia Civil en los pueblos es más crítica, porque son alcaldes y concejales muchos que solían ser las víctimas y los perseguidos habituales de la Guardia (…). Las nuevas autoridades en los pueblos ponen de su parte algo para que la buena armonía se destruya». El clamoreo de protestas «es atronador», consigna Azaña, por lo que fue destituido el director general de la Guardia Civil, general Sanjurjo, cuya actuación había sido clave para la venida de la república. Sanjurjo achacaba los sucesos a agitadores socialistas introducidos en los ayuntamientos, «lo peor de cada casa».[91]

Y dos semanas después, el 18, la república sufría una nueva conmoción por una insurrección anarquista en la localidad minera de Fígols, que se extendió por la comarca del Alto Llobregat, en la provincia de Barcelona. Azaña reaccionó, afirma él mismo «con la mayor violencia (…). Como Fernando de los Ríos me oyó decir que se fusilaría a quien se cogiese con las armas en la mano, quiso disentir; pero yo no le dejé, y con mucha brusquedad le repliqué que no estaba dispuesto a que se me comiesen la república». Y movilizó tropas al mando del general Batet, con «instrucciones inexorables para aplastar a los levantiscos». «Entre la llegada de las tropas y la conclusión de los sucesos no debían pasar más de quince minutos». La rebelión duró cinco días y dejó 30 muertos. Varios centenares de presos fueron llevados a barcos convertidos en cárceles flotantes, y los arrestos se extendieron a Levante y Andalucía. Ante las Cortes, Azaña lo presentó inverosímilmente como conato de «un movimiento revolucionario (…) con objeto de derribar la república» en connivencia con la extrema derecha. Más de cien jefes anarquistas fueron deportados sin juicio a las colonias africanas el 11 de febrero, pese a una huelga general en Barcelona, con sabotajes y violencias en Tarrasa. La represión no iba a impedir que las violencias y sabotajes continuaran, agravándose de nuevo en mayo.[92]

Aquella insurrección se sumaba a la racha de huelgas violentas ácratas a lo largo del año anterior, y no sería la última, por cierto. Obedecía a la línea más radical de García Oliver, Durruti y los hermanos Ascaso, así como de la FAI de Abad de Santillán y Federica Montseny. No quiere decir que se llevaran bien uno y otro grupo: García Oliver califica a la FAI de asociación de «grupos contrarrevolucionarios». Él quería aplicar la «gimnasia revolucionaria», «una acción insurreccional pendular (…) que indefectiblemente sería contrarrestada por los embates derechistas de los burgueses, hasta que se produjera el desplome de la república». La acción de la CNT-FAI seguiría principalmente aquella orientación.[93]

Muchos anarquistas habían ayudado con sus votos al advenimiento de la república, y cinco años más tarde, en 1936 ayudarían nuevamente al Frente Popular. Pero en el intervalo se convertirían en un verdadero cáncer de la república. Luego, durante la guerra, entrarían en el gobierno izquierdista, donde durarían seis meses, para ser expulsados y perseguidos por los comunistas y socialistas. No obstante, los breves periodos de colaboración han dado lugar a interpretaciones pintorescas como esta de Vidarte sobre la deportación de jefes ácratas como Durruti y Ascaso después de la revuelta de Fígols: «¿Hay alguien capaz de pensar que estos hombres, que habían de dar, pocos años más tarde, su vida en defensa de la república, eran enemigos de ella?».[94] Es capaz de pensarlo cualquiera que no sea Vidarte. Ninguno de ellos luchó por la república, sino por su propia revolución, y la oscura muerte de Durruti no fue causada por los nacionales. Muestra de cómo la propaganda llega a lo cómico distorsionando los hechos.

La gimnasia revolucionaria no lograba, por lo demás, impedir el avance de las nuevas medidas con las que el gobierno pensaba cambiar la faz del país, y pronto se pusieron en marcha la disolución de los jesuitas, la reforma agraria y la autonomía de Cataluña.

Designio clave del régimen, expuesto por Azaña en el debate constitucional, sería acabar con la enseñanza religiosa así como con los centros católicos, y reemplazarlos por una enseñanza laica dirigida por el Estado y orientada por ideologías de izquierda. Según datos de Fernando de los Ríos, en los colegios religiosos estudiaban 350.000 alumnos de enseñanza primaria y 17.000 de secundaria, datos probablemente inferiores a los reales. Sustituir aquella enseñanza, asentada en años de esfuerzos, requeriría tiempo, pero, escribe Alcalá-Zamora, la tarea se intentó con precipitación y sectarismo: «Se desbordó en dislates de imposible ejecución, tales como pretender el milagro laico de que en un trimestre surgieran todas las escuelas de primera enseñanza y en solo una semana todos los institutos e internados necesarios para sustituir a las órdenes religiosas».[95]

Al atacar a las órdenes religiosas, Azaña y la gran mayoría de los republicanos, invocaban precisamente el interés por la cultura, por liberarla de las «cadenas religiosas». La quema de conventos, bibliotecas y aulas respondía a esa mentalidad, y una propaganda muy persistente había hecho de los jesuitas blanco de la mayor aversión, extendida desde las izquierdas a parte de la masa popular. Contra la orden había escrito condenas feroces el intelectual exjesuita Miguel Mir (Los jesuitas de puertas adentro, y una historia general de la orden) entre finales del XIX y principios del XX. El jesuita típico sería «un individuo reprimido y receloso, solitario, vacío, sin amistades y sin afecto, que vagaba en una holganza afectiva y moral perpetua en la que no le servía ni le valía el recurso a Dios». La enseñanza en sus centros se caracterizaría por un estilo «rígido, violento, acompasado», «la más a propósito para matar la espontaneidad de la inteligencia. Todo esfuerzo y reflexión, nada espontáneo y natural (…). Ha matado la inspiración». En lo propiamente religioso y moral, «un estilo dulzón y fantasmagórico que cansa la imaginación y enerva el sentimiento», «devociones volanderas y sentimentales, que se va todo en frases y cuyo efecto es liviano», y por lo demás improductivo intelectualmente: «En más de cuarenta años que hace que tienen escuelas de esta asignatura, no se ha producido absolutamente nada, ni un comentario sobre un libro de la Sagrada Escritura, ni un artículo sobre materias bíblicas, ni un manual». Según Mir, los jesuitas «preferían a los ricos y a las gentes elevadas y aristócratas».[96]

Parte de estas críticas las refleja la novela de Pérez de Ayala AMDG (1910), que tuvo gran difusión. Narra la experiencia negativa de un alumno en un internado en el que no falta algún sacerdote con tendencias pederastas, y critica duramente los métodos de enseñanza.

A todas estas censuras se añadía la de que los jesuitas modelaban las conciencias por una parte, y por otra poseían una capacidad financiera y de influencias que los convertía en un poder oscuro y peligroso que algunos equiparaban al de la masonería, y al servicio de las políticas del Vaticano, en definitiva extranjeras ambas.

Siguiendo el dictamen de la Constitución, el 3 de febrero comenzó a aplicarse la disolución de la orden jesuita. Esta disponía en España de una extensa red educativa a la que solía atribuirse un nivel académico alto, y que constaba de 21 colegios de enseñanza media con unos 6.500 alumnos y centros de enseñanza superior muy acreditados, como la Universidad Comercial de Deusto, única facultad de ciencias económicas en España (su cierre impidió que se formara otra hasta 1944, ya en el franquismo). También regentaba la Universidad de Comillas, el Centro Escolar y Mercantil de Valencia, el Instituto Químico y Laboratorio Biológico de Sarriá, el Instituto Católico de Artes e Industrias de Madrid, observatorios astronómicos, etc. Además editaba en nueve editoriales colecciones de literatura, filosofía, historia, teología y ciencias.

La orden mantenía centros de enseñanza gratuita para alumnos de clases bajas, formación profesional y nocturnos, así como cursos dominicales para empleadas y criadas por los que pasaban unos cien mil alumnos y alumnas. También promovía cooperativas de consumo, casas baratas y asociaciones profesionales y de préstamos a bajo interés. Naturalmente, estas actividades eran miradas con suma hostilidad por los sindicatos obreristas, por cuanto debilitaban su influencia en las masas.

Anular o debilitar una red tan vasta de centros de enseñanza se hacía sobre la base de las críticas y ataques tradicionalmente sufridos por la orden. Pero tales críticas, tuvieran mucho o poco de verdad, no podían ser esgrimidas en una democracia para una medida tan radical como la del gobierno. Las críticas a cualquier tipo de enseñanza eran continuas por los partidarios de cualquier otra. Y la supuestamente exclusiva preocupación por los ricos y aristócratas —desmentidas en buena medida por su atención a los trabajadores manuales—, podía molestar a los católicos como contrarias a la enseñanza evangélica, pero no fundamentar una política laica. Los argumentos invocados contra los jesuitas podrían justificar la aniquilación de cualquier discrepante. De todas formas, la disolución de la compañía invocó el voto especial de obediencia al Papa, interpretado como servicio a un estado extranjero. Criterio aplicable a los comunistas, incluso a los socialistas, por sus lazos políticos con las respectivas internacionales.

Como fuere, la disolución de los jesuitas dañó seriamente a la enseñanza y más en general a la cultura en el país. No ocurría por primera vez: efectos parejos tuvo la expulsión de la orden por Carlos III, en el siglo XVIII.

Por supuesto, las nuevas autoridades emprenderían la construcción de nuevas escuelas y la formación de nuevos maestros, tarea muy encomiada y cuyos resultados expondremos más adelante. De momento el golpe a la enseñanza católica se palió medianamente permitiendo extraoficialmente que muchos religiosos, vestidos de paisano, prosiguieran sus clases, a domicilio o de otras formas.

La masonería, tan influyente en las Cortes, ansiaba eliminar la enseñanza religiosa, en especial la jesuita, pero muchos más compartían el designio, sin ser masones. Azaña, que aún no lo era, se inició como tal el 4 de marzo, para socavar la influencia de Lerroux, «masón durmiente», es decir, no practicante desde hacía tiempo. Vidarte describe devotamente la barroca ceremonia: «Se oyen golpes violentos en la puerta del templo (la logia). El Venerable Maestro dice: “¿Quién osa interrumpir nuestros trabajos?”. “Soy el Hermano Terrible, que conduce a un profano. Dice que es hombre libre, honesto y de buenas costumbres”. “¿Quién responde de él?”. “Yo, que soy su conductor”. “Dadnos su nombre”. “Manuel Azaña y Diaz”. “Hacedle entrar”. Se oye el entrechocar de decenas de espadas…». Según Vidarte, a Azaña se le veía «visiblemente emocionado», pero no da esa impresión en sus diarios el nuevo «hijo de la luz»: «No se cabía en los salones de la (logia de la) calle del Príncipe. No me importó nada todo aquello, y durante los preliminares estuve tentado de marcharme. Había cuatro ministros, y Barcia, con una cadena de oro. Martínez Barrio, que es el gran gerifalte de la Casa, no asistió». Aquellos ritos repelían probablemente a su espíritu escéptico, y no hay noticias de que volviera a frecuentar las logias.[97]

12
REFORMA AGRARIA Y ESTATUTO CATALÁN

También en marzo se publicó el plan de reforma agraria, destinado a acabar con uno de los grandes problemas del país, por la miseria y analfabetismo que afectaba a cientos de miles de familias campesinas, sobre todo en los latifundios de Andalucía y Extremadura. Allí subsistían en pésimas condiciones braceros o jornaleros y pequeños arrendatarios, que sufrían regularmente periodos de hambre en los meses sin labores agrícolas. Aquella miseria, a la que los amos de la tierra y los políticos no sabían o no querían poner remedio, había servido de caldo de cultivo a grupos anarquistas y socialistas, que habían provocado numerosos disturbios y agitaciones. Un dato llamativo era la escasa inclinación de los braceros a emigrar, al revés de lo que había sido tradicional en Galicia, Asturias y Vascongadas, de donde salían regularmente miles de campesinos pobres rumbo a América.

El plan debía repartir unos 50.000 kilómetros de tierra cultivable a algo más de un millón de campesinos, con parcelas de unas cinco hectáreas de promedio, en tierras a menudo de baja calidad y con poca agua, con lo que la mayoría apenas mejoraría su situación. En torno al plan se desató una campaña de acusaciones a los latifundistas, con amenazas de expropiación, fomentando una crispación que enturbiaba el problema.

Fernando de los Ríos, abogado e ideólogo y ministro de Instrucción Pública, cuyo conocimiento del campo era precario, se ocupó de elaborar un primer dictamen proponiendo confiscar las tierras de los aristócratas. El dictamen no satisfizo ni mucho menos a Azaña: «He preguntado a Fernando a cuánto ascendía, próximamente, la extensión de los bienes de señorío. No sabe (…). Después de tantas comisiones, tantos peritos, y después de la actitud suficiente y doctoral del ministro, resulta que se ignora una de las bases de lo que vamos a hacer». Don Niceto también se irritaba por «el desorden con que se llevaba la reforma». Le fue presentado, dice, «el decreto más audaz e insensato que se había deslizado en el Ministerio de Agricultura», consistente en expropiar las tierras sin indemnización, cosa que rechazaba el propio Azaña, por su «influjo nefasto en el crédito y en el cambio». Pese a ello, explica Niceto, el decreto salió en la Gaceta «con mi firma suplantada, falsa». Responsable del fraude había sido el director de la Reforma Agraria, Vázquez Humasqué, «a quien mi compasiva prudencia libró de un proceso escandaloso». Compasión no muy apreciada por Vázquez, quien se pondría en 1936 a «la cabeza de los energúmenos que más furiosamente me atacaban, con rencor insuperable».[98]

Ríos fue sustituido por Marcelino Domingo, antes al cargo de Instrucción Pública, en cuyo desempeño había despertado los sarcasmos de sus correligionarios: «No tiene la menor idea del problema (…). No sirve para nada». En su nueva ocupación agraria suscitaba no menos aprensiones. Para don Niceto, estaba «ayuno de preparación jurídica y diferenciando el trigo de la encina, pero ya con dificultad el uno del maíz y el otro del algarrobo». Don Manuel no lo trata mejor: «Lo más inasequible del mundo es pedirle a Domingo precisión y detalles de ninguna cosa». Al reformador agrario se le había ocurrido imponer por decreto el uso generalizado del corcho en los edificios públicos, iniciativa que desató la mordacidad de su jefe de Gobierno: «El decreto es una barbaridad (…). Las más simples observaciones hechas por Prieto y por Largo le han dejado a Domingo mudo. No sabía qué decir, sino que los corcheros le agobian (…). Así es Domingo (…). Se ha quedado como un colegial suspenso en el examen. ¿Qué sería un gobierno presidido por este hombre? ¿Y qué puede ser la reforma agraria dirigida por él?». Sin embargo, el mismo Azaña había nombrado a Domingo. Quizá no había dado con alguien más apropiado.[99]

Martínez Barrio ofrecerá un retrato más sentimental de Domingo: con él «se ha cometido una doble injusticia (…). Muchas y excelentes virtudes enaltecieron al político y al hombre. Fue orador y escritor notable (…) y ungió su obra con la mejor de las cualidades: el ejemplo. De una austeridad franciscana, vivió y murió cerca de la santidad, resignado y pobre».[100] Aunque también él admite que carecía de dotes para la obsesiva reforma.

Con todo, si hemos de creer a Azaña, las cosas mejoraron sensiblemente gracias a su propia intervención: «He tomado este asunto por mi cuenta y voy consiguiendo que se quiten del proyecto las cosas más duras y alarmantes (…). Prieto, que nunca creyó en la reforma agraria, dice que ahora empieza a ser viable (…). El que se resiste más es Ríos; tiene una especie de fanatismo intelectual y disputa por entelequias. A veces parece un niño consentido. Les he dado la fórmula».[101] Sin embargo, esa fórmula tampoco iba a dar frutos precisamente milagrosos.

El hecho real es que la reforma, aun llevada con más rigor, no podía mejorar de modo relevante la dura suerte de los braceros. La baja productividad del campo exigía que una masa de campesinos lo dejaran para afincarse en la ciudad trabajando de obreros, igual que ha ocurrido en el resto de Europa. Mas, por desgracia, la industria, prácticamente estancada, no podía absorber la mano de obra sobrante en el agro, cosa que solo ocurriría años más tarde, en el franquismo. Por otra parte, las discusiones parlamentarias no parecían tener fin, lo que generaba indignación entre los aspirantes a beneficiarios de la reforma, esperanzados con las prometidas medidas, que deseaban rápidas y eficaces. Y así, conforme las medidas se empantanaban o se aplicaban en grado insuficiente, la frustración entre los jornaleros aumentaba, cultivada para radicalizarlos políticamente por los partidos de izquierda, pese a hallarse estos en el poder.

Otro asunto grave, acordado en el Pacto de San Sebastián, era un estatuto de autonomía para Cataluña, exigido entonces por los separatistas con una amplitud tan próxima a la secesión que había generado alarma. Conviene precisar que no todos los separatistas lo eran decididamente, sino que renunciaban a la secesión por creerla inviable en un tiempo previsible; pero en general planteaban una estrategia que llevara antes o después, bien a la separación de la región, bien a su preeminencia sobre las demás regiones. El separatismo había cobrado impulso político a raíz del «desastre del 98», cuando diagnosticaba que España se hundía sin remedio, y lo más «razonable» sería salvarse del naufragio cortando amarras con ella. Hasta entonces el separatismo no pasaba de curiosidad pintoresca: Francesc Cambó, su líder más destacado y hábil, que con el tiempo se moderaría, recordará cómo, en plena guerra con Usa, el patriotismo español no era menor en Barcelona que en Madrid: «Cuando salíamos del Círculo de la Lliga de Catalunya, encendidos de patriotismo catalán, nos sentíamos en la calle como extranjeros, como si no nos halláramos en nuestra casa, porque no había nadie que compartiese nuestras preocupaciones».[102] Pero la crisis moral por la derrota había facilitado una propaganda que sostenía la superioridad racial de los catalanes sobre los demás españoles y oponía la lengua regional a la común.

El asunto del estatuto autonómico eclipsó en gran medida la atención a la reforma agraria. La autonomía podía presentarse como una vuelta a la tradición anterior a los Borbones, que no tenía por qué debilitar la cohesión nacional afianzada por estos y acentuada por los liberales en el siglo XIX. Por ello los carlistas, partidarios del Antiguo Régimen y de los fueros medievales, vieron los estatutos con simpatía, y en Navarra y Vascongadas se unieron al PNV para pedirlo. Esta alianza fracasó porque los peneuvistas, al revés que los carlistas, cultivaban una radical hispanofobia basada en la pretensión de constituir los vascos una raza superior no solo a los demás españoles, sino a cualquier otra del mundo. Por otra parte, el PNV era o se decía muy católico, por lo que tampoco gustaba al gobierno izquierdista, con lo cual su estatuto fue perdiendo fuelle hasta ser abandonado. Solo volvería a plantearse en 1936, en plena guerra civil, cuando las izquierdas, olvidando escrúpulos ideológicos, tratasen de ganar cualquier tipo de apoyos frente al bando nacional sublevado.

El 6 de mayo comenzó a debatirse en las Cortes el Estatuto de Cataluña, previamente aprobado en referéndum regional con acusaciones de fraude. Las desconfianzas eran grandes. Muchos, en el gobierno y fuera de él, temían que la Esquerra utilizase la autonomía como palanca para romper la unidad de España. Y constataban que desde el primer momento, antes de cualquier referéndum o convenio, la Esquerra había roto el «pacto de caballeros» de San Sebastián y, apenas declarada la república, había obrado con verdadera independencia colocando a su gente en los cargos políticos. A su vez, los separatistas temían que las concesiones del gobierno resultaran demasiado cortas para sus aspiraciones, y dudaban entre exigir demasiado para regatear concesiones posibles, o contenerse ante la escasez de sus fuerzas y la inestabilidad política en la región, donde tenían arraigo el anarcosindicalismo y otras fuerzas antirrepublicanas.

El problema de la cohesión nacional, que las derechas sentían amenazada con el estatuto, aumentaba el malestar en la opinión pública. Y la oposición, aunque todavía débil y mal organizada, trataba de derribar al gobierno acusándolo de propiciar la disgregación del país.

En el gobierno, Azaña era el principal impulsor de la autonomía catalana, considerando que dando esa satisfacción a la Esquerra, esta se calmaría en sus reivindicaciones. Esperaba mantener comunes la universidad y los institutos secundarios, y asegurar en la escuela primaria la enseñanza del español común o castellano. Los socialistas eran mucho más reacios. Azaña se aplicó a convencerlos, y consigna cómo un Prieto «oscuro y silencioso» mantenía una resistencia «terca que no razona». En las Cortes se oponía la mayoría de la derecha. Los radicales, desconfiados, procuraban limitar al máximo las concesiones y aprovechaban para debilitar al gobierno acusándole de excesivas connivencias con la Esquerra. Ortega expresaba malestar, y muchos diputados de izquierda temían que los separatistas tratasen de anular la lengua común en la región y propagar entre los jóvenes la aversión a España, contra la tradición unitaria de siglos en la propia Cataluña. Prieto denunciaba la hipocresía de la Esquerra y temía que las concesiones en la enseñanza terminaran aplicándose también en Vascongadas. Ante las resistencias, la Esquerra moderó algo sus exigencias políticas, pero en su proyecto hablaba de «Estado catalán».

Según Cambó y otros, las derechas tenían más aprensión por la reforma agraria que por la autonomía catalana, pero sabiendo la emocionalidad que esta suscitaba, la utilizaban con el propósito de anular de un golpe las dos reformas. El hecho es que se iba creando «un ambiente de opinión considerable contra el gobierno, que, de día en día, iba creciendo y se hacía más difícil de vencer». Esta situación se complicaba con la pésima situación del orden público, que Lerroux resume así: «Surgieron por toda España conflictos llamados sociales, atracos, atentados personales, agresiones especialmente dirigidas contra el clero y contra la Guardia Civil. Las autoridades de todas clases y categorías actuaban vacilantes (…). La indisciplina chisporroteaba ya en los cuarteles». Josep Pla y bastantes más expresaban opiniones muy parecidas.[103]

A pesar de tal ambiente, Azaña se salió con la suya en un largo discurso el 27 de mayo. Presentó la cuestión acusando a la monarquía —«argolla para esclavizar a los pueblos»— de haber causado el problema catalán. «La unión de los españoles bajo un Estado común no tiene nada que ver con lo que se ha llamado unidad histórica española bajo la monarquía», afirmó. Al parecer, España nunca había estado unida realmente, pero ahora la república iba a corregir tan triste anomalía: «La unidad de los españoles bajo un Estado común, la vamos a hacer nosotros, y probablemente por primera vez». Estas frases debían de sonar a alucinación a muchos diputados, pero a otros les seducían con la idea de una gran misión histórica. Luego, bajando a lo más concreto, interpretó: «Los catalanes dicen: queremos vivir de otra manera dentro del Estado español. La pretensión es legítima porque la autoriza (…) la ley constitucional (…). Ahora nos encontramos ante un problema que se define de esta manera: conjugar la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses o los fines generales y permanentes de España dentro del Estado organizado por la república».

El triunfo parlamentario de Azaña pareció dar un vuelco a la cuestión, pero fue solo una impresión momentánea. En la misma derecha, El Debate, órgano oficioso del partido de Gil-Robles se inclinó a aceptarlo con espíritu conciliador, pero el monárquico ABC lo rechazó sin ambages. Ortega, muy insatisfecho y cada vez más decepcionado con el rumbo que tomaba el régimen, calificó el discurso de «tres horas en un ladrido».

Azaña quedó tan ufano de su discurso que esa noche se imaginó dando lecciones a un Alfonso XIII, que le escuchaba encogido y admirado: «Gobierno una democracia, y enseño cómo se gobierna una democracia. Es difícil». Ante esas declaraciones, Alfonso «se me amengua por momentos, arrebujado en una hopalanda como de viaje. Me da lástima». Y prosigue sus enseñanzas: «El poder, para las personas inteligentes, solo tiene una barrera auténtica e infranqueable: la conciencia de la propia limitación. Los que temen abusos de poder de una persona como yo, es que son tontos o aviesos». El monarca le arguye que él habría deseado hacer algo grande por España, pero Azaña le corta: eso nunca habría podido hacerlo «porque no es usted artista». Alfonso, deslumbrado, se le sincera: «En cambio usted sí lo es, y eso le permite dominar y triunfar». Lo que da pie a otra lección imaginaria del implacable maestro: «No domino, no triunfo. Poco ha de vivir usted, y otros, para enterarse de lo que es para mí el poder, que usted perdió por quererlo demasiado y yo ejerzo sin haberlo deseado, y por lo cual pasaremos los dos a la historia con facciones tal vez infieles». Y concluye el gobernante, ya para sí mismo: «Nunca me he visto tan lejos de todo. Ni tan aislado, como una roca en medio de un mar muy bravo».[104] Parecía asombrado de sí mismo. Sin embargo, los hechos, y otros pasajes de sus diarios, testimonian hasta qué punto se había convertido a su vez en separatista de la realidad.

13
AGOSTO DE 1932: EL GOLPE DE SANJURJO

La satisfacción de Manuel Azaña casaba mal con el crispado ambiente social que cundía en el país. Casi nadie se sentía seguro sobre el rumbo que tomarían la reforma agraria y la autonomía catalana, y la reforma de la enseñanza enojaba a la clase media católica por su hostilidad a la Iglesia. La reforma militar acometida por Azaña era acogida favorablemente en el propio ejército, pero su ejecución práctica levantaba numerosos agravios entre los militares. Las medidas tomadas tendían a racionalizar unas fuerzas armadas hipertrofiadas en la cabeza del ejército, por su excesivo número de generales y jefes, y a generalizar en él un espíritu republicano. Para republicanizarlo, Azaña facilitó a los disconformes, generalmente monárquicos, retirarse en buenas condiciones, cosa que unos hicieron y otros no. Pero pronto surgieron quejas de sectarismo y preferencias masónicas en la elección de mandos. No faltaban, en efecto, los oficiales y altos cargos masónicos, una tradición desde la invasión napoleónica.

La reforma castrense era, no sin motivo, uno de los mayores orgullos de don Manuel. Pero desde junio crecía el malestar en medios militares, por las constantes ofensas recibidas desde la izquierda y en la calle. El día 19, Albornoz se permitía afirmar que un estornudo de los generales había hecho temblar la monarquía, pero «ahora los generales no estornudan, y si se atreven les sucede como al general Barrera», recién detenido por conspirar. A Azaña, aquella expresión le pareció una muestra de «cobardía y fanfarronada», «palabras impertinentes y necias en boca de un ministro», por parte, además de un personaje inepto en su ministerio. El 31 de julio El Socialista trataba a los oficiales de perturbados mentales. Azaña exhibía a veces gestos despectivos hacia ellos, pero estas cosas le irritaban: «Todos estos señoritos no habrían servido para bajarle los humos a un sargento, y ahora que tienen al ejército desarmado políticamente e impotente para revolverse contra la república (…) se afilan los colmillos con él, a mansalva». «Me contraría enormemente que se ocupen para nada de las cosas militares; pero que se acuerden de ellas para escribir animaladas y en el periódico de un partido que está en el gobierno, me irrita (…). En cuanto entran en juego estas cosas, no se sabe hasta dónde se puede llegar».[105]

No menos indignaba a muchos oficiales la creciente agitación comunista o socialista en los cuarteles. El general Goded había protestado al jefe del Gobierno, quien consigna: «Miedo a la indisciplina de la tropa. Una vez más me ha recordado las atrocidades de los soldados rusos con sus jefes cuando triunfó el bolchevismo: “¡Crucificaron a los coroneles!”, me dice con espanto». Don Niceto resalta la «terrible odiosidad despertada por el gabinete particular de que se había rodeado el ministro de la Guerra. La república tenía en el ejército menos enemigos que Azaña, y este a su vez bastantes menos que su funesto gabinete particular», compuesto, dice, de sujetos «fanáticos, sectarios o rencorosos y perseguidores que hicieron al régimen y al jefe del Gobierno un daño enorme».[106]

Después de la quema de conventos y centros de cultura, en medios militares conservadores habían surgido conatos de conspiración, por lo demás ineficaces, pero conforme se deterioraba el orden público y el Estatuto catalán se presentaba como amenaza a la integridad del país, aumentaban los impulsos conspirativos. Con todo, los gobernantes comprobaron que la mayoría de la oficialidad era adicta a la república, y que sus críticas tenían carácter constructivo, tratando de mejorar la situación, no de empeorarla. Cosa que se demostraría pronto.

Para controlar a los presuntos conspiradores, el gobierno había intervenido sus conversaciones telefónicas y vigilaba sus movimientos. Azaña escribe: «No quieren sublevarse contra la república sino contra el Parlamento y el gobierno». Ignoraba quién era el jefe superior del complot, aunque lo sospechaba, y conocía a varios de sus líderes subalternos, como Goded, que entonces había elegido retirarse. Era optimista: «La única probabilidad de vencer que tienen es tomarnos de improviso y desprevenidos, pero eso es imposible». Y explicaba sus intenciones: «Así como sofocamos por la fuerza el movimiento anarcosindicalista, hay que sofocar el de la derecha a toda costa y pase lo que pase». «Mucha gente cree (sobre todo lo creen los monárquicos) que si la república subsiste es porque los espadones lo consienten. Sería muy útil probarles que se engañan. Vencer un pronunciamiento fortificaría a la república, sanearía el ejército dando una lección a sus caudillos, y contribuiría al progreso de las costumbres políticas».[107]

Entre tanto, los debates sobre el Estatuto catalán se prolongaban, y los diputados catalanistas estaban cada vez más enfadados, indecisos y divididos: «Vinieron a decirme que los catalanes continuaban reunidos, y que se les oía vociferar». «Los de la Lliga y los nacionalistas más afectos a Macià toman actitudes intransigentes y proponen medidas extremas, tal vez la de retirarse del Parlamento. A la Lliga le interesa hacerlo así para recobrar una bandera en Cataluña. Companys dice que los que son más republicanos que nacionalistas, como él, se contentarían con una solución decorosa».[108] Macià representaba al ala más abierta e impacientemente separatista de Estat Catalá, que se había integrado en la Esquerra, mientras que la Lliga, capitaneada por Cambó, mantenía una posición más ambigua. Su tesis era que Cataluña debía convertirse en la región dirigente del resto de España, idea poco práctica. Grupo derechista, había sido originariamente el gran partido catalanista, incluso favorable a la secesión, hasta que la radicalización revolucionaria anarquista en Cataluña lo hizo evolucionar en un sentido moderado. La izquierda, más radicalmente separatista, se había improvisado en vísperas de la república, pero había conseguido más diputados que la histórica Lliga.

Las inacabables discusiones causaban al jefe del Gobierno verdaderos dolores de cabeza: «A la una y media (de la noche) estaba rendido, envenenado por la fatiga, aburrido de todos, asqueado de necios e intrigantes, con ganas de dejarlos y que lo arreglen otros». Estas palabras recuerdan sintomáticamente las famosas del primer presidente de la Primera república, Estanislao Figueras, ya citadas: «Estoy hasta los cojones de todos nosotros». Figueras había abandonado sin avisar a sus correligionarios, pero Azaña persistiría.[109]

Con el problema del Estatuto como fondo, Lerroux se radicalizaba a su vez en un discurso el 10 de julio. Según Azaña, «insulta a los socialistas, ahonda las diferencias entre los republicanos, llama a los monárquicos y hace suya la causa de los generales descontentos y de los curas. Enterado del complot militar, conmina al gobierno (…) ¡Márchate, porque si no, se sublevarán!». A su turno, Largo Caballero exigía en el gobierno medidas más radicales y de no ser así, amenazaba: «Los socialistas tendrán que salir de la política gubernamental para adoptar una política puramente obrerista». Fernando de los Ríos «siempre ha creído que la república tendrá que pasar por una etapa de dictadura, y que el concepto de libertad, sobre todo aplicado a la prensa, lo tiene sometido a revisión». Lerroux explicaba: «Lo que yo dije es que el poder se reclama (…) cuando se cree que el que lo ocupa no puede continuar sin grave daño al país. Y os digo que en esta situación se encuentra actualmente el gobierno». A su vez la Esquerra se mostraba cada vez más inquieta. Había pasado poco más de un año y medio de la Constitución y la constitución del gobierno de Azaña, y el país parecía abocado a un callejón sin salida.[110]

Cinco días después del discurso de Lerroux, el PSOE publicó un manifiesto que a Azaña le pareció «violentísimo». Enfrentado a tantos problemas, el jefe del Gobierno se sentía «muy derruido por dentro», juzgando que sus colaboradores y cogobernantes padecían una ineptitud congénita y devastadora: «Las gentes se embarullan, se aturullan, piensan mil disparates por minuto, y por la impresión de un momento pierden de vista lo principal». Su disgusto iba más allá: «Veo muchas torpezas y mucha mezquindad, y ningunos hombres con capacidad y grandeza bastantes para poder confiar en ellos (…). ¿Qué va a pasar aquí? ¿Tendremos que resignarnos a que España caiga en una política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta?».[111]

El enfado y decepción del reformador se expresaba en juicios hirientes sobre amigos y enemigos. Ortega aparece como una persona hinchada de vanidad y ansioso de adulación: «Tiene un fondo provinciano incurable. Se forma de la política una idea como la del doctor Faustino antes de salir de su pueblo». Aludía a un personaje de la novela de Juan Valera Las ilusiones del doctor Faustino, hombre con grandes ideas y manías de grandeza, pero inepto y falto de carácter, caricatura de un Fausto. Eduardo, hermano del filósofo, «es torpe, obcecado y alborotador (…). En el Gobierno Civil de Madrid fracasó ruidosamente, y ya es difícil fracasar en ese cargo, que no tiene nada que hacer». El ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz, no sale mejor parado: «No está en el mundo. No se entera de nada». Y queda retratado como un simple: «Le decimos lo que ha de declarar a los periodistas. Se lo repito. Se lo aprende de memoria». Lerroux «dijo otra porción de simplezas. Así es él de ordinario. Quienes le hemos tratado, sabemos cuánto hay de falso en su apariencia solemne».[112]

Se ha criticado mucho a don Manuel por estos juicios demoledores, pero los hechos indican que eran bastante lúcidos. Su lucidez, empero, no llegaba a cuestionarse su gran designio político expuesto en 1930. Al parecer no era muy abundante la «inteligencia republicana» que debía conducir a los «gruesos batallones populares» a demoler las tradiciones y construir «quizá por primera vez» una España unida. Para colmo de males, como se venía demostrando, los «batallones populares» socialistas y anarquistas no mostraban la menor intención de dejarse conducir por aquella supuesta inteligencia.

La superación de la difícil crisis iba a provenir inesperadamente de la intentona de golpe militar, que los conspiradores habían fijado para la noche del 9 al 10 de agosto. Mediante el control telefónico y algunas confidencias, el gobierno conocía no solo el día y la hora, sino también los edificios que los golpistas pensaban tomar: «Se proponen asaltar el Ministerio de la Guerra y la Telefónica. La confidencia procede de una mujer, amante de uno de los oficiales comprometidos (…). Ha delatado para que a su amigo no le hagan ningún daño». Al tanto de todos los detalles, Azaña tomó las medidas pertinentes, asesorado por militares afectos, especialmente Arturo Menéndez y Hernández Saravia. Y en pocas horas quedó desbaratada la intentona en Madrid, con una decena de muertos, casi todos de los conspiradores.

El mayor peligro se dio en Sevilla, donde el general Sanjurjo se hizo en un primer momento con el control de la ciudad, averiguándose que era el jefe real de la sublevación. Este emitió un manifiesto que plagiaba en parte el del golpe militar republicano, también frustrado, de diciembre de 1930: «Surge de las entrañas sociales un profundo clamor popular…». Azaña movilizó urgentemente tropas, incluyendo unidades de regulares moros de Marruecos para acometer la ciudad «por tierra, mar y aire», y cortar las carreteras de Andalucía a Madrid.

La drástica reacción del gobierno contrastó con la pasividad de Sanjurjo: «La inacción de Sanjurjo me llena de asombro. ¿A qué espera? Yo suponía que hoy mismo, por la mañana se pondría en movimiento para ocupar antes que nosotros los pasos del río y abrirse el camino de Madrid. No hace nada. Es un disparate, y eso prueba lo que valen estas gentes». En realidad, el jefe rebelde estaba a la espera de buenas noticias de Madrid, y al llegarle malas abandonó la partida al final del día 11. Intentó huir a Portugal y fue detenido en Huelva.[113]

El golpe fue tildado de monárquico por los vencedores, pero no tenía esa intención, sino, probablemente, la de sustituir a Azaña por Lerroux, expulsar a los socialistas y paralizar o reducir lo más posible el Estatuto catalán. Uno de los conspiradores, el general Barrera, logró refugiarse en Francia, donde explicó que el golpe no pretendía cambiar el régimen, sino solo un gobierno que «llevaba a la patria camino de la desmembración». Según él, el fracaso no se debió al plan en sí, que juzgaba perfecto, sino a alguna traición que no lograba explicarse pues «creíamos que solo había caballeros» entre los conspiradores.[114]

El mismo día 10, fracasado el golpe en Madrid, Azaña peroró en el Parlamento: la intentona había venido muy bien al régimen, afirmó. Le atribuyó carácter monárquico, lo que no era cierto, pero apuntó: «A nadie se le puede ocurrir que la república pudiera continuar viviendo con dignidad si un movimiento de esta especie llegase a triunfar (…). ¿No servirá esto para que el pueblo español se entere de una vez de dónde están sus verdaderos intereses y dónde debe poner sus verdaderos amores?». Y anunció que en el futuro ya no habría benignidad. «De los escaños socialistas salieron clamores de ¡Ya era hora! ¡Ya era hora!».

La derrota de Sanjurjo reanimó los antes deprimidos ánimos de la izquierda y los separatistas. En Sevilla se produjeron tumultos contra las derechas, y Azaña leyó «los desmanes cometidos por el pueblo y la lista de casas y círculos (derechistas) asaltados o incendiados. Las Cortes han expresado su satisfacción con fuertes y jocundos murmullos». E inmediatamente se aplicó con máximo rigor la Ley de Defensa de la República. Aunque el fracaso del golpe se debió, en última instancia, a que ni la derecha ni la mayor parte del ejército se habían sumado a él, fueron clausuradas 133 publicaciones periódicas de derechas e impuesta la censura previa a las agencias de información. El diario ABC fue suspendido sine die y sin acusación formal: nunca en la monarquía se había aplicado una sanción semejante. Según sus directivos «no puede justificarse siquiera con la Ley de Defensa de la República, que faculta al ministro de Gobernación para suspender los periódicos por un determinado tiempo (…) que determina las causas o motivos (…). No se nos ha comunicado jamás por qué se nos imponía este castigo, excepcional en España». La sanción duraría 110 días, llevando al diario al borde de la quiebra. Según Azaña, fue el conservador Miguel Maura quien más se molestó por la reaparición del periódico, el cual decía, «estaba a punto de claudicar, por sus muchas pérdidas, y habría cambiado de empresa y de política».

El triunfo se aprovechó para impulsar la reforma agraria mediante la expropiación sin indemnización de las tierras de más de 300 aristócratas y de otros terratenientes, simplemente por sospecha de que hubieran simpatizado con Sanjurjo; la Administración y la enseñanza fueron rápidamente depuradas de derechistas y monárquicos, sustituidos por izquierdistas. Más de cien jueces y fiscales fueron obligados a jubilarse y cientos de personas fueron detenidas. Como había ocurrido con los anarquistas de principios de año, 145 jefes y oficiales fueron deportados al Sahara, otros 300 quedaron disponibles forzosos, y se disolvieron varias unidades de la Guardia Civil y Carabineros. La derecha, escribe satisfecho Vidarte, «estaba aterrada. Esta vez se encontraba realmente frente a un gobierno revolucionario».

Sanjurjo fue condenado a muerte en un proceso sumarísimo, sin que contaran sus decisivos servicios a la república. «La gente está empeñada en que se le mate —consigna Azaña—. A la Presidencia del Consejo han llegado más de tres mil telegramas, casi todos pidiendo la ejecución del general». Lo mismo recuerda Alcalá-Zamora. Al gobierno se le planteaba el dilema de ejecutarlo y posiblemente convertirlo en un mártir, o conmutarle la pena dando impresión de flaqueza. Salvo Casares Quiroga, ministro de Gobernación, los demás ministros y Azaña optaron por la conmutación a cadena perpetua: «Fusilar a Sanjurjo nos obligaría a fusilar después a otros seis u ocho (…) y a los de Castilblanco (…). Haríamos de él un mártir. La monarquía cometió el disparate de fusilar a Galán y García Hernández, y aquel disparate influyó no poco en la caída del trono». La monarquía había indultado en otras ocasiones, y Primo de Rivera había dado un trato benévolo a otros golpistas, limitándose a multarlos.[115]

Fuera del gobierno, la mayoría de los políticos de izquierda exigían la cabeza del general. Los socialistas aceptaron de mal humor el hecho consumado, excepto Negrín, que consideró un grave error la conmutación. En protesta por ella hubo disturbios en San Sebastián, Granada, Zaragoza y otros lugares. La derecha, muy pusilánime, no se atrevió a pedir el indulto de Sanjurjo y cesó en su oposición a la política del gobierno.

14
LA GLORIA DE AZAÑA

Alcalá-Zamora también estaba feliz por el desenlace de la «sanjurjada», y comunicó por escrito a Azaña su promesa de que no permitiría en ningún caso que los militares y civiles comprometidos en el golpe fueran reintegrados a sus puestos. Los dos personajes, que tan separados y en mala relación habían vivido, parecían ahora más amigos. Según don Manuel, don Niceto charlaba con él comentando con sorna la simpatía de la nobleza con el golpe y proponía la incautación de sus tierras, pero Niceto lo recordará muy de otro modo: él solo habría propuesto que se hiciera pagar a «las clases altas y ricas» los gastos ocasionados por el golpe mediante un impuesto especial; y tuvo luego ocasión de avergonzarse al «ver convertida tal fórmula en una mezquina, vengativa y deshonrosa incautación de pequeñas propiedades pueblerinas de enemigos políticos». También afirma en sus memorias haber paralizado una propuesta socialista de armar a los sindicatos, lo cual habría ampliado «las proporciones del conflicto a las de una posible revolución social y guerra civil», cosa que «cuatro años más tarde conseguirían Largo y Prieto de Giral y Azaña».[116]

Don Niceto advertiría que las Cortes izquierdistas, tan decaídas antes, habían recibido una inyección de «energía, como vida y como furia», lo que era una evidencia para todos, señalando que por ello se volvieron más sectarias. El Estatuto catalán se habría vuelto abusivo en «problemas importantes como la justicia, el orden público, la hacienda y la enseñanza», dando excesivo poder a los separatistas, muchos de los cuales no ocultaban sus aspiraciones ni cesaban en su denigración sistemática de España. A su juicio, la ley de cultos «agravó el artículo 26 de la Constitución con loco apasionamiento». La reforma agraria resultó «irreflexiva, que dañaba los intereses de la grande, la mediana y aun la pequeña propiedad».[117]

Otro asunto en que los dos coincidían en parte era la opinión sobre Lerroux, a quien detestaban. Según don Niceto, «la verdadera cuestión o duda fue la de si el compromiso conspirador llegó o no por su izquierda hasta Lerroux. Azaña lo creyó así con absoluta convicción, aunque sin pruebas (…) cuya carencia le llevó a desistir de una acusación sin otro resultado previsto que escándalo y daño». Don Niceto lo consideraba «por lo menos uno de los enterados (del golpe) con la ilusa esperanza de que desembocara en soluciones republicanas más templadas (…) en su provecho».[118]

Lerroux, a su vez, alabó a Sanjurjo, que «se sublevó como un caballero, perdió como un gran señor y se resignó a su suerte como un perfecto cristiano (…). Para él (Sanjurjo) la república auténtica la representaba yo». El político y el general habían sostenido una conversación, coincidiendo en que el peligro para la república provenía de los socialistas. El 10 de junio, dos meses antes de la «sanjurjada», Azaña apunta una confidencia que le había hecho su opositor: «Cree saber (…) que algunos generales conspiran. No sabe quiénes son. Ni viene a denunciarlos; sino a ofrecerse, con su partido, para defender la república. He tenido que darle las gracias por su innecesario y estéril aviso». A su vez, Lerroux acusará a Azaña de haberle presionado para que dijese los nombres, tratando de imponerle «una delación vil, de confidente policíaco».[119]

Don Niceto sospechaba que la conspiración llegaba a Romanones y a Melquíades Álvarez, antiguo jefe político de Azaña (y que sería asesinado por el Frente Popular cuatro años después, en la matanza de la Cárcel Modelo de Madrid). Gil-Robles afirmó, con muy probable sinceridad, haber condenado el golpe, que le había parecido una aventura absurda y contraproducente. El general Goded también estaba implicado. Don Niceto afirma que Goded y Azaña se profesaban «un odio mutuo y terrible, en Azaña más disimulado por el desdén habitual, en Goded llevado a la furia de una obsesión» (Goded sería fusilado en Barcelona, también cuatro años más tarde, por sumarse al alzamiento contra el Frente Popular). Franco había sido tanteado, pero se abstuvo. Siendo de convicciones monárquicas, aunque democráticas de acuerdo con lo expresado en 1930, sus simpatías hacia Sanjurjo eran escasas por su papel en la llegada de la república. Sin sentir adhesión a esta, la aceptaba —la había aceptado el rey, después de todo—, rechazaba la indisciplina y temía que una intentona como la propuesta abriera el camino a un contragolpe comunista, siendo esa posibilidad su mayor preocupación. Cuando el sublevado le pidió que le defendiese en los tribunales, contestó fríamente que al rebelarse y fracasar, «en justicia se había ganado el derecho a morir».

Lo cierto es que Sanjurjo solo contó con un respaldo muy reducido, tanto político como militar, aunque el gobierno, como hemos visto, aprovechara indicios y sospechas para extender al máximo una represión contundente. No obstante reconocer claramente esta causa evidente del fracaso, Alcalá-Zamora concluye por acusar a la derecha en pleno: «Las torpes derechas españolas, sin sentido conservador y a veces sin sentido común, pagaron caro su intento suicida y su afán de no ceder a las izquierdas ni en demencia ni en demagogia». Esta opinión, harto arbitraria, reflejaba más bien su despecho, pero iba a orientar sus acciones posteriores, sobre todo desde finales de 1934. De modo simétrico a su detestado Azaña, don Niceto se autovaloraba como el líder natural del régimen y en particular de su ala conservadora. Pero su liderazgo lo había perdido irremediablemente después de la «quema de conventos» quince meses antes, y su silencio ante las crecientes violencias.

El gobierno puso en práctica mucho más que las medidas represivas. Aprovechando el acobardamiento de la derecha, fueron votados en las Cortes el Estatuto catalán y la Ley de Reforma Agraria los días 8 y 9 de noviembre. Por su parte Azaña había recuperado el estrellato político, y también Ortega, tan escéptico y decepcionado poco antes, volvió a manifestarle entusiasmo. Paradójicamente, sus éxitos parecían deprimirle, o así lo expone en sus diarios: «Mi situación es dramática. Cada suceso de estos me clava más al poder, donde no quiero estar, y a medida que me destacan sobre los demás, se agrava la carga que pesa sobre mí. Me aterra que no tenga ahora sustituto posible que satisfaga a los republicanos y sea capaz de llevar el gobierno. ¿A dónde va a conducirme todo esto?». Parecía sentirse como un titán cansado, obligado a llevar sobre sus hombros el peso de todo el régimen, y hasta del país, sin ninguna otra persona a su altura y capaz de relevarle. Una vez más, la inteligencia republicana resultaba sumamente limitada (a él mismo) para la tarea de «crear España». También se percibe un agudo contraste entre estos lamentos y su actitud de aferramiento al poder, entonces, hasta el final de la república y hasta la derrota del Frente Popular.[120]

De hecho, el gobernante trató de aprovechar el fracaso de la Sanjurjada para consolidarse políticamente. Emprendió gestiones para controlar los periódicos La Voz, Luz y sobre todo el influyente El Sol, a fin de contar con una prensa de apoyo a su política. Se valió para ello de un empresario llamado Luis Miguel y de su hombre de confianza, el mejicano Martín Luis Guzmán, un abogado y escritor mejicano, que había sido muy próximo a Pancho Villa, a quien consideraba un héroe. Amenazado de muerte por sus adversarios políticos, tuvo que exiliarse a España en 1928, trabajando en diversos periódicos, entre ellos El Debate, diario católico que sería órgano oficioso de la CEDA. No obstante, sus ideas izquierdistas le llevaron a conectar con Azaña, quien simultáneamente trató de llegar a la unidad de acción, incluso a la fusión entre los partidos republicanos de izquierda: el suyo propio de Acción Republicana más el Radical Socialista —mucho más fuerte en las Cortes— y el galleguista de su amigo Casares Quiroga. Así, en diciembre se formó la FIRPE (Federación de Izquierdas Republicanas Parlamentarias Españolas). Con ello esperaba avanzar hacia su «república para todos los españoles» pero dominada por los republicanos de izquierda.

Inicialmente, Azaña había contemplado la colaboración con el PSOE como una estrategia de alcance decisivo y proyección internacional: «Con la incorporación del proletariado español al gobierno del Estado y a la dirección de la república (…) se emprende en España una experiencia fundamental de interés histórico universal». Caía en el tópico de identificar al proletariado con los socialistas, pese a que una masa de obreros seguía a la CNT, otra menor a sindicatos católicos, y otra considerable se abstenía de todos. Pero ahora esa etapa le parecía estar cumplida. Su plan de robustecimiento republicano incluía la conveniencia de desprenderse del PSOE: «De los socialistas hay que separarse amistosamente y de común acuerdo, en virtud de haber realizado ya un programa común (…). De otra manera tomarían una posición violenta, muy peligrosa (…). Retirarnos nosotros ahora solo conduciría a dejar la república en manos del lerrouxismo, que es una infección. ¿Qué sería de la república, gobernada por Lerroux?»[121]

Habiendo doblegado por la fuerza al anarcosindicalismo de la CNT y al sector levantisco de la derecha, Azaña estaba convencido de haber barrido de enemigos el camino hacia el asentamiento definitivo de su concepción de la república y de la propia España. A finales de 1932, el panorama se presentaba limpio, soleado y sonriente para su gobierno. Y, sin embargo, pronto iba a transformarse en una pesadilla que ni él ni nadie hubieran podido imaginar.

15
CASAS VIEJAS: LOS ANARQUISTAS TORPEDEAN Y HUNDEN A AZAÑA

Azaña, pues, se figuraba haber sofocado tanto a los anarquistas como al sector más inquieto de la derecha y a los monárquicos. En este último caso tenía razón, pues no iba a surgir de ellos ningún otro intento de golpe militar; pero en cuanto a los primeros, se equivocaba. La represión de las huelgas salvajes y de la insurrección del Alto Llobregat no había debilitado ni escarmentado a la CNT-FAI, que en cambio ardía en deseos de revancha y preparaba nuevas acciones.

El líder anarquista García Oliver había explicado bastante antes su estrategia: «Sin precisar fecha, nosotros propugnamos el hecho revolucionario, despreocupándonos de si estamos o no preparados para hacer la revolución e implantar el comunismo libertario, por cuanto entendemos que el problema revolucionario no es de preparación y sí de voluntad, de quererlo hacer cuando las circunstancias de descomposición social por las que atraviesa España abonan toda tentativa de revolución. Sin despreciar del todo la preparación, (vemos) que toda ostensible preparación y propaganda del hecho revolucionario crea paralelamente la preparación del hecho fascista». A su vez, el jefe de la FAI Abad de Santillán se expresaría así: «Ante un estado de cosas intolerable, unos pueden resignarse a la pasividad y otros reaccionan como pueden». Y el «cómo pueden» consistió en preparar una nueva insurrección revolucionaria con más amplitud que la anterior, creando «cinco o seis grandes guerrillas que apoyasen las reivindicaciones populares», es decir, las reivindicaciones de los propios anarquistas.[122]

Concretamente, la CNT-FAI preparó para enero de 1933 un magno intento revolucionario. En Barcelona, «además de acciones frontales en cada barriada, incluía la voladura de los edificios de Capitanía General, Gobernación y Jefatura Superior de Policía, trabajo encomendado a la sección de Alcantarillas a cargo de Ricardo Sanz, a quien se dotó de seis cilindros de envasar oxígeno llenos de dinamita, para ser colocados en los desagües que afluían a las alcantarillas». La acción tuvo que ser aplazada por haber fracasado una huelga ferroviaria previa, pero el plan continuó, pues «nuestras fuerzas de choque se creaban por y para la revolución, no para maniobras de tipo sindical».[123]

El proyecto no funcionó bien. La Guardia Civil, por confidentes, se adelantó a los atentados, que habrían provocado una carnicería, y capturó a los dirigentes «en una bien preparada trampa». Los policias, sin duda furiosos contra los autores de unos planes de asesinarlos en masa, se desfogaron, según García Oliver, en «terribles palizas que nos propinaron los guardias de asalto en la jefatura Superior de Policía (…). Como piltrafas de carne machacada fuimos conducidos a la cárcel Modelo». «En Barcelona y en Cataluña, la conmoción fue enorme al enterarse». La denuncia de torturas impresionaba los sentimientos de la gente, que los republicanos habían utilizado contra la monarquía y que ahora se volvía contra ellos. «Las cárceles se llenaron de bote en bote y las torturas estuvieron a la orden del día, como en los buenos tiempos de Laborde, o en los de Martínez Anido y Arlegui». Estos eran jefes policiales (el primero marqués) que habían perseguido el terrorismo. En algunos pueblos de Levante y Andalucía se proclamó el comunismo libertario, pero, «todo había sido como un relámpago: izar la bandera roja y negra en el ayuntamiento, proclamar el comunismo libertario, quemar en la plaza los archivos de la propiedad y pregonar la abolición de la moneda y de la explotación del hombre por el hombre».[124]

El «comunismo libertario» difería del comunismo marxista al que aspiraban tanto el PSOE como el PCE, por entonces muy débil. Según los anarquistas, la revolución podía y debía realizarse de un golpe, y de la noche a la mañana el pueblo quedaría emancipado, se hundirían la religión y el Estado, la propiedad y las instituciones burguesas y no volverían a aparecer. Los marxistas pensaban que el derrocamiento político de la clase capitalista era solo el comienzo de un periodo transitorio, de «dictadura del proletariado», de duración no precisable, cuya misión sería erradicar los restos del sistema y de la tenaz mentalidad burguesa antes de alcanzar la sociedad propiamente comunista, sin Estado y más o menos similar a la querida por los ácratas. Estos denunciaban dicha dictadura como una tiranía inadmisible y aún peor que la del capital.

A pesar del fracaso en Barcelona, la insurrección tuvo su episodio más determinante en la pequeña población gaditana de Casas Viejas, del 10 al 12 de enero. Proclamado el comunismo libertario, los afiliados a la CNT atacaron el cuartel de la Guardia Civil, matando a dos de los cuatro guardias presentes. Llegaron refuerzos de guardias civiles y de asalto, que asediaron la chabola de un anciano anarquista apodado Seisdedos, donde se habían refugiado los rebeldes. Empezó una refriega en la que un guardia de asalto fue muerto y otro herido. Llegó entonces, ya en la noche, un nuevo refuerzo de varias decenas de guardias de asalto al mando de un capitán apellidado Rojas, con órdenes del gobierno de acabar «sin piedad» con los resistentes. Rojas hizo acribillar la casa e incendiar su techumbre. Murieron allí nueve personas, entre ellas dos mujeres y un niño, por balazos o abrasados. A continuación los guardias hicieron una razzia por el pueblo y detuvieron a otras doce personas a las que asesinaron a sangre fría. Hubo algunos muertos más, alguno por una paliza. Una proporción sin duda desmesurada para una triste aldea como Casas Viejas.

Al día siguiente reproducía Azaña la opinión de Fernando de los Ríos, de que «lo ocurrido en Casas Viejas es muy necesario, dada la situación del campo andaluz y los antecedentes anarquistas de la provincia de Cádiz». Por su parte, Largo Caballero declara que «mientras dura la refriega, el rigor es inexcusable». Y el 18 escribe: «Muchos republicanos querrían que nos arrojásemos sobre los anarquistas presos e hiciéramos con ellos un escarmiento atroz. Por el contrario, otros ya se alarman suponiendo que el gobierno va a ser severísimo». Y Ortega protestaba al jurista y diputado Sánchez Román: «Nunca en España se ha llegado a una vergüenza igual».

El 1 de febrero reabrieron las Cortes en medio de un monumental escándalo. Esplá, subsecretario de Gobernación, se excusó diciendo que el ministro, Casares Quiroga, había ordenado fusilar a quienes disparasen contra la fuerza pública. Al día siguiente Azaña alegó que simplemente había ocurrido «lo que tenía que ocurrir», y se negó a una investigación parlamentaria. Esta vez sus instrucciones de actuar con la mayor energía, como en las anteriores violencias y en el golpe de Sanjurjo, iban a resultarle contraproducentes. En el país y en el Parlamento se levantó un verdadero clamor de protestas y acusaciones. Varios mandos de Asalto acusaron al director general de Seguridad, capitán Arturo Menéndez, muy afecto al gobierno y protagonista en la represión del golpe de Sanjurjo, de haber ordenado no hacer heridos ni prisioneros. Aún más escándalo causó la consigna de «tiros a la barriga» atribuida a Azaña, que pudo ser real o no.

Como primera consecuencia, la prevista unificación de las izquierdas republicanas se vino abajo al convertirse los radical socialistas en los principales acusadores al gobierno. También los monárquicos extremaron sus críticas, mientras que el partido de Gil-Robles se mostró circunspecto, sin retorcer el cuchillo en la herida. Los radicales de Lerroux aprovecharon la ocasión de «hacer el proceso de la política que se estaba desarrollando en aquel bienio. Habló Martínez Barrio (lugarteniente del propio Lerroux) y como acusador resultó implacable. Fue aquel discurso en que la política del gobierno presidido por Azaña quedó para siempre definido con aquella frase afortunada, sintética y terrible: sangre, fango y lágrimas».[125]

Azaña se sentía acosado. Los días 23 y 24 de febrero comentaba en sus diarios «la repugnancia que en nuestra honradez despierta el vernos envueltos en una campaña tan baja», la cual atribuía a una confabulación de «los republicanos que se llaman revolucionarios y los monárquicos (…). Vorazmente se han arrojado sobre la sangre, la han revuelto, nos han querido manchar con ella (…). A mí ha concluido por levantárseme el estómago, descubriendo la podredumbre que hay debajo de esa maniobra, y me he marchado del salón, porque no podía más». El 24 se planteó la moción de confianza y fue cuando Martínez Barrio calificó al gobierno de «enlodado, maldecido por la historia, entre vergüenza, lágrimas y sangre». El gobierno ganó la moción por «cuarenta y tantos votos», pero hubo de resignarse a una comisión investigadora votada mayoritariamente.

Aceptar la comisión no supuso un alivio, pues los detalles de la matanza que iban saliendo a la luz empeoraban las responsabilidades del gobierno. Su jefe escribía el día 28: «Anoche tenía yo un humor negro, espantoso, efecto de una manera de desesperación al verme tan mal servido». Y el 7 de marzo se queja de «la amargura que a todos nos produce el descubrimiento de que se han hecho atrocidades», un descubrimiento que en realidad conocía desde el principio, aun si no en algunos detalles. Maura fue a advertirle: «Es escandaloso lo que sucede; que ya hoy se ha llegado a hablar de la mujer de Menéndez (…); que mañana saldrán a relucir los escándalos ocurridos en la Dirección General bajo el mando de Menéndez: juergas, borracheras, etcétera, etcétera; que el gobierno, con todo esto, se cubre de fango; que el Parlamento se desprestigia, y, por tanto, el régimen; que esto no puede continuar… Respuesta mía: que en cualquier Parlamento del mundo todo ello se habría ventilado en una sesión (…). Que no es el gobierno quien mantiene el debate, sino las oposiciones». Y no aceptó la propuesta de Maura de dimitir o procurar ser derrotado en las Cortes.

No sonaba del todo convincente la indignación de don Manuel, pues ¿qué habría hecho él de estar en la oposición ante un caso así? Más aún, como le había increpado el 1 de febrero el diputado ultraizquierdista José Antonio Balbontín, «el señor Azaña encontraba legítimo acudir a la conciencia europea contra la brutalidad del rey (por la muerte de cuatro manifestantes en noviembre de 1930), y ahora resulta que sois infinitamente más brutales, más criminales que aquella monarquía, porque quemar una casa vieja, con mujeres y chiquillos dentro, no lo hizo nunca Alfonso de Borbón (…). Las cabilas del Rif (…) no han asesinado (a los presos) por la espalda».

Alcalá-Zamora interpretó que por confidencias de un funcionario con acceso al Ministerio de Gobernación «sin duda por intimidades masónicas», Esplá había transmitido «entre blasfemias y palabrotas, expresiones más que órdenes de dureza. Aun con esta irrecusable y enterada referencia creo que el propio Esplá, fanático lúgubre, (…) no llegó a dar órdenes criminales». La interpretación es pintoresca. Azaña no solo había conocido muy pronto lo esencial de los sucesos, sino que su política hasta entonces consistía precisamente en «sofocar» con máximo empleo de fuerza cualquier revuelta que pudiera poner en peligro la república, o más propiamente su concepción de ella.

Incidentalmente, y como muestra de la degradación política e historiográfica actual, la «memoria histórica» del gobierno socialista de Andalucía declaró en 2009 a Casas Viejas «Bien de interés cultural» como «Sitio histórico», con la siguiente inscripción: «Un acontecimiento histórico que expresa valores identitarios de un pueblo y viene a reparar la dignidad de las víctimas, recobrando la memoria dolorosamente silenciada durante décadas de dictadura». No solo no fue silenciado el crimen en el franquismo (obviamente no tenía por qué), sino que quienes intentaron silenciarlo, y no sin motivo, fueron precisamente el gobierno izquierdista y los socialistas de entonces, falsificándolo hoy. En cuanto a «los valores identitarios de un pueblo» no queda claro si fueron los valores insurreccionales anarquistas o los de la muy republicanizada Guardia de Asalto; ni de qué dignidad se trata, aunque el texto sugiere torcidamente al franquismo como responsable de los crímenes.

Los efectos de Casas Viejas iban a ser amplios y duraderos: para el gobierno y su jefe significaron el principio del fin de su bienio gobernante, justo cuando pensaban haber despejado por completo el camino para asentar su versión de la república. El primer gran golpe, silencioso aunque profundo, había sido la quema de conventos y bibliotecas; este, por el contrario, resultó de lo más tumultuoso.

Menéndez fue detenido, y su procesamiento revocado en mayo. El gobierno salió desarbolado de las sesiones parlamentarias y de la indignación popular, aunque se mantuvo aparentemente incólume. Los intelectuales y la prensa se distanciaron de Azaña, cuyos proyectos de unificar a los partidos afines y de crear un grupo mediático adicto cayeron por tierra. A su vez, Alcalá-Zamora, que le temía y aborrecía, comenzó a intrigar para descabalgarle del poder.

Casas Viejas supuso un duro golpe no solo para el gobierno, sino también para la república, como había indicado Maura. Vidarte dice que la insurrección anarquista había sido «suicida» e «irresponsable» por no tener posibilidad de éxito, fingiendo ignorar que los líderes anarquistas habían diseñado tal tipo de acciones para zarandear al régimen hasta que se derrumbara. Según García Oliver, «dentro de sus escasas posibilidades de triunfar, el movimiento de enero logró, desde el punto de vista de la táctica revolucionaria moderna, resultados extraordinarios: fue causa de descomposición de las izquierdas republicanas que usufructuaban el poder, y de que perdiesen las elecciones a diputados que se celebrarían aquel año». Dado que tres años después los anarquistas terminarían colaborando con el Frente Popular, la historiografía suele olvidar que no detestaban a los republicanos menos, sino incluso más, que a los monárquicos.[126]

Lerroux declaró el fracaso del gobierno en los tres objetivos para los que había sido elegido: «Consolidar el régimen, desarrollar los principios constitucionales y frenar el desorden público». Tal era la realidad evidente a aquellas alturas, y por tanto, afirmaba, el gobierno debía dimitir. Si no lo hacía, el Partido Radical acudiría «a todos los medios que le dé el reglamento (…) para imposibilitar la obra del gobierno». La amenaza no era vana, pues su obstruccionismo iba a seguir fustigando en los meses siguientes la política azañista.[127]

Casas Viejas enconó también las desavenencias entre los socialistas y la «inteligencia republicana». Al estar el PSOE en el gobierno, se hacía corresponsable de las represiones y castigos a los revoltosos obreros de la CNT, lo cual cuestionaba su pretensión de representar a toda la clase obrera y facilitaba el crecimiento del sindicato anarquista. Previendo aquella peligrosa ambigüedad, el PSOE había renunciado a los cargos de gobernador civil, obligados a reprimir los tumultos, dejándoselos a los republicanos. Sin embargo, no podían evitar ser vistos como cómplices. Ni siquiera podían culpar a la Guardia Civil por monárquica, pues la matanza la había perpetrado la muy republicana Guardia de Asalto. Para salir del paso culparon a «los caciques que niegan el pan y la sal a los obreros socialistas», y acusaron a los radicales: «Moralmente sois los responsables de todos estos hechos» por haber protegido a la CNT contra la UGT. Obviamente, ello resultaba poco creíble, menos aún cuando el propio PSOE intentaba combinar su presencia gubernamental con una propaganda extremista entre obreros y campesinos.[128]

Dentro del PSOE, ya Besteiro se había opuesto a gobernar con los republicanos, y ahora otros exigían abandonar el gobierno para dedicarse a una lucha de clases radical por los ideales marxistas. En su XIII Congreso, en octubre de 1932, el partido se había decidido por el colaboracionismo gubernamental, pero después de Casas Viejas la tendencia rupturista y revolucionaria ganaba impulso y se desmoronaba la ilusión de Azaña de una separación ordenada y amistosa.

El 14 de febrero Azaña exponía su impresión de que: «en España y en toda Europa, todas las sociedades modernas están en trance de transformación vertiginosa, no sé en qué sentido, no me importa discernirlo ahora». Sí sospechaba su sentido, al plantearse la necesidad de que la transformación ahorrase «los horrores de una revolución social». Sugería la liquidación suave e indolora de la democracia liberal. También hablaría así Largo Caballero: «Hemos venido a colaborar a la proclamación de una república para hacer una Constitución flexible, susceptible de que un partido revolucionario como el nuestro, que quiere hacer una transformación de la sociedad absoluta (…) lo pueda hacer con arreglo a los preceptos y las leyes. (…). Hoy la Constitución, en su artículo 44, permite que se llegue a la socialización de la propiedad (…). Hemos contribuido a esa transformación para (…) poder llegar a nuestras aspiraciones sin violencias grandes, sin grandes derramamientos de sangre». No obstante, advertía: «Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución (…) tendremos que conquistarlo de otra manera».[129]

El invocado artículo 44 señalaba que «toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional», por lo que «la propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa» y «podrá ser socializada» o «nacionalizada». Ello debería hacerse, no obstante, «con arreglo a la Constitución y las leyes», previas indemnizaciones y sin confiscación (esta cláusula ya se había conculcado cuando la sanjurjada). Es decir, el PSOE había confiado en ir logrando mayoría suficiente para hacer efectivas de modo legal sus aspiraciones socialistas, que por lo demás contradecían otros aspectos de la Constitución. Y en esa dirección avanzaría con rapidez en los meses siguientes, dejando al margen la legalidad.

16
VERANO DE 1933: PUGNA ENTRE DON NICETO Y DON MANUEL

Al cerrarse el debate sobre Casas Viejas, el socialista Prieto invitó a visitar Vizcaya a su amigo Azaña, y consigna este el recibimiento en Bermeo: «Todas las calles que van al puerto atestadas de gente. Banderas. Flores. Masas negras gesticulantes y gritando. Sobre todo las hembras. Los vaporcitos del puerto nos atronaban con las sirenas. El estrépito llegó a ser tal, que no oíamos los “vivas” y gritos de la multitud y solo veíamos las bocas abiertas y la manos agitándose en el aire (…). El diputado nacionalista Basterrechea me envió una carta al ayuntamiento, diciéndome que en el silencio que con dignidad vasca guardaba Bermeo, él levantaba la voz para protestar, etc., etc. Si a esto le llaman silencio, qué será el ruido en Bermeo. La misma tarde fuimos a Guernica. Visitamos el árbol y la Casa de Juntas, donde hay una porción de cachivaches que pretenden ser antigüedades y reliquias de una tradición».[130]

El éxito de su gira vizcaína debió de hacer creer al gobernante que mantenía su popularidad, y probablemente quiso comprobarlo convocando elecciones a 2.500 ayuntamientos para el 23 de abril. Prieto vacilaba: «Se le ha metido en la cabeza, para reforzarse del traspiés de Casas Viejas, convocar elecciones municipales (…). Es una jugada peligrosa». Los ayuntamientos en cuestión se mantenían desde mayo del 31 regidos por juntas gestoras nombradas por el gobierno, el cual había destituido a aquellos concejos alegando que en ellos no había habido votación, lo cual era cierto, pero no la había habido por no haberse presentado candidaturas republicanas. Azaña debía de sentirse muy optimista, pues de otro modo no habría convocado aquellos «peligrosos» comicios.

La campaña electoral se desarrolló entre presiones, coacciones y violencias por parte de las izquierdas, que en algún caso, en Reinosa, llegaron a poner en peligro la vida de Sainz Rodríguez y otros monárquicos. Debían elegirse 19.000 concejales, y los resultados marcaron un fuerte cambio de tendencia con respecto a las elecciones parlamentarias de dos años antes. Los partidos del gobierno apenas sacaron 5.000 concejales, mientras que las derechas casi les igualaron, y los republicanos contrarios al gobierno también se acercaron mucho. Incluyendo los independientes o atípicos, los partidos gubernamentales habían conseguido poco más de una cuarta parte de los cargos.

De resultas, un diputado radical socialista, Botella Asensi, clamó en las Cortes: «Cuando el debate de Casas Viejas os dije que estabais dimitidos, y lo estáis desde entonces». Azaña lo pinta como «bizco y mal intencionado, violento y corrosivo»; y a Maura, que abundó en la condena, lo describe «violento, descompuesto y jacarandoso. Pensar que este hombre pueda un día estar al frente de un gobierno, causa pavor (…). Se retorcía como un poseído. A mí me parecía que de un momento a otro se subiría por las columnas de las tribunas, correría por las cornisas y se entregaría a otras acrobacias peligrosas e inútiles». Con todo, la llegada de la república debía más a Maura que a cualquier otro.[131]

Las elecciones habían sido un descalabro para el gobierno, pero Azaña cuenta en sus diarios que el duro revés municipal le había dejado indiferente: se trataría de «burgos podridos», «masa inerte». Opinión que pocos compartían.

La relación entre Alcalá-Zamora y Azaña se agrió aún más de lo que ya estaba. El primero afirma haber sufrido «una insólita campaña (…) para acobardarme con ataques y amenazas», cosa que atribuye a celos por su popularidad, mientras que su rival reduce todo a la «suspicacia enfermiza» de la presunta víctima. El fondo político del conflicto no eran celos ni suspicacias, sino otro de hondo calado político: don Niceto trataba de provocar la dimisión del gobierno y convocar nuevas elecciones generales disolviendo las Cortes Constituyentes. Por ello había amonestado al gobierno, recordándole que «aún debían votar las Cortes varias leyes que exigía la Constitución, pero que había que hacerlo con prisa, y que aquel aldabonazo electoral debía servirles, corroborando mis consejos y advertencias, para iniciar una política de conciliación nacional y republicana (…). La consigna (del gobierno) fue evitar la disolución de las Constituyentes»[132]… que quizá ya no deberían llamarse así, al no haberse disuelto tras aprobar la Constitución.

La Constitución daba al presidente, en este caso Alcalá-Zamora, autoridad para disolver las Cortes y convocar elecciones generales por dos veces. Pero si las nuevas Cortes salidas de la segunda disolución votaban que esta había sido arbitraria, el presidente quedaría destituido. Ello planteaba un problema: la disolución de las Constituyentes ¿debía computarse o no como primera endosable al presidente? Se suponía que esta debía ser automática una vez elaborada la Constitución, y por tanto no entraba en las dos permitidas, pero las constituyentes habían continuado como normales, lo que volvía ambigua la cuestión. Estas interpretaciones adquirirían máxima transcendencia política tres años después. En 1933, Azaña opinaba que la disolución querida por don Niceto no debía contarse como la primera; pero en 1936 cambiaría de opinión, con objeto de destituir y sustituir a su rival.

Por el momento, el presidente no aprovechó los comicios municipales para deshacerse del gobierno, pero vio la ocasión el 8 de junio, con motivo de la sustitución del ministro de Hacienda, Jaime Carner, que padecía cáncer. Azaña propuso una reorganización gubernamental más amplia, y don Niceto la rechazó, expuso sus agravios con el gobierno y lo forzó a dimitir. De momento no disolvió el Parlamento, que debía continuar, con otro gobierno, hasta la aprobación de algunas leyes, cumplido lo cual se disolverían por sí mismas. Porque, explicó a los dimitibles, si él las disolviera solo le quedaría otra posibilidad de hacerlo, «y quedándome con un solo cartucho, me sería muy difícil hacer uso de esa facultad». Así presentaba su decisión como un beneficio para las izquierdas porque, previendo una victoria próxima de la derecha, él podría luego disolver y convocar nuevas elecciones, que tras la experiencia de gobierno derechista, debería favorecer de nuevo a las izquierdas. Aparentemente quería que las derechas gobernasen solo por un tiempo breve. Y así había de ocurrir, con efectos que el enredoso presidente no podía imaginar.

Con esta arriesgada maniobra, don Niceto buscaba congraciarse con las izquierdas, muy herido por el improperio de reaccionario con que estas le obsequiaban: «Vean ustedes cómo este reaccionario se interesa por la duración de estas Cortes. Aunque algún periódico socialista me presente como enemigo del proletariado, yo no olvido que soy el hombre que defendió en la Cámara la fórmula de “república de los Trabajadores”. La cual, por cierto, había causado cierta sensación internacional».[133]

Sin embargo, no obtuvo gratitud de sus teóricos beneficiarios, pues el gobierno le sometió a «escandalosa coacción (…), reunidos durante tres días en comité permanente de salud pública, con pretexto de estar en peligro el régimen, que lo identificaban con sus puestos». A su vez Azaña achaca a don Niceto una «política personal» que debía impedírsele. «Andan corriendo rumores alarmantes de todas clases. Hay agitación en la Casa del Pueblo de Madrid y algunos exaltados hablan de echarse a la calle. También se anunciaban desórdenes en algunos otros puntos como protesta contra el posible advenimiento de un ministerio Lerroux». Tal advenimiento solo podría ocurrir si Lerroux ganara las elecciones, pero ya estaba claro que las izquierdas no estaban dispuestas a reconocer su victoria legal. Mas por el momento, el gobierno hubo de ceder y dimitir.[134]

Azaña pretende haber aceptado su forzada dimisión con ánimo festivo: «Satisfacción íntima muy profunda (…) La alegría de la liberación me inundaba». «Mucha gente cree que soy necesario; yo no comparto esa opinión». «He procurado elevar la política a una línea que la inteligencia cultivada pueda seguir, y a un desinterés personal que las personas decentes puedan amar. Y he puesto siempre como fondo de mis propósitos y de mis actos el ensueño de una resurrección del espíritu español, curado de su anemia, de su poquedad». No estarían muy de acuerdo los anarquistas, católicos, monárquicos ni, a última hora, los socialistas.[135]

«Mi temor más fuerte —continúa— no es que la república se hunda, sino que se envilezca», tarea que confiesa habían vuelto inútil sus compañeros: «Los sinsabores del gobierno, la inepcia de unos, la injusticia de otros, la mezquindad o la tontería de otros, me mortifican más de la cuenta (…). ¿Estoy obligado a acomodarme con la zafiedad, con la politiquería, con las ruines intenciones, con gentes que conciben el presente y el porvenir de España según se los dictan el interés personal y la preparación de caciques o la ambición de serlo? Obligado no estoy. Gusto, tampoco lo tengo. Entonces, ¿qué hago yo aquí? De cuanto he realizado, lo más beneficioso sería la siembra por el ejemplo. Pero el ejemplo no se ve (…) ni lo sabrán ver nunca». Una vez más, la inteligencia republicana parecía no existir, aparte de la suya.[136]

Pero la victoria de don Niceto no fue completa, pues no hubo modo de formar nuevo gobierno, y el presidente, «muy sombrío, muy abatido», sufrió la humillación de tener que recurrir nuevamente a Azaña. Don Niceto recordará: «Confirmado Azaña (…) dio al día siguiente el mayor escándalo que podía imaginarse en su periódico de cámara El Sol (…). Dicho periódico publicó el 13 de junio un artículo de amenazas e injurias contra el presidente de la república, que se supo y a nadie ofrecía duda era del propio Azaña, con tanta cantidad y tal calidad de veneno que se percibía». El ataque había hecho mella en el presidente, y se rumoreó su dimisión. El presunto ofensor arguye que Niceto «suspicaz y receloso, no necesita tanto para creerse personalmente atacado por mí».[137]

Por aquellos días, el principal partido republicano de izquierda, el Radical Socialista celebraba un congreso entre riñas monumentales y amenazas de escisión, que pronto se cumplirían. Iniciado en Zaragoza, el temor a la CNT, allí muy fuerte, obligó a trasladarlo a Madrid. Azaña lo relata así: «Llevan tres días, mañana tarde y noche, desgañitándose. Y lo grave del caso es que de allí puede salir una revolución que cambie la política de la república». Al discutirse las actas de los delegados «se produjo un escandalazo tremendo», al descubrirse que los de Murcia llevaban representaciones de miles de votos inexistentes. Sin embargo, terminaron por ser aprobados porque «los de Murcia han amenazado con destaparse contra Domingo si no se aprobaban sus actas». Las sesiones siguieron alborotadas, pero «después de tan feroces discusiones, se han echado a llorar oyendo el discurso de Domingo, se han abrazado y besado; han gritado (…). Gente impresionable, ligera, sentimental y de poca chaveta. Están redactando una propuesta que podrán votar todos, y hasta otra».[138]

No solo se atacaban entre ellos, también a Azaña: «Se ha producido el hecho desaforado e increíble de que Gordón (…) ha echado un discurso de siete horas, las más de las cuales ha invertido en atacarme rudamente (…) (pero) no me desdeña ni me rebaja, al contrario; dice que la república ha producido dos hombre, el uno soy yo; el otro él (…). No hay modo de enfadarse con quien comienza proclamándose grande sujeto y después nos eleva hasta su altura». Azaña veía en Gordón un hombre que «se ha afanado por adquirir una ilustración vasta y general, sin que podamos estar muy seguros de que la haya asimilado». «Pedante fracasado». «Dominante e imperioso». Gordón había tratado a Azaña de «dictador».

Pese a haber hecho lo posible por impedir su dimisión, Azaña volvió a presidir el gobierno, dice, «con una manera de desesperación, al sentir que van a encerrarme otra vez en la trampa (…). Otro, en mis circunstancias, sería dichoso representando el papel que me ha cabido en suerte, y se precipitaría sobre el poder, con altanería y vanagloria. A mí, el gobierno solo me es soportable en la medida en que me consiente hacer cosas (…) ¿No habrá un hombre que me releve?». Al parecer no lo había, y aceptó el cargo por evitar que le fuera ofrecido a Lerroux.

Por debajo de su conflictiva relación personal, tanto don Manuel como don Niceto compartían algunos proyectos. El primero quería aprobar rápidamente leyes como la de Arrendamientos, la del Tribunal de Garantías Constitucionales, que debería arbitrar en los contenciosos de ese carácter, la de Orden Público y la auxiliar de Vagos y Maleantes, que sustituiría a la de Defensa de la república, impuesta antes de la Constitución, y una Ley Electoral que regulase en adelante los comicios. En ese programa estaba de acuerdo el presidente, aunque no en sus modos, contenidos y plazos. Azaña pretendía seguir en el poder hasta finales del año, previas elecciones municipales generales y aprobación del presupuesto, «dando por cumplido lo principal del programa de la coalición republicano-socialista». Luego prepararía, «sin reñir con los socialistas, el terreno para unas elecciones generales concebidas sobre una especie de pacto de no agresión entre todos los partidos mantenedores del régimen». De tales elecciones debería salir en 1934 un gobierno exclusivamente republicano, «para ahuyentar de las imaginaciones soliviantadas el coco de la revolución marxista y de la dictadura del proletariado.»

También Alcalá-Zamora pensaba exhibir «el deseo de paz y concordia que me animaba para retardar la disolución hasta 1934 y en la primavera de tal año, dando tiempo para que la convivencia en el gobierno restableciese entre los republicanos el espíritu de unión de 1931 en el gobierno provisional, y para que una política serena, sin provocaciones (…) cerrase las heridas e impidiese la anulación de los izquierdistas en unas elecciones inmediatas, así como un aplastante triunfo de la reacción». El «reaccionario» don Niceto preveía un amplio triunfo de la «reacción», es decir la derecha, y para evitarlo buscaba comprensión de la izquierda, a la que, por otro lado, temía muy visiblemente.

La realidad echaría bien pronto a rodar las ilusiones de ambos políticos. Ni la izquierda aceptaba la supuesta paz y concordia del presidente, bajo cuyas palabras conciliadoras, pensaba Azaña, estaba «al acecho de una ocasión para darnos la puñalada», ni la revolución marxista y la dictadura del proletariado iban a resultar un «coco» tan imaginario como él suponía o quería suponer. Si los anarquistas habían combatido desde el principio «el poder burgués», los socialistas iniciaban ya ese mismo verano del 33 la marcha imparable hacia su revolución y contra la «república burguesa». Y tampoco iba a durar el gobierno hasta finales de año.

17
AGOSTO DE 1933: EL PSOE OPTA POR LA DICTADURA REVOLUCIONARIA Y ROMPE CON LOS REPUBLICANOS

Después de Casas Viejas, las posiciones revolucionarias en el PSOE iban desplazando a las moderadas, procurando una ruptura muy poco amistosa con cualquier concepto de república «burguesa».

Las posiciones se definieron en la escuela de verano del partido, celebrada en agosto en Torrelodones, cerca de Madrid. La escuela impartía cursillos para formar a jóvenes como «cuadros» o expertos en la línea del partido. Los discursos orientadores de los líderes Besteiro, Prieto y Largo Caballero, iban a tener máxima repercusión política, testimoniando la radicalización creciente del partido. Radicalización por lo demás lógica: la colaboración con los republicanos de izquierda había sido presentada en su programa de acción como paso previo al poder exclusivo del PSOE, pero la experiencia había resultado frustrante. Se utilizaba además el argumento del fascismo, aprovechando la victoria de Hitler en Alemania, en enero, para afirmar que el mismo peligro se corría en España.

El primero en hablar, el día 5, fue Besteiro, asustado ante el extremismo rampante. Negó una amenaza fascista en España, tachó la corriente revolucionaria de «locura colectiva» y la dictadura del proletariado de «vana ilusión infantil» que «se paga demasiado cara» y lleva a fracasos de los cuales «son las masas las que cosechan los desengaños y sufrimientos», ejemplificándolos en las derrotas comunistas de Baviera y Hungría. Sus palabras acusaban sin apenas disimulo a Largo Caballero y cuantos venían predicando la ruptura revolucionaria. Y clamó, desesperado: «¿Es que no habrá posibilidad de salir de esta locura dictatorial que invade al mundo? (…) ¿Es que nos vamos a contagiar de la peste del momento?».

Las palabras de Besteiro fueron acogidas no tanto con frialdad como con hostilidad por los «escolares». Al día siguiente habló Prieto, que supo hacer demagogia verbalmente radical, pero sin comprometer una salida concreta. Se ganó aplausos exagerando las maldades y abusos de «la reacción», pero, advirtió, sería peligroso subestimar su fuerza, pues tenía «hondas raíces (…) que no se han arrancado». La república, aseguró, debiera haberse asentado «sobre terreno verdaderamente firme», por medio del «cortejo sangriento de la venganza y la represalia», idea que generó nuevos aplausos; pero dio un nuevo quiebro señalando que, al haber «renunciado» a dicho cortejo, el mal estaba hecho y la reacción seguía demasiado fuerte para pensar en liquidarla ahora de un golpe. La tarea del momento consistía en defender los avances del reciente bienio sin soñar con una revolución inmediata. Con ello no suscitó el menor entusiasmo, lo que le obligó a un nuevo quiebro: «¿Es esto la renuncia a una ambición ideal? (…) No diremos que nuestro reino no es de este mundo, pero sí podemos decir que nuestro reino (…) no es de este instante». Así que solo «si el poder hubiera de quedar en medio de la calle y (…) pudieran arrebatarlo las fuerzas reaccionarias, nosotros, cumpliendo con un deber que no se ajustaría ciertamente a nuestros deseos, asumiríamos el poder político en España». Lo asumirían, matizó, como «una desgracia», por cumplir «estrictos deberes de ciudadanía».

Aparte de hablar como si la república se hubiera debido al PSOE, el cual solo habría fallado por un exceso de generosidad, aquellas paletadas de cal y de arena decepcionaron a la audiencia, que reclamó entonces la intervención, no programada, de Largo Caballero, a quien ya algunos llamaban informalmente el «Lenin español».

Largo habló una semana más tarde. Su argumento, algo confuso en los detalles, resultaba claro en lo general: el PSOE debía colaborar con la república, pero «no (…) como unos subalternos a quienes se tenga solo para prestar un servicio cuando sea necesario». En adelante debía ser su partido quien llevase la iniciativa en una colaboración que solo podía ser transitoria pues, aclaró, la «democracia burguesa» no podía satisfacer las aspiraciones proletarias. Y aprovechó para negar cierta fama de reformista que había adquirido por su colaboración con Primo de Rivera, declarándose «más rojo que cuando había entrado en el gobierno». En fin, reivindicó la dictadura del proletariado, la utilización tanto de medios legales como ilegales para alcanzarla y aseguró que «las circunstancias nos van conduciendo a una situación muy parecida a la que se encontraron los bolcheviques». Este discurso satisfizo mucho más dentro del partido.

Saltaba a la vista la división interna en el PSOE, la cual no cesaría de empeorar en agrias luchas por la hegemonía. Pero ya la facción de Largo ganaba terreno sobre las otras. Lo revela el hecho de que su discurso fue el único publicado por El Socialista, órgano oficial del partido, silenciando a los otros dos. El de Besteiro no recibió ninguna publicidad, y Prieto publicó el suyo en El Liberal, periódico bilbaíno de su propiedad.

Había una fuerte lógica en este proceso. Ya el 1 de julio de 1931, a poco de inaugurada la república, El Socialista había informado: «Ante todo somos marxistas. Nuestros enemigos son todos los partidos burgueses. Sin embargo, por ineficaz, no por otro motivo, renunciamos a la pretensión de imponer nuestra política violentamente y sin dilaciones». Y Negrín, que tanto relieve alcanzaría durante la guerra civil, propugnaba «una dictadura bajo formas y apariencias democráticas». El lenguaje contra la derecha era feroz y permanentemente injurioso: «Reaccionarios trogloditas», «clerigalla montaraz», «inquisidores», «capitalismo hambrógeno y tirano», «estulticia caciquil». Llamaba al cardenal Segura «ruin mezcla de miseria fisiológica y moral», y a El Debate «gasterópodo diario de la plaga jesuítica», «sinuoso, viscoso, con pasitos de reptil». O incitaba a «destruir la Iglesia y borrar de todas las conciencias su infamante influjo». Con la quema de conventos «el pueblo ya ha demostrado que con las carroñas eclesiásticas cabe encender hogueras de pasión y libertad», y llegaría el momento de «hacer a los moradores de los conventos las víctimas de su furor». «Con las derechas españolas toda consideración y buena fe es excesiva». En 1933, muchos creían llegada la hora de la imposición «violenta y sin dilaciones».[139]

Los republicanos de izquierda prefirieron no acusar recibo del mensaje de la escuela de verano, pero en la derecha, vertebrada principalmente en la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) subió en vertical la alarma por el «coco» marxista. La CEDA se había formado solo cuatro meses antes, en marzo, en torno al partido Acción Popular de Gil-Robles. Se proclamaba defensora de «los principios de la civilización cristiana», de «la religión, la familia y la propiedad privada». Ante el discurso de Largo, su órgano oficioso El Debate clamó: «¡Está en el poder un partido comunista!». Al día siguiente, 16, El Socialista replicó burlonamente: «Sin duda nos tenían por socialdemócratas inofensivos, cargados de prejuicios seudodemocráticos (…). La mentecatez de las derechas y de las que no son derechas, rebasa lo sospechable». Por «las que no son derechas» se refería a los republicanos de izquierda, con quienes los de Largo querían romper sin muchos miramientos.

No solo por el PSOE, también por otros motivos hacían agua los proyectos de Azaña. Este se empeñó en continuar su gobierno, pero la aprobación de las nuevas leyes se convirtió en pesadilla. Para agilizar el trámite, impuso a sus correligionarios prescindir de las vacaciones, cosa que «llevaban muy mal»: «Casi ningún día llegan a cien los diputados presentes (…). Si continuamos así, la crisis será inevitable (…). Se pierde un tiempo precioso, y estos gansos de la mayoría, dejando cada cual para el prójimo el cumplimiento del deber, trabajan por su propia perdición».

Al carácter incontrolable de los suyos y de los socialistas se sumaba el obstruccionismo de los de Lerroux, con «terquedad, suficiencia y palabrería». Unos y otros «ahítos de pedantería y vacíos de sindéresis (…). No saben qué decir, no saben argumentar (…). No se ha visto más notable encarnación de la necedad (…). Lo que están haciendo me ha hecho pensar, por vez primera desde que hay república, en la del 73 (…). Diríase que estaban llamando al general ignoto que emulando a Pavía restablezca el orden (…). Sentí el ímpetu de levantarme a decir unas cuantas cosas a todos, singularmente a la mayoría (…). Siento que mi tristeza se recrudece (…). ¿Por qué no me dejan ni me han dejado hacer? (…). Me entristezco casi hasta las lágrimas por mi país, por el corto entendimiento de sus directores y por la corrupción de los caracteres (…). El desdén me sostiene».[140]

Penosamente fueron aprobadas las leyes de Orden Público y la de Vagos y Maleantes, que suscitaron la hostilidad de la prensa y no solo la de derechas. La de Vagos respondía al auge de la delincuencia común y «llegaba a poner las bases para organizar campos de concentración», según sus críticos. La de Orden Público seguía otorgando al poder facultades para restringir a su arbitrio las libertades, así como la función del jurado. Sobre esto último describió el ambiente social el ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz: «Al ciudadano corriente, que se encuentra ante la terrible y enorme coacción con que ahora actúan los compañeros de los extremistas (…) no se le puede pedir (…) que resista a la coacción, a la amenaza, a todo el ambiente social producido por los que buscan para los terroristas la impunidad». Y agregó: «Yo no participo en modo alguno de las ideas liberales y democráticas del siglo XIX (…). Todo eso, pues, de derechos anteriores, superiores e inalienables, etc., es pura fraseología liberal de otra época». (El diputado Ossorio y Gallardo le gritó: «Eso es Mussolini»).

Fue aprobada también la Ley Electoral para reforzar la prima a la mayoría. Gil-Robles protestó: «Este sistema significa la muerte de los partidos intermedios (…). Serán barridos por las fuerzas extremas o tendrán que aliarse a los partidos extremos (…) ¡Desgraciada una Nación, desgraciado un Parlamento que se encuentren divididos ideológicamente en dos tendencias opuestas!». Además permitiría que un partido minoritario «se encarame a favor de la audacia o de las preeminencias que le concede la ley, y gobierne como si fuera una mayoría (…). Si en Alemania hubiera existido una ley del tipo de la que vosotros proyectáis, Hitler no hubiera llegado al Poder en 1933, sino en 1930 (…). Ni Mussolini dio esa prima a la mayoría en la ley del 23». Azaña negó tales peligros y expuso su plan: «Los republicanos de todos los colores y los socialistas juntos tenemos la inmensa mayoría del país». La ley buscaba «evitar (…) la posible dispersión de las candidaturas republicanas y socialistas, faltas de coalición (…). Este peligro es mucho más real».[141]

La ley buscaba forzar a izquierdas y socialistas a ir en bloque a las urnas para obtener en la Cortes una mayoría abrumadora que les permitiese aplanar cualquier oposición. Y nuevamente su percepción de la realidad iba a demostrarse falsa. Largo Caballero ya sugería que los republicanos de izquierda perjudicaban al PSOE y abrían camino al fascismo y la monarquía. El Socialista explicaba el 5 de agosto: «Los conceptos de democracia y libertad sobre los cuales descansa el llamado orden capitalista son (…) una perfecta mentira».

El 4 de septiembre se agravó la ruptura con los socialistas cuando en las elecciones al Tribunal de Garantías Constitucionales, el gobierno volvió a sufrir un descalabro. Un contento don Niceto, observa: «El efecto sobre los ministros fue terrible: los encontré en el patio del palacio (…) y me hablaron abrumados». En el gobierno, escribe Azaña: «Los ánimos, ya encrespados, se enfurecieron. Vinieron los reproches, las imputaciones de falta de lealtad, etc. (…). Por primera vez el oleaje alcanzó al Ministerio. En un consejo, Largo (…) me dijo solemnemente que la coalición electoral republicano-socialista estaba rota. Entonces —repuse—, se habrá roto todo».[142]

Don Manuel trató aún de mantenerse mediante unas elecciones parciales a Cortes, pero el presidente decidió prescindir ya definitivamente de su gobierno. A los cuatro días de la votación al Tribunal, le forzó nuevamente a dimitir. Y así terminaba el primer bienio de la república, marcado por la coalición entre republicanos de izquierda y socialistas.

No quedó por fin otro remedio que llamar a Lerroux, detestado también por don Niceto. Este pensó en mantenerlo transitoriamente hasta 1934, cuando, una vez terminadas de aprobar las leyes que correspondieran, se autodisolverían las Cortes y se convocarían nuevos comicios. Pero, una vez más, la realidad iba a circular por otros cauces.

El 19 de septiembre, el Comité Nacional del PSOE debatió propuestas de asaltar el poder si se disolvían las Cortes tras las elecciones al Tribunal de Garantías. Tras mucha discusión, la mayoría aprobó «defender la república contra la agresión reaccionaria», más una próxima «necesidad de conquistar el poder político como medio indispensable para implantar el socialismo». La prensa del partido advertía: «Con el gobierno del Sr. Lerroux entra España en una fase revolucionaria (…) el proceso de la revolución española se acelera». Lerroux sería un dictador fascista y hasta sus exaliados de gobierno recibían el chaparrón: «Es raro encontrar a estas alturas un periódico republicano que no haga su poquito de fascismo». «Fascismo o socialismo (…) El proceso histórico exige, impone la revolución». «El socialismo ha de acudir a la violencia máxima para desplazar al capitalismo». «No puede tener por objeto asustar al capital, sino destruirlo». Y aclaraba el 1 de octubre: «Nuestro partido es (…) un partido revolucionario (…) y cree que debe desaparecer este régimen». Disimular el sentido de estas frases ha requerido todo el heroísmo falsificador de muchos «historiadores».

Lerroux solo pensaba sostenerse unas semanas con ministros de centro izquierda, aprobar los presupuestos y convocar elecciones. A ese fin ofreció ministerios a azañistas, radical socialistas y Esquerra, los cuales aceptaron, provocando acusaciones de deslealtad del PSOE. Pero aquella «colaboración» iba a salirle cara. En las Cortes, los días 2 y 3 de octubre, Prieto y Azaña encabezaron una oposición despiadada acusando al nuevo jefe de Gobierno de pedir confianza a unos diputados a quienes no consideraba representativos, con propósitos de disolver.

Lerroux percibió tarde la trampa, al haber creído que sus viejos adversarios colaborarían temporalmente con él, pues le habían aceptado ministerios. Mortificado, dimitió, pero Besteiro le obligó a seguir en la Cámara mientras le trataban «como a un monigote del pim-pam-pum». Sus enemigos querían dejar claro que no se iba, sino que le expulsaban. Prieto quiso ir más allá, proponiendo que los miembros del gobierno derrotado quedaran en adelante inhabilitados políticamente, idea inconveniente para los republicanos de izquierda, que no prosperó. Lerroux había «gobernado» veinte días.

Azaña, muy despectivo, se confesó «ascético y soberbio» para declarar: «Yo he tenido en mi mano un poder como pocos lo habrán tenido (…). ¿Y qué hice de todo ese poder? Lo empleé en poner el pie encima de los enemigos de la república, y cuando alguno ha levantado la cabeza más arriba de la suela de mi zapato, en ponerle el zapato encima». Jactancia perfectamente ilusoria, pues cuando los anarquistas se habían levantado bajo su zapato le habían hecho perder el equilibrio, y sus exaliados socialistas le estaban empujando fuera de todo poder. El mismo Prieto declaraba el día 2, entre ovaciones de sus diputados: «La colaboración del Partido Socialista en gobiernos republicanos, cualesquiera sean sus características (…) ha concluido definitivamente». Calificó tal resolución de «indestructible e inviolable».

Solo quedaba disolver las Cortes y formar un gobierno provisional para supervisar nuevas elecciones, convocadas para el 19 de noviembre. En última vejación, don Niceto no entregó el decreto de disolución a Lerroux, sino a su lugarteniente Martínez Barrio. Martínez se resistió, y recuerda la furia del presidente: «Quien no haya visto a don Niceto (…) descompuesto y fuera de sí, ha perdido un extraño y doloroso espectáculo (…). Cambiaba de color; era de púrpura su semblante; dura y fuerte la voz, y vertiginosa la expresión». Lerroux pudo haber prohibido el encargo a su lugarteniente, pero le autorizó incluso a pedir la colaboración del PSOE; que le fue rechazada.[143]

Los socialistas difícilmente habrían podido llamar fascistas a quienes, pese a la hostilidad anterior, les habían invitado a compartir el gobierno preparatorio de las elecciones, pero las acusaciones y amenazas aumentaron: «Estamos dispuestos a obtener nuestras reivindicaciones de una u otra manera», advertía Prieto el 21 de octubre; y remachaba Largo: «Si triunfamos (en las elecciones) no nos limitaremos a celebrar (…) la victoria política. Iremos a la instauración de un régimen donde no existan privilegios de clase (…). Si se nos cierra el paso por la violencia, ahogaremos a la burguesía por la violencia».

Se cerraba así un ciclo de casi dos años iniciado con la Constitución y el primer gobierno Azaña. Su único éxito real había sido contra el golpe de Sanjurjo, ampliado el castigo de toda la derecha. Sus reformas proseguían con mediocridad y chapuza; la CNT había sometido al gobierno a una crisis agónica durante todo el año 1933; la coalición republicano-socialista había saltado por los aires y el PSOE pasaba a subvertir la «república burguesa».

Frente a versiones de pura propaganda, no fueron las derechas ni los monárquicos quienes principalmente hostilizaron a los gobiernos de Azaña; los desestabilizaron los anarquistas y luego los socialistas. Y pronto las derechas, a las que creía totalmente sometidas o insignificantes, demostrarían un inesperado respaldo popular.

18
NOVIEMBRE DE 1933: GRAN TRIUNFO ELECTORAL DEL CENTRO DERECHA

Tras la caída un tanto ignominiosa de la monarquía, la derecha había llegado a las elecciones de 1931 desarbolada moral y organizativamente, pero ante las de 1933 se había rehecho lo bastante para plantear una batalla seria. El Partido Radical de Lerroux, considerado de centro, se había derechizado aún más por reacción al un tanto convulso bienio de izquierda; pero seguía siendo el partido más fuerte entre los republicanos, incluso más que los republicanos de izquierda juntos, y se inclinaba a pactar con una derecha no monárquica.

El grueso de la derecha propiamente dicha se había agrupado en la CEDA, dirigida por José María Gil-Robles, a quien se debía sobre todo haber superado la profunda desmoralización causada por la llegada de la república. La CEDA era un partido moderado, de tono fuertemente católico, que aspiraba a cambiar los artículos de la Constitución que tachaba de sectarios, y se había opuesto a la ley electoral y otras promovidas por la izquierda. La mayor parte de la CEDA habría preferido la monarquía, pero no hacía bandera de ello, y aceptaba sin entusiasmo la democracia y la república. La izquierda la tachaba de «fascista», un concepto sin apenas contenido real en España, pero aplicable, según quiénes lo emplearan, a casi todo el mundo, incluyendo al propio PSOE: «Socialfascista» en la jerga comunista. Gil-Robles procuró un acercamiento a Lerroux.

Más a la derecha de la CEDA se hallaban los monárquicos liderados por José Calvo Sotelo, exministro de Primo de Rivera. En la dictadura había impulsado la democratización de los municipios y el voto de la mujer, conseguido este solo a medias; y había tenido un papel en la prosperidad sin precedentes de que había gozado el país durante aquellos seis años. Uno de sus aciertos había sido fundar la CAMPSA nacionalizando la industria del petróleo y evitando la dependencia de las imposiciones de compañías como la Shell. Esta había amenazado con dejar a España sin petróleo por un año o más, a lo que Calvo Sotelo respondió cerrando tratos con la URSS para asegurar el suministro. En 1931, Calvo había salido diputado por Orense, pero se había exiliado debido a las «responsabilidades» con que lo amenazaban los republicanos. Desde la «quema de conventos» había radicalizado su crítica a la república, extendiéndola a la democracia, y había tenido alguna negociación con el fascismo italiano, sin consecuencias prácticas. Tampoco se le permitió volver después de haber sido elegido para el Tribunal de Garantías Constitucionales. Tal arbitrariedad persecutoria le había convertido en enemigo abierto del régimen, al que tachaba de dictatorial por sus procedimientos. Desde París, se presentaba en 1933 por el partido Renovación Española.

Otros derechistas de cierta relevancia eran los grupos «agrarios», que darían lugar algo después al Partido Agrario, de poco peso y precaria sustancia ideológica. La Derecha Liberal Republicana de Alcalá-Zamora y Maura se había escindido en dos partidos, el Republicano Conservador de Maura y el Republicano Progresista, de Alcalá-Zamora. Los carlistas se habían reorganizado y cobrado fuerza, sobre todo en Navarra, Vascongadas y Cataluña. Y había otros grupos menores. En las derechas separatistas estaban el PNV, de un racismo pintoresco y exacerbado, y la Lliga Catalana, de Cambó, que habían abandonado su semiseparatismo para volverse más propiamente regionalista, en contra de la Esquerra de Macià y Companys. También competía un partido fascista, JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), liderado desde 1931 por Ramiro Ledesma Ramos; y otro próximo al fascismo, Falange Española, fundado solo tres semanas antes de estas elecciones por José Antonio, hijo del dictador Primo de Rivera.

Ante los comicios, los partidos multiplicaron las maniobras, sobre todo a nivel local, con alianzas a veces sorprendentes por las diferencias ideológicas. El PSOE olvidó en parte las frases de Prieto de no pactar con burgueses y llegó a arreglos con ellos en quince provincias (casi un tercio del total). El Partido Radical de Lerroux pactó con derechistas y con partidos de izquierda. La CEDA lo hizo con otros centristas y monárquicos, pese a las duras críticas recibidas de estos.

Por encima de los enrevesados acuerdos locales, la campaña giró en torno a los propósitos revolucionarios del PSOE. La CEDA, que pese a su reciente fundación se mostraba ya como la derecha más potente, se centraba en tres grandes puntos: revisión de la legislación «laica y socializante» del bienio anterior; defensa de la economía del país, empezando por la agraria; y amnistía «con la misma generosidad que fue concedida a los responsables del movimiento revolucionario de 1917». Esa amnistía beneficiaría tanto a los colaboradores de Sanjurjo y de la dictadura de Primo como a los anarquistas. La CEDA argüía que la intentona golpista del 17 había causado ocho veces más muertos que la de Sanjurjo, y sin embargo unos meses después se permitía a los jefes revolucionarios sentarse en el Parlamento.

La propaganda era feroz. Los socialistas llamaban a acabar con «la caterva clerical, inquisitorial, militarista y burguesa» en carteles con «espadones, mitras, buitres garrudos y caras de hambre». La CEDA insistía: «Tienes que votar para librarte de la tiranía roja». Cientos de mítines, «un cataclismo oratorio inundaba España».[144]

Largo Caballero, ya el caudillo principal del PSOE, multiplicaba los llamamientos incendiarios: «La lucha ha quedado planteada entre marxistas y antimarxistas (…) y eso nos llevará inexorablemente a una situación violenta (…). Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad (…) estamos en plena guerra civil (…) que no ha tomado los caracteres cruentos que, por fortuna o por desgracia, habrá de tomar». Atacaba igualmente a los republicanos de izquierda, a quienes el PSOE había apoyado porque «sabíamos que, fuera del nuestro, no había partidos organizados en la república», pero se le había pagado con traición. «La clase trabajadora (…) que ayudó a la república, ha visto que en el nuevo régimen se encuentra más incómodamente que en el antiguo. Porque, hablando con franqueza, en la monarquía había cierto pudor político (…). Gracias a nosotros la república se sostendrá, pero (…) para transformarla en un régimen nuestro». «La democracia burguesa no es más que una composición de palabras». «Si hoy puede haber un movimiento militar, será de sargentos y soldados». «El día que tengamos el poder (…) que no nos pidan transigencias ni benevolencias (…). La generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la historia». «Hay que prepararse para ir a la ofensiva socialista». «¿Se ha creído el enemigo que vamos a limitarnos a echar papeletas en la urna electoral?». Y así sucesivamente.[145]

Gil-Robles contraatacaba sin creer mucho en tales propósitos: «Si los socialistas pierden la batalla, tendrán que aguantarse, y no hablen de echarse a la calle, porque la calle es de todos y allí nos encontraremos». «Aceptamos la batalla en el terreno de la democracia (…). Pero que no pretendan marchar por caminos de dictadura, porque les saldremos al paso donde sea y como sea». También propuso «una política totalitaria», contradiciéndose al explicarla: «No basada en (…) el fetichismo del Estado ni en la idolatría de la raza. Locos hay que estar para acudir en busca de tales ídolos». Su totalitarismo sería «un Estado fuerte que respete las libertades individuales», atendiendo sobre todo a «los intereses generales». Y amenazó: «Vamos a someter a prueba la democracia, acaso por última vez (…). Si mañana el Parlamento se opone a nuestros ideales, iremos contra el Parlamento». Pero dejaba tal suceso para un nebuloso futuro, al revés que el PSOE. Y llegó a mostrar una curiosa flaqueza: «No aspiramos a un triunfo imprudente que nos lleve al poder». Cambó comentaría en sus memorias la timidez política del jefe de la CEDA.

Los monárquicos de Renovación Española se habían rehecho notablemente gracias a la energía de Calvo Sotelo, que exponía en la revista Acción Española: «Quieren (las masas) no solo bienestar —justicia distributiva— sino, además Poder pleno, afán monopolístico. Les excita el virus marxista. Les empuja un anhelo tronante de Mando y Odio. Nos arrastran al pugilato que estas jornadas sangrientas alumbraron con siniestros resplandores: la Masa contra la Inteligencia, la Cantidad contra la Calidad, la Fuerza bruta contra el espíritu de la Fuerza. Nada menos y nada más implica el problema social de nuestro tiempo». Y desde París enviaba discursos grabados en discos: «Nos interesa ir al Parlamento más que para entrar en él, para impedir que entren otros (…). Y más que para estar en él apuntalándolo, para salir de él, derribándolo, cuando, bien visibles sus corcovas y goteras, España entera se persuada de su decrepitud irremisible y estéril. No sería honrado si ocultase mi convicción (…). Este Parlamento será el último de sufragio universal por luengos años (…). Pasó la hora del parlamentarismo inorgánico».

Era una retórica en cierto modo simétrica de la del PSOE: a este le estorbaban las instituciones y libertades burguesas, a Renovación Española le estorbaban dichas instituciones porque en su opinión conducían al comunismo; lo que parecía posible en aquellos momentos, ya que los socialistas constituían la fuerza organizada más disciplinada y potente no solo de la izquierda, sino de todo el régimen.

Para relajar las crispaciones el gobierno de Martínez Barrio restringió la propaganda por avión, en cines y teatros, pero en balde. Pese al despliegue policial fueron asesinadas ocho personas,[146] entre ellas un joven falangista muerto a navajazos en Daimiel, al recordar a gritos Casas Viejas en un mitin socialista. En San Fernando, durante un discurso de José Antonio, unos pistoleros de izquierda dispararon contra los asistentes, matando a uno e hiriendo a otros. En Ponferrada, Bilbao y Valencia fueron asesinados miembros de la CEDA. Las derechas corrieron con todas las bajas, excepto un comunista, en Málaga, apuñalado cuando en un mitin de Prieto criticó al PSOE, partido «socialfascista» en la terminología de la Komintern.

Los discursos más llenos de significado fueron los que cerraron la campaña. Largo Caballero se cebó sobre todo en Lerroux, porque este procuraba coligarse con la CEDA y casi nadie en la izquierda esperaba que Gil-Robles fuera a obtener muchos votos. Cerca de una pancarta que saludaba al «Lenin español», remachó el mensaje: «Los obreros han terminado con el mito republicano (…). Cuantas más dificultades encuentren nuestros enemigos (…) mejor. Que se destrocen, que se deshagan. De sus cenizas surgirá el socialismo». «Si en España se desencadena una guerra civil, los responsables son aquellos (los radicales de Lerroux) que han dado entrada en sus candidaturas a los elementos reaccionarios». «No hay más solución que el triunfo del socialismo (…) porque tiene por base, no el egoísmo individual, sino el interés general». Lo cual no le impidió llamar a «defender la república, oponernos al fascismo, hacer frente a todas las derechas, incluyendo a los radicales (…). Si son tan necios y tan locos que nos ponen toda clase de obstáculos (…) estamos dispuestos a no retroceder y llegar a donde sea necesario (…) (para) someter a nuestros enemigos».

Gil-Robles peroró en plan conciliador: «Estamos como un ejército en el paroxismo de la lucha (…), y sin embargo yo quisiera que el choque no llegara (…). Paz y cordialidad (…) a quienes nos voten y a quienes no nos voten (…) a los obreros, muchos de los cuales no me creerán (…). Nuestra doctrina (…) a la que por desgracia no fuimos fieles, arranca de la hermandad entre todos los hombres (…). No vemos en el trabajo una mercancía sujeta a la ley impía de la oferta y la demanda, sino una actividad nobilísima para la satisfacción de las propias necesidades en beneficio del país (…). Si mañana muchos obreros no nos votan (…) miremos si no hemos sido nosotros mismos un factor de revolución». También expresó complacencia hacia los separatistas: «España no es un país uniforme. Cada región tiene su personalidad, en muchos casos anterior históricamente al Estado (…) No queremos imponer a las regiones el yugo de una legislación centralista e igualitaria». Frases sin el menor eco en aquellos a quienes pretendía aplacar.[147]

Y las urnas causaron a las izquierdas un auténtico descalabro, que no mejoró con la segunda vuelta en algunas provincias. El PSOE, con 1.700.000 votos, había perdido unos 300.000 con respecto a las elecciones del 31, pero el bajón había sido muy superior, pues entre tanto la participación femenina había duplicado el censo electoral. Mucho peor parados salieron los republicanos de izquierda, que entre todos solo consiguieron 1.200.000 votos, menos del 14 por ciento de los 8,7 millones de votantes y apenas el 10 por ciento del censo electoral. Y en escaños aún salieron más perjudicados, debido a la ley electoral impuesta por ellos mismos para asegurar una gran mayoría a la izquierda: el PSOE caía de 115 a 59 escaños; los radical socialistas, de 61 a cuatro (en dos grupos diferentes); Acción Republicana, de Azaña, de 26 a cinco (el propio Azaña salió gracias a ir en la candidatura por Bilbao con su amigo Prieto); la Esquerra de 29 a 17 (aunque no afectaba a su continuación al mando en Cataluña). El Partido Comunista permanecía débil, pese a su activismo febril: solo obtuvo uno.

La diferencia en votos fue, grosso modo, de cinco millones a tres a favor del centro derecha (toda ella «fascista»). La CEDA fue la gran ganadora, con 115 escaños, bastantes más que toda la izquierda junta; seguida por el Partido Radical de Lerroux, con 102, parte de ellos favorecidos por la propia CEDA. Los agrarios sacaron 30; la Lliga de Cambó 24; los carlistas 20; Renovación Española de Calvo Sotelo, 14. Falange obtuvo uno, en candidatura monárquica. Mención aparte merece el partido de Niceto Alcalá-Zamora, que en 1931, con Maura, había alcanzado unos pobres 25 escaños. Una vez dividido en dos partidos, ahora el de don Niceto se derrumbaba a solo tres diputados, mientras que el de Maura obtenía algunos más, 17, que tampoco le daban peso parlamentario. Es digno de atención el hecho de que los dos políticos a quienes, mucho más que a cualesquiera otros, se debía la llegada de la república, cosechasen finalmente tan magra aceptación. Con todo, don Niceto seguía siendo presidente de la república, con poderes no desdeñables y que no dejaría de utilizar.

Se abría en la república una nueva etapa que se prometía distinta en profundidad de la anterior. La izquierda, que se adjudicaba la representación natural del «pueblo», experimentó un verdadero choque psicológico. No obstante, el mensaje fundamental de las elecciones era sin duda un rechazo de los extremismos y una victoria del centro derecha moderado. Las elecciones de 1931 habían estado sesgadas por los optimismos un tanto ilusos del momento, pero en 1933 el régimen republicano parecía consolidarse como una democracia bastante normal, con los extremismos violentos reducidos a la impotencia. Parecía una expectativa razonable, y sin embargo no se cumpliría.

Parte III

EL BIENIO DERECHISTA
(NOVIEMBRE DE 1933-FEBRERO DE 1936)

19
BALANCE DEL PRIMER BIENIO: SOCIALISTAS Y SEPARATISTAS CATALANES «EN PIE DE GUERRA»

La causa del vuelco en la opinión pública ha sido interpretada de muchas formas por la historiografía de izquierdas, sea atribuyéndolo al voto femenino, sea a la abstención de los anarquistas o a haber ido desunidas las izquierdas. Ninguna de esas explicaciones, ni las tres juntas se sostienen. La derecha fue también desunida, y por otra parte no dejó de haber abundantes acuerdos entre las izquierdas; y aun si hubieran ido unidas, el número de votos recogidos entre todas resulta concluyente. La incidencia del anarquismo, si la hubo, fue de poco efecto: en las elecciones del 31, la abstención había sido del 30 por ciento y en 1933 solo había aumentado al 32.

En cambio es posible que el voto femenino pesara más. Desde luego, la izquierda lo había aceptado de muy mala gana. Prieto había comentado a Largo: «Si me hubierais hecho caso dejando en suspenso el voto de la mujer para otras elecciones, no tendríamos ahora problema alguno». A fin de debilitar o evitar su aprobación, Prieto, Azaña y otros se habían ausentado en el momento de la votación en las Cortes. Las diputadas de izquierda Victoria Kent y Margarita Nelken se habían opuesto a dicho sufragio, mientras que Clara Campoamor, del Partido Radical, lo había apoyado. Martínez Barrio, de su mismo partido, afirmará: «El servicio ofrecido a la república por la señorita Campoamor y los 157 diputados (…) se tradujo en los bandazos electorales de 1933 y 1936».[148] Sin embargo, las mujeres afectas a las izquierdas, por convicción o por influencia de sus cónyuges, votarían a la izquierda igualmente.

Sorprende la conclusión de Martínez Barrio sobre el sufragio femenino como causa de bandazos extremistas. Como quedó dicho, el de 1933 fue, en todo caso, del extremismo a la moderación, de ningún modo al revés. Y las elecciones del 36 no pueden compararse en absoluto con las de 1933, por toda clase de razones que expondremos en su momento. El hecho real e incuestionable es que las izquierdas perdieron, y las causas quedan bastante claras atendiendo a otros datos bien notorios, pero a menudo preteridos por la «memoria» y que componen el balance del bienio. Las izquierdas llegaron suscitando esperanzas desmedidas con idea de transformar radicalmente el país mediante una serie de reformas cruciales y de una política ofensiva, incluso violentamente, contra cuanto recordase la España tradicional. Solo que los resultados, como ya criticaba Azaña, no eran como para provocar grandes fervores.

Así, los datos de la reforma agraria, comparados con las expectativas levantadas eran ridículos: 4.400 campesinos asentados en pequeñas parcelas con un total de 24.000 hectáreas. Otros 40.000 yunteros habían sido instalados de modo provisional en tierras no expropiadas, vulnerando la propiedad, con una media de tres hectáreas por cabeza. Leyes como la «de Términos Municipales» para elevar los salarios agrícolas, habían redundado en aumentos del paro en el tiempo de la cosecha.[149]

En cuanto a la instrucción pública, la propaganda la elogiaba hasta hace poco como un éxito transcendental, pero los números no lo apoyan: 3.600 nuevas escuelas sobre las 33.450 preexistentes. En gran medida la propaganda incidía en lo que se consideraba un progreso decisivo: la anulación de la enseñanza religiosa y la expropiación o abandono de centros de enseñanza de órdenes religiosas, en especial de los jesuitas. Fue preciso además improvisar en breves cursillos algunos miles de maestros, a menudo muy politizados en sentido marxista. El Boletín de Educación de la Dirección General de Primera enseñanza difundía textos como estos: «El comunismo ofrece una solución al difícil problema de la familia y de la igualdad de sexos, solución de la que podemos discrepar, pero que no es absurda y puede ser un éxito. Ofrece una educación de la que desaparece la idea antisocial de la competencia. Crea un sistema económico que parece ser el único modo práctico de terminar con el de los amos y los esclavos. Destruye la barrera entre la escuela y la vida que levantó el origen monacal de las escuelas y que ha hecho que el intelectual de Occidente haya sido un miembro inútil de la sociedad». Por consiguiente, «si el comunismo conquistara el mundo, lo que no es imposible, resolvería los mayores males de nuestro tiempo». Buena mezcla de la ignorancia y el fanatismo que se trataba de inculcar a los maestros.[150]

Parecía funcionar mejor el Estatuto catalán, por afinidades de izquierda entre el gobierno y la Generalidad, mediante acuerdos y comprensión por arriba; pero bajo ellos, los separatistas mantenían campañas enconadas e incesantes de denigración de España sobre una supuesta superioridad racial de los catalanes. Con ellas querían propiciar una nueva y masiva opinión pública que hiciera posible la secesión en su momento.

La reforma militar era la que menos problemas ocasionaba. Había sido bastante bien aceptada en el ejército, cuyo descontento, poco alarmante, no se debía tanto a la reforma misma como al estilo arbitrario, humillante para muchos, con que se aplicaba, a los desplantes de los políticos y a la agitación antimilitar en la sociedad. Aun con eso, el fracaso del golpe de Sanjurjo había demostrado que, de cualquier modo, el descontento ni era amplio ni profundo.

En el terreno laboral, el número de huelguistas había saltado de 236.000 en 1931 a 843.000 en 1933. Los parados sumaban 390.000 a finales del 31 y subían a 618.000 a finales del 33. La inversión privada se había retraído. Aun así, el retroceso no era demasiado grave. Los ingresos per cápita solo habrían bajado de casi 1.100 pesetas en 1929, a 1.078 en 1933. En cambio aumentaron las desigualdades sociales y la miseria indicada en el aumento de muertos por hambre, que con 260, volvían a las cifras de principios de siglo: por cada muerto de hambre podía haber mil y más personas con carencias nutricionales serias.[151]

Y, en fin, el orden público se había deteriorado enormemente, con cientos de muertos, 1.100 según las estimaciones de J. Blázquez, de orientación más bien derechista, 697 según las de González Calleja, de tinte izquierdista. Los muertos procedían de disturbios, atentados y crímenes comunes, que también habían aumentado mucho. Prácticamente todas las violencias habían tenido origen izquierdista. Añádanse las duras represiones, solo eficaces contra la derecha, la muy frecuente censura y suspensión de prensa, más numerosas huelgas violentas, varios movimientos insurreccionales y cuantiosos destrozos e incendios en edificios, sobre todo religiosos; casi todo ello causado por el extremismo de izquierda. No suena especialmente ilógico que muchos ciudadanos mostraran su hartazgo con su voto.

Ciertamente el vuelco en las elecciones de 1933 no respondía a errores políticos menores de las izquierdas, sino más bien a la dura experiencia de aquellos dos años, comenzados con la euforia ilusa de unas promesas y esperanzas quiméricas.

El batacazo electoral podría haber sugerido a izquierdas y separatistas la conveniencia de abandonar ciertos radicalismos, pero sacaron justamente la lección opuesta. En el PSOE, el mensaje de la escuela de verano se intensificó hasta el paroxismo. El mismo 19 de noviembre, Largo instaba a la directiva de su partido a preparar «un movimiento revolucionario a fin de impedir el establecimiento de un régimen fascista». Prieto y De los Ríos hablaron de «alzarse vigorosamente». Y cuatro días más tarde El Socialista enseñaba: «No somos un partido exclusivamente parlamentario (…). Cada votante socialista es un soldado de la revolución, un combatiente». Según su análisis, los votantes de derechas carecían de espíritu combativo. El 25, las ejecutivas del PSOE y la UGT se reunieron para trazar el programa de acción y establecer los motivos a invocar ante la población. Había vacilaciones al respecto, que resolvió Wenceslao Carrillo (padre del que sería famoso Santiago, por entonces dirigente de las Juventudes): «No debíamos hablar ni de una acción para implantar el socialismo, lo que habría de restarnos bastantes ayudas, ni de defensa de la democracia, por si con ello se enfriaba el entusiasmo de nuestros camaradas. Debe hablarse solo de antifascismo, en lo que puede resumirse todo».[152]

El 26, el Comité Nacional del PSOE trató sobre «una acción ofensiva en contra de los elementos de derecha», si bien debía aguardarse una «provocación para justificar ante el país las razones de nuestra acción defensiva» (sic). Ese mismo día El Socialista explicaba que las elecciones daban paso a una nueva etapa histórica, en la que los partidos republicanos «agonizaban» debido a la intensificación de la lucha de clases, por la cual «la sociedad se escinde en dos bandos. Uno, dictatorial y burgués. Otro, dictatorial y proletario (…). Es preciso preconizar decididamente, como solución única, la dictadura del proletariado». «No se cuentan una docena de obreros dispuestos a salvar la república. En cambio son millones los que presienten (…) vísperas revolucionarias. Vísperas (…) de un nuevo ensayo (…): la revolución social». «Si vencemos, el poder no irá a otras manos que a las del Partido Socialista». Prieto afirmaba: «La situación es gravísima (…) Si se intenta entregar el poder a la reacción, el pueblo se verá obligado a levantarse revolucionariamente». Claro que «la reacción» había ganado limpiamente las elecciones y había demostrado no tener nada de fascista, si bien el alcance de este término se había hecho tan amplio que podía abarcar al propio PSOE.

La reacción de los separatistas catalanes fue más retórica pero no menos violenta. El día 22, La Humanitat, el periódico de Companys, analizaba los comicios bajo el título «¡En pie de guerra!»: «Ha sido toda la tropa negra y lívida de la Inquisición y el fanatismo religioso (…) para apuñalar la democracia. No ha sido la Lliga ni Acción Popular la triunfadora. Ha sido, aquí y fuera, el obispo. Ha sido la Iglesia, ha sido Ignacio de Loyola», creando una situación surgida de «la llamada al fanatismo, a la locura, a la traición, a la miseria moral y mental (…) de una conciencia de esclavo y de iluminado». El resultado de las urnas, así juzgado, exigía «estar alerta, el arma al brazo y en pie de guerra (…). Tomen nota la Lliga, el obispo y su tropa siniestra (…) y mediten bien el significado de nuestras palabras (…). No amenazamos, advertimos. Quien haya de entender, entienda. No hacemos literatura, nosotros». Y con memoria harto infiel aseveraba: «Hemos sido generosos, cordiales, comprensivos, amables»; mas, lamentablemente, la voz de las urnas volvía improcedente tanta benevolencia: «Es la hora de ser implacables, inflexibles, rígidos (…) sin perder la serenidad, solo hay que escuchar una voz, que resonará, si hace falta, en el momento preciso».

La jactanciosa belicosidad de la Esquerra tenía su apoyo, seguramente, en un acto reciente, del 22 de octubre, un magno desfile de 5.000 escamots en el Estadio de Montjuich. Los escamots eran milicias de partido al estilo de las que mantenían los partidos fascistas extranjeros, al igual que el PSOE y los comunistas. Parte del gobierno autónomo había presidido el desfile, y Macià, su presidente, declaró emocionado que aquellos jóvenes combatirían contra un eventual triunfo de «la reacción» en España (Macià fallecería en diciembre, siendo sustituido por Companys). La Humanitat glosaba el acontecimiento: «Las gentes sencillas, maravilladas de nuestros jóvenes, se decían: son bellos, fuertes, optimistas y simpáticos». En cambio la revista satírica Bé Negre (Oveja Negra) sugirió que a aquellos jóvenes les vendría mejor una camisa de fuerza que la verde que ostentaban. Un grupo de escamots se presentó entonces en la revista, pistola en mano, y causó destrozos en los talleres.

Durante la campaña electoral, los escamots habían apedreado a sacerdotes y monjas y a votantes en barrios de derechas, les pedían sus documentos y la candidatura a que pensaban votar, amenazándoles con pistolas. Interrogaban a las señoras: «Me parece que la tengo a usted en la lista de prostitutas… ¿Ha pasado la última revisión sanitaria?». En algunos colegios electorales habían roto urnas, «cosa que no había ocurrido en Barcelona desde 1901», denunciaba Cambó.[153]

Por lo que respecta a las derrotadas izquierdas burguesas, su amargura las llevó a un mayor extremismo. Las juventudes azañistas clamaban: «¿Podemos los republicanos de izquierda (…) aceptar pasivamente un resultado (de las urnas) a todas luces injusto y falso? (…) Momentos son estos de máxima responsabilidad para los dirigentes del republicanismo de izquierda; si estos, ahítos de legalidad, desoyen en esta hora histórica el latir revolucionario del pueblo español, serán desbordados por el empuje arrollador de las Juventudes, que no están dispuestas a dejarse detener por ninguna especie de varones prudentes». A decir verdad, los «varones prudentes ahítos de legalidad» no existían en aquellos partidos, cuyos líderes, como veremos, presionaron insistentemente a Alcalá-Zamora para que anulase aquellos comicios y convocase otros con garantía de victoria izquierdista. Era un auténtico golpe de Estado por las alturas, ya que carecían de fuerza como el PSOE o la Esquerra para proponérselo recurriendo a las masas.[154]

El PSOE flanqueó sus declaraciones con la siembra de bulos alarmistas sobre un supuesto «golpe militar en Zaragoza» o «maquinaciones fascistas para apoderarse del Estado», o de «¿Un plan radical de consecuencias monárquicas? Se habla de una marcha sobre Madrid», a imitación de la marcha de Mussolini sobre Roma, así como de planes de detención de los dirigentes del PSOE y la UGT. El objetivo obvio de tales fantasías era extender la máxima alarma entre las izquierdas como instigación psicológica a una acción revolucionaria. Según Amaro del Rosal, uno de los organizadores, ya estaba en marcha anteriormente una preparación insurreccional. Esta chocaba con el impedimento de la facción moderada de Besteiro, por lo cual parte necesaria en el proceso consistiría en maniobrar para desplazar a los besteiristas de la dirección de la decisiva UGT, donde se encontraba la verdadera fuerza de masas del PSOE.[155]

La CEDA había ganado limpiamente las elecciones, por lo que tenía derecho a reclamar la dirección del gobierno, en coalición con el segundo partido más votado, el Radical. Pero quedó claro que se había acobardado ante las amenazas del PSOE y los separatistas, por lo que Gil-Robles no solo no reclamó la presidencia del Consejo, sino ni siquiera un puesto en él. Quiso explicar así su postura: «Aun antes de la segunda vuelta de las elecciones (…) dije que este no era el momento de una política de derechas». Y ciertamente había calificado de «imprudente» una victoria como la finalmente obtenida. Renunciaba al gobierno, dijo:

Por miedo a nosotros mismos, porque creemos que nuestro espíritu no se halla aún preparado para llegar a las alturas del poder. Está (…) todavía muy cerca la persecución, están todavía muy frescas las heridas (…) y para mí el mayor peligro está en que las derechas llegaran al poder sin que hubiésemos tenido tiempo para que desapareciera de nuestro corazón cualquier deseo de revancha o de venganza. Porque nosotros (…) hemos venido a la política con el deseo de hacer una obra para todos, una obra nacional (…). Consideramos más glorioso haber sido víctimas de una persecución que no el verdugo cuando nos hubiera llegado el turno (…). Desde el primer instante dijimos que nuestra misión se reduciría a facilitar la formación de un gobierno que evitara (…) esos bruscos movimientos pendulares.

Verdaderamente un gobierno medianamente severo tendría poca dificultad en reducir al PSOE y la Esquerra a la obediencia a la ley; por el contrario, retóricas un tanto beatas y pusilánimes, políticamente inanes como la de Gil-Robles, solo podían dar ánimos a los levantiscos. Los cuales percibieron en la derecha una presa fácil, puesto que ella misma parecía asustarse de su propio «reaccionarismo» vengativo, por no decir del «fascismo» de que la acusaban.

La falta de nervio y, en rigor, de espíritu democrático de Gil-Robles, produjo fuerte decepción entre sus seguidores y aliados. Alguien que entendió bien su trasfondo fue Cambó, que escribirá en sus Memorias: «Como casi todos los hombres de audacia verbal, era extremadamente tímido en la acción (…). Al día siguiente de las elecciones él y su partido tenían un prestigio inmenso (…). Habría podido escoger entre derribar la república o acaparar la república. No tuvo audacia para ninguna de las dos actuaciones (…). Si con la palabra flagelaba implacablemente a las izquierdas, en el momento de definir una política vacilaba constantemente». Tal vez exageraba Cambó sobre las posibilidades que se abrían a Gil-Robles, pero es claro que este ni siquiera osó utilizar su más elemental derecho.[156]

Y abunda Cambó:

Al producirse la primera crisis, Niceto Alcalá-Zamora me indicó las personas que tenía citadas detrás de mí, y vi con sorpresa que Gil-Robles, que debía haber sido llamado el primero o el segundo en la lista, no iba a ser llamado hasta después. Llamé la atención del presidente sobre la gravedad que implicaba esta omisión, que significaba expulsar del régimen a un hombre sin el cual no se podía gobernar (…). Conseguí que se le llamara y, al saber que había sido por indicación mía, vino a darme las gracias emocionado. ¡Un hombre que tenía derecho a tomar el poder, se mostraba agradecido por el hecho de ser llamado entre un conjunto de hombres insignificantes sin fuerza parlamentaria!

No menos irritados, los monárquicos de Renovación Española achacaban la flaqueza de la CEDA a la influencia del alto clero. Pedro Sainz Rodríguez, uno de los líderes de Renovación, consideraba a la CEDA orientada por Ángel Herrera, el fundador de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP). Herrera, muy ligado a los obispos y sobre todo al Vaticano, había fundado y dirigido hasta poco antes el influyente diario El Debate, que se convirtió en órgano oficioso de la CEDA. A su vez el grupo intelectual de Herrera seguiría en política las indicaciones del nuncio Federico Tedeschini, que ante todo buscaba «pactar con la república unas reformas religiosas para limitar la persecución de la Iglesia y salvar la posición general de la religión en la nueva vida política». Para el Vaticano, la política hacia la Segunda República debía orientarse por el «posibilismo» o «accidentalismo», dejando de lado la cuestión monárquica, postura adoptada por la CEDA. Tedeschini, cardenal in pectore, era tan influyente políticamente en España como detestado por los monárquicos. Al decir de Sainz, era «aficionado a la cuestión monetaria», y tenía fama de mundano y galante: «Era muy notorio que una señora, llamada T. M., rubia, de cierta edad, de tipo rubensiano, era muy amiga de Tedeschini».[157]

En resumen, expone Sainz, «cada día se fue acentuando esta disensión entre los dos grupos (CEDA y Renovación) (…) Los católicos iban absorbiendo muchos elementos monárquicos, partiendo de la base de un equívoco (…) que los republicanos posibilistas de Gil-Robles eran monárquicos de corazón y que la política de ralliement no era más que una táctica hábil para apoderarse del poder y desde él procurar, incluso por medio de un golpe de Estado, restaurar la monarquía. Esto era algo que corría entre las fuerzas de derechas y que hizo que muchos monárquicos incorporasen de buena fe sus votos a Acción Popular». Sainz muestra un optimismo excesivo sobre el número e influencia de los monárquicos en aquellos momentos. Pues un amplio sector de la derecha había apoyado al principio la república, y dado el modo lamentable como había caído la monarquía, predominaba entre los monárquicos más una nostalgia vaga y sentimental que un verdadero deseo de restaurarla.

Precisamente el mismo concepto de la política cedista que atribuye Sainz a los monárquicos votantes de la CEDA, decían tenerlo las izquierdas, pero como una acusación: Gil-Robles buscaría acabar con la república mediante maquiavelismos y maniobras de desgaste. No podía esperarse menos de un partido fascista-vaticanista. Por más que sus enemigos percibían bien la oportunidad quizá histórica que perdían tales «fascistas», debido a su blandura e indecisión.

20
AZAÑA Y LOS REPUBLICANOS DE IZQUIERDA ATACAN SU PROPIA LEGALIDAD

Las izquierdas no se limitaron a meras amenazas. Los republicanos fueron los primeros en movilizarse. Recuerda Alcalá-Zamora en sus Memorias:

Nada menos que tres golpes de Estado se me aconsejaron en veinte días. El primero (…) a cargo de Botella, el ministro de Justicia, quien propuso la firma de un decreto anulando las elecciones hechas. Inmediatamente después propuso Gordón Ordás, ministro de Industria, que yo disolviese las nuevas Cortes. Pocos días más tarde, Azaña, Casares y Marcelino Domingo dirigieron a Martínez Barrio, presidente del Consejo, una carta de tenaz y fuerte apremio (…) en la que el llamamiento tácito a la solidaridad masónica se transparentaba clarísimo, a pesar de lo cual, en aquella ocasión, Martínez Barrio no cedió, cumpliendo su deber oficial, quizá no con agrado pero sí con firmeza, al ver también la de mi actitud.[158]

Botella dirigía la Izquierda Radical Socialista, escindida del Partido Radical Socialista, liderado por Gordón. Casares era autonomista gallego, muy amigo de Azaña, y Marcelino Domingo también radical socialista. En abril de 1934 se unirían todos para formar el Partido de Izquierda Republicana.

El testimonio de Martínez coincide con el de don Niceto: Azaña —«muy preocupado a causa de la derrota de la izquierda y la no disimulada irritación del Partido Socialista»—, le argumentaba así: «La aplicación de la vigente ley electoral reduce nuestra representación parlamentaria en dos tercios de su volumen, pero la voluntad general no es esa. La distribución de los puestos de diputados se aparta radicalmente de las cifras que arroja la elección. Simple artilugio legal. Por tanto, al constituirse la Cámara, se desacatará la voluntad del país, a menos que una acertada previsión del gobierno decida evitarlo». El razonamiento rozaba la demencia: aquella ley que, según Azaña, negaba «la voluntad general», la había impuesto él mismo contra la derecha. Y aún al margen de la prima concedida a los vencedores, estos habían superado ampliamente en votos a las izquierdas. Y a Martínez Barrio no cabía atribuirle distorsión de las votaciones a favor de la derecha, pues pertenecía al ala izquierda del Partido Radical de Lerroux y en su gobierno había también ministros azañistas.[159]

La «acertada previsión» de Azaña consistía en suspender la reunión de las Cortes, constituir un gobierno de izquierdas y organizar con él otros comicios, obviamente con garantía de triunfo de los antes vencidos. Un golpe de Estado, como entiende don Niceto. Para ver hasta qué punto la historiografía hoy dominante falsea los hechos, uno de sus máximos exponentes, Santos Juliá, niega alegremente la iniciativa golpista: «No suelen proponerse golpes de Estado por carta», y supone que la propuesta ¡era constitucional! ¡Qué habría dicho si la CEDA hubiera hecho una propuesta similar en circunstancias contrarias! Si la «solidaridad masónica» se hubiera impuesto, la «constitucional carta» de Juliá habría creado una dictadura pareja a la que sería más tarde el Frente Popular, y seguramente habría acelerado la guerra civil, que ya organizaba el PSOE, textualmente.

La carta mencionada por Alcalá-Zamora rezaba: «Creemos saber que usted y sus compañeros tienen, sobre el fondo del asunto, la misma opinión que nosotros» e insistía en anular la convocatoria parlamentaria porque «la situación (…) brinda hoy la oportunidad de realizar esa nueva formación ministerial con ventaja para la estabilidad del régimen. Tal oportunidad puede desaparecer mañana». Las medidas, obviamente golpistas, habrían de tomarse urgentemente para evitar resoluciones más drásticas «guiadas en todo caso por lo que demandan los más altos intereses del país». Que serían los intereses de la izquierda y los separatistas, obviamente.

Martínez Barrio informó de la carta a don Niceto, pero no a Lerroux, su superior político. Seis meses más tarde, Martínez iba a encabezar una escisión contra su jefe, y desde entonces se uniría a los que presionaban a Alcalá-Zamora para que disolviera cuanto antes la Cortes votadas popularmente solo medio año antes.

Como iremos viendo, a partir de aquel momento el PSOE puso en marcha la preparación de su insurrección armada, y poco más tarde lo haría la Esquerra. Pero el golpe más inmediato y estruendoso lo asestaron los anarquistas el 8 de diciembre, pasadas apenas tres semanas de las elecciones. Fue su insurrección más extensa y potente hasta entonces, con numerosos atentados y levantamientos en Barcelona, Zaragoza, Badajoz, Álava, Valencia y otros lugares. Los ferrocarriles sufrieron varios sabotajes y uno de ellos, en Valencia, ocasionó entre 16 y 20 muertos, al caer un tren por un puente dinamitado. Cuatro días de revuelta ocasionaron un mínimo de 89 muertos (otros los reducen a 32). Fue la tercera insurrección de su tipo. Entre las dos anteriores habían muerto 110, aparte de otros en huelgas violentas, como la de Sevilla en 1931, que había ocasionado 20.

El 12 de diciembre, en las Cortes, los socialistas negaron tener parte en los sucesos, y sugirieron que estarían financiados por los monárquicos. Sin llegar a condenar la insurrección, Prieto mencionó otros conflictos del PSOE con la CNT y evocó a «los compañeros muertos (…) por tiros de las pistolas sindicalistas». El diputado comunista Bolívar gritó contra «la política criminal del gobierno republicano-socialista cuya política culminó con Casas Viejas, y la política que ha continuado el gobierno que ocupa el banco azul». PSOE y UGT, en nota oficial, achacaron al gobierno «la plena responsabilidad de que se haya producido el antedicho movimiento». Gobierno que seguía siendo el de Martínez Barrio con republicanos de izquierdas mientras no se reunieran las nuevas Cortes. Y anunciaron además «su firme decisión de cumplir, cuando la hora sea llegada, los deberes que nuestros representados y nuestros ideales nos imponen».

Reunidas las Cortes los días 19 y 20 de diciembre, Gil-Robles explicó, con sentimentalidad contradictoria: «No habíamos tenido parte alguna en el advenimiento del régimen. Sinceramente hay que reconocer que lo habíamos visto venir con dolor y con temor. Pero, una vez establecido como una situación de hecho, nuestra posición no podía ser más que una: acatamiento leal al poder público (…). No teníais derecho, señores, a pedirnos una identificación con el régimen (…). Lo que podíais pedir (…) era que acatáramos el poder, que para nosotros, católicos, viene de Dios sean cualesquiera las manos en que se encarne». La gente, a su juicio, no había votado contra la república, sino contra la política seguida por el gobierno. Pero «si vosotros (…) queréis hacer ver al pueblo español que socialismo, sectarismo y república son cosas consustanciales, entonces tened la seguridad de que el pueblo votará contra la política y contra el régimen».

«Con esta Constitución no se puede gobernar (…) porque no llevará más que a una solución: una dictadura de izquierda o una dictadura de derecha, que no apetezco para mi patria, porque es la peor de las soluciones (interrumpe José Antonio: «Una integral, autoritaria, es una buena solución») (…). Yo no puedo compartir ese ideario, porque para mí un régimen que se basa en un concepto panteísta del Estado y en la anulación de la personalidad individual, que es contrario incluso a los principios religiosos (…), nunca podrá estar en mi programa». Anunció su decisión de gobernar «cuando el momento llegue», y advirtió: «Si (…) se nos cerrara el camino del poder, entonces nosotros iríamos al pueblo a decirle que (…) no cabíamos en vuestro sistema político (…). Que nos habíamos equivocado, que era preciso seguir otro camino para conseguir el triunfo de nuestras legítimas aspiraciones». Lo advertía en relación con las constantes negativas de la izquierda a cualquier posibilidad de gobierno de derecha. «Hoy, apoyo al gobierno (del partido de Lerroux) en cuanto rectifique la política de las Cortes Constituyentes; mañana, el poder íntegramente».

Prieto replicó acusando a Lerroux de que, siendo un republicano histórico, había favorecido a «las fuerzas que acaudilla Gil-Robles», las cuales se preparaban para «ocupar el poder» y se quejó de que «nos encontramos con que nuestra representación está disminuida y nuestra influencia en la república considerablemente limitada». No creyó oportuno explicar que ello se debía a una gran pérdida de votos combinada con una ley electoral que el PSOE había apoyado. Lerroux habría mostrado «benevolencia» hacia unas fuerzas reaccionarias que querían «acabar con todo lo que haya de animado, de vivo, de espiritual dentro del régimen».

Y se volvió a continuación contra el propio Gil-Robles, recordándole algún discurso poco coherente con sus palabras conciliadoras: «Hay que ir —decía Gil-Robles— a un Estado nuevo. (…) ¿Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre? Para eso, nada de contubernios (…). Para realizar ese ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es, para nosotros, un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o lo haremos desaparecer. (…). Su señoría, en el fondo, Sr. Gil-Robles, apetece (…) un régimen dictatorial». Y afirmó que todo ello provenía de injerencias «extrañas a la nación española. Sabe todo el mundo que esto se ha gestado en Roma». E ironizó contra Lerroux: «S. S. está presidiendo un gobierno con la bendición papal (risas y rumores)». El Sr. Rey Mora: «Y vosotros sois un partido con la de Ámsterdam» (sede de la II Internacional).

Contestó Lerroux:

Ya sé que cuando (…) analicéis algunos de esos discursos (de la derecha) encontraréis cierto tono de amenaza (…) ¿Tenemos derecho nosotros de asombrarnos de esas cosas? ¡Pero si nos hemos pasado la vida haciendo lo mismo! (risas) ¿Qué hay de pecaminoso, de contrario a la razón, de opuesto a la ley en que se levante aquí una representación que se encuentra en camino de evolución hacia la república y en sus mismos linderos, que ha prestado acatamiento a la legalidad (…) que diga: «Si se nos cierran las puertas de la legalidad, ¡ah!, tendremos que acudir a otros procedimientos?» ¿Pues qué otra cosa hicimos nosotros frente a la monarquía? Lo que tenemos que hacer, mal que nos pese, es mantener abiertas esas puertas de la legalidad; no salirnos de ellas (…). Yo no puedo dudar de la lealtad (…) mientras actos de naturaleza evidente no me vengan a decir que aquel fue un verbalismo circunstancial (…) ¡Ah!, ¿qué ellos quieren adueñarse de la república y gobernarla? ¿Qué cosa más natural? ¿Qué queremos todos? ¿Qué habéis querido, sobre todo, vosotros?

Sobre el Estatuto catalán afirmó que lo cumpliría «leal y fielmente», y en relación con las reformas sociales propuestas por la CEDA recordó que «los primeros que iniciaron reformas sociales en España fueron los conservadores, y ello da crédito a las promesas de Gil-Robles».

El comunista Bolívar atacó sin remilgos a los socialistas: «Los treinta meses de gobierno republicano-socialista (…) de traición a la consigna de la revolución democrático-burguesa (…) son los que han dado lugar a estas Cortes contrarrevolucionarias. El gobierno de Lerroux no tiene ahora más que hacer uso de las leyes que vosotros habéis dictado (…). Vosotros, desde el poder, amenazasteis con hacer la revolución social si se encargaba del poder al señor Lerroux (…). ¿No ha llegado la hora de que pongáis en práctica vuestras amenazas?».

Prieto insistió en acusar de traición a Lerroux y de intención dictatorial a la CEDA. «Creemos que estas declaraciones (de Gil-Robles) han abierto de hecho el periodo revolucionario; decimos (…) que frente al golpe de Estado se hallará la revolución (grandes protestas de las derechas y aplausos de los socialistas). Decimos (…) desde aquí, al país entero que, públicamente, contrae el partido Socialista el compromiso de desencadenar, en ese caso, la revolución».[160]

Ciertamente Gil-Robles no era un demócrata convencido ni mucho menos, pero menos aún lo eran Prieto o Azaña, que utilizaban el concepto siempre a favor de sus ideas y políticas, excluyendo cualesquiera otras. En comparación con estos dos personajes, Gil-Robles era casi un modelo de moderación y abría la posibilidad de una república realmente democrática, mientras que los otros dos la cerraban cada vez más. Los discursos de los socialistas por aquellos tiempos eran un permanente ataque a la república burguesa y exaltación de la dictadura de su partido («el proletariado»), mientras que las salidas de tono de Gil-Robles, mucho más esporádicas dentro de una tónica en general conciliadora, podían interpretarse como reacciones exasperadas a las amenazas de sus adversarios y a la persecución que los católicos sufrían realmente. Y en ningún caso la CEDA había asesinado a sus contrarios ni había planteado un golpe o un asalto violento al poder, tarea en la que sí estaban empeñados los socialistas.

Prieto había atacado a Besteiro, según el cual «hace falta un hecho grave que justifique el movimiento. Según (…) la ejecutiva del partido (…) todas las características aconsejables para realizar un movimiento están dadas». El hecho grave que justificaría el movimiento insurreccional había sido, en definitiva, la derrota en las urnas.

21
ENERO DE 1934: EL PSOE DECIDE LA GUERRA CIVIL

Pocos días antes de la citada reunión parlamentaria, Ortega publicaba en El Sol sus últimos artículos políticos, demostrando, una vez más, cuán ajeno vivía a la realidad del país. En el primero, el 3 de diciembre, titulado «¡Viva la república!» defendía al régimen porque en su opinión solo en él «pueden los españoles sentirse una nación». Los electores, argumentaba, «todavía torpes, envían al Parlamento a gentes en buena parte tan indeseables como los anteriores»; pero, añadía, se trataba de un fenómeno transitorio e inevitable: «Lo primero que tenía que pasar era que vomitasen las izquierdas todas las necedades que tenían en el vientre (…). Ahora pasará que van a practicar la misma operación con las suyas las llamadas derechas. Luego España (…) tomará la vía ascendente». Y destacaba que «en medio de una Europa claudicante fuese el pueblo español el primero en afirmar radicalmente el imperio de la moral en política, frente a todo totalitarismo y frente a todo maquiavelismo». En su segundo artículo, el día 9, «En nombre de la nación, claridad», después de felicitar a Gil-Robles como «joven atleta victorioso» le exigía una identificación con la república, a la que no estaba obligado legal ni democráticamente, y le criticaba haber caído en «demagogia de beatas».

El análisis podía dejar estupefacto a quien atendiera al radicalismo cada vez más revolucionario de las izquierdas, fenómeno que se desarrollaba ante los ojos del filósofo sin que él fuera capaz de percibirlo. Desde el primer momento, la república había sido sometida a crecientes violencias convulsivas y medidas de poder arbitrarias, amenazando cada vez más seriamente la estabilidad del régimen.

Por lo que respecta al PSOE, sus designios insurreccionales exigían una previa limpieza de elementos reformistas en la dirección, es decir, descabalgar a Besteiro y los suyos de sus puestos en la UGT, la verdadera fuerza de masas del partido. Besteiro formaba, con Prieto y Largo Caballero, el trío de dirigentes más importantes y prestigiados del partido.

Besteiro había heredado la dirección del partido y el sindicato a la muerte de Pablo Iglesias, en 1925, y en 1933 seguía ostentando la del sindicato, por lo que su obstruccionismo podía impedir la revolución. Procedía de la clase media acomodada, había estudiado en Francia y Alemania, y ganado la cátedra de lógica en la Universidad de Madrid. Sus maneras tenían cierta elegancia aristocrática que irritaba a los otros dos jefes, de origen más proletario. A Prieto, observa Azaña, «le cargan mucho la sonrisa y las maneras corteses de Besteiro».[161] Este se consideraba marxista, de un marxismo cualquier cosa menos ortodoxo. Creía necesario un largo periodo de educación y preparación de la clase obrera mediante la acción económica y sindical, dejando la política en segundo término. También creía en unas etapas históricas «objetivas», a agotar antes de plantearse la toma del poder, y había criticado las alianzas con los partidos republicanos. Deseaba un proceso largo, lento y lo más tranquilo posible hacia el poder, y contra toda evidencia aseveraba: «Los marxistas somos pacifistas». También rechazaba el catolicismo como «opio del pueblo», apoyando la proscripción de todas las órdenes religiosas. Una canción de la época terminaba «viva don Julián Besteiro y abajo el catolicismo».

Las rencillas entre los tres líderes venían ya de la sangrienta intentona revolucionaria de 1917. Prieto había huido a Francia, y los otros, escribe Largo, pasaban el tiempo en la cárcel «leyendo y contestando cartas (…) y recibiendo comisiones de todas las provincias»: tan duramente les castigaba la monarquía. «Besteiro se cansó pronto de recibir comisiones (y de) tener que contestar a las innumerables preguntas» y se decía «harto de oír tonterías». En diciembre de 1930 había saboteado desde la UGT la orden de huelga general que debía acompañar el golpe militar republicano. Al llegar la república fue elegido presidente de las nuevas Cortes, de cuyos componentes no tenía una alta opinión. Según confidencias a don Niceto, «las encontró pronto agotadas (…) y las vio siempre incapaces, no ya cortas de talla, para la obra que les incumbía».[162]

En opinión de Besteiro, sus rivales en el partido carecían de dotes intelectuales y políticas comparables a las de los líderes bolcheviques, sin que ello quisiera decir que aspirase a una revolución similar para España, pues esta abocaría a «la república más sanguinaria que ha conocido la historia contemporánea». Por eso había atacado en la escuela de verano las posturas bolcheviques en auge. Ya el 2 de julio había declarado en Mieres: «Entrar en una república democrática (…) y luego, a la primera contrariedad, desahogar y decir que venga la dictadura, francamente me parece un contrasentido». Y había lamentado «tantos sinsabores» porque «desde hace algún tiempo estoy en minoría».[163]

A finales del 1933, los besteiristas, principalmente los sindicalistas Andrés Saborit y Trifón Gómez, se batían a la defensiva. Otro de ellos, Gabriel Mario de Coca, escribió el folleto El anti-Caballero, donde describe el avance de la que llamaba «avalancha roja», «leninista» o «bolchevique». A pesar de tener la iniciativa el grupo de Largo y Prieto, en las elecciones de noviembre del 33 había sido Besteiro el socialista más votado en Madrid, a distancia de Largo Caballero, puesto trece en la lista del partido.

Se desató entonces «una lucha sin cuartel», explica el bolchevique Amaro del Rosal: «En la historia del PSOE no existe antecedente de una lucha ideológica tan agria, tan violenta en su fondo y en su forma». Hasta el domicilio de Besteiro fue atacado. Trifón denunciaba «la pérdida de la educación y la dignidad entre militantes»: en Zaragoza «salvó la vida al final de un acto gracias a que se abrió camino pistola en mano».[164]

Tiene máximo interés la reunión del Comité Nacional de la UGT el 13 de diciembre, en la que unos y otros expusieron con claridad sus posturas. Saborit negó rotundamente que existiera «un fascismo preparado para asaltar el poder», por lo que un golpe revolucionario podía desatar más bien un contragolpe reaccionario. Y recordó la enorme popularidad que había rodeado a Primo de Rivera gracias a los previos trastornos extremistas. «Para organizar en frío un movimiento (…) para implantar la dictadura del proletariado (…), niego la fuerza, niego la capacidad, niego la disciplina y niego la posibilidad de hacerlo». Solo sería factible y obligado un movimiento de respuesta a un asalto fascista al poder —en el que desde luego no creía—, «aunque nos derroten».

Amaro le replicó: «Pregunto si por encima de nuestra voluntad hay una situación objetivamente revolucionaria (…). Existe un espíritu revolucionario, existe un ejército completamente desquiciado, hay una pequeña burguesía con incapacidad de gobernar (…), en descomposición. Tenemos un gobierno que es el de menor capacidad, el de menor fuerza moral, el de menor resistencia (…). Todo está propicio (…). Si se dice que cuando nos veamos en el último recurso podremos ir a la revolución (…) hay que darles esa misma fórmula a la burguesía, en el sentido de que se esté quieta, que no se prepare». De no tomar la ofensiva, «automáticamente tendremos aquí, dentro de cuatro meses, el hecho alemán».[165]

Era básicamente una pugna entre la posición dominante en el partido y la dominante en la UGT. Todavía el 31 de diciembre fue rechazada por el Comité Nacional de la UGT la propuesta de preparar un alzamiento revolucionario, «un camino de locuras», afirmó Besteiro. Pero las tácticas intimidatorias de los revolucionarios se combinaron con maniobras burocráticas para desalojar a los moderados, víctimas de «un cerco implacable». El Socialista publicaba listas de sociedades obreras que se adherían a la actitud del partido. No se concretaba claramente cuál era esa actitud, «pero de sobra se advertía que su fundamental valor era (…) la guerra sin cuartel contra Besteiro».

El 4 y 5 de enero la Ejecutiva de la UGT se mantuvo aún, si bien vacilante, aceptando que en una comisión de enlace con el partido entrasen varios sindicalistas completamente afectos a las tesis leninistas. Estos rehusaron la invitación conciliadora, pues estaban convencidos de que su intransigencia estaba próxima a triunfar.

Besteiro se entrevistó con Prieto para buscar un arreglo, y le advirtió: «Vais a llegar al poder, si llegáis, empapados y tintos en sangre», para a continuación tener que enfrentarse con los anarcosindicalistas y comunistas. Prieto replicó que los anarquistas serían fácilmente neutralizados deteniendo a unos cientos de sus cabecillas, y explicó que ya se disponía, entre otras cosas, de cuantiosos apoyos entre generales, jefes y oficiales «comprometidos a lanzarse al movimiento»; y recitó muchos nombres. Besteiro le recordó que Alcalá-Zamora también había confiado vanamente en los numerosos militares conjurados para derrocar la monarquía en 1930.[166]

Un Besteiro parcialmente resignado quiso ganar tiempo tratando de elaborar un programa para el alzamiento, pero Prieto lo consideró una farsa: «Tenía como punto más importante y radical (…) la construcción de una Cámara Corporativa Consultiva. La cosa no era nueva. El general Primo de Rivera fue su iniciador». Prieto diseñó otro programa que aprobó la Ejecutiva del PSOE el 13 de enero. Era mucho más extremista, y aunque nunca se hizo plenamente oficial, se utilizó contra los besteiristas.[167]

Como última resistencia, Besteiro propuso un congreso, ya que, a su juicio la decisión insurreccional suponía alteraciones en la línea seguida hasta entonces. Un congreso obligaría a los leninistas a perder meses en debates, que podrían desbancar sus posturas o provocar una escisión. La respuesta de los leninistas consistió en intensificar sus presiones para desplazar a los reformistas de la dirección de los sindicatos, hostigándoles hasta hacerles dimitir. El 21 de enero, un triunfante Largo declaraba en un mitin en el cine Europa: «Vamos a conquistar el poder (…). Hay que preparar a las masas para la revolución espiritualmente, pero, sobre todo, materialmente (gran ovación y un grito: “¡Vivan las ametralladoras!”)». Y denunció las posturas besteiristas que negaban el peligro fascista: «Tienen razón en parte. En España es difícil que triunfe el fascismo; pero no por lo que hagan quienes niegan su existencia, sino por lo que hacemos los que la reconocemos y nos disponemos a hacerle frente».[168]

Y el 27 de aquel mes inicial de 1934 se celebró la última sesión de la dirección sindical con presencia besteirista. La siguiente, el 3 de febrero, estaba ya dominada completamente por los bolcheviques, y con Largo Caballero sustituyendo como secretario general a Besteiro, forzado a dimitir. También fueron sustituidas las ejecutivas de la agrupación madrileña, la de Trabajadores de la Tierra y la de las juventudes. «Fueron los momentos de más intensa amargura que Besteiro pasó en su vida política». A pesar de todo, ni abandonó el partido ni intentó provocar una escisión.[169]

Derrotado Besteiro, naufragaba la posibilidad de una evolución pacífica de la república. También en Cataluña crecía el impulso a la rebelión después de la muerte de Macià en diciembre. Este, antiguo teniente coronel del ejército y aficionado a gestos de aire heroico y glorioso, se había vuelto separatista radical adoptando un estilo de grandilocuencias retóricas. Había fundado el partido Estat Català, concebido en estilo militar e integrado más tarde en la Esquerra. Con él había realizado la intentona más bien esperpéntica de invadir Cataluña desde Francia, durante la dictadura de Primo de Rivera. Al llegar la república había tomado el poder por la brava en Barcelona, declarando una república catalana. Este primer golpe había sido neutralizado en «diálogos» con Alcalá-Zamora, que le apreciaba. Los dos eran hombres verbosos y algo nebulosos, y se entendían bien. Don Niceto explica: «Cuando estábamos en consejo y llamaba por teléfono Macià, ya sabíamos que la interrupción sería larga. (…). Al indicarse a Domingo o a Nicolau que acudiera, siquiera para enterarse (…) los dos se excusaban con gestos y ademanes en el primero de anonadamiento cruzando las manos, y en el segundo de espanto y desesperación abriendo los brazos. Acudía yo a la conversación y terminaba siempre en concordia». Una concordia muy relativa.[170]

De la popularidad de Macià entre el elemento separatista da idea esta anécdota: al morir le habría sido extirpado el corazón y guardado en una urna al lado del cuerpo. Como «encarnación de Cataluña» el corazón fue llevado al exilio por orden de Josep Tarradellas, otro político de la Esquerra, muy exaltado por entonces. Tarradellas avisó confidencialmente a la familia de que el cuerpo había sido cambiado a otro panteón para evitar profanaciones de los partidarios de Franco. Al llegar la Transición, se preparó una solemne ceremonia para devolver el corazón a su lugar, y entonces se descubrió que el cadáver no había sido trasladado ni profanado, y que el corazón seguía en su urna originaria. Según todo indica, el funcionario que había recibido las órdenes de Tarradellas no había sido muy cumplidor, y nadie sabe a quién correspondería el corazón cuidadosamente guardado en el exilio. La indignación de la familia del finado y el escándalo correspondiente pasaron pronto.[171]

Respecto a Companys, su reacción mencionada a la derrota electoral de la izquierda auguraba una «concordia» todavía más difícil que con Macià. Companys tenía una trayectoria política pendular, habiendo pasado de un fuerte españolismo a la colaboración con la CNT como abogado de sus miembros acusados de terrorismo, y a las filas separatistas con cierta mala conciencia por su trayectoria anterior, que le llevaba a extremar sus posturas para disuadir sospechas de flojera.

Otro elemento de inestabilidad era la actitud del propio Alcalá-Zamora. La victoria de la derecha católica debía haberle complacido, siendo él mismo católico y conservador, y sin embargo la miró con desagrado: «Eran Cortes sin idealidad que no sentían adhesión a la república ni conservaban el entusiasmo por la monarquía; no afianzaban con lealtad al régimen ni tenían decisión para combatirlo». En aquel rechazo latía su convicción de haber sido el fundador de la república, que le hacía mirar cualquier desafección a ella como un daño personal. Y pesaba no menos el prurito de pasar por progresista, muy sensible a los desdenes de la izquierda que le fustigaban sin tregua como «cacique» motejándole despectivamente como «el Botas». Por ello trasladaba a las Cortes de derecha el calificativo de reaccionario con que le obsequiaban a él las izquierdas. Así, en sus recuerdos se refiere a las Cortes dominadas por la derecha como «las más reaccionarias que ha habido» en la historia, cargadas de «demagogia epiléptica».[172]

En aquellos días solo tenía dos opciones para jefe de Gobierno: Lerroux o Gil-Robles. A este lo descartó por antipatía personal y por poco afecto al régimen (aparte de que el propio Gil-Robles no mostraba interés en gobernar). La «necesidad parlamentaria» le obligó, pues, a aceptar a Lerroux, por quien sentía el mayor desprecio. Según don Niceto, al nuevo gobernante le distinguía «la más absoluta falta de preparación con que un jefe de partido haya llegado a serlo de gobierno»; «No mostró cualidad ni llevó aportación útil. Su pregonada amplitud de criterio era el desenfreno y la arbitrariedad, que no reparaba en el obstáculo de las leyes». Juicios semejantes había expresado Lerroux sobre los demás republicanos, al llegar la república.[173]

Lerroux describe al presidente de la república como el clásico cacique, recomendando a sus amigos para los cargos políticos y entrometiéndose en asuntos que legalmente le estaban vedados. «Su receptividad acogedora era ilimitada para todo género de referencias, generalmente chismes y cuentos»; «Credulidad (…) contagiada de malignidad lugareña». Opiniones en las que coincide con Azaña. Largo Caballero, por su parte, lo describe así: «Pronunciaba discursos extensos para lamentarse de lo publicado por algún periódico o de disposiciones de cualquier ministro que no eran del agrado de sus amigos políticos. Invertía casi todo el tiempo en bagatelas (…). Esto nos desesperaba». Con todo, Azaña había mantenido a raya, la mayor parte del tiempo, las intromisiones que le atribuye Lerroux, mientras que este no iba a conseguirlo. Lerroux quería, aparte de presidir el gobierno, ocupar el Ministerio de la Guerra, a fin de corregir las arbitrariedades que achacaba a Azaña, pero don Niceto le presionó hasta impedírselo. Lerroux temía asimismo, y no sin razón, que el presidente quería manejar a su partido o bien dividirlo: «Recibía yo confidencias de que Su Excelencia (Niceto) y Martínez Barrio celebraban entrevistas que ni el uno ni el otro me hacían conocer». Y así era, pues no tardaría mucho en producirse la escisión.[174]

Por entonces El Debate, órgano oficioso de la CEDA, pidió concordia en las relaciones entre izquierdas y derechas. El Socialista replicó llamándole «órgano de la Inquisición», achacando mil tropelías a la derecha, ¡incluidos los incendios de iglesias! «Ahora piden concordia, es decir una tregua en la pelea (…). En estos momentos en que la república se halla indefensa, ¿qué quiere decir? A los trabajadores: que se crucen de brazos mientras los caimanes plutocráticos (…) disminuyen los jornales y se acorrala por hambre a los campesinos, y se arman las derechas y se codicia la amnistía no solo para los presos políticos sino también para los contrabandistas y estafadores de alto copete. Y el clero se dispone a vivir de nuevo a costa del Estado (…) ¿Concordia? No. ¡Guerra de clases! ¡Odio a muerte a la burguesía criminal! (…) Pase lo que pase, ¡atención al disco rojo!». Se suponía que se trataba de una señal para la insurrección.

La soflama de El Socialista databa del 3 de enero, mucho antes de que el nuevo gobierno hubiera tenido tiempo para hundir los jornales o matar de hambre a los campesinos. Pero el PSOE ya sabía lo que iba a ocurrir forzosamente, según sus teorías, aunque el hambre hubiera aumentado en el bienio en que ese partido había gobernado.

22
EL PSOE ASESINA A FALANGISTAS Y ESTOS REPLICAN

La derrota de Besteiro y el impulso guerracivilista se tradujeron muy pronto en un gran aumento de los movimientos huelguísticos politizados: «Huelgas de artes gráficas en Madrid, huelga de la construcción, huelgas generales por motivos pueriles, huelga de metalúrgicos (…). La espectacular parada del Stadium de Madrid», señalaba un informe policial. En el campo, según cuenta Dolores Ibárruri, La Pasionaria, ya la oradora principal del Partido Comunista, «los obreros agrícolas van al campo armados con hoces y pistolas y se baten con la Guardia Civil. La confiscación de la cosecha ha llegado a ser una cosa completamente natural (…). Los obreros pierden las ilusiones democráticas». Las Juventudes del PSOE recibían instrucciones: «Ya se han roto las hostilidades (…). Nuestras secciones tienen que colocarse en pie de guerra», con órdenes de formar «milicias juveniles» con «disciplina rígida e inflexible» porque «la revolución se organiza como una guerra». Había que «trabajar incesantemente por el armamento de los trabajadores y preparar la insurrección armada». El órgano de las Juventudes, Renovación, repetía incesantemente la consigna: «El proletariado marcha a la guerra civil con ánimo firme».[175]

Los socialistas trataban de intimidar a las derechas. La CEDA, acusada de burocrática y meramente electoralista, quiso demostrar que era una fuerza movilizadora de masas, y el 20 de abril convocó en El Escorial una concentración de sus juventudes. El PSOE tachó el acto de «provocación fascista», y amenazó con «impedir ese crimen contra la clase obrera. Si el gobierno lo autoriza, habrá un día de luto en El Escorial». Al efecto organizó paros, a veces impuestos a punta de pistola, apedreamiento de trenes y autobuses y sabotajes diversos. Santiago Carrillo rememorará: «Por primera vez habían actuado en diversas formas las milicias que estábamos comenzando a organizar».[176]

Estas medidas no lograron impedir la concentración, pero sí rodearla de un clima de violencia. La víspera, varios de esos milicianos dispararon desde un coche contra unos jóvenes que llegaban en autobús a Madrid para la manifestación, matando a uno e hiriendo gravemente a otro. Gil-Robles, enfurecido, estalló: «No podemos con este estado de cosas. Tenemos que defendernos; llegaremos incluso a convertirnos en fieras como ellos». Y ya en El Escorial advirtió: «Actuamos siempre dentro de la legalidad (…) (pero) ¡que la revolución se eche a la calle! ¡Nosotros nos echaremos también!».[177]

Pero fue la Falange el objeto principal de las agresiones, probablemente debido a su debilidad y a que su ideario se aproximaba de modo abierto al fascismo. El partido había sido fundado solo cuatro meses antes, liderado por el joven abogado de treinta años José Antonio Primo de Rivera. En una Europa convulsa, creía que el liberalismo alimentaba a sus propios destructores y que solo el fascismo o regímenes semejantes podían frenar el avance comunista. Veía a España enferma por pérdida del sentido patriótico, que multiplicaba y ahondaba las discordias de partidos. Discípulo en parte de Ortega, creía necesario formar una élite, una «minoría selecta» con un espíritu de sacrificio «mitad monjes mitad soldados» capaz de vertebrar la sociedad. Para Ortega, España llevaba siglos «invertebrada». Personalmente, José Antonio era buen prosista, con afición a la poesía y cierto escepticismo intelectual que no hacían de él un buen líder fascista. De hecho se mostró en varias ocasiones dispuesto a ceder a otros como Gil-Robles, e incluso a Prieto y Azaña, el papel de barrera frente al marxismo. Y contra la Falange se entrenaron las milicias socialistas mediante atentados y sabotajes.

En marzo de aquel año se unieron a la Falange las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, de Ledesma Ramos, intelectual colaborador de la Revista de Occidente, fundada por Ortega, y de la Gaceta Literaria, de Giménez Caballero. Ledesma sí era abiertamente fascista, y había elegido el término «nacional sindicalismo» por atribuir al sindicalismo anarquista un carácter más propiamente español que al socialismo. Pero ambos grupos, aun unidos, tenían muy escasa fuerza.

De acuerdo con una historiografía perfectamente ficticia pero hoy predominante, la Falange se habría dedicado a practicar la violencia, recibiendo la réplica de los socialistas, pero la realidad es exactamente la contraria. Es muy citada la frase de José Antonio sobre «la dialéctica de los puños y las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria», pero en la práctica, José Antonio se mostró muy renuente a utilizar aquellos métodos. Por el contrario, el PSOE y sus jóvenes, ya antes de nacer la Falange predicaban la guerra civil y desde las elecciones de noviembre se preparaban activamente para ella. Personas como Santiago Carrillo o Juan Simeón Vidarte, que estaban precisamente en la dirección de las Juventudes Socialistas, «explican» que estas tuvieron que «contraatacar» a los falangistas, falsedad sostenida por historiadores como Santos Juliá, Tuñón de Lara, Sheelagh Ellwood, Tamames y tantos más. Otro líder juvenil socialista, más honrado, Manuel Tagüeña, lo aclara mejor: «Las calles se ensangrentaban con motivo de la venta de FE, órgano de Falange Española, ya que grupos armados socialistas estaban dispuestos a impedirla». Así comenzó precisamente el duelo: los socialistas querían impedir por la violencia la propaganda de sus contrarios.[178]

Ya durante la campaña electoral del año anterior, un joven de las JONS había muerto acuchillado en Daimiel, y los asistentes a un mitin de José Antonio fueron tiroteados. En enero del nuevo año, hubo nuevos atentados, como el que costó la vida a un joven de dieciocho años, por vérsele comprar el órgano de Falange. Los socialistas envolvían estos ataques en acusaciones por supuestos crímenes derechistas. Uno de los principales propagandistas, Hernández Zancajo, los denunciaba constantemente en las Cortes. El 1 de febrero, José Antonio despreció los «aspavientos y relatos melodramáticos de horrores perpetrados por fascistas (…). Frente a esas imputaciones de violencias vagas, de hordas fascistas y de nuestros asesinatos y de nuestros pistoleros, yo invito al señor Hernández Zancajo a que cuente un solo caso con nombres y apellidos. Mientras (…) que a nosotros nos han asesinado a un hombre en Daimiel, a otro en Villanueva de la Reina y a otro en Madrid, y está muy reciente el del desdichado capataz de venta del periódico FE; y todos estos tenían sus nombres y apellidos, y (…) han sido muertos por pistoleros que pertenecían a las Juventudes Socialistas».[179]

En enero y febrero cayó otro falangista en Éibar y uno más en Madrid, aparte de varios heridos. José Antonio trataba de contener a sus seguidores: «Una represalia puede ser lo que desencadene (…) una serie inacabable de represalias y contragolpes. Antes de lanzar así sobre un pueblo el estado de guerra civil, deben los que tienen la responsabilidad del mando medir hasta dónde se puede sufrir y desde cuándo empieza a tener la cólera todas las excusas».[180]

De momento, la Falange respondió con peleas a puñetazos, asaltos a locales de la organización universitaria socialista (FUE), colocación de banderas falangistas, etc. El 9 de febrero un socialista asesinaba al líder del sindicato universitario falangista (SEU), Matías Montero. Aunque la indignación subió al máximo en la Falange, tampoco entonces permitió José Antonio una réplica equivalente. Entre tanto los monárquicos provocaban a la Falange a replicar con sangre, burlándose de José Antonio, a quien llamaba Juan Simón, por la copla famosa, y ridiculizaban las siglas FE como «Funeraria Española». Los monárquicos habían dejado caer al rey sin la menor resistencia y luego se habían metido en conspiraciones ineptas. La de apariencia más peligrosa se produciría en marzo de ese mismo año, con apoyo de Mussolini, pero se disolvió enseguida en la nada. Poco amantes del riesgo, los monárquicos querían instrumentalizar a grupos como la Falange. Pese a todo, José Antonio declaró que su partido «no se parece en nada a una organización de delincuentes ni piensa copiar los métodos de tales organizaciones».[181]

Otro problema para la Falange consistía en la dejación de las autoridades, que no se atrevían a proteger el derecho a la conservación de la vida y no tomaban ninguna medida para desarticular a los grupos autores de tales asesinatos.

Pero en marzo y abril nuevos falangistas fueron asesinados en varios puntos del país, una bomba en los talleres donde se tiraba FE dejaba cinco obreros heridos y el propio José Antonio se salvaba por milagro de un atentado. Entonces la tensión interna en el partido se volvió incontenible. Un aviador conocido, Juan Antonio Ansaldo, fue encargado de formar grupos de acción, y el 3 de junio revistaba a unos 800 jóvenes falangistas: «El entusiasmo que reinó aquel día fue inigualable. La sensación de triunfo que produjo en aquellos hombres desafiar en modo abierto y decidido leyes y fuerzas republicanas, se les reflejaba en los semblantes y miradas llenas de orgullo y esperanza», recuerda Ansaldo. La nueva organización fue conocida como «la Falange de la sangre».[182]

Diversos militares afectos al PSOE entrenaban en las afueras de las ciudades a las Juventudes Socialistas, que organizaban desfiles como uno en San Martín de la Vega el 10 de julio: «Uniformados, alineados en firme formación militar, en alto los puños, impacientes por apretar el fusil (…). Un poso de odio imposible de borrar sin una violencia ejemplar y decidida, sin una operación quirúrgica», reseñaba El Socialista.

Los jóvenes socialistas eran conocidos como chíbiris por el estribillo de canciones un tanto obscenas que solían entonar, y en Madrid se adiestraban en la Dehesa de la Villa, un parque en las afueras. El 10 de junio se produjo una pelea en la que un joven falangista de dieciocho años, Juan Cuéllar, fue apaleado a muerte, quedando desfigurado por los golpes. Y entonces comenzó la represalia. Varios falangistas esperaron un autocar que traía a un grupo de los socialistas y dispararon contra ellos desde un coche, matando a una chica, Juana Rico, e hiriendo a un hermano de ella. Aquella misma noche, José Antonio se salvaba de un nuevo atentado al confundir sus enemigos la matrícula de su coche.

Si los falangistas habían soportado estoicamente los asesinatos, los socialistas reaccionaron al primero que sufrían con una agitación exaltada, convirtiendo el entierro en una manifestación de masas. El socialista ponderaba el aire marcial de la manifestación y advertía: «Un día formularemos la factura». Según el periódico, los jóvenes milicianos que se entrenaban en la Dehesa de la Villa eran tan solo «niños y mujeres obreras». Rafael Alberti compuso un poema en honor de la chica y Wenceslao Carrillo interpretó: «Los que asesinaron a Juanita Rico iban contra las ideas (…). La vida de Juanita no hay más remedio que vengarla». A los pocos días un ametrallamiento contra la sede de Falange dejaba dos heridos.[183]

El gobierno centrista, que no había tomado ninguna medida contra las organizaciones socialistas, reaccionó entonces con gran energía contra la Falange. Mientras que se había autorizado la gran manifestación del entierro de Juana Rico, no se permitió ninguna concentración en el de Cuéllar, que hubo de ser enterrado casi clandestinamente muy de mañana. Las organizaciones falangistas fueron perseguidas, cerrados varios de sus locales, prohibidas sus conferencias y actos y detenidos decenas de sus miembros, incluido el propio José Antonio (liberado enseguida por su inmunidad parlamentaria). Entretanto, el gobierno, «fascista» según la propaganda del PSOE, permitía a este partido y a la UGT todo tipo de reuniones y actos en los que se hablaba abiertamente de insurrección. Incluso recibían sus organismos subvenciones millonarias oficiales, como la de tres millones y medio de pesetas concedida por la industria hullera al Sindicato Minero de Asturias, embarcado de lleno en la preparación apenas clandestina de la revuelta. A esta política la llamaba el gobierno «de atracción, de cordialidad y de pacificación de los espíritus», según denunciaría más tarde el diputado de la CEDA Fernández-Ladreda.[184]

José Antonio culpaba en parte a Gil-Robles de la persecución que sufría, achacándole temor a que la subversión rampante de la izquierda provocase una radicalización hacia la Falange: «La CEDA, así, tras la cortina, promueve nuestras persecuciones. Las gentes de la CEDA son maestras en la insidia: no hay órgano mejor que su periódico para recoger y divulgar cuantas falsas especies puedan perjudicarnos». El líder falangista fue imputado en las Cortes, el 3 de julio, por tenencia ilícita de armas. En una reacción sorprendente, Prieto salió en su defensa, alegando que la posesión de armas era común entre los dirigentes políticos. El defendido le expresó su gratitud con estas palabras: «Solo hemos asumido del fascismo aquellas esencias de valor permanente que también habéis asumido vosotros (…). En vez de tomar la actitud liberal bobalicona de que al Estado le es todo lo mismo (…) vosotros tenéis un sentido del Estado que imponéis enérgicamente (…). Ese sentido de creer que el Estado tiene algo que hacer y algo en lo que creer es lo que tiene de contenido permanente el fascismo». Estas declaraciones incomodaron en extremo a Ansaldo, que intrigó para expulsar a José Antonio, aunque pronto sería él el expulsado del partido.[185]

Para el 9 de septiembre, la CEDA volvió a convocar un acto de masas como el de El Escorial, esta vez en Covadonga. Y el PSOE repitió las mismas acciones, intentando sabotearla con huelgas, cortes de carretera y ferrocarriles, disparos contra automóviles y agresiones varias. Importa señalar que la CEDA nunca empleó las mismas tácticas contra los frecuentes actos, mítines monstruo y convocatorias de sus adversarios.

Cuando el acto de Covadonga faltaban apenas cuatro semanas para que el PSOE y la Esquerra se lanzaran por fin a la guerra civil para imponer sus respectivas dictaduras proletaria y separatista. Pero entre tanto, el verano anterior sería el de mayor agitación hasta entonces dentro de una república muy agitada desde el primer momento.

23
PRIMAVERA DE 1934: DON NICETO SOCAVA AL GOBIERNO CENTRISTA SALIDO DE LAS URNAS

La estabilidad del gobierno centrista iba a sufrir duras pruebas desde muy pronto, por la subversión del PSOE y por la obstrucción política del presidente. Este apenas disimulaba su aversión a Lerroux, quien, como hemos dicho, era en todo caso el republicano más antiguo y auténtico, mientras que don Niceto podría considerarse un advenedizo de última hora. Niceto sentía un evidente temor a Azaña y no se había atrevido a inmiscuirse en su gobierno hasta última hora, pero iba a seguir con Lerroux una conducta mucho más atrevida: antes de cuatro meses provocaba una crisis que pudo haber tenido grave alcance institucional.

En el programa de Lerroux constaba una amnistía para colaboradores de Primo de Rivera —en especial para Calvo Sotelo, cuya fuerte personalidad política iba a demostrarse pronto— y para los militares de la sanjurjada. Pero don Niceto había prometido no consentir la vuelta de los amnistiados al ejército, negativa contra la que el gobierno invocaba otros precedentes de la época más liberal de la monarquía.

Como se recordará, Sanjurjo había simpatizado con Lerroux por estimarlo «hombre de orden» y su intentona golpista no era monárquica, como se había dicho, sino más bien lerrouxista, para echar del poder a don Manuel. Por tanto, Lerroux querría que los comprometidos pudieran volver al ejército y, con apoyo de la CEDA, las Cortes aprobaron el 20 de abril la ley de amnistía con esa condición. No hubo oposición apenas porque, como registra el enfurecido Alcalá-Zamora, las izquierdas entraron «en la feria de apresuradas votaciones y enmiendas a aumentar la extensión de la amnistía, a fin de que esta amparase la impunidad de las rebeliones sindicalistas, comunistas o anarquistas, mirados ya como afines, que habían luchado contra los gobiernos del primer bienio o contra el reciente de Martínez Barrio». Pues, en efecto, los anarquistas, antes los máximos enemigos de los gobiernos de izquierda, pasaban a ser estimados por estos como aliados contra el gobierno «fascista» de Lerroux.[186]

Alcalá-Zamora no se resignó y trató de forzar un nuevo debate en las Cortes. Para ello debía contar con el acuerdo de algún o algunos ministros. Lo intentó presionando a cada uno, sin lograrlo. «Don Niceto ya no sabía qué decir. En un instante de silencio puso los codos sobre la mesa y cruzó las manos elevando la mirada al artesonado del salón para no vernos. Parecía un busto en actitud de plegaria». Por lo tanto tuvo que firmar la ley. Pero supo acompañar su resignación de un conflicto legal, pues a su firma añadió una coletilla asegurando que se le había impedido ejercer su prerrogativa presidencial, como si esta no dependiera de la aquiescencia de los ministros. Y dice don Niceto: «Sabía que ello provocaría una tempestad de escándalo en las derechas, sin que encontrara defensa ni agradecimiento en las izquierdas». Lo sabría o no, pero quiso «correr aquel temporal deshecho, a fin de advertir que aún quedaba algún poder republicano resuelto a defender al régimen». Al parecer nadie había dispuesto a defenderlo fuera de él mismo, y, al igual que Manuel Azaña, se sentía el héroe solitario en defensa de una república que ambos creían encarnar. Y cabe recordar otra vez que sin el cambio de lealtad de Sanjurjo en abril de 1931, era dudoso que ni uno ni otro político hubieran alcanzado la posición que ostentaban.[187]

La colisión entre las Cortes y el presidente surgía en pleno clima de subversión por el PSOE y la Esquerra, a la que Niceto parecía conceder importancia menor. Lerroux, preocupado por el reto, consultó con Gil-Robles, también resentido con las intromisiones presidenciales. Gil-Robles aconsejó firmeza: «Doblegarse ante el jefe del Estado equivalía a sentar un precedente de gravísimas consecuencias (…). Debíamos darle la batalla en el Parlamento y destituirle, si fuera preciso». A ese fin propuso un voto de confianza en las Cortes, que lo sería de censura para don Niceto. Según este, intervino también Cambó, a quien describe «siempre volatinero, no ya escéptico y acomodaticio», con la pretensión de sustituirle en la presidencia por Lerroux. Cambó no menciona en sus memorias ese proyecto.

Lerroux se doblegó sin aceptar el consejo de Gil-Robles, y explica este: «Le resultaba muy duro derribar al primer presidente de la república, y más con los votos de los monárquicos (…). Además, era poco probable que consiguiera el número necesario de votos (…). No inspiraban confianza la Lliga ni la minoría agraria». Con lo cual, concluye, «se perdió una excelente oportunidad de eliminar a uno de los elementos más perturbadores de la política española». Así que Lerroux prefirió ser él quien dimitiera, y lo hizo el 25 de abril. Había gobernado tan solo cuatro meses, superando notablemente las tres semanas de su primer gobierno, cuando fue aplastado por las izquierdas antes de las elecciones.[188]

Sin la autoderrota de Lerroux, el enfrentamiento habría causado una crisis profunda y de efectos impredecibles. Don Niceto triunfó en el choque, aunque hubo de aceptar la amnistía. Así que para formar nuevo gobierno pasó nuevamente por encima de Lerroux y lo encargó a otro político lerrouxista, Ricardo Samper, a quien define como «hombre inteligente, aunque oscuro y todavía más oscurecido por una fealdad que pasa de la raya y que proporciona las más fáciles burlas». Pero al menos tenía dos virtudes: había demostrado su adhesión al presidente como único que había terminado por apoyar su coletilla contra la amnistía, y era hombre «capaz de enterarse y de enterarme de todo». Lerroux describe así la situación: «Don Niceto procuraba espigar en mi campo e iba tomando el pulso a todos los amigos míos que, a su juicio, pudieran convertirse en dóciles instrumentos suyos. Así me restaba fuerza (…) y debilitaba al Partido Radical».[189]

Lerroux tenía aún el arma de desautorizar a Samper. En tal caso, el presidente no hallaría un hombre de repuesto y sufriría otra humillación como la de junio del año anterior, cuando tuvo que recurrir a Azaña después de haberle despedido. Pero Lerroux volvió a ceder y aceptó la designación de Samper como había aceptado la de Martínez Barrio. En compensación obligó a Samper a admitir a ministros poco afines a Niceto. Estas renuncias, dice, testimoniaban sus «sacrificios por amor a la república (…), generosidad sobre generosidad, abnegación sobre abnegación», en pro de una política «prudente y mesurada». No iba a tener mucho éxito la mesura. El presidente interpretaba tal «abnegación» como «precaria y amargada tolerancia», a la que habría puesto Lerroux el «precio» de ministros poco nicetianos.[190]

Lo cierto es que sin aquellos ministros, don Niceto habría extendido su presidencia de la república a una presidencia de hecho del Gobierno. Pues su pertinaz designio era convertirse en mentor y orientador del centro-derecha, posición para la que se sentía especialmente capacitado, aunque pocos quisieran reconocérselo. Al quedar su propio partido reducido a la irrelevancia en las elecciones, no cesó de maniobrar e intrigar para conseguir su propósito por medio del Partido Radical de Lerroux.

Azaña, muy al tanto del trasfondo de estas maniobras, se mofó en las Cortes de un Samper situado entre los enemistados Lerroux y Niceto. Y se decantó a favor del supuesto derecho de este. Siempre había defendido al Parlamento contra el presidente, pero ahora optó por lo contrario: «Hemos llegado, en el funcionamiento de la Constitución y en el régimen, a la situación de que, por primera vez, el jefe del Estado quiera ejercer un derecho privativo y exclusivo suyo que le concede la ley constitucional, y el gobierno (…) valiéndose de la necesidad de un refrendo ministerial (…) le niega el paso al ejercicio de su prerrogativa. ¿Cómo se llama esto (…) sino una usurpación de funciones y de poderes y una infracción de la Constitución?». El argumento, y más en boca de quien había intentado anular unas elecciones legales, resultaba peculiar, pues el ejercicio del derecho presidencial quedaba anulado por falta de suficiente refrendo de los ministros. Pero don Manuel solo pensaba en desgastar al gobierno centrista.

La argumentación de Azaña no surtió efectos directos, pero sí uno indirecto, pues Martínez Barrio, lugarteniente de Lerroux, la hizo suya: «Fue entonces cuando yo me dije que mi permanencia en el Partido Radical se hacía imposible».[191] Y al poco acabó provocando una escisión en el partido, llevándose a veinte parlamentarios, masones la mayoría, para fundar el partido Unión Republicana, nombre irónico, pues empezaba rompiendo el partido republicano de más solera, sin sumar a ningún otro.

Para justificar su escisión, Martínez alude a la corrupción del partido, que, fuera mucha o poca, era denunciada desde principios de siglo sin que a él le hubiera importado hasta entonces. También le contrariaba la buena relación con la CEDA, sin la cual el gobierno se haría imposible. Tampoco le gustó la derogación de la Ley de Términos Municipales, de Largo Caballero, cuya aplicación habían saboteado no solo las derechas sino también las izquierdas, pues dejaba sin trabajo a muchos jornaleros. Próximo a Azaña, Martínez Barrio acusará a Lerroux de «derogar toda o casi toda la obra legislativa de las Cortes Constituyentes», lo cual exageraba enormemente, pues ni la reforma agraria, ni la militar, ni el sistema de jurados mixtos ni el Estatuto catalán ni otra mucha legislación fundamental había sido derogada. Pero, como masón de alto grado, rechazaba medidas que juzgaba clericales como la Ley de Haberes del Clero, que dedicaba una pequeña cantidad por haberes pasivos, al haber cobrado antaño los sacerdotes como funcionarios. El problema principal para las izquierdas era el relativo a la Iglesia, pues acerca de las leyes anticatólicas no quería admitir la menor corrección.

Y si bien Martínez se había opuesto a las pretensiones golpistas de Azaña a raíz de las elecciones, luego había presionado a Niceto para que disolviese las Cortes cuanto antes. Sin embargo, Niceto no quería correr tal riesgo, pues no había la menor seguridad de que no volvieran a ganar las derechas, con lo cual él mismo podría verse destituido a continuación. Por ello se contentaba con desgastar a los radicales y mantener a la CEDA fuera del poder.

Lerroux sintió en el alma la maniobra, por el perjuicio político y, quizá más aún, por haber tenido plena confianza en Martínez: «Puñalada a traición», «dolor de la herida», «fracaso de tantas ilusiones mías»… Martínez, «antes tan bueno, tan leal y con las manos y el corazón tan limpios». Luego lo describe así: «No mira de frente (…) En perpetua cautela, como si ocultase algún secreto lamentable y temiera vérselo sorprendido (…): quienes sospechen el alto y disimulado concepto que Martínez Barrio tiene de sí mismo, comprenderán el drama íntimo de esa alma encendida en amor propio e inflamada de ambición cuando (…) ha creído descubrir en sí mismo un estadista. Su discreción y su modestia aparente no son sino aspectos de su timidez (…). Paradoja del valor físico pasivo y sin acometividad, y de la cobardía moral (…). Es fenómeno que se da en los hombres de sexo poco acusado. Como Azaña, como Jiménez Asúa. No tienen amores, no tienen hijos. Sus mujeres propias, otras no conocen, son honestas amigas, sin apetitos sexuales, que cuidan el hogar, aman al compañero y desprecian o compadecen al varón». «En la masonería encontró Diego el terreno más adecuado (…). Aire de misterio, ambiente confinado, escenario para la imaginación, escaso público y en este mayoría de “refugiados” sin horizontes mentales, fracasados de otras disciplinas, carentes de sentido crítico». El propio Lerroux, recuérdese, había sido masón, encontrándose entonces en posición de «durmiente». Y acusa a la masonería de haber ordenado la escisión.[192]

24
VERANO DE 1934: TRES GRANDES MANIOBRAS DESESTABILIZADORAS

A lo largo del verano de aquel año, las izquierdas y el PNV iban a realizar tres grandes movimientos desestabilizadores contra el gobierno. Y que al mismo tiempo erosionaban al mismo régimen en lo que tenía de democrático, pues lo creían propiedad exclusiva de la izquierda.

La primera iniciativa partió del PSOE y la UGT, y consistió en el intento de una huelga general del campo en el momento de la cosecha. Aquel año la cosecha de cereales se anunciaba espléndida, y su pérdida, en un país aún más agrario que urbano e industrial, habría causado una hambruna. No todos los dirigentes socialistas estaban de acuerdo, y el propio Largo la consideró arriesgada y prematura. Pero encontró el respaldo fervoroso de la diputada Margarita Nelken y del sindicalista Ricardo Zabalza, almas de un movimiento próximo a la insurrección.

El endémico problema del campo español podría describirse así: tierras de minifundio o de propiedad media en la mitad norte, y de latifundios en Extremadura y Andalucía principalmente. Estas eran tierras en general pobres y escasas de agua, por ello poco productivas: una media de 9,7 quintales de trigo por hectárea, comparados a 14 en Italia o 24 en Alemania. Estaban poco mecanizadas y con un exceso de jornaleros y aparceros que vivían en condiciones penosas. Un dato llamativo, como dijimos, era su escasa propensión a emigrar, en contraste con las regiones del norte, veneros de una emigración masiva. Ya con Primo de Rivera se planeó una extensión de los regadíos y una reforma agraria que dividiese la tierra, pero no hubo tiempo de aplicarla. Fue la república la que emprendió la reforma, planeando asentar a 1.100.000 campesinos, si bien quedó muy lejos de ello, como vimos. Prieto había planeado aplicar los proyectos de regadíos de la dictadura, pero sin consecuencias prácticas.[193]

La media de los jornales para los braceros era de 5,5 pesetas día, que con la república creció a hasta 8,5 y 11 en algunas provincias, aunque el paro aumentó, lo que quedó reflejado en el aumento de los muertos por hambre, como vimos anteriormente. Estas mejoras relativas fueron acompañadas de una intensísima agitación por parte de los anarquistas y de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, afecta a la UGT, que prometían mucho más de lo que podrían dar. En el diario progresista El Sol escribía el comentarista J. Castillejo el 26 de enero: «Los desmanes en los campos no tuvieron gravedad hasta que los jefes políticos los provocaron y ampararon. A ellos hay que atribuir también (…) la crueldad con los obreros no afiliados al partido, y la organización en los pueblos de un cacicato en sustitución del burgués (…) (más arbitrario que el anterior) quizá porque la nueva legislación se divorció del más elemental sentido común». Los republicanos de izquierda, en los pueblos, detestaban los «cacicatos» socialistas, a los que atribuían «carácter selvático, revanchista, del socialismo (…) salvajizante de los asaltos de fincas en masa y de la dictadura de las casas del pueblo». Besteiro también había denunciado el «envenenamiento» de la conciencia de las masas.[194]

Una causa de perturbaciones era la ley de términos municipales, orgullo de Largo, que obligaba a los patronos a contratar solo o con total prioridad, en el ámbito de sus municipios, para evitar rebajas salariales al llegar braceros de otros términos. Como denunciaba en las Cortes el 22 de marzo el diputado comunista Bolívar, en un pueblo con tierras malas, el 60 por ciento de los jornaleros estaba en paro «desde que la ley de términos municipales confinó en el pueblo este porcentaje de personal obrero que antes se ocupaba en pueblos inmediatos». No era un caso aislado, y por eso unos y otros se saltaban la ley en lo que podían.

Según la diputada Nelken, la huelga les era impuesta por masas de campesinos que les gritaban: «Queremos acabar de un balazo antes que morirnos poco a poco de hambre». «¿Por qué no empezáis la revolución? ¿Tenéis miedo? (…) La culpa es vuestra, que no nos armasteis cuando estabais en el poder». Y se preguntaba patéticamente: «¿Habrá que esperar a que un día los campesinos se coman los unos a los otros para conmoverse?». Pues los patronos estaban asesinando deliberadamente por hambre a miles de familias «por el solo delito de querer humanizar un poco sus vidas», ante lo cual amenazaba ella con «una tempestad de sangre». Los jornales, afirmaba, no bastaban para comprar pan, pese a lo cual no dudaba en señalar otra amenaza para ellos: la competencia de los portugueses, que «aprestábanse a invadir por millares los campos precoces de Extremadura y Galicia». Al parecer querían morirse de hambre ellos también. A causa de tales miserias, los organizadores de la huelga llamaban a incendiar las cosechas y la maquinaria agrícola. Por lo demás, la CNT se negó a secundar la huelga, pese a su incidencia en Andalucía y Levante. Quizá sus afiliados del campo se sentían algo menos hambrientos.[195]

Por una vez, el gobierno respondió con energía. El ministro de Gobernación, Salazar Alonso, declaró que «la cosecha es la república y hay que salvarla». Y el 30 de mayo declaró «delitos de sedición y atentados» la promoción de la huelga. Al mismo tiempo decretó salarios iguales o superiores a los del año anterior y otras mejoras. El Sol comentaba: «No sabemos con exactitud cuáles son los motivos de una huelga general de tal trascendencia (…). Los diputados obreros solo citaron dos o tres casos —y quizá exageramos— de envilecimiento de los jornales. Sin embargo, la huelga decretada es para toda España».

Como las concesiones del gobierno aplacaban los ánimos, los jefes extremaron sus demandas: prohibición de maquinaria agrícola, comités sindicales de supervisión, turno en la contratación impuesto por los sindicatos —que daban prioridad a sus afiliados— y exigencia de que los jornales siguieran en vigor el resto del año, lo que arruinaría a los pequeños y medianos propietarios. Una vez obtenida una concesión exigían otra.

Por fin, la huelga comenzó el 5 de junio. Para aumentar su efecto, el PSOE difundió rumores de un golpe monárquico. Y el día 7 caía el primer alijo de armas con las que el partido preparaba la insurrección: 600 pistolas y 80.000 balas. El gobierno aplicó la Ley de Orden Público de Azaña, impuso el estado de alarma y la censura y suspendió el periódico socialista El obrero de la tierra. Asimismo trasladó a unos 7.000 huelguistas a decenas de kilómetros, para alejarlos de sus focos, y suspendió entre 30 y 40 ayuntamientos socialistas por su subversión. La mayoría de los detenidos quedó en libertad a los pocos días o semanas.

En las dos primeras jornadas ya fracasaba la huelga, no obstante lo cual Nelken daba su particular versión en las Cortes: «A los propietarios de Jaén o de Sevilla que se han atrevido a sacar las máquinas al campo les han sido quemadas las máquinas o sus propietarios han sido muertos (el señor Alcalá Espinosa: “Asesinados”). Muy bien, asesinados; como asesina también la Guardia Civil (…). De modo que a pesar de que no pasa nada, hay muchos muertos (el mismo: “Asesinados”) (…) Llámelo como su señoría quiera. ¡Al fin y al cabo a mí no me va a dar miedo!».

Solo unos 1.600 municipios, de los 9.000 del país registraron alguna alteración, y paro efectivo unos 435. El saldo de sangre subió a 13 muertos y 200 heridos, en su mayoría trabajadores agredidos como esquiroles. A los cinco días la cosecha quedaba a salvo. Largo Caballero desoyó las exigencias de Zabalza y Nelken de extender la huelga a las ciudades, por estimarlas nocivas para los preparativos de insurrección armada. Al final el gobierno acogió «con simpatía» la propuesta de establecer tribunales provinciales compuestos por un obrero, un patrono y una persona neutral.

Pese a la conducta muy poco represiva del gobierno, los socialistas emprendieron una gran campaña de acusaciones de crueldad y atrocidades, difundiendo los informes de Nelken: «Los huelguistas, que utilizaban pacíficamente (en las Cortes había dicho lo contrario) un medio de defensa previsto por la ley, viéronse perseguidos como insurrectos (…) fueron encarcelados a millares (…). Más de veinte mil campesinos fueron trasladados, cual lamentable ganado humano (…). Lugares hubo en que todos los hombres, sin exceptuar al maestro, al médico, al farmacéutico ni al sepulturero, fueron encarcelados». También atacó Nelken la censura, impuesta de acuerdo con la ley de Azaña, que la había aplicado con gran liberalidad el bienio anterior: «El Ateneo y la Casa del Pueblo de Madrid (…) (revelaban) al país la verdad de la huelga y los hacinamientos en las cárceles. La opinión pública supo entonces, con verdadero asombro (…) que en la casi totalidad de las provincias las labores del campo se hallaban paralizadas». El asombro debía de ser real, pues de ser verídico el aserto, se avecinarían días de hambruna para el país.[196]

Tales informaciones convertían al gobierno, en particular al ministro Salazar Alonso, en el mayor impulsor de la huelga, pues «no contento con encarcelar a los hombres válidos, hizo encarcelar también, sirviéndose de cualquier pretexto, a las mujeres y a los ancianos. Una campesina manchega dio a luz en una celda, sobre el santo suelo; otra, en la provincia de Madrid, fue separada de una hija de corta edad gravemente enferma; en un pueblo de Badajoz, un anciano paralítico fue sacado de su cama para ser llevado a una celda cuyas paredes chorreaban agua». Los huelguistas eran llevados a 90 kilómetros «de pie en un camión, y atados unos a otros con una soga sujeta al cuello con riesgo de perecer ahogados». Según la veraz diputada, cuando «los millares de campesinos extremeños y andaluces excarcelados (…) pasaban por Madrid, el público sentado en las terrazas de los cafés de la calle Alcalá se ponía en pie para ovacionarlos». Un público al que en otras condiciones emocionales habría tachado de señoritos fascistas. Y a los férvidos clientes de los cafés de aquella ilustre calle corresponderían los campesinos «con el puño en alto (…) al grito de “¡Viva la revolución social!”». Tal vez, pero cuando, solo unos meses después proclamase el PSOE dicha revolución, aquellos campesinos se desentenderían de ella.[197]

Importa insistir en que la mayoría de los historiadores, de Preston, Jackson o Ramos Oliveira para abajo, repiten versiones tipo Nelken. Una excepción más próxima a la realidad es la del historiador useño Edward Malefakis. La huelga fracasó, pero la respuesta del PSOE al fracaso tiene interés para la historia: consistió en inventar o exagerar acusaciones de atrocidades gubernamentales, sin importarles las contradicciones.

Apenas fracasada la huelga socialista, tomaban el relevo los separatistas catalanes con motivo de una Ley de Contratos de Cultivo, que pretendía facilitar la propiedad a los arrendatarios, pero que fue denunciada por la Lliga de Cambó y el Institut Agricola de Sant Isidre como contraria a la tradición del derecho catalán. El parlamento regional aprobó la ley el 11 de abril, con ausencia de la Lliga que protestaba por la arbitrariedad dictatorial de la Esquerra. Y Cambó la llevó al Tribunal de Garantías Constitucionales, recibiendo de la Esquerra una lluvia de insultos de traidor y granuja. Dencàs, consejero de Gobernación de Companys, llamó a la disciplina «con vistas a (…) la liberación de Cataluña».[198]

El separatismo catalán era un fenómeno muy reciente. Los catalanes se habían sentido tradicionalmente españoles, pero hacia finales del siglo XIX coincidieron dos corrientes regionalistas: la exaltación romántica regionalista y del medievo y la decepción del integrismo católico por la victoria liberal en la guerra carlista de los años setenta. A ellas se sumaron teorías racistas en boga en Europa. Así tomó forma un clima antiespañol, que reelaboraba la historia. Para unos, los catalanes eran verdaderos católicos, y no tanto los demás españoles; otros decían ser los catalanes una raza «europea», aria, en una España contaminada de africanos y semitas.[199]

Por otra parte, la industrialización de Barcelona atraía a masas de obreros de otras regiones, a menudo analfabetos y de tendencias anárquicas, con salarios de miseria, suscitando el temor y el desprecio de las clases medias. Se creaba así un círculo vicioso, porque la excesiva protección a la industria por los gobiernos de Madrid aseguraba a los empresarios un mercado cautivo, lo que disminuía su eficiencia y obligaba al resto del país a pagar precios excesivos por unos géneros de calidad inferior a los ingleses u otros. Lo cual perjudicaba a las regiones de donde procedían los obreros denigrados en Barcelona como «charnegos».

De cualquier modo, el separatismo no cobró impulso hasta el «Desastre del 98», la derrota española ante Usa, con pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Derrota tan fácil que sigue provocando fuertes sospechas sobre la conducta del gobierno español de Sagasta. El «desastre», interpretado en Usa y en círculos españoles como prueba de superioridad de la «raza anglosajona» sobre la «latina», causó profunda desmoralización nacional. Como ya se ha anotado, recuerda Cambó: «Cuando salíamos del Círculo de la Lliga de Catalunya (…) durante la guerra de Cuba (…) encendidos en patriotismo catalán, nos sentíamos en la calle como extranjeros, como si no nos hallásemos en nuestra casa, porque no había nadie que compartiese nuestras aspiraciones». Pero desde entonces, se jacta Cambó: «Las hemos infiltrado (las aspiraciones) en todas las clases sociales de Cataluña».[200]

Los separatistas catalanes no lo eran del todo al principio, pues pensaban en un «imperio» desde Lisboa al Ródano, regido por la potencia catalana, para expandirse luego por África. Ilusiones tan desaforadas se moderaron con la idea de gobernar a unos «Països catalans», basados en la idea de constituir la «auténtica raza ibérica».

Otra clave del separatismo era el cultivo de la diferencia lingüística. Prat de la Riba, su verdadero fundador, predicaba: «Son grandes, totales, irreductibles las diferencias que separan Castilla y Cataluña, Cataluña y Galicia, Andalucía y Vasconia. Las separa, por no buscar más, (…) lo que hace a los hombres extranjeros unos de otros y que (…) nos hace preferir a la compañía de los extranjeros la de nuestro perro, que al fin y al cabo más o menos nos entiende: les separa la lengua».[201] Así, un catalán debería preferir la compañía de un perro a la de un gallego, vasco, castellano o andaluz. En la realidad, el español de origen castellano era la lengua común desde siglos atrás, entendida y más o menos hablada en todas partes; y muy semejantes entre sí las lenguas regionales, salvo el vascuence. Aunque Prat y los suyos eran católicos y derechistas, fueron surgiendo grupos izquierdistas, antirreligiosos y abiertamente secesionistas, que al llegar la república se unieron en la Esquerra Republicana de Catalunya; aunque persistían grupos más radicales separatistas, aparte de la moderada Lliga.

De este trasfondo general surgía el problema de la ley de cultivos. Y el 8 de junio, con la huelga del campo socialista aún en marcha, el Tribunal de Garantías falló contra dicha ley, ya que «la legislación social se atribuye al Estado» y no a la autonomía. La Esquerra replicó en frases furiosas: «El Parlamento catalán, que es soberano, responderá a España (…) ¡No somos más que catalanes!», o «no acataremos la decisión» (día 9 , L’Opinió, y La Humanitat). El abogado de la Esquerra en el Tribunal, Amadeu Hurtado, informó a Companys que Niceto y Samper proponían un arreglo «con una ligera reforma» y «sin alterar en nada el contenido esencial». Pero el día 11 Companys maldecía en un mitin el fallo, «culminación de una ofensiva contra Cataluña», que «obliga a todos (…) los hijos de esta tierra generosa y altiva a (…) defender su prestigio con la sangre de sus venas (…). Y tal vez yo os diré a todos: ¡Hermanos, seguidme! Y toda Cataluña se levantará».[202]

Al día siguiente, una manifestación junto al Parlament exigía luchar «hasta la muerte» por una república separada. Companys insistió: «Me han llenado de estupor unas declaraciones del (…) señor Samper lanzando la sugerencia (…) de que tal vez, si se modificaban algunos aspectos (…) podría haber un plano de avenencia que, en este problema, la sola palabra nos cubre de vergüenza». Y cantó sus virtudes, quizá exagerándolas algo: «No somos hombres que nos dejemos llevar por los nervios ni por las exaltaciones momentáneas (…). Sabemos adoptar aquel tono ponderativo de táctica y equilibrio, de saber hacer (…). No somos unos insensatos». Pero previno que si se cedía sin responder con la violencia adecuada, «¡oh, amigos!, si eso sucediese y yo tuviese la desgracia de quedar con vida, me envolvería en mi desprecio y me retiraría a mi casa para ocultar (…) el dolor por haber perdido la fe en los destinos de la Patria». Hurtado explicará: «Supe que a la sombra de aquella situación confusa, la Ley de Contratos de Cultivo era un simple pretexto para alzar un movimiento insurreccional contra la república».

Hubo más que discursos. Dencàs fue encargado de preparar la insurrección, como explicaría en el parlamento regional en mayo de 1936: «Intentábamos organizar unas juventudes armadas, precisamente para traducir en hechos prácticos los clamores de heroísmo (…) para implantar y hacer factible aquella revolución que todos los dirigentes en los actos y los mítines predicaban (…). Se me dieron órdenes muy concretas (…) para (…) organizar el ejército catalán (…). Comenzó inmediatamente el alistamiento de 8.000 voluntarios. Respecto al armamento (…), el señor Ventura i Roig salió para Bélgica a negociar la compra de ametralladoras y fusiles». Simultáneamente se fomentaba «un ambiente de revuelta que había de desembocar fatalmente (…) en una acción revolucionaria».

Continuó Dencàs detallando los preparativos: «Me fue hecha por el gobierno de Cataluña la indicación de que enviara a buscar una alta personalidad política española para que viniera a colaborar con nosotros en un incipiente comité militar revolucionario. Aquel señor (…) era el señor Esplá», un político muy ligado a Azaña. Y, explica Dencàs, Esplá llegó a presidir reuniones subversivas de militares separatistas. «A un respetable militar, cuyo nombre no diré, se le encomendó el proyecto de defensa de la frontera catalana (…) (hasta) ver qué cariz tomaba la revolución en España». Estas aclaraciones comprometían claramente al PSOE y a Azaña en los preparativos insurreccionales de la Esquerra.

En Madrid, los diputados de la Esquerra se ausentaron de las Cortes en protesta y Samper imploró a sus vacíos escaños: «¿Por qué se retiran? ¿Se han acercado alguna vez al gobierno en que hayan sido objeto de desatenciones? (…) ¿Es que se puede llegar al rompimiento sin que haya precedido ninguna gestión para el arreglo? (…) He escuchado las palabras del señor Santaló con profunda amargura, porque constituyen una gran injusticia». Prieto describió favorablemente el suceso como «un acto de subversión realizado sin disimulos, solemne y públicamente».

A continuación los separatistas vascos declararon: «Hemos recibido quejas ardientes de Cataluña (…). Demandando solidaridad, no podemos negársela (…). No vale que (el gobierno) diga que (…) cumple estrictamente la Constitución; porque en la vida de los pueblos y en las relaciones ciudadanas, incluso al margen de la ley, existe algo superior, y es que de corazón a corazón se arreglan muchas veces más conflictos». La ley debía sustituirse, pues, por arreglos «de corazón a corazón». Y se fueron también, advirtiendo virtuosamente: «No se os ocurra ni por un momento que nosotros nos prestemos a ninguna clase de maniobras políticas».

Las izquierdas republicanas permanecieron en sus asientos, pero no sin expresar su «absoluta solidaridad con la Esquerra catalana». El comunista Bolívar acusó al gobierno de fascista y de actos que «se avergonzaría Atila de haberlos cometido». También los socialistas, en plena subversión, se solidarizaron con los separatistas en rebeldía, acusando a Samper de no haber medido «el alcance del gravísimo problema». Azaña había advertido cuando gobernaba la tendencia de los diputados a retóricas demenciales, pero ahora las encontraba razonables.

Gil-Robles precisó a Samper: «Piense si la dignidad del Estado español le permite entablar diálogos de potencia a potencia con un poder regional que se ha colocado fuera del orden jurídico». Ante las denuncias de que la Esquerra se armaba, Samper se defendía patéticamente el 25 de junio: «¿Armando contra quién? ¿Contra el Poder Público del Estado español? (…) Yo no seré capaz de inferir semejante injuria a los representantes de la Generalidad (…). Esto sería incubar una catástrofe». El ministro de Marina, Rocha, acusó a los denunciantes de actitud «separadora» simétrica de la separatista: «El problema hay que resolverlo con cordialidad».

Prieto auguró: «Tenemos la sospecha intuitiva de que este conflicto va a adquirir proporciones (…) gigantescas (…). Frente al fallo del Tribunal (…) Cataluña (…) tiene razón (…). Tened por seguro que si vosotros llegáis a pelear con Cataluña, Cataluña no estará sola, porque con ella estará el proletariado español». Y don Manuel: «Cataluña no protesta contra España (…). Y caerá sobre su señoría y sobre quien le acompañe en esta obra toda la responsabilidad de la inmensa desdicha que se avecina». Ambos reducían Cataluña a los separatistas, negaban la rebelión antirrepublicana y antiespañola en marcha, y se solidarizaban con ella. El Socialista analizaba: «El dilema es bien claro: o se somete Samper o surge la guerra civil».

Los republicanos de izquierda aprovecharon la tensión para chantajear a don Niceto exigiéndole que expulsase a su protegido Samper, ofreciéndole a cambio el cese del conflicto. Niceto, agobiado y con temor a un ataque cardíaco, se resistió: «Apena presenciar todo esto y seguir rodeado de gentes que constituyen un manicomio no ya suelto, sino judicial, porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, están en la zona mixta de la locura y la delincuencia». Pero quizá si se hubiera tratado de Lerroux y no de Samper su firmeza hubiera sido menor.

A comienzos de julio, las tensiones alcanzaban un ápice. Azaña desafiaba al gobierno el día 1: «Vamos a colocarnos en la misma situación de ánimo en que estábamos frente al régimen español el año 1931», es decir, en rebeldía. Y no dudó en preconizar la violencia: «Unas gotas de sangre generosa regaron el suelo de la república y la república fructificó. Antes que la república convertida en sayones del fascismo o del monarquismo (…) preferimos cualquier catástrofe». No hablaba por hablar, como revela la presencia de su hombre de confianza Esplá en la comisión militar de Companys y Dencàs. Jesús Pérez Salas, un militar azañista, explica en su libro Guerra en España el plan de golpe de Azaña y Companys: en Barcelona «se daría a conocer al pueblo el nuevo gobierno, y en el resto de España habría de estallar una huelga general» a cargo del PSOE. El plan no funcionó porque el PSOE, inmerso en sus preparativos insurreccionales, lo rechazó, temiendo ser utilizado por los republicanos para sus propios fines. He expuesto por primera vez, en Los orígenes de la guerra civil el documento concreto, guardado en la Fundación Pablo Iglesias.[203]

En aquel verano, los monárquicos carlistas y alfonsinos consiguieron el apoyo de Mussolini para intentar a su vez un golpe. El italiano prometió un millón y medio de pesetas, 20.000 fusiles, 200 ametralladoras, 20.000 granadas de mano y entrenamiento militar. Pero, salvo por algún dinero y unas pocas armas, el acuerdo se disolvió en la nada, como solía ocurrir con las conspiraciones monárquicas.

Al pedir Samper, el 4 de julio, un voto de confianza a las Cortes, la crispación produjo una batalla parlamentaria. El escritor Josep Pla lo relata así: «Los diputados se insultan, llegan a las manos; las bofetadas, las coces, los puñetazos llueven (…). De pronto, bajo la deslumbradora luz del salón, un diputado hace relucir la pistola (…) Prieto, con un gesto violento, saca la suya (…) Los diputados, el público de las tribunas, los periodistas, tenemos la sensación de estar a un milímetro de la tragedia. En un momento determinado el número de armas que se esgrimen pone un escalofrío en el hemiciclo. Pero la catástrofe no se produce. Quizá la misma profusión de armamento aconsejara prudencia a todo el mundo». Pero el gobierno ganó la confianza con el apoyo de la CEDA.[204]

El fracaso del golpe y la confianza votada a Samper inclinó a Companys a un retroceso. Contra sus promesas anteriores, admitió: «Si la Ley de Cultivos contiene algún error que se pueda enmendar dignamente, se debe estudiar (…) hasta encontrar la solución de derecho». Samper respondió con gran cordialidad y las aguas parecían aquietarse. Sin embargo, especificará Dencàs, Companys seguía con sus discursos incendiarios… aunque luego «corregía personalmente las galeradas (…) procurando suavizar conceptos que (…) habrían producido un gran escándalo». Continuaba el enardecimiento belicoso y la formación de milicias y el comité de militares profesionales. El separatista radical Manuel Cruells explica: «Pese a haberse hallado una fórmula de convivencia más o menos armónica entre los dos gobiernos, la preparación de la revuelta continuaba». Fruto de la agitación eran actos como el intento de quemar el Palacio de Justicia de Barcelona, abortado por la rápida intervención policial. Los llamamientos a las armas no cesaban, y señala Hurtado, «en todas las emisiones de las radios locales se hacían sonar al final unos golpes secos y acompasados, que significaban que no había llegado aún la hora del alzamiento, pero se sabía que cuando fuesen seguidos y rápidos, serían la orden de insurrección inmediata».[205]

Jaume Miravitlles, entusiasta seguidor de Companys, explica: «El desarrollo normal de la política desde el 19 de noviembre (de 1933) tenía que culminar fatalmente en un movimiento armado (…). Cada discurso de Companys era un toque de atención. Cada viaje, una concentración popular, cada inauguración, una revista. A medida que pasaban los días, la figura del presidente de la Generalidad adquiría proporciones épicas, de leyenda, mientras que Samper, Lerroux, Salazar Alonso, aparecían en su miserable minusculidad». El gobierno parecía incapaz de percibir las amenazas que crecían ante sus ojos. El aparente apaciguamiento de las relaciones, fue aprovechado por Dencàs para, en sus palabras, pedir armas «encarecidamente» al propio gobierno so pretexto de reprimir «un imaginario movimiento preparado por elementos extremistas». Aunque hasta ahí no había llegado la credulidad del equipo de Samper.[206]

Por tanto, el movimiento iría in crescendo hasta desembocar en la rebelión abierta a principios de octubre.

Cerrado en falso el conflicto planteado por Companys, los azañistas y el PSOE, surgió otro con rasgos muy semejantes, planteado en Vascongadas por los impuestos sobre el vino. Existían grandes excedentes de vino, causados por la caída de las exportaciones, debida a la crisis mundial, por lo que el Parlamento, en la etapa de izquierdas, acordó dar salida a los excedentes rebajando los impuestos correspondientes. Pero la medida perjudicaba a muchos ayuntamientos vascos, cuyos ingresos provenían en buena medida en tales impuestos. El problema, meramente práctico en principio, se complicó al considerarlo algunos ayuntamientos una vulneración del concierto económico vigente, que daba autonomía fiscal a aquellas provincias. En junio, los alcaldes hicieron gestiones en Madrid, pero no llegaron a un acuerdo, y el descontento se transformó en desafío a la autoridad nacional. A principios de julio el gobierno aceptó revisar los impuestos, pero la agitación no se calmó.

Las protestas partieron de las ciudades mayores, Bilbao y San Sebastián, regidas por el PSOE y los republicanos de izquierda respectivamente, pero de inmediato vio el PNV una excelente ocasión para extremar el problema. Se formó así, como en Cataluña, una alianza de hecho entre separatistas vascos e izquierdas, inédita hasta entonces, debido al carácter derechista y católico del PNV.

El PNV, fundado por Sabino Arana solo treinta y nueve años antes, se parecía al separatismo inicial catalán en su confesado catolicismo, pero no aspiraba a dirigir al resto de España, sino, desde el principio, a una secesión radical. Los vascos, en su opinión, serían una raza superior a cualquier otra, «la más noble y libre del mundo entero»; «sin ningún punto de contacto o fraternidad ni con la raza española ni con la francesa ni con raza alguna del mundo». Por tanto, su integración en España era una maldición, pues los españoles («maketos» en su expresión despectiva), «más que hombres semejan simios, poco menos bestias que el gorila: no busquéis en sus rostros la expresión de la inteligencia humana ni de virtud alguna; su mirada solo revela idiotismo y brutalidad». También se burlaba de la idea de que España fuera católica: a su juicio nunca lo había sido, mientras que los vascos lo eran casi instintivamente.

Esta exclusividad le había llevado a rechazar propuestas de unidad con los separatistas catalanes: «Cataluña es española por su origen, por su naturaleza política, por su raza, por su lengua, por su carácter y costumbres», de modo que «Maketania comprende a Cataluña (…). Maketo es el mote con que aquí se conoce a todo español, sea catalán, castellano, gallego o andaluz», y «nos preocupan muy poco, nada por mejor decir, los asuntos internos de España».

Así, aunque admitía que los vascos habían participado en todas las empresas históricas españolas, desde la Reconquista y la repoblación en adelante, acusaba a España de esclavizar a los vascos, sin explicar cómo una raza próxima al gorila podía hacerlo con la raza más superior del mundo. Por aquella esclavitud, «no hay odio con que puedan pagarse los innumerables daños que nos causan sus largos años de dominación». «Si a esa nación latina la viéramos despedazada por una conflagración intestina, o una guerra internacional, nosotros lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo, así como pesaría sobre nosotros como la mayor de las desgracias (…) que España prosperara». Por desgracia, la gran mayoría de los vascos no pensaba igual, lo que le hacía deplorar: «El euskeriano y el maketo, ¿forman dos bandos contrarios? ¡Ca! Amigos son, se aman como hermanos, sin que haya quien pueda explicar esta unión de dos caracteres tan distintos, de dos razas tan antagónicas».

Otro detalle perturbaba al fundador del separatismo: increíblemente, a los vascos nunca se les había ocurrido definirse racial o políticamente: «He aquí un pueblo que, con ser singularísimo entre todos, carece de nombre». El de Euskalerría, neologismo del siglo XVI, no servía al PNV porque aparte de sufrir hasta quince variantes dialectales, aludía solo a los hablantes del vascuence y podía aplicarse hasta a «gitanos euzkeldunes»; además, la mayoría de los vascos hablaban el español común. Para remediarlo inventó el término Euzkadi con la raíz euzko, relacionada a su entender con eguzki («el del sol»), como «veneración al sol como la obra más benéfica del Creador». Un pueblo «solar». Para dar idea de colectividad le añadió el sufijo -di. No siendo vascófono, Arana cometió el error, señalado por Unamuno y otros, de confundir dicha terminación, usada para plantas: Euzkadi significaría «bosque de las plantas solares», o en versión de Jon Juaristi, «bosque de euzkos, cualquier cosa que ello sea».

Nada de ello empañó el entusiasmo de sus seguidores. Uno de ellos, Eguileor, diputado en las Cortes republicanas, lo explicaba como palabra «taumatúrgica (…) tras la ceguera secular de la raza (…) al infundir en las entrañas de la raza más vieja de la tierra el anhelo novísimo de supervivencia (…); la palabra que no acertó a sacar durante cuarenta siglos nuestra raza del fondo de su alma, palabra mágica creada por el genio inmortal de nuestro Maestro: ¡Euzkadi!». El término sería aceptado oficialmente en la Transición, cambiando la z en s.[207]

La posterior derrota del nazismo volvió algo inconveniente la abierta exaltación racista, pero esta siguió siendo, solapadamente, el núcleo de ambos separatismos. Dado que las diferencias físicas y culturales entre vascos, catalanes y demás españoles son poco pronunciadas, el racismo cobraba en los dos casos valor decisivo pues de otro modo vascos y catalanes se reconocerían, como durante siglos, españoles con algunas peculiaridades regionales, lo que estorbaba el afán de secesión. Por lo demás, los vascos siempre habían tomado el español común como lengua de cultura, debido a la extraordinaria fragmentación dialectal del vascuence.

Al igual que en Cataluña, el separatismo apenas halló eco en la gran mayoría de los vascos, hasta que el «Desastre del 98» vino en su ayuda. Y cambiando un poco el exclusivismo de Arana, en 1923 el PNV se prestó a una «solución heroica» en una «triple alianza» con separatistas catalanes y gallegos contra España. Esta fue, junto con el terrorismo anarquista y la agitación socialista, una causa importante de la dictadura de Primo de Rivera. Luego, la triple alianza se disolvió, hasta que, en la república, renació el PNV alcanzando hasta un tercio de la fuerza política en Vascongadas. Los otros dos tercios correspondían a socialistas y derechas antiseparatistas, en especial carlistas.

Cuando llegó el conflicto del vino, se mezcló con otro nuevo: la anomalía de que las administraciones provinciales en toda España no se rigieran por políticos elegidos, sino por comisiones designadas por el gobierno. Esta costumbre duraba desde 1923, en que se había establecido como provisional. Hasta entonces casi nadie había reparado en ello, pero de pronto el PNV encontró que «Euzkadi no podía resistir con dignidad un régimen gubernativo (…) solo concebible para países coloniales, donde hasta los más elementales derechos de los pueblos son desconocidos», escribirá José Antonio Aguirre, dirigente separatista en su libro Entre la libertad y la revolución. Tampoco había preocupado aquel «proceder colonial» a los «vascos descastados», que eran la gran mayoría, pero el PNV sentenció repentinamente que «un pueblo que en estas circunstancias enmudece es un pueblo que ha perdido el honor». Y para recuperarlo emprendió «una campaña vigorosa en Euzkadi, en defensa del pequeño resto de libertad» y contra tal «situación de protectorado propia de países inferiores». A las izquierdas también les pareció un agravio insufrible, y todos unieron fuerzas contra Samper.[208]

En su trato con el gobierno, los sabinianos no ahorraban desplantes y altanerías: «Cuando la actitud suplicante es sustituida por la enérgica, entonces comienza el gobierno a desdecirse de sus acuerdos (…). Así hoy, para volver de nuevo a las andadas», porque en España se actuaba «según toque el turno de señores o de esclavos». La «actitud enérgica» se tradujo, aparte del lenguaje, en convocar para el 12 de agosto una asamblea de alcaldes contra el impuesto del vino. En principio no se opuso el gobierno, pero el recelo de este creció cuando el PNV se retiró del Parlamento en solidaridad con la Esquerra, y aumentó aún ante la amistad, nunca vista hasta entonces, entre separatistas católicos y socialistas ateos. La agitación clamaba: «No repararemos en nada (…). No se pierde jamás la sangre vertida por una causa justa». Así, el gobernador Ángel Velarde prohibió las elecciones a la comisión de alcaldes porque «equivaldría a reconocer a los ayuntamientos y diputaciones atribuciones que no les concede la ley orgánica». Según el PNV, no había en ello rebeldía, aunque su pretensión de que «Los ayuntamientos son hoy los únicos representantes legítimos del pueblo» era claramente subversiva.[209]

El día 9 el PNV propuso un arreglo: las gestoras serían sustituidas por otras interinas, elegidas por los concejales, lo cual era otra forma de volver a lo mismo. Y la agitación continuaba. El ayuntamiento socialista de Bilbao quiso cambiar el nombre de la Avenida España por el de Francisco Macià. La derecha interpretaba que, como en la huelga agraria y en la ley de cultivos, lo que se buscaba era un conflicto permanente que desestabilizara al gobierno. Velarde, pues, impidió el homenaje a Macià, impidió muchas votaciones, hizo detener a 40 alcaldes y 53 concejales, y multó a otros. La represión, dice Aguirre, «adquirió vergonzosos caracteres, impropios hasta de países salvajes». Desde luego no hubo muertos ni malos tratos, y las multas no eran pagadas. La autoridad no lograba imponerse y sí el caos en los concejos. La Esquerra se solidarizó con los ayuntamientos rebeldes, y los socialistas Prieto y Negrín, y otros prohombres azañistas, acudieron a Bilbao a atizar la subversión. Prieto convocó entonces para el 2 de septiembre en Zumárraga, una asamblea de parlamentarios y alcaldes, que iba a convertirse en una gran prueba de fuerza con el gobierno.[210]

Claro que el PNV temía que sus aliados de izquierda le desbordasen y lo llevasen adonde no quería, por lo que sus jefes hicieron a Alcalá-Zamora una propuesta «con cordialidad y pacifismo». Samper pidió conciliación y avanzado agosto los separatistas Aguirre y Horn fueron acogidos en Madrid «con comprensión y simpatía». Samper confirmó la revisión del impuesto sobre el vino, y prometió que a la vuelta del verano se convocarían elecciones a las diputaciones provinciales, para acabar con el problema. Percibiendo la debilidad de Samper, Aguirre le escribió el 27 de agosto una nota en lenguaje conminatorio, amenazando con realizar «sin vacilar (…) la asamblea de parlamentarios y otras medidas más graves», pero sugiriendo, más suavemente, otro arreglo: las gestoras dimitirían, los municipios designarían a sus representantes, que tomarían posesión de las diputaciones, en cuyo acto «el gobernador respectivo las nombra aceptando la propuesta municipal». Samper vio en ello una trampa, pues suponía aceptar una presión ilícita, «un sacrificio baldío del principio de autoridad». Además, la Cortes, en octubre zanjarían la cuestión definitivamente mediante elecciones legales: «Existe una ley, ¿por qué no cumplirla mientras no venga a dictarse otra en su lugar?». Y ofrecía amplias concesiones en todos los aspectos: «¿No será mejor resolver el asunto con espíritu comprensivo cuando se tiene enfrente la brevedad de un plazo cuyo próximo término ha de conjurar todas las dificultades?».[211]

En el fondo se trataba de decidir si era el gobierno legal o eran otras autoridades las que se imponían. Pese a todas las concesiones hechas, el PNV endureció sus presiones: mantuvo la convocatoria de Zumárraga e intercambiaba mensajes cifrados con la Esquerra por medio de emisoras clandestinas. El 29 de agosto marchó a Barcelona uno de sus dirigentes, Telesforo Monzón, a pedir el envío de diputados a Zumárraga. La Esquerra prometió enviarle a sus dieciséis parlamentarios, y Monzón anunció en un mitin: «Cuando reciba el telegrama de Dencàs diciéndome que aquí os habéis echado a la calle, nosotros también nos lanzaremos sin vacilar». Todos estaban al tanto de las intenciones insurreccionales del PSOE y, como se vería, estaban a la espera de cómo se desarrollaría el golpe socialista para lanzarse a su vez.[212]

La causa del extremismo del PNV, pese a todas las concesiones recibidas, radicaba en la debilidad del gobierno Samper, que levantaba creciente indignación en las derechas, por lo que esa debilidad podía acabarse pronto. Según Aguirre, las promesas de Samper no podrían cumplirse porque en octubre, cuando reabriera el Parlamento, probablemente su gobierno sería sustituido por otro más firme. Por lo tanto convenía a los separatistas no esperar y presionar al máximo, ya que la ocasión podría volatilizarse. Aunque desconfiaban de sus repentinos aliados, siguieron marchando con ellos, pese a saber que los objetivos del PSOE y de los propios republicanos de izquierda diferían profundamente de los suyos.

Así, las grandes maniobras desestabilizadoras de aquel verano iban confluyendo hacia un punto sin retorno. Sus violencias, la terminología y retórica en que iban envueltas, y la interpretación de la república como propiedad de los autores de ellas, demuestran la imposibilidad creciente de una convivencia pacífica y democrática.

En las historias tipo «memoria» e incluso en las que no lo son, apenas se presta atención a los sucesos de aquel verano, resumidos en este capítulo, y sin embargo tuvieron la mayor transcendencia histórica, no solo por lo dicho sino porque dibujaban ya una alianza factual entre izquierdas totalitarias —como el PSOE—, golpistas —como los republicanos de izquierda— y separatismos. Esa alianza de hecho abocaría a una de derecho, el Frente Popular. Basta señalar este dato evidente para percibir su amenaza a la unidad de España y a su herencia histórico-cultural. Por ello difícilmente podría tener otro desenlace que la guerra civil.

25
VÍSPERAS DE GUERRA CIVIL

A consecuencia de los procesos anteriores, el mes de septiembre resultó incendiario. Los más negros augurios se cernían sobre la asamblea de Zumárraga. El mismo día 2, El Socialista desafiaba a los hechos y a «la desesperación de la derecha: el resultado electoral de noviembre no solo fue una jugada sucia contra los republicanos y socialistas. Fue, además, un grave pecado político de las derechas, que creyeron legitimar una ambición de mando incontenible con las certificaciones de los escrutinios amañados (…). Consecuencia de aquel error (…) es este maremágnum en que se debate la política nacional». No hubo la menor jugada sucia, los socialistas habían roto con los republicanos, y el escrutinio había sido perfectamente legal.

Y advertía el PSOE: el conflicto «entra en una fase de violencia mayor». La Esquerra amenazaba: «Si es lo bastante inconsciente para enfrentarse a la voluntad popular, allá el gobierno con su responsabilidad. Puede ser tremenda». El peneuvista Irujo explicaba: «Estamos en franca, abierta y declarada rebeldía contra el poder público». Actitudes que, se lamentó Samper, «el gobierno no puede tolerar, y se duele de que sean precisamente diputados los que amparen esa rebeldía». Pese a lo cual, autorizó la asamblea a los diputados, alegando su inmunidad, pero anunció que impediría, «incluso por la fuerza», la asistencia de alcaldes.[213]

El día indicado, los diputados convocados, más los alcaldes, formaron una comitiva que, recordará Aguirre, «llegó empujando virilmente hasta el Ayuntamiento (…) donde un fuerte cordón de guardias de asalto impedía la entrada (…) y entonces, en un último esfuerzo, pasando por encima de los que defendían las puertas cerradas, se abrieron las hojas». En realidad, la policía permitió el paso de los diputados, presididos por Prieto, pero lo cerró a los alcaldes. El gobernador civil de Guipúzcoa, Muga, invitó a Prieto y a Horn a suspender la asamblea. La respuesta fueron gritos de tirarlo por la ventana. Pero la reunión de solo diputados perdía valor, y en el momento decisivo les faltó decisión para ir hasta el final. Prieto gritó: «¡Municipios! ¡Uníos y dictad normas desde los sillones consistoriales o desde las mazmorras, que serán cumplidas!». Y, sin tomar más acuerdos se disolvió el acto que había hecho contener el aliento al país.[214]

No obstante, los diputados de Esquerra fueron paseados por pueblos de la región entre altercados, llamamientos a las armas e injurias a España, «esa mezcla híbrida de razas», «opresora de hombres ilustres». El diario socialista Avance, muy difundido en Asturias, instruía bajo el título «Muera España»: «Con la patria española no tenemos nada que ver la inmensa mayoría de los españoles (…). España es la patria del rico holgazán, no del trabajador (…), del general, no del soldado (…). Es infamia».[215]

Los forcejeos culminaron en Guernica el día 4. Una carga policial dispersó a los diputados y sus seguidores, que hacían llover pedradas e insultos. El gobierno calificó los disturbios como alardes de «heroísmo ridículo». Separatistas y socialistas denunciaban una supuesta provocación «contra los símbolos más queridos del pueblo vasco». Proliferaban las octavillas llamando a la guerra «por dolorosa y sangrienta que sea», y se decidió la dimisión colectiva de los ayuntamientos vascos.

La dimisión afectó sobre todo a Vizcaya y Guipúzcoa, donde creó un caos administrativo. El PSOE aprovechó para proponer al PNV unos comités interpartidos para elevar la subversión a un nivel superior, pero los jefes del PNV sospecharon las intenciones socialistas y ordenaron a los suyos: «¡Nada de compromisos! (…) Nuestro pueblo podrá luchar un día por la libertad nacional vasca, pero no por otras banderas». Sin embargo, continuó la cooperación práctica entre ambos partidos contra el gobierno legal.

El día 9, el jefe de la Falange en San Sebastián, Pascual Carrión Damborenea, era asesinado. Al día siguiente Manuel Andrés Casaus, exdirector de seguridad con Azaña y que colaboraba en el armamento de los socialistas, fue asesinado a su vez, motivando una gran manifestación.

En Cataluña, la Esquerra aplicaba la Ley de Cultivos unilateralmente, tratando de hacer del campo «un reducto político del partido dominante», según El Debate. Los aparceros no pagaban las rentas, sumiendo a la región en «el caos y el bandidaje», según el Institut Catalá de Sant Isidre, que reunía a una gran parte de los propietarios. El Instituto organizó una concentración en Madrid para protestar ante el gobierno, y la Esquerra lo tachó de «nueva ofensiva general contra Cataluña», sugiriendo que serviría de «pretexto para un movimiento fascista». Ante lo cual la Generalidad exigía «¡Disciplina! (…) ¡Todos a las órdenes del president!», es decir, de Companys. El día 5 unos pistoleros invadieron el local del Instituto y quemaron libros y archivos, con protección de las fuerzas de orden público, mandadas por Miquel Badía. Este era llamado Capità Collons, por el valor que le atribuían sus correligionarios separatistas.

El día 8, los catalanes del Sant Isidre llegaban a Madrid, y en un acto en el cine Monumental se limitaron a exponer sus quejas, declarando su carácter apolítico, aunque tuvieran que acogerse inevitablemente a los partidos de derecha. El PSOE los presentó como un «simulacro de toma de Madrid» a imitación de la «marcha sobre Roma» de Mussolini, y decretó una huelga general acompañada de acciones de guerrilla urbana y tiroteos que ocasionaron seis muertos. La prensa del PSOE estimó su respuesta como un hito «en la senda de la victoria».

La violencia se diversificó el día 9, cuando la CEDA, muy inquieta por la subversión, convocó el ya mencionado alarde en el lugar simbólico de Covadonga, cuna de la Reconquista. La respuesta socialista no pudo ser más significativa: impuso con piquetes y amenazas una huelga general en la región, la carretera hasta el lugar fue sembrada de clavos y tachuelas para pinchar las ruedas, otros accesos fueron obstruidos con troncos o volando algún muro. En varios puntos fueron levantadas las vías del ferrocarril y hubo tiroteos intimidatorios contra coches y trenes, y otros sabotajes. Estas acciones respondían a las instrucciones secretas para la insurrección que estallaría un mes más tarde. Gil-Robles peroró: «Para ensayos ya basta. La experiencia se ha realizado íntegramente y consideramos concluida esta primera etapa de nuestra difícil tarea. No hemos puesto obstáculos; los hemos removido. No hemos derribado gobiernos; los hemos salvado en circunstancias difíciles. No hemos sido un elemento de perturbación, sino un elemento constructivo en la política española. Pero ni aun con esa ayuda y esa buena voluntad ha sido posible que las cosas marchen por donde debían marchar. El camino se nos muestra ahora despejado. ¡Hasta aquí hemos llegado y de aquí no se puede pasar!».[216]

Al volver el día 10 a Barcelona los miembros del Sant Isidre, se encontraron con que la Esquerra difundía «listas negras invitando a la venganza contra los hijastros de Cataluña y los malnacidos». Dencàs clausuró el local del Instituto y amenazó con hacer lo mismo a «cuantas instituciones se opongan a lo que ordene el Gobierno de la Generalidad».

Ese mismo día, al ser condenado un separatista a 1.000 pesetas de multa por desobediencia al tribunal, el público respondió con mueras a España e insultos a los jueces. Varios milicianos escamots, al mando del propio Badía, atropellaron y vejaron a los miembros del tribunal. El fiscal protestó y los escamots lo arrestaron y llevaron a declarar a comisaría. El gentío pisoteó la bandera republicana, golpeó el coche del juez y apedreó las ventanas del edificio. Incidentes semejantes menudeaban por aquellos días en Barcelona. En ese momento, Samper se declaró dispuesto a recuperar el control de las fuerzas de orden público en Cataluña, lo cual causó gran preocupación a la Esquerra, pues sin el control de aquellas fuerzas sus planes de insurrección no habrían sido factibles.

Al día siguiente, 11, en la Diada, desfilaron grupos ostentando pistolas, hubo destrozo de banderas republicanas y propósitos como «Cataluña perdió con sangre sus libertades y con sangre las ha de recuperar». Y Dencàs detenía en Olesa de Montserrat a cien carlistas de en torno a los diecisiete años de edad, al mando de un sacerdote, que vitoreaban la Cataluña monárquica. Fue cerrado también el local carlista y detenida su dirección, y los detenidos golpeados y vejados. Las izquierdas quisieron ver en ello un signo de rebelión armada fascista, que el propio Dencás terminó considerando como algo «cómico».

Aún empeoró el conflicto judicial cuando, el día 13, el consejero de Justicia de la Generalidad, Juan Lluhí, envió una nota a seis magistrados exigiéndoles pedir el traslado fuera de la región, mientras el gobierno de Companys reclamaba su «derecho» a disponer de funcionarios leales: «Todas las garantías para los funcionarios de justicia, pero ni un paso atrás contra la jerarquía y la subordinación a la Generalidad». Es decir, ninguna garantía real de independencia. A Samper se le agrió la satisfacción por el aparente arreglo de la Ley de Cultivos, y desautorizó la nota de Lluhí. Companys replicó que no obedecía ni admitía la palabra «disponiendo» usada en el texto de Samper, porque «implica una subordinación» que no pensaba acatar. Samper encontró en la respuesta de Companys «demasiada pedantería» y cierto carácter «grotesco». Companys se enfureció: «Me contengo mucho para no replicar a los calificativos del señor Samper». El asunto culminaría hacia final del mes.

Por entonces a las izquierdas se les ocurrió organizar una magna exaltación de los capitanes Fermín Galán y García Hernández, fusilados cuatro años antes por protagonizar el golpe militar con que el Pacto de San Sebastián había decidido imponer la república. Si bien estaban casi olvidados y no muy apreciados, la convocatoria rezaba: «Hoy se manifiesta de manera auténtica el anhelo popular de rendir, sin demora, el homenaje que la república debe a los mártires de Jaca», «obligación sagrada» en la que coincidían repentinamente socialistas y republicanos de izquierda.

El homenaje sería realmente grandioso. Los restos de los dos golpistas serían enterrados en un monumento «de los mejores de Europa», digno de tales «héroes», frente al edificio de los Nuevos Ministerios de Madrid. Consistiría en un elevado arco alzado sobre una plataforma a medio camino entre dos plazas a su vez monumentales a construir, y se divisaría a gran distancia. «Ningún héroe, ningún genio, ninguna gloria de España (…) alcanzó homenaje semejante», se escandalizaba el monárquico ABC. En la propia izquierda, otros recordaban críticamente que dichos «mártires» habían sido en su momento abandonados por los republicanos.

Terminaba el manifiesto: «¡Pueblo! Ofrece tus fervores íntimos de amor y respeto (…) ¡Glorifica sus nombres!». Una Asociación de Mujeres Republicanas, decidió «tributar a los gloriosos mártires (…) un homenaje de amor esencialmente femenino» abriendo una suscripción entre las mujeres que sintieran «inmensa gratitud ante el sacrificio de estos héroes».

El gobierno del Partido Radical no las tenía todas consigo, sospechando una trampa para secuestrarle cuando asistiera a la ceremonia. El plan pudo muy bien haber existido, según afirma Gil-Robles. Pero los ministros, cogidos en un compromiso sentimental, no tuvieron más remedio que acoger la iniciativa con alegría forzada. El traslado de los restos se haría provisionalmente a la Puerta de Alcalá, el 15 de septiembre, a cuyo efecto preparaban las izquierdas una manifestación monstruo.

Para eludir el peligro, el gobierno urdió la añagaza de pedir al PSOE un armisticio, reconociendo así la existencia de una guerra de partidos. Y el ardid tuvo éxito. El Socialista se escandalizaba: «El representante del Partido Radical no se sonrojó al hacer su propuesta, que naturalmente no le fue aceptada (…). No entra en nuestro cálculo pactar ninguna clase de armisticio con los adversarios del proletariado». El acto debía concentrar a «la España pujante del puño en alto, los anarquistas y republicanos decentes», pues Galán y García se habían sacrificado por «la revolución que sacara a España de su atraso y de su barbarie», no para que gobernasen los radicales. El gobierno declaró que el homenaje debía constituir «un acto de efusión y coincidencia en la exaltación de la memoria de aquellos mártires por parte de todos los partidos republicanos». Y la ausencia de tal efusión y coincidencia le dio el pretexto adecuado para suspender el acto sine die, como declaró el día 11, librándose así de una pesadilla.

La suspensión habría desatado una barahúnda de disturbios, pero la atención general se distrajo por las noticias de la Diada y sobre todo por la sensacional captura en Asturias del barco Turquesa con un gran alijo de armas. Parte de ellas había caído en manos de la Guardia Civil, pero, escribirá años después Prieto, organizador de la operación, otra parte «había sido cargada en camiones que, a máxima velocidad, iban hacia hórreos y trojes donde quedarían escondidos fusiles y cartuchos». La noticia obligó al PSOE a disimular: el cargamento «no es nuestro». Y hasta vaticinaban: «Presumimos que las autoridades no van a tener el menor interés en aclarar a quién pertenece (…) pero ese interés lo habrá en nosotros (…). No nos cabe duda de que hay gato encerrado», sugiriendo un origen acaso monárquico.

Pero el gobierno sí puso algún interés, sin mucho celo. Arrestó a varios socialistas, como González Peña (lo liberó enseguida, pues tres semanas después lo veremos al mando de la insurrección en Asturias). Y hubo más hallazgos: el día 13 informaba, estupefacto, El Socialista: «En la Casa del Pueblo, ¡pásmense ustedes!, es descubierto un formidable depósito de bombas, explosivos y municiones». Y se preguntaba, maravillado: «¿Quién ha llevado allí los explosivos? ¿Quién? (…) La idea de guardar bombas y municiones en la casa de los trabajadores no puede ser más descabellada ni más absurda». Por lo cual se preguntaba: «¿Quién quemó el Reichstag?», dando a entender que había sido una trampa para incriminar o desarticular al PSOE. Por fortuna para los socialistas, la policía dejó pasar seis días antes de registrar las «casas del pueblo» en otros lugares, con lo que muchas partidas pudieron cambiar de sitio, dando pie a que El Socialista se mofase de «los registros infructuosos». Aun así se descubrieron armas en varias localidades. La Esquerra, a su turno, condenaba la «truculencia» del ministro de Gobernación y se preguntaba con perspicacia si los hallazgos de armas no serían «una cortina de humo».

Tales sucesos ocurrían entre huelgas y cierres patronales, atentados y choques violentos por todo el país: «Ocho heridos (…), uno gravísimo, por la jornada juvenil libertaria». «Cuatro heridos en un tiroteo en Lavapiés, en una manifestación comunista». «Tres heridos en choques entre obreros falangistas y socialistas en Madrid». «Cuatro heridos en tiroteo contra el Ayuntamiento de Valdepeñas». «Destrozan, pistola en mano, un local de Acción Popular en Bilbao». «Apalean a la mujer de un guardia de asalto». «Un muerto y nueve heridos por explosión en Sevilla». «Guardia de asalto herido en San Sebastián»… Esa sería la tónica todo el mes.

Ante los continuos incidentes en Barcelona y la agresión de las fuerzas de seguridad a los jueces, Samper había hablado de recobrar el control del orden público, y Companys comprendió que en tal caso la insurrección se haría inviable. Por ello volvió a hacer una aparente concesión dimitiendo a Badía. Samper se dio por satisfecho, y Badía pasó a preparar a tiempo completo los planes de guerra civil desde un despacho en la Consejería de Gobernación. Para desagraviar al dimitido, el sector de la Esquerra llamado Estat Català, fundado por el difunto Macià, organizó una concentración de 4.000 personas en el Iris Park de Barcelona. En él se vertieron incitaciones al atentado contra el director del Sant Isidre, dando las señas de su domicilio. El día 17, Companys anunció en un mitin en Gandesa: «Vienen días de intranquilidad que a mí mismo me dan miedo».

El asunto de Badía no dejó de traer cola, pues los jueces decidieron procesarle por sus agresiones. A lo que los separatistas respondieron con nuevos ultrajes al gobierno. El día 24 fue convocado un homenaje multitudinario al Capità Collons en el Palacio de Bellas Artes, entre banderas y griterío separatistas y difundido por radio a toda Cataluña. Companys llamó a Badía «un soldado que lucha por la libertad de Cataluña», y avisó: «El porvenir señala a Cataluña una hora decisiva». Dencàs apoyó al Capità contra su procesamiento: «Al acto de la detención del fiscal se adhiere toda Cataluña (…). Futuros soldados del Ejército liberador de Cataluña: pronto seréis llamados a cumplir altos designios». El concejal Roc Boronat, proclamó: «España no existe para nosotros», tesis de Prat de la Riba. El consejero de cultura, Gassol clamó: «Honor a ti, Badía, que con tu temple y valor (…) has dado motivo a que Cataluña manifieste una vez más su sensibilidad (…). Si nos quieren quitar nuestra policía, se encontrarán con las avanzadas del ejército» (Gassol había exigido en otra ocasión «odio a la vil España (…) gigantesco, loco, sublime; hasta odiamos el nombre, el grito y la memoria, sus tradiciones y su sucia historia»). Un separatista gallego invitado dedicó sus denuestos, en gallego, a los Reyes Católicos, y el enviado del PNV deploró compungido: «Es dolorosísimo tener que usar el idioma del enemigo para podernos entender».

Y el día 27, después del intercambio de descalificaciones entre Samper y Companys sobre los funcionarios de justicia, empeoró la disputa cuando el gobierno acordó querellarse contra la Generalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, y ordenó que la policía obedeciese a los jueces que investigaban los depósitos de armas y los planes de guerra civil. El 29, la Generalidad negó permiso a las investigaciones. Entretanto continuaba la exaltación separatista con vistas a la lucha armada en un momento que se juzgaba ya próximo: «¡Cada cual en su lugar! El presidente de Cataluña dirá la palabra (…). Que todos sepan que si (…) fuere preciso hacer gestos categóricos, no faltarán (…) de una absoluta, definitiva decisión». «¡Audacia y disciplina!». «La consigna ha de ser: cada cual en su puesto. Atención exclusiva a la voz de los dirigentes responsables».

La prensa seguía publicando noticias de atentados y enfrentamientos: «Seis heridos en Badajoz en choque entre fascistas y socialistas». «Robo de dinamita en San Sebastián». «Sabotajes en la huelga de Cádiz». «Un muerto a tiros en Carrión». «Un camarada, herido de gravedad por un fascista». «Un obrero de ABC, grave en atentado». «Dos heridos graves en atentado en Portugalete». «Atentado contra dos guardias de seguridad en Granada». «Tres heridos por bomba en Cádiz». «Bomba en Valencia». «Ataque a guardias civiles desde un coche». «Muerto a tiros un panadero en Madrid». «Cinco heridos por bomba en Barcelona». Anuncios de huelgas generales en Asturias y diversas poblaciones. En Cataluña, La Vanguardia denunciaba el «increíble recrudecimiento de la anarquía» y el robo de cosechas, etc.

En una conferencia, en junio del año anterior, Ortega había anunciado «la aparición del juvenilismo y, por tanto, de la violencia en la vía pública». Desde luego, la violencia se había inaugurado con la «quema de conventos» para ir en aumento desde entonces, entre las prédicas guerracivilistas de algunos partidos y la impresión de falta de autoridad, siendo cada vez más protagonizada por jóvenes entre diecisiete y veinticinco años.

Las más agresivas eran las juventudes del PSOE y las comunistas, así como los escamots separatistas y las juventudes libertarias con su gran afición a la «acción directa». En las derechas, solo la Falange, después de un esfuerzo de autocontención, había replicado a los asesinatos socialistas porque el gobierno no la protegía contra ellos. Y las juventudes de la CEDA, aunque exhibían consignas próximas al fascismo, con gritos como «¡jefe, jefe!» y exaltación del principio jerárquico, nunca perpetraron atentados o sabotajes ni cultivaron una mística de la violencia, ni realizaron desfiles paramilitares, pese a sufrir atentados por parte de las izquierdas.

A fin de contener la violencia juvenil, el gobierno prohibió la militancia política a los menores de veintitrés años sin permiso escrito de sus padres. Ello era poner puertas al campo, y facilitó las protestas del PSOE y el PCE, que replicaron con una concentración monstruo nocturna en el Estadio Metropolitano o Stadium de Madrid, la noche del 14 al 15. Samper, en contra del ministro Salazar Alonso, la autorizó y hasta facilitó potentes focos para iluminarla. Según los organizadores, el acto congregó a ochenta mil jóvenes sellando «la unión del proletariado madrileño (…) con su voluntad decidida de acabar con un régimen de oprobio». Santiago Carrillo, líder de las Juventudes Socialistas, prometió: «Serán estas juventudes las que asalten el poder, implantando la dictadura de clase (saludos vibrantes con el puño en alto y gran ovación)». Empleó la frase que se haría célebre en 1936, «El fascismo no pasará», y calificó el alijo del Turquesa como «una maniobra reaccionaria contra los socialistas». El comunista Trifón Medrano se jactó: «Ya en el entierro de Joaquín de Grado, el proletariado (…) aterrorizó a la burguesía» y subrayó la necesidad de un frente único para «preparar la insurrección armada». Otro socialista, Jerónimo Bugeda, ponderó la flaqueza de Samper ante la Esquerra: «En la cobardía del gobierno central está la muestra de su impotencia y debilidad». Jesús Hernández, del PCE expuso: «Estos compañeros congregados aquí van a ser las falanges que van a tomar el poder en España (…). El gobierno (…) puede tomar las medidas represivas que quiera: no le servirán de nada. Dejaremos las víctimas que sea preciso en el campo de batalla». Y propuso «hacer todo lo posible para atraer a nosotros a los anarquistas».

Pusieron el broche miles de muchachos uniformados, con camisas azules los comunistas y rojas los socialistas, que evolucionaron en formación militar entre un delirio de ovaciones y puños en alto. Los dos partidos aclamaron la exhibición de fuerza como un hito revolucionario: «Un alarde de fuerza (…) una reiteración de fe revolucionaria».

El día 24 se realizaron unas maniobras militares en León, a las que asistió como asesor Franco. Hubo sospechas de que el objetivo sería combatir la insurrección socialista, pero en realidad no tuvieron la menor utilidad al respecto. Eran ejercicios anuales normales, solo que el año anterior se habían suspendido, y para impedirlas en 1934 «todas las fuerzas parece que se desencadenaron». «Diariamente periódicos y hojas clandestinas se repartían entre los soldados y se introducían en los cuarteles y vagones de ferrocarril que habían de llevar las tropas», reseña el ministro Diego Hidalgo. Pese a ello mantuvo las maniobras porque «la suspensión hubiera representado la quiebra del poder y la impotencia del Gobierno de la república». Don Niceto acudió a presenciarlas, a pesar de que Martínez Barrio trató de disuadirle diciéndole que eran un complot de la derecha para secuestrarle y proclamar una dictadura. En un discurso en Valladolid, el presidente criticó la subversión y trazó un panorama casi paradisíaco: «Economía sana, presupuesto nivelado, poca deuda exterior, con una transformación en paz y en orden (…). Por todo eso, al alcance de la España de nuestro tiempo se muestra un porvenir de grandeza y bienestar como jamás pudo soñarse». Hablaba en serio, al parecer.

Y el 28 anunciaba El Socialista: «Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado (…). Solo nos falta el poder. Hay, pues, que conquistarlo». El día 30, La Humanitat explicaba: «El presidente Companys tiene al pueblo catalán a su lado (…). Él sabrá servirse de esta enorme fuerza ciudadana. En paz o en guerra, es igual (…). Faltar hoy a la disciplina sería desertar del deber. No hay un solo catalán digno capaz de faltar a esa lealtad». Companys había dicho: «Vienen días de lucha y gloria. Feliz generación la de hoy, que podrá participar en las jornadas victoriosas que se acercan». Leviatán, revista política del PSOE, analizaba: «Quien no se percate de que España está entrando en la fase aguda de la guerra civil entre el fascismo y el Estado (…) y la clase obrera organizada, entenderá difícilmente los sucesos, tan típicos y sintomáticos, del pasado mes de septiembre». La correspondencia internacional, órgano de la Komintern, publicaba una «importantísima decisión» del PCE: «La situación revolucionaria se agudiza de día en día en España. Las batallas entre la revolución y la contrarrevolución son cada vez más violentas y decisivas».

José Antonio, el fundador de la Falange, proponía implícitamente a Franco un golpe militar ante el proyectado «alzamiento socialista (que) va a ir acompañado de la separación, probablemente irremediable, de Cataluña (…). Son conocidas las concomitancias entre el socialismo y la Generalidad (…). En Cataluña, la revolución no tendría que adueñarse del Poder, lo tiene ya». Unamuno había comentado al monárquico José María de Areilza: «Esto va muy mal. Las viejas guerras civiles se perfilan de nuevo en el horizonte, con todo su horror».[217]

Casi toda la derecha, tanto la CEDA como los monárquicos o los lerrouxistas, mostraba creciente indignación ante la flaqueza o simple estupidez que —no sin razones— atribuían a Samper, a quien achacaban estar favoreciendo unos procesos que sin el menor disimulo amenazaban destruir no solo la legalidad republicana y la propia república, sino la misma unidad de España. Pese a todo apenas había indicios de golpismo en la derecha, aunque era claro que al reabrir las Cortes en octubre el gobierno de Samper caería y le sustituiría otro dispuesto a actuar con mayor firmeza. Ello preocupaba a los grupos revolucionarios y separatistas, que decidieron tomar ese cambio, que incluiría por primera vez a ministros de la CEDA, como pretexto para desencadenar por fin la guerra civil.

26
OCTUBRE DE 1934: COMIENZA LA GUERRA CIVIL

Desde el primer momento, el gobierno de Samper había suscitado el mayor desprecio en la izquierda y una progresiva indignación en la derecha. Azaña lo diagnosticó así ya en su toma de posesión, meses antes: «Daba mucha risa, también tristeza y —la verdad— un poco de coraje ver tan caída la autoridad y la prestancia de la función»; y su gestión posterior la define como «una hilarante bufonada». Los demás, en palabras o en la práctica, lo trataban de cobarde e impotente. Desprecio que no les impedía tildarlo en su propaganda de peligroso líder fascista, y presionar a Alcalá-Zamora para que lo destituyese y disolviese el Parlamento.

Cuando reabrieron las Cortes el 1 de octubre, Samper describió la situación con optimismo algo desaforado: la Ley catalana de Contratos de Cultivo ya se amoldaba a la Constitución, los incidentes no pasarían de ser producto de una inevitable y corregible «infancia en el ejercicio de las facultades y actividades» autonómicas; la crisis de los ayuntamientos vascos no era menos infantil: «Pretendían imponer por la fuerza aquello mismo que se les otorgaba de buen grado». Y dio por frustrados los designios revolucionarios del PSOE al haberse descubierto armas «casi todos los días», habiendo pasado el problema «a los tribunales de Justicia», por lo que el gobierno ya «no tiene nada que decir».

Gil-Robles le replicó oponiéndose a que «situaciones anómalas que llevan aparejadas la debilidad de los gobiernos, puedan impunemente prolongarse a través de una serie de combinaciones en las cuales no resplandece la voluntad del país, expresada claramente en las elecciones de noviembre». Y se proclamó más demócrata que «otros que se lo llaman, aunque dentro lleven un temperamento de déspotas». Quedó clara su decisión de entrar en el gobierno, sin especificar la forma.

Samper le acusó de confundir delicadeza con desgana, y argumentó en tono sentimental: «¡Gobierno débil! Lo he oído muchas veces. Yo, personalmente, no soy débil. Yo he tenido que vivir en lucha permanente y constante desde mi infancia, que ha sido triste como la de los niños evocados por el gran poeta Emilio Carrere, que se enteran tan pronto del dolor de la vida». Y pidió el respaldo de las minorías. Respaldo que no logró, por lo que presentó su dimisión. En un primer momento expresó en un periódico valenciano auténticos propósitos de rebelión, pero aceptó enseguida el puesto de ministro de Estado que le fue ofrecido.

Los únicos que tenían posibilidad legal de gobernar eran Lerroux, a quien don Niceto repelía, y Gil-Robles, a quien aborrecía aún más. Intentó burlar ambas salidas mediante una candidatura de prestigio intelectual, ofreciendo el gobierno a Ortega y Gasset, quien lo rechazó. Finalmente tuvo que recurrir a Lerroux. Este manifestó su decisión de actuar con firmeza, aunque respetando el Estatuto catalán y las reformas del primer bienio; y pensaba dar ministerios a la CEDA. Precisamente la inclusión de la «fascista» CEDA iba a servir de pretexto para desencadenar la guerra civil.

El mismo día 1, Largo Caballero dimitía de su puesto acusando a Prieto de dar un «pequeño golpe de Estado» en el PSOE, al forzar la permanencia de los diputados socialistas en el Congreso. Prieto hubo de dar marcha atrás mientras acusaba a Largo de «dejar decapitado al Partido en circunstancias tremendamente trágicas». Contra lo que han pretendido bastantes historiadores, todos estaban convencidos de que la revolución y la guerra eran ya inevitables. Al día siguiente de dimitido Samper, Vidarte y De Francisco se reunían con el «Lenin español», para certificar que todos los preparativos estaban hechos. «Hacía quince días que habíamos terminado de comunicar sus instrucciones a todas las comisiones de provincias y capitales importantes», pero Largo, «quiso cerciorarse de si todas sus órdenes se habían cumplido». El repaso le satisfizo.[218]

El día 4 tomaba posesión el nuevo gobierno. A última hora, Gil-Robles había vuelto a claudicar parcialmente, conformándose con tres de las quince carteras, aunque podría haber exigido legalmente bastantes más, e incluso la Jefatura del Gobierno. Renunció además a las tres decisivas de Gobernación, Guerra y Hacienda, y contentándose con Agricultura, Trabajo y la algo más importante de Justicia. Además nombró para ellas a políticos que pudieran contentar a la izquierda, y que Alcalá-Zamora define como republicanos convencidos: Anguera de Sojo, catalanista, había sido fiscal del Tribunal Supremo con Azaña y acusado de firme a Sanjurjo y los suyos; Giménez Fernández era partidario de impulsar la reforma agraria; y Aizpún, también era «auténtico republicano», según Fernando de los Ríos.

Evidentemente, este intento a última hora de contemporizar, fue tomado por todas las izquierdas como un estimulante signo de debilidad, que desde luego no las inclinó a moderarse.

El mismo día 4 se reunían las ejecutivas del PSOE y la UGT en la sede de El Socialista. El relato de la reunión, hecho por Juan Simeón Vidarte, describe a los principales reunidos: «Largo Caballero estaba pálido, mas su voz era firme y segura (…). Prieto, contra su costumbre, no había despegado los labios (…). Los compañeros (…) mostraban asombro o perplejidad. Pero todos fueron manifestando su aquiescencia (…). Prieto, con sus dedos gruesos y cortos sobre su abultado abdomen, miraba al techo en actitud del prior de un convento que esperase de los cielos un milagro». El propio Vidarte dice haber levantado también los ojos al techo donde creyó ver grabada a fuego la frase atribuida a Rosa Luxemburg: «Más vale morir de pie que vivir de rodillas».

Largo declaró llegado el momento del levantamiento armado por la dictadura proletaria, y los reunidos pasaron a componer el futuro gobierno revolucionario. Lo encabezaría el propio Largo, seguido por los dirigentes más notorios del partido, empezando por Prieto e incluyendo a otros que destacarían en años posteriores, como Negrín o Zugazagoitia (Negrín llegaría a ser el máximo dirigente del Frente Popular, y Zugazagoitia, ministro de Justicia de aquel Frente en época de terror, sería fusilado después de la guerra). Al inspirador teórico de la revolución, Luis Araquistáin, se le reservaba la presidencia de la nueva república.

Los reunidos previeron también las medidas a tomar en caso de que el alzamiento fracasara. Para tan lamentable caso decidieron hacerse los desentendidos y negar su participación, achacando la revuelta a una «reacción espontánea del pueblo». Con ello esperaban salvaguardarse a sí mismos y la continuidad legal del partido. El acuerdo demostraba hasta qué punto los revolucionarios sabían que no se enfrentaban a ningún fascismo; pues este, de existir, habría aplastado sin contemplaciones al PSOE y la UGT.[219]

Las instrucciones secretas para la insurrección eran muy minuciosas: de preparación, de acción y de toma del poder. Las primeras consistían fundamentalmente en acumular armas, explosivos y gasolina, vigilar los domicilios de personajes significados y de jefes y oficiales del ejército para eliminarlos o tomarlos como rehenes en el momento preciso, infiltrarse en el ejército y fuerzas de seguridad, mediante la agitación entre la tropa y la captación de mandos propicios o simpatizantes, infiltrarse también en las organizaciones políticas adversarias para conocer sus propósitos, trazar planes para la toma de puntos clave, impedir u obstaculizar la llegada de refuerzos enemigos, volar puentes y vías de comunicación, etc. Las labores preparatorias venían realizándose desde hacía un año por grupos de acción que en el momento adecuado debían actuar como guerrillas, y grupos técnicos con misión de apoderarse o paralizar desde el principio las industrias y servicios básicos de gas, electricidad, alcantarillado, teléfonos, etc., apoderarse de los archivos de organizaciones políticas para neutralizar a sus afiliados, y de los bancos para disponer de medios económicos. En resumen: «El movimiento tiene todos los caracteres de una guerra civil», y su triunfo «descansará en la extensión que alcance y la violencia con que se produzca». Es decir, el golpe debía ser desde el principio lo más violento posible para paralizar cualquier reacción. Como vimos, los dirigentes consideraron que los preparativos estaban ya suficientemente hechos.

Naturalmente, el punto decisivo sería Madrid, y al efecto los planes principales, aparte del asalto a varios cuarteles en los que disponían de mandos y soldados afectos, consistían en un golpe diseñado por Prieto para apoderarse del gobierno. A este golpe lo llamaban en el propio PSOE «putsch a lo Dollfuss», imitado del que habían realizado los nazis en Austria tres meses antes, cuando, disfrazados de militares y policías, habían tomado la Cancillería y ocupado la radio para proclamar un nuevo gobierno. En la intentona, que terminó fracasando, el canciller Dollfuss, político democristiano, había sido asesinado.[220]

Vidarte lo explica así: «Los jefes de asalto e instructores de nuestras milicias (…) más algunos jóvenes jefes de la Guardia Civil (…) en unión de milicianos socialistas uniformados de guardias civiles y de asalto, ocuparían el Parque Móvil y la Presidencia», tomarían la emisora central de la Guardia Civil y radiarían a los comandantes locales del cuerpo: «Habiéndose iniciado un movimiento de carácter monárquico (…) no debe usted obedecer las órdenes de ninguna autoridad civil o militar (…). Impida asimismo que las fuerzas a sus órdenes sostengan luchas contra el pueblo (…). No obedezcan más órdenes que las que emanen por este conducto». Alcalá-Zamora y el presidente de las Cortes debían ser capturados con la misma técnica. Debían ser tomadas también las centrales de Correos y Telégrafos y los principales ministerios, en especial el de Gobernación, donde pensaban apoderarse del gobierno en pleno.

Desgraciadamente para los golpistas, parte del putsch fracasó ya al principio por un suceso imponderable. Lo explica uno de los jefes de las Juventudes, Manuel Tagüeña, que llegaría a mandar un cuerpo de ejército con solo veinticuatro años. Él y los suyos se habían concentrado en el Círculo Socialista del barrio de la Prosperidad, con propósito de ir a un local de Cuatro Caminos, donde «nos vestiríamos de guardias civiles» para asaltar un cuartel. Sin embargo «algunos vecinos notaron extraños movimientos en el centro de Prosperidad y avisaron a la Guardia Civil». El resultado fue un tiroteo con dos muertos y ocho heridos, la mitad de cada parte. En Cuatro Caminos la policía también capturó los uniformes.[221]

Mientras, otros grupos milicianos trataban de asaltar varios cuarteles, confiando en colaboraciones desde dentro. Pero los oficiales leales al gobierno lo impidieron y todo quedó en tiroteos inefectivos. Los asaltos a la Telefónica y otros puntos clave fracasaron también, mientras la noche madrileña se poblaba de disparos y explosiones. Al amanecer del día 5, los piquetes imponían la huelga por la ciudad.

Y ese mismo día 5 los partidos republicanos de izquierda, más el conservador de Miguel Maura, emitían comunicados contra el gobierno y solidarizándose de hecho con los insurrectos. Todos calificaban de «traición a la república» la presencia de la CEDA en el gobierno, y rompían «toda colaboración y/o solidaridad con las instituciones». La nota de Izquierda Republica, el partido de Azaña, iba más allá: expresaba su «decisión de recurrir a todos los medios en defensa de la república». Evidentemente, no se trataba de defender al régimen contra el asalto sovietizante del PSOE, sino contra el gobierno elegido democráticamente. Sospechosamente, Azaña se hallaba en Barcelona, y la declaración de su partido coincidía con otras suyas durante el verano. También la Izquierda Radical Socialista hablaba de recurrir «a todos los medios».

Aunque los republicanos de izquierda carecían de fuerza para ir más allá de tales comunicados, estos tuvieron un importante efecto al convencer a Companys, como escribió Josep Pla, de «que esta prosa levantaría a la península en un torbellino irresistible».[222]

Mientras tanto, en Asturias comenzaba una verdadera guerra. Casi toda la cuenca minera caía en manos de los socialistas, a los que se añadían los anarquistas y comunistas en la llamada Alianza Obrera. Mieres, importante centro minero y metalúrgico, con 42.000 habitantes, se convertía en centro dinamizador de la insurrección, bajo el mando de Ramón González Peña. Allí se popularizaron las siglas de consigna UHP (Unión —o Uníos— Hermanos Proletarios; o también Unión Horse Power, es decir, Unión igual a Potencia). Las primeras acciones fueron casi todas favorables a los rebeldes, que cobraron un impulso irresistible, extendiendo su acción hacia la capital, Oviedo, y hacia el sur, el acceso desde León.

También en Vizcaya y Guipúzcoa se imponían los insurrectos en Éibar y Mondragón capturando sus armerías y fábricas de armas, y fueron asesinados políticos relevantes como Marcelino Oreja, Carlos Larrañaga y Dagoberto Rezusta. La cuenca minera vizcaína y la margen izquierda de la ría del Nervión sufrían asimismo levantamientos y acciones armadas. Grupos socialistas cortaban las comunicaciones y atacaban locales de correos y telégrafos, depósitos de agua y centrales eléctricas. La rebelión se extendía igualmente por León y Palencia, así como por localidades de Zaragoza, Cádiz, Murcia, Albacete, Huelva, Córdoba y otras provincias.

Bastantes militares mostraban una equívoca pasividad, que daría lugar a procesos posteriores con fuertes penas de prisión. Incluso entre las tropas de África, movilizadas a los pocos días, como había hecho Azaña contra Sanjurjo, un teniente coronel de la Legión afirmó que sus tropas no lucharían «contra sus hermanos», llamando así a los rebeldes. En el posterior proceso a Largo Caballero se mencionó un plan para apoderarse del crucero Almirante Cervera y llevarlo a Barcelona para entregarlo a la Generalidad. La extensión inicial de las rebeliones dificultaba el envío de tropas a los lugares amenazados. Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, expondrá el dilema: «Nuestros efectivos militares, cortos en número y diseminados (…) son de difícil movilización, tanto porque no cuentan con medios propios de transporte cuanto porque (…) si salen de sus bases las dejan totalmente desguarnecidas».[223]

Problema añadido era la presencia del general Masquelet como jefe del Estado Mayor Central. Masquelet era un decidido azañista, y la postura de Azaña y su partido estaba bien clara. Por consiguiente, el mismo día 5 Hidaldo ordenó a Franco encargarse de la dirección práctica de las operaciones, en funciones formales de «asesor». Franco entendió la sublevación como «primer acto para la implantación del comunismo», y señaló a Hidalgo la necesidad de «reducir la resistencia con rapidez, si no se quería suceder una guerra civil». Pla comenta que aquel día «reinó en el Ministerio de la Guerra un espantoso desorden (…). Fue el general Franco el que creó, casi con su sola presencia, las condiciones objetivas del restablecimiento». Vidarte escribe a su vez: «Desde el Ministerio de la Guerra, prácticamente convertido en ministro, el general Francisco Franco dictaba órdenes (…) removía mandos y los reemplazaba con personas de su absoluta confianza. Así, en Vizcaya destituyó a los jefes militares más importantes con los que Prieto contaba para la insurrección».[224]

En Barcelona la Alianza Obrera, junto con los escamots, paraba pistola en mano los transportes y fábricas. Las propias fuerzas de orden público colaboraban en extender la huelga. El Partit Nacionalista Catalá, aún más radicalizado que la Esquerra, enviaba instrucciones para proclamar la república Catalana «sin debilidades. La vida de los catalanes nos interesa. La dignidad de la Patria nos interesa más. La vida de los enemigos no debe tenerse en cuenta (…). No olvidéis incautaros de los caudales existentes en los bancos», pidiendo su administración «con honradez». Se decía que se estaban arrancando los raíles ferroviarios para aislar a la región del resto de España. En diversas poblaciones como Vilanova i la Geltru se imponía la «república Social Catalana», en otras comarcas se proclamaba el Estado Català o la república Catalana. Estallaron disturbios violentos en Badalona, Gerona, Lérida y Sabadell, con tiroteos. La Generalidad dejaba hacer y cooperaba, pero aún no se decidía a lanzarse con toda su fuerza.[225]

Un obstáculo importante a estas acciones consistía en la abstención de la CNT, resentida con la represión, que no excluía torturas y palizas, y ocasionales asesinatos, de la policía de la Generalidad, mandada por el Capità Collons. Este era un obstáculo serio, por cuanto la CNT era en Cataluña la fuerza sindical más numerosa y combativa, con gran diferencia.

27
COMPANYS SE DECIDE POR LA GUERRA CIVIL Y FRACASA

El día 6 iba a ser decisivo en Madrid y Barcelona. El separatista Aymamí i Baudina describe un hecho significativo: por la mañana vio que de la fachada del hotel Ritz, regido por gente de mundo bien enterada de la política, había desaparecido la bandera republicana, quedando la catalana entre la francesa y la inglesa.

Companys ya se había decidido. Visitó temprano a Dencàs para consultarle dos proyectos de manifiesto. Uno invocaba un Estado Catalán dentro de una imaginaria república Federal Española. El otro era más tibio. A Dencàs le disgustaron ambos, pero aceptó el primero, por evitar riñas de última hora. A continuación, «el Presidente me dio permiso para lanzar a la calle, bajo el nombre del Somatén, a los 4.000 hombres que habíamos preparado en Barcelona», dio a sus jefes las órdenes pertinentes y envió «emisarios a toda Cataluña» con instrucciones de movilización. Contaba además con otros 3.000 hombres de la Guardia Civil y de Asalto que el gobierno le había transferido meses antes. Otros 400 mozos de escuadra protegerían la sede de la Generalidad. Varios jefes militares estaban comprometidos. Los planes incluían cortar carreteras, telégrafos y teléfonos y volar raíles para aislar la región. Se mantendría «el pánico en Lérida y Tarragona» a fin de impedir a las guarniciones acudir a Barcelona. Asimismo hizo detener a dirigentes anarquistas y clausurar sus locales.[226]

Por la ciudad proliferaban los llamamientos: «¡A las armas por la república catalana!». A las 13.30 Dencàs anunciaba por radio que la Generalidad tomaba militarmente la región para «impedir los excesos extremistas», un ardid para engañar al gobierno. Sus milicianos empezaron a tomar Barcelona, instalando ametralladoras y barricadas en puntos clave, con tiroteos esporádicos con los anarquistas.

En Madrid, las izquierdas republicanas, a través de Martínez Barrio, volvieron a presionar a don Niceto para que les entregase el poder, prometiendo que así se calmarían los rebeldes. La propuesta volvió a ser rechazada. Mientras la Esquerra tomaba militarmente Barcelona, el gobierno seguía confiando en Companys, y enviaba a Asturias al general López Ochoa, catalanista y masón, que iba a actuar con notable dureza.

Hacia la 4 de la tarde, el general de la División Orgánica de Cataluña, Domingo Batet, acudió a ver a Companys. Batet tenía sentimientos catalanistas y era enemigo personal de Franco, por lo que Companys pensó atraerlo a la rebelión. Pese a todo, el general, como López Ochoa, se comportó ante todo como militar, y advirtió a Companys que si se llegaba a proclamar el estado de guerra, «no sería una medida contra Cataluña y su autonomía, sino impuesta por los sucesos de España».

Una hora después Eloy Vaquero, ministro de Gobernación, contaba muy ufano a la prensa su charla telefónica con Dencàs: «La conversación con el señor Dencàs me ha producido gran satisfacción. No pueden imaginarse cuánto me hubiese alegrado que todos los españoles la hubiesen escuchado. La Generalidad está dispuesta a mantener el orden y con gran resolución lo consigue». No era un ministro excesivamente sagaz.

Por aquellos mismos momentos los separatistas repartían las armas de los «cuatro depósitos que teníamos en Barcelona, el primero en la Consejería de Justicia y Derecho, otro en la de Gobernación, otro en un centro de las Corts y otro en la avenida de San Andrés», lugares elegidos para eludir «una investigación policial». Las calles se poblaban, dice Azaña, de milicianos armados «entre gritos y salvas de aplausos».[227]

En la Generalidad reinaba el optimismo. Las noticias indicaban que la insurrección cundía por todo el país, y Dencàs garantizó que al ejército le costaría al menos cuatro días llegar al edificio, aun si fallasen cuatro quintas partes de las fuerzas separatistas, algo muy improbable. Vuelto a Gobernación, Dencàs se enfundó en un vistoso uniforme de aire militar. Le asesoraban el capitán Arturo Menéndez y el comandante Jesús Pérez Salas, ambos muy ligados a Azaña y el primero responsable de los sucesos de Casas Viejas. Protegían la consejería una compañía de guardias de asalto y numerosos milicianos.

No obstante, la decisión se demoraba con un Companys que apenas contenía los nervios, según Dencàs. A las seis y media, manifestantes de la Alianza Obrera exigieron armas ante la Generalidad, y amenazaron con proclamar el Estado Catalán si no se hacía oficialmente antes de las ocho. Al poco llegó al lugar Miquel Badía «armado de un fusil ametrallador y equipado como las juventudes de Estat Català, es decir, en mangas de camisa y con un grueso correaje de cuero».

Entretanto, el gobierno empezaba a ver las cosas claras. Por teletipo, Lerroux notificó a Batet que iba a declarar el estado de guerra. Casi al mismo tiempo, Companys hablaba por fin al gentío en la plaza de San Jaime entre el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento:

Las fuerzas monarquizantes y fascistas (…) han asaltado el Poder (…) Todas las fuerzas auténticamente republicanas de España y los sectores sociales avanzados, sin distinción ni excepción, se han levantado en armas (…). Cataluña enarbola su bandera y llama a todos (…) a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalidad, que, desde este momento, rompe toda relación con las instituciones falseadas. En esta hora solemne (…) el gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán dentro de la república Federal Española y, al restablecer y fortalecer la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el Gobierno Provisional de la república (…) Nos sentimos fuertes e invencibles.

Casi ninguna de aquellas expresiones respondía a la realidad. Por otra parte, los oyentes de la proclama no llegaban a colmar la pequeña plaza, y tras los vivas de rigor se disolvieron. El discurso, radiado, se había oído en toda España. Agustín Calvet, Gaziel, director de La Vanguardia, exponía su angustia el día 9: «Esto es (…) una declaración de guerra (…) ¡Cataluña había logrado sin riesgo alguno (…) una posición incomparable dentro de España (…) hasta el punto de jugar con sus gobiernos como le daba la gana! En estas circunstancias, la Generalidad fuerza a la violencia al gobierno de Madrid (…) Estoy bañado en sudor, realmente aterrado».

A continuación Companys conminó por teléfono a Batet a ponerse bajo su autoridad. Con cierta retórica, Batet pidió tiempo para resolver, y Companys hubo de concederle una hora, que el general empleó en advertir a los mandos de la Guardia Civil y de Asalto que, declarado el estado de guerra, ya no dependían de la Generalidad. La Guardia Civil le obedeció, pero no el jefe de los guardias de asalto. Antes de las nueve, el bando del estado de guerra estaba expuesto en la puerta del edificio de la división. Mientras, cundían las revueltas en numerosas localidades, donde eran quemadas iglesias y perseguidos a tiros sacerdotes y propietarios.

Y casi simultáneamente con el discurso de Companys, el PSOE trataba de llevar a la práctica su «putsch a lo Dollfuss», asaltando el Ministerio de Gobernación en la Puerta del Sol, donde estaba reunido el gobierno. Su captura habría podido descabezar la resistencia a los insurrectos. Lerroux recordará: «Al atravesar la Puerta del Sol se notaba temperatura de fiebre entre la multitud apiñada. Momentos después (…) se oyeron los primeros disparos de fusil, que enseguida se convirtieron en granizada». El embajador useño Bowers, muy simpatizante de las izquierdas, relata: «Las ametralladoras se oían repiquetear en la Puerta del Sol, donde, en el restaurante Heidelberg, los reporteros de prensa tenían que echarse al suelo para no ser alcanzados por las balas».[228]

Lerroux conservó la sangre fría: «Me dieron las noticias de provincias. En Barcelona la Generalidad ya se había colocado en actitud de rebeldía, con el pobre Companys a la cabeza. Como los héroes (…). En la Puerta del Sol aumentaba el tumulto (…) la plaza se había despejado y la gente se amontonaba en la desembocadura de las calles afluentes. La iluminación de los despachos del ministerio servía de blanco para el paqueo instalado en tejados, balcones y terrazas (…). En Barcelona las fuerzas gubernamentales se disponían a atacar a la Generalidad (…). Todo el mundo empezaba a estar en su puesto».

Largo Caballero y Prieto se refugiaron en el piso del segundo, luego buscaron otro nuevo, y volvieron al mismo. El resto del Comité Revolucionario, con varios ministrables, se ocultaba en el estudio del pintor Luis Quintanilla, simpatizante de los insurrectos. Pero el día 7, «los futuros ministros abandonaron el estudio y no volvieron a aparecer por allí. Lo mismo hizo Juan Simeón Vidarte», recordará Santiago Carrillo con sarcasmo. Prieto y Largo, en su propio refugio, se echaban las culpas de que Companys hubiera mencionado una república federal. Era asombroso que la policía «fascista» no les hubiera detenido inmediatamente.[229]

A las diez de la noche Lerroux hablaba por radio al país:

La rebeldía que ha logrado perturbar el orden público, llega a su apogeo (…) En Cataluña, el presidente de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su autoridad, se ha permitido proclamar el Estat Català. Ante esta situación, el Gobierno de la república ha tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país (…). El alma entera del país entero se levantará en un arranque de solidaridad nacional (…) para restablecer, con el imperio de la Constitución, del Estatuto y de todas las leyes de la república, la unidad moral y política de todos los españoles (…). El patriotismo de Cataluña habrá de imponerse a la locura separatista (…). En Madrid, como en todas partes, la exaltación de la ciudadanía nos acompaña. Con ella, bajo el imperio de la ley, vamos a seguir la gloriosa historia de España.

Pla anotará: «La declaración del estado de guerra y la energía serena demostrada por el señor Lerroux (…) provocaron a su alrededor una dilatada, inmensa vibración popular». Vidarte lo despreciará: «Cualquier gobernante, en su caso, se hubiera expresado en términos parecidos». ¿También un gobernante fascista?[230]

Para entonces el «putsch a lo Dollfuss» había fracasado. Los atacantes, explica Vidarte, «habían confiado en algunas complicidades dentro y fuera del edificio (…). Muchos guardias de asalto del cercano cuartel de Pontejos estaban comprometidos, pero no se decidieron a entablar combate con la Guardia Civil acuartelada en Gobernación (…). Cayeron heroicamente algunos de nuestros jóvenes». Largo Caballero coincidirá: «No pudimos tomar Gobernación porque nos traicionaron los oficiales comprometidos que se encontraban allí dentro». Los asaltos y disturbios y paqueos iban a continuar varios días, pero ya bajo una impresión de fracaso.[231]

Los rebeldes en Barcelona sabían que el gobierno disponía de solo 1.200 soldados útiles, por las vacaciones y permisos. Batet movilizó a la mitad, dejando al resto en reserva, y recurrió a una añagaza: una compañía con música y aparato salió a colocar el bando de guerra, mientras el resto, procurando no llamar la atención iría por calles secundarias a capturar el Palau de la Generalitat. La primera compañía sufrió un fuerte tiroteo que momentáneamente la desorganizó, pero se rehízo y atacó el Centro de Dependientes de Comercio (CADCI), bastión del separatismo más extremo. En el enfrentamiento caerían dos significados separatistas, González Alba y Compte, «de historia terrorista y energuménica», según Pla.

Ante estos primeros choques, Dencàs telefoneó a Coll i Llach para que movilizase a sus 3.000 guardias de asalto. En la Comisaría de Orden Público le informaron de que Coll se había ido a su casa «por encontrarse muy fatigado». Enfurecido, Dencàs mandó buscarlo y fusilarlo. Esta orden le valdría fuertes reprimendas cuando se trataran estos asuntos en el Parlament, año y medio más tarde. Dencàs ordenó avanzar «un escuadrón de caballería con una ametralladora para coger entre dos fuegos, con los mozos de escuadra, a las tropas que se dirigían contra la Generalidad», y que de la Comisaría salieran doscientos guardias. Pero oficiales y guardias abandonaron la ametralladora y desertaron. De otra comisaría partió una compañía con igual misión, pero sus jefes les dirigieron a Capitanía. Creyeron algunos que iban a asaltarla, «pero al llegar se les da orden de “¡derecha!” y entran todos al edificio a depositar sus armas». Entre los propios escamots y gente adicta el nerviosismo causaba tiroteos, con muertos y heridos. Y pronto la Consejería de Gobernación, desde donde Dencàs organizaba la lucha, se vio a su vez asediada.

A las once de la noche, algo más de medio centenar de soldados de artillería lograba situar dos pequeños cañones de montaña ante la fachada de la Generalidad. El jefe de los mozos, comandante Pérez Farrás, salió a parlamentar. Al no ser atendido, mandó disparar contra los soldados, causándoles varias bajas. Fuertemente hostigados, los soldados aguantaron media hora hasta que les llegó el refuerzo de una compañía de guardias civiles y otra de infantería. Y con ellos y otras dos o tres compañías, unos 500 hombres en total, Batet asediaba la Generalidad, el Ayuntamiento, la Consejería de Gobernación y el CADCI.

Los dos cañoncitos instalados frente a la Generalidad dispararon algunos tiros sin espoleta, que desmoralizaban a los sitiados, aunque estos fueran más numerosos. Dencàs y Companys recurrieron entonces a la radio con llamamientos incendiarios para animar a los campesinos, obreros, ciudadanos en general, incluso mujeres, a alzarse y aplastar al ejército. Les estimulaban con noticias de sublevaciones en una región tras otra, estando el gobierno ya sitiado en Madrid. Gaziel ironizará: «La Generalidad sigue dominando y triunfando, pero no calla ni un segundo (…). Desde esa caja demente nos lanza discursos inflamados, sardanas, rumor de descargas y boletines de victoria».

Batet no quiso forzar la situación, esperando que la desmoralización fuese haciendo su efecto, seguro de obtener la rendición por la mañana. Companys y Dencás siguieron esforzándose en movilizar a sus teóricos miles de milicianos y guardias, pero poco a poco, recuerda García Oliver, lo que hubo «fue un continuo abandonar los fusiles y las pistolas (…). Las bocas de las alcantarillas eran los lugares preferidos para deshacerse de los armamentos»,[232] parte de los cuales recogerían los anarquistas. Claro que entre tanto los disturbios, extendidos a muchas localidades, podrían dar lugar al amanecer a una situación como la de Asturias. Franco, que desconfiaba de Batet, dispuso el embarque urgente de un tercio de la Legión y un tabor de Regulares para Barcelona. Llegarían cuando la Generalidad se había rendido.

A las tres de la noche, los cañones se volvieron contra el Ayuntamiento. Hicieron tres disparos y los separatistas del local se rindieron. Companys llamó a Dencàs para que le enviara 400 milicianos, pero no fue posible reunirlos. Poco antes de las seis de la madrugada, dice Vidarte, «se oyó de labios de Dencàs un ¡viva España! acompañado de aplausos». Pudo colegirse que todo estaba perdido: «Era como si yo gritase “¡viva el fascismo!”. Por tal motivo Dencás recibiría los peores dicterios, pero en realidad se trataba de un llamamiento desesperado: él había dejado que un diputado socialista radiara a los obreros catalanes «un discurso de encendido nacionalismo», así que «por pura gentileza» había llamado a los obreros españoles a que lo apoyasen a su vez. Lo cual «no era una negación de mi separatismo».

Los dos cañones se volvieron otra vez contra la Generalidad y Companys telefoneó a Dencàs para comunicarle que se rendía. Dencàs afirmará posteriormente ante el Parlament, que la decisión de Companys le había sorprendido: «No sé cuáles serán los motivos, los móviles y la justificación de lo que me dice. Cataluña no nos podrá hacer ningún reproche si creéis honradamente que no hay posibilidad de resistir». Companys le contestó: «No me niegue Su Señoría un elogio que me conmovió. Su Señoría me dijo: “Señor presidente, se ha portado usted como un héroe”. ¡No lo niegue, señor Dencàs, sea honrado!». Dencàs lo reconoció, y Companys remachó: «Si dijo usted que yo había sido un héroe, es que confirmaba la capitulación».

No tan de acuerdo sobre tal heroísmo estaban Badía y Pérez Farrás. Ante el Parlament, Dencàs leerá un año y medio después un escrito de Badía (que entre tanto había sido asesinado, sospechándose la mano de Companys detrás del crimen): «No cuenta nada el que aquella noche aciaga algunos nos jugáramos la vida. Nuestra obligación, sobre todo la mía, era capitular enseguida (…). Y tenía la obligación de estarme escondido en un despacho y sacar bandera blanca en cuanto hubiera oído un par de cañonazos. Di mal ejemplo al ser el único que con un grupo de voluntarios salió a la calle, y ahora he de pagar (…). Reconozco que merezco solo desprecios e insultos (…). El apoyo material y moral lo tienen bien ganado aquellos valientes que (…) permanecieron bien escondidos para rendirse a cambio de que les perdonaran la vida. Sí, hace muy bien la gente en ayudar y plañir por esos pobretes». La lectura fue interrumpida por la furibunda protesta de los parlamentarios de la Esquerra. Pues tanto Badía como Dencàs habían sido elegidos chivos expiatorios del desastre a fin de exaltar la figura de Companys. Dencàs había huido por una alcantarilla acompañado de sus asesores azañistas Menéndez y Pérez Salas y de otros separatistas, lo que también se explotó contra él.

Wenceslao Fernández Flórez, escritor y humorista gallego, describió la tremenda tensión de aquellas horas.

Un momento grave y solemne de la historia de España se hizo perceptible en todos los hogares donde ciudadanos enmudecidos y ansiosos escuchaban el cañoneo de excitaciones que se cruzaban entre Barcelona y Madrid. Las noticias que lanzaba el gobierno central y los gritos de ¡a las armas! de los sediciosos de la Generalidad. Ni el tableteo de las ametralladoras pudo ejercer tan fuerte sensación en los espíritus. Fue una lucha de dos voces en una noche en que la inquietud había cuajado sobre España como un bloque. Al fin, una de ellas calló. Y aquella voz vencida fue como si todo el mal hubiera sido también vencido.[233]

Derrotada la insurrección en Madrid y Barcelona, cabía esperar que las revueltas y disturbios locales se agotasen en pocos días. Y así ocurriría, con la excepción de Asturias, donde la guerra civil sería una realidad durante dos semanas.

28
GUERRA CIVIL EN ASTURIAS

En Asturias los revolucionarios, mineros socialistas en su mayor parte, dominaban su zona central, desde la cuenca hullera a la costa, y chocaban con una fuerte resistencia en Oviedo, la capital regional. Desde el día 7 ya eran atacados; desde el sur, por un tímido general Bosch que apenas lograba avanzar hacia Mieres, para lo que debía cubrir solo 19 kilómetros, si bien por un terreno abrupto, fácil a las emboscadas. Por el norte llegaban al puerto de Gijón el crucero Libertad y dos cañoneros, de los que desembarcó un batallón para auxiliar a Oviedo, 28 kilómetros hacia el interior. El batallón iba a emplear tres días en llegar a la capital: hecho eso, su comandante debió de dar por cumplida su misión, pues se volvió a Gijón sin hacer nada. Por su parte, López Ochoa, con unos 200 hombres, cubría rápidamente 140 kilómetros desde Ribadeo, porque la Asturias occidental estaba libre de rebeldes. Ese día, la aviación bombardeó Mieres, causando algunos muertos y heridos.

Y en el asalto a Oviedo, los rebeldes empezaron el mismo día 7 a incendiar edificios, algunos de valor histórico. Se habían apoderado de la cercana Trubia, con su fábrica de cañones, y con ellos hostigaban a las tropas que se les resistían en la capital. Al ocupar el convento de Santo Domingo asesinaron a numerosos monjes y seminaristas. Irritados por un «viva Cristo Rey» del prior, «grito de guerra de una época inquisitorial», prendieron fuego al edificio. También lo hicieron con el Palacio Arzobispal. En momentos de euforia, el Comité Revolucionario se planteó volcar casi todo el esfuerzo contra las tropas del general Bosch y, tras aplastarlo, avanzar sobre Madrid con 30.000 milicianos. No parecía preocuparles la amenaza que se cernía sobre ellos desde Gijón, pero la tentación de conquistar antes Oviedo les disuadió.

Esa noche era detenido en Madrid el Comité Revolucionario, en el piso de Quintanilla. Santiago Carrillo dirá que el interrogatorio, a cargo de un capitán Santiago, de la policía, le pareció «casi versallesco». Largo dice que el capitán había sido amante de una señora en cuya casa se había refugiado momentáneamente, y que a la sazón mantenía relaciones íntimas con Negrín. Naturalmente, los detenidos negaron tener la menor relación con el movimiento. Ese día Prieto y Largo se separaron después de disputar en relación con Companys. Prieto terminó recalando en casa de la hija del primer fiscal de la república, mujer piadosa que rezaba mucho por él. Allí estaría tres semanas, hasta que logró escapar a Francia.

Los sucesos de España despertaban la mayor atención de la prensa y las agencias internacionales, que exageraban sin tasa las cifras y la gravedad de los acontecimientos o rumoreaban la inminencia de «una nueva dictadura militar». El diario soviético Pravda elogiaba «la lucha heroica y gigantesca» en España, donde «los proletarios están curados de las ilusiones democráticas» y se abrían así «perspectivas nunca vistas para la revolución española».

El lunes 8, López Ochoa expulsaba a los insurrectos de la ciudad costera de Avilés. En cambio en el frente sur, Bosch y los rebeldes parlamentaban. En el Comité rebelde comenzaron las discrepancias entre socialistas, anarquistas y comunistas, estos últimos descontentos con el jefe González Peña, a quien acusaban de irresoluto. Un espontáneo «Comité de Guerra» se ocupaba de fabricar bombas con dinamita y metralla, de controlar el reparto de armas y las municiones, tan derrochadas al principio que empezaban a escasear. Los insurrectos trataron de adueñarse de la fábrica de armas de la ciudad, donde esperaban hallar abundante munición. El coronel defensor se mostraba tan inseguro que fue autorizado a retirarse, destruyendo antes el armamento de la fábrica. En la Cárcel Modelo resistían unos cuarenta hombres casi sin comida ni agua, pese a lo cual lograban frustrar los asaltos. El incendio del Palacio Episcopal fue avivado con gasolina y dinamita, con lo que se propagó a casas próximas de donde huían aterrados los vecinos. Un revolucionario, apodado Pichilatu mandó disparar contra ellos, matando a ocho fugitivos, casi todos mujeres y niños. En Gijón los rebeldes resistían en el barrio antiguo de Cimadevilla.

Los rebeldes habían cortado la luz y el agua a Oviedo, donde los incendios y explosiones oscurecían de humo la ciudad. El día 9 consiguieron su mayor éxito al tomar la fábrica de armas de donde habían huido los defensores y en la que hallaron un magnífico botín: 21.000 fusiles, 198 ametralladoras y 281 fusiles ametralladores en buen uso, más una máquina de recargar cartuchos. El armamento fue distribuido por las cuencas de Langreo y Mieres. Por esta y otras faenas, el coronel al mando sería condenado a cadena perpetua, que desde luego no iba a cumplir.

Otras victorias revolucionarias fueron la toma del Banco de España y del palacio de la Diputación, sitiando también el cuartel de guardias de asalto de Santa Clara y la Catedral. Las tropas resistían en sus reductos con estricto racionamiento de agua, comida y munición. Algunos revolucionarios tenían escrúpulos en destruir el espléndido edificio gótico de la Catedral, otros querían desmoronarlo con dinamita.

A pesar de estos éxitos, ese día 9 ya se mostraban señales de desastre, con la pérdida de Avilés y los retrocesos en Gijón, donde la mayoría eran anarquistas. Y el descontrol crecía: «Las prostitutas, los rateros, los mendigos, toda la gente de vida equívoca (…) se vuelca en pos de los revolucionarios al asalto de los establecimientos». Las amenazas de los comités de fusilar a quienes cometieran actos de pillaje apenas tenían efectividad. Y tampoco las exhortaciones a los soldados a unirse a la revolución contra «los explotadores, el clero y los militares podridos», como supuestamente habían hecho «en Madrid, Valladolid, Cataluña, Valencia y otras provincias (…). Toda la metralla (…) debéis introducirla en el corazón de la burguesía».[234] Casi ningún soldado hizo caso.

Comunistas y anarquistas querían desplazar a los jefes socialistas que «creían que la revolución se hacía de diez de la mañana a media tarde (y) se iban a descansar en camas muelles», y les acusaban de obrar sin plan. Los sarcasmos eran sabrosos. Por el lado contrario, en el Cuartel de Pelayo, principal reducto gubernamental, el derrotismo de los coroneles y algún comandante perturbaba a la tropa, acosada además por las familias de jefes y oficiales «que entorpecían los movimientos y gravitaban con los lloros y lamentaciones de mujeres y niños sobre el ánimo de los soldados».

Fuera de Asturias, todavía el 9 se entabló una dura lucha en la zona minera vizcaína, desde Somorrostro hasta Portugalete, y continuaban los enfrentamientos armados y disturbios en León y Palencia, con quemas de iglesias y asesinato de clérigos, guardias y empresarios. En otros puntos de Albacete y Málaga se registraban intentos de insurrección. Pero no pasaban de sucesos ya menores, que se agotarían pronto.

Y ese mismo día se reunían en Madrid las Cortes, en un clima de euforia, dando ya por cierta la derrota insurrecta. Socialistas y republicanos habían preferido no asistir. Calvo Sotelo agredió físicamente al separatista vasco Aguirre, acusándolo de traición. Gil-Robles afirmó que en aquel momento la representación de la república era «la misma encarnación de España». Lerroux expuso: «Que no se nos pida nada que sea implacable ni nada que sea benévolo». El monárquico Goicoechea declaró: «La España derechista no está ansiosa de sangre, sino de autoridad y justicia». Para José Antonio, «nos habíamos acostumbrado a una vida mediocre, chabacana (y) era hora de que se viera cómo España (…) se levantaba en cuanto un gobierno hablase con voz española frente a un peligro nacional». Ventosa, de la Lliga de Cambó, denunció «la presencia y aun diría presidencia, de muchos elementos políticos españoles no catalanes en la subversión de aquellas provincias», aludiendo a Azaña y sus asesores. Precisamente Azaña acababa de ser arrestado en Barcelona. Se acordó restablecer la pena de muerte por un año para delitos graves de sedición y asesinato.

Los planes insurreccionales esperaban el apoyo de la aviación, pero esta, tras dos días de pasividad, se empleó contra los rebeldes de Asturias, con eficacia muy relativa por la escasa precisión de los bombardeos. Ante los aviones, los rebeldes ocultaban en túneles los trenes con suministros e intentaron cursar telegramas de protesta por las «atrocidades de la aviación» al gobierno, a la Sociedad de Naciones y a la Liga de Derechos Humanos. Pero ellos mismos habían cortado los telégrafos.

El día 10 llegaban en el crucero Cervantes las tropas de África enviadas por Franco, mucho mejor adiestradas que las de reemplazo, y liberaban Gijón. A su vez, López Ochoa abandonaba Avilés y con 180 soldados avanzaba sobre Oviedo. En el sur, parte de las tropas habían quedado aisladas, pero les llegaron dos batallones de refuerzo. Los jefes insurrectos sabían ya que la insurrección estaba derrotada fuera de Asturias, pero decidieron seguir la lucha, esperando que su persistencia volvería a encender la rebelión. Al mismo tiempo mantenían la moral difundiendo noticias falsas entre los mineros, afirmando que la revolución se extendía y triunfaba en casi todas partes. En Oviedo solo resistían cuatro reductos sometidos a un asedio constante con fusiles, artillería y dinamita.

En Francia, la Komintern llamaba «a los trabajadores del mundo y a la Internacional Socialista» a actuar conjuntamente «en apoyo del proletariado español». Era un primer indicio del abandono de la estrategia anterior, según la cual los socialistas eran en realidad «socialfascistas». El cambio de actitud provenía del triunfo nazi en Alemania, el cual, aparte de haber destruido al partido más fuerte de la Komintern, suponía una amenaza directa para la URSS. Pero ahora le convenía enfrentar a unos contra otros, y atraerse tanto a los «socialfascistas» como a «los imperialistas franceses e ingleses». Así, la solidaridad internacional con los insurrectos españoles constituía una buena ocasión para dar un primer paso en ese sentido.

El día 11 sería el decisivo en Asturias. Los intentos desesperados de aplastar la resistencia en la Catedral y demás reductos fracasaban, y la columna de López Ochoa llegaba al cuartel de Pelayo amenazando con fusilar prisioneros y haciéndolo con algunos. Y desde Gijón, 2.000 soldados de la Legión y Regulares al mando del teniente coronel Yagüe marchaban a su vez sobre Oviedo. Ese día se reunió el Comité Regional insurrecto y, entre agrias disputas, acordó abandonar las posiciones. El Comité de Oviedo huyó a la una de la noche; el de Mieres decide hacerlo una hora más tarde. «Tres camaradas y yo tomamos un coche (…) con el fin de ganar la frontera portuguesa. No nos falta dinero (…). Inquiero (…) si han salido ya los demás componentes del Comité. Me dicen que están decididos a salir, pero que pensaban apoderarse de algunas pesetas en el Banco Herrero y que eso les retrasaría un poco», informa uno de los testigos más concienzudos, Manuel Grossi, comunista afecto al Bloque Obrero y Campesino. Este BOC daría lugar al POUM, masacrado tres años más tarde por el PCE estaliniano.

Los comunistas denunciaron «la traición de determinados líderes socialistas». La víspera, los socialistas habían reventado las cajas del Banco de España en Oviedo, llevándose 14 millones de pesetas, algo así como 20 millones de euros. El más partidario de huir era González Peña. Un líder anarquista, José María Martínez, fue asesinado de un balazo, se supuso que por socialistas o comunistas.

Y tratando de aprovechar la situación, los conspiradores monárquicos se movieron para intentar un golpe de Estado: recogerían a Sanjurjo, exiliado en Portugal, y lo llevarían a Oviedo, desde donde, encabezando a las tropas de Yagüe, tomarían el poder. Creían que la ocasión era excelente, pero Franco se opuso, frustrando el golpe. Según uno de sus promotores, Ansaldo, que había organizado la «Falange de la sangre», siendo luego expulsado por José Antonio, se perdió una gran ocasión de evitar la guerra que iba a reanudarse año y medio después.

El día 12 los comunistas y algunos socialistas improvisaron un nuevo Comité para resistir, tachando de «traidores, de canallesca traición» la fuga del anterior comité «con grandes cantidades de dinero». Muchos desertores fueron detenidos y alguno a punto de ser fusilado. Según explicaría más tarde González Peña, en la noche del día 11 estaba junto con otros esperando en un cruce de carreteras a un coche que portaba un saco de dinero procedente del asalto al Banco de España. «El dinero fue repartido, sin contarlo». Él y otros trataron de huir hacia Portugal, pero los mineros disconformes les averiaron el coche a tiros. Se dispersaron y quedó solo González, con otro que «me aconsejó no diese la vuelta, pues había oído decir poco antes en Trubia que por haber abandonado el movimiento habían dado orden de perseguirme los mismos compañeros, y podía peligrar mi vida». Cerca de Grado lo detuvieron unos correligionarios y le quitaron «1.600 pesetas junto con el reloj y una pluma estilográfica (…) que me han dicho que he tenido gran suerte de caer en sus manos, pues de lo contrario me fusilarían ya que estaba considerado como traidor». Tuvo que vagar por los montes hasta recalar en casa de una viuda muy religiosa, donde semanas más tarde fue capturado por la Guardia Civil, justo cuando tenía preparada la fuga por mar.[235]

Sin embargo, en los días siguientes el nuevo Comité no pudo presidir «más que anarquía y represalia (…). Se recrudecieron los saqueos y la indisciplina. La dinamita (…) se utilizaba sin ton ni son, por simple afán de destruir. La revolución había enloquecido y se lanzaba vertiginosamente hacia el caos».

El día 14, de madrugada, Largo Caballero era finalmente localizado y detenido en su domicilio de la Dehesa de la Villa. Tras la disputa con Prieto se había ocultado en un piso del barrio de Salamanca, de donde salió a los tres días y finalmente se había refugiado en su propio domicilio, con su mujer e hijos. Allí fue trasladado en ambulancia por un médico afín: «El doctor, con su bata blanca, cuidando del pobrecito enfermo (…). La glorieta de Cuatro Caminos estaba ocupada militarmente (…). Pensando en la confianza que habíamos depositado en algunos elementos militares, creí que iba a ponerme verdaderamente enfermo. Seguí en casa recibiendo a mi enlace», para intentar coordinar todavía algunas acciones.

Los guardias de asalto que rodearon su casa se dieron a conocer y, versallescamente, aguardaron media hora a que les abrieran la puerta, dando tiempo a la destrucción de documentos. Poco después le interrogó un coronel juez instructor:

—¿Es usted el jefe del movimiento revolucionario?

—No, señor.

—¿Cómo es posible, siendo presidente del Partido Socialista y secretario de la Unión General de Trabajadores?

—¡Pues ya ve usted que todo es posible!

—¿Qué participación ha tenido usted en la organización de la huelga?

—Ninguna.

—¿Qué opinión tiene usted de la revolución?

—Señor juez, yo comparezco a responder de mis actos, y no de mis pensamientos.

—¿Quiénes son los organizadores de la revolución?

—No hay organizadores. El pueblo se ha sublevado en protesta por haber entrado en el gobierno enemigos de la república…

Así recuerda el propio Largo su interrogatorio, sin duda no menos versallesco que el del resto del Comité, según Carrillo. Pero los jueces se mostrarían aún más versallescos cuando, meses después, liberaran a Largo «por falta de pruebas». Lo cual aprovecharía Carrillo para exigir el mismo trato.[236]

El informe judicial concuerda con lo anterior. Largo se habría enterado de los sucesos «por la radio» sin haber salido nunca de su casa, y sus discursos «no eran revolucionarios, ni él tenía por qué hablar del movimiento, al cual no condenaba ni aplaudía, y que su influencia en el PSOE era nula». El «fascismo» parecía haberse contagiado de una epidemia con foco en Versalles.

Franco, muy preocupado por resolver la situación cuanto antes, movilizó una nueva columna desde Vizcaya al mando del coronel Solchaga, y ordenó al coronel Aranda cerrar con grupos de ametralladoras todas las salidas y pasos de la zona insurrecta. El día 13 los rebeldes en retirada incendiaron los almacenes Simeón, un colegio religioso, el edificio de la universidad, que albergaba pinturas de autores célebres y otras obras de arte, y una biblioteca de 80.000 volúmenes, muchos de ellos antiguos, y que se perdieron en gran parte. Venían siendo incendiados el café Niza, el Hotel Inglés, librerías y varios edificios más, el restaurante Tuto, la joyería, la casa Singer, la Casa de Aparatos eléctricos, el Banco Asturiano, el hotel Covadonga, el edificio España, la Audiencia…

Un tercer Comité emitía proclamas como esta: «Camaradas, ha llegado el momento de hablar claro. Ante la magnitud de nuestro movimiento, ya triunfante en toda España, os recomendamos un último esfuerzo». Otro de sus llamamientos circulaba esta consigna: «Sepamos, antes que entregar la ciudad al enemigo, confundir a este entre sus escombros, no dejando piedra sobre piedra». «Si no es pa’ nosotros, que no sea pa’ nadie». El 14, los revolucionarios evacuaron finalmente Oviedo, que ofrecía un espectáculo dantesco de ruinas e incendios. Franco sustituía a Bosch por el más resolutivo general Balmes, amigo personal suyo. López Ochoa manifestaba celos por la primacía de Franco y ordenó a Balmes paralizar su ofensiva, mientras liberaba a los detenidos masones. Yagüe no quería obedecerle, y discutiendo con él, «llegué a echar mano de la pistola, ya sin seguro». López Ochoa dirá: «Le juro que le hubiera pegado dos tiros antes de que él sacara el arma».

El día 15 se reunieron en Bruselas dirigentes de la Komintern y de la Internacional Socialista. El comunista M. Cachin planteó una acción conjunta para «ayudar a la gran revolución española», con mítines, huelgas, manifestaciones, exigencias a los parlamentos para que protestasen por «las bárbaras ejecuciones de que es víctima el pueblo español»; y una ayuda material inmediata a los rebeldes. «Si afirmamos que las dos internacionales están dispuestas a entrar en lucha para defender a nuestros camaradas españoles (…) sería un gran hecho histórico».

Los socialistas, escamados ante las tácticas comunistas, no acababan de entrar por el aro, y varios de sus partidos rehusaban comprometerse en un movimiento que claramente de dirigía contra un gobierno democrático y legal. Pero el ambiente emotivo creado al respecto les impedía adoptar una actitud clara, de modo que se zafaron aludiendo a diferencias internas en su Internacional. De modo que la unidad de acción no llegó a producirse, pero aquellos contactos fructificarían semanas más tarde en una campaña masiva internacional contra supuestas atrocidades en Asturias achacadas al gobierno de Lerroux.

Todavía el 16 circulaban llamamientos explosivos: «Nuestra revolución sigue su marcha ascendente (…). Organizamos sobre la marcha el Ejército Rojo». Pese a sus proclamas, el último Comité, formado en Sama, se ocupó sobre todo de negociar la rendición. El día 19 Yagüe ocupaba sin esfuerzo Trubia, mientras Balmes iniciaba su ofensiva, que debía tomar en tenaza los valles mineros, que se aprestaban a ocupar las tropas de Yagüe tras haber liberado Oviedo. Pero ambas operaciones fueron congeladas por López Ochoa, que pactó con Belarmino Tomás, otro jefe de la insurrección y masón como él. Tomás alardeó de tener dinamita bastante para retrasar durante meses el avance de las tropas. López pidió la entrega de las armas y de una parte de los comités; Tomás accedió solo a liberar a los prisioneros y recomendar que se entregasen las armas. Finalmente López renunció a la entrega de miembros de los comités, conformándose con el cese inmediato del hostigamiento a las tropas y aceptando que en la zona minera no entrasen las tropas de Yagüe. Las versiones de López y de Tomás son básicamente coincidentes: hubo un ambiente «bastante cordial».

Tomás volvió a Sama para explicar la situación a los mineros, terminando por arengarles: la capitulación era solo momentánea, «subsanaremos nuestros errores (…) procurando al mismo tiempo organizar nuestra segunda y próxima batalla».

Yagüe consideró el pacto entre López y Tomás como una humillación para sus tropas, que habían llevado el peso de las operaciones, y pensaba que la complacencia con los insurrectos permitiría a estos recobrar la moral, con lo que se había derramado sangre en vano. El Comité se despidió con un manifiesto que explicaba la capitulación como «una tregua en la lucha», «un alto en el camino».

Al día siguiente, las tropas ocupaban pacíficamente los valles, y los líderes rebeldes se fugaban. Solo fueron devueltas 4.100 armas, quedando escondidas la mayoría. Para recuperarlas, así como el dinero robado en los bancos, fue nombrado el comandante Lisardo Doval, de la Guardia Civil, que obtendría un éxito considerable pero ni mucho menos completo.

Josep Pla analizaba: «No creo que en la historia de las revoluciones fracasadas de Europa haya un precedente tan enorme como Oviedo. Es la política la que ha hecho posible esta hecatombe». Para evitar su repetición había que «darse cuenta de ello, seguir la cosas con seriedad y prescindir de superficialidades y de optimismos sin ton ni son».[237]

29
DON NICETO OBSTRUYE AL GOBIERNO Y EL PSOE RECOBRA LA INICIATIVA

La guerra civil declarada por el PSOE y el separatismo catalán solo se mantuvo durante dos semanas, pero sus daños fueron muy graves: casi 1.400 muertos y 3.000 heridos, según el balance oficial; la mayor parte en Asturias, pero también 107 en Cataluña (78 en Barcelona), 40 en Madrid y números parecidos en Vascongadas. León, costó 15, pero hubo muertos hasta en la mitad de las provincias. Al menos 150 civiles, entre religiosos, empresarios y derechistas, habían sido asesinados. Los daños materiales ascendieron a 935 edificios destruidos o seriamente dañados, incluyendo 58 iglesias, 26 fábricas y 63 edificios públicos. Algunos de estos tenían gran valor artístico o histórico, como la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, una de las principales joyas del románico español, la Torre-Palacio de Salazar, en Portugalete, incendiada con una valiosa biblioteca y colección de pinturas, o la Universidad de Oviedo, con su biblioteca seriamente dañada. Aparte estaba una cuantiosa suma de dinero «expropiada» por los socialistas, de la que la Guardia Civil recobraría algo más de la cuarta parte, sirviendo el resto para financiar la prensa del PSOE, la campaña electoral de año y medio más tarde y la fuga de algunos dirigentes.

Pero los daños políticos eran aún mayores: prácticamente toda la izquierda había participado o apoyado moralmente la insurrección contra un gobierno democrático, lo que hacía prácticamente inviable la democracia en la república, a menos que aquellos partidos cambiasen radicalmente de actitud, previa la punición correspondiente. El día 19, en La Vanguardia señalaba Gaziel: «Se ha terminado la república del 14 de abril (…). Y se da el caso portentoso (…) de que la Constitución ha sido desgarrada y pisoteada por los mismos que la votaron y los encargados ahora de su custodia son los mismos que la combatieron».

El Debate pedía «ni más ni menos que cumplir la ley. La revolución está vencida, pero no liquidada. Si los (…) criminales que han manchado con salvajadas nuestro país dejaran de ser castigados con ejemplaridad y justicia, los trágicos días pasados serían solamente el preludio de la gran jornada». Pero ¿hasta dónde podría llegar el cumplimiento de la ley? Un gobierno fascista habría pasado a aniquilar los partidos golpistas, y otro democrático pero menos «versallesco» que el de Lerroux los habría ilegalizado al menos por un periodo. En cambio, el gobierno optó por la peor solución: las organizaciones guerracivilistas siguieron actuando en la legalidad, sus órganos fueron suspendidos por unos meses, durante los cuales reaparecieron con otros nombres haciendo apología de la pasada insurrección y atacando al gobierno. Para empeorarlo, fueron detenidos casi quince mil rebeldes de todos los niveles con pretensión de juzgarlos, lo que permitía a los partidos denunciar durante meses «la represión».

Pero sería el presidente Niceto Alcalá-Zamora quien agravaría aun más las cosas extralimitándose en sus atribuciones. Las primeras condenas a muerte fueron para Pérez Farrás, masón y separatista, y otros dos militares golpistas en Barcelona. Inmediatamente se desató una campaña pidiendo el indulto, con el cardenal Vidal i Barraquer, Cambó y otros personajes en primera fila. Don Niceto estaba resuelto a concederlo, arguyendo que con el ridículo que habían hecho estaban ya liquidados, y que su ejecución crearía mártires. Como presidente, tenía potestad para ello siempre que el gobierno y el Tribunal Supremo lo propusieran, cosa que ninguno tenía intención de hacer. Entonces don Niceto se volcó en un verdadero chantaje al ejecutivo, transgrediendo sus competencias y jugando con unos y otros ministros, como había hecho antes contra Lerroux.

Gil-Robles estaba desesperado, bien consciente de que el indulto a Pérez traería consigo los demás en cascada: «Si nos sometíamos a la coacción presidencial, quedaría impune el movimiento sedicioso (…) y la sangre derramada sería solo precursora de mayores y más tremendas desgracias (…). El gobierno que se doblegase a las presiones del señor Alcalá-Zamora quedaría destrozado moralmente». Y porque los partidos derrotados no daban la menor señal de cambiar de postura, sino lo contrario. Por otra parte, el presidente tenía en sus manos el arma de la disolución de las Cortes y nuevas elecciones de salida incierta. El Debate señalaba: «No son los revolucionarios los que, en fin de cuentas, ocasionan la ruina de los Estados, sino los Poderes débiles». En posición tan apurada, Gil-Robles sugirió a los generales Goded y Fanjul que él no se opondría «si el Ejército hiciera saber al presidente su firme deseo de impedir que se vulnerara el código fundamental de la nación». Pero el ejército estaba muy dividido, y los generales se inhibieron, por consejo de Franco.[238]

Así que don Niceto se salió con la suya, y el 5 de noviembre proponía el indulto para 21 responsables, aunque aceptó la ejecución de dos personas sin importancia política, lo que a la imagen de flaqueza transmitida a la opinión pública se sumaba la de injusticia.

El mismo día 5 las Cortes debatieron las responsabilidades de la guerra. Gil-Robles reafirmó su oposición a los fascismos y su distanciamiento del liberalismo en crisis, y pidió a la Cámara un voto de confianza. Propuso medidas sociales que calmaran las tensiones revolucionarias y sindicales, y llamó a socialistas y a izquierdas a volver al Parlamento «sin pretexto» y «cuanto antes». Con cierta incoherencia pidió clarificar responsabilidades «caiga quien caiga» y vaticinó con temeridad: «Estas Cortes durarán mucho tiempo». El monárquico Goicoechea se extrañó de la moción de confianza, pidió justicia y denunció la desigualdad de la ley entre los meros ejecutores y los jefes revolucionarios; y advirtió que las medidas sociales no iban a calmar nada. Melquíades Álvarez, antiguo izquierdista y exjefe político de Azaña, que, como Lerroux, se había moderado desde su participación en la huelga revolucionaria de 1917, evocó la Comuna de París de 1871, con la que la izquierda internacional comparaba elogiosamente lo ocurrido en España: «Thiers (…) cuando presenció los horrores de la Commune (…) fusiló y fusiló produciendo millares de víctimas. Con aquellos fusilamientos salvó la república, salvó las instituciones y mantuvo el orden». Cambó pidió el cumplimiento de las penas, porque España era el país de las amnistías y preconizó «la floración intensa de un patriotismo afirmativo».

Fue Calvo Sotelo quien habló con más dureza: «El entusiasmo de ayer se ha trocado en desesperanza (…). Los elementos revolucionarios se están rehaciendo espiritual y moralmente a marcha vertiginosa», y con «altas protecciones». «En pleno estado de guerra se difunde una prensa clandestina que ataca con prosa soez al gobierno (…). El gobierno no tiene poder para impedir que se levante frente a él otro poder clandestino e ilegal». Secundó a Melquíades Álvarez: «La república francesa vive, no por la Comuna, sino por la represión de la Comuna. Aquellos fusilamientos aseguraron sesenta años de paz social». «Hay que suprimir la lucha de clases, como hecho y como propaganda», y negó futuro a la Constitución.

Finalmente propuso: «Si hay cuarenta y nueve diputados que asocien su firma a la mía se presentará una petición de discusión para acusar por responsabilidades políticas y criminales al jefe del Estado, que ha infringido la Constitución y ha pisoteado el espíritu representado por esta Cámara». Su intervención tuvo gran efecto psicológico, pero no político, pues la CEDA y los radicales, aunque expresaron críticas parejas, prefirieron no llevarlas a sus consecuencias.

En resumen, las derechas y el centro, unidos y entusiastas en octubre, se encontraban desconcertados y divididos, fundamentalmente por la acción de don Niceto, «uno de los más graves peligros para la paz en España», según Gil-Robles. Desde el punto de vista revolucionario, Vidarte expresará: «Tuvimos un poderoso auxiliar, don Niceto Alcalá-Zamora».[239]

Juan Simeón Vidarte fue uno de los jefes socialistas que, pese a su profunda implicación en aquella guerra civil, había quedado libre. Y fue también el principal organizador de una campaña-monstruo contra la represión y de denuncia de «las atrocidades de Asturias» achacadas al gobierno. Enseguida visitó a Largo en la cárcel para organizarla junto con otros líderes en libertad, como Fernando de los Ríos, Anastasio de Gracia, Negrín, Manuel Cordero, María Lejárraga y otras diputadas. Vidarte pudo actuar abiertamente y sin el menor obstáculo, cosa que su correligionario Amaro del Rosal atribuye a la protección «del triángulo masónico».

Fernando viajó con Negrín a Asturias y, dice, volvió «con los nervios destrozados» por los asesinatos, torturas «inhumanas», «nunca vistas», «de brutalidad inconcebible» perpetradas por los agentes del gobierno. Y de inmediato comenzaron las denuncias fuera de España, donde aseguraban al público extranjero que «las masas se levantaron para evitar el fascismo en España». «La Masonería, la Segunda Internacional, la Liga de los Derechos del Hombre, informaban al mundo de los crímenes cometidos por el fascismo español. Los partidos socialistas y comunistas del mundo entero enviaron al gobierno español sus más enérgicas protestas. Vincent Auriol organizó, con el presidente del Partido Socialista Belga, Émile Vandervelde, una campaña internacional». Se fundaron asociaciones como Amis de l’Espagne, con figuras conocidas como André Gide, Henri Barbusse o Georges Duhamel a fin de «explicar al mundo la verdad de Octubre, sus causas y consecuencias». Otra organización muy activa fue el «Comité de Socorro a las Víctimas del Fascismo» dirigido por Willi Münzenberg, auténtico genio de la propaganda estaliniana. Fernando de los Ríos, con cierto prestigio intelectual en el exterior, fue allí especialmente activo. Dentro de España «se movilizaron el Grande Oriente Español y la Gran Logia Española». Vidarte concluye: «Estábamos satisfechos».[240]

Vidarte y los suyos no solo presionaban por las alturas, sino, y aún más, con agitación de masas: mítines, reparto de octavillas, manifestaciones y carteles desde San Francisco a París. En esta ciudad podía verse un cartel pegado por las fachadas: «España en sangre. Mujeres y niños degollados. Cinco mil trabajadores muertos. Heridos torturados. Ocho mil heridos. Setenta mil prisioneros políticos (…). Ciudades destruidas por la artillería, la aviación y los cruceros». Otros carteles pintaban a multitudes de obreros desarmados y de mujeres con niños en brazos, enfrentándose o huyendo de guardias civiles que, en filas, disparaban a mansalva. En España se llamaba al gobierno «taifa de ladrones y asesinos» con «sed de sangre proletaria». Un folleto clamaba: «Cataluña y España (sic) tienen que conocer el vandalismo satánico de un gobierno a cuyo frente está Al. Lerroux (…) el traidor, el Judas de la clase obrera».

La propaganda no dejaba de caer en contradicciones, cuando en los mismos panfletos podían leerse cartas de los presos en Asturias, supuestamente torturados con ferocidad nunca vista: «Nos encontramos bien de salud, sobra, además, de alegría y una fuerte dosis de euforia». Un preso señalaba: «La moral era altísima, casi religiosa, medieval. Todo el mundo hablaba de la segunda vuelta, de la segunda revolución, que ahora sí triunfaría». Amaro del Rosal, también detenido, explicará: «Las horas de visita, inolvidables, en todas las cárceles representaban verdaderos momentos de agitación y propaganda que cada día se extendía por todos los barrios del Madrid popular y republicano, pero también por los de la pequeña burguesía, así como por la universidad y centros docentes. El mismo fenómeno se registraba en las demás capitales».[241]

González Peña era aclamado como un héroe. Araquistáin lo elogiaba como «técnico en la guerra civil», «hombre simbólico de la revolución, cuya cabeza pide a gritos una burguesía aterrada y vengadora (…). Desde los tiempos de la Inquisición, jamás el fanatismo católico, doblado esta vez de sevicia capitalista, había dado en España un espectáculo tan repulsivo de barbarie sanguinaria». Vidarte inventa este cuento: el comandante Doval, de la Guardia Civil, trataba de obtener delaciones para capturarlo, pero «aquellos bravos mineros se dejaban arrancar las uñas de los pies y de las manos —uno de los placeres favoritos de Doval—, quemar los ojos o los testículos, o soportaban que les colgasen de estos pesas de varios kilos, hasta dilatárselos monstruosamente, antes que delatar a su jefe». Ante tal heroísmo, el coronel Aranda tuvo «una idea genial, ¡monstruosa! Mandó detener a centenares de mujeres —esposas e hijas de mineros— e hizo correr la voz (…) de que si no se presentaban los guerrilleros, sobre todo González Peña, todas ellas serían entregadas a los legionarios y moros. Al enterarse, Peña se presentó a los guardias de asalto en Ablaña, el 3 de diciembre. Llevaba luchando (…) en las montañas más de cincuenta días».

Sabemos qué ocurrió en realidad, por confesión del propio González. Si huyó por las montañas fue para escapar de sus correligionarios que querían fusilarle como traidor, después de ser el primero en proponer la fuga general; y lo detuvo la Guardia Civil, que no se entregó a los de asalto. Los relatos eran pura fantasía, pero el gobierno se veía impotente para frenar aquella agitación histérica y desenfrenada. En El derrumbe de la república y la guerra civil[242] estudié con detenimiento la campaña, que en conjunto puede decirse que fue un amasijo de exageraciones, calumnias y puras invenciones como las señaladas, contradictorias con frecuencia. Su falsedad quedó demostrada por su oposición a plantear el asunto en las Cortes. Un año y medio más tarde, las «atrocidades de Asturias» servirían de eje a la campaña electoral del Frente Popular, con promesa de investigarlas desde el poder, cosa que se guardaron mucho de hacer, pese a las exhortaciones de la derecha a cumplir dicha promesa.

Pero entretanto la campaña por las atrocidades consiguió el efecto psicológico y político de sacar a socialistas y separatistas del banquillo de los acusados y elevarlos al estrado del fiscal, contribuyendo al desánimo y división de los vencedores, ya neutralizados por don Niceto.

Aún más importante es entender la repercusión histórica de la campaña: su influencia fanatizadora sobre amplias masas. La insurrección había fracasado por varias causas, pero quizá la más importante había sido que, salvo en la cuenca minera asturiana, la inmensa mayoría había desoído los llamamientos a las armas, dejando aislados a los milicianos y activistas. Sin duda existía en el país una gran crispación creada por el PSOE y la Esquerra tras las elecciones de noviembre del 33, pero de la crispación a la guerra civil mediaba aún un trecho. Cuando la guerra se reanudase, en julio de 1936, los odios y fanatismos habían alcanzado un grado incandescente, que explica bien la ferocidad de las represiones. Y esa ferocidad provino en alta medida, debe insistirse, de aquella campaña monstruo realizada por los socialistas con amplia ayuda de su internacional, de comunistas y de la masonería internacional.

Un indicio de flojedad analítica de la historiografía nacional y extranjera sobre estos sucesos, es que ha aceptado unas falsedades que el mero examen crítico echa por tierra, y ha sido incapaz de entender sus repercusiones sociales y políticas. Es indudable que tal capacidad para mentir y calumniar refleja cierta enfermedad moral, que se explica teniendo en cuenta que en el marxismo, como aclara el Manifiesto comunista, no hay verdades morales objetivas, pues las ideas morales servirían a los intereses «de clase». A los socialistas les era lícito realizar campañas como aquella, debido a que representaban los intereses de la clase obrera. Representación que la experiencia histórica hace más que discutible.

En cualquier caso, con la insurrección, las intromisiones de Alcalá-Zamora y la campaña sobre las atrocidades, que impedía un cambio de actitud en los derrotados, la república había recibido una herida mortal, de la que ya no lograría curarse, como demostrarían los sucesos posteriores.

30
PRIMERA MITAD DE 1935: EL PSOE SE DIVIDE Y AZAÑA RESURGE

Aun con el éxito de las campañas contra el gobierno, la derrota de octubre no dejó de suscitar divisiones en el PSOE. Ante todo, parecía la hora de Besteiro, que con tanta lucidez había advertido contra la vía guerracivilista. El diario El Sol lo elogiaba como el hombre que debía orientar al PSOE en adelante, y Lerroux lo presentó como adalid del «verdadero socialismo», sin el cual sería inviable la república.

Para defender la línea moderada, Besteiro publicó su propio órgano, titulado intencionalmente Democracia. Sin embargo, topó dentro del partido con el odio y el desprecio extremos de las demás facciones, que, en fuego cruzado, le acusaban de colaborar con la «reacción», de lacayo de «la represión de Asturias». Las Juventudes, el sector más bolchevique, lo vituperaban como traidor: «Después de ahogada la revolución, los reformistas pretenden caer sobre las organizaciones sindicales como grajos sobre un cadáver. Todos los medios son lícitos. Los militantes están encarcelados (…). La burguesía les aplaude y les ayuda». Ante ataques de ese jaez, Besteiro y los suyos, intimidados, tuvieron que batirse en retirada.[243]

Si cabía extraer una lección democrática de la derrota, también cabía extraer la opuesta, como exponía el líder juvenil Serrano Poncela, complicado más tarde en la matanza de Paracuellos: «Lo único que se desprende de la situación política es la debilidad de la burguesía (…) octubre no significó un fracaso ni un retroceso. Cuando menos un intento de avance total convertido en avance parcial (…). La actual situación política no puede ser más optimista», debido a que «todo está igual. Salvo la prohibición de editar el órgano central del partido, el resto de las posibilidades de (…) propaganda funcionan. Prensa en provincias. Casas del pueblo abiertas, facilidad para celebrar asambleas».[244]

No podía ser más complaciente el «fascismo español»… en el cual no creían los jefes del PSOE. En junio de 1933, Largo había expuesto a sindicalistas de la Organización Internacional del Trabajo: «En España (…), no hay peligro de que se produzca ese nacionalismo exasperado (…). No hay un Ejército desmovilizado (…). No hay millones de parados que oscilen entre la revolución socialista y el ultranacionalismo (…). No hay nacionalismo expansivo ni militarismo (…). No hay líderes». En abril de 1934, ya preparando la insurrección, Araquistáin, su inspirador intelectual, escribía en la revista useña Foreign Affairs: en España, al revés que en Alemania o Italia, «no existe un ejército desmovilizado (…). No existen cientos de miles de universitarios sin futuro, no existen millones de parados. No existe un Mussolini, ni siquiera (sic) un Hitler; no existen ambiciones imperialistas ni sentimientos revanchistas (…) ¿A partir de qué ingredientes podría obtenerse un fascismo español? No puedo imaginar la receta». Y «en el siglo XX, cuando una monarquía cae, cae para siempre».

No obstante, el «antifascismo» constituía el nervio de la agitación y propaganda socialistas, con el objeto evidente de soliviantar a las masas y forzarlas a moverse contra un fantasma. El objetivo era destruir la república «burguesa» e instalar una «dictadura proletaria», es decir, del propio PSOE. A ese fin, pintar al fascismo como un ogro que amenazaba con asesinar y esclavizar a los «trabajadores», era una táctica eficaz, porque simultáneamente disimulaba el propósito del PSOE, tratando de confundirlo con las supuestas «conquistas de la república». Esa táctica camaleónica la iban a aplicar con mayor maestría los comunistas, hasta entonces un partido demasiado pequeño, pero disciplinado y combativo, y que iba adquiriendo influencia creciente.

Una razón por la que los comunistas ganaron prestigio fue por exigir al PSOE que reconociese públicamente su responsabilidad en la insurrección, mostrándose los comunistas dispuestos a asumirla en otro caso. Pues el PSOE seguía el acuerdo tomado en vísperas del movimiento: pretenderse ajeno a un «movimiento espontáneo» de las masas, falsedad demasiado evidente y que no le ganaba mucho respeto.

Barrida por segunda vez la oposición besteirista, se enconaron en cambio las disensiones entre Prieto y Largo. El segundo dominaba fuertes organizaciones del partido, los sindicatos y las juventudes, y apoyaba la bolchevización del partido, así llamada en el folleto de la juventudes Octubre, segunda etapa. ¿Por qué, se preguntaba el folleto, habían perdido los revolucionarias pese a ser su organización «infinitamente superior» a la de las castas «reaccionarias»? Por insuficiente unidad obrerista, debido a las reticencias de la CNT y el PCE, a la traición de los reformistas (Besteiro), a la inconsecuencia de la minoría parlamentaria socialista… y a que el «centrismo», como llamaban a la posición de Prieto, subordinaba los intereses proletarios a los de la pequeña burguesía (por la amistad de Prieto con Azaña). Por consiguiente, «la preparación insurreccional no puede ser abandonada sino, por el contrario, intensificada». La UGT debía someterse «con disciplina férrea y subordinación absoluta» al partido. Y las organizaciones debían depurarse del lastre reformista o centrista.[245]

Prieto, desde Francia, replicó en su periódico bilbaíno El Liberal, recurriendo al sentimentalismo: le dolía mucho que le hubieran llamado «traidor» y recurría a las emociones por los presos: «Ante todo y por encima de todo me interesa la amnistía». «No me perdonaría nunca, política ni personalmente, el que por no haber agotado todos los recursos a nuestro alcance para obtener la amnistía la hubiésemos diferido o imposibilitado». Y ciertamente le importaba, porque él mismo se hallaba en rebeldía ante la justicia. Lo cual le hacía protestar por su «indefensión»: si no volvía a España no era por huir de los tribunales, sino por «razones médicas», ya que «los seiscientos metros de altitud de Madrid le serían fatales». A tales cimas llegaba la burla a la «represión fascista». Más doctrinal, opuso contra la bolchevización las tradiciones «creadas por aquel hombre indiscutible y adorado que se llamaba Pablo Iglesias», y capitalizó la figura de González Peña, que se había vuelto muy poco revolucionario. Asimismo denigró a Largo y los suyos por «cultivar la flor exótica del caudillismo», asegurando que en el PSOE «no hubo, ni hay ni habrá jefe». En aquellos momentos había dos, y enfrentados.

La posición política de Prieto consistía en promover «un extensísimo frente electoral, que comprendiendo a todos los sectores obreros que en él quieran entrar, abarque también a elementos republicanos». Nadie pensaba en elecciones inmediatas, pero con ello y la amnistía desviaba la cuestión del terreno de principios en que la planteaban sus contrarios, y explotaba las facilidades legales que el gobierno seguía ofreciendo al PSOE.

Para socavar a Largo, Prieto fomentaba que los suyos lo denigrasen como irresponsable y falto de valor; aireó su dimisión pocos días antes de la insurrección ocultando que se había debido a maniobras del mismo Prieto, y difundió una carta de asturianos presos en la que, sin nombrarle, descalificaban a Largo por «anemia mental», «puerilidad» y manías de «revolución permanente». Largo respondía con amargura: «Envenenan las conciencias de manera falaz y cobarde, por medio de misivas a los presidios». Ambos se acusaban de infamias y calumnias.

Prieto tenía la ventaja de estar libre, aunque en el exterior, y de disponer de cuantiosos fondos robados en Asturias; pero Largo retenía gran parte de su prestigio. Además, la prisión no le perjudicaba demasiado, pues tan solo había pasado un mes de la insurrección cuando «la cárcel de Madrid, aunque parezca paradójico, fue el centro de dirección política y de organización más importante de la España democrática», dice Amaro del Rosal, para quien democracia era sovietismo. Ello fue posible por «la comprensión, sentimientos democráticos y liberales del director de la prisión, señor Elorza», el cual sería fusilado por los nacionales tras reanudarse la guerra civil en 1936.[246]

La fobia entre ambas corrientes arreció. Vidarte trató de reconciliarlos hablando con Largo en la cárcel, pero fue en vano. Se dibujaba la sombra de una escisión en el partido y se hablaba de un congreso para decidir.

Tras los sucesos de Casas Viejas y el desastre electoral de 1933, Azaña se había sumido en el descrédito. Había presionado dos veces a Alcalá-Zamora en pro de un golpe de Estado e intentado otro con la Esquerra y los socialistas, anulado por Largo; había colaborado en las provocaciones desestabilizadoras de la Esquerra y el PNV; los preparativos de guerra civil de la Generalidad habían contado con el asesoramiento de militares afectos a él; y al declararse la insurrección, su partido, Izquierda Republicana, no solo había roto públicamente con las instituciones, sino amenazado con recurrir «a todos los medios» para derrocar al gobierno, amenaza que no habría podido hacer sin autorización de su jefe. También había amparado clandestinamente a revolucionarios portugueses en la organización de algunos atentados terroristas en el país vecino.

Durante los sucesos de octubre, Azaña había sido apresado en Barcelona y sometido a proceso, que podría haberle rematado políticamente, sin embargo ocurrió lo contrario: de allí renació como gran personaje del régimen. Había material en principio suficiente para incriminarle, pero consiguió «escurrir el bulto» por así decir, aprovechando la ignorancia de algunos hechos, la inseguridad de algunas pruebas y el escaso celo del tribunal. De modo que su proceso fue sobreseído a los dos meses, el 28 de diciembre. Él alegó que su estancia en Barcelona aquellos días cruciales de octubre se debía a haber asistido al entierro de su exministro de Hacienda, Carner, ampliado luego como un pequeño asueto, declaración que debió de convencer a unos jueces por demás versallescos.

No les fue tan bien a Companys y los suyos, pese a que su juicio, comenzado el 25 de mayo en el Tribunal de Garantías Constitucionales, tuvo mucho de opereta bufa. Los inculpados alegaron, como los socialistas, no haber sido ellos, sino «el pueblo» el autor de la rebelión al sentirse amenazado por el gobierno. La furibunda agitación por la Ley de Contratos de Cultivo había sido espontánea. La huelga, impuesta incluso pistola en mano por elementos de la Generalidad desde el 5 de octubre pasado, había sido una reacción «espontánea de todo el elemento obrero de Cataluña». ¿También de los obreros anarquistas, que se habían opuesto? «Siempre hemos tenido noticias de que esa agrupación (la FAI) estaba en combinación con los monárquicos». La desobediencia a la orden de los jueces de buscar armas poco antes del golpe se debió a que «nos causó extrañeza la medida (…) por la desconfianza que entrañaba». Tal descaro no lo habría superado el mismo Prieto.

¿Entonces no había habido rebelión? No, solo la orden defensiva de «rechazar por las armas a todo el que atacase el Palacio de la Generalidad». ¿Quién había dado la orden? Ninguno lo sabía. ¿Y contra quién? Lluhí lo explicó: contra la FAI, «pues se temía que quisiera (…) derivar el movimiento hacia su ideología». ¿Y al sonar el primer cañonazo? Se habían «extrañado enormemente de que las fuerzas del Ejército vinieran a atacar (…). Yo fui a descansar un rato sobre las cinco». Gassol no sabía quiénes atacaban. ¿Podía imaginar que los anarquistas tuvieran cañones? «Esto no puedo decirlo, porque en absoluto puede decirse si hay elementos que tienen o no armamento». Y sobre los disparos desde la Generalidad, ¿qué sabía? Nada, «porque no era de mi incumbencia». Pero él estaba en la Generalidad. «Sí pero no me enteré de los detalles».

Los encausados lo ignoraban todo sobre Dencàs, o si se habían repartido armas, o sobre cualquier medida insurreccional o acto de violencia. ¡Todo había sido un triste malentendido causado por el temor a la FAI!

Ossorio y Gallardo, defensor de Companys, arguyó que los acusados estaban el 6 de octubre «justamente preocupados por la verosimilitud de un golpe de Estado de tipo fascista», y por ello «el gobierno de la Generalidad, precisamente por ser gobierno y ejerciendo una función inexcusable de gobierno, inexcusable en tan dramáticas circunstancias, hubo de buscar un cauce jurídico y político (…) para que la alarma y la indignación de enormes masas del pueblo (…) aplicasen su exaltación y su fervor a una obra política constructiva». Lo cual no era delito, o en todo caso solo por «el artículo 167, número primero del Código Penal, ya que se trataba de reemplazar un gobierno constitucional por otro». Sbert, un miembro proseparatista del Tribunal, aún lo mejoró: el intento de cambiar al gobierno era un delito, pero en realidad lo que habían intentado era cambiar el Estado, cosa muy distinta y no contemplada por la ley. Y al no estar tipificado, no pasaba de ser «un acto político» sin castigo posible. La ocurrencia «ha producido gran sensación por su consistencia y por la modernidad de las teorías expuestas», observaba alegremente la prensa separatista.

La campaña de apoyo a los golpistas, aunque no podía hablar de represión como en Asturias, no tuvo menor intensidad en Cataluña. El diario de Companys, La Ciutat, que reemplazaba al suspendido La Humanitat, no se andaba con pequeñeces: Companys era «el primer luchador de Cataluña». «Companys y Cataluña, (…) se encontraron juntos el 6 de octubre. Y no se separarán más». «Companys es Cataluña. Cataluña es Companys». Se publicaron libros como uno titulado Companys-Cataluña, que no habría necesitado más texto. En su prólogo, el escritor Azorín se explayaba: «Estos hombres son afectuosos, llanos e inteligentes. Han procedido con lealtad y rectitud en el gobierno de su nación. Lo han sacrificado todo por el pueblo (…) ¡Por Cataluña y por todos los pueblos de España (…) en el acervo de la libertad, la justicia y el progreso!». En Madrid también era retratado Companys como «un hombre de gobierno», que «lo había tenido todo» para caer en inmerecida desgracia.

En este caso, los jueces no se dejaron impresionar demasiado y el 6 de junio La Humanitat recogía la sentencia «con lágrimas en los ojos» y el titular: «TREINTA AÑOS DE PRESIDIO ¡VIVA CATALUÑA!», citando de Companys: «El veredicto que nos importa es el que pronuncie (…) el pueblo (…) Esperamos tranquilos su veredicto definitivo, con orgullo de corazón y conciencia limpia». Es difícil contener el asombro.

A decir verdad, el pueblo ya había pronunciado su veredicto al desoír los llamamientos de Companys y los suyos, dejando aislados a los separatistas. Las primeras reacciones populares habían sido de burla y ridículo hacia unos personajes juzgados como irresponsables y cobardes; pero, como en el caso de los socialistas, unas campañas de emotividad tan desenfrenada como infiel a los hechos calarían en masas considerables. Y de todos modos los treinta años quedarían en apenas ocho meses.

Una vez libre, Azaña supo entender su apresamiento como una oportunidad para rehabilitarse ante la opinión pública presentándose como víctima de un trato arbitrario e injusto. Escribió Mi rebelión en Barcelona, un libro, más que exculpatorio, agresivo sin trabas contra el gobierno: le habían acusado «a sabiendas de que estoy sin culpa (…), más aún, porque se sabe que estoy sin ella», hecho que calificaba de «monstruoso», «saña», «agresión a los valores del régimen» que «ha venido a desenmascarar a los judas», a gentes «incapaces de remordimiento», hacia los cuales «he agotado mi capacidad de desprecio». Aunque admitía: «Me gusta ser tratado con injusticia». La supuesta injusticia iba a darle grandes satisfacciones.

Enseguida se movilizaron en pro de don Manuel varios intelectuales con un manifiesto: «Lo que contra Azaña se hace quizá no tenga precedentes en nuestra historia, y si lo tiene, de fijo valdrá más no recordarlo. No se ejercita en su contra una oposición, sino una persecución. No se le critica, sino que se le denuesta, se le calumnia y se le amenaza…». Firmaban Américo Castro, Azorín, Valle-Inclán, Marañón, García Lorca y otras figuras de relieve; no Unamuno ni Ortega.[247] Comenzaba la resurrección de «la encarnación de la república».

Don Manuel emprendió su desquite con multitudinarios «discursos en campo abierto», en Valencia el 26 de mayo, Baracaldo el 14 de julio, y Madrid el 20 de octubre. En su preparación se volcaron socialistas, comunistas e izquierdas en pleno, pues el partido de Azaña seguía siendo muy débil. La mayoría del público saludaba con el puño en alto, desoyendo los consejos republicanos de hacerlo agitando pañuelos.

En sus mítines, el líder republicano explayaba sus agravios, sin olvidar «otras injusticias, otras iniquidades, otras persecuciones mucho más graves y terribles, que están demandando vindicación». El gobierno habría empleado «la fuerza material y física contra los perseverantes y casi únicos defensores del régimen (…) monstruosidad que estaba reservada a nosotros contemplar». Los insurrectos de octubre habrían defendido al régimen como los auténticos «republicanos» y únicos «con títulos» para gobernar: así justificaba la rebelión pasada y acaso una nueva: «La república es de los republicanos (…) ¿Es que pedisteis permiso al Ministerio de Gobernación para proclamar la república? (…) ¿Qué os impide hoy, mañana, cuando sea, (…) realizar una manifestación semejante, aún más fuerte y seguramente victoriosa?».

Parecía haber olvidado que los republicanos habían fracasado en su golpe militar de 1930 y solo habían tomado el poder porque, en palabras de Maura, promotor real de la acción, la monarquía se lo había regalado. Y que el gobierno de Lerroux lo era por decisión muy mayoritaria de las urnas, tras dos años de experiencia de gobierno izquierdista, no muy apreciada por la mayoría, al parecer. La lógica de tales discursos: los insurrectos habían empujado a una guerra civil contra un gobierno democrático, habían asesinado, incendiado y robado a mansalva, pero castigarlos era un crimen monstruoso contra «la república».

Remachaba el político que España padecía «una política que ostenta para gobernar un título falso, porque procede de una mixtificación electoral del año 1933». Ni él ni los socialistas aclararon nunca en qué consistía tal «mixtificación», pero la repetición incansable de la palabra no dejaba de tener efecto en las masas. «Toda Europa hoy es un campo de batalla entre la democracia y sus enemigos, y España no se exceptúa». Los enemigos de la democracia, quedaba claramente implícito, eran quienes habían defendido la legalidad republicana frente a la dictadura del proletariado y el separatismo. Por todo ello, Azaña exigía un triunfo que «no puede ser capitulado ni pactado; tiene que ser un triunfo total (…) con todos los enemigos delante». En principio sería un triunfo electoral, pero estaba claro que no se excluían otras medidas, si había fuerza para ello.

Negando la evidencia de que el gobierno les trataba con una liberalidad que no les habría dispensado ningún gobierno europeo vencedor sobre una guerra civil, como probaban los mismos mítines, clamaba: «¿Es que los republicanos seguimos siendo tratados como españoles? Porque se nos trata como a un país enemigo, y en estas condiciones todavía se nos habla de conciliación y convivencia, todavía hay gentes que físicamente o de un modo simbólico tienen la pretensión de alargarnos la mano (ovación). No, después de lo que aquí ha ocurrido, el pueblo republicano tiene derecho a una estricta justicia». O bien: «Tolerancia (…) ¿en torno a qué? ¿Sobre miles de presos y de muertos?». Como si la rebelión la hubiera organizado el centro derecha. También el PSOE había rechazado los reiterados llamamientos de la CEDA a la concordia y la moderación. Según don Manuel, el gobierno había reducido a una «muchedumbre del pueblo español al hambre y a comer hierbas del campo y cortezas de los árboles». Esto tampoco lo habría mejorado Nelken. En realidad la miseria, muy aumentada en el primer bienio, había retrocedido ligeramente con el gobierno centrista y radical. Y había sido el PSOE el que, con su huelga agraria del año anterior, había intentado provocar una verdadera hambruna a España.

Aquellos discursos incitaban a la violencia no menos que la retórica bolchevique; pero la derrota de la insurrección estaba demasiado reciente, y Azaña sacaba la misma conclusión que Prieto: «Un frente electoral» que remediase la derrota de 1933 y trajese una victoria arrolladora, «total» en los próximos comicios, a cuya convocatoria urgía.

Quizá la más irreal de aquellas excitaciones fuera esta: «Nosotros vemos el torrente popular que se nos viene encima, y a mí no me da miedo el torrente popular ni temo que nos arrolle; la cuestión es saber dirigirlo, y para eso nunca nos han de faltar hombres». El «torrente» era un hecho cierto, alimentado por la campaña del PSOE y por el mismo don Manuel con sus discursos. Pero quien conozca los diarios que venía escribiendo desde unos años antes, sabe que si de algo se quejaba el diarista era de la ineptitud, corrupción y obtusidad del personal republicano. El único en quien confiaba era en sí mismo, y de nuevo la realidad le desengañaría.

Una vez más, causa asombro cómo tantos historiadores poco escrupulosos han podido presentar los mítines de Azaña como ejemplos de moderación y racionalidad. Ello habla mucho del nivel alcanzado por la historiografía en España desde hace varios lustros. En todo caso nos aclara sobre lo que esos historiadores entienden por moderación, democracia y racionalidad, y su desprecio «científico» por los hechos en beneficio de retóricas propagandísticas.

En todo caso, aquellos mítines monstruo iban cimentando la alianza electoral con la que las izquierdas pensaban ganar las próximas elecciones, sobre todo si no se demoraban mucho. Hasta el mismo Largo hubo de admitir aquella táctica, dado que una nueva preparación insurreccional exigiría aún bastante tiempo.

31
PRIETO, DON NICETO Y DON MANUEL HUNDEN AL PARTIDO CENTRISTA DE LERROUX

Por más que las propagandas socialistas y los republicanos de izquierda constituyesen un fuerte elemento de inestabilidad política y augurasen un futuro todavía más violento, el enemigo principal de los vencedores de octubre, y quien los haría naufragar políticamente a lo largo de 1935, iba a ser Alcalá-Zamora. Hombre excesivamente personalista, también se creía algo parecido a la encarnación de la república, aunque ni izquierdas ni derechas se lo quisieran reconocer.

En principio, la victoria de octubre tendría que haber fundamentado una excelente relación entre el presidente y los jefes del Partido Radical y de la CEDA. Don Niceto había declarado al plantear la república su deseo de que fuese moderada y no epiléptica, pero si algo podía afirmarse es que hasta entonces se había aproximado mucho más a lo último. En solo tres años había sufrido una epidemia de terrorismo desde la «quema de conventos», más huelgas violentas, tres insurrecciones anarquistas, el golpe de Sanjurjo, graves manejos desestabilizadores y por fin la más sangrienta y destructiva insurrección de Europa Occidental desde la Comuna de París. La alianza entre el Partido Radical y la CEDA había permitido afrontar y doblegar los desafíos con que la izquierda y el secesionismo catalán y vasco habían replicado a las elecciones del 33. El éxito alentaba la lógica esperanza de que por fin el régimen entrase en un camino de calma, tanto más cuanto que la CEDA, aun sin declararse republicana sino solo «posibilista», había respetado siempre la Constitución, pese a la violenta hostilidad de la izquierda y a las duras críticas de los monárquicos de Calvo Sotelo, que estimaban inútil su contención.

Gran parte de estos logros se debían a Lerroux, que había acosado al gobierno azañista-socialista después de Casas Viejas, había vencido a los dos partidos en las elecciones y finalmente había derrotado la insurrección de octubre —no en parca medida propiciada por la flojera de Samper, protegido de don Niceto—. Esta serie de éxitos debía haber abonado una mejor armonía entre el jefe radical, el de la CEDA y el presidente. Además, a los tres les unía una común aversión a Azaña y a su compañero Prieto, un dúo cuyas andanzas merecerían un estudio especial.

Sin embargo, la concordia entre los tres líderes no se produjo. Como hemos visto, don Niceto detestaba lo mismo a Gil-Robles que a Lerroux. Este, en cierto modo, le ponía en evidencia: era el único republicano de larga data, mientras que Niceto llegaba a última hora después de hacer gran carrera como monárquico. Y a Lerroux no dejaba de humillarle el haber tenido que ceder la dirección inicial y luego la presidencia del movimiento republicano. La inquina personal del presidente le había hecho sufrir ya una escisión de su partido, una grave crisis institucional, la imposición de Samper al mando de un gobierno vacilante, y luego un impunismo hacia los insurrectos que había de obstaculizar la aplicación de la ley a los insurrectos, desacreditando a su gobierno.

La fuerza de don Niceto radicaba en su capacidad legal para disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Claro que se trataba de un arma de doble filo, pues, como quedó indicado, podía hacerlo por dos veces, y ser destituido si los vencedores electorales tras la segunda consideraban que esta había sido arbitraria. La cuestión yacía en si la disolución de las Cortes Constituyentes, que había originado las elecciones del 33, debía considerarse o no la primera de las dos autorizadas, puesto que en teoría las Constituyentes debían suspenderse por sí mismas una vez cumplida su misión de establecer la legalidad del régimen. Según se enfocase el asunto, el arma de la disolución podía volverse contra el presidente, y así iba a ocurrir solo dieciséis meses después de la victoria de aquel octubre.

Prieto había huido al exterior, y Azaña soportado dos intentos de procesamiento. Y ambos encontraron el medio de desquitarse y acabar con Lerroux y de paso con su partido. Lo cual no solo iba a desestabilizar en profundidad al gobierno, sino al propio régimen, anulando su giro a la moderación o «centrismo». El plan pasaría a la historia como el affaire del straperlo, y mediante una carambola política, iba a contar con la colaboración de Alcalá-Zamora a resultas de las tensiones personales entre él y el líder radical.

El asunto del straperlo[248] comenzó como un chantaje irrelevante de un sujeto llamado Strauss, judío holandés naturalizado en México, quien, junto con un socio llamado Perlo o Perl, había querido introducir en España una ruleta peculiar. Los juegos de azar estaban prohibidos desde Primo de Rivera, pero los autores del straperlo alegaban que no era de puro azar, pues las combinaciones podían calcularse, si bien hacerlo exigía una rapidez mental que pocos poseían. Para lograr la autorización, Strauss había «untado» primero a algunos políticos de la Esquerra y luego a otros del Partido Radical, entre ellos un hijo adoptivo de su jefe: al no fructificar tales intentos, Strauss se consideró estafado y trató de chantajear a Lerroux con el descubrimiento de los sobornos, pretensión a la que el pretendido chantajeado no hizo el menor caso.

Strauss persistió, y el 30 de junio hizo llegar a Martín Luis Guzmán, el ya mentado hombre de mano de don Manuel, una carta insinuando que «el asunto es de suma importancia, sobre todo para Azaña». Guzmán contestó el 15 de julio: «Mucho interés político tiene». Prieto recordará cómo se vio en Bruselas con su amigo cuando este iba hacia Holanda, supuestamente para visitar una exposición internacional. Joaquín Chapaprieta, entonces ministro de Hacienda, explica: «Queriendo tener antecedentes de Strauss, se había encargado a la representación en Holanda que los proporcionara. Esa información acusó la presencia en aquel país, durante el verano de 1935, del señor Azaña, celebrando allí misteriosas conferencias. Era ciertamente de toda verdad que el señor Azaña había tenido contactos con Strauss o con persona que lo representaba, y casi seguro también que les había sugerido el envío de la denuncia al presidente de la república, el cual creía, y yo no estaba muy lejos de ello, que el principal autor de todo aquel tinglado había sido el señor Prieto».

El 5 de septiembre el straperlista remitía un amplio informe a Alcalá-Zamora, mientras la oposición preparaba a la opinión pública haciendo circular rumores. El presidente se percató de que el documento estaba redactado por un buen conocedor del «ambiente político y los problemas que pudieran apasionar a un español», y no mencionaba los primeros contactos de Strauss con gente de la Esquerra; pero sí «figuraban (…) habilísimas referencias a personas de relieve político, pero ajenas a los hechos, con el único objeto de atraer sobre ellas el interés del lector».

Vidarte ofrece otro testimonio revelador: «Yo había conocido en París a Gaston Cohen Debassan, abogado muy compenetrado con nosotros y primer pasante de Henri Torres (…). Recibí su visita en Madrid. Ahora me habló de un asunto que iba a traer muy graves consecuencias, el del straperlo (…). Me comunicó Debassan que Prieto y Azaña estaban perfectamente enterados del asunto por Martín Luis Guzmán, y que de ellos había partido la idea de que Strauss recurriese al presidente de la república». Torres era el abogado de Strauss y él mismo había montado una ruidosa campaña en pro de Macià cuando este había sido detenido por un simulacro de invasión de Cataluña en tiempo de Primo de Rivera.

Parece claro que Cohen, Azaña, Torres, Prieto y Strauss estaban juntos en un negocio político muy esperanzador para ellos. Lógicamente a Strauss no podía interesarle la política y sí el dinero, el cual no tenía tampoco problemas para recibir, pues los socialistas disponían en el exterior, como sabemos, de fuertes sumas sacadas de Asturias.

No había razón legal para que don Niceto hiciera caso de unos papeles que en todo caso debieran ir a los jueces, y que eran fotografías y no originales, con insuficiente respaldo firmado, lo que les restaba validez ante un tribunal. Pero sobre todo resultaba anormal que un jefe de Estado consintiera en vehicular los manejos de un delincuente. Se lo haría notar el honrado Chapaprieta, que le recomendó olvidar los papeles, y que Strauss recurriera a un juzgado, si quería. Que evidentemente no quería.

Sin embargo, la cuestión tenía más complicaciones. Don Niceto contará años después, en sus memorias: «Quedé aterrado. Vi toda la magnitud del escándalo». ¿Qué podía aterrarle y cuál podría ser el escándalo, aparte del mero hecho de prestarse él mismo a servir de cauce a un delincuente? Después de todo, la ruleta solo había llegado a funcionar unas horas en San Sebastián y en Mallorca, y por otra parte los sobornos consistían en relojes de oro y similares. Como comentaría el juez encargado de la instrucción, era «un affaire de calderilla al lado de lo de Staviski».[249]

El asunto era insignificante, pero a Alcalá-Zamora se le ofrecía un arma para liquidar políticamente a Lerroux e implantar gobiernos más dóciles a él. Trató de impresionar al caudillo radical, que no dio importancia a los papeles, considerándolos una intriga del propio Niceto y del ministro de Gobernación, desde abril Portela Valladares, hombre, como Samper, de confianza del presidente, y a quien este iba a promover a la mayor responsabilidad. Lerroux se sentía espiado por Portela, al que también detestaba Gil-Robles por su conducta «sinuosa y equívoca».

Por otra parte, el presidente era bien consciente de la destreza de Prieto y Azaña en montar agitaciones gigantescas a partir de falsedades o de delitos menores, como en relación con Asturias. Esto debió de ser lo que realmente le aterrase, pues los autores de la maniobra podían presentarle como encubridor, si no utilizaba los papeles o no los entregaba a la justicia.

En todo caso, don Niceto se reservó los papeles, por si le convenía emplearlos en algún momento, y el 20 de septiembre, aprovechó disensiones menores en el gobierno para negar la confianza a Lerroux y sustituirle por Chapaprieta, a quien no había enseñado aún los documentos. De haberlos conocido, es probable que Chapaprieta hubiera rechazado el encargo, pero ante el hecho consumado prefirió continuar, aconsejando al presidente la conducta ya mencionada.

Y, como en las tragedias, a los pocos días Lerroux iba a labrarse inadvertidamente la desgracia. Un número de diputados de su partido y de la CEDA le ofrecieron un banquete en desagravio, el 8 de octubre, en el hotel Ritz. Niceto lo interpretó como «preparación hacia su imposible retorno al poder y de protesta contra mí». Gil-Robles le amenazó indirectamente: una disolución de la Cortes debía computarse como la segunda a que tenía derecho, lo que significaba que sería inmediatamente destituido si la CEDA volvía a ganar los comicios. Lerroux brindó por la presidencia de la república distinguiendo «entre la calidad del rango y la de la persona que lo ocupaba».

La cólera de don Niceto queda bien reflejada en sus memorias: «A los pocos días (…) hubo una serie de tardías indigestiones políticas a consecuencia de tal banquete, casi tantas como cubiertos», escribió con fiera satisfacción. Su venganza consistió en entregar los documentos al gobierno. Lerroux le acusaría de servir de instrumento a un chantajista, y Alcalá-Zamora le replicará que la denuncia solo le dejaba «la senda estrecha, directa e ineludible», marcada por «los inflexibles deberes del Derecho Público», de hacerlo. Pese a tanta «ineludibilidad e inflexibilidad», él había retenido casi un mes los documentos, y los había utilizado subrepticiamente para desbancar a Lerroux. Chapaprieta no se llamó a engaño y entendió que, al entregar la denuncia al gobierno, lo que quería el presidente era traspasarle a él la responsabilidad. Y resolvió entregar los papeles al fiscal del Tribunal Supremo. De momento el asunto quedó en secreto mientras no comenzase la indagación judicial.

Ante las dilaciones, los promotores de la maniobra debieron de pensar que Alcalá-Zamora no haría nada, por lo que parecen haber resuelto dar la noticia ellos mismos. Chapaprieta supo que en su previsto discurso del 20 de octubre «en campo abierto», Azaña iba a «tratar muy principalmente el asunto de Strauss (…). Queríase, por sorpresa, envolver al gobierno en una campaña de escándalo que (…) antes de que pudiera defenderse, le colocara en situación difícil ante la opinión pública»; así que, para «desgraciarle» el argumento, se adelantó él anunciando públicamente la entrega de los papeles al Tribunal Supremo. Así, la campaña echó a rodar desde el mismo poder, un éxito para Azaña, quien ya no se ocupó apenas del asunto en su discurso tercero y último de la serie empezada en mayo.

De inmediato las izquierdas desataron una furiosa campaña en la prensa y en mítines, de cuyo tono puede dar idea uno del líder comunista José Díaz el 3 de noviembre: «El régimen actual, podrido hasta la médula, engendra a esas gentes honradas (…) cuya misión es reprimir ferozmente al pueblo para que los de arriba les toleren sus chanchullos. En otro régimen (…) de trabajadores, esta planta de ladrones y embaucadores será extirpada radicalmente (…). Si a los obreros que trabajan y a los trabajadores honrados se les aplica la Ley de Vagos, ¿qué habrá que hacer con estas gentes? (voces: “colgarlos, cortarles la cabeza”). Ya llegará el día». Los insultos trataban al Partido Radical y por extensión a sus aliados de la CEDA, incluso al propio régimen republicano, de rapacidad nunca vista, de cueva de ladrones. La palabra «estraperlo» quedaría en el lenguaje popular como sinónimo de corrupción o latrocinio.

Tal oleada de injurias causó pavor en la CEDA, por las salpicaduras que pudieran tocarle. Lerroux, dolido y desmoralizado, se vio «más solo que si hubiera aterrizado por avería en la inmensidad del desierto». Solo Cambó se opuso —en balde— a una comisión parlamentaria, alegando que, según la Constitución y el reglamento de las Cortes, solo si el fiscal estimaba verosímil el delito y el juez apreciaba responsabilidades personales, podría la Cámara nombrar una comisión que formulase acusaciones. Al adelantarse al fiscal, las Cortes actuarían ilegalmente. Sin embargo, la CEDA, presa de pánico, no estaba para legalidades, y Gil-Robles cedió, en sus propias palabras, a «las duras exigencias de la pasión política, hecha entonces realidad viva dentro y fuera de las Cortes». Al respecto cabe recordar que en junio de 1932 Gil-Robles había denunciado irregularidades de Prieto en un contrato de tabacos, y Azaña había replicado: «Yo no tengo por qué entrar en el fondo de lo que dice el señor Gil-Robles. ¿Cree la mayoría que no ha habido ninguna irregularidad? Pues a mí con eso me basta y con eso queda terminada la cuestión». Nada parecido sucedía ahora.

Si en las calles la ofensiva procedía de la izquierda, en las Cortes la llevaban a cabo los monárquicos y la Falange, que vieron en el asunto la ocasión de desautorizar al régimen. Cohen había preguntado por las posibilidades de que los socialistas provocaran un escándalo en las Cortes, y Vidarte le había respondido que los monárquicos lo harían mejor. «Si el asunto iba al Parlamento, no serían necesarios nuestros votos, y Lerroux quedaría solo». Y así ocurrió.

El 28 de octubre se vio el caso en las Cortes. Lerroux, ya viejo y decepcionado, se defendió con poco brío. Salió libre de culpa, pero también derrumbado: «En dos horas viví cien años». Su ahijado y otros seis políticos suyos fueron destituidos de sus cargos, él mismo perdió la cartera de Estado que retenía. Josep Pla señala que los observadores de aquella sesión «sentían físicamente cómo (…) la república se devoraba a sí misma», debido a «la acción, omisión o miedo» de tanta gente.

Apenas unos años antes Lerroux estaba en la cúspide de su gloria, y en tan poco tiempo se hallaba hundido política y anímicamente, y su viejo partido hecho trizas. Terminaba así una carrera novelesca, que él narró en unas memorias llenas de colorido. El straperlo fue el Casas Viejas de Lerroux, con dos diferencias; la gravedad de Casas Viejas había sido incomparablemente mayor, y si Azaña pudo resucitar políticamente, Lerroux ya no iba a tener tiempo. Tenía por entonces setenta y un años, y Azaña cincuenta y cinco.

Como resultado político, las relaciones entre la CEDA y los radicales llegaron al borde de la ruptura. Y unas semanas después otro escándalo bien orquestado remató al Partido Radical: el caso Nombela-Tayá, pago de una indemnización pública excesiva a Tayá, industrial catalán con negocios quebrados en Guinea. Nombela, un militar, había denunciado aquella corrupción y había sido destituido.

La izquierda logró así un éxito extraordinario, con el esfuerzo principal a cargo del presidente y los monárquicos, con la CEDA inhibida. Quedó desviada la atención de los procesos a los dirigentes de octubre, el desvalijamiento de los bancos de Asturias y las medidas económicas y sociales preparadas por las derechas. Y hubo una ventaja mayor aún: las izquierdas habían presionado obsesivamente a Alcalá-Zamora para que cambiase al gobierno y liquidase aquellas Cortes, y con el straperlo dejaba al borde del colapso la colaboración de centro derecha y ponía ante la vista la disolución parlamentaria y las ansiadas elecciones.

32
DICIEMBRE DE 1935: ¿GOLPE DE ESTADO DE DON NICETO?

Mientras ocurrían estos sucesos, entre el 25 de julio y el 20 de agosto tenía lugar en Moscú el VII Congreso de la Komintern, destinado a incidir profundamente en la historia posterior de España. Pero entenderlo exige remontarse al XVII Congreso del Partido Comunista Soviético (PCUS), celebrado el año anterior, donde Stalin analizó: «En los países capitalistas se realizan preparativos febriles para una nueva guerra con vistas a un nuevo reparto del mundo y de las esferas de influencia». Y para destruir a la URSS. Pero al mismo tiempo, las potencias imperialistas se peleaban entre sí debido a sus «contradicciones interimperialistas», contradicciones que la estrategia comunista debía explotar para hacer que la guerra estallase entre potencias burguesas, y no entre alguna de ellas (Alemania) y la URSS. Al respecto destacó los esfuerzos del Kremlin por firmar acuerdos de no agresión con países vecinos u otros más lejanos como Francia, con vistas a cercar a Alemania. No obstante observó: «Está muy lejos de entusiasmarnos el régimen fascista de Alemania. Pero no se trata aquí del fascismo, por la sencilla razón de que el fascismo en Italia, por ejemplo, no ha impedido a la URSS establecer las mejores relaciones con dicho país (…). No hemos tenido una orientación hacia Alemania, como tampoco tenemos una orientación hacia Francia. Nos hemos orientado antes y nos orientaremos ahora hacia la URSS y solamente hacia la URSS».

Con ello dejaba abierta la puerta a un eventual acuerdo con los nazis si con ello conseguía agravar sus contradicciones con los «imperialismos democráticos», es decir, Francia e Inglaterra, más lejanamente Usa. No obstante, de momento el enemigo principal era una Alemania hitleriana que había reducido a cenizas a los partidos socialdemócrata y comunista alemanes, los más poderosos de las respectivas internacionales, y que proclamaba su ambición de liquidar a la Rusia comunista y colonizar sus tierras con población «aria». Por ello los esfuerzos principales soviéticos se dirigieron en adelante a combatir al fascismo, entendiendo por tal fundamentalmente el alemán.

El VII Congreso de la Komintern respondía precisamente a esa orientación. El documento principal, un informe del búlgaro Georgi Dimítrof, exponía la línea internacional de «frentes populares» partiendo de una definición «científica» del fascismo como «dictadura terrorista de los elementos más reaccionarios, más nacionalistas, más imperialistas del capital financiero». Los fascismos se deberían a que el ascenso del movimiento revolucionario en todo el mundo obligaba al capital financiero o imperialista a arrojar sus disfraces democráticos y parlamentarios para intentar aplastar la revolución y preparar «la agresión militar contra la Unión Soviética, baluarte del proletariado mundial».

Hasta poco antes, para la Komintern era estratégicamente irrelevante la diferencia entre fascismo y democracia burguesa, pero la definición del congreso permitía establecer entre ellos distinciones tácticamente aprovechables. En adelante, los comunistas debían abandonar la línea de «clase contra clase», y ampliar lo más posible las alianzas contra el fascismo: internacionalmente sustituyendo el ataque directo a las democracias por la presión para moverlas contra las potencias fascistas; y en cada país buscando, sobre la misma base, los acuerdos más amplios con partidos y sectores burgueses, y con los socialistas, formando con ellos «frentes populares» que permitiesen aislar y eliminar al enemigo. Esos frentes, dirigidos progresivamente por los comunistas, permitirían al mismo tiempo avanzar hacia regímenes soviéticos. Naturalmente «fascistas» pasaban a ser no solo «los elementos más terroristas, etc.» sino cualquiera reacio a colaborar con los kominternianos.

El congreso dio especial relevancia al caso español bajo la impresión causada por la revolución socialista-separatista de octubre del año anterior, el suceso en su tipo más importante en Europa Occidental desde 1871. Dimítrof enumeró los «errores» de los socialistas, no obstante pedir una creciente unidad de acción con ellos: «¿Establecieron un contacto de combate entre las organizaciones obreras de toda tendencia? ¿Exigieron la confiscación de todas las tierras de los grandes terratenientes, de la Iglesia (…) ¿Lucharon por la autodeterminación nacional de catalanes y vascos, por la liberación de Marruecos? ¿Procedieron en el ejército a la depuración de los elementos monárquicos y fascistas para preparar su paso al lado de los obreros y campesinos? ¿Disolvieron la Guardia Civil? ¿Atacaron al partido fascista de Gil-Robles? ¿Anularon el poder de la Iglesia?». Críticas falsas, pues el PSOE había intentado todo ello mejor o peor, mientras que el clarividente PCE solo era un pequeño partido.

El secretario del PCE, José Díaz, presentó al congreso un informe muy exagerado sobre sus avances e influencia, pero, con ser exagerado no era del todo inventado, y desde entonces su partido creció con rapidez. Por otra parte, los partidos comunistas eran tutelados, dirigidos en la práctica, por enviados especiales de la Komintern. Al español le correspondió el argentino Victorio Codovila, Medina, aunque también se ocupaban de él el italiano Togliatti y otros desde Moscú.

1935 tenía que haber sido el año de la CEDA, de la aplicación a fondo de su programa electoral después de su inclusión en el gobierno y la victoria sobre el asalto izquierdista-separatista. Puntos clave de su programa eran la reforma de la Constitución, en especial de sus artículos antirreligiosos; la reforma de la ley electoral anulando la prima excesiva a las mayorías; un vasto plan de inversiones que debía absorber el paro, y que incluía gran número de pequeñas obras públicas para mejorar las comunicaciones, llevar agua a miles de pueblos y reforestar el país; saneamiento de la hacienda y corrección de la reforma agraria. Para llevar la Hacienda la coalición con Lerroux llamó a Chapaprieta, independiente pero próximo al centro derecha y con mentalidad tecnocrática. Para la reforma agraria contaron con Giménez Fernández, más enterado del problema del campo que quienes se habían ocupado de él en el primer bienio. Y, por supuesto se trataba de juzgar las responsabilidades por la insurrección de octubre.

Sin embargo, nada de ello llegaría a realizarse, y no porque lo impidiesen las izquierdas nuevamente levantiscas, sino los continuos manejos y presiones del presidente Alcalá-Zamora. Ya el nuevo indulto a González Peña, en abril, había movido a Gil-Robles a retirarse del gobierno y retirar el apoyo parlamentario al nuevo, medida que duraría solo un mes. Entonces, en mayo Gil-Robles, para desasosiego de don Niceto, volvió al poder en fuerza, esta vez exigiendo cinco ministerios, especialmente el de Guerra para el propio Gil-Robles. El jefe cedista otorgaba la mayor relevancia a este ministerio porque en la revolución pasada el ejército había demostrado grandes flaquezas en su organización y fuerza material, y escasa lealtad en muchos mandos, así que pensó reforzarlo ante posibles nuevas revueltas. Al efecto nombró a Franco jefe del Estado Mayor Central, por su eficacia contra la pasada insurrección. También quería un ejército fuerte como garantía para la neutralidad de España ante una posible nueva contienda europea.

Cuando, en septiembre, Niceto sustituyó a Lerroux por Chapaprieta, este, en un programa de austeridad, suprimió dos de los ministerios de la CEDA, aunque Gil-Robles siguió en Guerra. Debido a las tensiones del straperlo, este gabinete duró nuevamente un mes escaso, continuando otro, también encabezado por Chapaprieta.

En aquel año se sucederían seis gobiernos, inestabilidad causada por las injerencias de don Niceto. Entre tantos vaivenes, la reforma electoral se fue aplazando porque grupos de derecha y centro esperaban que la ley de Azaña les beneficiase en los siguientes comicios. La reforma de la reforma agraria de Giménez Fernández quedó en gran parte desvirtuada por el boicot de los sectores más conservadores de la derecha, que no admitían reforma alguna. No pudieron cerrarse los procesos judiciales por el octubre pasado, en torno a los cuales agitaban sin tregua izquierdas y separatistas. Y no hubo tiempo de aplicar las inversiones contra el paro.

La reforma constitucional constituyó otro grave fracaso. En principio Niceto y Gil-Robles coincidían en su necesidad, pero llevarla a cabo implicaría disolución de Cortes y nuevas elecciones, y sin duda naufragaría si las ganaban las izquierdas. Por ello Gil-Robles quería plantearla después de que se solventasen los problemas judiciales y dieran fruto los planes de inversiones públicas, calmándose así las crispaciones y odios sociales. En cambio el presidente veía en la reforma de la Constitución la oportunidad para que las Cortes se autodisolvieran y él retuviera su derecho a una posterior disolución sin el riesgo de ser desposeído de la presidencia. Por esa esperanza, se resignó a los gobiernos de Lerroux, y luego, más a regañadientes, a la cartera de Guerra para Gil-Robles.

Pero su impaciencia crecía, y él mismo fue restringiendo el alcance de la reforma hasta que, a principios de diciembre y para indignación del jefe de la CEDA, la reducía al artículo 125, precisamente el que establecía las normas para reformarla. Según don Niceto, aquella Constitución era «la más defectuosa y menos viable de sus coetáneas en el mundo y sus antecesoras en España». La razón de que redujese tanto su alcance inmediato debía de tener relación con el renovado auge izquierdista debido a la sensación de fracaso del centro derecha. Fracaso al que no era en absoluto ajeno el presidente. Ante los mítines y multitudinarios «discursos en campo abierto» de Azaña, sonaba muy posible un triunfo de las izquierdas en nuevos comicios, por lo que don Niceto creía conveniente congraciarse con ellas. Además, Gil-Robles ya había prometido que si se disolvían las Cortes y él volvía a ganar las elecciones, destituiría a don Niceto. En cambio parecía imposible que, si ganaban las izquierdas, fueran a declarar improcedente la disolución previa, ya que a ella deberían la vuelta al gobierno; con lo que Niceto retendría su poder.

Por lo tanto, lo último que deseaba el presidente era el periodo de estabilidad anhelado por la CEDA, del que Gil-Robles esperaba calmar los ánimos sociales y triunfar en las elecciones subsiguientes, para reformar entonces la Constitución según sus criterios. Y escribirá don Niceto: «Las Cortes derechistas, aplazando la reforma de la Constitución, pretendieron con ilusión insensata llegar a los cuatro años». La idea no era insensata, pues las Cortes habían sido elegidas en 1933 para esos cuatro años. Pero ilusión sí lo era: el mismo Niceto se encargaría de ello.

Chapaprieta gobernaba con el respaldo del presidente y la aquiescencia de la CEDA, pero dimitió el 9 de diciembre, ante las divisiones y sospechas mutuas entre radicales y cedistas y la inseguridad creciente. Había durado en el poder dos meses largos. Él pensaba que Gil-Robles le boicoteaba con la esperanza de heredarle en la Jefatura del Gobierno. Gil-Robles afirma: «Pretendí con todas mis fuerzas disuadirle (de dimitir). Una crisis en aquellos momentos podría tener gravísimas consecuencias».[250] Su dimisión acentuaba la sensación de crisis general del centro derecha. Y coincidió prácticamente con otro hecho simbólico: por entonces salía de la cárcel Largo Caballero, tras haber sido absuelto el 30 de noviembre. Por falta de pruebas. Y volvía a salir también El Socialista.

Por la mecánica parlamentaria, el candidato para suceder a Chapaprieta era el propio Gil-Robles. Sin embargo, el presidente le negó la confianza al entrevistarse ambos el 11 de diciembre, y le insinuó la disolución de las Cortes. Gil-Robles recuerda:

Todo el porvenir trágico de España se presentó ante mi vista. Con ardor, casi con angustia, supliqué al señor Alcalá-Zamora (…). El momento elegido para la disolución, le dije, no podía ser más inoportuno. Las Cortes se hallaban aún capacitadas para rematar una obra fecunda, tras de la cual podría llevarse a cabo sin riesgos la consulta electoral. En breve plazo (…) sería posible sanear la hacienda; votar los créditos necesarios para el plan de obras públicas que absorbería la casi totalidad del paro; liquidar los procesos del movimiento revolucionario (…), temible bandera de agitación en manos de las izquierdas; aplicar la reforma agraria, con el reparto de los cien primeros millones de pesetas (…); completar la reorganización del Ejército (…) para adoptar enseguida el acuerdo de la reforma de la Constitución que, según palabras del propio jefe del Estado invitaba a la guerra civil.

Pero sus argumentos resbalaban sobre don Niceto. Fuera de sí, le apostrofó: «Su decisión (…) arrojará, sin duda, a las derechas fuera del camino de la legalidad (…). Con el fracaso de mi política, solo podrán intentarse ya soluciones violentas. Triunfen en las urnas las derechas o las izquierdas no quedará otra salida, desgraciadamente, que la guerra civil. Su responsabilidad por la catástrofe que se avecina será inmensa (…) (Usted) será destituido por cualquiera de los bandos triunfantes».[251]

Gil-Robles califica la entrevista de «durísima y violenta». «Como pretendiese el señor Alcalá-Zamora justificar su negativa a entregarme la confianza (…) en el hecho de que no había votado la Constitución de 1931, hube de recordarle incisivamente: “Es cierto; pero tampoco juré, como otros, la Constitución de la Monarquía”». Niceto tampoco había votado la Constitución republicana, a la que descalificaba como guerracivilista.

En sus memorias, don Niceto arguye que no confiaba en la CEDA porque esta no se había declarado republicana ni roto con los monárquicos; exigencia ni democrática ni constitucional, máxime cuando la CEDA había respetado la legalidad republicana mucho más profunda y constantemente que las izquierdas republicanas o los separatistas, y especialmente los socialistas. Para quienes don Niceto no reservaba escrúpulos parejos.

Gil-Robles era aún ministro de la Guerra y, desesperado, comunicó al general Fanjul:

El decreto de disolución en que piensa el presidente, contrario a toda ortodoxia constitucional, representa un golpe de Estado que nos llevará a la guerra civil (…). Si el ejército, agrupado en torno a sus mandos naturales, opina que debe ocupar transitoriamente el poder con objeto de que se salve el espíritu de la Constitución y se evite un fraude gigantesco de signo revolucionario, yo no constituiré el menor obstáculo y haré cuanto sea preciso para que no se rompa la continuidad de acción del poder público.

Varios generales deliberaron y Franco les convenció de que «no podía ni debía contarse con el ejército para dar un golpe de Estado». Otras gestiones de Calvo Sotelo y de José Antonio se estrellaron contra el «gallego», el cual en sus Apuntes personales especificará que respetaba la república sin amarla: si el régimen fracasaba «que no sea por nosotros». Solo aceptaba la rebelión en caso de revolución inminente. Él se había marginado de la Sanjurjada, disuadió tres posibles golpes y no aprovechó la insurrección socialista. Cuando se sublevase, en julio del 36, lo haría en condiciones casi imposibles: desde fuera del poder, con el ejército más dividido que nunca y con escasas perspectiva racionales de vencer.[252]

En tal situación Alcalá-Zamora dio la confianza, tres días después, a Manuel Portela Valladares, protegido suyo como Samper. Portela, clásico cacique gallego, había sido ministro de la monarquía al igual que su protector, en beneficio del cual había espiado a Lerroux siendo ministro de este. A pesar de que Alcalá-Zamora se muestra crítico con la masonería, su nuevo protegido era un alto cargo de una de sus ramas, la Gran Logia Española. Cambó y Chapaprieta le apoyaron, pero la mayoritaria CEDA lo rechazó de plano. Como Portela precisaba tanto la confianza de las Cortes como la del presidente, se producía una nueva colisión institucional. La cual resolvieron a su modo Portela y Niceto suspendiendo las sesiones de Cortes hasta el 1 de enero. La insurrección socialista-separatista se había realizado so pretexto de la entrada de la CEDA en el gobierno, y había fracasado. Alcalá-Zamora había logrado expulsarla sin disparar un tiro.

Terminaban así los dos años justos de gobierno de centro derecha, bienio llamado «negro» por la propaganda izquierdista. Un bienio, según ella, de hundimiento de los salarios, hambre extendida, parálisis de la enseñanza pública, liquidación de la reforma agraria y represiones masivas. No obstante, encontramos nuevamente el choque entre tales imágenes y la inclemente realidad. Inclemente con esa retórica.

Durante el segundo bienio, los ingresos per cápita subieron ligeramente: de 1.022 pesetas en el periodo de izquierda, a 1.055, pese a la inestabilidad gubernamental. La inversión privada, sacudida por las políticas del primer bienio, se reactivó un poco, aumentando la producción industrial y el comercio exterior. 1935 fue al año económicamente mejor de la república y el que siempre proponen los economistas como término de comparación con el franquismo. Los sueldos permanecieron iguales, con pocas oscilaciones, en algunos casos crecieron (más que la productividad, según quejas de empresarios). Los fallecidos por hambre, 260 en 1933, bajaban a 239 en 1935, y la mortalidad general siguió una lenta curva descendente (10.000 menos que en 1933). Todo indica que no hubo nada parecido a un desplome de los salarios, o de la economía, sino leves mejoras. En cambio el paro subió de 620.000 en diciembre de 1933, a 780.000 a finales de 1935, por las medidas de austeridad de Chapaprieta, cuyos efectos benéficos no hubo tiempo de disfrutar.

La enseñanza mejoró. Sus presupuestos pasaron de 577 millones de pesetas durante el primer bienio, a 685 en el «negro». Contra afirmaciones fantásticas muy aireadas, se construyeron unas 5.000 nuevas escuelas, mismo número aproximado que en el primer bienio, y la recuperación parcial de la enseñanza religiosa fue otro dato favorable. Tampoco fue abolida la reforma agraria, que aun sin modificarse como quería la CEDA, triplicó en 1934 el ritmo de asentamiento de colonos con respecto al primer bienio, y en 1935 continuó con cifras superiores a 1933. En cuanto al ejército, Gil-Robles consiguió un crédito extraordinario de 1.500 millones de pesetas para tres años, que no llegaría a aplicarse, mientras que el presupuesto normal de 693 millones para Guerra y Marina en 1933, bajó a 596 millones en 1935. [253]

La decisión de Alcalá-Zamora abría en la república una nueva etapa, que iba a durar poco. Casi ningún historiador se ha preguntado si tenía alguna base la acusación de golpe de Estado que hace Gil-Robles al presidente. Los manejos de este se han considerado en general intrigas o abusos menores, incluso pintorescos, o bien simples errores de cálculo, aunque tuvieran pésimas consecuencias. Sin embargo, la acusación era muy seria. Lo que había hecho don Niceto, además de un error, fue imponer un gobierno antiparlamentario, contrario a la Constitución y al carácter del propio régimen, agravándolo con la suspensión arbitraria de las sesiones de Cortes, a fin de obrar mediante hechos consumados. Hay golpes de Estado con tropas o terror en las calles y los hay que anulan la legalidad desde las alturas. Fue lo que habían pretendido asimismo Azaña y las izquierdas republicanas cuando intentaron invalidar las elecciones de 1933 para organizar otras con «garantías» de triunfo para las izquierdas.

Sí puede hablarse de un verdadero golpe de Estado por Alcalá-Zamora, con el cual, como le advirtió Gil-Robles, estaba además expulsando a las derechas del sistema, al negarles cualquier posibilidad legal de gobernar. Un golpe de Estado que coronaba dos años de injerencias extralegales en la gobernación del país, realizadas bajo el chantaje de la disolución parlamentaria. Y del que, como veremos, derivaría la guerra civil.

33
AMENAZADO PENALMENTE, DON NICETO DISUELVE LAS CORTES Y CONVOCA ELECCIONES

La lógica de las acciones de Alcalá-Zamora era la siguiente: había llegado por fin, creía él, la gran ocasión para su república «no convulsiva, ni epiléptica». Según sus análisis, las izquierdas se habrían desgastado en el primer bienio y las derechas en el segundo, lo cual abría la alternativa para un centro moderado que él mismo inspiraría y orientaría desde la presidencia. Puesto que la derecha, a la que tanto había ultrajado, había prometido destituirle si ganaba los nuevos comicios, encontraba muy preferible una victoria de las izquierdas, que seguramente le agradecerían la disolución parlamentaria y respetarían su posición de presidente. Suponía también que una vez vueltas al poder, las izquierdas se moderarían, ya que después de octubre no estaban en condiciones de volver a las andadas, aunque quisieran. Además, estarían compensadas por el magno triunfo que él esperaba para Portela, para lo cual ambos trataban de poner en pie un fuerte Partido de Centro Democrático.

Chapaprieta da testimonio de aquellos cálculos: su centro obtendría no menos de 150 diputados, superando en mucho a los conseguidos hasta la fecha por partido alguno y heredando los de Lerroux y otros. A su vez, Portela escribirá en relación con las elecciones: «El presidente Alcalá (…) solo me encargaba que procurase que las izquierdas no trajesen menos de ciento ochenta diputados. Su temor eran las derechas, a las que yo nunca concedí más de ciento veinte actas». Los dos políticos procuraban el fracaso de la CEDA, la cual pugnaba por contrarrestar los discursos en campo abierto de Azaña mediante mítines masivos. En sus memorias, Portela dejaba traslucir su optimismo: «La CEDA presentaba todavía una gran fachada (…). Las masas se le habían ido en buena parte, y de la opinión independiente no le quedaba nada. Su prensa voceaba que en Uclés se habían concentrado 40.000 afiliados, y no llegaban a 10.000. En Compostela reuniéronse 3.000».[254] Para mayor adversidad, Gil-Robles sufría el acoso de monárquicos y de Falange, que presentaban su expulsión del gobierno como prueba del completo fracaso de su política «posibilista». El declive de la CEDA, pues, parecía ineluctable, lo cual tranquilizaba a quienes la habían echado ilegalmente del gobierno.

Gil-Robles se burlaba el 19 de diciembre de los 150 diputados esperados por el presidente, ilusorios a su juicio. Y desacreditaba la expectativa de que la próxima contienda electoral se dirimiera a base de manejos de «caciques» al viejo estilo, en los que tanto Niceto como Portela tenían larga experiencia de la monarquía. Por el contrario, se preparaba «la revolución para imponer la dictadura del proletariado y destruir todos los valores nacionales. No se ventila ahora un problema de régimen, sino un problema entre nosotros y la revolución y sus cómplices».

Don Niceto explica en sus memorias que pensaba reabrir las Cortes al comenzar el nuevo año, cuando se calmase «la furia del jefe de Acción Popular» (el partido núcleo de la CEDA, como se recordará). Y mantenerlas abiertas «hasta muy entrada la primavera de 1936», dando tiempo a consolidar el nuevo partido centrista, calculando que entonces, estabilizada la nueva situación podría disolverse el Parlamento y plantear los comicios consiguientes sin demasiados riesgos. Pero una vez más la realidad se mostraría poco piadosa con sus cálculos.

Enseguida se produjo la colisión entre las Cortes y el extraño gobierno antiparlamentario. Ante el hecho consumado, Gil-Robles deseaba ahora unas elecciones lo más próximas posible para, si volvía a ganar como esperaba, expulsar de una vez a Niceto y poner por fin en marcha su programa. El presidente había reaccionado suspendiendo las sesiones parlamentarias, pero topó con un duro escollo a la hora de aprobar los presupuestos, cosa ya imposible, tanto por la suspensión de sesiones como por la oposición de la mayoría de los diputados. Portela no vio otra salida que prorrogar por decreto los presupuestos del año anterior. Gil-Robles denunció la medida por anticonstitucional, siendo delito aplicar impuestos no votados por las Cortes. Pero la carrera emprendida por Niceto y Portela no tenía marcha atrás, y debían arriesgarse a una nueva ilegalidad.

Mientras tanto, las izquierdas mantenían una actividad frenética con vistas a formar un frente común ante unas elecciones que ya no podían demorarse mucho y acuciaban a todos. Desde los comunistas a la Esquerra, socialistas y anarquistas, exigían unidad contra el fascismo. También los republicanos de izquierda superaban su tradicional tendencia a la disgregación y se reagrupaban en dos partidos: Izquierda Republicana, capitaneada por Azaña, y Unión Republicana, por Martínez Barrio.

Azaña venía requiriendo a Prieto para una alianza con el fin de recomponer la del primer bienio y que tan desastrosamente había concluido. También el sector de Largo aceptó la idea, ya que, les gustase o no, por algún tiempo no podrían volver a los ímpetus revolucionarios. Los contactos pronto cuajaron en una coalición electoral. De momento, esta tendría un carácter muy distinto de la estrategia de frentes populares decidida en el VII Congreso de la Komintern, pues los comunistas eran un grupo menor y poco grato a don Manuel y a Prieto. De acuerdo con el plan, de ganar las elecciones, los socialistas no gobernarían, sino que apoyarían a un gobierno burgués de izquierda. Gobierno que en todo caso dependería de ellos, dado que la fuerza organizativa y de masas de los republicanos de izquierda seguía siendo precaria. Largo y los suyos aceptaron, pero sus intenciones diferían, como se vería pronto.

El activismo de las izquierdas suscitaba angustia en la CEDA e inquietud en el gobierno. Con el Parlamento cerrado, el gobierno aguantó dos semanas hasta el 30 de diciembre. Entonces las discrepancias internas dieron lugar a una agria bronca con gritos e insultos entre Portela y varios de sus ministros, y a un nuevo gabinete, también encabezado por Portela, compuesto por políticos sin la menor representatividad, y con el decreto de disolución firmado por Niceto y listo para usarlo oportunamente.

La crispación y las disensiones entre ministros impidieron cumplir la promesa de reabrir las Cortes con el nuevo año, por lo que el presidente y el gobernante decretaron ampliar la suspensión a todo el mes de enero. Esta vez las protestas arreciaron. Gil-Robles escribió al presidente de las Cortes, Santiago Alba: «La suspensión de sesiones por el gobierno implica una manifiesta violación de la Constitución vigente que equivale a un golpe de Estado y coloca al presidente de la república y a su gobierno fuera de la ley». Era en rigor un segundo golpe, consecuencia del primero. La asesoría jurídica del Congreso ratificó la ilegalidad de la suspensión, de lo que informó Alba a Portela.

Portela y Niceto fueron acusados de un delito contra la Constitución y otro penal, por paralizar las Cortes y usurpar sus funciones. Para dictaminar sobre la causa, la Diputación Permanente de las Cortes debía reunirse el 7 de enero. Portela prometió acudir para justificar su postura, y en la prensa se declaró despreocupado al respecto. Pero el día 6 examinó la situación con Niceto, y sin duda percibieron ambos la gravedad del peligro. Y el mismo 7, en lugar de comparecer ante la diputación parlamentaria, liquidaron de un plumazo aquellas Cortes, ante la impotente indignación de los diputados. Y convocaron elecciones para el 16 de febrero.

Así, tras una cadena de ilegalidades, y por temor a las consecuencias penales, los dos personajes debieron precipitar sus planes sin haber consolidado mínimamente su Partido de Centro Democrático, que iba a tener que improvisarse a la carrera.

Una semana antes, al terminar 1935, había editorializado El Sol: «Hay que decirlo en toda su amarga crudeza (…). Los españoles vamos camino de que nada nos sea común, ni la idea de patria, ni el régimen ni las inquietudes de fuera ni de dentro, ni mucho menos los postulados de convivencia nacional que fueron la aurora de esperanza que precedió al advenimiento de la república». En otro artículo pronosticaba: «Se va a desatar en toda el área nacional una tempestad política, y sería de desear que (…) no ofreciéramos el espectáculo lamentable de un pueblo envenenado por antagonismos suicidas». Julián Marías recordará: «La politización (…) alcanzó su máximo. Se atendía sobre todo a (…) si una persona era de derechas o de izquierdas».

A mediados de enero un grupo de intelectuales propuso un manifiesto contra la guerra civil, que apoyaron Azorín, Unamuno, Del Río Hortega y otros. En cambio Marañón y Ortega preferían no ver tan dramático el panorama. La polarización entre los intelectuales reflejaba la de la sociedad. Baroja, Manuel Machado, Unamuno, Madariaga, los mismos Ortega, Marañón y otros, se inclinaban progresivamente a la derecha, mientras que Antonio Machado, García Lorca, Valle-Inclán, León Felipe, Sender o Max Aub se alineaban con la izquierda. Posturas más radicales, a un lado u otro, adoptaban Maeztu, Alberti, Pemán, Bergamín, Giménez Caballero y bastantes más.

Preparándose para las elecciones, la izquierda calentaba motores reasumiendo con máximo encono la campaña sobre la represión de Asturias. Todavía bajo la censura (muy relativa), el 2 de enero clamaba en El socialista la política Matilde de la Torre explotando una denuncia monárquica de violación y asesinato de tres muchachas por los revolucionarios en Asturias, tildándolo de falsedad: «Los chacales del orden furioso necesitaban también lanzar esta calumnia monstruosa contra los luchadores de octubre (…). La especie venenosa cundió como otras muchas. Las clases educadas la acogieron con el morboso regocijo con que acogen todo lo nauseabundo». No le cedía un ápice la retórica de La Pasionaria el día 4, en Mundo Obrero: «Tenemos que hacer grandes esfuerzos para disciplinar nuestra indignación (…). Todavía no es tiempo, aunque cada día está más cerca; el dolor, el deseo de justicia gritan con ímpetu: ¡debes! Pero la prudencia aconseja: ¡espera! (…) Esperaste durante días interminables y noches de angustia mortal, escuchando los gritos dolorosos de las víctimas, el llanto lacerante de las madres, las viudas y los huérfanos, el clamor de los torturados, las carcajadas de los que gozaban con el mal». Este era el tono, nuevamente de guerra civil, que iba a adquirir la campaña electoral más feroz de la república.

Iban a ser unas elecciones entre los partidos que habían asaltado sangrientamente la legalidad republicana en 1934 o habían sido cómplices del asalto —y se vanagloriaban de ello—, y los que habían vencido entonces a la revolución, asustados y un tanto decaídos y divididos por las maniobras de Alcalá-Zamora.

34
FEBRERO DE 1936: LAS ELECCIONES QUE DESTRUYERON LA REPÚBLICA

Inmediatamente de convocadas las elecciones, los muros de las ciudades se fueron llenando de carteles, las calles de octavillas, la radio y la prensa de mensajes políticos; y los mítines se sucedían. El tono podría describirse como de odio irrestricto en las izquierdas y de furia indignada en las derechas. Ante el riesgo de graves violencias, Portela movilizó a todas las fuerzas policiales para mantener el orden. Aun así, la campaña iba a provocar 41 muertos y 80 heridos graves (Villa García). La Humanitat de Companys informaba de la campaña bajo el título «Frente de batalla».

La izquierda retomó los «informes» de la represión en Asturias, añadiéndole detalles espeluznantes: «Una mujer vieja, zurcida de arrugas, doblada por los años y el trabajo (…) estremecida todavía, palpitante», narraba: «¡Es horrible, horrible! Mi mocín de once años cayó muerto por un machete. ¡Teníais que haberlos visto sobre nuestras hijas! ¡Teníais que haber sufrido, atados con hierros, mientras me desgraciaban a la moza y me mataban al marido y me quemaban la casa! ¡Teníais que oírles reír de mis súplicas y ser insultados y heridos a puntapiés en el suelo, como unos perros!». Concluía el periodista: «No es posible detenerse en cada narración espantosa». Ni él ni la prensa de izquierdas se detenían lo más mínimo.

Nada más ilustrativo que reproducir con algún detalle los clamores y consignas de unos y de otros. La izquierda: «Nosotros acusamos de verdugos, incendiarios y saqueadores a Lerroux-Gil-Robles. ¡A la cárcel!». «¡Monstruos sin entrañas!». «Los trabajadores inician la contraofensiva». «El pueblo unido arrollará a las pandillas del crimen». «Nosotros acusamos a los responsables de 5.000 asesinatos a Lerroux-Gil-Robles. Por menos se ha aplicado el garrote vil». «¡Responsabilidades a los verdugos!». «¡Por la España antifascista, contra la España del hambre, el terror y la muerte!»…

La derecha replicaba con rabia: «¡Españoles! Los judas emboscados del separatismo, en criminal maridaje con los asesinos de Octubre, quieren rasgar la unidad de España». «Por el honor de nuestro Ejército. El que nos libró del Octubre rojo». «La hiena revolucionaria se revolvió anoche en estertores convulsivos de sangre y de venganza (…). Los caballeros de la tradición, voceros de España, se opondrán a este intento criminal».

El straperlo era explotado para calificar a las derechas de bandas de ladrones: «Se han disuelto las Cortes de la corrupción y el terror». «Desolación, miseria y sangre (…). Bribones, rastacueros y encubridores se la fueron pasando (a la república) de mano en mano hasta dejarla en cueros vivos y prostituida (…). Nada ha quedado aquí sin prostituir». Y la amenaza: «La CEDA y los monárquicos saben que el Bloque Popular es su muerte definitiva». «El frente monárquico fascista os ofrece: esclavitud, sangre, miseria. El Bloque Popular os asegurará: libertad, bienestar, amnistía. ¡Votad contra los ladrones! ¡Votad contra los torturadores!». «Las derechas quieren una España hitleriana. Una España ignorante y con hambre (…) sometida al terror de la reacción y el fascismo». «El fascismo, bajo cualquiera de sus disfraces, es la regresión a la barbarie, a la esclavitud, al hambre, organizadas totalitariamente».

La retórica derechista advertía: «El que ayuda a partidos que persiguen la libertad de la Iglesia, peca contra Dios». «Ruge la horda revolucionaria vencida por la CEDA en una pugna feroz, y que aparece sordamente unida con otras fuerzas y otros partidos». «Obreros honrados y conscientes: mientras vuestros hermanos de Asturias luchaban y morían, los líderes huían por las alcantarillas y pasaban la frontera para darse en el extranjero una vida de opulencia y orgía». «¡Contra la revolución y sus cómplices! ¡Españoles! ¡La patria está en peligro!». «¿Dónde están los catorce millones robados en Asturias?». «Por el mantenimiento de la civilización cristiana». «Luchan, por un lado, los defensores de la religión, de la propiedad y de la familia; por el otro, los representantes y voceros de la impiedad, el marxismo y del amor libre. Son las dos ciudades enemigas de las que hablaba San Agustín». «Por nuestros hogares amenazados por la muerte y la ruina», clamaba la Lliga, y le replicaba la Esquerra: «Las derechas han destruido la economía del país y sembrado pasiones de violencia».[255]

La retórica básica de las izquierdas queda resumida en la acusación a la derecha de «verdugos, incendiarios y saqueadores», es decir, de lo que habían hecho a mansalva las mismas izquierdas en Oviedo y otros lugares; o de promotores del terror y la miseria, que era más bien lo que habían hecho ellas en el primer bienio y luego al perder las elecciones. A primera vista asombra que una propaganda tan exageradamente falsaria pudiera expresarse tan obsesivamente y tener tanto efecto sobre amplias masas. O que pudiera simplemente expresarse, ya que una persona medianamente cuerda y equilibrada tendría escrúpulos en fabricarla o en darle crédito. Sin embargo, se expresaba con empeño y efecto evidentes.

Este fenómeno atañe a un factor de psicología personal y social a menudo desatendido. Alcalá-Zamora había caracterizado a los líderes republicanos de izquierdas como gentes «en la zona mixta de la locura y la delincuencia», debido a «su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar»; y él mismo sería descrito de forma semejante por sus adversarios. Sorprende —o quizá no— que tantos historiadores hayan presentado a aquellos republicanos como demócratas moderados; lo cual, si algo indica, es lo que entienden por moderación y democracia tales autores. Claro que un poco moderados resultan en comparación con los socialistas, para cuya ideología, como ya indicamos, los valores morales solo existen como expresión de intereses «de clase», de partido, en definitiva. Por lo tanto, el valor moral de una política se medía por su eficacia para alcanzar o retener el poder. Y esa propaganda calaba, tanto por insuficiencia de la réplica como porque explotaba la frustración de muchos, a quienes señalaba la «causa» de sus males.

Los republicanos de izquierda atizaban el odio a la Iglesia. Política, del partido de Azaña, explicaba que el clero, sobre todo el jesuita, tenía «control sobre las almas, bienes y pueblos (…) sobre la vida nacional»; hablaba de «la sordidez de los obispos», etc. Venía a decir algo similar a lo que muchos de sus contrarios atribuían a la masonería, la cual, como venimos viendo, desempeñaba un gran papel en el republicanismo, y no solo.

El Sol, quizá el periódico más moderado y reflexivo del momento, se preguntaba: «¿Qué hacer para humanizar la lucha feroz?». «Madrid empapelado estos días con carteles que (…) son gritos en la pared que alzan una algarabía». «Barullo en medio de la oscuridad. Crispaciones de ánimo exaltado y como en trance de locura». Pedía más atención a la economía: «De una coyuntura económica de máxima favorabilidad que culminó el pasado otoño, pasamos a un estado de nerviosismo (…). El dinero vuelve a sus escondrijos, la actividad comercial decrece por momentos, el crédito extranjero parece fruncir el ceño (…). La pasión desorbitada abrasa en dos días la obra reconstructiva de meses». Pues «mientras derechas e izquierdas amenazan con el exterminio (…) el país no podrá contemplar con tranquilidad el porvenir». Pero ante peligros percibidos como vitales, la economía pasaba a segundo término.

No dejaba de ser un poco parcial el análisis del El Sol, pues la amenaza de exterminio procedía de la izquierda, y la experiencia de octubre había sido tan traumática que lógicamente la derecha temía una segunda edición y replicaba con una rabia nacida del pavor. Bolchevizantes socialistas, comunistas y anarquistas planeaban, y lo decían, la aniquilación política, incluso física, de las derechas, y el ejemplo de la URSS y de octubre probaban que no hablaban a humo de pajas. Los «moderados» tipo Azaña se contentaban con excluirlas del poder y reducirlas a minoría impotente en una democracia de pura fachada. La CEDA exigía liquidar la revolución y castigar a sus líderes, pero acataba la legalidad, que había defendido en octubre. En una muestra estupefaciente de distorsión historiográfica, autores democristianos como Tusell o Avilés Farré, pretenden que «la propaganda del Frente Popular se caracterizó por su moderación, al menos comparada con la que realizó la derecha». La más elemental consulta a la prensa de aquellos días lo desmiente de modo radical.

La coalición iniciada por Prieto y Azaña solía llamarse también Bloque Popular y pronto Frente Popular en la terminología de la Komintern. Y no por casualidad, pues la impronta comunista se acentuaba no solo por el intenso activismo del PCE, sino, más aún, por la simpatía de toda la izquierda y una amplia intelectualidad hacia la URSS de Stalin. Incluso sectores derechistas la miraban con cierto respeto benevolente. Tres años antes se había fundado una «Asociación de Amigos de la Unión Soviética», en cuya nómina figuraban personajes inesperados: Jacinto Benavente (Premio Nobel y autor de una obra de teatro exaltando a la URSS), Valle-Inclán, Pío y Ricardo Baroja, García Lorca, Concha Espina, Negrín, Eduardo Ortega y Gasset, hermano del filósofo, Victoria Kent, Zugazagoitia, o varios intelectuales y diputados de la izquierda republicana. Antonio Machado aseguraba que «Moscú es hoy el foco activo de la historia (…) consagrada a mejorar la condición humana». La Asociación decía querer informarse e informar con «plena veracidad» sobre la URSS. Al parecer, nunca logró informarse gran cosa, aunque ese pequeño inconveniente no la disuadía de informar a los demás.

Durante la campaña electoral, el poeta Rafael Alberti contaba: «Ya hay en la capital de los soviets cafés, restaurantes, tiendas, puestos de frutas, quioscos de flores. ¡Quioscos de flores! Subrayo esto porque cuando un país puede permitirse el lujo de cosas tan superfluas, tan delicadas como las flores, es que ese país está camino, o que ya ha llegado, a la meta de los deseos humanos». En tal caso, España habría alcanzado esa meta muchos años antes. La diputada socialista Margarita Nelken, de visita en Rusia, enviaba crónicas resplandecientes de admiración por el progreso y la abundancia del país: frutas, caviar, pollos asados, galletas… Sus guías la obligaban a comer ración doble «para que cuando torne a los países capitalistas, cuente qué es eso del hambre en Rusia (…) La carcajada es general». Precisamente Ucrania acababa de salir del Holodomor, una de las hambrunas más catastróficas de la historia, causada por la política estalinista, con millones de muertos, mientras otros millones eran enviados al Gulag como trabajadores esclavos. Un observador imparcial tiene por fuerza que admirarse de la vista de lince de tales intelectuales. Que volvería a manifestarse cuarenta años después cuando Solzhenitsin visitó España.

La coalición prevista por Azaña y aceptada en principio por sus socios, modificaba la del primer bienio: en el gobierno ya no figurarían socialistas, solo republicanos de izquierda, «un gobierno republicano y con el apoyo del proletariado español», como había diseñado en 1930: «La inteligencia republicana dirigiendo a los gruesos batallones populares». La experiencia no parecía haberle enseñado que dicha inteligencia era casi inexistente, según sus propias palabras, y que los «gruesos batallones» no pensaban dejarse dirigir por ella. Y a poco inteligente que él mismo fuera, debía haber notado, porque no se ocultaba, la distinta actitud de Prieto y de Largo. El primero pensaba en un apoyo desde fuera del gobierno y sin límite claro de tiempo; el segundo precisó en un mitin el 12 de enero: «Antes de la república, nuestro deber era traer la república; pero, establecido este régimen, nuestro deber es traer el socialismo (…) marxista, socialismo revolucionario (…) con todas sus consecuencias (…). El programa común (del Frente) no nos satisface (…). Después del triunfo, y libres de toda clase de compromisos, nosotros seguiremos nuestro camino». Era muy consciente de que un gobierno exclusivamente republicano sería especialmente débil y propicio para sus planes.

Los comunistas preferían un apoyo a los republicanos a medio plazo, utilizando el deseado triunfo electoral para, presionando al gobierno, pero sin pretender sustituirlo, liquidar definitivamente a las derechas. La operación se completaría con la depuración del ejército y la fusión del PCE y el PSOE en un partido único bajo hegemonía comunista, para lo cual llevaban a cabo una intensa labor de penetración en las Juventudes Socialistas y en la UGT. Con ello quedaría expedito el camino a la dictadura «proletaria», que Largo concebía con mayor tosquedad e impaciencia.

El 16 de enero, un mes antes de las votaciones, se publicó el programa y manifiesto del Frente Popular, suscrito por la Izquierda Republicana de Azaña, la Unión Republicana de Martínez Barrio y por el PSOE en representación de la UGT, las Juventudes Socialistas, el PCE, el Partido Sindicalista y el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista, que a su debido tiempo sería masacrado por los estalinistas). El manifiesto indicaba su carácter republicano y no socialista al rechazar el control obrero de las fábricas, la nacionalización de la tierra y las leyes fundadas en «motivos sociales o económicos de clase». Entre esto y la ilusión de una victoria de la derecha, los financieros respiraron aliviados. «El dinero, siempre bien informado, cree en la derrota de la revolución. La Bolsa sube», ironiza el historiador franquista Arrarás.

Bajo su fingida moderación, un punto clave era una amnistía con reposición de los empleados públicos y particulares despedidos por sus actos de rebeldía, reparaciones a los insurrectos damnificados y castigo a los funcionarios autores de violencias «bajo el mando de los gobiernos reaccionarios». Vindicación en toda regla de la insurrección de octubre y exigencia de castigo a quienes habían defendido la legalidad.

También serían derogadas las medidas agrarias e industriales del anterior bienio, así como los planes de obras públicas de Gil-Robles. Se reclamarían «las transgresiones cometidas contra la ley fundamental», exceptuando, naturalmente, las insurrecciones anarquistas, las tentativas golpistas de Azaña y de Companys o la insurrección, todas ellas acordes con la Constitución, según el moderado programa. El aparato del Estado sería depurado desde el Tribunal de Garantías Constitucionales a los jueces, la policía y otras ramas, a fin de contar «con funcionarios aptos y de reconocida lealtad al régimen», es decir, al Frente Popular. Era el programa inequívoco de un nuevo régimen, en el que la derecha solo contaría a efectos políticos como una justificación seudodemocrática.

Ello aparte, el programa podría muy bien quedar en papel mojado, pues los partidos que debían gobernar eran débiles y sus apoyos externos tenían intenciones muy diversas al respecto. La mayoría de los puntos los había elaborado Felipe Sánchez Román, jefe del minúsculo Partido Nacional Republicano… quien a última hora rehusó firmarlo: según El Sol (26 de enero) por rechazo a los comunistas y al insuficiente compromiso de otros partidos con la Constitución. Claro que del compromiso constitucional del propio Sánchez podría dudar cualquier lector medianamente agudo.

En Cataluña, la hegemonía de la Esquerra facilitó la unidad izquierdista, si bien la gran masa de la CNT marchaba por su lado, siempre hostil a los separatistas y a la política. Pese a ello, la sugestión de la «lucha antifascista» le hizo dulcificar su propaganda contra los partidos, e inclinarse a un apoyo de facto al Frente Popular, como en 1931.

También las derechas buscaban la unidad más amplia posible para aprovechar la ley electoral, que no habían logrado cambiar. Las discrepancias entre unos y otros partidos eran aquí no menores que en los del frente contrario. El partido monárquico Renovación Española, quería liquidar la república y, de modo drástico, las responsabilidades revolucionarias. Los carlistas, también monárquicos, potentes en Navarra, Vascongadas y con influencia menor pero no desdeñable en Cataluña, Andalucía y otras regiones, mantenían los viejos principios tradicionalistas derrotados repetidamente en el siglo XIX. El Partido Radical y los monárquicos se repelían mutuamente; el legalismo de la CEDA provocaba constantes y mortificantes críticas por parte de Calvo Sotelo y su partido; y en medio de la polarización social del momento, muchos seguidores de Gil-Robles sentían fracasada la táctica posibilista de su jefe. La Lliga catalanista formó con el resto de las derechas catalanas un «Frente Catalán de Orden». A pesar de las discrepancias, fue posible llegar a acuerdos entre todos, si bien únicamente con el horizonte electoral. La Falange quedó excluida, como concesión al ambiente «antifascista».

Con quien no fue posible pactar fue con el derechista PNV, muy ligado al clero y pese a presiones del Vaticano. Su prensa pintaba a España como «el corazón del África salvaje» donde se enfrentaban negros semidesnudos con máscaras de «izquierda» y «derecha», en una «lucha bárbara, cruel, salvaje, impropia de pueblos civilizados». Y fustigaba a la derecha con argumentos de izquierda: «Revolución es todo lo que les pueda molestar en el dulce disfrute de la vida». El PNV, «al amparo del dedo de Dios», solo reclamaba «lo que es nuestro» y acusaba a las demás derechas de proyectar «nuestro total exterminio». Las consignas contra la revolución serían mero pretexto «para combatir exclusivamente al nacionalismo». El fondo argumental lo había expuesto en su día el fundador del PNV: «Tanto nosotros podemos esperar más cerca nuestro triunfo, cuando España se encuentre más postrada y arruinada», o «desgarrada por alguna conflagración interna».

El Partido Centrista Democrático de Niceto y Portela era visto en la CEDA como una maniobra para arrancarle clientela y aliados: «Con la creación de un nuevo partido, que se ha atravesado en la vida española con carácter de centro, se pretende atacarnos desde otro frente». Portela y los suyos se presentaban como la opción moderada y razonable tratando de situarse como árbitros entre «dos irreconciliables banderías». «¿Vamos a volver al pasado, a instalarnos en mitad del siglo XIX?». Claro que si se había llegado a aquella lucha angustiosa se debía precisamente a las maniobras de los jefes del «centro».

En los mítines obreristas, Largo Caballero llevó la voz cantante. Prieto, aún en rebeldía, vivía en su casa de Madrid, con obvio permiso de la policía, pero no podía desafiar la ley hasta el extremo de perorar en público. Las primeras frases de Largo fueron: «Prometemos, ante el proletariado español y el mundo entero, reivindicar la memoria de los que cayeron, vengarlos». Cuando la amnistía liberase a los presos debían entrar otros tantos en la cárcel. La lucha de clases debía desaparecer mediante la desaparición de una de ellas. La clase obrera debía «adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo». Y llamaba nuevamente a la guerra civil: «Si triunfan las derechas (…) tendremos que ir forzosamente a la guerra civil declarada. No se hagan ilusiones las derechas ni digan que son amenazas; son advertencias. Ya saben que nosotros no decimos las cosas por decirlas».

Azaña mezclaba exhortaciones demagógicas con otras más pacíficas: «No queremos más guerra que la guerra política y leal, pacíficamente desenvuelta entre los ciudadanos». Cosa que no avalaban su programa, ni su trayectoria, ni la caracterización que hacía de las derechas como «enemigas de la república», «enemigos del pueblo y de la libertad», resumida en «presos, hambre, negocios sucios». No vacilaba ante las más flagrantes falsedades: «Hemos asistido al espectáculo más grave, a la caza del republicano organizada desde el poder a tiro limpio, desde la tragedia de Asturias hasta el último rincón de España, apoyando la pistola en el cráneo y obligando a gritar ¡muera la república!». Y al igual que Largo, declaró que no acataría un triunfo de la derecha: «Si se vuelve a someter al país a una tutela aún más degradante que la monárquica, habrá que pensar en organizar de otro modo la democracia». En otras palabras, la democracia consistía en que mandaran ellos, dijeran lo que dijeran los votantes, pues, como explicaba, solo sus republicanos tenían «títulos» para gobernar.

Cambó admitía una «amnistía para pacificar; sí, pero para una nueva lucha, no». La Esquerra motejaba su candidatura como «la del straperlo», y anunció también que no respetaría una votación adversa. Nada nuevo, pues había hecho lo mismo, como Azaña o el PSOE, ante las elecciones de 1933.

Gil-Robles exponía igualmente sus puntos de vista, acusando a Niceto: «Si la autoridad se inhibe, entonces la sociedad no solo tiene derecho a defenderse, sino que debe hacerlo. Quien desata vientos de arbitrariedad recoge tempestades de sangre». «Somos un partido de clara y neta catolicidad frente al laicismo de los otros. Tenemos una comprensión cristiana para todas las clases frente al marxismo. Queremos una España justa e imperial en sentido espiritual». En cuanto a octubre, «la justicia se aplicará a rajatabla… pero en las cabezas», con amplia amnistía para los meros ejecutores. Gil-Robles era acogido en los mítines con gritos de «¡jefe, jefe!», por sus juventudes, cada vez más radicalizadas, pero el «jefe» seguía plenamente aferrado al legalismo. Buscaba pactos sin más límite que la oposición a la revolución, pero con los monárquicos limitada a las mismas elecciones, sin confundirse con ellos. Nunca amenazó con desacatar unas urnas adversas, como hacían los dirigentes del frente contrario.

Calvo Sotelo expresaba ideas simétricas a las de Azaña: «Gil-Robles fracasó (…) En España, donde el pueblo es analfabeto, no puede existir un gobierno del pueblo por el pueblo, sino (…) una minoría selecta, gobernando al servicio del pueblo». Dónde estaría tal minoría selecta no resultaba más claro que la «inteligencia republicana» de Azaña. Y cabría objetar que el gobierno del pueblo por el pueblo, según había definido Lincoln la democracia, no existe en ninguna parte, pues siempre gobiernan unos pocos, es decir, unas oligarquías más o menos ilustradas y con mayor o menor respaldo popular, que en democracia sale de las urnas. Además, el analfabetismo generalizado se debería precisamente a aquellas minorías del pasado, no demasiado selectas al parecer. Ahora bien, el pueblo no era tan analfabeto, pues el analfabetismo estaba en descenso desde principios del siglo y lo padecía oficialmente una minoría en torno al 20 por ciento de la población.

La semejanza con Azaña iba más allá: «Se predica por algunos la obediencia a la legalidad republicana; mas cuando esa legalidad se emplea contra la patria y es conculcada en las alturas (…) se impone la desobediencia, conforme a nuestra doctrina católica (…). Una gran parte del pueblo español, desdichadamente una grandísima parte, piensa en la fuerza para implantar el imperio de la barbarie (…). Para que la sociedad realice una defensa eficaz necesita también apelar a la fuerza». Aspiraba a un nuevo Parlamento constituyente que cambiase de arriba abajo la Constitución «asesinada ya por sus autores», proscribiendo a los partidos «separatistas y marxistas revolucionarios». Visión, simétrica a la de Azaña, con la diferencia de que este ya la había llevado a la práctica y Calvo no.

El 16 de febrero votó el 72 por ciento del cuerpo electoral, algo más que en 1933. Al no haberse publicado las cifras precisas de la distribución de sufragios, los historiadores han dado estimaciones que llegan a diferir en un millón de votos. Así, el Frente Popular habría obtenido 3,8 millones (H. Thomas) o 4,8 (Rama y Becarud), y las derechas 4,0 (Jackson, Brenan, Becarud o Rama), y 4,5 (Tusell). El centro entre 325.000 (Gil-Robles) y 681.000 (H. Thomas); y el PNV entre 125.000 (Tusell) y 141.000 (Gil-Robles). R. Salas Larrazábal, refinando los datos de Tusell, suma 4,4 para el Frente Popular, 4,5 para las derechas —que fueron menos unidas que las izquierdas— y 683.000 para los centristas más el PNV.

Resulta difícil, en rigor imposible, considerar democráticas unas elecciones convocadas por la precipitación de eludir implicaciones penales; y en las que uno de los bandos se jactaba de la reciente insurrección armada y guerra civil parcial, amenazaba de muerte al bando contrario y declaraba su intención de no respetar unos resultados adversos, incluso de volver a la guerra civil. Valorarlas como comicios normales, democráticos o legítimos implica una concepción harto extravagante de lo que pueda ser normal en democracia. Pero así las presentan muchos historiadores «progresistas».

Para empeorar la cuestión, las irregularidades empezaron desde el primer momento. Apenas publicados unos resultados favorables al Frente Popular, masas de izquierda invadieron las calles exigiendo la inmediata liberación de los presos y la reposición de los políticos suspendidos por golpistas en octubre del 34, e iniciaron conatos de asalto a centros de derecha. Gil-Robles denunciará: «Los gobernadores civiles manifestaban su parcialidad en muchas provincias (…) y toleraban los desmanes y coacciones de las turbas, cuando no colaboraban descaradamente con ellas». Azaña lo explica de otro modo: «Los gobernadores de Portela habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines». Debe entenderse que los gobernadores eran los encargados de garantizar la pureza del escrutinio.

Es decir, además de lo dicho, no hubo garantías reales de control de los resultados. Desde luego, uno puede llamar democráticas a unas elecciones con semejante taras, aunque por fortuna no es obligatorio. Ahora bien, si alguien decide creerlo, ya pueden creer democrática casi cualquier cosa.

Con todo, aun siendo antidemocráticos los comicios, el escrutinio podría haber sido correcto, eventualidad sumamente improbable, pero que en todo caso no haría aceptables las elecciones. Lógicamente hubo fraudes. Los recientes estudios de las actas por parte de Manuel Álvarez Tardío y de Roberto Villa García[256] los detectaron en unas 50 actas de diputados. El dato tiene gran interés, pero aunque los escaños falsos fueran cuatro o 200, no cambiarían el hecho fundamental de su ilegitimidad. Algunos historiadores tipo memoria histórica califican los fraudes de locales y mínimos, que no alteraban la «victoria democrática» del Frente Popular. Obviamente, si tales fraudes «locales» hubieran favorecido a la derecha, los habrían declarado «golpe de Estado», con su acostumbrada agudeza interpretativa.

El número de votos correspondientes a unos y otros ha suscitado, y sigue haciéndolo, fuerte debate. Cuando se olvidan, como suele ocurrir, el «pequeño detalle» del mencionado contexto, esas discusiones se tornan irrelevantes o bizantinas.

Aquellos comicios marcaron realmente el final de la república, y lo hicieron en un clima de terror. Gil-Robles había advertido a don Niceto que unas elecciones en medio de las pasiones desatadas del momento serían la ruina del país y de la legalidad. Y así fue exactamente. El fin de una Constitución impuesta sin refrendo popular y nunca respetada por los propios partidos que la habían elaborado, si bien acatada por la mayoría de la derecha. El primer bienio, izquierdista, había sido agredida y boicoteada por anarquistas, en menor medida por comunistas y Sanjurjo, hasta hacerla naufragar. El segundo bienio había soportado insurrecciones mucho más graves, provocaciones de la izquierda y los separatistas, una pequeña guerra civil; y no la habían hundido los golpistas e insurrectos, sino, chocantemente, el conservador católico Alcalá-Zamora.

Hay sin duda una ironía histórica profunda en el hecho de que quienes técnicamente trajeron la república fueran Niceto y Maura, dos políticos típicos de la monarquía hasta muy poco antes. Y que quienes la destruyeran fueran el mismo Alcalá-Zamora y Portela Valladares, habiendo sido ambos ministros monárquicos convertidos al republicanismo a última hora. Por lo demás, la propia historia de la república es una serie de paradojas y absurdos que llevarían a uno de sus padres espirituales, Marañón, a definirla como «estupidez y canallería», calificación poco distinta de la que, con otras frases, emplearon Azaña y el propio don Niceto y tantos más.

Los resultados oficiales después de la segunda vuelta el 1 de marzo (hecha bajo dominio del Frente Popular en las pocas provincias donde ninguna candidatura había alcanzado el 40 por ciento de los votos) daban al Frente Popular mayoría absoluta con 259 escaños, dejando en 143 los de derecha, y los centristas en 71 (depende también de lo que se considerase centrismo en el que algunos incluyen al PNV). Fraudes al margen, el amplio grueso de la población había dividido su voto en números muy semejantes al Frente Popular y a una derecha asustada y exasperada —no sin motivo—, marginando a los partidos de centro. Los 150 escaños con que habían soñado Niceto y Portela para su grupo se habían reducido a 21, y el antaño poderoso Partido Radical se hundía a 5. Tal era la polarización social propiciada por las campañas izquierdistas y los manejos de Alcalá-Zamora. Una vez más, no dejan de sorprender interpretaciones que dan a estas elecciones carácter moderado y democrático.

Desde el primer momento comenzó la demolición del régimen. El proceso electoral no terminó el 16 de febrero. Continuaría con la segunda vuelta, con una revisión abusiva de las actas y finalmente con el cambio de presidente. Esta etapa exige un nuevo capítulo.

35
HACIA LA COMPLETA DEMOLICIÓN DE LA REPÚBLICA

El señalado carácter antidemocrático y fraudulento de los comicios del 36 no iba por ello a dejar de tener los más transcendentales efectos históricos, como auguraban los motines, atentados y agitación callejera que los acompañaron en contraste con la circunspección de la derecha ante su victoria en noviembre del 33.

Cambó recuerda la manifestación que le dedicaba mueras ante su casa: «Si en aquellos momentos unos hombres valerosos hubieran reventado la puerta y subiendo a mi casa me tiran por el balcón, seguramente aquel día se hubiera iniciado la revolución salvaje que se produjo el 19 de julio». Portela, presa de pánico, confesaría a Gil-Robles: «Lo más probable (….) es que nos encontremos en vísperas de una nueva guerra civil». Según Alcalá-Zamora, «prodújose en Portela su derrumbamiento (…). Se le contagió el pánico adueñado de Cambó en Barcelona y de Gil-Robles en Madrid y después de hablar con estos me llamó en la madrugada del lunes, 17, todo asustado, pidiéndome le autorizase por teléfono la suspensión de garantías y aun el estado de guerra». Le firmó los dos decretos, aparcando el de guerra; el de alarma ya no se abandonaría.

Franco advirtió al jefe de la Guardia Civil, general Pozas, que «se estaban sacando de las elecciones unas consecuencias revolucionarias que no estaban implícitas, ni mucho menos, en los resultados (…). Por si los desórdenes van en aumento, debe preverse la posibilidad de que sea necesario declarar el estado de guerra». Pozas opinó que solo se trataba de «alegría republicana». Franco insistió al ministro de la Guerra, general Molero, a quien recordó el caso de Kérenski, también sin el menor efecto. Y el 18 pidió a Portela que declarase el estado de guerra, respondiendo este que lo hiciera el ejército. Franco le recordó que hacerlo correspondía al gobierno. Los generales Fanjul, Goded y Rodríguez Barrio propusieron a Franco el golpe militar, pero no encontraron eco.

Al atardecer del 18, Portela perdió los nervios y para proponer el cambio de poderes convocó a Martínez Barrio, quien relata: «Entraron en la estancia los generales Pozas y Núñez de Prado. Ambos confirmaron la gravedad de los informes (…). Una intensa nerviosidad se acusaba en los cuarteles (…). Aquella noche no estaba al frente del ministerio un gobernante resuelto a imponer su autoridad (…) sino un hombre acorralado que quería salir a escape de la tragedia».

Portela tenía el deber legal de gobernar hasta la reapertura de Cortes tras la segunda vuelta electoral, prevista para el 1 de marzo, pero se negaba ante el clima de terror en las calles. En sus memorias expone la sucesión de motines e incendios en las cárceles, tiroteos y disturbios en varias ciudades, ocupación de alcaldías por las masas y reposición tumultuosa de alcaldes implicados en la insurrección del 34; suelta de presos… Todo ello con los primeros muertos y heridos poselectorales, que no cesarían de aumentar en adelante. Creía que Azaña fomentaba el desorden bajo cuerda para forzarle a cargar con medidas drásticas o ilegales como la proclamación de una amnistía ya impuesta por las masas. Y Azaña escribe: «Continúan los alborotos en (…) Andalucía y Levante. En Valencia hay un lío tremendo por la sublevación de los presos (…). Están revueltos los presos comunes y los políticos, que han caído como rehenes de aquellos. La irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos (…). Han quemado el penal de Valencia, el de Alicante y algún otro».

El aterrado Portela dimitió ante su protector el día 19, y hacia las ocho de la tarde salía medio huyendo de una multitud vociferante en la Puerta del Sol, para entregar apresuradamente los poderes en el edificio de Presidencia del Gobierno. Estaban presentes Azaña, Martínez Barrio y los generales Pozas y Núñez de Prado. Azaña describe a Portela con un punto de desvarío en la mirada. Vidarte cita a Núñez de Prado: «Parecía una ceremonia masónica. El gran maestre de la Gran Logia da posesión a su sucesor, delante del gran oriente español y en presencia de dos generales masones». El nuevo gobierno de Azaña contaba con siete ministros de la orden, y el mismo Azaña lo era, aunque desentendido: «El gobierno parece haber nacido bajo nuestros auspicios», concluye satisfecho Vidarte.

Para combatir los desmanes se había impuesto el estado de alarma, que suspendía diversas libertades; pero el resultado fue el contrario, denunciará don Niceto: «La suspensión entusiasmaba a los agitadores y la temían las gentes pacíficas, ya que sin detención de ninguno de aquellos, eran los mismos quienes prendían personas o invadían domicilios faltos de toda protección legal». Y la censura de prensa prohibía las críticas a las autoridades… menos al mismo presidente. Azaña comenta asimismo «incendios de casas y fábricas de enemigos políticos; asesinatos de guardias con empleo de sus mismas armas», y otros muertos en enfrentamientos, aparte de los consabidos incendios de iglesias, en un terror anárquico.

La derecha quedó anonadada ante aquella cadena de ilegalidades. Las izquierdas republicanas estaban decididas a marginarla de la política y los comunistas y socialistas de Largo a desarticular sus organizaciones y encarcelar a sus líderes. Pero el 20 de febrero Azaña predicó la calma: «El gobierno se dirige con palabras de paz (…). No reconocemos más enemigos que los enemigos de la república y de España (…). Nuestro lema es (…) libertad, prosperidad y justicia. Unámonos todos bajo esa bandera, en la que caben republicanos y no republicanos». El discurso, no obstante su inconcreción, sentó como un bálsamo a la CEDA, que quiso ver en don Manuel un último dique frente a la revolución. Azaña se sentía feliz: «Sienten estupor ante nuestro triunfo y respeto ante nuestra autoridad». Ya era, ironizaba, «un ídolo de las derechas», «un ídolo nacional».

Su discurso gustó menos al sector bolchevizante del PSOE. Y la CNT se preguntaba qué diferencia había entre Asturias y Casas Viejas: «Para el trabajador consciente no puede haber más que dos caminos: o con la burguesía o frente a ella; si opta por la primera es que consiente ser un esclavo». Por lo demás, el gobierno ya actuaba bajo presión de las masas. El 21 un decreto ley legalizaba la amnistía impuesta desde la calle. Otro decreto restablecía la autonomía catalana, suspendida año y medio antes, pero, se quejaba Azaña, Companys y los suyos dejaban la cárcel «con ánimo de plantarse en Barcelona y tomar posesión del gobierno por la fuerza, disparate colosal, repetir otro 6 de octubre y hacérmelo a mí». Otro decreto obligaba a los empresarios no solo a readmitir a sus empleados despedidos por huelgas políticas o sublevación, sino a indemnizarles con hasta seis meses de paga, haciendo tambalearse a muchas empresas. Una viuda habría tenido que readmitir a los asesinos de su esposo.

Azaña se burlaba del deprimido Gil-Robles: «La Pasionaria le ha cubierto de insultos (…). No sabe dónde meterse, del miedo que tiene». El protagonismo en la CEDA pasó momentáneamente al muy republicano Giménez Fernández, que declaró su respeto por la legalidad y trató de acercarse a Azaña. Este le trató con displicencia burlesca: «Tienen un miedo horrible. Ahora quieren pacificar, para que las gentes irritadas se calmen y no les hagan pupa. Si hubieran ganado las elecciones no se habrían cuidado de pacificar». «¿Causa profunda de todo esto? El miedo. Te divertirías mucho si estuvieras aquí», le escribía a su cuñado Rivas Cherif.

Sus cartas y diarios de entonces rezuman satisfacción. Unos banqueros le habían pedido audiencia para testimoniarle la «plena adhesión de la banca (…) incondicionalmente al lado del gobierno», y comenta el adhesionado: «He tenido algunas escenas divertidas (…) vino a visitarme el Consorcio de la Banca Privada (…) a pedirme que hiciera algunas declaraciones sobre el orden público (…). Les dije que no me daba la gana (…) y que debían dar cuarenta mil duros para los inundados de Sevilla, para impedir que les quemaran algún banco. Se quedaron de piedra y han soltado los 40.000 duritos». Disfrutaba con los desaires: «Me he dado el gusto de no admitir en mi despacho al presidente del Supremo». También dejó plantado al general Batet, vencedor de Companys en octubre, que iba a saludarle. «Hemos echado abajo el acta de Diego Hidalgo», que había impedido la huelga del campo organizada por el PSOE. «Ya hay otro general preso», en referencia a López Ochoa, uno de los vencedores de la revolución en Oviedo. A López no le valdrían sus acuerdos masónicos de última hora en Asturias, pues al reiniciarse la guerra en julio, los milicianos lo asesinaron junto con otros seis militares, y pasearon su cabeza ensartada en una pica.

El 1 de marzo una enorme manifestación ante Presidencia del Gobierno, con masas de milicianos comunistas y socialistas uniformados, exigía depurar el ejército y «¡responsabilidades por alto que estén los culpables!» de la represión del 34. Ante la multitud, Azaña contradijo su discurso conciliador de diez días antes: su programa, dijo, «se realizará para que la república no salga nunca más de nuestras manos, que son las manos del pueblo». El mismo día hablaba La Pasionaria: «Vivimos en una situación revolucionaria que no puede ser demorada con obstáculos legales (…). El pueblo impone su legalidad y el 16 de febrero pidió la ejecución de los asesinos. La república debe satisfacer las necesidades del pueblo. Si no lo hace, el pueblo la derribará e impondrá su propia voluntad». Por «pueblo» se refería, como Azaña, a sus seguidores con exclusión de los demás.

Frases y hechos dibujaban un nuevo régimen que surgía abatiendo la legalidad anterior, sobre todo lo que esta tenía de democrática; y dibujaba un poder revolucionario doble, entre la «inteligencia republicana» y unas masas indomables para ella. Todavía el 6 de marzo prometía Gil-Robles una «oposición serena, razonada y firme, sin obstrucciones estériles».

La segunda vuelta de las elecciones, para las pocas provincias donde ninguna candidatura hubiera logrado el 40 por ciento de los votos, tuvo lugar el 2 de marzo, bajo total control de las izquierdas y depresión de las derechas, reforzando la mayoría ya alcanzada con fraude. Pero con ello no concluía el proceso electoral: aún quedaban dos medidas también peculiares de un nuevo régimen, la revisión de las actas y la remoción del presidente.

Entretanto, don Manuel deploraba la ineptitud habitual de los suyos. En sus discursos del año anterior había dicho no temer que le arrollase «el torrente popular», pues dispondría de bastantes hombres para encauzarlo. Y resultaba que no. Su ministro de Gobernación, Amós Salvador, «se asustó mucho», «se azora y se encoge, como si hubiéramos hecho ministro a Josefina». «La gran dificultad es que no tengo gente bastante», no existía «ese centenar de personas que se necesitan para los puestos de mando». Lo cual no frenaba las ambiciones: «La talla ha bajado tanto, que hombres muy modestos se ofenden si se les ofrece un gobierno civil». [257]

Interés mayor para el gobierno tenía el control de las divididas fuerzas armadas, pues periódicamente circulaban rumores de golpe militar. En enero, Álvarez Mendizábal, ministro de Portela, los había despreciado: «Yo, durante la dictadura, he estado presente en todas cuantas conspiraciones se fraguaron (…) y ninguno de los militares comprometidos acudió nunca a cumplir su palabra (…). Es más de temer una reunión de camareros o de cocineras». A Azaña el juicio de Álvarez, aunque «muy basto», le parecía «la pura verdad. No creo que haya ninguno resuelto a jugarse nada en serio». Un grupo de generales monárquicos había formado la UME (Unión Militar Española), que había pensado dar un golpe coincidiendo con las elecciones del 16 de febrero, sin pasar a la acción, igual que otras conjuras nutridas por la indignación ante la quema de conventos cinco años antes.

No obstante, Azaña se precavió sustituyendo los altos cargos con militares adictos y alejando a los tres menos afectos: Franco a las Canarias, Goded a las Baleares y Mola a Pamplona, donde su republicanismo le aislaría del carlismo allí predominante. Fanjul fue privado de destino. En la Guardia Civil también sustituyó a cientos de mandos por otros adictos.

Las conspiraciones empezaron a cambiar el 8 de marzo, cuando varios generales se reunieron en casa del político de la CEDA José Delgado. Entre ellos estaban Mola y Franco, en tránsito a sus destinos. El acuerdo fue preparar «un movimiento militar que evitara la ruina y la desmembración de la patria». Franco impuso que no tuviera fecha, se intentase «solo en caso de que las circunstancias lo hicieran absolutamente necesario», y fuese «exclusivamente por España, sin ninguna etiqueta determinada».

El 17 de marzo, un mes después de la primera votación, consignaba Azaña: «Hoy nos han quemado Yecla: siete iglesias, seis casas, todos los centros políticos de la derecha y el registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño, el viernes, Madrid: tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas… Han apaleado (…) a un comandante, vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol a dos oficiales de artillería; en Logroño, acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales (…). Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias». La CEDA, sumisa aún, depositaba en Azaña su última esperanza.

Al día siguiente, el Frente Popular de Asturias exigía investigar las atrocidades de la represión. Presidirían la comisión ad hoc Matilde de la Torre, La Pasionaria y dos políticos menores. Habría dado un éxito resonante a las izquierdas documentar las acusaciones y cumplir su promesa electoral… Promesa que se iba olvidando, cosa extraña, porque tendría que haber miles de víctimas clamando justicia por los masivos asesinatos, torturas y saqueos. Pero no las había, la comisión no hizo nada, y La Pasionaria la «olvida» en sus memorias. El tema había sido muy rentable, pero ya había cumplido su cometido, y la investigación no iba a aportar ya nada, más bien lo contrario. Sería la CEDA la que incitara al Frente a cumplir su compromiso, sin encontrar más que el silencio al respecto. Ciertamente no habían faltado algunos excesos en la represión, cosa inevitable por las circunstancias; pero la investigación de ellos solo podía dejar en evidencia la tremenda demagogia de las acusaciones izquierdistas.

El 19 Giménez Fernández propuso a los parlamentarios de la CEDA definirse sobre tres opciones: «¿Fascismo o democracia? ¿República o monarquía? ¿Reformas sociales o pleno conservadurismo?». La mayoría prefirió república y democracia, y criticó la anterior política social de la CEDA (que no había podido aplicarse). Los consultados añadieron que si la democracia resultaba inviable, el partido se disolvería y cada cual iría con los más afines. Monárquicos y carlistas atacaban la contemporización de Gil-Robles, convencidos de su inutilidad, y apelaban al golpe militar.

El discurso conciliador de Azaña el 20 de febrero también había sosegado a la Falange. José Antonio razonó que aquella segunda ocasión de gobierno de Azaña «puede dar resultados felices», y ordenaba a los suyos no exhibirse, «evitar todo incidente» y «cuidar de que por nadie se adopte actitud alguna de hostilidad hacia el nuevo gobierno ni de solidaridad con las fuerzas derechistas derrotadas». Tan buenos deseos iban a frustrarse bien pronto, pues el gobierno procedió a clausurar los centros falangistas, hasta su sede central de Madrid, el 27 de febrero, y su órgano Arriba una semana después. Medidas ilegales so pretexto del estado de alarma.

No quedaba todo en actos administrativos. Por esos días eran asesinados «unos fascistas» en Almoradiel, y el 6 de marzo cuatro obreros del sindicato falangista en Madrid. Al día siguiente un estudiante del SEU, sindicato estudiantil de Falange, en Palencia, y el 11 otros dos, un falangista y un tradicionalista, en Madrid. Sometidos a un acoso mortal respaldado por el propio gobierno, los falangistas volvieron a replicar en los mismos términos. El 12 de marzo atentaban contra el abogado socialista Jiménez de Asúa, uno de los principales autores de la Constitución, vicepresidente de las Cortes del Frente y defensor exitoso de Largo en su proceso por la revolución de octubre. El atentado falló, pero murió un policía de escolta. Como en el caso de Juana Rico, la izquierda alzó enorme estruendo, y en los disturbios subsiguientes fue arrasado el diario derechista La Nación, quemadas dos iglesias, muertos un guardia y un bombero y casi linchado un militar que en realidad era republicano de izquierda.

Ante la exigencia izquierdista de aniquilar a la Falange, fue suspendido el partido, encarcelados casi toda su junta política y numerosos militantes con acusaciones ad hoc, y clausurado el resto de sus centros. Nada similar había ocurrido al PSOE cuando amenazaba al régimen y organizaba asesinatos y actos desestabilizadores; ni siquiera después de octubre había actuado así el gobierno del también «fascista» Lerroux.

La represión gubernamental fue ineficaz al principio, porque jóvenes de la CEDA radicalizados empezaron a afluir a una Falange clandestina, capaz de responder a nuevos asesinatos izquierdistas con otros: contra las viviendas de Largo Caballero o de Eduardo Ortega —el ultraizquierdista hermano del filósofo—; asesinato del magistrado Manuel Pedregal, autor de duras sentencias contra autores o cómplices del atentado a Jiménez de Asúa; del capitán Faraudo, instructor de las milicias socialistas, etc. Sufrían más bajas de las que ocasionaban, con represalias generalizadas como una de la que se jacta La Pasionaria: a la toma de una emisora en Valencia por unos falangistas para radiar una proclama, siguió el asalto y quema del casino central de la ciudad, impidiendo actuar a los bomberos, más el intento de hacer lo mismo con la redacción de un periódico y el arrasamiento de un restaurante y numerosos centros derechistas. Para la Pasionaria, se trataba de una legítima reacción del pueblo.

Es muy de notar que, como en el duelo anterior con las juventudes del PSOE, todos los historiadores que se consideran a sí mismos progresistas, consideran igualmente inoportuno especificar cuándo y cómo empezó el sangriento asunto. Se ve, como siempre, que su progreso tiene particulares imperativos en cuanto a la veracidad.

También los carlistas, en Navarra sobre todo, organizaban en silencio sus milicias. Su dirigente Fal Conde se había mostrado conciliador ante el discurso de Azaña el 20 de febrero, pero también él había ido cambiando de talante. Bajo la dirección de un experto conspirador, Antonio de Lizarza, se organizaban los grupos llamados requetés y el contrabando de armas.

Al igual que con la amnistía o la reposición del Estatuto catalán, las masas aplicaban su reforma agraria arrastrando la precaria autoridad del gobierno. El 25 de marzo el sindicato agrario del PSOE organizó la invasión de 3.000 fincas en Badajoz. Acciones parecidas cobraron impulso en los meses siguientes, acompañadas a menudo de talas indiscriminadas y agresión a personas, y el gobierno se veía forzado a legalizar los hechos consumados. A veces se producían choques con la fuerza pública, que de vez en cuando intentaba contener la anarquía. El peor de esos choques se produjo en Yeste, Albacete, con 19 campesinos y un guardia civil muertos.

Con estos sucesos cundía por ciudades y campos un doble poder de sindicatos y partidos obreristas, que el gobierno, cuyo poder dependía de ellos, apenas podía reprimir ni manejar. En palabras de Largo Caballero, «Azaña creyó que iba a gobernar una Arcadia feliz. Que por el hecho de estar él en el poder se terminarían los conflictos entre patronos y obreros (…). Como a pesar de haber un gobierno republicano se producían huelgas, se desesperaba. Me llamó algunas veces para decirme que la Unión General aconsejase a los trabajadores más paciencia y moderación. Le contesté que era más urgente exigir a los patronos, incluso a los llamados republicanos, más prudencia, menos egoísmo y mayor respeto a las leyes». El hecho es que las huelgas se multiplicaban, las subidas salariales implicaban la quiebra de muchas empresas, y el desempleo crecía con rapidez. En pocos meses llegó a un millón de parados, cifra no alcanzada hasta entonces.

A todo ello se añadía el derroche gubernamental. Chapaprieta acusará: «Al arribar las izquierdas al poder, empezaron por restablecer todos los ministerios y centros que con tanto trabajo había yo podado en nuestra exuberante burocracia (…). Desapareció toda contención en los gastos (…) con pérdida para la economía nacional».[258]

El 15 de marzo se reunían las Cortes entre una algarabía de gritos e injurias. El órgano del PCE, Mundo Obrero, alardeaba de que, por primera vez en la historia del parlamentarismo hispano, había «retumbado» allí «La Internacional», entonada por «los diputados comunistas y la mayoría de los socialistas», el himno de «la victoria inmensa de la Unión Soviética»; el «canto de guerra que cantaban los mineros asturianos, fusil al hombro cuando se dirigían a conquistar Oviedo». Y el 17 se acordó una comisión para revisar 269 actas protestadas por unos u otros. La presidía Prieto y la dominaban los diputados del Frente Popular, erigidos en juez y parte. Tres días después, El Socialista daba el tono de la revisión: «Ni un solo diputado de derechas puede afirmar que alcanzó limpiamente su escaño».

Contra la CEDA, que pedía pruebas documentales de las acusaciones a sus actas, se empleó la «certeza moral», con vasto campo a la arbitrariedad. Los comunistas, pese a ser solo catorce en las Cortes, llevaban la voz cantante, apoyados por los de Largo: Martínez Cartón exigió «que se aplique la ley con un sentido menos de latín y más de ruso». El Debate protestaba: «Una cosa es aceptar la pérdida en juego limpio y otra (…) soportar (…) las ambiciones insaciables de una mayoría ensoberbecida».

Los de Largo y los comunistas querían expulsar sobre todo a Gil-Robles y Calvo Sotelo. La Pasionaria impugnó las actas de Salamanca, no por pruebas de fraude sino «porque en ellas va Gil-Robles (…) un histrión ridículo, salpicado con sangre de la represión (…) un payaso asalariado», culpable de «las torturas y la represión más salvaje de la historia del proletariado español», para quien pedía la cárcel. Con igual desenvoltura afirmó que en octubre no se habían sublevado «contra la república, sino para dar a la república un contenido social (…), no contra la democracia, sino para defenderla». Volvió a explayarse sobre torturas y asesinatos, y advirtió al gobierno: «Los trabajadores están dispuestos a hacer justicia. Yo quisiera que vosotros pensarais lo que va a significar para los trabajadores el ver que los hombres del Frente Popular sancionan con sus votos que Gil-Robles, el verdugo (…) vuelva a sentarse en el Parlamento».

A la intimidante señora contestó un respetuoso republicano, Gomáriz, diciéndose dispuesto a procesar a Gil-Robles y admitiendo que los escaños derechistas se debían solo a amaños: desde el punto de vista «subjetivo» sería muy justo desposeerlos a todos; pero «objetivamente», balbució, «nos falta apoyo sólido para anularlas». Con tan pobre sostén, Gil-Robles salvó su escaño. El comunista Uribe inventó a Calvo Sotelo amenazas de «ponernos un patíbulo en cada esquina para colgar a todos los trabajadores y a todos los republicanos». Y la «objetividad» volvió a conservar el escaño a Calvo, si bien no por razones jurídicas, sino como una gracia o algo así. La Pasionaria, gritó, fuera de sí: «¡Viva la república del proletariado!» y Matilde de la Torre: «El mérito de ese señor es haber hecho cinco mil muertos en Asturias». Las dos señoras, como quedó dicho, encabezaban una comisión investigadora sobre tales crímenes, pero la dura tarea parecía infundirles cierta pereza. También González Peña injurió a Calvo, quien nada había tenido que ver con Asturias.

La demagogia se volvía excesiva y peligrosa incluso para Prieto y Azaña, quienes preferían dejar que los dos líderes derechistas se desfogaran impotentes en el Parlamento, antes que empujarles a la rebelión. Por ello, Prieto dimitió de la comisión, «sospechando que mi convicción discrepante llegue a ser (…) profunda», explicó de forma sibilina.

Finalmente, la revisión cambió 32 escaños, casi todos a favor de las izquierdas. El PSOE subió de 88 a 99, la CEDA descendió de 101 a 88, el PCE pasó de 14 a 17. La mayoría izquierdista se hizo abrumadora. Según autores como Preston, la comisión actuó «con un legalismo puntilloso», y «favoreció consistentemente a la derecha». ¿Qué entenderá por puntilloso y consistente este hombre? Se acordó también repetir elecciones en Cuenca y Granada, donde había ganado la derecha. Estas elecciones se celebrarían en mayo, bajo una exacerbada violencia del Frente.

Puede concluirse que la revisión de actas constituyó un avance decisivo en el golpe de Estado electoral. Con ella, señala el intelectual Salvador de Madariaga, «se perseguían tres fines: hacer de la Cámara una Convención, aplastar a la oposición y asegurar el grupo menos exaltado del Frente Popular». Transformar el Parlamento en Convención o asamblea constituyente sería por otra parte lógico, ya que la legalidad republicana estaba de hecho abolida desde las elecciones. Sin embargo, tampoco había de funcionar como Convención, debido a la debilidad del «grupo menos exaltado» —el gobierno—, por lo que continuó el caos político y el terror en una sucesión de actos consumados.

Pero la demolición completa del régimen exigía coronarla con la destitución de Alcalá-Zamora, que merece estudio aparte.

36
ABRIL DE 1936: DEMOLICIÓN FINAL DE LA REPÚBLICA, CAMINO DE LA GUERRA CIVIL

En rigor, Azaña tendría que estar muy agradecido a Alcalá-Zamora, pues era este quien había desbaratado al centro derecha y le había permitido a él, finalmente, volver al poder mucho antes de lo que podía haber esperado. Sin embargo, no eran la gratitud ni la cordialidad lo que más brillaba en su actitud. Enemigos los dos desde el comienzo de la república, lo serían más encarnizados en los estertores del régimen. Tras las elecciones se planteó la lucha decisiva entre los dos dirigentes.

Cada uno temía ser destituido por el otro, y tienen máximo relieve histórico los testimonios mutuos en aquellos dos meses finales del régimen, plagados de desaires y recriminaciones. Don Niceto deplora: «Fuera de los casos en que yo preguntaba (…) el gobierno me ocultaba cuanto ocurría (…). Prolongábase la inquietud, agravada cada día, y me creí en el caso de insistir en mis consejos cerca de Azaña (…). Escuché una serie de incoherencias y contradicciones de este tipo: “No pasa nada; esto es imposible que siga así”. “Es solo en Andalucía; hay que arreglar lo de Levante, del Norte, y lo de la Rioja”. “Los socialistas no pueden hacer nada; hoy almuerzo con Prieto y mañana irá a verme Largo para que ponga fin y remedio, pues de ellos depende (…)”. Formose (Azaña) la ilusión de que una vez vencedor podría anular al socialismo y al sindicalismo (anarquista)». La lucidez de don Niceto sobre las ilusiones de don Manuel contrasta con su total ceguera hacia las suyas propias, cuya insensatez se probaba cada día.

En sus cartas a Rivas Cherif, Azaña expresa una pugna de fondo: muy consciente de las perturbaciones ocasionadas por las maniobras e intrigas del presidente al centro-derecha, no estaba dispuesto a consentírselas. En particular le preocupaba una posible disolución parlamentaria, con la que tanto había chantajeado implícitamente a Lerroux y Gil-Robles. «Le dije (…) que no puede disolver estas Cortes. Me dijo que eso es un golpe de Estado (…). Don Niceto quería provocarme a dimitir, tal vez con el propósito de disolver (…). Me contento con decirle atrocidades delante del gobierno. No me falta más que sacudirle por las solapas. El hombre se enoja, se retuerce, mete los dedos en el tintero, se embolsa puñados de caramelos (…). Está mucho peor que en mi otra etapa de gobierno. Entonces no discutía nada ni apenas opinaba, pero con Samper, Lerroux, Portela, etc., ha adquirido malas mañas y no quiere perderlas. El día del último consejo le dije: (…) “Como el sr. presidente ha tenido una larga serie de presidentes del Consejo y de ministros ineptos y traidores, se ha habituado a dirigir al gobierno, pero los que yo presido no se dejan dirigir por nadie más que por mí”; “Tengo el derecho —replicó— de hacer observaciones al gobierno, y las haré siempre que mi deber me lo aconseje”. “Las hará usted mientras haya aquí alguien que se crea en el deber de escucharlas. En otro caso se las hará usted a los muebles”».

Muy pronto Alcalá-Zamora había sufrido los efectos de las elecciones tan demencialmente convocadas por él mismo: sus fincas en Jaén habían sido asaltadas y detenidos familiares suyos, incluyendo «una anciana prima que me había cuidado en la infancia». Los habían recluido en unas salas del ayuntamiento y el presidente supo de un plan para incendiar las salas y quemarlos vivos. El supuesto plan no se cumplió, pero los presos serían asesinados al reanudarse la guerra unos meses después. Azaña da su versión el 21 de marzo: «El domingo pasado ocurrieron unos desórdenes en Alcaudete de Jaén. El alcalde para tranquilizar a las masas, metió en la cárcel a los muchos parientes que don Niceto tenía en aquel pueblo (…). Excuso decirte cómo estaba el hombre cuando al día siguiente fuimos a Palacio. Después de un discurso suyo, en que insultó a casi todo el mundo, vino otro mío, violentísimo, que le disparé a quemarropa, ante el estupor y la satisfacción del gobierno».

Niceto, cierto de la intención de destituirle, lo comentó a Chapaprieta, quien le expuso la realidad española del momento «sin ahorrar ninguna de sus tenebreces». Al decirle el presidente que creía contar con las fuerzas armadas, le animó: «La historia de España le ha reservado un papel de la más extrema importancia, que puede abrirle las puertas de la gloria y del eterno agradecimiento de los españoles (…) o puede convertirle, a pesar de todas sus rectas intenciones, en una figura vilipendiada. Si cuenta usted con el ejército, no hay para mí más que una solución a adoptar. Usted tiene la libre facultad de cambiar el gobierno. Nombre inmediatamente uno que con el apoyo de la fuerza armada restablezca el orden y la autoridad (…). Las izquierdas, con una tercera parte de los electores, atropellaban al resto de los españoles. El caso justificaba toda determinación que lo evitara».

El 17 de marzo se habían convocado elecciones municipales para el 12 de abril. El 2 de abril, Niceto aconsejó al gobierno suspenderlas «porque en el estado de terror que vivía el país (…) no podían aquellas ser más que la acumulación gigantesca, escandalosa, de dos típicos delitos electorales: la coacción y la falsedad (…). Les rogué que defendieran la legalidad conmigo y les dije que si flaqueaban yo estaba resuelto a no ceder a la revolución social». Ese mismo encuentro lo expone así Azaña: «Con motivo de las elecciones municipales hay un alboroto tremendo. Socialistas y comunistas quieren la mayoría en todos los ayuntamientos y además los alcaldes (…), así en todas partes». Según él, los revolucionarios «han cometido la ligereza de decir que eso lo hacen para dominar la república desde los ayuntamientos y proclamar la dictadura y el soviet», con lo cual «el hombre neutro está asustadísimo». Solía llamar ligereza y simpleza a tales hechos, y «tontería» a la quema de iglesias y periódicos derechistas. No obstante mantuvo momentáneamente la convocatoria.

Luego, continúa don Niceto, se trató «mi ya próxima destitución. Les aconsejé que no lo hiciesen no por mi egoísmo, pues me asqueaba cuanto veía, sino por el bien de España y de la república». Y les advirtió que le sobraban «la razón y la fuerza, aun si no pensaba usar la segunda». Azaña repuso, airado, que «una mayoría tiene siempre medio de imponerse». La versión de Azaña es: «Tuvimos una escena tremenda (…). Estuvo hablando dos horas, contra todos y contra todo. Tenía el propósito de provocarme a dimitir quizás con la intención de disolver estas Cortes antes de que tomasen el acuerdo fatal. Yo no hablé más que un cuarto de hora, pero bien aprovechado. Fue una escena memorable». Le habían notificado, explica, que Calvo Sotelo había atribuido a don Niceto la intención de ir a aquella reunión para «poner las cartas boca arriba, para echar al gobierno (…). Cuando vi confirmada la nota por el discurso del presidente, se lo dije (…): “Un personaje político que no es republicano sabía anoche lo que usted acaba de hacer”. Se puso furioso (…) La situación quedó insostenible. Dije a los ministros que yo no volvía más a Palacio con aquel hombre».

El contraste entre los dos relatos no precisa comentario. Pero al día siguiente, recuerda don Niceto, le llamó Azaña «para decirle que tenía un decreto muy importante (…) rogando que yo lo firmara en mi casa». Era el decreto de suspensión de las elecciones municipales. «Fue Azaña a mi casa al cabo de tres años, presentándose amable, cortés, sonriente como no lo había estado nunca (…) comprendí en el acto que intentaba confiarme para ejecutar el atropello de la destitución». Por supuesto, Azaña da otra versión: «La bronca fue tal, que ayer, viernes, me citó para firmar en su casa, lo que yo no hacía desde junio de 1933. Quería estar amable. Le llevé el decreto de suspensión de las elecciones municipales (obligada por la desunión del Frente, y en previsión de la crisis presidencial). Después de firmarlo me dijo: “¿Habrá debate esta tarde?”. “Supongo que sí”, pero no quise decirle sobre qué, ni lo que haríamos. Creo que don Niceto ha ido diciendo por ahí que nuestra entrevista fue muy cordial y que estuve amabilísimo».

Chapaprieta cree que Alcalá-Zamora receló, pero «llevaba en sí tales indecisiones y resistencias a adoptar resoluciones heroicas que exigían las circunstancias, que (…) temerosamente se acogió a la tregua que se le brindaba (…). Al advertir yo el panorama, comprendí (…) que la partida estaba irremisiblemente perdida». Es decir, que la marcha hacia la guerra ya no tropezaría con impedimentos serios.[259]

El primer paso para la destitución del presidente se dio en el debate del que Azaña no había querido informar al presidente. «En cuanto llegó Azaña al Congreso después de su inesperada y desleal visita a mi casa, presentó y defendió Prieto, con la impasibilidad cómplice de aquel, la primera proposición en que las Cortes se declararon a sí mismas indisolubles durante mi mandato (…). Semejante acuerdo fue bajo todos los aspectos una enormidad inconstitucional y envolvía, con leve rodeo, un golpe de Estado parlamentario». Cabría observar que también la expulsión de la CEDA y convocatoria de elecciones por el mismo Niceto tenían harta semejanza con el golpe que ahora percibía agudamente en sus contrarios.

Como ya vimos, don Niceto sostenía que la primera disolución, la de las Constituyentes, era automática y no podía computársela por una de las dos a que tenía derecho. Cuando se planteó el asunto después de aprobada la Constitución, Azaña pensaba lo mismo, proponiendo que «las Cortes declaren que la disolución de las Cortes Constituyentes no se computará en las dos disoluciones que el presidente de la república puede hacer». Había estimado la cuestión «muy importante» y «de consecuencias graves», y calificado de «desatinada» y de «jugar al extremismo» la postura contraria. Sin embargo, en 1936 había cambiado de opinión. Por su parte, Gil-Robles argüía que la disolución de las Constituyentes no se había realizado al aprobarse la Constitución, sino más de un año y medio más tarde, por lo que se habían transformado en Cortes ordinarias. Así la disolución de 1933 debía valer como la primera del derecho presidencial, y la de enero del 36 como la segunda. Y, por supuesto, él estaba dispuesto a declarar esta segunda injustificada, y por tanto a destituirle, si hubiera ganado las elecciones. Como había vaticinado al presidente cuando este le expulsó del gobierno, cualquier bando que ganara los comicios le depondría.

El conflicto institucional así creado, pensaba don Niceto, solo podía dirimirlo legalmente el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero, al igual que en la Comisión de Actas, la mayoría parlamentaria izquierdista se arrogó la potestad de ser juez en su propio beneficio y como preludio a la expulsión efectiva.

Aún seguía habiendo un problemilla legal para el Frente Popular. La destitución podía hacerse por el artículo 82 de la Constitución, muy arriesgada porque exigía el acuerdo de tres quintas partes de la Cámara, la cual quedaría disuelta si no se conseguía. El artículo 81 ofrecía más facilidades: bastaba que una mayoría de la Cámara declarase innecesario el segundo cese de las Cortes. De este modo, el 7 de abril una proposición parlamentaria escrita por Azaña y presentada por Prieto, rezaba: «Los diputados que suscriben, atentos únicamente a la suprema razón política de asegurar en todas las instituciones del Estado republicano la observancia y la defensa de la Constitución (…) proponen que las Cortes (…) declaren que no era necesario el decreto de disolución de Cortes de 7 de enero de 1936». Don Niceto había llegado al final de su carrera política. Y la república del 14 de abril de 1931, también.

Para aumentar el grotesco manejo leguleyo, el PNV, siempre atento a perjudicar la estabilidad del país, votó a favor de Prieto. La derecha se abstuvo, invocando pruritos legales. La decisión estaba tomada, pero hubo cuatro horas de debate ocioso. Votaron la destitución 238 diputados, y se abstuvieron casi todos los demás. Largo Caballero sentenciará: «Era obligado. Había sido doblemente traidor: a la monarquía y a la república». Su guerra civil del 34 no había traicionado a nadie, por supuesto.

La CEDA habría echado al presidente de forma lógica y legal, pero en las izquierdas la maniobra tenía mucho de esperpéntico y algo de alucinado. Tras «ganar» las elecciones declaraban injustificada la disolución que habían exigido con rebeldías y rebeliones durante los dos años anteriores, y a la que debían por fin su acceso al poder. Lo cual implicaba su propia ilegitimidad, al estar gobernando por una decisión injustificada del presidente. Por lógica, la exigencia de la destitución debía haberse acompañado de la de nuevos comicios, lo que, desde luego, no se les pasaba por la cabeza. Aumentaba la alucinación el hecho de que los derrocadores del presidente le debieran no solo el poder, sino, muchos de ellos, la vida, empezando por Pérez Farrás, cuyo indulto arrastró en cadena el de todos los jefes guerracivilistas, incluido Companys.

Toda la república había transcurrido entre constantes vulneraciones y manejos leguleyos de la Constitución por parte de la izquierda, los separatistas y el propio Alcalá-Zamora; habiendo sido defendida, paradójicamente, por quienes habían votado contra ella, como señalaba Gaziel ante la rebelión del 34. Por otra parte, no dejaba de haber cierta justicia poética en la expulsión, ignominiosamente grotesca, de quien no solo había presidido los cinco años del régimen, sino que se tenía a sí mismo por su fundador y consejero. Había declarado al principio que deseaba presidir una república no epiléptica, y él mismo había contribuido muy a fondo a las epilepsias de las que era víctima finalmente.

Vale la pena citar las justificaciones de don Niceto en Le Journal de Genève, por no haber resistido a lo que llamaba doble golpe de Estado: afirmaba haber contado con fuerzas para impedirlo, pero «Yo estaba resuelto a no utilizar semejantes medios (…) No quería ser motivo de una guerra civil ni que mi país pudiese creer que yo obraba por ambición. Yo sacrifiqué mi derecho por asegurar la paz». Las fuerzas con las que decía contar no pasaban de su fantasía y él mismo llevaba dos años de manejos perturbadores de la paz. La población, agobiada por problemas más tangibles y urticantes, recibió con indiferencia la defenestración del prócer.

Le sucedió interinamente el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, que en sus memorias dice haberse sentido muy deprimido en la ceremonia, «más parecida a velada fúnebre que a fiesta de recién nacido (…). Nos habíamos lanzado por uno de esos despeñaderos históricos que carecen de toda posibilidad de vuelta». Pero durante la guerra habría dicho a Azaña: «Si no hubiésemos destituido a don Niceto, habría dado él un golpe de Estado». Por el contrario, Azaña se sentía eufórico: «La cosa no ofrecía dudas. Dejo aparte el placer estético de la operación, que no es pequeño (…). Seguimos destituyendo peces gordos; no va a ser solo don Niceto. No se me olvida ninguno». Y el defenestrado pacifista describirá el panorama: «Apoderamiento (…) del presupuesto, creando cargos por legiones (…). Se asaltó la independencia constitucional (…) del Tribunal Supremo y desapareció airadamente la de todo el Tribunal de Garantías. Creían ir sin obstáculo al pleno goce del mando e iban a la perdición de todo y de todos».

Don Manuel fue propuesto para el cargo. Sus seguidores se oponían, por estimarle insustituible al mando del partido y del gobierno, pero él los convenció en una escena que narra con cierto humor negro: «Llorera general (…). Explosión de entusiasmo, abrazos, promesas, juramentos cívicos… En fin, muy bien. Es posible que ahora lo destrocen todo». Y el 10 de mayo pasaba a presidir un régimen que ya nada real conservaba del de 1931. En carta a su cuñado explicaba: «Desde que se produjo la vacante, pensé que no había más solución que la de ocuparla yo. Lo pensaba desde hace mucho tiempo, y ya desde el verano pasado (…) solía decir, y muchos lo oyeron, que yo no podía ser más que presidente de la república».

Debía nombrarse a su vez a su sucesor en el gobierno. Muchos pensaban en Prieto, quien el 1 de mayo había denunciado que el país no podía resistir una convulsión revolucionaria permanente y sin salida clara. Pero el sector de Largo lo impidió. Tampoco funcionó Martínez Barrio, y al final recayó el cargo en el galleguista Santiago Casares Quiroga, uno de los muy pocos republicanos a quienes Azaña creía con luces.

Para entonces, pues, ya no podía hablarse de la república del 14 de abril: su demolición había comenzado con el fraude electoral del 16 de febrero, agravado por la segunda vuelta y la revisión de actas, y culminada aquel 7 de abril con la expulsión de Alcalá-Zamora. Naturalmente, los historiadores y políticos que atienden al sonido de las palabras más que a su contenido, seguirán hablando de república y republicanos hasta el 1 de abril de 1939: una falsedad o una tontería, o más bien una falsedad tonta.[260]

En la reunión de las Cortes del 3 de abril, cuando el Frente Popular se declaró indisoluble, Azaña había pronunciado un discurso que, con razón, ha suscitado mucho comentario. Se presentó emotivamente como «el bulto todavía parlante de un hombre excesivamente fatigado», y anunció con dramatismo: «Esta es quizá la postrera coyuntura que tenemos, no solo para el desenvolvimiento pacífico y normal de la vida republicana (…) sino también en régimen parlamentario». Exhibiendo una energía aparente, advirtió: «Hay que condenar el desmán, la violencia, el terrorismo, dondequiera se manifiesten y hágalos quien los haga (…). El gobierno y su presidente no justifican nada, no disculpan nada». Esta declaración causó euforia en los conservadores, como anuncio de rectificaciones políticas.

Pero en realidad Azaña había castigado inflexiblemente a sus enemigos, en especial la Falange, mientras que sus aliados del Frente gozaban de impunidad, e iba a seguir igual, como pasó a aclarar enseguida: «Dejemos llegar un poco a nuestro ánimo el sentimiento de la misericordia y de la piedad. ¿Es que se puede pedir a las muchedumbres irritadas o maltratadas, a las muchedumbres hambreadas durante dos años, a las muchedumbres saliendo del penal, que tengan la virtud que otros tenemos de que no trasparezcan en nuestra conducta los agravios de que guardamos exquisita memoria?». Por lo tanto los desmanes izquierdistas quedaban justificados y no podían ser reprimidos. La derecha prefirió no entender de momento la impotencia o complicidad con el terror implicados en su «piedad y misericordia». De hecho, Azaña no podía hacer otra cosa sin enfrentarse a los grupos y partidos que le sostenían.

Más significativa incluso fue su enérgica afirmación de que tanto la revolución como el golpe militar del que se hablaba constituían «una inmensa patraña» y «un fantasma». Tales ilusiones, por completo ajenas a la realidad, recuerdan las de don Niceto cuando expulsó a Gil-Robles.

El orador se congratuló en sus diarios: «¡Qué éxito!, no creo haber tenido uno igual en las Cortes. La mayoría, en pie, vociferaba, vitoreaba (…). El espectáculo fue magnífico (…). Subió la Bolsa (…). Ya nadie cree en los soviets ni en el golpe militar». Prieto calificó el discurso de «mágico», pero después de reflexionar, se dio cuenta de que era «vacío».

Sobre la inquietud de algunos militares, Azaña, confiado después del caso de Sanjurjo, creía tener bien controlados a los conspiradores, pensando también que a la hora de la verdad no se atreverían, como otras veces. Sin embargo, Mola ya estaba organizando algo más serio, entre contrariedades que a veces le sumían en la desesperación. Planeaba un golpe republicano rápido que desarticulara a los revolucionarios y calmase la situación por un tiempo hasta volver a una república no convulsa. Franco pensaba en un golpe, de cuyo éxito no estaba nada seguro, ni monárquico ni republicano, que dejase abierto el futuro.

Los más contentos con el discurso «mágico» eran los comunistas y las derechas. Estas porque quisieron creer que cesarían las violencias, y los primeros porque no les convenía airear demasiado el «fantasma soviético»: preferían revestirse del disfraz «antifascista». Su línea, diseñada por la Komintern, difería de la mucho más tosca de los afectos al «Lenin español». Este, Araquistáin y los suyos hablaban sin ambages de poder comunista o dictadura proletaria, y entendían la situación plenamente madura para un nuevo asalto al poder, a no tardar mucho. El PCE, más inteligente, percibía que alcanzar un régimen de estilo soviético requería un proceso más prolongado. Ante todo debían ser aplastadas definitivamente las derechas, tarea que podría encomendarse muy bien al gobierno, presionándole sin tregua. Una vez liquidado así el fascismo, quedaría allanado el camino hacia un régimen sovietizante, pues los endebles y vacilantes «pequeñoburgueses» republicanos de izquierda, una vez cumplido su papel, carecerían de fuerza o valor para ponerle obstáculos serios.

En esta orientación, los partidarios del «Lenin español» podían resultar inoportunos y contraproducentes, pero la estrategia del PCE incluía, como hemos dicho, la progresiva absorción del PSOE en un partido único. En apariencia debía ser el PSOE, mucho más potente, el que absorbiera al PCE, todavía pequeño, pero la experiencia demostraría en gran parte lo contrario durante la guerra. No solo los comunistas llegarían a marcar la línea a todo el Frente Popular, sino que defenestrarían oportunamente a los mismos Largo y a Prieto cuando estos se resistieran. Pero este es otro tema que he tratado más a fondo en Por qué el Frente Popular perdió la guerra.

Demolida la Segunda República, cabría decir que le sucedió una Tercera, o bien un régimen de Frente Popular. Pero no puede hablarse de Tercera república, pues no se consolidó una legalidad nueva y mucho menos un poder mínimamente estable. Al Frente Popular le caracterizará esos meses un doble poder, concretamente un poder desordenado en calles y campos y un poder impotente y cómplice en el gobierno. Entre huelgas, incendios y violencias menudearon los choques entre las mismas izquierdas. La CNT acosaba a los separatistas en Cataluña, y llegaba a la sangre con los socialistas. Un asesinato que tendría consecuencias truculentas fue el del mencionado Miquel Badía, Capità Collons, el 28 de abril en Barcelona. Sus autores eran anarquistas, pero el grupo Estat Catalá sospechó enseguida la mano de Companys detrás del crimen, lo que daría lugar a intrincadas conjuras y asesinatos ya durante la guerra. Y en el mismo PSOE la rivalidad entre seguidores de Prieto y de Largo quedó de relieve el 31 de mayo en el famoso mitin de Écija, encerrona de la que Prieto hubo de escapar protegido a tiros por sus guardaespaldas del grupo llamado «La Motorizada». El más destacado del grupo sería en julio el asesino directo del líder monárquico Calvo Sotelo.

Y así el nuevo régimen aceleró su caótica marcha hacia la guerra civil, la cual recomenzó los días 17 y 18 de julio. El golpe rápido de Mola fracasó en los primeros cuatro días. Franco, consciente de las ingentes dificultades del comienzo, se rebeló hablando aún de salvar la república y exigió «fe ciega en la victoria». La situación de «doble poder» en el Frente Popular no podía durar indefinidamente sin definirse en una dirección u otra. Y evolucionó con rapidez al comenzar la guerra civil mediante la completa liquidación del poder republicano de izquierda en favor del de los revolucionarios obreristas, de «los gruesos batallones populares», que diría Azaña. Situación culminada en septiembre de 1936 con la formación de un gobierno presidido por el «Lenin español», en el que los republicanos cumplían un papel poco más que ornamental. Ese proceso lo he analizado en Por qué el Frente Popular perdió la guerra, y rebasa el objeto de este ensayo.

Parte IV

LA REPÚBLICA EN LA HISTORIA
LA REPÚBLICA EN LA HISTORIA

37
LA CULTURA Y LA ECONOMÍA

Cabe afirmar sin exageración que la república se estrenó con una gran hoguera de iglesias, obras de arte, bibliotecas y centros de enseñanza. Tal querencia pirómana amainó después de la «quema de conventos», sin desaparecer, para recrudecerse en la insurrección de octubre del 34, que dinamitó e incendió colecciones de arte, la gran biblioteca de la universidad de Oviedo, joyas artísticas del románico, más el asesinato de numerosos sacerdotes y «fascistas». Derrotados los insurrectos, pasó un año y medio sin nuevas hazañas de ese tipo, pero apenas «ganadas» las elecciones del 36, la afición digamos fogosa de las izquierdas cobró un auge sin precedentes. Y durante la guerra, ya la quema de bibliotecas, obras de arte, edificios, y el saqueo de bienes histórico-culturales se convirtió en un verdadero deporte del Frente Popular. Aunque este era ya otro régimen y corresponde a otra fase histórica, desarrollaba una propensión ya bien establecida de antes.

La afición de las izquierdas por la cultura se manifestó asimismo en la aplicación de los artículos más sectarios de la Constitución. A los religiosos se les prohibió la enseñanza, lo que la obstaculizó o privó de ella a miles de niños y jóvenes, sin que la necesidad fuera debidamente cubierta por las nuevas escuelas republicanas, fuertemente ideologizadas muchas de ellas en sentido comunistoide. La expropiación de los bienes de los jesuitas inutilizó laboratorios, observatorios y la Universidad de Deusto, donde estaba el único centro superior de ciencias económicas de España.

Dada la crudeza de estos hechos básicos, solo nos queda deslumbrarnos ante el talento de tantos historiadores, intelectuales y políticos para transmitir a las generaciones actuales la imagen de una república (y por ella hay que entender solo su parte izquierdista) volcada en el desarrollo de la cultura y el intelecto. Talento no al alcance de todo el mundo.

Y hay que preguntarse una vez más cómo han conseguido tal victoria intelectual. La respuesta la tenemos en el aluvión de libros, artículos, cine, encomiando sus logros culturales. Citaremos entre las películas La lengua de las mariposas, de 1999, en la que un maestro «republicano» (de izquierdas, claro), transmite a un niño su gran sabiduría; mas, por desgracia, a unos miserables se les ocurre sublevarse contra tanta ciencia y progreso, el bueno y viejo maestro es conducido por los falangistas para fusilarlo, y el niño, influido por el ambiente, reacciona tirando piedras a su ilustrador. La cosa no quedó ahí, pues el eco de la historia se multiplicó por las entrevistas al director, reseñas y comentarios en los medios, marcados por el mismo patrón: baste de botón de muestra este de El País: «Conmovedora, bella pero durísima, triste y sin embargo llena de entusiasmo y de futuro. Una película de niños republicanos». El mensaje es machacón: la cultura republicana progresista, abierta, tolerante, humana, enfrentada al brutal oscurantismo y al fanatismo de los de Franco. Debe reconocerse que los falangistas o viejos franquistas eran incapaces de replicar con cine o literatura algo incisivos, solo con una indignación sorda y estéril, y algún comentario en prensa marginal.

El ejemplo anterior da la tónica de una ofensiva «cultural» permanente, emprendida por los comunistas ya antes de la muerte de Franco. Fiel a su táctica de captar el máximo de aliados para aislar a los «fascistas», el PCE, tras fracasar el terrorismo del maquis, diseñó la penetración en la universidad y una política de «reconciliación nacional». Esta consistía en procurar que los viejos y ya inanes partidos republicanos y separatistas y socialista, así como la gente común, olvidaran los crímenes entre ellos mismos para unir fuerzas contra los vencedores de la guerra. El bonito nombre «reconciliación nacional» consistía en el intento de reconciliar a los demás con los comunistas, lo cual exigía idealizar a los republicanos «pequeñoburgueses»: estos habrían montado un «régimen de intelectuales» o de «profesores», cultos, progresistas, inteligentes, bienintencionados (a Azaña le habría pasmado leerlo), pero ingenuos políticamente por no haber percibido todo el alcance del peligro «reaccionario» y no haberlo aplastado a tiempo en pro de una democracia «auténtica». Les faltaba la ciencia marxista, pero eso era disculpable, pues les sobraba progresismo. Y aunque la república había naufragado en el fraude y el terror entre las elecciones del 36 y la destitución de Alcalá-Zamora, para la propaganda no había pasado nada importante: ¡todos seguían siendo honrados republicanos! En historiografía, la gran figura fue Tuñón de Lara, de quien hablaremos más adelante.

La leyenda rosa de la cultura republicana se afianzó explotando falsas impresiones sobre el exilio de numerosos intelectuales, y ocultando el hecho de que la mayoría y los más relevantes habían huido del Frente Popular y no del bando nacional, y vuelto muchos de ellos a España después de la guerra, como explicó en su momento Gregorio Marañón o más tarde el filósofo Julián Marías.

Naturalmente, no faltaron en la república iniciativas valiosas por parte de intelectuales y políticos de izquierda. Es muy citada la compañía teatral La Barraca, que llevaba por diversos pueblos el teatro clásico español, empresa en la que intervino destacadamente García Lorca. Este, políticamente neutro, escapó del Madrid revolucionario para refugiarse en la rebelde Granada, donde lo asesinaron unos criminales sublevados, por cuestiones en parte familiares; o las Misiones Pedagógicas de Bartolomé Cossío, que repartían libros, creaban bibliotecas e impartían cursillos por los pueblos. O el Teatro del pueblo, organizado por Alejandro Casona, que en 1937 huyó del Frente Popular y en 1962 volvió a España. No obstante, en el balance entre la barbarie destructiva y las iniciativas constructivas pesa claramente mucho más la primera.

Suele encomiarse desmedidamente la actividad artística e intelectual, ciertamente muy importante, en la república, pero difuminando el dato de que no se trató de un hecho particular de aquel régimen, pues venía de antes y continuaría después. En aquellos cinco años coincidieron tres notables generaciones intelectuales, la del 98, la del 14 y la del 27: las dos primeras correspondían a la tan detestada monarquía, y la tercera a la dictadura de Primo de Rivera (muy liberal en cultura y otros aspectos). El concepto de «generación» ha sido controvertido, pero en cualquier caso viene a ser un buen modo de identificar a grupos intelectuales que destacan en torno a tales o cuales fechas. No hubo propiamente una nueva generación en la república, y la mayoría de los autores que empezaron a producir por esos años lo seguirían haciendo en el franquismo, así como bastantes otros provenientes de las generaciones anteriores.

Como botón de muestra, nuevamente, pueden exponerse los premios Nobel C. J. Cela, Vicente Aleixandre y Juan Ramón Jiménez. El primero destacó ya en el franquismo, el segundo (de la generación del 27) siguió escribiendo en España después de la guerra y el tercero se exilió huyendo del Frente Popular y no volvió a España. Otro Premio Nobel de la monarquía, Jacinto Benavente, colaboró con el Frente Popular, pero permaneció después en España, alegando que su colaboración le había sido impuesta con amenazas de muerte (como había denunciado Ortega de otros casos). Finalmente Severo Ochoa, también Premio Nobel en ciencias, escapó del Madrid «republicano» en septiembre del 36, trabajó primero en el Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, en la Alemania hitleriana, luego en la Universidad de Oxford y finalmente en Usa, donde se asentó, adquiriendo la nacionalidad useña. Vuelto esporádicamente a España, en 1971 fue nombrado director del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Su vuelta definitiva fue, ya anciano, en 1981, aunque no quiso recuperar la nacionalidad española. Realmente fue un científico puro, sin vinculaciones políticas definidas; lo que no ha impedido a la experta propaganda todavía hoy dominante presentarlo como un exiliado antifranquista, olvidando los «detalles» inconvenientes.

Contra la «memoria» habitual y su pretensión de haberse producido un corte cultural drástico después de la guerra, que habría convertido al país en un «páramo» o «erial», Julián Marías dejó la «memoria» para volver a la historia mediante un largo artículo, «La vegetación del páramo». En él examinaba el gran número de autores y obras relevantes que desde los años cuarenta habían definido un panorama intelectual excelente. Tiempo después, en otro artículo titulado expresivamente «¿Por qué mienten?», explicaba las razones nada culturales por las que se estaba falsificando grosera y sistemáticamente el pasado. No obstante debe admitirse que la «metodología» y la potencia propagandística de las nuevas izquierdas y derechas «progres» han podido, hasta ahora, mucho más que cualquier información veraz y documentada. Esa «habilidad» debe reconocérsele.

Finalmente, unos datos, que extraigo del libro de Stanley Payne La primera democracia española vienen a corroborar la gran desconfianza que sentía Azaña por la eficacia e inteligencia de los suyos. Señala dicho autor: «De ser el país de mayor densidad de escuelas latinas e instituciones de enseñanza superior de Europa en 1600, España había descendido en menos de un siglo a un nivel de abandono educativo y a mediados del XIX tenía, junto con Portugal, la población más analfabeta de Europa Occidental». La preocupación de los gobiernos sucesivos había sido escasa, y aunque el analfabetismo fue descendiendo, lo hizo de manera muy lenta. En 1900 el porcentaje de analfabetos era del 45 por ciento, en 1930 del 26, y diez años después del 19. Es decir, de principios de siglo a 1930, el porcentaje se había reducido en casi 20 puntos, a un ritmo medio de 0,7 por ciento anual, mientras que en la república se avanzó considerablemente, a un ritmo cerca del doble. No fue lo que se dice un cambio espectacular, pero sí estimable por comparación con la tradicional incuria de las clases altas españolas en ese campo fundamental (datos recogidos por Payne de Víctor García de la Hoz: La educación en la España del siglo XX, Rialp, Madrid, 1980).

¿Se produjo la reducción del analfabetismo solo en el primer bienio izquierdista, como pensaríamos de acuerdo con la «memoria», para frenarse en el derechista? Es casi imposible saberlo, pero pueden ser indicativos los porcentajes de los presupuestos general dedicados a la enseñanza en los dos bienios, someramente comentados anteriormente: con la república casi se duplicaron los anteriores, subiendo al 5,92 por ciento en 1932 y al 6,57 al año siguiente. Sin embargo, en los dos años de centro derecha los presupuestos no bajaron, sino que subieron al 7,08 y al 6,60 en 1934 y 1935. Desde luego, los recursos dedicados a la escolarización siguieron siendo muy bajos, pero en cualquier caso aumentaron.

El ministro de instrucción izquierdista Marcelino Domingo afirmó haberse creado 13.000 escuelas en el primer bienio, cifra que habría bajado brutalmente a 3.400 en el segundo. Pero los datos más ajustados a la realidad (Anuario estadístico de España y otras fuentes, S. Payne, op. cit. p. 112) indican la existencia previa de casi 36.000 escuelas, número que aumentó en 4.653 entre 1931 y 1934 (parte de ellas corresponden a la etapa de derechas) y 4.267 en los dos años siguientes. Es decir, un número prácticamente igual en los dos bienios. Siempre encontramos una enorme disparidad entre los «datos» de la propaganda y los de los estudios más objetivos, no obstante lo cual han logrado imponerse en la mentalidad popular ¡y académica! los primeros. Admirable, una vez más.

No tan reveladores son los datos económicos. Al respecto deben tenerse en cuenta cuatro condicionantes: a) la notable prosperidad heredada por la república de la etapa de Primo de Rivera; b) la depresión mundial de los años treinta, que hacía muy improbable un oasis de bonanza en España; c) un relativo aislamiento de la economía española, que hacía la incidencia de la crisis internacional más suave que en países más intensamente interconectados, de modo notable en Alemania, pero también en Francia, Inglaterra o Usa; d) la intensa agitación social y política que acompañó los cinco años republicanos, junto con medidas económicas de los gobiernos, a menudo desacertadas o tomadas por presiones demagógicas, sobre todo en el primer bienio y mucho más en los primeros meses del Frente Popular.

Índices generales pueden ser el número de jornadas perdidas por huelgas y el aumento del desempleo. Así, la pérdida de jornadas pasó de cuatro millones el año anterior a la república, a 5,6 millones en 1932, saltando espectacularmente hasta 15,5 millones en 1933 y un número parejo en 1934. Derrotada la insurrección, en 1935 el número bajó, para dar un nuevo y enorme salto, no cuantificado, en los cinco primeros meses del Frente Popular en 1936. Solo en la Transición se igualaron, incluso superaron algo estas cifras, si bien la población en la república estaba en torno a 24 millones, y en la Transición había subido a 35 millones.[261]

El paro, entre general y estacional, aumentó desde el principio del régimen, manteniéndose en torno a medio millón. En 1933 había subido a 618.000 y a 674.000 a finales de 1935, según los Anuarios Estadísticos de España, aunque otras fuentes alzan estos últimos hasta 780.000, y a 843.000 al final del gobierno de Portela. El aumento del segundo semestre del 35 se había debido a los recortes presupuestarios y medidas de saneamiento financiero por parte de Chapaprieta, cuyos beneficios no tuvieron tiempo de manifestarse al emprender el Frente Popular la política contraria, que redundó probablemente, junto con las huelgas, en más de un millón de desempleados, como denunciaban los socialistas, achacándolos a la «intransigencia» y «sabotaje» de los patronos.

La reforma agraria debía tener en principio máxima importancia en un país en que prácticamente la mitad de la población dependía directamente del campo. Sin embargo, fue emprendida con graves deficiencias empeoradas por una agitación demagógica. Esta, y cierta historiografía posterior, achacan las dificultades a una casta de terratenientes explotadores sin escrúpulos, y ya vimos que la propia CEDA chocó con intereses de estos que se pretendían inamovibles. La izquierda pintaba unos terratenientes tan desalmados que se negaban a trabajar sus tierras, respondiendo a las demandas de los trabajadores con la frase «¡comed república!». Al parecer, alguno de ellos contestó algo así, exasperado por la agitación, pero es obvio que ninguno tuvo interés en arruinarse dejando los campos yermos o la cosecha sin recoger. En realidad fue el PSOE en junio de 1934 el que intentó arruinar la cosecha, lo que habría causado en el país un hambre dramática.

Como fuere, aun si la reforma agraria se hubiera aplicado con óptimo acierto, no habría resuelto el problema, que en el fondo consistía en el exceso de población campesina en tierras poco productivas. El problema solo pudo resolverse, como en otros países, mediante una industrialización capaz de absorber el exceso de población campesina, proceso que se dio ya en el franquismo.

Con todo ello, sorprenden otros datos globales: a pesar de todo lo visto, el PIB y en consecuencia la renta per cápita no habrían bajado de forma acentuada. Así, según cifras ya citadas, la renta per cápita solo habría bajado de 1.092 pesetas de la época en 1929, a 1.022 en 1933 y a 1.033 en 1935. (L. Benavides, Política económica en España, 1925-1934). En Estadísticas históricas de España se dan estas cifras, estimadas en miles de pesetas de 1995: 348.000 en 1929; 315.000 en 1933; y 328.000 en 1935, es decir con unas variaciones muy distintas según los años, aunque tampoco demasiado acentuadas. Suena razonable la sospecha de que la caída de la economía fue más profunda en el primer bienio, con una ligera recuperación en el segundo, y un verdadero derrumbe entre febrero y julio de 1936. Al respecto de estas cifras, tasas de crecimiento estimadas, etc., los cálculos pueden variar muy notablemente de unos economistas y de unas fuentes a otras. Por poner un ejemplo, el crecimiento de los años cuarenta es estimado entre un 1,2 y un 3,8 por ciento anual, es decir, el triple, según qué economista haga los estudios. Probablemente los datos disponibles de la república sean lo bastante inseguros como para admitir igualmente mucha variación.

38
DINÁMICA DE LA REPÚBLICA. FUERZAS INMEDIATAS Y DE LARGO PLAZO

Entre el 14 de abril de 1931 y el 7 de abril de 1936, durante cinco años, funcionó en España una república que podría llamarse «el régimen de la paradoja continua». Impulsada por dos políticos derechistas, Alcalá-Zamora y Maura, monárquicos hasta casi la víspera y muy católico el primero, llegó de manera pacífica gracias a la colaboración de una monarquía con vocación de suicidio… para, casi de inmediato, adquirir un tono violento, izquierdista y anticristiano; y adoptar represalias ensañadas contra un rey que prácticamente le había regalado el poder.

Al llegar el nuevo régimen, el único partido republicano con fuerza y solera, bien demostradas en las elecciones, era el Republicano Radical, fundado más de veinte años antes por Alejandro Lerroux, y que había evolucionado desde una demagogia energuménica a una política moderada, de centro-derecha. Y sin embargo los partidos republicanos de izquierda, improvisados a última hora, así como los exmonárquicos Maura y Niceto, trataron de marginarlo acusándolo de una corrupción en todo caso nada exclusiva de él.

La inicial hegemonía izquierdista dio lugar a dos años de gobierno de coalición entre republicanos (de izquierda) y socialistas, presidido por Manuel Azaña. Pero el mayor enemigo de aquel gobierno no fueron las derechas, sino la izquierda extrema anarcosindicalista de la CNT-FAI, que lo sometió a huelgas violentas e insurrecciones hasta hacerlo naufragar a raíz de la salvaje represión gubernamental de Casas Viejas. La CNT y los comunistas habían hostilizado al régimen desde el primer momento. En cambio el golpe derechista de Sanjurjo fracasó con facilidad y fortaleció al gobierno. Fueron, pues, unas izquierdas las que con más empeño acosaron al gobierno izquierdista de Azaña, que después de Casas Viejas fue trastabillando hasta caer por tierra.

Combinada la hostilidad anarquista con la experiencia popular de un pésimo balance en orden público y en reformas chapuceras (según Azaña), las elecciones de noviembre de 1933 remataron el bienio izquierdista con una abultada victoria de la derecha, principalmente de la CEDA y el partido de Lerroux. Aunque las izquierdas se decían demócratas adoptaron desde el primer momento una actitud golpista contra la decisión de las urnas, y el PSOE estimó llegado el momento de lanzarse a la guerra civil para transformar la república «burguesa» en «dictadura proletaria», es decir, del PSOE, a imitación del régimen soviético. Y los separatistas catalanes creyeron oportuno dar pasos decisivos hacia la disgregación de España. Las maniobras y disturbios subsiguientes culminaron en octubre de 1934, y por una nueva paradoja, los autores de una Constitución a su gusto se rebelaron contra ella, y la defendieron quienes se sentían incómodos con su legalidad y aspiraban a reformarla a fondo. Los defensores ganaron aquella pequeña guerra sin cambiar el régimen, y los derrotados mantuvieron su aspiración golpista y guerracivilista.

Así como el bienio izquierdista fue echado a rodar por otras izquierdas, el de centro derecha, después de haber triunfado sobre la revolución, sufrió el continuo acoso del derechista don Niceto, prevalido del chantaje de la disolución parlamentaria, hasta derribar literal y sucesivamente a Lerroux y a Gil-Robles para implantar gobiernos sin base parlamentaria. No fue la única paradoja del momento, pues sus ilegalidades obligaron al presidente y a su protegido Portela a disolver las Cortes y convocar elecciones para febrero de 1936 en las peores condiciones posibles de crispación y odios desatados. Para las izquierdas, el eje de su campaña electoral consistió en la acusación de atrocidades en la represión de 1934 en Asturias, y la promesa de investigarlas desde el poder. Por nueva paradoja —si se la quiere ver así— una vez en el poder «olvidarían» una investigación que acaso no encontraron políticamente rentable.

Las elecciones, en una atmósfera de odios encendidos, dieron lugar a una victoria fraudulenta, prácticamente un golpe de Estado, de unas izquierdas que se habían ido radicalizando progresivamente y a saltos desde 1931. El fraude se completó con otros dos: la revisión de actas y la nuevamente paradójica expulsión por las izquierdas del presidente que las había llevado al poder. Con este golpe sostenido en tres fases culminó la demolición de la república concebida en 1931. El nuevo régimen salido de dicha demolición se caracterizó por un caótico doble poder, el enfrentamiento entre las propias izquierdas y de todas ellas contra las derechas, buscando anularlas políticamente e incluso, por algunos, físicamente. Tal situación justificaría el contragolpe de Mola, que fracasó enseguida, generando una reanudación de la guerra civil planeada y emprendida veinte meses antes por el PSOE y la Esquerra.

La serie de incoherencias y paradojas que marcaron los cinco años republicanos exige un análisis que permita entrever la lógica subyacente al caos y las fuerzas de largo plazo implicadas. En primer lugar, los partidos que se declaraban republicanos —con la relativa excepción del Radical de Lerroux— eran muy débiles. Los de izquierda lo eran orgánica y aún más intelectual e ideológicamente, como a cada paso constataba amargamente Azaña. Uno de sus objetivos principales, si no el principal, consistía en erradicar a la Iglesia para construir un país «laico». Políticamente sufrían además de indisciplina y desavenencias entre ellos. Con todo su simplismo y confusión, tenían al menos dos ideas bastante claras: la Iglesia debía perder todo su influjo, y la república una propiedad de ellos, con exclusión no solo a los monárquicos, sino a las derechas en general. Por lo tanto no podía ser una democracia. Además, su debilidad les empujaba a aliarse con el PSOE, hasta que este rompió el acuerdo en pro de su proletaria dictadura. La alianza volvió a concretarse en el Frente Popular, pero ya no tenía nada que ver con la del primer bienio: los socialistas apoyaban desde fuera al nuevo gobierno de Azaña y al mismo tiempo lo socavaban mediante un doble poder desde la calle y el agro.

En cuanto a los socialistas, resultaban incluso menos afectos a la democracia y mucho más violentos que los republicanos, como demostraron amplia y cumplidamente. Desde el principio valoraron la república burguesa, como un mero instrumento o palanca que debía llevarles a un poder totalitario, denunciado desesperada e inútilmente por Besteiro. Este designio, poco diferente del que exhibía el PCE, no habría tenido mayor relevancia histórica si el PSOE, con su UGT, no hubiera llegado a la república como el partido más numeroso, más disciplinado y mejor organizado, con diferencia. Ventajas que debía, nueva paradoja, a su colaboración con la dictadura de Primo de Rivera.

Por lo que se refiere a los anarquistas, la otra gran fuerza política —pese a declararse antipolítica— fue la pesadilla de las restantes izquierdas y del propio régimen, al que no reconocían la menor legitimidad. Su actitud era coherente, desde luego, con sus tesis de que todo poder, se definiera de izquierda o de derecha, consistía en un aparato de opresión y explotación del «pueblo». No obstante, cierta camaradería con las izquierdas había impulsado a la CNT a permitir a los suyos el voto a la república en 1931 y al Frente Popular en 1936. Camaradería que no le iba a impedir, en pleno Frente Popular, rivalizar con la UGT, incluso a tiros, por la hegemonía entre los obreros. A este respecto conviene señalar que las historias al uso conceden a cada sindicato un millón y hasta un millón y medio de afiliados obreros. La realidad, fácilmente medible a través de sus congresos, debe estimarse entre un cuarto y un tercio de esas cifras.

La gran confusión en que han caído o fomentado la mayoría de los historiadores, articulistas y periodistas desde hace muchos años, nace del uso casi mágico de las palabras «república» y «republicanos». Como puede apreciarse fácilmente, el nombre república viene a ser como una gran capa llena de desgarrones y remiendos, bajo la cual se cobijaban variados partidos y personajes en pleno navajeo entre ellos. Y ya avanzado el Frente Popular en la guerra, la capa ampararía, harto precariamente, incluso a los anarquistas y destacadamente a los comunistas: ¡todos republicanos! Y en consecuencia ¡todos demócratas! Se hace difícil estimar esa historiografía, voluminosa y a menudo farragosa y mal escrita, de otro modo que como una expresión involuntaria de humor. Un humor entre macabro y plomizo.

Por lo que se refiere a las derechas —a las que dicha historiografía niega el carácter mágico de republicanas— debe constatarse que, si bien de sentimientos monárquicos en su mayoría, apenas opusieron resistencia a la república, ni siquiera después del grave aviso de la «quema de conventos»; y que, salvo los abiertamente monárquicos, se integraron en el nuevo régimen hasta el extremo de defenderlo contra el asalto golpista y revolucionario en octubre del 34. No replicaron con un contragolpe que entonces habría tenido las mejores posibilidades de éxito. Gil-Robles fue un buen exponente de esta postura tan conciliadora como condenada al fracaso ante el irreconciliable antagonismo contrario. Quizá Franco fue aún más moderado hasta que el asesinato de Calvo Sotelo le impidió moralmente seguir sirviendo a un gobierno terrorista. En aquellos tiempos de conmoción europea, de auge de los movimientos comunistas y afines, de fascismo y radicalizaciones, las derechas españolas tuvieron alguna tentación de reaccionar con la violencia, pero fue una tendencia poco significativa, como revelan la escasa fuerza de la Falange o del carlismo. Para el catolicismo prevaleciente, las doctrinas fascistas, sobre todo la nacionalsocialista, aun suscitando cierta simpatía en cuanto barreras frente a la subversión revolucionaria, provocaban un recelo de fondo por lo que a su vez tenían de revolucionarias y ajenas al cristianismo.

Teniendo en cuenta la exposición anterior, es fácil entender por qué la república se desenvolvió en un caos casi permanente. Como hemos citado y vale la pena repetir, al terminar 1935, el diario El Sol lo exponía con lucidez: «Vamos camino de que nada nos sea común a los españoles, ni la idea de patria, ni el régimen ni las inquietudes de fuera ni de dentro y mucho menos los postulados de convivencia nacional». Los partidismos se hacían absolutos, tanto en su más trivial oportunismo como en sus idealismos exaltados, y sustituían a cualquier sentimiento patriótico que sirviera de terreno común e impidiera rebasar ciertos límites. Azaña lo confesaría con igual claridad ya en plena guerra: «Lo que me ha dado un hachazo terrible, en lo más profundo de mi intimidad, es, con motivo de la guerra, haber descubierto la falta de solidaridad nacional. A muy pocos nos importa la idea nacional, pero a qué pocos. Ni aún el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario: se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado».

No deja de sorprender tan tardío descubrimiento de don Manuel. Él mismo había propiciado y presidido un Frente Popular en que unos partidos ansiaban disgregar España, otros referían la idea de patria a la URSS, o cómo los anarquistas renegaban de ella… O, como el mismo Azaña, le rehusaban contenido histórico-cultural válido. Cuando él hablaba de España, no la asentaba en una historia que suponía «enferma» y hasta «heredosifilítica» desde la derrota de los comuneros en 1522 y aun antes. Su España se asentaba en una aspiración futurista y en ruptura con el pasado, para trasformar «el Estado y la sociedad hasta la raíz». Una aspiración ajena a la historia real tanto como a la realidad social y política que transcurría ante sus mismos ojos.

En el fondo Azaña buscaba algo tan trivial como aplicar en la península el modelo de la Tercera república francesa, cuya grave crisis en su tiempo tampoco percibía. Muy francófilo siempre, Azaña había querido involucrar a España en la I Guerra Mundial al servicio, en definitiva, de los intereses franceses (el gobierno portugués había arrastrado a su país al servicio de los ingleses, y con efectos catastróficos). De los «gruesos batallones populares» a quienes pensaba batutear, tampoco tenía idea clara: era amigo —un poco despreciativo— de Prieto, y creía que con eso bastaba.

Las concepciones de tantos políticos e intelectuales burgueses de la época, empezando por los «padres espirituales de la república», componían una fuerza de largo plazo, el llamado regeneracionismo que, con los separatismos, había cobrado auge por la derrota de 1898 ante Usa y la pérdida de los restos del Imperio. Los regeneracionistas querían ver en aquel «desastre» una manifestación de inferioridad de España, que extendían arbitrariamente a toda o casi toda su historia anterior, acerca de la cual asumían la Leyenda Negra. Lo hacían con el deseo de reconducir al país a una posición mejor, cuya síntesis expresó Ortega en una célebre frase: España era «un problema», que por suerte tenía solución: Europa. Lamentablemente ninguno de ellos explicó con mediana seriedad lo que entendían por Europa, ni siquiera produjo un buen libro de viajes por ella.

Adjudicaron, pues, a España una historia «anormal», «descarriada», siempre «atrasada», irrelevante o muy negativa en el devenir mundial. Para ellos carecían de importancia el descubrimiento de continentes y cruce de los mayores océanos, en suma el descubrimiento del mundo en el más audaz y destacado historial naval de la historia humana; o la conquista, evangelización y colonización de América y otras tierras; la fundación de ciudades y universidades, la expansión del idioma o la contención de los expansionismos turco y protestante, la puesta en comunicación de todos los continentes habitados, etc. Hechos antaño valorados como gestas y glorias, resultaban para ellos motivos de vergüenza. A España la habrían definido la Inquisición, los genocidios, la miseria y la superstición; y los «buenos» siempre habían sido sus enemigos, empezando por los «cultos y refinados» andalusíes, no digamos los franceses o los ingleses, tan superiores incluso racialmente.

En el clima derrotista nacido del «desastre del 98», estas ideas cundían con rapidez en medios intelectuales e incluso populares, denunciadas por Menéndez Pelayo:

Presenciamos el lento suicidio de un pueblo que, engañado mil veces por gárrulos sofistas (…) emplea en destrozarse las pocas fuerzas que le restan (…) reniega de cuanto en la historia los hizo grandes (…) y contempla con ojos estúpidos la destrucción de la única España que el mundo conoce, de la única cuyo recuerdo tiene virtud bastante para retardar nuestra agonía (…). Un pueblo viejo no puede renunciar (a su cultura) sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil.

No menos fascinantes resultan los regeneracionistas (Costa, Ortega, Azaña y tantos más) cuando presumen asumir eufóricamente la tarea, realmente titánica, de fundar o refundar una nación que había contribuido de modo tan crucial a organizar y conformar el mundo, como testimoniaban los nombres de territorios, ciudades y universidades extendidos por gran parte de la Tierra. Pues, ¿qué tenían de titanes aquellos intelectuales y políticos preocupados ante todo de «arreglarse la vida» como funcionarios de una monarquía a la que dedicaban las peores injurias como «necrocracia» o poder mortuorio? Y sin embargo todos llegaron a ver en la república la salida a la pesadilla histórica de España. Pesadilla, es decir, hasta que llegaron ellos con sus visiones salvíficas.

Cuestión englobadora de lo anterior es la de la «revolución burguesa», quizá el tópico más socorrido en la izquierda, incluso en la derecha, para «explicar» el fracaso de España desde la invasión francesa. El fracaso solía extenderse hasta Carlos V y más allá, hasta los visigodos; pero referido al siglo y medio último le daba un aire más serio y hasta científico. La suma de problemas que afrontaba la república provendría del hecho de haberse mantenido alejada de «Europa» con una sociedad de «Antiguo Régimen», feudal o semifeudal: poder del clero, de los militares, de los grandes propietarios agrícolas y especuladores financieros, incapaces de industrializar el país. Lo cual se debería a la ausencia de una revolución burguesa, fuera al estilo de la «Gloriosa» de Inglaterra, con relativamente poca sangre, o de la francesa, con sangre a raudales; y ambas anticatólicas. Como decía Vidarte, gracias a la república España recuperaría un siglo de historia descarriada, en calificativo de Ortega. A los republicanos les gustaba titularse «revolucionarios», y simbólicamente hicieron coincidir la apertura de las primeras Cortes republicanas, el 14 de julio del 31, con la fiesta nacional francesa que conmemora la toma de la Bastilla.

El concepto de revolución burguesa es típicamente marxista, como una etapa necesaria y previa a la revolución comunista o proletaria. El término burgués se asocia a una ideología liberal, irreligiosa, de libertades políticas, derechos individuales y libre mercado, en ruptura con un Antiguo Régimen, estamental, religiosa, con promoción social restringida y trabas al comercio; el liberalismo evolucionaría a una democracia parlamentaria puramente «formal», concebida para fomentar y mantener el poder, los intereses y la explotación de los capitalistas. El concepto de revolución burguesa ha sido aceptado por la propia historiografía burguesa o liberal, aunque esta no ve en su revolución un paso hacia el comunismo, sino algo así como la culminación de la historia humana, a partir de la cual la sociedad solo podría evolucionar sobre tal cimiento.

Pero, en fin, ¿hubo o no hubo algo de esa revolución en España? El problema se planteó a raíz de la Guerra de Independencia (nombre no acertado, pues España era independiente desde siglos atrás) frente a la invasión napoleónica de 1808. La transcendencia de aquel conflicto puede expresarse así: hasta entonces España era una de las tres o cuatro mayores potencias del mundo, gracias a su Imperio y al poder de su flota. Al terminar la guerra, el país había perdido varios cientos de miles de vidas, en su mayoría jóvenes, estaba arruinado, su flota inexistente y en vísperas de perder su Imperio. De gran potencia pasaba a potencia de tercera clase. En la lucha contra los franceses, España tuvo en Londres el aliado más indeseable, pues al mismo tiempo que contribuía a la resistencia española, intrigaba para destruir su Imperio. Para Inglaterra fue una excelente ocasión: debilitaba a Napoleón y hundía a España, que debió afrontar a continuación las guerras de independencia en América, concluidas en 1829; un esfuerzo que aumentaba su ruina.

Pero el efecto peor de aquella contienda consistió en la división de la sociedad española en dos bandos antagónicos: carlistas o tradicionalistas, defensores del antiguo régimen, y liberales, partidarios de un sistema parlamentario, de libertades políticas, supresión de las barreras feudales al comercio y a la promoción social, y de eliminación o reducción de la influencia política de la Iglesia. Y en 1833, tan solo diecinueve años después de la guerra «del francés», y cuatro de las contiendas americanas, estallaba en España la Primera Guerra Carlista entre liberales y tradicionalistas. Este nuevo episodio bélico duró siete años, dejó a torno a 130.000 muertos y completó la ruina del país. Probablemente ningún país europeo sufrió de tal modo la guerra contra Napoleón y sus consecuencias, que dejaron la sociedad española prácticamente desarticulada.

Esta guerra, ganada por los partidarios de la revolución burguesa, no solucionó del todo el problema, porque en los siguientes treinta y cinco años estallarían otras dos, si bien de mucha menor intensidad y ambas con victorial liberal. Pero desde el primer momento surgió una división en el seno del liberalismo, entre sus sectores «exaltado» y «moderado». Estos dos nombres cambiarían con el tiempo pero en definitiva definen bien la realidad: los exaltados pensaban en la Revolución Francesa con abundante sangre e hicieron lo posible por lograrlo. Los otros se inclinaban más bien por el modelo inglés, que tampoco acababa de fructificar. La razón del protagonismo militar radica en la desarticulación social, que solo dejaba al ejército, muy influido por la masonería, como única institución organizada y jerarquizada. También lo estaba la Iglesia, acosada por los liberales, mientras otros buscaban la convivencia con ella.

¿Hubo, en fin, la famosa revolución en España? No la hubo al modo francés ni al inglés, quizá porque el país había sido víctima precisamente de ambas revoluciones y en todo caso su situación social e histórica era muy diferente. Pero sí la hubo, aunque fuera lenta, desigual y mediocre, debido por una parte a las circunstancias heredadas de los primeros y traumáticos cuarenta años del siglo y por otra a la violencia y mediocridad de los propios liberales. Con todo, en el último cuarto de siglo se resolvieron muchos problemas en el régimen liberal de la Restauración, que trataba de imitar al inglés; y era muy anglófilo, pese a la invasión de Gibraltar.

Al terminar el siglo XIX se habían suprimido la mayoría de las trabas al comercio, la sociedad estamental ya no existía, y sí una industria estimable, sobre todo en Barcelona y Bilbao; funcionaban la Bolsa, la banca y las instituciones típicas del capitalismo, la urbanización había avanzado muy considerablemente, con ciudades ya grandes como Barcelona y Madrid; y las libertades políticas eran bien palpables en la proliferación de una prensa de las más variadas ideologías. Además habían desaparecido los pronunciamientos gracias a un acuerdo de alternancia en el gobierno entre las ramas liberales. Llamar feudal a la España de entonces apenas rebasa el nivel de la simpleza, pero se ha dicho a menudo. El talón de Aquiles del liberalismo español fue seguramente su escasa atención a la enseñanza y a la superación del analfabetismo, así como la baja calidad de la enseñanza superior, reflejada en los propios líderes políticos.

Muy posiblemente España podría haber seguido una marcha ascendente lenta y un tanto gris, pero efectiva, de no haber intervenido la guerra de 1898, provocada por Usa para ampliar sus posesiones y áreas de influencia a costa de España. El efecto económico de la derrota no fue muy fuerte, pues la economía y la propia flota se recuperaron con bastante rapidez, pero moral y políticamente resultó demoledor. Las diferencias entre liberales fueron pasando a segundo plano ante el brusco surgimiento de nuevas fuerzas: el socialismo, el anarcosindicalismo, los separatismos y el regeneracionismo, todos enemigos del régimen, al que minaban explotando sus libertades y debilidades. Las dos décadas y media siguientes fueron signadas por el pistolerismo anarquista, la Semana Trágica de 1909, la huelga insurreccional de 1917, la huelga de la Canadiense en 1919, la catástrofe de Annual en Marruecos, en 1921, y una agitación social continuada. En 1923 la anarquía reinante fue resuelta por el general Primo de Rivera. Debe insistirse, porque suele «olvidarse», que su dictadura, muy poco dura y en gran medida liberal, solucionó en muy poco tiempo los grandes problemas: Marruecos, los separatismos, la demagogia del PSOE, el terrorismo ácrata; e impulsó la riqueza nacional como nunca antes. Solo fracasó en consolidar esos logros mediante una democracia de dos grandes partidos, conservador y socialista, debido a la abstención del PSOE y las intrigas de los propios elementos conservadores y del mismo rey Alfonso XIII. El desarrollo posterior es el objeto de este libro.

Por tanto, el problema de la revolución burguesa es artificioso y suscitado sobre todo como queja por el hecho de que el país no se hubiera industrializado lo bastante para crear las grandes masas proletarias que según la teoría deberían propiciar el paso al socialismo y al comunismo, pero que no lo han hecho en ningún país.

En resumidas cuentas, España se convirtió a lo largo del siglo XIX en un país liberal típico, aunque mediocre, democratizado parcialmente por el sufragio universal (masculino), para afrontar al comenzar el siglo XX la irrupción de nuevas fuerzas fundamentalmente disgregadoras, que acabarían con la Restauración. El resultado fue sucesivamente una dictadura que no consiguió establecer una nueva democracia; la caída de la monarquía; y una república que en lugar de resolver los problemas, históricos y del momento, los profundizó hasta el caos, agravando una decadencia nacional cuyos inicios deben buscarse en la invasión francesa y luego en la crisis moral del 98. Estas grandes fuerzas, ideas y procesos explicarán el devenir de una república abocada a la guerra civil.

39
EL DESTINO DE LOS REPUBLICANOS

Creo que tiene interés, aunque sea difícil concretarlo, el destino de los principales líderes republicanos como reflejo de una situación histórica. Dejo aparte a comunistas o a otros como Calvo Sotelo o José Antonio, que desempeñaron un papel fundamental en la guerra o su reinicio, pero menor en la república.

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES

Aunque Azaña aparece casi siempre en primer lugar como «encarnación» o personificación de la república, ese papel corresponde más bien a Alcalá-Zamora. La llegada de aquel régimen se debió muy en primer lugar a él y a su compañero Miguel Maura, y muy poco a Azaña; y por ello ostentó la presidencia durante los cinco años que duró el régimen. Durante el primer bienio se mostró discreto en sus actuaciones políticas, en gran medida por cierto acobardamiento ante Azaña y los socialistas; a quienes por lo demás detestaba, pues enseguida dieron el tono político que él no quería para «su» república. Su temor a la izquierda venía de su compulsión de pasar por progresista y su horror a quedar como reaccionario. Naturalmente, las izquierdas lo percibían y lo utilizaban para flagelarle políticamente.

En el segundo bienio, de centro derecha, perdió tales inhibiciones: siendo conservador y católico, se aplicó a perturbar y finalmente demoler el gobierno democrático de Lerroux y Gil-Robles, valiéndose, con presión ilegítima, de su facultad de disolver las Cortes. Disolución que su torpe arrogancia obligó a efectuar en el peor momento posible. A continuación hubo de sufrir dos meses de desplantes y humillaciones a cargo de don Manuel. Si la república empieza con él más que con ningún otro, termina también con su destitución —esperpéntica o poéticamente justiciera, según se mire— a manos de los beneficiarios de su acción.

Vista en conjunto, su trayectoria la describe con algo de acierto Cambó: «No dejó de intrigar un solo momento (…) tenía odio a Lerroux, tenía odio a Gil-Robles, y tenía odio a socialistas y azañistas; tenía, en fin, odio a todo lo que representaba un valor personal, una fuerza política. Sus preferencias iban a hombres insignificantes de su partido. Así se enamoró sucesivamente de Miguel Maura, de Joaquín Chapaprieta y finalmente de Manuel Portela Valladares (olvida a Samper). Él tuvo gran parte de la culpa de que viniera la república, él tuvo la culpa principal de que viniera la revolución y ni una sola vez actuó impulsado por una ilusión, por un entusiasmo, que, equivocados incluso, son una excusa: las dos veces obró por resentimiento».

Una vez expulsado, don Niceto se ocupó en sus asuntos particulares, y el 6 de julio emprendió un crucero hacia Escandinavia. Al recomenzar la guerra trató de establecerse en Francia, donde supo que el Frente Popular le estaba desvalijando a él y a sus familiares. Con ironía involuntaria, se queja de que le condenaran al hambre «uno y otro bando», sintiéndose así moralmente justificado; y empezó a recomponer sus memorias —las originales se las habían robado los «republicanos»— sobre aquel «pasado espléndido» (sic) en que «lo fui todo, lo vencí todo y lo poseí todo». En noviembre de 1939 emprendió lo que sería una odisea por mar de 441 días de idas, retrocesos y cambios de rumbo, entre penalidades (rehusó admitir ayudas del Frente Popular derrotado, que sabía procedentes de robos sistemáticos como los que él mismo había sufrido) hasta llegar a su objetivo, Buenos Aires, a finales de enero de 1942. En Argentina vivió de colaboraciones periodísticas y falleció el 18 de febrero de 1949, a los setenta y dos años. Varios de sus familiares habían sido asesinados por las izquierdas, y un hijo suyo, Pepe, afecto al Frente Popular, falleció en 1938, en Valencia, «agotado y desengañado de quimeras».

MANUEL AZAÑA DÍAZ

Si don Niceto personificó ejemplarmente una república «no epiléptica» en sus deseos, pero traída a la epilepsia por sus actos, don Manuel encarnó el impulso del régimen hacia una revolución que él pensaba dirigir y por la que fue pronto arrastrado. Son personajes realmente patéticos, aunque el primero se despidió de la historia entre el desprecio de tirios y troyanos, mientras que el segundo ha visto exaltada su memoria por la ya aludida cohorte de panegiristas tan devotos y acríticos que extienden a la república su devoción al hombre. Ahora bien, quizá nadie como don Manuel haya pintado un retrato tan lúgubre del personal republicano, de modo que o se encomia al personaje o se encomia al régimen: las dos cosas no parecen compatibles; aun si no faltan espíritus capaces de intentar la proeza.

Los dos políticos ya revelaron su talla no excesiva con motivo de la «quema de conventos», desempeñando Alcalá-Zamora el papel del timorato y Azaña el de provocador y extremista, en el que parecía sentirse a gusto (en alguna ocasión había expresado admiración por Robespierre). Él promovió una Constitución agresivamente anticatólica y unas inflexibles represiones contra la CNT que bien caras le salieron; rechazó la victoria electoral del centro derecha en las únicas elecciones realmente normales de la república —pese a las violencias de la izquierda—, cooperó en manejos desestabilizadores, en intentos de golpe de Estado y en la rebeldía de Companys y del PSOE en octubre del 34. El fracaso de esta no le enseñó nada, pues la justificó y a continuación hundió al partido centrista de Lerroux, intrigando con Prieto, Niceto y un delincuente común; luego extremó la demagogia en sus «Discursos en campo abierto» y fundó con Prieto una alianza que pronto se le escapó de las manos para transformarse en Frente Popular. Consciente del fraude electoral de febrero del 36, no vaciló en agravarlo hasta arrasar la Constitución que tanto le debía, y cambiar el régimen republicano por otro de Frente Popular.

Desde entonces hasta el final de una guerra de la que fue cualquier cosa menos inocente, tuvo que soportar su papel de figura decorativa de la revolución, como lamenta sin cesar. Sus intrigas extemporáneas contra Negrín y por una intervención inglesa no dejaban de ser traiciones, y su frase «paz, piedad, perdón»[262] resultaba doblemente patética por su oportunismo y por su fracaso.

Comparado con sus correligionarios, Azaña queda casi como un coloso intelectual y político, pero solo comparado con ellos. Su francofilia le impedía ver la crisis del vecino país y entender las grandes diferencias históricas y culturales entre la sociedad francesa y la española, reducidas para él y para tantos al «atraso» de esta última. Y, al igual que Alcalá-Zamora y la mayoría de los republicanos, ignoraba casi todo sobre el marxismo (llegó a disculparse por carecer de «formación marxista»). Falta llamativa mientras buscaba siempre dirigir al PSOE y en una época en que los movimientos comunistas coloreaban con tal intensidad el panorama mundial, y en Europa el español. Cabe observar cierto provincianismo en la actitud intelectual y política de casi todos los personajes de aquel régimen.

Cuando los nacionales llegaron a la frontera con Francia por Cataluña, don Manuel cumplió por fin sus reiteradas e inútiles amenazas de dimitir, liberándose así de la carga personal que venía arrastrando desde hacía tres años. Su dimisión fue entendida como una traición por los jefes del Frente Popular, y algo de eso tuvo. Su salud mental y moral se deterioró con rapidez, acaso por el sentimiento de sus responsabilidades, proyectado siempre sobre los demás, como en el caso de don Niceto. Refugiado en Francia, la invasión alemana de mayo de 1940 le expuso a ser extraditado, temiendo «ser paseado con una soga al cuello por la calle de Alcalá», un temor producto de su imaginación. Por ello se trasladó de la zona de Burdeos a Montauban, en territorio de Vichy. Su cuñado, Rivas Cherif, sí fue detenido y trasladado a España, donde su condena a muerte se conmutó por cadena perpetua, seis años en la práctica.

El 3 de noviembre de 1940 falleció Manuel Azaña, con sesenta años, abandonado por las izquierdas y sin dinero para pagarse el entierro, que costeó la embajada de Méjico. Según indicios bastante sólidos, falleció convertido nuevamente al catolicismo, aunque sus admiradores dudan que ello, si fue así, se debiera a otra cosa que a la merma de sus facultades, siendo el asunto discutible.

ALEJANDRO LERROUX GARCÍA

También Lerroux, el antiguo frenético anticlerical, terminó en el seno de la Iglesia, falleciendo en Madrid el 27 de junio de 1949, con ochenta y cinco años. Desde principios de siglo había sido el enemigo político más duro y eficaz, casi único, del separatismo catalán, y entre los principales jefes republicanos era el único auténtico de larga data, no obstante lo cual sufrió desde el comienzo el boicot de los demás, que comparados con él podían calificarse de arribistas. No solo era un republicano más auténtico, sino el de mayor influjo popular, con gran diferencia. Solía achacarse a su partido una fuerte dosis de corrupción, sin ser probablemente mayor que en otros partidos, y él mismo señaló diversos asuntos oscuros del PSOE que, por ser de ese partido, Azaña impidió investigar.

Lerroux fundó en 1908 el Partido Republicano Radical, que hacía gala de una demagogia exacerbada contra la Iglesia y contra la monarquía, y él mismo tuvo cierto grado de complicidad con los atentados terroristas de su amigo Ferrer Guardia. Lo da a entender con bastante claridad en Mis memorias (no confundir con La pequeña historia). Esos recuerdos son probablemente las más interesantes y coloristas memorias de las dejadas por los políticos de entonces.

Con el tiempo, Lerroux fue llevando a su partido a una línea más moderada, y al llegar la república podía considerarse casi conservador, que por tendencia natural se aliaría con la CEDA y no con un republicanismo de izquierda. Ya hemos visto cómo la intriga maestra del straperlo le hizo caer, arruinando definitivamente la posibilidad de un centro-derecha que estabilizase el régimen. Antes había tenido que soportar las injerencias y manejos de Alcalá-Zamora, que no cesaron, sino que se agravaron tras la derrota de la insurrección socialista-separatista, debida en definitiva a la firmeza del propio Lerroux (don Niceto intenta arrebatarle ese mérito en sus memorias, adjudicándose a sí mismo una serenidad y energía de las que no siempre dio muestra, ciertamente).

En las elecciones del 36, su partido quedó tan barrido como lo había sido el de Azaña en las elecciones del 33, con cinco escaños, ninguno para él mismo. Al reiniciarse la guerra, se encontraba en la sierra madrileña, por lo que, huyendo de un Frente Popular que seguramente le habría quitado la vida, se refugió en Portugal. En el primer aniversario, se adhirió explícitamente a Franco, como hicieron bastantes republicanos de su partido. Al llegar la paz intentó volver a España, y no es probable que Franco, de saberlo, se hubiera opuesto; pero se lo impidieron burócratas del nuevo régimen, por enemistad personal, o quizá por su viejo historial masónico. Estos se ensañaron con él hasta el extremo de que le impidieron acompañar a su mujer que agonizaba en Madrid. Habiéndole robado sus bienes el Frente Popular, vivía de colaboraciones en la prensa americana. Solo pudo volver a España en 1947.

En su muerte le manifestó su respeto el diario monárquico ABC, se recibieron numerosos telegramas de pésame de todo el país y ante su ataúd desfilaron buen número de personalidades franquistas, antiguos cargos del Partido Radical y hasta el conde de Romanones.

TRES DIRIGENTES SOCIALISTAS: LARGO CABALLERO, PRIETO Y BESTEIRO

El PSOE, por su potencia, fue el partido decisivo en la evolución de la república y del Frente Popular, hasta que en plena guerra el PCE lo absorbió en parte y sustituyó casi por completo su influencia, a través del socialista Negrín. Dividido en tres sectores, el de Largo Caballero era el más fuerte, seguido por el de Prieto, mientras que el de Besteiro quedó pronto reducido a la inanidad.

De acuerdo con su trayectoria revolucionaria, Largo Caballero se convertiría en jefe del Frente Popular el 4 de septiembre de 1936, luego de tres meses de desbarajuste bajo el azañista Giral. Trató entonces, con éxito notable, aunque no total, de concordar a los partidos amalgamados en el Frente, consiguiéndolo incluso con los anarquistas; y de poner en pie un ejército regular que fuera sustituyendo a las milicias de partido. Su decisión estratégica más crucial, acorde con sus objetivos revolucionarios, fue el envío a la URSS del grueso de las reservas de oro del Banco de España. La medida fue tomada a instancias de Negrín, entonces ministro de Hacienda, y con participación de Prieto. La medida, coherente con las ideas políticas de los tres por entonces, determinó el destino del Frente Popular, encadenado a Stalin al depender de este la mayor parte de los envíos de material bélico. Las excusas a posteriori son inconvincentes.

Largo, incapaz de calcular las consecuencias del envío del oro, fue encontrando cada vez más pesada la tutela del Kremlin y sus asesores militares y políticos, hasta rebelarse contra ellos. Los comunistas y socialistas de Prieto emprendieron entonces campañas de descrédito contra el poco antes reconocido «Lenin español», hasta defenestrarlo en una maniobra fraguada en Barcelona en mayo del 37 contra los anarquistas, que también fueron expulsados del poder. Su gobierno había durado ocho meses; en ellos no había logrado arrebatar la iniciativa a los nacionales ni meter en cintura a los separatistas vascos y catalanes, que aprovechaban las circunstancias para avanzar a zancadas hacia la secesión.

A Largo le sucedió Negrín, y este había comprendido bien el significado e irreversibilidad del envío del oro: en adelante serviría con eficacia los planes estratégicos de Moscú. Largo intentó resistirse apoyándose en los anarquistas y la UGT, pero no le valió de nada. Vio cómo se le quitaba la libertad de expresión y de movimientos y se expulsaba a los suyos de la sede de la UGT en Valencia por el simple método de cambiar la cerradura de la puerta. Denostado en su propio partido, pasó el resto de la guerra en Barcelona, prácticamente en el ostracismo.

A finales de enero del 39, Largo se refugió en Francia, marginándose de la furiosa riña de posguerra entre negrinistas y prietistas. Cuando Alemania invadió el país, se refugió en la zona de Vichy, que no accedió a extraditarlo a España. En febrero de 1943, después de que Alemania ocupase también Vichy en respuesta al desembarco aliado en el Magreb, Largo fue arrestado y trasladado al campo de concentración de Sachsenhausen, donde permaneció en la enfermería hasta ser liberado en abril de 1945 por tropas soviéticas. Los rusos volcaron sobre él mil atenciones, que le sorprendieron después de la denigración sufrida de ellos en 1937. Autorizado a viajar a París, se puso a planear con su exenemigo Prieto el derrocamiento de Franco. No tuvo tiempo de realizarlo, pues falleció en marzo de 1946, con setenta y seis años. Sus admiradores le tributaron encendidos elogios necrológicos como «héroe del proletariado español». Uno empezaba: «Yunques, sonad/ enmudeced, campanas», de un poema de Antonio Machado.

Todos los indicios del asesinato de Calvo Sotelo apuntan al «moderado» o «centrista» Prieto, quien, muy preocupado por la conspiración militar, quería provocarla antes de que estuviera bien preparada. Recuérdese que en la insurrección de 1934 había sido el promotor del «putsch a lo Dollfuss». Por tanto, sería el responsable más directo del reinicio de la contienda civil en 1936, que estaba seguro de ganar, como reiteró en los primeros meses. En los dos gobiernos de Largo desempeñó la cartera de Marina y Aire, y participó sin duda en el envío del oro a Moscú. En mayo de 1937 se sumó, también con Azaña, a la maniobra comunista para expulsar a Largo.

Con Negrín unificó los ministerios de Marina, Aire y Tierra en uno solo de Defensa. Trató, en vano, de poner coto a la progresiva hegemonía comunista en el ejército, manifestando su descontento en intrigas con Azaña e intentos de buscar ayuda en Inglaterra, a cambio de la cual ofrecía varios gibraltares más. Se le tildó de derrotista, porque la perspectiva de victoria se alejaba, y alcanzarla bajo poder comunista no le ilusionaba por entonces. Y en abril del 38 Negrín prescindió de sus servicios.

Previendo la derrota, se puso a salvo una vez más, ahora como embajador extraordinario en Hispanoamérica, lo que le libró de huir al final en malas condiciones con los demás líderes. Negrín había organizado desde muy pronto el expolio sistemático de bienes nacionales y privados, artísticos e históricos, y una parte del enorme botín lo envió a Méjico en el yate Vita. Pero allí estaba Prieto, que, haciendo gala de su acreditada destreza maniobrera, se adelantó al enviado de Negrín, y en complicidad con el presidente mejicano Cárdenas, le hurtó limpiamente el cuantioso tesoro valorado en 100 y hasta 300 millones de dólares (nunca se hizo un arqueo preciso). El tesoro, aparte del beneficio para sus detentadores, permitía controlar a los numerosos exiliados, y así Prieto desbancó pronto a los seguidores de Negrín. La disputa por carta entre los dos dirigentes tiene máximo valor histórico. En Los mitos de la guerra civil me referí con cierta extensión a este demostrativo suceso, siempre ocultado, ¡y no por descuido!, en los «estudios» tipo memoria histórica. El episodio refleja también la habilidad de Prieto con tales dineros, ya demostrada en su exilio tras el fracaso de la insurrección del 34.

La ambición política del exiliado no cesó un momento. Tras la II Guerra Mundial, llegada la Guerra Fría y una vez desbancado y condenado Negrín por el PSOE, entró en tratos con Salvador de Madariaga, con Gil-Robles y con el entorno de don Juan, aspirante al trono, para imponer en España una monarquía (lógicamente transitoria. Prieto había sido el látigo de la monarquía de Alfonso XIII). Los monárquicos volvieron a demostrar su inteligencia al pensar en ofrecerle el puesto de primer ministro. En 1948, el pacto parecía resuelto pero en 1951 ya había fracasado por completo ante la realidad política y social de España, más o menos captada por don Juan. Decepcionado pero sin agobios económicos, Prieto fue alejándose de la política activa hasta fallecer en Méjico en 1962, a los setenta y ocho años.[263]

La trayectoria posterior de Julián Besteiro fue mucho más breve. Había denunciado el impulso sovietizante, guerracivilista y antidemocrático del PSOE, siendo derrotado políticamente antes y después de la insurrección el 34 por sus contrincantes Largo y Prieto. No por ello abandonó el partido. En una especie de ostracismo interior, se abstuvo del Frente Popular, y durante la guerra permaneció en Madrid, viviendo en malas condiciones y enfermando seriamente de tuberculosis. Enemigo de los comunistas, intrigó con Azaña y viajó a Londres y a París para conseguir que estos dos gobiernos impusieran una paz, cuyo coste nunca se aclaró, que salvase in extremis a los no comunistas y negrinistas. Cuando la derrota se hacía evidente, en 1938, trató con Azaña un plan para derrocar a Negrín y obtener una paz negociada, maniobra que desbarataron los comunistas y que Franco no habría aceptado. Se dio así el caso, una vez más paradójico, de que quienes habían provocado la guerra (Prieto, Azaña y demás) y dado cancha a los comunistas, quisieran salvarse a costa de estos, que eran quienes principalmente mantenían la resistencia.

Tras la victoria de Franco en Cataluña, en Madrid se desataron las confabulaciones para expulsar a Negrín y los comunistas, encabezadas por el coronel Casado, el anarquista Cipriano Mera y el socialista Besteiro. Surgió una pequeña guerra civil entre las izquierdas, y así concluyó la contienda. Besteiro fue el único dirigente que rehusó escapar. Detenido por los nacionales declaró: «Estamos derrotados por nuestras culpas (…). Por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizá los siglos. La política internacional rusa en manos de Stalin (…) se ha convertido en un crimen monstruoso (…). La reacción a este error de la república (…) la representan, sean cuales sean sus defectos, los nacionalistas que se han batido en la gran cruzada anti-Komintern».

Juzgado por no haber abandonado el PSOE ni haberse opuesto a tiempo a sus derivas, fue condenado a treinta años de prisión. Estas largas condenas casi nunca duraron en la realidad más de seis años, incluso bastante menos: Cipriano Mera, condenado a muerte (cosa que celebraron los presos comunistas de la cárcel de Porlier «con una chocolatada»), y conmutado a cadena perpetua, saldría a los cuatro años. Pero Besteiro estaba ya muy enfermo. Por un tiempo estuvo en «una celda más monacal que carcelaria» pero, trasladado a la prisión de Carmona, su salud empeoró y contrajo una septicemia, de la que falleció en 1940, con setenta años.

JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES Y QUIÑONES

El libro de Gil-Robles No fue posible la paz termina con una cita de Maurice Schumann, poco experto en la guerra de España: «La adhesión demostrada en todo momento hacia la doctrina de la Iglesia y las simpatías que sintió entonces por el ejército parecían obligar a Gil-Robles a abrazar sin reservas la causa de los militares sublevados el 18 de julio contra el gobierno del Frente Popular. Pero Gil-Robles creyó siempre que la guerra civil era evitable, y desde un principio manifiesta su dolor mediante su apartamiento. Después de una breve estancia en Biarritz, de donde pronto fue expulsado, se exilia en Portugal, donde reside hasta el año 1953. No tiene, por lo tanto, sangre en las manos». Y concluye el así disculpado: «Esta ha sido mi tragedia. Tal vez haya sido también mi mayor gloria».

La oficiosa interpretación de Schumann y su aceptación por Gil-Robles produce algo de pasmo. O bien el alzamiento del 18 de julio contra el terror del Frente Popular fue evitable y por tanto innecesario, incluso criminal; o bien fue necesario, como aclara el mismo título de sus memorias. En cualquier caso, el exlíder cedista afirma haberse desolidarizado de la rebelión, calificándola de paso de sanguinaria, felicitándose por su alejamiento de ella y por el «exilio» en Portugal como una gloria sui generis, lo que suena algo hipócrita y dictado por intereses posteriores. También dice haber rechazado siempre los golpes militares, lo que no es cierto; ni haber tenido contactos prácticos con la conspiración de Mola, lo que suena improbable. Seguramente se acerca más a la verdad que sí dio cierto apoyo al golpe de Mola, aun manteniendo distancias, quizá por temor a su fracaso. También comprendió que los rojos le fusilarían si le echasen mano, y que los nacionales no le tenían simpatía, por considerarlo vacilante y ambiguo; ni le ofrecían otro papel político que si acaso el de comparsa. Por ello se asentó enseguida en Portugal para contemplar el desarrollo de los acontecimientos, en posición que resulta algo exagerado llamarla exilio.

A lo largo de la república, Gil-Robles logró rehacer organizativa y moralmente a la derecha, hundida en el desánimo a raíz del 14 de abril, y aglutinó a la mayoría de ella en la CEDA, en torno a su partido Acción Popular. Tuvo pleno derecho a no declararse republicano y sí «posibilista», respetando al mismo tiempo la legalidad —la respetó mucho más que la izquierda o don Niceto—. Pero le faltó resolución en momentos clave, como su gran éxito de 1933 y la buena disposición de Lerroux. Luego, don Niceto se erigió en su mayor enemigo y dique a su derecho democrático que no logró superar. Cambó describió bien esa faceta irresoluta de Gil-Robles. En aquella situación europea de crisis de la democracia liberal, él, sin ser fascista, sino más bien corporativista, tampoco era demócrata (ni lo eran sus enemigos); temió demasiado las intimidaciones y el matonismo de la izquierda, y tal vez no se sentía muy legitimado para gobernar un régimen tan marcadamente escorado a la izquierda.

Durante la guerra mundial permaneció en el país vecino, volviéndose monárquico radical y partidario de don Juan, el aspirante al trono. El plan consistía en volver, incluso sobre los tanques useños e ingleses, a un régimen como el anterior a la república, para lo que creía contar con el respaldo inglés. Estaba seguro, además, de que a los vencedores del Eje les resultaría fácil de todo punto expulsar a Franco, hacia quien sentía una inquina creciente. Obviamente en la nueva monarquía bajo tutela de Londres él podría representar un papel de envergadura, pero, según el también juanista Luis María Anson, su espíritu vacilante o de sacrificio, según se mire, volvió a exteriorizarse al aceptar como eventual primer ministro ¡nada menos que a Prieto! El cual también maquinaba entonces con don Juan.

En 1953 volvió libremente a España, donde trabajó como abogado tratando, con su infatigable vocación política, de socavar al régimen, del que recibió alguna que otra reprimenda. En 1962 participó en el llamado «Contubernio de Múnich», grupo de personajes sin representatividad, aunque respaldados por la CIA, que intentaban impulsar un antifranquismo no comunista. De resultas fue despedido del consejo privado de don Juan y brevemente desterrado. En 1968 era catedrático en la universidad de Oviedo, dedicado a promover un partido democristiano. En la Transición advirtió sobre los peligros de una Constitución que daba alas a los separatismos. Falleció en 1980, con ochenta y un años. Desde el final de la guerra civil su personalidad sugería un recuerdo de otra época.

LOS PADRES ESPIRITUALES DE LA REPÚBLICA

El Manifiesto de la Agrupación al Servicio de la República, de febrero de 1931, tuvo un enorme impacto propagandístico y político, y valió a sus tres firmantes, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, el título informal de «padres espirituales» del nuevo régimen. El documento respiraba un entusiasmo por el cambio que no se apoyaba en ningún análisis medianamente serio de la situación, ni sacaba la menor lección de los sucesos del cuarto de siglo anterior, bien expresivos, entre otros, para Cambó. Tampoco se basaba en un conocimiento personal un poco serio de los líderes republicanos. Esto era en cierto modo tradicional. Los tres, como Azaña y muchos otros, depositaban una fe en «Europa» o lo que entendían por tal, nunca racionalmente sopesada, y habían sido partidarios de arrastrar a España a la I Guerra Mundial al lado, más propiamente al servicio, de los intereses franceses e ingleses. Con el tiempo, el mismo Ortega llegó a advertir contra la vocación de tantos intelectuales de dirigir la política.

Como fuere, los rumbos que tomó enseguida la república empezaron a decepcionarles, sin que acertaran a ofrecer alguna corrección factible. Incluso siguieron varios años ilusionados con Azaña y, diciéndose liberales, dispuestos a aceptar una república muy poco liberal, de «trabajadores», lo que en la práctica quería decir mandada por partidos marxistas.

Pero todo tenía un límite. Al recomenzar la guerra, los tres sintieron su vida en grave peligro por los «republicanos». Fueron obligados bajo amenazas a firmar un manifiesto de apoyo al Frente Popular, que también firmaron otros más voluntariamente. Después, Pérez de Ayala se apresuró a refugiarse en Francia; Marañón hizo lo mismo en diciembre, asustado por los asesinatos en curso, que podrían llegar hasta él mismo; Ortega pudo exiliarse asimismo a Francia gracias a la influencia de su hermano Eduardo en medios izquierdistas.

Una vez a salvo, adoptaron posturas inequívocamente favorables al bando nacional, en el que combatían voluntariamente sus hijos. Marañón, sobre todo, combatió las falsedades izquierdistas que presentaban el exilio de numerosos profesores e intelectuales como fugados de los nacionales, cuando en la gran mayoría de los casos huían del Frente Popular. En sus cartas expone con crudeza su terrible decepción sobre la república y sus gentes: «¡Qué asco, qué asco! Tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales (…). ¿Cómo poner pegas, aunque las haya, a los del otro lado? (…) Horroriza pensar que esta cuadrilla hubiera podido hacerse dueña de España. Sin quererlo siento que estoy lleno de resquicios por donde me entra el odio, que nunca conocí. Y aún es mayor mi dolor por haber sido amigo de tales escarabajos y por haber creído en ellos. ¡No merecemos que nos perdonen! (…) Revolución de Caco y caca». O bien: «Yo tengo tal fe en que la causa nacionalista es la causa de España, que la mantendría, con todas sus consecuencias».

Pérez de Ayala no es menos explícito: «Cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a sus pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco (…). Siempre los tuve por tontos de babero y brutos estructurales (…). Lo que nunca pude concebir es que hubieran sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza. Hago una excepción. Me figuré un tiempo que Azaña era de diferente textura y tejido más noble (…). En octubre del 34 tuve la primera premonición de lo que verdaderamente era Azaña. Cuando le vi y hablé, siendo ya presidente de la república, me entró un escalofrío de terror al observar su espantosa degeneración mental (…) y adiviné que todo estaba perdido para España con aquella gente».

Ortega y Gasset fue en general menos explícito, pero lo fue de manera negativa al criticar acerbamente a los intelectuales extranjeros que, sin tener idea de España, tomaban partido por el Frente Popular: «Mientras en Madrid los comunistas y sus afines obligaban, bajo las más graves amenazas, a escritores y profesores a firmar manifiestos, a hablar por radio, etc., cómodamente sentados en sus despachos o en sus clubs, exentos de toda presión, algunos de los principales escritores ingleses firmaban otro manifiesto donde se garantizaba que esos comunistas y sus afines eran los defensores de la libertad» (en el «Epílogo para ingleses» de La rebelión de las masas, su obra más conocida en el extranjero). A Einstein lo toma también por ejemplo de tales peligrosas frivolidades: «Hace unos días, Alberto Einstein se ha creído con “derecho” a opinar sobre la guerra civil española y tomar posición ante ella. Ahora bien, Alberto Einstein usufructúa una ignorancia radical sobre lo que ha pasado en España ahora, hace siglos y siempre. El espíritu que le lleva a esta insolente intervención es el mismo que desde hace mucho tiempo viene causando el desprestigio universal del hombre intelectual, el cual, a su vez, hace que hoy vaya el mundo a la deriva, falto de pouvoir spirituel».

Pérez de Ayala vivió primero en Biarritz y después en Argentina. Aquejado de fuerte depresión por desgracias familiares volvió varias veces a España, hasta asentarse en ella en 1954, dedicándose a la crítica literaria en la prensa. Falleció en Madrid, en 1962, con ochenta y dos años.

Gregorio Marañón volvió en 1942 a España, donde prosiguió hasta su muerte en 1960, con setenta y dos años, una brillante y muy premiada carrera como médico y ensayista.

El caso de Ortega y Gasset no fue menos demostrativo: en 1942 se estableció en Lisboa después de haber estado en París, Holanda y Argentina. En 1945 pasó definitivamente a España. Al año siguiente pronunció una célebre conferencia en el Ateneo de Madrid sobre el tema Idea del teatro. Curado de sus ocurrencias político-históricas, expuso su análisis:

Por primera vez, tras enormes angustias y tártagos, España tiene suerte. Pese a ciertas menudas apariencias, a breves nubarrones que no pasan de ser meteorológicas anécdotas, el horizonte de España está despejado… Mientras los demás pueblos se hallan enfermos… el nuestro, lleno, sin duda, de defectos y pésimos hábitos, da la casualidad que ha salido de esta turbia y turbulenta época con una sorprendente, casi indecente salud.

Falleció en Madrid, en 1955, con setenta y dos años, habiendo proseguido después de la guerra, como Marañón, una brillante carrera como filósofo y ensayista, muy reconocida internacionalmente, especialmente en Alemania.

Si uno consulta en Internet la Wikipedia y cientos de artículos sobre estos tres personajes, puede llegar a reírse de los retorcimientos y juegos malabares con los conceptos practicados por los de la «memoria histórica» para pintarlos como poco menos que perseguidos por el franquismo o recluidos en un «exilio interior», camelo muy socorrido. Solo dos muestras, referidas a Ortega: un dizque historiador, Gregorio Morán, publicó un libro con el título El maestro en el erial, cuyo título ya es un disparate. En él acusa al maestro Ortega de corromperse al cobrar del régimen franquista y callar sobre sus supuestos crímenes en un «erial» que es solo producto de la fantasía del autor. Y él mismo afirma haber preguntado a los hijos del maestro de qué había vivido este aquellos años: le respondían que de sus libros, pero su hija Soledad pretendió recordar que su padre le había reconocido al jubilarse: «A mí también me han comprado. Como a todos». La supuesta confesión, que pinta a Ortega como el clásico «vendido», suena demasiado a embuste políticamente correcto: ¿como a todos? Innumerables escritores y artistas, unos procedentes de la república y otros nuevos, vivieron y escribieron en aquellos años sin necesidad de venderse.

La verdad es que en esos años Ortega dio conferencias libremente, viajó al extranjero, escribió ensayos e investigaciones filosóficas, fundó un Instituto de Humanidades… Realmente estuvo muy ocupado y con gran entusiasmo, según testimonia su discípulo más destacado, Julián Marías. Y si seguía percibiendo su sueldo de catedrático sin necesidad de dar clases, hay que apuntárselo como un mérito del régimen, que estimaba más valiosa su labor como pensador e investigador que como profesor. Para sostener aquellas sandeces hay que compartir la extraña idea de Morán, de que todo escritor decente tenía la obligación de denunciar las increíbles atrocidades achacadas al franquismo por una propaganda de origen casualmente comunista. Como la que atribuía al «bienio negro» republicano una orgía masiva de asesinatos, encarcelamiento, hambre y abusos contra el pueblo. Ya va siendo hora de acabar con ese veneno moral que abocó entonces a la guerra civil y con cuya «estupidez y canallería» vuelven a amenazarnos quienes se consideran herederos del Frente Popular o de la república, que para ellos es lo mismo.

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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO

Los abundantísimos escritos sobre la república pueden dividirse en tres tipos: a) los artículos y monografías sobre aspectos parciales (políticos, económicos, partidos, biografías, etc.), que forman una bibliografía oceánica, enormemente desigual y mayoritariamente prescindible o que, al centrarse demasiado en los árboles impide o distorsiona la visión del bosque; b) los trabajos sobre la guerra civil, que necesariamente integran un comentario o resumen más o menos amplio de la república propiamente dicha, o bien la incluyen en un ámbito más vasto, desde la Guerra de Independencia; y c) las historias de conjunto de la república, por lo común así tituladas, que forman un grupo bibliográfico mucho más reducido y en el que me centraré, porque a ese ámbito pertenece el presente estudio. Casi todas estudian aquel régimen en función de la guerra civil a la que abocó, pero, como habrá podido observarse, el enfoque de este ensayo es muy distinto: no fue la república, pese a sus convulsiones, sino su destrucción desde las elecciones de 1936, lo que reinició una guerra derrotada en 1934.

Como historias generales de la república aparecieron en fechas tempranas la de Josep Pla Historia de la Segunda República Española (1940) en cuatro volúmenes y la de Joaquín Arrarás Historia de la Segunda República (1956), también en cuatro volúmenes. Las dos obras han sido sectariamente ninguneadas por la «memoria histórica», pese a ser muy superiores a ella por su valor testimonial, incluso presencial. Pla no quiso incluir este libro entre sus obras completas, y en plena democracia, no ha podido reeditarse, por el puro miedo impuesto por la liberticida «corrección política». Historias generales centradas en aquella etapa histórica dejaron de publicarse por bastantes años, no debido a ninguna censura, sino a que el tema republicano, opacado por la guerra civil, solo ofrecía interés como apéndice preliminar de esta. La cuestión parecía resuelta en lo esencial.

Sin embargo, la versión hoy predominante, con mucho, es muy diferente y puede describirse así a grandes rasgos: la república debe concebirse como un gran impulso histórico progresista, liberador y cultural, frustrado por una agresiva, intolerante y oscurantista oligarquía reaccionaria de financieros, terratenientes, obispos y generales, que para defender sus privilegios desataron la guerra civil. Según esta versión, la quema de iglesias y bibliotecas, los atentados, las insurrecciones, los asesinatos, la destrucción y saqueo del patrimonio histórico o artístico, el fraude y violencia electoral, el terror, la destrucción de la legalidad, el genocidio religioso… serían solo manifestaciones de fuerzas de progreso, o en todo caso asuntos menores, superficiales, como mucho errores parciales que no desmentirían un significado histórico de progreso. En esquema y con matices y complicaciones diversas, tal vendría a ser el hilo conductor de obras como la de Preston (La destrucción de la democracia en España), Santos Juliá (Política en la Segunda República), G. Jackson (La república española y la guerra civil), J. Casanova (República y guerra civil), etc., por no hablar de los miles de estudios parciales y morralla diversa que produce a mansalva la universidad de la «memoria histórica».

Tal explicación, por mucho que la desmientan los testimonios y los hechos, persiste no solo gracias a su «metodología», mencionada en la introducción, sino a poseer una cualidad muy sugestiva: parece aportar un orden y sentido general a lo que de otro modo podría quedar como un caos de hechos y dichos contradictorios o de escasa enjundia. A los que, en cambio aportaría una visión mucho más amplia que la situación concreta. Expondría fuerzas profundas de la historia que, por debajo de la histoire événementielle, la «historia de sucesos», darían sentido a esta: la historia como una lucha del progreso contra el oscurantismo, de la revolución contra la reacción, de las clases sociales con futuro contra las retardatarias condenadas «por la historia», etc. Dada la necesidad psicológica de encuadrar los hechos en un orden, a fin de volverlos inteligibles, como recordaba Ortega hablando de la teoría de Einstein, tendemos a preferir el orden, por mucho que lo desmientan los hechos, porque nos aporta cierta tranquilidad intelectual y moral: si los hechos no encajan, peor para ellos.

El orden explicativo aludido es claramente marxista o marxistoide, con aportaciones de la escuela de los Annales, buscadora de una historia global omniabarcante de todos los aspectos sociales y de las fuerzas profundas o de larga duración en las que se inscribirían las de cada momento. ¿Existen esas fuerzas? Sin duda encontramos ciertas tendencias más o menos interrelacionadas que se van afirmando a lo largo del tiempo: el desarrollo de la urbanización, de la técnica, el crecimiento demográfico, la ampliación de los conocimientos, etc. Pero ellas no deben desmentir las realidades concretas de cada época, y, en el caso de la república, las pretensiones mencionadas de «progreso» colisionan con la realidad más palpable. Por otra parte, ningún estudio de ninguna fuerza de larga duración nos informará sobre la evolución futura ni sobre su sentido desde el pasado, pese a las pretensiones «científicas». El pasado puede ser conocido mejor o peor, nunca a la perfección, pero el futuro está velado a nuestra mirada, y para comprobarlo basta repasar cuán a menudo y cuán falsamente han creído gobiernos y civilizaciones enteras en su propia estabilidad definitiva.

El marxismo ofrece el espejismo atrayente de una evolución histórica hacia una sociedad superior, igualitaria, sin clases sociales ni Estado, libre del oscurantismo religioso y basada en la ciencia. No importa aquí discutir esa teoría como tal: baste recordar un criterio de Marx sobre las cuestiones teóricas que resultan irresolubles en términos propiamente teóricos, pero que soluciona la práctica histórica. Obviamente pensaba que esa práctica daría la razón a sus teorías más dudosas cuando fueran puestas a prueba. Pues bien, el criterio de la práctica no ha podido ser más demoledor para los esquemas de Marx: los países en que se han impuesto sus seguidores, guiados por sus espejismos, son, invariablemente, los que han registrado mayor opresión y explotación en el siglo transcurrido desde la Revolución soviética. Opresión traducida en regímenes policíacos y concentracionarios, asesinatos masivos y genocidios, grandes hambrunas y cierre de fronteras con «muros de Berlín» para impedir la huida de tales paraísos. Justificando así las palabras que les dedicó Besteiro al terminar la guerra civil: «La mayor aberración política que quizá hayan conocido los siglos».

Vale la pena indicar cómo se han asentado tales interpretaciones, en las que el historiador comunista Tuñón de Lara desempeñó un papel especial. Este publicó La España del siglo XX (1966), tres tomos, con el segundo dedicado a la república; tema sobre el que volvería diez años después con La II República. Sus enfoques presentados como «científicos» se extendieron asimismo a la guerra civil y a «la era de Franco», como la bautizó el economista Ramón Tamames. Tuñón pudo publicar en España en tiempos de Franco, disfrutando de amplia divulgación, sobre todo en la universidad, y con apoyo de revistas como Triunfo, Cuadernos para el diálogo y otra prensa de proyección izquierdista, lo que quería decir entonces marxista o próxima al marxismo (la misma que organizó el linchamiento mediático de Solzhenitsyn cuando este denunció en España la realidad de la URSS ya en 1976).

Por otra parte, como profesor en Pau, en el sur de Francia, Tuñón supo organizar seminarios que le proporcionaron bastantes discípulos en la universidad española, los cuales fueron ocupando agresivamente numerosos departamentos universitarios. Loado como «maestro de historiadores» o por su «sensibilidad cultural», también en gran parte de la derecha (J. Tusell, por ejemplo), recibió en la Transición homenajes y cargos en España y Francia —entre ellos el de director del Centro de Investigaciones Hispánicas—, coordinó historias generales de España, etc. Fue, probablemente, el historiador de más éxito e influencia en la universidad española, influencia que prosigue plenamente, y una de cuyas consecuencias es precisamente la «ley de memoria histórica».

Tuñón se afilió muy joven a las Juventudes Comunistas, y desempeñó puestos directivos en el PCE entre 1934 y 1936. Su vocación, más intelectual que activista, le llevó a trabajar durante la guerra civil como instructor en marxismo leninismo de las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas), precisamente uno de los sectores del partido más combativos e inclinados al terror. Capturado al terminar la guerra y pronto liberado, vivió unos años intentando algunos negocios, dando clases y terminando la carrera de derecho, sin dejar su lucha clandestina «por la libertad» (concebida al estilo soviético) en una «Unión de Intelectuales Libres», hasta que resolvió exiliarse en Francia en 1946.

Su labor intelectual debió de ser muy apreciada en el partido, porque ya en el exterior dirigió la «Unión de Intelectuales Españoles en Francia», y se hizo discípulo del historiador marxista Pierre Vilar, admiradores ambos de Stalin. En 1966 abandonó suavemente el partido, muy posiblemente para trabajar con más desembarazo para el KGB, según afirma Jorge Semprún en su Autobiografía de Federico Sánchez. Tuñón calificó esa afirmación de «puñalada trapera». La «ruptura» con el PCE se había hecho sin conflicto, contra lo habitual, y para un comunista no constituía un desdoro trabajar para los servicios soviéticos… aunque la publicidad dañaba obviamente su imagen como historiador. Algunos de sus afines fingían «extrañarse» de que el KGB prestara atención a las actividades intelectuales…

Estas peripecias del hombre y sus seguidores y admiradores, que nunca encontraron oposición intelectual abierta, ayudan a entender las versiones hoy dominantes y por qué buscan imponerse totalitariamente, tanto por su prosapia ideológica como por su incapacidad para sostenerse en un debate libre, como hemos señalado tantas veces.

Obviamente, con la «memoria histórica» los crímenes, el terror, las insurrecciones, el hambre… aparecen «con otra luz», en definitiva favorable, como orientados a un buen fin. Y por ello repetibles, si fracasan. La construcción teórica suele adornarse con conceptos de pretensión, como siempre, científica y a menudo obvia o perogrullesca: «Bloque de poder oligárquico»; «revolución burguesa fracasada»; «correlación entre niveles socioeconómico, político y cultural», o entre «estructura y coyuntura», o «tiempo largo y tiempo corto», etc. Claro está que estos conceptos o varios de ellos pueden resultar útiles, pero por lo común se usan para revolotear «metodológicamente» sobre los hechos y realidades más palpables, que a menudo basta citar para dejar en evidencia tanta metodología científica.

Por lo demás, es obvio que cualquier hecho histórico debe inscribirse en una época más amplia: en cuanto a la república, la originada en el trauma del 98, o más atrás en la Guerra de Independencia, como aquí hemos señalado, pues esa genealogía tenían las ideas y fuerzas políticas y sociales de los años treinta; y debe inscribirse también en una situación internacional condicionante: la de la crisis del liberalismo y la gran depresión económica, las subversiones marxistas y los gobiernos fascistas o autoritarios. Sin estas ampliaciones, la comprensión de la república sería muy limitada.

Y cabe achacar esa limitación a numerosos estudios contrarios a la versión marxistoide. Pues si esta ha logrado predominar hoy no es solo por sus habilidades prácticas ya referidas, sino porque, como decimos, inscribía sus explicaciones en un ámbito histórico más vasto y con una orientación general de apariencia más «seria» y prometedora. Las versiones más o menos franquistas —Ricardo de la Cierva, R. y J. Salas Larrazábal, J. M. Martínez Bande, etc.—, o no marxistoides, pese a su superior veracidad en los detalles, estudiados a menudo muy a fondo, no entraban en un concepto histórico general, parecían estrechas y sin proyección, por lo que tenían poco atractivo y eficacia frente a las de tipo Tuñón, y perdieron terreno ya en el propio franquismo. Por lo común, el franquismo prefirió «dejar atrás», es decir, olvidar o hacer olvidar, aquellos procesos que condujeron a una guerra «fratricida», y las explicaciones que ofrecían eran sentidas pobres y pesadas por estudiantes y muchos profesores.

Una excepción notable fue el libro de Stanley Payne, en 1995, La primera democracia española, subtitulado acertadamente La Segunda República, 1931-1936. Es decir, como ya indicamos, no hace durar aquel régimen hasta 1939 como la inmensa mayoría de los historiadores, también de derecha, desdeñando evidencias bien claras. El libro de Payne marcó un hito al sustituir las retóricas, tópicos y manipulaciones demasiado habituales por la atención a los datos, mostrando cómo la república no surgió de un país «tercermundista», sino considerablemente modernizado, al que, en cambio, sumió en el desorden con sus políticas y reformas desenfocadas. Payne presta más atención a los datos que a los dichos, mientras que en este ensayo, sin olvidar los hechos, he dado especial relevancia a los dichos, es decir, a las palabras, ideas y enfoques de los políticos que realmente decidían, y cuyas decisiones conforman gran parte de la historia. Ahora bien, con uno u otro método, el resultado es semejante.

Más recientemente (2017) Miguel Platón publicó Segunda República, de la esperanza al fracaso. Allí deja muy claro que república y democracia no eran lo mismo, que nunca existió propiamente una democracia republicana —aunque tuvo su oportunidad, liquidada por don Niceto tras la derrota izquierdista de 1934— y expone con viveza el impulso a la catástrofe. Cabe objetarle, no obstante, un enfoque demasiado anglófilo y la definición de la guerra como un conflicto entre dos ilegitimidades. Es obvio que quienes derrotaron al Frente Popular ganan por eso mismo una indudable legitimidad política e histórica. Habla también de «dos genocidios», cuando técnicamente solo hubo uno, la persecución religiosa. El Frente Popular sí se planteó un exterminio de sus contrarios, que de todos modos no llegó a realizar salvo en la citada persecución. El bando nacional nunca se planteó ni mucho menos practicó ningún genocidio, aunque las circunstancias le empujasen a practicar cierto nivel de terror. Nada comparable, en todo caso, al practicado por los anglosajones en la II Guerra Mundial, se lo quiera justificar o no. Viene a cuento la comparación por una tendencia en parte de la historiografía española a dejarse guiar por enfoques de ese carácter anglófilo en exceso, disculpados en los genocidios nazis.

Tampoco es aceptable la tesis de que la guerra se libró entre dos minorías radicalizadas que arrastraron al resto, como afirma Platón. Por ese camino podríamos entender la II Guerra Mundial en Europa como el choque entre tres minorías radicalizadas (alemana, inglesa y soviética, o nazi, liberal y soviética) que arrastraron a todo el continente. Se trata de la versión fomentada recientemente por el PP para sacudirse el hecho de que sus políticos y la mayoría de sus electores proceden justamente de una de aquellas «minorías». Así creen pasar por demócratas, y, la verdad, esa versión resulta mucho menos seria que las abiertamente frentepopulistas de la memoria histórica.

Pues otro factor distorsionante del pasado, y con él de la política actual —al punto de amenazar nuevamente la convivencia en libertad—, ha sido la presión ideológica desde Europa Occidental en relación con la república, la guerra civil, el franquismo y la democracia. La segunda fase de la II Guerra Mundial se libró entre 1941 y 1945 mediante una alianza entre las potencias anglosajonas y Stalin, y por esto los enfoques de historiadores extranjeros, y como eco de muchos españoles, tienden a interpretar nuestro pasado reciente según los esquemas ideológicos y emocionales de dicha alianza. De este modo, la historia es abordada con una óptica marxista y con una óptica liberal anglosajona no menos inadecuada, coincidiendo casi todas en considerar a España un país «al margen» o «retrasado» frente a «Europa», siendo el franquismo una anomalía más dentro de la supuesta anormalidad histórica sobre la que desbarraba Ortega. Atraso y anomalía que habrían pretendido superar «los europeístas republicanos»; fracasando «por desgracia».

Pero aquel régimen «anómalo» derrotó a separatistas y totalitarios, mantuvo al país libre de las terribles atrocidades de la guerra mundial, libre también, debo insistir en ello, de la tremenda deuda político-moral de los países de Europa del oeste con los ejércitos useño y soviético, y económica con el Plan Marshall; y fue capaz de reconstruir el país con sus propias fuerzas, desafiando y venciendo un aislamiento criminal del exterior, que habría provocado una hambruna masiva; y mantuvo una notable libertad personal y salud social con un Estado pequeño; y la mayor prosperidad vivida por España en siglos. En este sentido sí cabe hablar de anomalía, aunque valorarla no deja de resultar chocante. La transformación de la república en Frente Popular terminó de desacreditar la democracia y alejó para mucho tiempo su posibilidad, pero en definitiva el franquismo supo crear una sociedad próspera y libre de los viejos odios. Y en 1976 la población decidió por abrumadora mayoría la democratización «de la ley a la ley», a partir de una legitimidad franquista que casi nadie ponía en duda, porque ninguna «memoria histórica» podía entonces falsificar una evidencia a la vista de casi todos los españoles.

Ortega había soltado una frase no por disparatada menos influyente: «España es el problema y Europa la solución». España no era ningún problema, solo tenía problemas, como todos los países; problemas que desembocaron en la guerra civil, en parte por frivolidad de intelectuales más aficionados a las frases y los adjetivos que a los análisis y argumentos. Y el resto de Europa tenía también sus muy graves problemas, ocultos a la precaria sagacidad de los europeístas hispanos y que desembocaron en una conflagración ciertamente mucho peor.

41
ALGUNAS CONCLUSIONES

La guerra civil no fue consecuencia de la república, pese a las violencias y «epilepsias» que la marcaron desde el principio: fue consecuencia de su destrucción y transformación en Frente Popular.

El principal factor de guerra civil durante la república fue la conjunción de fuerzas izquierdistas y separatistas antidemocráticas. Conjunción informal al principio y formalizada luego en el Frente Popular.

Pese a toda la potencia que alcanzó la citada conjunción, la derrota de su insurrección en 1934 habría podido impedir el Frente Popular si un gobierno enérgico, apoyado en las urnas de 1933, hubiera aplicado la ley ilegalizando por un periodo a los partidos golpistas, impidiendo su propaganda y aplicando el programa económico de la CEDA.

Impedir el Frente Popular mediante las medidas dichas habría impedido el resurgir de la guerra civil en 1936. Faltó sin embargo el gobierno adecuado.

Así como la máxima responsabilidad personal de la insurrección de 1934 corresponde a Largo Caballero y a Companys, la de la reanudación de la guerra en 1936 le toca a Alcalá-Zamora. Fue este quien impidió gobernar a un centro-derecha moderado y mucho más democrático que la izquierda, y que no solo había ganado las elecciones, sino que además había defendido al régimen contra el asalto armado del 34. Lo que no pudieron alcanzar entonces los sublevados, lo consiguió don Niceto con maniobras y presiones prácticamente ilegales y en todo caso ilegítimas, hipnotizado por la quimera de un «centro» a su gusto y orientado o manejado por él. Con ello arruinó la última posibilidad de una república democrática y pasablemente estable.

Azaña favoreció en todo momento la caída hacia la guerra civil, no deliberadamente como en el caso de los líderes socialistas, pero sí por sus políticas ilusorias con respecto al PSOE y al separatismo catalán, basadas en un concepto caprichoso de España, en la negación de su historia y en la pretensión de romper con su pasado a partir de tópicos superficiales y ya por entonces anacrónicos.

En la república no desempeñó un gran papel el elemento liberal o demoliberal, aunque no es fácil identificar a esa corriente. Por lo común se integra en tal denominación a los «padres espirituales», a Unamuno, a Madariaga, a los mismos Alcalá-Zamora o a Azaña, que se tenían por tales… En cualquier caso su papel resultó por lo menos equívoco, y no puede dejar de verse en ellos una mezcla de frivolidad y zascandileo político que, como reconocía Marañón, ya en la guerra, había contribuido al desastre. Quienes finalmente libraron a España de los inminentes peligros de disgregación y sovietismo no fueron unos liberales que más bien habían contribuido a ellos, aunque recapacitaran finalmente. Y no puede presentarse como especialmente trágica para ellos una contienda de la que en su mayoría se apresuraron a ponerse a salvo.

La clarificación de la república tiene máxima importancia para caracterizar la política actual en España, porque su olvido en unos casos y su tergiversación interesada en otros, han hecho renacer las fuerzas que, derrotadas en 1934 y 1939, amenazan con repetir un pasado siniestro.

LUIS PÍO MOA RODRÍGUEZ. (Vigo, 1948) es un articulista, historiador y escritor español, especializado en temas históricos relacionados con la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, el franquismo y los movimientos políticos de ese período.

Participó en la oposición antifranquista dentro del Partido Comunista de España (reconstituido) o PCE(r) y de la banda terrorista GRAPO. En 1977 fue expulsado de este último partido e inició un proceso de reflexión y crítica de sus anteriores posiciones políticas ultraizquierdistas para pasar a sostener posiciones políticas conservadoras.

En 1999 publicó Los orígenes de la guerra civil, que junto con Los personajes de la República vistos por ellos mismos y El derrumbe de la República y la guerra civil conforman una trilogía sobre el primer tercio del siglo XX español. Continuó su labor con Los mitos de la guerra civil, De un tiempo y de un país (donde narra su etapa juvenil de militante comunista, primero en el PCE y más tarde en los GRAPO), Una historia chocante (sobre los nacionalismos periféricos), Años de hierro (sobre la época de 1939 a 1945), Viaje por la Vía de la Plata, Franco para antifranquistas, La quiebra de la historia progresista y otros títulos. En la actualidad colabora en Intereconomía, El Economista y Época.

Moa considera que la actual democracia es heredera del régimen franquista, que experimentó una «evolución democratizante», y no de las izquierdas del Frente Popular, según él totalitarias y antidemocráticas y que dejaron un legado de «devastación intelectual, moral y política». Su obra ha generado una gran controversia y suscitado la atención de un numeroso público, que ha situado a varios de sus libros en las listas de los más vendidos en España: su libro Los mitos de la Guerra Civil fue, con 150 000 ejemplares vendidos, número uno de ventas durante seis meses consecutivos.

La obra de Moa ha sido descalificada por numerosos autores e historiadores académicos, quienes lo han sometido al ostracismo porque su obra revisa ideas generalmente admitidas sobre ese período —ideas asentadas en una perspectiva política de izquierdas que mitifica la II República—, y sienta tesis innovadoras, que sin embargo, no han sido rebatidas documentalmente hasta la fecha.

Pero Moa cuenta también con algunos defensores en el ámbito académico: Ricardo De la Cierva, José Manuel Cuenca Toribio, o Carlos Seco Serrano han elogiado la obra de Moa.

Fuera de España, historiadores e hispanistas como Henry Kamen, Stanley G. Payne o Hugh Thomas han comentado en términos favorables trabajos y conclusiones de Moa. Por ejemplo, Kamen se lamenta de que, según su opinión, la represión ejercida por la República no haya sido estudiada, con la única excepción de Pío Moa, el cual habría sido marginado por los historiadores del establishment.

Stanley G. Payne ha elogiado en repetidas ocasiones los trabajos de Pío Moa, sobre todo sus investigaciones sobre el periodo que va de 1933 a 1936: «Cada una de las tesis de Moa aparece defendida seriamente en términos de las pruebas disponibles y se basa en la investigación directa o, más habitualmente, en una cuidadosa relectura de las fuentes y la historiografía disponibles»; destaca la originalidad de su trabajo: «ha efectuado un análisis realmente original y ha llegado a conclusiones que no han sido todavía refutadas. Lo han denunciado, lo han vetado pero no han logrado rebatir con pruebas las tesis de Moa sobre la República», e incide en que las tesis de Moa no han sido refutadas: «lo más reseñable es que, aparentemente, no hay una sola de las numerosas denuncias de la obra de Moa que realice un esfuerzo intelectualmente serio por refutar cualquiera de sus interpretaciones. Los críticos adoptan una actitud hierática de custodios del fuego sagrado de los dogmas de una suerte de religión política que deben aceptarse puramente con la fe y que son inmunes a la más mínima pesquisa o crítica».

Hugh Thomas ha afirmado sobre la obra de Moa: «Lo que dijo Pío Moa sobre la revolución de 1934 es muy interesante y pienso que dijo la verdad. ¡Pero no fue tan original! Él me acusa en su libro, pero yo dije casi lo mismo: la revolución de 1934 inició la guerra civil, y fue culpa de la izquierda».

Notas

[1] A. Lerroux, Mis memorias, Afrodisio Aguado, Madrid, 1963, pp. 462-465. <<

[2] B. Pérez Galdós, La I República, dentro de los Episodios Nacionales. <<

[3] En F. Cambó, Memorias, Alianza, Madrid, 1987, p. 414. <<

[4] En O. Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical, Tebas, Madrid, 1976, p. 29. <<

[5] N. Alcalá-Zamora, Memorias, Planeta, Barcelona, 1977, p. 157; J. M. García Escudero, Historia política de las dos Españas, Editora Nacional, Madrid, 1976, p. 848. <<

[6] M. Azaña, Memorias, Afrodisio Aguado, Madrid, 1976, p. 341. <<

[7] F. Cambó, op. cit., pp. 428-429. <<

[8] N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 160; M. Maura, Así cayó Alfonso XIII, Ariel, Barcelona, 1995, p. 69. <<

[9] J. S. Vidarte, No queríamos al rey, Grijalbo, Barcelona, 1977, p. 293; M. Tuñón de Lara, La II República, I, Madrid, Siglo XXI, 1976, p. 15. <<

[10] E. Mola, Obras Completas, Santarén, Valladolid, 1940, pp. 375-376; E. de Guzmán, Historia… p. 337. <<

[11] M. Maura, op. cit., p. 87. <<

[12] A. Lerroux, La pequeña historia de España, 1931-1936, Mitre, Barcelona, 1985, pp. 29-30. <<

[13] F. Largo Caballero, Correspondencia secreta, editor M. Carlavilla, Nos, Madrid, 1961, pp. 99-101. <<

[14] Ibíd., p. 101. <<

[15] M. Maura, op. cit., p. 100.; J. Peirats, Los anarquistas en la crisis política española, Júcar, Madrid, 1977, p. 61. <<

[16] En E. de Guzmán, 1930. Historia…, op. cit., p. 372. <<

[17] M. Maura, op. cit., p. 99. <<

[18] J. S. Vidarte, op. cit., pp. 309-310. <<

[19] Ibíd., p. 327. <<

[20] A. Lerroux, Memorias, pp. 69-70; N. Alcalá-Zamora, op. cit., pp. 579-581; M. Maura, op. cit., p. 112. <<

[21] Párrafos bien significativos, omitidos por Preston y otros al mencionar la carta. <<

[22] J. Peirats, op. cit., pp. 63-64. <<

[23] M. Maura, op. cit., pp. 105-106; N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 177. <<

[24] F. Largo Caballero, Escritos de la república, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1985, p. 189. <<

[25] J. M. Marco, Manuel Azaña, Planeta, Barcelona, 1998, pp. 159-60; M. Maura, op. cit., p. 106; A. Lerroux, Memorias, op. cit., p. 63. <<

[26] M. Maura, op. cit., p. 116; J. de la Cierva, Notas de mi vida, Reus, Madrid, 1955, p. 330. <<

[27] M. Maura, op. cit., pp. 117-118; E. Vegas Latapié, Memorias políticas, Planeta, Barcelona, 1983, pp. 93-94. <<

[28] N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 182; F. Cambó, op. cit., pp. 422-423. <<

[29] M. Maura, op. cit., pp. 122-124. <<

[30] Ibíd., p. 126. <<

[31] Ibíd, pp. 133 y ss.; N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 186. <<

[32] No se publicaron los resultados completos, una irregularidad importante. <<

[33] En R. de la Cierva, La historia se confiesa, I, Planeta, Barcelona, 1976, pp. 129-130. F. Cambó, op. cit., p. 431. <<

[34] M. Maura, op. cit., pp. 147-172. <<

[35] A. Figueroa y Torres, conde de Romanones, Obras Completas, III, Plus Ultra, Madrid, 1949, p. 449. <<

[36] M. Maura, op. cit., pp. 153-154. <<

[37] En D. Martínez Barrio, Memorias, Planeta, Barcelona, 1983, pp. 23 y ss. <<

[38] M. de Coca, Anticaballero, Ediciones del Centro, Madrid, 1975, p. 37.; R. de la Cierva, op. cit., p. 136. <<

[39] M. Maura, op. cit., pp. 152-159; N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 190. <<

[40] M. Maura, op. cit., p. 162. <<

[41] C. Rivas Cherif, Retrato de un desconocido: vida de Manuel Azaña, Grijalbo, Barcelona, 1980, p. 179. <<

[42] M. Maura, op. cit., pp. 153-154 y 162. <<

[43] J. de la Cierva, Notas de mi vida, Reus, Madrid, 1955, p. 370. <<

[44] Figueroa y Torres, conde de Romanones, op. cit., pp. 447-478; M. Maura, op. cit., pp. 168-169; N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 192. <<

[45] J. Peirats, op. cit., p. 76; A. Hurtado, Quaranta aby d’advocat, Ariel, Barcelona, 1968, p. 26. <<

[46] M. Maura, op. cit., p. 169. <<

[47] Ibíd. <<

[48] Ibíd., pp. 171-172; C. Rivas Cherif, op. cit., p. 186. <<

[49] F. Cambó, op. cit., pp. 432-433. <<

[50] J. S. Vidarte, op. cit., pp. 227-229. <<

[51] N. Alcalá-Zamora, , op. cit., p. 559. <<

[52] F. Largo Caballero, Notas históricas de la guerra de España (1917-1940), Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1985, pp. 10-11. <<

[53] J. M. Gil-Robles, No fue posible la paz, Ariel, Barcelona, 1978, pp. 32 y 34. <<

[54] En A. Trapiello, Las armas y las letras, Planeta, Barcelona, 1994. Curiosamente, Aleixandre, homosexual notorio y premio Nobel (1977) haría una notable carrera literaria durante el franquismo, en un «exilio interior», según se dice, que no le impidió acceder a la Real Academia de la Lengua tan pronto como 1950. Cernuda, también homosexual y de espíritu o pose aristocrática, prefirió vivir desde 1938 fuera de España, donde, según él, «todo nace muerto, vive muerto y muere muerto». En cuanto a Panero, fue uno de los poetas más importantes de la posguerra, plenamente integrado en el franquismo. <<

[55] En E. Malefakis, Reforma agraria en la España del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1971, pp. 381-382. <<

[56] http/www.unitat.org/mallo.htm; A. Bosch, L’Avi, Francesc Macià, una vida de llegenda, Columna, Barcelona, 2002. <<

[57] En J. S. Vidarte, Las Cortes Constituyentes de 1931-1933, Grijalbo, Barcelona, 1976, p. 33; M. Maura, op. cit., pp. 242 y ss.; M. Azaña, op. cit., pp. 374-375. <<

[58] M. Azaña, op. cit., p. 66. Para las demás referencias del texto es muy conveniente, como siempre, la lectura ampliada de los testimonios aquí citados, que disipan cualquier «memoria histórica». <<

[59] D. Abad de Santillán, Alfonso XIII, la república, Francisco Franco, Júcar, Madrid, 1979, p. 138; J. García Oliver, El eco de los pasos, Ruedo Ibérico, París, 1978, p. 119. <<

[60] J. García Oliver, op. cit., pp 120-121; D. Abad, op. cit., pp. 161-162. <<

[61] M. Maura, op. cit., pp. 280-281. <<

[62] M. Maura, op. cit., p. 287; M. Azaña, op. cit., p. 52. <<

[63] E. Vegas Latapié, Memorias, Planeta, Barcelona, 1983, p. 109. <<

[64] J. M. Gil-Robles, op. cit., pp. 34 y ss. <<

[65] J. Pla, De la monarquía a la república, Acervo, Barcelona, 1977, p. 93; F. Cambó, op. cit., p. 440. <<

[66] J. S. Vidarte, Las Cortes…, op. cit., pp. 48-49. <<

[67] Ibíd, p. 50. <<

[68] Riego se había sublevado impidiendo el envío de tropas contra los independentistas de América. Torrijos, procedente de Gibraltar, había fallado en un pronunciamiento. Los dos fueron ejecutados por la monarquía. Los pronunciamientos iban a ser en el siglo XIX una plaga de unos liberales contra otros. <<

[69] M. Azaña, op. cit., pp. 384-385. <<

[70] Ibíd, pp. 216 y 287. <<

[71] A. Lerroux, La pequeña historia…, op. cit., pp. 18-19. <<

[72] En J. S. Vidarte Las Cortes…, op. cit., pp. 98 y ss. <<

[73] En O. Ruiz Manjón, op. cit., p. 221; D. Martínez Barrio, op. cit., pp 71 y 73; N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 229; J. M. Gil-Robles, op. cit., p. 52. <<

[74] M. Azaña, op. cit., pp. 218 y ss. <<

[75] D. Martínez Barrio, op. cit., pp. 74 y ss. <<

[76] M. Azaña, op. cit., pp. 218 y ss. <<

[77] J. M. Gil-Robles., op. cit., p. 229; A. Lerroux, Memorias., p. 86; J. M. Gil-Robles, op. cit., p. 52. <<

[78] M. Azaña, op. cit., p. 299. <<

[79] Ibíd <<

[80] A. Lerroux, Mis memorias., pp. 86-87; M. Azaña, op. cit., pp. 228-230; J. S. Vidarte, Las Cortes…, op. cit., p. 229. <<

[81] M. Azaña, op. cit., pp. 117-118. <<

[82] M. Maura, op. cit., pp. 275-276. <<

[83] M. Azaña, op. cit., pp. 293-295. <<

[84] Ibíd, p. 147. <<

[85] J. Pla, op. cit., p. 118. <<

[86] En M. Azaña, op. cit., p. 291. <<

[87] Ibíd, pp. 259, 284 y 315. <<

[88] N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 242; J. S. Vidarte, Las Cortes…, op. cit., p. 240. <<

[89] M. Azaña, op. cit., p. 199. <<

[90] Ibíd, p. 313. <<

[91] Ibíd, pp. 362-363. <<

[92] Ibíd, pp. 384-385; J. Peirats, op. cit., p. 81. <<

[93] D. Abad de Santillán, op. cit., p. 182; J. García Oliver, op. cit., pp. 125-126. <<

[94] J. S. Vidarte, Las Cortes…, op. cit., p. 321. <<

[95] N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 233. <<

[96] En A. Verdoy, Los bienes de los jesuitas, Trotta, Madrid, 1995, pp. 30 y ss. <<

[97] J. S. Vidarte, Las Cortes…, op. cit., pp. 365-366; M. Azaña, op. cit., p. 421; M. D. Gómez Molleda, La masonería en la crisis española del siglo XX, Taurus, Madrid, 1986, pp. 434 y ss. <<

[98] M. Azaña, op. cit., p. 96; N. Alcalá-Zamora, op. cit., pp. 274-276. <<

[99] M. Azaña, op. cit., p. 78; N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 274. <<

[100] D. Martínez Barrio, op. cit., p. 115. <<

[101] M. Azaña, op. cit., p. 398. <<

[102] En E. de Angulo, Diez horas de Estat Català, Encuentro, Barcelona, 2005. <<

[103] M. Azaña, op. cit., pp. 464 y ss.; A. Lerroux, Mis memorias, p. 100. <<

[104] M. Azaña, op. cit., pp. 477-478. <<

[105] M. Azaña, op. cit., p. 498; Diarios 1932-33, «Los cuadernos robados», Crítica, Barcelona, 1997, p. 106. <<

[106] M. Azaña, Memorias, pp. 491, 513; N. Alcalá-Zamora, op. cit., pp. 261-262. <<

[107] M. Azaña, Cuadernos «robados», pp. 4 y 13-14. <<

[108] Ibíd, p. 21. <<

[109] M. Azaña, Memorias, pp. 522-525. <<

[110] Ibíd, pp. 530-533. <<

[111] Ibíd, pp. 538 y 536. <<

[112] Ibíd., pp. 497, 503 y 587. <<

[113] M. Azaña, Cuadernos «robados», pp. 21 y 23. <<

[114] En J. S. Vidarte, Las Cortes…, op. cit., p. 466. <<

[115] M. Azaña, Cuadernos «robados», op. cit., pp. 31-32. <<

[116] M. Azaña, Cuadernos «robados», op. cit., p. 22; N. Alcalá-Zamora, op. cit., pp. 263-264. <<

[117] N. Alcalá-Zamora, op. cit., pp. 268-269. <<

[118] Ibíd., p. 265. <<

[119] A. Lerroux, Mis memorias, p. 101; M. Azaña, Memorias, p. 491 y Cuadernos «robados» pp. 1-2. <<

[120] M. Azaña, Cuadernos «robados», p. 39. <<

[121] Ibíd p. 36; en J. Avilés Farré, La izquierda burguesa en la II República, Espasa Calpe, Madrid, 1985, pp. 159 y ss. <<

[122] J. García Oliver, op. cit., p. 125; D. Abad de Santillán, op. cit., p. 197. <<

[123] J. García Oliver, op. cit., p. 131. <<

[124] Ibíd, p. 131; D. Abad, op. cit., p. 197; J. Peirats, op. cit., pp. 83-84. <<

[125] A. Lerroux, Mis memorias, p. 108. <<

[126] J. S. Vidarte, Las Cortes…, op. cit., p. 511; J. García Oliver, op. cit., p. 131. <<

[127] En O. Ruiz Manjón, op. cit., pp. 358-359. <<

[128] En J. S. Vidarte, Las Cortes…, op. cit., pp. 509 y ss., 518-519. <<

[129] F. Largo Caballero, Escritos, pp. 34-35. <<

[130] M. Azaña, Cuadernos «robados», p. 242. <<

[131] M. Azaña, Memorias, pp. 614-615. <<

[132] N. Alcalá-Zamora, op. cit., pp. 272-273; M. Azaña, Memorias, p. 613. <<

[133] N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 278. <<

[134] Ibíd., p. 278.; M. Azaña, Cuadernos «robados», pp. 359-369. <<

[135] Ibíd., pp. 332 y 408. <<

[136] Ibíd, pp. 341, 347-349. <<

[137] N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 278; M. Azaña, Diarios «robados», pp. 359 y ss. <<

[138] M. Azaña, Diarios «robados», pp. 332 y ss. <<

[139] En M. Azaña, Memorias, p. 129; J. M. García Escudero, op. cit., pp. 1.098 y ss. <<

[140] M. Azaña, Cuadernos «robados», pp. 391-414. <<

[141] Sobre los debates, en J. Pla, op. cit., III, pp. 317-319; M. Azaña, Memorias, p. 107, y Cuadernos «robados», pp. 400-401 y 413. <<

[142] N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 243; M. Azaña, Cuadernos «robados», p. 108. <<

[143] D. Martínez Barrio, op. cit., p. 201. <<

[144] En J. Arrarás, Historia de la Segunda República, II, 1965, p. 232-233. <<

[145] En la prensa de la época y en F. Largo Caballero Discursos a los trabajadores, obra muy difundida en 1934 con intención pedagógica de preparar a los socialistas para el asalto al poder. <<

[146] O treinta y dos en total, según el estudio de E. González Calleja, Cifras cruentas, no muy fiable en mi opinión. <<

[147] Las citas de los discursos, en la prensa de la época, fundamentalmente. <<

[148] D. Martínez Barrio, op. cit., pp. 84-85. <<

[149] Datos extraídos del estudio de E. Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. <<

[150] Datos en S. Payne, La primera democracia española, Paidós, Barcelona, 1995, p. 112. <<

[151] Ibíd., pp. 175 y ss.; R. Salas Larrazábal, Los datos exactos de la guerra civil, Rioduero, Madrid, 1980, p. 248; INE, Movimiento natural de la población de España. Los datos económicos sobre el PIB, y por consiguiente la renta per cápita, pueden variar considerablemente de unos economistas a otros. <<

[152] F. Largo Caballero, Escritos de la república, pp. 42-46. <<

[153] F. Cambó, op. cit., p. 448. <<

[154] En J. Avilés, op. cit., p. 226. <<

[155] El Socialista, 30 de septiembre; A. del Rosal, 1934. El movimiento revolucionario de octubre, Akal, Madrid, 1983, p. 32. <<

[156] F. Cambó, op. cit., p. 460. <<

[157] P. Sainz Rodríguez, Testimonio y recuerdos, Planeta, España, 1976, pp. 181 y ss. <<

[158] N. Alcalá-Zamora, op. cit., pp. 300-302. <<

[159] D. Martínez Barrio, op. cit., pp. 211-212. <<

[160] Las intervenciones, en las actas del Congreso. <<

[161] M. Azaña, Memorias, p. 456. <<

[162] S. de Madariaga, Españoles de mi tiempo, Planeta, Barcelona, 1974, P. 87; F. Largo Caballero, Correspondencia, pp. 79-80, y Escritos, p. 9. <<

[163] J. Besteiro Obras Completas, III, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, pp. 53, 59 y 69-70. <<

[164] A. del Rosal, op. cit., p. 25; A. Saborit, Julián Besteiro, Losada, Buenos Aires, 1967, pp. 47 y 251. <<

[165] A. del Rosal, op. cit., pp. 42-43 y 50-51. <<

[166] G. Mario de Coca, op. cit., p. 97. <<

[167] F. Largo Caballero, Escritos, p. 68. <<

[168] M. de Coca, op. cit., pp. 95-96. <<

[169] Ibíd., p. 99; A. de Blas, El socialismo radical en la II República, Júcar, Madrid, 1978, pp. 52 y ss. <<

[170] N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 306. <<

[171] Versiones de la historia se encuentran fácilmente en Internet. <<

[172] N. Alcalá-Zamora, op. cit., pp. 302-303. <<

[173] Ibíd., p. 604. <<

[174] A. Lerroux, Mis memorias, p. 159; F. Largo Caballero, Correspondencia, p. 122. <<

[175] S. Juliá en VV.AA., Octubre, 1934, p. 128; «Memoria de la Secretaría Política del Ministerio de Gobernación», en Sánchez García-Saúco, La revolución de 1934 en Asturias, Editora Nacional, Madrid, 1974, p. 244; La Correspondencia internacional, órgano de la Komintern, 8 de mayo de 1934. <<

[176] El Socialista, 20 de marzo de 1934; S. Carrillo, Memorias, Planeta, Barcelona, 1993, p. 89; J. Arrarás, op. cit., p. 307. <<

[177] J. M. Gil-Robles, op. cit., p. 115. <<

[178] M. Tagüeña, Testimonio de dos guerras, Planeta, Barcelona, 1978, pp. 53-54. <<

[179] Actas del Congreso. En general no citaré las actas, si queda clara la referencia a las Cortes. <<

[180] FE., 1-2-1934; A. D. Martín Rubio, Paz, piedad, perdón… y verdad, Fénix, Madrid, 1997, p. 8. <<

[181] En J. Arrarás, op. cit., p. 314. <<

[182] J. A. Ansaldo, Para qué, Editorial Vasca Ekin, 1951, p. 74. <<

[183] El Socialista, 20 de marzo; S. Carrillo, op. cit., p. 89; J. Arrarás, op. cit., p. 307; J. M. Gil-Robles, op. cit., p. 115. <<

[184] A. Gibello, José Antonio, ese desconocido, Dyras, Madrid, 1985, p. 215. <<

[185] En R. de la Cierva, Comunistas y falangistas (1934-1936), ARC, Madrid, 1997, p 42; S. Payne, Falange, historia del fascismo español, Sarpe, Madrid, 1985, p. 80. <<

[186] N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 312. <<

[187] A. Lerroux, Mis memorias, p. 164; N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 313. <<

[188] J. M. Gil-Robles, op. cit., p. 117. <<

[189] A. Lerroux, Mis memorias, p. 186; N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 314. <<

[190] A. Lerroux, Mis memorias, p. 186; N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 315. <<

[191] D. Martínez Barrio, op. cit., pp. 223 y ss. <<

[192] A. Lerroux, Mis memorias, pp. 180 y ss. <<

[193] Los datos concretos sobre la reforma agraria provienen aquí principalmente de la obra de E. Malefakis Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Espasa Calpe, Madrid, 2001. <<

[194] J. Avilés, op. cit., p. 213. <<

[195] M. Nelken, Por qué hicimos la revolución, Ediciones Sociales Internacionales, Barcelona, 1936, p. 104. <<

[196] M. Nelken, op. cit., p. 105; A. Ramos Oliveira, III, pp. 193-194. <<

[197] M. Nelken, p. 108. <<

[198] En J. Arrarás, II, p. 367. <<

[199] Francisco Caja ha estudiado ese racismo: La raza catalana. El núcleo doctrinal del catalanismo. <<

[200] Palabras de Cambó en E. de Angulo, op. cit., p. 13. <<

[201] E. Prat de la Riba, La nacionalitat catalana, 1906, pp. 129 y ss. <<

[202] L’Opinió y La Humanitat, 9 de junio; A. Hurtado, Quaranta anys d’advocar. Història del meu temps, Ariel, Barcelona, 1967, p. 288; La Vanguardia, 12 de junio. <<

[203] J. Pérez Salas, Guerra en España, ed. del autor, Méjico, 1947, pp. 67-68: P. Moa, Los orígenes de la guerra civil, Encuentro, Madrid, 1999. <<

[204] J. Pla en A. Padilla, 1934. Las semillas de la guerra, Planeta, Barcelona, 1988, pp. 146-147. <<

[205] Dencàs, El 6 d’octubre, pp. 44-45; M. Cruells, El sis d’octubre; A. Hurtado, op. cit., pp. 295-296. <<

[206] J. Miravitlles, Critica del 6 d’octubre, Hacer, Barcelona, 1935, p. 180. <<

[207] Las citas provienen de las Obras Completas de Sabino Arana, analizadas en P. Moa, Una historia chocante: los nacionalismos vasco y catalán en la España contemporánea, Encuentro, Madrid, 2004; J. Juaristi, El bucle melancólico, Espasa Calpe, Madrid, 1997, pp. 154 y 167. <<

[208] J. A. Aguirre, Obras Completas, I, Sendoa Argitaldar, San Sebastián, 1981, pp. 514-515. <<

[209] J. Arrarás, II, pp. 390-391; Euzkadi, 8 de agosto. <<

[210] J. A. Aguirre, op. cit., p. 512. <<

[211] Ibíd., pp. 531-532. <<

[212] J. Arrarás, II, p. 396; J. P. Fusi también ha estudiado este conflicto, de forma un tanto ambivalente. <<

[213] La Humanitat, El Debate y El Socialista, día 2. <<

[214] J. A. Aguirre, op. cit., p. 539; J. Arrarás, II, p. 399. <<

[215] Euzkadi y Avance, 6-7 de septiembre; R. Salazar Alonso, Bajo el signo de la revolución, Akron, Astorga, 213. <<

[216] Los datos de este capítulo provienen fundamentalmente de la prensa, detallada en el capítulo «Un septiembre tormentoso», de P. Moa, Los orígenes… pp. 351 y ss. <<

[217] A. Padilla, 1934, p. 212; Recogido en El País, 30-12-1986. <<

[218] F. Largo Caballero, Correspondencia, p. 167; y Escritos, p. 197; J. S. Vidarte, El bienio negro y la insurrección de Asturias, Grijalbo, Barcelona, 1978, pp 223-224. <<

[219] J. S. Vidarte, El bienio, pp. 224 y 236; S. Carrillo, op. cit., pp. 106 y ss. <<

[220] Las instrucciones secretas, en P. Moa, Los orígenes de la guerra civil, pp. 404 y ss., extraídos del Archivo de Largo Caballero en la Fundación Pablo Iglesias. <<

[221] J. S. Vidarte, El bienio, pp. 225, 234; M. Tagüeña, op. cit., pp. 69-70. <<

[222] J. Pla, op. cit., III, p. 271. <<

[223] D. Hidalgo, ¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra? Diez meses de actuación ministerial, Espasa Calpe, Madrid, 1934, p. 65. <<

[224] J. Pla, op. cit., III, p. 298; J. S. Vidarte, El bienio, p. 264; F. Franco, Apuntes personales sobre la república y la guerra civil, Fundación Nacional Francisco Franco, Madrid, 1987, pp. 11-12. <<

[225] V. Alba, El marxismo en España. Historia del BOC y del POUM, Costa Amic, París, 1973, I, p. 164. <<

[226] En el Diari de Sessions del Parlamento catalán 05-V-1936, Dencàs se defendía de Companys y el resto de la Esquerra. Los testimonios de Dencàs en este libro vienen de allí, salvo indicación en contrario. <<

[227] M. Azaña, Mi rebelión en Barcelona, Espasa Calpe, Madrid, 1935, pp. 116-119. <<

[228] A. Lerroux, Mis memorias, pp. 263-264; C. Bowers, Misión en España: en el umbral de la Segunda Guerra Mundial 1933-1939, Grijalbo, Méjico D. F., 1955, p. 104. <<

[229] S. Carrillo, op. cit., p. 108. <<

[230] J. Pla, op. cit., III, p. 274; J. S. Vidarte, El bienio, p. 252. <<

[231] Ibíd., p. 243, 44; F. Largo Caballero, Correspondencia, p. 155. <<

[232] J. García Oliver, op. cit., p. 159; J. Peirats, Memorias y artículos breves, Anthropos, Barcelona, 1990, p. 25. <<

[233] En ABC, 8 de octubre de 1934. <<

[234] M. Grossi, La insurrección de Asturias, Júcar, Barcelona, 1978, p. 41; B. Díaz Nosty, La comuna asturiana. La revolución de octubre de 1934, Zero, Bilbao, 1975, p. 276; E. López Ochoa, La campaña militar de Asturias, 1935. Los datos de este capítulo proceden mayoritariamente de testigos directos. Lo he tratado con mayor detalle, como siempre, en mi trilogía sobre la república y la guerra civil. <<

[235] Declaración de González Peña ante el tribunal que le juzgó por aquellos hechos. <<

[236] F. Largo Caballero, Correspondencia, pp. 156-157. <<

[237] J. Pla, recogido en A. Padilla, 1934, las semillas de la guerra, Planeta, Barcelona, 1988, pp. 262-263. <<

[238] J. M. Gil-Robles, op. cit., pp. 146-147. <<

[239] J. M. Gil-Robles, op. cit., p. 117; J. S. Vidarte, El bienio, pp. 300-301. <<

[240] J. S. Vidarte, El bienio, pp. 321 y ss. <<

[241] Ibíd. <<

[242] Tres capítulos: «División y frustración de los vencedores», «La campaña sobre la represión de Asturias» y «La realidad de la represión», pp. 49-90. <<

[243] «Leviatán revista teórica de la izquierda del PSOE», en S. Juliá, La izquierda del PSOE, 1977, p. 63. <<

[244] S. Serrano Poncela, El Partido Socialista y la conquista del poder, Hora, Barcelona, 1935, pp. 218-219. <<

[245] Octubre, segunda etapa, 1935, pp. 102 y ss. <<

[246] A. del Rosal, op. cit., pp. 255 y ss, 299. <<

[247] En R. de la Cierva, El Frente Popular, origen y mito, ARC, Madrid, 1997, p. 34. <<

[248] He basado el relato del affaire en los capítulos correspondientes de J. Chapaprieta, La paz fue posible, Ariel, Barcelona, 1972; de A. Lerroux, La pequeña historia de España; de N. Alcalá-Zamora, Memorias; de J. M. Gil Robles, No fue posible la paz; de O. Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical; de J. Pabón, Cambó, tomo III; de R. Salazar Alonso, Bajo el signo de la revolución; y de J. S. Vidarte, El bienio negro. Los relatos—salvo el de Vidarte— resultan muy escuetos u opacos. Prieto y Azaña apenas ofrecen pistas, pese a ser los grandes beneficiarios del asunto. Vidarte es, como a menudo, la excepción. <<

[249] Alexandre Staviski había sido autor de sobornos y estafas por varios cientos de millones de francos, en los que estaban comprometidos numerosos políticos y miembros de la «alta sociedad» francesa. Descubierto en enero de 1934, Staviski se había (o le habían) suicidado oportunamente. La derecha organizó masivas protestas en las que la policía mató a quince personas. En réplica, socialistas y comunistas iniciaron cierta colaboración, que daría lugar más adelante al Frente Popular francés. <<

[250] J. Chapaprieta, op. cit., p. 303. J. M. Gil-Robles, op. cit., p. 357. <<

[251] J. M. Gil-Robles, op. cit., pp. 352-353. <<

[252] Ibíd., pp. 354-358. <<

[253] En S. Payne, La primera democracia española, diversos cuadros. R. Salas Larrazábal, Los datos… Son frecuentes las discrepancias de autores en los datos económicos, pero pequeñas aquí. <<

[254] M. Portela Valladares, Memorias. Dentro del drama español, Alianza, Madrid, 1988, p. 168. <<

[255] Las citas de este capítulo provienen de los periódicos ABC, Política, Claridad, El Debate, El Socialista, La Humanitat y Mundo Obrero, y de las obras ya mencionadas de los protagonistas o de los estudios de Tusell y de Álvarez Tardío y Villa García. <<

[256] 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, Espasa, Madrid, 2017. <<

[257] Párrafos anteriores en F. Cambó, op. cit., p. 466; N. Alcalá-Zamora, op. cit., p. 393; M. Portela, op. cit., pp. 164, 175-176 y 195; D. Martínez Barrio, op. cit., p. 303; M. Azaña, Obras Completas, IV, p. 575 y Memorias, p. 333 y ss.; J. M. Gil-Robles, op. cit., p. 393; J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, I, p. 47; C. Rivas Cherif, op. cit., pp. 665 y ss. <<

[258] Párrafos anteriores en M. Azaña, Obras Completas, p. 575 y Memorias, p. 10; J. Tusell, Historia de la Democracia Cristiana en España, I, Sarpe, Madrid, 1986, p. 335; S. Payne, La primera, pp. 327 y ss. y Falange, historia del fascismo español, pp. 99, 113 y 115; D. Martínez Barrio, op. cit., p. 329; P. Preston, La destrucción de la democracia en España, Turner, Madrid, 1978, p. 294; F. Largo Caballero, Correspondencia, pp. 182-184; D. Ibárruri, El único camino, Ediciones de Lenguas Extranjeras, Moscú, 1963, p. 225. <<

[259] Las versiones de Azaña y Alcalá-Zamora, en las respectivas memorias y diarios referidos a aquellos días, más en la obra citada de Rivas Cherif. Las observaciones de Chapaprieta en sus memorias, La paz fue posible, título comercial para oponerlo al testimonio de Gil-Robles (No fue posible la paz), pero no avalado por el contenido. <<

[260] Como siempre, en las memorias de los citados Azaña y Alcalá-Zamora, más las de Martínez Barrio y los textos de Largo Caballero. <<

[261] Los datos económicos de este capítulo los reproduzco principalmente de S. Payne, La primera democracia española, 1995, y de A. Carreras y X. Tafunell (coord.), Estadísticas históricas de España, siglos XIX-XX, Fundación BBVA, 2005 y del Instituto Nacional de Estadística. <<

[262] Copiada de Montaigne en carta a Enrique IV. <<

[263] Con gran acierto publicitario, el PSOE en la Transición se definió como «el partido de los cien años de honradez y firmeza». <<